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Acta literal de los debates
Martes 23 de octubre de 2007 - Estrasburgo Edición DO

15. Turno de preguntas (preguntas a la Comisión)
Acta
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  Presidenta. − Pasamos al turno de preguntas (B6-0318/07).

Hoy queríamos intentar hacer —y creo que algunos de los diputados están al corriente de ello— un pequeño experimento para lograr que el Turno de preguntas resulte un poco más cordial e interactivo. Por tanto, me gustaría invitar a todos los diputados de esta Cámara a que vinieran a la primera fila de asientos para que podamos sentirnos más cercanos a nosotros mismos y a la Comisión. Les ruego que vengan a los asientos delanteros en lugar de sentarse al fondo.

Veo que a algunos de ustedes todavía les da vergüenza. Vengan, será divertido probar un experimento.

Las siguientes preguntas se dirigen a la Comisión.

Primera parte

 
  
  

Pregunta nº 41 de Manuel Medina Ortega (H-0679/07)

Asunto: Secuestro de niños

A la vista de la repetición de casos de secuestro y desaparición de menores, ¿qué medidas propone la Comisión para coordinar la acción de los Estados miembros en la prevención y represión de este tipo de actos en el conjunto de la Unión Europea?

 
  
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  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. − La Comisión está totalmente de acuerdo con la importancia de combatir la desaparición y secuestro de menores. Mejorar los derechos de los niños, como todos ustedes saben muy bien, es una de mis prioridades personales.

La primera medida emprendida por la Comisión Europea en este sentido consistió en apoyar, en 2001, la creación de una red europea de organizaciones, la Federación Europea para los niños desaparecidos y explotados sexualmente, que ahora se denomina Missing Children Europe. Hasta la fecha, contamos con 21 organizaciones en 15 Estados miembros.

Después, con el apoyo financiero de nuestro programa comunitario, el programa Daphne, se crearon o reformaron varios centros en el período comprendido entre 2001 y 2005 con la ayuda de Child Focus.

Varios Estados miembros han establecido a lo largo de los últimos diez años líneas telefónicas de llamadas de emergencia para agilizar las búsquedas y apoyar a las familias de los niños desaparecidos.

Los casos de secuestro y desaparición de niños pueden convertirse y se convierten rápidamente en fenómenos transfronterizos. Por tanto, proponemos contar con un único número de teléfono para llamadas urgentes sobre niños desaparecidos. Para dicho fin, se aplicará la Decisión de 15 de febrero de 2007 relativa a la reserva del rango de numeración nacional que comienza por «116» como servicios armonizados de valor social. Se trata de una importante Decisión de cada Estado miembro, sobre todo, con respecto al número 116 000 para líneas directas de asistencia para comunicar la desaparición de niños.

Son conscientes de que poner en marcha los servicios del número 116 sigue siendo competencia de los Estados miembros. En este sentido, desgraciadamente, tengo que decir que hay tres Estados miembros que todavía no han contestado. Diecisiete Estados miembros han adoptado medidas jurídicas. Se han convocado concursos de licitación para la gestión de los números de asistencia directa en 12 Estados miembros y, hasta la fecha, sólo cuatro Estados miembros han elegido proveedores de los servicios: Bélgica, Dinamarca, Grecia y Portugal. Por tanto, no estoy nada satisfecho con el estado actual de la situación con respecto a la aplicación de la Decisión aprobada en febrero de 2007.

Además de estas líneas telefónicas de emergencia, se necesita un mecanismo de asistencia para la búsqueda de niños desaparecidos. Ya existen varios sistemas que pueden servir de modelo para una acción de ámbito comunitario. Conocen el sistema estadounidense, «Amber Alert», el francés «Alerte enlèvement» y el griego «Amber Alert Hellas», que ya se han puesto en práctica. Apoyamos a los Estados miembros para que pongan en marcha mecanismos similares a escala nacional. Si todos los Estados miembros adoptan dichos mecanismos y ponen en práctica planes de interconexión, los casos transfronterizos podrían ser resueltos más fácilmente. Para ello, hemos redactado una serie de directrices en las que se describe nuestra idea de un mecanismo de alerta infantil a escala comunitaria. Esta cuestión se debatió por primera vez en el Consejo informal de Justicia y Asuntos de Interior celebrado el 1 de octubre de 2007.

Por último, estamos a favor de la creación de una base de datos internacional de imágenes de abuso de menores que constituirá una nueva herramienta para contribuir a identificar a víctimas y delincuentes. El estudio de viabilidad y la fase de aplicación se financian con el programa AGIS y, desde septiembre de 2005, esta base de datos empleada por INTERPOL se financia fundamentalmente a través de los gobiernos del G8 y de empresas privadas. Hasta la fecha, esta base de datos ha permitido localizar y detener a diversos delincuentes en Europa y fuera de Europa, y más recientemente, a un conocido pedófilo en Tailandia, así como salvar víctimas.

 
  
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  Manuel Medina Ortega (PSE). - (ES) Señora Presidenta, muchas gracias por permitirnos estar cara a cara con el Comisario, a quien ya le hecho muchas preguntas sobre temas parecidos.

La cuestión de los niños desaparecidos es una cuestión angustiosa. Por ejemplo, solamente en mis islas —en Canarias— han desaparecido tres niños en los últimos años sin dejar rastro alguno, o sea, ni siquiera aparecen en las redes de pederastia. Desaparecen completamente, con lo cual se crea la duda de si estos niños son utilizados para ciertos fines como, por ejemplo, el comercio de órganos, y la duda de que estén funcionando dentro de la Unión Europea organizaciones mafiosas con conexiones, posiblemente internacionales.

Con lo cual, me da la impresión de que es un tema que requiere una iniciativa algo más ambiciosa de las que ha emprendido hasta ahora la Comisión. Yo sé que el Comisario siempre ha sido ambicioso, pero le invito a ser ambicioso también en este ámbito porque el tema es angustioso para los padres, para la sociedad en general, porque los niños son lo más valioso que tenemos.

 
  
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  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. (IT) Señor Presidente, señor Medina, coincido plenamente con sus deseos y le comunico el descontento que me produce ver que aunque los Estados miembros adoptamos iniciativas, no las ejecutamos.

La idea de un número único de teléfono en Europa para las llamadas urgentes debería haber sido aplicada específicamente por cada Estado miembro a finales de septiembre. Estamos a finales de octubre y sólo cuatro Estados miembros tienen un sistema en funcionamiento; los otros 17 han adoptado iniciativas, pero van retrasados en su ejecución.

La otra propuesta que queremos hacer se refiere a estrechar la cooperación para vigilar lo que se denomina generalmente «turismo sexual». Lamentablemente, muchos ciudadanos europeos viajan aparentemente como turistas a otras partes del mundo para cometer allí actos horribles de pedofilia, y en este sentido estoy de acuerdo en que debe acelerarse la colaboración internacional. Estoy de acuerdo con usted —y por desgracia tenemos pruebas— en que los niños desaparecidos a menudo se utilizan para el tráfico de órganos. Lamentablemente, esto sucede no sólo en mi región, sino en otras muy próximas a la Unión Europea, como los Balcanes, Europa oriental y el Mar Negro.

Desgraciadamente, el tráfico de órganos es una realidad, por no mencionar el descubrimiento de tráfico de órganos de adultos y niños en el Lejano Oriente y Asia Sudoriental. Es evidente que, aunque se trata de un ámbito que los gobiernos nacionales no han querido hasta ahora transferir a la UE, es posible que pronto pueda abordarlo de manera más eficaz la Unión Europea, en parte como resultado de la adopción del acuerdo sobre el nuevo tratado institucional.

 
  
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  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). - (EL) Señora Presidenta, ¿puedo preguntar al señor Comisario si es cierto que los nacimientos de niños se declaran en todos los Estados miembros? ¿Se registra el número de niños que cruzan las fronteras de la UE, para que se conozca su posible desaparición o el uso de sus órganos?

 
  
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  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Sí, está usted en lo cierto. Hemos descubierto casos de niños que no están registrados en los puestos fronterizos, y por eso concedo gran importancia a la identificación.

La identificación significa ayudar a los países de origen, ya sea dentro de la UE (aunque no creo que sea el caso) o, en especial, en países vecinos y asociados, en los que hay a veces falta de control con respecto a los registros y en los que me preocupan en particular los niños no registrados aún o no registrados en absoluto.

Por eso, precisamente, hemos decidido respaldar proyectos estratégicos destinados a ayudar y fortalecer las capacidades para el registro civil de los países vecinos y asociados, en parte mediante programas europeos de financiación.

 
  
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  Reinhard Rack (PPE-DE). - (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, en sus ejemplos ha mencionado expresamente que cuatro Estados miembros han establecido líneas telefónicas para llamadas de urgencia. Ha habido otras cuestiones —recuerdo la situación con el tsunami en su momento— en las que a los que fueron a esa zona, por ejemplo, para satisfacer su inclinación a la pedofilia, se les aplicó la protección de datos, y sus familiares y las autoridades desconocían quiénes fueron los afectados realmente. ¿No es hora ya de acabar con las indecisiones y de empezar a hacer público el nombre de estos Estados miembros? La identificación nominal y la denuncia sería un método apropiado de instar a estos Estados miembros a que hagan lo que deben y mejoren por fin su comportamiento.

 
  
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  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. − Ya he declarado que no estoy nada satisfecho con el grado de aplicación y que, hasta la fecha, sólo cuatro Estados miembros han aplicado esta Decisión. La Decisión tiene ahora que aplicarse en todos los Estados miembros. El hecho de que hasta la fecha sólo cuatro Estados miembros hayan aplicado una Decisión aprobada por unanimidad en febrero de 2007 demuestra que tenemos que trabajar mucho más en este sentido.

Por lo que respecta al equilibrio adecuado entre la protección de la confidencialidad de datos, o la protección de la privacidad de datos, y la lucha contra la pedofilia, cuando nos referimos a pedófilos y delitos y al abuso de menores, personalmente, estoy de parte de las víctimas —los niños— y no de la de los delincuentes. Por tanto, si se aceptan todas las garantías, deberíamos apoyar principalmente a las víctimas y a los padres, no a los presuntos delincuentes.

 
  
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  Presidenta. − Tal vez debería recordar a los diputados lo que dije al principio del Turno de preguntas. Estamos haciendo un experimento así que invitaría a todos los diputados a que se sentaran en la primera fila de la Cámara para que podamos darle a esto un carácter más íntimo y cordial y, tal vez, permitir un intercambio más intenso. Por tanto, aunque normalmente se sienten al fondo, les invito a que, por favor, vengan hacia la parte delantera de la Cámara.

La siguiente pregunta se refiere al virus tropical chikungunya en Europa. No sé si lo he pronunciado bien.

 
  
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  Presidenta. − Pregunta nº 42 de Milan Gala (H-0738/07)

Asunto: El virus tropical chikungunya en Europa

Las autoridades italianas, valiéndose del sistema europeo de alerta rápida, han informado a los demás Estados miembros de una epidemia de fiebre tropical provocada por el virus chikungunya en la región de Emilia-Romaña. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades advierte de que las condiciones climáticas son favorables a la presencia de este vector con carácter permanente en los próximos meses, en particular en los países mediterráneos, y que se corre un riesgo elevado de propagación de este virus a otros países europeos en los que las condiciones climáticas son favorables a su supervivencia. En un momento caracterizado por unas condiciones climáticas en mutación clara y unos niveles elevados de movilidad, ¿podría señalar la Comisión si se está preparando para abordar una posible epidemia de fiebre tropical a una mayor escala?

 
  
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  Markos Kyprianou, Miembro de la Comisión. − La verdad es que yo también tenía problemas para pronunciarlo. Para empezar, confiaba en que se habría erradicado y que no tendría que aprender a pronunciarlo, pero, desgraciadamente, se está convirtiendo en algo persistente por lo que ahora tenemos que debatir la cuestión.

En primer lugar, ayer tuve la oportunidad de escuchar durante las intervenciones de un minuto la intervención de su Señoría sobre esta cuestión y comparto su preocupación. Se podría decir que tenemos relativamente pocas infecciones —por ejemplo, unas 250 en Italia con respecto a las más de 150 000 en la isla de Reunión de hace algunos años—. Sin embargo, lo preocupante es la tendencia. Lo que realmente nos preocupa es el hecho de que ahora tengamos enfermedades tropicales que se propagan en Europa como resultado de la combinación del cambio climático que, evidentemente, contribuye a la proliferación y la subsistencia del vector, y, al mismo tiempo, de una mayor movilidad que permite la introducción del virus a través del desplazamiento de ciudadanos procedentes de los trópicos.

Era importante que adoptáramos medidas de forma inmediata. Las autoridades italianas reaccionaron desde el principio de forma correcta, rápida y eficaz, por lo que se puede decir que la situación ha mejorado considerablemente, aunque todavía tengamos algunos casos.

Lo primero que hizo la Comisión fue adoptar diversas medidas mediante los instrumentos existentes o ajustarlos para tratar la situación. En primer lugar, nos aseguramos que ofrecíamos el apoyo técnico mediante el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, lo cual demostró vez más la sabia decisión de la Unión Europea a la hora de crear dicho centro.

A continuación, tuvimos que abordar esta nueva amenaza y este nuevo tipo de reto. Adaptamos nuestra legislación e incluimos enfermedades transmitidas por vectores en la lista de enfermedades que tenían que ser tratadas como prioritarias. Al mismo tiempo, pedimos a los Estados miembros —y se trata de una obligación legal para ellos— que avisaran a la Comisión y al resto de Estados miembros a través de un sistema de alerta precoz y respuesta. Resultaba de gran importancia poder detectar los casos lo antes posible para evitar la propagación de la enfermedad.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), además de las definiciones de los casos, también elaboró procedimientos normalizados de funcionamiento que actualiza regularmente. Fue muy importante que actualizásemos y reforzásemos la capacidad de los laboratorios para poder detectar e identificar el virus chikungunya. Pudimos hacerlo gracias a la Red Europea para el Diagnóstico de Enfermedades Víricas «Importadas» (European Network for Diagnostics of «Imported» Viral Diseases), financiada por el programa de salud pública. Asimismo, a través del mismo programa, estamos realizando actividades conjuntas con los Estados miembros para seguir reforzando nuestra preparación frente a las emergencias de salud pública.

Tuvimos la oportunidad de debatir en sesión plenaria una Comunicación y un plan de acción sobre la preparación genérica aprobado en 2005. El sistema se ha puesto en marcha y, por supuesto, podemos usarlo y se ha usado, pero, evidentemente, lo adaptaremos y ajustaremos para poder tratar también esta forma de amenaza contra la salud. La información ofrecida al público es muy importante y es algo que también debemos hacer a través del ECDC, tanto para las áreas afectadas como para los viajeros.

Se han puesto en marcha documentos con directrices técnicas sobre detección rápida de casos de fiebre chikungunya como pilar de una vigilancia epidemiológica eficaz. El ECDC también ha elaborado un sólido paquete de documentos con directrices técnicas: información para los profesionales sanitarios; definiciones de casos de fiebre chikungunya y diagramas para la identificación de casos. Ya están disponibles y las autoridades competentes las usan para facilitar los procesos de toma de decisiones a escala nacional.

También vamos a tratar de forma inmediata la cuestión de la seguridad sanguínea, que también es un factor importante, junto a la cooperación de las autoridades nacionales competentes. No obstante, si la situación persiste, mis servicios están también dispuestos a adoptar una nueva norma de exclusión de donaciones referida a esta enfermedad.

El nuevo programa público así como otros instrumentos también financiarán la investigación para tratar muchas cuestiones relacionadas con las enfermedades transmitidas por vectores, puesto que también necesitamos analizar la cuestión de los insectos y, por supuesto, el cambio global a través de proyectos como Eden, que se ocupa de las enfermedades emergentes en un entorno comunitario cambiante.

Todo esto demuestra de qué forma el cambio climático afecta de forma inmediata a la salud. Al mismo tiempo, debería mencionar que también tenemos problemas en la salud de los animales, generados a raíz del cambio climático. La Comisión Europea tiene pensado aprobar el próximo año una Comunicación en la que también se trate dicho aspecto del cambio climático.

 
  
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  Milan Gaľa (PPE-DE). - (SK) Señor Comisario, gracias por su bien fundamentada respuesta y enhorabuena a las autoridades italianas por su adecuada actuación. Al examinar el asunto en conjunto, me extraña en cierta medida que no haya aún ninguna vacuna contra el virus chikungunya, aunque, según algunos datos, haya hasta un millón de personas infectadas por él en África. Lo comprendo hasta cierto punto en casos como el de la gripe aviar, porque no se ha aislado todavía el virus que puede transmitirse y, por consiguiente, no podemos desarrollar una vacuna. Sin embargo, en este caso parece que tenemos un virus que puede identificarse por métodos serológicos y de otro tipo, y podría desarrollarse ahora un suero o una vacuna contra él. Si el virus se propagara, tal suero o vacuna sería un tratamiento eficaz contra el virus chikungunya y quizá también contra una infección incluso peor: el dengue.

 
  
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  Markos Kyprianou, Miembro de la Comisión. − En primer lugar, también es importante la referencia a la fiebre del dengue porque puede que el mismo insecto transmita la enfermedad del dengue a la carne fresca, por lo que esto también nos preocupa. Por eso, estamos elaborando un informe para tratar enfermedades transmitidas por insectos ya que el cambio climático contribuye a su proliferación, como ya he dicho anteriormente, pero también —ya que tenemos inviernos suaves— a la supervivencia de insectos que posteriormente pueden transmitir la enfermedad.

Lleva razón, no existe vacuna, lo cual es una lástima. La realidad es que se está llevando a cabo una investigación pero tengo que decir en estos momentos estamos bastante lejos de obtener resultados.

Por supuesto, se trata de una cuestión que también trataremos con la OMS e intentaremos, a través de nuestros distintos instrumentos y políticas, promover el desarrollo de dichas vacunas.

Si me lo permiten, me gustaría asimismo añadir mi opinión personal, la que he mantenido con los Estados miembros desde los primeros debates celebrados con respecto a la gripe aviar: no sólo tenemos un deber solidario con respecto a los países en desarrollo y con respecto a terceros países, a la hora de ayudarles a tratar las amenazas contra la salud, sino que también se trata de una forma de defensa personal y tenemos que darnos cuenta de que no podemos considerarnos inmunes y protegidos en nuestro confortable espacio, aquí en la Unión Europea. No lo estamos. Por tanto, es muy importante que tratemos las amenazas contra la salud de todo el mundo como amenazas contra la Unión Europea y que logremos que se conviertan en una de nuestras prioridades.

La estrategia sanitaria que hemos aprobado hoy en la Comisión será enviada al Parlamento para que también pueda ser debatida con ustedes. Incluye un aspecto global muy importante de las políticas sanitarias de la Unión Europea y soy optimista con respecto a que podamos cambiar y corregir la situación a través de este nuevo enfoque.

 
  
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  Presidenta. − Pregunta nº 43 de Paulo Casaca (H-0752/07)

Asunto: Catástrofe humanitaria en Iraq

Con el cierre de la frontera con Siria, miles de refugiados iraquíes, entre los que se cuentan familias numerosas con muchos niños, vieron cortada la única vía de fuga abierta hasta ese momento.

Además de la limpieza étnica, llevada a cabo en muchos casos con la participación activa de las autoridades iraquíes, nos enfrentamos actualmente a una grave epidemia de cólera relacionada directamente con las pésimas condiciones sanitarias en que se encuentra buena parte del país.

La respuesta de la Comisión Europea ante la catástrofe humanitaria en Iraq es absolutamente insignificante y contraria a los valores europeos.

¿Cómo piensa la Comisión ayudar a la población iraquí en fuga, dentro y fuera de Iraq?

¿Cómo piensa ayudar a los países que están en la primera línea, como Jordania, que sufre gravemente las consecuencias de esta situación?

 
  
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  Neelie Kroes, Miembro de la Comisión. − La Comisión es plenamente consciente del alcance de las necesidades humanitarias de Iraq y sus países vecinos. La respuesta de la Comisión a esta crisis es doble. En primer lugar, para apoyar a los refugiados de Iraq y sus países vecinos, la Comisión ha contestado inmediatamente con la decisión financiera de asignar 6,2 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria, aprobada en mayo de 2007, para tratar las necesidades más urgentes de los refugiados. Dicha ayuda ascenderá a 7 millones de euros a finales de 2007.

La Comisión se ha comprometido con los gobiernos de Siria y Jordania, que soportan la mayor parte de la crisis de los refugiados, a desarrollar programas de asistencia. Estos gobiernos han declarado abiertamente que no estaban a favor de los programas de asistencia humanitaria externa aplicados a través de organizaciones internacionales y de ONG. Confían en que la comunidad internacional respalde sus sistemas nacionales, sobre todo, en los ámbitos de la educación y la sanidad, puesto que estos sistemas también benefician a los refugiados iraquíes.

Por tanto, la Comisión ha identificado «proyectos de impacto rápido» a los que asignaría un total de 37,7 millones de euros, y está en proceso de consultar a los Estados miembros al respecto. Todos estas medidas configuran la respuesta inmediata de la Comisión a las necesidades más acuciantes de los refugiados.

La Comisión es consciente de que sólo palia parcialmente el enorme sufrimiento y la presión ejercida en las instituciones y la estructura social de los países vecinos y por eso está desarrollando actualmente su estrategia de respuesta con el fin de poder ajustarla con la financiación adecuada.

En segundo lugar, por lo que respecta a la situación de Iraq, la Comisión está apoyando al Comité Internacional de la Cruz Roja con, hasta la fecha, 4 millones de euros y actualmente está buscando socios sólidos y adecuados que trabajen en Iraq con vistas a lograr un mayor nivel de asistencia.

Debe aceptarse el hecho de que aunque haya necesidades humanitarias significativas, también existen impedimentos significativos para ofrecer ayuda humanitaria. Existen graves preocupaciones con respecto a la seguridad y problemas de acceso que impiden que la Comisión y cualquier otro donante asignen fondos que estén realmente acorde con las necesidades.

Existe, de hecho, una escasez de socios humanitarios que puedan operar y aplicar programas en Iraq que traten correctamente las necesidades de los más vulnerables.

Por último, a la Comisión le gustaría recordar que es el principal contribuyente financiero de la reconstrucción internacional de Iraq, con una contribución de 123 millones de euros. Eso supone el 46 % de las contribuciones totales realizadas hasta la fecha. Desde 2003, la Comisión ha consignado más de 800 millones de euros a Iraq.

 
  
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  Paulo Casaca (PSE). − (PT) Señora Presidenta, señora Comisaria, le agradezco mucho sus aclaraciones, pero permítame recordarle que se calcula que los refugiados iraquíes en Egipto ascienden ya a 200 000; la Comisión Europea no está ofreciendo nada a Egipto. La Universidad de Ammán acaba de realizar un estudio en el que se calcula que Jordania tiene más de un millón de refugiados, con una repercusión macroeconómica totalmente catastrófica; la Comisión Europea no está adoptando ninguna medida para abordar el problema. Incluso Israel está poniendo en marcha un programa de asistencia médica bastante notable para los niños iraquíes. Por lo que respecta a Siria, aunque no tomo parte en las conversaciones que ha mantenido la Comisión con este país, he hablado a menudo con las autoridades sirias: el hecho es que ya tienen alrededor de 2 millones más de habitantes. Permítame, Señora Presidenta, recordarle que hoy, en este mismo momento, Rabiah, en la frontera entre Siria e Iraq, está sufriendo un desastre humanitario enorme: millares de iraquíes que escucharon el rumor de que se iban a abrir las fronteras han acudido allí y no pueden entrar. La situación es totalmente trágica y ya no podemos pasar por alto lo que sucede.

 
  
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  Presidenta. − Creo que todos compartimos su preocupación pero nuestro Reglamento sólo permite medio minuto para preguntas complementarias.

 
  
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  Neelie Kroes, Miembro de la Comisión. − Ya he mencionado que los gobiernos, sobre todo, el Gobierno de Siria, al que su Señoría se refería, han señalado claramente que no están a favor de programas de ayuda humanitaria externa llevados a cabo a través de organizaciones internacionales y de ONG. Por tanto, el grado de asistencia suministrado refleja la reticencia de las autoridades de Siria y de Jordania a permitir que agentes no estatales, tales como la ONU y las ONG, intervengan en sus respectivos países.

Nuestra ayuda puede conducirse únicamente a través de organizaciones que cuenten con la aceptación de las autoridades locales y tengan una capacidad operativa suficiente. Esto supone un límite evidente a lo que podemos hacer. Sin embargo, estamos trabajando en los programas de refuerzo de las capacidades y estamos comprometidos en el diálogo directo con las autoridades de Siria y de Jordania para reforzar nuestra capacidad de ejecución en dichos países.

Debe destacarse, si se me permite, que el propio Gobierno iraquí parece reticente a ayudar a sus vecinos. El Gobierno iraquí ha repetido en varias ocasiones que destinará 25 millones de dólares estadounidenses para ayudar a los refugiados iraquíes. No obstante, aunque se crearon comisiones en la Conferencia celebrada en Sharm el-Sheikh el pasado mayo y se reforzaron las relaciones entre los funcionarios de Iraq, Siria y Jordania, parece que Iraq no está cooperando lo suficiente. Por tanto, tenemos que pedir al Gobierno iraquí que asuma al menos la responsabilidad económica de sus propios ciudadanos.

La falta de coordinación entre las agencias de la ONU en la gestión de crisis humanitarias es realmente preocupante. Observamos una gran competitividad —y es espantoso tenir que decirlo— entre las agencias humanitarias de la ONU, en lugar de una estrecha cooperación. Confiamos en que la designación de un nuevo coordinador para la ayuda humanitaria mejore la capacidad de nuestros socios de la ONU para abordar las crisis.

 
  
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  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Turquía, país candidato a la adhesión a la UE, lanzó recientemente una operación militar contra los kurdos iraquíes en Iraq. ¿Cuál es su criterio sobre el asunto? ¿Qué repercusión podría tener esta acción en la situación de Iraq? ¿Se necesitaría ayuda, y qué opinión le merece a la Comisión la operación de Turquía?

 
  
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  Neelie Kroes, Miembro de la Comisión. − No es una cuestión fácil. La Comisión condena todos los atentados terroristas por ser crímenes injustificables bajo ningún concepto. Dicho esto, lamentamos el sufrimiento que originan estas acciones.

Turquía se enfrenta a continuos atentados terroristas transfronterizos cometidos por el PKK, el cual no se encuentra en la lista de la UE de organizaciones terroristas, como ustedes saben. La Comisión entiende la necesidad de Turquía de proteger a sus ciudadanos, pero seguimos instando a Turquía y a Iraq a que aborden el problema mediante la cooperación entre las autoridades pertinentes y el respeto al derecho internacional. En este sentido, el acuerdo bilateral recientemente suscrito entre Turquía e Iraq sobre la lucha antiterrorista constituye un paso por el que alegrarse.

La UE y Turquía han reiterado periódicamente que siguen comprometidos con la independencia, soberanía, unidad e integridad territorial de Iraq. Confiamos en que Turquía siga desempeñando una función constructiva para lograr estos objetivos y promover la cooperación regional.

No obstante, tengamos en cuenta la presión del pueblo turco que se enfrenta a matanzas de soldados y ciudadanos en el sudeste del país prácticamente todas las semanas. El Gobierno debe mostrar su disposición y capacidad para adoptar medidas más eficaces.

Como muchos de nuestros Estados miembros saben perfectamente, es muy difícil hacer frente a los terroristas de forma eficaz. Las autoridades turcas, evidentemente, están intentando conseguir que los autoridades de los EE. UU., Iraq y de los kurdos de Iraq se comprometan con sus esfuerzos. Es la única forma de hacerlo. La Resolución aprobada por el Parlamento y la generación de una amenaza de intervención creíble debería considerarse como parte de dicha estrategia.

 
  
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  Presidenta. − Algunos diputados ya han aceptado mi invitación, sin embargo, ruego a aquellos que no lo hayan hecho que tengan la amabilidad de desplazarse a la parte anterior de la Cámara. Queremos conseguir que esto resulte más cómodo e interactivo, por lo que les ruego que se coloquen en la parte delantera y así poder mirar al Comisario a los ojos. Estoy segura de que le gustará.

Segunda parte

 
  
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  Presidenta. − Pregunta nº 44 de Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0681/07)

Asunto: Contratados en puestos que cubren necesidades fijas y permanentes en los órganos y servicios de la UE

En su Directiva 1999/70/CE(1) la UE prohíbe a los Estados miembros que cometan abusos en los contratos de duración determinada para cubrir necesidades fijas y permanentes.

¿En qué grado los órganos y servicios de la UE respetan los principios de esta norma, y qué porcentaje de contratados trabaja en los órganos y servicios de la UE en puestos que cubren necesidades fijas y permanentes?

 
  
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  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. − Se ha llamado la atención de su Señoría sobre el hecho de que las respuestas detalladas que se ofrecen a continuación se refieran únicamente a la Comisión, la cual, evidentemente, es la mayor fuente de empleo de todas las instituciones europeas.

Uno de los fines de la Directiva 1999/70/CE relativa al acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada consiste en crear un marco que impida el abuso derivado del uso de contratos de empleo o relaciones continuadas de duración determinada.

Para impedir el abuso, la cláusula 5, apartado 1, obliga a los Estados miembros, cuando no existan medidas equivalentes para prevenir los abusos, a introducir una o varias de las siguientes medidas a efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada:

a) razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o relaciones laborales;

b) la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada;

c) el número de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales.

Las normas que regulan el empleo del personal de las instituciones europeas quedan recogidas en el Estatuto, que se debatió con los representantes sindicales antes de ser aprobado por el Consejo.

Las instituciones europeas están por tanto obligadas por ley a respetar las disposiciones de dicho Estatuto. El Reglamento permite a las instituciones europeas contratar a tres tipos de personal: funcionarios permanentes, agentes temporales y agentes contractuales.

Los agentes temporales y los funcionarios permanentes ocupan una partida en el proyecto de presupuesto. No hay límite para el grado de responsabilidad que los funcionarios permanentes y los agentes temporales puedan ejercer.

La situación de los agentes contractuales es distinta. No ocupan una partida en el proyecto de presupuesto y deben trabajar bajo la supervisión de un funcionario permanente o un agente temporal. Existen dos categorías de agentes contractuales. Una categoría de agente contractual se creó para realizar tareas que no son fundamentales y que no tienen que ser llevadas a cabo necesariamente por un funcionario. A dichos agentes contractuales se les puede ofrecer contratos permanentes, de modo que sus tareas pueden considerarse como permanentes por naturaleza.

Se respeta el espíritu de la Directiva 1999/70/CE con respecto a dicho personal puesto que normalmente se les suele ofrecer un contrato de duración determinada, una ampliación de duración determinada y un tercer contrato para un período indefinido. En algunos casos, puede ofrecerse un contrato permanente directamente en la contratación.

En la actualidad existen unos 2 300 agentes contractuales de este tipo que trabajan para la Comisión en todo el mundo, principalmente en las delegaciones, representaciones y sedes administrativas.

Existe una segunda categoría de agentes contractuales para cubrir las necesidades temporales o especializadas no cubiertas por los puestos existentes y para sustituir al personal ausente temporalmente, como, por ejemplo, en el caso de las bajas de maternidad o de paternidad. Al limitar a tres años la duración máxima total de los sucesivos contratos de duración determinada en cualquier institución, el Estatuto da validez de facto a la cláusula 5, apartado 1, letra b).

Dichos agentes contractuales representan en torno al 15 % del total del personal. Es evidente que los funcionarios permanentes constituyen el pilar fundamental del personal de la Comisión. Los agentes contractuales suponen un apoyo temporal valioso para el trabajo de los funcionarios de la Comisión. En la actualidad hay unos 3 200 agentes contractuales de este tipo que trabajan para la Comisión en sus diversas sedes.

 
  
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  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). − (EL) Señora Presidenta, agradezco al Comisario su respuesta. ¿Puedo preguntarle también si en el caso de los agentes contractuales —o personal auxiliar, como se conocían con anterioridad—, los años previos de empleo computarán como años de servicio? En tal caso, ¿sus años anteriores de servicio cuentan más en un concurso para un puesto de trabajo que las calificaciones de otros aspirantes que han superado el concurso pero aún no han sido nombrados?

 
  
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  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. − Evidentemente, la relación de los agentes contractuales con el empleador se basa en el contrato que, al mismo tiempo, debe ser conforme a la legislación y el mercado laboral de dichos lugares, por lo que no existe sistema de antigüedad como sucede en el caso de los funcionarios permanentes. Sin embargo, se trata de un contrato basado en las condiciones del mercado laboral y hemos logrado contratar a muchos agentes contractuales muy competentes.

 
  
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  Paul Rübig (PPE-DE). - (DE) Señor Comisario, estoy seguro de que comprende que el modo en que se desarrolle la dotación de personal de la Unión Europea en el futuro es un gran reto para nosotros. Por consiguiente, es muy importante para el Parlamento que nos informen no sólo del número de trabajadores y oficinas de selección —creo que ha dicho usted que los trabajadores eran «equivalentes a tiempo completo»—, sino también de las cantidades exactas que se prevén para cada una de las categorías y cómo están repartidas entre los países. ¿Podría proporcionarnos esas estadísticas?

 
  
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  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. − Usted solicitó un desglose del personal por Estado miembro. Ese dato se encuentra en nuestras estadísticas. Todas las cifras están a su disposición por lo que le ruego que se ponga en contacto con nuestro personal y podrán proporcionarle las cifras detalladas.

 
  
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  Presidenta. − Pregunta nº 45 de Johan Van Hecke (H-0718/07)

Asunto: Repercusiones del creciente número de funcionarios europeos para los gastos de jubilación

Al parecer, el número de colaboradores permanentes de la Comisión ha aumentado en los últimos siete años en más del 16 %, para alcanzar una cifra de 20 000 funcionarios. Tras la adhesión de Bulgaria y Rumanía, se han contratado a comienzos de este año 700 funcionarios adicionales encargados del refuerzo del mercado interior. Es evidente que este creciente número de funcionarios europeos repercute en el presupuesto. Al parecer, van a aumentar angustiosamente los gastos de jubilación. Para 2008 parecen subir dichos gastos en más del 10 %, por supuesto plenamente a cargo del contribuyente europeo.

¿Cómo evalúa la Comisión el aumento del número de sus funcionarios en el futuro próximo? ¿Ha reflexionado sobre las posibilidades de poner fin a la contratación de funcionarios? ¿Es consciente de las implicaciones financieras, sobre todo por lo que se refiere a los gastos de jubilación?

 
  
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  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. − Los derechos a una jubilación y el sistema de jubilación representan, evidentemente, uno de los aspectos más complicados en toda Europa. En primer lugar, debería mencionarse que el presupuesto de 2007 consigna 23 198 partidas para la Comisión. Esta cuestión a su vez entraña otras dos cuestiones: las medidas adoptadas por la Comisión por lo que respecta a la contratación con el fin de limitar las repercusiones del creciente número de funcionarios de la UE en el presupuesto y la repercusión del creciente número de funcionarios de la UE en los gastos de jubilación.

Por lo que respecta a la primera cuestión, debe recordarse que la reforma del Estatuto de los funcionarios se puso en práctica en 2004, entre otros fines, para reducir los costes presupuestarios relacionados con el aumento del personal institucional. La nueva estructura de empleo y promoción y la nueva categoría de personal de agentes contractuales se introdujeron con vistas a tener un efecto positivo en el presupuesto. Por otra parte, es posible que su Señoría sepa que, durante el procedimiento presupuestario de 2007, el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión que llevara a cabo un ejercicio de revisión sustancial en el que se ofreciera una evaluación a medio plazo de sus necesidades de personal y un informe detallado sobre el personal de la Comisión destinado a funciones de apoyo y coordinación. El Parlamento Europeo también manifestó su deseo de ser informado sobre las intenciones de la Comisión con respecto a la reorganización del personal para tratar las prioridades del nuevo Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera y, más en concreto, aquellas políticas respaldadas por el Parlamento durante las negociaciones.

Como resultado de la revisión de los recursos humanos de la Comisión llevada a cabo a petición del Parlamento Europeo, la Comisión confirma la necesidad detectada en 2002 y 2005 de personal adicional exclusivamente dedicado a las tareas relacionadas con la ampliación: 890 nuevos empleados para 2008, de los que 640 se destinan a la ampliación UE-10 y 250 puestos se destinan a la ampliación UE-2. Para 2009 se ha confirmado la necesidad de una última oleada de 250 puestos para la ampliación UE-2.

La Comisión respalda la decisión de mantener un personal estable una vez que se haya integrado todo el personal relacionado con la ampliación, sin ninguna solicitud de nuevos puestos para el período comprendido entre 2009 y 2013. La Comisión se compromete a responder a las necesidades del nuevo personal en áreas políticas fundamentales, exclusivamente a través de la reorganización dentro de los departamentos y entre dichos departamentos. La Comisión se compromete a ofrecer los mayores niveles de aprovechamiento de los fondos a los ciudadanos a los que atiende, ofreciendo un servicio de alta calidad a través de una mayor eficiencia. La Comisión ya ha demostrado en la práctica su compromiso con estos objetivos. En el período comprendido entre 2000 y 2007, los datos demuestran que el aumento de las partidas del proyecto de presupuesto en la Comisión es inferior al de otras instituciones.

Para la segunda cuestión, debe observarse que la contratación para el período comprendido entre 2004 y 2008 a raíz de la ampliación sólo tendrá repercusión en los gastos de jubilación dentro de 30 años, lo que significa que, en un futuro próximo, la ampliación no tendrá repercusión alguna en los gastos de jubilación. No obstante, la Comisión está muy atenta al crecimiento de los gastos de jubilación de los próximos años. En el presupuesto, se espera que los costes de pensiones se incrementen en un 10 % en el año 2008. Esto se debe a circunstancias excepcionales. El aumento superior al promedio de 2008 supone una recuperación normal tras los aumentos inferiores a la media experimentados en 2006 y 2007. Habrá una primera ronda de salidas de agentes contractuales cuya contribución será transferida a otro plan y se espera un aumento del 3 % anual de los salarios y las pensiones. Aun con esta excepción, consideramos que el índice de crecimiento de las pensiones para el período comprendido entre 2007 y 2013 es compatible con el incremento medio del 8,5 % en el gasto tomado en cuenta para el marco financiero del período comprendido entre 2007 y 2013.

Con respecto a los efectos financieros a largo plazo de la actual oleada de contrataciones, ya se estudió el efecto cuando se preparaba la reforma del Estatuto de los funcionarios. Se han adoptado medidas para reducir los gastos de las jubilaciones y el Reglamento de personal exige que la tasa de contribución a la jubilación abonada por los empleados, que en la actualidad es del 10,25 %, se actualice de forma anual para garantizar el equilibrio a largo plazo de los planes de pensión comunitarios.

 
  
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  Johan Van Hecke (ALDE). − (NL) Señora Presidenta, soy un concejal de ayuntamiento de un municipio belga de 13 000 habitantes. La autoridad supervisora no aprueba el presupuesto de este pequeño municipio a menos que se facilite un plan de previsión de necesidades de personal, acompañado de un presupuesto detallado. Un aumento del 16 % en el número de funcionarios durante unos años, como en la UE, nunca se autorizaría, ni tampoco un aumento de los costes de pensiones superior al 10 % en un año. El Comisario se ha referido a la ampliación, pero a pesar de ésta, el número de PE se ha reducido. Mi pregunta es la siguiente: ¿no cree el Comisario que es hora de considerar también una congelación del número de trabajadores, a pesar de las posibles ampliaciones futuras?

 
  
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  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. − Sí, pero como ya dije entonces, se producirá una congelación de personal tras la ampliación, por lo que no procede comparar la situación con la de municipio, ya que ambas difieren. Tenemos un gran proyecto político —la ampliación de la Unión Europea— y hemos contratado nuevos funcionarios. Es el mismo modelo seguido en las anteriores ampliaciones. El proceso de contratación en los nuevos Estados miembros ha sido muy satisfactorio pero se paralizará. Después de que concluya, la cifra general se congelará.

 
  
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  Justas Vincas Paleckis (PSE). - Comisario, afirmaron en Bruselas que si se logra pasar todas esas pruebas y exámenes y se es admitido en la Comisión Europea, entonces se podrá tener en cualquier caso una vida tranquila hasta la jubilación.

Por tanto, me gustaría preguntarle por la calidad de aquellos que trabajan en las instituciones europeas. Tal vez la Comisión tenga algún plan para dificultar algo las vidas de quienes no son demasiado diligentes, para tener algunas certificaciones y para establecer diferencias claras entre quienes se esfuerzan todo lo posible y quienes tienen una vida demasiado tranquila y fácil.

 
  
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  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. − Puedo presentarle gustoso todos los datos de nuestro sistema de desarrollo profesional que, tengo que admitir, es uno de los más complicados del mundo y es motivo de constante debate. Se hace una evaluación anual de cada uno de los funcionarios. Hay un sistema de promoción que tiene en cuenta dicha evaluación y ofrece una serie de puntos conforme a los cuales se constituye la base de la promoción. Este sistema es bastante exhaustivo y avanzado.

También está en lo cierto cuando pregunta por la calidad del personal. Con respecto al concurso abierto normal o «concours», hay unos 42 aspirantes válidos —sin hablar de otros muchos— para cada puesto que se publica. Se realiza a lo largo del año, por lo que siempre hemos tenido una gran afluencia de personas muy válidas y con gran experiencia y las pruebas de contratación son muy duras.

Tengo que decir que la vida dentro de la Comisión no es tan fácil ni tan tranquila y calmada hasta que se llega a la edad de la jubilación. No obstante, vuelve a estar en lo cierto al afirmar que la mayoría de los funcionarios trabajarán realmente durante mucho tiempo en la Comisión, lo cual también puede considerarse como una ventaja para la misma.

 
  
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  Ingeborg Gräßle (PPE-DE). - (DE) Ha mencionado varias veces hoy el ejercicio de evaluación del personal. Uno de los resultados de tal evaluación fue que la labor de un 32 % del personal de la Comisión es administrar la administración, es decir, prestar apoyo y coordinación administrativos.

¡Y son 11 000 personas! Pregunta: ¿cuándo piensa extraer algunas conclusiones de estas cifras? ¿Cuándo va a elaborar un plan de acción para reducir el número de trabajadores?

 
  
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  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. − Nos estamos tomando esto muy en serio y, decididamente, habrá propuestas. Estamos debatiendo estas cuestiones.

En primer lugar, también debe tenerse en cuenta que todas estas funciones administrativas y de control también han sido en cierto modo una consecuencia del desarrollo de la Comisión, ya que se ha evaluado o considerado que las funciones de gestión son mucho más importantes. Se han mejorado asimismo sus sistemas de refuerzo. En este momento estamos debatiendo cómo proceder y, decididamente, antes de que se produzca una nueva petición de recortes de personal tendremos preparado un proyecto adecuado. Estamos debatiendo actualmente todos estos gastos generales y funciones paralelas y en el seno de la Comisión, evidentemente, existen distintas opiniones al respecto. No es sorprendente que algunos servicios horizontales deseen tener servicios más racionalizados, mientras que otros servicios se muestran a favor del sistema actual.

Por tanto, estamos debatiendo, pero puedo asegurarles que se dará otro paso claro en este ejercicio de revisión.

 
  
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  Presidenta. − Pregunta nº 46 de Esko Seppänen (H-0726/07)

Asunto: Comisión y sindicatos

¿Existe en la Comisión la práctica de pagar un salario a los representantes de los sindicatos de trabajadores de la Comisión con cargo a los recursos de la UE? En caso afirmativo, ¿a cuántos representantes sindicales se les paga un salario?

 
  
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  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. − Lamento no poder responder directamente en finés, pero tendremos ocasión celebrar otros debates en esta lengua. Temo en parte no usar la terminología adecuada, de obligada precisión en la Unión Europea.

Al igual que el Consejo, la Comisión ha celebrado un acuerdo con sus sindicatos laborales mediante el que se pone a su disposición gran cantidad de recursos humanos. En el caso de la Comisión, basándonos en el acuerdo de recursos de 2001 y los protocolos de recursos anuales, se han concedido a los sindicatos 12 puestos de carácter permanente, de los denominados en comisión de servicios, del total de más de 23 000 puestos de la institución.

Dichas comisiones de servicios para los sindicatos, basándose en su representatividad, se han venido concediendo desde 1989. Además, se concede una serie de puestos muy reducida con carácter flexible, sobre todo, en función de las mayorías cambiantes tras las elecciones. De este modo, el personal puesto a disposición de los sindicatos sigue percibiendo un salario con cargo al presupuesto de la UE como personal de la Comisión. Además, los sindicatos reciben un presupuesto que les permite contratar hasta nueve agentes contractuales del grupo de funciones II (secretaría).

 
  
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  Esko Seppänen (GUE/NGL). - (FI) Señora Presidenta, señor Comisario, si mal no recuerdo, usted fue dirigente sindical en su país, y las actividades sindicales deben sin duda interesarle, a juzgar por sus antecedentes. No he recibido una respuesta precisa a mi pregunta de cuántos de estos sindicalistas trabajan en total para la Comisión en la actualidad en todos los sindicatos representados?

Tengo otra pregunta en relación con este asunto. Corre el rumor de que la Comisión pagaría un sueldo a sus empleados durante una huelga. ¿Han conseguido los sindicatos negociar una solución en virtud de la cual cobrarían el sueldo mientras estuvieran en huelga?

 
  
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  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. − (FI) De hecho, puedo responder a la pregunta a partir de mi propio conocimiento de la situación. Hay 12 expertos en comisión de servicio en el sindicato de la Comisión. Además, hay 19 puestos en los comités de personal, que son desde luego cuerpos independientes. Pueden emplear a un total de nueve secretarios.

Lo que dijo usted acerca de las huelgas es en parte verdad. Es cierto que la Comisión ha aprobado una solución negociada que permite que los funcionarios puedan recibir parte de su sueldo durante una huelga, pero, normalmente, no la totalidad. Para mí es un asunto algo delicado que los trabajadores que están en huelga cobren la mitad de su sueldo.

 
  
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  Paul Rübig (PPE-DE). - (DE) Señor Comisario, me interesaría conocer cuánto cuestan estos funcionarios. ¿Cuánto cuestan al año?

 
  
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  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. − El presupuesto para los sindicatos asciende aproximadamente a unos 500 000 euros anuales, procedentes del presupuesto comunitario.

 
  
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  Presidenta. − Permítanme recordar de nuevo a aquellos diputados que se han unido durante la pausa que estamos haciendo hoy un experimento, por lo que les rogaría que se acercaran a la parte delantera de la Cámara. No les dé vergüenza. Vengan y ocupen los asientos delanteros en lugar de sentarse al fondo para que el encuentro resulte más cercano.

Pregunta nº 49 de Bart Staes (H-0685/07)

Asunto: Importe total de las multas impuestas a las empresas en el marco de las normas de competencia

¿Puede indicar la Comisión a cuánto ascienden las multas que ha impuesto a las empresas en el marco de las normas de competencia desde el inicio de su mandato actual? ¿Se han tomado iniciativas o se ha examinado en el seno de la Comisión la posibilidad de destinar estos fondos, con exclusión de los importes previstos en el presupuesto, a actividades adicionales de la Unión en lugar de transferir estos ingresos extraordinarios a los Estados miembros?

 
  
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  Neelie Kroes, Miembro de la Comisión. − Desde el principio de la legislatura actual hasta finales de septiembre de 2007, la Comisión ha aprobado 21 decisiones por las que se imponen multas a empresas que han violado las normas antitrust.

El importe total de las multas impuestas durante dicho período asciende a más de 5 200 000 millones de euros, un 95 % de las cuales se ha impuesto a integrantes de carteles.

No obstante, debe tenerse en cuenta que dichas multas llegan a formar parte del presupuesto europeo sólo una vez que son definitivas: es decir, si no se recurren por los interesados a quienes se les ha impuesto la multa o si todos los recursos posibles han sido rechazados por los tribunales europeos.

Dado que las empresas normalmente ponen a prueba la validez de las decisiones de la Comisión a la hora de imponer multas, una gran parte de la cantidad anteriormente mencionada no es definitiva, por así decirlo.

El recurso posible a los procedimientos de sanción para actividades adicionales, como ha sugerido su Señoría, se ve trabado por obstáculos jurídicos. Dicho uso contravendría el principio presupuestario de universalidad dispuesto en los artículos 17 a 20 del actual Reglamento financiero.

De conformidad con dicho principio, los ingresos totales cubren el gasto total sin que exista ningún vínculo específico entre un determinado artículo de ingresos y un determinado artículo de gastos.

El objetivo básico de las multas antitrust se recoge en el preámbulo de las directrices de 2006 sobre el modo de establecer multas para asegurar la disuasión, es decir, para disuadir a las empresas de que obren de manera ilícita.

Con el tiempo, cabe esperar que los niveles de abuso desciendan y, en consecuencia, también el número y volumen de las multas impuestas, al tiempo que aumentan los niveles de cumplimiento; entretanto, seguimos realizando nuestro trabajo correctamente.

 
  
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  Bart Staes (Verts/ALE). - (NL) Le agradezco su interesante información, señora Comisaria. Desearía saber si la he entendido correctamente: de conformidad con el Reglamento financiero, la mayor parte de ese dinero vuelve al final a los Estados miembros, ¿no es cierto? En segundo lugar, ha dicho usted que —sólo cuando son definitivas las multas— el dinero pertenece también al presupuesto de la UE. ¿Puede decirnos qué cantidad, aproximadamente, de esa elevada cifra de 5 000 millones de euros puede en realidad denominarse «definitiva?

 
  
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  Neelie Kroes, Miembro de la Comisión. (NL) La respuesta a la primera parte de la pregunta es un «sí» rotundo: vuelve a los Estados miembros. Eso significa que la contribución de un Estado Miembro al presupuesto comunitario se evalúa como inferior. Su siguiente pregunta ha sido cuándo se considera definitiva, algo que resulta muy difícil de decir. Depende de las circunstancias del año en cuestión, de si el interesado fue prudente y se abstuvo de presentar un recurso, o si se decidió por una vía bastante más larga e intentó quitar una parte.

 
  
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  Reinhard Rack (PPE-DE). − (DE) Señora Comisaria, ha mencionado las cantidades de las multas. Estas multas tienen por objeto cambiar el comportamiento de las empresas a las que se imponen. ¿Cuáles son sus observaciones al respecto?

Aprovecho la ocasión y le recuerdo que cuándo comenzó en su función de Comisario, nos dio la oportunidad de debatir con usted el principio «de minimis» en el Comité sobre el Desarrollo Regional. Su respuesta entonces fue muy rápida, por lo que estamos muy agradecidos. ¿Están respondiendo las empresas con tanta rapidez como usted entonces?

 
  
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  Neelie Kroes, Miembro de la Comisión. − Confiamos en que sea una realidad, pero no estoy del todo segura y, evidentemente, no lo suficiente para ser sincera y honesta con ustedes.

Deberíamos tener en cuenta que no es únicamente el nivel de la multa, sino también la reputación, lo que confiamos que esté haciendo cambiar la actitud de las empresas.

Me parece interesante que ahora algunos directores ejecutivos de empresas que se ponen en contacto conmigo mencionen que son conscientes de que esto es una política real de la Comisión y que aquellos que no respetan las normas y reglamentos y abusan de los mismos se enfrentan a una gran multa. Como saben, con nuestro nuevo nivel de multas, ya no se trata de cantidad de dinero insignificante.

De este modo, están tomando la iniciativa dentro de sus propias empresas para dirigirse a su propio personal y comunicarle que de ninguna forma se debería volver a obrar así en sus empresas. Se están dirigiendo al personal cuando éste no toma las medidas adecuadas para transmitirle que si algo está podrido deberían comunicarlo a las altas esferas y que se les podría despedir sin ningún tipo de indemnización.

Mencionan asimismo que el hecho de dañar la imagen, junto a las multas, constituye una parte importante de su actitud y su lucha a la hora de limpiar las empresas. Algunos de ellos han señalado recientemente que les encanta aparecer en la portada del Financial Times, pero no a causa de nuestras multas. Eso representa, ciertamente, un gran paso hacia adelante.

 
  
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  Danutė Budreikaitė (ALDE). − (LT) Este verano, Alemania anunció sus planes para aumentar los precios de los alimentos. Al mismo tiempo, los productores lituanos han dejado claro que tienen la intención de aumentar los precios de los alimentos en otoño, sin dar ninguna razón objetiva. ¿Puede prever acuerdos de cárteles en relación con los productores de alimentos internacionales? Los precios de los alimentos aumentan simultáneamente en todos los países sin que suban los precios de las materias primas.

 
  
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  Neelie Kroes, Miembro de la Comisión. − No son los únicos que han emprendido la batalla contra los carteles. Las autoridades nacionales competentes también lo han hecho y sé que las 27 autoridades nacionales competentes participan con nosotros en esta lucha.

Estamos debatiendo este asunto en la Red Europea de Competencia. También soy consciente del hecho de que, ciertamente, existe una política de una sola línea en este ámbito, por lo que su ejemplo constituye una cuestión absolutamente interna y debería ser tratado por la autoridad nacional de competencia. Por tanto, podría haber muchas razones subyacentes a la subida del nivel de los precios de la alimentación. No necesariamente tiene que ser un cartel, aunque nunca se puede estar seguro de que no lo sea. Por tanto, sugiero al diputado al Parlamento que tenga la iniciativa de dirigirse a la autoridad nacional de competencia en este caso.

 
  
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  Presidenta. − Pregunta nº 50 de Lambert van Nistelrooij (H-0690/07)

Asunto: Fusión de las compañías energéticas «Suez» y «Gaz de France»

El pasado 3 de septiembre se anunció que los consejos de administración de la compañía energética francesa «Suez» y la compañía estatal «Gaz de France» han decidido llevar a cabo la proyectada fusión. Con ella se crearía la cuarta empresa más grande del sector energético, después de «Gazprom», «Electricité de France» y «EON». La Comisión ya ha obligado a la empresa resultante de la fusión a abandonar una serie de actividades en Bélgica y Francia.

En opinión de la Comisión, ¿siguen ajustándose estos planes de fusión a los principios que defiende actualmente en relación con la liberalización del mercado energético en la Unión Europea?

¿En qué medida han prometido la nueva empresa resultante de la fusión y el Estado francés que procederían a la separación de la propiedad de las redes principales, tal como solicita la Comisión Europea que se haga?

 
  
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  Neelie Kroes, Miembro de la Comisión. − La Comisión aprobó la fusión de «Gaz de France» (GDF) y el Grupo «Suez» en noviembre de 2006, sujeta al compromiso de las partes, de modo que la institución llegó a la conclusión de que la fusión no supondría un obstáculo significactivo a la competencia.

Los compromisos contraídos por las dos partes de la fusión incluían, fundamentalmente, la desinversión de las acciones de Suez en Distrigas, el titular del gas belga, que, como usted sabe, también entró a formar parte del mercado francés, la desinversión de las acciones de GDF en el gas alternativo belga y el proveedor de electricidad SPE y el abandono de cualquier control, legítimo o de facto, que Suez ejerciera sobre el operador de redes de transmisión de gas Fluxys.

Aunque se permite que GDF Suez siga siendo accionista de Fluxys, determinadas medidas específicas garantizarán que ésta última se gestione de forma independiente y el resultado sea completamente coherente con los objetivos de la política perseguida por la Comisión con respecto a la liberalización de los mercados energéticos en Europa, en concreto, con el paquete de propuestas de septiembre de 2007.

La Decisión de la Comisión sobre la fusión dispone que las partes deberán proceder a la desinversión de sus acciones, incluida una desinversión parcial de la participación en Fluxys, así como a otros compromisos, incluidos los relativos a la gobernanza de Fluxys dentro un plazo razonable para que se produzca la desinversión. Las partes tienen que cumplir íntegramente los compromisos para proceder legalmente a la fusión. Mientras tanto, tienen que respetar determinadas obligaciones que la Comisión supervisará con la ayuda de los fideicomisarios responsables del control.

 
  
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  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). - (NL) Señora Presidenta, afortunadamente puedo hablar en holandés. La Comisaria es consciente del interés del Parlamento por los campeones nacionales: la «igualdad de condiciones». Deseo formular otras dos preguntas breves. ¿Pertenece ya al pasado la interfinanciación entre la empresa de producción y la empresa de red de suministro? En segundo lugar, ¿ha dicho que las propuestas actuales también están plenamente de acuerdo con el nuevo paquete que han presentado usted y el Comisario Piebalgs?

 
  
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  Neelie Kroes, Miembro de la Comisión. (NL) La respuesta a ambas preguntas es «sí».

 
  
  

Puesto que su autor no está presente, la pregunta nº 51 decae.

 
  
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  Presidenta. − Pregunta nº 52 de Anne Van Lancker (H-0755/07)

Asunto: Subvención a Volvo Cars Gante y normas de la UE en materia de ayudas estatales

El 12 de septiembre de 2007, la Comisión Europea anunció su intención de investigar si el proyecto del Gobierno de Flandes de conceder una subvención de 6,02 millones de euros destinada a apoyar acciones de formación específica y general en Volvo Cars Gante, hasta un 20 % del gasto total de formación de la empresa, es compatible con las normas de la UE en materia de ayudas estatales. La Comisión Europea ha afirmado que pretende evitar que estos fondos se utilicen únicamente para subvencionar unos costes de formación que de todas formas debería asumir la empresa. La Comisión se basa para ello en una interpretación muy restrictiva del Reglamento (CE) nº 68/2001(2).

¿Puede aclarar la Comisión de qué manera va a aplicar en este caso las normas comunitarias en materia de ayudas estatales? ¿En qué elementos objetivos se basa la Comisión Europea para afirmar que la ayuda otorga una ventaja competitiva ilícita y, por consiguiente, es incompatible con las normas comunitarias en materia de ayudas estatales?

 
  
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  Neelie Kroes, Miembro de la Comisión. − La Comisión analizará la subvención que está previsto conceder a Volvo Cars en Gante directamente sobre la base del Tratado de la CE, dado que el importe del asunto sobrepasa el umbral de 1 millón de euros establecido en el Reglamento de exención por categorías específicas sobre ayudas para formación. El artículo 87 del Tratado dispone que las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas, cuando no alteren las condiciones de la competencia, podrán considerarse compatibles con el mercado común.

Por tanto, la ayuda para la formación puede autorizarse si genera incentivos para actividades que aumentarán la cifra de trabajadores cualificados en la Unión Europea y que no podrían lograrse de otra forma. Tal es el caso cuando la formación va más allá de las actividades comunes en el sector en cuestión, por ejemplo, porque se forman más trabajadores o porque la formación es más amplia. Es la situación que se ha dado, por ejemplo, en el reciente caso Fiat.

Por otro lado, no puede autorizarse la concesión de ayuda para una formación adicional que contribuya al correcto funcionamiento de la empresa en cuestión y que, por tanto, se ofrecería incluso sin la ayuda. Por ejemplo, cuando una planta de montaje de automóviles desea producir un nuevo modelo, los trabajadores tienen que formarse en las nuevas técnicas y los nuevos métodos de trabajo que hay que adoptar. Subvencionar este tipo de formación simplemente exime a la empresa de hacerse cargo de un coste que asumiría de todos modos. En consecuencia, la Comisión ha prohibido parcialmente hace poco la ayuda para diversas plantas de montaje y seguro que está al corriente del caso de General Motors en Bélgica y Ford Genk.

Las ocho medidas propuestas para Volvo Cars en Gante se refieren a la introducción de una nueva plataforma de producción. En esta fase, la Comisión no puede ignorar que la formación en cuestión tendría lugar en cualquier caso y, por tanto, no contribuiría a aumentar la cifra de trabajadores cualificados en la UE. Por tanto, la Comisión ha decidido iniciar una investigación formal, sin perjuicio de cuál sea la decisión final sobre el asunto. Necesitamos más tiempo para saber en qué consiste exactamente. Las autoridades belgas, la empresa beneficiaria y los terceros podrán comentar y presentar información al respecto antes de que se adopte una decisión final.

 
  
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  Anne Van Lancker (PSE). - (NL) Gracias por su respuesta, señora Comisaria. Además, de paso, enhorabuena por su victoria contra Microsoft. Paso a lo que quería decir: he creído entender que el asunto se está estudiando aún. ¿Es correcto pensar que la nueva interpretación de las normas sobre ayudas estatales para la formación incluirán también un margen suficiente para la relevancia social en cursos de formación, con la garantía de que, si la formación da a los trabajadores más oportunidades en el mercado de trabajo mundial, esta ayuda a la formación no se considerará como una gran interferencia en la competencia?

 
  
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  Neelie Kroes, Miembro de la Comisión. (NL) Gracias por sus amables palabras. Tiene razón cuando afirma que tenemos que estar muy alertas al realizar la revisión de las directrices sobre ayudas estatales, puesto que debería ser posible permitir esto para la formación que contribuya a ampliar las posibilidades de los trabajadores europeos. Sin embargo, para lograrlo se necesitan hechos, lo que significa que, en este caso, hemos acudido a las partes interesadas para obtener más información de ellos.

 
  
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  Presidenta. − Pregunta nº 53 de Georgios Papastamkos (H-0682/07)

Asunto: Comercio y cambio climático

La UE, correctamente, está en la vanguardia de la adopción de decisiones políticas para luchar contra el cambio climático. Sin embargo, es evidente que los esfuerzos de la UE por sí sola no bastan. Además, es necesario contemplar la desventaja competitiva de las empresas europeas, el peligro de su deslocalización y la pérdida de puestos de trabajo. El Comisario Mandelson ha procedido a un enfoque basado en los incentivos para el comercio «limpio».

¿Examina además la Comisión la posibilidad de actuar a través de la defensa comercial, frente a, por ejemplo, las empresas que no apliquen el Protocolo de Kyoto? ¿Qué iniciativas piensa tomar para luchar contra el dumping medioambiental y asegurar la reciprocidad entre la UE y sus socios comerciales para que se respeten las especificaciones medioambientales a nivel bilateral, regional y multilateral?

 
  
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  Peter Mandelson, Miembro de la Comisión. − El cambio climático es uno de los retos más grandes de nuestra era. No hace falta que lo repita aquí. No se trata, fundamental y básicamente, de una cuestión comercial, pero existen algunos ámbitos en los que el comercio puede contribuir. Por eso, la Comisión desea que la Ronda de Doha establezca la liberalización de los bienes y servicios medioambientales y considera asimismo que el ámbito de la nueva generación de acuerdos de libre comercio puede contribuir a facilitar el comercio sostenible.

La Comisión tiene la intención de negociar un marco reglamentario del cambio climático ambicioso y completo para el período posterior a 2012. Si logramos incluir a todos los agentes principales, habremos avanzado, lo máximo posible, para obtener unas condiciones equitativas para la industria de la UE. Gracias a ello se evitará, además, la «fuga» de carbono —el desplazamiento de la contaminación de un lado a otro— que podría derivarse de no llegar a un acuerdo. Nuestro objetivo es incluir a la totalidad de los principales responsables de la contaminación de un modo proporcionado y no ahuyentar a los socios de la mesa de negociaciones de Bali, o de otras posteriores, a través de la preparación en esta fase de medidas comerciales para las importaciones. Deberíamos abordar la cuestión de los países que deciden ir por libre cuando se dé realmente y únicamente si se da.

Una política comercial bien diseñada puede contribuir al acuerdo mundial sobre el cambio climático al crear el bienestar necesario para las medidas de erradicación y adaptación necesarias. La inversión en comercio, tanto en bienes como en servicios con un bajo nivel de emisiones de dióxido de carbono, puede entrañar el desarrollo de capacidades y de tecnología respetuosa con el medio ambiente para toda la economía mundial, al contribuir a abordar la cuestión del cambio climático a escala global y de la forma más rentable. Desechar este aspecto supondría un perjuicio para la política sobre el cambio climático. No debería olvidarse el hecho de que nuestro enfoque para la política sobre el cambio climático ha contribuido a situar a la industria europea a la vanguardia por lo que respecta a tecnología de bajas emisiones de carbono. La UE tiene, en consecuencia, una ventaja considerable como pionera.

El informe Stern dejó claro que el hecho de combatir el cambio climático resulta económicamente rentable, y entraña, además, de numerosas ventajas sociales, ya que los costes que lleva aparejados son inferiores a los costes de no actuar. La política comercial puede respaldar los objetivos del cambio climático al minimizar dichos costes y generar parte de la financiación necesaria y fomentar marcos reglamentarios que apoyen la inversión y el comercio de bienes, servicios y tecnología de bajas emisiones de carbono.

 
  
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  Georgios Papastamkos (PPE-DE). - (EL) Señora Presidenta, el señor Comisario Mandelson parece sin duda respetar el plazo para las preguntas. Se limita a dar respuestas formalistas.

Hoy, señor Comisario, hemos adoptado el nuevo marco para colocar productos fitosanitarios en el mercado. La entrada en vigor de este marco tendrá consecuencias en la producción primaria de los productos agrícolas y, por añadidura, en la industria alimentaria europea. ¿Puede confirmarnos que los productos importados están sujetos a verificaciones eficaces para comprobar si cumplen con las especificaciones estrictas que se imponen a la producción nacional?

 
  
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  Peter Mandelson, Miembro de la Comisión. − Ciertamente, estamos analizando estos aspectos. No obstante, me gustaría únicamente reforzar la observación que planteé en un principio: deseamos garantizar el acuerdo más adecuado, más ambicioso e incluyente posible para el período posterior a 2012.

Eso exige un elevado grado de persuasión de nuestros socios comerciales, las economías emergentes, a los que hay que convencer de que adopten y suscriban el acuerdo para el período posterior a 2012, en cuya necesidad todos coincidimos y que ha de gozar de la máxima cobertura geográfica.

La cuestión que tenemos que plantearnos es con qué tácticas podemos o es más probable que logremos persuadir a las economías emergentes de que suscriban el acuerdo que queremos promover.

A nuestro juicio, no sólo sería prematuro, sino también contraproducente, empezar usando un palo o con amenazas o crear un escenario en el que quienes pudieran tener cierta predisposición a retirarse fueran castigados de alguna forma por alguna medida comercial o de otro tipo al incluírseles en la categoría de países que van por libre.

Si llegara el momento de aplicar dichas medidas, sólo se haría tras una gran reflexión y consulta y, evidentemente, cualquier medida que contempláramos —y tengo que insistir en esto— tendría que ser evaluada para estudiar la compatibilidad de la misma con la OMC.

Ni se plantea que la Unión Europea promueva o adopte una medida que no cumpla las normas de la OMC de forma clara y contundente.

 
  
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  Daniel Caspary (PPE-DE). - (DE) Señor Comisario, quisiera hacer otra pregunta. Mi colega el Sr. Papastamkos está completamente en lo cierto cuando afirma que debemos pensar en evitar que las empresas europeas se vean perjudicadas si otros países no participan en los términos que imponga el sistema de Kyoto.

Hay tres posibilidades: primera, la Unión Europea podría ser la única que se comprometa a continuar. Eso, desde luego, ejercería una presión financiera sobre las empresas y nos perjudicaría a nosotros. La segunda situación posible es que si otros países no participan, tampoco lo hagamos nosotros, aunque luego no podríamos cumplir los objetivos sobre el clima que nos hemos fijado. La tercera posibilidad (si los demás no se unen a este «Kyoto plus» o sistema posterior a Kyoto) sería que aplicáramos las sanciones apropiadas. ¿Cómo serían exactamente estas sanciones? ¿Pueden imaginar sanciones concretas?

 
  
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  Peter Mandelson, Miembro de la Comisión. − Estamos algo lejos de tener que considerar lo que sucedería si las negociaciones a las que nos aproximamos, que todavía no han comenzado, fracasaran. Estamos lejos de considerar las repercusiones o consecuencias de que determinadas naciones decidieran no suscribir o elaborar compromisos adecuados. Por tanto, mantener un debate esta noche sobre las sanciones es, como digo, no sólo prematuro sino también posiblemente, bastante contraproducente.

Se están celebrando debates en la Comisión en la revisión del régimen de comercio de derechos de emisión (ETS) y en el examen de la posición, en concreto, de las industrias con gran consumo energético que se encuentran en el régimen. Este último aspecto se tiene plenamente en consideración en nuestros esfuerzos comunes para diseñar un ETS mejorado y se tendrá en cuenta, dentro en el contexto de cualquier acuerdo internacional que se negocie, la posición de dichas industrias, así como las repercusiones para las industrias europeas, sobre todo, de las de gran consumo energético, si no creamos las condiciones equitativas que pretendemos a través de la negociación.

 
  
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  Presidenta. − Pregunta nº 54 de Daniel Caspary (H-0695/07)

Asunto: El debate sobre el futuro de los instrumentos de defensa comercial

En la votación sobre el informe «Una Europa global» realizada el 22 de mayo de 2007, el Parlamento Europeo se pronunció sin titubeos por el mantenimiento de los instrumentos de defensa comercial existentes y contra todo relajamiento en la práctica de su aplicación.

¿De qué manera piensa tener en cuenta la Comisión esa posición del Parlamento en sus acciones en relación con el futuro de estos instrumentos? ¿Cómo piensa resolver el conflicto entre las declaraciones del Comisario Mandelson sobre el futuro de los instrumentos de defensa comercial y la opinión del Parlamento Europeo?

Se ha podido comprobar que una práctica administrativa modificada ha generado una aplicación más restrictiva de las medidas anti-dumping en distintos procedimientos. El concepto de «interés comunitario» se interpreta ahora en mayor medida desde el punto de vista de los importadores y consumidores y en detrimento de la industria comunitaria. ¿Podría aclarar la Comisión a qué motivos obedece su cambio de actitud?

¿Podría precisar la Comisión las razones por las que, durante el primer semestre de 2007, no ha sido incoado ningún procedimiento anti-dumping?

Pregunta nº 55 de Laima Liucija Andrikiene (H-0770/07)

Asunto: Instrumentos de defensa comercial de la UE

¿Cómo evalúa la Comisión los resultados de las consultas sobre el Libro Verde relativo a la política comercial europea? ¿Cuál será la propuesta definitiva de la Comisión, teniendo en cuenta que la mayoría de las partes interesadas no parecen respaldar una mayor liberalización de esta política?

 
  
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  Peter Mandelson, Miembro de la Comisión. − La Comisión aprecia el interés manifestado por el Parlamento en la revisión de los instrumentos de defensa comercial y reitera la importancia que concede a las opiniones del Parlamento en el contexto de la actual revisión. Espera el informe de la Comisión de Comercio Internacional, cuya redacción espera se complete en breve.

Por su parte, la Comisión se encuentra en la fase final de su respuesta al proceso de consulta. De hecho, la Comisión mantuvo un debate preliminar al respecto, orientativo, antes de su reunión de hoy sobre este asunto. Se podrán presentar propuestas al Consejo en las próximas semanas. La Comisión tiene la intención de mantener una estrecha cooperación con el Parlamento sobre este asunto y de mantenerlo informado al respecto.

Evidentemente, la Comisión ha examinado detenidamente todas las reacciones que ha suscitado el Libro Verde, las cuentas se cuentan por centenares. La intención, ahora, es informar a los Estados miembros y al Parlamento de las principales reacciones y sugerencias recibidas, que también serán publicadas. La Comisión volverá a debatirlas antes de que las propuestas se presenten al Consejo, lo que está previsto suceda en la segunda quincena de noviembre.

La mayoría de los participantes consultados que han enviado sus aportaciones comparten la opinión de la Comisión de que los instrumentos de defensa comercial siguen siendo fundamentales en una economía mundial globalizante en la que se carece de normas de competencia aceptadas de forma multilateral.

Asimismo, la mayoría de los interesados no consideran necesario emprender una reforma sustancial del sistema de instrumentos de defensa comercial. Tampoco la Comisión. No obstante, también existe el deseo de que las normas sean más claras, así como de una mayor transparencia y una aplicación más eficaz de los instrumentos.

La afirmación de que la Comisión ha cambiado su planteamiento con respecto a la evaluación del interés comunitario en algunos casos recientes sencillamente no es cierta. Se ha examinado cada caso de forma independiente. Algunos casos han planteado cuestiones atípicas, pero se han resuelto de acuerdo con la legislación comunitaria y con la limitada discreción que la misma otorga, tras un exhaustivo debate con los Estados miembros.

Por último, es cierto que no se han iniciado nuevas investigaciones antidumping en la primera mitad de 2007. No obstante, debería destacarse que las investigaciones antidumping las dirige la industria y no las iniciamos nosotros. Dicho de otro modo, se inician basándose en las reclamaciones procedentes de la industria comunitaria.

En los seis primeros meses de 2007, no se interpusieron demandas que cumplieran los requisitos jurídicos. No es raro que la cifra de incoaciones difiera de un año a otro, en función de factores tales como el ciclo empresarial, el exceso de capacidad en terceros países y la desviación del comercio como consecuencia de las medidas de defensa comercial de otros mercados mundiales.

La cifra de incoaciones también ha fluctuado en otros años. En 2003, por ejemplo, la Comisión puso en marcha un total de sólo ocho nuevas investigaciones, la primera de los cuales se inició a finales de mayo de dicho año. Asimismo el primer semestre de 2007 prosiguió un período de una actividad excepcionalmente alta a finales de 2006.

Por último, me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que en septiembre de 2007 se iniciaran dos nuevas investigaciones antidumping contra las importaciones procedentes de China: una relativa al ácido cítrico y otra relativa al glutamato monosódico.

 
  
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  Daniel Caspary (PPE-DE). - (DE) Señor Comisario, muchas gracias por sus observaciones. La transparencia desempeña un papel importante en este proceso. ¿Cuándo vamos a recibir la evaluación de la encuesta del Libro Verde? O no hay ninguna evaluación todavía, en cuyo caso usted habría facilitado su documento sin evaluar, o hay una evaluación —y supongo que la hay—, en cuyo caso ya es hora de que se presente al público y al Parlamento.

En segundo lugar, estoy interesado en saber si cree que es realmente factible determinar asuntos esenciales sin enmendar el reglamento básico sobre la base de nuevos principios.

En tercer lugar, ¿por qué desea dar el mismo tratamiento a los países con economía de mercado y a los que no tienen economía de mercado?

En cuarto lugar, y sigo refiriéndome a la producción comunitaria, ¿dónde ve el umbral de porcentaje para la producción fuera de la UE?

 
  
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  Peter Mandelson, Miembro de la Comisión. − La Comisión ha iniciado una evaluación preliminar de las respuestas suscitadas con respecto al Libro Verde y que proporcionaron la base de nuestro debate de orientación sobre el asunto que tratamos hoy. Eso prepara el camino para una evaluación aún más rigurosa, que acompañará a la consideración de la Comisión y el acuerdo sobre las propuestas que desea presentar a los Estados miembros basándose en la revisión.

Puedo garantizar a su Señoría que la información sobre las respuestas está —ya, creo— publicada en el sitio Web de la DG Comercio pero también publicaremos lo que es, confío, una versión de fácil acceso o una presentación de las respuestas obtenidas con respecto al Libro Verde para conceder un plazo adecuado de reflexión sobre dichas respuestas antes de que la Comisión proceda a la presentación de nuestras propuestas.

Su Señoría parece haber reparado ya en determinados aspectos de las propuestas de la Comisión que la Comisión todavía no ha presentado o acordado, por lo que le señalo, con el debido respeto, que se está adelantando en algunas de las suposiciones que parece estar haciendo.

 
  
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  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – (LT) La pregunta que deseo formular se basa, obviamente, en las reuniones y debates que he mantenido con los industriales del país que represento: Lituania. De hecho, reitero lo que ha dicho mi colega: la liberalización de la política de comercio suscita mucha preocupación y también muchas críticas. Mi pregunta es la siguiente: si la posición no varía, ¿cómo reaccionará la Comisión? ¿Qué medidas puede esperarse que tome la Comisión? ¿Estaría dispuesto a escuchar a los representantes del mundo empresarial, o consideraría más importantes otros argumentos?

 
  
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  Peter Mandelson, Miembro de la Comisión. − No estoy muy seguro de lo que su Señoría quiere decir con «liberalización de nuestra política comercial». Por definición, el comercio sólo puede producirse cuando los mercados están abiertos y los flujos comerciales, en efecto, se liberalizan. El comercio no se produce tras fronteras cerradas ni donde las economías se convierten en fortalezas, por lo que, evidentemente, la Comisión pretende promover la liberalización del comercio.

La revisión de la política comercial de una Europa global y de la estrategia que fue presentada y acordada por la Comisión y los Estados miembros hace un año establece muy claramente cuáles son los intereses de la Unión Europea, que consisten en mantener mercados abiertos en el interior, promover y usar negociaciones multilaterales y bilaterales, abrir mercados en el exterior y usar de forma eficaz medidas de defensa comercial para abordar el comercio ilícito o la competencia desleal. Estos son los tres pilares de nuestra estrategia, a cuál más importante.

La revisión del tercer pie de dicho trípode se está llevando a cabo tras los importantes cambios acaecidos en la economía mundial y, por supuesto, en la economía europea, desde que se hizo la última revisión de nuestras medidas de defensa personal, hace más de diez años. Tenemos la responsabilidad de garantizar que nuestras medidas funcionan tan bien como deberían y de que exigen el consenso y apoyo y solidaridad de nuestros Estados miembros. Si esto se debilita, las medidas de defensa comercial resultan más difíciles de usar. Estamos llevando a cabo esta revisión como un esfuerzo para rediseñar y restaurar dicho consenso, apoyo y solidaridad entre nuestros Estados miembros.

 
  
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  Presidenta. − Comisario, para poder formular otra pregunta más, voy a unir las dos próximas preguntas complementarias y le voy a rogar que las responda a la vez.

 
  
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  Georgios Papastamkos (PPE-DE). - (EL) Señora Presidenta, además de las preguntas realizadas por mi colega el Sr. Caspary, permítame añadir mi propia pregunta acerca de cuándo tendremos acceso a la evaluación del cuestionario sobre el Libro Verde. Comisario, las medidas europeas antidumping y antisubvenciones representan menos de 0,45 % del valor de las importaciones totales de la UE. Por tanto, ¿cómo se justifica entonces la prisa de la Comisión por revisar de forma unilateral la política de defensa del comercio? ¿Por qué opta la Comisión? ¿Por politizar el procedimiento o por impedir que las personas puedan recurrir contra las prácticas desleales?

 
  
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  Elisa Ferreira (PSE). - (PT) Señora Presidenta, señor Comisario, quisiera hacer una pregunta relacionada con las respuestas que ha facilitado. El Parlamento no reconoce la necesidad de examinar los instrumentos de defensa del comercio; la consulta pública llegó a la misma conclusión. El Comisario no ha explicado al Parlamento el punto de su propuesta y, en especial, en qué medida sus propuestas y convicciones han variado sobre la base de la opinión de la audiencia pública y la opinión del Parlamento. Aquí está el meollo de la cuestión, porque no comprendemos el empeño en realizar una revisión a unos instrumentos que todos consideran útiles y en perfecto funcionamiento. Así pues, esto es lo que necesitamos comprender.

 
  
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  Peter Mandelson, Miembro de la Comisión. − No sé muy bien a qué cambio de dirección se refiere su Señoría. No hay cambio de dirección y, como ya he dejado claro, ni los interesados que respondieron a la encuesta ni la Comisión consideran que se requiera una revisión ni una reforma fundamental. Por tanto, no estoy muy seguro de lo que quiere decir con un cambio de dirección. Si no se requería una revisión, entonces considero que el Libro Verde que elaboramos habría recibido muchas menos respuestas de las 500 recibidas. Se diría que el que un Libro Verde reciba más de 500 respuestas demuestra interés por la revisión que se ha llevado a cabo.

En respuesta a la primera cuestión, no puedo presentar una evaluación a este Parlamento hasta que se haya llevado a cabo la misma. La Comisión todavía no ha realizado su evaluación. Todavía no ha decidido su respuesta. Hoy ha celebrado un debate plenario y hará pública su opinión cuando presente sus propuestas a los Estados miembros. Los hará llegar al mismo tiempo al Parlamento, durante la segunda quincena de noviembre, plazo que no queda muy lejano.

Por lo que respecta a la politización, la politización de estas cuestiones es casi inevitable. En vista de que la industria europea defiende actualmente puntos de vista distintos e intereses divergentes y, a decir verdad, presenta propuestas muy diversas y opuestas con respecto a si desea que se adopten medidas de defensa comercial, es inevitable que dichas diferencias se reflejen en las posiciones de nuestros Estados miembros. Si los Estados miembros decidieran sencillamente fiarse del análisis objetivo y riguroso de los servicios de la Comisión y adoptar las conclusiones y las medidas que proponemos, si simplemente estuvieran dispuestos a acatar nuestro dictamen, entonces no surgiría la politización. Sin embargo, los Estados miembros están sujetos a las mismas presiones que ejercen ciertos grupos y a la divergencia de intereses entre productores, minoristas, distribuidores, importadores y consumidores que nosotros. Cuando se tienen distintas opiniones, dichas opiniones tienen que debatirse ampliamente de forma política a través de un proceso político y eso es lo que sucede.

 
  
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  Presidenta. − Las preguntas que no hayan recibido respuesta por falta de tiempo serán contestadas por escrito (véase el anexo).

Pido disculpas a quienes han tenido que esperar.

Así concluye el turno de preguntas.

(La sesión, suspendida a las 19.35, se reanuda a las 21.00 horas.)

 
  
  

PRESIDENTE: ADAM BIELAN
Vicepresidente

 
  

(1)DO L 175 de 10.7.1999, p. 43.
(2)DO L 10 de 13.1.2001, p. 20.

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