Acta literal de los debates

Miércoles 26 de septiembre de 2007 - Estrasburgo

1. Apertura de la sesión

PRESIDE: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepresidenta

(Se abre la sesión a las 9.00 horas.)

  Presidenta. – Buenos días, sus Señorías. Hoy, 26 de septiembre, es el Día Europeo de las Lenguas. Tenemos la obligación de recordar aquí, en el Parlamento Europeo, el templo de las lenguas, la importancia de este día para la filosofía y los fundamentos de la Unión Europea, así como los esfuerzos que realizamos por conseguir una Europa multicultural, basada en el respeto a los rasgos distintivos, las culturas y el espíritu de nuestros pueblos.

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Señora Presidenta, muchas gracias por darme la palabra. Hoy celebramos el día del multilingüismo, y quisiera trasladar hoy aquí el sentimiento de incomprensión que muchos ciudadanos del Estado español tienen al sentirse discriminados por la Mesa del Parlamento Europeo, puesto que no se ha permitido que los ciudadanos catalanes, los ciudadanos gallegos y los ciudadanos vascos como yo, que los representantes de los ciudadanos puedan intervenir en el Parlamento en nuestras lenguas.

Ni el euskera, ni el catalán, ni el gallego, que son lenguas cooficiales en el Estado español, han sido aceptadas por la Mesa del Parlamento, a diferencia de lo que ocurre en la Comisión, en el Consejo y en el Comité de las Regiones, donde los representantes de los ciudadanos se pueden expresar en estas lenguas que son cooficiales.

Señora Presidenta, ...

(El orador se expresa en vasco).

  Presidenta. – Señor Ortuondo, la Presidencia se informará sobre este asunto; aunque se trata de un tema que ya hemos debatido en repetidas ocasiones, y todos sabemos cuáles han sido las respuestas.

2. Inmigración - Plan de política en materia de migración legal - Prioridades políticas en la lucha contra la inmigración clandestina de los nacionales de terceros países (debate)

  Presidenta. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre lo siguiente:

- las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la inmigración,

- el informe de Lilli Gruber, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre el plan de política en materia de migración legal [2006/2251(INI)] (A6-0322/2007),

- el informe de Javier Moreno Sánchez, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre las prioridades políticas en la lucha contra la inmigración clandestina de los nacionales de terceros países [2006/2250(INI)] (A6-0323/2007).

  Manuel Lobo Antunes, Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la Unión Europea continúa enfrentándose a unos desafíos importantes en lo que respecta a su respuesta a la evolución de la situación de la migración.

El Planteamiento global sobre la migración, adoptado por el Consejo Europeo en diciembre de 2005, sigue constituyendo el marco básico de definición de la respuesta a esos desafíos. Al adoptar el Planteamiento global, el Consejo Europeo subrayó la necesidad de un planteamiento equilibrado, global y coherente que englobara unas políticas encaminadas a luchar contra la inmigración clandestina y a aprovechar las ventajas de la migración legal, en cooperación con terceros países. La aplicación del Planteamiento global ha sido una cuestión prioritaria para las sucesivas Presidencias.

El Planteamiento global sobre la migración no ha quedado intacto, sino que el Consejo Europeo lo ha perfeccionado y desarrollado, a la luz de los acontecimientos y los avances realizados en su aplicación. Ahora forma parte de la política global de migración de la Unión Europea.

En su reunión de los días 21 y 22 de junio de este año, el Consejo Europeo adoptó una serie de conclusiones sobre la ampliación y la intensificación del Planteamiento global. En esas conclusiones, se prevé, concretamente, la aplicación del Planteamiento global a las regiones orientales y sudorientales vecinas de la UE, así como la creación de asociaciones de movilidad y migración circular entre la UE y terceros países.

Los acontecimientos de este verano y, en particular, los que han tenido lugar en las fronteras marítimas meridionales de la UE han puesto de manifiesto la importancia de la aplicación del Planteamiento global. Mientras sigamos aplicando el Planteamiento global, se deben tomar medidas encaminadas tanto a la lucha contra la inmigración clandestina como a la creación de oportunidades de migración legal.

El Consejo ha tratado de realizar progresos en lo que respecta a esos dos objetivos inseparables; en su reunión de junio, debatió la situación de las fronteras mediterráneas meridionales, reiteró la importancia del papel que debe desempeñar Frontex y decidió seguir trabajando a partir de las propuestas de Malta. Ese trabajo dio lugar a la adopción —en la reunión del Consejo del 18 de septiembre— de una serie de conclusiones sobre la intensificación de la gestión de las fronteras marítimas meridionales de la UE. En algunas de esas conclusiones, se hace un llamamiento para que se tomen iniciativas urgentes a fin de reforzar las medidas actuales y los acuerdos existentes. Se insta a los Estados miembros a que presten una ayuda bilateral a aquellos Estados miembros que, debido a su situación geográfica y a su nivel de cooperación con los terceros países vecinos, estén sometidos a una presión excepcional en lo que respecta a la inmigración clandestina. Esa cooperación englobará, entre otras cosas, medidas de retorno, condiciones de acogida y responsabilidades para con los solicitantes de asilo, refugiados y menores.

En las conclusiones, se subraya asimismo la necesidad de intensificar la cooperación en este ámbito con los terceros países de origen y de tránsito, sobre todo con respecto a la gestión de sus fronteras, la asunción de la responsabilidad de las operaciones de búsqueda y salvamento, la lucha contra la trata de seres humanos y contra el contrabando y la creación de un marco eficaz para el retorno de los inmigrantes clandestinos.

Se ha hecho hincapié en la necesidad de una estrecha cooperación con organizaciones internacionales como el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y la OIM (Organización Internacional para las Migraciones). Otro aspecto fundamental es el intento de intensificar las actividades de Frontex, en particular, mediante operaciones conjuntas a largo plazo y mediante la ampliación de las actividades en el marco de la red europea de patrullas costeras.

En cuanto a las medidas a largo plazo, el Consejo ha invitado a la Comisión a presentar un informe sobre posibles medidas adicionales, además de un análisis exhaustivo de algunas de las propuestas de Malta, un estudio de las partes pertinentes del Derecho marítimo y un compromiso con la creación de equipos de expertos en materia de asilo, en el marco del debate en curso relativo al Libro Verde de la Comisión sobre el Sistema Europeo Común de Asilo.

La función de Frontex de garantizar que los Estados miembros controlen de forma eficaz las fronteras exteriores de la Unión Europea es cada vez más importante. Como bien saben, Frontex inició su actividad en octubre de 2005 y, aunque no ha transcurrido mucho tiempo desde entonces, ya ha desarrollado su capacidad operativa y ha tomado importantes medidas encaminadas a reforzar la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión Europea, centrándose en la lucha contra la inmigración clandestina. Ya se han llevado a cabo varias operaciones conjuntas coordinadas por Frontex, y hay otras en curso en el Atlántico y en el Mediterráneo. Fue especialmente importante el lanzamiento —en mayo de este año— de la red europea de patrullas costeras, en la que, a largo plazo, se integrará el futuro sistema de seguimiento europeo.

Otro acontecimiento importante fue la adopción por parte del Consejo del Reglamento por el que se establece un mecanismo para la creación de equipos de intervención rápida en las fronteras (denominados RABIT) en julio de este año y su entrada en vigor el 20 de agosto. Con arreglo al Reglamento, se establece un mecanismo para la prestación de una asistencia operativa rápida durante un período limitado a cualquier Estado miembro que la solicite por encontrarse en una situación excepcional y urgente, especialmente debido a la llegada de un gran número de nacionales de terceros países a determinados puntos de las fronteras exteriores con la intención de entrar clandestinamente en la Unión Europea.

Actualmente Frontex está aplicando ese Reglamento. Sin embargo, la eficacia de las operaciones coordinadas por Frontex requiere la disponibilidad de un equipo adecuado. Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Frontex, Frontex ha creado un registro centralizado del equipo técnico disponible, denominado CRATE. En ese registro ya figura un gran número de helicópteros, aeronaves, barcos y otros equipos que los Estados miembros están dispuestos a facilitar para las operaciones coordinadas por Frontex.

En lo que se refiere a las medidas legislativas en materia de inmigración ilegal, los órganos competentes del Consejo ya han empezado a estudiar la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la imposición de sanciones a empresarios que contraten a nacionales de terceros países en situación irregular. La Comisión presentó esa propuesta, encaminada a la lucha contra el empleo ilegal como un factor estimulante de la inmigración clandestina, en mayo de 2007.

El Consejo, que ha seguido el procedimiento de codecisión a fin de agilizar la adopción de un acuerdo, también ha concedido una alta prioridad a la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio. Los órganos competentes del Consejo la están estudiando en este momento.

En lo que respecta a la política de readmisión, cabe destacar que, tras la entrada en vigor en junio del acuerdo de readmisión formalizado con Rusia, ya se ha adoptado la decisión de formalizar un acuerdo de readmisión con Ucrania, y se han suscrito otros acuerdos de readmisión con los países de los Balcanes Occidentales y con Moldova. Todos esos acuerdos se llevarán a término una vez que el Parlamento Europeo haya emitido su opinión.

A continuación, quisiera comentar brevemente el plan de política en materia de migración legal. Como bien saben, el Consejo y la Presidencia portuguesa también han dado prioridad al fomento de la migración legal. La Presidencia organizó una conferencia de alto nivel dedicada a la cuestión de la migración legal, que se celebró en Lisboa el 13 y el 14 de septiembre y que congregó a ministros, altos funcionarios y representantes de renombre del mundo académico, así como a representantes del Parlamento Europeo y de la Comisión. En la conferencia se abordaron cuestiones relativas a la migración legal, como, por ejemplo, las vías legales de migración y la gestión de los flujos migratorios, la integración y la Agenda de Lisboa y la migración y el desarrollo. Los resultados de esa conferencia desempeñarán un papel fundamental en la orientación de nuestro trabajo en los próximos meses.

De igual modo, el Consejo comenzará a trabajar pronto en una propuesta de directiva marco sobre los derechos de los inmigrantes establecidos legalmente en un Estado miembro, a fin de que puedan trabajar, y sobre la creación de un permiso de residencia único, así como en una propuesta de directiva sobre las condiciones de entrada y residencia de trabajadores muy cualificados, que, esperamos, la Comisión presentará en las próximas semanas. Esas dos propuestas, junto con otras que se presentarán en los próximos años, representan las siguientes etapas del plan de política en materia de migración legal presentado por la Comisión en enero de 2006.

El Consejo ya ha comenzado a estudiar la propuesta de Directiva del Consejo, por la que se modifica la Directiva 2003/109/CE con el fin de extender su ámbito de aplicación a los beneficiarios de protección internacional. El objetivo de esa propuesta es hacer extensible a los beneficiarios de protección internacional la posibilidad de obtener el estatuto de residentes de larga duración. El Consejo está a la espera del dictamen del Parlamento, requerido para que ese proyecto de instrumento pueda adoptarse inmediatamente.

En cuanto a las relaciones exteriores en el contexto de la migración, debo comunicarles que el Consejo ha seguido aplicando activamente el Planteamiento global sobre la migración, con arreglo a lo dispuesto por el Consejo Europeo en sus conclusiones de diciembre de 2005 y de 2006. Procede asimismo destacar las conclusiones sobre la ampliación y la intensificación del Planteamiento global sobre la inmigración que el Consejo adoptó en junio. En diciembre de 2006, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a lo siguiente: a presentar propuestas sobre la manera de aplicar el Planteamiento global a las regiones orientales y sudorientales vecinas de la Unión Europea; a proponer formas de incorporar las oportunidades de migración legal a las políticas exteriores de la UE, a fin de desarrollar una colaboración equilibrada con terceros países, adaptada a las necesidades específicas del mercado laboral de los Estados miembros; a proponer formas y medios de facilitar la migración circular y temporal; y a presentar propuestas detalladas sobre cómo organizar las diversas formas de desplazamiento legal entre la UE y terceros países e informar mejor sobre ellas.

La Comisión presentó dos comunicaciones en respuesta a esas invitaciones y, después de la adopción de esas comunicaciones de la Comisión, la Presidencia presentó ante el Consejo un proyecto de conclusiones, al objeto de que se comenzara a trabajar en las medidas determinadas por la Comisión.

La Conferencia ministerial euromediterránea sobre migración se celebrará en noviembre. El objetivo de esa Conferencia es elaborar iniciativas y medidas encaminadas a la puesta en práctica de cuestiones relacionadas con la migración. Por otro lado, también se ha prestado una atención especial a África; se ha continuado e intensificado el diálogo que se inició en 2005 con los países africanos sobre asuntos relacionados con la migración. De igual modo, se ha dado prioridad al seguimiento de las Conferencias ministeriales sobre migración y desarrollo que se celebraron en Rabat y en Trípoli, en julio y en noviembre de 2006 respectivamente. En esas Conferencias ministeriales —la primera, regional, y la segunda, continental—, se determinaron una serie de ámbitos en que podría reforzarse la cooperación entre los países de origen, de tránsito y de destino de los inmigrantes.

El Consejo está trabajando activamente en ese ámbito, a fin de traducir en medidas concretas los programas conjuntos acordados en Rabat y en Trípoli.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. − (IT) Señora Presidenta, Señorías, le estoy muy agradecido al representante del Consejo por su descripción de las líneas generales de nuestra acción común y quisiera dar las gracias especialmente a ambos ponentes, la señora Gruber y el señor Moreno Sánchez, por los dos informes que estamos debatiendo y comentando hoy.

Lo primero que podría comentarse es, por supuesto, lo lejos que ha llegado Europa en tan poco tiempo; toda una nota de optimismo. Como todos recordamos, hasta la celebración de la cumbre de Hampton Court, en octubre de 2005, se dudaba incluso que Europa pudiera tener una estrategia común en materia de inmigración. Ahora no sólo se trata de una consigna para todos nosotros, sino que ya estamos poniendo en práctica algunas iniciativas que se han adoptado y que han empezado a dar su fruto.

De modo que salta a la vista que Europa tiene un papel que desempeñar en la gestión del imparable fenómeno mundial de la migración. Las medidas emprendidas por los Estados miembros a escala nacional ya no son suficientes. De igual modo, es evidente que la actuación comunitaria redunda en beneficio de Europa, de los Estados miembros y de todos nuestros socios, tanto los del sur —principalmente los países africanos— como nuestros vecinos del este, porque —como se nos ha recordado— la Comisión propuso ampliar el Planteamiento global al este, es decir, a los flujos migratorios procedentes del este; una propuesta que recibió todo el apoyo del Consejo.

Nos referimos con frecuencia a un planteamiento global. Ahora todos estamos de acuerdo en que eso significa crear un vínculo absolutamente inquebrantable entre la dimensión exterior y las políticas interiores de inmigración. No podemos limitarnos a gestionar la inmigración exclusivamente en nuestro territorio, sino que debemos atajar las causas que subyacen a la inmigración, protagonizada, aún hoy, en su inmensa mayoría, por personas desesperadas que huyen de la persecución, la pobreza o la guerra y que no tienen opción a decidir si abandonar su país o quedarse en él. No les queda más remedio que abandonar su país para poder sobrevivir.

Por lo tanto, está claro que las causas subyacentes de la inmigración no pueden atajarse con un mero planteamiento basado en la seguridad; si bien las patrullas de vigilancia del Mediterráneo han sido, y continuarán siendo, esenciales para proteger las inmediaciones de las Islas Canarias. Esa no puede ser nuestra única estrategia, y no hay duda de que debemos dar respuesta a la petición de los Estados miembros de la UE de que se gestione la migración legal. Esa es una de las mejores formas de luchar contra la inmigración clandestina.

Cuanto mayor sea nuestra capacidad de gestión de la migración económica —que es nuestra obligación—, más reduciremos el sedimento gris e impreciso de la inmigración clandestina. Por eso, para empezar, desearía hablar de la migración legal; un tema que debatimos hace unos días en una importante reunión celebrada en Lisboa. Entonces hablamos de las perspectivas de futuro, y me dio la impresión —que, espero, sea confirmada por el Parlamento— de que hay un impulso político a favor de estudiar la cuestión de la migración económica desde un punto de vista no ideológico.

Francamente, debemos hacerlo teniendo en cuenta que necesitamos trabajadores no comunitarios y que no debemos sembrar la alarma con cifras desorbitadas que podrían transmitir una idea equivocada. Según algunos observadores e incluso algunos periódicos importantes, estamos preparados para acoger a 20 millones de inmigrantes en situación regular. Ese tipo de cifras son realmente peligrosas. Una cosa es señalar una tendencia demográfica evidente, a saber, que Europa está envejeciendo y que el declive demográfico dará lugar a un descenso de la población activa; y otra diferente, plantear ahora unas cifras que podrían ser la respuesta adecuada dentro de 50 años.

Por lo tanto, tenemos que gestionar todos los aspectos de este fenómeno, empezando por el declive demográfico de Europa. El segundo aspecto, en cambio, consiste en llevar a la práctica los objetivos de la Estrategia de Lisboa, en lo que se refiere a la competitividad y al atractivo de la economía europea. Para poder hacerlo, necesitamos mano de obra en todos esos sectores que muchos ciudadanos europeos parecen tener algo olvidados, por así decirlo. El tercer factor radica en que la inmigración no puede ser la única forma de resolver el problema del declive demográfico.

Por ejemplo, no debemos olvidar que, mientras hablamos de la inmigración procedente de países no comunitarios, aún no hemos eliminado los obstáculos a la libre circulación de los trabajadores comunitarios. Algunos ciudadanos europeos aún no tienen plena libertad para trabajar en cualquier otro país de la UE. En la jerga técnica, a esto se le llama «preferencia comunitaria», aunque no debe explicarse con un término burocrático, sino mediante medidas políticas. Quiere decir que en Europa sólo existirá una auténtica movilidad laboral cuando se hayan eliminado los obstáculos a los que se enfrentan los trabajadores europeos, y me refiero, naturalmente, a los nacionales de los nuevos Estados miembros. Ese es, por tanto, otro factor que debe tenerse en cuenta.

El cuarto aspecto consiste en negarse a considerar el declive demográfico como algo a lo que debemos resignarnos, porque «de todos modos, están llegando trabajadores de África». Nuestro declive demográfico, al igual que nuestro futuro, ha de ser un motivo de preocupación. Por eso, por ejemplo, las medidas encaminadas a ayudar a las familias y a incrementar la tasa de natalidad de Europa son tan importantes en este contexto como la gestión del fenómeno de la inmigración desde los terceros países.

Lógicamente, estamos adoptando iniciativas a fin de alcanzar todos esos objetivos, y algunas ya han sido adoptadas en el ámbito de la inmigración. Puedo comunicarles que vamos a iniciar un procedimiento de licitación para el Portal de Inmigración europeo. Confío en que el procedimiento de licitación haya concluido en unos meses —siempre que los trámites burocráticos lo permitan— y así podamos contar con el primer Portal de Inmigración unificado de Europa. El Portal ofrecerá acceso a oportunidades, ofertas y búsquedas de empleo, a los sectores que necesitan mano de obra, etc. Contribuirá en gran medida a mejorar la capacidad de Europa en este ámbito.

El Fondo Europeo de Integración es por fin una realidad. Ya lo hemos debatido en otras ocasiones, y ustedes le han brindado su apoyo. He de decir que el Consejo ha reducido ligeramente la dotación financiera que yo propuse en un principio, pero, al menos, ya está en marcha. Disponemos de casi 1 000 millones de euros para abordar este importante aspecto de nuestra estrategia de migración. No puede haber inmigración sin integración. Ahora existe el Fondo Europeo. Estamos financiando cursos de idiomas y de formación profesional en los países de origen. Se trata de otra condición previa para la gestión de la migración económica. Si los que llegan aquí no cuentan con la formación profesional necesaria para un determinado sector o no hablan las lenguas de los países en que trabajan, están condenados al aislamiento social, y no queremos que eso suceda. La Unión Europea ya está financiando iniciativas en ese ámbito.

Como bien sabrán, la Comisión se dispone a adoptar dos medidas legislativas, a propuesta mía, en los próximos días. El representante del Consejo se ha referido a ellas. Ambas serán directivas, unas directivas bastante innovadoras, y la primera de ellas estará relacionada con los trabajadores muy cualificados. Desde luego que no se dedicarán a dar cifras, como, por ejemplo, cuántos ingenieros hacen falta en Italia o cuántos médicos necesita Bélgica. Esas cuestiones las decidirán conjuntamente los Gobiernos y los mercados laborales de los países pertinentes. Lo que nos interesa es conseguir que Europa sea más atractiva que sus competidores, entre los que se cuentan los Estados Unidos, Canadá y Australia, que atraen al 95 % de los trabajadores no comunitarios más cualificados —los procedentes de países africanos y asiáticos—, mientras que el conjunto de Europa sólo es capaz de atraer al 5 %. Son demasiado pocos.

La idea del permiso de trabajo europeo, la denominada «tarjeta azul», consiste en que un trabajador muy cualificado requerido en cierto país adquiera, después de un período determinado, el derecho a trasladarse a otro país de la Unión Europea —en el que contará con un puesto de trabajo, por supuesto—, sin ningún tipo de trámites ni procedimientos engorrosos. Esa persona podrá volver a su país, si así lo desea, y luego volver a Europa después de cierto tiempo, si eso es lo que quiere. Ese tipo de migración circular también puede evitar que los países de origen sufran una «fuga de cerebros» permanente.

Como es lógico, la segunda directiva, la relativa a los derechos comunes de los inmigrantes económicos, será igualmente importante, ya que, por primera vez, habrá un solo documento para los permisos de trabajo y para los de residencia. La persona entra en Europa para trabajar. Lógicamente, no me refiero a los solicitantes de asilo ni a la reagrupación familiar; me refiero a las personas que entran en Europa para trabajar, es decir, los inmigrantes económicos. En principio, no debería haber ninguna separación entre la residencia y el trabajo, y ese tipo de documento ha de ser transparente.

Indudablemente, así se producirá una armonización de los derechos. En algunos Estados miembros, el derecho a la asistencia médica no está plenamente garantizado, mientras que en otros, sí. Naturalmente, la propuesta que la Comisión presentará al Consejo y al Parlamento dejará en manos de los Estados miembros la decisión de superar el nivel existente, por ejemplo, en el caso de aquellos sistemas nacionales que ya sean más ventajosos. Lógicamente, no esperamos que un país más virtuoso reduzca su nivel de derechos; lo que queremos decir es que los menos virtuosos deben incrementar su nivel de derechos sociales, educativos y sanitarios, así como su nivel de derechos a otro tipo de servicios.

En 2008 presentaré una serie de propuestas relativas a otras categorías de trabajadores inmigrantes; a saber: los trabajadores estacionales, los que asisten a cursos de formación remunerados y los trabajadores trasladados por sus empresas. Por ejemplo, si una empresa tiene oficinas en varias ciudades europeas, la idea es que se faciliten los traslados dentro de esa misma empresa y que no haya que iniciar los trámites desde cero en cada país. A continuación, claro está, llegará el turno de los trabajadores no cualificados; la mayor categoría, que aún requiere bastante trabajo exploratorio. En lugar de presentar una propuesta legislativa ahora, prefiero plantear opciones o propuestas abiertas —algo que haré a principios del próximo año—, con el propósito de recoger comentarios y sugerencias antes de presentar la mejor propuesta posible. No estamos hablando de grupos reducidos, sino de la inmensa mayoría de quienes vienen a Europa sin ninguna formación profesional. Deben abordarse muchos aspectos al respecto.

Según el informe de la señora Gruber, la cooperación con los países de origen para evitar la fuga de cerebros constituye un aspecto fundamental, que a mí me preocupa especialmente. Como ya he dicho, la idea de la migración circular es precisamente esa: evitar una merma permanente de energía. Por ejemplo, ya se iniciado la cooperación con determinados países de África subsahariana, con el objetivo específico de evaluar la mejor forma de abordar el caso de los trabajadores más cualificados que trabajan durante una temporada en Europa y luego vuelven a casa, donde pueden ser contratados y empleados en beneficio de su país de origen.

Se trata de un diálogo abierto que tengo previsto dirigir firmemente en los próximos meses, en parte, gracias al gran apoyo que me está brindando la actual Presidencia portuguesa, como también lo hicieron las anteriores Presidencias. Disponemos de una gran oportunidad en ese sentido. Van a celebrarse dos cumbres ministeriales: la cumbre euromediterránea, que ya se ha mencionado, y la cumbre de los dirigentes de la UE y de África. Espero que esa cumbre nos permita avanzar y creo que lo hará, porque, naturalmente, confío en que los jefes de Gobierno presentes en la cumbre Europa-África adopten una auténtica declaración de asociación entre Europa y África en materia inmigración, movilidad y empleo.

Si eso sucede, en mi opinión, habremos dado un gran paso adelante, en parte, porque, con arreglo a lo acordado con la Presidencia portuguesa, la propuesta que debatimos durante la Presidencia alemana con el Ministro de Trabajo y el Ministro del Interior de la República Federal se presentará ahora en el primer Consejo mixto de Ministros del Interior y de Trabajo. A principios de diciembre, se tomarán las primeras medidas políticas tangibles encaminadas a armonizar los diversos aspectos de nuestra estrategia de migración: no sólo la seguridad, sino también el aspecto económico y laboral, que reviste una gran importancia por todos los motivos que he dado.

Los acuerdos de cooperación con los países de origen son otra cuestión. La Comisión ha comenzado actuar en ese ámbito con determinados países de forma experimental. En pocas palabras, hemos creado perfiles de países. Cada país es diferente a los demás, y no podemos gestionar el flujo migratorio de Malí del mismo modo que el de Senegal. Cada país tiene su propio perfil y debe considerarse distinto.

Una vez hecho eso, ofrecemos oportunidades de asociación, que forman parte de un acuerdo global. Las hemos llamado «plataformas de cooperación», y son acuerdos con una plataforma de temas sobre los que se deberá llegar a un acuerdo; a saber: la lucha conjunta contra la trata de seres humanos —dado que la trata de personas comienza en el país de origen—, la erradicación de la corrupción que protege la trata de seres humanos y la gestión de las oportunidades de empleo, mediante la facilitación de información, formación profesional y cursos de idiomas. Hemos abierto la primera oficina de empleo, financiada con fondos europeos, en Bamako, la capital de Malí. También nos hemos comprometido a facilitar información sobre la legislación europea, oportunidades de empleo y cursos de formación en esa oficina, y, de hecho, ya lo estamos haciendo. Malí es el primer país que se ha mostrado interesado, y ya hemos llevado a cabo esta iniciativa con él. Estamos dispuestos a hacer lo mismo con otros países que nos lo propongan y cuando nos lo propongan.

En cuanto a la integración, permítanme señalar muy brevemente que se trata de un aspecto fundamental de la política de migración, y, como es lógico, el Fondo se destinará a todas las políticas encaminadas a la integración social de las personas que se atengan a nuestras normas. Por último, el tema de la inmigración clandestina también forma parte de nuestra estrategia política. Sé que la Comisión LIBE ha aprobado el informe del señor Weber sobre la política europea de repatriación, y me complace que lo haya hecho. Lo debatiremos más adelante, pero también es importante.

La lucha contra la inmigración ilegal implica no fomentar el trabajo en negro, porque constituye un imán para los trabajadores clandestinos. Como bien saben, un porcentaje cada vez más alto de los inmigrantes que trabajan en Europa se está quedando sin empleo, y eso es muy preocupante. Al principio había trabajo para muchas personas —trabajo estacional, en el sector agrario y en el del turismo, obras públicas, etc.—, mientras que ahora, lamentablemente, el desempleo ha experimentado un repunte. ¿Qué vamos a hacer con esas personas que se están quedando sin trabajo?

De ahí que no debamos fomentar el trabajo ilegal; por el contrario, debemos castigar a los empresarios que se aprovechan de los inmigrantes clandestinos y debemos garantizar una política de repatriación que respete los derechos humanos fundamentales y, al mismo tiempo, sea muy clara y muy firme en lo que respecta a nuestros objetivos. No podemos tolerar la ilegalidad ni los actos ilegales reiterados.

La agencia europea Frontex ha contribuido a la detención de miles de inmigrantes clandestinos. Sólo este verano ha rescatado a más 1 200 personas, que, como tantas otras, estaban abocadas a una muerte segura, y debemos nuestro agradecimiento a la tripulación de los barcos, los aviones y los helicópteros que participan en las misiones de Frontex. No sólo eso, sino que Frontex también ha conseguido reducir la afluencia de inmigrantes clandestinos a las zonas que patrulla. Ha sido, es y continuará siendo una herramienta clave en el contexto de este planteamiento global.

Para concluir, señora Presidenta, señalaré que la inmigración no nos mantendrá ocupados durante los próximos meses, sino durante las próximas décadas. Por lo tanto, está bien que Europa se dé cuenta de que tiene la excelente oportunidad de desempeñar un papel a escala mundial en este ámbito, al igual que en otros.

  Lilli Gruber, ponente. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, la inmigración no es un acontecimiento excepcional ni un fenómeno pasajero. En 2006, había dieciocho millones y medio de inmigrantes en la UE-27. Como bien saben, hay múltiples razones: las guerras, la pobreza, las catástrofes medioambientales y las dictaduras implacables de muchas regiones del mundo. La Unión Europea es uno de los principales agentes del mundo; de modo que no debe aplazar más la elaboración de unas políticas estructurales encaminadas a hacer frente a este desafío que nos afecta a todos. Solos no conseguiremos nada.

Se ha avanzado mucho en la lucha contra la inmigración clandestina, pero no lo suficiente. La apertura de vías legales de entrada en la Unión Europea es el arma más importante para luchar contra la inmigración clandestina. Son las dos caras de una misma moneda, y, por eso, Javier Moreno Sánchez y yo hemos decidido presentar juntos nuestros informes.

Nuestras economías ya no podrían funcionar sin los trabajadores inmigrantes, y sin sus cotizaciones a la Seguridad Social, nuestro sistema de bienestar social se paralizaría, en vista de la amenaza del brusco descenso de la tasa de natalidad que se cierne sobre él. Las cifras de Eurostat no dejan lugar a dudas: en 2050, un tercio de los 490 millones de europeos tendrá más de 65 años. El plan de acción de 2005 de la Comisión supuso un gran avance, porque presentaba unas propuestas prácticas encaminadas a una apertura uniforme de vías legales de migración en el ámbito de la UE. Lógicamente, el establecimiento de las cuotas de entrada dependerá de cada Estado miembro.

De las cinco directivas que usted se dispone a proponer en los próximos meses, Comisario Frattini, para nosotros, la más importante es la que garantiza un marco común de derechos a los inmigrantes. Le deseo mucha suerte, porque todos sabemos que las negociaciones que se mantendrán en el Consejo no serán sencillas, pero cuente con todo el apoyo del Parlamento. Esa es una de las razones por las que debemos adoptar el procedimiento de codecisión y suprimir el derecho de veto en el Consejo.

Mi informe fue aprobado por unanimidad en la Comisión LIBE, salvo por un voto en contra, y les estoy muy agradecido a mis colegas de otros Grupos por su apoyo incondicional. En el informe, pedimos que se faciliten unas estadísticas coherentes y fiables a escala de la UE. No se puede legislar sobre la inmigración sin saber cuál es su verdadero alcance; si no se manejan cifras concretas, puede convertirse fácilmente en un instrumento propagandístico.

Este fenómeno debe abordarse sin ninguna demagogia, sin ningún populismo y sin ningún tabú. Por lo tanto, creo que es fundamental que los políticos y los periodistas sean más responsables a la hora de tratar un tema tan delicado como éste. Como bien saben, ambos colectivos desempeñan un papel fundamental en el proceso de integración.

La integración es un proceso de doble sentido de derechos y obligaciones para ambas partes, y es esencial que los inmigrantes participen activamente en la vida económica, social y política del país de acogida. Coincido con usted, señor Frattini, en lo referente al principio de la igualdad de trato en lo que respecta a los derechos socioeconómicos, porque entre los derechos fundamentales no sólo se cuentan la igualdad de remuneración y la seguridad en el trabajo, sino también el reconocimiento de cualificaciones, la transferibilidad de los derechos de pensión, la reagrupación familiar y la concesión a las mujeres de una personalidad jurídica independiente de la de su cónyuge.

En cuanto a la Directiva sobre los trabajadores muy cualificados, la llamada «tarjeta azul» podría ser una excelente manera de atraer a esos profesionales que Europa tanto necesita. En cualquier caso, nos gustaría tener algunos datos más acerca de la tarjeta azul, señor Comisario, porque —como bien ha señalado usted— sólo el 5 % de los trabajadores inmigrantes están muy cualificados, frente al 95 % de los trabajadores inmigrantes, que no están cualificados.

La Directiva sobre los trabajadores estacionales debería suplir las carencias existentes en cuanto a los derechos de ese último grupo de trabajadores, y, en mi opinión, a los trabajadores estacionales que se atengan a las normas se les debería brindar un acceso preferente a otras formas de inmigración temporal y permanente. Sin embargo, señor Frattini, aunque las propuestas abiertas o las opciones —como usted las llama— relativas a los inmigrantes no cualificados o con escasa cualificación están muy bien, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que esperar para poder contar con una directiva al respecto? Mi pregunta es, sobre todo, para el Consejo.

Señorías, se me acaba el tiempo. Quisiéramos instar a los Gobiernos y al Consejo a que sean más realistas y más valientes. Hace falta una política responsable que dé respuesta a los miedos y a las inseguridades de nuestras sociedades, que cada vez se muestran más inquietas. Las fronteras no están cerradas, y tampoco nos están invadiendo los inmigrantes. La inmigración es necesaria y, si se gestiona con buen criterio, puede resultar muy valiosa para una sociedad civil en la que se respetan las diferencias.

(Aplausos)

  Javier Moreno Sánchez (PSE), ponente. – (ES) Señora Presidenta, señor Vicepresidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Gruber, Señorías, en la era de la globalización imaginar el futuro de Europa y de nuestras sociedades sin inmigración es estar fuera de la realidad. La inmigración es necesaria y positiva para la estabilidad demográfica, el crecimiento económico y la diversidad cultural de la Unión.

Ahora bien, necesitamos una inmigración legal de trabajadores con derechos y obligaciones, no esclavos. El desarrollo y el éxito de una política de inmigración legal dependen, en gran parte, de una lucha firme contra la otra cara de la moneda, la inmigración clandestina.

La gestión de estos flujos migratorios clandestinos y su control superan la capacidad de acción individual de los Estados miembros y son, sin duda, la dimensión más delicada de la política de inmigración global y común que debe desarrollar la Unión Europea.

Los desequilibrios económicos y sociales recientes, los conflictos internacionales y el cambio climático ampliarán los flujos de clandestinos hacia la Unión Europea. Son más rápidos que nuestra respuesta política y no se van a detener por sí solos. Tenemos que actuar ya.

Acogemos y compartimos el enfoque de la Comisión. Su papel es esencial en el desarrollo de una política más coherente y eficaz por parte de los Estados miembros basada en el pleno respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales, desde la solidaridad, la responsabilidad compartida, la transparencia y la confianza mutua.

En primer lugar, debemos lograr unas fronteras terrestres, marítimas y aéreas seguras a través del control y de la vigilancia integrada. En este sentido, Frontex y RABIT son el camino a seguir. El camino de la solidaridad y de la responsabilidad compartida.

Señorías, Frontex funciona. Donde ha llevado a cabo operaciones se han salvado vidas y la inmigración clandestina ha disminuido sustancialmente. Los flujos de clandestinos han tenido que buscar otras rutas, como se ha comprobado recientemente en España y en Italia.

Ahora bien, Frontex es un recién nacido, hijo de la Unión, que sólo puede crecer y cumplir su función con el apoyo de sus padres, los Estados miembros, a los que pedimos que cumplan sus compromisos poniendo a disposición los recursos humanos y logísticos necesarios.

Por otra parte, es imperativo establecer una política europea de retorno, plenamente respetuosa de los derechos humanos, como uno de los factores disuasorios e impulsar la celebración de acuerdos de readmisión con los países terceros. Abogamos por la aprobación de la directiva sobre retorno durante la Presidencia portuguesa.

Señorías, necesitamos voluntad y valentía política para atajar el mayor factor de atracción de la inmigración clandestina: el empleo ilegal. Debemos ganarle la partida a las mafias y a los empresarios sin escrúpulos que explotan a los inmigrantes clandestinos. Se mueven enormes cantidades de dinero e intereses ocultos que exigen una acción contundente y enérgica.

Debemos, como usted ha dicho, señor Vicepresidente, aplicar la tolerancia cero al empleo irregular para reducir la economía sumergida que provoca el efecto llamada. La dimensión psicológica es obvia. Si no existen posibilidades de trabajar ilegalmente en la Unión se reduce el incentivo de emigrar hacia ella.

Pedimos también a los Estados miembros una acción decidida y dotada de recursos financieros adecuados contra la trata de personas a través de la cooperación judicial y policial y que se preste una atención particular a las personas más vulnerables las mujeres y los menores y se les facilite el acceso a la salud y a la educación.

La acción externa exige diálogo y cooperación estrecha con los países de origen y de tránsito. Debemos seguir con la vía abierta en las Conferencias Ministeriales de Rabat y Trípoli y en el Foro Mundial de Bruselas, haciendo hincapié en el vínculo entre inmigración y desarrollo.

Debemos lograr que la inmigración se convierta en un factor de desarrollo, tanto para los países de origen como para los países de acogida, y que a través del codesarrollo atajemos conjuntamente las causas profundas de la inmigración clandestina.

Asimismo, es necesario maximizar el impacto positivo de las remesas de los emigrantes en el desarrollo de sus respectivos países y explorar el recurso al microcrédito.

Por otra parte, debemos velar por una política exterior coherente que garantice la compatibilidad de los objetivos comerciales y de ayuda al desarrollo para que los países menos avanzados puedan exportar sus productos y no tengan que exportar a sus ciudadanos.

Señorías, no quisiera concluir mi intervención sin expresar mi agradecimiento a todos los ponentes, con los que he mantenido una estrecha cooperación positiva, reflejada en el alto consenso alcanzado en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.

Señorías, no nos equivoquemos, tenemos que luchar contra la inmigración clandestina, atajar sus causas y sus cauces, pero no tenemos que luchar contra los inmigrantes clandestinos, no son delincuentes; emigrar no es un delito. Atajemos los discursos populistas y xenófobos que asocian inmigración a inseguridad, delincuencia, terrorismo o paro. Nunca se emigra por capricho, siempre por obligación. Actuemos para que deje de ser una obligación y sea una elección personal.

(Aplausos)

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Desarrollo. – (EL) Señora Presidenta, en primer lugar, quisiera felicitar a Lilli Gruber y a Javier Moreno Sánchez por su excelente trabajo y por la cooperación que hemos mantenido en la elaboración de ambos informes.

La posición consolidada de la Comisión Europea defiende la adopción de una auténtica política común de inmigración por parte de los 27 Estados miembros. La inmigración está indisolublemente ligada al desarrollo, y, habida cuenta del problema demográfico al que se enfrenta actualmente la Unión, la inmigración legal no constituye otro problema más, sino que forma parte de la respuesta a muchos de los problemas de Europa.

La oportunidad de emitir una opinión ha permitido a la Comisión de Desarrollo —en el papel del Parlamento Europeo— salvaguardar la igualdad de derechos para ambos sexos, proteger a los grupos más vulnerables, como las mujeres y los menores inmigrantes, y ofrecer información y cursos de idiomas a los inmigrantes recién llegados.

Además, se ha tenido en cuenta la fuga de cerebros de regiones del mundo como África, donde la necesidad de recursos humanos en la sanidad es acuciante. Esas zonas se resienten cada vez que un médico abandona el país para ir a la UE en busca de un futuro mejor.

Por eso, aplaudimos la propuesta de la Comisión de intensificar la migración circular. De ese modo, los inmigrantes tendrán la posibilidad de volver a su país de origen, después de un período de un año, y de llevarse allí los conocimientos y la experiencia que hayan adquirido en los Estados miembros de la UE.

Es asimismo esencial que la Comisión facilite más información acerca del marco jurídico en el que se encuadrará el término «migración circular». En este sentido, me gustaría darle las gracias al Comisario Franco Frattini por la delicadeza con la que ha tratado el tema de la inmigración durante los dos últimos años y por sus continuos esfuerzos por conseguir que los 27 Estados miembros adopten una política común de inmigración.

(Aplausos)

  Maria Badia i Cutchet (PSE), Ponente de opinión de la Comisión de Cultura y Educación. – (ES) Señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores diputados, como ponente de opinión sobre inmigración legal de la Comisión de Cultura, he destacado la importancia de abordar los aspectos sociales, educativos y culturales vinculados con la inmigración, tan necesarios para contribuir al crecimiento económico y a la cohesión social y avanzar en la integración de estas poblaciones y en las sociedades de acogida, reduciendo así la desconfianza mutua.

En el terreno educativo he propuesto desarrollar políticas que faciliten el acceso de los inmigrantes al sistema educativo y su integración en el mismo, reconociendo, a su vez, las titulaciones académicas y profesionales adquiridas en países terceros.

Con el fin de impedir la fuga de cerebros hemos resaltado la propuesta de la Comisión de promover la contratación ética en aquellos países donde la emigración de personal cualificado pueda desestabilizar su situación socioeconómica.

Y, finalmente, quiero subrayar la importancia y la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de transmitir información, tanto en los países de origen como en las sociedades de acogida, con el fin de evitar dar una imagen sesgada del fenómeno migratorio.

  Maria Panayotopoulou-Kassiotou (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. – (EL) Señora Presidenta, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género lamenta que tanto en la comunicación sobre el proyecto de estrategia de migración legal como en el texto que se nos pide que votemos hoy apenas se haga referencia al problema de la igualdad de las mujeres.

Por lo tanto, instamos a la Comisión, a los Estados miembros y a las diversas formaciones del Consejo con competencias en este ámbito a que intensifiquen sus esfuerzos. La coordinación de las políticas de migración legal debe permitir que se brinde una protección especial a los derechos de las mujeres inmigrantes que son víctimas de la discriminación por partida doble. Se ha de luchar contra la inmigración clandestina, porque favorece las redes de distintas formas de explotación de hombres, mujeres y menores vulnerables.

Subrayamos la importancia de un planteamiento global en lo que respecta a las políticas de migración legal; un planteamiento que recoja medidas de integración en ambos sentidos, es decir, que refuerce tanto la aceptación por parte de las sociedades de acogida como la voluntad de integración de los hombres y las mujeres inmigrantes.

Las mujeres y sus familias desempeñan un papel importante en ese sentido, y debería facilitarse la reagrupación familiar, mediante la concesión de una personalidad jurídica independiente. Tenemos que luchar contra la discriminación, las amputaciones, los matrimonios forzosos, la poligamia, los delitos de honor y cualquier tipo de violencia en las sociedades de origen y reforzar la formación reglada de las mujeres.

  Joseph Daul, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (FR) Señora Presidenta, Comisario Frattini, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, el tema de la inmigración es una cuestión política especialmente importante, porque muchas veces representa un drama humano. El Grupo del Partido Popular Europeo y de los Demócratas Europeos es consciente de la gravedad de este debate, y no dejamos de pensar en los cientos personas que han perdido la vida porque soñaban con vivir en Europa. Tenemos que tener muy presente el respeto por la vida humana, a la hora de elaborar nuestra política de migración.

Desearía felicitar a los ponentes por su trabajo y al Comisario Frattini por la buena disposición y la determinación política de las que ha hecho gala. Debemos hacer cuanto esté en nuestra mano para controlar la afluencia de inmigrantes; están en juego la cohesión de nuestra sociedad, nuestra capacidad de acoger inmigrantes y nuestra determinación en la lucha contra el racismo, la intolerancia y la xenofobia. La gestión de la inmigración requiere la adopción de un planteamiento basado en el respeto por la dignidad humana, en el realismo y en un marco jurídico consistente.

Señorías, al debatir el tema de la inmigración, es importante establecer una distinción entre los solicitantes de asilo, los refugiados provisionales y los inmigrantes económicos, que son, con mucho, los más numerosos. En cuanto a esa última categoría, también tenemos que distinguir entre la inmigración clandestina, que es responsabilidad de la Unión Europea, y la inmigración legal, que compete a los Estados miembros.

Estamos a favor de que se adopten medidas estrictas en lo que respecta a la inmigración clandestina. Europa tiene que asumir sus responsabilidades y atajar el problema de las mafias que hacen negocio con el sufrimiento humano. Reconocemos que se han realizado algunos progresos, como la creación de la agencia Frontex, el Fondo para las Fronteras Exteriores de la UE y los equipos de intervención rápida en las fronteras, que patrullan las zonas fronterizas. Sin embargo, todo eso es demasiado poco, ya que el personal, el material y los recursos financieros empleados continúan siendo insuficientes. Ahora vamos a proporcionar estos instrumentos con los recursos adicionales que hacen falta. No obstante, si queremos ser más eficaces, los Estados miembros que protegen nuestras fronteras exteriores han de actuar con arreglo a unas normas comunes. Es esencial que establezcamos un auténtico protocolo comunitario para la protección de nuestras fronteras exteriores, acompañado de un sistema de control.

No todos los Estados miembros se enfrentan a los mismos problemas en lo que respecta a los flujos migratorios. Tenemos que procurar distinguir entre los Estados que actúan de guardianes de nuestras fronteras y los demás. Los que se encuentran al sur y al este de la Unión se enfrentan a una labor titánica. En este sentido, ha de brindarse la máxima solidaridad, y han de emplearse los recursos técnicos, logísticos y financieros necesarios para ayudar a esos Estados miembros de primera línea que se enfrentan a una inmigración clandestina masiva. La lucha contra la inmigración clandestina no sólo requiere la puesta en práctica de medidas en nuestras fronteras exteriores, sino también la movilización de esfuerzos en el ámbito de la Unión Europea. Actualmente hay entre diez y quince millones de personas que residen ilegalmente en nuestro territorio.

Si nuestras democracias se rigen fundamentalmente por el principio de la igualdad ante la ley, es imprescindible que adoptemos una política que establezca que las personas que hayan entrado clandestinamente en la UE sean devueltas sistemáticamente a sus países de origen. La Unión Europea debe organizar el retorno de los inmigrantes clandestinos de tal forma que se respeten lo más estrictamente posible los derechos humanos y la dignidad humana. Queremos que Europa continúe siendo un refugio para las personas que huyen de la persecución y, por eso, estamos en contra de la regularización de todos los inmigrantes clandestinos. Lejos de ser una solución, sólo daría a los inmigrantes clandestinos y a las personas que pretenden entrar en la UE la idea equivocada de que tarde o temprano se regularizaría su situación. Ese tipo de amnistías no harían sino perpetuar las actividades de las organizaciones que se dedican a la inmigración clandestina y a la trata de personas. Aplaudimos con entusiasmo la propuesta de la Comisión de castigar a los empresarios que contraten a inmigrantes clandestinos.

En cuanto a la situación actual en lo que respecta a la inmigración legal, nuestro Grupo opina que nuestras negociaciones con terceros países deberían estar supeditadas a la demostración por parte del país de origen de su compromiso de controlar la inmigración ilegal. Si bien es cierto que la regulación de la inmigración legal no compete a la Unión Europea, sino a los Estados miembros, si queremos contribuir a la eficiencia y la coherencia en este ámbito, tenemos que coordinar nuestros esfuerzos de un modo más eficaz a escala de la UE-27. De igual modo, tenemos que estudiar la posibilidad de establecer un proceso de acogida común que permita el acceso de los trabajadores muy cualificados y de los que cuentan con unas cualificaciones específicas al mercado laboral europeo. La propuesta sobre la «tarjeta azul» europea debería desarrollarse y debatirse más a fondo, junto con la idea de un proyecto de inmigración circular para los trabajadores no cualificados.

Señorías, en el ámbito de la inmigración, todo es cuestión de mantener el equilibrio adecuado entre una sociedad unida, fuerte y abierta a los demás y el respeto por el Estado de Derecho. No queremos cerrar nuestras puertas, ni mucho menos, sino asegurarnos de que los posibles inmigrantes sean bien recibidos y se integren bien en nuestra sociedad, como ocurre en otras regiones del mundo.

  Claudio Fava, en nombre del Grupo del PSE. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, permítanme expresar mi agradecimiento a ambos ponentes por un trabajo valioso y extremadamente relevante.

Quisiera empezar con una imagen que todos tenemos muy presente desde hace varios meses: la fotografía de cuarenta náufragos supervivientes aferrados a una red de pesca en pleno Mediterráneo durante dos días y dos noches. En esa ocasión, por lo visto, era más importante salvar la pesca que salvarles la vida a aquellas personas desesperadas; el barco pesquero que los encontró no los acogió a bordo. Esta observación viene al caso, porque, como bien nos ha recordado el Comisario, necesitamos un planteamiento global a la par que diferenciado en lo que respecta a la inmigración. Debe tratarse de un planteamiento equilibrado, solidario y —como bien ha señalado la señora Gruber— desprovisto de tabúes.

La inmigración no puede considerarse un mero problema de seguridad. Se trata de un desafío necesario para Europa, un factor de integración y de evolución social al que tenemos que hacer frente. El Comisario Frattini ha manifestado que Europa tiene un papel que desempeñar, y nosotros estamos de acuerdo. Europa tiene un papel que desempeñar, siempre y cuando pueda lidiar con todas las complejidades del problema.

En los pocos segundos que me quedan, quisiera destacar los tres principios más importantes contemplados en los dos informes. La manera más eficaz de atajar la inmigración clandestina es mediante la apertura de vías para la inmigración legal, siempre y cuando los inmigrantes y los países de acogida tengan derechos y obligaciones recíprocos.

En cuanto a la inmigración clandestina, me gustaría señalar que debe establecerse un principio de solidaridad entre los Estados miembros, siempre que ese principio sea aplicable a todos los Estados miembros y no sólo a los países mediterráneos. Al mismo tiempo —como bien han dicho muchas de sus Señorías—, debemos luchar contra la inmigración clandestina creando en los países de origen las condiciones necesarias para atajar las causas de la profunda desesperación que empuja a estas personas a huir: las causas subyacentes a las que se refería el señor Frattini.

Por último, señora Presidenta, el respeto por los derechos humanos continúa siendo un punto de referencia indispensable para nuestras políticas. El proceso de integración europea sólo será firme y significativo si podemos evitar que Europa cierre sus puertas a los inmigrantes.

PRESIDE: SR. ONESTA
Vicepresidente

  Graham Watson, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, ¿qué mejor ilustración de la necesidad de una política europea común de inmigración que el caso de los pescadores tunecinos? Todo lo relativo a este trágico suceso – desde los emigrantes en un bote de goma en alta mar hasta los traficantes de personas que les pusieron allí y las autoridades que encarcelaron a sus rescatadores – testimonia el fracaso de la estrategia europea en materia de inmigración.

Cada vez que ocurría una tragedia humana, durante una década terrible de pasividad, los liberales y los demócratas han hecho una sencilla pregunta: ¿cuántas personas deben morir antes de que los Gobiernos comprendan que alzar el puente levadizo del castillo europeo no sirve a los intereses de nadie? Gestionar la inmigración nos interesa a nosotros tanto como a los que intentan llegar a nuestras orillas y están dispuestos a morir en ese intento. Mientras que el populismo ha impulsado una política forjada en la fragua del miedo, nosotros deberíamos enfrentarnos a los hechos.

Hecho número uno: a lo largo de los próximos 20 años Europa perderá 20 millones de trabajadores – unos trabajadores que hacen funcionar nuestros sectores de servicios y cuyos impuestos financian los servicios prestados a nuestros ciudadanos.

Hecho número dos: los gobiernos nacionales están disuadiendo a las personas que Europa necesita para competir – en realidad, para sobrevivir – en un mercado global despiadado. El 85 % de los mejores cerebros emigran a América o a Australia, desanimados por nuestra burocracia, nuestra ruindad y nuestras barreras a la libre circulación.

Hecho número tres: de los inmigrantes que llegan a Europa, sólo tres de cada veinte están cualificados; la mayoría de ellos carecen de formación, de bienes y de esperanza. Las propuestas del Comisario Frattini solamente abordan la mitad del problema, retomando las ideas de la señora Hennis-Plasschaert de una carta verde europea para superar la carencia de trabajadores cualificados. Pero esta «carta azul» tiene sus propias carencias: no se mencionan, por ejemplo, los trabajadores que necesitamos en los sectores de restauración, asistencia sanitaria y turismo. Podría servir para hacer frente a los retos económicos y demográficos si fuese acompañada de la libre circulación de los trabajadores de los nuevos Estados miembros de la UE, pero sirve de poco a la hora de resolver el problema de los inmigrantes ilegales en nuestras fronteras meridionales.

No nos equivoquemos: la cómoda suposición de la Comisión de que podremos quedarnos con los mejores y descartar a los demás no funcionará. Empujados por la pobreza, el hambre, la miseria y la guerra, la gente seguirá cruzando el Mediterráneo, se ajusten o no a nuestros criterios. ¿Por qué? Porque nuestras políticas agrícolas y pesqueras están hundiendo los precios de sus productos y esquilmando sus recursos naturales.

Es evidente que debemos patrullar las fronteras de Europa. El informe Moreno Sánchez tiene razón al pedir que se conceda a Frontex el presupuesto, personal y equipamiento necesarios para realizar su trabajo – aunque eliminar a Gibraltar de Frontex equivale a dejar un hueco en la valla, y francamente es una quimera. A largo plazo, sin embargo, sólo una política comunitaria integral que castigue a los traficantes de personas, cree instrumentos legales y ofrezca esperanza a los desesperados podrá contrarrestar las tendencias actuales.

La verdad es que tenemos tan sólo una opción respecto a los países en desarrollo: o admitimos sus productos o admitimos a su gente. Si queremos que no entren tantos, tendremos que prestarles una mayor ayuda en su propio país, como bien dice el informe de la señora Gruber. Éste es el motivo por el que la Presidencia portuguesa deberá redoblar sus esfuerzos para rebajar los aranceles agrícolas europeos y para hacer que concluya con éxito la ronda de Doha, y el motivo por el que la Comisión tendrá que elaborar un programa generoso para África, vinculando las ayudas financieras y la apertura de los mercados al respeto por los derechos humanos y por el Estado de Derecho, con el fin de que las personas tengan la esperanza de una vida mejor en su patria.

Señor Lobo Antunes, señor Frattini, celebren ustedes su próxima reunión del Consejo en la sala de inmigración de Ellis Island, en Nueva York. Aprovechen las lecciones de nuestra historia de emigraciones hacia el oeste, cuando estén preparando la cumbre UE-África de diciembre. La inmigración no desaparecerá: está impulsada por una mezcla intoxicante de desesperación y de esperanza, obedece a la ley de la oferta y la demanda, pero si fuese gestionada adecuadamente podría enriquecer y dinamizar a Europa.

(Aplausos)

  Cristiana Muscardini, en nombre del Grupo UEN. – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, si bien es cierto que ya hay varias directivas sobre migración legal y que se van a proponer otras, aún queda por resolver el auténtico problema de impedir la inmigración clandestina e incontrolada y de definir claramente y garantizar la observación de las leyes y normas vigentes en los países de la UE, ya que se trata de una condición esencial para la convivencia cívica.

Le estoy agradecido al Comisario Frattini por las propuestas que ha presentado. Sin embargo, el problema continúa siendo grave, en el sentido de que hay resoluciones de jueces —me refiero a casos vistos en Alemania y en Italia— contrarias al procesamiento de los padres de una niña retenida en casa o a la admisión a trámite de la solicitud de divorcio de una mujer a la que su marido ha maltratado en repetidas ocasiones, porque, según esos jueces, esa conducta responde a los usos y costumbres de los países de origen de los inmigrantes. El asunto también se reviste de gravedad a la luz del proyecto de Tratado de Reforma. Si bien es cierto que contempla una política común de inmigración, ésta tardará en llegar, y la cuestión es que, si deseamos poner freno a la inmigración clandestina, necesitamos una política común de forma inmediata.

En febrero de 2004 fui ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Frontex, una agencia que se creó en 2004 y que lleva desarrollando su actividad desde 2005, aunque aún no cuenta con suficientes recursos. Muchas veces no dispone de medios para vigilar las fronteras oficiales ni tampoco nuestras fronteras, y son las fronteras de nuestros países las que requieren un mayor control. La creación de una sociedad justa, sin conflictos manifiestos ni latentes, —entre cuyos riesgos evidentes se cuenta el de la distorsión de nuestra identidad y de la identidad de otros pueblos— requiere una política firme encaminada a la lucha contra la ilegalidad. Instamos a la Comisión y al Consejo a que intensifiquen el control de las fronteras de la UE y a que adopten una legislación armonizada con objeto de castigar con rapidez y firmeza a quienes se dedican a la trata de seres humanos, así como a que promuevan unos acuerdos óptimos con los países de origen de los inmigrantes.

Las políticas blandas que avivan la amenaza del terrorismo y el malestar social son absolutamente incompatibles con la protección de los derechos humanos y de la dignidad humana. Esa es una de las razones por las que nosotros diríamos que la falta de una norma común sobre el derecho de asilo agrava la situación; aunque no vemos mucha iniciativa por parte de los Grupos políticos.

  Jean Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente, deseo agradecer a la Comisión, al Consejo y a nuestros dos ponentes que se reconozca por fin la complejidad de los problemas y la necesidad de una estrategia coherente. Sabemos que la inmigración es un hecho de la vida, sabemos que es una fuerza para el desarrollo y sabemos que son muchos los nacionales de la UE que siguen también este camino para poder ganarse la vida, estudiar o aspirar a algo mejor, exactamente igual que los que vienen del África subsahariana.

Vemos con satisfacción el cambio hacia la concesión de los mismos derechos a todos los grupos de inmigrantes, porque nos preocupaba que un enfoque sectorial del problema pudiera traer consigo una complejidad aún mayor al otorgar distintos derechos a los distintos inmigrantes.

Pero también nos preocupa que se encuentre una fórmula para que los que no pueden regresar a sus países de origen por causa de algún conflicto, y que por lo tanto se quedan abandonados, a menudo en nuestras calles.

Vemos también con agrado la invitación a los Estados miembros para que reconozcan con mayor franqueza la necesidad de trabajadores inmigrantes de nuestras economías. La globalización ha impulsado las migraciones, y estoy totalmente de acuerdo con los diputados que han hablado de reformar las reglas que rigen nuestro comercio. Como ellos nos han dicho, si os lleváis nuestro pescado, llevaos también a nuestros pescadores. En este caso pediría a algunos Estados miembros que no derramen lágrimas de cocodrilo sobre la triste situación de algunos inmigrantes – y que no voten en esta Cámara a favor de acuerdos de pesca o de tratados comerciales que arruinan las economías de otros países.

También es justo que en este debate analicemos el empleo en términos de igualdad de derechos y de remuneración, así como de buenos sistemas de inspección, algo que beneficiará a cuantos trabajadores necesiten conocer sus derechos. Si nos preocupa la fuga de cerebros, tendremos que estudiar también medidas para retener a nuestros propios trabajadores cualificados. Tenemos que utilizar y desarrollar las capacidades de los trabajadores inmigrantes que vienen hasta nosotros, y el programa EQUAL nos ha ofrecido algunos ejemplos fantásticos que no debemos olvidar.

Atraer a los más cualificados no es meramente una cuestión de libre movimiento; es también cuestión de abordar el racismo y la xenofobia, que desaniman a muchas personas altamente preparadas a venir a la Unión Europea.

(Aplausos)

  Giusto Catania, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, hoy el Comisario Frattini nos ha hablado primero de la migración legal y después de la inmigración clandestina. Si las políticas de la Unión Europea concordaran con su razonamiento, podría estar de acuerdo con él, pero, por desgracia, eso no es así.

En los últimos años, las políticas de la UE se han centrado ante todo en aspectos como la denegación de entrada, la delincuencia entre los inmigrantes, la represión y la amenaza de la invasión; ahora por fin hemos empezado a hablar de las políticas de admisión. Por lo tanto, todos estaremos de acuerdo en que es esencial contar con una política sobre migración legal para luchar contra la inmigración clandestina, impedir la trata de seres humanos, evitar las travesías marítimas de los esperanzados y acabar con el creciente parecido del Mediterráneo con un cementerio. No obstante, debemos actuar con lógica. De modo que antes de proponer políticas de denegación de entrada, deberíamos estudiar la manera de incrementar las vías legales de entrada y de resolver el problema demográfico.

No he entendido bien si antes el señor Frattini se estaba refiriendo a las filtraciones a la prensa. En realidad, fue la propia Comisión Europea la que realizó la previsión de los 20 millones de inmigrantes para 2030 en su Libro Verde, en el que se explicaba que la Unión Europea está atravesando tal crisis demográfica que, de aquí a 2030, necesitaremos 20 millones de inmigrantes. Sin embargo, por 20 millones de inmigrantes no debería entenderse 20 millones de inmigrantes cualificados. Estamos actuando al revés: en primer lugar, aplicamos políticas de denegación de entrada, después, decidimos cómo atraer a los inmigrantes cualificados y, por último, tratamos de resolver el problema más importante, qué hacer con todos los demás.

En mi opinión, deberíamos revisar más detenidamente las políticas aplicadas en los últimos años y analizarlas. También deberíamos pensar qué tipo de política de denegación de entrada deseamos. Creo que la idea de una detención administrativa de 18 meses constituye, en sí misma, una ofensa y una violación sistemática de los derechos humanos.

También deberíamos analizar la actuación de Frontex. Este año nos hemos gastado 45 millones de euros, y este verano Frontex ha llevado a cabo cuatro misiones en el mar. A mi parecer, no podemos estar satisfechos con la política de Frontex. Su política concede más importancia a la denegación de entrada que a salvar vidas.

Para concluir, quisiera decir que las vidas han de ser lo más importante. En otro orden de cosas, a petición del presidente de nuestro Grupo y de otras personas, la Comisión nos iba a informar hoy sobre el asunto de los siete pescadores tunecinos que están encarcelados en Italia por haber rescatado a 44 migrantes. Espero que el Comisario Frattini pueda explicarnos este asunto, que no es sino el resultado de la política de criminalización de la inmigración.

  Roger Knapman, en nombre del Grupo IND/DEM. – Señor Presidente, el pobre señor Frattini sigue perdido en el laberinto de Hampton Court, mientras vemos cómo la UE se aleja cada vez más de la democracia. Comparemos nuestra posición – y no es la primera vez – con la de Suiza.

Suiza sabe que los conocimientos a nivel local son la clave de la política de inmigración. La UE intenta centralizar el control de la inmigración pasando por encima de los gobiernos nacionales. Los suizos, por el contrario, tratan de devolverlo siempre que es posible hacia abajo, hacia el nivel cantonal. En Suiza, la cuota anual de inmigrantes la deciden entre el Gobierno Federal y los cantones. Las propuestas de crear una agencia federal de inmigración han sido rechazadas

Los cantones suizos, con su larga tradición de democracia directa, han sido históricamente los impulsores de una política de inmigración que sirve a los intereses de la política nacional y garantiza la buena integración de los inmigrantes en la sociedad suiza. Como el profesor Windisch de la Universidad de Ginebra señaló a la Fundación Francesa para la Innovación Política en su boletín de abril de 2006, la democracia directa suiza tuvo que enfrentarse – abiertamente y desde el principio – a los problemas derivados de la inmigración e integración mediante ¡vade retro! referendos e iniciativas populares. Y continuaba diciendo: «A diferencia de un país muy centralista como Francia, el debate ha sido entablado tanto a escala federal como al nivel de los cantones y comunas, promoviendo una respuesta de base comunitaria, y desarrollando iniciativas tales como la creación en cada cantón de una oficina de integración y la dispersión geográfica de los recién llegados.»

La lección para aquellos de nosotros que, a diferencia de los suizos, no hemos tenido la suerte de quedarnos fuera de la UE es la siguiente: la política de inmigración suiza funciona porque se decide con arreglo tanto a las necesidades locales como a las nacionales, y porque las comunidades locales, y no una burocracia anónima y centralizada, es la responsable de integrar a los inmigrantes sobre la base de estas necesidades. En el Reino Unido, debido a su pertenencia temporal a la UE, la política de inmigración se aleja cada vez más de este manantial del conocimiento local, y en el Partido por la Independencia del Reino Unido hemos señalado inmediatamente las carencias de esta estrategia.

  Alessandro Battilocchio (NI). – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, para empezar, me gustaría dar las gracias a ambos ponentes por su excelente trabajo. El fomento y la regulación de la migración legal es la única solución viable, no sólo para luchar contra los actos delictivos vinculados a los flujos migratorios, sino también para proteger y garantizar los derechos humanos. Al igual que los demás ciudadanos europeos, los inmigrantes han de integrarse y formar parte de sus respectivas comunidades y deben observar todos los derechos y obligaciones que eso conlleva.

Hace un año, fui el ponente de opinión de la Comisión de Desarrollo sobre el informe relativo al cruce de las fronteras exteriores. Ahora quisiera subrayar —como entonces— la necesidad de que Europa destine suficientes recursos para lo siguiente: la creación de unos centros de acogida decentes, la formación del personal, el acceso de los extranjeros a la información sobre sus derechos y obligaciones, la imposición de penas severas a quienquiera que explote la inmigración clandestina y, sobre todo, una cooperación plena entre los Estados miembros.

Ahora que Frontex está en marcha, debe recibir suficientes fondos y conseguir que otros países vecinos afectados por los flujos migratorios participen lo más activamente posible.

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE). – (ES) Señor Presidente, sí. Segundo, tenía problemas con la interpretación y, aparte, si me permite dos segundos, sólo aprovecho para decir que ...

(El orador se expresa en vasco)

Lo siento, era sólo introducir estas pequeñas palabras en euskera en el día de las lenguas, ya que, tal y como se ha dicho en este debate, no somos delincuentes, sólo queremos hablar en nuestra lengua.

  Alfredo Antoniozzi (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, debo felicitar y dar las gracias al Vicepresidente de la Comisión, el señor Frattini, por haber presentado un Plan de acción que por fin nos ofrece un punto de partida relevante para el futuro debate y el futuro enfoque de la migración legal.

En cuanto al informe, creo que se trata de un texto equilibrado, fruto de las útiles negociaciones mantenidas por los distintos Grupos políticos y las importantes enmiendas de transacción acordadas por ellos; algo que nos permite brindar un amplio apoyo al texto y, por tanto, apoyar parlamentariamente la futura labor de la Comisión Europea en este ámbito. Quisiera señalar que la posición del Grupo del PPE-DE ha constituido un importante elemento de equilibrio y de concreción en la elaboración de este informe.

Los aspectos clave de la posición que nuestro Grupo siempre ha mantenido con respecto al fenómeno de la inmigración se han confirmado. De todos esos aspectos específicos, desearía destacar nuestro compromiso con unas medidas firmes y contundentes encaminadas a la lucha contra la inmigración clandestina, el apoyo de un mayor vínculo entre la inmigración legal y la clandestina y la búsqueda de un mayor número de mecanismos de diálogo y de integración para los inmigrantes.

No cabe duda de que este informe puede describirse como un informe europeo, y no sólo por el efecto retórico, sino también porque, en él, la inmigración se considera un fenómeno, con sus aspectos positivos y negativos, que todos los socios europeos deben abordar conjuntamente. Todos han de ser solidarios y enfrentarse a los problemas con la misma dedicación y determinación, incluso si esos problemas les afectan más a unos que a otros. El naufragio de un barco lleno de inmigrantes deberá considerarse un problema común, tanto si tiene lugar cerca de Sicilia como cerca de las Islas Canarias o en otra parte.

Cuando menos, hace falta una política orientada a la coordinación del fenómeno de la inmigración a escala europea. El contenido del informe nos lleva a confirmar esta convicción, aunque también expresa un claro y absoluto respeto por las competencias nacionales en el ámbito de los aspectos cuantitativos y los flujos migratorios.

  Bárbara Dührkop Dührkop (PSE). – (ES) Señor Presidente, primero, quiero, como todos, felicitar a los ponentes por su excelente trabajo.

La inmigración no es un fenómeno nuevo y lo sabemos todos , pero lo que sí es nuevo es que en estos últimos años se haya incrementado tanto y eso es debido a la pobreza que aumenta y a que un mayor número de países cae en la pobreza.

Por ello, hoy el reto principal creo que es controlar estos flujos migratorios, ordenarlos en función de las necesidades reales y garantizar una mayor integración de estas personas en los países de acogida, al mismo tiempo que hay que reforzar nuestra vigilancia de las fronteras, junto con políticas que permitan la repatriación a los países de origen.

Por encima de todo está la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos. Hay que cortar y dar respuesta a las tragedias humanas ligadas a la inmigración clandestina; en eso estamos de acuerdo.

El control fronterizo, sin embargo, sería común a los Estados miembros. Solidaridad y responsabilidad compartida deben ir a la par.

Ahora un par de palabras sobre Frontex. Su labor ha sido encomiable. Y me dirijo ahora al Consejo, que acaba de mencionarnos una larga lista de barcos y helicópteros. Yo me pregunto: ¿dónde están? Porque sólo estando en la lista no sirven. Creo que el Consejo además actúa esquizofrénicamente cuando pide más esfuerzo a Frontex y, al mismo tiempo, recorta su presupuesto en un 2,5 %, y esto ante el telón de fondo de que los créditos para 2007 ya están agotados.

A pesar de Frontex sabemos, sin embargo, que la afluencia de la inmigración continuará por más que pongamos toda la voluntad en ordenarla. Porque es voluntad, y no legislación, lo que ponemos, porque la Comisión y el Consejo han renunciado a una directiva única sobre las condiciones legales de entrada a la Unión.

Es como si todos los desiderata de Tampere, que tanto defendimos los socialistas, hubieran pasado a mejor vida.

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE). – (NL) Señor Presidente, en un mundo en el que los conflictos regionales son cada vez más numerosos, el reparto de la riqueza es absolutamente desigual y hay una creciente movilidad, cada vez será más importante y, al mismo tiempo, más difícil controlar los flujos migratorios. ¿Está la Unión en condiciones de asumir sus responsabilidades con amplio paquete de medidas en lo que se refiere a la inmigración, ya sea legal o clandestina? Hace un tiempo que venimos debatiendo los siguientes aspectos: los factores que empujan a las personas a irse, los factores que las disuaden de hacerlo, la importancia de las ayudas a la región, las condiciones inhumanas en que muchas veces se encuentran las personas, el reparto de cargas deseado entre los Estados miembros, la repatriación de los inmigrantes clandestinos, la falta de oportunidades para la migración legal y el peligro de la fuga de cerebros, amén de los cambios demográficos a los que nos enfrentamos en la Unión. Todos esos aspectos se han abordado de un modo u otro o se abordarán a corto plazo mediante directivas, planes de acción y otros instrumentos. En este sentido, me gustaría expresar mi agradecimiento al Comisario Frattini. El jueves pasado volvió a exponer sus objetivos con gran entusiasmo en la conferencia «Shaping the Migration Strategies», que yo había organizado con otros diputados al Parlamento.

Señor Presidente en ejercicio del Consejo, admiro las declaraciones del Ministro Socrates. En efecto, los países de la Unión Europea tienen una responsabilidad histórica para con aquellas personas que ahora viajan en la otra dirección. Si bien es cierto que usted, como Presidente en ejercicio del Consejo, ha hecho alarde de grandes ambiciones, los hechos ponen de manifiesto que a la UE aún le queda mucho para asumir una responsabilidad a escala mundial. En muchos Estados miembros, el debate sobre la migración está completamente polarizado. No se hace ninguna distinción entre los solicitantes de asilo y los inmigrantes económicos, que suelen ser clandestinos. Los problemas de integración dominan el debate. Se dice que están en juego los sistemas de seguridad social, y, si nos descuidamos, se equiparará al inmigrante medio con un terrorista. Con demasiada frecuencia, resulta prácticamente imposible mantener un debate abierto, justo y transparente. Por desgracia, esa situación se ve reflejada en los procedimientos de toma de decisiones del Consejo —tan lentos, que exasperan—; como cuando el Consejo decide acometer una armonización, pero acaba con las normas mínimas más básicas imaginables. La adopción de medidas concretas siempre se basa en el mínimo común denominador. Sí, soy impaciente por naturaleza; no obstante, he creído oportuno señalar esta cuestión.

Lo cierto es que muchos Estados miembros carecen de ambición. La falta de solidaridad es vergonzosa, y cito el ejemplo de Frontex, pero hay muchos más. ¿Cuándo van a demostrar los Estados miembros que apoyan un planteamiento a largo plazo, que ya no les mueve el miedo y que no volverán a permitir que sus actos dependan de un artículo crítico en primera plana ni de las próximas elecciones? Las certeras conclusiones del Consejo no bastan. Por lo tanto, señor Presidente en ejercicio del Consejo, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo va a hacer que cambie la situación? ¿Está el Presidente en ejercicio del Consejo dispuesto a conceder poderes de codecisión al Parlamento en lo que respecta a las nuevas directivas sobre migración legal — como la relativa a la tarjeta azul—, anticipándose así al nuevo Tratado? Ese sería el gesto adecuado, señor Presidente en ejercicio del Consejo.

  Mario Borghezio (UEN). – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, el presidente Doyle nos advierte de los riesgos de las soluciones simplistas. Los logros de Frontex —que debería contar con muchos más recursos— indican que está empezando a suceder algo y que se están obteniendo resultados. La política de Francia está bien encaminada y podría servir de ejemplo. Lo mismo sucede con algunas resoluciones judiciales, por ejemplo, en Italia, donde están empezando a confiscarse las casas arrendadas a inmigrantes clandestinos. Ese tipo de medidas prácticas deberían aplicarse en toda Europa.

Y, sin embargo, la bien intencionada y abierta izquierda está defendiendo un argumento sumamente especioso. Discúlpeme, señora Gruber, pero me asombra que una persona tan inteligente como usted asegure que la apertura de las puertas a los inmigrantes legales puede servir al propósito de fomentar la migración legal y luchar contra la inmigración clandestina; cuando lo cierto es justo lo contrario. Sólo erradicando la plaga de la ilegalidad podremos abrirnos a lo que es aceptable y tolerable —incluso numéricamente—, es decir, a una inmigración legal, impecable y transparente. ¿Han oído hablar alguna vez de la mafia? Lo cierto es que esa palabra no figura en su informe, y tampoco aparece la palabra terrorismo; pero tanto la mafia como el terrorismo se enriquecen con la trata de inmigrantes clandestinos y con las muertes de los pobres. Incluso usted debería entenderlo; no es difícil.

  Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE). – (NL) Señor Presidente, quisiera leer el siguiente texto, extraído de un informe financiado por el Parlamento:

«Cabe concluir razonablemente que el número de personas muertas en las fronteras europeas se ha incrementado significativamente desde que en 1995 se ampliaron los controles a las fronteras exteriores.»

(NL) Señor Presidente, en realidad, no es que el número de personas que intentan entrar en Europa haya aumentado, sino que las fronteras están mucho más vigiladas, y, por lo tanto, las personas optan por unas rutas mucho más peligrosas. En el informe, también se afirma lo siguiente:

«Las propuestas del Consejo Europeo supondrán probablemente unos costes humanos más elevados, debido a la intensificación de los aspectos de seguridad y vigilancia.»

(NL) Señor Presidente, me gustaría mucho saber qué tienen que decir la Comisión y el Consejo al respecto. Creo que en lugar de utilizar esa investigación, deberíamos recopilar nuestra propia información sobre las travesías mortales. ¿Están de acuerdo en que deberíamos recopilar esa información?

Señor Presidente, no estoy diciendo que no deba haber ningún control fronterizo, sino que debería haber más oportunidades para la migración legal. En ese sentido, me gustaría aplaudir la propuesta de la Comisión sobre la tarjeta azul. El nombre alude al azul de la bandera europea; aunque la tarjeta azul parece centrarse fundamentalmente en las estrellas. Debe complementarse. Me alegro de que la Comisión haya asegurado que trabajará en ello. Esperaré ansiosamente sus propuestas, porque creo que constituyen un complemento necesario para las propuestas que se han presentado hasta ahora.

  Nils Lundgren (IND/DEM). – (SV) Señor Presidente, la migración ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ha sido uno de los motores más importantes de esa historia. Por lo tanto, cuando hablamos de la migración entre países, estamos abordando unas cuestiones fundamentales, unas cuestiones existenciales relacionadas con la libertad humana. ¿Acaso las personas no tienen derecho a elegir en qué parte del mundo desean vivir? En realidad, aquí no se discute nada de eso. El Estado del bienestar moderno es incompatible con la libre inmigración y muy difícil de compatibilizar con la migración en general, debido a los distintos niveles de vida.

Según los estudios, la inmigración como medida para rejuvenecer nuestras poblaciones prácticamente se ha estancado. La inmigración de los miembros de la familia apenas si ha tenido repercusiones en la estructura demográfica. Haría falta que entre el 50 % y el 70 % de los habitantes de un país fueran inmigrantes para poder rejuvenecer la población de una nación como Japón.

La fuga de cerebros es un grave problema para muchos países en desarrollo, y aquí se está proponiendo que privemos a otros países de sus habitantes instruidos. Hace falta otro planteamiento.

  Marine Le Pen (NI). – (FR) Señor Presidente, señoras y señores, las últimas cifras publicadas en el informe anual sobre las actividades de Eurodac de 2006 —la herramienta biométrica utilizada por Europa para hacer un seguimiento de los solicitantes de asilo—, ponen de manifiesto que el número de personas que ha cruzado clandestinamente alguna frontera de la UE ha aumentado un 64 % desde 2005. Este preocupante dato demuestra —si acaso hiciera falta alguna prueba— que Europa no puede controlar sus fronteras exteriores ni frenar el crecimiento exponencial de la inmigración clandestina, procedente, fundamentalmente, de África.

El único consuelo que brinda el informe es que el Parlamento parece haberse dado cuenta de que la regularización masiva de los inmigrantes que han entrado clandestinamente en el territorio de la Unión Europea no constituye una solución de por sí y no resolverá el problema. Ya era hora. Sin embargo, antes de llegar a esa conclusión, España, Bélgica, Francia, Italia y los Países Bajos tuvieron que recurrir primero a esa peligrosa política de regularización, y eso ha dado lugar inevitablemente al así denominado efecto «llamada» y a los consiguientes flujos migratorios de sus vecinos europeos.

No obstante, tenemos que ser positivos. Por algo se empieza. Aunque si queremos luchar contra la inmigración clandestina de forma eficaz, hay una medida que debe adoptarse urgentemente; a saber: el restablecimiento de los controles en las fronteras exteriores. Frontex no es sino un recurso efectista, una iniciativa desvirtuada por la falta de recursos humanos y materiales que ni siquiera cuenta con el apoyo de varios países europeos que no están dispuestos a perder el control de la gestión de la inmigración por nada del mundo, y, por eso, nunca sacará a Europa de esta espiral infernal.

La culpa del continuo y creciente problema de la inmigración es de Europa, por haber suscrito los vergonzosos acuerdos de Schengen. Esos acuerdos deben derogarse, y rápido.

  Irena Belohorská (NI). – (SK) La legislación de la Unión Europea en materia de política de migración es profusa. Disponemos de los Convenios de Ginebra, el Convenio de Dublín, varios reglamentos y un gran número de directivas.

Sin embargo, su aplicación plantea graves problemas, y su profusión hace que todo el sistema resulte ininteligible. Además, muchas veces, la legislación de los Estados miembros no suele aplicarse correctamente, y la condición de solicitante de asilo y la de refugiado tienden a equipararse.

No dispongo de mucho tiempo, así que me centraré en la cuestión de los niños que abandonan su país de origen sin la compañía de sus padres para solicitar asilo en otro país; precisamente el 5 % de todos los solicitantes de asilo son niños. Si bien disponemos de estadísticas sobre la cantidad de niños que han solicitado asilo, no sabemos cuántos han cruzado la frontera y no han solicitado asilo. Sabemos a cuántos se les concede el asilo, pero no estamos al tanto de qué les sucede a los que se les deniega la solicitud.

Por otra parte, cuando un niño llega a un país, se le debe asignar un representante legal que defienda sus intereses; aunque no sabemos exactamente cuáles son los intereses de un niño. Los representantes legales de los niños no deberían ser voluntarios inexpertos, estudiantes ni juristas con conflictos de intereses.

  Patrick Gaubert (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, señoras y señores, me alegré al leer recientemente que el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo hacía un llamamiento para que el debate de esta mañana no se convirtiera en un ejercicio de electoralismo. Es más, después de escucharles esta mañana, me da la sensación de que sus posturas están a un paso de las de mi propio Grupo.

Coincido con la señora Gruber en que los Estados miembros no pueden seguir gestionando la inmigración de forma independiente desde su propio rincón de Europa. De igual modo, estoy de acuerdo con el señor Moreno en que es nuestro deseo contribuir al desarrollo de las naciones con un alto nivel de emigración, a fin de que sus ciudadanos estén más dispuestos a quedarse en su país. También coincido con el señor Fava en que Europa debería adoptar una postura firme con respecto a los empresarios que explotan sin escrúpulos a sus trabajadores.

Hay personas que asocian la inmigración con la violencia y que achacan a los inmigrantes todos los males de su país. Esas personas no comparten los valores fundamentales de la Unión Europea.

Por suerte, también hay personas que luchan humanitariamente contra la inmigración clandestina —el origen de los esclavos de nuestro tiempo— y que apoyan una inmigración legal que nos brinda oportunidades económicas, culturales e intelectuales a todos.

Lo que sabemos a ciencia cierta en el Parlamento es que este problema no puede resolverse aplicando meras medidas nacionales. El único camino posible es la adopción de una política europea concertada. No creamos Frontex para que sacara personas ahogadas de las aguas marinas de Europa Meridional ni para que recogiera los cadáveres de los niños que mueren de hambre y de sed en los territorios del Este. Frontex no es una frontera infranqueable, sino una forma de impedir la llegada de un número excesivo de inmigrantes, para el que no contamos con suficientes recursos sociales y materiales.

El control de nuestras fronteras no constituye un problema técnico ni militar, sino una cuestión política. Al igual que ustedes, estoy tratando de hallar la solución más realista y humanitaria. Como bien sabemos todos, esa solución ha de encontrarse aquí, en torno a la mesa europea, y debemos llegar a un acuerdo sobre ella con los dirigentes de los países de los que procede la mayor parte de la inmigración. Nos corresponde a nosotros poner en marcha una nueva forma de codesarrollo más eficaz que permita una regulación inteligente de los flujos migratorios y una llegada pacífica de los inmigrantes a la Unión Europea.

Señorías, muchas veces, los inmigrantes no tienen capacidad de elección con respecto a cuanto les acontece, pero nosotros sí podemos elegir; podemos optar por acogerlos con interés, dignidad y comprensión. Nos corresponde a nosotros tener éxito donde otros llevan tanto tiempo fracasando.

(Aplausos)

  Martine Roure (PSE). – (FR) Señor Presidente, aplaudimos sinceramente este debate conjunto, porque hoy en día no podemos contar con una política europea de migración realmente eficaz y coherente si no abordamos estos dos asuntos conjuntamente y a escala comunitaria.

Nuestros respectivos países llevan años aplicando una política restrictiva con respecto a la inmigración, y, sin embargo, esa política no ha impedido que los inmigrantes siguieran llegando. Por el contrario, continúan llegando a Europa —con gran peligro para su persona—, donde esperan encontrar unas condiciones de vida mejores, y, para muchos, se trata de una cuestión de supervivencia. Actualmente el mundo es una aldea global, y nunca podremos detener a las personas que escapan del sufrimiento y de la desesperación. Aún hay personas que tratan de hacernos creer que podemos cerrar nuestras fronteras, y adoptan así una postura absolutamente irresponsable.

Todo es cuestión de ética y de solidaridad, y nos corresponde a nosotros ayudar a los países que están en apuros. Por eso, desearía que este debate no se centrara exclusivamente en Frontex. Indudablemente, el Consejo Europeo tiene que explicar por qué Frontex ha tenido que suspender su actividad en el Mediterráneo a mediados de agosto por falta de capacidad operativa. Aunque, en realidad, deberíamos centrarnos en averiguar cómo conseguir que las personas que desean venir a Europa puedan hacerlo de un modo debidamente regulado.

Naturalmente, deberíamos estudiar la posibilidad de poner en marcha una tarjeta azul europea que permitiese a los inmigrantes circular libremente entre Europa y sus países de origen, de un modo transparente y seguro. Al mismo tiempo, es importante que la Comisión presente primero una propuesta en la que se defina una base común para los derechos de los inmigrantes. Muchísimas personas están siendo explotadas de forma vergonzosa en nuestros países. Debemos ser plenamente conscientes de que hoy en día, en un mundo que cambia sin cesar, es urgente que aquellos países cuyos habitantes continúen viviendo en la miseria puedan desarrollarse en armonía. Es simple y llanamente nuestra obligación. Todas las personas deberían tener derecho a quedarse a vivir en su país de origen, pero, tal como están las cosas, no todo el mundo puede hacerlo.

Por último, espero que los Estados miembros respeten el mandato de la Conferencia Intergubernamental de someter la cuestión de la inmigración legal a una votación por mayoría cualificada y al procedimiento de codecisión. Sólo repetir que es absolutamente indispensable hacerlo si deseamos adoptar una política europea coherente en este ámbito.

  Jean-Marie Cavada (ALDE). – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, por fin podemos debatir juntos los temas de la inmigración clandestina y la inmigración que se considera legal; son las dos caras de una misma moneda, sin las que ningún país puede pretender tener una política de inmigración de éxito. En realidad, la mayoría sólo han conseguido crear desequilibrios electorales que únicamente han servido para agravar los problemas, y eso es lo último que necesitan si desean resolverlos de forma eficaz.

Hoy en día ningún Estado miembro puede decir que desee gestionar solo su política de inmigración, y la tragedia de esta Unión Europea es que muchos de sus miembros son países que históricamente, durante dos siglos o más, han sido unos expertos en inmigración, porque la han sufrido ellos mismos. Hoy se harán algunos gestos políticos, aunque creo que ha llegado la hora de pasar al siguiente nivel. En una zona como la nuestra, en la que se permite la libertad de circulación, las decisiones que tome un Estado miembro repercutirán de forma inmediata en los países vecinos. De la misma manera, teniendo en cuenta que, en lo sucesivo, todos los países de la Unión compartirán las fronteras exteriores, no podemos pretender que los Estados miembros que se encuentran al sur y al este de la UE se tengan que enfrentar, solos y desamparados, a la afluencia masiva de inmigrantes que se está registrando en Malta, en Canarias y en Lampedusa, así como en las zonas del este de la Unión e incluso en el noroeste.

Dada la solidaridad que indudablemente requiere la situación, debemos ejercer una voluntad política que, a mi parecer, los Estados miembros aún no están muy dispuestos a demostrar. No podemos elaborar una política europea de inmigración adecuada si no ponemos fin al desequilibrio imperante en los Tratados actuales. La lucha contra la inmigración clandestina ha de englobarse en un sistema comunitario adecuado, y no puede seguir tolerándose la parálisis absoluta que afecta actualmente a nuestra política de inmigración legal.

Por todo ello, quisiera volver a recalcar la necesidad de someter nuestra política de inmigración legal y de integración al procedimiento de votación por mayoría cualificada y al procedimiento de codecisión con el Parlamento Europeo, de acuerdo con el mandato de la Conferencia Intergubernamental. Es la única manera de responder democráticamente a uno de los mayores desafíos a los que la Unión Europea se enfrenta en estos momentos.

  Roberts Zīle (UEN). – (LV) Señor Presidente, señor Comisario, me alegro mucho de que el Parlamento, en su esfuerzo por reforzar la solución comunitaria, también esté lidiando con cuestiones relativas a la inmigración legal que afectan a mi país, Letonia, concretamente en relación con el déficit de empleo registrado en algunos sectores, como el de la construcción y el de los servicios de catering. En efecto, muchos ciudadanos letones se han ido del país para trabajar legalmente en esos sectores en distintos países de la UE, y, en nuestro país, esos puestos de trabajo están siendo ocupados, tanto legal como clandestinamente, por ciudadanos de terceros países. Sin embargo, en cuanto a las personas que desean vivamente reforzar el papel del Parlamento Europeo en materia de inmigración y reducir el de los Estados miembros —especialmente el de los más pequeños—, me gustaría hacer hincapié en otro aspecto. Deberíamos hacer cuanto esté en nuestra mano por convencer a ciertos Estados miembros de que dejen de restringir el acceso al mercado laboral a los Estados miembros que pasaron a formar parte de la UE en 2004, por no hablar de la actitud hacia los Estados miembros de la ampliación de 2007, una actitud que fomenta el trabajo ilegal incluso para los ciudadanos de la UE. Sean coherentes, señoras y señores. Gracias.

  Hélène Flautre (Verts/ALE). – (FR) Señor Presidente, al proponer la apertura de vías legales de inmigración —una idea motivada fundamentalmente por las necesidades económicas de Europa, normalmente ajenas a las necesidades reales de las personas que viven en el sur de la Unión— en realidad, más que la cantidad de inmigrantes que pueden venir a Europa, se está decidiendo cuáles de ellos pueden entrar legalmente en nuestro territorio. ¿Y qué hay de los demás?

A ellos sólo les queda una travesía de pesadilla: la imposibilidad de abandonar su país de origen, la interceptación en el mar, las vías no oficiales, la detención, el rescate o el ahogamiento —y me gustaría oírles repetir insistentemente que el rescate de las personas es un deber universal y fundamental, tal como lo demuestra el caso de los siete pescadores tunecinos, y que eso es lo mínimo que deberíamos esperar— y, a continuación, posiblemente una repatriación forzosa, un viaje interminable por unos países de tránsito hostiles, graves violaciones de los derechos, etc.

Dada su condición de Comisario responsable de justicia, libertad y seguridad, su principal preocupación —al igual que la nuestra— debería ser garantizar el respeto por los derechos humanos, y sus competencias en ese ámbito son muy amplias; de hecho a todos nos consta que son formidables.

Si a un ciudadano checheno se le deniega el asilo en Eslovaquia y se le expulsa a Rusia, vía Ucrania, ¿cómo puede garantizar que no sufrirá malos tratos? ¿Cuál ha sido el resultado de los primeros acuerdos de readmisión que la UE ha negociado en este ámbito? ¿Cómo podemos garantizar que no habrá represiones cuando repatriemos sin miramientos a las personas de esa manera?

Cuando las patrullas de Frontex interceptan pateras llenas de inmigrantes en el mar, ¿cómo puede garantizar que los que van a bordo realmente puedan solicitar asilo y que las patrullas en cuestión traten debidamente a los menores y tengan en cuenta sus intereses, con arreglo al Derecho internacional?

Para concluir, permítame pedirle que explique con claridad por qué no cuenta con una política activa encaminada a instar a los Estados miembros a que ratifiquen la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). – (PT) En una intervención de un minuto, sólo podemos insistir en que debe ponerse fin a las políticas represivas orientadas a la seguridad, por las que los inmigrantes —tanto los hombres como las mujeres— que aspiran trabajar y a una vida digna son considerados como unos delincuentes. Los centros de detención para inmigrantes deben cerrarse y hay que acabar con la cruel política de repatriación. Se ha de luchar contra la xenofobia y el racismo y contra todas las políticas y la corrupción que los fomentan. La situación de los trabajadores inmigrantes debe regularizarse garantizando sus derechos laborales y sociales, una condición indispensable para terminar con unas situaciones de explotación que resultan inaceptables. Debe haber una política de integración eficaz que contemple expresamente la reagrupación familiar.

En nuestra opinión, a la luz de los resultados de otras políticas comunes, la elaboración de una política común de migración no constituye una respuesta adecuada a estas cuestiones ni a estos problemas. Cada país de la Unión Europea se enfrenta a una situación diferente en lo que respecta a la migración. Las decisiones adoptadas en relación con esta política deben respetar la soberanía de cada Estado, que, por supuesto, no es un obstáculo para la cooperación requerida en este ámbito a escala europea. No necesitamos una política común, sino una política y unas medidas diferentes que sean eficaces a la hora de proteger los derechos de los inmigrantes y de luchar contra las profundas causas de la inmigración.

  Patrick Louis (IND/DEM). – (FR) Señor Presidente, señoras y señores, basta ya de tanta hipocresía política. El derecho de asilo y la inmigración no plantean ningún problema cuando se trata de tipos de civilización análogos. El problema es fundamentalmente la inmigración procedente de otra civilización, y eso no beneficia a nadie.

La inmigración de las personas que buscan empleo es doblemente injusta; por un lado, priva al país de origen de las cualificaciones que él mismo ha sufragado y, por otro, debilita el mercado laboral y quita oportunidades de empleo a los desempleados nacionales.

La inmigración de las personas que buscan prestaciones es un error por dos motivos: desarraiga a los pobres, que dejan sus países, hipnotizados por los atractivos de Occidente, y, en el país de acogida, desestabiliza los presupuestos sociales, que han sido elaborados y sólo pueden mantenerse en el contexto limitado y protector de la nación.

Eso significa que, al contrario de lo que se escribió hace un mes en las paredes del restaurante frecuentado en Bruselas por los miembros al Parlamento, la Unión Europea no necesita inmigrantes. De hecho, lo que Europa necesita es más bien lo contrario; a saber: una política familiar y demográfica y una cooperación soberana entre naciones y fronteras, no Frontex. El mundo debe comprender, para empezar, que la paz no se consigue a fuerza de inmigración, sino a fuerza de un desarrollo independiente, y, para continuar, que, cuando las personas pierden sus raíces culturales, se desencadena una auténtica proletarización.

  Jim Allister (NI). – Señor Presidente, la capacidad de una nación Estado para controlar sus propias fronteras y para cambiar su política de inmigración cuando sea procedente constituye una prueba tangible de soberanía.

El hecho de que el Reino Unido ya no pueda rectificar el grave error de cálculo que hizo en 2004, con su política de puertas abiertas hacia Europa Oriental, es una muestra elocuente de cuánta soberanía que hemos perdido por ingresar en este club. He dicho «grave error de cálculo» porque, en lugar de los 13 000 inmigrantes previstos, ahora tenemos 750 000, con las consiguientes pérdidas masivas para la seguridad social, que cada año suponen millones en subvenciones y desgravaciones fiscales por unos hijos que ni siquiera viven en el Reino Unido, pero a las que tienen derecho porque sus padres trabajan allí. Las normas de la UE nos impiden hacer algo al respecto, pero algunos pretenden, no obstante, que cedamos más poder aún a Bruselas. Hacerlo sería un disparate.

  József Szájer (PPE-DE). – (HU) Señoras y señores, las deficiencias de la política europea de inmigración y las dificultades experimentadas hasta ahora en el marco de la acción común han conseguido restar apoyo social a valores compartidos como la libre circulación de ciudadanos dentro de la Unión Europea.

Hemos abierto nuestras fronteras interiores, pero aún no contamos con una política común de inmigración. Eso es completamente absurdo. Entretanto, los ciudadanos europeos piensan que la consecuencia de tener las fronteras abiertas dentro de la UE es una inmigración sin ningún tipo de control. Si deseamos que continúe reinando la paz en nuestras sociedades y que la opinión pública siga apoyando la libertad de circulación, necesitamos una Europa fuerte —más fuerte de lo que es ahora— en materia de inmigración. No obstante, en ese sentido, no debemos olvidar que los ciudadanos de los nuevos Estados miembros, a pesar de ser ciudadanos europeos, continúan siendo objeto de unas restricciones importantes en lo que respecta a la política de inmigración.

El Partido Popular Europeo opina que una política europea común de inmigración adecuada y transparente requiere lo siguiente: en primer lugar, solidaridad entre los Estados miembros. Eso descartaría las decisiones unilaterales que afectan a todos a consecuencia de las fronteras abiertas, como, por ejemplo, la decisión del Gobierno español. En segundo lugar, la dignidad humana es el principio por el que debemos regirnos.

En tercer lugar, debemos actuar con firmeza contra la inmigración clandestina. Hace un momento, un diputado al Parlamento del Grupo Socialista aseguraba que la inmigración no es un delito. Sin embargo, señoras y señores, cuando una persona infringe las normas europeas y las normas de los Estados miembros, está cometiendo un delito, y por eso hablamos de la inmigración clandestina. Si queremos actuar contra la inmigración clandestina, necesitamos una mayor protección de nuestras fronteras y una disposición legal relativa al retorno de los inmigrantes a su país de origen.

En cuarto lugar, las normas sobre inmigración clandestina deben reforzarse y ser más transparentes —discúlpenme, quería decir las normas sobre inmigración legal— y han de tener más en cuenta los tipos de trabajadores que hacen falta en nuestros países.

En quinto lugar, la política de inmigración no debe comenzar en nuestras fronteras. Es increíble que, a pesar de que la Unión Europea sea una de las principales organizaciones de ayuda del mundo, no impongamos demasiadas condiciones a los países beneficiarios en lo que se refiere a la corrupción, al respeto por los derechos humanos y a la democracia. Tenemos que acabar con esa situación e imponer ese tipo de condiciones a los países beneficiarios. Por lo demás, opino que Europa necesita una política de inmigración más sólida.

  Stavros Lambrinidis (PSE). – (EL) Señor Presidente, hace varias décadas, millones de conciudadanos europeos emigraron a Estados Unidos, a Australia, a Sudáfrica y a otros países europeos. No eran ricos, sino que huían de la pobreza.

Entonces pedimos que fueran aceptados y que se les otorgaran derechos. El dinero que enviaban a casa estimulaba nuestras economías. En los días de fiesta nacional de nuestros países, miles de banderas italianas, griegas e irlandesas ondean en esas naciones. Aquellos emigrantes aman los países a los que se fueron, pero también pueden amar sus países de origen; nadie se siente amenazado por ese amor compartido. Ellos mejoraron e impulsaron las economías y la riqueza cultural y democrática de los países de acogida.

Por consiguiente, la inmigración no debería considerarse fundamentalmente un fenómeno de seguridad, ni mucho menos un caldo de cultivo del terrorismo, como ha acabado por debatirse en Europa.

La política de inmigración debería ser una política global y debería abordar los siguientes aspectos:

- en primer lugar, la mejora de las vías legales de migración;

- en segundo lugar, la lucha contra la inmigración clandestina, especialmente contra las crueles redes de trata de inmigrantes, y el respeto por los derechos humanos en los centros de detención. El único delito que han cometido estas personas es haber nacido en unos países pobres y desgarrados por la guerra;

- en tercer lugar, el motivo de la afluencia de inmigrantes: las guerras, la pobreza, el subdesarrollo, las dictaduras. Europa debe abordar esos fenómenos en el marco de su política exterior y económica;

- en cuarto lugar, deberíamos preguntarnos por qué Europa resulta tan atractiva para los inmigrantes, y, al mismo tiempo, hemos de luchar contra el trabajo ilegal;

- en quinto lugar, las necesidades demográficas, educativas, económicas y de investigación de la Unión Europea. Tenemos que a atraer a esos trabajadores que tanto necesitamos;

- en sexto lugar, el respeto por los derechos fundamentales;

- en séptimo lugar, la construcción en Europa de un puente de unión entre los pueblos y las culturas, y el consiguiente fortalecimiento de nuestra política exterior.

La mayoría de esos aspectos no requieren intervención policial alguna, sino más bien políticos perspicaces y audaces. Me alegro de que, después de haberse centrado inicialmente en un planteamiento basado en la seguridad, la Comisión haya adoptado ahora un planteamiento global mucho mejor. Mis felicitaciones al señor Frattini.

  Mogens Camre (UEN). – (DA) Señor Presidente, la clave de los problemas que nos ocupan está en el desequilibrio demográfico que reina en el mundo. La despenalización de la inmigración ilegal no resolverá ningún problema, y la gestión de la inmigración con arreglo a un conjunto uniforme de normas, aún menos. Sólo con la ayuda al desarrollo y a la democracia podrá conseguirse algo. Los países de la UE son tan diferentes que resulta imposible aplicar unas normas uniformes. En Dinamarca, más de la mitad de los inmigrantes que no son originarios de Occidente no tienen acceso al mercado laboral, y entre los que sí que lo tienen, los niveles de desempleo son elevados. Eso se debe a los elevados salarios mínimos y a las elevadas prestaciones sociales del país. De hecho, son tan elevados que los miembros al Parlamento pueden entender que Dinamarca sencillamente no pueda brindar acceso a su mercado laboral a ninguna persona sin cualificaciones, sea cual fuere su nacionalidad, y por muy cuantiosa que pudiera ser cualquier iniciativa de ayuda financiera.

La oposición de todos los Estados miembros a la creciente inmigración de culturas extranjeras debería bastar para convencer al Parlamento Europeo de que escuche más a su electorado.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). – (ES) Señor Presidente, todo debate sobre inmigración debería partir de, al menos, cuatro evidencias: la gente seguirá jugándose la vida para venir por muchos muros, rejas o barcos que pongamos; la gente no viene a España, Malta o Italia, viene a Europa; todos los estudios ponen de manifiesto que la población inmigrante es necesaria en la Unión Europea para garantizar el actual nivel del Estado de bienestar; y, por último, sigue siendo altamente preocupante el abuso al que muchas veces se ven sometidas estas personas por parte de empresarios sin escrúpulos que se aprovechan de su situación de vulnerabilidad para explotarles.

Si esto es así, e, insisto, se trata de evidencias ya demostradas, no de prejuicios ni de sospechas, si esto es así, repito, lo que toca ahora es desarrollar una política europea de permeabilidad razonable e inteligente en nuestras fronteras, ya que la impermeabilidad de las mismas no ayuda a gobernar el proceso y sólo añade dramatismo al mismo.

Asimismo, debemos adoptar una actitud responsable en la acogida, garantizando el acceso al derecho de asilo y refugio a los inmigrantes como un trato individualizado a los mismos y ofreciendo soluciones realistas.

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). – (EL) Señor Presidente, hemos leído atentamente los informes de ambos diputados al Parlamento. En ellos, no se plantea ninguna propuesta que difiera sustancialmente de las medidas y políticas propuestas por el Consejo y por la Comisión.

Frontex —para la que se están tratando de conseguir más asignaciones— no es un mero mecanismo de vigilancia de nuestras fronteras, sino que también puede servir de plataforma de control de los terceros países que limitan con la UE. La solución para luchar contra la inmigración clandestina no radica en la creación de mecanismos de represión y de intervención. No deberíamos abrir centros de detención, recopilar datos biométricos en bases de datos centrales ni tratar a todas las personas que intentan cruzar nuestras fronteras como si fueran terroristas o delincuentes.

Por otro lado, la creación de un marco de condiciones para la inmigración legal tampoco es una forma de luchar contra la inmigración clandestina. Ese marco no debería seguir sirviéndonos de excusa para promover medidas que le son útiles al conjunto de la Unión Europea, pero que no tienen en cuenta los derechos de propios inmigrantes.

En la exposición de motivos pertinente, no se critica el uso de los datos biométricos, no se hace una distinción entre los controles y la gestión de la inmigración y tampoco se tiene en cuenta a los inmigrantes que no forman parte de las categorías de trabajadores con aptitudes intelectuales útiles o de mano de obra esencial para satisfacer las necesidades de las multinacionales.

La inmigración consiste en una relación bilateral de aporte y diálogo, de intercambio e influencia recíproca, de cooperación y respeto por los pueblos y por las personas y de comprensión y garantía de la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, es nuestro deber promover políticas que se rijan exclusivamente por este planteamiento.

PRESIDE: Mario MAURO
Vicepresidente

  Manfred Weber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señoras y señores, hoy hemos hablado mucho de los inmigrantes. A continuación, me gustaría centrarme un momento en lo que nos piden nuestros ciudadanos. Los ciudadanos nos preguntan cómo podemos estar hablando de la inmigración de trabajadores muy cualificados, cuando hay millones de parados en la Unión Europea. Como políticos, tendremos que afanarnos en explicar a nuestros ciudadanos que, cuando se trata de trabajadores cualificados, necesitamos a los mejores cerebros del mundo.

Los ciudadanos también nos plantean la siguiente pregunta: «¿Se están tomando en serio nuestra preocupación por este asunto?» Nos referimos a la migración circular. En las últimas décadas, hemos traído a ciudadanos turcos a mi país y les hemos dado empleo. En la República checa, tenemos a los vietnamitas. Hasta ahora, la migración circular —es decir, el retorno de esos trabajadores a sus países de origen— no ha surtido efecto en esos países. Nuestros ciudadanos nos preguntan cómo pretendemos resolver ese problema y cómo se consigue que todo encaje.

De igual modo, tendremos que explicar claramente a los ciudadanos que consideramos que los inmigrantes tienen la obligación de integrarse —como bien ha dicho el señor Lambrinidis—, y eso significa que tienen que aprender la lengua y hacer un esfuerzo por integrarse. Sólo conseguiremos que los ciudadanos se muestren a favor de una política europea de migración —a favor de la inmigración legal— si queda claro, en lo que se refiere a la inmigración clandestina, que los inmigrantes clandestinos tendrán que irse de Europa. Es el único modo de lograr que la opinión pública apruebe la inmigración legal.

En mi opinión, lo más importante del informe es el hecho de que se garantice claramente a los ciudadanos europeos que las cuotas —es decir, la labor de determinar cuántas personas tendrán acceso al mercado laboral— se dejarán en manos de los Estados miembros; igual que antes. En eso hay mucha más confianza entre los ciudadanos.

Quisiera expresar mi agradecimiento a ambos ponentes por haber presentado un buen informe. Permítanme decir, en nombre de mi Grupo, el Grupo del PPE-DE, que celebramos que sus Señorías de los partidos políticos de izquierdas en el Parlamento también se hayan acercado a nuestra posición en muchos ámbitos, particularmente en relación con la cuestión de una política de retorno sólida, la de dejar la determinación de las cuotas en manos de las naciones y la de establecer unos controles fronterizos eficaces. Para mí, es sumamente grato que, como miembros del Grupo del PPE-DE, hayamos podido hacer valer nuestra posición en el Parlamento.

  Magda Kósáné Kovács (PSE). – (HU) Gracias, señor Presidente. Europa necesita una política común de inmigración. Desde Tampere hasta La Haya, desde Claude Moraes y Patrick Gaubert hasta los dos excelentes informes de hoy y todas las comunicaciones de la Comisión que ha habido entre medias... esos han sido los altos en el camino en los que ya hemos podido establecer que el hecho de que la política de inmigración sea estricta no constituye una ventaja propiamente dicha.

Nuestro cometido es coordinar y distinguir. Tenemos que coordinar los complejos fenómenos que entran en juego en la migración, incluidas no sólo las personas que emigran exclusivamente por motivos económicos, sino también las que cruzan la frontera clandestinamente. En cuanto a éstas, tenemos que distinguir los solicitantes de asilo de los infiltrados vinculados a actividades delictivas y de las personas que podrían haber actuado ilegalmente bajo la presión de las propias autoridades.

Hasta ahora, nosotros, los nuevos Estados miembros hemos sido países de tránsito, pero en adelante también seremos países de destino, y nuestra responsabilidad será mayor, porque nosotros también necesitamos nuevos trabajadores. No necesitamos más fuerza física ni más materia gris que explotar, sino nuevos trabajadores para nuestro mercado laboral. Por eso, aplaudo las disposiciones reglamentarias en las que se indica el lugar que ocupan los inmigrantes en el contexto de nuestro mercado laboral. Aplaudo asimismo el plan de legislación común y los instrumentos propuestos en dicho plan.

Por último, me gustaría señalar que la cooperación con los países de origen es la clave del verdadero futuro humano, en el que la inmigración, ya sea legal o clandestina, no será una decisión para toda la vida ni implicará una huida del país de origen y del hogar, sino que se tratará de un período limitado, en el que las condiciones de retorno habrán de establecerse a fuerza de comprensión e integración. Gracias, señor Presidente.

  Simon Busuttil (PPE-DE). – (MT) Gracias, señor Presidente, señor Comisario. Si bien es cierto que la agencia Frontex está haciendo un gran esfuerzo, he de decir que aún nos queda mucho para obtener los resultados requeridos. La misión cumplida por Frontex en el Mediterráneo el pasado mes de julio consiguió reducir a la mitad el número de inmigrantes que llegaron a mi país, Malta, con respecto al mismo mes del año anterior. Así y todo, aunque parezca increíble, la misión se suspendió a finales de julio; de hecho, en agosto llegaron el doble de inmigrantes que el año anterior. A pesar de que la misión de Frontex se ha reanudado este mes, se ha producido un incremento con respecto a septiembre del año pasado. Señor Presidente, ¿qué significa todo esto? Significa, en primer lugar, que tenemos que seguir reforzando Frontex; por eso, este Parlamento se ha comprometido a incrementar el presupuesto de Frontex y no a reducirlo, como pretende el Consejo. De igual modo, quiere decir que los Estados miembros que tantos barcos, helicópteros y aeronaves prometieron a Frontex no están cumpliendo sus promesas. Espero que tanto Frontex como la Comisión ayuden al Parlamento a conseguir que los Estados miembros cumplan su responsabilidad. Significa asimismo que aún queda mucho trabajo por hacer para conseguir que terceros países como Libia cooperen con nosotros en el ámbito de la inmigración. Y, sin embargo, señor Presidente, también significa que la política europea de inmigración aún destila hipocresía. Todo el mundo está de acuerdo en que lo primero debería ser salvar a las personas que están ahogándose en el Mediterráneo. Muy bien, así debería ser. Sin embargo, cuando planteamos la cuestión —como lo ha hecho Malta— de quién acogerá a las personas que se rescatan del mar, se impone un silencio absoluto.

  Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE). – (DE) Señor Presidente, señoras y señores, está bien que por fin se haya reconocido que los esfuerzos conjuntos para luchar contra la inmigración clandestina no son suficientes y que también hacen falta estrategias globales para gestionar y coordinar conjuntamente la migración legal, especialmente en una Europa sin fronteras. Sin embargo, este asunto no se puede dejar exclusivamente en manos de los Ministros del Interior —quienes enseguida alcanzan acuerdos sobre medidas dirigidas a los inmigrantes clandestinos—, sino que también les concierne a los Ministros de Trabajo y de Asuntos Sociales.

Por lo tanto, aplaudo la iniciativa del Consejo y de la Comisión de hacer participar a los ministerios especializados pertinentes, incluido, por ejemplo, nuestro Vicecanciller, el señor Müntefering. Lo cierto es que la migración legal siempre implica el acceso de inmigrantes al mercado laboral y, por ende, a los sistemas de seguridad social.

Sin embargo, también tenemos que luchar más intensamente contra las causas de la migración y de que tantas personas traten de resolver su situación huyendo de unos países de origen desolados. Tenemos que crear oportunidades de empleo legal. La «tarjeta azul» y la migración circular son el primer paso hacia delante.

También desearía hacer un comentario acerca de Frontex. Lo que algunos Estados miembros están haciendo en este sentido es vergonzoso. La solidaridad requerida siempre no ha de corresponder sólo a unos cuantos países de la UE, sino a todos, y, a mi parecer, los refugiados deben repartirse entre todos los Estados miembros con arreglo a una fórmula que aún está por determinar. No puede ser un problema sólo para Malta, las Islas Canarias o Grecia. Al fin y al cabo, la eficacia de Frontex dependerá de los Estados miembros.

Desearía hacer una observación tangencial sobre Frontex. Frontex siempre saca de la mitología griega los nombres de sus operaciones, como, por ejemplo, Nautilus. Sin embargo, dentro de poco se llevará a cabo una operación que se llama Hydra. Me parece un nombre de mal gusto. Opino que debería cambiarse el nombre de la operación, porque cualquiera que tenga ciertos conocimientos de la mitología griega sabe lo que significa Hydra.

(Aplausos)

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, algunas reflexiones y algunos datos, pocos. Según Eurostat, el 45 % de los extranjeros que en el año 2006 entraron en el continente europeo se quedaron en España. Entre el día 21 y la madrugada del 24 de septiembre llegaban a playas españolas 595 subsaharianos. Desde principios de año, sólo a las Islas Canarias han llegado más de 11 000 inmigrantes, 9 000 desde la puesta en marcha de la misión Hera el 23 de abril.

A pesar de los operativos de Frontex, Hera, Hermes, Nautilus, Poseidón y Malta, las cifras acreditan que las mafias que trafican con seres humanos cuentan con los medios necesarios para burlar nuestros mecanismos de control y abrir nuevas vías marítimas. Ejemplo de ello son las numerosas llegadas que en los últimos días se han producido en las costas del Levante español. O los más de 4 000 inmigrantes procedentes de Sri Lanka y Pakistán que esperan ser trasladados al continente europeo desde las playas de Guinea Conakry.

Por tanto, es necesario otorgar prioridad a las misiones destinadas a identificar y detener a los miembros de las mafias y reforzar la cooperación policial e internacional mediante la puesta en marcha de equipos conjuntos de investigación. Frontex debe mantener sus misiones de forma permanente en las zonas de crisis. Es imprescindible que el Consejo impulse más el desarrollo de la Red Europea de Patrullaje para ampliar las tareas de control y vigilancia.

El conjunto de la Unión debe promover e impulsar acuerdos de cooperación y campañas de información, no sólo lingüísticas y profesionales; hay que informar a los países de origen y tránsito también de los riesgos y de las muertes de los inmigrantes.

Por último, es preciso coordinar a nivel europeo las políticas de inmigración, al objeto de evitar legislaciones permisivas y procesos de regularización que sirvan de efecto llamada. Debemos, también, impulsar una política generosa y humanitaria de asilo y la necesaria protección internacional.

Termino, señor Presidente, no cabe hablarle al Consejo de solidaridad del 20 %. Frontex aporta el 80 % para que se puedan fletar buques, aviones, combustibles, todo menos lo que tiene que ver con la amortización del material. Así es que el Consejo debe impulsar la solidaridad del 20 % y no utilizar dobles lenguajes en una política que afecta a toda la Unión Europea.

  Inger Segelström (PSE). – (SV) Señor Presidente, para empezar, permítame expresar mi agradecimiento a los ponentes por su excelente trabajo. Estoy satisfecha con la intención de ponerles las cosas difíciles a los empresarios y particulares que ofrecen empleos ilegales. El empleo ilegal —por ejemplo, en el ámbito de las labores domésticas y el cuidado de los niños— suele afectar fundamentalmente a las mujeres, sobre todo a las que son inmigrantes. Pero los afectados no son sólo los interesados, sino también los sistemas de seguridad social y de finanzas de los países en cuestión, así como la competencia en esos países. También aplaudo la intención de brindar un continuo apoyo al objeto de luchar contra la trata de seres humanos, especialmente contra la de mujeres y niños, que es la predominante. Agradezco el apoyo brindado a fin de reducir a la mitad el número de víctimas en diez años y con vistas a erradicar completamente esa práctica.

Por otro lado, lamento no haber recibido el apoyo del Grupo conservador en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior con relación al propósito de ayudar a las mujeres y a los niños a liberarse y a comenzar una vida nueva. La aprobación de la enmienda 29 brindaría una nueva oportunidad de ayudar a las mujeres y a los niños a que puedan quedarse en la UE o volver a su país de origen. Voten a favor de ella a fin de que las mujeres puedan rehacer su vida después de haber sido víctimas de la trata de seres humanos.

También me alegro de que continuemos manifestando nuestro rechazo a los campos de refugiados fuera de la UE. Sin embargo, quisiera advertir de los trabajadores inmigrantes económicos que recibiremos si no permitimos que las familias, las parejas y los hijos los acompañen. Serán, en su mayoría, hombres jóvenes, y eso no es bueno para ninguna sociedad de la UE.

Estamos hablando de las fronteras de la UE.

Es importante que se impida la entrada de las personas que se dedican a la trata de seres humanos, la delincuencia, las drogas, el tráfico de armas y el blanqueo de dinero y que las personas que necesitan protección, en cambio, sean acogidas en una Unión humanitaria; ellas son el eje de la UE y no pueden excluirse del futuro común de Europa.

La migración no sólo será importante para los que vivimos aquí y ahora, sino también para las futuras generaciones. Nuestro objetivo ha de ser alcanzar la prosperidad tanto a nuestro nivel como a escala mundial.

  Carlos Coelho (PPE-DE). – (PT) Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Vicepresidente de la Comisión, señoras y señores, el debate de hoy se basa en dos informes que representan claramente dos planteamientos que se complementan: el plan de política en materia de migración legal y las prioridades en la lucha contra la inmigración clandestina. Sería un grave error apoyar uno y desechar el otro, puesto que son las dos caras de una misma moneda. Hoy en día la migración es un fenómeno de enormes dimensiones. Se calcula que actualmente hay alrededor de 26 millones de inmigrantes en la Unión Europea, tanto en situación regular como irregular. No cabe duda de que la migración es un fenómeno de dimensión europea, no sólo porque ningún Estado miembro puede gestionarlo de forma eficaz por su cuenta, sino también porque cualquier cambio en la política de migración de un Estado miembro puede repercutir en los flujos migratorios y en la evolución de éstos en los demás Estados miembros.

Señor Vicepresidente de la Comisión, como es lógico, estoy a favor de la idea de la tarjeta azul, así como de la creación de un portal de inmigración europeo, en el que se facilite información a gran escala sobre las opciones de migración legal y las condiciones para ella en el ámbito de la Unión Europea. Aplaudo la estrategia de desechar la idea de una directiva única —después de un impasse de varios años en el Consejo— y adoptar un enfoque progresivo que consista en la presentación de cuatro directivas sectoriales en los próximos tres años. Quisiera subrayar la necesidad de una política de ayuda al desarrollo, por la que se firmen acuerdos con terceros países a fin de gestionar la migración de forma eficaz. La cooperación con los países de origen es esencial para la lucha contra la trata de seres humanos y el empleo ilegal.

Por último, señor Presidente, también debemos garantizar el control fronterizo y la utilización de los recursos disponibles, como Frontex y los equipos de intervención rápida en las fronteras (RABIT).

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) La migración no es un problema exclusivo de Europa Meridional; también afecta al conjunto de la Unión, incluido mi país, Polonia, que se encuentra en el nordeste del continente.

La frontera oriental de Polonia es la frontera terrestre más larga de la Unión, y nosotros somos responsables de su seguridad. Además, Frontex —la agencia de la que tanto se espera— tiene su sede en Varsovia. Teniendo en cuenta que hemos asignado ciertas funciones y responsabilidades a Frontex, también deberíamos asegurarnos de que disponga de las herramientas y los recursos necesarios para poder actuar y proteger nuestras fronteras de forma eficaz.

Casi tres millones de compatriotas se han ido de Polonia en los últimos años. Han viajado a otros Estados miembros de la Unión, aprovechando los principios del mercado común. Pero nosotros también hemos acogido a miles de personas del Lejano Oriente, por ejemplo, a coreanos y a vietnamitas. Naturalmente, también han llegado ucranianos y belarusos. Necesitamos la llegada de esas personas, quienes están ayudando a construir Polonia.

Por eso, aplaudo los informes de la señora Gruber y del señor Moreno Sánchez, especialmente el informe sobre la política de inmigración, porque sienta las premisas para establecer una inmigración civilizada mediante la creación de vías para la inmigración legal. Los dos informes se complementan perfectamente. Si se suman a la propuesta de directiva sobre la imposición de sanciones penales a los empleadores de inmigrantes clandestinos que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior está elaborando en estos momentos, constituyen una base jurídica sólida para la política de inmigración de la Unión. Me alegro de que el Parlamento esté desempeñando un papel tan importante en este sentido.

Me gustaría hacer una última observación. La inmigración no debería considerarse un problema, sino una oportunidad para una Europa envejecida. Deberíamos sacar partido de la energía y del entusiasmo de las personas que llegan legalmente y hacerlas participar en la creación de unas naciones nuevas y una Europa común.

  Barbara Kudrycka (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, merece la pena tener en cuenta los aspectos en que el informe sobre la inmigración clandestina hace hincapié. El informe se centra principalmente en la cuenca mediterránea y también deposita una confianza excesiva en los instrumentos de acción comunitaria.

Como bien sabemos todos, la responsabilidad de los controles fronterizos recae en los Estados miembros. Sin embargo, en este sentido, mucho depende todavía de la preparación de los servicios específicos del Estado miembro en cuestión, a pesar de las referencias al principio de subsidiariedad y de la existencia de Frontex.

La situación de la frontera terrestre sudoriental también requiere atención, recursos financieros y una acción común, si bien aún no constituye una de las principales rutas de inmigración clandestina.

Además, la ampliación del espacio Schengen podría agravar los problemas relacionados con la migración. Esa es la razón por la que la política comunitaria de migración legal es un asunto tan importante. Sin embargo, no podremos gestionar la migración económica y legal, si antes no aprovechamos el potencial y la movilidad de la población activa de la Unión.

La existencia de períodos transitorios para la apertura de los mercados laborales a los ciudadanos de los nuevos Estados miembros y su supresión selectiva mediante la apertura de los mercados laborales sólo para los trabajadores muy cualificados dificultan seriamente cualquier medida encaminada a una política comunitaria de migración para los ciudadanos de terceros países.

Los factores culturales y geográficos relacionados con la migración legal también son importantes. Como es lógico, la situación geográfica y las afinidades culturales y lingüísticas de los Estados miembros influirán en su predisposición a adoptar una política de migración con respecto a ciertos terceros países. Me refiero a esos países a cuyos ciudadanos les resulta más fácil integrarse en la cultura y los valores europeos, debido a su proximidad y a su relación con ellos, por lo menos en lo que se refiere a la lengua en cuestión. El valor añadido de ese tipo de migración legal es, por tanto, el doble.

  Josep Borrell Fontelles (PSE). – (ES) Señor Presidente, señores diputados, el Mediterráneo es la frontera más desigual del mundo. En términos económicos y de renta, la diferencia tremenda entre las dos orillas provoca un flujo que no podrá ser controlado únicamente por medios policiales.

En el verano de 2006 tuve ocasión de felicitar al Comisario Frattini porque, él y un grupo de pescadores españoles salvaron el honor de Europa recogiendo a un grupo de náufragos, y después asistimos a un vergonzoso mercadeo sobre qué hacíamos con ellos. Pero un año después, señor Comisario, ¿estamos mejor preparados hoy para hacer frente a ese problema?

Avanzamos muy despacio, avanzamos a un ritmo incompatible con la gravedad del problema que tenemos delante. Un problema que no seremos capaces de resolver sin el desarrollo de los países de origen. Pongámonos esto bien en la cabeza. No resolveremos el problema sin el desarrollo de los países de origen, porque aunque necesitamos muchos inmigrantes no podemos acoger todo el excedente demográfico del África subsahariana.

Y se está produciendo la combinación terrible del hambre por un lado y la antena parabólica de televisión por el otro. El cuenco vacío en la cocina y la antena llena de ilusiones es el mejor empuje hacia una inmigración ilegal que sólo controlaremos ayudando al desarrollo de los países de origen y evitando el trabajo ilegal, que es el verdadero efecto llamada.

(Aplausos)

  Philip Bradbourn (PPE-DE). – Señor Presidente, el tema que estamos debatiendo hoy tiene sin duda la mayor importancia para Europa, y cada uno de sus Estados miembros se enfrenta con retos distintos. Por esta razón, ya se trate de la inmigración ilegal o legal, no podemos adoptar la estrategia de solución única para todos. Los asuntos de inmigración deben seguir siendo un derecho soberano de cada Estado miembro.

Sin embargo, estoy a favor de una mayor cooperación entre los Estados miembros en aquellos temas claramente comunes, en los que dicha colaboración pueda ser beneficiosa para todos. Y, al igual que otros oradores, deseo llamar especialmente la atención de la Cámara sobre el sistema Frontex, para el que recientemente hemos aprobado otros 12 millones de euros.

El sistema se ha resentido desde el principio por culpa de aquellos Estados miembros que han prometido recursos pero no han cumplido sus compromisos. Para que este proyecto tenga éxito tendremos que conseguir que la operación disponga de los recursos prometidos, en la cuantía y en el momento que se necesiten.

Sin embargo, ésta es sólo una de las herramientas para poner fin a la inmigración ilegal. Tenemos que buscar soluciones distintas e innovadoras en el mismo lugar donde los inmigrantes inician su viaje. Tenemos que estudiar campañas enfocadas específicamente a sus países de origen, en las que quede claro que Europa no es una puerta abierta. Y por encima de todo tenemos que ocuparnos también de los traficantes.

La otra cara de la moneda es que nuestros Estados miembros deberán aplicar medidas de repatriación eficaces para disuadir a la inmigración ilegal y a quienes la organizan.

Para concluir, resumiré diciendo que lo que se necesita es cooperación entre los Estados miembros, y no regulación. La estrategia de talla única no puede solucionar los problemas de la inmigración, y no podemos caer en la trampa de creer que la solución consiste en «más Europa».

  Louis Grech (PSE). – (MT) Señor Presidente, es cierto que en los últimos meses se están obteniendo algunos resultados, debido al compromiso permanente del Comisario Frattini y a la prioridad dada por la Presidencia portuguesa, a pesar de la tremenda burocracia y de la falta de solidaridad demostrada en algunos aspectos, que han retrasado el efecto de toda una serie de iniciativas. No obstante, el trágico asunto que nos ocupa merece una política europea común que aborde urgentemente una serie de «cuestiones» fundamentales, entre las que se cuentan las siguientes: la adopción de políticas de «reparto de cargas» entre todos los Estados miembros, la revisión de Dublín II, tal como se propone en el apartado 18 del informe del señor Moreno Sánchez, un apoyo financiero, u otro tipo de apoyo, adecuado, como, por ejemplo, aportaciones de capital destinadas a proyectos de infraestructura, así como una evaluación de la viabilidad de la creación de centros, como las oficinas de empleo, en los países de origen y de tránsito, la elaboración de una política de retorno realista, la aplicación de una política de integración oportuna y la lucha contra la delincuencia organizada relacionada con la trata de personas y contra la xenofobia y el racismo. Por desgracia, no contamos con una agencia europea con sede en el Mediterráneo que desarrolle esta política común de migración y asilo. Frontex nunca podrá cumplir esa función, a menos que sus competencias cambien considerablemente. Por último, señor Presidente, me gustaría expresar mi agradecimiento a ambos ponentes, quienes nos han demostrado exactamente lo atrasada que está la Unión en lo que a esto se refiere. Ambos han abordado el tema de los derechos y la dignidad de los inmigrantes, quienes con frecuencia suelen ser víctimas de la represión política, la pobreza y la delincuencia organizada, y la cuestión de las dificultades a que se enfrentan los Estados miembros pequeños, como Malta, sobre los que recae casi toda la carga del problema y que muchas veces ni siquiera cuentan con la solidaridad de los demás.

  Libor Rouček (PSE). – (CS) Señoras y señores, Europa se enfrenta a dos desafíos. Por un lado, se observa un envejecimiento y un declive demográfico, y, por otro, cientos de miles e incluso millones de personas de países en desarrollo, deseosas de entrar legal o clandestinamente en la Unión, están llamando a nuestras puertas meridionales y orientales. El único modo de plantar cara a este desafío en el ámbito de la Unión Europea es mediante los esfuerzos conjuntos de todos los Estados miembros; ningún país, sea lo grande que fuere, puede resolver este asunto por su cuenta.

Por lo tanto, aplaudo los esfuerzos de la Comisión por buscar y proponer soluciones conjuntas, como, por ejemplo, la utilización de Frontex para impedir la migración clandestina. Otro ejemplo sería la gestión de la inmigración legal mediante el sistema de la tarjeta azul o mediante acuerdos de cooperación con los países de origen. De igual modo, celebro que el Comisario Frattini haya instado hoy a los países de la Unión Europea que aún no han abierto sus mercados laborales a sus conciudadanos de los nuevos Estados miembros a que lo hagan lo antes posible.

  Manuel Lobo Antunes, Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) Señor Presidente, señoras y señores, seré breve. Este ha sido, sin duda, uno de los debates más completos, minuciosos y exhaustivos que he presidido, a los que he asistido y en los que he participado, con gran honor, en el seno del Consejo y del Parlamento. He tomado nota, y naturalmente he hecho caso, de varias sugerencias, consejos y propuestas presentadas en el debate, que a mí me han parecido sumamente importantes y esenciales para la labor que debemos desempeñar en el futuro.

A la luz de todo esto, cabe concluir que la Unión Europea cuenta con una estrategia coherente y global para abordar las cuestiones relativas a la migración y que ha hecho grandes progresos en la aplicación de políticas encaminadas a la materialización y a la puesta en práctica de esa estrategia. Ciertamente habrá dudas y vacilaciones, y seguramente tengamos que ser un poco más ambiciosos, pero insisto en que todo se ponderará en el contexto en que vivimos y según las dificultades a las que nos enfrentamos. Creo que vamos por buen camino y que podemos, y debemos, avanzar con determinación hacia la aplicación de un auténtico planteamiento global sobre la migración.

En nuestra opinión, esta política se basa en dos palabras clave; a saber: humanidad y solidaridad. Humanidad, porque la base y el objetivo de la política son las personas. La Presidencia no puede olvidarse de la humanidad y nunca lo ha hecho. Como bien se ha señalado, estamos hablando de personas que, con razón, tratan de acceder a nuestras sociedades en busca de una vida mejor para ellas y para sus familias. Se trata de un deseo humano que debemos respetar profundamente. La otra palabra clave es solidaridad, porque, como bien se ha dicho, no se trata de un asunto ni de un problema que pueda resolver un Estado miembro —ni dos ni tres— por su cuenta. Es un problema que afecta a todo el mundo; de modo que requiere y ha de dársele una respuesta conjunta. Por suerte, parece que cada vez hay más conciencia de la necesidad de combinar estos dos conceptos —humanidad y solidaridad— en la definición y en la aplicación de las políticas europeas de migración.

Ya hemos creado un instrumento conjunto para luchar contra la inmigración clandestina, una agencia llamada Frontex, que vio la luz hace dos años. Desde entonces, ha dado sus primeros pasos y, en nuestra opinión, a pesar de algunas dificultades, se ha desenvuelto bien. Está claro que debemos esforzarnos más por proporcionarle los recursos necesarios a fin de que pueda cumplir con mayor eficacia, rapidez y precisión la función para la que fue creada. Así y todo, creemos que, hasta la fecha, este instrumento conjunto ha demostrado suficientemente que su creación era necesaria y oportuna.

En el contexto de la migración legal, se ha señalado muy oportunamente en el debate de hoy la necesidad de intensificar nuestro diálogo con los terceros países, sobre todo con aquéllos de los que proceden los flujos migratorios. Ese diálogo es absolutamente fundamental, y estoy completamente de acuerdo en que —como bien se ha dicho— si no se tienen en cuenta, se analizan y se atajan de algún modo las causas que desencadenan los flujos migratorios en los países de origen, nunca podremos encontrar una solución definitiva para este problema.

Hemos intensificado el diálogo sobre este asunto con África y confiamos en que en la próxima cumbre Europa-África se obtengan unos resultados muy importantes —y, a la larga, la migración legal— en el ámbito de la migración y el diálogo sobre la migración con los países de origen. La migración legal es uno de los ejes de actuación prioritarios de la Presidencia portuguesa para este semestre. La Comisión también se ha dedicado activamente a este asunto y ha presentado unas propuestas que nos parecen muy interesantes. Esas propuestas se debatirán durante nuestra Presidencia, e insisto en que esperamos realizar grandes progresos entonces.

En resumen, a pesar de las dificultades y de los complicados problemas a los que debemos enfrentarnos, a nuestro parecer, vamos por buen camino. Puede que debamos ser un poco más ambiciosos en algunos aspectos, y puede que debamos ser un poco más rápidos con algunas cuestiones, pero creo que nadie puede negar de buena fe lo mucho que se ha avanzado en los últimos años.

Lógicamente, el Consejo aplaude y anima a que se mantenga este debate con el Parlamento Europeo. Hoy también se ha tratado el tema de la codecisión y el Tratado de Reforma. Como bien saben, el Tratado de Reforma parte de un mandato aprobado por el Consejo Europeo y, por ende, por todos los Estados miembros. Este tipo de decisiones dependen, claro está, de todos los Estados miembros y no sólo de la Presidencia. En cualquier caso, creo que el Tratado de Reforma, al igual que el Tratado Constitucional, constituye un paso sumamente importante hacia la ampliación del procedimiento de codecisión a muchas iniciativas legislativas en el ámbito de la UE.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. − (IT) Señor Presidente, señoras y señores, yo también les estoy muy agradecido a todas las personas que han intervenido en este importantísimo debate. Creo que Europa ha de adoptar un auténtico planteamiento común con respecto a este fenómeno mundial que afecta a millones de niños, mujeres y hombres, así como a todos los continentes.

En primer lugar, estoy de acuerdo en que —como bien se ha dicho— debemos luchar contra la ilegalidad, tomando medidas contra los traficantes y contra las personas que explotan a los inmigrantes clandestinos y mediante una política de repatriación que sea plausible y respete escrupulosamente los derechos individuales y la dignidad de todos los seres humanos. La Unión Europea ya ha emprendido algunas actividades de repatriación y puede continuar haciéndolo. Quisiera recordar que las iniciativas de repatriación suelen delegarse en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a fin de garantizar la máxima transparencia de nuestro respeto por los derechos humanos.

En mi opinión, la política europea debería englobar las ayudas, el respeto por los derechos humanos, la política comercial con África y la inmigración. Como bien decía el señor Watson en relación con esos países: «nos quedamos con sus productos o nos quedamos con sus ciudadanos.» Debemos reflexionar sobre esto, sobre todo porque la estrategia ha de ser global y no puede excluir las relaciones comerciales ni nuestra política de ayuda al desarrollo de África.

Los controles de las fronteras exteriores también son fundamentales. Algunos de ustedes se han referido a ellos, otros han expresado sus dudas. Creo que convendría apoyar a Frontex. Convendría apoyarla, porque, como ha sucedido este verano, no sólo se han rescatado personas que, de lo contrario, habrían perdido la vida, sino que los agentes de Frontex han detenido a muchas otras. Son 400 las personas —miembros de organizaciones que se dedican al tráfico— que han sido atrapadas y entregadas a las autoridades. Se trata de una cifra importante, ya que corresponde únicamente al verano pasado.

Por lo tanto, confío en que el Parlamento reconozca la necesidad de asignar más fondos a Frontex en el presupuesto de 2008. Sé que hay una enmienda con la que se pretende congelar de forma inmediata nada menos que el 30 % de los gastos de funcionamiento de Frontex. Espero que esta propuesta sea reconsiderada y que se opte, en cambio, por incrementar el presupuesto, a condición de que se haga un seguimiento y se adopte una actitud absolutamente responsable con respecto al gasto.

Como es lógico, la migración económica se ha mencionado en repetidas ocasiones. El hecho de que presente una propuesta detallada sobre un permiso de trabajo europeo no quiere decir que vayamos a decidir en Bruselas cuántos inmigrantes hacen falta en cada país. Esa responsabilidad recaerá en el Gobierno nacional y en el mercado nacional de cada país; de modo que desearía que todos los que tuvieran dudas o estuvieran preocupados por esto se tranquilizasen. Lo que les estoy diciendo es que cada Estado miembro podrá decidir cuántos trabajadores no comunitarios de cada categoría necesita. Sin embargo, Señorías, lo que no podrán hacer los Estados miembros es decir que no necesitan ninguno y seguir consintiendo la inmigración clandestina y la explotación del trabajo ilegal. Eso no será posible, porque habrá normas europeas.

La inmigración, claro está, nos lleva a un valor universal, al que algunos de ustedes han aludido, el de la movilidad entre los pueblos. En mi opinión, no sólo hay oportunidades, sino también derechos, y los derechos siempre van acompañados de obligaciones. Sería inconcebible que hubiera una política relativa a los derechos, pero no a las obligaciones. No podemos y no querríamos imponer nuestra legislación europea ni nuestra financiación a nadie, a menos que nuestros homólogos estuvieran de acuerdo. Eso es algo que tiene que quedar muy claro: nuestra idea, nuestra política, se basa en la cooperación, en un pacto a gran escala con los países de origen y de tránsito de los inmigrantes.

Ese pacto debe incluir —y se trata de un elemento esencial— un respeto absoluto en nuestro territorio por nuestras leyes, por los derechos fundamentales y por nuestros valores más absolutos y universales: la vida, la dignidad de todas las mujeres y de todos los hombres y el respeto por la persona. Lo que me lleva al tema de la integración.

La integración de los inmigrantes no sólo implica un respeto por su origen y su religión, porque resultan enriquecedoras para todos nosotros, sino que también supone un respeto por su parte por nuestras tradiciones, nuestro origen, nuestra cultura y nuestra religión. Esa es la razón por la que, a mi modo de ver, integración es participación.

Francamente, no podemos integrar a fuerza de leyes a nadie que no desee integrarse, que no esté dispuesto a avanzar y que crea que Europa puede seguir consintiendo los matrimonios forzosos y la poligamia. Todo eso resulta inaceptable, porque nosotros tenemos nuestras leyes y nuestros valores universales.

Y eso significa educación, aprendizaje de la lengua, formación profesional y también significa empleo regular y rechazo de la ilegalidad. Significa la adopción de una postura firme contra la ilegalidad. Alguien ha expresado la siguiente opinión, con la que estoy especialmente de acuerdo: los inmigrantes que delinquen son los peores enemigos de los inmigrantes honrados, quienes trabajan y se ganan la vida con normalidad.

Esa es la razón por la que tenemos que explicar esta política a nuestros ciudadanos, quienes están sumamente preocupados. No deberían tener miedo de la inmigración propiamente dicha, sino de las personas que cometen delitos. Es nuestro deber garantizar que los delincuentes sean castigados; de lo contrario, no estableceríamos una distinción de cara a nuestros ciudadanos y no apaciguaríamos ese miedo y esa preocupación que acaban convirtiéndose en racismo y en xenofobia, un fenómeno espantoso, pero cada vez más extendido en la Unión Europea.

Para concluir, señor Presidente, los políticos tienen que tomar decisiones. Creo que nosotros deberíamos optar por establecer un pacto mundial de derechos y obligaciones entre iguales, entre homólogos. No debería haber una parte que estableciera las condiciones y otra que las aceptara, y tampoco se nos debería imponer nada que consideráramos inaceptable. Eso es lo que hace falta, porque no estamos hablando de una solución económica ni burocrática, sino de la dignidad y los derechos de seres humanos.

  Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

(Se suspende la sesión a las 11.45 horas y se reanuda a las 12.00 horas.)

Declaraciones por escrito (artículo 142)

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), por escrito. – (PL) El concepto de inmigración clandestina resulta un tanto paradójico. Yo me crié en un sistema político en el que algunas palabras eran consideradas a priori como positivas o como negativas por los dirigentes y por su propaganda. Por ejemplo, «internacional» se consideraba positiva, y «cosmopolita», en cambio, negativa. Debemos cuidarnos de no caer en semejante trampa semántica. Teniendo en cuenta que la xenofobia es algo negativo, cuesta mucho imaginar que la protección contra la inmigración clandestina pueda ser algo muy positivo para ningún país o para la Unión Europea. Ha de ser más bien un mal necesario.

Vi la pintada «nadie es ilegal» en una pared de Poznań, mi ciudad natal. De vez en cuando merece la pena pararse a pensar si un ser humano puede ser, de hecho, ilegal. El Atlántico y el Mediterráneo no son los únicos lugares en los que las personas se juegan la vida tratando de cruzar las fronteras de la Unión. La semana pasada una mujer chechena y sus tres hijas pequeñas murieron entre Ucrania y Polonia. Huían de la tragedia que se vive en su país de origen. No es de extrañarse que los chechenos traten de huir de su país ni que estén dispuestos a jugarse la vida en el intento.

La existencia en Europa de varios millones de inmigrantes que han entrado clandestinamente en la Unión constituye un problema muy real, que, sin embargo, debemos tratar de resolver teniendo en cuenta los valores universales sobre los que se basa la integración europea. Debemos recordar asimismo que la inmigración no es en sí un fenómeno negativo, por la sencilla razón de que ningún ser humano constituye un fenómeno negativo.

  Katalin Lévai (PSE), por escrito. – (HU) Señoras y señores, señor Presidente, el 85 % de los inmigrantes no cualificados del mundo en desarrollo viven en la Unión Europea, mientras que sólo el 5 % se van a los Estados Unidos, y un mero 5 % de los inmigrantes muy cualificados llegan a los países del Viejo Continente, mientras que la economía estadounidense se hace con más de la mitad. Celebro que el informe de la señora Gruber intente, entre otras cosas, frenar e invertir ese proceso.

Creo que tenemos que idear formas de atraer a los trabajadores muy cualificados; aunque, al mismo tiempo, debemos evitar que se produzca una «fuga de cerebros» en los países en desarrollo. Por lo tanto, debería definirse el término «trabajadores muy cualificados», y deberían normalizarse y establecerse unos criterios de formación comunes en el ámbito de la Unión Europea.

En esta ocasión, no coincido con la Comisión en que haya que aplicar el principio de «cuanto más, mejor» y estoy de acuerdo en que las cinco directivas deberían fundirse en una. Una burocracia simplificada es otro atractivo más para los trabajadores cualificados.

Antes de elaborar la directiva o las directivas, sugiero que se lleve a cabo una evaluación de impacto que también tenga en consideración los factores sociales. Esa evaluación podría ayudar a garantizar que, al defender los intereses reales de los ciudadanos, la legislación que se está elaborando le ahorrará millones de euros a la Unión Europea.

En mi opinión, la propuesta del señor Frattini sobre la creación de paquetes de cuotas de entrada legal no sólo podría contribuir a la reducción de la migración clandestina en la Unión Europea, sino también a un control más efectivo de la migración clandestina en los terceros países.

En lugar de la tarjeta verde de la UE propuesta en el informe, creo que el nuevo sistema de la tarjeta azul tiene más posibilidades de conseguir lo esperamos en lo que se refiere a la inmigración legal.

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

3. Bienvenida

  Presidente. − Quisiera dar la bienvenida a Su Santidad Satguru Baba Ji y a su delegación, que han tomado asiento en la tribuna oficial. Su Santidad es el líder espiritual de la Misión de Sant Nirankari, también conocida como la Fraternidad Universal. La Misión se basa en la creencia de que la verdadera religión une, nunca divide.

Su Santidad realiza una visita a Europa y está presentando el mensaje de la Misión sobre la religión única de la humanidad. Su visita de hoy al Parlamento y su reunión con el Presidente Pöttering se enmarcan en el ámbito de la misión actual de Su Santidad para construir la armonía y la comprensión entre culturas y religiones.

Le damos la bienvenida y le deseamos éxito.

(Aplausos)

4. Necesidad de adoptar medidas para proteger la catedral católica San José (Sfântul Iosif) de Bucarest (Rumanía), monumento histórico amenazado (declaración por escrito): véase el Acta

⁂

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, ayer el Presidente Pöttering nos pidió que asistiéramos puntualmente a la votación. Muchos lo hemos intentado, pero los ascensores de este edificio no tienen capacidad para bajar a tiempo a nuestros colegas, que se encuentran en las últimas plantas. Tal vez podría hacerse algo al respecto, o el timbre podría sonar un poco antes.

  Presidente. − De todas formas, señor Rack, para su tranquilidad la sesión se ha reanudado a las 12 en punto. Ahora son las 12.04 minutos, por tanto no vamos tan mal.

5. Verificación de credenciales de los nuevos diputados al Parlamento Europeo

  Giuseppe Gargani (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, la Comisión de Asuntos Jurídicos me ha autorizado a presentar un informe oral muy breve. En el período parcial de sesiones del 10 y del 11 de septiembre, verificamos las credenciales de los dieciocho diputados de Bulgaria y las de otros siete que fueron designados por las autoridades nacionales competentes debido a las dimisiones que se produjeron. Hemos podido constatar, después de comprobar todos los documentos habituales y las actas adjuntas, que las declaraciones de incompatibilidad están en orden y que los diputados han firmado las declaraciones de intereses financieros. Por lo tanto, creo que, en nombre de todo el Parlamento, puedo dar la bienvenida a los dieciocho diputados de Bulgaria, así como a los otros siete, con los que se completa la representación de nuestra Europa actual. Por lo tanto, acogemos calurosamente a partir de hoy a los que se suman a nosotros en la labor del Parlamento Europeo.

  Presidente. − Gracias, señor Gargani. Quedan, por lo tanto, ratificados estos mandatos. Deseamos éxito a sus titulares.

6. Turno de votaciones

  Presidente. − Pasamos ahora al turno de votaciones.

(Para los resultados y otros detalles de la votación: véase el Acta)

6.1. - Instituto Europeo de Tecnología (votación)

- Informe: Reino Paasilinna (A6-0293/2007)

6.2. - Derecho de sufragio en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en otro Estado miembro (votación)

- Informe: Andrew Duff (A6-0267/2007)

- Antes de la votación:

  Andrew Duff (ALDE), ponente. – Señor Presidente, el informe respalda las propuestas de la Comisión de simplificar los procedimientos para los ciudadanos que deseen presentarse o votar en las elecciones al Parlamento Europeo en su país de residencia. Respeta plenamente la legislación y las prácticas nacionales, y argumenta a favor de ampliar la democracia transfronteriza en el futuro. Ruego a los señores diputados que apoyen sin enmiendas la resolución de la comisión.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. – (FR) Señor Presidente, quisiera dar las gracias al ponente, el señor Duff, por su informe, que está lleno de ideas. Algunas de las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo van mucho más allá de lo propuesto por la Comisión, a fin de resolver algunas dificultades administrativas relativas a la aplicación de la Directiva que se detectaron en su informe sobre las elecciones de 2004.

No obstante, comprendo perfectamente los motivos de algunas de las enmiendas del Parlamento —es más, la Comisión también las apoya—, especialmente la necesidad de mejorar los índices de participación en las elecciones europeas y el carácter europeo de las elecciones al Parlamento Europeo. Todo esto está relacionado con la cuestión de la exclusión de la doble candidatura —cuya supresión se propone en una de las enmiendas— y con la del proceso automático que lleva a la privación del derecho de sufragio pasivo.

Por consiguiente, la Comisión está a favor de que esas cuestiones se estudien más detenidamente, mediante la realización de un estudio adecuado, si fuera necesario. Lógicamente el Parlamento Europeo participará en ese proceso. Si hiciera falta, el Grupo interinstitucional de información también podría debatir esos asuntos. Actualmente ese Grupo está estudiando cualquier posibilidad de hacer que la difusión de información sobre las elecciones europeas de 2009 sea un poco más eficaz.

  Richard Corbett (PSE). – Señor Presidente, una cuestión de orden: observo que el Grupo ALDE ha solicitado la votación por separado de cada una de las enmiendas relativas a este informe.

Con arreglo a nuestro Reglamento, sólo los grupos pueden presentar enmiendas. Desearía comprobar si esto se ha hecho realmente en nombre del grupo o si se trata solamente de que uno de sus miembros pretende actuar en nombre del grupo.

  Presidente. − Señor Corbett, tenemos aquí la prueba de que ha sido el grupo el que lo ha pedido, de forma que todo está en regla. Lo siento, pero todo está en regla.

(Risas)

6.3. - Aplicación de la retirada de tierras en 2008 (votación)

- Propuesta de Reglamento del Consejo - Aplicación de la retirada de tierras en 2008 (C6-0302/2007)

6.4. - Juguetes peligrosos fabricados en China (votación)

- Resolución: B6-0351/2007

6.5. - Creación de una política exterior común europea en el ámbito de la energía (votación)

- Informe: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0312/2007)

6.6. - Plan de política en materia de migración legal (votación)

- Informe: Lilli Gruber (A6-0322/2007)

- Después de la votación de la enmienda 19:

  Roberta Angelilli, en nombre del Grupo UEN. (IT) Señor Presidente, señoras y señores, quería intervenir antes de la votación. Intervengo a tenor de lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento. Dado que nuestra enmienda 19 es igual que la enmienda 1 del Grupo del PPE-DE, el Grupo UEN retira su enmienda y desearía suscribir la enmienda 1 del Grupo del Partido Popular Europeo y de los Demócratas Europeos.

6.7. - Prioridades políticas en la lucha contra la inmigración clandestina de los nacionales de terceros países (votación)

- Informe: Javier Moreno Sánchez (A6-0323/2007)

7. Explicaciones de voto

- Informe: Reino Paasilinna (A6-0293/2007)

  Jaroslav Zvěřina (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, señoras y señores, no he apoyado la propuesta sobre la creación del Instituto Europeo de Tecnología. Naturalmente, al igual que a la mayoría de ustedes, a mí también me gustaría que la Unión Europea se adaptase y aportase más inventos y patentes.

Sin embargo, después de haber escuchado el debate sobre esta propuesta, no creo que la creación de otra institución sea una iniciativa acertada. Nuestras universidades y nuestros institutos de investigación no recibirán más dinero; si acaso, habrá otra institución más con la que competir por las ayudas de investigación. La votación de nuestra venerable institución tampoco servirá para crear un nuevo equipo de científicos extraordinarios. El Instituto estará gestionado por científicos que se irán de las universidades en las que se encuentran ahora. Por lo tanto, creo que sería preferible que destináramos los fondos disponibles —si podemos encontrarlos— a los equipos científicos más destacados actualmente, por medio de ayudas de investigación.

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Si realmente queremos tomarles la delantera a los Estados Unidos, a Japón y a los demás líderes mundiales en el ámbito de la ciencia y la tecnología y si queremos que Europa sea la que marque el paso, antes deberán darse las condiciones necesarias.

Los centros de excelencia han de cumplir todas las condiciones y todos los requisitos. El Instituto Europeo de Tecnología es un paso adelante en este sentido. Es una lástima que esta decisión se haya postergado durante tanto tiempo. Creo que los problemas para dotar al IET de suficientes fondos se resolverán con éxito.

De igual modo, apoyo la idea de la cofinanciación con arreglo al principio de la asociación entre el sector público y el privado, como sucede, por ejemplo, en el caso de los centros de investigación de los Estados Unidos. Me gustaría que los equipos científicos también estuvieran formados por científicos e investigadores de los nuevos países y contaran con su participación y que la Junta de Gobierno estuviera supervisada por el Parlamento Europeo. Los objetivos de investigación deberían estar en consonancia con el Séptimo Programa Marco de ciencia y desarrollo, y la investigación de las células madre embrionarias debería ser la única que no se financiase con el dinero de los contribuyentes de aquellos países en los que ese tipo de investigación sea ilegal.

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, permítame hacer un comentario acerca de la votación de la creación del Instituto Europeo de Tecnología. He votado a favor de la propuesta, porque, por primera vez, contamos con un sistema que engloba la investigación, la educación y el sector empresarial.

Se trata de un proyecto fundamental en el contexto de la innovación europea, y, al igual que otros proyectos similares, conlleva una serie de problemas, en este caso, sobre todo, de índole financiera. Dicho esto, la propuesta de crear el Instituto y de darle suficiente margen para justificar su futura existencia merece nuestro apoyo.

  Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Señor Presidente, quisiera decir unas palabras acerca del Instituto Europeo de Tecnología. En primer lugar, me gustaría darle las gracias al ponente, el señor Paasilinna. Ha hecho un trabajo excelente. Me consta que es un experto en educación y en investigación, así como en otros campos afines.

Este es un proyecto muy ambicioso. Sin embargo, desearía señalar que, antes de crear más instituciones en la Unión Europea, puede que sea conveniente que nos aseguremos de que las instituciones actuales pueden recibir una financiación adecuada. Por lo tanto, también deberíamos asegurarnos de que la red de universidades actual pueda recibir unas ayudas adecuadas que le permitan llevar a cabo nuevas investigaciones.

En la votación, he votado en conformidad con la recomendación del señor Paasilinna. No obstante, quisiera instar al Parlamento a que tenga en cuenta que las comunidades de investigación actuales deberían poder recibir su financiación y que este nuevo Instituto no debería consumir los fondos previstos para ellas. Solicito que se haga constar mi petición y que se tenga en consideración a la hora de adoptar decisiones.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. − (PT) He votado a favor del informe de Reino Paasilinna sobre el Instituto Europeo de Tecnología, porque creo que contribuirá decisivamente a la mejora de la competitividad de la economía europea, reforzando las sinergias entre innovación, investigación y educación.

Por lo tanto, apoyo las propuestas del ponente, cuyo propósito es determinar con claridad las fuentes de financiación del futuro Instituto Europeo de Tecnología, a fin de que éste pueda iniciar su actividad lo antes posible y cumplir con éxito su cometido, en contra de los objetivos establecidos por la estrategia de Lisboa.

ENIlda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) A la luz de la posición adoptada por varias organizaciones de investigación, sostenemos una postura muy crítica con la creación del Instituto Europeo de Tecnología. Por ejemplo, según el estudio que la League of European Research Universities presentó el año pasado, el plan del Instituto Europeo de Tecnología es «descabellado» y está «abocado al fracaso». Euroscience, una organización europea de científicos y analistas políticos, ha declarado que se trata de una «idea concebida por motivos políticos que parte de una premisa errónea». El asesor científico del Gobierno británico, Robert May, ha señalado que «se basa en una interpretación errónea» de la innovación.

Este Instituto será virtual, estará formado por científicos que trabajan en universidades de la UE, en laboratorios de investigación y en empresas y, en contra de lo que se propuso en un principio, no expedirá titulaciones. A raíz de las presiones de los distintos países que deseaban ser la sede del Instituto, éste se hizo virtual, una especie de portal de consulta de las comunidades científicas con respecto a distintos campos. Si bien es cierto que el Parlamento Europeo acaba de adoptar una serie de enmiendas a la propuesta de la Comisión, en nuestra opinión, éstas no bastan para enderezar algo que no marchó bien desde un principio.

En cuanto a la financiación, una posibilidad sería el presupuesto comunitario, concretamente los créditos para investigación; aunque podría convertirse en otra forma más de apoyar a los países más desarrollados y contribuir así al agravamiento de las desigualdades.

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), por escrito. − (PL) Señor Presidente, el concepto del Instituto Europeo de Tecnología ha ido cambiando a lo largo del animado debate sobre cómo fomentar la innovación en el ámbito de la Unión Europea. En un principio, se suponía que el Instituto iba a ser el equivalente europeo del Massachusetts Institute of Technology, en el marco de la Agenda de Lisboa. Dicho de otro modo, iba a formar parte de nuestra estrategia para competir con los Estados Unidos. Sin embargo, dada la rápida evolución de la situación mundial, ahora estamos pensando más bien en una red de centros de conocimiento e innovación, los llamados CCI, coordinados por un órgano central. Esto se ha visto reflejado en la distinción de dos líneas presupuestarias en las enmiendas al proyecto de presupuesto de 2008 presentadas por el Parlamento Europeo (financiación de la red y del órgano de coordinación por separado). Parece que hemos avanzado en la búsqueda de una solución para el problema de la financiación de esta iniciativa, puesto que la Comisión Europea ha propuesto reajustar las perspectivas financieras 2007-2013, concretamente aumentando el límite de la rúbrica 1A y reduciendo el de otras rúbricas. Así vuelve confirmarse que el Parlamento tenía razón cuando señaló que los recursos presupuestarios destinados a los objetivos de la estrategia de Lisboa eran demasiado escasos.

También deseo apoyar a Wrocław en su pugna por ser la sede del Instituto Europeo de Tecnología. Por otro lado, debo señalar que una mejor financiación de la investigación y el desarrollo y la creación de una nueva institución no bastarán para garantizar la competitividad y el carácter innovador de Europa. Eso dependerá del desarrollo de una cultura empresarial, una voluntad de arriesgarse y una interacción entre los ámbitos de la investigación y el desarrollo y las empresas privadas.

  Erika Mann (PSE), por escrito. − (DE) En mi opinión, la decisión de suscribir la idea de un IET es un error. Ninguno de los argumentos expuestos resulta convincente, puesto que parten de unas premisas erróneas.

1. Ni siquiera la idea original presentada por el señor Barroso, el Presidente de la Comisión, —que consistía en que el IET fuera la respuesta europea al MIT estadounidense— atendía a la realidad, y el concepto presentado en la propuesta que hoy se somete a votación es incluso peor que el original. El MIT se desarrolló con muchísimo dinero y un apoyo variado, y en Europa ya hay numerosas versiones del MIT a pequeña escala que llevan a cabo investigaciones de talla mundial. El dilema de Europa radica en un apoyo financiero y moral insuficiente de la innovación y de la investigación de alto nivel.

2. La propuesta de financiación de 309 millones de euros procedentes de fuentes presupuestarias de reserva obstaculiza otras iniciativas parlamentarias, como el proyecto Galileo, una iniciativa importante desde el punto de vista estratégico. La propuesta de financiación supone sólo una octava parte del presupuesto estimado; de modo que no ofrece ningún incentivo para otras iniciativas privadas importantes. Sólo en los Estados Unidos, BP ha invertido 500 millones de dólares estadounidenses en el sector de los biocombustibles de Berkeley.

3) Con unas fuentes de financiación propias y cuantiosas y con ayudas a los institutos europeos de alto nivel existentes, el IET tendría posibilidades de éxito. Por ejemplo, la UE podría seguir el modelo canadiense y crear un fondo para la innovación que se financiase con cargo a los fondos presupuestarios de la UE remanentes al final del año.

4. La infraestructura de red prevista constituye una institución supranacional virtual sin mayor relevancia en el panorama europeo e internacional de la investigación. Se trata de un compromiso inoportuno y burocrático.

Por lo tanto, he votado en contra de la propuesta.

  David Martin (PSE), por escrito. − En principio estoy de acuerdo con la idea de un Instituto Europeo de Tecnología. Sin embargo, me he abstenido en la votación de la resolución porque creo que aún no hemos definido de forma satisfactoria los objetivos, organización y finanzas de este Instituto.

  Pierre Pribetich (PSE), por escrito. – (FR) El martes, 25 de septiembre, voté a favor de la creación del Instituto Europeo de Tecnología (IET) y apoyé así a mi colega Reino Paasilinna.

En este informe se plasma un auténtico deseo de converger a una sociedad del conocimiento. La implantación en la Unión Europea de instrumentos que favorezcan la integración de la innovación, la investigación y la educación contribuirá, con el tiempo, a la estimulación de la economía europea.

Una Junta de Gobierno formada por miembros del personal científico y administrativo dirigirá las actividades del IET. La Junta de Gobierno designará las comunidades de conocimiento e innovación (CCI) responsables de llevar a la práctica las prioridades estratégicas del IET.

De todas formas, es lamentable que no se hayan destinado al proyecto los recursos financieros necesarios. A la larga, eso podría ser la ruina de esta prometedora iniciativa.

Todos debemos ser conscientes de la necesidad imperiosa de dotar a la Unión Europea con proyectos comunitarios que garanticen su desarrollo en el contexto de la estrategia de Lisboa.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) La Unión Europea está en una verdadera encrucijada en lo que se refiere a su capacidad competitiva con respecto al resto del mundo. A pesar de contar con numerosos atractivos, tanto históricos y culturales como económicos y turísticos, no podemos eludir los grandes desafíos de competir a escala mundial con las nuevas economías emergentes de Asia. Está por ver hasta qué punto podemos seguir siendo un entorno atractivo para el conocimiento y la innovación.

En mi opinión, la votación sobre el Instituto Europeo de Tecnología constituye un paso importante hacia la creación de un marco de acción europeo, basado en el triángulo de innovación, investigación y educación, que contribuya al crecimiento y al desarrollo de nuestra economía.

A mi modo de ver, los salarios bajos y la mano de obra barata no deberían ser los factores que favorecieran la inversión en la UE y el crecimiento de nuestras empresas. La clave del futuro está en las empresas que saben que tienen que invertir en el desarrollo de las aptitudes profesionales de la población y ayudar a la sociedad a interactuar con la industria y con las empresas con objeto de fraguar unas respuestas de gran calidad y sumamente innovadoras que satisfagan las necesidades dinámicas y exigentes de los mercados.

  Dominique Vlasto (PPE-DE), por escrito. – (FR) Cuando la Comisión Europea propuso crear un Instituto Europeo de Tecnología (IET), la idea era crear un nuevo centro de excelencia de educación superior, investigación e innovación. Ahora esa ambición se está viendo frustrada por la complicada cuestión de la financiación, y aún no se ha encontrado ninguna solución satisfactoria ni definitiva para este problema. Se trata de un asunto sumamente preocupante, puesto que socava la credibilidad del IET antes incluso de que se haya creado.

La idea de que el IET desarrolle una marca propia podría ayudar a resolver el problema de notoriedad del que ha venido adoleciendo la investigación europea y, al mismo tiempo, brindaría un auténtico reconocimiento a los proyectos cuya excelencia y calidad hayan merecido esa marca. A mi parecer, un sistema tan flexible como éste, que se presta a la diversidad existente en Europa, estimularía una competencia sana entre universidades y entre proyectos de investigación.

De igual modo, creo que es imprescindible conseguir que el sector privado participe en el proyecto del IET. La función desempeñada por las autoridades públicas debería limitarse a promover y estructurar los instrumentos necesarios. Todo lo demás debería depender del sector privado; a saber: la financiación, la organización y la gestión del IET. Ante todo, no quisiera que el IET pasara a ser otra agencia más entre las innumerables agencias de la UE:

No obstante, pese a estas reservas, apoyo el informe para que el IET pueda tener una oportunidad de éxito.

  Glenis Willmott (PSE), por escrito. − El EPLP ha preferido abstenerse, tanto sobre la propuesta modificada como sobre la resolución legislativa relacionadas con el informe sobre el Instituto Europeo de Tecnología. Aunque estamos a favor de los objetivos generales de la propuesta y de su orientación hacia la innovación, la UE y los Estados miembros emplearían mejor su dinero en las universidades y programas marco de investigación existentes. Creemos que la estructura administrativa del IET debería ser lo menos burocrática posible, y por consiguiente tener menos de los 21 miembros propuestos. Existen además serias dudas respecto a la financiación privada y pública del IET. Visto que la propuesta de la Comisión sobre la financiación del IET supondrá probablemente la reconsideración de las perspectivas financieras, no podemos apoyar el informe.

- Informe: Andrew Duff (A6-0267/2007)

  Frank Vanhecke (ITS). – (NL) Señor Presidente, me gustaría dedicar un momento a explicar por qué he votado en contra del informe de Andrew Duff, a pesar de que no se trata de un informe polémico en el sentido estricto. Mi voto se debe a que estoy en contra de la filosofía federal europea del informe.

En resumen, estoy en contra de un Estado federal europeo y, por ende, también estoy en contra de la ciudadanía de la Unión, y el derecho de sufragio activo y pasivo por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales forma parte de esa idea. En mi opinión, la Unión debe continuar siendo una comunidad de democracias nacionales, en la que el derecho de sufragio activo y pasivo en cualquier tipo de elecciones siga reservándose para los ciudadanos de los Estados pertinentes. La verdad es que la trayectoria de la Unión Europea está marcada por la confirmación y la ampliación sistemática de la ciudadanía de la UE, como la confirma y amplía, por ejemplo, el hecho de que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ahora sea de obligado cumplimiento.

  Bogusław Rogalski (UEN). – (PL) Señor Presidente, hoy hemos votado y adoptado el informe de Andrew Duff sobre el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales.

No puedo apoyar este informe, porque, en mi opinión, y en contra de lo que pretenden los ponentes, este sistema de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo no propiciará las relaciones de buena vecindad entre los países, y mucho menos si son fronterizos. A lo largo de muchos años, los países que cuentan con unas minorías nacionales importantes han ido estableciendo normas encaminadas a evitar conflictos nacionalistas.

El sistema de sufragio adoptado podría volver a encender la mecha de este tipo de conflictos, y eso iría en contra del espíritu de convivencia pacífica de las naciones de Europa. Todo por el hecho de que las personas podrán ejercer el derecho de sufragio activo y pasivo en un Estado del que no sean nacionales. No cabe duda de que habrá abusos, como por ejemplo, la indicación de un domicilio ficticio con el mero propósito de restarle voz a un país en particular y de adulterar el resultado de las elecciones. La tarea de comprobar la información pertinente es ardua y costosa.

Además, este sistema de sufragio reforzará los movimientos separatistas, y está claro que eso no es lo que deseamos para la Europa contemporánea. Lamento que, por unas razones poco claras, estemos imponiendo desde arriba nuestra voluntad en este sentido a los Estados miembros e interfiriendo así en los procedimientos electorales nacionales.

  Daniel Hannan (PPE-DE). – Señor Presidente, de entre todas las afirmaciones de los partidarios de la Constitución Europea, quizás la más necia sea que la ciudadanía de la UE no perjudica a la ciudadanía nacional. Los derechos inherentes a la ciudadanía han ido debilitándose uno tras otro: el derecho de residencia, el derecho de elección de los propios representantes y, cada vez más, el derecho a las prestaciones sociales.

Cualquier observador imparcial llegará a la conclusión de que la ciudadanía europea se está convirtiendo en el estatuto jurídico principal de nuestros electores, mientras que su ciudadanía nacional tiene un carácter secundario, casi folclórico.

Reconozco que ésta es la dirección en que desea ir la mayoría de la Cámara, pero por favor, ¡digámoslo claramente! Que no tengamos que seguir escuchando la estupidez de que el estatuto de mis electores como ciudadanos británicos no se va a ver afectado.

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE), por escrito. − La aprobación de este informe me parece un serio error y un ejercicio de escasa responsabilidad, y de ahí mi voto negativo.

Hay que recordar ante todo que no existe un sistema electoral europeo. Si un día se establece (y yo lo apoyaría), la situación será otra. Entre tanto las elecciones europeas han de encajar dentro del sistema electoral de cada Estado miembro. El informe Duff propone suprimir la prohibición de doble o múltiple candidatura en las elecciones al Parlamento Europeo. Un mismo candidato podría presentarse en distintos Estados y tras las elecciones podrá escoger cuál de los escaños obtenidos quiere conservar.

Además de su evidente complejidad de gestión, todo ello sería un evidente fraude al electorado. Y no aporta nada a la respetabilidad del Parlamento que intentamos construir.

Por otro lado, en la propuesta hoy votada se suprime el reconocimiento obligatorio de decisiones judiciales (civiles y penales) en materia de capacidad para ser candidato, haciendo posible que quien ha sido inhabilitado por un tribunal del Estado del que es nacional pueda presentarse en otro Estado. Se contradice así la práctica europea en materia de justicia e interior. Y es fácil imaginar situaciones vergonzosas que de ello pueden derivarse.

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), por escrito. − (RO) Debido al arduo sistema de intercambio de información entre los Estados miembros, en la práctica, muy pocos ciudadanos residentes en otro país saben cómo ejercer en las elecciones al Parlamento Europeo el derecho de sufragio activo que les reconoce el Tratado. La voz de esas personas debe escucharse, y se les debe facilitar el acceso a la vida política de su país de residencia. Por eso, apoyo la sustitución del sistema actual por el requisito de cumplimentar una declaración jurada.

En cuanto a los residentes que desean ejercer el derecho de sufragio pasivo en las elecciones europeas, la obligación de obtener un certificado nacional es desproporcionada con respecto al objetivo general de la Directiva 93/109/CE. En la práctica, es muy difícil y lleva mucho tiempo obtener ese certificado de las instituciones del país del que se es nacional. Esta obligación formal tiene como consecuencia incluso la anulación del derecho amparado por el Tratado.

En una futura propuesta de la Comisión Europea también debería abordarse la cuestión de la formación de partidos políticos de ciudadanos que no sean nacionales. Las leyes electorales de los Estados miembros no deberían establecer ninguna distinción entre los partidos nacionales formados por ciudadanos que sean nacionales de un país en particular y los demás partidos. Cuando gran parte de la población de un país reside en otro Estado miembro de la Unión Europea, para ese país la representación política en las elecciones europeas es una cuestión fundamental, como, por ejemplo, en el caso de Rumanía.

  Carl Lang (ITS), por escrito. – (FR) Si muchos ciudadanos de Europa no votan en su país de residencia y el nivel de participación en las elecciones europeas no alcanza las expectativas de los eurócratas, no será porque la aplicación del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones europeas se haya visto complicada en exceso por la necesidad de un intercambio de información entre los Estados miembros.

Será más bien porque, para ellos, su burocracia y sus políticas no tienen sentido y resultan incomprensibles, en el mejor de los casos, y perjudiciales, en el peor, y porque muchos ciudadanos europeos que no residen en su país de origen prefieren participar en las elecciones parlamentarias que tienen lugar en su país.

El informe se sirve de esta seudosimplificación técnica para tratar de autorizar las candidaturas múltiples, es decir, la presentación del mismo candidato en varios países —algo que constituiría una ventaja desmedida con arreglo al Derecho común exclusivamente para los residentes extranjeros— y trata de pasar por encima de las leyes de los Estados miembros en lo que se refiere a la inelegibilidad. Es absolutamente inaceptable.

En nuestra opinión, la ciudadanía está indisolublemente ligada a la nacionalidad, y los derechos que dimanan de ella —en particular, los electorales— únicamente pueden ejercerse en el ámbito nacional. Si los ciudadanos europeos desean participar en la vida democrática de su país de acogida, siempre pueden optar por la naturalización.

  David Martin (PSE), por escrito. − Este informe me parece bien, porque contribuirá a reducir la carga de trabajo de las autoridades electorales y de los particulares en relación con el derecho de voto en las elecciones europeas. Estoy a favor de suprimir el sistema actual de intercambio de información, manteniendo la declaración individual de no votar o presentarse dos veces.

- Propuesta de Reglamento del Consejo - Aplicación de la retirada de tierras en 2008

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, la supresión de la retirada de tierras constituye, sin duda, el mejor camino que podíamos seguir. Dado el constante crecimiento de la demanda de alimentos y piensos y de materias primas renovables, es absolutamente esencial activar ese tipo de producción. La retirada de tierras nunca fue una medida deseada por los agricultores, quienes, así y todo, tuvieron que secundarla, porque era necesaria. Los agricultores quieren producir. Espero que la supresión de la retirada de tierras sea aplicable con carácter definitivo y no sólo durante un año o dos. Además, la medida brinda al sector agrícola la oportunidad de contribuir a los ambiciosos objetivos de reducción de las emisiones de CO2 que se ha marcado la UE.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Nosotros no sólo coincidimos en que en 2008 debería permitirse la reutilización agrícola de las tierras retiradas, sino que, de hecho, creemos que la supresión debería durar más tiempo. Por consiguiente, hemos presentado una propuesta para 2009 y para 2010, y se ha aprobado la inclusión de 2009. De modo que los agricultores podrán realizar una planificación más adecuada con relación a la situación del mercado de los cereales, en el que se registran unos precios excepcionalmente altos.

Sin embargo, esta medida no resuelve el problema clave de la necesidad de incrementar la producción y el abastecimiento de los Estados miembros y el empleo en las zonas rurales.

También quisiéramos señalar la escasez de cereales del mercado europeo y las repercusiones negativas de una apuesta por los biocombustibles, como la que fue aprobada por el Consejo, tanto en lo que se refiere a la oferta como al precio.

Insistimos una vez más en la necesidad de revisar a fondo la PAC (política agrícola común) a fin de que tenga en cuenta las características del suelo y de la biodiversidad de cada país, para que así se pueda adaptar la rotación de cultivos y garantizar suficientes ingresos a los agricultores, sin menoscabo de los intereses de los consumidores, en lo que respecta a unos alimentos sanos y de primera calidad.

  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. – (FR) ¿Quién hubiera podido imaginar que, después de tantos años en los que a la política agrícola común se le han achacado todo tipo de males, un coste excesivo y, sobre todo, la responsabilidad de los mares de leche y las montañas de cereales que no podían venderse en el mercado, ahora fuéramos a descubrir que tenemos que poner fin a la reducción de nuestra capacidad de producción en esos terrenos?

Celebro que, ante la vertiginosa subida de los precios, que, sin duda, ha sido lucrativa para nuestros agricultores, la Comisaria haya reaccionado inmediatamente poniendo fin a la retirada de tierras a fin de animar a nuestros agricultores y cultivadores a producir más cereales para descongestionar el mercado.

La Comisaria debería reaccionar con la misma rapidez incrementando las cuotas lácteas y suprimiendo los recargos por rebasamiento de cuotas a escala nacional. Por otra parte, espero que esto sirva de lección a la Comisión, que también ha tratado de reducir la capacidad de producción vitícola en 200 000 hectáreas, sin tener en consideración las oportunidades que los productores vitivinícolas europeos podrían tener de exportar su producción a mercados emergentes como China y la India.

  David Martin (PSE), por escrito. − Teniendo en cuenta las circunstancias cambiantes del mercado, comprendo y apruebo la propuesta de la Comisión de reducir a cero en 2008 la retirada obligatoria de tierras de cultivo. Se prevé que la supresión de la retirada de tierras incrementará la producción de cereales en 10 millones de toneladas como mínimo. Esto aliviará la presión al alza sobre los precios de estos productos.

  Jean-Claude Martinez (ITS), por escrito. – (FR) La Comisión lleva desde 1992 diciéndonos desde Bruselas que había montañas de cereales, por no hablar de los mares de leche y de otras despensas llenas a rebosar. Por lo tanto, hubo que retirar tierras europeas, y se tuvo que reducir la producción. Los países del hemisferio sur y los Estados Unidos pedían a la OMC el monopolio del trigo y de las semillas oleaginosas.

Recuerden que, en la Ronda Uruguay y con arreglo al acuerdo de Blair House de 1992, la Comisión Europea accedió a limitar nuestra superficie de cultivo de semillas oleaginosas a 5 millones de hectáreas.

Ha sucedido lo que tenía que suceder. La agricultura está a merced de los caprichos del clima. En la Biblia, así se lo explicó José al faraón. La sequía de Australia, la caída de la producción de Ucrania y el crecimiento imparable de la demanda en China, en la India y en África son factores que están provocando la subida de los precios de los cereales y del maíz.

Después de llevar desde 1993 pagando a nuestros agricultores por dejar de producir, después de haber interrumpido las ayudas a la producción y después de haber retirado millones de hectáreas cuando un tercio de la humanidad se está muriendo de hambre, la Comisión descubre ahora en Bruselas que hay escasez de cereales y que las existencias han caído en picado. Por consiguiente, se retractan de su decisión sobre la retirada de tierras.

Sucederá lo mismo con el vino, y ya ha sucedido con la mantequilla y la carne. Reinan la confusión y el maltusianismo.

  Brian Simpson (PSE), por escrito. − Uno de los grandes misterios para el público de la Unión Europea es cómo se puede concebir un sistema que paga a los agricultores por no cultivar sus tierras. Aunque entiendo que algunas organizaciones de prestigio, como la RSPB del Reino Unido, utilizan este sistema para financiar su excelente labor, sin embargo no es normal que dejemos de cultivar tierras buenas y que paguemos a los agricultores por mantenerlas ociosas.

Por esta razón apoyo la eliminación total de la retirada obligatoria, pero debemos lograr al mismo tiempo que se incentive a nuestros agricultores y demás agentes a conservar la tierra en buen estado y a mejorar su productividad, ayudándoles a través de otros mecanismos.

Si nos tomamos en serio la reforma radical de la PAC, la supresión de los pagos por la retirada de tierras debería ser una de las primeras medidas en cualquier procedimiento de reforma. Apoyo por consiguiente las propuestas de la Comisión.

- Propuesta de resolución (B6-0351/2007)

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Señor Presidente, desearía informar a los diputados sobre el sentido de mi voto.

La conclusión última es que debemos proteger a los niños, y que les protegeremos. No aceptaremos compromisos sobre productos químicos o contaminantes que puedan perjudicar de cualquier forma su salud y su desarrollo. Se debe exigir responsabilidades a las empresas.

Pero eso no basta. Tenemos que analizar cuidadosamente las presiones a las que están sometidas las empresas. Las empresas que operan en China están sometidas a estas presiones por parte del Gobierno chino. En China, las reglas de juego son distintas a las del resto del mundo. Si una empresa quiere trabajar allí, debe ceder al Gobierno la mayor parte de sus facultades decisorias y de sus procedimientos operativos.

China ha introducido incentivos para controlar las estructuras verticales de fabricación. El utillaje utilizado por Mattel para producir esos 21 millones de juguetes ha sido fabricado en China y es de propiedad china. Los moldes para fabricar las piezas de plástico utilizadas en esos juguetes son de propiedad china. El motivo es el que los chinos subvencionan estos equipos cuando se fabrican en China, de forma que renunciar a este sistema supone incrementar los costes en un 20 %.

De forma que China controla a las empresas quizás más de lo que creemos, y la la seguridad de los juguetes debería servirnos de lección. No podemos consentir esto, como no podemos consentir por más tiempo las prácticas de China en materia de derechos humanos y de medio ambiente.

  Proinsias De Rossa (PSE), por escrito. − He solicitado reiteradamente a la Comisión Europea que promueva medidas legislativas para que todos los productos importados lleven la etiqueta del país de origen. Esto es de la máxima importancia, porque se ha demostrado que en 2008 el 17 % de todos los productos con defectos de seguridad, incluidos los juguetes, eran de origen desconocido, mientras que el 58 % procedía de terceros países.

Aunque el 48 % de los productos no seguros eran de origen chino, no debemos pensar que el problema estriba únicamente en los fallos en el control de calidad de los fabricantes chinos. Se ha demostrado, por ejemplo, que de los 21 millones de juguetes retirados durante los últimos tres meses por la empresa Mattel de Estados Unidos (que también comercializa sus productos en Europa bajo la marca Fisher-Price), 18 millones lo fueron como consecuencia de los errores de diseño de Mattel, y no por una fabricación defectuosa.

Hace tiempo que está claro que es preciso aplicar sanciones más severas a los fabricantes y a los importadores para conseguir que se tomen más en serio sus responsabilidades en relación con los consumidores, en este caso con los niños indefensos. Pero algunos Estados miembros siguen resistiéndose al cambio bajo la presión de los importadores y de las empresas que externalizan su producción.

  Brigitte Douay (PSE), por escrito. – (FR) La globalización del comercio y la falta de transparencia y de información sobre el origen de los diversos productos que se comercializan en la Unión Europea implica un riesgo mayor de adquirir mercancías peligrosas, defectuosas o elaboradas mediante usurpación de marca.

La Resolución común sobre la seguridad de los productos, y en particular de los juguetes, a favor de la cual voté el miércoles, ha sido adoptada por casi todos los grupos; es un ejemplo más del compromiso que demuestra la Unión Europea y, especialmente, el Parlamento Europeo, por la protección de los consumidores.

Al exigir la imposición de ciertos requisitos relativos a la seguridad de los productos, la integridad del marcado CE, la exclusión de mercancías elaboradas mediante usurpación de marca y la introducción de la trazabilidad, esta Resolución proporcionará una protección más eficaz para los consumidores, especialmente los niños.

Sin embargo, no debe permitirse que la exigencia de una mayor cooperación con los terceros países en cuestión eclipse la responsabilidad que recae sobre las empresas que realizan los pedidos, puesto que de ellas depende velar por que las especificaciones de sus productos cumplan estos requisitos de salud y seguridad.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. − (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución sobre «juguetes peligrosos fabricados en China» porque considero esencial emprender todas las acciones legislativas y administrativas que sean necesarias para asegurar que los bienes de consumo que se comercializan en el interior de la UE no sólo cumplen plenamente las normas existentes en la UE sino que, además, no ponen en peligro la salud y la seguridad de los consumidores. Por consiguiente, considero que debería revisarse la Directiva 88/378/CE sobre seguridad de los juguetes lo antes posible, lo que debería incluir requisitos eficaces y efectivos para la seguridad de los productos.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Velar por la seguridad de los productos, y en particular de los juguetes, es una prioridad para la protección de la salud pública, y más concretamente la salud de los niños.

La necesaria comprobación y el control de calidad de los productos es un mecanismo imprescindible para alcanzar dicho objetivo. Las empresas y las autoridades nacionales públicas competentes en la materia deberían llevar a cabo este control y su certificación como medida preventiva.

Puesto que la legislación define todas las normas de seguridad que los productos, como es natural, deben cumplir, incumbe a la empresa o las empresas asumir sus responsabilidades en cuanto al diseño, la producción y la comercialización de estos productos.

La reacción inicial frente a los productos inseguros o peligrosos para la salud, y en particular de los juguetes que se importan de terceros países, es tratar de echar la culpa a otros, hasta el punto de que el Financial Times anunció que la empresa Mattel había presentado formalmente sus disculpas al Gobierno y al pueblo chinos. Debería subrayarse que muchos productos importados se fabrican en terceros países, pero que sus propietarios son grandes multinacionales con sede en la UE que, ávidas de beneficios, trasladan su producción a otro lugar.

Además, centrar el debate de la calidad deficiente sobre los productos importados sólo sirve para ocultar el hecho de que muchos de los productos fabricados en la UE tampoco cumplen con las normas en vigor.

  Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Marianne Thyssen y Corien Wortmann-Kool (PPE-DE), por escrito. − La resolución del Parlamento, aprobada hoy por una gran mayoría, se orienta correctamente hacia el problema inmediato de garantizar la seguridad de los productos con arreglo a las directivas de la UE existentes.

El Grupo del PPE-DE ha insistido durante todo el procedimiento en que la resolución debería concentrarse en propuestas prácticas que mejoren inmediatamente la seguridad del consumidor.

Hemos propuesto, por otra parte, que se estudie la posibilidad de una etiqueta europea de seguridad para el consumidor, que sería utilizada de forma voluntaria por los proveedores de bienes de consumo. Nos complace que el Parlamento haya avalado esta propuesta.

Estudiaremos con gran interés la futura directiva sobre juguetes, y analizaremos las reformas propuestas por la Comisión con una mentalidad abierta. En nuestra opinión, el intento de introducir en esta resolución requisitos muy detallados y específicos con vistas a esta futura directiva era completamente innecesario. Así pues, hemos votado en contra de las adiciones propuestas, lo cual en ningún modo reduce nuestro interés y nuestra preocupación en relación con la elaboración de una directiva eficaz y viable, cuando en 2008 recibamos la propuesta de la Comisión.

  Carl Lang (ITS), por escrito. – (FR) La Resolución del Parlamento incluye únicamente unas cuantas propuestas para poner fin a la importación de productos peligrosos, la mitad de los cuales procede de China. Se centra en los juguetes, pero no menciona las prendas de vestir que contienen tintes tóxicos, los medicamentos peligrosos, los productos alimenticios que contienen ingredientes no aptos para el consumo humano, el material eléctrico que se prende fuego fácilmente o la pasta de dientes elaborada a partir de anticongelante: y la lista continúa. Asimismo, hace valer medidas débiles que se basan en la cooperación y en la certificación, y apunta a la responsabilidad de los Estados miembros antes que a la de China, a las empresas europeas antes que a las demás.

Sencillamente, con eso no basta en este caso concreto. Es el momento de aplicar sanciones ejemplares contra cualquier país que, después de pasar a ser miembro de la OMC, continúe ejerciendo prácticas comerciales sospechosas, ya sea el dumping, la usurpación de marca o el trabajo forzoso. Es cierto que los escasos instrumentos de protección comercial de los que la Unión Europea dispone recaen dentro del ámbito de competencia del señor Mandelson, a quien justamente se ha mencionado por su pasividad en la materia.

Si finalmente vamos a aprobar este documento es porque, a pesar de todo, siempre es preferible adoptar ciertas medidas, aunque sean irrisorias, que ninguna en absoluto; al menos, constituye cierta forma de reacción.

  David Martin (PSE), por escrito. − Me satisface que la votación haya resultado abrumadoramente a favor de esta resolución. Hemos enviado un mensaje claro a los fabricantes de juguetes de China de que no toleraremos ningún fallo en el cumplimiento de las normas de seguridad más estrictas en la fabricación de juguetes infantiles. China está advertida de que deberá mejorar sus métodos de control y sus mecanismos de detección para reducir radicalmente el volumen de productos inseguros en el mercado europeo.

  Jean-Claude Martinez (ITS), por escrito. – (FR) Los niños de Vietnam, de África y de otros lugares caminan sobre minas terrestres. En Europa, nuestros niños se ahogan, se envenenan y desarrollan alergias por culpa de las muñecas Barbie y de otros juguetes.

El cine ya ha hecho sonar la alarma con la película Papá Noel es un desastre. Ahora depende de nosotros, diputados a este Parlamento, reaccionar y hacer lo propio acerca de los principios de seguridad, así como proteger el futuro demográfico de nuestro continente, que ya se ha visto ampliamente perjudicado por los «juegos» en que participan los adultos.

Es hora de hacerlo ya; incluso antes tampoco hubiera sido demasiado pronto, a juzgar por los casos de pequeñas caras, de piel tan suave como una escultura de Brancusi, que han quedado desfiguradas por muñecas de celuloide que se prenden fuego al menor chispazo. Los juguetes matan, y los niños de Darfur no saben lo afortunados que son por no poder jugar a la hora de las comidas.

  Tokia Saïfi (PPE-DE), por escrito. – (FR) Tras la recuperación llevada a cabo a gran escala y por motivos de seguridad de los juguetes fabricados en China por el fabricante estadounidense Mattel, la Comisión Europea está ahora realizando inventario de su legislación sobre la seguridad de los productos, especialmente por lo que respecta a los juguetes de importación. El régimen europeo de reglamentación en ese ámbito es bastante sólido, al contar con la implantación del sistema RAPEX y el marcado CE, pero todavía requiere un refuerzo mayor.

Por consiguiente, el Parlamento Europeo está yendo mucho más lejos y, como parte de su Resolución sobre la seguridad de los juguetes, desea adoptar un marco regulador común para la comercialización de los productos y la vigilancia de los mercados. En mi opinión, restablecer la confianza del consumidor y proteger la salud de nuestros niños es una condición fundamental; así, siguiendo la pauta marcada por los Reglamentos REACH, que imponen estrictos controles sobre el uso de productos químicos en nuestros bienes de consumo, he votado hoy a favor de la prohibición incondicional del uso de cualquier sustancia tóxica en la fabricación de los juguetes.

Asimismo, en apoyo de las enmiendas 8 y 6, estoy a favor de una prohibición total del uso de ftalatos peligrosos en cualquier juguete que los niños puedan llevarse a la boca. La seguridad química de los juguetes no es únicamente una cuestión de reglamentación; es también un problema de higiene y, como tal, resulta vital para la seguridad de nuestros niños.

  Karin Scheele (PSE), por escrito. − (DE) La Resolución de hoy subraya la necesidad urgente de realizar una revisión de la Directiva sobre la seguridad de los juguetes, en virtud de la cual deben prohibirse las CMR —es decir, las sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción—. El Comisario Verheugen secundó esta demanda durante el debate de ayer. Igualmente, será necesario poner fin a la confusión acerca del marcado CE, pues los consumidores europeos dan por hecho que este marcado es, o una declaración sobre el origen del producto, o un sello de calidad, cuando dicho marcado no indica ninguna de las dos cosas.

- Informe: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0312/2007)

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) La energía y la seguridad energética constituyen el eje central sobre el que giran tanto la política interior como la exterior de toda unión, y constituyen un factor crucial para el mantenimiento de la prosperidad, así como una cuestión de supervivencia cuando la escasez de suministro alcanza un nivel crítico.

Nos urge dar los pasos encaminados a liberarnos de nuestra dependencia de Rusia en cuanto a materias primas, lo que podría transformarse posteriormente en una dependencia política. Considero alarmante que estemos permitiendo que se utilice la energía como medio de ejercer presión política sobre los países de tránsito y receptores. Doy mi apoyo al desarrollo de la dimensión del Mar Negro, a la cooperación con los países de las regiones del Cáucaso Meridional y a la intensificación de nuestro acercamiento a Noruega, los países del Magreb/Mashreq, y a la Asociación Euromediterránea. Debe asegurarse la previsibilidad del mercado energético mediante la celebración de acuerdos con China, la India y Brasil, y debería establecerse una asociación con el Gobierno de los Estados Unidos.

Los activistas medioambientales que piensan en términos de blanco o negro deberían darse cuenta, de una vez por todas, de que la combustión masiva de los biocombustibles y de la biomasa incrementa la cantidad de CO2 presente en la atmósfera, y que se necesita una proporción razonable y básica de energía nuclear. La influencia de los Verdes fanáticos, que incluso han conseguido que se incluya una prohibición sobre la energía nuclear en la Constitución de un Estado miembro —algo que seguro no afectará a su economía, y ni siquiera a la de sus vecinos— alcanza proporciones tragicómicas.

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Señor Presidente, en términos generales, la seguridad energética es uno de los factores esenciales de la seguridad europea, y el informe del señor Saryusz-Wolski responde a este reto para el futuro de Europa.

El problema de la UE es que su nivel de autosuficiencia energética está en declive. Las importaciones cubren ya la mitad de sus necesidades energéticas, y para el año 2025 se calcula que esta dependencia de las importaciones superará el 70 %. Para abordar el problema, necesitamos una voz firme y común, un nuevo tipo de diplomacia energética y, para ocuparse específicamente de ello, un Alto Funcionario para la Política Exterior en el Ámbito de la Energía.

Sin embargo, ampliar el mandato de la Unión sobre la política exterior en el ámbito de la energía no puede suponer una merma de la soberanía de los Estados miembros para decidir los medios y la estructura de su propia producción energética; por ello, quisiera dar las gracias especialmente al ponente, pues el informe admite la independencia de los Estados miembros para tomar decisiones relativas a sus estructuras de suministro energético.

  Lena Ek (ALDE), por escrito. − La transparencia, la reciprocidad y el Estado de Derecho son las piedras angulares de la política europea en el ámbito de la energía, y por consiguiente de nuestra política exterior. Sin embargo, no es el momento adecuado para añadir nuevas instituciones, y por eso estoy en contra de la creación de un Alto Representante para la política energética exterior, que debilitará además la influencia del Parlamento Europeo en esta materia.

  Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de este informe, cuyo objetivo es el establecimiento de una política exterior común en el ámbito de la energía.

Las soluciones aplicadas deben tener un alcance internacional, y la Unión Europea debe desempeñar un papel principal en ello. Es obvio que la energía ha pasado a ser una verdadera arma en las negociaciones internacionales actuales.

Desde la crisis del gas entre Rusia y Ucrania en enero de 2006, la Unión Europea ha tomado conciencia de su propia vulnerabilidad en lo concerniente al suministro de energía. Con el fin de desarrollar una política exterior en el ámbito de la energía el informe propone, fundamentalmente, designar a un Alto Funcionario para la Política Exterior en el Ámbito de la Energía, que sería responsable de coordinar las actividades de la UE en dicho ámbito y que asumiría una doble representación, pues actuaría a las órdenes del recién creado Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (PESC) y del Vicepresidente de la Comisión Europea.

Recibo con satisfacción este avance positivo que, en particular, contribuirá a promover el diálogo entre los países productores —lo que atestigua la Asociación Euromediterránea— y los consumidores, lo cual permitirá a la UE defender sus intereses en el ámbito de la seguridad energética en sus negociaciones con proveedores exteriores.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Actualmente, la energía es una cuestión estratégica que ocupa un lugar central.

Debido a su gran dependencia energética, los diversos países de la UE aspiran a dominar la explotación de los recursos existentes; de ahí la propuesta de crear una línea en materia de energía dentro de la política exterior y de seguridad común que, de adoptarse, constituiría también una manera de superar las contradicciones existentes entre las principales potencias.

Para hacerlo así, la UE debería anunciar su «mercado», su «competencia» y su ampliación a otros países en el marco de las también llamadas «comunidades de la energía», el «Tratado sobre la Carta de la Energía» —velando por la «seguridad de la inversión» y garantizando el «derecho a la compensación en caso de expropiación o nacionalización»—, o la inclusión de una «cláusula de seguridad energética» en los acuerdos de comercio. Todo ello puede controlarse, de ahí el temor a la creación de un «equivalente de la OPEC en el sector del gas».

La mayoría del Parlamento defiende también «establecer una Asociación de Seguridad Energética con los EE.UU.» y, ciertamente, un «diálogo crítico y constructivo» con los países del Cáucaso Meridional y las regiones del Caspio y de Asia Central «lo que coincide con el interés de la UE en diversificar sus suministros de petróleo y gas y con el objetivo de realizar reformas políticas en esos países». ¿Para quién más palabras? ¿Iraq, Afganistán, África ..?

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), por escrito. − (PL) Señor Presidente, la Unión Europea es uno de los principales consumidores de energía, y para ello depende de fuentes externas, caracterizadas por la incertidumbre y la desestabilización potencial. En el caso concreto de Rusia y de los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), ricos en recursos naturales, un factor adicional que contribuye a la incertidumbre es la tendencia a emplear la energía como arma para fines políticos, como ya hemos podido comprobar. Esta situación debería haber movilizado a la Unión Europea para cerrar filas y permanecer codo a codo ante las situaciones de crisis; sin embargo, tal respuesta se ha desarrollado muy lentamente, debido a los distintos intereses nacionales de países que no tienen tanta probabilidad de convertirse en víctimas del chantaje energético como los países postcomunistas.

El informe del señor Saryusz-Wolski constituye un paso en la dirección correcta, pues representa una llamada para fundamentar la relación UE-Rusia sobre los cimientos de la confianza mutua y el respeto por los principios establecidos en la Carta de la Energía.

El contexto del debate actual viene definido por los esfuerzos que la Comisión Europea realiza en paralelo para liberalizar el mercado energético de la Unión, con Gazprom como telón de fondo, lo que conduce a una mayor presión para la puesta en práctica del principio de desvinculación de la producción y la distribución. Los países reacios a la liberalización son los mismos que se muestran partidarios de recurrir a contratos bilaterales en materia de energía con Rusia y a cooperar con las empresas estatales rusas en cuestión de capital; no es ninguna coincidencia que ello implique a los vestigios de los monopolios de la energía pública en la Europa continental. El efecto es el de retrasar la deseada libre elección de los proveedores de energía y el desarrollo de una política comunitaria basada en la solidaridad para este sector estratégico.

  David Martin (PSE), por escrito. − Es evidente que la Unión Europea necesita coordinar mucho mejor que hasta ahora su estrategia relativa a las fuertes de energía exteriores. Sin embargo, no veo las ventajas de la propuesta de un Alto Representante para la política energética exterior, y creo que solamente producirá confusión con la función desempeñada actualmente por el señor Solana, razón por la que he votado en contra de la propuesta. Por otro lado, he votado a favor de la propuesta de separar la actividad de producción de energía de la de transmisión y distribución.

  Tobias Pflüger (GUE/NGL) , por escrito. −El informe defiende una «política europea común en materia de energía». Aunque no existe hasta ahora ni siquiera la base jurídica para una política semejante, se pretende impulsarla antes de que se pueda incluir en el nuevo Tratado reformado. En vez de resolver el problema de una energía cara y contaminante, el informe quiere configurar a la UE como un actor hegemónico y global. Una estrategia geopolítica expansiva como ésta por parte de la UE podría crear nuevas tensiones y conflictos a escala mundial. En el texto se percibe como hilo conductor un fuerte sesgo antirruso. Se han incluido prácticamente todas las nociones capaces de impedir el desarrollo normal de las relaciones entre Rusia y los Estados miembros de la UE. Por eso los críticos hablan de un toque de guerra fría. Con la inclusión de la denominada «cláusula de seguridad energética» en todos los acuerdos con los países productores y de tránsito, la UE reivindica sus intereses hasta mucho más allá de sus fronteras. Nos preocupa que la política energética exterior de la UE se base en la presión geopolítica, antesala de la amenaza militar. El informe aboga por una estrecha colaboración con los Estados Unidos en la seguridad energética, sabiendo que este país está librando una guerra en Iraq con el fin de asegurarse recursos energéticos baratos.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) Dada la creciente importancia de la energía en la sociedad moderna, por una parte y, por otra, la mayor interdependencia a escala internacional, que es también una característica común en la actualidad, es imposible excluir la política energética de la dimensión exterior de la política de la UE, ya sea a escala del Estado miembro o de la política exterior común.

Por consiguiente, estoy de acuerdo con la Resolución cuando afirma que «si bien lo Estados miembros deberían conservar su derecho soberano a tomar decisiones estratégicas sobre la combinación de energías, la explotación de sus recursos y las estructuras de suministro, es necesario [promover un enfoque común, y no necesariamente una política única] que comprenda la seguridad del abastecimiento, el tránsito y la inversión en materia de seguridad energética, así como la promoción de la eficiencia energética, el ahorro energético y las energías limpias y renovables, en particular en las relaciones con los países cuyo consumo energético está aumentando rápidamente». Sin embargo, en cuanto a la idea de un Alto Funcionario para la Política Exterior en el Ámbito de la Energía, esta dimensión debe incluirse en el área de trabajo del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, pues no creo que tenga sentido adoptar un enfoque más específico que el de este último.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. − (PL) He votado a favor de la adopción del informe del señor Saryusz-Wolski sobre una política exterior común europea en el ámbito de la energía.

De conformidad con el plan de acción sobre la política energética adoptado por el Consejo en marzo de 2007, debemos hacer todos los esfuerzos para desarrollar una política exterior común en el ámbito de la energía para la Unión Europea, equipada con los instrumentos necesarios para garantizar la efectividad de su ejecución. Quisiera llamar la atención sobre la necesidad de solidaridad y cooperación entre los Estados miembros, de diversificación de las fuentes de energía y del actual desarrollo y la mejor cooperación en este ámbito.

Estoy de acuerdo en que es necesario decidir una hoja de ruta precisa, que establezca las diversas etapas en la introducción de tal política. La Comisión debería presentar sus propuestas a este respecto en cuanto tenga oportunidad. Asimismo, es importante para los Estados miembros que consulten entre ellos y con la Comisión Europea cuestiones relativas a las decisiones estratégicas sobre los contratos en este ámbito celebrados con terceros países. La propuesta de designar a un Alto Funcionario para la Política Exterior en el Ámbito de la Energía es muy adecuada y merece una mayor consideración; dicho cargo sería responsable de la coordinación de todas las políticas relacionadas con la totalidad de los aspectos exteriores de la seguridad energética, y debería contribuir a potenciar la protección de los intereses de los Estados miembros de la UE durante las negociaciones con socios exteriores.

  Charles Tannock (PPE-DE), por escrito. − Los conservadores británicos reconocemos la necesidad de que los 27 Estados miembros muestren una mayor solidaridad en lo relativo a la política energética exterior, ya que durante los próximos años todos ellos dependerán cada vez más del petróleo y gas importados de terceros países, los cuales, de otro modo, podrían preferir a Estados más vulnerables y dependientes, en detrimento de la Unión en su conjunto.

Esto no significa que respaldemos una política energética común, y en particular el que la UE pueda, por ejemplo, determinar la combinación energética de los Estados miembros individuales, como podría ser la proporción de combustibles sólidos frente a la de energías renovables.

Aunque en términos generales los conservadores apoyamos los objetivos del informe, rechazamos la necesidad de una única figura coordinadora fuerte que decida sobre estos temas. Tampoco vemos la necesidad de que los Tratados incorporen un nuevo instrumento jurídico para abordar este problema.

Los intentos de aumentar las competencias de la UE en lugar de hacer un uso correcto de las existentes están de sobra. Los conservadores creemos además en una estrategia de orientación al mercado y no en una mayor institucionalización de la UE.

  Glenis Willmott (PSE), por escrito. − El Grupo del Partido Socialista en el Parlamento Europeo apoya la mayor parte de esta resolución, en particular la prioridad asignada a las fuentes de energía renovables, la promoción de la energía como una de las piedras angulares de la Política Europea de Vecindad y el llamamiento a una mayor protección contra la contaminación.

Nos hemos abstenido respecto a la cita 12 debido a la renuncia al Tratado Constitucional, lo que hace que dicha cita pierda sentido. Nos hemos abstenido en la enmienda 2 y en el apartado 13 porque consideramos que el nuevo puesto de Alto Representante para la política energética podría crear una confusión innecesaria.

Hemos votado a favor del apartado 62 que mantiene la referencia a la disociación de la producción de energía, porque deseamos ser coherentes con la posición previamente adoptada que considera dicha disociación de la propiedad y de las redes de distribución el instrumento más eficaz para promover las inversiones, el acceso equitativo a las redes y la transparencia del mercado.

- Informe: Lilli Gruber (A6-0322/2007)

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) He votado a favor del informe de la señora Gruber.

Recibo con satisfacción la preparación de una directiva marco general, de la directiva sobre las condiciones de entrada de trabajadores muy cualificados, de la directiva sobre las condiciones de entrada y residencia de trabajadores estacionales, y de la directiva sobre las condiciones de entrada y residencia de trabajadores en prácticas remunerados.

Es manifiestamente obvio que la Unión Europea debe establecer reglas precisas y regular activamente la admisión de quienes vayan a trabajar en su territorio. Todos sabemos que Europa está experimentando ya un «invierno demográfico» y que necesita urgentemente mano de obra procedente de países no miembros; sin embargo, es absolutamente esencial que admitamos únicamente mano de obra cualificada, y propongo que seleccionemos aquellas profesiones en las que escasea la mano de obra en el mercado laboral europeo. Debemos ser coherentes a este respecto; de otro modo, si aceptamos irreflexivamente una inundación de la Unión Europea con mano de obra no cualificada, podríamos afrontar los problemas surgidos del estilo de vida apático de los inmigrantes sin empleo, que posteriormente cometen delitos y participan del comercio ilegal y de la economía sumergida al margen de la ley, y a menudo se ven envueltos en el tráfico de drogas y de seres humanos; también forman guetos y suelen terminar integrándose en grupos terroristas.

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, he votado a favor del informe porque en el Parlamento quedó claramente establecido que seguirá siendo cuestión de los Estados miembros decidir quiénes y cuántos trabajadores inmigrantes serán aceptados en su territorio soberano. Si se introduce la «tarjeta azul», es importante asegurar que se aplique como un instrumento de control para trabajadores muy cualificados que residan en la UE, permitiendo la residencia temporal —no permanente— en la totalidad de la Unión Europea.

Quisiera dirigir una propuesta al Comisario Frattini —quien, desafortunadamente, ya no está presente— por parte del Partido Popular Europeo: que la «tarjeta azul» se marque con un símbolo nacional adicional, como podría ser la bandera, que identifique cuál de los Estados miembros ha emitido el permiso de residencia y de trabajo.

  Antonio Masip Hidalgo (PSE). – Señor Presidente, aplaudo y felicito a mis compañeros Lilli Gruber y Javier Moreno. En mi situación de minusválido sobrevenido temporal he tenido que recurrir a un contrato de auxilio de un inmigrante y he comprendido más, si cabe, lo que nos decía el señor Lobo Antunes hoy aquí de que son necesarias la solidaridad y la humanidad, pero también la explicación que nos ha dado el señor Frattini de un respeto exquisito de la legalidad.

He pensado en mis soledades muchas veces que Don Quijote, el gran personaje, el mejor personaje de la literatura de todos los tiempos, no existiría sin Sancho y hoy, Sancho, sin duda, sería un emigrante que auxiliaría.

Por tanto, respeto siempre a la legalidad, respeto a los seres humanos.

  Frank Vanhecke (ITS). – (NL) Señor Presidente, no he aprobado el informe Gruber sobre el plan de política en materia de migración legal, efectivamente, por dos razones principales. En primer lugar, no creo que sea sensato fomentar una fuga de cerebros desde los países más pobres a Europa a una escala todavía mayor a la que en cualquier caso ya está teniendo lugar. No creo que sea provechoso para nadie, y ciertamente no lo es para los países más pobres.

En segundo lugar, no deja de sorprenderme la ingenuidad con la que este Parlamento considera el tema de la inmigración, como una especie de solución al innegable problema demográfico de Europa. En cualquier caso, no se ha pronunciado una sola palabra acerca del enorme coste de la inmigración para los países de acogida, ni tampoco sobre el hecho de que debemos mantenernos más alerta que nunca para conservar nuestra cultura europea, nuestros valores y normas, que se encuentran bajo presión creciente debido al flujo masivo de inmigrantes procedentes de otras culturas. Al igual que el resto de problemas, esto también supone un coste económico. Actualmente, en nuestra capital europea, Bruselas, alrededor del 53 % de los habitantes son de lo que podría denominarse origen no belga; para el año 2050, dicho porcentaje amenaza con alcanzar el 75 %. No necesitamos nuevas inmigraciones en masa, sino todo lo contrario.

  Philip Claeys (ITS). – (NL) Señor Presidente, en el informe Gruber, el Parlamento mantiene su enfoque económico cuantitativo, particularmente unilateral, hacia el problema de la inmigración. Rechazo categóricamente la afirmación de que únicamente una nueva oleada de inmigrantes puede garantizar el futuro económico de Europa, y deseo señalar que la inmigración es mucho más que únicamente una representación de cifras y gráficos. Las propuestas de este informe únicamente conseguirán empeorar los ya graves problemas de integración. Hay que haberlo leído para creerlo. Mientras que parte de la población de inmigrantes no desea trabajar ni reciclarse, hay quienes realmente desean establecer un centro de información y gestión para la migración en Malí. Es innegable que muchos de los trabajadores también llamados temporales desaparecerán en la ilegalidad en cuanto expire su permiso, como ocurre ahora. La experiencia, por ejemplo en Suiza, muestra claramente que los miembros de las familias de los trabajadores estacionales continúan llegando de manera ilegal.

Por último, pero no por ello menos importante, lo cierto es que una mayor inmigración legal de personas muy cualificadas conduciría, innegablemente, a una mayor fuga de cerebros de los países en desarrollo, con todas las consecuencias que ello conlleva.

  Alfredo Antoniozzi (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, he votado a favor del informe Gruber, puesto que ha incluido verdaderamente numerosas cuestiones planteadas por el Grupo del PPE-DE y por mí mismo; sin embargo, aunque reconozco que la integración es importante, creo que debe tener lugar con el consentimiento de nuestros ciudadanos; por consiguiente, tanto como de integración, existe necesidad de firmeza y de resolución en el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, los Estados miembros deben aplicar la norma que estipula que si los inmigrantes no pueden demostrar su capacidad para mantener a su familia, deben ser repatriados transcurridos tres meses, lo que no se está aplicando en algunos países, y de no hacerlo así, el descontento que experimentan los ciudadanos desproveerá de sentido cualquier iniciativa europea en materia de integración.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) A pesar de incluir puntos importantes sobre cuestiones de inmigración que hemos venido defendiendo durante mucho tiempo, el informe no sólo no denuncia las políticas y directrices actuales de la UE —que criminalizan y reprimen a los inmigrantes— sino que, de hecho, conforma otro aspecto de las mismas.

Concretamente, el informe adopta como propio el concepto de la existencia de diferentes «categorías» de inmigrantes —como los «muy cualificados», los «estacionales» y otros— y su gestión de acuerdo a las necesidades laborales de los diversos países de la UE, particularmente mediante la creación de una tarjeta azul: qué punto de vista más deshumanizador de la inmigración y los inmigrantes.

Además, el informe aboga por la creación de una política común en materia de migración que consideramos inadecuada y poco realista, dados los resultados de otras políticas «comunes» y de las diferentes situaciones existentes en los Estados miembros. Reiteramos que la política de migración es responsabilidad de cada país y de sus instituciones democráticas.

Como hemos manifestado, no se necesita una política común, pero sí otra política en un marco de cooperación entre los Estados miembros, que promueva los derechos de los inmigrantes, particularmente por medio de la ratificación de la Convención internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

  Carl Lang (ITS), por escrito. – (FR) Al considerar que «la situación futura de los mercados laborales de la UE se caracteriza, en términos generales, por necesitar una inmigración legal», la señora Gruber, al igual que el señor Sarkozy en Francia, pretende dar una justificación económica a las políticas de inmigración que se están aplicando en nuestros diversos Estados miembros. Sin embargo, la mayor parte de la mano de obra procedente de los países que han progresado lentamente se encuentra deficientemente equipada para los empleos que nuestras economías necesitan; además, debe recordarse que la inmigración legal no es la de trabajadores, sino la de personas, fundamentalmente.

Esta política, que está aportándonos cerca de dos millones de nuevos inmigrantes cada año se está tornando, realmente, en una colonización de Europa. De aquí al año 2050 se habrá triplicado la población de origen no europeo, que ya representa a unos 40 millones de personas. Con la adhesión de Turquía, la Europa construida por Bruselas incluirá a 220 millones de asiáticos y africanos, que en su mayoría pertenece al mundo musulmán.

Esta colonización de la población constituye una amenaza letal para los valores cristianos y humanistas de nuestra civilización. Si tenemos que proteger el derecho legítimo de los pueblos de Europa a la autodeterminación y a seguir siendo ellos mismos, tenemos que restablecer nuestras fronteras, revertir el flujo de inmigrantes e introducir políticas preferentes orientadas a proteger la familia y la natalidad. Necesitamos una nueva Europa, una Europa «europea», una Europa de naciones soberanas, pues es lo único que puede garantizar nuestro derecho a defender nuestra cultura e historia.

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. − (DE) El hecho de que en la UE vivan alrededor de 18,5 millones de nacionales de terceros países demuestra claramente que Europa necesita una política común en materia de inmigración. Debemos disipar las preocupaciones y los temores de nuestros ciudadanos acerca de la inmigración y mostrarles que una inmigración regulada y sensata es totalmente necesaria para algunos sectores en Europa. Sin embargo, no comparto el punto de vista, presentado aparentemente como dogma de fe por los conservadores en particular, de que el problema del cambio demográfico deba vincularse al del mantenimiento del modelo social europeo. En su lugar, lo que se necesita es el lanzamiento de un debate sobre el alcance al que la generación de la riqueza, que se ha incrementado sustancialmente a lo largo de toda la economía europea y que debe considerarse de modo independiente del cambio demográfico, debería realizar una aportación al modelo social europeo que estuviera basada en la solidaridad.

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), por escrito. – (NL) Me he abstenido de votar sobre la enmienda 8 puesto que, aunque reconozco que el problema de la fuga de cerebros desde los países en desarrollo hacia Europa es muy serio, desconfío de la motivación del Grupo ITS para presentar dicha enmienda. Debemos esforzarnos por impedir que los trabajadores muy cualificados abandonen sus propios países en masa causando de esa forma un perjuicio económico pero, ciertamente, tampoco debe tratarse de oponerse por sistema a la inmigración a Europa.

  David Martin (PSE), por escrito. − Me satisface este informe, destinado a hacer más fácil la vida de los inmigrantes legales. A pesar de su estatuto jurídico, estos inmigrantes suelen padecer discriminación, sea o no deliberada. El ponente reclama una serie de medidas para los inmigrantes legales, incluyendo la mejora de sus derechos laborales, el traspaso de los derechos de pensión y de seguridad social, el reconocimiento de las cualificaciones, unos visados de larga duración y de múltiples entradas, todas las cuales cuentan con mi apoyo.

  Mary Lou McDonald, Søren Bo Søndergaard y Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), por escrito. − Nuestro voto de hoy refleja nuestro deseo de que Europa adopte una estrategia para la inmigración eficaz, humana y basada en los derechos. Todas las categorías de inmigrantes deben ser tratadas por igual y en consonancia con los niveles más elevados de los derechos humanos y de la dignidad.

Por otro lado, como principio general, los Estados miembros de la UE deberían admitir a los inmigrantes en función de las necesidades de estos últimos, y no solamente en función de las necesidades de sus economías. La política de inmigración europea no debe contribuir a la pérdida de cualificaciones esenciales, a la fuga de cerebros, en los países en desarrollo. Los Estados miembros y la Comisión no deben aplicar políticas que socaven su desarrollo.

  Erik Meijer y Esko Seppänen (GUE/NGL), por escrito. − Hemos votado a favor de la enmienda 8. En general nuestras opiniones están muy alejadas de las del grupo que la presentó, especialmente en lo relativo a los refugiados, inmigrantes y minorías étnicas o religiosas. ITS trata de bloquear la admisión de refugiados que están en peligro, y nosotros, por el contrario, tratamos de ayudar a estas víctimas de la represión, de las catástrofes y de la pobreza. Por eso comprendemos perfectamente que la mayoría de nuestro grupo no desee apoyar las enmiendas de ITS sobre la inmigración. A diferencia de la situación de los refugiados y de las formas de inmigración tradicionales, en el caso de la pretendida atracción de los trabajadores altamente cualificados los Estados miembros están creando un problema para sus países de origen. Las personas cualificadas de países como la India, Sudáfrica o Brasil son muy necesarias allí para el desarrollo que necesitan. Ahora vemos que estos problemas están surgiendo incluso dentro de los últimos Estados miembros de la EU, Rumanía y Bulgaria, que están cediendo rápidamente sus médicos e ingenieros a los países más ricos. Los países privilegiados y las empresas están robando los cerebros de estas personas. Y como no queremos contribuir a esa fuga de cerebros, hemos votado a favor de la enmienda.

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), por escrito. − (DE) En algunos apartados, el informe Gruber considera a la inmigración únicamente en términos de la utilidad de los trabajadores inmigrantes como capital. Por ejemplo, el informe subraya «la importancia del desarrollo de unas relaciones laborales estables y legales entre empresas y trabajadores para mejorar la productividad y la competitividad de la UE» e «invita a la Comisión a considerar los efectos que la migración circular podría tener al respecto».

Mientras que las medidas represivas contra los inmigrantes y los solicitantes de asilo no encuentran oposición, apoya «toda medida dirigida a aumentar el atractivo de la Unión Europea para los trabajadores más cualificados con vistas a satisfacer las necesidades del mercado laboral de la UE para garantizar la prosperidad de Europa y el cumplimiento de los objetivos de Lisboa».

Asimismo, mientras que debe evitarse el «riesgo de la fuga de cerebros», se prevé el «retorno» para los inmigrantes que únicamente pueden entrar en la «Fortaleza» Europa de manera ilegal. Por lo que respecta al respaldo de un plan de política en materia de migración legal, un enfoque clave se centra en los procedimientos de admisión «aptos para responder con prontitud a las demandas fluctuantes del mercado de trabajo».

La inmigración no puede regularse atendiendo a criterios de su utilidad como capital para la UE. En lugar de la inmigración para beneficio de las empresas europeas, la prioridad deben ser los derechos humanos y fundamentales de los inmigrantes y los solicitantes de asilo. Rechazo la categorización de las personas basada en criterios de utilidad.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) Con demasiada frecuencia, el debate sobre la inmigración se centra en las cuestiones relativas a los flujos ilegales y, por lo tanto, suele olvidar a la migración legal, que realiza una importante contribución a nuestra economía y a nuestro enriquecimiento cultural.

En ese contexto, estamos de acuerdo en dos conceptos fundamentales: una política clara y eficaz en materia de inmigración legal es una de las claves para resolver el problema de la inmigración ilegal, así como también resulta esencial facilitar una bienvenida generosa basada en principios comunes que promuevan la integración y la adaptación de los recién llegados. Sin embargo, también es necesario reconocer que los flujos migratorios, las comunidades emigrantes y los países de acogida tienen tradiciones, costumbres y memorias históricas diferentes, y que dichas diferencias no pueden ignorarse.

Otra cuestión de este debate es la migración cualificada. La idea de una tarjeta azul que facilite la entrada y la circulación podría resultar interesante, aunque parece demasiado compleja. En cualquier caso, la cuestión central debe ser el factor de atracción, particularmente a nivel académico; por lo tanto, es esencial conseguir que las instituciones educativas sean conscientes de la necesidad de atraer a estudiantes de otras partes del mundo. Ciertamente, apoyo este objetivo.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. − (SV) El Partido Verde sueco apoya y desea una política liberal de inmigración, y hay numerosos puntos positivos en el informe que pretenden alcanzar ese objetivo. Sin embargo, creo que una directiva marco en este ámbito reducirá las posibilidades para que las personas emigren, y no al revés; además, la propuesta plantea el riesgo de intensificar la fuga de cerebros que afecta actualmente a los países en desarrollo y que está siendo cínicamente explotada por la UE para su propio desarrollo. Por todo ello, he optado por la abstención en la votación final.

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), por escrito. − Es una falacia peligrosa el que los cambios demográficos en la población de nuestros países requieren una inmigración a gran escala de gentes procedentes de sociedades y culturas diferentes, muchas veces hostiles, con todas las implicaciones que ello conlleva para nuestra cohesión e identidad nacional, para la plena integración de nuestra población inmigrante afianzada, para nuestros servicios públicos y para la salud y seguridad públicas.

Me opongo totalmente a la transferencia de competencias o de responsabilidades de las autoridades nacionales a la UE en relación con el control de nuestras fronteras nacionales y con la política de asilo e inmigración. En consecuencia he votado en contra del informe.

- Informe: Javier Moreno Sánchez (A6-0323/2007)

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, he votado a favor de este informe porque el Parlamento Europeo ha acordado en él una exhaustiva estrategia para combatir el tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal. Como Parlamento Europeo, hemos emitido de esa forma un mensaje claro de que «ilegal» significa lo mismo que «no legal», por lo que debe abordarse en consecuencia. En mi opinión, es especialmente importante haber clarificado que no habrá una asignación de inmigrantes ilegales basada en cuotas a lo largo de todos los Estados miembros, y que ya no se permitirán legalizaciones en masa como las que se han venido presenciando en los últimos años, lo que asegura que no se produzca un «efecto llamada» y lo que permite abordar también, indirectamente, el tráfico de seres humanos.

  Frank Vanhecke (ITS). – (NL) Señor Presidente, el informe sobre las prioridades políticas en la lucha contra la inmigración clandestina de los nacionales de terceros países que acabamos de aprobar no es, ciertamente, el peor informe que hayamos aprobado nunca, y de hecho incluye recomendaciones muy interesantes, pero sigo pensando que no consigue explicar claramente la totalidad de la situación, por lo que no he votado a su favor.

El problema de la inmigración en Europa amenaza con convertirse en el problema del siglo —quizá ya lo sea— y la inmigración ilegal contribuye a ello de manera significativa. Por consiguiente, podríamos haber esperado la adopción de un punto de vista mucho más firme, especialmente frente a las sucesivas oleadas de regularizaciones que han tenido lugar en diversos países de Europa; después de todo, el efecto que han tenido es el de absorber personas que, finalmente, acaban distribuyéndose por la totalidad de la Unión, en todos los Estados miembros.

En realidad, es un hecho bastante simple y deberíamos tener el valor de expresarlo en palabras. No puede tolerarse la inmigración clandestina. Los inmigrantes clandestinos deben ser localizados, y debemos ser determinantes para devolverlos a sus países de origen de una manera digna. Quienes no tengan el valor de decirlo así, y por tanto tampoco lo tendrán para hacerlo, ocasionarán enormes problemas que, finalmente, costarán muy caros a nuestra prosperidad y a nuestra civilización.

  Koenraad Dillen (ITS). – (NL) Señor Presidente, la revisión del informe Moreno Sánchez trae automáticamente a la memoria el dicho neerlandés de «zachte heelmeesters maken stinkende wonden», que viene a significar algo así como «a grandes males, grandes remedios». Como ha manifestado ya mi colega, el señor Vanhecke, aunque algunas de las propuestas del informe representan un paso en la dirección correcta, en general el Parlamento continúa adoptando un enfoque indolente, que no presagia nada bueno para una política europea firme y eficaz de cara a combatir la inmigración clandestina. Por ejemplo, el Parlamento no ha logrado sostener con claridad que las medidas de regularización puestas en práctica en muchos países europeos son realmente una de las causas más importantes, si no la más importante, de la inmigración clandestina, debido al «efecto llamada» que crea en los países de origen de los inmigrantes.

No debería regularizarse a los inmigrantes clandestinos, sino que debería procederse a su localización y expulsión de una forma humana, pero firme. Contrariamente a lo que el Parlamento insinúa, la proclamación explícita de este mensaje político no tiene nada que ver con la también llamada «xenofobia». Además de una firme política de expulsión, controles fronterizos más estrictos y acuerdos con los Estados para devolver a sus nacionales, los centros de refugiados de la región de origen deberían poder ofrecer cierto alivio, pero esto también ha sido rechazado por el Parlamento, motivo por el que he votado en contra de este informe.

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh e Inger Segelström (PSE), por escrito. − (SV) Los socialdemócratas deseamos una inmigración humana y una política para los refugiados de la UE basada en la solidaridad, lo que pretende incrementar la movilidad a través de las fronteras de manera responsable y garantiza protección para todos los que la necesitan. Sin embargo, no deseamos una fuerza de control fronterizo permanente financiada por la UE, pues los Estados miembros tienen la responsabilidad de proteger sus propias fronteras. Los despliegues comunitarios deberían estar supeditados a la necesidad y basarse en la investigación. Por consiguiente, optamos por la abstención en la votación sobre el apartado 37.

Por lo que respecta al apartado 18, sobre una revisión del principio básico del Reglamento «Dublín II», pensamos que está justificado mantener un debate sobre dicho principio, pero que debería llevarse a cabo en un contexto más amplio, como parte de un debate sobre la política común de inmigración y para los refugiados en su conjunto.

  Gérard Deprez (ALDE), por escrito. – (FR) Apoyo totalmente este excelente informe, y quisiera añadir tres comentarios personales sobre esta materia.

En primer lugar, debemos librarnos de la ilusión de que una política activa sobre la inmigración legal detendrá el flujo ilegal de inmigrantes a nuestros países. Una política activa sobre la inmigración legal vendrá determinada, por definición, por nuestras propias necesidades, mientras que la inmigración clandestina responderá a las necesidades de aquéllos —y actualmente son decenas de millones, principalmente en África— que desean llegar aquí para escapar de la guerra, la persecución, la pobreza o, simplemente, de la falta de perspectivas de futuro para ellos y para sus hijos.

En segundo lugar, el control de las fronteras exteriores de la UE y la lucha contra las redes de tráfico de inmigrantes ilegales continuarán siendo, desafortunadamente, prioridades políticas durante muchos años porque, en realidad, el tráfico de la miseria humana se encuentra en manos de bandas delictivas; por lo tanto, la lucha contra la inmigración clandestina no se dirige «contra» los inmigrantes clandestinos como tales: forma parte de la batalla contra el crimen organizado, que es algo que tenemos que ganar juntos.

En tercer y último lugar, debemos, al mismo tiempo, perseverar en nuestros denodados esfuerzos por combatir la pobreza, lo que únicamente puede conseguirse mediante el codesarrollo en África.

  Patrick Gaubert (PPE-DE), por escrito. – (FR) Recibo con satisfacción la adopción de este informe, que presenta una visión equilibrada y realista del problema de la inmigración y que ha alcanzado un amplio consenso, como esperaba el ponente.

El informe se ha presentado justo en el momento apropiado, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos y los esfuerzos que realizan los Estados miembros, uno tras otro, por adaptar su legislación con el fin de sobrellevar la afluencia de inmigrantes de la mejor manera posible.

En realidad, todos sabemos que la escala del fenómeno de la migración supera la capacidad de los países en cuestión para controlar estas circunstancias de manera individual y que, en consecuencia, se necesita un enfoque global y coherente a escala europea, como el informe afirma muy acertadamente.

El texto presenta una serie de prioridades: la lucha contra el tráfico de seres humanos, el respeto por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales al aplicar las medidas para impedir la inmigración ilegal, el fortalecimiento de la cooperación con terceros países, la firmeza al emprender los pasos necesarios para combatir el empleo ilegal y, finalmente, la necesidad de una política de retorno responsable.

Por tales razones he apoyado la adopción del informe durante la votación final en el Pleno.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) A pesar de incluir ciertos puntos con los que estamos de acuerdo, el presente informe asume también el punto de vista represivo y orientado hacia la seguridad de la «inmigración clandestina».

Aunque no tanto respecto a ciertos aspectos, el informe aboga por desarrollar los ejes principales de las decisiones y directrices actuales de la UE en materia de inmigración, incluyendo: la denominada «política europea en materia de retorno» o, en otras palabras, la repatriación; la actividad de Frontex en términos de control y patrullaje de las fronteras; los denominados «centros provisionales de acogida»; el desarrollo de instrumentos biométricos, o los denominados «acuerdos de readmisión». Asimismo, propone el establecimiento de «patrullas europeas», un «Sistema Europeo de Vigilancia» en las fronteras marítimas, e incluso un «sistema automatizado que gestione las entradas y salidas en el territorio de la UE».

En otras palabras, el informe pretende reforzar la política de la UE orientada a la seguridad y criminalizadora de la «inmigración clandestina», convirtiéndola en una política europea común represiva, que implica siniestros sistemas de información y que incluye medidas e infraestructuras para la detención y expulsión de los inmigrantes, algo que rechazamos totalmente.

Fue la aplicación de una política represiva semejante la que condujo a que las autoridades de un Estado miembro juzgaran a siete pescadores tunecinos por haber salvado la vida a cuarenta y cuatro personas en el mar, a pesar de que tal acción respeta el Derecho marítimo internacional.

  Carl Lang (ITS), por escrito. – (FR) Las cifras oficiales lo atestiguan: Europa está siendo inundada por inmigrantes ilegales y ha demostrado ser totalmente incapaz de controlar sus fronteras exteriores. El informe anual que presentó las actividades de Eurodac en 2006, el instrumento biométrico de que se vale Europa para controlar las solicitudes de asilo, muestra que la cifra registrada de personas que cruzaron clandestinamente alguna de las fronteras exteriores de Europa ascendió en un 64 % respecto al año 2005.

El informe presentado por el señor Moreno expone una serie de enfoques que se supone ponen fin a este fenómeno, que crece a ritmo exponencial, pero creo que son tan ineficaces como cualquier otro, por no decir contraproducentes.

Por ejemplo, ¿cómo podemos sentirnos satisfechos con la idea de que favorecer la inmigración legal, y hacerlo principalmente mediante la tarjeta azul europea que consistiría, esencialmente, en un permiso de trabajo europeo para los inmigrantes, reducirá el nivel de inmigración ilegal? Es una insensatez. Si se abren las puertas a unos cuantos, se están abriendo para todos.

¿De qué sirve entonces establecer una base de datos biométricos para combatir la inmigración ilegal? ¿Para qué destinar un mayor número de efectivos y recursos a la Agencia de control de fronteras europeas, Frontex, cuando las fronteras en cuestión, ya sean interiores o exteriores, no están recibiendo la protección adecuada por parte de los Estados miembros?

Una vez más, las autoridades europeas han conseguido identificar el problema con éxito, pero se han mostrado incapaces de resolverlo, arrastradas por una ideología basada en el «inmigracionismo» y la internacionalización.

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), por escrito. − (PL) Señor Presidente, la inmigración, tanto la legal como la ilegal, ha quedado reconocida como uno de los principales problemas a los que se enfrenta la Unión Europea. Totalmente aparte de los aspectos procedimentales y jurídicos, la trágica dimensión humana de este fenómeno se torna cada vez más patente. He visitado centros para refugiados africanos en Malta y he debatido estas cuestiones con los servicios que patrullan el Mediterráneo y con los funcionarios responsables. Fue mientras estaba allí cuando se convirtió en noticia la tragedia de una familia chechena ocurrida en la región polaca de Bieszczady, lo que confirma la naturaleza universal de este fenómeno. Viniendo, como yo vengo, de un país que durante siglos fue fuente de emigración política y económica, es difícil permanecer indiferente ante la tragedia de los refugiados, para quienes la Unión Europea representa una tierra prometida.

Tal es la perspectiva desde la que considero los dos informes en los que se basa el presente debate en el Parlamento Europeo; estos documentos proporcionan una visión general de la magnitud del problema de la inmigración y del estado actual de la política comunitaria al respecto. Estoy de acuerdo con la premisa de que, debido a sus circunstancias demográficas, Europa necesita canales controlados de inmigración que puedan compensar la escasez de mano de obra y reducir así el alcance de la economía sumergida y los problemas que conlleva.

Todas estas cuestiones han sido reconocidas por Frontex, la Agencia especializada de la Unión. Las soluciones propuestas merecen especial consideración, principalmente el denominado «reparto de cargas».

La llegada de una política comunitaria en materia de inmigración, con una sólida base jurídica y financiera se ha retrasado durante demasiado tiempo. ¡Más vale tarde que nunca!

  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe sobre las prioridades políticas en la lucha contra la inmigración clandestina de los nacionales de terceros países, y deseo subrayar que el control de la afluencia de inmigrantes a Europa, especialmente procedentes de terceros países, es uno de los grandes retos a los que se enfrentan los responsables políticos europeos.

En pleno siglo xxi, el tráfico de seres humanos es algo totalmente inaceptable y tenemos que hallar el modo de erradicar esta actividad atroz y poner fin a las tragedias personales que desgraciadamente la acompañan; para ello es esencial abordar el problema de la inmigración ilegal a escala europea, puesto que si un Estado miembro queda abierto a la inmigración clandestina, está ejerciendo presión sobre el resto.

La puesta en práctica de un plan político para la inmigración legal debe incluir la lucha contra la inmigración ilegal, ya que ambas están estrechamente relacionadas.

De lo que carece este informe es de propuestas concretas que nos permitan formular una solución que ponga fin a la inmigración clandestina a gran escala y que disuada a los traficantes. Por ejemplo, en Italia la introducción de cuotas para la inmigración económica no ha reducido el nivel de inmigración ilegal en el país; de hecho ocurre lo contrario, pues el anuncio de cuotas anuales ha desencadenado un incremento del número de inmigrantes ilegales que están dispuestos a arriesgar sus vidas para entrar en el territorio de la Unión Europea.

  David Martin (PSE), por escrito. − Me satisface este informe, que básicamente exige una política firme para combatir la inmigración ilegal, basada en la solidaridad entre los Estados miembros y en la cooperación con terceros países con total respeto a los derechos fundamentales de las personas.

  Andreas Mölzer (ITS), por escrito. − (DE) A pesar de haber recibido una financiación de millones de euros, los países de origen no se muestran inclinados a cooperar. Sin embargo, la repatriación de los inmigrantes ilegales debe convertirse por fin en una obligación. No obstante, también la UE está actuando de manera especialmente negligente cuando no consigue proporcionar recursos adecuados para asegurar sus fronteras exteriores, o acomodar a los inmigrantes ilegales detenidos en centros de acogida con el fin de asegurar que no caigan en la clandestinidad hasta que puedan ser devueltos a sus países de origen, por no hablar de la Agencia de protección fronteriza, ¡que cierra sus puertas durante la principal época del año en que tiene lugar la migración!

Igualmente, Bruselas no ha salido de su letargo ante la amenaza potencial que representan los inmigrantes islámicos. Si la UE no se espabila pronto y pone fin a la influencia de musulmanes radicales y a la inmigración y naturalización de ciudadanos procedentes de países islámicos, no sólo nos veremos obligados a vivir en un estado permanente de temor a posibles atentados terroristas sino que, además, pronto pasaremos a ser forasteros en nuestro propio país.

El presente informe presta insuficiente atención a estas cuestiones, razón por la que —a pesar de los sensatos enfoques que contiene— me veo, desafortunadamente, obligado a rechazarlo.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) La intervención política eficaz en el ámbito de la inmigración ilegal debe incidir sobre dos puntos del problema: el de origen y el de destino; en otras palabras, como se manifiesta en la Resolución adoptada «las autoridades de los países de origen y el refuerzo del marco jurídico penal contra las redes de traficantes, la lucha contra el trabajo ilegal y la trata de personas» constituyen elementos esenciales. Sin la firmeza necesaria en estas áreas, la respuesta será inadecuada, aun cuando implique otras dimensiones, como la cooperación en el desarrollo y la acción en el ámbito de la migración legal.

Además, como hemos manifestado en el informe sobre la estrategia marítima europea, toda política de inmigración que pretenda ser eficaz en el seno de la Unión Europea «exige», como se manifiesta en esta Resolución «el respeto por los Estados miembros de los principios de solidaridad, responsabilidad compartida, confianza mutua y transparencia», con lo que estamos totalmente de acuerdo.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. − (SV) He votado en contra de este informe en la votación final porque me opongo a FRONTEX y a la policía de fronteras de la UE, cuyo cumplimiento de responsabilidades sería difícil de asegurar. El informe muestra un entusiasmo por incluir en los pasaportes y en los visados datos biométricos, que resultan caros e ineficaces y que suponen, además, una amenaza a la integridad personal. La UE está explotando cínicamente la difícil situación de los refugiados para ganar poder sobre nuestras fronteras.

- Informes: Gruber (A6-0322/2007), Moreno Sánchez (A6-0323/2007)

  Philip Bradbourn (PPE-DE), por escrito. − Los conservadores británicos hemos votado en contra de los informes sobre inmigración, porque se trata de un asunto que compete exclusivamente a los gobiernos nacionales y a la cooperación intergubernamental. Las referencias al proyecto de Tratado reformado y a la ampliación de voto por mayoría cualificada son una forma equivocada de abordar los problemas con que se enfrenta la UE. La estrategia de «talla única» no funciona en el caso de la inmigración.

  Proinsias De Rossa (PSE), por escrito. − Al insistir en que los cónyuges no comunitarios de los ciudadanos de la UE tienen que haber vivido en otro Estado miembro para tener derecho a la residencia en Irlanda, me parece que el Gobierno está infringiendo la Directiva de 2004. Por otro lado, seleccionar a los cónyuges de los nacionales de la UE no irlandeses para emitir órdenes de deportación es contrario a la legislación de la UE que prohíbe la discriminación por motivos de nacionalidad.

Quisiera recordar a la Comisión que en 2006 informó al Parlamento Europeo que la Directiva de 2006 sobre residencia debía ser interpretada por los Estados miembros con arreglo a las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Julio de 2002 (caso nº C/459/99 (MRAX)) y de abril de 2005 (caso nº C/157/03). Estas sentencias establecieron que el derecho de entrada y de residencia en la Comunidad de un nacional de un tercer país que sea familiar de un ciudadano europeo está fundado en dicha relación, y no depende de la legalidad de su residencia anterior en la Comunidad ni de la presentación de un permiso de residencia o de algún permiso expedido por otro Estado miembro. Las acciones de Irlanda son una clara infracción de estas sentencias. Por consiguiente, la Comisión está obligada en virtud de los Tratados a incoar un procedimiento contra el Gobierno irlandés.

8. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

(La sesión, suspendida a las 13.15 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

PRESIDE: HANS-GERT PÖTTERING
Presidente

9. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

10. Detenciones secretas y traslados ilegales de detenidos en los que están implicados algunos Estados miembros del Consejo de Europa (informes Fava y Marty) (debate)

  Presidente. − El siguiente punto es el de las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre las detenciones secretas y traslados ilegales de detenidos en los que están implicados algunos Estados miembros del Consejo de Europa (informes Fava y Marty).

  Manuel Lobo Antunes , Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) Señor Presidente, Comisarios, señoras y señores, en diciembre de 2005 la Resolución del Parlamento Europeo que solicitaba la formación de una comisión temporal para la investigación acerca del transporte y la detención ilegal de presos reafirmó, y cito textualmente: «su determinación de luchar contra el terrorismo, pero hace hincapié en que la lucha contra el terrorismo no puede ganarse a costa de sacrificar los mismos principios que el terrorismo pretende destruir, y que, en particular, nunca debe peligrar la protección de los derechos fundamentales».

Las anteriores presidencias del Consejo tuvieron la oportunidad, en esta Cámara, de expresar su acuerdo con este sentimiento. No puedo comenzar mi discurso sin subrayar que la actual Presidencia comparte la misma determinación y resolución. Quisiera reiterar que la lucha contra el terrorismo no puede poner en juego nuestros valores y principios sobre la protección de los derechos fundamentales. Se trata, en nuestra opinión, de una cuestión crucial. En la lucha contra el terrorismo, saldremos victoriosos únicamente si permanecemos libres: libres del temor, y de todo abuso o manipulación en nombre del temor. Nuestra arma más poderosa y nuestra protección más eficaz son nuestros valores y principios sobre la protección de nuestros derechos fundamentales.

Aunque el Consejo como tal carece de competencia para expresar una opinión, no habrá un solo Estado miembro de la Unión Europea que no reconozca la importancia de los esfuerzos realizados y de las iniciativas adoptadas en pos de la verdad. Deberíamos recordar que estamos hablando de principios fundamentales sobre los que se asienta nuestra democracia europea. El descubrimiento de la verdad acabará con el clima de desconfianza; por lo tanto, es esencial que las investigaciones en este ámbito arrojen luz sobre el tema y no conduzcan a una mayor confusión. Las anteriores presidencias que tuvieron la oportunidad de comparecer ante esta Cámara, el Secretario General, el Alto Representante y el coordinador de la UE de la lucha contra el terrorismo no dejaron de cooperar con la comisión temporal del Parlamento Europeo a este respecto.

Por consiguiente, considero que sería totalmente injusto sugerir una falta de compromiso por parte del Consejo o de los Ministros de Asuntos Exteriores; de hecho, debo subrayar las numerosas iniciativas, tanto parlamentarias como legislativas, que los diversos países europeos han adoptado como consecuencia de estos informes.

Por lo tanto, fue absolutamente apropiado actuar en el espíritu del principio de subsidiariedad. Como ustedes saben, en muchos de los ámbitos que ha investigado la comisión temporal, la Unión Europea no ha tenido ningún poder de actuación; me refiero, concretamente, a la supervisión de los servicios de inteligencia, hecho que las anteriores presidencias del Consejo y el Alto Representante, el señor Solana, señalaron a este Parlamento y a su comisión temporal. Ciertamente, podría lamentarse que éste sea el caso, pero el hecho es que los Tratados actuales limitan el ámbito de actuación del Consejo en estas áreas.

No obstante, por nuestra parte, puedo asegurarles que la Presidencia portuguesa no dejará de cooperar activa y constructivamente. Quisiera recordarles la cooperación total y transparente que ha ofrecido el Gobierno portugués, tanto durante las investigaciones realizadas por la comisión temporal de este Parlamento, que completó su trabajo en febrero de este año, como en relación con las iniciativas del Secretario General del Consejo de Europa en virtud del artículo 52 del Convenio Europeo de Derechos Humanos acerca de los supuestos vuelos de la CIA y de los centros de detención ilegal situados en Europa.

Como es bien sabido, aunque el Consejo no haya adoptado una posición como tal sobre los informes de los señores Fava y Marty bajo la égida del este Parlamento y del Consejo de Europa, respectivamente, ello no significa que los ignore; de hecho, el Consejo ha defendido activa y positivamente los derechos humanos y el Derecho internacional en la política exterior de la Unión Europea.

Hemos mantenido en todo momento que la protección de los valores fundamentales del Derecho internacional requiere un diálogo serio y en profundidad sobre los derechos humanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo. A este respecto, la UE ha destacado que deben respetarse y salvaguardarse los derechos humanos, los derechos de los refugiados y el Derecho humanitario internacional. El Consejo seguirá realizando un estrecho seguimiento de los avances realizados en lo que respecta a los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, y tomará las medidas apropiadas para velar por su protección; asimismo, la UE continúa firmemente comprometida con la prohibición total de la tortura y de los tratos o penas inhumanos y degradantes.

Nuestras acciones se rigen por este objetivo y siempre plantearemos ante terceros países la preocupación que suscita este problema. La UE y sus Estados miembros han indicado claramente que la existencia de cualesquiera centros secretos de detención donde se mantenga a los detenidos en un vacío jurídico no es conforme al Derecho humanitario internacional. Las Directrices de la política de la UE en relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes estipulan claramente que los Estados miembros deben prohibir que existan lugares secretos de detención y garantizar que todas las personas privadas de libertad se encuentren en lugares reconocidos de detención y que se conozca su paradero. Dichas Directrices proclaman también que ninguna persona sea obligada a volver a un país en el que corra el riesgo de sufrir torturas o malos tratos.

Es de conocimiento general que los problemas en cuestión, que implican la competencia para el control de los aeropuertos, la inspección y los servicios de inteligencia recae, fundamentalmente, en el ámbito de responsabilidad y control de los Estados miembros. Es cierto que el Centro SitCen lleva a cabo análisis periódicos utilizando información proporcionada por los Estados miembros, pero no cuenta con jurisdicción operativa sobre las denominadas actividades «de inteligencia». Cabe destacar que los Estados miembros de la UE afrontaron también la complejidad que, a este respecto, caracteriza al sistema de clasificación y tramitación de las solicitudes de autorización para realizar sobrevuelos, aterrizajes e inspecciones en tierra; se trata de un nuevo desafío para todos. Por nuestra parte, el Gobierno portugués no sólo ha llevado a cabo este proceso de recopilación de datos, en ocasiones arduo y muy lento, sino que también ha establecido un grupo de trabajo para evaluar los numerosos procedimientos y proponer mejoras cuya importancia fue debidamente reconocida por el informe final adoptado por este Parlamento en febrero.

Debo señalar que hemos otorgado particular importancia al trabajo llevado a cabo por el Secretario General del Consejo de Europa y que hemos tomado debida nota de los informes presentados por el señor Marty. El cuestionario y las recomendaciones desarrollados por el Secretario General del Consejo de Europa en virtud del artículo 52 del Convenio Europeo de Derechos Humanos permitió también, en Portugal y creo que en otros Estados miembros, realizar una evaluación sin precedentes de los marcos jurídicos nacionales, de las garantías y de los mecanismos de control en su conjunto, incluyendo los análisis de procedimientos para clasificar, verificar e inspeccionar las solicitudes de autorización de sobrevuelos y aterrizajes de aviones en territorio nacional.

En el caso de Portugal, ciertamente han conducido a mejoras institucionales, técnicas y operativas. En cuanto a las recomendaciones realizadas por el Secretario General del Consejo de Europa sobre las garantías de control, la interpretación predominante entre sus miembros era que las iniciativas en curso no deberían conducir a una duplicidad legislativa innecesaria o a la asignación de nuevas competencias al Consejo de Europa.

Por otra parte, parece haber consenso en que existe margen para una aplicación más eficaz y un seguimiento más escrupuloso de los mecanismos existentes. Creo que si estas investigaciones fueran llevadas a cabo con mayor rigor y serenidad sus conclusiones serían más eficaces. A pesar de que siempre es recomendable mantener el rigor y no confundir los hechos con las acusaciones, sino tratar de observar cierta moderación en el lenguaje utilizado dada la importancia de los valores en cuestión y el buen nombre de las democracias europeas, la verdad es que todas estas iniciativas tienen alcance y significado. Por lo tanto, debe proseguirse en su consecución, particularmente en un momento en que se ha hecho esencial analizar, de una manera seria y honesta, los nuevos dilemas que plantea la amenaza terrorista; por ejemplo, el dilema de la seguridad frente a la libertad. Además, existe una necesidad creciente de obtener una respuesta del Derecho internacional a las difíciles cuestiones planteadas por la lucha contra una amenaza sin precedentes.

Señor Presidente, Comisario, señoras y señores, consolidar el área de libertad, seguridad y justicia basado en el Programa de la Haya y en el plan de acción respectivo es una de las prioridades principales del programa conjunto, de dieciocho meses de duración, de las Presidencias alemana, portuguesa y eslovena. La lucha contra el terrorismo es, a este respecto, uno de los principales desafíos por el que las tres Presidencias han definido el objetivo de intensificar la cooperación en este ámbito mediante la continua puesta en práctica de la Estrategia de la UE de Lucha contra el Terrorismo. Como ustedes saben, el señor Gilles de Kerchove ha sido nombrado recientemente nuevo Coordinador de la UE de la lucha contra el terrorismo y, como sus antecesores, será capaz de proporcionar a esta Cámara toda la información que precise.

Debo también aprovechar esta oportunidad para recalcar que la cuestión del respeto por los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo se ha planteado específicamente en el diálogo transatlántico, especialmente en la última Cumbre entre la Unión Europea y los Estados Unidos celebrada en abril, cuando se presentaron las conclusiones del Consejo Europeo de fecha 11 de diciembre de 2006.

Portugal ha manifestado claramente su compromiso de promover la continuidad y la extensión de este diálogo, que considera clave para ambas partes, mientras mantenga la presidencia del Consejo.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. − (IT) Señor Presidente, señoras y señores, yo también quisiera expresar mi agradecimiento al representante del Consejo. Señoras y señores, desde el comienzo, la Comisión —y yo mismo—, hemos seguido y apoyado el trabajo de la comisión temporal del Parlamento Europeo sobre este tema, bien conocido, y sobre la gravedad de las acusaciones y de los incidentes en cuestión.

Obviamente, la gravedad de estos incidentes como tales, incluso el mismo hecho de imaginar que puedan haber ocurrido, torna esencial la cooperación entre las tres instituciones, Comisión, Parlamento y Consejo. Ciertamente, deberíamos reiterar, una vez más —y me satisface hacerlo así— que la batalla contra el terrorismo debe librarse desde el pleno respeto a los derechos fundamentales y al Estado de Derecho, pues son las dos condiciones necesarias para el funcionamiento de la democracia.

En este espíritu, creo que los traslados ilegales de detenidos y la hipótesis de que existe un número mayor o menor de lugares de detención secretos —si tales hechos fueran demostrados convenientemente— constituirían, no cabe duda, una grave violación del Derecho internacional y de los derechos humanos fundamentales. Todos somos conscientes de que los miembros de la Unión Europea, en su totalidad, tienen la obligación de respetar los importantes principios del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y especialmente los artículos 5 y 6.

Sin duda, esperamos que estos incidentes sean concienzudamente investigados en los Estados miembros, investigaciones que, obviamente, deben ser llevadas a cabo por las autoridades judiciales competentes. Aunque ya se haya manifestado claramente en diversas ocasiones, tanto en el informe del señor Fava como en el del Consejo de Europa, hay un punto que debe quedar claro: un informe parlamentario puede exponer los hechos, pero el Parlamento, naturalmente, no tiene ni la facultad ni el deber de llevar a cabo una investigación judicial.

Es obvio que cuando se cita un testimonio procedente de fuentes desconocidas, el Estado de Derecho —que debemos respetar— dicta que las investigaciones sean confiadas a tribunales libres e independientes; son ellos los que tienen el deber de revelar las fuentes de las que procede la acusación. Evidentemente, acusar a un Estado miembro o a un individuo sin revelar las fuentes para dicha acusación es un principio admisible en un informe parlamentario, pero no en una investigación judicial, por lo que espero que continúen las investigaciones judiciales, como está ocurriendo en algunos Estados miembros, incluyendo en mi propio país. Sin embargo, y evidentemente, debe realizarse un seguimiento del informe, por lo que enumeraré las iniciativas que creo que pueden contribuir a dicho seguimiento.

El 23 de julio escribí a los Gobiernos polaco y rumano, recordándoles su deber de mantener una investigación completa y exhaustiva, y solicitándoles información detallada sobre si habían comenzado las investigaciones y cuál había sido su resultado. Espero que ambos Gobiernos respondan, y no duden de que les informaré de sus respuestas, especialmente porque creo que la transparencia y la verdad exigen que cuando se acusa a alguien de algo, debe contar con todos los medios jurídicos para explicar y demostrar que la acusación es falsa, cuando no de confiar la investigación a un tribunal independiente. En mi opinión, redunda en el propio interés de la parte acusada que haya una respuesta muy clara.

El segundo punto es el siguiente: He redactado un cuestionario sobre el terrorismo para todos los Estados miembros, como mencioné en el último período parcial de sesiones. Dicho cuestionario pregunta a cada Estado miembro qué medidas ha adoptado para combatir el terrorismo, cuáles han sido los resultados en cuanto a la eficacia de las leyes nacionales y, en particular, qué nivel de protección de los derechos humanos fundamentales proporciona la legislación nacional. Mi intención es analizar las respuestas y, a continuación, elaborar un informe para el Consejo y el Parlamento sobre la eficacia de las medidas de los Estados miembros contra el terrorismo y de su idoneidad y compatibilidad con el principio del respeto por los derechos fundamentales.

Mi tercer punto guarda relación con el tráfico aéreo. Asumí un compromiso con la Comisión LIBE, por el que prometí examinar un aspecto jurídico de extrema importancia que en el momento actual todavía no se ha abordado: ¿Dónde se sitúa la línea fronteriza entre la definición de una aeronave civil y una aeronave estatal; en otras palabras, una aeronave que no es objeto de los controles habituales realizados a una aeronave civil? Pues bien, dicho trabajo está en curso, como se prometió, y la Comisión Europea va a presentar una Comunicación sobre la aviación general que adoptará antes del fin de este año; o sea, muy pronto y, ciertamente, presentaremos una propuesta para una mejor definición de este concepto de aeronave estatal que, es obvio, a menudo se interpreta de modo que sortee los controles necesarios.

Sin embargo, existe otra iniciativa relativa al tráfico aéreo. Forma parte de una solución general que introduce normas comunes para todos los Estados miembros sobre cada tipo de avión que entre en el espacio aéreo común europeo sin un plan de vuelo. Sin duda, ustedes saben que a partir del 1 de enero de 2009 las normas que ponen en práctica el denominado «cielo único europeo» introducirán requisitos comunes a todos los Estados miembros para los planes de vuelo, por lo que, en este contexto, armonizaremos las normas sobre los planes de vuelo de todas las aeronaves que atraviesen el cielo único europeo o que entren en él, lo que supondrá una ventaja enorme, pues eliminará el tratamiento diferenciado que hemos observado entre los Estados miembros respecto a las actividades de sobrevuelo y aterrizaje.

La otra cuestión es la ratificación del acuerdo de extradición entre Europa y los Estados Unidos. Si ya hubiera existido con anterioridad, como debería haber existido, un acuerdo europeo —que ya hemos firmado pero que todavía no hemos ratificado— hubieran estado mucho más claras las normas sobre la extradición de los prisioneros desde y hacia los Estados Unidos. De lo que estamos hablando aquí es de prisioneros que están siendo investigados o que se encuentran bajo sospecha por motivos de terrorismo. Este acuerdo todavía debe ser ratificado por ciertos Estados miembros; afortunadamente, sólo unos pocos. He hecho otro llamamiento formal a todos los Ministros de Justicia para la ratificación de este acuerdo de extradición europeo con los Estados Unidos lo antes posible.

Queda la cuestión de la supervisión de los servicios de inteligencia, que se aborda en ambos informes, aunque se trata de una cuestión delicada. Creo que lo que cuenta aquí por encima de todo lo demás es la respuesta nacional, aunque pueden destacarse ciertos requisitos comunes. El primero de ellos es reforzar el escrutinio parlamentario en los Estados miembros. Algunos países han adoptado, o están adoptando, leyes nacionales para reforzar considerablemente las facultades de escrutinio de sus parlamentos nacionales sobre las actividades de sus servicios secretos. En mi opinión, deberíamos seguir este camino porque, como podrán apreciar, no puedo imaginar una futura legislación común europea que rija los servicios secretos, aunque sin duda pienso que es extremadamente útil debatir la cuestión.

Para concluir, señor Presidente, creo que debemos continuar debatiendo esta materia, teniendo en cuenta el Estado de Derecho como principio y, ciertamente, el respeto por los derechos fundamentales; pero los derechos fundamentales incluyen también el de no ser acusado si no es sobre la base de una prueba recogida de acuerdo a los procedimientos adecuados.

  Jas Gawronski, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, mi Grupo ha expresado su crítica legítima hacia el informe Marty y ha votado de manera aplastante en contra del informe Fava. Es una lástima porque, al menos sobre materias como el terrorismo y los derechos humanos, esta Cámara debería ser capaz de superar sus divisiones internas y presentar una posición común. Si no lo hemos conseguido es porque, desafortunadamente, el informe Fava ha partido desde un punto de vista preconcebido: ¡la culpabilidad de los Estados Unidos! Así, hemos desperdiciado un año buscando no la verdad, sino una prueba de dicha culpabilidad, omitiendo e incluso ocultando cualquier hecho que pudiera contrarrestar tal punto de vista.

Permítanme exponerles tan sólo un ejemplo práctico y, pudiera decir, escandaloso. Una razón por la que fuimos a Polonia fue para entrevistar a una periodista que había sido de las primeras en informar, un año antes, de la existencia de prisioneros de la CIA en el país. Desafortunadamente, cuando nos reunimos con ella había cambiado de parecer, y cuando digo «desafortunadamente» lo digo en tono irónico. Ya no estaba segura; nos dijo que en la actualidad no hubiera escrito ese artículo. Pues bien, no existe ni rastro de este cambio de parecer en el informe, mientras que está repleto de testimonios de periodistas que comparten la tesis del ponente. Hemos desperdiciado un año para nada, gastando el dinero de los contribuyentes sin descubrir nada más que lo que ya sabíamos gracias a la prensa y a las fuentes oficiales y extraoficiales de los Estados Unidos, y si el mismo Presidente Bush no hubiera revelado la existencia de prisiones de la CIA, nunca hubiéramos podido mantener ese hecho con seguridad.

Comisario Frattini, nos ha dicho que ha remitido cartas a Polonia y a Rumanía pidiendo explicaciones, pero que no ha recibido respuesta. Siempre son malas formas no dar respuesta, pero no me sorprende, puesto que las acusaciones son infundadas. Usted mismo hace referencia en su carta a «información presunta», no a hechos concretos, y las mayores instancias de ambos países han manifestado ya que han investigado y que, en su opinión, no existen prisiones de la CIA, lo que puede ser cierto o no, y cada cual puede pensar lo que desee al respecto, pero como usted mismo ha dicho, señor Frattini, no podemos acusar mientras no existan pruebas.

El hecho es que los informes Fava y Marty contienen demasiadas frases del tipo «es muy probable» y «no puede descartarse», sobre las que basan sus firmes conclusiones. Que nadie venga a decirme, para justificar dicha falta de pruebas, que no somos un tribunal, y que el que emitimos es un documento político, pues deja de ser político cuando se nos invita a considerar si las circunstancias son, o no, lo suficientemente extremas para invocar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea.

Y ahora, dado que percibo una inclinación en esta Cámara a favor de preparar un nuevo informe sobre la CIA, tengo una recomendación que hacer: dejemos de realizar interpretaciones tendenciosas del pasado, dejemos de investigar esta cuestión sobre la que no hemos descubierto absolutamente nada; dejémoslo para los tribunales —como dijo el Comisario— y los periodistas, que tienen los recursos para investigar y pueden hacerlo mejor que nosotros. Centrémonos en el futuro, en las políticas y en las «recomendaciones» del informe Fava, su única parte aceptable.

Indudablemente, los Estados Unidos han cometido errores; en algunos casos ha violado los derechos humanos, pero es muy fácil no cometer errores cuando no se hace nada por combatir el terrorismo. El terrorismo es un fenómeno nuevo, no contemplado en nuestras leyes, y al que ahora la legislación tendrá que adaptarse. Procuremos promulgar leyes sobre las conductas para prevenir cualquier nueva violación de los derechos humanos, para evitar repetir los errores del pasado y para adaptar nuestras normas y reglamentos a una nueva forma de amenaza global.

Es justo que la Comisión intente llevar a cabo una evaluación general de las medidas adoptadas por los Estados miembros, y el resto de iniciativas anunciadas y lanzadas por el señor Frattini son igualmente aceptables; no obstante, todavía queda mucho por hacer si el problema del terrorismo debe abordarse de manera global, vigorosa y coordinada. Estoy pensando en Internet y en las posibles medidas para prevenir y perseguir las infracciones penales, que puedan evitar la situación paradójica en la que, mientras que los Gobiernos operan independientemente a escala nacional, el terrorismo, por su parte, actúa a escala global valiéndose de Internet y de células terroristas diseminadas por todas partes.

Nuestro futuro depende de nuestra capacidad para derrotar al terrorismo. Unámonos para ganar esta batalla.

  Claudio Fava, en nombre del Grupo del PSE. – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, hace siete meses que se adoptó mi informe, y desde entonces las únicas señales de que haya tenido lugar algún cambio han sido las procedentes de los Estados Unidos. Una de ellas fue la que nos ha recordado el señor Gawronski: El Presidente Bush declaró el 20 de julio que su Administración continuaría recurriendo a la actividad ilícita de la CIA en forma de secuestros y detenciones extrajudiciales de supuestos terroristas en terceros países que estuvieran dispuestos a cooperar.

La otra señal importante es que el Congreso de los Estados Unidos ha abierto su propia investigación independiente sobre la entrega extraordinaria, lo que nos dice que no estamos abordando un capítulo de la historia, sino cuestiones de actualidad.

Están en curso investigaciones judiciales en cuatro países europeos: España, Portugal, Alemania e Italia. Hasta el momento, se han emitido treinta y nueve órdenes de detención provisional contra otros tantos funcionarios y agentes del servicio secreto de los Estados Unidos. La investigación llevada a cabo por esta Cámara documentó los hechos, no las opiniones. Por ejemplo, es un hecho que algunos de nuestros Gobiernos y servicios de seguridad cooperaron con la CIA para llevar a cabo la entrega extraordinaria. Recordaría al Comisario Frattini que nuestras fuentes, en este caso, no eran anónimas; nuestras fuentes, como indica el informe, fueron las manifestaciones realizadas por los Gobiernos del Reino Unido y de Alemania.

Hemos propuesto 48 recomendaciones, en su mayoría al Consejo, y nos gustaría saber, por su parte, si acaso se ha seguido alguna de ellas durante estos siete meses. Concretamente, hicimos dos solicitudes: invitamos a las instituciones europeas —incluyendo al Consejo— a asumir sus responsabilidades respectivas en virtud de los artículos 6 y 7 del Tratado, y esperábamos que el Consejo ejerciera presión sobre todos los Gobiernos en cuestión para que proporcionaran información completa y exhaustiva, con la posibilidad de concertar audiencias, en su caso, lo que no ha ocurrido. No es cierto que el Consejo no tenga facultades, señor Lobo Antunes; el Consejo tiene las facultades que le confieren los artículos 6 y 7 del Tratado.

Ciertamente, nuestra solicitud podría haberse atendido por la Presidencia alemana y ahora por la Presidencia portuguesa. Apreciamos las iniciativas del señor Frattini, pero no nos satisfacen estas dos presidencias semestrales que, de hecho, han delegado al olvido un año de trabajo de nuestra comisión de investigación. Dado que la opinión pública de nuestros países exige saber la verdad, el silencio del Consejo —y debo decir, de muchos de nuestros Gobiernos— constituye una oportunidad perdida para Europa.

No obstante, esta Cámara no tiene intención de rendirse. Lo siento por el señor Gawronski, pero volveremos sobre esta cuestión. Un informe de propia iniciativa de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior será nuestra contribución para combatir el terrorismo de modo siempre respetuoso con los derechos humanos, en cualquier lugar y para todos; la presunción de inocencia es el derecho humano número uno, como Cesare Beccaria nos enseñó hace siglos.

  Ignasi Guardans Cambó, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, el Parlamento Europeo votó una resolución sobre este tema, el Consejo de Europa votó otro texto sobre este tema, claro y explícito en todos sus detalles, pero, para todos los que tenemos algunos conocimientos jurídicos, sabemos, y no nos sorprende –lo digo con una cierta ironía– que hay una regla en Derecho, especialmente en Derecho penal que obliga a que nadie está obligado a declarar en causa propia. Y eso es lo que nos puede sorprender: que se la estén aplicando a sí mismos el Consejo y cada uno de los Gobiernos.

Ante esta causa, en lugar de actuar, lo que han decidido es mantener silencio, como el procesado que no se defiende pero se niega a aceptar las acusaciones sencillamente manteniéndose pasivo y silencioso.

Es vergonzoso ver al Consejo como institución, y a todos sus miembros actuando de forma colectiva, asumir colectivamente como propia la regla que utilizan en los tribunales de defensa los procesados. El silencio institucional en las responsabilidades por activa o por pasiva, por acción o por negligencia, por convicción o por temor a crearse problemas ante las presiones de un país aliado, ese silencio es una de las vergüenzas de nuestro actual entorno democrático e implica a todos aquellos que lo protagonizan.

También en la Unión Europea es evidente que es difícil aplicar mecanismos de responsabilidad, porque los mecanismos de responsabilidad no están previstos para ser puestos en funcionamiento frente al conjunto de los Estados actuando para protegerse recíprocamente.

Ciertamente nadie pensó cuando se elaboró el Tratado, cuando se elaboraron el artículo 6 y el artículo 7, que nos encontraríamos en un día donde no estaríamos hablando de la violación de los derechos fundamentales o de la pasividad ante la defensa de los derechos fundamentales por parte de un gobierno sino por parte de una institución europea: el Consejo como tal manteniéndose cómplice y pasivo, y la complicidad del conjunto de los Estados. Esa situación no estaba prevista y, es verdad, es su protección.

Frente a eso no tenemos mecanismos jurídicos que nos permitan actuar. Pero la Historia pondrá las cosas en su sitio, señor representante del Consejo, porque la Historia siempre sacará a la luz la vergüenza de este período donde, con el pretexto de proteger nuestra libertad, se ha puesto en peligro todo aquello en lo que esta Unión Europea estaba fundada.

  Konrad Szymański, en nombre del Grupo UEN. – (PL) El informe Fava se ha basado en la prueba circunstancial y, en lugar de conclusiones firmes, ha creado simplemente un clima de sospecha hacia los Estados miembros.

El informe Marty fue elaborado de manera todavía menos responsable; todas sus conclusiones se basan en fuentes anónimas y son, por consiguiente, imposibles de verificar. Tal enfoque no puede proporcionar garantía alguna de que el trabajo del señor Marty no haya sido objeto de manipulación por parte de las organizaciones y los servicios reacios a entablar una cooperación transatlántica para vencer al terrorismo. Me siento muy agradecido al señor Antunes por señalar que el Derecho internacional no previene en suficiente medida los problemas relacionados con el terrorismo, y ninguno de los informes objeto de debate ha realizado contribución alguna al respecto. Las investigaciones y las explicaciones oficiales proporcionadas por Polonia respetan los principios del país de control democrático de los servicios secretos que, además, cumplen las normas europeas correspondientes al respecto; por lo tanto, no veo necesidad de repetir este debate.

  Cem Özdemir, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, señoras y señores, esta Cámara adoptó el informe Fava en febrero de 2007, que incluye una larga lista de recomendaciones en relación con aspectos jurídicos y políticos. Me hubiera gustado ver al Consejo hacer referencia a estas recomendaciones y proporcionar detalles sobre lo ocurrido desde entonces. Si el Consejo no dispone del informe del señor Fava, con mucho gusto le suministraremos otro ejemplar; sin embargo, en ese caso nos encantaría escuchar lo que se haya hecho en relación con tales recomendaciones, principalmente en lo que respecta a la cooperación con los Estados miembros, pero también a la del propio papel del Consejo, sobre el que se centra la atención en este informe.

El señor Dick Marty, ponente del Consejo de Europa, presentó también un segundo informe en julio de este año. Me gustaría limitarme a dos puntos. En este informe, dice que algunos Gobiernos europeos no solamente han obstruido la búsqueda de la verdad, sino que además continúan haciéndolo apelando al concepto de «secretos de Estado»; no se trata más que del abuso del secretismo para proteger a quienes han infringido la ley. Me entristece decir que dirige esta crítica a mi propio país, la República Federal de Alemania, así como a Italia, en concreto. Por otra parte, cita los ejemplos positivos de Bosnia y Herzegovina y de Canadá, que mantiene la condición de observador en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sin embargo, en un segundo punto, menciona expresamente a Polonia y a Rumanía, y hace referencia a estos países en relación con los centros secretos de detención, punto sobre el que también desearía que el Consejo nos proporcionara una explicación de lo ocurrido.

En este caso, no basta con apelar a la subsidiariedad de los Estados miembros, puesto que aquí estamos abordando valores europeos comunes. Llamo su atención sobre los artículos 6 y 7 de los Tratados, que tienen aplicación en todos los Estados miembros, con independencia de la subsidiariedad.

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, yo describiría lo que hemos experimentado durante la denominada «guerra contra el terrorismo» como un método de «externalizar» las violaciones de los derechos humanos.

Se detiene a la gente en Guantánamo, donde se les priva de sus derechos más fundamentales. Se ha entregado a estas personas a regímenes de tortura porque otros, obviamente, no quieren ensuciarse las manos. Las prisiones secretas han estado funcionando, como el mismo Presidente Bush ha admitido, y los Gobiernos europeos se han limitado a apartar la vista mientras la CIA ha cometido violaciones sistemáticas de los derechos humanos en su territorio soberano.

El Consejo de Europa y esta Cámara no han permanecido en silencio frente a estos hechos monstruosos; en su lugar, han recopilado los hechos e investigado las violaciones cometidas, y los han condenado clara e inequívocamente. Dick Marty ha trabajado con gran compromiso en esta cuestión, y quisiera expresarle mi agradecimiento. El informe de nuestro colega, el señor Fava, que ha obtenido el apoyo de mi Grupo, exige con carácter urgente el abandono de las prácticas que han salido ahora a la luz pero, en lugar de ello, ¿qué está ocurriendo?

Por ejemplo, en el caso de Khaled el-Masri, mi propio Gobierno se doblegó ante el Gobierno de los Estados Unidos hace tan sólo unos días y se niega a presentar ante la Administración estadounidense la solicitud de la fiscalía de Múnich para la extradición de los trece agentes de la CIA acusados del secuestro del señor El-Masri. ¿Por qué? Simplemente, porque la mera presentación de esta solicitud incomodaría a Washington.

No me opongo a que mi propio país y las fuerzas conjuntas de la UE y los Estados Unidos combatan la amenaza del terrorismo, pero ¿acaso esto significa que el secuestro y la tortura ya no son delito? Seguramente, los agentes de la CIA no pueden recibir carta blanca para hacer lo que les plazca. ¿Es éste realmente el tipo de espacio de seguridad transatlántica del que el Ministro alemán del Interior acaba de hablar?

Nuestros valores fundamentales —y, sobre todo, la protección exhaustiva de los derechos humanos— no pueden ser puestos a disposición del primero que llegue en esta denominada «guerra contra el terrorismo». El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa han subrayado correctamente este hecho, y espero que el Consejo y la Comisión mantengan también este principio sin restricciones y, sobre todo, que sea el que guíe sus acciones. Permítanme decir que lo que he escuchado del Consejo hoy está lejos de ser lo correcto, por lo que espero realmente que actúe en consecuencia con los principios que él mismo ha formulado y que siga las recomendaciones del Parlamento Europeo.

  Johannes Blokland, en nombre del Grupo IND/DEM. – (NL) Señor Presidente, han pasado casi dos años desde que el Parlamento decidió establecer una comisión temporal de investigación, decisión que pudo hacerse progresar a pesar de la sólida oposición y de las objeciones confirmadas, que vuelven a plantearse ahora, dos años después. Hoy debatimos dos informes: el informe del señor Marty y el informe del señor Fava; este último no añade nada nuevo al informe del señor Marty, con el que ya estábamos familiarizados en su momento.

El informe del Consejo de Europa fue equilibrado y prudente al dirigir sus acusaciones a los Estados miembros; desafortunadamente, no puede decirse lo mismo del informe elaborado por esta Cámara. Puede decirse que constituye un avance que estemos debatiendo hoy ambos informes, y ese avance en el ámbito de la cooperación está tomando forma también, afortunadamente, en la Agencia de los Derechos Fundamentales.

La Conferencia de Presidentes de los grupos políticos ha exigido acertadamente la óptima cooperación entre el Parlamento y el Consejo de Europa. Cuando están en juego los derechos fundamentales, la cooperación resulta esencial, puesto que la protección de tales derechos es sumamente importante. Si tal es el propósito de las investigaciones sobre las acciones de los servicios de seguridad estadounidenses llevadas a cabo en territorio europeo, el Consejo debe dirigir también sus esfuerzos en esa dirección. ¿Pueden realizarse acuerdos en las relaciones transatlánticas para combatir el terrorismo, o es algo que va a permanecer en el ámbito de las medidas impuestas unilateralmente?

Con todas las medidas contra el terrorismo, a menudo la atención que reciben los derechos es insuficiente. Tras dos investigaciones, es el momento de mirar hacia delante y trabajar en restablecer las relaciones con los Estados Unidos en calidad de iguales, y me gustaría verdaderamente escuchar lo que el Consejo tiene previsto hacer en concreto para conseguirlo. ¿Vamos a continuar presionando a los Estados Unidos para que aclare la cuestión de si existieron campos de detención secretos en territorio de la UE, o vamos a tratar de que esto no vuelva a ocurrir?

Para concluir, tengo una pregunta que dirigir al Presidente. En el debate del día 14 de febrero, pregunté si se nos podría dar una indicación del coste de las investigaciones llevadas a cabo por la comisión temporal. Hasta la fecha, no se ha proporcionado ninguna información al respecto. Señor Presidente, ¿puede usted encargar la elaboración de un informe financiero, además del informe de investigación? Igualmente, ¿sería posible que el Consejo de Europa proporcionara también alguna información sobre los costes generados por la investigación del señor Marty? El señor Gawronski tiene razón: es una cuestión que afecta al gasto del dinero de los contribuyentes.

  Jan Marinus Wiersma (PSE). – (NL) Señor Presidente, deseo hacer algunos comentarios en nombre de mi Grupo. Es una verdadera lástima tener que llegar hoy a la conclusión de que el Consejo, en realidad, no ha respondido a las preguntas que el informe de Claudio Fava planteó en enero, parte de ellas en nombre del Parlamento. ¿Qué ha hecho en realidad el Consejo con las conclusiones, tanto a las que se ha llegado aquí como en el Consejo de Europa? ¿Es que no ha habido una verdadera consulta para impedir que las prácticas descritas en estos informes ocurran de nuevo?

Somos más positivos acerca de la respuesta de la Comisión, que se ha embarcado en una evaluación de las medidas contra el terrorismo y de cómo se llevan a la práctica. Me complace sumamente el anuncio que acaba de hacer el Comisario sobre lo que puede hacerse en el futuro para prevenir el aterrizaje en los aeropuertos europeos de aeronaves que transporten a seres humanos para llevarlos a cualquier otro lugar de manera ilícita; debemos tener un sistema de control para las también denominadas «aeronaves estatales».

El siguiente punto es que nos complace, ciertamente, que se haya nombrado a un nuevo coordinador para la lucha contra el terrorismo, a quien deseamos el mayor de los éxitos. En cierta manera, nos sorprendió la súbita marcha del señor Gijs de Vries, quien nunca dio la impresión de que estuviera realmente entusiasmado con su trabajo, y esperamos que el nuevo coordinador lo esté; la posición de su cargo se verá fortalecida y, en el futuro, podrá contestar a las preguntas formuladas por el Parlamento, llegado el caso.

Paso ahora a comentar el informe del señor Marty sobre la posible existencia de prisiones secretas en Polonia y en Rumanía. Coincido con los comentarios que se han hecho ya sobre el hecho de que el último informe se haya basado en declaraciones de testigos anónimos. El señor Marty debe explicar todavía cuáles son los criterios del Consejo de Europa, cuándo pueden citarse fuentes anónimas y, por ello, no estamos realmente satisfechos con el enfoque que ha adoptado. Se sentó a una serie de personas en el banquillo de los acusados, sin que afloraran a la luz nuevos datos. Creo que es el momento de que el señor Marty diga si puede suprimirse esa lista de nombres, especialmente porque incluye a dos de nuestros colegas; es algo que ya he manifestado anteriormente, hace un tiempo, cuando hablamos con el señor Marty en la comisión.

Tengo un último punto que señalar. Ciertamente, es importante dejar claro a los ciudadanos que las prácticas que han tenido lugar en ciertos países de la UE, como el secuestro de personas por parte de los servicios secretos de otros países no pertenecientes a la Unión Europea, no pueden volver a ocurrir; que no puede permitirse a la CIA operar en Europa sin la supervisión de las autoridades nacionales. Los estadounidenses parecen aplicar normas diferentes a las nuestras; una vez más, los recientes ejemplos de su negativa a extraditar o a conceder las deportaciones solicitadas por Italia y Alemania son un signo de que aplicamos, obviamente, normas muy distintas, ejemplos ambos que nos dan que pensar sobre la forma que adopta la cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos cuando se trata de luchar contra el terrorismo. ¿Desean los estadounidenses guardar el mismo equilibrio cuando se trata de velar por la seguridad y los derechos humanos?

  Sarah Ludford (ALDE). – Señor Presidente, el Presidente del Consejo levantó las manos y dijo que la UE no tiene competencias para actuar, que los vuelos de tortura y las cárceles secretas no tienen «¡nada que ver con nosotros, jefe!». Dijo después que el Consejo se había involucrado en la promoción activa de los derechos humanos fuera de la UE. La verdad es que estoy empezando a hartarme de escuchar a las Presidencias cuando pregonan como cotorras los valores europeos, pero añaden que no se les puede pedir responsabilidades por los abusos de los derechos humanos cometidos dentro de la UE.

Hay dos cosas que sí pueden hacer. ¿Por qué solamente 12 Estados miembros han suscrito la Convención de la ONU sobre desapariciones forzadas, con las notables ausencias del Reino Unido, Alemania, España, Polonia y Rumanía – una curiosa lista – y, naturalmente, de los Estados Unidos? En segundo lugar, pueden hacer que los Estados miembros de la UE se ofrezcan a acoger a los prisioneros de Guantánamo que han sido puestos en libertad. El Reino Unido tuvo que ser llevado ante los tribunales para que permitiese regresar a cinco residentes en el país. Si la UE ha pedido el cierre de Guantánamo, que más o menos es lo que hizo, que los Estados miembros cumplan la palaba dada.

Estoy de acuerdo con el Comisario Frattini en que una investigación parlamentaria no es suficiente. No disponíamos de la capacidad y de las técnicas de investigación que tienen la policía y los jueces, pero yo diría en primer lugar que el peso de los testimonios de las víctimas y de otros, tal como se han recibido y publicado, es grande, consistente y persuasivo. En segundo lugar, tiene una cierta gracia que se censure el informe parlamentario cuando los Estados miembros se han negado a poner en marcha indagaciones policiales o judiciales.

El Comité de Inteligencia y Seguridad del Reino Unido, designado por el Primer Ministro y que informa a éste – no al Parlamento – criticó a los servicios de seguridad británicos por no percatarse de que la información transmitida a la CIA sería mal utilizada para la realización de secuestros, desapariciones y torturas. La verdad es que con unos servicios de inteligencia británicos tan ingenuos no me siento nada segura.

Produce alivio escuchar que el Comisario Frattini ha cerrado la puerta del establo después de que el caballo se ha escapado, en lo referente a impedir que se abuse del espacio aéreo europeo con aviones privados que evaden los controles sobre aeronaves de Estado o no registran sus planes de vuelo, pero eso no elimina la responsabilidad por la anterior permisividad o tolerancia con los vuelos de tortura o cárceles secretas en el territorio europeo.

  Mirosław Mariusz Piotrowski (UEN). – (PL) El informe Fava y el informe del señor Marty para el Consejo de Europa comparten una característica común: carecen de toda prueba; vienen a ser una serie de vagas reflexiones irrelevantes que realizan los ponentes acerca de la entrega extraordinaria de sospechosos de terrorismo y de los supuestos centros secretos de la CIA en Europa.

El informe Fava ha sido debatido en numerosas ocasiones, y sería una lástima perder el tiempo en un nuevo debate. Sin embargo, quisiera expresar mis sinceras felicitaciones al señor Marty, quien desde el mismo inicio se propuso que su nombre fuera conocido y, desde luego, lo ha conseguido. Sus dos informes son de un nivel lamentable, y le dejan en ridículo como abogado; obviamente, el señor Marty llegó a la conclusión de que valía la pena pagar ese precio con tal de que se conociera su nombre en los círculos políticos. Entre otras cosas, no permitió que se escuchara a quienes se presentaron voluntariamente, incluyendo a los diputados al Parlamento Europeo, a los que calumnió en el informe pero para quienes no disponía de tiempo.

El señor Marty no respondió a las reiteradas invitaciones de las autoridades polacas, ni fue capaz de ofrecer una explicación de tal comportamiento cuando compareció ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento. El señor Marty tiene serias dificultades para distinguir entre los hechos y la especulación. Puedo entender que hacerlo así pondría en peligro el enfoque táctico y el objetivo estratégico que él mismo ha establecido desde el principio; esto es, el autoensalzamiento político. Resulta desafortunado que haya explotado el buen nombre del Consejo de Europa para alcanzar su ambición.

  Hélène Flautre (Verts/ALE). – (FR) Señor Presidente, Amnistía Internacional ha marcado el tono de nuestro debate en una declaración emitida hoy; efectivamente, afirma que Alemania rechaza solicitar la extradición de ciertos ciudadanos estadounidenses, miembros de la CIA, sospechosos de haber organizado el secuestro y la detención del señor Khaled-el-Masri, así como su tortura posterior.

Por lo tanto, dominado por una decisión política, el sistema jurídico carece de los medios para dispensar justicia en casos en los que se incurre en supuestas violaciones de los derechos humanos cometidas en nombre de la lucha contra el terrorismo, precisamente la situación que constituye el fondo del presente debate.

Señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted nos dice cosas y hace declaraciones hipotéticas tales como: «la lucha contra el terrorismo debe llevarse a cabo desde el respeto por los derechos humanos básicos». Estamos de acuerdo con usted; sin embargo, el debate que mantenemos hoy muestra que ahora se han confirmado los verdaderos hechos: los Estados miembros de la Unión Europea han sido cómplices en el programa de detenciones secretas y de retorno establecido en el interior del territorio de la Unión Europea por la CIA y, al hacerlo así, han transgredido la ley. Ahora ha sido probado.

La cuestión que planteamos a continuación es la siguiente: ¿qué iniciativas van a emprender ustedes? ¿qué lecciones van a aprender de esta situación? ¿Cuándo van a condenar estas actividades ilícitas en términos tajantes y en nombre del Consejo? ¿Cuándo van a empezar a presionar a los Estados miembros para que proporcionen detalles completos y precisos de lo que ha estado ocurriendo ante los parlamentos nacionales y los diputados a esta Cámara? ¿Cuándo van a hacer que los Estados miembros rechacen por completo la concesión de garantías diplomáticas?

Recibo con satisfacción el anuncio del Comisario Frattini de que va a emitirse un informe sobre la eficacia de las medidas contra el terrorismo y del respeto por los derechos humanos. Creo que el Parlamento estará muy interesado en recibir dicho informe, y espero verdaderamente poder debatirlo con usted, a lo que quisiera invitarle aquí y ahora.

  Giusto Catania (GUE/NGL). – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, creo que esta Cámara realizó una excelente labor al aprobar el informe del señor Fava. De manera similar, creo que la Asamblea General del Consejo de Europa realizó una importante contribución para establecer una verdad que ahora ha sido probada: ha habido miles de vuelos, ha habido docenas de secuestros, y ha habido una implicación directa de los Gobiernos europeos y de los servicios de inteligencia de la UE.

Tenemos declaraciones de testigos, y tenemos también las actas de la comisión temporal del Parlamento Europeo, que testifican el hecho de que los Gobiernos europeos se sentaron a dialogar con la Administración estadounidense sobre la entrega extraordinaria; es un hecho probado y de conocimiento público, que creo que merece el respeto incluso de aquellos colegas que votaron en contra de este informe.

Queda un único «agujero negro» en esta cuestión: el silencio del Consejo, que es bastante embarazoso dado que todos los demás nos han hablado claro. Sin embargo, se produce una anomalía: mientras que el Consejo permanece en silencio, los Gobiernos están actuando. No es cierto que los Gobiernos estén haciendo la vista gorda; están haciendo todo lo que pueden para impedir el esclarecimiento de la verdad; por ejemplo, actualmente el Gobierno italiano está evitando solicitar la extradición de los agentes de la CIA implicados en las medidas judiciales, e incluso ha apelado al secreto oficial para ralentizar la actividad judicial sobre el caso de Abu Omar. De esa forma, los Gobiernos están, de hecho, actuando, mientras que el Consejo mantiene su silencio. ¡En mi opinión es un error! El excelente trabajo realizado por esta Cámara merece respeto y, seguramente, la primera muestra de respeto que debiera recibir es la del Consejo.

  Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE). – (DE) Señor Presidente, señoras y señores, en la comisión hemos hecho nuestro trabajo. Es un hecho probado que la CIA ha llevado a cabo raptos y secuestros en Europa; las fiscalías de Milán y de Múnich lo han establecido y demostrado sin que quepa duda.

Sin embargo, ¿qué clase de política tenemos, cuando los responsables de Berlín y de Roma se niegan a aprobar una orden de detención —el término correcto— al Gobierno de los Estados Unidos? Los secuestradores —y eso es exactamente lo que los agentes de la CIA que secuestraron a Khaled al-Masri en Skopie son— deben ser entregados a la justicia. En un Estado que se rige por el Estado de Derecho —que es precisamente lo que tenemos— nadie puede estar exento de cumplir la ley, lo cual es cierto aun cuando, como afirman ciertos funcionarios de alto rango de los servicios de seguridad berlineses, las relaciones con el Gobierno de los Estados Unidos se están viendo deterioradas por el trabajo de los fiscales de Múnich, que se limitan a desempeñar su trabajo como está estipulado: esto dice mucho sobre la mentalidad de estas personas y de su actitud hacia el Estado de Derecho.

Sí, debe combatirse el terrorismo internacional por cualquier medio pero, por favor, con los medios disponibles en virtud del Estado de Derecho, y no con los métodos del Salvaje Oeste, con arreglo al principio del país de origen, que es lo que la CIA ha hecho en este caso. Está muy bien que la Canciller Federal, Angela Merkel, inste a los chinos a respetar los derechos humanos y que reciba al Dalai Lama, pero no es suficiente. Tenemos que hacer los deberes también aquí, en Europa. No podemos tener un Estado de Derecho a la carta que sea a la vez sólido, un Estado de Derecho que sólo se permita ser fuerte cuando se acople al sistema.

Cuando escucho las preguntas sobre lo que cuesta la comisión, lo que cuesta realmente la democracia, permítanme que conteste a quienes preguntan: estimados colegas, una dictadura es mucho más barata, ¡pero díganme a qué precio! ¡Un precio que no estamos dispuestos a pagar!

  Sophia in 't Veld (ALDE). – (NL) Señor Presidente, estoy de acuerdo con los oradores anteriores. Los Estados miembros han actuado colectivamente, tanto en el Consejo como en la OTAN y, así, debemos rendir cuentas de nuestras acciones también colectivamente como Consejo; no se puede ocultar tras el argumento de las facultades y la subsidiariedad; no es una cuestión de convertir a dos Estados miembros concretos en chivos expiatorios. Continúa diciéndose que no existe una prueba jurídica concluyente, lo que no es necesario, en primer lugar porque tenemos un testigo, el mismo señor Bush, que ha dicho: sí, hay entregas extraordinarias; sí, existen lugares negros. Y yo voy a llegar aún más lejos: pensamos que es una idea excelente. Además, los hechos han sido probados en las causas juzgadas en Alemania e Italia, así como el resto de hechos que tenemos sobre la mesa.

Asimismo, el Parlamento no es un tribunal —el señor Frattini tiene razón— pero los Estados miembros no tienen únicamente un deber jurídico, sino también político y moral de dar cuenta de sus acciones, no sólo ante el tribunal, sino también ante sus propios ciudadanos. ¿Puede el Consejo, pueden los ministros mirar a sus ciudadanos directamente a los ojos y decir que las violaciones de los derechos humanos continuarán quedando impunes en Europa? Porque a eso equivale. Las acusaciones son extremadamente graves y si, según el Consejo, no hay ninguna realidad en ellas, entonces el Consejo debe rebatirlas; si, por el contrario, existe un vislumbre de verdad en las acusaciones, entonces los hechos son lo bastante graves como para justificar una investigación.

Finalmente, también estoy de acuerdo con quienes dicen «sí» a la extradición entre los Estados Unidos y la Unión Europea; sin embargo, no sólo para aquellos a quienes los Estados Unidos considera sospechosos, sino también en el caso en que la Unión Europea solicite la extradición de agentes de la CIA.

  Ryszard Czarnecki (UEN). – (PL) Señor Presidente, la anterior oradora ha hecho referencia al Presidente Bush. Quisiera señalar que este último no mencionó a Europa, y, por lo tanto, tampoco deberíamos hacer alusión a él. No voy a hacer referencia al informe Fava, pues del mismo ya se ha dicho suficiente; en su lugar, centrémonos en el informe Marty.

También podríamos estar debatiendo hoy la pintura abstracta, y digo esto porque la pintura abstracta existe, aun cuando en ocasiones resulte incomprensible. No hay modo de verificar si las acusaciones relativas a las operaciones de la CIA y a la presencia de presos en Polonia tienen algún fundamento, al igual que la prueba circunstancial relativa a la existencia del yeti en el Himalaya o del monstruo del Lago Ness en Escocia no proporciona motivos para creer en la existencia de dichas criaturas.

El informe del Parlamento hace referencia a prisiones de la CIA que podrían estar situadas en las bases militares estadounidenses de Europa. Escuadrones enteros de ovnis podrían haber aterrizado en el patio del Parlamento esta tarde; podrían y pueden haber aterrizado, pero no lo han hecho. Aun así, si fuéramos a establecer un comité de investigación, éste podría perfectamente hallar prueba de lo contrario.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). – Señor Presidente, tengo la impresión, escuchando al Consejo y a algunos de nuestros colegas, de que todavía estamos en enero de 2006, como si no hubiera pasado nada desde entonces. Y, sin embargo, hemos tenido una comisión de investigación, hemos tenido varios informes y hemos tenido lo más importante, el reconocimiento por parte del Presidente norteamericano de que estas prácticas han tenido lugar.

¿Qué más necesitan los Gobiernos y el Consejo para dar una respuesta creíble a la ciudadanía y para ganar un poco de prestigio y de credibilidad ante este tema? Es evidente que hay un absoluto desfase entre la práctica y la prédica en cuanto a este tema.

Se pide rigor y yo estoy de acuerdo , pero precisamente el rigor parte de los hechos y de las evidencias, hechos que han sido demostrados una y otra vez y sobre los cuales, precisamente, queremos saber no solamente quién es el responsable sino hasta dónde llega esa responsabilidad.

Por lo tanto, al señor Lobo Antunes yo le pregunto muy directamente: ¿A qué espera para exigir a los Gobiernos europeos y al propio Gobierno norteamericano que deje de practicar esto que tantas veces hemos denunciado? ¿A qué espera para recuperar ese prestigio y esa credibilidad que el Consejo y la Unión Europea en su conjunto están perdiendo día a día?

  Jens Holm (GUE/NGL). – (SV) Señor Presidente, como todos sabemos, nuestro informe documenta 1 245 casos de vuelos ilegales de la CIA, 21 secuestros ilegales y numerosos casos de tortura y abusos. Hemos solicitado el cierre de campos de prisioneros como el de Guantánamo y que la UE garantizara que no volvieran a repetirse tales abusos. ¿Y qué hemos conseguido? Muy poco, lamentablemente. Los Estados Unidos continúan llevando a cabo sus abusos en la denominada guerra contra el terrorismo. Me desalentó escuchar la respuesta del Consejo a nuestras importantes demandas.

Deseo escuchar al Consejo Europeo decir que debemos presionar a los Estados Unidos, que debe poner fin a sus secuestros y que deben cerrarse todos los campos de prisioneros; deseo que la UE —no sólo el Parlamento Europeo— exprese que nos alzamos a favor de los derechos humanos; deseo a la UE decir que la lucha contra el terrorismo nunca puede librarse por medios ilegítimos. Es obvio que debe lucharse por los derechos humanos una y otra vez, cada día. Continuemos actuando como organismo de control y aseguremos que ni un solo inocente se convierta en víctima de la denominada guerra contra el terrorismo.

  Ana Maria Gomes (PSE). – (PT) Hasta aquel día de septiembre de 2006 en que el Presidente Bush confirmó la existencia de prisiones secretas en terceros países, el Gobierno portugués había considerado fiables las garantías dadas por Washington de que no se había violado la soberanía o la legalidad de sus aliados europeos.

Sin embargo, a partir de esa fecha, y una vez probado que habían tenido lugar diversas entregas extraordinarias en toda Europa, se hizo esencial investigar si Portugal, o agentes portugueses, habían participado y, concretamente, impedir que continuara su participación; no obstante, para mi tristeza y vergüenza, el Partido Socialista, mi partido, el partido en el Gobierno, votó contra la formación de una comisión parlamentaria de investigación el 10 de enero de 2007. Pese a ello, ahora se ha demostrado que se realizaron más de 100 escalas en los aeropuertos portugueses por los aviones que participaron en el programa de entregas extraordinarias. A pesar de las reiteradas solicitudes, el Gobierno portugués nunca ha proporcionado al Parlamento nacional, o a este Parlamento, las listas de los pasajeros y de la tripulación de los vuelos más sospechosos que el SEF (Servicio de Extranjeros y Fronteras portugués) consiguió identificar.

Igualmente, el Gobierno portugués tampoco permitió que la misión del Parlamento Europeo que viajó a Lisboa en diciembre de 2006 escuchara al director del servicio secreto o sus antecesores desde 2002. El Gobierno portugués no proporcionó al Parlamento nacional o al Parlamento Europeo la lista repetidamente solicitada de vuelos civiles o militares, a y desde Guantánamo, que sobrevolaron el territorio portugués. Hasta diciembre de 2006, el Gobierno negó la existencia de tales vuelos; sin embargo, estaban registrados, y la lista confeccionada incluía 94 sobrevuelos y 17 escalas llevadas a cabo específicamente por aviones estadounidenses civiles y militares entre enero de 2002 y finales de junio de 2006.

Existen pruebas de que algunos de estos vuelos transportaban a prisioneros desde la base de Incirlik, en Turquía, a Guantánamo, incluyendo a «los seis bosnios». Cuando la lista llegó al Parlamento Europeo, el Gobierno portugués no negó su autenticidad, sino que alegó que el centro de detención de Guantánamo no era lo mismo que la base militar de Guantánamo, que los vuelos a esta base militar eran teóricamente «normales» y que se realizaban bajo los auspicios de las Naciones Unidas o de la OTAN, cosa que el Secretario General de la OTAN negó posteriormente por escrito.

En enero de 2006 obtuve prueba de que se había visto a prisioneros encadenados en la base de Lajes, en las islas Azores, durante su traslado a un avión estadounidense, prueba que fue confirmada por periodistas; también se publicaron los informes, que incluían fotografías de los edificios.

Señor Presidente, actualmente se está llevando a cabo una investigación judicial en Portugal que, desafortunadamente, no ha sido promovida por el Gobierno portugués, sino a iniciativa mía; sin embargo, la verdad debe salir a relucir dados los preocupantes hechos descubiertos por este Parlamento, que se remontan al Gobierno del señor Durão Barroso, hasta el actual.

  Janusz Onyszkiewicz (ALDE). – (PL) Señor Presidente, en mi intervención, también quisiera centrarme en el informe Marty, al que ya se ha hecho referencia con frecuencia en esta Cámara. La razón es que dicho informe se caracteriza por un elevado grado de confusión entre la verdad objetiva y las valoraciones subjetivas.

Represento a un partido que se opone al Gobierno actual de mi país, y que también se opuso al anterior. Los seguidores de mi partido no votaron ni por el Presidente actual, ni por su antecesor. Nuestro partido es un firme defensor de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y nos sería extraordinariamente útil disponer de una munición de este calibre en nuestra lucha por aventajar a nuestros opositores políticos en Polonia; sin embargo, y desafortunadamente, no disponemos de tal munición, porque, sencillamente, no existe. Bajo los auspicios del Parlamento polaco, se llevó a cabo también una investigación por un comité permanente en el que está representada la oposición. No descubrió nada; ni tampoco la investigación realizada por el Defensor del Pueblo. Por consiguiente, no debemos confundir las evaluaciones subjetivas con los hechos, pues tales hechos no existen.

  Giulietto Chiesa (PSE). – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, han transcurrido muchos meses desde la documentada denuncia del Parlamento de los graves actos ilícitos cometidos o consentidos por diversos Gobiernos europeos actuando en complicidad con los servicios secretos estadounidenses. En aquel momento, reparamos en que esos mismos Gobiernos hicieron poco o nada para cooperar con la comisión parlamentaria en la búsqueda de la verdad y de los responsables.

A la luz de las declaraciones realizadas por la Comisión y el Consejo, podemos decir que la situación apenas ha avanzado desde entonces. Se ha hecho poco o nada para que los Estados miembros proporcionen suficiente información sobre las actividades de sus servicios secretos, aparte de las encomiables cartas a las que ha hecho referencia el Comisario Frattini. No se ha hecho absolutamente nada para redefinir el papel y la independencia de los servicios secretos de algunos países, habida cuenta de la evidente supremacía y del dominio ejercido por los Estados Unidos.

Dado lo que sabemos de Italia, Polonia, el Reino Unido y Alemania, por ejemplo, debe decirse que algunos de los puntos neurálgicos de la seguridad europea se encuentran subordinados a los Estados Unidos. Seguramente, ¡ni siquiera si nuestro principal aliado respetara las leyes y los principios europeos podríamos convenir en la pérdida de la soberanía europea!

Sin embargo, tal hecho se convierte en algo totalmente intolerable cuando descubrimos que nuestro principal aliado se comporta con nosotros de una manera imperialista, haciendo caso omiso o infringiendo nuestras leyes en nuestro propio territorio. Por consiguiente, deseo expresar mi descontento con las declaraciones emitidas por el Consejo y la Comisión, y creo que el Parlamento debe proseguir con su buen trabajo.

  Proinsias De Rossa (PSE). – Señor Presidente, hacer la vista gorda a la tortura y a las violaciones de los derechos humanos por parte de un Estado no servirá para derrotar el terrorismo. Aumentará el sentimiento de agravio y proporcionará nuevos reclutas para las actividades terroristas. Ésta es la amarga lección de los 30 años de conflicto en Irlanda del Norte. Pasar por alto las violaciones de los derechos humanos y la tortura no es una opción para un país democrático. Por el contrario, en la lucha para combatir el terrorismo, es de la mayor importancia que demostremos la fortaleza de nuestro compromiso con la justicia.

La falta de respuesta de los Estados miembros a las recomendaciones del Parlamento es algo espantoso. Y tengo que decir que también es triste ver cómo algunos miembros de la derecha en esta Cámara siguen negando la evidencia como avestruces. Los Estados Unidos han admitido haber realizado las detenciones ilegales, el traslado y la tortura de los sospechosos, y de hecho puede que sigan haciéndolo. No lo sabemos.

Algunos Estados miembros han sido cómplices de estas violaciones de los derechos humanos. Lamento tener que decir que Irlanda facilitó el aterrizaje de 147 aviones operados por la CIA en su territorio, de los que sabemos que algunos estuvieron involucrados en la entrega de presos. En Irlanda no se ha producido ninguna investigación parlamentaria; el Parlamento no ha examinado las actividades de los servicios de seguridad irlandeses y no se ha realizado inspección alguna de los aviones de la CIA. La Comisión de Derechos Humanos de Irlanda ha anunciado que está revisando sus contactos con el Gobierno irlandés en este asunto y que a finales de año presentará propuestas para solucionar el problema.

Por último, permítanme responder al señor Blokland, que deseaba conocer el coste de la investigación realizada por este Parlamento. Es una petición legítima, pero ¿puedo preguntarle cuál es, según él, el precio de los derechos humanos? ¿Qué precio pone a la prevención de la tortura? Creo que no podemos poner precio a estas cosas. Hemos gastado lo necesario para poner al descubierto lo que está sucediendo y para tomar medidas destinadas a acabar con ello.

  Manuel Lobo Antunes , Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) Seré lo más breve posible, pero en este debate se han realizado muchas aportaciones y se han planteado diversas cuestiones, algunas de las cuales, como usted entenderá, señor Presidente, deben recibir toda mi atención y una respuesta. Ciertamente, durante este debate sus Señorías han expresado numerosos puntos de vista, no todos ellos uniformes, y no cabe duda de que merecen todo mi respeto, aun cuando no pueda estar de acuerdo con la totalidad. Concretamente, no puedo estar de acuerdo con la intervención de una de sus Señorías de mi país quien, en su intervención, hizo referencia exclusivamente a la situación en Portugal. Ciertamente, no puedo adherirme a esta intervención en ningún sentido. Sin embargo, a pesar de las diferencias de opinión, estoy seguro de que todos hemos coincidido en un punto esencial, cual es que nos hemos embarcado en una guerra contra el terrorismo en nombre de la libertad, y que únicamente en libertad podemos ganarla.

Como he dicho al comenzar mi intervención, la lucha contra el terrorismo internacional sólo puede vencerse mediante un esfuerzo conjunto y con el respeto a los valores y principios fundamentales compartidos por la Unión Europea y los Estados Unidos de América.

Es cierto que se instó al Consejo a que actuara pero, como he dicho y como han dicho ya también anteriores Presidencias, el Consejo como tal no tiene competencia en este ámbito; podrán lamentarlo, pero es la verdad de la cuestión. Hoy aquí se ha apelado a los artículos 6 y 7 de los Tratados. Como ustedes saben, estos artículos establecen principios y valores, pero no asignan competencia. Las instituciones, de acuerdo con el también llamado «principio de atribución de competencias», pueden ejercitar únicamente las competencias que les han sido asignadas efectiva, clara y expresamente por los Tratados. Así es como funcionan las instituciones de la Unión. No obstante, la Comisión ha presentado hoy aquí una serie de propuestas e iniciativas, algunas de las cuales han sido ya puestas en práctica y otras lo van a ser y, naturalmente, merecerán toda la atención y el esfuerzo por parte del Consejo. No cabe duda de que el Consejo recibirá con agrado las propuestas de la Comisión.

Además, quisiera añadir que los Estados miembros han emprendido numerosas iniciativas, principalmente por medio de sus parlamentos, con investigaciones llevadas a cabo siguiendo las recomendaciones efectuadas en el informe del Parlamento Europeo. A este respecto, con referencia específica a lo que está ocurriendo en Portugal, estoy aquí hoy en representación del Gobierno portugués, un Gobierno creado por el Partido Socialista, un partido conocido por dar ejemplo de la lucha por la democracia y la libertad de nuestro país. Ciertamente, ni el Gobierno ni el Partido Socialista estuvieron de acuerdo, lo están o lo estarán respecto a las violaciones de los derechos humanos. Como les he dicho, son bienvenidos todos los esfuerzos y las iniciativas para descubrir la verdad de la cuestión; por lo tanto, es fundamental ser rigurosos, y la base de un análisis riguroso no es permitir la confusión o aceptar la mera suposición como hechos probados.

Por lo que respecta a las relaciones transatlánticas que se han mencionado, el Consejo reitera que, en general, en la lucha contra el terrorismo, las medidas de seguridad interna generalizadas, no limitadas a un Estado miembro de la Unión Europea pueden ser puestas en práctica únicamente en el marco de la cooperación sumamente estricta con los Estados Unidos. Ciertamente debe desarrollarse esta cooperación, como consta de la declaración realizada en la última cumbre transatlántica que tuvo lugar durante la Presidencia alemana.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. − (IT) Señor Presidente, señoras y señores, no creo que nadie en esta Cámara pueda tener alguna duda de que estas acciones son ilícitas. El valor añadido que veo en el informe del señor Fava es que compromete a todo el mundo, las tres instituciones, a asegurar que tales hechos no vuelvan a repetirse; tal es el ruego apremiante que me transmiten las conclusiones del informe Fava, y es la cuestión política sobre la que considero que debe hacerse hincapié.

Así pues, creo que tenemos aquí dos aspectos: uno es la estrategia; en otras palabras, mirar hacia el futuro y ver en él que tales hechos no vuelven a ocurrir jamás en territorio europeo, y además confiar a nuestros jueces la misión de investigar el pasado. Como otros han dicho, nadie cree que podamos reemplazar a nuestros jueces quienes, de acuerdo con el Estado de Derecho, deben investigar con todas las pruebas en mano y con el debido respeto por la presunción de inocencia, como nos ha recordado el informe del señor Fava. El pasado y el futuro: los dos aspectos que requieren atención.

Señoras y señores, Europa y los Estados Unidos, innegablemente, comparten una tradición y un origen constitucional de garantía de los derechos fundamentales; por lo tanto, considero que la tortura, la detención ilegal y el secuestro —aun cuando sea de sospechosos de terrorismo— contradicen nuestro origen transatlántico común de democracia y derechos, y por ello la conclusión política que extraigo es que necesitamos modos de reforzar nuestros vínculos euroatlánticos para proporcionar mayor seguridad y más derechos.

Sería un verdadero error señalar a los Estados Unidos cuando, por el contrario, deberíamos estar buscando una manera de librar una batalla conjunta contra el terror basada en el respeto por el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Tal es la lección que he aprendido, personalmente, de muchas de estas recomendaciones.

Queda la cuestión de cómo reafirmar nuestra soberanía, cuestión muy seria. ¿Cómo puede Europa reforzar su propio ámbito de soberanía para ser un aliado más fuerte y dejar de ser un aliado débil en la cooperación euroatlántica? Un ejemplo preliminar es la referencia que he hecho al espacio aéreo europeo único. A partir de enero de 2009, cuando tengamos una norma común válida para los veintisiete Estados miembros sobre los derechos de sobrevuelo, la definición de las aeronaves y de los poderes de control sobre este cielo europeo único, Europa habrá reafirmado su soberanía. Además, no cabe duda que, en ese momento, la Comisión tendrá facultades de coordinación y supervisión, porque las normas ya no serán nacionales, sino europeas.

Finalmente, señor Presidente, este debate nos proporciona una razón más para introducir la Carta de los Derechos Fundamentales en el futuro Tratado constitucional o Tratado institucional, como quiera que se denomine. Es una razón más porque esta inclusión, la referencia institucional a la Carta de derechos, dará a la UE facultades institucionales —incluyendo la supervisión e incoamiento de acciones ante el Tribunal— en ámbitos en los que es absolutamente crucial para todos en nuestras vidas cotidianas.

  Presidente. – El debate queda cerrado.

  Claudio Fava (PSE). – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, quisiera saber si es posible anexar los artículos 6 y 7 del Tratado a las actas de nuestro debate. Acabamos de escuchar por parte del Consejo que los artículos 6 y 7 se reducen a una mera declaración de principios. Como saben, el artículo 6 establece principios, mientras que el artículo 7 establece acciones para salvaguardar dichos principios. Creo que convendría recordar este hecho al Consejo, así como a mis colegas.

  Presidente. − Comprobaremos si ello es posible de acuerdo al procedimiento.

11. Operación PESD al Este del Chad y al Norte de la República centroafricana (debate)

  Presidente. − El siguiente punto es el de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la Operación PESD al Este del Chad y al Norte de la República Centroafricana.

  Manuel Lobo Antunes , Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) Gracias, señor Presidente. La Presidencia portuguesa aprecia esta oportunidad para intercambiar impresiones sobre la posibilidad de llevar a cabo una operación en el marco de la PESD (Política Europea de Seguridad y Defensa) al Este de Chad y al Nordeste de la República Centroafricana. El conflicto de Darfur continúa siendo una de las principales prioridades de la política exterior de la UE. Nos complacen los últimos avances conseguidos y, muy especialmente, el anuncio de que el 27 de octubre comenzarán las negociaciones, bajo los auspicios de las Naciones Unidas y del Enviado Especial de la Unión Africana, para hallar una solución pacífica al conflicto, lo que incrementará las perspectivas de paz en Darfur. En segundo lugar, también consideramos positivamente la adopción unánime de la Resolución 1769 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el que se crea la UNAMID (operación híbrida Unión Africana/Naciones Unidas en Darfur), que aportará una nueva dinámica a los esfuerzos llevados a cabo para resolver el conflicto de Darfur.

Sin embargo, para que dichos esfuerzos produzcan resultados, el conflicto de Darfur debe abordarse desde una perspectiva regional más amplia, pues el impacto negativo de dicho conflicto sobre la situación humanitaria y de seguridad en los países vecinos, en particular en Chad y en la República Centroafricana, es causa de especial inquietud. En nuestra opinión, no puede hallarse una solución duradera al conflicto de Darfur sin estabilizar la situación en dichos países vecinos.

Como ustedes saben, en sus conclusiones de 23 de julio, el Consejo hizo hincapié en la necesidad urgente de abordar el impacto desestabilizador de la crisis de Darfur sobre la situación humanitaria y de seguridad en los países vecinos, y reiteró su apoyo al despliegue de una presencia multidimensional de las Naciones Unidas al Este de Chad y al Nordeste de la República Centroafricana.

Asimismo, el Consejo decidió continuar trabajando en una posible decisión sobre una operación puente, en el marco de la política europea de seguridad y defensa, para apoyar esta presencia multidimensional de las Naciones Unidas con vistas a mejorar la seguridad en dichas zonas.

Los preparativos para tal operación han estado en curso durante todo el verano. El 12 de septiembre, el Consejo adoptó el concepto de «gestión de crisis», que define los principales parámetros de la planificación de esta operación puente. Se hace especial hincapié en el objetivo de proteger a los civiles en peligro, concretamente a los refugiados y desplazados, y de facilitar la provisión de ayuda humanitaria al incrementar la seguridad en la región.

Con respecto a la situación política interna en estos dos países, el Consejo considera que la misión debería mantener su independencia, imparcialidad y neutralidad. La planificación basada en este concepto está en marcha, de acuerdo con los procedimientos de gestión de crisis de la UE. Los pasos siguientes serán la aprobación de una acción común sobre el concepto y el plan de la operación, que incluye determinar la composición de fuerzas. La operación tendrá una duración de un año, y se espera que la reemplace una misión internacional de las Naciones Unidas. Cualquier operación PESD llevada a cabo en Chad y en la República Centroafricana debe basarse en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en la estrecha consulta con las Naciones Unidas y nuestros socios africanos.

En la UE recibimos con satisfacción la declaración emitida por el Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU el 27 de agosto, en la que indicaba la disposición del Consejo de Seguridad a autorizar el establecimiento de una presencia multidimensional en el Este de Chad y el Nordeste de la República Centroafricana. Toda operación de la UE llevada a cabo en Chad y en la República Centroafricana debe ser complementada con iniciativas políticas para abordar la dimensión regional del conflicto de Darfur; en particular, debería favorecerse cualquier esfuerzo destinado a normalizar las relaciones entre Chad y Sudán, de acuerdo con los Acuerdos de Trípoli y Riad. Igualmente, debería alentarse a Sudán, a Chad y a la República Centroafricana a respetar los compromisos que adquirieron de no apoyar los movimientos rebeldes que operan desde sus territorios contra cualquiera de los demás países.

PRESIDE: MARTINE ROURE
Vicepresidenta

  Louis Michel , Miembro de la Comisión. – (FR) Señora Presidenta, señoras y señores, con la adopción que realizó ayer el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la Resolución 1778/2007 sobre el despliegue de una fuerza internacional en el Este de Chad y en el Nordeste de la República Centroafricana ha quedado abierta la puerta para que el Consejo de la Unión Europea dé su aprobación, en los próximos días, a una operación PESD en estos países; obviamente, se trata de un avance considerable, y creo que debe ser bien recibido. Las regiones a las que va dirigida la operación se encuentran actualmente en un estado generalizado de inestabilidad e inseguridad que está afectando a cientos de miles de civiles, obligados a vivir en condiciones de vulnerabilidad extrema. Como ustedes saben, esta situación no puede explicarse únicamente por los efectos colaterales que la crisis de Darfur está teniendo en Chad y en la República Centroafricana; existen también razones endógenas, inherentes a estos dos países, especialmente en el caso de Chad.

La estabilidad en estas zonas de Chad y de la República Centroafricana puede garantizarse únicamente si la acción internacional, y especialmente la emprendida por la Unión Europea, incorpora ciertos factores, que incluyen, en primer lugar, la calidad de la presencia militar y policial en Chad y en la República Centroafricana; en segundo lugar, la adopción de un enfoque que no esté basado exclusivamente en la seguridad, sino que incluya también la provisión de ayuda y el establecimiento de estructuras políticas; y, finalmente, la capacidad para limitar y contener cualquier interferencia por parte de Sudán y la región de Darfur en Chad y en la República Centroafricana.

Permítanme abordar el primer punto: se trata de un ámbito que pertenece al segundo pilar. Los miembros del Consejo han expresado sus puntos de vista sobre esta cuestión y no cabe duda de que tendrán más que decir en los próximos días. Un elemento importante que debe ser tenido en cuenta en el despliegue de esta fuerza europea de protección es, obviamente, la necesidad de proteger la zona de ayuda humanitaria. Por esa razón, mi personal de la oficina ECHO ha estado trabajando estrechamente con los miembros del Consejo responsables de la planificación militar con vistas a garantizar que se respeten los mandatos correspondientes y que exista un nivel de cooperación elevado entre las agencias de ayuda humanitaria y el ejército. Concretamente, hemos insistido en la conveniencia de que los oficiales de enlace de la fuerza europea de protección estén presentes en el terreno para asegurar una relación estrecha y un intercambio permanente de información con las organizaciones humanitarias.

Pasaré ahora al segundo punto. Las medidas de ayuda proporcionadas por la Comisión cubren tres aspectos. El primero comprende un apoyo de seguridad para la operación de la policía chadiana, bajo la dirección de las Naciones Unidas; consiste, esencialmente, en financiación para el entrenamiento de 800 agentes de la policía chadiana, que serán responsables de mantener el orden en los campos levantados para los refugiados y los desplazados. Es crucial que esta acción policial sea ejemplar; igualmente, es muy importante que sea bien recibida por la población local. A tal fin, y antes de que finalice el año 2007, va a proporcionarse una financiación por valor de unos 10 millones de euros por medio del instrumento de estabilidad.

Pasaré ahora a las medidas humanitarias. En 2007, la Comisión destinó 30,5 millones de euros para ayuda humanitaria de urgencia y para programas de ayuda multisectorial diseñados para proporcionar asistencia a las poblaciones de refugiados y desplazados internos, así como a las comunidades receptoras de Chad. La República Centroafricana recibió 8 millones de euros en ayuda, y para 2008 se han destinado cantidades similares.

El tercer elemento concierne a la reintegración y la rehabilitación. Va a movilizarse una financiación adicional procedente del noveno Fondo Europeo de Desarrollo, de alrededor de 13,1 millones de euros, a corto plazo, para Chad y la República Centroafricana. Se prevé que el programa sea una continuación de las actividades de ECHO dirigidas a proseguir una estrategia para la rehabilitación y la transición al desarrollo.

Señoras y señores, estas medidas de ayuda son necesarias pero, al mismo tiempo, deben estar vinculadas a acciones que conlleven el proceso político. Si debe asegurarse una estabilidad duradera, las acciones que se emprendan a escala internacional y europea deben complementarse con diversas actividades adicionales relacionadas con el restablecimiento del Estado de Derecho, el resurgimiento de la gobernanza económica, la reforma de los sistemas jurídico y de seguridad, y la búsqueda de un diálogo político entre el Gobierno y los partidos de la oposición. No hace falta decir que éste es un elemento importante, especialmente de cara a las elecciones de 2009.

La Comisión continuará promoviendo este enfoque global en Chad y en la República Centroafricana. De igual modo, la Comisión trabaja activamente para tratar de resolver el conflicto de Darfur, no sólo proporcionando ayuda humanitaria y para la reconstrucción, sino también prestando apoyo al proceso de negociación y mediación, en el cual participamos muy intensamente, como es obvio. A este respecto, recientemente informé al Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, y al Presidente de la Comisión de la Unión Africana, el señor Konaré, de que la Comisión contribuiría al Fondo Fiduciario para Darfur en apoyo de las negociaciones. Además, la Comisión financia también iniciativas dirigidas a asegurar que la sociedad de Darfur participe y se comprometa en el proceso de resolución del conflicto.

  Karl von Wogau, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señora Presidenta, señoras y señores, en mi opinión la situación humanitaria de Chad, especialmente a lo largo de la frontera de 1 360 km del país con Sudán, pero también en la zona fronteriza con la República Centroafricana, hace necesaria la intervención de la comunidad internacional.

Yo mismo estuve en Chad hace unos días y pude formarme una idea de la situación que se vive allí. Más de 400 000 refugiados y desplazados están acogidos en campos situados en esta zona fronteriza, campos que se encuentran constantemente amenazados por malhechores y bandas que los merodean, pero también por la milicia Janjaweed, de Sudán. La situación en campo abierto es todavía más difícil; debido a la falta de seguridad reinante, cada vez son más las personas que buscan refugio en dichos campos.

Para contribuir a aliviar la situación desesperada de estas personas, debe mejorarse la situación de seguridad en la región de modo que puedan volver a sus hogares. Es un reto difícil, y para conseguirlo es esencial compartir la carga. Las Naciones Unidas se han comprometido a ayudar al desarrollo de la fuerza policial, que posteriormente puede asociarse a las fuerzas de seguridad. Por otra parte, se solicitó a la Unión Europea que proporcionara tropas con la capacidad de prevenir la actividad de la milicia Janjaweed y de los malhechores e impedir ataques a los refugiados, los desplazados y la población civil.

Con esta propuesta de resolución, el Parlamento Europeo aprueba esta operación, aunque sujeta a las condiciones siguientes: en primer lugar, como han señalado ustedes, Presidente, Comisario, deben proseguir las negociaciones políticas pues, en última instancia, necesitamos una solución política. Sin embargo, si enviamos tropas, deben tener un mandato sólido que les permita verdaderamente disuadir a la milicia Janjaweed y a los malhechores.

Debe velarse por la seguridad de una zona muy amplia; por lo tanto, la fuerza debe ser lo suficientemente numerosa para lograr una verdadera mejora en la situación de seguridad, y debe quedar claro que se trata de una fuerza europea en la que participan diversas naciones europeas. Debe equiparse adecuadamente a la misión EUFOR para llevar a cabo su mandato. Habida cuenta de los relativamente escasos efectivos de las tropas y de la extensión de la zona fronteriza, se requieren capacidades de inteligencia y de transporte extraordinarias, pues dicha fuerza debe ser capaz de determinar rápidamente dónde se halla un peligro y llegar al emplazamiento correspondiente con rapidez.

Bajo ninguna circunstancia debería surgir una situación en la que, debido al propio mandato o a un equipamiento deficiente, la fuerza europea en Chad pudiera únicamente protegerse, sin ser capaz de llevar a cabo su verdadero mandato. Una condición adicional impuesta por el Parlamento Europeo es que debe definirse una estrategia clara de retirada, que debería prever cómo y quién va a relevar a EUFOR tras su duración operativa de un año, como está previsto.

En la presente propuesta de resolución, el Parlamento Europeo hace también hincapié en que, a la luz de la compleja situación política de la región, esta fuerza europea en Chad debería actuar como una fuerza neutral para la seguridad y protección de la población civil. El despliegue de la misión EUFOR el año pasado en Congo hizo obvio lo importante que puede llegar a ser la credibilidad de la imparcialidad y la independencia para el éxito de una operación.

En la situación actual, al desplegar una fuerza durante un período limitado de un año, la Unión Europea puede realizar una importante contribución para mejorar la situación humanitaria y apoyar a la Unión Africana a medida que adquiere una mayor responsabilidad en la región; ambos aspectos son necesarios, por lo que les solicito que voten a favor de la presente Resolución.

  Ana Maria Gomes, en nombre del Grupo del PSE. – (PT) La Resolución 1778 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada ayer, declara que la situación de la región fronteriza entre Sudán, Chad y la República Centroafricana constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacional.

La propuesta de resolución de este Parlamento reconoce la urgencia de la situación y la responsabilidad de la Unión Europea de proporcionar protección. Una aplastante mayoría de los integrantes de esta Cámara se muestra de acuerdo con las ONG de ayuda humanitaria que trabajan sobre el terreno, con los refugiados de la región, que están viviendo en condiciones miserables y en un clima de temor constante, y con el Secretario General de las Naciones Unidas; todos ellos citan la necesidad urgente de una presencia internacional en la región, que debe incluir un fuerte componente militar. No existe país u organización multilateral mejor capacitado que la Unión Europea para llevar a cabo de manera eficaz el mandato dado por la Resolución 1778. La PESD (Política Europea de Seguridad y Defensa) ha alcanzado plena madurez y estas emergencias son precisamente su razón de ser.

En este contexto, por lo que respecta al envío de una fuerza militar de la UE a la región, el Consejo y la Presidencia portuguesa pueden contar, en principio, con el apoyo del Parlamento; no obstante, el Parlamento Europeo debe expresar su preocupación sobre ciertos aspectos de esta misión. En primer lugar, tememos que la reticencia de los Estados miembros a proveer a la fuerza del personal y el equipo militar mínimos que necesita reducirá en gran medida su eficacia, a lo que añadiríamos que cuanto menores sean las contribuciones de otros Estados miembros, más notable será el componente francés de esta fuerza; sin embargo, la percepción de la imparcialidad de esta misión es fundamental para su éxito, y Francia no se considera un partícipe neutral en la región.

En segundo lugar, el Parlamento solicita que esta fuerza venga acompañada de una ofensiva diplomática en la región con el fin de avanzar los procesos de reconciliación nacional en Chad y en la República Centroafricana. Las raíces de la inestabilidad, aunque ligadas al drama de Darfur, son también internas y únicamente pueden superarse por medio de procesos políticos internos. Como se afirma en la propuesta de resolución del Parlamento, sin un verdadero proceso de reconciliación político en la región, la operación de la Unión Europea, planificada para una duración de tan sólo doce meses, no puede contribuir de manera sostenible a la paz en la región.

Finalmente, este Parlamento recibe con satisfacción el mandato de la fuerza, que actuará en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Es esencial que este mandato sea interpretado correctamente sobre el terreno y que las tropas europeas tengan un papel proactivo para proteger a los civiles en peligro, crear una zona humanitaria para las organizaciones internacionales y proteger a la Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y Chad (MINURCAT). La historia reciente está repleta de ejemplos trágicos, desde Kigali a Srebrenica, de poblaciones indefensas de civiles que pagan el precio más alto por la pusilanimidad y el exceso de escrúpulos de las tropas internacionales.

Esperamos que un día esta operación sea utilizada como un ejemplo modélico de la PESD y del multilateralismo eficaz en acción, y como prueba fehaciente del deseo de la Unión Europea de fortalecer a las Naciones Unidas y contribuir a la resolución del conflicto, de acuerdo con el Derecho internacional y la responsabilidad por la protección, que queda consagrada en él.

  Annemie Neyts-Uyttebroeck, en nombre del Grupo ALDE. – (NL) Señora Presidenta, Comisario, señoras y señores, como ya han manifestado ustedes en diversas ocasiones, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó ayer, unánimemente, a favor del despliegue de una presencia multidimensional en el Este de Chad y en el Nordeste de la República Centroafricana durante un año. Consistirá en una misión civil y policial de las Naciones Unidas que denominaremos MINURCAT, de acuerdo a las Naciones Unidas, y en una misión militar de la Unión Europea, EUFOR, que le dará respaldo y protección.

Esta misión europea de seguridad y defensa operará en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, lo que es sumamente importante, puesto que significa que será capaz de utilizar todos los medios para llevar a cabo su tarea y que contará con un mandato sólido, que es lo que el Parlamento deseaba expresamente. Todo ello incrementa la oportunidad de éxito de la misión, pero también incrementa sustancialmente su responsabilidad, y la nuestra.

En el Parlamento hemos expresado reiteradamente nuestra inquietud acerca de la situación de Darfur y nuestra alarma ante la expansión de la falta de seguridad y la inestabilidad en los territorios vecinos y en la totalidad de la región. Más de un millón de personas se han visto obligadas a huir, ya sea en el interior de su propio país o a través de las fronteras; se ven expuestas a todo tipo de penurias y a actos de violencia, y quienes más sufren suelen ser las mujeres y los niños; además, esta situación está amenazando los frágiles acuerdos de paz alcanzados en Chad y en la República Centroafricana porque, al igual que los rebeldes políticos, los malhechores habituales la consideran una oportunidad para robar, cometer abusos y asesinar a la población civil.

El cometido de la misión EUFOR estará, por lo tanto, lejos de ser sencillo. Sin embargo, antes de que podamos hablar sobre ello, tenemos que pensar en reunir las tropas, como ha manifestado la señora Gomes, y no sólo unificarlas, sino también equiparlas. Se acerca el momento de la verdad para cada Estado miembro, incluyendo el mío propio: el momento en que, además de las buenas palabras y las nobles declaraciones, tenemos que proporcionar los bienes, representados en soldados y material, lo que también es cierto para este Parlamento. Hemos insistido, correctamente, en una información exhaustiva y hemos empleado nuestras facultades para proporcionar un dictamen documentado y fundamentado; en parte, fuimos capaces de hacerlo así porque la semana pasada tuvimos un extenso intercambio de puntos de vista con el General Leaky.

Nuestro dictamen es positivo. Será nuestra función y nuestra responsabilidad asegurar que la misión pueda comenzar su proceso tan pronto como sea posible y en las mejores circunstancias.

  Ģirts Valdis Kristovskis, en nombre del Grupo UEN. – (LV) Señora Presidenta, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, quisiera resaltar que apoyamos la misión militar de la PESD integrada en la misión para el mantenimiento de la paz más importante del mundo, desplegada en Chad y en la República Centroafricana. Estamos hablando de la crisis humanitaria transfronteriza más grave del mundo. De hecho, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería haber emprendido acciones mucho antes. El retraso de cuatro días ha costado las vidas de 200 000 personas, otros 2,5 millones de personas han tenido que dejar atrás sus hogares y se están llevando a cabo ataques brutales contra los proveedores de ayuda humanitaria. Podemos pronosticar que la escalada de la crisis desatada por el conflicto de Darfur dará oportunidad de poner a prueba la voluntad política de la Unión Europea, así como su capacidad militar. Hace unos días, el General Leakey aseguró a los diputados al PE que, a pesar de los problemas de financiación y de las dificultades para anticipar todas las amenazas y los riesgos posibles que pudieran surgir durante la operación, en términos militares la Unión Europea era capaz de llevar a cabo esta operación al menos como en Bosnia, y que desde un punto de vista militar la operación sería menos intensa.

  Angelika Beer, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señora Presidenta, señoras y señores, he aquí algunas cifras adicionales relativas al tema que nos ocupa: 230 000 refugiados, más otros 170 000 desplazados internos y aproximadamente 700 000 personas que se encuentran indirectamente en riesgo de sufrir ataques.

Estamos aquí para cerrar esta brecha, este vacío, que se han abierto en la protección. Tal debe ser el foco de atención de la misión europea. Desde ayer, se cumple la condición de un mandato sólido, pero no se ha resuelto la cuestión de la neutralidad. Por el momento, parece como si las tropas francesas, que ya están desplegadas en Chad, vayan a recibir un mero impulso por parte de unos cuantos países, y ello supone un riesgo, tanto para la neutralidad como para el éxito de la misión.

Sin embargo, lo que deseo particularmente es que los Ministros de Asuntos Exteriores, que tienen que decidir este viernes, aseguren que la zona operativa de la misión EUFOR esté claramente definida, lo que no es así en la actualidad. Sería desastroso que no se le permitiera a esta misión operar allí donde se necesita la ayuda urgentemente; a saber, en la zona fronteriza. Espero que la Unión Europea negocie con el régimen de Chad y asegure que tiene también derecho para operar a lo largo de los 35 km de la frontera; de otro modo, se trataría de una operación para cubrir las apariencias, que podría incluso poner a más personas en riesgo.

  Tobias Pflüger, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señora Presidenta, para aclarar las cosas, ésta es una misión PESD en Chad y en la República Centroafricana, en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas; en otras palabras, una operación militar. No se trata de Sudán y Darfur. El Gobierno francés desea que se lleve a cabo esta misión de la UE a toda costa, y proporcionar el Cuartel General de la Fuerza y de la Operación él mismo, mientras que los Gobiernos alemán y británico son muy escépticos. Las tropas francesas ya se han desplegado en Chad. Es bastante obvio que Francia está actuando como una fuerza de protección para los Gobiernos de Chad y la República Centroafricana, y que ahora, simplemente, desea engalanar su compromiso en la región con el logotipo de la UE. Las tropas francesas no son neutrales; al contrario son, obviamente, parciales; por ejemplo, han bombardeado a los rebeldes que operan en el país. Los líderes rebeldes han anunciado ya que si la fuerza de la UE no es neutral, librarán la guerra contra dichas tropas.

Ahora, he sabido que el Grupo Nórdico de Combate no está disponible, y que la Resolución de las Naciones Unidas insta a la operación abierta con el ejército y la policía de Chad. Obviamente, Chad y la República Centroafricana no son democracias. El retorno de los refugiados no forma parte del mandato de esta fuerza de la UE y esta misión es —para ser sinceros— extremadamente peligrosa. Como Grupo, vamos a votar contra la Resolución presentada, puesto que creemos que la situación no mejorará, sino que se deteriorará todavía más como resultado de esta operación.

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, Comisario, permítanme aclarar por el bien del señor Pflüger y del resto de Señorías: el mandato de la fuerza de la UE es de naturaleza humanitaria y consiste en velar por la seguridad de los refugiados de Chad y Darfur, también por medios militares. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha secundado el despliegue de una fuerza europea, bajo mandato de la ONU, con la consecuencia inmediata de que la Unión Europea se encuentra bajo el punto de mira internacional para determinar lo que es realmente capaz de lograr en el ámbito de la política exterior y militar.

Esta operación implica tanto un riesgo como una oportunidad: es un riesgo debido a los parámetros extremadamente complejos de esta región de gran conflicto pero, por otra parte, ofrece la oportunidad de mostrar que la Unión Europea ha desarrollado capacidades militares y de política exterior, y que puede actuar verdaderamente para proteger a los refugiados de la región.

Sin embargo, en el momento actual, y esta opinión es compartida por muchos, el riesgo es mayor que la oportunidad; por esa razón, el Parlamento Europeo ha elaborado una lista de condiciones que han sido ya esbozadas: desde un mandato de duración determinada a definiciones precisas de los objetivos y las tareas, la preparación adecuada y el equipo técnico para las tropas de la misión EUFOR, así como la concesión de un mandato operativo que incluya una estrategia de retirada.

Naturalmente, y para que resulte un éxito, debemos esperar que esta operación no sea únicamente aprobada, sino apoyada, por los Gobiernos locales. No obstante, y creo que todos coincidimos en este punto, si se cumplen todas estas condiciones que el Parlamento Europeo ha determinado las perspectivas de éxito son mayores que los riesgos y entonces podemos aprobar la misión.

  Michel Rocard (PSE). – (FR) Señora Presidenta, Comisario, Presidente en ejercicio del Consejo, me siento satisfecho por esta propuesta de resolución y con la decisión que mantiene, y quisiera también añadir algo más: cuando la brutalidad del ser humano conduce a la tragedia y al sufrimiento en la medida que hemos visto en Darfur, nuestra conciencia exige solidaridad. Me siento profundamente satisfecho de que la Unión Europea esté respondiendo al llamamiento realizado por el Secretario General de las Naciones Unidas.

Numerosos diputados al PE y diplomáticos, incluyendo mi amiga y colega, la señora Gomes hace un momento, han destacado que no debe permitirse, bajo ninguna circunstancia, que esta operación parezca una oportunidad para favorecer intereses franceses o para ampliar la presencia militar francesa en la región. Espero que no sorprenda a nadie que yo también secundo completamente ese punto de vista.

Hablando como ex Primer Ministro, permítanme decir con cierta convicción que si Francia continúa presente en esta región, es simplemente debido a su considerable legado histórico, donde ha existido tal carga de colonialismo que resulta necesaria una política de solidaridad con el pueblo para tratar de ayudarle a recobrar la paz y la estabilidad y anunciar el comienzo de una gobernanza eficaz. Francia ya no mantiene intereses estratégicos o económicos en estas regiones, y soy de los que hubieran preferido asistir a nuestra retirada hace mucho tiempo: se hubiera ahorrado mucho dinero y hubiera redundado, realmente, en nuestro propio beneficio. Incluso los recursos de uranio de Níger no constituyen un interés estratégico de proporciones exorbitantes sino que, simplemente, requieren la paz y la estabilidad suficientes para que estos depósitos puedan ser accesibles para todos y pueda establecerse un mercado competitivo.

Así pues, ésta es, fundamentalmente, una operación europea, no francesa, de mantenimiento de la paz, y así debería ser. No obstante, añadiría una advertencia: esta visión podrá convertirse en realidad, únicamente, si un gran número de Estados miembros decide enviar tropas. Sería perjudicial que el espíritu de solidaridad, que por razones históricas ha supuesto una demanda mayor sobre Francia, hasta el punto de que tenemos el mayor contingente, se tornara, por la ausencia de sus respectivos países, en un sospechoso clima postcolonial. Sería una situación absurda, a la que yo mismo me opondría totalmente.

Permítanme concluir con el siguiente comentario: La enmienda oral presentada esta mañana por nuestro colega, el señor Gahler no es, por una vez —lamentablemente para él— pertinente. La República de Chad, por medio de su Ministro de Asuntos Exteriores, ha manifestado su acuerdo con los principios de esta operación en un comunicado escrito que se remitió al Consejo de Seguridad hace unos días. Tengo aquí una fotocopia de dicho documento y con mucho gusto se la facilitaré al señor Gahler.

  Eoin Ryan (UEN). – Señora Presidenta, yo también apoyo la decisión de enviar 4 000 soldados de la UE a Chad como fuerza de mantenimiento de la paz. La verdad es que existe una gran inestabilidad política en Chad y en la República Centroafricana. Sabemos que en la región de Darfur en Sudán se está produciendo un genocidio. Si no se envían fuerzas de pacificación a Chad, corremos el riesgo de que aumente el nivel de inestabilidad y de violencia en esta región de África.

Se calcula que en los campos de Chad hay alrededor de 400 000 refugiados procedentes de la República Centroafricana y de Chad, custodiados solamente por 250 guardas del ejército chadiano. Los campos de refugiados de Chad padecen una enorme crisis humanitaria, y la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, debe ayudar al Gobierno de Chad a resolver lo que es un problema de crecientes dimensiones. Los relatos que escuchamos de las personas que han visitado recientemente la zona son realmente terribles, y como acabo de decir, tenemos que hacer todo lo posible para tratar de aliviar el sufrimiento humano que se está produciendo allí en este momento.

Apoyo resueltamente la decisión de desplegar 26 000 efectivos de la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en Sudán. La Unión Europea debe estar en la vanguardia de la participación en esta fuerza de mantenimiento de la paz. Aplaudo también la decisión adoptada hoy por mi propio Gobierno de realizar una evaluación inmediata y detallada del futuro papel que las fuerzas de pacificación irlandesas podrían desempeñar en las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU y de la UE en Sudán, la República Centroafricana y Chad.

  Michael Gahler (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, la situación de Chad y de la República Centroafricana es delicada para las personas afectadas, y por consiguiente apoyo, en principio, el compromiso de la UE de estabilizar la situación y mejorar las verdaderas condiciones de vida de los afectados.

En su declaración de fecha 27 de agosto, el Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas describió las intenciones de la comunidad internacional de desplegar una operación de la UE durante doce meses, con el objetivo de cubrir el lapso temporal hasta el despliegue de la misión encabezada por las Naciones Unidas, razón por la que la UE también ha limitado claramente la duración de la operación a un período de un año. Estoy convencido de que necesitamos un mandato sólido, lo que significa que no nos limitamos puramente a la autodefensa, sino que somos capaces de perseguir nuestros objetivos haciendo frente a la oposición de quienes desean impedírnoslo, si es necesario.

El texto de la Resolución del Consejo de Seguridad de ayer apunta en esta dirección: hace referencia a una «presencia multidimensional con el fin de ayudar a crear las condiciones de seguridad conducentes a un retorno voluntario, seguro y sostenible de los refugiados y los desplazados». Tenemos autorización para «adoptar todas las medidas necesarias».

Insto al Consejo a que asegure que esta fuerza no sea simplemente una fuerza francesa bajo una apariencia retocada. En cuanto a la nacionalidad del comandante, también deberían tenerse en consideración las susceptibilidades locales. Desafortunadamente, hasta el momento Francia no ha sido neutral en los conflictos de Chad y la República Centroafricana, sino que tradicionalmente ha apoyado al Gobierno. Por esa razón, la lengua escogida para el mando y la operación a escala local debería ser el inglés, para que la gente entienda, al menos, que estos europeos son diferentes, obviamente, de los que acostumbran a ver.

A propósito, hablando del Reino Unido, este país ha impedido que lidere la operación el Cuartel General de Mando de la Unión Europea en Bruselas lo que, en mi opinión, merece una severa crítica. No sólo no participar, sino además negar a otros el uso de las estructuras comunes: ¡en el futuro es algo que no deberíamos aceptar de los que no participan!

Por lo que respecta a la posibilidad de alcanzar los objetivos, sigo teniendo dudas. ¿Nos hemos marcado objetivos claros? ¿Cuántos de los desplazados internos deberían volver a sus hogares para final de año? ¿Cuántos refugiados de Darfur deberían haber vuelto allí? No habríamos alcanzado lo suficiente si pasásemos el testigo después de un año con idéntica cifra de personas todavía en los campos.

Los costes también son considerables: Tengo entendido que costará 100 millones de euros únicamente la construcción de una pista de aterrizaje adecuada y de un cuartel general, sin contar con los gastos corrientes de las tropas. ¿Puede proporcionarnos el Consejo detalles concretos sobre el marco financiero general?

Tengo un último punto, pero en mi opinión, crucial: antes del despliegue de esta fuerza, debemos obtener una garantía explícita del Gobierno de Chad de que posteriormente apoyará el despliegue de una fuerza dirigida por las Naciones Unidas, cualquiera que sea su composición. He escuchado lo que ha manifestado nuestro colega y quisiera recibir una confirmación por escrito, en forma de un documento oficial emitido por el Gobierno de Chad, no verbalmente por parte del Ministro en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cuando tenga esta garantía, estaré dispuesto a votar a favor del proyecto porque, de otro modo, nos veremos realmente ante la disyuntiva, un año después, de o tener que ampliar la operación, o de retirarnos y dejar un vacío militar en el que podría surgir muy rápidamente una situación idéntica a la actual. En tal caso hubiéramos tirado por la borda cientos de millones de euros.

  Alain Hutchinson (PSE). – (FR) Señora Presidenta, Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, estoy encantado de que seamos capaces hoy de debatir y votar una resolución sobre una cuestión que, en mi opinión, no recibe la atención suficiente, puesto que la situación que afrontan las comunidades fronterizas de Sudán, Chad y la República Centroafricana es, sencillamente, del todo punto intolerable, algo que nunca debería olvidarse en esta Cámara.

Por mi parte, no olvido, y no tengo la intención de pasar por alto y en silencio el hecho de que todo este asunto es una de las muchas consecuencias del genocidio de Darfur, un hecho que ha estado enmascarándose bajo otra apariencia. Desde 2003, la crisis de Darfur ha originado dos millones y medio de refugiados, incluyendo a 125 000 en Chad, además de varios cientos de miles de muertos.

Asimismo, hasta la fecha las agencias humanitarias de las Naciones Unidas y las ONG han tenido que desplazar sus campos en treinta y una ocasiones para escapar de la violencia, aunque ello no ha impedido la detención de bastantes de sus agentes por la policía sudanesa, la matanza de doce trabajadores humanitarios y la desaparición de otros cinco.

La Resolución que presentamos hoy tiene la clara intención de servir de contribución eficaz al objetivo de poner fin a la situación que existe en las zonas fronterizas, situación inaceptable, pero de magnitud relativa cuando vemos la escalada del desastre que se desata actualmente en esa parte del mundo.

A este respecto, quisiera señalar que nuestra responsabilidad no debería limitarse a apoyar o a liderar operaciones aisladas y estrechamente definidas como reacción de emergencia ante las situaciones de conflicto; esta responsabilidad exige emprender acciones en el contexto más amplio al que pertenecen tales conflictos, y requiere también la adopción de medidas en previsión de los hechos; en otras palabras, hacer cualquier esfuerzo posible para asegurar que tales conflictos, en primer lugar, no lleguen a ocurrir.

La segunda parte de mi intervención concierne a la situación de las organizaciones humanitarias que operan en la región. El modo en que han evolucionado los métodos para la intervención de fuerzas armadas y para el papel desempeñado por las agencias humanitarias en las situaciones de conflicto ha significado que los límites que separan a estas dos partes se están tornando cada vez menos definidos.

Mientras que la confusión que existe entre el personal militar y el humanitario tiende a actuar en detrimento de las misiones tradicionalmente asignadas a las agencias humanitarias, descubrimos ahora que la propia supervivencia de los trabajadores de ayuda humanitaria se encuentra en riesgo, y con ella la seguridad de todas aquellas personas que se supone se benefician de sus servicios.

Por lo tanto, es absolutamente vital que nuestra fuerza de protección no se vea implicada de ningún modo en las operaciones llevadas a cabo por los diversos grupos humanitarios que trabajan en la región. Me complace comprobar que el documento que nos ocupa hoy incluye este punto, que tan importante es para el futuro de nuestras políticas de desarrollo, tanto en esta región como en cualquier otra parte del mundo.

  Colm Burke (PPE-DE). – Señora Presidenta, apoyo enérgicamente el envío a la frontera entre Chad y Darfur de una misión de la PESD, y celebro la oportunidad que tenemos hoy de debatir esta proposición.

El conflicto de Darfur ha tenido terribles consecuencias para los países vecinos, Chad y la República Centroafricana, con grandes movimientos de refugiados y miles de personas desplazadas dentro de sus propios países.

De acuerdo con las recomendaciones de los expertos de alto nivel, se trata de una misión viable, a pesar de algunos problemas importantes en los aspectos operativos y de seguridad. Las infraestructuras de la zona son malas, subsiste la escasez de agua y los enlaces logísticos son difíciles. Una misión como ésta se enfrenta también con las amenazas de los grupos rebeldes que combaten al Gobierno, pero según la minuciosa evaluación llevada a cabo recientemente en la región, todas estas dificultades son superables.

Por lo tanto, no hay razones para seguir retrasando el despliegue. Tenemos la capacidad militar, lo que necesitamos ahora es la voluntad política.

Invito a las tropas irlandesas a unirse a esta misión PESD. Existe un sincero sentimiento de urgencia en este región del mundo en crisis, e Irlanda podría formar parte de la noble iniciativa europea para estabilizar esta zona fronteriza.

Se podrían retirar tropas de los grupos de combate nórdicos para esta operación. Al igual que estos grupos de combate, la actual misión PESD pretende ser también una operación transitoria. Como alternativa se podrían incorporar a la misión las tropas irlandesas que están actualmente en el Líbano.

Estas fuerzas tienen muchos objetivos apreciables. Mejorarían la seguridad de la región antes del nuevo despliegue de la misión en Darfur de las Naciones Unidas y de la Unión Africana. Servirían también para ayudar a las organizaciones de socorro, abriendo corredores humanitarios que hasta ahora están cerrados. En tercer lugar, podrían facilitar eventualmente el regreso de los refugiados sudaneses.

Creo que esta misión debería contar con un sólido mandato de uso de la fuerza en referencia al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, lo que le permitiría ejercer efectos disuasorios en caso necesario, especialmente en caso de ataques contra civiles, campos de refugiados, poblados, trabajadores humanitarios, agentes de policía de la ONU y de defensa propia.

La estación de las lluvias está terminando. La frecuencia de los ataques a los campos de refugiados seguramente aumentará, porque la milicia y los grupos rebeldes tendrán mayor movilidad al cesar las lluvias. Ahora es el momento de que la ONU actúe. La inacción está costando vidas. La UE es la organización más indicada para llevar a cabo esta misión, y por toda una serie de motivos está en condiciones de efectuar la tarea.

Insto al Consejo a que apruebe inmediatamente una acción conjunta y a que ponga en marcha los trámites finales para que no perdamos esta oportunidad de situar a las tropas de la UE allí donde se necesitan urgentemente.

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), por escrito. – Señora Presidenta, parece que esta tarde tenemos en la Cámara muchos generales de sillón. La desesperada situación humanitaria y de seguridad en Darfur y en las regiones vecinas de Chad y de la República Centroafricana ciertamente está reclamando una acción internacional, pero debo decir que se trata de un asunto distinto de la cuestión planteada hoy, que realmente es la PESD, como hemos oído decir a tantos oradores.

Hace tiempo que me he manifestado en contra del derroche de recursos, de la duplicación de esfuerzos, de las divisiones, en una palabra, de la doblez que suponen los intentos de la UE de desarrollar una capacidad militar. Señor Ryan, la UE no tiene soldados. Nuestros países son los que tienen tropas, y el reducido número de países que cuentan con suficientes fuerzas armadas y con capacidad expedicionaria poseen estructuras probadas para organizar intervenciones militares internacionales. Esto se realiza a través de la OTAN y de la ONU. Las instituciones de la UE tienen poco que aportar en asuntos militares.

Es evidente que los motivos de quienes se entusiasman con la PESD son básicamente políticos. De hecho, uno de ellos ha dicho que Chad debería ser visto como una oportunidad política. La UE se ha ofrecido a la ONU, no ha sido la ONU la que ha invitado a la UE. La UE está ansiosa por pegar su etiqueta institucional a una nueva operación militar, pero sorprendentemente los estados mayores nacionales no comparten el entusiasmo de los eurócratas. Con unas líneas de comunicación muy extendidas, más de mil millas hasta el puerto más próximo, la falta de agua y de infraestructuras, y la negativa a enfrentarse con los grupos rebeldes mediante operaciones militares ofensivas, la misión en el Chad es precaria desde todos los puntos de vista. El Reino Unido, Alemania e Italia ya han anunciado que no enviarán tropas.

¿Qué van a hacer estas fuerzas? Desde luego no van a combatir a los elementos armados hostiles que han provocado el caos en este extensa región de África. Por lo tanto, es indudable que la mayor parte de sus esfuerzos tendrán que dedicarse a autoprotegerse y a mantenerse en una situación logística muy difícil. Realmente deberíamos dejar de enredar y de utilizar las tragedias humanas como oportunidades políticas.

  Manuel Lobo Antunes , Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) Debo subrayar, muy brevemente, que esta propuesta de enviar una fuerza en virtud de la PESD (Política Europea de Seguridad y Defensa) a Chad y a la República Centroafricana recibe el apoyo de la vasta mayoría de sus Señorías que han intervenido acerca de esta cuestión. Como ustedes sabrán, y como ya se ha mencionado hoy aquí, mientras tanto —creo que ayer mismo— el Consejo de Seguridad ha autorizado a la Unión Europea al despliegue de esta operación. Como se ha mencionado, esta autorización era esencial para que la operación de la Unión Europea pudiera llevarse a cabo. Todos los preparativos y la planificación militar; de hecho, la operación completa, puede realizarse ahora y, en una fecha posterior, el Consejo emitirá, ciertamente, una opinión sobre esta cuestión por medio de una acción conjunta.

Considero que al comprometerse en este proceso, la Unión Europea ahora puede, como en todo caso debe, avanzar desde meras declaraciones de intención y meras promesas a los pasos prácticos y a la acción, lo que se corresponde con lo que la Unión Europea siempre dice que es, y que debe ser, su compromiso hacia África y al pueblo africano. Debemos ayudar a África y al pueblo africano mediante una asociación estrecha y completa para que pueda alcanzar la paz donde existe el conflicto, el progreso donde existe la pobreza, la sanidad y la educación donde existe la enfermedad, y algo donde no existe nada, o muy poco; de ese modo, aseguraremos el respeto por nuestros valores y nuestros principios también en nuestra política exterior. Por consiguiente, la Presidencia portuguesa acoge con satisfacción estos últimos avances y, naturalmente, toma también debida cuenta del gran apoyo de muchas de sus Señorías a esta operación, que ha quedado manifiesto en este debate.

  Presidenta. – Para concluir el debate, he recibido cinco propuestas de resolución de acuerdo con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento del PE(⁽¹⁾).

Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar el jueves 27 de septiembre de 2007.

(1) () Véase el Acta.

12. Situación en Birmania (debate)

  Presidenta. – El punto siguiente consiste en las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Birmania.

  Manuel Lobo Antunes , Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) Señora Presidenta, Comisario, señoras y señores, este debate y nuestras intervenciones están de verdadera actualidad y, ciertamente, el Consejo y la Presidencia portuguesa realizan un seguimiento de los acontecimientos ocurridos en Birmania (Myanmar) con gran preocupación.

De hecho, han pasado casi veinte años desde que tuvieron lugar los acontecimientos de 1988, sin que Birmania haya asistido al tipo de manifestaciones que está teniendo lugar actualmente. No cabe duda de que lo que muchos comentaristas manifiestan acerca de estos últimos acontecimientos es cierto: el país se encuentra en una encrucijada que consideramos crítica.

Desde el principio, la situación ha demostrado ser especialmente volátil, y aunque hemos realizado todos los esfuerzos para impedir que las autoridades birmanas recurrieran a la violencia, los acontecimientos actuales demuestran, muy lamentablemente, que la Junta Militar de Rangún sigue haciendo oídos sordos a los llamamientos de la comunidad internacional, como ha venido haciendo durante muchos años a los constantes y reiterados llamamientos internacionales.

Si se hubiera gestionado adecuadamente, la situación de los últimos días podría haber presentado una oportunidad sin precedentes para emprender los primeros pasos en el camino hacia la reforma política urgente y a la reevaluación nacional del país. Esperábamos que la Junta escucharía el mensaje inequívoco emitido por los manifestantes de que sus políticas han fracasado.

Lo que en principio era una protesta ad hoc contra la subida desproporcionada del precio del combustible se ha convertido en un amplio movimiento público de protesta contra la política general de un Gobierno en gran parte dictatorial.

Consciente de la tensión creciente en el país, la Unión Europea no se ha limitado a quedarse a un lado y observar la situación. De manera inmediata, en agosto, condenó rotundamente la detención de diversos líderes de la oposición, en particular del también llamado grupo «Generación del 88», que protestaba contra la subida de cerca del 500 % en los precios del combustible. Igualmente, solicitó la liberación de todos los prisioneros políticos y subrayó la necesidad de comenzar un proceso de apertura, reconciliación y reforma política. Ayer mismo emitimos un mensaje claro de solidaridad y apoyo a la población birmana por medio de una Declaración Conjunta de los Estados Unidos-Unión Europea, adoptada por los veintisiete Ministros de Asuntos Exteriores, que se encuentran reunidos en Nueva York.

Hacemos un llamamiento a las autoridades para que respeten el derecho de los monjes, las monjas y los civiles a manifestarse pacíficamente, y subrayamos que esta situación representa una nueva oportunidad para tratar de resolver los problemas extremadamente complejos del país.

En otra declaración emitida también ayer, el Alto Representante, el señor Solana, hizo un llamamiento a las autoridades birmanas para que continuaran ejerciendo la moderación y recalcó que la verdadera paz, la estabilidad y el desarrollo pueden alcanzarse únicamente mediante una reforma política, la garantía de los derechos y las libertades fundamentales y la plena inclusión de todas las partes interesadas.

Asimismo, hemos debatido la situación con algunos de nuestros socios en conversaciones bilaterales mantenidas al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York. En nuestro diálogo constante acerca de Birmania con los socios de la región, entre los que se incluye China, la India y los países de la ASEAN (Asociación de Naciones del Asia Sudoriental), estamos alentando a estos últimos a entablar negociaciones regulares con el régimen, haciendo especial hincapié en los puntos siguientes: primero, la estabilidad a largo plazo de Birmania requiere una verdadera transformación, especialmente política; segundo, la apertura del país es fundamental para el desarrollo de Birmania, y también para beneficio de sus vecinos y de la comunidad internacional en su conjunto. Hemos reparado también en que Singapur, actual Presidencia de la ASEAN, ha respondido al menos con una declaración nacional en la que espera que las actuales manifestaciones de protesta puedan resolverse pacíficamente.

Los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE debatieron la situación que está desarrollándose en Birmania durante la reunión Gymnich, mantenida a comienzos de septiembre, y ayer, en Nueva York, cuando se reunió la totalidad de los 27, se volvió a abordar esta cuestión, como he mencionado, que se ha debatido también en Bruselas en el Comité Político y de Seguridad, y se ha debatido en mayor profundidad esta mañana con el Grupo de Trabajo Asia y Oceanía. Obviamente, estamos evaluando todas las opciones posibles para una nueva reacción de la Unión Europea, y aunque esperamos que la situación no se deteriore todavía más, debemos estar preparados para cualquier eventualidad. Asimismo, estamos organizando una acción adicional por canales burocráticos y permaneceremos en contacto con las Naciones Unidas, en particular con Ibrahim Gambari, Enviado Especial del Secretario General, que se reunió con la Presidencia y las instituciones de la Unión Europea en julio; es decir, inmediatamente antes de las vacaciones estivales. Igualmente, permanecemos en estrecho contacto con nuestros colegas de Ginebra, donde ayer se realizó una mordaz declaración en el Consejo de Derechos Humanos.

Anoche, debido a las preocupantes noticias que nos llegaban desde Rangún, nos vimos obligados a hacer un nuevo llamamiento a las autoridades birmanas, solicitándoles que no reaccionaran violentamente a las manifestaciones pacíficas de la población, y en el que mencionábamos claramente la posibilidad de incrementar las sanciones actuales, por lo que el mensaje fue concreto y directo. Finalmente, el Coreper (Comité de Representantes Permanentes) debatirá mañana la cuestión de Birmania en mayor profundidad.

  Louis Michel , Miembro de la Comisión. – (FR) Señora Presidenta, señoras y señores, como al resto de las instituciones europeas, a la Comisión le preocupa en gran medida la situación de Birmania/Myanmar, evidentemente. Estamos realizando un seguimiento muy estrecho de los dramáticos incidentes de las últimas semanas, e incluso de las últimas horas, tras el movimiento de resistencia y protesta pacífica que han iniciado los monjes budistas.

Como ustedes saben, el pasado 6 de septiembre la señora Reding presentó el análisis de la Comisión sobre la situación general: violaciones reiteradas de los derechos humanos, represión política y deterioro general de las condiciones económicas, a lo que yo añadiría también las violaciones del Derecho internacional humanitario cometidas por el Gobierno de Birmania/Myanmar contra los civiles y los prisioneros, así como las restricciones cada vez más severas impuestas sobre el CICR mientras lleva a cabo su labor. En las últimas semanas, el régimen ha estado cosechando los amargos frutos de la explosiva situación social y política que, hasta cierto punto, él mismo ha creado.

¿Qué debería hacerse frente a tales hechos? Tenemos derecho a pensar que la situación tiene cierto aire de déjà vu, anunciando una repetición de la violenta represión de 1988, o que hemos alcanzado un punto histórico de inflexión. En cualquier caso, los hechos acaecidos en Birmania/Myanmar parecen estar tomando un cariz impredecible. El hecho de que el movimiento masivo de protesta —con unas 100 000 personas tomando las calles de Rangún el pasado lunes— carezca de una agenda política o de unas reivindicaciones manifiestas torna la situación, obviamente, más inestable y precaria.

Evidentemente, no podemos descartar la posibilidad de que el régimen pierda el control sobre los hechos al emprender acciones contra los manifestantes. No cabe duda de que la intimidación, las detenciones y los obstáculos a los que estamos asistiendo apuntan todos ellos al hecho de que se está adoptando una línea de acción mucho más dura. Las detenciones llevadas a cabo esta mañana, la manera brutal en que las autoridades han intervenido y el hecho de que se hayan registrado víctimas sirve, únicamente, para aumentar nuestra inquietud. Bajo tales circunstancias, nuestro objetivo prioritario debe ser impedir cualquier reacción violenta por parte del Gobierno e instar a los responsables a mostrar la máxima moderación; obviamente, la seguridad y el bienestar de Aung San Suu Kyi es una de nuestras consideraciones principales.

Sin embargo, las protestas también han proporcionado una oportunidad, hasta cierto punto, pues muestran al régimen, o al menos a aquéllos de sus miembros que todavía mantienen cierta percepción de la realidad, que una deficiente gestión política y económica ha motivado que el pueblo ya no tema tomar las calles para expresar su ira, motivada por la desesperación prolongada durante demasiado tiempo.

El segundo motivo de preocupación para la Comisión es, por consiguiente, instar a la comunidad internacional a persuadir al Gobierno a que dé las muestras necesarias para restaurar un mínimo de confianza y, de ese modo, crear las condiciones bajo las cuales puede allanarse el camino hacia la reconciliación nacional. El régimen debe escuchar las aspiraciones del pueblo de apertura y democracia. Toda solución a la crisis actual debe, ciertamente, implicar un proceso participativo y transparente que permita a todas las partes interesadas en la reconciliación nacional de Birmania/Myanmar contribuir plenamente al futuro político y económico del país. Es el mensaje que dio mi colega, Benita Ferrero-Waldner, a nuestros países socios en las reuniones mantenidas en paralelo durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Asimismo, es vital que los Estados fronterizos con Birmania/Myanmar sean conscientes de sus respectivas responsabilidades. Creo que China se ha dado cuenta ya de que sus propios intereses a largo plazo no se verán beneficiados por una situación tan explosiva y que su influencia puede ser decisiva. Sin embargo, debemos persuadir a la India, a Japón y a Corea del Sur, países que han contribuido significativamente a las necesidades económicas del régimen birmano, a hacer más por resolver la crisis actual. Los Estados miembros de la ASEAN deben también ser más firmes al expresar sus puntos de vista, ya que cualquier deterioro de la situación de Birmania/Myanmar tan sólo puede tener consecuencias devastadoras para toda la región.

Finalmente, la Comisión recibe con satisfacción el especial papel desempeñado por las Naciones Unidas, y más concretamente los buenos oficios de su enviado especial, Ibrahim Gambari, cuya próxima visita a Rangún será de la mayor importancia. Si las autoridades de Birmania/Myanmar vuelven a escoger el camino de la represión, ello sumirá al país en un aislamiento internacional todavía mayor, intensificando así el sufrimiento ya intolerable para su pueblo; si, por otra parte, las autoridades optan por el diálogo abierto y democrático, tendrán que clarificar la futura hoja de ruta para el país, realizar firmes compromisos en cuanto a una fecha definitiva para la celebración de elecciones libres y entablar un diálogo sincero con sus socios. Bajo tales circunstancias, las autoridades de Birmania/Myanmar serán capaces de contar con el apoyo de la Unión Europea y de otras naciones aliadas.

  Geoffrey Van Orden, en nombre del Grupo del PPE-DE. – Señora Presidenta, la Unión Europea se enorgullece de su interés por los derechos humanos, y sin embargo parece incapaz de actuar de forma eficaz contra los regímenes tiránicos que en todo el mundo continúan oprimiendo y abusando de su pueblo año tras año. Existe una mentalidad que parece creer que todo lo que se necesita es una declaración y una posición común. El Presidente en ejercicio dijo en el debate anterior que deberíamos vivir con arreglo a nuestras palabras. Estoy de acuerdo con él.

A lo largo de mi mandato en este Parlamente he luchado contra dos regímenes especialmente odiosos: el de Mugabe en Zimbabue y el de la junta militar en Birmania. Ambos han sido objeto de atención por la UE, pero no ha ocurrido nada. Deberíamos avergonzarnos.

Hoy nuestra atención está centrada en Birmania, donde durante la última semana la Alianza de Todos los Monjes Budistas de Birmania ha llevado a cabo valientemente protestas masivas en las calles de Rangún y de otros muchos lugares de Birmania. Todos estamos conmocionados al ver que una situación desesperada se ha transformado en una tragedia. En todo el mundo se han podido contemplar las imágenes de los monjes heridos, las pagodas llenas de de humo y los civiles vapuleados como resultado de la represión de las fuerzas de seguridad. Se informa de al menos cinco víctimas mortales, y cientos de personas han resultado heridas. Hace casi una semana que la emisora de radio Voz Democrática de Birmania nos alertó de que el Gobierno había autorizado hacer uso de las armas de fuego y se disponía a reprimir violentamente las manifestaciones pacíficas.

Ya es hora de que dejemos de retorcernos las manos y nos pongamos serios. No me hago ilusiones. Como en el caso de Zimbabue, la clave del cambio en Birmania la tienen sus vecinos, China en particular. China es el principal inversor, socio comercial y proveedor de armamento que tiene Birmania. Hoy mismo recibimos en el Parlamento a una delegación parlamentaria china, encabezada por el señor Wang Yingfan, miembro influyente del Congreso Nacional del Pueblo. Esta mañana le solicité insistentemente que China adoptase medidas contra el régimen birmano. Reiteró el compromiso de China con la no injerencia en la política interna de los demás países, pero al mismo tiempo me aseguró que China seguirá desempeñando un papel silencioso pero importante, y pidió flexibilidad y una actitud más positiva con el régimen birmano. Ya veremos que resultados tiene esto.

El Presidente de la Unión Europea anunció ayer que se impondrían sanciones más severas en caso de una reacción violenta. Esta violencia ya se ha producido, y por lo tanto deberán aplicarse esas sanciones más severas, si es que la UE quiere conservar alguna credibilidad en el escenario mundial. Debemos dejar claro que esta vez cumpliremos nuestra palabra y aplicaremos las sanciones. No se debe repetir el vergonzoso episodio de mayo, cuando se permitió que el Ministro de Asuntos Exteriores de Birmania asistiese a la cumbre de ASEM en Alemania, en flagrante violación de la prohibición de viajar impuesta por la UE.

Al estudiar las sanciones no debemos olvidar el hecho de que TOTAL Oil es uno de los pocos inversores extranjeros que quedan en Birmania. TOTAL está contribuyendo directamente a apuntalar la junta militar, aportando cada año al régimen cientos de millones de dólares que sirven para mantener uno de los ejércitos más numerosos de la región.

Hemos estado debatiendo la crisis de Birmania durante mucho tiempo, y ahora la tenemos encima. Debemos recordar que las personas que provocaron la masacre de manifestantes en Birmania hace 20 años son las mismas que ocupan hoy las posiciones clave del régimen. Es lamentable que el Consejo y la Comisión no hayan prestado a lo largo de los años una mayor atención al Parlamento en estos asuntos.

Hoy, una vez más, hemos presentado una enérgica resolución; es corta y muy clara. En ella decimos a las autoridades birmanas: pongan en libertad inmediatamente a Aung San Suu Kyi, dejen en paz a los manifestantes y convoquen una Convención Nacional plenamente representativa que incluya a la Liga Nacional para la Democracia. Al Consejo de Seguridad de la ONU le decimos lo siguiente: reunámonos para abordar la situación en Birmania y envíen, inmediatamente después, a su enviado especial a ese país. Al Consejo y a la Comisión les decimos: hablen con los Estados Unidos y con la ASEAN para preparar una serie una serie de medidas coordinadas contra el régimen birmano, en caso de que responda con la violencia y no de la forma que hemos dicho.

  Barbara Weiler, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señora Presidenta, señoras y señores, Europa; de hecho, el mundo entero, tiene la mirada puesta en Birmania. Hoy, por primera vez, se ha derramado sangre, como ha mencionado ya mi colega del Reino Unido, por lo que ya nada más puede ocultarse, y esto representa una nueva situación en el debate.

El Grupo Socialista en el Parlamento Europeo está consternado por los métodos brutales empleados por la Junta Militar contra los manifestantes pacíficos. Esperamos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que mantiene ahora una reunión paralela, adopte medidas inmediatas y que se haga sentir su influencia, lo que significa su influencia sobre y con China.

El segundo mensaje que debe enviarse hoy debe ser la solidaridad del Parlamento Europeo con el pueblo de Birmania: nuestra solidaridad, apoyo y, sí, nuestra admiración por el coraje de sus ciudadanos. Los monjes budistas no constituyen una pequeña élite minoritaria, sino que forman parte de la ciudadanía y cuentan con el apoyo de miles de personas. Claramente, las manifestaciones fueron desencadenadas por los incrementos arbitrarios de los precios pero, durante años, la Junta ha violado la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, específicamente, las normas de la Organización Internacional del Trabajo, además de practicar la tortura y el trabajo forzoso.

En la era de la globalización, el aislamiento ha dejado de ser una opción, lo cual es positivo. Los derechos democráticos básicos y el sistema universal de valores se aplican igualmente al continente asiático. Esperamos que la Constitución de Birmania, tanto tiempo planificada, se incluya en la agenda de manera inmediata y que Birmania —como Tailandia, relativamente pronto— celebre elecciones democráticas. Es posible establecer y poner en práctica regímenes democráticos en estas regiones.

Además de las Naciones Unidas y Europa, los países de la ASEAN deben, ciertamente, desempeñar también un papel más activo, en especial puesto que aspiran a convertirse en algo semejante a una UE. Las manifestaciones mantenidas hoy en Filipinas son un signo positivo de solidaridad en la región.

No existe vuelta atrás en el camino hacia la democracia, incluso en Birmania.

  Annemie Neyts-Uyttebroeck, en nombre del Grupo ALDE. – (NL) Señora Presidenta, Comisario, señoras y señores, permítanme comenzar con una humilde reverencia ante el increíble coraje de la población birmana, que está protestando pacíficamente en masa contra la dictadura militar de su país.

Hoy, dicho régimen se ha embarcado en una represión violenta y nuestros corazones se solidarizan con el destino del pueblo birmano; ante ello, la Unión Europea debe protestar más enérgicamente, no sólo con la palabra, sino también con los hechos. Si el régimen persiste en la represión, deben intensificarse las sanciones y apelar, cuando no obligar, a todas las empresas europeas que todavía realizan operaciones en Birmania a que cesen sus actividades en el país. Los países de la ASEAN deberían también endurecer su posición respecto a Birmania, y la India y China deberían emplear su influencia sobre el régimen para instarle a entablar un diálogo serio con la oposición democrática birmana.

El régimen birmano no sólo reprime a la población en la esfera política; también ha hundido al pueblo en las miserias de la pobreza y la indigencia, a pesar de ser un país que tiene todo lo necesario para ser próspero. Las manifestaciones masivas del pueblo birmano suponen prueba suficiente de que Aung San Suu Kyi, indudablemente, no está sola, sino que porta las esperanzas de la gran mayoría de los birmanos. El régimen birmano debería restituirle inmediatamente la plena libertad de circulación y liberar a todos los prisioneros políticos, incluyendo a los aprehendidos hoy.

Finalmente, deseo hacer un llamamiento a la Unión Europea para que haga el máximo uso del instrumento para promover la democracia y los derechos humanos que tenemos ahora a nuestro alcance.

  Brian Crowley, en nombre del Grupo UEN. – Señora Presidenta, me gustaría agradecer al Presidente en ejercicio y al Comisario, así como a sus Señorías, los comentarios que han realizado hasta ahora.

El movimiento nacional para la democracia en Birmania preguntaba hace 18 años: ¿qué hace falta para que la comunidad internacional convenza a las autoridades birmanas de que deben adoptar la democracia? ¿nos tienen que matar a tiros en las calles y que lo graben las cámaras de televisión para que la comunidad internacional responda?

Por desgracia, este pronóstico se está cumpliendo ahora. Podemos ver cómo una parte de la sociedad birmana, los monjes y monjas budistas que viven una vida de no violencia y de pacifismo, que dedican su tiempo a los demás, están siendo masacrados en las calles e intimidados por el régimen militar. No es adecuado que la gente piense que cualquier palabra que se pronuncie aquí va a lograr los fines que pretendemos. Sin embargo, es asimismo incorrecto que el mundo haya permanecido en silencio durante tanto tiempo; no podemos seguir callados. Y, como han dicho los colegas diputados, nos corresponde hacer uso de nuestra influencia, no sólo con el régimen de Birmania, sino también con China, la India y Bangladesh para lograr que exista coherencia y respeto de las sanciones vigentes y de las demandas de democracia.

Actuemos para condenar la violencia contra las protestas pacíficas, pero asegurémonos de que podemos dar nuestro apoyo a quienes protestan.

  Raül Romeva i Rueda, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señora Presidenta, es evidente que los últimos acontecimientos que están teniendo lugar en Birmania nos sitúan cada vez más ante una situación de punto de no retorno. Yo creo que las manifestaciones masivas, no solamente de monjes y monjas, sino de miles y miles de personas que han estado apoyando y que siguen apoyando esas manifestaciones han sido un claro mensaje hacia la Junta Militar birmana, pero también hacia el mundo, de que existe en ese país un hartazgo, un cansancio de la situación y una voluntad de cambio.

Y es, precisamente, esa voluntad de cambio la que desde la Unión Europea y desde la comunidad internacional en general debemos apoyar. Es evidente que tras 30 años de sanciones sin apenas resultados, la política debe dar un giro. Y la política internacional, en ese sentido, debe implicar a los países de la región, no solamente a China y la India como se ha dicho, sino también a Japón y a Singapur, actual presidencia de la ASEAN. Y es por eso que tenemos que celebrar no solamente los gestos hechos por el Consejo y por la Comisión, sino también los gestos que se están haciendo en el seno de las Naciones Unidas para que haya un firme mensaje de liberación de la oposición política, especialmente de Aung San Suu Kyi, y, sobre todo, un paso a favor de la democracia al que en estos momentos espero ya no podemos ni debemos renunciar.

  Bastiaan Belder, en nombre del Grupo IND/DEM. – (NL) Señora Presidenta, el Consejo Estatal de Paz y Desarrollo: tal es el nombre oficial del régimen militar de Birmania que, en este momento, ante la crisis actual en la que se encuentra sumido el país, resuena más que nunca como una cruel mentira.

La Junta Militar ha representado el abuso de poder y la mala gobernanza durante decenios, así que tiene sentido que economice al máximo en las estadísticas. Por cierto, la gran mayoría de la población birmana es víctima de una doble explotación; sí, así es, una doble explotación: internamente, por los gobernantes militares del país —todo aquél que lleve a cabo negocios en Birmania tiene que operar, casi exclusivamente, con el ejército de por medio— y, externamente, por la República Popular China, que toma parte de una forma extrema de explotación de los ricos recursos naturales y agrícolas de este Estado de Asia Sudoriental. Los diplomáticos que se encuentran en Rangún incluso han llegado a decir estos días: «Birmania se ha convertido en una cuasi-provincia china». En los colegios del norte, construidos por China, el mandarín es la primera lengua, y la hora de Beijing es la hora local oficial.

Señora Presidenta, podría decirse que los gobernantes birmanos y los chinos son prácticamente indistinguibles unos de otros; por consiguiente, insto al Consejo y a la Comisión a que estén entre los primeros en alzarse firmemente ante la responsabilidad compartida de los dirigentes birmanos y de Beijing por el sufrimiento del pueblo birmano.

  Luca Romagnoli, en nombre del Grupo ITS. – (IT) Señora Presidenta, Comisario, señoras y señores, cuando nuestras resoluciones y declaraciones no quedan como mera letra muerta o una débil voz a los grandes oídos del Consejo, quedan atrapados en la intempestividad de los acontecimientos que, ciertamente, no coinciden ni aguardan a nuestro calendario del pleno.

Hace unos días votamos casi unánimemente a favor de una Resolución sobre Birmania. Sus considerandos detallan numerosas violaciones de los derechos humanos que se perpetran en dicho país en la actualidad, pero omiten recordar que un régimen militar de inspiración marxista ha estado oprimiendo al pueblo durante decenios, con el apoyo de China, como es bien sabido. No solamente existe opresión; cabe recordar que el régimen birmano es un sistema que basa gran parte de su poder y de su presupuesto en el tráfico de drogas.

Por lo que respecta a la represión, la censura y el acoso generalizado que han caracterizado al régimen birmano durante años, quisiera señalar que no se trata únicamente de la muy aclamada señora Aung San Suu Kyi, no únicamente de periodistas como U Win Tin y de actores como el señor Zaganar o el conocido activista de los derechos civiles, Win Naing; permítanme decirles, señoras y señores, que son también los monjes budistas, como saben pero, sobre todo, existen también numerosas minorías considerables, entre las que se incluye un grupo cultural y étnico en particular que no se mencionó en la Resolución aprobada hace dos semanas: el pueblo Karen. Este pueblo ha rechazado, durante decenios, seguir la línea de un sistema en el que la subsistencia depende de la prostitución infantil y el cultivo de drogas.

Deplorar simplemente la represión con la que el Consejo Estatal de Paz y Desarrollo aplasta la protesta popular, y exigir al mismo tiempo el establecimiento de la democracia en Birmania no es de mayor utilidad que las condenas rotundas, las demandas de una liberación inmediata e incondicional de los detenidos —que, recalco, es crucial— y de todo aquello que nos esforzamos por dejar por escrito, suplicar o amenazar sin conseguir demasiado resultado en la práctica.

Incluso el Presidente de los Estados Unidos, el señor Bush, a pesar de sus numerosos comentarios vacuos ante la Asamblea de las Naciones Unidas, tiene un punto a su favor: ha llegado tan lejos como para exigir la intervención de las Naciones Unidas y ha hablado de un país que ha impuesto un reinado del temor, donde las libertades básicas se encuentran rigurosamente restringidas, donde se persigue a las minorías étnicas y donde el trabajo infantil forzoso, el tráfico humano y la violación son algo común; incluso llegó a anunciar el endurecimiento de las sanciones, como ha hecho también la Presidencia en ejercicio de la Unión Europea.

Pues bien, esperemos que todo ello sirva para algún propósito, porque si no es así, no escucharemos, ciertamente, ninguna amenaza de bombardeo, ni presencia de bases militares en Birmania ni —todavía menos— de su socio, China. La situación de la oposición birmana es como la lucha del pueblo Karen, que dura decenios: mucho ruido en Europa y en los Estados Unidos, pero dejando que ese país resuelva sus propios asuntos. Por el momento aquí no se encuentran en juego intereses transnacionales; por el momento, las habituales palabras vacuas son suficientes para la Unión Europea.

  Manuel Lobo Antunes , Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) Señora Presidenta, Comisario, señoras y señores, en mi intervención he tratado brevemente de dar a esta Cámara información precisa y detallada acerca de todas las medidas políticas y diplomáticas adoptadas y de los contactos establecidos en relación con el problema de Birmania (Myanmar), sobre cómo hemos estado haciendo un seguimiento de la situación, y sobre lo que hemos hecho. Ahora quisiera reafirmar la absoluta determinación de la Presidencia portuguesa de continuar realizando un estrecho seguimiento de los acontecimientos que se desarrollen en dicho país, y asegurarles también que la Presidencia propondrá, ciertamente, cualquier medida que, en su opinión, demuestre nuestra solidaridad inequívoca con el pueblo birmano y, al mismo tiempo, demuestre también de modo inequívoco a las autoridades birmanas que habrá un precio que pagar por cualquier nuevo deterioro de la situación del país.

  Presidenta. – Presidente en ejercicio del Consejo, señor Lobo Antunes, quisiera agradecerle, en nombre del Parlamento Europeo, que haya permanecido durante todo el día con nosotros. Quiero que sepa que hemos reparado en ello.

Para concluir el debate, he recibido seis propuestas de resolución de acuerdo con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento del PE⁽¹⁾.

Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar el jueves 27 de septiembre de 2007.

(Se suspende la reunión a las 17.40 y se reanuda a las 18.00 horas).

Declaraciones por escrito (Artículo 142)

  Richard Corbett (PSE), por escrito. – Birmania es una de las peores y más antiguas dictaduras militares del mundo. Han mantenido a su pueblo en una pobreza abyecta, que contrasta enormemente con el éxito económico de muchos de sus vecinos. La represión ha sido brutal. Los contactos con el mundo exterior se encuentran severamente restringidos, y la situación habría quedado olvidada a no ser por el heroísmo de Aung San Suu Kyi, que representa un foco de esperanza para las aspiraciones democráticas del pueblo birmano. Espero que en los próximos días podamos asistir al fin del régimen militar sin nuevos derramamientos de sangre, e invito al Consejo y al Alto Representante a aplicar toda la presión que puedan para lograr este resultado.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. – Como ponente parlamentario sobre el acuerdo de libre comercio entre la UE y la ASEAN, siempre dejé claro en todas mis reuniones con los ministros de comercio y funcionarios de los países de la ASEAN que el Parlamento se opondría enérgicamente a cualquier concesión a la actual dictadura militar birmana.

Los acontecimientos de estos últimos días, en los que las protestas pacíficas encabezadas por monjes budistas han sido respondidas con gases lacrimógenos y disparos, han empeorado una terrible situación.

He tenido el privilegio de visitar a Aung San Suu Kyi en Rangún hace casi una década, cuando su arresto domiciliario se había relajado lo suficiente para que pudiera recibir algunos raros visitantes. Me dijo con toda claridad que como representante y líder democráticamente elegida de la Liga Nacional para la Democracia, derrocada por el régimen militar, quería que la UE impusiera las sanciones más severas que fuera posible.

Ahora la UE y los Estados miembros deben ponerse al frente de la demanda de sanciones globales de la ONU a través del Consejo de Seguridad. Ni nosotros ni el pueblo birmano podemos esperar por más tiempo.

  Jules Maaten (ALDE), por escrito. – (NL) Un nuevo drama se está produciendo en Birmania. La junta ha optado por la confrontación con miles de manifestantes pacíficos. Resulta enormemente lamentable, ya que es maravilloso que la población haya tenido el valor de plantar cara sin ayuda del exterior. Respaldo la liberación incondicional de Aung San Suu Kyi, U Khun Htun Oo, Ko Min Ko Naing y todos los demás presos políticos y apoyo unas reformas democráticas rápidas.

La Comisión Europea debería hacer el mejor uso de los fondos de emergencia, previstos en el objetivo 1 del presupuesto del Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos, de forma que se pueda brindar el apoyo adecuado a los medios de comunicación independientes, a los defensores de los derechos humanos y a las ONG en Birmania.

Asimismo parece inevitable un mayor endurecimiento de todas las sanciones económicas existentes. Estoy a favor de adherirnos a las medidas británicas y norteamericanas y de imponer severas restricciones a las actividades comerciales y a las transacciones financieras con Birmania.

El Parlamento debería enviar una delegación a Birmania para evaluar por si mismo la situación.

  David Martin (PSE), por escrito. – La situación en Birmania es extraordinariamente preocupante. Quienes se manifiestan contra el régimen militar (incluyendo los monjes) están dando pruebas de un valor inmenso. El régimen ha reprimido brutalmente las manifestaciones anteriores y demostrado muy poco interés por el bienestar de su pueblo. Hay que aplicar la máxima presión internacional sobre el régimen, incluyendo el compromiso de exigir responsabilidades a los autores de atrocidades en los próximos días ante la Corte Penal internacional. La UE debe hablar con China y la India, que están en mejores condiciones para presionar al régimen, pidiéndoles que intervengan para proteger a los manifestantes y para que Birmania vuelva a la normalidad.

PRESIDE: MANUEL ANTÓNIO DOS SANTOS
Vicepresidente

(1) Véase el Acta

13. Turno de preguntas (preguntas al Consejo)

  Presidente. − El siguiente punto es el turno de preguntas (B6-0316/2007).

Se dirigen las siguientes preguntas al Consejo.

La pregunta nº 1 no es admisible (anexo II, parte A, apartado 2 del Reglamento del PE).

Pregunta nº 2 de Silvia-Adriana Þicãu (H-0597/07)

Asunto: Perspectivas del proyecto Galileo

El proyecto Galileo es un proyecto extremadamente importante para la Unión Europea, ya que es el resultado de la investigación y la cooperación en el ámbito espacial entre los Estados miembros y puede aplicarse en numerosos ámbitos, entre los cuales se encuentran los transportes.

Habida cuenta de la situación de punto muerto en cuanto a la financiación de este proyecto, ¿podría indicar el Consejo qué medidas prevé para el desbloqueo de esta situación y qué cooperación con respecto a este proyecto prevé establecer la Unión Europea con terceros países como la India?

  Manuel Lobo Antunes, Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) Como sabe su Señoría, durante su reunión del 6 al 8 de junio de 2007 el Consejo analizó en profundidad la situación del proyecto Galileo y aprobó una resolución. En dicha resolución, el Consejo invitaba a la Comisión a presentar propuestas sobre diversos aspectos del proyecto Galileo. Desde entonces, la Comisión ha aprobado estas propuestas (el 19 de noviembre) y ahora esperamos que los órganos competentes del Consejo las analicen con vistas a tomar una decisión integrada sobre la ejecución del proyecto Galileo, incluida la financiación pública y las modalidades de participación, antes de finales de este año.

Por lo que respecta a la cooperación con terceros países, es conveniente recordar que el Consejo concede la mayor importancia a la cooperación con países que no pertenecen a la Unión Europea. Desde 2001, como sabe, se han firmado varios acuerdos de cooperación relativos a Galileo con países no pertenecientes a la UE, como China, Israel y Ucrania. Estos países están realizando contribuciones al programa Galileo en cuanto a definición del sistema, investigación y cooperación industrial.

En el caso específico de la India, el 7 de septiembre de 2005 se firmó en Nueva Delhi un acuerdo de cooperación por parte de los negociadores de la Comisión y de la India. No obstante, la Comisión ha decidido continuar las consultas con las autoridades indias a fin de ajustar dicho acuerdo a los de cooperación estándar de la CE sobre Galileo y tomar en consideración los últimos desarrollos en este proyecto. En términos de normas aplicables, el Consejo tiene que esperar una propuesta de la Comisión antes de tomar una decisión sobre este tema.

A fin de definir mejor la posición de terceros países, el 22 de marzo de este año el Consejo aprobó una decisión autorizando a la Comisión a negociar con países no pertenecientes a la UE con vistas a firmar acuerdos sobre su participación como miembros asociados en la Autoridad Europea de Supervisión del sistema global de navegación por satélite (GNSS).

El principal objetivo de esta decisión consiste en proporcionar un planteamiento armonizado referente a todos los países no pertenecientes a la UE mediante la definición clara de las modalidades de su participación dentro de la GSA.

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) Señor Presidente, quiero dar las gracias del Secretario de Estado por la información facilitada. No obstante, desearía volver sobre la primera parte de mi pregunta, la de la financiación del proyecto Galileo. Ruego al Secretario de Estado que nos proporcione más información acerca de la verdadera manera de financiar este proyecto y sobre la forma en que se analizó la propuesta de la Comisión, así como cuál va a ser la decisión real del Consejo durante la próxima legislatura.

  Manuel Lobo Antunes. −(PT) No estoy en condiciones de predecir la decisión del Consejo sobre los asuntos que están sobre la mesa, en particular los referentes a la subvención. Este asunto tiene que ser discutido, desde luego, con el Consejo, junto el resto de temas planteados en las propuestas más recientes de la Comisión. Dos cosas puedo asegurarle a su Señoría: primero, que la Presidencia entiende que el proyecto Galileo es un proyecto estratégico para la Unión Europea y que, por consiguiente, se ocupará de él desde esa perspectiva, es decir, como un proyecto de interés estratégico para la Unión Europea; segundo, que la Presidencia hará todo lo posible para llegar a una conclusión sobre los principales aspectos del proyecto Galileo durante el mandato portugués.

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, yo también comparto la idea de que Galileo es un proyecto prioritario y urgente para la Unión Europea, pero los agricultores se encuentran muy preocupados porque de la Comisión ha partido la idea de aprovechar los fondos excedentarios de la política agrícola comunitaria para financiar este proyecto Galileo. Por lo que se refiere al año 2007, parece que existen realmente excedentes, pero están preocupados por el futuro

Lo que le quiero preguntar al Consejo es: los distintos Gobiernos, los 27 Gobiernos, ¿comparten la idea de que éste sea un proyecto prioritario y de que se necesita aplicar fondos, bien sea por aportaciones extraordinarias o por la utilización de los remanentes que todos los años se producen en el presupuesto comunitario?

  Manuel Lobo Antunes. − (PT) Muchas gracias, señor Presidente. Creo que ya he respondido a esta pregunta en mi contestación anterior. El tema de la financiación todavía está pendiente de resolución. El Consejo tiene que debatirlo, ya que por ahora no se ha tomado ninguna decisión sobre este asunto. Es de esperar, por supuesto, que los Estados miembros tendrán asimismo diferentes puntos de vista a este respecto. Sin embargo, considero que existe de hecho un consenso entre nosotros en cuanto al carácter estratégico de este proyecto.

  Presidente. −

Pregunta nº 3 de Bernd Posselt (H-0599/07)

Asunto: Reforma constitucional en Bosnia y Herzegovina

¿Cómo valora el Consejo el estado de las reformas, en particular de la reforma constitucional y de la reforma del Acuerdo de Dayton, en Bosnia y Herzegovina y qué medidas planea para la renovación y la integración de dicho país?

  Manuel Lobo Antunes, Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) Señorías, la Unión Europea va a realizar una evaluación del actual proceso de reforma en Bosnia y Herzegovina en el informe anual sobre los progresos realizados, previsto para noviembre, como es habitual.

El Consejo ha reiterado en numerosas ocasiones la importancia de la rápida ejecución de las cuatro condiciones esenciales para finalizar las negociaciones sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación, tal como recogen las conclusiones del Consejo de 12 de diciembre de 2005, en especial la puesta en práctica de la reforma de la policía. No obstante, como es sabido, la situación política ha continuado siendo tensa en los últimos meses debido a la radicalización de las posiciones adoptadas por los principales dirigentes bosnios. De momento parece extremadamente difícil alcanzar un consenso sobre la agenda de reformas, en concreto en lo referente a la reestructuración de las fuerzas de la policía.

El Alto Representante, señor Solana, se ha reunido con Miroslav Lajčák, el Representante Especial de la UE en Bosnia y Herzegovina, el 10 de septiembre. Durante dicha reunión, que se celebró en Bruselas, el señor Solana expresó su pleno apoyo a la labor del Representante Especial de la UE y a sus esfuerzos por alcanzar un compromiso sobre la reforma de la policía con los dirigentes políticos de Bosnia y Herzegovina.

El Secretario General y Alto Representante, señor Solana, instó a los líderes bosnios a que participaran con espíritu constructivo en la última iniciativa presentada por el Representante Especial, a fin de superar el último obstáculo que impide a Bosnia y Herzegovina concluir el Acuerdo de Estabilidad y Asociación con la Unión Europea. Asimismo hizo un llamamiento a las autoridades de este país para que actúen de manera responsable a fin de cumplir con las obligaciones que tienen cara al pueblo de Bosnia y Herzegovina.

El Consejo ha expresado asimismo su apoyo a los esfuerzos realizados en Bosnia y Herzegovina en el ámbito de la reforma constitucional, con vistas a crear estructuras estatales más funcionales, capaces de alcanzar los estándares europeos. Es necesario realiza un mayor esfuerzo para continuar mejorando la eficacia de los órganos ejecutivos y legislativos y tenemos que reforzar igualmente la capacidad administrativa y de coordinación entre el Estado y sus órganos.

En cuanto al Instrumento de Ayuda de Preadhesión, la Unión Europea ha reservado 1 millón de euros para la reforma constitucional en Bosnia y Herzegovina. Como probablemente sepa, el Consejo también aprobó el 7 de febrero de 2007 una acción conjunta para modificar y ampliar el mandato del Representante Especial de la UE en Bosnia y Herzegovina. En virtud de este mandato modificado, el Representante Especial de la UE va a brindar asesoramiento político y a ofrecer sus servicios durante el proceso de la reforma constitucional.

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Bosnia y Herzegovina sólo tendrá futuro si se transforma en una Federación que acoja a sus tres naciones en igualdad de condiciones, que no sólo ha de incluir a los bosnio-herzegovinos, sino también a los croatas de Bosnia Central. Mi pregunta es muy concreta: ¿qué se puede hacer cuando una entidad como la República Srpska bloquea la reforma de la policía y el retorno de los refugiados desde el interior, mientras que la UE sólo presiona desde el exterior sobre el Estado en su conjunto? ¿Hablan ustedes también con las distintas entidades y presionan sobre ellas, o sólo se puede hacer eso a través del Estado central? En tal caso eso resulta muy difícil.

  Manuel Lobo Antunes. − (PT) Muy bien, señor Presidente, Señoría, lo que puedo decir a este respecto es que la Unión Europea va a hacer todo lo posible, por medio de los instrumentos diplomáticos disponibles y, en concreto, de las acciones de su Representante Especial, para garantizar que el actual punto muerto de las reformas constitucionales, en especial en la reforma de la policía, pueda superarse satisfactoriamente y se puedan abolir los obstáculos encontrados. Ése es nuestro compromiso.

El Consejo tendrá en cuenta, desde luego, las propuestas y sugerencias que pueda plantear el Representante Especial como resultado de su presencia sobre el terreno. Como puede imaginar su Señoría, el Consejo es consciente de la complejidad de la situación y, en concreto, de la urgente necesidad de superar el punto muerto que constatamos actualmente.

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Como bien sabe el Secretario de Interior, la perspectiva de llegar a convertirse en miembro de la UE constituye una poderosa fuerza motriz para la reforma política y económica en todos los países balcánicos. De hecho, existen negociaciones muy intensas con Croacia. ¿Puede proporcionarnos el Consejo una descripción del estado exacto de las negociaciones con Croacia, y sobre todo, de cómo se están ejecutando los acuerdos de asociación con los restantes países, y si están funcionando bien?

  Manuel Lobo Antunes. − (PT) Señor Seeber, como sabe, el Consejo ha expuesto, de forma repetida y sistemática, su punto de vista y su opinión sobre los procesos de adhesión y sobre las perspectivas europeas de diversos países, en particular los Balcanes. El Consejo ha manifestado claramente que existe una expectativa europea para los Balcanes. De hecho, en el caso de uno de ellos, a saber, Croacia, ya estamos en el proceso de negociar la adhesión de este país a la Unión Europea.

Como ya he dicho, la Comisión va a presentar en noviembre, según lo habitual, una comunicación al Consejo informando sobre el estado de las negociaciones, en especial el estado de las negociaciones con Croacia, y presentará sus propuestas.

Ése será el momento adecuado para que nosotros realicemos una revisión detallada y actualizada al máximo de la negociación para la adhesión. No obstante, aun cuando puedan existir ciertas dificultades, problemas o retrasos aquí o allá, me parece, conforme a mi análisis personal del estado de las negociaciones, que progresan a buen ritmo.

  Presidente. −

Pregunta nº 4 de Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0604/07)

Asunto: Medidas para el fomento de la innovación

¿Qué iniciativas concretas piensa tomar la Presidencia portuguesa para llegar al 3 % de inversión en innovación?

¿Cuál es la participación de las PYME, en particular las que se encuentran en zonas de montaña, insulares o periféricas, en las acciones de financiación de la innovación y la investigación?

  Manuel Lobo Antunes, Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) Como sabe su Señoría, la Unión Europea no ha acordado por el momento ningún objetivo cuantificado para la inversión en innovación. Dicho objetivo sería virtualmente imposible de definir y de llevar a la práctica, ya que la innovación cubre un amplio espectro de actividades que resultan muy difíciles de definir y medir.

La Unión Europea, por tanto, optó en 2002 por aprobar un objetivo cuantitativo orientativo para la inversión en investigación y desarrollo, lo que se conoce por sus siglas I+D, que es el famoso objetivo de Barcelona del 3 %. Resultó posible fijar este objetivo ya que las acciones de I+D, que están definidas a nivel internacional en el Manual de Frascati de la OCDE, son más sencillas de medir y cuantificar.

Es preciso apuntar que este objetivo ha sido utilizado como indicador de referencia preferido, dadas las dificultades encontradas en los últimos años para aumentar el esfuerzo privado en I+D en segmentos significativos del sector empresarial.

Sin embargo, la acción para fomentar la innovación y la investigación constituye una prioridad muy alta en la política de la Unión Europea. Se está ejecutando a través de diversos instrumentos, como el Programa Marco y el PCI, el Programa Marco de Competitividad e Innovación, así como por medio del uso de los Fondos Estructurales.

El Séptimo Programa marco y el PCI se concibieron teniendo presentes las necesidades de las PYME, que son las principales beneficiarias del PCI. Se ha introducido una cuota mínima del 15 % en el Séptimo Programa marco para la participación de las pequeñas y medianas empresas en las actividades de investigación contempladas por las prioridades fijadas en el programa específico sobre «Cooperación».

Es preciso apuntar que el apoyo en el Séptimo Programa marco para pequeñas y medianas empresas puede contribuir a aumentar su potencial en materia de competitividad e innovación. Las regiones de montaña, insulares o periféricas reciben apoyo con cargo a los Fondos Estructurales. También reciben apoyo a través de las oportunas prioridades temáticas del programa específico sobre «Cooperación» en el Séptimo Programa marco, sobre todo con respecto a la mejora de su situación en materia de transporte, información, comunicaciones y suministro energético.

Al amparo del programa específico sobre «Capacidades», debe liberarse el potencial de investigación de las regiones de convergencia y ultraperiféricas de la UE. Además de los actuales programas e incentivos, también será fomentada la innovación a través de una serie de iniciativas que se hallan actualmente en fase de negociación dentro del Parlamento Europeo y del Consejo. Dichas iniciativas incluyen la propuesta de creación del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, la iniciativa EUROSTARS, que implica de manera activa a las pequeñas y medianas empresas innovadoras, otras iniciativas conforme al artículo 169 del Tratado de la CE e iniciativas conjuntas previstas en el artículo 171 del Tratado de la CE.

Conviene añadir que la Comisión está elaborando actualmente su propuesta de plan de acción estratégico para las tecnologías energéticas estratégicas, basada en una consulta pública de amplio alcance. Tiene intención de presentar esta propuesta a finales de 2007. En esta misma línea, quiero también resaltar el nuevo planteamiento para la política industrial que, dentro del contexto del desarrollo sostenible, se centra en el cambio climático, en el cual la innovación y el papel de las pequeñas y medianas empresas en la economía europea son aspectos fundamentales.

En todas estas iniciativas, las pequeñas y medianas empresas van a desempeñar una función muy importante. Algunas de estas iniciativas también estarán destinadas a intereses concretos en las regiones citadas por su Señoría, como la iniciativa «bono» que ya está programada y por medio de la cual se va a coordinar la investigación marina en el Mar Báltico.

La Presidencia portuguesa ha tenido presente la consecución del objetivo del 3 % para la inversión en I+D y quiere subrayar los debates celebrados con el Consejo informal «Competitividad» de julio en Lisboa, donde se analizó la función de la inversión pública y privada en I+D, junto con medidas en el ámbito de la política pública capaces de contribuir a la consecución de dicho objetivo.

El Consejo informal al que me refiero también estudió la política sobre pequeñas y medianas empresas con especial incidencia en innovación y financiación, internacionalización y eficiencia energética.

Además, al subrayar la necesidad de medidas específicas en el ámbito de los recursos humanos en la ciencia y la tecnología y reforzar las medidas en el campo de la sociedad de la información, la Presidencia portuguesa espera impulsar asimismo las condiciones favorables para una mayor esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación en toda la Unión Europea.

  Maria Panayotopoulou-Kassiotou (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, me gustaría preguntar al representante del Consejo, a quien agredzco su respuesta, si las infraestructuras de los Estados miembros y el estado de preparación de la buena gobernanza permiten el desarrollo de este ambicioso programa para la innovación. ¿Están sujetos los Estados miembros a controles a la hora de poner en práctica cualquier esquema de soporte dentro del programa para la innovación?

  Manuel Lobo Antunes. − (PT) Espero haber entendido correctamente la pregunta de su Señoría. En caso contrario, me gustaría se me corrigiera o ilustrara en cuanto al sentido exacto de su pregunta.

Quiero decir lo siguiente: como sabe su Señoría, todos estos asuntos están relacionados de forma muy directa con la Estrategia de Lisboa y, en concreto, con la Estrategia de Lisboa en su vertiente «economía».

En estos momentos estamos evaluando, como es evidente, distintos aspectos en relación con el nuevo ciclo de la Estrategia de Lisboa. Uno de los asuntos que hemos de analizar y debatir es precisamente el papel de los Estados miembros cara a la consecución de las metas u objetivos planteados en este campo. En concreto, esto atañe a las medidas relacionadas con la innovación y el desarrollo en las pequeñas y medianas empresas y también, desde luego, dentro del capítulo sobre su gobernanza, con la forma en que pueden alcanzar tales objetivos.

Creemos que los Gobiernos y los Estados miembros tienen que desempeñar un papel fundamental en este contexto y resulta, desde luego, provechoso para la Comisión controlar de cerca cómo están desarrollando y adoptando los Estados miembros sus políticas para los objetivos fijados.

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – Señor Presidente en ejercicio, al responder a esta pregunta mencionó la eficiencia energética, y creo que ésa es la estrategia correcta. Ayer el Comisario Potočnik insistió también en que la prioridad número uno era la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático. Me gustaría preguntarle, ¿qué medidas adicionales piensa adoptar el Consejo para movilizar todos sus recursos y atención con el fin de resolver este problema vital de la eficiencia y del cambio climático?

  Manuel Lobo Antunes. − (PT) Como sabe su Señoría, el Consejo aprobó en marzo un programa que está considerado pionero en el mundo, tanto en temas energéticos como de cambio climático. A nosotros, en la Unión Europea, nos va a corresponder una responsabilidad histórica, me atrevería a decir, en la Conferencia de Bali, que es de esperar fije nuevos objetivos para las emisiones de CO2 para después de Kyoto 2012. La Unión Europea tendrá evidentemente la responsabilidad de apoyar o animar a la comunidad internacional para que se fije a sí misma unos objetivos ambiciosos, tal como los que nos hemos propuesto a nosotros.

Por tanto, ya contamos, señor Paleckis, con un programa sumamente ambicioso para poner en práctica en toda la Unión Europea. Entre los asuntos energéticos específicos, el tema del ahorro energético se encuentra en la agenda tanto a nivel de la UE como dentro de los distintos Estados miembros. Puedo asegurarle que en Portugal –y tengo experiencia directa en el tema–, éste es un asunto de enorme importancia al que hemos dedicado un enorme esfuerzo. No obstante, también conviene mencionar el asunto de la inversión en nuevas tecnologías energéticas y en ciencias relacionadas con fuentes de energías alternativas.

Nos queda mucho por hacer. Desde luego, ahora tenemos que concentrarnos en el ambicioso programa referente a la energía y el cambio climático que hemos acordado.

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Hoy hemos sometido a votación en el Parlamento Europeo el IET y coincidimos de facto en que debe concedérsele prioridad absoluta. ¿Cuando espera usted que la Presidencia portuguesa esté en condiciones de presentar una propuesta de financiación que pueda ponerse en práctica, junto con el Parlamento, lo más rápidamente posible? ¿Cree usted que el IET también va desempeñar un papel en la revisión intermedia y el «chequeo»?

  Manuel Lobo Antunes. − (PT) Señor Rübig, debo decirle –con su permiso, señor Presidente– debo decirle que el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, su lanzamiento efectivo y su entrada real en funcionamiento constituyen una prioridad para la Presidencia portuguesa. Por tanto, vamos a procurar garantizar que este Instituto quede establecido antes del final de la Presidencia portuguesa.

Desde luego, aún cuando es la Presidencia la que emprende las acciones y realiza las propuestas, corresponde a las instituciones de la UE aprobar las propuestas de la Presidencia a este respecto. Puedo asegurarle que la Presidencia va a intentar actuar con la mayor celeridad posible. Existen otros temas y otros asuntos que, por supuesto, son responsabilidad del Consejo en su conjunto y de las instituciones, y no podemos ignorar este hecho.

  Presidente. −

Pregunta nº 5 de Dimitrios Papadimoulis (H-0605/07)

Asunto: Evolución de la situación de Kosovo

En un encuentro con el Secretario General de las Naciones Unidas el 10 de julio de 2007, el Secretario General del Consejo, Javier Solana, declaró acerca de Kosovo que un nuevo retraso en este ámbito no era conveniente. Por otra parte, la agencia de prensa francesa, citando fuentes diplomáticas, ha declarado que Bruselas está examinando más seriamente la posibilidad de un reconocimiento de Kosovo, pero «de la manera más organizada posible».

¿Qué opina el Consejo de la evolución de este asunto? ¿Puede desmentir categóricamente la posibilidad de un reconocimiento unilateral, en particular si predispone los procedimientos de las Naciones Unidas a este respecto?

  Manuel Lobo Antunes, Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) Señor Presidente, Señorías, como es sabido, el 18 de junio de 2007, el Consejo reiteró su postura en el sentido de que la amplia propuesta elaborada por el Presidente Martti Ahtissari, Enviado Especial de las Naciones Unidas, constituye la base para la solución del asunto de Kosovo mediante una nueva resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo Europeo ha expresado su apoyo a los redoblados esfuerzos para garantizar que el Consejo e Seguridad de las Naciones Unidas pueda aprobar oportunamente tal resolución.

Como ustedes saben, las consultas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre una nueva resolución se hallan suspendidas actualmente, pero el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sigue con mucha atención este tema. En una declaración en agosto, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, subrayó la iniciativa del Grupo de Contacto para que las nuevas negociaciones entre Pristina y Belgrado sean dirigidas por una troika compuesta por representantes de la Unión Europea, la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América. El Secretario General de las Naciones Unidas solicitó al Grupo de Contacto que le presentara un informe antes del 10 de diciembre. La intención de este nuevo período de negociaciones es que la troika juegue el papel de intermediario, siendo responsables las partes de aportar nuevas ideas.

Como saben, el Secretario General y Alto Representante, señor Solana, nombró el 29 de julio de 2007 al embajador Wolfgang Ischinger nuevo representante de la UE en la troika. De momento, la troika se ha reunido por separado con las partes los días 10 y 11 de agosto en Belgrado y Pristina, el 30 de agosto en Viena y el 18 y 19 de septiembre en Londres. Con motivo de la reunión del Grupo de Contacto a nivel ministerial, que se va a celebrar el 27 de septiembre en Nueva York al tiempo que la Asamblea General de las Naciones Unidas, los ministros van a discutir el estado de las negociaciones y tendrán que hacer pública una declaración con el fin de otorgar un empujón notable a este proceso. El 28 de septiembre, también en Nueva York, se van a celebrar otras reuniones por separado entre la troika y las partes, a las que posiblemente siga una primera reunión directa entre las partes ese mismo día.

Tal como ha subrayado el señor Solana, ahora es fundamental que las partes cooperen con espíritu constructivo en este proceso y realicen negociaciones sólidas. Al término del proceso de la troika, el Secretario General de las Naciones Unidas debe presentar un informe sobre este tema al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como comprenderán, todavía resulta prematuro predecir los resultados de estos procesos.

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL). – (EL) Señor Presidente, ayer mismo afirmaba Condoleezza Rice que Kosovo va a ser independiente. El planteamiento estadounidense está claro: proclamación unilateral de independencia en diciembre y reconocimiento inmediato por parte de los Estados Unidos de América.

¿Qué posición va a adoptar el Consejo con respecto a esta forma de proceder? ¿Están ustedes preocupados por la desestabilización creciente de la región a causa del nacionalismo albano? ¿Se propone finalmente el Consejo actuar de manera unificada, perceptible y uniforme?

He leído en el New York Times que los diplomáticos europeos se disponen a adelantarse a la postura del Consejo, que va a reflejar dócilmente la de los Estados Unidos. ¿Por qué no nos dice qué opinan los diplomáticos en el Consejo? Nos gustaría que nos proporcionara una respuesta clara.

  Manuel Lobo Antunes. − (PT) No he leído ni escuchado las declaraciones de la señora Riis-Jørgensen y, por consiguiente, preferiría no comentarlas directamente. Sin embargo, me gustaría decir lo siguiente: ahora tenemos que seguir un proceso, un proceso que está dirigido por la troika compuesta por representantes de la Unión Europea, la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América.

Deberíamos dejar a la troika realizar su trabajo, que es conveniente se desarrolle en un clima de sosiego y confidencialidad. Por lo que respecta a la Unión Europea, la labor de esta troika cuenta naturalmente con nuestro pleno apoyo. Además, esta troika cuenta con un mandato muy claro en cuanto a presentar un informe en diciembre que supondrá la finalización, que contendrá las conclusiones y, con toda probabilidad, recomendaciones resultantes de su labor a los largo de los próximos meses. Por tanto, esperamos, como ya he dicho, que esta labor llegue a término, que el informe sea publicado y que también se nos informe de cualquier recomendación formulada por esta troika.

En concreto, es fundamental para la Unión Europea que, cualquiera que sean estas conclusiones o recomendaciones y cualquiera que sean las perspectivas para el futuro de Kosovo, tal como queden formuladas en el informe de la troika, la Unión Europea permanezca unida y cohesionada en cualquier decisión que deba ser adoptada. Ése ha sido el constante llamamiento de la Presidencia portuguesa y confiamos que sea escuchado.

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿sabe usted que el señor Papadimoulis está completamente aislado aquí? ¿Conoce usted la resolución aprobada por esta Cámara en la que una mayoría del 75 % de los diputados ha manifestado que estamos a favor del plan Ahtisaari-Rohan y que estamos claramente a favor de la soberanía bajo supervisión internacional? ¿Sabe usted que hemos desechado de manera inequívoca la opción de una división de Kosovo? Quiero preguntarle asimismo qué piensa de estos rumores y habladurías acerca de una división de Kosovo, que ha quedado definitivamente descartada tanto por el Grupo de Contacto como por el Parlamento.

  Manuel Lobo Antunes. − (PT) El asunto de la división o partición de Kosovo no se encuentra, de forma alguna, en la agenda, ni forma parte de los trabajos de la troika.

  Presidente. −

Pregunta nº 6 de Philip Claeys (H-0611/07)

Asunto: Candidatura de Kazajstán a la presidencia de la OSCE

Al parecer, Kazajstán se propone presentar en 2009 su candidatura a la presidencia de la OSCE. El ministro de asuntos exteriores del país que ejerce la presidencia de la OSCE representa a la organización y coordina todas sus actividades.

Kazajstán es conocido como un país que no ha organizado nunca unas elecciones que respondan a las normas internacionales y en el que la situación de los derechos humanos es muy insatisfactoria.

Los Estados miembros de la UE actúan a menudo en bloque en la OSCE. Es de esperar que se imponga la unanimidad en una cuestión fundamental como la candidatura de un país no democrático a la presidencia de esta organización. La decisión final se tomará en noviembre.

¿Hay consenso en el Consejo de Asuntos Generales sobre la inaceptabilidad de la candidatura de Kazajstán? ¿Adoptarán los Estados miembros una posición unánime al respecto?

  Manuel Lobo Antunes, Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) Muchas gracias, señor Presidente, Señoría. La Unión Europea no ha tomado todavía ninguna decisión sobre la candidatura de Kazajstán a la presidencia de la OSCE en 2009. A juicio de la UE, esta candidatura viene a subrayar la necesidad de que Kazajstán continúe las reformas y el respeto a las normas y obligaciones de la OSCE en todas sus dimensiones. El Consejo ha afirmado reiteradamente que cualquier país que ocupe la presidencia de la OSCE tiene que constituir un ejemplo de respeto por los principios de dicha organización.

En las reuniones con las autoridades políticas de Kazajstán, la Unión Europea, el Consejo y la Comisión han subrayado que Kazajstán debe demostrar que está dispuesto y es capaz de comprometerse a cumplir fielmente las normas y obligaciones de la OSCE en todas sus tres dimensiones, a saber, la dimensión humana, la dimensión política y militar, y la dimensión económica y medioambiental.

  Koenraad Dillen (ITS), autor suplente. – (NL) Gracias por su respuesta, señor Ministro. ¿Puedo pensar que usted presupone que Kazajstán no cumple tales condiciones en estos momentos?

  Manuel Lobo Antunes. − (PT) He de intervenir, ya que su señoría ha inferido algo a partir de lo dicho por mí que no es exactamente lo que he manifestado. Lo que he dicho es que no se ha tomado ninguna decisión sobre la candidatura de Kazajstán y que tal decisión sobre ese tema tendrá en cuenta, a su debido tiempo, el cumplimiento de Kazajstán de las condiciones que he mencionado. Este análisis y este debate se celebrarán en el momento oportuno y en el lugar adecuado.

  Presidente. − La pregunta nº 7 decae al estar ausente su autor.

Pregunta nº 8 de Robert Navarro (H-0616/07)

Asunto: Pesca de atún rojo en el mar Mediterráneo

El 11 de junio de 2007, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) nº 643/2007⁽¹⁾ por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 41/2007 en lo que se refiere al Plan de recuperación para el atún rojo recomendado por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico. Ahora bien, de la lectura del texto en cuestión se desprende que no se respeta el principio de equidad entre los pescadores de atún rojo de la Unión Europea. El peso mínimo de los peces capturados y los periodos de pesca difieren según las zonas geográficas.

¿Qué razones motivan las diferencias de trato entre los pescadores del Mediterráneo y los del océano Atlántico oriental?

Las restricciones fijadas para los pescadores franceses de atún rojo del Mediterráneo pueden perturbar gravemente el equilibrio socioeconómico del sector. Cabe señalar que resulta difícil vender atunes cuyo peso sobrepase el límite de 30 kg establecido por el nuevo reglamento. Además, la reducción en dos semanas de la temporada de pesca conlleva una importante disminución del volumen de negocios de los pescadores. Todo ello afecta directamente a un millar de marineros y a sus familias.

¿Por qué razón la pesca del atún rojo en el Mediterráneo sería más perjudicial que la practicada en el Atlántico oriental?

  Manuel Lobo Antunes, Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) Muchas gracias, señor Presidente, señor Navarro. En nombre del Consejo quiero dar las gracias a su Señoría por su pregunta sobre el Plan de recuperación para el atún rojo. Este plan se elaboró a raíz de un dictamen de los científicos de la CICAA (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico), que recomendaba la actuación inmediata y exhaustiva para evitar la desaparición de las actuales poblaciones de atún rojo en el Mediterráneo y el Atlántico oriental. La CICAA aprobó la recomendación que preveía la puesta en práctica de un de plan de recuperación a 15 años durante su reunión anual en noviembre de 2006, celebrada en Dubrovnik. En consecuencia, la Comunidad Europea, como miembro de la CICAA, aceptó la obligación internacional de transponer dicho plan de recuperación al Derecho comunitario.

En términos comerciales, las consecuencias del incumplimiento total de esta obligación resultarían gravemente perjudiciales para la posición de la Comunidad Europea en los mercados asiáticos. Esta obligación quedó cumplida para 2007 a través de la aprobación del Reglamento del Consejo (CE) nº 643/2007 que modificaba el Reglamento sobre TAC (total admisible de capturas) y cuotas. Sobre la base de una propuesta de la Comisión, el Consejo está evaluando actualmente las reglamentaciones que se necesitan para que el plan pueda ser aplicado de forma permanente durante otros 14 años a partir del 1 de enero de 2008. Las reglas aplicables a las distintas zonas son diferentes a fin de reflejar las respectivas diferencias en cuanto a los tipos de pesca, niveles de actividad y situación de las unidades de las poblaciones. Es preciso recordar que estos tipos de pesca varían desde la industrial con alta tecnología, hasta la pesca tradicional no industrial.

Los grupos de la CICAA decidieron el plan basado en las opiniones científicas, que establecía ciertas distinciones entre el Mediterráneo y el Atlántico oriental. El Consejo opina, por tanto, que la CICAA intentó seguir este consejo científico al tiempo que diferenciaba los elementos del plan de recuperación con el fin de atenuar sus consecuencias socioeconómicas.

El Consejo es totalmente consciente de que este importante plan de recuperación tiene consecuencias socioeconómicas para las comunidades pesqueras en cuestión. Estas consecuencias también se harían sentir si las poblaciones de atún rojo volvieran a desaparecer. Durante las negociaciones con vistas a aprobar el Reglamento del Consejo (CE) nº 643/2007, el Consejo y la Comisión acordaron introducir una disposición para garantizar que el plan de recuperación fuera reconocido como tal por el Fondo Europeo de Pesca. Esto va a permitir a los Estados miembros utilizar parte de sus recursos procedentes del Fondo para mitigar los efectos económicos sobre las comunidades pesqueras afectadas. Está previsto que esta disposición continúe en vigor hasta el 31 de diciembre de 2014.

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE), autor suplente. – (ES) Señor Presidente, intervengo ahora en nombre del señor Navarro y me gustaría, a continuación, poder hacer una pregunta, una repregunta en mi propio nombre.

La pregunta que hago en nombre del señor Navarro es la siguiente. El artículo 23.4 del Reglamento (CE) nº 2371/2002 del Consejo, que establece el plan de recuperación del atún rojo, permite que se puedan deducir de las futuras posibilidades de pesca los excesos que un Estado miembro hubiera hecho con respecto a la cuota de un año. Y yo lo que le pregunto al Consejo es: ¿Qué pasará con quienes han pescado este año menos que su cuota al haber sido cerrada la pesquería por parte de la Comisión la pasada semana?

  Presidente. − Señor Ortuondo, no puedo concederle la palabra ya que tengo dos oradores inscritos. Sin embargo, le voy a conceder otros 15 segundos si desea formular su pregunta inmediatamente ya que, conforme al Reglamento, no puedo admitir tres preguntas complementarias. De forma excepcional, y con la tolerancia de todos los presentes, le permito que continúe durante otros 15 segundos.

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Señor Presidente, con su permiso y agradeciéndole su amabilidad, quisiera también preguntarle a la Presidencia del Consejo cómo se podrá aplicar ese Reglamento (CE) nº 2371/2002 si los Estados miembros no han colaborado con la Comisión y no le han enviado la documentación obligatoria que se precisa sobre las capturas realizadas en esta temporada, en esta campaña anual.

  Manuel Lobo Antunes. − (PT) Su Señoría me ha planteado varias preguntas, una de las cuales es muy concreta y detallada. Voy a intentar responder lo mejor que sepa, pero ciertamente creo que la primera pregunta se refiere directamente, y mejor debería formularse, a la Comisión. Considero que la Comisión se encuentra ciertamente en mejor situación que el Consejo para ofrecerle la aclaración que desea.

Con respecto a su segunda pregunta sobre la supuesta falta de cooperación de los Estados miembros con la Comisión, está claro que de ser cierto, corresponde a la Comisión analizar la situación y encontrar la mejor forma de, digamos, obligar a los Estados miembros a cumplir lo que ellos mismos hayan podido estipular. He ahí el motivo por el cual considero que la pregunta sería mejor dirigírsela a la Comisión que al Consejo.

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Quiero preguntar a la Presidencia cómo está abordando el fenómeno del cambio climático en relación con las cuotas de pesca. Todos sabemos que el cambio climático está atenuado actualmente por la enorme absorción de calor de los océanos; 80 % de la energía sigue absorbiéndose allí. Sin embargo, es necesario suponer que en el futuro se produzca también un calentamiento masivo del entorno marítimo. ¿Cómo va a garantizar la Presidencia que tenga debidamente en consideración estos nuevos hallazgos científicos y que se preste atención al entorno acuático a la hora de fijar las cuotas pesqueras?

  Manuel Lobo Antunes. − (PT) Pienso que ésta es otra pregunta que sería mejor planteársela a la Comisión, más que al Consejo, ya que la Comisión desempeña naturalmente un papel preponderante y fundamental a este respecto. Puedo decirle a su Señoría, como ya he dicho, que los asuntos medioambientales, en especial los relativos al cambio climático, se encuentran en la agenda de la Presidencia y en la del Consejo como algo prioritario. Nos vamos a enfrentar a un reto importante después de la Conferencia de Bali a finales de este año y, después de todo este proceso, esperamos estar en condiciones de decidir en 2009 sobre los nuevos objetivos para las emisiones de CO2.

  Rosa Miguélez Ramos (PSE). – (ES) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, yo también quisiera referirme a este asunto del atún rojo y, concretamente, quisiera referirme al cierre de la pesquería que decretó la Comisión estos días pasados en razón del rebasamiento de la cuota asignada a la Unión Europea.

De las informaciones que nos facilitó la Comisión se deduce que, al cierre de la pesquería, algunos Estados miembros, entre otros España o Portugal, no habrían capturado su cuota, mientras que otros, sin embargo, como Francia o Italia, la habrían rebasado e incluso duplicado, colocando a la Unión Europea en una situación cuando menos incómoda de infracción a las normas internacionales.

Mi pregunta, que va dirigida al Consejo, es: ¿Qué medidas puede arbitrar el Consejo para compensar a los Estados que no han agotado sus capturas a través de deducciones a los que han realizado sobrepesca? ¿Puede hacer eso el Consejo?

Y otra pregunta: ¿Qué va a hacer el Consejo? ¿Qué medidas va a tomar para que una situación como ésta no se vuelva a producir?

  Manuel Lobo Antunes. − (PT) Señor Presidente, señora Miguélez, una vez más he de decir que tendría que plantear estas preguntas a la Comisión. Es la Comisión la que se encuentra naturalmente en condiciones de responder de forma adecuada las preguntas que usted acaba de formularme.

  Presidente. −

Pregunta nº 9 de Chris Davies (H-0617/07)

Asunto: Elaboración de legislación comunitaria en público

¿Tiene constancia el Consejo de que la decisión que adoptó en junio de 2006 de publicar en su sitio web las actas de las reuniones en las que los ministros deliberan acerca de la legislación comunitaria haya tenido consecuencias perjudiciales?

  Manuel Lobo Antunes, Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) En respuesta a la pregunta planteada por su Señoría, la Presidencia desea remitirle al informe sobre la ejecución de la política global sobre transparencia, presentado por la anterior Presidencia finlandesa al Consejo el 11 de diciembre de 2006. Este informe contenía la última revisión del Consejo sobre el impacto de las nuevas medidas de transparencia sobre la efectividad del trabajo del Consejo. Según las conclusiones preliminares de este informe, que también es provisional, debería realizarse una evaluación más exhaustiva, antes de finales de 2007, de los efectos de las nuevas medidas de transparencia una vez se tenga mayor experiencia práctica en cuanto a su ejecución y el impacto sobre el trabajo del Consejo.

Puedo decirle que en el primer semestre de 2006 se realizaron en total 98 deliberaciones y debates públicos, de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de 15 y 16 de junio de 2006 y el artículo 8 del Reglamento del Consejo.

  Chris Davies (ALDE). – Celebro la respuesta del Presidente en ejercicio y me alegra mucho que el Consejo haya tomado la decisión de publicar estos trabajos, adelantándose a las disposiciones que pudiera contener el Tratado reformado.

En la respuesta del Presidente en ejercicio he observado que antes de finales de 2007 se realizará y publicará una revisión que, así lo espero, indicará en qué forma se van a aplicar los principios de apertura y transparencia en este ámbito. ¿Puede confirmar el Presidente en ejercicio que esta revisión se publicará efectivamente antes de que finalice su Presidencia?

  Manuel Lobo Antunes. − (PT) Lo que puedo confirmarle y asegurarle es que éste es un asunto muy querido para la Presidencia portuguesa y que vamos a hacer todo lo posible para llevar este proceso adelante. No puedo garantizar, en este momento, unas fechas específicas para esta revisión, pero puedo asegurarles que la Presidencia portuguesa tiene mucho interés en llevar adelante este asunto de la transparencia y está comprometida con él.

  Presidente. −

Pregunta nº 10 de Ryszard Czarnecki (H-0620/07)

Asunto: Situación en Afganistán

¿Cómo ve el Consejo el papel de la UE en la estabilización de la situación en Afganistán, país en el que varios Estados miembros mantienen tropas destacadas

  Manuel Lobo Antunes, Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) El planteamiento de la Unión Europeo se basa esencialmente en una estricta coordinación. Internamente se ha prestado especial atención a garantizar la complementaridad y el refuerzo mutuo de las acciones de la Comunidad Europea, el Consejo y los Estados miembros. Externamente, la Unión Europea ha sido uno de los miembros principales del Consejo Conjunto de Coordinación y Supervisión establecido al abrigo del Pacto por Afganistán de 2006.

La Decisión del Consejo de 12 de febrero de 2007 de hacer avanzar la misión de PESD (Política Europea de Seguridad y Defensa) en Afganistán debe ser entendida dentro del contexto de esta estrategia más amplia. La misión en materia de policía de la UE (EUPOL) se halla actualmente en fase de planificación. A través de esta misión, la Unión Europea está manifestando su intención de desempeñar un papel más activo en el ámbito de la policía con vínculos con un Estado de Derecho más amplio. Esta misión estará ensamblada, desde luego, con el compromiso de la Comisión para reformar el sector judicial. Todos estos esfuerzos tienen el objetivo común de reforzar la soberanía de las instituciones afganas.

Desde 2001, Afganistán ha realizado un progreso muy significativo en términos de establecer instituciones políticas representativas, liberalizar la prensa, crear instituciones en el sector de la seguridad, realizar mejoras en sanidad y educación, así como en derechos humanos y la situación de la mujer, designar un Tribunal Supremo operativo y establecer un panel consultivo para el nombramiento de altos funcionarios. La Unión Europea ha desempeñado un papel fundamental en este proceso y ya ha aportado 3 700 millones de euros desde 2002. La Unión Europea continúa intensificando los esfuerzos para garantizar que su ayuda al desarrollo llegue a los afganos en todas las partes del país.

El mayor énfasis concedido actualmente a la gobernanza y al Estado de Derecho pretende reforzar la acción en otros ámbitos. La Comisión ha venido desarrollando programas en los campos del desarrollo rural, la sanidad y la gobernanza, y va a apoyar financieramente cualquier actividad civil realizada por los Estados miembros a través de los equipos provinciales de reconstrucción. La Unión Europea cree firmemente que, tal como afirmó el Consejo Europeo de 14 de diciembre de 2006, la seguridad y el desarrollo de Afganistán son interdependientes. Ésa es la razón por la que la Unión Europea siempre se ha sentido comprometida a largo plazo con Afganistán a través de una estrategia firme y equilibrada.

  Ryszard Czarnecki (UEN). – (PL) Muchas gracias, señor Antunes, por esta aclaración. Simplemente quería referirme a un asunto clave que también está relacionado con las declaraciones de los representantes de la Comisión Europea que actúan en Afganistán ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento.

Quiero preguntar si el Consejo tiene la intención de aumentar la ayuda humanitaria a Afganistán e intensificar los esfuerzos para reconstruir la sociedad civil allí. A mi juicio, en Afganistán se precisa mucho más que presencia militar. Sin embargo, mi país está comprometido sobre el terreno en Afganistán, lo cual es indicativo de un cierto deseo de alcanzar la estabilidad en esa región.

  Manuel Lobo Antunes. − (PT) Coincido con su Señoría: resulta fundamental promover la seguridad y la estabilidad en términos militares en Afganistán, pero eso sólo es una parte de lo que tenemos que hacer en ese país. También tenemos que trabajar por fortalecer las instituciones democráticas en Afganistán y además tenemos que concentrarnos en el componente «sociedad civil afgana». Hemos de invertir en sanidad, en educación y en formación. Además tenemos, desde luego, que seguir ganándonos el corazón del pueblo afgano.

Por eso contamos con una estrategia con doble proyección, una de las cuales es la faceta militar que implica la seguridad y la estabilidad sobre el terreno. Sin seguridad, sin estabilidad sobre el terreno, no puede haber paz y, desde luego, no puede haber desarrollo económico y social. Por consiguiente, necesitamos garantizar este aspecto y, al mismo tiempo, trabajar e invertir en la sociedad civil afgana y las instituciones democráticas afganas, lo que denominamos la reconstrucción de la capacidad administrativa del Estado afgano.

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) La estabilidad económica en Afganistán constituye el requisito previo clave para una democracia operativa y para la paz en ese país. En la Unión Europea contamos con la Agenda de Oslo para la formación empresarial para las PYME, destinada a promover la creación de empresas, fomentar la actitud empresarial y promocionar las exportaciones y las importaciones. ¿Considera posible llevar a la práctica esta Agenda de Oslo también en Afganistán?

  Manuel Lobo Antunes. − (PT) Señor Rübig, creo que debemos invertir en todos los ámbitos de la sociedad afgana, como acabo de manifestar. Claramente, en un país como Afganistán, con sus actuales problemas de seguridad, sus problemas económicos y su peculiar estructura social, creo que las pequeñas y medianas empresas pueden desempeñar un papel muy importante.

Por tanto, me parece que ciertamente es un sector en el que podemos y debemos invertir en cuanto a creación del tejido económico y social de Afganistán. Desde luego, podemos discutir cómo utilizar específicamente el instrumento financiero, pero desde luego nadie espera ahora, al menos de momento, que se creen grandes empresas en Afganistán. No es el momento para eso.

Para revitalizar el tejido económico afgano, considero que tenemos que concentrar, concretamente, nuestros esfuerzos en la cualificación, la formación y al mismo tiempo, en las pequeñas y medianas empresas.

  Presidente. −

Pregunta nº 11 de Eoin Ryan (H-0625/07)

Asunto: Respuesta de la UE para poner coto a la delincuencia organizada en Europa

¿Puede hacer una declaración el Consejo sobre el nivel de delincuencia organizada que conoce Europa en estos momentos y sobre las iniciativas coordinadas que se están aplicando al nivel de la UE para combatir la amenaza creciente que representa la actividad delictiva organizada?

  Manuel Lobo Antunes, Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) El Consejo remite a su Señoría a la Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Organizada (OCTA), que confecciona anualmente Europol a la atención del Consejo y una versión de la cual se publica y se presenta todos los años para el Parlamento Europeo.

El 13 de junio del presente año, en sus conclusiones sobre la OCTA 2007, el Consejo reafirmó su convencimiento de que la lucha contra la delincuencia organizada debería centrarse en reducir la amenaza y el daño causado por la misma y, sobre todo, en luchar contra los siguientes problemas: los obstáculos al desmantelamiento de los grupos de delincuencia organizada que se derivan de su dimensión o influencia internacional, el nivel de infiltración de la delincuencia organizada en la sociedad y la economía, sobre todo el mal uso de las estructuras empresariales legítimas y el sector del transporte en concreto, y por último, el mal uso de la tecnología por parte de los grupos de delincuencia organizada.

El Consejo también subrayaba que las prioridades de la Unión Europea para 2007 deberían ser los siguientes escenarios delictivos: el tráfico de drogas, en especial las sintéticas; el contrabando y el tráfico de personas, sobre todo en relación con la inmigración ilegal; el fraude, sobre todo en el ámbito de artículos sujetos a elevada imposición y circuitos de IVA; falsificaciones de euros, falsificaciones de artículos y hurto de propiedad intelectual, y blanqueamiento de capitales.

Al igual que en el caso de la OCTA 2006, estas conclusiones subrayaron la necesidad de un planteamiento multidisciplinar encabezado por los servicios de inteligencia con el fin no sólo de frenar las actividades delictivas, sino también de desmantelar las organizaciones criminales, poner a los infractores a disposición de la justicia y confiscarles los productos del delito.

Esto implica destinar recursos dedicados (especializados) y organizar estructuras con vistas a utilizar toda la información disponible para la aplicación de la ley e identificar y apresar así a los grupos delictivos más peligrosos.

El Consejo aboga también en sus conclusiones por el ulterior desarrollo de una estrategia de control nueva y dirigida por los servicios de información que cubran todo el territorio nacional –y posiblemente de la UE–, completando los controles de las fronteras exteriores con inspecciones, en ruta o en el lugar de destino, inspecciones de movimientos financieros y la ampliación de las capacidades analíticas de las agencias de aplicación de la ley nacionales y de la UE.

  Eoin Ryan (UEN). – Mi pregunta consta de dos partes. La primera ya ha sido respondida, en el sentido de que me ha indicado usted las iniciativas que han sido puestas en marcha, pero no me ha respondido a la parte relativa a la delincuencia organizada. Muchas personas consideran que el fenómeno está muy infravalorado en estos momentos, y que las bandas organizadas de delincuentes se están infiltrando en gran número de países de la Unión Europea, si no en todos. Se trata de un problema que no va a desaparecer, y son muchos los que piensan que ha de tratarse de una forma más coordinada que hasta la fecha. Creo que queda claro que mi pregunta se refiere al nivel de delincuencia organizada dentro de Europa.

  Manuel Lobo Antunes. − (PT) Señor Ryan, como ya he mencionado, considero que resultaría o, más bien, resulta útil y, de hecho, esencial, revisar o consultar la Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Organizada para Europa. No estoy discutiendo si hay más o menos delincuencia, ya que por el momento no dispongo de información para facilitarles sobre esto, pero ocurre a menudo que existe una percepción sicológica en cuanto a un aumento de la delincuencia, si bien los hechos no lo refrendan realmente.

No obstante, una cosa no puede discutirse: necesitamos un mayor esfuerzo concertado, y mayor cooperación, entre los Estados miembros, sobre todo cooperación entre las instituciones europeas y los Estados miembros, a fin de eliminar las amenazas que plantea la delincuencia organizada, que son muy amplias y variadas. Como ya he indicado, debido a las nuevas tecnologías disponibles, los grupos de delincuencia organizada cuentan con medios extremadamente sofisticados de operación que resultan enormemente difíciles de combatir. Creo que todos nuestros Estados miembros tienen conocimiento de estas nuevas tecnologías y de las oportunidades que les brindan a los delincuentes estos avances tecnológicos, que están provocando ciertamente problemas concretos en la lucha contra la delincuencia organizada.

Desde luego, la Presidencia portuguesa va a estudiar, como es su obligación, todas las propuestas y sugerencias realizadas por las instituciones con el fin de luchar de manera más eficaz contra las amenazas planteadas por estos grupos delictivos que, debido al tipo de delitos cometidos, no pueden dejar de provocar un impacto importante sobre nuestras sociedades.

  Jim Allister (NI). – Supongo que el Presidente en ejercicio estará consternado por mi vinculación de la delincuencia organizada con algún país de la UE. Pero, por desgracia, ésa es exactamente la situación en Irlanda del Norte, donde el Sinn Féin, partido en el Gobierno, está unido indisolublemente al IRA, cuyo Consejo Militar ilegal controla una cartera de cientos de millones de euros amasados con las actividades de la criminalidad organizada del IRA. Éste es uno de los motivos por los que no ha sido disuelto el Consejo Militar. ¿Se unirá el Consejo a la condena de esta obscenidad, e instará al IRA/Sinn Féin a disolver inmediatamente su Consejo Militar?

  Manuel Lobo Antunes. − (PT) Mi respuesta al asunto de la lucha contra la delincuencia organizada y la evaluación y la respuesta del Consejo, está contenida en mi intervención inicial. No tengo nada más que añadir sobre este asunto.

  Presidente. −

Pregunta nº 12 de Seán Ó Neachtain (H-0627/07)

Asunto: Seguridad en carretera

¿Puede exponer el Consejo a grandes rasgos sus medidas para mejorar la seguridad en carretera en los territorios de la Unión Europea?

  Manuel Lobo Antunes, Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) Señor Presidente, señor Ó Neachtain, como bien sabe su Señoría, a raíz de la presentación por la Comisión de la revisión intermedia del Programa de acción para la seguridad en carretera en marzo de 2006, el Consejo aprobó unas conclusiones durante su reunión de 8 y 9 de junio de 2006. En estas conclusiones, los Ministros de Transporte de la Unión Europea y la Comisión Europea acordaron la necesidad de reforzar las medidas y las iniciativas en materia de seguridad en carretera a nivel comunitario y de Estados miembros.

Consecuentemente, la Comisión Europea aprobó en octubre de 2006 dos propuestas legislativas sobre el tema de reforzar la seguridad en carretera y, gracias a la excelente cooperación entre el Parlamento Europeo y el Consejo, los dos colegisladores rápidamente alcanzaron un acuerdo sobre una propuesta de Directiva acerca del montaje adicional de espejos en vehículos pesados de mercancías. Dicho acuerdo entró en vigor en agosto de 2007 y deberá estar ejecutado antes del 31 de marzo de 2009.

La Comisión estima que esta nueva medida legislativa podría salvar hasta 1 200 vidas en las carreteras comunitarias entre hoy y 2020. El Consejo está evaluando actualmente la propuesta de Directiva sobre la gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias sobre la que, a la espera de la opinión del Parlamento Europeo, piensa adoptar un planteamiento general durante la reunión del Consejo el 1 y 2 de diciembre. La Comisión estima que podrían ahorrarse cerca de 7 000 lesiones y 6 000 vidas cada año si se aplicaran las medidas propuestas en el proyecto de instrumento legislativo.

Debo decir asimismo a su Señoría que puede tener la seguridad acerca de la intención del Consejo de evaluar positivamente todas las medidas e iniciativas sobre seguridad en carretera propuestas por la Comisión Europea en el contexto de sus actuales esfuerzos por reducir el número de muertes y lesiones en las carreteras de la Comunidad.

  Seán Ó Neachtain (UEN). – Le agradezco su respuesta, pero quería preguntarle si en su opinión se necesita ahora una estrategia mejor coordinada, en vista del número de nacionales de los Estados miembros que viajen de un país a otro, especialmente en el caso de mi propio país Islandia, al que muchas personas de Europa Oriental viajan con sus vehículos. No creo que el Consejo o la Comisión hayan adoptado hasta este momento las medidas oportunas respecto a los viajes de esta clase.

  Manuel Lobo Antunes. − (PT) Como portugués, yo también tengo experiencias muy dramáticas en mi país en cuanto a la seguridad en carretera. Portugal tiene un problema, o ha tenido un problema, en este ámbito y por tanto hemos realizado esfuerzos muy notables. Dichos esfuerzos se han traducido, en los últimos años, en una reducción muy significativa en lo que era un reguero de muertes en las carreteras portuguesas, sobre todo en cuanto a accidentes en carretera. Esta reducción se ha debido a la acción sistemática y persistente del Gobierno.

Se trata de un problema del que todos somos conscientes, que nos afecta muy directamente y respecto del cual nos mantenemos alerta y altamente sensibilizados. He dicho al final de mi intervención que el Consejo, en este caso la Presidencia portuguesa, va a dedicar mucha atención, y estará totalmente dispuesta a evaluar y asumir, cualquier propuesta que la Comisión puede presentar al Consejo destinada a mejorar aún más los actuales esfuerzos realizados para reducir el número de muertes y de lesiones en las carreteras comunitarias. Como ya he dicho, la Presidencia, o en otras palabras, el Estado miembro que ocupa la Presidencia, es especialmente sensible a este asunto ya que también tiene que ocuparse de dicho problema en Portugal. En consecuencia, como he dicho, está dispuesta a prestar especial atención a cualquier propuesta realizada por la Comisión al Consejo a este respecto.

  Presidente. −

Pregunta nº 13 de Brian Crowley (H-0629/07)

Asunto: La adhesión de Croacia a la Unión Europea

¿Podría realizar el Consejo Europeo una declaración exhaustiva en la que describiese cómo avanza actualmente Croacia en sus esfuerzos por lograr la adhesión a la Unión Europea?

  Manuel Lobo Antunes, Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) Señor Presidente, señor Crowley, ya he tenido la oportunidad hoy aquí de mencionar brevemente el proceso de adhesión de Croacia. Voy a entrar en algo más de detalle procurando ser lo más breve posible dadas las limitaciones de tiempo.

Puedo decirle, señor Crowley, que las negociaciones sobre adhesión con Croacia van por buen camino y que este año se ha logrado un progreso notable. En total hemos abierto y cerrado, provisionalmente, dos capítulos: el capítulo 25, Ciencia e Investigación, y el capítulo 26, Educación y Cultura. Entretanto se han abierto otros 10 capítulos. Son los siguientes: capítulo 3, Libre prestación de servicios; capítulo 6, Derecho de sociedades; capítulo 7 – Ley sobre propiedad intelectual; capítulo 9, Servicios financieros; capítulo 10, Sociedad de la información y medios de comunicación; capítulo 17, Política económica y monetaria; capítulo 18, Estadísticas; capítulo 20, Política empresarial e industrial; capítulo 29, Gestión de las fronteras y, por último, capítulo 32, Control financiero.

Además, el Consejo prevé celebrar la quinta reunión de la Conferencia de Adhesión con Croacia a nivel de ministros el 15 de octubre con el fin de abrir el capítulo 28, Protección de los consumidores y de la salud. A finales de año les seguirán otros capítulos. Queda aún mucho trabajo por realizar, sobre todo en ámbitos críticos para el éxito de cualquier país candidato, como la reforma del sistema judicial y la administración pública, la lucha contra la corrupción y las reformas económicas. El Consejo sigue instando a Croacia a mejorar su capacidad administrativa y a transponer y poner en práctica, de manera eficaz, el acervo comunitario, de forma que llegue a cumplir sus obligaciones para convertirse en miembro en el plazo marcado. A fin de de mantener esta dinámica y garantizar un proceso de calidad, hemos de señalar que se precisa una mayor esfuerzo para cumplir los requerimientos del Marco de Negociación, incluidas las negociaciones de Croacia con respecto al Acuerdo de Estabilización y Asociación, así como la ejecución de la Asociación para la Adhesión.

  Brian Crowley (UEN). – Si se me permite decirlo antes de formular mi pregunta, creo que es maravilloso que el Presidente en ejercicio haya pasado tanto tiempo hoy en la Cámara y que haya participado tan brillantemente en tantos debates. Muchas gracias en nombre de la Cámara.

Respecto al calendario para Croacia, conocemos las dificultades que se han producido en la negociación de una serie de capítulos con el Gobierno croata, pero ¿podría el Presidente en ejercicio darnos una idea de los plazos en que prevé que se concluyan dichas negociaciones? ¿Estamos hablando de un plazo de dos años o de tres años? ¿Es posible mencionar alguna fecha exacta, teniendo en cuenta las dificultades que puedan surgir?

En segundo lugar, en relación con los capítulos que están pendientes de negociación – todos los aspectos de la independencia judicial y de los servicios policiales en Croacia – ¿qué pasos concretos se han dado al respecto?

  Manuel Lobo Antunes. − (PT) Señor Crowley, muchas gracias por sus amables palabras. Debo decirle que ha constituido una gran satisfacción y un honor estar hoy aquí con ustedes, discutiendo, debatiendo y no siempre estando de acuerdo sobre unos asuntos de tanta importancia para la agenda europea y la Unión Europea.

No obstante, su Señoría me está pidiendo que haga algo imposible: proporcionarle una fecha para la adhesión de Croacia. No puedo hacerlo porque dicha adhesión, o esa fecha, va a depender con toda probabilidad más de Croacia que de la propia Unión Europea. De hecho, Croacia probablemente se encuentre en una posición mejor para determinarla que la Unión Europea, por la sencilla razón de que, como usted muy bien sabe, convertirse en parte de la Unión, entrar en la Unión, depende o está en función de los progresos realizados en cuanto al cumplimiento de los criterios y las condiciones. Lo que sí puedo afirmar categóricamente es que Croacia tiene una firme expectativa europea y visos muy sólidos de entrar en la Unión Europea, así como que la Presidencia portuguesa se compromete a impulsar este proceso durante su mandato y que naturalmente se compromete, junto con la Comisión, a superar cualquier obstáculo que pueda surgir.

En noviembre, como acabo de exponer en respuesta a otra pregunta, va a haber una revisión del estado de las negociaciones con Croacia. La Comisión nos presentará esta revisión junto con una propuesta. Todas ellas, como estoy seguro comprenderán, desempeñarán un papel fundamental a la hora de informar y controlar el trabajo que se está realizando. Serán elaboradas bajo la competencia, y con el detalle que cabe esperar, de la Comisión y lo que ésta diga y proponga y recomiende en su revisión será muy importante en términos de lo que el Consejo decida para el futuro y para el proceso de negociación con Croacia.

Es cierto que, a menudo, son los temas administrativos y judiciales los más difíciles de resolver, en esencia aquellos asuntos relativos a la organización interna específica de los Estados miembros. Es en esos ámbitos en los que los Estados miembros, en cuanto a su organización específica, deben realizar una mayor inversión y posiblemente unas reformas más amplias y, digamos, más dolorosas y más arduas. Confiamos en que Croacia sea capaz de superar esas posibles dificultades y que, en línea con sus propios deseos y también los de la Unión Europea, se convierta en miembro de la Unión en un futuro no demasiado lejano.

  Presidente. −

Pregunta nº 14 de Liam Aylward (H-0631/07)

Asunto: Cambio climático

¿Podría hacer el Consejo una declaración exhaustiva sobre las estructuras que se están estableciendo a escala de la Unión Europea para lograr una mayor coordinación de los esfuerzos entre Europa y América con vistas a garantizar que pueda alcanzarse el objetivo de reducir en un 20 % las emisiones de CO2 de aquí a 2020?

  Manuel Lobo Antunes, Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) Señor Presidente, señor Aylward, no debe haber ninguna duda de que el cambio climático es un reto global que exige soluciones globales. Por su parte, los dirigentes europeos han decidido enviar a la comunidad internacional una señal clara en cuanto a su determinación para combatir el cambio climático adquiriendo los siguientes compromisos con vistas a iniciar las negociaciones sobre un acuerdo global para después de 2012. Hasta que se alcance un acuerdo así, la Unión Europea expresa el compromiso independiente y firme de alcanzar, antes de 2020, una reducción de al menos el 20 % en las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los niveles de 1990. En segundo lugar, la Unión se propone adquirir el compromiso para una reducción de hasta el 30 %, si otros países desarrollados realizan unas reducciones similares y si aquellos países en desarrollo que se encuentren económicamente más avanzadas efectúan una contribución adecuada.

La Unión Europea considera que es hora de evaluar los pasos a dar después de 2012 y de establecer un enfoque global que implique la participación de un gran número de países. El planteamiento de un diálogo más permanente con los Estados Unidos resultará esencial a la hora de prepararse para las negociaciones posteriores a 2012 que han de comenzar con motivo de la Conferencia sobre el Clima a celebrar en Bali a finales de este año y a la que ya me he referido en mi respuesta a una pregunta anterior.

Dentro de este contexto están previstas dos importantes reuniones antes de la Conferencia, cuyos resultados conferirán ciertamente un valor añadido muy positivo a las negociaciones de Bali. La primera es la reunión a alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre cambio climático, que efectivamente se celebró en Nueva York el 24 de septiembre. La segunda es la reunión de las principales economías el 27 y 28 de septiembre en Washington, en la que la Unión Europea espera realizar una importante contribución para impulsar el proceso internacional dentro de las Naciones Unidas. Además, la Unión Europea y los Estados Unidos acordaron durante la Cumbre de Viena en junio de 2006 establecer un diálogo a alto nivel sobre cambio climático, energía limpia y desarrollo sostenible. El objetivo consiste en avanzar sobre la base de las iniciativas bilaterales y multilaterales existentes y promover la puesta en práctica de la Declaración de la Cumbre de Viena y el Plan de Acción Gleneagles sobre cambio climático, energía limpia y desarrollo sostenible aprobados por los dirigentes del G8.

  Brian Crowley (UEN), por delegación del autor. – Quisiera agradecer al Presidente en ejercicio su respuesta.

Sin embargo, la finalidad de la pregunta era que la diferencia de pareceres entre la Administración de los Estados Unidos y la Unión Europea en relación con la búsqueda de soluciones y la creación de alianzas en todo el mundo parece haber aumentado; la distancia entre ambos parece haberse hecho mayor en los últimos años. Evidentemente, por buenos que seamos en la Unión Europea, necesitamos que los demás nos acompañen en nuestras iniciativas, y como podemos ver, los problemas con China y la India, y otros asuntos, hacen que los Estados Unidos vayan nuevamente a la zaga.

De manera que lo que realmente estamos buscando son acciones específicas en nombre de la Unión Europea para animar a nuestros primos americanos del otro lado del mar a unirse a nosotros, para que podamos hacer frente a las fuerzas de la India y de China en estas negociaciones.

  Manuel Lobo Antunes. − (PT) Seño Crowley, estoy totalmente de acuerdo con usted. Hemos de convencer a nuestros primos y, puesto que son nuestros primos, esperamos que estén convencidos o, al menos, predispuestos a ello. Debo decirle que el camino hacia Bali y el camino después de Bali va ser complicado y va a estar plagado de dificultades. Que a nadie le quepa ninguna duda, pero está claro que, por medio de una acción persistente y concertada, espero que tengamos éxito. En cualquier caso, considero que, gracias al permanente diálogo que se ha establecido específicamente con nuestros primos al otro lado del Atlántico, a pesar de todo, se puede superar cualquier diferencia, cualquier criterio distinto sobre este asunto del clima.

A este respecto, considero que las conclusiones sobre cambio climático alcanzadas en la reunión del G8 en Alemania y la posibilidad creada allí o el acuerdo logrado allí sobre el papel fundamental de las Naciones Unidos en el asunto del cambio climático constituyen una prueba positiva de la posibilidad de un mayor progreso y nuevos acuerdos sobre este asunto del cambio climático. Como ya he manifestado, es esencial que la Unión Europea mantenga, digamos, su papel de líder y de promotor que allane el camino a otros con el fin de proteger el medio ambiente y nuestro planeta.

  Presidente. − Señorías, habrán observado que las tres siguientes preguntas se refieren todas ellas a Pakistán. Lamentablemente, no puedo hacer uso del Reglamento para invitar al Consejo a que responda todas estas preguntas de forma conjunta, ya que el Consejo ha estructurado su trabajo de forma diferente. He de llamar su atención sobre la necesidad de la reforma del Parlamento y, concretamente, sobre lo que ustedes, Señorías, tienen que hacer en relación con la reforma esencial del Turno de Preguntas, acerca de lo cual creo que estamos todos de acuerdo. Sin embargo, por desgracia, no podemos aplicar unas normas más flexibles ya que contamos con un Reglamento al que hemos de atenernos. Por tanto, he de plantear estas preguntas una a una, lo que probablemente signifique que no se puedan responder todas ellas. Dependiendo de como se desarrolle nuestro trabajo, veremos si somos más o menos productivos.

Voy a comenzar por la pregunta nº 15 sobre el ejército pakistaní. Esta pregunta es del señor Rutowicz y ruego al Consejo que responda esta pregunta directamente.

Pregunta nº 15 de Józef Rutowicz (H-0637/07)

Asunto: Ejército pakistaní

Es de dominio público que el ejército pakistaní controla la economía y la administración del país. ¿.Tiene el Consejo intención de proceder a algún análisis para evaluar los recursos totales absorbidos por actividades económicas vinculadas al ejército a costa del empobrecimiento de la sociedad pakistaní?

  Manuel Lobo Antunes, Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) Las múltiples ocasiones de diálogo entre la Unión Europea y Pakistán sobre ese país y el papel desempeñado por las fuerzas armadas forman parte del análisis exhaustivo sobre el que sustenta la política del Consejo con respecto a Pakistán.

La situación general de la economía pakistaní y su nivel de desarrollo constituyen otros dos elementos de este mismo análisis. Desde luego, ambos son tenidos en cuenta en la definición general de nuestra política respecto de Pakistán y eso va a continuar siendo así en el futuro.

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). – (PL) Quiero dar las gracias al Presidente y al señor Antunes por esta respuesta. Según entiendo, el propósito de la pregunta era, en esencia, inquirir si se va a ofrecer algún tipo de apoyo humanitario a esa pobre gente en Pakistán. Agradecería que el señor Antunes ofreciera alguna información a ese respecto.

  Manuel Lobo Antunes. − (PT) Señor Rutowicz, como sabe, las cuestiones de ayuda humanitaria, ayuda para la cooperación y ayuda al desarrollo son temas prioritarios para la Unión Europea. Allá donde haya gente sufriendo o sumida en la pobreza, la Unión Europea, el Consejo y también este Parlamento hacen cuanto está en sus manos para intentar ayudar a resolver tales situaciones. La Unión Europea es uno de los mayores, si no el mayor, donante de ayuda internacional y ese es un hecho que no se debe olvidar.

  Presidente. − Las preguntas nos 16 y 17 decaen al estar ausentes sus autores.

Pregunta nº 18 de Mairead McGuinness (H-0639/07)

Asunto: Fondo de Solidaridad de la Unión Europea

¿Puede el Consejo formular una declaración sobre la eficacia del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea?

  Manuel Lobo Antunes, Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) Señor Presidente, señora McGuinness, como bien sabe su Señoría, la Comisión es responsable de la aplicación del Reglamento sobre el Fondo de Solidaridad y la efectividad de este Reglamento debe ser evaluada en función de los criterios fijados en él.

Por lo que sabe el Consejo, en los casos de catástrofe contemplados en el Reglamento, su aplicación ha sido eficaz. La Comisión Europea elabora periódicamente informes que exponen en detalle el uso del Fondo de Solidaridad.

  Mairead McGuinness (PPE-DE). Gracias por su breve contestación. Supongo el Consejo tiene una opinión al respecto, porque los Estados miembros sí tienen una opinión sobre el impacto que produce en sus propios países. ¿Cree usted que basta el presupuesto de mil millones y que el Fondo reacciona con suficiente rapidez ante las distintas crisis con las que se tiene que enfrentar?

  Manuel Lobo Antunes. − (PT) Señor McGuinness, como he dicho, la evaluación del Consejo es que la aplicación de este Reglamento, o lo que es lo mismo la utilización del Fondo de Solidaridad, ha sido efectiva. Realmente fue una excelente sugerencia establecer un fondo para ayudar a los Estados miembros a hacer frente a cualquier catástrofe natural o de otro tipo, ya que era algo que no existía anteriormente. Este fondo es ciertamente útil, dado que tales catástrofes colocan a los Estados miembros en una situación muy especial de dificultad y necesidad.

Idealmente, siempre debería existir la posibilidad de pedir y solicitar más. Desde luego, hemos de analizar este asunto de forma realista, pero también ambiciosa. Estoy seguro de que el Consejo, en el momento oportuno y a propuesta de la Comisión, no dejará de ponderar esta posibilidad. Sin embargo, de momento disponemos del marco legislativo que tenemos y, utilizándolo, podemos trabajar de forma realista, aplaudiendo la creación de este fondo y el eficaz papel que ha desempeñado, lo que demuestra en realidad que esta iniciativa está justificada.

  Presidente. −

Pregunta nº 19 de Bill Newton Dunn (H-0641/07)

Asunto: Pacificación de Oriente Próximo

¿Está recurriendo el Consejo en grado suficiente a las dotes de pacificador que, como su propio apellido indica en inglés, tiene el Cónsul General británico en Jerusalén, señor Makepeace?

  Manuel Lobo Antunes, Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) Voy a responder a la pregunta oral, aunque estoy seguro de que ya ha sido planteada anteriormente por el señor Newton Dunn. Muy bien, quiero decir que las misiones diplomáticas y consulares de los Estados miembros, y las delegaciones de la Comisión a terceros países, cooperan para garantizar que las posiciones comunes y las acciones conjuntas aprobadas por el Consejo dentro del contexto de la Política Exterior y de Seguridad Común sean cumplidas y ejecutadas tal como se especifica en el Tratado de la Unión Europea. Esto incluye, naturalmente, al Cónsul General británico en Jerusalén, a quien alude su Señoría en su pregunta.

  Bill Newton Dunn (ALDE). – En beneficio de mi colega, que desea plantear la pregunta nº 20, renuncio a mi derecho a una pregunta adicional.

  Presidente. −

Pregunta nº 20 de Gay Mitchell (H-0644/07)

Asunto: Asignación de escaños a los Estados miembros en el Parlamento Europeo

¿Va a proponer modificaciones el Consejo en la asignación de escaños a cada Estado miembro en el Parlamento Europeo?

  Manuel Lobo Antunes, Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) Señor Presidente, señor Mitchell, respondo con mucho gusto su pregunta, tanto más por cuanto las preguntas relativas al Tratado de la Reforma son, a juicio personal mío y comenzando por la pregunta sobre un nuevo Tratado para la Unión hace muchos años, especialmente interesantes e importantes. Por eso me complace intentar responder a su pregunta. Quiero recordarle que, conforme al mandato de 22 de junio otorgado a la Conferencia Intergubernamental de 2007, las disposiciones sobre este asunto a incluir en el Tratado de la Reforma prevén la aprobación por parte del Consejo Europeo de una decisión que establezca la composición del Parlamento Europeo a iniciativa y con el acuerdo de éste.

Como seguramente sabe su Señoría y para no perder tiempo, el Consejo Europeo pidió en junio al Parlamento Europeo que presentara un borrador de esta iniciativa antes de octubre de 2007. Sabemos que se va a presentar un informe sobre la composición futura del Parlamento Europeo durante el período parcial de sesiones en octubre, es decir, el 10 de octubre de este año, cuyos ponentes son la señora Lamassoure y la señora Severin.

  Gay Mitchell (PPE-DE). – Quisiera agradecer a mi colega su renuncia a una pregunta adicional y al Presidente en ejercicio su aceptación de la misma.

El motivo por el que la planteo es que en Irlanda ya hemos reducido el número de escaños de 15 a 13. Es una isla situada en las costas occidentales de Europa. Es el punto más alejado para ir a los Estados Unidos. Ahora existe esta propuesta de nueva reducción de 13 a 12, en un momento en que nuestra población ha aumentado en el 12 % y seguirá creciendo espectacularmente.

Todo lo que quisiera decir al Presidente en ejercicio es esto: puesto que se deben asignar 16 escaños adicionales, ¿podrían ustedes tener en cuenta por favor el caso de Irlanda, para que pueda conservar sus 13 escaños? Creo que si estudian los números verán que nuestro planteamiento es razonable, por lo que pido que lo tengan en cuenta.

  Manuel Lobo Antunes. − (PT) Señor Presidente, quiero señalar que el punto más occidental de Europa, el Cabo de Roca, se encuentra en Portugal. Tal vez, de resultas de esta afirmación, esté llevando la contraria a la afirmación de su Señoría en cuanto a la ubicación geográfica de su país pero, ciertamente, el punto más occidental de Europa se encuentra en mi país.

Con respecto a la pregunta planteada, en concreto la segunda parte, su Señoría obtendrá la respuesta a ella, sobre todo, del Parlamento Europeo y de sus compañeros. No obstante, tomo nota de su planteamiento.

  Presidente. − Las preguntas que, por falta de tiempo, no han recibido respuesta oral, la recibirán por escrito (Véase el Anexo).

La pregunta nº 31 no es admisible (anexo II, parte A, apartado 2 del Reglamento del PE).

Así concluye el turno de preguntas.

(La sesión, suspendida a las 19.35, se reanuda a las 21.00 horas)

PRESIDE: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vicepresidente

(1) DO L 151 de 13.6.2007, p. 1.

14. Composición del Parlamento: véase el Acta

15. Obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos (debate)

  Presidente. − El punto siguiente es el informe de Lasse Lehtinen, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre las obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos (2006/2049(INI)) (A6-0294/2007).

  Lasse Lehtinen (PSE), ponente. – (FI) Señor Presidente, en primer lugar deseo expresar mi agradecimiento a los ponentes alternativos por su aliento y excelente cooperación: a la señora Wallis, que está hoya aquí, y especialmente al señor Hatzidakis. Fue tan competente que ha sido elegido inmediatamente para formar parte del Consejo de Ministros de mi país. Agradezco y me complace que tanto el señor Harbour como la señora Kauppi se encuentren también aquí hoy.

El mercado interior, como sabemos, se basa en las cuatro libertades, una de las cuales, no obstante, la circulación transfronteriza de los servicios, no está funcionando demasiado bien. La Directiva Servicios, que fue sometida a votación en esta Cámara hace un año, vendrá a mejora la situación, una vez que los Estados miembros la hayan puesto en práctica en el plazo de dos años, pero eso quizá tampoco sea suficiente.

Los servicios, desde luego, no pueden compararse con los bienes en todos los aspectos, pero los servicios algún día serán más importantes de lo que son ahora. Los servicios de alta calidad y transfronterizos, en concreto, son el futuro de este continente. El problema radica en que el acervo comunitario no protege igual a los consumidores que compran servicios que a los que adquieren artículos. La confianza de los consumidores europeos en el consumo transfronterizo es bajo debido a que el nivel de servicios y el nivel de protección varía de un Estado miembro al siguiente.

La Unión cuenta con legislación comunitaria en ciertos ámbitos, pero no dispone de normas comunes para los servicios. Los consumidores, al igual que los prestadores de servicios, no siempre son capaces de decir el régimen jurídico del Estado miembro que es aplicable cuando existe algún litigio. Debido, en parte, a este hecho, los consumidores sienten miedo a utilizar prestadores de servicios extranjeros.

A mi juicio, la Unión debería acordar unas normas y obligaciones comunes que deberían tener carácter obligatorio para los prestadores de servicios. Beneficiarían no sólo a los consumidores, sino también a los propios prestadores de servicios. En el caso de que la Comisión se ocupe en algún momento de las obligaciones de los prestadores de servicios, no debería establecer diferencias entre los servicios privados y públicos. Ambos deberían estar recogidos en el ámbito de aplicación de las Directivas sobre protección de los consumidores.

En 1990, la Comisión presentó una propuesta sobre las obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos. Sin embargo, tuvo que retirarla por falta de voluntad política. Pero vuelve a existir voluntad política. Caso de ser aprobado este informe, la Comisión deberá presentar, en el plazo de 12 meses, al menos un programa de trabajo que valore de nuevo la necesidad de un instrumento horizontal.

Necesitamos acordar unas reglas básicas generales que permitan al consumidor obtener, si así lo desea, información relevante sobre precio, condiciones contractuales e indemnizaciones en caso de servicios defectuosos o prestados con retraso.

La Comisión debería tener asimismo en cuenta el impacto de cualquier iniciativa sobre condiciones operativas para pequeñas y medianas empresas. No todas estas cuestiones han sido planteadas en el Libro Verde sobre protección de los consumidores, pero están recogidas en este informe.

Espero recibir el apoyo mayor posible para este informe.

  Viviane Reding, miembro de la Comisión. − Señor Presidente, me alegro de estar hoy aquí representando a la Comisión en este importante debate sobre la confianza del consumidor en el mercado interior. Desearía felicitar al ponente señor Lehtinen y a los ponentes alternativos de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor por el ambicioso trabajo realizado en la elaboración de este informe.

Quisiera destacar para comenzar que la Comisión está de acuerdo con el informe acerca de la necesidad de de aumentar la confianza del consumidor en el mercado interior, y en particular vale la pena que prestemos atención al mercado interior del consumidor de servicios. Por lo tanto, una de las prioridades de la Comisión consiste en acercar los beneficios del mercado interior a los consumidores europeos, y agradezco el apoyo del Parlamento en esta tarea.

La Comisión ha tomado ya una serie de iniciativas para impulsar la confianza del consumidor en el mercado interior. Desearía mencionar dos: la legislación europea sobre la protección del consumidor y la Directiva sobre servicios.

Ahora bien, el acervo comunitario en el ámbito del consumidor impone ya una serie de obligaciones a los proveedores de servicios transfronterizos. Por ejemplo, regula las obligaciones de información para las empresas que venden servicios a larga distancia o a domicilio. También proporciona protección a los consumidores contra las cláusulas abusivas en los contratos de servicios. Con la revisión de este acervo que está en marcha, la Comisión desarrollará aquellos puntos donde exista la necesidad de abordar las obligaciones de los proveedores de servicios y los derechos de los consumidores en estos ámbitos.

En cuanto a la Directiva sobre servicios: la conocen ustedes muy bien, porque la han debatido no hace mucho tiempo. Mejora la situación de los consumidores en el mercado interior de servicios. Y garantiza que los consumidores reciban mejor información de las empresas y mayor asistencia por parte de los organismos oficiales, estableciendo una serie de obligaciones claras e importantes para los proveedores de servicios.

Como es natural, la Comisión tiene gran interés en conseguir que esta Directiva sea aplicada adecuadamente en todos los Estados miembros, y creemos que estas dos iniciativas son de gran envergadura, porque podremos esperar de ambas un auténtico cambio en el mercado interior para el consumidor de servicios, una vez que concluya la puesta en práctica de la Directiva sobre servicios y se obtengan los resultados de la revisión del acervo en materia de consumo.

Una vez dicho esto, debo subrayar también que la Comisión ve de manera distinta a como figura en el informe del señor Lehtinen la necesidad de un instrumento horizontal separado para cubrir las obligaciones de los proveedores de servicios transfronterizos en este momento, por la sencilla razón de que creemos que primeramente debemos completar nuestras iniciativas en marcha, antes de plantearnos, en caso necesario, un instrumento horizontal separado. Por este motivo quisiera agradecerles su compromiso de ayudarnos a aplicar estos dos instrumentos, y también por su ayuda para que los ciudadanos europeos puedan disfrutar plenamente de los beneficios del mercado interior de servicios. Y sé que mis colegas la Comisaria Kuneva y el Comisario McCreevy están deseosos de debatir y de trabajar con ustedes para establecer este mercado interior juntamente con el Parlamento, que es la auténtica representación de los ciudadanos europeos.

Así pues, les agradezco su colaboración, les doy las gracias por esta franqueza y estoy segura de que mis dos colegas – y sin duda toda la Comisión – seguirán colaborando intensamente con el Parlamento.

  Presidente. − Gracias, señora Comisaria. Quisiera recordarles solamente que todas las observaciones se deben dirigir a la Presidencia. Ya es tarde y quedamos pocos, pero se trata de una pequeña cuestión de protocolo. Pero estoy seguro de que el señor Lehtinen ha tenido en cuenta sus observaciones.

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. – Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente, que parece estar perdiendo la voz como yo. Parece que la mayoría de los colegas tienen dolor de garganta esta semana en Estrasburgo.

Represento a la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde he sido ponente de opinión. Quisiera decir, antes que nada, que estamos plenamente de acuerdo con el análisis de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor sobre la importancia del sector de servicios para el desarrollo de la Unión Europea. Sería realmente una misión suicida para la Unión Europea y para sus objetivos de competitividad si no conseguimos un sector de servicios próspero, completando el mercado interior en este aspecto. Creo que de los 11,7 millones de puestos de trabajo creados en Europa durante los últimos ocho años, prácticamente el 100 % del crecimiento neto ha estado generado por el sector de los servicios, como demuestran las estadísticas diarias. Pero tengo que ser lo que en finlandés se llama una fakkijuristi, una «abogada pelma», y aportar el punto de vista de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

Ante todo, compartimos plenamente la opinión de la Comisión de que quizás sea demasiado pronto para introducir un nuevo instrumento horizontal de amplio alcance que solvente los problemas de responsabilidad. Ya tenemos pendientes varias iniciativas legislativas, todas ellas encaminadas a conseguir la seguridad legal, como Roma I, Roma II y el Libro Verde sobre la revisión del acervo en materia de consumo.

También quisiera decir que el artículo 5 de la propuesta de obligaciones contractuales (Roma I) es fundamental para determinar si se aplica la legislación sobre protección del consumidor del país de origen o del país del cliente. Esto es especialmente importante para los Estados miembros pequeños, donde podría fallar el suministro de nuevos servicios en caso de que no se resuelva satisfactoriamente el artículo 5.

También lamentamos la mezcla actual de instrumentos legislativos. En ocasiones no está muy claro cuál es el régimen jurídico aplicable a cada aspecto de las actividades del sector de servicios: si están sometidas a la legislación civil o régimen regulador del país anfitrión o del país de destino. También es necesario que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas emita alguna jurisprudencia en esta materia.

También quisiera destacar que los servicios transfronterizos se pueden prestar de muchas maneras distintas. En unos casos se venden por Internet, en otros se viaja a otro país para recibirlos, y en ocasiones el proveedor del servicio visita el país del cliente.

Creo que el mercado interior de servicios, el marco jurídico basado en el principio del país de origen, dependerá de que las medidas pertinentes sean claras, tanto desde un punto de vista jurídico como desde un punto de vista práctico, y quizá sea demasiado pronto para poder hacer algo realmente. Como ha dicho muy bien la señora Comisaria, ahora es el momento de poner en práctica todo el excelente trabajo realizado durante los últimos años.

  Presidente. − Si sus Señorías desean que conste en acta algún asunto, siempre pueden hacerlo por escrito durante el procedimiento de votación.

  Malcolm Harbour, en nombre del Grupo del PPE-DE. – Señor Presidente, hablo en nombre de mi amigo y ex colega de este Parlamento, el señor Konstantinos Hatzidakis, quien, como ha dicho el señor Lehtinen, ha sido elevado al cargo de Ministro de Transportes del Gobierno griego. Quisiera rendirle homenaje por la labor que ha llevado a cabo en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. Básicamente estoy retomando el trabajo donde él lo dejó prácticamente terminado.

Quiero dar las gracias al señor Lehtinen, porque no se ha hecho constar que, según creo, éste es su primer informe como ponente. Algunos de ustedes sabrán quizás que es un distinguido autor por derecho propio, aunque creo que probablemente esta no es su mejor obra. No creo que le moleste que se lo diga. Tengo un ejemplar de su libro Blood, Sweat and Bears, que me dio para que leyese, y creo que ha puesto algo de sangre y sudor en el mismo. Se trata de un informe importante, pero tengo que decir que desde nuestro punto de vista estamos totalmente de acuerdo con la línea adoptada por la señora Kauppi y por la Comisaria Reding.

Hay aquí contenidos interesantes, pero quiero tranquilizar a la señora Comisaria porque, si lee el artículo 22, en mi opinión una obra maestra de redacción de compromiso, donde se invita a la Comisión a continuar los trabajos y a presentar un programa de trabajo para una evaluación, le alegrará saber que en realidad no se está pidiendo que elaboren un instrumento horizontal, sino un programa de trabajo para evaluar si dicho instrumento es necesario. Creo que usted ha confirmado ya lo que muchos de nosotros pensamos – que con todo el trabajo que se está realizando actualmente para aplicar la Directiva sobre servicios y el Libro Verde sobre el acervo en materia de consumo, que acabamos de examinar y que desembocará en un instrumento horizontal en este ámbito, además de todos los trabajos que se están llevando a cabo, y que serán abordados más adelante por mi colega de la Comisión de Asuntos Jurídicos la señora Kauppi, y también por la señora Wallis – creo que en esta fase todavía es muy pronto para contemplar disposiciones más detalladas. Es absolutamente claro que esto lo tendremos que supervisar, pero como es lógico dentro de la propia Directiva sobre servicios, donde gracias a todo el trabajo que le hemos dedicado existen ya una gran cantidad de normas.

Una de las enmiendas que espero será rechazada mañana por la Cámara llega a solicitar a la Comisión que desarrolle códigos de conducta voluntarios. A mi juicio ésta no es la función de la Comisión. Creo que contaremos con el apoyo suficiente para rechazarla. Pero de hecho, si leen la Directiva sobre servicios, su artículo 37 dice claramente que los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, adoptarán medidas para promover la preparación de códigos de conducta a nivel comunitario. Por lo tanto, esto ya lo tenemos. Si lo eliminamos, mi resumen es el siguiente: considero que se trata de una contribución muy interesante al debate. Creo que constituye una aportación al conjunto de informaciones que estamos reuniendo para conseguir, por encima de todo, que la Directiva sobre servicios se aplique plenamente y a su debido tiempo, con todas las disposiciones que la acompañan – concretamente temas como el punto de contacto único para los proveedores de servicios, lo que les proporcionará los requisitos y la información que necesitan para prestar los servicios, y esperemos que también los códigos de conducta. Con todo esto, creo que podremos conseguir un mercado de servicios realmente eficaz y pujante que funcione en beneficio de los consumidores.

  Anna Hedh, en nombre del Grupo del PSE. – (SV) Señor Presidente, permítame en primer lugar dar las gracias a mi compañero, señor Lehtinen, por un trabajo muy bueno. Gracias a la aprobación de la Directiva relativa a los servicios, el mercado interior de servicios cuenta con unas reglas más claras para la forma en que puede utilizarse la libertad para prestar servicios. Por otra parte, existe una falta de reglas claras en cuanto a las obligaciones de los prestadores de servicios. Eso significa que, incluso después de que la Directiva Servicios haya sido puesta en práctica en todos los Estados miembros antes de 2009, podemos encontrarnos con un mercado abierto en el que los consumidores no tengan confianza.

Solamente el 6 % de los consumidores habían efectuado compras transfronterizas en Internet en 2006. Las reglas para las compras de artículos están mucho mejor establecidas. Las empresas, en especial las pequeñas y medianas, también necesitan unas reglas más claras, ya que a menudo optan por no prestar un servicio o realizar una venta más allá de sus fronteras, lo cual provoca un consumo menor y unos precios más elevados para el consumidor. Unas reglas claras animarán tanto a las empresas como a los consumidores, a aventurarse más allá de sus fronteras y a prestar o adquirir servicios en un país diferente con toda tranquilidad.

Hemos de garantizar que los consumidores tengan una sensación justificada de seguridad a la hora de comprar en el mercado interior y que, aún cuando acaben inmersos en un litigio, puedan recabar fácilmente ayuda y compensación. Para lograr eso, han de ponerse en común muchas medidas diferentes. Algunos ejemplos citados en el informe son códigos de conducta voluntarios para los prestadores de servicios y la posibilidad de una acción colectiva sobre una base transfronteriza contra los estafadores o empresas que no respetan sus compromisos cara a los consumidores.

No es razonable que los consumidores gocen de menor protección cuando adquieren un servicio fuera de sus fronteras que cuando compran artículos de otro Estado miembro. Por tanto, el amplio instrumento horizontal que propone el informe representa otro elemento importante en la protección a los consumidores que deseamos desarrollar en la prestación de servicios transfronterizos. Los consumidores tienen que conocer sus derechos cuando la prestación de un servicio se realiza demasiado tarde o de manera incorrecta.

Si las libertades se complementan con obligaciones claras para los prestadores y una sólida protección de los consumidores, podemos reforzar la confianza de estos. Una vez más, hay que conceder prioridad a nuestros consumidores. Sin unos consumidores satisfechos y seguros no tendremos un mercado interior floreciente.

  Diana Wallis, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, se trata naturalmente de temas pendientes de la Directiva sobre servicios, y aunque estoy de acuerdo con buena parte del análisis de la señora Comisaria, tenemos un problema. Es un problema de confianza. Es un poco como lo que ha sucedido en el Reino Unido estas últimas semanas con el banco Northern Rock. A pesar de las declaraciones, los clientes seguían haciendo cola fuera del banco, tratando de recuperar su dinero. Con los servicios transfronterizos ocurre algo parecido. Digamos lo que digamos, los clientes no tienen aún suficiente confianza en estos servicios. Tenemos que encontrar la forma de solucionar esto.

Los diputados de esta Cámara que formaron parte de la comisión temporal de investigación sobre la crisis de la compañía de seguros Equitable Life han visto con toda claridad que existe este problema de confianza. Pero no vamos a poder solucionarlo retomando las viejas propuestas que se referían a problemas percibidos hace unos 20 años. Tenemos que enfrentarnos con los problemas y situaciones actuales.

De lo que ahora se trata, cuando hablamos de las obligaciones de los proveedores de servicios, es de analizar la ley contractual y las obligaciones contractuales básicas. A este respecto, tenemos actualmente sobre la mesa Roma I, a la que la señora Kauppi ha hecho referencia; si lo hacemos bien nos servirá de ayuda. Tenemos también toda la revisión del acervo en materia de consumo; si lo hacemos bien también nos ayudará. Tenemos la elaboración del Marco Europeo Común de referencia sobre la legislación contractual; si lo utilizamos, y si la Comisión se esfuerza más para conseguir que los Estados miembros lo asuman, esto también será útil.

De forma que hay muchos trabajos que pueden ayudarnos a establecer correctamente la relación entre la legislación privada internacional y la regulación. Lo que no necesitamos – concuerdo con el señor Harbour – es que la Comisión elabore códigos de conducta blandos.

Hagamos uso de lo que ya se está haciendo ahora y de lo que está en preparación. Podemos estar vigilantes para ver si se necesita o no un nuevo instrumento horizontal, pero realmente lo dudo.

Lo que necesitamos también es la posibilidad de que como consumidores tengamos derecho al acceso transfronterizo a la justicia, y que podamos emprender acciones colectivas. Esto equilibraría las fuerzas con respecto a los proveedores. Serviría para compensar la actual carencia de acceso transfronterizo a la justicia, algo que se ha visto muy claro en el caso de Equitable Life. A la gente no le gusta la expresión «acciones colectivas», y tampoco a mí me gusta, pero un derecho europeo de resarcimiento colectivo podría devolvernos a los consumidores la confianza que falta ahora en este continente.

  Leopold Józef Rutowicz, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, el desarrollo del mercado interior de la Unión es muy importante en términos de creación de vínculos entre los países y los ciudadanos de la Unión.

El incremento del intercambio transfronterizo de servicio sobre una base competitiva exige un aumento de la confianza mutua, que debería estar sustentada por una política favorable al consumidor. Esta política pretende mejorar el marco jurídico para servicios transfronterizos al tiempo que simplificar los trámites, lo cual aumentará la competencia. Asimismo producirá una mejora del acceso a los servicios y elevará su nivel mientras que reducirá los costes, beneficiando con ello a los consumidores europeos.

El informe contribuye a mejorar esta política exponiendo una variedad de temas que obstaculizan el desarrollo del mercado. Entre ellos está la falta de un sistema único que regule las obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos y la necesidad de completar los documentos de la Unión a este respecto. El informe subraya igualmente la falta de claridad a la hora de ejecutar las disposiciones, lo que se traduce en barreras mentales respecto de prestadores extranjeros, la menor protección jurídica para los usuarios de servicios que para los prestadores de los mismos, la no regulación de servicios públicos y privados bajo las mismas disposiciones, la diversidad de disposiciones referentes a las obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos, y la falta de la necesaria transparencia para la protección de estos servicios.

Debería prestarse atención a la introducción de los certificados de calidad para los prestadores de servicios con el fin de mejorar la confianza de los receptores. Las conclusiones y las propuestas que se desprenden del informe coinciden con los resultados de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Quiero felicitar al ponente por un informe profesional.

  Heide Rühle, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, yo también quiero felicitar al ponente, aunque lamentablemente todavía no he tenido el placer de leer ninguno de sus libros. No obstante, he tomado buena nota de ello y subsanaré la omisión a la primera oportunidad que se presente.

Muchas gracias por la buena cooperación, y muchas gracias, también, por sus esfuerzos para abordar temas importantes en su informe. Es cierto, ya existen marcos jurídicos para los servicios en el mercado interior, como la Directiva Servicios o la Directiva relativa al reconocimiento de titulaciones profesionales, pero la puesta en práctica de estas Directivas –de ambas– por desgracia aún deja mucho que desear. Por tanto, pienso que es lamentable que el Consejo no esté presente esta noche, ya que podríamos haber dejado en claro una vez más que esperamos que ambas Directivas se implanten en plazo y que la labor en los Estados miembros sea convenientemente supervisada.

Sin embargo, también necesitamos más iniciativas –como muy bien ha señalado el ponente– para aumentar la confianza de los consumidores en los servicios transfronterizos en el mercado interior. A este respecto, anteriores informes han abordado también asuntos importantes. En su informe, la señora Roithová ha señalado que aún existen muchas carencias en relación con las ventas por Internet en concreto, y que los consumidores carecen aún de la confianza necesaria en los servicios transfronterizos aquí. De manera similar, el señor Lehtinen, en su informe, llama la atención sobre las obligaciones de los prestadores de servicios y sobre la cuestión de la protección jurídica de los consumidores. Me gustaría volver sobre un tema que ya ha sido mencionado por dos oradores anteriores hoy, a saber, el derecho a las indemnizaciones colectivas en casos transfronterizos. Necesitamos urgentemente iniciativas en este sentido, de manera que los consumidores tengan confianza en los servicios transfronterizos, y eso sólo se puede lograr reforzando su posición jurídica.

A mi juicio, ambos informes –el informe Roithová y el informe Lehtinen– proporcionan indicaciones importantes sobre las carencias que aún existen. La Comisión debería incorporar seriamente ambos informes a su quehacer para superar, modernizar y actualizar de verdad el acervo de los consumidores.

  Jens-Peter Bonde, en nombre del Grupo IND/DEM. – (DA) Señor Presidente, hemos aprobado una Directiva Servicios por medio de la cual hemos transferido al Tribunal Europeo de Justicia en Luxemburgo el poder de decisión sobre lo que hemos decidido. Todavía no sabemos si deben respetarse los acuerdos de los Estados miembros. No sabemos el grado en que será permitido el establecimiento de requisitos nacionales en cuanto a la calidad. No sabemos si es legítimo que los Estados miembros decidan qué servicios les gustaría tener bajo control público o privado. Así pues, el informe resulta tan poco claro como la situación jurídica. Estamos a la espera de escuchar de los jueces en Luxemburgo si podemos conservar nuestros hospitales y una larga lista de otros servicios vitales que, juntos, constituyen nuestro Estado del Bienestar.

En Dinamarca, todos los ciudadanos tienen derechos sociales, que financiamos a través de unos elevados impuestos que sólo el 7 % de los daneses querría ver reducidos. Da la sensación de que ese 7 % sería recompensado por los jueces en Luxemburgo, pero ¿qué pasa con la mayoría? ¿Quién va a salvaguardar las decisiones y nuestra democracia? Tenemos asimismo un sistema de flexiguridad, que está basado en acuerdos voluntarios entre las partes en el seno del mercado laboral. ¿Cómo se les puede proteger? Es la columna vertebral del modelo social danés el que está amenazado por las incertidumbres y el activismo judicial de la Directiva Servicios.

El Movimiento de Junio desearía contribuir a la creación de unas reglas claras para un mercado común para todos los servicios que sean adecuadas para el mercado, pero no queremos impedir que los Estados miembros cuenten asimismo con una democracia para fijar límites sobre lo que debería ser decidido por el electorado y lo que debería ser decidido por los capitalistas.

  Petre Popeangă, en nombre del Grupo ITS. – (RO) Señor Presidente, la libertad de circulación de los servicios es, como sabemos, una de las cuatro libertades fundamentales que determinan, de forma decisiva, la funcionalidad y la eficacia del mercado único, un elemento importante del primer pilar que constituye la base de la construcción de la Unión Europea.

Ésa es una de las razones por las que creo que es tan importante como necesario realizar un análisis del progreso en la consecución de este instrumento del mercado único. Es importante porque el coherente desarrollo económico y social de la Unión Europea depende igualmente del ámbito de los servicios, y a este respecto es significativo el peso, que alcanza el 70 %, de los servicios en el PIB de la Unión. Es necesario porque el volumen del comercio transfronterizo de servicios es muy bajo comparado con el comercio de bienes, una situación que genera asimismo la falta de confianza de los ciudadanos de la Unión Europea en el consumo de tales productos. Sobre la base de estos argumentos, apoyo y voy a votar a favor de la aprobación del informe.

No obstante, considero que, en relación con las oportunas, y al mismo tiempo, valiosas soluciones propuestas por el ponente, habría resultado necesario un análisis más profundo con respecto a la situación de algunos países de reciente adhesión, como Rumanía, cuyos mercados están mucho menos desarrollados que los de la mayoría de los demás Estados miembros de la Unión. Desde este punto de vista, considero que el informe debería haber contenido también un conjunto de objetivos para igualar los grados de desarrollo de los mercados nacionales, una condición imprescindible para el desarrollo del mercado único y, en consecuencia, del segmento de servicios transfronterizos.

  Andreas Schwab (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, naturalmente quiero darle las gracias también al ponente. Los debates previos a este informe siempre fueron fructíferos e interesantes. Gran parte de lo obtenido de esos debates ha quedado incorporado en el informe, aunque no todo, lo cual es una pena, al menos a mi juicio, ya que el informe subraya en algunos puntos que la consecución del mercado interior de servicios en la Unión Europea se halla muy por detrás del de bienes. Desde mi punto de vista, no existen en realidad suficientes pruebas científicas o, de hecho, objetivas sobre el tema, dado que no sólo contamos con la Directiva Servicios, sino también con la Directiva sobre reconocimiento de titulaciones profesionales, así como otras Directivas en el sector de los servicios

En segundo lugar, el sector de los servicios en el mercado interior es mucho más heterogéneo que el de bienes. Cubre desde los servicios subordinados hasta los servicios médicos o jurídicos y, en último término, los servicios a gran escala, como los importantes servicios de banca y seguros. Meter todos estos servicios en un mismo saco, que es lo que repetidas veces ocurre en esta Cámara, resulta arriesgado, a mi juicio. Creo –y varios oradores anteriores así lo han señalado– que un enfoque diferenciado resultaría ciertamente útil.

El tercer punto que se ha planteado en diversas ocasiones, las acciones colectivas, difícilmente puede llegar a adquirir mayor relevancia por el mero hecho de ser tema frecuente de debate. Pienso que lo que podemos decir, de manera clara e inequívoca, es que el Parlamento espera que la Comisión realice un estudio para revisar cuál de los distintos modelos que ya existen en Europa sería de verdad el mejor para la Unión Europea. Creo que eso es todo lo que hay que decir sobre este tema.

Los sistemas de responsabilidad en los distintos Estados miembros –y éste es mi cuarto punto– todavía son muy diferentes. Por eso necesitamos un sistema unificado de obligaciones para los prestadores de servicios La clarificación del sistema jurídico que rige estas obligaciones generará mayor competencia y creará mayores posibilidades de elección para el consumidor, pero considero –como ya han dicho algunos oradores anteriores– que sería un error pedir a la Comisión que produzca un instrumento horizontal llegados a este punto. En cualquier caso, soy muy escéptico acerca de la creación de este tipo de ley de responsabilidades a nivel europeo.

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE). – (PL) Quiero felicitar al ponente por su informe, que pone de relieve muchos problemas con los que chocan los consumidores en el mercado interior.

Este informe llama acertadamente la atención sobre la falta de claridad y certidumbre jurídica en cuanto a la seguridad y la calidad de los servicios. También alude a la carencia general de confianza en el consumo transfronterizo, manifestada por los consumidores europeos. Las estadísticas así lo confirman. En 2006, sólo el 6 % de los consumidores europeos realizaron compras transfronterizas a través de Internet. Esta situación produce un impacto negativo sobre la competencia y las actividades de las pequeñas y medianas empresas. Contribuye, asimismo, a la expansión del comercio ilegal. Las empresas fraudulentas a menudo explotan las diferencias entre los sistemas jurídicos dentro de la Unión Europea para estafar a la gente. Resulta necesario actuar rápidamente una vez detectadas tales situaciones, de ahí nuestra respuesta.

Quiero recordar a la Cámara los muchos meses de trabajo dedicados a la Directiva Servicios, es decir, a la revisión de la legislación en materia de protección del consumidor. Como bien saben sus Señorías, la Directiva Servicios tiene que estar implantada en todos los Estados miembros antes de diciembre de 2009. Un porcentaje notable de los problemas reseñados por el ponente dejarán ciertamente de existir después del periodo de transposición. Es preciso tener presente que la Directiva Servicios mejorará de forma notable los derechos de los consumidores. Gracias a esta Directiva, los prestadores de servicios tendrán que facilitar a los consumidores una mejor información acerca de los servicios ofertados. Eso permitirá a los consumidores elegir mejor y con mayor información. Los consumidores también estarán protegidos de manera más eficaz por las pertinentes instituciones.

La Directiva Servicios impone asimismo una serie de obligaciones claras al prestador del servicio, incluidas las relacionadas con la resolución de conflictos. Creo que no es necesario introducir más instrumentos jurídicos hasta que entren en vigor las disposiciones de la Directiva Servicios. A mi parecer, resulta prematuro solicitar a la Comisión que presente un instrumento horizontal. Lo mismo cabe decir de la revisión completa de la legislación sobre la protección al consumidor. La Comisión ya ha presentado un Libro Verde sobre la legislación en materia de protección de los consumidores y, llegado el momento, presentará propuestas legislativas a este respecto. Señorías, existen ocasiones en las que una mayor legislación no significa legislar mejor. Haríamos bien en tenerlo presente.

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) La Directiva Servicios, que ha de quedar transpuesta a la legislación nacional en todos los Estados miembros antes del 28 de diciembre de 2009, tendrá un efecto notable sobre los servicios transfronterizos.

Esta Directiva, y tampoco el Libro Verde de la Comisión sobre la revisión del acervo relativo a los consumidores, no establece las obligaciones fundamentales de los prestadores de servicios y, por tanto, acojo con satisfacción el informe del señor Lehtinen sobre este tema. El informe pretende garantizar que no sólo los consumidores, sino también las pequeñas y medianas empresas que compren y vendan servicios transfronterizos, puedan beneficiarse de mayor certidumbre legal, simplicidad y costes reducidos.

Creo que la normalización europea resulta esencial para el éxito de pequeñas y medianas empresas artesanas, y la implantación de normas europeas a escala de la Unión Europea constituye, por ende, una forma de apoyar la seguridad de los servicios y de garantizar los derechos de los consumidores en lo tocante a los servicios transfronterizos prestados por los Estados miembros. Cuando los consumidores desconfían de la seguridad y calidad de un servicio tienden a erigir barreras mentales frente a los proveedores extranjeros y desisten, por lo tanto, de hacer uso de los servicios transfronterizos. Con frecuencia, la experiencia negativa de un consumidor repercute injustamente en todos los proveedores extranjeros de servicios.

Los consumidores tienen la posibilidad de resolver los problemas que surjan, predominantemente, por culpa de los diferentes procedimientos en vigor en los distintos Estados miembros dentro de la Red de centros europeos de los consumidores (red CEC) y la red de cooperación entre órganos nacionales de resolución extrajudicial de litigios en materia de servicios financieros (FIN-NET). Cuando un consumidor disponga de suficiente información acerca de sus derechos en el mercado interior, pero intente ejercerlos infructuosamente en otro Estado Miembro de la UE, puede recabar ayuda de SOLVIT.

Señorías, aplaudo el hecho de que este informe se centre de forma prioritaria en los consumidores, ya que ellos, sobre todos, constituyen un elemento fundamental e importante del mercado interior. Así pues, nuestro objetivo común debe consistir en crear las condiciones para los consumidores que les permitan tener la misma confianza a la hora de realizar una compra en otro país, que la que tienen cuando lo hacen en casa.

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, aunque el Tratado de la CE garantiza a sus ciudadanos el libre acceso a los servicios más allá de sus fronteras nacionales, solamente un puñado de prestadores y consumidores de servicios hacen uso de esta ventaja del mercado común. El bajo nivel de competencia encarece, por tanto, los servicios en las regiones fronterizas y no siempre los hace más fácilmente accesibles, comparados con los servicios dentro de un país.

Los estudios revelan que el problema no radica en las barreras idiomáticas, sino en la legislación. No siempre está claro cuándo aplicar la legislación del país de origen y cuándo la legislación nacional. Por desgracia, merced a los enemigos del principio del país de origen, perdimos la oportunidad de proporcionar una definición mejor en la Directiva Servicios. Aquí en Estrasburgo, este informe va acompañado de un miedo irracional a mencionar el principio del país de origen, a pesar del hecho de que en muchas profesiones, los prestadores de servicios no tienen que conocer la legislación del país vecino para prestar servicios transfronterizos.

Pronto dispondremos de jurisdicción que ponga fin a los litigios de cuándo el asunto de la protección del consumidor se rige por la legislación nacional y cuándo por la del país anfitrión. Considero que el informe del señor Lehtinen representa una excelente contribución a este respecto ya que, a mi juicio, nuestra definición de las obligaciones generales de los prestadores debería estar basada en unas normas europeas consensuadas.

Estoy de acuerdo en que, cuando se trata de la protección de los consumidores, deben aplicarse unas mismas obligaciones a los prestadores de servicios privados y públicos. Asimismo apoyo la financiación de redes de comunicación entre los Estados miembros. Esto conducirá a un control eficaz y a avanzar en la resolución de los litigios fuera de los tribunales.

Señora Comisaria, es grande el compromiso que tenemos frente a los ciudadanos europeos en lo concerniente a las condiciones que rigen la libre circulación de servicios transfronterizos. Este informe salda parte de esta deuda. El Parlamento Europeo brinda a la Comisión el apoyo político para definir claramente las obligaciones de los prestadores al margen de su origen. El informe del señor Lehtinen da fe de la excelente labor de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor.

  Viviane Reding, miembro de la Comisión. − Señor Presidente, he estado escuchando con mucha atención el debate sobre el informe del Parlamento relativo a las obligaciones de los proveedores de servicios transfronterizos. Deseo agradecer a sus Señorías sus comentarios. Permítanme ahora resaltar algunos puntos.

En primer lugar, la Comisión apoya los objetivos del informe que el Parlamento votará mañana. Desde luego nos preocupa la falta de confianza de los consumidores en el mercado interior de servicios. Déjenme insistir en que, como Comisaria para la Sociedad de la Información, esta falta de confianza en los negocios por Internet es algo muy serio, y tendremos que estudiarlo.

En segundo lugar, como he mencionado antes, la Comisión ha adoptado ya una serie de iniciativas que aspiran a corregir la situación actual. He citado la Directiva sobre servicios y la revisión del acervo en materia de consumo. Ésta última, por cierto, es una de las principales prioridades de mi colega la Comisaria Kuneva.

Quisiera decir que estamos muy agradecidos por el apoyo del Parlamento y que le animamos a seguir contribuyendo al proceso de revisión, y nos gustaría que en unión del Parlamento pudiéramos obtener resultados lo antes posible.

¿Qué vamos a proponer concretamente durante las próximas semanas o meses? En primer lugar, a primeros de octubre se publicará en el sitio web de la Comisión un resumen de las respuestas a la consulta. A continuación se realizará una evaluación del impacto, con vistas a una posible propuesta de la Comisión en la segunda mitad de 2008. A los diputados que hayan tenido que ocuparse con detalle de este problema esto seguramente les interesará.

En tercer lugar, la Comisión está de acuerdo en la necesidad de desarrollar los temas relativos a los aspectos de la seguridad de los servicios, porque son muy importantes para garantizar mejor los aspectos de la salud y de la seguridad física de los servicios prestados dentro del mercado interior.

Respecto a los Estados miembros, llamaremos la atención sobre las posibles deficiencias de los sistemas nacionales, o sobre la aplicación forzosa de la evaluación. Fomentaremos la formación del consumidor y las iniciativas para mejorar el nivel de sensibilización. Facilitaremos el acceso a la información existente sobre accidentes y lesiones relacionados con la seguridad de los servicios suministrados a los consumidores, y uno de los elementos de máxima importancia que ha sido resaltado por varios diputados, como es el derecho al resarcimiento colectivo. La Comisión está realizando estudios y consultas con los interesados con el fin de sopesar la oportunidad de una iniciativa en este ámbito, pero lo que es seguro, y me gustaría subrayarlo, es que no será una acción colectiva como las de Estados Unidos.

Deseo finalmente dar las gracias al ponente por el trabajo realizado, y al Parlamento por la importancia atribuida a este problema. Estamos seguros de que el informe parlamentario será de gran ayuda para nuestros futuros trabajos en beneficio de los consumidores.

  Presidente. − Muchas gracias, señora Comisaria, por un debate interesante, en el que más del 50 % de los oradores han sido mujeres, que es como tiene que ser.

Se cierra el debate.

La votación se celebrará el jueves 27 de septiembre de 2007.

Declaraciones por escrito (artículo 142)

  Bogdan Golik (PSE), por escrito. – (PL)

Quiero dar las gracias al señor Lehtinen por el informe tan bien elaborado.

La libertad de prestación de servicios es una de las cuatro libertades fundamentales del mercado interior. A lo largo de los años, el sector de los servicios ha adquirido cada vez mayor importancia para el desarrollo económico y social de la Unión Europea y ha sufrido un profundo cambio.

A pesar de las disposiciones del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y el proceso en curso de transposición de la Directiva Servicios a la legislación nacional, la libre circulación de los servicios continúa en la práctica estando obstaculizado por disposiciones y diferencias administrativas entre los sistemas jurídicos de los estados miembros.

Teniendo presentes las amenazas y los retos que dimanan de la globalización, junto con las deficiencias en el sector de los servicios, identificadas en el informe, resulta especialmente importante emprender acciones destinadas a eliminar los obstáculos a la prestación de servicios transfronterizos.

La falta de confianza por parte de los consumidores y la reticencia de las empresas a operar fuera de los límites de su país de origen limitan el acceso al mercado interior. Con carácter de urgencia, la Comisión debería introducir mecanismos que facilitaran a las empresas, sobre todo las PYME, beneficiarse del mercado interior. Así pues, deberían racionalizarse las disposiciones comunitarias sobre la prestación de servicios transfronterizos y debería implantarse un período mínimo para la armonización de las normas de seguridad, a fin de proteger los intereses de los usuarios.

El fortalecimiento de la cooperación entre los Estados miembros, la limitación de las prácticas administrativas y el adecuado control de los servicios transfronterizos promoverán el aumento de la actividad transfronteriza. La armonización de las normas de calidad reforzará la confianza de los consumidores y los prestadores en los servicios transfronterizos.

Facilitar la prestación de servicios transfronterizos provocará un mercado único de servicios con un funcionamiento satisfactorio, sentando con ello las bases para un mercado interior coherente en el plano económico.

16. Biblioteca digital (debate)

  Presidente. − El punto siguiente es el informe de Marie-Hélène Descamps, en nombre de la Comisión de Cultura y Educación, sobre i2010: Bibliotecas digitales (2006/2040(INI)) (A6-0296/2007).

Una vez más, por encima del 50 % de los oradores en este debate son mujeres, siendo la primera la ponente Marie-Hélène Descamps.

  Marie-Hélène Descamps, ponente. – (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la idea de una biblioteca digital europea fue concebida por seis Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que querían facilitar el acceso universal al patrimonio cultural europeo y preservarlo para las futuras generaciones. Este proyecto federal para Europa vendrá a reforzar la expresión de una auténtica identidad europea y contribuirá a difundir nuestra diversidad cultural y lingüística por todo el mundo. El proyecto, que carece de precedentes en Europa, combina el pasado con el presente y enlaza la dimensión cultural con la digital. Representa la respuesta perfecta a las distintas cuestiones que afectan actualmente a nuestros conciudadanos en forma de nuevas tecnologías de información y comunicación. Internet, que es el tercer medio favorito de la juventud de Europa, constituye efectivamente uno de los principales medios de acceso al conocimiento y el aprendizaje.

Aunque se ha realizado un cierto progreso, la digitalización de nuestros recursos culturales y su disponibilidad en línea continúa siendo, no obstante, muy fragmentada y depende de los distintos mecanismos que han sido implantados por los Estados miembros. Para que sean eficaces y alcancen al mayor número posible de personas, es necesario que las iniciativas para fomentar y propagar nuestro patrimonio cultural estén bien coordinadas. Ése el objetivo que persigue la biblioteca digital europea, que la Comisión apoya a través de su iniciativa piloto «i2010: hacia una biblioteca digital europea».

La primera parte de esta iniciativa, a saber la comunicación de 30 de septiembre de 2005, estaba basada en tres aspectos principales: la digitalización, la accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital. La Comisión ha comenzado a analizar los principales desafíos técnicos, jurídicos, organizativos y financieros que conlleva un proyecto de esta magnitud. Al mismo tiempo, se ha lanzado una consulta pública en línea y se ha constituido un Grupo de expertos de alto nivel. Sobre la base de estos distintos elementos, la Comisión aprobó una recomendación sobre digitalización, accesibilidad en línea y conservación digital el 24 de agosto de 2006, en la que pide a los Estados miembros que aceleren el ritmo de digitalización y que coordinen sus esfuerzos para lograr una sinergia real. El 13 de noviembre de 2006, el Consejo aprobó estas recomendaciones por unanimidad. Corresponde ahora al Parlamento Europeo enviar una señal firme para que este proyecto excepcional pueda hacerse realidad.

Esta empresa es de una envergadura tal que hemos de proceder por etapas. Al tiempo que trabajamos en la organización conceptual y técnica de todas las categorías de material cultural, debemos centrarnos en el potencial brindado por el material textual exento de derechos que se conserva en las bibliotecas y hemos de hacerlo a través de un punto de acceso único, directo y multilingüe. Nuestras bibliotecas ofrecen la ventaja de estar ya coordinadas a escala europea a través de TEL, La Biblioteca Europea, creada en 2005 por las bibliotecas nacionales, que contiene un gran número de obras digitales que son del dominio público y, por ende, pueden utilizarse inmediatamente.

En una segunda etapa, y con el fin de procurar el éxito de esta herramienta, la biblioteca también debe ofrecer acceso a obras de naturaleza más contemporánea, además de aquellos documentos que son del dominio público. Cualquier decisión en este ámbito tendrá que ser adoptada inevitablemente previa consulta con todas las partes implicadas. De hecho, la protección de los derechos de autor y otros afines, resulta vital para mantener y proteger la creatividad en Europa. Para que este proyecto se vea coronado por el éxito que se espera alcance, tendrá que estar basado sobre un modelo económico coherente. Por tanto, el informe propone, previo acuerdo de los derechohabientes, que en la biblioteca digital europea los usuarios puedan bucear en Internet para encontrar cualquier tipo de documentos digitales, sea cual sea su naturaleza, y consultar obras de dominio público libre e integralmente, aunque en forma de extracto cortos cuando se trate de obras protegidas. Además, los usuarios que deseen hojear una obra concreta o acceder a un documento protegido en su totalidad serían dirigidos a sitios web privados, especializados en la difusión digital segura, quedándoles disponibles una serie de opciones a cambio de una remuneración justa para los derechohabientes.

Por otra parte, una biblioteca así tiene que estar organizada de manera que pueda ofrecer acceso a un contenido que sea fiable y de la calidad deseada para siempre. A tal efecto, el informe propone la creación de un comité director, en el que desempeñarían un papel importante las instituciones culturales. Este comité se encargaría de definir las prioridades y las orientaciones de la biblioteca digital europea, al tiempo que aseguraría la coordinación, el seguimiento y la gestión de sus actividades.

Por último, a fin de proporcionar acceso a todas las culturas europeas, las demás instituciones y sectores culturales, incluidos los archivos, museos, cines, artes audiovisuales y universidades, tienen que participar en cada una de las etapas del proyecto. De esta forma, podremos configurar la cara de una Europa unida en su diversidad.

Quiero terminar dando las gracias a mis compañeros en la Comisión de Cultura y Educación, en especial al señor Weber y al señor Graça Moura, por su apoyo y contribución a este informe. También deseo dar las gracias a la Comisión por haber colaborado tan eficazmente durante la elaboración de este documento.

  Viviane Reding, miembro de la Comisión. − Señor Presidente, éste es un gran informe, y la señora Descamps ha realizado un trabajo excelente, junto con sus colegas de la comisión.

La iniciativa sobre bibliotecas digitales es un ejemplo de la forma en que Europa puede contribuir, mediante proyectos concretos, no solamente al crecimiento económico sino también a la calidad de vida. Poniendo en línea el patrimonio cultural y científico de Europa podremos difundirlo entre las distintas culturas. El uso de las modernas tecnologías nos permite derribar los muros que existen actualmente.

Estoy muy satisfecha de que esta iniciativa, emprendida por las bibliotecas nacionales de nuestros Estados miembros y desarrollada por la Comisión Europea a lo largo de tantos años, haya sido destacada y apoyada por las fuerzas políticas de la UE al máximo nivel. Han hecho muy bien; nuestros Jefes de Estado y de Gobierno han hecho muy bien en apoyar esta iniciativa, porque nuestras bibliotecas, archivos y museos contienen auténticas riquezas. No se trata únicamente de libros, sino también de periódicos, de documentos y de películas. Se trata de una riqueza multilingüe y multicultural. Sabiendo que menos del 1 % de esta riqueza está digitalizada, nos damos cuenta de lo que tenemos por delante y del trabajo que queda por hacer.

Es un trabajo necesario por dos motivos. El primero es para superar las barreras y permitir que la gente pueda estudiar, trabajar y disfrutar de estas obras a partir de su propia cultura y de sus propias obras, que forman parte de nuestra historia común europea, y también para que estos elementos de nuestras instituciones culturales puedan ser reutilizados en servicios y productos de valor añadido. Aquí es donde interviene la industria. Ésta es la razón por la que el objetivo de la iniciativa de la Comisión consiste en crear un punto de acceso común y multilingüe a la herencia cultural digitalizada de Europa.

Esto no lo podemos hacer solos. Requiere colaboración entre los distintos tipos de organizaciones culturales de los distintos países europeos. Me alegra comprobar que es algo que está adquiriendo forma y carácter oficial mediante la creación de una entidad jurídica que mejore la capacidad de acción de la biblioteca digital europea. Este punto de acceso común se lanzará en 2008. Durante los años siguientes, sus contenidos se ampliarán progresivamente a medida que nuevas bibliotecas, archivos, colecciones audiovisuales y museos contribuyan con sus fondos digitalizados.

Me alegra igualmente que el informe del Parlamento trate no sólo de los resultados, sino también de los requisitos previos para lograr dichos resultados. Esto significa mejorar las condiciones generales para poner en línea nuestro patrimonio cultural, como parte integrante de las iniciativas sobre bibliotecas digitales, y necesitamos que los Estados miembros intensifiquen sus esfuerzos para fomentar la digitalización. Diré muy claramente que no basta con celebrar importantes actos culturales donde todos los Jefes de Gobierno pronuncian bellos discursos para regresar a continuación a sus países y recortar los presupuestos. ¡Esto no puede ser! Necesitamos que los hechos acompañen a las palabras. Pido al Parlamento que siga adelante y que nos ayude a convertir en realidad este proyecto tan hermoso.

Contamos con el grupo de alto nivel sobre bibliotecas digitales, que yo presido y que está realizando progresos en esta materia. Somos asimismo muy conscientes de que la conservación del material digital será una de las cuestiones fundamentales en el futuro, y por lo tanto me alegro de que el Consejo haya respaldado la estrategia de la Comisión relativa a la biblioteca digital europea, y de que el Parlamento nos ayude ahora a avanzar en la misma dirección y utilice su peso político para lograr este objetivo.

  Vasco Graça Moura, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (PT) Señor Presidente, señora Comisaria, quiero felicitar muy sinceramente a la señora Descamps por su brillante informe. Se trata de un documento que supondrá una contribución enormemente importante a la cuestión de la relación entre la tecnología digital y el patrimonio cultural. Aboga por la coordinación de esfuerzos entre instituciones nacionales, en especial las bibliotecas, y en el futuro, otras instituciones culturales. Comienza de forma práctica con las obras que ya pertenecen al dominio público. Propone el uso eficaz de sinergias y el intercambio de buenas prácticas entre quienes están implicados en el proceso a todos los niveles. Pide a los Estados miembros que promuevan el proyecto y que encuentren formas de evitar la duplicación de esfuerzos a la hora de digitalizar los fondos. Solicita la coordinación de todos estos esfuerzos. El informe Descamps constituirá un punto culminante de esta legislatura en cuanto a la relación entre la tecnología de vanguardia y la cultura europea a lo largo de los siglos.

Cuando hablamos de cultura europea, también estamos hablando de cultura universal. Eso no sólo es porque el patrimonio cultural europeo merezca esta calificación, sino también porque la intrínseca diversidad cultural de Europa forma un sistema totalmente abierto que, por supuesto, tendrá consecuencias positivas a medida que avance el proyecto. Se trata asimismo de un proyecto que ha evolucionado. Comenzó como una falacia «chovinista» en competencia con Google, pero ha sido objeto de una nueva formulación, a raíz de distintos cambios, en unos términos más sensibles, realistas y productivos. Ha dejado de ser los que el Financial Times tildó anteriormente de «caso flagrante de nacionalismo descaminado e innecesario».

La biblioteca digital europea es diferente de otras soluciones porque es un proyecto de la Unión Europea, porque pretende llegar a todas las bibliotecas, porque está previsto que se fundamente en iniciativas existentes y porque busca cubrir todas las categorías de patrimonio cultural europea, sin quedar confinado al material impreso. Ciertamente sigue habiendo una serie de problemas: encontrar socios financieros en el sector privado; evitar, en la medida de los posible, distintos velocidades de digitalización entre los Estados miembros; resolver ciertos aspectos técnicos referentes a la coordinación del acceso a las obras digitalizadas; conservar el contenido digitalizado; resolver el asunto del motor de integrado como herramienta de búsqueda en la metainformación en documentos en modo imagen y la búsqueda directa de documentos en modo texto; encontrar soluciones para la interoperabilidad de los contenidos; y permitir la búsqueda multilingüe por tema o palabra clave, además de la situación actual de la búsqueda por autor o título. Tampoco podemos olvidar que resultará esencial el intercambio de experiencias entre instituciones, sobre todo con las norteamericanas, y que un componente sólido en cuanto a investigación y desarrollo ha de ser fundamental para que el proyecto produzca buenos resultados.

Dentro de este contexto, al votar a favor del informe Descamps, esta Cámara dará un positivo paso adelante hacia el futuro, ya esté formada la mayoría por mujeres, o esté razonablemente constituida por un porcentaje de mujeres y otro de hombres, señor Presidente.

  Presidente. − ¡Ah, pero las mujeres están muy contentas de que usted sea un hombre!

  Christa Prets, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, el año 2010 está a la vuelta de la esquina. Dado que el título del informe es «i2010: hacia una biblioteca digital europea», eso significa que aún nos queda un motón de trabajo por hacer y, a mi parecer, hemos estado remoloneando. Me complace que la señora Descamps haya presentado un informe muy bueno, que marca el camino hacia adelante y nos muestra lo que se puede y lo que se debería hacer. No obstante, todos tenemos que esforzarnos por conseguir que avance el asunto. El informe constituye un reto y una respuesta a las nuevas tecnologías, la nueva gestión del conocimiento y la información, y sobre todo, el acceso de los jóvenes al aprendizaje, la información y el conocimiento. Es mucho lo que tenemos que recuperar en este ámbito y, por lo que a mí respecta, realmente tenemos que acelerar las cosas.

No sólo se trata de conservar y salvaguardar el patrimonio cultural. Todos los días surgen nuevas cosas que tenemos que agregar a la ecuación, ya que lo que se inventó y se puso por escrito ayer mismo, mañana será nuestro patrimonio cultural. Eso significa que es mucho el terreno que tenemos que recuperar. No obstante, al mismo tiempo siempre tenemos que mirar hacia adelante a fin de poder mantenernos a ritmo de los desarrollos.

Va a ser muy importante coordinar el proceso e instar a los países –como se ha dicho hace un momento– para que aporten sus sensibilidades nacionales y avancen juntos a lo largo de un camino europeo para salvaguardar la diversidad cultural. Existen obstáculos que debemos superar. El primero es el déficit financiero que padecemos. La señora Comisaria ha acertado al hablarnos de ello. Todos los ministros y presidentes son muy buenos haciendo discursos grandilocuentes y se muestran orgullosos de nuestra diversidad cultural, pero cuando llega la hora de la financiación y la ejecución, rápidamente reculan y olvidan totalmente el orgullo que habían estado proclamando.

Desde mi punto de vista, también resulta muy importante salvaguardar los derechos de autor, por lo que tiene que existir un acuerdo con los autores y los editores y cualquier otra persona implicada, de forma que a cambio de una tasa apropiada, se pueda colocar información en Internet para que la gente pueda acceder a ella. Creo que nos queda mucho por analizar en ese campo. Desde luego no es una tarea sencilla, pero las propuestas se encuentran encima de la mesa y es mucho lo que pueden ganar los países. Tengo el convencimiento de que podemos obtener un voto positivo sobre este informe mañana.

A mi juicio, tenemos que utilizar las nuevas tecnologías y apoyar este proyecto con el fin, no sólo de facilitar el acceso para nosotros como europeos, sino para llevar también nuestra cultura hasta todos los confines del mundo.

  Jolanta Dičkutė, en nombre del grupo ALDE. – (LT) Señorías, como ha quedado dicho en el documento inicial de la Comisión, una biblioteca digital europea estaría basada en el rico patrimonio europeo combinando los entornos multiculturales y multilingües con avances tecnológicos y nuevos modelos empresariales. Dentro del contexto de la integración, se trata de un objetivo estupendo y saludables, una meta ambiciosa. Sin embargo, aparte de alcanzar estos objetivos ideales, hemos de ser realistas y permanecer muy atentos, dispuestos a hacer frente a los retos que son inevitables durante este proceso.

Los principales problemas relacionados con la creación de bibliotecas digitales son universales, aun cuando se describan de formas diferentes. La infraestructura técnica, la creación de recursos digitalizados, la digitalización, la identificación de los derechos de autor, la conservación del contenido y la conservación de los documentos son cuestiones que exigen decisiones en materia de desarrollo y esenciales.

El potencial para proporcionar servicios virtuales y proyectos para su puesta en práctica resulta fundamental para las bibliotecas de cualquier tipo. No obstante, es evidente que los materiales digitales, como la información en formato texto, visual y audio, amplían las funciones tradicionales de las bibliotecas al añadir un contenido diferente. Por ejemplo, el acceso a la información almacenada en una biblioteca tradicional viene determinado por los tiempos de procesamientos, que habitualmente son más prolongados que los de otras instituciones públicas. Si una biblioteca es virtual, su acceso es universal, ya que no existe ninguna valla física que separe la información de los usuarios. El acceso a la información está garantizado por los períodos de procesamiento del servidor.

Los bibliotecarios pueden utilizar capacidades y conocimientos tradicionales para diseñar servicios virtuales, pero no basta con o anterior. Las bibliotecas digitales son un fenómeno del tercer milenio y, por ello, resulta necesario evaluar no sólo el conocimiento específico que ese esencial hoy, sino también el que ha de ser necesario en el futuro, ya que las tecnologías cambian. No resulta tan importante contar con un perfecto conocimiento de determinadas tecnologías, ya que cualquier empleado flexible y maduro puede conseguir los conocimientos y la experiencia necesarios para desempeñar su trabajo.

En mi país, Lituania, la conservación duradera del patrimonio lituano a través del uso de las tecnologías de la información ha quedado establecida a través de la aprobación de actos jurídicos. No obstante, este problema no se está solucionando mediante la coordinación de las actividades de las «instituciones depositarias de la memoria» (bibliotecas, museos, archivos). Ni los ciudadanos de Lituania, ni los de otros países están de momento en condiciones de utilizar todos los servicios que ofrecen las bibliotecas digitales. Espero que la decisión de hoy acelere estos procesos.

  Mieczysław Edmund Janowski, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, Umberto Eco dijo que la persona que lee libros, vive dos veces. El informe de la señora Descamps hace un buen relato del enfoque moderno a las cuestiones culturales y educativas. Yo también aludí al asunto en mi informe sobre la contribución de la futura política regional a la capacidad de innovación de la Unión Europea.

Si la invención de Gutenberg constituyó un punto de inflexión en el desarrollo humano es su época, hoy podemos hablar de una revolución cultural provocada por Internet. De lo que se trata es del acceso universal al tesoro europeo, o de hecho mundial, del patrimonio espiritual y material de la Humanidad. Este último comprende las creaciones contemporáneas junto con las que datan de hace siglos, procedentes de diferentes culturas e idiomas. Los derechos de autor y los derechos afines constituyen, ciertamente, un tema a contemplar en este contexto.

Reconozco lo que ya se ha alcanzado a este respecto en muchos Estados miembros, incluida la labor de la Biblioteca Nacional de Polonia. Quiero aprovechar esta ocasión para subrayar la importancia de un acceso de banda ancha más amplio. Creo que deberíamos encontrar una forma de financiar conjuntamente la digitalización con cargo a los recursos de la Unión. Voy a finalizar citando a Goethe, que dijo que cuando leía un buen libro, tenía la sensación de haber hecho un nuevo amigo. ¡Pensemos en la cantidad de buenos amigos que podríamos hacer a través de la biblioteca digital europea!

  Mikel Irujo Amezaga, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (ES) Señor Presidente, la Comisión define tres ejes esenciales para explotar el potencial de la tecnología digital: la accesibilidad en línea, la digitalización de colecciones analógicas y la preservación y el almacenamiento de contenidos digitales, eso lo sabemos.

Respecto a la digitalización, bien es sabido que la Comisión, mediante la recomendación de agosto del año pasado, pidió a los Estados miembros que coordinaran sus esfuerzos para lograr una sinergia a escala europea. El Consejo se pronunció por unanimidad a favor de esta recomendación, pero me gustaría aprovechar esta intervención –es una pena que no esté el Consejo aquí presente– para preguntar a la Comisión sobre los progresos reales efectuados por los Estados en esta materia, por un lado y, por otro, ver si se ha tenido en cuenta lo suficiente a esos gobiernos no estatales que –sabemos– en la mayoría de los países descentralizados ostentan las competencias en materia de cultura.

Por otro lado, la accesibilidad en línea es otro de los ejes, ya lo he señalado. Todos estamos de acuerdo en señalar que un interfaz y unos contenidos multilingües deben ser asegurados. Es una alegría entrar en la página web de la librearía digital y ver que, aparte de las 23 lenguas oficiales, están el islandés o el serbio.

Hoy celebramos el Día Europeo de las Lenguas, de cuyo lanzamiento fue usted, señora Reding, una de las mayores impulsoras. Por otro lado, también, señora Comisaria, usted ha dicho muy acertadamente, en infinidad de ocasiones, que no existen lenguas grandes o lenguas pequeñas, sino que todas son parte de la riqueza cultural europea. Es por ello que me gustaría poder ver alguna referencia, más que referencia, contenido, en la librería digital a aquellas lenguas, como la mía, que no son oficiales en la Unión Europea.

  Věra Flasarová, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (CS) Señorías, cuando la biblioteca de Alejandría fue pasto de las llamas durante la invasión de Egipto por César, una parte sustancial de toda la literatura escrita por la Humanidad hasta ese momento desapareció para siempre. A mi juicio, nunca jamás volverá a pasar algo así, gracias a la existencia de las bibliotecas digitales.

Aplaudo en complejo planteamiento de la ponente para el asunto. Yo procedo de la República Checa, donde desde hace algún tiempo se está realizando la digitalización satisfactoria de la Biblioteca Nacional en Praga. Dado que los Estados tienen sus propias bibliotecas nacionales, es lógico que la Unión Europea cuente también con una institución similar, una institución que utilice las tecnologías más recientes. No se trata solamente de cubrir los pasos para cubrir la tarea de la integración europea; se trata de un asunto práctico. En nuestros días cada vez se publican más libros. este enorme caudal de literatura no se puede concentrar en un lugar sin la ayuda de la tecnología informática. Se trata de una tarea gigantesca. El plan consiste en que la biblioteca digital europea absorba aquellas fuentes digitales que ya existan y que contenga las obras literarias no sujetas a derechos de autor. A las obras literarias se le unirán las obras técnicas, jurídicas, periodísticas y también audiovisuales.

La creación de un sistema que sea tan universal y, sin embargo, razonablemente sencillo va a constituir una tarea interesante para los expertos en tecnología digital. Estoy segura de que la biblioteca digital europea servirá para suprimir las interminables referencias cruzadas y las búsquedas complicadas en el ciberespacio virtual y que se convertirá en una enorme biblioteca que tendremos, hablando en sentido figurado, dentro de casa.

Por supuesto, también existen riesgos. ¿Nos van a convertir las bibliotecas digitales en aún más dependientes de los ordenadores y van a amenazar la existencia de los libros impresos? Pudiera ocurrir, aunque no lo considero muy probable. Un libro tradicional es una parte integrante de nuestra cultura, lo mismo que el teatro o el arte. Ofrece algo que las bibliotecas digitales nunca serán capaces de ofrecer: el contacto de primera mano con el lector.

  Thomas Wise, en nombre del Grupo IND/DEM. – Señor Presidente, la Biblioteca Británica se remonta a 1753. Algunos de sus libros datan del año 300 AC. Personajes famosos como Karl Marx, Oscar Wilde, Mahatma Gandhi, Rudyard Kipling, George Orwell, George Bernard Shaw, incluso Vladimir Lenin, por citar únicamente algunas celebridades, han estudiado en las salas de lectura del Museo Británico y de la Biblioteca Británica. Me pregunto si habrían sentido la misma inspiración navegando por Internet. Sospecho que nuestras magníficas sedes, con sus colecciones únicas de publicaciones de todos los rincones del mundo y del imperio británico – y aún de más lejos – seguirán siendo venerados como un tesoro mucho después de que la UE haya seguido el mismo camino que los demás proyectos eurofederalistas, desde Carlomagno hasta las horribles pesadillas políticas de los dos últimos siglos. Buena suerte, señora Descamps, con su biblioteca digital, pero en este ámbito, como en tantos otros, yo preferiría concentrarme en proteger, preservar y desarrollar un patrimonio del que me siento orgulloso, en vez de crear los ornamentos de un nuevo Estado con los restos de otros Estados fracasados.

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE). – Señor Presidente, Señorías, permítanme insistir en que celebro el informe de la comisión y de la señora Descamps como una contribución importante para conseguir que la información digital esté disponible para las generaciones futuras.

Es cierto que Internet se ha convertido en una de las principales vías de acceso al conocimiento y a la educación. Las bibliotecas digitales benefician indudablemente a muchos investigadores, estudiantes, profesores y, como grupo específico, a las personas con discapacidades físicas. Así pues, se trata de una iniciativa perfecta en el Año europeo de igualdad de oportunidades para todos.

Quisiera llamar su atención sobre un aspecto que necesita ser analizado detalladamente antes de tomar decisiones.

La cooperación pública/privada y el patrocinio privado para la digitalización del patrimonio cultural europeo constituyen elementos importantes del sistema, tal como funciona actualmente. Debemos asegurarnos de que la nueva reglamentación en esta materia no ponga en riesgo los beneficios del sistema actual, especialmente en lo relativo a la información científica. Por ejemplo, tenemos que conseguir que se mantenga el mecanismo de revisión por homólogos. Esta revisión por homólogos es el sistema por el que expertos independientes en una disciplina científica – los homólogos – evalúan críticamente un informe científico relativo a una investigación.

El sistema de revisión por homólogos es fundamental para la comunidad científica, ya que constituye un sistema de control de calidad, pudiendo influir sobre las carreras científicas. Tenemos que evitar asimismo una situación en la que el libre acceso ponga en riesgo la actual difusión de la investigación científica mediante la suscripción a revistas. Otra cuestión que hay que analizar también son los perjuicios para la rentabilidad de las revistas de editoriales pequeñas.

En resumen, el sistema actual es percibido por muchos como de fácil acceso, eficiente, rentable y también de alta calidad. Tenemos que asegurarnos de que los beneficios, especialmente para los investigadores, tendrán un saldo positivo, y debemos evitar las consecuencias no deseadas para las mismas personas a las que confiamos en ayudar.

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Señor Presidente, la idea de crear una biblioteca digital europea, mediante la creación de un sitio en Internet donde estarían almacenados los recursos que luego podrían ser accedidos por cualquier usuario de manera gratuita, ciertamente es una idea ambiciosa. La biblioteca tendría una interfaz multilingüe para facilitar el acceso directo al material apetecido. Cualquier ciudadano podría acceder incluso a las obras menos conocidas de la cultura mundial en su lengua materna.

Es preciso señalar que esta iniciativa plantea una cuestión importante, a saber el acceso de Internet y poner a disposición de los residentes de las zonas rurales, las zonas insulares y de las personas con dificultades de movilidad, la posibilidad de conectar con el patrimonio cultural del mundo.

El acceso a todas las categorías de material cultural, incluido el protegido por derechos de autor y derechos afines, constituirá otro problema importante. Confío en que resulte posible resolverlo a su debido tiempo, a través de inversión en tecnología.

La señora Descamps ha elaborado un informe bien equilibrado. Creo que merece nuestro apoyo.

  Zdzisław Kazimierz Chmielewski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, señora Comisaria, quiero adherirme a los anteriores oradores que han felicitado a la ponente por su bien elaborado informe. Envía un mensaje claro desde el Parlamento Europeo en apoyo de la idea de establecer una biblioteca digital europea. Me complace poder recordar a la Cámara que Polonia ha participado en la promoción de esta idea. Mi país se hallaba representado entre los seis Jefes de Estado y de Gobierno que la lanzaron.

El informe aduce argumentos convincentes en favor de la implantación gradual de este proyecto. Sugiere la inclusión progresiva de las distintas categorías de patrimonio cultural, junto con los documentos protegidos por derechos de autor y derechos afines, cumpliendo siempre con las restricciones legales en el ámbito de la propiedad intelectual. La idea recogida en la propuesta por la cual las instituciones distintas de las bibliotecas, que estén implicadas en la difusión de la cultura, podrían estar incluidas en el proyecto merece ser estudiada. Es justo y adecuado que los museos y los archivos desempeñen un papel importante en este sistema también, ya que a lo largo de los siglos han mantenido vínculos sólidos con las bibliotecas.

Tengo grandes esperanzas, sobre todo a la vista del plan para incluir en el sistema de coordinación de la biblioteca digital europea, no sólo a la investigación científica sobre digitalización, sino la cuestión muy importante de la protección de los recursos digitales. Creo que de esta forma resultará posible desarrollar unos requisitos unificados comunes en cuanto al adecuado almacenamiento de los materiales digitales reunidos en bibliotecas y archivos, así como materiales digitales –archivados, debo subrayar– recogidos en sitios diferentes de los archivos, en otras palabras, en museos y librerías. Es bien sabido que, durante siglos, estas instituciones han tenido dificultades para proteger adecuadamente los materiales de archivo recopilados de diferentes fuentes. AL fin nos encontramos en situación de poner remedio a la situación.

  Viviane Reding, miembro de la Comisión. – (FR) Señor Presidente, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la señora Descamps y a los demás miembros de la Comisión de Cultura y Educación por haber elaborado este informe, ya que efectivamente es muy importante.

Como ven, la auténtica riqueza de Europa no se encuentra en el euro o en nuestro desarrollo económico: se halla en nuestro patrimonio, un patrimonio que a lo largo de los siglos se ha ido creando y acrecentando; eso es lo que conforma la fuente real y profunda de la riqueza de Europa.

Ahora, en cierto sentido, el escándalo es que este patrimonio está desapareciendo en los archivos y los sótanos, en lugares a donde el público, los ciudadanos de Europa, no pueden ir, donde no pueden tocarlo, donde no pueden comprenderlo, donde no pueden disfrutarlo. El objetivo concreto de la biblioteca digital es derribar estas barreras.

Creo que éste es uno de los grandes avances que Europa ha realizado y quiero rendir homenaje a las bibliotecas nacionales, a nuestras bibliotecas nacionales, ya que ellas estaban ahí cuando se lanzó esta iniciativa, que ha sido tan valiosa y tan importante para las culturas europeas. Los directores de estas bibliotecas han sido auténticos pioneros. Entendieron que había que conseguir una simbiosis, la simbiosis entre cultura, que es la riqueza del cuerpo, y tecnología, que es un instrumento que proporciona acceso a dicha cultura, y el hecho de que ellos emprendieran esa labor pionera significa en esencia que, en 2008, dispongamos del punto único de acceso multilingüe.

Y digo sí, sí, sí a quienes han planteado el asunto, nos va a proporcionar acceso incluso a la literatura de Luxemburgo. Me siento orgullosa de eso porque el luxemburgués es mi lengua materna y, por tanto, para mí es el idioma más importante del mundo, lo mismo que es importante cualquier lengua materna. Eso es precisamente por lo que necesitamos poder acceder a las obras de arte y de literatura que han sido creadas en todas estas lenguas, así como a la forma especial en que han sido expresadas.

Tomemos la cultura de Luxemburgo: por supuesto, la gente de Luxemburgo tiene acceso a ella, pero ¿saben ustedes en esta Cámara que existe algo así como una cultura de Luxemburgo? ¡No! Sin embargo, una vez que tengamos la biblioteca digital, el punto de acceso común les ayudará a comprender que efectivamente existe esa cultura.

Resulta extraordinario que podamos tener acceso a estas culturas, que podamos compartir esta riqueza a nuestro alrededor, incluso –y me gustaría subrayar este punto– fuera de Europa, ya que la cultura no se detiene en nuestras fronteras. Cultura significa compartir y, por eso, queremos crear esta biblioteca con un espíritu de apertura, ya que la interoperabilidad será un aspecto muy importante, y no sólo será aplicable a los libros, sino también a todas las otras modalidades de cultura: películas, música, colecciones de museos, etc. Así pues, estamos presenciando una extraordinaria apertura cultural que es a la vez multilingüe y multicultural, algo que ciertamente demostrará la auténtica esencia de la propia Europa, que es esta diversidad unificada.

Existen, por supuesto, problemas que hay que resolver y sus Señorías han sido muy claros a este respecto. Existe, de una parte, el problema de la financiación. Por tanto, quiero pedir a los Estados miembros que garanticen que los debates van seguidos de una acción eficaz. Algunos ya lo han hecho y quiero darles las gracias por ello.

En 2008 vamos a presentar una análisis de lo que se ha conseguido y, por tanto, también de lo que no se logrado. Creo que será muy importante para impulsar hacia adelante todo el proyecto. Vamos a recomendar, desde luego, la asociación privada-pública, ya que será esencial para el progreso de la digitalización, que es un asunto muy costoso. También estoy pensando en la conservación del material frágil que puede quedar destruido si no se le presta cuidado. ¿Cuántas bobinas de película se están dejando que se desintegren? Si queremos conservar este patrimonio cultural común, no hay sino que digitalizarlo antes de que sea demasiado tarde.

Estoy pensando asimismo, naturalmente, de otros problemas que es necesario resolver, los relacionados con los derechos de autor –que constituyen un auténtico quebradero de cabeza– y con la información científica Nuestro grupo de alto nivel está trabajando actualmente en soluciones para estos temas.

Señor Presidente, lo que tenemos delante es un proyecto extraordinario que demuestra realmente lo que es el valor añadido europeo, y creo que lo más importante es unir a los europeos en torno a sus culturas plurales, alrededor de sus respectivas historias plurales, que son cosas bellas y que se han desarrollado por medio de la creatividad. Ciertamente es lo mejor con que contamos. Conservémoslo y trabajemos juntos para que podamos compartirlo.

  Presidente. − Quisiera dar mis efusivas gracias a todos los oradores, y especialmente a la Comisaria Reding por su encanto e inteligencia. Me gustaría darle las gracias en mi propio idioma, el luxemburgués, porque hoy es el Día de las lenguas menos conocidas. ¡Merci!

(Risas)

17. Eficiencia y equidad en los sistemas europeos de educación y formación (debate)

  Presidente. − El punto siguiente es el informe de Tomáš Zatloukal, en nombre de la Comisión de Cultura y Educación, sobre eficiencia y equidad en los sistemas europeos de educación y formación (2007/2113(INI)) (A6-0326/2007).

  Tomáš Zatloukal, ponente. – (CS) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Unión Europea se enfrenta a una serie de retos socioeconómicos concatenados: la aparición de países altamente competitivos, el envejecimiento de la población, la migración, una estructura de mercado labor en rápido cambio, y unas florecientes tecnologías de la información y las comunicaciones. Cada uno de dichos factores afecta a la cuestión del acceso a la educación de calidad. La gente con bajas cualificaciones corren cada vez más el riesgo del paro y la exclusión social.

Los sistemas equitativos garantizan que la educación y la formación sean independientes de las circunstancias socioeconómicas y otros factores que colocan a los individuos en desventaja.

El reto consiste en apoyar la participación de los alumnos, los estudiantes y los adultos de todos los grupos sociales: la situación actual a este respecto resulta especialmente insatisfactoria.

El informe que estoy presentando en este Parlamento insta a los Estados miembros a adoptar medidas positivas desde la etapa preescolar para garantizar la diversidad social en las aulas y los centros y desarrollar programas educativos de calidad. Las capacidades que son heredadas o adquiridas a una edad temprana constituyen la base para el aprendizaje en una etapa posterior de la vida. El retorno de la inversión es máximo durante este período, ya que los frutos de la misma dura toda la vida. Quiero señalar que, a nivel de la enseñanza primaria, la clasificación prematura de los alumnos tiene un efecto contraproducente. En cambio, considero importante adaptar el programa de estudios de forma que se adapte a distintos grupos de niños y a sus capacidades dentro de una misma escuela.

Por otra parte, la diferenciación y la creación de una gama flexible de opciones de estudio resultan muy eficaces a nivel de educación secundaria. Por lo que respecta a la formación profesional, me gustaría recomendar la mejora del acceso a la educación terciaria y el desarrollo de oportunidades para el aprendizaje permanente.

La educación universitaria es vital para el éxito de una economía basada en el conocimiento. Sería beneficiosa para la misma una financiación mayor de la que recibe en la actualidad. El informe afirma que la educación universitaria gratuita no garantiza necesariamente la equidad y pide un análisis sobre la diversidad de incentivos financieros y opciones de apoyo que pueden reducir de forma significativa las desigualdades en términos de acceso a la educación universitaria.

La educación repercute sobre la economía: aumenta el capital humano y la capacidad de innovación y permite la difusión de la tecnología. Cada año adicional de escolarización aumenta la productividad en un país medio de la Unión Europea en un 6,2 %,y, a largo plazo, en un 3,1 % adicional, gracias a su contribución a un desarrollo tecnológico más rápido. El aumento de la eficiencia de la educación y de la formación reporta un rendimiento de las inversiones de hasta un 8 % anual, tanto a la sociedad como a las personas. Otra ventaja es la reducción de la tasa de desempleo: la tasa de desempleo media en la UE es, hoy por hoy, del 12,6 % entre las personas que han completado la educación primaria y secundaria, y del 5 % entre las personas que han realizado estudios superiores. Asimismo, varios estudios recientes demuestran que 75 millones de ciudadanos de la UE, es decir, el 32 % de la mano de obra, tienen una educación insuficiente. En 2010, sólo el 15 % de los nuevos trabajos estarán destinados a estas personas, la mayoría de las cuales procede de los sectores desfavorecidos de la sociedad.

Las políticas de educación y formación pueden incidir muy positivamente en los resultados económicos y sociales, así como en el desarrollo sostenible y la cohesión social, mientras que la ineficiencia y las desigualdades acarrean enormes costes: pérdida de ingresos fiscales, desempleo, un incremento de la demanda de atención sanitaria y de ayuda pública, así como los costes relacionados con unos mayores índices de conducta asocial.

La educación y la formación son factores básicos que contribuyen al crecimiento económico de Europa, a la competitividad y a la cohesión social a largo plazo.

Para terminar, permítanme dar las gracias a mis compañeros que han trabajado conmigo en este informe.

PRESIDE: DIANA WALLIS
Vicepresidente

  Ján Figeľ, miembro de la Comisión. − Señora Presidenta, celebro vivamente esta iniciativa del Parlamento de asumir y extender el mensaje de la Comunicación que hemos aprobado sobre esta materia.

He leído su informe con sumo interés y he escuchado además ahora al señor Zatloukal, a quien deseo felicitar cordialmente porque creo y siento que compartimos el mismo planteamiento en este problema, en este debate y en los esfuerzos para mejorar la situación.

Podríamos escuchar ahora una descripción de los retos socioeconómicos con que nos enfrentamos individual y colectivamente, pero también de la importancia de la inversión – una inversión de mayor calidad y más abundante – en políticas de educación y formación. Considero que la política de educación y formación está en el centro de nuestros esfuerzos para crear una sociedad europea más próspera y cohesionada.

Todos los sistemas educativos europeos se caracterizan por unas desigualdades en la educación que reflejan las desigualdades sociales. El papel paradójico de la educación y formación en relación con estas desigualdades es que suelen contribuir a que se perpetúen. Pero a veces son el único método que permite mejorar la situación.

El proceso de modernización de la educación y formación en toda Europa está impulsado principalmente por la búsqueda de una mayor eficiencia en términos de rentabilidad. Como es natural, creo que esto es deseable, pero con frecuencia se supone equivocadamente que eficiencia y equidad son conceptos mutuamente excluyentes.

Como parte de nuestro compromiso de ayudar a los Estados miembros a mejorar sus sistemas de educación y formación, la Comunicación de la Comisión muestra que la eficiencia y la equidad no tienen por qué lograrse a expensas una de otra, en detrimento de la calidad. En realidad, la eficiencia y la equidad se refuerzan mutuamente. Creo que es éste el mensaje más importante de toda la Comunicación.

Su informe hace mucho hincapié en la necesidad de que los sistemas europeos de educación y formación sean eficientes y equitativos para que nos puedan ayudar a conseguir no sólo el crecimiento económico, sino también la cohesión social.

Me complace especialmente el énfasis que pone en la necesidad de desarrollar políticas eficientes y equitativas para el proceso continuo del aprendizaje permanente, y en la necesidad de invertir en la educación a una edad temprana, porque se ha demostrado que la inversión en los cuidados y en la educación infantil y preescolar de calidad es el mejor método para romper el círculo vicioso de las situaciones de desventaja.

También me satisface observar que se confirma nuestro mensaje de que el seguimiento prematuro de los alumnos puede tener efectos perjudiciales sobre la eficiencia y la equidad. Y, por supuesto, insiste mucho en la necesidad de desarrollar una cultura de evaluación con el objeto de elaborar políticas eficaces a largo plazo y basadas en pruebas sólidas.

Su iniciativa nos acercará más al desarrollo de estrategias para el aprendizaje permanente que fomenten la igualdad, la inclusión, la integración y la cohesión social. La tendremos muy en cuenta en nuestras próximas medidas en el ámbito de la educación y formación, especialmente en la propuesta del Informe Conjunto 2008 sobre la ejecución de nuestro programa de trabajo y en nuestras reflexiones para el futuro, así como en el Libro Verde sobre los vínculos entre la educación y la migración, en el que las desigualdades serán un tema central. Esperamos presentar esta Comunicación la próxima primavera.

  Christa Prets, ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. – (DE) Señora Presidenta, la cuestión es la siguiente: ¿por qué estamos hablando de igualdad y desigualdad cuando son más mujeres que hombre las que alcanzan un nivel más alto de educación? Lo que eso significa es que disponemos de las mismas oportunidades educativas y que las estamos aprovechando de forma similar, pero la igualdad de oportunidades ya no está garantizada después de ese momento. En la formación, en el uso de los conocimientos adquiridos, las mujeres siguen sufriendo discriminación, lo que significa que sigue sin haber igualdad en los sistemas de educación y formación.

Esa es la razón por la que resulta esencial que tengamos en cuenta a las mujeres que ya son madres y están estudiando, por ejemplo, que exijamos una organización especialmente flexible en este caso, y que promovamos y apoyemos el acceso de las mujeres jóvenes, sobre todo de regiones ultraperiféricas y pertenecientes a grupos vulnerables como las mujeres inmigrantes y las mujeres de minorías étnicas, ya que es donde mayores irregularidades y desigualdades existen. Es algo que debe iniciarse a edades preescolares y escolares y continuar, después, a lo largo de la formación profesional.

Si se me permute, continuaré después de una breve interrupción.

  Pál Schmitt, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (HU) Gracias, Señora Presidenta. Voy a hablar en húngaro. Señor Comisario, la semana pasada, en representación de la Comisión de Cultura y Educación, participé en una conferencia en Lisboa titulada «Voces Jóvenes – Encuentro Diversidad en la Educación», organizada por la Presidencia portuguesa.

Fue una experiencia profundamente conmovedora escuchar a jóvenes, que viven con distintas discapacidades físicas y de aprendizaje, exponer sus experiencias escolares. Su historia tenía un rasgo común: todos ellos afirmaron que se sentían capaces de participar en las actividades escolares junto con sus compañeros con plena capacidad, que no se sentían juzgados por sus discapacidades, sino conforme a sus conocimientos y personalidades.

La integración de los niños que sufren alguna discapacidad en la educación general junto a sus compañeros con plenas facultades resulta igualmente esencial para garantizar que la sociedad los acepte y los incluya con mayor facilidad que a los adultos. Si los niños se acostumbran desde una edad temprana a estar rodeados de otros niños que tienen algún tipo de discapacidad, y se acostumbran a tener que respetarles por igual e incluso a ayudarles, entonces existe la posibilidad de que muestren una mayor comprensión y mayor empatía hacia la gente con discapacidades en sus vidas adultas.

El informe que tenemos delante habla en profusión sobre asuntos de integración en relación con las diferencias sociales. Tengo el convencimiento de que, por analogía con el ejemplo a que aludido anteriormente, también es importante que los niños socialmente desfavorecidos puedan participar de forma inclusiva junto con otros niños en odas las distintas etapas de la educación.

Para lograrlo, hay que poner en práctica dos cosas. Una es el progreso tecnológico y la supresión de las barreras. Desde este punto de vista, los Estados miembros de Europa Central u Oriental se encuentran muy retrasados: las escuelas, el entorno escolar, las facilidades de transporte, incluso los hospitales, otras instituciones, las instituciones públicas, por ejemplo, todas resultan inaccesibles para los usuarios de silla de ruedas. La otra, y esta va a llevar más tiempo, es el cambio de actitud que se precisa por parte de los responsables de la toma de decisiones para que tomen conciencia de que la educación inclusiva es el primer paso vital en el proceso que conduce a la aceptación y la integración social.

En conclusión, permítanme decir que el deporte, también, es una herramienta importante para la educación y la promoción social, ya que las diferencias sociales y propias de la sociedad desaparecen en el deporte; lo único que importa son las facultades, la determinación y la dedicación. La educación física en las escuelas y el deporte contribuyen en gran medida a reforzar importantes valores sociales, como la solidaridad y el respeto por la dignidad del prójimo.

Por eso considero importante que, cuando esta Cámara debata la calidad, la eficiencia y la equidad de la educación y la formación, también se haga referencia a la importancia de la educación física y su calidad, eficiencia y equidad. Tenemos que garantizar asimismo que la educación inclusiva desempeñe un papel destacado a este respecto. Felicito al ponente y les doy las gracias por su atención.

  Christa Prets, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señora Presidenta, el derecho a una educación sin restricciones, lo cual significa el derecho al acceso a la educación, está consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales, y sin embargo sigue siendo deficiente y no ha sido totalmente llevado a la práctica.

La considerable disparidad en cuanto a rendimiento entre los sistemas educativos en la UE se traduce en diferencias en el desarrollo económico y social. Los sistemas educativos tienen que ser eficientes, equitativos u, sobre todo, de libre acceso. La eficiencia tiene que ser fomentada y realzada a partir del nivel preescolar, en las escuelas y también en el sistema de formación profesional.

Es enormemente importante que la educación superior se acostumbre a un cierto grado de flexibilidad al objeto de responder con prontitud al cambio económico y social, ya que ésa es la única forma de crear ventajas competitivas. El carácter multidimensional, la calidad y la cooperación con el sector privado y la promoción de la investigación y el desarrollo resultan esenciales. Sin embargo, no debemos educar personas simplemente para abastecer a la economía de trabajadores bien cualificados. La educación es enriquecedora a título personal y constituye el requisito previo para que nosotros podamos vivir en cohesión social. Favorece el desarrollo personal y la autoestima y eso es, cuando menos, tan importante como la formación especializada, profesional y de capacidades empresariales.

Tenemos que trabajar en pro de una situación en la que los profesores y todos sus estudiantes reciban una educación de alta calidad y, sobre todo, tengan posibilidades de progresar y de alcanzar un desarrollo flexible, ya que en este tema llevamos aplicando los mismos patrones de hace décadas. Eso no puede seguir así.

Sería simplista decir que la política educativa debería ser una cuestión exclusiva de los Estados miembros. Eso sólo es cierto en parte. Un entorno educativo europeo con un objetivo común, a saber, los objetivos de Lisboa, precisa asimismo un planteamiento común para alcanzar la eficiencia y la equidad.

  Jolanta Dičkutė, en nombre del Grupo ALDE. – (LT) Señorías, el aprendizaje es una parte inseparable de la dimensión social europea, ya que pone de manifiesto la importancia de la solidaridad, la igualdad de oportunidades y la inclusión social. Todos los ciudadanos tienen que adquirir el conocimiento y las capacidades que se exigen de ellos y deben actualizarlos de forma continua. Además, es necesario contemplar las necesidades especiales de la gente que se hallan al borde de la exclusión social.

La Unión Europea no regula directamente el desarrollo de los sistemas educativos nacionales, pero tiene una influencia notable sobre su desarrollo, en primer lugar a través de los objetivos comunes de la Unión Europea; en segundo, por medio del control de las directrices e informes europeos establecidos sobre el desarrollo de los sistemas educativos presentados por los Estados miembros; y en tercer lugar, a través de los programa de educación y formación financiados por la Unión Europea.

Aplaudo la recomendación de la Comisión Europea para convertir las inversiones en recursos humanos en una prioridad para los Fondos Estructurales. La Unión Europea debe facilitar las condiciones esenciales para cualquier Estado miembro que pretenda crear y desarrollar un eficaz sistema europeo de educación y formación con el fin de resolver los problemas más significativos. Por ejemplo, uno de los mayores problemas en Lituania hoy es la violencia en las escuelas. Para luchar contra ella, ya se ha comenzado a implantar a escala nacional diferentes programas de prevención. Otro asunto es el hecho de que busquemos métodos que contribuyan a mejorar la calidad de la educación superior, procurando garantizar que el nivel de educación proporcionado por las universidades en nuestro país sea igual al ofrecido por las mejores universidades en Europa Occidental.

El sistema educativo lituano tiene además otros problemas. Uno de ellos son los bajos salarios de los profesores en todas las asignaturas, lo que inevitablemente se traduce en una carencia de profesorado. No tenemos suficiente dinero para reparar los recintos e instalaciones deportivas y creo que mejorar las infraestructuras deportivas es importante no sólo para animar a los escolares a practicar deporte, sino también para prevenir que consuman drogas y alcohol o que fumen. Otro problema muy importante es el retorno a casa de los jóvenes emigrantes. Necesitan una financiación adicional y profesorado suplementario para estudios de recuperación y programas especiales.

He mencionado solamente algunos problemas que, sin duda alguna, también son significativos en otros Estados miembros de la Unión Europea. Estoy totalmente de acuerdo con el orador que ha dicho que la situación actual es insatisfactoria. El objetivo actual de la Unión Europea debería ser el análisis realista y el apoyo activo para que los diferentes sistemas educativos cumplan los objetivos y estándares europeos comunes.

  Zdzisław Zbigniew Podkański, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señora Presidenta, existe un refrán popular en Polonia que dice que si uno no aprende ciertas cosas en la infancia, sufrirá las consecuencias durante el resto de su vida. Nos recuerda sabiamente que la enseñanza de los niños es la mejor de todas las inversiones. El ponente tiene, por tanto, razón al sugerir un aumento de los recursos asignados a la educción preescolar, ya que es ahí donde comienza la integración social. Esta última ayuda a desarrollarse al individuo y a prepararle para realizar su misión en la vida. La integración debería reforzarse asimismo en una etapa posterior. El ponente también tiene razón, por consiguiente, al identificar el problema de encauzar a los individuos y la conveniencia de introducir la especialización en el nivel secundario inferior y de ampliar el período dedicado en la educación de carácter escolar.

Resulta acertado asimismo que la propuesta de resolución identifique claramente la necesidad de vincular las políticas de educación y formación profesional con las políticas en los ámbitos del empleo, la economía y la integración social, mejorando la competitividad de la educación superior y permitiendo a todo el mundo acceder a ella en igualdad de condiciones.

La razón más apremiante para que aprobemos estas disposiciones para la educación es el hecho de que 75 millones de ciudadanos de la unión Europeo, es decir, el 32 % de la fuerza de trabajo, tiene una educación insuficiente. Eso tiene graves implicaciones para la efectividad de su trabajo, el rendimiento de nuestras economías y la situación social. Se impone un cambio.

  Věra Flasarová, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (CS) Señorías, un sistema equitativo y eficiente debería garantizar el acceso de todo el mundo a la educación.

El ponente afirma que necesitamos una mejora de la educación preescolar, que es cuando las personas forman los hábitos y capacidades necesarios para el posterior aprendizaje. Solicita a los Estados miembros que aumenten la financiación a la educación preescolar. Sin embargo, ¿cuál es la realidad?

En casi todos los países de la UE, las instalaciones preescolares han ido cerrando en los últimos años. La adversa tendencia demográfica no constituye la única razón. La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género también ha estado de acuerdo con esto, y la situación en la República Checa tampoco es diferente. Las instalaciones preescolares han ido cerrando porque su operación resulta costosa. Esa es la forma en que los municipios y las ciudades intentan retener partidas importantes de sus presupuestos. Las dependencias preescolares en empresas prácticamente han dejado de existir. Los tiempos de espera para inscribir a un niño en estas dependencias están comenzando a dilatarse. Están comenzando a aparecer que funcionan conforme a estándares elevados: ofrecen enseñanza de idiomas extranjeros y otras prebendas, pero solamente las familias acaudaladas pueden pagarlas. La educación preescolar en la República Checa solía ser, y sigue siendo, de alto nivel, pero incluso en ese entorno existe una cierta desigualdad.

Además, no puedo estar de acuerdo con el apartado 31 del informe, que afirma que la educación universitaria gratuita no garantiza necesariamente la equidad. La situación en la que los jóvenes reciben préstamos para estudios y los devuelven más adelante tendrá un impacto más importante sobre los estudiantes más pobres que sobre los ricos; esto puede afectar la psicología de los jóvenes que inician sus vidas bajo el lastre de una deuda.

Europa está viviendo una oleada de inmigración. Entre quienes vienen aquí hay muchos niños y estudiantes. Esta gente posee un enorme potencial que puede ayudar a la Unión en su desarrollo futuro. Se encuentran asimismo en una imaginaria línea de salida y deberíamos permitirles participar de forma satisfactoria en el sistema educativo. En este contexto, resulta difícil entender la legislación que rige las escuelas, vigente en la República Checa desde enero de 2005, que regula el grado en que se permite proporcionar educación a los extranjeros con permisos de residencia permanente, o con visados de larga o corta duración, a los refugiados o los solicitantes de asilo, o a personas bajo tutela temporal. Una decisión burocrática traza una divisoria entre los niños que tienen que ir a la escuela y los niños que no lo tienen que hacer. Todo depende de la rapidez con que a la persona en cuestión se la conceda la oportuna condición. Para empezar, su llegada ya es suficientemente dramática. Hemos de hacer cualquier esfuerzo para garantizar que su entrada en nuestra Unión sea más sencilla. No queremos que los jóvenes se vean arrastrados a diversas actividades sociales indeseables.

  Ovidiu Victor Ganţ (PPE-DE). – (RO) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, felicito al señor Zatloukal por el informe, que considero muy bueno, ya que hace referencia a uno de los capítulos más importantes y delicados de nuestra vida, la educación.

Además, quiero hacer mención a tres aspectos del informe: yo solicité una mayor apoyo para los programas universitarios de excelencia, tanto a nivel de los Estados miembros como de la Unión Europea, en la medida de sus posibilidades. Resulta esencial si deseamos que la Agenda de Lisboa tenga éxito y se reduzcan las diferencias con respecto a otros actores globales. La falta de especialistas altamente cualificados en Europa es notoria en todas partes y, de manera muy grave, en los nuevos Estados miembros debido al fenómenos de la fuga de cerebros.

Al mismo tiempo, tengo el convencimiento de que el aumento de la eficiencia del proceso educativo está estrechamente ligado al multilingüismo. Dentro del contexto de la libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea, el ajuste a las exigencias del mercado implica el conocimiento de lenguas extranjeras. Además, los intercambios de alumnos y estudiantes se verían facilitados por una educación multilingüe.

Por lo que atañe a la equidad de los sistemas educativos y formativos, creo que los Estados miembros deberán encontrar los medios necesarios para aumentar el nivel de acceso a la educación y la formación de los niños, los jóvenes y los adultos. Las partidas subvencionadas deberán llegar como ayuda a las categorías sociales menos privilegiadas, a fin de reducir el analfabetismo, la reconversión social, para un mejor ajuste a las exigencias del mercado laboral y la reducción del desempleo. De esta forma se reduciría la mano de obra que se necesita en terceros países. Existen suficientes recursos humanos, pero no están formados ni gestionados de manera eficiente.

  Maria Badia i Cutchet (PSE). – (ES) Señora Presidenta, la revisión de los objetivos de Lisboa que llevamos a cabo en 2005 puso de nuevo sobre la mesa la importancia de colocar la educación y la formación de las personas en el centro de la estrategia de la Unión para los próximos años.

Es una evidencia –y los datos de Eurostat así lo demuestran– que distamos de los ambiciosos objetivos que nos hemos propuesto en el ámbito de la enseñanza superior para 2015: inversión en I+D, modernización de universidades, reducción de la tasa de fracaso y abandono escolar prematuro, incremento de la participación de los adultos en la educación permanente y aumento de la población con estudios secundarios completados

Este retraso nos aleja de nuestros socios a nivel mundial –los Estados Unidos, la India o Japón–, y a ello hay que añadir la gran disparidad de situaciones que se registran entre países europeos.

Avanzar en eficiencia y en eficacia de los sistemas educativos de nuestros Estados miembros no es sólo importante en términos de competitividad internacional o de crecimiento económico sino que también es esencial para avanzar en la cohesión social de nuestras sociedades.

Invertir en la educación preescolar, en la primaria y secundaria, es fundamental para minimizar el riesgo de exclusión social y para garantizar mayores porcentajes de ocupación y mejores salarios.

Los recursos financieros destinados a la enseñanza, tanto públicos como privados, deben incrementarse y los Estados deben plantearse seriamente la necesidad de avanzar en los procesos de Bolonia y Copenhague.

Conviene también adaptar los estudios universitarios a las necesidades económicas y sociales cada vez más heterogéneas de nuestras sociedades, sin olvidar que la educación es también la base para formar ciudadanos libres y capacitados para participar activamente en la sociedad.

Finalmente, es urgente actualizar y mejorar la enseñanza de la formación profesional y adecuarla a los nuevos retos que plantea la prolongación de la vida activa de nuestros ciudadanos, que aumenta las expectativas socioeconómicas y educativas en los adultos, todo ello sin olvidar –en todos y en cada uno de los niveles educativos– la formación para la no discriminación por razones de género.

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Además de la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo en 2006, que subraya la necesidad de desarrollar el aprendizaje permanente, con particular referencia a los parados, y la necesidad de ajustar los cambios económicos que afectan el funcionamiento del mercado laboral, quiero llamar la atención sobre la importancia de la educación para lograr una mayor movilidad en el mercado laboral, lo que representa una oportunidad para reducir el paro estructural.

Quiero resaltar la importancia del Marco Europeo de Cualificaciones en cuanto a aumentar la movilidad de los trabajadores. La igualdad de acceso a la educación, que constituye un factor importante para garantizar que todos los niños y jóvenes tengan iguales oportunidades en la vida, está ligada a la financiación de la educación en los Estados miembros de la Unión. Las diferencias entre los recursos financieros asignados a la educación, las cualificaciones y la retribución del profesorado tienen un impacto significativo sobre las posibilidades de alcanzar ese objetivo concreto de la Estrategia de Lisboa.

El informe titulado «Avances en relación con los Objetivos de Lisboa en la educación y la formación» aprobado por la Comisión Europea en 2005 apunta claramente que los avances en ese ampo han sido insuficientes en cuanto al logro del resultado apetecido ante de 2010. Por eso es tan importante centrarnos en mejorar la calidad de la educación, evitando así la exclusión social y aumentando la competitividad de nuestra economía. Felicito al señor Zatloukal por su excelente informe.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Uno de los ámbitos de la educación que continúa estando retrasado en ciertos países de la Unión Europea, en concreto Portugal, es la educación preescolar. Por tanto, me parece esencial subrayar la petición a los Estados miembros para que inviertan mucho más en una red pública de guarderías, dotadas de profesores con formación de alto nivel, capaces de tratar con todos los niños, ya que ésta es una de las formas más eficaces para desarrollar su intelecto, sentar la base para la educación futura, aumentar los niveles globales de competencias, incrementar de manera significativa la equidad del sistema educativo y luchar contra las desigualdades sociales.

Análogamente, resulta esencial garantizar una educación primaria y secundaria de calidad, que ha de ser universal, obligatoria y gratuita, a fin de proporcionar una educación básica y competencia clave que contribuirán a la adquisición de valores sociales y cívicos fundamentales y una educación para la paz y la igualdad, reforzando con ello la cohesión y la inclusión social. En cuanto a la educación superior, es preciso reconocer que se trata de un sector fundamental en las sociedades desarrolladas, lo cual constituye la razón para prevenir la falta de éxito en la escuela y el abandono prematuro de la misma, como ocurre en Portugal, donde, por desgracia, cerca del 40 % de los alumnos nunca llegan a terminar la educción secundaria.

Los recortes presupuestarios en la educación, los costes crecientes de la educación superior y la difícil situación social de un elevado porcentaje de familias y de jóvenes impiden a Portugal mejorar rápidamente la educación superior de su población, lo que se traduce en los índices más bajos en la Unión Europea. Dado que ciertos estudios demuestran que, por cada año adicional de asistencia media a la escuela, la productividad aumenta de forma selectiva en un 6,2 % en un país medio de la Unión Europea, podemos comprender mejor las dificultades de aquellos países que no proporcionan a sus ciudadanos acceso a una educación de alta calidad.

  Rolf Berend (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la educación ha desempeñado, y continúa haciéndolo, un papel clave en el desarrollo de la economía europea y el desarrollo personal de los jóvenes. Coincido plenamente con esta y otras muchas afirmaciones vertidas en el informe, y me gustaría expresar mi gratitud y mi felicitación al ponente.

Es asimismo correcto afirmar que los sistemas educativos son efectivos cuando los recursos desplegados producen los mejores resultados posibles. Todos los Estados miembros de la UE persiguen, de hecho, estos objetivos, pero los estudios comparativos a menudo revelan ciertos datos interesantes acerca de los resultados. Por esa razón, las indicaciones y los llamamientos a los Estados miembros, tal como se formulan en el informe, están más que justificados desde un punto de vista europeo, aún cuando no tengamos poderes directos con respecto al contenido y la estructura de la educación. Las causas de unos resultados tan dispares pueden encontrarse en las variaciones en cuanto a calidad e intensidad educativa, que se traducen en distintos niveles de rendimiento y, por consiguiente, también en diferencias en lo tocante a las oportunidades de vida para nuestros jóvenes.

A mi juicio, resulta esencial, de forma urgente, dejar claro, una y otra vez, que la generación actual de estudiantes escolares tendrá que competir a nivel internacional por las plazas de formación después de haber completado su educación. La igualdad de oportunidades para todos constituye, así pues, un reto para los Estados miembros que han de superar para garantizar que los jóvenes reciban la mejor educación posible, que les dote de las capacidades intelectuales que necesitan para progresar.

No obstante, la igualdad de oportunidades siempre está también relacionada con la calidad y el rendimiento. Esto, a su vez, obliga a una mayor atención a la calidad y el rendimiento en el sistema educativo. En este contexto, no sólo deberíamos ocuparnos de la igualdad educativa para todo el mundo, sino de proporcionarle un arranque igual, seguido por la mejor educación posible que tenga en cuenta las dotes y diferencias individuales en cuanto a capacidades físicas e intelectuales.

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) Señora Presidenta, señor Comisario, la Unión Europea prevé que, para 2010, la tasa de abandono para jóvenes entre 18 y 24 años no supere el 10 % y que más del 85 % de los jóvenes mayores de 18 años asista a estudios superiores a los secundarios.

El 9,7 % de los niños en la Unión Europea de edades comprendidas entre 0 y 17 años forma parte de una familia sin ningún ingreso. Muchos de los niños procedentes de familias pobres o de un entorno rural no reciben ninguna forma de educación superior a la secundaria por motivos financieros. Considero que, en una Europa social, las becas para los alumnos y los estudiantes deben ser accesibles para todos los que deseen aprender. Los niños con discapacidades también tiene que tener acceso a la educación.

Los Estados miembros y la Comisión tienen que tener como prioridad la matriculación de al menos el 90 % de los niños con edades por debajo de 7 años en guarderías o jardines de infancia. De esta forma, las madres jóvenes estarán en condiciones de reconciliar su vida familiar y su actividad profesional.

Asimismo solicito que, para hacer más eficiente la educación, se garantice la formación y la motivación de los profesores.

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Señora Presidenta, me gustaría exponer una serie de asuntos.

Primero, estoy de acuerdo con el ponente en que la inversión en la educación preescolar es la que mayor rendimiento proporciona, ya que es cuando se consiguen los mejores resultados. También es importante apoyar la modernización de las universidades, resaltar la necesidad de la igualdad de acceso a la educación superior y aumentar su competitividad.

Segundo, la igualdad de acceso a la educación produce muchos resultados positivos. Tiene efectos sobre el desarrollo social, el crecimiento económico, una mayor innovación, el desarrollo del potencial humano y las nuevas tecnologías y, también, la reducción del paro.

Tercero, aun cuando el retorno de la inversión en educación a menudo no se aprecia hasta después de un prolongado período y exige planificación a largo plazo, debemos recordar que dicha inversión es vital.

Cuarto, estoy de acuerdo con la opinión de que es fundamental vincular las políticas sobre educación y formación profesional con la política en materia de empleo, la política económica y la integración social.

Quinto, tenemos que invertir en nuestra juventud, ya que la generación más joven representa el futuro de la Unión Europea. Es muy importante evitar que los niños abandonen la escuela prematuramente.

Sexto, nos enfrentamos a un problema demográfico; el del envejecimiento de la población de Europa. Eso es por lo que hemos de promover el aprendizaje permanente para los adultos.

Y, por último, educación, educación, educación.

  Proinsias De Rossa (PSE). – Señora Presidenta, en general me preocupa que la Comisión acepte pasivamente que los Estados miembros reduzcan los fondos destinados a la educación. En Irlanda esto es especialmente notorio, debido al crecimiento de la población y, como consecuencia, a las aglomeraciones en las clases. Hace tiempo que defiendo la educación preescolar y primaria como algo esencial para el desarrollo personal del niño. Todas las pruebas demuestran que cuanto mejor es la educación, mejores son las oportunidades en la vida. Y esto se aplica también a una vida más larga y saludable.

Creo que la Comisión y los Estados miembros deben hacer el mismo hincapié sobre la calidad que sobre la eficiencia y la equidad. La calidad del entorno y de la enseñanza escolar son condiciones previas para la eficiencia. Los niños tienen necesidad de buenos profesores, cuya preparación les permita impartir una educación holística, enfocada a proporcionar a los estudiantes no solamente la capacidad de adoptar decisiones racionales, sino también de enfrentarse con la diversidad y el cambio, de comunicarse con los demás y de adquirir una amplia base ética como fundamento de los valores que elijan para vivir su vida. Se trata de las cualidades que necesitan para su propio beneficio y el de la sociedad.

Pero existe aún un problema más urgente y básico – el de los niños que pasan hambre en nuestras escuelas. En Irlanda, miles de niños acuden con hambre a la escuela, y estoy seguro de que no somos el único caso. Por eficiente o equitativo que sea el acceso, estos niños no podrán progresar, y las consecuencias que ello tiene a largo plazo reducen a la insignificancia los ahorros que el Estado pueda realizar al no proporcionar un buen desayuno a estos niños.

  Ján Figeľ, miembro de la Comisión. – (SK) Quiero darles las gracias por un debate convergente, ya que no sólo confirma el informe y la comunicación de la Comisión sobre este asunto, sino también la posición de los Estados miembros, que expresaron sus opiniones durante la reunión ministerial en noviembre y, seguidamente, a mediados de 2007 cuando el Consejo aprobó las conclusiones que confirmaban igualmente los puntos básicos en la comunicación de la Comisión.

Me gustaría exponer algunos comentarios. Considero que promover la equidad y la eficiencia en la educación es tanto un deber moral como una necesidad financiera/económica básica. La lógica aconseja que tenemos que realizar una inversión mejor y mayor en educación: primero, mejor porque hay margen para utilizar cualquier euro, cualquier corona y cualquier libra con mayor eficiencia.

Varios oradores han manifestado que las capacidades y la calidad de la educación y la formación profesional tienen un impacto decisivo sobre la situación futura tanto de los individuos como los grupos sociales y tienen que mejorarse constantemente. Quienes pueden mejorarla primordialmente son, por ejemplo, los profesores. La inversión en la calidad de la formación del profesorado es una de las formas más eficiente de conseguir una mejora global, ya que los profesores actúan como multiplicadores de tales efectos. En cuanto a la mejora, existe una necesidad sistemática, por ejemplo, de la evaluación de la calidad como herramienta básica y no como excepción, no como algo extraordinario sino como norma, en la que se evalúe los factores de entrada, los de salidas y todos los intermedios, y se analice y se recompense la calidad.

Me gustaría decir que la Comisión va a continuar, tal como cabría esperar a partir del informe, atendiendo a este asunto. Queremos prestar mayor atención a la cuestión de la educación equitativa y eficiente, por ejemplo, en el tema del año que viene sobre educación y migración. Actualmente se encuentra en marcha una consulta sobre escuelas del siglo XXI, es decir, qué se espera de las escuelas en esta nueva era, y naturalmente queremos que este proceso culmine en una visión actualizada de la posición de las escuelas en la sociedad europea actual. Otro asunto que hemos planteado recientemente fue la comunicación aprobada en agosto sobre la calidad de la enseñanza del profesorado y las conclusiones sumamente importantes que expone.

En resumen, creo que los procesos que se han mencionado, como el proceso de Bolonia y de Copenhague, y los asuntos relativos a la educación adulta, la educación preescolar y la educación permanente, tienen que quedar todos ellos recogidos dentro del tema de la accesibilidad y la calidad como factores clave en el sistema de educción verdaderamente equitativo que precisamos hoy y en el futuro.

  Presidente. − Se cierra el debate.

La votación se celebrará el jueves, 27 de septiembre de 2007.

Declaraciones por escrito (artículo 142)

  Marianne Mikko (PSE), por escrito. – (ET) El tiempo no espera a nadie. Está claro que en 2010, Europa no va a ser la economía más competitiva del mundo. Un sistema educativo adecuado y bien estructurado pondría ese objetivo a nuestro alcance.

Resulta imposible ignorar el nivel académico y financiero de las distintas universidades punteras. Según diversos datos, entre 20 y 30 de las 50 mejores universidades del mundo se encuentran en los Estados Unidos de América. Otras cinco o seis se hallan en el Reino Unido. El resto de Europa se encuentra en tercer lugar con cuatro o cinco, seguido muy de cerca por Canadá y Australia.

Las historias de éxito tienen el defecto de repetirse. Por desgracia, esta historia de éxito debe su existencia sobre todo al hecho de que el mercado educativo en lengua inglesa puede dirigirse a miles de millones de clientes poderosos. El efecto de escala hace el resto. En consecuencia, Harvard es decenas de veces más rica y más famosa que su competidor más cercano.

Imitar el sistema de elite de la Ivy league y Oxbridge en la Europa continental puede constituir un proyecto peligroso. Incluso me atrevería a llamarlo un callejón sin salida. Tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, se estima que el nivel de conocimientos de letras y números es insuficiente.

En la búsqueda del éxito, especialmente el éxito rápido, sería más razonable apostar enteramente a aquellas actividades que no resultan familiares. El país de la Unión Europea con mayor éxito en términos de educación es, sin duda alguna, Finlandia, cuya estrategia nacional incluye el acceso público a la educación con un nivel igualmente elevado en todas partes.

La educación, por su propia naturaleza, es un ámbito estratégico. Los efectos de las decisiones y las acciones sólo aparecen con el transcurso de las décadas. En consecuencia, carecería de sentido, por lo que atañe a la igualdad, sacrificar otro cuarto de siglo en aras de cumbres de mayor nivel. Aun cuando representaran el camino correcto a seguir

Un nivel uniformemente elevado continúa siendo la mejor baza de Europa en la competencia internacional.

18. Estrategia europea en favor de los derechos del niño: contra la «dis»criminación de niños y la exclusión de las personas «dis» (debate)

  Presidente. − El punto siguiente del debate es la pregunta oral a la Comisión sobre una estrategia europea en favor de los derechos del niño: contra la «dis»criminación de niños y la exclusión de las personas «dis», presentada por Anna Záborská, Amalia Sartori y Marie Panayotopoulos-Cassiotou, en nombre del Grupo PPE-DE, Roberta Angelilli, en nombre del Grupo UEN, Zita Gurmai y Catherine Trautmann, en nombre del Grupo PSE, Adamos Adamou, en nombre del Grupo GUE/NGL, Hiltrud Breyer y Raül Romeva i Rueda, en nombre del Grupo Verts/ALE, Elizabeth Lynne en nombre del Grupo ALDE, y Kathy Sinnott en nombre del Grupo IND/DEM (O-0062/2007 – B6-0317/2007).

  Anna Záborská (PPE-DE). – (FR) Señora Presidenta, el artículo 173 dice que se levantará acta literal de los debates de cada sesión en las lenguas oficiales.

Quiero llamar su atención sobre el hecho de que este debate sobre la exclusión de las personas afectadas por alguna «dis»capacidad no va a ser traducido a las lenguas oficiales de la Unión Europea.

Esta «herramienta» simplemente ha quedado suprimida en la práctica, aun cuando nuestro Reglamento así lo exige. Mi cuestión reglamentaria es bastante simple: el debate de esta noche ha sido solicitado, en gran medida, por numerosos escolares, asociaciones de padres, profesores, pedagogos y médicos en diferentes países.

Sin embargo, los ciudadanos que eligen a los diputados a esta Cámara, como no conocen todas las distintas lenguas utilizadas esta noche, jamás llegarán a conocer todo lo que se ha dicho durante este debate parlamentario, aun cuando esté destinado a ellos.

  Presidente. − Muchas gracias por su aclaración, que lógicamente nos concierne a todos, hoy que es el día de las lenguas europeas. El asunto está en estudio, y se está preparando un informe que será presentado a la Conferencia de Presidentes, de forma que hemos tomado nota.

Proseguiremos ahora con el debate sobre la pregunta oral a la Comisión relativa a la estrategia europea en favor de los derechos del niño.

  Anna Záborská, autora. – (SK) Permítanme comenzar con un testimonio de una joven mujer de 21 años en su tercer año universitario.

«Cuando tenía 17 años, mis compañeros se reían de mi todo el año porque parecía una niña de 11 años. En el informe de calificaciones, los profesores a menudo preguntaban cuándo iba a decidirme por fin a aprender algo. Las personas con «dis»capacidades trabajamos mucho más que otras y resulta muy penoso vivir con ellas». Fin de la cita.

La sociedad jamás es consciente del 10-20 % de los niños con «dis»capacidades, ya que jamás es diagnosticado. Sus problemas dificultan la comunicación, impiden la educación normal y, por desgracia, a veces conducen al desequilibrio mental y la exclusión social. Por lo que a nosotros se refiere, la Unión Europea puede hacer lo que mejor sabe, es decir, puede actuar como portavoz y poner de relieve, de una forma adecuadamente variada, un problema que en otras circunstancias podría seguir siendo tabú y oculto. Europa proporciona una oportunidad para identificar ideas provechosas y las prácticas ensayadas y validadas de organizaciones y gobiernos, según expuestas en la Declaración por escrito 64/2007, que actualmente se halla ante el Parlamento Europeo.

Ya existe un programa «Neurodys» y la Unión Europea financia proyectos que puedan resultar muy apropiados también para las personas afectadas por «dis»funciones, como el Programa Marco de Competitividad e Innovación, el Programa de Apoyo a la Política ICT, el apoyo a la investigación de capacidades para la tecnología de información y comunicación, el Séptimo programa marco de investigación (sanidad), el Programa de aprendizaje permanente y el Segundo programa de sanidad pública 2008-2013. Estos programas son objeto de propuestas de modificación y complementarias para el presupuesto de 2008, que hemos presentado con nuestros compañeros diputados de los cinco Grupos políticos.

Señora Presidenta, Señorías, para finalizar permítanme expresar mi gran admiración, respeto, gratitud y aliento a quienes, en sus vidas, podrían haber tenido muchísimas razones para ser madres sin esperanza: «des mères désespérées». Sin embargo, ninguna de ellas está renunciando a la lucha. Son las principales defensoras de la causa de sus hijos, junto con los padres cuando continúan siendo parte de la misma familia. Creo que el debate de esta noche vendrá a demostrar que no van a estar solas y que su problema también será motivo de preocupación del Parlamento Europeo.

  Teresa Riera Madurell, autora. – (ES) Señora Presidenta, ante todo, quiero disculpar la ausencia de la señora Zita Gurmai, firmante de esta pregunta oral por parte del Grupo Socialista, que no puede estar presente en esta sesión plenaria por motivos de fuerza mayor, por lo que, con su permiso, señora Presidenta, voy a hablar en nombre de la señora Gurmai y en el mío propio ya que yo también había solicitado el uso de la palabra.

Quiero, señora Presidenta, simplemente insistir. Estamos hablando de unos trastornos del aprendizaje que afectan a una parte importante de nuestra población. En Europa, cerca del 10 % de niños y niñas sufre trastornos «dis». Niños y niñas que suelen ser invisibles para nuestros sistemas educativos, que en demasiadas ocasiones atribuyen su fracaso escolar a causas que no suelen tener nada que ver.

Hay que tomar las medidas necesarias para evitar esta «dis»criminacion, hay que proporcionar a los niños y niñas afectados un tratamiento especial, temprano, intensivo y multidisciplinar, preferiblemente en su medio escolar habitual. Para ello, se necesitan protocolos de detección y de actuación en los centros educativos.

En mi país, España, por primera vez, con un Gobierno socialista, se ha aprobado una ley de educación que ampara a los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. Es un paso importante, puesto que lo más habitual en nuestros países es que todavía las familias dependan de la buena voluntad de los profesores y de que éstos, de manera voluntaria, se esfuercen por tener una formación adecuada. Optar por otras soluciones supone un gran esfuerzo económico, muchas veces imposible de abordar.

Hay que tener en cuenta que los niños y las niñas con estas disfunciones son inteligentes, sólo necesitan una forma distinta de aprender. Y el éxito escolar es posible. Sólo se necesita la voluntad política de poner en marcha los mecanismos adecuados que proporcionen soluciones reales.

Hacerlos visibles a la sociedad quiere decir disponer de estadísticas fiables que permitan tomar decisiones correctas; quiere decir facilitar el acceso a una información clara y veraz a todas las personas que lo soliciten y emprender campañas de sensibilización que lleguen a todos nuestros países. Y hacerlos visibles a nuestros sistemas educativos quiere decir que, además de proporcionar un tratamiento temprano a todos los niños y niñas afectados en las primeras etapas escolares, hay que tener en cuenta sus necesidades en el diseño curricular de todas y cada una de las etapas formativas. Ciertas universidades están ya haciendo exámenes y pruebas adaptadas a alumnos universitarios con este tipo de problemas.

También los programas educativos con financiación comunitaria, tales como el e-learning o el aprendizaje a lo largo de toda la vida, deben diseñarse tomando en consideración a las personas con trastornos «dis». Señorías, debemos atender las necesidades de este sector de la población. No podemos continuar dándole la espalda a un trastorno que afecta a más de tres millones de europeos.

  Hiltrud Breyer, autora. – (DE) Señora Presidenta, me complace asimismo que este importante asunto –el aumento de la dislexia– se someta a debate esta noche. Ciertamente, es la primera vez que hablamos de este tema, pero no debería ser la última. Quiero que la Comisión haga cuanto sea posible para impulsar este asunto. No arrancamos de cero.

Ya existen programas, ya hay iniciativas, en muchos Estados miembros. Es importante, a mi juicio, dejar de hablar de dislexia como una enfermedad o una discapacidad, porque eso no es correcto. Ya se ha dicho que muchos niños con dislexia son, en realidad, enormemente inteligentes. Sabemos que estos niños son más ágiles pensando que en su motricidad.

Así pues, el primer paso que hemos de dar –y esta es mi petición urgente al señor Comisario– es conseguir una visión general de lo ya realizado en el ámbito de la investigación y de los programas e iniciativas que ya existen a escala europea, y luego poner en común toda esta información.

Considero importante no confundir dislexia con SDA. Sería desastroso juntar las dos. Sabemos que el SDA está estrechamente vinculado con un consumo excesivo de televisión y un exceso de estimulación. En cuanto al tema de la dislexia, deberíamos estudiar asimismo como se puede iniciar a los niños a los libros y en la lectura a edades tempranas. sabemos que los niños que leen mucho y tienen fácil acceso a los libros son menos propensos a la dislexia. Ésta podría ser una manera de frenar el alarmante incremento de la dislexia.

Pedimos a la Comisión que recopile una visión general de la diversidad y los distintos enfoques que existen en Europa. Otra posibilidad consistiría en celebrar una conferencia para reunir a todas estas personas y sus distintas experiencias en este campo. Sabemos que los niños son nuestro futuro y que el conocimiento constituye nuestro recurso más importante en Europa, así que hemos de hacer cuanto podamos en este tema.

  Elizabeth Lynne (ALDE), ponente. – Señora Presidenta, se calcula que en la UE existen aproximadamente 49 millones de personas con alguna forma de «dis»capacidad. Hasta el 10 % de los niños están afectados por distintas modalidades de «dis»capacidad, como disfasia, dispraxia, dislexia, discalculia, o trastorno por déficit de atención.

Véase el caso de Sean en el Reino Unido. El informe de los profesores le describía como estúpido, retrasado, disruptivo e hiperemotivo. Debido a su problema, los compañeros le marginaban y abusaban de él, y los profesores apenas intervenían.

Los padres de Sean se vieron obligados a retirarlo de la escuela cuando llegó a casa vapuleado y ensangrentado, pero el organismo de educación local se negó a proporcionarle tutoría o asistencia, de forma que los padres tuvieron que hacerse cargo de su educación, y uno de ellos se vio obligado a dejar de trabajar. Por suerte, un grupo local de apoyo ofreció su ayuda a Sean y a sus padres. Otros niños del Reino Unido y de algunos otros Estados miembros no tienen tanta suerte.

Tenemos que intercambiar las buenas prácticas dentro de la UE, y es aquí donde el Consejo y la Comisión deben desempeñar un papel importante. La información debe estar más disponible. Hay que adoptar medidas para identificar, filtrar, diagnosticar y tratar estos trastornos en una fase temprana. Es preciso adaptar las estructuras que permitan integrar a los jóvenes con discapacidades en el mundo laboral, y es importante que se elabore una Carta europea para las personas «dis».

También es esencial que se incremente la investigación al amparo del Séptimo Programa Marco. No tiene sentido pretender defender los derechos de los discapacitados sólo con buenas palabras. Tenemos que seguir luchando para lograr que las personas como Sean sean tratadas con equidad y reciban la ayuda y el apoyo que se merecen.

  Kathy Sinnott (IND/DEM), ponente. – Señora Presidenta, hay millones, literalmente millones de niños que no se consideran discapacitados, pero que tienen que luchar con importantes trastornos discapacitantes en los aspectos de aprendizaje, movimiento y comunicación.

Aunque el número de niños a los que se ha diagnosticado dislexia, disfasia, discalculia, dispraxia y trastornos específicos similares está aumentando espectacularmente —solamente la dislexia se calcula que afecta al 10 % de los niños en los Estados Unidos— a muchos, si no a la mayoría, de los niños afectados en Europa sigue sin diagnosticárseles tales afecciones y por lo tanto generalmente no reciben ayuda.

Sucede frecuentemente que cuando los padres manifiestan su preocupación, se les ignora o se les dice que dejen de imaginarse cosas. Muchas veces los niños —incluso niños con talento— son descartados como intelectualmente débiles o torpes por profesores bien intencionados y por los organismos educativos, porque carecen de los conocimientos especializados para advertir la diferencia.

Ignorar estos trastornos no hace que desaparezcan. Simplemente se vuelven más problemáticos para el niño, que cada vez se siente más desanimado y frustrado. La autoimagen de los niños puede sufrir graves daños, y su potencial puede quedar desaprovechado.

Hemos formulado la pregunta y la declaración escrita al objeto de resaltar la enorme envergadura que tiene el problema de los niños que padecen este tipo específico, para ellos, para sus familias y para la comunidad, y al objeto también de pedir a la Comisión, al Parlamento y al Consejo que tomen en serio a esos niños en sus programas de investigación, iniciativas, directrices y estrategias.

Tenemos que aprender más sobre estos trastornos «dis», cómo identificarlos lo antes posible y cómo intervenir de manera eficaz. También tenemos que aprender por qué el cerebro en desarrollo del niño se ve afectado de esa forma y cómo evitar las «dis»capacidades siempre que sea posible. Debemos también velar por que nadie sea considerado menos importante o valioso como consecuencia de estos trastornos.

Quisiera indicar a la Comisión que son muchos los adultos que padecen también estas dificultades específicas de aprendizaje o de coordinación, pero sin que su problema tenga un nombre, o sin que tengan conocimiento del mismo. Muchos de ellos han desarrollado complejas técnicas compensatorias para salir adelante. Este verano he estado reuniendo firmas destinadas a una iniciativa ciudadana para apoyar a las personas con discapacidades, y me quedé asombrada al ver cuántos adultos tienen dificultades para escribir sus nombres.

Estas personas sufren en silencio, y sus discapacidades ocultas les impiden percibir sus destrezas y talentos. ¿Qué precio paga la sociedad por ello? El que renuncien a la educación y trabajen por debajo de sus capacidades a causa de un problema en algún área de aprendizaje. La tragedia de estos niños consiste en que muchos de ellos habrían obtenido buenos resultados en la universidad, donde podrían haber desarrollado sus puntos fuertes, pero perdieron su oportunidad al no poder superar la enseñanza secundaria, porque el carácter más genérico de estos programas de estudios implica que su dificultad particular se convierte en un obstáculo insuperable bajo el sistema normal de evaluación.

Conozco a un joven que tiene una dificultad específica de aprendizaje. Fracasó en la educación primaria y secundaria y tuvo que abandonar el sistema escolar sin obtener un certificado, pero gracias a una prueba de aptitud y a la recomendación de sus profesores pudo ingresar en un pequeño centro de educación superior. Dos años después ha demostrado tener dotes excepcionales para el estudio de la filosofía, y se ha convertido en un líder estudiantil muy popular.

Nuestro sistema educativo europeo tiende a ser competitivo y rígido. Las autoridades parecen creer que esto sirve para crear una categoría de ciudadanos educados y capacitados, pero su falta de flexibilidad – la estrategia de talla única – está destruyendo las potencialidades de innumerables jóvenes. Esto no es aceptable y crea exclusión social, pudiendo llevar a muchos niños a convertirse en adultos desilusionados, y en algunos casos hasta violentos. En Irlanda el 76 % de los internos de la prisión de Mountjoy tienen un historial de fracaso escolar, y lo que probablemente son dificultades de aprendizaje sin diagnosticar.

Ignorar a estos niños y a estos adultos es claramente una discriminación. Me siento muy orgullosa del apoyo mostrado por este Parlamento a la declaración por escrito, pero tenemos que hacer una observación. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dispone que todos los niños tienen derecho a la educación primaria, pero que los niños con necesidades especiales sólo tienen derecho a la ayuda necesaria en función de los recursos disponibles. Antes de ratificar esta Convención y de incorporarla a nuestras estrategias, tendremos que examinarla cuidadosamente. En otro caso puede que incorporemos este error a nuestras políticas.

  Ján Figel’, miembro de la Comisión.- Señora Presidenta, doy las gracias a todos los presentes, especialmente a la señora Záborská y a los coautores de la pregunta, porque me parece muy importante, no sólo como pregunta, o como tema para nuestro debate, sino también en cuanto acción a favor de quienes necesitan asistencia específica, tratamiento o condiciones especiales para su vida en sociedad, para su educación, formación, etc.

Hago especial hincapié en lo dicho al principio: que queremos ser la voz de los que padecen estas dificultades, y creo que se trata de un compromiso moral y político muy fuerte.

La Comisión es consciente de las negativas consecuencias sociales y en el ámbito de la salud que estos problemas conllevan para los individuos afectados y para las familias que deban atender a los niños afectados por los problemas «dis».

Estamos de acuerdo en que es preciso adoptar medidas para mejorar la vida diaria de los niños y su acceso a la educación, a la información y a la cultura. Naturalmente, la responsabilidad principal para solucionar los problemas de las personas «dis» recae sobre los Estados miembros, pero la Comisión, así como las instituciones europeas, pueden apoyar la actuación de los Estados miembros.

Por ejemplo, nuestro plan de acción para la discapacidad 2003-2010 promueve el acceso a los servicios de ayuda y cuidado para las personas con discapacidades y para sus familias. La Comisión aboga por un nivel de servicio que logre el equilibrio apropiado entre la seguridad, la libertad de elección y la vida independiente.

Los Planes de Trabajo de la Comisión para 2005, 2006 y 2007 en el ámbito de la sanidad pública incluían una referencia específica a la necesidad de mayor información y de definición de indicadores relativos a los trastornos de déficit de atención por hiperactividad, de retraso cognitivo y de alteraciones de las funciones motoras, de percepción, del lenguaje o socioemocionales.

Se han publicado varias convocatorias de propuestas para apoyar las investigaciones sobre los problemas «dis». Sin embargo, la Comisión no ha recibido ninguna propuesta en estas materias.

Como ustedes saben, el programa comunitario PROGRESS ofrece apoyo a una serie de grandes redes europeas, incluido el Foro Europeo de la Discapacidad. Apoyamos a la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial de alumnos con necesidades específicas. La Agencia facilita a los responsables políticos y a los profesionales información relevante sobre las necesidades específicas en materia educativa, facilitando el intercambio de buenas prácticas.

Las necesidades de educación especial constituyen asimismo una de las prioridades generales del Programa de Aprendizaje Permanente, y en cuanto tal es prioritaria en todas sus actividades.

El Programa de Aprendizaje Permanente tiene el objeto claro de integrar a las personas con una gama de necesidades especiales. Esto se lleva a cabo en concreto mediante la aportación de fondos a proyectos de cooperación dirigidos a intercambiar, desarrollar y mejorar las buenas prácticas en general, incluido el diseño de sistemas pedagógicos en la educación ordinaria y especializada, y mediante la concesión de subvenciones a los participantes para financiar las instalaciones de apoyo que sean necesarias.

Por otra parte, la Comisión ha apoyado varios proyectos de investigación, entre ellos el proyecto Neurodys mencionado en las preguntas orales. La Comisión promueve el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y de las nuevas tecnologías en general para las personas con problemas «dis».

El capítulo sobre las TIC del Sexto Programa Marco ha cofinanciado proyectos relacionados con soluciones de accesibilidad y asistencia en estas tecnologías. A este respecto quisiera mencionar solamente dos proyectos: el proyecto AGENT-DYSL, enfocado al desarrollo de la próxima generación de sistemas de ayuda a la lectura, y en segundo lugar el proyecto comunitario «Para Todos» cuyo objetivo es desarrollar tecnologías que faciliten el acceso a la educación de todas las personas, incluidas las disléxicas. El Séptimo Programa Marco de Investigación continuará apoyando los proyectos e investigaciones relacionados con los problemas «dis», como parte de sus prioridades en materia de salud y de sus prioridades en materia de acceso a las TIC.

Reconocemos la importancia de recopilar las estadísticas correspondientes. Éste ha sido uno de los puntos más controvertidos aquí. Aunque la Comisión no recoge actualmente estadísticas sobre problemas específicos de tipo «dis», Eurostat facilita estadísticas a nivel de la UE sobre discapacidad e integración social.

A raíz de una encuesta de la población activa orientada a la discapacidad que se realizó en 2002, Eurostat está desarrollando actualmente un modelo de encuesta a escala europea. Esta encuesta es parte integrante del Sistema Europeo de Encuestas de Salud, y se centra en las discapacidades y en los diversos aspectos que presenta la integración social de las personas de alrededor de 18 años.

Comprendemos las dificultades con que se enfrentan las personas o las familias que cuidan de los discapacitados, incluidos los que padecen problemas «dis». Como consecuencia de nuestro compromiso, expresado en la Hoja de Ruta para la Igualdad de Género, en 2005 y 2006 pusimos en marcha una consulta a los interlocutores sociales sobre políticas de conciliación. La consulta abarcaba una amplia gama de problemas, incluidas las bajas por maternidad o paternidad, por adopción y un nuevo tipo de baja para cuidar a los familiares dependientes.

La segunda fase de la consulta concluyó en junio de 2007, y la Comisión está realizando actualmente una evaluación de impacto. Las nuevas propuestas se presentarán en función de los resultados, probablemente en 2008.

La Comisión vigila constantemente la transposición de la legislación antidiscriminación de la UE al nivel nacional. La Directiva 2000/78/EC, que prohíbe la discriminación en el ámbito del empleo y de la profesión, incluye a todos los ciudadanos, incluidos los que padecen problemas «dis». No obstante, la Comisión cree que la legislación debe ofrecer protección, no solamente a los trabajadores que padecen una discapacidad, sino también a los que cuidan a una persona discapacitada con dependencia.

En este sentido seguimos con gran interés el caso Coleman, que está actualmente pendiente en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Quisiera decir finalmente que el problema es principalmente de conocimiento real y de sensibilización, y su contribución aquí constituye una gran ayuda. Lástima que sea tan tarde, casi medianoche. Una vez que logremos alcanzar el nivel de sensibilización apropiado, creo que nos podremos concentrar mejor en la aplicación y en las acciones concretas a favor de los verdaderamente necesitados.

  Maria Panayotopoulou-Kassiotou, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EL) Señora Presidenta, señor Comisario, muchas gracias por permanecer hasta tan tarde y por su tratamiento tan exhaustivo del asunto.

Veo a otros dos Comisarios en sus asientos, incluido el responsable del sector sanitario. Él es el responsable de actuar para que los problemas de conducta y de aprendizaje sean reconocidos como problemas de salud, en lugar de discapacidades. También dirige la investigación del diagnóstico precoz y garantiza que los métodos médicos para el tratamiento y la terapia se conviertan en propuestas específicas dentro del contexto de programas de investigación. Eso, a su vez, promueve su propio sector educativo al proporcionar formación especial a los técnicos y a los padres y equipamiento especial a las escuelas. Asimismo promueve las nuevas tecnologías a fin de adoptar medidas complementarias y auxiliares para alumnos con necesidades pedagógicas especiales.

La posibilidad de la educación conduce a la formación y a la integración profesional. Veo también en su asiento al tercer Comisario, responsable de empleo. Él debería interesarse por las medidas de acceso a la vida profesional, los derechos sociales y las oportunidades de integración social. Se trata de evitar la exclusión social de los individuos que tienen diferentes capacidades, que presentan una característica especial sin ser discapacitados.

Usted ha utilizado muchas veces la palabra «discapacidad» y nos ha expuesto todos los programas para las discapacidades. Sin embargo, aquí se trata de otros problemas de dispraxia. Podemos hacer frente a los mismos sin necesidad de un montón de nuevas iniciativas; no necesitamos más que una pequeña inversión y financiación, pero sobre todo atención, organización y la recopilación de buenas prácticas ya disponibles en los estados miembros en un ámbito bastante amplio.

El reconocimiento jurídico constituye una condición previa fundamental y permite el acceso a la sanidad y a la escuela, así como a la asistencia social. El uso de medios técnicos y la ayuda financiera para los padres van de la mano para evitar asimismo la discriminación contra las familias: tienen que pelear desde el momento en que comienzan a hacerse cargo de un diagnóstico de un problema de dispraxia hasta su curación.

Espero que nuestra pregunta proporcione a la Comisión la oportunidad de actuar.

  Catherine Trautmann, en nombre del Grupo del PSE. – (FR) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, constituye una satisfacción ver que el tema de las disfunciones tipo «dis», ignoradas tan a menudo, se plantea ante el Parlamento, y el hecho de que esta cuestión haya generado una respuesta de la práctica totalidad de los Grupos políticos que conforman esta Cámara demuestra que para nosotros ningún ciudadano de Europa, sea cual fuere su problema, debe ser objeto de discriminación. Ése es el caso de los enfermos «dis», ya que estudios cada vez más complejos han demostrado que, aun cuando este tipo de discapacidad todavía se encuentra muy extendido, sigue sin estar bien identificado.

Como única diputada francesa que intervendrá esta noche, puedo enorgullecerme de que Francia haya estado muy activa en los esfuerzos por atajar los problemas «dis». Gracias a la iniciativa de las asociaciones de padres y de los grupos profesionales, se va a celebrar una jornada nacional, la primera de su especie, en París el 10 de octubre y se espera que eso conciencie aún más a la prensa de la situación de la gente, y sobre todo los niños, afectada por problemas de esta índole.

Sin embargo, el propósito de mi pregunta esta noche no es celebrar los avances positivos realizados en uno o en otro país, ya que aún queda muchísimo trabajo por hacer, sino debatir conjuntamente formas en que podamos reunir las buenas prácticas que se hayan desarrollado a escala europea, por cuanto ciertos estados miembros ni siquiera reconocen la existencia de este tipo de disfunción. Me parece que el llamamiento en favor de la creación de una red pluridisciplinaria europea para los trastornos específicos del aprendizaje, que es parte de la Declaración por escrito, apunta en cierta forma en esta dirección. También resultaría beneficiosa la realización sensata de acciones comunitarias, como el Séptimo Programa marco.

A este respecto, la iniciativa que usted ha mencionado, señor Comisario, el proyecto NeuroDys, que está encaminado a descubrir los orígenes cognitivos, cerebrales y genéticos de la dislexia, y que reúne a 15 grupos de investigación científica de nueve Estados miembros –y aprovecho para señalar, ya que es importante, que este organismo incluye prácticamente todas las lenguas europeas– parece constituir un ejemplo válido ya que, en último término, me parece que Europa ponerse a la cabeza del mundo en cuanto al entendimiento de estas circunstancias y la recopilación de los datos biológicos relacionados con ellas. No obstante, también debería sentar un ejemplo en materia de reconocimiento de las formas más eficaces de rehabilitación y terapia, para que los niños puedan a albergar de nuevo esperanzas y afronten la vida con optimismo.

¿Tiene la Comisión planes para otros programas de este tipo en el futuro? Señor Comisario, usted ha mencionado una convocatoria de ofertas que no recibió respuesta alguna. Tenemos la intención de que la campaña de sensibilización, que se está desarrollando ahora por parte de diferentes asociaciones y por los Estados miembros que firmaron la Declaración por escrito, subsane esta falta de información y de motivación. Esperamos que su capacidad para movilizar la financiación europea que se necesita para cumplir estas expectativas permita realizar la investigación pertinente sobre otras disfunciones tipo «dis», como la dispraxia y la disfasia.

  Wiesław Stefan Kuc, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señora Presidenta, resulta bastante alarmante saber que el 10 % de los niños padece desórdenes disfuncionales. Eso significa que un niño de cada 10 padece disfunciones motrices, no puede expresar sus pensamientos o no puede hacerlo de forma clara. ¿Cómo va a ser la población adulta dentro de unos años? Estará compuesta por gente que tenga dificultades para realizar las tareas normales pertenecientes a la vida cotidiana y no pueda desempeñar un papel normal en la sociedad. ¿Podemos contemplar tratarles como inválidos y crear una sociedad de inválidos? Eso sería inaceptable. Si estas situaciones admiten tratamiento, tenemos que hacer cuanto podamos para tratar a los niños afectados, en lugar de centrarnos en la prevención de la discriminación y la exclusión social, ya que nadie puede excluir a seres semejantes a uno mismo. No creo que llegue a ese extremo. Pienso que existen formas de solucionar la situación.

Por último, quiero dar las gracias más sinceras a quienes han puesto este asunto en mi conocimiento y manifestar que les apoyo incondicionalmente.

  Raül Romeva i Rueda, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (ES) Señora Presidenta, quisiera, en primer lugar, empezar por felicitar tanto a las personas y colegas que han iniciado esta iniciativa de la declaración por escrito y de la pregunta oral, como a la Comisión, por estar presente a estas horas hablando de este tema que, por desgracia, no solamente parece un tema secreto, un tema de absoluta discreción, sino que, en algunos casos, es directamente invisible.

Por lo tanto, a pesar de que esto es así, el hecho de que hoy lo tratemos significa que queremos romper esa invisibilidad, y por eso me he sumado entusiastamente, insisto, no solamente a la declaración por escrito y a la pregunta oral, sino a este debate.

Creo que, quién más quién menos, conocemos a personas que han sufrido y que están sufriendo estos trastornos, que no enfermedad. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, la percepción que tenemos todas y todos en este contexto es que no se trata de personas en absoluto, digamos, que necesiten un servicio especial desde el punto de vista de una atención propia de una enfermedad, sino simplemente apoyos, apoyos concretos, ayudas, una sensibilidad que tenemos que tener no solamente desde las instituciones sino desde las familias, desde los centros educativos, y, sobre todo, desde la sociedad en general.

Creo que lo peor que puede ocurrir en esos casos es que la discriminación se deba a un desconocimiento en primer lugar, a una percepción de que esas personas no pueden ser personas que lleven una vida absolutamente normal, aunque necesiten un pequeño apoyo, y, sobre todo, a una ausencia de voluntad política y de recursos económicos para llevar a cabo los programas necesarios para que esas personas puedan tener, insisto, no solamente un ritmo de vida normal, sino aportar, como personas que son plenamente capaces, sus sabidurías, sus conocimientos, sus ilusiones, sus sueños, a esta sociedad que muchas veces las margina, las discrimina, sin que ellas y ellos hayan hecho absolutamente nada para merecerlo.

  Jan Tadeusz Masiel (UEN). – (PL) Señora Presidenta, quiero felicitar a quienes han planteado el asunto de estas situaciones de discapacidad específica. El 10 % de los niños afectados crece para convertirse en el 10 % de la población que tiene dificultades para desenvolverse en la sociedad. Su sufrimiento es mayor a edades adultas. Hoy, sin embargo, nos ocupa la suerte de los niños desvinculados de la sociedad por motivos que so se entienden plenamente. A medida que se desarrollan los niños, una dificultad genera otra y cada complejo conduce al siguiente.

Las disfunciones de tipo «dis» deberían estar reconocidas como circunstancias o impedimentos específicos. Los problemas asociados deberían explicársele en primer lugar al propio niño, y luego a quienes están a su alrededor, los padres, los amigos y los compañeros escolares. Estos niños requieren un enfoque especial y un estilo personalizado de enseñanza. La identificación y la correcta definición de estas circunstancias resultan especialmente importantes cuando las posibilidades de tratarlas son limitadas.

  Ján Figeľ, miembro de la Comisión. – (SK) Señora Presidenta, deseo expresar mi agradecimiento por las innumerables intervenciones tan interesantes. No soy un experto en la materia, pero necesitamos mayores conocimientos en lo referente a este tema.

Soy consciente asimismo de este asunto, pero se precisa un planteamiento mucho más profundo por parte de las distintas instituciones y de los políticos para abordarlo de una manera específica. Aquí se han planteado muchos con respecto a los ámbitos de la política social, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la sanidad, la educación, la formación profesional y otros muchos asociados con este asunto. El punto de arranque es, efectivamente, el interés y el deseo por cambiar la situación ya que la ignorancia fomenta la intolerancia. Eso es algo cierto para cualquier problema, incluido éste.

Una de las tareas consiste claramente en conciliar los pareceres sobre este problema en los Estados miembros y en la UE, es decir, en los Estados miembros de la UE, ya que no existe en ningún sitio una definición, aun cuando en algunos países existen celebraciones nacionales dedicadas a este asunto. A mi juicio, la definición que utilizan las Naciones Unidas en el Convenio para la Discapacidad podría servir de inspiración para los Estados miembros, pero eso es algo que les compete a ellos.

Quiero reiterar lo que he dicho al principio. Contamos con varios programas importantes que pueden contribuir, en lo referente a formación profesional e información y comunicación, a identificar posibles soluciones. Estoy pensando en el programa educativo, el programa de aprendizaje permanente, el programa de investigación y el programa de sanidad pública.

Permítanme, a título personal y en nombre de mi institución, dar las gracias al equipo de autores y a las demás personas que se afanan por garantizar que la gente con «dis»capacidades reciben igual trato y por que se reconozca que, a menudo, carecen de reconocimiento y de valoración en lo referente a su talento, su capacidad y su potencial. Se ha pedido a la Comisión que sea más activa en esta cuestión y me gustaría decir que la Comisión está activa y dispuesta, en colaboración con el Parlamento y la Presidencia, a mostrarse aún más activa de lo que hayamos podido estar en el pasado.

  Presidente. − Muchas gracias, señor Comisario, por tranquilizarnos.

Se cierra el debate.

Declaraciones por escrito (artículo 142)

  Alessandro Battilocchio (NI), por escrito. – (IT) Quiero dar las gracias a los compañeros que han propiciado este importante debate y a la Comisión Europea, en la persona del Comisario Fige¾, con quien he cooperado en algunas ocasiones anteriores, por mostrarse dispuesto a recoger las sugerencias planteadas por esta Cámara.

Aun cuando el sector de la sanidad es, primordialmente, una cuestión de competencia nacional, aplaudo los esfuerzos realizados por la Comisión para intentar animar a los Estados miembros a que aprueben estrategias que permitan a las personas con discapacidades acceder a la atención sanitaria y, sobre todo, llevar una vida lo más normal posible. El Plan de Acción para la Discapacidad 2003-2010 y el programa PROGRESS ya apuntan en este sentido. Sin embargo, es importante sensibilizar a los ciudadanos europeos para que promuevan la integración de estas personas, sobre todo los niños, en la sociedad. Se necesitan campañas de integración y sensibilización contra la «dis»criminación en las escuelas, los lugares de trabajo, el deporte y la vida cotidiana, lo mismo que el acceso a los servicios sanitarios, a fin de que tales disfunciones –a veces puramente físicas– no comprometan las vidas personales y laborales de quienes las padecen y de sus familias.

19. Orden del día de la próxima sesión: véase el Acta

20. Cierre de la sesión

(Se levanta la sesión a las 23.55 horas)