Jim Allister (NI). – Señor Presidente, ayer por la tarde, en un anuncio no programado en esta Cámara, el Presidente hizo alarde de la imposición de sanciones económicas a varios diputados a causa de la protesta de diciembre. Lo que quiero saber es lo siguiente: ¿fue procedente que el Presidente realizara tal anuncio sin tener la gentileza básica con dichos diputados de comunicarles que el anuncio referido se iba a realizar, y cuándo se efectuaría? El Presidente se ha referido en numerosas ocasiones a la muestra de cortesía con los diputados de esta Cámara, por lo que, pregunto, ¿no se tuvo con nosotros, los afectados por su anuncio, la gentileza elemental de que se nos comunicara que el Presidente se proponía realizarlo? ¿Sería excesivo confíar en que se responda a esta pregunta?
Presidente . − Señor Allister, no es tarea de la Presidencia pronunciarse sobre cuestiones de cortesía. Nuestro debe es aplicar las normas, y puede estar usted completamente seguro de que las normas se han respetado plenamente.
Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Señor Presidente, con referencia, entre otros, al artículo 146 del Reglamento, acaba de señalar usted que su deber es aplicar las normas. No puedo entender por qué las sesiones siguen comenzando tarde, en ocasiones, varios minutos, o incluso un cuarto de hora. Tal demora provoca un notable malgasto del dinero de los contribuyentes. Es usted muy riguroso respecto a la observancia de las normas en lo que atañe a los oponentes políticos, que, sencillamente, desean un referéndum, o equidad y democracia, pero no cuando se trata de su persona.
Si tratara usted a todos equitativamente en esta Cámara, hace tiempo que habría tenido que incoar un procedimiento contra la Presidencia por innumerables incidentes de fraude grave, puesto que así denominaría yo los casos en los que las sesiones continúan iniciándose tarde, con el consiguiente malgasto de los fondos de los contribuyentes.
Se aplican aquí dos varas de medir diferentes, y debe aceptar usted el reproche de que este Parlamento actúa de manera arbitraria, y margina deliberadamente a los oponentes políticos basándose en tecnicismos, mientras tolera de manera constante lo que sucede en su propio bando, e incluso tapa casos de fraude graves.
El Presidente. − Muchas gracias, señor Martin, por sus interesantes opiniones.
2. El reto de la Política de Cooperación al Desarrollo de la UE para los nuevos Estados miembros (debate)
El Presidente. − El primer punto es el informe de Danutė Budreikaitė, en nombre de la Comisión de Desarrollo, sobre el reto de la Política de Cooperación al Desarrollo de la UE para los nuevos Estados miembros (2007/2140(INI)) (A6-0036/2008).
Danutė Budreikaitė, ponente. – (LT) Desde las rondas de ampliación de 2004 y 2007, la Unión Europea ha asistido a la adhesión de 12 países, 10 de los cuales tienen una experiencia especial. Han pasado de una economía planificada, a otra de mercado, y del control autoritario, a la democracia.
Previamente a la adhesión, estos países eran receptores de asistencia; sin embargo, ahora, se han convertido en donantes de ayuda de cooperación al desarrollo. La mayoría de ellos carecía de experiencia previa en cuanto a la puesta en práctica de la política de cooperación de la UE. Mediante la firma del Tratado de Adhesión, se han comprometido a ejecutar tal política.
Por otra parte, en 2004, la Comisión publicó varios documentos en los que se hacía hincapié en la Política Europea de Vecindad, directamente relacionados con la asistencia oficial al desarrollo de los nuevos Estados miembros. Transcurridos tres años desde la adhesión, es importante examinar los avances alcanzados por los nuevos países donantes en cuanto a la satisfacción de los retos de la cooperación al desarrollo.
Me gustaría señalar que en el informe se trata únicamente de los 10 Estados miembros que comparten fronteras terrestres con sus vecinos del Este y se benefician de la Política de Vecindad. Estos 10 países han mantenido tradicionalmente relaciones comerciales, económicas y culturales con sus vecinos, y comparten una historia común, así como la aspiración de alcanzar los objetivos de desarrollo y consolidación de la democracia, y de reforzar la seguridad en la Europa central y oriental. Los resultados de un estudio especial ponen de relieve que la mayoría de los nuevos Estados miembros suelen destinar ayuda oficial al desarrollo a sus vecinos: los países de los Balcanes occidentales y la Comunidad de Estados Independientes.
Por otro lado, las relaciones entre la UE y sus vecinos del Este siguen siendo las menos desarrolladas, y los nuevos Estados miembros, al disponer de una ventaja relativa sobre los antiguos, pueden ejercer una influencia beneficiosa en la ubicación geográfica y la naturaleza de la política de ayuda al desarrollo. Los nuevos Estados miembros pueden compartir además su reciente experiencia de la transición a la economía de mercado, y de la adopción y ejecución de la buena gobernanza, los principios democráticos y los derechos humanos.
Entretanto, los nuevos Estados miembros de la UE dedican una atención relativamente escasa a los países ACP. La ayuda dirigida a estos países es fundamentalmente de índole socioeconómica: se desarrollan nuevos proyectos en el sector de la educación y de la salud; y se dedican esfuerzos para promover el desarrollo del sector público y la sociedad civil, y los principios de la igualdad de género.
Los documentos en los que se define la política de cooperación al desarrollo no contienen directrices respecto a qué países deben recibir la asistencia. En vista de los recursos financieros y humanos limitados a disposición de los nuevos Estados miembros, les convendría concentrar su ayuda en un número específico de países, ofreciéndoles asistencia en las áreas en las que tengan más experiencia, tanto en países vecinos, como ACP.
En lo que se refiere a los problemas que encuentran los nuevos Estados miembros al ejecutar la política de ayuda al desarrollo, me gustaría destacar que:
1) la mayoría de los Estados miembros no han definido aún sus prioridades fundamentales;
2) prácticamente, no existe planificación estratégica ni mecanismos de control en el campo de la política de cooperación al desarrollo;
3) el nivel de comunicación entre las entidades que ejecutan la política de ayuda al desarrollo y las ONG es insuficiente;
4) el nivel de iniciativa pública es excesivamente bajo, y existe una falta general de información sobre la cooperación al desarrollo a disposición del público en toda la UE.
Para alcanzar un mayor éxito en la ejecución de la política de cooperación al desarrollo, todos los países interesados han de compartir sus experiencias positivas, teniendo en cuenta las acumuladas por los nuevos Estados miembros en el Este. Los nuevos Estados miembros deben intervenir en la preparación de planes para las actividades de ejecución de la política de vecindad, garantizar un mayor grado de participación por los parlamentos nacionales, y promover la actividad de las ONG.
En cualquier caso, me gustaría subrayar que las dos últimas rondas de ampliación de la UE han generado un nuevo punto de vista respecto a la política de cooperación al desarrollo y su inextricable vínculo con la Política Europea de Vecindad, siendo esta última el resultado directo de la ampliación. Tanto la política de cooperación al desarrollo, como la de vecindad, son componentes esenciales de las relaciones políticas y económicas con otros países.
La institucionalización de la política de cooperación al desarrollo en la UE sería de enorme importancia para la consecución de los objetivos mencionados. Promovería asimismo la eficacia de la Política Europea de Vecindad, junto con la de ayuda oficial al desarrollo, e influiría favorablemente en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Para alcanzar tales metas, debemos crear una asamblea constituida por la UE y los países vecinos, que trate la dimensión oriental y contribuya a la ejecución de las políticas de cooperación al desarrollo y de vecindad. Me gustaría dirigir un llamamiento al Parlamento para obtener su apoyo en este sentido.
Louis Michel, Miembro de la Comisión. − (FR) Señor Presidente, señoras y señores, para empezar, me gustaría felicitar a la ponente, la señora Budreikaitë, por este excelente informe en el que se detalla el reto que plantea la política de desarrollo para los nuevos Estados miembros.
Su informe me recordó todos los debates y la preocupación expresados en la fase previa a la ampliación, tanto entre el público en general, como en el ámbito político. Recuerdo las sospechas y los temores manifestados en diversas instancias, respecto a que la ampliación diluiría nuestra solidaridad con los países en desarrollo, provocando el descenso de África en el orden de prioridades de la Unión Europea. Al final, los temores resultaron infundados. Se ha puesto de manifiesto que las predicciones y las ansiedades eran injustificadas. La política de desarrollo europea nunca ha sido tan ambiciosa en sus fines, ni tan cohesiva en sus métodos como lo es ahora, y África no ha ocupado nunca un lugar más elevado en el temario de la política exterior de la Unión. Su informe confirma que este logro no se ha alcanzado a pesar de la participación, sino en virtud de la misma, y de la disposición de los nuevos Estados miembros a asumir plenamente el peso de sus responsabilidades.
Examinemos en primer lugar la cuestión de la financiación. Lógicamente, a los nuevos Estados miembros les queda aún cierto trecho por recorrer para alcanzar los objetivos de 2010, y no cabe duda de que resulta esencial que más países elaboren planes plurianuales para reforzar su ayuda (sólo cuatro de los doce países en cuestión han llevado a cabo tal ejercicio hasta la fecha), pero, sencillamente, no podemos pasar por alto el esfuerzo colectivo que han realizado estos doce Estados miembros, puesto que es muy notable. Desde su incorporación a la Unión, estos países han duplicado, y en algunos casos, triplicado, el nivel de ayuda que proporcionan. En 2007, la asistencia con origen en estos doce países ascendía a una cifra cercana a los 800 millones de euros. Además, para 2015, se han comprometido a destinar el 0,33 % de su PIB a la ayuda al desarrollo, con cargo a los fondos públicos.
El siguiente punto que debe considerarse es la eficacia de la ayuda. El año pasado, la Unión Europea adoptó un código de conducta en el que se establecen varios principios para procurar una mejor división del trabajo en el seno de la Unión. Me complace informar de que los nuevos Estados miembros pueden mantener la cabeza bien alta en lo que atañe a la ejecución de tales principios. Todos los estados en cuestión aplican el principio de la concentración de su ayuda en un número limitado de países, un planteamiento largamente reconocido como buena práctica, al procurar una mayor eficacia.
Asimismo, varios de los nuevos Estados miembros prestan su ayuda en asociación con otros Estados miembros con arreglo a acuerdos de cofinanciación, reduciendo de este modo los costes administrativos propios, y los de los estados asociados. Son ejemplo de esta colaboración el apoyo que prestan conjuntamente Eslovaquia y Austria en el ámbito de las infraestructuras en Kenya, y la asistencia prestada en el sector del agua por la República Checa, en asociación con Luxemburgo. Son ejemplos ilustrativos, y no son los únicos.
Otra ilustración de eficacia es la del hecho de que la mayoría de los nuevos Estados miembros asisten a los países en desarrollo mediante la adición de valor en sectores específicos, un planteamiento fundamentado en su propia experiencia de transición política y económica. Podría destacar, por ejemplo, la ayuda destinada a la consecución de una buena gobernanza, al refuerzo de capacidades en la administración pública, y a la reforma económica.
Como yo lo veo, estos tipos de acción, aprobados en el Código de conducta sobre la complementariedad y la división del trabajo en la política de desarrollo, son absolutamente vitales. En abril, presentaré la primera evaluación sobre cómo se ejecuta el código, un año después de su aprobación, con análisis y propuestas para reforzar la asistencia y dotar a ésta de mayor coherencia. Me propongo utilizar la evaluación como base de un debate exhaustivo con todos los Estados miembros sobre el modo de proceder a partir de ahora. A unos pocos meses del Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, que se celebrará en Accra, los países en desarrollo cuentan con Europa para que marque el camino a seguir, y aciertan en este sentido, puesto que (permítanme que vuelva a recordárselo), Europa es, con mucho, la mayor fuente mundial de ayuda al desarrollo, por lo que está capacitada para predicar con el ejemplo y tiene el deber de obrar de este modo.
En su informe se hace hincapié en otra cuestión de enorme relevancia, en concreto, la necesidad de sensibilización en los nuevos Estados miembros. Es cierto que la mayoría de estos países carecen de una prolongada tradición de ayuda al desarrollo, y en particular, destinada a África. Por tanto, forma parte de nuestra responsabilidad seguir trabajando en lo que respecta a la opinión pública, transmitiendo el mensaje de que no se trata sólo de caridad, sino también de interés mutuo, y me refiero en este caso a aspectos como la paz y la seguridad, la migración, el cambio climático y la seguridad alimentaria.
A mediados de febrero, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, la Comisión Europea puso en marcha el tercer programa de refuerzo de capacidades para los nuevos Estados miembros. En el marco de este programa, la Comisión proporcionará los conocimientos técnicos especializados necesarios para formular estrategias de comunicación que capacitarán a las autoridades administrativas para informar con mayor eficacia a la población de sus actividades, y para elevar los niveles de sensibilización, sobre todo en los medios de comunicación y entre los estudiantes, respecto a lo que está en juego en la política de desarrollo.
Señoras y señores, han dejado de existir una «vieja Europa», y una «Europa nueva». Ya no hay primera y segunda clase, ni Estados miembros antiguos y nuevos. Queda una sola Europa, dispuesta a la ayuda, abierta y políticamente consciente, con valores que no son sólo europeos, sino también universales. La evolución de la política de desarrollo a lo largo de los años, desde la primera ampliación, es prueba en sí misma de que la Unión Europea puede crecer y, simultáneamente, adquirir mayor valor y significado. En esencia, se trata de una notable lección de Historia, pertinente tanto para el futuro de la política de desarrollo, como para el futuro de la integración europea.
Filip Kaczmarek, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (PL) Señor Presidente, en una audiencia pública sobre la cuestión de los nuevos donantes de la UE, celebra en el Parlamento Europeo en enero del año pasado, los participantes expresaron la esperanza de que el debate sobre la política de desarrollo de los nuevos Estados miembros de la UE continúe en los parlamentos nacionales y en el trabajo ulterior del propio Parlamento Europeo. Por tanto, me complace enormemente manifestar mi favorable acogida del informe de la señora Budrekaitë, el primero en la historia del Parlamento Europeo en el que se intenta analizar el compromiso de los nuevos Estados miembros con la política de desarrollo de la UE, y el reto que ésta supone para ellos.
No es fácil resumir todos los retos que afrontan los nuevos donantes europeos en la formulación de políticas de desarrollo nacionales, y en la modernización de la política de desarrollo a escala comunitaria. Por tanto, me limitaré a unas cuantas cuestiones fundamentales. En primer lugar, el papel de los parlamentos nacionales en la conformación de la ayuda al desarrollo en los nuevos Estados miembros ha de fortalecerse. Sin el establecimiento de una base jurídica firme por los parlamentos nacionales, resultará imposible llevar a cabo una política de desarrollo eficaz y procurar una coordinación adecuada de la planificación y la gestión de la ayuda a los países en desarrollo. En algunos países, las tareas relativas a la legislación necesaria se iniciaron en 2004 y no han finalizado aún. Como resultado, entre otras cosas, tales países carecen de temario de ejecución.
Es necesario más trabajo de concienciación pública, y en este caso convengo con el Comisario Michel en lo que atañe a la sensibilidad pública en los nuevos Estados miembros, en cuanto a la importancia de la política de desarrollo. En un período de transición de este tipo, la educación para el desarrollo, la consulta social de amplio alcance, la comunicación de masas y las campañas de información deben desempeñar un papel importante, Sin ellas, resultará difícil obtener el consentimiento de los contribuyentes para un aumento del gasto público en políticas de desarrollo. Cuanto mayor sea la concienciación de la población, más dispuesta estará la sociedad a aceptar la carga financiera.
Convengo asimismo con el Comisario en la necesidad de la solidaridad europea en la política de desarrollo. Debemos coordinar nuestra cooperación y aprender unos de otros. Por un lado, el compromiso y el conocimiento derivados de la Historia y del período de transición en los nuevos Estados miembros puede ayudar a la Unión Europea en su conjunto a desarrollar y reforzar la democracia en países en transición. Por el otro, los conocimientos derivados de la experiencia de los antiguos Estados miembros, y en particular, de su ayuda a los países más pobres del mundo, puede contribuir al refuerzo y la orientación de la ayuda al desarrollo a aquéllos países que más la necesitan (en el África subsahariana, por ejemplo, que no se percibe como el destino principal de la ayuda en los nuevos Estados miembros). Estas educación y asistencia mutuas pueden dotar de mayor eficacia a la política de desarrollo de la Unión Europea en su conjunto.
Corina Cretu, en nombre del Grupo del PSE. – (RO) En mi opinión, el informe que hoy examinamos tiene el mérito de ayudar a los nuevos Estados miembros de la Unión Europea a definir nuevas políticas y mecanismos diseñados para asistir a los países que reciben la atención de la Unión Europea.
Sobre la base de los valores fundacionales de la Unión y las obligaciones asumidas conforme a los Tratados de los que nuestros países son parte, los nuevos Estados redefinen ahora sus políticas de cooperación al desarrollo proporcionada a los países que la necesitan, diversificando sus instrumentos de cooperación y las áreas tratadas. Lo que la ponente señaló en su prólogo es totalmente cierto, en cuanto que las prioridades no se encuentran definidas con la suficiente claridad, y las buenas intenciones se ven limitadas con frecuencia por la falta de recursos financieros. Parece que los nuevos Estados miembros requieren aún de un período de adaptación a los sistemas de toma de decisiones del Consejo, y a sus prioridades en el campo de la cooperación al desarrollo.
Rumanía cuenta con una estrategia nacional de cooperación internacional al desarrollo, y apoya el de los estados situados en las áreas geográficas identificadas como zonas prioritarias para las relaciones exteriores, a saber, Europa oriental, los Balcanes occidentales y el Cáucaso meridional. Otra de las iniciativas consiste en la extensión gradual de la ayuda a los Estados africanos, sobre todo en el ámbito de la educación.
Me complace que este año, el 1 de octubre, se celebrará en Bucarest el Día del desarrollo de los socialistas europeos, y quiero agradecer aquí y ahora a mis compañeros socialistas por votar unánimemente a favor de mi propuesta de organizar este evento en un nuevo Estado miembro de la Unión Europea como es Rumanía. Alabo este informe, que representa un marco útil de conceptualización relacionada con el tema considerado para los nuevos Estados miembros de la Unión Europea.
Toomas Savi, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, el señor Toomas Hendrik Ilves, Presidente de la República de Estonia, dijo el martes que debemos abandonar el término «nuevos Estados miembros». Este término forma parte asimismo del título del informe de la señora Budreikaitë. Aunque, en principio, estoy de acuerdo con mi Presidente, el término tiene también una connotación positiva, relativa a la innovación y a la disposición para las reformas. En el informe que tratamos hoy se ofrece una visión global exhaustiva de los avances alcanzados por los nuevos países donantes en la Unión Europea (que eran receptores de una ayuda similar hace una década) en el campo de la cooperación al desarrollo, subrayando tanto las deficiencias, como el potencial para un aumento ulterior de la contribución a la política de la UE en la materia.
En 1970, las Naciones Unidas convinieron el objetivo del 0,7 % del PIB para ayuda al desarrollo, con el fin de erradicar la pobreza extrema, la condición más humillante que puede afectar a un ser humano. Estimados colegas, no olvidemos que este problema atañe aproximadamente a un tercio de la población mundial. Por desgracia, los esfuerzos realizados hasta la fecha resultan claramente insuficientes. Ningún nuevo Estado miembro ha alcanzado el objetivo. Lo mismo sucede en el caso de los antiguos Estados miembros, con la excepción de Dinamarca, Luxemburgo, los Países Bajos y Suecia. Noruega, aunque no es miembro de la UE, ha alcanzado también dicho objetivo.
Me gustaría agradecer a la señora Budreikaitë la amplia labor que ha llevado a cabo en la compilación del proyecto de informe, y en la incorporación de las enmiendas propuestas por mis colegas y yo mismo en la Comisión de Desarrollo. Se ha elegido a una ponente de un nuevo país donante e, indudablemente, su informe se estudiará con gran detenimiento en estos países, incluido Estonia.
Por último, el Consenso Europeo sobre Desarrollo ha asumido el compromiso de procurar un nuevo aumento de los fondos designados, y animo a todos los Estados miembros a considerar seriamente esta iniciativa. El informe que nos ocupa es un documento digno de elogio en el que, nuevamente, se nos recuerda nuestros compromisos, e insto a todos mis colegas a que lo respalden.
Adam Bielan, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, yo también deseo felicitar a la señora Budrekaitë por este excelente informe. En el documento se hace referencia a la dimensión oriental de las relaciones exteriores de la UE, y a la necesidad de una nueva asamblea en la línea de EUROLAT o EUROMED, que podría servirse, en particular, de la experiencia histórica de los nuevos Estados miembros, incluido mi propio país, Polonia.
Estoy plenamente de acuerdo con la ponente sobre este particular. Europa requiere una nueva visión de una esfera de influencia más amplia, que se extienda por los Balcanes y la región del mar Negro, hasta el Cáucaso meridional. La política de la UE respecto a estas regiones está obsoleta. La propia denominación «Política Europea de Vecindad» es inapropiada y constituye un insulto para países como Ucrania que, indudablemente, forma parte de Europa. Tal denominación debería cambiarse por la de «Política de Vecindad de la Unión Europea», como señaló acertadamente Borys Tarasiuk, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, en la última reunión del Consejo de Cooperación UE-Ucrania.
La Unión Europea debe prestar más apoyo a este país y a Georgia, y procurar la integración de éstos en su esfera de influencia. Dichos países necesitan nuestro compromiso, aún más que los de Europa central antes de la ampliación de 2004. Requieren un planteamiento específico por parte de la Unión Europea, no una política general de vecindad que, de facto, trata a Ucrania del mismo modo que a países que, históricamente, no pertenecen a Europa. Ucrania, Georgia, y Belarrús también, son más pobres y económicamente débiles, y se enfrentan a mayores dificultades políticas, que los países que se incorporaron a la Unión tras 2004.
En los últimos años hemos asistido a un fortalecimiento significativo de la posición de Rusia en la región. La disposición de Rusia a utilizar sus reservas de energía para el chantaje político impide a la Unión Europea la oposición a las vergonzosas prácticas del Kremlin, que no tienen nada en común con la democracia. En Georgia y Ucrania, Moscú trata de invertir la transición democrática. La Política de Vecindad de la Unión Europea, como deberíamos denominarla, ha de ofrecer ayuda económica y política inmediata a nuestros vecinos más cercanos. Polonia cuenta ya con proyectos en espera y preparados para su puesta en marcha, como el de televisión independiente Bielsat para Belarrús.
Gabriele Zimmer, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, retomando el tema concreto del informe, permítame manifestar a la señora Budreikaite mi encarecido agradecimiento por su informe, que considero muy equilibrado y competente. Estimo también que reviste gran importancia en este momento, porque podemos abordar un balance provisional y extraer conclusiones en lo que se refiere al refuerzo de la cooperación al desarrollo por parte de los nuevos Estados miembros, con especial referencia a los Estados ACP.
La adhesión a la UE conlleva también claramente la obligación prevista en el Tratado de aceptar los logros del acervo comunitario. No obstante, tampoco cabe duda de que el Tratado es una cosa, y la sensibilización de la población respecto a un área fundamental de la formulación de políticas en los diversos países es otra. Las estadísticas que nos han facilitado permiten constatar tal circunstancia.
La cooperación al desarrollo con los Estados de África, Asia y América Latina, a menudo, no parece constituir una cuestión especialmente urgente en países que siguen rezagados en cuanto a su propio desarrollo económico. Por esta razón, debemos impulsar conjuntamente el reconocimiento de la importancia de esta tarea, e instar a que sigamos procurando su ejecución, rememorando asimismo la cooperación al desarrollo que existió indudablemente en el pasado con algunos Estados, y en particular, con países africanos.
Muchos de los vínculos existentes con anterioridad a 1989 se disolvieron con suma rapidez, casi sin hacer ruido. Se produjeron además algunos episodios muy lamentables. Varios proyectos que se habían puesto en marcha en dichos países se encuentran actualmente abandonados. Creo que hemos de empezar de nuevo con esta tarea.
También me produce cierta tristeza que, por acuerdo con la Comisión, casi todos los Estados miembros de la Europa central y oriental concentren su cooperación al desarrollo en las antiguas repúblicas soviéticas, lo que margina el objetivo real de esta actividad, que no es otro que la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Incluso si los nuevos Estados miembros lograran elevar su AOD al 0,17 % para 2010, conforme a lo acordado, es de temer que sólo una pequeña parte de ese importe se destine al desarrollo y la ayuda de los países más pobres del mundo.
Una vez más, permítame agradecer encarecidamente su informe a la señora Budreikaitë.
Frank Vanhecke (NI). – (NL) Creo que este informe tiene aspectos positivos. Ofrece una interesante visión general de la posición respecto a la cooperación al desarrollo en los nuevos Estados miembros. Esto es algo bueno. Sin embargo, básicamente, creo que el informe representa, sobre todo, una oportunidad perdida. En lugar de animar a los nuevos Estados miembros a perseguir los objetivos tradicionales de la ayuda europea al desarrollo, mejor sería en realidad que el Parlamento debatiera tales objetivos y considerara si tiene sentido hoy en día limitarse a continuar con la forma tradicional de dicha ayuda.
Una y otra vez eleva esta Cámara los objetivos financieros a la categoría de dogma, sin que medie un debate pertinente al respecto, y una y otra vez nos negamos a reconocer las causas fundamentales que subyacen a la mayoría de los problemas de los países en desarrollo. Indudablemente, en África sucede que la causa principal de la pobreza, el hambre, la inseguridad y los enormes problemas económicos y sociales en los países en desarrollo consiste en realidad en que se encuentran pésimamente gobernados por regímenes totalmente corruptos.
Se insta aquí a los nuevos Estados miembros a organizar campañas de información y sensibilización. Me declaro a favor de tales campañas, pero, ¿no deberíamos informar también a la población de que el gasto en armamento de las naciones africanas supera el importe de lo que reciben en ayuda al desarrollo? ¿O que los dirigentes africanos disponen de miles de millones a buen recaudo depositados en bancos suizos, cuya cuantía total supera el valor de la ayuda al desarrollo de muchos años? Si hay un mensaje que Europa debería transmitir, es el de que sólo las democracias en las que impera el estado de derecho garantizan a la población una oportunidad real de mejorar su destino, y que en tales circunstancias, la ayuda al desarrollo resultará eficaz y beneficiosa. Por el momento, lamentablemente, ese mensaje no se transmite.
Theodor Dumitru Stolojan (PPE-DE). – (RO) Debo alabar este informe, que será de gran ayuda en la práctica para los nuevos Estados miembros en el cumplimiento de las obligaciones asumidas respecto a la política de cooperación al desarrollo.
Apoyo las recomendaciones formuladas en el informe, y deseo destacar dos de ellas; en primer lugar, la relativa a la necesidad de una estrategia para la educación de los ciudadanos. No se trata de hacer entender a ciudadanos de un Estado miembro con una renta interior bruta por habitante de sólo el 38 % del promedio de la UE, como Rumanía, que deben dedicar parte de los recursos presupuestarios al desarrollo de otros países, sino de que es un valor fundamental de la Unión Europea que asumimos en su momento; y Rumanía, que es un Estado miembro en esta situación, emprenderá acciones en tal dirección.
Asimismo, deseo destacar la recomendación relativa a la transferencia de experiencias positivas de los antiguos Estados miembros a los nuevos, con el fin de evitar fallos en la cooperación al desarrollo como la no consecución de su objetivo, la ineficacia y la apertura de una puerta a la corrupción en los estados beneficiarios.
Deseo subrayar la importancia que debería adjudicarse a la cooperación al desarrollo dirigida a la educación y la formación de recursos humanos. En este contexto, Rumanía cuenta con una experiencia extremadamente positiva, puesto que otorga becas a los alumnos y estudiantes de la República de Moldova y del sudoeste de Ucrania. Existe una relación directa entre las universidades y las escuelas rumanas y los alumnos y estudiantes de dichos países.
Justas Vincas Paleckis (PSE). – (LT) Mis felicitaciones a la ponente, la señora Budreikaitë por el informe, cuya preparación debe haberle llevado mucho tiempo y esfuerzo. Resulta alentador conocer que en un período de tiempo tan breve, los nuevos Estados miembros se han transformado de receptores en donantes de asistencia. No obstante, es posible que la mayoría (si no la totalidad) de estos países tengan problemas para alcanzar el objetivo de asignar el 0,17 % del PIB a la ayuda al desarrollo para 2010.
¿Cuál podría ser la razón? Los países que accedieron a la UE en el siglo XXI siguen sometidos al yugo del etnocentrismo. Consideran que son los que más han sufrido, que luchan por superarse y que necesitan el mayor volumen de asistencia. Sin embargo, formar parte de la UE y participar en la cooperación al desarrollo contribuye a erradicar la estrechez de miras.
Actualmente, en Lituania, donde los proyectos de ayuda al desarrollo se recibían con escepticismo hasta fecha reciente, la mayoría de la población cree que tal asistencia es bienvenida y necesaria. Los nuevos Estados miembros se encuentran en la posición ventajosa de poder compartir la experiencia del período de transición con otras regiones del mundo. Estamos familiarizados con las dificultades que afrontan nuestros cercanos vecinos de Europa central, el Cáucaso y Asia central, puesto que hemos experimentado recientemente penurias similares.
Con todo, hemos de extender nuestra atención y nuestra ayuda a un ámbito un poco más amplio. Resulta bastante difícil percibir la pobreza en países africanos y asiáticos desde el punto de vista de Vilnius, Varsovia, Budapest o Bucarest, pero hemos de darnos cuenta de que, al asistir a los necesitados de hoy, nos ayudamos a nosotros mismos en realidad. Todo país de este planeta está conectado con el resto, como en la «ley de los vasos comunicantes». La brecha creciente entre las naciones más ricas y más pobres, así como el flujo imparable de migrantes económicos, socava los cimientos del mundo.
Junto con la ayuda estatal, las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel muy relevante. El valor del dinero y los bienes recogidos por organizaciones no gubernamentales, escuelas y la Iglesia no es muy elevado, pero se aprecia enormemente.
Ryszard Czarnecki (UEN). – (PL) Señor Presidente, mi propio país recibió ayudas durante muchos años a causa de la pobreza que reinaba en el mismo. Hoy, después de cuatro años de pertenencia a la Unión Europea, Polonia participa cada vez más activamente en la prestación de ayuda a los países en desarrollo. Por ejemplo, recientemente, saldamos la deuda de Angola, de gran cuantía. También dedicamos fondos al apoyo a la élite de los países en desarrollo, mediante la financiación de becas de estudios en Polonia. Nuestro supuesto básico es que invertir en conocimientos, y la generación de una élite, no es menos importante que la distribución de ayudas directas.
Debo decir, discrepando quizá con algunos de ustedes, que la ayuda a los países en desarrollo no debe confinarse a la asistencia a los estados africanos, y les recordaría que el Consenso Europeo de 2005 no nos obliga a dirigir nuestra ayuda al desarrollo a África. Como polaco, me enorgullece que mi país, un nuevo Estado miembro, asigne el mismo porcentaje de su PNB a la ayuda a los países en desarrollo que Grecia, que lleva 27 años en la Unión Europea; Portugal, con 22 años como Estado miembro; e Italia, miembro fundador de la Comunidad.
Katrin Saks (PSE). – (ET) Me gustaría agradecer a la ponente su informe, oportuno y equilibrado. Me gustaría hacer un par de comentarios sobre cuestiones planteadas a raíz del debate anterior sobre el informe, y del debate de hoy en esta Cámara.
El primero de ellos alude a la idea de que la actitud de la población en los nuevos Estados miembros respecto a la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria es tibia. Creo que la sensibilización ha de desempeñar un papel muy importante en este sentido. Se ha llevado a cabo un estudio en Estonia en el que se comparan las actitudes presentes con las de hace tres años, e incluso las cifras de hace tres años muestran que la toma de conciencia respecto a la cooperación al desarrollo había mejorado en tal medida, no sólo en las instituciones, sino también entre la población en general, que posibilitaba que se otorgase un apoyo presupuestario considerable, o un aumento de éste, a la cooperación al desarrollo.
Es importante que la población sepa que el dinero no va a parar a un inmenso agujero negro, sino a países concretos para proyectos determinados. La cooperación al desarrollo de Estonia se basa en el principio de que la responsabilidad respecto al desarrollo reside fundamentalmente en los propios países en desarrollo: no puede conseguirse nada por la fuerza. Por esa razón, una cooperación estrecha resulta especialmente importante, y un muy buen ejemplo de esta práctica es el de la cooperación entre Estonia y Georgia.
Por tanto, celebro el contenido del apartado 17 del informe, en el que se refiere que los mayores retos consistirán en el aumento de los presupuestos y la sensibilización, sobre todo de la población en general. Por ejemplo, aunque la cantidad asignada a desarrollo internacional por Estonia en 2006 equivalía al 0,09 % del PIB, la posición actual es que tal suma debe aumentar, y nos hemos propuesto alcanzar una cifra del 0,17 % del PIB para 2011, de conformidad con el programa de cooperación al desarrollo adoptado en 2006.
Celebro también el hecho de que las propuestas formuladas por mis colegas, mis colegas estonios, se incorporaran al informe en su fase de preparación, y creo que ésto denota un cambio fundamental con arreglo al cuál los nuevos Estados miembros han experimentado una metamorfosis y han pasado de receptores de ayuda, a donantes; confío en que esta asistencia siga creciendo.
Liam Aylward (UEN). – Señor Presidente, es asombroso que 200 millones de niños de todo el mundo puedan recibir la denominación de trabajadores. Se trata de una práctica totalmente inaceptable. La comunidad internacional debe trabajar de un modo más concertado con el fin de garantizar que los códigos de práctica internacionales para la erradicación del trabajo infantil se apliquen con rigor en todos los países del mundo.
Esta cuestión ha de considerarse prioritaria en el contexto de las políticas de ayuda al desarrollo de la UE en todo momento. La UE ha de colaborar más estrechamente con las Naciones Unidas, UNICEF, el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, y diversos donantes y ONG, al objeto de adoptar las estrategias correctas para garantizar la disposición de una legislación uniforme que detenga esta práctica inhumana del trabajo infantil.
Se necesita un planteamiento pluridimensional si se pretende abordar con eficacia el trabajo infantil en todo el mundo. Se requieren medidas de protección social puestas en práctica, y cambios de la normativa del mercado de trabajo. Las cuestiones del trabajo infantil y de la educación se encuentran inextricablemente unidas. Los niños a los que se les niega el acceso a la educación tienen más probabilidades de ser víctimas del trabajo infantil. La Unión Europea, como el mayor donante de ayuda al desarrollo en el mundo, ha de seguir trabajando de manera dinámica para garantizar que los Objetivos de Desarrollo del Milenio se hayan alcanzado para 2015, incluidos los establecidos por la comunidad internacional respecto a la disponibilidad de formación para los niños de todos los países.
Mieczysaw Edmund Janowski (UEN). – (PL) Señor Presidente, ayudar a los demás cuando uno mismo sigue necesitando ayuda constituye indudablemente una prueba de solidaridad. Así queda demostrado por las acciones de los doce estados que se han incorporado recientemente a la Unión Europea, y esta actitud debe apreciarse. El pasado mes de noviembre, mostré la actividad de Polonia en este ámbito mediante una exposición titulada La ayuda polaca al mundo. Por tanto, le estoy muy agradecido a la señora Budreikaitë por su exhaustiva presentación del tema.
El sentido de los Objetivos del Milenio, que llevamos años debatiendo, consiste en ayudar a las personas que viven en la pobreza, incluidos millones de niños desnutridos. No obstante, tal ayuda debe consistir más en proporcionar una caña de pescar y las capacidades para utilizarla, que en servir directamente el pescado en el plato.
Hemos de procurar asimismo la consecución de un sistema de comercio más justo con los países del tercer mundo. Ha de existir generosidad por parte de los donantes en la cancelación de deudas, y en la divulgación generalizada de los avances científicos, especialmente en el ámbito de la medicina. Financiemos escuelas y universidades en estos países, de modo que sus titulados puedan trabajar para atender las necesidades de sus compatriotas. Contribuyamos a resolver la escasez de agua potable. Nosotros, los residentes en la Unión Europea, apenas representamos el 7,5 % de la población mundial, pero percibimos el 23 % de la RNB mundial. Obviamente, en Europa padecemos nuestros propios problemas, incluidos los económicos. Sin embargo, debemos considerarlos en perspectiva. No nos mantengamos indiferentes ante el sufrimiento de los que padecen hambre, enfermedades o falta de formación, que viven en condiciones de pobreza, privación o peligro de muerte.
Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, me gustaría retomar una observación realizada por el Comisario en su intervención inicial, en concreto, que no deberíamos limitarnos a proporcionar ayuda al desarrollo, y que podríamos y deberíamos vincular también ésta a intereses generales, no en el sentido del tipo de política de potencias y de políticas con condiciones aplicadas en su momento por Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, y actualmente por Rusia y China, sino en el fijar como objetivos una buena gobernanza, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Tales son los intereses que debemos contemplar en nuestras declaraciones de intenciones, y no me refiero únicamente a los nuevos Estados miembros y su política de ayuda al desarrollo, sino a todos nosotros. Quizá podamos tomar esta situación como una oportunidad práctica para otorgar una prioridad aún mayor a la atención de tales intereses.
Jan Zahradil (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, no cabe duda de que el informe es de gran utilidad. El desarrollo en este ámbito es muy dinámico, e incluso va por delante de lo recogido en el informe. Por ejemplo, en el informe no se refleja el hecho de que algunos nuevos Estados miembros han constituido ya organismos dedicados al desarrollo.
En cualquier caso, deseo referirme a otra cuestión. Me gustaría acabar con el mito comúnmente admitido de que los nuevos Estados miembros carecen de experiencia en este terreno. Sí la tenemos, aunque la adquirimos cuando Europa se encontraba dividida, tras el Telón de Acero, en un régimen diferente, cuando todo tenía una motivación ideológica y política. No es menos cierto que solíamos construir centrales eléctricas y fábricas de cerveza, y proporcionábamos ayudas agrarias, a los países en desarrollo. Por cierto, aún se nos adeuda dinero de aquella época, y algunas deudas son de cuantía elevada, pero ése no es el tema que nos ocupa ahora. Sencillamente, contamos con los conocimientos requeridos para el caso. Me gustaría que estos conocimientos se utilizasen. También me gustaría aprovechar la oportunidad para pedir a la Comisión que no piense en los nuevos Estados miembros como «novatos», y que dé un uso eficaz a su conocimiento acumulado.
Miloslav Ransdorf (GUE/NGL). – (CS) Señor Presidente, me gustaría abordar la cuestión donde lo dejó mi colega el señor Zahradil. Tiene toda la razón. En el pasado, Checoslovaquia, al igual que otros países del bloque soviético, llevaba a cabo actividades en países en desarrollo. Nuestro país participó con éxito en la asistencia a las economías de tales naciones, y ahora podemos aprovechar ese potencial.
Existen asimismo algunos aspectos negativos, debido al hecho de que los recursos externos para el crecimiento nunca pueden sustituir a los internos: las economías que se encuentran en esta situación son a menudo incapaces de desarrollarse desde dentro.
Hace algún tiempo, en realidad hace bastante, Gunnar Myrdal publicó un libro titulado «Asian Drama». En esta obra, el autor contrasta el optimismo sentido tras la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en África, con el pesimismo generalizado en los países asiáticos. En la actualidad, la situación es muy diferente. Numerosos países asiáticos experimentan un fuerte crecimiento, mientras que África sólo atrae el 2 % de la inversión mundial, y las economías de muchos de sus países atraviesan grandes dificultades.
Existe además la conexión con la conducta de las élites dirigentes en estas dos regiones, que muestra un acusado contraste. En un estudio francés se compara la conducta de estas élites, y se pone de relieve que, mientras que la élite asiática invierte en la economía, la africana acapara los recursos que se han creado y los retira de sus respectivos territorios.
Louis Michel, Miembro de la Comisión. − (FR) Señor Presidente, señoras y caballeros, indudablemente he de comenzar agradeciendo a todos los ponentes la elevada calidad de sus aportaciones y la pertinencia de las cuestiones planteadas, que reflejan en gran medida mis propias inquietudes. Asimismo, deseo expresar mi agradecimiento, también desde un principio, a la Presidencia eslovena, que ha adoptado un planteamiento notablemente refrescante: trabaja para promover y fomentar la consideración de la política de desarrollo en los nuevos Estados miembros, y ha organizado ya dos reuniones extremadamente productivas para debatir estas cuestiones.
En cuanto a los comentarios realizados acerca de los niveles de ayuda; es decir, de los importes de dinero necesarios, comprendo plenamente la dificultad que afrontan los nuevos Estados miembros. Con todo, debo recordarles (de hecho, ya ustedes han planteado esta cuestión de un modo general) que existen numerosos métodos alternativos para implicarse y utilizar transferencias de conocimientos técnicos especializados, cuyo coste es muy escaso. He escuchado a un ponente, por ejemplo, referirse a proyectos de cooperación en materia de educación. Obviamente, enviar instructores o profesores a los países africanos cuesta relativamente poco, y sin embargo, constituye una contribución de gran relevancia para estas naciones.
La cuestión subyacente planteada aquí, sobre si no sería mejor que los nuevos Estados miembros invirtieran en su propio «vecindario» (quizá, el término vecindario no es el mejor y debiera pensar en otro más apropiado), frente a la inversión en África, es, en mi opinión, errónea. Soy plenamente consciente de que la inversión en el vecindario resulta, lógicamente, más atractiva y fácil de justificar, así como más atrayente para la opinión pública de sus respectivos países y para los potenciales interlocutores en el ámbito de la política de desarrollo. En cualquier caso, un planteamiento no excluye la adopción del otro, y constituye un ejemplo educativo excepcional para los jóvenes comprobar que una nación decide extender su compromiso de ayuda con África, abrirse a este continente, porque esta decisión supone una expresión de los valores que son tanto europeos, en su más profundo sentido, como universales. Permítanme añadir que el argumento con el que justifico que los nuevos Estados miembros tengan presencia en África es el hecho de que algunos de estos países cuentan ya con experiencia acumulada en dicho continente, y que ésta ha dejado una huella, en general, positiva, sobre todo en lo que atañe a la construcción de ciertos estados y de determinados servicios públicos, y en forma de transmisión de conocimientos técnicos especializados efectivos que se han conservado en cada caso.
Mi segundo planteamiento, señoras y señores, es que África no cumple el plan trazado para alcanzar los Objetivos del Milenio. Tales objetivos se lograrán en todos los países en desarrollo, salvo en África. En este sentido, argumentaría, sobre esta base, que es parte de nuestra responsabilidad, o de nuestra corresponsabilidad, no reducir la inversión en África, y vuelvo a insistir, haciéndome eco de lo señalado por uno de los ponentes, en que la inversión puede sostenerse mediante el intercambio de conocimientos especializados. Animar o incentivar a nuestras universidades, facultades, ayuntamientos y otras administraciones locales a participar en intercambios con países en desarrollo constituye, obviamente, un planteamiento eficaz, de coste relativamente bajo. Debo señalar también que estoy plenamente dispuesto a invitar a representantes de los denominados «nuevos» Estados miembros a acompañarme en algunas de mis misiones. Considero sumamente importante que vean por sí mismos no sólo las cuestiones planteadas, sino también las situaciones verdaderamente trágicas que afrontan ciertos países y pueblos.
Me gustaría concluir con un aspecto que ofrece un gran potencial para generar valor añadido, probablemente, más potencial del que disponemos en algunos de nuestros propios países, como se ha señalado anteriormente. Se trata del ámbito de la gobernanza en general. Después de todo, ¿qué entendemos en realidad por gobernanza? Gobernanza es la capacidad de un estado para asumir sus principales funciones soberanas y proporcionar a su población un nivel básico de servicios sociales. Creo que ustedes cuentan con un tremendo volumen de recursos para aportar en lo que se refiere a gobernanza: es decir, todo aquello relacionado con la construcción de un estado y, para subrayar una cuestión planteada, creo recordar, por el señor Lambsdorff, todo lo referido al trayecto de un período de transición hacia la construcción de un estado y de estructuras más definitivas. Pienso a este respecto en la recaudación tributaria, el establecimiento de la administración a escala local, y la adopción de los principios de subsidiaridad y de descentralización. Todos estos aspectos revisten claramente una importancia fundamental para la construcción de un estado que sea verdaderamente capaz de dar servicio a su población, y resulta obvio que ustedes pueden desempeñar un papel significativo en este ámbito.
Creo que resultaría útil (y es algo que propondré) invitar a los 12 denominados «nuevos» Estados miembros a colaborar con la Comisión sobre la base del décimo programa del Fondo Europeo de Desarrollo. La posición actual es que, más o menos, hemos completado la programación del décimo Fondo Europeo de Desarrollo, y resultaría un ejercicio conveniente procurar la participación de los nuevos Estados miembros en la determinación, país por país, de cuál sería, en su opinión, la mejor manera de asociarse al Fondo. Por ejemplo, podríamos considerar con ellos la oferta de formación en las áreas de justicia, administración o educación, o podría solicitárseles que facilitaran a determinados expertos. Algunos de los nuevos Estados miembros cuentan con conocimientos técnicos especializados en el ámbito de la administración electrónica, y este tipo de recurso se encuentra muy demandado en ciertos países africanos. Por esta razón formulo mi propuesta. Creo que ha sido importante mantener este debate, y soy consciente de que existen varias vías de gran utilidad a considerar. Dicho ésto, sugeriría que, si de verdad queremos ser eficaces y que las cosas avancen, debemos planificar el encuentro con representantes de los 12 países interesados a la mayor brevedad, y abordar activamente las cuestiones planteadas, de modo que podamos elaborar en la práctica programas conjuntos en las próximas semanas. Creo que es una oportunidad que no nos podemos permitir pasar por alto.
Por último, se ha hablado aquí de condicionalidad, y puede entender perfectamente ese punto de vista. Obviamente, todo lo que concierne a valores, derechos humanos, el respeto por éstos y la lucha contra la corrupción es importante, estoy de acuerdo, pero, en algunos casos, puede resultar muy difícil, e incluso contraproducente vincular la ayuda al desarrollo, o condicionar ésta, a la observancia estricta de tales valores, a pesar del aprecio que indudablemente les otorgamos. Lo que ha de tenerse en cuenta es que la imposición de una vinculación o una condición relacionadas con determinados valores en países en los que este tipo de requisito no se respeta perjudicará, en primer lugar, al común de la población de dichos países. Nuestra respuesta al problema, en países en los que no se respeta la buena gobernanza, consiste en trabajar conjuntamente con determinados operadores, ya sean agentes locales indirectos, u ONG o agencias representantes de las Naciones Unidas. Ofrecemos apoyo presupuestario únicamente a los países que pueden garantizar un nivel mínimo de buena gobernanza. Por tanto, creo que no puede caber duda de que seguimos una línea de actuación similar en lo que concierne al planteamiento referido. Por lo que respecta a los valores a los que he aludido, son aquéllos que transmitimos sistemáticamente. Tratamos de promover y fomentar de manera constante dichos valores a través del diálogo político. Con todo, la aplicación de una condicionalidad estricta resulta difícil si pretendemos ayudar verdaderamente a las personas sobre el terreno, y éste es, a fin de cuenta, el objetivo principal.
Danutė Budreikaitė, ponente. – (LT) Mi sincero agradecimiento a todos los que han intervenido en el debate y han manifestado su apoyo a mi informe. También me gustaría agradecer a todos los miembros de la Comisión de Desarrollo que hayan votado de manera unánime a favor del mismo.
Deseo subrayar algunas cuestiones. Los «nuevos Estados miembros»: en realidad, esta denominación sigue teniendo un matiz condicional, facilitando la distinción entre los Estados miembros «antiguos» y los que accedieron a la UE después de dos rondas de ampliación, debido a su bagaje histórico particular, y quizá al hecho de que son más pobres que los antiguos.
Quiero mencionar la experiencia de la política de cooperación al desarrollo. Esta política comenzó a aplicarse en 1958. Los países de Europa central (República Checa, Eslovaquia, y otros) acumulan una mayor experiencia en cuanto a la participación en esta forma de cooperación. La participación de los Estados bálticos fue mucho más limitada. En cualquier caso, mi país interviene actualmente en la prestación de asistencia oceanográfica a Mauricio, un país africano. El progreso es evidente.
¿Por qué hago hincapié en la dimensión «oriental» y en los «países del Este»? Sucede que son vecinos nuestros de gran relevancia. Carece de sentido tratar de demarcar las políticas de vecindad y de cooperación al desarrollo, o que los políticos debatan estos pormenores. Son conceptos interrelacionados. En Belarrús, nuestro vecino, parte de la población sobrevive con menos de dos dólares al día. ¿A qué grupo de países pertenece entonces Belarrús? Estos países también adolecen de retrasos y solicitan ayuda, e insisten en que deben recibir asistencia. Todos queremos que nuestros vecinos disfruten de una calidad de vida digna. Por tanto, parece que perseguimos los mismos objetivos globales.
Nos ocupamos de asistir a los países africanos en la lucha contra la pobreza, la reducción del nivel de migración, la mejora de la calidad de vida, y el impulso de sus economías, capacitándoles para combatir las enfermedades y devenir autosuficientes. Al ayudar a nuestros países vecinos a combatir la pobreza, echando una mano siempre que podemos y en los casos en que contamos con la experiencia pertinente, contribuimos a procurar la estabilización de toda Europa, y en concreto, en la región de los Balcanes. Gracias a todos por participar en el debate, y por su apoyo.
El Presidente. − Se cierra el debate.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.
Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)
Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE), por escrito. – (RO) Aunque la propuesta de resolución que se debate recoge objetivos ambiciosos, creo que será difícil lograr una política común en un futuro próximo, aunque la tarea se aborde como una cuestión de principios. Aunque formamos parte todos de una gran familia, cada Estado miembro de la UE tiene sus prioridades propias respecto a los países o las áreas geográficas a los que se dirige actualmente la cooperación al desarrollo regional; de , prioridad motivadas por intereses económicos, geopolíticos, étnicos, históricos, etc., y es poco probable que esta pauta pueda cambiar significativamente. El reciente incidente relacionado con la declaración de independencia por parte de Kosovo puso de relieve una falta de unidad entre los Estados miembros en materia de opinión y, por estos mismos motivos, es probable que idéntica diversidad de opinión se manifieste cuando el objeto del debate sea la situación de nuestros vecinos extracomunitarios. Es cierto que se dio un importante paso adelante con la designación, conforme al Tratado de Lisboa, de un Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores. Sin embargo, a causa de la ausencia de unas normas inequívocas sobre la determinación de prioridades comunitarias, cada Estado miembro intentará promover y priorizar las políticas de desarrollo, incluidas las financieras (asignaciones con cargo al presupuesto de la Unión), dirigidas a las regiones extracomunitarias que coincidan con sus propias prioridades.
PRESIDE: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ Vicepresidente
3. Igualdad de género y capacitación de las mujeres en la cooperación al desarrollo (debate)
El Presidente. − El siguiente punto es el informe de Feleknas Uca, en nombre de la Comisión de Desarrollo, sobre la igualdad de género y capacitación de las mujeres en la cooperación al desarrollo (2007/2182(INI)) (A6-0035/2008).
Feleknas Uca, ponente. − (DE) Señor Presidente, Comisario, señoras y señores, hace cinco días celebramos el 100º aniversario del Día Internacional de la Mujer. Mucho se ha conseguido, y sin embargo, siguen sin apreciarse indicios de que exista igualdad de oportunidades en los países más pobres del mundo. Los derechos humanos de las mujeres y de las niñas distan mucho aún de constituir una parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales, como se solicita en la Declaración de Viena de las Naciones Unidas de 1993.
En mi informe, traté con detalle la situación de las mujeres y de las niñas en los países en desarrollo, y también consideré la manera en que la cooperación europea al desarrollo puede mejorar las vidas de estas mujeres. Permítanme referir brevemente algunos datos y cifras.
Dos tercios del total de analfabetos en el mundo son mujeres. Más del 40 % de las mujeres en África no han asistido nunca a la escuela de enseñanza primaria. En África, las mujeres representan el 52 % del total de la población, pero llevan a cabo el 75 % del trabajo agrario y producen y comercializan entre el 60 y el 80 % de los alimentos.
En la estrategia actualizada de la Comisión en cuanto a igualdad y participación de las mujeres en la cooperación al desarrollo se abordan áreas importantes, y se propone medidas concretas para promover la igualdad. El planteamiento dual de la estrategia, procurando una mayor eficacia de la integración de la dimensión de género, y proponiendo también medidas específicas para promover la igualdad, es bienvenido. Aplaudo igualmente las 41 medidas prácticas en las áreas de la gobernanza responsable, el empleo, la economía, la educación, la salud, y la violencia contra las mujeres. No obstante, he criticado en mi informe varios aspectos. Permítanme repasar brevemente los más importantes.
Creo que la lucha contra las formas tradicionales de violencia debe subyacer al conjunto de medidas encaminadas a combatir la violencia contra las mujeres. En segundo lugar, debe decir que me decepciona bastante que en la estrategia no se mencionen los acuerdos de asociación económica. No se hace referencia en ningún momento al vínculo entre el refuerzo del papel de las mujeres y los acuerdos económicos entre la UE y los Estados ACP. En cuanto a la situación específica de las mujeres en los conflictos, lamento que en la estrategia no se comente el papel concreto que desempeñan éstas en los estados denominados «débiles», y en los países menos desarrollados. Debería prestarse especial atención a la salud reproductiva y a los derechos sexuales de las mujeres en los países en desarrollo.
Lamento enormemente que la mayoría de las propuestas de enmienda, una vez más, se ocupen únicamente de la supresión de pasajes del informe en los que se realiza un llamamiento a favor del derecho de las mujeres a decidir de manera libre e independiente sobre su cuerpo y su vida. No querría parecer presuntuosa, pero mi informe no debe reducirse a esa cuestión. En este sentido, acojo favorablemente las enmiendas propuestas por la señora Buitenweg en nombre de los Verdes, y le agradezco sus importantes contribuciones.
En lo que atañe a la salud reproductiva, sólo deseo señalar lo siguiente a este respecto: toda mujer tiene derecho a decidir libre e independientemente sobre su cuerpo y su vida. El acceso pleno de las mujeres a la salud sexual y reproductiva constituye un requisito previo para alcanzar la igualdad de género. Mientras se niegue tal acceso a las mujeres, serán otros los que decidan sobre su cuerpo y su vida. Con toda seguridad, nadie seriamente preocupado por la tradición humanista europea, por nuestros valores compartidos y nuestro respeto por los derechos humanos querrá que se dé tal situación.
(Aplausos)
Louis Michel, Miembro de la Comisión. (FR) Señor Presidente, señoras y señores, permítanme comenzar felicitando a la ponente por este exhaustivo examen de una cuestión transversal de tanta relevancia. El refuerzo de la participación de las mujeres en la economía y el reparto justo de poder entre hombres y mujeres constituyen en realidad requisitos previos para el desarrollo. Si no somos capaces de garantizar la igualdad de género en el desarrollo, nunca alcanzaremos los Objetivos del Milenio ni un crecimiento económico sostenible.
¿Por qué, en el África subsahariana, constituyen las mujeres únicamente el 34 % del conjunto de trabajadores en el empleo regulado? ¿Por qué los ingresos de estas mujeres representan únicamente el 10 % de la renta total, y por qué las mujeres poseen sólo el 1 % de los activos? Obviamente, estas cuestiones revisten una enorme importancia. ¿Y por qué, como se señala en su informe, las mujeres representan el 70 % de los 1 300 millones de personas que viven en condiciones de pobreza absoluta? Lo que se pone de manifiesto aquí es un tipo de tragedia muy concreta, intrínsicamente asociada al hecho de ser mujer. Tristemente, hay demasiadas preguntas que debemos responder. Incluso en Europa, en los parlamentos nacionales de los Estados miembros, con sus niveles razonablemente elevados de participación femenina, no existen garantías de que se atiendan siempre las prioridades de las mujeres.
En lo que respecta a nuestra política respecto a los países asociados, reconocemos la necesidad de entablar un diálogo político auténticamente exhaustivo. Puedo decirles que el diálogo sobre la cuestión de la igualdad de género no siempre es sencillo: puede exigir, por ejemplo, contribuir a garantizar el desglose estadístico por género; o la insistencia en que los presupuestos tengan más en cuenta el sector social, ya que, en muchos casos, la educación y la salud no constituyen prioridades reales, a pesar de que es bien sabido que la educación y la salud de las mujeres son claves para el desarrollo.
Todas estas cuestiones son objeto esencial de la Comunicación titulada Igualdad de género y capacitación de las mujeres en la cooperación al desarrollo, aprobada por la Comisión el 8 de marzo de 2007. La política expuesta en este documento constituye una respuesta a los compromisos adoptados en el Consenso Europeo sobre Desarrollo respecto a la igualdad de género en todas nuestras políticas y prácticas en materia de cooperación. El objetivo de la comunicación es elaborar una visión europea y ofrecer un apoyo coherente a la promoción de la igualdad de género en todas las regiones y los países en desarrollo.
La comunicación constituye asimismo una guía respecto a nuevas modalidades de ayuda, y en especial, a las de índole presupuestaria. Discrepo aquí de las críticas expresadas en su informe, porque creo que el apoyo presupuestario brinda nuevas oportunidades para promover eficazmente la igualdad de género. ¿Por qué? He esbozado ya en varias ocasiones las razones por las que, en la medida de lo posible, me he mostrado a favor del apoyo presupuestario. La utilización de esta medida nos proporciona una capacidad de influencia incomparablemente superior en el diálogo político con las autoridades del país asociado en cuestión. Nos permite, por ejemplo, debatir opciones de formulación de políticas y, entre otras cosas, la necesidad de reforzar la promoción del potencial de las mujeres en el desarrollo económico y social del país. Además, en estos casos, basamos nuestra ayuda en la comprobación de resultados tangibles presentados o revelados mediante indicadores que siempre son específicos de género y, por tanto, ponen de relieve claramente, cuando existen, las brechas entre hombres y mujeres. Los objetivos que empleamos para medir los resultados de un país son acordes con los Objetivos del Milenio y, en su mayor parte, altamente relevantes para la mejora de las condiciones de vida de las mujeres. Comprenden, por nombrar algunos, el incremento de la proporción de niñas que asisten a la escuela, y el aumento de la cifra de chequeos médicos prenatales. El avance obtenido por un país en cuanto a la consecución de tales objetivos constituye la base con arreglo a la cuál la Comisión Europea desembolsa tramos variables de ayuda presupuestaria.
Uno de los ponentes en el debate mencionó una forma de condicionalidad. Cuando se emplea el apoyo presupuestario, es posible, claramente y en cierta medida, obligar al país asociado a respetar criterios y observar determinados tipos de condicionalidad. En cuanto a la influencia positiva, se logra un efecto superior al que se ejercería sin el mecanismo del apoyo presupuestario. En cualquier caso, estoy dispuesto a continuar con este debate en otros contextos. No obstante, estoy plenamente convencido, con arreglo a mi experiencia hasta la fecha, que el apoyo presupuestario, en los casos en que resulta posible, constituye sin lugar a duda un método mucho más eficaz de proceder.
Durante años hemos adoptado un planteamiento basado en una doble vía. En primer lugar, integramos la igualdad de género en todas nuestras políticas y acciones, incluidos los mecanismos de apoyo presupuestario, y en el diálogo político con nuestros socios. Una de las consecuencias de este planteamiento es la necesidad de impartir formación sobre cuestiones relacionadas con el género a aquellos de nuestros colegas que participan en las delegaciones. Desde 2004, más de un millar de ellos han recibido formación específica sobre temas de género, y ahora hemos establecido un servicio ayuda en esta materia, con el fin de seguir impartiendo este tipo de formación en el futuro. En segundo lugar, financiamos acciones específicas para promover la igualdad entre hombres y mujeres.
Las acciones de esta índole se incluyen en ciertos programas indicativos nacionales, pero, lo que es más importante, existen además programas temáticos que complementan la cooperación de base geográfica. Por ejemplo, los programas «Invertir en recursos humanos» y «Derechos humanos y democracia» incorporan elementos específicos para el fomento de la igualdad de género. El programa «Invertir en recursos humanos» cuenta con 57 millones de euros para actividades de «género» establecidas como objetivo entre 2007 y 2013: se trata de un promedio anual aproximadamente tres veces superior a nuestro gasto hasta 2006. Lógicamente, la igualdad de género se incorpora también en otros programas temáticos en los ámbitos de la educación, la salud, o la agricultura, así como del medio ambiente o la cultura.
Es cierto que tenemos aún un largo camino por recorrer, pero estoy convencido de que, con un compromiso compartido con la promoción de la igualdad de género y, lo que es más importante, mediante la cooperación con las mujeres en los países en desarrollo, seremos capaces de combatir la pobreza y construir sociedades más justas.
Gabriela Cretu, ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. − (RO) Señorías, compruebo que el informe ha provocado ya ciertas reacciones. Confiamos en que sean prueba de su pertinencia política.
La Comunicación de la Comisión constituyó una premisa muy adecuada, y el Parlamento añadió especificaciones de gran utilidad. Sólo me gustaría explicar el principio que subyace a esta posición. El objetivo estaba claro, apoyamos el papel de las mujeres en la cooperación al desarrollo. Aparte de los argumentos relacionados con la igualdad, existen pruebas suficientes que acreditan que las mujeres constituyen una buena inversión, ya que son excelentes multiplicadoras de resultados.
Sin embargo, ¿cómo procuramos la máxima eficacia en la consecución del objetivo? Podríamos haber exigido unos criterios rigurosos de los estados beneficiarios en cuanto al fortalecimiento de la posición de las mujeres. De hecho, tales criterios ya existen. No obstante, podemos prever igualmente unas reacciones deficientes, una falta de conocimientos técnicos especializados y capacidad administrativa, una ausencia de compromisos formales en los planes estratégicos de desarrollo, y una falta de ejecución de tales compromisos. El incumplimiento de las obligaciones puede dar lugar a la disminución, o a la suspensión de la ayuda. Afectaría negativamente a los beneficiarios finales, y las mujeres acabarían pagando por la incompetencia de los gobiernos, y no es eso lo que queremos.
En tales condiciones, optamos por insistir en el cumplimiento de los requisitos que controlamos, y para los que disponemos de los medios para la acción. Por esta razón, pedimos a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la coherencia entre otras políticas comunitarias, y la política de desarrollo. De lo contrario, ciertos aspectos de la política comercial interna, o de la política agraria común, pueden interferir negativamente en nuestros objetivos.
Dadas las diferencias significativas en lo que se refiere a la cuestión del género en la política de los Estados miembros, creemos que la elaboración de una hoja de ruta de la Comisión Europea en materia de igualdad de género en la Unión constituye una condición previa para una utilización real y eficaz de las mujeres en la formulación de la cooperación al desarrollo, que es una política gestionada fundamentalmente por los Estados miembros. Los nuevos medios para la concesión de ayuda parecen haber debilitado la atención otorgada a las mujeres.
Solicitamos una evaluación de su repercusión en materia de género, y la adopción de medidas de corrección adecuadas, sin perjuicio de las responsabilidades y la transparencia en el uso de los fondos asumidas ante los ciudadanos europeos.
Anna Záborská, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (SK) La preparación del informe sobre igualdad de género y capacitación de las mujeres no pudo resultar sencilla, como queda claro por su tamaño.
Aunque no estoy de acuerdo con todo lo vertido en el informe por nuestra colega, la señora Uca, me gustaría felicitarla por la coherencia y la precisión de su planteamiento respecto a esta cuestión. Al debatir esta materia, debemos subrayar nuestro apoyo a la dignidad de las mujeres y a su papel en la contribución al bien común de la sociedad.
En los países en desarrollo (pero no sólo en ellos), muchas mujeres padecen la discriminación y la violencia, trabajan a menudo en condiciones deficientes y a cambio de sueldos bajos, carecen de asistencia sanitaria básica, han de asumir jornadas de trabajo prolongadas y se enfrentan a la humillación y el abuso físico. Tal es la razón de un desarrollo inadecuado. Todos estos factores influyen asimismo en la calidad de su vida familiar. El impulso del desarrollo y el refuerzo de la igualdad para promover la paz en el siglo XXI son medidas concretas que pueden contribuir a la mejora de la situación si las llevamos adelante. Hemos de condenar reiterada e inflexiblemente, y en toda ocasión, la violencia sexual que sufren con frecuencia mujeres y niñas. Debemos animar a los países en desarrollo a que adopten leyes que brinden a las mujeres una protección eficaz.
En nombre del respeto por todas las personas, también debemos condenar una «pseudocultura» muy extendida que da lugar a una explotación sexual sistemática y a la destrucción de la dignidad de niñas, incluso de muy corta edad, al forzar a éstas a ofrecer su cuerpo y contribuir así a los miles de millones de beneficio que se embolsa la industria del sexo. Por desgracia, sus clientes proceden fundamentalmente de regiones civilizadas del mundo, entre las que figura la Unión Europea. Las mujeres en áreas de conflicto militar son víctimas de violaciones sistemáticas con fines políticos.
Valoro positivamente que existan movimientos de mujeres que trabajan para elevar la dignidad de éstas. Al considerar la cuestión de la ayuda a las mujeres en los países en desarrollo, no debemos olvidar que, aparte de la ayuda financiera con cargo a los fondos de desarrollo, existe una eficaz red de organizaciones religiosas y benéficas. Esta iniciativa ha disfrutado durante años del apoyo de las iglesias locales, a través de regímenes paralelos y microcréditos informales para los pobres. Resulta alentador comprobar que la labor paciente, honesta y ardua de las mujeres desfavorecidas se recompense de este modo. Esta tarea ha de reforzarse asimismo mediante la reforma de las estructuras que facilitan la expansión del éxito de nuevas iniciativas.
A las mujeres debe otorgárseles la igualdad de oportunidades, una retribución justa, la equidad en la escala de ascenso profesional, la igualdad de acceso a la educación a todos los niveles, el acceso a la asistencia sanitaria, y la igualdad en los asuntos familiares. La participación de la mujer en la política requiere valor, pero los progresos logrados por las mujeres en los países en desarrollo constituyen un avance para todos.
Anne Van Lancker, en nombre del Grupo del PSE. – (NL) En nombre de mi Grupo, puedo afirmar que apoyamos firmemente el informe de la señora Uca, y felicitamos al Comisario por esta estrategia en materia de género. Casi todos los países suscribieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio hace ocho años. Ha transcurrido ya la mitad del plazo, y parece que la mayoría de los Objetivos no van a alcanzarse en África.
Las mujeres desempeñan un papel esencial en la lucha contra la pobreza, pero no disponen aún de un acceso equitativo a la educación, la asistencia sanitaria, el empleo o la propiedad de bienes. Su estatus social es bajo, y la violencia contra las mujeres se encuentra generalizada. Al mismo tiempo, en la mayoría de nuestros programas estratégicos para países asociados, se omite sencillamente la cuestión de la mujer. Por tanto, la dimensión de género debe ocupar verdaderamente un lugar central en el diálogo político con nuestros países asociados, y las organizaciones de mujeres deben participar en la formulación de las políticas.
Me resulta aterrador que colegas de los Grupos del PPE y de UEN quieran suprimir las partes del informe en las que se aborda abiertamente la salud sexual y reproductiva, puesto que, si las mujeres pueden adoptar decisiones acerca de su propio cuerpo, y sobre si tienen hijos o no, o cuándo tenerlos, no sólo se salvarán millones de vidas de mujeres: los hijos también dispondrán de mas oportunidades y las comunidades se reforzarán. Todo el que niegue esta realidad socava el consenso sobre población y desarrollo que respaldó la comunidad internacional en 1994, y no permitiremos que suceda éso.
Una última palabra: estoy completamente a favor del llamamiento del Grupo de los Verdes para la designación de un Representante Especial de la UE para los Derechos de las Mujeres. Tal Representante ofrecerá a las mujeres del mundo un rostro y una voz en Europa y sus gobiernos, y, en su caso, podrá recordar a los Comisarios los compromisos que hayan asumido.
Renate Weber, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, la igualdad de género y la capacitación de las mujeres son valores y principios que todos alabamos en la Unión Europea. Como tales, no cabe duda de que deben compartirse con los países en desarrollo en el marco de la cooperación vigente. Todos compartimos una enorme responsabilidad al abordar tales valores, puesto que el fomento de un doble rasero nos proscribiría moralmente, y sin duda perderíamos credibilidad. Me refiero concretamente ahora a las enmiendas propuestas para el voto hoy, las mismas que fueron rechazadas por la Comisión de Desarrollo.
Temo que corremos el riesgo de utilizar diferentes varas de medir cuando, por un lado, transmitimos estos valores a nuestros socios en el ámbito del desarrollo y, por el otro, los utilizamos en el seno de la Unión Europea. No podemos permitirnos excluir las referencias a los derechos reproductivos en este informe, puesto que se trata de un aspecto esencial cuando abordamos como objetivo la promoción de los derechos de las mujeres y su capacitación.
Como se subraya correctamente en el informe, el pleno disfrute por parte de las mujeres de la salud sexual y reproductiva, y de los derechos a ésta, constituye un requisito previo para lograr la igualdad de género. La protección de los derechos reproductivos, como los que atañen a la planificación familiar en términos de las fechas de los nacimientos y el plazo entre éstos, y a toma de decisiones en cuanto a la reproducción de una manera libre de discriminaciones, coerciones y violencia, proporciona a las mujeres la libertad para participar de un modo más pleno y equitativo en la sociedad.
No podemos quedarnos a medio camino respecto a nuestros socios y afirmar al mismo tiempo que nuestro objetivo es tener mujeres más sanas y fuertes que sean capaces de participar de manera activa y equitativa en la sociedad. Perdonen la dureza de mis palabras, pero, para mí, esto es mera hipocresía. No conseguiremos alcanzar dichos objetivos si empezamos excluyendo aspectos esenciales o damos una impresión diferente de nuestros principios, diferente de lo que aplicamos en el seno de la Unión.
En el mundo actual, la promoción de la igualdad de género y la capacitación de las mujeres en los países en desarrollo no es una tarea fácil. Alcanzar estos objetivos requiere una actuación y un compromiso auténticos y, sobre todo, exige nuestra buena fe en nuestras relaciones con los países en desarrollo.
Margrete Auken, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DA) Señor Presidente, 750 millones de mujeres viven en la pobreza, y luchan por su supervivencia y por la de sus familias. Como europeos, debemos luchar junto a ellas por su derecho a una vida mejor. El papel de las mujeres es inestimable; sin embargo, sus capacidades y su potencial no se valoran. Su acceso a la educación, el trabajo y la propiedad se encuentra gravemente restringido. Debería ser una de las principales tareas de la UE garantizar que las mujeres ocupan un lugar central de la labor de desarrollo en la que interviene la Unión. En el estado de cosas actual, nuestras políticas acaban, con excesiva frecuencia, empeorando el estatus, ya de por sí bajo, de las mujeres, y por esta razón, me complace enormemente el informe de la señora Uca.
Es importante que no se diluya, como muchos en el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristinaos) y los Demócratas Europeos, y en la Unión por la Europa de las Naciones tratan de conseguir mediante sus enmiendas, que darían lugar a la supresión de todo lo referente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Como se ha señalado ya en muchas ocasiones, estos derechos son cruciales para que las mujeres asuman la responsabilidad respecto a su propia vida, y a la de sus familias. Se trata a menudo de una cuestión de vida o muerte para ellas. Las mujeres han de tener el derecho y la oportunidad de decir «no», para evitar la violencia y obtener una educación y la oportunidad de establecerse por su cuenta. Es un aspecto primordial si se pretende que el desarrollo resulte de la ayuda que otorgamos al mismo, y es a la vez inmoral e insensato no colocar a las mujeres en el centro de esta labor.
Por desgracia, falta obviamente voluntad política (como se ha señalado también) y, por tanto, muchos de nosotros apoyamos una propuesta para la designación de un Alto Representante de la UE para las mujeres. La persona designada deberá garantizar que las mujeres participen en las tareas políticas y sociales en todo el mundo, procurando que ejerzan la influencia que les corresponde al constituir el 50 % de la población del planeta. Las mujeres no deben convertirse en víctimas o en personas desgraciadas. Todos necesitamos que se coloquen en pie de igualdad con el resto de nosotros.
Luisa Morgantini, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (IT) Señor Presidente, Señorías, ¿qué puedo decir? Todo el reconocimiento a la Comisión por una comunicación bien estructurada en la que, por primera vez, se expone una estrategia europea de igualdad de género en la cooperación al desarrollo, coherente, además, con las demandas planteadas por amplios grupos de mujeres que se niegan a ser victimas. Por el contrario, nos negamos a ser víctimas, y somos protagonistas de nuestras vidas y nuestra sexualidad, y somos nosotras las que decidimos el tipo de sociedad en la que deseamos vivir: una sociedad capaz de abordar y poner fin a la discriminación, la injusticia, la violencia, y la militarización de los Estados y de las mentes.
Todo el reconocimiento asimismo al informe de la señora Uca, en el que se consideran con mayor exhaustividad y se acierta al determinar los aspectos que la Comisión no ha tenido en cuenta, lo que creo que la propia Comisión ha de aceptar. En este caso, no hace falta que repita las cifras de las mujeres que viven en condiciones de pobreza absoluta,, que son analfabetas y sufren de SIDA o malaria, o de las muchas mujeres víctimas de violencia física y sexual, sobre todo en sus hogares, incluso en Europa.
Las medidas prácticas son las que cuentan: gobernanza, educación, salud, violencia contra las mujeres, acceso a la propiedad y al trabajo y, como señala la señora Uca, políticas económicas y comerciales de la UE que no vayan en contra de las políticas de desarrollo.
Lo que se necesita es una política de integración de la dimensión de género mucho más fuerte, y éso requiere un notable compromiso de recursos financieros y humanos con las delegaciones de la Comisión, y con los proyectos que ejercen una mayora repercusión, como los de microcrédito. Se trata de medidas prácticas que, probablemente, generen una relación permanente con los movimientos de mujeres en situaciones locales y nacionales, con las redes de mujeres de diferentes países dispuestas para hacer campaña contra la desertificación, a favor de la resolución urgente de conflictos, y del derecho a la salud, la vivienda y el agua.
Me gustaría comentar las enmiendas encaminadas a suprimir las referencias a las diversas estrategias nacionales (de El Cairo a Maputo) sobre salud reproductiva de las mujeres, y derechos reproductivos libres. La defensa de la vida es sacrosanta. El derecho a la vida significa, no obstante, que no puede caber vacilación en la ejecución de políticas de desarrollo capaces...
(El Presidente interrumpe al orador)
Urszula Krupa, en nombre del Grupo IND/DEM. – (PL) Señor Presidente, el informe sobre igualdad de género y capacitación de las mujeres en la cooperación al desarrollo versa de problemas que afectan a las mujeres en los países africanos y asiáticos, por ejemplo. Expone una estrategia que comprende medidas en diversas categorías: igualdad de género, sistema político, empleo, educación, salud, y violencia contra las mujeres.
Como sabemos, la igualdad de derechos para hombres y mujeres constituye un aspecto fundamental del desarrollo social consagrado en nuestra civilización europea a través de normativas básicas sobre el respeto por los derechos humanos y el conjunto de la población. Sin embargo, la igualdad de derechos y la no discriminación contra las mujeres no constituyen la única condición para el desarrollo social. Hay toda una serie de factores de relevancia para el progreso social, empezando por el cumplimiento de principios éticos y morales que garanticen una reducción significativa de la explotación, la violencia, el engaño y otras formas de manipulación, incluida la discriminación y la opresión de las mujeres.
Las dramáticas condiciones de vida de las mujeres en los países africanos son el resultado de una política de pillaje de los recursos naturales, y de especulación por parte de las empresas internacionales que se enriquecen a costa de la vida y de la salud de la población local. El apoyo presupuestario y otros programas de la UE no compensarán las pérdidas infligidas por una economía de ladrones. Asimismo, el relativismo ético favorece la explotación sexual y la propagación de enfermedades de transmisión sexual. La libertad sexual, tal y como se difunde, arrebata a las mujeres su dignidad, al reducirlas a objetos sexuales y promover la violencia. La situación de las mujeres mejorará, no mediante un aumento de la financiación de la contracepción y el aborto, sino mediante el apoyo económico a las familias, y en especial, a aquéllas con un gran número de hijos, de modo que se haga posible la educación y el desarrollo, y se mejore la atención sanitaria y la protección social, en particular de las embarazadas. Obviamente, las mujeres instruidas, con predisposición para el liderazgo o el deseo de participar en política, deben tener la posibilidad de presentarse a elecciones y utilizar su diferencia psicosocial para ampliar la gama de visiones sobre asuntos de importancia, no sólo para las mujeres y los niños.
Con todo, la integración de la dimensión de género como idea central (lo que nos ha reportado la baja por paternidad, entre otras cosas) ha tenido ya los resultados que podían haberse previsto, puesto que los padres suecos no son los únicos que prefieren la caza del alce o la lectura de periódicos al cuidado de los hijos. La tiranía de la agresión sexual propagada por las influencias de los medios de comunicación de masas…
(El Presidente interrumpe al orador)
Filip Kaczmarek (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, en el informe de la señora Uca se trata la importante cuestión de la igualdad de género en la cooperación al desarrollo. Por desgracia, las intenciones indudablemente positivas de la ponente se ven minadas por una presentación excesiva y polémica de la cuestión de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Este tema no debería tratarse de forma controvertida, pero en el informe se utiliza el lenguaje paradójico empleado con tanta frecuencia en la Unión Europea. Es precisamente este extraño uso del lenguaje lo que distancia a la UE de sus ciudadanos y convierte a ésta en una máquina burocrática ininteligible y alienada. Además, de este modo generamos y alimentamos a los oponentes de la UE.
Por tanto, confío en que las enmiendas del Grupo del PPE-DE sean aceptadas por esta Cámara. ¿Por qué? Porque por «derechos de salud y reproductivos», la autora y los defensores de este informe entienden lo opuesto de lo que esas palabras significan en realidad. Los «derechos reproductivos» no equivalen a la restricción de la reproducción. Lo que hacemos es otorgar una denominación positiva a algo que tiene consecuencias negativas, a saber, la restricción de la reproducción. Éso es una rotunda decepción.
Los que abogan por restringir la población en los países pobres y promover la contracepción o el aborto no deben esconderse tras términos como los derechos a la salud y reproductivos. Deberíamos llamar a las cosas por su nombre. Me parece que no quieren porque sospechan que la Unión Europea, en realidad, no debe ocuparse de tales asuntos. ¿No hay algo sospechoso en que los europeos promuevan y financian la contracepción y el aborto fuera de Europa? En África y Asia, al igual que en la UE, son los Estados individuales los que deben decidir qué política seguir en este ámbito. En el informe se afirma que deben decidir las mujeres. Sin embargo, somos nosotros los que les decimos a estas mujeres africanas lo que deben hacer. Creo que existe cierta confusión a este respecto.
Otra cuestión: no existe relación de causa y efecto entre tener un gran número de hijos y la igualdad. Son dos aspectos no vinculados, y no acierto a comprender por qué se establece tal vinculación en este informe.
Alain Hutchinson, (PSE) . – (FR) Señor Presidente, Comisario, Señorías, en esta precisa ocasión no pretendo referirme al informe en sí (por el que felicito a la ponente), sino más bien a las enmiendas que pronto se someterán a votación, y deseo señalar que tales enmiendas propuestas por nuestros colegas de UEN, me parecen, literalmente, escandalosas.
(Aplausos)
Al negarse a aceptar en el informe toda consideración o referencia a los problemas de la contracepción, la UEN se niega en la práctica a reconocer que las mujeres del hemisferio sur tienen derecho a una vida digna. Es más que escandaloso: es irresponsable e hipócrita, cuando sabemos que la ausencia de una planificación familiar adecuada condena a millones de personas de todo el mundo a un sufrimiento innecesario, a la enfermedad y a la muerte, y que los más duramente golpeados son las mujeres y los hijos que traen al mundo, con demasiada frecuencia contra sus propios deseos.
Las enmiendas propuestas por el Grupo del PPE-DE no son menos lamentables. Se limitan a formular las ideas de manera diferente, en particular, negándose a considerar el reconocimiento del derecho de las mujeres a controlar su propia fertilidad. En la gran mayoría de los países en desarrollo, las mujeres y las niñas (incluso las de corta edad) siguen padeciendo formas significativas de discriminación y una violencia absolutamente intolerable. Todo aquél que rechace la visión de que cada mujer en dichos países debe tener derecho a un control pleno de su propio destino rechaza, obviamente, la consideración de tales mujeres como iguales de los varones. Sin embargo, la salud reproductiva no debería considerarse un asunto tan alarmante: conlleva sencillamente que se permita a las personas experimentar una sexualidad responsable, satisfactoria y segura, y que se otorgue a las mujeres la libertad de elegir tener hijo si así lo desean, y cuando lo deseen. Este concepto de salud depende de que las mujeres y los hombres puedan elegir, con arreglo a criterios de igualdad, métodos de regulación de la fertilidad que sean seguros, eficaces, asequibles y aceptables.
Olle Schmidt (ALDE). – (SV) Señor Presidente, es importante que tengamos claro lo que queremos. Durante demasiado tiempo, un debate que debía tratar de derechos humanos se ha visto emponzoñado por diversas consideraciones políticas. Huelga decir que una mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Por esta razón, no eludí la cuestión, en el debate sobre la mutilación genital, de si la aplicación de la Sharia equivale a no reconocer el valor equitativo de los seres humanos. A nadie se le ocurriría negar a un hombre el derecho a decidir sobre su propia reproducción, o decir que es una cuestión de valores culturales negar a un hombre la posibilidad de obtener ingresos propios y mantener su propia independencia.
Cuando la UE, que es el mayor proveedor de ayuda en el mundo, actúa en el Tercer Mundo, nuestros valores deben estar claros en todo momento. Los derechos humanos, con arreglo a los cuales entiendo la igualdad, no sólo en teoría, sino también en la práctica, deben constituir la consigna. Debemos procurar que se entienda claramente que la economía de mercado es buena para los hombres y las mujeres pobres, no mala. Así ha quedado demostrado especialmente por la campaña de éxito a favor de los microcréditos, que ha generado prosperidad y capacitación para millones de mujeres vulnerables.
Obviamente, no nos corresponde a nosotros, en los países ricos, imponer un determinado modo de vida a otros pueblos, pero sí tenemos, como creo que es importante señalar, una responsabilidad respecto a la oferta de posibles oportunidades en aquellos casos en los que, actualmente, no existen las mismas. Por tanto, como muchos de mis colegas aquí presentes, me decepciona verdaderamente comprobar algunas de las enmiendas presentadas a un informe que, por otra parte, resulta adecuado e importante. La verdad es que apuntan en la dirección errónea.
Al colega que intervino antes que yo, me gustaría decirle que, cuando era diputada al Parlamento sueco, permanecí en mi caso con mi hijo durante seis meses acogiéndome a una baja por paternidad. Creo que me convertí realmente en un padre mejor que el que había sido antes. Indudablemente, leo los periódicos, pero mi responsabilidad principal era cuidar de mis hijos, y hacerlo junto a mi esposa. Sólo puedo decir que es algo positivo. Creo que más personas deberían hacerlo y comprobar lo importante que es mantener a la familia unida: hombre, mujer e hijos.
(Aplausos)
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). – (ES) Señor Presidente, quiero empezar por saludar de forma entusiasta este informe, porque es importante por varios motivos.
El primero, por una cuestión de justicia: mientras las mujeres y las niñas realizan aproximadamente dos tercios del trabajo en el mundo, sólo reciben el 5 % de la renta y, además, la pobreza es manifiestamente femenina.
Segundo, por una cuestión de dignidad: creo que es urgente sustituir la imagen que a menudo se da de las mujeres, como víctimas vulnerables, por una imagen de ellas como grupo altamente diferenciado de actores sociales que poseen recursos y capacidades valiosas y que tienen sus propias prioridades; y ello implica, entre otras cosas, reconocer y asumir plenamente el derecho de la mujer a decidir sobre su propia sexualidad y sobre su propio cuerpo.
Y tercero, por una cuestión de compromiso real y de coherencia: es lamentable que a menudo se perciba la transversalidad de la perspectiva de género como excusa para no plantear propuestas y objetivos concretos en, por ejemplo, los documentos de estrategia por países.
Por todo ello, creo que este informe merece ser aplaudido y apoyado en absoluta mayoría.
Gay Mitchell (PPE-DE). – Señor Presidente, el que nos ocupa es un informe sobre la igualdad de género y la capacitación de las mujeres en la cooperación al desarrollo. ¿Por qué entonces los socialistas, los liberales y otros grupos se disponen a votar esta mañana contra una enmienda con la que se pretende obtener información sobre la discriminación contra las mujeres que comienza en el mismo útero?
En una enmienda en mi nombre y en el del señor Deva y la señora Belohorská se insta a la Comisión a solicitar a todos los socios de la Unión en el mundo, tanto gobiernos, como ONG, que lleven a cabo un análisis basado en la perspectiva de género sobre el total de abortos y que informen periódicamente de los resultados al Parlamento. Quizá el señor Hutchinson pueda decirnos qué hay de terrible en obtener tal información. Esta mañana, el Parlamento planea mirar hacia otro lado rechazando por votación dicha enmienda; sin embargo, en algunos países, una fuerte preferencia por los hijos varones ha dado lugar a la eliminación de millones de niñas mediante la selección de sexo por los padres. Las niñas recién nacidas también fallecen de desatención deliberada y hambre. De acuerdo con el UNFPA, sólo en Asia, al menos 60 millones de niñas se encuentran «desaparecidas». En algunos países, se informa de que la selección de sexo es más común en las ciudades, donde tecnologías como la amniocentesis y los ultrasonidos se encuentran fácilmente disponibles y dispuestas para su mal uso. En otros, ocurre más habitualmente en las áreas rurales, en las que, de acuerdo con el UNFPA, la preferencia por los hijos varones es notable. En algunos países, las hijas se perciben como una responsabilidad económica y, de acuerdo con el UNFPA, la proporción de sexos en el nacimiento, aunque es ligeramente superior, deviene más acentuada a causa de tal percepción. La escasez de mujeres y niñas en algunos países asiáticos tiene consecuencias potencialmente alarmantes, incluido un aumento de la demanda destinada al tráfico de mujeres, ya sea para matrimonio o para su explotación sexual, y el empeoramiento de su situación en general. Tales son las palabras del UNFPA, no las mías.
¿Cuál es la posición del Parlamento? Mirar hacia otro lado. A lo largo de la Historia, las mayorías se han equivocado, por ejemplo, en Austria y Alemania en el decenio de 1930. ¿Cómo un órgano supuestamente reflexivo como el Parlamento Europeo puede cometer tal injusticia como la de rechazar mediante el voto dicha enmienda? Sólo deseamos obtener información…
(El Presidente interrumpe al ponente.)
Ana Maria Gomes (PSE). – Señor Presidente, felicito a mi colega la señora Uca por su excelente informe, y acojo favorablemente el planteamiento basado en la doble vía, respaldado por la Comisión en su comunicación, en el que se hace hincapié tanto en la integración de la dimensión de género, como en las acciones concretas para capacitar a las mujeres. Sin embargo, lamento que en muchos documentos nacionales de estrategia de ICD se aluda únicamente al género como una cuestión transversal, sin especificar actividades, objetivos, o asignaciones financieras concretos. Esto significa que, a pesar del marco estratégico, los esfuerzos dedicados al género en el ámbito de la cooperación al desarrollo podrían verse reducidos a mera retórica en los años venideros.
Los indicadores de rendimiento sensibles con respecto al género deben evaluarse en las revisiones intermedias y finales. El Parlamento llevará a cabo el seguimiento de la ejecución del CPS, y confiamos en que la Comisión podrá indicar los avances alcanzados en cuanto a los resultados específicos relacionados con el género.
Por último, declaro mi estupefacción ante varias concepciones medievales reflejadas en determinadas enmiendas a este informe y planteadas por algunos colegas, sobre cuestiones de salud sexual y reproductiva. Evidentemente, votaré en contra de las mismas.
Alexander Lambsdorff (ALDE). – (DE) Señor Presidente, yo también quiero agradecer a la ponente este excelente informe, así como felicitar a la Comisión por su comunicación. El reto ahora es ser coherente. Hace diez días fui a Nueva York, junto con varios colegas de parlamentos nacionales, a visitar la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, a invitación del Foro Parlamentario Europeo. Resulta interesante comprobar que países que son nuestros socios ACP digan una cosa cuando hablan con Bruselas y las distintas capitales, y otra muy distinta en Nueva York, cuando se trata de debatir la cuestión a escala mundial.
Por esta razón, insto al Comisario a ser coherente, a informar a sus delegaciones de que existen conversaciones también en las respectivas capitales acerca de la actitud adoptada en Nueva York, porque nuestros objetivos en cuanto a la política de mujer y la política de desarrollo se contradicen a menudo en Nueva York.
En ese sentido, me complace enormemente que UNIFEM abra ahora una oficina en Bruselas; esta iniciativa elevará indudablemente el nivel del debate entre las Naciones Unidas y la Unión Europea en este ámbito.
Me complace especialmente que los microcréditos se nombren como uno de los medios de capacitación y liberación de las mujeres. Existen algunos mecanismos relativamente oscuros…
(El Presidente interrumpe al ponente.)
Satu Hassi (Verts/ALE). – (FI) Señor Presidente, señorías, muchas gracias a la señora Uca por un excelente informe; al mismo tiempo, comparto la desaprobación manifestada por muchos de los diputados presentes respecto a las enmiendas presentadas por la derecha.
Para que los derechos de las mujeres se ejecuten plenamente también en la cooperación al desarrollo, la Unión Europea necesita un representante especial para los derechos de las mujeres, cuyo papel consistirá en garantizar que éstos se tengan en cuenta. De este modo, también sería posible gastar el dinero asignado a la cooperación al desarrollo con mayor eficacia.
Sabemos que la forma más barata de promover el desarrollo consiste en mejorar los derechos de las mujeres, incluidos sus derechos sexuales, la educación, las oportunidades de empleo, etc. Aunque este hecho se conoce gracias a la experiencia y a numerosos informes, se olvida una y otra vez, incluso cuando se decide la manera de gastar los fondos de la UE para cooperación al desarrollo. Por esta razón, necesitamos un representante especial para los derechos de las mujeres, y confío en que todos los aquí presentes muestren su apoyo a la enmienda 20 sobre esta cuestión.
Nirj Deva (PPE-DE). – Señor Presidente, aunque hay mucho de bueno en este informe, también hay algo con lo que discrepo totalmente, como han hecho ya mis colegas, los señores Kaczmarek y Mitchell.
Comienzo por preguntarle, señor Presidente, quién dijo ésto: «A través de la práctica de la selección prenatal de género, a muchas mujeres se les niega el derecho, incluso, a existir.» Puede que sorprenda a la ponente de este informe saber que fueron palabras pronunciadas por Ban Ki-moon en su discurso de apertura ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, en Nueva York.
Por otra parte, con arreglo al UNFPA, en su informe sobre el estado de la población en el mundo del año pasado, existe un déficit global de 60 millones de mujeres en el mundo, ¡lo que equivale al conjunto de la población del Reino Unido!. A estas mujeres que faltan se les ha negado la existencia al haber sido seleccionadas prenatalmente por razón de su sexo, objeto de abortos, o víctimas de «infanticidios», y ésto sucede en el continente en el que nací; sé de lo que estoy hablando. ¿Cómo puede ser que en un informe del Parlamento Europeo sobre la igualdad de género se guarde silencio sobre la eliminación deliberada basada únicamente en motivos de género? ¿Dónde está la igualdad en esta postura?
Presento una enmienda a este informe en la que se exige un análisis basado en la perspectiva de género, sobre todos los abortos que se practican en el mundo, y ¿adivinan lo que ha pasado? ¡Que los socialistas votaron en contra! ¿Por qué? ¿No tenemos derecho a saber la manera en que las mujeres son víctimas de abortos antes de nacer? Más adelante hoy mismo comprobaremos como votan respecto a la enmienda 11.
No sé por qué la ponente ha insistido en desperdiciar esta valiosa oportunidad de erradicar la causa más significativa de injusticia contra las mujeres en el mundo actualmente (su derecho básico a la vida) y, en cambio, insiste en perpetuar mediante su defensa los denominados derechos de…
(El Presidente interrumpe al ponente.)
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Señor Presidente, las estadísticas demuestran que la política de igualdad de derechos agiliza la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en lo que atañe a la erradicación de la pobreza y la corrección de los indicadores demográficos, sociales y económicos. No obstante, las cuestiones de género siguen considerándose de importancia secundaria.
En muchos países, las mujeres continúan careciendo de acceso a los servicios básicos de salud, la educación y la participación en los procesos de toma de decisiones. Dos tercios del total de analfabetos en el mundo son mujeres. En los países en desarrollo, la probabilidad de asistir a escuelas de enseñanza secundaria es un 11 % inferior en el caso de las niñas, respecto a los niños. Las estadísticas también ponen de relieve una situación sanitaria trágica. En el África subsahariana, por ejemplo, el 60 % de los infectados por el virus del VIH son mujeres, y las niñas representan el 75 % de los nuevos casos de SIDA entre el total de los jóvenes.
La Comunicación de la Comisión constituye un paso importante hacia la integración por la UE de las cuestiones de género en el programa de cooperación con países asociados, como instrumento fundamental para la erradicación de la pobreza y el apoyo a los derechos humanos, lo que comprende la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres. Felicito a la ponente por un informe muy bien preparado y, en conclusión…
(El Presidente interrumpe al orador)
Roberta Alma Anastase (PPE-DE). – (RO) Hoy debatimos otro informe en el que se analiza la situación de las mujeres, el segundo de esta semana, pero esta vez, desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades en lo que concierne al desarrollo de la Comunidad.
Es un informe que provoca debates y polémicas, planteamientos diferentes y análisis contextualizados. No obstante, es importante que debatamos este tipo de cuestiones; es aún más importante que existan propuestas contextualizadas y resultados tangibles.
Hablamos mucho de educación y de su papel sobresaliente en el cambio de actitudes, la conformación de conductas, la integración de grupos con un riesgo elevado de marginalización, y el desarrollo de comunidades. Con todo, creo que es hora de que dispongamos de una política coherente a escala europea en el ámbito de la educación, con medidas inequívocas que deben ser objeto de seguimiento. Es obvio que las cuestiones de género deben formar parte de los programas educativos.
Es importante que la Unión Europea incluya este tema en los diálogos con terceros países en el terreno de la protección de los derechos humanos. El ejercicio de 2008, Año del Diálogo Intercultural, debe utilizarse para promover los intercambios entre universidades y de experiencias entre las mujeres europeas y las de los países en desarrollo, con vistas a establecer el papel de las mujeres en todo el mundo. Desde esta perspectiva, la promoción de las generaciones jóvenes, incluidas las mujeres, debe constituir una prioridad de la cooperación al desarrollo.
Le expreso mi agradecimiento y confío en que la versión definitiva de este importantísimo informe refleje todos los puntos de vista existentes en el Parlamento Europeo, y tendremos un planteamiento equilibrado respecto a esta cuestión.
Thijs Berman (PSE). – (NL) La libertad de las mujeres para elegir sus propias opciones constituye, sencillamente, un derecho humano. Contribuye al crecimiento de la economía y a la mejora de la protección social. La mortalidad de las mujeres en los países en desarrollo se mantiene en niveles trágica e inaceptablemente elevados. Como consecuencia, se destruyen familias. Existe un vínculo directo en este caso con el trabajo infantil. La inversión en igualdad de oportunidades y libertad equivale a la inversión en futuro, en Europa, y en las regiones en desarrollo.
Junto con mi Grupo, me resulta chocante que, en esta Cámara, se haya presentado todo un lote de enmiendas ultraconservadoras, encaminadas a recortar los derechos de las mujeres, al excelente y exhaustivo informe de la señora Uca. En realidad, no tratan de opciones en el embarazo, éso es pura hipocresía Lo que pretenden es suprimir todas las referencias incluso a los textos más moderados de las Naciones Unidas sobre derechos de las mujeres. Sin embargo, la libertad sexual y los derechos reproductivos garantizan la libertad de elección de todas las mujeres. Hasta el Vaticano reconocerá tal libertad un día. Pero las mujeres no pueden permitirse esperar; el mundo no puede permitirse esperar.
Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, creo sinceramente que disponer de acceso a la información y los servicios relativos a la salud sexual y reproductiva protege a las mujeres respecto al SIDA, por mencionar un riesgo. Por tanto, me opongo plenamente a nuestro rechazo a permitir tal acceso aduciendo que el propósito oculto en este caso es el aborto. También me opongo a que, por la misma razón, suprimamos el Protocolo de Kyoto del bien conocido texto del Protocolo de Maputo sobre los derechos de las mujeres en África.
Indudablemente, la cuestión del aborto es de principios, y cada uno de nosotros adoptará una postura acorde con sus creencias. Yo respeto las creencias de los demás, pero también les pido que hagan lo mismo con las mías. Por tanto, debemos respetar tanto los derechos de las mujeres, como el derecho de cada mujer que opta por que se le practique o no un aborto, ya sea por razones económicas, sociales, familiares o, incluso, de salud. Por tanto, yo, personalmente, votaré a favor del informe.
Rovana Plumb (PSE). – (RO) Existen muchos aspectos positivos en este informe, y yo los apoyaré, pero votaré en contra de las absurdas enmiendas planteadas por las filas de la derecha respecto a los derechos reproductivos.
Quiero señalar que resulta bastante obvio que el desarrollo sostenible no puede lograrse sin reconsiderar el papel de la mujer en la economía, la sociedad, la política, la protección del medio ambiente, y la familia. Hoy hemos debatido y determinado que la educación constituye un área fundamental en el desarrollo. Dado que la igualdad es, en primer lugar, una cuestión de estereotipos y educación, propongo que la Comisión ayude a los Estados miembros en la integración de las cuestiones de igualdad de género en los planes de estudio escolares.
En estos momentos necesitamos acciones concretas y firmes, como un aumento de los recursos presupuestarios para mejorar la condición económica y social de las familias; tenemos la voluntad política para alcanzar estos objetivos, y estoy seguro de que se conseguirán.
Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Dado que el 70 % de los 1 300 millones de personas que viven en la pobreza absoluta son mujeres, la ayuda al desarrollo debe concentrarse fundamentalmente en este colectivo.
Convengo con todos los planteamientos contenidos en el informe de la señora Uca, en el que se afirma que la educación es la clave para la capacitación de las mujeres. Estoy de acuerdo con que debe prestarse ayuda financiera y técnica a las organizaciones de mujeres activas en el área de la educación que enseñan a éstas la manera de alcanzar el éxito. Apoyo los microcréditos como herramienta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Con todo, no estoy de acuerdo con la postura de la ponente en las cuestiones de salud reproductiva reflejada en el informe. Si queremos otorgarle a las mujeres el derecho a adoptar decisiones en lo que concierne a su cuerpo, ¿por qué no concedemos a sus hijos nonatos la misma oportunidad de decidir entre vida o muerte? Respaldo las enmiendas presentadas por mis colegas de los grupos políticos del PPE-DE y UEN en este sentido, y les agradezco el coraje de plantearlas. No votará a favor del informe si no se adoptan tales enmiendas.
Karin Scheele (PSE). – (DE) Señor Presidente, felicito a la Comisión y a la ponente. Lamento que este debate se haya centrado tanto en los derechos sexuales y reproductivos, porque existen muchas otras cuestiones importantes en este contexto.
Me parece que las Naciones Unidas y varios conservadores actúan como si los derechos sexuales y reproductivos tuvieran que ver únicamente con el aborto. En ese caso, les aconsejaría que comprobaran los hechos y los repasaran con detenimiento: ser contrario a la contracepción, a la información, a la concesión a las mujeres de acceso a estos servicios, sólo elevará aún más la cifra de abortos. Me resulta más que cínico que esas mismas personas alcen su voz y pretendan disponer del monopolio de la ética y la moral.
A la vista de las estadísticas que escuchamos de las Naciones Unidas y del Informe sobre el Estado de la Población Mundial cada año, resulta poco ético e inmoral manifestarse en contra de los derechos sexuales y reproductivos en este Cámara.
(Aplausos)
Avril Doyle (PPE-DE). – Señor Presidente, estamos debatiendo la igualdad de género y la capacitación de las mujeres, y la cooperación al desarrollo. Me apena cada vez más el hecho de que, cada vez que mantenemos un debate sobre estas cuestiones, éste se reduce a una discusión intolerante sobre los derechos a la salud sexual y reproductivos de las mujeres. Resulta trágico. Constituye una de las tragedias en curso en este Parlamento que no podamos ver la imagen de conjunto relativa a la importancia de la educación y los microcréditos.
No voy a apoyar la mayoría de las enmiendas presentadas por algunos de mis colegas. No es que no me atañan. No es que no me preocupe la tasa de selección de sexo que da lugar a que haya personas que se deshagan de fetos femeninos en China y en otros lugares. Lógicamente, a todos nos preocupa lo que sucede allí. Lo que sucede en realidad es que no estoy convencida de que los motivos para plantear estas enmiendas sean los que se refieren realmente en las mismas.
Si nuestros colegas estuvieran en contra del aborto, respetaría que presentaran una moción contra el mismo, porque creyera que la selección de sexo en el caso de los fetos masculinos supone para ellos un motivo de inquietud equivalente al del caso de los fetos femeninos…
(El Presidente interrumpe al ponente.)
Marusya Ivanova Lubcheva (PSE). – (BG) Me gustaría felicitar a la ponente por el exhaustivo informe sobre la cuestión del género, y a la Comisión por su Comunicación. No obstante, un documento es influyente en la medida en que se lleve a la práctica su contenido. Por tanto, debemos procurar que se produzca tal puesta en práctica.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio pueden lograrse mediante el equilibrio de todas las políticas (familia, escuela, universidad, asistencia sanitaria, economía) en las que las mujeres deben ejercer un papel esencial. En nuestros programas de cooperación, hemos de hacer hincapié en el derecho de la mujer a la salud, incluida la de índole reproductivo.
Debemos considerar asimismo la independencia económica de las mujeres, que constituye un requisito previo para el desarrollo de la iniciativa empresarial y el uso optimizado de todo su potencial. Reviste especial importancia hablar de responsabilidades compartidas a todas las escalas, tanto nacional, como internacional, responsabilidades compartidas entre hombres y mujeres. Ésto atañe a todos los ámbitos de la vida, y a todos los sectores de la economía.
Piia-Noora Kauppi (PPE-DE). – (FI) Señor Presidente, este informe se ha visto precedido por un encendido debate en la comisión al comienzo del año, y parece que ese mismo debate continúa hoy aquí en el Pleno.
Considero que los servicios de salud para las mujeres en general constituyen un componente muy importante de los derechos humanos. Indudablemente, tales servicios comprenden los relativos a la salud sexual y reproductiva.
Éste no es sólo un problema en los países en desarrollo: de acuerdo con lo que oí ayer acerca de los Estados Unidos de América, el 40 % de las adolescentes padecen enfermedades de transmisión sexual. La mera educación y la responsabilidad no son suficientes, ni siquiera en Occidente.
En los países en desarrollo, la situación es mucho peor. El VIH entre las mujeres aumenta, al igual que la violencia sexual cometida contra ellas. La provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en los países en desarrollo no atañe tampoco al aborto, sino a que las mujeres sepan de qué opciones disponen y que les asiste el derecho a adoptar sus propias decisiones.
Mairead McGuinness (PPE-DE). – Señor Presidente, gracias por permitirme hablar sobre ésto, porque, en el calor del debate, creo que debo devolver la cuestión a un nivel más práctico. La realidad se refiere en la exposición de motivos, por ejemplo en África, donde las mujeres constituyen el 52 % de la población, pero realizan el 75 % del trabajo agrario y producen y comercializan hasta el 80 % de los alimentos. Creo que el papel de las mujeres en el desarrollo, en lo que se refiere a la producción de los alimentos, se ignora con frecuencia.
Sin embargo, sí que me opongo al párrafo de la citada exposición, histórico y no actualizado, en relación a un comentario que se realiza acerca de la política agraria común, con el que discrepo plenamente. Europa es el mayor importador de productos de los países en desarrollo. Tenemos el acuerdo de «Todo menos armas», y pronto celebraremos, quizá, un acuerdo comercial de ámbito mundial. En cualquier caso, creo que, como señala el Banco Mundial, necesitamos invertir en agricultura y producción de alimentos, y hemos de abordar esta tarea a través de las mujeres.
Louis Michel , Miembro de la Comisión. − (FR) Señor Presidente, seré muy breve, porque supongo que no es el momento de extenderse hablando.
Sólo me gustaría recoger la pregunta de la señora Gomes. ¿Por qué los documentos nacionales de estrategia contienen tan pocas acciones concretas sobre la cuestión del género? La respuesta es sencilla: las estrategias nacionales se elaboran y deciden por los propios países asociados, porque han de elegir dos sectores en los que centrarse, y nosotros no dictamos qué sectores deben seleccionar. No obstante, subrayaría que insistimos en que las cuestiones de género se tengan en consideración a lo largo de la ejecución de los proyectos.
Señor Lambsdorff, comprendo por qué le resulta difícil aceptar la falta de cohesión en la postura de la Unión Europea en Nueva York, pero creo que debe dirigir esa cuestión al Consejo, y no a la Comisión, pues no es algo que ésta pueda rectificar. Dicho esto, obviamente, me haré eco de su deseo de una postura más cohesionada.
Muy brevemente (y habrá algunos de ustedes a los que mis palabras les parezcan provocadoras), me gustaría compartir con ustedes mi propia convicción: convengo plenamente con aquéllos que considera la salud reproductiva como una condición previa para la igualdad de las mujeres. Personalmente, no veo cómo podemos tratar el tema y abordar esta cuestión sin estar de acuerdo respecto a tal condición previa, del mismo modo que existe tal acuerdo en cuanto al acceso a la escuela, al trabajo o a los microcréditos. Todos estos elementos son claramente importante en sí mismos, pero, en última instancia, la cuestión se reduce a crear las condiciones en las que las mujeres puedan elegir libremente. Ése es un principio básico de la igualdad de género, y no puede negarse.
(Aplausos)
Invitaría asimismo a todo aquél que albergue alguna duda respecto a la tragedia humana de las circunstancias de las mujeres en ciertos países en desarrollo a que pasen y vean por sí mismos y escuchen las historias que algunas mujeres pueden contarles acerca de la angustia de sus experiencias. Es todo lo que quería decir: hay poco que añadir. Gracias nuevamente por la elevada calidad del debate.
Feleknas Uca, ponente. − (DE) Señor Presidente, Señorías, estoy sumamente agradecida a todos los oradores por sus interesantes contribuciones. Agradezco especialmente la labor de la señora Creþu, que redactó el dictamen en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. Su análisis inequívoco y sus propuestas para lograr una mayor coherencia han enriquecido el informe en muchas áreas de importancia. Desgraciadamente, por razones de tiempo, no puedo comentar todas sus contribuciones, y confío en que no se tome ésto como una señal de falta de respeto.
Muchas gracias a la señora van Lancker, al señor Berman, al señor Lambsdorff, al señor Hutchinson, a la señora Scheele, a la señora Doyle, a la señora Weber, al señor Varvitsiotis, a la señora Hassi y a la señora Gomes. Tienen toda la razón al señalar que la salud reproductiva en los países en desarrollo tiene prioridad absoluta, y es importante luchar por ella con arrojo y perseverancia. Discrepo rotundamente con la visión de la señora Krupa, respecto a que la libertad sexual de las mujeres provoca violencia. Tal es un tipo de lógica atroz y discriminatoria.
(Aplausos)
Al señor Deva le digo que no esperaba otra cosa de él. Por favor, discúlpenme por esta observación. Mis estimados Luisa Morgantini y el señor Romeva i Rueda, como siempre, han encontrado términos rotundos para dejar claro que las mujeres no quieren limosnas, sino simplemente lo que les corresponde como una mitad de la humanidad.
Muchas gracias a todos los que apoyan mi informe. Me complace también que diversas ONG en el ámbito del desarrollo y los derechos de las mujeres hayan realizado una valoración enormemente positiva del informe. Estoy muy agradecida por toda la cooperación y el apoyo que he recibido.
(Aplausos)
El Presidente. − Se cierra el debate.
La votación tendrá lugar a continuación.
Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)
Genowefa Grabowska (PSE), por escrito. – (PL) La igualdad de oportunidades y la igualdad de acceso para hombres y mujeres a los recursos, así como la participación en la vida pública, son de una importancia decisiva, no sólo fuera de la UE, en el marco del desarrollo sostenible, sino también para muchas mujeres en la propia Unión Europea. Les pongo un ejemplo: en Polonia, en mi propia región Silesia, las mujeres que trabajan a diario a favor de la igualdad entre hombres y mujeres consideran con preocupación que la integración de la dimensión de género, es decir, la política de género, no se incorpore debidamente en la actividad económica, política y cultural a escala regional.
Las mujeres reunidas en Katowice el 8 de marzo de 2007 declararon que «la política de género no es promovida por las autoridades locales ni los medios de comunicación, ni pública ni privadamente, a pesar de que Polonia se incorporó a la UE hace casi cuatro años». Añadieron que a las autoridades de Silesia, aparentemente, no les convencía el lema «La democracia sin mujeres es sólo una democracia a medias».
Tras las recientes elecciones, la proporción de mujeres en la política de la región ha descendido en un tercio. Por tanto, ¿cómo podemos hablar de igualdad de las mujeres? Por estas razones, las mujeres de Silesia demandan que las autoridades locales les garanticen una participación equitativa en la administración local y en el proceso de toma de decisiones, el acceso a la promoción profesional y la realización de actividades empresariales, la igualdad de oportunidades en materia de empleo, condiciones de trabajo y remuneración, y no verse sometidas a situaciones de violencia.
PRESIDE: MARTINE ROURE Vicepresidenta
4. Turno de votaciones
Presidente . – El punto siguiente consiste en la votación.
(Para los resultados de las votaciones y otros detalles sobre las mismas: véase el Acta)
4.1. Fondo mundial para la eficiencia energética y las energías renovables (A6-0006/2008, Claude Turmes) (votación)
4.2. El reto de la Política de Cooperación al Desarrollo de la UE para los nuevos Estados miembros (A6-0036/2008, Danutė Budreikaitė) (votación)
4.3. Mejorar la calidad de vida de las personas mayores (A6-0027/2008, Neena Gill) (votación)
4.4. Imposición de la gasolina sin plomo y del gasóleo (A6-0030/2008, Olle Schmidt) (votación)
4.5. La Unión Europea en Iraq (A6-0052/2008, Ana Maria Gomes) (votación)
– Después de la votación de la enmienda 10
Anna Záborská (PPE-DE) . – (FR) Señora Presidenta, simplemente, me gustaría proponer la enmienda oral que sigue: «visto el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, junto con los protocolos adicionales I y II anexos al mismo, y especialmente preocupados por la violencia sufrida por personal humanitario, médico y religioso en el ejercicio de sus obligaciones». Tal es el texto de la enmienda. He consultado ampliamente con colegas de los diversos grupos y me han asegurado que no obstruirán mi propuesta.
(El Parlamento acuerda aceptar la enmienda oral)
4.6. Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas (votación)
4.7. La situación especial de las mujeres en los centros penitenciarios y las repercusiones de la encarcelación de los padres sobre la vida social y familiar (A6-0033/2008, Marie Panayotopoulos-Cassiotou) (votación)
- Antes de la votación:
Teresa Riera Madurell (PSE). – (ES) Señora Presidenta, antes de comenzar la votación de este informe tengo que decir que, de acuerdo con la ponente, señora Panayotopoulos, y los demás ponentes alternativos, tengo que proponer una enmienda oral a la enmienda 1 al apartado 6.
Se trata de suprimir las dos últimas palabras de la enmienda, —las voy a decir en inglés: «contraception and abortion»—, con lo que no sería necesario votar la segunda parte de esta enmienda.
(El Parlamento acuerda aceptar la enmienda oral)
– Antes de la votación de la enmienda 7:
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, ponente. − (EL) Señora Presidenta, se trata de un cambio en la expresión «detención de niñas y niños»; y la edad también se modifica, a 18 en lugar de 17.
(El Parlamento acuerda aceptar la enmienda oral)
4.8. Igualdad de género y capacitación de las mujeres en la cooperación al desarrollo (A6-0035/2008, Feleknas Uca) (votación)
Syed Kamall (PPE-DE). – Señora, con independencia de lo que se piense sobre el debate actual sobre el cambio climático (y puedo sentir mucho aire caliente a mi alrededor), creo que podemos convenir todos en la necesidad de una mayor eficiencia energética.
En cualquier caso, si vamos a hablar de eficiencia energética, asegurémonos de que contamos en realidad con ciertos planteamientos comunes sobre esta cuestión. Les pondré un ejemplo: nuestra política sobre bombillas de bajo consumo. Sí, queremos suprimir gradualmente las bombillas existentes, pero aún imponemos aranceles a la importación de bombillas de bajo consumo. Sí, hablamos de prohibir el mercurio en los barómetros (aunque constituye en realidad un riesgo muy reducido), y sin embargo, alentamos al mismo tiempo el uso de bombillas de bajo consumo que contienen, efectivamente, lo han adivinado, más mercurio. No sólo éso; hablamos de eficiencia energética, y continuamos acudiendo a Estrasburgo, que emite toneladas y toneladas de CO2 adicional e innecesario.
Por tanto, si realmente deseamos avanzar en materia de eficiencia energética, deberíamos clausurar el Parlamento de Estrasburgo.
Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Señor Presidente, voté a favor de la participación de la Comunidad en un proyecto de investigación y desarrollo destinado a promover la calidad de vida de las personas de edad avanzada mediante el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El proyecto brinda oportunidades de desarrollo, no sólo a la población de edad avanzada, sino también a los discapacitados, a las mujeres que crían a sus hijos en el hogar, y a los residentes en áreas rurales. En mi opinión, esta iniciativa prevendrá la estratificación social en Europa en el terreno del acceso a los servicios digitales, así como la marginación de grupos sociales amenazados por un menor acceso a la tecnología moderna. En cualquier caso, es muy importante tener en cuenta que el coste de estas tecnologías debe mantenerse en un nivel tan bajo como sea posible.
Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) He votado a favor del informe sobre «el fomento de la calidad de vida de las personas de edad avanzada», en el que se abordan cuestiones de enorme importancia para numerosos ciudadanos europeos, y en especial de la generación de mayor edad. Estas personas dependen de las prestaciones por jubilación, cuya cuantía es mayoritariamente escasa. El problema se agrava con el incremento de la cifra de personas de edad avanzada que reciben estos fondos, que se ven limitado a causa de la caída en el número de contribuyentes. De este modo, nos dirigimos a una situación en la que un grupo amplio de población de edad avanzada solicitará diversas prestaciones sociales. En cualquier caso, muchos de ellos siguen siendo capaces de realizar ciertos tipos de trabajo, y pueden mantenerse activos en el mercado laboral. La cifra creciente de personas de edad avanzada, junto a la necesidad de una gama más amplia de servicios y productos, eleva la demanda en esta área.
Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Señor Presidente, he votado en contra, puesto que el informe suscita varias dudas. No apoyo las disposiciones de la directiva sobre armonización de los tipos de los impuestos especiales sobre el gasóleo y la gasolina. La diversidad de tales tipos crea la posibilidad de que exista competencia entre las empresas de transporte de los diferentes países de la UE, lo que, indudablemente, redunda en beneficio del consumidor. También me opongo a las disposiciones sobre el aumento de los tipos de los impuestos especiales sobre el combustible en toda la Unión Europea. Los precios elevados del petróleo en los mercados nacionales y la armonización de los impuestos especiales en los 27 países de la UE pondrán freno al crecimiento económico en los Estados con un PNB bajo. Un incremento de los precios del combustible da lugar a la subida del precio de los bienes y los servicios. En consecuencia, he votado a favor de las enmiendas presentadas para que los nuevos Estados miembros, incluido Polonia, mantengan tipos de los impuestos especiales diferentes.
Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, he votado en contra, porque el aumento significativo del impuesto especial sobre el gasóleo dará lugar a un incremento de los derechos arancelarios sobre bienes y servicios en países de los que se supone que aplican un tipo del impuesto especial inferior al mínimo comunitario propuesto, pero que, en cualquier caso, es elevado respecto a las condiciones en tales países.
Dado que la renta media en los Estados miembros que se incorporaron a la Unión Europea en 2004 y 2007 es relativamente baja, el aumento de los impuestos especiales propuesto es demasiado elevado. Sus efectos serán acusados especialmente por las familias más desfavorecidas, puesto que la actual subida de los precios del combustible constituye ya una carga pesada para sus presupuestos domésticos. Por tanto, a los países menos desarrollados, con sus bajos niveles de renta, deben concedérseles períodos de transición mucho más prolongados que los propuestos por la Comisión Europea, con el fin de que dispongan de tiempo para adaptarse. Considero el incremento propuesto injustificado y excesivo.
Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Señor Presidente, me complace enormemente verle de vuelta en su puesto, escuchando estas explicaciones de voto, que sé que le divierten tanto. Me gustaría añadir que valoro la amabilidad y la comprensión de su personal, sus servicios y sus intérpretes a lo largo de esta semana, en la que hemos elaborado estas explicaciones de voto.
Voté en contra de este informe en concreto por todo un conjunto de razones. En primer lugar, creo en la competencia fiscal. No creo que la armonización fiscal, ni los impuestos en general deban ser competencia de estas instituciones en absoluto.
En segundo lugar, esta semana, en mi país, el Ministro de Hacienda ha elevado los impuestos sobre el combustible aplicados a los conductores de automóviles y vehículos de transporte británicos, sin comprender las consecuencias de sus actos. Me gustaría plantear un problema al margen. Llevo a cabo una campaña con el Northampton Chronicle and Echo a favor de residentes en este entorno de mi región, en el que nos cobran más por el combustible que en todo el resto de ciudades importantes de alrededor. Deseo subrayar que existen otros problemas en el mercado del combustible, por no mencionar los que tienen que ver con los impuestos.
Syed Kamall (PPE-DE). – Señor Presidente, me gustaría hacerme eco de los comentarios de mi colega al agradecerle a usted, al personal y a los intérpretes su amable paciencia mientras procuramos entregar estas explicaciones de voto, que en ocasiones pueden resultar entretenidas, y en otros casos, más bien aburridas para usted. Soy consciente de ello. Pero ése es el gran contraste en este lugar.
Ahora, hablemos de la competencia fiscal. Nos referimos aquí a la creación del mayor mercado único del mundo, a la transformación de la UE en la economía más competitiva del planeta, y a la competencia mundial y, sin embargo, ¿qué hacemos cuando se trata de la competencia fiscal? Bien, como se señala en realidad en la exposición de motivos, la mejor manera de abordar el problema de la competencia consistiría en una armonización plena.
Así que aquí estamos, percibiendo la competencia como un problema, mientras que, al mismo tiempo, hablamos de la necesidad de una economía más competitiva. Ésta no debería ser una competencia de la UE. Es competencia de los Estados miembros, y debemos dejarlo como está, porque el mejor modo de garantizar la existencia de una economía competitiva es asegurarse de que tenemos competencia fiscal, no armonización.
Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Señor Presidente, he votado en contra. La Unión Europea no tiene ningún interés en financiar a Iraq. Existen otros países en Europa mismo que se beneficiarían mucho más de tal ayuda. En el informe de Caritas Europa se pone de relieve que, en 14 países europeos, incluidos Polonia, Austria, Alemania y el Reino Unido, los padres solteros, y en especial las mujeres, se ven particularmente afectados por la pobreza.
De acuerdo con un informe de la UE, Polonia, con un 26 %, presenta el mayor porcentaje de niños que viven en condiciones de pobreza del conjunto de países de la Unión. Un polaco de cada cinco (19 %) subsiste por debajo del umbral de pobreza. Además, el 22 % de los niños polacos con al menos un padre que trabaja se ven amenazados por la pobreza. Ésa es la cifra más alta de Europa. Sobre el 13 % de los polacos con empleo pesa también la amenaza de la pobreza. En Austria, el 47 % de los padres solteros desempleados viven en condiciones de pobreza crónica. Concentremos nuestros esfuerzos en Europa.
- Informe: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)
Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Señor Presidente, ayer, cuando ocupaba usted la presidencia, hice hincapié en cuánto disfruto siempre de la lectura de los informes a cargo de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género en este lugar, y me pregunto por qué existe. Para probar lo acertado de tal duda, tenemos hoy un informe cuyos resultados son más coherentes para alguien que viera demasiados episodios de Prisoner: Cell Block H de niño, que acordes con los datos reales de la situación de las mujeres en las cárceles, y que lleva a plantearse si lo tratado en el informe debe ser competencia de esta Cámara en cualquier caso.
Por ejemplo, en el considerando Q, se afirma: «mientras que el aumento de la cifra de mujeres en prisión se debe en parte al empeoramiento de las condiciones económicas que afrontan éstas». Creo, y he comprobado las estadísticas de varios países de la Unión Europea, que tal cifra aumenta, sencillamente, porque crece la población. De hecho, la proporción de mujeres en las cárceles de toda Europa desciende.
Se afirma asimismo que el acceso a la atención sanitaria de todo tipo deberá proporcionarse con una calidad muy elevada en las cárceles. En efecto, completamente cierto. Pero hay muchas mujeres de edad avanzada en mi circunscripción a las que les encantaría contar con las mismas prestaciones en cuanto a provisión de asistencia sanitaria que se ofrecen a las internas de las cárceles de todo el Reino Unido. Por esta razón me he abstenido en la votación del informe.
Philip Claeys (NI). – (NL) Ayer señalé la incontestable posición de Turquía como Estado miembro aspirante, y este informe viene a confirmar tal situación especial. Durante semanas, Turquía ha bombardeado el norte de Iraq, y una tropa de diez mil soldados turcos ha invadido el país. En lugar de condenar sin ambajes esta agresión, ¿qué hace el Parlamento? Le pide cortésmente a Turquía que respete la integridad territorial de Iraq.
Toda norma, principio, directriz y criterio ha de hacerse a un lado para procurar la adhesión de Turquía, desde los criterios de Copenhague, al derecho internacional y su prohibición del uso de actos de agresión. Turquía se considera por encima de la ley, de toda ley, y esta creencia se ve reforzada constantemente por la actitud de Europa. Un día, la Unión Europea tendrá motivos para lamentar esta postura.
Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, yo era un crítico mordaz e inequívoco de la guerra de Iraq, y contrario a la misma, y sigo siéndolo. No obstante, creo que debemos compensar también los errores cometidos en este caso. En este sentido, en el mundo occidental, tanto Europa, como los Estados Unidos, tenemos el deber de hacer cuanto esté en nuestra mano para lograr la paz y la estabilidad, lo que planteará grandes dificultades. Por este motivo el informe Gomes es excepcional.
Verdaderamente deberíamos aprovechar la oportunidad para apoyar la iniciativa de la señora Záborská a favor de la liberación del arzobispo secuestrado. Lamento que, como resultado de un error de gestión por parte de esta Cámara, la resolución sobre esta cuestión no figure en el orden del día de esta tarde. Es nuestro deber hacer cuanto esté en nuestra mano para ayudar a este representante de una minoría cuya existencia se encuentra amenazada, que ha convivido en paz con sus vecinos musulmanes durante siglos, y que corre el riesgo de padecer un genocidio precisamente en un período en el que somos responsables en Iraq. Ésto no es aceptable, y por ello debemos emprender una acción decidida en este caso.
- Informe: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)
Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Señor Presidente, estoy de acuerdo con gran parte del informe de la señora Panayotopoulos-Cassiotou sobre la situación de las mujeres en prisión. Las administraciones de las cárceles deben garantizar condiciones dignas para los que cumplen penas de cárcel o se encuentran en situación de detención temporal.
Quiero llamar la atención respecto a la situación de las mujeres empleadas en los servicios de las cárceles. En Polonia, 5 000 de los 30 000 funcionarios de prisiones son mujeres. La remuneración de estos funcionarios no excede de 500 euros al mes. Dada la función ejercida por el personal de prisiones para garantizar que las sentencias se cumplan debidamente, es importante que la mayoría de los funcionarios que tratan con presas sean de su mismo sexo. De este modo, se atenúa la incomodidad de las presas y se garantiza una mejor protección de sus derechos. Sin un incremento significativo de la remuneración y una mejora de las condiciones de trabajo en los servicios de prisiones, no alcanzaremos los objetivos consignados en el informe.
Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Señor Presidente, he votado con arreglo a las directrices de mi partido sobre este informe en particular, y en contra de muchas de las enmiendas. No obstante, tengo un problema con el contenido de los considerandos. Uno de ellos reza como sigue: «considerando que es necesario crear una fuerza nacional para el mantenimiento del orden que reúna a todas las comunidades consideradas de confianza por las mismas». Se refiere a la población de Iraq, a la fuerza nacional creada, supongo, por la población del país.
Uno se pregunta en realidad cuánta determinación han puesto hasta la fecha los Estados miembros que componen el Parlamento Europeo en tal iniciativa. Basta con considerar cuántas personas han respaldado los esfuerzos realizados en Iraq, se crea en ellos o no. Como nosotros sí creemos, deberíamos tratar de resolver los problemas que hemos causado.
Considero en realidad que esta resolución pone de relieve cómo el intento por contar con una política exterior y de seguridad de la UE armonizada en el futuro nos causará numerosos problemas, tanto en este lugar, como en las capitales de nuestros Estados miembros.
Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, como la mayoría de mi Grupo, he votado en contra de este informe, no por el asunto que aborda, sino porque esta importante cuestión sigue siendo explotada en batallas ideológicas acerca de los conceptos de salud y derechos sexuales y reproductivos.
Quiero apelar a todos los Grupos de esta Cámara para que pongan fin a esta disputa ideológica, que resulta perjudicial para el tema que se trata. Debemos dejar claro que la salud reproductiva es importante, pero que no tiene nada que ver con el aborto, porque no forma parte de las competencias de la Unión Europea y a cada Estado le asiste el derecho a decidir sus propias leyes al respecto. Ésto es acorde con el principio de subsidiaridad, razón por la cuál el dinero de los ciudadanos europeos no puede utilizarse con fines que algunos Estados miembros de la UE no consideran aceptables por motivos éticos, morales o jurídicos.
Por tanto, debemos dejar definitivamente esta cuestión al margen de nuestras deliberaciones, y concentrarnos en conceptos neutrales que realmente tengan algo que ver con el asunto de la salud, y nada con el del aborto, respecto al que difieren las opiniones en esta Cámara, y en el que yo soy firmemente favorable a la protección del nonato.
David Martin (PSE), por escrito. − Apoyo el informe de Claude Turmes sobre el Fondo mundial para la eficiencia energética y las energías renovables (GEEREF). El GEEREF utilizará fondos públicos limitados para fomentar la inversión privada en proyectos orientados hacia la eficiencia energética y las energías renovables en los países en desarrollo y las economías en transición. Un fondo que ayuda a todos a alcanzar un cierto nivel de eficiencia energética y favorece las energías renovables cuenta con mi apoyo y he votado a favor del mismo.
Rovana Plumb (PSE), − por escrito. − (RO) La resolución alude a la creación de un instrumento financiero innovador para facilitar la ejecución de ciertos proyectos financiados con cargo a este fondo, en vista de la transición a una economía con un bajo nivel de emisiones de dióxido de carbono, y de la adaptación a los efectos del cambio climático.
El desarrollo de este tipo de economía mediante proyectos financiados por el fondo significa la creación de nuevos puestos de trabajo, condiciones equitativas para el desarrollo social y la eliminación de discrepancias. En este sentido, resulta beneficioso el apoyo especial otorgado a las PYME en el acceso a la financiación de sus proyectos GEEREF.
He votado a favor de esta resolución porque creo que estas dos formas de acción, a saber, la atenuación de las emisiones de gases de efecto invernadero, y la adaptación a los efectos del cambio climático, deben desarrollarse en paralelo, mediante políticas coherentes y convergentes con una repercusión positiva en el desarrollo del mercado de trabajo, la creación de nuevos empleos y el crecimiento del PIB.
Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) En términos generales, puede afirmarse que el propósito de este informe es promover la integración de los «nuevos» Estados miembros en la política exterior de la UE, y en particular, en la «política de cooperación al desarrollo» y la «política europea de vecindad».
En el informe se considera asimismo que los «nuevos» Estados miembros representan una oportunidad para que la UE refuerce su presencia estratégica en las regiones de Europa oriental, Asia central y el Cáucaso, con las que estos nuevos Estados miembros mantienen relaciones prioritarias y que han recibido menos «ayuda» de la Unión hasta la fecha.
Se trata entonces de procurar utilizar la relación privilegiada de los países de Europa oriental que se incorporaron a la UE en 2004 a modo de instrumento de intervención de la Unión (teniendo en cuenta los intereses de las principales potencias y sus grandes grupos económicos y financieros, sobre todo en el sector energético) en los países de la Comunidad de Estados Independientes, los Balcanes occidentales y el Cáucaso.
Es decir, tratar de aprovechar la «experiencia» de estos países en cuanto a la «transición» al capitalismo, y a la incorporación a la OTAN y a la UE, como modelo a seguir en dichas regiones. Ésto es en última instancia lo que está en juego: una política que oculta los intereses del capitalismo bajo una pátina de «desarrollo».
David Martin (PSE), por escrito. − Apoyo el informe de Danutë Budreikaitë sobre el reto de la política de cooperación al desarrollo para los nuevos Estados miembros. Aunque los nuevos Estados miembros de la UE, excluidos Malta y Chipre, ofrecen conocimientos técnicos especializados singulares para la aplicación y la orientación de la política de desarrollo en nuestros países vecinos situados al este, debemos promover activamente su relación con el África subsahariana y otros PMD. Nuestros nuevos miembros refuerzan el papel de la UE como interlocutor mundial, y deben recibir todo el apoyo pertinente en el ejercicio de tal función. El informe y sus recomendaciones cuentan con mi respaldo.
Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) El mero hecho de que debatamos el papel de los nuevos Estados miembros en las políticas de cooperación y desarrollo de la Unión Europea, en particular, respecto a los países de África, el Caribe y el Pacífico, es prueba evidente del éxito del proceso de ampliación y de la integración de los países que se han incorporado en los últimos años.
Indudablemente, los «antiguos países de Europa oriental» contaban con una prolongada tradición de «cooperación» con África, y puede que los vínculos permanezcan, aunque en términos completamente diferentes. En cualquier caso, la cuestión más pertinente es que estos países, que luchan aún valientemente para afrontar los costes de sus reformas, son capaces ahora de contribuir a la cooperación y al desarrollo con el consentimiento activo de sus poblaciones. Este ejemplar paso adelante puede ser seguido por otros países en circunstancias en gran medida similares en otras regiones del mundo, y confíamos en que así sea.
Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. − (PL) Voy a votar a favor del informe de la señora Budreikaitë sobre el reto de la política de cooperación al desarrollo de la UE para los nuevos Estados miembros.
Se trata de un informe de gran calidad, en el que figura un análisis pormenorizado de la situación actual de la cooperación al desarrollo que llevan a cabo los nuevos Estados miembros, las instituciones y los programas intervinientes, los países receptores y las contribuciones financieras pertinentes.
Entre las cuestiones que se abordan en el informe se hace hincapié en las relaciones entre los Estados miembros de la UE y sus nuevos vecinos del este. Los nuevos Estados miembros tienden puentes de gran relevancia entre la UE y sus nuevos vecinos.
Yo, personalmente, haría un llamamiento por el desarrollo de formas eficaces de cooperación entre los antiguos y los nuevos donantes a favor de los países menos desarrollados, aprovechando la influencia predominante de los nuevos Estados miembros en determinadas regiones y países.
Edite Estrela (PSE), por escrito. − (PT) He votado a favor del informe de la señora Gill sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y el Consejo sobre la participación de la Comunidad en un programa de investigación y desarrollo. Este programa procura el fomento de la calidad de vida las personas de edad avanzada mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La participación de la Unión Europea en este programa garantizará que se encuentre mejor capacitado para abordar los retos demográficos.
La utilización de TIC puede ayudar a estas personas a ganar en independencia y mantenerse sanos, y puede mejorar su calidad de vida.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Hemos votado a favor de este informe, en el que se aborda la propuesta de la Comisión Europea sobre la participación de la UE en el programa de investigación y desarrollo que varios Estados miembros de la Unión han decidido establecer en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información (TIC), con el fin de ayudar a las personas a medida que envejecen, y capacitar a éstas para actuar eficazmente. El programa se titula Ambient Assisted Living (Asistencia a la autonomía a domicilio), y con él se pretende obtener sinergias en términos de gestión y recursos financieros. Portugal también participa.
En el informe, que el Parlamento Europeo ha aprobado ya, se llama la atención respecto a la promoción del papel de las mujeres en la ciencia y la investigación, se formulan propuestas concretas a este respecto, y se hace hincapié en la participación de las PYME y en el acceso equitativo para todos los Estados miembros a soluciones eficaces desde el punto de vista de los costes, con el fin de evitar la ampliación de la brecha digital y, por ende, la creación de una Europa de dos velocidades.
Se propone además que la Comisión lleve a cabo una evaluación provisional para 2010, con el fin de valorar la calidad y la eficacia de la ejecución del programa.
Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Me gustaría realizar dos comentarios sobre el informe Gill, que trata en esencia de la organización de programas de investigación con vistas a procurar una mayor independencia de las personas de edad avanzada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación.
El primero atañe a la sustancia de las propuestas: resulta difícil imaginar qué valor añadido aporta la Unión Europea a un proyecto iniciado, con toda legitimidad, por varios Estados miembros, aparte del de provocar que el proceso sea más burocrático y establecer un nuevo órgano comunitario. La dotación financiera de la Unión en este caso, cifrada en 150 millones de euros a lo largo de varios ejercicios, menos los costes de explotación del referido nuevo órgano, no parece constituir un argumento irrebatible.
Mi segundo comentario atañe a la forma de las propuestas. Cada vez es más común que los informes legislativos se presenten en esta Cámara en forma de solución de compromiso entre el Parlamento y el Consejo (la idea es agilizar el proceso facilitando su aprobación en primer lectura). Sin embargo, en la práctica, lo que observamos es el órgano legislativo convertido en rehén por un puñado de negociadores expertos. Considero la generalización de esta práctica como una amenaza a la democracia.
Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe en el que se propone la participación de la Unión Europea en el programa de investigación y desarrollo sobre Ambient Assisted Living (AAL) (Asistencia a la autonomía a domicilio) que ha sido emprendido conjuntamente por diversos Estados miembros y países terceros.
El envejecimiento de la población constituye un reto para la sociedad y la economía de Europa. La esperanza de vida media actualmente asciende a 80 años, y el número de personas en el segmento de edad comprendido entre los 65 y los 80 años aumentará en torno a un 40 % entre 2010 y 2030.
Emergen nuevas soluciones para ayudar a afrontar la pérdida de memoria, las deficiencias de visión, capacidad auditiva, o movilidad, o la pérdida de independencia, que es más probable que nos afecten a medida que envejecemos.
La participación de la Unión Europea en el programa se prevé en el contexto del séptimo Programa marco de investigación y desarrollo de la Comisión Europea. La Unión Europea proporcionará 150 millones de euros para cofinanciar proyectos que ejercerán un efecto de apalancamiento de un valor mínimo de 600 millones de euros entre 2008 y 2013.
Los países que participan en el programa AAL deben contribuir asimismo a financiar éste mediante la realización de una contribución equivalente o superior, lo que significa que cada país invertirá al menos el 20 % de su presupuesto nacional de investigación en este campo.
Mieczyslaw Edmund Janowski (UEN), por escrito. − (PL) He votado a favor del informe de la señora Gill (A6-0027/2008) «Refuerzo de la calidad de vida de las personas de edad avanzada», con el que se pretende promover el uso de tecnologías de la información y la comunicación como medio de apoyo a la población de edad avanzada.
Como sabemos, nuestras sociedades se ven marcadas por una esperanza de vida cada vez mayor. Tal tendencia es muy positiva. El promedio de la UE se sitúa actualmente en 80 años, y la proporción de personas en el segmento de edad de 65 años o más alcanzará en breve el 40 % del total. Las tecnologías en cuestión pueden ayudar de manera significativa a tales personas en diversas situaciones, incluida la prolongación de la actividad profesional y social, y la mejora de la calidad de vida. Lógicamente, las necesidades específicas de los discapacitados también deben tenerse en cuenta, y el acceso a dichos servicios y tecnologías ha de asegurarse fundamentalmente a través de la provisión de conexiones de Internet de banda ancha, tanto en áreas urbanas, como rurales, con el fin de evitar la discriminación geográfica.
Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. − (DE) Estoy a favor de la cofinanciación por la Unión Europea del programa «Ambient Assisted Living», puesto que éste beneficiaría no sólo a las personas de edad avanzada, sino también a otros grupos de población, como los que padecen discapacidades. Precisamente por el notable cambio demográfico en la población europea y la creciente esperanza de vida a lo largo de las últimas décadas, debemos apoyar la disposición de nuevas tecnologías de la información y la comunicación que faciliten de manera considerable a las personas de edad avanzada la superación de los obstáculos que afrontan a diario. En lo que atañe a la reducción general de costes en el sector de la salud como resultado del uso de estas nuevas tecnologías, llamaría asimismo su atención respecto a la investigación en sistemas «móviles de vigilancia de la salud», cuyo uso reduciría los costes sanitarios anuales en 1 500 millones de euros, sólo en Alemania.
Permítanme subrayar que una de las ventajas de la cofinanciación es que ésta también ejercerá un efecto positivo en el sector privado, ya que asistirá de manera indirecta a las pequeñas y medianas empresas.
Apoyo decididamente el Programa conjunto AAL, puesto que el uso de nuevas tecnologías hace posible un respeto continuo por la vida privada de las personas de edad avanzada, y permite a éstos envejecer con dignidad.
David Martin (PSE), por escrito. − Respaldo el informe de Nina Gill titulado «Refuerzo de la calidad de vida de las personas de edad avanzada». Mediante la puesta en común de recursos y la coordinación de la investigación y el desarrollo a escala europea, somos más capaces de evaluar el modo de mejorar las vidas de nuestros ciudadanos de edad avanzada. Al establecer una contribución mínima, garantizamos la participación de todos los Estados miembros en la atención a esta causa. Deseo felicitar a la ponente por su informe, y apoyo las recomendaciones contenidas en el mismo.
Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. − (SV) Hemos optado por apoyar el informe en su totalidad porque, en nuestra opinión, la UE debe priorizar la acción relativa a la competencia fiscal insana en el sector del combustible, en particular con vistas a habilitar a la UE para alcanzar sus objetivos en el ámbito del clima.
La propuesta de armonización fiscal tampoco evitaría que determinados Estados miembros elevaran sus impuestos relacionados con el CO2 sobre la gasolina y el gasóleo.
Ésta es otra razón importante para respaldar el informe.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Con esta propuesta de directiva se pretende estrechar las diferencias de precios del combustible entre los diversos Estados miembros, que llevan a distorsiones en términos de competencia y medio ambiente en el ámbito de la actividad del transporte por carretera. De hecho, la diferencia en los precios del gasóleo utilizado como combustible de automoción y de la gasolina sin plomo es significativa.
De ahí su importancia para Portugal, uno de los países en los que esta situación se hace sentir, teniendo en cuenta las diferencias de precio entre nuestro país y España: las empresas portuguesas sufren la competencia de las españolas, dado que estas últimas se benefician de unos menores precios del combustible (éste representa en torno al 30 % de los costes) a causa de un impuesto sobre el combustible (y un IVA) inferiores.
Las empresas portuguesas han justificado el estancamiento de los salarios fijos de los trabajadores aludiendo a esta presión sobre los costes, con graves consecuencias para los trabajadores.
La propuesta del Parlamento Europeo es más positiva, porque elimina los períodos transitorios contemplados en el artículo 18, un aspecto muy importante en la situación actual, en la esperanza de que ésto haga posible la reducción de la diferencia entre Portugal y España en 2010, dado que este país tendrá que elevar su impuesto sobre el combustible de 302 a 330 euros en el caso del gasóleo. La aproximación continuará en 2012 y 2015. En el caso de la gasolina sin plomo, por desgracia, no se producirán cambios por esta vía.
Robert Goebbels (PSE), por escrito. – (FR) He votado en contra del informe Schmidt porque lo que ha emprendido el Parlamento Europeo en este caso, en lugar de apoyar la iniciativa de la Comisión, es una especie de juego de manos con el que se enfrenta a los antiguos con los nuevos Estados miembros. En cualquier caso, la decisión corresponderá en última instancia únicamente a los ministro, y tendrá que ser unánime.
Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Impuestos más altos y más controles: ¡ésa es la receta de Bruselas para Europa! La armonización de los impuestos especiales, como la del IVA mediante la imposición de tipos mínimos vinculantes como los que hemos mantenido durante 15 años, es manifiestamente ineficaz, totalmente innecesaria y, en algunos casos, hasta perjudicial.
¿Es necesario que les recuerde que medidas como ésta impiden a los Estados miembros reducir, por ejemplo, el IVA en el sector de la restauración, aún cuando se trata de un sector en el que el argumento relativo a la distorsión de la competencia transfronteriza es especialmente endeble, y la reducción del IVA podría contribuir a la creación de miles de puestos de trabajo? ¿Es necesario que les recuerde que los nuevos Estados miembros se ven obligados a aplicar subidas de impuestos que sus poblaciones consideran exorbitantes, para cumplir la normativa europea, mientras que, al mismo tiempo, se les exige, con arreglo a otras normas europeas, que recorten sus tasas de inflación?
La propuesta en cuestión consiste en elevar los impuestos sobre el gasóleo de conformidad con el impuesto sobre la gasolina sin plomo, siendo el pretexto de tal medida un deseo de proteger el medio ambiente y la presunta necesidad de combatir el «turismo fiscal», término con el cual nos referimos a gente ordinaria que aprovecha la competencia. Se trata de una situación tanto más escandalosa cuanto que se ha alentado a los conductores de un país como Francia a adquirir vehículos con motor de gasóleo, ¡supuestamente para que podamos «machacarles» ahora con mayor fuerza que nunca!
Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Con esta explicación de voto se pretende subrayar que, una vez más, desperdiciamos una oportunidad a escala de la UE (dado que existe el mecanismo) para emprender acciones encaminadas a proteger la pesca costera de pequeña escala, al dejar de aplicar a la gasolina al menos las mismas condiciones de tributación de las que disfrutan los usuarios del gasóleo para la agricultura y la pesca. Cabe recordar que la gasolina es el combustible utilizado por las embarcaciones en este importante segmento, y el de mayor tamaño, de las diversas flotas de los Estados miembros, y en especial de Portugal.
En su resolución del 28 de septiembre de 2006 sobre la mejora de la situación económica en el sector pesquero, el Parlamento Europeo, considerando que el aumento de los precios del combustible ejerce un efecto especialmente negativo en dicho sector, que agrava de manera significativa la crisis socioeconómica existente y reduce drásticamente los ingresos de los pescadores, y subrayando que existe un grave riesgo de desaparición de miles de empresas pesqueras y de pérdida de miles de puestos de trabajo, adoptó una serie de propuestas en apoyo al sector, de modo que éste pudiera hacer frente a la subida de los precios del combustible. Un año y medio después, aparte del incremento de la ayuda de «minimis», no se ha hecho prácticamente nada a escala de la UE.
David Martin (PSE), por escrito. − El objetivo del informe de Olle Schmidt titulado «Tributación de la gasolina sin plomo, el gas y el petróleo» es abordar las disparidades de los impuestos especiales sobre el combustible en el conjunto de la Unión. El desequilibrio actual ha incentivado el turismo del combustible, que tiene ramificaciones económicas y medioambientales. Es necesario adoptar medidas para garantizar que se desaliente tal práctica. En cualquier caso, soy consciente de las necesidades de los nuevos Estados miembros inmersos aún en el proceso de desarrollo económico, que requerirán tiempo para adaptarse a las medidas propuestas. He votado a favor de este informe.
Pierre Pribetich (PSE), por escrito. – (FR) El objeto de la propuesta de la Comisión era introducir medidas para reducir las emisiones de CO2, de conformidad con los fines declarados del paquete de medidas sobre energía y cambio climático. Sin embargo, ni en la propuesta de la Comisión, ni en el informe aprobado hoy se aborda la necesidad urgente de desarrollar un combustible capaz de contribuir de manera efectiva en la lucha contra las emisiones de CO2. La disparidad de los ajustes planificados, y el modo en que deben difundirse, tanto en el tiempo, como geográficamente en el conjunto de la Unión, harán que las medidas propuestas resulten ineficaces.
Si pretendemos verdaderamente iniciar una «era de aire limpio», debemos ser más imaginativos desde el punto de vista medioambiental y apoyar medidas que nos permitan abordar la perturbación del clima eficazmente. El planteamiento basado en la modificación de los impuestos y propuesto por la Comisión y en el informe de Olle Schmidt no promueve ni la investigación, ni el concepto de un nuevo combustible alternativo para reducir las emisiones de CO2.
Deseo adoptar hoy una clara posición en contra de los planteamientos de este informe, y por esta razón he votado en contra de lo que constituye, sencillamente, una solución de compromiso que subvierte el objetivo declarado.
Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) En el informe Gomes se constata la dramática y difícil situación en que se encuentra Iraq. Las organizaciones no gubernamentales y los diversos organismos responsables de reconstruir la región, en la práctica, no consiguen resolver los problemas derivados de décadas de guerra, dictadura y sanciones.
En este contexto, es obligación de las instituciones europeas apoyar una estrategia plurifacética respecto a Iraq que aumente la ayuda directa de la UE en cuanto a la asistencia técnica para promover el Estado de derecho, la justicia, y una gestión financiera sólida, con el fin de salvaguardar los derechos humanos fundamentales mediante la consecución de estabilidad y seguridad en la región.
Por tanto, el Parlamento insta al Consejo a promover la inversión a cargo de empresas europeas en territorio iraquí, y a entablar negociaciones sobre el acuerdo comercial entre la UE e Iraq, de manera que pueda avanzarse en la adecuación del mercado iraquí a la reglamentación europea.
En esencia, en la propuesta del Parlamento Europeo, con la que convengo plenamente, se sugiere la adopción de una nueva estrategia respecto a Iraq que comprenda el uso apropiado del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (EIDHR), y el apoyo a un sistema de información pluralista e independiente.
Como ponente de la Comisión de Desarrollo para el informe Erasmus Mundus 2009-2013, trabajaré ahora para elevar el crédito financiero asignado a Iraq: la difusión de la cultura constituye un paso fundamental para la creación de un auténtico Estado de derecho.
Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) La resolución adoptada logra la «asombrosa» hazaña de no contener ni una sola referencia a la agresión y la ocupación brutal e ilegal de Iraq por parte de los Estados Unidos y sus aliados.
En la resolución se disculpa la cifra total de muertes de muchos cientos de miles de iraquíes, la destrucción de todo un país y el incumplimiento premeditado y generalizado de los derechos humanos resultante de la agresión y la ocupación.
En la resolución se guarda pleno silencio respecto a la razón primera y principal de los problemas extremadamente graves que afrontan actualmente el pueblo iraquí y su país y, por tanto, respecto al modo de resolverlos: la retirada inmediata de todas las tropas de ocupación.
En esencia, la resolución respalda el statu quo, presentando éste como un hecho consumado, y pretende promover una mayor participación de la UE en la intervención en Iraq, al considerar a este país como otro «Estado supervisado» por los Estados Unidos, la OTAN y la UE, como Afganistán y Kosovo. Resulta asombroso, en cuanto que, al mismo tiempo, se considera que los países vecinos deben abstenerse de toda injerencia en Iraq, y han de respetar su independencia, soberanía e integridad territorial, así como el deseo del pueblo iraquí de construir el sistema constitucional y político del país por sus propios medios.
De ahí nuestro voto en contra.
Jean Lambert (Verts/ALE), por escrito. − He votado a favor de este informe, a pesar de la opinión manifestada en uno de los considerandos, según la cuál, todos los problemas en Iraq se deben al régimen anterior. No cabe duda de que Saddam Hussein fue un dictador despiadado y causó la muerte de muchos de sus compatriotas, por no mencionar el intento sistemático de aniquilar a los kurdos. Sin embargo, la ausencia total de una estrategia de las fuerzas de ocupación para abordar la reconstrucción del país ha provocado asimismo una miseria indecible.
En cualquier caso, me complace enormemente que el Parlamento haya adoptado la postura de que ningún país deba ser obligado a devolver población a Iraq. El país no es seguro, ni siquiera el Kurdistán iraquí, en el que se ha asistido recientemente al cruce de sus fronteras por tanques turcos, lo que ha provocado más temor e inestabilidad. Miembros de muchos partidos en el Parlamento iraquí nos dijeron que el regreso es peligroso, y puede dar lugar a la desestabilización del país. También tuvimos noticia en la Subcomisión de Derechos Humanos de la grave situación de los millones de iraquíes que viven como refugiados en países vecinos con escasa ayuda de la comunidad internacional. Debemos asistir a los servicios públicos en tales Estados y, al menos, educar a los niños.
Patrick Louis (IND/DEM), por escrito. – (FR) Los representantes del Movimiento por Francia en el Parlamento Europeo han adoptado una postura coherente desde el inicio de la intervención de Estados Unidos en Iraq. La propia experiencia de nuestro país, y sus vínculos con el pueblo iraquí nos alertó de la catástrofe humana, militar y moral que traería la intervención.
Ahora el daño está hecho y le corresponde a los Estados miembros actuar, ya sea de manera individual o colectiva, para rescatar y restaurar aquéllo que pueda salvarse. Antes de la intervención de Estados Unidos, Iraq era el único país musulmán que albergaba una amplia y próspera comunidad cristiana, una comunidad que había vivido en Iraq incluso antes de la llegada del Islam.
Una de las consecuencias más trágicas de la intervención de Estados Unidos ha sido el éxodo de parte de dicha comunidad, provocado por el terror y la intimidación. Es una calamidad para Iraq, ahora y en el futuro. Desde una perspectiva más general, la rápida erosión de una combinación de comunidades religiosas en Oriente medio representa un empobrecimiento humano y económico y amenaza la estabilidad y la prosperidad del conjunto de la región.
El historiador Fernand Braudel considera que la Historia comenzó en Sumaria, pero parece que, hoy en día, la prolongada tradición de minorías cristianas en Iraq toca a su fin. Nosotros, las naciones de Europa, sencillamente no podemos consentir esta inmensa injusticia dejando de actuar.
Las comunidades cristianas iraquíes se mostraron en su momento abiertas y receptivas respecto al Islam, y junto con sus vecinos musulmanes, construyeron un país que era próspero antes de que el fanatismo y las guerras hicieran estragos.
(Explicación de voto interrumpida con arreglo al artículo 163)
David Martin (PSE), por escrito. − Me complace comprobar que en el informe de Ana Gomes sobre el papel de la UE en Iraq se refleja el deseo de construir un estado iraquí sólido y democrático, y se formula una estrategia para lograrlo, en el que se respeten los derechos humanos y la rica composición étnica y confesional del país. Iraq necesita a Europa para que le ayude a construir sobre la base de las recientes mejoras en materia de seguridad, que contribuirán en gran medida a alentar la inversión y el refuerzo de la participación de ONG en la reconstrucción del país. Toda Europa tiene interés en un Iraq estable y seguro, y creo que en las recomendaciones del informe se tiene en cuenta tal interés.
Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Con el informe se pretende garantizar que la UE obtenga una cuota mejor del botín imperialista derivado de la guerra contra Iraq y las intervenciones en el conjunto de la región de Oriente Medio. En este contexto:
se procuran vías y medios para establecer una presencia de la UE en el país a largo plazo, con el fin de «ayudar a las empresas europeas a licitar por contratos para la reconstrucción de Iraq», es decir, para ampliar la proporción de los botines recibidos por los monopolios de la UE;
se realiza un llamamiento a favor de la ayuda incondicional al «gobierno» colaboracionista de Iraq;
se proponen estrategias para la participación activa en la ocupación imperialista. Para que las fuerzas militares y policiales formen parte de los ejércitos de ocupación, todo lo que se necesita es un cambio de gorras y que se modifique la denominación por la «fuerzas de las Naciones Unidas».
Por tanto, aunque se reconocen cínicamente las consecuencias catastróficas de la guerra y la matanza del pueblo iraquí, en el informe se afirma a la ligera que se ha puesto fin a los acontecimientos.
En el informe se legitiman no sólo los ejércitos de ocupación, a los que se denomina «fuerza multinacional», sino incluso las empresas privadas de asesinos activas en Iraq, siempre que se promulguen normas que regulen sus actividades delictivas.
El Partido Comunista de Grecia condena el informe. Expresa su solidaridad con la resistencia de los iraquíes y con la lucha de los pueblos de la región por la liberación del yugo imperialista de ocupación, y por su derecho inalienable a decidir su propio destino.
Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) El hecho de que el Parlamento haya decidido debatir el futuro del papel de la Unión Europea en Iraq, en lugar de insistir en un debate sin sentido sobre cuestiones del pasado, es positivo. Los cinco años que revisten importancia para nosotros son los próximos, y no los pasados.
El punto de partida de cualquier debate sobre esta cuestión ha de consistir en reconocer que la situación sobre el terreno ha mejorado significativamente, aunque sigue siendo muy grave. Lo que pone de relieve tal mejora en particular es que existe una manera viable de avanzar en el objetivo de construir un estado democrático y seguro. Nuestro objetivo puede alcanzarse. No obstante, la experiencia acumulada en años recientes también pone de manifiesto que tal objetivo sólo se logrará con un mayor compromiso, el refuerzo de la seguridad, la inversión en la formación de las autoridades iraquíes, y en especial, la contribución activa a la creación de infraestructuras que procuren la viabilidad de la economía del país, aparte del petróleo. En el caso concreto de la Unión Europea, ésto exige una fuerte inversión en la reconstrucción económica de Iraq, así como en la consolidación de la democracia en el país. Un Iraq democrático y seguro, en el que se respeten los derechos humanos, es fundamental para la región, y para el mundo.
Karin Scheele (PSE), por escrito. − (DE) Lógicamente, sé que votamos en el Pleno el proyecto de informe a cargo de mi colega Ana Gomes sobre el papel de la Unión Europea, y no su exposición de motivos del mismo. Sin embargo, creo que es importante que, en dicha exposición, la ponente subraya una vez más el hecho de que la invasión de Iraq fue una catástrofe estratégica y humanitaria, y que la sociedad iraquí resultó traumatizada otra vez por la guerra y la posterior situación de caos y violencia.
Acojo favorablemente el hecho de que, además de todos los demás aspectos relevantes que plantea, la ponente aluda explícitamente a la necesidad de garantizar que las mujeres desempeñen un papel más importante, y de promover el respeto por los derechos de las mujeres, de las minorías y de los niños si se pretende realizar una buena labor en Iraq.
Bart Staes (Verts/ALE Group), por escrito. − (NL) Me parece lamentable que el Parlamento Europeo no haya realizado hasta la fecha ningún análisis de la guerra en Iraq. De hecho, en los últimos años, el Parlamento ha mantenido un silencio atronador, y ni siquiera ha cuestionado las mentiras pronunciadas por el Gobierno Bush. Para una institución democrática como el Parlamento, se trata de una omisión muy relevante. Será difícil que mantengamos nuestra credibilidad si ni siquiera actuamos contra los miembros de las Naciones Unidas que infringen la Carta de este organismo.
La señora Gomes nos brinda una evaluación de la situación en Iraq. Su informe sobre el papel de la Unión Europea en dicho país comprende varias recomendaciones acertadas para la reconstrucción de Iraq. Aborda varias cuestiones, y todas las medidas propuestas me parecen alcanzables. Acojo con especial agrado las propuestas relativas a iniciativas multilaterales, bajo la supervisión de las Naciones Unidas, encaminadas a entablar conversaciones diplomáticas intensivas entre los Estados Unidos y los vecinos de Iraq. El fin ha de consistir en establecer la democracia en Iraq, sobre la base de los principios del Estado de derecho, la buena gobernanza y los derechos humanos. Por tanto, apoyo el informe.
Anna Záborská (PPE-DE), por escrito. – (FR) En el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra se estipula que el personal humanitario, médico y religioso ha de ser respetado y protegido.
Es primordial que apoyemos el caso de Monseñor Paulos Faraj Rahho, Arzobispo católico caldeo nacido y residente en Mosul, que fue secuestrado el viernes 29 de febrero de 2008.
Las tres personas que le acompañaban en el momento del secuestro fueron asesinadas por los secuestradores.
No fue posible, en una enmienda oral al informe Gomes, mencionar por su nombre a Monseñor Rahho.
Por esa razón, le pediría explícitamente al Presidente que envíe dos cartas de apoyo y ánimo en nombre del Parlamento:
- una al Primer Ministro shii de Iraq, Nouri al-Maliki, que ha condenado los atentados contra el clero cristiano y ha ofrecido, en nombre del Gobierno iraquí, «protección y justicia» para los cristianos, con la seguridad de que los responsables de los actos de violencia serán perseguidos y castigados;
- la otra, al Vicepresidente de Iraq, Tareq al-Hashemi, miembro de la comunidad suní, que ha denunciado también los atentados terroristas contra comunidades cristianas en términos inequívocos, y que, tras el secuestro, manifestó su solidaridad con los que denominó «nuestros hermanos cristianos».
Es vital que animemos a las autoridades nacionales a hacer cuanto esté en su mano para lograr la liberación inmediata e incondicional de Monseñor Paulos Faraj Rahho.
- Propuesta de resolución: Código de Conducta europeo sobre exportaciones de armas (RC-B6-0063/2008)
Glyn Ford (PSE), por escrito. − Voy a apoyar esta resolución. Es esencial, como señalé en mi informe de hace más de una década, que contemos con una base jurídica vinculante para nuestro código de conducta sobre exportaciones de armas.
Sin embargo, el imperativo por exportar se ve impulsado por una industria europea dividida, desesperada por disponer de una producción amplia que le permita competir con el armamento de producción en masa procedente de los Estados Unidos únicamente con la demanda interna de producción en lotes.
En este sentido, necesitamos disponer de un mercado único de los equipos de defensa que permita a Europa, en primer lugar, competir, en segundo lugar, dejar de alimentar guerras regionales en todo el mundo, y en tercer lugar, trasladar a algunos de sus científicos e ingenieros de más alta cualificación a los sectores de las nuevas tecnologías avanzadas del mañana.
Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Algunos Estados miembros tienen intereses propios en la promoción de las exportaciones de armas. Por tanto, si se elabora un código de conducta común respecto a las exportaciones de armamento, es probable que ciertos Estados miembros con una política más restrictiva se vean obligados a transigir.
Consideramos que la vigilancia de las exportaciones de armas se lleva a cabo mejor por cada Estado miembro actuando con arreglo a su respectiva legislación nacional. Suecia debe seguir teniendo derecho a aplicar una política restrictiva respecto a las exportaciones de armas si así lo desea. La cooperación es deseable para lograr un mayor avance en la labor global de desarme, pero éste se consigue mejor en el ámbito internacional en el contexto de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta la experiencia, los conocimientos técnicos especializados y el alcance mundial de esta institución.
Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Indudablemente, un código de conducta de la UE sobre exportaciones de armas que sea eficaz cobra cada vez mayor importancia en el contexto de su rápida militarización, que se refleja en el proyecto de Tratado que se ratifica actualmente en cada Estado miembro.
No sin una cierta ironía, en la propia resolución se alude específicamente a «la política europea de seguridad y defensa (PESD) en evolución, en cuyo marco se llevan a cabo cada vez más misiones militares y civiles de la UE (…) en las que el personal de la Unión puede verse amenazado por armas previamente suministradas por los Estados miembros de la UE».
El «mercado de equipos militares» se expande en la UE, se fomentan «varias iniciativas encaminadas a armonizar las políticas nacionales de adquisición de armas, así como las transferencias y ventas de armas intracomunitarias», y existe una «disposición a reforzar las exportaciones de armas como instrumento para promover intereses económicos».
Se ha establecido la consigna: una carrera armamentística, y la militarización de las relaciones internacionales.
Las iniciativas y medidas con las que se pretende, al menos, atenuar tal escalada son por tanto positivas y necesarias. No obstante, como señalamos anteriormente, la regulación del comercio de armas será mucho más significativa si se acompaña de un proceso de desarme multilateral y recíproco, comenzando en particular por el desmantelamiento de los enormes arsenales nucleares.
Geoffrey Van Orden (PPE-DE), por escrito. − La Delegación Conservadora del Reino Unido ha votado en contra de la resolución porque en ésta no se aceptan las referencias al Tratado de Lisboa, ni a la PESD en evolución, y se defiende una postura opuesta a ambos instrumentos. Además, aunque se manifiesta decididamente a favor de una política responsable en materia de tráfico de armas, no existe convencimiento en la resolución respecto a los méritos de un Código de Conducta legalmente vinculante impuesto por la UE, previo a la adopción de un Tratado sobre tráfico de armas vinculante a escala internacional.
- Informe: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)
Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. − (SV) Los socialdemócratas suecos hemos votado a favor del informe, porque es importante que se mejoren las condiciones de las cárceles en ciertas instituciones en Europa, y que se respeten los derechos humanos y fundamentales de los presos. Por otra parte, debe integrarse una perspectiva de igualdad en el tratamiento de los delincuentes y en la gestión de las prisiones. Con todo, mantenemos ciertas objeciones respecto a parte del contenido del informe. No deseamos la armonización de las condiciones de las cárceles en Europa, y mantenemos fuertes recelos respecto a las referencias en el informe a sanciones penales especiales o penas alternativas para mujeres, en general, embarazadas, y mujeres con hijos pequeños. En lo que atañe al contacto de los hijos con sus padres durante períodos de detención y con posterioridad, deben tenerse en cuenta, haciendo hincapié en servir lo mejor posible los intereses de los niños, a ambos padres, y no sólo a la madre o a uno de los progenitores.
Den Dover (PPE-DE), por escrito. − Mis colegas conservadores del Reino Unido y yo creemos que siempre deben considerarse diversas vías para mejorar la situación de las mujeres en prisión. En el informe se proponen distintas posibilidades que podrían sopesarse con mayor detenimiento, incluida la prestación de servicios de salud.
Sin embargo, el informe resulta excesivamente en cuanto a lo que solicita de los Estados miembros en este ámbito. Corresponde a los Estados miembros decidir los pormenores de la política de prisiones. En particular, no podemos convenir con la premisa de los considerandos C y Q, que, en nuestra opinión, distorsiona otros aspectos del informe que pueden tener valor. Por estas razones, hemos decidido abstenernos.
Edite Estrela (PSE), por escrito. − (PT) He votado a favor del informe de la señora Panayotopoulos-Cassiotou sobre la situación específica de las mujeres en prisión y la repercusión del encarcelamiento de los padres en la vida social y familiar, puesto que existen datos que acreditan que las prisiones europeas se orientan en gran medida a los presos varones, y pasan por alto las necesidades concretas de las mujeres.
Por tanto, creo que deben adoptarse medidas para promover la mejora de la situación de las presas, sobre todo en lo que atañe a su reintegración social y profesional, su atención sanitaria e higiene, la prestación de ayuda psicológica y la preservación de los vínculos familiares.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Aunque las mujeres representan del 4,5 al 5 % de la población reclusa en la Unión Europea, las cárceles siguen orientándose fundamentalmente hacia la acogida de presos varones, y tienden a pasar por alto el problema específico del pequeño, pero creciente, porcentaje de presas. Las áreas principales motivo de inquietud son la atención sanitaria, la situación de las reclusas con hijos, y la reintegración profesional y social.
Debe prestarse atención específica a la atención sanitaria de las mujeres, así como a la atención de sus necesidades en materia de higiene. Las reclusas embarazadas en particular requieren recursos y una atención específicos en lo que atañe a la dieta, el ejercicio, la ropa, la medicación y la atención médica prestada por personal especializado.
Los hijos que permanecen con sus madres presas requieren una protección y unos cuidados adecuados, y no deben sufrir ninguna forma de discriminación. El encarcelamiento de mujeres puede tener repercusiones particularmente graves cuando éstas son las únicas cuidadoras de sus hijos previamente a su ingreso en prisión.
La inclusión social de presos debe prepararse durante la estancia en prisión, y a la salida de ésta, con la cooperación de los servicios sociales y otras organizaciones pertinentes, con el fin de garantizar una transición exenta de dificultades de la cárcel, a la libertad.
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. − (SV) Apoyamos la labor realizada en los Estados miembros para modernizar y adaptar la política penal con el fin de atender mejor las necesidades de los detenidos y, como parte de lo anterior, prestar atención a las necesidades específicas de las mujeres.
Dado que la gestión de los infractores no cae dentro de los poderes de la UE, hemos optado por votar en contra del informe. Las medidas relativas a la reglamentación de las visitas, la operación de las instituciones, la formación del personal dentro del sistema penal, las actividades en tiempo de ocio de los detenidos o la asistencia social son, y deben continuar siendo, un asunto propio de los Estados miembros, de forma que puedan ser adaptadas y desarrolladas de acuerdo con las necesidades nacionales y locales.
Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Junilistan apoya muchas de las opiniones vertidas en el informe en cuanto a la observancia de los derechos humanos, la mejora de las condiciones en las prisiones, el respeto por la igualdad entre hombres y mujeres, y la importancia de la reintegración de los delincuentes en la sociedad. Sin lugar a duda, también es enormemente importante que se otorgue la mayor consideración posible a las necesidades del niño en estas situaciones. En cualquier caso, creo que los propios Estados miembros deben determinar la manera en que han de proceder en cuanto al tratamiento de estas cuestiones. En particular, queremos incidir en el derecho de todo Estado miembro a formular su propio derecho penal y, por tanto, también a pronunciar las sentencias pertinentes. Asimismo, la Unión Europea no debe intervenir en la regulación detallada de si una prisión debe disponer o no de un gimnasio, el régimen de visitas o la posibilidad de trabajar durante el internamiento. Son aspectos que deben quedar a la discreción de los Estados miembros y sus votantes, y que han de determinarse mediante el debate público en la sociedad.
Recordaría a todos que los Estados miembros de la UE son estados democráticos que cumplen los criterios de Copenhague.
Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. − (SV) Apoyamos la labor que se realiza en los Estados miembros para modernizar y adaptar la política penal con el fin de atender mejor las necesidades de los reclusos y, como parte de esta tarea, tener en cuenta las necesidades específicas de las mujeres.
Puesto que el tratamiento de los delincuentes no es competencia de la UE, hemos optado por votar en contra del informe. Las medidas relativas al régimen de visitas, la gestión de las instituciones, la formación del personal en el sistema penal, las actividades de ocio de los reclusos o la asistencia social son, y deben seguir siendo, competencia de los Estados miembros, de modo que tales medidas puedan adaptarse y desarrollarse de conformidad con las necesidades nacionales y locales.
David Martin (PSE), por escrito. − Convengo con los resultados esbozados en el informe de Marie Panayotopoulos-Cassiotou sobre la situación de las mujeres en prisión y la repercusión del encarcelamiento de los padres en la vida social y familiar. Las prisiones siguen orientándose a la atención de las necesidades de los reclusos varones, y acojo favorablemente el propósito del informe de hacer hincapié en las diferencias que experimentan las mujeres. Respaldo el informe.
Martine Roure (PSE), por escrito. – (FR) He votado a favor de este informe porque existe una necesidad urgente de adaptar las condiciones de internamiento para atender las necesidades específicas de las mujeres. Incluso en la actualidad, las condiciones de las prisiones en muchos Estados miembros siguen siendo muy deficientes e, indudablemente, no están adaptadas para prestar los tipos concretos de apoyo que requieren las mujeres.
Existen problemas específicos de las reclusas que exigen una atención específica, en especial en lo que atañe al acceso a la asistencia sanitaria.
Por esta razón, apoyé la enmienda presentada por el Grupo Socialista en la que se recogía un llamamiento para que las reclusas dispongan del mismo acceso que otras mujeres a programas de detección de cáncer de pecho y de cuello de útero. El hecho es que el diagnóstico precoz de estas patologías mejora las posibilidades de su curación, por lo que denegar el acceso a tales programas puede imponer, en la práctica, una pena adicional a las reclusas.
Por otro lado, las mujeres siguen ocupando un lugar central en la unidad familiar. En el caso de las madres, siempre que no constituyan una amenaza para el orden público, deberíamos tratar de facilitar la aplicación de formas de sanción distintas del encarcelamiento, en aquellos casos en que resulte posible.
Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) En el área que nos ocupa no existen competencias a escala de la UE. A pesar de algunas propuestas positivas, el informe se ocupa en exceso de una regulación pormenorizada. Por eso he optado por la abstención en la votación.
Nirj Deva and Gay Mitchell (PPE-DE), por escrito. − Al votar respecto a una política que comprende el término «salud sexual y reproductiva», entendemos que éste alude a la protección y el fomento de la vida y la salud y de la madre y el nonato. No aceptamos ninguna otra definición de la que se deduzca que el aborto está contemplado en el significado del término; por otra parte, entendemos que todo cuidado, información, política o cualquier otro servicio relacionado con la salud sexual y reproductiva excluye igualmente el aborto. Trabajaremos para que se acepte esta definición en todos los foros y órganos en los que podamos ejercer influencia.
Tomamos nota de la respuesta dada por la Presidencia del Consejo en el Parlamento el 4 de diciembre de 2003, respecto a que el término salud reproductiva no comprende la promoción del aborto y que, entre otras cosas, el aborto no debe presentarse nunca como método de planificación familiar, en contra de lo que la OMS declara sobre la regulación de la fertilidad. Por tanto, está claro que la definición de la OMS no es vinculante para las instituciones gubernamentales y parlamentarias, y ni siquiera ha sido aceptada por éstas.
Seguiremos apoyando políticas que promuevan prácticas sexuales responsables, y protejan y refuercen la vida y la salud de la madre y el nonato, incluida la contribución a la provisión de recursos para alcanzar estos objetivos.
Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Con este informe por propia iniciativa se pretende integrar la perspectiva de la igualdad en la cooperación al desarrollo de la UE. Junilistan se opone a las ayudas a escala de la UE y, por tanto, vota en contra del informe.
No obstante, varias de las enmiendas que han presentado ciertos Miembros son de una naturaleza menos «amable». El derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva constituye un elemento importante en la promoción del desarrollo. En este caso, hemos optado por apoyar las propuestas originales a modo de compensación de las tendencias desagradables que se dan en este Parlamento. No obstante, el trabajo relativo a estas cuestiones y a la cooperación al desarrollo debe llevarse a cabo, en principio, a escala mundial a través de las Naciones Unidas, no de la UE.
Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Considero que este informe cuenta con varias virtudes, y una de ellas es la de llamar la atención respecto a un problema notable, tanto en la UE, como en los países en desarrollo: la necesidad de garantizar el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva, para garantizar la libertad de decisión y crear y promover servicios públicos capaces de proteger y aplicar los derechos de todos, y en especial, de las mujeres.
En cualquier caso, creemos que debe incidirse en que la mayor contribución a la «igualdad de género y la capacitación de las mujeres en la cooperación al desarrollo» se derivará no de las políticas que promueven relaciones de dependencia y dominación, la liberalización del mercado (véanse los acuerdos de asociación económica (AAE) de la UE, la explotación de los trabajadores, las desigualdades y la injusticia social y la violación de los derechos humanos, que afligen en particular a millones de niños y mujeres, sino de una política de cooperación eficaz, basada en la igualdad de derechos entre Estados, el respeto de la soberanía nacional, y el derecho de cada país a definir y aplicar un modelo de desarrollo que satisfaga las necesidades e intereses de su población, es decir, de una política con la que se interprete la palabra «solidaridad» adecuadamente.
Tunne Kelam (PPE-DE), por escrito. − He votado a favor de esta enmienda porque opino que la lucha contra la violencia, en este caso la violencia sexual contra las mujeres en situaciones de crisis y zonas en conflicto, debe ser una prioridad máxima. La UE no puede tolerar ningún tipo de violencia y, por lo tanto, creo que se debe hacer hincapié en la lucha contra la violencia sexual dirigida contra las mujeres. Además, opino que no se deben contemplar las tradiciones como algo negativo. La salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluidas las dimensiones sociales y religiosas tradicionales, son cuestiones muy delicadas, por lo que no se debe generalizar ni se deben imponer a las sociedades, especialmente las frágiles, en las que los cambios drásticos de los modos de vida tradicionales podrían dañar a la sociedad en vez de reportar beneficios.
Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. − (DE) He votado a favor de la igualdad de géneros y la capacitación de las mujeres en la cooperación al desarrollo.
Las desventajas que sufren las mujeres en los países en desarrollo debido a las normas religiosas, las prácticas culturales y la pobreza a menudo se ven empeoradas por la falta de educación. A este respecto, me gustaría llamar especialmente su atención sobre la gran presión social que, potencialmente, podría generar la concienciación acerca de los derechos básicos de las mujeres, que podría mejorar la situación de las mujeres en las regiones incumbidas.
Además, apoyo la idea de contemplar la «violencia contra las mujeres» no meramente en términos de víctimas femeninas, sino también en lo que respecta a la elaboración de programas prácticos dirigidos al aspecto de los «hombres maltratadores», como se propone en el informe de la señora Uca.
Soy muy crítico con el fracaso de la Comisión consistente en no incluir en su lista de medidas una estrategia dirigida a luchar contra la violencia basada en valores culturales y religiosos que sufren las mujeres.
El escaso acceso a la educación provoca desventajas en otras áreas de la vida personal por la simple razón de que no se dispone de la información necesaria. El que las mujeres estén poco informadas a este respecto puede tener consecuencias letales en los países en desarrollo en los que los servicios sanitarios y el nivel de higiene son, a menudo, pésimos. Me quiero referir al alarmante porcentaje de mujeres infectadas por VIH: al sur del Sáhara el porcentaje es del 57 %.
Una cuestión muy positiva es la solicitud de que se elaboren «indicadores de resultados en materia de género», que podrían suavizar el controvertido asunto de las cuotas.
Maria Martens (PPE-DE), por escrito. − En el marco de la votación sobre una política que incluye el término «salud sexual y reproductiva», entiendo que dicho término debe abarcar la protección y la mejora de la vida y la salud tanto de la madre como del feto. No acepto ninguna otra definición que suponga que el aborto queda abarcado también por el término; y, además, entiendo que todos los cuidados, información, políticas o cualquier otro servicio relacionados con la salud sexual y reproductiva deben excluir, igualmente, el aborto. Deberíamos trabajar con la finalidad de que esta definición se acepte en todos los foros y órganos sobre los que podamos influir.
Me gustaría señalar la repuesta proporcionada por la Presidencia del Consejo en el Parlamento el 4 de diciembre de 2003, en la que se indicaba que el término «salud reproductiva» no incluía la promoción del aborto y, entre otras cuestiones, que el aborto no debía presentarse como un método de planificación familiar, al contrario de lo que dispone la OMS en el área de la reglamentación sobre la fertilidad. Queda claro, por lo tanto, que la definición de la OMS no es vinculante y que ni siquiera es aceptada por las instituciones gubernamentales o parlamentarias.
Seguiré apoyando las políticas que promuevan prácticas sexuales responsables y que protejan y mejoren la vida y la salud de la madre y el feto, así como la provisión de recursos que permitan alcanzar dichos objetivos.
David Martin (PSE), por escrito. − En el informe de Feleknas Uca sobre «la igualdad de género y la capacitación de las mujeres en la cooperación al desarrollo» se acoge con satisfacción la estrategia de la Comisión en esta área. Reitero la aprobación de esta estrategia que persigue la integración de la igualdad de los géneros en la cooperación al desarrollo. He votado a favor del informe.
Véronique Mathieu (PPE-DE), por escrito. – (FR) Si bien la igualdad de género ha sido parte integrante de los programas de cooperación al desarrollo de la Unión Europea desde hace muchos años, el progreso real sigue siendo muy lento. Por consiguiente, la Unión Europea debe establecer objetivos cuantificables en cifras y plazos, de manera que el desarrollo pueda convertirse en el principal motor de la mejora de las condiciones de vida de las mujeres.
A este respecto, la Unión debe centrarse en tres prioridades en todas las asociaciones en la que participe: las libertades fundamentales, la situación de la mujer en la vida pública y el acceso de las mujeres a los cuidados sanitarios.
Por un lado, la Comisión debe vigilar más que nunca las violaciones de la integridad física y la dignidad humana de las mujeres (mediante la tortura, las prácticas tradicionales de mutilación y el matrimonio forzado). Al mismo tiempo, la cooperación debe conllevar el reconocimiento de la situación de la mujer en la sociedad, que condiciona todos los aspectos, desde el acceso a los conocimientos hasta la independencia financiera. Además, es necesario que se adopten compromisos para que la prevención y el tratamiento del SIDA en los países en desarrollo sea una realidad en el año 2010. La política de desarrollo europea fracasará si no es capaz de propiciar un verdadero cambio de la situación de la mujer.
Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El informe, a pesar de sus conclusiones precisas sobre el dramático estado de las mujeres en los países en desarrollo, esconde a la parte culpable de esta situación: los métodos de producción capitalistas y las brutales intervenciones imperialistas de la UE, los EE.UU. y otros Estados y organizaciones imperialistas, que presionan a los países en desarrollo y saquean sus fuentes de producción de riqueza, lo que provoca hambre y el empobrecimiento de millones de personas.
Las soluciones propuestas se enmarcan en los límites del desarrollo capitalista y la ayuda al desarrollo de la UE. Otro aspecto típico de este enfoque es la propuesta de reforzar la capacidad emprendedora de las mujeres con la finalidad de incrementar el empleo. Es este contexto, las propuestas de sociedades más justas y democráticas, el acceso de las niñas y las mujeres a los servicios de educación y sanidad, la erradicación de la pobreza y las enfermedades, etc. son palabras vacías. Son meros deseos que apartan la atención de la realidad, porque cubrir las necesidades de las personas es incompatible con el principio supremo del desarrollo capitalista y con la búsqueda de beneficios. Por cada euro que la UE da a un país, le roba miles.
La mejora de la situación de las mujeres y de las condiciones de vida de la población de estos países no se logrará mediante el robo legalizado de la «ayuda al desarrollo de la UE», sino mediante la resistencia frente la intervención capitalista, el fomento de las relaciones internacionales en pie de igualdad y la lucha por un enfoque diferente del desarrollo que se base en las verdaderas necesidades de las personas.
Karin Scheele (PSE), por escrito. − (DE) Este informe sobre la igualdad y la participación, sobre el papel de la mujer en la cooperación al desarrollo, abarca muchos aspectos diferentes y contiene solicitudes prácticas.
Por consiguiente, merece recibir pleno apoyo en su conjunto. Una cuestión que enhebra todo el informe es la salud sexual y reproductiva y la violencia contra las mujeres, junto con la promoción del derecho de las mujeres a la autodeterminación.
Es importante que se amplíen las redes de microfinanzas, ya que los microcréditos pueden mejorar la situación económica de las mujeres. No puedo comprender por qué ciertas personas están intentando introducir varias propuestas de enmiendas que debilitan el informe y están obviando los documentos de las Naciones Unidas de que disponemos.
Kathy Sinnott (IND/DEM), por escrito. − Estoy completamente a favor de la igualdad de los géneros y la capacitación de las mujeres, y me hubiera gustado dar mi apoyo a este positivo informe.
Desgraciadamente, el informe, como muchos otros relacionados con las mujeres y los niños, se ha empleado para promover el aborto en el contexto de los derechos sexuales y reproductivos. Como la mayoría de mis colegas han votado a favor de la inclusión de ciertas enmiendas sobre los derechos sexuales y reproductivos, no puedo votar a favor del informe.
Konrad Szymański (UEN), por escrito. − (PL) El informe de la señora Uca sobre la igualdad de género en las políticas de desarrollo es una expresión del imperialismo moral de la UE frente a los países en desarrollo. En el informe se exporta el modelo social enfermo de los países europeos ricos a los países de África y Asia. Las referencias continuas a los derechos reproductivos demuestran el apoyo al aborto generalizado. Por consiguiente, no he podido votar a favor del informe.
Anna Záborská (PPE-DE), por escrito. – (FR) La igualdad entre los hombres y las mujeres es una prioridad en los países en desarrollo. Aprecio mucho el trabajo completo y meticuloso realizado por la señora Uca sobre este importante tema.
Sin embargo, he votado en contra del informe porque, en su versión final, algunos párrafos referidos a la salud sexual y reproductiva contienen términos imprecisos y el resultado final es ambiguo. El conflicto en las interpretaciones persiste, lo que puede suponer una amenaza para las vidas de los fetos.
En el próximo informe que se elabore sobre la salud femenina, no se debería tratar únicamente la reproducción, ya que todas las mujeres tienen derecho a disfrutar de un medio que les permita disfrutar de una buena salud, lo que implica que se debe prestar especial atención al suministro de agua potable e inocua, proteínas y medicamentos básicos, además de las medicinas tradicionales.
Desde la visita de Gertrude Mongella el 6 de marzo de 2008, que marcó el Día Internacional de la Mujer, opino que tenemos mucho que aprender de la sabiduría africana respecto de la igualdad de género: es una cuestión que se vive en África y que se transmite por tradición oral entre mujeres y hombres bendecidos con buena salud espiritual y mental. Todos nosotros podríamos inspirarnos en ello.
6. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta
7. Comunicación de posiciones comunes del Consejo: véase el Acta
(La sesión se interrumpió a las 12.50 horas y se reanudó a las 15.05 horas)
PRESIDE: SEÑOR BIELAN Vicepresidente
8. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta
9. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (debate)
9.1. Armenia
Presidente. − El siguiente tema es el debate sobre cinco propuestas de resolución sobre Armenia(1).
Marie Anne Isler Béguin, autora. − (FR) Señor Presidente, Comisario, señoras y señores, ¿será posible que los trágicos acontecimientos ocurridos en Armenia desde la elección presidencial del 19 de febrero de 2008 transmitan el mensaje de que Europa es incapaz de prestar apoyo a las débiles y pequeñas democracias del Cáucaso meridional en su lucha por la estabilización?
Tras la crisis de Georgia, ahora le toca a Armenia sufrir grandes agitaciones políticas. A pesar de la gran atención que se ha prestado al país durante la campaña electoral, la comunidad internacional no ha sido capaz de promover el diálogo que podría haber evitado los enfrentamientos del 1 de marzo. Tras 11 días de protestas contra los resultados electorales por parte del movimiento de la oposición liderado por el antiguo Jefe de Estado Levon Ter-Petrosian, la policía trató de dispersar a los manifestantes. La situación empeoró, lo que provocó la muerte a ocho personas, y heridas a muchas otras, además de la imposición del Estado de emergencia, con la consiguiente reducción de la libertad de información y de reunión, así como la restricción de las actividades de los partidos políticos. Desde entonces, se ha arrestado a 400 personas. La población está muy ansiosa, ya que teme que se imponga una política de represión. Hoy tenemos la obligación de dar voz al temor de la población en el marco de nuestros contactos con todas las partes que participan en el conflicto armenio.
No obstante, la cuestión es qué solución deberíamos proponer para devolver la cordura a todas las partes y hacer que negocien en este contexto tenso. Ése es el reto. Debemos restaurar la confianza del ciudadano medio armenio en su joven democracia. Los prerrequisitos necesarios para restaurar la confianza son el establecimiento de una investigación de los recientes acontecimientos y la liberación de las personas encarceladas. El siguiente paso —en colaboración con la comunidad internacional, nuestro Representante Especial para el Cáucaso Meridional y nuestros socios del Consejo de Europa y la OSCE— debe ser el establecimiento de un calendario para que nuestros amigos armenios vuelvan a la mesa de negociación, y debemos hacer que todas las partes participen en la mesa, tanto del lado oficial como del de la oposición. Las normas de la democracia dependen del diálogo y la no violencia y es nuestra tarea facilitar dicho enfoque.
Con su permiso, señor Presidente, me gustaría proponer una enmienda oral. No estoy segura de cómo se debe proceder, ya que cometimos un error en la resolución. En el párrafo 8 nos referimos al territorio de Nagorno Karabaj, si bien se debería haber hecho referencia a la situación de Nagorno Karabaj. Parece ser que mis colegas aprueban la enmienda oral.
Alexandra Dobolyi, autora. − Señor Presidente, he sido una de los cuatro diputados que han participado en la misión de observación electoral del Parlamento Europeo a Armenia, y concuerdo plenamente con las conclusiones de la misión: las elecciones presidenciales se ajustaron en gran medida a los compromisos y normas de la OSCE y el Consejo de Europa. Las autoridades estatales realizaron verdaderos esfuerzos para subsanar las deficiencias observadas en las elecciones pasadas. Permítame aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a la delegación de la Comisión en Ereván por toda la ayuda prestada.
Las elecciones se ajustaron mayoritariamente a nuestras normas, como ya he dicho, si bien será necesario mejorar aún más y hacer gala de determinación política para abordar los demás retos. Deseo expresar mi desagrado y preocupación por los recientes acontecimientos ocurridos en Armenia, donde se han producido enfrentamientos entre la policía y los manifestantes de la oposición, que se han saldado con ocho ciudadanos muertos y más de 100 heridos. No hace falta decir que esperamos que se lleve a cabo una investigación transparente e independiente de lo ocurrido y que se levante parcialmente el Estado de emergencia decretado tras los acontecimientos.
Aunque es un paso en la dirección correcta, no es suficiente. Solicito a las autoridades armenias que levanten completamente el Estado de emergencia. En nombre de mi Grupo, solicito a todas las partes que se muestren abiertas y tranquilas, que suavicen las declaraciones y que entablen inmediatamente un diálogo constructivo.
Por ultimo, lamentamos y nos preocupa la infracción reciente del alto el fuego en el límite con Nagorno Karabaj y exigimos a las partes que eviten realizar acciones que pudieran menoscabar el proceso de negociación. Les exhortamos a que se distancien del poder impresionante y catastrófico de las armas y a que ejerzan el poder silencioso y pacífico del diálogo.
Urszula Gacek, autora. − Señor Presidente, lo recientemente ocurrido en Armenia muestra lo difícil que es confiar en los procesos electorales para las democracias jóvenes de la antigua Unión Soviética. Las personas que ostentan el poder se sienten tentadas de forzar la suerte a su favor, especialmente en los períodos preelectorales, mientras que los que pierden tienen dificultades en aceptar los resultados.
Los problemas que hemos presenciado tras las elecciones en Armenia han sido los enfrentamientos violentos, que han causado ocho muertes, y la imposición de una medida extraordinaria: el Estado de emergencia. El 1 de marzo de 2008 se impuso una prohibición de 20 días de toda actividad política y una estricta censura. La prohibición de las actividades políticas se levantó posteriormente. La libertad de prensa, incluido el acceso no restringido a Internet, se debe restaurar en breve. De hecho, todas las libertades constitucionales deberían haber sido restauradas la semana próxima.
Desgraciadamente, no se puede descartar el que se vaya a prolongar el Estado de emergencia. Por ahora, se ha tapado la olla exprés. Me preocupa qué medidas se están tomando para suavizar la tensión en su origen.
La construcción de la democracia es un proceso complejo. La democracia debe ser protegida por instituciones en las que confíen todas las partes. Por consiguiente, es lamentable que el Presidente saliente haya atacado al defensor del pueblo en materia de derechos humanos de su propio país, que había criticado las acciones del Gobierno. Sólo se podrá proteger la democracia si se refuerza el papel del defensor del pueblo y se garantiza la imparcialidad del Tribunal constitucional, que investiga los supuestos fraudes electorales.
En espera de que se confíe plenamente en los guardianes de la democracia armenia, exhorto a todas las partes en conflicto a que hagan uso inmediatamente de la propuesta de mediación de la UE y los enviados de la OSCE.
Erik Meijer, autor. − (NL) Señor Presidente, en las elecciones presidenciales cada vez presenciamos más a menudo situaciones de incertidumbre continua asociada con si el candidato preferido por el Gobierno que ostenta el poder ha recibido realmente la mayoría de los votos o simplemente un gran número de votos. Incluso cuando dicho candidato dispone de mayoría absoluta, existen dudas sobre el porcentaje de dicha mayoría, especialmente en los casos en los que se ha intentado hinchar la mayoría artificialmente.
Cuando, además, se prohíbe que algunos candidatos se manifiesten públicamente, cuando únicamente el candidato respaldado por el Gobierno tiene acceso a la prensa, la radio y la televisión, cuando la oposición o los observadores extranjeros no pueden supervisar el recuento adecuadamente, cuando el Ejército y la policía reprimen las manifestaciones pacíficas contra los resultados oficiales y cuando se detiene a líderes de la oposición, existen todas las razones para dudar de que se haya respetado la voluntad popular.
Hemos presenciado elecciones presidenciales controvertidas de este tipo en México y Kenia (fuera de Europa) y en Belarús, Rusia, Georgia y Armenia (en Europa). Independientemente de estas elecciones, Armenia se encontraba en una situación muy difícil. Tradicionalmente, Armenia ha tenido lazos muy fuertes con Rusia, de la que la separan la vecina Georgia, que mantiene un conflicto grave con Rusia, y el vecino Azerbaiyán, que desde hace muchos años mantiene una disputa fronteriza con Armenia.
Cuando en la década de 1920 se dividió la provincia rusa de Transcaucasia a lo largo de las líneas étnicas, el enclave de Nagorno Karabaj, poblado por armenios, fue dado a Azerbaiyán como solución de compromiso, aunque se aseguró la autonomía regional armenia. Dicha solución ya no es factible en la era postsoviética, ya que los dos estados (Azerbaiyán y Armenia) son ahora enemigos. De hecho, el territorio está actualmente ocupado por Armenia, lo que ha provocado el dilatado conflicto con su vecino oriental, a pesar de que actualmente hay vigente un alto el fuego. Esta situación, con la amenaza permanente de guerra y bloqueos, proporciona una base fértil para la emergencia de un gobierno autoritario y hace que sea difícil que la democracia funcione en el país.
Lo ocurrido tras las elecciones del 19 de febrero no es sorprendente. A pesar de ello, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance por conseguir que se restauren las condiciones democráticas y los derechos de la oposición. Los deseos de la Unión Europea y sus Estados miembros de mantener buenas relaciones con los líderes de facto de países como Rusia, Belarús, Georgia o Armenia deben pasar a tener una prioridad secundaria; la principal prioridad debe ser para esta cuestión crucial.
Marios Matsakis, autor. − Señor Presidente, Armenia es, esencialmente, un país que ha renacido hace relativamente poco tiempo y que lucha por reforzar sus instituciones democráticas y garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Armenia está rodeada por dos vecinos que no son tan democráticos sino más bien hostiles: Rusia y Turquía; y, además, participa injustamente en un conflicto territorial con el régimen totalitario de Azerbaiyán.
En este contexto, las recientes elecciones presidenciales no fueron perfectas aunque, según las palabras de la misión internacional de observación, «se desarrollaron en su conjunto de conformidad con […] las normas de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE) y del Consejo de Europa».
Desgraciadamente, en las protestas que se produjeron después de las elecciones, parece ser que la policía actuó con más fuerza de lo que era necesario, lo que causó la muerte de ocho personas, de las cuales una era un policía.
Se solicita que se realice una investigación completa y justa de los acontecimientos que condujeron a las muertes. También se debería realizar una investigación de la supuesta instigación a la violencia en Armenia por parte de fuerzas exteriores con la finalidad de desestabilizar el país.
Les pido su apoyo pleno a la resolución.
Marcin Libicki, autor. − (PL) Señor Presidente, no hace falta decir que nos gustaría que Armenia estuviera en una situación de paz, que sus fronteras fueran seguras y que pudiera gestionar sus asuntos exteriores con éxito. Me gustaría recordar que las elecciones armenias dieron lugar a protestas serias. Lo que está ocurriendo se debe interpretar en el contexto particular del Cáucaso, una región muy inestable.
Ahora que tengo la palabra, y con su permiso, señor Presidente, me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi indignación por las noticias que se me acaban de comunicar acerca de la muerte de Faraj Rahho, el arzobispo caldeo de Mosul, que fue secuestrado el 29 de febrero después de que los secuestradores dispararan a tres de sus guardaespaldas.
Éste es un ataque más, un crimen más, cometido por personas que no tienen la valentía de mostrar su cara al mundo, que secuestran a víctimas inocentes, personas corrientes que persiguen las actividades religiosas: en su mayor parte, cristianos, cristianos católicos. Hoy volvemos a ser testigos de un crimen de estas características, y me parece que se debería incluir este tema en el programa de nuestra próxima reunión en Bruselas como tema especial. Que descanse en paz el héroe y mártir que ha muerto hoy en Mosul.
Marian-Jean Marinescu, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (RO) Debemos condenar enérgicamente lo sucedido en Armenia, pero por desgracia no nos ha cogido por sorpresa. En otro país de la zona se han producido sucesos muy similares, ya que representan la continuación de lo que está ocurriendo desde 1990.
Nos enfrentamos a las consecuencias de varios factores que persisten desde entonces hasta la actualidad: desarrollo económico insuficiente, conflictos latentes y la influencia de la Federación Rusa. Además de todo ello, tenemos la situación de Kosovo que, a pesar de los esfuerzos considerables pero infructuosos realizados por los distintos actores, será utilizada como precedente por otros elementos interesados. A la población de la región solamente le traerá inseguridad, falta de confianza en las autoridades e indefensión frente a las manipulaciones.
Solamente hay una solución para restaurar la normalidad: desarrollo económico que genere un nivel de vida más elevado. Se cuenta con recursos energéticos. El desarrollo de los mismos y de su comercio solucionará el problema del desarrollo económico y la emancipación de la Federación Rusa, con lo que también se contribuirá a solucionar los problemas globales de Europa.
La Unión Europea no ha adoptado aún una postura concreta, pero si queremos hallar soluciones para los problemas del Cáucaso Meridional es preciso que la Unión adopte medidas activas con el fin de desarrollar las rutas de energía en la región del Mar Negro.
Justas Vincas Paleckis, en nombre del Grupo del PSE.– (LT) Cuando un país que forma parte de la Política Europea de Vecindad y está favorablemente dispuesto hacia la UE celebra con normalidad unas elecciones democráticas, esto también es un triunfo para nosotros. Y cuando algo sale mal, ambas partes resultan derrotadas.
Las elecciones presidenciales de Armenia se han realizado de conformidad con las normas internacionales, según ha informado la misión internacional de observación. Por desgracia, los acontecimientos posteriores han anulado este tímido paso hacia adelante. El derramamiento de sangre y la imposición del estado de emergencia han arrojado a Armenia fuera del camino de la democracia, obstaculizando sus relaciones con la Unión Europea. Los derechos humanos han sido suprimidos en Armenia, y no existe libertad de expresión.
Yereván tendría que levantar completamente el estado de emergencia, y el representante de la OSCE debería contribuir a encontrar una solución a la crisis. Esperemos que las partes enfrentadas den muestras de moderación y que sus acciones se basen en los valores europeos.
Janusz Onyszkiewicz, en nombre del Grupo ALDE. – (PL) Señor Presidente, la actual crisis política de Armenia no es la primera.
Durante la presidencia de Levon Ter-Petrosian el país comenzó a apartarse abruptamente de los principios liberales y democráticos. Los principales partidos de la oposición fueron ilegalizados, se restringió la libertad de prensa y, según la opinión más generalizada, las elecciones parlamentarias no han respetado plenamente los criterios democráticos. El señor Ter-Petrosian dimitió como Presidente ante la presión de las manifestaciones. Esto trajo algo de estabilidad al país, que concluyó con el dramático asesinato en el Parlamento de nueve destacados políticos armenios, incluido el Primer Ministro, por autores desconocidos.
Estamos asistiendo a la repetición de lo que sucedió hace unos diez años. Sin embargo, la presente crisis puede deberse al cansancio de la sociedad armenia con los gobiernos del llamado clan de Karabaj, al que pertenecen tanto el anterior como el actual Presidente. Se acusa generalmente al Gobierno de restaurar el régimen autoritario bajo la apariencia de democracia, con un control de las actividades de las empresas al estilo mafioso y una economía en proceso de deterioro.
Crece cada vez más el temor al creciente aislamiento de Armenia y al debilitamiento gradual de su posición en el conflicto pendiente sobre Nagorno-Karabaj. Cuando el señor Ter-Petrosian decidió regresar a la política y presentarse a las elecciones, su promesa de una mayor flexibilidad en política exterior le aportó apoyos considerables.
Sin embargo, la crisis actual es muy profunda. Esperemos que se resuelva por medios pacíficos, aunque no es algo completamente seguro. De otra forma es posible que se produzca una escalada del conflicto de Nagorno-Karabaj, como fórmula para aglutinar a la sociedad alrededor del Gobierno. El reciente incidente de Karabaj, donde murieron once personas, confirma estos temores. Otra consecuencia puede ser el reforzamiento de la creciente dependencia de Armenia respecto a Rusia. La reciente inauguración del gasoducto Armenia-Irán no servirá precisamente para reducir esta dependencia, ya que naturalmente el gas y el propio gasoducto estarán controlados por Gazprom.
Nuestra actitud ante la grave situación en Armenia debe ser amistosa, pero no debemos abstenernos de expresar nuestras críticas o preocupaciones cuando sea necesario. Creo que la postura adoptada en esta resolución cumple estos criterios.
Ewa Tomaszewska, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, los resultados de las elecciones presidenciales del 19 de febrero de 2008 han sido uno de los factores que han contribuido a la desestabilización de Armenia, aunque hay que insistir en que según la OSCE el desarrollo de las elecciones se ha ajustado a los principios democráticos.
Las manifestaciones que siguieron al arresto domiciliario de Levon Ter-Petrosian y la brutal represión de las mismas el 1 de marzo se saldaron con la muerte de ocho personas, un gran número de heridos y la declaración del estado de emergencia. Las restricciones a los medios de comunicación y el número creciente de detenciones de miembros de la oposición son motivo de grave preocupación.
Instamos a las autoridades armenias a que restablezcan los derechos civiles sin demora, pongan fin al estado de emergencia, respeten los derechos humanos e identifiquen a los responsables de los trágicos sucesos del 1 de marzo de 2008. Las investigaciones sobre este asunto no deberán servir de pretexto para nuevas persecuciones de la oposición. La situación en Armenia es ciertamente muy difícil, y nuestros representantes deben prestar una gran atención a la misma.
Evgeni Kirilov (PSE). – Señor Presidente, quisiera añadir que el nivel de democracia en Armenia no es todo lo bueno que desearíamos. La situación socioeconómica agrava el problema político, haciendo que se eche a la calle aún más gente.
Quiero hacer un llamamiento a las autoridades armenias, y como es lógico también a Azerbaiyán, para que traten de resolver un conflicto que dura demasiado tiempo. Existen zonas ocupadas por Armenia que deberían ser liberadas, porque en ellas no vive ningún armenio. Lo realmente preocupante es que ambos países se encuentran en un proceso de rearme, lo que evidentemente es un reflejo real de los problemas sociales con que ambos se enfrentan, especialmente Armenia.
Apoyo por consiguiente esta propuesta de resolución conjunta, pero creo que deberíamos seguir muy de cerca la situación, que es muy preocupante.
Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, Armenia pertenece al grupo de países que reciben ayuda de la Unión Europea a fin de introducir las reformas políticas y económicas, establecer las instituciones del Estado de derecho y combatir la corrupción y la delincuencia organizada. Por lo tanto, hacemos bien en vigilar el proceso político y el respeto de los principios democráticos en este país. Esto es especialmente importante a la vista de los cambios que están ocurriendo desde el derrumbamiento de la Unión Soviética.
Es muy frecuente que los gobiernos traten de influir sobre los medios, pero cuando recurren a la violencia y al empleo de la fuerza hay que hacerles frente con total determinación. Y cuando se producen víctimas mortales la situación se vuelve extraordinariamente difícil. Exigimos categóricamente la restauración de la libertad y del respeto por las opiniones ajenas, y el mantenimiento de la democracia y de los derechos civiles. Condenamos el uso de la fuerza y la represión violenta de las reuniones, protestas y manifestaciones democráticas.
Louis Michel, miembro de la Comisión. − (FR) Señor Presidente, Señorías, la Comisión vigila muy de cerca la situación relativa a la democracia y a los derechos humanos en Armenia, que como ustedes saben es uno de nuestros socios en el marco de la Política Europea de Vecindad (PEV).
Seguimos con atención la evolución de los acontecimientos a través de nuestra delegación de Yereván y de los Estados miembros, así como en estrecha colaboración con el Representante Especial de la Unión Europea, Peter Semneby. Como parte del proceso, mantenemos también contactos regulares con las ONG locales e internacionales que trabajan en los ámbitos de la democracia y de los derechos humanos.
En relación con los trágicos sucesos que tuvieron lugar el 1 de marzo en Yereván después de las elecciones, la Comisión comparte la preocupación general por los choques violentos entre la policía y los manifestantes de la oposición, que tuvieron como resultado varias muertes. La Comisión ha exigido por tanto que se ponga en marcha inmediatamente una investigación completa y que se procese a quienes hayan infringido las leyes. También hemos hecho un llamamiento al Gobierno armenio para que levante inmediatamente el estado de emergencia. La Comisión considera importante que todas las partes se abstengan de recurrir a la fuerza. Esperamos que todas las organizaciones armenias se comprometan con el diálogo político como método para la superación de sus diferencias.
Al mismo tiempo, la Comisión lamenta también el impacto negativo de los últimos acontecimientos sobre los crecientes avances en el proceso de Armenia hacia la aplicación de su plan de acción relacionado con la PEV, particularmente en los ámbitos de los derechos humanos y de la democracia. La invitación a proseguir la reforma política y a respetar los derechos humanos es una parte integral de la asociación entre la Unión Europea y Armenia, y la Comisión utilizará por consiguiente todos los medios a su alcance para animar a las autoridades armenias a seguir avanzando en estos aspectos.
Con la aprobación en 2006 del Plan de Acción PEV UE-Armenia creamos una herramienta política destinada a promover el respeto de los principios basados en nuestros valores compartidos. Estamos firmemente convencidos de que el diálogo que mantenemos con Armenia, realizado de acuerdo con las estipulaciones de carácter político del Acuerdo de Asociación y Cooperación y del Plan de Acción de la PEV, representa el medio más eficaz para transmitir los mensajes de la Unión Europea sobre el respeto de los derechos humanos y la legalidad internacional. Las reuniones anuales del Comité de Cooperación y del Consejo de Cooperación, así como de la Comisión Parlamentaria de Cooperación, adquieren con ello una especial importancia.
La Comisión está asimismo firmemente decidida a contribuir al proceso de reforma ofreciendo a Armenia asistencia financiera y técnica. El respaldo de la reforma política en los ámbitos de los derechos humanos y de la democracia sigue siendo una prioridad en el programa indicativo nacional del período 2007-2010. Aproximadamente una tercera parte de la ayuda bilateral – que para dicho período ascenderá a 98,4 millones de euros – se invertirá en ayudas a proyectos relevantes. Más específicamente, el programa de ayuda bilateral de 2007 para Armenia está orientado al apoyo financiero en el ámbito de la reforma judicial, con una cuantía del orden de 18 millones de euros. Estoy seguro de que el Parlamento Europeo nos apoyará en estos esfuerzos, y que será sin duda nuestro aliado más firme.
9.2. Detención de manifestantes después de las elecciones presidenciales en Rusia
Presidente. – El punto siguiente es el debate sobre cinco propuestas de resolución relacionadas con la detención de manifestantes a raíz de las elecciones presidenciales de Rusia(1).
Bernd Posselt, autor. − (DE) Señor Presidente, durante el proceso de elaboración de esta resolución, algunos de nosotros hemos sido acusados de ser enemigos o adversarios de Rusia. ¡Justamente todo lo contrario! Somos amigos de Rusia, nos preocupa la democracia y el Estado de derecho en este importante país europeo. Protestamos enérgicamente contra el encarcelamiento de los partidarios de la oposición que no han hecho nada más que llamar la atención sobre un hecho que había sido observado por todas las instituciones internacionales, esto es, que las elecciones presidenciales rusas fueron extremadamente parciales.
Exigimos la inmediata liberación de estos partidarios de la oposición y de otros que llevan mucho tiempo en la cárcel y en los campos de trabajo, como son los denominados prisioneros de Yukos, Jodorkovsky y Lebedev, y apoyamos la petición de la Canciller Merkel para que ambos sean puestos en libertad.
Sin embargo, tenemos que tener clara una cosa. El Presidente de Rusia que acaba de ser elegido tiene una oportunidad única para empezar de nuevo, para marchar por la senda de la democracia y del Estado de derecho y para llevar a cabo una política exterior menos nacionalista y agresiva. Sin embargo, esto significa que tendrá que romper las ataduras de Gazprom y librarse del régimen Putin; por desgracia, no hay el menor atisbo de ello.
Por este motivo tenemos la obligación de expresar con sinceridad nuestras críticas. Los amigos de Rusia no son los que, a ejemplo del ex canciller alemán Schröder, cantan las alabanzas del régimen de Putin y se dejan utilizar para fines de propaganda en favor de sus intereses económicos y nacionalistas; no, los amigos de Rusia apoyan los derechos humanos y civiles del pueblo ruso, para que tenga la posibilidad de desarrollarse en democracia.
Si guardamos silencio, la pequeña semilla de democracia y de Estado de derecho sembrada por el Presidente Yeltsin, y que el Presidente Putin ha puesto en peligro, acabará por ser sofocada, y esto no puede ser beneficioso ni para Europa ni para el pueblo ruso.
(Aplausos)
Marios Matsakis, autor. − Señor Presidente, en este asunto hablo a título personal.
En los últimos años han estado ocurriendo cambios significativos en Rusia, desde el comunismo estalinista hasta los inicios del capitalismo liberal, desde la amenaza nuclear de la guerra fría hasta las negociaciones sobre desarme voluntario y cooperación militar con Occidente. Al mismo tiempo, se han llevado a cabo nuevas reformas democráticas en el país y el nivel de vida del pueblo ruso ha mejorado de forma continua.
Nos satisfacen estos cambios y debemos apoyarlos. No siempre nos vemos precisados a criticar lo malo; a veces nos toca reconocer y aplaudir lo bueno. De esta forma no sólo seremos más objetivos, sino que contribuiremos además a que los cambios positivos se materialicen mejor y más rápidamente.
A la vista de estas reflexiones, y analizando las recientes elecciones presidenciales rusas, debemos decir que estas últimas se celebraron de modo más democrático que las precedentes, auque sigue existiendo el problema del acceso desigual de los candidatos a los medios de comunicación. Pero siendo sinceros, ¿no es éste un problema que también tenemos en los Estados miembros de la UE? Así es, por desgracia.
Después de las elecciones hubo protestas en la calle. Se ha informado que algunas de estas protestas fueron reprimidas con fuerza desproporcionada por la policía rusa. ¿Podemos decir sinceramente que nuestras propias fuerzas de policía en los Estados miembros de la UE o de los Estados candidatos son unos angelitos y que a veces – más veces de lo que nos gustaría – no hacen uso de una fuerza desproporcionada?
Sí, desde luego condenamos el trato discriminatorio que los candidatos han recibido de los medios de comunicación rusos controlados por el Gobierno; sí, condenamos el uso indebido de la fuerza contra los manifestantes por parte de la policía rusa, pero lo hacemos exactamente de la misma forma y con el mismo espíritu con que lo haríamos si se tratase de sucesos similares en otro país o conjunto de países, incluido el nuestro.
Alexandra Dobolyi. − Señor Presidente, me veo obligada a defraudarle. No soy yo la autora de esta resolución, y mi grupo no la suscribió. Y la razón por la que mi grupo no lo hizo fue para evitar que hoy nos enzarzáramos en una discusión. No es que creamos que no hace falta discutir estos temas, ni que creamos que en Rusia no hay problemas, ni que creamos que no debemos analizar las implicaciones de las elecciones presidenciales rusas, lo que sí creemos firmemente es que, cuando hablamos de Rusia – un protagonista mundial, un miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y uno de los principales socios de la UE – lo que hace falta es un debate en el Pleno, amplio y bien preparado.
Rusia no es para nosotros solamente un vecino próximo, es también un socio estratégico. Queremos celebrar un amplio debate en torno a nuestras relaciones, en el que se aborden todos los temas importantes, desde el comercio hasta la inversión – que crece a ritmo acelerado –, pasando por la energía, la democracia y también los derechos humanos.
Sobre Rusia existen muchas opiniones distintas, pero creo que todo el mundo estará de acuerdo en que Rusia es para nosotros un socio clave para el tratamiento de los conflictos regionales y los desafíos globales, y que aún queda mucho por hacer en cuanto al desarrollo pleno del potencial que encierran nuestras relaciones. Tenemos que ser capaces de mantener un amplio intercambio de opiniones dentro de la Cámara, pero también con la Comisión y con el Consejo, sobre la formulación de una estrategia pragmática de cooperación en aquellos temas en que sea posible, disintiendo en los demás temas en que no podamos cooperar.
Es más que evidente que no es posible ni correcto tratar este tema tan importante en el estrecho límite temporal de 20 minutos un jueves por la tarde, y éste es el motivo por el que mi grupo no puede apoyar el proyecto de resolución y por el que nos abstendremos posteriormente en la votación.
Marcin Libicki, autor. − (PL) Señor Presidente, otra vez se han celebrado elecciones en Rusia, y otra vez numerosos candidatos han sido excluidos antes de la votación. Ora vez han sido dispersadas violentamente las protestas de los partidarios de la oposición contra los resultados de las elecciones. Y otra vez Occidente se muestra sorprendido respecto a tres cosas. En primer lugar, que en Rusia no se respeten los derechos humanos. En segundo lugar, ¿por qué se persigue a la oposición, siendo ésta tan débil? En tercer lugar, ¿para qué hacerlo, si por principio el público siempre está a favor de cualquier decisión del Gobierno?
Tenemos que darnos cuenta de que nadie que trate a Rusia y a los rusos como sociedad normal y como Estado civilizado normal de corte occidental podrá entender a este país. La mentalidad rusa es completamente distinta, como pueden atestiguar quienes han sido vecinos de Rusia desde siempre, como es el caso de muchas naciones de Europa central y oriental. Sabemos perfectamente que la sociedad rusa apoya permanentemente al gobierno y a las autoridades – con elecciones o sin ellas. Así ha sido siempre en Rusia, así es ahora y así seguirá siendo.
Por supuesto coincido completamente con el señor Posselt en que los verdaderos amigos de Rusia deben hacer todo lo posible por cambiar este estado de cosas. Pero a mi juicio no hay nada por lo que debamos sorprendernos.
Jana Hybášková, en nombre del Grupo del PPE-DE. – Señor Presidente, la Federación Rusa es un país con el que deseamos pactar a toda costa acuerdos estratégicos. Aquí el aspecto clave es la democracia, o al menos el Estado de derecho.
27 de febrero: un activista de la coalición La Otra Rusia abandona un hospital psiquiátrico de la ciudad rusa de Tver. Roman Nikolaychik ha sido una víctima más de la psiquiatría punitiva. La presión política ejercida sobre él se incrementó desde que fue designado candidato local en la lista electoral de la coalición La Otra Rusia. Larisa Arap estuvo detenida durante 46 días en la región de Murmansk después de publicar un artículo crítico. Artem Basyrov fue hospitalizado durante más de un mes en la república de Mari El .
1 de marzo: una carta abierta al Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB): «Nosotros, periodistas y colegas de Natalya Morar, corresponsal del periódico The New Times, exigimos que la dirección del FSB ponga fin a su retención anticonstitucional en la zona de aduana del aeropuerto Domodedovo y le permita cruzar la frontera rusa.»
4 de marzo: miles de personas desfilan por Moscú y por las calles de San Petersburgo. En Moscú, donde las autoridades les denegaron el permiso de reunión, docenas de ellos fueron detenidos cuando la policía hizo correr a la gente a golpes de porra. Nikita Belykh, presidente del partido Unión de Fuerzas de Derecha, fue secuestrado por agentes camuflados de las fuerzas especiales rusas (OMON). Lev Ponomarev, presidente del movimiento «Por los Derechos Humanos», y Denis Bulinov, director ejecutivo del Frente Civil Unido, también se encontraban entre los detenidos.
7 de marzo: se amordaza a los periodistas durante los comicios rusos. En Sajalin del Sur, un teniente del ejército atacó a un reportero del periódico de esta región Tvoya Gazeta. En Novosibirsk, el fotógrafo Yevgeny Ivanov fue acusado de «resistencia a la autoridad» y de «omisión del deber de registro». En San Petersburgo, una reportera de Grazhdansky Golos fue detenida por la milicia rusa por «encontrarse en un colegio electoral sin autorización». Su periódico pertenece a Golos, un grupo independiente de observación de las elecciones. Un reportero de Vpered («Adelante»), diario local de Khimki, en la región de Moscú, fue atacado por agentes de la milicia cuando intentaba depositar su voto.
¿Es éste un Estado de derecho?
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, en nombre del Grupo del PSE. – (PL) Señor Presidente, los acuerdos de la UE con Rusia no se refieren únicamente al incremento de la cooperación en los ámbitos de la economía, la seguridad y la energía, sino también al respeto del Estado de derecho, de la democracia y de los derechos humanos fundamentales.
A pesar de ello, durante la campaña electoral los grupos de la oposición y las organizaciones no gubernamentales fueron objeto de disposiciones que restringían el derecho de reunión y de manifestación pacífica. Y lo que es peor aún, los principales diarios y las emisoras de radio y televisión estuvieron sometidas a un estricto control gubernamental. La marcha organizada por los partidos de la oposición el 3 de mayo no obtuvo inicialmente la autorización de las autoridades de Moscú y concluyó con la detención de los participantes, incluidos los líderes de la oposición. Es de lamentar que las últimas elecciones hayan demostrado que la democracia y el Estado de derecho no están sólidamente afianzados en Rusia. Me refiero no sólo al uso desproporcionado de la fuerza por la policía durante las manifestaciones, sino también a la actitud hostil con la misión de observación de la OSCE.
La comunidad internacional tiene derecho a esperar del nuevo presidente ruso algo más que promesas de que el mayor país del mundo seguirá construyendo la democracia, por ejemplo medidas concretas, como sería la revisión de la situación de los activistas políticos que han estado en prisión durante años.
Ewa Tomaszewska, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, ni la campaña previa a las elecciones presidenciales rusas ni las propias elecciones han respetado las reglas democráticas. Durante la presentación de las candidaturas ni siquiera se intentó mantener las apariencias. Los medios de comunicación fueron sometidos a constante presión para impedir la publicación de informaciones críticas hacia el candidato respaldado por el Presidente en funciones. Se bloqueó el acceso a los medios por parte de la oposición y se impidió que los observadores pudieran vigilar el desarrollo de los comicios.
Esto es difícilmente aceptable, especialmente teniendo en cuenta la pertenencia de Rusia al Consejo de Europa y la previa declaración de las autoridades rusas sobre el respeto a los derechos humanos. Debo admitir que este tipo de declaraciones sólo son creíbles para quienes no conozcan Rusia. La violación de los principios democráticos durante las elecciones provocó protestas, la represión brutal de una manifestación y la detención de los manifestantes. Rusia se ha alejado radicalmente de los principios democráticos. Reclamamos la rápida liberación de todos los presos de conciencia.
Jiří Maštálka , en nombre del Grupo GUE/NGL. – (CS) Señor Presidente, Señorías, me alegro de ver que el tema de los acontecimientos en Rusia ha logrado tener cabida en los debates del Pleno.
No cabe duda de que las buenas relaciones mutuas con la Federación Rusa son una condición previa para que en el futuro pueda existir una Unión Europea fuerte. Lamento profundamente que las elecciones rusas no se hayan celebrado sin interferencias de las autoridades. Por otro lado, lo que hoy hace falta por nuestra parte, como tantas veces antes, es una sencilla demostración de respeto básico por la labor realizada y por la cultura nacional del país sobre el cual estamos debatiendo.
Sin la menor sombra de duda, Rusia está aún muy lejos de alcanzar el nivel de justicia social y de calidad de vida que nos gustaría ver en todo el mundo. Tiene dificultades para resolver su crisis demográfica. Por otra parte, es la primera vez en la historia rusa que el máximo representante del país abandona el Kremlin voluntariamente y su sucesor es elegido por el pueblo. Es indudable que las técnicas, herramientas y métodos de gestión en la esfera política han sido afinados hasta la perfección en Rusia. Pero se trata de técnicas importadas de Occidente.
Quisiera preguntar a quienes se afligen por la triste situación de la democracia en Rusia si no se sienten molestos también al ver que el Parlamento Europeo ha dado muestras de una cierta cobardía al negarse a investigar la aplicación del derecho internacional por parte del señor Solana.
Urszula Krupa, en nombre del Grupo IND/DEM. – (PL) Señor Presidente, el asunto que hoy debatimos es la violación de los derechos humanos en Rusia en relación con las protestas populares contra la falta de democracia, especialmente durante las recientes elecciones presidenciales. No solamente se empleó la fuerza contra los manifestantes y se practicaron detenciones, sino que además la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa tuvo que retirar a sus observadores como consecuencia de las excesivas restricciones impuestas por el Gobierno ruso. Las autoridades rusas presionaron a los grupos de la oposición, toleraron el fraude electoral y sojuzgaron a los medios de comunicación. Se impidió el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y se dificultó la preparación de los mítines electorales.
Evidentemente no podemos aceptar esta falta de respeto por los derechos humanos y la democracia, la ausencia de libertad de expresión, la discriminación contra las minorías nacionales y las restricciones impuestas a las organizaciones independientes. Sin embargo, debemos tener presente que Rusia carece de tradiciones democráticas. El breve período de democratización iniciado en 1864 concluyó en 1917 con el establecimiento de la Rusia soviética, dirigida primero por Lenin y Stalin y después por sus discípulos, un régimen que era la negación misma de la democracia.
La situación de Rusia debería ser una advertencia a otros imperios y Estados totalitarios que ven en los procesos democráticos una amenaza, incluso cuando la oposición está en minoría y lo único que puede hacer es dar a conocer una verdad que pretende ocultarse a toda costa.
Koenraad Dillen (NI). – (NL) Solamente dos puntos. No tengo ningún problema para apoyar esta resolución. Pero todos sabemos, naturalmente, que Rusia es un proveedor de energía demasiado importante, por lo que los Jefes de Estado y de Gobierno europeos van a descartar este documento de forma discreta.
Sabemos por experiencia que cuando están en juego los intereses económicos, ya se trate de China, Rusia o Arabia Saudí, el entusiasmo por los derechos humanos de todos estos redactores de declaraciones de los derechos del hombre cede el paso a la Realpolitik. De modo que no nos hagamos ilusiones.
En segundo lugar, Señorías, en esta resolución sustituyan ustedes a «Rusia» por «Bélgica» y el texto seguirá siendo igual de relevante. Porque no hace mucho que también en Bélgica la policía molió a palos a unos manifestantes pacíficos, cumpliendo órdenes del alcalde de Bruselas. También en Bélgica se dificulta extraordinariamente el acceso de la oposición a los medios de comunicación. También en Bélgica jueces cuyo cargo es de designación política han ilegalizado a un partido de la oposición a instancias del Gobierno, y a instancias también del partido al que pertenece el Comisario que se encuentra hoy aquí con nosotros. Y a raíz de ello los jueces en cuestión fueron promocionados. Que Europa ponga primero orden en su casa y ajuste las cuentas a estos falsos demócratas.
Józef Pinior (PSE). – Señor Presidente, Rusia es un gran país, un protagonista mundial, un miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y un socio estratégico de la Unión Europea.
En primer lugar, quisiera hacer un llamamiento para que mantengamos un debate serio, sosegado y objetivo en el Parlamento Europeo sobre la grave situación de la democracia y de los derechos humanos en ese país.
La verdad es que Rusia puso dificultades para que las organizaciones internacionales pudieran supervisar las recientes elecciones parlamentarias. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado hasta la fecha 15 sentencias contrarias a Rusia en relación con Chechenia. La tortura y las detenciones ilegales por las fuerzas gubernamentales bajo la dirección del Presidente chechenio Ramzan Kadyrov se siguen practicando con carácter general y sistemático. En el período anterior a las elecciones, las autoridades rusas estrecharon aún más el férreo control sobre la libertad de expresión y emplearon una fuerza excesiva para disolver las manifestaciones pacíficas. La legislación rusa relacionada con las organizaciones no gubernamentales es especialmente restrictiva.
No es posible mantener esta tarde un debate apropiado sobre todos estos asuntos. Pido nuevamente que tengamos un debate serio en el Pleno sobre la preocupante situación de la democracia y de los derechos humanos en Rusia.
Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, es evidente que los cambios democráticos de Rusia no se han visto acompañados por una mejora de los derechos civiles fundamentales, y especialmente de los derechos de la oposición. Aunque el pueblo ruso está comenzando a sentirse orgulloso de sí mismo, lo cierto es que continúa viviendo en una sumisión abyecta. Las autoridades no nos van a prestar ninguna atención, digamos lo que digamos, pero el pueblo ruso debería tener conocimiento de la posición de Europa. Nos hallamos quizás inmersos en un proceso largo y pesado que servirá para comprender al fin que también en Rusia las cosas pueden ser distintas y más normales, que la gente puede ser más feliz, porque el país tiene capacidad para ello. Tenemos que apoyar este proceso de sensibilización.
Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Estoy de acuerdo con los oradores que me han precedido en que las relaciones de buena vecindad entre la Unión Europea y Rusia son cruciales para la estabilidad, seguridad y prosperidad del conjunto de Europa.
Por un lado, la Unión Europea debe esforzase para aumentar la cooperación con Rusia, especialmente en los ámbitos de la política, la seguridad, la economía y sobre todo la energía. Por otro lado, no podemos permanecer callados ante las violaciones de los principios democráticos y de las libertades políticas en Rusia. Tenemos que manifestar nuestra insatisfacción en los casos en que tengamos conocimiento de estos incumplimientos de las reglas democráticas, como ocurre con la inhabilitación del candidato presidencial Mijail Kasyanov.
Confío en que el recientemente elegido Presidente ruso, Dmitry Medvédev, respetará el Estado de derecho y la democracia y creará las condiciones para comenzar cuanto antes las negociaciones sobre el nuevo Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y Rusia.
Janusz Onyszkiewicz (ALDE). – (PL) Señor Presidente, quiero añadir una cosa más a la lista de abusos en estas elecciones, que realmente hicieron que dejaran de ser unas elecciones ya que no había nadie entre quien escoger. Me refiero al hecho de que un número de candidatos no consiguieron entrar a formar parte de las listas debido a las dificultades financieras que sufrían sus partidos.
¿Por qué dificultades financieras? Porque en las anteriores elecciones a la Duma, los espacios de carácter político emitidos en virtud del derecho a disponer de espacios gratuitos en la radio tenían que ser abonados en el caso de que el partido no lograra rebasar un determinado umbral de votos. En consecuencia, algunos partidos están endeudados y no pueden permitirse ninguna actividad política. Y lo que es peor aún, corren el riesgo de ser ilegalizados por estar en quiebra. Es preciso tener también presente esta extraña situación.
Louis Michel, miembro de la Comisión. − (FR) Señor Presidente, quiero comenzar con un breve comentario de carácter personal. He oído la intervención del señor Dillen, que representa a un partido belga de extrema derecha, quien se ha permitido una comparación bastante vergonzosa entre las circunstancias en Bélgica y las existentes en Rusia. Evidentemente, me veo obligado a rebatir sus afirmaciones. Reconozco en ellas los métodos habituales a los que recurre por lo general su partido y que no son sino una forma de insulto. Permítame afirmar muy claramente que tales métodos no dicen nada en favor de quienes los emplean.
Señor Presidente, Señorías, la Comisión está haciendo un seguimiento estrecho de los acontecimientos subsiguientes a las manifestaciones en Moscú y en San Petersburgo el 3 de marzo: lo estamos haciendo no sólo a través de nuestra delegación en Moscú, sino de contactos directos con los Estados miembros. Además, tenemos vínculos regulares con ONG rusas e internacionales que trabajan en el campo de los derechos humanos. La Comisión comparte las inquietudes de ustedes sobre el visible deterioro de la situación de los derechos humanos en Rusia y la frecuencia de violaciones denunciadas de derechos humanos, sobre todo con respecto a la libertad de reunión y la libertad de expresión. Ha supuesto para nosotros una enorme decepción que la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE se viera obligada a llegar a la conclusión de que no resultaba factible enviar una misión de observación electoral. En sus contactos bilaterales con Rusia, incluidos los de máximo nivel, la Unión Europea subraya regularmente la importancia del respeto por los derechos humanos.
Dentro de un mes celebraremos una de nuestras dos consultas anuales con Rusia sobre el tema de los derechos humanos. Estas consultas nos proporcionan la oportunidad de explorar en mayor profundidad las tendencias generales en el ámbito de los recursos humanos, así como de escuchar el punto de vista ruso sobre casos individuales. En la próxima consulta plantearemos nuestras inquietudes, sobre todo en cuanto a los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión, los problemas planteados por el auge del racismo y la xenofobia, y la cooperación con Rusia en organizaciones internacionales, tales como la OSCE y el Consejo de Europa. Las consultas nos permiten asimismo plantear los casos que afectan a los individuos. Antes y después de esta consulta, nos reuniremos con un grupo representante de las ONG rusas e internacionales, que trabajan en pro de los derechos humanos. Dichas reuniones exponen a la Unión Europea las inquietudes de los defensores de los derechos humanos y nos permiten el intercambio directo de pareceres.
Si miramos un poco más hacia adelante, pronto deberíamos estar en condiciones de iniciar negociaciones sobre un nuevo acuerdo entre la Unión Europeo y la Federación Rusa. Se tratará de un acuerdo amplio, que abarca el número creciente de ámbitos políticos en los que cooperamos. Tal como señalaba la declaración de la Unión Europea después de las elecciones presidenciales rusas, tenemos un interés común en fomentar nuestros lazos y esperamos que nuestra asociación se vea consolidada y desarrollada de forma constructiva bajo la presidencia de Dmitri Medvédev. A la hora de negociar el nuevo acuerdo, procuraremos asegurar que refleje los valores con los que ambas partes se han comprometido: una sociedad civil próspera y unos medios de comunicación independientes representan los aliados naturales y necesarios para el crecimiento y la estabilidad en Rusia. Es algo que hemos aprendido de nuestra propia experiencia en la Unión Europea y se trata de un mensaje que continuaremos transmitiendo tenazmente –como vecinos y como socios– a nuestros amigos rusos, tanto a nivel del día a día como en los debates sobre la forma de nuestras relaciones futuras. Sé de antemano que el Parlamento Europeo nos va a brindar su apoyo incondicional en estos esfuerzos.
El Presidente. − Se cierra el debate.
La votación se celebrará al final del debate.
Declaraciones por escrito (Artículo 142)
Filip Kaczmarek (PPE-DE), por escrito. – (PL) Señor Presidente, siempre me sorprende la gente que plantea grandes exigencias a la democracia norteamericana, pero que a menudo esperan muy poco de Rusia. Eso resulta humillante para Rusia y para los rusos. De los grandes y los poderosos, uno debería espera más, nunca menos. Quienes condenan los métodos aplicados en Guantánamo y la lucha contra el terrorismo, quienes rastrean las huellas de la CIA y las conspiraciones de ésta en Europa, tal vez harían mejor en examinar a Rusia más a fondo. Pero esas personas, y los políticos que compartes su filosofía, no quieren saber nada de los derechos humanos y civiles en Rusia. Al contrario, encuentran todo tipo de razones y excusas para no debatir los problemas de la democracia rusa.
No podemos sentirnos satisfechos con los supuestos logros de Rusia, como el hecho de que el Presidente Putin no infringiera la Constitución rusa y abandonara su cargo por decisión propia. Eso no es un logro, es una regla mínima de conducta. Me estoy acordando de un chiste sobre la benevolencia de Stalin. Sale un niño del despacho de Stalin, sangrando pero sonriente. «¿Por qué sonríes?», le pregunta alguien. «Sonrío porque Stalin ha sido muy bueno conmigo». «¿Qué quieres decir con bueno?», responde el interlocutor. «Te ha golpeado, ¿no? » «Sí», contesta el niño, «pero me podría haber matado».
Katrin Saks (PSE), por escrito. – (ET) Señor Presidente, sólo quiero decir que, lamentablemente, no apoyo la posición de mi Grupo de abstenerse en la votación de la resolución sobre Rusia.
Efectivamente vamos a necesitar una resolución cuando tome posesión de su cargo el Presidente electo, señor Medvédev; está por ver cuáles van a ser sus primeros pasos y el papel que Vladimir Putin se reserva a sí mismo con el nuevo Presidente.
Opino igualmente que, dada la situación actual, en la que a los candidatos de talante democrático no se les ha permitido participar en las elecciones o expresar sus opiniones sobre la situación en la calle con la gente tras las elecciones, resulta importante expresar mi propio parecer. De lo contrario, acabaremos en la misma situación que el Consejo de Europa, que ha vuelto a posponer su informe sobre Rusia hasta un momento más propicio.
Aunque voy a votar, y voy a hacerlo a favor de la resolución, el texto tal vez no sea exactamente como yo hubiera deseado. Creo que, como institución democrática, es nuestra obligación adoptar una postura de principios y valiente a la hora de expresar nuestras opiniones sobre un asunto importante, como éste referente a las elecciones libres.
9.3. El caso del periodista Perwez Kambakhsh - El caso del ciudadano iraní Seyed Mehdi Kazemi
El Presidente. − De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre seis propuestas de resolución sobre el caso del periodista Perwez Kambakhsh y al debate sobre cuatro propuestas de resolución sobre el caso del ciudadano iraní Seyed Mehdi Kazemi(1).
Nickolay Mladenov, autor. − Señor Presidente, voy a ligar este debate con el anterior sobre Rusia, ya que considero firmemente que, si creemos en un conjunto básico de valores, no podemos defenderlos únicamente en los países que son débiles, haciendo una excepción con aquellos que son fuertes.
Constituye un orgullo para mí que este Parlamento haya sometido a debate la resolución sobre Rusia y todos deberíamos sentirnos orgullosos de ello. Recelemos del día en que el Parlamento Europeo deje de debatir estas resoluciones y cese de defender con firmeza los valores en los que creemos.
Porque, hoy, la democracia no es el derecho a que todos seamos iguales, es el idéntico derecho de cada uno a ser diferente. Se trata de un mensaje básico que necesitamos transmitir a nuestros socios en Rusia y tenemos que hacérselo llegar a nuestros socios en Afganistán.
El Presidente Karzai y el Gobierno afgano se han comprometido a construir un Estado moderno democrático. En un Estado democrático y moderno, la pena de muerte resulta inaceptable. No existe discusión al respecto. Ninguna forma de pena capital es aceptable en un Estado democrático y moderno. Esa es la esencia de nuestro valor europeo.
El caso del periodista afgano, señor Kambakhsh, es aún más sorprendente, ya que ha sido condenado a muerte por ejercer el derecho al libre acceso a la información.
Deberíamos animar seriamente a las autoridades en Afganistán, al Gobierno y al Presidente para que intercedan por él y utilicen sus poderes para salvar su vida y garantizar que sea absuelto al final del proceso, al que tiene que someterse ahora, el del recurso.
No obstante, deberíamos seguir ayudando a las autoridades a construir las instituciones que necesitan para funcionar como un Estado democrático y moderno, apoyar a la sociedad civil y, lo más importante de todo, proseguir nuestro compromiso con la seguridad de Afganistán.
Por último, nunca deberíamos olvidar que la educación es el valor central que tenemos que inculcar a un país como Afganistán. Las niñas no han podido ir al colegio sino en los últimos años. Es mucho lo que nos queda por hacer allí. No deberíamos rehuir esa labor y deberíamos inculcar muy decididamente, tanto a la Comisión y al Consejo como a todos los Estados miembros, el hecho de que deberíamos invertir en educación en Afganistán.
Marcin Libicki, autor. − (PL) Señor Presidente, el periodista afgano Perwez Kambakhsh ha sido condenado a muerte. Como es habitual, los gobiernos autoritarios atacan a quienes se pronuncian sobre los derechos humanos, y por ende, a los periodistas y los militantes religiosos.
Coincido con los anteriores oradores en que no deberíamos seguir siendo indulgentes con países poderosos como Rusia y China. Como muy bien ha dicho el señor Mladenov, las normas deben ser iguales para todos. Quiero apuntar asimismo que quienes proclaman que debemos ser más indulgentes con China o Rusia porque son Estados potentes, se equivocan por partida doble. Primero, porque las normas tiene que ser las mismas. Segundo, porque el hecho de que los gobiernos se vean obligados a asumir ciertos compromisos es un asunto diferente. En la historia de Europa, los Parlamentos siempre han sido la conciencia de las naciones. Y los Parlamentos no pueden hacer tales compromisos como los que, por desgracia, a veces nos vemos obligados a aceptar por parte de los gobiernos.
Así pues, pido a este Parlamento que no aplique normas diferentes a los poderosos que a los débiles.
Thijs Berman, autor. − (NL) La pena capital es bárbara y la libertad de expresión está consagrada en la Constitución de Afganistán. Y sin embargo el periodista Perwez Kambakhsh ha sido condenado a muerte por blasfemia, lejos de la capital Kabul, por culpa de un artículo sobre los derechos de la mujer en el islamismo, que ni siquiera había escrito él. Su hermano escribe en tono crítico sobre los dirigentes locales, lo que claramente no ha supuesto ninguna ayuda en el caso de Perwez.
Esta sentencia de muerte ha llegado como un golpe tremendo, incluso en países con una gran población musulmana. Los periodistas en Pakistán, en Irán, en Qatar, todo el mundo es terriblemente consciente de la importancia de salvaguardar la libertad de expresión en todas partes, a nivel mundial. Contra una enorme oposición, a pesar de los grupos ultraconservadores que no sienten ningún respeto por las libertades, los derechos de la mujer o el debate abierto. Aun cuando esos ultraconservadores también precisan la libertad de expresión.
¿Qué debería hacer Europa?
1. Ofrecer más ayuda de la prometida en 2007 para la reforma del sistema judicial en Afganistán;
2. Solicitar con insistencia al Presidente Karzai que emprenda acciones y apoyarle en ellas;
3. La Unión Europea tiene que convertir el respeto por los derechos humanos y la Constitución afgana en el pilar central de la política de la Comisión Europea.
No tiene absolutamente ningún sentido forzar el asunto más de lo que los ultraconservadores están dispuestos a tolerar. Eso sería hacerles el juego. Pero Perwez Kambakhsh tiene que ser liberado sin dilación.
Marios Matsakis, autor. − Señor Presidente, algunos creen que Afganistán es un país que en los últimos años ha estado inmerso en un estado de continuas convulsiones y tensiones caóticas. La pobreza, el analfabetismo, la violente rivalidad entre tribus, los barones de la droga, los señores de la guerra, la ocupación rusa, el terrorismo talibán, seguidos de una formidable intervención militar EUA-RU, y por encima de todo, una estricta ley Sharia islámica. Si alguna vez existiera el infierno en esta Tierra, Afgansitán sería un firme candidato a ello. Sin embargo, contra estas enormes adversidades, existen tenues actos de oposición y una esperanza de que haya libertad de expresión y democracia.
Tal es el caso relativo a un joven periodista, Perwez Kambakhsh, que se atrevió a difundir un artículo sobre los derechos de la mujer bajo el islamismo, que había descargado de Internet. Este valeroso acto ha sido considerado blasfemo de acuerdo con la prehistórica ley Sharia y ha sido condenado a muerte por unos presuntos jueces, descerebrados y cegados por el fanatismo, en un presunto tribunal regional en el norte de Afganistán. Como bien sabemos, en términos del fanatismo islámico, a las mujeres se les considera poco más que mobiliario y cualquier intento de rebatir esta idea se reprime con acciones extremas, como la que ocupa la atención de esta resolución.
Pero las cosas tienen que cambiar a mejor y nosotros, en Occidente, tenemos la obligación de procurar que dicho cambio se produzca mejor antes que después. Dado que Occidente, incluida la UE, cuenta con una enorme presencia militar en Afganistán y ya que Occidente, incluida la UE, destina miles de millones de euros a ayuda financiera para ese país, pienso que tenemos perfecto derecho a exigir que no sólo sea liberado de forma inmediata e incondicional el joven en cuestión, sino que no vuelvan a ocurrir nunca más casos parecidos en relación con la retrógrada ley Sharia islámica. De lo contrario, deberíamos contemplar seriamente la retirada de nuestras tropas y nuestro dinero de Afganistán y dejar que el país siguiera su curso diabólico al que se verá sentenciado por su fanático destino religioso.
Jean Lambert, autor. − Señor Presidente, mi Grupo apoya firmemente la propuesta de resolución relativa al señor Kambakhsh, aunque no estoy seguro de estar de acuerdo con todo lo dicho por el anterior orador.
Sin embargo, quiero ocuparme de otro joven cuya vida se encuentra igualmente en peligro en estos momentos, Mehdi Kazemi, que es de Irán, y donde el gobierno británico, en este caso, podría marcar las diferencias. Muchos de nosotros esperamos que la Ministra del Interior, Jacqui Smith, intervenga ahora sobre la base de nuevas evidencias.
Este Parlamento ha aprobado muchas propuestas de resolución condenando el historial en materia de derechos humanos en Irán. Creemos que es un país peligroso para los homosexuales. De hecho, hemos visto los cadáveres colgados de grúas, por lo que sabemos que lo es, y muchos de nosotros creemos que es peligroso para este joven en concreto.
Hay quienes han dicho que su vuelta resultaría segura si se comporta con discreción. Me permito apuntar que lo que se considera una conducta «discreta» en Irán es muy distinto de lo que podría entenderse en nuestros Estados miembros. Pero la cuestión es que para muchos, en determinados países, ya se encuentren en Irán, Jamaica o cualquier otro lugar, ser gay constituye un delito y se encuentran en peligro.
Mi Grupo ha sido muy crítico con el Reglamento de Dublín que está implicado en este caso, ya que sabemos que sigue habiendo enormes diferencias entre los Estados miembros en cuanto a la forma de tratar las solicitudes de asilo, y que incluso puede resultar extremadamente arduo acceder a tal procedimiento. Hemos presenciado un ambiente en el que los números pueden considerarse más importantes que la vida.
Esta es la esencia del procedimiento de protección: se trata de salvar la vida de una persona cuando se halla en peligro. No se trata de los detalles de unos procedimientos correctos: se trata del efecto.
Queremos una política de asilo que funcione, capaz de corregir errores y de asumir información nueva, y que fije la misma elevada norma en todos los Estados miembros. Esperamos que, en este caso, el gobierno británico demuestre que eso es posible.
Eva-Britt Svensson, ponente. − (SV) Señor Presidente, permítame primero hacer dos observaciones breves. Para empezar, no podemos en ningún caso permanecer callados cuando se aplica la pena capital, al margen del lugar del mundo donde suceda. Segundo, es profundamente lamentable que, cada vez que nos reunimos aquí en Estrasburgo, tengamos sobre la mesa una serie de delitos contra los derechos humanos. A veces da la sensación de que esto nunca va a tener fin.
En relación con esta resolución, observamos que el artículo 34 de la Constitución afgana consagra muy claramente el derecho a la libertad de expresión, estipulando que no debe restringirse la libertad de expresión y que todos los afganos deben tener el derecho a expresar sus ideas por medio de la palabra, la imagen y la escritura y a través de cualquier otro medio. A pesar de ello, el periodista de 23 años, Perwez Kambakhsh, ha sido sentenciado a muerte en un juicio ilegítimo, habiéndosele privado de sus derechos legales. El juicio ha estado vetado a los periodistas y las organizaciones que trabajan a favor de los derechos humanos. El supuesto delito fue haber difundido un artículo sobre la situación de las mujeres bajo el islamismo.
Así que los antecedentes son bien conocidos. Ahora exigimos rotundamente que Perwez Kambakhsh sea liberado de manera inmediata. No ha cometido ningún tipo de acto delictivo; ha actuado de acuerdo totalmente con la ley y la Constitución. La UE y el mundo entero tienen que respaldar esta demanda: libertad para Perwez Kambakhsh.
Marco Cappato, autor. − (IT) Señor Presidente, Señorías, en el caso de Mehdi Kazemi nos vemos obligado a discutir algo que realmente no debería exigir ni un solo segundo de debate.
Si se preguntara a alguien si considera posible que un país europeo entregue a alguien a un país verdugo y dictatorial como Irán, la respuesta sería indudablemente que eso era impensable. Sin embargo, lo imaginable bien podría ocurrir, está a punto de suceder, a pesar de las garantías que se están dando. Eso significa que está ocurriendo algo muy grave, que Europa se halla presa de especie de locura.
Algunos dicen que existen diversas sutilezas jurídicas que pueden provocar la deportación y muerte de Mehdi Kazemi. Eso no tiene que ser posible. Los principios fundamentales de la Unión Europea, de respeto por los derechos humanos y la vida, aún no han sido abolidos. Si el señor Kazemi es ejecutado, nadie podrá realmente echar la culpa a los trámites burocráticos, a menos que se resignen a aceptar que eso es simplemente lo que es Europa: trámites burocráticos, Estados-nación que son tan poderosos que ni siquiera pueden conseguir salvar una vida.
Quiero dar las gracias a los 140 diputados al PE que han colaborado en esta causa y espero que esta Cámara vote de manera unánime a favor de la resolución que ha sido presentada.
Ewa Tomaszewska, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, el 22 de enero de 2008, el tribunal primario en la provincia septentrional afgana de Balkh condenó a muerte a Perwez Kambakhsh, un periodista de 23 años colaborador de la publicación local, por descargar de Internet un artículo sobre los derechos de la mujer y distribuirlo por cauces electrónicos. El juicio se celebró sin derecho a la defensa. El acusado fue golpeado y se le arrancó una confesión por métodos brutales.
Exigimos que las autoridades afganas liberen a Perwez Kambakhsh y que el gobierno afgano restablezca el respeto por los derechos humanos, sobre todo el derecho a la vida. Permítanme ser tan audaz como para esperar que Afganistán declare rápidamente una moratoria para la ejecución de la pena capital.
Raül Romeva i Rueda, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (ES) Señor Presidente, hace pocos meses el Presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, declaró solemnemente ante las Naciones Unidas que en Irán no había ningún problema con la homosexualidad, simplemente porque no había homosexuales. Lo que no dijo es que a los que había los ejecutaban.
El caso de Mehdi Kazemi pone de manifiesto, una vez más, las grandes lagunas del sistema de asilo de la Unión Europea: que una persona deba pedir asilo hoy porque se la persigue y amenaza de muerte dada su condición de homosexual es sumamente preocupante y demuestra que la promoción de los derechos LGBT debe estar en la parte alta de la agenda internacional.
Pero más grave aún es que la Unión Europea, adalid de los derechos y bandera de las libertades, no considere la persecución por motivos de orientación sexual un hecho suficientemente relevante como para conceder automáticamente el asilo ante casos como el de Mehdi Kazemi. Por desgracia, no es el primer caso de esas características, ni seguramente será el último. Y es que son todavía muchos los países en los que la población LGBT sigue sufriendo persecución de todo tipo y a la que incluso se condena a muerte, como es el caso de Irán.
Por ello, espero que esta Cámara y todos los grupos políticos estén a la altura de las circunstancias y se sumen a las más que justas peticiones que se hacen en la resolución que hoy presentamos, especialmente con relación a que se aplique plenamente la Directiva de Calificación, la cual reconoce la persecución por orientación sexual como un factor determinante para la concesión de asilo. Del mismo modo, establece que los Estados miembros deben considerar los casos individuales y la situación en el país de origen, incluyendo las leyes y las regulaciones y la forma cómo éstas se aplican.
Asimismo, es necesario que los Estados miembros encuentren una solución común que garantice que se conceda a Mehdi Kazemi el estatuto de refugiado y la protección necesaria dentro de la Unión Europea, y que no será enviado de nuevo a Irán, donde muy probablemente sería ejecutado, como lo fue su compañero.
Para ello simplemente es necesario cumplir con el artículo 3 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, según el cual se prohíbe la expulsión y extradicción de personas a países donde existe un alto riesgo de que dichas personas sean sometidas a persecución, tortura o incluso la pena de muerte.
Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, apoyo desde luego la resolución, ya que la actual situación en Afganistán resulta inaceptable y deplorable. El gobierno talibán ha hecho retroceder al país muchos años.
Pero seamos sinceros. ¿Quién fortaleció a los talibanes? ¿No fueron los norteamericanos, con su armamento y sus recursos económicos, quienes reforzaron a los talibanes para que lucharan contra los soviéticos? ¿No es un hecho también que, hoy, la producción de opio en ese país se ha multiplicado por cinco? ¿Por qué ocurre esto? Dejemos que cada uno extraiga sus propias conclusiones.
Sophia in 't Veld (ALDE). – (NL) Estoy horrorizada por el caso Mehdi Kazemi y el hecho de que no estemos proclamando todos, sin más ambages, que hay que concederle asilo: insto a los representantes de los gobiernos neerlandés y británico, junto con los diputados de esta Cámara que tienen intención de votar en contra de esta resolución, que se paren a pensar: ¿cuál es exactamente el propósito del Estado de Derecho? ¿Llevar a la práctica las normas y los procedimientos de manera correcta y al pie de la letra, o procurar que se haga justicia? Piensen seriamente sobre ello antes de votar.
Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, mi Grupo está declaradamente a favor de proteger al señor Kazemi y, desde luego, en contra su deportación a Irán. Pero estamos en contra de esta resolución porque no se refiere, como era su intención, a un caso urgente, sino a la ley sobre asilo en la Unión Europea en general y la relación entre dos Estados miembros de la UE, los Países Bajos y el Reino Unido, por lo que respecta a esa difícil cuestión.
No es esa la finalidad de estas resoluciones urgentes. En este caso se están utilizando como un medio para plantear cuestiones de política interior. Queremos que se conceda protección al señor Kazemi y vamos a apoyar toda iniciativa en ese sentido, pero no esta resolución, en cuyo título figura el nombre del señor Kazemi, pero cuyo contenido se refiere a algo totalmente distinto.
John Bowis (PPE-DE). – Señor Presidente, apoyo ambas resoluciones. Pero es mi país el que pretende enviar a un joven a la muerte en su país, en Irán. Una suerte que ya ha corrido su amigo. No por culpa de ningún delito, sino debido a su sexualidad. Es mi país el que, en el pasado, ha tendido el honor de contar con una norma absoluta por la que nunca entregamos a personas para que se enfrenten a una pena peor de la que sufrirían si fueran condenadas en Gran Bretaña.
En este caso no existe delito y hay una pena que en Gran Bretaña abolimos hace muchos años. Es mi país el que, si no cede en este caso, debería ver colgada su cabeza a título de escarnio. Espero que este Parlamento no tenga que ver la suya colgada. Espero que apoyen esta resolución.
¡Por Dios, estamos hablando de un joven de 19 años!
(Grandes aplausos)
Czeslaw Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, uno de los valores de la Unión Europea es el de coordinar las actuaciones y aprobar posturas en defensa de los derechos humanos. Eso es aplicable al caso de un periodista afgano condenado a muerte por un tribunal en una provincia septentrional de Afganistán por difundir un artículo sobre los derechos de la mujer en el islamismo. Durante el juicio se le denegó el derecho a tener abogado defensor y fue sometido a diversas formas de violencia física. Sin embargo, la Constitución afgana contiene una cláusula sobre el derecho a la libertad de expresión.
Como vemos, la ley y la realidad no van parejas. Muchos gobiernos garantizan el respeto a la Declaración de los Derechos Humanos, pero cierran los ojos a la forma en que se aplica en sus propios países. Eso debería impulsarnos aún más a defender los derechos humanos, la libertad y la democracia.
Mario Mauro (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, solamente quiero señalar que, a pesar de la preocupación de mi Grupo, hasta cierto punto fundada, de que parte del contenido de la resolución pueda utilizarse para otros fines, resulta irrefutable el hecho de que la información que recibimos de las fuentes y las autoridades iraníes es inequívoca. El destino de Mehdi Kazemi, si retorna a Irán, es la muerte y por tal razón voy a apartarme de la norma y votar de forma distinta que mi Grupo.
Louis Michel, miembro de la Comisión. − (FR) Señor Presidente, Señorías, muchas gracias por concedernos esta oportunidad para hablar con ustedes sobre los casos de Perwez Kambakhsh en Afganistán y el ciudadano iraní Mehdi Kazemi.
En relación con el señor Kambakhsh, evidentemente compartimos todas sus preocupaciones y estamos haciendo un seguimiento minucioso del caso sobre el terreno a través de nuestra delegación en Afganistán en colaboración con el jefe de la misión y el Representante Especial de la UE. Hemos planteado el caso en reiteradas ocasiones a las autoridades afganas, la última vez al Ministro de Asuntos Exteriores, señor Spanta, durante la reunión de la troika en Liubliana el 21 de febrero.
Sé que la delegación a Afganistán del Parlamento Europeo también ha planteado el asunto directamente al Parlamento afgano y que los diputados afganos les han dado a ustedes garantías de que se encontraría una solución satisfactoria.
Creo que debemos continuar adoptando el mismo enfoque que hasta ahora, confiando al menos de momento en una prudente actividad diplomática. A juzgar por el actual clima político en Afganistán, va a resultar más difícil garantizar la liberación del señor Kambakhsh si existe la sensación de que las autoridades afganas se están doblegando ante la presión internacional.
No obstante, quiero asegurarles que vamos a continuar haciendo un seguimiento muy estrecho de este caso y que estaremos preparados para tomar nuevas medidas en el supuesto de que la condena a muerte sea confirmada tras el recurso. Casi 30 años de conflicto armado han destrozado el sistema judicial de Afganistán. Por tal motivo, dentro de nuestro programa de ayuda a Afganistán hemos convertido en prioritaria la reforma de las instituciones judiciales del país. Ya tenemos expertos trabajando allí con el Tribunal Supremo, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, con vistas a profesionalizar esas instituciones tanto a nivel central como provincial. El programa de la Comisión Europea también va a ayudar a las autoridades a establecer un nuevo sistema de defensa de oficio, algo que resulta imperiosamente necesario en Afganistán, tal como ha demostrado este caso. Actualmente no existe un Colegio de Abogados independiente y formalmente establecido, ni acceso a la defensa de oficio. Tengo grandes esperanzas de que el programa de reforma judicial de la Comisión –que se va llevar a la práctica en estrecha cooperación con la misión de la policía afgana a EUROPOL realizada bajo la PESD– contribuya a mejorar la situación de los derechos humanos a medio y largo plazo.
Evidentemente, la Comisión comparte asimismo su honda preocupación por Mehdi Kazemi y otros casos similares. Las autoridades neerlandesas y británicas están estudiando actualmente el caso del señor Kazemi con suma atención. Con respecto a la protección de los refugiados, queremos señalar que el Derecho internacional estipula, sobre todo en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiado, que ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras del territorio donde su vida o su libertad peligre por causa de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas.
Conforme al Código Penal iraní, el acto conocido como lavat se castiga con la pena de muerte. Sin embargo, el término lavat no establece ninguna distinción entre relaciones sexuales libremente consentidas y relaciones sexuales a la fuerza. En este último caso parece que, cuando se dicta sentencia por lavat en conjunción con otros delitos, el término equivale normalmente a violación. Huelga decir que la Comisión es radicalmente contraria a la pena de muerte en todas las circunstancias, tanto más cuando no se ha cometido ningún delito. La situación de los homosexuales en Irán constituye motivo de preocupación. Las violaciones del derecho a la vida privada y la discriminación por causa de la orientación sexual chocan frontalmente con las obligaciones de Irán conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ha ratificado.
La Unión Europea transmite estos mensajes sobre derechos humanos a Irán de una manera general y también a través de acciones en diversos frentes. Por desgracia, Irán aún no ha aceptado nuestra oferta de reanudar el diálogo bilateral sobre derechos humanos. No obstante, en nuestros debates con representantes iraníes, subrayamos que deseamos constatar avances en todos los asuntos que preocupan a la Unión Europea en el ámbito de la política, la política nuclear, el comercio y los derechos humanos. Sin una mejora general en la situación de los derechos humanos allí, no pueden evolucionar satisfactoriamente nuestras relaciones con Irán.
A título personal, quiero agradecer y felicitar muy sinceramente al señor Bowis por su contribución Comparto plenamente los sentimientos expresados por él.
10. Composición de las comisiones y delegaciones: véase el Acta
11. Turno de votaciones
El Presidente. − De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.
(Para los resultados y otros detalles de la votación: véase el Acta)
11.1. Armenia (votación)
- Antes de comenzar la votación:
Marios Matsakis, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, se trata de una enmienda sencilla que ha sido acordada con los principales grupos políticos. Consiste en sustituir en la enmienda del Grupo PPE-DE la palabra «por» Turquía por la palabra «con» Turquía. Entiendo que resulta aceptable para todos los principales grupos.
Dado que estoy en el uso de la palabra, existe una segunda enmienda relativa al considerando H, al que un compañero ha hecho referencia anteriormente, que consiste en sustituir la palabra «territorio» por la palabra «estatus». Entiendo que ésta también resulta aceptable para los principales grupos. Estoy sumamente agradecido a la Secretaría por tratarse de una enmienda oral muy tardía.
(El Parlamento aprueba la enmienda oral)
11.2. Rusia (votación)
- Antes de comenzar la votación:
Marcin Libicki, autor, en nombre del Grupo UEN. − (PL) Quiero proponer una enmienda de estilo. Las palabras «Tribunal Europeo» deben sustituirse por «Tribunal Europeo de Derechos Humanos», pues de lo contrario el texto resulta ininteligible.
(El Parlamento aprueba la enmienda oral)
11.3. El caso del periodista Perwez Kambakhsh - El caso del ciudadano iraní Seyed Mehdi Kazemi (votación)
- Antes de comenzar la votación:
Marco Cappato, autor. − (IT) Señor Presidente, Señorías, solamente quiero preguntar, en virtud del artículo 115 del Reglamento del Parlamento, si la votación que vamos a realizar no debería ser invalidada por lo que podrían denominarse cuestiones de procedimiento.
El caso sobre Mehdi Kazemi ha sido incluido entre los casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del estado de Derecho. Aunque no se trata de una resolución sobre política de asilo, la Mesa ha decidido no obstante incluir este caso entre las resoluciones urgentes A mi juicio, estaremos enviando una señal realmente negativa e incomprensible si fuera una razón de procedimiento socavar lo que considero es la unanimidad fundamental de esta Cámara.
Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, la información es sumamente contradictoria en este caso. Lo dicho por el señor Comisario también ha sido distinto de lo que dice en la propuesta de resolución. Él ha dicho que el Reino Unido no iba a entregarle. Es por eso que propongo a mi Grupo que no votemos en contra, tal como pretendíamos en un principio, sino que nos abstengamos y que, en el futuro, analicemos los casos de esta naturaleza con más cuidado en esta Cámara. Realmente no son cuestiones propias de un debate de urgencia.
El Presidente. − Se cierra la votación.
12. Presentación de documentos: véase el Acta
13. Decisiones relativas a determinados documentos: véase el Acta
14. Curso dado a las posiciones y resoluciones del Parlamento: véase el Acta
15. Declaraciones por escrito inscritas en el registro (artículo 116 del Reglamento): véase el Acta
16. Transmisión de los textos aprobados por el Parlamento durante la presente sesión: véase el Acta
17. Calendario de las próximas sesiones: véase el Acta
18. Cierre de la sesión
(Se levanta la sesión a las 16.35 horas)
ANEXO (Respuestas por escrito)
PREGUNTAS AL CONSEJO (La Presidencia en ejercicio del Consejo de la Unión Europea es la única responsable de estas respuestas)
Pregunta nº 13 formulada por Bernd Posselt (H-0099/08)
Asunto: Negociaciones de adhesión con Croacia
¿Podría evaluar el Consejo el estado actual de las negociaciones de adhesión con Croacia? ¿Cuál es el calendario para su continuación?
La respuesta de la Presidencia en ejercicio del Consejo, que no es vinculante ni para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo que tuvo lugar durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo de marzo de 2008 en Estrasburgo.
El 10 de diciembre de 2007 el Consejo elogió a Croacia por su progreso general durante el año anterior, que ha permitido al país avanzar a la siguiente fase, significativamente más importante y más exigente. Las negociaciones de adhesión se siguen llevando a cabo según el calendario previsto.
Hasta la fecha se han abierto dos capítulos, que se han vuelto a cerrar de forma provisional: los capítulos 25 (Ciencia e investigación) y 26 (Educación y cultura). Por otro lado, se han abierto por primera vez otros catorce: los capítulos 3 (Derecho de establecimiento y libertad de provisión de servicios), 6 (Derecho de sociedades), 7 (Derecho sobre la propiedad intelectual), 9 (Servicios financieros), 10 (Sociedad de la información y medios de comunicación), 17 (Política económica y monetaria), 18 (Estadística), 20 (Política empresarial e industrial), 21 (Redes transeuropeas), 28 (Protección del consumidor y salud), 29 (Unión aduanera), 30 (Relaciones exteriores), 32 (Control financiero) y 33 (Disposiciones financieras y presupuestarias).
Las negociaciones con Croacia a nivel de los representantes permanentes y ministerial también se prevén para el primer semestre de 2008 con vistas a abrir más capítulos.
Todavía queda mucho por hacer. Ha de prestarse una mayor atención a una eficiente transposición y aplicación del acervo comunitario con el fin de asegurar un cumplimiento oportuno de las obligaciones derivadas de la adhesión. A la luz del Informe de la Comisión de 2007 sobre los progresos realizados por Croacia, el país necesita intensificar sus esfuerzos a la hora de transponer y específicamente de avanzar más en los ámbitos de la justicia y la reforma administrativa, las medidas anticorrupción, la reforma económica, los derechos de las minorías y el retorno de los refugiados. Debe proseguir la plena cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), con más mejoras para garantizar que los delincuentes de Croacia puedan procesarse y condenarse sin prejuicios nacionales.
La cuestión de la zona de pesca ecológica también ha de abordarse. El 18 de febrero de 2008 el Consejo volvió a instar a Croacia a cumplir con sus obligaciones al respecto, referentes a las Decisiones del Consejo de diciembre de 2007, por las que se hacía un llamamiento a Croacia para que cumpliera plenamente el acuerdo de 4 de junio de 2004 y para que, bajo ningún concepto, hiciera respetar la zona de pesca ecológica —en que se aplicaba también la prohibición de pesca a los Estados miembros de la UE— hasta que se alcance un acuerdo común en el espíritu de la UE. El Consejo volverá a plantear este asunto en su próxima reunión y, por lo tanto, ha pedido a la Comisión que siga negociando con las autoridades croatas y que informe de ello al Consejo.
Pregunta nº 14 formulada por Zita Pleštinská (H-0146/08)
Asunto: Negociaciones de adhesión con Croacia
La integración europea no podrá considerarse un éxito hasta la adhesión a la UE de los países del sudeste europeo. Eslovenia es miembro pleno de la UE desde el 1 de mayo de 2004, en tanto que los croatas sólo aspiran todavía a la adhesión. Las diferencias fronterizas entre Eslovenia y Croacia son algo habitual desde hace varios años. La declaración de una zona de pesca ecológica a comienzos del presente año ha complicado aún más las negociaciones de Croacia para su adhesión a la UE.
¿Cuál es el parecer del Consejo sobre la resolución del conflicto fronterizo entre Eslovenia (que ejerce actualmente la Presidencia de la UE) y Croacia (que aspira a la adhesión a la UE)? ¿Considera apropiado el Consejo incluir las cuestiones bilaterales en el proceso de las negociaciones de adhesión? ¿Cuánto tiempo considera el Consejo que llevará la resolución del asunto de manera aceptable para ambas partes? ¿Cuándo será posible reanudar las negociaciones de adhesión con Croacia?
La respuesta de la Presidencia en ejercicio del Consejo, que no es vinculante ni para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo que tuvo lugar durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo de marzo de 2008 en Estrasburgo.
Las negociaciones de adhesión con Croacia no se han suspendido en ningún momento, por lo que no deben reanudarse. Más concretamente, continúan según el calendario previsto. Se han previsto dos conferencia de adhesión durante el primer semestre de 2008: una a nivel de las representaciones permanentes y otra, ministerial con el fin de abrir nuevos capítulos. Cabe señalar que el 10 de diciembre de 2007 el Consejo elogió a Croacia por su progreso general, que prosiguió a lo largo del pasado año y permitió al país avanzar a la siguiente fase, significativamente más importante y más exigente.
A pesar de ello, debe tratarse el asunto de la zona de pesca ecológica. El 18 de febrero de 2008 el Consejo instó de nuevo a Croacia a cumplir con sus obligaciones al respecto, referentes a sus Decisiones de diciembre de 2007. El Consejo planteará este asunto en su próxima reunión y ha pedido a la Comisión que siga negociando con las autoridades croatas y que informe de ello al Consejo.
El 12 de febrero el Consejo se afilió con Croacia en una Asociación para la Adhesión. Las principales intenciones de esta Asociación para la Adhesión revisada son intensificar los esfuerzos por hallar una solución definitiva a las cuestiones bilaterales pendientes, en particular el tema de las fronteras de Croacia con Eslovenia, Serbia, Montenegro y Bosnia y Herzegovina, y resolver el asunto de la zona de pesca ecológica. La gestión de la Asociación para la Adhesión reviste una importancia fundamental para la continuación del proceso de adhesión.
Pregunta nº 15 formulada por Robert Evans (H-0101/08)
Asunto: Cárceles en la Unión Europea
Las condiciones y los servicios que ofrecen las cárceles de la Unión Europea varían considerablemente de un Estado miembro a otro. ¿Qué se puede hacer para garantizar una situación uniforme en toda la Unión? y ¿qué ayuda podría aportarse a los países que necesitan mejorar sus instalaciones?
La respuesta de la Presidencia en ejercicio del Consejo, que no es vinculante ni para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo que tuvo lugar durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo de marzo de 2008 en Estrasburgo.
El asunto de la condiciones en las cárceles es responsabilidad de los Estados miembros, no de la Unión Europea. Ni el Tratado de la UE ni el actual Tratado de Reforma confieren competencia alguna a este respecto. Por consiguiente, no se puede promulgar ninguna ley directa. Sin embargo, el Tratado sí otorga responsabilidades en la cooperación jurídica entre los Estados miembros. El Consejo de la UE ya ha adoptado diversas medidas sobre esta base; cabe destacar dos documentos: la iniciativa de la República Federal de Alemania y de la República Francesa con vistas a la aprobación por el Consejo de una Decisión marco relativa al reconocimiento y vigilancia de penas suspendidas, penas sustitutivas y condenas condicionales y la Decisión marco del Consejo sobre la orden europea de vigilancia en el marco de las medidas cautelares aplicadas entre los Estados miembros de la Unión. El Consejo ya ha alcanzado un acuerdo sobre la primera decisión y la Presidencia eslovena del Consejo trabajará por obtener un acuerdo sobre la segunda.
Independientemente de esto, invito a su Señoría a familiarizarse con las condiciones europeas de detención aprobadas por el Consejo de Europa, que establecen criterios y normas para las condiciones en las cárceles.
Pregunta nº 16 formulada por Chris Davies (H-0103/08)
Asunto: Control de la aplicación de la legislación de la UE durante la Presidencia eslovena
¿Puede indicar la Presidencia en ejercicio del Consejo si se ha propuesto incluir la cuestión de la aplicación inadecuada de la legislación comunitaria por los Estados miembros en el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros que se celebrarán durante la actual Presidencia?
La respuesta de la Presidencia en ejercicio del Consejo, que no es vinculante ni para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo que tuvo lugar durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo de marzo de 2008 en Estrasburgo.
Su Señoría será sin duda consciente de que el Consejo concede mucha importancia a la transposición adecuada y oportuna y la aplicación de la legislación comunitaria en los Estados miembros. Esto también forma parte de la agenda ampliada para la mejora reglamentaria, que constituye una de las prioridades del Consejo.
En la reunión del 25 de febrero de 2008, la Comisión informó al Consejo sobre la última edición del Marcador del Mercado Único (indicador de progresos destacados en la transposición de las Directivas sobre el mercado interior a la legislación nacional), que demuestra que en veintidós Estados miembros el déficit de transposición se encuentra actualmente por debajo del objetivo intermedio del 1,5 % establecido por el Consejo Europeo en 2001. Al mismo tiempo, resulta preocupante el gran número de procesos de infracción del Tratado abiertos contra los Estados miembros por una aplicación inadecuada o incorrecta de las normas del mercado interior. En vista de ello, el Consejo señaló, en su documento de asuntos clave para la reunión del Consejo Europeo de primavera, la importancia de transponer y aplicar la Directiva sobre servicios de una forma global, coherente y oportuna. Esto también se destacó en el documento de los asuntos clave pertinentes aprobado por el Consejo el 12 de febrero de 2008.
La Presidencia eslovena del Consejo Europeo seguirá dando prioridad en los próximos meses a la agenda para la mejora reglamentaria y a sus diversos aspectos. Las mejoras en el proceso legislativo se debatirán en la reunión del Consejo prevista para los días 29 y 30 de mayo de 2008, cuando el Consejo y la Comisión tengan otra oportunidad de tratar el importante asunto que ha planteado su Señoría.
Pregunta nº 17 formulada por Justas Vincas Paleckis (H-0108/08)
Asunto: Búsqueda eficaz de los objetivos de la Unión Europea
La Unión Europea contribuye activamente a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, uno de los cuales es la erradicación de la pobreza. El cultivo de cereales y otros cultivos desempeñan un papel muy importante en la reducción del número de personas que sufren el acoso del hambre en los países en desarrollo, dado que constituyen la fuente de alimentación de la mayoría de la población pobre. Uno de los objetivos aprobados por la Unión Europea establece que, hasta el año 2010, los combustibles biológicos deben representar 1/10 del total de combustibles utilizados en el sector del transporte. Atendiendo a las futuras perspectivas y a la posibilidad de realizar importantes beneficios, los agricultores de la UE han empezado a invertir de forma masiva en el cultivo de la colza, y algunos de ellos han modificado las variedades de cultivo, de tal manera que la colza ha empezado a sustituir a los cereales. Ahora bien, si disminuyen de forma notable las cosechas de cereales, la UE corre el riesgo de no poder responder de modo permanente a las crecientes necesidades de la población que sufre hambre en terceros países.
Teniendo en cuenta esta situación, ¿qué medidas preventivas se propone adoptar el Consejo para conseguir que los agricultores comunitarios que cultivan las variedades de cereales mencionadas no se vean perjudicados económicamente y que no disminuya el volumen de la ayuda alimentaria que se otorga a terceros países? ¿Por qué medios se asegurará de que la realización de un objetivo no impide la consecución de otro?
La respuesta de la Presidencia en ejercicio del Consejo, que no es vinculante ni para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo que tuvo lugar durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo de marzo de 2008 en Estrasburgo.
La cuestión que plantea su Señoría alude a la garantía aportada por la Unión Europea de realizar una contribución activa a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En este sentido, el Consejo opina que el compromiso de la UE con respecto a la ayuda humanitaria y al desarrollo —incluida la ayuda alimentaria— debería ser lo más eficaz posible y coherente con la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo.
Su Señoría tendrá sin duda conocimiento de que la UE ha estado durante algún tiempo ofreciendo ayuda alimentaria sin condiciones, sobre todo para asegurar que sea eficaz. En línea con las recomendaciones del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE, la Unión Europea considera que toda forma de ayuda alimentaria debe aportarse únicamente en los términos que también se aplican a las subvenciones, es decir: deberían ser completamente incondicionales, sobre la base de una evaluación sistemática de la necesidad y el pago en efectivo. Los socios ejecutores obtienen ayuda alimentaria principalmente de los mercados locales y regionales. El Programa Mundial de Alimentos (PMA), por ejemplo, es uno de los principales socios ejecutores de la UE, ya que proporciona en torno al 80 % de su ayuda a los países en desarrollo. Por lo tanto, el Consejo no considera que al extender el cultivo de colza en la UE se disminuya la capacidad de la Unión de satisfacer las condiciones de los que necesitan ayuda alimentaria.
Diversas reformas recientes de la PAC iban dirigidas a aumentar la sostenibilidad de la agricultura comunitaria y a orientarla más hacia el mercado. El Consejo es consciente de que los precios de los alimentos se están incrementando en todo el mundo. Hay muchas razones para este aumento, que no pueden atribuirse solamente a los cambios en el cultivo internacional. Cabe señalar que el precio excesivamente alto del combustible tiene graves repercusiones en la producción y los costes del transporte de alimentos. La prosperidad cada vez mayor en diversas zonas del mundo —como, por ejemplo, Asia— también constituye un factor del crecimiento de la demanda de alimentos.
Por consiguiente, el Consejo trabajará duro por garantizar que la agricultura europea logre este reto, es decir, que encuentre el equilibrio adecuado entre el cultivo de cosechas para fines de alimentación y de producción de biocombustibles.
Pregunta nº 18 formulada por Brian Crowley (H-0110/08)
Asunto: Lucha contra la importación de estupefacientes en la UE
¿Puede el Consejo hacer una declaración detallada describiendo todas las nuevas iniciativas en curso para poner fin a las importaciones ilegales de estupefacientes en la UE en línea con la iniciativa M.A.O.C., que agrupa los servicios policiales, navales, aduaneros y de inteligencia de los ocho Estados miembros de la costa occidental de Europa que coordinan sus actividades para combatir las importaciones en Europa de cocaína procedente de África y de Sudamérica?
La respuesta de la Presidencia en ejercicio del Consejo, que no es vinculante ni para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo que tuvo lugar durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo de marzo de 2008 en Estrasburgo.
Reducir las importaciones ilegales de estupefacientes en la Unión Europea representa una prioridad clave de la Estrategia de la UE en materia de drogas para el periodo 2005-2012, aprobada por el Consejo Europeo y aplicada en el marco del Plan de Acción de la UE en materia de Lucha contra la Droga 2005-2008, que también aprobó el Consejo. Por tanto, la UE ha acordado planes de acción y cooperación con los países productores importantes.
En 1999 los Estados miembros de la UE y los países de América Latina y el Caribe (ALC) acordaron, en el marco del Plan de Acción de Panamá, cooperar para detener la producción y el tráfico de drogas. Posteriormente se estableció un mecanismo de coordinación y cooperación a diferentes niveles, desde los grupos de expertos a las élites políticas. Como parte de ello, se celebró en Viena una reunión de alto nivel (la décima de este tipo) durante la Presidencia eslovena del Consejo de la UE, en la que se aprobó un texto conjunto: la Declaración de Hofburg. En ella los países interesados reiteraron su compromiso a cooperar más en la lucha contra el problema de las drogas. Entre otras cosas, acogieron con satisfacción los importantes esfuerzos analíticos realizados en la lucha contra el tráfico de drogas en el Atlántico por el Centro de Análisis y Operaciones contra el Tráfico Marítimo (M.A.O.C.) —con sede en Lisboa—, que su Señoría menciona en su pregunta y cuyo objetivo consiste en destruir las rutas marítimas de cocaína a Europa a través del oeste de África.
Un gran número de proyectos conjuntos están actualmente en curso, entre los que cabe destacar:
1. asociaciones entre ciudades europeas, latinoamericanas y del Caribe;
2. cooperación policial y de los servicios de inteligencia con el fin de combatir el tráfico de cocaína desde América Latina y el Caribe pasando por África;
3. intercambio de información entre los cuerpos de policía de América Latina y Europa que se ocupan del problema de la droga en la región;
4. interrupción de la producción de precursores y del tráfico de estos químicos en América Latina y el Caribe.
Una auditoría de los recursos destinados a los países ALC demuestra que hasta 2005 los Estados miembros financiaron 76 proyectos por un valor superior a 230 millones de euros. Las cifras de la financiación a partir de 2005 están todavía en proceso de recopilación. Los programas se elaboran de modo que fomenten el desarrollo sostenible de las regiones, la reducción de la pobreza y el crecimiento de instituciones democráticas. Al mismo tiempo, también se subvencionan medidas para disminuir la producción de estupefacientes —por ejemplo, el recurso a cultivos alternativos para aportar un sustento a los agricultores que anteriormente cultivaban la planta de la coca.
La Comisión y el Parlamento Europeo han debatido igualmente estos programas y las maneras de coordinarlos. La Comisión ha publicado un documento separado en forma de comunicación y el PE ha aprobado una Resolución sobre la cooperación entre la UE y América Latina.
En este momento se está celebrando en Viena una reunión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en la que los países de la UE propondrán la aprobación de una Resolución que podría tener importantes repercusiones en la introducción de drogas ilegales en la UE a través del África Occidental. La Resolución prevé una acción conjunta y mejor coordinada de las organizaciones de internacionales y los Estados miembros de las Naciones Unidas con vistas a combatir el tráfico ilegal de drogas y el transporte de cocaína a través de esos países, y se recoge el compromiso de ayudar y apoyar a los Gobiernos de los Estados del África Occidental y de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS) en la introducción y aplicación de medidas para refrenar el comercio ilegal de cocaína.
Pregunta nº 19 formulada por Eoin Ryan (H-0112/08)
Asunto: Puesta al día de la situación política en Darfur
¿Puede el Consejo describir con detalle cuál es la situación política en Darfur?
La respuesta de la Presidencia en ejercicio del Consejo, que no es vinculante ni para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo que tuvo lugar durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo de marzo de 2008 en Estrasburgo.
El proceso político en Darfur se basa en la iniciativa conjunta de la Unión Africana y la ONU (mediación de sus enviados especiales), que trata de reunir a todas las partes para participar en un proceso político creíble. Sin embargo, estos esfuerzos se ven acosados por múltiples problemas. Los movimientos rebeldes cada vez se encuentran más fragmentados y cualquier alto el fuego está fuera de lugar. Por eso resulta probable que las conversaciones entre las partes continúen en un futuro inmediato.
La UE también participa en la iniciativa internacional mediante un Representante Especial de la UE para Sudán, que garantiza que la intervención de la UE en la gestión de la crisis de Darfur sea coherente con las relaciones políticas generales de la UE con Sudán. Dicho Representante Especial visita el país de forma regular para conversar con las autoridades sudanesas y cooperar con los representantes de la comunidad internacional sobre el terreno.
El Consejo está muy preocupado por el empeoramiento de la situación de seguridad y humanitaria en Darfur. En su opinión, lo más importante es que las organizaciones humanitarias tengan un acceso constante, sin barreras y seguro a la población. A pesar de la ampliación reciente de la moratoria a las restricciones y a los obstáculos a la labor humanitaria en Darfur, hace un llamamiento al Gobierno sudanés para que respete las promesas que realizó con respecto a la moratoria y a la permisión del acceso del personal humanitario a la región.
Los últimos ataques de las fuerzas sudanesas a pueblos del oeste de Darfur han atraído la atención hacia la tragedia humanitaria de más de 10 000 de refugiados y desplazados. La tensión creciente entre los Gobiernos de Chad y Sudán ha dificultado la aceleración del proceso político en Darfur.
El Consejo ha vuelto a instar a los Gobiernos de dichos países a abstenerse de cualquier acción que pueda desestabilizar más la región y, en particular, a dejar de apoyar a los grupos armados que actúan en el Este de Chad y Darfur. Ambos Gobiernos deben cumplir con las obligaciones contraídas a fin de evitar incursiones de grupos armados en su frontera común.
Mientras tanto, todas las expectaciones se centran en el despliegue de la misión de la UNAMID en Darfur como respuesta eficaz a estos problemas. No obstante, el Gobierno sudanés sigue poniendo trabas administrativas y técnicas a su eficaz despliegue. Este retraso mermará las oportunidades de reactivación de un proceso político creíble. Antes de que puedan comenzar las negociaciones, deben satisfacerse las condiciones fundamentales de seguridad. En última instancia, la misión de la UNAMID sólo podrá tener éxito si todas las partes que intervienen en el conflicto de Darfur alcanzan un consenso político global.
Pregunta nº 20 formulada por Seán Ó Neachtain (H-0114/08)
Asunto: Fomento de agua segura en el Tercer Mundo
¿Podría realizar el Consejo una declaración exhaustiva en la que describiese con detalle las medidas de apoyo que la Unión Europea ha puesto en marcha para conseguir un agua potable segura en el Tercer Mundo, de conformidad con los Objetivos de Desarrollo del Milenio?
La respuesta de la Presidencia en ejercicio del Consejo, que no es vinculante ni para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo que tuvo lugar durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo de marzo de 2008 en Estrasburgo.
Una gestión equitativa y sostenible de los recursos hídricos constituye la clave del desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza. Ninguna estrategia dirigida a reducir la pobreza puede ignorar las necesidades biológicas de agua de las personas. En este contexto, el Consejo de la UE sigue estando plenamente comprometido con la causa de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que incluyen el nº 7 (garantizar la sostenibilidad del medio ambiente) y su subobjetivo nº 10 (reducir en un 50 % la proporción de personas sin un acceso sostenible a agua potable segura en 2015).
En el Consenso Europeo sobre Desarrollo(1), suscrito por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 20 de diciembre de 2005, la protección de recursos naturales como el agua se considera una dimensión clave de la erradicación de la pobreza. En el documento también se declara que el propósito del marco político de la gestión de los recursos hídricos integrados de la UE es garantizar un abastecimiento de agua potable de buena calidad y en cantidades suficientes, unos servicios sanitarios adecuados y una higiene para todos los seres humanos, en línea con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los objetivos establecidos en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo en 2002. Esta herramienta política se dirige, además, a definir un marco para la protección a largo plazo de todos los recursos hídricos, evitar una mayor deterioración de la calidad del agua y fomentar un uso sostenible del agua.
La Iniciativa «Agua para la vida» de la UE, que se lanzó en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, es prueba del deseo común de la UE de enfoques innovadores del agua y la sanidad. La iniciativa contribuye a los objetivos políticos descritos anteriormente al: reforzar el compromiso político a actuar; centrar la atención en los asuntos relacionados con el agua y la sanidad, como parte de los esfuerzos dirigidos a la reducción de la pobreza y al desarrollo sostenible; fomentar una mejor gestión del agua; favorecer la cooperación regional y subregional en los asuntos de la gestión del agua; y catalizar financiación suplementaria. Al mismo tiempo, la iniciativa ofrece un marco para el establecimiento de asociaciones en el ámbito del agua y la sanidad con África, América Latina, los países mediterráneos y los de Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central. La iniciativa está financiada con 500 millones de euros procedentes del noveno Fondo Europeo de Desarrollo, destinado al Fondo para el Agua de ACP-UE.
El Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo(2), aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo el 18 de diciembre de 2006, incluye ayuda a la gestión sostenible integrada de los recursos hídricos, haciendo especial hincapié en el acceso universal a la sanidad y a agua potable segura, en línea con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como en un uso sostenible y eficiente de los recursos hídricos, en particular para fines agrícolas e industriales.
El acceso al agua potable, la escasez de agua y la sequía son y seguirán siendo las principales prioridades de la UE, tanto interna como externamente. En sus Conclusiones de 14 de diciembre de 2007(3) el Consejo Europeo acogía con satisfacción las Conclusiones del Consejo de 30 de octubre de 2007 e invitaba a la Comisión a presentar un informe en 2008 y, sobre esta base, a revisar y desarrollar más la estrategia para 2012 teniendo en cuenta la dimensión internacional.
Por último, el Consejo es consciente de las necesidades específicas en cuanto el acceso a agua potable. En la Estrategia Conjunta UE-África(4), aprobada en la Cumbre de Lisboa el 9 de diciembre de 2007, se declara que la gestión de los recursos hídricos y el acceso al agua potable y los servicios sanitarios básicos son cruciales tanto para el crecimiento económico como para la reducción de la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. África y la UE colaborarán, por consiguiente, para desarrollar la actual Asociación UE-África para el agua y el saneamiento con el objetivo general de satisfacer las necesidades básicas de agua y sanidad, así como contribuir a mejorar la gestión de los recursos hídricos a nivel local, de cuenca fluvial, nacional y transfronterizo.
Pregunta nº 21 formulada por David Martin (H-0121/08)
Asunto: Hacia un consenso sobre los instrumentos de defensa comercial
¿Puede informar el Consejo del modo en que va a alcanzar un consenso entre los Estados miembros sobre la cuestión de los instrumentos de defensa comercial?
La respuesta de la Presidencia en ejercicio del Consejo, que no es vinculante ni para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo que tuvo lugar durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo de marzo de 2008 en Estrasburgo.
Como parte de la aplicación de la Comunicación «Una Europa global: competir en el mundo», la Comisión decidió lanzar en 2006 una consulta pública sobre el uso de los instrumentos de defensa comercial en una economía global cambiante, con el fin de averiguar si sería posible obtener más flexibilidad en el sistema de los instrumentos de defensa comercial.
Una de las conclusiones de esta consulta pública es que el funcionamiento adecuado de dicho sistema no es necesario ni para defender a las industrias de la UE de importaciones comerciadas o subvencionadas injustamente ni para garantizar la confianza de los ciudadanos en el comercio justo. Al mismo tiempo, se acordó que se sería necesario modificar ciertos elementos del sistema.
Tras anteriores debates, entablados en 2007 en los órganos preparatorios del Consejo, el Comisario Mandelson declaró el 11 de enero de 2008 que la Comisión no estaría lista para presentar propuestas dirigidas a reformar las normas de los instrumentos de defensa comercial «hasta que no hubiera un mejor consenso entre los Estados miembros sobre el tipo de reforma que están dispuestos a adoptar». En ausencia de una propuesta formal de la Comisión, en este momento no se prevén más debates.
También se mantuvo un debate sobre las enmiendas a la formulación actual de los acuerdos antidumping y sobre subvenciones y medidas compensatorias —incluidas las subvenciones en la pesca— en las negociaciones de comercio mundial en Ginebra, como parte de la Agenda de Desarrollo de Doha. Uno de los objetivos de la UE consiste en reforzar el sistema comercial internacional basado en normas y en hacer que se apliquen en mayor medida las reglas acordadas por todos los socios comerciales.
La finalidad de la revisión de las medidas es crear un consenso, pero esto tardará más, habida cuenta igualmente del posible resultado de los debates en Ginebra; por lo tanto, aún no se puede establecer un margen de tiempo para que la Comisión formule propuestas al Consejo.
Pregunta nº 22 formulada por Sarah Ludford (H-0123/08)
Asunto: Elaboración de perfiles
En el contexto de las propuestas de la Comisión Europea de introducir un sistema de registro de nombres de pasajeros (PNR) de la UE (COM(2007)0654), un sistema de entradas y salidas y un sistema electrónico de autorización para viajeros, ¿podría especificar el Consejo cómo interpreta el concepto de elaboración de perfiles y, en concreto, si está previsto que los sistemas mencionados hagan uso de este instrumento?
La respuesta de la Presidencia en ejercicio del Consejo, que no es vinculante ni para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo que tuvo lugar durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo de marzo de 2008 en Estrasburgo.
En primer lugar, el Consejo desearía señalar a su Señoría que ni la UE —el Consejo— ni el Consejo de Europa posee una definición establecida de la «elaboración de perfiles». En su dictamen sobre la Propuesta de Decisión marco del Consejo sobre la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (Passenger Name Record - PNR) con fines represivos, el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) hizo referencia a la definición de «elaboración de perfiles» obtenida de un estudio del Consejo de Europa y, al mismo tiempo, declaraba que es consciente de los debates en curso sobre la definición de este concepto. Además, el SEPD reconoció que lo principal no es su definición, sino su impacto en las personas.
La propuesta de un sistema de registro de nombres de pasajeros(1) expuesta por la Comisión no sugiere elaborar perfiles tal como se define en el estudio del Consejo de Europa. Según el estudio, la realización de perfiles es esencialmente un método asistido por ordenador que emplea análisis de datos para que se adopten medidas individuales cuando una persona es identificada de esta forma.
La propuesta permite que los datos del registro de nombres de los pasajeros se utilicen solamente en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, principalmente al recopilar información sobre personas que podrían estar involucradas en una infracción penal. También proporciona un análisis de los datos del registro de nombres de los pasajeros. Estos datos se examinan para los denominados «indicadores de riesgo» con el fin de evaluar el riesgo que pueda suponer una persona. Estos indicadores de riesgos se basan en las pruebas obtenidas de informes —por ejemplo, informes de inteligencia— y de ejemplos anteriores. Los indicadores de riesgos se determinarán a nivel de los Estados miembros, ya que un delito puede diferir de un país a otro. La propuesta de la Comisión descarta expresamente la posibilidad de basar los indicadores de riesgo en datos delicados, como el origen étnico o la creencia religiosa, si los datos del registro de los nombres de los pasajeros contienen dicha información. No obstante, al Consejo le gustaría destacar que el artículo 3(5) de la propuesta de la Comisión declara expresamente que los órganos de información sobre los pasajeros y las autoridades competentes no deben emprender ninguna acción coercitiva basándose en el procesamiento automatizado de los datos del registro de nombres de los pasajeros. En otras palabras, una acción coercitiva sobre la base de los datos de dicho registro, incluidas las decisiones sobre personas individuales, es posible que no se emprenda sin un factor humano, es decir, por las autoridades policiales y aduaneras.
El 13 de febrero de 2008 la Comisión presentó la Comunicación «Preparación de los próximos pasos en la gestión de las fronteras de la Unión Europea»(2). En esta comunicación se someten a debate posibles instrumentos de gestión de fronteras, incluido el posible establecimiento de un sistema registro de entradas/salidas para los nacionales de países extracomunitarios y de otro sistema electrónico de autorización de viajes. Sin embargo, se han presentado propuestas legislativas excesivamente inconcretas sobre el tema. Esta Comunicación, junto con otras comunicaciones de la Comisión publicadas el 13 de febrero de 2008, a saber, «Examen de la creación de un sistema europeo de vigilancia de fronteras (EUROSUR)»(3) y el «Informe sobre la evaluación y el desarrollo futuro de la Agencia FRONTEX»(4), se debatirán en la conferencia ministerial sobre los retos de la gestión de las fronteras externas de la UE, que se celebrará en Brdo (Eslovenia) el 11 y 12 de marzo de 2008.
Pregunta nº 23 formulada por Cristiana Muscardini (H-0127/08)
Asunto: Intimidación por parte de la policía eslovena
El domingo 10 de febrero, para honrar a los 97 policías de finanzas deportados por los partisanos yugoslavos, en particular, del cuartel de Campo Marzio (Trieste) y asesinados en los alrededores de la aldea de Roditti, un grupo de desterrados istrianos intentó colocar una corona de laurel en su memoria.
Considerando el comportamiento intimidatorio de la policía eslovena que, violando los Acuerdos de Schengen, bloqueó en el paso fronterizo de Pese el autobús de los desterrados que se dirigía a Roditti y después a Koper (Capodistria), y recordando las obligaciones que se derivan de la adhesión a la Unión Europea para Eslovenia, que actualmente ejerce la Presidencia, ¿no cree el Consejo que debe intervenir ante este vergonzoso sistema policial? ¿No cree que debe criticar con fuerza la intimidación por parte de la policía?
¿No cree que debe intervenir para garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de Schengen, suscritos también por Eslovenia, a la vista del trato antidemocrático e injustificable dado a un grupo de ciudadanos europeos, italianos en este caso, que realizaban una peregrinación pacífica en el territorio de la Unión Europea?
La respuesta de la Presidencia en ejercicio del Consejo, que no es vinculante ni para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo que tuvo lugar durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo de marzo de 2008 en Estrasburgo.
El incidente al que se refiere la señora Muscardini es competencia de las autoridades del Estado miembro pertinente, es decir, Eslovenia. De conformidad con el artículo 33 del Tratado de la Unión Europea, los Estados miembros son responsables del mantenimiento del orden público.
Por esta razón, el Consejo no debatió la cuestión a que se refiere su Señoría.
Pregunta nº 24 formulada por Pedro Guerreiro (H-0132/08)
Asunto: Situación de los cinco ciudadanos cubanos presos en los EE.UU. - Los cinco de Miami
A menos que las autoridades de los Estados Unidos apliquen la justicia más elemental, el próximo 12 de septiembre se cumplirán diez años del injusto encarcelamiento, en prisiones de los EE.UU., de Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González, patriotas cubanos que actuaron en defensa de su país, intentando evitar que éste siguiese siendo víctima de acciones terroristas promovidas y realizadas por organizaciones con sede en Miami. Cabe señalar que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre estos cinco ciudadanos cubanos detenidos en los EE.UU. consideró, el 27 de mayo de 2005, que el juicio al que fueron sometidos «no se realizó en un clima de objetividad e imparcialidad», y que el Tribunal de Apelaciones del 11 Círculo de Atlanta decidió por unanimidad, el 9 de agosto de 2005, anular el juicio realizado en Miami. En los últimos nueve años, estos cinco patriotas cubanos sufrieron innumerables ilegalidades, así como castigos, presiones y chantajes inadmisibles e inhumanos, por el incumplimiento de los derechos humanos más elementales, así como la aplicación de intolerables y crueles restricciones por parte del Gobierno de los EE.UU. en lo relativo a las visitas de sus familiares, incluidas las esposas e hijas.
¿Cómo piensa actuar para hacer que se respeten los derechos humanos más elementales de estos cinco patriotas cubanos detenidos en cárceles de los EE.UU., en particular, en lo relativo al derecho a recibir la visita de sus familiares, a la revocación de las sentencias, a un juicio justo y a la liberación?
La respuesta de la Presidencia en ejercicio del Consejo, que no es vinculante ni para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo que tuvo lugar durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo de marzo de 2008 en Estrasburgo.
El Consejo es consciente de que las autoridades estadounidenses han impedido, en algunas ocasiones, que los familiares y otras personas —incluidos los diputados del Parlamento Europeo— tengan contacto con los cinco ciudadanos cubanos que los Estados Unidos han encarcelado por considerarlos espías. Sin embargo, con arreglo al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, a la gran mayoría de los miembros de la familia se les ha concedido visados para visitar a sus parientes.
Una sentencia pronunciada por un tribunal de los EE.UU. es un asunto interno de competencia nacional. En este caso los juicios están en curso y la sentencia no es aún definitiva. Por consiguiente, puede que el Consejo no comente nada al respecto. La decisión sobre la concesión de visados para entrar en el territorio de un país también es competencia nacional de dicho país. Como se ha aprobado la mayoría de las solicitudes de visado y no se puede comprobar que a los familiares se les impida regularmente realizar visitas, el Consejo no puede sostener que se hayan violado los derechos humanos de los presos o de sus familias. Por otro lado, la Convención de Viena sobre relaciones consulares estipula que un Estado es responsable de defender los derechos e intereses de sus nacionales en el extranjero.
El Consejo confirma su pleno compromiso con el respeto de los derechos humanos de todos los nacionales.
Pregunta nº 25 formulada por Bill Newton Dunn (H-0134/08)
Asunto: Delincuencia cibernética
¿Apoya incondicionalmente el Consejo el Convenio del Consejo de Europa sobre Delincuencia cibernética?
De no ser así, ¿por qué no?
De ser así, ¿qué medidas está llevando a cabo el Consejo para exhortar a que lo ratifiquen al menos catorce de sus Estados miembros, a saber, Austria, Bélgica, Chequia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, España, Suecia y, el que mejor conozco, el Reino Unido?
La respuesta de la Presidencia en ejercicio del Consejo, que no es vinculante ni para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo que tuvo lugar durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo de marzo de 2008 en Estrasburgo.
El Consejo apoya plenamente el Convenio del Consejo de Europa sobre Delincuencia cibernética y ha adoptado una decisión marco sobre los ataques contra sistemas de información, cuya formulación es similar a la del Convenio.(1) Esta decisión marco, cuyo plazo de aplicación concluyó el 16 de marzo de 2007, también podría servir como incentivo para que los Estados miembros ratifiquen el Convenio del Consejo de Europa. Sin embargo, los Estados miembros son competentes para ratificar el Convenio.
Pregunta nº 26 formulada por Anna Hedh (H-0138/08)
Asunto: Política sobre el alcohol
La Comisión anunció su estrategia para el alcohol en otoño de 2006. De ella se deriva que el alcohol es un problema para la salud pública. Pese a ello, la Comisión ha presentado una propuesta relativa a la vinicultura, COM(2007)0732, que contradice por completo el espíritu de la estrategia. Por lo que la autora de la pregunta tiene entendido, el Consejo de Ministros habría esperado que la estrategia para el alcohol hubiera sido más estricta, por lo que el Consejo formuló sus conclusiones en un tono más tajante. ¿Podría indicar el Consejo cuál es su posición respecto de la comunicación de la Comisión relativa a la estrategia para el alcohol y cómo piensa que deberá aplicarse?
La respuesta de la Presidencia en ejercicio del Consejo, que no es vinculante ni para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo que tuvo lugar durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo de marzo de 2008 en Estrasburgo.
En una reunión celebrada el 30 de noviembre de 2006, el Consejo acogió positivamente la Comunicación de la Comisión «Una estrategia de la UE para ayudar a los Estados miembros a reducir los daños relacionados con el alcohol», que representa un importante paso adelante hacia un planteamiento comunitario coordinado de la resolución del problema de las consecuencias negativas del exceso del consumo de alcohol en la salud y el bienestar en Europa. Como base para la aplicación de esta estrategia, en 2007 se estableció un «Foro sobre alcohol y salud», cuyo objetivo principal es establecer un punto de partida común para todas las partes interesadas a nivel de la UE, que se comprometió a fomentar medidas para reducir los daños causados por el alcohol.
El Consejo ha instado a los Estados miembros a prestar su pleno apoyo a la estrategia de la Comisión y a promover su aplicación a nivel nacional y comunitario.
Además, el Consejo ha insistido en que es necesario aportar medios globales, coherentes y coordinados para evitar los daños del alcohol en la salud y la seguridad públicas en todos los ámbitos políticos pertinentes, como la investigación, la protección de los consumidores, el transporte, la publicidad, la mercadotecnia, el patrocinio, impuestos especiales y otros ámbitos del mercado interior.
El Consejo ha instado a la Comisión a seguir apoyando a los Estados miembros en sus esfuerzos por mantener, reforzar y desarrollar sus políticas nacionales sobre el alcohol con el fin de reducir los daños que produce y, a partir de 2008, a informar regularmente sobre sus avances en la aplicación de la estrategia comunitaria y sobre las actividades, de las que informa con vistas a permitir que el Consejo evalúe los resultados obtenidos. El Consejo ha pedido así mismo a la Comisión que elabore indicadores de medición clave para controlar el progreso en la reducción de los daños asociados al alcohol a nivel comunitario.
Tan pronto como el informe esté disponible, la Presidencia informará al Consejo y adoptará una decisión sobre más medidas apropiadas.
Pregunta nº 27 formulada por Katrin Saks (H-0141/08)
Asunto: Entrada en Rusia: eventuales restricciones a los nacionales de los Estados de Schengen
El 21 de diciembre de 2007 el espacio jurídico de Schengen se amplió a los países de la Europa Central y Oriental. Los nuevos miembros cumplen plenamente los criterios de Schengen y, por lo tanto, deben ser considerados en pie de igualdad con los otros países europeos.
El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Duma rusa, Konstantin Kossatšov, ha declarado públicamente que, puesto que se ha prohibido la entrada en Estonia a diferentes ciudadanos rusos, Rusia podría responder imponiendo restricciones a la entrada en su territorio, centrándose tales restricciones en los ciudadanos de los Estados de Schengen que incluyen a ciudadanos rusos en «listas negras» debido a sus creencias. Citó como ejemplo el caso de una estudiante, Mariana Skvortsova. Su visado se canceló debido al incumplimiento de los requisitos sobre el visado vigentes en Estonia. ¿Qué opina el Consejo de la advertencia rusa de que restringirá la entrada en Rusia a los ciudadanos de los Estados de Schengen? ¿Cómo reaccionaría ante una eventual medida rusa de restricción de los derechos de un nacional de un Estado de Schengen debido a la correcta aplicación de la política fronteriza y de seguridad por parte de otro Estado de Schengen?
La respuesta de la Presidencia en ejercicio del Consejo, que no es vinculante ni para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo que tuvo lugar durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo de marzo de 2008 en Estrasburgo.
Las condiciones para la concesión de visados por parte de los Estados miembros que formar parte del acuerdo de cooperación de Schengen se exponen en la Instrucción consular común dirigida a las misiones diplomáticas y oficinas consulares de carrera(1); las condiciones para la entrada de nacionales de terceros países en la zona Schengen se establecen en el Código de fronteras Schengen(2).
Se ha informado al Consejo de que los representantes de la Comisión notificaron a las autoridades rusas de los acuerdos aplicables en la concesión de visados en las reuniones del Comité Mixto(3) para la gestión del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Federación de Rusia sobre la facilitación de la expedición de visados a los ciudadanos de la Unión Europea y de la Federación de Rusia.
El Consejo no está al corriente de ninguna restricción a la entrada en el territorio de la Federación Rusa que las autoridades de este país introducirán para los nacionales de algunos Estados miembros.
Además, el Consejo no está familiarizado con las circunstancias del caso al que se refiere esta pregunta.
El Comité Mixto para la gestión del Acuerdo fue establecido por el mismo Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Federación de Rusia sobre la facilitación de la expedición de visados a los ciudadanos de la Unión Europea y de la Federación de Rusia (DO L 129, 17.5.2007, p. 27).
Pregunta nº 28 formulada por Georgios Georgiou (H-0142/08)
Asunto: Situación de la franja de Gaza
¿Puede indicar el Consejo de Ministros si piensa aplicar los mismos métodos y mecanismos empleados para la independencia de Kosovo también al caso de la franja de Gaza?
La respuesta de la Presidencia en ejercicio del Consejo, que no es vinculante ni para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo que tuvo lugar durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo de marzo de 2008 en Estrasburgo.
En respuesta a la pregunta de su Señoría, que planteó la cuestión de Gaza en relación con las circunstancia en Kosovo, el Consejo opina que la cuestión de Gaza no puede de ningún modo compararse con la situación en Kosovo.
Pregunta nº 30 formulada por Danutė Budreikaitė (H-0148/08)
Asunto: Grupo de reflexión
En su reunión del 14 de diciembre de 2007, el Consejo Europeo instituyó un grupo independiente de reflexión.
¿Se ha constituido ya el Grupo de reflexión? ¿Quiénes son sus miembros? ¿Cómo son seleccionados? ¿Cuáles son las fuentes de financiación de la actividad del Grupo? ¿Cuál es su ámbito de acción? ¿Qué resultados se esperan de sus trabajos? ¿Qué puede conseguir este Grupo de reflexión en comparación con lo que no pudo conseguir la Convención y lo que no puede conseguir el Parlamento Europeo elegido por todos los ciudadanos de la Unión?
La respuesta de la Presidencia en ejercicio del Consejo, que no es vinculante ni para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo que tuvo lugar durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo de marzo de 2008 en Estrasburgo.
El Consejo Europeo estableció en su reunión del 14 de diciembre de 2007 el grupo consultivo al que se refiere la señora Budreikaité. Al mismo tiempo, nombró a un presidente y a dos vicepresidente y les pidió que presentaran una lista de nombres de los posibles miembros que debería considerar el Consejo Europeo durante la Presidencia francesa.
El mandato del grupo, su organización y calendario, que el Consejo Europeo también acordó en la reunión del 14 de diciembre de 2007, se exponen en las conclusiones de esa reunión.
Por lo tanto, la Presidencia sugiere que su Señoría busque más información sobre el grupo consultivo en las mencionadas conclusiones.
Pregunta nº 31 formulada por Hélène Goudin (H-0152/08)
Asunto: Acuerdos de pesca celebrados por la Unión Europea con terceros países
La Unión Europea celebra regularmente acuerdos de pesca con países en desarrollo pobres fuera de la Unión. Estos acuerdos, que se concluyen ante todo con países africanos y permiten que las flotas pesqueras europeas puedan faenar en sus aguas territoriales, son objeto de críticas tanto de los movimientos ecológicos como de las organizaciones de ayuda humanitaria. A tenor de las críticas, estos acuerdos contribuyen a agotar las reservas pesqueras de los mares de todo el planeta y privan a los pescadores locales de los países en desarrollo de su fuente de ingresos.
¿Comparte la Presidencia del Consejo en alguna medida las críticas que se vienen formulando de forma reiterada contra los acuerdos de pesca con terceros países? ¿Tiene la intención de adoptar medidas encaminadas a modernizar y, a largo plazo, revocar dichos acuerdos?
La respuesta de la Presidencia en ejercicio del Consejo, que no es vinculante ni para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo que tuvo lugar durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo de marzo de 2008 en Estrasburgo.
El Consejo es consciente de las críticas a los acuerdos de pesca que la Comunidad ha firmado con terceros países y desearía insistir en que las conclusiones del Consejo sobre los acuerdos de asociación pesqueros con terceros países(1) han proporcionado el marco político para la adopción de estos acuerdos desde el 19 de julio de 2004.
La aprobación de estos acuerdos transformaron todos los acuerdos de pesca en acuerdos de asociación pesquera. Los principales puntos de este marco político estipulan que las embarcaciones de la UE deben tener acceso a reservas pesqueras excedentes en aguas del pertinente tercer país y que parte de la contribución financiera de la Comunidad debe asignarse a medidas para desarrollar el sector pesquero local.
En el marco de cada acuerdo de asociación pesquera, se establece un comité mixto para controlar y evaluar la ejecución del acuerdo y aplicar la política pesquera en el país al que la Comunidad ha asignado una ayuda financiera. El comité mixto podría también decidir sobre posibles enmiendas al acuerdo, que entonces deberán ratificar las partes contratantes. Estos comités mixtos deben reunirse por lo menos una vez al año.
El Consejo no sabe si la Comisión tiene la intención de presentar una nueva comunicación en la que se proponga un cambio en la naturaleza de los acuerdos de asociación pesquera.
Pregunta nº 38 formulada por Silvia-Adriana Ţicău (H-0107/08)
Asunto: Estudios de doctorado y creación de puestos de trabajo de alta cualificación
Recientes estadísticas muestran que, en el año 2004, en la Unión Europea solamente un 3,3 % de estudiantes cursaba estudios de doctorado. La República Checa, Austria y Finlandia ocupaban los primeros puestos, ya que sus estudiantes de doctorado representaban un 7 % del total de estudiantes. Más del 50 % de los estudiantes de doctorado de la UE eran franceses, británicos y españoles.
En Europa es conocido el importante papel que desempeñan los estudios de doctorado para la creación de una economía basada en el conocimiento. El fomento de los estudios de postgrado en general y de los estudios de doctorado en particular permitirá a las empresas crear puestos de trabajo de alta cualificación y elevada productividad.
¿Podría indicar la Comisión en qué consiste su estrategia para incitar y apoyar a los Estados miembros a que hagan más atractivos sus programas de doctorado y permitan asimismo incrementar la capacidad de innovación y de investigación? ¿Cuál es la estrategia de la Comisión para fomentar el incremento del número de estudiantes de doctorado en las diversas ingenierías?
La cifra del 3,3 % a que hace referencia su Señoría comprende sólo a los estudiantes de doctorado y a otros de investigación avanzada. Por tanto, la cifra no incluye a aquellos que cursan estudios de postgrado. Si se incluyeran, entonces el cuadro de conjunto sería más brillante, ya que el número de estudiantes de postgrado está creciendo rápidamente.
En términos generales, los índices de participación en lo que se respecta a doctorados en la UE están aumentando continuamente y son mayores que en los Estados Unidos o Japón. Sin embargo, los porcentajes y los números absolutos de estudios de doctorado varían considerablemente entre los países de la UE. Algunos de los países con un alto porcentaje de estudiantes de doctorado tienen relativamente pocos estudiantes de educación superior en general, por lo que el número total de estudiantes de doctorado no es muy elevado con respecto a la población.
Con el fin de impulsar el número de postgraduados en ingeniería, en primer lugar, es importante que aumente el número de licenciados en matemáticas, ciencias y tecnología. Por esta razón, la Comisión propuso un punto de referencia, aprobado por el Consejo de Educación en mayo de 2003, que se dirige a incrementar en un 15 % el número de licenciados en matemáticas, ciencias y tecnología y a reducir el desequilibrio entre sexos para 2010. Mientras que el primer objetivo ya se ha alcanzado, en cuanto al equilibrio entre sexos se ha avanzado muy poco: el porcentaje correspondiente a las mujeres ha ascendido ligeramente, pasando del 30,7 % en 2000 al 31,2 % en 2005.
La Comisión coordina el intercambio de buenas prácticas y actividades de aprendizaje entre iguales en los Estados miembros en el ámbito de los estudios de matemáticas, ciencias y tecnología en el marco del programa de trabajo «Educación y Formación 2010. En 2006 la Comisión estableció un grupo, compuesto por trece países, para hacer un seguimiento del índice de referencia europeo de matemáticas, ciencias y tecnología, y mejorar la participación en dichos estudios y carreras, especialmente en lo que se refiere a las mujeres. También contribuirá a preparar a los especialistas científicos para el objetivo de Barcelona de alcanzar un 3 % de producto interior bruto (PIB) en investigación.
Las matemáticas, las ciencias y la tecnología constituyen, así mismo, una de las ocho competencias clave del aprendizaje permanente (Recomendación del Parlamento y el Consejo, de diciembre de 2006) y representa un tema prioritario de las convocatorias de propuestas de 2008 en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente. Además, el Séptimo Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico e investigación publicará en marzo de 2008 una convocatoria de propuestas sobre métodos innovadores en la educación científica escolar a gran escala dentro Europa, como seguimiento del informe Rocard sobre educación científica.
Pregunta nº 39 formulada por Justas Vincas Paleckis (H-0109/08)
Asunto: Fomento de la formación a lo largo de toda la vida de los adultos
Todos los países de la UE han reconocido la importancia de la formación a lo largo de toda la vida de los adultos, que representa una garantía de flexibilidad y empleo en el mercado laboral y permite afrontar los cambios socioeconómicos que deben afrontar los países de la UE. Se han conseguido grandes progresos gracias a la reforma de la educación y la formación. No obstante, algunos países de la UE no han elaborado todavía programas modernos de enseñanza y no garantizan su aplicación atendiendo a criterios de rapidez, calidad y eficacia ni tampoco la financiación de los mismos. Es evidente que la aplicación informal y espontánea de la reforma de la educación y la formación es un proceso excesivamente lento.
¿Qué iniciativas ha emprendido o se propone emprender la Comisión Europea para reducir la brecha entre los países que aplican los programas de modo activo y los que lo hacen pasivamente?
Para influir en la situación del aprendizaje de los adultos en Europa, la Comisión establece criterios de referencia, aplica el método abierto de coordinación y elabora comunicaciones y herramientas de referencia. Además, el Programa de Aprendizaje Permanente aporta asistencia financiera.
La UE ya ha fijado un índice de referencia en 2003 a fin de mejorar y seguir los progresos con respecto a la participación de los adultos en la educación y la formación. La finalidad de este índice de referencia es que para 2010 la participación de los adultos (de 25 a 64 años) en el aprendizaje permanente alcance el 12,5 %. Además, el mismo objetivo de aumentar la participación de los adultos en el aprendizaje permanente ha formado parte de la Estrategia Europea de Empleo desde 2003.
A nivel de la UE, la participación en la educación y la formación registró un aumento, pasando del 7,1 % en 2000 al 9,6 % en 2006. En el año 2006 la media de los europeos de entre 25 y 64 años que participaron en actividades de educación y formación se encontraba en el 9,6 %. En el futuro se deben registrar progresos más rápidos, y muchos países de la UE deben de realizar mayores esfuerzos por alcanzar el índice de referencia de participación del 12,5 % en 2010.
Los países con los mejores resultados son Suecia, Dinamarca, el Reino Unido y Finlandia, seguidos de los Países Bajos, Eslovenia y Austria. El resto de los Estados miembros todavía presentan índices por debajo del promedio europeo del 12,5 %.
Existen diferencias considerables entre unos países que alcanzan índices de participación superiores a casi un 30 % y otros que apenas llegan al 1 %.
Por término medio, las mujeres participaron más en la educación que los hombres (en 2006 un 10,4 % correspondía a las mujeres y un 8,8 % a los hombres) y los adultos con educación superior participaron mucho más en el aprendizaje permanente que los poco cualificados. La participación también desciende a medida que aumenta la edad.
La Comisión, con el fin de fomentar más el aprendizaje permanente y reducir las diferencias entre los países que aplican activa y pasivamente esta iniciativa, ha aprobado dos comunicaciones sobre el aprendizaje de adultos. En la primera de 2006, «Aprendizaje de adultos: nunca es demasiado tarde para aprender», se establece un planteamiento general sobre los avances y las necesidades en ámbito de la educación de adultos. La segunda comunicación, «Siempre es buen momento para aprender», publicada en septiembre de 2007, es el Plan de Acción sobre el Aprendizaje de Adultos.
Al aplicar el plan de acción en colaboración con los Estados miembros, la Comisión analizará los efectos de las reformas nacionales en el aprendizaje de adultos. Como el aprendizaje de adultos afecta a todos los otros ámbitos de la educación, es importante analizar los efectos de los avances en ellos y su interacción con el aprendizaje de adultos. La mayoría de los Estados miembros está elaborando un Marco Nacional de Cualificación relacionado con el Marco Europeo de Cualificación. Esta evolución se centra en cómo facilitar el acceso, el progreso y la transferencia y, por lo tanto, puede ser importante para abrir los sistemas de cualificación a los adultos. La Comisión también desarrollará normas para los profesionales del aprendizaje de adultos y mecanismos de garantía de la calidad basadas en buenas prácticas existentes. Se animará a los Estados miembros a que establezcan objetivos para incrementar el nivel de cualificaciones de los adultos y acelerar el proceso de evaluación y reconocimiento del aprendizaje no formal e informal para grupos de riesgo. Por último, pero no menos importante, propondremos una serie de datos fundamentales para mejorar la capacidad de comparación en el sector del aprendizaje de adultos.
Además de esta política, el Programa de Aprendizaje Permanente y, en particular, su programa sectorial «Grundtvig», aporta asistencia financiera a los proyectos transnacionales en este ámbito de la educación de adultos.
Recientemente la Comisión ha publicado un folleto con siete proyectos Grundtvig destacados «Grundtvig Success Stories» (éxitos de Grundtvig). Este folleto presenta ejemplos de mejores prácticas y anima a otras partes interesadas a seguir esos buenos ejemplos. El folleto puede descargarse en:
Otros programas sectoriales del Programa de Aprendizaje Permanente podrían cubrir también la educación de adultos: el programa Leonardo da Vinci, por ejemplo, se ha fijado como una de sus prioridades en los proyectos multilaterales para el periodo 2008-2010 «el desarrollo de competencias de los adultos en el mercado laboral».
Pregunta nº 40 formulada por Michl Ebner (H-0150/08)
Asunto: Utilización de fondos europeos en el ámbito de la cultura
De acuerdo con el artículo 151, apartado 1, del TCE, la Comunidad «contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional». Sin embargo, actualmente las subvenciones con cargo a programas de la UE concedidas a actividades culturales se destinan casi exclusivamente a proyectos de alta cultura. Reciben importes teatros, museos, conciertos, mientras que se quedan en la estacada las asociaciones dedicadas a la conservación de culturas populares, y ello, a pesar de que estas asociaciones no solamente son históricamente depositarias de partes muy importantes de la cultura europea, sino que en su mayoría están organizadas de manera transnacional y además sus actos anuales son muy populares.
¿Está al corriente la Comisión de que en este ámbito la política de fomento resulta de facto bastante unilateral? ¿Qué piensa hacer para corregir esta situación en adelante?
El programa Cultura (2007-2013) se elaboró a raíz de consultas con el sector cultural. Las necesidades de los agentes culturales se encuentran en la base de este programa. Sobre la base de tales consultas, el programa Cultura difiere de su antecesor en cuanto a que es más flexible y se muestra más abierto a la diversidad cultural de Europa y a todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en ese ámbito.
El programa ha estado funcionando casi un año, por lo que es demasiado pronto para ofrecer una visión completa de la variedad de actividades que se han financiado con él. Sin embargo, se ha establecido un sistema de información para ofrecer en el futuro una visión general de los proyectos seleccionados, sus géneros, cantidades, finalidades y números.
No obstante, durante el programa anterior, diversos proyectos ya destacaron diferentes tradiciones folclóricas, en particular en música y danza. Dichos actos reúnen a diversas culturas europeas y en este sentido son, como efectivamente mencionó su Señoría, transnacionales.
La Comisión escucha atentamente a las partes interesadas del sector cultural y sus opiniones se han tenido en cuenta en los cambios realizados en las convocatorias de propuestas en el marco del nuevo programa. La Comisión espera igualmente que en el futuro una variedad incluso mayor de proyectos obtenga éxito en sus solicitudes de financiación.
Con respecto al apoyo prestado en la política de cohesión a las inversiones culturales, etc., la iniciativa está en manos de los Estados miembros y no de la Comisión.
Pregunta nº 48 formulada por Mairead McGuinness (H-0096/08)
Asunto: Impacto del cambio climático sobre las negociaciones comerciales
Es obvio que una de las prioridades europeas actuales es enfrentarse eficazmente al cambio climático, pero ¿podría aclarar la Comisión cómo y hasta qué punto las preocupaciones particulares de Europa relativas a esta cuestión forman parte de las negociaciones comerciales internacionales?
Además, ¿cómo puede garantizar la Comisión que el consenso mundial sobre un marco global y justo para el cambio climático después de 2012, esbozado en la Conferencia de Bali en diciembre de 2007, empieza a formar parte de la agenda comercial mundial?
El cambio climático es una prioridad mundial que requiere una acción internacional urgente. El mejor modo de conseguir una acción efectiva conjunta es a través de un acuerdo mundial sobre el cambio climático. Esta es la razón por la que el principal objetivo de la UE es asegurar que tengan éxito las negociaciones emprendidas en Bali en diciembre de 2007 en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) con vistas a un acuerdo climático global y ambicioso posterior a 2012, que se concluirá a finales de 2009.
Esto no es solo necesario desde un punto de vista medioambiental, sino también desde una perspectiva comercial y de la competitividad, ya que está claro que el mejor modo de evitar disputas comerciales y preocupaciones sobre la competitividad es mediante un marco acordado internacionalmente sobre el cambio climático.
La política comercial debería responder a las necesidades e indicaciones de las negociaciones sobre el cambio climático mundial y aportar respuestas cuando proceda a fin de maximizar las sinergias y garantizar el apoyo mutuo entre el comercio y el medio ambiente. Más particularmente, debería fomentar la labor en la intensificación de la contribución positiva del comercio a que se aborde el cambio climático, tanto con respecto a su mitigación como a las necesidades de adaptación. La liberalización arancelaria y no arancelaria de los productos y servicios medioambientales deberían apoyarse ampliamente porque contribuiría al despliegue necesario y el acceso a las tecnologías medioambientales.
Este es el centro de atención de la reciente propuesta de la UE y los EE.UU. sobre la liberalización de los productos y servicios medioambientales en la actual la ronda de negociaciones comerciales multilaterales en la Organización Mundial del Comercio (WTO). En ella se invita a otros países a aportar sugerencias específicas para productos y servicios que deberían tratarse.
Además, como se reflejó en la Declaración Ministerial de Doha de la actual ronda de la OMC, las evaluaciones medioambientales de políticas comerciales (como las evaluaciones del impacto en la sostenibilidad de la UE) pueden y deberían desempeñar un papel en la prevención o al menos en la mitigación de cualquier efecto negativo del comercio intensificado.
Cabe asimismo subrayar que la UE está llevando a cabo un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible en la nueva generación de las negociaciones del acuerdo de libre comercio. Estamos tratando de facilitar el comercio de productos, servicios y tecnología medioambiental, así como de fomentar la aplicación de normas medioambientales acordadas internacionalmente. También estamos intentando establecer un foro de debate sobre asuntos de desarrollo sostenible, en particular con la sociedad civil.
En términos más generales, en Bali, Indonesia lanzó un diálogo informal sobre el comercio y el cambio climático a nivel ministerial al margen de la conferencia CMNUCC. Esto debería contribuir a una mayor comprensión del vínculo entre la política comercial y los esfuerzos en lo referente al cambio climático, teniendo debidamente en cuenta su dimensión de desarrollo.
Pregunta nº 49 formulada por Gay Mitchell (H-0098/08)
Asunto: Fondos soberanos y política comercial
Los fondos soberanos (Sovereign Wealth Funds) han experimentado últimamente un crecimiento espectacular y aparecen como inversores mundiales significativos, estimándose que actualmente gestionan unos 2,9 trillones de dólares. Las operaciones de los fondos soberanos son en gran parte opacas y las decisiones relativas a las inversiones suelen teñirse de un matiz político o nacionalista.
A la vista de lo anterior, ¿ha formulado la Comisión una política clara con respecto a las cuestiones comerciales relativas a los fondos soberanos?
La Comisión está realizando un seguimiento de las actividades de los fondos soberanos y está supervisando los recientes avances en este ámbito.
La Comisión aprobó una Comunicación al respecto el 27 de febrero de 2008(1).
La Comunicación determina y aclara los asuntos planteados por los fondos soberanos. De este modo, trata de responder a las preocupaciones sobre dichos fondos. Expone elementos de las expectativas de la UE, como la gobernanza y la transparencia de los fondos soberanos. Estos elementos deberían contribuir a un planteamiento común de la UE sobre este tema y a debates a nivel internacional, como, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La Comunicación no propone ninguna iniciativa legislativa.
En términos generales, la Comisión recuerda que favorecer la apertura de las inversiones y el libre movimiento de capitales ha sido un objetivo de la UE desde hace mucho tiempo y constituye un elemento clave para su éxito en un sistema internacional cada vez más globalizado. Los Estados miembros disponen de instrumentos legislativos y normativos para controlar e intervenir por razones de seguridad. Por lo tanto, cualquier respuesta europea a las preocupaciones planteadas por las inversiones de los fondos soberanos debería mantener este equilibrio y evitar dar a entender que Europa ya no está abierta a los inversores legítimos.
Pregunta nº 50 formulada por Seán Ó Neachtain (H-0115/08)
Asunto: Negociaciones sobre el comercio mundial
¿Puede describir detalladamente la Comisión Europea en qué fase se encuentran actualmente las negociaciones sobre el comercio mundial?
Como sabe su Señoría, en la Conferencia Ministerial de 2005 en Hong-Kong se decidió consignar de manera anticipada los costes de un acuerdo sobre las denominadas modalidades de productos comerciales e industriales (AMNA, en la jerga de la OMC), que precedería a un acuerdo final, el cual cubriría todos los asuntos de las negociaciones. El objetivo de un acuerdo de modalidades consiste en ponerse de acuerdo sobre las cifras principales con respecto a los recortes de los aranceles y, en el caso de la agricultura, también de las subvenciones. El plazo para dicho acuerdo se ha pospuesto varias veces. En las próximas semanas se va a tratar de establecer los elementos de dicho acuerdo de modalidades, pero aún existen dudas con respecto a si es factible.
A mediados de febrero de 2008, los presidentes de los correspondientes grupos de negociaciones sobre agricultura de la OMC publicaron las versiones revisadas de los textos de negociación. Estos textos deberían constituir al final la base de las negociaciones ministeriales que conducen a un acuerdo sobre modalidades. Sin embargo, hay una preocupación clave en relación a estos dos textos: aún no proporcionan una seguridad suficiente sobre el hecho de si podría alcanzarse un equilibrio suficiente entre la agricultura y el AMNA.
En el ámbito de la agricultura, nos hemos comprometido con terceros países de un modo que responde a sus ambiciones, pero que es conforme a la reforma de 2003 de la política agrícola común. Estos objetivos pueden cumplirse sobre la base de propuestas actuales formuladas por el presidente del grupo de negociación sobre agricultura, aunque hay otros asuntos que siguen estando pendientes de aclarar y acordarse.
Sin embargo, este planteamiento se adoptó a condición de que esta negociación fuera una acción única y de que las concesiones en un ámbito se equilibrasen con los beneficios en otros. Por lo que se refiere a los productos industriales, desgraciadamente, el presidente ha decidido publicar un texto revisado que podría reducir el grado de ambición que se ha conseguido. La UE no podría aceptar un acuerdo que no respete el mandato de la Agenda de Desarrollo de Doha (ADD), es decir, crear nuevas oportunidades reales de comerciar productos industriales. Esta postura se ha dejado clara a otros miembros de la OMC. Mientras que podemos sobrellevar que la amplia mayoría de los países en desarrollo sólo adoptará ligeros compromisos en esta ronda, consideramos que las economías emergentes, como China, Brasil o La India, deberían aportar una contribución significativa en forma de nuevo acceso al mercado, en concordancia con su grado de desarrollo.
La UE es de la opinión de que durante esta primavera debería alcanzarse un acuerdo sobre modalidades. Habría que tener presente que un acuerdo sobre modalidades no constituiría, de todos modos, un acuerdo final. Esto estabilizaría los asuntos clave sobre agricultura y comercio, pero, con respecto a los otros asuntos de negociación, todavía se necesitará una etapa final de negociaciones hasta que podamos alcanzar un acuerdo final. No obstante, trataremos de asegurar que el acuerdo sobre modalidades también proporcione el alivio suficiente para el último tramo de las negociaciones sobre otros asuntos como los servicios, las normas (antidumping y sobre subvenciones), las indicaciones geográficas, la facilitación del comercio, los productos medioambientales y el desarrollo. Si para este año no se alcanza un acuerdo, es muy probable que, dada la situación política, los Estados Unidos no adopten una conclusión antes de 2010.
Pregunta nº 51 formulada por Pedro Guerreiro (H-0133/08)
Asunto: Situación de las negociaciones en el ámbito de la OMC
Considerando que varios informes de las Naciones Unidas hacen hincapié en el aumento de las desigualdades, en términos sociales y económicos, entre los diferentes países y en el interior de muchos de ellos, en un marco en el que los índices de pobreza y desempleo se mantienen muy altos, e incluso aumentan, al mismo tiempo que aumentan las ganancias de las grandes multinacionales y la concentración de riqueza, realidad a la que no es ajena la liberalización del comercio y de los capitales a escala mundial.
Considerando las recientes propuestas modificadas relativas a la agricultura y al acceso al mercado de los productos no agrícolas, ¿qué propuestas piensa presentar para las negociaciones en el ámbito de la OMC relativas, en particular, a la agricultura, los productos no agrícolas, incluidos los productos textiles y de la confección, y los servicios? ¿Qué opina sobre la necesidad de modificar el actual mandato negociador, teniendo en cuenta que la liberalización de la agricultura, la industria y los servicios agravará las desigualdades económicas y sociales, pondrá en situación de riesgo la soberanía alimentaria y los servicios públicos y conllevará deslocalizaciones y dumping social y medioambiental?
Algunos estudios económicos cuestionan la opinión de que la apertura comercial sea un factor importante para el crecimiento y el desarrollo. Los argumentos se centran más en la naturaleza y la secuenciación de esa apertura. No obstante, está igualmente claro que la apertura comercial no puede funcionar por sí sola: otras muchas políticas, una buena gobernanza y un entorno económico estable son necesarios para que ocurra. La apertura comercial no es una panacea para el desarrollo.
Numerosos países en desarrollo han utilizado el comercio como un componente clave de su política de desarrollo y, como resultado, han registrado una reducción significativa en la pobreza y un aumento del bienestar. Los ejemplos más sorprendentes de un crecimiento guiado por el comercio se encuentran probablemente en Asia. China es un pionero nato en este sentido. Sin embargo, pueden constatarse tendencias similares en países asiáticos más pequeños, por ejemplo, Vietnam, o incluso entre los países menos desarrollados, como Bangladesh. Al mismo tiempo, China, junto con otras economías emergentes, presta cada vez más atención a retos socio-económicos complementarios, como un ingreso creciente, las desigualdades económicas, la cohesión social y la aplicación eficaz de la legislación laboral.
La CNUCD(1) ha señalado recientemente los efectos positivos que el crecimiento en Asia tiene en otras regiones pobres, en particular aquellas que dependen de las exportaciones en materias primas. El comercio Sur-Sur constituye un elemento cada vez más importante del comercio mundial y aporta nuevas oportunidades para el desarrollo, pero las barreras al comercio siguen siendo altas en el Sur: más del 60 % de los derechos pagados por países en desarrollo se destinan a otros países en desarrollo, mientras que sólo un 40 % de sus exportaciones se dirige a ese grupo de países.
Las negociaciones comerciales multilaterales en curso en la OMC(2) ofrecen la oportunidad de fomentar el uso del comercio con el fin de favorecer el desarrollo a través de oportunidades de mayor acceso al mercado para los países en desarrollo.
Los actuales textos de negociación tienen plenamente en cuenta el hecho de que no todos los países en desarrollo presentan la misma capacidad de aceptar la liberalización comercial. Partes substanciales de las negociaciones de la ADD versan sobre un trato especial y diferenciado a los países en desarrollo con vistas a estipular compromisos de escala móvil para la apertura del mercado (en servicios o productos industriales o agrícolas), dependiendo efectivamente del nivel de desarrollo de determinados grupos de países. La amplia mayoría de los países en desarrollo de la OMC contraerán solamente compromisos muy limitados, en muchos casos y, en particular, los menos desarrollados de ellos, que no requieren ninguna apertura de mercado.
Por otro lado, es normal que esperemos que las economías emergentes, como Brasil, la India o China, asuman responsabilidades en línea con su grado de desarrollo, creando un nuevo acceso a sus mercados, especialmente en lo que se refiere a los productos industriales. Mientras que el mercado europeo de productos industriales está abierto y los aranceles se encuentran entre los más bajos del mundo, las economías emergentes todavía presentan un promedio arancelario alto y, a menudo, picos muy elevados. Sea como sea, incluso esos países tendrán que abrir sus mercados, aunque en menor medida en comparación con los países desarrollados, y mantendrán su derecho, hasta cierto punto, a proteger ciertos sectores sensibles.
Será de fundamental importancia que se garantice que cualquier acuerdo de la ADD sea equilibrado en términos de contribuciones realizadas por países de diferentes niveles de desarrollo en los diversos pilares de negociación; esto también constituirá un elemento esencial de la promoción del comercio Sur-Sur.
Los miembros de la OMC han insistido continuamente en la importancia crucial de la dimensión del desarrollo en cada aspecto del programa de trabajo de Doha. La Comisión también desea recordar a su Señoría que ya se ha alcanzado el acuerdo sobre algunas medidas para ayudar a los países en desarrollo más pobres y que son miembros de la OMC a beneficiarse plenamente de las oportunidades que brindará un resultado satisfactorio de la ADD, como, por ejemplo, una mayor ayuda al comercio o importaciones con franquicia de derechos de aduana y fuera de cuota para los países menos desarrollados. Asimismo, la UE garantizará que el asunto de la erosión de las preferencias comerciales se trate de un modo equitativo.
La UE apoya, además, la cooperación entre la OMC y la OIT(3) en cuanto a la relación entre el empleo o la política social y el comercio. La Comisión proporciona asistencia activa para crear indicadores de trabajo decente y evaluar el vínculo entre el comercio, el empleo y el trabajo decente en el marco del programa temático 2007-2013 sobre el desarrollo humano y social («Invertir en las personas»).
Pregunta nº 52 formulada por Vural Öger (H-0136/08)
Asunto: Acuerdo de libre comercio UE-Ucrania
Desde el ingreso de Ucrania en la OMC, el 5 de febrero de 2008, ya nada se opone a la conclusión de un acuerdo de libre comercio entre la UE y Ucrania. La primera ronda de negociación se inició el 17 de febrero de 2008. ¿Qué calendario tiene previsto la Comisión para las negociaciones?
En 2006, mientras el 25 % de las exportaciones de Ucrania se dirigían a la UE, el 42 % de las importaciones de Ucrania procedían de la Unión. ¿Procurará la Comisión, durante las negociaciones, que con el nuevo acuerdo Ucrania pueda incrementar de forma duradera sus exportaciones a la UE? ¿Qué ventajas, en general, supondrá el nuevo acuerdo para Ucrania en el ámbito de la política comercial? ¿Cómo piensa garantizar la Comisión que con Ucrania se negociará con arreglo al principio de igualdad y que no aparecerán asimetrías en las relaciones comerciales?
¿Tiene prevista la Comisión una estrategia de comunicación que haga visibles al ciudadano las ventajas que para él significa una liberalización?
El Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) respaldó la adhesión de Ucrania el 5 de febrero de 2008, a raíz de lo cual se lanzaron las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio con Ucrania, como parte central del nuevo acuerdo ampliado. Tras la apertura oficial de las negociaciones el 18 de febrero de 2008 en Kiev por el Comisario Mandelson y el Presidente ucraniano, señor Yúschenko, se emprendió una primera ronda de negociaciones entre los principales negociadores que se centró en asuntos de organización. Acordamos con Ucrania celebrar rondas de negociaciones, si es posible, cada ocho semanas. La primera ronda de negociaciones completa se prevé para la semana del 21 de abril de 2008 en Bruselas.
La Unión Europea tiene la intención de negociar una zona de libre comercio con Ucrania que acerque a este país lo máximo posible al mercado interior. El acuerdo debería ir más allá de las clásicas disposiciones de la zonas de libre comercio sobre el acceso al mercado de productos y servicios, y también abordará las barreras al comercio una vez rebasada la frontera, por ejemplo, los asuntos sanitarios y fitosanitarios y las normas y criterios técnicos.
La evaluación de impacto sobre la sostenibilidad que un consultor independiente llevó a cabo confirmó que se espera que la zona de libre comercio conduzca a beneficios significativos para Ucrania. El estudio también concluyó que la zona de libre comercio reforzaría las tendencias actuales en Ucrania: los sectores con una ventaja competitiva ganarán y aquellos con una desventaja competitiva se arriesgan a perder, a no ser que puedan mejorar su competitividad. Sin embargo, se espera un resultado positivo generalizado.
Por lo que se refiere a la información de los ciudadanos sobre las negociaciones en curso, se prevé celebrar un diálogo de la sociedad civil a lo largo de 2008.
Se informará regularmente al Parlamento Europeo sobre el estado de las negociaciones.
Pregunta nº 53 formulada por Johan Van Hecke (H-0137/08)
Asunto: Adhesión de Rusia a la OMC
Pese a que Rusia es un miembro importante del G8, sigue a la zaga por lo que se refiere a disponer de un régimen adecuado de derechos de propiedad intelectual para los negocios. Este país debe llevar a cabo numerosas reformas en su legislación para modernizar el sistema de derechos de propiedad intelectual y mejorar su aplicación, antes de que puedan establecerse mercados legítimos, tanto para propietarios de derechos intelectuales europeos como rusos. Rusia no ha ratificado aún los tratados de la OMPI sobre Internet de 1996 y sus medidas para combatir la piratería en Internet carecen de firmeza. Debido a la presión de la Unión Europea se cerró recientemente el célebre sitio Allofmp3.com, pero en Rusia siguen operando sitios similares. Estos sitios también deben cerrarse y se deben iniciar al mismo tiempo procedimientos legales contra sus operadores.
Resulta esencial que la Unión Europea continúe haciendo de la protección eficaz y la aplicación del régimen de derechos de propiedad intelectual una condición para la adhesión de Rusia a la OMC. ¿Prevé la Comisión Europea oponerse a la adhesión de Rusia a la OMC, hasta que este país demuestre disponer de un régimen eficaz de derechos de la propiedad intelectual, mediante el respeto adecuado de las obligaciones que le impone el Acuerdo sobre los ADPIC, la ratificación de los tratados de la OMPI sobre Internet y la lucha contra la piratería en Internet?
Pregunta nº 54 formulada por Esko Seppänen (H-0140/08)
Asunto: Derechos de aduanas aplicados por Rusia a la exportación de madera
Rusia ha aumentado unilateralmente los derechos de aduanas a la exportación de madera sin transformar hasta un nivel tal que, poco a poco, está consiguiendo poner fin a las importaciones de madera de Rusia a los Estados miembros de la UE. En opinión de la Comisión, ¿hasta qué punto es grave este problema en relación con la adhesión de Rusia a la OMC? ¿Tiene previsto la Comisión continuar las conversaciones con las autoridades de este país para lograr una reducción de los derechos mencionados?
La adhesión de Rusia a la Organización Mundial del Comercio (OMC) va, en primer lugar, en beneficio de Rusia. Si Rusia desea continuar el curso de su modernización económica, diversificar más su economía y atraer las muy necesarias inversiones internacionales, lo podrá hacer mejor como miembro de la OMC.
Sin embargo, la adhesión de Rusia también va en interés de sus socios comerciales. El resultado final de su incorporación a la OMC es que se verá obligado a cumplir las normas comerciales internacionales. Se disminuirán sus posibilidades de decisión arbitraria en el comercio. El ex-Presidente, señor Putin, ha declarado en repetidas ocasiones que está comprometido con que Rusia se incorpore a la OMC, y estoy convencido de que su sucesor, el señor Medvédev, también.
¿Qué queda por hacer para la incorporación de Rusia? De hecho, sólo tenemos sobre la mesa algunos asuntos pendientes. En realidad, ya hemos alcanzado un acuerdo sobre la amplia mayoría de los asuntos o confiamos en que la legislación rusa esté conforme con las normas de la OMC.
Por lo que se refiere a los derechos de propiedad intelectual (DPI), a Rusia todavía le quedan muchos retos en este ámbito, la mayoría de ellos en relación a una aplicación efectiva de los DPI. Sin embargo, en cuanto al marco legislativo, la Comisión se muestra confiada de que los recientes compromisos y cambios legislativos de Rusia garantizarán su conformidad con las condiciones de la OMC. Para información de sus Señorías, el nuevo capítulo IV referente a los DPI del Código Civil entró en vigor el 1 de enero de 2008. Estamos colaborando estrechamente con Rusia para mejorar más la situación. Esto podría efectuarse en el marco del diálogo sobre los DPI.
El otro asunto que la Comisión desearía subrayar se refiere al tema de los derechos de aduanas aplicados por Rusia a la exportación de madera. Como quizá sepan sus Señorías, éste constituye actualmente el asunto más destacado para la UE en el proceso de adhesión de Rusia. A juicio de la Comisión, la decisión de aumentar de forma significativa los derechos de aduana a la exportación no estaba justificada. El Comisario responsable de Comercio se reunió recientemente con el Viceprimer Ministro Krudin para debatirlo y es probable que se vuelvan a reunir en los próximos días. La Comisión está convencida de que puede encontrarse una solución, siempre que ambas parte tengan la voluntad política de alcanzar dicho acuerdo.
Pregunta nº 55 formulada por Marian Harkin (H-0078/08)
Asunto: Negociaciones en la OMC
A la luz de las recientes negociaciones en la OMC y de la publicación de ocho nuevos documentos de trabajo sobre el acceso al mercado, ¿puede la Comisión precisar qué concesiones se han propuesto en relación con la agricultura europea y qué otras concesiones tiene intención de hacer en el ámbito de la agricultura teniendo en cuenta la función crucial que ésta desempeña en el mantenimiento de la seguridad alimentaria, la trazabilidad y un medio ambiente sostenible?
El último avance en las conversaciones en curso sobre agricultura, en el contexto de las negociaciones de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Mercado (OMC), es el proyecto revisado de modalidades, que hizo circular el Embajador Crawford Falconer, quien presidió las negociaciones sobre agricultura, el 8 e febrero de 2008.
Durante las negociaciones de la Agenda de Desarrollo de Doha (ADD), la Comisión controla continuamente la posición de la UE en relación a su mandato, incluido a través de una evaluación de las modalidades propuestas, especialmente con respecto a las concesiones del acceso al mercado y, en particular, los recortes y el tratamiento de productos «sensibles». De hecho, en comparación con lo previsto en la oferta de octubre de 2005, lo que hoy se debate sigue en la misma línea y tendrá efectos macroeconómicos comparables.
Garantizar la seguridad alimentaria, la trazabilidad y un medio ambiente sostenible constituye un elemento esencial de la reforma de 2003 de la política agrícola común (PAC). De este modo, está totalmente claro que la reforma de 2003 de la PAC representa para las negociaciones sobre agricultura la contribución importante de Europa a la ADD y los límites a su informe de las negociaciones en la ronda de la OMC. El margen de maniobra que concede esta reforma sólo puede emplearse a cambio de concesiones equivalentes de nuestros socios de la OMC en agricultura y otros ámbitos. Un resultado general que no sea equilibrado no resultará aceptable.
Pregunta nº 56 formulada por Giovanna Corda (H-0081/08)
Asunto: Relaciones comerciales y legislación social en China
Además de los recientes problemas de control de calidad y de trazabilidad, que han provocado la retirada del mercado de cientos de miles de juguetes peligrosos importados de China y que son objeto de una serie de medidas decididas por la Comisión, ¿puede la Comisión dar a conocer los términos de los acuerdos entre la Comisión Europea y China que permiten garantizar y, en caso necesario, controlar que la fabricación de los productos importados respeta las normas de duración máxima del trabajo, edad mínima de los trabajadores, protección de la salud y la seguridad de éstos y salario mínimo garantizado, con objeto de evitar que el desarrollo desenfrenado de estas actividades comerciales se lleve a cabo a expensas de la salud, la seguridad y el respeto de la dignidad humana?
La Comisión condena encarecidamente cualquier intento de fomentar el desarrollo económico a expensas de los derechos de los trabajadores y de la dignidad humana, y sostiene que el respeto de las normas laborales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contribuye plenamente al desarrollo sostenible.
Esta política se aplica claramente en las diversas iniciativas adoptadas por la Comisión sobre «La dimensión social de la globalización»(1), «la Agenda Social»(2) y la «Promoción de un trabajo digno para todos»(3). Además, todas las instituciones de la UE han respaldado firmemente esta política y aprobado diversas decisiones y resoluciones que aportan un marco general para el desarrollo de nuestra cooperación bilateral con China sobre empleo y asuntos sociales.
La cooperación de la UE con Chica en este asunto en particular ha evolucionado muy positivamente desde 2005, cuando se firmó el primer Memorando de Entendimiento sobre asuntos sociales y laborales con el Ministerio chino de Empleo y Seguridad Social. La Comisión apoya plenamente cada esfuerzo por mejorar las condiciones de trabajo, fomentar la aplicación de las leyes laborales vigentes e intensificar la responsabilidad social de las empresas en China.
Su diálogo con China se ha centrado en aspectos como la provisión apropiada de competencias, la reforma del sistema de la seguridad social, la aplicación adecuada y la reforma de la legislación laboral, así como la salud y la seguridad de los trabajadores. Aunque se requieren mejoras importantes, ha estado efectuando un diálogo muy constructivo con las autoridades chinas.
La Comisión ha realizado un seguimiento de los recientes avances y supervisará de cerca la nueva ley china de contrato de trabajo que entró en vigor el 1 de enero de 2008. Esta nueva ley representa una mejora importante en el sistema chino de contratos laborales al definir los derechos y las obligaciones de las partes. Asimismo, acoge con satisfacción el hecho de que la nueva ley laboral, si se aplica adecuadamente, podría y debería conducir a una mejora considerable de las condiciones de trabajo en China.
Como muestra de la importancia que la Comisión concede al empleo y a las condiciones sociales en sus relaciones con China, el Comisario responsable de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades efectuó una segunda visita al país en enero de 2008.
Como resultado de esta misión, se han acordado nuevas e importantes iniciativas con el Ministerio chino de Empleo y Seguridad Social, la Academia China de Ciencias Sociales y la Administración del Estado de Seguridad Laboral. Con ésta última se prevé firmar en 2008 un memorando de entendimiento sobre salud y seguridad laboral, que contempla la cooperación técnica con las autoridades chinas en este importante ámbito aún ausente en nuestro diálogo bilateral. También estamos debatiendo con las autoridades de este país el establecimiento de un proyecto de formación ambicioso dirigido a mejorar la sanidad y las condiciones de seguridad en el sector minero de China.
Aparte de nuestra cooperación bilateral con China en asuntos sociales y de empleo, también estamos muy dedicados a la tarea de reforzar las iniciativas multilaterales en el marco de la OIT y de respaldar todas las medidas que conduzcan a la promoción del Programa sobre el Trabajo Decente en China.
Pregunta nº 57 formulada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0083/08)
Asunto: Rehabilitación de las comunidades tradicionales
En su Resolución P6_TA(2006)0355 sobre la protección del patrimonio cultural europeo, natural y arquitectónico, en el ámbito rural y en las regiones insulares, el Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que elabore programas sobre las intervenciones de restauración de las comunidades tradicionales y que apoye a los sectores que puedan restaurar el estado original de su patrimonio arquitectónico, con el fin de no desvirtuar su carácter, así como de eliminar los efectos de intervenciones posteriores incompatibles.
En este contexto, ¿qué medidas ha tomado la Comisión hasta ahora para realizar este objetivo?
La Comisión concede gran importancia a la protección del patrimonio natural, arquitectónico y cultural europeo. La política regional, el desarrollo rural y el apoyo a acciones culturales se encuentran entre los efectos de palanca que pueden emplearse para favorecer la protección y la promoción del patrimonio.
En el marco de la política de cohesión, se fomenta explícitamente la inversión en la protección del patrimonio arquitectónico y cultural en las directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión (artículo 2.1 que requiere «medidas para [...] conservar y desarrollar el patrimonio histórico y cultural, [que] revisten no poca importancia por sus consecuencias para el desarrollo del turismo»), ya que contribuye al desarrollo sostenible de los Estados miembros. Además, el patrimonio histórico constituye un activo, en el marco de las políticas nacionales, para estimular el turismo. El Reglamento relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el periodo 2007-2013 aporta, entre otros, apoyo a la «protección y el desarrollo del patrimonio cultural», la «protección y preservación del patrimonio cultural», y el «desarrollo de la infraestructura cultural».
Además, en el contexto del apoyo a la regeneración urbana y rural, también resultan aptas las medidas a favor del patrimonio histórico. Sin embargo, en el contexto del modelo de gestión compartido de la política regional, la iniciativa de incluir o no las medidas de protección del patrimonio en los programas asistidos realmente por el FEDER corresponde a cada Estado miembro.
Los programas de desarrollo rural también pueden emplearse para la protección del patrimonio natural, arquitectónico y cultural en las zonas rurales de Europa. Los Estados miembros podrían efectivamente aplicar medidas específicas para conservar y mejorar el patrimonio rural en determinadas circunstancias(1). Según datos disponibles, los Estados miembros han planeado aplicar esta medida en al menos 70 programas de desarrollo rural (de un máximo de 86), movilizando inversiones para un presupuesto total de 1 280 000 euros del FEADER para todo el periodo de programación 2007-2013. Por otro lado, hay otras medidas de desarrollo rural que realizan una contribución positiva a la protección del patrimonio rural a través de acciones muy conocidas como el apoyo a NATURA 2000, iniciativas agroambientales, etc.
En el marco del nuevo programa Cultura 2007-2013 —como fue el caso de su antecesor, el programa Cultura 2000—, la Comisión ha apoyado iniciativas referentes a la preservación del patrimonio cultural en el contexto del Premio de la Unión Europea para el patrimonio cultural, para el que se ha seleccionado a Europa Nostra como institución organizadora. En la edición de 2007 se seleccionó a la Fundación Mihai Eminescu por su enfoque integrado de la conservación del patrimonio. Bajo el patrocinio de Su Alteza Real (SAR) el Príncipe de Gales, esta Fundación con sede en Londres (Reino Unido) se dedica a la conservación y regeneración de pueblos y localidades en Transilvania y Maramureº (Rumanía). También se concedió un importante premio al proyecto de preservación del pueblo fortificado de Santo Stefano di Sessanio, situado en el corazón de las tierras altas de Abruzzo, cerca de Aquila (Italia), por su trabajo en la conservación de un paisaje urbano típico del medioevo. El programa Cultura (2007-2013) también puede financiar redes de patrimonio cultural (se seleccionaron dos en la convocatoria de propuestas de 2007).
Por ultimo, la Comisión también colabora activamente con el Consejo de Europa en la organización de los Días del Patrimonio Europeo, que incluye asistencia financiera para la organización de actos y garantizar la visibilidad de la iniciativa.
Artículo 57 del Reglamento de la CE 1698/2005, DO L 277 de 21 de octubre de 2005.
Pregunta nº 58 formulada por Manuel Medina Ortega (H-0088/08)
Asunto: Menores inmigrantes
A la vista del número considerable de menores inmigrantes que llegan al territorio de la Unión Europea en situación irregular y del estatuto especial de protección que les conceden los convenios internacionales, ¿qué medidas piensa proponer la Comisión para ayudar a los gobiernos de los países de acogida a atender sus necesidades y para facilitar la devolución a los países de origen y la reintegración a su vida familiar?
Los menores no acompañados se encuentran en una situación muy vulnerable y requieren un apoyo constante para saciar sus necesidades específicas.
Cuando es de aplicación, la legislación comunitaria sobre inmigración y asilo siempre ha tenido en cuenta esta realidad y ha insistido en que cuando los Estados miembros lleven a cabo una acción que afecte a los menores —acompañados o no— lo hagan primordialmente en beneficio de ellos.
Otros derechos fundamentales que han de garantizarse son el derecho a la educación y a una familia unida, los cuales se han incluido en el acervo de inmigración y asilo y en las propuestas de la Comisión.
El apoyo a los Estados miembros en lo referente a los menores se presta a través de los instrumentos financieros, en particular mediante el programa de reciente creación «Solidaridad y gestión de los flujos migratorios» para el periodo 2007-2013.
Este programa consta de cuatro fondos gestionados de un modo muy similar a los fondos estructurales: el Fondo para las Fronteras Exteriores, el Fondo Europeo para los Refugiados, el Fondo europeo para la integración de los nacionales de terceros países y el Fondo Europeo para el Retorno. La suma general asignada al programa asciende a 4020,37 millones de euros para el periodo 2007-2013, cifra que cubra también las acciones dirigidas a los menores.
Las directrices estratégicas del Fondo europeo para la integración de los nacionales de terceros países prevé cinco prioridades específicas, una de las cuales consiste en acciones dirigidas a los grupos destinatarios específicos (mujeres, niños, etc.). La cofinanciación por parte de la UE para dichas acciones ha pasado del 50 al 75 %.
El nuevo Fondo Europeo para los Refugiado (ERF III) tiene en cuenta explícitamente la situación concreta de personas vulnerables, como los menores no acompañados. Dispone de un presupuesto de 699,37 millones de euros para el periodo 2007-2013. Encima de la asignación anual de recursos para las posibles acciones subvencionables en los Estados miembros, este Fondo concederá una cantidad a tanto alzado de 4 000 euros para cada menor no acompañado reinstalado (entre otras categorías pretendidas).
El Fondo Europeo para el Retorno, con un presupuesto total de 676 millones de euros durante el periodo 2008-2013, entre otras cosas, apoyará acciones que proporcionen asistencia específica a las personas vulnerables, como los menores no acompañados, en casos de retorno voluntario o forzado.
Por ultimo, el programa Daphne persigue el objetivo de evitar y combatir la violencia contra los niños, los jóvenes y las mujeres, así como de proteger a las víctimas y grupos de riesgo. Desde 1997 Daphne ha financiado alrededor de 420 proyectos para proporcionar protección y evitar varias formas de violencia cometida contra los niños, los jóvenes y las mujeres. Algunos se destinaban específicamente a los menores no acompañados.
Pregunta nº 60 formulada por Chris Davies (H-0104/08)
Asunto: Control de la aplicación de la legislación de la UE durante la Presidencia eslovena
¿Puede indicar la Comisión si ha solicitado que se incluya la cuestión de la aplicación inadecuada de la legislación comunitaria por los Estados miembros en el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros que se celebrarán durante la Presidencia eslovena?
La Comisión no ha pedido que el asunto de la aplicación de la legislación comunitaria en los Estados miembros se inscriba en el orden del día de ninguna reunión del Consejo de Ministros durante la Presidencia eslovena.
Como se indicó en la respuesta a la pregunta oral H-0816/07 de su Señoría(1), cabe recordar que la Comisión ha aprobado la Comunicación «Una Europa de resultados — la aplicación del derecho comunitario»(2), que se transmitió a las instituciones. La Comisión está trabajando activamente en la aplicación de las acciones anunciadas en su Comunicación. Además, ha convocado un grupo de expertos nacionales para debatir la Comunicación durante la Presidencia portuguesa. Este es el foro que eligió la Comisión para llevar adelante dicho debate con los Estados miembros, sin excluir con ello la posibilidad de que algunos asuntos mencionados en la Comunicación se inscriban en el orden del día para la organización de una reunión del Consejo en 2008. En diciembre de 2007 se organizó una reunión de este grupo de expertos y la próxima se prevé para junio de 2008, durante la Presidencia eslovena.
Así mismo, podría celebrarse un debate general en una u otra reunión del Consejo en otras ocasiones, como con la presentación de un informe anual sobre la aplicación de un programa o plan de acción.
La Comisión presentó los resultados del cuadro de indicadores del Mercado Único en el Consejo sobre Competencia del 25 de febrero de 2008.
En el ámbito de Justicia, Libertad y Seguridad, la Comisión también ha estado presentando desde junio de 2005 un cuadro de indicadores anual.
Pregunta nº 61 formulada por Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (H-0105/08)
Asunto: Medidas reguladoras relativas a los hipermercados en la Unión Europea
Hasta el 31 de enero de 2008, 439 diputados del PE habían firmado la Declaración escrita 0088/2007 sobre la investigación de casos de abuso de poder por los grandes supermercados que operan en la UE, con lo que la declaración adquiere carta de naturaleza como posición oficial del PE. En la declaración se pide a la Dirección General de Competencia que investigue la forma en que la concentración del comercio de venta al por menor influye sobre las pequeñas empresas, los proveedores, los trabajadores y los consumidores, y que evalúe en particular los casos de abuso de posición dominante por los hipermercados. La Declaración pide a la Comisión Europea que proponga medidas adecuadas, incluidas las de carácter regulador, para proteger a los consumidores, a los trabajadores y a los productores frente a abusos de posiciones dominantes u otros fenómenos negativos que se constataren en el curso de esta investigación.
En mayo de 2007, el Parlamento polaco adoptó una ley que regula la apertura y el funcionamiento de hipermercados, en atención precisamente a estas inquietudes, obligando a los entes locales y regionales a evaluar en cada caso las repercusiones sobre el equilibrio entre los diferentes sistemas de venta al público y a velar por el respeto de los principios de competencia leal. La Comisión ha puesto en tela de juicio esta regulación legal, el 31 de enero de 2008, y se ha dirigido a las autoridades polacas conminándolas a modificarla, so pena de elevar el asunto al Tribunal de Justicia. ¿De qué modo piensa resolver la Comisión Europea la palmaria contradicción entre las preocupaciones del Parlamento Europeo y sus propias actuaciones en materia de concentración comercial?
Su Señoría hace referencia a la Declaración escrita 88/2007 del Parlamento Europeo aprobada el 19 de febrero de 2008 sobre la investigación y el remedio de casos de abuso de poder por los grandes supermercados que operan en la UE. La Declaración escrita insta a la Comisión a investigar el impacto que podría tener la concentración del sector de los supermercados en los diferentes operadores de mercado y especialmente a evaluar cualquier posible abuso de poder por parte de dichos supermercados. También exige a la Comisión que proponga medidas adecuadas para proteger a los consumidores, los trabajadores y los productores de cualquier abuso de posición dominante de mercado y de otro efecto adverso que se haya constatado durante la investigación solicitada.
La Comisión informará al Parlamento de su respuesta a la Declaración escrita, de conformidad con las normas aplicables que rigen el seguimiento que realizará la Comisión a las resoluciones no legislativas del Parlamento y, más específicamente, las aprobadas durante la sesión de febrero de 2008.
Con respecto a la carta enviada por la Comisión(1) en relación a la ley polaca sobre el establecimiento y el funcionamiento de supermercados a la que hace referencia su Señoría, su finalidad es llamar la atención de las autoridades polacas sobre los problemas de compatibilidad de esta nueva normativa con la libertad de establecimiento —una libertad fundamental plasmada en el artículo 43 del Tratado CE— y con la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior(2). La Comisión tiene preocupaciones con respecto a la naturaleza posiblemente discriminatoria y a los efectos restrictivos de la ley polaca, que exige un procedimiento de autorización para el establecimiento de nuevos supermercados y el funcionamiento de los existentes que superen los 400 m². En particular, la Comisión estudiará si el nuevo procedimiento es potencialmente demasiado largo y costoso, se basa en criterios algunos de los cuales no son lo suficientemente precisos, da pie a la facultad discrecional de las autoridades o consiste en una prueba económica, prohibida por la mencionada Directiva.
Sin embargo, este procedimiento no afecta ni evita la aplicación de otros artículos del Tratado o normativa comunitaria. La Comisión considera, por tanto, que no contradice las expectativas del Parlamento.
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
Pregunta nº 62 formulada por Brian Crowley (H-0111/08)
Asunto: Situación en Gaza
¿Puede la Comisión Europea explicar en líneas generales qué medidas de apoyo financiero ha puesto en marcha para ayudar en este momento al pueblo palestino?
La Comisión está aplicando las siguientes medidas para asistir al pueblo palestino en Gaza:
- financiación de suministros de combustible a la central eléctrica de Gaza (a través del mecanismo PEGASE);
- pago de prestaciones sociales a los trabajadores del sector público y a las familias más pobres de forma mensual o semestral respectivamente (a través de PEGASE);
- apoyo a los refugiados palestinos a través del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS). Desde 2007 la Comisión ha aumentado su apoyo al fondo general del OOPS. La asistencia total del Organismo en 2007 equivalió a más de 100 millones de euros, con los que se cubrieron sus cinco ámbitos de acción en la región.
- provisión de asistencia humanitaria por medio de la Comisión en los sectores de la sanidad, la alimentación, el agua y el saneamiento, y ayuda psicológica, protección y creación de empleo urgente a través de las agencias de las Naciones Unidas (ONU), los organismos no gubernamentales (ONG) de Europa y la familia de la Cruz Roja;
- apoyo de la Comisión a la iniciativa North Gaza Emergency Sewage Treatment Project (proyecto de emergencia de tratamiento de aguas residuales en el Norte de Gaza) con el fin de proteger a las comunidades que viven en Beit Lahia de la posible inundación de aguas sin depurar;
El Plan de Reforma y Desarrollo de Palestina, que la Comisión respalda a través de PEGASE, incluye algunos proyectos en Gaza. La Comisión está dispuesta a ampliar su ayuda al desarrollo en la Franja de Gaza tan pronto como la situación lo permita.
Pregunta nº 63 formulada por Eoin Ryan (H-0113/08)
Asunto: Lucha contra la descarga ilegal, vía Internet, de competiciones deportivas retransmitidas por las cadenas de pago por visión
¿Puede la Comisión Europea iniciar el proceso de introducción de una legislación europea, en la línea de la iniciativa Sarkozy-Olivennes en Francia, encaminada a penalizar la descarga ilegal, vía Internet, de competiciones deportivas retransmitidas por las cadenas de pago por visión, y que garantice que los proveedores de servicios de Internet procederán a cerrar los sitios ilegales cuya existencia les señalen las autoridades policiales?
De conformidad con la información de la Comisión, en Francia no se ha adoptado recientemente ninguna medida para penalizar la descarga ilegal vía Internet de competiciones deportivas retransmitidas por las cadenas de pago por visión y garantizar que los proveedores de servicios de Internet (PSI) cierren sus sitios Web ilegales cuando se lo notifiquen las autoridades policiales.
El 23 de noviembre de 2007 se firmó un memorando de entendimiento(1) entre los productores de música y cine, los proveedores de servicios de Internet y el Gobierno francés, a raíz del cual Francia se está preparando para cambiar su legislación y establecer una autoridad de Internet con competencia, en casos extremos, para ordenar la suspensión de la provisión de acceso a la Web para los usuarios que intercambian material con derechos de autor. Sin embargo, eso se aplicará a las violaciones de los derechos de propiedad intelectual en los ámbitos del cine y la música únicamente si ya existen sanciones penales en Francia. Por lo que a la Comisión respecta, no cubrirá los derechos de difusión o de imagen de las competiciones deportivas. Más concretamente, en caso de que la autoridad de Internet no pueda mediar después de enviar vía el PSI mensajes electrónicos de advertencia a los infractores, puede imponer sanciones. A raíz de eso, puede, además, emprenderse una acción legal, cuyo juez puede aplicar sanciones de acuerdo con las disposiciones del derecho penal., Este mecanismo establece una escala en cuanto a la determinación y severidad de la sanción, que se aplicará con arreglo a la gravedad de la infracción. El acuerdo también se dirige a reforzar la cooperación entre los titulares de los derechos, las plataformas de igual a igual (P2P) y los PSI con el fin de mejorar el uso jurídico de contenido protegido.
A nivel europeo, la Comisión insistió en su «Libro blanco sobre el deporte»(2) de julio de 2007 en que la viabilidad económica de la explotación de los derechos de los deportes depende de la disponibilidad de medios efectivos de protección contra las acciones de los infractores a nivel nacional e internacional. No obstante, debería señalarse que los derechos de imagen de los deportes están sujetos a sistemas jurídicos diferentes en los Estados miembros. La Comisión examinará este asunto en el presente año, cuando publique un estudio dirigido a evaluar la financiación de los deportes, que incluirá obviamente la venta de derechos de imagen y difusión.
El fenómeno de la emisión no autorizada por Internet de competiciones deportivas y de la piratería P2P son prueba de la necesidad de evaluar el arsenal actual de medias legales que permiten a los titulares de los derechos combatir la piratería digital.
Con la Directiva sobre el acceso condicional(3) se trató de crear un mercado interior para todos los servicios de acceso condicional (proveedores de servicios de acceso condicional o que utilizan el acceso condicional para proteger su retribución, por ejemplo, los servios de televisión de pago) ampliando la protección contra la piratería en todos los Estados miembros y, por tanto, cerrando el acceso a los «puertos seguros» previamente determinados a los piratas informáticos dentro de la UE. La Directiva desempeñó un papel clave en el desarrollo de servicios de televisión en el mercado interior. Su protección se extiende a las emisiones de televisión y a los servicios de medios audiovisuales a demanda.
La Comisión está preparando un informe de evaluación sobre esta Directiva, que analizará su impacto dado el desarrollo de servicios de nuevo tipo de suscripción —como, por ejemplo, el protocolo de televisión por Internet (IPTV)— y si necesita ampliarse, aclararse o simplificarse. Además, ha lanzado una consulta pública sobre este asunto, que incluye una pregunta sobre si su alcance debe extenderse para que los titulares de los derechos (incluidos los de derechos de deportes) puedan recurrir más fácilmente a ella cuando traten de defender su retribución.
La Directiva sobre el comercio electrónico(4), aprobada en el año 2000, establece las obligaciones de los proveedores de servicios dependiendo de la naturaleza del o los servicios que ofrezcan (mero medio de transmisión, memoria de almacenamiento temporal u hospedaje). La Directiva también garantiza que, cuando se les informe de tal infracción, los PSI está obligados a asistir en los procedimientos para retirar el sitio Web en cuestión. En el momento de la aprobación de la Directiva, se esperaba que las partes acordaran elaborar los procedimientos de detección y retirada de información ilegal o perjudicial por las partes interesadas. El articulo 16 y el considerando 40 fomentan expresamente la autorregulación en este ámbito. Los Estados miembros también han adoptado este planteamiento en las leyes nacionales que transponen la Directiva. Por ejemplo, Finlandia y Hungría han optado por procedimientos reglamentarios de detección y retirada, pero, de nuevo, se han centrado en las violaciones de los derechos de propiedad intelectual. Los Estados miembros están realizando un seguimiento de los avances en estos ámbitos a través del grupo de expertos en comercio electrónico, en el que intercambian mejores prácticas y consideran opciones.
También debería tenerse presente que los sitios que están implicados en emisiones no autorizadas por Internet de acontecimientos deportivos suelen ser de fuera de la Unión Europea. En estos casos, la única opción es que los titulares de los derechos emprendan una acción legal con las autoridades nacionales pertinentes para bloquear el acceso a esos sitios.
La respuesta firme a este fenómeno en alza de la emisión no autorizada por Internet de acontecimientos deportivos en directo y de la piratería P2P debería tener en cuenta la necesidad de que los titulares de los derechos luchen contra la piratería de su contenido en Internet y de proteger los derechos humanos fundamentales —como el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales— en el medio digital. De hecho, la base lógica de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el caso «Promusicae» (C-275-06) puede aplicarse del mismo modo a una situación en la que exista la necesidad de combatir la descarga ilegal de Internet de competiciones deportivas retransmitidas a través de la televisión a la carta.
En su Comunicación sobre los contenidos creativos en línea en el mercado único(5) , aprobada en enero de 2008, la Comisión lanzó una consulta pública sobre ofertas legales y piratería. Este tema se abordará también en la «Plataforma de los Contenidos en Línea», un foro de debate a nivel europeo. La Comisión prevé aprobar una Propuesta de Recomendación sobre los contenidos creativos en línea durante el segundo semestre de 2008.
"Accord pour le développement et la protection des œuvres et programmes culturels sur les nouveaux réseaux" - http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-olivennes231107.htm
Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).
Directiva 98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de noviembre de 1998 relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso, DO L 320 de 28.11.1998.
Pregunta nº 64 formulada por Liam Aylward (H-0117/08)
Asunto: Lucha contra la mano de obra infantil
¿Podría describir la Comisión qué iniciativas está tomando a nivel internacional para luchar contra el empleo de mano de obra infantil en el mundo?
La Comisión opina que para abordar el tema de la mano de obra infantil hay que centrarse en sus causas. La Comisión persigue sistemáticamente el objetivo de proteger y fomentar los derechos del niño en sus relaciones con terceros países a través de diálogo político y asistencia externa. En particular, mediante su diálogo político, la Comisión aspira a alentar a los países a que ratifiquen y apliquen adecuadamente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, sus protocolos opcionales y los convenios internacionales pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo sobre la mano de obra infantil. El propósito principal no es, entonces, mejorar las condiciones de trabajo de los niños, sino sacarles totalmente del trabajo cuando no superen la edad mínima para trabajar. Además, la cobertura de la protección social y, en particular, los beneficios de los niños que perciben los padres o aquellos que estén a su cargo (como, por ejemplo, los abuelos), a condición o no de que asistan al colegio, deberían fomentarse, al igual que el empleo juvenil como alternativa al trabajo infantil.
La experiencia demuestra que la supresión de la mano de obra infantil requiere medidas con respecto al mercado laboral y el diálogo y la protección social, por ejemplo, a través de beneficios, para desalentar o eliminar la necesidad de que los menores trabajen y fomentar la educación. Dicho planteamiento multidimensional se plasma en el Plan de acción a favor de la infancia en la Acción Exterior, que complementa a la Comunicación «Un lugar especial para la infancia en la acción exterior de la UE »(1), aprobada el mes pasado por la Comisión. El Plan de acción mantiene el asunto de combatir la mano de obra infantil como prioridad para las acciones regionales e internacionales.
La mayor preocupación de todos nosotros es que los niños tengan unas condiciones de seguridad y saluden un mundo globalizado. Como sabe, la Comisión fomenta la aplicación efectiva internacional de las normas laborales fundamentales, incluida la lucha contra la mano de obra infantil. La Comisión puede y debería marcar la diferencia mejorando las normas laborales en el mundo.
Pregunta nº 65 formulada por Costas Botopoulos (H-0118/08)
Asunto: Actuación de las autoridades israelíes de seguridad con respecto a ciudadanos europeos
Tras la protesta por el procedimiento de humillación y la injustificada prohibición de entrada al país por parte de las autoridades israelíes en el aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv al ciudadano griego de origen palestino, el médico Karim Khilal, titular de un pasaporte con las altas exigencias de seguridad de Schengen, y teniendo en cuenta los problemas similares a que se enfrentan otros titulares de pasaportes griegos que viven en Palestina, ¿está al corriente la Comisión de estos problemas y de las prácticas abusivas que sufren los ciudadanos de la Unión Europa a su llegada o salida de Israel?
¿Se ha ocupado la Comisión en sus contactos bilaterales con Israel de este asunto, de forma que las autoridades estatales de seguridad respeten la dignidad humana de los ciudadanos europeos que visitan el país?
La Comisión está al corriente de las dificultades encontradas por nacionales de la UE a la hora de obtener visados para entrar en los territorios ocupados palestinos, en particular desde que se modificó la política de visados en el segundo semestre de 2006.
En 2006 y a principios de 2007, los Estados miembros de la UE y la Comisión pidieron en diversas ocasiones a las autoridades israelíes que remediaran estos problemas y aclararan los procedimientos para la obtención de un visado con el fin de vivir, visitar o trabajar en Gaza o Cisjordania. Las autoridades israelíes explicaron a la Comisión y a la Presidencia que todavía tenían que establecerse los detalles de los nuevos procedimientos.
Parece que la situación ha mejorado desde que se cursaron las protestas formales a principios de 2007. Sin embargo, la Presidencia, la Comisión y los Estados miembros siguen supervisando la situación sobre el terreno. La Delegación de la Comisión en Tel-Aviv está en contacto con la Embajada griega en Israel por lo que se refiere al caso concreto al que se refiere su Señoría.
En el supuesto de que la Embajada de Grecia no reciba una respuesta satisfactoria a sus preguntas, la Comisión tiene la intención de llevar adelante el caso y puede que lo plantee en el foro apropiado con las autoridades israelíes.
Pregunta nº 66 formulada por Dimitrios Papadimoulis (H-0120/08)
Asunto: Prohibición del funcionamiento de los centros de enseñanza que funcionan de acuerdo con el método de certificación
El apartado 1 del artículo 149 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea dispone que «la Comunidad contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, si fuere necesario, apoyando y completando la acción de éstos en el pleno respeto de sus responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo, así como de su diversidad cultural y lingüística.»
¿Tienen derecho los Estados miembros a prohibir el funcionamiento de centros de enseñanza que funcionan de acuerdo con el método de certificación y a no aceptar diplomas de tercer ciclo expedidos por centros domiciliados en otro Estado miembro?
El artículo 149 del Tratado no concede a los Estados miembros el derecho a prohibir los centros de enseñanza que funcionen sobre la base de certificaciones expedidas por centros domiciliados en otro Estado miembro. La educación ofrecida por centros que funcionan sobre la base de certificación expedida por centros de enseñanza domiciliados en otros Estados miembros no se inscribe en el sistema educativo del país donde se recibe la educación. Ese tipo de educación forma parte del sistema educativo del Estado miembro en el que esté establecido el centro de enseñanza que certifica la educación y entrega el diploma universitario.
La libertad de establecimiento y de servicios constituyen dos libertades fundamentales garantizadas por el Tratado, en particular en sus artículos 43 y 49. Por lo tanto, cualquier restricción a los centros de enseñanza tiene que examinarse a la luz de estos artículos del Tratado y de la jurisprudencia del Tribunal. Por ejemplo, en su sentencia C-153/02 (Neri) el Tribunal declaró que la organización de cursos universitarios de pago es una actividad económica que se inscribe en el capítulo del Tratado sobre el derecho de establecimiento cuando esa actividad la lleve a cabo un nacional de un Estado miembro en otro Estado miembro de forma estable y continua desde un centro de enseñanza principal o secundario en el último Estado miembro. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal y con vistas a justificar la restricción de una libertad fundamental, una medida restrictiva debe perseguir una finalidad legítima compatible con el Tratado y justificada por razones de interés público. Además, esta medida no debe ir más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo. Al ser la forma más severa de restricción de los derechos fundamentales, la prohibición de centros de enseñanza deberá examinarse en este sentido.
Pregunta nº 67 formulada por Koenraad Dillen (H-0125/08)
Asunto: Valonia y los Fondos estructurales europeos
De la respuesta a la pregunta escrita P-0498/06 se desprende que, en el periodo 2000-2006, Valonia recibió no menos de 672 430 656 euros en ayudas europeas en el marco del Objetivo n° 1 de los Fondos estructurales europeos y 164 445 783 euros en el marco del Objetivo n° 2.
En una entrevista con el diario Metro de 4 de febrero de 2008, Gérard Deprez, diputado liberal francófono al Parlamento Europeo y Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, declara que la subvención europea no han dado en Valonia el resultado esperado para esta región, en comparación con otras regiones. Al respecto habla de «malos proyectos» de los que son responsables no sólo Valonia sino también la Comisión, dado que ésta aprueba los proyectos.
¿Qué ayuda financiera se prevé para el periodo 2006-2013? ¿Cómo evalúa la Comisión los proyectos propuestos? ¿Valora los resultados? ¿Cómo reacciona la Comisión a la crítica del Sr. Deprez?
Por lo que se refiere a las ayudas asignadas a Valonia para el periodo 2000-2006, la Comisión confirma la cifras citadas por su Señoría, pero también dirigirá su atención hacia la siguiente tabla, que muestra el desglose por programas para la región a finales de 2007.
Periodo 2000-2006:
a) Objetivo nº 1 de supresión progresiva, Hainaut: 671,15 millones de euros (de los cuales 427,6 millones procedían del FEDER; 200,2 del FSE; 41,8 del FEOGA y 1,55 del IFOP);
b) Objetivo 2, Mosa-Vesdre: 164,44 millones de euros (de los cuales 138,7 procedían del FEDER y 25,73 del FSE);
c) Objetivo 2 Rural: 60,48 millones de euros (de los cuales 54,85 procedían del FEDER y 5,63 del FSE);
d) Objetivo 3: 297,87 millones de euros del FSE;
e) Leader+: 10,33 millones de euros del FEOGA;
f) Urban II, Sambreville: 7,17 millones de euros del FEDER;
g) Equal: 42,31 millones de euros del FSE;
h) Pesca: 23,57 millones de euros del IFP;
Cabe señalar que la financiación del Objetivo 3 también incluye el programa para la región Bruselas-Capital.
En el marco del programa de pesca, aparte de la financiación del Objetivo 1, la asignación valona representaba un 1,5 %.
Periodo 2007-2013:
a) Convergencia: 638,32 millones de euros (de los cuales 449,22 procedían del FEDER y 189,10 del FSE);
b) Competitividad: 665,35 millones de euros (de los cuales 282,51 procedían del FEDER y 382,83 del FSE(1));
Total: 1 303,67 millones de euros (de los cuales 731,74 procedían del FEDER y 571,93 del FSE);
La selección de operaciones para financiación es responsabilidad de las autoridades de gestión nombradas por los Estados miembros, de conformidad con el principio de subsidiariedad. En Valonia un grupo de trabajo constituido por académicos, administradores y empresarios prominentes se encarga de elaborar una lista de los tipos de proyectos que recibirán cofinanciación, con arreglo a la normativa de los Fondos Estructurales, la legislación europea y otras políticas comunitarias. La autoridad de gestión utiliza entonces la lista para decidir qué proyectos cofinanciar. La determinación de la admisibilidad de proyectos para el periodo 2007-2013 también es competencia de las autoridades de gestión nombradas por los Estados miembros.
La tarea de supervisar programas se lleva a cabo en colaboración con la Comisión y la autoridad de gestión de cada programa. Los programas pueden modificarse durante el periodo de aplicación y existe una disposición para una evaluación en curso (ya sea de forma continua o en fechas específicas). La Comisión también está realizando una revisión anual con cada autoridad de gestión del progreso de aplicación del programa del que la autoridad es responsable. Sobre la base de los informes anuales más recientes, la Comisión ha confirmado que los programas ejecutados en Valonia entre 2000 y 2006 (el límite temporal de aplicación es el 31 de diciembre de 2008) conseguirán conjuntamente sus objetivos. Además, una revisión intermedia en 2004-2005 brindó la oportunidad de adaptar las actividades, en caso necesario, en el marco de cada programa.
En cuanto a la opinión del señor Deprez de la que se informa, la Comisión no tiene conocimiento de la información en la que basa su afirmación.
Esta cifra incluye la financiación para el programa regional de Bruselas-Capital.
Pregunta nº 68 formulada por Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (H-0126/08)
Asunto: Publicación de la legislación europea en las lenguas oficiales de la UE
La Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (OPOCE) se encarga de la traducción de los actos jurídicos europeos y de su publicación en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea.
¿Existe un plazo legal para la publicación de un acto en todas las lenguas? ¿Puede indicar la Comisión si un acto que no se ha publicado en una lengua concreta tiene fuerza vinculante en el país de que se trate? En algunos casos, los tribunales de los Estados miembros dictan sentencia de conformidad con la legislación nacional ya que no existe una traducción de la legislación europea.
Ni el Tratado CE ni el de la UE prevé un plazo para la publicación de textos que deberían ponerse a disposición en relación con la adhesión de un país a la Unión Europea. Sin embargo, en el artículo 58 del Acta de Adhesión de Bulgaria y Rumanía se estipula que «Los textos de los actos de las instituciones … aprobados antes de la adhesión y redactados en búlgaro y rumano deberán, a partir de la fecha de su adhesión, autentificarse en las mismas condiciones que los textos redactados en las lenguas oficiales actuales. Además, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea si los textos en las actuales lenguas también se publicaron».
Interpretando la misma disposición en el Tratado de Adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia, el Tribunal de Justicia sostuvo recientemente en el caso C-161/06 (Skoma-Lux sro v Celní øeditelství Olomouc) que las obligaciones contenidas en la legislación comunitaria que no se han publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea en la lengua de un nuevo Estado miembro, si esa lengua es una de las oficiales de la UE, no podían imponerse a los ciudadanos de ese Estado. Esto guarda coherencia con jurisprudencia anterior, en que se afirmaba que las obligaciones contenidas en leyes de aplicación general no pueden imponerse a los ciudadanos de un Estado miembro si no se han publicado en la lengua de ese país.
Cabe mencionar que la Oficina de Publicaciones no es responsable de la traducción de actos legislativos en casos de ampliación. La obligación de traducir textos que se han aprobado antes de la adhesión corresponde al país en cuestión, mientras que los textos aprobados tras la adhesión los traducen las instituciones que han aprobado el acto legislativo. La Oficina será entonces responsable de la publicación.
Pregunta nº 69 formulada por Johannes Blokland (H-0128/08)
Asunto: Requisitos en materia de construcción para la ejecución de proyectos Phare
¿Qué requisitos se exigen para los proyectos Phare en Rumanía, por lo que respecta tanto a la calidad de la gestión de los proyectos de construcción como a los requisitos en materia de construcción, tales como la medida en que pueden realizarse las obras en caso de condiciones climatológicas problemáticas? La realización de trabajos de construcción en un suelo helado puede conllevar a corto plazo la necesidad de realizar reparaciones si el hormigón no se endurece debidamente y la capa final de cemento se congela. ¿Se autoriza la fijación de pilotes de hormigón y la aplicación de capas finales en caso de heladas?
Las normas de ingeniería civil para los contratos de obras financiados con Phare se especifican en el contrato marco reconocido internacionalmente (FIDIC(1)). Desde la adhesión de Rumanía, los contratos de obras se aplican según las normas de obtención nacionales.
Las disposiciones de los memorandos de financiación para Phare especifican siempre los contratos de la FIDIC y un ingeniero para supervisar los contratos. Los contratos de obra en el marco de la financiación de Phare se han concedido en los términos de contrato de la FIDIC. Los ingenieros de la FIDIC se encargan de gestionar y supervisar los contratos de obras. Además, el ingeniero tiene que cumplir las disposiciones aplicables de la legislación rumana sobre la calidad de la construcción. Según esta legislación, el cuerpo de inspectores del Estado llevará a cabo el control de la calidad de la construcción sobre la aplicación unitaria de disposiciones legales en el sector de la construcción(2).
En el mismo marco jurídico nacional mencionado anteriormente y las normas sobre construcción, se definen las medidas que se emplearán en condiciones de mal tiempo, independientemente de la fuente de financiación para un contrato de obras, ya sea financiación comunitaria o nacional.
Todos los licitadores son informados de estas condiciones específicas de acuerdo con los términos del contrato y la licitación. Además, los licitadores tienen conocimiento de que en invierno el trabajo en las obras de construcción está permitido en Rumanía únicamente hasta el 15 de noviembre o el 1 de diciembre. Después de estas fechas, el trabajo puede continuar únicamente si el tiempo lo permite. Todas estas disposiciones ayudan al licitador a preparar adecuadamente el tiempo de ejecución y el presupuesto correspondiente.
Con arreglo a las normas a las que se hizo referencia anteriormente, la fijación del hormigón se termina cuando las temperaturas caen por debajo de los 5 ºC o puede seguir en caso de que la composición del hormigón incluya aditivos especiales (lo último no es recomendable, a no ser que excepcionalmente la fijación del hormigón haya empezado con bajas) temperaturas(3)).
Documento utilizado como referencia: «The Practical Guide for the Execution of Concrete» —La guía práctica para la construcción de estructuras de hormigón) (Nº indicativo E 012:1-2007), publicado por el Ministerio de Desarrollo, Obras Públicas y Vivienda, (http://www.mie.ro/_documente/constructii/reglementari_tehnice/ne012_1.pdf), capítulo 5.2.8, páginas 25-26
Pregunta nº 70 formulada por Francesco Enrico Speroni (H-0129/08)
Asunto: Juegos Olímpicos de Pekín
El Comité Olímpico británico ha incluido una cláusula en el contrato que deberán firmar los atletas seleccionados para los Juegos Olímpicos de agosto en Pekín, en el que se establece que sólo asistirán a los Juegos Olímpicos aquellos atletas británicos que se comprometan por escrito a no criticar a China, en particular en lo relativo a los derechos humanos o la anexión del Tíbet.
¿No cree la Comisión que se trata de una clara violación de la libertad de pensamiento y de expresión, en violación del espíritu de los Tratados?
Respuesta:
La responsabilidad de examinar el caso, que no guarda relación con la legislación comunitaria en cuestión, recae sobre las autoridades del Reino Unido con el fin de asegurar el pleno respeto de la libertad de expresión, en línea con sus obligaciones con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Pregunta nº 71 formulada por Frank Vanhecke (H-0130/08)
Asunto: Transporte ilegal de drogas hacia Europa
¿Puede comunicar la Comisión si hay iniciativas comunes europeas concretas destinadas a interceptar los transportes de drogas desde el Norte de África hacia Europa?
La interceptación de drogas transportadas del norte de África a Europa constituye una medida ejecutiva que atañe a los cuerpos y fuerzas de seguridad y, como tal, no entra dentro del ámbito de competencia de la UE. Sin embargo, la Comisión es consciente de las pautas en evolución del tráfico de drogas en la cuenca mediterránea y de los retos asociados para el cumplimiento de la ley.
En este sentido, siete Estados miembros firmaron un acuerdo internacional el 30 de septiembre de 2007 con vistas a establecer el Centro de Análisis y Operaciones contra el Tráfico Marítimo de Estupefacientes, que tiene su sede en Lisboa. Dicho centro combina información de última hora con recursos militares y de cumplimiento de la ley para aportar una respuesta rápida al problema de los traficantes de droga que tratan de proveer a la UE de cocaína. Su función es establecer un centro de coordinación para combatir el tráfico de drogas por mar y aire en una zona operativa que se extiende desde el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, hasta tan lejos como el Mar de Noruega. Centra su atención en barcos y aviones no comerciales, principalmente procedentes de América Latina y las regiones del África Occidental. El acuerdo también brinda la posibilidad de extender la zona operativa al Mediterráneo Occidental.
La Comisión está realizando un seguimiento minucioso de los acontecimientos, financia parte de sus medidas de capacitación iniciales y, desde el 1 de enero de 2008, posee un estatus de observador. La Oficina Europea de Policía, Europol, desempeña un papel significativo en la lucha contra el tráfico de drogas prestando un apoyo eficaz a las autoridades policiales y aduaneras nacionales.
Además, su Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Organizada (EADO), a la que contribuye el Centro de Análisis y Operaciones contra el Tráfico Marítimo de Estupefacientes, elabora una evaluación de riesgos de las nuevas tendencias actuales y previstas en el crimen organizado dentro de la UE, incluido, por supuesto, el del tráfico de drogas.
Paralelamente, en otras zonas están evolucionando algunas iniciativas regionales similares, en particular la cuenca del Mediterraneo.
Pregunta nº 72 formulada por Bill Newton Dunn (H-0135/08)
Asunto: Estudio sobre la viabilidad y los obstáculos a la creación de una fuerza de policía federal en la Unión Europea
En la partida XX 01 02 11 04 del presupuesto de la Comisión para 2008, el Consejo y el Parlamento pidieron conjuntamente a la Comisión que lleve a cabo «un estudio sobre la viabilidad y los obstáculos a la creación de una fuerza de policía federal en la unión Europea».
¿Qué progresos ha realizado la Comisión por lo que respecta a este estudio? ¿Para cuándo se estima la fecha de finalización?
Durante el procedimiento presupuestario de 2008, el Parlamento pidió que se elaborara un estudio sobre los obstáculos a la creación de una fuerza de policía federal para la Unión Europea, cuyos gastos se cargarán a la partida presupuestaria XX 01 02 11 —«Otros gastos de gestión de la institución» (Enmienda 0995). La Comisión anunció inmediatamente que no apoyaría dicho estudio porque su política perseguía mejorar la cooperación entre los diferentes cuerpos de policía de los Estados miembros, en un principio, a través de la aplicación del instrumento que transpone las disposiciones del Acuerdo Prüm a la legislación comunitaria, pero no mediante la creación de una «fuerza de policía federal en la Unión Europea».
Pregunta nº 73 formulada por Anna Hedh (H-0139/08)
Asunto: Política sobre el alcohol
La Comisión anunció su estrategia para el alcohol en otoño de 2006. De ella se deriva que el alcohol es un problema para la salud pública. Pese a ello, la Comisión ha presentado una propuesta relativa a la vinicultura, COM(2007)0732, que contradice por completo el espíritu de la estrategia. ¿Piensa la Comisión utilizar en su futuro trabajo la estrategia para el alcohol o se trata simplemente de un documento más entre otros muchos?
La Comunicación de la Comisión «Una estrategia de la UE para ayudar a los Estados miembros a reducir los daños relacionados con el alcohol», aprobada en octubre de 2006, establece claramente el planteamiento de la Comisión en cuanto al alcohol y la salud. En el documento se abordan todos estos temas de preocupación de una forma equilibrada, centrándose en el abuso y los daños del alcohol, más que en condenar el consumo de alcohol en general.
Los daños asociados al alcohol constituyen una importante preocupación en términos de salud pública y socio-económicos en la UE. Anualmente el alcohol provoca 200 000 víctimas mortales en la UE, principalmente debido a enfermedades relacionadas con su consumo, pero también a accidentes de tráfico relacionados con el alcohol y actos de homicidio y violencia perpetrados por individuos bajo la influencia del alcohol, lo que acarrea costes enormes a los sistemas sanitarios, las economías y la sociedad en general.
La aplicación de la estrategia está muy avanzada: se adoptan medidas en el contexto de la salud pública y en los ámbitos políticos comunitarios, y se colabora estrechamente con los Estados miembros para ayudar a coordinar las políticas nacionales sobre el alcohol y fomentar la evolución política con las partes interesadas.
En el marco del Foro europeo sobre el alcohol y la salud, la Comisión tiene la intención de desarrollar acciones concretas a todos los niveles, dirigidas a proteger a los ciudadanos europeos del consumo perjudicial de alcohol. Ya se ha finalizado la primera ronda de compromisos de los actores, que han dado su palabra para una enorme selección de acciones. Entre ellas se encuentra el compromiso del sector vitivinícola a lanzar una campaña de sensibilización sobre los daños asociados al alcohol.
En el último decenio el consumo de vino se ha reducido en la UE, mientras que sus existencias se han ido incrementando. Esto ha provocado un grave desequilibrio en el mercado del vino. Por esta razón, alrededor de 500 millones de euros del presupuesto anual de 1 300 millones se han empleado simplemente en deshacerse del vino que no puede venderse. Por lo tanto, se hacía necesaria una reforma profunda de la organización común del mercado (OCM) vitivinícola.
La reciente reforma del OCM vitivinícola toma debidamente en cuenta la protección de la salud y los consumidores, principalmente previendo la retirada gradual de medidas comerciales que hayan conducido a la producción de vino de baja calidad. Con ello se persigue alentar a los europeos a «beber menos y mejor», al tiempo que disuadir de producir vinos baratos y de baja calidad, algo que dejará de respaldarse.
El nuevo reglamento disminuirá igualmente la posibilidad de aumentar el contenido en alcohol del vino a través de su enriquecimiento. El principio de que el alto contenido en alcohol es sinónimo de vino de calidad ya no se sostiene. Además, los consumidores están empezando a pedir y disfrutar de vinos con poco alcohol. Se fomentará esta nueva actitud, que no justifica un excesivo enriquecimiento de los vinos.
La nueva OCM vitivinícola también aborda aspectos de promoción e información. El vino es un producto agrícola incluido en el Anexo 1 del Tratado y la promoción de productos agrícolas, en particular el vino, está regulada por el Reglamento del Consejo (CE) 3/2008 de 17 de diciembre de 2007 sobre acciones de información y de promoción de los productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países. La nueva OCM vitivinícola brinda la posibilidad a los Estados miembros de reforzar este tipo de acciones de promoción en terceros países y de fomentar las campañas informativas sobre el consumo moderado y responsable cofinanciándolas en un 60 %.
Pregunta nº 74 formulada por Inger Segelström (H-0143/08)
Asunto: Fondo Europeo para los Refugiados
La UE se encuentra en la actualidad en la segunda fase de desarrollo del sistema común de asilo. El objetivo de esta segunda fase es alcanzar un nivel más elevado de protección y una mayor uniformidad entre los sistemas de asilo de los diferentes Estados miembros. Aparte de una mayor armonización jurídica en el ámbito del asilo, el Programa de La Haya tiene por objeto también una colaboración más estrecha y práctica entre los Estados miembros. Esto incluye la cooperación en lo que respecta a la información relativa a los países de origen de los solicitantes de asilo (denominado información sobre países).
La información sobre países desempeña un papel fundamental en el procedimiento de asilo. Para poder garantizar un procedimiento de asilo justo y correcto, es necesario asegurar el acceso a la información sobre los países que mantienen un elevado nivel al respecto y que ofrecen una imagen correcta y acertada del país de origen. La información sobre los países constituye un instrumento clave para las autoridades de inmigración y las instancias jurídicas, pero también para los solicitantes de asilo y sus representantes.
La participación de actores no gubernamentales ha sido importante para el desarrollo y el acceso a la información sobre los países, puesto que determinados elementos de la información que manejan las autoridades de los Estados miembros no son accesibles al público en general. En contraste con esto, la última convocatoria de propuestas de la Comisión para el Fondo Europeo para los refugiados limitaba las solicitudes de proyectos de información sobre países únicamente a las autoridades nacionales.
¿Por qué motivo se ha excluido a los actores no gubernamentales de la posibilidad de solicitar financiación al Fondo Europeo para los Refugiados para proyectos de información sobre países? ¿Qué planes tiene la Comisión para la próxima convocatoria de propuestas en 2008?
La recopilación, examen y presentación de información sobre países de origen son elementos esenciales de la toma de decisiones de los Estados miembros sobre la solicitudes de asilo. La información sobre países permite a las autoridades nacionales competentes verificar las declaraciones realizadas por los solicitantes de asilo sobre su necesidad de protección internacional. Por consiguiente, es fundamental tener un sistema de información sobre países de origen que sea objetivo, transparente y preciso, así como capaz de proporcionar datos oficiales y fiables rápidamente. Una mejor convergencia entre los sistemas de las autoridades nacionales para la recopilación y análisis de información sobre países contribuiría a establecer unas condiciones de igualdad en Europa.
Esta es la razón por la cual la cooperación en la información sobre países constituye un elemento clave de las actividades de la Comisión y resulta crucial para el trabajo de la red de expertos EURASIL.(1)Desde 2006 la Comisión, en colaboración con las autoridades nacionales competentes en los Estados miembros, ha estado trabajando en la creación de un portal común que da ofrece las autoridades nacionales un único punto de acceso a todas las bases de datos oficiales sobre países de origen. El portal común supondrá una útil fuente complementaria de información, especialmente para aquellos Estados miembros donde los sistemas de información sobre países estén menos desarrollados.
En 2007 se concluyó un estudio técnico de viabilidad y en 2008 se pondrá en marcha un proyecto piloto que vincula dos bases de datos nacionales. Al final de esta fase de prueba, la Comisión presentará propuestas para establecer un portal que relacione todas las bases de datos nacionales existentes. Las preguntas sobre el acceso a la información deberán dirigirse aquí, en particular en cuanto al acceso a las organizaciones no gubernamentales (ONG), dado que las bases de datos en cuestión contienen información clasificada.
El presupuesto para las actividades transnacionales emprendidas por la Comisión y financiadas por el Fondo Europeo para los Refugiados es limitado. Por eso, al programar las actividades cada año, la Comisión adopta un planteamiento estratégico dirigido a obtener los resultados más eficaces por lo que se refiere al desarrollo de la política común de asilo e inmigración. En 2004, 2005 y 2006 un consorcio muy amplio de ONG que trabajan en una docena de Estados miembros y estás coordinadas por la Cruz Roja austriaca abordaron el asunto de la información sobre países de origen. El proceso de aplicación dio pie a un diálogo constructivo entre el sector del voluntariado y las autoridades nacionales. La Comisión también permitió el acceso del consorcio a reuniones de la red EURASIL, que preside, de modo que pudiera presentar los resultados de sus proyectos a los órganos nacionales responsables de la gestión de las solicitudes de asilo.
La convocatoria de propuestas de 2007 se centró, en primer lugar, en la consolidación de proyectos —en particular, aquellos dirigidos por ONG— con el fin de abordar los problemas de grupos y personas vulnerables, y, en segundo lugar, en alentar específicamente a las autoridades nacionales de los Estados miembros a elaborar proyectos de cooperación transnacional sobre la gestión de la información sobre países. La segunda vertiente de la convocatoria se limitó, por lo tanto, a las autoridades nacionales.
La Comisión está actualmente ocupada en las consultas necesarias a fin de determinar sus prioridades en la convocatoria de propuestas de 2008 del Fondo Europeo para los Refugiados para actividades europeas.
Red de profesionales en materia de asilo de la UE.
Pregunta nº 75 formulada por Leopold Józef Rutowicz (H-0144/08)
Asunto: Problema energético en los nuevos Estados miembros del Este de Europa
¿Dispone la Comisión de un plan específico para ayudar a los nuevos Estados miembros del Este de Europa a resolver el problema de la creciente escasez de abastecimiento de energía eléctrica?
En estos países se han cerrado centrales nucleares peligrosas y se prevé desmantelar varias centrales eléctricas anticuadas que utilizan carbón, debido al endurecimiento de las normas para la protección de medio ambiente. Esta situación amenaza con paralizar el crecimiento económico en zonas del Este de la Unión Europea.
¿Pretenden los países ricos de Europa, que en gran medida ya han resuelto los problemas de la protección del medio ambiente y la modernización de sus fuentes de energía, eliminar del mercado a los competidores potenciales?
¿Estamos dispuestos a apoyar una competencia interior justa, como instrumento de desarrollo del mercado europeo y de su competitividad en la economía global, contribuyendo a resolver este problema que afecta a una gran parte de Europa?
En la legislación europea cada Estado miembro tiene la responsabilidad de supervisar el aprovisionamiento de energía en el país. La Comisión, a su vez, controla el aprovisionamiento energético a nivel europeo.
Los nuevos Estados miembros y también gran parte del resto están reestructurando su combinación energética. Esto requiere una ampliación significativa de la red de transporte y una mayor harmonización normativa. Tales problemas forman parte de la misión de los Coordinadores Europeos con respecto a la integración de energía eólica marina y la inclusión de Lituania y Polonia en la red occidental.
Además, una de las soluciones más rentables es limitar la demanda. Por consiguiente, una vez aplicado el plan de acción para la eficiencia energética propuesto por la Comisión en octubre de 2006, se debería limitar el crecimiento de la demanda, mejorar la capacidad de abastecimiento y reducir las pérdidas de energía en el transporte.
Por lo que se refiere al desarrollo de un mercado competitivo, la Comisión está trabajando activamente por garantizar que se establezcan y respeten condiciones equitativas y justas dentro de la UE, lo que se considera el mejor modo de abordar el abastecimiento eléctrico. Esta es la razón por la que, en septiembre de 2007, la Comisión propuso el tercer paquete legislativo para el mercado interior del gas y la electricidad(1). Un mercado interior con un funcionamiento adecuado que aporte las señales correctas para la inversión constituye la mejor respuesta a la facilitación de la seguridad del suministro eléctrico. Las decisiones individuales de inversión en nueva capacidad de aprovisionamiento corresponden a los agentes del mercado.
Pregunta nº 76 formulada por Niels Busk (H-0145/08)
Asunto: Restituciones por exportación a la carne de porcino
De conformidad con el Reglamento (CE) nº 303/2007(1) de la Comisión, de 21 de marzo de 2007, que fija las restituciones por exportación en el sector de la carne de porcino, la Comisión compensa la diferencia entre los precios registrados en el mercado mundial y en el mercado interior mediante una restitución por exportación para ayudar al sector de la carne de porcino a abordar la situación existente en la actualidad caracterizada por unos costes elevados de la alimentación del ganado y por unos costes elevados de producción resultado de esta situación.
La lista de los productos que pueden acogerse a las restituciones por exportación no incluye ni la panceta ni las chuletas congeladas y deshuesadas. Teniendo en cuenta los acontecimientos registrados recientemente, los tipos de cambio y la situación en el mercado japonés, ¿podría indicar la Comisión la razón por la que no se conceden restituciones a estos productos y señalar cuándo se incluirán en dicha lista?
La posible extensión de las restituciones por exportación a la carne de porcino para cubrir ciertas piezas congeladas no parece estar justificada. La Comisión no está convencida de la necesidad de dicha acción o de su posible impacto en el volumen enviado a Japón.
Durante muchos años, las exportaciones de carne de porcino han representado alrededor del 30 % del comercio global. La mayoría de estas exportaciones se realizan con ayuda de restituciones. Los datos provisionales indican que la proporción de la UE se mantuvo también en 2007 a pesar del tipo de cambio desfavorable del euro-dólar americano. Los exportadores de la UE pudieron expandirse considerablemente en algunos mercados asiáticos (Hong Kong, China) en 2007.
Las exportaciones comunitarias de carne de porcino congelada al mercado japonés, de alto valor, permanecieron relativamente estables en años anteriores. La Comisión espera que siga siendo así sin necesidad de subvencionar. Durante la última crisis del mercado de la carne porcina de 2004, las exportaciones a Japón aumentaron, aunque los recortes japoneses específicos no podían optar a restituciones.
Obviamente, la Comisión seguirá controlando la situación de ciertos mercados de especial interés para nuestros exportadores y, si fuera conveniente, no dudará en proponer un ajuste en las restituciones.
Pregunta nº 77 formulada por Danutė Budreikaitė (H-0149/08)
Asunto: Derecho de los consumidores a la conexión a la red de energía eléctrica
Cuando una persona privada construye una vivienda en Lituania, la compañía competente para el abastecimiento de electricidad en el este de Lituania, «Rytu Skirstomieji Tinklai», se niega a conectar la vivienda a la red aduciendo falta de capacidad. El interesado debe correr con el 40 % de los gastos que supone establecer un nuevo tendido eléctrico desde la subestación de transmisión hasta la vivienda en construcción y, a menudo, también con el coste de la construcción de una nueva subestación de transmisión. Las empresas de distribución de energía eléctrica tienen derecho a conectar a otros consumidores al nuevo tendido.
El consumidor, que financia el desarrollo de la infraestructura y los beneficios de la empresa de distribución de energía eléctrica (estatal o privada), no obtiene por ello ni el derecho de propiedad sobre el objeto ni deducciones en el precio de la electricidad.
¿Puede la Comisión manifestar su opinión al respecto? ¿No se violan en este caso los derechos de los consumidores y de la propiedad? ¿No abusan las empresas de distribución de energía eléctrica de su posición de monopolio? ¿Cómo puede solucionarse esta situación desde el punto de vista de los derechos de los consumidores? ¿Cuáles son las experiencias de los Estados miembros de la UE en este sentido?
El servicio universal es un concepto creado por la legislación comunitaria, que establece que debería garantizarse a todos los consumidores el derecho a conexión y suministro de energía a unos precios razonables, que sean fáciles y claros de comparar y transparentes. Esto obliga a las empresas de servicio público a suministrar electricidad a cualquier consumidor que desee pagar el precio fijado para tal servicio.
La aplicación de la obligación del servicio universal está sujeta a la subsidiariedad y, por tanto, es competencia de los Estados miembros. No hay nada en la legislación comunitaria que prohíba unos costes razonables y justificados de conexión cobrados al consumidor.
La cuestión de en qué medida la compañía responsable de la conexión, la empresa de distribución de energía o el consumidor comparten los gastos o deciden si la propiedad depende plenamente de la política de conexión nacional, pero cabe señalar que, en algunos casos, esto puede resultar en considerables gastos para los consumidores.
Los reguladores de energía nacionales desempeñan un papel fundamental en la tarea de determinar que la atribución de los gastos de conexión y sus respectivas tarifas sean transparentes y no discriminatorias: ni para los consumidores ni para las compañías.
En casos excepcionales, la legislación sobre competencia es de aplicación y, en las circunstancias actuales, las autoridades de defensa de la competencia pueden estar en mejores condiciones para abordar el asunto.
La Comisión desearía, así mismo, llamar la atención de su Señoría sobre el hecho de que la legislación sobre la protección de los consumidores de la CE está limitada a ciertos aspectos de las relaciones comerciales entre la empresa y los consumidores.
Los asuntos relativos a la adquisición de los derechos de propiedad de infraestructuras eléctricas fijas recaen en el ámbito de aplicación de dicha normativa. Además, los tribunales y las autoridades nacionales deberían investigarlo con arreglo la legislación nacional pertinente.
Pregunta nº 78 formulada por Anne E. Jensen (H-0151/08)
Asunto: Tacógrafos digitales y normas sobre periodos de conducción y de descanso
El Reglamento (CE) nº 2135/98(1) y la Directiva 2006/22/CE(2) no estuvieron sujetos a las evaluaciones de impacto que actualmente forman parte del proceso legislativo correcto en la UE y su aplicación práctica plantea ahora grandes problemas, como ponen de manifiesto las preguntas formuladas por los diputados al Parlamento Europeo y el debate celebrado en la Comisión de Transportes del PE en septiembre de 2007.
¿Piensa la Comisión garantizar que se lleve a cabo más investigación y mayor desarrollo en este ámbito a nivel de la Unión Europea? ¿Tomará la Comisión la iniciativa de promover un diálogo entre todas las partes interesadas, con objeto de elaborar una legislación más satisfactoria en materia de periodos de conducción y tiempo de descanso y el control de los mismos?
¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para resolver los graves problemas que se plantean y encontrar una solución a más largo plazo que sea más satisfactoria y más eficaz en términos de seguridad viaria y condiciones de trabajo de los conductores?
La aplicación de nuevas normas sobre el tiempo de conducción y los periodos de descanso(3), de las relativas a los tacógrafos digitales(4)y de las disposiciones sobre la aplicación de las normas de seguridad vial(5) ha provocado algunas dificultades de las que ocurren con toda legislación compleja, en particular con respecto a:
- la interpretación de los textos, en particular el Reglamento sobre el tiempo de conducción y los periodos de descanso;
- la aplicación de nuevas prácticas de cumplimiento dirigidas a las compañías que cometen más infracciones, de conformidad con la Directiva sobre la aplicación de las normas de seguridad vial;
- la adaptación a los avances técnicos y la lucha contra el fraude en el uso del tacógrafo digital.
Las dificultades se remitieron inmediatamente a la Comisión, con vistas a resolver todas las cuestiones planteadas. La Comisión, a su vez, ha adoptado diversas iniciativas y ya se han logrado avances considerables.
En cuanto a las normas sobre el tiempo de conducción y los periodos de descanso, el Comité de representantes de los Estados miembros(6), que ayuda a la Comisión a aplicar la legislación y al que los representantes de los interlocutores sociales también están invitados como observadores, estableció un grupo de trabajo, presidido por la Comisión, para considerar cuestiones relativas a la interpretación de la normativa pertinente.
Sobre la base del trabajo del grupo, la Comisión elaboró cinco directrices, que se han expuesto en su sitio Web(7). Dichas directrices fueron el objeto de consensos generales y contribuyen a una mayor consistencia cuando se aplican disposiciones legales.
Con respecto a la Directiva sobre la aplicación de las normas de seguridad vial, un segundo grupo de trabajo dentro del mismo comité está ayudando a la Comisión a confeccionar una lista exhaustiva de todas las infracciones por orden de gravedad, como requiere la Directiva. Este trabajo también resultará de ayuda en la introducción de un sistema común para detectar los países que cometen el mayor número de infracciones. Lo que se pretende con ello es que la aplicación sea más eficaz y se reduzca la carga administrativa tanto para las autoridades nacionales —que podrán dirigir su atención más efectivamente hacia donde sea mayor el riesgo— como para las compañías de transportes, que estarán sometidas a inspecciones sólo si su situación lo requiere.
En relación al tacógrafo digital, en abril de 2007 la Comisión lanzó un proyecto titulado SMART, que funcionará durante veinticuatro meses y en cuyo marco se elaborarán propuestas para adaptar las especificaciones técnicas del tacógrafo digital a los avances técnicos (esto implicará modificaciones en el anexo técnico del Reglamento 3821/85), de modo que los riesgos de fraude se puedan abordar de una forma más eficaz.
Reglamento (CE) nº 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) nº 3821/85 y (CE) nº 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) nº 3820/85 del Consejo.
Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre las condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos del Consejo (CEE) nº 3820/85 y (CEE) nº 3821/85 en lo que respecta a la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera y por la que se deroga la Directiva 88/599/CEE del Consejo.