Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2006/2049(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A6-0294/2007

Textos presentados :

A6-0294/2007

Debates :

PV 26/09/2007 - 15
CRE 26/09/2007 - 15

Votaciones :

PV 27/09/2007 - 9.6
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P6_TA(2007)0421

Debates
Miércoles 26 de septiembre de 2007 - Estrasburgo Edición DO

15. Obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos (debate)
PV
MPphoto
 
 

  Presidente. − El punto siguiente es el informe de Lasse Lehtinen, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre las obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos (2006/2049(INI)) (A6-0294/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen (PSE), ponente. (FI) Señor Presidente, en primer lugar deseo expresar mi agradecimiento a los ponentes alternativos por su aliento y excelente cooperación: a la señora Wallis, que está hoya aquí, y especialmente al señor Hatzidakis. Fue tan competente que ha sido elegido inmediatamente para formar parte del Consejo de Ministros de mi país. Agradezco y me complace que tanto el señor Harbour como la señora Kauppi se encuentren también aquí hoy.

El mercado interior, como sabemos, se basa en las cuatro libertades, una de las cuales, no obstante, la circulación transfronteriza de los servicios, no está funcionando demasiado bien. La Directiva Servicios, que fue sometida a votación en esta Cámara hace un año, vendrá a mejora la situación, una vez que los Estados miembros la hayan puesto en práctica en el plazo de dos años, pero eso quizá tampoco sea suficiente.

Los servicios, desde luego, no pueden compararse con los bienes en todos los aspectos, pero los servicios algún día serán más importantes de lo que son ahora. Los servicios de alta calidad y transfronterizos, en concreto, son el futuro de este continente. El problema radica en que el acervo comunitario no protege igual a los consumidores que compran servicios que a los que adquieren artículos. La confianza de los consumidores europeos en el consumo transfronterizo es bajo debido a que el nivel de servicios y el nivel de protección varía de un Estado miembro al siguiente.

La Unión cuenta con legislación comunitaria en ciertos ámbitos, pero no dispone de normas comunes para los servicios. Los consumidores, al igual que los prestadores de servicios, no siempre son capaces de decir el régimen jurídico del Estado miembro que es aplicable cuando existe algún litigio. Debido, en parte, a este hecho, los consumidores sienten miedo a utilizar prestadores de servicios extranjeros.

A mi juicio, la Unión debería acordar unas normas y obligaciones comunes que deberían tener carácter obligatorio para los prestadores de servicios. Beneficiarían no sólo a los consumidores, sino también a los propios prestadores de servicios. En el caso de que la Comisión se ocupe en algún momento de las obligaciones de los prestadores de servicios, no debería establecer diferencias entre los servicios privados y públicos. Ambos deberían estar recogidos en el ámbito de aplicación de las Directivas sobre protección de los consumidores.

En 1990, la Comisión presentó una propuesta sobre las obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos. Sin embargo, tuvo que retirarla por falta de voluntad política. Pero vuelve a existir voluntad política. Caso de ser aprobado este informe, la Comisión deberá presentar, en el plazo de 12 meses, al menos un programa de trabajo que valore de nuevo la necesidad de un instrumento horizontal.

Necesitamos acordar unas reglas básicas generales que permitan al consumidor obtener, si así lo desea, información relevante sobre precio, condiciones contractuales e indemnizaciones en caso de servicios defectuosos o prestados con retraso.

La Comisión debería tener asimismo en cuenta el impacto de cualquier iniciativa sobre condiciones operativas para pequeñas y medianas empresas. No todas estas cuestiones han sido planteadas en el Libro Verde sobre protección de los consumidores, pero están recogidas en este informe.

Espero recibir el apoyo mayor posible para este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Viviane Reding, miembro de la Comisión. − Señor Presidente, me alegro de estar hoy aquí representando a la Comisión en este importante debate sobre la confianza del consumidor en el mercado interior. Desearía felicitar al ponente señor Lehtinen y a los ponentes alternativos de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor por el ambicioso trabajo realizado en la elaboración de este informe.

Quisiera destacar para comenzar que la Comisión está de acuerdo con el informe acerca de la necesidad de de aumentar la confianza del consumidor en el mercado interior, y en particular vale la pena que prestemos atención al mercado interior del consumidor de servicios. Por lo tanto, una de las prioridades de la Comisión consiste en acercar los beneficios del mercado interior a los consumidores europeos, y agradezco el apoyo del Parlamento en esta tarea.

La Comisión ha tomado ya una serie de iniciativas para impulsar la confianza del consumidor en el mercado interior. Desearía mencionar dos: la legislación europea sobre la protección del consumidor y la Directiva sobre servicios.

Ahora bien, el acervo comunitario en el ámbito del consumidor impone ya una serie de obligaciones a los proveedores de servicios transfronterizos. Por ejemplo, regula las obligaciones de información para las empresas que venden servicios a larga distancia o a domicilio. También proporciona protección a los consumidores contra las cláusulas abusivas en los contratos de servicios. Con la revisión de este acervo que está en marcha, la Comisión desarrollará aquellos puntos donde exista la necesidad de abordar las obligaciones de los proveedores de servicios y los derechos de los consumidores en estos ámbitos.

En cuanto a la Directiva sobre servicios: la conocen ustedes muy bien, porque la han debatido no hace mucho tiempo. Mejora la situación de los consumidores en el mercado interior de servicios. Y garantiza que los consumidores reciban mejor información de las empresas y mayor asistencia por parte de los organismos oficiales, estableciendo una serie de obligaciones claras e importantes para los proveedores de servicios.

Como es natural, la Comisión tiene gran interés en conseguir que esta Directiva sea aplicada adecuadamente en todos los Estados miembros, y creemos que estas dos iniciativas son de gran envergadura, porque podremos esperar de ambas un auténtico cambio en el mercado interior para el consumidor de servicios, una vez que concluya la puesta en práctica de la Directiva sobre servicios y se obtengan los resultados de la revisión del acervo en materia de consumo.

Una vez dicho esto, debo subrayar también que la Comisión ve de manera distinta a como figura en el informe del señor Lehtinen la necesidad de un instrumento horizontal separado para cubrir las obligaciones de los proveedores de servicios transfronterizos en este momento, por la sencilla razón de que creemos que primeramente debemos completar nuestras iniciativas en marcha, antes de plantearnos, en caso necesario, un instrumento horizontal separado. Por este motivo quisiera agradecerles su compromiso de ayudarnos a aplicar estos dos instrumentos, y también por su ayuda para que los ciudadanos europeos puedan disfrutar plenamente de los beneficios del mercado interior de servicios. Y sé que mis colegas la Comisaria Kuneva y el Comisario McCreevy están deseosos de debatir y de trabajar con ustedes para establecer este mercado interior juntamente con el Parlamento, que es la auténtica representación de los ciudadanos europeos.

Así pues, les agradezco su colaboración, les doy las gracias por esta franqueza y estoy segura de que mis dos colegas – y sin duda toda la Comisión – seguirán colaborando intensamente con el Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − Gracias, señora Comisaria. Quisiera recordarles solamente que todas las observaciones se deben dirigir a la Presidencia. Ya es tarde y quedamos pocos, pero se trata de una pequeña cuestión de protocolo. Pero estoy seguro de que el señor Lehtinen ha tenido en cuenta sus observaciones.

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente, que parece estar perdiendo la voz como yo. Parece que la mayoría de los colegas tienen dolor de garganta esta semana en Estrasburgo.

Represento a la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde he sido ponente de opinión. Quisiera decir, antes que nada, que estamos plenamente de acuerdo con el análisis de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor sobre la importancia del sector de servicios para el desarrollo de la Unión Europea. Sería realmente una misión suicida para la Unión Europea y para sus objetivos de competitividad si no conseguimos un sector de servicios próspero, completando el mercado interior en este aspecto. Creo que de los 11,7 millones de puestos de trabajo creados en Europa durante los últimos ocho años, prácticamente el 100 % del crecimiento neto ha estado generado por el sector de los servicios, como demuestran las estadísticas diarias. Pero tengo que ser lo que en finlandés se llama una fakkijuristi, una «abogada pelma», y aportar el punto de vista de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

Ante todo, compartimos plenamente la opinión de la Comisión de que quizás sea demasiado pronto para introducir un nuevo instrumento horizontal de amplio alcance que solvente los problemas de responsabilidad. Ya tenemos pendientes varias iniciativas legislativas, todas ellas encaminadas a conseguir la seguridad legal, como Roma I, Roma II y el Libro Verde sobre la revisión del acervo en materia de consumo.

También quisiera decir que el artículo 5 de la propuesta de obligaciones contractuales (Roma I) es fundamental para determinar si se aplica la legislación sobre protección del consumidor del país de origen o del país del cliente. Esto es especialmente importante para los Estados miembros pequeños, donde podría fallar el suministro de nuevos servicios en caso de que no se resuelva satisfactoriamente el artículo 5.

También lamentamos la mezcla actual de instrumentos legislativos. En ocasiones no está muy claro cuál es el régimen jurídico aplicable a cada aspecto de las actividades del sector de servicios: si están sometidas a la legislación civil o régimen regulador del país anfitrión o del país de destino. También es necesario que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas emita alguna jurisprudencia en esta materia.

También quisiera destacar que los servicios transfronterizos se pueden prestar de muchas maneras distintas. En unos casos se venden por Internet, en otros se viaja a otro país para recibirlos, y en ocasiones el proveedor del servicio visita el país del cliente.

Creo que el mercado interior de servicios, el marco jurídico basado en el principio del país de origen, dependerá de que las medidas pertinentes sean claras, tanto desde un punto de vista jurídico como desde un punto de vista práctico, y quizá sea demasiado pronto para poder hacer algo realmente. Como ha dicho muy bien la señora Comisaria, ahora es el momento de poner en práctica todo el excelente trabajo realizado durante los últimos años.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − Si sus Señorías desean que conste en acta algún asunto, siempre pueden hacerlo por escrito durante el procedimiento de votación.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour, en nombre del Grupo del PPE-DE. – Señor Presidente, hablo en nombre de mi amigo y ex colega de este Parlamento, el señor Konstantinos Hatzidakis, quien, como ha dicho el señor Lehtinen, ha sido elevado al cargo de Ministro de Transportes del Gobierno griego. Quisiera rendirle homenaje por la labor que ha llevado a cabo en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. Básicamente estoy retomando el trabajo donde él lo dejó prácticamente terminado.

Quiero dar las gracias al señor Lehtinen, porque no se ha hecho constar que, según creo, éste es su primer informe como ponente. Algunos de ustedes sabrán quizás que es un distinguido autor por derecho propio, aunque creo que probablemente esta no es su mejor obra. No creo que le moleste que se lo diga. Tengo un ejemplar de su libro Blood, Sweat and Bears, que me dio para que leyese, y creo que ha puesto algo de sangre y sudor en el mismo. Se trata de un informe importante, pero tengo que decir que desde nuestro punto de vista estamos totalmente de acuerdo con la línea adoptada por la señora Kauppi y por la Comisaria Reding.

Hay aquí contenidos interesantes, pero quiero tranquilizar a la señora Comisaria porque, si lee el artículo 22, en mi opinión una obra maestra de redacción de compromiso, donde se invita a la Comisión a continuar los trabajos y a presentar un programa de trabajo para una evaluación, le alegrará saber que en realidad no se está pidiendo que elaboren un instrumento horizontal, sino un programa de trabajo para evaluar si dicho instrumento es necesario. Creo que usted ha confirmado ya lo que muchos de nosotros pensamos – que con todo el trabajo que se está realizando actualmente para aplicar la Directiva sobre servicios y el Libro Verde sobre el acervo en materia de consumo, que acabamos de examinar y que desembocará en un instrumento horizontal en este ámbito, además de todos los trabajos que se están llevando a cabo, y que serán abordados más adelante por mi colega de la Comisión de Asuntos Jurídicos la señora Kauppi, y también por la señora Wallis – creo que en esta fase todavía es muy pronto para contemplar disposiciones más detalladas. Es absolutamente claro que esto lo tendremos que supervisar, pero como es lógico dentro de la propia Directiva sobre servicios, donde gracias a todo el trabajo que le hemos dedicado existen ya una gran cantidad de normas.

Una de las enmiendas que espero será rechazada mañana por la Cámara llega a solicitar a la Comisión que desarrolle códigos de conducta voluntarios. A mi juicio ésta no es la función de la Comisión. Creo que contaremos con el apoyo suficiente para rechazarla. Pero de hecho, si leen la Directiva sobre servicios, su artículo 37 dice claramente que los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, adoptarán medidas para promover la preparación de códigos de conducta a nivel comunitario. Por lo tanto, esto ya lo tenemos. Si lo eliminamos, mi resumen es el siguiente: considero que se trata de una contribución muy interesante al debate. Creo que constituye una aportación al conjunto de informaciones que estamos reuniendo para conseguir, por encima de todo, que la Directiva sobre servicios se aplique plenamente y a su debido tiempo, con todas las disposiciones que la acompañan – concretamente temas como el punto de contacto único para los proveedores de servicios, lo que les proporcionará los requisitos y la información que necesitan para prestar los servicios, y esperemos que también los códigos de conducta. Con todo esto, creo que podremos conseguir un mercado de servicios realmente eficaz y pujante que funcione en beneficio de los consumidores.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh, en nombre del Grupo del PSE. – (SV) Señor Presidente, permítame en primer lugar dar las gracias a mi compañero, señor Lehtinen, por un trabajo muy bueno. Gracias a la aprobación de la Directiva relativa a los servicios, el mercado interior de servicios cuenta con unas reglas más claras para la forma en que puede utilizarse la libertad para prestar servicios. Por otra parte, existe una falta de reglas claras en cuanto a las obligaciones de los prestadores de servicios. Eso significa que, incluso después de que la Directiva Servicios haya sido puesta en práctica en todos los Estados miembros antes de 2009, podemos encontrarnos con un mercado abierto en el que los consumidores no tengan confianza.

Solamente el 6 % de los consumidores habían efectuado compras transfronterizas en Internet en 2006. Las reglas para las compras de artículos están mucho mejor establecidas. Las empresas, en especial las pequeñas y medianas, también necesitan unas reglas más claras, ya que a menudo optan por no prestar un servicio o realizar una venta más allá de sus fronteras, lo cual provoca un consumo menor y unos precios más elevados para el consumidor. Unas reglas claras animarán tanto a las empresas como a los consumidores, a aventurarse más allá de sus fronteras y a prestar o adquirir servicios en un país diferente con toda tranquilidad.

Hemos de garantizar que los consumidores tengan una sensación justificada de seguridad a la hora de comprar en el mercado interior y que, aún cuando acaben inmersos en un litigio, puedan recabar fácilmente ayuda y compensación. Para lograr eso, han de ponerse en común muchas medidas diferentes. Algunos ejemplos citados en el informe son códigos de conducta voluntarios para los prestadores de servicios y la posibilidad de una acción colectiva sobre una base transfronteriza contra los estafadores o empresas que no respetan sus compromisos cara a los consumidores.

No es razonable que los consumidores gocen de menor protección cuando adquieren un servicio fuera de sus fronteras que cuando compran artículos de otro Estado miembro. Por tanto, el amplio instrumento horizontal que propone el informe representa otro elemento importante en la protección a los consumidores que deseamos desarrollar en la prestación de servicios transfronterizos. Los consumidores tienen que conocer sus derechos cuando la prestación de un servicio se realiza demasiado tarde o de manera incorrecta.

Si las libertades se complementan con obligaciones claras para los prestadores y una sólida protección de los consumidores, podemos reforzar la confianza de estos. Una vez más, hay que conceder prioridad a nuestros consumidores. Sin unos consumidores satisfechos y seguros no tendremos un mercado interior floreciente.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, se trata naturalmente de temas pendientes de la Directiva sobre servicios, y aunque estoy de acuerdo con buena parte del análisis de la señora Comisaria, tenemos un problema. Es un problema de confianza. Es un poco como lo que ha sucedido en el Reino Unido estas últimas semanas con el banco Northern Rock. A pesar de las declaraciones, los clientes seguían haciendo cola fuera del banco, tratando de recuperar su dinero. Con los servicios transfronterizos ocurre algo parecido. Digamos lo que digamos, los clientes no tienen aún suficiente confianza en estos servicios. Tenemos que encontrar la forma de solucionar esto.

Los diputados de esta Cámara que formaron parte de la comisión temporal de investigación sobre la crisis de la compañía de seguros Equitable Life han visto con toda claridad que existe este problema de confianza. Pero no vamos a poder solucionarlo retomando las viejas propuestas que se referían a problemas percibidos hace unos 20 años. Tenemos que enfrentarnos con los problemas y situaciones actuales.

De lo que ahora se trata, cuando hablamos de las obligaciones de los proveedores de servicios, es de analizar la ley contractual y las obligaciones contractuales básicas. A este respecto, tenemos actualmente sobre la mesa Roma I, a la que la señora Kauppi ha hecho referencia; si lo hacemos bien nos servirá de ayuda. Tenemos también toda la revisión del acervo en materia de consumo; si lo hacemos bien también nos ayudará. Tenemos la elaboración del Marco Europeo Común de referencia sobre la legislación contractual; si lo utilizamos, y si la Comisión se esfuerza más para conseguir que los Estados miembros lo asuman, esto también será útil.

De forma que hay muchos trabajos que pueden ayudarnos a establecer correctamente la relación entre la legislación privada internacional y la regulación. Lo que no necesitamos – concuerdo con el señor Harbour – es que la Comisión elabore códigos de conducta blandos.

Hagamos uso de lo que ya se está haciendo ahora y de lo que está en preparación. Podemos estar vigilantes para ver si se necesita o no un nuevo instrumento horizontal, pero realmente lo dudo.

Lo que necesitamos también es la posibilidad de que como consumidores tengamos derecho al acceso transfronterizo a la justicia, y que podamos emprender acciones colectivas. Esto equilibraría las fuerzas con respecto a los proveedores. Serviría para compensar la actual carencia de acceso transfronterizo a la justicia, algo que se ha visto muy claro en el caso de Equitable Life. A la gente no le gusta la expresión «acciones colectivas», y tampoco a mí me gusta, pero un derecho europeo de resarcimiento colectivo podría devolvernos a los consumidores la confianza que falta ahora en este continente.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz, en nombre del Grupo UEN. (PL) Señor Presidente, el desarrollo del mercado interior de la Unión es muy importante en términos de creación de vínculos entre los países y los ciudadanos de la Unión.

El incremento del intercambio transfronterizo de servicio sobre una base competitiva exige un aumento de la confianza mutua, que debería estar sustentada por una política favorable al consumidor. Esta política pretende mejorar el marco jurídico para servicios transfronterizos al tiempo que simplificar los trámites, lo cual aumentará la competencia. Asimismo producirá una mejora del acceso a los servicios y elevará su nivel mientras que reducirá los costes, beneficiando con ello a los consumidores europeos.

El informe contribuye a mejorar esta política exponiendo una variedad de temas que obstaculizan el desarrollo del mercado. Entre ellos está la falta de un sistema único que regule las obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos y la necesidad de completar los documentos de la Unión a este respecto. El informe subraya igualmente la falta de claridad a la hora de ejecutar las disposiciones, lo que se traduce en barreras mentales respecto de prestadores extranjeros, la menor protección jurídica para los usuarios de servicios que para los prestadores de los mismos, la no regulación de servicios públicos y privados bajo las mismas disposiciones, la diversidad de disposiciones referentes a las obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos, y la falta de la necesaria transparencia para la protección de estos servicios.

Debería prestarse atención a la introducción de los certificados de calidad para los prestadores de servicios con el fin de mejorar la confianza de los receptores. Las conclusiones y las propuestas que se desprenden del informe coinciden con los resultados de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Quiero felicitar al ponente por un informe profesional.

 
  
MPphoto
 
 

  Heide Rühle, en nombre del Grupo Verts/ALE. (DE) Señor Presidente, yo también quiero felicitar al ponente, aunque lamentablemente todavía no he tenido el placer de leer ninguno de sus libros. No obstante, he tomado buena nota de ello y subsanaré la omisión a la primera oportunidad que se presente.

Muchas gracias por la buena cooperación, y muchas gracias, también, por sus esfuerzos para abordar temas importantes en su informe. Es cierto, ya existen marcos jurídicos para los servicios en el mercado interior, como la Directiva Servicios o la Directiva relativa al reconocimiento de titulaciones profesionales, pero la puesta en práctica de estas Directivas –de ambas– por desgracia aún deja mucho que desear. Por tanto, pienso que es lamentable que el Consejo no esté presente esta noche, ya que podríamos haber dejado en claro una vez más que esperamos que ambas Directivas se implanten en plazo y que la labor en los Estados miembros sea convenientemente supervisada.

Sin embargo, también necesitamos más iniciativas –como muy bien ha señalado el ponente– para aumentar la confianza de los consumidores en los servicios transfronterizos en el mercado interior. A este respecto, anteriores informes han abordado también asuntos importantes. En su informe, la señora Roithová ha señalado que aún existen muchas carencias en relación con las ventas por Internet en concreto, y que los consumidores carecen aún de la confianza necesaria en los servicios transfronterizos aquí. De manera similar, el señor Lehtinen, en su informe, llama la atención sobre las obligaciones de los prestadores de servicios y sobre la cuestión de la protección jurídica de los consumidores. Me gustaría volver sobre un tema que ya ha sido mencionado por dos oradores anteriores hoy, a saber, el derecho a las indemnizaciones colectivas en casos transfronterizos. Necesitamos urgentemente iniciativas en este sentido, de manera que los consumidores tengan confianza en los servicios transfronterizos, y eso sólo se puede lograr reforzando su posición jurídica.

A mi juicio, ambos informes –el informe Roithová y el informe Lehtinen– proporcionan indicaciones importantes sobre las carencias que aún existen. La Comisión debería incorporar seriamente ambos informes a su quehacer para superar, modernizar y actualizar de verdad el acervo de los consumidores.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde, en nombre del Grupo IND/DEM. (DA) Señor Presidente, hemos aprobado una Directiva Servicios por medio de la cual hemos transferido al Tribunal Europeo de Justicia en Luxemburgo el poder de decisión sobre lo que hemos decidido. Todavía no sabemos si deben respetarse los acuerdos de los Estados miembros. No sabemos el grado en que será permitido el establecimiento de requisitos nacionales en cuanto a la calidad. No sabemos si es legítimo que los Estados miembros decidan qué servicios les gustaría tener bajo control público o privado. Así pues, el informe resulta tan poco claro como la situación jurídica. Estamos a la espera de escuchar de los jueces en Luxemburgo si podemos conservar nuestros hospitales y una larga lista de otros servicios vitales que, juntos, constituyen nuestro Estado del Bienestar.

En Dinamarca, todos los ciudadanos tienen derechos sociales, que financiamos a través de unos elevados impuestos que sólo el 7 % de los daneses querría ver reducidos. Da la sensación de que ese 7 % sería recompensado por los jueces en Luxemburgo, pero ¿qué pasa con la mayoría? ¿Quién va a salvaguardar las decisiones y nuestra democracia? Tenemos asimismo un sistema de flexiguridad, que está basado en acuerdos voluntarios entre las partes en el seno del mercado laboral. ¿Cómo se les puede proteger? Es la columna vertebral del modelo social danés el que está amenazado por las incertidumbres y el activismo judicial de la Directiva Servicios.

El Movimiento de Junio desearía contribuir a la creación de unas reglas claras para un mercado común para todos los servicios que sean adecuadas para el mercado, pero no queremos impedir que los Estados miembros cuenten asimismo con una democracia para fijar límites sobre lo que debería ser decidido por el electorado y lo que debería ser decidido por los capitalistas.

 
  
MPphoto
 
 

  Petre Popeangă, en nombre del Grupo ITS. (RO) Señor Presidente, la libertad de circulación de los servicios es, como sabemos, una de las cuatro libertades fundamentales que determinan, de forma decisiva, la funcionalidad y la eficacia del mercado único, un elemento importante del primer pilar que constituye la base de la construcción de la Unión Europea.

Ésa es una de las razones por las que creo que es tan importante como necesario realizar un análisis del progreso en la consecución de este instrumento del mercado único. Es importante porque el coherente desarrollo económico y social de la Unión Europea depende igualmente del ámbito de los servicios, y a este respecto es significativo el peso, que alcanza el 70 %, de los servicios en el PIB de la Unión. Es necesario porque el volumen del comercio transfronterizo de servicios es muy bajo comparado con el comercio de bienes, una situación que genera asimismo la falta de confianza de los ciudadanos de la Unión Europea en el consumo de tales productos. Sobre la base de estos argumentos, apoyo y voy a votar a favor de la aprobación del informe.

No obstante, considero que, en relación con las oportunas, y al mismo tiempo, valiosas soluciones propuestas por el ponente, habría resultado necesario un análisis más profundo con respecto a la situación de algunos países de reciente adhesión, como Rumanía, cuyos mercados están mucho menos desarrollados que los de la mayoría de los demás Estados miembros de la Unión. Desde este punto de vista, considero que el informe debería haber contenido también un conjunto de objetivos para igualar los grados de desarrollo de los mercados nacionales, una condición imprescindible para el desarrollo del mercado único y, en consecuencia, del segmento de servicios transfronterizos.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, naturalmente quiero darle las gracias también al ponente. Los debates previos a este informe siempre fueron fructíferos e interesantes. Gran parte de lo obtenido de esos debates ha quedado incorporado en el informe, aunque no todo, lo cual es una pena, al menos a mi juicio, ya que el informe subraya en algunos puntos que la consecución del mercado interior de servicios en la Unión Europea se halla muy por detrás del de bienes. Desde mi punto de vista, no existen en realidad suficientes pruebas científicas o, de hecho, objetivas sobre el tema, dado que no sólo contamos con la Directiva Servicios, sino también con la Directiva sobre reconocimiento de titulaciones profesionales, así como otras Directivas en el sector de los servicios

En segundo lugar, el sector de los servicios en el mercado interior es mucho más heterogéneo que el de bienes. Cubre desde los servicios subordinados hasta los servicios médicos o jurídicos y, en último término, los servicios a gran escala, como los importantes servicios de banca y seguros. Meter todos estos servicios en un mismo saco, que es lo que repetidas veces ocurre en esta Cámara, resulta arriesgado, a mi juicio. Creo –y varios oradores anteriores así lo han señalado– que un enfoque diferenciado resultaría ciertamente útil.

El tercer punto que se ha planteado en diversas ocasiones, las acciones colectivas, difícilmente puede llegar a adquirir mayor relevancia por el mero hecho de ser tema frecuente de debate. Pienso que lo que podemos decir, de manera clara e inequívoca, es que el Parlamento espera que la Comisión realice un estudio para revisar cuál de los distintos modelos que ya existen en Europa sería de verdad el mejor para la Unión Europea. Creo que eso es todo lo que hay que decir sobre este tema.

Los sistemas de responsabilidad en los distintos Estados miembros –y éste es mi cuarto punto– todavía son muy diferentes. Por eso necesitamos un sistema unificado de obligaciones para los prestadores de servicios La clarificación del sistema jurídico que rige estas obligaciones generará mayor competencia y creará mayores posibilidades de elección para el consumidor, pero considero –como ya han dicho algunos oradores anteriores– que sería un error pedir a la Comisión que produzca un instrumento horizontal llegados a este punto. En cualquier caso, soy muy escéptico acerca de la creación de este tipo de ley de responsabilidades a nivel europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE). – (PL) Quiero felicitar al ponente por su informe, que pone de relieve muchos problemas con los que chocan los consumidores en el mercado interior.

Este informe llama acertadamente la atención sobre la falta de claridad y certidumbre jurídica en cuanto a la seguridad y la calidad de los servicios. También alude a la carencia general de confianza en el consumo transfronterizo, manifestada por los consumidores europeos. Las estadísticas así lo confirman. En 2006, sólo el 6 % de los consumidores europeos realizaron compras transfronterizas a través de Internet. Esta situación produce un impacto negativo sobre la competencia y las actividades de las pequeñas y medianas empresas. Contribuye, asimismo, a la expansión del comercio ilegal. Las empresas fraudulentas a menudo explotan las diferencias entre los sistemas jurídicos dentro de la Unión Europea para estafar a la gente. Resulta necesario actuar rápidamente una vez detectadas tales situaciones, de ahí nuestra respuesta.

Quiero recordar a la Cámara los muchos meses de trabajo dedicados a la Directiva Servicios, es decir, a la revisión de la legislación en materia de protección del consumidor. Como bien saben sus Señorías, la Directiva Servicios tiene que estar implantada en todos los Estados miembros antes de diciembre de 2009. Un porcentaje notable de los problemas reseñados por el ponente dejarán ciertamente de existir después del periodo de transposición. Es preciso tener presente que la Directiva Servicios mejorará de forma notable los derechos de los consumidores. Gracias a esta Directiva, los prestadores de servicios tendrán que facilitar a los consumidores una mejor información acerca de los servicios ofertados. Eso permitirá a los consumidores elegir mejor y con mayor información. Los consumidores también estarán protegidos de manera más eficaz por las pertinentes instituciones.

La Directiva Servicios impone asimismo una serie de obligaciones claras al prestador del servicio, incluidas las relacionadas con la resolución de conflictos. Creo que no es necesario introducir más instrumentos jurídicos hasta que entren en vigor las disposiciones de la Directiva Servicios. A mi parecer, resulta prematuro solicitar a la Comisión que presente un instrumento horizontal. Lo mismo cabe decir de la revisión completa de la legislación sobre la protección al consumidor. La Comisión ya ha presentado un Libro Verde sobre la legislación en materia de protección de los consumidores y, llegado el momento, presentará propuestas legislativas a este respecto. Señorías, existen ocasiones en las que una mayor legislación no significa legislar mejor. Haríamos bien en tenerlo presente.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) La Directiva Servicios, que ha de quedar transpuesta a la legislación nacional en todos los Estados miembros antes del 28 de diciembre de 2009, tendrá un efecto notable sobre los servicios transfronterizos.

Esta Directiva, y tampoco el Libro Verde de la Comisión sobre la revisión del acervo relativo a los consumidores, no establece las obligaciones fundamentales de los prestadores de servicios y, por tanto, acojo con satisfacción el informe del señor Lehtinen sobre este tema. El informe pretende garantizar que no sólo los consumidores, sino también las pequeñas y medianas empresas que compren y vendan servicios transfronterizos, puedan beneficiarse de mayor certidumbre legal, simplicidad y costes reducidos.

Creo que la normalización europea resulta esencial para el éxito de pequeñas y medianas empresas artesanas, y la implantación de normas europeas a escala de la Unión Europea constituye, por ende, una forma de apoyar la seguridad de los servicios y de garantizar los derechos de los consumidores en lo tocante a los servicios transfronterizos prestados por los Estados miembros. Cuando los consumidores desconfían de la seguridad y calidad de un servicio tienden a erigir barreras mentales frente a los proveedores extranjeros y desisten, por lo tanto, de hacer uso de los servicios transfronterizos. Con frecuencia, la experiencia negativa de un consumidor repercute injustamente en todos los proveedores extranjeros de servicios.

Los consumidores tienen la posibilidad de resolver los problemas que surjan, predominantemente, por culpa de los diferentes procedimientos en vigor en los distintos Estados miembros dentro de la Red de centros europeos de los consumidores (red CEC) y la red de cooperación entre órganos nacionales de resolución extrajudicial de litigios en materia de servicios financieros (FIN-NET). Cuando un consumidor disponga de suficiente información acerca de sus derechos en el mercado interior, pero intente ejercerlos infructuosamente en otro Estado Miembro de la UE, puede recabar ayuda de SOLVIT.

Señorías, aplaudo el hecho de que este informe se centre de forma prioritaria en los consumidores, ya que ellos, sobre todos, constituyen un elemento fundamental e importante del mercado interior. Así pues, nuestro objetivo común debe consistir en crear las condiciones para los consumidores que les permitan tener la misma confianza a la hora de realizar una compra en otro país, que la que tienen cuando lo hacen en casa.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, aunque el Tratado de la CE garantiza a sus ciudadanos el libre acceso a los servicios más allá de sus fronteras nacionales, solamente un puñado de prestadores y consumidores de servicios hacen uso de esta ventaja del mercado común. El bajo nivel de competencia encarece, por tanto, los servicios en las regiones fronterizas y no siempre los hace más fácilmente accesibles, comparados con los servicios dentro de un país.

Los estudios revelan que el problema no radica en las barreras idiomáticas, sino en la legislación. No siempre está claro cuándo aplicar la legislación del país de origen y cuándo la legislación nacional. Por desgracia, merced a los enemigos del principio del país de origen, perdimos la oportunidad de proporcionar una definición mejor en la Directiva Servicios. Aquí en Estrasburgo, este informe va acompañado de un miedo irracional a mencionar el principio del país de origen, a pesar del hecho de que en muchas profesiones, los prestadores de servicios no tienen que conocer la legislación del país vecino para prestar servicios transfronterizos.

Pronto dispondremos de jurisdicción que ponga fin a los litigios de cuándo el asunto de la protección del consumidor se rige por la legislación nacional y cuándo por la del país anfitrión. Considero que el informe del señor Lehtinen representa una excelente contribución a este respecto ya que, a mi juicio, nuestra definición de las obligaciones generales de los prestadores debería estar basada en unas normas europeas consensuadas.

Estoy de acuerdo en que, cuando se trata de la protección de los consumidores, deben aplicarse unas mismas obligaciones a los prestadores de servicios privados y públicos. Asimismo apoyo la financiación de redes de comunicación entre los Estados miembros. Esto conducirá a un control eficaz y a avanzar en la resolución de los litigios fuera de los tribunales.

Señora Comisaria, es grande el compromiso que tenemos frente a los ciudadanos europeos en lo concerniente a las condiciones que rigen la libre circulación de servicios transfronterizos. Este informe salda parte de esta deuda. El Parlamento Europeo brinda a la Comisión el apoyo político para definir claramente las obligaciones de los prestadores al margen de su origen. El informe del señor Lehtinen da fe de la excelente labor de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor.

 
  
MPphoto
 
 

  Viviane Reding, miembro de la Comisión. − Señor Presidente, he estado escuchando con mucha atención el debate sobre el informe del Parlamento relativo a las obligaciones de los proveedores de servicios transfronterizos. Deseo agradecer a sus Señorías sus comentarios. Permítanme ahora resaltar algunos puntos.

En primer lugar, la Comisión apoya los objetivos del informe que el Parlamento votará mañana. Desde luego nos preocupa la falta de confianza de los consumidores en el mercado interior de servicios. Déjenme insistir en que, como Comisaria para la Sociedad de la Información, esta falta de confianza en los negocios por Internet es algo muy serio, y tendremos que estudiarlo.

En segundo lugar, como he mencionado antes, la Comisión ha adoptado ya una serie de iniciativas que aspiran a corregir la situación actual. He citado la Directiva sobre servicios y la revisión del acervo en materia de consumo. Ésta última, por cierto, es una de las principales prioridades de mi colega la Comisaria Kuneva.

Quisiera decir que estamos muy agradecidos por el apoyo del Parlamento y que le animamos a seguir contribuyendo al proceso de revisión, y nos gustaría que en unión del Parlamento pudiéramos obtener resultados lo antes posible.

¿Qué vamos a proponer concretamente durante las próximas semanas o meses? En primer lugar, a primeros de octubre se publicará en el sitio web de la Comisión un resumen de las respuestas a la consulta. A continuación se realizará una evaluación del impacto, con vistas a una posible propuesta de la Comisión en la segunda mitad de 2008. A los diputados que hayan tenido que ocuparse con detalle de este problema esto seguramente les interesará.

En tercer lugar, la Comisión está de acuerdo en la necesidad de desarrollar los temas relativos a los aspectos de la seguridad de los servicios, porque son muy importantes para garantizar mejor los aspectos de la salud y de la seguridad física de los servicios prestados dentro del mercado interior.

Respecto a los Estados miembros, llamaremos la atención sobre las posibles deficiencias de los sistemas nacionales, o sobre la aplicación forzosa de la evaluación. Fomentaremos la formación del consumidor y las iniciativas para mejorar el nivel de sensibilización. Facilitaremos el acceso a la información existente sobre accidentes y lesiones relacionados con la seguridad de los servicios suministrados a los consumidores, y uno de los elementos de máxima importancia que ha sido resaltado por varios diputados, como es el derecho al resarcimiento colectivo. La Comisión está realizando estudios y consultas con los interesados con el fin de sopesar la oportunidad de una iniciativa en este ámbito, pero lo que es seguro, y me gustaría subrayarlo, es que no será una acción colectiva como las de Estados Unidos.

Deseo finalmente dar las gracias al ponente por el trabajo realizado, y al Parlamento por la importancia atribuida a este problema. Estamos seguros de que el informe parlamentario será de gran ayuda para nuestros futuros trabajos en beneficio de los consumidores.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − Muchas gracias, señora Comisaria, por un debate interesante, en el que más del 50 % de los oradores han sido mujeres, que es como tiene que ser.

Se cierra el debate.

La votación se celebrará el jueves 27 de septiembre de 2007.

Declaraciones por escrito (artículo 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE), por escrito. – (PL)

Quiero dar las gracias al señor Lehtinen por el informe tan bien elaborado.

La libertad de prestación de servicios es una de las cuatro libertades fundamentales del mercado interior. A lo largo de los años, el sector de los servicios ha adquirido cada vez mayor importancia para el desarrollo económico y social de la Unión Europea y ha sufrido un profundo cambio.

A pesar de las disposiciones del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y el proceso en curso de transposición de la Directiva Servicios a la legislación nacional, la libre circulación de los servicios continúa en la práctica estando obstaculizado por disposiciones y diferencias administrativas entre los sistemas jurídicos de los estados miembros.

Teniendo presentes las amenazas y los retos que dimanan de la globalización, junto con las deficiencias en el sector de los servicios, identificadas en el informe, resulta especialmente importante emprender acciones destinadas a eliminar los obstáculos a la prestación de servicios transfronterizos.

La falta de confianza por parte de los consumidores y la reticencia de las empresas a operar fuera de los límites de su país de origen limitan el acceso al mercado interior. Con carácter de urgencia, la Comisión debería introducir mecanismos que facilitaran a las empresas, sobre todo las PYME, beneficiarse del mercado interior. Así pues, deberían racionalizarse las disposiciones comunitarias sobre la prestación de servicios transfronterizos y debería implantarse un período mínimo para la armonización de las normas de seguridad, a fin de proteger los intereses de los usuarios.

El fortalecimiento de la cooperación entre los Estados miembros, la limitación de las prácticas administrativas y el adecuado control de los servicios transfronterizos promoverán el aumento de la actividad transfronteriza. La armonización de las normas de calidad reforzará la confianza de los consumidores y los prestadores en los servicios transfronterizos.

Facilitar la prestación de servicios transfronterizos provocará un mercado único de servicios con un funcionamiento satisfactorio, sentando con ello las bases para un mercado interior coherente en el plano económico.

 
Aviso jurídico - Política de privacidad