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Acta literal de los debates
Martes 17 de junio de 2008 - Estrasburgo Edición DO

12. Turno de preguntas (preguntas a la Comisión)
Acta
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  Presidenta. − El siguiente punto es el turno de preguntas (B6-0161/2008).

Se dirigen las siguientes preguntas a la Comisión.

 
  
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  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL). - (CS) Quiero plantear a la Comisión la pregunta siguiente: hasta qué punto es vinculante… (la Presidenta interrumpe al orador).

 
  
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  Presidenta. − Lo siento, pero las preguntas son tal como aparecen impresas en el papel. Existe un orden y me temo que usted no puede presentar una cuestión espontánea.

Primera parte

 
  
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  Presidenta. − Pregunta nº 25 de Lambert van Nistelrooij (H-0379/08)

Asunto: Tarifas de terminación móvil

El 4 de abril, la justicia belga (asunto 2007/AR/3394) suspendió una decisión de la autoridad belga de reglamentación de los servicios de correos y telecomunicaciones (BIPT) por la que se fijaba el importe de las tarifas de terminación móvil. Uno de los argumentos interesantes que se aducen es que a la hora de fijar las tarifas de terminación deben tenerse en cuenta las economías de escala de los grandes operadores.

¿Considera la Comisión que los argumentos de la justicia belga podrían orientar la comunicación sobre las tarifas de terminación que prevé elaborar próximamente?

¿Conviene la Comisión en que las empresas de telecomunicaciones, en cuyas manos está actualmente en gran medida la competencia en el mercado de las comunicaciones móviles, los denominados «challengers», deben obtener en dicha comunicación tiempo suficiente para poder cumplir una posible nueva reglamentación?

 
  
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  Mariann Fischer Boel, Miembro de la Comisión. − La pregunta planteada por su Señoría se refiere a la sentencia del Tribunal de Apelación de Bruselas de 4 de abril de 2008 en el sentido de suspender la decisión de regulación de la BIPT de 18 de diciembre de 2007 relativa a las tarifas de terminación móvil en Bélgica. Esta decisión de regulación fue previamente notificada a la Comisión, y evaluada por ésta, en virtud del artículo 7 de la Directiva marco. La Comisión tiene conocimiento de esta decisión del tribunal y fue informada por la autoridad nacional de reglamentación, BIPT, de que, a raíz de esta anulación, había iniciado una consulta nacional sobre la propuesta de decisión que volvía a fijar las tarifas de terminación móvil al mismo nivel asimétrico que en su anterior decisión de regulación de 11 de agosto de 2006.

Dentro del contexto del mecanismo de consulta de la Comunidad (el «procedimiento del artículo 7»), la Comisión ha expresado su opinión en numerosas ocasiones de que las tarifas de terminación deben reducirse a nivel de eficacia de costes. Se trata de garantizar la igualdad de condiciones para los diferentes operadores, de proporcionar a los operadores el incentivo de resultar eficientes, y de aportar más beneficios a los consumidores, incluidos unos precios más bajos. La Comisión ha reconocido la necesidad de un periodo transitorio para que los operadores alcancen el nivel de eficacia de costes. Sin embargo, la existencia de una tarifa de terminación más alta no estaría justificada tras un período lo suficientemente prolongado como para que un operador se adapte a las condiciones de mercado y resulte eficiente, a menos que existan diferencias objetivas de costes que se escapen del control de los operadores afectados.

La Comisión es consciente del hecho de que unos planteamientos diferentes a la regulación de las tarifas de terminación pueden obstaculizar la consolidación del mercado interior y la materialización de los beneficios para los consumidores derivados de la competencia y los servicios transfronterizos, y esa es la razón por la que la Comisión ha convertido en prioridad proporcionar orientación y una mayor seguridad jurídica tanto a los operadores como a las autoridades nacionales de regulación a la hora de regular los mercados de terminación. A tal fin, la Comisión está trabajando en una recomendación acerca de un enfoque común para las tarifas de terminación móvil y fija, que persigue promover una mayor claridad y coherencia en este ámbito importante, si bien muy complejo, garantizando unos beneficios máximos a los consumidores en términos de precios asequibles y desarrollo eficaz de servicios innovadores. Dicha recomendación puede proporcionar asimismo orientación a los tribunales nacionales.

La consolidación del mercado interior también podría verse obstaculizado en el caso de que las sentencias en los distintos Estados miembros desembocaran en una situación en la que se ofrecieran distintas interpretaciones sobre cómo resolver problemas similares en materia de competencia. En cualquier caso, la Comisión acata todas las decisiones y sentencias de los tribunales, incluso en el ámbito de los mercados de terminación, como la sentencia del Tribunal de Apelación al que su Señoría alude en su pregunta.

 
  
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  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE).(NL) Señora Presidenta, quiero ciertamente dar las gracias a la señora Comisaria por su respuesta, ya que ha analizado muy bien la situación. Mi pregunta complementaria es la siguiente: ¿dónde detecta usted esas diferencias entre los Estados miembros? El juicio en Bélgica parece indicar que todavía no existe igualdad de condiciones entre los grandes operadores y los recién llegados al mercado. ¿Podría significar esto una ampliación del período transitorio? ¿Podría significar que se está concediendo más tiempo para tal adaptación en toda Europa, por así decirlo? Al fin y al cabo, ahora estamos constatando que son los pequeños operadores los que son las víctimas de este mercado.

 
  
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  Mariann Fischer Boel, Miembro de la Comisión. − La Comisión ha reconocido, desde un principio, la necesidad de un período transitorio para los operadores, como he expuesto en mi primera intervención, para alcanzar un nivel de eficacia de costes.

Sin embargo, las simetrías temporales deben quedar subsanadas dentro de un plazo de tiempo razonable. La existencia de unas tarifas de terminación más altas no estaría justificada tras un período lo suficientemente prolongado como para que un operador se adapte a las condiciones de mercado y resulte más eficiente, a menos que —como he dicho antes— existan diferencias objetivas de costes que se escapen del control de los operadores afectados.

Permitir unos precios por encima de un nivel de eficiencia o basado en los costes puede reducir los incentivos de los operadores para innovar e intentar minimizar los precios. Además, los consumidores pueden acabar pagando unos precios más altos que los que habrían existido de otra forma en una situación de tarifas de terminación simétricas, basadas en los costes. Así pues, las tarifas de terminación deben reducirse al nivel de eficiencia de costes lo antes posible sin obstaculizar —como he dicho anteriormente— ni la posición de las empresas ni la de los consumidores.

 
  
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  Presidenta. − Pregunta nº 26 de Katerina Batzeli (H-0386/08)

Asunto: Política de gestión de crisis para hacer frente a la carestía en el mercado

La carestía en el mercado debido al aumento de los precios del petróleo, la reciente crisis alimentaria, la especulación y la ineficacia de los controles agrava continuamente la inflación y afecta profundamente a los ingresos de los hogares. Es necesaria una respuesta global y europea para hacer frente a esta situación crítica.

¿Cómo piensa hacer frente la Comisión, y a través de qué medidas, a la actual crisis que ya perjudica el curso de las economías nacionales y reduce los ingresos de los hogares, y en la que el público en general duda incluso del papel del euro en relación con el precio del petróleo?

¿Qué medidas piensa tomar la UE para atajar la ola internacional de especulación con las mercancías? ¿Piensa establecer un mecanismo de gestión de crisis a nivel comunitario y nacional? ¿Cómo se reforzarán, y a través de qué medidas, las organizaciones nacionales para luchar contra fenómenos como la especulación, sobre todo debido a la situación de oligopolio de determinadas empresas?

¿Se encuentra la fijación de un precio máximo de venta de determinados productos básicos para la alimentación entre las prioridades de la Comisión?

¿Es admisible en estos momentos el aumento de los impuestos indirectos por parte de determinados Gobiernos, con vistas a aumentar los ingresos públicos? ¿Sería conveniente reducir el IVA y los impuestos indirectos sobre determinados alimentos y productos básicos a nivel europeo?

Pregunta nº 27 de Leopold Józef Rutowicz (H-0399/08)

Asunto: Subidas de precios en la Unión Europea

La necesidad de biocarburantes y el aumento de la demanda de alimentos, entre otros factores, han provocado importantes subidas de los precios de éstos, perjudicando especialmente a los ciudadanos con bajos ingresos. Al mismo tiempo, el sistema de limitación de la producción de una serie de artículos impide la existencia de una competencia que podría frenar las subidas de precios. ¿Qué medidas se han adoptado para contener el aumento de los precios de los productos alimentarios en los mercados de la UE?

 
  
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  Mariann Fischer Boel, Miembro de la Comisión. − Dado que las dos preguntas, como muy bien ha dicho la Presidenta, están más o menos vinculadas, me gustaría aprovechar la ocasión para ofrecer una respuesta conjunta a ambas.

Si nos fijamos en la zona del euro, la inflación ha disminuido realmente del 8-10 % en los años 70 y 80, hasta el 3 % en los 90 y, efectivamente, se ha mantenido por término medio ligeramente por encima del 2 % en la primera década de la Unión Monetaria Europea.

Pero a partir del tercer trimestre de 2007, las alzas globales tanto de los precios de la energía como de los alimentos han incrementado la presión sobre la inflación, no sólo dentro de la Unión Europea, sino en todo el mundo.

La fortaleza del euro había mitigado en cierta medida el efecto del aumento o el alza de los precios del combustible y el petróleo. Pero hemos de afrontar la realidad de que la tasa de inflación ha aumentado efectivamente desde el 1,9 % en agosto del año pasado hasta el 3,6 % en abril de 2008.

La Comisión ha expuesto sus opiniones sobre los recientes aumentos de los precios alimentarios en la comunicación sobre «Hacer frente al reto del alza de precios de los productos alimenticios: Orientaciones para la acción de la UE». Al margen de una serie de otros factores, los mayores precios del petróleo han provocado unos precios en aumento en el mercado agrícola dentro de la Unión Europea; tanto por culpa de un insumo agrícola más alto como de los costes logísticos.

Aunque la demanda de los productos agrícolas está influida por el mercado de los biocarburantes, todos los análisis que ha realizado la Comisión indican que las causas del alza de los precios globales de los alimentos son diversas. Se deben a factores tanto estructurales como temporales, y la actual producción de biocarburantes en la UE tiene realmente muy poca influencia sobre los actuales precios globales de los alimentos; las estimaciones más recientes de que disponemos indican que se está dedicando aproximadamente el 1 % de las tierras en la Unión Europea para biocarburantes.

Pero está claro que el reciente aumento de los precios agrícolas sólo puede explicar en parte el aumento de precios alimenticios detectados a nivel minorista, así que en ocasiones puede apreciarse discrepancias entre el precio en la puerta de la granja y el precio en el supermercado o en los comercios.

Puesto que la crisis actual presente muchos aspectos diferentes, la respuesta ofrecida por la Comisión es igualmente amplia y está elaborada para contemplar tanto las consecuencias a corto plazo como los agentes a largo plazo de los galopantes precios alimenticios. A fin de aliviar la presión sobre los precios en el sector agrícola, dentro de la Política Agrícola Común (PAC) ya hemos fijado nuevos incentivos para promover la orientación al mercado e intentar relanzar la producción: fijando en cero la obligación de retirar tierras para esta año productivo y con un incremento de las cuotas lácteas a partir del 1 de abril de 2008, efectivamente hemos reaccionado con mucha prontitud. Además, la Unión Europea ha decidido suspender los derechos de importación de cereales para la actual campaña de comercialización, en el caso de la mayoría de los cereales.

Es evidente que vamos a seguir afrontando estas cuestiones en los debates venideros sobre el chequeo de la Política Agrícola Común.

A fin de poder atender concretamente las necesidades de la gente más desfavorecida en la UE, se ha contemplado una modernización y una actualización del esquema y presentaremos una propuesta más adelante este año.

Pienso que también es importante que continuemos alentando y promoviendo inversiones en investigación agrícola, fomentando el crecimiento sostenible de la productividad en el sector agrícola, no sólo en Europa, sino en todo el mundo.

En cuanto a la formación de precios del mercado agrícola, la Comisión se ha comprometido a controlar las actividades de los inversores que especulan en mercados financieros de materias primas, así como su impacto sobre las fluctuaciones de los precios.

Por lo que respecta a la cuestión de la posición dominante, cualquier abuso de posiciones dominantes está sujeto al artículo 82 del Tratado o su equivalente en la legislación nacional. La Comisión y las autoridades nacionales en materia de competencia se encargan de vigilar cualquier infracción de la legislación sobre competencia de la Unión Europea.

La Comisión se preocupa especialmente de garantizar que la concentración de dimensión comunitaria no obstaculice de forma significativa la competencia eficaz en detrimento de los consumidores y de las distintas empresas. En este contexto, la Comisión va a examinar asimismo el funcionamiento de la cadena de suministro alimentario en paralelo con el control del sector minorista establecido en el contexto de la revisión del mercado único.

Tal como contempla el Tratado, las medidas adoptadas por los Estados miembros y la Comunidad deben aplicarse de acuerdo con los principios del mercado interior y la competencia transfronteriza. De momento no está prevista la fijación de unos precios de venta máximos para determinados alimentos básicos.

La Comisión tiene conocimiento de que los gobiernos están incrementando actualmente los impuestos indirectos en un intento por sanear las finanzas públicas. Además, la Comisión comparte la opinión expresada por los Ministros de Finanzas de que deben evitarse medidas fiscales y de otra índole política, que produzcan distorsiones e impidan realizar los necesarios ajustes.

Por último, la Comisión considera que pueden estar justificadas medidas puntuales a corto plazo adoptadas para aliviar el impacto de unos mayores precios de la energía sobre los segmentos más pobres de la población. No obstante, no deberán tener por supuesto ningún efecto de distorsión o retrasar los oportunos ajustes estructurales. Una reducción general —creo que todos estamos de acuerdo en eso, en los impuestos o en el IVA— no afecta, por definición, a las secciones más pobres de la población.

Las acciones de la Comisión no sólo se ocupan de los impactos internos (pienso que todos tenemos el compromiso de asegurar una igualdad de condiciones también cuando hablamos de países en desarrollo) y, hasta ahora, la Comisión ha movilizado más de 300 millones de euros en ayuda de emergencia alimentaria y estamos fomentando activamente una respuesta coordinada a escala internacional en línea con las conclusiones de la cumbre de la FAO que acaba de celebrarse hace dos semanas.

Así que considero que hemos reaccionado a los retos que la nueva situación nos está planteando a todos.

 
  
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  Katerina Batzeli (PSE).(EL) Señora Presidenta, en primer lugar quiero darle las gracias a la señora Comisaria por la amplia respuesta que ha ofrecido a mi pregunta. No obstante, permítame recalcar dos asuntos que la Comisión debería abordar de inmediato, más que a medio plazo.

El primero es el control de los precios, en concreto de los productos alimenticios, como usted ha afirmado de forma muy acertada. No se trata tanto de marcar un precio máximo de venta, sino de fijar el coste de producción y el porcentaje de beneficio que deben percibir las compañías, dando por sentado que este límite no debe constituir un obstáculo para el mercado interior o las importaciones.

El segundo punto que quiero plantear es que el aumento de las tierras a retirar y las cuotas lácteas es una medida digna de aplauso, pero a mi juicio, aumentar el coste de producción de los plaguicidas, a la vista de los crecientes precios del crudo, tal vez sea una medida que no resulte rentable.

 
  
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  Leopold Józef Rutowicz (UEN).(PL) Quiero comenzar dando las gracias a la señora Comisaria por su exhaustiva respuesta sobre este tema.

Hay varios problemas que considero interesantes. El primero es el comercio de los límites de producción de azúcar. Se sabe que el comercio de la producción de azúcar limita las posibilidades de uso de ciertas capacidades de producción en algunos países, y las preocupaciones a este respecto están imponiendo una determinada política en este ámbito. Si se restringe la producción de azúcar, desaparece automáticamente la competencia.

El segundo asunto es la aplicación de ciertos derechos a una serie de artículos básicos que consumen las personas más pobres, como los plátanos. Hay que estudiar estos derechos. Al fin y al cabo, los plátanos los consumen los niños; los consumen los niños de las familias pobres. Hay que estudiar también la aplicación de derechos a tales artículos, que no son bebidas alcohólicas. Estoy de acuerdo en la necesidad de supervisar y controlar el mercado, lo mismo que hay que controlar los precios de mercado, pero ¿se beneficia la Comisión de las importaciones de determinado tipo a fin de rebajar los precios de ciertos artículos, de la importación de artículos más baratos al mercado nacional que han (…).

(La Presidenta interrumpe al orador.)

 
  
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  Mariann Fischer Boel, Miembro de la Comisión. − Señora Batzeli, pienso que es importante que dispongamos de un sistema de control para vigilar que los precios no se disparen, y esa es exactamente la obligación de las autoridades nacionales en materia de competencia, controlar esta situación. Puedo decirle, internamente en la Comisión también, que hemos celebrado un debate con la Comisaria responsable de competencia y que estamos muy al tanto de estos problemas.

Al señor Rutowicz: no sé si usted se está refiriendo a la reforma del azúcar, donde decidimos reducir la producción de azúcar dentro de la Unión Europea en 6 millones de toneladas y buscar una posibilidad de ofrecer un paquete muy considerable a los agricultores que abandonasen la producción de azúcar. No obstante, esa es una decisión que se adoptó hace algunos años.

En cuanto al precio de los productos importados: sí, es cierto que depende de los derechos de importación y eso es exactamente lo que estamos debatiendo estos días en el seno de la Ronda de Desarrollo de Doha de la OMC, si somos capaces de alcanzar un acuerdo sobre la reducción de los derechos en general.

Y por último, sobre los beneficios de comer fruta: no estoy en desacuerdo con usted, y esa es la razón por la que vamos a presentar —durante la próxima reunión que se va a celebrar aquí, en Estrasburgo— un esquema en materia de frutas y verduras para escolares, que estoy segura será sumamente beneficioso para enseñar buenas costumbre a los niños.

 
  
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  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Mi pregunta se refiere al impuesto especial sobre el consumo. Durante los debates sobre el impuesto especial sobre el alcohol, se sugirió que se aplicara un impuesto especial cero. ¿Cuál es su opinión sobre el impuesto especial sobre combustible, puesto que la situación actual no parece avalar soluciones temporales como ésta? ¿Sería posible reducir el impuesto especial sobre el combustible, aunque fuera de manera temporal, a fin de evitar los aumentos de precio en el sector de los alimentos y en otros sectores?

 
  
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  Andreas Mölzer (NI).(DE) Señora Comisaria, el alza de los precios de los alimentos es un fenómeno que se da en toda la UE y un problema especial para las familias de renta baja y trabajadores con salarios bajos; les está llevando prácticamente a la ruina financiera. ¿Hasta qué punto se va a impulsar el Programa europeo de ayuda alimentaria previsto para grupos sociales necesitados, a fin de proporcionar una ayuda inmediata a aquellas personas que están amenazadas por estas subidas de los precios alimenticios y que incluso corren el riesgo de pasar hambre?

 
  
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  Mariann Fischer Boel, Miembro de la Comisión. − Ante todo, no contemplo una reducción del IVA como una posible solución. Hoy tenemos unos precios del crudo próximos a los 136–137 dólares por barril; si redujéramos el IVA, me pregunto cuál sería la siguiente cuestión, caso de que alcanzáramos un precio del petróleo de 160 dólares; ¿lo reduciríamos aún más?

Tenemos que ser mucho más previsores a la hora de intentar encontrar soluciones y en este caso hemos promovido inversiones para reducir la dependencia respecto del petróleo. Eso es posible dentro del sector agrícola y ahora lo estamos debatiendo también para el sector de la pesca, ya que las pesquerías tienen una mayor dependencia respecto de los precios del crudo. Por tanto, las inversiones en nuevas tecnologías tienen que ser mucho más ambiciosas que simplemente reducir el IVA.

En respuesta a la otra pregunta planteada, vamos a presentar una propuesta este año para la gente más desfavorecida dentro de la Unión Europea. Ya contamos con un esquema, pero su supervivencia se basa en cantidades excedentarias —stocks de intervención de productos agrícolas— y ya no tenemos nada procedente de la intervención. Por tanto, necesitamos el fundamento jurídico para un nuevo esquema y espero que sus Señorías se sientan complacidos cuando vean lo que estamos estudiando como una forma de prolongar o incluso incrementar la base económica para tal esquema. Estoy totalmente de acuerdo en que necesitamos encontrar soluciones válidas.

 
  
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  Jim Allister (NI). - Señora Comisaria, al responder a la pregunta nº 27, usted nos ha dicho que sólo el 1 % de las tierras de la UE está dedicado a la producción de biocombustibles. Tal vez, el porcentaje más significativo, dado la enorme cantidad de cereales que importamos de allí, sea conocer la cifra porcentual de aumento en Norteamérica, lo que nos lleva a muchos de nosotros a pensar que los biocarburantes son, efectivamente, un acelerador del precio de los piensos para animales. ¿Podría aclararnos algo al respecto?

Segundo, otro acelerador en ese tema es la continuada actitud dilatoria y remisa de la Comisión para aprobar variedades modificadas genéticamente, que resultarían mucho más baratas. ¿Podría actualizarnos acerca de los avances en este ámbito? ¿Estamos más cerca de unas aprobaciones sincronizadas en términos de entornos clave que también son proveedores?

 
  
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  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Señora Comisaria, me gustaría preguntar si la Comisión tiene intención de estudiar una reducción del IVA sobre la ropa infantil, que alivie la carga fiscal para familias numerosas, pero no para las familias pudientes.

 
  
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  Mariann Fischer Boel, Miembro de la Comisión. − Ante todo pienso que es importante, a la hora de celebrar un debate dentro de la Unión Europea sobre biocarburantes, que no critiquemos la forma europea de tratar este asunto. Porque si, al final el bioetanol/biodiesel acaba convirtiéndose en un chivo expiatorio, tendremos una situación en la que nadie quiera invertir. Y entonces nos quedaremos rezagados, dependiendo de las importaciones de etanol y biodiesel; porque si no los tenemos funcionando, no seremos capaces de cumplir las metas de la reducción del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020. Así que tenemos que encontrar una solución y, hoy día, el biocarburante de primera generación constituye la única solución.

Pero tenemos —y pienso que coincidimos en ello— que proporcionar todo el ánimo posible a la investigación y el desarrollo para la segunda e incluso la tercera generación de biocarburantes producidos a partir de residuos, de estiércol, de paja, de otros productos —como astillas de madera— del sector agrícola que actualmente no se utilizan para nada. Ese es el futuro, pero tenemos que formar parte de este desarrollo, y por tanto necesitamos la primera generación como punto de paso.

En cuanto a los OMG, sé que en esta Cámara existe diversidad de opiniones, pero es evidente que necesitamos contar con una situación en la que podamos importar piensos para nuestros animales, para nuestra producción de carne, a precios razonables. De lo contrario —y esto incluye, por cierto, los cereales modificados genéticamente, sobre todo, el maíz— si no encontramos una solución, veremos cómo la producción de carne en Europa comienza a disminuir. Entonces tendremos que importar carne de Brasil: carne o reses criadas con los productos modificados genéticamente que no deseamos, o que los consumidores no quieren, pero que acabaran recibiendo por la puerta de atrás. Entonces pienso que estaríamos engañando de verdad a los consumidores.

Así que necesitamos contar con nuestro propio sistema de aprobación y pienso que se está avanzando para recuperar las aplicaciones que aún no están aprobadas, acelerando el procedimiento en la AESA sin pérdida de calidad.

Por último, señora Presidenta, permítame decir abiertamente que no soy especialista en el IVA sobre ropa infantil, así que en lugar de dar una respuesta equivocada, pienso que es mejor plantear la pregunta por escrito.

 
  
  

Segunda parte

 
  
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  Presidenta. − Pregunta nº 28 de Ioannis Gklavakis (H-0381/08)

Asunto: Estrategia para la piscicultura

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación prevé que el consumo de productos pesqueros aumentará en un 50 % en 2030 y que la mayor parte de la demanda estará cubierta por la acuicultura. Esto se traduce, en cifras, en un aumento de la producción de 40 millones de toneladas. Si se tiene en cuenta la continua reducción de las poblaciones de peces y la creciente demanda mundial de pescado y marisco, la acuicultura adquiere cada vez más importancia.

Considerando lo anteriormente expuesto, ¿qué directrices prevé la Comisión con respecto a la ordenación del espacio marino para la piscicultura, en el marco de la revisión de la estrategia para la piscicultura en la Unión Europea? ¿Qué medidas tiene previsto tomar para que los productos comunitarios sean competitivos frente a los productos de países terceros producidos con normas menos estrictas? ¿Qué otras medidas innovadoras piensa adoptar para el desarrollo de este sector?

 
  
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  Joe Borg, Miembro de la Comisión. − En primer lugar, quiero dar las gracias a su Señoría, señor Gklavakis, por plantear a través de su pregunta la importancia de la acuicultura, y me complace ofrecer la opinión de la Comisión sobre este tema.

Como usted ha señalado oportunamente y ha quedado subrayado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la industria global de la acuicultura está adquiriendo creciente importancia y desempeña un papel clave para salvar la distancia entre una demanda de marisco en alza y la oferta de productos de la pesca, en especial dentro de un contexto de poblaciones decrecientes de peces salvajes.

La Comisión está elaborando en la actualidad una comunicación sobre una estrategia para el desarrollo sostenible de acuicultura en la UE, que deberá estar concluida a finales de 2008. La estrategia pretende crear el mejor entono para el crecimiento sostenible de la acuicultura, garantizando tanto unos suministros suficientes de pescado para los ciudadanos de la Unión Europea como el cumplimiento de unas exigentes normas en materia de medio ambiente y de sanidad pública.

El acceso al espacio para la acuicultura ha quedado, de hecho, identificado como un obstáculo importante para el desarrollo de la acuicultura y la planificación del espacio marino puede desempeñar una función para solucionar este asunto. La futura estrategia para la acuicultura contemplará este tema.

El asunto de la competencia por parte de países terceros con normas de producción menos estrictas podría resolverse por medio de esquemas de diferenciación de mercados, como la certificación. A la hora de elaborar la estrategia se tendrá en cuenta este asunto.

Con carácter más general, la competitividad y la innovación serán temas centrales a resolver en esta estrategia.

 
  
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  Ioannis Gklavakis (PPE-DE).(EL) Señora Presidenta, quiero dar las gracias al señor Comisario por su respuesta.

Permítame asimismo exponer el siguiente punto. Como usted mismo ha explicado, señor Comisario, los consumidores quieren consumir cada vez más productos del mar: pescado, marisco y similares. En los últimos años, también ha habido un gran desplazamiento de popularidad hacia los productos orgánicos entre los consumidores. Vemos que son muchos en el sector los que se dedican a la piscicultura orgánica, que no sólo proporciona unos alimentos más sanos, sino que además es más respetuosa con el medio ambiente, lo cual es un aspecto muy importante.

¿Está considerando la Comisión Europea adoptar medidas para promover, reforzar y apoyar la piscicultura orgánica, y en caso afirmativo, podría decirnos cuáles van a ser esas medidas, y cómo va a apoyar este asunto tan importante, que deseamos promover?

 
  
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  Joe Borg, Miembro de la Comisión. − Con respecto a la cuestión relativa a la creciente demanda, indudablemente existe dicho aumento, un crecimiento exponencial, en el consumo de productos de la acuicultura, la pesca y los peces cultivados y eso ciertamente es positivo ya que, como todos sabemos, las poblaciones de peces en diferentes aguas comunitarias y en todo el mundo están sometidas a un exceso de capturas. Hemos llegado a una situación en la que, a corto o medio plazo, resulta imposible prever que haya un aumento de capturas y, por tanto, el incremento de la demanda ha de cubrirse a partir de una mayor producción de peces cultivados.

Dicho lo cual, eso puede crear a su vez problemas con respecto a consideraciones de carácter especial, tal como quedó indicado en mi respuesta, así como problemas en cuanto al suministro de harina de pescado, ya que ésta depende en gran media de la captura de peces industriales de poca calidad, cuyas poblaciones también están siendo explotadas a niveles notablemente elevados.

Por lo que respecta a la acuicultura orgánica, nosotros estamos promoviendo su desarrollo. El ejercicio que hemos realizado en el proceso de consulta pública ha puesto de relieve la necesidad de desarrollar aún más los medios orgánicos de producción y estamos estudiando formas y medios para garantizar que en la comunicación, en el paquete que va a ser publicado más adelante, haya una referencia específica a la acuicultura orgánica: cómo podemos fomentarla aún más y qué tipo de medidas, como los esquemas de etiquetado ecológico, pueden adoptarse a fin de aumentar la noción del consumidor de que es sensato comer productos orgánicos. De esta forma, esperamos facilitar aún más el desarrollo de esta importante industria.

 
  
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  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Señora Presidenta, señor Comisario, al final de su intervención ha mencionado de pasada el etiquetado ecológico. La cuestión que también quería plantear, indirectamente, era si tenemos alguna garantía de que no sólo el origen del pescado, sino también la producción y la descripción de ésta, sean transparentes para los consumidores, de manera que estos sepan de donde procede el pescado y dónde ha sido cultivado. Aquí no se trata de si el proceso tiene valor biológico, sino más bien acerca de la cuestión del origen como tal. ¿Existen reglamentaciones coherentes sobre esto?

 
  
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  Jörg Leichtfried (PSE).(DE) Señor Comisario, sobre el mismo tema, yo añadiría inmediatamente lo siguiente: recientemente se han dirigido a mí varias organizaciones austriacas de protección del consumidor en lo referente al aparente aumento, sobre todo por lo que respecta al marisco importado a la Unión Europea, que también llega a Austria, del tratamiento de dicho marisco con antibióticos y otro medicamentos poco recomendables por razones económicas, tal vez porque así resulte más fácil cultivarlos. Estas sustancias se transmiten después a los seres humanos a través de la cadena alimentaria. ¿Está tomando la Comisión alguna medida destinada a limitar o prevenir esto en el futuro?

 
  
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  Joe Borg, Miembro de la Comisión. − Acerca de la procedencia del pescado, quiero apuntar dos hechos. En primer lugar, con respecto a los peces capturados en estado salvaje que a menudo terminan en la cadena de procesamiento —peces capturados en estado salvaje por países terceros, en concreto, pero también por nuestros pescadores—, estamos en proceso de aprobar un reglamento a fin de prohibir las actividades ilegales de pesca. Esto, por su parte, reforzará considerablemente nuestro régimen, de forma que a cualquier pez capturado de forma ilegal no se le permita entrar en el mercado comunitario, bien en su estado original o después de ser transformado. Ese es un aspecto del tema.

Con respecto a la acuicultura, estamos estudiando formas y medios de garantizar que los peces de acuicultura que se importen a la Comunidad cumplan las normas y requisitos sanitarios exigidos, a fin de que se les pueda garantizar a nuestros consumidores que el producto que están consumiendo cumpla los niveles de protección sanitaria que aplicamos a nuestros propios productos. Eso es algo que la DG SANCO está estudiando, y también existe un esquema de certificación para acreditar que los productos que entran en el mercado comunitario cumplen las normas sanitarias exigidas.

Por lo que se refiere a una cuestión vinculada a todo esto, es importante subrayar que estamos estudiando la posibilidad de dotar de etiquetado ecológico a los productos de acuicultura, como he dicho antes. En un principio, los debates se centraron únicamente en el etiquetado ecológico de peces capturados en estado salvaje, ya que los parámetros son diferentes. Ahí, el propósito principal del etiquetado ecológico consiste en garantizar que la captura de los peces se haga de forma sostenible y, por consiguiente, si el pescado que se vende pertenece a una variedad que sufre un exceso de explotación, no deberían disfrutar de ningún etiquetado ecológico.

En el etiquetado ecológico de los peces de acuicultura, los parámetros son diferentes, por lo que la base debería obedecer a otras razones, como el hecho de que los peces sean alimentados en condiciones que cumplan determinados estándares medioambientales, de salud y sanitarios. Estamos analizando los parámetros y, evidentemente, volveremos al Parlamento más adelante con propuestas destinadas a introducir o facilitar la implantación —o el establecimiento de criterios mínimos para su operación— de esquemas voluntarios de etiquetado ecológico a este respecto.

 
  
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  Presidenta. − Pregunta nº 29 de Brian Crowley (H-0416/08)

Asunto: Solicitud de aumento del tonelaje por motivos de seguridad

El 13 de junio de 2006, el Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia favorable a las veinte solicitudes irlandesas de aumento del tonelaje por motivos de seguridad que anula la Decisión 2003/245/CE(1) de la Comisión, de 4 de abril de 2003, en lo relativo a veinte solicitudes de aumento del tonelaje por motivos de seguridad. El Tribunal concluyó que la Comisión utilizó criterios no previstos en las normas (es decir, los buques debían tener una antigüedad no inferior a cinco años para poder optar a dichas solicitudes) y que se excedió en sus competencias.

Todas las solicitudes de aumento del tonelaje por motivos de seguridad se habían presentado a la Comisión antes del 31 de diciembre de 2001, de conformidad con el dispuesto en la Decisión 97/413/CE(2) (véase el artículo 4, apartado 2).

El Tribunal concluyó que la Comisión no aplicó este artículo correctamente al denegar la solicitud de aumento del tonelaje por motivos de seguridad de estas personas. ¿Puede indicar la Comisión por qué motivo esta decisión no fue objeto de recurso y por qué los solicitantes cuyas solicitudes se aceptaron siguen esperando una respuesta de la Comisión, casi dos años después, sobre cómo tiene intención de acatar la sentencia del Tribunal?

 
  
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  Joe Borg, Miembro de la Comisión. − Quiero dar las gracias al señor Crowley por su pregunta, que me brinda la oportunidad de abordar la cuestión del seguimiento de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de junio de 2006 respecto de la solicitud de Irlanda de un aumento del tonelaje para buques pesqueros por motivos de mejoras de seguridad.

La Comisión decidió no apelar contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de junio de 2006. El Tribunal había afirmado que existía un análisis insuficiente de todos los asuntos relevantes en la decisión de la Comisión de 4 de abril de 2003. A raíz de esta sentencia, la Comisión optó por aprobar una nueva decisión basada en un análisis más completo y proporcionar unos resultados más claros para cada uno de los casos en cuestión.

Es correcto decir que los solicitantes todavía están esperando las nuevas decisiones de la Comisión. Sin embargo, conviene apuntar que los servicios de la Comisión han pedido a Irlanda que envíe información técnica específica complementaria para todas las peticiones de aumento de capacidad. A pesar de los recordatorios, Irlanda sólo envió tal información para algunas de las peticiones.

La falta de respuestas completas por parte de Irlanda ha retrasado esta nueva evaluación. La Comisión está finalizando ahora la nueva y exhaustiva evaluación de cada una de estas solicitudes. Espera informar a Irlanda acerca de sus resultados en julio de este año.

 
  
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  Brian Crowley (UEN). - Quiero dar las gracias al señor Comisario por su respuesta. Dicho lo cual, sin embargo, existen ciertas dudas acerca de si la decisión sobre el aumento del tonelaje por motivos de seguridad estará basada en la concesión automática del aumento del tonelaje por motivos de seguridad debido a la decisión errónea adoptada originalmente por la Comisión, o si se ha de presentar una nueva solicitud. Esa es la razón por la que existe cierta discrepancia en cuanto a si se presenta o no la información.

Tal vez la Comisión pueda clarificarnos la probabilidad de un resultado positivo de las nuevas solicitudes a partir de las de los solicitantes existentes, que fueron juzgadas correctas en la sentencia del Tribunal.

 
  
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  Joe Borg, Miembro de la Comisión. − La sentencia del Tribunal de Primera Instancia no establecía, como tal, que los solicitantes tuvieran razón en esencia, sino que la Comisión había adoptado una decisión que estaba basada en un análisis insuficiente de todos los aspectos relevantes. A consecuencia del hecho de que la decisión que tomamos no estaba basada en razones suficientemente sólidas, solicitamos a Irlanda que nos proporcionara información adicional para que pudiéramos fundamentar nuestra decisión sobre una base más sólida.

Debido a que la primera decisión se adoptó con respecto a todos los operadores en conjunto, hemos pedido que se facilite información individual sobre los distintos operadores. Nuestra próxima decisión hará referencia a cada operador individual.

Si no se ha facilitado información suplementaria con relación a los diferentes operadores, no preveo que se produzca ningún cambio en la posición de la Comisión. En los casos en que existe información adicional, estamos analizando que si, tras la evaluación, consideramos que eso merece la pena mantenerse, entonces será mantenido. Si vemos que, a pesar de la información complementaria, eso no merece ser mantenido, nuestra decisión seguiría siendo negativa.

 
  
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  Presidenta. − Pregunta nº 30 de Seán Ó Neachtain (H-0420/08)

Asunto: Repercusiones de las importaciones norteamericanas en los marisqueros irlandeses

Las importaciones a bajo precio procedentes de Estados Unidos y Canadá, fruto de la debilidad del dólar, están repercutiendo de forma negativa en los marisqueros de Irlanda. Los precios del marisco continúan cayendo. ¿Qué planes tiene la Comisión para ayudar a estos pescadores, que son tan importantes para las economías costeras locales de Irlanda?

 
  
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  Joe Borg, Miembro de la Comisión. − Soy consciente de que el mercado de determinados pescados y mariscos ha disminuido últimamente en Irlanda y en todas partes de la Comunidad. Poseo información de que esta cuestión se refiere, principalmente, al precio de las langostas que, en condiciones normales, superaría los 15 euros el kilogramo en venta en origen en Irlanda, habiendo caído ahora hasta 10 euros el kilo.

En el caso específico de las langostas, las cifras de comercio muestran una tendencia alcista en las importaciones durante 2006 y 2007, comparadas con los anteriores seis años. El total de las importaciones comunitarias procedentes de Canadá aumentó en un 12 % durante 2006, comparado con el período de referencia 2000–2005, y un 7 % en 2007; en el caso de los Estados Unidos, las importaciones aumentaron en un 27 % en 2006 y un 26 % en 2007, respecto al mismo período de referencia.

Sin embargo, existen muy pocos importaciones directas de langostas a Irlanda procedentes de los Estados Unidos o Canadá; un total de 2,5 y 118 toneladas, respectivamente, en 2006. Eso no significa, sin embargo, que las langostas norteamericanas no hayan llegado a Irlanda a través de otros Estados miembros.

El precio en euros no ha disminuido a lo largo de los últimos tres años. El precio medio de importación para los Estados Unidos en el período 2005–2007 fue de 12,45 euros el kilo; para el primer trimestre de 2008, el precio aumentó efectivamente de forma ligera hasta los 13,6 euros el kilo.

En el caso de las importaciones de langosta canadiense a la Comunidad, el precio ha aumentado ligeramente durante los últimos tres años y el promedio durante 2005–2007 fue de 12,12 euros el kilo. Durante el primer trimestre de 2008, los precios aumentaron efectivamente hasta 12,48 euros, reflejando la fortaleza del dólar canadiense.

Con tales antecedentes, no parece que la actual caída del precio de las langostas esté estrechamente vinculada a las importaciones desde Norteámérica. La caída bien pudiera deberse a la incertidumbre en la mercado, debido a las manifestaciones de protesta en algunos Estados miembros durante las últimas semanas.

Debido a la bajada de la libra esterlina respecto del euro, también es posible que los productores irlandeses se estén enfrentando a la competencia de las langostas del Reino Unido en los tradicionales mercados continentales.

No existen previsiones conforme a la organización común del mercado para indemnizar a los productores por una caída en el precio de la langosta. Sin embargo, los productores de langosta podrían crear una organización de productores a fin de reforzar su posición en el mercado. El Fondo Europeo de la Pesca proporciona apoyo financiero para la creación de tales organizaciones, así como para la ejecución de planes para mejorar la calidad de los productos. Para otras acciones a medio y largo plazo, se dispone de ayuda bajo el Fondo Europeo de la Pesca para actuaciones colectivas destinadas a promocionar productos de la pesca, como la langosta, que podrían contribuir a generar una mayor demanda y unos mejores precios.

 
  
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  Seán Ó Neachtain (UEN).(GA) Señora Presidenta, quiero dar las gracias al señor Comisario por su respuesta y me gustaría plantear una pregunta complementaria.

Como sabe, señor Comisario, el sector pesquero ha cambiado drásticamente con el tremendo aumento del precio del crudo en los últimos tiempos. Quiero preguntar: ¿tiene intención la Comisión de presentar propuestas para apoyar a los pescadores en las zonas costeras, como los pescadores de langosta y los pescadores antes mencionados, que se ven afectados por la reducción del precio del marisco?

 
  
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  Joe Borg, Miembro de la Comisión. − El problema relativo al enorme incremento del coste del crudo y su impacto sobre los pescadores es muy específico y muy concreto —yo diría que casi único— cuando se refiere a las pesquerías. Ello se debe a que existe una combinación de factores que afectan a los pescadores de forma muy negativa.

Por una parte, el coste del combustible como porcentaje de los ingresos totales de un pescador puede llegar a representar hasta un 50–60 % de sus percepciones totales. En concreto, esto afectaría a los operadores de altura, debido a los prolongados desplazamientos que han de realizar, así como a determinadas actividades pesqueras, como la pesca de de arrastre que consume gran cantidad de combustible.

Aparte de eso, también está el hecho de que los pescadores no pueden, debido a determinadas restricciones de mercado, repercutir el coste creciente a otros operadores implicados en la comercialización de productos de la pesca. Eso significa, en esencia, que el aumento de los costes realmente está soportado por el propio pescador.

A eso hay que añadir distintas medidas que hemos introducido a fin de recuperar la pesca sostenible, y eso significa que el pescador no puede intentar mejorar su rendimiento realizando mayores capturas, ya que si captura más, crea nuevas presiones sobre las poblaciones de peces, lo que, a la larga, resultaría contraproducente. Así pues, los pescadores se enfrentan a este enorme problema.

Hoy, de hecho, he presentado al Colegio una nota informativa acerca de lo que consideramos es la forma de proceder a fin de colaborar con los pescadores a muy corto plazo, de manera que les proporcionemos asistencia con vistas a reestructurar todo el sector y resolver las inquietudes concretas de los diferentes pescadores. En esta nota informativa hemos esbozado una serie de medidas específicas que estamos en condiciones de proponer. Los Estados miembros estarían en situación de decidir con sus propios pescadores cuáles de tales medidas resultarían más apropiadas para las realidades con que se enfrentan los pescadores concretos. Habría que estudiar si eso podría aplicarse, y hasta qué punto, a los pescadores de langosta.

Sin embargo, he recibido autorización del Colegio para avanzar en este tema. Presentaré estos detalles —los conceptos básicos de lo que vamos a proponer a muy corto plazo— al Consejo el martes de la semana que viene en Luxemburgo. Entonces me dirigiré de nuevo al Colegio con los detalles de los cambios que es necesario efectuar al reglamento del Fondo Europeo de la Pesca y otras medidas que estamos contemplando, la posibilidad, por ejemplo, relativa a de minimis. Entonces retornaré al Consejo, esperemos que todavía en julio, con las propuestas aprobadas por la Comisión, de forma que —dependiendo de la velocidad con la que tanto el Consejo como el Parlamento estén dispuestos a abordar esto— tendríamos operativas las medidas necesarias en cuestión de unos pocos meses.

 
  
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  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Señora Presidenta, señor Comisario, la cuestión de la agricultura ha jugado un papel relativamente importante en la campaña del «no» en Irlanda. ¿Han desempeñado también un papel en dicha campaña del «no» los problemas relativos a la pesca que hemos estado debatiendo aquí? En caso afirmativo, ¿propuso la Comisión alguna iniciativa publicitaria para paliar esto?

 
  
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  Joe Borg, Miembro de la Comisión. − Entiendo que las pesquerías también jugaron un papel en el voto negativo, sobre todo porque, si se analizan los resultados en los distintos condados irlandeses, los resultaron fueron especialmente negativos en las zonas costeras occidentales, donde está ubicada la mayoría de las pesquerías en Irlanda.

Somos conscientes del hecho de que las medidas comunitarias encaminadas a restablecer la pesca sostenible están afectando a los pescadores e interfiriendo en sus vidas. El coste del combustible ciertamente no ha ayudado en nada.

Hemos intentado afrontar esta situación de distintas maneras, incluso procurando resaltar la utilización del Fondo Europeo de la Pesca a fin de crear un mayor conocimiento de cuál es la situación. Personalmente he visitado Irlanda en un par de ocasiones para hablar directamente con los pescadores. Hemos formado consejos consultivos regionales. En las zonas alrededor de Irlanda, concretamente, tenemos el Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales y el Consejo Consultivo Regional del Mar del Norte, en los que los propios pescadores participan en debates que desembocarán en decisiones que tenemos que tomar en diciembre.

Al margen de todo ello, a pesar de todos los esfuerzos realizados, mi opinión es que el voto de los pescadores irlandeses en el referéndum fue mayoritariamente negativo.

 
  
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  Presidenta. − Pregunta nº 31 de Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0347/08)

Asunto: Fomento de la protección del medio ambiente a través de las empresas

¿Puede informar la Comisión sobre los avances de la incorporación de las disposiciones relativas al medio ambiente en las políticas dirigidas a las pequeñas y medianas empresas (PYME) y de la adaptación de estas últimas a las necesidades de la nueva legislación europea en materia de medio ambiente?

¿Qué posibilidades se ofrecen a las PYME para aprovechar las ocasiones que ofrece la nueva política medioambiental para la ampliación de sus actividades?

 
  
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  Stavros Dimas, Miembro de la Comisión. − (EL) Señora Presidenta, las PYME representan el 99 % de las compañías europeas. Por tanto, es evidente que, sin su participación, ninguna política medioambiental puede ser eficaz.

Las PYME se enfrentan a mayores dificultades para cumplir la legislación medioambiental y para cosechar los beneficios de un mayor desempeño medioambiental. En muchos casos, no poseen la información, la especialización, la dotación humana o los recursos financieros necesarios para resolver los problemas, los riesgos y el impacto sobre el medio ambiente. Precisamente por esta razón, la Comisión ha elaborado el programa para ayudar a las PYME a cumplir la legislación medioambiental. A la vista de los complejos problemas experimentados por las PYME, el Programa de asistencia para el cumplimiento de la normativa medioambiental (ECAP) propone un plan de acción múltiple.

Primero, mejorando y simplificando la legislación y su cumplimiento. El objetivo consiste en reducir la carga administrativa y habilitar fondos para que las PYME se puedan concentrar mejor en cumplir la legislación medioambiental.

Segundo, unos sistemas de gestión medioambiental que sean más asequibles y se adecuen mejor a las necesidades de las PYME, de forma que los asuntos de interés medioambiental puedan quedar incorporados desde le punto de vista económico en las actividades del negocio principal.

Tercero, una asistencia financiera puntual para promover iniciativas emprendidas por autoridades públicas o redes de apoyo a las empresas con vistas a la producción sostenible.

Este plan de acción incluye otras medidas. La Comisión se propone utilizarlas no sólo para asegurar el cumplimiento de la legislación sobre producción por parte de las PYME, sino también para ayudarles a sacar provecho de los beneficios financieros de una mejor actuación medioambiental, como el ahorro energético y una mayor eficiencia de recursos.

 
  
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  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE).(EL) Señora Presidenta, quiero dar las gracias al señor Comisario por su respuesta. Esta declaración programática habla bien del plan de acción, y esperamos que produzca resultados concretos. Sin embargo, tenemos una pregunta: ¿qué responsabilidad se atribuye a los organismos públicos para que proporcionen a las PYME infraestructuras respetuosas con el medio ambiente, y hasta qué punto está esto incluido en su plan?

 
  
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  Stavros Dimas, Miembro de la Comisión. − (EL) Señora Presidenta, existen muchas formas posibles de actuar, y compete a los Estados miembros llevarlas a la práctica. Un ejemplo es formar un comité local de expertos en medio ambiente para las PYME en respuesta a la falta de experiencia a nivel de empresa. Se trata de una medida que pueden promover los Estados miembros. Otra consiste en mejorar la comunicación y dirigir la información de manera más eficaz para subsanar determinadas carencias de información. Existen asimismo disposiciones especiales para PYME en los distintos tipos de legislación que estamos proponiendo. Un ejemplo es la nueva legislación que vamos a plantear sobre la reforma del sistema de comercio de derechos de emisión de CO2: en este caso contamos con disposiciones especiales sobre las PYME, tal como las definimos en esa legislación concreta, de manera que no se vean abrumadas por la inclusión en el sistema de comercio de derechos, en los casos en que tal opción exista en un Estado miembro.

 
  
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  Georgios Papastamkos (PPE-DE).(EL) Señora Presidenta, señor Comisario, usted ha afirmado muy acertadamente que las PYME constituyen la columna vertebral de la economía europea. Sin embargo, como sabemos, las PYME europeas están expuestas a la competencia global. Las PYME son sensibles a la competencia de otras PYME de diferentes partes del globo que practican dumping medioambiental. ¿Está usted de acuerdo con la idea de imponer un impuesto verde sobre las importaciones de países que se suben al carro del acuerdo internacional sobre protección medioambiental?

 
  
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  Stavros Dimas, Miembro de la Comisión. − (EL) Señora Presidenta, éste es esencialmente un asunto que no sólo atañe a las PYME, sino a todas las empresas que se enfrentan a este tipo de competencia. No sólo se trata de cuestiones puramente medioambientales, sino, como se ha debatido en profusión últimamente, de las restricciones impuestas y la carga resultante para los sectores europeos en conexión con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Últimamente se ha debatido sobradamente; se han expresado distintos pareceres, y mi compañero Comisario, señor Mandelson, ha expuesto de manera expresa la opinión de la Comisión sobre este tema.

 
  
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  Presidenta. − Pregunta nº 32 de Georgios Papastamkos (H-0349/08)

Asunto: Acuerdo ecológico mundial

¿Puede indicar la Comisión cuáles son las razones de que no exista un acuerdo mundial sobre el cambio climático para el periodo posterior a Kyoto y cómo se explica el hecho de que la gobernanza ecológica mundial sólo haya tenido éxito en parte?

 
  
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  Stavros Dimas, Miembro de la Comisión. − (EL) Señora Presidenta, esta pregunta me brinda la oportunidad de exponer exactamente el punto que hemos alcanzado en las negociaciones.

La labor del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y los informes en noviembre de 2007, así como el reconocimiento por parte de los dirigentes mundiales de la necesidad urgente de una acción colectiva para combatir el cambio climático, se ha traducido en el acuerdo alcanzado el pasado mes de diciembre en Bali. La UE ha desempeñado un papel primordial en el acuerdo sobre el inicio de las negociaciones para el marco después de 2012 para abordar el cambio climático.

Las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático han dado su conformidad a la hoja de ruta de Bali. La hoja de ruta establece el asunto objeto de las negociaciones, que se ocupará de cuatro asuntos clave: la limitación del cambio climático; la adaptación, dado que, en mayor o menor medida, se ha producido el cambio climático y será inevitable en 2050; la tecnología y la oportuna financiación, ambas para la adaptación y la reducción de las emisiones de CO2.

Las Partes también han acordado que las negociaciones deben estar finalizadas para finales de 2009, a la vista de la programada Conferencia de las Partes en Copenhague. Esto va a conceder suficiente tiempo para el proceso de ratificar el futuro acuerdo sobre el clima a finales de 2012, cuando finalice el primer período de cumplimiento del Protocolo de Kyoto.

El acuerdo alcanzado en Bali recogía en su totalidad las conclusiones del informe IPCC. También reconoce que va a ser precisa una drástica reducción a escala mundial de las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar un aumento peligroso de la temperatura global. Este aumento, según el informe, no debe exceder los 2 °C en 2050.

Ya se han iniciado los trabajos; se han programado cuatro sesiones de trabajo para este año, y dos de ellas ya se han celebrado, como preparación de la Conferencia de las Partes en Poznan. La Conferencia de las Partes de este año será especialmente importante para evaluar la situación. Sobre la base de esta evaluación, las negociaciones propiamente dichas podrán comenzar el año que viene.

El proceso de negociación va a ser especialmente difícil si tenemos presente no sólo la complejidad de los asuntos a debatir, sino también el apretado programa debido a la urgencia del asunto. Hasta el pasado viernes, expertos de todas las Partes han participado en debates en Bonn sobre todos los asuntos en la agenda. Aunque limitado, el progreso realizado va a contribuir al resultado satisfactorio de la Conferencia de las Partes en Copenhague.

Usted sabe asimismo que se están celebrando conversaciones dentro del marco del G8 y la iniciativa de las Principales Economías (el Proceso de las Principales Economías) iniciado por los Estados Unidos. La UE está participando de forma activa, a fin de ejercer una influencia positiva sobre las negociaciones relativas al Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Al mismo tiempo, está enviando una señal clara en el sentido de que los países desarrollados van a continuar dando ejemplo. Se están comprometiendo a reducir aún más las emisiones, en línea con sus responsabilidades históricas, y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas.

La consecución de un acuerdo amplio y ambicioso para después de 2012 sobre el cambio climático constituye indudablemente uno de los mayores retos para la gobernanza medioambiental global. Sin embargo, no partimos de cero. Quiero mencionar que hace unos días, el Ministro francés de Ecología y Desarrollo Sostenible describía la Conferencia de Copenhague como la mayor oportunidad para un acuerdo sobre el futuro del planeta.

Tenemos que hacer uso de los mecanismos con que ya contamos, a saber, la Convención Marco de las Naciones Unidas y el correspondiente Protocolo de Kyoto. En virtud de este último se han desarrollado medios actualizados de ejecución, como el Mecanismo de Desarrollo Limpio constituido por dos mecanismos flexibles, y también se ha ampliado la experiencia científica del IPCC.

Repito, las negociaciones van a ser difíciles, pero con la necesaria voluntad política y un sentido compartido de urgencia, debemos ser capaces de alcanzar un acuerdo en Copenhague. El sentido común exige un acuerdo en Copenhague. La labor que está realizando la UE, el apoyo que recibimos de la opinión pública en Europa, la creciente sensibilización a escala mundial, el respaldo del Parlamento Europeo y la perspectiva de un acuerdo para finales de año sobre el paquete de medidas que hemos propuesto a fin de fortalecer el poder de negociación de la UE, todo esto nos va a permitir alcanzar un acuerdo en Copenhague a fin de abordar con eficacia el cambio climático.

 
  
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  Georgios Papastamkos (PPE-DE).(EL) Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Comisario, señor Dimas, por su respuesta exhaustiva y detallada.

¿Van a colaborar los Estados Unidos y China? El cambio climático refleja una situación según la cual «las causas subyacentes se encuentran en un lugar y los efectos, en otro muy distinto». Por tanto, se plantea la cuestión de qué posición va a adoptar la UE en el caso malhadado de que dejen de cooperar los países con una gran deuda medioambiental conforme al acuerdo regulador internacional para el período posterior a Kyoto. El coste primordial es evidente. El coste derivado —y me estoy refiriendo a las valoraciones efectuadas por el señor Verheugen— sería la tendencia de las empresas europeas a trasladarse a países con un laxo marco de protección medioambiental. ¿Está usted de acuerdo con esta valoración?

 
  
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  Stavros Dimas, Miembro de la Comisión. − (EL) Señora Presidenta, para empezar, no sólo el señor Verheugen, yo también estoy muy preocupado para que no exista ninguna fuga de carbono. Y por la sencilla razón de que si las empresas se trasladan de la UE a países sin restricciones sobre las emisiones de CO2, no se alcanzará el resultado medioambiental que persigo.

El problema de las empresas que emplean gran cantidad de energía es, sobre todo, de carácter medioambiental, y por tanto no deberíamos crear el tipo de problema competitivo que les obligue a la deslocalización. Esa es la razón por la que deberíamos dirigir todos nuestros esfuerzos hacia la consecución de un acuerdo internacional, ya que ahí es donde reside la solución. Un elemento clave en un acuerdo internacional sería la cuestión de qué las ocurre a las empresas que emplean gran cantidad de energía.

Si no se logra tal acuerdo —y no puedo creer que la comunidad internacional se deje arrastrar hacia una decisión tan irracional— tenemos en la legislación propuesta todas las disposiciones necesarias para reformar el régimen de comercio de derechos de emisión de CO2, de forma que las industrias expuestas a la competencia internacional recuperen su capacidad competitiva. En consecuencia, sin recurrir a medidas contrarias a los principios de la OMC o el principio de las Naciones Unidas para el cambio climático de una actuación común pero diferenciada, seremos capaces de ofrecer las garantizas necesarias de que no habrá fuga de carbono y que no ocurrirá este tipo de migración de empresas.

Sin embargo, repito, nuestro plan de acción tiene que promover un acuerdo. Creo que podemos unirnos a los Estados Unidos, sobre todo con la previsible nueva Administración, que tomará posesión de su cargo el año que viene, dado que ambos candidatos se han comprometido totalmente a implantar un régimen de intercambio de emisiones de CO2, reduciéndolas en el 80 % para 2050 y emprendiendo una acción decidida contra el efecto invernadero en colaboración con la UE. Juntos, considero que podemos convencer a quienes puedan tener diferentes opiniones sobre este asunto, así como con la colaboración de países como China. Como usted ha dicho, China comprende totalmente los problemas creados para su población por el efecto invernadero y ha aceptado realizar un esfuerzo, que no será equiparable al de los países desarrollados, pero que se traducirá en una reducción del ritmo de crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Todos juntos podremos alcanzar un acuerdo en Copenhague a finales de 2009.

Yo creo en este acuerdo, y creo que todos nosotros juntos (y el Parlamento ha desempañado una papel inmenso en esto), con su apoyo continuado, lograremos tal acuerdo.

 
  
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  Presidenta. − La pregunta nº 34 ha sido retirada y las preguntas nº 33 y 35 a 44 recibirán respuesta por escrito.

 
  
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  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL).(EL) Señora Presidenta, hasta donde yo sé, a cada Comisario se le conceden 20 minutos. He cronometrado sus contribuciones, y el señor Dimas, junto con sus compañeros, no ha utilizado ni la mitad de ese tiempo. Por tanto, solicito que la pregunta nº 33 sea respondida de acuerdo con el procedimiento que hemos consensuado. Supongo que el señor Comisario no tendrá ninguna objeción.

 
  
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  Presidenta. − Lo cronometramos aquí y él ha empezado a las 18.32 horas. Así las cosas, me temo que hemos consumido nuestros 20 minutos, y creo que es equitativo con los compañeros que han formulado preguntas al Comisario Barrot. Lo siento, pero esa es la situación en que nos encontramos. Se trata siempre de encontrar un equilibrio y eso es lo que tenemos que hacer hoy.

 
  
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  Presidenta. − Pregunta nº 45 de Armando França (H-0344/08)

Asunto: Frontex

La gestión de las fronteras exteriores de la UE y la cooperación operativa entre los Estados miembros, competencia de la Agencia Frontex, resultan fundamentales para la seguridad de la Unión y se inscriben incluso en una lógica de prevención.

La Agencia debe ser eficaz en su acción y presentar resultados concretos.

¿Qué proyectos piloto y acciones de formación se prevén para 2008?

Por lo que se refiere a RABIT, ¿ha solicitado hasta el momento algún Estado miembro la ayuda de un equipo de intervención rápida? ¿Disponen los equipos RABIT de equipamiento propio para el control y la vigilancia de las fronteras?

 
  
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  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión.(FR) Señora Presidenta, quiero responder al señor França. El programa de trabajo de 2008 de la Agencia Frontex incluye proyectos piloto y acciones de formación en los ámbitos de la cooperación operativa y la investigación. Dado que esta cuestión del control de las fronteras exteriores atañe a los poderes de Frontex, la Comisión ha recibido una respuesta pormenorizada de la Agencia, que se adjunta.

En términos de formación, Frontex tiene tres objetivos en 2008. Primero, ejecutar el programa educativo común a través de la Unión Europea; segundo, ofrecer acciones específicas de formación de acuerdo con los requisitos operativos; y por último, establecer una red europea para la formación de agentes fronterizos.

Para 2008, Frontex tiene previsto realizar 13 proyectos piloto en las fronteras exteriores: cuatro proyectos piloto para fronteras terrestres, tres para fronteras marítimas, tres para fronteras aéreas y tres dentro del contexto de las operaciones de repatriación. Estos proyectos nos van a permitir comprobar los métodos de trabajo utilizados durante operaciones conjuntas y verificar las relaciones con terceros países para las operaciones de repatriación y la adquisición de documentos de viaje.

En cuanto al tema de RABIT (equipos de intervención rápida en las fronteras), ningún Estado miembro ha solicitado hasta ahora el despliegue de un equipo de intervención rápida en las fronteras, señor França.

En la comunicación de 13 de febrero, la Comisión ha subrayado que el despliegue de un equipo de intervención rápida en las fronteras puede ir acompañado de asistencia técnica de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento Frontex. En consecuencia, la Comisión ha recomendado que la Agencia haga más operativa esta disposición mediante la compra o el alquiler de su propio equipo y que pueda hacer uso del equipo recogido en el inventario central de equipamiento técnico.

Para finalizar, quiero decir que, con Frontex, contamos ahora con una herramienta que parece funcionar. Miraremos a ver qué mejoras se pueden introducir en Frontex y en sus operaciones a medida que surja la necesidad.

 
  
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  Armando França (PSE).(PT) Quiero dar las gracias al Comisario Barrot, no sólo por su respuesta, sino también por la información pormenorizada.

Hay dos aspectos que me gustaría que el señor Comisario me aclarase. La cooperación con terceros países es, evidentemente, muy importante, y es primordial también para nosotros, y sé que en el programa de la Comisión figura el desarrollo de proyectos piloto con terceros países. Con respecto a África del Norte, nos gustaría saber si hay algún país incluido en los proyectos piloto de este tipo a los que ha aludido el señor Comisario. Además, agradecería que el señor Comisario nos informara acerca del estado de desarrollo del sistema europeo de vigilancia de fronteras (EUROSUR), que se ha anunciado como un complemento importante y necesario para Frontex.

 
  
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  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión.(FR) Señor França, para que Frontex preste asistencia técnica en un tercer país, es necesario adaptar convenientemente su reglamentación. De momento no existe fundamento jurídico. No obstante, creo que existe justificación para ello, ya que recibiremos peticiones de los terceros países con los que trabajamos. Usted ha mencionado ciertos países mediterráneos; creo que a Frontex se le solicitará que preste cuanto ayuda técnica sea posible, pero todavía no hemos alcanzado ese punto.

En cuanto al resto, en términos de vigilancia de fronteras, contamos, como sabe, con el Sistema de Información de Schengen (SIS), que ya se encuentra en desarrollo. Esperamos que esté operativo en el otoño de 2009. Asimismo vamos a continuar estudiando todo lo que se puede hacer para mejorar la vigilancia de fronteras.

 
  
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  Wiesław Stefan Kuc (UEN).(PL) Dado que Frontex se encuentra en Polonia, y yo soy polaco, mi actitud respecto a Frontex es más bien personal. Actualmente circulan multitud de opiniones nada fidedignas sobre Frontex, afirmando que a veces funciona y a veces, no. Quiero añadir además que se trata de la Agencia con el presupuesto más grande. ¿Podría especificar, en pocas palabras, si Frontex está funcionando y cubriendo las expectativas, o si todavía le queda mucho camino por recorrer para mejorar su forma de funcionamiento?

 
  
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  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión.(FR) Creo que puedo decir que las acciones iniciales de Frontex parecen satisfactorias, aunque hay que admitir que la Agencia depende de los Estados miembros en lo referente al equipamiento técnico necesario para las operaciones que coordina.

Es cierto que esto implica a menudo equipos muy costosos que la Agencia no está en condiciones de adquirir, dado su presupuesto limitado. La compra de un helicóptero equivaldría al presupuesto operativo anual de Frontex, esto es, entre 40 y 50 millones de euros. En consecuencia, Frontex ha suscrito acuerdos técnicos con la mayoría de los Estados miembros sobre el uso del equipamiento que se le facilita.

En su informe de valoración, la Comisión recomendaba que Frontex pudiera comprar o alquilar su propio equipo, al menos en el caso de elementos pequeños de equipamiento.

Eso es todo lo que podemos decir de momento. Gracias por recordar a todo el mundo que Frontex está ubicado en Varsovia y que cuenta con gente muy motivada allí. Quiero agradecerle que haya establecido un vínculo con Frontex. Creo que a la vista de lo que Frontex hace en la actualidad, vamos a poder constatar, a medida que se realicen las valoraciones, qué mejoras funcionales pueden hacerse en Frontex.

 
  
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  Presidenta. − La pregunta nº 46 decae al estar ausente su autor.

 
  
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  Presidenta. − Pregunta nº 47 de Gay Mitchell (H-0369/08)

Asunto: Medidas para combatir el terrorismo y el derecho fundamental a la intimidad

Existe preocupación por el hecho de que ciertas políticas comunitarias para combatir el terrorismo, en particular las relacionadas con la retención de datos, no respetan el derecho fundamental a la intimidad de los ciudadanos de la Unión Europea. ¿Podría comentar la Comisión cómo prevé conseguir un equilibrio adecuado entre el respeto a las libertades fundamentales y las medidas para combatir el terrorismo?

 
  
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  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión.(FR) Señora Presidenta, es evidente que cualquier medida adoptada por la Unión Europea y sus Estados miembros para combatir el terrorismo tiene que respetar los derechos fundamentales. Los instrumentos o las políticas contraterroristas que no respetan los derechos fundamentales a menudo juegan a favor de los propios terroristas.

La Directiva sobre retención de datos exige a los Estados miembros obligar a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas o de redes de comunicaciones públicas que retengan datos referentes al intercambio de comunicaciones durante un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años. Esta Directiva ofrece importantes salvaguardas contra el mal uso de los datos. La Directiva afirma que la retención del contenido de las comunicaciones cae fuera del ámbito de aplicación de la Directiva. La Directiva proclama además que el acceso a los datos retenidos tiene que estar definido por leyes internas de cada Estado miembro, que estas disposiciones tienen que ajustarse al Convenio Europeo de Derechos Humanos y que tienen, desde luego, que respetar los principios de la proporcionalidad y la necesidad.

Esto significa que los datos retenidos en virtud de la Directiva no pueden ser utilizados por las autoridades en un Estado miembro para interferir en la vida particular de una persona, excepto cuando esté justificado al objeto de descubrir y enjuiciar graves delitos penales. La Directiva afirma que a los datos retenidos sólo pueden tener acceso las autoridades nacionales competentes. Evidentemente, esto significa que los datos retenidos no pueden ser utilizados por empresas o personas particulares. El hecho de que el acceso a los datos retenidos esté restringido significa además que no pueden ser utilizados para vigilancia pública.

Además, la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y la Directiva 2002/58/CE relativa la tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas también son aplicables a los datos retenidos en virtud de la Directiva.

Para finalizar, la Directiva sobre retención de datos resulta esencial para hacer más eficaz la labor de la policía y para controlar, descubrir e investigar a los terroristas, al tiempo que se garantiza el respeto a la vida privada de las personas y la protección de los datos personales. La Comisión va a garantizar que los estados miembros pongan en práctica y ejecuten la Directiva respetando los derechos fundamentales.

 
  
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  Gay Mitchell (PPE-DE). - Agradezco al señor Comisario su respuesta. El señor Comisario sabe que el Secretario de Estado del gobierno en la sombra en Gran Bretaña, el antiguo Ministro de Asuntos Europeos, David Davis, ha dimitido de su cargo en el Parlamento la semana pasada por una cuestión relacionada con la intrusión del Estado en la intimidad de los individuos. Cualesquiera que hayan sido los motivos de su dimisión, comparto la preocupación expresada por él. El Estado jamás presentaría ante un Parlamento, o el Parlamento Europeo, de golpe algunas de las cosas excepcionales que el Estado, o el Parlamento Europeo, desea hacer, así que se plantea de forma incremental. Yo quiero que se llame a capítulo a todos los terroristas.

Yo me he criado en un país donde, durante 30 años, los terroristas han causados estragos al mismo, pero también teníamos el Estado de Derecho que protegía la intimidad de los ciudadanos. Quiero saber de usted, señor Comisario, qué pasos va a dar por iniciativa propia para garantizar que estén protegidos los derechos de las personas físicas para dedicarse a sus asuntos, así como su intimidad.

 
  
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  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión.(FR) Señora Presidenta, debo decir que 15 Estados miembros han informado a la Comisión acerca de sus instrumentos para transponer la Directiva sobre retención de datos, y la Comisión ha planteado demandas por infracción contra todos los Estados miembros que no le hubieran informado de tales medidas antes de final de noviembre de 2007.

Respondiendo a su pregunta, la Comisión ha creado un grupo de expertos para ayudar a la Comisión en el análisis de la efectividad de la Directiva y en la búsqueda del equilibrio que usted ha solicitado. La Comisión elaborará un informe en septiembre de 2010 para revisar la contribución efectuada por la Directiva a la investigación, detección y enjuiciamiento de graves delitos penales. A este fin, la Comisión examinará evidentemente cuantas observaciones le hayan sido remitidas por los Estados miembros o por el Grupo de trabajo creado en virtud de la Directiva.

Realmente tenemos que asegurarnos de que esto está de acuerdo con las Directivas sobre retención de datos y la Directiva sobre protección de datos. Pienso que, aun cuando se produzca la esporádica infracción de la protección de datos, inmediatamente vamos a poder extraer conclusiones de ello.

Creo que ciertamente hemos procurado cumplir los requisitos de la lucha contra el terrorismo y conciliar esto con la protección de los derechos fundamentales. En cualquier caso, eso es en lo que tengo que centrarme ahora y, señor Mitchell, me voy a preocupar de hacerlo.

 
  
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  Armando França (PSE).(PT) Como sabemos, éste es un ámbito de posible conflicto entre derechos fundamentales, respeto a los derechos fundamentales y seguridad. Pero también me parece que es un ámbito en el que resulta muy necesaria la cooperación.

Quiero preguntar al señor Comisario qué nivel de cooperación existe en la ejecución de la Directiva entre las autoridades nacionales de protección de datos por lo que respecta a la retención de datos. Existen autoridades nacionales especializadas en cada Estado miembro y me parece que es función de la Comisión poner en marcha y fomentar esta cooperación entre los respectivos organismos.

¿Qué nos puede decir al respecto, señor Comisario?

 
  
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  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión.(FR) Señora Presidenta, usted tiene razón: hemos de garantizar el respeto a la protección de los datos. En cualquier caso, además de nosotros, el Supervisor Europeo de Protección de Datos tiene la obligación de controlar todo esto. Tiene razón, necesitamos cooperación: está el Grupo de Trabajo del artículo 29, que reúne a las autoridades en los diferentes Estados miembros y que está trabajando de manera específica para aumentar el respeto por la protección de datos, sobre el que el señor Mitchell ha llamado mi atención.

Creo que esta colaboración está progresando. Llamamos a este grupo de trabajo el «Grupo de Trabajo del Artículo 29», ya que el artículo 29 de la Directiva proclama que las autoridades independientes de protección de datos de cada Estado miembro se tienen que reunir. Pienso que se trata de una herramienta válida y que debe utilizarse. Esto es todo lo que puedo decirle.

 
  
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  Presidenta. − Pregunta nº 48 de Claude Moraes (H-0380/08)

Asunto: La orden de detención europea

En la actualidad, la orden de detención europea (ODE) está siendo muy utilizada para conseguir la detención y la rendición de criminales sospechosos dentro de la Unión Europea. Además, la ODE juega un papel muy importante en la lucha contra el terrorismo y a la hora de llevar ante los tribunales a los acusados de crímenes graves. Sin embargo, al menos en las etapas iniciales, la ODE se ha visto a veces rodeada de cierta inseguridad jurídica. Un informe anterior de la House of Lords británica avisaba de que hasta que se resolviera esa inseguridad jurídica, la ODE podría no ser completamente efectiva entre los Estados miembros.

¿Podría la Comisión valorar si se han solucionado bien los problemas iniciales y con qué grado de eficacia funciona actualmente la ODE? ¿Qué cuestiones, si las hay, considera la Comisión problemáticas y cómo tiene la intención de abordarlas?

 
  
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  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión.(FR) Quiero dar las gracias al señor Moraes por plantear este importante asunto. La orden de detención europea ha producido efectivamente resultados notables. El principal cambio radica en el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales, y el requisito de la doble tipificación no sigue vigente para 32 delitos graves. Por tanto, los trámites duran mucho menos tiempo.

En comparación con el dilatado procedimiento de extradición, que generalmente lleva más de un año, con la orden de detención europea, un procedimiento de rendición sólo lleva 43 días por término medio. Todos esto lo manejan de hecho los tribunales.

El nuevo procedimiento es utilizado profusamente por los Estados miembros. En 2006, se emitieron 6 752 órdenes de detención europeas. En total fueron detenidas 2 042 personas con la ODE y se consiguió la rendición efectiva de 1 892 personas. Más de una quinta parte de las personas que se entregaron de acuerdo con el procedimiento de la ODE eran nacionales del Estado miembro ejecutor.

Si se piensa que en 2006 tuvimos prácticamente el mismo número de órdenes de detención que las existentes a lo largo de un período de 10 años, está claro que la orden de detención europea ha sido un éxito. Los iniciales problemas constitucionales de determinados Estados miembros han quedado superados.

No obstante, señor Moraes, tenemos que reconocer que, en términos de la rendición de nacionales, en ocasiones vemos que se utilizan los antiguos procedimientos de extradición, lo cual es un signo de la falta residual de confianza en algunos Estados miembros y en determinados sistema de justicia penal. Sin embargo, pensamos que esto desaparecerá y que el sistema será capaz de funcionar de manera óptima.

Sobre la base de un análisis de la transposición de la decisión marco a la legislación de los Estados miembros, la Comisión informó en 2005 y 2007 sobre el funcionamiento de la orden de detención europea. Esto puso de manifiesto que se habían realizado ciertos ajustes en los Estados miembros.

Actualmente se están efectuando una serie de revisiones entre iguales, en los que la Comisión interviene en calidad de observador. Estas revisiones concluirán a principios de 2009. Será en ese punto, sobre la base de los resultados de las revisiones, cuando la Comisión presente una nuevo informe que identifique las distintas prácticas, deficiencias y asuntos examinados a escala de la Unión Europea a fin de mejorar aún más el funcionamiento de la orden de detención europea, aunque me parece que ésta continua siendo una de las grandes historias de éxito en lo referente al principio del reconocimiento mutuo.

 
  
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  Claude Moraes (PSE). - El Comisario tiene razón al afirmar que la ODE es el tipo de medida que los ciudadanos de la Unión Europea esperan ver en la cartera de justicia y asuntos internos. Es oportuno dejar atrás unos larguísimos trámites de extradición.

No obstante, permítame solicitarle que se tome un interés y una implicación personal en este problema de la forma en que ha quedado transpuesta la decisión marco por algunos Estados miembros. (La Comisión se ha mostrado crítica al respecto.) Permítame pedirle que se implique personalmente en el hecho de que algunos Estados miembros siguen aferrados a los procedimientos antiguos y, en consecuencia, la ODE no es todo lo eficaz que debiera.

Se han producido algunos éxitos muy importantes, pero por desgracia han quedado deslucidos por esta falta de buena transposición y buena ejecución de lo que podría ser una Directiva muy importante para el futuro en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior.

 
  
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  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión.(FR) Señor Moraes, ante todo quiero recordarle que, sobre la base de los actuales Tratados, la Comisión no tiene el poder de iniciar procedimientos de infracción contra un Estado miembro si se descubre una ejecución incorrecta de la decisión marco durante el trámite de control y revisión. A pesar de esto, puedo decirle que voy a prestar mucha atención a esta ejecución de la orden de detención europea. El Foro de Justicia, que vamos a convertir en una celebración periódica, constituirá una oportunidad para nosotros de alentar a que trabajen juntos los magistrados de todos los Estados miembros. También aprovecharemos la oportunidad para promover el uso correcto de la orden de detención europea. Quiero darle las gracias por plantear esta pregunta y puedo decirle que haremos cuanto podamos. Me gustaría añadir que el fortalecimiento de Eurojust también nos ha de permitir hacer mejor uso de la orden de detención europea.

 
  
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  Armando França (PSE).(PT) Señora Presidenta, señor Comisario, he pasado 17 años en los tribunales como abogado y, por tanto, estoy muy familiarizado con la situación de la justicia en Europea, que, en términos generales, se caracteriza por su lentitud, por su extrema lentitud. Eso es algo que todos tenemos que superar.

La orden de detención europea es muy importante; de hecho, sumamente importante. Además, es crucial que los Estados miembros comprendan cómo es de importante y lo asuman.

Sabemos que la Comisión no tiene poderes para imponer sanciones, pero puede galvanizar y estimular asuntos y apoyo plenamente las palabras de mi compañero, pero hay un aspecto adicional de gran importancia, señor Comisario, que probablemente esté en sus manos, la de fomentar la cooperación entre los cuerpos policiales y judiciales. Es vital que la cooperación policial y judicial sea fomentada en los Estados miembros, así como entre la Comisión y las instituciones europeas.

 
  
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  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión.(FR) Tiene usted toda la razón; la orden de detención europea tiene que ser un éxito, ya que significa asumir verdaderamente un sistema de reconocimiento mutuo. Esto significa que en este punto, las distintas autoridades judiciales están realmente comenzando a trabajar juntos en un clima de confianza. Esa es la razón por la que el uso adecuado de la orden de detención europea —que ha agilizado y simplificado los trámites en gran medida— tiene que ejemplificar esta nueva justicia, que usted desea que sea mucho más rápida y, desde luego, mucho más sencilla de utilizar.

Eso es todo lo que puedo decirle. Vigilaremos de cerca el uso de la orden de detención europea que, a mi juicio, constituye una de las mejores herramientas que tenemos en la actualidad para la cooperación judicial en asuntos penales, que está claro necesita ser mejorada aún más.

 
  
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  Presidenta. − Las preguntas que, por falta de tiempo, no han recibido respuesta oral, la recibirán por escrito (Véase el Anexo).

 
  
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  Presidenta. − Así concluye el turno de preguntas.

(La sesión se suspende a las 19.20 y se reanuda a las 21.00 horas.)

 
  
  

PRESIDE: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vicepresidente

 
  

(1)DO L 90 de 8.4.2003, p. 48.
(2)DO L 175 de 3.7.1997, p. 27.

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