Presidente. − El siguiente punto es el informe de Alexander Stubb, a quien sustituye Ingo Friedrich, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el desarrollo de un marco para las actividades de los grupos de interés en las instituciones europeas (2007/2115(INI)) (A6-0105/2008).
Ingo Friedrich, ponente. − (DE) Señor Presidente, la situación es la siguiente: Con el Tratado de Lisboa, las competencias del Parlamento Europeo volverán a incrementarse considerablemente, y a la vista de dicho incremento es especialmente importante que llevemos a cabo, una vez más, un análisis preciso del proceso legislativo. Al hacerlo así, vemos que los representantes de intereses —o grupos de interés, como se les suele denominar— desempeñan también un papel muy significativo en Bruselas, donde calculamos que llevan a cabo su actividad hasta 15 000 representantes de intereses, de los cuales 5 000 están registrados ya en el Parlamento Europeo.
Así pues, nuestra tarea consiste en establecer un marco en el que puedan llevarse a cabo las actividades de estos grupos de modo objetivo y razonable. El Parlamento ha mantenido su propio registro de grupos de interés, de carácter prácticamente obligatorio y que se remonta a 1996, así como un código de conducta muy concreto. Ahora, la tarea es ver si puede conseguirse un procedimiento similar para todas las instituciones europeas; por lo tanto, el contenido del informe sobre el que se va a votar hoy representa un paso importante hacia una mayor transparencia: en otras palabras, hacia la provisión de información precisa sobre quiénes han participado como grupos de interés —representantes de intereses— en el desarrollo de la legislación europea, cómo lo han hecho, y en qué ámbitos.
En segundo lugar, deseamos establecer normas éticas y morales que rijan las actividades de estos grupos de interés. En tercer lugar, deben implantarse las salvaguardias adecuadas para asegurar la independencia del proceso de toma de decisiones políticas en el Parlamento y en la Comisión. Las actividades de los grupos de interés deben salir a plena luz, por decirlo así, para que tengamos una representación clara y fáctica de dónde se está ejerciendo realmente la influencia. Por lo tanto, hemos introducido los siguientes elementos en el informe, que suponen cierta novedad en relación con la situación anterior: en primer lugar, una definición de alcance relativamente amplio de lo que es, o significa, el concepto de «grupo de interés»; es decir, «actividades que se realicen con el objetivo de influir en los procesos de elaboración de políticas y de toma de decisiones de las instituciones de la UE».
La segunda novedad es la introducción de una «huella legislativa», lo que significaría que cuando una nueva Directiva se delibere y se adopte en una comisión parlamentaria, la secretaría de la comisión anexe una página al documento con un listado de las asociaciones que hayan participado en el debate y que indique si lo hicieron en el marco de una audiencia pública u otro tipo de reunión. Este listado debería servir también a los propios grupos de interés para saber quiénes participaron en el proceso, y quién no deseó participar o no pudo hacerlo.
En tercer lugar, nuestro objetivo es establecer un registro común para los representantes de intereses en las instituciones de la UE, aunque todavía queda por ver si esto tendrá lugar realmente con la Comisión y el Parlamento. Tenemos la intención de establecer un grupo de trabajo para que examine esta cuestión. Ciertamente, sería más sencillo para todos los grupos de interés que pudiéramos introducir una especie de «ventanilla única», donde pudieran registrarse e inscribirse para manifestar su voluntad de cumplir las normas. Tal es el objetivo pero, como ponente, debo decir que no tengo la seguridad, en la fase actual, de que realmente vayamos a conseguir un registro común. En todo caso, los registros deben estar vinculados entre sí para que sea un proceso sencillo establecer dicho registro común sin excesiva burocracia. El apartado 21 hace referencia también al requisito de la declaración de financiación, lo que constituiría un elemento totalmente nuevo. Igualmente, hacemos referencia a la posibilidad de sanciones aplicables a los grupos de interés que incumplan el código de conducta; tenemos aquí que considerar qué tipo de sanciones preferimos aplicar. La idea del Grupo Verts/ALE es mantener una lista negra pero, en mi opinión, tal cosa parece una reminiscencia de la picota en los tiempos de la Edad Media. Las listas negras no son verdaderamente adecuadas en una democracia. Lo que en su lugar preferiríamos es que la inclusión en el registro oficial de las instituciones europeas confiera un grado tan elevado de prestigio que las asociaciones que proceden con la mayor seriedad en sus actividades deseen ver su nombre incluido en él. Debe constituir una aspiración prestigiosa y deseable, no únicamente porque se les expide un pase que les permite el acceso a los establecimientos de las instituciones, sino también porque la inclusión en el registro debería ser deseable como tal, al significar que la asociación en cuestión queda reconocida como un interlocutor importante y útil al que las instituciones consideran con la suficiente seriedad para justificar su inclusión en el registro. En caso de conducta inapropiada, se borraría a la asociación del registro y se le retiraría el pase: ésa sería la sanción.
Sí, seré lo más escueto posible. Es importante que las organizaciones pertenecientes a algún movimiento religioso no queden definidas como grupos de interés. Me decepciona profundamente la enmienda 3. La señora in 't Veld, del Grupo Liberal, ha manifestado que las iglesias deberían ser consideradas grupos de interés; realmente, ello contradiría todo cuanto hemos acordado en el Parlamento hasta la fecha. De conformidad con los Tratados, las iglesias son socios para nuestras instituciones, pero no son grupos de interés.
En conjunto, mi valoración es que éste constituye un paso trascendental hacia una situación más transparente, correcta y justa, y espero que de esta forma demos un ejemplo que se siga en todo el mundo, que muestre que los grupos de interés pueden y deben ser considerados seriamente.
Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. − Señor Presidente, me siento verdaderamente satisfecho de asistir a esta sesión plenaria en la que el debate sobre la iniciativa europea en favor de la transparencia alcanzará su conclusión. He seguido sus debates y he participado en los que han mantenido las diferentes comisiones, y estoy convencido de que el informe, como tal, constituye un verdadero paso adelante para mejorar la transparencia en el proceso europeo de toma de decisiones.
La Comisión recibe con satisfacción la respuesta positiva del Parlamento Europeo a la sugerencia de considerar un enfoque interinstitucional para un registro y un código de conducta de los representantes de intereses, que consideran que tal «ventanilla única» para el registro serviría mejor al propósito de potenciar la transparencia, al tiempo que evitaría una carga administrativa innecesaria. Creo que su informe es un punto de partida excelente para las negociaciones en el futuro grupo de trabajo interinstitucional cuya creación han sugerido.
Quisiera subrayar un aspecto. La Comisión Europea está convencida de que las actividades de los representantes de intereses son legítimas y que ofrecen una valiosa contribución al proceso decisorio pero, aun así, las cosas han de tener lugar de manera transparente, razón por la que la iniciativa europea en favor de la transparencia pretende abrir lo que con demasiada frecuencia se ha considerado como una «caja negra»; de esa manera, los ciudadanos, las partes interesadas, los responsables de la toma de decisiones y el público en general pueden formarse su propia opinión de lo que está pasando en Bruselas.
Cuando observo el tipo de información que el Parlamento y la Comisión esperan que revelen los integrantes del registro advierto que, aquí también, estamos ampliamente de acuerdo. La Comisión considera importante saber quiénes son los representantes de intereses, qué intereses representan, y cuál es su respaldo financiero. No hace falta decir que la inobservancia de las normas del código de conducta debe seguirse de sanciones, que significarían la suspensión, o incluso la exclusión del registro.
La Comisión ha anunciado que lanzará su registro en virtud de la iniciativa europea en favor de la transparencia en la primavera de 2008, y puedo asegurarles que esperamos respetar ese plazo. Tras la reciente consulta con los servicios, espero la apertura del registro en un plazo de seis semanas. Asimismo, hemos decidido que dicho registro sea un proyecto piloto y que lo revisaremos dentro de un año; o sea, a comienzos del verano de 2009. La Comisión Europea está dispuesta a negociar con el Parlamento y el Consejo de Ministros, así como con los dos comités consultivos, con el cometido de avanzar hacia el desarrollo de un sistema compartido.
José Javier Pomés Ruiz, Ponente de opinión de la Comisión de Control Presupuestario. − En primer lugar, señor Presidente, qué pena que no esté con nosotros el ministro finlandés de Asuntos Exteriores, Alexander Stubb, que tanto ha hecho en la Comisión de Control Presupuestario y para este informe.
Represento lo que opinamos en la Comisión de Control Presupuestario, y aprovecho las últimas palabras del Vicepresidente Kallas para volver a señalar una vez que el rol de los diputados europeos es estar lo más en contacto posible con todos los ciudadanos —con los grupos de interés y los grupos de no interés— y que, por tanto, este Parlamento tiene que tener su propia regulación. Mi despacho está abierto a quien quiera tomar un café conmigo, al que me quiera invitar a dar un paseo. Yo no puedo pedir un registro especial, y si alguien no tiene un registro no lo recibo en mi partido, Unión del Pueblo Navarro. «Usted, regístrese». No, señor: una cosa es la función pública y otra cosa es la función política de este Parlamento.
Por tanto, haremos bien en tener dos formas de regular la transparencia. Yo fui ponente de la transparencia, ese gran proyecto que ha traído aquí el Comisario Kallas. La transparencia no tiene que impedir nuestro contacto con la vida, con los grupos de interés o los grupos de no interés.
Gracias. Estoy seguro de que el Comisario Kallas lo entiende.
Pervenche Berès, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. − (FR) Señor Presidente, Comisario, me encuentro en una situación paradójica, como ha ocurrido en diversas ocasiones, por ejemplo cuando el ponente, el señor Pistelli, quien estaba a la vanguardia de lo que sin duda será la posición del Parlamento Europeo en materia de transparencia, fue desafortunadamente ignorado por nuestra comisión. Por lo tanto, estoy encantada con lo que no tengo ninguna duda será el resultado final que alcanzaremos hoy. Es imposible imaginar los mercados funcionando adecuadamente sin que la transparencia no sea más que la norma fundamental, y nosotros, los legisladores, debemos aplicarnos la misma norma, especialmente puesto que todos sabemos de sobra que en nuestro proceso legislativo —y dirijo estas palabras al anterior orador— nuestras relaciones con los representantes externos, ya se trate de grupos de presión o de organizaciones religiosas —y esto va dirigido al señor Friedrich— desempeñan un papel decisivo en nuestro proceso legislativo europeo. Es nuestro deber dar ejemplo en este ámbito, lo que incluye llegar tan lejos como para asegurar el uso sistemático de esta idea de la «huella legislativa», que creo que sería sumamente beneficiosa.
Claude Turmes, ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. − (DE) Señor Presidente, sin transparencia no puede existir una democracia europea. Bruselas se ha ganado ya la reputación de permitir que las grandes empresas digan la última palabra y muevan los hilos, lo que resulta peligroso para el proyecto europeo, y es un problema que personalmente me suscita gran preocupación, así como también al Grupo Verts/ALE en su conjunto. Por consiguiente, como Parlamento Europeo, tenemos la responsabilidad de mostrar nuestras cartas a los votantes en la fase previa a las próximas elecciones europeas. Tenemos ante nosotros un buen informe, pero existen fuerzas oscuras cuyo fin es el de suprimir dos de sus elementos centrales.
En primer lugar, desean impedir la transparencia financiera, sin la cual nunca podemos estar seguros de quién se encuentra realmente detrás de las campañas. Me asombra descubrir que es precisamente el Grupo Socialista el que se opone a la transparencia financiera, socavando así uno de estos elementos centrales. En cuanto al segundo elemento central que se está socavando, en este Parlamento hay quienes asumen que no debería considerarse a los abogados como grupos de interés, aun cuando no sean abogados defensores en los tribunales sino que estén tratando de mover los hilos para influenciar la legislación en Europa.
Permítame citar el contenido de una sitio Web perteneciente a un bufete de abogados de Bruselas. Dice que «como la legislación actual no nos considera grupo de interés,
la presión ejercida por los abogados será, por lo tanto, cada vez más efectiva y es más probable alcanzar los objetivos mediante un apoyo jurídico. Alber & Geiger, como bufete de abogados especializado exclusivamente en actividades de lobbying y en relaciones gubernamentales, estará a su lado para ayudarle a alcanzar sus objetivos dentro de la UE».
(DE) Como ven, incluso los propios bufetes de abogados admiten que son grupos de interés. Señorías, eso es inaceptable y, si permitimos que ocurra, socavaremos nuestra propia credibilidad.
Diana Wallis, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. − Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha apoyado firmemente la iniciativa de la Comisión y la postura del ponente. Creo que hemos secundado sin vacilaciones que debería existir también un enfoque coordinado entre todas las instituciones pero, una vez dicho esto, quisiéramos hacer hincapié en la particular apertura de esta institución como organismo democrático de toma de decisiones; es más, en que los grupos de interés deberían ser tratados por igual. En ese sentido, y a largo plazo, deseamos avanzar hacia un registro obligatorio donde todo el mundo reciba el mismo trato.
Quisiera volver, si me lo permiten, a la cuestión de los abogados como grupo de interés, que el señor Turmes acaba de plantear. Existe un problema aquí, y quisiera pedirles a todos que tengan muy en cuenta la definición que dio específicamente la Comisión de Asuntos Jurídicos en relación a cuándo un abogado es un abogado, y cuándo es parte de un grupo de interés; dicha definición fue elaborada muy cuidadosamente, y quisiera pedirles que sea la que se tenga en cuenta.
Søren Bo Søndergaard, ponente de opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. − (DA) Señor Presidente, el que estamos considerando es un buen informe; un paso en la dirección correcta —no un gran paso, pero un paso, al fin y al cabo—. Existe también necesidad de acción, no porque toda actividad de los grupos de interés sea perjudicial, o porque todos los grupos de interés sean malignos, sino porque es totalmente inaceptable que ejerzan una influencia tan considerable sin que se hayan implantado normas vinculantes sobre la máxima apertura en esta materia. Los grupos de interés ejercen una influencia sumamente importante en el sistema de la UE, lo que resulta evidente a partir de las sumas que se invierten en ellos y de su número.
Sin embargo el informe podría mejorarse, y podrían reforzarse los controles sobre los grupos de interés si tuviera que adoptarse la propuesta de modificación que es, en parte, una ampliación de la declaración realizada por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Debemos contar con un registro obligatorio común, que garantice la total claridad y plena transparencia respecto a las sumas de dinero que se invierten en las actividades de los grupos de interés. Debemos mantener un registro y un código de comportamiento ético para todos estos grupos, que incluya a las empresas de servicios jurídicos que llevan a cabo actividades de presión, y que pueda entrar en vigor antes de las elecciones de 2009. Debemos mantener controles eficaces e imponer sanciones visibles sobre los que infrinjan las normas adoptadas.
Sin embargo, es también una labor de introspección, pues hacen falta dos para bailar un tango. Por consiguiente, proponemos que los grupos de interés tengan la obligación de desvelar la misma información sobre gastos relativos a un diputado en particular que la que dicho diputado está obligado a revelar en su declaración financiera. Un poco más de control sobre nosotros mismos no dañaría nuestra reputación entre el electorado.
Philip Bradbourn, en nombre del Grupo del PPE-DE. – Señor Presidente, esta Cámara debería recibir con satisfacción toda iniciativa que incremente la transparencia de las instituciones de la UE, razón por la que apoyo las propuestas que nos ocupan hoy.
Sin embargo, debemos velar por que también se tenga en cuenta la naturaleza del trabajo de cada institución. A tal fin, el Parlamento trabaja de modo totalmente diferente al del Consejo, y en una fase del proceso legislativo diferente a la de la Comisión. Teniendo todo esto en cuenta, creo que sería muy difícil conseguir un registro único común para todas las instituciones y, de hecho, implantaría un procedimiento excesivamente burocrático para solicitar el acceso de los grupos de interés cuya actividad se dirige únicamente al Parlamento; además, somos una institución autónoma y no creo que, por lo tanto, sea apropiado que otras instituciones dicten nuestras políticas en esta materia.
Quisiera también plantear una cuestión que diversos colegas han sacado a relucir en esta Cámara: cómo financia la Comisión, en particular, a las ONG que, a su vez, utilizan ese dinero para ejercer presión sobre los diputados al PE con el fin de que adopten ciertas posiciones. Si el resultado último de lo que estamos debatiendo hoy es incrementar la transparencia, debe proporcionarse a la Cámara cierta cantidad de datos, que no sean comercialmente sensibles, sobre cómo se financia a estas organizaciones que ejercen su presión sobre nosotros.
En un plano más general, manifiesto mi inquietud por el libre acceso que tienen algunos miembros de los grupos de interés a las plantas de los despachos de los diputados a este Parlamento. Una vez en el edificio, cualquiera es capaz de recorrer libremente su interior y tener acceso ilimitado a los despachos privados. El derecho a recorrer libremente el edificio no contribuye a mejorar la transparencia, sino que conduce a una conducta negligente por parte de algunos individuos, algo que estoy seguro que todas sus Señorías han experimentado. En muchos de nuestros Parlamentos nacionales existen zonas centrales para los grupos de interés donde aquéllos de sus miembros que han concertado una cita pueden ser recibidos y acompañados hasta las zonas de los despachos de los diputados; en mi opinión, deberíamos tratar de poner en práctica un sistema similar. En general, me complace ver al Parlamento abordar la cuestión de la transparencia, pero debemos asegurar también que las organizaciones que tratan de influenciarnos sean tan transparentes como lo somos nosotros.
Carlos Carnero González, en nombre del Grupo PSE. – Señor Presidente, en primer lugar querría, en nombre del Grupo socialista, apoyar el informe que vamos a debatir esta mañana y, muy previsiblemente, aprobar en el Pleno, después.
Creo que es un gran paso hacia la transparencia y el control en un asunto que está rodeado, sin duda alguna, de mucha mitología. Los lobbies no son malos ni buenos por definición; depende de cómo actúen y depende de cómo estén controlados.
Yo quiero decir, eso sí, que los socialistas hemos estado en la primera línea desde el primer momento, a favor de reforzar la transparencia y el control y, por lo tanto, la democracia con respecto a los lobbies.
Y, señor Turmes, parece que usted tiene cierta fijación con el Grupo socialista. Fíjese en otros grupos. Yo me pregunto: ¿es que la Comisión de Medio Ambiente, en su informe, ha decidido criticar al Grupo socialista? Porque usted hablaba en nombre de la Comisión de Medio Ambiente. Yo le ruego, por favor, que sus opiniones sobre otros grupos las explique cuando hable en nombre suyo propio y no cuando hable en nombre de una comisión.
Efectivamente, nosotros consideramos que la definición de los lobbies que está en el informe es correcta, aunque nos gustaría una mayor diferenciación. No son lo mismo empresas privadas que persiguen un lucro que, ciertamente, organizaciones no gubernamentales o centrales sindicales.
Pero la huella es legislativa. El registro y el código de conducta comunes y obligatorios, las sanciones correspondientes o la apertura financiera son asuntos claves que están incluidos de forma correcta en este informe.
Me vuelve a llamar la atención, señor Turmes, que usted insista en que los socialistas estamos en contra de la apertura financiera, cuando lo que hacen algunas enmiendas de su grupo es fijar límites a esa apertura financiera, y nosotros no queremos límites a esa apertura financiera.
Queremos, además, que entre en vigor antes de las elecciones europeas de 2009, que el grupo de trabajo que se va a formar termine sus deliberaciones antes de finales de 2008.
¿Sabe usted, por ejemplo, que el Grupo socialista va a apoyar dos enmiendas del suyo en esos asuntos? Seguramente no lo sabe.
Mitología y realidad se mezclan en este tema, pero los socialistas no vamos a consentir que, habiendo estado a la cabeza de la lucha por la transparencia y el control, se nos introduzca en un mito falso de que tenemos una agenda oculta. Tenemos una agenda abierta, que es la de los ciudadanos, la transparencia de la Unión Europea.
Anneli Jäätteenmäki, en nombre del Grupo ALDE. – (FI) Señor Presidente, Señorías, el incremento de competencias del Parlamento Europeo en virtud del Tratado de Lisboa supondrá una mayor presión para lograr mayor apertura en el trabajo legislativo. Es sumamente importante que el trabajo de la UE sea transparente y que el público sepa quién ha aportado su opinión en el contenido de las leyes. El propósito del registro no es restringir o dificultar el trabajo de los grupos de interés, pues su trabajo es importante; sin embargo, el sistema actual de registro de estos grupos en el Parlamento Europeo es más bien, y principalmente, una cuestión de seguridad antes que de apertura.
El informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales ha cambiado en gran medida desde los primeros proyectos presentados por el ponente anterior, el ahora Ministro de Asuntos Exteriores finlandés, Alexander Stubb. Me complace particularmente, como a mi Grupo, que la formulación del informe sea ahora mucho más enérgica que lo era inicialmente y que vaya a implantarse el sistema de registro obligatorio que apoya mi Grupo, pues tal cosa garantiza la imparcialidad.
Quisiera hacer referencia a la enmienda 3, que ya se ha debatido aquí. Algunas de sus Señorías pertenecientes a mi Grupo la apoyan, pero como ha manifestado el actual ponente, y en esto coincido con él, las iglesias no son grupos de interés. En esta cuestión mi Grupo se encuentra dividido, y probablemente votará en un sentido y en otro.
El informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales propone que el ponente podría anexar una lista a su informe que incluyera a los representantes registrados de los grupos de interés que hubieran sido consultados durante la preparación, lo que espero que en el futuro constituya una práctica oficial, pues motivaría que los ponentes escucharan objetivamente los diversos puntos de vista expresados, y también podría salir a la luz si alguien ha estado actuando a expensas de otro.
Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, me complace tener la oportunidad de tomar la palabra tras la que fue Primera Ministra de Finlandia, al debatir un informe elaborado por el actual Ministro de Asuntos Exteriores finlandés, el señor Stubb, que hasta hace poco era uno de los diputados a este Parlamento. ¡Los designios del Señor para nuestras Señorías son inescrutables!
El último informe realizado por las ONG indica que la influencia de los grupos de interés sobre el proceso decisorio de la Comisión Europea se ha convertido en un grave problema. Por ejemplo, dichos grupos mantienen una cifra considerable de expertos situados en diversos organismos cercanos a la Comisión Europea. De los 15 000 miembros de grupos de interés que operan en Bruselas, 5 000 tienen acceso al Parlamento Europeo y es preciso que procedan siguiendo normas muy concretas. La propuesta de establecer un registro común de grupos de interés es una buena idea, así como la amenaza de las sanciones. Ya va siendo hora de que nuestro electorado sepa quiénes son estos grupos de interés; los votantes tienen derecho a saber cómo se les financia y cuáles han tratado de influenciar determinados informes de un modo u otro. Este informe es un paso en la dirección correcta, pues intenta regularizar una situación que ya está teniendo lugar.
Monica Frassoni, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (IT) Señor Presidente, Señorías, para el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, la consigna sobre el ex informe Stubb es la transparencia. Indudablemente, existe una tendencia —y la hemos escuchado aquí de algunos de sus exponentes— a infravalorar, probablemente de buena fe, los efectos y la eficacia del trabajo de los grupos de interés, quizá de manera que ninguno de nosotros pueda llegar a imaginar, como diputados al PE sensatos que trabajan de buena fe y que son honestos y respetuosos con los demás. Los hechos son claros y siguen saliendo a la luz diariamente: por ejemplo, desde hace unas semanas sabemos que empresas privadas están pagando directamente a treinta y cuatro funcionarios de la Comisión.
Investigaciones recientes han concluido que la mayoría de los Grupos —con una única excepción, la del mío propio, aunque es probable que de otros también— han presentado enmiendas sobre los Reglamentos REACH que, en su mayoría, tenían origen en la influencia ejercida por un grupo de interés; es más, resulta que algunos de los funcionarios que han ayudado a los diputados al Parlamento en su trabajo en ciertas comisiones son, o han sido, empleados por empresas, y que ahora trabajan para nosotros como expertos nacionales; obviamente, sus Señorías desconocen este hecho.
Así pues, en nuestra opinión, el trabajo que estamos realizando no pone fin a la cuestión de los grupos de interés, y no creo que el trabajo del Comisario Kallas termine con el informe que adoptamos hoy. Por esa razón hemos respaldado firmemente todas las enmiendas y el trabajo realizado por todos lo Grupos —también por el Grupo Socialista, el Grupo GUE/NGL y el Grupo Liberal— sobre las enmiendas y los textos enfocados a mejorar la situación y a potenciar la transparencia.
No obstante, sigue habiendo problemas en relación con el informe Stubb que esperamos puedan resolverse en la votación. El primero guarda relación con los abogados: cuando trabajan con nosotros y pretenden influenciar en la legislación constituyen grupos de interés, aun cuando meramente expresen una opinión jurídica. Esperamos que esta enmienda sea rechazada.
Después tenemos, obviamente, la cuestión de determinar cuándo debería entrar en vigor este código de conducta; decididamente, debería ser antes de las próximas elecciones europeas, ya que de otro modo estaremos comenzando un nuevo mandato, período de tiempo excesivamente extenso.
Para concluir, señor Presidente, no creo realmente que esta cuestión de los grupos de interés pueda zanjarse diciendo que no nos complace, o criminalizando a los grupos de interés. En nuestra opinión, el problema de la transparencia es saber con quién estamos tratando, qué está haciendo y quién le paga: esto es, la declaración de financiación. Quizá el informe todavía no aclare del todo esta cuestión, pero es algo que puede aclararse, y en este punto coincido con el señor Carnero sobre las tareas del grupo de trabajo que se va a establecer.
Sylvia-Yvonne Kaufmann, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, ciertamente no debería convertirse a los grupos de interés en chivos expiatorios. Por supuesto que es perfectamente legítimo, en una democracia próspera, que los diversos grupos de la sociedad representen sus intereses e inquietudes de manera proactiva y que estos intereses repercutan en los procesos sociales, de la misma manera que es del todo punto legítimo que dirijan estas cuestiones a los hombres y las mujeres de las instituciones que preparan y adoptan las decisiones; de hecho, como legisladores, tenemos el deber de mantenernos informados de manera tan exhaustiva y precisa como sea posible antes de tomar decisiones sobre cualquier iniciativa legislativa que podamos abordar, y tener en cuenta las inquietudes de las partes interesadas, que incluyan todos los puntos de vista opuestos. Sin embargo, también es obvio que la transparencia es esencial para garantizar la justa representación de los intereses, y que es crucial para la credibilidad de la Unión Europea, razón por la que mi Grupo considera que las tres instituciones deben, al fin, establecer normas claras que deben aplicarse a todos los representantes de intereses; algo que, en nuestra opinión, llega con verdadero retraso.
Tenemos el deber de demostrar muy claramente a nuestros ciudadanos que las instituciones europeas no están actuando como cómplices de «fuerzas oscuras»; por lo tanto, debería exigirse a los grupos de interés que hicieran público a quién pertenecen los intereses que representan, cuáles son sus objetivos y, sobre todo, de dónde obtienen su financiación.
Jens-Peter Bonde, en nombre del Grupo IND/DEM. – Señor Presidente, el grupo de trabajo del Parlamento que examina la modificación ha estado en Washington para estudiar el Congreso de los Estados Unidos.
Hemos visto que todos los grupos de interés tienen que registrar sus funciones y los ingresos procedentes de sus diversos clientes. En los Estados Unidos y en Canadá esto es obligatorio, no voluntario, como propone la Comisión. Hemos visto también que cada miembro del Congreso documenta sus gastos, incluido cada café que haya abonado. Si ellos pueden hacerlo, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? ¿Por qué no podemos ser totalmente transparentes con nuestros gastos de asistencia parlamentaria, y exigir así transparencia en el resto de instituciones?
En la última reunión de la Conferencia de Presidentes nos dimos cuenta de la existencia de actividad organizada de grupos de interés en nuestro propio seno. En una sala muy amplia y agradable situada en el quinto piso del edificio Spinelli, veintiocho empresas multinacionales disponen de sus propias oficinas, números de teléfono y direcciones de correo electrónico pagadas por el Parlamento. Debe ser un plan muy efectivo vincular las empresas a los diputados al PE, pero nadie presentó esa propuesta por nosotros; se estableció a nuestras espaldas.
Falta el punto de vista de las pequeñas y medianas empresas; falta el punto de vista de los consumidores, de los sindicatos y de las organizaciones ecologistas. Podría ser una buena idea el alquiler de las instalaciones a los grupos de interés, pero entonces todo el mundo debería estar invitado a hacerlo, y un consejo elegido al efecto podría supervisar sus actividades.
Las empresas multinacionales no son las que más necesitan nuestro apoyo económico. El apoyo para el plan ha sido cuidadosamente seleccionado, y no lo han elegido los grupos políticos. Éste es el último escándalo relativo a los grupos de interés que espero que tengan que subsanar.
Éste es mi último discurso político en el Parlamento Europeo. Si me permiten un deseo, será el de la adopción de la propuesta del Convenio firmado por veintitrés Gobiernos, cada uno de los diputados de los Parlamentos nacionales y cada diputado al PE, excepto uno, el cual es: proceder a la apertura de todos los documentos y las reuniones a menos que ustedes decidan aplicar una excepción fundada. Esta simple propuesta resolverá también la mayoría de los problemas de los prejuicios hacia los grupos de interés.
Deberíamos entonces ser capaces de ver los escritos que nos remiten, o a la Comisión, y tomaríamos parte en la decisiones sobre las excepciones de la transparencia, y así sabríamos lo que se nos esconde, y por qué. Necesitamos a los grupos de interés para formular y mejorar las leyes; necesitamos su conocimiento, asesoramiento y argumentos contrarios respecto de otros intereses; necesitamos información equilibrada o pluralista, ya que fuimos elegidos para servir a todos los ciudadanos por igual.
Presidente. − Gracias, señor Bonde. Estoy seguro de que le acompañan los mejores deseos de muchos colegas en su jubilación.
Puede que no siempre estemos de acuerdo con lo que usted dice, pero en todo caso siempre vale la pena escucharle.
Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, no es ningún secreto que vivimos en una Unión Europea en la que los acontecimientos están prescindiendo de los ciudadanos y beneficiando cada vez más a las grandes empresas. Esto se debe, indudable y principalmente, a la influencia de los grupos de interés en el Parlamento, la Comisión y el Consejo. ¿A quién le extrañaría escuchar que la Iniciativa Alpes-Adriático, que tan poco apoyo recibió entre el grupo de presión perteneciente al sector del transporte todavía no se ha puesto en práctica? ¿Quién se sorprendería de escuchar que cada vez son más las pequeñas y medianas empresas que se ven forzadas a tirar la toalla porque se ven, literalmente, inundadas de trámites burocráticos y reglamentos, y privadas de toda ayuda de las oportunidades de financiación disponibles, mientras que los gigantes de la industria —las multinacionales— lo único que entienden muy bien es cómo explotar estas oportunidades y, como los saltamontes, saltan constantemente de un Estado miembro a otro, dejando un rastro de puestos de trabajo desolados a su paso?
Tomemos como ejemplo el debate y el proceso decisorio sobre el tema tan discutido y polémico de la propuesta de legislación REACH, que pretende mejorar la seguridad del uso de los productos químicos: si los ciudadanos escuchan que de 132 enmiendas propuestas, 32 eran idénticas y se acompañaban de recomendaciones escritas procedentes de las asociaciones de la industria química, si los ciudadanos escuchan esto, sin duda irán perdiendo progresivamente la fe en Europa y tendrán la sensación de que la formulación de las políticas europeas está ahí, simplemente, para obedecer órdenes de las multinacionales.
Si queremos impedir esa situación, si deseamos poner freno al creciente euroescepticismo, debemos alcanzar unas condiciones en las que esté claro quién está influenciando la toma de decisiones en Europa, quién está ejerciendo presión en nombre de los proveedores de fondos, quiénes son dichos proveedores, y quién pretende ejercer una influencia sobre el proceso legislativo.
Reinhard Rack (PPE-DE). – Señor Presidente; número uno: felicitamos a Alexander Stubb por su ascenso al cargo de Ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia. Número dos: felicitamos a Ingo Friedrich y le agradecemos que se haga cargo del informe y, esperemos, lo lleve a buen fin esta tarde. Número tres: apoyamos el concepto y la orientación del informe Stubb/Friedrich. Pero...
(DE) Voy a continuar en alemán. Tras este doble homenaje a Alexander Stubb, se hace necesario un «pero». Es pertinente que tengamos normas sobre los grupos de interés, pero en el Parlamento ya contamos con buenas normas, y no estoy del todo seguro de que este intento por conseguir un acuerdo combinado sea realmente un avance sensato. La transparencia es algo positivo, pero no puede surtir milagros, especialmente si es de naturaleza fragmentaria.
Toda la cuestión del registro y la declaración de los intereses financieros de los grupos de interés registrados está muy bien, pero ¿qué hay de los numerosos redactores, los expertos, y del resto de nuestros contactos? ¿Cómo deberíamos tratar esta cuestión? ¿Esperamos que todos ellos se registren en el futuro y que revelen sus intereses financieros? ¡Espero que no!
Claro que hay excepciones: en particular, se proponen dos excepciones en dos de las enmiendas que, ciertamente, no promueven la transparencia. Ya se ha mencionado la enmienda 3. El objetivo es propiciar una situación en la que las iglesias sean consideradas como grupos de interés a efectos oficiales. En mi opinión, esto no es transparencia; simplemente, es reflejo de una actitud anticlerical, a la que deberíamos decir «no».
En la enmienda 10 se hace un intento similar, principalmente para conseguir un acuerdo, por medio de una excepción a la excepción, que tampoco sirve al propósito de la cuestión que nos ocupa; en realidad, es simplemente un intento de penalizar a ciertos sectores. Deberíamos velar por tener un sistema transparente y por mejorarlo; sin embargo, no deberíamos asumir desde el principio que esto representa un desafío considerable en comparación con la situación actual.
Richard Corbett (PSE). – Señor Presidente, podemos sentirnos orgullosos de que el Parlamento Europeo se encuentre, en muchos aspectos, a la vanguardia en la manera en que tratamos estas cuestiones, en comparación con los Parlamentos nacionales. Tenemos ya un registro de intereses, así como un código de conducta para los grupos de interés y la prohibición absoluta de que los diputados al Parlamento reciban dádivas; es lo correcto. La cuestión que se plantea aquí es si podemos extender este sistema para que abarque al resto de instituciones. Estamos dispuestos a entablar negociaciones para intentar hacerlo así, tratar de alcanzar un acuerdo —porque sería lo mejor— y, en segundo lugar, para ver si podemos actualizar los requisitos y situarnos incluso más a la vanguardia en apertura y transparencia.
Mi Grupo apoya el informe, que pretende conseguir dichos objetivos. Apoyamos también muchas de las enmiendas que lo mejorarían y que, de hecho, incrementarían los requisitos de transparencia. Incluso estamos apoyando algunas de las enmiendas del Grupo de Verts/ALE, aunque no una enmienda que en realidad limitaría el modo en que se ha formulado el informe y que establecería un límite máximo sobre el requisito de la transparencia.
Por ello, me quedé en cierta forma asombrado cuando escuché al portavoz de la Comisión de Medio Ambiente acusar al Grupo Socialista de ser menos transparente que los Verdes cuando, de hecho, los Verdes han presentado una enmienda que, si se lee literalmente, en realidad pondría un límite al requisito de la transparencia. Tal es la posición de nuestro Grupo. Nos encontramos a la vanguardia de la apertura y la transparencia en esta cuestión, y por supuesto lamentamos ataques injustificados sobre nuestra posición por parte de Grupos que están tratando de presentarse a sí mismos ante la opinión pública como los máximos defensores de estas cuestiones, por encima de los demás, cuando no lo son.
Luca Romagnoli (NI). – (IT) Señor Presidente, Señorías, estoy de acuerdo en que es necesario un registro de carácter obligatorio para los grupos de interés, acompañado de un código de conducta, pero debería ser de aplicación a todas las instituciones y, especialmente, si se me permite decirlo, a la Comisión. Obviamente, es esencial que el código de comportamiento ético establezca sanciones en caso de conducta incorrecta, y que la declaración de financiación sea obligatoria. Lo ideal sería que estos registros fueran de fácil acceso y que estuvieran disponibles para su consulta a través de Internet.
El informe Friedrich reconoce que hay miles de integrantes de grupos de interés que pretenden influenciar las decisiones de las instituciones, aun cuando debería admitirse, teniéndolo todo en cuenta, que en muchos casos proporcionan a los diputados al PE información detallada sobre diversos aspectos de las medidas objeto de negociación. Personalmente, como pueden confirmar quienes me conocen, es bastante improbable que me deje influenciar por alguien en absoluto; a pesar de ello, con el fin de garantizar la independencia en la toma de decisiones y la supervisión de las actividades que suelen estar dirigidas a influenciar la asignación de los fondos comunitarios, así como el seguimiento y la puesta en práctica de la legislación, deben aplicarse escrupulosamente criterios éticos rigurosos. Por tanto, votaré a favor del informe Friedrich.
Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, con el fin de despejar ciertos malentendidos y corregir las afirmaciones populistas realizadas aquí y en la prensa por algunas de sus Señorías, deseo señalar también, en mi calidad de Cuestora, que el Parlamento Europeo ya cuenta, desde hace doce años, con reglas que regulan nuestras relaciones con los grupos de interés. Dichas reglas, establecidas en el artículo 9, apartado 4, del Reglamento —¡que valdría la pena leer al menos una vez!— establecen que el acceso de los grupos de interés al Parlamento Europeo está controlado y regulado mediante tarjetas de acceso. Con el fin de obtener una tarjeta de acceso, los grupos de interés deben rellenar un formulario de acreditación y proporcionar referencias, así como una carta firmada por la policía. El Parlamento Europeo mantiene un registro de todos los grupos de interés, que se publica en su sitio Web. Además, los grupos de interés acreditados deben observar un código de conducta. Así pues, la señora Frassoni y otras de sus Señorías están afirmando lo que es obvio. Toda infracción a este código se castiga con la retirada de la tarjeta de acceso y la exclusión del registro.
En cuanto a la propuesta de un registro único, no creo que haya ninguna necesidad de mantener tal registro conjuntamente con la Comisión, puesto que el Parlamento Europeo y la Comisión operan de modo totalmente diferente y, en consecuencia, mantienen diferentes relaciones con los grupos de interés. En aras de la separación de poderes a escala europea, el Parlamento debe, por todos los medios, continuar siendo el único organismo responsable de su propio Reglamento. La Comisión puede copiar nuestro excelente sistema, pero debemos tener la última palabra cuando se trata de nuestro propio Reglamento. El informe adopta un enfoque precavido ante este registro, con el que estoy de acuerdo.
Por lo que respecta a la declaración de financiación, no veo por qué los grupos de interés acreditados deben proporcionar información financiera detallada que indique la fuente de su financiación y la asignación de estos recursos. Tal medida sería totalmente impracticable y contraproducente. Además, soy de la opinión de que el alcance de los grupos de interés no queda siempre reflejado en los medios financieros, ya que la buena reputación de una organización y el nivel de experiencia son también cruciales. Me adhiero plenamente a la descripción de los grupos de interés proporcionada en el considerando D del informe. Debo rendir homenaje a quien ha sido nuestro colega, Alexander Stubb, con quien trabajé intensamente en esta cuestión, y deseo distanciarme completamente de las fuertes acusaciones que han realizado los integrantes del Grupo de los Verdes que han intervenido en este debate.
Presidente. − Ya me di cuenta hace mucho tiempo de que no sirve de nada tratar de impedir que hable la señora Lulling.
(Risas)
Jo Leinen (PSE). – (DE) Señor Presidente, cuanto más tiempo de uso de la palabra ha empleado nuestra estimada colega, la señora Lulling, más puntos rebatibles nos ha proporcionado. La comisión quisiera contar con un sistema común en Bruselas, porque los ciudadanos no distinguen entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo. Para ellos, es simplemente Bruselas; ¡es la UE! Creo que un sistema común sería idóneo y, señor Kallas, apelamos a usted para que posibilite que el grupo de trabajo se reúna con prontitud tras el debate de hoy y redacte unas normas comunes en las que se siga dejando a la institución la autonomía necesaria para tomar sus propias decisiones.
Quisiera también que participara el Consejo. El Consejo es un organismo legislativo, al igual que nosotros y, ciertamente, la actividad de los grupos de interés desempeña también un papel en sus filas; por esa razón, el llamamiento para participar en esta iniciativa también va dirigido al Consejo.
En conjunto, deseamos un nuevo sistema de transparencia en Bruselas —una nueva cultura de la transparencia—, con el fin de poder demostrar apertura e infundir confianza. La influencia ejercida por los grupos de interés es positiva, y la representación de intereses debe tener lugar, no cabe duda, pero las normas deben estar claras. Debe ser un proceso justo y honesto; debemos asegurar, sobre todo, que no se trate de vender opiniones.
Con la decisión de hoy estamos dando un gran paso adelante; de eso no cabe duda. Sin embargo, queda todavía un gran trabajo por hacer, pues el mal se oculta en los pormenores; por ejemplo, en cuestiones tales como: ¿quién es miembro de un grupo de interés? La definición que hemos proporcionado en el informe es muy amplia. En esencia, estamos diciendo que un grupo de interés es todo aquél que pretenda influenciarnos; no obstante, hay excepciones. Los municipios, las regiones, los interlocutores sociales, los partidos políticos: todos ellos son instituciones que se encuentran consagradas en los Tratados; participan también de la actividad de los grupos de interés, pero no se definen como tales en nuestro sistema. Asimismo, tendremos que definir los límites para los abogados y las iglesias, cuestiones que siguen pendientes.
En mi opinión, la declaración de financiación es importante, señora Lulling; es el nuevo paso adelante que faltaba dar hasta ahora. El dinero no lo es todo, pero es el medio para conseguir muchas cosas. Es el momento de ponerse manos a la obra, y quisiera expresar mi agradecimiento al señor Stubb y al señor Friedrich y, de hecho, a todos aquellos que han contribuido hasta la fecha a este proceso.
Costas Botopoulos (PSE). – (EL) Señor Presidente, creo que el tema que estamos debatiendo hoy es sumamente interesante. Debería decir que, por una vez, el Parlamento Europeo está mostrando el camino sobre una cuestión que no ha sido debatida en absoluto en nuestros Parlamentos nacionales, y menos aún en el Parlamento griego, y para la que todavía no se ha hallado una solución.
Tenemos aquí tres importantes problemas políticos. En primer lugar, ¿cómo abordamos la cuestión? ¿Acaso tememos el modo en que los grupos de interés informales llevan a cabo sus actividades, o estamos tratando de operar de una manera transparente?
Creo que debemos proceder de la siguiente manera: con transparencia; sin temer a los grupos de interés o su existencia, sino estableciendo ciertas reglas.
En segundo lugar, ¿cuál es el mejor modo de conseguir esa transparencia? La respuesta es con normas muy estrictas, que regulen incluso las sumas de dinero, o en un marco general obligatorio. Debo hacer hincapié aquí en que este registro podría ser muy útil si fuera obligatorio y compartido por las tres instituciones de la UE.
En tercer lugar, estamos hablando de grupos que operan de manera informal, pero dentro de un proceso institucional. Es crucial distinguir entre diferentes tipos de grupos de interés: Greenpeace y Shell no tienen nada en común cuando actúan como grupos de interés; por ello esta distinción resulta esencial, al menos en el registro.
Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Los grupos de interés constituyen una parte legítima de todo sistema democrático, y dondequiera que la democracia no constituya una anarquía deben aplicarse normas definidas también a dichos grupos.
Los grupos de interés estadounidenses consideran que la ley que los regula es demasiado estricta; por otra parte, en los nuevos Estados miembros, no existe norma alguna, hasta el punto de que el concepto de grupo de interés suele tener connotaciones negativas; en consecuencia, el nuevo modelo de la UE debería situarse en un punto medio entre ambos extremos.
Mi opinión es que la propuesta de establecer un sistema interinstitucional común para el registro obligatorio de los grupos de interés de la UE, la declaración de las fuentes de financiación y la «huella legislativa» contribuirán a la transparencia de las normas sobre la actividad de estos grupos. Sin embargo, creo también que tras la votación de hoy las iglesias continuarán siendo nuestros socios y no entrarán en la clasificación de grupos de interés.
Estoy convencido de que el informe Stubb/Friedrich eliminará todo tipo de prejuicios y opiniones negativas sobre las actividades de los grupos de interés, y que los ciudadanos europeos pasarán a considerarlos especialistas que aportan conocimiento basado en la experiencia práctica y que contribuyen a impedir que la legislación europea tenga repercusiones negativas.
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Señor Presidente, la actividad de los grupos de interés en las instituciones europeas constituye una cuestión compleja. Por una parte, el acceso a las actividades de las instituciones es consecuencia del principio de transparencia de su funcionamiento, establecido en los Tratados fundacionales; es también una forma de cerrar la brecha abierta por el denominado déficit democrático, ya que las organizaciones de expertos proporcionan valiosos análisis que repercuten positivamente sobre la calidad de la legislación europea.
Por otra parte, sin embargo, y con el fin de favorecer sus propios intereses por encima de todo, las grandes multinacionales pueden recurrir a empresas especializadas en ejercer presión para influenciar el trabajo de las instituciones.
El problema de estas actividades de presión en el Parlamento Europeo va cobrando importancia a medida que se incrementan las competencias de esta Cámara. Por consiguiente, deberíamos apoyar la iniciativa de la Comisión que propone el trabajo interinstitucional cooperativo para definir un marco operativo para los grupos de interés que incluya la creación de un registro común. El principio de transparencia según el cual los grupos de interés pueden acceder al trabajo de las instituciones debería aplicarse también a estos mismos grupos. El registro voluntario no es suficiente; debería ser de carácter obligatorio para el acceso de dichos grupos a las instituciones de la Unión Europea.
Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, he sido diputado al Parlamento Europeo durante doce años. Justo es decir que debo expresar mi agradecimiento a muchos de los grupos de interés, puesto que han demostrado ser una importante fuente de experiencia en nuestro trabajo diario. En mi opinión, siempre es positivo que los diputados al PE escuchen a todas las partes interesadas y que mantengan su puerta abierta a los ciudadanos.
Si actualmente existen 5 000 miembros de grupos de interés registrados en el Parlamento —a todos los cuales podemos reconocer por sus tarjetas identificativas y por tener acreditación o certificación, por así decir— ello supone una media de seis integrantes de grupos de interés por cada diputado al Parlamento. Creo que es sumamente importante que empleemos su experiencia adecuadamente en nuestro trabajo legislativo, pues el hecho es que como diputados no podemos ser especialistas en todas las materias, y por esa razón es tan importante escuchar a los profesionales y reconocer que, en definitiva, los grupos de interés mejoran nuestro trabajo parlamentario.
Carl Schlyter (Verts/ALE) . – (SV) Señor Presidente, como ha señalado el señor Bonde, Europa es una de las regiones más subdesarrolladas del mundo por lo que respecta al establecimiento de normas relativas a los grupos de interés; sin embargo, hoy podemos mejorar las cosas apoyando la enmienda que solicita el registro obligatorio de intereses financieros y verdaderas sanciones para los que infrinjan las normas. Además, tenemos que aclarar lo que hacen verdaderamente quienes trabajan en la Comisión y reciben sueldos externos.
Como muchos señalan, la actividad de los grupos de interés no es mala en sí misma, pero el problema es que cuando centralizamos las decisiones es más fácil para las grandes empresas que el poder económico se torne en poder político. Las grandes empresas financian, al menos, a cuatro quintas partes de los grupos de interés. Ese desequilibrio es el que afecta a nuestra legislación; por consiguiente, la transparencia debe significar que todas las enmiendas a los textos legales presentadas por los grupos de interés deben registrarse abiertamente para que podamos ver quién está detrás de ellas.
Pido a la señora Lulling que cuando se establezca el registro de quienes tienen permitido acceder aquí, asegure que un tercio de las inscripciones se otorgue a las empresas, un tercio a organizaciones no gubernamentales, y un tercio a otras terceras partes, lo que nos permitirá mantener un equilibrio.
David Hammerstein (Verts/ALE). – Señor Presidente, cuando hablamos de transparencia no podemos hablar en abstracto. Que sepan nuestros votantes quién llena las butacas de la Comisión de Industria cuando discutimos sobre REACH o cuando discutimos sobre el paquete de telecomunicaciones; que sepan quién presenta las enmiendas; que sepan quién está precocinando muchos de los informes de este Parlamento, y que lo sepan mediante la página web del mismo Parlamento; que sepan mediante un registro quién está pasando centenares de horas por los pasillos del Parlamento. Esto es posible. Del mismo modo que saben quién asiste a una comisión, quién asiste a un Pleno —mediante la web del Parlamento—, nuestros votantes deberían saber qué «lobbyistas» pasan centenares de horas en de nuestras reuniones.
Queremos transparencia, pero queremos que sea de verdad. Queremos que se sepa, después de la votación de cada informe, qué lobbies han presentado enmiendas, palabra por palabra, enmienda por enmienda: unas enmiendas que están diseñando nuestro futuro. Gracias.
Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. − Señor Presidente, el debate sobre los grupos de interés resulta siempre sugestivo y apasionante. Me ha complacido verdaderamente escuchar las observaciones de sus Señorías, que reflejan el convencimiento de lo que también ha mencionado aquí el señor Leinen: el mal siempre se oculta en los pormenores. Coincido totalmente con la señora Frassoni en que el trabajo no terminará con este informe, o incluso con la apertura de los registros de la Comisión.
Puedo asegurar al Parlamento que estamos totalmente dispuestos a cooperar y que hacemos todo lo que podemos para establecer el grupo interinstitucional y elaborar un enfoque común tan pronta y ágilmente como sea posible. Quisiera decir que, en mi opinión, este registro común no es ningún tipo de animal feroz que supondrá un riesgo para todo el mundo. Es un paquete de información y almacenamiento común de la información necesaria para que todos los representantes de intereses no tengan que presentar diferentes solicitudes ante las diversas instituciones y sin que sean interoperativas; tal fue su sugerencia para no crear una carga mayor. No obstante, el resto de detalles han sido debatidos durante estos años desde que comenzamos nuestro debate sobre esta cuestión, en 2005.
Únicamente diré —en respuesta a un punto que han planteado— que existe, ciertamente, gran complejidad en los pormenores al definir quién está ejerciendo presión, y sobre qué materia. En nuestras deliberaciones nos hemos reunido con colegios de abogados y han aceptado nuestro enfoque de que cuando realmente actúen como grupos de interés entonces deben declararlo como tal, sin necesidad de declarar sus actividades como asesores jurídicos o similares.
Tan sólo hay una cosa que debo decir en relación con lo que se ha planteado: la cuestión de que algunas personas están trabajando en la Comisión y recibiendo un salario del sector privado. Eso se ha terminado; todavía quedan algunos contratos ya finalizados, pero esa práctica ha terminado.
Ingo Friedrich, ponente. − (DE) Señor Presidente, gracias por lo que ha sido, en su mayor parte, un debate centrado y bien informado. Las actividades serias y transparentes de los grupos de interés contribuyen a mejorar la eficacia del proceso decisorio. Señor Turmes, usted estaba en lo cierto cuando dijo que la declaración de financiación se aborda en el apartado 21. Hasta cierto punto, se equivocó al atacar al Grupo Socialista; me siento obligado a señalarlo así.
En segundo lugar, por lo que respecta a la cuestión de los abogados, no podemos hacer la afirmación generalizada de que todos los abogados son, por defecto, grupos de interés sólo porque hayan estudiado la abogacía y todo lo que ello implica. Tenemos la definición correcta ante nosotros: todos quienes pretendan influir en los procesos de elaboración de políticas y de toma de decisiones de las instituciones de la UE son un grupo de interés, y ello incluye a los abogados.
Permítanme señalar un error en la traducción: los «municipios» se han traducido como «Städte» en alemán. El sistema de los Estados Unidos es muy detallado; de hecho, lo es tanto que algunos senadores elaboran informes de 300 páginas a final de año, con el resultado de que es casi imposible tener una visión clara de lo que está ocurriendo verdaderamente en relación con las actividades de los grupos de interés en el país.
Desde mi perspectiva, fue interesante comprobar que la izquierda radical y la ultraderecha prácticamente convergen en su crítica fundamental; «los extremos se tocan», como dirían los franceses, y es una situación típica. Pretendemos llegar a una solución seria que represente una mejora respecto a lo que ocurre en los Estados Unidos y que mejore también lo que está ocurriendo en la mayoría, o incluso en la totalidad de los Estados miembros.
Muchas gracias, una vez más, al señor Stubb. Ministro, ¡nos acordamos de usted! Gracias también a ustedes por un debate serio.
Presidente. − Quisiera agradecer al señor Friedrich el haberse hecho cargo del informe del señor Stubb, quien recibe también nuestras felicitaciones por haber sido nombrado Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno finlandés.
Se cierra el debate.
La votación se celebrará a las 11.00 horas.
Declaraciones por escrito (Artículo 142)
Urszula Gacek (PPE-DE), por escrito. – El pluralismo de intereses es una característica importante de la democracia; por lo tanto, es legítimo que los miembros de la sociedad se organicen y ejerzan presión para favorecer sus intereses. Sin embargo, la actividad de los grupos de interés implica siempre el riesgo de que puedan corromperse los principios democráticos, pues el poder de las grandes empresas para influenciar a los políticos puede conducir a un acceso desigual a los procesos legislativos y decisorios para el ciudadano ordinario.
Muy pocos países europeos han regulado las actividades de los grupos de interés. Este informe parlamentario sobre dicha materia constituirá un valioso paso para potenciar la transparencia, la responsabilidad y la participación de los ciudadanos en el proceso democrático a escala europea. Sin embargo, la experiencia de los países que han puesto en práctica legislación sobre los grupos de interés muestra que ésta debería ser únicamente una parte de una gama más amplia de directrices y medidas.
Tan sólo un paso separa la falta de transparencia en las actividades de los grupos de interés, de la corrupción y la distorsión del mercado en detrimento de las empresas que siguen las reglas del juego.
La participación de los representantes del sector al preparar este informe es bien recibida; ahora, debería instárseles a tomar la iniciativa y mostrar que las empresas responsables tienen un papel crucial que desempeñar en el proceso de reglamentación de los grupos de interés.
Bogdan Golik (PSE), por escrito. – (PL) Es de rigor manifestar especial agradecimiento y felicitación no únicamente al ponente, sino también al Comisario Kallas, que tomó la iniciativa en la nueva reglamentación para los principios de los grupos de interés, lo que cobra particular importancia a la vista de las nuevas competencias que va a adquirir el Parlamento Europeo tras la adopción del Tratado de Lisboa. Pese a ello, deseo expresar mi preocupación en cuanto a la eficacia y credibilidad de un registro voluntario de grupos de interés. El registro debería ser de carácter obligatorio y común para todas las instituciones europeas; no obstante, y habida cuenta de su naturaleza, el Parlamento debería mantener su autonomía.
El registro obligatorio debería ser de aplicación a la totalidad de las entidades que conforman los grupos de interés; pienso, entre otros, en las representaciones regionales, las organizaciones sectoriales, los abogados que ejercen funciones de presión y las instituciones de investigación. Deberían registrarse todos aquellos que ejercen influencia con el fin de obtener beneficios económicos o sociales. El requisito de presentar únicamente información financiera no es siempre del todo fiable y no permite llevar a cabo la evaluación completa a la que se aspira.
Genowefa Grabowska (PSE), por escrito. – (PL) No cabe duda de que debe recibirse con satisfacción la reglamentación de los grupos de interés; por fin hay una oportunidad de cooperación transparente entre el Parlamento y dichos grupos. Se propone la creación de un registro obligatorio de todos los grupos que pretenden presentar y defender sus intereses ante las instituciones europeas, propuesta que merece nuestro apoyo. La entrada en el registro permitiría a los grupos de interés acceder a las instalaciones del Parlamento Europeo, asistir a las reuniones de las comisiones y entablar contacto con los diputados al Parlamento en sus despachos, pero sin interrumpir su trabajo.
Sin embargo, la eficacia de la actividad civilizada y, por lo tanto, transparente de los grupos de interés depende también en gran medida de sus pautas de actuación; por consiguiente, al mismo tiempo será necesario redactar un código de comportamiento ético para dichos grupos.
Asimismo, el Parlamento debería realizar un seguimiento de la puesta en práctica de estas disposiciones, especialmente para comprobar la veracidad de la información que conste en el registro. Debería sancionarse a los grupos de interés que proporcionen información falsa o incompleta. Las sanciones impuestas deberían ser proporcionales a la infracción y servir como elemento disuasorio, variando desde la suspensión del registro a la exclusión permanente del mismo.
Debería recordarse que esta nueva propuesta fue elaborada a iniciativa del Parlamento Europeo, y que resultará también muy útil a otras instituciones europeas y a los parlamentos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea que todavía no hayan adoptado medidas al respecto.
Roselyne Lefrançois (PSE) , por escrito. – (FR) Recibo con satisfacción la adopción de este informe que, en mi opinión, nos permitirá mejorar significativamente las relaciones entre los representantes de intereses y las instituciones de la UE.
Antes que tratar de establecer y mantener actualizada una lista exhaustiva de estos representantes —tarea tediosa y quizá incluso imposible— propone, en particular, establecer una definición global del concepto de «grupo de interés», que garantizará que cualesquiera entidades que no se incluyan en la lista no puedan eludir las normas que hayamos establecido.
Otro importante paso adelante es la armonización y la simplificación del marco reglamentario aplicable a los grupos de interés y, en particular, la creación de un registro único y común para todas las instituciones, que consistirá en un listado de todos los grupos de interés y que, a largo plazo, se convertirá en referencia y compromiso de seriedad y credibilidad para todas las organizaciones acreditadas.
Sin embargo, este registro promoverá también una mayor transparencia frente al público en general, porque estará accesible en línea en su totalidad e incluirá la información completa identificativa de cada entidad, incluyendo datos de su personal, así como de la información financiera pertinente.
Además de este código ético común de «ventanilla única», los diputados al Parlamento Europeo que elaboren un informe tendrán la oportunidad de incluir en el mismo un listado con los nombres de las organizaciones que le hayan asistido en su trabajo.
Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), por escrito. – (RO) La consulta y la participación de tantos grupos de interés como sea posible en la elaboración, puesta en práctica y seguimiento de la ejecución de las leyes europeas es un requisito objetivo para el buen desarrollo del proceso legislativo, corregir errores y evitar opiniones tendenciosas.
El diálogo abierto con los representantes de todas las partes implicadas en este proceso subyace en la base de nuestro sistema democrático y representa una importante fuente de información, siempre que se lleve a cabo con total transparencia.
Por esa razón es bienvenida la iniciativa de introducir una «huella legislativa», aun cuando sea voluntaria, tanto para los documentos preparados por la Comisión como para los informes del Parlamento Europeo.
La consulta de tantas partes interesadas como sea posible, incluyendo partes antagonistas, así como la transparencia del proceso en sí, es esencial para elaborar una legislación compleja y honesta que cubra todos los aspectos de esta materia, garantice el equilibrio y la armonización eficaz de todos los puntos de vista, y evite conflictos de intereses y posteriores deficiencias.
El correcto intercambio de información relativo a los grupos de presión vinculados a las instituciones europeas determinará, a largo plazo, no sólo una mayor simplicidad del proceso legislativo, sino también la cooperación transparente y equitativa entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo, una cooperación cuyo beneficiario último será, no cabe duda, el ciudadano europeo.
Katrin Saks (PSE), por escrito. – El informe sobre los grupos de interés que hemos estado debatiendo es un paso importante hacia la transparencia. El hecho de que podamos mostrar a quién se ha consultado acerca de un paquete legislativo cualquiera otorga legitimidad al proceso, que tan importante es para los que nos encontramos aquí.
Es igualmente importante asegurarse que deban registrarse todos los intereses que inciden sobre el Parlamento. No podemos permitir que queden lagunas que dejen a ciertos intereses fuera del registro. Por lo pronto, los abogados y los grupos de reflexión que participan de las actividades de los grupos de interés son, a todos los efectos, grupos de presión y, por consiguiente, deberían registrarse.
En definitiva, quisiera dar la bienvenida a este informe, que constituye un buen primer paso en el camino hacia una mayor transparencia.
Andres Tarand (PSE), por escrito. – (ET) El informe presentado por Alexander Stubb es sumamente importante, pues la cifra de los integrantes de grupos de interés establecidos en Bruselas pronto igualará a la de los funcionarios de la Comisión Europea.
Recibo con satisfacción el hecho de que, a diferencia de la Comisión Europea, el Parlamento apoye la idea de que el registro de grupos de interés deba ser obligatorio; de no ser así, el informe no cumpliría su principal objetivo y, de hecho, fracasaría en su tarea.
Sobre la cuestión de incluir a los abogados en el listado, que en este momento es el principal punto de controversia, estoy a favor de su inclusión en un registro obligatorio. No hay razón para excluirlos del registro, ya que la presión de los grupos de interés sobre las instituciones de la Unión Europea se ejerce cada vez con mayor frecuencia por medio de gabinetes jurídicos. Los bufetes de abogados no deberían tener la oportunidad de clasificar cualquier actividad simplemente como asesoramiento jurídico, y evitar de ese modo el registro y el requisito de la transparencia en su actividad como grupo de interés.
La idea de un registro de «ventanilla única» es buena. Es importante para el Consejo participar en el registro, así como el Parlamento Europeo y la Comisión. En interés de la capacidad de uso de los datos recopilados, debería establecerse con carácter urgente una base de datos única, disponible en línea y accesible a todas las instituciones.