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Procedimiento : 2006/2271(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A6-0462/2007

Textos presentados :

A6-0462/2007

Debates :

PV 20/02/2008 - 8
CRE 20/02/2008 - 8

Votaciones :

PV 21/02/2008 - 4.1
CRE 21/02/2008 - 4.1
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P6_TA(2008)0060

Debates
Miércoles 20 de febrero de 2008 - Estrasburgo Edición DO

8. Control de la aplicación del Derecho comunitario (2005) (debate)
PV
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  El Presidente. − El punto siguiente es el informe de Monica Frassoni, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre el vigesimotercer informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2005) (2006/2271(INI)) (A6- 462/2007).

 
  
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  Monica Frassoni, ponente. − (IT) Señor Presidente, Señorías, la aplicación del Derecho comunitario es una parte fundamental de la agenda «legislar mejor» presentada por la Comisión Barroso. Durante algún tiempo ha sido una especie de Cenicienta, perdida entre la moda de las evaluaciones de impactos y los recortes de costes.

Hoy la Comisión ha comenzado a rectificar esto, en parte debido a la presión ejercida por el Parlamento. Se trata de un procedimiento que, durante años, en muchos casos ha sido solamente una especie de trabajo diario burocrático, en el que se daba una infracción tras otra sin más, aunque continúa siendo un procedimiento absolutamente esencial.

Las cifras hablan por sí mismas. Hasta la fecha se han iniciado unos 2 518 procedimientos de infracción en los más diversos sectores, particularmente el medio ambiente y el mercado interior. Además de esto hay cientos, incluso miles de peticiones que el Parlamento recibe cada año y que, a menudo, se refieren a infracciones específicas del Derecho comunitario, ante las que los ciudadanos se sienten indefensos y, por ello, recurren al Parlamento.

La pregunta es: ¿qué posibilidades tienen de obtener una satisfacción? El procedimiento de infracción se describe en los artículos 226 y 228 del Tratado y, por lo tanto, no deja mucho lugar para la creatividad. Las normas vigentes nos condenan a lentos y confusos procedimientos, en los que rara vez se aplica la medida más efectiva —una sanción— y solamente cuando ha transcurrido mucho tiempo, décadas incluso.

No obstante se puede llegar a un buen acuerdo —un gran acuerdo— y quiero dar las gracias a la Comisión por haber propuesto en los dos últimos años, y posteriormente el pasado mes de septiembre en una comunicación específica, una serie de medidas que son analizadas y evaluadas en mi informe, con respecto a las que me gustaría hacer algunos comentarios.

No obstante, en primer lugar, permítanme realizar un comentario que considero fundamental en este debate, porque la aplicación de las leyes puede ser una cuestión muy política y una herramienta fantástica para mejorar la credibilidad y visibilidad de las instituciones comunitarias.

Me gustaría mencionar dos ejemplos específicos de comportamientos un tanto diferentes por parte de la Comisión: la crisis de los residuos de Nápoles y la autopista Vía Báltica del Valle de Rospuda en Polonia.

La crisis de los residuos en Nápoles fue una consecuencia directa de infracciones, año tras año, de prácticamente todas las normas comunitarias en materia de residuos. En efecto, se han iniciado numerosísimos procedimientos de infracción contra Italia durante años y el Tribunal ha dictado sentencia en contra de Italia en muchas ocasiones. Sin embargo, ha habido que esperar hasta ahora, años más tarde, cuando la situación ha llegado a ser intolerable para todos e imposible de ocultar, para que la Comisión decidiese dar un puñetazo sobre la mesa. Las visitas de la Comisión se están siguiendo con gran interés y los ciudadanos que alzan la voz en contra de los vertederos ilegales declaran en televisión que se están enviando peticiones al Parlamento Europeo. Yo me pregunto: ¿no se podría haber hecho esto antes? ¿No podríamos haber tenido una actitud diferente para impedir que se llegase a esta situación? ¡Por supuesto que sí!

Esto es, en realidad, lo que hizo el Comisario Dimas en el caso del Valle de Rospuda en Polonia, que corría el riesgo de ser devastado por la infraestructura para la Vía Báltica. Por primera vez, el Comisario solicitó una orden de suspensión al Tribunal, que fue concedida. Esto es un precedente muy importante que envía un mensaje extremadamente claro: la Comisión puede y debe ser firme y rigurosa con los Estados miembros que actúan como si nada hubiera pasado, y debe hacer uso de todas las herramientas que permite el sistema democrático: los medios de comunicación y la opinión pública.

Una de las innovaciones más importantes que introduce la Comisión en la comunicación se refiere a un «nuevo» método de trabajo. Hemos expresado muchas dudas con respecto a este nuevo método de trabajo, que en general consiste en devolver las quejas directamente al Estado miembro contra el que van dirigidas, a fin de intentar resolver el problema. Expresamos estas dudas y la Comisión nos ofreció algunas garantías que espero poder escuchar hoy también, aunque mantendremos una vigilancia muy estrecha con respecto a esta cuestión y esperamos que, con respecto a la cuestión de los procedimientos de infracción, la transparencia, la capacidad para identificar a los Estados miembros culpables y el trabajo conjunto con el Parlamento permitan progresar.

Señor Presidente, al final del debate, intervendré de nuevo durante dos minutos para concluir mi tiempo de uso de la palabra.

 
  
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  Janez Lenarčič, Presidente en ejercicio del Consejo. Gracias señor Presidente, Señorías.

Señora Frassoni, en nombre del Consejo quiero dar la bienvenida a su informe relativo al informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario y el análisis adicional previsto en la comunicación de la Comisión «Una Europa de resultados – La aplicación del Derecho comunitario». En nuestra opinión, el informe del Parlamento Europeo es una contribución muy útil para nuestro objetivo común de garantizar la aplicación oportuna y correcta del Derecho comunitario.

En nombre del Consejo, quiero dar la bienvenida a las conclusiones del informe de la señora Frassoni, que, en nuestra opinión, son esenciales, concretamente el hecho de que garantizar los efectos positivos del Derecho comunitario sobre las vidas cotidianas de los ciudadanos de la Unión Europea depende principalmente de la eficiencia de las políticas de la Unión y de la supervisión y el control de los métodos por los que los Estados miembros cumplen el Derecho comunitario.

Tenemos una opinión positiva acerca del compromiso del Parlamento Europeo de apoyar el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros. En nuestra opinión, estos intercambios contribuirían notablemente a una aplicación más eficiente y unificada del Derecho comunitario.

Debo explicar aquí que la Presidencia del Consejo no puede hacer comentarios sobre la mayoría de las preguntas y propuestas presentadas en este valioso informe. Como sabemos, la aplicación administrativa del Derecho comunitario es sobre todo responsabilidad de los Estados miembros, de acuerdo con sus reglamentos constitucionales, y de la Comisión que, como guardiana de los tratados, es responsable de controlar la aplicación uniforme del Derecho comunitario.

 
  
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  Günter Verheugen, miembro de la Comisión. − (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, la Comisión quiere agradecer la oportunidad de debatir hoy estas importantes cuestiones con el Parlamento Europeo y yo agradezco mucho la contribución y el informe de la señora Frassoni, que contiene comentarios valiosos. Puedo asegurarle, señora Frassoni, que la Comisión se toma muy en serio sus comentarios.

La Unión Europea es una comunidad que se rige por el Estado de Derecho y, como tal, es única en el mundo. Solamente el derecho puede garantizar las libertades que les corresponden a los ciudadanos y solamente el derecho puede moldear la economía de mercado de forma que funcione en beneficio de todos.

La Comisión Europea es la guardiana de los tratados. Su papel consiste en garantizar que el Derecho comunitario se aplique en todas partes y de forma correcta. Ni siquiera el mejor derecho tiene ningún valor en la medida en que exista solamente sobre el papel. Por lo tanto, cada comisión descubrirá que una de sus tareas más importantes consiste en garantizar que nuestro derecho no consista solamente en palabras vacías.

En los procedimientos de infracción de los tratados y el Tribunal de Justicia europeo tenemos una potente arma. Esta arma debe ser utilizada cuando no haya otra forma de remediar una violación del Derecho comunitario. No obstante, no es un fin en sí y un uso excesivo de la misma podría reducir su eficacia.

La Comisión no cree que el número de procedimientos de infracción de los tratados sea una medida de la seriedad y determinación con la que controla el nivel de cumplimiento del Derecho comunitario. Por lo contrario, la Comisión cree que se trata de encontrar soluciones a los problemas. La verdadera medida es cuántos problemas relacionados con la aplicación del Derecho comunitario hemos resuelto y con qué velocidad.

De hecho, hemos revisado con ojo crítico nuestra forma de trabajar y hemos llegado a las conclusiones siguientes: una vez identificados, los problemas deben ser abordados de forma rápida y eficiente. Los ciudadanos y empresarios tienen derecho a respuestas rápidas. Por lo tanto, señora Frassoni, transmitiré a la Comisión lo que ha dicho acerca de la basura en la región de Campania y habrá que debatir este tema. Estoy totalmente de acuerdo en que un enfoque riguroso, rápido y resuelto es absolutamente fundamental cuando se viola de forma flagrante el Derecho comunitario.

En principio, un planteamiento basado en la asociación es preferible a uno agresivo. Por lo tanto, la Comisión quiere ver más diálogo y más transparencia en estas cuestiones. También queremos establecer prioridades claras: abordar las cuestiones importantes primero, rápidamente y no utilizar una almádena para romper una nuez. También debemos ocuparnos de que haya los recursos necesarios disponibles.

Permítanme hacer un comentario en este punto. Si los problemas se acumulan en relación con la aplicación del Derecho comunitario a cuestiones determinadas, puede deberse a que el Derecho en sí es confuso o contradictorio. No deberíamos asumir desde el principio que los Estados miembros tienen una mala actitud.

Como consecuencia de estas consideraciones, adoptamos una serie de medidas y quiero decir desde el principio que continuaremos recurriendo a los procedimientos de infracción de los tratados y que los incoaremos de inmediato en cuanto dispongamos de la información necesaria. No obstante, sugerimos una nueva forma de trabajar, con la esperanza de obtener la información necesaria más rápidamente.

Este método se basa en mejorar la cooperación con los Estados miembros antes de llegar a la fase de incoar procedimientos oficiales, salvo, por supuesto —y esto es muy importante, señora Frassoni— en el caso de que sea obvio desde el principio que, con toda probabilidad, se está incumpliendo un tratado. En estos casos, nuestro primer paso no será hablar con los Estados miembros, sino actuar.

No se trata de un proceso totalmente nuevo, sino de un procedimiento preliminar en el que necesitamos procedimientos adicionales para conseguir una solución más rápidamente sin incoar procedimientos de infracción de los tratados.

Todas las consultas y quejas reciben una respuesta directa y rápida, y, dependiendo de los hechos en cuestión, pueden desembocar en procedimientos de infracción de los tratados. Esto significa que todas y cada una de las propuestas son registradas y procesadas. Si se formula como una queja o se puede considerar una queja, recibe el trato correspondiente como tal y la Comisión emprende las acciones apropiadas.

Actualmente estamos probando este nuevo método de trabajo en fase experimental. Quince Estados miembros participan en el proyecto piloto, que ha sido diseñado para garantizar que consigamos progresar realmente. Naturalmente, informaremos al Parlamento de los resultados de la fase experimental y debatiremos cualquier acción adicional con el Parlamento.

Al mismo tiempo, ya estamos en condiciones de poder encontrar una solución al 90 % de todos los problemas sobre los que se llama nuestra atención, sin necesidad de llevar el caso a los tribunales. No obstante, compartimos su opinión de que debería hacerse más rápidamente. El cambio hacia un ciclo mensual de toma de decisiones, que comenzó en enero, debería servir de ayuda. Esto garantiza una ejecución más rápida y eficiente de los procedimientos de infracción de los tratados.

Sin duda nos estamos esforzando por conseguir que el conjunto del proceso sea lo más transparente posible, al tiempo que se preserva un nivel apropiado de confidencialidad, tal y como nos ha solicitado el Tribunal de Justicia europeo. El público tendrá acceso en línea a resúmenes actualizados regularmente de todos los procedimientos de infracción de los tratados que se encuentren en ese momento en los tribunales.

Por el bien de la transparencia y la seguridad jurídica, también necesitamos saber cómo los Estados miembros están aplicando el Derecho comunitario en sus respectivos contextos nacionales. Por lo tanto, necesitamos cuadros de correlación —como se les denomina en el informe— que demuestren claramente el estado de aplicación en cada Estado miembro.

Señorías, creo que compartimos el mismo objetivo. Queremos un Derecho comunitario en el que los ciudadanos de la Unión Europea puedan confiar plenamente.

 
  
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  Diana Wallis, ponente de opinión de la Comisión de Peticiones. − Señor Presidente, en el minuto de que dispongo en nombre de la Comisión de Peticiones, quiero hacer tres cosas. En primer lugar, quiero felicitar a la señora Frassoni por su cooperación sobre este informe anual, pero, sobre todo, quiero poner de manifiesto la importancia de la Comisión de Peticiones en este procedimiento de control y aplicación.

Creo que finalmente esta importancia ha sido reconocida por la Comisión. Quiero dar las gracias al Comisario por ello, porque realmente nuestras dos instituciones deberían trabajar conjuntamente en este ejercicio, y particularmente implicando a la Comisión de Peticiones, que es en realidad nuestros ojos y nuestros oídos, como legisladores, a través de nuestros ciudadanos, que vienen a nosotros con problemas directos que observan.

Sin embargo, para que nuestros ciudadanos puedan hacer esto, llego a mi segundo comentario. Señor Comisario, usted ha hablado de que nuestro derecho sea un derecho vivo. Bien, para que sea un derecho vivo, es necesario que resulte comprensible para nuestros ciudadanos. He mantenido un largo diálogo con su colega la señora Wallström acerca de los resúmenes para ciudadanos, a fin de que entiendan nuestro derecho. Ella nos ha prometido en muchas ocasiones que estos acompañarán a cada instrumento legislativo. Todavía estamos esperando pruebas reales de ello.

Finalmente, la Comisión de Peticiones —y digo esto a mis propios colegas— necesita adquirir mucha más importancia y recursos en nuestra propia Cámara. No se trata tan solo de una comisión entrometida y metomentodo. Realiza un trabajo real al conectar con nuestros ciudadanos en este ámbito.

 
  
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  Marie Panayotopoulos-Cassiotou, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EL) Señor Comisario, tiene toda la razón: el Estado de Derecho es la base de la Unión Europea. Ha señalado con acierto que la legislación comunitaria es la forma de conseguir los objetivos de los tratados de la Unión Europea, dado que protege los intereses de los ciudadanos europeos, que tienen derecho a exigir la aplicación de este derecho.

El volumen, la amplitud y complejidad de la legislación aumentan constantemente. Los diputados al Parlamento Europeo del Partido Popular Europeo queremos expresar nuestra satisfacción: a través de su vigésimo tercer informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario y también del anuncio de los resultados en Europa, la Comisión está demostrando su deseo de ser la guardiana de los tratados y garantizar la aplicación de la legislación.

Tiene toda la razón al decir que queremos los cuadros de correlación, sobre los que el Consejo ha tomado hoy una decisión. La ponente ha cooperado mucho con ustedes para elaborar el informe de la señora Frassoni, con respecto al que hemos mantenido una interesante audiencia en el Parlamento. Permítannos decirle que también queremos que el Parlamento participe en el procedimiento de control y que se mantenga informado acerca de sus actividades. Queremos que venga a nuestras comisiones, al igual que hace con la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Queremos escuchar su informe de situación.

Sin duda queremos que tenga en cuenta las peticiones que recibimos, como señalan en su informe. También queremos señalar que, por lo que respecta a nuestras decisiones en materia de exenciones, nos gustaría que interviniera para garantizar que los tribunales nacionales las confirmen.

La aplicación del Derecho comunitario permite a los ciudadanos europeos esperar un reforzamiento de la democracia, el derecho y el orden, así como un acercamiento de las autoridades comunitarias. Hoy, tras la resolución sobre el nuevo Tratado de Lisboa reformado, todos deseamos un futuro mejor para la Unión Europea.

 
  
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  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, en nombre del Grupo del PSE. – (PL) Señor Presidente, un objetivo de la legislación comunitaria es la aplicación de diversas estrategias políticas de la Unión Europea. La aplicación de esta legislación debería ser una prioridad para todos los Estados miembros que, al tiempo que están sujetos al control y la supervisión de la Comisión, garantizarán que tenga los resultados positivos deseados para los ciudadanos de Europa.

En los últimos años, el número total de procedimientos relativos a infracciones de reglamentos jurídicos iniciados por la Comisión ha aumentado constantemente, hasta casi alcanzar los 2 700 en 2005. A pesar de la ampliación de la Unión Europea en 10 nuevos Estados, en los años siguientes no se ha dado ningún aumento general en el número de infracciones. No obstante, existe el riesgo de que esta situación pueda ser consecuencia de la falta de registros de quejas o de problemas administrativos en las instituciones responsables de analizar las infracciones.

El informe merece ser elogiado, primero y sobre todo, por su inclusión de estudios detallados de casos de infracciones relacionadas con peticiones, así como por la información facilitada acerca de la disposición para una amplia cooperación por parte de las Direcciones Generales individuales en estas cuestiones. También deberíamos acoger con satisfacción la exhaustiva comunicación de la Comisión titulada «Una Europa de resultados – La aplicación del Derecho comunitario». No obstante, la Comisión todavía tiene que desarrollar más detalladamente las cuestiones de los fondos disponibles para tomar en consideración los casos de infracción, la duración de los procedimientos en los casos de infracción, la aplicación limitada del artículo 228 del Tratado y la evaluación de la aplicación de criterios de prioridad.

El nuevo método de trabajo propuesto que se está introduciendo en 2008, como proyecto piloto en el que participan varios Estados miembros, destinado a dirigir los procedimientos existentes de forma más eficiente, merece nuestro reconocimiento. Sin embargo, una fase del procedimiento, concretamente el envío de un caso a un Estado miembro interesado que es, sobre todo, la parte responsable de una aplicación inadecuada del Derecho comunitario, es motivo de preocupación: esto se puede traducir en una debilitación del papel de guardiana de los tratados que desempeña la Comisión.

La creación del Derecho comunitario debería venir a resolver los problemas de los ciudadanos permitiendo respuestas rápidas a sus preguntas y quejas, lo que les ayudaría a entender y hacer uso de sus derechos, reduciendo efectivamente, al mismo tiempo, el número de procedimientos relativos a la infracción del derecho. Para terminar, permítanme felicitar sinceramente a la señora Frassoni por un documento muy bien elaborado.

 
  
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  Diana Wallis, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, quiero centrar mi atención en nuestras tres instituciones e insistir en la importancia de que cada una de ellas cumpla su función por lo que respecta a la aplicación y el control.

Obviamente aquí estamos analizando el informe de la Comisión. Por supuesto, la Comisión es la principal responsable de la aplicación y ejecución, y no deberíamos intentar atarle las manos en ese sentido. No obstante, creo que la Comisión puede suponer que, en el futuro, aplicaremos una vigilancia mucho más estrecha.

Agradecemos que se hayan incluido muchas de las conclusiones recogidas por nuestro propio informe sobre la desaparición de Equitable Life. No obstante, cuando iniciamos un nuevo período, y quizás probamos algunas nuevas ideas, tenemos que ser muy prudentes.

En primer lugar, con respecto al Consejo, todavía tenemos que conseguir el acuerdo —y me satisfizo escuchar al Comisario mencionarlo— para la idea de los cuadros de correlación con respecto a todas y cada una de las porciones de legislación, para que todos puedan comprobar exactamente qué ocurre a escala de los Estados miembros y dónde encaja cada porción.

El proyecto piloto es una idea excelente. Es tan bueno que ya veremos cómo funciona. No obstante —y aquí está el pero— soy un poco escéptica con respecto al hecho de que se hayan apuntado tantos Estados miembros. Espero que no lo consideren como una especie de opción blanda y que la Comisión les quite la idea de que, bajo ningún concepto, ese podría ser el caso.

Para terminar, hablaré sobre nuestro propio Parlamento. Claramente, tras el Tratado de Lisboa, debemos tener un papel mucho más importante en términos de control. No podemos suponer que, una vez que terminemos con una porción de legislación aquí, termine todo. Nuestras comisiones tendrán que asumir un papel de comprobación mucho mayor. Ya se están produciendo uno o dos informes de aplicación —eso aumentará— y tendremos que asumir nuestras responsabilidades, junto con las demás instituciones.

Sólo a modo de epílogo —aunque un epílogo muy importante— también tenemos que volcar nuestra atención en la formación de nuestros jueces de los tribunales nacionales, para asegurarnos de que ellos también sepan cómo aplicar el Derecho comunitario.

 
  
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  Alyn Smith, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente, quiero felicitar a mi colega de Grupo y copresidenta del mismo, la señora Frassoni, por su oportuno y elaborado informe. Yo también quiero insistir y coincido totalmente con los comentarios de la señora Wallis.

Promulgar leyes es nuestro cometido, pero aplicarlas en realidad es cumplir con nuestro pueblo; y no lograr aplicarlas, francamente, nos hace parecer tontos. Quiero felicitar a la Comisión por una serie de acciones que han sido muy positivas. No obstante, en realidad debemos incluir esta cuestión entre las prioridades de la agenda de este Parlamento, porque ciertamente, en Escocia, sigue existiendo una sólida percepción de que existe una legislación para un país y una diferente para otro. Soy plenamente consciente la Comisión no tiene toda la culpa de esto, pero todos debemos colaborar para resolverlo, si queremos ser una Europa.

Por lo tanto, felicitando a la colega de mi Grupo, me satisface escuchar que muchos de esos comentarios serán adoptados por el Comisario. Quiero hacer un comentario más, particularmente con respecto a la legislación medioambiental, donde surgen muchos de los conflictos: muchos de los objetivos más respetables de las porciones individuales de legislación son contradictorios y debemos hacer frente a esto durante su elaboración. Hay escasas orientaciones, en términos de consulta a las autoridades locales, con respecto a cómo abordarían ellas los objetivos, con frecuencia respetables, cuando son contradictorios. Se nos prometió una revisión del tema en el paquete de la energía, así que agradecería a nuestro Comisario que arrojase algo de luz sobre ese proceso, que está en curso.

 
  
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  Bert Doorn (PPE-DE). (NL) Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la señora Frassoni por su informe. Ya hemos tenido una serie de informes relativos a la aplicación y en todos ellos se puede apreciar una marcada línea común. Esta sugiere más atención para la aplicación, incluyendo por parte del Parlamento Europeo. Ahorra recurrimos a informes de aplicación. En julio yo mismo presentaré un informe sobre la aplicación de la octava directiva relativa a la supervisión de los contables. Es positivo que el Parlamento también analice seriamente la transposición de legislación en los Estados miembros.

Me gustaría concentrarme en la cuestión de los supervisores en este sentido. Estamos hablando de transposición por parte de las autoridades de los Estados miembros y de los jueces que aplican la legislación. No obstante, muchos Estados miembros también tienen supervisores independientes que aplican y elaboran la legislación. En la práctica han surgido grandes divergencias entre los distintos Estados miembros y entre supervisores. Cada vez con más frecuencia, las empresas que operan internacionalmente en varios Estados miembros se enfrentan a diferentes requisitos de diferentes supervisores de diferentes Estados miembros. Esto es sumamente incómodo e impide el funcionamiento del mercado interior.

Me gustaría debatir otro punto. Por otra parte, no podemos evitar un nuevo examen de los instrumentos legislativos utilizados en Europa. Hasta ahora, principalmente hemos trabajado con directivas, por lo que respecta a la harmonización. El Comisario Verheugen ya ha dicho en algunas ocasiones que en el futuro será conveniente hacer más uso del instrumento de reglamentación para la legislación del mercado interior, a fin de evitar todo tipo de problemas, como la recogida aleatoria de datos y la sobrerregulación, durante la transposición de directivas. Sé que también en los parlamentos nacionales, particularmente el Parlamento neerlandés, se están dando cuenta, de forma lenta pero segura, de que una aplicación que implica una sobrerregulación y una recogida aleatoria de datos puede ser perjudicial para el funcionamiento del mercado interior y también para la economía nacional. Teniendo esto en cuenta, el paso hacia un reglamento, siempre que resulte posible, ya no cuesta tanto.

 
  
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  Manuel Medina Ortega (PSE).(ES) Señor Presidente, uno es consciente de la importancia que tiene su misión de velar por la aplicación del Derecho comunitario. Estamos hablando de relaciones entre una institución supranacional y Gobiernos nacionales. Los Gobiernos nacionales son entidades fuertes, con mucho poder, son administraciones públicas. Normalmente, la Comisión es la guardiana del Derecho de la Unión Europea y para los ciudadanos, en muchos casos, es la única garantía que tienen de que el Derecho —porque el Derecho comunitario es Derecho— se aplique corrrectamente.

El informe de la señora Frassoni va dirigido a reforzar lo que yo llamaría la columna vertebral de la Comisión, para que la Comisión sea consciente de la importancia de esa tarea y para que —aunque se trate en una fase, si se quiere previa, de negociar con los Gobiernos las dificultades que puedan surgir— a la hora de la verdad, la Comisión actúe como esperan los ciudadanos, con fuerza, con vigor y aplicando las normas del Derecho comunitario.

Es preocupante que, tras la ampliación, dé la impresión de que la Comisión esté aplicando a los nuevos países miembros criterios menos estrictos que los que aplicaba a los antiguos Estados. Este hecho sería negativo para la consolidación de la Unión Europea y para la reputación de la propia Unión Europea en esos países miembros. Yo, que he seguido muchos procedimientos de infracción de la Comisión, puedo garantizarle a la Comisión que, cuando ella interviene, los ciudadanos, e incluso las administraciones públicas, se sienten reforzados por la actuación de la Comisión en esta materia.

Es decir, creo que el informe del Parlamento Europeo, la propuesta de la señora Frassoni y también la opinión de la señora Wallis van en el sentido de reforzar a la Comisión, de que la Comisión no se considere sola e indefensa frente a los Gobiernos, sino que cuenta con el Parlamento Europeo para reforzar este papel fiscalizador y de control que le corresponde en la aplicación del Derecho comunitario.

 
  
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  Margrete Auken (Verts/ALE).(DA) Señor Presidente, los ciudadanos de Europa son decisivamente importantes para la legislación de la Unión Europea. No son simples sacrificios por las infracciones, como en el caso de Nápoles. En muchas cuestiones medioambientales han sido con frecuencia actores fundamentales. Como perros guardianes, mantienen la vigilancia para asegurarse de que las leyes se aplican correctamente en todos los rincones de Europa y, en muchos casos, son los únicos que se encargan de esto. Por este motivo, la Unión Europea debería apoyar a los ciudadanos garantizándoles una posición sólida. Cuando llaman la atención sobre infracciones de la legislación comunitaria, sus quejas han de ser tratadas con seriedad y respeto. Espero sinceramente que esto no sea un intento por parte de la Comisión de poner fin a muchas de estas quejas, dado que eso sería una mala práctica. Por lo tanto, quiero dar las gracias a la señora Frassoni por haber llamado la atención sobre estas amenazas. Su excelente informe será ahora un paso general importante en la dirección correcta. Los ciudadanos de la Unión Europea ocuparán una posición más sólida a través del Tratado de Lisboa, pero si queremos que esto sea algo más que otra condecoración inútil, su contribución a la Unión Europea debe ser tomada en serio.

 
  
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  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE).(PL) Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la señora Frassoni por su informe excelentemente elaborado. También quiero decir lo mucho que me satisface que, de acuerdo con las estadísticas presentadas por la Comisión Europea con respecto al número de procedimientos relacionados con casos de infracción del Derecho comunitario, la adhesión de 10 nuevos Estados miembros no haya afectado al número de infracciones registrado. No obstante, las estadísticas no cuentan toda la historia. Uno de los mecanismos más importantes que nos permite comprobar hasta qué punto va bien la aplicación del Derecho comunitario es el sistema de referencias prejudiciales, que tiene por objeto asignar a los tribunales nacionales el potencial de ofrecer una interpretación uniforme de la aplicación del Derecho comunitario en todos los Estados miembros. El problema fundamental de este procedimiento es el tiempo que uno tiene que esperar por una respuesta del Tribunal, que todavía es demasiado (unos 20 meses). La principal razón —el tiempo dedicado a la traducción— representa unos nueve meses. Es motivo de preocupación que en muchos parlamentos nacionales oigamos voces que exigen un tope para el presupuesto específico para traducciones escritas.

Las recomendaciones de la Comisión Europea para los Estados miembros y los países candidatos se basan en el supuesto de que el Derecho comunitario se introducirá de forma efectiva cuando se contrate personal debidamente cualificado y se reserven los fondos oportunos. No comparto totalmente esa opinión. La cantidad de personal y de fondos disponibles no es el criterio adecuado. También son necesarias la determinación e implicación con respecto a la introducción del Derecho comunitario. Una buena ejecución de las tareas a las que se enfrentan los Estados miembros y los países candidatos exige tres factores: conocimiento, competencia y buena disposición. El primero de estos factores —es decir, posesión de conocimiento— no es problema hoy en día. El segundo factor —la capacidad para introducir los logros de la Comunidad— está relacionado con la disposición de fondos apropiados y la dedicación de un número adicional de empleados. La Comisión está haciendo actualmente máximo hincapié en este aspecto en particular. El tercer factor —la buena disposición de aquellos cuya tarea consiste en introducir y aplicar el Derecho comunitario— es el más subestimado.

La buena voluntad para aplicar el Derecho comunitario en la práctica depende de las instituciones y del sistema de procedimientos, incentivos y restricciones. El éxito o el fracaso de la introducción del Derecho comunitario se decidirá finalmente por el modelo institucional específico. El conocimiento y los fondos no lo son todo. También se necesita una buena voluntad para actuar.

 
  
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  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Señor Presidente, señor Vicepresidente, en su presentación ha señalado que la Comisión no quiere dictar a ciegas, sino tratar de averiguar si es necesario hacer algo, debatiéndolo con los Estados miembros. Ahora, dentro de la propia Comisión —que es, al fin y al cabo, una institución colegiada— no siempre existe una postura unificada clara con respecto a ciertas cuestiones.

En el ámbito del transporte observo en la actualidad un tema que será cada vez más problemático para nosotros en los próximos años —y es probable que también dentro de la Comisión— que es el concepto de que el dinero debería redirigirse hacia modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente mediante subsidios cruzados de dinero procedente de zonas menos ecológicas —como peajes de carreteras o tarifas de aparcamientos—. Eso es, en efecto, un subsidio. ¿Se ha producido algún debate al respecto y cómo está la situación?

 
  
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  Katalin Lévai (PSE). – (HU) Gracias, señor Presidente. Como ya han señalado varios oradores antes que yo, el éxito para conseguir los objetivos establecidos en los tratados y actos legislativos dependerá de la efectividad de los Estados miembros a la hora de aplicar el Derecho comunitario y de cómo lo trasladen al ámbito nacional.

Si no consiguen aplicar la legislación o ejecutarla convenientemente, o no son capaces de cumplir en su totalidad los objetivos que contiene, entonces tendremos un problema. En los últimos años la tendencia ha mejorado en términos de cumplimiento de la legislación y creo que el cumplimiento por parte de los 10 nuevos Estados miembros es bueno. Espero que esto no se deba sólo a que la Comisión es más indulgente con nosotros, con los nuevos Estados miembros, sino a que estamos realizando un verdadero esfuerzo por cumplir los criterios y satisfacer las expectativas.

Por desgracia, navegar por la jungla burocrática sigue sin resultar sencillo; sabemos lo enorme que es el número de medidas legislativas y su transposición a las legislaciones regionales y nacionales suele requerir muchísimo tiempo. Sería importante permitir la simplificación del lenguaje burocrático y un uso más extendido de las evaluaciones de impacto, al igual que el hecho de garantizar que se emplease el mínimo tiempo posible en gestionar los procedimientos de quejas. Gracias.

 
  
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  Wieslaw Stefan Kuc (UEN).(PL) Señor Presidente, la aplicación del Derecho comunitario por parte de los Estados miembros individuales es uno de los principios básicos de la Unión Europea. Por este motivo, el control y la eliminación de desviaciones son el objetivo de numerosas acciones. La inspección de los Estados individuales y la publicación de los resultados de las inspecciones permitiría la participación de los ciudadanos en la introducción de la legislación comunitaria en los Estados.

Mientras tanto, sigue dándose el caso de que Polonia, por ejemplo, todavía aplica el gravamen nacional del impuesto sobre el valor añadido, IVA, a pesar de la Sexta Directiva y de las sentencias de los tribunales. Lo mismo ocurre con la doble imposición sobre los rendimientos del trabajo. Existen casos conocidos de aplicación de impuestos a vehículos adquiridos por ciudadanos polacos en países de la Unión Europea, a pesar de las sentencias del Tribunal de justicia, y de retrasos en el reembolso de importes mal calculados que han sido abonados.

Una rareza particular es que nuestros ciudadanos se mantienen en prisión preventiva durante años sin que se haya aprobado ninguna sentencia. Los ciudadanos de Polonia esperan impacientes la reacción de la Comisión Europea ante estos casos y que se ponga freno a las acciones ilegales perpetradas por nuestro Gobierno.

Para terminar, quiero felicitar sinceramente a la señora Frassoni. Es una verdadera pena que este informe se refiera a un pasado bastante remoto; habría sido positivo que hubiese tratado sobre 2007.

 
  
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  Jens-Peter Bonde (IND/DEM).(DA) Señor Presidente, la comitología es una forma de limitar la democracia sin que el electorado se dé cuenta. Para empezar, en Bruselas, el poder pasa, de puertas para adentro, del electorado y los representantes elegidos por el pueblo a los funcionarios de los Gobiernos y los grupos de interés. Y para continuar, las votaciones se llevan a cabo con arreglo a unas normas complejas que nadie puede recordar, sobre las que ningún periodista puede escribir y que ningún escritor de libros de texto es capaz de explicar. Esto significa, fundamentalmente, que las decisiones de la Comisión dependerán de personas que no han sido elegidas, a menos que se obtenga una mayoría cualificada en contra de la Comisión. El poder legislativo se torna en poder ejecutivo; la legislación transparente desaparece en favor de decretos secretos; la democracia mayoritaria se sustituye por un gobierno minoritario. Si bien no se trata de una autocracia absoluta, se encamina en esa dirección, con una ligera influencia de las ideas corporativistas de Mussolini.

Con arreglo al nuevo acuerdo interinstitucional, el Parlamento puede hacer que un asunto vuelva a figurar en el orden del día, pero sólo si la izquierda y la derecha del Parlamento están de acuerdo y si así se decide por mayoría absoluta de los diputados. No obstante, hay que descartar la fórmula de la autocracia y gobernar con inteligencia y corporativismo. El procedimiento legislativo se ha de democratizar. Es fundamental que todas las leyes sean aprobadas, ya sea en los Parlamentos nacionales o aquí, en el Parlamento Europeo, por la mayoría de los representantes elegidos por el pueblo. Si bien la legislación debería dejar de estar en manos de los funcionarios de los Gobiernos y de los grupos de interés, es una práctica que, por desgracia, se está consolidando en el Tratado de Lisboa. Razón de más para someter a referéndum el Tratado.

 
  
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  Janez Lenarčič, Presidente en ejercicio del Consejo. En nombre de la Presidencia, me gustaría señalar, para concluir, que la Presidencia es consciente de la necesidad de que el control de la aplicación del Derecho comunitario sea eficaz, a fin de suscitar un respeto universal por las leyes y salvaguardar los principios del Derecho por los que se rige la Comunidad.

Se trata, ante todo, de una cuestión fundamental para garantizar la seguridad jurídica a los ciudadanos. No debe olvidarse que ellos desempeñan un papel importante en la aplicación del Derecho comunitario. De hecho, el número de infracciones del Derecho comunitario denunciadas por los ciudadanos pone de manifiesto la relevancia de dicho papel.

Durante el debate, que he seguido con mucha atención, varias personas han manifestado el asombro que les produce el hecho de que el número de infracciones, o, al menos, la cantidad de infracciones detectadas, no haya aumentado desde la ampliación de la Unión Europea. Algunos oradores temen que la Comisión esté siendo menos estricta con los llamados nuevos Estados miembros.

He de subrayar que la Presidencia no tiene ningún motivo para respaldar esas sospechas, ni obra en su poder ninguna prueba que las confirme. Sin embargo, puedo ofrecer, cuando menos, una posible explicación. En lo referente a los denominados nuevos Estados miembros, debe tenerse en cuenta que su adhesión ha tenido lugar después de un proceso intensivo de muchos años de transposición del Derecho comunitario a su ordenamiento jurídico, y, por tanto, les ha resultado más fácil continuar con el proceso a menor escala. En mi opinión, sería conveniente que estos comentarios sobre la sospecha de que la Comisión no es igual de estricta con todos los Estados miembros se complementaran con las observaciones que el Comisario tenga que hacer al respecto.

Para terminar, desearía recalcar la gran importancia que la Presidencia concede a las responsabilidades y objetivos comunes establecidos en el Acuerdo interinstitucional «Legislar Mejor». Por último, me gustaría instar a todos lo Estados miembros e Instituciones a que cumplan sus obligaciones de transposición y aplicación del Derecho comunitario.

 
  
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  Günter Verheugen, Miembro de la Comisión. − (DE) Señor Presidente, señoras y señores, como ya he dicho anteriormente, el debate de hoy no carecerá de consecuencias, y desearía volver a repetirlo. Informaré al señor Jung del contenido del debate, así como de las intervenciones parlamentarias, y también le transmitiré las propuestas esenciales que se han presentado durante el debate y que la Comisión debería considerar seriamente.

Permítanme hacer otro comentario inspirado en la filosofía del Derecho: toda comunidad de naciones fundamentada en el Estado de Derecho se basa en la confianza; sólo podrá funcionar si los participantes pueden confiar los unos en los otros. Por eso, en un Estado de Derecho, los actos jurídicos han de celebrarse públicamente, y, también por eso, suscribo plenamente lo dicho por la señora Wallis. En este contexto, la información es fundamental, y la transparencia, imprescindible.

La aplicación y la interpretación del Derecho no pueden regirse por la política del secretismo. Todo ha de llevarse a cabo abierta y públicamente. Al menos, es la conclusión que yo saco de este debate, y siempre he estado convencido de ello. Me adhiero a lo dicho por la señora Wallis en relación con el papel de la Comisión de Peticiones. Como cliente suyo —en cierto sentido—, no tengo reparos en reconocer el gran trabajo y el gran esfuerzo que eso requiere; pero los ciudadanos están en su derecho al esperar que hagamos ese esfuerzo. Además, las peticiones recibidas ponen de manifiesto la percepción que los ciudadanos tienen del Derecho y de las políticas comunitarias.

Señora Frassoni, la Comisaria Wallström ya ha prometido que, en el futuro, crearemos un resumen de peticiones de ciudadanos. Entretanto, la Comisión ha adoptado asimismo una resolución formal al respecto; de modo que se va a hacer, y estoy seguro de que usted hallará la manera de garantizar que lo hagamos. Así se ha decidido y así se hará.

Muchos diputados se han preguntado cómo es posible que, a pesar la adhesión de nuevos Estados miembros, no se haya incrementado el número de acciones legales por infracción de los Tratados.

La Comisión tiene una opinión muy clara al respecto: hay dos razones para ello. La primera —y, en este caso, me siento bastante cohibido, puesto que debo confesar que se trata del fruto del buen trabajo realizado por el anterior Comisario encargado de la ampliación— está relacionada con el hecho de que los nuevos Estados miembros se prepararon tanto incorporar el acervo que, en el momento de la adhesión, cumplían los requisitos con mayor integridad que los antiguos Estados miembros. No puedo sino confirmar que es la pura verdad. Nunca habríamos podido firmar los Tratados de adhesión si no se hubieran cumplido los requisitos del acervo.

La segunda razón tal vez sea de una naturaleza un poco más práctica. Los ciudadanos de los nuevos Estados miembros tienen que ir descubriendo, poco a poco, que pueden reclamar, así como la manera de hacerlo. Por lo tanto, supongo que el número de denuncias aumentará.

El señor Smith ha señalado que las leyes, y, especialmente, la legislación ambiental, también deben ser sencillas y aplicables. Como bien sabemos, la Comisión se ha propuesto revisar todo el Derecho comunitario para finales del año próximo, con el propósito de determinar en qué medida y cómo puede simplificarse. Hace sólo unos días, al presentar los resultados de este proyecto de mejora de la legislación, prometimos que, en efecto, el proceso habría acabado a finales del año que viene.

Señor Medina, no tiene por qué temer que la Comisión esté corriendo un velo sobre las denuncias. Le puedo garantizar que, en mis ocho años de experiencia como Miembro de la Comisión, han sido más las veces que he tenido que poner freno al entusiasmo de los servicios de la Comisión que las que me he visto obligado a infundírselo con respecto a los procedimientos de infracción de los Tratados. Con mucha más frecuencia he tenido que decirles que esperen, que primero hablen con ellos y comprueben si el asunto se puede resolver pacíficamente. El riesgo de que los servicios de la Comisión tiendan a correr un velo sobre estos asuntos es prácticamente inexistente. Estoy seguro de que eso no pasa.

En cuanto a la pregunta del señor Rack, las decisiones sobre las infracciones de los Tratados —sea la fase que fuere, desde la fase previa hasta la conclusión— requieren una decisión formal por parte del Colegio de Comisarios. Así es como está organizado. No puedo contestar ahora su pregunta sobre el problema concreto de las subvenciones cruzadas, pero me aseguraré de que reciba una respuesta esta semana.

En cuanto a las observaciones del señor Kuc acerca del tiempo de prisión preventiva, reconozco que, si eso ocurriera, sería un escándalo, pero estaría fuera de la competencia de la Unión Europea. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sería el foro competente en esa materia.

Señoras y señores, gracias por todas sus sugerencias y por el espíritu constructivo del debate. Estoy seguro de que habremos avanzado aún más en este asunto cuando volvamos a debatirlo el año próximo.

 
  
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  Monica Frassoni, ponente. − (IT) Señor Presidente, señoras y señores, desearía darles las gracias a sus Señorías, al Comisario y a la Presidencia por su participación en este debate, que, como bien ha dicho el Comisario Verheugen, no acaba aquí.

Sólo comentar brevemente un par de cuestiones. Me gustaría comentar la cuestión de la definición de prioridades abordada por el Comisario Verheugen. En mi opinión, podría constituir una práctica peligrosa, aunque, en realidad, es algo que nunca se ha hecho hasta ahora. Siempre he tenido serias dudas acerca de si realmente es posible definir las prioridades. De todos modos, si realmente se quieren hacer las cosas de esa manera, asumiendo los riesgos de ser transparentes, ¿por qué ni siquiera se debaten esas prioridades? De lo contrario, podría parecer que el objetivo de optar por ciertas prioridades es el de librarse de las infracciones molestas. No creo que fuera algo positivo.

También me gustaría decir que, a pesar de que la Comisión afirma que no necesita más recursos —concretamente, recursos humanos— para tramitar las infracciones, lo cierto es que, en casi todas las reuniones que he mantenido con los demás miembros de la Comisión, todos me han confesado que los recursos —las personas— destinados a tal efecto son insuficientes.

Durante el debate se ha planteado la cuestión del número de infracciones cometidas en los nuevos Estados miembros, y lo que el Comisario y la Presidencia han dicho al respecto probablemente sea cierto. Sin embargo, también deberíamos tener en cuenta que, por ejemplo, en materia de medio ambiente, sólo hay dos o, tal vez, tres funcionarios para los diez nuevos Estados miembros; por lo tanto, está claro que hay un problema de recursos humanos.

Por último, la cuestión del papel del Parlamento. Estamos manteniendo un debate interno sobre varias formas de hacer que nuestro papel de colegisladores sea más eficaz, mediante el control de la aplicación de las directivas aprobadas. En mi opinión, hay dos cosas que deberíamos hacer sin falta. La primera es, sin duda, adoptar una decisión política, con el propósito de reforzar el papel de la Comisión de Peticiones, que, como bien ha dicho la señora Wallis, constituye nuestra ventana al mundo. En segundo lugar, deberíamos organizar reuniones sobre la aplicación de forma sistemática, si bien requerirán la colaboración abierta de la Comisión. Porque, si organizamos reuniones para debatir la aplicación de las directivas, y el funcionario de la Comisión que asista permanece en silencio o hace comentarios de escaso interés —quizá porque no pueda decirnos lo que realmente queremos saber—, esta práctica carecerá de sentido.

Bueno, muchas gracias; sin duda, volveremos a hablar de este asunto.

 
  
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  El Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana a mediodía.

 
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