Acta literal de los debates

Martes 15 de enero de 2008 - Estrasburgo

1. Apertura de la sesión

PRESIDE: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepresidenta

(La sesión empieza a las 9.00 horas)

2. Presentación de documentos: véase el Acta

3. Transmisión por el Consejo de textos de Acuerdos: véase el Acta

4. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (anuncio de las propuestas de resolución presentadas): véase el Acta

5. Estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012) (debate)

  Presidenta. – (EL) En el orden del día, para su debate, tenemos el informe elaborado por Glenis Willmott, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, relativo a la estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo 2007-2012 (2007/2146(INI)) (A6-0518/2007).

  Glenis Willmott, ponente. − Señora Presidenta, la seguridad y la salud en el trabajo engloban una amplia gama de cuestiones. En un nivel sencillo, se trata de reducir los accidentes en el trabajo y las enfermedades profesionales. En cuanto a la persona como tal, se trata de su integridad física, su dignidad y su bienestar. Para las empresas, es una cuestión de reducir los costes del absentismo, la baja por enfermedad y la pérdida de productividad. Para la sociedad en su conjunto, los costes de una salud y seguridad en el trabajo deficitarias alcanzan un astronómico 3,8 % del producto nacional bruto.

La Carta de los Derechos Fundamentales, firmada el mes pasado en esta misma Cámara —a pesar del vergonzoso arrebato de algunos diputados al PE del UKIP y conservadores— prevé en su artículo 31 que todo el mundo tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad. También establece que todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima del trabajo.

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo calcula que cada año más de 140 000 personas en la UE mueren como consecuencia de enfermedades profesionales y aproximadamente 9 000 mueren de accidentes relacionados con el trabajo. Estas cifras significan que cada tres minutos y medio alguien muere en la Unión Europea por una causa relacionada con el trabajo. Esto quiere decir que, en el poco tiempo que llevo hablando, es posible que alguien haya muerto y, para cuando concluya este debate, es probable que hayan muerto 20 personas.

Algunos de nuestros compañeros pueden cuestionar el derecho fundamental a unas buenas condiciones de salud y seguridad en el trabajo, pero estoy segura de que ninguno de ellos cuestionaría el derecho a la vida. Una estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo debería ser sólida a la hora de aplicar y ejecutar debidamente el marco regulador en vigor. Lo que ya existe es muy bueno, pero se tiene que respetar de manera coherente en toda la Unión Europea. Sin embargo, esto no quiere decir que, cuando la legislación en vigor sea claramente inadecuada, no debamos modificarla para hacer que funcione de manera eficaz y proporcione los mejores niveles de protección posible. Tampoco quiere decir que debería reaccionar a propuestas de instrumentos legislativos como lo hace un vampiro con el ajo, como harían algunos en esta Cámara.

Por supuesto, nadie argumentará que el camino legislativo siempre es el mejor. Sin embargo, hay ocasiones en que se necesitan normas vinculantes para garantizar que un riego nuevo o emergente es abordado de manera adecuada y coherente en todos los Estados miembros. Cabe acoger con satisfacción la Comunicación de la Comisión y aplaudir su objetivo de reducir los accidentes profesionales y su gran interés por las PYME. Sin embargo, también tenemos que centrarnos en las enfermedades profesionales que tienen un elevado coste en relación con la salud de los trabajadores, el coste para las empresas y su productividad y para la sociedad en su conjunto a través de los costes asociados a la seguridad social y la asistencia sanitaria.

El informe refleja esta situación e insta a la Comisión a identificar y remediar correctamente las enfermedades profesionales y, en particular, los cánceres de origen profesional a fin de establecer objetivos de reducción de los mismos. También necesitamos planes de acción detallados con compromisos financieros y calendarios. Además de los objetivos de una reducción del 25 % de los accidentes, parece que hay pocas formas de controlar y medir los progresos. Las prioridades de acción identificadas en mi informe incluyen un enfoque basado en incentivos para hacer cumplir la legislación en vigor. Me gustaría que los Estados miembros recompensaran la buena salud y la seguridad mediante reducciones y ventajas fiscales en las licitaciones y la introducción de un sistema de «bonus-malus» en las pólizas de seguros, así como otros incentivos financieros. Sin embargo, también me gustaría que se adoptaran mayores sanciones para las empresas incumplidoras que descuidan la salud y la seguridad de sus trabajadores, así como más procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no apliquen y hagan cumplir debidamente la legislación existente en materia de salud y seguridad.

Cualquier estrategia de salud y seguridad debería centrarse, por supuesto, en los que corren mayor riesgo. En estos grupos vulnerables se incluyen los trabajadores migrantes, que a menudo son explotados, así como los trabajadores jóvenes y los de más edad, que necesitan una atención especial, y los trabajadores con discapacidad. Resulta esencial aplicar con rigor la Directiva marco de 1989 a estos grupos y a otros trabajadores que a menudo son olvidados, como los que trabajan en la agricultura y los profesionales sanitarios, a la hora de elaborar y aplicar sus estrategias. Los Estados miembros tienen que tener plenamente en cuenta a estos grupos. Necesitamos una directiva marco sobre trastornos musculoesqueléticos para abordar un problema como el dolor dorsolumbar —causado por lesiones por movimientos repetitivos— y los trastornos dorsolumbares.

Hay muchas otras cuestiones que me gustaría abordar, pero se nos acaba el tiempo, de modo que espero oír lo que los demás colegas y la Comisión tienen que decir.

  Stavros Dimas, Miembro de la Comisión. − (EL) Señora Presidenta, Señorías del Parlamento Europeo, en primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento a la señora Willmott por el excelente informe que ha preparado sobre la estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo.

La Comisión concede una gran prioridad a la política sobre salud y seguridad en el trabajo, y comparte su parecer sobre un gran número de sus recomendaciones.

De hecho, quisiera hacer hincapié en que debe consistir en una estrategia comunitaria, y no simplemente una estrategia de la Comisión; verdaderamente, es el único modo de lograr el objetivo fundamental y ambicioso de la reducción continua y duradera de los accidentes y enfermedades profesionales. Por lo tanto, una de nuestras preocupaciones principales será conseguir la participación de tantas partes como sea posible en los ámbitos político, operativo e institucional.

El objetivo estratégico de la Comisión de alcanzar una reducción del 25 % en los accidentes de trabajo de la Unión Europea entre los años 2007-2012 requiere, de hecho, de la participación activa y del compromiso, no únicamente de las administraciones públicas, sino también de los interlocutores sociales con su responsabilidad, en el ámbito laboral, para la prevención de accidentes.

Es muy importante hacer hincapié en el compromiso que los Estados miembros asumieron con la Resolución del Consejo de 25 de junio de 2007: elaborar y aplicar estrategias de seguridad y salud en el trabajo, adaptadas a las condiciones nacionales, en cooperación con los interlocutores sociales, así como establecer, a escala nacional, objetivos cuantificables para reducir los accidentes de trabajo y la incidencia de las enfermedades profesionales, especialmente en los sectores de actividad que registran índices superiores a la media.

La Comisión se muestra especialmente satisfecha con la respuesta del Parlamento Europeo a su comunicación, y con el apoyo a las prioridades generales y líneas de actuación que se exponen en ella.

He reparado en las preocupaciones del Parlamento respecto a la necesidad de una planificación y distribución de recursos adecuada, así como de la evaluación de los progresos y la presentación de informes sobre los progresos realizados en cuanto a los objetivos estratégicos.

La Comisión proporcionará los pormenores y el plan exacto de las medidas especiales que deben adoptarse a escala comunitaria, en el Cuadro de indicadores sobre la aplicación de la Agenda. Aseguraremos también la participación del Comité consultivo para la seguridad y la salud en el trabajo, en el marco de un intercambio de información de triple vía sobre el contenido de las estrategias nacionales, los objetivos, las acciones emprendidas y el seguimiento de los progresos conseguidos. Se informará diligentemente al Parlamento de los resultados de este procedimiento.

En cuanto a su solicitud de una revisión de la Directiva 91/383/CEE del Consejo, quisiera informar a sus Señorías del Parlamento Europeo que los departamentos de la Comisión se encuentran actualmente analizando la situación en varios Estados miembros sobre la base de un estudio preparado por un consultor externo. En 2008 se redactará el informe correspondiente, y la Comisión decidirá la acción consiguiente que emprender en este ámbito, teniendo en cuenta las conclusiones de dicho informe.

Por lo que respecta a la revisión de la Directiva 92/85/CEE del Consejo, quisiera informarles también de que los departamentos de la Comisión, tras haber consultado a los interlocutores sociales europeos sobre posibles modificaciones dicha Directiva, están llevando a cabo una evaluación de impacto para determinar las consecuencias de ciertas enmiendas a la misma. Si, una vez concluida la evaluación de impacto, la Comisión decide presentar la propuesta pertinente, no cabe duda de que aprobará dicha propuesta en 2008.

Comparto su parecer sobre la necesidad de mejorar la efectiva aplicación de la legislación comunitaria sobre salud y seguridad en el período venidero, especialmente para las PYME, mediante una combinación de medidas que prestarán una atención equilibrada a la responsabilidad del empleador y a la participación del trabajador.

En cuanto a la salud en el trabajo, espero que la nueva estrategia constituya un paso más hacia la creación de un entorno laboral más saludable en toda la UE, donde se satisfagan las necesidades de una población de trabajadores de mayor edad y donde los grupos más vulnerables reciban plena protección. La Comisión intensificará sus esfuerzos en el sentido de definir adecuadamente los índices de salud y otras medidas estadísticas para asegurar que los riesgos a la salud en el trabajo reciban un seguimiento adecuado.

Confiamos en que las prioridades dispuestas en la estrategia comunitaria 2007-2012, y aquéllas presentadas en el informe que ustedes aprobarán hoy, abran el camino a lugares de trabajo más seguros y saludables en la Unión Europea.

  Edit Bauer, ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. − Señora Presidenta, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género destaca en su informe de opinión que los problemas de salud más graves que presentan las mujeres se deben a sus condiciones de trabajo y consisten en anomalías músculoesqueléticas y problemas psicológicos, por un lado. Por otro lado, destaca que la necesidad de analizar los riesgos que afrontan hombres y mujeres y de tomar las medidas adecuadas al respecto no significa reintroducir políticas protectoras de exclusión ni desarrollar ocupaciones diferentes para hombres y mujeres.

Incluso aunque el sistema de directivas de la UE en materia de seguridad y salud en el trabajo es neutral por lo que se refiere a la perspectiva de género, no es motivo suficiente para que se infravaloren y descuiden los riesgos relacionados con el trabajo para la salud y la seguridad de las mujeres, en comparación con los riesgos para la seguridad y la salud de los hombres, tanto en términos de prevención como de investigación.

En la Unión Europea los trabajadores, tanto hombres como mujeres, se encuentran expuestos a diferentes riesgos en sus lugares de trabajo: agentes químicos, biológicos y físicos, unas condiciones ergonómicas adversas, una combinación compleja de peligros de accidente y riesgos para la seguridad, así como diferentes factores de riesgo de carácter psicosocial. Por tanto, las mujeres y los hombres no constituyen un grupo homogéneo. Por ello, es necesario adaptar las estrategias y las medidas en materia de seguridad y salud a puestos de trabajo concretos, teniendo en cuenta que la repercusión de algunos factores puede ser distinta en las mujeres y en los hombres.

La opinión también destaca nuevos factores de riesgo, como acoso laboral, violencia e intimidaciones de los clientes en el trabajo, principalmente en los sectores de servicios públicos que dan empleo en mayor medida a mujeres. Por ultimo, destaca la necesidad de considerar la introducción de los conceptos de peligro, riesgo y prevención en los currículos escolares y en los sistemas educativos en general, como un medio eficaz de crear una cultura de seguridad y salud fuerte y con un carácter preventivo continuo.

  Thomas Ulmer, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señora Presidenta, Comisario, señoras y señores, permítanme expresar mi agradecimiento a la señora Willmott por el carácter positivo y constructivo de nuestra cooperación en comisión. El informe refleja el lugar prioritario otorgado a la seguridad y salud en el trabajo en los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea. Las garantías clave gozan de importancia y consideración. El coste de la prevención de los accidentes y de la seguridad es elevado, pero permítanme destacar de manera inequívoca que la salvaguardia de la salud no tiene precio. Los puntos importantes son que las disposiciones deberían transponerse y aplicarse en todos los Estados miembros, a los que la Unión Europea debería ayudar en la transposición de las normas y ofrecer recomendaciones, antes que imponer sanciones.

Creo que debería prestarse especial atención a las pequeñas y medianas empresas, que necesitan ayuda en este ámbito si han de seguir siendo competitivas. A este respecto, hacemos un llamamiento a la Comisión para que cree las condiciones básicas adecuadas para las PYME en aquellos casos en que estas condiciones han dejado de existir, y para mejorarlas allí donde continúan existiendo. La protección proporcionada a los empleados no debe depender del país en el que trabajen, o de las dimensiones de su empresa.

En el breve espacio de tiempo de que dispongo, tan sólo quisiera enumerar algunos puntos de especial importancia, como una mayor protección contra la hepatitis y el SIDA, y el continuo y sistemático desamiantado en los lugares de trabajo, por muy complejo y costoso que ello pueda resultar. Creo que debemos centrarnos en la hepatitis B y, especialmente, en aquellas personas que corren un riesgo laboral elevado de contagio por los virus de la hepatitis; en otras palabras, personal médico, paramédico, cuidador y de primeros auxilios.

En el ámbito de los primeros auxilios, los esfuerzos deben abarcar también a aquellas personas de numerosos Estados miembros que, además de sus trabajos diarios, desempeñan labores voluntarias no remuneradas en los servicios de emergencia. Creo que ha sido muy importante que el informe se ciñera estrictamente al tema y evitara citar ejemplos, lo que podría haber motivado que se prejuzgaran muchas cuestiones.

Gracias por nuestra fructífera cooperación. El Grupo del PPE-DE respalda el informe.

  Pier Antonio Panzeri, en nombre del Grupo del PSE. – (IT) Señora Presidenta, señoras y señores, el 6 de diciembre de 2007 un accidente en una fábrica de ThyssenKrupp, en Turín, causó la muerte de siete trabajadores. Este incidente, de extrema gravedad, muestra que el problema de la seguridad sigue sin resolverse.

Igualmente, la tragedia de Turín plantea otra cuestión para la consideración de esta Cámara. Hubiéramos esperado que esta empresa multinacional mostrara un comportamiento adecuado, pero no fue el caso. Los periódicos italianos informaron ayer de que, en un documento confidencial redactado por un alto cargo de ThyssenKrupp con posterioridad al trágico incendio en las instalaciones de fundición de acero, y del que el tribunal se había incautado, los supervivientes que fueron entrevistados tras el accidente eran descritos como trabajadores que se habían erigido en héroes y en estrellas de la televisión. No hay palabras para describir tal alegato, como no sea la de «vergüenza».

Sería muy significativo que este Parlamento, así como el Comisario, al margen de toda formalidad, pudieran expresar, y lo hicieran, su indignación hacia ThyssenKrupp. Lo que ocurrió en Turín ocurre, en cierta forma, en cualquier lugar y, asimismo, sobre la base del excelente informe Willmott, subraya la necesidad de alcanzar un compromiso para conseguir la auténtica reducción de los accidentes y muertes en el lugar de trabajo.

  Elizabeth Lynne, en nombre del Grupo ALDE. – Señora Presidenta, se trata de un muy buen informe y me gustaría dar las gracias a la ponente por su cooperación.

Me alegra que el informe hable de una mejor aplicación de las actuales directivas. También acojo con satisfacción la mejora de las inspecciones. No tiene sentido que los Estados miembros hablen de la aplicación de las directivas en vigor, como muchos hacen en materia de salud y seguridad, y luego, muy a menudo, pidan la elaboración de nuevos actos legislativos, incluso cuando las pruebas científicas y médicas no indican la existencia de riesgos.

Un ámbito que requiere legislación —y ya lo pedimos en 2005— es la prevención de más de un millón de heridas causadas por agujas de jeringuillas que afectan a los trabajadores del sector sanitario cada año en toda la UE. ¡Imagínense el horror de pincharse accidentalmente con una jeringuilla y la temible espera hasta saber si has contraído una infección grave, como el VIH o la hepatitis B!

La Comisión debe atender nuestro llamamiento y presentar una modificación a la Directiva de 2000 sobre agentes biológicos. En algunos ámbitos, probablemente basta con el intercambio de mejores prácticas y, por este motivo, me complace que mis enmiendas sobre infecciones vinculadas a la asistencia sanitaria fueran aprobadas en comisión. Infecciones como el SARM son graves no solo para los pacientes hospitalarios, sino también para los trabajadores del sector sanitario. Los índices de infección varían considerablemente entre Estados miembros. Por ejemplo, el índice de infección en el Reino Unido es diez veces superior al de los Países Bajos. Tenemos que saber por qué y cómo podemos aprender de las mejores prácticas. Por este motivo, en una de mis enmiendas aprobadas en comisión, pedía la adopción de un código de conducta comunitario de prácticas de prevención de las infecciones vinculadas a la asistencia sanitaria y el fomento de chequeos del personal médico en toda la UE.

  Sepp Kusstatscher, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señora Presidenta, permítame comenzar agradeciendo a la ponente, la señora Willmott, su excelente trabajo y, especialmente, su gran disposición para el acuerdo. Cada año, más de 160 000 personas resultan muertas, y unas 300 000 incapacitadas en la UE debido a accidentes de trabajo y a enfermedades profesionales. Son demasiadas. En esta sociedad en la que vivimos, donde el individuo es, a menudo, considerado como un mero factor de producción, el aspecto humano de este problema se desdeña demasiado. El Estado, por el cual entiendo los poderes legislativos y los Gobiernos, debe asegurar que los operadores, impulsados puramente por el provecho comercial, soporten el coste social de la explotación. Ése es el único camino para asegurar que la seguridad y la salud en el trabajo reciban la prioridad necesaria.

La opinión pública tiende a prestar mayor atención a los accidentes laborales que a la amplia diversidad de enfermedades profesionales, por lo que se requieren esfuerzos más amplios y enérgicos para recobrar el equilibrio. No pueden alcanzarse mejoras sin ejercer una estrecha vigilancia; en otras palabras, inspecciones y análisis, así como sin el establecimiento de objetivos concretos para reducir la incidencia de enfermedades profesionales, entre las que se incluyen nuevas enfermedades que afectan a los trabajadores de ámbitos como la nanotecnología.

  Derek Roland Clark, en nombre del Grupo IND/DEM. – Señora Presidenta, la aprobación de este informe sobre salud y seguridad en el trabajo añadirá más papeleo inútil, ¡justo cuando pensaba que la Comisión tenía intención de reducirlo!

La pérdida de jornadas de trabajo debida a enfermedades y lesiones aumenta los costes para las empresas y, por consiguiente, también los precios. En una UE de libre circulación de bienes y servicios hay más competencia, de modo que los que no cuidan de su mano de obra pierden negocio. Las personas que disfrutan de una baja laboral por enfermedad también hacen subir el coste de las prestaciones sociales, lo que contribuye todavía más a la subida de precios. Por tanto, las empresas, por su propio bien, deben mantener la buena salud de sus trabajadores.

Siempre ha habido buenas ideas, por lo que esto no debería entrañar ninguna dificultad. Esto depende, por supuesto, de la existencia de un mercado libre, pero también si, como algunos miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, ustedes piensan que esto lleva a la ley de la selva, entonces tenemos otra grave enfermedad a la que enfrentarnos. Aparentemente, los Estados miembros que fomentan el libre mercado son un caso de psiquiatría.

  Jean-Claude Martinez (NI). – (FR) Señora Presidenta, teniendo en cuenta los suicidios de trabajadores de Renault y Peugeot en Francia y los miles de trabajadores del amianto con cáncer de pulmón, es evidente que hay un problema de salud en el trabajo.

Como respuesta, la Comisión Europea ha presentado una Comunicación elevada al rango de «estrategia para la salud», pero, al leerla, nos encontramos en realidad con una resolución que parece de Walt Disney, redactada por Blancanieves para los siete enanitos. Y, en efecto, resulta muy conmovedora. En el apartado 35, por ejemplo, se nos dice que hay que tener modos de vida saludables en el lugar de trabajo; en el apartado 29, que hay que realizarse exámenes médicos; en el apartado 54, que es necesario instalar extintores de incendios; en el apartado 49, que el estrés no es bueno para la salud, y el considerando D nos revela que, quién lo iba a decir, en la construcción se producen más accidentes mortales que en la alta función pública europea.

Afortunadamente, el ponente de la Comisión de Industria nos ofrece soluciones: entre otras, la contratación de un psicólogo y un capellán por cada 500 empleados.

Sin embargo, en realidad no se nos dice nada de las causas de las enfermedades profesionales, que son tres. La primera es la ideología que propugna rebajar la protección de nuestras fronteras, que sitúa a nuestros trabajadores en competencia desleal con los trabajadores esclavos de Asia. Para resistir, nuestras empresas tienen que lanzarse a la carrera por la productividad, a costa de la salud.

La segunda, la necia política del euro fuerte nos priva de competitividad monetaria. La única variable de ajuste se convierte así en más carrera por la productividad, lo que también compromete la salud.

La tercera causa de nuestros problemas es la filosofía neurótica de la competitividad, que no es más que una guerra económica entre Europa y Asia o entre Europa y América Latina. Ahora bien, la guerra provoca heridos y muertos, y, en el caso que nos ocupa, víctimas de enfermedades y accidentes profesionales. En otras palabras, el trabajador europeo está en el ruedo económico planetario como un toro de lidia, estresado y sangrante, al límite de su salud. Por tanto, la solución es sacar a nuestros trabajadores de ese ruedo planetario desleal, y esto exigirá una nueva tecnología aduanera de derechos de aduana deducibles.

  Romano Maria La Russa, ponente de opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. − (IT) Señora Presidenta, señoras y señores, deseaba proporcionar una visión general de los puntos clave de esta estrategia y debatir las recomendaciones contenidas en mi opinión. Garantizar la igualdad de la cobertura social de todos los trabajadores, sin atender a la forma de contratación, agilizar los procedimientos burocráticos para las pequeñas y medianas empresas y proporcionar incentivos a la formación, incluidos incentivos financieros, son aspectos de importancia primordial.

Sin embargo, debatir únicamente dichos aspectos estaría lejos de constituir una muestra de consideración hacia quienes, con motivo, reclaman explicaciones y justicia frente a espantosas tragedias como la ocurrida hace unos días en Turín, a la que ha hecho referencia el señor Panzeri hace un momento. Durante la noche del 6 al 7 de diciembre, se propagó un incendio en la fábrica de ThyssenKrupp que mató a siete trabajadores; los extintores no funcionaban. ¡No fue hasta más tarde cuando salió a relucir que la fábrica no cumplía con las normas de seguridad! El Parlamento Europeo y yo mismo no podemos dejar de hacer constar tal desgracia.

Ciertamente, no pretendo condenar la conducta de la empresa multinacional alemana por completo, o incluso imaginar que la fábrica, pese a su culpabilidad, incumpliera alevosa y deliberadamente los requisitos de seguridad con el fin de ahorrarse dinero. No apoyaré los argumentos ideológicos expuestos por algunos miembros de sindicatos italianos de izquierdas que, al tener noticia el mes de junio pasado del cierre de la fábrica, se erigieron en defensores de la seguridad y declararon que eran los responsables y quienes estaban al cuidado de la seguridad de la fábrica. Sin embargo, todavía no ha llegado el momento de emitir juicios y, especialmente, precipitados.

Aun respetando las competencias nacionales en la cuestión, considero que es urgente para la Unión Europea garantizar que las leyes se apliquen en su totalidad, en primer lugar reforzando las actividades de inspección de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, fortaleciendo la coordinación entre las diversas agencias nacionales y mejorando el funcionamiento del Comité de altos responsables de la inspección de trabajo.

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). – (EL) Señora Presidenta, no cabe duda de que la salud y la seguridad en el trabajo contribuyen a la gestión de calidad, al rendimiento económico y a la competitividad, y que ayudan en el desarrollo de la economía y en el logro de objetivos presupuestarios, incluidos los presupuestos para los regímenes de la seguridad social. Ciertamente, más allá de todas estas cuestiones técnicas, existen razones humanitarias por las que es no sólo necesario, sino también prioritario, proteger la salud de los empleados y garantizar la seguridad en los lugares de trabajo.

La estrategia para 2002-2006 dio resultados positivos, y las perspectivas para 2007 y en adelante son positivas si todos desempeñamos nuestra función —no únicamente en cuanto a la planificación europea, sino también en lo que respecta al ámbito nacional correspondiente— para realizar un seguimiento y planificación de la salud y la seguridad, especialmente en aquellas categorías vulnerables; es decir, los empleados jóvenes y los de mayor edad —a quienes llamamos a participar en la producción durante un período mayor de sus vidas— así como las mujeres, que están igualmente llamadas a participar en la vida laboral; una vida laboral con nuevas exigencias, fragmentada en formas muy diversas de contratación, empleo autónomo, y pequeñas y medianas empresas que carecen de la capacidad de las grandes empresas para imponer unas condiciones laborales y de seguridad adecuadas. Por lo tanto, debe de incumbirnos a todos la correcta gestión de los recursos nacionales y comunitarios, como propone el informe Willmott, de manera que puedan alcanzarse los resultados deseados.

  Maria Matsouka (PSE). – (EL) Señora Presidenta, quisiera comenzar felicitando a nuestra colega, la señora Willmott, porque su informe ha cubierto, en gran medida, las profundas lagunas existentes en la comunicación de la Comisión.

Dignidad en el trabajo significa salud y seguridad en el trabajo. Significa llevar a cabo estudios sobre la prevención de los riesgos laborales y proporcionar a los empleados revisiones médicas preventivas. Significa aprendizaje permanente, formación y reciclaje profesionales. Significa salud y seguridad como criterios determinantes para los acuerdos comerciales con terceros países. Pero si estas propuestas deben tener algún peso específico, sin duda es requisito básico el diálogo social continuo pero, sobre todo, necesitamos hacer frente a las amenazas fundamentales que proyectan su sombra sobre el ámbito de las relaciones laborales.

Me refiero, concretamente, a la propagación de la penuria entre los empleados, al rápido crecimiento de formas irregulares de empleo y al incremento del horario en la jornada laboral. Si no existen políticas totalmente centradas en el aspecto humano, capaces de invertir esta nueva «edad de las tinieblas» para el ámbito laboral, los conflictos sociales son inevitables.

  Adamos Adamou (GUE/NGL). – (EL) Señora Presidenta, las medidas propuestas por la Comisión Europea para la estrategia hasta el año 2012 son, en su mayor parte, superficiales, y se concentran en asegurar que la competitividad no se vea afectada.

El objetivo de reducir los accidentes en un 25 % para el final del período que abarca la estrategia puede parecer impresionante pero, en realidad, es totalmente insuficiente. El verdadero objetivo debería consistir en implantar el trabajo preliminar y reforzar las intervenciones institucionales por el Estado para que la trágica cifra anual de víctimas mortales, que alcanza varios miles —y cifras similares de graves problemas de salud debido a la calidad del entorno laboral— se aproxime más a su eliminación. La ponente se centra, principalmente, en la explotación a la que se somete a los empleados, como la de aquéllos que trabajan en tareas arriesgadas, mujeres, trabajadores temporales, inmigrantes o de edad avanzada, y propone medidas más estrictas contra los empleadores, así como una supervisión garantizada.

Una de las aportaciones más significativas del informe es, quizá, la constatación de que el empleo permanente es un requisito para combatir los accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo.

Por otra parte, además de a los accidentes, debería prestarse mayor atención a las causas que subyacen a la aparición de enfermedades mentales, adicciones, y los riesgos psicológicos del lugar de trabajo.

Así pues, lo que se necesita es un enfoque multifactorial hacia todos los elementos que afectan a la salud y seguridad en el lugar de trabajo.

  Jiří Maštálka, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (CS) Señoras y señores, debo admitir que cuando leí la estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo 2007-2012 que la Comisión Europea presentó el pasado mes de febrero quedé, en muchos aspectos, decepcionado. Aunque la Comisión dispuso en esta estrategia un objetivo relativamente ambicioso para reducir la cifra de accidentes laborales en un 25 %, la estrategia contiene únicamente un número muy reducido de iniciativas y recomendaciones concretas para alcanzar dicho objetivo. Además se centra, principalmente, en los accidentes laborales, que son, ciertamente, un solo aspecto de los problemas de salud relacionados con el trabajo. Se obvian en cierta medida las enfermedades profesionales quedan, lo que constituye, en mi opinión, un paso atrás.

Por otra parte, debo mostrar mi agradecimiento y felicitar a la señora Willmott por su informe sobre esta estrategia que, a diferencia del documento de la Comisión, contiene numerosas propuestas y recomendaciones concretas para alcanzar mejores resultados en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo. Me complace que la ponente resalte también la necesidad de definir correctamente el cáncer y de expresarlo numéricamente como una enfermedad profesional con el fin de especificar los objetivos para la reducción de casos de esta grave enfermedad. Hasta ahora, únicamente el 5 % de los casos de cáncer ocasionados por el trabajo fueron clasificados como enfermedad profesional.

He recibido con gran satisfacción la incorporación de mi enmienda al informe, que he presentado en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la necesidad de garantizar al público en general el libre acceso a la normativa técnica, un problema con el que luchan constantemente los empleados de muchos Estados miembros, y que debería subsanarse.

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Señora Presidente, si queremos reducir los accidentes laborales, necesitamos saber cómo ocurren. No podemos estudiar todos los accidentes ni todos los percances, pero, déjenme decirles, un chico irlandés de 19 años murió en una obra, porque su ligera excavadora japonesa tenía una pesada pala europea. Su muerte fue registrada como una muerte en la construcción y la Autoridad de Salud y Seguridad irlandesa nunca siguió investigando la situación. Así pues, ¿cómo podemos salvar la vida a la próxima persona que conduzca un tractor mal equipado? Porque no lo sabemos.

No podemos investigarlo todo, pero podemos examinar todos los accidentes mortales y enfermedades debilitantes, especialmente en los sectores más peligrosos como la agricultura, la pesca, la construcción y el transporte. Tenemos que hacer un desglose para aplicar medidas prácticas. Asimismo, aparte de los trabajos de riesgo, tenemos grupos muy vulnerables entre los trabajadores, a saber, trabajadores de edad avanzada, con discapacidad y trabajadores que no hablan el idioma de su lugar de trabajo.

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, en primer lugar, yo también deseo expresar mi pésame por la tragedia sobrevenida a los trabajadores de la fábrica de Turín; creo que es un hecho irrefutable que se producen demasiadas muertes en Italia debido a accidentes laborales, porque no se hace lo suficiente para prevenirlos y cumplir con las normas.

Comparten la responsabilidad por esta situación las empresas, los sindicatos y los organismos de inspección a partes iguales. Podemos hallar empresas que recurren a trabajadores ilegales, especialmente de países no pertenecientes a la UE, o fábricas como la de ThyssenKrupp, con su arrogancia industrial a la vieja usanza; quienes deberían estar defendiendo los intereses de los trabajadores, a menudo muestran su consentimiento, cuando no actúan en connivencia con tales situaciones, en lugar de mantenerse vigilantes y prestos a señalar los defectos en el sistema de seguridad a los responsables; finalmente, el cuerpo de inspectores de trabajo y otros organismos responsables del control y seguimiento, a menudo no logran mostrar excesiva iniciativa.

En la UE debemos promover la seguridad en el lugar de trabajo y, a este respecto, el informe Willmott es más satisfactorio que la propuesta de la Comisión. Creo que cuando hablamos de trabajo e industria, no debemos limitarnos simplemente a asegurar la libre competencia y la competitividad.

  Iles Braghetto (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, todavía muere gente en su lugar de trabajo. En un ámbito en el que el ser humano debería ser capaz de demostrar su capacidad para manipular la materia con fuerza y creatividad, para desarrollar su conocimiento y ganarse la vida, encontramos demasiado a menudo ejemplos de muerte y de riesgos extremadamente graves.

Ésa es la razón por la que existe tal ira y desconcierto entre la opinión pública italiana sobre los siete trabajadores que murieron el pasado mes de diciembre en el incendio de la fábrica de ThyssenKrupp, en Turín, y por la que debemos preguntarnos qué es lo que no estaba funcionando adecuadamente en dicha fábrica, para poder evitar estos desastres. Somos responsables de tales deficiencias en cada lugar de trabajo.

Actualmente contamos con una legislación muy avanzada, diseñada para apoyar una política preventiva apropiada en Europa, definir las obligaciones que incumben a las empresas y abordar nuevas enfermedades profesionales. Sin embargo, carecemos de controles eficaces, de inspecciones que aseguren la observancia de las leyes y de recursos humanos y financieros. Carecemos todavía de una cultura que valore la importancia de unos servicios preventivos rigurosos, que considere la prevención como un proceso continuo antes que como una obligación aislada, que establezca un diálogo constante ente las partes con vistas a desarrollar de manera eficaz normas elevadas de seguridad, capaces de reconocer el surgimiento de nuevas enfermedades profesionales psicosociales.

En conclusión, creo también que debemos volver a la materia objeto del Libro Verde relativo a la responsabilidad social de las empresas, que es un aspecto cohesivo e innovador, en relación con el compromiso de reducir los accidentes y las enfermedades profesionales.

  Richard Falbr (PSE) . – (CS) Para comenzar, quisiera mostrar mi agradecimiento a la señora Willmott por su informe, cuidadosamente elaborado. Se afirma que el objetivo de la Comisión es reducir los accidentes laborales en un 25 %. No creo que esto vaya a ser posible. Existe un número insuficiente de inspectores de trabajo e insuficientes herramientas a su disposición para introducir cambios. La influencia de los sindicatos está reduciéndose constantemente; en muchos países ya no participan en las investigaciones sobre las causas de los accidentes laborales y la erradicación de sus consecuencias. Además, hay que referirse a la selva en que se ha convertido el empleo de trabajadores a través de agencias, así como la presión ejercida para conseguir una constante ampliación de la también llamada «flexibilidad» en el horario laboral de los empleados. El resultado es que los empleados trabajan durante un número excesivo de horas, incrementándose así los riesgos de sufrir un accidente.

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Señora Presidenta, el proyecto de resolución hace hincapié en la responsabilidad social de las empresas en la salud y la seguridad en el trabajo, al tiempo que presta atención a la cuestión de la competencia leal. Tiene en cuenta la gran importancia del diálogo entre los interlocutores sociales, concretamente del papel que desempeñan los sindicatos en la mejora de la seguridad en el medio laboral.

También centra la atención sobre la necesidad de un tratamiento especial para las pequeñas y medianas empresas en la estrategia para la mejora de la salud y la seguridad, así como en la necesidad de proporcionar formación continua a los empleados. La mayoría de los accidentes los protagonizan personas que están comenzando su vida laboral, que carecen de experiencia, así como de las que tienen muy poco tiempo para descansar después de su jornada laboral.

Incluye importantes comentarios sobre la rehabilitación e integración en el lugar de trabajo de personas que reanudan su actividad laboral tras un accidente, así como requisitos relativos a la no discriminación para el acceso al trabajo de los enfermos de cáncer. Quisiera felicitar a la ponente.

  Jacek Protasiewicz (PPE-DE). – (PL) Señora Presidenta, en esta Cámara hemos estado debatiendo durante años la estrategia del mercado laboral europeo. Tenemos muchas opiniones en cuanto a la dirección que deberían tomar nuestras actividades. Hay quienes se muestran partidarios de una profunda armonización de la legislación laboral; otros, defienden la opinión de que la diversidad natural de los mercados laborales europeos resulta ventajosa para la economía de la UE.

Como ustedes saben, mi opinión en esta materia favorece la segunda posición, aunque con una importante excepción, relativa a la reglamentación de la salud y seguridad en el trabajo. Creo que, en dicho ámbito, la participación activa de las instituciones de la UE está justificada y resulta necesaria.

Tras la reciente ampliación de la UE, asistimos a una diversidad todavía mayor de condiciones laborales. Esta diversidad es de naturaleza tanto territorial como medioambiental pues, cualquiera que sea el país en cuestión, la mayoría de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales afectan a grupos como trabajadores inmigrantes, empleados jóvenes o personas de mayor edad. Con ello no pretendo insinuar que estos grupos sean objeto de discriminación deliberada y consciente; se trata, más bien, de una consecuencia de la formación insuficiente y de la falta de experiencia, razón de más para proporcionar condiciones adecuadas de trabajo y seguridad precisamente a estos trabajadores.

Quisiera también señalar que, en cualquier Estado miembro, podemos ver mayores problemas para llevar a cabo el cumplimiento de las normas más elevadas de seguridad en el trabajo en sectores como la construcción, la agricultura y el transporte. Es especialmente en estos sectores donde se encuentran las pequeñas y medianas empresas y donde su capacidad financiera, organizativa y jurídica les dificulta cumplir con normas elevadas de salud y seguridad. Son precisamente estas empresas las que necesitan apoyo de la Unión Europea, de sus instituciones y de los Gobiernos de los Estados miembros, y este apoyo se necesita con urgencia. No se trata tan sólo de una cuestión de sanciones y de incremento del control; estos instrumentos, ciertamente esenciales, deberían acompañarse de inversiones en la formación, tanto de los empleados como de los empleadores, así como de apoyo financiero para la mejora y mayor seguridad del equipamiento en el lugar de trabajo.

  Gabriela Creţu (PSE). – (RO) Recibimos con satisfacción las buenas intenciones de la Comisión; sin embargo, tenemos dudas sobre su eficacia.

Se necesitan estadísticas precisas sobre las enfermedades profesionales con el fin de maximizar el impacto de las políticas y proteger a los trabajadores. Los datos existentes bien son incompletos, malintepretan los fenómenos, o bien ignoran la realidad. Las mujeres son las principales víctimas de estas deficiencias, principalmente porque participan en mayor medida de la economía informal, o «sumergida».

En este sector, no queda constancia alguna de los efectos de las condiciones laborales sobre la salud. El marco jurídico existente mantiene un enfoque que hace hincapié en los accidentes y los riesgos de los sectores de la economía predominantemente masculinos, también llamados «duros».

Hacemos un llamamiento a la Comisión para una consideración más cuidadosa de las diferencias específicas entre los empleados y las empleadas y para la evaluación de la disponibilidad de los datos desglosados por género, así como los relativos a los efectos a largo plazo y las consecuencias psicológicas del empleo.

Para corroborar nuestra petición, quisiera invitarles a realizar una visita a alguna fábrica textil. La vista y el oído pueden resultar significativamente dañados, y la prevalencia de enfermedades circulatorias es elevada, pero las estadísticas hacen caso omiso de la situación. Ésta es la industria también llamada «ligera», donde la mayoría de los trabajadores son mujeres y los salarios son bajos porque se supone que no existen riesgos. Así, las estadísticas actuales mantienen la histórica desigualdad entre hombres y mujeres, incluida la diferencia de retribución ente hombres y mujeres.

  Harald Ettl (PSE). – (DE) Señora Presidenta, es absolutamente esencial establecer una estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo. Mientras que las medidas técnicas de salud y seguridad mejoran rápidamente, el ritmo meteórico del cambio en el mundo laboral plantea nuevos riesgos. Los problemas y los riesgos asociados al trabajo con nuevas sustancias químicas se evidencian por sí solos.

Sin embargo, y en primer lugar, la creciente presión por el rendimiento que caracteriza a los lugares de trabajo de la actualidad ocasiona no sólo problemas físicos, sino también psicológicos. Los empleos inestables y el temor de la gente por perder su medio de vida conducen a problemas psicosociales; aumentan los nuevos potenciales de agresión, los nuevos factores de estrés conducen al maltrato psicológico, y la intimidación se convierte en algo común.

Las PYME son particularmente susceptibles a tales fenómenos propios de la actualidad, a menos que sean contrarrestados por medidas como la información, la supervisión y la formación. Por consiguiente, esta Resolución es más importante de lo que pueda parecer. Felicito a la ponente.

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, debe darse prioridad a la salud en el lugar de trabajo. Los edificios de nuestro Parlamento en Bruselas y en Estrasburgo se encuentran entre los lugares donde es necesario aplicar mayores medidas. Simplemente, véase la temperatura ambiente en esta Cámara, que está al borde de constituir un riesgo para la salud. Creo también en el poder del buen ejemplo.

Hace unos meses, quedé atrapado en un hotel de Grecia cuando un incendio forestal lo quemaba todo a su alrededor, y debo decir que el hotel, una PYME típica, se había preparado para esta eventualidad del modo más ejemplar. Si no se hubieran concebido perfectamente todas las precauciones de seguridad, de una forma bien organizada y adecuadamente entrenada, probablemente no hubieran sobrevivido muchas de las personas que se encontraban allí. Ésa es la razón por la que creo que es de gran importancia este proceso de formación al que hizo referencia el señor Ettl; formación y preparación para las emergencias. También resultarían útiles a este respecto los sistemas de incentivación; por ejemplo, las empresas aseguradoras podrían autorizar los descuentos correspondientes sobre las primas aplicables a las empresas que contaran con personal formado, y los regímenes de seguros sociales podrían ofrecer también los cursos de entrenamiento correspondientes.

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) En calidad de diputado al Parlamento Europeo y de médico, recibo con satisfacción el plan de la Comisión de reducir los accidentes laborales en la Unión Europea en una media del 25 %, y soy consciente de la necesidad de poner en práctica medidas más eficaces en todos los Estados miembros, entre los que existen grandes disparidades.

Además de los sectores como el del metal, la construcción, la electricidad o las actividades forestales, quisiera también destacar el elevado riesgo de las tareas que desempeña el personal médico y sanitario, que se ve expuesto en su trabajo a riesgos elevados de contagio de SIDA, tuberculosis, hepatitis y muchas otras enfermedades contagiosas. Lamento también que la reducción en la cifra de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no incluyera concretamente, por ejemplo, a los trabajadores inmigrantes, los trabajadores con contratos temporales, los trabajadores escasamente cualificados y las mujeres en ciertas empresas, tales como las pequeñas y medianas.

Destacaría las disposiciones de algunos países que ponen en práctica con éxito la rehabilitación completa tras un accidente como condición previa para el retorno provechoso al mercado laboral.

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) – (RO) En calidad de ponente de la Comisión de Industria, Investigación y Energía para este documento, he preguntado sobre la promoción activa de la participación en sindicatos europeos, y he realizado un llamamiento a la Comisión para que presente un marco jurídico que anime a los interlocutores sociales a entablar negociaciones transfronterizas.

La Comisión Europea y los Estados miembros podrían proporcionar fondos para la formación de los representantes de los trabajadores para que defiendan y promuevan los derechos de los trabajadores relativos a la seguridad y salud en el lugar de trabajo.

Hemos solicitado también a los Estados miembros que firmen y ratifiquen la Convención internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y que se coordinen para mejorar su acceso a la formación, en particular para los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores contractuales con el fin de ayudarles a encontrar puestos de trabajo más estables.

Creo que los Estados miembros deberían hacer cumplir la medida requerida para que el trabajo en condiciones penosas o peligrosas sea considerado como tal y quede reflejado en la protección social de una persona, tanto durante su vida activa como después de su jubilación.

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – (RO) La estrategia europea de salud y seguridad en el trabajo es una iniciativa recibida con satisfacción por parte de la Comisión Europea; sin embargo, creo que deberían examinarse también otros aspectos. Como ha señalado muy acertadamente uno de los oradores anteriores, deberíamos tener en cuenta que existe una situación especial en el mercado laboral europeo respecto a los inmigrantes.

Un estudio reciente de la Comisión Europea muestra que los inmigrantes están expuestos a niveles mucho más elevados de riesgo por lo que respecta a la salud y seguridad en el lugar de trabajo. Ello se debe tanto a la incidencia del trabajo ilegal como a otros factores: desconocimiento de los derechos de prestaciones sociales y de pensiones en los Estados miembros, y problemas en la utilización del seguro sanitario transfronterizo.

Tales materias entran dentro de la competencia comunitaria, y la Comisión debería estar vigilando estrechamente la aplicación de la legislación europea para mejorar las circunstancias precarias de los inmigrantes.

Además, la financiación europea podría utilizarse para la formación de un mayor número de inspectores de trabajo que identificaran las deficiencias en el cumplimiento de la reglamentación de salud y seguridad en el lugar de trabajo.

  Stephen Hughes (PSE). – Señora Presidenta, me gustaría hablar de las heridas causadas por agujas de jeringuillas, porque fui responsable del informe de 2006 sobre esta cuestión. Me pregunto si el Comisario estará de acuerdo conmigo en que, cuando se identifica un riesgo que tiene que ser abordado a escala europea, es necesario que la Comisión pida rapidez.

Sí está de acuerdo, me pregunto si puede explicar por qué la Comisión tardó un año en gestionar y valorar la primera ronda de consultas con los interlocutores sociales en relación con las heridas causadas por agujas de jeringuillas, a pesar incluso de que solo hubo 10 respuestas a dicha consulta.

Me pregunto si también puede asegurarnos que en lo que queda de año se seguirá trabajando con mayor celeridad a este respecto. Un millón de trabajadores al año se ve afectado por heridas causadas por agujas de jeringuillas. Esto quiere decir que aproximadamente un millón y medio se han visto afectados desde que el Parlamento finalizó el informe. ¿Podría la Comisión actuar un poco más rápido en el futuro?

  Stavros Dimas, Miembro de la Comisión. − (EL) Señora Presidenta, agradezco a todos los oradores sus aportaciones, sumamente positivas.

De hecho, cada accidente, cada lesión, cada muerte en el trabajo, como las que tuvieron lugar el pasado diciembre en Turín, Italia, nos recuerda que se necesita hacer más para proteger a los trabajadores y trabajadoras de Europa. Nos recuerda que debe hacerse más para alcanzar nuestro objetivo final: hacer de Europa un lugar más seguro para trabajar.

Precisamente, la nueva estrategia se dirige a reducir los actuales e inaceptables niveles de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Quisiera hacer hincapié en que, teniendo en cuenta los recursos humanos disponibles, puede decirse que la asignación actual de personal permitirá a los departamentos de la Comisión llevar a cabo adecuadamente sus funciones en este ámbito. En el marco del despliegue global de recursos humanos asignado al ámbito del empleo y los asuntos sociales, la Comisión evaluará constantemente el volumen de trabajo en los diversos ámbitos de especialización, y asignará a su personal en consecuencia.

Quisiera también hacer mención, en cuanto a la cuestión de las lesiones producidas por agujas, que estamos preparando la propuesta correspondiente para una modificación de la Directiva, que presentaremos en 2008.

De nuevo, quisiera agradecer a esta Cámara su debate y aprobación del informe de la señora Willmott.

Una vez más, hemos comprobado la sólida política de apoyo del Parlamento Europeo al principio de conceder a la salud y la seguridad en el trabajo un lugar prioritario en la agenda, por el bien de la economía, así como garantía de que los empleados volverán sanos y salvos con sus seres queridos tras su jornada laboral.

  Glenis Willmott, ponente. − Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias a mis colegas por sus comentarios y plantear solo un par de cuestiones.

En primer lugar, sobre la cuestión del cáncer, es necesario revisar la Directiva sobre agentes carcinógenos a fin de reflejar los avances técnicos y los cambios de los conocimientos científicos en el mundo del trabajo. Es importante que tengamos límites vinculantes eficaces para agentes carcinógenos, mutagénicos y sustancias tóxicas para la reproducción. Los valores límite deberían basarse en pruebas científicas e instaría al Comité Científico de la UE a que examine el ácido silícico cristalino de forma prioritaria. También quiero pedir a sus Señorías que no supriman esta referencia y que voten en contra de la enmienda 6.

En segundo lugar, el informe pide que se controlen las nanotecnologías y que se evalúen los riesgos potenciales y quiero pedir a sus Señorías que voten en contra de la enmienda 5, que pretende suprimir este punto. Soy plenamente consciente de los beneficios potenciales de la nanotecnologías. Sin embargo, el rápido crecimiento de estas tecnologías está superando nuestra comprensión de los posibles riesgos laborales para la salud: Los trabajadores pueden estar expuestos a nanopartículas por inhalación, contacto dérmico e ingestión y no podemos esconder la cabeza en la arena y negarnos a investigar y comprobar si existe algún riesgo.

Tercero, me gustaría reiterar el llamamiento lanzado a la Comisión para que presente una enmienda legislativa a la Directiva sobre los riesgos relacionados con agentes biológicos en vigor a fin de abordar el problema de las heridas causadas por agujas de jeringuilla. Esto tiene que hacerse con carácter de urgencia.

Como he mencionado antes, la salud y la seguridad son un derecho fundamental incluido en la Carta. Necesitamos una estrategia europea fuerte para garantizar el respeto de este derecho fundamental y que los trabajadores de toda la UE cuentan con la debida protección. Cada accidente y cada enfermedad profesional constituyen una vulneración de los derechos fundamentales de un trabajador.

Todos sabemos que existe una fuerte motivación económica, así como buenos motivos empresariales, para garantizar una buena salud y seguridad en el lugar de trabajo, pero, lo más importante, el principal argumento tiene que ser el coste de la salud humana y las vidas que pueden salvarse. Una vida cada tres minutos y medio, ¿quién puede dejar de rendirse a la evidencia?

(Aplausos)

  Presidenta. – (EL) Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy, martes 15 de enero de 2008, a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (Artículo 142)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) Mis primeras palabras serán para felicitar a la Comisión Europea por su estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo para 2007-2012, y a nuestra comisión parlamentaria por el trabajo realizado. Cada año, unas 500 000 personas mueren o son víctimas de invalidez permanente por razones relacionadas con el trabajo, y es de celebrar el objetivo de la Comisión Europea de reducir un 25 % el promedio los accidentes laborales en la Unión. Apoyo la idea de una mejor acción de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con sede en Bilbao (España). En este asunto, y más en general en la construcción de la Europa social, lamento que ni el informe ni tampoco la Comunicación de la Comisión Europea hagan hincapié en que es esencial apoyar a los interlocutores sociales, que, hay que recordarlo sin cesar, disponen, en el marco de los Tratados actuales, con los artículos 137 y siguientes del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), —y esto ha sido confirmado por el Tratado de Lisboa en curso de ratificación— de instrumentos jurídicos que permiten la construcción de un Derecho social europeo.

6. Aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (debate)

  Presidenta. – (EL) En el orden del día, para su debate, tenemos el informe presentado por Csaba Őry en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (COM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD)) (A6-0515/2007).

  Stavros Dimas, Miembro de la Comisión. − (EL) Señora Presidenta, Señorías del Parlamento Europeo, el documento presentado ante ustedes hoy es el Reglamento más reciente que modifica el Reglamento (CEE) nº 1408/71. Se trata del conocido Reglamento sobre coordinación de los regímenes de seguridad social. Durante más de treinta años, este Reglamento ha constituido el fundamento para la coordinación de los regímenes nacionales de seguridad social. En los últimos años, se ha iniciado un esfuerzo para actualizar y simplificar este Reglamento y su Reglamento de aplicación. El Parlamento ha aprobado ya el nuevo Reglamento (CE) nº 883/2004, y los restantes instrumentos necesarios para su puesta en práctica se encuentran ya en proceso de negociación. Éstos son el Reglamento de aplicación y el texto de los anexos. Hasta la entrada en vigor de estos nuevos instrumentos legislativos, es necesario actualizar la validez del Reglamento (CEE) nº 1408/71; por lo tanto, se presenta ante ustedes esta nueva actualización técnica. Tiene aplicación únicamente al texto de los anexos al Reglamento, y pretende tener en cuenta debidamente los cambios realizados en las legislaciones nacionales.

Es importante que este texto sea aprobado sin demora para poder actualizar el Reglamento (CEE) nº 1408/71, asegurando así la seguridad jurídica y la observancia de los derechos de los ciudadanos.

Quisiera especialmente agradecer al ponente, el señor Őry, la cooperación entre nuestras dos instituciones. Como expuso claramente en su informe, la votación sobre este acto en primera lectura posibilitará adoptarlo sin más dilación. Con esta voluntad, se han preparado las modificaciones, incluidos los cambios técnicos realizados por el Consejo. Por otra parte, no se han incluido, en esta fase, los debates que pueden mantenerse más provechosamente en el contexto del examen del Reglamento de aplicación, para el cual la ponente es la señora Lambert, o el texto de los anexos, especialmente el anexo xi, para el cual la ponente es la señora Bozkurt.

Hay quienes quisieran aprovechar la oportunidad que brinda este informe para abordar cuestiones más generales, por ejemplo, los servicios sanitarios transfronterizos. A pesar de la obvia preocupación sobre estas cuestiones, no creo que sea aconsejable examinarlas dentro del alcance de la presente actualización técnica. Un enfoque limitado, pero pragmático, a dicha actualización técnica, constituye mejor garantía para los derechos de los ciudadanos. Quisiera dar las gracias por ello, especialmente, al señor Őry.

La Comisión está a favor de las enmiendas 1 a 6, la 9 y la 11, que sitúan el texto original en línea con la orientación general del Consejo, y a favor de las enmiendas 7 y 8, que regulan una dificultad específica que surgió recientemente en un Estado miembro, los Países Bajos, tras la entrada en vigor de la reforma del seguro de enfermedad. Por otra parte, la Comisión no está a favor de la enmienda 10, pues la imprecisa redacción de esta enmienda no permite una gestión apropiada de las situaciones concretas que pretende regular. La enmienda pone en entredicho las normas de prioridad en el ámbito de las prestaciones familiares. Una enmienda tal tendría consecuencias jurídicas y económicas que superarían ampliamente el ámbito del Estado miembro afectado.

Gracias por su atención y, una vez más, felicito al ponente por su aportación y su excelente cooperación.

  Csaba Őry, ponente. − (HU) Señora Presidenta, Comisario, permítanme pronunciar unas palabras acerca de la legislación que nos ocupa y de su significación, antes de pasar a las pequeñas cuestiones relacionadas con las enmiendas propuestas.

Como el Comisario ha manifestado, es cierto que ésta es una legislación muy antigua. Vio la luz en 1971, y desde entonces ha desempeñado, tradicionalmente, un papel destacado como instrumento regulador secundario para el derecho fundamental de la libertad laboral en el interior de la Unión. No puede negarse que el derecho a la libre circulación de los trabajadores, consignado en el Tratado, tendría muy poco valor en sí mismo si los ciudadanos que buscan trabajo en otros Estados miembros no pudieran acceder a los sistemas de seguridad social, o si no pudiera asegurarse la portabilidad de derechos.

En relación con la circulación en el interior de la Unión, los trabajadores que asumen riesgos significativos no deben sufrir ninguna desventaja respecto a la seguridad social y a los derechos sociales fundamentales. Sólo entonces puede la libre circulación de trabajadores desempeñar un papel importante en equiparar los mercados laborales de la Unión, algo que su economía necesita.

Por otra parte, deberíamos también observar y reparar en que el Reglamento (CEE) nº 1408/71, que estamos debatiendo, puede llevar a cabo su función únicamente si lo armonizamos de manera constante con la legislación nacional. Sin embargo, las cuestiones sobre política social, empleo y circulación de trabajadores pertenecen y afectan, básicamente, a las competencias nacionales, por lo que ha sido necesario, y sigue siéndolo, modificar y complementar constantemente la legislación de un año a otro.

Esta legislación es decisiva, ya que parece que simplemente estamos poniéndonos de acuerdo en los términos pero, de hecho, afecta a las personas, a sus futuros y a sus problemas cotidianos. Por lo tanto, en calidad de legisladores, ello forma parte de nuestras obligaciones, aunque sepamos que este texto únicamente estará en vigor durante un breve espacio de tiempo pues, como ha mencionado el Comisario, el nuevo Reglamento y la nueva Directiva existen ya. Ya han visto la luz.

Hasta que presentemos el reglamento de aplicación, los intereses de la seguridad jurídica requieren que actualicemos y ajustemos continuamente la formulación de los términos a los cambios de la legislación nacional. Un buen ejemplo de ello es la primera enmienda propuesta donde, en la legislación húngara, el concepto de «familiar a cargo» fue modificado en el Código Civil, y ahora se ha abierto una oportunidad para ajustar la terminología europea a ello.

Sin embargo, esto también guardaba relación con las enmiendas propuestas que afectan a los Países Bajos, donde igualmente concierne, muy claramente, al destino de las personas, y donde existen dudas respecto al derecho a diversas prestaciones sociales para las familias del personal militar que presta servicios en el extranjero, lo que es claramente inaceptable, y debe constar.

Sin embargo, durante el trabajo de la Comisión hemos hallado una solución a este problema, al aceptar la propuesta verbal del Consejo e incorporarla al texto. Por lo tanto, no existe problema alguno aquí, pues considero que la décima enmienda propuesta, ya mencionada, ha aportado una solución tranquilizadora, ya que el Gobierno neerlandés ha procedido a notificar a los ciudadanos correspondientes en una circular aclaratoria, por lo que ya no hay necesidad de que el Parlamento apruebe esta enmienda.

Sin embargo, la cooperación era necesaria, por lo que quisiera expresar mi agradecimiento a los participantes, a las Señorías que presentaron enmiendas, al Consejo y a la Comisión. Muchas gracias por el uso de la palabra, señor Presidente.

PRESIDE: MARIO MAURO
Vicepresidente

  Ria Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (NL) Señor Presidente, como acaba de manifestar el señor Őry, la movilidad en el mercado de trabajo es una cuestión de extrema importancia; de hecho, el Reglamento sobre coordinación, que debatimos hoy, aporta los ajustes necesarios para la conformidad de las leyes de los Estados miembros cada año.

Los Estados miembros tendrían, realmente, que poner a prueba cada ley o cada modificación de la seguridad social o del Derecho fiscal para comprobar su compatibilidad con la norma europea, en cuyo caso no surgirían excesivos problemas. Con un resultado claro, no sería necesario realizar más ajustes con posterioridad.

Junto con el señor Őry, he presentado algunas enmiendas y creo realmente que sus Señorías deberían observar a sus respectivos Estados miembros cuando llegue el momento de realizar el ajuste anual para comprobar si todo lo que se propuso en la consulta administrativa ha sido, de hecho, armonizado con la situación real en Europa.

Hemos presentado dos o tres enmiendas. Las dos primeras, las enmiendas 7 y 8, guardan relación con el seguro de enfermedad para miembros de la familia del personal militar residente en Bélgica o en Alemania. El personal militar neerlandés no se encuentra cubierto por la Ley sobre el seguro de enfermedad, por lo que los miembros de sus familias no podían ser asegurados tampoco y, por lo tanto, debían integrarse en un régimen que cada vez resultaba más costoso. El Gobierno neerlandés se ha dirigido por escrito a la Cámara solicitando al Parlamento Europeo que adopte las enmiendas, puesto que es la solución más rápida.

La tercera enmienda —la enmienda 10— guarda relación con la Ley neerlandesa de asistencia infantil. Una familia que viviera en los Países Bajos y trabajara al otro lado de la frontera no tendría derecho a la asignación por asistencia infantil. Ello también se ha solucionado mediante un cambio en la ley.

Lo que significa que, con nuestra perseverancia, hemos conseguido bastantes beneficios para muchas personas. También me siento agradecida a mis colegas por no dejarse desalentar ante todos los argumentos de la segunda lectura y habernos respaldado, de manera que hemos sido capaces de alcanzar grandes logros.

  Joel Hasse Ferreira, en nombre del Grupo del PSE. – (PT) Señor Presidente, Comisario, señoras y señores; en primer lugar, quisiera felicitar al ponente, el señor Őry, por su equilibrado informe; en segundo lugar, quisiera hacer hincapié en la importancia de coordinar los diversos regímenes de seguridad social de la Unión Europea, así como de perfeccionarlos y adaptarlos cuando resulte necesario. Es de todo punto evidente que algunas de las enmiendas que consideramos esenciales se han presentado para permitir un debate informado, parte del proceso que facilita la aprobación del informe del señor Őry en primera lectura.

Las cuestiones de seguridad social en Europa abarcan, evidentemente, mucho más que los problemas que este informe pretende resolver y que las prácticas reglamentarias asociadas. Sin embargo, de lo que se trata aquí es de tomar en consideración los cambios que han tenido lugar en la legislación sobre seguridad social en Estados como Irlanda, Hungría, Polonia, los Países Bajos y Austria, con el fin de asegurar la modernización y la adaptación eficaces.

Señoras y señores, como sabemos, están en curso debates paralelos sobre la introducción del nuevo sistema reglamentario; particularmente, la negociación de los respectivos reglamentos de aplicación. Acogemos igualmente con satisfacción la posición del ponente en este caso, y entendemos y compartimos el punto de vista de que únicamente debería apoyarse un número limitado de enmiendas absolutamente esenciales, como hemos manifestado en comisión. Dichas enmiendas pretenden garantizar la seguridad jurídica necesaria, de manera que la nueva reglamentación pueda entrar en vigor sin reservas. Mientras tanto, he tenido conocimiento de que el señor Őry ha retirado la enmienda en cuestión por las razones aducidas.

En conclusión, señor Presidente, Comisario, señoras y señores, lo más importante es contribuir a asegurar, también en el ámbito de la seguridad social, la puesta en práctica adecuada del principio de movilidad de los trabajadores en la Unión Europea, que fue reafirmado en la Cumbre de Lisboa y durante todo el año 2006, el Año europeo de la movilidad de los trabajadores. Sin dicha movilidad de trabajadores y sin la apropiada coordinación del sistema de seguridad social, los trabajadores europeos tendrán oportunidades limitadas de movilidad en los mercados laborales; precisamente es lo que no queremos y, por lo tanto, apoyamos este informe.

  Ona Juknevičienė, en nombre del Grupo ALDE. – (LT) La Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza la libertad de circulación y de residencia para los ciudadanos. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantiza la libertad profesional y el derecho a trabajar. Sin embargo, sabemos que, en la práctica, continúa habiendo numerosos obstáculos que impiden a los ciudadanos el pleno ejercicio de estos derechos en la Comunidad. Desde 1971, el Reglamento que debatimos aquí ha sido considerado el fundamento para garantizar la seguridad social para los ciudadanos que se trasladan de un Estado miembro a otro. El Reglamento, como ya se ha mencionado, ha sido aplicado durante más de treinta años y sus disposiciones se modifican con bastante frecuencia respecto a la legislación nacional. Sin embargo, este Reglamento establece el principio general que deben observar todos los Gobiernos nacionales, las instituciones de seguridad social, e incluso los tribunales, al aplicar la legislación nacional. De ese modo, se asegura que las personas que ejercen su derecho a desplazarse a otros países de la Comunidad no salgan perjudicadas cuando se aplica una legislación nacional diferente.

Los sistemas de seguridad social difieren significativamente de un país a otro y, aunque el Reglamento se modifica con frecuencia, no tiene como objetivo unificar los sistemas, sino generalizarlos. Por lo tanto, es gratificante que, de este modo, sea posible proteger a los ciudadanos más vulnerables de la Comunidad, como las mujeres, los pensionistas y las personas con discapacidad, así como a los miembros de sus familias. Creo que este documento ayuda a uniformizar, no sólo a los Estados miembros de la UE, sino también a sus ciudadanos. Por lo tanto, señoras y señores, les insto encarecidamente a que voten a favor del mismo.

  Wiesław Stefan Kuc, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, la libertad de circulación, trabajo y residencia en toda la Unión Europea son algunas de las ventajas más importantes que han conseguido nuestros ciudadanos. Por esa razón, su situación de seguridad social constituye una de las cuestiones más importantes, especialmente ahora, cuando se ha producido una movilidad de personas como nunca antes se ha visto en Europa, una migración en gran parte apoyada por todas las instituciones de la UE.

Entiendo que, teniendo en cuenta la puesta en práctica del Reglamento modificado sobre regímenes de seguridad social (actualmente el Reglamento de 1971 continúa en vigor), estamos intentando, únicamente, cambiar lo que es necesario cambiar, y adaptarlo a los cambios que se han introducido en ciertos países.

Sin embargo, creo que no hemos aprovechado la oportunidad que se nos ha presentado, y no hemos modificado el Reglamento de acuerdo con la dirección que el nuevo Reglamento propone. Aunque hayan transcurrido cuatro años desde que se aprobara el proyecto del nuevo Reglamento, éste todavía no ha entrado en vigor, y el anterior tiene ahora más de treinta y siete años de antigüedad. Quizá sea mejor llevar a cabo profundas mejoras en el que ya existe que esperar al nuevo, pues el tiempo pasa y la gente se impacienta.

  Jean Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al ponente por su trabajo. Sé que a menudo esto parece un trabajo muy técnico, pero estas rápidas actualizaciones anuales son importantes, porque ofrecen transparencia para los ciudadanos sobre sus derechos. También significa que determinadas personas pueden recibir una cobertura más rápida.

También quiero destacar —como otros han hecho— que se trata de una labor de coordinación, no de armonización. A menudo, esto significa que algunas cosas que parecen muy razonables no resultan necesariamente aceptables dentro del limitado ámbito de la coordinación. Creo que también tenemos que ser claros y decir que esta coordinación no tiene como objetivo socavar los sistemas nacionales y abrirlos a las fuerzas del mercado; como creo que estamos empezando a ver, particularmente en el ámbito sanitario en este momento.

Como han mencionado otros, aún no se ha terminado de elaborar el reglamento de aplicación de la actualización, pero ya sabemos que no va a cubrir algunas cuestiones. Creo que tenemos que buscarles una solución fuera del ámbito de esta coordinación y quiero pedir a la Comisión que considere lo siguiente: por ejemplo, cuando los ingresos fiscales cada vez se usan más para sustentar los sistemas de seguridad social y la gente que trabaja en el extranjero descubre que está pagando impuestos para contribuir a un sistema de seguridad social al que no ya no tienen acceso.

Quiero pedir también —tal como el Parlamento hizo hace algún tiempo— que las prácticas nacionales se ajusten al espíritu del reglamento para que no suceda, como está ocurriendo en Francia, que determinadas personas ya no pueden acceder a los sistemas a los que han estado contribuyendo porque se han producido cambios en las normativas nacionales.

  Zuzana Roithová (PPE-DE) . – (CS) Comisario, no cabe duda de que es necesario aprobar los cambios técnicos que se proponen en los anexos a este Reglamento. Al hacerlo así, armonizaremos el Reglamento con la nueva terminología empleada en algunos países. Sin embargo, quisiera señalar de nuevo que la legislación europea ya ha contradicho, durante algunos años, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas respecto a especificaciones más precisas de normas concernientes a las demandas de los pacientes para el reembolso de los gastos de la asistencia sanitaria recibida en el extranjero. La contradicción es más acusada con respecto a la asistencia hospitalaria, y se extiende a todas las sentencias: haría hincapié en que esto se refiere a todas ellas, y no sólo a aquellos casos en los que el Consejo ya ha alcanzado un consenso. Es cierto que los pacientes mantienen la defensa de sus derechos cuando recurren al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, pero este estatuto jurídico no es aceptable.

Quisiera recordarles de nuevo la oportunidad que se desperdició para modificar mediante un método adecuado las reclamaciones de los asegurados, en el momento de la preparación del nuevo Reglamento simplificado, el Reglamento (CE) nº 883/2004. Una oportunidad para modificar los principios establecidos por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la Directiva relativa a los servicios, que surgió dos años después, se desaprovechó igualmente. Ahora, otro año ha comenzado y estamos realizando cambios únicamente técnicos, no conceptuales. El nuevo reglamento de aplicación puede resolver este problema, pero no parece que vaya a resolver todas las cuestiones, puesto que el Consejo no mostró su conformidad con todas ellas. Además, la situación puede complicarse, porque la DG de Sanidad y Protección de los Consumidores está presentando ahora una propuesta para una nueva Directiva sobre movilidad de los pacientes, razón por la que el Consejo puede esperar unas negociaciones controvertidas. Otra cuestión objeto de controversia es la discusión sobre los subsidios, y podemos esperar también nuevas demoras en cuanto al establecimiento por ley del derecho de los ciudadanos al reembolso de la asistencia sanitaria hospitalaria; existen diferencias de opinión sobre el nivel de reembolso y las condiciones de autorización por la compañía aseguradora en el país de origen del paciente.

En mi opinión, esta situación es ciertamente indeseable desde el punto de vista de la seguridad jurídica, la accesibilidad y la comprensión que los ciudadanos tienen de la ley. Algunos países están zanjando el problema manteniendo a sus ciudadanos desinformados sobre las demandas admitidas por las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Estoy convencida de que es necesario resolver este problema lo antes posible por medio del Reglamento (CE) nº 883/2004 modificado. No deberíamos confiar en la controvertida nueva Directiva sobre movilidad de la DG de Sanidad y Protección de los Consumidores para asegurar, sin más dilación, la observancia de las sentencias.

  Emine Bozkurt (PSE). – (NL) Señor Presidente, doy las gracias al señor Őry por su excelente trabajo. En el breve tiempo del que dispongo para intervenir, quisiera subrayar una cuestión: no todo lo que entra en conflicto con la coordinación de los sistemas de seguridad social puede achacarse a la legislación; muchos de los problemas que tienen lugar son causados por la puesta en práctica de las normas, algo de lo que los propios Estados miembros son responsables.

Algunos de estos problemas prácticos han salido a relucir durante el trabajo sobre el informe Őry. Ése es precisamente el caso por lo que respecta a la coordinación; la legislación no sólo debe ser correcta, sino que su aplicación práctica debe estar también en consonancia con ello. Por lo tanto, recibo con satisfacción el hecho de que cada cierto tiempo los Presidentes del Consejo consulten al Parlamento, por ejemplo, sobre los anexos xi y VI al Reglamento (CE) nº 883, del cual yo misma soy ponente.

Ciertamente, es de la mayor importancia que el trabajo realizado por el Consejo sobre este Reglamento y sus anexos se complete durante la presente legislatura del Parlamento. Deseo a los futuros Presidentes del Consejo todo el éxito al respecto.

  Janusz Wojciechowski (UEN). – (PL) Señor Presidente, quisiera apoyar el informe del señor Őry. Es muy positivo que la UE esté coordinando sus regímenes de seguridad social pues, en una Unión Europea ampliada, millones de personas trabajan fuera de las fronteras de sus propios países. De entre ellos, los más numerosos son mis propios compatriotas, los polacos, más de dos millones de los cuales trabajan en diversos Estados miembros.

Por una parte, el hecho de que los trabajadores puedan desplazarse libremente es alentador pero, por otra, nos entristece el número creciente de ejemplos de trabajadores extranjeros que reciben un trato improcedente. En algunos países han salido a relucir casos de tratamiento abusivo hacia los trabajadores polacos, a quienes se les ha forzado a trabajar en condiciones cercanas a la esclavitud. Los trabajadores polacos se están convirtiendo en víctimas de ataques por motivos racistas. Esto ha ocurrido en el Reino Unido y, más recientemente, en Alemania —los medios de comunicación polacos han descrito casos de ataques brutales a los polacos en la ciudad alemana de Löknitz, en Mecklemburgo—.

Son sucesos graves, y deberíamos esperar que todos los Estados miembros tomaran más medidas para proteger a los trabajadores extranjeros de la explotación y la persecución.

  Gyula Hegyi (PSE). – (HU) Con la caída de las fronteras en Europa y los cambios en el estilo de vida, existen varios millones de ciudadanos europeos que nacieron en un país, han trabajado en otro o más países, e incluso quisieran pasar su jubilación en otro país. Pagan las contribuciones a la seguridad social en un lugar diferente de aquél en el que posteriormente cosecharán los beneficios.

Asimismo, las condiciones de igualdad de competencia requieren la armonización de los servicios de seguridad social. Por lo tanto, a largo plazo, es inevitable que se cree un sistema normalizado de seguridad social que incluya un sistema de pensiones, seguro sanitario y prestaciones sociales.

Un grupo de trabajo del Partido Socialista Húngaro ha recomendado que esta visión sea incorporada en el programa a largo plazo del Partido de los Socialistas Europeos. La armonización, como es natural, llevará su tiempo y ocasionará conflictos jurídicos, pero tengo la seguridad de que, en la Europa del futuro, dicho futuro pertenece a una seguridad social normalizada.

  Petya Stavreva (PPE-DE). – (BG) Señor Presidente, Señorías. Para mantener una Europa unida, resulta imprescindible la armonización de la legislación social y la coordinación entre los Estados miembros respecto a los regímenes de seguridad social, ya que la libertad de circulación es uno de nuestros valores centrales.

Cualquier persona que desee trabajar en un país de la UE debe tener total conocimiento de sus derechos y responsabilidades; de igual modo, los Estados miembros han de proteger los derechos sociales de sus ciudadanos y asegurar las condiciones de trabajo y de vida más favorables. El estatuto de seguridad social de los ciudadanos que trabajan en los países de la UE tiene un impacto directo sobre el bienestar de la Comunidad y sobre su rendimiento económico.

En Bulgaria, uno de los nuevos Estados miembros, la cuestión de la seguridad social se encuentra de plena actualidad. Creo que la armonización de la seguridad social a escala europea asegurará una mayor claridad y simplificación de las normas para los ciudadanos europeos. Apoyo el informe del señor Őry, y les insto a que ustedes también lo respalden en su votación.

  Stavros Dimas, Miembro de la Comisión. − (EL) Señor Presidente, lo importante sobre este documento es que se apruebe rápidamente, con vistas a fortalecer la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Sabemos que los reglamentos sobre modernización y simplificación están en proceso de aprobación y, por lo tanto, la presente propuesta perdería gran parte de su razón de ser si la retrasáramos.

Sobre la necesidad de incorporar las últimas decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a nuestra legislación, quisiera decir que ésta es una cuestión técnica y que debe debatirse en el marco de debate del Reglamento que debe entrar en vigor.

La Comisión ha tenido ya en cuenta, en gran medida, la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia en su propuesta para los servicios sanitarios transfronterizos, que va a someterse pronto a debate en el Colegio de Comisarios.

El voto favorable del Parlamento Europeo sobre este documento permitirá a la Comisión concentrar sus esfuerzos futuros en la actualización y simplificación de los textos. Todavía nos queda un gran trabajo por delante antes de que los nuevos textos comiencen a entrar en vigor. A largo plazo, este esfuerzo facilitará el ejercicio de los derechos de los ciudadanos que se desplazan en el interior de la Unión Europea, por lo que este objetivo fundamental de la unificación europea adoptará una forma más concreta.

Permítanme, una vez más, expresar mi agradecimiento al ponente por el excelente trabajo realizado.

  Csaba Őry, ponente. − (HU) Gracias por el uso de la palabra, señor Presidente. Para concluir, quizá valga la pena resumir una cuestión que ha permanecido en la sombra durante este debate —algunas de sus Señorías la han mencionado, entre ellas la señora Lambert y la señora Bozkurt—.

En realidad, mientras estaba preparando este informe, nunca debatimos cuestiones de contenido, porque siempre estuvimos de acuerdo en las mismas. Lo que sí debatíamos era si es competencia de los legisladores europeos o de los legisladores nacionales. Quisiera asegurarles que, en este caso, hemos conseguido hallar ese equilibrio tan delicado.

Por lo tanto, hemos comunicado a la Comisión y al Consejo todas las enmiendas presentadas. En ocasiones, en algunos casos con frecuencia, ha acabado entablándose un debate pero siempre hemos hallado la solución. Permitamos que esto constituya un ejemplo, afortunado o positivo, de que podemos, incluso, trabajar juntos cada cierto tiempo cuando la ocasión lo requiere. El hecho de que necesitamos hacerlo así constituye una prueba para nosotros, pero considero también que no nos debería caber duda alguna de que los ciudadanos de Europa necesitan también que así lo hagamos.

Por mi parte, no he tratado de recomendar en el informe modificaciones de gran alcance en el texto, simplemente porque estamos a la espera de los informes de la señora Bozkurt y la señora Lambert sobre el Reglamento de 2003. Por lo tanto, creo que la legislación continúa en vigor por ahora —quizá la hayamos perfeccionado un poco— pero proseguiremos el debate cuando presentemos el reglamento de aplicación, y considero que es lo correcto y lo propio.

Quisiera agradecer de nuevo su cooperación al Consejo, a la Comisión y a sus Señorías.

  Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy, a las 11.30 horas.

Declaraciones por escrito (Artículo 142)

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), por escrito. – (RO) El Reglamento que estamos modificando (nº 1408/71) desempeña un papel muy importante en la consecución de una de las cuatro libertades fundamentales de la Unión Europea; esto es, la libertad de circulación. La libre circulación de trabajadores en la Unión Europea no debe restringirse, ni directamente, por medio de la limitación de las categorías profesionales abiertas a los nacionales de otros Estados miembros, ni indirectamente, socavando las prestaciones sociales a las que los trabajadores no nacionales tienen derecho.

Por esa razón, el Reglamento propuesto por la Comisión, con modificaciones adicionales realizadas por el Parlamento, especificará claramente cuándo pueden los ciudadanos disfrutar de las prestaciones particulares garantizadas por sus Estados, en qué circunstancias estas prestaciones pueden exportarse, y si son aplicables otros regímenes sociales para asegurar el trato justo a los no nacionales. Además, si tenemos que ampliar las categorías de contratos laborales que se utilizan en Europa, necesitamos un entendimiento común de lo que supone ser un empresario individual o autónomo.

Especialmente, creo que este informe contribuye a salvaguardar los derechos sociales de los ciudadanos que se encuentran trabajando en otro Estado miembro. La supresión de los obstáculos para el reconocimiento de los derechos sociales conducirá a una mayor movilidad en el interior de la Unión y a un incremento del empleo.

7. Crédito al consumo (debate)

  Presidente. − El siguiente punto es la recomendación para la segunda lectura del informe elaborado por Kurt Lechner, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (09948/2/2007 - C6-0315/2007 - 2002/0222 (COD)) (A6-0504/2007).

  Kurt Lechner, ponente. − (DE) Señor Presidente, Comisaria Kuneva, señoras y señores, obtener crédito no es lo mismo que adquirir bienes. La complejidad jurídica de la transacción es mucho mayor, y las prácticas nacionales de financiación y las costumbres jurídicas establecidas desempeñan un papel mucho más importante. Por consiguiente, la confianza pública resulta a menudo crucial en cuestiones relacionadas con el crédito al consumo. Habida cuenta de este telón de fondo, la armonización de la legislación sobre crédito al consumo tiene sus límites y debería realizarse de forma cautelosa y gradual.

Al tratarse de la parte más débil del contrato, el consumidor debe, sin duda, recibir protección jurídica pero, al mismo tiempo, los principios rectores en este ámbito, como en el derecho de las obligaciones en general, deben ser la libertad de contrato y la responsabilidad personal de las personas adultas, y no la prescripción y el paternalismo. Los legisladores nacionales deben tener la suficiente discrecionalidad para garantizar flexibilidad en la protección al consumidor en sus propios países y para abordar con premura los nuevos y complejos desarrollos en la esfera de la protección al consumidor. Un elenco de disposiciones jurídicas no garantiza por sí solo que los consumidores estén realmente protegidos. Las evaluaciones de impacto habrían sido fundamentales, dado que el crédito al consumo afecta a cientos de millones de personas. La legislación debería fundamentarse en supuestos basados en los casos típicos, y no en las excepciones.

A este respecto debo, en primer lugar, agradecer al Parlamento Europeo en su conjunto el haber rechazado la propuesta inicial de la Comisión, totalmente inaceptable, y haberla modificado sustancial y decisivamente en primera lectura. En segundo lugar, recibo con verdadero entusiasmo el nuevo enfoque adoptado por la Comisión en su propuesta modificada, que data del año 2005, por la cual únicamente determinados elementos dispositivos básicos serían, en última instancia, armonizados.

Sin embargo, debo criticar la posición común del Consejo. En lugar de centrarse en una solución europea factible, los representantes de los Estados miembros han estado introduciendo sus propias normas específicas, defendiéndolas y recopilando una letanía de ellas en la transacción. El resultado es un conjunto de disposiciones que crean demasiada burocracia, lo que no favorece a los consumidores. Inundar a los consumidores con información no les ayuda; genera considerables costes adicionales, que suponen un impacto desproporcionadamente elevado sobre los créditos de escasa cuantía.

Por consiguiente, mi propósito desde el mismo inicio fue tratar de racionalizar las normas y dotar a los legisladores nacionales de un mayor margen de actuación. En este contexto, quisiera expresar mi agradecimiento a sus Señorías, porque todos los votos en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor fueron en esa misma dirección, y todas las decisiones de esta Cámara parecen dispuestas a hacer lo mismo.

Permítanme tan sólo citar dos ejemplos; esto es, las mejoras significativas y la simplificación de las disposiciones relativas a las posibilidades de descubierto, así como el acuerdo resultante sobre el artículo 16 respecto a la compensación por el reembolso anticipado. Sin embargo, y a pesar de estas mejoras, creo que la mayoría resultante está preparada únicamente para avanzar hasta medio camino, sin duda influenciada, en parte, por la ausencia de consenso en el Consejo y por el deseo de llevar el proyecto legislativo a una conclusión. No obstante, considero imprescindible que se realicen mejoras adicionales si la propuesta ha de juzgarse favorablemente en su totalidad.

Deseo mencionar otros dos puntos que son importantes para mí y solicitar, una vez más, su aprobación. En primer lugar, el umbral en el cual la Directiva comienza a aplicarse debería elevarse a los 500 euros. Soy bien consciente de que el valor de dicha cantidad varía a lo largo de toda Europa; sin embargo, la cuestión no es que la Directiva deba aplicarse una vez que se haya cruzado el umbral de los 500 euros, sino que los legisladores nacionales deberían conservar la posibilidad de aplicar sus propias disposiciones desde el primer euro, antes que verse obligados a restringir su acción a créditos de 500 euros o superiores.

En segundo lugar, los consumidores deberían tener la posibilidad de obviar las explicaciones que se establecen referentes a la información precontractual, puesto que estas explicaciones podrían suponer un obstáculo al mercado interior. Creo que debería ser suficiente con proporcionar al consumidor, por adelantado, un ejemplar de los términos del contrato con el fin de cumplir con el requisito de la información precontractual —que es, por cierto, lo que la Comisión previó en su propia propuesta—. Ello limitaría la acumulación de trámites.

A menos que se introduzcan estos cambios, me temo que no se alcanzarán los deseables propósitos que fundamentan la presente Directiva; esto es, abrir el mercado único a los consumidores en Europa y ofrecerles una gama de productos y opciones más amplia.

  Meglena Kuneva, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, la votación en esta Cámara del miércoles sobre la Directiva sobre los contratos de crédito al consumo representó un momento muy importante para los 500 millones de consumidores europeos.

Afectará directamente a la vida de muchas personas y aborda dos cuestiones de vital importancia. La primera es que los consumidores podrán elegir con mejor conocimiento de causa a la hora de suscribir préstamos: para pagar una boda familiar, una lavadora o un coche nuevo; cosas cotidianas.

Segundo, los consumidores tendrán más donde elegir y un mercado más competitivo. También es una votación muy importante para las empresas, ya que se crea un único marco de normas sencillas para que los bancos y otros acreedores puedan realizar operaciones transfronterizas con mayor facilidad.

Tenemos que aprovechar esta oportunidad para seguir adelante. Está claro que el statu quo no está funcionando. Las cifras hablan por sí solas. En Europa, el tipo de interés medio de los créditos al consumo varía desde aproximadamente el 6 % en Finlandia, el Estado miembro donde es más barato, hasta más del 12 % en Portugal. En Italia, los tipos de interés se sitúan entorno al 9,4 % y en Irlanda sobre el 6,8 %.

El mercado europeo de créditos al consumo está fragmentado, desglosado en 27 «minimercados». Y en un mercado europeo de créditos con un valor de 800 000 millones de euros, los servicios financieros transfronterizos directos solo representan un pequeño porcentaje —el 1 %— de todas las transacciones de créditos a distancia.

Está claro que el mercado interior no está funcionando Está claro que la competencia en la UE no está funcionando. El resultado es que a los consumidores se les está negando la posibilidad de elegir y de acceder a ofertas más competitivas y a las empresas competitivas se les están negando oportunidades para acceder a nuevos mercados.

La Directiva de créditos al consumo es necesaria para empezar a liberar el potencial del mercado interior y a fomentar la competencia y la elección. La Directiva de créditos al consumo tiene dos objetivos principales: Ofrecer normas —información comparable— a los consumidores para que realicen elecciones informadas y proporcionar a las empresas un conjunto único de normas para proponer ofertas de crédito transfronterizas competitivas.

La Directiva sobre créditos al consumo se centra en la transparencia y los derechos de los consumidores. Voy a destacar solo unos pocos de los elementos comunes importantes que pone en práctica. En cuanto a la publicidad de los préstamos: si aparece una cifra en un anuncio sobre créditos, será obligatorio ofrecer la misma lista normalizada de información básica en toda la Unión Europea.

Lo más importante es que, por primera vez, la tasa anual equivalente se calculará del mismo modo en toda la Unión Europea. Éste es un paso muy importante hacia delante, que permitirá a los consumidores ver el coste real del crédito a través de una única cifra.

En cuanto a la información precontractual: la información proporcionada a los consumidores relativa a ofertas de crédito se presentará en el mismo formato normalizado de información relativa al crédito en toda la UE y ofrecerá todos hechos y cifras claves, desde los tipos de interés hasta información sobre costes e información sobre seguros. Esto permitirá a los consumidores hacer comparaciones directas entre distintas ofertas presentadas en una forma estándar y comparable.

La Directiva también recoge dos derechos esenciales para los consumidores. Una vez que hayan firmado el contrato de crédito, los consumidores podrán retractarse del contrato sin la obligación de ofrecer un motivo y sin ningún tipo de coste. Este derecho, una nueva característica en casi la mitad de los Estados miembros, se aplicará a todos los créditos al consumo en la Unión Europea.

Asimismo, la Directiva sobre créditos al consumo confirma el derecho de los consumidores a cambiar de prestamista y ésta debe ser una línea política muy estable, no solo en este ámbito. El derecho a cambiar de prestamista aparejado al derecho de reembolso anticipado en cualquier momento: ésta es una cuestión muy importante para la Comisión, a saber, garantizar una compensación justa para los bancos y, al mismo tiempo, salvaguardar el derecho de los consumidores a elegir libremente y a acceder a una oferta más competitiva en el mercado. Esto es esencial si queremos impulsar la competencia.

Reconozco plenamente que la armonización de la legislación en este ámbito tan delicado no es una tarea fácil, pero estoy convencida de que los mercados están hechos por las personas y deberían funcionar para las personas, y creo que nosotros en Europa tenemos la labor de colocar a las personas en el centro del mercado, capacitar a las personas para que tomen sus decisiones, facultar a las empresas para competir y hacer que el mercado europeo funcione para los consumidores.

Quiero destacar que, en el mundo moderno, no se trata de poner a los consumidores contra las empresas, sino de construir mercados saludables en los que los consumidores puedan elegir y las empresas puedan competir.

Creo que las enmiendas presentadas por el Grupo del PSE y el Grupo ALDE —con las que ha estado de acuerdo el Consejo— llegan a un punto de equilibrio justo y razonable.

En mi opinión, ésta es la mejor opción para los intereses tanto de los consumidores como de los prestadores de servicios financieros. Creo que la votación de este paquete de transacción es un voto a favor de mercados competitivos, información clara y opciones más informadas por parte de los consumidores.

Se trata de un comienzo modesto en la dimensión del consumidor de los servicios financieros, donde hay que hacer mucho más. Así pues, me dirijo a los diputados de esta Cámara: sus Señorías son los que hablan directamente, en nombre de los ciudadanos europeos; han luchado, durante muchos años, por las cosas que realmente importan a las personas en su vida diaria.

La tarea es votar para apoyar un acuerdo hoy sobre normas aplicables a los créditos que ofrezcan un valor añadido real a los ciudadanos de Europa en ese espacio en el que llevan su vida y enviar una señal clara del compromiso de Europa de trabajar duro en un ámbito que preocupa mucho a nuestros ciudadanos y empresas, grandes y pequeñas, de hoy en día.

  Malcolm Harbour, en nombre del Grupo del PPE-DE. – Señor Presidente, quiero empezar reconociendo la ingente labor hecha por el ponente para nuestro Grupo, el señor Lechner, y también elogiar a la Comisión y al Consejo por el trabajo que han hecho juntos en la que ha sido una propuesta complicada y, en ocasiones, controvertida, que, como ha dicho la Comisaria, lleva varios años en marcha.

En su núcleo —y en este punto coincido completamente con la Comisaria— se trata de una propuesta muy importante para los consumidores europeos en el mercado interior. Los créditos al consumo son un mecanismo realmente importante para traer consumidores al mercado. Queremos un mercado próspero e innovador; queremos empresas que ofrezcan activamente una amplia gama de productos y servicios adaptados a la necesidad de los consumidores de comprar artículos, productos o servicios específicos.

Pero, sobre todo, queremos un mercado bien regulado en el que los consumidores se sientan confiados a la hora de acceder a ese mercado y sabiendo que dispondrán de la información, pero también de las garantías que ofrece el poder ver unas condiciones contractuales claras. Está bastante claro que en el ámbito de los servicios financieros una buena normativa fomenta la actividad del mercado y esto es lo que hemos estado buscando en este proceso. Sin embargo, el problema que hemos tenido en esta Directiva es el hecho de que el mercado del crédito al consumo en toda la Unión Europea se encuentra en fases muy distintas de desarrollo: muchos países, como el mío, ya cuentan con una normativa bien desarrollada. La idea original de una armonización máxima habría significado que los consumidores en estos países se habrían encontrado en una situación de desventaja y hemos estado trabajando para intentar conseguir ese equilibrio adecuado.

Solo quiero corregir una impresión que creo que ha dado la señora Kuneva, tal vez de forma inintecionada: este Grupo apoya el paquete de enmiendas de transacción sobre la mesa con una excepción. Hemos presentado las mismas enmiendas; se trata de una posición consensuada en todo el Parlamento. Creo que hay un aspecto sobre el que todavía estamos debatiendo, pero estoy seguro que llegaremos a un acuerdo y lograremos un paquete bueno e importante. Sin embargo, lo importante es que sigamos controlando la evolución de este mercado, garantizando que se desarrolla de manera responsable y abordando algunos de los problemas que puedan surgir de la evolución y el desarrollo de este mercado. Confío en que esta Cámara asuma sus responsabilidades y que consigamos un buen paquete mañana.

  Arlene McCarthy, en nombre del Grupo del PSE. – Señor Presidente, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, y anteriormente la Comisión de Asuntos Jurídicos, siempre han reconocido los beneficios potenciales, para empresas y consumidores, del desarrollo de un mercado interior y de los créditos al consumo. Estuve presente durante la gestación de esta legislación y espero estar mañana cuando demos a luz al nuevo bebé de los créditos al consumo.

Los últimos cinco años de discusión y debate han demostrado diferencias fundamentales entre la Comisión y el Parlamento, y más en concreto entre los Estados miembros, sobre la mejor manera para lograrlo y creo firmemente que hay lecciones que pueden aprenderse de esto. Todas las propuestas —incluso una propuesta modificada de la Comisión— tienen que ser sometidas a una evaluación de impacto rigurosa para permitir a todas las partes e interesados evaluar los méritos de las propuestas y generar confianza entre consumidores y empresas.

Resulta lamentable que ni la Comisión ni el Consejo estuvieran preparados para hacerlo en su momento. Sin embargo, nuestra labor hoy es abordar el nuevo texto, que constituye una amplia mejora de la propuesta original. Se centra en los elementos y componentes esenciales para empezar a abrir el mercado y para proteger al consumidor. Entre sus beneficios se incluye la capacitación de los consumidores para comparar ofertas de crédito, obligando a los prestamistas a evaluar la solvencia del consumidor —que será importante en la lucha contra la deuda en toda la UE— y obligando a los prestamistas a ofrecer explicaciones y, como resultado de nuestras enmiendas, todos los prestamistas tendrán la responsabilidad de proporcionar información exhaustiva y estándar en un formato simplificado.

Acojo con satisfacción el establecimiento de un plazo de catorce días para que el consumidor se retracte del contrato de crédito y el derecho al reembolso anticipado, que son elementos positivos para generar la confianza de los consumidores y animarles a que salgan de su mercado nacional para buscar ofertas de crédito. No solo es una cuestión de apertura del mercado y el hecho de que ahora tengamos libre circulación de trabajadores y de personas en los 27 Estados miembros de la UE otorga a esta ley una importancia renovada. Por ejemplo, un fontanero polaco que trabaje en Francia o Alemania y que suscriba un crédito con una determinada entidad allí ahora puede comparar obviamente las diferentes ofertas sobre las TAE sabiendo que cuenta con la información básica que le permite tomar la decisión adecuada.

Por ultimo, acojo con satisfacción el hecho de que la Comisión, al eximir a las cooperativas de crédito del cumplimiento de esta ley, no está asfixiando a los pequeños prestamistas de la Comunidad con burocracia. También aplaudo la flexibilidad que ahora existe para los Estados miembros. Esto ha permitido, por ejemplo, mantener un elevado nivel de protección para los consumidores en el Reino Unido, que ahora mantendrán el derecho de responsabilidad solidaria para tarjetas de crédito. Por tanto, existe suficiente flexibilidad en esta propuesta para hacer que funcione y quiero pedir a sus Señorías que le presten su apoyo.

Como presidente de la comisión, creo que nuestro trabajo no termina aquí…

(El Presidente interrumpe al orador)

  Diana Wallis, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, ésta es la época del año en que nos deseamos «Feliz Año Nuevo». Sin embargo, en el Reino Unido, y en todo el mundo, las noticias de este nuevo año han estado dominadas por preocupaciones por la economía y, en particular, por los créditos al consumo. No es solo una cuestión de depresión postnavideña habitual; todos sabemos que es mucho más profundo que eso. El crédito va a ser una cuestión difícil en el futuro inmediato, tanto para prestamistas como para prestatarios.

Como legisladores enfrentados con esta situación general mundial, tenemos que hacer algo. Tenemos que estimular el mercado de los servicios financieros de la UE, mientras que, por otro lado, garantizamos que nuestros consumidores toman decisiones delicadas e informadas y que, para ello, disponen de toda la información y elementos de comparación. Muchos de nosotros en esta Cámara, y particularmente en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, hemos pasado los últimos dos años investigando en el Parlamento sobre la desaparición de la aseguradora británica Equitable Life. Sabemos cuáles son las consecuencias para los consumidores, en el contexto de los servicios financieros, si no hacemos que el régimen regulador transfronterizo funcione bien. En este caso, necesitamos este tipo de régimen y necesitamos que funcione bien, particularmente en vista de las circunstancias mundiales a las que nos enfrentamos.

Esta Directiva puede ayudar. Puede ayudar al mercado europeo de servicios financieros en un momento difícil y puede facultar y ayudar a nuestros consumidores a conseguir créditos y hacerlo de manera competitiva. Mi Grupo ha firmado y presentado, con el PSE, un paquete que esperamos que sea aprobado. Nos parece que, al final, después de siete años de negociación y elaboración, seguimos enfrentados a causa de una sola palabra recogida en uno de los artículos. Sería hacer un flaco favor a esta Cámara y a las instituciones de Europa, si no superamos esto y no sacamos adelante esta Directiva, que, esperamos, aporte al mercado europeo todos los beneficios que hemos oído.

  Eoin Ryan, en nombre del Grupo UEN. – Apoyo la necesidad de actualizar la legislación europea en este ámbito. La última vez que tuvimos una directiva en esta materia fue en 1987 y, sin duda, el mercado de los créditos al consumo ha cambiado enormemente desde entonces.

Esta Directiva sobre créditos al consumo de la UE pretende introducir un mayor nivel de competencia en un mercado de créditos al consumo de 800 000 millones de euros. Aportará seguridad jurídica a los consumidores, que es absolutamente vital si las personas quieren comprar y buscar el producto que mejor se adapte a sus necesidades. Ayudará a competir a las empresas. Al examinar las diferencias que existen en relación con los tipos de interés de los créditos al consumo en Europa —del 6 % en algunos países hasta el 12 % en otros—, sin duda es hora de que los consumidores puedan elegir algo mejor.

Estas nuevas normas harán que el mercado sea más transparente tanto para los consumidores como para competidores comerciales. El principal efecto de esta Directiva será que proporcionará información comparable y estándar a los consumidores en toda la UE que pidan créditos. En cuanto a las ofertas de crédito, la información proporcionada a los consumidores, ya sea sobre tipos de interés, números y frecuencia de pagos, debe presentarse en un nuevo formato de información normalizada europea sobre el crédito al consumo.

Por tanto, acojo esto con gran satisfacción. Creo que es vital que los consumidores tengan confianza y que exista seguridad jurídica en este ámbito, pero creo que esto aportará más competencia y, finalmente —como ya se ha señalado—, ofrecerá más opciones a los consumidores y que los consumidores se beneficiarán enormemente de esta Directiva.

  Heide Rühle, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, Comisaria, señoras y señores, lamentablemente debemos aprobar mañana una Directiva que no satisface nuestro propio criterio de una mejor reglamentación. No se ha realizado una evaluación de impacto, aunque se trata de una propuesta totalmente nueva, a pesar del intervalo de ampliación de la UE con la adhesión de doce nuevos Estados miembros, a pesar de las diferencias considerables entre los Estados miembros en las prácticas de financiación y en los sistemas reglamentarios, y a pesar de las disparidades sociales entre los Estados miembros.

En lugar de una armonización completa, existía una necesidad urgente de dar a los Estados miembros una mayor libertad de acción. En la actualidad, los Estados miembros pueden responder de manera bastante diferente y con mayor rapidez a los diversos nuevos modelos que surgen diariamente en el mercado. Igualmente, los Estados miembros se encuentran mejor equipados para responder a una crisis financiera; pueden regular materias en un plazo más breve de tiempo que el que necesita la Unión Europea para actuar.

Ésta es la razón por la que habría sido acertado que nos hubiésemos limitado aquí a una armonización mínima, en lugar de tratar de armonizar en la medida de lo posible, y ésa es la crítica que tenemos que hacer a esta Directiva de los consumidores. Además, lamentamos el hecho de que hayan tenido que adoptarse numerosas cláusulas de exclusión con el fin de conseguir la participación de todos los Estados miembros, algo que, desafortunadamente, no ha favorecido en absoluto el rigor de las disposiciones.

Sin embargo, existe también una excepción que razonaríamos, y guarda relación con los créditos de renovación. Habida cuenta de los formidables retos que plantea el cambio climático, existe una necesidad urgente de que se eximan de la propuesta los créditos de renovación asegurados mediante hipoteca, que no tienen nada que ver con el crédito al consumo, sino que deberían recibir el mismo tratamiento que los préstamos hipotecarios.

  Eva-Britt Svensson, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (SV) Señor Presidente, cuando se establecen las normas sobre cómo debe redactarse un acuerdo entre dos partes, ciertamente debe tenerse en consideración si las partes gozan de un mismo estatuto, o si una parte tiene una ventaja sobre la otra desde el comienzo. Si una parte tiene una ventaja, ello debe tenerse en cuenta en la forma en que se redacta el acuerdo, y debe concebirse una fórmula que fortalezca a la parte más débil.

Cuando se trata de un caso de crédito al consumo, que es lo que estamos debatiendo ahora, es la persona que necesita el crédito quien se encuentra en la posición menos favorable. Desafortunadamente, ni el ponente ni la propuesta de transacción tienen en cuenta debidamente esta responsabilidad, los derechos de los consumidores y la protección al consumidor, lo que es particularmente grave, ya que son siempre aquellas personas que cuentan con menos recursos financieros las que solicitan un crédito.

Quiero decir también que, a pesar de que contamos con una decisión que exige la integración de la dimensión de género en todo el trabajo que realizamos en el Parlamento, no se ha realizado un análisis desde la perspectiva de género de esta Directiva a pesar, también, de que sabemos que muchas mujeres con salarios más bajos son, precisamente, quienes a menudo caen en la trampa de contraer deudas. Mantengo que debe haber un límite máximo sobre el nivel de compensación que debe ser satisfecho en el caso del reembolso anticipado de los créditos. Igualmente, mantengo que un período de retractación de tres días es excesivamente corto; además, deseo una armonización mínima, no una armonización máxima.

  Godfrey Bloom, en nombre del Grupo IND/DEM. – Señor Presidente, me pregunto si, tal vez, puedo aportar unas pocas palabras sensatas a este debate. He pasado la mayor parte de mi vida en banca de negocios, aunque no banca minorista, y tengo que decir que no considero que competa a los políticos entrometerse en los asuntos de los consumidores, o prestatarios, con los prestamistas. A mi no se me pasaría por la cabeza intentar regular esta materia, con toda mi experiencia. Miro la lista de personas que están en esta comisión y en este Parlamento y no veo mucha experiencia, así que estamos en una situación en la que un ciego guía a otro ciego. Creo que el hecho de que esta Cámara, que no ha conseguido poner en orden sus propias cuentas durante casi 11 años, haga comentarios sobre esta materia resulta un tanto absurdo.

El hecho de que queramos regular esta cuestión en Bucarest, Londres y París y para los consumidores en estos lugares es absolutamente absurdo. Quiero lanzar una advertencia al Gobierno británico y decirle que ayudar a la banca aportando el 50 % de sus reservas es algo completamente descabellado.

Quiero dar un consejo a los consumidores: «ni prestamistas ni prestatarios», y otro consejo para los gobiernos: «¡los tontos pierden rápidamente su dinero!»

  Andreas Schwab (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señoras y señores, permítanme comenzar expresando mi agradecimiento al ponente y, por supuesto, también a la Comisaria, que ha desempeñado un papel verdaderamente constructivo en esta compleja cuestión.

La señora Wallis hizo referencia al hecho de que este informe ha estado «errando», como a mí me gusta decir, por los pasillos del Parlamento Europeo y del resto de las instituciones europeas durante más de siete años y, en mi opinión, no han sido siete años de actividad legislativa transparente, o siete años de «legislar mejor», sino un verdadero galimatías que muy pocas de sus Señorías han conseguido desentrañar.

A este respecto, no creo que hayamos favorecido tanto a los consumidores y a los ciudadanos europeos, que han tenido que asistir a esta discusión entre bastidores protagonizada por los Estados miembros, pero si este resultado final proporciona una mayor transparencia para los consumidores que desean adquirir un automóvil, por ejemplo, permitiéndoles realizar una elección informada entre un contrato de venta a plazos y un préstamo personal, creo que habrá sido útil.

Se ha hecho referencia aquí a que el mercado crediticio europeo tiene un valor de 800 000 millones de euros y que el diferencial entre el tipo de interés más alto y el más bajo es de alrededor del 6 %. Ciertamente, esto abarca una gran distancia, y es de esperar que los consumidores puedan también beneficiarse del amplio margen disponible, pero tengo buenas razones para ser escéptico. Lo cierto es que un consumidor que desea adquirir una cámara digital por 220 euros, y que para ello debe completar por escrito un formulario de crédito de diez páginas, apenas llegará a comprender todos los riesgos que entraña una transacción de crédito de 220 euros.

El resultado, a mi parecer, es que gran parte de lo que se pretende en este paquete no favorecerá, en última instancia, al vulnerable consumidor medio, sino que creará tales dificultades para los consumidores que incluso preferirán no comprar nada a crédito con tal de evitar la desalentadora tarea de completar el extenso conjunto de impresos. Ésa es la opinión que mantengo, y espero que las variaciones en los tipos de interés lleguen a ser más transparentes para los consumidores y que ello resulte beneficioso, aunque todavía creo que el proceso precedente ha sido inaceptable.

  Evelyne Gebhardt (PSE). – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, creo que debemos aprobar este proyecto de resolución para que los consumidores y los bancos sepan lo que se les aplicará y lo que no se les aplicará en el futuro.

Creo que el compromiso alcanzado la semana pasada, y que los Liberales apoyan ahora también, es muy razonable y que hemos encontrado una solución común factible y aceptable para el consumidor. Eso es lo principal.

Si puedo discrepar con el señor Schwab, primero, el formulario no tiene diez páginas y, segundo, considero muy bueno que tengamos un mismo formulario en el que pueda indicarse al consumidor de forma clara y transparente cuál es el importe total del crédito, las condiciones del contrato, las reglas que gobiernan el derecho de cancelación y el tipo de porcentaje anual aplicable, que así podrá calcularse sobre la misma base común en todos los Estados miembros. Eso es transparencia, y esa transparencia es la que necesitamos y la que estará en juego mañana cuando votemos la propuesta contenida en la enmienda 46. Espero que podamos hacer que la transparencia salga reforzada.

Perdónenme que les diga que, si bien es indudable que el ponente ha trabajado mucho, mi Grupo no puede consentir que nuestro Parlamento se vea conducido a una situación en la que, de pronto, el Consejo parece más preocupado por los consumidores que el propio Parlamento Europeo. Mi Grupo considera que la situación actual es simple y llanamente inaceptable, y por eso tenemos que conseguir un buen equilibrio entre el derecho natural de los bancos a hacer negocio –un aspecto normal de cualquier economía de mercado– y la necesidad de proteger a los consumidores garantizando que reciban la información necesaria para elegir el tipo adecuado de crédito y rechazar otras opciones desfavorables. Ese es el camino que debemos tomar y eso es lo que debemos aprobar mañana.

  Toine Manders (ALDE). – (NL) Señor Presidente, antes de nada quiero dar las gracias al señor Lechner por su informe y por su constructiva cooperación. Quiero dar también las gracias a la señora Comisaria y al Consejo, porque ha sido un largo diálogo a tres bandas. Lamentablemente, no hemos podido alcanzar un compromiso, pero nos ha faltado muy poco, por lo que me alegro de que el miércoles por la mañana vayamos a votar el mismo compromiso y espero que en esta ocasión se apruebe.

¿Por qué? En realidad, llevamos ya siete años hablando de esto. Si queremos tener alguna credibilidad política ante el mercado y ante nuestros ciudadanos, ante los consumidores, pero también ante el sector y la industria, es importante que tomemos ya una decisión. Un compromiso supone siempre un toma y daca y, por supuesto, hay aspectos que podríamos mejorar, pero eso es aplicable a todas las partes. El hecho es que un compromiso consiste en mezclar agua con vino para conseguir un resultado que nos satisfaga.

Creo que el plan actual va en interés tanto de los consumidores como del sector financiero. Para eso es para lo que tenemos que trabajar, en beneficio de Europa y del mercado interior.

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, señora Comisaria, antes de nada quiero felicitar al ponente por su excelente trabajo, que sin duda le habrá exigido una paciencia considerable, pero que sin duda también le habrá reportado una gran satisfacción. El informe que hoy nos ocupa puede ser considerado, desde luego, como uno de los compromisos más controvertidos y más difíciles. Su objetivo es acercar más las diferentes legislaciones vigentes en los países de la UE, que son realmente muy distintas, y la legislación en este ámbito está en su mayor parte bajo el control de los Estados miembros.

La armonización en este sector es, sencillamente, imposible. Sólo podemos aspirar a una convergencia parcial de los requisitos y hasta eso, como hemos visto en los últimos meses, ha causado problemas considerables. Estoy de acuerdo con el planteamiento adoptado por el ponente de que, en un ámbito tan difícil como es éste, los Estados miembros deben recibir la mayor libertad posible. Esa parece ser la única solución sensata para que un informe de tanta dificultad y tanto peso pueda ser aceptado por todas las partes interesadas.

En su forma actual, el texto ha sido aparentemente simplificado. Lo que puede verse en el trabajo realizado con este informe es que falta un análisis de las repercusiones, que habría mejorado sin duda alguna su calidad. En conjunto, el texto propuesto me parece satisfactorio. Evidentemente, esta versión dista mucho de ser la ideal, pero se ha adaptado a la situación actual de los Estados miembros. La presente propuesta eliminará las cargas financieras y administrativas que soportan los consumidores y, en mi opinión, introducirá medidas importantes para proteger al consumidor y hacer que le resulte más fácil obtener un crédito. Una de las propuestas más útiles es la introducción de comparaciones.

  Mia De Vits (PSE). – (NL) Señor Presidente, Señorías, yo personalmente no puedo compartir el entusiasmo por este texto. Se han dado pasos importantes, pero el texto no sirve al fin pretendido, que es la creación de un marco armonizado. En varios puntos que consideramos esenciales no se ha conseguido ese marco armonizado.

Me explico. Hay dos puntos que, en lo que respecta a nuestra delegación, siguen siendo difíciles o muy difíciles. El paquete de información precontractual se refuerza y armoniza. Eso es bueno. Pero se ve debilitado por las distintas fórmulas permitidas para calcular la tasa anual cargada por la apertura de crédito. Necesito que me expliquen cómo van a poder comparar los consumidores objetivamente esas distintas fórmulas.

En segundo lugar, en mi país, Bélgica, es probable que la posición de los consumidores se vea debilitada al tener que consultarse la base de datos, pero sin que existan sanciones aplicables a los bancos. Eso podría llevar a las personas a endeudarse más aún. Creo también que es una oportunidad perdida para los propios bancos. Ésta sigue siendo una regulación inútil.

  Wolf Klinz (ALDE). – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, acojo con satisfacción el intento bienintencionado de la Comisión de establecer un mercado interior que funcione bien y proteja mejor los derechos de los consumidores en todo lo relacionado con los créditos al consumo. Pero el resultado de estos esfuerzos tiene que cumplir la promesa hecha a los consumidores de ofrecerles una mayor capacidad de elección, mejores condiciones ante la creciente competencia y menores trámites burocráticos. Si la juzgamos por este rasero, la propuesta final de la directiva sobre el crédito al consumo es insatisfactoria en muchos aspectos.

En primer lugar, la información que debe facilitarse obligatoriamente, que ocupa cerca de ocho páginas, es demasiado extensa. Dudo que los clientes lleguen a leerla para informarse con detalle de las condiciones del crédito. En la práctica, se produce un aumento considerable de la burocracia y, al final, son los consumidores quienes terminan pagando las consecuencias.

En segundo lugar, las disposiciones relativas al reembolso anticipado del crédito desperdician la oportunidad de dejar que los consumidores compartan el beneficio que pueda obtener el prestamista si se produce un cambio favorable en los tipos de interés después de la fecha de celebración del contrato de crédito.

En tercer lugar, el compromiso alcanzado pondrá efectivamente fin a la posibilidad de descubierto, que es una práctica normal en Alemania y muy frecuente en otros países. El ciudadano lo lamentará profundamente y tendrá una razón más para quejarse del Moloch de Bruselas. Lo importante es la calidad, no la cantidad.

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Quiero dar las gracias al ponente Kurt Lechner por el trabajo tan riguroso que ha realizado con la elaboración de este informe. Con nuevas enmiendas, ha conseguido simplificar la propuesta del Consejo, que era excesivamente complicada y burocrática.

Quiero aprovechar la oportunidad que me ofrece la presencia de la Comisaria Kuneva en este debate, importante para los consumidores europeos, para llamar la atención una vez más sobre el importante papel de las organizaciones de consumidores, que tienen que poder representar su legítimo papel en todos los Estados miembros y recibir un apoyo suficiente de la Comisión. Si pretendemos mejorar la calidad de la protección del consumidor, todas las organizaciones de consumidores necesitan más financiación para educar a los consumidores y ofrecer asesoramiento independiente sobre créditos al consumo, en especial a los grupos de consumidores más vulnerables.

Señora Comisaria, aunque ha conseguido usted un progreso muy alentador para las asociaciones de consumidores, y aunque su llegada ha dado luz verde a la protección de los consumidores, quiero volverle a pedir su ayuda en 2008.

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). – (LT) Celebro que se haya propuesto esta directiva; es un paso en la dirección correcta. No obstante, quiero llamar su atención —sobre todo, la atención de la señora Comisaria— sobre el artículo 16. En mi país, los consumidores no obtienen ninguna compensación cuando devuelven el crédito por anticipado. Ahora, cuando este artículo entre en vigor, los consumidores tendrán, de hecho, que pagar más. Me resulta difícil creer que eso signifique proteger al consumidor. Es cierto que se dice que existen muchas protecciones jurídicas en el artículo para evitar que los consumidores tengan que pagar por ello, pero cuando hablamos de protección jurídica nos referimos a juegos legales y no a la economía real. En la economía real, si se puede gravar con un impuesto a un consumidor, se le gravará siempre. Por consiguiente, les pido que traten de redactar mejor el artículo 16, ya que en muchos países dicho impuesto no se aplica en ningún caso.

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE). – Señor Presidente, creo que hemos logrado un muy buen resultado en las últimas negociaciones. Lo que no hemos conseguido es mejorar la simplicidad. Creo que ahora hay mucha más información para los ciudadanos de a pie en Europa. Si los miembros del Consejo y los Estados miembros piden más excepciones a la información básica, esto hace que la Directiva en su conjunto sea más compleja.

Creo que la información básica debería ser realmente básica. Deberían aplicarse las mismas normas en toda la UE. Cada vez que nosotros en el Parlamento o los Estados miembros en el Consejo dicen que los Estados miembros deberían aplicar normas de adaptación diferentes, estamos complicando más esta cuestión.

Estoy totalmente de acuerdo con el objetivo de la Comisión. Probablemente, las enmiendas de transacción están bien encaminadas, pero habría que hacer algo con la cuestión de la simplicidad antes de que la Directiva se plasme en papel y llegue a los consumidores.

  Jean-Paul Gauzès (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, quisiera hacer sólo algunas observaciones.

Creo que es bueno para la imagen del Parlamento demostrar a los consumidores europeos que nos ocupamos de proteger sus intereses. Y si bien el informe del señor Lechner es resultado de un enorme trabajo, por el que merece recibir felicitaciones, creo que en esta fase final debemos alcanzar un compromiso que resalte la importancia que tienen los consumidores para nuestros Parlamentos. Sería el colmo que el Consejo pareciera el mejor protector de los consumidores.

Es preciso encontrar ese compromiso con respecto a las pocas palabras que nos separan, a fin de evitar un procedimiento de conciliación que sería perjudicial, me parece, para todo el mundo. También conviene evitar las regresiones y, al igual que en Lituania, en Francia, los consumidores no pagan indemnizaciones en caso de amortización anticipada. No podemos proponer a los consumidores regresiones con respecto al Derecho nacional actual.

  El Presidente. − Si no hay más oradores, permítanme que les recuerde a sus Señorías que pueden utilizar el procedimiento de «solicitud incidental de uso de la palabra» para volver a intervenir si creen que no completaron su primera intervención.

  Meglena Kuneva, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, me gustaría expresar mi mas sincero agradecimiento al ponente, señor Lechner, y a todas sus Señorías, por plantear tantas y tan sensatas observaciones.

Quiero comentar algunas de ellas. Creo que el umbral se ha fijado con cautela. Nuestro objetivo común no es que la Directiva prive a los consumidores vulnerables de su protección. Por este motivo, hemos fijado un umbral que tenía en cuenta por igual los intereses de los nuevos países y que no excluye la mayoría de los créditos medios en la UE de los 12.

También constituye, creemos, una gran ventaja contar con un boletín informativo normalizado, que muchas de sus Señorías han señalado como uno de los principales puntos positivos en la Directiva. Esta será una de las principales ventajas y no estaremos dejando desprotegidos a los consumidores si sustituimos la copia del contrato por el boletín, porque los consumidores no pueden comparar con facilidad los contratos. A menudo tienen dificultades a la hora de entender los contratos y así lo indica la encuesta del Eurobarómetro.

En cuanto a la plena armonización, realmente me gustaría destacar que se trata de una armonización completa y «específica». La razón por la que es mejor que la armonización mínima, como algunos de ustedes han propuesto debatir incluso hoy, es que pensamos que es necesario para reducir las barreras de entrada al mercado con las que se encuentran los prestadores de servicios financieros y ésta es una de las principales razones por las que esta propuesta de Directiva sigue adelante. A través de esto, tenemos que aumentar la confianza de los consumidores. Por este motivo, el mejor modo es una armonización completa y específica.

El señor Harbour puede estar tranquilo, porque la Comisión se compromete a supervisar el mercado. Mis servicios han puesto en marcha un estudio para recopilar indicadores y datos sobre el mercado actual. Unos años después, usaremos los mismos indicadores y recopilaremos los mismos datos. Esto nos permitirá decidir sobre los pasos que hay que seguir.

Para concluir, no puedo más que repetir que, en mi opinión, pasar por el procedimiento de concertación no nos ayudaría a alcanzar un mejor acuerdo que el que ya tenemos hoy sobre la mesa. Por tanto, espero que el Parlamento pueda aprobar este texto mañana en segunda lectura.

  Kurt Lechner, ponente. – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en el debate hemos podido ver claramente que compartimos un mismo objetivo. En particular, puedo apoyar sin reservas lo que ha dicho la señora Comisaria en sus comentarios introductorios. La única cuestión es si el proyecto que está ahora sobre la mesa podrá servir realmente para conseguir nuestros objetivos comunes. Yo creo que hay distintas opiniones defendibles sobre esta cuestión.

La tasa anual uniforme es, desde luego, un verdadero progreso, como también lo es el derecho uniforme común a la cancelación. Pero permítanme que insista en que la protección de los consumidores se consigue mejor considerando el conjunto, como bien ha dicho la señora Comisaria en su intervención, que tratando de hilvanar juntas todas las disposiciones aplicables en algún lugar de Europa. Más disposiciones estatutarias no significa mayor protección de los consumidores.

En cuanto al asunto de las diferencias en los tipos de interés en Europa, tengo que decir que me habría gustado que se analizara el grado en que esas diferencias pueden deberse a disposiciones legales divergentes y a complejidades en algunos países, y si ocurre que los tipos de interés son más bajos allí donde las normas jurídicas son más sencillas. Desconozco la respuesta, pero la pregunta tendría que haber sido examinada. La competencia y la educación general del consumidor sirven también para aumentar la protección de éste, algo que no se consigue con normas demasiado rebuscadas.

Permítanme que diga algo brevemente sobre el diálogo a tres bandas. Personalmente, soy sin duda de la opinión de que debemos discutir a fondo nuestras diferencias aquí en el Parlamento. No quiero, ni mucho menos, frustar un acuerdo. Pero como siempre hemos defendido la transparencia, sobre todo en el Consejo, pero también en otros foros, no me parece bien que un organismo informal deba celebrar estos debates a puerta cerrada. Por el contrario, cada institución debería manifestar inicialmente su opinión, para luego presentar propuestas y, en base a ellas, tratar de encontrar una solución.

Permítanme que les repita una vez más que el texto se ha mejorado considerablemente durante los más de seis años de deliberaciones —quiero dejar esto muy claro— y que el Parlamento ha tenido una participación crucial en el proceso de mejora. En cierto modo, lo considero como un respaldo a mi propio trabajo. A mí, sin embargo, el texto propuesto no me parece suficientemente bueno. Pero sea como sea, entrará en vigor. No dudo en dar las gracias a mis colegas en esta Cámara, a la Comisión y también al Consejo —que, de hecho, ha proporcionado siempre respuestas muy claras e información detallada— por su contribución a los resultados de lo que generalmente ha sido una tarea muy gratificante y agradable.

  El Presidente. − El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el miércoles 16 de enero de 2008, a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (Artículo 142 del Reglamento)

  Lasse Lehtinen (PSE), por escrito. – La votación del Parlamento sobre este expediente tan importante significa que ahora nos encontramos un paso más cerca de la plena aplicación de las cuatro libertades. La presente Directiva aportará más derechos y transparencia a los consumidores a la hora de suscribir un crédito al consumo. La comparación de las condiciones de los créditos transfronterizos y la elección de la mejor oferta ahora será mucho más fácil que antes. Después de cinco años de preparativos, la Directiva se aplicará a todos los préstamos no garantizados entre 200 y 75 000 euros. Quiero señalar que es importante fijar el umbral más bajo en 200 euros, dado que los créditos no suelen superar a menudo los 500 euros, especialmente en los nuevos Estados miembros.

El consumidor se beneficiará sobre todo de la información contractual, un método común para el cálculo de la tasa anual equivalente y un periodo de retractación de 14 días.

Leyes equilibradas como ésta nos ayudan a lograr la aprobación de los ciudadanos para la Unión Europea.

  Mairead McGuinness (PPE-DE), por escrito. – Llevamos tiempo hablando de una Directiva europea sobre créditos al consumo, de modo que cabe aplaudir el debate de hoy sobre la Directiva. Existe una gran esperanza de que la Directiva haga que los consumidores miren más allá de sus propias fronteras nacionales para buscar créditos, lo que les permitirá comparar el préstamo más económico.

Cuando sea puesta en práctica y la adopten los ciudadanos de la UE, debería proporcionarles créditos más baratos.

Sin embargo, ésta es la clave para su éxito: en primer lugar, que los ciudadanos de la UE sepan que existen créditos transfronterizos y, en segundo lugar, la voluntad de los ciudadanos para usar esta opción.

En la actualidad, está claro que existe cierta reticencia entre los ciudadanos a la hora de buscar y comparar los mejores valores de créditos en sus respectivos Estados miembros, de igual modo que los consumidores siguen mostrándose reticentes a la hora de cambiar de instituciones bancarias, aunque puede que esto cambie lentamente.

El éxito o no de esta Directiva depende de su aplicación eficaz por parte de los Estados miembros. Solo el tiempo nos dirá si está a la altura de nuestras expectativas y ofrece una mayor oferta a los consumidores, más disponibilidad de créditos al consumo y, lo que es más importante, unos costes menores.

  Alexander Stubb (PPE-DE), por escrito. – Los créditos al consumo constituyen un pilar esencial del mercado interior.

En primer lugar, creo que esta Directiva representa un primer paso y un buen ejemplo de cómo la UE ofrece resultados concretos, incluso en una cuestión tan controvertida.

En segundo lugar, en mi opinión, a largo plazo se necesita una mayor armonización, una vez que sepamos cómo funciona esta Directiva a fin de poder facilitar a los consumidores la compra transfronteriza y para ofrecer una seguridad jurídica plena a las empresas sobre sus obligaciones, a la hora de ofrecer estos créditos en otros Estados miembros.

En tercer lugar, quiero dar las gracias por su perseverancia a todas las personas que han participado en este proceso, que ha durado años.

(La sesión se suspende a las 11.15 horas y se reanuda a las 11.30 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

8. Turno de votaciones

  El Presidente. − Pasamos ahora al turno de votaciones.

(Para los resultados y otros detalles de la votación: véase el Acta)

  Nigel Farage, en nombre del Grupo IND/DEM. – Señor Presidente, quiero plantear una cuestión reglamentaria, de conformidad con el artículo 160 del Reglamento, nuestro Grupo ha pedido que la votación de hoy sea nominal en todos los puntos y sé que esto ha despertado cierto interés en la Cámara.

A modo de explicación quiero decir que no solo este Grupo, sino muchos diputados al PE de todos los grupos, están muy preocupados por el método de votación de la Cámara. De hecho, usted mismo en la Presidencia hace unos meses dijo que hemos cometido errores, que, en una votación de esta envergadura, son normales desde el punto de vista estadístico. Nuestro argumento es que cuando votemos leyes no debe haber ninguna posibilidad de errores.

Quiero pedir a sus Señorías que, en este proceso largo de la votación nominal, consideren la importancia de la votación y, tal vez de este modo, consigamos que los diputados al PE, el mes próximo, cuando votemos el Tratado de Lisboa de la UE, voten a favor de una enmienda para permitir a los 10 países que prometieron a sus ciudadanos un referendo la oportunidad de hacerlo.

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Señor Presidente, quiero hacer sólo una petición. El artículo 159 de nuestro Reglamento dice que «El Parlamento votará por regla general a mano alzada.» Por esa razón, sería conveniente examinar si la propuesta del Grupo IND/DEM de que todas las votaciones sean nominales se ajusta al Reglamento. Yo creo que no. Pido que esto se examine mañana. Creo que debemos votar hoy según se establece en la lista de votaciones, pero quiero pedir que la cuestión de la admisibilidad legal se examine mañana.

  Marco Cappato (ALDE). – (IT) Señor Presidente, dos cosas: Creo que la cámara de televisión que está colocada aquí debe moverse para que el señor Donnici —y todos nosotros— podamos ver a la Presidencia y a otros colegas. Permítanme aprovechar también esta oportunidad para manifestar mi satisfacción por la decisión de la Mesa del Parlamento Europeo de dedicar la sala de prensa a Anna Politkovskaya.

  El Presidente. − El Reglamento de la Cámara prevé que normalmente la votación se lleve a cabo a mano alzada salvo cuando se solicite expresamente votación nominal.

En la votación a mano alzada puede suceder —no es frecuente, pero sucede de vez en cuando, esporádicamente— que la Presidencia, bien sea porque los diputados no levantan la mano o porque se produce alguna situación de confusión, se equivoque al apreciar el sentido de la votación. En este caso, también frecuentemente, algún diputado pide verificación y, entonces, el Presidente verifica con votación nominal y la situación se resuelve.

Por tanto, todo esto está previsto y nuestras votaciones se realizan, en un 99,9 % de las ocasiones, de manera perfectamente correcta.

En cualquier caso, el Presidente del Parlamento recibió en su momento una carta del diputado señor Booth, en la que señalaba este problema y solicitaba que se actuara al respecto.

Este asunto va a ser tratado en la Conferencia de Presidentes y, por supuesto, lo tratará el grupo de trabajo que se ocupa de la reforma de los métodos de trabajo de la Cámara. Todo eso está en marcha. Por tanto, señor Farage, tenga la seguridad de que le vamos a prestar al tema toda la atención y vamos a intentar que las cosas, cada día, funcionen mejor.

Hoy, señor Swoboda, hoy, vamos a votar —también de acuerdo con el Reglamento—, ya que así lo ha solicitado un grupo político, por votación nominal. Esto, el día de hoy. Y a partir de hoy ya tomaremos determinaciones.

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Señor Presidente, sobre esta misma cuestión, durante la pasada legislatura, un grupo presidido por el señor Corbett, del Grupo del PSE, presentó propuestas a la Cámara para que, si en el Pleno se presentaban 100 enmiendas, el informe en cuestión tuviera que ser devuelto a comisión. Ha habido varias ocasiones en las que esto no ha ocurrido. Me pregunto si, al recomendar a la Conferencia de Presidentes que examine estas cuestiones, también podría recomendar que considere las excelentes recomendaciones que el señor Corbett presentó la pasada legislatura.

  Graham Booth (IND/DEM). – Señor Presidente, de conformidad con el artículo 145, quiero hacer una declaración personal. Sí, he escrito al Presidente del Parlamento quejándome por la votación, como sus Señorías ya saben. He insistido en varias ocasiones desde entonces, porque mi petición para que se aplique la votación electrónica fue rechazada en comisión. Su respuesta fue que «no había seguimiento». De hecho, le he escrito varias veces. El peor caso que le notifiqué pasó de «rechazado» a «aprobado» por 567 votos a favor y 17 en contra, con 18 abstenciones. Por eso es por lo que he dicho en el pasado que este sistema es absurdo. Hay que hacer algo al respecto.

8.1. (A6-0517/2007, Jacek Saryusz-Wolski) Establecimiento de asociaciones europeas en el marco del proceso de estabilización y asociación (votación)

8.2. (A6-0506/2007, Bogusław Liberadzki) Modificación de la Directiva 95/50/CE en lo relativo a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (votación)

- Antes de la votación:

  Bogus³aw Liberadzki, ponente. − (PL) Señor Presidente, estamos debatiendo la Directiva 95. Yo tuve el honor de informar sobre su modificación a esta Cámara en septiembre del año pasado con la atención centrada sobre todo en funciones de control, puesto que se trata de una Directiva que contiene muchos detalles técnicos relacionados con vehículos, cargas y carreteras. En 1996 se introdujo un nuevo procedimiento de comitología; es decir, un procedimiento de reglamentación con control.

Nuestra comisión quiere proponer que este nuevo procedimiento de reglamentación con control se introduzca como parte del marco de las competencias de la Comisión Europea como condición para la transposición de la Directiva 95 modificada. La dignidad del Parlamento Europeo no se verá afectada. Debemos evitar un excesivo detalle en nuestra función de control. La comisión ha aprobado por unanimidad esta propuesta de Directiva. Pido a la Cámara que hable también con voz unánime.

8.3. (A6-0513/2007, Paolo Costa) Supresión de discriminaciones en materia de precios y condiciones de transporte (votación)

- Antes de la votación:

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, estimados colegas, como sabemos, la propuesta original de la Comisión Europea incluía en un único Reglamento la propuesta de modificar el Reglamento nº 11 relativo a la supresión de discriminaciones en materia de precios y condiciones de transporte, y la modificación del Reglamento (CE) nº 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios.

La propuesta de la Comisión se basaba en los artículos 75, 152 y 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, y el procedimiento estipulado para la aprobación de la Resolución fue la codecisión. Los colegisladores —Consejo y Parlamento— decidieron dividir la propuesta original en dos Reglamentos diferentes: uno para la modificación del Reglamento nº 11 sobre transporte, en aplicación del artículo 75, apartado 3, que no prevé ninguna intervención del Parlamento Europeo en el procedimiento legislativo, y respecto al cual la Comisión de Transporte ha emitido ya su dictamen; y otro Reglamento por el que se modificaba el Reglamento relativo a la higiene de los productos alimenticios, en aplicación de los artículos 95 y 152, apartado 4, letra (b), respecto al cual la Comisión de Medio Ambiente emitirá en breve su dictamen. Hoy se nos pide que decidamos si el artículo 75, apartado 3, constituye un fundamento jurídico adecuado para modificar el Reglamento sobre transporte. La modificación del artículo 852/2004, como hemos dicho, se debatirá más adelante.

La propuesta de Reglamento que hoy nos ocupa prevé la supresión del artículo 5, que dejó de ser válido en 1961, y la modificación del artículo 6, con el fin de reducir las obligaciones administrativas de los transportistas al eliminar la obligación de conservar copias con información completa sobre precios, puesto que actualmente esa información está disponible en la documentación exigida para cada envío y en los planes contables de los transportistas. Esta modificación permitirá controlar los precios y las condiciones del transporte, e identificar cualquier discriminación que se produzca. Así pues, se trata de una modificación que se ajusta exactamente a lo previsto en el Tratado de las Comunidades Europeas, artículo 75, apartado 3, segunda frase, y puesto que la modificación del artículo 6 es necesaria para que las autoridades europeas puedan vigilar el cumplimiento del principio de no discriminación en el ámbito del transporte, en aplicación del apartado 3 del artículo 75 del Tratado, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha advertido que el artículo 75, apartado 3, es el único fundamento jurídico que puede utilizarse para modificar el Reglamento nº 11.

8.4. (A6-0497/2007, Ulrich Stockmann) Tasas aeroportuarias (votación)

8.5. (A6-0406/2007, Johannes Blokland) Exportación e importación de productos químicos peligrosos (votación)

8.6. (A6-0515/2007, Csaba Őry) Aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (votación)

8.7. (A6-0494/2007, Jorgo Chatzimarkakis) CARS 21: Marco reglamentario para un sector del automóvil competitivo (votación)

PRESIDENCIA DEL SR. PÖTTERING
Presidente

9. Sesión solemne - Gran Mufti de Siria

  El Presidente. − Señorías, es para mí un honor y un placer especial dar hoy, en este Año Europeo del Diálogo Intercultural, una calurosa bienvenida al Parlamento Europeo a Su Eminencia Sheikh Ahmad Badr El Din El Hassoun, Gran Mufti de Siria.

(Aplausos)

Como reiteré la semana pasada en Liubliana, en la ceremonia inaugural del Año Europeo del Diálogo Intercultural, el Parlamento Europeo otorga gran importancia a este año de diálogo entre culturas.

Estoy firmemente convencido, como lo están muchos otros, de que es posible y esencial que pueblos con culturas y religiones diferentes convivan en paz, tanto en la Unión Europea como en el resto del mundo. En este contexto, damos especial importancia a nuestras relaciones con los pueblos que habitan en la orilla opuesta del Mediterráneo y en Oriente Próximo. Lo cierto es que los frutos de ese diálogo tendrán un efecto duradero en nuestro futuro común. Juntos tenemos que construir un puente intelectual y cultural que cruce el Mediterráneo, cimentado en el enriquecimiento mutuo y en unos valores compartidos.

Contribuimos a construir ese puente cuando mantenemos un diálogo continuo, sincero y abierto en el que nos escuchamos los unos a los otros, intercambiamos nuestras opiniones con franqueza y conseguimos un entendimiento mutuo.

La tolerancia está en el corazón del diálogo intercultural. Tolerancia no significa indiferencia. Tolerancia significa exponer nuestros puntos de vista y escuchar y respetar las convicciones de los demás.

Y aún en el caso de que nos resulte imposible aceptar el punto de vista de otra persona, tenemos que seguir respetándolo, intercambiar ideas y opiniones pacíficamente y, en la medida de lo posible, allanar el camino para una acción conjunta para, de esa forma, relajar las tensiones.

Tenemos que insistir en las cosas que tenemos en común, como la naturaleza de los valores democráticos universales, entre los que destacan la dignidad humana y la defensa de los derechos humanos inalienables.

Durante 2008 y en los próximos años, el Parlamento Europeo aprovechará todas las oportunidades que se le presenten para mantener ese diálogo. La visita hoy del Gran Mufti de Siria constituye la primera de ellas. Ahmad Badr El Din El Hassoun, antiguo Mufti de Aleppo, está considerado como un destacado defensor del diálogo interreligioso en un país donde las comunidades religiosas, en toda su diversidad, siguen conviviendo y trabajando en paz.

Esto se simboliza claramente en el hecho de que el Gran Mufti haya venido acompañado en la visita de hoy por destacados líderes religiosos. Ese fue su deseo expreso, y me van a permitir que haga especial mención al Obispo Antoine Audo, máximo representante de la Iglesia Católica Caldea en Siria, y que le dé una calurosa bienvenida.

Eminencia, es para mí un gran placer invitarle ahora a que se dirija al Parlamento Europeo.

(Aplausos)

  Ahmad Badr El Din El Hassoun, Gran Muftí de Siria. −

(El orador interviene en árabe. A continuación se ofrece la traducción al español de la transcripción de la interpretación inglesa).

Saludos a todos en el nombre de nuestro Creador, que ha creado al ser humano del mismo barro y a través de cuya alma nos ha dado la vida. La fuente de energía que desciende sobre nosotros procede del único Dios, el Creador; somos su creación y, por tanto, les saludo como hermanos en este planeta, mis hermanos en lo espiritual y en lo humano.

Señor Presidente, señoras y señores, Señorías, vengo de un país en el que no he elegido vivir, pero el cielo eligió que fuera uno de sus ciudadanos. Esta tierra, que llamamos «tierra santa», la tierra de Al-Sham, que incluye al Líbano, Palestina, Siria, Jordania e Israel, esta tierra que abraza todas las culturas celestiales: en nuestra tierra caminó el Profeta Abraham y el Profeta Moisés vivió en armonía, y en nuestra tierra nació Jesús (que Dios lo bendiga) y desde nuestra tierra subió al cielo. Mahoma, el Profeta, también vino de La Meca a nuestra tierra para ser llevado a los cielos. Por tanto, me gustaría que entendieran el significado de esa tierra, que fue una fuente de luz e iluminación sin la cual no habría habido cristianos ni seguidores de Abraham y Moisés, y no habríamos sido musulmanes y no habríamos asumido la responsabilidad de transmitir el mensaje divino al mundo.

Por tanto, les doy las gracias de todo corazón y agradezco al Presidente del Parlamento, que me ha permitido inaugurar este debate cultural en un año que es el año del diálogo entre culturas.

Digo culturas, pero realmente no existen culturas independientes, sino que solo existe una cultura única.

Las culturas han influido en la cultura de la humanidad y la han enriquecido, y la cultura es nuestra propia creación: nosotros creamos la cultura. Este Parlamento no fue construido por un cristiano o por un judío o por un musulmán, sino que fue creado por el hombre. Éste es un símbolo de la cultura, de su construcción.

Todos formamos una única cultura, que se llama la cultura de la humanidad. Por tanto, nosotros, en nuestra región, no creemos en un conflicto entre culturas. Solo hay una cultura en el universo y no es múltiple. Sin embargo, pueden existir o coexistir diferentes culturas.

(Aplausos)

Así pues, examinemos dónde existe un conflicto entre culturas. Se produce un conflicto cuando hay ignorancia, terrorismo y atraso, pero una persona con cultura, independientemente de cual sea su religión, me tomará de la mano para construir juntos la cultura de la humanidad. Cuando el hombre llegó a la luna, la Agencia soviética de aquella época y la NASA no eran americanas o rusas en su totalidad, sino que también había europeos, italianos, alemanes, franceses, belgas y árabes. Juntos construyeron la civilización que permitió a la humanidad llegar al espacio.

Volvamos a examinar la terminología o el término «conflicto» entre culturas o civilizaciones. Esto es peligroso, porque la civilización no se puede construir por separado. Los que construyeron las pirámides son nuestros antecesores y los que construyeron las pirámides de Chile también son nuestros antecesores y, por tanto, como he dicho, la civilización es única.

Un segundo punto. ¿Tiene la civilización una religión? ¿O se trata de una cultura humana en la que la religión aporta sus valores morales? No existe una civilización islámica o una civilización cristiana o una civilización judía. La religión aporta sus valores morales a la civilización, pero la cultura es algo que construimos. Dios creó la religión, pero nosotros creamos culturas. Esto es lo que hemos construido, pero la religión es obra de Dios. Por tanto, no limitemos la civilización, porque es el resultado de nuestro trabajo, mientras que la religión, como he dicho, es la obra de Dios.

¿Quién crea la civilización? El ser humano: ustedes y yo. ¿Quiénes somos, ustedes y yo? ¿Son ustedes diferentes de mí? No. Ustedes no son la otra parte. El animal podría ser la otra parte, pero ustedes son mis hermanos o hermanas, independientemente de su religión o idioma, porque mi madre es su madre, mi padre es su padre y la tierra es nuestra madre y Abraham es nuestro padre. Por tanto, creemos una nueva generación que crea que «el otro» es el animal. Pero el hombre, independientemente de su religión o de su procedencia, es mi hermano o hermana y su sangre es mi sangre. Su espíritu es el mío y sus ideas son las mías y su libertad es mi libertad y su cultura es diferente de mi cultura. Así pues, vamos a construir juntos la civilización. No creemos, en nuestra región, en la multiplicidad de las religiones: no existen múltiples religiones.

Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma proceden de una única religión: el culto a Dios y la dignidad del ser humano. En cuanto a la legislación y las leyes, éstas cambian dependiendo de la época y del tiempo. Puede haber muchas leyes, pero no puede haber muchas religiones. Por tanto, su Dios y nuestro Dios son el mismo y el único y todos adoramos al mismo Creador. Por tanto, no puede haber un conflicto religioso. Esto me lleva a decir que no existe la guerra santa. No creo en las guerras santas, porque la guerra nunca puede ser santa: solo la paz es santa.

(Aplausos)

Enseñemos a nuestros hijos en las escuelas, iglesias y en lugares de culto y en las mezquitas que lo realmente sagrado en el universo es el ser humano y no la Kaaba o la mezquita Al-Aqsa o la Iglesia de la Trinidad, sino el ser humano; el ser humano es lo más santo y sagrado del universo, y esto es más importante que cualquier otra cosa sagrada.

(Aplausos)

¿Por qué les digo esto, señoras y señores? Porque la Kaaba fue creada por Abraham, un hombre, y el Muro de La Meca fue creado por un judío y la Iglesia de la Trinidad fue construida por un cristiano. Pero el ser humano, ¿quién creó al ser humano? El ser humano es la creación del Creador y cualquiera que destruya la creación del Creador no debería merecer ningún respeto.

Cualquier persona que mate a un niño israelí o iraquí será llamado para responder de sus acciones ante Dios, porque esos niños son la creación de Dios en este planeta y habría destruido esa creación. ¿Podemos devolver la vida a esas personas? Si la Kaaba fuera destruida, nuestros hijos podrían volver a construirla y si la mezquita Al-Aqsa fuera destruida, podríamos construirla de nuevo. Si la Iglesia de la Trinidad fuera destruida, la próxima generación la construiría, pero créanme, si se mata a un hombre, ¿quién puede devolverle la vida?

Por tanto, saludo y doy las gracias a Europa que me ha invitado a este lugar. Quiero pedirles que garanticen que el diálogo entre civilizaciones tiene que ser infinito y abierto para que podamos crear Estados sobre una base civil —no una base religiosa o étnica, porque la religión es una relación entre ustedes y Dios—, sino que debemos vivir juntos en este mundo en paz. Yo no les impongo mi religión y ustedes no me imponen su religión. Esto es algo entre nosotros y el Creador.

Así pues, construyamos una nueva generación que crea que la civilización del ser humano es una obra común y que lo más noble de todo es la humanidad y la libertad; después de Dios, por supuesto. Si queremos que haya paz en el mundo, debemos empezar desde la tierra de la paz: Palestina e Israel. Podemos decir a la gente, como dijo el Papa hace años, que más que construir un muro, tenemos que construir los puentes de la paz, porque Palestina es la tierra de la paz. Considerando cuánto cuesta construir ese muro, podríamos permitir a los niños cristianos, judíos y musulmanes que vayan a la misma escuela y vivan como hermanos y hermanas en una escuela de paz.

(Aplausos)

Sí, el año pasado les tendimos la mano en Siria. El Presidente Bachar el Asad tendió la mano al mundo y dijo «Quiero una paz verdadera». Hoy no llevaré un arma, sino que siempre llevaré las palabras de la paz para decir delante de todo el mundo que hoy no queremos más guerras. El ganador de la guerra será un perdedor, su victoria será temporal porque ha matado a seres humanos, porque los verdaderos ganadores se hermanan con los demás. No es la tierra lo que es santo, sino el ser humano. Hagamos un mundo santo donde el hombre se convierte en la persona santa.

Por tanto, no crean lo que dicen los medios de comunicación, porque los medios de comunicación en muchas ocasiones no dicen la verdad. Muchos de ustedes me han visitado en Siria y han venido a mi mezquita y yo fui con ustedes a las iglesias y vieron cómo vivimos como una sola familia y que no creemos en una simple convivencia, sino en vivir como una familia. Independientemente de que seamos musulmanes, judíos o cristianos, creemos en una única morada: la morada de la vida.

Fui, como ustedes, diputado al Parlamento sirio durante diez años y sentí, cuando entré en el Parlamento, que no representaba a mi partido político o a mi grupo o que era independiente; más bien, representaba a todas las personas que me habían pedido que las representara y también a las que no me habían pedido que lo hiciese, porque ellos eran mis hermanos y hermanas, y yo representaba a todo el país. Así pues, ¿ustedes representan a sus países o partidos políticos o representan al ser humano? Les pido que sean nuestros representantes y los de sus ciudadanos, porque el ser humano es único en el universo.

Sí, tienen que representarnos a nosotros en las cuestiones de la paz, la verdad y las creencias. Actualmente, el mundo islámico es testigo de guerras en sus países. Este mundo debe lograr la paz y siempre ha querido la paz y, si surgen determinadas crisis, es porque hay injusticia. La Cristiandad surgió para garantizar la paz, de otro modo no podríamos entender cuál era la misión de los profetas, como Moisés, que defendían el logro de la paz. Nadie quería matar a nadie y alguien que quiera matar a una persona estaría contradiciendo sus creencias y su religión. No usemos la religión para matar; la religión defiende la paz y la vida.

Sí, éste es el mensaje de mi país, de una tierra que fue bendecida por los cielos y que todos los profetas recorrieron y donde vivieron.

La mujer es un gran ser humano en nuestra tierra y la honramos, ya sea judía, cristiana o musulmana, aunque probablemente se enfrente a injusticias a consecuencia de las acciones de los hombres. Las mujeres participan a todos los niveles en nuestro país y los líderes de mi país, incluido el Presidente, defienden la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

Esta ciudad es un título para la paz. Vi cómo fue construida y dije que el milagro del siglo XX es Europa. Este milagro que presenció la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y consiguió derrumbar el Muro de Berlín sin derramar sangre, ni una sola gota de sangre. Toda Europa se unió y sus gentes se unieron en un Parlamento. Así pues, ¿podrían ayudarnos a lograr un parlamento así; un parlamento humano, espiritual, universal? Les pido que nos ayuden, porque Siria y todo el mundo islámico les están esperando, ya sean musulmanes o cristianos.

Por ultimo, dado que Damasco es la Capital de la Cultura árabe este año y ustedes han dado comienzo al Año del Diálogo Intercultural, les pediría que celebráramos un encuentro de culturas en la Capital de la Cultura árabe, Damasco, para decir que el mundo está unido y que tendemos nuestra mano al Líbano, porque el Líbano alberga a un pueblo y todos deberíamos contribuir a la creación de un Líbano y de una auténtica Palestina y de un auténtico Israel, un auténtico Iraq, una tierra de paz para todos.

(Aplausos prolongados)

  El Presidente. − Señorías, sus aplausos demuestran que esta Cámara se une a mí para expresar nuestro sincero agradecimiento al Gran Mufti de Siria, Sheikh Ahmad Badr El Din El Hassoun, por su mensaje de oposición a la violencia, la guerra y el terrorismo. La dignidad humana es fundamental para él, y esa es la base de la cooperación entre culturas. Lo suyo es tolerancia cuando dice que nosotros tenemos nuestro propio punto de vista, que no estamos obligados a adoptar el punto de vista del otro, pero que lo respetamos y, por eso, convivimos pacíficamente en este mundo y reconocemos la dignidad humana. Gracias, Su Eminencia, por haberse dirigido a nosotros hoy aquí en el Parlamento Europeo.

(Aplausos)

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

10. Turno de votaciones (continuación)

  El Presidente. − De conformidad con el orden del día, continuamos con el turno de votaciones.

(Para los resultados y otros detalles de la votación: véase el Acta)

  Graham Booth (IND/DEM). – Señor Presidente, muy brevemente, creo que no ha seguido el Reglamento correctamente durante el anterior turno de votaciones.

Usted dijo «se abre la votación», pero no pregunto si todos los diputados habían votado antes de decir «se cierra la votación» y no ha leído en voz alta los resultados.

Creo que no ha actuado conforme al Reglamento.

  El Presidente. − Señor Booth, el resultado de la votación aparece en la pantalla. Por tanto, como ustedes han pedido que todas las votaciones de hoy sean nominales y así lo estamos haciendo, lo que estoy procurando es que esta forma de votar sea lo menos gravosa posible para la Cámara, si a usted no le parece mal, señor Booth.

10.1. (A6-0481/2007, Piia-Noora Kauppi) Consideración fiscal de las pérdidas en un contexto transfronterizo (votación)

10.2. (A6-0518/2007, Glenis Willmott) Estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012) (votación)

⁂

  Christopher Beazley (PPE-DE). – Señor Presidente, me remito a los artículos 152 y 160 del Reglamento, en relación con el procedimiento de votación y las votaciones nominales. Es obvio que se ha abusado del Reglamento y se ha usado de manera completamente contraria a su intención. ¿Puedo pedir, a través de usted, que especialistas como el señor Corbett y otros examinen con mucho detenimiento lo que ha ocurrido hoy? Entiendo que el Presidente está facultado para decidir que cualquier petición de votación nominal sea declarada nula. Puede que esto sea necesario cuando en el futuro nos enfrentemos a turnos de votación más densos.

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, en esta Cámara tenemos un Reglamento muy liberal y, sobre todo, muy respetuoso con las minorías, y así debe ser. Nuestro deseo y nuestra obligación es preservarlo. Pero para ello hace falta que los distintos grupos ejerzan debidamente sus derechos de minoría y no abusen de los mismos. Pero cuando abusan —como ha ocurrido hoy—, debemos reconsiderar esta práctica.

  Daniel Hannan (PPE-DE). – Señor Presidente, me opongo firmemente a las dos cuestiones reglamentarias que se acaban de formular. Las normas son absolutamente claras a este respecto. Cada grupo tiene derecho a pedir votaciones nominales. La Presidencia no dispone de ninguna facultad discrecional. Siempre hemos aceptado que, en última instancia, en cualquier cámara democrática la mayoría tiene el derecho de hacer su voluntad, pero lo que acabamos de oír es la posición más intolerante, que no permite ningún tipo de oposición, que no permite ninguna opinión discrepante y, si mis colegas quieren entender por qué la Unión Europea es tan poco popular entre los votantes, solo hay que pensar en su actitud intolerante hacia cualquiera que exprese una opinión distinta a la suya propia.

(Aplausos)

  El Presidente. − Señor Hannan, que yo sepa, todas las votaciones que se han hecho esta mañana se han hecho por votación nominal. Por tanto, el Reglamento ha sido escrupulosamente respetado.

  Nigel Farage (IND/DEM). – Señor Presidente, quiero señalar al señor Beazley y al señor Rack, y tal vez a usted mismo, señor Presidente, que hoy es la primera vez desde que estoy en el Parlamento Europeo que realmente podemos estar seguros de que los resultados son correctos, ¡porque normalmente es todo una farsa! Por tanto, no venga a quejarse, estamos ayudándole a poner orden en este lugar para que en el futuro gran parte de este trabajo se haga en comisión y no recibamos cientos, y en algunos casos, miles de enmiendas. Lo que hemos hecho es plenamente conforme al Reglamento y todos ustedes —en particular los que creen en este lugar— deberían aprender la lección.

  Martin Schulz, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, intervengo en aplicación del artículo 171 del Reglamento y presento la siguiente propuesta en nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo: considerando la necesidad urgente de debatir el Reglamento y su interpretación, propongo que se suspenda ahora la sesión y que todos los demás debates, incluidas las explicaciones de voto, se aplacen hasta las diez de esta noche.

(Aplausos)

  El Presidente. − Hay catorce diputados de la Cámara que han solicitado explicación de voto para cada uno de los siete debates que tuvieron lugar ayer y esta mañana. Catorce miembros y cada uno ha pedido explicación de voto sobre cada uno de los siete debates: diez son miembros del Grupo Independencia/Democracia, dos del Grupo del Partido Popular Europeo y dos No inscritos.

Si estas explicaciones de voto se llevan a cabo ahora, esto nos ocuparía durante unas dos horas.

Por tanto, yo someto a la Cámara la siguiente cuestión de orden: o bien llevamos adelante las explicaciones de voto y nos quedamos dos horas más o interrumpimos la sesión ahora, como proponía el señor Schulz, y las explicaciones de voto tendrán lugar esta noche.

(La Cámara expresa su acuerdo con esta propuesta.)

Señorías, a las 15.00 horas se comunicará cuándo se llevarán a cabo estas explicaciones de voto.

11. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

(La sesión, suspendida a las 12.55 horas, se reanuda a las 15.00 horas.)

PRESIDE: GÉRARD ONESTA
Vicepresidente

12. Orden del día

  El Presidente. – (FR) Señorías, como saben, 19 diputados han presentado solicitudes de explicación de voto oral sobre cada uno de los siete informes votados a mediodía. Además, hay diez solicitudes individuales de explicación de voto. La duración teórica de las explicaciones de voto sería así de 143 minutos, algo más de dos horas. Para poder dar paso a esas explicaciones de voto hoy, propongo la siguiente modificación en el orden del día:

La declaración de la Comisión sobre la situación de los residuos en la región de Campania, prevista para las 21.00 horas, tendrá lugar inmediatamente después del informe Angelilli sobre los derechos de la infancia.

En cuanto a las explicaciones de voto, se abordarán en la sesión de noche, después de la pregunta oral sobre el estatuto de los diputados europeos elegidos en Polonia.

El orden de los trabajos sería así el siguiente:

– de las 15.00 a las 17.30 horas: informe Cashman, informe Angelilli y declaración de la Comisión sobre la situación de los residuos en la región de Campania,

– de las 17.30 a las 19.00 horas: turno de preguntas a la Comisión,

– en sesión de noche, desde las 21.00 horas hasta medianoche, por orden: el informe Pack, el informe Graefe zu Baringdorf, las preguntas orales de los diputados elegidos en Polonia y, por último, las explicaciones sobre las cuestiones sometidas a voto antes del almuerzo.

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Señor Presidente, sobre una cuestión reglamentaria, para aclarar la aplicación del Reglamento sobre la cuestión mencionada hace unos momentos. De conformidad con el artículo 171, invocado por el señor Schultz, sobre la suspensión de la sesión, no se dice —porque habíamos finalizado las votaciones y estábamos ante una explicación del voto— que sea posible invocar ese artículo en ese momento determinado. Si se suspendiera la sesión, la tradición por la que se rige esta Cámara establece que, al reanudar la reunión, se continúa con el orden de los trabajos, y continuar con el orden de los trabajos —sobre la base de la tradición seguida en esta Cámara y de lo que hemos hecho en los ocho años que llevo aquí— significaría continuar con las explicaciones de voto. No tengo ningún problema en venir las veces que haga falta para explicar mi voto, porque quiero hacerlo para varios informes.

Quiero preguntar cuál fue la base de la aplicación del artículo 171, porque no creo que fuera correcta; usted sabe que está desvirtuando el Reglamento tan bien como yo, lo que va en contra de la voluntad democrática de algunos de los diputados de esta Cámara. Qué democracia más extraña aquella en la que se intenta silenciar a una minoría que solo está haciendo lo el Reglamento le permite.

  El Presidente. – (FR) Señorías, quisiera recordar algunos aspectos fundamentales de nuestro funcionamiento. El Presidente de sesión puede suspender la sesión en cualquier momento.

Basta con que me ponga en pie y abandone mi escaño para que, automáticamente, se interrumpan nuestros trabajos. No se preocupen, no tengo intención de hacerlo; pero han de saber que, en cualquier momento, basta con que el Presidente abandone su asiento para que, de hecho, nuestros trabajos se detengan.

Por tanto, la sesión se suspendió porque el Presidente de sesión tiene el poder absoluto de suspender los trabajos cuando lo desee. Esto es lo primero.

Segunda norma absoluta: el Pleno, y sólo el Pleno, es el amo absoluto de su orden del día. Por esta razón, les propongo reorganizar el orden del día tal como acabo de proponer.

Si no desean realizar los cambios que propongo, y sólo en ese caso —tiene razón, señor Heaton-Harris—, retomaríamos el orden del día tal como se había adoptado anteriormente.

Por ello, preguntaré ahora a sus Señorías si se oponen formalmente a que se revise el orden del día tal como acabo de proponer. Ha de tratarse, pues, de una oposición formal y argumentada sobre mi propuesta, después elegiré a alguien que se exprese a favor.

  Jim Allister (NI). – Señor Presidente, sin duda es cierto que usted, como Presidente, puede abandonar la Presidencia y la sesión se suspendería. Sin embargo, eso no explica lo que ocurrió antes de la hora de la comida. La suspensión fue propuesta por el señor Schultz sobre la base del artículo 171.

El artículo es bastante claro; cuando se hace una propuesta de este tipo debe haber una intervención a favor y otra en contra. Esto no ha sido así, lo que quiere decir que la propuesta era irregular y no tendría que haber sido sometida a votación, y que la decisión no es vinculante. Por tanto, debería volver al orden del día.

  El Presidente. – (FR) Le recuerdo una vez más que el Pleno es soberano. Y, en efecto, es poder de la Presidencia de sesión pedir, como estoy haciendo ahora, a los diputados que se expresen, uno a favor y otro en contra. Es una prerrogativa de la Presidencia.

Desde el momento en que la Cámara ha votado —creo que esta mañana se organizó una votación con verificación electrónica incluida—, pienso que el resultado de la votación no puede discutirse.

  Hannes Swoboda, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, sólo quiero decir que el Presidente que ha presidido la sesión esta mañana se olvidó, efectivamente, de preguntar quién deseaba intervenir a favor y en contra de la propuesta. Pero es también cierto que una clara mayoría de esta Cámara ha votado a favor de que no debatamos ni escuchemos las explicaciones de voto hasta las diez de la noche. Ahora se nos presenta una nueva propuesta, que yo quiero apoyar en nombre de mi Grupo y creo que también en nombre de otros diputados. Pienso que la medida propuesta tiene sentido y ya veremos qué pasa en la votación. Además, como usted mismo ha dicho, la Cámara es soberana. La mayoría de la Cámara decidirá.

(Aplausos)

  El Presidente. – (FR) Señorías, he elegido a uno en contra y otro a favor. Si alguno de ustedes desea intervenir, debería ser por una cuestión diferente, no para argumentar de nuevo a favor o en contra. En tal caso, no puedo concederles la palabra.

  Daniel Hannan (PPE-DE). – Señor Presidente, quiero intervenir sobre una cuestión de orden. Puede que esta Cámara sea soberana, como dice, pero debe seguir su propio Reglamento.

La suspensión o el levantamiento de una sesión se contempla en el artículo 171, y cito: «El Parlamento podrá acordar la suspensión o el levantamiento de una sesión en el curso de un debate o de una votación». Esta mañana no estábamos en un debate o una votación, nos encontrábamos después de la votación.

Asimismo, el artículo 163 «Explicaciones de voto», no otorga a la Presidencia la facultad de no oír tales explicaciones o cambiar la hora. Dice explícitamente: «Cerrado el debate general, todo diputado podrá formular, en el marco de la votación final, una explicación oral, que no sobrepasará un minuto».

Es cierto que las normas de esta Cámara otorgan una importante facultad arbitraria al orador. Pero éstas son dos cuestiones a las que se no se aplica esta facultad y esta Cámara optó —del modo más flagrante— por hacer caso omiso de su Reglamento en lugar de retrasar el almuerzo de un par de personas.

Tengo que decir que es simbólico el modo en que la Unión Europea está procedimiento con la ratificación del Tratado de Lisboa, que no Constitución Europea, de saltarse sus propias normas cuando no le conviene, en lugar de permitir un punto de vista discrepante.

  El Presidente. – (FR) Lo que les propongo, Señorías, es lo siguiente. Evidentemente, no vamos a poder zanjar esta tarde en el Pleno todos los argumentos de unos y otros sobre la interpretación del Reglamento.

Si hay reclamaciones, preséntenlas por escrito al Presidente del Parlamento. Estoy seguro de que consultará a la comisión competente.

Ahora, me circunscribo a la fijación del orden del día. He hecho una propuesta. He escuchado a un diputado en contra y a uno a favor. La someto a votación.

(El Parlamento aprueba la propuesta)

(El orden del día queda así establecido)

13. Aprobación del Acta de la sesión anterior

  El Presidente. – (FR) Se ha distribuido el Acta de la sesión del lunes 14 de enero de 2008.

¿Desean hacer alguna observación?

  Cristiana Muscardini (UEN). – (IT) Señor Presidente, Señorías, es muy amable de su parte concederme la palabra veinte minutos después de haberla solicitado, y eso que me siento justamente enfrente de la Presidencia. Quiero hablar para dejar constancia y por el bien de la democracia en esta Cámara.

La Presidencia del Parlamento y los presidentes de todos los grupos tienen que saber que dos errores no hacen un acierto. Lo que es políticamente útil no siempre es políticamente correcto, y después de escuchar hoy al Gran Mufti, todos nosotros tenemos que decidir, de manera clara e inequívoca, si en esta Cámara seguimos las disposiciones democráticas del Reglamento o seguimos el interés que cada cual pueda tener en función de las circunstancias.

Esta mañana se ha cometido un error respecto al Reglamento del Parlamento, que no corregiremos votando hoy en una Cámara vacía. Estamos cometiendo otro error que perjudicará a nuestra democracia. No estoy diciendo, en nombre del Grupo UEN, que sea importante o no debatir sobre los residuos en Italia a las 21.00 horas de esta noche o a las 17.00 horas de mañana, o que sea importante que la votación vaya seguida de explicaciones de voto, como siempre se ha hecho en este Parlamento, cuando el voto se expresa como tendría que haberse expresado esta mañana. Pero le pregunto, señor Presidente —y puede interrumpirme, eso no me interesa nada— ¿qué dice el Reglamento de este Parlamento? ¿Lo sabe? En relación con esta cuestión, quiere responder a esta Cámara desierta que debe votar sobre la base de los que han intervenido y no de los que quisieron expresar una opinión independiente. ¡Qué disparate!

  El Presidente. – (FR) Señora Presidenta, le hablaré con tanta calma como enervadas han sido sus palabras. Le he concedido la palabra para saber si tenía o no algo que decir sobre el Acta del lunes 14 de enero. No ha intervenido usted sobre ello. He tenido la cortesía de escucharla hasta el final y espero que sus Señorías aprecien, como yo, el tono que ha empleado ante el Pleno.

Considero, pues, que no hay observaciones, puesto que la señora Presidenta no vuelve a pedir la palabra.

(Se aprueba el Acta de la sesión anterior).

14. Marco plurianual de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el período 2007-2012 (debate)

  El Presidente. – (FR) De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de Michael Cashman, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de Decisión del Consejo para la aplicación del Reglamento (CE) n° 168/2007 sobre la adopción de un marco plurianual de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el período 2007-2012 (COM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)) (A6-0514/2007).

Una cuestión de orden, Señoría. ¿Puede decirme a qué artículo del Reglamento se remite?

  Roger Knapman (IND/DEM). – Señor Presidente, sobre una cuestión reglamentaria de conformidad con el artículo 171. Acaba de decir a la Cámara que 19 diputados habían solicitado intervenir. Antes del almuerzo, nos dijeron que eran 14 diputados. Sé que cuando se trata de estadísticas, y particularmente cuando la votación no es nominal, las cosas no son muy exactas, y por eso le pido que explique la diferencia de cifras.

  El Presidente. – (FR) Me resulta difícil darle una explicación de inmediato, en tiempo real, pero puedo aventurar una, Señoría.

Recibimos la solicitudes en tiempo real — y he presidido con frecuencia las explicaciones de voto. Es cierto que, cuando mi colega Vidal-Quadras hizo el anuncio, tenía ante él 14 nombres y que en los segundos o minutos que siguieron, otros colegas se acercaron hasta la Presidencia para indicar que querían intervenir. Por esta razón, la cifra aumentó de 14 a 19 desde el anuncio que hizo el Vicepresidente Vidal-Quadras hasta el anuncio que yo les hice hace un momento. Pero es una cuestión muy interesante y ya comprobaremos el Reglamento pertinente.

Ahora, si tienen a bien, pasamos al informe Cashman, y cedo sin más la palabra a la Comisión.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. − Señor Presidente, en primer lugar, me gustaría dar las gracias al Parlamento por su cooperación constructiva y su apoyo para la rápida adopción del marco plurianual de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el período 2007-2012.

En particular, me gustaría dar las gracias al ponente, señor Cashman, por su compromiso personal con este informe. El marco plurianual para el periodo 2007-2012, como propuso la Comisión y se discutió en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, permitirá a la Agencia trabajar en la mejor de sus capacidades. Me gustaría decir que entiendo plenamente el razonamiento de cada una de las enmiendas propuestas por el ponente. Me complace decir que puedo aceptar la enmienda 1; la enmienda 2 relativa a la noción de minorías étnicas; las enmiendas 3, 4, 5, 8 y 13 (en parte) en relación con la noción de discriminación múltiple; la enmienda 15 sobre la idea de exclusión social y la enmienda 16, en particular dado que todas estas enmiendas reflejan los acuerdos alcanzados en las negociaciones entre la Presidencia, la Comisión y el ponente.

En cuanto al resto de enmiendas, no puedo aceptarlas por varios motivos jurídicos y técnicos que explicaré muy rápidamente. Algunas de las enmiendas no cumplen el Reglamento básico, en concreto las enmiendas 10, 11 y 18. En algunos casos, las enmiendas van más allá del Reglamento, en particular la enmienda 17. En otros casos contradicen lo dispuesto en el Reglamento, desde mi punto de vista por supuesto, como la enmienda 10. Otras no se corresponden con lo previsto en la iniciativa «legislar mejor», en particular las enmiendas 2, 7 y 13, en lo que respecta a la adición de las «minorías tradicionales nacionales y las lingüísticas», que ya están incluidas en el Reglamento.

Algunas enmiendas están fuera del ámbito de competencias de la Comunidad o del de la Agencia, en concreto las enmiendas 14 y 15 (en parte). Por último, la enmienda 12 limitará de manera considerable los ámbitos en los que trabajará la Agencia, como se establece en el artículo 2 de nuestra propuesta.

En cuanto a la enmienda 6, no estoy en contra de la sustancia de la disposición. Sin embargo, la propuesta de marco plurianual no es, desde mi punto de vista, el mejor lugar para introducir declaraciones generales sobre la naturaleza y la definición de los derechos humanos.

El lugar más adecuado para hacerlo son los convenios internacionales pertinentes y la Carta. Sin embargo, no me opondré a esta enmienda, si el Consejo y el Parlamento están dispuestos a aceptarla.

Por último, no puedo aceptar las enmiendas 7 y 9. En cuanto a la enmienda 7, el marco plurianual está diseñado para regular las obligaciones de las instituciones europeas y/o de los Estados miembros en relación con el control del cumplimiento de todos los convenios internacionales sobre derechos humanos de los que los Estados miembros son Parte.

En cuanto a la enmienda 9, no es necesario introducir una referencia a una revisión del marco plurianual antes del periodo de cinco años, dado que la Comisión, el Consejo y el Parlamento siempre pueden pedir ir más allá del ámbito de aplicación del artículo 2 del marco.

En general, el plazo de cinco años fue fijado para evitar poner en peligro la eficacia del trabajo de la Agencia, que necesita tiempo para planificar su trabajo y llevarlo a cabo. La introducción de revisiones sistemáticas podría socavar la labor de la Agencia.

Por último, en mi opinión, la creación de la Agencia ha sido un gran éxito para el fomento del respeto de los derechos fundamentales en la Unión Europea. También ha sido un éxito en términos de cooperación interinstitucional. Ahora tenemos que fijar las condiciones adecuadas para que la Agencia funcione con éxito y demuestre su valía en los próximos años.

  Michael Cashman, ponente. − Señor Presidente, quiero dar las gracias al Vicepresidente Frattinti por sus palabras.

Si el Parlamento estuviera facultado para codecidir en este asunto, estaríamos en una posición mucho más fuerte. Tengo que decir a mis colegas presentes hoy aquí que desde el principio me reuní con ONG y miembros de la sociedad civil, como hicieron otros ponentes alternativos, para ver qué podíamos hacer. Me quedó bastante claro desde el principio que, si lo hacía a mi manera, tendría una lista interminable, porque los derechos humanos son muy importantes: Son fundamentales y son el motivo por el que las instituciones fueron creadas, para no volver nunca a la situación que desembocó en la Segunda Guerra Mundial y la sombra funesta que planeó sobre tanta gente y tantas minorías diferentes.

Sin embargo, la realidad es que solo se nos consulta, motivo por el cual tuve que asumir una posición muy complicada. Me resulta muy difícil, como homosexual, no querer incluir específicamente la homofobia. Sin embargo, si quiero ser coherente en la aplicación del principio de que tenemos que incluir lo que no está contemplado, entonces tengo que prescindir de aquello que mi corazón desea. Por eso ha sido difícil.

Me complace decir que este informe fue aprobado por 48 votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones. Esto indica que lo que tenemos ante nosotros —aunque, de hecho, hay algunas enmiendas que no apoyo personalmente— son los deseos de la comisión. Quiero elogiar a la Presidencia portuguesa y a mis colegas presentes en la Cámara, que trabajaron en estrecha colaboración conmigo, que apoyaron al Parlamento para intentar alcanzar una posición que tanto el Consejo como la Comisión pudieran apoyar.

Me complace que el Comisario haya enumerado nueve de las 18 enmiendas. Estamos consiguiendo la mitad del apoyo, pero por supuesto quiero todo el apoyo, aunque soy realista en cuanto al mundo de la política. Quiero que la Agencia, por encima de todo, sea un éxito. Los orígenes de la Agencia son la Carta de los Derechos Fundamentales y todos los convenios internacionales en materia de derechos humanos que tenemos en común entre los Estados miembros.

Sin embargo, hay algunas delegaciones, algunos políticos y algunos Estados miembros que quieren que la Agencia sea un fracaso. No quieren que sea eficaz y, por ese motivo, he sido absolutamente específico en las exigencias que imponemos a esta Agencia. Quiero que sea un éxito. Creo que las enmiendas que aprobamos en comisión contribuirán a su éxito, al tiempo que no imponen a la Agencia exigencias indebidas que irían más allá de los recursos humanos y financieros disponibles.

También ha habido sugerencias entre algunos grupos de mujeres que indican que no se ha avanzado lo suficiente, pero hemos introducido la perspectiva de género y hemos tenido en cuenta al Instituto Europeo de la Igualdad de Género. Por supuesto, debe haber complementariedad, pero no debemos duplicar nuestros esfuerzos, porque, de nuevo, estaríamos desperdiciando los recursos.

Déjenme que termine y déjenme que escuche; supuestamente lo más importante y una de las cosas más difíciles en política. Permítanme que escuche el debate, pero no puedo apoyar las enmiendas se presentarán mañana en el Pleno por un principio muy sencillo: dije al principio que no podría aceptar toda una serie de enmiendas y cambiar esta actitud ahora sería dar marcha atrás en el acuerdo alcanzado con los ponentes alternativos. Por supuesto, los idiomas minoritarios son importantes, por supuesto hay otras áreas importantes, pero no hay nada más importante que una Agencia de los Derechos Fundamentales que desempeñe con éxito las tareas que le encarguemos.

  Libor Rouček, ponente de la Comisión de Asuntos Exteriores. – (CS) Señorías, la creación, a principios del año pasado, de la Agencia de los Derechos Fundamentales es un paso muy importante y necesario para la protección y la defensa de los derechos humanos fundamentales, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Lamentablemente, no se ha aceptado todavía el marco a largo plazo y algunas de las cuestiones relacionadas con el personal tampoco se han resuelto aún. La Comisión de Asuntos Exteriores está pidiendo, por ello, que se rectifique esta situación lo antes posible. En cuanto a la actividad de la Agencia fuera de la Unión Europea, la Comisión de Asuntos Exteriores apoya las medidas adoptadas para evitar la duplicación del trabajo y asegurar la necesaria coordinación de las actividades con las organizaciones internacionales que trabajan en este ámbito: principalmente el Consejo de Europa, las Naciones Unidas y la OSCE. Pensamos también que el diálogo sobre derechos humanos es crucial para la relación entre la Unión y los países en desarrollo. Celebramos, por tanto, que la Agencia esté abierta a la participación de países candidatos. Por último, suponemos que, tan pronto como entre en vigor el Tratado de Reforma y se cree el puesto de Alto Representante de la Unión para la Política Exterior y de Seguridad, la Agencia le prestará toda la ayuda que pueda necesitar en sus actividades.

  Kinga Gál, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (HU) Gracias por darme la palabra, señor Presidente. Celebro que hayamos conseguido aprobar el programa marco para la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y quiero dar las gracias al ponente por su trabajo y la voluntad de cooperación que ha demostrado durante una tarea formidable.

Ahora es igualmente importante para las instituciones, los Estados miembros y los ciudadanos de la UE que la Agencia inicie su trabajo lo antes posible, ya que se creó oficialmente en Viena el 1 de marzo del año pasado, pero sigue sin tener una estructura, un mandato y un liderazgo adecuado para el fin pretendido.

Por ello es muy importante que se apruebe ahora el programa marco. Hemos afrontado aquí un problema complejo, ya que por una parte tenemos que plantearnos numerosas cuestiones relacionadas con los derechos humanos y aspectos jurídicos fundamentales, pero por otra tenemos que considerar la manera de conseguir que la Agencia sirva para el fin pretendido.

Tal como yo lo veo, mi colega, señor Cashman, ha tratado de plantear esta alternativa para cumplir los dos criterios al mismo tiempo: que pueda hacer frente con flexibilidad a los problemas relacionados con los derechos humanos que nos afectan a todos de forma considerable y que, al mismo tiempo, la Agencia pueda servir para el fin pretendido.

Creo que el Parlamento apoya plenamente estas propuestas y —a pesar de haber escuchado con atención al señor Frattini cuando ha dicho que le parece inaceptable, y a la Comisión— creo sinceramente que el Consejo entiende que hagamos tantas preguntas, puesto que podrían ser la clave de cómo la Agencia debe desarrollar su trabajo para centrarse en los problemas reales.

La cuestión de las minorías lingüísticas y las minorías nacionales se ha omitido de la lista original, pero se incluye en la propuesta. Esto me parece muy importante, porque estamos siendo testigos de cómo esos problemas son cada vez mayores y la Unión tendrá en algún momento que afrontarlos; tiene que implicarse. Por eso, espero que la Agencia pueda prestar atención a esos problemas. No tendremos un «tigre de papel», sino una institución real plenamente operativa. Gracias por su atención.

  Stavros Lambrinidis, en nombre del Grupo del PSE. – Señor Presidente, la Agencia de los Derechos Fundamentales tiene que empezar de una vez por todas a realizar su importante tarea. Por eso el ponente, al que felicito, se ha visto tentado a limitar las enmiendas al programa propuesto, con el fin de favorecer un rápido acuerdo interinstitucional sobre esta importante cuestión. Hubiera sido preferible, por supuesto, que se hubiera tocado el asunto de los derechos sociales y que se hiciera referencia expresa a cuestiones relacionadas con el tráfico de seres humanos y la protección de la esfera privada y de la dignidad humana en el marco de las medidas adoptadas contra del terrorismo. Pero la puerta sigue abierta.

Hoy me centraré especialmente en una enmienda importante que yo y algunos de mis colegas hemos presentado, una enmienda que se ha aprobado y que menciona expresamente la administración eficaz e independiente de justicia, incluidos los derechos de los acusados y los sospechosos.

Señor Presidente, cuando se debilita la confianza de los ciudadanos en la independencia y la imparcialidad de los jueces, se debilitan también los cimientos de nuestras sociedades democráticas y por eso, con toda razón, las responsabilidades de la Agencia incluyeron desde el principio esta dimensión. Pero, al mismo tiempo, solemos olvidarnos de que una persona es inocente hasta que se demuestra su culpabilidad. Los ataques de los medios de comunicación contra los acusados para aumentar sus niveles de audiencia, o incluso de los gobiernos y los funcionarios para obtener algún beneficio político de corta duración, violan de manera flagrante este principio. Y los sospechosos, señor Presidente —especialmente en este día y en este momento, cuando resulta que tantos principios fundamentales se pueden ver traicionados en nombre de la lucha antiterrorista— no pueden ser secuestrados, maltratados y privados de sus derechos fundamentales sin consecuencias. Si algo nos puede enseñar eso, seguro que es Guantánamo, que acaba de cumplir su sexto aniversario sin que casi nadie, lamentablemente, se haya dado cuenta.

  Sophia in 't Veld, en nombre del Grupo ALDE. – (NL) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, antes de nada permítanme decirles que siento un gran respeto por el ponente, señor Cashman. Siempre le he considerado un gran aliado en la lucha a favor de los derechos fundamentales. Por tanto, discrepo con el ponente no en el espíritu, ni en el contenido, pero sí en la estrategia. Puede que su estrategia sea renunciar a un par de prioridades para obtener el apoyo del Consejo, ¿pero lo que nos ofrece el Consejo es suficiente como para que renunciemos a lo que queremos? Yo creo que no, y por eso prefiero simplemente dejar clara mi postura.

Las enmiendas de ALDE proponen otras cuatro prioridades que son la homofobia, la intimidad, la política antiterrorista y los derechos fundamentales, y la discriminación contra los romaníes, que justamente ahora son los cuatro ámbitos principales en donde los Estados miembros violan continuamente los derechos humanos. La Agencia de los Derechos Fundamentales tendría que haber empezado a vigilar ya a los Estados miembros para que se mantengan en el camino correcto, pero lamentablemente no lo ha hecho. En cualquier caso, ya se ha convertido en un tigre sin dientes. En mi opinión, sobre todo después de haber escuchado lo que el Comisario Frattini acaba de decir, el Parlamento Europeo, siendo el aliado más importante de la Agencia de los Derechos Fundamentales, debe dejar claras cuáles son sus prioridades.

Sinceramente, si es cierto que contamos con el apoyo o el acuerdo del Consejo, me pregunto dónde está hoy el Consejo. Así pues, me temo que estoy muy de acuerdo con el ponente en el contenido —tengo que consultar a mi Grupo— pero lamento decir que no puedo apoyar la estrategia.

  Konrad Szymański, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, señor Comisario, la Agencia de los Derechos Fundamentales se creó sobre la base del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia. Este cambio podría haber sido el precursor de una mejora. El Observatorio, con sede en Viena, era famoso por su falta de fiabilidad y por la facilitad con que se abusaba de las quejas por racismo y antisemitismo; ese fue el caso, por ejemplo, en 2001 y 2005, de Radio Maryja, la Liga República y mi propio país, Polonia.

Si la nueva institución sigue las recomendaciones del ponente, en poco tiempo estará cometiendo los mismos errores. La propuesta de ir más allá de los ámbitos temáticos, la flexibilidad o las llamadas medidas anticipatorias —que se mencionan en la exposición de motivos de este informe— no son más que otra luz verde para que la Agencia actúe de manera descontrolada, dictada por ideologías extremas y al margen del Derecho internacional. Nada de eso importaría realmente; al fin y al cabo, éste no sería el único caso de despilfarro de fondos europeos, pero un sistema para la protección de los derechos humanos que no tiene como marco el Derecho internacional y que se deja en manos de antirracistas profesionales pierde su activo más importante: la credibilidad.

  Cem Özdemir, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, hemos votado a favor del informe en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Volveremos a aprobarlo aquí, aunque suscribimos gran parte de las críticas expresadas en la Cámara e incluso por el propio ponente. El ponente ha planteado ya una de mis observaciones. Aunque la Agencia de los Derechos Fundamentales seguirá ocupándose de la discriminación sexual, cuestiones como la homofobia no forman parte, lamentablemente, de su mandato. Considerando los debates que hemos celebrado en Europa y el estado actual de las negociaciones, es lamentable que no hayamos podido llegar a un compromiso con el Consejo y la Comisión.

Hay otras observaciones que quiero hacer. Nosotros presentamos algunas enmiendas en comisión, pero lamentablemente todas ellas fueron rechazadas. Sólo quiero mencionar algunas. La discriminación contra el pueblo romaní habría sido un problema importante de abordar, al igual que la protección de la intimidad personal. La protección de datos habría sido otra cuestión importante. Aquí en Europa hemos conseguido un cierto nivel, que tenemos que mantener dentro de la Unión en aras de nuestra credibilidad. Pero es importante, sobre todo después de nuestra experiencia en la lucha antiterrorista, que examinemos hasta qué punto la lucha antiterrorista puede conciliarse con los derechos fundamentales. Esta es otra cuestión que tendría que incluirse en el mandato de la Agencia de los Derechos Fundamentales.

Todos están de acuerdo en que la Agencia de los Derechos Fundamentales debe empezar a funcionar lo antes posible, pero ni siquiera hemos conseguido ponernos de acuerdo para nombrar a un director. Existen, por tanto, razones para dudar de si la Agencia será realmente capaz de realizar sus funciones. La buena noticia es que no habrá muchos más procedimientos como estos. Cuando el Tratado UE modificado entre en vigor en 2009, tendremos otros procesos a través de los cuales se canalizará la participación del Parlamento Europeo en estos debates.

  Bairbre de Brún, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (GA) Señor Presidente, acojo con satisfacción el informe del señor Cashman sobre la Agencia de los Derechos Humanos de la Unión Europea. Los miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior han llevado a cabo un trabajo excelente sobre este importante asunto. Les felicito a ellos, y también al ponente.

Pero, sobre todo, celebro las mejoras que han permitido que la discriminación relacionada con las lenguas tradicionales y las minorías pase a ser una de las responsabilidades específicas de la Agencia. Pido a sus Señorías que apoyen estas reformas mañana.

Las Naciones Unidas han declarado este año, 2008, el Año Internacional de las Lenguas. La Unión Europea tiene que participar en esta iniciativa, y nosotros también.

Personalmente, tengo un especial interés en este asunto. Seguiré trabajando en la UE para conseguir los recursos que hacen falta para que el irlandés sea una lengua de trabajo de la UE, y en mi circunscripción, para apoyar la campaña a favor de la Ley de la lengua irlandesa, un instrumento legislativo muy necesario en Irlanda del Norte para proteger los derechos de los que hablan irlandés.

Esos derechos no se pueden ejercer en la actualidad. Pero sí se podrán ejercer si se consagran en legislación vinculante y si un órgano como la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es capaz de desafiar a mis compatriotas y a otros en la cuestión de la discriminación basada en la lengua.

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Señor Presidente, Señorías, voy a votar plenamente convencido en contra del informe, porque creo que la Agencia debe servir para vigilar la corrección política en Europa, la cual tiene cada vez más influencia en nuestro continente. Aunque la Agencia dice que va a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, en realidad representa una amenaza para algunos de nuestros derechos y libertades más fundamentales y para el principio de subsidiariedad.

El espíritu de la corrección política que domina Europa significa que la libertad de expresión se ve supeditada a las exigencias de una determinada religión, concretamente el Islam, que no acepta ninguna crítica.

El Observatorio Europeo del Racismo, al que esta Agencia pretende suceder, equiparó de forma totalmente deliberada la expresión legítima de opiniones contrarias a la inmigración y los aspectos negativos del Islam con el racismo. El Observatorio decía también que la islamofobia es una nueva forma de discriminación y que, después del conflicto de las caricaturas danesas, debían adoptarse leyes contra la blasfemia. Cuando un estudio encargado por el Observatorio concluyó que la violencia contra los judíos en Europa había sido perpetrada sobre todo por jóvenes musulmanes, el director del Observatorio lo tiró rápidamente a la papelera.

Muy pocas personas en esta Cámara parecen darse cuenta de que la libertad de expresión es el derecho fundamental supremo y de que el progreso a lo largo de la Historia ha tenido siempre como motor el progreso en la libertad de pensamiento. Europa no habría sido nunca el centro del mundo en su momento si no hubiera tenido libertad para poder decir la verdad con claridad y sin inhibiciones, por mucho que ésta pueda ofender. Este informe y esta Agencia han hecho que dicho principio se precipite por una pendiente resbaladiza.

  Íñigo Méndez de Vigo (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, el establecimiento de un marco plurianual de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es un tema extraordinariamente importante para quienes pensamos que los derechos fundamentales están en el ADN de los europeos. Y, por tanto, yo me uno a quienes, empezando por el ponente y el resto de los oradores, han dicho que adelante con este marco plurianual, adelante con el funcionamiento de esa Agencia.

Y yo creo también que este informe, como ha dicho la señora Gál, a quien sigo como portavoz de mi grupo, es un informe equilibrado, en el cual se ha hecho un esfuerzo para ser útil sin pedir demasiado.

Ser realista, creo que es la expresión que ha utilizado el ponente. Siendo realista el informe, quiero pedirle al Comisario Frattini, a mi buen amigo Franco Frattini, un poco más de complicidad. Que a la Comisión Europea, de las 18 enmiendas que vamos a presentar, sólo le parezcan bien 9 me parece poco, y hay que hacer un esfuerzo, señor Vicepresidente de la Comisión, en un tema tan importante como éste.

Yo tuve la suerte y el honor de ser presidente de la delegación del Parlamento en la Convención que hizo la Carta, y presido también con idéntico honor el Intergrupo ATD Cuarto Mundo, y hemos conseguido pasar una enmienda, la enmienda 15: incluir dentro de los objetivos de la Agencia la lucha contra la exclusión social y la pobreza. ¿Por qué? Porque quien está excluido socialmente, quien está en la más absoluta miseria, al final no goza de ningún derecho fundamental, y por eso nos parece que sería una señal política importante a nuestros conciudadanos que esa enmienda 15, señor Vicepresidente de la Comisión, la viera con más simpatía que con la que la ha visto. Porque me parece que al final los diputados representamos a la gente, y la gente nos pide que nos ocupemos también de quienes menos tienen.

Por tanto, señor Comisario, yo espero que este debate le haga a usted comprender la importancia de pasar de 9 a más y de apoyar la posición del Parlamento Europeo en esta cuestión.

  Magda Kósáné Kovács (PSE). – (HU) Muchas gracias, Señor Presidente. Nueve meses después de la ceremonia de inauguración de la Agencia de los Derechos Humanos, no me resulta grato decir que la institución ha sido incapaz de iniciar su trabajo y sigue sin tener un director.

Al menos esta semana, el programa marco multianual será aprobado por el Parlamento, algo por lo que quiero dar las gracias al ponente, señor Cashman. El programa marco multianual es crucial para el trabajo de la Agencia y para que su labor de vigilancia de los derechos fundamentales y de formulación de las acciones necesarias sea eficaz. El proceso de acuerdo trilateral para la creación de la Carta constitutiva ha dejado algunas vías abiertas que debemos continuar.

Por ejemplo, la declaración del Consejo pretendía hacer uso de la fuerza política para que la Agencia pudiera investigar la aplicación de los derechos humanos en el ámbito de la cooperación policial y judicial a petición de ésta. Es importante que los Estados miembros y la Unión aprovechen las oportunidades que se les presenten antes de que esta responsabilidad se transfiera claramente a la Agencia cuando entre en vigor el Tratado de Reforma.

Es también nuestra responsabilidad conjunta que los derechos individuales y colectivos de las minorías nacionales y étnicas se hagan incuestionables, no sólo prohibiendo la discriminación, sino estableciendo el requisito de una aplicación positiva de la legislación. En principio, el reconocimiento de los derechos sociales como derechos humanos tampoco puede cuestionarse, puesto que no hay dignidad humana sin seguridad básica.

Es un cliché, pero no por ello menos cierto, que una decisión vale según su grado de aplicación. Las palabras del Vicepresidente, señor Frattini, han suscitado algunas dudas, pero aún así espero que la Agencia sea coherente en la protección de los derechos humanos.

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Señor Comisario, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer dos observaciones básicas. La primera es que espero fervientemente y solicito con urgencia una acción inmediata para nombrar al director de esta Agencia de los Derechos Humanos tan pronto como se apruebe su programa de trabajo, porque todo el propósito de crear una agencia es que empiece a funcionar lo antes posible.

Mi segunda observación es que quiero utilizar este debate para pedir una vez más que se evalúen los resultados y la utilidad de todas las agencias. De hecho, no estoy convencido de que todas las agencias trabajen de la forma que nosotros queremos que trabajen, o que tengan que existir por toda la eternidad; por el contrario, creo firmemente que existen algunas estructuras paralelas y que, desde luego, podríamos prescindir de algunas agencias sin que nadie notara su ausencia o sin que las cosas empeoraran. Quiero preguntarle cuando piensa la Comisión realizar una evaluación así.

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Señor Presidente, aunque felicito al ponente, señor Cashman, quiero hacer un comentario, y es el siguiente: durante las sesiones de la comisión LIBE, hemos debatido en profundidad si la Agencia de los Derechos Fundamentales haría o no el mismo trabajo que el Consejo de Europa. Llegamos a la conclusión de que no, pero yo tengo la impresión de que envidiamos del Consejo de Europa el peso que tiene, que le permite aplicar un ordenamiento jurídico específico.

Yo pienso que la Agencia de los Derechos Fundamentales, a pesar de las condiciones y las competencias que posee, debe basarse más en la Carta de los Derechos Fundamentales. Eso debería hacerle entender claramente que ella también es la guardiana de la Carta de los Derechos Fundamentales, también para los ciudadanos y los Estados miembros que no han aceptado la Carta de los Derechos Fundamentales en su totalidad. Creo que esto es muy importante, y creo asimismo que la Agencia de los Derechos Humanos debe avanzar en esta dirección con nuestra ayuda, con el apoyo del Parlamento Europeo.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. − Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a todos los que han intervenido por sus sugerencias y contribuciones.

En primer lugar, la Unión Europea debería ser, y así la deberían ver sus ciudadanos, no solo el principal defensor, sino también el mejor promotor de los derechos fundamentales. Con esto, me refiero a los derechos de grupos y comunidades, así como a los derechos de las personas. Éste es un enfoque muy importante.

También pienso que, tras la proclamación de la Carta y la firma del Tratado de Lisboa, la Agencia debería llegar a ser el instrumento europeo más eficaz en este ámbito. Para ello, me gustaría que el Parlamento organizara la audiencia de los candidatos preseleccionados para el puesto de director lo antes posible, de modo que la Agencia pueda empezar a trabajar en la mejor de sus capacidades.

Estoy plenamente de acuerdo con el ponente, señor Cashman, en que tenemos que dejar que la Agencia empiece a trabajar ahora. Si la sobrecargamos con demasiadas tareas correríamos el riesgo de hacer de la Agencia un órgano en apariencia fuerte, pero que, en la práctica, sería incapaz de actuar con la celeridad necesaria.

Por último, soy consciente de las preocupaciones expresadas por muchas de sus Señorías y puedo prometerles que, antes de que finalice el periodo de cinco años, estaré dispuesto a hacer pleno uso de las facultades de la Comisión para pedir a la Agencia que vaya más allá del ámbito de aplicación del artículo 2, en concreto en el ámbito de la cooperación en materia de justicia y seguridad.

Una última palabra: Comprendo lo que mi amigo, el señor Méndez de Vigo, ha dicho y examinaré detenidamente sus sugerencias, en particular en lo que se refiere a la enmienda 15, para intentar satisfacer las expectativas manifestadas en relación con una estrategia europea contra la pobreza.

También quiero repetir que estoy dispuesto a aceptar la enmienda 6, aunque no estoy de acuerdo con ella en principio. Espero que mis esfuerzos por satisfacer sus expectativas complazcan al señor Cashman.

  El Presidente. – (FR) Parece que el Parlamento lo aprecia, señor Comisario.

  Michael Cashman, ponente. − Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario por ceder en la cuestión tan importante de la enmienda 6, que dice que «[t]odas las personas nacen iguales y, por tanto, los derechos humanos son indivisibles e inviolables». Quiero dar las gracias a los colegas por sus contribuciones y solo puedo decirles que, cuando uno de los diputados no inscritos dice que va a votar en contra mía, cuando esos extremistas del Parlamento votan en mi contra y contra mi informe, mi corazón se llena de júbilo y mi razón me dice que lo hemos hecho muy bien. Porque no debe haber extremismos cuando hablamos de la defensa de los derechos humanos, excepto para llegar hasta el extremo en la defensa de los derechos humanos.

Quiero decir a mi buena amiga Sophia in ’t Veld que, por supuesto, estoy de acuerdo con ella, pero que creo que la cuestión de la población romaní, la intimidad y la homofobia ya están incluidas. De hecho, la población romaní estaría incluida en el principio relativo a la discriminación por motivos de origen étnico y de raza. Quiero decir a mi colega, señor Lambrinidis, que la Carta de los Derechos Fundamentales y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos nos ofrecen un marco en el que podemos actuar sobre la base de la intimidad, la prevención del tráfico de seres humanos y la lucha contra la exclusión social. La señora Gál ha dicho que sería del todo cierto que se trata de la viabilidad de la Agencia y que es eso lo que tenemos que abordar.

Por ese motivo, he incluido la discriminación múltiple. Debemos recordar que no estamos abordando únicamente los ámbitos que se pueden incluir. Se trata de ámbitos temáticos fundamentados en la base objetiva que constituyen la Carta de los Derechos Fundamentales y los convenios internacionales, que todos los Estados miembros tienen en común.

A mi gran amigo el señor Cem Özdemir le quiero decir —¡çok tesekkür ederim!— que, en efecto, la protección de datos está incluida. Asimismo, tenemos al supervisor de la protección de datos y tenemos las directivas sobre protección de datos y lo que no queremos es duplicar nuestros esfuerzos.

Es interesante y deberíamos celebrarlo. Lo próximo será el informe Angelilli. Se trata de un informe de propia iniciativa, aunque a este respecto tenemos un compromiso absoluto —no una iniciativa propia ni una petición— en relación con el hecho de que los derechos de la infancia queden cubiertos por la Agencia que protege los derechos fundamentales. Por tanto, felicito a la Cámara. Les pido que voten conmigo. No introduzcamos más cosas, no nos dispersemos, centrémonos, hagamos lo que tenemos que hacer; y señor Presidente, ¡guárdese el mazo para la próxima vez!

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Quiero protestar enérgicamente contra lo que el señor Cashman acaba de decir. Yo pertenezco al Grupo de diputados no inscritos y quiero decir que anteriormente, cuando era miembro del Consejo de Europa, elaboré un informe sobre la prohibición del trabajo infantil y participé también en la elaboración de otro informe sobre los derechos de la infancia. Por eso protesto enérgicamente contra los comentarios del ponente, quien ha dicho que no le importa que alguien del Grupo de diputados no inscritos vaya a votar en su contra.

  El Presidente. – (FR) Señor Cashman, réplica personal a un ataque concebido como tal.

  Michael Cashman, ponente. − Señor Presidente, obviamente, no me estaba refiriendo a su Señoría cuando hice el comentario.

Me refería en general a los diputados no inscritos, pero en concreto a los comentarios hechos por el señor Drillen, que creo que son extremistas. Pero de ningún modo he querido ofender a su Señoría, cuyas palabras hablan por sí solas.

  El Presidente. – (FR) Puedo testimoniar en efecto que en la traducción francesa no se hablaba de no inscritos, sino de extremistas. Por tanto, hay una clara distinción en las palabras del ponente.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves 17 de enero de 2008.

15. Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia (debate)

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de Roberta Angelilli, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la Comunicación de la Comisión «Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia» (2007/2093(INI)) (A6-0520/2007).

  Roberta Angelilli, ponente. − (IT) Señor Presidente, Señorías, antes de nada quiero dar las gracias a mis colegas en esta Cámara por su valiosa cooperación, y, sobre todo, al señor Frattini por el compromiso que adquirió al inicio de su mandato de defender los derechos del menor.

El informe no pretende, obviamente, ser exhaustivo, pero creo que es un buen punto de partida. El objetivo era sentar las bases para una estrategia dirigida a promover y salvaguardar los derechos del menor en las políticas interiores y exteriores de la Unión Europea, y apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en ese ámbito. Hemos querido tener como premisa la naturaleza especial de los derechos del menor, que son totalmente diferentes de la categoría más general de derechos fundamentales, aunque formen parte integral de ellos.

La estrategia tiene como principal finalidad la afirmación positiva de los derechos de la infancia, entre ellos el derecho a una familia, el derecho a recibir tratamiento médico, el derecho a la educación, el derecho a la inclusión social, pero también el derecho al ocio, el derecho al juego, el derecho al deporte y el derecho a un entorno limpio y protegido. En esencia, el objetivo es crear una sociedad adaptada al niño, en la que éste pueda sentirse protegido y activamente implicado.

Por eso, el informe se basa en dos supuestos principales: (1) participación activa de los niños en la toma de decisiones que les afecten; (2) integración, lo que significa incorporación y defensa de los derechos de la infancia en todas las políticas de la Unión Europea. En resumen, los derechos de la infancia tienen que terminar siendo una prioridad política para Europa, considerando también que los niños representan cerca del 30 % de la población europea y que todavía queda mucho por hacer, empezando por la lucha contra la violencia y el abuso, ante el preocupante crecimiento de la pedofilia y las redes de pornografía infantil. El objetivo general es prohibir todas las formas de violencia, incluidas las llamadas prácticas tradicionales, los delitos de honor y los matrimonios obligados. No basta con garantizar el castigo seguro de los que cometan violencia; tenemos que garantizar una estrategia de prevención, dirigida especialmente a ayudar a los niños en situación de riesgo.

Otra prioridad es la lucha contra la pobreza infantil. Hay que recordar que incluso dentro de la Unión Europea, el 19 % de los niños viven por debajo del umbral de la pobreza y tenemos, por tanto, que adoptar medidas de ayuda dirigidas también a sus familias. En particular, tenemos que adoptar medidas dirigidas a los niños de origen romaní y a los niños de la calle, que a menudo se ven obligados a mendigar y se convierten así en víctimas fáciles de la explotación, el tráfico de seres humanos y la delincuencia organizada.

Otro aspecto básico de la estrategia es garantizar la educación y la formación de todos los niños, también de los más pobres y desfavorecidos. Necesitamos, asimismo, medidas dirigidas a los menos capaces, para prevenir todo tipo de discriminación. Aquí estamos entre expertos, por lo que posiblemente no haya ninguna necesidad de mencionar en esa Cámara todos los problemas urgentes que tenemos que resolver: desde la comercialización de vídeojuegos violentos hasta el creciente número de casos de secuestro internacional de menores, el exceso de burocracia que dificulta las adopciones internacionales, la tragedia de los niños soldado, el trabajo infantil, los nacimientos no registrados o el gran número de niños desaparecidos de los que nunca más se vuelve a saber. Y podría seguir.

En realidad, tenemos que aplicar los instrumentos adecuados y proporcionar información rápida para el intercambio de experiencias y buenas prácticas, y tenemos que crear sinergias entre los instrumentos jurídicos y penales vinculados, con el fin de plantear los problemas en términos concretos y en tiempo real, para posiblemente así poder prevenirlos.

Permítanme concluir diciendo que la aprobación del Tratado de Lisboa nos dará algunas oportunidades más. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE forma ahora parte del Tratado, incluido, por tanto, el artículo 24, que regula expresamente los derechos de la infancia, con lo que se crea el fundamento jurídico para la aplicación de la estrategia. Es el momento de que nosotros, como Parlamento, pero sobre todo los Estados miembros, nos pongamos a trabajar de inmediato.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. − (IT) Señor Presidente, Señorías, permítanme que le agradezca sinceramente a la señora Angelilli su informe.

Desde el inicio de mi mandato, los derechos de la infancia han sido claramente una de mis grandes prioridades, un punto central en mi agenda, y la cooperación con el Parlamento en este ámbito también nos ha llevado ahora a las directrices políticas que se derivarán de este informe —que espero que se apruebe por una gran mayoría—, directrices para la acción que la Comisión seguirá, porque no existe ni un sólo punto en el informe que yo no apoye. En dicho informe se proponen iniciativas horizontales que abarcan diferentes políticas, pero el denominador común es que los menores, es decir los niños, son el corazón de nuestra sociedad y, por tanto, merecen claramente la máxima atención de nuestra parte.

En las próximas semanas, yo y mi equipo consideraremos la manera de poner en práctica las observaciones contenidas en el informe de la señora Angellili sobre la base de iniciativas concretas. De hecho, ya se han puesto en marcha algunas medidas, como la presentación de una comunicación que ustedes han mencionado y que se remonta a julio de 2006, una comunicación general sobre una estrategia europea en materia de derechos del niño que tiene el objetivo enteramente político de hacer de esos derechos una prioridad política, como ha explicado la señora Angelilli.

Otras medidas ya iniciadas son la creación de un número telefónico de asistencia, el 116 000, que será el mismo en toda Europa. Aprovecho esta oportunidad para invitar a los muchos Estados miembros que todavía no han adoptado esta medida a que no dejen pasar más tiempo sin adoptarla; en este caso me dirijo, evidentemente, no al Parlamento, sino a los gobiernos de los Estados miembros. Esa decisión se tomó hace ya más de un año, y aún así más de la mitad de los Estados miembros siguen sin tener una línea telefónica de asistencia que realmente funcione, cuando es una decisión que yo creo que podría haberse puesto en práctica en muy poco tiempo.

El pasado mes de octubre debatimos, con la Presidencia en Lisboa, la posibilidad de crear conjuntamente una red europea de sistemas de alerta precoz en casos de secuestro o desaparición de niños. Como saben, analizamos el buen ejemplo del sistema francés, observamos cómo funcionan las cosas en Bélgica, observamos que Portugal y Grecia estaban implantando o habían implantado sistemas en los últimos meses; pero está claro que los secuestradores de niños no se detienen en las fronteras y, por tanto, los sistemas de alerta precoz no pueden detenerse en las fronteras geográficas.

Hemos trabajado mucho en lo relacionado con los delitos cometidos en Internet contra menores. Nuestro trabajo con una conferencia de expertos el pasado mes de noviembre consiguió resultados importantes en cuanto al tipo de cooperación técnica que podría permitir la interconexión de sistemas electrónicos para impedir y perseguir la pedofilia en Internet. Esta es una de las amenazas más terribles contra los niños, y sabrán que gracias a su inclusión entre las prioridades para 2007 de Eurojust y Europol, ahora podemos desmantelar muchas redes internaciones de pedófilos que actúan a través de Internet.

El pasado mes de noviembre presentamos también un informe —una de las cuestiones en las que se ha insistido— sobre el progreso en la aplicación de la Decisión marco, que se remonta a 2004, relativa a la lucha contra la explotación sexual del menor. En dicho informe, como recordarán muchos de ustedes, yo insistí en el hecho de que demasiados Estados miembros seguían sin haber incorporado a su legislación nacional la Decisión marco de 2004, aprobada ahora hace 4 años, sobre la explotación sexual del menor.

Desde luego, hemos creado un instrumento útil con el Foro Europeo. Ya se ha experimentado con él por primera vez en Alemania, durante la Presidencia alemana, principalmente en relación a los abusos en Internet y los videojuegos violentos. En el siguiente Foro Europeo sobre los derechos del niño, que tendrá lugar durante la Presidencia eslovena, se abordarán otros puntos, en particular el de las adopciones internacionales. Examinaremos la situación y, como espera la señora Angelilli, buscaremos también formas prácticas de invitar a niños, a representantes de los niños, a participar directamente en todas las reuniones del Foro Europeo. Comprenderán ustedes que invitar a niños, incluso a niños bastante pequeños, a participar en esas reuniones es un asunto delicado, pero ese es el objetivo que se ha decidido y, por tanto, cerraremos filas en torno a esta propuesta también en el Parlamento.

Estamos creando un sitio web europeo dedicado a los niños, escrito y presentado de una forma sencilla, en el que se explique, por ejemplo, cómo protegerse contra las numerosas amenazas para la seguridad de los niños en la vida diaria de una manera no agresiva ni impactante; se explicará, por ejemplo, cómo mantenerse alejado de tales peligros. Hemos dicho muy poco sobre la Agencia de los Derechos Fundamentales; una de mis propuestas era convertir en una prioridad los derechos de la infancia en el programa multianual de la Agencia.

Nos queda todavía mucho por hacer. La señora Angelilli dice, con toda razón, que tenemos que considerar a los niños de emigrantes. Ese es un aspecto que tenemos que abordar específicamente en el marco de la política europea de inmigración: los niños son víctimas frecuentes, son a menudo los más vulnerables en el contexto general de los flujos de migración. Tenemos que hacer un mayor hincapié en la necesidad de implantar el plan de acción europeo para combatir el tráfico de seres humanos, con especial referencia a los niños y a las mujeres, que por ser generalmente las dos categorías más débiles, son con más frecuencia las víctimas del tráfico internacional de seres humanos. Tenemos que buscar formas de financiar propuestas y proyectos prácticos en el marco de los programas europeos.

El nuevo programa Daphne y el nuevo programa de derechos fundamentales pueden permitirnos también, por ejemplo, proporcionar ayuda económica para la Red Europea de Defensores del Menor. Yo concedo una gran importancia a esa red y también, claramente, al trabajo de las ONG en ese campo. El nuevo programa, conocido como Daphne III, ha sido refinanciado y puede convertirse en un instrumento particularmente útil.

Para terminar, yo estoy más que dispuesto y deseoso de seguir desarrollando esta estrategia política, con vistas también a conseguir resultados muy concretos para nuestros ciudadanos en uno de los ámbitos que más cerca están de nuestros corazones.

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou, ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. − (EL) Señor Presidente, la protección de los derechos de la infancia ha estado siempre presente en las políticas interiores y exteriores de la Unión Europea, pero debido a la falta de fundamento jurídico, esas políticas han estado fragmentadas, y por eso su propuesta, señor Vicepresidente, de formular una estrategia para la protección de los derechos del niño ha sido acogida favorablemente por el Parlamento Europeo y también por la sociedad civil. Esperamos que se vea reforzada con la entrada en vigor del Tratado de Reforma, que incluirá como parte integral la Carta de los Derechos Fundamentales, como ya ha mencionado la ponente, señora Angelilli, a la que felicito por sus destrezas de síntesis y su presentación del informe de hoy.

Con la posibilidad de dar un enfoque integrado y coordinado a la protección de los menores a escala europea —gracias, entre otras cosas, a las numerosas e interesantes propuestas de la Comisión— el niño tiene que ser considerado no como una víctima, sino como el titular de unos derechos y unas obligaciones positivas, que debe crecer en un ambiente familiar saludable con la garantía de que sus necesidades materiales y no materiales estén cubiertas.

El respeto de los derechos de la infancia debe reforzarse por medio de la planificación de acciones europeas, pero también con la voluntad política de los Estados miembros, con medidas que respondan a las necesidades fundamentales de los niños y les protejan frente a múltiples peligros.

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género ha centrado su atención, en su dictamen, en la cuestión de ayudar a las madres y a las familias para el cumplimiento de sus obligaciones. Pide ayuda para los grupos vulnerables, principalmente niños en situación de riesgo que sufren abusos, que no tienen acceso a la educación, ni a la atención médica, que no reciben una alimentación adecuada ni tienen oportunidades para desarrollarse y explotar todo su potencial.

La conciliación de la vida profesional y personal de los progenitores es un derecho inalienable del niño, y representa también la creación de un valioso capital y una inversión en la sociedad del futuro. Tanto fuera como dentro de la Unión Europea, los derechos positivos de los niños han sido violados con frecuencia, y siguen recibiendo un tratamiento discriminatorio debido a las desigualdades entre el hombre y la mujer. Existen estereotipos de los dos géneros y percepciones que marginalizan a ciertos grupos de niños y, sobre todo, a niñas y madres jóvenes. La protección de la mujer, especialmente durante el embarazo y la crianza de los hijos, tiene que ser un requisito para que los niños, desde el comienzo de sus vidas, puedan disfrutar de sus derechos fundamentales.

  Irena Belohorská, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores. – (SK) Muchas gracias, señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a la señora Angelilli por su informe.

Celebro que la Presidencia eslovena haya considerado como una de sus prioridades la cuestión de los niños en los conflictos armados, que ha sido también uno de los puntos de los que yo me he ocupado. Mi dictamen, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, alude a la necesidad de registrar a los niños cuando nacen. Los niños que no se registran son invisibles y, por tanto, se convierten con frecuencia en víctimas de abusos sexuales o de tráfico de seres humanos; se les encarcela junto con adultos y se les utiliza como combatientes activos en las fuerzas armadas, porque es imposible saber si son o no son ya adultos. El certificado de nacimiento de un niño le garantiza a éste su nombre y nacionalidad, así como el acceso a asistencia sanitaria, por ejemplo. Lamento, no obstante, que el informe no se vaya a aprobar hasta enero: la mayoría de los dictámenes se votaron y remitieron a la comisión antes del verano y, por tanto, el informe podría haberse aprobado antes.

Se necesita urgentemente una solución a esta cuestión de los derechos de la infancia. Un ejemplo de ello es el reciente caso del traslado de más de cien niños del Chad a Francia. La finalidad de esta acción era ayudar a familias refugiadas en los campamentos de Darfur y buscar padres adoptivos en Europa para los niños huérfanos. Pero Naciones Unidas confirmó que, en la mayoría de los casos, los niños no eran huérfanos ni procedían de Darfur, sino del Chad, el país vecino.

Encontrar una solución urgente a la cuestión de los derechos de la infancia no es sólo una necesidad para los países en desarrollo: es también una necesidad para nosotros.

  Glenys Kinnock, ponente de opinión de la Comisión de Desarrollo. − Señor Presidente, me gustaría decir en un principio que la Comisión de Desarrollo cree firmemente que es importante que la Comisión integre los derechos de la infancia en todos los aspectos de la política de desarrollo, ya que consideramos que ésta es la forma de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sé que la Comunicación de la Comisión propone abordar estas cuestiones.

Quiero indicar muy claramente que necesitamos un enfoque de los derechos de la infancia y que tenemos que dejar de centrarnos, en este debate hasta el momento, en cuestiones como la trata de menores, el secuestro y la pornografía. Tenemos que estar seguros de que entendemos que estamos hablando de los derechos de la infancia: los derechos de los menores que hay que consultar; los derechos de los menores a los que hay que escuchar; y los derechos de los menores que deben tener el respeto de los adultos y a los que los adultos no tienen que decir lo que deberían hacer.

Asimismo, acojo con satisfacción el hecho de que el Tratado de Lisboa haga referencia a los derechos de la infancia. Acogemos con satisfacción lo anterior, porque en estos momentos solo los derechos de los animales tienen este tipo de base jurídica en la Unión Europea y necesitábamos con urgencia que esto también fuera igual para la infancia.

Por último, en el mundo en general y en la propia Europa, necesitamos ver que lo que estamos haciendo está protegiendo la vida de los menores y, en general, está mejorando el bienestar de todos los niños en Europa y en el resto del mundo.

  Dimitrios Papadimoulis, ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. − (EL) Señor Presidente, quiero empezar felicitando a la señora Angelilli por el constructivo trabajo que ha realizado.

La estrategia sobre los derechos de la infancia es un paso positivo hacia un enfoque coordinado tanto en el ámbito de la política interior como de las relaciones exteriores.

La Comisión de Empleo, cuyo dictamen yo he elaborado y que ahora presento, insiste en los aspectos sociales de la violación de los derechos del niño. Se centra en la pobreza infantil, que afecta a casi uno de cada cinco niños en la Unión Europea. Insiste también en los problemas del trabajo infantil y de la exclusión social, y reclama una especial atención para los grupos sociales vulnerables, como los niños de emigrantes, los niños de la calle y los niños con discapacidades. Nos tememos que los niños de hoy, señor Presidente, se ven obligados a vivir en un mundo peor que el que conocimos las generaciones pasadas. La Unión Europea tiene, por tanto, que actuar ya, con compromisos serios, objetivos y los recursos necesarios, tanto a escala comunitaria como a escala de los Estados miembros.

  Christa Prets, ponente de opinión de la Comisión de Cultura y Educación. − (DE) Señor Presidente, antes de nada quiero felicitar a la ponente por su informe y por su actitud colaboradora durante nuestras deliberaciones. Estamos totalmente de acuerdo con muchos de los principales aspectos del informe.

Pero quiero insistir en dos puntos a los que atribuyo especial importancia. El primero de ellos es el derecho a la educación como un requisito previo para el desarrollo social del niño. Los Estados miembros tienen que garantizar el acceso a la educación sin ningún obstáculo para todos los niños y jóvenes, con independencia de su origen étnico y social y sus circunstancias familiares. Eso significa también que es preciso evitar cualquier forma de exclusión, discriminación y violencia contra los niños. Es fundamental que sigamos presionando para que empiece a funcionar lo antes posible la línea telefónica de asistencia. El segundo punto que considero muy importante es la promoción de las lenguas, porque las lenguas son uno de los tesoros culturales de Europa.

Hay también una innovación que no debemos ignorar, y es que los derechos de la infancia se amplían ahora a su participación en nuevas iniciativas en el ámbito de la educación y la formación y, en particular, la alfabetización mediática. La competencia en el uso de la información y los medios de comunicación es una herramienta educativa de extrema importancia que debe desarrollarse con decisión.

  Kinga Gál, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (HU) Gracias por permitirme hacer uso de la palabra, señor Presidente. Creo que muy pocos de nosotros no se verían directa o indirectamente afectados por la cuestión de la protección de los derechos de la infancia.

Las instituciones comunitarias se han ocupado ya antes, con frecuencia, de los distintos aspectos de esta cuestión, pero estoy de acuerdo con la comisión que emite el dictamen en que, además de todo eso, se tiene que formular una estrategia integral. Existen una serie de aspectos concretos que debemos tener necesariamente en cuenta a la hora de formular esa visión. Entre ellos está, por ejemplo, la prohibición de todo tipo de violencia contra los niños, la lucha contra la pobreza y la discriminación, y el derecho a la educación.

Como el señor Frattini ha dicho en su introducción que la Agencia se ocupará de este ámbito en particular, quiero hacerles una recomendación: ¿por qué no hacer que la primera petición concreta de la Comisión a la Agencia sea que investigue la aplicación de las leyes precisamente en este ámbito, el de los derechos de la infancia?

Creo que los abusos sexuales a menores, el trabajo infantil y las enormes diferencias que siguen existiendo hoy en el trato que reciben los niños con condición de refugiado en los distintos Estados miembros son especialmente preocupantes. El problema de los niños de la calle y de los niños obligados a mendigar es también un problema grave aquí, en nuestro entorno inmediato.

Estoy convencida de que la lucha por conseguir el pleno respeto de los derechos de la infancia en la Unión exige, sobre todo, una reevaluación del papel de la familia en esta nueva Europa y el reforzamiento de la labor de la crianza junto con la educación, para que nuestros niños reciban orientación y formación profesional en un mundo como el nuestro, donde cada vez hay más problemas. Quizá de esta forma habría menos niños inclinados a la violencia y expuestos a sufrir daños físicos y psicológicos. Gracias.

  Inger Segelström, en nombre del Grupo del PSE. – (SV) Señor Presidente, deseo comenzar dando las gracias a la señora Angelilli y a todos los ponentes alternativos, así como a los diputados que han contribuido al avance que pronto nos permitirá disponer de la primera decisión del Parlamento Europeo acerca de la Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia. La cuestión principal es la participación e influencia de la infancia. Se debe acometer un trabajo minucioso e importante para garantizar que de las palabras se pasa a los hechos. Los niños y los jóvenes así lo esperan.

El asunto que considero el mayor éxito es la propuesta relativa a la violencia contra los niños. La comisión ha apoyado unánimemente mi petición de que todo acto de violencia contra los niños, incluido el castigo físico en el hogar, sea prohibido por la legislación comunitaria, lo que representa un gran éxito para la infancia. En mi país, Suecia, el castigo físico está prohibido, y todos los niños que van a la escuela y todos los jóvenes saben que los adultos no pueden pegar a los niños. El hecho de que estemos haciendo hincapié en que se debe cooperar para poner fin a todas las formas de abuso infantil se debe a que es necesaria una mayor cooperación de los órganos pertinentes, como bancos, agencias de viajes, entidades de crédito y oficinas de cambio, a fin de acabar con la pornografía infantil, el turismo sexual y la explotación infantil, así como para evitar el contacto de los niños con pedófilos en Internet. También se deben cerrar los sitios web ilegales. Los Estados miembros deben prohibir la compra de sexo para evitar que los niños se conviertan en un producto objeto de comercio.

El mayor problema que encontramos en la comisión está relacionado con la adopción. Me alegra que hayamos concordado en que el niño tiene derecho a tener una familia, sea la suya propia, una familia de acogida, o mediante la adopción nacional o internacional. Es el interés superior del niño el que debería ser decisivo, no el de los adultos. Todos recordamos lo que sucedió en los orfanatos en Rumanía y Guatemala recientemente: los secuestros de niños para su adopción están presentes en nuestra memoria. Los niños no son un producto con el que se puede comerciar.

Ahora, la Comisión debe escuchar la sensatez de que ha hecho gala este Parlamento y ofrecer propuestas concretas acerca de cómo materializar los derechos de la infancia, que ahora, con el nuevo Tratado de Lisboa, pasan a ser un objetivo que se debe incluir en la legislación de la UE. Con el nuevo Tratado de Lisboa, la UE debe escuchar y asegurar que los derechos de la infancia quedan integrados en su trabajo. Esto debe producirse como una cosa natural y ha de aplicarse también en la perspectiva global, en el trabajo en materia de desarrollo, en la cultura y en todas las áreas. La pobreza infantil será, por supuesto, una cuestión central, como también lo serán la situación de los niños en las guerras y los riesgos sanitarios de todo tipo que afectan a la infancia. Me enorgullece haber participado en este trabajo del Parlamento, que debe tomar una decisión al respecto mañana.

  Siiri Oviir, en nombre del Grupo ALDE. – (ET) Señor Presidente, Comisario, señoras y señores.

Me complace que el Parlamento Europeo celebre finalmente este debate sobre la estrategia de la Unión Europea en relación con los derechos de la infancia, ya que una política que fomenta los derechos de la infancia asienta los cimientos de la sociedad de mañana.

El bienestar de la sociedad y del Estado depende de los valores y los métodos empleados por los futuros padres. Deseo dar las gracias a la ponente por la elaboración de este documento tan amplio.

Es adecuado que se hayan utilizado los principios establecidos en la Convención sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas y sus protocolos adicionales como base para la elaboración de la estrategia de la UE sobre los derechos de la infancia. No obstante, para que la estrategia sea más efectiva y aplicable en los 27 Estados miembros, deberá contener disposiciones más específicas para la aplicación de las medidas que se vayan a respaldar con recursos tanto de los Estados miembros como de la Unión Europea.

La estrategia es amplia, por lo que no tengo tiempo de abordar todos sus aspectos. Me gustaría destacar una iniciativa positiva recomendada en la estrategia de la Unión Europea sobre los derechos de la infancia, que es eficaz en todos sus aspectos: la creación de una línea telefónica de ámbito europeo de asistencia a menores. En Estonia lleva existiendo tres años y les aseguro que funciona bien.

Me gustaría llamar su atención sobre dos grupos muy importantes, en los que deberíamos centrarnos para garantizar sus derechos.

El primero de estos grupos es el de los niños discapacitados. Opino que deberíamos prestar mayor atención a salvaguardar los derechos de los niños discapacitados en nuestra estrategia sobre los derechos de la infancia, para que ellos, al igual que los otros grupos objetivo, dispongan de oportunidades aseguradas, de igualdad de oportunidades, que les permitan implicarse activamente en la vida social.

En segundo lugar, deseo hacer hincapié en los derechos de los niños que no están al cuidado de sus padres. Incuestionablemente, todos los niños tienen derecho a tener una familia. Desgraciadamente, no todos ellos pueden crecer bajo el cuidado de una familia y tienen que vivir en orfanatos. No hemos prestado suficiente atención en nuestros documentos a los jóvenes que abandonan los orfanatos a la edad de 18 ó 19 años. Desde un punto de vista jurídico, son adultos, si bien, en términos sociales, aún no lo son. Deberíamos empezar a prestar algo de atención a esta cuestión.

  Boguslaw Rogalski, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, en calidad de diputado al Parlamento Europeo que ha participado en la protección de los derechos de la infancia desde hace algunos años, me complace recibir el informe de la señora Angelilli relativo a la creación de una estrategia unificada de la UE sobre los derechos de la infancia.

La violación de los derechos de los niños, la violencia contra los niños, la trata de niños para adopciones ilegales, la prostitución, el trabajo ilegal y la mendicidad en las calles siguen representando problemas enormes para la UE. Cualquier estrategia sobre los derechos de la infancia debería basarse en los valores y principios contenidos en la Convención de las Naciones Unidas, especialmente en lo que respecta a la protección contra todas las formas de discriminación.

Todos los niños deben tener el derecho garantizado a mantener contacto continuo y directo con ambos padres, así como el derecho a ser educados en la cultura de los padres y a aprender los idiomas de ambos. El servicio social de menores alemán (Jugendamt) contraviene habitualmente los derechos de los niños cuyo padre o madre es extranjero. En los casos de divorcio, el Jugendamt emplea todos los medios a su alcance para privar de sus derechos parentales al padre que no es alemán. A los niños se les priva del derecho a aprender el idioma de uno de sus progenitores, y se les prohíbe mantener conversaciones en idiomas diferentes del alemán durante las visitas acordadas. Los documentos oficiales indican que el bilingüismo es perjudicial para los niños. La Comisión de Peticiones ha registrado más de 250 reclamaciones contra las actuaciones de dicho servicio. A pesar de que hace un año la Comisión Europea declaró que las actuaciones del Jugendamt alemán contravienen el artículo 12 del Tratado de la UE, que prohíbe todos los tipos de discriminación, el Estado alemán ha endurecido sus prácticas discriminatorias contra los hijos de extranjeros, lo que constituye un verdadero escándalo.

Espero que este informe, que representa la voz del Parlamento Europeo, ayude a eliminar la discriminación a este respecto.

  Hiltrud Breyer, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, los niños no son adultos pequeños, ni son lo que la gente llama una parte natural de la familia ni de la sociedad. Los niños son personas jurídicas que tienen sus propios derechos.

Todos los Estados miembros de la UE ratificaron la innovadora Convención sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas, si bien en Europa, en cuanto a algunos aspectos de los derechos de la infancia, tan sólo hemos abordado las cuestiones superficiales. Es un hecho positivo que la Comisión Europea haya introducido los derechos de la infancia en el programa, aunque la propuesta de la Comisión, en nuestra opinión, sigue conteniendo muchas palabras bonitas y pocas medidas concretas.

Me complace que en el informe se desarrolle la recomendación de la Comisión, por lo que reitero mi felicitación a la ponente. Debemos esperar que la Comisión esté haciendo los deberes y se pronuncie de forma más concreta en el Libro Verde de 2008 sobre los derechos de la infancia. Necesitamos indicadores y calendarios precisos para la materialización de los derechos de la infancia.

Quiero centrarme en tres puntos que considero importantes. El primero de ellos son los derechos de las niñas, especialmente las niñas procedentes de medios inmigrantes. Los derechos de la infancia implican siempre la igualdad entre niños y niñas y la igualdad de oportunidades para ambos, y este principio está reflejado también en el informe. Deseo manifestar mi satisfacción por la adopción, por parte de la comisión y la ponente, de nuestra propuesta de prohibir que las niñas lleven el velo, al menos en las escuelas de educación primaria de la UE, con la finalidad de dotarles de una verdadera libertad de elección y del derecho a vivir su infancia. Igualmente, no existe justificación para que se prohíba acudir a la escuela a las niñas procedentes de ambientes inmigrantes.

El segundo punto al que concedo gran importancia es el de la violencia contra los niños y la creciente negligencia a este respecto. Es necesario fomentar el conocimiento de los medios de comunicación por parte de los niños. Se ha producido un aumento alarmante de la difusión de material pornográfico y escenas de violencia a través de los teléfonos móviles, lo que conduce a la insensibilización y a un aumento acelerado de la violencia. Le pido, señor Frattini, que examine meticulosamente las maneras de mejorar la protección de los jóvenes en los medios de comunicación y de proteger a los niños más eficazmente contra la violencia.

Por último, deseo destacar los derechos medioambientales de la infancia, una cuestión que todavía no se ha planteado. Me refiero al derecho de todos los niños a crecer en un medio ambiente intacto. Lamentablemente, en su estrategia sobre los derechos de la infancia, la Comisión tomó en consideración a los adultos, y no a los niños, al menos de manera suficiente, para establecer los límites máximos futuros de sustancias contaminantes. Esto es aplicable tanto a los niveles de ruido como a las sustancias peligrosas. Por lo tanto, solicito que se incorporen los derechos medioambientales de los niños, ya que los niños de hoy son los ciudadanos de mañana. Todos somos responsables de garantizar que Europa sea un hogar que tenga consideración de su infancia.

  Giusto Catania, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, deseo dar las gracias a la señora Angelilli por su enfoque sensible de tan importante cuestión: una sociedad que sabe cómo acoger a sus niños sabrá como acoger a todos sus ciudadanos. Igualmente, opino que este Parlamento da hoy un decisivo paso adelante, ya que, si las instituciones son capaces de abordar los problemas de los menores, serán también capaces de abordar los problemas de todos los ciudadanos europeos.

El informe contiene muchas ideas interesantes y dinámicas que constituyen, a su vez, sugerencias respecto de los pasos que esperamos que dé la Comisión en el futuro. Se debe hacer hincapié en algunas cuestiones, especialmente en la necesidad de prestar mayor atención a los menores no acompañados que se encuentran en centros administrativos de retención para inmigrantes.

La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo inspeccionó dichos centros y concluyó que en muchos países, como Francia, Bélgica e Italia, muchos menores no acompañados, muchos de ellos niños, estaban retenidos en condiciones inhumanas y degradantes, que son inaceptables para los niños, al igual que lo son para todos los hombres y mujeres.

Es imprescindible que insistamos en este punto. Asimismo, opinamos que se debe prestar mayor atención a la eliminación del trabajo infantil. El trabajo infantil normalmente está vinculado con la explotación y la pobreza. Por este motivo, el Parlamento debe hacer una contribución importante para mejorar las condiciones sociales en la Unión Europea.

  Kathy Sinnott, en nombre del Grupo IND/DEM. – Señor Presidente, tengo muchas cosas que decir sobre los derechos de la infancia. Primero, aplaudo las enmiendas a este informe que se centran en la familia y en su importancia para el desarrollo del niño. Quiero destacar la primacía de los padres —no el Estado— como guardianes de los menores y, por este motivo, la importancia del apoyo para que la familia asuma sus responsabilidades. El Estado debería ayudar a los padres a proteger y ayudar al menor y solo debería asumir el papel de los padres, cuando éstos no quieran o no puedan atender a los hijos.

En cuanto a la cuestión de la discapacidad, este informe merece ser elogiado por reconocer que los niños con discapacidades deberían tener todo el respeto y ser tratados del mismo modo. Yo misma he representado a muchos niños y a los padres que han luchado por garantizar su educación. Una gran deficiencia de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que constituye la base de todo lo anterior, es que, aunque garantiza la educación primaria para todos los niños, solo prevé la prestación de una educación especial específica para niños discapacitados, «con sujeción a los recursos disponibles». Estas palabras han impedido que los niños con discapacidades consigan la ayuda que necesitan en mi país.

La enmienda 3 se refiere a los niños en la UE que han recibido anteriormente cuidados institucionalizados. Esta importante cuestión ha recibido la atención de muchos diputados al PE a raíz del documental de la BBC sobre niños abandonados en Bulgaria, que documentaba la vida en orfanatos para niños con discapacidades. El 4 de marzo de 2008, se proyectará este documental con la participación del realizador, e invito a todas sus Señorías a que asistan a la proyección.

Hace poco, la UE votó en contra de una enmienda presentada en la Comisión de Presupuestos, que intentaba desviar fondos comunitarios destinados a las instituciones hacia la atención de proximidad y la asistencia familiar. Esta enmienda no fue aprobada. Debemos ser coherentes en nuestro enfoque en relación con la desinstitucionalización e integrar a los menores en la sociedad y debemos destinar nuestros fondos a la atención de proximidad en el futuro.

También acojo con satisfacción la línea dura que el Parlamento adopta con respecto a la trata, especialmente con la enmienda 1. Resulta difícil imaginar algo peor que el hecho de que un niño sea robado a su familia, ya sea para fines militares, sexuales o laborales, o incluso para satisfacer el deseo de una pareja de tener un hijo.

También quiero mencionar la trata de recién nacidos antes y después del parto para la extracción de órganos y el cultivo de células y recordar a sus Señorías que el preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño habla de los menores antes y después de su nacimiento.

Me satisface que el informe tenga en cuenta a las familias inmigrantes y a los menores no acompañados. Con el aumento de la fusión entre culturas, debemos seguir reconociendo la importancia de integrar a todos los menores en nuestra sociedad en constante cambio. Resulta estupendo que la migración laboral permita a los padres ir al extranjero y ganar más dinero para cuidar mejor de sus familias, pero tenemos que trabajar para lograr una igualdad que no requiera esta separación y que permita a las familias permanecer unidas en su país de origen o en el país que ellos decidan.

Ahora, me gustaría abordar la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, que se repite en seis artículos de este informe. Personalmente, soy responsable de seis chicas y dos chicos adolescentes. Por supuesto, tienen que conocer la vida, pero, al mismo tiempo, tienen que saber lo más importante de la vida: Que son personas en evolución, muy valiosas, con dignidad y futuro, cuya contribución a su comunidad y su familia es única. No les beneficia el mensaje que a menudo se lanza en nombre de los derechos sexuales y reproductivos de que no pueden ser responsables y que son, de hecho, desastres ambulantes que necesitan la ayuda de los adultos y que pueden conseguir esta ayuda sin ningún tipo de perjuicio para sí mismos o sin el conocimiento de sus padres La riqueza de la adolescencia puede y debería recibir el apoyo de los más mayores, de los que los quieren y de los que ya han pasado por esa etapa.

(El Presidente interrumpe a la oradora)

PRESIDE: SEÑOR SIWIEC
Vicepresidente

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, el informe de mi colega es excelente y opino que la acción y una estrategia de la Unión dirigidas a proteger los derechos de la infancia deberían ser nuestras prioridades. Debemos reconocer que los menores tienen derechos que exigen que se adopten políticas y se tomen medidas, también dirigidas a proteger la vida del individuo desde el momento de la concepción.

En el informe se solicita que se adopten más medidas —nadie puede estar en contra— para la afirmación de los derechos de la infancia como parte integral de los derechos vinculantes en la Unión y en sus Estados miembros, que deben tener una base jurídica.

Entre los muchos problemas urgentes a que hace frente la infancia, cabe destacar el alarmante número de desapariciones, que, a menudo, tienen un final trágico, resultado de la explotación sexual y la violencia asociadas con la pornografía infantil. Opino que la Unión no puede permitir que ninguno de sus Estados miembros tolere de manera alguna la pedofilia y que, por consiguiente, debe prohibir el derecho a publicitarla y, obviamente, a practicarla.

  Edit Bauer (PPE-DE). – (HU) Muchas gracias, señor Presidente. A la luz de la crisis demográfica, la vida de cada niño tiene un precio inestimable. No podemos fomentar unilateralmente el incremento de la tasa de natalidad y, al mismo tiempo, no prestar apenas atención a garantizar las condiciones necesarias para la vida, la igualdad de oportunidades y el desarrollo físico y espiritual de los niños que ya han nacido.

Por lo tanto, considero que es muy importante el compromiso del señor Frattini, consistente en priorizar horizontalmente la defensa de los derechos de la infancia en la política de la Unión. El informe, por el que me gustaría felicitar a la señora Angelilli, destaca acertadamente algunos problemas que se deben resolver urgentemente.

Es asombroso el alcance de la pobreza infantil: como mis colegas diputados han mencionado, uno de cada cinco niños vive en la pobreza, situación muy relacionada, por supuesto, con el abandono escolar temprano. No podemos taparnos los ojos ante la situación de los varios miles de niños sin hogar que viven en las calles de los Estados miembros de la Unión, muchos de los cuales se ven obligados a mendigar, robar, trabajar ilegalmente o prostituirse.

Según un estudio publicado recientemente por UNICEF, no hay países ni Estados miembros que no estén afectados por la trata de niños. Poco sabemos de los varios centenares de niños que desaparecen de los orfanatos y campos de refugiados cada año. La violencia contra los niños y el aumento de las agresiones entre ellos constituyen motivos justificados de preocupación.

Señor Presidente, en el marco del Tratado de Lisboa, los derechos de la infancia están protegidos por el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales. El informe —cuya aprobación apoyo— supone el primer paso de las instituciones de la Unión, incluido el Parlamento, en la toma de medidas serias dirigidas a hacer cumplir los derechos de los niños y mejorar su situación más coherentemente. Esperemos que los Estados miembros no ahorren esfuerzos a este respecto. Gracias por su atención.

  Martine Roure (PSE). – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, me alegra que la Comisión proponga la adopción de una estrategia europea sobre los derechos de la infancia.

En efecto, gran parte de las políticas europeas afectan a los niños, lo que hace necesario adoptar una acción específica a fin de proteger sus derechos y su participación activa.

Celebro en especial que el Parlamento pida que se defina el concepto de «infancia en peligro». Este instrumento nos permitirá prestar una ayuda específica a los niños que sean víctimas de una situación social que ponga en peligro su integridad física o mental.

Por otra parte, no podemos abandonar a su suerte a los niños en situación de pobreza, que no siempre gozan de la protección necesaria porque sus padres no tienen los medios para ello. Necesitan una ayuda especial para no verse condenados a la exclusión social, y los Estados deben asumir la responsabilidad de garantizar el acceso de todos los niños a la sanidad y la educación, cualquiera que sea la situación social o jurídica de sus padres, a fin de garantizar, en la práctica, la igualdad de oportunidades para todos.

Quiero insistir también en la situación especial de los niños inmigrantes. La detención administrativa de los niños es inaceptable. No podemos comprender que se considere como delincuentes a personas que huyen de la guerra o la desesperanza, y menos aún a los niños, que deben recibir protección y educación con arreglo a la Convención sobre los Derechos del Niño.

  Ona Jukneviciene (ALDE). – (LT) Reconocemos que los derechos de la infancia forman parte de los derechos humanos, que estamos obligados a respetar en virtud de los acuerdos internacionales y europeos. Los derechos de la infancia están reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deberían formar parte del Tratado de Reforma y ser de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros de la UE. Comisario Frattini, usted afirma en la comunicación que la situación de la protección de los derechos de la infancia en la UE aún no es satisfactoria. Yo, en cambio, opino que es terrible. Casi la quinta parte de los niños viven en la pobreza. En Lituania, casi la mitad de las familias compuestas de un adulto y un niño dependiente viven en la pobreza. Además, no es posible obtener estadísticas sobre cuántos niños de la UE ampliada se quedaron sin padres y sin un cuidado adecuado debido a la emigración de los progenitores en búsqueda de empleo.

Leemos horribles noticias sobre la violencia sexual y psicológica contra los niños. Nos compadecemos de los niños que vemos en las calles y les damos una moneda. Sin embargo, lo más corriente es que no hagamos nada, porque es más fácil dar la espalda, taparnos los ojos y decirnos que no es culpa nuestra, que los culpables son otros. Usted, Comisario Frattini, afirma que la responsabilidad es de los Estados miembros, individualmente, y que no desea interferir en sus asuntos. Bruselas interfiere en muchos de los asuntos de los Estados miembros: es importante que regulemos la agricultura, los mercados interiores, los flujos de capital. Opinamos que tales cuestiones son de suma importancia. Yo opino que la preocupación principal deberían ser los derechos humanos y, en primer lugar, los de los niños. Los niños son nuestro futuro. Opino que la Unión Europea debería tomar la responsabilidad de garantizar los derechos humanos y, en primer lugar, los de los niños. No estoy de acuerdo con que el documento que sólo trate, recuerde y promueva. Creo que es necesario que cuidemos de nuestros ciudadanos activamente.

  Wojciech Roszkowski (UEN). – (PL) Señor Presidente, me gustaría felicitar a la señora Angelilli por su excelente informe sobre este tema clave para el futuro de la Unión Europea. La mayoría de las propuestas contenidas en el informe merecen, por supuesto, nuestro apoyo, aunque me preocupan algunas cuestiones.

En primer lugar, se debate el principio de igualdad entre niños y niñas, lo que podría dar lugar a entender que son idénticos, mientras que todos los padres saben que las niñas y los niños son diferentes y requieren enfoques educativos diferentes que permitan cumplir el principio de igualdad y dignidad. En segundo lugar, desde el punto de vista de los derechos de la infancia, el aumento de las formas alternativas de familia, que se debate en el informe, constituye una amenaza contra la que se debería actuar. Tal amenaza no se menciona en el informe. Y, en tercer lugar, en vista de que en el apartado 167 se solicita que se imparta educación sexual a los niños y jóvenes, los apartados 163 y 164, que tratan del derecho a la salud sexual y reproductiva, son innecesarios, a menos que bajo estos términos se quiera esconder el derecho al aborto.

A estas alturas, no parece posible separar los derechos de los niños nacidos de los derechos de los fetos. Aunque comiencen su vida como embriones, se convierten, inevitablemente, en niños. Si alguien tiene dudas sobre esto, debería recordar que todos comenzamos nuestra vida siendo embriones.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). – (PT) En mi intervención de un minuto de duración, me gustaría señalar que considero que la prioridad principal de la Unión Europea en relación con la infancia debe ser la evaluación de los efectos que tienen sus políticas sobre la realización, o la no realización, de los derechos de la infancia, especialmente en lo que respecta a una reducción rápida y sustancial de la pobreza infantil que ofrezca a todos los niños la igualdad de oportunidades.

A este respecto, me gustaría preguntar, como ejemplo: ¿cómo afectan la política monetaria de la UE y su objetivo de estabilizar los precios o, más bien, de contener los salarios a la imposibilidad de hacer cumplir los derechos de la infancia? ¿Cómo afectan a los derechos de los niños la «flexiguridad» de la Unión Europea, la liberalización de los mercados de trabajo, los despidos anticipados, los contratos de trabajo cada vez menos estables, el aumento de las horas de trabajo y su flexibilización? ¿Cómo afectan a los derechos de la infancia las políticas actuales de la Unión Europea sobre la liberalización y privatización de los servicios públicos, como la salud y la educación? Éstos son algunos ejemplos del enfoque más apropiado, necesario y urgente que debería adoptar la Unión Europea respecto de los derechos de la infancia.

  Carlos Coelho (PPE-DE). – (PT) Comisario, señoras y señores, la violencia contra aquéllos que no pueden defenderse es especialmente censurable, y la violencia contra los niños es particularmente odiosa. Es necesario que se adopte la legislación comunitaria que prohíba todas las formas de violencia, de tipo físico, psicológico o sexual. Ya se han mencionado los datos de UNICEF referentes a 2003 que indican que, en algunos Estados de la UE, como Francia, mueren cerca de tres niños cada semana por abusos y negligencia, mientras que en otros, como Alemania y el Reino Unido, la cifra se queda en cerca de dos niños por semana.

Acojo con satisfacción el compromiso de los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea con la aplicación de las políticas relacionadas con la infancia, cada vez más numerosas. Sin embargo, la legislación, las políticas y las estructuras existentes siguen siendo insuficientes para responder a todas las cuestiones relacionadas con la protección de la infancia, como la pobreza, la trata, la violencia doméstica, los abusos sexuales, la pornografía, el trabajo infantil o la atrocidad de los niños soldados, que sigue existiendo en el siglo XXI.

Por consiguiente, felicito al señor Frattini por esta iniciativa, que demuestra la existencia de la voluntad necesaria para convertir esta cuestión en una prioridad de la UE y crear una estrategia de la UE dirigida a promover y proteger eficazmente los derechos de la infancia en las políticas interiores y exteriores. Me complace asimismo que en el nuevo Tratado de Lisboa se contemplen los derechos de la infancia como uno de los objetivos de la UE, lo que proporciona una nueva base jurídica para defenderlos.

Se deben mejorar la prevención y la concienciación, así como los derechos sociales de las víctimas a recibir apoyo. Las intervenciones transfronterizas contra los sitios de Internet de pornografía infantil se deben reforzar para garantizar que dichos sitios se cierran y que se desmantelan las redes de delincuencia. Internet ofrece a los niños un excelente medio para comunicarse y obtener información, pero debemos asegurarnos de que sea un medio seguro.

  Stavros Lambrinidis (PSE). – (EL) Señor Presidente, nuestros niños tienen personalidades independientes, tienen el derecho inviolable a la protección de sus derechos fundamentales, lo que implica que no pueden ser objeto de tratos degradantes ni violencia, no pueden trabajar en condiciones inhumanas, no se les puede negar la educación, no deben vivir en la pobreza, no pueden ser explotados ni abusados sexualmente, y no puede haber niños que combatan en guerras. Y los niños necesitan estos derechos universales aún más que los adultos. En primer lugar, porque, por definición, son jóvenes y vulnerables. En segundo lugar, porque el padre, el profesor, el sacerdote, o cualquier persona con quien entren en contacto tiene siempre una posición de autoridad respecto a ellos. Y, en tercer lugar, porque, si algo va mal durante la infancia, el efecto será decisivo en la vida futura del niño.

Éstos son los derechos que tenemos que apoyar hoy. Me centraré en dos de ellos:

En primer lugar, los hijos de los inmigrantes son, quizás, los más vulnerables. Al menos, los que nacen aquí deben tomar inmediatamente la nacionalidad de nuestro país. No se les debería estigmatizar desde el nacimiento, deberían ir, por supuesto, a la escuela, independientemente de la situación de los padres, y no se les debería condenar a padecer la exclusión social.

En segundo lugar, la protección de la infancia en Internet: muchos niños navegan en Internet a menudo y hablan, inocentemente, con personas desconocidas, y muchos otros pueden ser víctimas de explotación sexual, convirtiéndose en productos que se venden en un mercado muy provechoso. Señor Presidente, Internet son las nuevas calles de nuestras ciudades. Al igual que los padres dicen a sus hijos que no deben hablar con desconocidos en la calle, se les debería educar y concienciar de que deben hacer exactamente lo mismo en Internet. Europa debería proporcionar la educación en esta materia, y debería crear líneas telefónicas de ayuda para los padres y los niños que sufren dichas situaciones.

  Marian Harkin (ALDE). – Señor Presidente, estoy plenamente de acuerdo con todas las recomendaciones recogidas en este excelente informe. En particular, estoy de acuerdo en que la futura estrategia de la UE debería reconocer el importante papel de la familia como institución básica en la sociedad para la supervivencia, la protección y el desarrollo del menor.

También apoyo plenamente el derecho del niño a mantener, de manera regular, una relación personal y el contacto directo con sus padres, a menos que, por supuesto, esto vulnere los intereses del menor. Apoyo totalmente las sugerencias incluidas en el presente informe de crear una sociedad respetuosa con los menores, en la que los niños puedan sentirse protegidos y plenamente implicados.

En el apartado 27 se pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas que garanticen el respeto de los derechos de los niños con discapacidades mentales, especialmente el acceso a la educación. En un contexto irlandés tienen derecho a una educación primaria básica, pero esto depende de los recursos. En realidad, esto a menudo significa que reciben una educación primaria inadecuada.

El apartado 27 también establece que los niños con discapacidades mentales deberían tener acceso a la administración de justicia. Recientemente, en Irlanda hubo un caso de una joven con síndrome de Down que había sufrido abusos sexuales y, a pesar de todo, un juez decidió que no era competente para decir la verdad al jurado. Sometió a la joven a una dura prueba con la asistencia de los abogados de la acusación. Durante esta prueba, el acusado y sus abogados estuvieron presentes, pero la familia de la joven se vio obligada a abandonar la sala. A menos que se garantice a todos los niños el derecho absoluto de acceso a la administración de justicia, les estaremos fallando.

Por último, quiero formular una pregunta muy breve al Comisario. La reciente decisión de incluir los derechos de la infancia en el Tratado de Lisboa como uno de los objetivos de la UE ofrecerá una nueva base jurídica para los derechos de los menores. ¿Puede explicar con detalle el Comisario —aunque sea brevemente— los resultados prácticos que espera de esto? Hago esta pregunta en particular a la luz del próximo referendo que se celebrará en Irlanda sobre el Tratado de Lisboa.

  Hanna Foltyn-Kubicka (UEN). – (PL) Señor Presidente, me gustaría llamar la atención sobre el problema que se expone en el apartado 118 del informe, referente a las restricciones de los contactos libres con los niños en las familias rotas de dos nacionalidades.

Existen claros ejemplos en Alemania, como resultado de las acciones realizadas por la institución Jugendamt. Los padres que no son ciudadanos alemanes se ven desprovistos del derecho a hablar con su hijo en su propio idioma y, en casos extremos, se ven desprovistos de los derechos parentales.

La creación de Jugendamt se remonta a 1939, y la organización sigue funcionando en virtud de las disposiciones originales de esa fecha, casi inalteradas. La institución aduce que actúa por el bien del niño, si bien este concepto no está definido en ninguna parte, por lo que se puede interpretar de cualquier modo. En los juicios, Jugendamt favorece al progenitor de nacionalidad alemana. Otra cuestión preocupante es que Jugendamt no está sujeto a controles externos. Por este motivo, solicito a la Comisión Europea que prepare una propuesta de reglamento que permita eliminar todos los tipos de discriminación en las instituciones de los Estados miembros, como es el caso actualmente en Alemania.

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, en primer lugar me gustaría expresar mi acuerdo total con las palabras de la señora Foltyn-Kubicka.

La cuestión de la protección de los derechos de la infancia ha recibido la atención creciente de los legisladores de la Unión Europea. Sin embargo, al mismo tiempo, cada vez más áreas que pasan a ser jurisdicción de la UE tienen un efecto directo sobre los derechos de la infancia. Por este motivo, recibo con mucho gusto el anuncio de la Comisión relativo a la nueva estrategia sobre los derechos de la infancia. La intención de dar prioridad a esta cuestión en la Unión Europea, es decir, el reconocimiento de que los niños son sujetos de derecho «con todas las de la ley», merece todo nuestro apoyo. No obstante, el cauto título del informe («hacia una estrategia», en vez de simplemente «estrategia») sugiere que se seguirán realizando consultas públicas a fin de conformar las principales prioridades de las futuras medidas que adoptará la UE.

Hasta la fecha, la Unión Europea no puesto los cimientos jurídicos de los derechos de la infancia. Me gustaría manifestar mi decepción a este respecto ya que, de haberse adoptado el tratado constitucional, su artículo I-3 hubiera introducido un marco jurídico más apropiado, directamente aplicable a los derechos de la infancia. La protección de los derechos de la infancia, como objetivo interior y exterior de la Unión Europea, se incluyó en el Tratado de Lisboa. La Carta de los Derechos Fundamentales también recoge dichos derechos. Es vergonzoso que cien millones de niños que viven en la Unión Europea no sean iguales entre ellos en cuanto a los derechos y libertades que poseen.

Parece obvio que, a causa de su vulnerabilidad y necesidades especiales, los niños precisan de un cuidado especial, así como de la protección jurídica adecuada. Los derechos de la infancia no se pueden separar ni se deben oponer a los derechos humanos en su generalidad. Sin embargo, el análisis de los documentos de la UE sugiere que se podría avanzar hacia la consideración de los derechos de la infancia como una cuestión separada, de alguna manera, del conjunto de los derechos humanos. Este enfoque podría ser peligroso y crear divisiones perjudiciales.

Me gustaría dar las gracias a la ponente por no haber permitido que la naturaleza delicada de esta cuestión ensombreciera su enfoque equilibrado. Es bueno que el informe no se centre exclusivamente en las medidas de protección, sino que también destaque la necesidad de que se afirmen los derechos de la infancia, como el derecho a una familia, a la educación, a la inclusión social, a la asistencia sanitaria y a la igualdad de oportunidades.

  Magda Kósáné Kovács (PSE). – (HU) Muchas gracias, señor Presidente. Una sociedad y una economía fuertes sólo se pueden construir gracias a generaciones y ciudadanos sanos tanto física como mentalmente, por lo que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar el destino y los derechos de las generaciones futuras, incluso en nuestro propio interés, porque más pronto o más tarde todos dependeremos de la solidaridad de estas generaciones.

La señora Angelilli merece todo el reconocimiento por su informe, en el que se aclara el tema de una manera compleja. El derecho de nuestra infancia a vivir una vida plena conlleva un complejo sistema de requisitos sociales y garantías jurídicas: el derecho de los niños a nacer y ser educados en un ambiente sano, su derecho a estudiar y realizar sus sueños.

La pobreza familiar e infantil es un obstáculo fundamental que impide el cumplimiento de dichos derechos, por lo que cabe insistir en que las instituciones europeas y los Estados miembros deben luchar decididamente contra la pobreza, no sólo con esta finalidad, sino también para prevenir los crímenes contra la infancia y su explotación.

La Europa sin fronteras entró en una nueva era a finales del año pasado. Un gran reto que impone la apertura del espacio Schengen es que no debe propiciar oportunidades favorables para los delincuentes. Sería deseable que se elaborara un sistema mediante el que los Estados miembros pudieran compartir la información relativa a los crímenes cometidos contra los niños, así como las sentencias respectivas, y proteger así a los niños de los delincuentes que se hallan a su alrededor.

El excelente informe de la señora Angelilli será realmente valioso si se toman las medidas legislativas necesarias. Espero que sea así. Gracias, señor Presidente.

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE) . – (RO) Los derechos de la infancia son una cuestión esencial en la que todos nos unimos, indistintamente de nuestro origen y opiniones políticas.

Hablar de la infancia es hablar del futuro, el futuro de los ciudadanos europeos y de la propia Unión. Por consiguiente, acojo con satisfacción el informe acerca de la estrategia europea sobre los derechos de la infancia. La elaboración del informe es, en sí misma, la confirmación de la importancia de la cuestión y del texto contenido en la Carta de los Derechos Fundamentales, y en su redacción han participado varias comisiones que han emitido seis opiniones.

Los intereses superiores del niño deberían ser de máxima importancia. Mediante sus valores y su concepción del desarrollo, la Unión Europea tiene el deber moral de garantizar que se tienen en cuenta los derechos de la infancia como una prioridad en las actividades, tanto interiores como exteriores.

En lo que respecta al interior de la Unión Europea, me gustaría reiterar dos aspectos: en primer lugar, las consecuencias negativas de la migración y las precarias condiciones de los niños que fueron dejados por sus padres en los países de origen. Me gustaría dar las gracias a la ponente por haber aceptado mi sugerencia de prestar atención a esta cuestión, que sigue afectando las vidas de los ciudadanos europeos, y me gustaría reiterar mi apoyo a su solicitud de que se presten los cuidados adecuados, se garantice la inclusión social y se proporcione educación completa a estos niños. No es menos importante el objetivo de garantizar la educación de todos los niños europeos.

Fuera de la Unión Europea, es vital que promovamos los derechos de la infancia en el ámbito internacional, como parte de las relaciones de la Unión Europea con sus países vecinos y los socios estratégicos. De entre las muy diversas situaciones que ocurren en el mundo, me gustaría llamar la atención sobre la infracción de los derechos de los niños que se produce en situaciones de crisis y conflicto, particularmente los conflictos latentes, en los que se niega el Estado de derecho. La Unión Europea no puede tolerar tales situaciones y debe actuar con firmeza para garantizar que se respetan los derechos de la infancia en todo el mundo.

En 2007, la Unión Europea dio pasos decisivos en esta dirección, y 2008 será un año crucial para el cumplimiento efectivo de la nueva estrategia sobre los derechos de la infancia. Por consiguiente, solicito a la Comisión y al Consejo que estudien debidamente las recomendaciones del Parlamento para garantizar el éxito de la estrategia.

  Iratxe García Pérez (PSE). – (ES) Señor Presidente, este informe aporta una visión integral y coherente a la labor que debemos impulsar desde la Unión Europea con la infancia. Debemos implicar a todos los responsables de hacer efectivos los derechos de los niños y las niñas a una educación igualitaria, la lucha contra todo tipo de violencia y contra el trabajo infantil, y la protección de los niños y las niñas inmigrantes.

Siendo conscientes de la evolución de la sociedad reconocemos que el modelo tradicional de familia no puede ser el único referente y que cada vez existen más modelos alternativos a los que debemos atender desde el convencimiento profundo de que los niños deben disfrutar de un entorno familiar favorable.

Ligado a este tema quiero destacar la iniciativa referida a las adopciones internacionales, donde se necesita una regulación legal más adaptada a la realidad que responda a las incógnitas que hoy se nos presentan y que, desde algunos Estados, como es el caso de España, ya se ha iniciado, garantizando el interés superior del menor.

Pero antes de finalizar quería mostrar la reserva de la delegación socialista española al apartado 127 referido a la prohibición del velo en la escuela, ya que somos más partidarios del diálogo y la mediación.

Señorías, estamos hablando del sector más vulnerable de la sociedad, pero también de un futuro que necesita las bases sólidas de valores como el respeto, la tolerancia y la convivencia.

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Señor Presidente, acojo con satisfacción este informe y la labor que la ponente ha llevado a cabo.

Al escuchar el debate, concluyo que existe un acuerdo casi total sobre lo que necesitamos hacer en relación con los derechos de la infancia y hemos andado un largo camino desde el viejo dicho de que «los niños ver, oír y callar». Hoy no solo queremos que nuestros hijos vean, sino que también queremos oír y escuchar lo que tienen que decir.

Sin embargo, necesitamos algunas aclaraciones —y tal vez el Comisario podría encargarse de ello— sobre las competencias que la UE tiene en materia de derechos de la infancia, a la luz del Tratado del que se ha hablado y de la votación que se celebrará en Irlanda sobre el Tratado de Reforma. Como saben, con arreglo a la Constitución irlandesa, se considera que los derechos de la infancia están mejor protegidos en el contexto de la familia. Tenemos que reconocer el papel importante que la familia desempeña a la hora de proteger los derechos de la infancia y tenemos que examinar medidas destinadas a fortalecer a las familias y apoyarlas donde sea necesario.

También está la cuestión de la familia en el marco del matrimonio o fuera de él y de si los derechos de los niños son los mismos en estas dos situaciones. Se está produciendo un aumento significativo de la población separada y divorciada en Irlanda y un incremento de la convivencia en pareja: una de cada doce familias adopta esta forma, con responsabilidad sobre 50 000 menores. Tenemos que examinar cómo se están protegiendo los derechos de estos niños en el marco de la legislación irlandesa actualmente en vigor.

También está la cuestión del acceso de los niños a sus padres y la invisibilidad de los menores que actualmente existe en el sistema jurídico irlandés en materia de familia y es necesario abordar este problema.

Un último punto: en 2006 la decisión del Tribunal Supremo irlandés de derogar la ley sobre violación alegando que no permitía a un acusado alegar la comisión de un error inintencionado en relación con la edad de la víctima. En el caso estaban implicados un hombre de 41 años y una adolescente de 12. Resulta irónico que hoy se hayan retirado los cargos por abuso sexual contra esta persona en el tribunal de distrito de Dublín. En Irlanda se van a introducir dos enmiendas constitucionales en materia de familia y sobre el caso que acabo de mencionar y creo que necesitamos ver dónde encaja la UE en el ámbito de los derechos de la infancia para que en Irlanda votemos de manera correcta.

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Señor Presidente, Comisario, el debate de hoy demuestra que el Parlamento Europeo desea participar en la creación de una política europea sobre la infancia. Por este motivo, me preocupa la opinión de muchos Estados miembros que consideran que prácticamente todos los reglamentos relativos a los derechos de la infancia pertenecen al campo de la legislación en materia de familia y que, por lo tanto, son una responsabilidad exclusivamente nacional.

Dicho enfoque nacional aparta al Parlamento del proceso principal de toma de decisiones en lo que respecta a los derechos de la infancia y nos convierte en un mero órgano de consulta. No me parece un buen enfoque para una Europa que está cada vez más unida. Un buen ejemplo es el Reglamento relativo al cobro transnacional de las obligaciones de alimentos, que el Parlamento aprobó en diciembre, como resultado de un proceso de consultas. El objetivo de dicho Reglamento es garantizar que los niños dejados por uno de sus progenitores no padezcan hambre ni vivan abandonados y que reciban los alimentos cobrados gracias a un sistema nuevo más eficaz. Por este motivo, opino que el Parlamento, que actúa, de hecho, en nombre de todos los niños europeos, tiene la obligación moral de participar activamente en la redacción de leyes que beneficien a la infancia.

Para resumir, me gustaría decir al Comisario que el Parlamento debería participar en mayor media en los reglamentos europeos relativos a la infancia.

  Edward McMillan-Scott (PPE-DE). – Señor Presidente, quiero dar las gracias a la ponente, Roberta Angelilli, y al resto de los ponentes por su trabajo sobre este importante expediente y, por supuesto, agradecer al Comisario Frattini el impulso dado a la Comunicación y por la labor desempeñada por la Comisión en esta materia.

Aunque hay que reconocer que estas cuestiones competen principalmente a los Estados miembros, también considero que la Unión Europa tiene un papel que desempeñar, que, por supuesto, está consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales, donde, por primera vez, se contemplan los derechos de la infancia. Creo que la mejor forma de juzgar una sociedad es por la forma en que trata su inocencia y nosotros somos, como Unión Europea, una sociedad.

Un aspecto que me interesa particularmente en este ámbito es el del secuestro internacional de menores por parte de los padres. He tratado muchos casos en este campo y cada año se producen varios cientos de casos entre Estados miembros de la UE y, de hecho, entre Estados miembros de la UE y nuestros países vecinos y más allá. Aunque existen convenciones internacionales como la Convención de La Haya y, a nivel interno, el Convenio de Bruselas II, sigue habiendo deficiencias. Recientemente tuve ocasión de dar las gracias al despacho internacional de abogados Freshfields por examinar varios casos a la luz del Convenio de Bruselas II e identificar algunos de los problemas en nuestros propios Estados miembros.

Creo que la labor que el Parlamento Europeo y la Comisión han llevado a cabo tiene que contemplarse en el contexto de la evolución internacional del Derecho. Considero que es cierto que la antigua Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que establece la supremacía de los intereses del menor, es absolutamente crucial. En la Carta de los Derechos Fundamentales también se introduce el concepto del derecho del niño a tener contacto con su padre y su madre. Esto es vital y algo generalizado en todo el mundo.

Pero hay dos aspectos que se refieren a la forma en que un tribunal trata este tema. Aunque este punto no se recoge en el informe de manera explícita, también debemos recordar los derechos de los niños que son suficientemente maduros para que un tribunal atienda sus deseos, como es el caso de Jessica, una niña de 7 años que vive en mi circunscripción, que fue tratado recientemente por el Tribunal Supremo. En segundo lugar, cuando proceda, se debe proporcionar al menor representación jurídica independiente. Éstos son dos elementos que creo que tenemos que desarrollar en los próximos meses.

  Alessandro Battilocchio (PSE). – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, quiero dar las gracias a la ponente por su excelente trabajo. A principios del siglo XX, los niños no poseían prácticamente derechos y el siglo se cierra con avances claros e incuestionables, si bien queda mucho camino por recorrer y éste no será fácil, como se señala en muchas partes del informe.

En el poco tiempo de que dispongo, y sobre la base de las experiencias personales con UNICEF, me gustaría exhortar a la Comisión a que priorizara una cuestión: necesitamos un instrumento comunitario sobre la adopción porque, actualmente, los 27 Estados miembros tienen legislaciones incoherentes a este respecto. Sería útil adoptar un marco legislativo que ayudara a mejorar la calidad de la asistencia proporcionada por los servicios de información, a fin de aclarar los pasos que se deben seguir para preparar las adopciones internacionales y abordar los procedimientos relativos a los requisitos y proporcionar servicios de apoyo familiar después de la adopción. Actualmente se siguen produciendo muchos abusos, deficiencias, retrasos y dificultades en esta área que las familias de acogida y, sobre todo, los niños no merecen.

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Todos los Estados miembros ratificaron la Convención sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas de 1989. No obstante, la Convención no prevé ningún mecanismo sancionador.

Existen varios órganos que trabajan para mejorar los derechos de la infancia, y sus actividades deberían estar mejor coordinadas y deberían recibir más publicidad, por ejemplo, mediante la creación de un sitio web común. Así podríamos evitar la indeseable duplicación de las actividades. Otra medida podría ser confiar la protección de los derechos de la infancia al Comisario de Derechos Fundamentales. Sería positivo que el Comisario participara, en función de las áreas prioritarias, en la lucha contra la pobreza infantil y contra todas las formas de violencia. Los actos de violencia contra los niños simplemente no deberían cometerse. Por consiguiente, en mi opinión, es importante no sólo castigar a quienes los cometen, sino prevenir tal actividad inhumana.

A este respecto, apoyo la solicitud de la ponente de que se creen procedimientos que sirvan para mejorar los juicios extraterritoriales: en la práctica, se debería garantizar que una persona sentenciada en un Estado miembro fuera registrada como persona que ha cometido actos de violencia contra los niños en los otros Estados miembros. Opino que este método supondría un avance importante en la prevención de los abusos de los niños, como la mutilación genital, el abuso sexual, la pornografía infantil, los secuestros y la trata.

En lo que respecta a la pornografía infantil, estoy muy a favor de la iniciativa de la Comisión consistente en intentar excluir las páginas que venden pornografía infantil de los sistemas de pago en línea, en cooperación con algunas instituciones bancarias y empresas emisoras de tarjetas de crédito. Dicha actividad podría ayudar a elaborar una base de datos de personas que comercian con pornografía infantil, con lo que los datos de los creadores y propagadores de esta repulsiva forma de comercio estarían a disposición de la policía de los Estados miembros pertinentes, de Europol e Interpol. Soy consciente de que esta área es sumamente importante, por lo que estoy a favor de que se reserven los recursos humanos y financieros necesarios para garantizar la protección de los derechos de la infancia. Está en juego el futuro de nuestros hijos, es decir, nuestro propio futuro.

  Katerina Batzeli (PSE). – (EL) Señor Presidente, me gustaría dar también las gracias a la señora Angelilli por este marco integrado que permitirá consolidar la Carta de los derechos de la infancia.

Me gustaría centrar mis observaciones en tres aspectos, aparte de los que ya se han tratado hoy.

En primer lugar, se debe hacer un diagnóstico urgente y elaborar una respuesta para el problema de la violencia y el abuso de los niños que incluya el establecimiento de un sistema que permita almacenar los datos pertinentes, que contribuirá a la prevención eficaz del problema, de forma progresiva.

En segundo lugar, la adopción por parte de todos los Estados miembros del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata y la explotación sexual de las personas, en el que, entre otras cuestiones, sería necesario revisar la cuestión de la emisión de permisos temporales o no permanentes de residencia en los territorios nacionales.

Por último, la gestión del problema de la criminalidad entre los menores, con las pertinentes medidas de prevención y fomento de la integración social de los menores, así como medidas de intervención judicial y extrajudicial.

Señor Presidente, éste es el Año del diálogo intercultural y, por lo tanto, debemos mantener los puentes que conectan todas las culturas y religiones. Creo que el apartado 127 de este informe es inaceptable.

PRESIDE: SEÑOR MAURO
Vicepresidente

  Zita Gurmai (PSE). – (HU) Señor Presidente, Comisario, señoras y señores, el destino de Europa depende en gran medida de su capacidad de desarrollar una sociedad que incluya y apoye a la infancia. El apoyo y la protección de los derechos de los niños son cruciales para el futuro de la Unión Europea. El desarrollo en la Unión de una sociedad que favorezca a la infancia no se puede separar del refuerzo de la integración europea.

Es necesaria una estrategia amplia de la UE para promover y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños, tanto dentro como fuera de la Unión. Los niños merecen disposiciones especiales y protección jurídica adecuada. Los Estados miembros son responsables de apoyar a los padres de maneras diversas en las actividades de educación de los niños. Europa sólo será segura e incluirá a todos sus ciudadanos si se construye con dichos instrumentos.

Nuestras políticas deberían contemplar siempre la diversidad y las diferentes necesidades de los niños, y prestar especial atención a la pobreza, la exclusión social y la discriminación negativa tanto en la Unión como en el mundo.

Considero importante que las recomendaciones de la Convención sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas se tomen en consideración de manera coherente y sistemática en el marco de los acuerdos bilaterales que concluya la UE con otros países.

El Grupo del PSE desea votar por separado la enmienda 127.

  Catherine Stihler (PSE). – Señor Presidente, acojo con satisfacción la decisión de incluir los derechos de la infancia como uno de los objetivos del Tratado de Lisboa de la UE, algo que ofrece una nueva base jurídica para los derechos de los menores.

El informe de la señora Angelilli aborda muchas cuestiones importantes relacionadas con la protección y el bienestar de los menores. Sin embargo, quiero hacer hincapié en el reconocimiento del hecho de que, para los menores, la pobreza y la exclusión social de sus padres representan serios obstáculos para el ejercicio de sus derechos.

Apoyo la petición que se hace en el informe de que la UE, en cooperación con las agencias competentes de las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales y los centros de investigación, actúen para mejorar la recopilación de datos estadísticos comparables sobre la situación de los niños en la UE, con el fin de desarrollar e incluir más indicadores específicos sobre los niños, la pobreza y la exclusión social.

La pobreza infantil es una cuestión olvidada, pero uno de cada cinco niños en la UE vive al borde de la pobreza. ¿No condenará esto al 20 % de los futuros adultos de la UE a no desarrollar nunca su verdadero potencial?

Si hay voluntad política, los Estados miembros pueden colaborar para intercambiar las mejores prácticas y aprender los unos de los otros. Hemos sido testigos de la campaña comunitaria que pretendía que la pobreza en el mundo desarrollado pasase a la historia, ¿entonces por qué no podemos tener una campaña similar, en toda la UE, para que también la pobreza infantil pase a la historia?

  Katrin Saks (PSE). – (ET) Gracias, señor Presidente.

Dado que un tercio de los niños del mundo no disponen de suficientes alimentos y que una sexta parte de ellos no va a la escuela, podría parecer extraño hablar de pobreza en Europa. Sin embargo, el problema existe y es muy preocupante que el número de niños que viven en la pobreza sea mucho mayor que el de adultos. De hecho, esto no significa que los niños pasen hambre, sino que no existen las oportunidades necesarias para el desarrollo.

Me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que, en los nuevos Estados miembros, el desarrollo turbulento de la economía de mercado ha traído consigo una gran estratificación que influencia en gran medida el bienestar de los niños. Los problemas sociales, a su vez, magnifican este hecho. Y no se trata únicamente de una tragedia que afecta a los niños.

Una parte considerable de las personas que pueden trabajar —que en mi país, Estonia, son cada vez más escasos— no tiene empleo y ésta es una razón de que la situación suponga un problema a los Estados miembros y a la Unión.

Si bien la mayoría de las políticas dirigidas a la infancia son competencia de los Estados miembros, deseo hacer hincapié en la importancia que tienen la estrategia, los indicadores, las bases de datos y los informes de la Unión Europea. Espero que su influencia sea cada vez mayor para los Estados miembros.

Como persona dedicada a la política, sé lo difícil que es explicar al propio electorado por qué, por ejemplo, el país vecino trata mejor a sus niños.

  Bogdan Golik (PSE). – (PL) Señor Presidente, Comisario, la iniciativa que se nos ha presentado acerca de una estrategia sobre los derechos de la infancia es una señal no sólo para Europa, sino para el mundo entero, de cómo se deben proteger los derechos de los miembros más jóvenes de la sociedad. Por este motivo, me gustaría dar las gracias a la señora Angelilli por su excelente informe.

Desgraciadamente, en ciertas partes de Europa se siguen infringiendo los derechos de la infancia. En Europa, donde tan orgullosos estamos de nuestro sistema de protección de los derechos humanos. Por este motivo, debemos garantizar que los niños que sufren humillaciones sepan que pueden pedir ayuda, y que su petición será atendida. Por consiguiente, me gustaría apoyar la solicitud de la autora del informe de que se realice una vigilancia más efectiva, así como la idea de la Comisión Europea de poner en funcionamiento una línea telefónica de ayuda destinada a los menores que la necesiten.

Otra cuestión importante es la de los niños procedentes de familias pobres, inmigrantes o refugiadas. Estos niños sufren por razones que escapan a su control y, como resultado, se ven condenados a vivir una vida peor que la de los niños de la misma generación que no han tenido que escapar de sus países. Por esta razón, quiero apoyar la propuesta de otorgarles derechos plenos, cualquiera que sea la situación jurídica de sus padres, y que se les dé acceso a la educación en igualdad de condiciones.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. − (IT) Señor Presidente, señoras y señores, deseo dar las gracias a los ponentes, y estoy también muy agradecido de que hayan reconocido que la Comisión y el Parlamento están formulando conjuntamente, por vez primera en Europa, e incluso antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, una política europea genuina y horizontal en todas las áreas de la protección y promoción de los derechos de la infancia. Este hecho constituye un logro político en una cuestión que no figuraba en el programa europeo hasta hace dos años y representa, por lo tanto, una respuesta para aquellos que eran conscientes de la necesidad de producir resultados prácticos. Europa avanza en este frente.

Me han agradado las palabras del señor McMillan. Uno de los criterios principales para evaluar el grado de civismo de un país es la manera en que éste trata a sus miembros más jóvenes, a sus niños. Los Estados miembros de la Unión Europea y todos los europeos aspiramos a que la manera en que tratamos a la infancia y las oportunidades que le ofrecemos sean un ejemplo a seguir para el mundo.

Se han abordado muchas cuestiones y algunas de ellas ya figuran en la propuesta que he presentado y en las muy útiles recomendaciones de la señora Angelilli, si bien opino que existen otras cuestiones que deberemos estudiar con mayor detenimiento en los próximos meses. Hagamos de 2008 el año en que esta estrategia europea avance aún más.

La señora Gál y la señora Sinnot, cuando abordaron la cuestión de la función de la familia, aclararon que muchos de los problemas actuales se derivan de una visión anticuada y poco acertada del papel que desempeña la familia. Estudiamos esta cuestión el año pasado, como recordarán, en relación con los videojuegos violentos. Se probó mediante una encuesta estadística que, en Europa, sólo el 20 % de las personas que respondieron estaban interesadas por el uso que hacían sus hijos de Internet y los videojuegos, lo que implica que el 80 % de los padres entrevistados desconocían qué tipo de videojuegos o sitios de Internet utilizaban sus hijos. Esta situación demuestra que es la familia, como ya se ha dicho, el ámbito principal en el que se deben promover los derechos de la infancia.

El señor Catania, entre otros, habló del trabajo infantil. Recordarán que, en la propuesta que presenté, relativa a la imposición de penas estrictas a las personas que explotan el trabajo ilegal de los inmigrantes legales, condené de forma especial el empleo de los niños inmigrantes, cuya vulnerabilidad se debe tanto al hecho de que son inmigrantes como a que trabajan ilegalmente. Son especialmente vulnerables, porque los niños no deberían trabajar, sino ir a la escuela. Si se aprueba la propuesta, que está ahora sobre la mesa, dispondremos de una Directiva europea y, por consiguiente, los Estados miembros estarán obligados a introducir las normas de las que, desgraciadamente, aún no disponemos.

La cuestión de los niños inmigrantes no acompañados es muy importante, y estamos debatiendo sobre los modos de financiar proyectos dirigidos a esta cuestión, ya que hemos descubierto que las situaciones son a veces trágicas y que se suman a las circunstancias señaladas anteriormente. En la Islas Canarias, por ejemplo, el Gobierno español ha descubierto casos muy preocupantes, que por supuesto debemos abordar, relacionados con la llegada de muchos niños no acompañados, ya que sus padres les mandaron solos. Es sorprendente. Debemos reforzar la legislación europea para combatir la violencia contra los niños, como señaló tan claramente la señora Segelström.

Existe una cuestión muy seria que me preocupa personalmente. Existen reglas para garantizar que a uno de los dos padres se le otorga la custodia del niño en el caso de separación o divorcio. De hecho, en muchos Estados miembros, las normas en vigor no se aplican en la práctica, no porque los gobiernos no las apliquen, sino porque, a menudo, los magistrados y los tribunales apenas las conocen. Existen casos en los que uno de los padres sustrae al niño del otro progenitor. En algunos casos, se demuestra que es imposible hacer cumplir las decisiones, y por este motivo debemos hacer mucho más hincapié en la cuestión de la asignación de la custodia de los menores.

El turismo sexual es otra cuestión que debe ser abordada, con inclusión de la cooperación entre las autoridades públicas y los individuos, las agencias de turismo y las empresas de tarjetas de crédito, a fin de identificar a las personas que compran pornografía infantil en Internet. Parece claro que los pedófilos no pagan en efectivo, sino con la tarjeta de crédito. Si contamos con la cooperación, cuestión que estamos iniciando, podremos también reducir y poner un fin a la tragedia del turismo sexual.

Los derechos medioambientales de la infancia representan un nuevo asunto: el derecho a crecer en un medio ambiente no contaminado. Debemos centrarnos en esta cuestión porque, además de ser nueva, requiere la acción de todos.

La señora Harkin fue una de las personas que abordó la cuestión de las consecuencias del Tratado de Lisboa. El Tratado no introduce una base jurídica específica, sino que otorga el valor de política europea a la estrategia que debatimos hoy y que, hasta hoy, se basaba en la determinación política común. El Tratado de Lisboa permitirá que contemplemos la estrategia sobre la protección de la infancia como un asunto plenamente europeo, lo que representa un avance importantísimo.

Para concluir, me gustaría señalar que, en los próximos meses, deberemos trabajar en esta cuestión, que es una inversión en el futuro de Europa: en sus jóvenes y en sus niños. No obstante, se podría abordar la cuestión de la infancia de forma activa en una de las políticas más importantes de la Unión Europea: la política de integración de las comunidades de inmigrantes. Si confiamos en la infancia, en los niños más jóvenes que van a las escuelas, y les hacemos embajadores de la integración —ya que para ellos es mucho más fácil jugar y aprender junto con niños procedentes de culturas y ambientes diferentes— les daremos la tarea no de comportarse como pequeños adultos, como alguien dijo, sino de participar activamente en la política de integración. Y si la política no se basa en la integración de los niños en la escuela, nunca será una política realmente dirigida a la integración de los inmigrantes procedentes de otros países.

  Roberta Angelilli, ponente. − (IT) Señor Presidente, señoras y señores, en primer lugar, permítanme dar las gracias, una vez más, al Comisario Frattini por haber reiterado el compromiso serio de la Comisión Europea con los derechos de la infancia. También le doy las gracias por haber solicitado a los Estados miembros en su intervención inicial la rápida puesta en funcionamiento de las líneas telefónicas de ayuda para los menores, cuyo retraso está injustificado. También le estoy agradecida por haber señalado que no todos los Estados miembros han introducido, hasta la fecha, garantías nacionales de los derechos de la infancia, cuestión que también observamos y lamentamos en el informe.

También estoy agradecida a mis colegas, cuya participación ha sido esencial para elaborar el documento, y a todas las personas que han intervenido en el debate, porque creo que estamos todos de acuerdo en el concepto del interés superior del niño. Obviamente, lo apoyo y comparto las preocupaciones que se han manifestado hoy en esta Cámara. Debemos obligar a nuestros Estados miembros a pasar rápidamente de las palabras a los hechos y, por supuesto, el Parlamento y la Comisión también deben aportar su parte.

Permítanme comentar brevemente algunas de las cuestiones que se han destacado. Respecto del medio ambiente, quiero confirmar al señor Frattini que es cierto que podríamos haber profundizado más en este aspecto en el informe, si bien hemos expresado con claridad que el derecho a un medio ambiente saludable y limpio debe ser uno de los derechos principales garantizados a la infancia.

Me complace constatar que una de las cuestiones que se tratarán en el próximo Foro europeo para los derechos de la infancia será la de las adopciones internacionales. A este respecto, deseo también señalar que, además de las enormes dificultades que implican las adopciones internacionales, a veces puramente burocráticas, existe también la tragedia de los niños que son objeto de disputa entre los padres tras el divorcio o la separación. Éste es un gran problema en Europa, aún más importante tras la apertura de las fronteras.

Quisiera concluir diciendo que estoy, por supuesto, muy satisfecha del trabajo realizado y, si bien el resultado no es perfecto, creo que puede suponer un punto de partida muy positivo siempre que, repito, se adopten medidas serias y responsables rápidamente.

  Presidente. − El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (Art. 142)

  Lívia Járóka (PPE-DE), por escrito. – La segregación educativa es una de las formas más perjudiciales de discriminación a la que se enfrentan los niños romaníes. Como derecho humano básico, la educación es crucial para la consecución de los demás derechos humanos e invertir en educación en una edad muy temprana para los niños romaníes es una política que funciona a múltiples niveles y resulta beneficiosa en diversos ámbitos además de a los niños a los que pretende educar. Los beneficios de una educación temprana incluyen: El fomento de la igualdad social, más productividad social y personal y más amplia, menores niveles de pobreza y la eliminación de actitudes discriminatorias y de la exclusión social. Cuanto más aumenta el nivel educativo de los niños romaníes, mayores son las oportunidades que tienen para convertirse en miembros productivos de la población activa. Mientras ganan dinero y contribuyen al presupuesto nacional a través de los impuestos sobre la renta y el consumo, empiezan a influir en la forma en que los ven los que no pertenecen a la comunidad romaní, lo que tiene repercusiones sobre unas cuestiones sociales más amplias. Asimismo, cuanto más productiva es la población romaní y más se reduce su nivel de pobreza, en mayor medida los romaníes se convierten en miembros que contribuyen a la sociedad, en lugar de ser beneficiarios de ayudas públicas. La combinación de la mayor contribución y de las menores prestaciones pagadas por el Estado constituye el beneficio presupuestario neto para el presupuesto nacional. Un programa que apoyara estos cambios beneficiaría a todos los europeos y no solo a la comunidad romaní.

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), por escrito. – (FI) Una de las estructuras más fundamentales que sustentan los valores europeos es nuestra obligación de proteger a las almas inocentes, es decir, a los niños. Es pocas cuestiones podemos sentirnos tan unidos.

Es vital que se protejan los derechos de la infancia de forma más eficaz que actualmente, también en el ámbito comunitario. Se acoge con mucha satisfacción, por lo tanto, la comunicación de la Comisión relativa a la creación de una estrategia sobre la protección de los derechos de la infancia.

El informe del Parlamento acerca de la estrategia es excelente. Me gustaría señalar algunas cuestiones de este amplio asunto.

En primer lugar, la situación de las familias está relacionada directamente con los derechos de los niños. La familia es, incuestionablemente, el mejor medio para un niño. La familia y la protección de la vida familiar son, de hecho, derechos del niño, que se materializan cuando la familia funciona correctamente. La estrategia debería contener medidas que promovieran el bienestar de las familias. El derecho de los niños a tener contacto con ambos padres debería protegerse a toda costa.

Los niños están expuestos desde muy temprana edad a formas horribles, violentas y sexuales de entretenimiento, lo que tiene consecuencias desastrosas. Por ejemplo, la propuesta del informe de crear un sistema uniforme de clasificación y etiquetado en la UE para la venta y distribución de contenidos audiovisuales y videojuegos dirigidos a los menores es muy positiva. El principio de que quien contamina debe pagar debería aplicarse al entretenimiento comercial que incluye violencia, porque el daño que se hace es enorme.

En tercer lugar, se deberían adoptar medidas concretas para erradicar la pornografía infantil. El refuerzo de las operaciones transfronterizas para cerrar los sitios web que abusan de los niños y la mejora de la cooperación entre las autoridades públicas y el sector privado deben ser prioridades de la Comisión.

Lamentablemente, los derechos de los niños no escapan del relativismo que se impone cada vez más en los valores de la sociedad. Debemos definir claramente los principios que no son relativos. Los derechos y la protección de la infancia representan el corazón de los derechos humanos, por lo que debemos recordar a la gente las severas penas que aguardan a aquellos que no los respeten.

  Katalin Lévai (PSE) , por escrito. – (HU) La Unión Europea tiene una responsabilidad especial en la protección de los derechos humanos fundamentales, sobre todo los derechos de la infancia. A pesar de ello, el 19 % de los niños de la Unión viven con el riesgo de padecer la pobreza, y este porcentaje es mayor que el de los adultos (15 %). En el mundo, 40 millones de niños menores de 12 años son objeto de actos de violencia. Casi seis millones de niños realizan trabajos forzados, y un millón y medio son víctimas de la trata de personas. En este contexto, la estrategia europea de tolerancia cero dirigida a proteger los derechos de la infancia es de gran importancia.

Creo que la mejora de los reglamentos jurídicos, con inclusión de una investigación que evalúe los efectos que tendrán las normas nuevas y las ya existentes en los menores, será de gran relevancia No obstante, no apoyo la creación de un órgano parlamentario independiente que se responsabilice de los derechos de la infancia. Las tareas que realizaría tal órgano las puede desempeñar un coordinador en materia de derechos de la infancia nombrado por la Comisión. Apoyo, sin embargo, la creación de un puesto de Comisario de derechos humanos y minorías, que sería también responsable de la protección de los derechos de la infancia. Es importante observar que la mayoría de los niños que sufren circunstancias negativas son de origen romaní, o pertenecen a la minoría que vive en Europa. Sería aconsejable realizar reformas institucionales en Europa para que los coordinadores en materia de derechos de la infancia que se encuentran bajo la autoridad del Comisario puedan proporcionar vínculos entre las instituciones, ONG y gobiernos, a fin de propiciar el diálogo y la cooperación continuos. Respecto del hecho de que existen ya muchas organizaciones e instituciones en la Unión Europea que se ocupan de los derechos de la infancia, debemos concentrarnos en la vinculación de las más antiguas y la mejora de su funcionamiento, más que en crear otras nuevas.

Además de la protección de los derechos de la infancia, la cuestión de la educación es cada vez más actual. La educación permite que los jóvenes delincuentes inconscientes puedan convertirse en ciudadanos que conocen y respetan las leyes.

  Joseph Muscat (PSE), por escrito. – (MT) Omitiría un asunto importante si, en el marco de este debate sobre los derechos de la infancia, no hablara del caso de Shaun Attard, que rompió los corazones de los ciudadanos de Malta y Gozo.

Este niño de la isla de Gozo fue separado de su padre de una manera que, sin lugar a dudas, tendrá efectos psicológicos negativos.

Es posible que se estén cumpliendo la ley y las directivas europeas en este caso. No obstante, existen muchas dudas sobre si lo que está ocurriendo representa el interés superior de este niño.

Lamento decir que, por lo que veo, las autoridades británicas están dificultando que el padre del niño pueda disfrutar de una vista justa en el juicio. Incluso los pocos contactos que mantienen el niño y su padre se ven obstaculizados.

Exijo que se cumpla la ley y que Mario Attard tenga derecho a una vista justa y, sobre todo, que se respete el interés superior de Shaun.

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN), por escrito. – (PL) El debate de hoy sobre los derechos de la infancia aborda muchas cuestiones fundamentales del desarrollo adecuado de nuestros jóvenes. El futuro de nuestros niños, garantizar que se puedan desarrollar adecuadamente, es la cuestión que determina el futuro de nuestro continente, en lo que respecta a las buenas relaciones interpersonales.

Se deben respetar los derechos de la infancia. El derecho de los padres a educar a los niños de acuerdo con sus valores también se debe respetar. Hablar de los derechos de la infancia y dejar de lado su derecho a crecer en una familia natural, con un padre y una madre, constituye una violación de sus derechos. La decisión de dar a un niño en adopción a una pareja cuyos miembros son del mismo sexo es, sin lugar a dudas, una decisión sobre el destino futuro del niño y, de alguna manera, fuerza su orientación sexual, lo que constituye una violación de los derechos fundamentales del niño. No podemos callar ante esta cuestión, porque vulnera la corrección política de la UE.

16. Situación alarmante en la región de Campania en materia de residuos (debate)

  Presidente. − El próximo tema es la declaración de la Comisión acerca de la situación alarmante en la región de Campania en materia de residuos.

  Stavros Dimas, Miembro de la Comisión. − (EL) Señor Presidente, Señorías, las basuras que se han acumulado en las calles de Nápoles y las ciudades vecinas desde el 21 de diciembre, como nos informan los medios, se estima que han sobrepasado las 100 000 toneladas. Esta situación, junto con los efectos negativos —yo diría catastróficos— para los residentes y el medio ambiente, es causa de gran preocupación.

La crisis de los últimos días en Nápoles no se generó espontáneamente. Es la culminación de la aplicación deficiente la legislación europea en materia de residuos durante los últimos 14 años, por la que Italia ha sido condenada en muchas ocasiones por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Además de la delincuencia organizada, cuyo papel ha sido destacado por la prensa, una causa directa de la crisis actual parece ser la falta de acción y determinación para aprobar las medidas necesarias para la resolución del problema crónico de la gestión de los residuos.

La Comisión, cuando fue informada por primera vez de la crisis de los sistemas de recogida y eliminación de basuras en Campania, en primavera de 2007, inició un procedimiento contra Italia por contravenir la legislación comunitaria en materia de residuos. Desde entonces, la Comisión ha observado de cerca la evolución y ha elaborado una evaluación inicial in situ de la situación, a petición del Gobierno italiano. En los próximos días debe celebrarse una nueva reunión con las autoridades italianas competentes. Es responsabilidad de las autoridades italianas tomar medidas urgentes para retirar las basuras de las calles. Pero, como demuestra esta nueva crisis, no se trata únicamente de retirar las basuras de las calles. Las medidas que se tomen a corto plazo deberán complementarse con la adopción y, lo que es más importante, la aplicación eficaz de medidas estratégicas a largo plazo. Por ejemplo, una red de instalaciones de tratamiento de los residuos que cumpla plenamente con las normas que establece la legislación comunitaria, acompañada de una estrategia integrada de gestión de residuos a largo plazo, dirigida a promover el reciclaje y la separación de los residuos durante su recogida.

El Decreto legislativo n.º 61, de mayo de 2007, no logró su objetivo de resolver la crisis de las basuras. El plan de emergencia anunciado por el Primer Ministro Prodi el 8 de enero constituye un esfuerzo más ambicioso en esta dirección, aunque el calendario de aplicación de las medidas, que tiene que ser rápido y eficiente, seguirá siendo crucial. Seguiremos supervisando de cerca la aplicación de las medidas que están poniendo en práctica las autoridades italianas. La Comisión seguirá presionando al Gobierno italiano para que ponga fin a la crisis, y tiene la intención de proseguir las acciones legales contra Italia. Las vulneraciones continuas de las leyes comunitarias en materia ambiental en Campania deben terminar, como exige la legislación comunitaria.

Si bien la situación se presenta difícil, no debe de ser imposible que las autoridades italianas cumplan con la legislación comunitaria en materia de residuos. Estoy seguro de que se pueden mencionar ejemplos muy útiles, no sólo de otros Estados miembros, sino de otras regiones italianas, en las que se han encontrado soluciones para la eliminación controlada de los residuos, combinando la reducción del volumen, la recogida y la eliminación.

  Giuseppe Gargani, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, quisiera decir al Comisario que, si bien estoy de acuerdo con lo que ha dicho, opino que la situación es más dramática que difícil.

Mi opinión está bien representada en la siguiente cita de un artículo de The Economist, publicado hace unos días: «La basura que cubre las calles de la ciudad no sólo es perjudicial para la salud, sino también para la política, ya que recuerda a los votantes lo frágil que es la civilización, y les puede volver en contra de los representantes elegidos.» Así está la situación.

Como saben, Nápoles es famosa por la película Los cuatro días de Nápoles, en la que los habitantes de la ciudad se sublevan contra los invasores extranjeros. En un periódico se escribió que los enemigos actuales son las personas que han mancillado la buena reputación de Nápoles en el mundo. Se está consumiendo una civilización entera. La tragedia de las basuras en Nápoles y Campania no se creó de la noche a la mañana, sino que se ha ido gestando durante 14 años; se han gastado 8 000 millones de euros inútilmente, y las imágenes de televisión han mostrado a Europa y al mundo entero las calles intransitables de la ciudad. La tragedia real comenzó, como ha señalado el Comisario, el 21 de diciembre, cuando los camiones de recogida dejaron de trabajar porque los vertederos estaban llenos hasta los topes y no había instalaciones de incineración. Existen riesgos para la salud de carácter inminente y nadie, absolutamente nadie, señor Comisario, ha hablado aún de la recogida selectiva.

En efecto, no hay instalaciones de incineración en Campania, y la gestión de los residuos está en manos de la delincuencia organizada: la Camorra. La región de Campania no ha sabido abordar un problema que es, simplemente, una cuestión de administración ordinaria: la limpieza de la ciudad, porque así se ha querido, porque la administración regional y su Presidente son esclavos de la delincuencia organizada que controla todos los asuntos.

Algunas de las fuerzas políticas que forman parte del Gobierno del señor Prodi y todos los partidos de la oposición han solicitado que se disuelva el Consejo regional y que se nombre a un Comisario que disponga de amplios poderes, como reacción contra la irresponsabilidad del Ministro del medio ambiente, Pecoraro Scanio. Sólo se ha utilizado el 81 % de la contribución de 200 millones de euros procedente del plan europeo para el período 1994-1999; no existe ningún plan regional, así que algo había que hacer.

Pido al Presidente que me permita hablar un momento más. En la situación actual, se pueden otorgar contratos sin respetar los reglamentos europeos pertinentes, lo que crea un círculo vicioso de ilegalidad e ineficacia. El riesgo real es el de perder los 330 millones de euros de los fondos estructurales. La Comisión ha iniciado un procedimiento de infracción contra Italia. Era inevitable porque, ciertamente, Campania está a años luz de cumplir con las normas que imponen las directivas europeas, de las que hasta los responsables del Gobierno han hecho caso omiso.

Solicitamos a la Comisión que realice una inspección a final de mes y se muestre firme respecto de la puesta en marcha de las instalaciones de incineración. Europa puede hacerlo, y solicitamos asimismo al Parlamento que realice una inspección para que se dé un salto cualitativo (...)

  El Presidente. − Antes de proseguir el debate, debo recordarles los nuevos procedimientos. En primer lugar, pido a Sus Señorías que respeten las normas relativas al tiempo de intervención. En segundo lugar, los diputados que crean no haber utilizado todo su tiempo de intervención y que deseen volver a hablar pueden utilizar el procedimiento de solicitud incidental del uso de la palabra. Obviamente, se les dará el turno de palabra después de habérselo dado a los diputados que vayan a intervenir por primera vez.

  Gianni Pittella, en nombre del Grupo del PSE. – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, en primer lugar quiero darles las gracias por su declaración clara, precisa y eficaz, por la preocupación mostrada hoy y durante los últimos días y semanas, por las reprimendas, que hacemos nuestras, siendo conscientes de que es absolutamente necesario respetar la legislación europea.

Opinamos que el Parlamento Europeo no se debe convertir en la caja de resonancia de las diatribas nacionales, especialmente de estas cuestiones delicadas y dramáticas. Por el contrario, precisamente por la naturaleza dramática de la situación, opinamos que debemos realizar un análisis serio tanto de este caso específico como de la cuestión de los residuos en general, que no es sólo importante para Nápoles y Campania, sino para todas las comunidades. Esta situación hace cuestionar un modelo de desarrollo que, a menudo, sacrifica al hombre y al medio ambiente en aras de los beneficios. Se trata de una cuestión que, a menudo, se aborda en términos ideológicos, mediante una falsa oposición entre los conceptos de la industrialización inhumana y la preocupación por el medio ambiente que frena el desarrollo.

No debemos olvidar que, en 1997, cuando el señor Prodi era Primer Ministro y el señor Ronchi era Ministro de Medio Ambiente, Italia fue uno de los primeros países en aprobar una ley moderna, coherente con la opinión de la Unión Europea: educación medioambiental, recogida selectiva, medidas de seguridad, utilización del reciclaje avanzado y métodos de reutilización seguros para las personas y el medio ambiente. Dicha ley se aplicó excelentemente y ha sido motor de crecimiento de la economía y los empleos.

No obstante, no ha sido así en Campania. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no ha funcionado? Es obvio que la responsabilidad política de lo que ha ocurrido se puede atribuir tanto a la derecha como a la izquierda, especialmente en lo que respecta a la gestión que han llevado a cabo los responsables. Ahora no es el momento de averiguar si la responsabilidad podría ser también de otro tipo, aunque, de ser así, se deberían imponer penas severas, pero no seríamos honestos si culpáramos únicamente a la política.

En Campania, muchos otros factores han incidido negativamente, como la delincuencia organizada, el insuficiente sentido de civismo y la falta histórica de infraestructuras. El Gobierno italiano está respondiendo a la situación inmediata, está tomando decisiones importantes y procurando devolver la responsabilidad a las autoridades locales, a fin de apartarse del sistema consistente en enviar a comisarios especiales e intentar garantizar la autosuficiencia en materia de eliminación de los residuos. Estas decisiones nos permitirán mirar con más confianza el presente y el futuro —estoy acabando, señor Presidente— y opino que también permitirán dar una respuesta convincente a las legítimas preocupaciones europeas. Ahora debemos apoyar dichas decisiones, debemos devolver la dignidad a una ciudad, una región y un país, Italia, que, según las palabras del señor Napolitano, no anda corto de energía positiva, de fuerza para innovar.

  Alfonso Andria, en nombre del Grupo ALDE. – (IT) Señor Presidente, Comisario, señoras y señores, debemos resistirnos a la tentación de explotar este tema y, en cambio, debemos privilegiar la objetividad y la honestidad intelectual, sin hacer caso omiso de los conflictos que rodean este asunto. El problema es el siguiente: los intereses de la delincuencia organizada y su infiltración en la gestión de los residuos, cuyo resultado ha sido la proliferación de vertederos ilegales esparcidos por toda la región de Campania; la aceptación constante de residuos peligrosos y tóxicos procedentes de otras regiones, especialmente el norte de Italia; la debilidad de la autoridades locales; el retraso cultural de la población en cuanto a la consideración de las basuras como un recurso; los vetos impuestos a la implantación de varias instalaciones de eliminación de residuos, incluso por parte de representantes de la iglesia católica local; las divisiones no sólo de índole política, sino también en los círculos científicos, respecto, por ejemplo, de los sistemas de eliminación de los residuos; la inadecuación de la tecnología escogida para la instalación de eliminación final planificada en Campania, como resultado de un aviso de licitación europeo de 1998.

Hoy, el Estado está interviniendo a gran escala. Los políticos, todos los políticos, parecen haber comprendido finalmente que se debe hacer más. Durante los últimos 14 años, ningún miembro del Gobierno o de la oposición de los ámbitos local, regional o nacional, ni ninguno de los partidos políticos ha sido capaz de dar respuestas firmes, determinadas y coherentes al problema.

Por lo tanto, apreciamos el gran gesto de solidaridad que varias regiones italianas, incluidas las de centroderecha, han hecho para apoyar a Campania en este momento tan delicado, ayudándole a recuperar la imagen que merece, habida cuenta de su cultura, paisajes, recursos productivos y talentos.

No es el momento de que los principales responsables, culpables de las políticas, se evadan o lo nieguen. Es el momento de asumir responsabilidades, razón por la que aprecio el enfoque que el Comisario Dimas utilizó en su declaración: un enfoque constructivo, según el cual Europa no se limita a imponer sanciones, sino que también ayuda a un Estado miembro a resolver una crisis.

  Cristiana Muscardini, en nombre del Grupo UEN. – (IT) Señor Presidente, Comisario, señoras y señores, el problema de los residuos en Campania ha dejado ser un desastre sanitario y medioambiental y se está convirtiendo una trama económica e institucional. La magistratura, esperamos, aclarará la trama económica, pero es necesario que se aclare también la trama institucional.

El 11 de septiembre de 2007, la Comisión, en respuesta a una pregunta que formulé, señaló que las medidas que habían tomado las autoridades italianas para resolver al situación le preocupaban, aunque eran esperanzadoras, y también señaló que tomaría las medidas previstas en el artículo 226 del Tratado si la investigación en curso concluía que se había infringido la ley. Sin embargo, el 2 de enero de 2008, el portavoz de la Comisión señaló que el procedimiento de infracción contra Italia se había iniciado en junio de 2007. ¿Cuál es la verdad? ¿Lo que se me contestó el 11 de septiembre o lo que dijo el portavoz? ¿Por qué la Comisión no mencionó el procedimiento de infracción en su respuesta?

El hecho de que algunos grupos políticos europeos cercanos al Gobierno de Prodi hayan impedido la adopción de una resolución conjunta sobre el desastre sanitario y medioambiental en Campania, lo que habría cerrado nuestro debate, también abre una nueva trama. Cuando se dan más coincidencias que las que cabría esperar, es muy probable que se estén defendiendo intereses, y cuando el interés político, aunque sea inconscientemente, se alía con otros intereses que coinciden, además, con los de las «ecomafias», la cuestión deja de ser de izquierdas o de derechas y pasa a ser una simple cuestión de incapacidad política. Sospechamos que las instituciones europeas han sido engañadas deliberadamente por razones relacionadas con intereses sesgados.

Los altos niveles de dioxina presentes en la zona, la ilegalidad persistente de la situación y la disposición del Parlamento a abandonar su responsabilidad de adoptar una resolución conjunta están íntimamente relacionados con las opciones políticas del Gobierno italiano, de la región de Campania y de las autoridades locales de Nápoles que, casualmente, son del mismo signo político.

Solicitamos que la OLAF actúe urgentemente a fin de supervisar el uso de los fondos asignados hasta ahora y garantizar la gestión correcta de los fondos en el futuro. Solicitamos a la Comisión que explique al Parlamento, en un plazo de 30 días, a qué instancia cabe atribuir la responsabilidad de esta situación de emergencia trágica y vergonzante, que ya no es de ámbito regional, sino nacional y europeo.

  Monica Frassoni, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, me gustaría mucho dar las gracias al Comisario Dimas por las acciones que ha emprendido las últimas semanas y meses. Son acciones que muchos defensores del medio ambiente desearían ver en otras ocasiones: acciones estrictas y visibles que acogen con satisfacción todos aquellos que trabajan por la defensa de la legislación comunitaria.

En mi opinión, no siempre ha sido así, y me gustaría resaltar que, en lo que respecta a la aplicación de la legislación comunitaria, la institución del señor Dimas ha iniciado varios procedimientos de infracción durante los últimos años —especialmente, durante la legislatura que precedió a la actual— que, desgraciadamente, no han recibido la atención merecida y que se han tratado como si fueran meros asuntos rutinarios. Me gustaría mencionar las infracciones relacionadas con los vertederos de residuos no autorizados —hay más de 4 000— y otras cuestiones relacionadas con la definición de lo que son los residuos, etc.

Todas estas circunstancias nos han llevado a la situación en la que nos encontramos hoy. Un Estado miembro y un Gobierno, que en ese momento contaba con una mayoría de cerca de cien diputados, que en materia de legislación sobre los residuos simplemente han contravenido las directivas comunitarias buscando sus lagunas jurídicas, son mucho más proclives a administrar y gestionar mal y propician la delincuencia y la falta total de cumplimiento.

Por consiguiente, agradezco la actuación de la Comisión y espero que siga presionando mediante su labor de vigilancia, porque creo que ese trabajo es necesario; también opino que se debe dejar de gestionar esta situación como una crisis, si es que se desea resolverla. Opino también que es importante dilucidar la cuestión de las responsabilidades.

A ese respecto, concuerdo con los que han manifestado que la Comisión debería introducir métodos que permitan realizar el seguimiento de los fondos gastados y los que se vayan a gastar, porque creo que para los europeos, no sólo para los italianos, la cuestión de la aplicación transparente de los fondos es un asunto central que nos atañe individualmente.

No obstante, creo que se deben apoyar las medidas del Gobierno italiano, especialmente las que se han anunciado para los próximos tres o cuatro meses, si bien las reglas del juego deben ser claras y se deben respetar. En mi opinión, sería muy triste que la crisis se resolviera con más crisis, con la infracción de las reglas, porque tales infracciones nos han llevado a la situación en la que nos encontramos ahora.

  Roberto Musacchio, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, estoy de acuerdo fundamentalmente con las palabras del Comisario Dimas, que nos ha recordado nuestras responsabilidades y ha apuntado en la dirección correcta. El Comisario nos recuerda que la manera de abordar los problemas debe cumplir con las normas europeas y que debemos dejar de lado la gestión de crisis que, finalmente, crea nuevas crisis. Por este motivo, el debate es muy importante, porque puede y debe ayudarnos a resolver los problemas atroces de los residuos en Nápoles y Campania.

Lo más urgente, más que las controversias políticas, es eliminar los residuos que hacen sufrir a los habitantes condiciones peligrosas. El Gobierno está tomando medidas para solucionar el problema, si bien su resolución definitiva queda por determinar y será esencial que dicha solución cumpla con las normas europeas, que, como el Comisario ha señalado, son claras, están consolidadas desde hace muchos años y están confirmadas en la nueva directiva marco sobre la que estamos debatiendo. Existe una jerarquía en la cuestión de los residuos. En primer lugar, la reducción, seguida de la recogida selectiva, la reutilización y el reciclaje. La eliminación es la última solución, sólo cuando es absolutamente necesario.

Italia está intentando ajustarse muy fielmente a estas orientaciones, pero la situación en Nápoles y Campania ha empeorado. Sin embargo, existen problemas en otras zonas, como se desprende de las infracciones: demasiadas instancias envían comisarios especiales, demasiada confusión entre los reglamentos sobre residuos y los reglamentos sobre energía, que conduce a prácticas inaceptables, por ejemplo que la energía producida a partir de residuos se haya considerado energía renovable durante muchos años en Italia, con enormes incentivos (30 000 millones de euros en 10 años, una medida denominada CIP 6), lo que ha distorsionado tanto las políticas energéticas como las políticas en materia de residuos y ha provocado situaciones paradójicas como, por ejemplo, que haya siete millones de toneladas de pastillas de combustible en Campania que, aun en el caso de que ya estuviera operativa la instalación de incineración, no se podrían eliminar.

Demasiadas excepciones de las leyes medioambientales europeas. Cabe repetir que la crisis ha provocado nuevas crisis. Debemos enderezar la situación con las reglas europeas, desde la evaluación del impacto medioambiental hasta la jerarquía de los residuos, y creo firmemente que el Gobierno está dispuesto a hacerlo. Por ese motivo, el debate de hoy no debe ser polémico, sino que debe ser una oportunidad de diálogo con el Comisario, a fin de promover la relación entre Europa y los Estados miembros. Repito: primero la jerarquía, para que las normas acordadas conjuntamente se apliquen de la mejor manera posible.

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, ¿qué derecho tiene la izquierda italiana, incitada por la izquierda europea, a hacernos hablar de la crisis de los residuos en Campania, de la que el centroizquierda ha sido responsable durante décadas sin ni siquiera haber votado al respecto? La misma izquierda que nos está haciendo sufrir el calentamiento del planeta y que no se preocupa de garantizar un medio ambiente de calidad y una vida decente para los millones de personas que viven en Campania y, para colmo, ¡he oído que se debe defender el interés nacional! Son los que apoyan el interés nacional los mismos que, hace un par de años, llevaron al descrédito a Italia, a su Gobierno y a las fuerzas del orden con el debate y la votación sobre el legendario caso Lampedusa.

Espero, al menos, que esta Cámara esté más concienciada e informada acerca de esta cuestión, que no es sólo de ámbito italiano, y que condene sin reservas lo que está ocurriendo, votando a favor de mi solicitud, que presento en calidad de líder de Azione della Fiamma, de que se apliquen todas las sanciones posibles a los gobiernos regional y nacional que, además de ser responsables, parecen incapaces de resolver este problema duradero y de dimitir dignamente.

  Antonio Tajani (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, Comisario, señoras y señores, la situación de Nápoles es muy seria, porque se ha perdido mucho tiempo que se debería hacer ocupado en intentar hacer algo respecto del veredicto de culpabilidad emitido por el Tribunal de Justicia y en gestionar los residuos de conformidad con la legislación europea, cuestión que lamentamos enormemente. Si queremos evitar que la crisis de Campania se extienda a otras regiones, se deben aplicar las normas europeas, construir instalaciones de transformación de residuos en energía —a pesar de la increíble resistencia de algunos pseudodefensores del medio ambiente, como el Ministro Pecoraro Scanio— y promover la recogida selectiva.

Campania, no obstante, no es el espejo de toda Italia. Afortunadamente, en muchas regiones, como en Lombardía, se ha avanzado significativamente y se han creado esquemas eficaces de recogida de residuos y sistemas de eliminación. En otras regiones, sin embargo, hay motivos para preocuparse. La gente está preocupada, especialmente en Roma y en la región del Lacio. Algunas cifras: la cantidad de residuos es mayor que en Nápoles y Campania: en Roma se recogen 4 500 toneladas de basura el día, en comparación con 1 000 en Nápoles, lo que representa 450 kg per cápita en Campania y 617 kg en el Lacio, cantidad muy superior a la media nacional de 539 kg por italiano. Todos estos datos están contenidos en la pregunta que acabamos de presentar junto con los otros diputados elegidos por Roma.

No obstante, se han iniciado dos procesos de infracción contra el plan regional en materia de residuos, que ni siquiera ha comenzado. Los habitantes, alarmados, confían en las instituciones europeas, especialmente el Parlamento y la Comisión. Por este motivo, Comisario, le rogamos que garantice que, en la reunión del 28 de enero, la Comisión obtendrá datos e información acerca de la situación en Roma y el Lacio, avisará de la realización de una inspección, esperamos que por parte del Comisario Dimas, y propondrá que una delegación de este Parlamento realice también una inspección mediante la que se pueda evaluar si las medidas para 2008 son adecuadas. Estoy terminando. Se debe actuar, Comisario, antes de que sea demasiado tarde.

  Marco Pannella (ALDE). – (IT) Señor Presidente, Comisario, señoras y señores, no pasa nada, señor Presidente, no es la primera vez. Comisario, el 28 de enero, cuando, como se ha dicho, esté usted en Roma para debatir con nuestro Gobierno, es esencial para Italia —y creo que también para Europa— que la Comisión apoye firmemente el trabajo de la justicia europea. Usted ha dicho, lo recuerdo, que Italia ostenta el récord de juicios contra la montaña de basura que es la justicia italiana, que lleva veinte años recibiendo reprimendas inútiles.

Sólo hay un problema: tenemos un torrente de ilegalidad que conlleva, naturalmente, la destrucción de vidas y, lo que es peor, la destrucción en sí, no sólo en Italia, y, Comisario, lo que espero es que la Comisión tenga en consideración que existe la prueba de que en Italia, como en la década de 1920, se está tomando un camino diferente, Italia se está convirtiendo en una amenaza para toda Europa, el país que (...).

(El Presidente interrumpe al ponente)

  Roberta Angelilli (UEN). – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, la crisis actual de los residuos en Campania es una tragedia que se veía venir desde hacía tiempo, y las montañas de basura que se ven en las calles son sólo la punta de un iceberg compuesto de ineficacia, residuos y mala gestión.

Nos entristece que esta crisis perjudique la reputación no sólo de la región de Campania sino de toda Italia, pero volver a callar sobre el tema de la responsabilidad y hacer la vista gorda no contribuiría a resolver un problema que ha empeorado a causa del silencio y las intrigas. Y, si bien las personas no deberían ser utilizadas como peones políticos, tampoco creo que la actitud falsamente caritativa que se percibe en esta Cámara esta tarde sea aceptable.

No podemos quedarnos callados ni justificar, como tampoco lo hizo el Tribunal de Cuentas, el que se hayan esfumado varios millones de euros procedentes de fondos europeos, nacionales y locales. ¿A quién tienen que pedir las indemnizaciones las personas afectadas por este desastre ambiental, por el deterioro de la imagen y por la pérdida de recursos públicos? En concreto, ¿qué va a hacer la Comisión para obligar al Estado italiano a tomar las medidas apropiadas, teniendo en cuenta que los niños de Nápoles y Campania tampoco han ido hoy a la escuela?

  Umberto Guidoni (GUE/NGL). – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, me gustaría dar las gracias al Comisario por su lúcido análisis. En Nápoles, así como en muchas otras partes de Campania, la situación de los residuos se ha deteriorado y todos podemos ver las consecuencias, aunque también existen problemas en otras zonas, como se puede constatar en los procedimientos de infracción que Italia lleva coleccionando durante varios años en materia medioambiental.

Entre dichas infracciones, me gustaría destacar el caso del CIP 6, que ha permitido que la energía producida a partir de residuos fuera considerada energía renovable, con lo que los enormes incentivos que se debían destinar a elaborar políticas de desarrollo de energías renovables se han entregado a los importantes grupos de presión del sector industrial, lo que ha provocado graves problemas de gestión de los residuos. El dramatismo de la situación de Campania se ve aumentado por los 14 años de intrigas e irresponsabilidad que han culminado en las acciones legales contra empresas y representantes de las instituciones públicas y, en última instancia, las acciones legales del Tribunal Europeo contra Impregilo, por catástrofe medioambiental.

Si deseamos resolver la crisis, debemos utilizar otro estilo de gobierno en esta área: no más excepciones, sino la aplicación de las leyes europeas. Europa ha establecido una jerarquía transparente en la nueva directiva marco relativa a los residuos. La eliminación sólo se debe utilizar como último recurso, y se realiza siempre después de la recogida selectiva, el reciclaje, etc.

No obstante, ahora tenemos que encontrar una salida para esta situación que podría estar llegando a un punto sin retorno en Campania y, por este motivo, debemos movilizar todos los recursos disponibles y solicitar la solidaridad de las regiones italianas y otras ayudas de la UE para poder emprender acciones urgentes en los próximos tres o cuatro meses, a fin de erradicar los peligros que afrontan los habitantes y volver a situar la ciudad de Nápoles en Europa.

  Mario Borghezio (UEN). – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, desde Padania, la situación de Campania parece ciencia ficción. En Padania se hace la recogida selectiva y se pagan los impuestos sobre los residuos. El hecho de que la izquierda de nuestro país, que ya cuenta con un Ministro de Medio Ambiente del partido verde, coloque además al antiguo jefe de policía a cargo de los residuos parece algo de otro planeta. Afirmamos, sencillamente, que Campania ya no pertenece al espacio jurídico europeo, ya que está administrada por una vergonzante alianza de la política con la Camorra, como ya hemos denunciado tantas veces.

Comisario, no más fondos, suspenda todos los fondos, no mande un céntimo más a la Camorra, a los delincuentes. ¡Tome como ejemplo al norte, trabajador y honesto! ¡Libere a los honrados habitantes de Campania de la esclavitud de la Camorra, en la que hay varias partes implicadas! No queremos tener nada que ver con esto, estamos en contra de que la mafia domine la política. ¡Si queremos ayudar a estas personas, nuestro país debe ser federal! ¡La situación tiene que cambiar! ¡Libere a estos honrados trabajadores del sur del yugo de la mafia! Esto es lo que la honesta Padania tiene que decir.

(El Presidente interrumpe al ponente)

  Adriana Poli Bortone (UEN). – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, considero que Italia no desea de ninguna manera cumplir las leyes europeas. Esta afirmación la corrobora el hecho de que Italia haya sido el único país cuyo Gobierno, incluso contando con un Ministro de Medio Ambiente del partido verde, se haya abstenido de aprobar en el Consejo la posición común sobre la reciente directiva en materia de residuos.

Me gustaría preguntar algo porque, por encima del desastre que ya representa el Ministro del partido verde, que es irresponsable y duda de sus actos, se ha mostrado poco interés en la supervisión por parte de la Comisión Europea, ya que recibimos fondos en 2000-2006 y, no obstante, los programas regionales operativos en Campania, obviamente, se han realizado sin que la comisión de supervisión realizara completamente sus tareas. De haberlo hecho, se hubieran bloqueado los fondos que no iban a tener consecuencias efectivas en la zona. Quizás haga falta recordar quién era el Presidente de la Comisión Europea y quién es ahora el Primer Ministro de Italia, con un Ministro de Medio Ambiente del partido verde.

  Riccardo Ventre (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, felicidades por esta nueva forma de democracia. En primer lugar, felicito al Comisario por su análisis lúcido que, esperamos, se verá transformado en acciones concretas, en las que el Parlamento —también se lo solicitamos a su Presidente— participará también, porque el problema de los residuos en Nápoles no tiene que ver únicamente con las minucias de la eliminación, el medio ambiente y otros asuntos, sino que, en nuestra opinión, se está convirtiendo en un problema nacional y europeo.

Algunos puntos muy concretos: la cantidad de basura que se está recogiendo en las calles actualmente es muy inferior a la cantidad que se produce; las medidas que está tomando el Gobierno son, por lo tanto, completamente inadecuadas. La cantidad de basura, la cantidad total, crece cada hora, lo que hace la situación cada vez más dramática.

En segundo lugar, una cuestión política: el señor Pittella dijo que el Parlamento no debe convertirse en la caja de resonancia de las diatribas nacionales. En el debate de esta tarde, parece que el centroizquierda está haciendo exactamente eso. Tomemos nota de sus observaciones.

  Pasqualina Napoletano (PSE). – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, he pedido la palabra porque me preocupa mucho la dirección que está tomando el debate en Italia y, en cierto grado, también aquí, y también me preocupa la información que se da a los ciudadanos, porque parece que la única salida de la crisis fuera una solución mágica: fuerza y militarización, por un lado, e instalaciones de incineración, por el otro.

Los ciudadanos esperan, por lo tanto, que alguien venga de fuera para resolver el problema; la información que se les da no se centra en que no será posible solucionar nada si no se reducen y se separan los residuos y si no se cambia la actitud incívica. La responsabilidad es de las autoridades locales, que creyeron que los problemas se resolverían confiándoselos a una empresa llamada Impregilo. Les han pasado la pelota y han conspirado con ellos, y ahora son esclavos de su poder.

  Salvatore Tatarella (UEN). – (IT) Señor Presidente, Comisario, señoras y señores, hay instalaciones que transforman residuos en energía y que están en funcionamiento en Italia y el resto de Europa. La recogida selectiva se hace en Italia y el resto de Europa. El reciclaje se realiza en Italia y el resto de Europa. Tan sólo en Nápoles no ha sido así durante los últimos 15 años, ante los ojos de las instituciones que deberían haber actuado al respecto: entre ellas, Europa y la Comisión.

Opino que se ha hecho poco y que se debe hacer más, también por parte de la Comisión, porque las medidas que ha tomado el Gobierno hasta ahora, incluso los últimos días, son totalmente ineficaces e inapropiadas a este propósito. Mandar al jefe de la policía a Nápoles durante cuatro meses no resolverá ningún problema, a menos que Nápoles cumpla las leyes europeas, y si el Gobierno italiano es incapaz de hacer que las cumpla, permitamos que sea la Comisión Europea la que lo haga, con los instrumentos que tiene a su disposición.

  Armando Veneto (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, Comisario, señoras y señores, opino que remontarse al pasado sólo es útil cuando se prevé poner fin en el futuro a los problemas originados en el pasado. Pero no parece que esté ocurriendo esto, porque aquí, como es habitual, el tira y afloja de la política hace que cada uno adopte la postura que más le conviene.

Opino que la única medida seria que podemos adoptar es pedir al Comisario que insista en que se debe resolver finalmente el problema real, es decir, el problema de la recogida selectiva, mediante instrumentos que la fomenten, incentivos para los que la practiquen y un plan extraordinario de recogida de papel y cartón y otros materiales. CONAI, el órgano que reúne a productores y usuarios de envases, que es responsable de la reutilización de los materiales diferentes de los residuos húmedos, cobra el precio en el sur y lo paga en el norte, que, como es habitual, se aprovecha de la situación para extraer fondos del sur y mandarlos al norte. ¡Esta situación debe acabar!

Por consiguiente, solicitamos al Comisario, cuyas propuestas apreciamos mucho, que insista en que los comisarios especiales en Campania no se remonten al pasado, sino que miren de una vez por todas hacia el futuro.

  Mario Mantovani (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, Comisario, señoras y señores, soy diputado electo de un partido político que, cuando gobernaba en Italia, antes del actual Gobierno, tuvo que desplegar las fuerzas de policía para poder comenzar a construir instalaciones ordinarias de eliminación de residuos en Campania, obras urgentes a las que se oponían personas como el señor Frassoni, personas que son ahora ministros en el Gobierno de Romano Prodi.

Las recientes declaraciones del señor Prodi acerca de la crisis de los residuos en Campania dan testimonio del colapso total que sufre su Gobierno. Nápoles es la prueba de que el Estado no garantiza el cumplimiento de la ley y tolera una situación peligrosa para la salud de los ciudadanos, perjudicial para el turismo y para la imagen de Italia y, por consiguiente, para la economía y las exportaciones italianas. Sin embargo, los graves problemas que afrontan los habitantes de Campania se limitan a una sola de las 20 regiones italianas, y la responsabilidad política y administrativa se puede atribuir fácilmente a algunos administradores, a los que pedimos su dimisión.

  Stavros Dimas, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, en primer lugar me gustaría aclarar que la responsabilidad de la correcta aplicación de la legislación comunitaria corresponde principalmente a los Estados miembros. La Comisión no está facultada por el Tratado para sustituir a las autoridades de los Estados miembros en sus actividades de planificación y sus decisiones, por ejemplo, sobre si construir o no instalaciones de eliminación de residuos y dónde instalarlas. El papel de la Comisión es el de controlar la aplicación del Derecho comunitario. Cuando no es satisfactoria, como es el caso actual, la Comisión puede incoar procedimientos de infracción, pero las soluciones siempre las deben encontrar y aplicar los Estados miembros.

Nos preocupa que la situación que se vive en Campania en relación con los residuos esté empeorando, a pesar de las medidas emprendidas por las autoridades italianas en 2007. Es esencial que las autoridades italianas, además de adoptar medidas inmediatas para hacer frente a la actual crisis, hagan mayores esfuerzos para poner en marcha una estructura que permita a la región de Campania garantizar una gestión de residuos sostenible a largo plazo que sea plenamente conforme con la legislación europea en la materia. Estoy convencido de que, esta vez, la gestión de la crisis debe dar lugar un verdadero cambio en la política de gestión de residuos para evitar futuros riesgos para la salud y el medio ambiente. Por tanto, cualquier acción que se adopte para el futuro tendrá que traducirse en una estrategia aplicada con eficacia que no sólo se centre en la creación de una red suficiente de instalaciones de tratamiento de residuos. También resulta igualmente importante crear las infraestructuras necesarias para recoger de manera separada los residuos, reciclarlos y evitar que se generen, respetando plenamente la jerarquía dentro de la cual el vertido de residuos sigue siendo la opción menos deseable.

Un nuevo plan de gestión de residuos en este sentido no debe quedarse sobre el papel, como hemos visto que ha ocurrido en el pasado, sino que hay que aplicarlo de manera estricta. El actual desastre ocurrido con los residuos podría considerarse una oportunidad para demostrar la capacidad de Italia de convertir a la región de Campania en un ejemplo de buenas prácticas de una gestión de residuos adecuada, y otras regiones italianas, como la zona de Milán, han demostrado que esto es posible.

La Comisión, como guardiana de los Tratados, seguirá adelante con el procedimiento de infracción contra Italia —iniciado en junio de 2007— por incumplir la legislación comunitaria sobre residuos. Está preparada para adoptar medidas jurídicas adicionales, si persisten las actuales infracciones de la legislación comunitaria, usando todas las medidas recogidas en el Tratado, incluida la posibilidad de imponer sanciones prevista en el artículo 220 del Tratado.

Aparte de esto, no obstante, mis servicios están dispuestos a ayudar a Italia de cualquier manera que se considere necesaria y útil para encontrar y aplicar una solución sostenible a largo plazo para el actual problema de gestión de residuos.

(Aplausos)

PRESIDE: Diana WALLIS
Vicepresidenta

  La Presidenta. − El debate queda cerrado.

17. Turno de preguntas (preguntas a la Comisión)

  La Presidenta. − El siguiente punto es el turno de preguntas (B6-0001/2008).

Las siguientes preguntas van dirigidas a la Comisión.

I Parte

  Avril Doyle (PPE-DE). – Señora Presidenta, ¿podría orientar a la Cámara un poco, en vista de la hora, para que los que hemos presentado preguntas sepamos exactamente cuál será el procedimiento? ¿Va a dividir los puntos en tres partes iguales o en dos partes de media hora? Lo pregunto porque los que podamos vernos implicados en una posible tercera parte tenemos que saber qué puede ocurrir, dada la hora a la que estamos empezando.

  La Presidenta. − Gracias, señora Doyle, tiene razón. Vamos a empezar por las preguntas prioritarias y luego dividiremos el turno de preguntas en dos entre la Comisaria Kuneva y el Comisario McCreevy, en la medida en que sea posible. Continuaremos por lo menos hasta las 19.30 horas y puede que un poco más, con el permiso de nuestros intérpretes. Espero que todo el mundo esté de acuerdo.

  La Presidenta. − Pregunta nº 31 de Mairead McGuinness (H-0980/07)

Asunto: Protección de los consumidores frente a medicamentos falsificados y de calidad inferior

La seguridad y la eficiencia de la cadena de suministro de medicamentos en Europa están empezando a preocupar a los consumidores europeos y las deficiencias existentes en este sistema podrían llegar a tener consecuencias desastrosas para la seguridad del paciente.

Está claro que los consumidores europeos quieren medicamentos seguros y asequibles. Sin embargo, en Irlanda los consumidores pagan un recargo por sus medicamentos, debido a la actual subida del 17,66 % del precio de venta al por mayor de medicamentos, más del doble de la media europea. Esta tendencia se reproduce en toda la UE, donde la estructura fragmentada del mercado ha contribuido a un crecimiento asociado del comercio paralelo de productos farmacéuticos.

Según un informe de la Alianza Europea para el acceso a medicamentos seguros, los medicamentos falsificados y de calidad inferior están abriéndose camino en la cadena de suministro en la UE.

¿Podría la Comisión indicar su posición en relación con este asunto? En particular, ¿tiene planeado afrontar este problema analizando el comercio paralelo y fomentando un mercado de productos farmacéuticos único y legítimo, cosa que interesa a los consumidores y que parece esencial para asegurar que las ventajas del mercado interior, incluidos los medicamentos asequibles, lleguen a todos los puntos de la economía europea?

  Günter Verheugen, Vicepresidente de la Comisión. − (DE) Señora Presidenta, señoras y señores, el objetivo principal de las disposiciones legales de la Comunidad y de sus estrategias políticas en materia farmacéutica es garantizar que se suministren a los pacientes medicamentos seguros, eficaces y de alta calidad, disponibles para todo el mundo a precios asequibles.

Más de una vez se ha cuestionado la seguridad de los medicamentos que se comercializan por la vía de lo que se denomina el comercio farmacéutico paralelo y, por este motivo, he encargado un estudio que vaya hasta el fondo del asunto. En el estudio se van a estudiar todos los aspectos de los canales de venta y, en particular, las cuestiones relacionadas con los medicamentos falsificados y el comercio paralelo. El objetivo del estudio es analizar la situación actual y elaborar alternativas políticas a fin de abordar las deficiencias, incluso mediante la modificación de las disposiciones legales actuales, si es necesario. En el estudio también se considerarán las posibles relaciones entre el comercio farmacéutico paralelo y la aparición de medicamentos falsificados.

Desgraciadamente, debo anunciarles que la primera parte del estudio, dedicada al comercio paralelo y ya completada, muestra que dicho comercio puede comprometer la seguridad del paciente. Esto se debe a varios factores, como errores en los envases y etiquetas, los efectos limitados de la retirada del producto, la mayor complejidad de los canales de distribución, las interrupciones del suministro y, por último, defectos en el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

La Comisión está analizando actualmente los resultados del estudio con la finalidad de elaborar una estrategia coherente para la eliminación de dichos riesgos para la seguridad. Se están estudiando varias opciones políticas, a fin de evaluar sus impactos previsibles de tipo social, económico y medioambiental. Dadas las importantes consecuencias que tiene esta cuestión para la política en materia de salud pública, la Comisión le concede la máxima prioridad. En breve se tomarán decisiones acerca de cómo avanzar en esta cuestión.

También me gustaría informarles de que el Foro farmacéutico europeo es una plataforma que facilita la adopción más simple y el intercambio de mejores prácticas relativas a la política de precios de los medicamentos y el reembolso de su coste. Si bien estas cuestiones corresponden al ámbito de los Estados miembros, las medidas pertinentes deben ser coherentes con las leyes comunitarias. El trabajo del Foro farmacéutico, en el que están representados organizaciones de pacientes, médicos, personas relevantes de la industria farmacéutica y ministros de sanidad de todos los Estados miembros, puede ayudar a resolver la cuestión prioritaria del acceso asequible a medicamentos seguros.

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Gracias, Comisario, por su respuesta, que es clara pero alarmante, porque obviamente hay problemas de seguridad.

Me gustaría que explicara el plazo que aplicará a su respuesta, porque creo que normalmente los ciudadanos no son conscientes del riesgo que conllevan los medicamentos falsificados. ¿Y podría preguntarle – tal vez, por escrito – que aborde una cuestión que preocupa a Irlanda en relación con vacunas que eran auténticas, pero que resultaron nocivas para algunos niños y en relación con las cuales todavía hay personas que esperan algún tipo de compensación después de 40 años?

Tal vez podría contestar por escrito e indicar cómo están tratando otros Estados miembros esta polémica cuestión.

  Günter Verheugen, Vicepresidente de la Comisión. − (DE) Lo haré, con mucho gusto. En respuesta a su primera pregunta, me gustaría decir que ya he decidido que la cuestión del comercio paralelo de medicamentos falsificados será tratada como un asunto prioritario. He modificado el plan de trabajo de la Dirección General y, durante el año en curso, presentaremos propuestas legislativas, creo que poco después de las vacaciones parlamentarias de verano.

En lo que respecta a la otra cuestión, le agradezco su reconocimiento, aunque no puedo responder sin estudiarlo previamente. Pediré que se realice dicho estudio y usted recibirá la respuesta solicitada por escrito en los próximos días.

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Quisiera preguntar sobre los precios. En Alemania, las gotas nasales cuestan entre 1,5 y 2 veces menos que el mismo producto en Lituania. Queremos garantizar que todos los países, incluso aquellos que están en proceso de desarrollo, puedan acceder a los medicamentos. ¿Podríamos ocuparnos de garantizar que nuestros ciudadanos, ciudadanos de la UE, paguen al menos un precio similar por el mismo medicamento? ¿Europa puede hacer algo al respecto?

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Señora Presidenta, el tema de los servicios sanitarios es recurrente en los debates del Parlamento Europeo. Cada vez que tratamos de la Directiva de servicios se quieren incluir y hasta ahora nos hemos opuesto y han quedado al margen.

El suministro de los medicamentos es un servicio sanitario. Hay algunos Estados, como el Estado español, que tienen consolidado un conjunto de establecimientos —farmacias— y sólo en ellos se pueden expedir los medicamentos.

Yo quisiera preguntarle al señor Comisario si en esa investigación que ha hecho la Comisión se nota alguna diferencia entre aquellos Estados donde las farmacias son un comercio restringido y vigilado y el resto, en cuanto a la falsificación de medicamentos y a la calidad inferior de los mismos.

  Günter Verheugen, Vicepresidente de la Comisión. − Sobre la primera pregunta, me gustaría decir que, aparte del estudio sobre medicamentos seguros en el comercio paralelo, se están explorando vías adicionales para abordar el comercio paralelo, en particular con respecto a iniciativas de precios.

Otra solución posible sería revisar la Directiva sobre transparencia para incluir información específica sobre el precio. Pero lo que intento hacer es, en primer lugar, aclarar la situación y saber exactamente qué está ocurriendo. Posteriormente, analizar la cuestión para ver si la legislación europea está en condiciones de modificar esto, porque todo el tema de la fijación de precios y del reembolso de los medicamentos en la Unión Europea es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros; no tenemos ningún tipo de competencias. Pero es obvio que necesitamos cooperar. Éste es el motivo por el que la fijación de precios y el reembolso de los medicamentos es una de nuestras prioridades.

Soy consciente de que, para los ciudadanos, el hecho de que el mismo medicamento tenga precios completamente diferentes en los distintos Estados miembros resulta difícil de entender. También a mí me resulta complicado de entender. El hecho de que estos precios estén regulados es solo un factor. Otro factor, por supuesto, es que la industria farmacéutica forma parte de la economía de mercado. Tienen libertad para fijar los precios, pero estamos estudiando en profundidad la situación y creo que podremos presentar soluciones.

En cuanto a la segunda pregunta, puede decir que sí, que es cierto: en la Unión Europea existen sistemas diferentes. Por ejemplo, determinados medicamentos en algunos países solo se venden en farmacias. En otros países, se pueden comprar en los supermercados. Solo en el caso de los medicamentos con receta la situación es la misma en todas partes. Estos medicamentos solo se venden en farmacias.

  La Presidenta. − Pregunta nº 32 de Chris Davies (H-0984/07)

Asunto: Emisiones de dióxido de carbono

¿Qué objetivo se ha fijado la Comisión para reducir las emisiones de CO2 que producen sus propias actividades, edificios y necesidades de transporte?

  Stavros Dimas, Miembro de la Comisión. − (EL) Señora Presidenta, hasta la fecha, la Comisión ha manejado el problema de las emisiones de dióxido de carbono producidas por sus actividades por medio del Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales, más conocido como EMAS, y ha cumplido con las normas de dicho sistema.

Desde 2005, la Comisión ha hecho cumplir el EMAS en cinco de los departamentos de Bruselas y en ocho de sus edificios. Durante este tiempo ha registrado una clara reducción, entre otros, en el índice de crecimiento del consumo eléctrico por parte de dichos departamentos, un avance sin duda positivo.

La Comisión no ha establecido todavía los objetivos de reducción de las emisiones conjuntas de CO2 pero, en el marco del EMAS, está examinando y analizando el volumen total de sus emisiones, y en 2008 establecerá objetivos de reducción del mismo. Concretamente, por lo que respecta a su flota de vehículos, la Comisión ha establecido ya un objetivo de reducción de las emisiones de CO2 en una media del 26 % entre 2006 y 2012.

  Chris Davies (ALDE). – La Comisión va a hacer varios anuncios importantes el miércoles y espero que todo el mundo se pregunte entonces si predicamos con el ejemplo. Así pues, oír que solo cinco Direcciones Generales se han sumado actualmente al SGAM no resulta muy alentador, aunque no puedo decir que el Parlamento pueda afirmar haberlo hecho mucho mejor. No pasaría la prueba, aunque ahora se están adoptando medidas para abordar el problema.

¿Acepta el Comisario que sus argumentos en favor de «grandes cambios» que deben introducir los Estados miembros si queremos luchar contra el cambio climático podrían verse socavados, si la Comisión no hila fino y no lleva a cabo por sí misma estas mejoras?

  Stavros Dimas, Miembro de la Comisión. − Sí, estoy de acuerdo con su Señoría. Deberíamos predicar con el ejemplo y es lo que vamos a hacer en 2008. Espero que la Comisión y sus servicios se fijen como objetivo una reducción de las emisiones por lo menos al mismo nivel que estamos exigiendo a los Estados miembros.

Como saben, hemos fijado un objetivo de reducción del 30 %, siempre y cuando los demás países desarrollados sigan el ejemplo, o un objetivo del 20 %, si no suscriben un acuerdo internacional de reducción de emisiones. Nos fijaremos el objetivo del 30 % y espero que, de este modo, daremos ejemplo de lo que estamos pidiendo a los demás.

Por cierto, tendremos que llevar a cabo un estudio para determinar la cantidad exacta de emisiones de la Comisión, antes de fijar objetivos y un calendario, y también antes de establecer un plan de acción para luchar contra las emisiones.

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Hay algo que me interesaría saber. Tenemos este objetivo de reducción del 30 %, impuesto en sentido descendente, que parece gozar de un amplio apoyo. Como usted acertadamente dijo, otros deben hacer lo mismo si han de alcanzarse estos objetivos.

Mi pregunta para usted es la siguiente: ¿tiene su propio plan para alcanzar esta reducción del 30 %, personalmente, en su propia esfera de actividad?

  Karin Scheele (PSE). – (DE) Como sabemos, el Parlamento Europeo ha establecido un objetivo de reducción del 30 % para el año 2012 sobre la base del EMAS, y estamos deseando ver qué medidas específicas adopta el Parlamento Europeo y sus responsables de la formulación de políticas.

Comisario, usted dijo que la aplicación del EMAS supondría un consumo eléctrico más moderado. Me interesaría saber qué medidas concretas se han tomado, cuáles se han planificado para los próximos años, y cuál es el papel que deben desempeñar los productos renovables.

  Stavros Dimas, Miembro de la Comisión. − No he entendido si su pregunta iba dirigida a mí personalmente. Normalmente, no me gusta decir lo que estoy haciendo, pero puedo decirle que en Bruselas, por ejemplo, no tengo coche, no conduzco; el fin de semana, prefiero pasear y esto también es bueno para la salud. En cuanto a mi coche oficial, hice lo siguiente, porque esperaba una pregunta como ésta: pedí a WWF, que tienen 10 proyectos sostenibles importantes, que me recomendaran un vehículo, el más adecuado, y me recomendaron uno, que es el que uso para mis servicios. Por cierto, está bastante dentro de los límites que hemos pedido a la industria automovilística para 2012. Luego, en Grecia, donde fui elegido diputado al Parlamento, conduzco un coche muy pequeño, más pequeño que el coche de servicio que utilizo aquí, y lo conduzco muy raramente.

De nuevo, no tengo por qué explicárselo, pero en relación con mi viaje a Bali, intenté compensar mi desplazamiento a ese país comprando derechos de uno de estos regímenes; creo que se trataba del régimen de comercio de derechos de emisión, y luego se cancelan. Así que intento hacer todo lo que puedo y si tiene algo más que decirme, no tendré ningún problema en seguir su consejo.

Ahora, en cuanto a las renovables: es un gran debate. Deberíamos hacer lo que decidimos a principios del año pasado —en marzo de 2007— y lograr el objetivo del 20 % para todos los Estados miembros. En cuanto a los edificios y los servicios de la Comisión, deberíamos intentar usar renovables en la medida de lo posible, porque la principal fuente de emisiones de la Comisión son sus edificios. Casi un 75 % de esas emisiones procede de los edificios, así que si podemos encontrar formas de usar energía renovable para nuestros servicios, será positivo; pero esto tiene que ser estudiado en el plan de acción del que les hablé antes.

  La Presidenta. − Pregunta nº 33 de Claude Moraes (H-0986/07)

Asunto: Proteger a los consumidores contra el spam, los programas espía y los programas maliciosos

El spam, los programas espía y otros programas maliciosos suponen una amenaza diaria para los consumidores. Puesto que los comerciantes deshonestos que utilizan spam y sitios web fraudulentos a menudo actúan más allá de las fronteras nacionales, son esenciales mecanismos de aplicación eficaces e instantáneos que permitan a las autoridades nacionales cooperar para luchar contra estos criminales.

¿Qué progresos han realizado los Estados miembros para desarrollar estos mecanismos transfronterizos para proteger a los consumidores??

En particular, ¿qué se ha hecho para mejorar las posibilidades de los consumidores para recurrir y reclamar su dinero cuando son víctimas de spam, de programas espía o de otros programas maliciosos?

  Günter Verheugen, Vicepresidente de la Comisión. − Señora Presidenta, a la Comisión le preocupan los problemas de privacidad y seguridad en la sociedad de la información, en particular cuando esto supone un riesgo para los consumidores.

El uso de spam, programas espía y programas maliciosos constituye una clara infracción de la legislación europea en materia de privacidad y, en algunos casos, llega a constituir un delito. Por este motivo, necesitamos una aplicación eficaz de la ley por parte de las autoridades competentes.

El pasado diciembre, la Comisaria Reding (a la que tengo el placer de sustituir aquí) acogió con satisfacción la rápida y efectiva intervención del regulador neerlandés, que impuso una multa por valor de 1 millón de euros a tres empresas neerlandesas por instalación ilegal de programas espía y maliciosos en más de 22 millones de ordenadores en los Países Bajos y otros lugares.

Pidió al resto de reguladores que siguieran este ejemplo. El 13 de noviembre de 2007, la Comisión adoptó sus propuestas sobre la reforma de las telecomunicaciones, que incluyen disposiciones para reforzar más el régimen de seguridad y privacidad sobre el que se sustenta la sociedad de la información.

En relación con el spam, las propuestas han introducido la posibilidad de que los proveedores de servicios de Internet adopten acciones jurídicas contra los autores del spam. Se espera que esta disposición se convierta en una herramienta importante en la lucha contra el spam en Europa.

Asimismo, la eficacia de la lucha contra el spam se verá reforzada por su inclusión en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores, que proporciona una red de autoridades públicas encargadas de la aplicación de la legislación en toda la Comunidad y un nivel mínimo de competencias en materia de investigación y aplicación de la legislación para aplicar el Reglamento de manera eficaz.

Más en general, las propuestas incluyen la disposición de que los usuarios de servicios de comunicación electrónica sean informados de posibles acciones que un prestador de servicios puede adoptar para abordar amenazas para la seguridad o en respuesta a un incidente que afecte a la seguridad o la integridad.

Al introducir el concepto de notificaciones de infracciones, los usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas serían informados de las infracciones de seguridad cuando, como consecuencia de lo anterior, se pierdan datos personales o éstos corran algún riesgo, así como de las precauciones que pueden adoptar para minimizar la pérdida económica o el daño social que pudiera resultar de una infracción de seguridad.

A fin de garantizar el cumplimiento de estos requisitos, las autoridades reguladoras nacionales podrán emitir instrucciones vinculantes para los operadores sobre las medidas que hay que adoptar para garantizar la seguridad de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicos y para supervisar su correcta aplicación.

La Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas propuesta tendrá como una de sus labores fundamentales la seguridad de las redes y de la información y ayudará a la Comisión a la hora de aplicar las medidas a escala europea de manera adecuada.

  Claude Moraes (PSE). – Gracias, Comisario, por su exhaustiva respuesta. No sé cuál es el equivalente digital de «epidemia», pero después de las Navidades, estamos viendo una epidemia de este tipo de comportamiento. Todas las organizaciones independientes lo han dicho.

No quiero restar importancia a nada de lo que ha hecho la Comisión; creo que ha hecho de esto una prioridad. Lo que le pediría, no obstante, es que ejemplos como el de los Países Bajos de fomentar la persecución judicial, animando a los PSI a perseguir a esta gente, que nada de esto se vuelva en contra de los consumidores. ¿Podría la Comisión ofrecer a los diputados al PE un mensaje sencillo que podamos transmitir a nuestros consumidores sobre lo que está haciendo y la eficacia con que esto se está midiendo?

  Günter Verheugen, Vicepresidente de la Comisión. − No puedo estar más de acuerdo con su Señoría. Ya he dicho que existen propuestas y que están siendo examinadas por el Parlamento y el Consejo. Espero que entren en vigor y entonces tendremos todos los requisitos en marcha.

La actual situación jurídica permite adoptar medidas contra estas infracciones, aunque esto depende del caso. En el caso de un delito, los ciudadanos pueden pedir la ayuda de la policía o pueden emprender otras acciones legales. Como ya he mencionado, el ejemplo dado por la regulador neerlandés OPTA ha sido aplaudido por la Comisión en un comunicado de prensa. Tengo el texto completo aquí. Si lo desea, puedo pasárselo tras el turno de preguntas para que pueda leer lo que ya hemos hecho.

  Georgios Papastamkos (PPE-DE). – (EL) Señora Presidenta, obviamente la Comisaria, señora Reding, no se encuentra presente, pero estoy seguro de que el Vicepresidente de la Comisión, el señor Verheugen, cuenta con información suficiente para contestar a mi pregunta de manera accesoria: si la Comisión tiene pruebas o indicios que relacionen la fuente de correos electrónicos no solicitados —spam— con las empresas que ofrecen servicios y productos para la protección contra tales intrusiones no deseadas.

  Avril Doyle (PPE-DE). – Me gustaría enlazar la primera pregunta de la señora McGuinness sobre la protección de los consumidores frente a medicamentos falsificados y de mala calidad con la pregunta del señor Moraes sobre la protección de los consumidores contra el spam. Uno de los grandes problemas que yo tengo, como muchos otros, es la cantidad de medicamentos que se anuncian a través de spam, junto con otro tipo de productos que mejoran cualquier parte del cuerpo que algunos de nosotros ni siquiera tenemos. Me pregunto, con referencia al estudio sobre el mercado paralelo al que ha hecho referencia, si hay algún estudio en marcha sobre todo este tema de Internet, el spam y los medicamentos falsificados y, en particular, sobre los medicamentos de mala calidad que no ofrecen garantías de seguridad o eficacia para los consumidores y los pacientes en todas partes. Este ámbito está experimentando un crecimiento enorme.

  Günter Verheugen, Vicepresidente de la Comisión. − Se trata de una combinación interesante. Sobre la primera pregunta, lamentablemente la Comisión no dispone de esos datos, porque las autoridades reguladoras pertenecen a los Estados miembros. Pero informaré a la Comisaria Reding de la pregunta y, tal vez, en contacto con los Estados miembros, podamos encontrar una solución.

Personalmente, solo puedo decir que creo que la idea que subyace a su pregunta es absolutamente razonable y creo que deberíamos intentar encontrar la forma de aunar estas cuestiones.

En cuanto a la segunda pregunta, se refiere a una cuestión que no hemos abordado esta tarde, la pregunta de la información a los pacientes. Tenemos tres cuestiones: El abuso de los sistemas de comunicaciones electrónicas; tenemos el problema de la información a los pacientes, que a menudo resulta engañoso; y tenemos el problema del mercado paralelo de las falsificaciones. No lo mencioné en mi respuesta a la pregunta sobre medicamentos falsificados y el comercio paralelo, así que lo diré ahora.

Estamos trabajando en una propuesta para conseguir un marco claro de información para los pacientes y estamos teniendo exactamente el problema que su Señoría ha mencionado, a saber que las normativas actuales y las restricciones existentes que tenemos están, por decirlo de algún modo, invalidadas por el uso de Internet. Esto es importante para nosotros; y éste es el motivo por el que estamos estudiando todo el problema y por el que presentaremos una propuesta sobre cómo debería organizarse la información para los pacientes en la Unión Europea, aunque sabemos que es algo extremadamente difícil. Pero tengo que decir que, mientras tanto, existen normativas.

Por ejemplo, está prohibido hacer publicidad de medicamentos con receta. Si esto ocurre a través de Internet, por supuesto, se están vulnerando las normas en vigor y los Estados miembros no solo tienen el derecho, sino también, en mi opinión, la obligación de hacer algo al respecto.

Así que la respuesta a su pregunta es sí. La Comisión es consciente de que este problema existe y en nuestras próximas propuestas intentaremos abordar esa cuestión.

Tengo que hacer una advertencia a este respecto: el uso de Internet es algo que no se puede controlar. Éste es exactamente el problema que tenemos e intentaremos encontrar la mejor solución posible.

II Parte

  La Presidenta. − Pregunta nº 34 de Giovanna Corda (H-0965/07)

Asunto: Control de las importaciones de productos de consumo peligrosos

La Comisión presentó a finales de noviembre un inventario del sistema de control de seguridad de los productos de consumo. Éste pone de manifiesto numerosas disfunciones en lo que se refiere a la aplicación de las directivas existentes en los Estados miembros, pero también en relación con la trazabilidad y las responsabilidades de la industria, los distribuidores y los importadores.

¿Puede precisar la Comisión, en particular, qué medidas concretas piensa adoptar para mejorar los controles efectuados por los Estados miembros de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2001/95/CE⁽¹⁾ relativa a la seguridad de los productos, así como la cooperación con los servicios de aduanas? ¿Qué medidas piensa adoptar para garantizar la trazabilidad de los bienes de consumo importados y para responsabilizar a los fabricantes, importadores y distribuidores de productos de consumo importados y, si procede, sancionarlos?

  Meglena Kuneva, Miembro de la Comisión. − Los primeros resultados del inventario del sistema de control de seguridad de los productos de consumo fueron publicados el 22 de noviembre de 2007. Estos indican que el marco regulador es adecuado para su fin, si se aplica debidamente y cuando se aplica correctamente. El sistema Rapex está funcionando bien para garantizar la retirada de productos peligrosos del mercado de toda la Unión Europea.

El inventario, no obstante, establece que hay margen de mejora, en acciones preventivas y en cooperación interna, como la aplicación mejorada. Algunas de las mejores previstas ya están en una fase avanzada camino de convertirse en acciones concretas, en particular en lo que se refiere a la revisión de la Directiva sobre la seguridad de los juguetes. La Comisión también está preparando una medida temporal sobre la inclusión de advertencias en los juguetes magnéticos, a la espera de la revisión de las normas, para abordar el riesgo que estos juguetes podrían suponer. La Comisión está ayudando a las autoridades de supervisión del mercado de los Estados miembros a identificar y compartir mejores prácticas con vistas a mejorar los controles.

En octubre de 2007, los Estados miembros comunicaron las iniciativas destinadas a mejorar la cooperación con los operadores económicos y en relación con las campañas específicas para el control de los juguetes. La Comisión tiene intención de publicar datos de capacidad de aplicación comparativos en el indicador sobre el consumo para 2008, en lo que es una iniciativa nueva y, espero, provechosa. La Comisión también sigue reforzando concretamente la capacidad de control del mercado de los Estados miembros mediante la participación de proyectos de control de mercado conjuntos y bien diseñados. Estos proyectos recibieron 1,3 millones de euros de fondos comunitarios en 2007.

Además de las acciones destinadas a mejorar la protección en la UE, hay en marcha varias acciones para reforzar la protección en las fronteras. Los últimos cambios de importancia introducidos en la legislación europea sobre aduanas ayudarán a identificar envíos de alto riesgo para efectuar los controles pertinentes. La existencia de mecanismos de intercambio aduanero seguro también permitirá adoptar medidas urgentes cuando haya información sobre nuevos tipos de productos peligrosos. La información disponible en el sistema Rapex se distribuirá usando este mecanismo para alertar a las autoridades aduaneras competentes de cargamentos potencialmente peligrosos específicos. La Comisión también está de acuerdo en que la trazabilidad es una cuestión que hay que mejorar más. Las estadísticas muestran que los productos de origen desconocido notificados a través de Rapex descendieron, por primera vez, al 3 % en octubre de 2007, en comparación con el 17 % en 2006. La Comisión está analizando actualmente, con la ayuda de los Estados miembros, cómo asegurar que esta mejora no sea solo temporal y cómo hacer que sea sostenible.

La Comisión ya ha incluido, en la legislación sobre el paquete sobre mercancías en el marco del mercado interior, una disposición que obliga a los operadores económicos a ofrecer información sobre la identidad de su proveedor. Esto debería contribuir al control del Mercado una vez que esta legislación entre en vigor. La Comisión también ha preguntado qué podría hacer China con respecto a la trazabilidad y acoge con satisfacción las iniciativas adoptadas en China de exigir un código de barras en las fábricas aplicable a determinadas categorías de productos de alto riesgo.

Por último, la Comisión ha destacado la responsabilidad de los operadores económicos afectados y acoge con satisfacción el compromiso de la industria de trabajar en la elaboración de medidas para generar confianza entre los consumidores, en particular a través de lo que estamos llamando un «pacto de seguridad». La Comisión también encargará a expertos la elaboración de un estudio de las medidas de seguridad empresarial en la cadena de suministro e informará a este respecto en el primer trimestre de 2008.

  Giovanna Corda (PSE). – (FR) Señora Comisaria, le agradezco por supuesto su respuesta, que muestra la voluntad de la Comisión de adoptar una serie de medidas a fin de reducir al máximo los riesgos asociados a la circulación de juguetes importados, en especial de China.

Uno de los puntos importantes, como destaca la Comisión, es la trazabilidad de los juguetes del productor al consumidor — ha hecho una breve referencia en su intervención. No obstante, queda sin responder una cuestión muy importante. Cuando se retiran del mercado cientos de miles de juguetes, como el año pasado, ¿puede decirme, señora Comisaria, qué ocurre con ellos? ¿Qué pruebas tiene de que desaparecen por completo del mercado? Planteo esta cuestión hoy porque he oído que se vuelven a poner en el mercado para otros niños. Todos los niños del mundo tienen derecho al mismo modo de actuar por nuestra parte y creo que todos estamos de acuerdo en ello. ¿Le permite el sistema de trazabilidad seguir su trayectoria hasta su destrucción efectiva?

  Meglena Kuneva, Miembro de la Comisión. − Considero que su pregunta es completamente válida y muy humana. Queremos perseguir nuestro objetivo: estos juguetes peligrosos no solo no deben llegar al mercado europeo, que es nuestra obligación, sino a ningún mercado, y disponemos de algunas herramientas bien desarrolladas que nos ayudan en nuestra labor. Podemos controlar el mercado, tenemos controles y nuestro sistema Rapex, que es un sistema a través del cual podemos conseguir información a través del mercado y no solo cuando se detienen productos peligrosos en nuestras fronteras.

Sin embargo, lo que también es importante para nosotros como líderes mundiales en el proceso de seguridad es no permitir que estos productos peligrosos —especialmente los juguetes— lleguen a otros niños también en China No basta con predicar solo a favor de la seguridad de los niños europeos, que es parte de nuestra obligación. He pedido varias veces a los principales productores abierta y claramente que destruyan los juguetes y también les he invitado a la Comisión en Bruselas, donde debatimos cómo garantizar la destrucción de los juguetes. Todos se han comprometido a esto. En particular, insté a Mattell, como principal industria con más retiradas que cualquier otra, que se atenga a la normativa y se ha comprometido a cumplir esta obligación. No es jurídicamente vinculante: No puedo obligarles a que destruyan sus fábricas. Pero creo que nos encontramos ante un momento en que el marco legislativo es solo un marco y hay cosas que van más allá de este marco. Tenemos que aplicar con vigor medidas que estén por encima de lo absolutamente necesario, desde un punto de vista legislativo. Tuve la oportunidad de abordar esta cuestión con Unicef y las autoridades estadounidenses durante el DTAC. Soy plenamente consciente de sus preocupaciones y, créame, no repararé en esfuerzos para hacerlo público y defender el objetivo de la destrucción de estos juguetes. Sin embargo, no estoy facultada para resolver la cuestión fuera de Europa.

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Comisaria, usted ha indicado que es mucho lo que se está haciendo para retirar del mercado los juguetes peligrosos. Es un paso importante. Sin embargo, lo cierto es que algunos de estos productos se comercializan aquí con marcados de conformidad generalmente reconocidos que, en algunos casos, incluyen el familiar marcado «CE». En virtud de cualquier norma de buenas prácticas, si un juguete no es fehacientemente seguro o si es, de hecho, peligroso, dicho etiquetado no es únicamente insultante, sino abiertamente fraudulento. ¿Hay posibilidad de prever la apertura de un procedimiento penal en tales casos?

  Colm Burke (PPE-DE). – Gracias, Comisaria, por su exhaustiva respuesta. En relación con Irlanda, un artículo comprado allí en Navidades llegó a explotar y no fue posible identificar el nombre del fabricante.

¿Es posible introducir medidas legislativas en todos los países para ilegalizar la venta de artículos cuyo fabricante no puede identificarse con claridad? Creo que éste es el camino que hay que seguir y pregunto si podría hacerse.

  Meglena Kuneva, Miembro de la Comisión. − Si no le importa, empezaré con la segunda pregunta, porque el fundamento jurídico que sustenta la respuesta es menos incierto. La Comisión ya ha incluido, en la legislación sobre el paquete sobre mercancías en el marco del mercado interior, una disposición que obliga a los operadores económicos a ofrecer información sobre la identidad de su proveedor. Esto ayudará a mejorar la identificación del producto y a tener un etiquetado claro sobre quién es el fabricante y también quién es el proveedor. La cadena global es cada vez más larga y ya no hay ningún artículo del que podamos estar absolutamente seguros de que haya sido fabricado en un solo país.

Entiendo su pregunta, pero creo que también tenemos que sensibilizar a los padres y hacer que estén más atentos, porque siempre habrá comerciantes que incumplan las normas. Tenemos que mejorar la sensibilización en relación con la comprobación del minorista y solo comprar a minoristas responsables, y también en relación con las etiquetas del producto. Aunque nadie puede eximirnos de esa responsabilidad, creo que su punto es completamente válido y estoy de acuerdo en que en la etiqueta debe aparecer, no solo el nombre del fabricante, sino también información específica, especialmente en el caso de juguetes.

Esta cuestión tal vez está relacionada con la primera sobre lo que podemos hacer en relación con la falsificación —si he entendido correctamente su pregunta—. La falsificación de los productos es un problema que debemos abordar. Tenemos que luchar contra los productos falsificados a través de los derechos de la propiedad intelectual y también a través de nuestras actividades aduaneras. Tengo que decirle que nuestras autoridades aduaneras han triplicado la frecuencia de sus controles, algo superior a la norma mundial. La Organización Aduanera Mundial aconseja comprobar el 3 % de los productos en las fronteras y puertos y en Europa comprobamos el 10 %. También pienso que sería una buena idea mejorar nuestras actividades de investigación y desarrollo para reforzar la vigilancia y los controles en las fronteras, con mejores equipos técnicos para llevar a cabo controles y otras innovaciones importantes que pueden introducirse en las fronteras para los productos que llegan a nuestros mercados.

También me gustaría señalar que, incluso si el producto no está falsificado y muestra claramente la marca «CE», esto no querrá decir que necesariamente cumpla todos los requisitos en el marco de esta Directiva. También tenemos que atenernos, asimismo, a estas Directivas basadas en el principio del «nuevo enfoque», que establecen los requisitos sobre cómo se fabrica un buen producto, y garantizar el control constante del mercado desde el punto de vista de la seguridad, porque en ocasiones la seguridad es si cabe más importante, o al menos igual de importante, y no siempre coincide la forma en que se fabrica el producto.

Podría ser, por ejemplo, como en el caso del problema con los imanes en los juguetes, al que estamos respondiendo, que cuando vemos que la situación ha cambiado, tenemos que responder y adoptar medidas en relación con la seguridad y no sólo sobre la base del cumplimiento de los requisitos que hemos pedido al productor. Si combinamos estas dos series de requisitos —sobre el productor y sobre el producto que ya se comercializa— nuestros consumidores estarán mejor protegidos.

  La Presidenta. − Pregunta nº 35 de Manolis Mavrommatis (H-0966/07)

Asunto: Fenómenos de especulación en establecimientos del sector de la alimentación

En la mayor parte de los Estados miembros se registran considerables aumentos de precios de los productos alimenticios, debidos muchas veces a la posibilidad de estos establecimientos de explotar períodos de gran consumo, como los periodos de fiestas. En particular, la leche es uno de los productos cuyo precio aumenta constantemente en todos los Estados miembros.

¿Lleva a cabo la Comisión un seguimiento de la actividad comercial de los establecimientos del sector de la alimentación y de los supermercados en los periodos de mayor consumo? ¿Colabora con los centros nacionales de protección de los consumidores para encontrar una solución efectiva al fenómeno de la especulación?

  Meglena Kuneva, Miembro de la Comisión. − Sé que esta pregunta es muy importante y me gustaría asegurarle que la Comisión no controla los establecimientos durante periodos con un nivel de consumo más elevado ni colabora con las organizaciones nacionales de consumidores en esta cuestión específica.

De modo que dependemos en Buena medida de los esfuerzos nacionales. Sin embargo, la Comisión tiene intención de mejorar sus herramientas para controlar el funcionamiento del mercado interior desde la perspectiva del consumidor.

La revisión del mercado único inspiró los planes de la Comisión de crear indicadores de consumo y un control de precios más exhaustivo, pero me gustaría destacar especialmente que se trata de una cuestión de control.

Los datos publicados por Eurostat muestran que los precios de la leche, el queso y los huevos en Grecia son un 38 % más altos que los precios medios del mismo grupo de productos en la Unión Europea. Los precios medios de este grupo de productos durante el periodo 1996-2007 aumentaron casi un 52 % en Grecia y solo un 24 % en la UE.

Sin embargo, esta evolución parece ser estructural más que estacional. Desde 2005, los precios de los productos lácteos para Grecia no parecen indicar que se producen fluctuaciones estacionales.

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE). – (EL) Señora Presidenta, quisiera expresar mi profundo agradecimiento a la Comisaria, e igualmente agradecer la información facilitada. Consultaré también con Eurostat para que podamos ver el cuadro de indicadores completo pues es significativo, ciertamente, e importante para mi país —que usted ha mencionado— pero creo que existen situaciones similares en otros países y, por lo tanto, sería interesante ver cómo va a gestionar su Comisión esta cuestión de manera general; si con una recomendación, o con una Directiva que cubra todos los productos, y no únicamente los consumibles.

  Meglena Kuneva, Miembro de la Comisión. − La Comisión está adoptando medidas a distintos niveles para reducir los aumentos de los precios de los alimentos. Una iniciativa es empezar a vigilar los precios, como mencioné antes. Éste es uno de los objetivos de los indicadores del mercado de consumo en los que estamos trabajando y que creo que recibirá el apoyo de la Comisión muy pronto.

La Comisión también ha propuesto varias medidas en el marco de la política agrícola. Una reducción de la superficie retirada obligatoriamente de la producción, ya en vigor para la cosecha de 2008, un aumento de la cuotas lecheras para 2008-2009 adoptado por la Comisión y propuesto al Consejo, que, si se aprueba, entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2008 en adelante y una reducción de los derechos de importación en el sector de los cereales para reducir los precios de los cereales y también en el futuro el precio de la carne. Esta medida está en vigor desde principios de enero de 2008.

Esto es una especie de resumen de lo que hemos hecho. Sin embargo, a través de los indicadores del mercado de consumo, uno de los principales temas de nuestras investigaciones serán los precios y parte de este paquete serán los precios de los alimentos. Así pues, informaremos debidamente al Parlamento; consultaremos cuál será el siguiente paso tras estudiar los datos y podemos adoptar medidas para ver qué hay detrás de todo esto; por supuesto, en colaboración con las autoridades nacionales.

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Resulta interesante que, cuando los precios de los alimentos están subiendo, la Comisión vaya a actuar para examinarlo y yo instaría a la Comisión a que presente estadísticas que nos muestren la distribución del precio minorista final entre productor —me refiero a los agricultores— y el consumidor, porque no disponemos de estos datos. Creo que también es justo decir, para que conste, que la era de los precios de los alimentos relativamente bajos se ha acabado y creo que la Comisión no debería engañar a los ciudadanos diciendo que vamos a volver a unos precios de los alimentos más bajos. Tal vez lo que tenemos que hacer es educar a los ciudadanos para que compren alimentos de calidad a un precio justo.

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) El verano pasado, los precios comenzaron a subir en todos los Estados miembros. En aquel momento planteamos la cuestión de si existía algún cartel de fijación de precios. En mi país, Lituania, se descubrió que las empresas procesadoras de leche habían acordado un aumento de precios, y ahora se está investigando el sector de la carne. ¿Se están llevando a cabo inspecciones similares en otros países de la UE? Se ha acuñado una nueva expresión: «el fin de la comida barata». ¿No es cierto que los representantes del sector alimentario utilizan esta nueva expresión, y cómo pueden protegerse los consumidores frente a ello?

  Meglena Kuneva, Miembro de la Comisión. − El precio de los alimentos fluctúa debido al carácter estacional de la producción agrícola. Estas fluctuaciones no se transmiten por completo a los consumidores debido a la reducción del coste de las materias primas —al menos hasta hace poco— y a las tecnologías de almacenaje que atienden las necesidades en esas temporadas de carestía. Recientemente, parece que se están produciendo incrementos de precios de los alimentos más sistemáticos y el principal motivo parece ser el crecimiento de la demanda de las grandes economías emergentes, como China y la India. Ya hemos abordado el hecho de que en la India, el año pasado, cinco millones de personas más siguen una nueva alimentación que está más basada en la leche, los productos lácteos y la carne.

El verano pasado, la situación empeoró debido a las condiciones climatológicas adversas en muchas regiones productoras y éste ha sido el principal motivo para el aumento excepcionalmente elevado de los precios de los alimentos en la Unión Europea desde septiembre de 2007. La Comisión y las autoridades nacionales competentes en material de competencia están vigilando atentamente el mercado. Se han descubierto prácticas contrarias a la competencia en el sector lácteo en el Reino Unido y en Grecia y se han impuesto multas a las empresas implicadas en estas prácticas.

Creo que, si las autoridades nacionales letonas han sido informadas, estarán trabajando en el caso que menciona, especialmente dada la prioridad que tiene esta cuestión para las políticas públicas. Lo que realmente necesitamos es una investigación sectorial para ver si existe algún tipo de cártel detrás de todo esto, algo que ya ha ocurrido en dos países de la UE.

  La Presidenta. − Me acaban de informar de que, lamentablemente, tenemos un problema con la disponibilidad de nuestros Comisarios. El señor McCreevy tiene que marcharse a las 19.20 horas. Por tanto, mi intención es, Comisaria Kuneva, con su permiso, ceder la palabra al Comisario McCreevy, pero le pido que si pudiera quedarse con nosotros para responder a algunas preguntas adicionales al final, sería de gran ayuda.

  La Presidenta. − Pregunta nº 41 de Marian Harkin (H-0962/07)

Asunto: Revisión del mercado único

A la luz de la reciente publicación de la Comisión sobre la revisión del mercado único, ¿qué medidas prevé adoptar la Comisión para promover la educación de los consumidores en materia financiera, la inclusión financiera y unas vías de recurso adecuadas para los consumidores, en particular, teniendo en cuenta la reciente crisis en los Estados Unidos por las hipotecas subprima y las actuales turbulencias financieras?

  Charlie McCreevy, Miembro de la Comisión. − Me gustaría dar las gracias a su Señoría por su interés en la revisión del mercado único.

Además de nuestra Comunicación sobre el mercado único para la Europa del siglo XXI, adoptamos un paquete de medidas para mejorar la competitividad y la eficacia de los servicios financieros al por menor. Este paquete contiene iniciativas para mejorar la confianza de los consumidores y capacitarles para buscar el mejor producto para sus necesidades. Aunque el interés de la Comisión por capacitar a los consumidores no es nuevo, las actuales crisis financieras destacan sin duda la importancia de esta cuestión. Me gustaría abordar los tres puntos mencionados por su Señoría: educación, inclusión y vías de recurso.

La mejor manera de ofrecer educación financiera es con la mayor proximidad posible al ciudadano que la necesite, en concreto en el ámbito de las autoridades nacionales y regionales, ONG y el sector de los servicios financieros. A finales de 2007 adoptamos una Comunicación sobre educación financiera para sensibilizar de la necesidad de aumentar el nivel de conocimientos financieros de los consumidores, fomentar la prestación de educación financiera de gran calidad en la Unión Europea y proporcionar algunas herramientas prácticas para ayudar a lograr estos objetivos. Tal Comunicación incluye algunos principios para asesorar a los prestadores de servicios financieros y anuncia algunas iniciativas prácticas. Éstas van desde la publicación de una base de datos en línea sobre la posibilidad de recibir educación financiera y la investigación en la UE hasta una mejora de la actual herramienta educativa en línea Dolceta para ayudar al profesorado a incluir las cuestiones financieras en los programas escolares.

Hoy en día, tener una cuenta bancaria es un requisito básico para poder participar plenamente en la vida social y económica y todos los ciudadanos de la UE deberían tener acceso a una cuenta bancaria básica. Actualmente, estamos llevando a cabo un estudio para identificar y analizar medidas políticas adoptadas por los Estados miembros para evitar la exclusión financiera. Sobre la base de esta información, que esperamos recibir a finales de este mes, reflexionaremos sobre el mejor modo para garantizar que todos los ciudadanos de la UE tienen acceso a una cuenta bancaria básica.

Por último, al comprar servicios financieros, los consumidores tienen que saber que, si tienen un problema, pueden acceder fácilmente a vías de recurso. Aunque en muchos países de la UE existen órganos de resolución extrajudicial de litigios, no todos son miembros de la red FIN-NET de la Comisión, cuyo objetivo es facilitar el acceso de los consumidores a vías de recurso en casos transfronterizos. Con esto en mente, estamos trabajando para garantizar que todos los órganos extrajudiciales de resolución de litigios formen parte de FIN-NET.

También estamos reflexionando más en general sobre cómo fomentar la creación de sistemas de recurso alternativos, cuando no existan. Estas iniciativas no generarán confianza ni capacitarán a los consumidores de la noche a la mañana, pero constituyen un complemento a las iniciativas que estamos adoptando en otros ámbitos, a modo de información y asesoramiento.

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Comprendo que el señor McCreevy tenga una agenda apretada, pero otros también tienen compromisos que atender. Simplemente, quería preguntar si se atenderá a mi pregunta, dirigida a la señora Kuneva, o no; dicho de otro modo, si puedo acudir a la reunión de mi Grupo ahora o si debo esperar aquí.

  La Presidenta. − Es poco probable que lleguemos a su pregunta. Lamento que nos encontremos en esta situación. Su pregunta, casi con toda probabilidad, tendrá que ser respondida por escrito.

  Marian Harkin (ALDE). – Comisario, quiero preguntarle un poco más sobre la educación financiera, que es la nueva palabra de moda. Creo que convendrá conmigo en que existe un desequilibrio real de poder entre las instituciones financieras y los consumidores, y no solo porque, primero, los consumidores necesitan acceder a créditos, y segundo, independientemente de su educación financiera, ¿cuántas personas van a leerse un documento de 25 páginas que acompañe, por ejemplo, a su póliza de seguros, y consultarlo cada año?

Ha dicho que hay que abordar esta cuestión a escala local y regional, pero ¿no está de acuerdo en que es necesario incrementar la cooperación entre las principales partes interesadas, como los reguladores financieros, gobiernos, organizaciones de consumidores y órganos de reclamación financiera para que, trabajando juntos, puedan destacar algunos de los problemas y cuestiones y, por lo menos, actuar como sistema de alerta para el consumidor?

  Charlie McCreevy, Miembro de la Comisión. − Lo que hemos estado intentando hacer en materia de educación financiera es incluirlo en nuestro programa y sensibilizar a todo el mundo, en particular en los Estados miembros, sobre el hecho de que probablemente sería una mejor inversión que la que se realiza en muchos otros ámbitos si, desde una etapa muy temprana en los programas educativos, se impartieran algunos conocimientos financieros básicos.

El motivo es que, a lo largo de la vida, tanto si uno termina como interventor jefe en una institución importante o si tiene un trabajo muy normal en su lugar de origen, sin lugar a dudas se va a encontrar —en algún momento deberá enfrentarse a ello— con transacciones financieras importantes como la compra de un coche, una vivienda, una lavadora o lo que sea.

Creo que desde una fase temprana sería mucho mejor si en los programas educativos de las escuelas se ofreciera alguna información básica.

Lo que la señora Harkin está diciendo se refiere a un nivel superior, en concreto el tipo de información que debería proporcionarse a un consumidor, porque tiene razón: la cantidad de información que se les proporciona y las 48 páginas que tienen que leer en letra muy pequeña solo tiene una finalidad, en mi opinión (y siempre he pensado así), la de aumentar la minuta de los abogados, para que si tienen un caso, puedan cobrar honorarios cada vez mayores por decir que han ganado o perdido. No creo absolutamente en todo esto

En este sentido soy responsable directo de una parte de este ámbito concreto. A menudo recuerdo la experiencia que tuve en Escocia hace unos dos años, en una reunión con algunos educadores financieros que hablaban de la Directiva sobre perspectivas en el ámbito de los OICVM. Decían que había 81 páginas en esa Directiva y 78 páginas en la de perspectivas simplificadas para un producto concreto. Así pues, en la Directiva sobre créditos al consumo, que creo que está siendo tramitada actualmente en el Parlamento, la señora Kuneva hará algunas mejoras sobre el tipo de información básica que se debería proporcionar a los consumidores. La señora Kuneva se está encargando de estos aspectos concretos. Sin embargo, en todo el ámbito de la educación financiera, lo que he estado intentando es que los Estados miembros incluyan, desde el principio, algún tipo de educación financiera básica en los planes de estudios. Creo que todos estaríamos mejor de esta forma que teniendo páginas y páginas con letra pequeña que nadie nunca lee.

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Comisario, estoy seguro de que está en lo cierto cuando exige que se comience desde el nivel de la educación escolar con el fin de situar a los consumidores en una mejor posición: a) para conocer sus derechos; y b) para ejercitarlos.

Sin embargo, el problema es que tenemos todavía una generación; en realidad, más de una generación, de personas que piensan de modo diferente, que han oído que el mercado y los servicios financieros están sujetos a una supervisión gubernamental particularmente rigurosa, y que actúan movidos por dicha idea, creyendo que pueden confiar en dicha supervisión. La realidad es que, en los últimos tiempos, muchas cosas han cambiado como resultado de la liberalización del mercado. ¿No podría hacerse algo al respecto en la esfera de dominio de la supervisión del Estado?

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Señora Presidenta, ¿podría añadir a las palabras del Comisario que la información no solo aumenta la minuta de los abogados, sino que también engaña a los consumidores? Y esa es su razón de existir. Como sucede con otras informaciones, es como las instrucciones de la lavadora. Las leemos cuando se rompe y ya es demasiado tarde.

¿Puedo sugerirle que examine el papel de las cooperativas de crédito en la educación de los consumidores?, porque creo que esto es un problema en Irlanda en particular. Y también le quiero recordar, al mencionar las vías de recurso, la absoluta falta de vías de recurso para los asegurados de Equitable Life. Estoy segura de que la señora Wallis me apoyará en esto y, tal vez, cuando tenga un momento, puede volver con una respuesta escrita sobre lo que ha ocurrido desde la votación de nuestro informe, que fue apoyado por usted.

  Charlie McCreevy, Miembro de la Comisión. − La primera pregunta se refiere al mercado regulado y creo que su Señoría, al plantearla, hace una extrapolación a partir de las recientes dificultades —las dificultades de los últimos ocho meses o así— en los mercados financieros y enlaza con la pregunta de la señora Harkin. No creo que haya necesariamente una correlación en este sentido, pero en todos los estudios y trabajos que varios organismos están llevando a cabo, incluidos nosotros en la Comisión, tal vez habría cabida para la educación financiera.

Creo que el origen de los problemas que dieron lugar a la crisis financiera proceden de la falta de responsabilidad en lo que a política crediticia se refiere en una parte del mundo determinada. Éste fue el origen del problema, pero hemos avanzado mucho desde entonces y es el efecto contagioso el que lo propagó a otras zonas. Sin embargo, el origen del problema, en mi opinión, probablemente está relacionado con una práctica crediticia poco responsable por parte de algunas instituciones.

En cuanto a la pregunta de la señora McGuinness: la educación es una competencia de los Estados miembros y no veo que haya ninguna dificultad en que, digamos, un Estado miembro, incluido el que conocemos mejor, ponga en práctica su sugerencia. Podría parecer una idea razonable que podría aplicarse en ese nivel concreto.

En cuanto a la pregunta sobre Equitable Life, sí, yo apoyé el informe. Estamos a la espera de recibir más información. Por lo que sé, el informe del Defensor del Pueblo británico sigue siendo la única fuente real de recurso y este informe concreto aún no se ha publicado. Preguntaré a mis servicios de la Comisión si tienen más información reciente sobre cuándo está prevista la publicación del informe por parte del Reino Unido. Si estoy en lo cierto, a estas alturas el año pasado se esperaba que el informe estuviera listo para finales de 2007, creo que noviembre de 2007; ese plazo ya ha pasado y puede que consigamos más información a este respecto, pero ésta va a ser la siguiente fecha importante en esta materia.

  La Presidenta. − Pregunta nº 42 de Georgios Papastamkos (H-0970/07)

Asunto: Mercados financieros

El 1 de noviembre de 2007 entró en vigor el nuevo marco europeo para el funcionamiento de los mercados financieros.

¿Dispone la Comisión de datos sobre el número de empresas y entidades de inversión europeas que se beneficiarán del nuevo marco reglamentario? ¿Existen datos concretos sobre Grecia?

Según las declaraciones del Comisario McCreevy, cabe esperar que el coste del capital disminuya con el tiempo. ¿En qué datos se basa esta previsión? ¿Se puede desglosar esta previsión por sectores y porcentajes de reducción de los costes respectivamente?

¿Dispone la Comisión de datos sobre el comercio transfronterizo de valores y servicios de inversión? Cuál es el volumen real de los flujos procedentes de Grecia y con destino a este país?

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. − La Comisión no dispone de datos consolidados del número de empresas de inversión europeas o del número de empresas de inversión en Grecia. Sin embargo, la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros obliga a los Estados miembros a tener un registro de todas las empresas de inversión en su territorio. La Comisión Helénica del Mercado de Capitales debería poder ofrecer los datos relativos a las empresas griegas.

Con la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros se han suprimido los monopolios comerciales de intercambios, las empresas de inversión tienen un mejor acceso para prestar sus servicios en todo el Espacio Económico Europeo usando el pasaporte previsto en la Directiva y se ha reforzado la protección de los consumidores. Esto ha aumentado la competencia transfronteriza y entre centros comerciales, lo que a su vez aumentará la liquidez y la profundidad de los mercados financieros, para beneficio del sector y los consumidores.

Nuestra expectativa de que el coste de capital se reduzca se basa en un riguroso estudio llevado a cabo por London Economics en 2002. Este estudio elaboró un modelo del impacto de la integración financiera, de la que la Directiva sobre mercados de instrumentos financieros es la piedra angular, en cuanto al impacto que tiene sobre la UE de los 15. Las principales conclusiones del estudio fueron que la integración financiera daría lugar a una reducción del coste del capital riesgo de una media de 50 puntos básicos en todos los Estados miembros y una reducción del coste de la deuda del mercado para emisores no financieros de 40 puntos básicos.

El estudio calculó que los efectos combinados de la integración de los mercados financieros para la economía de la UE tendrían como resultado lo siguiente: un aumento del PIB real de la UE del 1,1 % a largo plazo; un aumento del 6 % de las inversiones empresariales totales; un aumento del consumo privado del 0,8 %; y un aumento del 0,5 % del empleo total.

Los datos recopilados de manera informal por el Comité de responsables europeos de reglamentación de valores en vísperas de la aplicación de la Directiva sobre mercados de instrumentos financieros indican que solo un número muy limitado de empresas usaban en ese momento el pasaporte de servicios de inversión previsto en la Directiva sobre servicios de inversión dentro o fuera de Grecia. Esperamos que esto cambie en el futuro, conforme los mercados griegos se vayan abriendo como resultado de la Directiva y conforme las empresas griegas vean más oportunidades en otros Estados miembros.

La Federación de Bolsas Europeas tiene estadísticas sobre actividades de acciones extranjeras, así como sobre el porcentaje de valores propiedad de los inversores. En diciembre de 2005, el 41 % de las acciones cotizadas en la bolsa de Atenas estaban en manos de inversores extranjeros. En noviembre de 2007, el volumen de las operaciones con valores extranjeros en la bolsa de Atenas fue de 970 millones de euros.

  Georgios Papastamkos (PPE-DE). – (EL) Señora Presidenta, agradezco al Comisario su respuesta y quisiera preguntar, además, si la Comisión tiene datos sobre el volumen de intermediación de crédito en la Unión Europea y, concretamente, qué porcentaje del PIB europeo representa esta intermediación de crédito.

  Charlie McCreevy, Miembro de la Comisión. − No dispongo de información. No estoy seguro de si mis servicios la tienen, pero lo preguntaré. Si disponen de ella, no dude de que se la transmitiremos a su Señoría.

  La Presidenta. − Pregunta nº 43 de Colm Burke (H-0972/07)

Asunto: Planes de desarrollo de los condados irlandeses

En junio del año en curso, la Comisión solicitó a Irlanda información relativa a ciertos planes de desarrollo de los condados irlandeses y la legislación en materia de concesión de licencia de obra que puede considerarse restrictiva.

Según el autor de la pregunta, después de que se concediera una prórroga de un mes al Gobierno de Irlanda, éste se mandó una respuesta a la Comisión a finales de septiembre.

¿Podría la Comisión indicar el curso dado a este asunto tras la respuesta del Gobierno de Irlanda?

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. − La Comisión envió una carta de requerimiento a las autoridades irlandesas tras una queja recibida el 29 de junio de 2007.

En la carta se solicitaba información sobre las condiciones restrictivas establecidas en varios planes de desarrollo de condados irlandeses. La Comisión planteaba cuestiones sobre la compatibilidad de determinados requisitos para conseguir permisos de construcción con dos principios del Tratado, en particular la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales.

Indirectamente, estas restricciones también podrían afectar a la libre circulación de trabajadores, pero esta cuestión no se planteó.

Tras acordar una prórroga de un mes para responder, las autoridades irlandesas enviaron su respuesta a finales de septiembre. Mis servicios han estado examinando su contenido y tienen previsto ponerse en contacto con las autoridades irlandesas para celebrar una reunión de nivel técnico y solicitar más aclaraciones y para abordar la posición de las autoridades irlandesas.

Tras estas conversaciones, la Comisión podrá valorar si hay o no motivos para seguir adelante con este procedimiento de infracción.

  Colm Burke (PPE-DE). – La respuesta del Gobierno irlandés fue registrada el 28 de septiembre de 2007. Entiendo que la respuesta no se ha hecho pública. Se trata de una cuestión muy importante que afecta a 22 autoridades locales en Irlanda.

Me pregunto si la respuesta puede hacerse pública en este momento, cuando ya está en manos de la Comisión, y si ha tenido tiempo de examinarla. Tal vez el Comisario pueda explicar cuándo tomará la Comisión una decisión sobre el particular.

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. − No es nuestra práctica hacer públicas nuestras respuestas, aunque a menudo estas respuestas acaban siendo de dominio público.

Puede confirmar que recibimos una respuesta el 28 de septiembre de 2007, como su Señoría ha indicado. Como dije en mi respuesta, tenemos intención de celebrar una reunión con las autoridades irlandesas sobre esta cuestión. Después, veremos cómo procedemos.

Quiero señalar, también, que Irlanda no es el único Estado miembro donde existen dificultades de este tipo.

Mis servicios esperan reunirse con las autoridades irlandesas en un futuro próximo y entonces tendremos que considerar lo que digan y adoptar nuevas medidas, si son necesarias.

  Brian Crowley (UEN). – Solo quiero preguntar al Comisión —con respecto a la norma de la subisidiariedad y, en particular, sobre la cuestión de las licencias de construcción— si se trata de un asunto en el que la Comisión debería implicarse, cuando la operación de planificación y el derecho a construir una propiedad están separados del derecho de poseer y explotar una propiedad.

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. − Es una pregunta muy buena, señor Crowly, pero cuando la Comisión recibe una queja, tenemos la obligación de actuar e investigar. La queja se refiere a la libertad de circulación de la que he hablado de conformidad con los artículos 43 y 56 del Tratado, y es a esto a lo que se refiere. Por tanto, conforme al Tratado, estamos obligados a investigar estas cuestiones cuando parecen estar en conflicto con los principios básicos de los Tratados. Esto es lo que tenemos que hacer en este caso particular. Como dije en respuesta a su colega, el señor Burke, hay otras quejas en otros Estados miembros que tienen un tipo similar de restricciones y también tienen que ser abordadas.

  La Presidenta. − Pregunta nº 44 de Gay Mitchell (H-0974/07)

Asunto: El sector de los seguros médicos en Irlanda

¿Indicará la Comisión el estado del sector de los seguros médicos en Irlanda, especialmente a la luz de las acertadas opiniones recientes que solicitan a Irlanda la supresión de la exención para el VIH a partir de ciertas normas de la UE?

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. − El 17 de noviembre, la Comisión envió un dictamen motivado solicitando a Irlanda la supresión de la exención en vigor para el seguro de enfermedad voluntario (VHI) a partir de ciertas normas de la UE. Estas normas, en particular la primera Directiva sobre seguros no de vida de 1973 y sus modificaciones, tiene como objetivo armonizar determinados requisitos para el establecimiento y el funcionamiento de compañías de seguros no de vida y, por tanto, pertenecientes a los seguros privados de enfermedad.

La primera Directiva sobre seguros no de vida estableció una exención de sus normas para el VHI, entre otras instituciones. Sin embargo, esta exención sólo se aplica en la medida en que la capacidad de la institución eximida no se vea en modo alguno modificada por el cambio de sus estatutos o por cualquier cambio en la legislación nacional pertinente. Por tanto, a raíz de la ampliación o el cambio de capacidad, la institución estará plenamente sujeta a las normas de la legislación comunitaria que por lo demás se aplica a los seguros no de vida.

Estas normas, por ejemplo, obligan a que las aseguradoras obtengan una autorización oficial antes de empezar a operar; a adoptar una forma jurídica determinada; y a fijar disposiciones de protección adecuadas que tienen que ser correspondidas de manera suficiente por los activos de la empresa para lograr un margen de solvencia adecuado. Uno de los principales objetivos de estas disposiciones es la protección de los derechos de las personas que han suscrito una póliza de seguro, asegurando así que el ejercicio de la libre prestación de servicios no va en detrimento de la protección de los consumidores. Asimismo, estas normas garantizan la igualdad de condiciones entre los asegurados.

En vistas de su exención inicial de la primera Directiva, y en la medida en que su capacidad no se había visto modificada, el VHI no tenía que cumplir con estas normas. Sin embargo, la Comisión considera que la capacidad de VHI ha cambiado. Varias enmiendas de la legislación irlandesa pertinente en 1996, 1998 y 2001 ampliaron el ámbito de operaciones de VHI más allá del que existía cuando se concedió la exención del VHI por primera vez. Por tanto, la exención inicial de VHI de las normas de la UE para aseguradoras ya no es de aplicación. La Comisión manifestó este punto de vista en el dictamen motivado que envió a Irlanda el 14 de noviembre. Ha pedido a Irlanda que, en el plazo de dos meses, adopte las medidas necesarias para someter el VHI a las normas de supervisión y cautelares del Derecho comunitario para las que anteriormente había disfrutado de una exención.

La Comisión considera que este dictamen motivado constituye un paso decisivo para lograr la igualdad de condiciones para todos los competidores en el mercado irlandés de seguros médicos al amparo de la legislación europea en materia de seguros. Esto beneficia a los titulares de pólizas y a la competencia leal. La Comisión seguirá de cerca las medidas adoptadas por el Gobierno irlandés y, en su caso, emprenderá las acciones legales pertinentes ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

  Gay Mitchell (PPE-DE). – Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Comisario por responder a la pregunta. ¿Podría preguntarle si tiene alguna idea del plazo que se necesitará para recibir una respuesta del Gobierno irlandés en relación con el seguro de enfermedad voluntario, en particular? ¿Tendrá esto alguna repercusión en la compensación? El seguro de enfermedad voluntario sigue dominando el 75 % del mercado en Irlanda, pero afirman que necesitan la compensación de riesgos para evitar quedarse con todos los clientes de mayor edad y, por ende, con mayores obligaciones. ¿Va a tener la cuestión planteada por el Comisión alguna implicación para la compensación?

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. − El 14 de noviembre de 2007, se envió un dictamen motivado a Irlanda, que tardó dos meses en responder, el 14 de enero, ayer. Creo que la respuesta se recibió ayer por la noche. La Comisión está estudiando la respuesta.

También es necesario señalar que, como resultado de la correspondencia que hemos mantenido con el Ministerio irlandés de Sanidad y la que he mantenido con el Ministro irlandés de Sanidad en el último año, antes de las elecciones del pasado mayo se presentó un proyecto de ley ante las Cámaras del Oireachtas. Este proyecto, por supuesto, como sus Señorías irlandesas sabrán, se retiró cuando se convocaron elecciones. No tenemos continuidad institucional en Irlanda —que es algo positivo, creo—, pero se volvió a presentar cuando el nuevo Gobierno se puso en marcha. Ya hemos indicado a las autoridades irlandesas que se están considerando algunas enmiendas a la ley tal como se ha publicado.

Así pues, estudiaremos la respuesta recibida ayer noche (que no he visto, pero tengo constancia de que se recibió) y veremos los cambios que se han propuesto. En función de esto, pasaremos a la siguiente fase, o lo que corresponda.

Sin embargo, la segunda pregunta del señor Mitchell es muy importante. Ha preguntado si esto tiene alguna relevancia para el debate de la compensación de riesgos. La respuesta es que no. Ésta es otra de las áreas de las que soy responsable, como la Directiva sobre seguros de vida, que se refiere a la solvencia y a las cuestiones que son de dominio público. El señor Mitchell tiene razón cuando dice que el seguro de enfermedad voluntario ocupa aproximadamente el 75 % del mercado, de hecho creo que ahora es el 76 % del mercado. Creo que su cuota de mercado actual es mayor de la que tenía. Han ganado cuota y han conseguido muchos más clientes en los últimos 18 meses de lo que habían conseguido anteriormente. Esto es un hecho. Está muy informado al respecto. Pero mis problemas tienen que ver con la Directiva sobre seguros no de vida y no con el índice de compensación de riesgos. Pero en aras de la concreción —como usted sabrá, señor Mitchell— en estos momentos hay una acción judicial independiente ante el Tribunal de Luxemburgo que ha emprendido uno de los competidores en el mercado irlandés. Está pendiente ante el Tribunal de Justicia y supongo que dentro de un tiempo, tal vez este año, el Tribunal se pronunciará al respecto.

  La Presidenta. − Pregunta nº 36 de Jim Higgins (H-0978/07)

Asunto: Venta en línea de billetes de avión

¿Podría la Comisión indicar por qué, en vez de publicar la lista de páginas web que se ha visto que incumplen la legislación comunitaria relativa a la exactitud de la publicidad de las páginas web, ha permitido que se oculten sus nombres invocando el derecho de réplica, en detrimento de los consumidores que usarán involuntariamente páginas web que podrían haber evitado si la Comisión hubiera dado los pasos necesarios para publicar los nombres a mediados de noviembre?

  Meglena Kuneva, miembro de la Comisión. − La Comisión usa todos los instrumentos disponibles para garantizar la aplicación efectiva de los derechos de los consumidores en toda Europa. A finales de 2006 se estableció una nueva red de aplicación legislativa en materia de consumo en el Reglamento sobre cooperación en materia de protección de los consumidores. Ofrece un marco para ejercicios conjuntos de vigilancia del mercado y aplicación legislativa, como el barrido» de los sitios de venta de billetes de avión, llevado a cabo en septiembre de 2007.

Éste fue el primer ejercicio de este tipo. La Comisión coordinó este ejercicio y presentó los resultados de la primera fase de la investigación en noviembre de 2007. En este momento, la divulgación de los nombres de los sitios en los que se detectaron algunas irregularidades, como ha sugerido su Señoría, sería prematura y no respetaría el marco jurídico en algunos Estados miembros.

Entiendo su impaciencia, porque a todos nos gustaría que las cosas se hicieran del modo correcto. Sin embargo, el derecho de réplica, entendido como el derecho de defensa propia, está reconocido en todos los Estados miembros de la UE. Compete a las autoridades y tribunales nacionales aplicar dicho derecho, y estamos a la espera del resultado de las decisiones judiciales adoptadas en algunos países. La Comisión, por tanto, presentará el resultado de las investigaciones y de las acciones de aplicación legislativa en curso actualmente en los Estados miembros una vez que hayan finalizado los procedimientos. He mantenido conversaciones con las autoridades sobre la base de la red de aplicación legislativa en materia de consumo y están dispuestos a seguir adelante y a ofrecer estos datos, pero los procedimientos judiciales —en al menos dos países— nos impiden tener una imagen global y hacerlos públicos.

  Jim Higgins (PPE-DE). – Creo que el pasado mes de julio todos aplaudimos el informe Degutis cuando finalmente dijimos que íbamos a tener transparencia en relación con el cobro de tasas, que todos los impuestos y tasas cobrados aparecerían claramente en todos los anuncios. Y entonces en el The European Voice del 31 de octubre leímos: «La UE amenaza con sacar los colores a los sitios de venta de billetes aéreos: la Comisión amenaza con revelar los nombres de cientos de sitios web que supuestamente han engañado a los consumidores».

No sé por qué no se dan los nombres de estas importantes operaciones comerciales y por qué no se avergüenzan. Siguen desobedeciendo las normas y reglamentos y las medidas adoptadas. Siguen engañando a los consumidores. La semana pasada, por ejemplo, Ryanair —haciendo alarde de lo que han hecho— publicó esto en todos los periódicos irlandeses: «Compre un billete y consiga otro completamente gratis. Sin tasas, comisiones ni impuestos». Así que reservé mi vuelo y me costó 153 euros. Y luego el que supuestamente era gratis resultó ser lo siguiente: tasa por tarjeta de crédito, 12 euros; impuestos, tasas y comisiones, 39,96 euros ; seguro, 14 euros. Precio total: vuelo gratis por 67 euros. ¿Qué más pruebas quiere?

  Meglena Kuneva, miembro de la Comisión. − Casos como éste fueron la principal razón para acelerar y aplicar esta acción de ejecución.

Pero debo insistir: en muchos Estados miembros sólo es posible publicar los nombres de las compañías aéreas una vez que han finalizado las investigaciones y las acciones de ejecución.

Dado que los casos son diferentes, se puede necesitar más tiempo en algunos casos que en otros para tramitarlos. Actualmente, la Comisión está negociando con los Estados miembros cuánto tiempo necesitan para finalizar estas acciones, y la Comisión publicará —me comprometo a ello— estos nombres tan pronto como sea legalmente posible, ya que, de otro modo, la Comisión podría ser denunciada.

Si los Estados miembros pueden cerrar los casos como estaba previsto en un principio, los nombres podrán publicarse en los próximos meses. En un principio, pensé que podríamos hacerlo en febrero, pero tras unas negociaciones más exhaustivas, comparando el sistema jurídico y el tiempo que se necesita desde el punto de vista jurídico, creo que podría haber un retraso de un mes y medio.

Sin embargo, creo que su Señoría tiene toda la razón y, si me permite, usaré su caso como un motivo más para acelerar el proceso. Desde principios de año, tenemos prácticas comerciales desleales y, sin profundizar mucho en los casos, creo que se trata de un buen ejemplo de una infracción de la legislación en materia de prácticas comerciales desleales.

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE). – (EL) Señora Presidenta, señora Comisaria, fui uno de los primeros, si no el primero, en formular esta pregunta antes de que surgiera el problema en noviembre, y antes del comunicado.

En su respuesta me dijo que en un plazo de tiempo razonable, de alrededor de dos meses, tendríamos los nombres o los resultados de su investigación. Posteriormente, en una entrevista que concedió, observé que dijo un plazo de cuatro meses. Además, cuando se anunció el nombre de Ryanair o, más bien, apareció en los periódicos —como nuestro colega, el señor Higgins, ha manifestado correctamente— como una de las compañías aéreas (y, de acuerdo con su investigación, existen 433 compañías aéreas y agencias de turismo que tienen esta clase de ofertas de bajo precio), finalmente Ryanair dijo que no era la única. Algunas otras compañías aéreas importantes, muy conocidas, citaron sus nombres, que no quisiera repetir en este Parlamento, y usted cerró los ojos ante ese problema. Por lo tanto, creo que es aconsejable que facilite los nombres pronto, para que la opinión pública y la competencia entre empresas, grandes o pequeñas, puedan apaciguarse.

  Meglena Kuneva, miembro de la Comisión. − No voy a negar que en muchas ocasiones me he apoyado en el Parlamento y sus Señorías, por lo que me complace que en este caso se trate de la investigación específica sobre los billetes de avión. Elegimos los billetes de avión para nuestro primer barrido de manera bastante deliberada.

No crean que estoy a la defensiva. Estoy haciendo lo que me exige la ley. He aceptado el consejo de los servicios jurídicos de la Comisión y no puedo seguir adelante antes de que concluyan los procedimientos judiciales en determinados Estados miembros. Si el procedimiento en un Estado miembro dura cuatro meses, no puedo hacer nada. Actuar antes de que concluya el procedimientos sería infringir la legislación nacional, y esto pondría en peligro la reputación de la Comisión. Por ese motivo, estoy esperando a que terminen estos procedimientos antes de publicar los nombres.

  La Presidenta. − Las preguntas que, por falta de tiempo, no han recibido respuesta oral, la recibirán por escrito (Véase el Anexo).

  La Presidenta. − Quiero agradecer a la Comisaria Kuneva la espera.

Concluye el turno de preguntas.

  Brian Crowley (UEN). – Señora Presidenta, quiero pedirle disculpas a usted y a los intérpretes por alargar la sesión. Sólo quiero que conste en acta mi objeción a la forma desorganizada del turno de preguntas. Los que lo usamos como una herramienta política para intentar conseguir una respuesta de las instituciones nos quedamos sin palabras ante el mal trato que reciben los diputados de esta Cámara. Voy a plantear esta cuestión a la Conferencia de Presidentes, pero espero que la Mesa lo tendrá en cuenta e intentará que el funcionamiento diario de la Cámara no siga interfiriendo en el turno de preguntas

  La Presidenta. − Gracias, señor Crowley. Creo que será consciente de que hoy ha sido un día difícil por varios motivos. Hemos tenido casi una hora y media y hemos hecho lo que hemos podido para satisfacer los deseos de todo el mundo. Como sabrá, esperamos mejorar la situación con el grupo de trabajo sobre la reforma, pero gracias por sus comentarios y gracias a nuestros intérpretes.

(Se suspende la reunión a las 19,45 horas y se reanuda a las 21,00 horas)

PRESIDE: LUIGI COCILOVO
Vicepresidente

(1) DO L 11, 15.1.2002, p. 4.

18. Aprendizaje de adultos: Nunca es demasiado tarde para aprender (debate)

  El Presidente. − El siguiente punto es el informe de Doris Pack, en nombre de la Comisión de Cultura y Educación, sobre el aprendizaje de adultos: nunca es demasiado tarde para aprender (2007/2114(INI)) (A6-0502/2007).

  Doris Pack, ponente. − (DE) Señor Presidente, Comisario, el título de la comunicación de la Comisión y plan de acción sobre el aprendizaje de adultos, «Nunca es demasiado tarde para aprender», y su título en alemán, Man lernt nie aus («Nunca te acostarás sin saber una cosa más»), son dichos universalmente conocidos pero, si se lee entre líneas en el presente contexto, implican, en realidad, el reconocimiento de omisiones que se han producido en el pasado en el ámbito de la política educativa europea. No obstante, nos complace que la Comisión, con esta comunicación y su plan de acción, esté entrando en una era marcada por la creciente concienciación de la necesidad de un aprendizaje permanente, una era en la que deben afrontarse nuevos retos demográficos.

Los cambios económicos y sociales de la UE exigen ajustes significativos a las aptitudes y cualificaciones profesionales. Deben satisfacerse los retos del mercado de trabajo, y con ello me refiero a que la empleabilidad de los individuos debe ser uno de los objetivos principales del aprendizaje de adultos.

Sin embargo, también la educación y especialmente el aprendizaje de adultos contribuyen al crecimiento personal, la autoestima, la ciudadanía activa, la inclusión social y el diálogo intercultural. Diversas investigaciones han mostrado que el aprendizaje procura importantes ventajas de tipo no económico, como la promoción de una buena salud, el fomento de la participación en la vida social entre todos los grupos de edad y, por supuesto, la reducción de los índices de delincuencia.

Por lo tanto, mi prioridad política es incrementar la motivación de las personas para participar en el aprendizaje permanente. Son muy importantes las campañas en los medios de comunicación, de servicios de información, orientación y asesoramiento destinados a los grupos desfavorecidos. Las líneas telefónicas y los sitios Internet especializados han demostrado también ser medios muy eficaces en algunos países.

En este contexto, cobran también gran importancia los esfuerzos para conciliar el trabajo con la vida familiar y el aprendizaje permanente. Permítanme enumerar un apunte de tan sólo algunos medios para este fin: adaptación del horario laboral, flexibilidad de horarios, programas de aprendizaje a distancia e itinerarios informales de aprendizaje. El uso de las nuevas tecnologías debe perfeccionarse de manera constante, especialmente por medio de la creación de un acceso más amplio a Internet, para fomentar el recurso a estos nuevos métodos de aprendizaje. Debe conseguirse un incremento continuo del número de parvularios y guarderías públicas y privadas, así como en las empresas.

Otro factor importante, en mi opinión, es la solidaridad intergeneracional e intercultural. Los adultos y los jubilados que transmiten conocimiento y preparación técnica a personas más jóvenes; en concreto, maestría en una actividad o práctica comerciales, pueden desempeñar un papel eficaz y de apoyo, así como proporcionar guía práctica, y debe también posibilitarse el establecimiento de redes con este fin. De esta manera, creo que cada persona puede aprender de la otra.

Sin embargo, existe también un «enfoque de aprendizaje en familia». Los padres están motivados para volver a estudiar porque quieren ayudar a sus hijos a obtener buenos resultados escolares. Además, el aprendizaje de adultos depende también de ayudantes voluntarios, que lo enriquecen al compartir su experiencia y proporcionar instrucción especializada.

Deben considerarse también las necesidades específicas de los inmigrantes, lo que me conduce al tema del aprendizaje de lenguas, necesario para facilitar a los inmigrantes el aprendizaje de la lengua de su país de acogida, pero para facilitar también a los adultos el aprendizaje de la lengua de un país vecino u otra lengua extranjera, algo que siempre hemos defendido.

Igualmente, debe facilitarse el acceso a las instituciones de educación superior para los adultos con experiencia laboral práctica. Un mensaje muy importante es que debe mejorarse la calidad de los centros existentes de aprendizaje de adultos, así como la educación que imparten. Existe necesidad de educadores con cualificación idónea para el aprendizaje de adultos, así como programas específicos de cursos sobre aprendizaje de adultos. Únicamente puedo hacer mención de Alemania, donde existe un curso universitario que otorga un título en educación para adultos. Creo que todos debemos recordar a los proveedores de cursos que pueden obtener financiación para los cursos propuestos, del Fondo Social Europeo, por ejemplo, o mediante cualquiera de los fondos estructurales. Naturalmente, espero que la Comisión ofrezca el actual programa de aprendizaje permanente tanto en los programas Grundvig como Leonardo, con el fin de asegurar que nosotros, también, contribuyamos en nuestra propia medida a lanzar el plan de acción.

Creo que hay muchas formas de realizar un buen trabajo en este ámbito, y no deberíamos dejar pasar más tiempo para llevarlo a cabo.

Permítanme desatacar una última cuestión: la ejecución de los programas de aprendizaje de adultos debe realizarse de forma evaluable o, de lo contrario, nadie sabrá quién está haciendo qué. Existen muchísimos partícipes en este ámbito, y debe tenerse en cuenta a todos ellos, ya se trate de entidades privadas, universitarias o de educación pública. En suma, queda mucho por hacer, y sugiero que nos pongamos manos a la obra.

  Ján Figeľ, miembro de la Comisión. − Señor Presidente, me gustaría alabar este informe y felicitar a la ponente, la señora Pack, por su compromiso, esfuerzo y contribución y también al señor Anderson de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y a la señora Flasarová de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género.

Me complace que nuestras dos comunicaciones de 2006 y 2007 recibieran una respuesta muy concreta y sólida del Parlamento Europeo. La primera versaba sobre aprendizaje de adultos y la segunda sobre el plan de acción europeo sobre esta cuestión, aprobado en septiembre. Como sus Señorías han reconocido, la importancia del aprendizaje de adultos es claramente cada vez mayor. En primer lugar, la competencia mundial es una realidad. Tenemos que invertir en educación en todas las etapas de la vida y en todos los niveles y es necesario actualizar de manera continua las cualificaciones y competencias de los adultos. En segundo lugar, los cambios demográficos obligan a que la gente tenga que trabajar al menos algunos años más, y para ello tienen que mantener la relevancia de sus cualificaciones. Tercero, el aprendizaje de los adultos ayuda a luchar contra la exclusión social. Demasiados adultos con niveles educativos bajos corren el riesgo de quedar excluidos del mercado laboral.

Así pues, el aprendizaje de adultos desempeña un papel vital en las estrategias de aprendizaje permanente. Acojo con satisfacción este informe por muchos motivos, en particular porque mejora la calidad y la accesibilidad del aprendizaje de adultos, incluida la mejora de los servicios de guardería y el aprendizaje electrónico, y en particular para grupos con necesidades especiales; también porque permite acelerar la evaluación de cualificaciones y la valoración del aprendizaje informal, porque invierte más en general y porque se adapta a las necesidades de las mujeres, inmigrantes y de la población que envejece. Por último, aunque no menos importante, porque permite elaborar datos fiables y comparables para medir el aprendizaje de adultos, como mencionó la señora Pack. Seguiremos todos estos elementos al aplicar el plan de acción europeo.

Como sugiere su Señoría, se trata de todo tipo de buenas prácticas en los Estados miembros que usaremos en nuestra cooperación. Apoyaremos estas mejores prácticas mediante actividades y estudios de aprendizaje entre iguales, a través del Programa de Aprendizaje Permanente y el Fondo Social Europeo mencionado anteriormente a fin de compartir los conocimientos y la experiencia. Al aplicar el plan de acción con la cooperación de los Estados miembros, analizaremos el efecto de las reformas nacionales en el aprendizaje de adultos, especialmente a la luz del Marco Europeo de Cualificaciones, recientemente adoptado. También desarrollaremos normas para los profesionales del aprendizaje de adultos y mecanismos de garantía de la calidad basadas en buenas prácticas existentes. Queremos animar a los Estados miembros a que establezcan objetivos para incrementar el nivel de cualificaciones de los adultos y para acelerar el proceso de evaluación y reconocimiento del aprendizaje no formal e informal para grupos de riesgo. Por último, propondremos una serie de datos fundamentales para mejorar la supervisión del sector. Espero con ansia este debate, pero en particular espero seguir recibiendo apoyos en esta dirección.

  Jan Andersson, ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. − (SV) Señor Presidente, Comisario, agradezco a la ponente su excelente informe. Como consecuencia de la estrategia íntegra que mantenemos en la UE y en la totalidad del proceso de innovación y la estrategia Lisboa, el aprendizaje debería ser la clave, no sólo para asegurar el crecimiento y el empleo en el futuro, sino también para combatir la exclusión social. Para que los países de la UE se mantengan a la altura de las exigencias de la competencia global, desempeña un papel fundamental la creación no sólo de más trabajos, sino de mejores trabajos, así como contar con personas con un nivel elevado de capacitación. Por lo tanto, recibimos con satisfacción este informe.

Tengo que comentar algún aspecto más. Es importante que hagamos uso de todos los recursos disponibles con el fin de facilitar el aprendizaje para los diferentes grupos. Un ejemplo de ello es el cuidado de los niños. Debe posibilitarse, tanto para los hombres como para las mujeres, padres de niños pequeños, que tomen parte en el aprendizaje; por consiguiente, debe formularse también una estrategia para el cuidado de los niños. Es importante que reparemos en grupos específicos; por ejemplo, las personas de edad avanzada. Actualmente, hay muy pocas personas de edad avanzada que formen parte de la población activa; en gran medida, se debe al hecho de que no tienen acceso al aprendizaje permanente y al aprendizaje de adultos. Debemos concentrarnos sobre dicho grupo. Otro grupo son las personas que parten de un bajo nivel educativo. Si consideramos la situación actual del aprendizaje, al reparar en la formación continua y en el aprendizaje de adultos, observamos que quienes ya tienen un buen nivel educativo son también quienes acceden al grueso de la formación, y es importante que mantengamos un aspecto de igualdad también en el aprendizaje. Puesto que mi tiempo de uso de la palabra es breve, destacaré, simplemente y a modo de conclusión, que es importante mantener una cooperación positiva e incluir a los interlocutores sociales en este proceso.

  Věra Flasarová, ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. - (CS) Señoras y señores, recibo con satisfacción el informe realizado por mi colega, la señora Pack, y le felicito por el modo en que ha abordado este tema. Quisiera destacar la necesidad de prestar atención a la educación de las mujeres, las personas socialmente vulnerables, los inmigrantes y las minorías. Quisiera también mencionar otro aspecto de la educación: en un mundo donde casi todo queda subordinado a las finanzas, al comercio, a la publicidad, a la carrera profesional y a la competencia en el mercado laboral, la educación suele parecer, simplemente, un peldaño más hacia una mejor posición social. Pero si la educación alcanza este objetivo práctico y hace que una persona esté mejor preparada para trabajar, y si esa persona puede mantener el ritmo del entorno competitivo, entonces no hay duda de que se trata de algo positivo. Sin embargo, el aspecto más importante de la educación es que enriquece interiormente a la persona y la dota para distinguir mejor lo bueno de lo malo. La sociedad está experimentando una crisis de valores; en lugar de tradiciones y autoridades, tenemos la libertad individual por la cual hemos estado luchando a lo largo de toda nuestra historia moderna; sin embargo, es también la libertad de saber o no saber, la libertad para ver y la libertad para mantener los ojos cerrados, la libertad para formarse las propias opiniones y la libertad para aceptar las ideas de otros. La educación, por sí sola, no resolverá nuestros problemas, pero puede fomentar que recapacitemos sobre ellos.

  Pál Schmitt, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (HU) Gracias, señor Presidente. Comisario, la situación demográfica europea requiere la reorganización de los sistemas de pensiones, así como la elevación de su límite de edad, y cada vez se escucha con mayor frecuencia el concepto de «inmigración controlada», en lugar de reconocer el potencial oculto de nuestros mayores de cincuenta años.

Un aprendizaje de adultos bien organizado permite que aquellos especialistas que han trabajado durante decenios refresquen su conocimiento y se adapten a las circunstancias cambiantes, y permite también que los adultos que están excluidos del mercado laboral, pero que no han alcanzado la edad de jubilación, participen y emprendan un trabajo por medio del reciclaje, idiomas, TI y otra formación profesional. Esta función del aprendizaje de adultos está de especial actualidad en los países de la Europa central y oriental, donde los índices de empleo caen muy por debajo de la media de la UE-15.

Además de guardar relación con el mercado laboral, el aprendizaje de adultos tiene también una tercera dimensión, social y personal, ya que los cursos de idiomas a través de Internet, los cursos de baile o los cursos de cocina organizados para las personas de edad avanzada contribuyen a mejorar su calidad de vida y a que mantengan una actitud mental positiva.

Hay dos cosas que considero de especial importancia para un aprendizaje de adultos eficaz: por una parte, deben mejorar la información y el acceso, la presentación de proyectos atractivos y el intercambio de experiencias con los propios interesados. No olvidemos que es una proporción mínima la de personas de edad avanzada en los nuevos Estados miembros que utiliza Internet, y debemos emplear métodos conservadores y tradicionales a los que puedan acceder. Los gobiernos locales desempeñan un papel preponderante a este respecto, pues cuentan con el conocimiento preciso de las condiciones y las necesidades locales.

Por otra parte, la evaluación de las necesidades es una tarea importante; esto es, los Estados miembros deberían alcanzar un acuerdo con los agentes económicos, los comerciales y los empleadores cuando diseñen sus programas de aprendizaje de adultos. Deben tenerse en cuenta las necesidades económicas del país en cuestión para que las partidas destinadas al aprendizaje de adultos no constituyan un dinero despilfarrado innecesariamente, sino que devengan un valor constatable para el individuo, la sociedad y la economía.

Quisiera felicitar a la señora Pack por su importante y oportuno informe. Gracias por su atención.

  Maria Badia i Cutchet, en nombre del Grupo PSE. – (ES) Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, en primer lugar quiero felicitar a la ponente, la señora Pack, por un excelente trabajo y también por su espíritu de colaboración respecto a nuestras sugerencias.

Quiero destacar la oportunidad de este informe en un momento en el que la dimensión en los cambios socioeconómicos, la rápida transición hacia una sociedad de la información, la tendencia demográfica asociada al envejecimiento de la población europea, todos estos cambios exigen esfuerzos importantes en el ámbito de la educación y de la formación de las personas adultas y del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Son elementos clave para alcanzar lo que llamamos los objetivos de la Estrategia de Lisboa.

Del informe me gustaría destacar la necesidad de fomentar la motivación de las personas para el aprendizaje permanente. Pero pienso que, para ser efectiva, debería ir acompañada de políticas activas que favorezcan sobre todo la conciliación del aprendizaje con la vida familiar y laboral, especialmente necesario en el caso de las mujeres.

Estas medidas deberían concretarse en la concesión de incentivos para acceder a programas de formación y, sobre todo, en la ampliación de servicios públicos de cuidado y educación infantil, de atención a las personas mayores —los dependientes— con el fin de permitir liberar a las familias de estas cargas que, en muchos casos, siguen recayendo sobre las mujeres.

Por otra parte, estoy convencida de la conveniencia de fomentar una cultura del aprendizaje que reconozca el mérito y mejore efectivamente las perspectivas de empleo de personas con bajos niveles de cualificación y que contribuya a fortalecer la inclusión social y el propio desarrollo personal. Este enfoque es particularmente decisivo para los llamados grupos de riesgo.

Igualmente, considero esencial modernizar y flexibilizar los sistemas de educación superior para hacerlos más accesibles a las crecientes y diversas necesidades sociales de la población, al tiempo que se mejora la calidad educativa y se amplía su oferta.

Y por último, quiero mencionar la importancia de ampliar la oferta de formación digital para reducir la brecha digital que también existe en el interior de nuestras sociedades, entre sexos, entre generaciones y entre poblaciones de territorios distintos.

En definitiva, celebro la propuesta de la Comisión y espero que tenga en cuenta las propuestas de este Parlamento con el fin de contribuir conjuntamente a concienciar a los Estados miembros de la necesidad de actuar cuanto antes en este terreno, no sólo para suprimir obstáculos a la participación de las personas adultas en el aprendizaje, sino para incentivarlo, reconocer su valor económico, social, cultural, en el conjunto de países e intercambiar datos nacionales que permitan comparar y medir los progresos que se vayan realizando.

  Jolanta Dičkutė, en nombre del Grupo ALDE. – (LT) El aprendizaje permanente ocupa un lugar cada vez más importante en nuestra sociedad moderna. Es gratificante que la significación y la necesidad del aprendizaje de adultos estén siendo analizados cada vez más activamente y que obtengan mayor reconocimiento en todos los Estados miembros de la UE y en las principales instituciones. Los expertos en aprendizaje de adultos de Lituania están también presentando activamente propuestas para esta comunicación. El programa del Gobierno prevé extender la provisión de servicios de aprendizaje informal para adultos en las instituciones educativas municipales para tratar de asegurar que los edificios de la institución educativa y el medio educativo adulto sean modernos y atractivos y que los centros estén dotados de material actualizado de apoyo a la enseñanza. Quisiera también hacer hincapié en que los profesores de adultos y sus organizaciones necesitan una voz más activa, a la que los políticos deben prestar atención y apoyo para conseguir avances en el ámbito de los cambios cualitativos del aprendizaje de adultos. No debemos debatir únicamente los problemas que surgen, sino también solventarlos adecuadamente, pues ello determinará la manera en que se desarrolle el aprendizaje de adultos durante los próximos años.

El problema de Lituania es especialmente relevante en este contexto —la integración social de los grupos vulnerables y, en particular, de las personas con discapacidad—. Además, todavía no han sido resueltas las escasas posibilidades que tienen los adultos al cuidado de niños de corta edad para recibir aprendizaje tras el horario laboral. Con frecuencia, los padres no pueden aprender porque, sencillamente, no tienen dónde dejar a sus hijos. Existe también una falta de flexibilidad en el sistema de la enseñanza para adultos. En ocasiones, los menores de dieciocho años que no han finalizado la educación secundaria desean continuar sus estudios en programas de aprendizaje de adultos, pero no pueden hacerlo porque tal aprendizaje sólo se permite a partir de los dieciocho años. Ciertamente, la financiación insuficiente es también un problema importante. Me mostraría de acuerdo con el Presidente de Lituania, Valdas Adamkus, que manifestó que, en su país, cada vez más gente comprende que el aprendizaje no es únicamente la obligación de una persona joven. En la actualidad, el aprendizaje permanente se está convirtiendo en un reto para nuestro país y sus ciudadanos. Tenemos que atrapar esta oportunidad porque así seremos capaces de mostrar a un mundo en rápida evolución que Lituania es un país creativo, abierto a la innovación, y que no teme establecer objetivos ambiciosos a la hora de desarrollar nuevas posibilidades y formas de aprendizaje.

  Mikel Irujo Amezaga, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (ES) Señor Presidente, también quisiera comenzar agradeciendo y felicitando a la señora Pack por el informe ya que, dado su talante, la verdad es que gran parte de las enmiendas presentadas por nuestro Grupo también fueron incorporadas en el mismo. Me gustaría decir que la educación de adultos siempre ha sido una de las mejores formas para lograr el desarrollo económico y social de los pueblos y contribuir a un mejor reparto de la riqueza.

Ahora, en esta cambiante sociedad de la información, en la que hay que estar permanentemente actualizando los conocimientos, la educación básica de las personas adultas, primero, y su formación continua, después, constituye una necesidad de primer orden. Los adultos deben ajustarse al permanente cambio que fuerza la globalización y tomar decisiones para poder sobrevivir manteniendo una calidad de vida adecuada.

Sin embargo, la mayor parte de los sistemas educativos no dan respuesta de forma suficiente a las necesidades de educación que éstos tienen para poder dar adecuada réplica a la sociedad cambiante en la que viven. La educación, a diferencia de otras épocas, no ha de procurar enseñanzas para un mundo conocido, sino para un mundo caracterizado por un cambio permanente que puede dar lugar a situaciones imprevisibles.

Se trata, pues, de prever un sistema de educación que pueda dar respuesta a las necesidades de los adultos en una sociedad en cambio permanente. Se trataría en definitiva de una educación que preparara para la anticipación y la innovación y dejara de ocuparse de una educación para la adaptación.

Nos encontramos en el tránsito de una sociedad industrial a la postindustrial, siendo este tipo de sociedad al que nos dirigimos el que va a constituir el marco de la educación de adultos, y por eso he felicitado a la ponente y quisiera hacerlo también a la comisión, porque considero que el actual informe va en este sentido.

  Thomas Wise, en nombre del Grupo IND/DEM. – Señor Presidente, el aprendizaje permanente es algo en lo que el Reino Unido siempre ha destacado. Nuestra Universidad Abierta fue el primer centro de este tipo en el mundo, fundada en la década de los 60 y basada en un concepto que se remonta a la década de los 20. Cientos de miles de los llamados «estudiantes adultos» se han licenciado en la Universidad Abierta, muchos de ellos licenciados que regresan a sus estudios. Por tanto, creo que el Reino Unido está en una buena posición en lo que aprendizaje permanente se refiere y, con todo el respeto, no creo que necesitemos aceptar más interferencias de esta Cámara en materia educativa, que sigue siendo una competencia nacional.

Sin embargo, esta Cámara nunca se conforma con ofrecerlo. El siguiente paso, por supuesto, es la obligación. Después de todo, ¿qué sentido tiene proporcionar algo que no se usa? Sin embargo, las instituciones de la UE tienen un largo historial de derroche de miles de millones de euros y de otras divisas, mientras que los Estados nacionales siguen sus órdenes alegremente como si fuese la cosa más natural del mundo.

Pero los burócratas y políticos de esta Cámara nunca aprenden, por mucho tiempo que vivan. Ni siquiera quieren escuchar. Sencillamente siguen adelante con los proyectos y no les importan quienes no comparten su punto de vista o tienen opiniones distintas. Esto me hace acordarme del viejo dicho, atribuido a Sun Tzu, pero que Kennedy hizo famoso: los que hacen imposibles las protestas pacíficas, hacen que las protestas violentas sean inevitables. Si no aprenden de sus errores, estarán condenados a repetirlos.

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) En primer lugar, les ruego que me permitan expresar mi agradecimiento a la señora Doris Pack por toda la energía que ha empleado en la preparación de este informe. Quisiera también expresar mi agradecimiento a los representantes de la Comisión Europea por las iniciativas que han conducido a la mejora de la situación existente.

En calidad de ponente de opinión de la Comisión de Cultura y Educación en el Marco Europeo de Cualificaciones, considero que el tema de la educación permanente es de la mayor importancia, ante todo desde dos puntos de vista. El primero es la mejora en las cualificaciones, un incremento en la capacidad para encontrar trabajo y superar las discrepancias propias del mercado laboral, así como una mejora en la movilidad geográfica y profesional. El segundo es la búsqueda del desarrollo personal permanente y de la integración en la sociedad.

Muy pocos adultos participan en la educación y la formación profesional. Creo que centrarse en mejorar la motivación de los ciudadanos respecto al aprendizaje permanente es un paso positivo. Es fundamental en este proceso tener en cuenta la mejora de las condiciones para la conciliación del trabajo y la vida familiar, la solidaridad intergeneracional e intercultural, el aprendizaje de lenguas y una mejora en la calidad de la educación y en sus perspectivas. Lo que debe alentarse es el reconocimiento y la valoración de la educación no formal e informal. Los objetivos importantes son mejorar las cualificaciones de los trabajadores con escasa cualificación, que constituyen un tercio de la mano de obra europea —hasta setenta y dos millones de personas— y, finalmente, la educación de los inmigrantes.

Si deseamos alcanzar para el año 2010 el objetivo de referencia del 12,5 % de participación en el aprendizaje de adultos —que significa la participación de otros cuatro millones de personas—, uno de los requisitos será establecer un vínculo entre los sistemas educativos a escala europea y los marcos nacionales de cualificaciones.

  El Presidente . − Quisiera tranquilizar a la señora Pack diciéndole que los agradecimientos de la Presidencia constituyen una señal institucional adecuada de respeto para los ponentes y las opiniones que expresan, aun cuando estemos en total desacuerdo con su contenido.

  Gyula Hegyi (PSE). – Señor Presidente, hay un proverbio húngaro que dice «un buen cura aprende hasta la muerte». Hoy en día no sólo los curas, sino también todos los adultos deberían aprender en la edad adulta. Acojo con satisfacción el informe de la señora Pack y el Plan de acción de la Comisión sobre el aprendizaje de adultos. Por supuesto, resulta muy triste que solo el 9,6 % de nuestros ciudadanos adultos participe en el aprendizaje permanente. No resulta fácil empezar a aprender cuando se es adulto. La conciliación de la vida familiar, la vida laboral y el aprendizaje es una ardua tarea, pero a largo plazo la familia y la carrera profesional pueden beneficiarse del aprendizaje permanente.

En Europa tenemos millones de desempleados y, al mismo tiempo, millones de empleos sin ocupar que requieren trabajadores cualificados. El bajo nivel de cualificación supone un elevado riesgo de desempleo, pero la formación y al aprendizaje permanentes pueden ayudar a la persona y la economía. Estoy de acuerdo con la señora Pack en que no sólo hay que fomentar el aprendizaje permanente, sino que también se necesitan herramientas económicas para promover la contratación de trabajadores de más edad por parte de las empresas. Sólo hay una solución para el reto que plantea nuestra sociedad en envejecimiento: respetar a los trabajadores de más edad y proporcionar trabajos dignos para la generación de más edad. Por supuesto, estas personas necesitan aprendizaje permanente y también formación permanente.

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE). – (RO) Somos conscientes de que los Estados miembros reconocen el papel extremadamente importante del aprendizaje permanente, pues contribuye al bienestar de los ciudadanos, a la confianza en la propia persona, a la integración social y al diálogo intercultural. No obstante, el acceso de los adultos a los programas de aprendizaje permanente continúa siendo limitado, a pesar del objetivo de la Unión Europea de alcanzar una participación del 12,5 % para el año 2010.

Ésa es la razón por la que la puesta en práctica y la promoción de programas europeos eficaces por parte de los Estados miembros para el aprendizaje y la formación de adultos, especialmente de las personas de mayor edad, las personas con discapacidad y los inmigrantes, podría conducir a un mayor éxito en su integración en la sociedad y a una mayor movilidad en el mercado laboral.

En calidad de miembro de la Comisión de Cultura y Educación, creo que el desarrollo de programas voluntarios relacionados con la solidaridad intergeneracional y la participación del Gobierno, la empresa privada y los individuos, es un factor clave para asumir los nuevos retos que plantea el cambio demográfico, la pobreza y la exclusión social.

En virtud del derecho a la alfabetización y a la educación, así como de la obligación de los Estados miembros de proporcionar aprendizaje de calidad a sus ciudadanos adultos creo, señor Presidente, que somos también responsables del desarrollo de herramientas sostenibles para la financiación y el apoyo a la educación y el aprendizaje permanentes.

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Señor Presidente, si el Comisario preguntara a la gente dónde aprendieron, le dirían que en la escuela a la que iban. Sin embargo, la mayor parte del aprendizaje que hacemos tiene lugar fuera de esta experiencia de educación formal.

El reto del aprendizaje permanente no es sólo ofrecer oportunidades a los adultos para conseguir nuevas cualificaciones, sino también encontrar una forma de reconocer y capitalizar el valioso aprendizaje que muchos adultos han adquirido informalmente a lo largo de la vida y de la experiencia laboral. Uno de los electores de mi circunscripción ha sido el primero en criar una de las variedades de peces más difíciles y también en desarrollar las técnicas de cría respetuosas con el medio ambiente que exige. No tiene estudios universitarios, así que cuando la Comisión concede becas en este campo, no le benefician. Por el contrario, estas becas van a parar a universitarios sin experiencia, que se dirigen a él para aprender cómo hace lo que hace. Está cansado de este timo y la industria pesquera será más pobre por esto.

Insto al Comisario a que examine esta cuestión, ya que tiene que haber una forma mejor.

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE). – (CS) Señor presidente, Comisario, el mayor obstáculo que impide a las personas adultas participar en la educación es la falta de tiempo debido al trabajo o a los compromisos familiares. Otro factor negativo es la falta de información y de motivación: según la opinión general, el aprendizaje en la vida adulta no resulta lo suficientemente valorado ni recompensado. Un aspecto importante del aprendizaje de adultos es su eficacia y paridad. Los sistemas educativos de los Estados miembros de la UE se centran, principalmente, en el aprendizaje y la formación profesional de los jóvenes. Se ha conseguido únicamente un leve avance para cambiar esta situación, avance que ha tenido, hasta la fecha, poca repercusión. Por lo tanto, el objetivo general debe ser maximizar el uso de los diversos proveedores de educación en el sistema de aprendizaje de adultos. Nuestro objetivo es permitir el acceso a información útil y oportuna acerca de las posibilidades del aprendizaje de adultos, y explicar los requisitos de acceso y los costes, por no mencionar las ventajas de completar con éxito dicho aprendizaje.

Comparto el punto de vista de la ponente de que los Estados miembros deben introducir sistemas de evaluación de calidad e incentivos financieros destinados al individuo, y deben también apoyar el desarrollo de asociaciones locales. Además, es importante introducir un sistema que reconozca y valide los resultados de tal aprendizaje en el contexto de las cualificaciones nacionales, teniendo en cuenta el Marco Europeo de Cualificaciones. Las ventajas de invertir en el aprendizaje de adultos se confirman también por la investigación llevada a cabo por la OCDE. Los beneficios públicos y privados incluyen una mayor empleabilidad, un incremento en la productividad laboral, menores gastos de prestaciones por desempleo y de prestaciones sociales, y un descenso de jubilaciones anticipadas. Este informe nos invita a reconsiderar las prioridades de la política establecida en el ámbito del aprendizaje de adultos y a tomar medidas concretas. Mis felicitaciones a la ponente.

  Marianne Mikko (PSE). – (ET) Señoras y señores.

La ampliación de 2004 incrementó el crecimiento económico de la Unión Europea en tal proporción que suscitó una confianza injustificada; sin embargo, el actual enfriamiento de la economía está causando tensiones sociales incluso en los nuevos Estados miembros.

Me refiero al coste de los contratos de trabajo, que actualmente está causando controversia en mi país, Estonia. Anticipándose a los despidos, los empresarios estonios están tratando de conseguir que las personas a las que se va a despedir soporten la peor parte de los efectos sociales de la desaparición del empleo. Quizá quienes son más vulnerables, principalmente los empleados que han perdido sus trabajos, se encuentren de nuevo sin comprender por qué se les castiga por ello.

En ausencia de medidas eficaces, tanto la flexibilidad consolidada como el aprendizaje permanente se reducen, simplemente, a palabras vanas a cuya sombra se deja a los sujetos más vulnerables de la sociedad sin recibir el apoyo que necesitan. Elevar la edad de jubilación de acuerdo con el incremento en la esperanza media de vida significa que un trabajador de 45 años de edad todavía debe alcanzar el punto medio de su carrera. Significa comenzar de nuevo desde la edad madura.

La discriminación por motivos de edad y de género sigue constituyendo una realidad innegable en los lugares de trabajo de todo el mundo, incluida la Unión Europea. La tendencia hacia una maternidad más tardía significa que para las mujeres es doblemente difícil el retorno al mercado laboral.

El Programa de Aprendizaje Permanente es una oportunidad, al menos hasta cierto punto, de compensar por la situación de injusticia que prevalece en la actualidad. Asimismo, debería alentarse a los empleadores a invertir en personas con experiencia práctica, así como persuadirles de que el conocimiento y las habilidades adquiridas en otros ámbitos de la vida —sí, incluso en la economía doméstica— son extremadamente valiosos.

Deseo hacer hincapié, una vez más, en que el sistema de aprendizaje permanente es, simplemente, complementario a los compromisos sociales, y no su sustituto: los conductores, no importa la experiencia que tengan, deben siempre ajustar sus cinturones de seguridad.

Agradezco y felicito a la ponente por su magnífico trabajo. ¡Gracias, señora Pack!

  Ljudmila Novak (PPE-DE). – (SL) El hombre es una criatura extremadamente adaptable, razón por la cual muchos adultos han aceptado ya el hecho de que debería continuarse adquiriendo conocimientos incluso durante la madurez y la vejez. En el futuro, aquellas personas que nunca han dejado de aprender tendrán, sin duda, una ventaja para adaptarse a los rápidos cambios que afrontamos diariamente.

Asimismo, es importante para el bienestar de las personas de mayor edad que continúen participando en el modelado de la sociedad mediante su conocimiento y experiencia, lo que les da la satisfacción de saber que son útiles y necesarios para la sociedad. Puesto que la población está envejeciendo, deberán crearse nuevas ocupaciones más idóneas para las personas de mayor edad.

Un amigo mío, que tiene diez hijos sin abuela que ayude en su crianza, me preguntó: «¿Sabes dónde podría comprar una abuela para mis hijos?». A menudo recuerdo la historia de un médico que pidió a una profesora jubilada que enseñara en el hospital a un chico con quemaduras graves, y que no se esperaba que sobreviviera. Gracias a la persistencia, paciencia y experiencia de la profesora, el chico comenzó a responder a sus preguntas. Comenzó a creer en la vida. ¿Por qué iban los médicos a enviar a una profesora a trabajar tan duro con un chico del que no pensaban que sobreviviría? La experiencia de una persona mayor salvó una vida joven.

Los jóvenes cuentan con muchas capacidades y ventajas para aprender, que en ocasiones no aprovechan totalmente, pero las personas de mayor edad deben hallar fuerza de voluntad y recibir estímulo porque nunca es demasiado tarde para aprender y ello puede compensarles por otras cosas para las que, quizá, no tuvieron tiempo o posibilidad económica durante su juventud. Adquirir conocimiento significa disfrutar más plenamente de la vida.

  Rolf Berend (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Comisario, señoras y señores, en este siglo seguramente no es difícil convencer a nadie de que la educación general y profesional ya no puede quedar confinada a la escuela y a los años inmediatamente posteriores, sino que tiene que actualizarse y extenderse a lo largo de toda la vida laboral de las personas. Las tendencias demográficas cambiantes, por ejemplo, proporcionan prueba suficiente de esta necesidad.

En este contexto, el excelente informe de la señora Pack presenta una multitud de buenas ideas y transmite, muy acertadamente, la necesidad de crear una cultura del aprendizaje, especialmente entre los adultos; con este fin, enumera una serie de medidas que deberían aplicarse en diversos ámbitos. El aprendizaje de adultos es, ciertamente, una tarea primordial para los Estados miembros. Por esta razón, la UE no puede prescribir acciones; en su lugar, debemos realizar sugerencias y solicitar, alentar e invitar a los Estados miembros a ofrecer una serie de medidas que atraerán a un mayor número de personas al aprendizaje de adultos.

Al igual que la ponente, creo firmemente —y lo digo en calidad de vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Regional— que muchos Estados miembros no son totalmente conscientes del significado y de la utilización del Fondo Social Europeo y de otros Fondos Estructurales como instrumentos útiles para el objetivo del aprendizaje permanente. Deberían realizar un seguimiento de los Fondos Estructurales teniendo presente este objetivo, así como asegurar que se facilitan más recursos para aquéllos cuya necesidad de aprendizaje permanente es mayor. En suma, el informe apela abiertamente a los Estados miembros para que hagan un uso activo de instrumentos como el Fondo Social Europeo, así como a la Comisión, con el fin de reforzar programas específicos en el ámbito del aprendizaje de adultos.

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, me complace dirigirme esta tarde a una Cámara que, debo admitir, está muy concurrida.

Hoy la señora Pack nos ha presentado el informe sobre aprendizaje de adultos «nunca es demasiado tarde para aprender», con su inteligencia y habilidad características. Me complace ver a los representantes de la Comisión, el señor Figel' incluido, quien se encuentra entre los más activos y entusiastas en su labor, porque existe una necesidad real de compromiso, pues esta cuestión —la educación y el aprendizaje de los más jóvenes, los trabajadores, o las personas de mayor edad— podría verdaderamente aproximar a los ciudadanos a Europa.

Quisiera decir algo acerca de un grupo de adultos que podría beneficiarse de este aprendizaje: porque hay adultos de primera, segunda y tercera edad. Por adultos de tercera edad hago referencia a aquéllos que han dejado de trabajar, han entrado en la jubilación y pueden, finalmente, disponerse a estudiar la materia que siempre habían querido estudiar pero que nunca habían tenido tiempo para cultivar en profundidad; por ejemplo, yo estudiaría astronomía; otros, podrían estudiar física o geografía.

Considero que es conveniente e importante para Europa allanar la transición del trabajo y la etapa laboral a la etapa no laboral, durante la cual las personas tienen exactamente el mismo derecho a aprender y a recibir formación. Por esa razón, estoy muy satisfecho con este informe y esta iniciativa del Parlamento Europeo para promocionar el aprendizaje también entre las personas de mayor edad.

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Señoras y señores, en la lucha contra el desempleo, el objetivo central de la estrategia es facilitar a los empleados la adaptación al mercado laboral, algo que puede alcanzarse mediante el aprendizaje permanente. El objetivo era que, para 2010, al menos el 12 % de las personas tomaran parte en el aprendizaje de adultos. Ahora sabemos que no va a alcanzarse ese objetivo. Sin embargo, quisiera apuntar que existen algunos países, como los Países Bajos y Austria, que han alcanzado ya el objetivo de Lisboa gracias a incentivos significativos, como la división del tiempo y de las cargas financieras entre los empleados, las empresas y el Estado. La experiencia danesa también es valiosa; allí, la rotación de trabajadores facilita el desarrollo de cualificaciones: cuando un empleado está llevando a cabo algún aprendizaje, su lugar lo ocupa una persona que en ese momento se encuentra sin trabajo. Éstos y otros países nos demuestran que es posible, que la flexibilidad del mercado de trabajo es el camino hacia innovaciones que contribuyen a crear nuevos empleos. El resultado es el nivel más bajo de desempleo prolongado, que en Dinamarca alcanza sólo el 0,8 %. Quisiera creer que la situación cambiará sustancialmente, incluso en los nuevos países, de la mano de los ejemplos así como de los enormes incentivos proporcionados por el Fondo Social Europeo. Recibo con satisfacción la comunicación de la Comisión y el informe elaborado por la señora Pack.

  Mihaela Popa (PPE-DE). – (RO) Efectivamente, nunca es demasiado tarde para aprender. Quisiera felicitar a la ponente por su manejo de este tema, que resulta fundamental en el ámbito europeo y más allá de él. Desafortunadamente, muchos ciudadanos todavía creen que la educación es algo que se adquiere en la primera etapa de la vida.

Debemos alentar el acceso a los fondos europeos disponibles para el aprendizaje de adultos, concretamente en los Estados miembros que se han integrado recientemente a la Unión. El grado de absorción de los fondos es bastante bajo en estos Estados, y la cifra de personas relacionadas con el reciclaje profesional y el aprendizaje permanente es muy reducida.

Creo que es fundamental cambiar la mentalidad de los jóvenes cuando todavía se encuentran en los primeros estadios de su educación, y prepararles para una Europa que avanza. Al desarrollar nuevos programas a escala europea, deberíamos inculcarles la idea de que el aprendizaje no termina una vez que se ha obtenido la primera titulación. Es importante ser consciente de que cualquier persona, en cualquier momento, puede adquirir nuevas capacidades y competencias sin importar su edad, origen étnico, género o ubicación. Teniendo todo esto en cuenta, surge una regla fundamental: debemos ser capaces de aprender.

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Señoras y señores, los cambios apresurados en la estructura del mercado laboral exigen trabajadores altamente cualificados. Las personas con escasa cualificación permanecen al margen del progreso social y económico.

La creatividad y la innovación son factores clave de la era moderna; cuanta mayor capacidad de inventiva tiene una persona, mayor fuente de creatividad representa para la economía. Las economías prósperas son las que invierten en las personas (y eso significa en educación), en las capacitaciones tecnológicas básicas y en las aptitudes lingüísticas de la mano de obra. Es importante despertar, mediante el aprendizaje permanente, las capacidades que permanecen latentes en las personas de todas las edades, y que esperan a ser puestas en práctica.

Creo que este maravilloso informe de la ponente, Doris Pack, «Aprendizaje de adultos: nunca es demasiado tarde para aprender», no quedará en meras palabras; creo que lograremos que su contenido pase a la acción. Comisario Figel’, gracias por su compromiso personal en el ámbito del aprendizaje permanente.

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE). – (RO) Me sumo a mis colegas al felicitar a la señora Doris Pack por su trabajo como ponente. El tema es muy importante para la Europa de hoy y, especialmente, para la Europa del mañana.

El desarrollo de una nueva sociedad, así como de la cohesión social, se encuentra estrechamente relacionado con la educación, y por educación no deberíamos considerar únicamente la educación formal, sino que deberíamos también promover la educación no formal e informal, manteniendo un gran enfoque sobre el individuo.

Quisiera llamar su atención sobre la importancia del aprendizaje de los inmigrantes. Creo que hemos visto en la práctica que el aprendizaje es necesario para la integración social de los inmigrantes, así como para fomentar la tolerancia, la estabilidad, el rendimiento y el desarrollo europeo en general.

  Jerzy Buzek (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, quisiera felicitar a la ponente, la señora Pack, así como al Comisario, que está llevando a cabo sus obligaciones de manera excelente, y también respecto a su trabajo para el Instituto Europeo de Tecnología; sin embargo, lo que estamos debatiendo hoy el algo más. Quisiera llamar su atención sobre un asunto en particular.

A comienzos del siglo xx, Europa estaba combatiendo el analfabetismo, mientras que para la segunda mitad del siglo xx todos los europeos sabían ya leer y escribir. En la actualidad, el analfabetismo consiste en la falta de conocimientos informáticos y de acceso a Internet. Quisiera proponer que se hiciera todavía mayor hincapié sobre esta cuestión.

La brecha digital influye también en la brecha generacional. La cuestión es que deberíamos saber en cuántos años, cinco o diez, todos los europeos sabrán utilizar un ordenador, sea cual sea su edad, y contarán con acceso a Internet. Los cibercafés, donde se instalan varios ordenadores en una sala, podrían utilizarse con este fin en las zonas más remotas de Europa, y todos los habitantes podrían utilizar esa ubicación. Éste es el reto del siglo XXI.

  Ján Figeľ, Miembro de la Comisión. – (SK) Creo que muchas de las aportaciones realizadas son, de hecho, un incentivo para participar en la cuestión del aprendizaje de adultos.

Siguiendo esta filosofía, y como ya se ha señalado, nunca es demasiado tarde para aprender. El segundo documento manifiesta que existe siempre una buena razón o el momento oportuno para aprender. Quisiera manifestar que considero el informe de Doris Pack y las numerosas iniciativas que se han mencionado aquí como un complemento, o una añadidura, a lo que la propia Comisión sugirió; por lo tanto, esta filosofía es muy valiosa y bienvenida. Quisiera volver a hacer referencia a algunas de las medidas específicas, porque están ayudando y mejorando lo que es importante para el enfoque en su conjunto: la importancia de motivar a los adultos para participar en el aprendizaje; la necesidad de asegurar una mayor conciliación del trabajo con la vida familiar y el aprendizaje permanente; la necesidad de solidaridad intergeneracional e intercultural; la importancia del aprendizaje de lenguas o de la docencia; el respeto por las necesidades específicas de los grupos vulnerables y la importancia del profesorado de calidad, que se ha debatido recientemente: es uno de los factores clave para el éxito educativo; y un mejor enfoque de la educación superior y de la creación de información o de datos estadísticos comparativos.

La Comisión reflexionará también sobre su invitación de evaluar las perspectivas laborales relacionadas con el aprendizaje de adultos y el tema de su financiación. Se trata de cuestiones muy concretas, que entran dentro de la competencia de los Estados miembros.

Finalmente, una de las consecuencias, no únicamente de este informe, sino también de los documentos de la Comisión, será el debate de los Estados miembros y las conclusiones del Consejo de Ministros, en febrero. Creo que serán consecuentes y apoyarán el aprendizaje de adultos accesible y de calidad. Para concluir, permítanme una reflexión: no se trata sólo de gratitud y agradecimiento, sino también del reconocimiento de la inspiración. En calidad de Comisario, político y padre, estoy convencido de que la educación —y me refiero a la educación accesible y de calidad— es el factor más importante para el desarrollo político, económico, social y cultural de los individuos y de la sociedad en su conjunto. Además, la educación es el gran elemento equiparador, lo que significa que equipara aquellas cuestiones necesarias para la igualdad de todos. Muchas gracias, y espero proseguir nuestra cooperación.

  Doris Pack, ponente. − (DE) Señor Presidente, en primer lugar, permítame expresar mi agradecimiento a quienes han participado, por las flores que me han echado; me complacería extraer unas pocas del ramo y ofrecerlas a Jan Figel'. Después de haber hecho campaña a favor del aprendizaje de adultos desde 1993, y habiendo visto los primeros frutos de estos esfuerzos, me gratifica que hayamos dado ya el gran paso hacia delante para que la importancia del aprendizaje de adultos se reconozca en todas las esferas de la actividad política.

Soy especialmente partidaria de que se cree todo incentivo posible para motivar a los adultos al retorno al proceso educativo. Muchos no han tenido nunca la oportunidad, y otros muchos necesitan motivación. También hay necesidad de superar las inhibiciones de la gente y de eliminar obstáculos. Por esa razón, creo también que los numerosos centros de aprendizaje de adultos, fundaciones y organizaciones benéficas que, como sabemos, están desempeñando ya una labor excepcional en este ámbito, deberían recibir apoyo, y que deberían mantenerse los elevados estándares de estos proveedores —y no veo razón por la que no puedan incluso superarse—. Como manifesté anteriormente, debemos asegurar que la calidad del aprendizaje de adultos continúe mejorando.

Me satisfizo escuchar que se había formado ya un grupo de trabajo en su área de responsabilidad de la Comisión, señor Figel’. Me complace que quizá puedan establecerse vínculos también con la iniciativa Grundvig y que podamos dar el pistoletazo de salida, por así decir, a los Gobiernos nacionales.

Por lo tanto, pongámonos manos a la obra. En realidad, todas estas buenas palabras deben dejar ahora paso a los hechos, y nuestra tarea es, sencillamente, desmentir el venerable dicho: «No hay quien enseñe trucos nuevos al perro viejo». En el contexto del aprendizaje de adultos, esta afirmación es tan errada como puede serlo cualquier otra, por lo que espero que ahora podamos intentar, sobre la base de nuestros propios esfuerzos y con la ayuda de todos ustedes, aupar a los Gobiernos nacionales hasta la silla de montar para que puedan empezar a trotar, ya que llevará su tiempo antes de que estén preparados para galopar.

  El Presidente. − Se cierra el debate.

La votación sobre este punto tendrá lugar el miércoles 16 de enero de 2008, a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (Artículo 142)

  Edit Herczog (PSE), por escrito. – (HU) Quisiera felicitar a la ponente y a las comisiones por su provechoso trabajo, eminentemente social. Al mismo tiempo, lamenté observar que no se había hecho referencia alguna en él a la cuestión de desarrollar capacidades informáticas y de comunicación. Tan sólo deberíamos pensar en la cantidad de legislación que hemos creado a lo largo de los años, que reconoce nuevos derechos para los ciudadanos europeos, y en cuántos casos hemos prescrito que los trabajadores, consumidores, pensionistas, o incluso turistas, deberían contar con la información oportuna y vías de acceso a través de Internet.

Todas estas cosas adquieren sentido cuando los beneficiarios pueden acceder a la información. El desarrollo de «cibercapacidades» en el aprendizaje permanente y en la educación general básica adquirirá una importancia fundamental como cimiento de una sociedad de la información basada en el conocimiento. Otra tarea clave para los Estados miembros será promover la igualdad de oportunidades en TI y la integración electrónica. Me complace que todos los partidos húngaros muestren su conformidad en esta cuestión, aunque no lo hagan en muchas otras.

La información y las tecnologías de comunicación modernas representan, en sí mismas, una oportunidad sin precedentes para la verdadera promoción de la cohesión y la igualdad de oportunidades, pero sólo podemos hacer uso de esta oportunidad si garantizamos las condiciones para incluir a todo el mundo a lo largo de sus vidas, de manera que, incluso para las «cibercapacidades», el título de la opinión de la comisión será inexcusablemente cierto: «Nunca es demasiado tarde». Gracias por su atención.

19. Acciones que han de realizarse por medio de las aplicaciones de teledetección creadas en el marco de la PAC (debate)

  El Presidente. − De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del señor Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a las acciones que debe emprender la Comisión en el período comprendido entre 2008 y 2013 mediante las aplicaciones de teledetección creadas en el marco de la Política Agrícola Común (COM(2007)0383 - C6-0273/2007 - 2007/0132(CNS)) (A6-0508/2007).

  Mariann Fischer Boel, miembro de la Comisión. − Señor Presidente, antes de abordar el contenido del informe, quiero dar las gracias al ponente, señor Graefe zu Baringdorf, y a los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural por el trabajo que han estado haciendo al evaluar la propuesta de la Comisión.

En primer lugar, quiero hacer algunas observaciones más generales para ubicar la propuesta de la Comisión en el contexto correcto. La propuesta de la Comisión se refiere al sistema agrometeorológico utilizado para preparar las previsiones del rendimiento agrícola y realizar un seguimiento del desarrollo de los cultivos en la Unión Europea. Este sistema fue desarrollado durante la década de los 90 y está plenamente operativo desde 1998. Debo decir que considero que se trata de una herramienta muy útil.

Este sistema proporciona a los servicios de la Comisión información precisa sobre la situación en el sector agrícola y también ayuda a la Comisión a tomar decisiones oportunas en el marco de la Política Agrícola Común y, por tanto, creo que es bastante natural que se financie mediante la financiación de la sección de orientación.

Permítanme decir algo sobre algunas de las propuestas contenidas en el informe de la Comisión de Agricultura. Les preocupa el uso de los datos que se recopilan. Quiero ser clara a este respecto. El control no es el objetivo de este sistema, y no puede usarse ni se usará para controlar a los agricultores en la Unión Europea.

Cuando lo examinamos desde un punto de vista técnico, la resolución de las imágenes de teledetección generadas por el sistema es demasiado baja para permitir cualquier control y este sistema —también debe quedar claro— no tiene nada que ver con nuestro sistema integrado de gestión y control (SIGC).

El ponente también indica que no existe un consenso sobre el hecho de que el sistema propuesto funcione realmente. El desarrollo del sistema se inició a finales de los 80 y, como he dicho, desde 1998, cuando empezó a funcionar, el sistema ha proporcionado previsiones de rendimientos de manera regular a los servicios de la Comisión. Usamos esta información diariamente, por ejemplo en nuestro análisis de la evolución de la oferta y de los precios en el sector de los cereales.

El año pasado, en septiembre de 2007, la Comisión ofreció una evaluación del sistema en un informe al Parlamento Europeo y al Consejo que demostraba realmente la utilidad del sistema. El sistema también se aplica a escala nacional en varios Estados miembros, y otros países están usando o desarrollando herramientas similares, por lo que en este punto no estoy totalmente de acuerdo con sus Señorías.

Por último, acojo con satisfacción el principio de crear un inventario de proyectos e iniciativas en el ámbito espacial y de la teledetección. Sin embargo, esta propuesta no es el contexto adecuado para ello. Esto se inscribiría en la iniciativa europea de vigilancia global del medio ambiente y la seguridad. Así que no estamos exactamente en el mismo lugar, pero estoy esperando escuchar los comentarios de sus Señorías.

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, ponente. − (DE) Señor Presidente, Comisario, en el comité de coordinación de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural nos planteamos si deberíamos elaborar un informe sobre este asunto o, por el contrario, deberíamos dejarlo pasar sin la elaboración de dicho informe. Se me encomendó la tarea de examinar esta cuestión con mayor profundidad y, en consecuencia, decidimos que redactaríamos un informe, lo que significa que ambos podemos volver a debatir este asunto esta tarde, algo muy útil, por cierto.

No obstante, nos equivocamos en algunos puntos y esto se refleja en las enmiendas que hemos formulado. En primer lugar, el informe de la Comisión declaraba que la propuesta no encontró oposición ni en el Consejo ni en otros lugares. No obstante, nuestras investigaciones han revelado que en algunos países, en particular en los de la Europa septentrional, no se puede hacer gran cosa con estos datos por satélite, porque cuando se toman las imágenes todavía está todo cubierto de nieve.

En segundo lugar, los datos son recopilados por empresas privadas que los ponen a disposición de la Comisión, y los principales clientes de dichas empresas son las industrias del gas y del petróleo, un ámbito industrial que conlleva un cierto grado de especulación. Lo que debemos garantizar —y es el motivo de que queramos invocar nuestros poderes parlamentarios de escrutinio— es que los datos recopilados no tienen ninguna relación con ninguna ambición especulativa sino que se usan realmente, como han declarado, con el único fin de predecir las cosechas y los rendimientos. No obstante, como ya saben, todos estos numerosos datos se usan para especular en el mercado de materias primas del mercado bursátil, y dichas predicciones podrían usarse para dicho fin.

Antes de continuar, permítanme hacer hincapié en que la Comisión y el Parlamento compartan en este sentido un interés común; sin embargo, el Parlamento tiene una función de escrutinio y, por tanto, resulta lógico que hablemos de ello y solicitemos informes a la Comisión que demuestren claramente lo sucedido con estos datos, el modo de registrarlos y el propósito de los mismos. Se trata fundamentalmente de pedirles responsabilidad para los años venideros.

Entonces, nos sorprendió en cierto modo, evidentemente, saber que la base financiera de la recogida de estos datos iba ser modificada de repente. Hasta la fecha habíamos tenido un presupuesto reservado según el cual debía debatirse el mantenimiento de los aumentos de los créditos y propuestas. Ahora, estas actividades van a ser transferidas al Fondo de garantía con respecto al cual el Parlamento tiene un poder de escrutinio menor. Ahora podemos presumir que, una vez que el Tratado entre en vigor a principios de 2009, el Fondo de garantía ya no existirá y, en consecuencia, estos asuntos pasarán a pertenecer a la total soberanía presupuestaria del Parlamento. Al menos se propuso este enfoque, y cuando recibimos el informe todavía no estaba clara la fecha en la que se materializaría el Tratado. Así que nos mostramos en contra porque no queríamos hacer cambios en ese momento. Debería quedarse tal cual estaba, es decir, en una línea presupuestaria que podría ser escrutada después por el Parlamento en la parte correspondiente al gasto.

En cualquier caso, Comisario, considero que realmente tenemos problemas más importantes que debatir e intentar solucionar relativos a la salud antes que el asunto de nuestras deliberaciones de esta tarde. No obstante, los agricultores se muestran muy susceptibles cuando sospechan que se les está investigando. Usted ha dejado claro que no se trataba de ningún tipo de vigilancia o espionaje. Transmitiré encantado este mensaje, pero debe entendernos. Nosotros, en tanto que Parlamento, también debemos asegurarnos de que ustedes lo hacen. Hemos debatido este asunto y estamos haciendo esta observación por la responsabilidad que tenemos ante nuestros votantes.

  Esther Herranz García, en nombre del Grupo PPE-DE. – (ES) Señor Presidente, señora Comisaria, buenas noches, y una noche más hablando de agricultura. Tal y como señala en su informe la comisión, la teledetección ha demostrado en los últimos años la capacidad para atender correctamente las necesidades de gestión de la política agrícola común. Porque los sistemas clásicos de estadísticas y previsiones agrícolas están empezando a quedarse obsoletos frente a esa nueva tecnología que nos invade en todos los aspectos de nuestra vida.

También ha permitido aumentar la precisión, la objetividad, la rapidez y la frecuencia de las observaciones, además de procurar un ahorro en los gastos de seguimiento y control de los gastos agrícolas. Bienvenida sea, por tanto, la teledetección en la política agrícola común.

El proyecto de informe que será sometido mañana a votación da la razón en términos generales a la Comisión Europea, salvo en un punto que considero importante, como es el relativo a la financiación de esta medida. Ya en la propia Comisión de Agricultura apoyé la propuesta del ponente para crear un presupuesto específico para la teledetección de 9,2 millones de euros fuera del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, para así garantizar en el futuro apoyo comunitario al desarrollo de la teledetección en todos los Estados miembros.

Me congratulo, por tanto, del resultado de la votación en la Comisión de Agricultura, cuyo informe recoge, además, la necesidad de utilizar el sitio informático del Centro Común de Investigación en Ispra para recopilar los datos espaciales, en vez de la idea de crear una nueva infraestructura informática como propone la Comisión Europea.

Racionalicemos, por tanto, tanto las infraestructuras como el presupuesto financiero y, por tanto, apoyemos desde la Cámara el texto que será sometido mañana a votación.

PRESIDE: Adam BIELAN
Vicepresidente

  Lily Jacobs, en nombre del Grupo del PSE. – (NL) Señor Presidente, Comisaria, Señorías, no hay nada que la tecnología no pueda hacer. Tenemos ante nosotros una propuesta de la Comisión Europea para la ampliación del programa que emplea la tecnología más moderna para realizar un seguimiento de la agricultura comunitaria. Tras años de investigación, los científicos responsables de la misma pueden, con razón, sentirse orgullosos.

Al usar los satélites, por ejemplo, es posible realizar un seguimiento del uso y las condiciones de la tierra, estudiar los efectos del cambio climático e incluso predecir las cosechas. Eso significa que podemos vigilar la situación y actuar a tiempo para predecir y prevenir problemas tales como la pérdida de la cosecha de cereales de este año.

Antes, yo era ingeniero y creo que este tipo de aplicación práctica de tecnología de principios para promover nuestro bienestar es apasionante. Un sistema «tam-tam» para la agricultura. ¿Quién lo había podido imaginar antes? Ahora, tenemos que considerar si nosotros como Parlamento estamos a favor de que se siga investigando y se use esta aplicación. Pero, ¿acaso podríamos negarnos?

Sugiero que mis colegas del Grupo Socialista voten a favor de esta Directiva, pero quiero hacer un par de comentarios a la Comisaria que se encuentra con nosotros a estas horas.

En primer lugar, tengo mis reservas con respecto a la inclusión del presupuesto y el programa en el Fondo Europeo Agrícola de Garantía. Hasta ahora este proyecto ha tenido su propio capítulo en el presupuesto, lo cual ha permitido que el Parlamento pudiera realizar un seguimiento de la situación y pudiera ser informado periódicamente. A pesar del valor demostrado del programa, todavía se está investigando. Me parecería muy desaconsejable que la Comisaria ya no nos informara sobre el progreso y los resultados del programa ni de los costes que conlleva. Como diputado al Parlamento y parte interesada, pediría que se mantuviera el título propio del presupuesto para que también podamos seguir estando informados en el futuro y podamos participar en la evaluación.

En segundo lugar, me gustaría que todos los resultados de la investigación se pusieran a libre disposición de otras partes interesadas, tales como las universidades y los institutos de investigación. En el ámbito de la investigación sobre el clima en particular, puede resulta de gran utilidad que los datos salgan a la luz gracias a MARS y LUCAS.

Señor Presidente, Comisaria, finalizaré mi intervención inaugural de este Pleno con una llamada a la transparencia. Confío en obtener una respuesta positiva por parte de la señora Fischer.

  Samuli Pohjamo, en nombre del Grupo ALDE. – (FI) Señor Presidente, me gustaría en primer lugar dar las gracias al ponente, el señor Graefe zu Baringdorf, por la excelente forma en la que ha preparado este asunto para el debate. Ha trabajado duro y ha destacado las deficiencias y problemas de la teledetección.

En este sentido, resulta adecuado un enfoque prudente así como hacer hincapié en la transparencia y en la especificación precisa del alcance de la aplicación. En el mejor de los casos, la teledetección es una forma de obtener rápidamente información sobre las condiciones de las explotaciones agrícolas, las producciones de las cosechas y las condiciones de los cultivos. Esta información puede usarse, por ejemplo, en la investigación, la planificación del mercado agrario y la administración de la Política Agrícola Común.

Los métodos empleados todavía tienen muchos defectos, como el ponente destaca. Las condiciones varían en función de los Estados miembros, y los datos de cada Estado miembro no pueden compararse entre sí. Por ejemplo, en mi país, Finlandia, las parcelas cubiertas de nieve suelen ser tan pequeñas que no siempre pueden determinarse bien las áreas a partir de las imágenes del satélite. En estos casos, resulta adecuada la enmienda en la que se afirma que la información obtenida debería ser empleada únicamente con fines de estimación y no de control.

Los agricultores se encuentran actualmente desbordados por la burocracia, el papeleo y el control constante. Se imponen duras sanciones injustificadas si se equivocan inintencionadamente por su escaso asesoramiento. Si se desarrollan los métodos de teledetección, cabe esperar que se reduzca la burocracia que supone un tormento continuo para los agricultores.

Sin embargo, primero necesitamos obtener resultados más precisos de investigación para garantizar que los métodos son realmente fiables y que tratan a todos los agricultores de forma imparcial. Al introducir nuevos métodos, también debemos asegurarnos de que se protege la privacidad de los agricultores y de que todo el proceso resulta transparente.

  Bogdan Golik (PSE). – (PL) Señor Presidente, Comisaria, para tener una política agrícola común que funcione bien lo que se necesita, por encima de todo, son datos precisos y fiables.

Las técnicas de teledetección permiten, entre otras aplicaciones, realizar un seguimiento de los cultivos y predecir las cosechas. Esto adquiere importancia a la luz del creciente cambio climático. Mediante el uso de la teledetección podemos identificar, en una fase temprana, las condiciones que perjudican el desarrollo de los cultivos y, en consecuencia, predecir de forma más rápida y precisa qué áreas se encuentran amenazadas por la sequía. Estas técnicas proporcionan datos para modelos econométricos que a menudo usamos a la hora de evaluar las consecuencias de introducir modificaciones en el funcionamiento de la política agrícola común. Al contar con datos iniciales más precisos podemos reducir la probabilidad de errores en la predicción.

Por esto, creo que resulta vital continuar el proyecto MARS. Sin embargo, la financiación de fuentes para el proyecto debería permanecer igual, por ejemplo, dentro del marco de una línea presupuestaria propia y no del Fondo Europeo Agrícola de Garantía. Dado que el proyecto se financia con fondos de la UE, por ejemplo, los impuestos de nuestros ciudadanos, creo que debería llevarse a cabo una investigación sobre la eficacia del proyecto MARS y sus posibles aplicaciones que todavía no se han puesto en práctica.

Como siempre, me gustaría felicitar por su excelente informe al ponente, con quien estoy totalmente de acuerdo en que debemos asegurarnos de que el sistema se consolida y, sobre todo, resulta más productivo y útil.

El último aspecto que me gustaría tratar se refiere al acceso a los datos. Todo el mundo debería tener derecho a hacer uso de esta fuente de información, no sólo los responsables de tomar decisiones en la UE, sino también los Estados miembros y las instituciones de investigación y académicas. Los datos podrían ser útiles incluso en el ámbito de la agricultura: por ejemplo, los agricultores podrían aplicar la información obtenida a través de la teledetección para optimizar los tratamientos agrícolas.

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Señor Presidente, me gustaría respaldar la opinión del ponente y hacer hincapié en que las técnicas de teledetección pueden ser útiles para la Comisión Europea: en primer lugar, para ayudar a gestionar los mercados agrarios; en segundo, al permitir el seguimiento de los cultivos y al mismo tiempo predecir las cosechas y, en tercer y último, lugar, esta previsión debería tener un impacto en los precios de las materias primas agrícolas que sería de gran importancia en los próximos años en una situación en la que los precios de los productos alimenticios experimentan subidas constantes.

Incluso si sólo se cumplieran algunos de los objetivos anteriormente mencionados, sería suficiente para admitir que la teledetección proporciona información importante útil para la gestión adecuada de los mercados de los productos agrícolas individuales.

Además de conceder una evaluación positiva a este método, me gustaría asimismo declarar que comparto la opinión del ponente que considera que este ámbito debería financiarse con una línea presupuestaria específica y no con el Fondo Europeo Agrícola de Garantía.

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Comisaria, Señorías, hace poco fui invitado a una reunión de un Club de Rotarios en la que se celebró un interesante debate. Un rotario, crítico acérrimo de la UE, se quejaba del elevado grado de fraude que se producía en Europa y de que no se controlaba, así como de que tuviéramos numerosos problemas en el ámbito de la agricultura. Curiosamente, poco después, un agricultor declaró que había sido objeto de una inspección llevada a cabo con gran rigor y precisión y que no conocía ningún ámbito en el que se realizara un control tan exhaustivo como en el de la agricultura.

Creo que esto demuestra claramente lo que la gente necesita: información sobre lo que realmente está sucediendo. Por eso, resulta absolutamente esencial contar con las mejores prácticas y parámetros si tenemos la intención de explicar a los ciudadanos comunitarios la gran importancia que concedemos a la política agrícola.

  Jean-Claude Martinez (NI). – (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, señor ponente, esta propuesta de Reglamento, que se dirige a instituir la teledetección por satélite, es interesante. En el decenio de 1990, aquí mismo, Michel Debatisse, que era el jefe de los agricultores franceses, presentó un proyecto de teledetección para las ganaderías. Se trataba de instalar microchips en las orejas de los bovinos y ovinos para controlar, en particular, la asignación de las primas y evitar los fraudes en determinados departamentos del sur de Francia. Incluso se pensó en unas cápsulas electrónicas que los bovinos tragarían, se fijarían en una de las bolsas de su tubo digestivo y permitirían identificarlos por satélite.

Hoy, se trata de algo distinto, es una historia que tiene siete años ya, con los proyectos piloto MARS o LUCAS. Se trata de suministrar información sobre el uso de las tierras, el estado de los suelos o el estado de los cultivos para prever los rendimientos y, de paso, gestionar los mercados agrícolas y elaborar modelos econométricos.

Este objetivo de recabar información, mejorar estadísticas, elaborar previsiones e incluso crear un sitio Web entraña evidentemente un riesgo: siento la tentación de denominarlo «riesgo de una élite remota», puesto que la tecnología sólo será accesible para grandes explotaciones agrícolas o para regiones muy ricas, y no todos podrán anticipar los precios, una opción especialmente útil cuando la cotización de los cereales esté subiendo. La posibilidad de anticipar las cotizaciones varios meses en función de la previsión de la cosecha suscita evidentemente un gran interés en los mercados bursátiles de Chicago o de otras lugares.

El ponente señor Graefe zu Baringdorf está en lo cierto al mostrar su interés por la cuestión de quién va a beneficiarse del sistema, en especial considerando que tiene su precio —creo que se trata de una decena de millones, aunque repartidos en cinco o seis años— y además, esos importes no se tomarán de una línea autónoma sino del Fondo Europeo Agrícola de Garantía. Merece la pena, señora Comisaria, probar el sistema, o fijarlo como objetivo.

  Mariann Fischer Boel, miembro de la Comisión. − Señor Presidente, es cierto que a veces tenemos la oportunidad de estar aquí a altas horas de la noche para debatir cuestiones agrícolas, pero debo decir que me complace, no importa lo tarde que sea, tener la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre este tema tan interesante, al menos para los que estamos presentes aquí esta noche.

En primer lugar, está claro que, en situaciones en las que el terreno está cubierto de nieve, no es posible —y esto se refiere a nuestros amigos finlandeses— recopilar datos sobre los cultivos, pero sí es posible recopilar datos meteorológicos, que estarán disponibles independientemente de cuáles sean las condiciones climatológicas. Dado que esto también está estrechamente vinculado al desarrollo que estamos viendo en los debates sobre el cambio climático, creo que esta información también es válida e importante. Hay algunas preocupaciones sobre la disponibilidad de los datos, y sólo puedo decir que los datos están disponibles sin importar la procedencia. Están disponibles a través de los Estados miembros o en Internet, así que no hay ningún secreto sobre los datos recopilados en las diferentes áreas.

En cuanto al presupuesto, creo que es importante, en una situación en la que contamos con un presupuesto limitado para la agricultura, que seamos cautos al gastar el dinero del modo más adecuado y que (me refiero al señor Martínez) podamos defender el modo en que gastamos el dinero y garantizar que no se comenten fraudes. Creo que también hemos logrado explicar con éxito al Parlamento Europeo cómo gastamos el dinero y cómo se llevan a cabo los controles. Sin embargo, para mí es igual de importante volver a decir esta noche que la tecnología usada en el sistema para registrar los cultivos no permite usar el mismo sistema para fines de control. La tecnología es completamente diferente y la imagen sencillamente no puede usarse para fines de control, así que les pido que no establezcan esta relación, porque es completamente inadecuada. Sin embargo, sigo creyendo que el dinero que gastaremos en el futuro en este sistema está justificado. Aproximadamente serán entre 1,5 millones de euros y 1,7 millones de euros cada año. Especialmente en una situación en la que hemos visto grandes cambios en las fluctuaciones de los precios en el sector agrícola, es importante que tengamos datos válidos sobre los que basar nuestras previsiones.

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, ponente. − (DE) Señor Presidente, Comisaria, según el nuevo sistema, el ponente tiene la última palabra y aquí subyace la oportunidad de comprender el concepto que el Parlamento Europeo tiene de sí mismo con respecto a la Comisión. Como saben, ahora no estamos en desacuerdo con respecto a los siguientes pasos que se darán en este asunto. No estoy sugiriendo que el sistema sea desechado; yo sólo he propuesto algunas mejoras —que no tengo intención de repetir— para incrementar los poderes de escrutinio del Parlamento.

Con respecto a la cuestión de los datos que pueden ser empleados para el análisis climático, hemos señalado que existen dos proyectos piloto denominados LUCAS y MARS, respectivamente. Sin embargo, esto demuestra también que los datos que se están recopilando trascienden ciertamente el ámbito de la agricultura. Por este motivo, solicité en la exposición de motivos que se mantuviera un título independiente en el presupuesto.

Permítanme concluir con una breve anécdota que demuestra el tipo de asunto con el que debemos tratar. La autoridad supervisora visitó una explotación agrícola cercana a mi lugar de residencia porque el sistema de satélite parece que había identificado una cárcava que podría sugerir un sistema de drenaje ilegal. Los inspectores afirmaban que debía encontrarse en un lugar concreto en el que el sistema había demostrado que se encontraba. Sin embargo, el agricultor les aseguraba que no había hecho nada. ¿Y qué es lo que había pasado realmente? Pues que en el campo había una lámina de plástico —que tampoco debería haber estado allí— y que el césped había crecido a través de ella. Eso fue lo que había detectado el sistema de satélite, y ahora las autoridades habían venido a reprender severamente al granjero.

Nosotros, los políticos, podríamos probablemente contar historias de este tipo sucedidas en nuestros lugares de residencia —y, no me cabe duda, Comisaria, de que usted misma habrá escuchado algunas— que ilustran el asunto que tenemos que abordar. Es inútil negar nuestra preocupación ante la perspectiva de que los agricultores sean controlados de un modo que el público no puede comprender y que ya no es objeto del escrutinio parlamentario. Por tanto, confío en que sepa apreciar las razones de que hayamos tenido que presentar este informe a través del Parlamento y lo hayamos debatido, así como de que debamos seguir estando alerta en el futuro. En cualquier caso, tenemos la intención de apoyarnos en estos esfuerzos.

  El Presidente. − El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el miércoles, 16 de enero de 2008.

20. Condición de los diputados al PE elegidos en Polonia (debate)

  El Presidente. − De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral de Giuseppe Gargani, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, a la Comisión sobre la condición de los diputados al PE elegidos en Polonia (O-0082/2007 – B6-0002/2008).

  Giuseppe Gargani, autor. − (IT) Señor Presidente, Señorías, la cuestión que debatimos esta noche ha sido examinada exhaustivamente en más de una ocasión, puedo asegurarlo, por la Comisión de Asuntos Jurídicos, que tengo el honor de presidir y que me ha pedido que a través de esta pregunta se inicie un debate y se intercambien opiniones con la Comisión.

La cuestión hace referencia a la condición de los diputados al PE elegidos en Polonia, quienes no se encuentran en la misma posición desde el punto de vista de las elecciones y de todas las disposiciones que rigen las elecciones de otros parlamentarios en otros Estados miembros. Las elecciones al Parlamento Europeo en Polonia se rigen en la práctica por el artículo 9 de la Ley de 23 de enero de 2004 en el que se establecen los requisitos para poder ser elegidos: los candidatos deben tener por lo menos 21 años de edad el día de las elecciones, no haber sido condenados por un delito cometido intencionadamente, ser residentes en Polonia, entre otros criterios que también deben cumplir.

El capítulo 17 de dicha Ley establece las circunstancias en las que los diputados polacos al PE pueden perder sus escaños: su elegibilidad, es decir, los requisitos de elegibilidad el día de las elecciones podrían ser invalidados y dar lugar a la posibilidad de pérdida del escaño si no se cumplen estos requisitos y otros aspectos que no citaré para llegar al quid de la cuestión que me gustaría debatir aquí.

Basándose en una serie de disposiciones combinadas, como nuestros juristas dicen, un diputado al PE automáticamente pierde su escaño —es decir, automáticamente se le retira dicho escaño al diputado al PE— en caso de ser objeto de una sentencia firme condenatoria penal. En el caso de los diputados del Parlamento polaco, la Ley de 12 de abril de 2001 —ambas relativas a las elecciones a la Cámara de Representantes (Sejm) y al Senado de la República— no contiene ninguna disposición de este tipo, por lo que dichas disposiciones se refieren a los diputados al PE y no a los diputados polacos.

Por este motivo, debatimos la pregunta y nosotros mismos planteamos una pregunta, una pregunta que, entre otras cosas, tiene repercusiones en las peticiones de inmunidad. Como saben, tenemos —como el Comisario Frattini sabe perfectamente— la potestad de decidir en esta cuestión. Evidentemente, si un diputado pierde automáticamente su escaño como resultado de un caso según el que no puede mantenerse la inmunidad, existe evidentemente otro problema, otra duda.

Por ello, preguntamos, y yo pregunto en nombre de la Comisión, al Comisario si considera, o no, que la legislación polaca en lo que se refiere las elecciones al parlamento nacional infringe el artículo 10 del Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades en el que se establece que durante las sesiones del Parlamento Europeo sus diputados gozarán de las inmunidades concedidas a los diputados de su Parlamento en el territorio de su propio Estado. Por tanto, existe una evidente incoherencia si la disposición permite que un diputado polaco pierda su escaño mientras que los diputados del Parlamento nacional no son tratados de igual modo.

Me gustaría asimismo preguntar a la Comisión si tiene la intención de llevar este asunto al Tribunal de Justicia para que Polonia modifique esta legislación y aplique correctamente el Tratado, puesto que parece no está siendo aplicado como debería. Puesto que se trata de una excepción, y puesto que el trato equitativo y comparable de los diputados de todos los Estados miembros implica que esta excepción con respecto a los diputados de la República de Polonia va totalmente en contra de lo dispuesto para el resto de los diputados de los otros Estados miembros, plantearía a la Comisión ambas cosas y pongo esta información a disposición del Parlamento y me pregunto si el Comisario puede responder a estas dos preguntas, así como si es posible encontrar una solución a las cuestiones que he planteado.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. − (IT) Señor Presidente, Señorías, la cuestión que el señor Gargani ha planteado es, sin duda, de gran importancia: es importante porque están en juego dos principios que, a mi juicio, son relevantes e importantes.

El primer principio es, sin duda, el que se refiere al artículo 10 del Protocolo de los Privilegios y las Inmunidades y la condición de los diputados al Parlamento Europeo, que especifica que en los Estados a los que pertenecen los Diputados al Parlamento Europeo se les concederán las mismas prerrogativas que a los diputados al Parlamento nacional de dicho país.

Sin embargo, existe también otra disposición que viene al caso —una disposición que, a mi juicio, también es importante— recogida en el artículo 13 del Acta comunitaria de 1976 relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo. En dicho artículo se estipula con gran claridad que cuando un Estado miembro introduzca una legislación nacional que abarque el caso que se trata aquí, es decir, la pérdida de la condición de diputado al Parlamento Europeo, la terminación del mandato parlamentario europeo en dicho país quedará sujeta a la legislación nacional.

Dicho de otro modo: existe un conflicto aparente porque los artículos estipulados en el Protocolo de Privilegios, como ha declarado el señor Gargani, hablan de iguales prerrogativas para los diputados al Parlamento polaco y los diputados al Parlamento Europeo elegidos en Polonia; pero, al mismo tiempo, el Acta europea de 1976 relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo, por lo que respecta a la pérdida de la condición de diputado al Parlamento Europeo, aparentemente, —o, expresamente, me atrevería a decir— afirma la pérdida de la condición de diputado al PE y establece que la pérdida de dicha condición se rige por la legislación nacional.

A mi juicio, el problema que existe en este sentido se refiere más a la infracción de un tercer principio rector para la Unión Europea: se trata más bien de si la legislación nacional polaca respeta el principio de la igualdad de trato. El principio, mantenido en las constituciones de todos los países comunitarios, establece que situaciones similares deben ser tratadas de forma similar. Lo aquí tratado se refiere más bien a dicho principio general pero, sin embargo, este principio general no permite a la Comisión Europea establecer el modo en el que la legislación polaca debería modificar su legislación porque, dado que la cuestión queda sujeta a la legislación nacional, si se deseara que la legislación nacional gobernara la pérdida de la condición de diputado al Parlamento polaco y no la de diputado al PE, podría hacerlo ya que lo importante es que la disposiciones de una legislación se alineen con las de la otra.

Es mi opinión personal, puesto que la Comisión no puede ahora decir: «vamos al Tribunal de Justicia para que un artículo de la mencionada legislación polaca se modifique de una forma específica», pero sí creo que puede extraerse un principio general. El principio general consiste en que la legislación polaca debe actuar para modificar esta diferencia de trato y que, a mi juicio, se trata de una cuestión que concierne al legislador polaco. Dado que se trata de una cuestión que nunca se había planteado y de extrema delicadeza para ser abordada de forma resumida, considero que es el primer paso para llegar a un entendimiento: si, como yo creo, el legislador polaco debería suprimir esta diferencia de trato, se trata de un asunto que debe tratar el Parlamento polaco.

Segundo: ¿la legislación polaca cumple las disposiciones del Acta comunitaria de 1976 que he mencionado anteriormente? Puedo asegurarle, señor Gargani, que he realizado un estudio comparativo de 12 nuevos Estados miembros para determinar si la legislación, no sólo la legislación polaca, sino la legislación de los 11 Estados miembros que se adhirieron a la Unión Europea en el período comprendido entre 2004 y 2007, cumple las disposiciones del Acta europea de 1976.

En conclusión, es preciso acometer dos tareas. Primera: una revisión, que yo estoy llevando a cabo, sobre la conformidad de la legislación nacional polaca, y no sólo de la legislación polaca, porque el hecho de que el señor Gargani haya planteado el caso de Polonia no significa que no existan situaciones similares en otros Estados miembros. Considero que dicha revisión es necesaria para todos los Estados miembros.

La segunda tarea cosiste en evaluar si el parlamento polaco puede, a través de la legislación, eliminar lo que objetivamente representa un conflicto aparente puesto que existe una discriminación aparente entre la condición regulada por la legislación de los Diputados al PE elegidos en Polonia y los Diputados al Parlamento polaco. Existe un conflicto aparente y lo único que considero que sería difícil admitir es que corresponde a la Comisión Europea preguntar al Tribunal de Justicia qué medidas debería adoptar el legislador polaco.

Si el Parlamento aprobara esta postura, podríamos simplemente decir que existe una discriminación aparente en Polonia entre la condición de dos tipos de parlamentarios. Se trata de una tarea muy novedosa y deberíamos intentar avanzar con un espíritu de cooperación.

  Tadeusz Zwiefka, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (PL) Señor Presidente, el Presidente Gargani ha presentado con gran claridad la situación de los diputados al Parlamento Europeo en el contexto de la legislación polaca así como su desigualdad de trato en el mismo con respecto a los diputados al Parlamento polaco y a los senadores. Estoy de acuerdo con el argumento expuesto por el Comisario Frattini según el cyal este hecho incumple el principio de igualdad de trato de los diputados al Parlamento.

Me gustaría comunicarles que la actual coalición gubernamental de Polonia, la Platforma Obywatelska y la Polskie Stronnictwo Ludow, ya han empezado a trabajar para modificar esta legislación de forma que resulte igualitaria para los diputados al Parlamento Europeo, los diputados al Parlamento polaco y los senadores. Esta modificación seguirá la misma dirección que la disposición incluida en la legislación electoral del Parlamento Europeo, de forma que se aplique el mismo principio también a los diputados polacos al Parlamento y a los senadores polacos.

Sin embargo, en este sentido, como el señor Gargani ha declarado que estamos abriendo un debate sobre un problema que podría ser más amplio, me pregunto si no merecería la pena plantear una legislación electoral comunitaria, al menos en lo que se refiere a los principios generales, una legislación electoral comunitaria para todos los Estados miembros de la Unión Europea, puesto que en la actualidad existen circunstancias muy diversas en los 27 Estados miembros. Resulta difícil estar en desacuerdo con esta idea y, evidentemente, acepto todas las restricciones jurídicas por lo que respecta a los diputados al PE, pero me resulta difícil estar de acuerdo con una situación en la que por ser condenado por la fiscalía a pagar una indemnización por un delito intencionado o por ser acusado de dicho delito, una persona automáticamente pierda su mandato al Parlamento Europeo.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, en nombre del Grupo del PSE. – (PL) Señor Presidente, el debate de hoy surge a raíz de la cuestión del trato desigual con respecto a los criterios de elección de los diputados polacos al Parlamento Europeo y los diputados al Sejm, así como con respecto a la pérdida de su mandato.

En el artículo 9 de la Ley de 23 de enero de 2004 relativa al régimen electoral para el Parlamento Europeo, observamos que el derecho a presentarse a las elecciones para dicha institución se concede a personas que, entre otros requisitos, no hayan sido condenadas por un delito cometido intencionadamente o no hayan sido acusadas por la fiscalía, y el artículo 142 establece que podrá retirarse el escaño como consecuencia, por ejemplo, de la anulación de su elección como diputado al Parlamento Europeo. Esto significa que la condena de un diputado (se refiere a un diputado al Parlamento Europeo, como se ha explicado antes) por un delito cometido intencionadamente equivale a la pérdida automática de su escaño, mientras que para los diputados al Parlamento nacional esto no constituye ningún impedimento para que puedan ser elegidos ni tampoco origina la pérdida de su escaño.

Por lo que se refiere al apartado 1 del artículo 5 de los Privilegios de los Diputados al Parlamento Europeo del Reglamento, el Parlamento Europeo establece que «los diputados gozarán de los privilegios e inmunidades establecidos en el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europea». En el Preámbulo, el Protocolo establece que regula la cuestión de los privilegios y las inmunidades necesarios para el cumplimiento de su misión para las Comunidades Europeas y en el apartado a) del artículo 10 establece que mientras el Parlamento Europeo esté en período de sesiones «gozarán, en su territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los diputados del Parlamento de su Estado». Los diputados al Parlamento polaco y al Parlamento Europeo están protegidos por la misma inmunidad. De conformidad con el artículo 11, «los representantes de los Estados miembros que participen en los trabajos de las instituciones de la Unión, así como sus consejeros y expertos técnicos, gozarán, en el ejercicio de sus funciones y durante sus desplazamientos al lugar de reunión o cuando regresen de éste, de los privilegios, inmunidades y facilidades habituales».

No cabe duda de que un diputado al Parlamento Europeo es un representante de un Estado miembro que participa en los trabajos de las instituciones de la Unión. Puesto que los diputados al Parlamento Europeo y el Parlamento polaco deberían gozar de las mismas inmunidades y privilegios, las normativas referidas a su elegibilidad y la pérdida de su mandato también deberían ser las mismas.

Al acceder a la Unión Europea, Polonia asumió una responsabilidad con respecto a las leyes en vigor en la UE, sobre todo, con respecto a las que tienen un impacto directo en el sistema jurídico interno de los Estados miembros. Me gustaría alentar la homologación de la forma más rápida posible de la legislación con respecto a la condición de los diputados al Parlamento polaco y los diputados al Parlamento Europeo en Polonia, y me muestro totalmente de acuerdo con la opinión manifestada por el Comisario Frattini a este respecto.

  Jens-Peter Bonde, en nombre del Grupo IND/DEM. – Señor Presidente, la ley electoral polaca sobre las elecciones al Parlamento Europeo es verdaderamente injusta y poco democrática en comparación con la ley sobre las elecciones al Parlamento nacional. La pérdida de la condición de diputado al Parlamento Europeo mediante leyes de elegibilidad constituye una forma fácil de presionar a los oponentes políticos y ofrece la oportunidad de ajustar cuentas de manera política con los que tienen más autoridad.

Lamentablemente, aunque están en la Unión Europea, en muchos antiguos países comunistas se sigue abusando de la ley. Éste también es el caso del señor Tomczak. Como diputados al Parlamento Europeo, los diputados polacos representan no sólo a los polacos, sino también a todos los europeos.

Resulta inaceptable que los representantes de estas personas estén discriminados por mantener una legislación diferente con respecto a los diputados al Parlamento polaco. Como diputado polaco al PE, si soy condenado, no sólo me veré castigado por la legislación polaca, sino que también perderé mi escaño como diputado al Parlamento Europeo. El hecho muestra claramente la discriminación de los diputados polacos al Parlamento Europeo en comparación con los diputados de los Parlamentos nacionales. Esta situación resulta inaceptable y muestra claramente lo injusta que es la legislación electoral polaca.

¿Puedo pedir a Polonia que cambie su legislación electoral?

  Aloyzas Sakalas (PSE). – Señor Presidente, esta pregunta oral es consecuencia de los debates en la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la inmunidad del señor Tomczak.

La inmunidad del señor Tomczak fue planteada por el Parlamento hace unos años. Recientemente la Comisión de Asuntos Jurídicos recibió una solicitud del señor Tomczak para defender su inmunidad. La comisión debatió esta solicitud y se preparó un proyecto de decisión. Sin embargo, la aprobación de la decisión final fue pospuesta, dado que la comisión recibió información que indicaba que, en caso de levantar su inmunidad, las consecuencias jurídicas para los diputados polacos al Parlamento Europeo y los diputados al Parlamento polaco serían diferentes.

Según la ley polaca de 23 de enero de 2004, un diputado polaco al Parlamento Europeo perderá su escaño automáticamente en caso de condena penal. A los diputados al Parlamento polaco no se les aplica esta disposición. Esta diferencia incumple la legislación comunitaria al mantener una legislación diferente para los diputados del Parlamento nacional y los diputados polacos al Parlamento Europeo. Esta discrepancia entre leyes polacas y europeas requiere una aclaración.

Por tanto, apoyo plenamente la presentación de una pregunta oral a la Comisión. Espero que el señor Frattini use toda su influencia para eliminar esta discrepancia entre las legislaciones polaca y europea.

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Comisario Frattini, Señorías, creo que la democracia debe desarrollarse de forma constante en Europa y estamos siendo testigos de muchos ataques a nuestro sistema democrático desde fuera de Europa. Los diputados al Parlamento europeo toman decisiones, evidentemente, sobre muchos aspectos que tienen un efecto directo e inmediato en el pueblo europeo. Los diputados de los parlamentos no toman decisiones autónomas, sino que representan a sus votantes.

Por este motivo, los diputados al Parlamento Europeo no deben tener una condición inferior a los diputados de los parlamentos nacionales ni tampoco, a la inversa, los diputados nacionales deberían tener una condición inferior a la de los diputados al PE.

Por ello, considero que la Comisión debería analizar el efecto que el nuevo estatuto tiene en los diputados al PE polacos que se aplicará a partir de 2009, así como investigar las modificaciones que el estatuto hará y si no tiene cabida la aplicación de sus principios, con el fin de suprimir estas diferencias.

  Manuel Medina Ortega (PSE). – (ES) Señor Presidente, el Comisario Frattini, como de costumbre, ha hecho un fino análisis jurídico. Como él ha dicho, en las circunstancias actuales no parece que proceda ir directamente al Tribunal de Justicia.

Pero después de escuchar al señor Zwiefka, que nos habla de una propuesta del actual Gobierno polaco de una modificación de la legislación, le pregunto al Comisario si cree que la Comisión podría, simplemente, dirigirse al Gobierno polaco, sobre la base del debate que hemos tenido en este momento en el Parlamento, para ver si, en efecto, el Gobierno polaco se propone modificar la legislación al objeto de armonizar la situación del parlamentario europeo con la del parlamentario nacional.

  Marek Aleksander Czarnecki (UEN). – (PL) Señor Presidente, la propuesta del señor Zwiefka de equiparar la situación de los diputados al Parlamento Europeo a la de los diputados al Parlamento de Polonia no soluciona el problema. Creo que la mejor solución que, en parte ya forma parte de la legislación polaca, sería que en los casos en los que una persona sea declarada culpable de un delito intencionado, el tribunal también pudiera decidir privarle de los derechos públicos, con lo que dicha persona no podría ser elegida.

Esta solución existe, por ejemplo, en Francia. Me gustaría ponerles un ejemplo concreto: nuestro colega, el señor Honesta, el Vicepresidente del Parlamento Europeo, fue condenado hace algunos meses por un tribunal francés a una sentencia de suspensión de varios meses por una ley que, conforme a la legislación polaca, implicaría automáticamente la pérdida del mandato del Parlamento Europeo. Considero que la situación actual está completamente equivocada. Creo que deberíamos caminar en la dirección de la solución propuesta por el señor Frattini.

  Giuseppe Gargani (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, permítanme que haga algunos comentarios breves: Me complace que el debate general haya reconocido que existe un problema importante y peliagudo. Me gustaría dar las gracias, en particular, al Comisario Frattini quien, como buen jurista que es, ha analizado con mayor profundidad el asunto que, como muy bien dice, no sólo afecta a Polonia. Está en juego un principio general y, por tanto, me satisface, al igual que a la Comisión, que esté llevando a cabo una revisión general para realizar un seguimiento del cumplimiento y una comprobación de si las legislaciones son coherentes por lo que se refiere a la cuestión nacional y europea.

No obstante, hay un hecho indiscutible y es que no hay conflicto aparente puesto que, por lo que respecta a las garantías, la legislación polaca es contraria al Tratado. Si un diputado al Parlamento Europeo polaco fuera a perder su escaño, evidentemente, el artículo del Tratado que prevé la posibilidad de participar en las sesiones no se cumpliría. Desde el punto de vista particular de la Comisión, como ya han escuchado decir al señor Medina en el debate, y desde mi punto de vista personal, la cuestión no consiste en iniciar un proceso, sino en realizar un seguimiento de la cuestión para poder resolverla. Si nuestro colega polaco, el señor Zwiefka, afirma que este asunto ya ocupa un lugar preponderante en Polonia, entonces ya se ha realizado algún avance.

Es preciso contar con la posibilidad de comparar, pues esta opción hace de Europa el garante de la unidad de los Estados que trabajan juntos, de la ciudadanía y de la igualdad de derechos desde el punto de vista de la libertad y de la condición de todos.

  Sylwester Chruszcz (NI). – (PL) Señor Presidente, sólo para sumar mi apoyo a las intervenciones realizadas, la mayoría de las cuales respaldo, considero que, por supuesto, deberíamos armonizar nuestras normativas lo antes posible. Con el fin de demostrar cuán necesario resulta esto, me gustaría llamar su atención sobre la historia de nuestro colega, un diputado al PE, que se encuentra presente entre nosotros. El señor Tomczak, quien durante muchos años se ha visto implicado en un caso penal en Polonia que ahora está llegando a su fin y que podría repercutir en su futuro como diputado al Parlamento Europeo. Se trata de un caso que no tiene muchas repercusiones negativas y en el que los testigos negaron que el suceso tuviera lugar. Un caso que se cerró en determinado momento y que, quizá por la influencia de cierta turbulencia política, ha sido reabierto y, ahora, el señor Tomczak, elegido en dos ocasiones (nuestro colega fue elegido diputado al PE en 2005 y en 2004, respectivamente), podría verse despojado de su inmunidad y de su mandato. Es algo increíble, perjudicial y que debería ser resuelto y suprimido de este foro lo antes posible.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. − (IT) Señor Presidente, Señorías, creo que el debate de esta noche ha demostrado dos cosas: la primera es que hay una visión general compartida, me atrevería a decir, por todos los que han intervenido —y con una visión que considero correcta— de que la disparidad en el tratamiento dispensado a un diputado al PE elegido en Polonia y a los diputados nacionales polacos debería suprimirse, y que este análisis debería ampliarse al resto de Estados miembros nuevos de la Unión Europea en los que todavía no se ha comprobado el cumplimiento del Acta europea de 1976.

La segunda conclusión, y me refiero a la propuesta del señor Medina Ortega, que comparto, es transmitir el resultado de este debate a las autoridades competentes del Gobierno polaco e informarles de que es preciso suprimir dicha disparidad de tratamiento mediante una legislación nacional. Yo lo haré. Puedo asegurarles que ciertamente estableceré un contacto formal con el Ministro de Justicia del Gobierno polaco con el fin de transmitirle la opinión generalizada de esta Cámara —que yo comparto— de que mientras el legislador nacional polaco tenga poderes soberanos sobre el modo en el que la supresión de esta disparidad de tratamiento va a lograrse, debe perseguirse el objetivo de suprimir dicha disparidad de tratamiento.

Es la opinión que expuse al principio. No creo que pueda decirle al legislador polaco cómo actuar, pero considero que sí puedo explicarle el objetivo, y dicho objetivo consiste en suprimir la disparidad de tratamiento entre la condición de los diputados al parlamento polaco y la condición de los diputados al PE elegidos en Polonia.

No les quepa duda de que transmitiré la información y, añadiría, que remitiré un informe a esta Cámara, dado el interés que el señor Gargani y la Comisión de Asuntos Jurídicos han manifestado, sobre la revisión de los otros 11 nuevos Estados miembros para que los Gobiernos de otros Estados miembros que pudieran verse afectados puedan ser advertidos en consecuencia.

  El Presidente. − El debate queda cerrado.

21. Explicaciones de voto

  El Presidente. − De conformidad con el orden del día, se procede a las explicaciones de voto.

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, ¿puedo rogarle que la temperatura de la cámara se ajuste a un valor adecuado para el ser humano? A veces, hace tanto frío aquí que casi tenemos que ponernos los abrigos. Ruego a la administración que se asegure de que tenemos una temperatura adecuada para trabajar. Gracias.

  El Presidente. − Pediré al personal encargado del sistema de calefacción de la Cámara que suba la temperatura. De todos modos, es posible que la temperatura suba durante el siguiente punto del debate.

Explicación oral de la votación

- Informe: Jorgo Chatzimarkakis (A6-0494/2007)

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, acojo con satisfacción el visto bueno dado al moderno marco reglamentario para el desarrollo de la industria del automóvil en Europa. Me complace que hayamos votado a favor de unos objetivos realistas y que hacen previsiones con el aumento del precio del petróleo y nuestras enormes expectativas con respecto a la seguridad y protección del medio ambiente. Los objetivos no condicionan la capacidad de competir de Europa. El hecho de aumentar los requisitos para conseguir diseños de coches cada vez más seguros y motores más eficaces que deberían emitir un tercio menos gases de efecto invernadero son objetivos que ya implican una subida de los precios y de los costes de funcionamiento de los coches. Somos conscientes de que estos requisitos por sí solos no constituyen la principal motivación de las clases medias ni de las menos favorecidas para cambiar de coche con más frecuencia. La supresión de los coches viejos de las carreteras comunitarias es, por tanto, el requisito básico para demostrar que el CARS 21 merece la pena. La clave está en cambiar la motivación del consumidor. No obstante, los impuestos y las políticas fiscales no dependen de la Unión Europea. Por tanto, compete a los Estados miembros la responsabilidad de establecer los parámetros. Corresponderá a los Estados miembros determinar si los coches más seguros y más respetuosos con el medio ambiente empezarán a reemplazar los vehículos antiguos en nuestras carreteras y cuándo ocurrirá este cambio. Eso constituiría también una prueba evidente de la eficacia del proyecto CARS 21.

Explicación de voto por escrito

- Informe: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0517/2007)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de mi colega polaco Jacek Saryusz-Wolski, que propone emitir un dictamen favorable del Parlamento Europeo a la modificación del Reglamento del Consejo de 2004 sobre el establecimiento de asociaciones europeas en el marco del proceso de estabilización y asociación. Se trata de modificar la denominación de la asociación con la Antigua República Yugoslava de Macedonia de «asociación europea» a «asociación para la adhesión», a fin de ajustarla a la denominación de las asociaciones establecidas con los otros dos países candidatos: Croacia y Turquía. Por otra parte, convenía tener en cuenta la independencia de Montenegro. En el momento de escribir estas líneas, tengo un pensamiento para Kosovo y espero una solución pacífica y europea a esta difícil situación.

  Erik Meijer (GUE/NGL), por escrito. − (NL) En diciembre de 2005 el Consejo concedió la condición de país candidato a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, y en junio de 2006 Montenegro fue reconocido como estado independiente. En un procedimiento urgente sin debate, ahora se propone en el artículo 1 del Reglamento que se conceda la Asociación Europea con Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia, incluido Kosovo y, en el apartado a) del artículo 1, que se conceda a Croacia y Macedonia la Asociación para la Adhesión. Las definiciones de estos dos conceptos son prácticamente iguales. El ponente respalda la propuesta de la Comisión y pide al Consejo que consulte al Parlamento de nuevo si éste tiene la intención de apartarse de dicha propuesta. Creo que es posible que se aparte de la misma. No se especifica cómo va a tenerse en cuenta el reconocimiento anticipado de Kosovo como estado independiente en las próximas semanas.

Tampoco queda claro si eso implica que Macedonia tendrá que esperar más para comenzar las negociaciones para la adhesión, o si se ha ofrecido a Serbia la posibilidad de adhesión como una prioridad. De todos es sabido que los Países Bajos y Bélgica se oponen a ello mientras el criminal de guerra Ratko Miladic no haya sido entregado al Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) de La Haya. Por tanto, confío en que ese punto sea aplazado en la agenda, pero no voto en contra del informe.

- Informe: Bogusław Liberadzki (A6-0506/2007)

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. − (PL) Me gustaría votar a favor del informe del señor Liberadzki sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 95/50/CE en lo relativo a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.

El señor Liberadzki ha elaborado un excelente informe. Estoy de acuerdo con el ponente, que se muestra a favor de la propuesta de la Comisión, y recomendaría asimismo que la propuesta fuera aprobada sin enmiendas.

La Directiva 95/50/CE establece los procedimientos uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por carretera llevados a cabo por los Estados miembros. Se ha propuesto una lista de control con el fin de llevar a cabo dichos controles mediante los cuales los vehículos que infrinjan la normativa podrán quedar inmovilizados y obligados a ajustarse a las normas antes de proseguir el viaje. Además, es importante que cada Estado miembro envíe un informe cada año sobre la aplicación de la Directiva.

- Informe: Paolo Costa (A6-0513/2007)

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Los peajes impuestos a los vehículos pesados, introducidos teóricamente con el fin de desviar el tráfico de la carretera al ferrocarril no han logrado, como era de esperar, que el transporte por ferrocarril resulte más atractivo, pero sí que las consecuencias recaigan en los consumidores. En las rutas más transitadas y en las grandes conurbaciones especialmente, la concentración del transporte por carretera exacerbará los problemas existentes, tales como la congestión, el ruido, la contaminación medioambiental y las concentraciones de partículas.

Otro motivo de preocupación se refiere al modo displicente en el que se llevan a cabo algunas operaciones de transporte. Los controles semanales llevados a cabo en los camiones de Austria han mejorado considerablemente la seguridad de las operaciones de transporte por carretera y, por tanto, deberían convertirse en prácticas normalizadas en toda la UE. Si la Unión Europea se preocupa por la salud de su población y la protección del medio ambiente, debe asegurarse de forma inmediata de que se reemplazan las principales fuentes de contaminación, tales como los vehículos comerciales con motores diésel antiguos, y de que los servicios ferroviarios multimodales resultan atractivos desde el punto de pista económico; asimismo, debe asegurarse de que aplica la Convención Alpina.

  Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. − (PL) El ponente, Paolo Costa, ha demostrado cómo pueden abolirse las discriminaciones de las tasas y las condiciones de transporte. Es cierto que se pueden conseguir ventajas considerables mediante la introducción de tan sólo algunos cambios en la legislación existente.

Como ponente alternativo, me gustaría destacar que el Consejo, la Comisión y el Parlamento acordaron un enfoque común.

- Informe: Ulrich Stockmann (A6-0497/2007)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado la resolución legislativa sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que establece principios comunes para la recaudación de las tasas aeroportuarias en los aeropuertos comunitarios, siguiendo el informe de mi colega alemán Ulrich Stockmann.

En un momento en que los aeropuertos europeos, que en su mayoría pertenecen al sector público, se privatizan, en que los usuarios no siempre tienen una apreciación exacta de su consumo de servicios y en que las compañías se mueven en un contexto con muchas variables, era normal encuadrar la fijación de las tasas aeroportuarias.

Celebro la creación de las autoridades nacionales de regulación independientes para vigilar este mercado y deseo que pronto se instituya una coordinación europea y, a su debido tiempo, un regulador europeo independiente.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Las propuestas de la Comisión incluyen una larga lista de artículos detallados sobre el modo en el que deberían aplicarse las tasas aeroportuarias. Entre las responsabilidades de la Comisión se encuentra la de velar por el cumplimiento de la legislación relativa a la competencia comunitaria. Las propuestas en cuestión, sin embargo, exigen una burocracia excesiva y una normativa pormenorizada, lo cual supone una desventaja para aquellos Estados miembros que han decidido liberalizar el sector de la aviación.

El Parlamento Europeo considera que los principios comunes sobre las tasas aeroportuarias deberían aplicarse únicamente a los aeropuertos cuyo tráfico sea superior a cinco millones de pasajeros al año o represente el 15 % del tráfico total de pasajeros en el Estado miembro de que se trate. Esta posición es preferible a la propuesta de la Comisión, que también incluye los aeropuertos regionales más pequeños. A menudo se nos pide decidir si debemos apoyar la normativa comunitaria dirigida a garantizar la igualdad de trato de todos los intereses del mercado interior. En este caso, es evidente que la línea de la Comisión implica una burocracia innecesaria.

Basándonos en estos argumentos, hemos votado a favor de la propuesta del Parlamento Europeo pero en contra de la Resolución legislativa de la votación final.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Aunque incluye algunos aspectos que mejoran la propuesta de la Comisión, el informe sigue reflejando el proceso de liberalización del transporte aéreo en la UE y constituye una parte integral del mismo.

Resulta satisfactoria una mejora de la transparencia en el método de cálculo de las tasas aeroportuarias. No obstante, discrepamos de una política que pretende liberalizar y privatizar un servicio público estratégico como el transporte aéreo, en este caso promoviendo un «mercado aéreo realmente competitivo» o la incorporación de principios tales como «el usuario paga» así como la rentabilidad en un servicio que debería ser público. Además, se han realizado esfuerzos para suprimir esta «función reguladora» del panorama público, creando «autoridades reguladoras independientes» para dicho fin.

Las privatizaciones que se han llevado a cabo en el sector no han incorporado ningún valor añadido a los servicios prestados y han originado la pérdida de empleos y el deterioro de los derechos de los trabajadores y, en algunos casos, problemas técnicos y operacionales.

Lamentamos que nuestras propuestas hayan sido rechazadas. Pretendían garantizar que la Directiva incluyera el reconocimiento de las limitaciones a las que se enfrentan las regiones que sufren desventajas geográficas naturales permanentes, como las regiones exteriores y, por tanto, establecían las excepciones adecuadas para cumplir con las obligaciones de un servicio universal público.

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), por escrito. − Los conservadores británicos estamos a favor de que los grandes aeropuertos estén sometidos a controles añadidos cuando ostenten una posición de mercado dominante. Sin embargo, en el Reino Unido ya contamos con un sistema reglamentario estricto y, por tanto, consideramos que se trata de una interferencia innecesaria que podría tener un efecto perjudicial para los aeropuertos regionales, que tienen un impacto crucial en las economías locales.

Hemos intentado mejorar la medida para mantener una cláusula de exclusión voluntaria de base nacional o, al menos, elevar el umbral para que la mayoría de los aeropuertos regionales queden excluidos y, aunque estos intentos no han dado resultado, volveremos a intentarlo en segunda lectura. Mientras tanto, nos reservamos nuestra posición.

  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. − (DE) No voté a favor de este informe sobre la Directiva relativa a las tasas aeroportuarias porque lo que aquí se propone supone una discriminación inadmisible en contra del aeropuerto de Luxemburgo. Ésta no es forma de tratar a un país pequeño. La aplicación de la Directiva al aeropuerto de Luxemburgo, con un tráfico de 1,6 millones de pasajeros al año, y el hecho de que sus disposiciones no se apliquen tampoco a ninguno de los competidores directos de Luxemburgo, los aeropuertos de Han en Frankfurt y Charleroi en Bruselas, cuyo tráfico es superior a los tres millones de pasajeros, supone una discriminación intolerable en un mercado único y se basa meramente en el hecho de que existe una frontera nacional entre Luxemburgo y los otros aeropuertos.

El factor clave de esta Directiva no deben ser las fronteras nacionales, sino los criterios objetivos si su fin consiste en garantizar que ningún aeropuerto abuse de su posición dominante en el mercado.

Los aeropuertos más pequeños, aunque sean la única terminal aérea de su país, no corren el riesgo de cometer semejante abuso, sobre todo, en el caso de Luxemburgo en el que los aeropuertos competidores anteriormente mencionados son de fácil acceso y, lo que es más, son usadas por líneas aéreas de bajo coste. Luxemburgo es tan pequeño que desde el aeropuerto se puede llegar en coche a tres países diferentes en menos de media hora.

Esta propuesta constituye una violación impuesta del principio de proporcionalidad y no puede ser aceptada en su forma actual. Por este motivo, voto en contra de la propuesta en señal de protesta.

  David Martin (PSE), por escrito. − Acojo el informe y sus objetivos con satisfacción. Mediante la introducción de mayor transparencia en el cálculo de las tasas aeroportuarias, considero que establece unas condiciones de juego igualitarias y estimula la competencia en el sector. Los planes ayudarán a los aeropuertos escoceses a competir con sus homólogos británicos, especialmente al reducir la posición dominante ocupada por destinos importantes como Londres.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. − (IT) Señor Presidente, Señorías, me gustaría decir, como miembro de la Comisión de Transporte y Turismo, que estoy a favor del informe Stockmann sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las tasas aeroportuarias.

No obstante, me parece pertinente hacer algunos comentarios, en particular con respecto a la relación existente entre las tasas aeroportuarias y los costes de los servicios ofrecidos. En este sentido, las delegaciones de Francia y los Países Bajos, con el apoyo de Italia, solicitaron que se hiciera una clara referencia a los costes. Debería tenerse en cuenta que la legislación nacional italiana establece una relación específica entre los costes de los servicios suministrados y las tasas recaudadas por el órgano gestor. La disposición del apartado 5 consigue que el sistema italiano resulte más coherente con el conjunto de la Directiva, al permitir que se mantengan los procedimientos actuales, siempre y cuando la autoridad reguladora independiente mencionada en el artículo 10, encargada de vigilar la correcta aplicación de las tasas, y la autoridad que aprueba los niveles de tasas a escala nacional se combinen en la misma autoridad. Debe hacerse hincapié en que dicha autoridad deberá ser independiente de las autoridades gestoras y de las compañías aéreas.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. − Aunque este informe contiene muchas ideas positivas al incrementar la transparencia de las tasas aeroportuarias y al tener en cuenta por primera vez consideraciones medioambientales en su cálculo, debemos ser cautos, más que nunca, para no tirar el grano con la paja. En mi circunscripción, Escocia, tenemos docenas de aeropuertos pequeños, y el transporte aéreo no es un lujo, sino una necesidad que presta servicio a comunidades frágiles. Por tanto, he apoyado las enmiendas destinadas a excluir a los aeropuertos en las regiones ultraperiféricas del nuevo régimen, y espero que podamos crear un marco que tenga en cuenta la naturaleza frágil de muchas comunidades.

  Lars Wohlin (PPE-DE), por escrito. − (SV) Las grandes compañías de transporte aéreo han presionado a favor de una medida específica de la UE que regule el cobro de tasas aeroportuarias por parte de los aeropuertos. Creen que los aeropuertos son monopolios locales y explotan su posición de monopolio para imponer tasas poco razonables. La agencia de transporte aéreo sueca LFV y las compañías de transporte aéreo más pequeñas, sin embargo, tienen recelos con respecto a la nueva legislación. Para las compañías aéreas más pequeñas, la nueva legislación y la armonización suponen más que una amenaza, ya que a menudo deciden volar a aeropuertos competitivos que aplican tasas más bajas.

He votado en contra de la Directiva por diversas razones. Los aeropuertos están claramente regulados por las autoridades nacionales y su acción se ve limitada por las normas comunitarias vigentes en materia de competencia. Debe permitirse que los países que elijan un modelo empresarial que lleve a la aplicación de unas tasas aeroportuarias más elevadas derivadas, por ejemplo, de la inversión o la transferencia de propiedad, puedan hacerlo, siempre y cuando las tasas no contravengan la legislación vigente. Por tanto, corresponde a los Estados miembros decidir si las tasas son competitivas o no.

El Parlamento europeo ha reducido el ámbito de la Directiva. He votado a favor, entre otras, de las enmiendas que reducen la Directiva a 67 aeropuertos (frente a los 150 aproximadamente que habrían sido afectados antes). No obstante, no puedo respaldar la regulación de precios en el ámbito de la UE.

- Informe: Johannes Blokland (A6-0406/2007)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado en primera lectura del procedimiento