Acta literal de los debates

Martes 11 de diciembre de 2007 - Estrasburgo

8. PAC: ayuda directa y determinados regímenes de ayuda a los agricultores y el FEADER (debate)

  Presidenta. − El siguiente punto del orden del día se refiere al informe (A6-0470/2007) de Jan Mulder, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CE) nº 1782/2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, y el Reglamento (CE) nº 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (COM(2007)0484 - C6-0283/2007 - 2007/0177(CNS)).

  Mariann Fischer Boel, miembro de la Comisión. − Señora Presidenta, quiero empezar agradeciendo al Parlamento el trabajo que ha realizado con este informe y, por supuesto, especialmente al ponente, señor Mulder, y a los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.

Sé, por varias conversaciones, que el señor Mulder sigue de cerca este tema, y mis servicios y yo hemos evaluado en profundidad las distintas enmiendas que se han propuesto. He leído con gran interés el informe elaborado por el señor Mulder. Aprecio mucho el gran interés mostrado tanto por el señor Mulder como por el Parlamento Europeo en este tema. Agradezco también el apoyo que el ponente ha manifestado reiteradamente a la condicionalidad en su informe.

Como ya he dicho en anteriores ocasiones, este sistema es adecuado y necesario y tiene que mantenerse si queremos que la sociedad respalde nuestras ayudas a la agricultura. Sé que estamos absolutamente en la misma línea.

Puedo aceptar, en términos generales, la exposición de motivos que acompaña a las enmiendas propuestas en el informe. En particular, puedo apoyar la propuesta de simplificar al máximo el sistema sin perder su eficiencia. Creo que hemos logrado este objetivo en gran medida con la propuesta relativa al sistema de control y sanciones. Por supuesto, tenemos la posibilidad y la oportunidad de proseguir este trabajo en nuestro «chequeo» de la PAC, que centraremos sobre todo en el ámbito de aplicación del sistema de condicionalidad.

En cuanto a las enmiendas presentadas a nuestra propuesta de Reglamento del Consejo, debemos tener todos en cuenta que los debates en el Consejo han sido muy acalorados. Nuestra propuesta inicial ha ido cambiando y ahora tenemos un texto de compromiso acordado por la Comisión, que es el resultado de intensos debates.

La Presidencia portuguesa ha reflejado en el compromiso, hasta donde ha podido, las ideas planteadas por ustedes en la elaboración de su informe.

En cuanto a las enmiendas concretas de las disposiciones legales que ahora proponen, tengo que decir que no atañen al Reglamento del Consejo que estamos debatiendo ahora: algunas de ellas atañen a normas de control que son competencia de la Comisión y, como ya dije antes, las nuevas normas de la Comisión serán por fin aprobadas en breve.

Creo que se han tenido en cuenta las principales propuestas del señor Mulder, como por ejemplo, la mayor flexibilidad que los Estados miembros tendrán para adaptar el sistema de controles a su organización administrativa. Hemos ampliado mucho también la posibilidad de notificación previa de los controles.

Asimismo, en el Consejo se ha debatido en profundidad otra serie de propuestas del Parlamento y el compromiso refleja todas esas opiniones diferentes. Por ejemplo, se considera la posibilidad de eliminar la norma de los 10 meses – me parece que fijar una fecha es una idea mucho mejor −, el seguimiento del nivel de minimis y los casos de infracción leve, así como la retirada gradual de la plena condicionalidad para los nuevos Estados miembros que apliquen el sistema simplificado. Queremos adherirnos a este texto de compromiso, que ha sido objeto de intensa negociación.

Por último, aprovecharemos la oportunidad para discutir su propuesta de ampliar el período de extensión del régimen de pago único por superficie; tendremos esa oportunidad en el debate sobre el «chequeo» de la PAC. Como puede que se hayan percatado ya, a mí eso me parece una idea muy buena.

Volveré a intervenir para los comentarios finales.

  Jan Mulder, ponente. – (NL) Señora Presidenta, después de la introducción de la Comisaria realmente no es necesario debatir mucho más, pero me gustaría, no obstante, arrojar algo de luz sobre la posición de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.

El primer elemento es la condicionalidad. No sé cómo se habrá denominado en otras lenguas, pero en neerlandés utilizamos el término inglés cross compliance. También es un término que utilizan nuestros agricultores. Ciertamente, apoyamos la condicionalidad, como la Comisaria acaba de decir: se trata de un aspecto esencial de la producción agrícola y creemos que está justificado, ya que establece requisitos para la producción agrícola que van más allá de lo necesario para garantizar que los productos agrícolas son aptos para el consumo humano. En realidad vamos más allá en todas las Directivas: sobre aves y hábitats, sobre medio ambiente, sobre bienestar animal, etc.

La pregunta fundamental sería: ¿qué forma deberían adoptar los controles? En lo que se refiere a los controles, creo que a medida que el número de reformas aumenta, será fundamental contar con el apoyo y la comprensión generalizados del sistema de condicionalidad por parte de los agricultores. Si los métodos son demasiado burocráticos, como sucede en este momento, no lograremos este tipo de apoyo. ¿Qué podríamos modificar en este sentido?

En primer lugar, existen demasiados organismos de control en los Estados miembros y además los controles sobre el terreno se llevan a cabo durante más de un día. Consideramos que el número de organismos de control debería reducirse al mínimo, el plazo durante el cual se llevan a cabo los controles sobre el terreno debería limitarse a un día y se debería informar a los agricultores de la visita con una antelación razonable. La medida de la cantidad de comunicación previa se decidirá en la votación de hoy.

También creemos que se debería establecer una disposición de minimis para casos menores de incumplimiento. Las autoridades no deberían aplicar sanciones demasiado duras en tales casos. No podemos pecar por exceso y, además, no se debería sancionar dos veces a los agricultores por algo que se recoge a la vez en el Derecho comunitario y en la legislación nacional, ya que ello significaría el pago de dos sanciones, y estamos en contra de ello.

Un punto importante en el informe —y creo que la Comisión también está a favor de ello— se refiere al hecho de que muchas de las cosas que controlan las autoridades en virtud de la condicionalidad también son objeto de control por parte de la industria. ¿Qué sentido tiene aplicar dos sistemas de inspección? En su lugar, podríamos acordar que, si la industria realiza un determinado control, las autoridades públicas digan «bien, comprobaremos los sistemas de la industria de vez en cuando y si son adecuados entonces no tendremos necesidad de llevar a cabo ningún control más en las explotaciones agrícolas». Ello podría suponer una gran diferencia, también desde el punto de vista de los agricultores. Creo que sería una excelente forma de cooperar con la industria.

Estamos de acuerdo con la Comisión y con el Consejo acerca de la eliminación del periodo de diez meses. Considero que la fecha límite de presentación aplicable en los Estados miembros debe ser la fecha de referencia para la presentación de la solicitud de ayuda.

En la Comisión de Agricultura consideramos razonable que se conceda a los nuevos Estados miembros un poco más de tiempo para adaptarse y proponemos que si al final obtienen el 100 % de sus pagos directos, deberán respetar plenamente las normas en materia de condicionalidad. No sabemos cuál será el futuro del sistema, pero lo que sí sabemos es que resulta increíblemente caro en la actualidad.

¿Sería posible que la Comisión elaborase una estimación aproximada de los costes de la aplicación en cada Estado miembro, así como una comparación entre los costes en los diferentes Estados miembros y en relación con el gasto total asociado a la condicionalidad? Este estudio también podría incluir diversas opciones en relación con el posible abaratamiento a través de la colaboración con la industria.

Existen actualmente alrededor de 18 Directivas que los agricultores deben tener en cuenta para seguir recibiendo sus ayudas a la renta. Este número podría incluso aumentar. Por ejemplo, se está preparando una directiva sobre el suelo. La Comisión debería estudiar la posibilidad de reducir el número de directivas y de hecho estoy pensando en una o dos de ellas.

Es ridículo que existan al mismo tiempo una Directiva sobre nitratos y una sobre aguas subterráneas. La Directiva sobre aguas subterráneas establece que el nivel permitido de nitratos en las aguas subterráneas es de 50 mg por litro (cuando se supera este límite se pueden recibir sanciones), mientras que la Directiva sobre nitratos establece 1,7 cabezas de ganado por hectárea. Deberíamos tener una u otra, pero no ambas. Es demasiado como para que resulte conveniente. Una de ellas debe desaparecer, y propondría que lo hiciese la Directiva sobre nitratos.

  Mairead McGuinness, en nombre del Grupo del PPE-DE. - Señora Presidenta, quiero dar las gracias a la señora Comisaria por sus comentarios de esta mañana y también al señor Mulder por su cooperación para la elaboración de este informe.

La semana pasada, en un programa de televisión de la RTE (que yo dirigí y presenté en su día) se formuló una pregunta muy sencilla: «¿Cuántos inspectores hacen falta para inspeccionar una explotación?» En el caso de Eamon Healy de Redcross, un ganadero del Condado de Wicklow, se necesitaron siete inspecciones y nueve inspectores durante tres meses para examinar su explotación. Yo creo que, se mire como se mire, ese grado de inspección es excesivo y muy mal acogido en una explotación muy activa y ocupada. Creo que dice mucho sobre la necesidad de modificar radicalmente la manera de realizar nuestros controles de la condicionalidad en las explotaciones y también sobre la necesidad de simplificar – como ha dicho el señor Mulder – los muchos tipos diferentes de inspecciones, ya sean requeridas por un Estado miembro, por el sector privado o por la UE.

Cerca del 68 % de los casos de infracción se consideran leves, pero aún así son motivo de sanción, y yo creo que hace falta más flexibilidad en esto. Creo que no se debe imponer una sanción inferior a 250 euros. Sé que la Comisión tiene otras ideas, pero espero que se deje convencer por nuestros argumentos.

Más del 70 % de los casos guardan relación con la pérdida de la marca auricular o con algunas cuestiones menores de identificación, que no suponen ningún problema ni riesgo para la salud humana o animal, y yo creo que necesitamos más flexibilidad en relación con este problema en particular. Tenemos que ser proporcionados. Pienso que tenemos que avisar a los productores por adelantado. Muchos trabajan a tiempo parcial y, si se les avisara con tiempo, podrían prepararse para una inspección. En realidad, no son muchas las cosas que pueden cambiar en su explotación en ese corto espacio de tiempo.

Así pues, creo que tenemos que ser prácticos. Dudo mucho que Eamon Healy, el ganadero que acabo de mencionar, esté informado del debate que estamos celebrando esta mañana aquí. No creo que nos esté viendo. Pero sé que tendría un gran interés en conocer el resultado de nuestro trabajo y de nuestra votación. Él no quiere siete inspecciones o nueve inspectores en su explotación durante tres meses y nos está diciendo que tenemos que simplificar la forma de realizar nuestro trabajo. Creo que, por él y por otros ganaderos, tenemos que cambiar las cosas.

  Bernadette Bourzai, en nombre del Grupo del PSE. – (FR) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, me gustaría empezar felicitando al señor Mulder por su trabajo, su método y las diferentes consultas realizadas.

En su informe sobre la aplicación de la condicionalidad de las ayudas agrícolas, la comisión ha reconocido una fase de inicio de la aplicación de este sistema bastante difícil y se ha propuesto el objetivo de aumentar su aceptación entre los principales interesados. Por otra parte, también recomienda distinguir entre las cuestiones derivadas del marco comunitario y las vinculadas a la aplicación nacional. Asimismo, subraya la importancia del principio de subsidiaridad, las normas y requisitos que deben adaptarse a los riesgos y a las necesidades locales, así como la importancia de un marco común que garantice a los agricultores europeos un tratamiento igualitario.

Este doble nivel de normas ha dificultado mucho la aplicación del sistema. La información a los agricultores no ha sido suficiente; los criterios de riesgo se han utilizado poco; el sistema de gestión, de control y de reducción es demasiado complicado; la consideración de los casos de incumplimiento menor no ha sido adecuada; los índices de control no están armonizados; y la comunicación previa de los controles presenta ciertos problemas.

Personalmente, no deseo cuestionar el espíritu de la condicionalidad, que responde a las legítimas expectativas de nuestra sociedad: respeto por el medio ambiente, trazabilidad, seguridad alimentaria y transparencia. Por otra parte, me gustaría subrayar la pesada carga que impone la reglamentación, las dificultades de aplicación sobre el terreno y la percepción negativa de algunos agricultores, que tienen la impresión de que se ponen en tela de juicio su profesionalidad y sus conocimientos. Apoyo, por tanto, la necesidad de proceder a una simplificación.

Las propuestas de la Comisión, muy limitadas, me han decepcionado y espero que se retomen las del Parlamento y que, con ocasión del chequeo de salud de la PAC la Comisión presente propuestas más ambiciosas.

Me gustaría subrayar que no estoy en absoluto de acuerdo con el concepto de la compensación, según el cual, como los agricultores europeos deben respetar unas estrictas condiciones de producción (bienestar animal, medio ambiente, prácticas veterinarias), reciben ayudas agrícolas. Las ayudas agrícolas reestablecerían de algún modo unas condiciones de competencia justa con los agricultores de los terceros países, que no están sujetos a las mismas condiciones de producción. Sin embargo, creo que este concepto funciona al revés: a cambio de las ayudas públicas que reciben, los agricultores deben respetar ciertas normas en materia de producción. En efecto, se trataría de celebrar un auténtico contrato entre los agricultores y la Unión Europea. Debemos pasar de algún modo de la obligación al contrato.

Por consiguiente, me complace que la enmienda que presenté sobre esta cuestión se haya adoptado y que se exija a los agricultores que presentan una solicitud única y declaran la superficie utilizada con fines agrícolas que se comprometan también a respetar criterios de salud pública, de bienestar animal y de respeto del medio ambiente.

Las reducciones de los pagos deben también ser diferentes dependiendo de si la infracción es intencional o se debe únicamente a una negligencia. Además, he tenido interés en que la sanción sea proporcional a la importancia del ámbito de actividad al que afecta el incumplimiento en la explotación agrícola, en particular cuando se trate de una explotación agrícola que combine el policultivo y la ganadería.

También es necesario que los agricultores de los diferentes Estados miembros estén obligados a respetar las mismas normas y, por tanto, debemos velar por una transposición armonizada de los requisitos reglamentarios en materia de gestión contenidos en las Directivas. También acojo favorablemente las medidas de adaptación para los nuevos Estados miembros.

Por otra parte, aunque soy favorable a la introducción de un umbral por encima del cual los Estados miembros puedan decidir no aplicar la reducción de las ayudas directas, un umbral de minimis, me opongo totalmente al aumento de tal umbral hasta los 250 euros, como propone la enmienda 16. Por consiguiente, les pido que apoyen la enmienda 31 del señor Mulder, que propone un umbral de 100 euros, una cuantía que creo que podría resultar aceptable para todos.

  Nathalie Griesbeck, en nombre del Grupo ALDE. – (FR) Señora Presidenta, señora Comisaria, yo también querría dar las gracias a Jan Mulder por el informe que nos ha presentado hoy y también por el método empleado. Me felicito de que nuestro Parlamento examine los mecanismos de condicionalidad de las ayudas de la PAC, que han puesto de manifiesto, desde la importante reforma de 2003, los límites de un sistema cuyas normas son a menudo demasiado puntillosas y que han transformado la profesión de agricultor en la de funcionario ad hoc de la administración europea, mientras que en realidad desempeñan una función esencial para la humanidad: alimentarla.

La reforma de 2003 constituye indiscutiblemente un paso adelante que debe permitir a nuestra agricultura proteger el medio ambiente y la salud; así, en 2005, votamos a favor del nuevo Reglamento FEADER que sucedía al FEOGA-Garantía.

Intervengo hoy en este debate en calidad de ponente permanente de la Comisión de Presupuestos para los fondos estructurales para subrayar —como gran parte de sus Señorías— hasta qué punto es importante reducir la excesiva burocracia que caracteriza a la gestión de estos fondos. Acerca del presupuesto, considero que es absolutamente necesario, en primer lugar, que los interesados en la economía agrícola y de desarrollo rural, que constituyen los principales garantes de la protección del medio ambiente, puedan reducir las cargas administrativas inútiles para centrarse en su principal actividad, a saber, lograr la agricultura de calidad que esperamos, una agricultura respetuosa con el medio ambiente.

En segundo lugar, desearía también que la administración concentrase sus controles sobre cuestiones realmente oportunas para garantizar una proporción coste-beneficios adecuada. Considero indispensable que las normas que nos fijemos no impidan, por otra parte, la utilización de los créditos disponibles por los que luchamos con tanto denuedo en las negociaciones con los Estados miembros en el Consejo. No es normal comprobar una infrautilización de los créditos tal a finales de 2007.

Por consiguiente, votaré a favor del conjunto de estas medidas en la medida en que tienden a reducir la carga administrativa.

  Janusz Wojciechowski, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señora Presidenta, en nombre del Grupo de la Unión por la Europa de las Naciones, me gustaría manifestar nuestro apoyo al señor Mulder. La preocupación que subyace al informe es la de garantizar que el principio de la condicionalidad y sus correspondientes controles no perjudiquen a los agricultores de forma injustificada.

La agricultura no es simplemente una actividad económica más. Desempeña un papel social concreto. La condicionalidad de los pagos al cumplimiento de muchos requisitos medioambientales no sólo beneficia a los agricultores, sino a la sociedad en su conjunto. Este amplio papel social de los pagos debería subrayarse constantemente. Un sector significativo de la sociedad no es consciente de esta función y se debería explicar su importancia.

Me gustaría comentar otra cuestión importante. Exigimos a nuestros agricultores que cumplan el principio de la condicionalidad. Imponemos condiciones que deben cumplir. Deberíamos imponer las mismas condiciones a los que exportan sus productos agrícolas a Europa. Concretamente, se deberían imponer a todas las importaciones sin excepción los requisitos relativos al bienestar animal. Existen una serie de intereses económicos y humanitarios que así lo exigen.

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señora Presidenta, señora Comisaria, desearía dar las gracias en primer lugar al ponente, que ciertamente ha trabajado mucho, aunque la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural no ha adoptado todas sus propuestas. Lo lamento. No pretendo entrar en detalles ahora, pero permítanme decir en términos generales que el requisito fundamental se refiere, evidentemente, al cumplimiento de la ley. La novedad, tras la desvinculación de los volúmenes de producción de la ayuda, consiste en que tal cumplimiento de la ley conforma ahora la base para el pago de primas.

No se pueden reducir las primas a aquéllos que no las reciben. Los agricultores sólo deben abstenerse de presentar solicitudes. Sin embargo, deben seguir cumpliendo la ley. Señora McGuinnes, cuando habla de siete inspecciones y nueve inspectores —o viceversa—, debería saber que está hablando de su propio Gobierno nacional, ya que depende de los Estados miembros determinar el número de inspecciones que se realizan, y si no existe coordinación debido al gran número de órganos administrativos diferentes que se encargan de hacer cumplir las leyes, y cada autoridad envía a sus inspectores por separado, lo que impone una enorme carga a los agricultores, esta descoordinación no es culpa de la UE, sino de su propio Gobierno nacional. Si este problema se resuelve, el resto vendrá por añadidura.

Creo que es extremadamente urgente imponer la condicionalidad sobre los fondos. En el congreso, alguien observó que se trataba de los fondos de los agricultores. No, no son fondos de los agricultores, son fondos que se conceden a los agricultores. No me malinterpreten: los fondos deben concederse, pero la sociedad espera que se concedan a aquéllos que cumplen determinadas condiciones.

Yo mismo acabo de recibir una visita de inspección. Vinieron dos inspectores que previamente habían advertido de su visita. Aunque no me dejaron escoger el momento de la visita, me avisaron de ella; llegaron cuando estaba previsto y todo fue bien. Ciertamente, señora Comisaria, estas inspecciones también deberían utilizarse a modo de asesoramiento a los agricultores, para informarles acerca del mejor modo de cumplir y aplicar la ley en sus explotaciones agrícolas.

Ello, como sabe, se propuso en la iniciativa del Parlamento, así que la posibilidad existe. Por favor, haga de ello algo obligatorio para los Estados miembros y habremos dado un paso más.

  Jacky Hénin, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (FR) Señora Presidenta, Señorías, en teoría, la PAC debería garantizar la seguridad alimentaria, la estabilidad de los precios y la producción de la Unión y unos ingresos dignos para todos los agricultores. Desgraciadamente, en nombre del dogma de la competencia despiadada, la PAC 2003, con su sistema de desvinculación de la ayuda, constituye un nuevo paso hacia el abandono de estos objetivos, tan fundamentales para Europa.

Los derechos de pago único contribuyen a agravar las dificultades de los sectores vitivinícola, lácteo, cárnico, hortofrutícola y de la remolacha, entre otros. El principio de la condicionalidad ecológica de los derechos de pago único no es más que una superchería destinada a vender esta reforma a los pijos-progres que se hacen pasar por ecologistas porque está de moda. ¿Cómo podríamos imaginar que es posible reforzar la protección del medio ambiente estimulando la competencia agrícola y pretendiendo, al mismo tiempo, bajar los precios de venta al público de los productos alimentarios? Ambas cosas resultan contradictorias. Es imposible combinar la reducción de los costes de producción y el refuerzo de las normas ecológicas.

Por otra parte, la desvinculación de la prima al mantenimiento de los rebaños de vacas nodrizas desembocaría inmediatamente en la desaparición de los pastos que absorben carbono, especialmente eficaces para luchar contra las emisiones de gases de efecto invernadero.

La protección del planeta y el mantenimiento de una producción de carne bovina de calidad en Europa implican rechazar la desvinculación. En términos más generales, lo que realmente necesitamos es otra política agrícola.

  Jeffrey Titford, en nombre del Grupo IND/DEM. – Señora Presidenta, la exposición de motivos del ponente es instructiva, ya que define la condicionalidad como un requisito para seguir recibiendo ayuda pública y nos dice que ahora los agricultores reciben pagos por «el cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente, salud pública, salud de la fauna y de la flora y bienestar de los animales». Dice también que las obligaciones que se derivan de la legislación comunitaria son muy estrictas en comparación con las normas vigentes en el resto del mundo.

Esto refleja claramente todo lo que está mal en la actitud de la UE frente a la agricultura, con un régimen regulador agresivo que aleja a los agricultores de su cometido natural como productores de alimentos y les convierte en guardianes del medio ambiente, o lo que este informe llama política de desarrollo rural, todo lo cual aumenta enormemente sus costes y reduce la productividad. Ha hecho además que los agricultores entren en competencia directa por la financiación con entidades como parques naturales y reservas naturales, que no tendrían por qué ser sus competidores naturales.

Sé que la intención de esta propuesta es simplificar la condicionalidad, pero se admite abiertamente que ha creado una pesada carga burocrática para los agricultores y para los Estados miembros que tienen que aplicarla. Mi opinión es que ha sido una mala idea desde el principio y que simplificarla será sólo como colocar un parche en lugar de curar la herida. Como sucede habitualmente, en la jerga comunitaria «simplificación» significa más normalización y más control por parte de la Comisión. De nuevo, las grandes diferencias inherentes en la agricultura por la diversidad de climas existentes en la UE no facilitan esa normalización. El presente informe anuncia a bombo y platillo la opinión de que la condicionalidad es un instrumento importante para justificar la ayuda pública que reciben los agricultores. Dudo que ni siquiera el 1 % de los ciudadanos haya oído hablar de condicionalidad, y muchos menos saben lo que significa. Para una verdadera simplificación, suprimamos la condicionalidad de una vez por todas y dejemos que los agricultores y ganaderos sigan haciendo lo que mejor saben hacer, que es cultivar plantas y criar animales.

  Jim Allister (NI). - Señora Presidente, los agricultores son personas razonables y en su mayoría honestas, aunque la condicionalidad les trata a menudo injustamente, con sanciones desproporcionadas por infracciones leves e inspecciones imprevistas. Hemos escuchado que el 68 % de todos los casos de infracción se califican de leves, pero las sanciones impuestas son, en muchos casos, abrumadoras para el agricultor que lucha por sobrevivir. La diferente manera de aplicar la condicionalidad de un país a otro es la causa de los resentimientos que ha producido en algunos.

En mi circunscripción de Irlanda del Norte, hemos tenido un problema especial con los campos duplicados, debido a nuestro sistema de conacre. Pero en lugar de buscar una solución pragmática, hemos actuado con mucha rigidez. Gran parte de la culpa la ha tenido el Departamento de Agricultura de nuestro país, porque tanto éste como Bruselas podrían haber hecho algo más para resolver el problema. Así que, de cara al futuro, pido desde luego una mayor simplificación y flexibilidad, así como grandes dosis de buen sentido común a la antigua, en lugar de la inflexibilidad de algunos mandarines que muestran un excesivo celo.

  James Nicholson (PPE-DE). - Señora Presidenta, antes de nada quiero manifestar mi apoyo al informe que hoy nos ocupa y felicitar al ponente por su trabajo.

La condicionalidad y la forma de aplicarla en cada uno de los Estados miembros tienen una importancia crucial. No podemos permitir que cada Estado miembro interpreten las cosas a su manera. Si han escuchado las intervenciones de la señora McGuinness y el señor Graefe zu Baringdorf, habrán comprobado la diferente interpretación que se hace en diferentes Estados miembros. Tenemos que trasladar esta cuestión al ámbito de cada Estado miembro e insistir en que todos los Estados miembros apliquen este Reglamento de una manera adecuada y correcta dentro de su territorio.

Los agricultores necesitan y piden menos inspecciones, no más. Cuando vaya a realizarse una inspección, ésta tiene que anunciarse con antelación suficiente. Me parece una locura sancionar a un agricultor por nimiedades; y eso es lo que está sucediendo. Se debe dejar a los agricultores un plazo de tiempo suficiente para que puedan resolver los problemas detectados, en lugar de simplemente notificarles que han cometido una infracción y que se les impondrá una sanción. Es muy necesario que se reduzca la burocracia y los excesivos procedimientos administrativos en la agricultura. La condicionalidad no tiene que convertirse en un sistema para sancionar y vigilar a los agricultores. Nuestra labor consiste en ayudar a los agricultores y asesorarles sobre cómo pueden hacer mejor las cosas. La condicionalidad puede ser un factor positivo y los que hacen las inspecciones deben recibir una formación clara y adecuada y conocer sus responsabilidades.

Sí, el señor Graefe zu Baringdorf tiene razón. Yo tuve una inspección en mi explotación que duró siete horas. Lo único que encontraron mal fue que una pequeña parte de la explotación no se consideraba ya tierra cultivable y habíamos edificado en ella una nave avícola de la que no les habíamos informado. Ahora, de verdad, por una falta tan leve como esa − construir una nave avícola en mi explotación y no informarles en un plazo de 12 meses −, no creo que deban aplicarme una sanción. Tenemos que corregir esta situación a la mayor brevedad posible.

  Francesco Ferrari (ALDE). - (IT) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, creo que el informe del señor Mulder constituye un óptimo esfuerzo para mejorar la política agrícola en Europa.

La agricultura suscita un interés cada vez mayor en Europa. Habida cuenta de que la mitad de la superficie de la Unión Europea está destinada a la agricultura, considero que la condicionalidad constituye uno de los mensajes políticos más importantes para expresar la voluntad de confirmar el apoyo al sector agrícola, al tiempo que tal apoyo se somete al respeto del medio ambiente. Me gustaría subrayar el modo en que lo anterior se transmite a nuestros ciudadanos, a nuestros consumidores: tenemos un instrumento muy importante para sensibilizar acerca de una cuestión actual como la protección del medio ambiente.

Comparto los esfuerzos del ponente para simplificar la condicionalidad: en mi opinión es contraproducente pedir a los agricultores que realicen esfuerzos excesivos para cumplir la legislación. Con la introducción de nuevas cuestiones como el cambio climático, los biocarburantes, los recursos hídricos y la gestión del riesgo, la Comisión ha demostrado su deseo de avanzar, aunque aún sigue siendo ambiguo el modo en que se tratará la condicionalidad, si se limitará a indicar una exigencia genérica de simplificación sin aclarar los objetivos y las modalidades de aplicación.

Elementos como la simplificación, la liberalización y —añado— la transparencia deben sustentar siempre cualquier iniciativa que proceda de la Unión Europea. Termino aquí —pero, señora Comisaria, me consta que hace diez días estuvo en Brescia, en mi provincia, y, aunque no guarda relación con el debate de hoy, pudo degustar los vinos y los productos típicos de la zona— y creo que no añadir azúcar al vino significa también dotar a la calidad de su justo equilibrio y dar un premio justo a los productores.

  Seán Ó Neachtain (UEN). – (GA) Señora Presidenta, se deberían conceder a los agricultores unas ayudas comunitarias garantizadas en virtud de la Política Agrícola Común para el periodo 2007 a 2013. Por este motivo, no puedo aceptar que la Comisión pretenda rebajar este tipo de garantías a través de su recientemente anunciado «chequeo de salud» de la PAC. La Comisión está intentando reducir la cuantía de los pagos directos a los agricultores a menos del 13 %. Este incumplimiento de la garantía es, en mi opinión, inaceptable, porque los agricultores han contraído compromisos en materia de retirada de tierras para esos años y no sería justo dejar de cumplirlos.

En relación con las normas, diría que si deben aplicarse en toda la UE, deberían aplicarse igualmente a las importaciones alimentarias —y los agricultores europeos no deberían someterse a controles inútiles—.

Deberíamos examinar las normas que se aplican a los alimentos que entran en Europa, y la Comisión debería emprender acciones, en lugar de molestar a los agricultores, que están haciendo todo lo que pueden en toda Europa y ello incluye, ciertamente, a mi país, Irlanda.

  Maria Petre (PPE-DE). - (RO) Señora Presidenta, me gustaría empezar por felicitar a nuestros colegas, ponentes y ponentes alternativos, que han aceptado la difícil tarea de presentarnos este paquete de enmiendas complejas y fundamentales para el futuro de la Política Agrícola Común.

Es evidente que el gran número de reglamentos y directivas europeas que deben respetar los agricultores dificulta el acceso de estos últimos a los regímenes de ayuda. Las normas del régimen de pagos únicos de deben simplificar en lo que se refiere a la condicionalidad. El fundamento jurídico permite aplicar una norma de minimis para la reducción de los pagos, así como para las excepciones a la reducción en caso de infracciones menores.

La reducción de las obligaciones administrativas, la armonización y la combinación de los controles, también en las instituciones europeas, y la oportunidad de los pagos mejorarían el apoyo general que se da a los agricultores y, de ese modo, se reforzaría la eficiencia de la Política Agrícola Común.

También es necesario, de igual modo, que se apoye en mayor medida la preparación de las inspecciones, que, en mi opinión, deben anunciarse y limitarse en el tiempo y ser efectuadas por personal debidamente formado.

Por último, en el caso de Bulgaria y Rumanía, como nuevos Estados miembros, me parece sensata la prórroga de la naturaleza opcional de los artículos 3, 4, 6, 7 y 9 hasta 2013, ya que las disposiciones de estos artículos se refieren a requisitos reglamentarios en materia de gestión.

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Señora Presidenta, señora Comisaria, todos los tipos de actividad y producción agrícola deberían cumplir los requisitos relativos a la protección medioambiental, la seguridad, la calidad y el bienestar animal. El informe del señor Mulder contiene muchas disposiciones muy importantes en este sentido.

Me gustaría pedir a la Comisaria que examine con especial atención cuatro enmiendas, a saber, las enmiendas 19, 26, 27 y 29. Para aplicar de forma adecuada el sistema de la condicionalidad en los nuevos Estados miembros y responder, al mismo tiempo, a las expectativas de la sociedad, este régimen debe introducirse en varias fases.

La totalidad de los requisitos debería aplicarse en estos países a partir de 2013, cuando empiecen a percibir el 100 % de los pagos directos. Deberíamos tomar en consideración el hecho de que las perspectivas financieras 2007-2013 ofrecen los recursos necesarios para la adaptación de las explotaciones y para la inversión. Señora Comisaria, los requisitos y las normas impuestas a nuestros agricultores son más estrictas que en los terceros países. Debemos apoyar a nuestros agricultores y protegerles de una competencia desleal. Los productos importados deben cumplir las mismas normas que se aplican a los procesos de producción en la Unión Europea.

  Mariann Fischer Boel, miembro de la Comisión. − Señora Presidenta, quiero dar las gracias a sus Señorías por todas sus contribuciones a este debate.

Ustedes saben que la necesidad de reducir los excesivos procedimientos administrativos y simplificar las cosas ha sido siempre una prioridad para esta Comisión. Por ello, cuando iniciamos este debate sobre la condicionalidad, encargamos a la Dirección de Rambøll un informe sobre la simplificación de la PAC específicamente vinculada a la condicionalidad. Se trata de un estudio limitado, que abarca sólo cinco Estados miembros, pero es muy interesante y ya les entregaré una copia.

Demuestra, como bien ha dicho el señor Graefe zu Baringdorf, que existe una enorme diferencia entre Estados miembros. La forma de aplicar el sistema de condicionalidad en los Estados miembros es diferente. Pero, como bien se ha dicho, el papel del sistema de asesoramiento es fundamental.

Creo que este estudio puede servir como base para futuros debates, como parte del «chequeo» de la PAC, sobre lo que podemos hacer para simplificar el sistema de condicionalidad sin diluir las ideas que lo sustentan.

Este es un primer paso, junto con el debate en el Consejo y el informe Mulder, pero no es el último. Sigamos con el «chequeo» para ver que puede hacerse, y usemos toda la información disponible. Este informe debe servir para pensar qué podemos hacer nosotros, qué pueden hacer los Estados miembros y cómo estos pueden intercambiar buenas prácticas para encontrar una solución que ofrezca las mismas condiciones a todos.

Gracias por el debate. Estoy segura de que volveremos a hablar de este tema.

Declaraciones por escrito (artículo 142)

  Witold Tomczak (IND/DEM), por escrito. – (PL) Acojo con satisfacción el aplazamiento de la aplicación de los costosos requisitos relativos a la condicionalidad en los nuevos Estados miembros (los nuevos diez Estados miembros). Es algo ciertamente justificado. Los países en cuestión aún no reciben el 100 % de los pagos directos que aún suponen la parte del león de todo el gasto en el sector agrícola de la Unión Europea.

También acojo con satisfacción la ampliación de 2010 a 2013 de la posibilidad de que los nuevos Estados miembros puedan aplicar el régimen de pago único por superficie. Ello evitará que los nuevos Estados miembros deban asumir una carga pesada e innecesaria en relación con la aplicación del régimen de pagos únicos.

Se trata de un paso en la dirección adecuada, pero no debería ocultar la gravedad de la situación relativa a la distribución de recursos entre los antiguos y los nuevos Estados miembros. Según la información más reciente disponible, que data de 2005, los nuevos Estados miembros han recibido 1 500 millones de euros en concepto de pagos directos, una cifra 21 veces inferior a la de los antiguos quince Estados miembros. Los beneficiarios, no obstante, sólo recibieron cuantías 2,4 veces menores (2 millones y 4,9 millones de euros respectivamente). Estas enormes diferencias también se reflejan en los pagos medios recibidos por cada uno de los beneficiarios. Para los nuevos Estados miembros, tales pagos ascienden a 723 euros, mientras que en los antiguos quince Estados miembros la cifra asciende a 6 327 euros, cerca de nueve veces superior a la anterior.

La continuación de la discriminación en contra de los nuevos Estados miembros perjudica a sus agricultores. Asimismo, cuestiona el espíritu mismo de la Política Agrícola Común y el del desarrollo de la agricultura en toda la Unión Europea.

(Se suspende la reunión a las 11.25 horas y se reanuda a las 11.30 horas.)

PRESIDE: Martine ROURE
Vicepresidenta