Acta literal de los debates

Jueves 22 de mayo de 2008 - Estrasburgo

14.1. - Sudán y la Corte Penal Internacional (debate)

  Presidenta. – El siguiente punto es el debate de las seis propuestas de resolución sobre Sudán y la Corte Penal Internacional⁽¹⁾.

  Jean Lambert, autor. − Señora Presidenta, una vez más retomamos el asunto de Sudán y lo que se puede hacer para pedir al Gobierno que tenga en cuenta el sufrimiento de su pueblo y, por ende, las repercusiones en los países vecinos.

La Resolución de esta tarde se refiere en particular a la Corte Penal Internacional y al hecho de que, hace ahora más de un año, esta Corte dictó dos órdenes de detención contra Ahmad Haroun, Ministro del Interior en esa época, que es en estos momentos Ministro de Asuntos Humanitarios —lo cual creo que muchos de nosotros encontraremos realmente estremecedor— y también para uno de los antiguos líderes de la milicia Yanyauid, Alí Mohamed Alí Abd Al-Rahman.

No hemos visto ninguna cooperación en absoluto por parte del Gobierno sudanés en lo que respecta a la entrega de estas personas a la Corte Penal Internacional, aunque el Gobierno es muy consciente de que pertenecer a las Naciones Unidas conlleva ciertas obligaciones. Estamos percibiendo una cultura de la impunidad constante, en la que parece ser que nadie tiene que dar cuentas por los crímenes más horribles.

Nosotros consideramos que todos los gobiernos deberían adoptar una posición firme a este respecto y la Resolución indica que deberíamos invitar al Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de junio que tome medidas con vistas a la adopción de medidas punitivas de la UE dirigidas contra un grupo claramente identificado de dirigentes sudaneses que son responsables de la falta de cooperación, incluidas sanciones financieras. Parece que si el llanto de la gente no funciona, puede que el corte de flujo de dinero lo haga.

Mi Grupo felicita a la Cámara por esta Resolución. Esperamos que se adopte una acción firme y poder ver así a estos, y a otros hombres, en manos de la justicia.

  Erik Meijer, autor. − (NL) Señora Presidenta, hace un año también celebramos un debate de urgencia sobre Sudán. Desde entonces, la situación ha ido a peor, no a mejor. El acuerdo entre el norte islámico y el sur no islámico, alcanzado después de una larga guerra interna, se encuentra bajo presión. Tanto la cooperación temporal en un gobierno de transición como la preparación del referéndum sobre la independencia del sur en 2011 se encuentran bajo presión, debido a que las fronteras de esas zonas no han sido delimitadas finalmente. El control de la zona central, rica en petróleo, es ahora la causa de más violencia.

Asimismo, el acuerdo de paz no se aplica en el oeste de Darfur, ya que los nómadas árabes y los soldados han obligado a la mayoría de la población negra a desplazarse al vecino Chad. No es éste un conflicto entre los seguidores del Islam y del Cristianismo, sino entre los nómadas y la población agrícola asentada por el control de una tierra árida que produce muy poco. Debido al crecimiento de la población y a la desertización, la gente está perdiendo sus recursos de sustento tradicionales y se están volviendo los unos en contra de los otros. El Gobierno es también responsable de la expulsión de la población originariamente no árabe. Existen en este momento enfrentamientos que van desde Darfur hasta la capital, Jartum.

Aunque lo que se conoce ahora como Sudán anteriormente recibía el nombre de Sudán Angloegipcio, era discutible si esta enorme zona con poblaciones dispares debía de independizarse como Estado único. Un Estado unificado sería principalmente el Estado de las poblaciones árabes de las zonas norte, este y centro. La obtención de una posición de igualdad sería difícil tanto para la población negra islámica del oeste como para los cristianos y animistas negros del sur. Las regiones que en aquel entonces estaban mucho menos desarrolladas se encontraban lejos del mar y recibían muy poca atención internacional. Nadie les prestó atención a la larga y es ahora cuando vemos los resultados de la falta de visión colonial.

El Estado es el responsable de muchos delitos, pero al mismo tiempo resulta, en gran medida, un instrumento para una de las partes del conflicto. Esto hace que le resulte difícil cooperar con las medidas punitivas. Obviamente estamos intentando mantener la perspectiva abierta en la Resolución, aunque con la situación actual no hay muchas razones para ser optimistas.

  Filip Kaczmarek, autor. − (PL) Resulta realmente escandaloso que el Gobierno sudanés haya nombrado al señor Haroun (ex Ministro de Interior y responsable de Darfur durante el período 2003-2004) Ministro de Asuntos Humanitarios. Es una broma de mal gusto que se le haya concedido la responsabilidad sobre la vida y la seguridad de los habitantes de Darfur —ya que él era la persona que anteriormente los perseguía— y que las decisiones respecto a la mayor operación humanitaria llevada a cabo por la misión de paz internacional UNAMID estén en sus manos. No olvidemos que el propósito de esta misión es proteger a la población civil de todo tipo de delitos, o sea, justo el tipo de acciones en las que el señor Haroun estaba implicado.

La comunidad internacional, la Unión Europea, la Unión Africana, la ONU, la Liga Árabe; todas estas organizaciones deberían ejercer la máxima presión sobre el Gobierno sudanés para que estas personas respondan finalmente ante la Corte Penal Internacional.

  Leopold Józef Rutowicz, autor. − (PL) Señora Presidenta, Sudán es un país enorme que cubre un área de 2,5 millones de kilómetros cuadrados y que cuenta con una población de unos 42 millones de personas. Ha sido destruido por dos guerras civiles que se han cobrado millones de víctimas y han causado la pérdida, la degradación y la destrucción de la propiedad de muchos más millones de habitantes. Uno de los asuntos que se encontraban en la base de los conflictos fratricidas eran las diferencias étnicas —el 52 % de la población es africana y el 39 % árabe— y las diferencias religiosas, con un 70 % de suníes y un 30 % de animistas.

Durante estas guerras la población padeció todo tipo de atrocidades a manos de los que contaban con armamento y poder, incluidos asesinatos, torturas, violaciones, robos y desalojos; delitos que han sido procesados y castigados por la Corte Penal Internacional. Desafortunadamente, la CPI no cuenta con medios para llevar a los autores ante la justicia. La Resolución presenta la perspectiva europea sobre la situación actual, la cual yo apoyo. Sin embargo, lo que realmente pienso es que, en tales circunstancias, valdría la pena considerar la aplicación de un planteamiento más radical. Utilizar, por ejemplo, las fuerzas especiales de la ONU para llevar a los acusados ante la CPI, y luego encarcelar a aquellas personas consideradas culpables y recluirlas de por vida —sin derecho a regresar— en alguna isla remota que recibiese un nombre contundente, como por ejemplo la Isla de los Malhechores. Creo que esto sería de ayuda.

  Marios Matsakis, autor. − (EN) Señora Presidenta, la ONU calcula que el conflicto de Sudán ha causado alrededor de 300 000 muertes y que ha dejado aproximadamente 2,5 millones de refugiados.

Los informes sobre los inenarrables actos de barbarie que han tenido lugar en la región han abundado durante los últimos años. El sufrimiento de la población civil inocente ha sido extremo. Aquellos que supuestamente han sido responsables de la instigación o la perpetración de crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad deberían enfrentarse a la ley y, en caso de ser declarados culpables, deberían ser castigados en consecuencia.

Esto no solamente es necesario como un hecho de justicia natural, sino también para poder tener la seguridad de que se impide que estas personas repitan sus crímenes y para que otros criminales potenciales tomen ejemplo y evitar así la perpetración de crímenes similares.

La Corte Penal Internacional se creó para garantizar que aquellos que cometan crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad no queden impunes. Sudán ha firmado el Estatuto de Roma por el que se crea la Corte Penal Internacional, aunque todavía no lo ha ratificado.

Esto no es excusa para no ofrecer a esta Corte toda su cooperación, de conformidad con la Resolución 1593 del Consejo de Seguridad de la ONU. La Corte Penal Internacional dictó dos órdenes de detención contra el ex Ministro del Interior de Sudán, señor Ahmad Haroun y contra el líder de la milicia Alí Mohamed Alí Abd Al-Rahman. Las órdenes están relacionadas con 51 cargos de supuestos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Desde hace más de un año, las autoridades sudanesas se niegan a entregar a estas personas, obstruyendo de este modo el trabajo de la Corte Penal Internacional.

Esto es total y absolutamente inaceptable. Tal comportamiento convierte al Gobierno sudanés en cómplice de los supuestos criminales. Instamos a Sudán a que recapacite, y de forma rápida, sobre la grave situación que el propio país ha creado al pretender proteger a esos supuestos asesinos de masas del brazo del Derecho internacional. Esperamos que atiendan a razones y acaten la petición de la Corte Penal Internacional de inmediato.

  Tadeusz Zwiefka, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (PL) Es bastante escandaloso que un país que es miembro de Naciones Unidas no respete los llamamientos que le dirige el Consejo de Seguridad de tal organización para que colabore con la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional cuando el Ministro de Exteriores de Sudán se niega a ofrecer dicha ayuda? ¿Y cuando declara que la Corte no tiene derecho a juzgar a ningún ciudadano sudanés y que el gobierno sudanés no permitirá que ningún ciudadano de su país sea juzgado ni condenado fuera de sus tribunales nacionales?

Nos encontramos en una situación difícil, ya que, hasta cierto punto, Sudán no depende de la ayuda de la Unión Europea ni de los Estados Unidos ni de otras democracias occidentales, sino que ha basado su desarrollo en la ayuda procedente de China. China, un país al que desgraciadamente, no le preocupan los derechos humanos; ni tan siquiera dentro de sus fronteras. La única reacción posible por nuestra parte es pedir la congelación de los activos de los dirigentes sudaneses.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, en nombre del Grupo del PSE. – (PL) Desde 2003, el conflicto de Sudán ha causado 300 000 víctimas. Dos millones y medio de personas han abandonado sus hogares para escapar de la violencia. A pesar de la estabilización parcial del país, existen constantes enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes, lo cual dificulta el uso de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU y el reparto de ayuda humanitaria. No será posible una resolución duradera del conflicto sudanés sin la participación de la ONU, ni tampoco sin un incremento de soldados de la ONU en la región. El reclutamiento de niños para el ejército y los actos de violencia contra la población civil, en especial contra las mujeres, representan infracciones claras de las normas internacionales y los derechos humanos.

Lo que es particularmente preocupante es la falta de cooperación por parte del Gobierno con la Corte Penal Internacional, así como el hecho de mantener a criminales de guerra en el poder, quienes —y esto sonará como una broma pesada— están ahora al mando de, entre otras cosas, la distribución de la ayuda humanitaria, así como de contactar con las entidades encargadas de mantener la paz. Se debe hacer un llamamiento a Sudán para que empiece a cooperar de manera inmediata con la Corte para poder resolver los crímenes de guerra, ya que es condición necesaria para el establecimiento de la democracia y del Estado de Derecho. Todo intento de perturbar el acuerdo de paz y la ayuda militar procedente de terceros países, para ambos lados del conflicto, debería ser condenado.

  Ewa Tomaszewska, en nombre del grupo UEN. – (PL) Señora Presidenta, desde 2003 Sudán ha sido un campo de batalla debido a diferencias religiosas y étnicas. El conflicto de Darfur surgió durante el éxodo de más de dos millones y medio de personas. Las víctimas de este conflicto han sido asesinadas, golpeadas y violadas. Hay hambre por todas partes y la higiene básica es escasa. Los niños, huérfanos o perdidos, no tienen posibilidades de educación ni de un futuro digno. Cada vez se aplican más restricciones a las misiones humanitarias. El conflicto sudanés ha ocasionado un desmoronamiento de la civilización en Darfur y Chad.

El Gobierno sudanés se ha negado a cooperar con la Corte Penal Internacional, se burla de la CPI, que dictó dos órdenes de detención para criminales de guerra y no puede, o quizá solamente no quiere, remediar la situación. A raíz del ataque en Omdurmán, el 10 y 11 de mayo, otras 200 personas perdieron la vida.

Instamos a las autoridades de Sudán a que comiencen a cooperar de inmediato con la Corte Penal Internacional. Esperamos que el Consejo de Europa dé pasos decisivos para bloquear el acceso a los bancos de la Unión Europea a aquellos que se identifique como financiadores del conflicto de Darfur; y que se congelen sus activos.

  Jana Hybášková (PPE-DE). – (CS) Después de haber participado en la misión de investigación del Parlamento Europeo en Darfur y Chad en 2004, puedo decir que soy una «viajera política» responsable. Estaba presente cuando una madre de doce años que había sido violada, al preguntarle cómo se llamaba su bebé, respondió: «No lo sé, el bebé no tiene nombre». Por lo tanto, hacemos un llamamiento a Sudán para que ratifique el Estatuto de Roma, para que coopere sin demora, de conformidad con la Resolución 1593, y para que entregue de inmediato a Ali Kushayb y a Ahmad Harun. Pero, sobre todo, pedimos a los europeos que exijan en sus negociaciones con la Liga de los Estados Árabes, y con China en particular, que tanto China como los Estados árabes apliquen políticas estrictas en sus relaciones con Sudán. Éstos son los socios que pueden ayudarnos. Nos gustaría invitar al Consejo y a la Comisión a que nos mantengan informados de sus negociaciones.

  Marianne Mikko (PSE). – (ET) Colegas, Sudán es un país que ha ejercido su derecho a ser diferente. Un país en el que la violencia, el terror y la violación a gran escala son, todos los días, hechos que no están penados. Un país basado en unos valores distintos a los derechos humanos. La situación es crítica: durante los cinco años desde el comienzo del conflicto de Darfur, más de 200 000 personas han perdido la vida. Las personas que han cometido crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra viven en libertad; algunos de ellos ocupan puestos respetables en Sudán.

El sistema judicial en Sudán ni puede ni está dispuesto a tratar de resolver la situación en Darfur. Es necesaria una reforma; el sistema ha de estar basado en normas basadas en los derechos humanos reconocidas internacionalmente. Hay que poner fin a la impunidad. Se necesita desesperadamente que el Gobierno sudanés coopere con la Corte Penal Internacional. Debe ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y llevar a los criminales ante la justicia. No es que la situación tenga que cambiar, es que debe hacerlo ahora mismo.

  Marcin Libicki (UEN). – (PL) Hoy, como en tantas otras ocasiones en las que hemos discutido sobre asesinatos y violaciones de los derechos humanos en el mundo, hablamos de quién es el responsable aquí, en este preciso lugar. Sin embargo, me da la impresión de que la situación requiere un análisis más profundo, detrás de esos conflictos siempre están el comercio de armas y petróleo. Este comercio de armas y petróleo no está exclusivamente organizado por gente de esas zonas, a quien a menudo tratamos como inferiores, sino que lo organizan personas pertenecientes a un grupo de países con un sentido de la responsabilidad más desarrollado. Deberían tener un sentido de la responsabilidad más desarrollado hacia terceros países. Si no fuese por los intereses de esas personas, sería muy probable que los delitos sobre los que habitualmente discutimos los jueves por la tarde, como hoy es el caso de Sudán, no existieran.

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – (EN) Señora Presidenta, los jueves debatimos reiteradamente sobre Sudán porque las atrocidades contra los derechos humanos continúan: asesinato, violación, rapto, secuestro infantil y confiscación de propiedades. La escasa seguridad sigue representando un problema para los hombres, mujeres y niños de Sudán, pero también para las personas que trabajan en el ámbito humanitario.

Este caso omiso de la jurisdicción de la CPI ha dado lugar a que a los criminales se les permita moverse con libertad, particularmente altos cargos como el es Ministro de Interior o un antiguo líder de la milicia Yanyauid. Debemos pedir a Sudán, con todas nuestras fuerzas, a que ratifique el Estatuto de Roma.

Vuelvo a pedir con firmeza a la UE y al resto de la comunidad internacional que ejerzan la responsabilidad moral y social mediante la adopción de medidas resueltas —incluidas la aclaración de la función que China desempeña en Sudán y el comercio de armas que mantiene esta situación— para proteger al pueblo sudanés y a los refugiados en el país vecino Chad y para poner fin a este conflicto.

  Louis Michel , Miembro de la Comisión. – (FR) Señora Presidenta, en 2004 la Unión Europea pidió a las Naciones Unidas que crease una comisión de investigación en torno a las atrocidades y crímenes cometidos en Darfur. Basándose en las recomendaciones realizadas por esta comisión, la Unión Europea instó al Consejo de Seguridad de la ONU a que informase a la Corte Penal Internacional de la situación en Darfur, algo que el Consejo hizo adoptando la Resolución nº 1593 en 2005.

Durante los últimos meses, la Unión Europea ha pedido reiteradas veces al Gobierno sudanés que coopere de forma incondicional con la CPI.

El 31 de marzo de 2008, fecha del aniversario de la presentación del informe del Consejo de Seguridad sobre la situación en Darfur a la CPI, la Presidencia de la UE adoptó una Declaración en nombre de la Unión Europea que expresaba su indignación por la falta de cooperación del Gobierno sudanés con la Corte. La Unión Europea también expresó su buena disposición a apoyar la adopción de nuevas medidas pertinentes contra las personas responsables de la falta de cooperación de Sudán con la CPI, en caso de que el Gobierno sudanés siguiese sin cumplir la Resolución de la ONU.

El 6 de mayo de 2008, asistí a una reunión entre donantes y el Gobierno sudanés —el Consorcio de Sudán— que se celebró en Oslo. En esta reunión, recordé a mis interlocutores sudaneses, en mi intervención en la conferencia, que nuestra ayuda al desarrollo está pensada para apoyar un desarrollo en Sudán sujeto a una auténtica transformación democrática del país, tal y como se establece en el Acuerdo general de paz. Insistí en que los principios subyacentes al acuerdo se deben aplicar de la misma manera en Darfur y que existía una necesidad urgente de restaurar la seguridad, desplegar la misión de las Naciones Unidas y facilitar el acceso humanitario. El reciente brote de violencia en Abyei, una región repleta de complejos problemas que representan uno de los mayores desafíos para la puesta en marcha del Acuerdo de paz global en Sudán, destaca la importancia de la total aplicación del susodicho acuerdo. Acabo de publicar un comunicado de prensa instando a ambas partes a que cumplan todas las disposiciones del Acuerdo de paz global, incluido el inmediato cese del fuego y la retirada de otras facciones armadas de la ciudad de Abyei.

El Gobierno sudanés debe saber que la totalidad de la comunidad internacional permanecerá fiel a la visión expuesta en el Acuerdo de paz global de un Sudán democrático, estable y en paz, que demuestre respeto por el Estado de Derecho y los derechos humanos. Este mensaje no está dirigido únicamente al Gobierno sudanés; también ha de ser entendido por los distintos movimientos armados rebeldes cuya causa política, sea la que sea, no justifique actos criminales. La corte ha dictado una serie de órdenes de detención, incluida una contra Alí Kushayb, líder de la milicia Yanyauid.

La reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que tendrá lugar el 5 de junio en presencia del Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, puede suponer una oportunidad importante para que la comunidad internacional presente un frente unido y mande una fuerte señal de apoyo del trabajo de la Corte. El Consejo de Asuntos Exteriores previsto para finales de junio abordará, con toda probabilidad, este problema.

  Presidenta. Se cierra el debate.

La votación se celebrará tras los debates.

Declaraciones escritas (artículo 142)

  Glyn Ford (PSE), por escrito. – Deseo sumarme a la condena a la persistente negativa de Sudán a cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI) y a entregar a Ahmad Harun y Ali Kushayb a este organismo.

Hasta la fecha, el conflicto de Sudán ha causado trescientas mil víctimas y creado dos millones y medio de desplazados internos. No obstante, seguimos enviando ayuda a través del Ministerio de Asuntos Humanitarios de Ahmad Harun. Le pido a la Comisión y a los Estados miembros que dejen de realizar dichos envíos a través de ese ministerio para presionar al Gobierno de Sudán a retirarlo del cargo, detenerlo inmediatamente y entregarlo a la CPI.

Está muy bien sermonear a China por su no intervención en Darfur pero, en este caso, la UE tiene tan poca voluntad como los demás.

(1) Véanse las Actas