Acta literal de los debates

Jueves 22 de mayo de 2008 - Estrasburgo

1. - Apertura de la sesión

PRESIDE: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepresidente

(Se abre la sesión a las 10.05 horas.)

2. - Presentación de documentos: véase el Acta

3. - Líbano (propuestas de resolución presentadas): véase el Acta

4. - Aumento de los precios de los productos alimenticios en la Unión Europea y en los países en vías de desarrollo (propuestas de resolución presentadas): véase el Acta

5. - Negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos en materia de exención de visado (propuestas de resolución presentadas): véase el Acta

6. - Fundación Europea de Formación (refundición) (debate)

  Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (Α6-0131/2008) del señor Lehideux, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Fundación Europea de Formación (refundición) (COM(2007)0443 – C6-0243/2007 – 2007/0163(COD)).

  Louis Michel, Miembro de la Comisión. − (FR) Señora Presidenta, señor ponente, Señorías, deseo mostrar mi reconocimiento por el trabajo que el Parlamento ha realizado con respecto a la proposición de refundición del Reglamento por el que se crea la Fundación Europea de Formación y, en especial, darles las gracias a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y a su ponente, el señor Lehideux.

Como ya saben, la Fundación Europea de Formación se creó en 1990 como apoyo a la ejecución del programa de ayuda exterior PHARE en el ámbito de la formación profesional. En la actualidad, su radio de acción incluye los países enmarcados en los antiguos programas TACIS, CARDS y MEDA. Las políticas de la Unión Europea en los campos de la educación, la formación y las relaciones exteriores han evolucionado y por lo tanto el Reglamento de la ETF debe actualizarse para adaptarse a dichos avances. El resultado es la propuesta de la Comisión en la que han estado trabajando.

Nuestra propuesta no plantea ninguna nueva actividad de la ETF. Su objetivo es definir sus funciones más claramente sobre la base de unas atribuciones pertenecientes a un ámbito temático más amplio que incluye el concepto de desarrollo de recursos humanos, especialmente la educación y la formación con vistas a la formación permanente.

La propuesta también amplía el alcance geográfico de la Fundación de acuerdo con los nuevos instrumentos de políticas exteriores de la UE. En este nuevo contexto las funciones de la ETF han de adaptarse, aunque manteniendo como orientación las prioridades claramente establecidas.

Le agradezco al Parlamento Europeo que haya abordado la propuesta de la Comisión de un modo positivo. Gracias a la buena cooperación entre las tres instituciones, hemos conseguido encontrar soluciones que satisfacen a las tres partes, inclusive en temas delicados como la composición del Consejo de Dirección y el modo en el que el Parlamento Europeo puede aportar su experiencia específica. Por lo tanto, la Comisión acepta sin reservas el texto consolidado resultante del constructivo diálogo tripartito de la semana pasada.

Permítanme concluir destacando, en nombre de mi colega Jan Figel’, la importancia que posee el éxito de nuestra cooperación, ya que le permitirá a la Fundación Europea de Formación beneficiarse de su nueva base jurídica en el momento oportuno y, de ese modo, podrá proporcionar una ayuda más efectiva a los países beneficiarios, lo que, al fin y al cabo, constituye sin lugar a dudas el objetivo de este ejercicio.

  Bernard Lehideux, ponente. − (FR) Señora Presidenta, Comisario, Señorías, durante mi estancia en Turín puede valorar el excelente trabajo realizado por la Fundación, que constituye un instrumento esencial y muy eficaz para fomentar el desarrollo de los sistemas de formación profesional en los países socios de la UE. La propuesta de la Comisión actualiza las funciones y la gobernanza de la ETF para garantizar que sus actividades se asientan sobre una sólida base jurídica. Desde mi punto de vista, el compromiso alcanzado con el Consejo ofrece avances en dos direcciones principales.

En primer lugar, el nuevo Reglamento permitirá a la Fundación operar en todos los países socios de la UE, incluidos aquéllos que quedan fuera del marco de la política de vecindad y de los programas de preadhesión. Éste es un aspecto esencial. Por ejemplo, la Unión adopta decisiones que tienen una repercusión directa en la economía de sus socios ACP. No tengo que recordarle al Comisario Michel que ése ha sido precisamente el caso de la reforma de la OCM del azúcar, que ha obligado a estos países a diversificar radicalmente sus actividades industriales. La ETF podría haber hecho una valiosa contribución a esa transformación y lo hará en el futuro en casos similares.

La segunda ventaja del compromiso, a la que le concedo una importancia especial, es que implica realmente a los diputados al Parlamento Europeo en la revisión de las actividades de la Fundación. Sin embargo, este tema sobrepasa el marco de esta agencia. El Parlamento sólo tiene una oportunidad, a menudo muy exigua, de estudiar el modo en que funcionan las agencias y es durante las votaciones del presupuesto y de la aprobación de la gestión presupuestaria. Considero que ya no es posible, especialmente dada la próxima entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que el Parlamento no se implique de un modo más serio en los asuntos de los que se encargan las agencias. Ése es el motivo por el que, en el caso concreto de esta Fundación, el Parlamento designará en lo sucesivo a tres representantes, es cierto que sin derecho a voto, pero tres representantes, en el Consejo de Dirección, siempre y cuando estén especialmente capacitados en las áreas de actividad de la Fundación. El Parlamento tiene libertad para nombrar a figuras externas o a diputados al PE. Le corresponde adoptar una decisión responsable con respecto a la elección del nivel de representación en el Consejo de Dirección. En este punto lo más importante es que a partir de ahora es posible elegir y que se ha iniciado el debate sobre la implicación del Parlamento.

Dado el creciente número de agencias, es imprescindible que todas las instituciones europeas estudien detenidamente las formas de supervisar sus actividades. En este contexto, estoy convencido de que debemos crear un verdadero vínculo entre el Parlamento y las agencias. Del mismo modo, el nuevo reglamento pretende formalizar las audiencias del Director de la Fundación ante las comisiones parlamentarias. Durante los últimos años, dicho Director ha comparecido ante el Parlamento una vez al año como respuesta a una invitación de la Comisión de Empleo, pero dicha invitación no se había formalizado nunca. Finalmente, el Consejo de Dirección nombrará a un director durante un periodo de cinco años basándose en una lista de como mínimo tres candidatos presentada por la Comisión. Antes de ser nombrado, el candidato seleccionado por el Consejo de Dirección deberá efectuar una declaración ante las comisiones competentes del Parlamento Europeo y responder a las preguntas formuladas por los miembros de dichas comisiones.

Seamos sinceros. En lo que respecta al tema de la implicación del Parlamento, el compromiso al que hemos llegado no llega al nivel de nuestras expectativas. Pero debemos afrontar la situación tal como es. Dado el estado actual del debate, no estamos preparados para ir más allá. Por tanto, resulta razonable apoyar el paquete negociado de modo que la Fundación pueda funcionar tan pronto como sea posible sobre una base sólida.

En consecuencia, les pido a los diputados que aprueben la enmienda de transacción nº 11, fruto del diálogo tripartito que el Comisario Michel acaba de mencionar, que la aprueben en su totalidad y que no caigan en la tentación de una enmienda que podría alterar el equilibrio que hemos logrado.

Les agradezco a la Presidencia Eslovena y a la Comisión la calidad de nuestro diálogo sobre estos aspectos y, por supuesto, deseo darles las gracias a los ponentes alternativos por su apoyo.

  Gabriele Stauner, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señora Presidenta, Comisario, Señorías, permítanme comenzar expresando mi gratitud por las constructivas negociaciones con el Consejo y la Comisión, y, por supuesto, mi máximo agradecimiento a nuestro ponente, el señor Lehideux.

En la comisión y durante el diálogo tripartito, llegamos a un compromiso con respecto a la Fundación de Turín: otorgarle una base completamente renovada mediante un nuevo Reglamento. Nuestro principal objetivo al cambiar la orientación de la agencia con sede en Turín es reforzar las relaciones entre la Fundación y el Parlamento Europeo y mejorar la eficiencia operativa global de la Fundación. Este Parlamento le concede la máxima prioridad al fomento de la formación profesional en Europa y creemos que no podemos seguir evaluando el trabajo de la Fundación meramente a posteriori, como una especie de organismo auditor, sino que debemos desempeñar un papel previo en el proceso de determinación del contenido y la forma de sus programas y debemos tener la posibilidad de contribuir con nuestras opiniones.

Por este motivo, le concedemos una gran importancia a dos aspectos. El primero es la composición del Consejo de Dirección y el segundo es el procedimiento para nombrar al Director de la Fundación. En cuanto a éste último, en la comisión hemos llegado a una solución válida basándonos en una propuesta del Grupo PPE-DE. Como el ponente ha explicado, según el artículo 10 del nuevo Reglamento, el Director será nombrado a partir de una lista con como mínimo tres candidatos preseleccionados presentada por la Comisión. Antes de ser nombrados, los candidatos comparecerán ante la comisión o comisiones competentes del Parlamento Europeo para hacer una declaración o responder a preguntas.

Sin embargo existe una cuestión más compleja, que no ha sido resuelta de un modo satisfactorio para mi Grupo en el presente compromiso, y que tiene que ver con la composición del Consejo de Dirección. El sistema establecido en el artículo 7 propuesto, por el cual el Parlamento puede nombrar a tres representantes sin derecho a voto, no resulta oportuno. Deseamos tener la posibilidad de ser agentes eficaces en los procesos de toma de decisiones del Consejo y no un mero adorno. Por lo tanto, consideramos que es esencial que el Parlamento pueda enviar a tres representantes especializados para cumplir su función dentro del Consejo y huelga decir que éstos deben tener los mismos derechos de voto que el resto de los miembros del Consejo.

Para garantizar que el Consejo de Dirección funciona de un modo eficiente, creemos que es vital limitar el número de sus miembros. No encontramos ninguna necesidad imperiosa de que todos los Estados miembros de la UE tengan un representante. Al contrario, debemos tener suficiente con los representantes de dos tercios de los Estados miembros, aplicando las reglas de rotación dispuestas en el Tratado de Lisboa. Si la Comisión, el Parlamento y los países asociados aportan cada uno tres representantes, los Estados miembros seguirían ocupando una posición preponderante. Al fin y al cabo, se supone que un consejo de dirección no es una reunión de accionistas, sino un órgano que representa a la totalidad de los accionistas en la toma de decisiones del día a día y para la adopción de decisiones rápidas.

Por lo tanto, deseo solicitar de nuevo al Consejo —cuyo representante, por desgracia, no está presente— que reconsidere su postura. En nombre de la eficiencia operativa, le pido a la Cámara que apoye nuestra enmienda 10.

  Ole Christensen, en nombre del Grupo del PSE. – (DA) Señora Presidenta, Comisario, Señorías, deseo darle las gracias al ponente, el señor Lehideux, por su cooperación y por el trabajo que ha desarrollado para el informe sobre la Fundación Europea de Formación de Turín. He actuado como ponente alternativo para el Grupo socialista en el Parlamento Europeo y hemos asistido a algunas negociaciones difíciles con el Consejo, pero creo que hemos llegado a una buena propuesta de compromiso. Aunque el trabajo de esta fundación se dirige a países que no son miembros de la UE y que por lo tanto no han adoptado los objetivos de Lisboa, resulta valioso hablar de esos objetivos en este contexto. Al fin y al cabo, los objetivos de Lisboa son en realidad un modo de conseguir progreso y crecimiento y no es necesario ser miembro de la UE para desear esos logros.

La educación es uno de los factores que sostienen el crecimiento y el desarrollo en el seno de la UE. Invertir en la mejora de la educación puede contribuir a garantizar que en la UE consigamos los objetivos de Lisboa y que hagamos de Europa un lugar mejor para vivir. Otra herramienta importante para lograr los objetivos de Lisboa es la flexiguridad en el mercado laboral; y la educación y la flexiguridad están íntimamente vinculadas. Mediante la educación se crea una población activa mejor y más competitiva, que, por su parte, posibilita la consecución de un mayor crecimiento.

Es importante que consideremos el futuro de la UE desde un punto de vista a largo plazo. Por lo tanto, la Fundación Europea de Formación es una agencia extremadamente importante. La UE no debe ser un club cerrado. Resulta vital que ayudemos a los posibles nuevos Estados miembros tanto como podamos. Obviamente, debemos pedir a los nuevos Estados miembros que cumplan ciertos requisitos y normas, pero también tenemos que ayudarles a conseguirlo. Creo que la nueva estructura que hemos introducido en la Fundación de Turín supone una ventaja importante para los futuros retos y considero que la Fundación puede ayudar a los posibles nuevos Estados miembros a adherirse a la UE.

También me resulta muy grato que la nueva estructura de la Fundación refuerce el vínculo entre el Parlamento Europeo y la Fundación. Vamos a lograr la posibilidad de nombrar a tres expertos en el Consejo de Dirección, lo que demuestra que el Consejo ha comenzado a aceptar que el Parlamento Europeo debe poseer una mayor influencia en este ámbito.

  Renate Weber, en nombre del Grupo ALDE. – Señora Presidenta, me gustaría agradecer al señor Lehideux su informe. Comparto plenamente su opinión con respecto a la ampliación del mandato geográfico de la Fundación Europea de Formación (ETF).

Esta agencia, que funciona como un instrumento de la política exterior de la UE, posee el potencial de dar una respuesta total a los retos planteados por territorios como África, el Caribe o el Pacífico. La amplia experiencia que la ETF ha adquirido durante los años puede canalizarse ahora hacia zonas que necesitan imperiosamente la formación profesional para mejorar el acceso al aprendizaje y la inclusión social.

La mayoría de los países de la zona ACP se enfrenta en la actualidad a notables reformas económicas y para que éstas tengan éxito requieren recursos humanos. La ETF debería poseer el mandato y los recursos para dar respuesta a esas demandas. Me gustaría ir incluso más allá y decir que, durante el transcurso de la ampliación del mandato de la ETF, debemos considerar la posibilidad de tener oficinas temporales de enlace en las zonas en las que se concentran las actividades de las agencias. Dichas oficinas permitirían a la ETF organizar mejor sus actividades y le otorgarían una mayor visibilidad a sus acciones en terceros países. Estoy totalmente de acuerdo con la propuesta del ponente referida a la necesidad de una mayor transparencia y comparto plenamente su sugerencia de incluir diputados al PE en el Consejo de Dirección de la agencia.

Para finalizar, considero que, en lo que se refiere a recursos humanos, la Unión Europea debe adoptar un enfoque más amplio. Queremos implantar el procedimiento de la «tarjeta azul» que permite a los trabajadores cualificados extranjeros trabajar legalmente en Europa, con la UE probablemente contribuyendo a la formación de esos trabajadores cualificados. Sin embargo, como ya he dicho en otras ocasiones, los trabajadores cualificados también son muy necesarios en sus propios países para que haya un verdadero desarrollo en esas regiones. Por lo tanto, el papel de la Fundación Europea de Formación será esencial.

  Sepp Kusstatscher, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señora Presidenta, Señorías, permítanme comenzar elogiando el valioso trabajo que la Fundación Europea de Formación viene desarrollado desde 1994.

El trabajo de las agencias y fundaciones a menudo se considera como un mero factor de coste. Creo firmemente que lo que está haciendo nuestra Fundación de Turín constituye una ayuda muy útil para los países vecinos, ya sea en los Balcanes, Europa del Este o el Norte de África. La ayuda práctica que la ETF brinda a nuestros países socios para el desarrollo y la creación de sistemas de formación de gran calidad ni mucho menos recibe la recompensa que merece. Por ello deseo mostrarle mi agradecimiento y reconocimiento a su alta directiva.

Debo dirigirle unas sinceras palabras de crítica al Consejo, cuyas tácticas de negociación, tras la consecución del consenso en la primera ronda, implicaron el aumento de la representación del Consejo a 27 miembros y la incomprensión inicial de los motivos por los que el Parlamento también deseaba estar representado en el Consejo de Dirección para finalmente aceptar la inclusión de tres representantes especializados, aunque sin derecho a voto. La actitud del Consejo ha sido simplemente incomprensible.

Tan sólo puedo reiterar que no consigo entender la actitud defensiva y tensa de la Presidencia del Consejo. Constituye otra prueba de las dificultades que encuentran los Gobiernos de los Estados miembros cuando se trata de valorar la importancia que le conceden al Parlamento Europeo, la única institución de la Unión elegida democráticamente.

Mi agradecimiento al ponente.

  Derek Roland Clark, en nombre del Grupo IND/DEM. – Señora Presidenta, una vez más la Comisión se está anticipando a la legislación. La UE no tiene competencia en materia educativa, al menos no hasta que se ratifique el Tratado de Lisboa, y eso depende del referéndum irlandés. ¿Se conoce de antemano el resultado de la votación o es que simplemente se ignorará un resultado negativo como se hizo en el caso del referéndum francés y el del holandés?

De cualquier modo, ¿qué tipo de estructura tendrá esta fundación? Veo que nuestra propuesta es que la gestionen seis representantes de los Estados miembros, más seis de la Comisión y sólo tres del Parlamento, o bien esta cifra más varios representantes de los países socios designados por la Comisión. En el último caso, la responsabilidad recaerá parcialmente en países que no son Estados miembros, lo que le concederá la mayoría a la Comisión, que no ha sido elegida en las urnas. Muy poco democrático.

La enmienda 7 sugiere que la Comisión presentará candidatos a la dirección de la ETF, lo que suscita preocupación en múltiples ámbitos. Este hecho ha desencadenado otras sugerencias relativas a la composición del Consejo de Dirección de la ETF, incluso la propuesta inviable de incluir un representante de cada Estado miembro.

Tener tantas contrapropuestas para la composición del Consejo de Dirección de la ETF no es precisamente el mejor de los comienzos, pero nos lleva a plantearnos la pregunta de por qué puede pensar alguien que necesitamos una fundación de este tipo. Podría argumentar que una fundación de formación no sólo es innecesaria, sino también contraproducente. Si se fijan en los países de Europa en contraposición con la UE, descubrirán una gran cantidad de programas de formación de diversa índole. Existen distintos niveles pero entre todos desarrollan múltiples competencias, de ahí que Europa tenga un patrimonio tan rico. Ya saben que cada país ha tenido siempre a sus propios artistas, compositores, escritores, etc. Incluso en los países pequeños surgen, por ejemplo, compositores de fama mundial. Todos forman a sus líderes y expertos, a sus técnicos, banqueros y deportistas y cultivan todas las demás habilidades que se desarrollan mediante la formación.

Así que existe una multiplicidad de habilidades y cada Estado contribuye a su manera. Intentar reunir todo esto en una Fundación Europea de Formación, supondría acabar con la vida de los sistemas formativos en muchos países. Una ETF única no tendría las cualidades intrínsecas del carácter nacional. Necesitamos variedad, no una tendencia armonizada unidireccional.

Resumiendo, con este esquema perderemos más de lo que ganaremos. Por favor, olvídenlo y dejen que los distintos países de Europa hagan su propia contribución al conjunto. Incluso podría generar entusiasmo por el proyecto de la UE, algo que por desgracia falta, a juzgar por el «no» que ha ganado en dos Estados fundadores y por los continuos esfuerzos que se están haciendo para vender la UE a sus ciudadanos.

  Jan Andersson (PSE). – (SV) Gracias, señora Presidenta. Permítanme comenzar dándole las gracias a Bernard Lehideux por su excelente trabajo, por mantener un excelente contacto con el Presidente y los coordinadores durante el proceso y por permitirnos llegar a un acuerdo en la primera lectura. También deseo mostrarles mi agradecimiento a los representantes de la Fundación Europea de Formación por sus aportaciones, una importante contribución que proporcionará muchos otros vínculos. La educación, la formación profesional y el aprendizaje permanente poseen una creciente importancia. Son importantes en la UE, pero también en los países socios. Existe la necesidad de que el CEDEFOP y la Fundación Europea de Formación cooperen.

Esta propuesta para un nuevo Reglamento contiene algunos elementos que contribuyen a lograr mejoras. Para empezar, se amplían sus atribuciones para incluir la formación permanente en lugar de restringirse únicamente a la formación profesional. Éste es un concepto al que recurrimos cada vez más y que resulta importante en nuestra política. En segundo lugar, el número de países es mayor, como ha dicho el señor Lehideux. Incluyen a todos los países socios, no sólo a aquéllos enmarcados en los programas de vecindad y preadhesión, sino a todos los países socios. En tercer lugar, se han fortalecido las relaciones con el Parlamento. Hemos disfrutado de una cooperación positiva que ahora podrá desarrollarse a través del nuevo Reglamento. Creo que hemos llegado a un buen acuerdo, tanto en lo que respecta al método de nombramiento del Director de la Fundación, como al hecho de que podemos designar a tres expertos sin derecho a voto en el Consejo de Dirección. No hemos conseguido todo lo que deseábamos, pero éste sigue siendo un buen compromiso que presagia un futuro prometedor. Se trata de una buena posición básica. Podemos desarrollar la formación permanente como un proceso de cooperación entre el Parlamento y las fundaciones que trabajan en este campo. Eso es importante.

  Louis Michel, Miembro de la Comisión. − (FR) Señora Presidenta, en primer lugar deseo expresar mi agradecimiento y mi satisfacción por las distintas declaraciones que aquí se han efectuado, todas ellas a favor del informe del señor Lehideux. Obviamente, también lo respaldo porque considero que realmente es un gran paso hacia delante. Ya puedo ver e imaginar las nuevas posibilidades que —independientemente de lo que algunos puedan decir— se presentan y por lo tanto me complace el hecho de que sin duda vayamos a conseguir un amplio consenso con respecto a esta propuesta. Permítanme responder a dos objeciones que se han planteado.

En primer lugar, sobre la enmienda 10 al artículo 7. Únicamente deseo recordar a la señora Stauner que existe el riesgo de que surja un conflicto de intereses, ya que el Parlamento es la autoridad que aprueba la gestión presupuestaria. Se produciría claramente un conflicto de intereses, al menos desde el punto de vista jurídico.

En segundo lugar, creo que resulta acertado separar las competencias. Fui diputado durante muchos años y nunca reclamé responsabilidades que no fueran las propias de los diputados. Siento tener que decir que la función esencial de un diputado no es gobernar. La función esencial de un diputado es examinar y confeccionar leyes y, por supuesto, controlar a gobiernos y órganos ejecutivos. Por lo tanto, no entiendo este cambio de prioridades que algunos consideran tan normal. Hablo a título personal, pero estamos celebrando un debate parlamentario y creo que el Parlamento confunde su cometido supervisor con un cometido de gobierno, lo que resulta incompatible con su función y podría restarle valor a su papel fundamental. Es así como se destruye un parlamento. Porque el que un parlamento desee convertirse en una especie de asamblea de gobierno no es compatible con el elevado ideal de la democracia. Estoy diciendo esto porque considero que la separación de poderes es importante.

Estoy seguro de que el compromiso logrado es el más eficaz posible, principalmente porque garantiza la independencia del Parlamento para llevar a cabo su función de supervisión.

Admito que a menudo me desconciertan algunas de las opiniones que aquí se vierten, pero al fin y al cabo ése es nuestro cometido. Creo que ha sido el señor Clark quien ha dicho que la Comisión estaba excediendo sus competencias y que la Fundación Europea de Formación podría ser contraproducente. Esa afirmación es totalmente contraria a la realidad, a la experiencia y a las evaluaciones independientes del notable trabajo realizado por la Fundación.

Como Comisario responsable del desarrollo, puedo prever —gracias a la enmienda principal, que sin duda se aprobará— las perspectivas de efectividad, las positivas perspectivas que se les brindarán, especialmente, como algunos ponentes han sugerido, a los países incluidos en mi ámbito de actuación en los que la formación profesional es un factor esencial. Estoy pensando, por ejemplo, en el Centro de Información y Gestión de la Migración de Malí, un proyecto piloto que pronto pondremos en marcha. Imagino la valiosa función que la Fundación puede desempeñar en él.

Por ello, únicamente puedo sentirme satisfecho con el resultado y rechazar totalmente la crítica de que resulta contraproducente. Está claro que las personas no pueden cambiar su carácter: aquéllos a los que no les gusta Europa hacen afirmaciones exageradas y ésta —dicho con todo el respecto al diputado al Parlamento Europeo en cuestión— es una afirmación exagerada, por lo que carece totalmente de sentido.

  Bernard Lehideux, ponente. − (FR) Señora Presidenta, Comisario, creo que todos o prácticamente todos nosotros compartimos la misma opinión sobre la esencia de esta cuestión y deseo darle las gracias al Comisario por lo que acaba de decir sobre las futuras perspectivas de la Fundación.

Por supuesto, hay un punto que sigue sin resolver y me gustaría hacer una observación sobre él: se trata de la enmienda 10 del Grupo PPE. El diálogo entre las instituciones europeas es absolutamente esencial. Ese diálogo se ha producido. Mi colega, el señor Kusstatscher, afirma que la actitud del Consejo durante dicho diálogo no ha sido exactamente la que habríamos podido esperar. Está en lo cierto, pero, al fin y al cabo, ha habido un diálogo tripartito, hemos celebrado varias reuniones y, como resultado hemos firmado nuestro acuerdo. Creo que el diálogo entre nuestras instituciones no es posible si, pocos días después de llegar a un acuerdo, damos marcha atrás mediante la presentación de una enmienda. Por eso debatimos, no estamos totalmente de acuerdo con todo, cada parte da un paso adelante para acercarse a los demás y finalmente logramos un texto de compromiso.

Le pido a los Grupos, a todos los Grupos, que acepten la idea de que nuestra solidaridad se refleja en la decisión que hemos adoptado y en el acuerdo al que hemos llegado con el Consejo y la Comisión tras el diálogo tripartito y les pido que muestren esa solidaridad en sus votos. Cuando se piden cambios, también es necesario saber hasta dónde se puede llegar. He dicho hace un momento que habría preferido avanzar un poco más, pero creo que no todo el mundo estaba preparado para ello. Como ponente para este documento y después de haber conseguido tanto y de que mi trabajo haya recibido el apoyo de mis colegas, deseo pedirles que sigan demostrando solidaridad con respecto a nuestro acuerdo de compromiso hasta el mismo momento de la votación.

  Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación se celebrará hoy a las 12.00 horas.

7. - Seguimiento de la Declaración de París de 2005 sobre la eficacia de la ayuda (debate)

  Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (Α6-0171/2008) del señor Van Hecke, en nombre de la Comisión de Desarrollo, sobre el seguimiento de la Declaración de París de 2005 sobre la eficacia de la ayuda (2008/2048(ΙΝΙ)).

  Johan Van Hecke, ponente. − (NL) Hace tres años, más de cien donantes y países socios llegaron a un compromiso en París para incrementar la eficacia de la ayuda a los países en vías de desarrollo y, entre otras cosas, pretendían conseguir una mayor armonización, control democrático, responsabilidad mutua y más transparencia.

A diferencia de las Declaraciones de Monterrey, la Declaración de París determinó objetivos claros que se tradujeron en doce acciones e indicadores, lo que supuso, de hecho, un importante paso adelante. En diciembre de este año se evaluará inicialmente en Accra en qué se han convertido aquellas bonitas promesas.

Hemos de decir que durante los últimos años la Comisión Europea ha hecho grandes esfuerzos para llevar a la práctica la nueva agenda de ayuda. Puede estar orgullosa de lo que ha conseguido en materia de división del trabajo, de mejora de la coordinación y de respeto por la contribución local. En 2006, y a propuesta del Comisario Michel, fue incluso un poco más lejos de lo marcado en los compromisos de París y aprobó un ambicioso plan de acción y los conceptos de división del trabajo y gestión orientada a resultados. No obstante, aún queda trabajo por hacer. Todavía han de llevarse a la práctica muchas intenciones.

Por ejemplo, la ayuda todavía no está suficientemente orientada hacia los sistemas nacionales y siguen existiendo demasiados sistemas de pago distintos. En cuanto a la disociación de las ayudas, apenas hemos conseguido avances. La cooperación técnica aún está demasiado controlada por el donante. Resulta urgente actualizar y ampliar el atlas del donante para que se centre principalmente en los países y sectores más olvidados.

Por otra parte, la aprobación del código de conducta relativo a la división del trabajo está suscitando problemas. En primer lugar porque los Estados miembros no cumplen sus promesas. Los Estados miembros se están quedando rezagados tanto en lo que se refiere al alcance como a la eficacia. Por primera vez desde el año 2000, el porcentaje invertido en ayuda oficial ha descendido, desde el 0,41 % en 2006 hasta el 0,38 % en 2007. Obviamente es necesario que se produzca un cambio radical para conseguir los Objetivos del Milenio. Si el Consejo desea conservar su credibilidad, tiene que confirmar sus promesas urgentemente. Los Estados miembros deben comprometerse a cumplir un calendario con respecto a la cantidad pero también a la calidad de la ayuda. En realidad, la cantidad y la calidad están indisolublemente unidas.

El gran reto de la reforma cualitativa es reforzar las contribuciones propias y la responsabilidad mutua. Sin embargo, para ello es necesario mantener un diálogo regular con los mediadores sociales, los gobiernos locales y, por encima de todo, los parlamentos. Una mayor transparencia es absolutamente esencial. Un mayor apoyo presupuestario requiere un control parlamentario eficiente de todos los fondos prometidos y pagados. Ése es el motivo por el que este informe está a favor de añadir un decimotercer indicador a la Agenda de París. Si la función de los parlamentos europeos y africanos de garantizar una mayor eficacia es tan importante, ¿por qué no reflejar este hecho en un indicador complementario?

Señora Presidenta, Señorías, la Unión, como máximo donante, debe asumir sus responsabilidades en Accra. Y ante todo debe poner orden dentro de su propia organización. Sólo entonces podrá adoptar un liderazgo creíble en Accra y presentar un plan ambicioso. La Unión Europea no sólo tiene la experiencia sino también la capacidad para convertirse en el donante más eficaz. Lo que necesitamos ahora es que las promesas se conviertan en acciones. Ésa es la esencia de este informe, para el que me aventuro a pedir su apoyo.

  Louis Michel, Miembro de la Comisión. − (FR) Señora Presidenta, Señorías, deseo darles las gracias al ponente, el señor Van Hecke, y a la Comisión de Desarrollo por su excelente informe. Me complace descubrir que compartimos exactamente el mismo enfoque y que luchamos por lograr los mismos resultados.

Creo que los próximos seis meses serán de vital importancia para comprobar que la Unión Europea tiene una voluntad real de realizar progresos concretos en los tres pilares principales de la política de desarrollo: en primer lugar, conseguir los Objetivos del Milenio; en segundo lugar, incrementar el volumen de las ayudas y, por último, mejorar la eficacia de la ayuda. La reunión de Accra de septiembre pondrá aprueba la credibilidad de todo el proceso y de todos los agentes involucrados. O el proceso despega definitivamente o se hunde para siempre.

Por tanto, el debate de hoy es de vital importancia porque puede constituir un sólido mensaje para el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de la próxima semana. Dicho Consejo debatirá las propuestas de la Comisión relativas a los objetivos. Espero que a su vez el Consejo lance un mensaje tan ambicioso como el que se incluye en el informe del señor Van Hecke. Gracias a que actuamos unidos, los europeos conseguimos marcar la diferencia en París en 2005. Debemos ser igualmente ambiciosos hoy y garantizar que en Accra pasaremos de la retórica a la acción en todos nuestros compromisos.

He oído demasiadas opiniones en nuestros Estados miembros que desean convertir Accra y su debate en una conversación técnica sobre viabilidad, efectividad y cuestiones similares. Pero no se trata de un debate técnico. Accra no es una reunión técnica. Es un reunión política en la que descubriremos si los Estados miembros tienen la voluntad política de cumplir sus compromisos.

La batalla dista mucho de estar ganada. La Comisión no puede actuar en solitario. Por eso les pido que movilicen todos sus recursos y contactos para garantizar que esta cumbre sea un verdadero éxito. En estos momentos, el peso de la demostración está en el tejado de los Estados miembros y de los patrocinadores no europeos. De ahí que sea esencial lograr una alianza entre el Parlamento y la Comisión.

No repetiré lo que ya está escrito en este informe. Concuerdo plenamente con él. Necesitamos un progreso concreto en ámbitos importantes, como los que voy a citar a continuación. El primero es la previsibilidad de la ayuda. Le estoy especialmente agradecido al Parlamento por su apoyo a los contratos ODM, una de las propuestas que presentaré en Accra. Por supuesto los países socios tendrán que desempeñar su función en este contrato y, obviamente, tendremos que implantar mecanismos de supervisión.

En segundo lugar nos encontramos con la cuestión de hacer un mayor uso de los procedimientos de los países socios. Ése es el motivo por el que he afirmado que, en los países en los que sea posible, la ayuda presupuestaria debe ser el principal instrumento para canalizar la ayuda. Es interesante destacar —y creo que es importante que recuerden las cifras que les voy a facilitar— que, hasta la fecha, Tanzania ha tenido que elaborar unos 2 400 informes para diversos donantes y, presten atención a este dato, más de 8 000 informes de auditoría para bancos de desarrollo multilaterales. Deben admitir que es desconcertante y que plantea un verdadero problema.

El informe enfatiza acertadamente la necesidad de incrementar la transparencia y la responsabilidad en la ayuda al desarrollo, aunque obviamente resulta imposible con esta maraña de informes. Sólo podremos conseguirlo, como ha explicado el ponente, si reforzamos la supervisión parlamentaria con respecto a la financiación del desarrollo y su inclusión en el presupuesto nacional. Debemos fomentar una «propiedad democrática» y apoyar a los países socios en sus esfuerzos por fortalecer esa propiedad y esa supervisión. Por supuesto, los parlamentos y la sociedad civil desempeñan una función esencial en este ámbito.

Mi tercera observación está relacionada con la división del trabajo. El código de conducta ha de convertirse en una realidad. Otro ejemplo: en Mali hay veintiséis donantes involucrados en el desarrollo rural mientras que en Burkina Faso cinco donantes intervienen en la mitad de los sectores del país y la mitad de los donantes están implicados en un tercio de los sectores totales. En términos de eficacia es en este punto donde se encuentran los márgenes de mejora en lo distintos países, y realmente desearía contar con el apoyo del Parlamento en el intento de convencer a los Estados miembros de la necesidad de una mejor división del trabajo. De ese modo conseguiríamos una colosal mejora de la eficacia de la ayuda.

Mi cuarto comentario es sobre las situaciones de fragilidad. A modo de ejemplo les diré que, en 2006, el 65 % de la ayuda destinada a Costa de Marfil, Liberia y la República Centroafricana procedía únicamente de tres donantes bilaterales. También a este respecto hemos propuesto ya países piloto que impliquen al máximo número de Estados miembros. En materia de procedimiento, le he solicitado a la Comisión que muestre tanta flexibilidad como le sea posible en virtud de la normativa actual para aumentar nuestra capacidad de reacción. Dicho esto, no podemos olvidar que el asunto de la eficacia de la ayuda no es responsabilidad exclusiva de los donantes, más bien al contrario, debe ser la piedra angular de la acción de los países socios y el punto central de nuestro diálogo con ellos. Únicamente los países socios están en posición de obligarnos a proporcionar una ayuda más eficaz, definiendo activamente no sólo sus objetivos de desarrollo sino también los medios para lograrlos. Ésa es la única forma de que nuestro diálogo puede avanzar en virtud de una asociación basada en la igualdad de derechos y obligaciones.

Me gustaría hacer un último comentario antes de concluir. El Parlamento le está solicitando a la Comisión que proporcione a las delegaciones suficiente margen de acción. ¡Tienen razón! Estamos intentando hacerlo por medio de nuestro proceso descentralizado. Le pedimos mucho a nuestras delegaciones. Como ya saben, los recursos son limitados y, en última instancia, la posibilidad de utilizar nuestras delegaciones también depende de la autoridad presupuestaria.

De nuevo les pido que nos ayuden a convencer a nuestros Estados miembros —algo que el señor Van Hecke también ha planteado— de que tienen el deber moral y la imperiosa obligación de respetar los compromisos que adquirieron en 2005 con respecto a la cantidad de ayuda que asignan. Saben que 2007 fue un año para olvidar lo más rápido posible ya que determinados países no cumplieron sus compromisos, lo que eclipsó la buena actuación de otros que, por su parte, demostraron que podían hacerlo.

Ésa es la razón por la que propondremos, en primer lugar, que reiteren sus compromisos de 2005 y, además, que presenten una agenda, una hoja de ruta, un programa por etapas que demuestre que cumplirán los objetivos que han suscrito. Como dije al comienzo de mi intervención, aún no hemos ganado la partida porque, según mi información, las reuniones preliminares indican que algunos Estados miembros podrían incluso estar preparados para negarse a reafirmar sus promesas de 2005, lo que obviamente es inaceptable, mientras que otros claramente no están en posición de presentar una planificación por fases. Por lo tanto, necesito su fuerza de convicción y, si me permiten expresarlo de este modo, su impertinencia para conseguir que todo el mundo asuma sus responsabilidades.

  Anna Záborská, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (SK) El informe sobre la eficacia de la ayuda es importante por tres razones. Primero porque trata sobre la responsabilidad de la Comisión Europea de gestionar adecuadamente los fondos de los ciudadanos de la UE. Segundo, porque llama nuestra atención sobre la necesidad de estructurar mejor los programas de desarrollo. Y finalmente, porque solicita valentía política para supervisar el presupuesto y luchar contra su uso indebido.

Deseo felicitar a mi colega, el señor Van Hecke, por su informe, que destaca la doble responsabilidad de la Unión: tanto en el ámbito interior como en el exterior. Si deseamos tener credibilidad en nuestras acciones exteriores, tenemos que proporcionar a los países en vías de desarrollo la cantidad de ayuda financiera prometida y distribuirla del modo que habíamos acordado. Todos sabemos lo difícil que es valorar si la ayuda financiera se usa o no con eficacia. A menudo, las circunstancias políticas y culturales de los países en vías de desarrollo obligan a los donantes a adoptar un enfoque presupuestario creativo y flexible. Pero a pesar de ello, la creatividad y la flexibilidad no deben interferir con la necesidad de transparencia y honestidad.

Seremos sinceros si admitimos que en muchas ocasiones los fondos públicos europeos no obtienen los frutos deseados y si evitamos su posible uso indebido. Para poder demostrar que la ayuda al desarrollo ha sido eficaz, debemos obtener la firma del receptor confirmando que el proyecto ha estado realmente operativo durante un largo periodo de tiempo. He de decir que la responsabilidad más importante de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo es la responsabilidad interior de ser sinceros con los ciudadanos europeos. La Unión Europea financia la ayuda al desarrollo a través de nuestros impuestos, pero los ciudadanos sabemos muy poco sobre su eficacia. Por eso quiero felicitar a mi colega, el señor Bösch, quien recientemente criticó el modo en que la Unión Europea distribuye la ayuda al desarrollo obtenida del dinero de los contribuyentes. La eficacia de la ayuda no es sólo un ejercicio presupuestario necesario, también es una prueba de la valentía política para señalar que el dinero de los contribuyentes debe utilizarse de un modo eficaz.

  Pierre Schapira, en representación del Grupo del PSE. – (FR) Señora Presidenta, Comisario, Señorías, durante las últimas semanas, nuestros debates sobre la eficacia de la ayuda han estado marcados por las dramáticas noticias sobre la crisis mundial de los alimentos. Esa crisis es un brutal recordatorio de que si no podemos garantizar el derecho más fundamental, el derecho a la vida y a una alimentación suficiente, nuestros esfuerzos en el campo de la ayuda al desarrollo serán en vano.

En su informe, el señor Van Hecke, a quien felicito por su trabajo, señala que una estrategia a largo plazo es el único modo de proporcionar un verdadero apoyo al desarrollo de nuestros países socios. Si queremos reaccionar ante las causas profundamente arraigadas de la crisis actual, necesitamos soluciones duraderas tanto en lo referido a la alimentación como a la salud y la educación.

Las múltiples enmiendas presentadas por el Grupo del PSE apoyan la postura del ponente y la refuerzan en algunos aspectos. Hemos indicado que nuestra meta prioritaria debe ser lograr los Objetivos del Milenio, el primero de los cuales es erradicar la pobreza y el hambre. Para ello y para hacer que la ayuda sea más eficaz, la propiedad de ésta debe recaer en ámbitos más localizados, lo más cerca posible del terreno y de las necesidades de la población local. Por ello he señalado la necesidad de incrementar las consultas con los parlamentos nacionales, la sociedad civil y las autoridades locales en materia de formulación, puesta en práctica y evaluación de políticas de desarrollo.

También es esencial que combatamos de un modo eficaz la corrupción y que consigamos una mayor transparencia de las ayudas. En concreto, le solicitamos a la Comisión que elabore una matriz con todos los fondos asignados al gobierno local para comprobar la coherencia de las políticas y la adecuada gestión de dichos fondos.

Finalmente, dado que un debate sobre la mejora de la eficacia de la ayuda es indisociable del tema del volumen de las ayudas, permítanme —como ya se ha hecho hace un momento— señalar y condenar la injustificable reducción de la ayuda pública al desarrollo entre 2006 y 2007, año en el que descendió desde el 0,41 % hasta el 0,38 % en Europa.

Como el Comisario ha dicho, la cumbre de Accra será una cumbre política. Les ofrecerá a los países donantes una oportunidad única para reiterar su compromiso. A nosotros nos corresponde estar en esa reunión y no decepcionar a nuestros socios.

  Toomas Savi, en nombre del Grupo ALDE. – Señora Presidenta, me gustaría darle las gracias a mi colega, Johan Van Hecke, por su excelente informe. Apoyo plenamente el apartado 1 del informe. Sin embargo, los Estados miembros y la Comisión sólo podrán conferirle a sus acciones un mayor grado de armonización, transparencia, previsibilidad y eficacia colectiva si reúnen todos sus recursos en una única institución responsable de la ayuda para el desarrollo. Ése es mi primer comentario.

La eficacia de la ayuda está en nuestras manos, ya que demasiado a menudo gastamos una cantidad excesiva en la administración encargada del uso responsable de la ayuda al desarrollo en los países destinatarios. Deberíamos ahorrar, por ejemplo, en la formación del personal, en administración y en gastos para que una mayor cantidad de ayuda al desarrollo llegue realmente a sus destinatarios.

En estos momentos no hay una coordinación adecuada entre los Estados miembros en lo que se refiere a la asignación de sus fondos. De acuerdo con el principio de subsidiariedad, el poder ejecutivo debe radicar al nivel más bajo posible excepto en el caso de que la designación de poder a un nivel superior presente ventajas considerables.

No existe una solución universal al problema de la escasa eficacia de la ayuda, pero debe darse un paso serio y deben producirse rápidos cambios en el marco de la administración mediante una mayor centralización, ya que seguimos perdiendo tiempo y vidas humanas.

  Margrete Auken, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DA) Señora Presidenta, me gustaría darles las gracias al Comisario Michel y también al señor Van Hecke por su buen informe. Resulta excelente que se haya llegado a un acuerdo en cuanto a su contenido y que la ayuda de la UE vaya a incrementarse y mejorarse. La ayuda debe ser ayuda. No debemos diluirla usándola para otros fines, como la cancelación de deudas, un procedimiento en el cual el dinero simplemente se mueve de un lugar a otro dentro de los países donantes. Ese dinero debe ser utilizado por aquéllos que lo necesitan y hemos de tener la posibilidad de comprobar que se está usando para ese fin. Obviamente, es la única forma de que los europeos incrementen el volumen de la ayuda: deben poder comprobar que es eficaz, como Jeffrey Sachs afirmó recientemente de un modo tan claro. Por lo tanto, es importante que se apruebe la enmienda 1.

La ayuda debe seguir aumentando hasta 2015, como hemos prometido en un gran número de ocasiones. El que la UE haya reducido la ayuda entre 2006 y 2007 resulta mezquino y vergonzoso. Sin más fondos, la ayuda no puede ser suficientemente eficaz. No conseguiremos los objetivos si no estamos a la altura de nuestras múltiples promesas.

También sería positivo que el Parlamento Europeo pudiera abordar el tema de la política agrícola de la UE. Existe un gran número de análisis del Banco Mundial, del FMI, de la ONU y de otros organismos que documentan el hecho de que la política agrícola común está socavando las oportunidades de crecimiento que se les presentan a los países en vías de desarrollo. Y no estoy hablando de las subvenciones a la exportación, que, a pesar de ser suficientemente grotescas, sólo representan un pequeño porcentaje de la destrucción que está causando esta política. Tal y como está la situación en estos momentos, estamos dando con una mano y quitando con la otra, en algunas ocasiones, incluso quitando un poco más de lo que damos. Por tanto, no podemos esperar que los Estados Unidos retiren sus ayudas agrícolas. Las ayudas agrícolas de los Estados Unidos son peores que las nuestras pero la UE debe predicar con el ejemplo.

  Eoin Ryan, en nombre del Grupo UEN. – Señora Presidenta, en primer lugar, también me gustaría darles las gracias al señor Van Hecke y al Comisario por este informe.

El África subsahariana recibe más ayuda internacional que ninguna otra región del mundo y a pesar de ellos los niveles de pobreza se mantienen obstinadamente altos. Los estudios han demostrado que la ayuda puede y ha conseguido reducir la pobreza en países que poseen una buena gestión económica y buenas instituciones de gobierno. Si se distribuye de un modo adecuado, la ayuda tiene el potencial de contribuir a que millones de personas escapen de una existencia precaria.

Sin embargo, la realidad es que en muchos países en vías de desarrollo hay corrupción y que, aunque tenemos que seguir fomentando una buena gobernanza en esos países, tenemos una responsabilidad aún más apremiante de ayudar a los muchos millones de personas que mueren de hambre y de diversas enfermedades en todo el mundo.

Tenemos que cumplir los compromisos que asumimos con respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Cómo podemos hacer oídos sordos a los tres mil millones de personas que viven con el equivalente a tres dólares al día o a los cinco millones de niños africanos que murieron el año pasado sin haber cumplido los cinco años?

Y sí, tenemos la responsabilidad de garantizar a los contribuyentes europeos que su dinero llega a los más necesitados y que se gasta de un modo eficaz. A este respecto, creo que Europa debe estudiar programas con unos objetivos más claros, como el Fondo Mundial, que combate el sida, la tuberculosis y la malaria, las enfermedades que más muertes provocan en el mundo, unos seis millones al año. El Fondo Mundial ha sido una organización muy eficiente, con la mínima burocracia y la máxima repercusión, y además representa un innovador enfoque con respecto a la financiación sanitaria internacional.

La pobreza mundial es básicamente un problema rural. Tres cuartas partes de las personas que viven en la extrema pobreza en los países en vías de desarrollo residen en zonas rurales. Si deseamos hacer frente a la tormenta del cambio climático y del aumento de los precios de los alimentos, debemos mejorar la producción agrícola centrándonos en programas agrícolas específicos ya que éstos pueden influir notablemente en la reducción de la pobreza. La presentación que el profesor Jeffrey Sachs efectuó recientemente ante la comisión fue un perfecto ejemplo de cómo puede dirigirse el dinero a un objetivo concreto.

Según el Informe sobre el desarrollo mundial del año pasado, el crecimiento del PIB generado por la agricultura es cuatro veces más eficaz en la reducción de la pobreza que el crecimiento de otros sectores. En lugar de enviar ayuda en forma de alimentos a los países del Tercer Mundo, Europa tiene que encabezar una iniciativa para ayudar a los agricultores africanos a cultivar más productos alimenticios proporcionándoles semillas adecuadas, fertilizantes y tecnologías de gestión del agua. Pero, por supuesto, existen otros muchos medios y, como el Comisario ha explicado, muchos deben dirigirse a países concretos.

A África se le está acabando el tiempo. Tenemos que aprender las lecciones que nos brinda la historia para poder evitarle enfermedades e inanición a las futuras generaciones. Creo que Accra es una oportunidad política y estoy de acuerdo con lo que otros oradores han dicho a este respecto. No es una mera reunión técnica para estudiar ámbitos técnicos, es una oportunidad política. Tenemos que descubrir si podemos darle un verdadero impulso a la lucha contra la pobreza.

Hemos contraído muchos, muchos compromisos, algunos de los cuales no están próximos a cumplirse. Hemos llegado al meridiano del calendario para los Objetivos de Desarrollo del Milenio y ya ha llegado el momento de efectuar un avance genuino, de esforzarnos y cumplir todas estas metas. Tenemos que reactivar la ayuda. Debemos trabajar con los gobiernos africanos, debemos luchar contra la corrupción, debemos mejorar la gobernanza y debemos llegar a los pobres del mundo.

  Luisa Morgantini, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, todos somos conscientes de que aún queda mucho por hacer para conseguir que las políticas de desarrollo europeas sean más eficaces. Las recomendaciones incluidas en el excelente informe del señor Van Hecke, con el que estoy plenamente de acuerdo, sin duda van en la dirección correcta.

Mientras debatimos este informe, en Bruselas se está presentando el nuevo informe anual de CONCORD, la Confederación Europea de ONG de Ayuda de Emergencia y Desarrollo, sobre los compromisos de ayuda contraídos por los gobiernos de la UE. El informe revisa los progresos realizados por cada Estado miembro y descubre un panorama de lagunas y contradicciones en nuestras políticas para combatir la pobreza y aumentar la eficacia de la ayuda. Por ejemplo, como me decía el Comisario Michel, el informe indica que en 2007 el volumen de ayuda donada por los Veintisiete no sólo no aumentó, como debería haber sucedido, sino que en realidad, se redujo. Al mismo tiempo, el informe demuestra que aún persisten múltiples problemas relacionados con las políticas de desarrollo, como la falta de transparencia de la ayuda vinculada.

Debemos respetar los compromisos contraídos a escala internacional. No podemos truncar las esperanzas de la población de los países del Sur, ni de aquellas personas que viven en los denominados países del Norte que están trabajando con ese compromiso para garantizar que la injusticia, la pobreza y la crisis de los alimentos, a la que acaba de referirse el señor Schapira, se solucionan de un modo contundente.

Estoy de acuerdo con el Comisario: tenemos que dejar de lado la retórica y pasar a la acción. También deseo darle las gracias al señor Michel por su pasión, su compromiso y su fortaleza. Con las dos conferencias de Accra y Doha, el año 2008 puede y debe ser un verdadero punto de inflexión y supone una magnífica oportunidad para que la Unión Europea demuestre que es capaz de asumir sus responsabilidades como mayor donante del mundo. Casi parece innecesario decir que debemos incrementar la cantidad y la calidad de la ayuda. No se trata de dos conceptos opuestos. No debemos utilizar la necesidad de aumentar la eficacia de la ayuda como excusa para donar menos.

Al mismo tiempo, ahora todo el mundo es consciente de que un mero aumento del volumen de la ayuda no es suficiente. Resulta esencial, como todos hemos afirmado, que nos fijemos un objetivo de lucha contra la pobreza, en lugar de objetivos geopolíticos y estratégicos. Como siempre repetimos, las políticas comerciales, de inmigración y de seguridad deben ser coherentes con los objetivos de desarrollo.

La cooperación europea debe basarse no sólo en nuestros propios intereses, sino también en las verdaderas prioridades de los países del Sur identificadas por los gobiernos locales, por los parlamentos y por la sociedad civil. También es vital aumentar la transparencia y la fiabilidad de los programas de ayuda de la UE. En este contexto, debe concedérsele al Parlamento una posición desde la que pueda ejercer un auténtico control democrático y me satisface en gran medida la solicitud del Comisario de trabajar duro para garantizar que los países de la UE mantienen sus compromisos.

Tengo varias preguntas con respecto a las convocatorias de propuestas. Las ONG que desean participar en los procedimientos de licitación de la Comisión consideran que éstos son demasiado largos y pesados, lo que dificulta en extremo sus actividades y, en la práctica, excluye a muchas asociaciones locales pequeñas. Por tanto, ¿por qué no preguntar directamente a esas asociaciones cómo racionalizar los procedimientos? He presentado una enmienda que se someterá hoy a votación teniendo esto en cuenta.

Además, hemos de considerar también el problema de la disociación de la ayuda que se aborda en el Informe Van Hecke. Se han hecho progresos, pero es necesario que todas las ayudas estén totalmente disociadas para evitar que el dinero regrese a los países donantes en lugar de paliar la pobreza en los países beneficiarios.

Finalmente, me gustaría señalar a aquellos Estados que aún exageran sus cifras de ayuda pública al desarrollo. En 2007, los países de la UE invirtieron unos ocho mil millones de euros, es decir, aproximadamente el 17 % del total de la ayuda europea, en sectores importantes pero no en el sector del desarrollo. La cancelación de la deuda, los gastos de refugiados o las becas para estudiantes extranjeros constituyen un gasto que debería excluirse de las cifras de ayuda al desarrollo y por eso les invito a respaldar las enmiendas relacionadas con este tema.

También tengo grandes esperanzas en el año 2008 y en los compromisos para cambiar la tendencia actual y concuerdo plenamente con el Comisario cuando habla de responsabilidad compartida entre donantes y países, un sistema en el que todo el mundo tiene que hacer su contribución: derechos y obligaciones. ¡Ésa es nuestra fuerza!

  Maria Martens (PPE-DE). – (NL) Los fondos para el desarrollo pueden y deben usarse mejor. Eso, señora Presidenta, es lo que puede concluirse a partir del equilibrado informe del ponente. Le felicito. Este informe llega en el momento justo. Europa parece estar cansándose del gasto para el desarrollo, una tendencia muy preocupante que no debemos subestimar. Incluso en Estados como los Países Bajos, que siempre han gozado de reconocimiento por su solidaridad internacional, se oyen voces a favor de reducir el gasto para el desarrollo. La única respuesta es conseguir que el trabajo sea transparente, eficaz y que se base en los resultados.

La Unión Europea puede conseguir un gran avance a este respecto, especialmente a través de las tres «C»: coherencia, complementariedad y coordinación. El Comisario lo ha señalado en múltiples ocasiones y está trabajando en esa dirección. También podemos hacer más con respecto a la proliferación de proyectos y programas. Si algo no va bien, otro programa no es siempre la mejor solución. Es mejor que hagamos un par de cosas bien que dejarlo todo a medio hacer.

Señora Presidenta, la Unión Europea es el mayor donante del mundo. Por eso tenemos una gran responsabilidad. Además, con el nuevo Tratado están aumentando nuestras posibilidades para conseguir más cohesión, políticas adicionales y una mejor coordinación. La eficacia de nuestra ayuda es esencial, no sólo para justificar a los países en vías de desarrollo a nivel interno, sino, ante todo, para ser capaces realmente de combatir la pobreza en los países en vías de desarrollo. En última instancia, los resultados tienen más valor que las intenciones. En el presupuesto de cooperación para el desarrollo de 2009, presentaré varias propuestas para que la evaluación también se base más en los resultados. Debemos centrarnos más en los resultados que en indicadores poco claros.

Finalmente, deseo formularle al Comisario Michel la siguiente pregunta. El Comisario Fischer Boel dijo que la Comisión deseaba utilizar parte del dinero no invertido perteneciente al Presupuesto Europeo de 2008 en ayudar a los países afectados por el acuciante aumento de los precios de los alimentos, en otras palabras, para paliar la crisis de los productos alimenticios. Me gustaría conocer la opinión del Comisario. ¿Puede el Comisario explicar cómo se usarán esos fondos adicionales?

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

  Alain Hutchinson (PSE). – (FR) Señor Presidente, Comisario, Señorías, por primera vez en la historia, en nuestra historia —como ya ha dicho el Comisario— el volumen total de ayuda europea al desarrollo ha disminuido. Si continuamos por ese camino, entre 2005 y 2010, la Unión Europea habrá concedido miles de millones menos de ayuda de la que había prometido. Se trata de un importante paso atrás en la búsqueda del objetivo de dedicar el 0,7 % al desarrollo pero también —y esto resulta de vital importancia— en la búsqueda de los Objetivos del Milenio y, en general, en la batalla que decimos que deseamos librar contra la pobreza mundial.

Los Estados miembros no pueden utilizar el proceso que iniciamos en 2006 para mejorar la eficacia de nuestra ayuda al desarrollo y al que estamos dando continuación con el informe del señor Van Hecke, a quien le agradezco el trabajo que ha realizado, como un pretexto para no respetar su compromiso de incrementar la ayuda. De hecho, lo cierto es lo contrario, ya que en estos momentos todo el mundo está de acuerdo en que será necesario complementar las cantidades prometidas con recursos adicionales para poder cumplir los múltiples compromisos que ya hemos adquirido y aquéllos que, sin duda, seguiremos asumiendo. Por lo tanto, la eficacia de la ayuda es esencial porque una ayuda más eficaz significa más ayuda. Todos tenemos que comprender eso.

En este contexto, permítanme señalar que, como siempre, ya ha llegado el momento de que consigamos avances muy concretos en la aplicación de instrumentos financieros de ayuda al desarrollo innovadores, algo que ya se mencionaba expresamente en la Declaración de París.

Hemos querido que nuestro informe también haga referencia a la función de la diáspora en la cooperación al desarrollo. A la Unión Europea aún le pone muy nerviosa este tema, aunque podría beneficiarse en gran medida de una cooperación mayor y más cercana con nuestros conciudadanos procedentes de países socios y residentes en la UE. Ésta podría ser otra forma de integrar, en lugar de excluir, a un gran número de personas y un mensaje que me resulta muy grato en un momento en el que algunos europeos están adoptando posturas increíbles, medidas escandalosas.

Finalmente, deseo comentar que, como el Comisario ha dicho en múltiples ocasiones, la ayuda será realmente eficaz cuando haya una verdadera coherencia entre las distintas políticas de la UE y cuando deje de guiarse por políticas que no tienen nada que ver con el desarrollo. Los acontecimientos actuales demuestran que aún no actuamos con coherencia en todos los ámbitos. Esta situación se mantendrá mientras el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, que es la autoridad competente, siga aplicando una definición tan extremadamente amplia a la cooperación al desarrollo. Éste es otro requisito para mejorar la eficacia de nuestra ayuda.

Hace dos años presenté un primer informe sobre la eficacia de la ayuda en esta misma Cámara. ¿En qué situación estamos ahora, tras escuchar todas esas palabras que se han repetido hasta la saciedad? En cualquier caso, el Comisario puede contar con los socialistas para continuar con nuestra lucha común por incrementar la eficacia de la ayuda en beneficio de las personas más pobres del mundo.

  Olle Schmidt (ALDE). – (SV) Señor Presidente, me gustaría darle las gracias a Johan Van Hecke por su adecuado e importante informe. Hace tiempo que entré en el mundo de la política para comprobar si mi país, Suecia, conseguía el «objetivo del uno por ciento». El Partido Liberal de Suecia —mi partido en el contexto nacional— es y siempre ha sido la fuerza impulsora de esta acción y Suecia ha llegado en realidad a conseguir este objetivo.

Ya hace casi cuarenta años y, sin embargo, tengo que reconocer que ha habido muchas decepciones. La mala administración, la corrupción y los proyectos fallidos han sido, por desgracia, habituales. Pero a menudo el desarrollo ha avanzado en la dirección correcta. Se le ha dado una vida mejor a millones de personas de todo el mundo y se han creado muchas democracias. De hecho, podemos ser optimistas. Pero para que la legitimidad y el apoyo de la población de la UE sigan siendo sólidos, debemos mejorar nuestra capacidad para actuar de un modo rápido y eficaz. La ayuda debe distribuirse de modo que garantice beneficios amplios y de calidad para poder lograr los Objetivos del Milenio.

Además, la política de ayuda debe elaborarse siguiendo un enfoque ascendente. A aquellos países que reciben ayuda se les debe conceder una mayor responsabilidad en el ámbito de lo que podríamos llamar el derecho de identificación de problemas en el trabajo de ayuda. Existen muchos indicios, de acuerdo con la Comisión, que demuestran que los países pobres se ven obligados a crear una burocracia más cara para facilitar la administración que constituye una condición para que se abone el dinero de las ayudas. ¡Ésa no es la intención! También es muy importante hablar sobre cómo debemos coordinar los esfuerzos de ayuda. Otro aspecto que no podemos olvidar es el importante papel de las mujeres en la lucha contra la pobreza.

Criticar el modo en que se elaboran hoy en día los requisitos no significa que tengamos que oponernos a la imposición de condiciones para la ayuda. Escuchar lo que las personas que están en esas zonas tienen que decir también implica que debemos aventurarnos a estudiar la posibilidad de clasificar determinados tipos de contribuciones militares como ayuda, ya que las operaciones de mantenimiento de la paz pueden ser vitales. Consideremos, por ejemplo, la situación de Chad, donde los refugiados necesitan la protección tanto como los envíos de ayuda.

Finalmente, deseo abordar el delicado tema de nuestra política agrícola que la señora Auken ha puesto sobre la mesa. En el informe, se urge a la Comisión y a los Estados miembros a apoyar cualquier medida que pueda contribuir a estabilizar los precios de las materias primas en los países en vías de desarrollo. A este respecto tengo una sugerencia en línea con lo que Margrete Auken ha dicho: una solución eficaz, aunque quizás también amarga: ¡eliminar la política agrícola de la UE! De hecho, la Comisión ya ha empezado a dar pasos en este sentido, lo que me resulta muy satisfactorio.

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE). – Señor Presidente, ahora que se está revisando la Declaración de París nos hemos dado cuenta de que las palabras «intenciones» se han quedado en eso, en palabras.

Aunque la Comisión está trabajando, y bien, en la aplicación de iniciativas para que las ayudas lleguen a su destino, si los Estados miembros no aportan su parte prometida, no podemos seguir adelante.

Sabemos, por tanto, que tanto los donantes como los países socios somos responsables de que la ayuda sea más efectiva, pero nuestra mayor responsabilidad es asegurarnos que la ayuda contribuya realmente a gestionar los grandes retos a los que se enfrentan los países en desarrollo.

Tenemos que asegurarnos de que cumplimos con nuestra parte del trato, y así no tener que avergonzarnos por lo que prometimos hacer y no estamos haciendo.

Idealmente, la ayuda tiene un efecto positivo en los procesos de desarrollo y buena gobernanza, pero, si se reparte mal, esa ayuda puede hacer mucho daño. Por eso, es necesario que los países en desarrollo tomen las riendas en las decisiones sobre sus propias políticas y los donantes tenemos que respetarlo, además de darles el respaldo y el espacio necesario para ello, ya que muchas veces los donantes financian sus propias prioridades.

Por último, me gustaría recalcar la necesidad de velar por la coherencia de nuestras propias políticas.

Todos los esfuerzos de desarrollo caen en saco roto si los objetivos de otras políticas, como las de comercio, asuntos monetarios, etc., las minan o contradicen.

Si tenemos que predicar con el ejemplo, por ahora no vamos por buen camino.

  Jerzy Buzek (PPE-DE). – (PL) Desearía felicitar al ponente. El informe es completo, diverso y exhaustivo. Debo admitir que, mientras estaba leyendo el informe, llegué incluso a perder de vista el objetivo más importante. No obstante, el ponente ha indicado claramente este objetivo y el propósito principal del informe en su presentación inicial para este debate.

He decidido intervenir porque durante estos últimos años han surgido nuevos fenómenos. El cambio climático ha tenido una repercusión dramática en algunos países en vías de desarrollo. Lo que es importante es que, cuando proporcionamos ayuda, debemos destacar el hecho de que en estos momentos estamos haciéndolo porque la Unión Europea reconoce que la amenaza planteada por el cambio climático es un reto a nuestra civilización, además de una responsabilidad de dicha civilización. Por lo tanto, teniendo en cuenta los riesgos asociados al calentamiento global, debemos incrementar notablemente la financiación y reforzar las acciones de los donantes. Ese punto de vista y esas actividades demostrarán la naturaleza de nuestra estrategia con respecto a la prioridad de la UE de «combatir el cambio climático». También debemos dirigir nuestra ayuda a las fuentes de energía renovable en los países en vías de desarrollo (obviamente la lucha contra el hambre es más importante, pero ahora estoy hablando de fondos adicionales), además de a superar las repercusiones directas del cambio climático, a adoptar medidas asociadas, por ejemplo, a las inundaciones costeras, a la salinización del suelo y a unas inundaciones y sequías de una magnitud desconocida hasta ahora.

Recordemos que nuestro objetivo, y la prioridad política de la Unión Europea, es lograr un acuerdo mundial sobre la lucha contra el cambio climático. Las negociaciones tendrán lugar en Poznan en 2008 y en Copenhague en 2009. Si queremos convencer al resto de los países, debemos reducir las emisiones, desarrollar nuevas tecnologías en el seno de la UE y proporcionar una ayuda especial a los países en vías de desarrollo.

  Josep Borrell Fontelles (PSE). – Señor Presidente, si hablamos tanto de eficacia es porque, sin duda, estamos convencidos de que tenemos un problema grave de eficacia.

Y, probablemente, la primera condición para asegurar un incremento en esta variable es prever calendarios fijos y vinculantes para los flujos de las ayudas. Es muy difícil hacer algo eficaz si no se sabe, con un mínimo de certeza, de qué recursos se va a disponer.

Eso liga la cantidad con la calidad y, como otros colegas, debo deplorar la caída de los recursos asignados por los europeos a la ayuda al desarrollo, con alguna excepción notable, permítanme que lo diga, la de mi país, España, que figura como el primero por el incremento de la ayuda al desarrollo, en un 33 % el año pasado.

Tenemos una oportunidad quizá en Accra y deberíamos trabajar, señor Comisario, para hacer realidad ese 20 % dedicado a educación, salud, acceso al agua e infraestructuras sanitarias.

Quiero también asegurarle el apoyo de la Comisión de Desarrollo para su trabajo de coordinación entre los distintos agentes. Hay pocos recursos y divididos, usted lo ha dicho muchas veces, entre muchísimos agentes, y la eficacia decrece de forma continua en función de esta dilución del esfuerzo.

Y también quisiera señalar, como hace el informe, la necesidad de simplificar los procedimientos de prestación de ayuda. Por todas partes donde hemos ido encontramos el mismo problema: desde que se dice que algo se va a hacer hasta que ese algo se ha hecho pasa un tiempo que, si duda alguna, rebasa cualquier parámetro de eficacia en la gestión de recursos.

  Renate Weber (ALDE). – Señor Presidente, en primer lugar me gustaría felicitar a mi colega Johan Van Hecke y darle las gracias por su magnífico trabajo. Su informe apunta que es necesario modificar el enfoque de la ayuda al desarrollo. Sólo puedo estar de acuerdo y enfatizar que esta reforma debe comenzar por una reformulación desde la base —concretamente, la política de desarrollo— y en sentido ascendente. Creo firmemente que la ayuda debe dejar de limitarse a la contribución, apoyo o asistencia. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y considerar nuestra contribución a los países en vías de desarrollo como una inversión en el sentido amplio de la palabra. Ha de ser una inversión que asumamos a largo plazo, no sólo para garantizar la supervivencia de esos países, sino para que consigan un desarrollo real como economías y democracias funcionales.

Al mismo tiempo que invertimos, también tenemos que abordar aspectos esenciales que puedan acabar realmente con la pobreza. Hace un par de semanas, durante su visita al Parlamento, el profesor Geoffrey Sachs destacó la inmensa repercusión positiva que tendría el uso de la tierra africana sin explotar en los precios de los alimentos. En lugar de proporcionar suministros alimenticios a África, debemos transferir conocimiento agrícola de modo que este continente pueda alimentar a su propia población y, en un escenario positivo, incluso suministrar alimentos a escala mundial.

Estoy muy preocupada por otro de los aspectos destacados en este informe: la planificación del flujo de dinero hacia los países receptores. Por experiencia sé que los proyectos no pueden lograr sus objetivos si los recursos no llegan en el debido momento o si son inferiores a la cantidad planificada inicialmente. Ahí es donde la Unión Europea puede fracasar estrepitosamente. En 2007 descendió la cantidad de ayuda de la UE. Muchos proyectos se vieron afectados y no pudieron conseguir sus objetivos.

Finalmente, aunque no por ello menos importante, la educación en materia de desarrollo y el aumento de la concienciación de nuestros propios ciudadanos en esta materia deben ser una prioridad. Como diputados al Parlamento Europeo tenemos un importante papel que desempeñar a este respecto.

  Filip Kaczmarek (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, Comisario, algunos de los expertos, economistas, políticos y activistas de organizaciones no gubernamentales implicados en el desarrollo tienden a decir que todo lo que se necesita para que la cooperación en el ámbito del desarrollo consiga sus ambiciosos objetivos es suministrar más dinero. Sin embargo, la vida no es tan sencilla. Existen muchos problemas sociales y económicos que no pueden resolverse de inmediato simplemente invirtiendo una mayor cantidad de dinero. Obviamente el dinero facilita el proceso de resolución de los problemas, pero la financiación no es el único aspecto que influye en el éxito de la política de desarrollo.

Otro aspecto muy importante es la eficacia de la ayuda. Una asistencia mal organizada puede conducir a la dependencia o, como algunos dicen, a la modernización de la dependencia. La eficacia de la ayuda es tan importante para los receptores como para aquellos que proporcionan la ayuda. Para los receptores de la ayuda porque el dinero, al fin y al cabo, no es un fin en sí mismo, su propósito es cambiar la realidad y acelerar la consecución de los Objetivos del Milenio. Gastar dinero es fácil, lo difícil es gastarlo de un modo inteligente.

Para los donantes, por su parte, la eficacia es importante porque tienen que demostrar ante sus contribuyentes que los fondos de desarrollo se están invirtiendo prudentemente. Por tanto esos dos procesos, el incremento de los gastos en desarrollo y el aumento de la calidad de los mismos, no son contradictorios y pueden lograrse simultáneamente.

El señor Van Hecke ha preparado un excelente informe por el que merece nuestro agradecimiento. Espero que, con este informe, los representantes de la Unión Europea en el Foro de Alto Nivel de Accra mantengan una postura clara e inequívoca.

Parece que a este respecto una responsabilidad especialmente importante de la Unión Europea es la armonización continua de la ayuda de los Estados miembros y la UE. Resulta importante porque este aspecto nos compete exclusivamente a nosotros. La coordinación en la UE no depende de nuestros socios internacionales ni de aquéllos a los que proporcionamos ayuda y los costes de una ayuda descoordinada son muy altos.

  Ana Maria Gomes (PSE). – (PT) Felicito al señor Van Hecke por este importante informe.

Para mejorar la eficacia de la ayuda europea resulta esencial invertir en capacidad humana y financiera y solucionar las incoherencias entre las políticas y la estructura internacional. El Tratado de Lisboa nos brinda una oportunidad mediante la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior. Además de apoyar la labor del futuro Alto Representante, este servicio deberá contar con la infraestructura necesaria para conseguir que la política de desarrollo de la UE avance en paralelo con la PESC y PESD.

No es necesario reinventar la rueda para garantizar la eficacia de la ayuda. Depende del cumplimiento de las promesas hechas. Como el Comisario Michel ha destacado, los Estados miembros deben incrementar la ayuda pública al desarrollo a los niveles prometidos en 2005 sin inflarlos mediante la cancelación de deudas y deben dirigir eficazmente esa ayuda hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente en un momento en el que la escalada de los precios del petróleo y los alimentos hacen que la lucha contra la pobreza en el mundo sea aún más urgente.

Señor Presidente, lo que está en juego es la credibilidad de la Unión Europea y su eficacia como agente mundial, más que la eficacia de la ayuda.

  Gay Mitchell (PPE-DE). – Señor Presidente, me gustaría felicitar al señor Van Hecke por este informe. Hace varias semanas visité el FMI y el Banco Mundial en representación de la Comisión de Desarrollo y durante esa reunión pregunté cómo va a ser el mundo entre 2030 y 2050. La respuesta que obtuve es que China será el país más poderoso del mundo, que muchos de los países en vías de desarrollo habrán cambiado, que los Estados Unidos seguirán teniendo poder, pero no tanto como hoy en día, y que la India y Brasil gozarán de un gran poderío.

Nuestros intereses egoístas y nuestros intereses desinteresados nunca antes habían coincidido como lo hacen ahora con la necesidad de ayudar al mundo en vías de desarrollo. Hace tiempo solían decirme que gastaba demasiado dinero en aquellos de mis electores que vivían en condiciones precarias. Mi respuesta era que no podemos decirle a alguien que está en medio de un incendio que vamos a construir un parque de bomberos. Es necesario programar ese parque de bomberos, pero al mismo tiempo también tenemos que ayudar a las personas. Ésta debe ser también nuestra actitud con respecto a los países en vías de desarrollo. Si no lo hacemos, China y otros países lo harán. Hacerlo constituye un interés egoísta a la vez que un acto desinteresado.

Provengo de un país en cuya historia reciente se encuentra la huella del hambre y cuya población actual está en torno a los veinte millones. Hacia la mitad del siglo XIX, la cifra de población superó por primera vez los seis millones. Tenemos un pasado postcolonial. Si repasamos la historia de Irlanda, vemos que lo que hemos sido capaces de hacer con inversión en infraestructura, procedente en su mayoría de la Unión Europea —en la que estamos a punto de convertirnos, gracias a Dios, en contribuyentes netos— es un indicio de lo que puede lograrse cuando se le da a la gente las herramientas con las que hacer el trabajo.

Le pido encarecidamente al Comisario que, cuando asista a esta reunión en Accra, se asegure de que la Unión Europea esté entonando el mismo canto. Lisboa nos proporcionará los instrumentos para desempeñar una función más eficaz en el mundo. Asegurémonos de que lo hacemos en el ámbito de la ayuda al desarrollo. Nos beneficiará tanto a nosotros como a la población de los países en vías de desarrollo.

(Aplausos)

  Anne Van Lancker (PSE). – (NL) Mis felicitaciones al ponente, el señor Van Hecke, por su buen informe. También deseo darle las gracias al Comisario por un documento interno de trabajo para Accra especialmente inteligente.

Tres comentarios. En primer lugar, una ayuda más eficaz requiere en la práctica que los países donantes coordinen mejor su ayuda sobre la base de una estrategia estatal en la que los países socios del sur tomen la iniciativa. No obstante, eso significa que las prioridades también habrán de decidirse democráticamente en esos países, es decir, en cooperación con los parlamentos nacionales y las ONG, algo que no sucede en estos momentos. Considero que implicar a las mujeres en el diálogo es absolutamente esencial.

En segundo lugar, los países donantes han de dejar, sin ningún tipo de reserva, de imponer incontables condiciones a la ayuda y de depender demasiado de resultados cuantificables. En concreto, tienen que desaparecer las condiciones económicas impuestas por el FMI y por el Banco Mundial, ya que a menudo contradicen los Objetivos del Milenio. Por lo tanto, he de decirle al ponente que el apartado 28 del informe debe eliminarse.

En tercer lugar, una mejor ayuda no es excusa para una menor cantidad de ayuda. En estos momentos, no sólo está reduciéndose la ayuda, sino que además las cifras están distorsionadas por lo que supuestamente es ayuda, pero en realidad no supone una gran contribución para los países socios, como el dinero abonado a los estudiantes y refugiados en Europa o la cancelación de deudas. Por tanto, resulta vital que los países donantes cumplan sus promesas del 0,7 % y que decidan calendarios concretos. Espero, Comisario, que el Consejo del lunes escuche este mensaje.

  Gabriela Creţu (PSE). – (RO) A veces el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones. Una de esas intenciones fue la de las autoridades de los países beneficiarios de la ayuda al desarrollo, concretamente su deseo de implicarse más en el proceso de toma de decisiones, alegando que conocen mejor sus propias necesidades. Esta decisión, correcta en sí misma, ha provocado un círculo vicioso de repercusiones negativas para las mujeres. Dado que apenas cuentan con representación en los documentos de toma de decisiones, sus necesidades se consideran menos importantes y la sensibilidad de género de aquéllos que ocupan el poder es muy escasa, incluso menor que la nuestra, por lo que la atención que se le concede a los programas destinados a estas necesidades, especialmente a los derechos sexuales y reproductivos, ha disminuido. De ahí que estemos siendo testigos de una situación dramática.

El único objetivo de desarrollo en el que no se ha registrado ningún avance es la mortalidad materna provocada por la ausencia de las condiciones básicas, como la posibilidad de realizar una cesárea, antibióticos esenciales, píldoras contraceptivas o personal cualificado. En algunos casos, la situación ha empeorado. La muerte derivada de la maternidad es la principal causa de mortalidad femenina en muchos países en los que se vive una difícil situación.

Solicitamos sistemas de seguimiento para garantizar que la inversión en infraestructuras incluye infraestructuras sanitarias y que las autoridades asuman la responsabilidad de implementar medidas en este ámbito.

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, el tema que hoy estamos debatiendo es especialmente importante porque está relacionado con una responsabilidad especial de la Unión Europea.

En Europa no tenemos ninguna duda de que nuestras pequeñas y medianas empresas conforman un modelo estructural muy exitoso y debemos garantizar que en los países menos desarrollados el PIB per cápita puede crecer sobre la base de ese modelo. En este contexto, se le concede una gran importancia al concepto de ayudar a los demás a ayudarse a sí mismos.

También debemos tener en cuenta que nuestras estrategias de eficiencia energética y seguridad alimenticia suponen el núcleo central de estos esfuerzos. Estos países necesitan ingresos derivados del empleo y las pequeñas empresas y los negocios familiares pueden contribuir a lograrlo, aunque también requieren el poder adquisitivo de los consumidores. Creo que simplemente hay que seguir este principio del huevo y la gallina hasta llegar a una conclusión exitosa.

  Marianne Mikko (PSE). – (ET) Señorías, mis felicitaciones al ponente por su buen trabajo. La insatisfactoria coordinación de la ayuda y la gran profusión de programas han llevado a la reducción de la eficacia de la ayuda. Al mismo tiempo, la ayuda se ha centrado en los denominados «países atractivos», por lo que muchas regiones han caído en un olvido total. La fragmentación ha conducido a la multiplicidad de las medidas de ayuda, que en muchos casos son totalmente incoherentes entre sí.

No obstante, resulta extremadamente importante que la Unión Europea y la política de cooperación al desarrollo de los Estados miembros se complementen y refuercen entre sí. Los Estados miembros deben coordinar sus actividades. Ha de tenerse en cuenta el hecho de que varios Estados miembros acaban de iniciar su andadura como donantes de ayuda, a pesar de que son conscientes de la eficacia de la misma. Por ejemplo Estonia, que aún no se ha adherido a la Declaración de París, ha destacado en proyectos de cooperación tripartitos. Para evitar la fragmentación de la ayuda al desarrollo y una excesiva atención por parte de los donantes, se usa la opción del socio silencioso.

Más de la mitad de la ayuda al desarrollo formal del mundo se origina en la Unión Europea. Es importante garantizar la presencia de la Unión Europea en los países débiles y, especialmente, en los países «olvidados». Cuando dona ayuda, la Unión Europea debe ser generosa para que la ayuda pueda aceptarse con dignidad.

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, Comisario, ayudar a los pobres y a los necesitados reviste un gran valor. La Unión Europea es el principal proveedor de ayuda a los países afectados por desastres naturales como sequías, inundaciones, hambruna u otras catástrofes resultantes del cambio climático que no se conocían hasta el momento.

Sin embargo, siempre se produce un dilema a la hora de enviar fondos y recursos a países en desarrollo, a países pobres para ayudarles en su desarrollo. ¿Cuántos de estos recursos deberían destinarse a la reducción de la pobreza actual? ¿Cuánto dinero debería destinarse a fines de desarrollo como la educación, la creación de instituciones, la introducción de un sistema jurídico o la construcción de infraestructuras como carreteras o Internet, que contribuirían al desarrollo de la iniciativa empresarial en estas zonas, en particular en lo que respecta a la creación de pequeñas y medianas empresas, incluidas explotaciones?

La ayuda concedida debería vincularse a la creación de concienciación social, instituciones democráticas y sistemas educativos, de modo que la sociedad local pueda estar preparada para tomar el control del desarrollo duradero de estas regiones y países.

  Christopher Beazley (PPE-DE). – (FR) Comisario, mi primera pregunta ya ha sido planteada por Marianne Mikko: ¿existe un problema de competencia o de falta de coordinación entre las distintas ONG? ¿Está la Comisión cumpliendo su cometido para intentar coordinar el excelente trabajo que cada una está haciendo?

Segunda pregunta: cuando estaba en la escuela, había una organización en Inglaterra llamada Voluntary Service Overseas. ¿Dispone la Comisión de un programa para animar a los jóvenes que quieran ayudar a que se formen, tal vez, pero también a participar en estos programas de ayuda al desarrollo? ¿Tiene el Comisario un programa para ayudar a los jóvenes que quieran hacer esto?

  Louis Michel, Miembro de la Comisión. − (FR) Señor Presidente, gracias por apoyar estas tesis y por impulsar con decisión nuestras políticas. Me gustaría retomar algunos puntos y responderlos brevemente.

En primer lugar, en relación con la ayuda alimentaria, en particular, el aumento del precio de los cereales y la cuestión de los programas agrícolas, permítanme decirles que acabamos de terminar una comunicación sobre una estrategia europea de desarrollo para responder a la crisis alimentaria. Pronto recibirán información sobre este documento.

En segundo lugar, me gustaría corregir algunas de las cosas que se han dicho y no entiendo por qué se siguen afirmando. Los ataques unilaterales contra la política agrícola común, basados en muy pocos argumentos reales, dañan a la Unión Europea, transmiten información falsa y sugieren a nuestros socios que la política agrícola común es la causa de todos sus males. Digo y repito: ¡No es cierto! Llevamos desmantelando el sistema de las subvenciones agrícolas desde 1996 y los efectos de nuestra política agrícola común no pueden ser considerados como la causa de los problemas de los países en desarrollo. Estoy preparado para abordar la cuestión en detalle en otra reunión, porque la acusación se repite como una especie de estribillo, como si fuera cierta. Se están diciendo cosas que no son precisas. Europa ha solucionado en buena medida esta cuestión, aunque algunos temas siguen pendientes; admito que existen ciertas dudas sobre la coherencia de nuestras políticas de desarrollo. Con respecto a la agricultura, sin embargo, si hay un sector en el que podemos hacer progresos reales, es éste. Considero realmente injusto que la gente manche nuestra imagen sin fundamento.

He escuchado la propuesta relativa, creo, a un fondo mundial. Sé que el profesor Geoffrey Sachs, que por cierto es un hombre extraordinario, está luchando y defendiendo la creación de un fondo alimentario mundial. Por mi parte, no estoy a favor. Tengo importantes dudas sobre esto; después de todo, se necesitó mucho tiempo para que el Fondo Mundial, al que señor Ryan se ha referido y que pensó que era una panacea, funcionara de manera transparente y eficaz. ¿Por qué crear otro fondo cuando disponemos de instrumentos como el PMA, la FAO y otros? Inventar nuevas herramientas e instrumentos para hacer frente a los puntos débiles de la política mundial no es, sin duda, la respuesta adecuada. Las herramientas existen. Simplemente tienen que contar con una financiación adecuada.

Tenemos que reforzar el PMA, ¿pero cómo? El PMA debe contar con un presupuesto anual predecible y su funcionamiento financiero debe cambiar. He hablado de ello recientemente. Es un problema importante. De modo que tampoco debemos inventar malas respuestas a buenas preguntas. No estoy a favor de crear un nuevo fondo porque simplemente crearía mucha burocracia, muchos procedimientos. En cuanto a los procedimientos, permítanme decir unas pocas palabras.

En cuanto a la agricultura, quiero decir sencillamente que pasaremos de los 650 millones de euros en el noveno FED a 1 250 millones en el décimo FED. Estoy de acuerdo que, en cuanto a porcentaje, en términos cuantitativos, evidentemente esto es importante, pero que no es un aumento real en cuanto al porcentaje de la financiación del FED. El aspecto positivo es que nos referimos a cuatro países que optan por centrarse en el sector agrícola de entre 24 países, es decir, más o menos un tercio. Esto muestra que las cosas han progresado, que hay más concienciación. Sin embargo, permítanme recordarles, porque esto es importante, que la opción de sectores focales se basa en el principio de titularidad: son nuestros socios los que deciden en qué sector quieren que centremos nuestra financiación. Es importante recordar esto.

Después se me ha planteado una pregunta interesante: ¿qué va a hacer con el dinero no utilizado destinado a la agricultura? De hecho, recuperaremos una gran parte de ese dinero y lo asignaremos para resolver el problema del aumento de los precios y la crisis alimentaria. Prefiero hablar de crisis alimentaria más que de aumento de precios. En la última reunión de la Comisión la semana pasada propuse —una propuesta que fue muy bien recibida— que debíamos intentar canalizar estos recursos de tal modo que proporcionemos a los pequeños agricultores en países pobres acceso a semillas y fertilizantes, porque éste es uno de los principales problemas a los que se enfrentan hoy en día. Si queremos que sean autosuficientes, obviamente necesitan acceder a semillas y fertilizantes, que les ayudarían a hacerse autosuficientes gradualmente en el plano alimentario. Soy particularmente partidario de reducir el periodo de distribución de la ayuda en la medida de lo posible. Creo que es mucho más importante proporcionar a los agricultores los medios de producción. Todo estamos de acuerdo, como dije en mi primera intervención y no es necesario repetirlo: Accra es un compromiso político y les pido —sabiendo que son conscientes de que tenemos que hacerlo— que movilicen a nuestros Estados miembros para que cumplan sus compromisos y acuerden cumplir un calendario que demuestre, como creo que ha dicho el señor Borrell, que realmente tienen voluntad política y que cumplirán sus promesas.

Se sigue hablando de procedimientos pesados y se me pide que los racionalice. Debo admitir que realmente no tengo competencias a este respecto. Los procedimientos existen y tengo que cumplirlos; no se puede hacer de otra forma. Puedo proponer medidas de flexibilidad, pero saben bien que tardarían años en ser efectivas. Esto no se sabe, pero al final de mi mandato, tengo intención de presentar todas las lecciones que he aprendido en cuanto a los procedimientos. Oigo a la señora Martens decir: «Necesitamos más transparencia» —y estoy dispuesto a lograr toda la transparencia que quieran— «pero también necesitamos más eficacia». Permítanme decirles, aunque pueda sonar impertinente y sorprendente, que si quieren más transparencia, lo que significa más controles todavía, más auditorías, más consultas, etc., tendremos menos eficacia. Esto es lo que quiero decirles. Pueden no aceptarlo, pero estoy convencido de que es así. Ahora se pide tanta transparencia que la Comisión se ha convertido en un gigante encadenado, en otro Gulliver. Personalmente, estoy preparado para hablar y hay formas de lograr un nivel eficaz de transparencia, pero les pido que no sigan hablando de «transparencia», «control», sobre cómo deberían ser las cosas… Esto está muy bien, pero deben hacer frente a los hechos… Me gustaría tener la oportunidad de realizar el seguimiento de un expediente. Les aseguro que no es una broma. A veces incluso me pierdo con toda esta trazabilidad, y entonces tienen que recordárselo a los interservicios y a las demás partes implicadas. Se trata de una cuestión muy complicada. No quiero hacer una caricatura de todo esto, pero debo decir que es un verdadero problema.

Creo que el señor Hutchinson habló de coordinación, coherencia y complementariedad. Tenía razón. Creo que podríamos aumentar considerablemente la eficacia de nuestra ayuda, si tuviéramos una mejor división del trabajo, si fuéramos más coherentes, más coordinados y si, de hecho, pudiéramos reducir algunos de los controles intermedios, y a menudo completamente inútiles. Antes les he dado algunas cifras: ¡Tanzania tiene que elaborar 8 000 informes de auditoría! No estoy seguro de qué tipo de carga esto representa para un país como Tanzania, que realmente tiene capacidad de gobernanza. En un momento dado, el surrealismo roza la locura. Hay límites. No tengo nada en contra del procedimiento, pero ya tenemos suficiente. No quiero más procedimientos. Señor Hutchinson, en relación con la división del trabajo, tenía razón en hacer hincapié en la importancia de la diáspora. Estamos intentando trabajar con ellos, pero precisamente a causa de los procedimientos no podemos hacerlo. ¡Éste es otro ejemplo! Ha preguntado si no hay proyectos para animar a los jóvenes a que vayan y trabajen en países en desarrollo. No señor, no puedo hacerlo, los procedimientos no me permiten hacerlo. Por ejemplo, me dicen que hay determinadas ONG con las que no pueden trabajar. De hecho, no puedo trabajar con algunas ONG porque los procedimientos no permiten hacerlo. Nuestros nuevos Estados miembros pueden sentirse frustrados, y con razón, porque en muchos casos sus ONG, incluso cuando son tan buenas como las demás, no pueden trabajar porque no cumplen las normas inventadas por los procedimientos de la Comisión. En cierto sentido, por tanto, quedan excluidas de nuestra cooperación y nuestra contribución, lo que no es justo. Estamos trabajando en esto, pero nos llevará tiempo resolverlo.

También estoy de acuerdo en que necesitamos más. El señor Buzek ha hablado de luchar contra el cambio climático. Sin duda, si ajustamos la financiación para el desarrollo para poder trabajar en el tema del cambio climático, estaremos hipotecando todo lo que hemos hecho o tenemos intención de hacer en la política tradicional en materia de desarrollo. Esto significa que necesitamos recursos adicionales para luchar contra el cambio climático. Permítanme referirme a la idea que nosotros y el señor Borrell hemos presentado, la de crear un préstamo internacional que deberíamos vincular a cuotas de emisiones de CO2. Este proyecto está avanzando bien. Técnicamente, está terminado. Trabajamos con el Banco Mundial. Retomaré este asunto más tarde, porque también podría resolver la cuestión del aumento de financiación al ayudar a los Estados miembros a cumplir sus objetivos y compromisos de tal modo que sus presupuestos se verían menos afectados a largo plazo.

Obviamente, estoy de acuerdo con el señor Borrell al felicitar, en primer lugar, a España porque es cierto que, en cierto modo, es injusto. Algunos países han realizado verdaderos esfuerzos y han asignado más fondos: en términos de su PIB, España ha hecho un gran esfuerzo. Al mismo tiempo, otros países experimentaron verdaderamente una caída libre, lo que en cierto sentido eclipsó las acciones de los demás. Debo decir que ésta es una cuestión importante que se plantea una y otra vez: 20 % para educación, sanidad, agua, etc. Saben la respuesta.

Primero, ya he respondido. Aunque estoy de acuerdo con el objetivo, he dicho que uno debe determinar dónde se destina realmente los gastos de ayuda presupuestaria —dado que se usó la palabra presupuestario—, porque éstos suelen ser los sectores financiados. Sin embargo, resulta muy difícil ofrecer cifras definitivas.

En segundo lugar, son nuestros países socios los que eligen el sector en el que quieren centrarse, no nosotros. Por tanto, no puedo imponerles que, por ejemplo, destinen el dinero al sector educativo. Puedo sugerirlo pero no imponerlo. Por supuesto, estoy de acuerdo con el señor en que —para decirlo claramente— deberíamos aumentar nuestra ayuda por motivos egoístas. Esto es más o menos cierto. A menudo lo digo en mis reuniones. Dejemos que aquellos que no quieren dar ayudas por generosidad lo hagan por intereses egoístas. En este contexto, y en particular mirando a África, observamos una presencia masiva de algunos países emergentes. No pongo en duda la legitimidad o la validez de su presencia, simplemente estoy diciendo que a Europa le interesaría tener una mayor presencia en un continente que es vecino nuestro y al que puede ofrecer mucho valor añadido y también conseguir de él valor añadido.

Creo que hemos cubierto todo. He respondido a las dos preguntas planteadas por el ultimo orador, que han sido, si puedo decirlo, muy pertinentes. Es una gran satisfacción estar en el Parlamento Europeo. Sin duda, es el lugar con más dinamismo y con más determinación para sacar adelante todas estas políticas en las que creemos con tanta convicción.

  Johan Van Hecke, ponente. − (NL) Este debate de gran nivel constructivo ha puesto de manifiesto un amplio consenso, tanto en el Parlamento como entre el Parlamento y la Comisión, sobre las acciones que debemos emprender para mejorar la calidad de nuestra ayuda. Hay que tener más en cuenta las prioridades de los propios países. La ayuda tiene que ser más predecible. Es necesario seguir recortando la asistencia técnica. Se necesita más apoyo presupuestario, pero también más transparencia e implicación de los parlamentos, los medios sociales y las autoridades locales. El código de conducta debe ser más eficaz y el atlas de donantes también tiene que ser ampliado, etc.

Sin embargo, en mi opinión, el quid de la cuestión es que nosotros, el Parlamento y la Comisión —¿y por qué no debería implicar también a los Parlamentos nacionales?— tenemos que presionar a los Estados miembros para que, en primer lugar, cumplan sus promesas y, segundo, aprueben un plan en el que indiquen muy claramente qué se puede hacer y qué se hará y con qué calendario. Tercero, también tienen que implicarse claramente en la división del trabajo propuesta por la Comisión. Señorías, creo que con nuestros amigos y colegas en los Parlamentos nacionales, independientemente de las diferencias partidistas, deberíamos tomar la iniciativa para incrementar la presión sobre los gobiernos, que de hecho no sólo afecta a la responsabilidad conjunta de varios Estados miembros, sino también a la responsabilidad individual.

Este informe contiene toda una serie de recomendaciones concretas. Espero sinceramente que la Comisión y el Consejo las lleven a Accra. El Parlamento está hablando con una voz hoy aquí, algo que no siempre ocurre, y está expresando el deseo de que la Unión Europea en Accra también hable con una voz, una voz clara, una voz alta y, sobre todo, una voz creíble.

  Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 142)

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) No siendo posible comentar la diversidad de importantes cuestiones que el presente informe enumera —positivas y negativas— cabe señalar que éste, aunque de forma mitigada, no deja de denunciar la evolución negativa de la denominada «ayuda al desarrollo» de la UE.

Aunque no critica la frecuencia con que la ayuda al desarrollo se suele usar como un mero paliativo, una (falsa) contrapartida y una condición para la desregulación de los mercados o como un instrumento de interferencia —con objetivos y efectos negativos bien conocidos, como el «Consenso Europeo» de la UE en materia de desarrollo, los acuerdos de asociación económica que la UE tiene intención de imponer o la especulación financiera en torno a los alimentos, que cuestionan los objetivos declarados en materia de desarrollo—, sorprendentemente el informe no señala los inadecuados resultados de la «ayuda al desarrollo» y su importante reducción en la UE: 0,38 % en 2007 en comparación con el 0,41 % en 2006, muy por debajo del 0,7 % del PIB indicado por la ONU.

El informe también alerta contra el creciente uso de la «ayuda al desarrollo» para fines que no tienen nada que ver con el desarrollo (como el gasto militar) y contra el hecho de que «se desembolsa a menudo según las prioridades y los calendarios de los donantes.»

  Tokia Saïfi (PPE-DE) , por escrito. – (FR) En 2005, la Declaración de París estableció compromisos específicos para promover una mayor eficacia de la ayuda al desarrollo, sobre la base del diálogo y de una responsabilidad mutua. Este marco internacional es esencial para la UE, que aporta más del 55 % del total mundial de la ayuda al desarrollo.

A fin de mejorar todavía más la calidad y la eficacia de esta ayuda, el PE también preconiza la simplificación de procedimientos, medidas para luchar contra la corrupción y el desembolso de la ayuda según las propias prioridades de los socios. Estas medidas son tanto más necesarias en un momento en que la ayuda al desarrollo de los Estados miembros se ha reducido, pasando del 0,41 % al 0,38 % del PIB de la UE entre 2006 y 2007.

En un momento en que la crisis alimentaria está afectando a los países en desarrollo más frágiles y el acceso al agua y la educación sigue restringido, resulta comprensible que la UE debe redoblar sus esfuerzos para lograr el objetivo fijado por los ODM de destinar el 0,7 % de su PIB a ayuda al desarrollo de aquí a 2015. De igual modo, a fin de garantizar que la ayuda pueda adoptar la forma de una financiación a largo plazo y previsible, es vital liberar recursos adicionales mediante mecanismos de financiación innovadores y movilizar los fondos soberanos hacia inversiones productivas.

(La sesión, suspendida a las 11.50 horas, se reanuda a las 12.00 horas)

PRESIDE: HANS-GERT PÖTTERING
Presidente

8. - Declaración de la Presidencia

  Presidente. − En respuesta a una propuesta del Grupo de trabajo sobre Oriente Próximo, la Conferencia de Presidentes me ha pedido que haga una declaración sobre el Líbano.

El Parlamento Europeo ha venido siguiendo con gran preocupación los últimos acontecimientos políticos en el Líbano, donde parecía que los avances se habían estancado y donde la violencia y el derramamiento de sangre no habían parado de crecer.

Por tanto, acogemos con gran alivio y optimismo el acuerdo exhaustivo y fundamental celebrado en Doha por los líderes políticos libaneses en un momento en que el Parlamento Europeo se encuentra en proceso de adoptar una resolución sobre el Líbano. Se trata de un texto de compromiso, que será sometido a votación en breve, bajo la presidencia del señor Onesta.

El importante avance político, que se ha logrado con la hábil y eficaz mediación de la Liga Árabe, y especialmente del Gobierno de Qatar, prepara el camino para la elección del General Michel Suleiman como Presidente de la República del Líbano en los próximos días, la creación de un gobierno de unidad nacional y la adopción de una ley electoral mejorada.

En vista de la favorable reacción de los países vecinos y de otros países interesados, el Parlamento Europeo pide a todas las partes que apliquen el acuerdo plenamente. Reiteramos nuestro apoyo constante a las instituciones políticas legítimas y constitucionalmente establecidas en el Líbano y a las fuerzas armadas libanesas por sus esfuerzos para garantizar la estabilidad, la soberanía y la integridad territorial de Líbano.

Estamos ansiosos por reanudar las relaciones interparlamentarias normales con nuestros homólogos libaneses, con un Parlamento libanés que se reúna con regularidad, ejerza sus derechos democráticos y cumpla sus obligaciones democráticas.

(Aplausos)

PRESIDE: GÉRARD ONESTA
Vicepresidente

9. - Turno de votaciones

  Presidente. – El siguiente punto es el turno de votación.

(Resultados de la votación y detalles de la votación: véase el acta.)

9.1. - Proyecto de presupuesto rectificativo n° 2/2008 (A6-0188/2008, Kyösti Virrankoski) (votación)

9.2. - Revisión intermedia de la política industrial - Una contribución a la estrategia de crecimiento y empleo de la UE (A6-0167/2008, Romana Jordan Cizelj) (votación)

9.3. - Fundación Europea de Formación (refundición) (A6-0131/2008, Bernard Lehideux) (votación)

- Antes de la votación de la propuesta de la Comisión

  Bernard Lehideux, ponente. − (FR) Señor Presidente, hemos mantenido numerosas conversaciones con la Comisión y el Consejo con vistas a alcanzar un acuerdo en primera lectura. La votación de esta enmienda cuestiona ese acuerdo. Nos veremos obligados a ir a una segunda lectura, dado que es evidente, y así nos ha informado el Consejo, que no aceptará esta posición.

Lamento esta situación y, en vista de este problema, que no es para rechazar una parte considerable del texto que aprobamos con la primera enmienda sino para mantener la palabra dada al Consejo, recomiendo la abstención.

  Presidente. – Tomamos debida nota de sus palabras, no obstante, continuamos con la votación.

9.4. - Líbano (votación)

- Antes de la votación

  Jana Hybášková (PPE-DE). – Señor Presidente, pido una corrección lingüística, porque la resolución fue negociada en francés. En francés donde dice «notamment du Hezbollah» en la primera frase del apartado 5, debería decir en inglés «especially Hizbollah» y en checo «a zejména Hizballáhu». No puedo responsabilizarme de las demás versiones lingüísticas.

- Tras la votación del apartado 1:

  Pasqualina Napoletano, en nombre del Grupo del PSE – (IT) Señor Presidente, Señorías, la enmienda sustituye al apartado 1 del texto original, como sigue:

«Acoge con satisfacción el Acuerdo alcanzado por las partes en Doha relativo a la elección del General Michel Sleiman como Presidente de la República en los próximos días, la creación de un nuevo gobierno de unidad nacional y la adopción de la ley electoral; pide a las partes en el Acuerdo que apliquen plenamente dicho acuerdo; destaca la importancia de la reacción positiva de la comunidad internacional; congratula a los partidos libaneses por el acuerdo, y a Qatar y la Liga de Estados Árabes por el éxito con que han conducido la mediación.»

(Se aprueba la enmienda oral.)

9.5. - Aumento de los precios de los alimentos en la Unión Europea y en los países en desarrollo (votación)

- Tras la votación del apartado 6:

  Rosa Miguélez Ramos , en nombre del Grupo PSE. – Señor Presidente, voy a dar lectura textualmente a la enmienda oral que propone mi grupo, el Grupo del PSE:

«Recuerda que el principal objetivo de la PAC es garantizar la estabilización del mercado, la seguridad del suministro y precios razonables para los consumidores, y subraya la necesidad de la PAC después de 2013, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la política alimentaria de la UE, respetando al mismo tiempo la sostenibilidad, la seguridad y la calidad de los productos agrícolas;»

Quiero decir que renunciamos expresamente a la última parte del apartado, tal y como nos pidió el Grupo del PPE para apoyar esta enmienda.

(Se aprueba la enmienda oral.)

- Antes de la votación de la enmienda 31:

  Mairead McGuinness , en nombre del Grupo del PPE-DE. – Señor Presidente, quiero suprimir las palabras «libre y» de esta enmienda. El resto se mantiene.

(Se aprueba la enmienda oral.)

9.6. - Negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos en materia de exención de visado (votación)

- Antes de la votación del apartado 1:

  Stavros Lambrinidis , en nombre del Grupo del PSE. – Señor Presidente, me gustaría proponer un cambio al apartado 1 y añadir la palabra «incluso», y quedará como sigue: «Considera que cualquier forma de discriminación directa o indirecta entre ciudadanos europeos, incluso por motivos de nacionalidad, debería prohibirse».

Antes de la votación de la enmienda 8:

  Urszula Gacek , en nombre del Grupo del PPE-DE. – Señor Presidente, la enmienda oral en su totalidad aparece en la lista de votación. Básicamente corrige un error de hecho que señalaron los colegas griegos. Se refiere al umbral de rechazos de visados, que constituye la base para seguir manteniendo a los países fuera de la exención de visados. En el caso de la tasa de denegaciones para Grecia es, de hecho, sólo el 1 %, de modo que estamos corrigiendo un error de hecho y pido que apoyen esta enmienda.

(Se aprueba la enmienda oral.)

9.7. - Situación trágica en Birmania (votación)

- Antes de la votación

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). – Señor Presidente, no soy el responsable de este informe, pero me gustaría que los colegas que han estado trabajando en esta cuestión tomen nota de que estamos votando hoy dos informes, uno sobre China y otro sobre Birmania, Que se refieren a un desastre y a las distintas reacciones dadas. El informe sobre China empieza con una frase que dice que el Parlamento «transmite su más sentido pésame y su solidaridad a la población de China y a las numerosas víctimas; expresa su pesar a todos los que están sufriendo las consecuencias del terremoto», pero en el informe sobre Birmania sólo se recogen consideraciones políticas.

(El Presidente interrumpe al orador.)

  Presidente. – Señor Guardans Cambó, sabe el aprecio y el respeto que le tengo, pero tengo que seguir el procedimiento. Lo siento, pero no puedo reabrir el debate sobre un análisis comparativo de dos resoluciones. Lo entenderá.

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). – (FR) Estoy presentado una enmienda oral, que debería ser aprobada o no por la Cámara, en la que se expresa compasión por los pueblos en los mismos términos, exactamente con las mismas palabras, que en el caso de China. Ésta es la enmienda oral: compasión por el pueblo.

(Aplausos)

  Presidente. – Ésta es mi propuesta, dado que ha intervenido antes de que llegáramos al punto en cuestión: si he entendido bien, desea incluir esa observación antes del apartado 4. ¿Puede especificar el punto exacto?

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). – (FR) La enmienda oral sería un primer punto, que sería así:

«Transmite su más sentido pésame y su solidaridad a la población de Birmania y a las numerosas víctimas; expresa su pesar a todos los que están sufriendo las consecuencias de la catástrofe;»

(Aplausos)

(Se aprueba la enmienda oral.)

- Antes de la votación del apartado 10:

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, en nuestras listas de votaciones no hay enmiendas para la resolución sobre Birmania. La única votación es la de la resolución en su conjunto.

  Presidente. – Esto no es una enmienda, sino una votación por partes, solicitada por el Grupo ALDE.

9.8. - Catástrofe natural en China (votación)

9.9. - Tratado universal de prohibición de las armas de uranio (votación)

- Antes de la votación

  Stefano Zappalà, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (IT) Señor Presidente, Señorías, en nombre de mi Grupo del Partido Popular Europeo, me gustaría sumar mi apoyo personal a la propuesta de resolución presentada hoy por los demás grupos, por lo que el PPE aprueba la redacción en su totalidad.

  Presidente. - Es una buena noticia. Significa que la propuesta conjunta de resolución presentada por seis grupos políticos, incluido el PPE, sustituye a las propuestas de resolución sobre este tema, excepto la B6-0223/2008.

9.10. - REACH (Proyecto de Reglamento por el que se establecen los métodos de ensayo) (votación)

9.11. - Una nueva Estrategia de Salud Animal para la Unión Europea (2007-2013) (A6-0147/2008, Janusz Wojciechowski) (votación)

- Antes de la votación de la enmienda 12:

  Lutz Goepel , en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, permítanme leer lo siguiente: «destaca el mayor riesgo potencial que supone el transporte a larga distancia de animales vivos y, en este contexto, considera que sería necesario llevar a cabo inspecciones exhaustivas más frecuentes para que solo se transporten animales completamente sanos y cree que había que considerar la cuestión de si el transporte de animales con fines de sacrificio o engorde» —y ésta es la diferencia— «puede limitarse a un viaje máximo de nueve horas».

(No se aprueba la enmienda oral.)

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, debe ser neutro; no puede animar a la gente a que se levante; ellos saben si tienen que hacerlo o no.

(Aplauso del Grupo del PPE-DE)

  Presidente. – Simplemente señalé —y usted ha visto la posición de mi Grupo, por lo tanto no me he puesto de parte de nadie— que sus Señorías deben levantarse y permanecer de pie, porque si se levantan sólo un segundo y se vuelven a sentar es imposible realizar el recuento. Por lo tanto, no estaba proponiendo que se levantaran, sino sólo que se quedaran de pie una vez levantados.

He procedido exactamente del mismo modo que con el recuento hace un rato, para el otro lado de la Cámara.

9.12. - Estrategia de la UE para la tercera Reunión de la Convención de Aarhus (votación)

- Antes de la votación

Presidente. – Creo que el señor Ouzký deseaba hablar, porque el debate de ayer fue muy breve. Tal vez, podría explicarnos por qué.

  Miroslav Ouzký (PPE-DE). – (CS) Tan sólo quiero hacer uso de la palabra para destacar la importancia de esta resolución. Ayer no hubo ningún tipo de debate al respecto o más bien sobre la pregunta oral. Mi comisión ya ha recibido la respuesta del Comisario y, por tanto, aplaudo el hecho de que esta cuestión haya permanecido en el orden del día y que vaya a ser sometida a votación.

  Presidente. – Simplemente he señalado que este debate estaba en el orden del día de ayer, pero dado que nadie pidió hablar, no hubo debate. Por esto es tan importante ceder la palabra al presidente de la comisión en cuestión.

  Inés Ayala Sender (PSE). – Señor Presidente, querría decir que sí había oradores, que estábamos en el Pleno. Fue más bien el señor Ouzký el que no estuvo presente, y la Mesa y el Presidente decidieron anularlo. Sí había oradores preparados, además de la Comisión, que estaba presente.

  Presidente. – Está en lo cierto al señalarlo. Había oradores presentes, pero la comisión en cuestión había retirado este punto.

9.13. - Seguimiento de la Declaración de París de 2005 sobre la eficacia de la ayuda (A6-0171/2008, Johan Van Hecke) (votación)

10. - Calendario de los periodos parciales de sesiones

  Presidente. – Antes de proceder a las explicaciones de voto, permítanme informarles de que la Conferencia de Presidentes ha decidido, de conformidad con el artículo 127, apartado 3, del Reglamento, modificar el calendario de periodos parciales de sesiones de este año. Se trata de celebrar una sesión extraordinaria el martes 24 de junio de 2008, de las 9.00 a las 11.00 horas, para un debate conjunto sobre el resultado del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de junio y sobre el informe de los seis meses de mandato de la Presidencia eslovena.

11. - Explicaciones de voto

Explicaciones orales de voto

- Propuesta de resolución B6-0217/2008

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Señor Presidente, el coste de los alimentos está aumentando y seguirá haciéndolo y habrá más problemas con el suministro de alimentos. Hay varios motivos para la escasez de alimentos y para el hecho de que haya gente que necesite alimentos y que incluso muera de hambre. El primer motivo es, básicamente, el aumento del crecimiento de la población en terceros países. El segundo es la producción insuficiente de alimentos y una distribución deficitaria. El tercero es que varios grupos de interés están dominando el mercado. El cuarto es la política agrícola común, que ha dado lugar a reducciones importantes de la producción de alimentos en los nuevos Estados miembros. Hasta que se cambie esta política, hasta que liberemos la producción de alimentos y nuestras reservas, seguiremos contribuyendo a la escasez de alimentos y al aumento de los precios. El quinto motivo se refiere a los distintos desastres naturales sobre los que no tenemos control, pero que, lamentablemente, se traducen en numerosas pérdidas y complicaciones.

Sólo hay una conclusión: el problema alimentario es el más importante, dado que, después de todo, puede afectar a la supervivencia biológica. Exige solidaridad plena, no sólo en la Unión Europea, sino en todo el mundo. Por este motivo, tiene mi apoyo.

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Señor Presidente, he apoyado el nuevo apartado que se debe incluir tras el apartado 12, que pide a la Comisión y a los Estados miembros «que reconozcan la dependencia de la UE de la importación de proteínas vegetales procedentes de terceros países», con el primer resultado muy importante de crear, en primer lugar, «normas de importación viables basadas en umbrales de OMG» y, segundo de reducir, «los retrasos innecesarios en el sistema de europeo de autorización de OMG».

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Recientemente, hemos observado un preocupante aumento de los precios de los alimentos en los mercados mundiales. Cuando los precios de los alimentos suben y, asimismo, se produce un aumento significativo de los precios de la energía, esto causa un incremento de la inflación. Los políticos y los economistas están intentando analizar esta situación e identificar las causas. Los siguientes parecen ser los principales factores: cambios en la economía mundial, incluidos un aumento de los precios de la energía, reducción de cosechas y la producción de biocarburantes.

El aumento de la demanda de alimentos y la mayor afluencia de los habitantes de países con un rápido crecimiento como la India o China también han repercutido en el aumento de los precios de los alimentos. El aumento de los precios de los alimentos afecta a productores y consumidores por igual.

Los cambios en los mercados de alimentos mundiales nos obligan a pensar en nuestra estrategia de seguridad alimentaria, o tal vez en repensarla por completo. Sin embargo, lo que es más importante es adoptar medidas para mejorar la situación en los mercados alimenticios, no sólo mediante actividades ad hoc, sino mediante acciones que den lugar a una estabilidad a largo plazo.

Se ha prestado muy poca atención a la estabilidad en los niveles de producción y al mantenimiento de cantidades adecuadas de reservas, lo que limitaría los efectos de las fluctuaciones en los niveles de producción causados por el cambio climático u otros factores.

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Señor Presidente, en lo que respecta al informe sobre el aumento de los precios de los alimentos en la Unión Europea, he votado a favor de la enmienda 21 y en contra de la enmienda 28. Lamentablemente, el dispositivo de votación no ha funcionado en ese momento.

Sin embargo, me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que, en una Europa en la que los niños tienen hambre, resulta inaceptable tener límites y cuotas de producción para la producción de alimentos y quiero pedir a la Comisión Europea que reconsidere esta cuestión. Durante los trabajos parlamentarios la señora Zimmer ha elaborado un informe sobre la pobreza en Europa, en particular en lo que se refiere a la pobreza infantil, incluida la malnutrición entre los niños europeos. No deberíamos permitir que esto ocurra.

- Propuesta de resolución B6-0233/2008

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) En 2001, el Consejo eximió a los ciudadanos estadounidenses del requisito de visado. Lamentablemente, una exención comparable no se aplica a todos los ciudadanos de la UE. Los Estados Unidos siguen manteniendo el requisito de visado para los nacionales de algunos Estados miembros (actualmente, Bulgaria, Chipre, la República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumanía y Eslovaquia). Más del 10 % de las solicitudes de visado es rechazado. Según los solicitantes, el proceso a menudo se basa en criterios no transparentes.

Por un lado, la norma es que, desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam en 1999, el Consejo es responsable de establecer las normas sobre la política de visados de la UE. Por otro lado, es habitual que los Estados Unidos lleven a cabo solo negociaciones bilaterales para incluir a países en el programa de exención de visados, dado que esto es conforme con su legislación nacional y a este programa sólo pueden tener acceso países por separado y no comunidades internacionales.

Aplaudo la resolución del Parlamento Europeo sobre las negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que es el resultado de intensos debates en el Parlamento Europeo. Confío en que la resolución diluirá todas las dudas sobre los esfuerzos legítimos de los nuevos Estados miembros para eliminar las diferencias entre los antiguos y los nuevos Estados miembros de la Unión Europea.

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, los principios de solidaridad, cooperación y no discriminación por motivos de nacionalidad son fundamentales para la Unión Europea. La política de visados de los Estados Unidos y los requisitos que la acompañan han sacudido, sin embargo, estos principios. Los Estados miembros se ven obligados a entablar negociaciones separadas sobre cuestiones que, en buena medida, son competencia de la Comunidad.

La cuestión de las restricciones de visado afecta en particular a los nuevos Estados miembros que, aunque no aplican restricciones ni otros requisitos a los Estados Unidos, no pueden, como se puede ver, contra con la reciprocidad de este país.

Esta cuestión no puede ser resuelta individualmente por cada país. Lo que se necesitan son reglamentos detallados que comprendan a todos los países de la UE. Debo señalar que, si la política de visados de los Estados Unidos no cambia, esto afectará sin duda a las relaciones transatlánticas.

- Informe: Janusz Wojciechowski (A6-0147/2008)

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Señor Presidente, el problema de las enfermedades animales va en aumento y hay varios motivos para ello. El primero es el aumento del tamaño de las explotaciones y las concentraciones de animales asociadas. El segundo es la falta de medidas para luchar contras las enfermedades animales de manera eficaz.

Podríamos resolver el primer problema restringiendo las grandes explotaciones y los rebaños usando medios jurídicos y administrativos e introduciendo un sistema de apoyo para explotaciones más pequeñas, especialmente las familiares.

El segundo sin duda depende de que la Unión Europea proporcione fondos suficientes con cargo a su presupuesto para luchar contra las enfermedades animales. Obviamente, también hay otras causas importantes que no deberían ser subestimadas, como: el transporte animal, sistemas de advertencia temprana insatisfactorios, medidas de prevención insuficientes, entre las que se incluye la inoculación.

El informe del señor Wojciechowski habla de estos problemas y, por este motivo, he votado a favor.

  Bogdan Golik (PSE). – (PL) Señor Presidente, me gustaría felicitar al señor Wojciechowski por su informe y por el resultado de la votación de hoy. La iniciativa de la Comisión sobre un cambio en el planteamiento sobre la salud animal y la anterior estrategia han demostrado de manera inequívoca que es vital trabajar para mejora la normativa en esta materia, mejorar la coherencia y aumentar la eficacia legislativa.

El nuevo enfoque propuesto en la estrategia permitirá reducir el riesgo de que se produzcan brotes de enfermedades infecciosas en animales. Conozco este problema muy bien, también como veterinario. También fomentará el crecimiento en la economía, hará que los agricultores y empresas europeos sean más competitivos y proporcionará nuevo acceso a los mercados de exportación.

Asimismo, la existencia de normas adecuadas sobre salud animal y seguridad es una garantía de una política comercial adecuada en la Comunidad. Esta política, que ha cambiado por la influencia de una serie de crisis graves y de brotes de enfermedades que se produjeron en los últimos años, ha demostrado que es necesario llevar a cabo un análisis cuidadoso de las medidas adoptadas hasta la fecha. Creo que, gracias a esta propuesta, la Unión Europea fomentará la ciencia, la innovación y la investigación para introducir mejores medidas para luchar contra las enfermedades animales.

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Señor Presidente, siento observar que, en lo que respecta al informe del señor Wojciechowski, la enmienda sobre las condiciones para el transporte de animales no ha sido aprobada sólo por diez votos. Esto muestra una falta de sensatez por nuestra parte. Espero que, en el futuro, este tipo de documento sea corregido.

Explicaciones por escrito de voto

Informe: Kyösti Virrankoski (A6-0188/2008)

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Debido al retraso en la ejecución de los nuevos programas estructurales y, por tanto, de los programas operativos presentados por los Estados miembros, han quedado sin usar créditos por un total de 3 525 millones de euros del presupuesto de la UE para 2007 para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y del Fondo Europeo de la Pesca (FEP).

Parte de esta cantidad ya ha sido prorrogada al presupuesto de 2008, pero todavía hay 2 034 millones de euros sin utilizar.

Este proyecto de presupuesto rectificativo propone, entre otras cosas, prorrogar parte de esta cantidad sin usar al presupuesto actualmente en vigor (772 millones de euros), y prorrogar el resto a años posteriores.

Estos retrasos tienen graves repercusiones en la ejecución de programas y, obviamente, son las microempresas, las pequeñas y medianas empresas y las explotaciones familiares y a pequeña escala las que sufren las consecuencias en su mayoría, teniendo en cuenta, asimismo, el deterioro de la crisis financiera y socioeconómica resultado de las políticas neoliberales.

Asimismo, en vista del aumento de los precios de los alimentos y los combustibles y de la revisión a la baja del crecimiento económico en varios países de la UE, estas cantidades deberían usarse para fomentar la inversión pública a fin de estimular la economía e introducir mejoras urgentes en los ingresos de los trabajadores.

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), por escrito. − (PL) La segunda enmienda que fue introducida en el presupuesto para 2008 contiene, como es usual, varios elementos que no tienen conexión lógica entre sí. Esto a menudo es una característica de los presupuestos rectificativos y complica la evaluación de la propuesta. Sin embargo, la cuestión básica es la calidad de la justificación proporcionada, así como el cumplimiento del procedimiento de la propuesta con los reglamentos financieros. Resulta completamente justificable incluir en el presupuesto de 2008 créditos sin usar correspondientes a los Fondos Estructurales FEDR, FEADR y FEP (por un total de 771,6 millones de euros), lo que se corresponde con la letra y el espíritu del Acuerdo interinstitucional de 2006, cuando anticipé retrasos en la ejecución de las nuevas perspectivas financieras. Al votar esta enmienda presupuestaria, podemos observar con cierta satisfacción que más de 500 de 580 programas operativos para 2007-2013 ya han sido aprobados, lo que significa que estamos pasando a la fase de ejecución en este periodo actual de siete años. El ponente del Parlamento también está de acuerdo con las modificaciones de los planes marco de dos agencias, en concreto la Agencia Europea de Medicamentos y la Agencia Europea de Seguridad Marítima, de conformidad con la propuesta de la Comisión, lo que constituye una parte complementaria de la propuesta de enmienda presupuestaria inicial 2/2008. Este tipo de complemento se acepta con más facilidad que la tendencia de multiplicar las agencias ejecutivas y reguladoras de la UE.

- Informe: Romana Jordan Cizelj (A6-0167/2008)

  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) El intento estratégico de impulsar la competitividad europea, propuesto en la Estrategia de Lisboa y reiterado recientemente en el Consejo de Competitividad de noviembre de 2007, ha llevado a la UE a intensificar sus esfuerzos para mejorar el potencial europeo de innovación y crecimiento de cara a la competencia mundial.

Las PYME son la clave para una verdadera recuperación de la actividad de investigación y desarrollo, porque, por su propia naturaleza, son espoleadas en aras de la competencia en su esfuerzo por sobrevivir en el mercado. Sin embargo, el acceso a las actividades de I+D puede resultar en ocasiones particularmente gravoso en términos económicos y burocráticos.

Por tanto, apoyo este informe, que destaca la necesidad de que la UE aplique el principio de «pensar primero a pequeña escala» y fomente el potencial de innovación y originalidad de las PYME, que siguen siendo uno de los principales impulsores de la economía europea.

Creo que una política para ayudar a la pequeña empresa debería incorporar subvenciones y ayudas esenciales para la investigación: algunos ejemplos de esto son el programa BEST, que ha facilitado el intercambio de mejores prácticas entre PYME, el PCI y el marco político con siete iniciativas. Sin embargo, también creo que es esencial adoptar una serie de medidas destinadas a promover el espíritu empresarial, como la reducción de las barreras en el mercado interior, la eliminación de obstáculos burocráticos y la facilitación de créditos bancarios para PYME.

  Avril Doyle (PPE-DE), por escrito. − La delegación del Fine Gael en el PPE-DE acoge con satisfacción el informe de la señora Jordan-Cizeli sobre la revisión intermedia de la política industrial. Con respecto al apartado 7, reconocemos el derecho de los Estados miembros que desean consolidar el mercado europeo del equipo de defensa y mejorar la competitividad mundial de la industria europea de defensa, desde el estricto entendimiento de que la neutralidad militar de Irlanda (como se explica de manera explícita en una declaración de los Tratados) se respete plenamente.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) El informe del Parlamento Europeo, tras una comunicación de la Comisión Europea, asimismo, ignora el enorme impacto social de las industrias actuales y perpetúa un enfoque neoliberal que podría garantizar elevados beneficios para grandes empresas, pero no parece garantizar el empleo con derechos y mejoras en la calidad de vida de la gente.

Aunque es cierto que la industria en la UE es responsable de más del 80 % del gasto en I+D del sector privado y que sus productos innovadores representan aproximadamente el 73 % de las exportaciones de la UE, el informe defiende de hecho la creación de un mercado interior abierto y competitivo de los servicios y la industria. Esto sólo beneficia a los grandes grupos económicos, dado que podría poner en peligro a las microempresas, a las pequeñas y medianas empresas y a un elevado porcentaje de empleos. Esto, a su vez, podría afectar a la renta de los trabajadores y a muchos empresarios a pequeña escala y, por tanto, a su actividad como consumidores.

Por último, tampoco estamos de acuerdo con el fortalecimiento del papel del sector de la defensa de la UE, incluso si esto podría repercutir en la ampliación de la industria armamentística. Nuestra propuesta de progreso y desarrollo social es coherente con la paz y no con la guerra.

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. − (PT) He votado a favor de este informe dada la importancia que confiere a cuestiones que considero fundamentales, es decir el fomento de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en la Unión Europea.

Dado que representan más del 90 % de las empresas europeas, las PYME no sólo desempeñan un papel económico en la Unión Europea, sino también un papel social, dada su importante contribución al empleo y el crecimiento.

Iniciativas como el esfuerzo de la Comisión Europea para recortar la burocracia innecesaria a la que se enfrentan estas empresas en un 25 % y el fomento de la inversión en la calidad de los recursos humanos y en investigación son, por tanto, bien acogidas.

El sector industrial en la UE todavía tiene un gran potencial de mejora, tanto en la concretización de la investigación y la innovación en oportunidades de negocio como en la propia anticipación de estas oportunidades para una adaptación más rápida a los cambios del mercado.

La mejora del mercado reglamentario, en particular en lo que se refiere al sistema de patentes, a fin de facilitar el acceso al mercado interior y el fomento del espíritu empresarial europeo son factores clave para el aumento de nuestra competitividad industrial. En este contexto, el fomento de las agrupaciones regionales también me parece muy positivo.

Una industria europea próspera es crucial para lograr los objetivos de Lisboa.

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), por escrito. − (PL) La política industrial reviste una importancia considerable para la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Debería crear el marco para el crecimiento de empresas, inversión industrial, innovación y la creación de nuevos empleos.

Me complace que, en este contexto, se haya prestado especial atención a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, que, después de todo, constituyen el 99,8 % de las empresas en Europa. Son justo estas empresas las más afectadas por el exceso de burocracia. Calculados sobre una base per cápita, las pequeñas empresas incurren, de media, en costes que son diez veces superiores a los de las grandes empresas en lo que se refiere a las responsabilidades impuestas por los reglamentos jurídicos.

Asimismo, las PYME pueden experimentar mayores dificultades que las grandes empresas a la hora de acceder al mercado. No debemos olvidar que son las PYME, a través de su innovación y flexibilidad, las que más impulso ofrecen al crecimiento económico y a las mejoras de la competitividad de las empresas europeas. Por este motivo, resulta extremadamente importante desarrollar soluciones que ayuden a reducir las cargas administrativas, aumenten el acceso de las PYME al mercado interior y las licitaciones públicas y les ayuden a responder a los nuevos retos. La Carta Europea de la Pequeña Empresa anunciada por la Comisión debe incluir estos tipos de propuestas.

También comparto el punto de vista del ponente de que una mejora de las condiciones reglamentarias a escala europea debe combinarse con el compromiso de los Estados miembros. Sin pasos nacionales para reducir la carga administrativa, no será posible lograr beneficios económicos mensurables.

- Informe: Bernard Lehideux (A6-0131/2008)

  Sylwester Chruszcz (NI), por escrito. − (PL) He decidido votar en contra del informe A6-131/2008. Éste no es más que otro documento que se suma a la tendencia de crear instituciones que no tienen sentido y que consumen dinero del presupuesto de la Comunidad. A pesar de la existencia de cuatro fondos estructurales, un programa marco y docenas de agencias de la UE cuyo único trabajo es exprimir los fondos europeos, aquí tenemos otra organización que sin duda costará al contribuyente europeo mucho dinero. Sin embargo, en lo que se refiere a medidas reales en materia de desempleo y para facilitar la vida de los empleadores (o al menos no complicársela), no se menciona nada.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Lo que ha ocurrido hoy en la votación en el Pleno ha sido lamentable. El PPE-DE propuso una enmienda que cuestionaba e intentaba mejorar el funcionamiento del acuerdo ya alcanzado con el Consejo y promover el conocimiento y el análisis de los mercados laborales nacionales y locales. En cuanto a la interacción del Consejo con el Parlamento Europeo, la enmienda pretendía garantizar una participación más activa del Parlamento en el funcionamiento y el control del acuerdo.

La aprobación de la propuesta del PPE-DE, aunque por un margen estrecho, socavó toda la base del consenso logrado. De forma contraria a lo esperado, por tanto, será necesario ir a una segunda lectura, lo que significa que el informe se volverá a debatir en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, dado que se trata de un ámbito legislativo sujeto al procedimiento de codecisión.

De ahí nuestro voto final de abstención.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − La Fundación Europea de Formación desempeña un valioso papel en el desarrollo de los sistemas de formación profesional en terceros países. Creo que este Parlamento debería participar plenamente en el funcionamiento de la FEF y, por tanto, he podido apoyar la posición del ponente.

– Propuesta de resolución: Líbano (B6-0271/2008)

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Los miembros de la Lista de Junio apoyan muchas partes del informe. Acogemos con satisfacción el desarrollo de un Líbano en paz y democrático y esperamos que los Estados miembros de la UE contribuyan activamente al proceso de paz. Sin embargo, pensamos que esta acción debería tener lugar en el marco de las políticas exteriores independientes de cada Estado miembro, en particular dado que la situación política en el Líbano afecta a cuestiones delicadas sobre las que los Gobiernos de los Estados miembros difieren en buena medida. La UE debería dejar que fueran las Naciones Unidas las que abordaran estas cuestiones, en lugar de intentar competir y desarrollar su propia política exterior. Las Naciones Unidas es la organización internacional que mejor equipada está para lograr una solución duradera del conflicto en Oriente Próximo y para encargarse de la situación política.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) La reciente evolución de la situación en el Líbano no puede ser analizada de manera aislada del deterioro de la situación en Oriente Próximo, donde se refuerza la interferencia, la intervención y la ocupación militar de los Estados Unidos y sus aliados con el objetivo de establecer el control de esta región estratégica.

Además de blanquear el papel del Gobierno libanés en el reciente deterioro de la situación en el Líbano, la presente resolución —cuya propuesta original se vio sobrepasada por los acontecimientos— también blanquea las maniobras de ingerencia, de tentativa de bloqueo y de presión ejercidas por Israel y los Estados Unidos en los asuntos internos de este país, de las que son ejemplos las maniobras militares realizadas por Israel, el estacionamiento de la Sexta flota estadounidense en la región y la propuesta de boicot de la Cumbre de Damasco. También habría que señalar que, al mismo tiempo que escamotea el papel de los Estados Unidos y sus aliados en la región, la mayoría del PE una vez más apunta el dedo a Siria e Irán.

La Resolución también se centra en posiciones políticas cuyo objetivo es inmiscuirse en los asuntos internos del Líbanos, sin tener en cuenta el hecho de que el deterioro en la situación de Oriente Próximo se debe principalmente a la ocupación militar por parte de Israel de territorio palestino, sirio e incluso libanés.

  David Martin (PSE), por escrito. − (EN) La situación en el Líbano es preocupante. El acuerdo alcanzado en Doha entre el Gobierno y los líderes de la oposición ha ofrecido al país una oportunidad para, cabe esperar, avanzar hacia la paz y la estabilidad.

Aunque la votación del nombramiento del General Michel Suleiman como Presidente todavía está pendiente, las señales de que todas las partes están preparadas para negociar son alentadoras. Creo que la UE debería continuar apoyando medidas para garantizar que no volvamos a ser testigos de la violencia y la agitación política sufridas por el pueblo libanés. He votado a favor de la propuesta de resolución.

– Propuesta de resolución: Subida de los precios de los alimentos en la Unión Europea y en los países en desarrollo (B6-0217/2008)

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. − (SV) Hemos decidido votar a favor de la Resolución, dado que la subida de los precios de los alimentos representa un problema para el abastecimiento de alimentos en todo el mundo.

Sin embargo, lamentamos que el Parlamento cierre los ojos ante el hecho de que la política agrícola proteccionista de la UE está contribuyendo a una situación en la que grandes partes del mundo no cuentan con un sistema de producción de alimentos viable.

  Bernadette Bourzai (PSE), por escrito. – (FR) La crisis alimentaria mundial (83 % de aumento de los precios), que actualmente se traduce en revueltas del hambre en los países en desarrollo y la caída del poder adquisitivo de los consumidores europeos más modestos está, en mi opinión, relacionada con lo siguiente:

- la especulación bursátil sin precedentes de los precios de los alimentos, que se aprovecha de una manera inaceptable de las tensiones y de la fuerte volatilidad de los mercados agrícolas;

- el crecimiento de los cultivos con fines energéticos a expensas de los cultivos alimentarios esenciales;

- las lagunas de la política europea de desarrollo;

- el hecho de que el apoyo a los cultivos de exportación, en los países en desarrollo, se ha hecho en detrimento de los cultivos y de la autosuficiencia alimentarios; y

- las normas actuales del comercio mundial, que generan condiciones particularmente injustas para los pequeños y medianos agricultores, en particular en los países en desarrollo.

Más allá de la acción de urgencia, debemos, cuando abordemos el estado de salud de la PAC, redefinir nuestros medios de intervención en los mercados mundiales (infraestructuras, mercados de inversión, gestión de riesgos, perspectivas y modelización económica de la evolución de los precios, etc.), reconsiderar la disociación de la ayuda y repensar globalmente nuestros modelos de producción agrícola para que sean productivos y sostenibles.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) No puedo dejar de señalar una contradicción entre esta Resolución del Parlamento Europeo y las propuestas de revisión de la política agrícola común que la Comisaria responsable de agricultura presentó aquí esta semana.

Resultó particularmente chocante que la Comisaria ignorara todo el drama social y el fuerte impacto de la escalada en el aumento de los precios de los alimentos que se han registrado en los últimos meses —exacerbados por el abandono de la tierra y la desaparición de miles de explotaciones—, insistiendo en recortar las míseras ayudas recibidas por aproximadamente 70 000 pequeños agricultores portugueses mediante un umbral mínimo al tiempo que se indica un máximo.

El efecto negativo de la última reforma de la PAC es bien conocido, en particular el de la disociación de las ayudas de la producción. Por tanto, resulta particularmente grave que, en las circunstancias actuales, se haya anunciado la supresión total de los pagos asociados a la producción que todavía existen (con la única excepción de las novillas, el ganado caprino y el ovino). Estos pagos han sido transferidos al régimen de pago único, al mismo tiempo que se avanza en el desmantelamiento gradual de organizaciones comunes de mercado importantes, en el desmantelamiento del sistema de cuotas lácteas y en la supresión de la intervención en ámbitos como el trigo duro, el arroz y la carne de porcino, promoviendo el abandono de las tierras y de la actividad agrícola.

  Neena Gill (PSE), por escrito. − He votado a favor de esta resolución para apoyar en particular los apartados 16 y 35 que piden que el mundo desarrollado que adopte medidas drásticas contra las subvenciones agrícolas.

El llamamiento del Ministro de Agricultura francés, Michel Barnier, para que Europa establezca un plan de seguridad alimentario y se resista a ulteriores recortes del presupuesto agrícola europeo no está bien concebido. Después de ocho años en la Comisión de Presupuestos del Parlamento, donde he llegado a conocer a la perfección las anomalías de la PAC, creo que esta decisión sería contraproducente. Aumentaría los precios mundiales de los alimentos en un momento de crisis y no beneficiaría en absoluto a la salud a largo plazo de la agricultura europea.

Francia ocupará pronto la Presidencia de la UE y hace tiempo que es necesario emprender una revisión del presupuesto de la UE. El Presidente Sarkozy debe aprovechar la oportunidad para empezar una verdadera reforma de las subvenciones agrícolas en la PAC y permitir a la UE que cumpla sus responsabilidades para con el mundo en desarrollo.

El Gobierno británico, por otro lado, hizo bien al pedir un acuerdo justo que permita a los países más pobres acceder a los mercados del mundo desarrollado. Esto podría ayudar a 100 millones de personas del mundo en los países pobres que, de otro modo, se verían abocadas a una mayor pobreza. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer a escala de la UE.

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), por escrito. − (PT) El crecimiento económico mundial y la política en materia de biocarburantes han creado una paradoja. Dado el nivel de riqueza conseguido a escala mundial, resulta obsceno que muchas familias tengan que luchar para conseguir algo para comer. El mercado está condicionado por la concentración sin precedentes de personas en zonas urbanas, el abandono de la agricultura por el sector terciario y el uso de productos alimentarios básicos en otros elementos complejos de la cadena alimentaria, como la ganadería.

Los biocarburantes han introducido un ladrón en el campo y un invitado inesperado a la mesa. La competencia entre fuentes de energía y alimentos dirige sus precios.

Nos enfrentamos a problemas de escasez, sostenibilidad, seguridad y ecológicos. Se adoptan políticas de autosuficiencia en respuesta a la desaparición de reservas estratégicas y se temen guerras. Dadas las restricciones anunciadas sobre la venta del grano, el tamaño de las cosechas este año será crucial. La especulación es tal que los bancos centrales están llamando la atención sobre el riesgo subyacente de inflación, mientras que en la India la negociación de contratos de futuros sobre alimentos ha sido prohibida.

Urge revertir la situación en favor de los agricultores, que todavía no saben lo que cultivarán, especialmente los más pequeños, que son víctimas de políticas agrícolas perversas e incongruentes. La tecnología y la ciencia que antes divergían tienen una nueva oportunidad de la que todos nos beneficiaremos.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Debido a la presión de la agudización de la crisis capitalista mundial, la Resolución aprobada, aunque con limitaciones, representa, no obstante, una condena de las consecuencias de las políticas agrícolas de la UE y revela los objetivos reales e inaceptables de la PAC y de los acuerdos de la OMC.

Sin embargo, la Resolución no apunta a los verdaderos responsables de la gravísima situación actual y no extrae las conclusiones pertinentes de su diagnóstico, dado que no cuestiona las políticas subyacentes, entre otros ejemplos:

No afirma la soberanía alimentaria como cuestión central para asegurar el derecho a la alimentación;

No considera el aumento de los ingresos de la pequeña agricultura y de la agricultura familiar como condición necesaria para preservar la agricultura, el mundo rural y la seguridad alimentaria;

No exige la retirada de la agricultura de la OMC y que la producción agroalimentaria deje de ser tratada como una mera mercancía y no pide que se revise el acuerdo de Blair House.

No exige la ruptura con la PAC, el fin de la desvinculación de las ayudas de la producción, la aplicación de un verdadero umbral y la diferenciación en favor de la pequeña agricultura y de la agricultura familiar ni una justa redistribución entre países y productores, promoviendo el pleno desarrollo de la producción agropecuaria de cada país.

  James Nicholson (PPE-DE), por escrito. − Hemos entrado en un periodo caracterizado por la inseguridad alimentaria. Los precios han aumentado drásticamente y la demanda de alimentos está creciendo más rápido que la oferta. Una combinación de factores climáticos (como las sequías prolongadas) y el uso de cereales en la producción de combustibles han agravado la situación.

Esta situación actual resulta particularmente preocupante en el contexto del mundo en desarrollo. En los países más pobres como Haití, la escasez de alimentos ha dado lugar a incidentes como revueltas y desórdenes civiles. Como señala esta resolución, la prioridad de la comunidad internacional debería ser garantizar la autonomía y la autosuficiencia alimentaria de los países en desarrollo.

Sin embargo, el aumento de los precios de los alimentos no sólo afecta a las naciones más pobres. La UE debe actuar para estabilizar esta situación. En primer lugar, deberíamos animar a nuestros agricultores a que produzcan más. Asimismo, es necesario lograr un equilibrio más sensato en relación con el uso de cereales para suministro de alimentos y para producción energética. Una revisión del «chequeo» de la PAC sería ideal para abordar estas cuestiones.

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), por escrito. − (PL) He votado a favor de la Resolución sobre la subida de los precios de los alimentos en la Unión Europea y en los países en desarrollo. Se trata de un problema que afecta a todo el mundo. Hay muchas causas para esta situación, como el aumento de la demanda de alimentos, la subida de los precios del combustible, los desastres naturales (especialmente sequías), la reducción de la superficie de tierra dedicada a la agricultura con fines de consumo humano o animal (el precio de aumentar la superficie de tierra dedicada a la llamada agricultura energética), etc. Por este motivo, apoyaría la propuesta de moratoria de los biocarburantes de la ONU.

Lo que también puede verse es la especulación financiera de los mercados alimentarios. Otro factor que contribuye es la cuestión de las cuotas, erróneas e innecesarias, que restringen la producción agrícola, por ejemplo las cuotas lácteas que limitan la producción de leche y los productos lácteos en Polonia. Las trágicas consecuencias sufridas en los países más pobres dan lugar a la entrega gratuita o a precios de saldo de alimentos excedentes. Este tipo de ayuda sólo resulta útil en caso de catástrofes y desastres. Por el contrario, resulta totalmente perjudicial para sus agricultores, dado que no les resulta rentable dedicarse a la agricultura o a la ganadería. La rápida subida de los precios de los alimentos, en combinación con el desempleo, también podría dar lugar a inestabilidad social en estos países.

Hace poco hemos conocido un dramático acontecimiento en Afganistán, donde alguien vendió a su hijo para poder mantener al resto de la familia con el dinero obtenido. Deberíamos recordar los efectos inflacionistas de la subida de los precios de los alimentos. Esperemos que no desencadene un aumento en espiral y repentino de todos los precios.

  David Martin (PSE), por escrito. − A diario, 850 millones de personas en todo el mundo pasan hambre. Esta crisis requiere una acción rápida y eficaz de la UE y de sus Estados miembros. Me sumo al llamamiento para que se realice una evaluación de impacto del papel de los minoristas en la cadena alimentaria y para que la Comisión y los Estados miembros analicen las discrepancias en los precios cobrados a los agricultores por sus productos y los cobrados a los principales minoristas.

De hecho, esta crisis es de escala mundial y hay mucho trabajo por hacer en los países en desarrollo. Por tanto, tenemos que centrarnos en la ayuda a los países en desarrollo en ámbitos como la agricultura, el desarrollo rural y la industria agroalimentaria. He votado a favor de la Resolución.

  Véronique Mathieu (PPE-DE), por escrito. – (FR) En un momento en que el aumento de los precios de los alimentos es tan preocupante, una resolución del Parlamento Europeo se antoja más necesaria que nunca.

En primer lugar, la escasez de alimentos que se extiende en muchos países del mundo resulta absolutamente inaceptable. Tenemos que proponer medidas de emergencia para poner fin al hambre que en estos momentos está afectando a las personas más vulnerables de los países en desarrollo. Además de estas medidas de emergencia, que no pueden resolver el problema a largo plazo, la UE debe formular una estrategia, en acuerdo con organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el FMI, la FAO y la OMC. Debe ser una estrategia básica que aborde todas las causas de la crisis: cambio de hábitos alimentarios en Asia, el rápido aumento del cultivo de biocarburantes, etc.

En segundo lugar, el preocupante aumento del precio de la cesta de la compra de los consumidores indica que se debería reflexionar detenidamente sobre la reforma de la política agrícola común. En un momento en que estamos comprobando el estado de la PAC, debemos presentar propuestas concretas para detener la inflación que estamos presenciando en el mercado interior y para garantizar la autosuficiencia alimentaria de la UE.

  Toomas Savi (ALDE), por escrito. − Cuando participé en la misión de observación electoral en Nigeria el pasado abril, me sorprendió que Nigeria, que antes había sido exportador de productos agrícolas, se hubiera convertido en importador de alimentos. La situación demográfica en los países en desarrollo ha hecho aumentar la demanda de alimentos de manera drástica, pero los constantes conflictos militares, la lucha contra enfermedades mortales como el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis, así como la ineficacia de la administración han desviado a los gobiernos de los países en desarrollo de dar una respuesta a esta necesidad.

He apoyado la Resolución del Parlamento Europeo sobre la subida de los precios de los alimentos en la Unión Europea y en los países en desarrollo y espero que la Unión Europea siga mejorando sus políticas de desarrollo y lleve a cabo un comercio internacional justo.

  Olle Schmidt (ALDE), por escrito. − (SV) La Resolución sobre la subida de los precios de los alimentos en el mundo podría haber sido una valiosa contribución al debate actual sobre la política agrícola de la UE y sus consecuencias.

Sin embargo, el resultado resulta decepcionante. En la primera parte se señala que se tiende hacia una mayor regulación y hacia el almacenamiento; a pesar de que, por primera vez, el aumento de los precios de los alimentos han hecho de la agricultura un sector verdaderamente lucrativo.

La segunda parte habla del «derecho a la alimentación» en el Tercer Mundo y la importancia de dar prioridad a la producción de alimentos sobre la producción de combustibles. Al mismo tiempo, el resultado final de la votación ha ofrecido una divergencia de opiniones en relación con las ventajas y desventajas de los biocarburantes.

La política consiste en resolver conflictos entre diversos objetivos y la principal tarea de un político es encontrar el equilibrio y clasificarlos por orden de prioridad. Esta resolución no lo ha logrado. Por tanto, me he abstenido.

  Richard Seeber (PPE-DE), por escrito. − (DE) Hay que poner fin por completo a la subida de los precios de los alimentos, ya que, de otro modo, nos vamos a encontrar con graves dificultades. Necesitamos estrategias polifacéticas que reanimen la producción alimentaria, por un lado, mediante medidas como la suspensión temporal de las primas por retirada de tierras de la producción y que permitan una mejor coordinación y distribución de los suministros de alimentos, por el otro. Los países pobres más afectados por el aumento de los precios deben recibir ayuda para superar la crisis tan rápido como sea posible de manera bien organizada y, sobre todo, sostenible. Los grandes exportadores de productos agrícolas, como Argentina y los Estados Unidos, deben actuar a nivel global a este respecto y no centrarse únicamente en su propio bienestar.

En el debate de los biocarburantes, no debemos olvidar que su producción en Europa, donde los cultivos para combustibles ocupan el dos por ciento de las tierras cultivables, tiene un efecto exiguo en los precios de los alimentos. No se deben producir biocarburantes a expensas de los alimentos y, por este motivo, debemos hacer un gran esfuerzo para promover la producción de una segunda generación de biocarburantes, basados en la biomasa, que es básicamente un residuo orgánico que prácticamente no tiene ningún otro uso.

– Propuesta de resolución: Negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos en materia de exención de visado (B6-0233/2008)

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. − (PT) Tras la aplicación de la reforma legislativa estadounidense relativa al refuerzo de los requisitos de seguridad al amparo del programa de exención de visados, los Estados Unidos decidieron proponer memorandos de acuerdo individuales a cada Estado miembros en un intento de dividir para mandar.

Estos acuerdos son inaceptables, no sólo porque no respetan la competencia comunitaria en este ámbito, sino también porque socavan el principio de competencia justa y dan lugar a un trato desigual entre nacionales de varios Estados miembros en lo que a visados se refiere.

Aplaudo la concesión de un mandato a la Comisión (bajo competencia comunitaria) para negociar un acuerdo entre la UE y los Estados Unidos que garantice un trato uniforme y aplique las mismas condiciones en relación con la exención de visados a todos los nacionales de la UE que deseen entrar en territorio estadounidense (como la Unión de hecho ya aplica en relación con todos los ciudadanos estadounidenses que desean entrar en la UE).

Estas negociaciones deben realizarse con prontitud y en un espíritu de unidad europea, para que en 2009 todos los Estados miembros puedan participar en el programa de exención de visados estadounidense reformado.

Creo que las condiciones para que esto ocurra, sin embargo, sólo existirán, si los acuerdos bilaterales que han entrado en vigor son anulados. Por tanto, espero el dictamen de los servicios jurídicos del PE, que espero que confirme esta posición.

  Urszula Gacek (PPE-DE), por escrito. − (EN) La aprobación de la «propuesta de resolución sobre las negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos en relación con las exenciones de visado» es bien acogida por el PPE-DE.

Marca un paso importante en las actividades de coordinación de los Estados miembros y la Comisión Europea en sus negociaciones con los Estados Unidos. Reconoce que la discriminación de un gran grupo de ciudadanos de la UE resulta inaceptable y muestra la solidaridad de los Estados miembros que ya se encuentran incluidos en el programa con los que todavía se enfrentan a inconvenientes y, en ocasiones, a procedimientos de solicitud de visados degradantes. Llama la atención sobre el hecho de que los motivos para la denegación de visados no son transparentes. Una caída rápida en la tasa de denegaciones en algunos países y no en otros hace sospechar que los países que se encuentran fuera del programa no son tratados conforme a las mismas condiciones por los Estados Unidos.

Como representante de Polonia, un país que no pertenece al programa de exención de visado, confío en que la Resolución dé lugar a una conclusión rápida y satisfactoria de un acuerdo que permita a todos los ciudadanos de la UE viajar a los Estados Unidos en las mismas condiciones. La UE y los Estados miembros han realizado un esfuerzo concertado para solucionar este problema. Esperamos que los Estados Unidos cumplan esta iniciativa con una respuesta abierta y positiva.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) De la presente Resolución se desprende:

Que aunque la UE ha firmado acuerdos de reciprocidad con varios países terceros pero no con los Estados Unidos —motivo por el cual en 2006 la Comisión propuso la restauración temporal del requisito del visado para titulares de pasaportes diplomáticos y de pasaportes de servicio/oficiales para acelerar los progresos hacia la reciprocidad con este país—, el Consejo no ha cumplido esta propuesta, lo que la Resolución describe como simbólico.

Que la situación se complicó en términos jurídicos, cuando los Estados Unidos reformaron su régimen de exención de visados, sobre la base de la llamada lucha contra el terrorismo, añadiendo medidas de seguridad (incluido el acceso a datos e informaciones de ciudadanos de terceros países) y exigiendo a otros países que deseaban formar parte del programa de exención de visados que firmaran un memorando de acuerdo bilateral y sus normas de ejecución vinculantes.

Y que, a la luz de las exigencias de los Estados Unidos, los diferentes Estados miembros de la UE se dividieron, evidenciando, finalmente, sus prioridades.

La Resolución se inscribe en el esfuerzo por limitar los daños, aunque, en nuestra opinión, sin salvaguardar principios que consideramos fundamentales, como la soberanía de los Estados miembros y los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos.

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), por escrito. − (PL) Apoyo la Resolución del Parlamento Europeo sobre las negociaciones relativas a los visados con los Estados Unidos. Éstas deberían realizarse en nombre de todos los Estados miembros de la UE. El Gobierno estadounidense y los gobiernos de los países que ya se han embarcado en negociaciones bilaterales deberían tener en cuenta la posición de la UE y su competencia para suscribir tratados.

Lo que se necesitan son directrices claras para debates bilaterales sobre viajes a los Estados Unidos sin visados, pero hay cuestiones que son competencia de la UE. Lo que se requiere aquí es reciprocidad. Lamentablemente, en lo que a Polonia se refiere, que eliminó de manera unilateral el requisito de visado para los ciudadanos estadounidenses ya el 15 de abril de 1991, la asimetría es mayúscula. No me convence el argumento de que esto se debe al nivel más bien elevado de denegaciones de concesión de visados.

En mi opinión, estas denegaciones a menudo son el resultado de decisiones arbitrarias tomadas por funcionarios del servicio consular estadounidense, quienes suponen —a menudo sobre una base poco clara— que alguien podría ampliar ilegalmente su plazo de visita a los Estados Unidos. Estas suposiciones resultan difícilmente objetivas y en ocasiones son simplemente insultantes. Asimismo, el tipo de cambio del zloty frente al dólar ya no permite sustentar el argumento del trabajo ilegal. Lo que actualmente importa a la gente son las visitas turísticas, los viajes de negocios y las visitas a amigos y familia. Creo que los Estados Unidos también salen perdiendo con esta política, cerrando sus fronteras a sus aliados pero dejando entrar a terroristas potenciales. ¿Cómo puedes desarrollar la cooperación transatlántica si no confías en tus aliados? No sólo se trata de una pregunta retórica. Muchos de mis electores han mencionado este problema.

  Peter Skinner (PSE), por escrito. − (EN) Los ciudadanos de Europa se han unido para disfrutar de los beneficios de una Unión Europea que pueda expresarse no sólo en Europa pero también sin ella. En ninguna otra parte esto es más obvio que en el trato de sus ciudadanos al viajar al extranjero. Los Estados Unidos ya no piden visados para muchos países de la UE. Aunque entiendo el derecho legítimo de los Estados Unidos de tomar su propia decisión al respecto, creo que existe un argumento racional a favor de ampliar este derecho a todos los ciudadanos de la UE. Creo que un acuerdo debidamente negociado con los Estados Unidos debería reflejar el enfoque basado en la no discriminación requerido por el Parlamento.

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), por escrito. − (RO) He votado a favor de la Resolución del Parlamento Europeo sobre las negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos en relación con las exenciones de visado.

He votado a favor de la enmienda oral propuesta por el diputado socialista Lambrinidis, porque pide la exclusión de cualquier forma de discriminación directa o indirecta entre ciudadanos europeos, incluso por motivos de nacionalidad. Así pues, se llama la atención sobre las consecuencias de la falta de coordinación entre las instituciones comunitarias y los Estados miembros, en negociaciones internas.

También he votado a favor de la enmienda 8, modificada oralmente por nuestro colega Gacek. El nuevo texto expresa la insatisfacción del Parlamento Europeo con la situación existente en la que sólo los ciudadanos de 12 Estados miembros, como Rumanía, no están exentos del visado para los Estados Unidos de América.

He votado a favor de la enmienda 1 presentada por el Grupo de los Socialistas Europeos, que pide a la Comisión que garantice, de conformidad con el principio de cooperación leal, el mismo trato para todos los Estados miembros en relación con las exenciones de visado. He votado a favor de la enmienda 2 presentada por el Grupo de los Socialistas Europeos, porque manifiesta que, en la reunión de 13 de marzo de 2008 de la troika de los Ministros de Justicia y Asuntos de Interior, los Estados Unidos reconocieron las atribuciones de la Comunidad para negociar acuerdos internacionales en materia de política de visados.

– Propuesta de resolución: Situación trágica en Birmania (B6-0244/2008)

  Edite Estrela (PSE), por escrito. − (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución común sobre Birmania porque, en la trágica situación que se vive en el país, es urgente restablecer la democracia y garantizar el respeto de los derechos humanos.

Lamento la conducta de las autoridades birmanas en respuesta al ciclón que devastó el país, causando miles de muertes y desplazamientos, y condeno firmemente la respuesta ante esta tragedia del régimen birmano, que ha impedido el acceso a los equipos de ayuda humanitaria y ha rechazado la ayuda para las víctimas.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) El desastre humanitario que se ha producido en Birmania es una gran tragedia y los diputados de la Lista de Junio estamos de acuerdo en que el modo en que el Gobierno de Birmania ha abordado la situación es criticable. La ayuda debe llegar a los cientos de miles de afectados. Ésta es la prioridad número uno. Por tanto, apoyamos firmemente la Resolución en sus críticas al Gobierno birmano, que ha puesto su poder por encima de la supervivencia de su pueblo. Por otro lado, no es tarea de la UE condenar y pedir a otros países que ejerzan presión sobre Birmania para que abra sus fronteras. No compete a la UE pedir a la Corte Penal Internacional que enjuicie al Gobierno de Birmania. Es la comunidad internacional la que debería abordar estas cuestiones cruciales del Derecho internacional a través de las Naciones Unidas. Lamentablemente, la UE suele aprovechar este tipo de desastres para imponer su propia posición en materia de política exterior.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Expresamos nuestro profundo pesar por las víctimas del ciclón que el 2 y el 3 de mayo afectó a varias regiones de Myanmar (Birmania).

Sin duda, consideramos que deberían desplegarse todos los esfuerzos diplomáticos, en concreto en el marco de las agencias de la ONU, para prestar ayuda urgente y apoyo a las víctimas, intentar minimizar el número de víctimas mortales, dar respuesta a los problemas con los que se enfrenta la población e iniciar las actividades de reconstrucción de las innumerables infraestructuras destruidas, en cooperación con las autoridades birmanas, como la Resolución destaca.

Sin embargo, no estamos de acuerdo con iniciativas que, sobre la base de la llamada intervención humanitaria, seguirán dificultando y cuestionando los esfuerzos actualmente emprendidos por las agencias de la ONU, la ASEAN y diversos países de la región para encontrar soluciones que ayuden a superar los actuales obstáculos y a reducir el sufrimiento de las poblaciones afectadas.

Estas iniciativas, que, instrumentalizando de manera inaceptable la situación dramática de miles y miles de seres humanos, pretenden, en primer lugar, usar la catástrofe humanitaria para fines políticos como una oportunidad para alcanzar los objetivos geoestratégicos, acaban comprometiendo la ayuda humanitaria que afirman que es tan urgente y necesaria. En el fondo, promueven situaciones que podrían añadir la tragedia de la guerra a la tragedia natural.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − (EN) Apoyo plenamente la Resolución sobre la trágica situación en Birmania. El desastre natural original del ciclón se ha visto superado por el desastre humano creado por la respuesta del Gobierno birmano. El Gobierno birmano tiene una obligación moral y jurídica para con sus ciudadanos y debe permitir la entrada de la ayuda internacional para que la situación no empeore.

  David Martin (PSE), por escrito. − (EN) La trágica situación en Birmania requiere una atención urgente. Al rechazar hasta el momento la ayuda internacional, el régimen birmano ha demostrado su indiferencia por la gravedad de la situación existente. Para las víctimas del ciclón Nargis esto no es un problema político, sino de supervivencia. Me sumo a mis colegas para instar al régimen militar a que acepte las ofertas de asistencia de la comunidad internacional.

De hecho, nuestros socios asiáticos también deben asumir su papel y presionar al régimen de Yangón. Reitero que, al animar a los demás países ASEAN a que reconsideren la pertenencia de Birmania, Yangón se encontraría sometido a una gran presión y aceptaría finalmente los derechos y libertades que su población viene reclamando y sigue haciéndolo. Me sumo a mis colegas al votar a favor de esta propuesta.

– Propuesta de resolución: Catástrofe natural en China (B6-0242/2008)

  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) Señor Presidente, me gustaría reconocer la rápida respuesta de la Comisión ante la situación de emergencia acontecida tras el terremoto del 12 de mayo. Según la prensa, fábricas, escuelas y casas colapsaron, en determinadas áreas el terremoto destruyó el 80 % de los edificios, en algunas ciudades se vinieron abajo escuelas, sepultando a los estudiantes, y, lamentablemente, las fábricas químicas han dispersado toneladas de sustancias contaminantes en el terreno.

Esta vez estamos logrando seguir esta devastación, en toda su crudeza, en la prensa y a través de las declaraciones de las autoridades chinas, que parece que no están ocultando nada. Cabe señalar que, en esta ocasión, en marcado contraste con la locura del cercano régimen birmano, China se está mostrando abierta a la asistencia y la ayuda internacionales. Como ha dicho el Comisario en varias ocasiones, Europa debe proseguir con su acción humanitaria en la provincia devastada de Sichuan.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) La ayuda y el dinero para el pueblo chino afectado por esta catástrofe natural son una obligación para hacer frente a esta trágica situación. Pero los Estados miembros por sí mismos pueden ofrecer esta ayuda directamente a la región afectada. La ayuda no tiene que canalizarse a través de la UE. Otras instituciones están mejor equipadas para coordinar la ayuda humanitaria. Las Naciones Unidas, con su larga experiencia y alcance mundial, son un ejemplo obvio de estas organizaciones. Consideramos que esta resolución no es más que otro intento por parte de la UE de aplicar su política exterior y de aprovechar un desastre para dar un paso adelante hacia un Estado federal que intervenga en política exterior.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Expresamos nuestras sinceras condolencias con las víctimas del terremoto que golpeó a varias provincias y regiones autónomas de la República Popular China el 12 de mayo, y nuestra solidaridad con el pueblo chino, que ha mostrado semejante coraje y apoyo mutuo en este momento de sufrimiento.

Como se ha señalado, las autoridades chinas han emprendido de manera muy rápida y eficaz la urgente tarea de ofrecer socorro y apoyo a las víctimas, intentando minimizar el número de muertes, responder a los problemas de la gente y empezar a reconstruir la gran cantidad de infraestructuras destruidas.

Por tanto, es necesario que los Estados miembros y la UE ofrezcan de manera rápida recursos y ayuda de emergencia que contribuyan al enorme esfuerzo de las autoridades chinas para ayudar a las personas afectadas por el terremoto.

  David Martin (PSE), por escrito. − (EN) Me sumo a mis colegas a la hora de aplaudir los esfuerzos de China para ayudar a su pueblo tras el terremoto en la provincia de Sichuan. Lo que estamos viendo en China es un ejemplo para otros Estados en la región con la destrucción masiva causada por este tipo de desastres naturales.

También estoy de acuerdo en que la UE debería ayudar activamente a China en los esfuerzos de reconstrucción. He votado a favor de la Resolución.

  Zita Pleštinská (PPE-DE), por escrito. – (SK) He votado a favor de la Resolución del Parlamento Europeo sobre la catástrofe natural que se ha producido en China. Los terremotos son catástrofes que se cobran muchas vidas y causan grandes daños materiales.

El terremoto de China, con una magnitud de 7,8, ha conmocionado a todo el mundo. Este devastador terremoto se ha cobrado numerosas víctimas y ha creado unas condiciones extremadamente difíciles para los afectados, especialmente en la provincia de Sichuan. Me gustaría expresar mi más profunda compasión y solidaridad con el pueblo chino y con las numerosas víctimas de esta tragedia.

Acogemos con satisfacción el hecho de que las autoridades chinas hayan reaccionado con rapidez a la catástrofe, adoptando medidas de auxilio de emergencia. Cabría señalar que China también estaba dispuesta a aceptar ayuda de fuentes externas. Asimismo, resulta gratificante que los medios chinos y extranjeros pudieran transmitir información detallada y precisa sobre la catástrofe.

Según los cálculos, la UE ya ha proporcionado más de 10 millones de euros en ayudas. Sin embargo, China necesita la experiencia práctica de los europeos en este campo incluso más que la ayuda financiera. Las medidas de ayuda de emergencia destinadas a la población civil deben, por tanto, incluir prácticas probadas y comprobadas para reducir el impacto de tragedias de este tipo. La UE tiene que ofrecer el conocimiento que ha adquirido mediante la investigación sismológica para ayudar a identificar las razones de la inadecuada estabilidad estructural de los edificios. La región sísmica de Sichuan debe ser convertida en un laboratorio al aire libre en la que puedan probarse potenciales soluciones y donde se puedan usar los resultados para la reconstrucción de esta provincia.

– Propuesta de resolución: Tratado universal de prohibición de las armas de uranio (B6-0219/2008)

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Una prohibición de este tipo de armas debe aplicarse a escala mundial, a través de las Naciones Unidas, y a instancias de los Estados nación, no por el Parlamento Europeo. Nos oponemos a una política europea de seguridad común que conduzca a unos Estados Unidos de Europa. Así pues, hemos votado en contra de la Resolución.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Siendo plenamente consciente del carácter retrospectivo de la Resolución, hemos votado a favor, principalmente por el contenido de los apartados 7 y 8, en los que el Parlamento:

Reitera el llamamiento a todos los Estados miembros de la UE y a los países miembros de la OTAN para que mantengan o se esfuercen por lograr la imposición de una prohibición total del uso de uranio empobrecido y pongan fin sistemáticamente a la producción y la contratación de este tipo de armamento;

Invita a los Estados miembros y al Consejo a que lideren la lucha en pro de un tratado internacional destinado a establecer una prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento, la transferencia, los ensayos y el uso de armas que contengan uranio, así como la destrucción o el reciclado de los arsenales existentes (aunque el PE ha fijado, inaceptablemente, condiciones para este requisito).

Sin embargo, debemos destacar que la mayoría en el PE ha impedido atribuir la responsabilidad del uso de uranio empobrecido con fines militares. En otras palabras, intenta blanquear los delitos cometidos por la OTAN y los Estados Unidos y sus aliados en Kosovo, Afganistán e Iraq (donde, además de armas con uranio empobrecido, se han usado también bombas de fragmentación o de fósforo blanco.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − Apoyo plenamente los llamamientos en favor del establecimiento de un tratado internacional para prohibir las armas de uranio empobrecido. El uso de estas armas causa enfermedades mortales entre el personal militar y la población civil. La UE tiene una obligación moral de asumir el liderazgo en esta cuestión y trabajar hacia la total eliminación de estas armas.

  David Martin (PSE), por escrito. − (EN) Los Estados miembros de la UE y el Consejo deben liderar la negociación de un tratado internacional destinado a establecer una prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento, la transferencia, los ensayos y el uso de armas que contengan uranio.

De hecho, considero que este tratado no debe detenerse ahí. Los Estados no deben tener la posibilidad de seguir usando las reservas existentes de estas armas, cuyo impacto en la salud y el medio ambiente sigue siendo, en mi opinión, incierto. Las existencias actuales deben destruirse o reciclarse. He votado a favor de esta resolución.

- Propuesta de resolución - REACH (B6-0237/2008)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) La presente resolución proporciona continuidad al proceso de REACH, donde nos abstuvimos, ya que pensamos que no respondía a las preocupaciones y derechos legítimos de los consumidores y de la pequeña y mediana empresa, y que no protegía ni a los trabajadores ni al medio ambiente. Creemos que no se consiguió por completo el equilibrio necesario entre proteger la salud de los trabajadores, proteger el medio ambiente y desarrollar la industria porque no se protegía adecuadamente los derechos de los consumidores, al restringirse el derecho a la información y a la salud. Tampoco tenía en cuenta suficientemente a las PYME, ya que aumentaba de forma inevitable el coste de registrar sustancias sin proporcionar el apoyo necesario, ni siquiera a las grandes empresas que han expresado ahora su deseo de reemplazar las sustancias químicas peligrosas.

Ahora se hace referencia a las medidas para agilizar y acelerar los procedimientos internos de la Comisión para la validación y aceptación normativa de nuevos métodos de ensayo alternativos, para que la Comisión proporcione un proceso más transparente que implique la consulta a todas las partes interesadas en la puesta en marcha de cualquier propuesta para la adaptación al progreso técnico de la reglamentación sobre métodos de ensayo. Mantenemos la misma posición, con la esperanza de que efectivamente se logrará más transparencia.

- Informe: Janusz Wojciechowski (A6-0147/2008)

  Bernadette Bourzai (PSE), por escrito. – (FR) He apoyado el informe Wojciechowski sobre una nueva Estrategia de Salud Animal. Como diputada electa del distrito francés Massif central-Centre, estoy especialmente preocupada por la difusión de la enfermedad epizoótica de la fiebre catarral ovina, por su gravedad en lo que respecta a su duración, propagación, la difusión de varios serotipos de la enfermedad en áreas que hasta ahora estaban libres de la misma y los graves efectos socioeconómicos derivados de la restricción del movimiento y la comercialización de animales. Creo que la Comisión debería formular un plan de acción de salud animal para mejorar su capacidad de reacción ante enfermedades animales epizoóticas graves mediante financiación de la investigación, compensación por pérdidas, proporcionando avances en los pagos, etc.

He votado en contra de la enmienda 12 relativa al hecho de que el transporte a larga distancia de animales vivos puede aumentar los riesgos y que los animales destinados para sacrificio no deben ser transportados durante más de nueve horas. Por otro lado, he votado a favor de la enmienda 3, en el sentido de que la calidad del transporte es más importante para el bienestar animal que su duración. Existe legislación específica y severa sobre este tema, y lo más aconsejable sería que siguiéramos de cerca su aplicación.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Creemos que el informe presenta una variedad de medidas positivas sobre las que seguir trabajando y que la Comisión debe llevar adelante, en especial:

- la necesidad de una contribución sustancial de la Comunidad en lo que respecta a enfermedades importantes para asegurar la igualdad de tratamiento y de oportunidades allí donde dichas enfermedades sobrepasen los recursos de los países y productores afectados;

- el reconocimiento de que los productores de la UE se enfrentan a mayores costes debido a las normas superiores existentes en la UE y que debemos protegerlos de las importaciones de productos animales producidos en base a estándares inferiores;

- la necesidad de que la Comisión ayude a los ganaderos a hacer frente a los elevados costes de adquisición del equipo necesario para registrar los animales.

Seguimos siendo críticos, particularmente en materia de financiación pública, que debe incrementarse para evitar que se contraten seguros privados para remediar las pérdidas causadas por la erradicación de enfermedades. No podemos estar de acuerdo con la posibilidad de que los ganaderos tengan la responsabilidad total de erradicar enfermedades a través del pago de seguros privados.

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. − (PT) Apoyo la estrategia de salud animal para 2007-2013, propuesta por la Comisión Europea, ya que creo que el debate entre las instituciones europeas debe ser iniciado cuanto antes con vistas a la redacción de futuras propuestas legislativas.

Hay que priorizar la acción a nivel europeo, hay que crear un marco moderno para la salud animal y hay que mejorar la prevención, el seguimiento y la investigación científica.

Por lo tanto, apruebo el informe Wojciechowski, aunque debo señalar que, respecto a las restricciones al transporte animal para el sacrificio, estoy en contra de cualquier tipo de imposición adicional, ya que la legislación existente ya contiene suficientes disposiciones para minimizar el sufrimiento animal.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Este informe trata una cuestión muy importante. Pero, como de costumbre, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural propone aumentar los créditos de la UE para la agricultura en varios contextos. Por lo tanto, nos vemos obligados a votar en contra el informe en su totalidad, aunque en principio estamos a favor de las medidas que promueven la mejora de la salud animal en la Unión.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − (EN) He votado en contra del apartado 52 del informe Wojciechowski que proporciona apoyo al principio de etiquetado electrónico. Las propuestas en este ámbito no son proporcionadas y la Comisión debe repensar su estrategia. La ganadería ovina desempeña un papel fundamental en muchas partes de la Escocia rural y la UE debe actuar para proteger estas economías rurales, no imponiendo cargas adicionales a los ganaderos de ovino.

  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe sobre una nueva Estrategia de Salud Animal para la UE porque estoy totalmente a favor de la agricultura sostenible y, por lo tanto, sólo puedo apoyar cualquier medida o práctica que busque su promoción.

La salud y el bienestar de los animales de granja es esencial para asegurar la salud pública a través de la producción de alimentos sanos. La salud animal está muy relacionada con la salud humana, por la posibilidad de transmisión directa o indirecta de ciertas enfermedades.

La alta concentración de animales en las explotaciones de ganadería intensiva puede aumentar el riesgo de difusión de enfermedades y dificultar el control de las mismas. Aunque estoy de acuerdo en que debemos promocionar medidas que aseguren la seguridad biológica en las explotaciones, debemos asegurar también que no incrementamos innecesariamente los criterios ecológicos.

Sin embargo, lamento que la Comunicación de la Comisión no valore más a los expertos veterinarios, quienes, a mi parecer, son los mejor situados para aplicar una estrategia efectiva para la protección de la salud animal.

  David Martin (PSE), por escrito. − (EN) Acojo con satisfacción el informe de Janusz Wojciechowski. El informe incorpora medidas destinadas a mejorar la seguridad alimentaria así como la salud animal. Ha habido algunas peticiones de los colegas conservadores y del SNP de votar en contra de la introducción obligatoria de identificación genética basada en el ADN y del registro de animales a escala de la UE.

En estos tiempos en los que la amenaza de brotes de enfermedades animales nuevas o existentes es muy grave, y se prevé que dicha gravedad aumente debido al cambio climático, parece sensato un sistema de transporte animal fiable y seguro gracias a dichos métodos de registro e identificación. Este parecer se refleja en la forma en que he votado.

  Véronique Mathieu (PPE-DE), por escrito. – (FR) Tras el acalorado debate y el considerable numero de enmiendas presentadas en la Comisión de Agricultura y Desarrollo rural, el informe Wojciechowski aprobado propone cambios sustanciales a las propuestas de la Comisión. Estos cambios dan al informe un fuerte sentido del equilibrio y proporcionan la oportunidad real de enmendar y mejorar el marco jurídico para la salud animal en la Unión Europea.

En cuanto al tema de la alta concentración de animales en las explotaciones de ganadería intensiva, la Comisión de Agricultura ha moderado la posición inicial del ponente al reconocer que puede resultar problemática si se practican medidas inapropiadas de control de enfermedades.

Además, la enmienda en presentada en el Pleno en nombre del PPE-DE respecto al transporte de animales de larga distancia debería permitir a la UE limitar el sufrimiento innecesario de los animales para sacrificio, a la vez que se mantienen unas excelentes condiciones sanitarias.

El resto de medidas propuestas en el informe, en particular para promover el uso de la vacunación de emergencia, otorgan a los agricultores un mayor sentido de la responsabilidad y arrojan luz sobre el papel de todos los implicados en la financiación de la estrategia futura, son un paso en la dirección correcta y son los medios apropiados de reforzar la legislación de la UE sobre salud animal.

  Mairead McGuinness (PPE-DE), por escrito. − (EN) Aplaudo este informe, que resalta la necesidad de contar con un nivel elevado de seguridad animal en la UE, que puede conseguirse únicamente mediante un plan de acción de la UE. En relación al transporte animal, sólo podemos legislar en esta materia basándonos en resultados científicos. Los intentos de especificar la duración de los viajes son estrechos de miras y están mal enfocados. Se debe prestar atención para asegurar el cumplimiento de la legislación existente sobre transportes. Es la calidad del transporte lo importante, y no su duración. Por ello, acojo con satisfacción la exclusión de este informe de una duración determinada del transporte. Por último, la UE debe insistir en que nuestras normas de bienestar y salud animal sean aceptadas internacionalmente y que estas preocupaciones sean tomadas en cuenta por la OMC.

  Peter Skinner (PSE), por escrito. − (EN) Este tema es un motivo de preocupación vital para muchos millones de ciudadanos europeos, en particular en el sureste de Inglaterra. El tema más controvertido es el transporte de animales, que aparece en este informe.

Agradezco cualquier impulso proporcionado para mejorar el bienestar animal durante el proceso del transporte. Por supuesto, un elemento del mismo es que los veterinarios cuenten con los recursos adecuados para realizar las comprobaciones, y pueden estar seguros de que pueden contar con un fondo veterinario mejorado para esta actividad.

De forma similar, aquellos ganaderos que gestionan el transporte de animales vivos deben poder beneficiarse de instrumentos que los protejan de pérdidas indirectas.

- Propuesta de resolución – Estrategia para la tercera reunión de las Partes de la Convención para el Acceso a la Información, Participación Pública en la toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en temas Medioambientales (B6-0238/2008)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) La aplicación de la Convención de Aarhus ha sido discutida desde su entrada en vigor el 30 de octubre de 2001. Puesto que la mayoría de los 35 países de la Convención son Estados Miembros de la Unión Europea, los mismos tienen una responsabilidad especial a la hora de establecer los mecanismos necesarios para aplicarla.

Igual de importante es garantizar algunas disposiciones específicas, como los derechos que la Convención establece, que mejoran la participación pública a nivel global y regional en otras convenciones y tratados que tratan temas medioambientales.

El Parlamento y el Consejo han adoptado ahora tres instrumentos legislativos para aplicar la Convención de Aarhus, pero restan algunas dificultades. Por lo tanto, aunque algunos aspectos de la Resolución del PE no están muy claros, en general la apoyamos porque creemos que es importante contribuir a la creación de condiciones universales para el acceso a la justicia y a los procesos relativos a cuestiones ambientales.

Por lo tanto, esperamos algunos pasos positivos en esta tercera sesión de la Reunión de las Partes, que tendrá lugar en Riga, Letonia, del 11 al 13 de junio de 2008.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Los miembros de la Lista de Junio apoyamos la Convención de Aarhus, pero creemos que los Parlamentos nacionales deben determinar su posición por cuenta propia durante la conferencia sobre la Convención de Aarhus en Riga.

Por supuesto, los Estados miembros que no han ratificado la Convención de Aarhus deberán decidir ellos mismos si la quieren ratificar o no. Pensamos que el Parlamento Europeo no debe hacer recomendaciones al respecto.

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), por escrito. − (FI) Me he involucrado activamente en la Convención de Aarhus desde 2000, cuando debatimos su primer pilar, el derecho de los ciudadanos a la información sobre medio ambiente, y después el segundo pilar, sobre las oportunidades de participación pública en la toma de decisiones. Cuando me reuní con activistas ambientales locales en Kazajstán, lo que parecía obvio en Occidente tomó una nueva dimensión desde mi punto de vista.

La Convención de Aarhus es un logro formidable destinado a mejorar la participación pública y los derechos a la información y es un componente para el éxito de cualquier sistema democrático, y por ello entiendo la posición del Parlamento de que el elemento que falta, el derecho del público a recurrir, debe ser restaurado. Simpatizo, sin embargo, con el Consejo cuando dice que teme que se abuse del derecho de recurso de los ciudadanos para frenar proyectos o crear campañas de financiación orquestadas por las organizaciones. El Consejo hace bien en preocuparse por esta explotación de la democracia. Es importante, aun así, que esta cuestión se trate una vez más: el mundo y nuestra sociedad están cambiando continuamente y las decisiones políticas deben poder resistir las exigencias de hoy en día.

Es por esta razón que me satisface el apartado de nuestra resolución para preparar la reunión que dice que hay un deseo de ampliar la Convención de Aarhus para aplicar todos los principios del desarrollo sostenible. De esta forma, los criterios para el desarrollo sostenible se cumplen gracias a los principios de la Convención en lo que se refiere a la apertura, la oportunidad de participación y la responsabilidad. Esta es la idea real tras la Convención de Aarhus: generará formas proactivas y variadas de pensar sobre el medio ambiente, especialmente entre el público, creando de esta forma nuevas oportunidades de mejorar las prácticas existentes. El encuentro en Riga será una oportunidad espléndida de evaluar interinamente la Convención, y estoy convencida de que este es el camino a seguir.

  Cristiana Muscardini (UEN), por escrito. − (IT) Señor Presidente, la Convención Aarhus reconoce que todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente apropiado para su salud y bienestar, y tienen el deber de proteger el medio ambiente, también que para ejercer dicho derecho y para cumplir dicho deber, los ciudadanos deben tener derecho a la información, ser capaces de participar en la toma de decisiones y tener acceso a la justicia en las cuestiones ambientales.

El artículo 1 de la Convención manifiesta que cada Parte garantizará los derechos de acceso a la información y la participación del público en la toma de decisiones. Una mayor implicación en este proceso de las instituciones nacionales y europeas que representan a los ciudadanos es de vital importancia para obtener el pleno acceso a la información en cuestiones medioambientales y, en especial, para asegurar que la información proporcionada sea, por encima de todo, correcta. Abundan las teorías contradictorias, con mayor o menor fundamento científico. Es necesario establecer reglas para prevenir pronunciamientos alarmistas y algunas veces exagerados, y hacer de la protección medioambiental un deber para todos, los ciudadanos y las instituciones.

En nombre del Grupo UEN, que votará en favor de la Resolución, me gustaría subrayar la necesidad de que la delegación de la Unión Europea en la Reunión de las Partes de la Convención, que tendrá lugar del 11 al 13 de junio de 2008, cuente con una representación tan amplia de este Parlamento como sea posible.

- Informe: Johan Van Hecke (A6-0171/2008)

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Algunos aspectos de la Resolución son más importantes que otros.

Debido a su importancia estructural, algunas políticas condicionan todas las demás. Pondré un ejemplo.

Al no poner en tela de juicio los acuerdos de asociación económica (AAE), refiriéndose meramente a la necesidad de no proporcionar ayuda al desarrollo sólo a países que acepten una mayor liberalización de sus mercados, se abandona cualquier aspecto positivo que pudiera surgir de dicha ayuda.

Los AAE imponen condiciones a la soberanía de los países, imponen un modelo que favorece a las multinacionales de la UE, y condiciona la producción de los países no a las muchas necesidades particulares que puedan tener sus habitantes, sino a los requisitos de un mercado cada vez más liberalizado.

Por lo tanto, considerando positivo que el gasto militar debe quedar excluido del ámbito de la ayuda al desarrollo, que los recursos efectivos deben dedicarse a desarrollar y mejorar servicios públicos, que el desvío de ayuda a objetivos que no tienen nada que ver con el desarrollo deben terminar de una vez para siempre, todas estas medidas sólo resultarán efectivas si al mismo tiempo rechazamos la liberalización del comercio y los instrumentos de dominación e interferencia establecidos en los AAE.

Sólo superando dicha contradicción será posible establecer ayuda que exprese verdadera solidaridad y que respete la soberanía nacional.

  Jens Holm y Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), por escrito. − (EN) Creo que todavía se puede hacer mucho para mejorar la eficacia de la ayuda de la UE y sus Estados miembros, y el informe de Johan van Hecke abarca enfoques importantes. Sin embargo, me gustaría subrayar que no apoyo la parte del apartado 1 que dice que la UE debería hablar con una sola voz y que se necesita más armonización.

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), por escrito. − He votado a favor del informe sobre efectividad, a pesar de no estar totalmente a favor. En primer lugar, porque los Estados miembros no cumplen con su palabra, lo que hace que todo el trabajo que realizan las Instituciones europeas no sirva para nada. Además, tampoco se habla claramente sobre el papel que los Estados miembros se comprometieron a desempeñar («ayudantes de la aplicación de la ayuda a los países socios») y el que están desempeñando realmente (financian solamente aquellas iniciativas prioritarias para sus propias economías), sin prestar atención al desarrollo social y económico de los países (huérfanos).

En segundo lugar, porque se pide más eficacia y más transparencia a la hora de financiar los proyectos. Eficacia: por supuesto que sí. Pero si transparencia significa más auditorias, más consultas, más controles... en definitiva, más pérdida de dinero y tiempo en asuntos burocráticos, que más que facilitar entorpecen la labor de MUCHA gente, entonces, la transparencia juega en contra de la eficacia. Y yo abogo por que la transparencia sea una herramienta útil para lograr la eficacia, y que ésta última prevalezca siempre.

  David Martin (PSE), por escrito. − (EN) Acojo con satisfacción el seguimiento del señor Van Hecke de la Declaración de París de 2005 sobre la eficacia de la ayuda. El sistema de ayudas debe ser fiel a su objetivo primario de reducir la pobreza. Es más, para que la ayuda sea eficaz debe hacer uso de los sistemas locales y comprometerse totalmente con el destinatario.

También apoyo la solicitud de que la Comisión y los Estados miembros de la UE hagan esfuerzos significativos para cumplir el objetivo señalado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de dedicar el 0,7 % del PIB europeo a ayuda pública al desarrollo para 2015. Creo que el informe refleja esta visión y voto a favor.

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), por escrito. − (PL) La Declaración de París de 2005 estableció un programa de eficacia de la ayuda internacional centrado, primordialmente, en la eliminación de la pobreza. El documento contiene obligaciones específicas con el objetivo de mejorar la eficacia de la ayuda en base a la cooperación internacional. Da la sensación de que sería ayuda efectiva en el pleno sentido de la palabra y que los que necesitaran dicha ayuda la recibirían y no tendrían que pagar por ella.

Por desgracia, sucede que las personas que reciben la «ayuda» tienen que pagar por ella. En muchos casos, éste es un instrumento para hacer que los débiles dependan económicamente de los fuertes, y los pobres dependan de los ricos. Al principio de los sesenta un indio que vio la «ayuda» proporcionada por los países desarrollados a su propio país dijo en una reunión de la Organización Mundial de la Alimentación «por el amor de Dios, dejen de ayudarnos». Espero que esta vez las cosas sean diferentes.

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, haría casi cualquier cosa para servir a este Parlamento. Casi alcancé mis límites ayer cuando puse el debate de la Convención de Aarhus por delante del consumo de espárragos en la famosa tarde de los espárragos. Abandoné antes del postre, sólo para enterarme de que el debate había sido cancelado. Mi pregunta es, ¿está permitido adjuntar nuestros inutilizados discursos a las actas de la sesión, ya que la respuesta de la Comisión aparece en las mismas de todas formas?

12. - Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

(La sesión, suspendida a las 13.00 horas, se reanuda a las 15.00 horas.)

PRESIDE: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepresidenta

13. - Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

14. - Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (debate)

14.1. - Sudán y la Corte Penal Internacional (debate)

  Presidenta. – El siguiente punto es el debate de las seis propuestas de resolución sobre Sudán y la Corte Penal Internacional⁽¹⁾.

  Jean Lambert, autor. − Señora Presidenta, una vez más retomamos el asunto de Sudán y lo que se puede hacer para pedir al Gobierno que tenga en cuenta el sufrimiento de su pueblo y, por ende, las repercusiones en los países vecinos.

La Resolución de esta tarde se refiere en particular a la Corte Penal Internacional y al hecho de que, hace ahora más de un año, esta Corte dictó dos órdenes de detención contra Ahmad Haroun, Ministro del Interior en esa época, que es en estos momentos Ministro de Asuntos Humanitarios —lo cual creo que muchos de nosotros encontraremos realmente estremecedor— y también para uno de los antiguos líderes de la milicia Yanyauid, Alí Mohamed Alí Abd Al-Rahman.

No hemos visto ninguna cooperación en absoluto por parte del Gobierno sudanés en lo que respecta a la entrega de estas personas a la Corte Penal Internacional, aunque el Gobierno es muy consciente de que pertenecer a las Naciones Unidas conlleva ciertas obligaciones. Estamos percibiendo una cultura de la impunidad constante, en la que parece ser que nadie tiene que dar cuentas por los crímenes más horribles.

Nosotros consideramos que todos los gobiernos deberían adoptar una posición firme a este respecto y la Resolución indica que deberíamos invitar al Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de junio que tome medidas con vistas a la adopción de medidas punitivas de la UE dirigidas contra un grupo claramente identificado de dirigentes sudaneses que son responsables de la falta de cooperación, incluidas sanciones financieras. Parece que si el llanto de la gente no funciona, puede que el corte de flujo de dinero lo haga.

Mi Grupo felicita a la Cámara por esta Resolución. Esperamos que se adopte una acción firme y poder ver así a estos, y a otros hombres, en manos de la justicia.

  Erik Meijer, autor. − (NL) Señora Presidenta, hace un año también celebramos un debate de urgencia sobre Sudán. Desde entonces, la situación ha ido a peor, no a mejor. El acuerdo entre el norte islámico y el sur no islámico, alcanzado después de una larga guerra interna, se encuentra bajo presión. Tanto la cooperación temporal en un gobierno de transición como la preparación del referéndum sobre la independencia del sur en 2011 se encuentran bajo presión, debido a que las fronteras de esas zonas no han sido delimitadas finalmente. El control de la zona central, rica en petróleo, es ahora la causa de más violencia.

Asimismo, el acuerdo de paz no se aplica en el oeste de Darfur, ya que los nómadas árabes y los soldados han obligado a la mayoría de la población negra a desplazarse al vecino Chad. No es éste un conflicto entre los seguidores del Islam y del Cristianismo, sino entre los nómadas y la población agrícola asentada por el control de una tierra árida que produce muy poco. Debido al crecimiento de la población y a la desertización, la gente está perdiendo sus recursos de sustento tradicionales y se están volviendo los unos en contra de los otros. El Gobierno es también responsable de la expulsión de la población originariamente no árabe. Existen en este momento enfrentamientos que van desde Darfur hasta la capital, Jartum.

Aunque lo que se conoce ahora como Sudán anteriormente recibía el nombre de Sudán Angloegipcio, era discutible si esta enorme zona con poblaciones dispares debía de independizarse como Estado único. Un Estado unificado sería principalmente el Estado de las poblaciones árabes de las zonas norte, este y centro. La obtención de una posición de igualdad sería difícil tanto para la población negra islámica del oeste como para los cristianos y animistas negros del sur. Las regiones que en aquel entonces estaban mucho menos desarrolladas se encontraban lejos del mar y recibían muy poca atención internacional. Nadie les prestó atención a la larga y es ahora cuando vemos los resultados de la falta de visión colonial.

El Estado es el responsable de muchos delitos, pero al mismo tiempo resulta, en gran medida, un instrumento para una de las partes del conflicto. Esto hace que le resulte difícil cooperar con las medidas punitivas. Obviamente estamos intentando mantener la perspectiva abierta en la Resolución, aunque con la situación actual no hay muchas razones para ser optimistas.

  Filip Kaczmarek, autor. − (PL) Resulta realmente escandaloso que el Gobierno sudanés haya nombrado al señor Haroun (ex Ministro de Interior y responsable de Darfur durante el período 2003-2004) Ministro de Asuntos Humanitarios. Es una broma de mal gusto que se le haya concedido la responsabilidad sobre la vida y la seguridad de los habitantes de Darfur —ya que él era la persona que anteriormente los perseguía— y que las decisiones respecto a la mayor operación humanitaria llevada a cabo por la misión de paz internacional UNAMID estén en sus manos. No olvidemos que el propósito de esta misión es proteger a la población civil de todo tipo de delitos, o sea, justo el tipo de acciones en las que el señor Haroun estaba implicado.

La comunidad internacional, la Unión Europea, la Unión Africana, la ONU, la Liga Árabe; todas estas organizaciones deberían ejercer la máxima presión sobre el Gobierno sudanés para que estas personas respondan finalmente ante la Corte Penal Internacional.

  Leopold Józef Rutowicz, autor. − (PL) Señora Presidenta, Sudán es un país enorme que cubre un área de 2,5 millones de kilómetros cuadrados y que cuenta con una población de unos 42 millones de personas. Ha sido destruido por dos guerras civiles que se han cobrado millones de víctimas y han causado la pérdida, la degradación y la destrucción de la propiedad de muchos más millones de habitantes. Uno de los asuntos que se encontraban en la base de los conflictos fratricidas eran las diferencias étnicas —el 52 % de la población es africana y el 39 % árabe— y las diferencias religiosas, con un 70 % de suníes y un 30 % de animistas.

Durante estas guerras la población padeció todo tipo de atrocidades a manos de los que contaban con armamento y poder, incluidos asesinatos, torturas, violaciones, robos y desalojos; delitos que han sido procesados y castigados por la Corte Penal Internacional. Desafortunadamente, la CPI no cuenta con medios para llevar a los autores ante la justicia. La Resolución presenta la perspectiva europea sobre la situación actual, la cual yo apoyo. Sin embargo, lo que realmente pienso es que, en tales circunstancias, valdría la pena considerar la aplicación de un planteamiento más radical. Utilizar, por ejemplo, las fuerzas especiales de la ONU para llevar a los acusados ante la CPI, y luego encarcelar a aquellas personas consideradas culpables y recluirlas de por vida —sin derecho a regresar— en alguna isla remota que recibiese un nombre contundente, como por ejemplo la Isla de los Malhechores. Creo que esto sería de ayuda.

  Marios Matsakis, autor. − (EN) Señora Presidenta, la ONU calcula que el conflicto de Sudán ha causado alrededor de 300 000 muertes y que ha dejado aproximadamente 2,5 millones de refugiados.

Los informes sobre los inenarrables actos de barbarie que han tenido lugar en la región han abundado durante los últimos años. El sufrimiento de la población civil inocente ha sido extremo. Aquellos que supuestamente han sido responsables de la instigación o la perpetración de crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad deberían enfrentarse a la ley y, en caso de ser declarados culpables, deberían ser castigados en consecuencia.

Esto no solamente es necesario como un hecho de justicia natural, sino también para poder tener la seguridad de que se impide que estas personas repitan sus crímenes y para que otros criminales potenciales tomen ejemplo y evitar así la perpetración de crímenes similares.

La Corte Penal Internacional se creó para garantizar que aquellos que cometan crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad no queden impunes. Sudán ha firmado el Estatuto de Roma por el que se crea la Corte Penal Internacional, aunque todavía no lo ha ratificado.

Esto no es excusa para no ofrecer a esta Corte toda su cooperación, de conformidad con la Resolución 1593 del Consejo de Seguridad de la ONU. La Corte Penal Internacional dictó dos órdenes de detención contra el ex Ministro del Interior de Sudán, señor Ahmad Haroun y contra el líder de la milicia Alí Mohamed Alí Abd Al-Rahman. Las órdenes están relacionadas con 51 cargos de supuestos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Desde hace más de un año, las autoridades sudanesas se niegan a entregar a estas personas, obstruyendo de este modo el trabajo de la Corte Penal Internacional.

Esto es total y absolutamente inaceptable. Tal comportamiento convierte al Gobierno sudanés en cómplice de los supuestos criminales. Instamos a Sudán a que recapacite, y de forma rápida, sobre la grave situación que el propio país ha creado al pretender proteger a esos supuestos asesinos de masas del brazo del Derecho internacional. Esperamos que atiendan a razones y acaten la petición de la Corte Penal Internacional de inmediato.

  Tadeusz Zwiefka, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (PL) Es bastante escandaloso que un país que es miembro de Naciones Unidas no respete los llamamientos que le dirige el Consejo de Seguridad de tal organización para que colabore con la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional cuando el Ministro de Exteriores de Sudán se niega a ofrecer dicha ayuda? ¿Y cuando declara que la Corte no tiene derecho a juzgar a ningún ciudadano sudanés y que el gobierno sudanés no permitirá que ningún ciudadano de su país sea juzgado ni condenado fuera de sus tribunales nacionales?

Nos encontramos en una situación difícil, ya que, hasta cierto punto, Sudán no depende de la ayuda de la Unión Europea ni de los Estados Unidos ni de otras democracias occidentales, sino que ha basado su desarrollo en la ayuda procedente de China. China, un país al que desgraciadamente, no le preocupan los derechos humanos; ni tan siquiera dentro de sus fronteras. La única reacción posible por nuestra parte es pedir la congelación de los activos de los dirigentes sudaneses.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, en nombre del Grupo del PSE. – (PL) Desde 2003, el conflicto de Sudán ha causado 300 000 víctimas. Dos millones y medio de personas han abandonado sus hogares para escapar de la violencia. A pesar de la estabilización parcial del país, existen constantes enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes, lo cual dificulta el uso de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU y el reparto de ayuda humanitaria. No será posible una resolución duradera del conflicto sudanés sin la participación de la ONU, ni tampoco sin un incremento de soldados de la ONU en la región. El reclutamiento de niños para el ejército y los actos de violencia contra la población civil, en especial contra las mujeres, representan infracciones claras de las normas internacionales y los derechos humanos.

Lo que es particularmente preocupante es la falta de cooperación por parte del Gobierno con la Corte Penal Internacional, así como el hecho de mantener a criminales de guerra en el poder, quienes —y esto sonará como una broma pesada— están ahora al mando de, entre otras cosas, la distribución de la ayuda humanitaria, así como de contactar con las entidades encargadas de mantener la paz. Se debe hacer un llamamiento a Sudán para que empiece a cooperar de manera inmediata con la Corte para poder resolver los crímenes de guerra, ya que es condición necesaria para el establecimiento de la democracia y del Estado de Derecho. Todo intento de perturbar el acuerdo de paz y la ayuda militar procedente de terceros países, para ambos lados del conflicto, debería ser condenado.

  Ewa Tomaszewska, en nombre del grupo UEN. – (PL) Señora Presidenta, desde 2003 Sudán ha sido un campo de batalla debido a diferencias religiosas y étnicas. El conflicto de Darfur surgió durante el éxodo de más de dos millones y medio de personas. Las víctimas de este conflicto han sido asesinadas, golpeadas y violadas. Hay hambre por todas partes y la higiene básica es escasa. Los niños, huérfanos o perdidos, no tienen posibilidades de educación ni de un futuro digno. Cada vez se aplican más restricciones a las misiones humanitarias. El conflicto sudanés ha ocasionado un desmoronamiento de la civilización en Darfur y Chad.

El Gobierno sudanés se ha negado a cooperar con la Corte Penal Internacional, se burla de la CPI, que dictó dos órdenes de detención para criminales de guerra y no puede, o quizá solamente no quiere, remediar la situación. A raíz del ataque en Omdurmán, el 10 y 11 de mayo, otras 200 personas perdieron la vida.

Instamos a las autoridades de Sudán a que comiencen a cooperar de inmediato con la Corte Penal Internacional. Esperamos que el Consejo de Europa dé pasos decisivos para bloquear el acceso a los bancos de la Unión Europea a aquellos que se identifique como financiadores del conflicto de Darfur; y que se congelen sus activos.

  Jana Hybášková (PPE-DE). – (CS) Después de haber participado en la misión de investigación del Parlamento Europeo en Darfur y Chad en 2004, puedo decir que soy una «viajera política» responsable. Estaba presente cuando una madre de doce años que había sido violada, al preguntarle cómo se llamaba su bebé, respondió: «No lo sé, el bebé no tiene nombre». Por lo tanto, hacemos un llamamiento a Sudán para que ratifique el Estatuto de Roma, para que coopere sin demora, de conformidad con la Resolución 1593, y para que entregue de inmediato a Ali Kushayb y a Ahmad Harun. Pero, sobre todo, pedimos a los europeos que exijan en sus negociaciones con la Liga de los Estados Árabes, y con China en particular, que tanto China como los Estados árabes apliquen políticas estrictas en sus relaciones con Sudán. Éstos son los socios que pueden ayudarnos. Nos gustaría invitar al Consejo y a la Comisión a que nos mantengan informados de sus negociaciones.

  Marianne Mikko (PSE). – (ET) Colegas, Sudán es un país que ha ejercido su derecho a ser diferente. Un país en el que la violencia, el terror y la violación a gran escala son, todos los días, hechos que no están penados. Un país basado en unos valores distintos a los derechos humanos. La situación es crítica: durante los cinco años desde el comienzo del conflicto de Darfur, más de 200 000 personas han perdido la vida. Las personas que han cometido crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra viven en libertad; algunos de ellos ocupan puestos respetables en Sudán.

El sistema judicial en Sudán ni puede ni está dispuesto a tratar de resolver la situación en Darfur. Es necesaria una reforma; el sistema ha de estar basado en normas basadas en los derechos humanos reconocidas internacionalmente. Hay que poner fin a la impunidad. Se necesita desesperadamente que el Gobierno sudanés coopere con la Corte Penal Internacional. Debe ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y llevar a los criminales ante la justicia. No es que la situación tenga que cambiar, es que debe hacerlo ahora mismo.

  Marcin Libicki (UEN). – (PL) Hoy, como en tantas otras ocasiones en las que hemos discutido sobre asesinatos y violaciones de los derechos humanos en el mundo, hablamos de quién es el responsable aquí, en este preciso lugar. Sin embargo, me da la impresión de que la situación requiere un análisis más profundo, detrás de esos conflictos siempre están el comercio de armas y petróleo. Este comercio de armas y petróleo no está exclusivamente organizado por gente de esas zonas, a quien a menudo tratamos como inferiores, sino que lo organizan personas pertenecientes a un grupo de países con un sentido de la responsabilidad más desarrollado. Deberían tener un sentido de la responsabilidad más desarrollado hacia terceros países. Si no fuese por los intereses de esas personas, sería muy probable que los delitos sobre los que habitualmente discutimos los jueves por la tarde, como hoy es el caso de Sudán, no existieran.

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – (EN) Señora Presidenta, los jueves debatimos reiteradamente sobre Sudán porque las atrocidades contra los derechos humanos continúan: asesinato, violación, rapto, secuestro infantil y confiscación de propiedades. La escasa seguridad sigue representando un problema para los hombres, mujeres y niños de Sudán, pero también para las personas que trabajan en el ámbito humanitario.

Este caso omiso de la jurisdicción de la CPI ha dado lugar a que a los criminales se les permita moverse con libertad, particularmente altos cargos como el es Ministro de Interior o un antiguo líder de la milicia Yanyauid. Debemos pedir a Sudán, con todas nuestras fuerzas, a que ratifique el Estatuto de Roma.

Vuelvo a pedir con firmeza a la UE y al resto de la comunidad internacional que ejerzan la responsabilidad moral y social mediante la adopción de medidas resueltas —incluidas la aclaración de la función que China desempeña en Sudán y el comercio de armas que mantiene esta situación— para proteger al pueblo sudanés y a los refugiados en el país vecino Chad y para poner fin a este conflicto.

  Louis Michel , Miembro de la Comisión. – (FR) Señora Presidenta, en 2004 la Unión Europea pidió a las Naciones Unidas que crease una comisión de investigación en torno a las atrocidades y crímenes cometidos en Darfur. Basándose en las recomendaciones realizadas por esta comisión, la Unión Europea instó al Consejo de Seguridad de la ONU a que informase a la Corte Penal Internacional de la situación en Darfur, algo que el Consejo hizo adoptando la Resolución nº 1593 en 2005.

Durante los últimos meses, la Unión Europea ha pedido reiteradas veces al Gobierno sudanés que coopere de forma incondicional con la CPI.

El 31 de marzo de 2008, fecha del aniversario de la presentación del informe del Consejo de Seguridad sobre la situación en Darfur a la CPI, la Presidencia de la UE adoptó una Declaración en nombre de la Unión Europea que expresaba su indignación por la falta de cooperación del Gobierno sudanés con la Corte. La Unión Europea también expresó su buena disposición a apoyar la adopción de nuevas medidas pertinentes contra las personas responsables de la falta de cooperación de Sudán con la CPI, en caso de que el Gobierno sudanés siguiese sin cumplir la Resolución de la ONU.

El 6 de mayo de 2008, asistí a una reunión entre donantes y el Gobierno sudanés —el Consorcio de Sudán— que se celebró en Oslo. En esta reunión, recordé a mis interlocutores sudaneses, en mi intervención en la conferencia, que nuestra ayuda al desarrollo está pensada para apoyar un desarrollo en Sudán sujeto a una auténtica transformación democrática del país, tal y como se establece en el Acuerdo general de paz. Insistí en que los principios subyacentes al acuerdo se deben aplicar de la misma manera en Darfur y que existía una necesidad urgente de restaurar la seguridad, desplegar la misión de las Naciones Unidas y facilitar el acceso humanitario. El reciente brote de violencia en Abyei, una región repleta de complejos problemas que representan uno de los mayores desafíos para la puesta en marcha del Acuerdo de paz global en Sudán, destaca la importancia de la total aplicación del susodicho acuerdo. Acabo de publicar un comunicado de prensa instando a ambas partes a que cumplan todas las disposiciones del Acuerdo de paz global, incluido el inmediato cese del fuego y la retirada de otras facciones armadas de la ciudad de Abyei.

El Gobierno sudanés debe saber que la totalidad de la comunidad internacional permanecerá fiel a la visión expuesta en el Acuerdo de paz global de un Sudán democrático, estable y en paz, que demuestre respeto por el Estado de Derecho y los derechos humanos. Este mensaje no está dirigido únicamente al Gobierno sudanés; también ha de ser entendido por los distintos movimientos armados rebeldes cuya causa política, sea la que sea, no justifique actos criminales. La corte ha dictado una serie de órdenes de detención, incluida una contra Alí Kushayb, líder de la milicia Yanyauid.

La reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que tendrá lugar el 5 de junio en presencia del Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, puede suponer una oportunidad importante para que la comunidad internacional presente un frente unido y mande una fuerte señal de apoyo del trabajo de la Corte. El Consejo de Asuntos Exteriores previsto para finales de junio abordará, con toda probabilidad, este problema.

  Presidenta. Se cierra el debate.

La votación se celebrará tras los debates.

Declaraciones escritas (artículo 142)

  Glyn Ford (PSE), por escrito. – Deseo sumarme a la condena a la persistente negativa de Sudán a cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI) y a entregar a Ahmad Harun y Ali Kushayb a este organismo.

Hasta la fecha, el conflicto de Sudán ha causado trescientas mil víctimas y creado dos millones y medio de desplazados internos. No obstante, seguimos enviando ayuda a través del Ministerio de Asuntos Humanitarios de Ahmad Harun. Le pido a la Comisión y a los Estados miembros que dejen de realizar dichos envíos a través de ese ministerio para presionar al Gobierno de Sudán a retirarlo del cargo, detenerlo inmediatamente y entregarlo a la CPI.

Está muy bien sermonear a China por su no intervención en Darfur pero, en este caso, la UE tiene tan poca voluntad como los demás.

(1) Véanse las Actas

14.2. - Detención de los opositores políticos en Belarús (debate)

  Presidenta. – El próximo punto del orden del día es el debate sobre seis mociones de resolución relativas a la detención de presos políticos en Belarús⁽¹⁾.

  Marcin Libicki, autor. − (PL) Hoy debatimos de nuevo violaciones de derechos humanos fundamentales en Belarús. Como suele suceder en estos casos, tomamos nota de qué es lo que hacen los dictadores. Obviamente, los dictadores siempre luchan contra la religión organizada porque suele ser la mayor voz con que cuenta la población. También luchan contra los sindicatos. Como da la casualidad de que, en Belarús, los sindicatos son bastante débiles, desde este punto de vista Lukashenko podría parecer una figura bastante positiva, por cuanto no tiene a nadie contra quien luchar, al no haberse conseguido todavía crear sindicatos en el país. Además, los dictadores siempre luchan contra la oposición que desea la democracia.

No obstante, también debemos tener en cuenta una cosa: debemos recordar que Belarús es un importante vecino oriental de la Unión Europea y debe ser tratado como tal. Tenemos cierta tendencia a tratar a Rusia como el único vecino oriental y nos olvidamos de que Belarús también ha de ser un socio para la UE por el Este, ya que es un país extenso y muy prometedor.

  Věra Flasarová, autora. − (CS) Señorías, el régimen del señor Lukashenko en Belarús merece ser criticado por utilizar métodos represivos, detener a opositores políticos, usar métodos de gobierno autoritarios, la censura y el aislamiento del país. Además, la negativa a conceder visados de entrada impide a los diputados al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales observar la situación con sus propios ojos. Todo ello se destaca en la moción de mi Grupo. Sin embargo, creo que nuestras críticas a las violaciones de derechos humanos deben medirse por criterios absolutos más que siguiendo una escala política de quién manda en el mundo en este momento. Eso no está bien. Lo único que hacemos es dar vueltas; durante milenios no hemos sabido dar un paso hacia la objetividad. Los romanos siempre llevaban razón y sus historiadores descalificaban a sus oponentes atacados cuando alguno tenía el coraje suficiente para defenderse.

No obstante, volvamos a Belarús. El régimen de Lukashenko es, en primer lugar, un intento de desprestigiar la dirección que están siguiendo las iniciativas euroatlánticas. Lukashenko juega en su propio campo, que es estrecho, sin tener en cuenta que los países medianos no pueden comportarse así, pues el capital supranacional no lo permite. Si alguien no obedece, se lo aislará y la comunidad internacional apoyará a la oposición dentro del país. Es así como funciona y todos lo sabemos. Antes o después, el señor Lukashenko y su maquinaria de partido pagarán caro su comportamiento. Belarús está situada en una zona importante desde el punto de vista estratégico para los Estados Unidos y la OTAN. El actual Gobierno de los EE.UU. y los Gobiernos de otros países estarían encantados de que Belarús se adhiriese a la OTAN conjuntamente con Ucrania y Georgia, perjudicando así a Rusia.

Nuestras inquietudes sobre los derechos humanos en Belarús no serían tan intensas si, de hecho, el verdadero problema no fuese Rusia. No obstante, la cuestión es si los intentos de debilitar a Rusia contribuyen al asunto de la seguridad mundial. Temo más bien que dichos intentos desaten poderes que nadie será capaz de controlar. Rusia los ha estado reprimiendo durante varios milenios.

  Jacek Protasiewicz, autor. − (PL) Señora Presidenta, Comisario, los diputados al Parlamento Europeo que se ocupan del asunto de Belarús y que han estado siguiendo la situación en este país se topan con información contradictoria. Por un lado está el deseo declarado pública y oficialmente de normalizar las relaciones con la Unión Europea. La apertura de la oficina de representación de la Comisión Europea en Minsk constituye un símbolo de dicho deseo.

Por el otro, el mismo mes, la policía atacó brutalmente a los manifestantes que querían conmemorar el decimonoveno aniversario de la independencia del país. Al día siguiente, las autoridades enviaron fuerzas especiales de la KGB a periodistas independientes. Un mes después, se condenó a los activistas a penas elevadas y ni siquiera se trata de la oposición, sino simplemente de personas que osaron manifestarse en defensa de los derechos de los ciudadanos y de los derechos de las pequeñas empresas, como Andréi Kim o Serguéi Parsiukevich. Además, recientemente hemos sabido que Alexander Milinkevich ha sido detenido y multado sólo por reunirse con ciudadanos de Belarús y por debatir asuntos públicos con ellos. Alexander Kazulin, el preso político más importante, preso de conciencia en la Europa contemporánea, permanece en la cárcel.

Como presidente de la delegación de Belarús, me gustaría que llegase el día en el que podamos presentar una Resolución al Parlamento Europeo que observe con satisfacción qué cambios se han dado en Belarús para hacer de ese país parte de la Comunidad Europea civilizada.

Por desgracia, no ocurrirá hoy. Sin garantías en relación con los derechos fundamentales a celebrar elecciones libres y democráticas, a expresar opiniones políticas, a la libertad de prensa y a la libertad de practicar el culto que se prefiera, es imposible que la Unión Europea llegue nunca a reconocer al régimen de Belarús como un país con el que vale la pena cooperar, o como un país al que vale la pena ayudar. No respaldaremos las políticas que practica Alexander Lukashenko. Sin embargo, apoyaremos a los grupos de ciudadanos independientes y a ciudadanos particulares de Belarús en sus contactos con la Unión Europea con la esperanza de que algún día el país vuelva a la normalidad.

  Marios Matsakis, autor. − Señora Presidenta, Belarús es un hermoso e importante país de gran potencial para el progreso, que puede conducir a una envidiable prosperidad para sus ciudadanos. Por desgracia, actualmente en este país las normas democráticas vitales están muy comprometidas. Esto se debe principalmente a la incapacidad de las autoridades gubernamentales para entender la necesidad de respetar las necesidades de libertad de expresión y otros principios democráticos. Dicho respeto constituye un requisito indispensable de cualquier gobierno no dictatorial.

Los informes procedentes de Belarús sobre detenciones arbitrarias de miembros de la sociedad civil y activistas de la oposición, sobre el uso de fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos y sobre la represión a periodistas de medios independientes son pruebas de prácticas que deben y tienen que cesar de inmediato. Hacemos un llamamiento al Gobierno bielorruso para que entre en razón, cambie sus tácticas y elija el camino de la libertad y la democracia en lugar del camino de la represión y el totalitarismo, que sólo puede llevar al empeoramiento del conflicto con su propio pueblo y con la comunidad internacional.

  Milan Horáèek, autor. − (DE) Señora Presidenta, Comisario, el uso de la fuerza contra organizaciones no gubernamentales, activistas de la oposición y periodistas independientes en Minsk y otras ciudades bielorrusas a finales de marzo representa un drástico deterioro de la situación política en un país que ya es presa de un régimen autoritario y dictatorial.

La única fundación política alemana a la que se le había permitido trabajar en Minsk ha tenido que cerrar. Hay redadas en las oficinas de los periódicos para intimidar a las voces críticas de la prensa. Se están limitando gravemente la celebración de elecciones libres y la libertad de reunión y expresión. Se está persiguiendo sistemáticamente a los políticos de la oposición y se les están imponiendo largas condenas de privación de libertad. Las autoridades están tomando medidas represivas contra movimientos dentro de la sociedad civil, invocando oscuras leyes sobre ONG o legislación antiextremista o utilizando la fuerza para disolver reuniones pacíficas.

Nosotros también debemos movernos para promocionar la cultura de pluralismo político en Belarús. Los encuentros con estructuras democráticas, especialmente para los jóvenes, son especialmente importantes para el futuro del país. La reapertura de la Universidad Europea de Humanidades de Vilnius, universidad bielorrusa en el exilio que presta refugio a los estudiantes que son víctimas de persecución política, fue una acción inteligente.

El siguiente paso debe ser la facilitación de visados, a lo que esta Cámara ha instado en varias ocasiones. No está bien que la UE siga restringiendo la libre circulación de personas al cobrar una tasa de 60 euros por expedir un visado. Es casi un tercio del salario mensual en Belarús y, por tanto, inalcanzable para muchos. Hemos de ser capaces de lograr con Belarús lo que hemos logrado con Ucrania, Moldova y Rusia.

(Aplauso)

  Eija-Riitta Korhola, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (FI) Señora Presidenta, Belarús es el único país europeo que todavía tiene un gobierno totalitario y en el que sigue existiendo la pena de muerte. El Presidente Lukashenko continúa vigilando de cerca a la sociedad civil y no tiene la intención de dejar de ejercer su férreo control sobre el país.

Pese a todo, el Gobierno del país ha declarado que desea estrechar sus relaciones con la Unión Europea. De nuevo, es hora de que le expliquemos claramente a Belarús los términos de la cooperación.

Como se afirma en la resolución, las condiciones previas básicas para la cooperación estrecha en términos de la política europea de vecindad son la abolición de la pena capital, la existencia de medios de comunicación libres, así como de libertad de expresión, reunión y culto, el respeto a los valores democráticos y la liberación inmediata de presos políticos. Esta resolución, que instaba a la liberación inmediata de los miembros de la oposición detenidos, es, al mismo tiempo, una muestra de apoyo y solidaridad con quienes están sufriendo el régimen bielorruso actual.

La próxima semana, la oposición política de Belarús acudirá al Parlamento para solicitar a la UE que respalde una petición rechazada por Lukashenko para modificar la ley que limita la libertad de culto que entró en vigor en 2002. Espero que esta importante resolución y el debate conjunto de la semana que viene convenzan al Gobierno bielorruso de que es en su propio interés y en el de los ciudadanos del país.

  Marianne Mikko, en nombre del Grupo del PSE. – (ET) Señorías, el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, la televisión Belsat comenzó a funcionar en Polonia con el objetivo de emitir información independiente sobre lo que les está sucediendo en Belarús, Europa y otras partes del mundo a los bielorrusos. El canal, que emite principalmente en bielorruso, llega ahora aproximadamente al 10 % de los bielorrusos vía satélite.

La emisora trabaja bajo presión constante. A finales de marzo, la KGB y la Policía de Belarús efectuaron una redada para interpelar a los reporteros locales de Belsat. Se incautaron de sus herramientas básicas, es decir, ordenadores portátiles y tecnología de emisión. Los reporteros independientes viven con el temor constante de ser interrogados y detenidos. La situación de Belarús, vecino directo de la Unión Europea, es tan dura como durante la época en la que estaba detrás del telón de acero. Como presidenta de la delegación de Moldova, y como estonia, declaro aquí que los ciudadanos de Belarús, que también formaba parte de la Unión Soviética, necesitan hoy información independiente tanto como respirar. Belsat representa un excelente comienzo, pero la buena televisión no es barata.

Los periodistas que trabajan para Belsat Belarús están luchando por la democracia; nos visitaron en el Parlamento Europeo en marzo y necesitan nuestro apoyo y comprensión. Hago un llamamiento a la Comisión Europea y a nuestros Estados miembros para que apoyen a Belsat financiera y moralmente. No olvidemos que la libertad de prensa constituye la piedra angular de la democracia.

  Janusz Onyszkiewicz, en nombre del Grupo ALDE. – (PL) Hace unos meses, el señor Lukashenko liberó a todos los presos políticos a excepción del señor Kazulin, al que se le ofreció la posibilidad de abandonar el país. Estos métodos recuerdan a los que utilizaban las autoridades comunistas contra la oposición en Polonia. Parece que, como consecuencia, la situación podría estar cambiando a mejor pero, como decía el héroe de la conocida historia de Ilia Ehrenburg: «Si están liberando a presos significa que van a meter a otros». Hoy, los centros penitenciarios vuelven a estar llenos de presos encarcelados debido a sus convicciones políticas expresadas en diversas manifestaciones.

Creo que sólo hay una respuesta correcta a esto, y es ampliar la lista de personas a las que se les prohíbe la entrada a los países de la Unión Europea. Dicha lista ya existe, pero el hecho de que el señor Lukashenko no pueda venir a la Unión Europea no resulta muy convincente. Sería aconsejable hacer la lista considerablemente más larga.

  Ewa Tomaszewska, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señora Presidenta, una vez más estamos hablando de la situación de Belarús. El señor Kazulin, rival del señor Lukashenko para el puesto de presidente de Belarús, permanece en prisión a pesar de estar enfermo. Los manifestantes que querían celebrar el decimonoveno aniversario de la breve independencia de Belarús y fueron detenidos el 25 de marzo de 2008 siguen detenidos. Se ejerce represión sobre los opositores, y los periodistas ven confiscadas sus propiedades, sufren palizas y el exilio.

Recientemente, el señor Lukashenko expresó su deseo de volver a presentarse a las elecciones presidenciales. Además, por primera vez intentó chantajear a la Unión Europea recordándonos que el 50 % del petróleo, el 50 % de los productos del petróleo y el 30 % del gas que entra en la Unión Europea pasa por Belarús, haciendo referencia al gasoducto Yamal-Europa y al oleoducto «Amistad». Pese a ello, y de hecho específicamente debido a ello, la Unión Europea no puede dejar de actuar para defender los derechos humanos. Debemos prestar apoyo al desarrollo de la sociedad civil en Belarús, incluido apoyo material y acceso a información independiente.

  Urszula Krupa, en nombre del Grupo IND/DEM. – (PL) Señora Presidenta, en los diecisiete años que han transcurrido desde los cambios que ocurrieron durante la desintegración de la Unión Soviética y la separación de los Estados independientes libres, Belarús sigue siendo una reliquia como última dictadura de Europa Central y Oriental. En este país, el respeto por los derechos humanos parece muy lejano. Falsificación de resultados electorales, eliminación de la oposición política, detenciones, palizas, restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, restricciones a las reuniones y, sobre todo, vigilancia de la población a gran escala por parte de un aparato de seguridad muy sofisticado: ésta es la realidad cotidiana de los ciudadanos de Belarús.

Asimismo, desearía llamar la atención sobre el deterioro de la situación de muchas personas que viven cerca de las fronteras, incluidos los representantes de las minorías polacas de esta zona que, tras unirse Polonia a la zona Schengen, han tenido muchas dificultades para ponerse en contacto con sus familiares en Polonia, especialmente dados los elevados costes de los visados. Esta situación, que sigue resultando problemática, requiere la adopción de medidas decisivas por parte de los países europeos. Además, conviene considerar cuáles serían los mejores métodos a utilizar para prestar asistencia real a aquéllos que más la necesitan.

  Urszula Gacek (PPE-DE). – Señora Presidenta, el régimen de Belarús muestra su continua indiferencia por las garantías institucionales que son cruciales para una democracia. Restringe la libertad de formar partidos políticos y afiliarse a ellos, la libertad de expresión, el derecho a disponer de fuentes alternativas de información y el derecho a celebrar elecciones libres y justas.

La detención de opositores políticos en Belarús viola todas estas libertades básicas. El político británico del siglo XIX Benjamin Disraeli dijo una vez: «Ningún gobierno puede estar seguro durante mucho tiempo sin una formidable oposición». A medida que Lukashenko reprime toda oposición, esperemos que las palabras de Disraeli se demuestren proféticas para el régimen de Belarús y que la supresión de la oposición sea la causa de su caída final.

(Aplauso)

  Józef Pinior (PSE). – (PL) Señora Presidenta, Comisario, aquí en el Parlamento Europeo seguimos volviendo al problema de Belarús, país que, de hecho, está situado en el centro de Europa, desde el punto de vista geográfico, en la frontera con la Unión Europea. Es un país excepcional según criterios europeos porque no tiene una democracia liberal ni Estado de Derecho y tiene censura. El debate de hoy tiene lugar en el aniversario de la Primavera de Praga de 1968, aniversario del momento en el que, en Europa, el pueblo dijo por fin «basta» a la censura y a los controles a la prensa.

Hoy quería dedicar mi discurso exclusivamente a esta cuestión de Belarús. Hemos tenido un ataque de hackers muy extraño en los medios independientes de Internet: en Charter 97, Radio Liberty y Belarus Partisan. Lo que resultaba extraño es que el ataque comenzó el día anterior a la manifestación que la oposición iba a celebrar en el aniversario de la catástrofe de Chernóbil.

Los medios de Internet bielorrusos son los únicos realmente independientes, puesto que la mayoría de los medios de comunicación están totalmente sometidos al control del régimen. Charter 97 recibe unas 9 000 visitas diarias. Además, en Belarús hay más de 3 000 000 de familias conectadas a Internet, más del 30 % de la población total. Todo ello demuestra el dinamismo y la vitalidad de la sociedad de este país.

Comisario, la Unión Europea debe estudiar seriamente qué medidas tomar para ayudar al ciudadano bielorruso de a pie.

  Eugenijus Gentvilas (ALDE). – (LT) Cuando Alexander Lukashenko comenzó a sentir la presión de Vladimir Putin en relación con el gas, manifestó su deseo de estrechar los lazos con la UE. Sin embargo, hoy sabemos que era simple retórica hueca, que no vino acompañada de respeto a los derechos humanos, libertad de prensa ni otros valores europeos. No hubo reacción al documento oficioso «What the EU could bring to Belarus». Continúan las detenciones y represiones políticas.

Es preciso que la UE envíe sin demora a sus expertos para que observen los preparativos de las elecciones parlamentarias del otoño y vean cómo se modifican las leyes electorales y si se le dan a la oposición oportunidades de actuar. No podemos limitarnos simplemente a la observación electoral. Eso sería un craso error. Por supuesto, lo primero que necesitamos es garantizar que los diplomáticos y los parlamentarios de la UE puedan entrar libremente en Belarús. La Comisión Europea y los Estados miembros de la UE deben hacer todo lo que esté en su mano para conseguirlo.

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Señora Presidenta, Belarús, como país vecino nuestro, es particularmente cercano, especialmente por cuanto muchos polacos viven allí. Para los polacos, así como para los habitantes de otros países vecinos, resulta importante que haya una situación política y económica estable en la región, ya que proporciona la base del desarrollo y las mejoras de calidad de vida de nuestros ciudadanos. También cabe recordar que, como Polonia, Belarús fue olvidada y entregada a la dominación Soviética después de la II Guerra Mundial y no pudo contar con asistencia externa. No obstante, el país consiguió independizarse y ahora puede enorgullecerse de tener un crecimiento del PIB superior al 8 % y que incluso llegó al 9 % en los años 2003-2006.

No le negamos al presidente Lukashenko el derecho a elegir la dirección política que tome su país. Sin embargo, lo que nos preocupa es que cada vez se oye hablar con más frecuencia de violaciones de derechos humanos en Belarús, lo que significa infracciones de la democracia. Esto afecta no sólo a los ciudadanos bielorrusos, sino también a otros, incluidos los polacos. Por este motivo, esta resolución es sensata y tiene el respaldo del Grupo Unión por la Europa de las Naciones.

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Señora Presidenta, en Europa nos hemos acercado a algunos de los antiguos Estados soviéticos en nuestra frontera oriental. No obstante, Belarús ha resistido todo intento de diálogo.

Debido a que Belarús es una dictadura, las opiniones de los ciudadanos que desearían un diálogo más abierto e incluso orientado a occidente no tienen manera jurídica de hacerse oír. Quienes hacen llamamientos por la democracia o destacan los abusos cometidos por el régimen se enfrentan a penas de prisión.

Debemos continuar instando al régimen de Belarús a que suavice su férreo control sobre sus ciudadanos. Una manera de hacerlo es mantener la causa de los presos políticos, sociales y religiosos en el centro de atención de los ciudadanos. Cuando la historia mire atrás, esos presos serán los héroes de la libertad de Belarús cuando por fin se consiga.

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, creo que ya es la novena vez que nos ocupamos de Belarús y debemos continuar haciéndolo hasta que haya diputados que representen a este país en escaños del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Necesitamos urgentemente tres avances cruciales. En primer lugar, instamos al Gobierno de Belarús a que libere por fin a sus presos políticos: no sólo a los presos políticos que ya llevan algún tiempo detenidos, como el señor Kazulin, sino también a los muchos nuevos que acaban de ser encarcelados por hacer uso de derechos fundamentales elementales como la libertad de ejercer su profesión de periodistas, la libertad de expresión o el derecho a manifestarse.

En segundo lugar, instamos a que se modifique la Ley de Religión y a que exista una libertad de religión absoluta. Hay cristianos europeos que están sufriendo represión aquí en el corazón de Europa, y desde el Parlamento Europeo no podemos tolerarlo. Por tanto, debemos oponernos con todas nuestras fuerzas.

En tercer lugar, tenemos una necesidad urgente de garantizar que Belarús se abra por fin a nosotros como diputados del Parlamento Europeo y ciudadanos europeos, que se rompa el muro de aislamiento con el que el régimen bielorruso ha encerrado sistemáticamente a su pueblo, que podamos estar presentes y debatir las cuestiones, y que podamos ayudar a impulsar algo similar a la Primavera Bielorrusa, cuarenta años después de la Primavera de Praga.

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Señora Presidenta, nuestro mensaje al señor Lukashenko y también a la comunidad internacional es que el Parlamento Europeo está y continuará preocupado por la situación de Belarús, la última dictadura de Europa.

Esto se aplica especialmente a las detenciones de ciudadanos pacíficos por razones políticas. El régimen de Minsk ha indicado recientemente que desearía mejorar sus relaciones con la Unión Europea. No obstante, el entablar cualquier diálogo importante requiere una condición previa muy normal: liberar a todos los presos políticos, absteniéndose de practicar detenciones arbitrarias, garantizando la libertad de expresión e independencia del poder judicial y permitiendo la participación normal de la oposición en la vida política.

Por último, me gustaría sumarme al llamamiento de la señora Mikko para que la UE amplíe su apoyo político y, especialmente, material a las operaciones de la emisora de televisión independiente Belsat. Éste es el verdadero canal para cambiar la situación de Belarús, no necesariamente nuestras resoluciones.

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Estimados colegas, me entristece mucho que la situación relativa a la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho no haya mejorado en Belarús. La arrogancia del poder de Alexander Lukashenko no conoce límites. La declaración que ha hecho el Gobierno de Belarús de su intención de mejorar sus relaciones con la Unión Europea representa un desprecio absoluto al mundo democrático.

Creo que la fecha simbólica del 25 de marzo de 2008, cuando el señor Lukashenko envió a la Policía para que se enfrentase a ciudadanos pacíficos de Belarús, marcará el principio del fin del régimen totalitario de este país, de forma muy similar a la histórica manifestación de las velas del 25 de marzo de 1988 en Eslovaquia. Me gustaría expresar mi solidaridad con la oposición democrática unida de Belarús y con todos los ciudadanos del país.

Hago un llamamiento al Consejo y a la Comisión para que estudien las posibilidades de reducir las tasas de los visados Schengen para los ciudadanos de Belarús, ya que es la única forma de impedir que los ciudadanos de este país queden cada vez más aislados.

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Señora Presidenta, Comisario, para dar paso a la democratización y la transformación económica, las autoridades de Belarús tienen que entablar un diálogo con todas las fuerzas políticas, incluida la oposición, y celebrar elecciones libres. Los países de la Europa Central y Oriental, entre ellos Polonia, pueden servir de ejemplo.

Para transformar la conciencia del pueblo de Belarús y para mostrarles los principios de la democracia y del libre mercado resulta vital simplificar y aumentar el contacto entre la sociedad bielorrusa y los países de la UE. Se necesita una simplificación y una liberalización considerables del procedimiento de visado, con reducciones de los pagos de los visados para los ciudadanos de Belarús.

Los países de la Unión Europea deben abrir sus universidades y otras instituciones de educación superior a los estudiantes de Belarús y concederles ayudas procedentes de fondos comunitarios, nacionales, locales y privados. La UE debe abrirse a Belarús aunque las autoridades actuales no lo quieran.

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – (PL) Señora Presidenta, Comisario, me gustaría añadir una cuestión a estas preocupaciones políticas y económicas. Como el comisario Michel comprende la importancia de la educación tanto dentro de Europa como fuera de sus fronteras, y yo personalmente tengo relación con estudiantes de Belarús, puesto que en la Universidad Católica de Lublin educamos a muchos de ellos, desearía decir lo siguiente: Comisario, en la medida de lo posible, recomendaría incrementar la asistencia financiera y de otro tipo para este fin, porque la inversión en la educación de los estudiantes bielorrusos ayudará a la propia Belarús y se convertirá en una inversión para Europa.

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE). – (PL) Señora Presidenta, Belarús, la Belarús de 2008, es una mancha en la conciencia de todos nosotros. Es vergonzoso que a principios del siglo XXI haya un Estado totalitario en Europa. En nuestras reuniones de los jueves en Estrasburgo debatimos las violaciones de los derechos humanos en el mundo. No obstante, Belarús es el vecino más próximo de la Unión Europea.

Tengo la impresión de que, hasta 1989, las democracias occidentales hicieron todo lo que pudieron para liberar de la ocupación soviética a muchos países oprimidos. Hoy, Belarús sigue como estaba. Tengo la impresión de que, aunque ya no quedan muchos países, sólo uno, nos esforzamos menos. Ciertamente, no nos estamos esforzando lo suficiente. Es evidente que no podemos tener una influencia política y económica directa en lo que sucede en Belarús, pero podemos tener influencia en si la emisión de información independiente, que estimulará a los ciudadanos de Belarús a luchar por la independencia, llega allí.

  Louis Michel, miembro de la Comisión. – (FR) Señora Presidenta, Señorías, el impulso positivo generado en Belarús por la liberación de cinco de los seis presos políticos parece haberse estancado. Lamentablemente, presiones renovadas sobre la sociedad civil y una serie de condenas particularmente severas y desproporcionadas han arruinado este clima positivo. Seguimos condenando las detenciones políticas y la forma en que se trata a la sociedad civil y los medios independientes.

Al mismo tiempo, debemos hacer entender a Belarús que nos tomamos en serio lo que decimos cuando proponemos una asociación sujeta a los progresos realizados en relación con el respeto de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Sin embargo, para realizar dichos progresos, Belarús necesita adoptar una serie de medidas que, para nosotros, resultan esenciales. Entre ellas se incluyen la liberación incondicional de todos los presos políticos, incluido Alexander Kazulin.

También incluyen la celebración de elecciones parlamentarias, previstas para septiembre, que deben cumplir principios democráticos. En este sentido, pedimos que se otorgue acceso no restringido a los observadores internacionales de la OSCE/OIDDH. Las autoridades bielorrusas nos han puesto al corriente de su intención de admitir a observadores tanto a corto como a largo plazo; nos aseguraremos de que cumplan su palabra. Naturalmente, la presencia de observadores del Parlamento Europeo sería una fuente adicional de valiosos conocimientos técnicos. Además, es vital que los partidos de la oposición participen de forma justa en estas elecciones. Tendremos en cuenta cualquier sugerencia que el Parlamento haga en este sentido.

Sin embargo, una prueba irrefutable de que se han alcanzado progresos sería la presencia de oposición en este Parlamento, lo que no sucede actualmente. En ese caso, la Unión Europea estaría dispuesta a responder de forma positiva, como confirmó el mes pasado en una declaración relativa a las sanciones y al progreso que nos animaría a suavizar dichas sanciones.

A continuación abordaré una cuestión que nos preocupa considerablemente: los contactos con el pueblo de Belarús. Independientemente de lo lamentable de la situación de Belarús, debemos ampliar nuestros contactos. Por supuesto, perduran las restricciones a los contactos a nivel ministerial con las autoridades bielorrusas. No obstante, creo que resulta necesario establecer una distinción entre los niveles político y técnico. En consecuencia, la Comisión celebra reuniones para debatir asuntos técnicos como la energía, el transporte y el medio ambiente con expertos de la administración bielorrusa. Dichos contactos constituyen, obviamente, un medio de comunicar varios mensajes en relación con asuntos a los que damos mucha importancia.

El hecho de que actualmente tengamos una delegación en Minsk también nos permitirá forjar vínculos más estrechos con la administración bielorrusa y con la sociedad civil, las ONG locales, los medios independientes y los estudiantes, ya que todos tienen el deber de ayudar, como ha señalado su Señoría con razón en su informe y como han mencionado varios oradores. Además, se está prestando ayuda a la Universidad Europea de Humanidades, que actualmente está en el exilio en Vilnius y que proseguirá sus actividades allí hasta que pueda volver a Belarús.

Por último, me gustaría mencionar un asunto que no deja de surgir periódicamente: los visados. Como ustedes y yo sabemos, en el actual estado de cosas no podemos entablar negociaciones sobre la relajación de las restricciones de los visados con Belarús —es el Consejo quien tiene que determinarlo— pero ello no es óbice para que aprovechemos la discreción de que disfrutan los Estados miembros con arreglo a las normas Schengen como parte de sus prerrogativas consulares.

  Presidenta. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar al término de los debates.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Alessandro Battilocchio (PSE) , por escrito. – (IT) Gracias, señora Presidenta. Desgraciadamente nos hemos visto otras veces en la misma situación, con detenciones indiscriminadas de cualquiera que se oponga al régimen imperante. Este Parlamento ha debatido la cuestión de Belarús demasiadas veces: tantas palabras y tan pocas acciones significativas.

Sería conveniente que tomáramos nota de que el régimen de Lukashenko es abiertamente hostil a la Unión Europea y de que nuestras demandas en términos de derechos humanos y democratización en Belarús están cayendo absolutamente en saco roto. Estamos reforzando nuestros contactos con la sociedad civil y con los movimientos internos en busca del cambio: el premio Sájarov fue la primera prueba concreta de ello.

Sin embargo, es necesario que siga progresándose en esa línea. Recientemente he estado en Belarús y he notado que ha aumentado la concienciación de sus ciudadanos en favor del cambio, un cambio que garantice libertad, justicia, equidad y democracia. Hago un llamamiento a la Comisión para que preste particular atención a Belarús, país situado en una posición estratégica para garantizar la paz y la seguridad de todo el continente europeo.

(1) Véase el Acta.

14.3. - Aumento de la tensión en Burundi (debate)

  La Presidenta. – El próximo punto del orden del día es el debate sobre seis mociones de resolución relativas al aumento de la tensión en Burundi⁽¹⁾.

  Alain Hutchinson, autor. – (FR) Señora Presidenta, Comisario, Señorías, inicialmente no deseábamos que el Parlamento estudiase ahora mismo la situación de Burundi porque, como saben, las autoridades de este país se encuentran en plena negociación con el FNL (las Fuerzas Nacionales de Liberación); han llegado a una etapa crítica que presenta por fin perspectivas positivas y que debería, esperamos, conducir a la concretización de los acuerdos celebrados en Dar es Salaam cuyo objetivo es poner fin a los combates, a la violencia y a la inseguridad que afecta al país. Como sabemos, el batir de las alas de una mariposa en Estrasburgo puede provocar a veces un seísmo a muchos miles de kilómetros.

Por otro lado, no hablar de la situación de este pequeño país, que ha quedado huérfano en términos de desarrollo, privado de sus riquezas naturales que suelen atraer a los donantes, habría sido impensable. Por tanto, de forma consensuada con los demás grupos políticos, hemos querido hacer de esta resolución una llamada a la acción positiva con respecto a este país asociado situado en la turbulenta Región de los Grandes Lagos. Hemos querido reiterar la voluntad de la UE y, especialmente, la del Parlamento y la de usted, Comisario, de encontrar nuevas soluciones para la ayuda al desarrollo que sean más eficaces en los países que se ven debilitados por situaciones de conflicto —en este caso, una guerra civil—, en los que se aborden y apoyen de forma más efectiva y rápida cuestiones como el proceso de reconstrucción democrática, la restauración de servicios públicos destruidos y el relanzamiento de políticas sobre asuntos tan elementales como la salud y la educación. Hemos querido inscribir esta resolución en el marco de un plan de acción cuya preparación se ha encargado a los Países Bajos para Burundi, que ha sido seleccionado —y nos alegramos de ello— como uno de los tres países pilotos incluidos en este nuevo enfoque. Por tanto, hemos manifestado claramente nuestros deseos. Queremos que Burundi sea un modelo de desarrollo y que, para lograrlo, las autoridades de este pequeño Estado dispongan de medios financieros y del apoyo necesarios en términos de reconstrucción pública, política y económica.

Nuestro Parlamento seguirá esta evolución muy de cerca, pero también desea hacer un llamamiento a los parlamentarios burundeses de todas las formaciones políticas para que encuentren con urgencia fórmulas dirigidas a volver a hacer funcionar sus instituciones, bloqueadas desde hace meses, con el fin de debatir y votar, y de permitir al Gobierno de Burundi ejecutar los proyectos orientados a la reconstrucción como la tan esperada reforma de la Justicia y la renovación del sistema de sanidad, entre otras acciones urgentes.

Finalmente, deseamos subrayar que Burundi, uno de los países más pobres del mundo, es proporcionalmente el que recibe menos ayuda al desarrollo por habitante. Esto no puede continuar. Deseamos que se inviertan medios financieros adicionales de forma rápida para financiar los programas prioritarios de desarrollo y, especialmente, la reconstrucción de las infraestructuras totalmente devastadas. Junto con la Unión Europea, sólo cinco Estados miembros están representados en Burundi, país en el que queda todo por hacer. Esperamos que dichos países coordinen sus esfuerzos de forma efectiva antes de la adopción de decisiones en las capitales europeas y que, in situ, las delegaciones encargadas de la ejecución de políticas de desarrollo continúen su colaboración y que refuercen sus efectivos.

Para concluir, me gustaría insistir en el punto de nuestra resolución que se refiere al mantenimiento, y posible aumento, de la muy necesaria ayuda humanitaria y, asimismo, quisiera instar a que la retirada de la ayuda se realice en estrecha asociación con la intensificación de las políticas de desarrollo cuya ejecución es más compleja. Es este contexto, hemos querido insistir en que se preste la debida atención a la visibilidad de las acciones emprendidas en el terreno por las autoridades burundesas con el respaldo de la Unión Europea y los Estados miembros. Aparte de la resolución del conflicto con el FNL y de la vuelta a una mayor seguridad, el pueblo de Burundi necesita urgentemente ver que la evolución positiva de su país se refleje en su complicada vida cotidiana.

  Raül Romeva i Rueda, Autor. − Señora Presidenta, el retorno de las hostilidades en Burundi supone, efectivamente, un preocupante paso atrás en un proceso ya de por sí frágil.

Decenas de muertes y miles de nuevos desplazados ponen de manifiesto que los esfuerzos en favor de la construcción de la paz son, al menos por el momento, claramente insuficientes. Y las responsabilidades para que ello sea así deben repartirse.

En primer lugar, es evidente que hay que lamentar el regreso a las armas del FNL, pero también hay que poner de manifiesto que son muchas las denuncias de vulneraciones de derechos humanos protagonizadas por las Fuerzas Armadas y la policía burundesa.

Por otro lado, es también evidente que la inestabilidad en Burundi puede comportar importantes y graves consecuencias a escala regional, sobre todo con relación a sus vecinos la República Democrática del Congo y Ruanda.

Coincido en que en Burundi se registra una mayor estabilidad desde la entrada en vigor de una nueva Constitución, la cual ha sido seguida de elecciones generales, pero ello refuerza la necesidad de que se cree una comisión de paz y reconciliación como medida de fomento de la confianza, comisión que debería contar, además, con el apoyo financiero y logístico de la Unión Europea.

Y es que en este contexto, y sobre todo teniendo en cuenta, como se ha dicho, que la Unión Europea ha elegido Burundi como país piloto para la aplicación de un plan de acción prioritario destinado a mejorar la rapidez y la eficacia de la ayuda, considero que el contenido de esta resolución merece ser tenido especialmente en cuenta. No sólo por la Comisión Europea, sino también, y fundamentalmente, por los Estados miembros. Y más concretamente en dos de las propuestas que se hacen.

Primero, la de aumentar los recursos financieros concedidos por la Unión Europea a Burundi, en especial con ocasión de la revisión intermedia del décimo FED.

Y, segundo, que en el marco del plan de acción tan necesario, se preste especial atención a los programas en favor de una mejor gobernanza y gestión de la situación democrática, a las políticas sanitarias mediante la creación de centros de salud y la mejora de los hospitales, a la decisión del Gobierno burundés de hacer gratuita la educación primaria y a los continuos esfuerzos por mejorar la infraestructura del país.

  Erik Meijer, autor. − (NL) Señora Presidenta, al igual que Sudán, asunto que hemos debatido esta tarde, Burundi es un país étnicamente dividido, con una larga trayectoria de discordia entre los diversos grupos de población.

Los problemas resultantes son mucho más difíciles de resolver en Burundi que en otros países africanos. Es difícil trazar una frontera geográfica entre zonas que han venido siendo tradicionalmente territorio de grupos étnicos diferentes. Es más afín al sistema de castas típico de la India. Ya antes de la colonización alemana y belga, los hutus eran mayoría en Burundi y Ruanda, y los tutsis estaban en minoría. Estos últimos, que además tienen una apariencia claramente diferenciada de los hutus, eran los dominantes, mientras que los primeros estaban sometidos a su control.

En el período colonial europeo hubo intentos de cambiar la situación, pero no con vistas a la lograr igualdad y los mismos derechos para los hutus. En aquella época, el objetivo principal era oponer a los dos grupos étnicos para reforzar la administración neerlandesa o belga. Ni siquiera tras la independencia llegó a encontrarse una solución duradera a las viejas diferencias. En Burundi no se dio la masiva campaña orquestada por la mayoría hutu en la vecina septentrional Ruanda para hacer desaparecer a la problemática minoría tutsi. Sin embargo, el motivo puede haber sido la menor emancipación entre los hutus.

Cuando, en la resolución, se habla de catorce años de guerra civil, negociaciones de paz, el movimiento opositor FNL, el desarme de los rebeldes y los disturbios que volvieron a estallar el 17 de abril, tenemos que ser conscientes del fondo y de los problemas sin resolver. El principal objetivo de la resolución es que cese la violencia y que se llegue a un acuerdo. Yo lo comparto, pero en esa cuestión en particular veo pocos motivos de optimismo. La resolución también hace un llamamiento a favor de las ayudas europeas al gobierno democrático, la educación y la asistencia sanitaria. Nosotros podemos contribuir a ello.

  Filip Kaczmarek, autor. − (PL) Señora Presidenta, Comisario, estamos encantados de saber que se reanudan las negociaciones y conversaciones de paz entre las Fuerzas de Liberación Nacional y el Gobierno de Burundi. No es la primera vez que los rebeldes y el Gobierno intentan llegar a un acuerdo. Esperamos que dicho acuerdo ponga fin al derramamiento de sangre.

Este conflicto no sólo ha provocado víctimas inocentes sino que, ante todo, está desestabilizando el delicado equilibrio de Burundi y está aumentando las tensiones en el país, que había logrado resultados positivos tras el acuerdo de paz de 2003. Tras muchos años de conflicto en Burundi, el país está intentando reconstruirse y volver al escenario internacional y ha obtenido resultados bastante positivos.

Lo que resulta aún más paradójico es que el problema que padece Burundi actualmente no está causado por el conflicto tribal entre hutus y tutsis, sino que ha sido provocado por una única facción, muy radical, del FNL hutu, que no aceptó el acuerdo de paz y sigue intentando luchar contra el Gobierno de coalición, que también incluye a hutus. La comunidad internacional debe prestar su apoyo al acuerdo de paz y poner fin al conflicto.

  Marcin Libicki, autor. − (PL) Una vez más estamos debatiendo crímenes cometidos en diversos países del mundo y seguiremos con estos debates sin fin hasta que la Unión Europea tenga una política exterior común. Lo que es más, la política exterior conjunta sólo puede ser efectiva si la Unión Europea tiene una fuerza militar. El Tratado de Lisboa, que crea algo parecido a un Ministerio de Asuntos Exteriores, no resolverá el problema, puesto que no habrá fuerza militar.

En su momento, el presidente Lech Kaczyñski declaró que la Unión Europea debía tener su propio ejército. Recientemente, el presidente Sarkozy también ha hablado de ello. Creo que esta cuestión debe estar en el orden del día del debate público en la Unión Europea. Debe haber propuestas específicas de soluciones políticas y, en consecuencia, soluciones jurídicas. Sin fuerza militar no puede haber política exterior. Si la integridad y la fortaleza de la UE son importantes para nosotros, entonces la Unión Europea ha de tener su propio ejército y poder así intervenir en situaciones como la de Burundi.

  Marios Matsakis, autor. − Señora Presidenta, Burundi ha permanecido en un estado precario durante varios años. Las escenas de barbarie que tuvieron lugar en los años noventa entre los hutus y los tutsis quedarán para siempre profundamente marcadas en nuestras mentes y perturbarán gravemente nuestras conciencias. Los numerosos intentos de la comunidad internacional y de los participantes regionales todavía no han conseguido traer la paz duradera y la estabilidad que tanto se desean en la zona, aunque hay que decir que se han alcanzado muchos progresos.

Los recientes enfrentamientos militares entre las fuerzas nacionales de defensa y el Frente de Liberación Nacional han tenido como consecuencia la pérdida de vidas inocentes y resultan absolutamente alarmantes. Ambas partes deben darse cuenta de que han de resolver sus diferencias en la mesa de negociación y no en los campos de batalla. Es necesario que acepten que la violencia sólo engendra más violencia. El grupo rebelde debe renunciar a la violencia y deponer las armas pero, al mismo tiempo, el Gobierno de Burundi debe dejar de dar impunidad y cobertura en las fuerzas de seguridad a criminales que ejecutan torturas y detenciones ilegales.

Esperemos que por fin prevalezca el sentido común y que las principales partes que participan en esta brutal lucha interna en Burundi consigan resolver sus diferencias pacíficamente en aras de la seguridad y bienestar de los ciudadanos de su país.

  John Bowis, en nombre del Grupo del PPE-DE. – Señora Presidenta, en mi cabeza veo un hermoso país. Veo a personas que sufren para salir de las secuelas de las atrocidades cometidas en la guerra civil. Veo los monumentos a la violencia. Veo a los pobres tratando de salir adelante. Veo Bujumbura cerrada por la noche, cuando las personas intentan volver a entrar antes del toque de queda debido a la violencia. Veo los problemas sanitarios, la malaria, los problemas respiratorios e higiénicos. Veo los campos de refugiados: personas que vuelven, sin saber muy bien dónde estaban sus hogares, personas que regresan de Tanzania y personas que llegan desde Kivu, en el Congo.

Y ahora otra vez, por supuesto, veo la violencia, el FNL rompiendo sus acuerdos. Volvemos a ver las acusaciones de tortura y trato indigno. Burundi necesita nuestra ayuda. También necesita autocontrol para no volver a caer en la espiral de intolerancia e inhumanidad.

  Glyn Ford, en nombre del Grupo del PSE. – Señora Presidenta, lamentamos los recientes choques entre las fuerzas nacionales de defensa y el Frente de Liberación Nacional de Burundi. Hacemos un llamamiento a ambas partes para que respeten la tregua declarada el 7 de septiembre del año pasado y, en particular, pedimos que el dirigente del FNL, Agathon Rwasa, participe plenamente en el proceso de paz. Solicitamos a la Comisión que proporcione recursos que faciliten la reintegración de las tropas del FNL a la sociedad, que contribuyan a prestar asistencia a los refugiados y, en particular, que desmovilicen a los niños soldado que encontramos en este país.

Tenemos que exigir que el Gobierno de Burundi respete el Estado de Derecho, ponga fin al clima de impunidad y garantice que los culpables sean entregados rápidamente a la Justicia. Eso es lo que esperamos de la Comisión y del Gobierno.

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Señora Presidenta, como hemos oído, la guerra en Burundi, que lleva existiendo catorce años, ha causado un gran número de refugiados dentro del país, carestía de alimentos y violencia atroz, incluso por parte de los que debían estar protegiendo a los ciudadanos.

Aunque los últimos conflictos armados han vuelto a frustrar la búsqueda de armonía y hecho a uno preguntarse si hay confianza y voluntad política suficientes entre ambos partidos para las conversaciones de paz, por otro lado parece que se han dado pasos importantes en la dirección adecuada. Como resultado de negociaciones largas y difíciles entre varios partidos, las tropas rebeldes han acordado liberar a un número considerable de niños soldado para comienzos de mayo.

Burundi necesita urgentemente la ayuda de los Estados miembros de la UE en relación con su crisis humanitaria, como se insta en la resolución, y por tanto pido a todos que lo apoyen.

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Señora Presidenta, la escalada de tensión en Burundi, la guerra civil entre grupos étnicos y la violencia en ese país deben cesar inmediatamente. Los civiles desarmados han pagado un precio de cientos de muertos y heridos por este conflicto. Resulta esencial que se respete la tregua y que participen fuerzas de paz. Debe supervisarse atentamente la ayuda financiera que la Unión Europea va a dar a Burundi y debe dirigirse sobre todo a fines humanitarios, especialmente a la sanidad, la seguridad y la educación de los niños.

  Louis Michel, miembro de la Comisión. – (FR) Señora Presidenta, Señorías: en primer lugar, la Unión Europea había apelado a la reanudación del diálogo entre las partes como único medio de avanzar hacia la paz y la reconciliación, que es una expectativa fundamental del pueblo burundés. La Comisión Europea se congratula del retorno a Bujumbura, el 16 de mayo de 2008, de una delegación del Palipehutu-FNL, es decir, el Partido por la Liberación del Pueblo Hutu - Fuerzas Nacionales de Liberación, y espero que el diálogo pueda reanudarse activamente.

Prefiero dejar a un lado la respuesta que había preparado porque he escuchado varios comentarios y considero mi deber recordar varios hechos.

Me gustaría decirles —para ser breve y no repetir las excelentes intervenciones que he escuchado, especialmente las del señor Hutchinson, el señor Kaczmarek y el señor Bowis—, en primer lugar, que la situación en Burundi hoy no tiene nada que ver con problemas étnicos y sugerir que es una crisis étnica es abrir un nuevo frente extremadamente peligroso. Por consiguiente, comparto en gran medida el punto de vista del señor Hutchinson, aunque sí lamento un poco que este debate se celebre aquí y ahora. El momento es bastante inoportuno, ya que creo que ahora es necesario dar una oportunidad al diálogo político. Hablar como la hecho usted, señor Meijer, de una causa étnica, es una valoración extremadamente peligrosa.

En segundo lugar, el señor Hutchinson ha señalado el siguiente hecho: la comunidad internacional, absortos como estamos, y esto se aplica al Banco Mundial —he hablado de ello con Bob Zoellick— y a la Comisión, absortos en nuestros procedimientos que nos impiden, cuando se sumerge a un país en la democracia formal, invertir fondos para demostrar que hay un dividendo en la paz, ésta es una de las razones por las que Burundi tiene dificultades para volver al progreso como ocurre, por ejemplo, en Liberia, en la República Democrática del Congo o en cualquier otro país categorizado como país en posguerra. Estamos absortos en nuestros procedimientos, no tenemos flexibilidad y no podemos ofrecer una respuesta rápida a las necesidades de reconstrucción de esos países ya que, de hecho, ése es el verdadero problema de Burundi.

Evidentemente, no comentaré la intervención en la que se hacía un llamamiento al despliegue de fuerzas militares europeas —no estoy diciendo que esto sea otro debate— pero es claramente una cuestión que se sale un poco del marco del presente debate. Continuamos apoyando activamente, tanto desde el punto de vista político como financiero, a Burundi en sus esfuerzos de consolidación de la paz y de recuperación socioeconómica. Cabe señalar que nuestros compromisos de cooperación para el período 2008-2013 ascienden actualmente a 188 millones de euros y se ha sugerido que esta financiación podría incrementarse más durante la revisión intermedia. En este sentido, debo decirles que la norma es que sólo podrá incrementarse este nivel de financiación si Burundi ha consumido correctamente todos los fondos asignados en el paquete de ayuda inicial. Ésta es la norma, y espero que el país esté en condiciones de beneficiarse de esta revisión intermedia.

La estrategia adoptada para este nuevo período consiste en un aumento de nuestro apoyo presupuestario y en la definición de dos ámbitos que deben concentrar nuestra atención: en primer lugar, la rehabilitación y el desarrollo rural, que es claramente crucial para garantizar la supervivencia de las poblaciones; y, en segundo lugar, el sector de la sanidad. Nuestros esfuerzos por ayudar a este país en su recuperación socioeconómica buscan demostrar al pueblo burundés los resultados de los dividendos de la paz como factor de mejora de sus condiciones. Burundi ha sido elegido país piloto para la ejecución de las conclusiones del Consejo de noviembre de 2007, esto se ha mencionado y me alegro de ello. Hemos decidido también poner en práctica, conjuntamente con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, una operación piloto en Burundi, particularmente en el ámbito de la educación y de la creación de cantinas escolares para los niños, porque es evidente que cuando se les ofrecen comidas gratuitas a los niños, es natural que quieran volver a la escuela. Además, vamos a realizar un estudio piloto que incluirá a Burundi.

Asimismo, visitaré Burundi próximamente, ya que la Comisión participa muy estrechamente en todos estos esfuerzos de mediación. Me gustaría añadir que, cuando era Ministro de Exteriores, participé directamente en las negociaciones de Arusha con el presidente Mandela, por lo que se trata de un asunto que conozco bastante bien y puedo decirle, señor Meijer, que la Constitución de Burundi, el sistema legislativo burundés y el Parlamento burundés —la Asamblea Nacional y el Senado— proporcionan todas las soluciones institucionales necesarias para que el problema étnico quede totalmente bajo control. Por tanto, no es una cuestión étnica, es una cuestión de malestar dentro de un grupo étnico y no con el otro grupo, y es claramente un problema distinto del relacionado con el FNL, que ahora debe sentarse a la mesa de negociación, transformarse en un verdadero partido político y participar en la recuperación y la reconstrucción del país.

(Aplauso)

  Presidenta. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar al término de los debates.

(1) Véase el Acta.

15. - Composición del Parlamento: véase el Acta

16. - Turno de votaciones

  Presidenta. – De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.

(Para los resultados y otros detalles de la votación: véase el Acta)

16.1. - Sudán y la Corte Penal Internacional (votación)

16.2. - Detención de opositores políticos en Belarús (votación)

16.3. - Aumento de la tensión en Burundi (votación)

17. - Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

18. - Composición de las comisiones y delegaciones : véase el Acta

19. - Decisiones relativas a determinados documentos : véase el Acta

20. - Declaraciones por escrito inscritas en el registro (artículo 116 del Reglamento): véase el Acta

21. - Transmisión de textos adoptados durante la presente sesión: véase el Acta

22. - Calendario de las próximas sesiones: véase el Acta

23. - Interrupción de la sesión

  Presidenta. – Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.

(Se levanta la sesión a las 16.25 horas)

¿Cómo valora el Consejo el proceso de reformas en Montenegro, especialmente en lo que se refiere a la administración, la justicia, la política educativa, las minorías y, en particular, la enseñanza privada?

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Sobre la base del informe de progreso elaborado por la Comisión, en diciembre de 2007 el Consejo constató el progreso realizado por Montenegro en el último año, incluida la aprobación de una Constitución y la creación del marco jurídico y las instituciones necesarias tras la declaración de independencia. El Consejo insistió en la necesidad de que Montenegro implante la nueva Constitución en línea con las normas europeas y siga tratando de alcanzar un amplio consenso sobre los aspectos básicos de la construcción del Estado. Animó a Montenegro a seguir mejorando su capacidad administrativa y a tratar de conseguir resultados importantes con las reformas, sobre todo para reforzar el Estado de derecho y luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada.

Por motivos comprensibles, la capacidad administrativa es un punto débil en un país de nueva creación. Las autoridades de Montenegro están intentando resolver los problemas. El Gobierno sigue tratando de aumentar la capacidad administrativa y completar la reforma de la administración pública. Aunque el marco jurídico se ha completado, queda mucho trabajo por hacer. Se necesitarán fondos adecuados para conseguir los objetivos del Gobierno. El progreso general en este ámbito ha sido lento y, en consecuencia, la administración pública sigue siendo débil e ineficaz.

La nueva Constitución ha introducido cambios en el poder judicial, como resultado de los cuales se ha hecho menos dependiente del Parlamento. No obstante, todavía se tienen que poner en práctica las disposiciones de la Constitución. Aunque se han realizado algunos progresos, la reforma judicial en Montenegro no ha hecho más que empezar.

La política educativa está también acercándose lentamente a los niveles europeos. El acceso a la escolarización básica es casi óptimo en Montenegro.

Se ha establecido el marco necesario para la protección de las minorías. Tras la declaración de independencia, Montenegro firmó el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. La Constitución proporciona una base firme para la protección de las minorías, pero su aplicación falla en algunos ámbitos. La situación de los refugiados y desplazados, entre ellos un número considerable de romaníes de Kosovo, es motivo de gran preocupación.

En su respuesta a mi pregunta de 6 de febrero sobre el mismo tema (H-0121/08⁽¹⁾), el Consejo parece describir la situación «del huevo y la gallina» dado que el Consejo no debatirá ninguna posible reforma sin una propuesta formal de la Comisión y ésta no está dispuesta a presentar una propuesta «a no ser que exista un mayor consenso entre los Estados miembros acerca del tipo de reforma que están dispuestos a aceptar».

A juicio del Consejo, ¿cuál es la mejor manera de desbloquear esta situación?

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Su Señoría sabrá seguramente que, en diciembre de 2006, la Comisión publicó un Libro Verde y emprendió amplios debates públicos con las partes afectadas (industria, comerciantes, organizaciones de consumidores, etc.) sobre el funcionamiento de los Instrumentos de Defensa del Comercio (IDC).

Una de las conclusiones de esos debates es que se necesita con urgencia un sistema de IDC que funcione correctamente para defender a las industrias de la Comunidad frente al comercio desleal o las subvenciones a la exportación, y para conseguir que los ciudadanos confíen en el comercio justo. Al mismo tiempo, se decidió que sería necesario remodelar algunos elementos de ese sistema.

Los debates iniciales, que tuvieron lugar en los organismos preparatorios del Consejo en 2007, demostraron que podía llegarse a un consenso acerca de algunos elementos del Libro Verde, como, por ejemplo, la necesidad de una mayor seguridad jurídica, previsibilidad, y transparencia e independencia en la toma de decisiones. No obstante, pusieron también de manifiesto la existencia de opiniones divergentes respecto a ciertos puntos.

A mediados de enero de 2008, el Comisario Mandelson declaró que se necesitaba más tiempo para continuar las consultas con los grupos interesados sobre la manera de proseguir con el proceso de análisis de los IDC, y aseguró que cualquier propuesta reflejaría los intereses legítimos de todas las partes implicadas. El Consejo no ha recibido todavía una propuesta de la Comisión.

La Presidencia sigue haciendo esfuerzos informales por alcanzar un consenso sobre este asunto entre los Estados miembros, y la próxima Presidencia lo seguirá intentado sin duda alguna. El Consejo apoya los esfuerzos del Parlamento Europeo en este sentido y acogerá con satisfacción cualquier recomendación que haga la Comisión de Comercio Internacional sobre la reforma de los Instrumentos de Defensa del Comercio de la Comunidad, como una importante contribución a los debates internos.

Debe decirse también que, como parte de las negociaciones mundiales sobre el comercio en Ginebra, vinculadas al Programa de Doha para el Desarrollo de la OMC, se están celebrando debates sobre la modificación de los textos actuales de los acuerdos relativos a antidumping, subvenciones y medidas compensatorias. Esos debates están teniendo lugar en el seno de un «Grupo sobre reglas» y los resultados de los debates mantenidos en Ginebra repercutirán también en la legislación básica europea sobre medidas de protección del comercio. Uno de los objetivos de la UE es reforzar el sistema de comercio internacional basado en reglas y conseguir una aplicación más sistemática de todas las reglas adoptadas por los socios comerciales.

Mediante dos sentencias recientes (T-253/04 y T-229/02), el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas ha retirado de la lista de personas y organizaciones relacionadas con el terrorismo, en 2002 y 2004 respectivamente, al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y a su sucesor, el Kongra-Gel. Esta lista se elabora y actualiza mediante decisión del Consejo en aplicación del Reglamento (CE) nº 2580/2001⁽¹⁾ sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo.

Teniendo en cuenta que el PKK y el Kongra-Gel siguen estando incluidos en la lista del Consejo actualmente en vigor (Decisión 2005/930/CE⁽²⁾ del Consejo), lo que tiene repercusiones tanto para las organizaciones como para sus miembros, ¿puede certificar el Consejo que existen argumentos suficientes que justifiquen el mantenimiento de estas organizaciones en la lista? ¿De qué derechos disfrutan los miembros de estas organizaciones contra las que las autoridades de los Estados miembros han tomado medidas?

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Como se ha dicho, el 3 de abril de 2008 el Tribunal de Primera Instancia anuló la Decisión 2002/460/CE del Consejo de 17 de junio de 2002, en lo que respecta al PKK, y la Decisión 2004/306/CE del Consejo de 2 de abril de 2004, en lo que respecta al KONGRA-GEL, por considerar que no estaban justificadas.

Las Decisiones anuladas por el Tribunal no están ya en vigor y han sido reemplazadas por otra Decisión. La Decisión del Consejo actualmente vigente fue adoptada en diciembre de 2007 (2007/868/CE) y modificada el 29 de abril de 2008 (2008/342/CE y 2008/343/CE). El PKK (y el KONGRA-GEL, que es otro nombre dado a PKK) figuraba en el anexo de dicha Decisión. Las recientes sentencias del Tribunal no afectan a la validez de esa Decisión, y debe recordarse que los solicitantes no quisieron cuestionarla en esos procedimientos pese a que el Tribunal les invitó a hacerlo.

En cuanto al procedimiento empleado en la adopción de la Decisión 2007/868/CE, durante el primer semestre de 2007 el Consejo emprendió una revisión en profundidad y la consolidación de sus procedimientos para la inclusión y exclusión de la lista de personas, grupos y entidades, en aplicación del Reglamento (CE) nº 2580/2001 del Consejo. Ahora utiliza un procedimiento más claro y más transparente. Eso significa que ahora tiene que justificar el embargo preventivo de bienes dictado contra cualquier persona u organización.

Los nuevos procedimientos se utilizaron por primera vez en 2007 como parte de una revisión periódica que finalizó en junio de 2007 con la publicación de una lista actualizada.

Los nuevos procedimientos fueron tenidos también en cuenta cuando se adoptó la Decisión actualmente en vigor y, en consecuencia, el PKK/KONGRA-GEL fue oficialmente informado de los motivos de su inclusión en la anterior lista. Además, el Consejo examinó recientemente información adicional sobre el PKK/KONGRA-GEL y el 29 de abril de 2008 modificó en consecuencia la justificación, que comunicó posteriormente al PKK/KONGRA-GEL, invitándole a enviar sus comentarios.

Para terminar, debe recordarse que las personas, grupos y entidades que figuran en la lista pueden:

solicitar al Consejo que reconsidere su caso, sobre la base de la documentación de apoyo presentada;

recurrir la decisión de la autoridad nacional competente conforme a los procedimientos nacionales;

si están sometidas a medidas restrictivas conforme al Reglamento (CE) nº 2580/2001 del Consejo, recurrir la decisión del Consejo ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, de conformidad con las condiciones establecidas en los apartados (4) y (5) del artículo 230 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;

si están sometidas a medidas restrictivas conforme al Reglamento (CE) nº 2580/2001 del Consejo, solicitar exenciones por motivos humanitarios para cubrir necesidades básicas.

El Parlamento del país que ejerce la Presidencia ha ratificado el Tratado de Lisboa. Parece, pues, evidente que este país tiene una idea muy clara acerca de las garantías de seguridad incorporadas a la sección del Tratado relativa a la política de seguridad y defensa. ¿Puede indicar el Consejo si estas garantías incluyen también la obligación de prestar asistencia militar en caso de que un Estado miembro sea objeto de un ataque armado, o se aplica dicha obligación únicamente en el marco de la denominada cláusula de solidaridad (artículo 222)?

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La pregunta de su Señoría no es competencia del Consejo, puesto que éste no participó en la conferencia intergubernamental que redactó el texto del Tratado de Lisboa. Ni el Consejo ni la Presidencia pueden hacer una interpretación del Tratado de Lisboa, que todavía no ha entrado en vigor.

Por consiguiente, la Presidencia simplemente le informa que los ámbitos de la política común de seguridad y defensa se rigen por la sección 2 del capítulo 2 del título V de la versión consolidada del Tratado de la Unión Europea. La pregunta concreta sobre la obligación de prestar asistencia militar en caso de que un Estado miembro sea objeto de un ataque armado en su territorio se rige por el apartado (7) del artículo 42 de la versión consolidada del Tratado de la Unión Europea.

Con la separación de los gestores de red y los proveedores de electricidad y gas (Directivas 2003/54/CE⁽¹⁾ y 2003/55/CE⁽²⁾) se plantean interrogantes sobre las modalidades de percepción del impuesto sobre el valor añadido (IVA) aplicable a las actividades de los gestores de red y los proveedores así diferenciados por parte de los Estados miembros. Algunos de ellos recurren al modelo del agente comisionista, según el cual el proveedor (la empresa de transporte) se encarga de recaudar el IVA a lo largo de toda la cadena y de entregarlo a Hacienda. Cuando se utiliza este modelo habitual de agente comisionista, el IVA del proveedor y del subproveedor pueden tramitarse de forma independiente. Sin embargo, si (ya) no se autoriza este modelo, el importe del IVA facturado por el proveedor al cliente en concepto de servicio de transporte debe corresponder exactamente al importe del IVA facturado por el transportista al cliente. El proveedor debe mencionar de forma explícita en la factura el IVA correspondiente al transporte junto con el IVA correspondiente al servicio en sí. Esta interdependencia entre el proveedor y el transportista complicará especialmente la situación en caso de impago, cambio de dirección o cambio a un nuevo proveedor.

¿Puede confirmar el Consejo que la legislación comunitaria vigente autoriza el modelo de agente comisionista ya mencionado en un contexto de separación entre la gestión de redes y el suministro? ¿Prevé el Consejo modificaciones a las propuestas presentadas al Parlamento Europeo sobre el llamado «tercer paquete energético» de 2007?

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

En cuanto a la primera pregunta formulada por su Señoría, queremos señalar que la Comisión es responsable de garantizar la correcta aplicación del Derecho comunitario.

En cuanto a la segunda pregunta, queremos llamar la atención de su Señoría sobre el hecho que las propuestas de la Comisión sobre el «tercer paquete energético» de 2007 no contienen disposiciones en materia de fiscalidad.

El señor Nisterooij sabrá seguramente que el Consejo toma decisiones sobre la base de las propuestas de la Comisión. No obstante, hasta la fecha el Consejo no ha recibido ninguna propuesta de la Comisión relativa al asunto que menciona.

En la reunión del Consejo Europeo de los días 13 y 14 de marzo de 2008, se tomó la decisión de apoyar y lanzar la iniciativa «Proceso de Barcelona: la Unión por el Mediterráneo», cuyo objetivo es la creación de una unión compuesta por miembros de la UE y terceros países con miras a profundizar las relaciones de la UE con los países de la región del Mediterráneo.

Simultáneamente, el Parlamento Europeo ha declarado en varias ocasiones que opina que la UE debe desarrollar al mismo nivel la cooperación regional en el marco de Sinergia para el mar Negro, de la Asociación Euromediterránea y de la Dimensión Septentrional.

En el contexto de la adopción de la decisión de lanzamiento de la Unión por el Mediterráneo y de la existencia de una cooperación menos desarrollada entre la UE y la región del mar Negro, es de imperiosa necesidad profundizar, hasta un nivel equivalente, la cooperación en la región del mar Negro, que comprende países europeos. ¿Tiene el Consejo verdaderamente la intención de examinar esta situación y cuáles podrían ser sus propuestas para que la UE se comprometa en mayor medida con la región del mar Negro?

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Desde la adhesión de Rumanía y Bulgaria, la UE tiene dos Estados miembros que lindan directamente con la región del mar Negro. En consecuencia, la UE ha dejado de ser un agente externo en la región. El establecimiento de relaciones más estrechas entre la UE y los países de la región del mar Negro interesa tanto a la UE como a los países del mar Negro. Esta región tiene una importancia estratégica cada vez mayor para la Unión Europea, puesto que tiene un gran potencial económico, por ser un mercado de 190 millones de personas, y es también una importante vía de tránsito.

La Unión Europea ha establecido ya relaciones bilaterales con todos los países de la región del mar Negro; es decir, en relación con:

– el proceso de preadhesión con Turquía;

– la Política Europea de Vecindad (cinco planes de acción de la Política Europea de Vecindad: Moldova, Ucrania, Armenia, Azerbaiyán y Georgia);

– la asociación estratégica con Rusia;

– el nombramiento de dos representantes especiales de la UE en la región, para el Sur del Cáucaso en 2003, y para Moldova en 2005;

– la Misión de asistencia fronteriza de la UE en la frontera entre Moldova y Ucrania (EUBAM); y

– el Equipo de Asistencia Fronteriza del REUE en Georgia.

La UE seguirá manteniendo relaciones bilaterales con distintos países. Pero en la actualidad, los países que se enfrentan a retos especiales son los que necesitan una acción coordinada a escala regional.

La iniciativa «Sinergia para el mar Negro», que la Comisión emprendió en abril de 2007, está pensada para promover la cooperación en la región y entre la UE y la región en su conjunto.

La iniciativa «Sinergia para el mar Negro» contará con la ayuda de la Política Europea de Vecindad y otras políticas comunitarias aplicadas en las relaciones con países de la región.

Otros aspectos fundamentales son los siguientes:

Primero, un objetivo estratégico clave de la estrategia europea de seguridad es la estabilidad de los países vecinos de Europa. La UE asocia a esto la consolidación de la democracia y el Estado de derecho, la defensa de los derechos humanos, la buena gobernanza, el desarrollo socioeconómico y la reducción de la pobreza; en otras palabras, la «europeización» de los procesos de transición y reforma en la región.

Segundo, teniendo en cuenta la necesidad de diversidad en las fuentes de energía y las rutas de suministro energético, las ventajas que supone para la UE una mayor presencia en la región han aumentado en los últimos tiempos. El mar Negro es una región de producción y tránsito que tiene importancia estratégica para la seguridad de los suministros energéticos de la UE. Presenta un potencial considerable en cuanto a la diversidad del suministro energético y, por tanto, es un elemento importante de la política energética exterior de la UE. La diversidad y seguridad del suministro energético interesa a los socios de la región y a la UE. En consecuencia, la estabilidad y la seguridad tienen una gran importancia para la UE y, en consecuencia, ésta desea encontrar una solución a los conflictos en la región, que posiblemente sigan representando el mayor obstáculo para una paz duradera y un desarrollo sostenible.

Además, unas buenas relaciones de vecindad y una estrecha cooperación entre los países de la región siguen siendo muy importantes para la UE. La mejora de las relaciones en la región contribuirá a la confianza mutua y abrirá las puertas a un progreso duradero.

La UE no propone la creación de nuevas instituciones o estructuras administrativas. Los países del mar Negro seguirán siendo los principales contactos de la UE tanto en las relaciones bilaterales como en las conversaciones mantenidas a escala regional. No obstante, la UE está dispuesta, como no, a reforzar los contactos con las organizaciones regionales.

La iniciativa «Sinergia para el mar Negro» no se limita a la cooperación económica. Su objetivo es también establecer una región caracterizada por la democracia sostenible, la buena gobernanza, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La UE está haciendo un esfuerzo especial para aprovechar las oportunidades de resolver los conflictos existentes en la región. Demasiadas vidas se han visto cercenadas por el odio, la pobreza y la desesperación que esos conflictos están causando. La Unión Europea no puede cerrar los ojos ante ese sufrimiento que tiene lugar a sus mismas puertas en el siglo XXI. La UE puede y tiene que contribuir a encontrar la manera de salir de esos agujeros negros de desesperación.

Los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la UE se reunieron con sus colegas de la región del mar Negro por primera vez en Kiev el 14 de febrero de 2008. La reunión estuvo copresidida por Ucrania, que en aquel momento ocupaba la Presidencia de la Organización para la Cooperación Económica del Mar Negro (BSEC) (Volodymyr Ohryzko, Ministro de Asuntos Exteriores), y la Unión Europea (Andrej Šter, Secretario de Estado de Eslovenia, y Benita Ferrero-Waldner, Comisaria de Relaciones Exteriores y Política Europea de Vecindad). La declaración conjunta aprobada al final de la reunión es un documento político importante que proporciona orientación para el trabajo futuro.

Teniendo en cuenta la importancia estratégica de la región del mar Negro para la UE, en mayo de 2007 el Consejo invitó a la Comisión a analizar el desarrollo de la iniciativa «Sinergia para el mar Negro», sobre cuya base el Consejo podrá seguir examinando sus actividades en el conjunto de la región.

¿Proyecta el Consejo estudiar el fenómeno del efecto invernadero?

Actualmente, las emisiones de dióxido de carbono y el grave riesgo de calentamiento global que conllevan son un tema de preocupación para la opinión pública. Este fenómeno es una de las prioridades de la Unión Europea. Lamentablemente, no ha sido estudiado suficientemente y la duda persiste entre muchos investigadores y Estados todavía.

¿Se plantea el Consejo llevar a cabo investigaciones y análisis científicos más rigurosos sobre este asunto?

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) produce material científico fundamental que tiene una importancia decisiva para la formulación de políticas. El panel fue creado en 1988 en virtud de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas para proporcionar a los responsables de la toma de decisiones una fuente imparcial de información sobre el cambio climático. Su función consiste en evaluar, sobre una base exhaustiva, objetiva, abierta y transparente, la última información científica, técnica y socioeconómica publicada en todo el mundo, para ayudar a conocer mejor el riesgo del cambio climático causado por el ser humano, sus consecuencias reales y potenciales y las posibilidades de adaptación y mitigación.

Los informes de evaluación que el IPCC ha publicado desde 1990 demuestran un progreso en el conocimiento científico del cambio climático y su impacto. El Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (AR4, 2007) proporciona la evaluación más completa y fiable del cambio climático realizada hasta la fecha. Según dicho informe, el calentamiento del sistema climático es indudable y la mayor parte del calentamiento medio mundial en los últimos 50 años se debe muy probablemente a un aumento de los gases de efecto invernadero de fuentes antropogénicas.

El Consejo se ha referido en repetidas ocasiones a los resultados de las evaluaciones del IPCC; por ejemplo, en sus conclusiones de 30 de octubre de 2007 (14178/07, pág. 10).

¿Puede el Consejo emitir una declaración detallada sobre la actual situación política en Kenia?

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La Unión Europea ha acogido con satisfacción la formación de un Gobierno de coalición en Kenia. Dicho Gobierno se ha formado gracias a la determinación de los interlocutores políticos en Kenia y también de la comunidad internacional, que han prestado un apoyo unánime al panel de personalidades africanas eminentes encabezado por Kofi Annan.

La UE considera que el Gobierno de coalición está permitiendo a los dirigentes keniatas continuar con el proceso de reconciliación nacional y diálogo acordado el 28 de febrero. La vuelta a la normalidad es de enorme importancia para el pueblo keniata, que desea paz y prosperidad, y también para toda la región desde Sudán hasta Somalia, incluida la región africana de los Grandes Lagos, que no ha podido evitar las consecuencias de los acontecimientos ocurridos en Kenia.

La Unión Europea ha reiterado su compromiso de apoyar un verdadero reparto de poderes y de trabajar con el nuevo Gobierno keniata para devolver a Kenia a la senda del desarrollo y la estabilidad. La UE apoyara al Gobierno keniata en la aplicación de un plan coordinado y de gran alcance de reformas para hacer frente a las causas subyacentes del conflicto recurrente y contribuir a una Kenia mejor, más segura y más desarrollada.

¿Puede indicar el Consejo lo que está haciendo la Unión Europea en la práctica para controlar y reducir el precio de los alimentos en el mundo? ¿Es consciente el Consejo de que en los dos últimos meses el precio del arroz ha aumentado a escala mundial en un 75 % aproximadamente, alcanzado unos máximos históricos, y de que el precio del trigo ha aumentado en un 120 % en este último año, con lo que el pan cuesta ahora más del doble en la mayoría de los países pobres?

¿Sabe el Consejo que en los últimos tiempos se han registrado disturbios relacionados con los alimentos en Haití, Camerún, Níger, Burkina Faso, Indonesia y Filipinas?

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo es consciente de que los precios de los alimentos están subiendo en todo el mundo, lo que supone una amenaza para los recientes logros en la lucha contra la pobreza y la malnutrición y pone en peligro la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio. Puede ser causa también de inestabilidad, como demuestran los disturbios relacionados con los alimentos que han tenido lugar en países de todo el mundo.

El Consejo considera que es necesario tomar medidas para proporcionar ayuda a corto plazo a los países más pobres y a los grupos más vulnerables de la sociedad y, al mismo tiempo, poner freno a la subida del precio de los alimentos con medidas a medio plazo, sobre todo con un aumento de la producción agrícola.

El problema de la fuerte subida del precio de los alimentos plantea un reto adicional a la política de desarrollo. En el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores sobre Desarrollo de mayo se abordará esta cuestión y se aprobarán conclusiones relativas a la adopción de medidas a corto, medio y largo plazo para resolver el problema de la subida del precio de los alimentos. La UE ha intensificado ya la ayuda alimentaria y la asistencia humanitaria en los países más afectados y ha destinado fondos adicionales para ayudar a los grupos más vulnerables de la sociedad. En 2008, la Comisión ha destinado 223 millones de euros a asistencia humanitaria y ayuda alimentaria. Como resultado del aumento de los costes de los programas de asistencia humanitaria ya existentes y la financiación de otros nuevos, la UE tendrá que aumentar los fondos disponibles. Muchos Estados miembros contribuirán con fondos adicionales. A medio plazo, se podrían utilizar otros instrumentos de cooperación al desarrollo y otros instrumentos pertinentes de la Comisión para hacer frente a los efectos negativos de la crisis causada por la subida del precio de los alimentos. En su diálogo con terceros países, la UE tratará de disuadir a los países de introducir prohibiciones sobre la exportación de alimentos y, en su lugar, insistirá en que los fondos obtenidos como resultado de la subida del precio de los alimentos se utilicen para promover el desarrollo. A la larga, la UE instará a los países en desarrollo, sobre todo a los menos desarrollados, a implantar una política agrícola adecuada, particularmente en lo que respecta a una mayor seguridad alimentaria. El Consejo está convencido de que la clave para aumentar la producción de alimentos y los recursos alimenticios mundiales está en aumentar la ayuda dada a los países en desarrollo para que desarrollen su propia agricultura y consigan así efectos positivos a largo plazo, puesto que eso les permitiría explotar mejor su potencial de producción agrícola. En este sentido, la UE tendrá en cuenta las conclusiones de la Conferencia de Alto Nivel de la FAO prevista para principios de junio.

El Consejo de Agricultura y Pesca debatió la cuestión de la subida del precio de los alimentos y la producción agrícola en su reunión de abril y consideró el asunto de nuevo en su reunión de mayo. El Consejo Europeo evaluará la situación en su reunión de junio y establecerá nuevas directrices operativas relativas a esta cuestión, sobre todo en el marco más general de los objetivos de desarrollo del milenio. El Consejo está debatiendo también este problema con sus socios en los foros internacionales competentes.

En la práctica, la UE ha adoptado ya medidas para aumentar la producción y frenar la subida de los precios como parte de la Política Agrícola Común. La eliminación temporal de los requisitos de retirada de tierras ha permitido a los agricultores de la UE destinar hasta un 10 % de tierra adicional a la producción (en particular, a la producción de cereales). El aumento de la cuota láctea en un 2 % desde abril de 2008 está permitiendo a los productores lácteos de la UE producir más leche. Además, la UE ha suprimido los derechos de importación sobre los cereales y tiene la intención de prolongar esta medida hasta la próxima campaña de comercialización.

El «chequeo médico» de la reforma de la PAC actualmente en marcha constituirá la siguiente oportunidad para encontrar soluciones concretas a corto plazo como, por ejemplo, la eliminación definitiva de los requisitos de retirada de tierras, un nuevo aumento de las cuotas lácteas, un mayor desacoplamiento de las ayudas respecto a la producción en otros sectores con ayuda acoplada, y la supresión de la prima por cultivos energéticos.

A medio plazo, debe decirse que la adhesión de los nuevos Estados miembros aumentó la superficie dedicada a agricultura en la UE cerca del 40 %. La capacidad de producción de los nuevos Estados miembros aumenta año tras año. Esta promesa, y la constante renovación y racionalización de la producción agrícola en todos los Estados miembros, permitirá a la UE realizar una contribución aún mayor a la producción mundial de alimentos y, por tanto, a una mayor seguridad alimentaria en el mundo.

A la larga, la UE debe coordinar mejor los proyectos de investigación y desarrollo agrícolas en todo su territorio, con el fin de desarrollar nuevas tecnologías que aumenten la productividad agrícola.

¿Puede dar el Consejo una garantía política de que, este año, la Unión Europea utilizará todos los foros internacionales importantes para poner de relieve la necesidad urgente, a escala internacional, de abordar el tema de la pobreza infantil en todo el mundo?

¿Está de acuerdo el Consejo en que es necesaria una campaña internacional más estructurada, en la que participen otras agencias importantes de las Naciones Unidas, para poner de relieve la necesidad de actuar en mayor medida contra el trabajo infantil en todo el mundo?

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La promoción y protección de los derechos del niño constituyen un aspecto importante de la política interior y exterior de la UE. En diciembre de 2007, el Consejo aprobó las Directrices de la UE para la promoción y protección de los derechos del menor, en donde reiteraba el compromiso incondicional de la UE para promover y proteger los derechos del menor, derivados de los principales instrumentos, normas y reglamentos internacionales y europeos sobre los derechos humanos legales, así como compromisos políticos relativos a la promoción y protección de los derechos del menor.

La UE lleva muchos años haciendo, y seguirá haciendo, esfuerzos por apoyar la promoción de los derechos del menor derivados de medidas multilaterales, los más importantes de los cuales son los siguientes:

aplicación de las Directrices de la UE de 2003 sobre los niños y los conflictos armados;

mayor concienciación de terceros países, sobre todo en el diálogo social, sobre los derechos del menor;

financiación, sobre todo como parte del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (EIDHR), de proyectos para promover y proteger los derechos del menor;

vigilancia del progreso de las iniciativas para intensificar la promoción de los derechos humanos en el proceso de ampliación y apoyar la reforma de la protección del menor en los países candidatos y candidatos potenciales;

propuesta anual de la UE, conjuntamente con los países de Latinoamérica, de una resolución sobre los derechos del niño en el marco de las Naciones Unidas, y solicitud periódica a los países para que firmen, ratifiquen y apliquen la Convención sobre los Derechos del Niño y los protocolos facultativos de dicha convención;

apoyo a las iniciativas de los organismos internacionales y regionales competentes relacionadas con la promoción de los derechos del niño, sobre todo las iniciativas del Secretario General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los organismos del Tratado de las Naciones Unidas, sobre todo el Comité de los Derechos del Niño y los mecanismos de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, las agencias competentes de las Naciones Unidas, en particular el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), y también mecanismos regionales, en especial el Consejo de Europa, la OSCE, la Red Europea de Defensores del Menor y organizaciones de la sociedad civil;

«El consenso europeo sobre desarrollo», como parte de la política de desarrollo de la UE (una declaración conjunta del Consejo, representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el marco del Consejo, el Consejo Europeo y la Comisión, sobre la política de desarrollo de la Unión Europea, aprobada por el Consejo el 22 de noviembre de 2005), que incluye el respeto a los derechos del menor en los Estados miembros; el documento hace referencia a los principales marcos internacionales de derechos humanos y a los objetivos de desarrollo del milenio.

¿Puede hacer el Consejo una declaración que contenga un análisis actualizado de la situación política en Kosovo?

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El 17 de febrero de 2008, la Asamblea de Kosovo aprobó una resolución que declaraba la independencia de Kosovo. El Consejo reiteró que la Unión Europea estaba dispuesta a desempeñar un papel protagonista para reforzar la estabilidad en la región, y recordó los compromisos de la Unión Europea contenidos en las conclusiones del Consejo Europeo de 14 de diciembre de 2007, así como el acuerdo sobre Acciones Conjuntas por el que se estableció una misión policial y judicial de la PESC y se nombró a un Representante Especial de la UE en Kosovo. En sus conclusiones de 18 de febrero, el Consejo indicó que los Estados miembros decidirían, de conformidad con sus procedimientos nacionales y el Derecho internacional, sobre sus relaciones con Kosovo. El Consejo reiteró el respeto de la UE a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Acta Final de Helsinki, entre ellos los principios de soberanía e integridad territorial y todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Insistió en su convicción de que, en vista del conflicto del decenio de 1990 y el prolongado período de la administración internacional en virtud de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad, Kosovo constituye un caso sui generis que no cuestiona esos principios y resoluciones.

Como parte de su enfoque integral en la cuestión de Kosovo, la UE decidió lanzar, el 16 de febrero de 2008, una misión civil llamada EULEX KOSOVO. El objetivo de dicha misión es apoyar a las autoridades de Kosovo con vigilancia, tutela y asesoramiento en todos los ámbitos relacionados con el Estado de derecho, en particular la policía, la justicia, las aduanas y los servicios penitenciarios. Eso significa que la misión ayudará a las instituciones y a las autoridades judiciales en su proceso de rendición de cuentas y en el desarrollo y el fortalecimiento de un sistema judicial multiétnico independiente y unos servicios policiales y aduaneros multiétnicos. Las prioridades básicas de la misión son resolver los problemas relacionados con las comunidades minoritarias, la corrupción y la lucha contra la delincuencia organizada.

Tras la declaración de independencia, los edificios de dos puestos fronterizos entre Kosovo y Serbia fueron atacados. En algunos lugares, miembros serbios de las fuerzas policiales de Kosovo y otros organismos dimitieron en respuesta. El 14 de marzo, un gran grupo de manifestantes en la ciudad de Mitrovica, al norte de Kosovo, ocupó ilegalmente el tribunal de la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK). La UNMIK trató de convencer a los manifestantes para que desalojaran el edificio por la vía pacífica, pero no lo consiguió. En consecuencia, bajo la autoridad de la UNMIK, el 17 de marzo se inició una intervención policial para recuperar el tribunal. La operación finalizó pacíficamente, pero la situación se deterioró cuando la policía trató de llevarse a los manifestantes que habían ocupado ilegalmente el tribunal para interrogarlos. Posteriormente fueron atacados algunos miembros de las fuerzas policiales de la UNMIK y la Fuerza de Paz para Kosovo (KFOR), incluso con armas letales. Un miembro ucraniano de las fuerzas policiales de la UNMIK murió como consecuencia de las heridas sufridas y más de diez policías y soldados de la KFOR resultaron heridos.

El 9 de abril de 2008, la Asamblea de Kosovo aprobó, de conformidad con la declaración de independencia, una Constitución que había sido certificada de antemano por el Representante Civil Internacional. En ella, Kosovo se comprometía a cumplir las disposiciones de la Propuesta Integral sobre Kosovo y otras formas de presencia internacional encabezada por la misión EULEX y la Oficina Civil Internacional (OCI), que realizará una función especial de vigilancia. La Constitución entrará en vigor el 15 de junio de 2008. El proceso para la aprobación de la legislación sobre la protección de los derechos de las minorías contemplados en la Propuesta Integral está en marcha.

Con la excepción de los acontecimientos ocurridos en Mitrovica en marzo, la situación en Kosovo es pacífica y no se han producido incidentes importantes motivados por cuestiones étnicas. Incluso las elecciones locales (y parlamentarias) convocadas por la República de Serbia, a pesar de las advertencias de la UNMIK, en Kosovo el 11 de mayo, en colaboración con ciertos grupos de serbios de Kosovo, pudieron celebrarse pacíficamente y sin incidentes importantes. La UNMIK declaró que las elecciones locales eran ilegales y no tenían efecto jurídico, ya que se habían celebrado en contra del mandato exclusivo de la UNMIK para certificar elecciones según la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En Kosovo se celebraron también elecciones parlamentarias serbias.

Como se refleja en el informe de marzo del Secretario General de las Naciones Unidas, la mayoría de la población de Kosovo ha intentado frenar las reacciones de un sector de la población serbia, y las autoridades de Kosovo han hecho repetidos llamamientos a la calma, la paciencia y la confianza en la presencia internacional en Kosovo. El Primer Ministro Thaçi ha realizado numerosas visitas a los serbios de Kosovo.

Los ciudadanos de Kosovo y de todo el mundo están esperando la entrada en vigor, el 15 de junio, de la nueva Constitución de Kosovo, aprobada por la Asamblea de Kosovo el 9 de abril, y las consecuencias que eso tendrá a efectos de la reconfiguración de la presencia internacional en Kosovo, sobre todo en lo que respecta al futuro papel de la misión de las Naciones Unidas. Se están manteniendo ya intensas conversaciones al respecto entre todas las partes interesadas y los agentes internacionales en Kosovo, con vistas a elaborar un plan claro que permita organizar la cooperación entre la UNMIK y la misión EULEX.

El Reglamento (CE) n° 725/2004⁽¹⁾ no menciona la Convención para la Supresión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima (SUA). Existen además diversos protocolos del 2005. Los llamados «Tratados SUA» son complementarios del Código Internacional de Protección de Buques y Facilidades Portuarias (ISPS) - destinado a instrumentar medidas prácticas para mejorar la seguridad del transporte marítimo internacional y de los puertos frente a la actividad terrorista, y que es obligatorio con arreglo a la Convención SOLAS –, pues regulan la situación legal en el caso desafortunado de que se produjera un ataque terrorista. Los instrumentos mencionados amplían sustancialmente la lista de delitos punibles de conformidad con los tratados e incluyen nuevas reglas para un abordaje consensuado de los buques, acción que resulta de importancia primaria en la medida en que provee a los Estados del fundamento jurídico necesario para interceptar actividades terroristas en el mar en fase de planeamiento o de ejecución.

¿Ha considerado el Consejo la posibilidad de incluir los «Tratados SUA» en el derecho comunitario? ¿Considera que su introducción podría ayudar a la UE a intervenir de una manera efectiva contra actos como el secuestro de 26 pescadores del buque vasco «Playa de Bakio» en aguas de Somalia?

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Cuando las cuestiones reguladas por los Tratados SUA están dentro del ámbito de responsabilidad de la Comunidad, pero no están cubiertas por la legislación comunitaria vigente, la Comisión puede remitir al Parlamento Europeo y al Consejo las propuestas que considere necesarias para complementar el Derecho comunitario vigente.

Pero si la Comunidad no es responsable de estos asuntos, como ocurre desde luego con los posibles actos ilícitos a los que se refiere la pregunta, las posibilidades de intervención de la UE se limitan a lo que se contempla en el marco de los instrumentos comunitarios de la Política Exterior y de Seguridad Común.

Según informa la prensa internacional, en particular el periódico The Guardian en su edición de 20 de abril, http://www.guardian.co.uk/world/2008/apr/20/armstrade.iran" , la venta de armas, tecnología para misiles y componentes nucleares al régimen iraní desde Europa está en pleno aumento.

Además de la identificación de varias transacciones llevadas a cabo por empresas de Gran Bretaña, y de la utilización de Malta como punto de paso de las armas vendidas, investigadores aduaneros de Gran Bretaña han llegado a la conclusión de que las empresas iraníes implicadas solo son una fachada de la Fuerza Aérea, el Ministerio de Defensa y la Guardia Revolucionaria de Irán.

¿Está al corriente el Consejo de estas u otras transacciones similares que afectan a Estados miembros de la Unión?

¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo ante lo que parece ser una violación reiterada y flagrante del régimen de sanciones a Irán impuesto por las Naciones Unidas?

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo está al corriente de ese artículo, pero todavía no ha iniciado las investigaciones mencionadas en él.

No obstante, debe decirse que el artículo publicado en el periódico The Guardian se refiere al intento de burlar el sistema de control de la UE en el contexto de las exportaciones a Irán. El artículo describe, en concreto, el intento frustrado de un exportador británico de eludir los controles sobre la exportación de mercancías de segunda mano a Irán a través de Malta (no se necesita permiso para exportar mercancías de segunda mano del Reino Unido a Malta, puesto que constituye una transacción intracomunitaria). Las autoridades maltesas, actuando correctamente y de conformidad con la política de la UE, frustraron el intento de introducir esas mercancías en Irán. El Reino Unido demandó con éxito al exportador, quien fue condenado a tres años de prisión por el intento de burlar el sistema de control de las exportaciones. Este ejemplo demuestra que, aunque el sistema de control de las exportaciones implantado por los Estados miembros de la UE presenta algunas deficiencias, es no obstante sólido y eficaz. En ningún momento se habla en el artículo de The Guardian de que el intento de burlar el sistema de control de la UE tuviera éxito.

En términos generales, existe la posibilidad de aplicar sanciones nacionales, de la Unión Europea y de las Naciones Unidas a la exportación de armas y otros materiales pertinentes a Irán. De conformidad con el primer criterio del Código de Conducta de la Unión Europea sobre la exportación o la transferencia de armas, todos los Estados tienen que respetar las obligaciones internacionales, que incluyen también las sanciones de Naciones Unidas. Los Estados miembros de la UE tienen además competencia exclusiva, en virtud de sus ordenamientos jurídicos nacionales, para imponer sanciones a las personas físicas y jurídicas que violen esas obligaciones.

La Presidencia portuguesa dedicó mucha atención a las medidas de protección de las víctimas de delitos, a la vista de que, como es sabido, las nuevas tecnologías pueden suponer un peligro para la seguridad de los niños y los jóvenes. La globalización exige un refuerzo de la cooperación entre los agentes judiciales y policiales, en particular, para luchar contra el terrorismo y la delincuencia organizada, pero ese refuerzo no puede limitarse a la contribución de Europol y Eurojust, aunque su importancia es digna de mención.

A la vista de que es necesario y urgente reforzar la lucha contra la delincuencia, la protección de las víctimas y la garantía de los Derechos Fundamentales, ¿puede decir el Consejo qué nuevas medidas cree que podrían traducirse en una lucha eficaz contra las nuevas formas de delincuencia y en una protección adecuada de las víctimas, en particular, los niños y los jóvenes?

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

En la actualidad, el Consejo no está trabajando en ninguna propuesta relacionada con su pregunta, aunque les atribuye una gran importancia.

Ahora bien, el Consejo desea recordar que ya se han aprobado varios instrumentos jurídicos adecuados en este ámbito. Entre ellos destacan la Decisión marco 2001/220/JHA del Consejo de 15 de marzo de 2001 relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal; la Directiva 2004/80/CE de 29 de abril de 2004 sobre indemnización a las víctimas de delitos, y la Decisión marco 2004/68/JHA del Consejo de 22 de diciembre de 2003 relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil.

Desde principios de 2008, han sido torturados y asesinados decenas de militantes independientes del movimiento sindical en Colombia, con lo que va aumentando el «record» de cientos de asesinatos de sindicalistas y periodistas especializados en derechos humanos, y de otras personas que han sido brutalmente sometidas a torturas. Son responsables de estos asesinatos y torturas el propio Estado y el ejército, así como grupos paramilitares y ejércitos privados que actúan con toda libertad. Estas acciones van dirigidas contra el movimiento sindical libre y de clase y pretenden intensificar el clima de intimidación que padece el pueblo colombiano, a pesar de la oposición popular, como se refleja en las recientes elecciones presidenciales y locales.

¿Piensa el Consejo condenar la tolerancia y complicidad que muestra el gobierno colombiano con estas acciones a pesar de la reacción del pueblo de Colombia?

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo condena rotundamente el acoso y asesinato de sindicalistas y defensores de los derechos humanos, con independencia de dónde se produzcan esos actos y quién los cometa. El Consejo se ha informado de los recursos adicionales que el Gobierno colombiano ha destinado a la protección de los activistas de derechos humanos, testigos, periodistas, sindicalistas y otras personas en situación de riesgo. Pese a ello, los ataques contra este grupo de personas continúan.

En el caso de Colombia, el Consejo ha llamado ya la atención de las autoridades estatales sobre estos problemas en varias ocasiones y ha discutido el tema con ellas. Los responsables de las misiones de la UE analizan esta cuestión periódicamente. En una iniciativa política conjunta de los responsables de las misiones de los Estados miembros de la UE en Bogotá y sus capitales, el 15 de abril de 2008 se entregó un informe completo sobre la situación de los derechos humanos en Colombia al representante del Ministro de Asuntos Exteriores responsable de las cuestiones multilaterales. Al día siguiente de presentar el informe, los responsables de las misiones de la UE en Bogotá se reunieron con los representantes de las organizaciones no gubernamentales pertinentes, para hablar sobre los problemas actuales de derechos humanos. La UE proseguirá con sus actividades orientadas a la protección de los derechos humanos. Además, el 19 de mayo la Presidencia aprobó una declaración en nombre de la UE que condena los asesinatos cometidos y las amenazas de muerte lanzadas contra dirigentes de organizaciones sociales y activistas de derechos humanos en Colombia en las últimas semanas.

El Consejo celebra el hecho de que, durante más de un año, el Gobierno colombiano haya mantenido un diálogo continuo con los sindicalistas, y haya destinado recursos adicionales a su protección y a la de activistas de derechos humanos, testigos y periodistas, con objeto de controlar esta alarmante situación. Investigadores y observadores independientes hablan de una mejora clara e importante de la seguridad en general y de una marcada disminución de todas las formas de delincuencia en Colombia. Pero ante el aumento de las amenazas y los actos delictivos en 2008, el Consejo Europeo ha pedido al Gobierno colombiano que haga todo lo que esté en su mano para asegurar que el pueblo colombiano y las organizaciones que luchan para mejorar la situación de los derechos humanos puedan representar libremente y sin temor alguno sus intereses. Además, la UE pide al Gobierno colombiano que asegure que los responsables de esos actos de violencia, amenazas y asesinatos sean obligados a rendir cuentas, sea cual sea su condición.

La creciente globalización lleva aparejados diversos procesos, entre ellos la sustitución de las lenguas de los países económica y culturalmente más débiles por las lenguas de los países dominantes, lo que exige que se dispense a las primeras una protección legal. Una condición necesaria para la adopción de las indispensables medidas es que se elabore un informe fidedigno sobre el estado de las lenguas a partir de los datos estadísticos más recientes sobre tendencias en los usos de todas las lenguas europeas.

¿Existe un informe de ese tipo? En caso afirmativo, ¿es posible consultarlo?

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Para obtener información más detallada, sería mejor dirigirse a la Comisión Europea. El Consejo, por su parte, desea llamar la atención de su Señoría sobre los muchos informes, estudios y comunicaciones recientemente publicados por la Comisión, que contienen datos estadísticos y de otro tipo sobre el uso y la enseñanza de las lenguas europeas. En otoño de 2008 se espera una nueva comunicación sobre multilingüismo de la Comisión.

Esperamos que en ese informe se tengan en cuenta las decisiones tomadas por el Consejo de Ministros de Educación en su reunión de mayo de este año. Dichas decisiones se basaron en las opiniones expresadas en la Conferencia Ministerial sobre Multilingüismo, con el título «Promoción de la diversidad lingüística: una responsabilidad compartida», que fue organizada en Bruselas el 15 de febrero de 2008 por el Ministerio de Educación y Deporte de la República de Eslovenia y la Comisión Europea.

Estamos convencidos de que el multilingüismo en la UE sólo podrá desarrollarse sobre la base de una posición equilibrada y estable para todas las lenguas oficiales de la UE, con independencia del número de hablantes. Ahora, las lenguas con mayor número de hablantes suelen estar en una situación de ventaja, por recibir un mayor apoyo en el mercado general de la industria lingüística, de manera que están mejor equipadas para afrontar los retos del lenguaje especializado moderno. En nuestra opinión, la nueva estrategia del multilingüismo en la UE debe servir también para afrontar estas cuestiones. Estamos convencidos de que unas recomendaciones comunes a todos los Estados miembros para mejorar su política lingüística podrían ayudar también a mejorar la situación de todas las lenguas maternas.

La explotación ilegal y los negocios éticamente injustificados son prácticas que las empresas europeas siguen cometiendo en los países en desarrollo. En Bélgica, el centro nacional de contacto sigue mencionando determinadas empresas belgas, entre ellas, Nami Gems y Cogecom, que han infringido en el Congo las directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre multinacionales.

Es cierto que las directrices de la OCDE para empresas multinacionales no son vinculantes, ni pueden imponerse ni sancionarse. Sin embargo, la lucha contra la explotación ilegal de los recursos naturales de los países en desarrollo, como el Congo, es esencial y determinante para las oportunidades de estos países.

¿Tiene previsto el Consejo presionar (moralmente) a las empresas europeas a fin de que sus actividades sean conformes a las directrices de la OCDE? ¿No puede Europa desempeñar una función más proactiva en la creación de un marco regulador internacional o de un código de conducta en cuanto a las prácticas empresariales en los países en desarrollo? ¿Va a debatir el Consejo próximamente la ratificación de las principales normas laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las directrices correspondientes de la OCDE?

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo está totalmente de acuerdo con la opinión del diputado al Parlamento Europeo Johan Van Hecke sobre la necesidad de promover la ética en las actividades empresariales y está trabajando para combatir las actividades ilegales en la UE y en nuestras relaciones con terceros países. El desarrollo sostenible es, por tanto, el elemento básico de la política de desarrollo de la UE, y el Consenso Europeo sobre Desarrollo, la declaración de política firmada por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 20 de diciembre de 2005, establece claramente que

la UE ayudará a reforzar la dimensión social de la globalización y, de esta forma, promoverá el empleo y un trabajo digno para todos;

la UE encabezará las iniciativas mundiales para renunciar a modelos de consumo y producción que no sean sostenibles;

la UE debe ayudar a los países en desarrollo a implantar acuerdos multilaterales sobre medio ambiente y financiar iniciativas medioambientales en beneficio de los más pobres;

la UE se ha comprometido seriamente a actuar para mejorar la coherencia de las políticas en beneficio del desarrollo y la integración de los objetivos de la política de desarrollo en todos los ámbitos de la política que puedan afectar a los países en desarrollo, como el comercio, el medio ambiente y la dimensión social de la globalización, el empleo y un trabajo digno.

Con respecto al trabajo digno, en las Conclusiones del Consejo de 1 de diciembre de 2006 sobre un trabajo digno para todos se insiste en que los agentes sociales, el mundo empresarial y la sociedad civil en su conjunto tienen que participar en iniciativas que apoyen un trabajo digno, y se pide a las empresas y a todos los demás interlocutores pertinentes que promuevan un trabajo digno por medio de actuaciones en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas; es decir, acciones complementarias al Estado de derecho y a la negociación colectiva, teniendo en cuenta la normativa internacional, sobre todo la derivada de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Consejo apoya asimismo la Declaración de principios tripartita de la OIT sobre las empresas multinacionales y la política social, las iniciativas de la OCDE para promover un mayor cumplimiento de las directrices de la OCDE por parte de las empresas multinacionales y las recomendaciones sobre empleo y relaciones industriales.

Las disposiciones relativas a unas prácticas éticas constituyen el elemento básico de nuestros acuerdos de asociación con terceros países, sobre todo con países en desarrollo.

En el Acuerdo de Asociación de Cotonou entre la UE y los países ACP se define la práctica empresarial ética como la gestión transparente y responsable de los recursos humanos, naturales, económicos y financieros al servicio de un desarrollo justo y sostenible. El acuerdo contiene también disposiciones especiales para hacer frente a casos serios de soborno y corrupción, y disposiciones sobre cooperación para la protección del medio ambiente y el uso y gestión sostenibles de los recursos naturales.

Los objetivos de la asociación estratégica entre la UE y África acordados en la cumbre UE-África de diciembre de 2007 incluyen la cooperación entre África y la UE en el marco de las iniciativas internacionales contra el comercio ilegal y la promoción de una gestión justa y transparente de los recursos naturales, confirmando el proceso de Kimberley; entre dichas iniciativas están la «Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales» (FLEGT) y la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (EITI). África y la UE abordarán conjuntamente las cuestiones relacionadas con la lucha contra el soborno, la corrupción, las falsificaciones, el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, así como otros aspectos de la gestión económica. En este marco, se han tomado medidas para acelerar las auditorías y la devolución de los bienes y fondos adquiridos por medios ilícitos a sus países de origen. La asociación estratégica UE-África ya está en funcionamiento, aunque está tomando forma con el primer plan de acción para 2008-2010, un plan que incluye ocho asociaciones y medidas prioritarias.

El Acuerdo de Cotonou y la Asociación UE-África se están poniendo en práctica en estrecha cooperación con los países socios, y en el pleno respeto al principio de autonomía.

Para completar el cuadro, hay que mencionar otro elemento importante y es la contratación de personal en países en desarrollo aplicando unos principios éticos. En mayo de 2007, el Consejo aprobó el programa europeo de acción para hacer frente a la escasez crítica de trabajadores sanitarios en los países en desarrollo (2007-2013). En el contexto de este programa, la Comisión y los Estados miembros están examinando actualmente la posibilidad de introducir un código de conducta en la UE para la contratación de trabajadores sanitarios que se base en unos principios éticos y unos métodos modélicos de los Estados miembros.

Las fuerzas de seguridad egipcias han tomado medidas inaceptables para reprimir las grandes manifestaciones populares en las ciudades de Almahalla, Alkobra, Alejandría y otras, como consecuencia de las cuales ha habido víctimas mortales, decenas de heridos y trabajadores detenidos, tanto comunistas como de otros partidos progresistas. Los trabajadores y los agricultores con bajos ingresos se lanzaron a las calles para reivindicar una mejora de los sueldos y de las condiciones de trabajo, con objeto de acabar con la especulación y el escandaloso aumento de los precios de los productos de primera necesidad.

¿Condena el Consejo las escalada de la violencia, la provocación y la persecución de que han sido objeto los sindicalistas, los comunistas y otras fuerzas progresista en Egipto, quienes ya desde hace años se enfrentan a un sistema inaceptable de prohibiciones y violación de todos los derechos y libertades democráticos? ¿Piensa pedir la liberación inmediata de las personas detenidas y la retirada de todas las medidas de represión adoptadas en respuestas a las exigencias legítimas de los trabajadores egipcios?

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo ha seguido de cerca los últimos disturbios sociales ocurridos en Mahala y otras ciudades en el delta del Nilo que usted menciona. Esos disturbios estuvieron motivados sobre todo por la repentina e importante subida del precio de los alimentos, que se atribuye a la subida del precio del trigo en el mercado mundial. En algunos casos, algunas personas fueron víctimas desafortunadas de la violencia policial.

Estas cuestiones ya se trataron en la cuarta reunión del Consejo de la Asociación UE-Egipto el 28 de abril de 2008, en donde la UE expresó claramente su preocupación y pidió a Egipto que permitiera la libertad de reunión.

Esta cuestión seguirá debatiéndose ampliamente en la subcomisión de asuntos políticos, que probablemente se reunirá a principios de junio; una parte del debate se dedicará a los derechos humanos.

La promoción del respeto de los derechos humanos, que son universales, indivisibles e inalienables, es el objetivo fundamental de la política exterior y de seguridad común de la UE.

En caso de ser ratificado, el Tratado de Lisboa introducirá la «Iniciativa Ciudadana», consistente en que un grupo de al menos un millón de ciudadanos de un determinado número mínimo de Estados miembros pida a la Comisión que elabore una propuesta sobre un ámbito político concreto. ¿Cómo funcionará este nuevo procedimiento en la práctica, y cómo se prepara la Comisión con miras a su puesta a punto?

Como señala su Señoría, la nueva disposición en el Tratado de Lisboa sobre la Iniciativa Ciudadana constituye una importante innovación en los mecanismos institucionales de la Unión. Por primera vez, un millón de ciudadanos de un determinado número de Estados miembros podrá pedir directamente a la Comisión que elabore una propuesta en el marco de sus competencias. Se trata, en efecto, de un nuevo derecho de los ciudadanos, que fortalecerá la democracia en Europa.

El procedimiento para la presentación de una Iniciativa Ciudadana será establecido por el Parlamento y el Consejo en un reglamento que se basará en una propuesta de la Comisión, una vez que haya entrado en vigor el Tratado de Lisboa.

La Comisión quiere que la Iniciativa Ciudadana empiece a funcionar muy rápidamente después de la entrada en vigor del nuevo Tratado. Por consiguiente, tiene la intención de presentar una propuesta de Reglamento por el que se establezca el marco para la nueva Iniciativa Ciudadana lo antes posible desde la entrada en vigor del nuevo Tratado. La Comisión ha iniciado ya algunos trabajos preparatorios en este sentido y está también en contacto con la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento para decidir la mejor forma de proceder en el futuro. En la preparación de esta propuesta, la Comisión escuchará también las opiniones de todas las partes interesadas.

¿De qué manera se ha programado la campaña de información de los ciudadanos europeos sobre el Tratado modificativo de Lisboa y, en general, sobre el futuro de la Unión Europea, para los próximos meses? En lo que respecta concretamente a Grecia, ¿a cuánto ascenderán los fondos que se piensa asignar, qué organismos los utilizarán y de qué manera? ¿Considera la Comisión que las Oficinas de representación de las instituciones en Grecia utilizan por igual el potencial humano de los eurodiputados griegos, de los especialistas en temas europeos y de los periodistas especializados?

Las campañas de información a los ciudadanos sobre el futuro de Europa en general son una obligación de los Estados miembros y de las instituciones de la UE. Los Estados miembros son los principales responsables de la ratificación del Tratado de Lisboa, pero evidentemente la Comisión tiene que estar dispuesta a proporcionar información y explicaciones a los ciudadanos de la UE.

El Tratado de Lisboa y, en particular, su contribución a una toma de decisiones más responsable y a unas normas más claras en el ámbito de Justicia y Asuntos de Interior y RELEX⁽¹⁾ , es una de las prioridades de la Comisión para las campañas de información de 2008. La Comisión empezó a planificar su campaña de información sobre el Tratado de Lisboa ya en septiembre de 2007, con la creación de un equipo de proyecto responsable de la planificación y coordinación de las campañas de información. La Comisión creó además un sitio web dedicado al Tratado de Lisboa en las 23 lenguas oficiales. El relanzamiento reciente del foro «Debate Europe» en Internet⁽²⁾ debe ayudar también a que los ciudadanos puedan debatir sobre el Tratado y otras cuestiones relacionadas con el Futuro de Europa.

La mayoría de las actividades de comunicación de la Comisión se basan en un enfoque descentralizado. Las Delegaciones de la Comisión en los Estados miembros proporcionarán información básica y objetiva sobre el Tratado de Lisboa. Las Delegaciones, en estrecha cooperación con los Gobiernos de los Estados miembros y las Oficinas de Información del Parlamento, han elaborado planes de comunicación nacionales para atender las necesidades de los ciudadanos con información a la medida de sus necesidades.

Estas actividades consisten en formación para periodistas, creación de centros de información, publicación de folletos y catálogos, organización de debates con la sociedad civil y las autoridades locales, así como actividades en escuelas y universidades.

En cuanto a las actividades organizadas por la Delegación de la Comisión en Grecia, dicha Delegación invita al mayor número posible de oradores pertinentes, para asegurar la presencia, la excelencia y el conocimiento en profundidad de todos los grupos a los que se hace referencia en la pregunta, en condiciones de igualdad. La Delegación anima también activamente a los centros de información EUROPE DIRECT a invitar a sus Señorías para que asistan, en la medida de lo posible, a sus actos locales.

En la línea presupuestaria total de 11,4 millones de euros asignada a las Delegaciones para cubrir el gasto en comunicación descentralizada en 2008, una cantidad estimada de 2,7 millones de euros debe destinarse a actividades relacionadas principalmente con el Tratado de Lisboa. A finales de 2008 se dispondrá de un desglose detallado de todas estas actividades, que ya están en marcha, entre ellas las desarrolladas en Grecia.

La comunicación en la Unión Europea ha sido considerada como una de las preocupaciones principales de esta Comisión y han sido realizados, en estos años, numerosos proyectos sobre la base de los tres principios estratégicos que son escuchar a los ciudadanos, comunicar el modo en que las políticas europeas influyen en la vida diaria de los ciudadanos y contactar con los ciudadanos a nivel local.

¿Puede la Comisión ofrecer una breve reseña de las medidas específicas que se han tomado para comunicar informaciones positivas sobre la UE?

¿Sabe la Comisión en qué medida su nuevo acercamiento a la comunicación ha mejorado el conocimiento que tienen los ciudadanos de las políticas de la Unión y ha influido sobre su actitud de hacia la Unión Europea?

A la luz de las respuestas a las preguntas anteriores, ¿la Comisión está satisfecha con los resultados hasta el momento? ¿cómo se plantea desarrollar su estrategia en el futuro?

La Comisión ha emprendido una serie de iniciativas de comunicación, que establecen un plan a largo plazo para reforzar la comunicación de la Unión Europea. Son instrumentos que ayudan también a que se forme una esfera pública europea donde los ciudadanos puedan recibir la información y las herramientas necesarias para participar activamente en las actividades de la Unión Europea y sentir como propio el proyecto europeo. En este contexto, la Comisión destaca asimismo la importancia de una estrategia de asociación entre las instituciones de la UE y las principales partes interesadas, entre ellas la sociedad civil.

El Plan de Acción 2005⁽¹⁾ asegura una comunicación más eficaz basada en un enfoque moderno y profesional de todos los departamentos, incluida una organización más eficiente y un mejor uso de los recursos tanto humanos como financieros, así como de las herramientas y los servicios de comunicación.

El Plan D⁽²⁾ ha provocado un extenso debate entre las instituciones y los ciudadanos de la UE. La Comunicación recientemente adoptada sobre «Debate Europe»⁽³⁾, la continuación del plan D, tiene como principales objetivos conseguir la participación de los ciudadanos en las políticas de la UE y hacer a las instituciones europeas responsables ante ellos; promover un debate amplio y permanente sobre el futuro de la Unión Europea entre las instituciones y ciudadanos de la UE, tanto a escala nacional como europea; y capacitar a los ciudadanos dándoles acceso a información para que puedan estar en posición de celebrar un debate informado sobre asuntos comunitarios.

El objetivo general del documento de la Comisión «Comunicar sobre Europa en asociación»⁽⁴⁾ es reforzar la coherencia y las sinergias entre las actividades realizadas por las diferentes instituciones de la UE y los Estados miembros, con el fin de ofrecer a los ciudadanos un mejor acceso y un mejor conocimiento de la repercusión de las políticas de la UE a escala europea, nacional y local.

En respuesta al gran interés de los ciudadanos por las nuevas tecnologías, la Comisión ha aprobado la estrategia de Internet⁽⁵⁾ para la revisión del sitio EUROPA, uno de los mayores del mundo, y promover el interés por las cuestiones comunitarias en otras páginas web, con el fin de ampliar el debate sobre la Unión Europea.

La Comisión ha aprobado también una Estrategia audiovisual para facilitar una mayor cobertura de las cuestiones comunitarias en las plataformas audiovisuales ya existentes y en las nuevas; para animar a los profesionales de los medios de comunicación a crear y participar en redes audiovisuales europeas, manteniendo su plena independencia editorial; y para aumentar la producción propia de la Comisión y la divulgación de vídeos y documentales que ilustren o expliquen las políticas de la Unión Europea.

Aunque estas iniciativas dependen también de otros factores, las encuestas periódicas del Eurobarómetro realizadas en primavera y otoño de 2007 indican un aumento del respaldo de los ciudadanos a la adhesión a la UE y de la confianza en sus instituciones, respecto a 2006.

Muchas de las iniciativas recientemente aprobadas (red de radio EuRaNet en la UE, Internet) tendrían que dar muchos de sus frutos en los próximos meses y la estrategia de comunicación de la Comisión se centrará, por tanto, en su implantación a corto plazo.

La Comisión está trabajando también en nuevas iniciativas, como la creación de una red de TV (a partir de 2009) y el lanzamiento de una convocatoria de propuestas para los centros de información Europe Direct. A partir de 2008 existirán nuevas asociaciones de gestión con los Estados miembros y ya se han iniciado negociaciones para seguir ampliando el régimen en 2009. La Comisión considerará también la mejor forma de ayudar a preparar las elecciones europeas de 2009.

Con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de su política de comunicación, la Comisión ha realizado cerca de 30 estudios de evaluación desde 2002, abarcando actividades muy diversas (sitios web, centros de información y comunicación, campañas de comunicación...). En línea con la práctica habitual de la Comisión y el Plan de Acción, estas actividades de evaluación se mantendrán y reforzarán en el futuro.

Numerosas indicaciones permiten creer que, en el marco de sus trabajos, la Comisión y el Consejo se dejan guiar por una estrategia destinada a evitar cualquier medida susceptible de reforzar el euroescepticismo del pueblo irlandés y de aumentar así las posibilidades de un voto negativo en el referéndum previsto en Irlanda sobre el Tratado de Lisboa. Ahora, la fecha límite para las «consultas generales» respecto al presupuesto a largo plazo de la UE ha sido prorrogada del 15 de abril al 15 de junio. ¿Cuál es la razón de esta prórroga? ¿Tiene algo que ver esta decisión con el hecho de que el presupuesto de la UE es una cuestión delicada en el plano político y que una reducción del presupuesto de agricultura corre el riesgo de reforzar el campo del «no» en el referéndum irlandés?

Con su decisión de realizar una consulta general sobre la revisión del presupuesto, la Comisión ha optado por un enfoque completamente nuevo e innovador de la reforma presupuestaria. Su objetivo es estimular un verdadero debate a escala europea que transcienda los círculos institucionales y establecer un nuevo consenso sobre la futura dirección de las finanzas de la UE.

Esta invitación a la participación activa sigue suscitando un gran interés en toda Europa. La Comisión ha recibido más de 200 respuestas hasta la fecha y sigue recibiendo nuevas contribuciones. La Comisión ha sido informada también de que algunas partes interesadas están todavía trabajando en la formulación de sus posiciones.

En estas circunstancias, y para asegurar que todo aquel que desee contribuir tenga la posibilidad de hacerlo, se decidió prorrogar la fecha límite dos meses. Esta prórroga no afectará para nada a la fecha de revisión del presupuesto. En el acuerdo interinstitucional por el que se estableció el marco financiero 2007-2013, se invitaba a la Comisión a informar en el plazo de «2008-2009», plazo que será respetado.

La Comisión quiere reiterar también que iniciará la revisión sin ideas preconcebidas y con un verdadero deseo de realizar consultas y debates sobre todas las cuestiones que puedan surgir. Sería prematuro que la Comisión adoptara una posición sobre el contenido de la revisión y la Comisión nunca ha tenido la intención de hacer algo así en el primer semestre de 2008.

El 12 de junio se celebrará en Irlanda un referéndum sobre el Tratado de Lisboa. ¿Podría señalar la Comisión si es cierto que Margot Wallström ha prometido al Gobierno de Irlanda que la Comisión está dispuesta a minimizar o a retrasar las informaciones que pudieran tener consecuencias desfavorables en la fase previa a la celebración del referéndum irlandés?

La Vicepresidenta responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación no hizo la declaración que se le atribuye, y se ha distanciado públicamente de las alegaciones.

En el Libro Blanco COM(2008)0165 se propone un nuevo sistema de indemnización para los consumidores y las empresas afectados por la violación de lo dispuesto en el Tratado CE en lo que se refiere a las prácticas comerciales restrictivas y el abuso de la posición dominante en el mercado. Además del establecimiento de un derecho derivado que permita el ejercicio de acciones de indemnización por las partes afectadas, ¿está examinando la Comisión la posibilidad de adoptar una iniciativa jurídica para la armonización de la evaluación penal de los actos u omisiones relativos a la protección del consumidor y de las PYME contra las violaciones de la competencia? ¿Considera la Comisión que la protección de la libertad de competencia y del consumidor es un bien jurídico de interés comunitario superior que permite la aplicación efectiva de sanciones penales para estos delitos con arreglo a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia, el 13 de septiembre de 2005, en el caso C-176/03, Comisión contra Consejo?

Su Señoría se refiere en su pregunta al reciente Libro Blanco de la Comisión sobre acciones de indemnización por violación del Derecho de la competencia. La Comisión quiere aprovechar esta ocasión para insistir en la importancia de los mecanismos de indemnización que existen para garantizar que las víctimas de violaciones del Derecho de competencia sean plenamente resarcidas de los daños sufridos. A estos efectos, el Libro Blanco ofrece sugerencias concretas para superar los obstáculos que se interponen a la indemnización. La Comisión espera que el Parlamento siga prestando su apoyo a esta iniciativa importante para los ciudadanos y empresas de Europa.

En cuanto a la aplicación de sanciones penales por violación del Derecho de la competencia, la Comisión remite a su Señoría a los artículos 23 y 24 del Reglamento 1/2003, según los cuales puede imponer multas sancionadoras y multas coercitivas a empresas que violen el Derecho europeo de la competencia. Estas sanciones no tienen una naturaleza penal (véase el apartado (5) del artículo 23 de dicho Reglamento). Según el último punto del artículo 5 de dicho Reglamento, las autoridades nacionales en materia de competencia pueden decidir la «imposición de multas sancionadoras, de multas coercitivas o de cualquier otra sanción prevista por su Derecho nacional.» Algunos Estados miembros aplican sanciones penales por violación del Derecho europeo de la competencia. Aunque acogemos con satisfacción ese tipo de sanciones, al igual que cualquier otro tipo de sanciones que tengan un efecto disuasorio sobre los delitos de competencia, la Comisión no tiene pensado actualmente emprender una iniciativa legislativa orientada a la aplicación de sanciones penales por violación del Derecho de la competencia en el conjunto de la Unión Europea.

La práctica constante de la Comisión consiste en clasificar como ayudas a los regímenes fiscales aplicables en determinadas regiones o territorios y que son favorables en comparación con el régimen general de un Estado miembro. Así lo declaró durante el proceso de la Sentencia Azores.

¿Puede explicar la Comisión cuáles son sus argumentos? ¿No le parece que negar el marco de referencia a una autonomía o región como Escocia o Euskadi y reconocerla a, por ejemplo, Luxemburgo o Malta no tiene mucho sentido desde el punto de vista de la política de competencia?

Su Señoría ha hecho referencia al asunto Azores (C-88/03).

La Comisión desea insistir en que, con dicha sentencia, el Tribunal confirmó la decisión 2003/442/CE, en la que la Comisión consideraba que una reducción del 30 % en el tipo impositivo del impuesto de sociedades aplicado a las empresas establecidas en las Azores, respecto al tipo impositivo nacional aplicable en Portugal, era una ayuda estatal selectiva. La Comisión concluyó que la reducción de impuestos confería ventaja a algunas empresas establecidas en una determinada región de Portugal. Para la Comisión, la reducción de impuestos no estaba justificada en el sistema fiscal portugués, porque dicha reducción no se aplicaba a otras empresas que realizaran inversiones u operaciones similares a las realizadas por los beneficiarios de esa reducción en otras regiones de Portugal.

Con la Decisión antes mencionada, la Comisión había considerado también la cuestión de si la condición fiscal especial concedida a la región de las Azores podía justificar esa reducción de impuestos. Pero la Comisión concluyó que dicha reducción no era la expresión de una verdadera autonomía fiscal de las Azores, sino más bien un incentivo del Gobierno central portugués para promover inversiones en las Azores. Lo mismo se concluyó tras constatar que la reducción fiscal de las Azores no era consecuencia de un sistema que permitiera a todas las autoridades locales de Portugal fijar los tipos de impuestos locales, sino que era una medida especial que permitía sólo a las Azores reducir el impuesto de sociedades fijado por el Gobierno central en un 30 %, de manera que la cuantía real de la reducción fiscal no era una decisión de las Azores, sino del Gobierno central.

Su Señoría pregunta también por qué la Comisión no reconoce la autonomía fiscal de territorios subnacionales como Escocia o el País Vasco, cuando considera que Estados miembros como Luxemburgo y Malta sí que son territorios nacionales independientes.

La Comisión quiere insistir, primero, en que los Estados miembros, por muy pequeños que sean, no pueden ser confundidos con regiones, por mucha autonomía que éstas tengan.

Para poder aplicar el concepto de ayuda estatal a una medida fiscal, la Comisión considera que el principal criterio es determinar si la medida constituye una excepción a la aplicación del sistema fiscal que favorece a algunas empresas en un Estado miembro. Por tanto, primero debe establecerse el sistema común de referencia, ya sea local o central.

Al considerar las medidas fiscales locales, la anterior determinación se debe realizar teniendo en cuenta los criterios establecidos por el Tribunal en la referida sentencia de las Azores. En particular, la Comisión debe determinar si la medida ha sido adoptada por un organismo en el ejercicio de sus poderes autónomos y si la medida en cuestión se aplica, de hecho, a todas las empresas establecidas en el territorio o a la producción de todo tipo de bienes en el territorio que es competencia de dicho organismo (punto 62 de la sentencia).

Por último, el concepto de selectividad regional en las medidas fiscales quedará más claro cuando se dicte sentencia en los asuntos actualmente pendientes ante el Tribunal, sobre todo los que afectan al País Vasco (Asuntos C428/06 y C-434/06) y a Gibraltar. El 8 de mayo de 2008 se conoció la opinión del Abogado General en el asunto del País Vasco.

La organización de cariz terrorista «Ejército de Liberación de Kosovo» ha actuado como poder en la sombra de la «independencia» de Kosovo y sus dirigentes poseen en la actualidad importantes competencias en el ámbito de la Administración. Con arreglo a informaciones publicadas en la prensa, hasta los últimos años la organización ha venido financiando su actividad con el comercio internacional de órganos de prisioneros de etnia serbia.

¿Ha investigado la Comisión tales informaciones? En caso negativo, ¿por qué no? Si esas informaciones fueran ciertas, ¿proyecta la Comisión seguir cooperando con los actuales dirigentes de Kosovo responsables de esos crímenes?

La Comisión Europea ha tenido noticia de los presuntos delitos relacionados con el comercio ilegal de órganos a través de la prensa, tras la publicación de un libro de la señora Carla del Ponte, que en su día fue Fiscal General en el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY). Esas graves acusaciones no pueden ser ignoradas, pero tienen que basarse en hechos demostrados.

El TPIY dio por cerradas todas sus investigaciones a finales de 2004 sin encontrar ninguna prueba concluyente de esas acusaciones.

Por lo tanto, la Comisión sugiere que toda la información pertinente, incluida la que esté en manos del TPIY y de las autoridades serbias, sea remitida a la UNMIK⁽¹⁾ y a las autoridades judiciales en Kosovo, para que establezcan, en estrecha cooperación con las autoridades albanas, si existen motivos para emprender nuevas investigaciones.

Puesto que la Comisión está trabajando con acusaciones y no con hechos demostrados, no ha considerado por el momento ningún cambio en su relación de colaboración con las autoridades de Kosovo.

La Comisión celebra el apoyo del Parlamento a la lucha contra el tráfico de órganos y el turismo de órganos, como se refleja en el informe «Donación y transplante de órganos: acciones de la Unión Europea», en el que se propone toda una serie de medidas para abordar estas cuestiones.

Sobre todo en lo que se refiere al tráfico de órganos, la Comisión vigilará de cerca cualquier iniciativa que se emprenda tanto en la UE como en el resto del mundo, en colaboración con nuestros socios internacionales: el Consejo de Europa y la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, dentro de poco se iniciará un estudio relativo a la evaluación de diferentes tipos de tráfico, entre ellos el tráfico de órganos.

El 28 de enero de 2008, el Consejo Europeo decidió crear la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo. A la hora de llevarla a la práctica hay que contar, sin embargo, con dificultades, ya que la población serbia del norte de Kosovo ha anunciado que va a oponer enérgica resistencia a Eulex. Al mismo tiempo sigue estando estacionada en Kosovo la misión de paz de las Naciones Unidas UNMIK.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para impedir que se establezcan con carácter permanente en el norte de Kosovo estructuras paralelas entre UNMIK, Eulex y las autoridades serbias?

Por otra parte, se plantea el problema de que el porcentaje de mujeres entre los colaboradores de la UE en Kosovo representa actualmente solo el 28 % (véase Equipo de Planificación de la Unión Europea para Kosovo (EPUE) 2007). Según la Resolución 1325 de las Naciones Unidas debería aumentarse considerablemente la participación de mujeres en las antiguas zonas bélicas.

¿Qué medidas piensa adoptar a Comisión para mejorar la proporción de mujeres en la misión Eulex que se halla actualmente en fase de preparación?

La Comisión está de acuerdo en que la creación de estructuras serbias paralelas en el norte de Kosovo constituiría un desafío a la comunidad internacional.

Los Estados miembros de la UE se han comprometido firmemente con el despliegue de EULEX⁽¹⁾ en todo el territorio de Kosovo. El Consejo tiene que decidir el calendario exacto y los parámetros funcionales y geográficos del despliegue de esa misión, teniendo en cuenta la situación cambiante en Kosovo y la colaboración con las Naciones Unidas.

En cuanto a la Comisión, está ayudando a crear unas condiciones que favorezcan el pleno despliegue de EULEX, con instrumentos de su competencia, como los programas de asistencia que tienen como objeto generar confianza entre los miembros de la comunidad serbia en Kosovo.

Estos programas, tanto los que ya están en marcha como los previstos para el futuro, incluyen: a) ayuda municipal por medio de proyectos de infraestructuras y asistencia técnica; b) protección del patrimonio cultural; c) ayuda para el retorno y la reintegración de desplazados y d) ayuda para el desarrollo económico y regional.

La Comisión presta la máxima atención al respeto de la igualdad entre mujeres y hombres. La Comisión aplica el principio de igualdad entre mujeres y hombres en su política interna de contratación y promoción del personal.

En lo que respecta a EULEX, la mayor parte de los expertos destinados a esta misión son personal destacado de los Gobiernos de los Estados miembros de la UE, de acuerdo con los procedimientos y las políticas nacionales, que no son competencia de la Comisión.

Es de suma importancia que se presente a los ciudadanos de la UE una estrategia clara en relación con las futuras ampliaciones de la UE. El debate que se mantiene en el seno del Parlamento Europeo sobre la estrategia de ampliación de la UE no trata únicamente de la estrategia de la UE con respecto a países que tienen una perspectiva de adhesión. En ese debate se tienen en cuenta más bien políticas de la UE con respecto a países sin perspectiva de adhesión, como por ejemplo la Política Europea de Vecindad (PEV). Hay quien reclama que existan estadios intermedios entre la PEV y el proceso de adhesión a la UE. También se exige establecer una mejor conexión entre las Direcciones Generales «Ampliación» y «Relaciones Exteriores».

¿Considera la Comisión que la estrategia de ampliación de la UE debe separarse estrictamente de las políticas que afectan a la política exterior de la UE como la PEV o el Proceso de Barcelona: la Unión por el Mediterráneo? ¿O bien considera que es necesario que existan en el futuro estadios intermedios para países que aún no están maduros para la adhesión?

¿Cree la Comisión que la UE debería reorientar de nuevo su estrategia de ampliación? ¿Considera que la estrategia de ampliación de la UE, que se basa fundamentalmente en el modelo de fases de ampliación practicado hasta ahora (acuerdos de estabilización y asociación – estatuto de candidato – negociaciones de adhesión – adhesión) es realista?

La política de ampliación de la UE contempla la adhesión como el objetivo último para los países concernidos y, por tanto, se diferencia de la Política Europea de Vecindad (PEV) y del Proceso de Barcelona: la Unión por el Mediterráneo. No obstante, la participación de un país europeo en la PEV o en el Proceso de Barcelona no prejuzga la perspectiva de su posible futura adhesión. La política de ampliación y la PEV tienen algunos principios importantes en común, puesto que ambas tratan de mejorar la prosperidad, la estabilidad y la buena gobernanza, así como promover los valores de la UE en los países vecinos de la UE. Por eso, el Comisario encargado de la Ampliación y sus servicios cooperan estrechamente con la Comisaria encargada de Relaciones Exteriores y Política Europea de Vecindad y sus servicios en la Dirección General Relex⁽¹⁾ en la formulación y aplicación de estas políticas.

No parece oportuno ni útil que exista otro estadio intermedio entre la situación de candidato potencial y la adhesión. En este año crucial para los Balcanes Occidentales y Turquía, la Comisión tiene que ser imparcial en la aplicación de las condiciones, manteniendo al mismo tiempo nuestros compromisos respecto a las perspectivas de adhesión de todos los países que participan en el proceso. Ya se han iniciado negociaciones con Croacia y Turquía, con la adhesión como su objetivo último. En el documento de estrategia 2005, la Comisión explicaba los pasos que debían dar los países de los Balcanes Occidentes para acercarse a la UE.

La estrategia de ampliación se revisa periódicamente para afrontar mejor los retos a los que se enfrentan los países concernidos y adaptarse a las circunstancias. Esto se hace sobre todo en los documentos anuales de estrategia sobre la ampliación, en los que la Comisión recomienda ajustes en las políticas. La Comisión considera que los fundamentos establecidos en el consenso renovado que alcanzaron los Jefes de Estado y de Gobierno sobre la ampliación en diciembre de 2006 siguen siendo válidos.

En Chad oriental, el PMA se enfrenta al enorme reto de almacenar in situ provisiones de alimentos para cubrir las necesidades de seis meses de hasta 500 000 refugiados y desplazados internos antes de la estación de las lluvias, ya que el acceso por carretera queda cerrado con la llegada de dicha estación. Se necesitan urgentemente contribuciones de donantes para que sea posible terminar las compras en los próximos meses y que los alimentos lleguen a Chad a tiempo. Cualquier retraso tendría consecuencias negativas para la vida del gran número de personas que dependen por completo de la asistencia del PMA para sobrevivir.

¿Cuál va a ser la contribución de la Comisión Europea a esta petición urgente de provisiones? ¿Qué medidas está tomando la Comisión actualmente para facilitar el acuerdo (propiciado por la Comisión) de 13 de agosto de 2007? Teniendo en cuenta que la Comisión no está dispuesta a incluir a la oposición políticoarmada en el proceso de reconciliación a menos que se comprometa a declarar un alto el fuego, ¿qué acciones está llevando a cabo la Comisión para conseguir que estos grupos depongan las armas? ¿Cómo garantiza la Comisión que la Comisión Nacional de Investigación establecida para investigar los acontecimientos posteriores a la ofensiva rebelde que tuvo lugar a principios de febrero realizará su trabajo de forma objetiva e imparcial?

La ayuda humanitaria proporcionada por la Comisión a los refugiados y desplazados internos en Chad ascenderá a 30 millones de euros en 2008. A través del plan global para Chad, dotado con 17 millones de euros, y la decisión relativa a la ayuda alimentaria, con un coste de 13 millones de euros, la Comisión está financiando actividades en los ámbitos de la salud, el abastecimiento de agua, la ayuda y seguridad alimentarias, la protección, los refugios de emergencia y la educación, llevadas a cabo por agencias de las Naciones Unidas, organizaciones de la Cruz Roja y ONG internacionales. Con respecto a las operaciones de ayuda alimentaria que forman parte del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Chad, la Comisión contribuyó con 7 millones de euros en 2007 y esa cantidad debería incrementarse hasta 8,5 millones de euros en 2008.

El problema del PMA en Chad no es, en este momento, de índole financiera. Según la información facilitada por el propio PMA, la operación de emergencia para Chad oriental dispone actualmente del 75 % de la financiación que necesita. La Comisión ha manifestado su deseo de contribuir con otros 7 millones de euros en ayuda alimentaria. Hasta la fecha, el PMA no ha solicitado dicha ayuda.

El problema del PMA parece ser más político y logístico, porque la línea de suministro libia (que representa 37 000 millones de toneladas de alimentos de los 68 400 millones de toneladas que tienen que almacenarse in situ) se ha visto bloqueada por cuestiones relacionadas con la fiscalidad del petróleo. Para acelerar el proceso de entrega, el PMA ha establecido una base en Faya Largeau, y la Comisión ha manifestado su deseo de contribuir con 1,5 millones de euros al coste de esa operación, pero el PMA no ha solicitado todavía esa ayuda.

Debe decirse también que es probable que se produzcan otros problemas de entrega en la línea de suministro de Camerún, donde el transporte por carretera es compartido por el PMA, EUFOR⁽¹⁾ y MINURCAT.⁽²⁾

En cualquier caso, es difícil plantear los problemas que tiene el PMA en Chad en términos de restricciones financieras. En este momento, se trata más de una cuestión de dificultades logísticas y organizativas.

La Comisión confirma su compromiso humanitario con la resolución de esta crisis y que está considerando las alternativas posibles para atender las necesidades humanitarias no cubiertas actualmente por el PMA. Confirma también que está dispuesta a proporcionar los fondos que necesita el PMA, cuando éste lo pida.

Para reforzar el papel de la Comisión como observadora y facilitadora del acuerdo de 13 de agosto de 2007, su programa incluye la prestación, en el marco del 9º FED⁽³⁾ y el Instrumento de Estabilidad, de ayuda financiera y logística para el proceso electoral. Con dicha ayuda se intenta que puedan celebrarse unas elecciones parlamentarias libres y justas a finales de 2009: un objetivo básico del acuerdo de 13 de agosto de 2007.

En cuanto a la cuestión de la oposición política armada, la Comisión insiste en la aplicación del reciente acuerdo de Dakar, que afecta a las relaciones entre Sudán y Chad. La aplicación de dicho acuerdo ayudará a conseguir un alto al fuego de todas las fuerzas rebeldes, creando así la posibilidad de un diálogo en profundidad que permita la reconciliación en Chad.

Al igual que Francia y la Organización Internacional para el Mundo Francófono, la Comisión tiene la condición de observadora en la Comisión Nacional de Investigación creada para examinar los hechos ocurridos a principios de febrero de 2008 y la posterior desaparición de líderes de la oposición. La Comisión ha constatado ya que las autoridades de Chad aceptan sus demandas concernientes a la objetividad y la imparcialidad de dicho organismo, y hará todo lo que pueda para asegurar que esos valores prevalezcan en el enfoque adoptado por la Comisión Nacional de Investigación y en sus conclusiones.

¿Puede la Comisión aclarar la relación que existe entre ella misma, el «Comité del Artículo 133» y el Consejo de Asuntos Generales? Con el avance de las negociaciones en la OMC, hay cierta confusión entre el público en cuanto a la apertura o no del proceso de negociación que tiene por objeto lograr un acuerdo comercial mundial. ¿Puede la Comisión pronunciarse sobre la eficacia del sistema e indicar cuándo no se hacen públicas las deliberaciones del Comité del Artículo 133 y, en consecuencia, las negociaciones parecen tener lugar lejos del escrutinio público? ¿Qué garantías existen de que las legítimas inquietudes de los distintos Estados miembros se tienen en cuenta en el proceso?

En el Título IX, Parte III, del Tratado CE (artículos 131 a 134) se establece una Política Comercial Común. En el artículo 133 se establece que la Comisión presentará propuestas al Consejo para la ejecución de esa política, y llevará a cabo negociaciones con otros Estados u organizaciones internacionales consultando a un Comité especial, designado por el Consejo para asistirla en dicha tarea. Este Comité – el «Comité del Artículo 133» − asiste, por tanto, a la Comisión en las negociaciones de acuerdos comerciales y la asesora en materia de Política Comercial Común. Todos los Estados miembros participan semanalmente en dicho Comité, donde son informados de las cuestiones pendientes y pueden responder y manifestar su apoyo y/o preocupación. El Comité tiene una presidencia rotativa y se reúne en el edificio del Consejo.

El Comité del Artículo 133 proporciona una importante plataforma para asesorar en materia de políticas y para que la Comisión pueda tener una buena visión general de las opiniones de los Estados miembros. No adopta posiciones jurídicamente vinculantes sobre las propuestas de la Comisión, ni toma decisiones formales en el sentido del artículo 249 del Tratado CE.

Cuando se necesita un acto formal (por ejemplo, autorización para iniciar negociaciones), la Comisión lo propone y el Consejo de Ministros decide al respecto, habitualmente en el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores y, en principio, por mayoría cualificada. Se precisa unanimidad en ámbitos como servicios audiovisuales, educación, transporte, cultura y salud, servicios o aspectos comerciales de la propiedad intelectual, siempre que el acuerdo comercial contenga disposiciones paras las que se requiera unanimidad en la aprobación de reglas internas). No obstante, la Comisión está tratando de alcanzar un consenso respecto a todas las cuestiones importantes. Esto es necesario para facilitar la resolución de cuestiones en el Consejo, pero también para seguir una línea comunitaria coherente y plenamente respaldada en las negociaciones comerciales ya iniciadas o en proceso de preparación: la unión hace más fuerte a la Comunidad. Por tanto, en todas las ocasiones, la Comisión trata siempre de tener en cuenta los intereses o sensibilidades de todos los Estados miembros, buscando un camino intermedio satisfactorio que defienda el interés comunitario y no los intereses individuales de los Estados miembros.

La contribución del Parlamento sigue siendo limitada según el actual Tratado. No obstante, una práctica habitual de la Comisión es informar por igual al Parlamento y al Consejo, por medio de la Comisión INTA⁽¹⁾. Además, la Comisión celebra el hecho de que el Tratado de Lisboa vaya a aumentar las competencias del Parlamento en cuestiones comerciales con la extensión de la codecisión a los actos legislativos y el uso sistemático del procedimiento de consentimiento para los acuerdos internacionales.

La Política Comercial Común permite a los 27 Estados miembros de la UE hablar con una sola voz en la escena internacional. De esta forma, la Unión Europea – que constituye el mayor bloque comercial del mundo – podrá representar un papel muy importante en el comercio internacional. Los mecanismos internacionales de coordinación y decisión garantizan la legitimidad y responsabilidad de las posiciones negociadoras de la Comisión.

¿Puede la Comisión indicar si le preocupan los precios que pagan los consumidores irlandeses por la banda ancha y si piensa que dichos precios elevados se deben a la falta de competencia en Irlanda o son consecuencia de otros factores?

La Comisión ha recabado datos sobre los precios de la banda ancha desde 2007 para vigilar las tendencias del mercado. Los datos se recaban dos veces al año y proporcionan una visión general de los precios cobrados por los proveedores minoristas de banda ancha, cubriendo cerca del 80 % de cada mercado nacional.

Según los últimos datos de que dispone la Comisión, en Irlanda los precios minoristas que se pagan por los productos típicos de banda ancha, con velocidades de descarga de entre 1 y 2 megabytes por segundo, son unos de los más bajos de la UE.

Esto coincide con los datos publicados por Comreg, el organismo irlandés de regulación de las telecomunicaciones⁽¹⁾. Pese a que la metodología para calcular los precios es diferente, los datos de Comreg indican también que los precios de la banda ancha en Irlanda están claramente por debajo de la media de la UE. Por tanto, a la Comisión no le preocupan de manera especial los precios que pagan los consumidores irlandeses por la banda ancha.

Las trampas para animales se utilizan como método indiscriminado para cazar y matar animales. Son colocadas a menudo por agricultores y guardas forestales para atrapar zorros, pero ¿es consciente la Comisión de que el uso de trampas sigue provocando que tejones, nutrias, ganado, animales domésticos, animales de especies amenazadas y demás fauna salvaje resulten heridos o muertos?

Actualmente varios Estados miembros, entre otros Estonia, Dinamarca y Hungría, tienen prohibido el uso de trampas, y muchos otros miembros prevén hacer lo propio.

¿Coincide la Comisión en que el uso continuado de trampas es tan cruel como ineficaz? ¿Qué medidas piensa tomar para prohibirlas para toda la UE?

En julio de 2004, la Comisión presentó una propuesta de Directiva por la que «se introducen normas de captura no cruel para algunas especies animales»⁽¹⁾ con el fin de cumplir las obligaciones y los compromisos derivados de un Acuerdo internacional sobre normas internacionales de captura no cruel firmado por la CE, Canadá y la Federación Rusa, y un acta acordada sobre el mismo tema con los Estados Unidos de América. Estas obligaciones y compromisos implican la introducción de normas armonizadas de captura con objeto de mejorar el bienestar de los animales capturados. Las normas armonizadas de captura descritas en la propuesta se refieren también a las trampas utilizadas para la captura de las 19 especies de animales que figuran en el Acuerdo. La introducción de normas de captura aplicables también a las trampas tenía por objeto prohibir el uso de mecanismos de retención inadecuados o crueles.

No obstante, la propuesta de Directiva de la Comisión fue rechazada en primera lectura por el Parlamento debido a una serie de razones, entre ellas que la propuesta no se basaba en los resultados científicos más recientes, que la CE no tenía competencias para ocuparse del bienestar de la fauna salvaje, que debía aplicarse el principio de subsidiariedad a las normas de captura no cruel en la UE, que el Acuerdo sobre normas internacionales de captura no cruel había recibido críticas generalizadas y que se pedía más libertad para resolver las cuestiones nacionales y regionales relacionadas con la captura de animales, más beneficios con respecto al bienestar de los animales y una evaluación de impacto.

Para responder a las dudas del Parlamento, como las relativas a la base científica de las normas propuestas y la evaluación de impacto, la Comisión inició un estudio sobre la descripción del estado actual de la investigación, la ciencia y la aplicación de las normas de captura no cruel mencionadas en el «Acuerdo sobre normas internacionales de captura no cruel» y descritas en la propuesta de la Comisión, con objeto de establecer normas de captura mejores que puedan reducir el dolor innecesario, la angustia y el sufrimiento de los animales capturados todo lo que sea técnicamente posible. En consecuencia, una parte importante del estudio se centra en identificar los mecanismos de captura, incluidas las trampas, que puedan reducir al máximo el dolor innecesario, la angustia y el sufrimiento de los animales, y que sean selectivos. Cuando se conozcan los resultados del estudio, que se esperan para el primer semestre de 2009, la Comisión decidirá sobre posibles medidas adicionales para afrontar esta cuestión.

La sociedad textil industrial STAF, del grupo SINTERAMA, acaba de poner ante el siguiente dilema a siete de sus trabajadores de su planta de Hénin Beaumont en Francia: O bien aceptan una reubicación en Brasil por un salario bruto de 315 € o en Turquía por 230 €, o bien les despiden sin ningún tipo de indemnización. Hay que señalar que esta empresa se ha beneficiado de sustanciales ayudas públicas.

Partiendo del principio de responsabilidad social de las empresas, ¿no considera la Comisión que debería proponer una directiva que permita prohibir tales prácticas o exigir, en su caso, la devolución de las ayudas públicas percibidas por la empresa?

La Comisión considera que la responsabilidad social de las empresas significa la inclusión voluntaria de las cuestiones sociales y medioambientales en las actividades comerciales de las empresas y sus relaciones con otras partes interesadas. Las empresas se comportan de una forma socialmente responsable cuando, a la hora de atender las necesidades sociales, van más allá de los requisitos legales mínimos y las obligaciones impuestas por los acuerdos laborales. Por consiguiente, la política de la Comisión no contempla una Directiva sobre la responsabilidad social de las empresas. No obstante, si las empresas respetan los principios de la responsabilidad social, tratarán a sus empleados con justicia en el proceso de afrontar el cambio industrial. Lo mismo se aplica en relación con el uso adecuado de las ayudas públicas.

La Comisión reconoce las consecuencias negativas que la reestructuración de las empresas puede tener para los trabajadores afectados, sus familias y las regiones afectadas. Pero no le corresponde a la Comisión manifestar una opinión en tales casos, ni interferir en la toma de decisiones de las empresas, salvo cuando se haya violado el Derecho europeo.

Debe recordarse la existencia de algunas disposiciones del Derecho europeo que protegen los derechos de los trabajadores en caso de reestructuración. Las Directivas 2002/14/CE,⁽¹⁾ 94/45/CE⁽²⁾ y 98/59/CE⁽³⁾ son todas ellas pertinentes. La Comisión recuerda a la Cámara que los Estados miembros son los principales responsables de aplicar esas Directivas de manera correcta y efectiva.

La Comisión está preparando una serie de iniciativas nuevas, que probablemente se aprobarán en un futuro próximo, para promover una gestión socialmente responsable del cambio y las reestructuraciones, como continuación de su Comunicación de 2005⁽⁴⁾ sobre ese tema.

Con la separación de los gestores de red y los proveedores de electricidad y gas (Directivas 2003/54/CE⁽¹⁾ y 2003/55/CE⁽²⁾) se plantean interrogantes sobre las modalidades de percepción del impuesto sobre el valor añadido (IVA) aplicable a las actividades de los gestores de red y los proveedores así diferenciados por parte de los Estados miembros. Algunos de ellos recurren al modelo del agente comisionista, según el cual el proveedor (la empresa de transporte) se encarga de recaudar el IVA a lo largo de toda la cadena y de entregarlo a Hacienda. Cuando se utiliza este modelo habitual de agente comisionista, el IVA del proveedor y del subproveedor pueden tramitarse de forma independiente. Sin embargo, si (ya) no se autoriza este modelo, el importe del IVA facturado por el proveedor al cliente en concepto de servicio de transporte debe corresponder exactamente al importe del IVA facturado por el transportista al cliente. El proveedor debe mencionar de forma explícita en la factura el IVA correspondiente al transporte junto con el IVA correspondiente al servicio en sí. Esta interdependencia entre el proveedor y el transportista complicará especialmente la situación en caso de impago, cambio de dirección o cambio a un nuevo proveedor.

¿Puede confirmar la Comisión que la legislación comunitaria vigente autoriza el modelo de agente comisionista ya mencionado en un contexto de separación entre la gestión de redes y el suministro? ¿Prevé la Comisión modificaciones a las propuestas presentadas al Parlamento Europeo sobre el llamado «tercer paquete energético» de 2007?

La Directiva 2006/112/CE sobre el IVA⁽³⁾ establece en su artículo 28 que, cuando un sujeto pasivo que actúe en nombre propio, pero por cuenta ajena, medie en una prestación de servicios, se considerará que ha recibido y realizado personalmente los servicios de que se trate. Esto significa que cuando la empresa de suministro actúe en nombre propio y en representación de la empresa de distribución de energía, el cliente podrá recibir una única factura de suministro energético que incluya tanto los servicios de la empresa de suministro de energía, como los servicios de la empresa de distribución de energía.

Ni la Directiva 2003/54/CE sobre electricidad, ni la Directiva 2003/55/CE sobre gas actualmente vigentes contienen disposiciones o directrices sobre cuestiones fiscales, que están fuera de sus ámbitos de aplicación. Lo mismo ocurre con el tercer paquete energético que se está debatiendo actualmente en el Parlamento: por consiguiente, la Comisión no prevé cambios en materia fiscal.

En el marco de la Comunicación de la Comisión sobre el programa legislativo y de trabajo para 2008 se presenta una serie de iniciativas consideradas estratégicas o prioritarias. La Comunicación sobre la protección de las infraestructuras críticas de comunicación e información es una de las iniciativas prioritarias. Como complemento a esta iniciativa cuyo objetivo es asegurar niveles adecuados y coherentes de protección y flexibilidad de las infraestructuras críticas de información para garantizar la continuidad de los servicios, ¿podría indicar la Comisión qué otras iniciativas, incluidas acciones legislativas, prevé hasta junio de 2009 para incrementar la seguridad de las redes de comunicación y de los sistemas informáticos?

La pregunta que formula su Señoría se refiere a una cuestión fundamental: la mejora de la seguridad de las redes y sistemas de información y comunicación.

En 2006, la Comisión presentó sus propuestas para el PEPIC, el Programa europeo para la protección de las infraestructuras críticas de comunicación e información. La Comunicación en la que se explicaba la estrategia general se acompañó de una propuesta de Directiva relativa a la identificación y designación de infraestructuras europeas críticas, que está siendo actualmente debatida en el Consejo.

El PEPIC aplica un enfoque sectorial a la protección de infraestructuras críticas. Lo que anunció la Comisión en su Comunicación sobre el programa legislativo y de trabajo para 2008, que presentará en 2009, es una política especial en el sector de las TCI para asegurar un alto nivel de seguridad y flexibilidad de las redes de comunicación y los sistemas informáticos críticos – como Internet − y garantizar la continuidad de los servicios. La iniciativa tratará de mejorar la preparación y la capacidad de respuesta a escala de la UE, basándose en actividades de los sectores nacionales y privados. El objetivo será conseguir la participación de las principales partes interesadas en los sectores públicos y privados, de forma que se alcancen unos niveles adecuados y similares de medidas de prevención, detección, emergencia y recuperación.

Esta iniciativa sigue a otra serie de medidas importantes relacionadas con la seguridad de las redes que ha propuesto recientemente la Comisión. Primero, en el contexto de las propuestas legislativas para reformar el marco reglamentario de las comunicaciones electrónicas⁽¹⁾, se proponen medidas para que todas las partes afectadas, entre ellas operadores y reguladores de telecomunicaciones, puedan responder más deprisa y de una forma más coordinada a las violaciones de la seguridad y a los ataques malintencionados. Más concretamente, los responsables de la toma de decisiones tendrían que estar mejor informados sobre el nivel real de seguridad de las redes, para poder tomar mejores decisiones políticas. Tendría que haber una mayor transparencia en cuanto a las medidas de seguridad adoptadas por los operadores de telecomunicaciones para garantizar que las redes y los servicios que prestan son seguros, fiables y resistentes a las violaciones de la seguridad. Además, los proveedores de servicios que sufran violaciones de la seguridad tendrían que informar a sus clientes siempre que sus datos personales se vieran comprometidos, para dejarles tomar las necesarias precauciones.

Segundo, la Comisión ha propuesto una prórroga inmediata del mandato de ENISA⁽²⁾ que dejaría tiempo suficiente para un debate en profundidad sobre el futuro de la seguridad de las redes y la información a escala comunitaria, siendo dicha prórroga independiente del resultado del debate.

Por último, la Comisión acaba de emprender una serie de proyectos de investigación en el ámbito de la seguridad y fiabilidad de las redes y las infraestructuras de servicios dentro de la sección de «Tecnologías de la información y la comunicación» (TCI) del 7º Programa marco de investigación y desarrollo de la UE, que abarca el período 2007 a 2013.

Europa necesita nuevas tecnologías innovadoras para impulsar la economía de la UE. Sin embargo, sin un sistema de normalización europea transparente y no discriminatorio, las PYME no podrán beneficiarse del mercado interior. Algunas PYME innovadoras se han encontrado con grandes obstáculos a la hora de desarrollar nuevas normas. La normalización no debería servir como instrumento para evitar que los competidores entren en los mercados. En el marco de la revisión de la Directiva sobre los productos de construcción (Directiva 89/106/CEE del Consejo⁽¹⁾), ¿tiene la Comisión la intención de examinar la transparencia, imparcialidad y eficiencia del sistema europeo de normalización para los productos innovadores, en particular en lo que respecta a la Organización Europea de Aprobación Técnica y sus relaciones con grandes empresas ya establecidas en el mercado?

Europa necesita tecnologías innovadoras con el fin de alcanzar sus objetivos de reducción de las emisiones de carbono de aquí a 2020. Estas nuevas tecnologías, desarrolladas a menudo por PYME, están sometidas a la normalización europea. Por lo que parece, determinadas PYME innovadoras, creadores de nuevos productos que favorecen las economías de la energía, han encontrado serios problemas con el sistema europeo de normalización que, en lugar de ayudar al desarrollo de nuevos mercados que respondan a nuevos desafíos como los del calentamiento climático, impide entrar en mercados existentes a nuevos competidores.

En la perspectiva de la revisión de la Directiva del Consejo 89/106/CEE⁽¹⁾ de 21 de diciembre de 1988, ¿la Comisión podría examinar la transparencia, la imparcialidad y la eficacia del sistema europeo de normalización para los productos innovadores (en particular, de la EOTA-Organización Europea de Aprobación Técnica - y sus relaciones con grandes sociedades), con el fin de comprobar que el sistema no está adulterado?

La Comisión comparte plenamente la opinión de su Señoría sobre la importancia crucial de las nuevas tecnologías innovadoras para conseguir el objetivo de reducción de emisiones de dióxido de carbono de aquí a 2020. Por supuesto, para lograr esos objetivos es imprescindible un sistema europeo de normalización transparente y no discriminatorio, así como esfuerzos continuos para salvaguardar el gran potencial innovador de las pequeñas y medianas empresas (PYME) europeas. Es esencial que este sistema funcione con eficiencia también para ellos, como ha insistido la Comisión en su reciente Comunicación sobre normalización e innovación⁽²⁾.

La Comisión, no obstante, cree también que las PYME deberían estar mejor representadas en el trabajo de las organizaciones nacionales y europeas de normalización y ya ha empezado a ocuparse de esta cuestión.

En el contexto más específico de la revisión de la Directiva sobre los productos de construcción ⁽³⁾, la Comisión ha aprobado recientemente una propuesta de Reglamento que reemplazaría a dicha Directiva. En su propuesta, los procedimientos actualmente coordinados por la EOTA⁽⁴⁾ tendrán que ser reestructurados a fondo, para simplificarlos considerablemente, haciéndolos más transparentes y permitiendo también que los fabricantes realicen una contribución decisiva a los mismos. Asimismo, se tienen que establecer criterios nuevos y más estrictos para la designación de los organismos de evaluación técnica, encargados del trabajo práctico. Además de clarificar el sistema actual, todos estos cambios tienen como objeto, precisamente, aumentar la accesibilidad del sistema, especialmente para las PYME y, en consecuencia, reforzar su credibilidad en general.

Según publica el Washington Post, un informe contable señala que la UNESCO ha pagado por la destrucción de 100 000 libros, entre ellos algunos ejemplares de Historia General de África y América Latina, así como investigaciones sobre monumentos antiguos. La destrucción de los libros se llevó a cabo en 2004 y 2005, durante el traslado del almacén de libros de la UNESCO de París a Bruselas.

Considerando que el proceso de destrucción se realizó en un territorio de la Unión Europea, ¿cree la Comisión que este desastre podría haber sido impedido? ¿Sabía de antemano que el almacén de libros de la UNESCO en París, ante la falta de espacio, se trasladaría a Bruselas? ¿Conocía la cantidad de libros y la forma de transferirlos de una ciudad a otra? Si es así, ¿qué servicio de la UNESCO dio esta información y a qué servicio de la Comisión?

La Comisión no tiene conocimiento de la situación a la que se refiere su Señoría, ni está autorizada para responder a una cuestión relativa a las actividades administrativas de una organización internacional, en este caso la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Puesto que el país de origen de su Señoría es miembro de la UNESCO por derecho propio, la Comisión sugiere que Grecia formule la pregunta directamente a la secretaría de dicha organización.

¿Tiene la Comisión intención de tomar medidas respecto a la restricción de la competencia en el sector agrícola, relacionada con la limitación impuesta sobre la producción de diversos productos agrícolas?

La apertura del mercado de biocombustibles ofrece una salida ilimitada a los productos agrícolas que pueden ser utilizados en el sector. La nueva situación ha provocado un aumento del precio de los alimentos y las restricciones de la producción están agravando esta situación en perjuicio de los consumidores.

Abrir el mercado a la competencia podría frenar este fenómeno. ¿Qué medidas tomará la Unión Europea en este campo?

Desde 1992, la motivación general para la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) ha sido reforzar la competitividad de la agricultura de la UE y aumentar la orientación al mercado, pasando de una política de apoyo a los precios y a la producción a la ayuda directa a los productores.

En el contexto de la reforma de la PAC de 2003, cabe esperar que el desacoplamiento de las ayudas directas respecto a la producción refuerce más la competitividad del sector.

Los ajustes políticos a corto plazo en la PAC han actuado sobre los límites impuestos a la producción agrícola. La retirada obligatoria de tierras de la producción agraria se ha suprimido para la campaña de 2008/09 y las cuotas lácteas se incrementarán un 2 % a partir del 1 de abril de 2008.

Se están considerando una serie de ajustes en las propuestas jurídicas para el «chequeo médico» de la reforma de la PAC de 2003 que se aprobaron el 20 de mayo de 2008. En particular, la supresión de la retirada obligatoria de tierras de la producción y la eliminación gradual de los regímenes de cuotas lácteas abrirán más aún el mercado a nuevos suministros.

La Comisión considera que con estos ajustes aumentarán la tierra dedicada a la producción y el potencial de suministro, ambas cosas necesarias para ayudar a atender una demanda mayor y contribuir a frenar la subida de los precios.

Las culturas regionales tradicionales, especialmente importantes para los pueblos de los Estados que recientemente se han convertido en miembros de la Unión Europea, constituyen un patrimonio de toda Europa y por eso mismo requieren una documentación y protección especiales. Estas culturas sufren actualmente un rápido proceso de desaparición provocado por los cambios propios de una sociedad en vías de globalización, como son: migraciones, transformación de las estructuras agrarias, concentración de propiedades, desaparición del sentimiento de comunidad. Desaparecen antiguos oficios, conocimientos artesanales poco frecuentes, e incluso valores que desde el punto de vista del agroturismo son atractivos y podrían jugar un papel importante en la revitalización de las regiones menos desarrolladas.

¿Tiene previsto la Comisión elaborar un programa y destinar recursos para la documentación y protección de las culturas regionales tradicionales?

La protección, el mantenimiento y el desarrollo del patrimonio cultural europeo son cuestiones importantes para todos nosotros. En el artículo 151 del Tratado se establece que la acción de la Comunidad en este ámbito contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, y poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común. La Comisión informa a su Señoría que el Programa de Cultura financia proyectos de cooperación en todos los campos de las artes y la cultura, por medio de una convocatoria anual de propuestas. Este programa puede proporcionar financiación a proyectos de conservación del patrimonio.

En el marco de la política de desarrollo rural, una medida específica se orienta a la protección del patrimonio cultural en zonas rurales. La medida «Conservación y rehabilitación del patrimonio rural» especifica que se puede proporcionar ayudas con cargo al FEADER⁽¹⁾ para «estudios e inversiones relacionados con el mantenimiento, la restauración y la rehabilitación del patrimonio cultural, como los elementos culturales de los pueblos y el paisaje rural».

Otras políticas comunitarias consideran también la cuestión del patrimonio cultural. Por ejemplo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional prevé, como parte del objetivo de Convergencia, inversiones en cultura, incluida la protección, promoción y conservación del patrimonio cultural; el desarrollo de infraestructuras culturales como apoyo al desarrollo socioeconómico, el turismo sostenible y el aumento del atractivo regional; así como ayudas para mejorar la oferta de servicios culturales con servicios nuevos que ofrezcan un mayor valor añadido.

Además, como parte del VII Programa marco de investigación y desarrollo tecnológico (2007-2013), el campo de la investigación en el programa de Cooperación para la investigación en ciencias socioeconómicas y humanidades incluye la diversidad cultural.

La Comisión recuerda, no obstante, que los Estados miembros son responsables de adoptar medidas para proteger ejemplos concretos de patrimonio cultural dentro de sus territorios.

¿Puede aclarar la Comisión Europea cuáles son las nuevas medidas que está apoyando para contribuir a la lucha contra la importación ilegal de drogas en la Unión Europea? ¿Puede indicar la Comisión Europea qué iniciativas nuevas está apoyando para contribuir a confiscar los haberes de los delincuentes dentro del territorio de la Europa de los 27?

En el marco de la Estrategia de la UE contra las drogas para 2005-2012, la Comisión está actualmente elaborando una propuesta para un nuevo Plan de acción contra las drogas de la UE para 2009-2012, que incorporará nuevas medidas políticas como reflejo de los nuevos retos que plantea el tráfico de drogas en la UE.

Internamente, la UE ha emprendido acciones muy diversas para combatir la delincuencia organizada relacionada con las drogas; por ejemplo, a través de Europol⁽¹⁾ (proyectos MUSTARD⁽²⁾, COLA⁽³⁾, SYNERGY⁽⁴⁾), Eurojust, la Unidad Operativa de Jefes de Policía (proyectos COSPOL⁽⁵⁾), los Equipos Conjuntos de Investigación y las nuevas Operaciones Aduaneras Conjuntas contra las drogas.

La Comisión financia asimismo iniciativas para reforzar la cooperación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad de los Estados miembros, en lo que concierne a la lucha contra el tráfico de heroína a lo largo de la ruta de los Balcanes a la Unión Europea (proyectos COSPOL, Operaciones Aduaneras Conjuntas y Equipos Conjuntos de Investigación).

Externamente, la UE coopera sobre una base bilateral y regional con terceros países para afrontar el problema de la droga y se ha convertido en un actor importante en la escena internacional. Se está dedicando un volumen considerable de fondos a controlar el suministro de drogas. Además, debe mencionarse la ayuda prestada a terceros países para reforzar sus capacidades de control de las fronteras y de lucha contra la delincuencia organizada.

En este marco, se está danto especial importancia a las principales rutas del tráfico (heroína/cocaína) que abastecen a la UE. Los siguientes ejemplos dan una indicación más concreta de los tipos de actividades que financia actualmente la Comisión en el ámbito de la lucha contra las drogas y el intercambio de información policial.

Para hacer frente al creciente tráfico de cocaína que llega a la UE a través de África Occidental, la Comisión cofinancia (€800 000) el proyecto de la UNODC⁽⁶⁾ para promover el intercambio de información policial entre Latinoamérica y el Caribe y África Occidental. El proyecto durará 3 años, tiene su sede en Colombia y Dakar y recibe la asistencia, entre otros, de un funcionario de la policía europea.

Otro proyecto en marcha (€875 605) financiado con cargo a la anterior línea presupuestaria contra el tráfico de drogas norte/sur es el Grupo de trabajo para el intercambio de información policial sobre drogas entre la UE y Latinoamérica y el Caribe (LAC): el mecanismo de intercambio de información policial entre los países que participan en el Mecanismo de coordinación y cooperación en materia de drogas entre la UE y LAC implantado por el FCO del Reino Unido⁽⁷⁾. Se trata de un foro en el que se reúnen periódicamente representantes de las autoridades policiales y judiciales de los países de la UE y LAC para adoptar buenas prácticas en el intercambio de información policial para combatir el tráfico de drogas ilícitas a través de la región LAC y entre dicha región y la UE.

La Comisión otorga también una especial importancia al reto que supone el tráfico de drogas a lo largo de la Ruta de los Balcanes y se han emprendido diversos proyectos para reforzar las capacidades de los países implicados en el marco de los diferentes instrumentos financieros geográficos.

Se están llevando a cabo también una serie de iniciativas para aumentar la cooperación entre los Estados miembros de la UE en el ámbito de la reducción del suministro de drogas:

Como parte del Programa de prevención y lucha contra la delincuencia organizada, la Comisión ha destinado 661 000 euros al Centro de Análisis y Operaciones contra el Tráfico Marítimo de Estupefacientes (MAOC-N), con sede en Lisboa. Se trata de una iniciativa de siete Estados miembros de la UE que coteja la información más actualizada de los servicios de inteligencia con los recursos militares y policiales para dar una respuesta rápida a los narcotraficantes que traten de introducir cocaína en la UE. Se centra sobre todo en buques y aeronaves no comerciales, principalmente procedentes de las regiones de Sudamérica y África Occidental. La Comisión tiene categoría de observador desde el 1 de enero de 2008.

En otras regiones, como la cuenca del Mediterráneo, se han emprendiendo algunas iniciativas regionales parecidas. La Comisión Europea ha destinado también 95 000 euros a una Conferencia sobre una iniciativa francesa similar a MAOC-N, pero dirigida específicamente al tráfico a través del Mediterráneo (CECLAD-M).

En el marco del programa 2009/2011 para el Instrumento de Estabilidad, la Comisión pretende sobre todo centrarse en la lucha contra el tráfico de drogas en las rutas de la cocaína y la heroína. Estas iniciativas tratarán de dar una respuesta transregional y completa, así como encontrar sinergias y soluciones que refuercen la seguridad interna y externa de la UE.

Confiscación de bienes

El Plan de acción para el Programa de la Haya establece que la Comisión revisará y, en su caso, propondrá un instrumento para reforzar la actual legislación de la UE sobre la confiscación de los haberes de los delincuentes. La Comisión está pensando en publicar una Comunicación sobre las ganancias ilícitas en otoño de 2008. Esta Comunicación se centrará en la acción política que podría reforzar el marco legislativo y los procedimientos para la confiscación y la recuperación de bienes de procedencia criminal en la Unión Europea. Dicha Comunicación se basará en los resultados de un estudio que analizará los procedimientos de los Estados miembros para confiscar bienes de procedencia criminal y que se centrará en las medidas que han resultado eficaces a escala nacional para promover e intercambiar buenas prácticas.

Como parte de este proceso, en diciembre de 2007 la Comisión publicó un informe de aplicación sobre la Decisión marco del Consejo 2005/212/JHA relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito, en el que demostraba que la mayoría de los Estados miembros están actuando despacio a la hora de adoptar medidas que permitan una confiscación más generalizada.

La Comisión está también apoyando la aplicación de la Decisión 2007/845/JHA del Consejo sobre cooperación entre los organismos de recuperación de activos de los Estados miembros, que debería permitir la identificación más rápida posible y el seguimiento de los bienes relacionados con el delito. Por ejemplo, en marzo de 2008 la Comisión cofinanció una Conferencia de Alto Nivel sobre la creación de los organismos de recuperación de activos.

El buque mercante «Don Pedro» de la empresa Iscomar se hundió el 12 de julio de 2007 en el puerto de Ibiza. El ecosistema se vió gravemente dañado debido a la rotura del tanque y a la salida de fuel e hidrocarburo del barco, lo que provocó un denso vertido como el alquitrán «chapapote» en tres playas de la isla de Ibiza que, por unos días, debieron permanecer cerradas. El Gobierno español ordenó sellar las fugas detectadas en el pecio del barco, pero a finales del mes de agosto volvió a emerger fuel a causa de varios temporales que azotaron la isla, apareciendo nuevas manchas de combustible y provocando de nuevo un perjuicio medioambiental en la zona protegida del Parque Natural. A día de hoy, el buque no ha sido reflotado y se encuentra a 43 metros de profundidad, con todo el riesgo de contaminación que ello supone.

¿Cuál ha sido el papel de la Comisión Europea, de la Agencia Europea de Seguridad Marítima y de CleanSeaNet en este asunto? ¿Qué solución técnica, en el caso de que se le haya solicitado asistencia, ha dado CleanSeaNet al Estado español y al Gobierno de las Islas Baleares?

¿Podría la Comisión o la Agencia Europea de Seguridad Marítima obligar o aconsejar al Gobierno español o al Gobierno regional de Baleares a reflotar el buque por motivos medioambientales y de salud?

Las autoridades españolas no pidieron ayuda a la Comisión con relación al hundimiento del buque Don Pedro.

No obstante, la Agencia Europea de Seguridad Marítima vigiló la zona durante varias semanas en estrecha coordinación con las autoridades españolas y con la ayuda de su servicio CleanSeaNet. No se detectó contaminación por petróleo en las imágenes del satélite, probablemente porque la zona está demasiado próxima a la costa.

El servicio CleanSeaNet – creado en virtud de la Directiva 2005/35 relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones – puede detectar un posible vertido de petróleo al mar mediante el uso de imágenes obtenidas por satélite.⁽¹⁾ Ahora bien, no proporciona ninguna solución técnica concreta para hacer frente a esa contaminación.

La Comisión diría que la responsabilidad de reflotar el buque recae en el Estado costero, que debe tener también en cuenta la amenaza que puede suponer para la seguridad marítima y para el medio ambiente marino.

La Unión Europea desempeña un papel importante en Colombia y tiene una responsabilidad específica en el proceso político y de paz de dicho país.

Las autoridades y el pueblo de Colombia reconocen la importancia del papel de la Unión Europea y quieren seguir contando con su apoyo.

¿En qué situación se encuentran los Laboratorios de Paz de Colombia que cuentan con la ayuda de la UE? ¿Se ha previsto prestar ayuda a otros Laboratorios de Paz?

¿Qué otros proyectos de ayuda al desarrollo de Colombia tiene la Comisión para el futuro?

¿Cuál es la participación concreta y actual de la Comisión Europea en el proceso de paz en Colombia?

La paz y la estabilidad son requisitos previos cruciales para el desarrollo de Colombia. El pasado, el presente y el futuro de la política de la CE respecto a Colombia se centra, por tanto, en ayudar a crear una base sólida y sostenible para la paz. En este objetivo se ha avanzado mucho, sobre todo a través del programa de cooperación de la CE para Colombia. El documento de estrategia por países 2007-2013 destina el 70 % de los fondos totales del primer Programa Indicativo Nacional (2007-2010) al ámbito de la paz y la estabilidad.

La ayuda que la CE destina a los 3 Laboratorios de Paz − muy apreciados por todas las partes (Gobierno central, departamentos y municipalidades, parlamento, sociedad civil) − se mantendrá hasta 2009 para los dos primeros laboratorios, y hasta 2010-2011 para el tercer laboratorio. A partir de ahí, tomará el relevo un nuevo programa, que se dotará de fondos este año 2008.

El programa, dotado con 28 millones de euros y titulado «Desarrollo regional para la paz y la estabilidad», seguirá consolidando los procesos ya iniciados a través de los Laboratorios de Paz. Preparará también el terreno y permitirá la transición hacia una posible acción futura financiada por la CE que aplique los enfoques adoptados con éxito en el marco de los Laboratorios de Paz a un nivel más general, siendo lo ideal que fuera a escala nacional.

El 19 de abril de 2008, en la localidad de Nea Manolada en la región de Élide, varios agricultores importantes del sector de la fresa y sus secuaces agredieron mortalmente a los trabajadores agrícolas inmigrantes que se encontraban en huelga y a dirigentes del Frente de Lucha Obrera (PAME) y del Partido Comunista griego (KKE) que les apoyaban en su justa lucha. La actitud de tolerancia y, en gran medida, de apoyo a los grandes agricultores por parte de las autoridades policiales y judiciales ha constituido una provocación. Semejantes hechos son alentados y fomentados por la política de explotación de los inmigrantes que aplican los Gobiernos y la Unión Europa en Grecia, Italia y otros países de la Unión Europea.

¿Condena la Comisión estas brutales y mortales agresiones contra los trabajadores inmigrantes que trabajan en penosas condiciones, sin seguridad, así como contra los trabajadores que expresaron inmediatamente su solidaridad con ellos?

La Comisión no puede adoptar una posición sobre hechos de los que ha oído hablar sólo por la prensa. Sin embargo, más allá de este hecho específico al que se refiere su Señoría, la Comisión rechaza toda violencia y explotación de los inmigrantes, sea cual sea su situación legal. Los Estados miembros tienen que garantizar el respeto de los derechos fundamentales y proteger así la vida humana y la integridad de las personas.

La política común de inmigración de la UE está comprometida con un enfoque integral que considere todos los aspectos de los flujos migratorios. La migración legal debe regirse por unas normas claras, transparentes y justas. Al mismo tiempo, se necesitan medidas enérgicas para prevenir y reducir la inmigración ilegal.

Su política ha sido siempre que los inmigrantes que residan y trabajen legalmente deben disfrutar de los mismos derechos socioeconómicos que los propios nacionales del Estado miembro en cuestión. La Directiva sobre residentes de larga duración de 2003 y la reciente propuesta de una Directiva marco relativa a los trabajadores migrantes que residan legalmente en un Estado miembro son ejemplos de ese enfoque.

Como anunció en 2005 con su plan sobre la política relativa a la migración legal, la Comisión presentará en breve una propuesta de Directiva relativa a las condiciones de entrada y residencia de los trabajadores de temporada. La propuesta contendrá, entre otras cosas, disposiciones sobre algunos derechos de los trabajadores estacionales, como el derecho a la no discriminación con respecto a las condiciones de trabajo, incluidos los niveles de remuneración.

Al mismo tiempo, la UE tiene que combatir más enérgicamente la inmigración ilegal y el trabajo no declarado, puesto que no sólo reducen las posibilidades de gestionar la migración legal, sino que además conducen con frecuencia a unas condiciones de trabajo explotadoras para las personas en cuestión. Se trata de un fenómeno complejo en el que intervienen factores diferentes, y así tienen que ser las respuestas.

En este contexto, es importante mencionar la propuesta de la Comisión para una Directiva que imponga sanciones a los empleadores de trabajadores de terceros países que residan ilegalmente en la UE. La propuesta tiene como finalidad contribuir a reducir la inmigración ilegal. Según la propuesta, los Estados miembros introducirían medidas preventivas y sanciones similares contra los empleadores, y vigilarían su eficaz aplicación. Las sanciones deberían incluir multas y otras sanciones administrativas. Deberían imponerse también sanciones penales en los casos graves, como cuando se contrate a nacionales de terceros países que residan ilegalmente en unas condiciones de trabajo especialmente explotadoras.

La Comisión espera que se adopten pronto estas propuestas sobre la migración ilegal y legal, puesto que una legislación comunitaria más estricta puede ayudar a evitar situaciones como las mencionadas por su Señoría.

La inexistente atención pública y el abandono en que se encuentran las familias que tienen niños con discapacidades o necesidades especiales es objeto de quejas ante órganos competentes de Grecia en las que se hace hincapié en la necesidad de incrementar las ayudas por parte de los servicios públicos para los niños con discapacidad y sus familias a lo largo de toda la vida. El reducido número de ayudas y subvenciones disponibles hoy no cubren mínimamente las necesidades de las familias, crean intensos sentimientos de inseguridad en las familias y facilitan deliberadamente las condiciones para la explotación comercial del sufrimiento humano.

¿Qué medidas se van a tomar para prestar apoyo a los esfuerzos de las familias que tienen niños con discapacidades, para crear y mantener infraestructuras públicas que satisfagan las necesidades actuales, especialmente de los niños con discapacidad intelectual, y evitar la comercialización de la salud humana y las condiciones de vida de estas personas a lo largo de sus vidas?

La responsabilidad en materia de protección infantil, incluida la asistencia a niños con necesidades especiales, como niños con discapacidades mentales, y a sus familias, recae en los Estados miembros. No le corresponde, por tanto, a la Comisión adoptar medidas específicas para ayudar a los niños con necesidades especiales y a sus familias en sus esfuerzos para crear y mantener infraestructuras públicas que satisfagan las necesidades actuales.

Sin embargo, la Comisión no se muestra ni se ha mostrado nunca indiferente ante la situación de los niños con necesidades especiales y sus familias. En este terreno, la Comisión apoya la acción de los Estados miembros, en gran medida mediante las intervenciones de los Fondos Estructurales.

Las ayudas financieras otorgadas con cargo al Fondo Social Europeo, la promoción del acceso a unos servicios asistenciales de calidad, las actividades de concienciación y la creación de plataformas para el intercambio de buenas prácticas son algunas de las herramientas que la UE utiliza para promover la integración social de los niños con necesidades especiales y sus familias.

Asimismo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por medio de los programas operativos que cofinancia como parte del Tercer Marco Comunitario de Apoyo para Grecia (2000-2006), ha destinado fondos a proyectos dirigidos a ayudar a personas con necesidades especiales, incluidos niños. Por mencionar sólo los ejemplos más notables, la medida 5.1 del programa operativo «Educación y formación profesional inicial 2000-2006» se dedica exclusivamente a mejorar las infraestructuras físicas de los centros educativos para alumnos con necesidades especiales, con un presupuesto público total de 7 629 562 euros.

Igualmente, el programa operativo «Salud y bienestar 2000-2006» financia varios proyectos de ayuda dirigidos a grupos con necesidades especiales, incluidas enfermedades raras y gravemente discapacitantes, como cánceres pediátricos. Por ejemplo, uno de esos proyectos se centra en el suministro de equipos de radioterapia para uso pediátrico en el Hospital Infantil P.&A. Kyriakou de Atenas (presupuesto público total de 7 millones de euros). Por último, la mayoría de los trece programas operativos regionales de Grecia incluye medidas orientadas a mejorar las infraestructuras sanitarias y a promover los servicios de asistencia social, que también pueden financiar acciones para personas con necesidades especiales, incluidos niños.

Además, en el cuarto período de programación (2007-2013) de los Fondos Estructurales, los cinco programas operativos regionales de Grecia incluyen ejes prioritarios dedicados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que financiarán, entre otras cosas, infraestructuras y servicios sanitarios y sociales, incluidas acciones pertinentes para personas con necesidades especiales. De hecho, los criterios de evaluación de los proyectos propuestos, establecidos por las autoridades griegas para la selección de proyectos que puedan ser financiados por los programas operativos antes citados, hacen distinción y amplia referencia a las necesidades de las personas con discapacidades.

En junio de 2003, la Comisión lanzó su programa de acción europeo de seguridad vial con el fin de reducir a la mitad el número de víctimas de accidentes de tráfico en la Unión Europea de aquí al año 2010. Con motivo de una evaluación intermedia de este programa, en su Resolución de 18 de enero de 2007 (P6_TA(2007)0009), el Parlamento Europeo destacó los peligros de la conducción bajo los efectos de las drogas.

En octubre de 2006, la Comisión también inició el proyecto de cuatro años DRUID (Conducción bajo los efectos de drogas, alcohol y medicamentos) para investigar la conducción bajo los efectos de dichas sustancias.

Estas iniciativas destacan el peligro de la conducción bajo los efectos de las drogas y la importancia de adoptar medidas que puedan reducir su consumo.

¿Se dispone ya de resultados —posiblemente provisionales— de la investigación efectuada en el marco de DRUID?

¿Se están desarrollando iniciativas específicas a escala de la UE para elaborar una prueba eficaz destinada a controlar el consumo de drogas por los conductores?

El proyecto de investigación DRUID («Conducción bajo los efectos de drogas, alcohol y medicamentos») recibe en torno a 19 millones de euros en ayuda económica de la Comisión – aproximadamente el 80 % de su presupuesto total. El proyecto está coordinado por el Instituto Federal Alemán de Investigación de la Seguridad Vial (BASt) y en él participan 37 organismos científicos de unos 20 Estados miembros de la UE.

Sus principales objetivos son investigar más a fondo los efectos de las drogas en el sistema nervioso y la capacidad de conducción y gracias a dicha investigación, encontrar pruebas más eficaces para el control de la conducción bajo los efectos de las drogas, basándose también en las conclusiones del proyecto Rosita II,⁽¹⁾ realizado conjuntamente por la UE y los Estados Unidos.

Así pues, de momento sería prematuro hacer propuestas en firme sobre actividades específicas relacionadas con pruebas para controlar la conducción bajo los efectos de las drogas, porque los métodos disponibles por ahora no son suficientemente fiables ni eficaces. No obstante, cuando se conozcan las conclusiones finales del proyecto DRUID – que durará cuatro años –, tendrían que proponerse soluciones detalladas en ese sentido.

De aquí al año 2010 – y creo que con esto responderé a la primera pregunta de su Señoría – se publicarán resultados provisionales en el sitio web del proyecto.⁽²⁾

El Gobierno griego ha decidido derribar también dos edificios neoclásicos que se encuentran en las proximidades del nuevo museo de la Acrópolis a fin de que el museo «respire». Estos dos edificios, que puede que tengan más de cien años, se tuvieron en cuenta en las condiciones de los dos primeros concursos para el nuevo museo de la Acrópolis, por lo que el museo se construyó sin que fuera necesario derribarlos. Además, se adquirieron en nombre del museo y han pasado a ser propiedad del Ministerio de Cultura.

¿Considera la Comisión que se ha de proteger el patrimonio cultural y arquitectónico y que se ha de salvaguardar la continuidad arquitectónica histórica en una zona como las proximidades de la Acrópolis, monumento histórico de importancia mundial y directamente relacionado con la historia de la ciudad? ¿Piensa que se han de tomar medidas para evitar la comercialización de monumentos con objeto de incrementar el valor del suelo y ofrecer unos servicios tan caros que en última instancia disuaden a los residentes en vez de atraerlos?

La Comisión toma nota de la opinión de su Señoría sobre la demolición de edificios neoclásicos en las proximidades del museo de la Acrópolis. Quiere señalar que, de conformidad con los términos del artículo 151 del Tratado, el papel de la Comunidad con relación a la protección del patrimonio de Europa es contribuir al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común. Se ahí se deduce que la Comisión no tiene autoridad directa en el ámbito al que se refiere la pregunta. Sugiere a su Señoría, pues, que plantee la cuestión a las autoridades nacionales competentes.

A raíz de la importación en España de aceite de girasol contaminado con aceites minerales procedente de Ucrania, la Comisión Europea aseguró que las autoridades nacionales habían tomado todas las medidas pertinentes.

Sin embargo, varias organizaciones agrarias españolas han acusado al Gobierno de no garantizar suficientes controles sobre las importaciones procedentes de países terceros, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria en mi país.

¿Tiene previsto la Comisión proceder a una verificación de los controles en frontera realizados en España, con el fin de evitar que se reproduzcan casos como el del aceite de girasol que atenten contra la seguridad alimentaria de la población? ¿Existe algún medio para compensar a los productores españoles de los daños económicos ocasionados por las importaciones de aceite contaminado?

El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) recibió el 23 de abril de 2008 una notificación de las autoridades competentes de Francia relativa a la presencia de aceites minerales en aceite de girasol procedente de Ucrania.

Las investigaciones del origen de la contaminación no han concluido todavía, pero la contaminación está posiblemente relacionada con la adición fraudulenta de aceites minerales a aceite de girasol crudo.

Puesto que la presencia de aceites minerales en el aceite de girasol constituye un fraude, esa contaminación no es previsible. Por tanto, resulta muy difícil impedir que ese tipo de aceite contaminado se introduzca en la cadena alimentaria, ni siquiera estableciendo un estricto sistema de control.

Sin embargo, tras haberse detectado la presencia de aceites minerales en aceite de girasol procedente de Ucrania, la Comisión ha pedido a las autoridades ucranianas que garanticen en todas las futuras remesas la ausencia de niveles inaceptables de aceites minerales en el aceite de girasol, realizando para ello muestreos y análisis.

La Comisión ha pedido a las autoridades competentes de los Estados miembros que controlen todas las remesas de aceite de girasol procedente de Ucrania para detectar la presencia de aceites minerales antes de su comercialización.

Se ha pedido también que se refuercen los controles para detectar la presencia de aceites minerales en todos los aceites vegetales importados a la UE.

Además, la Federación de la Industria Aceitera de la CE (FEDIOL), en representación de la industria de aceites vegetales de la Unión Europea, se ha comprometido a realizar controles en todas las remesas importadas de aceites vegetales de cualquier origen, para determinar la presencia de aceites minerales.

Estas medidas deberían minimizar el riesgo de que vuelva a producirse ese tipo de contaminación.

El presupuesto comunitario no contempla la posibilidad de indemnizar a los productores españoles por los posibles daños económicos ocasionados por las importaciones de aceite contaminado.

A finales de abril los medios de comunicación alemanes informaron de que diversos expertos de los partidos que integran la coalición de gobierno (CDU/CSU y SPD) acordaron prolongar hasta 2011 el período transitorio para el acceso de los ciudadanos de los nuevos Estados miembros al mercado de trabajo alemán. Esta medida fue confirmada por el Ministro de Trabajo alemán, Olaf Scholz. Todo parece pues indicar que ésta será la decisión que adoptará en breve el conjunto del Gabinete.

Esta decisión del Estado más poblado de la Unión Europea, que al mismo tiempo exige la pronta entrada en vigor del Tratado de Lisboa ―instrumento en cuyo mismo preámbulo se afirma que la Unión combatirá la discriminación―, supone una clara expresión de discriminación en el mercado de trabajo por razón de nacionalidad.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión Europea para que el Gobierno alemán abra cuanto antes su mercado de trabajo a los ciudadanos originarios de los nuevos Estados miembros?

Su Señoría se refiere al hecho de que, en virtud de los Tratados de Adhesión, los Estados miembros tienen derecho a no permitir el libre acceso a sus mercados de trabajo a los trabajadores de algunos de los Estados miembros que se unieron en 2004 y 2007, y esto no constituye una discriminación contraria al Derecho comunitario.

Las disposiciones transitorias establecidas en los Tratados de Adhesión de los Estados miembros que entraron en la UE en 2004 y 2007 permiten a los otros Estados miembros restringir temporalmente la libertad fundamental de circulación en otros Estados miembros de la UE, supeditando el acceso a los mercados laborales de los trabajadores procedentes de los nuevos Estados miembros a la legislación nacional. El hecho de que estos trabajadores sean tratados de manera diferente a otros trabajadores de la UE no constituye una discriminación contraria al Derecho comunitario por razón de nacionalidad: el Tratado CE prohíbe la discriminación por razón de nacionalidad, pero sin prejuicio de las disposiciones especiales del Tratado, como las medidas transitorias establecidas en los Tratados de Adhesión.

Un Estado miembro que restringe el acceso a su mercado de trabajo tiene que cumplir, no obstante, con las condiciones establecidas en las disposiciones transitorias de los Tratados de Adhesión. El período transitorio total de siete años se divide en tres fases (2+3+2 años), aplicándose condiciones diferentes según la fase: durante la primera y segunda fase, cada Estado miembro debe decidir si abre o no su mercado de trabajo a los trabajadores de esos países.

En principio, sin embargo, las restricciones sobre el acceso al mercado de trabajo finalizarán después de estas dos primeras fases; es decir, cinco años después de la adhesión (el 30 de abril de 2009 para los trabajadores de los Estados miembros que se unieron en 2004). Las restricciones podrán seguir aplicándose durante otros dos años después de esa fecha sólo cuando exista una crisis o amenaza grave para el mercado de trabajo, teniendo la Comisión que ser informada de ello antes de que finalice el quinto año posterior a la adhesión.

Por consiguiente, a partir del 30 de abril de 2009, los Estados miembros no podrán decidir ya libremente si siguen restringiendo el acceso a sus mercados de trabajo hasta 2011, y la Comisión desempeñará su papel de guardiana de los Tratados para asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los Tratados de Adhesión. Además, todas las disposiciones transitorias constituyen una derogación de una libertad fundamental y puesto que las condiciones para derogar libertades fundamentales tienen que ser objeto de una interpretación estricta, la Comisión espera que los Estados miembros presenten pruebas claras de una crisis o amenaza grave para el mercado de trabajo.