Acta literal de los debates

Martes 17 de junio de 2008 - Estrasburgo

1. Apertura de la sesión

PRESIDE: Mario MAURO
Vicepresidente

(Se abre la sesión a las 9.05 horas.)

2. Decisión sobre la urgencia

  Presidente. – En primer lugar procederemos a la votación de la solicitud de procedimiento urgente sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República Islámica de Mauritania para el período comprendido entre el 1 agosto 2008 y el 31 de julio de 2012 (COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)).

Cedo la palabra al señor Morillon que emitirá la opinión de la Comisión de Pesca.

  Philippe Morillon (ALDE). – (FR) Señor Presidente, esta solicitud —algunos de los aquí presentes lo recordarán, señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo— se debe a que a finales del pasado año tuvimos que renegociar con la República de Mauritania las condiciones prácticas para la ejecución de este acuerdo de asociación.

Esta renegociación exigió la colaboración estrecha entre el Comisario para Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Louis Michel, y el Comisario Borg, cosa que aplaudo. Como resultado se constituyó una comisión mixta que, de acuerdo con la República Islámica de Mauritania, elaboró un acuerdo que ahora satisface a las dos partes, la Unión Europea y la República de Mauritania.

Dicho esto, ahora se trata de pagar las cantidades adeudadas a la República de Mauritania desde el 1 de agosto. Así pues, con el acuerdo de todos los grupos políticos, preguntamos a la Comisión si sería posible que la votación sobre este informe se celebrara, no durante este período parcial de sesiones, sino durante el período parcial de julio. La razón para ello no es otra que permitir a la ponente designada, la señora Fraga Estévez, explicarnos los términos exactos de este informe en la tarde del miércoles 25 de junio, de manera que podamos proceder a la votación durante la mañana del jueves 26 de junio. Por lo tanto, desearíamos que este punto se incluyera en el orden del día de la próxima sesión plenaria de julio. Creo que esto será aceptable para las tres partes y, por supuesto, para la República de Mauritania.

(Se decide rechazar la petición de procedimiento de urgencia.)⁽¹⁾

(1) Para más detalles: véase el Acta.

3. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (anuncio de las propuestas de Resolución presentadas): véase el Acta

4. Procedimientos y normas comunes para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio (debate)

  Presidente. – El siguiente punto es el informe (A6-0339/2007) del señor Weber, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio (COM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)).

  Dragutin Mate, Presidente en ejercicio del Consejo. – (SL) Estoy encantado de estar aquí hoy hablando de la Directiva de retorno, que es prácticamente el primer documento que hemos logrado elaborar en colaboración el Parlamento y el Consejo en el ámbito de la inmigración. Esto es algo que nunca habíamos hecho y, debo decirlo, llegar al punto en que nos encontramos hoy ha exigido esfuerzos ingentes, tanto por parte del Consejo como del Parlamento como, especialmente, por parte del señor Weber.

Nos ha llevado mucho tiempo coordinar las posiciones en el Consejo. De hecho, nos ha llevado más de dos años coordinar ciertos principios básicos sobre los que poder empezar el diálogo político a tres bandas. Este diálogo comenzó casi a finales del pasado año y continúa en el presente, y el enfoque que elegimos y que también ha apoyado el ponente, el señor Weber, al que debo dar las gracias, consistía en que en primer lugar debíamos contar con el apoyo de la mayoría de los Estados miembros e intentar armonizar los textos, para luego tratar de obtener en el Consejo una mayoría cualificada que apoyara el texto armonizado.

Determinados puntos fueron extremadamente difíciles, más exactamente, difíciles de afianzar, y una de las cuestiones de importancia extrema —tanto para el Parlamento como, desde luego, para el Consejo— es el período durante el que podemos internar a las personas que llegan de manera ilegal al territorio de la Unión Europea o limitar sus movimientos. Esto debe quedar bien claro: sólo diez países tienen períodos de menos de seis meses. Sólo diez de los veintisiete Estados miembros tienen establecido un período semejante, y todos los demás deberán adaptar su legislación al plazo de seis meses que proponemos en esta Directiva, lo que implica un progreso sustancial en nuestras opciones disponibles y, por supuesto, a la hora de restringir el movimiento.

También hay que decir que esto ha significado un progreso excepcional y un proceso de normalización que todos los países estarán obligados a aplicar. Hasta la fecha, cada país ha actuado de conformidad con su propia legislación y, desde luego, tengo todas mis esperanzas puestas en que lleguemos a un consenso aquí hoy en el Parlamento, acabemos la primera lectura y procedamos a la consiguiente votación.

En términos prácticos, lo más duro de todas nuestras conversaciones ha sido el asunto de la prestación de asistencia jurídica a las personas. El Consejo ha tenido en cuenta y ha aceptado los argumentos y puntos de vista del Parlamento, aunque con gran dificultad, negociando hasta el último minuto. De hecho, las negociaciones finales sobre esta cuestión se concluyeron prácticamente la mañana anterior al Consejo de Ministros, donde también pudimos convencer a sus miembros de que adoptasen el tipo de normas que el Parlamento desea, aunque ello implique un aumento sustancial del trabajo y de los fondos que cada uno de los Estados miembros deberá aportar. La cuestión es que debemos ser conscientes de que la situación de la inmigración ilegal varía enormemente, desde el Mediterráneo, donde ocurren problemas graves a diario, sobre todo en verano, hasta los países alejados de los flujos migratorios y que, por supuesto, pueden dar una respuesta totalmente distinta a la inmigración.

Debo decir que sin lugar a dudas me complace que encontremos compromisos que contribuyan a mejorar la situación de los inmigrantes, que nos centremos en los grupos más vulnerables de inmigrantes —las familias y los niños— y que les proporcionemos unos derechos significativamente mayores de los que les proporcionan numerosas legislaciones nacionales en vigor, algo que me parece un avance muy importante y un gran logro de los negociadores del Parlamento en los debates sobre este particular.

No obstante, también debo añadir algo. Tengo que añadir que el compromiso alcanzado en el Consejo se logró con gran dificultad. Las negociaciones, en las que participé personalmente hasta el último día junto con otros ministros, fueron extremadamente difíciles y arduas, pero ahora el Consejo considera de manera firme e inequívoca que el texto es aceptable. Cualquier tipo de revisión o enmienda de este texto implicará la disconformidad del Consejo y, desde luego, que no se adopte la Directiva en primera lectura.

¿Y cuáles serían las consecuencias? Pues que no tendremos unas normas comunes, que no mejoraremos una situación que todos deseamos mejorar, y que el proceso de adopción de la Directiva se prolongará considerablemente. Siendo muy optimista, puedo intuir que nos llevará al menos los próximos tres años coordinar una Directiva de retorno y, así, no cabe duda de que contribuiremos a exacerbar la situación que viven aquellos para los que podríamos mejorar las cosas.

Pero ésta no es la única consecuencia de que esta Directiva no se adopte. Su no adopción afectará a otras Directivas que adoptemos mediante el procedimiento de codecisión, ya que el método de negociación empleado en este procedimiento podría constituir un buen ejemplo y contribuir considerablemente a mejorar el trabajo en las directivas sobre la tarjeta verde y sobre determinados derechos de los trabajadores que vienen a la Unión Europea. Creo que el camino que hemos trazado es el correcto y que nos permitirá seguir trabajando.

En conclusión, y en vista de esta constructiva y fructífera cooperación, quisiera dar las gracias al ponente, el señor Weber, y también a todos los ponentes alternativos, que estuvieron presentes durante todas las negociaciones políticas y, desde luego, al Vicepresidente y a su equipo de la Comisión, que nos ayudaron en tantas ocasiones a alcanzar compromisos.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. – (FR) Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a Dragutin Mate, nuestro Presidente en ejercicio del Consejo. En primer lugar, me gustaría decir que este expediente constituye una prueba genuina de que el procedimiento de codecisión funciona, incluso en el caso de expedientes complejos y difíciles.

La Comisión Europea aboga por un enfoque integrado con respecto a la inmigración, y este enfoque coherente requiere la consolidación de las vías de inmigración legal, la integración local de los inmigrantes y un sistema de asilo eficaz y generoso. Obviamente, si aceptamos regular las condiciones de entrada de los nacionales de terceros países en la Unión Europea, también necesitamos establecer normas que se apliquen a quienes no reúnen o ya no reúnen las condiciones.

De lo contrario, nuestra política de inmigración perdería su legitimidad. Debemos admitir que en este sentido existe el riesgo de caer en un círculo vicioso. Si no actuamos frente a la inmigración ilegal, complicamos las vidas de los que corren el riesgo de ser explotados por empleadores sin escrúpulos, además de dificultar la integración de los inmigrantes legales. Por consiguiente, creo que debemos romper este círculo vicioso mediante el equilibrio al que se refirió el señor Mate.

La Directiva incorpora a la legislación comunitaria las disposiciones aplicables del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Su adopción nos permitirá aplicar los mecanismos de control comunitarios destinados a vigilar el cumplimiento del acervo. Ya se trate de la cuestión de dar prioridad al retorno voluntario, de los derechos de las personas cuya estancia es ilegal y pueden ser expulsadas, de las condiciones de internamiento, de la protección de los intereses superiores de los niños, del respeto por la vida familiar en el marco del retorno o del respeto del principio de no devolución, la Directiva reduce el número de áreas grises y permite combatir con mayor eficacia la explotación infantil de que son objeto los nacionales de terceros países en situación irregular.

La Directiva obliga a los Estados miembros a decidir si desean repatriar o conceder el permiso de residencia a los nacionales de terceros países. Este enfoque implica una mayor seguridad jurídica para todas las partes interesadas. Por otra parte, la Directiva también presenta la ventaja de que permite a la Comisión vigilar su aplicación, y puedo asegurarles que tanto la Comisión como yo mismo, en tanto que responsable de este expediente, garantizaremos el cumplimiento de los principios fundamentales relativos al respeto de los derechos de los inmigrantes. En particular, evaluaremos la repercusión de determinadas disposiciones relativas el internamiento, la prohibición de reingreso y el asesoramiento jurídico.

Como el señor Mate ha dicho, la Directiva obligará a todos los Estados miembros a prestar una atención especial a los derechos de los niños. La aplicación de estas normas debe hacerse en el respeto de la Convención Europea de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. La Comisión vigilará esta cuestión de manera particular para lograr que la situación específica de estas personas más vulnerables se tenga debidamente en cuenta.

Señor Presidente, Señorías, permítanme dirigirle un agradecimiento especial al señor Weber, así como a los ponentes alternativos y a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior por el trabajo sumamente importante realizado para elaborar una Directiva que, en mi opinión, permitirá un control eficaz sin por ello dejar desatendidos los derechos humanos.

Es deseo de la Comisión establecer este marco europeo coherente para una política de retorno que sea eficaz y que, a su vez, respete los derechos y se encuentre bajo control democrático.

Si me lo permiten, a modo de conclusión me gustaría remitirme a las tres declaraciones que forman parte del compromiso acordado con los colegisladores y que figuran en el anexo a la enmienda de transacción presentada por el ponente, el señor Weber.

  Manfred Weber, ponente. – (DE) Señor Presidente, Presidente en ejercicio del Consejo, señor Vicepresidente, ya llevamos dos años y medio debatiendo esta Directiva de retorno de los nacionales de terceros países. Antes de entrar en cuestiones prácticas, desearía expresar mi agradecimiento. Se trata de un asunto complejo y muy delicado sobre el que numerosas personas en Europa tienen una postura muy firme y, por otra parte, se ha empleado un nuevo procedimiento, el procedimiento de codecisión, de manera que gracias a todos. En la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior contamos con el apoyo de una amplia mayoría a nuestras recomendaciones para una propuesta sólida y factible. Como parlamentarios, somos capaces de llegar a un consenso. Gracias a todos por su estrecha colaboración, y gracias también a la Presidencia eslovena del Consejo porque ha sido la única Presidencia, en estos dos años y medio, que realmente ha impulsado el debate.

Y ya entro en materia: no estamos hablando de asilo, como muchos siguen afirmando. La Directiva sobre el asilo es una cuestión legislativa distinta. De lo que estamos hablando es de las personas que actualmente se encuentran en territorio comunitario de manera ilegal, de los millones de personas cuya estancia en Europa es irregular y cuya situación legal deseamos cambiar. En la Unión Europea debemos poner punto final a la esclavitud existente en este terreno. Esto se puede hacer mediante la legalización, expidiendo permisos de residencia legales, pero también mediante el retorno a sus países de procedencia.

Hoy, desearía dirigirme a los Diputados de esta Cámara que todavía son escépticos y que siguen formulando preguntas. Se han vertido acusaciones en relación con la duración del periodo de internamiento en espera de la expulsión; este periodo es de seis meses, ampliables en doce meses más. Algunas personas afirman que en determinados países el período es de treinta o cuarenta días. El Consejo de Ministros se ha comprometido a no utilizar la Directiva como argumento para permitir que las condiciones empeoren; en otras palabras, las condiciones deben mantenerse en un nivel alto. ¿Por qué nadie se fija en que actualmente nueve Estados miembros de la Unión Europea no tienen ningún límite al período de internamiento? Estamos mejorando la situación en estos Estados.

¿Por qué nadie se fija en que hemos dedicado una sección y un artículo completos especialmente a los niños y familias, para fijar unas normas mínimas? Estas disposiciones se dirigen en particular a los niños no acompañados, que necesitan de manera especial nuestra ayuda. A este efecto, hemos definido unas normas mínimas. ¿Por qué nadie se fija en la obligación de conceder acceso al sistema sanitario y educativo, en el caso de los niños? ¿Por qué nadie se fija en la declaración fundamental expresada en relación con el período de internamiento en espera de expulsión, que consiste en que deseamos que siga siendo lo más corto posible y que sólo se aplique en aquellos casos en los que el retorno sea jurídicamente posible? Esto implica que en el futuro no podrá emplearse en la Unión Europea la táctica que actualmente se está utilizando de desgastar a las autoridades.

¿Por qué nadie se fija en que hemos previsto asesoramiento jurídico, en que se permitirá la intervención de las ONG y en que se garantizará el derecho de recurso? Esta Directiva representa avances muy importantes. Hemos limitado los países a los que las personas pueden ser expulsadas. El Parlamento Europeo ha impuesto el principio de la salida voluntaria, para instaurarlo en aquellos Estados miembros en los que actualmente no existe. He leído en la prensa que el Consejo de Europa ha formulado algunas críticas. No obstante, la Directiva incluye todas las directrices del Consejo de Europa sobre el retorno y, por consiguiente, en el futuro tendrán fuerza jurídica. Así que ¿por qué critica el Consejo de Europa sus propias directrices? Gracias a esta Directiva estamos haciendo grandes progresos, también en lo relativo a la prohibición de reingreso en cinco años. Echemos un momento la vista atrás. Fue la Comisión la que propuso que se declarara la prohibición de reingreso quinquenal. Y finalmente logramos suprimir este requisito. En tanto que parlamentarios, hemos logrado garantizar que ahora disponemos de una regulación mejor.

Hoy de nuevo volverán a surgir en este debate numerosas críticas. Muchos de entre sus Señorías tomarán la palabra y describirán cuán terribles son los centros de internamiento, cuán nefasta es la situación en ellos y cuán inhumana es la repatriación en la Unión Europea actualmente. Llevamos ya dos años y medio discutiendo estas cosas, y agradezco los cambios de postura, pero hoy quiero decirlo bien claro: quien vote en contra de esta Directiva, quien vote en contra del resultado de este diálogo a tres bandas, estará impidiendo que la Unión Europea progrese en la mejora de las normas de derechos humanos. Así pues, les rogaría que nos mostremos capaces de actuar. Y en particular a la luz de que los ciudadanos irlandeses han rechazado la nueva ampliación de Europa, el presente expediente sobre esta cuestión candente constituye una oportunidad de demostrar por primera vez, gracias al procedimiento de codecisión, que somos capaces de actuar y que deseamos una Europa fuerte y humanitaria.

(Aplausos)

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (ES) Señor Presidente, comienzo mi intervención felicitando muy sinceramente a mi colega Manfred Weber.

La propuesta de Directiva es un paso firme y decidido hacia la necesaria política común en materia de inmigración. La Directiva es un instrumento jurídico imprescindible para salvaguardar los derechos fundamentales de los inmigrantes y una precondición para hacer progresos en la regulación de la inmigración legal. La propuesta establece como objetivo prioritario y preferente el retorno voluntario de los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en los Estados miembros, poniendo a su disposición los medios necesarios para que el regreso a sus países se realice de forma adecuada y sin coste para ellos.

La alternativa del retorno forzoso se plantea como último recurso, y siempre bajo el estricto respeto a los derechos fundamentales. La asistencia letrada y lingüística que se pone a disposición de los inmigrantes y la posibilidad de recurrir la decisión de retorno ante un órgano judicial o administrativo creado al efecto son ejemplos del carácter subsidiario que se ha querido conceder al retorno forzoso frente al voluntario.

La concreción de un período máximo de retención es un elemento esencial de la Directiva. Es difícilmente comprensible que en la actual Unión Europea haya lugares donde los inmigrantes pueden ser retenidos indefinidamente, pero ningún Estado puede utilizar la Directiva para endurecer sus leyes en materia de inmigración, singularmente en lo referido a los plazos de retención.

Por otro lado, hay una clara delimitación entre retorno y asilo. Se establecen garantías jurídicas claras sobre la orden de detención. El nuevo artículo 15 bis establece más y mejores condiciones para menores y sus familias y, en fin, la Directiva ofrece la posibilidad de que el Tribunal de Justicia tenga competencias en la materia.

Por todo ello, señor Presidente, y valorando reiteradamente el esfuerzo del ponente, del Consejo y de la Comisión, ruego el apoyo favorable para la Directiva de retorno.

  Martine Roure, en nombre del Grupo PSE. – (FR) Señor Presidente, debatimos hoy un aspecto de la introducción de una política europea de inmigración, y quisiera hacer una observación: estamos aquí construyendo una Europa cerrada sobre sí misma, pese a que, para combatir la inmigración ilegal, deberíamos crear instrumentos que permitan a los inmigrantes entrar legalmente.

Mi grupo no acepta el compromiso al que llegaron tan laboriosamente la Presidencia y el ponente, no porque nos opongamos a una política europea de retorno, sino porque el resultado nos parece insuficiente en lo que a protección de los derechos fundamentales se refiere. De hecho, siempre hemos dicho que estamos a favor de una Directiva de retorno porque hemos presenciado demasiados horrores en nuestras visitas a los centros de internamiento. Pero no queremos una Directiva a cualquier precio. He oído decir que esta Directiva permitirá a las personas salir de la ilegalidad. Esto es un grave malentendido, ya que sólo establece normas relativas a la organización de los retornos y, en ningún caso, prevé derechos de permanencia.

El ponente opina que este compromiso es equilibrado porque confiere varios derechos. Sin embargo, los derechos que confiere el texto, como el acceso a la educación para los menores y el acceso a asesoramiento jurídico, no son realmente obligatorios.

En realidad, la Directiva no mejorará la situación con respecto a la retención en la Unión Europea. Por ejemplo, la ampliación del período de retención a dieciocho meses sólo constituye una mejora en nueve de los veintisiete Estados miembros. Sin embargo, de esos nueve Estados miembros, tres no se verán afectados —el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca—, dado que se han desmarcado de esta Directiva. Las mejoras en países como Malta, donde la mayoría de los detenidos son solicitantes de asilo, y el asilo no se recoge en la Directiva, serán muy escasas. Los retenidos en Grecia son, principalmente, personas interceptadas cruzando de manera ilegal una frontera exterior. Estas personas también están excluidas de su ámbito de aplicación.

Por consiguiente, el Grupo Socialista ha presentado una serie de enmiendas encaminadas a dotar el texto de una dimensión humana. Ésta es la primera codecisión del Parlamento Europeo en el ámbito de la lucha contra la inmigración ilegal y, por esta razón, tenemos la obligación, en tanto que Diputados, de abogar por una legislación clara que no pueda ser interpretada por los Estados miembros de diferentes maneras o en cuya interpretación intervenga el Tribunal de Justicia. Por eso insto al Parlamento Europeo a que utilice todos los poderes legislativos a su disposición para permitir la adopción de una legislación que suponga una mejora para las personas retenidas. Ese es nuestro deber como parlamentarios.

Esto no es excusa para que no nos hagamos una pregunta más general y de carácter más filosófico: ¿pertenece la Tierra a los seres humanos? ¿Debería realmente condenarse a parte de la población a vivir en la pobreza? ¿No creen que ésta es la auténtica cuestión?

  Jeanine Hennis-Plasschaert, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, las negociaciones con el Consejo han sido largas, intensas, complicadas y duras. El punto de parta para la mayor parte de los Estados miembros ha sido el siguiente: «¿cómo puedo librarme de esta Directiva, dado que no quiero que haya ninguna norma europea sobre el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren en situación irregular?». Lo que está claro es que el Consejo y el Parlamento tienen ideas muy diferentes sobre lo que debería ser una Directiva de retorno seria con unas medidas de salvaguardia suficientes. Así pues, el Parlamento ha tenido que luchar por cada palabra y cada coma.

Todos, y en particular el Grupo PSE, deberíamos tener muy claro que el paquete de compromiso establece normas en un ámbito en el que actualmente existe un vacío legal. Los Estados miembros que tengan implantadas condiciones más favorables deberían poder mantenerlas, o introducir las nuevas normas si así lo desean. Los parlamentos nacionales desempeñan un papel fundamental en la garantía de la aplicación de esta Directiva. Además, logramos que el Consejo realizara una declaración política en la que garantizaba que la Directiva no se usaría ni podría usarse como excusa para rebajar las normas existentes. La experiencia con otras diez directivas sobre el asilo y la inmigración demuestra, de hecho, que los temores de que haya una tendencia entre los Estados miembros a utilizar la transposición de dichas directivas como pretexto para hacer su legislación nacional más represiva son infundados.

Actualmente, no existe ninguna legislación comunitaria en relación con el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. Con la adopción del paquete, dispondremos de mecanismos de control comunitarios. Ahora tendremos procedimientos de infracción, competencia del Tribunal de Justicia, información a la Comisión, vigilancia por el PE.

Los tres años de conversaciones dejan patente que no queda margen de maniobra, y está claro que en una segunda lectura no se lograrán más mejoras. Sí, tengo que admitir que es así de triste, pero es la verdad. El Consejo empezará por presentar una lista con numerosas propuestas rechazadas. Y lo que de hecho conseguiremos es que se abra la caja de Pandora.

Además, está bien claro que el clima político actual en la mayoría de Estados miembros no va a ser de gran ayuda. Así pues, ¿cómo podemos implantar unas normas comunes mínimas en un ámbito que actualmente carece de ellas? ¿Cómo podemos garantizar que contaremos con mecanismos de control comunitarios? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las directrices del Consejo de Europa son jurídicamente vinculantes para todos los Estados miembros?

En esta etapa, la pregunta fundamental es: ¿queremos una directiva o no la queremos? ¿Queremos una directiva que no es perfecta, pero que indudablemente constituye un primer paso en la dirección correcta, o no queremos ninguna directiva porque consideramos que la situación actual ya es satisfactoria?

Aún a estas alturas, para muchos Estados miembros supondría un alivio que esta Directiva muriera por culpa del Parlamento. Y resultaría muy irónico que los Diputados que tratan de deshacer el paquete de compromiso apoyaran, de hecho, a aquellos Estados miembros que no desean ningún tipo de salvaguardias comunitarias con respecto al retorno.

Debemos considerar el paquete de compromiso como un modesto, a la vez que importante, primer paso. La política de retorno no puede considerarse de manera aislada, sino que debe verse como una parte necesaria de un paquete integral sobre inmigración, que incluya la inmigración legal y también el asilo. En realidad, considero que, tras casi tres años de conversaciones y negociaciones, ya va siendo hora de asumir nuestras responsabilidades.

(Aplausos)

  Jean Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente, quiero empezar expresando mi agradecimiento al ponente sobre esta cuestión por la integridad y honestidad con la que ha abordado las preguntas. También me gustaría dar las gracias a nuestros colegas, dado que hemos hecho todo lo posible por encontrar un enfoque común y para reconocer la necesidad de tratar a las personas como individuos en el proceso de retorno, así como la necesidad de un proceso legal con todas las garantías y de una legislación clara.

Las conversaciones con el Consejo han dejado patente las deficiencias existentes actualmente en algunos Estados miembros que afectan a sus propios ciudadanos, especialmente en relación con el asesoramiento jurídico —que es crucial para que las personas puedan ampararse en la legislación y puedan defenderse de los que ostentan el poder—, Estados en los que además no existen sistemas eficaces de representación adecuada de los derechos de los niños y jóvenes no acompañados. Esto ha planteado varios problemas en las conversaciones con el Consejo.

Lamento que, tras unas negociaciones tan largas, mi grupo no se encuentre en posición de aceptar la posición negociada porque, aunque en teoría no tenemos nada que objetar a la Directiva, no reúne las condiciones que fijamos inicialmente. ¿Por qué no? Pues porque consideramos que consolida muchos de los problemas contra los que hemos estado luchando en nuestros propios Estados miembros.

Una de estos problemas es la duración de la detención. Aunque la Directiva pone límites a este período, conocemos las consecuencias psicológicas que tienen los largos períodos de internamiento para los individuos y para los niños. Es algo que hemos podido observar por nosotros mismos y sobre lo que se ha investigado. Hemos presenciado las condiciones en las que se encuentran retenidas numerosas personas y, aunque la propuesta de Directiva establece claramente que los centros de internamiento no deben ser prisiones, a menudo no logramos discernir qué los diferencia.

También albergamos dudas sobre la prohibición de reingreso, que, con arreglo al artículo 9, debe ser la regla general aplicable a los retornos involuntarios. De este modo, los Estados miembros que se adhieran a la Directiva deberán responder a preguntas como la que me plantea una de las electoras de mi circunscripción, Serwa Nouri Yousef, que tiene el estatuto de refugiada, está embarazada de ocho meses y cuyo esposo fue repatriado a Iraq y se encuentra actualmente en paradero desconocido. De conformidad con esta Directiva, su marido también se enfrentaría a una prohibición de reingreso. Así que ¿dónde queda la vida familiar, a pesar de las protestas de protección humanitaria?

También tenemos dudas en relación con el país al que deben ser devueltas las personas de conformidad con la letra (c) del artículo 3, y, si la referencia a «otras disposiciones» incluye los apretones de manos metafóricos que hemos visto en el pasado entre el señor Berlusconi y el señor Gadafi; consideramos que esto es inadmisible, puesto que tales acuerdos se hacen al margen de los acuerdos públicos escritos.

  Andrzej Tomasz Zapałowski, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, el problema que nos ocupa hoy lo han provocado en gran medida los Estados miembros de la UE. Si nos paramos a analizar los discursos de algunos representantes de determinados partidos políticos representados aquí, veremos que estos círculos han pedido en ocasiones anteriores una legislación que permita la liberalización de los reglamentos para la entrada de personas desde fuera de Europa.

Hoy también hemos podido escuchar bastantes voces en esta Cámara que piden una reglamentación jurídica que va en contra de la familia tradicional, o de las tradiciones cristianas de Europa. Todo cuanto debemos hacer es esperar unos años, y no tardaremos en oír un gran volumen de peticiones y resoluciones para que salvemos la identidad de nuestro continente, porque lo que anteriormente hacía de Europa un modelo a seguir para todo el mundo está a punto de extinguirse.

La recomendación incluida en la propuesta de crear unas nuevas oficinas para tratar los retornos no es el camino a seguir. Estas tareas deben realizarse en las instituciones ya existentes, que en cualquier caso ya se han ampliado.

  Giusto Catania, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (IT) Señor Presidente, Señorías, esta Directiva es una deshonra y un insulto para la cultura jurídica de Europa. Es del todo inadmisible, y puede poner en peligro la tradición de bienvenida que tenemos desde hace miles de años y las profundas raíces de una identidad europea que se ha forjado mediante la práctica de la hospitalidad. La Directiva constituye un nuevo monumento a la fortaleza europea, la materialización de una utopía reaccionaria que tiene por objeto poner trabas a la libertad de movimiento de hombres y mujeres.

No se puede poner freno al derecho a la movilidad encerrando a los hombres y mujeres con alambradas o en horribles centro de internamiento. Señor Mate, estamos hablando de dieciocho meses —el período máximo de internamiento—, no de seis meses, como ha dicho. Estamos hablando ni más ni menos que de dieciocho meses sin haber cometido ningún delito.

Quisiera referirme a las palabras del arzobispo Agostino Marchetto del Consejo de Migrantes de la Conferencia Episcopal Italiana, quien declaró que una persona no podía ser detenida por una mera infracción administrativa ni tampoco ser recluida en centros de internamiento inhumanos y degradantes como los visitados por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de este Parlamento.

Además, esta Directiva es una Directiva inhumana, porque contempla el retorno a un país de tránsito. En este sentido, es probable que Libia se convierta en un destino de deportaciones masivas de inmigrantes. Por otra parte, prevé la detención y expulsión de menores no acompañados, establece una prohibición de reingreso, lo que per se vulnera el derecho de asilo, y contempla un asesoramiento jurídico discrecional. Ésta es la verdadera naturaleza de esta Directiva.

A ello cabe sumar que se trata de una Directiva impuesta por los Gobiernos. En esta Cámara hemos sido objeto de la dictadura del Consejo, que ha dicho al Parlamento: «si no quieres taza, taza y media», pues incluso ha pronunciado amenazas contra la idea de cualquier forma de prolongación del debate sobre inmigración. Y el Parlamento Europeo está acatando sin rechistar esta decisión. Apelo a la dignidad del Parlamento Europeo. Esto no es codecisión. Lo que estamos haciendo no es más que acatar los designios del Consejo. La realidad es que los Gobiernos desean activar de inmediato los 700 millones de euros asignados al Fondo de Retorno. Ésta es la verdadera naturaleza de esta Directiva.

Lo que tenemos que hacer es escuchar a la sociedad, a quienes están fuera de este Parlamento, a los jefes de estado de terceros países, a Amnistía Internacional, a las iglesias, a las Conferencias Episcopales de Europa, a los sindicatos y al Consejo de Europa: todos nos dicen que no adoptemos esta Directiva. Incluso el Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados, a quien en virtud del Tratado de Amsterdam debe consultarse en relación con los asuntos en materia de asilo e inmigración que trate la Comisión Europea, nos está diciendo que no la adoptemos.

Esta clase de políticas represivas son la verdadera causa de la mayor tragedia de la Unión Europea: las muertes en el mar. Ayer perdieron la vida 150 personas, y en los últimos diez años ya han muerto 12 000 en tales circunstancias. La Unión Europea está manchándose con estos crímenes inadmisibles, y la Directiva aún la hace más cómplice de estas muertes que están convirtiendo el Mediterráneo en un cementerio. Seguramente sería buena idea rendir homenaje a estos mártires no adoptándola.

  Hélène Goudin, en nombre del Grupo IND/DEM. – (SV) Cuando todas las puertas se cierran, siempre hay un camino de retorno. Cada año, miles de personas tratan de entrar en la UE, que está construyendo muros cada vez más altos alrededor de su territorio. Estas tentativas son cada vez más desesperadas, y ya es habitual oír en los medios de comunicación el número de personas que han perdido la vida en el intento.

El debate que nos ocupa hoy gira en torno a los que han logrado entrar, a quienes ahora queremos expulsar. Muchas organizaciones de defensa de los derechos humanos critican esta propuesta de Directiva, entre ellas Cáritas y Amnistía Internacional. Debemos escuchar sus advertencias, ya que la Directiva propuesta vulnera los derechos humanos.

Al decidir que es lícito detener a personas que no han cometido ningún delito por un período de hasta 18 meses no estamos creando ningún valor añadido comunitario. Unos períodos de detención más prolongados no significarán un mayor número de retornos. Se trata simplemente de una solución inhumana y costosa a un problema complejo. La prohibición de reingreso a la UE por un período de hasta cinco años dará lugar a un aumento de la inmigración ilegal. Los desesperados se verán abocados a acudir a traficantes personas, y cada vez podremos leer más y más acerca de las desgracias que acontecen a los refugiados, en los que, a su vez, haremos germinar el odio hacia nuestro mundo occidental.

Las organizaciones de derechos humanos nos han advertido. Ahora está en nuestras manos plantarnos y defender los derechos humanos, y hacerlo a escala nacional.

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, las reacciones histéricas ante la Directiva de retorno por parte de la izquierda políticamente correcta pone de manifiesto la falta de seriedad ante la completa ausencia de una acción firme contra la oleada de millones de inmigrantes ilegales que llega a Europa. Lo lamento, pero no nos encontramos ante una Directiva de retorno. Incluso obliga a los Estados miembros a proporcionar asesoramiento jurídico gratuito a los inmigrantes ilegales para apelar contra su expulsión. Además, al menos siete Estados miembros se verán obligados a acortar sus períodos de detención.

Por otra parte, la Directiva ofrece, de hecho, dos opciones —la expulsión y la regularización— de manera más o menos equiparable, como si fuera una elección neutral, mientras que las regularizaciones masivas llevadas a cabo en los últimos años en varios Estados miembros han incentivado la llegada en masa de inmigrantes, lo que ha supuesto una gran carga añadida para el resto de los países europeos.

En resumen, desearía que ésta fuera una auténtica Directiva de retorno, que frenara la llegada de inmigrantes ilegales de una vez por todas, pero lamentablemente no lo es. Ni siquiera estoy convencido de que constituya un pequeño paso inicial en la buena dirección.

  Simon Busuttil (PPE-DE). – (MT) Quisiera empezar felicitando a mi colega, el señor Weber, por su muy útil trabajo sobre esta legislación, este compromiso que hemos logrado alcanzar. Señor Presidente, el resultado del referéndum de la semana pasada en Irlanda demuestra que las personas piensan que la Unión Europea no se ocupa suficientemente de sus preocupaciones, y si además echásemos un vistazo a las encuestas que se están realizando, como por ejemplo el Eurobarómetro, descubriríamos que la inmigración se encuentra entre las mayores preocupaciones de los ciudadanos de la UE. Los ciudadanos comunitarios desean más de Europa, no menos, pero la respuesta que por el momento hemos dado no es lo suficientemente buena.

Por consiguiente, la Unión Europea no será tomada con seriedad en el ámbito de la inmigración si no demuestra que es capaz de dar una respuesta clara y eficaz en esta materia. ¿Cuál es el punto de partida de esta Directiva? El punto de partida es que se aplica a todo aquel que se encuentre en situación irregular. Si se encuentra en un Estado en situación irregular, la respuesta sólo puede ser una: que debe regresar al lugar de donde vino. Éste es el objetivo de esta legislación, y cualquiera que vote en su contra estará diciendo y emitiendo el mensaje de que podemos dar cabida a la ilegalidad y consentirla. Esto, ni es aceptable ni debería serlo.

Para los que tienen que ser repatriados, este compromiso propone una serie de condiciones, que varían con respecto a la detención, el trato, el uso de la fuerza, los servicios sanitarios y otros aspectos. Lo que tenemos ante nosotros es un compromiso. No es perfecto, pero es un buen compromiso para avanzar. Queremos demostrar que somos capaces de dar una respuesta a este compromiso.

  Claudio Fava (PSE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, permítanme dirigirme al Consejo porque no es nuestra directiva ni la propuesta de la Comisión lo que estamos debatiendo, sino la forma en que el Consejo la ha vaciado de todo significado.

Esta directiva refleja la dirección común que el debate sobre la inmigración está tomando en Europa. El hecho de que haya sido aprobada por unanimidad por el Consejo no atenúa el mensaje que representa, sino que lo intensifica. Es un mensaje que nos habla de una Europa construida sobre el principio de la desconfianza. Lo importante no es que sea o no aconsejable una directiva que establece un sistema común, compartido. Lo importante es lo que legisla esa directiva.

Al día siguiente de la muerte de 150 inmigrantes ilegales ahogados en el Mediterráneo nos están pidiendo que les digamos a los supervivientes que ya se encuentran en nuestros países que, a partir de mañana, se enfrentarán con unas medidas que estipulan hasta 18 meses de detención. Estamos aprobando un principio legal devastador que recoge la posibilidad de privar a una persona de libertad durante hasta 18 meses siguiendo un procedimiento administrativo y sin que haya cometido ningún delito. Lo que nunca toleraríamos en nuestros países si se aplicara a un ciudadano europeo, lo permitimos y apoyamos para inmigrantes ilegales.

Las 18 enmiendas que restauran en esta medida los signos de la civilización política, presentadas por nuestro Grupo, son un intento de restaurar la dignidad en términos legislativos de una disposición que consideramos humillante, no sólo para la Unión Europea, sino también para nuestros Estados miembros. Si no se adoptan, habrá muchos votos en contra, incluido el mío, señor Presidente.

No creo que haya un consenso amplio, señor Weber. No hay ningún consenso en cuanto a la discrecionalidad y la arbitrariedad que estamos dando a nuestros países con respecto a la forma de abordar los aspectos más importantes de esta directiva. Este Parlamento no es el guardián de normas abstractas. Es un Parlamento al cual los tratados atribuyen el deber de proteger principios específicos, principios específicos relacionados con la ley y con la civilización política. El Consejo nos pide que renunciemos a estos principios con el fin de avanzar rápidamente. Creemos que en este punto hay un error fundamental. No nos están pidiendo que nos movamos deprisa; nos están pidiendo que hagamos un movimiento erróneo; erróneo para los inmigrantes, erróneo para Europa, erróneo para nuestros Estados miembros; y es una responsabilidad que no queremos compartir con ustedes.

  Gérard Deprez (ALDE) . – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, está claro que hoy debatimos un asunto muy delicado —sobre el que el Parlamento está dividido— y al mismo tiempo un muy sensible, cuando no trágico, ya que puede tener consecuencias decisivas para las condiciones de existencia e incluso para las vidas de quienes quieren venir a Europa, aunque ilegalmente, en busca de un futuro que su país no puede ofrecerles.

No repetiré lo que ya han dicho otros oradores, pero sí quisiera destacar cuatro puntos particulares.

El primero apunta hacia mi colega y amigo Giusto Catania. Es injusto, Giusto, hablar de fortaleza europea como si no permitiese la presencia de nadie en su territorio y como si fue insensible a la pobreza de millones de personas. Según cifras oficiales, actualmente entran legalmente cada año en la Unión Europea entre 1,5 y 2 millones de inmigrantes por las vías de la regularización, la reunificación familiar o el reconocimiento como refugiados políticos. Si se mantiene este ritmo durante los próximos 30 años —y no tengo nada que oponer a esto—, entrarán en legalmente en la Unión Europea entre 45 y 60 millones personas.

En segundo lugar, esta directiva, a pesar de sus insuficiencias, y acepto que tiene alguna, no es un reglamento. De hecho, es prácticamente una directiva marco que deja cada a cada Estado miembro espacio para maniobrar en sus evaluaciones —salvo las normas mínimas que establece y los límites que fija y que no pueden excederse— y ofrece a cada Estado miembro la posibilidad de legislar lo que la mayoría democrática del país decida. La directiva también declara que la Comisión debe informar al Parlamento cada tres años y puede proponer enmiendas. ¡Lea la directiva!

En tercer lugar, y me dirijo ahora a algunos de mis amigos socialistas aquí presentes, tenemos que dejar de difundir falsedades graves. La directiva no establece la detención como norma. El artículo 14 de la directiva recoge la posibilidad de internamiento en casos concretos y también los somete a un control judicial extraordinariamente estricto. No hay más que leer el apartado 2 del artículo 14. Afirmar que la detención es la norma y que esto se impone a los Estados miembros es, sencillamente, falso. No hay que agitar a la opinión pública. Ya hay suficientes problemas reales sin necesidad de crear otros que, sencillamente, no existen.

Mi cuarto y último comentario, señor Presidente, es un mensaje para el señor Weber y el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos. A pesar de todas las deficiencias, que reconozco, votaré a favor de la directiva. Sin embargo, pediría al Grupo PPE-DE que no trate de usar maniobras de procedimiento para resolver asuntos que son esencialmente políticos y que podrían dividir al Parlamento. Sea cual sea el resultado de la votación en el Parlamento esta mañana, pienso que debe respetarse.

  Hélène Flautre (Verts/ALE). – (FR) Señor Presidente, hay algo que me molesta de verdad. ¿Por qué el ponente señor Weber ha decidido negar al Parlamento Europeo sus poderes haciendo todo lo posible por obligarnos a adoptar en primera lectura una posición común del Consejo —que, además, es básicamente inaceptable— en un momento en que nos resulta difícil convencer a los ciudadanos de la utilidad de otorgar más poderes al Parlamento Europeo? Debe explicarme esta decisión, señor Weber.

Realmente espero que mañana estemos a la altura de las expectativas de los ciudadanos europeos y demostremos que estamos salvaguardando la protección de los derechos humanos y los valores de la Unión Europea. ¿Por qué? No creo que podamos aceptar que se interne y expulse a menores sin acompañamiento a países donde no tienen familia, ni vínculos ni ningún representante legal. Esto entra, en todas las circunstancias, en contradicción absoluta con el respeto de los intereses del niño. Tampoco creo que podamos aceptar que los migrantes tengan que padecer las condiciones traumáticas y destructivas de 18 meses de internamiento cuando no han cometido ningún delito. Esta es una privación de libertad excesiva, descrita como tal por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Tampoco podemos aceptar que se devuelva a los migrantes al albedrío de normas de reingreso a países donde no tienen ningún vínculo y donde, señor Weber y señor Deprez, no tenemos ningún medio de garantizar su seguridad física o psicológica. No tenemos ninguna forma de garantizar el principio de no devolución, por más que en su texto aparezca escrito en grandes letras.

Por consiguiente, exhorto a todos los Diputados a rechazar mañana lo que en realidad es sólo una ampliación de las políticas represivas y de miras cortas de los Estados miembros. Europa necesita una ambición diferente para la inmigración internacional.

  Roberta Angelilli (UEN). – (IT) Señor Presidente, Señorías, dar carácter seguro a la expulsión y desincentivar la ilegalidad y la explotación: este es, en mi opinión, el objeto de la directiva «de retorno». Por consiguiente, quiero felicitar al ponente por su excelente trabajo, que ha sentado los cimientos para el compromiso alcanzado con el Consejo.

El texto es equilibrado y se basa en una serie de postulados fundamentales; por fin nos dotamos de una política común en materia de inmigración. Llevábamos mucho tiempo hablando de esto, demasiado. Esto supone dotarnos de normas comunes, que son vitales para proteger plenamente los derechos de los inmigrantes legales, que constituyen un recurso muy positivo, siempre que se adopte una actitud implacable contra la inmigración ilegal.

Tiene algunos otros puntos distintivos en los que quiero hacer especial hincapié: en primer lugar, se fomenta el retorno voluntario; se fijan plazos más cortos para la repatriación en los casos en que haya riesgo de fuga o en que el individuo suponga algún peligro; y, sobre todo, se establecen por fin unos plazos fijos para la estancia en centros de internamiento para así aplicar todos los controles necesarios. Esto no es un logro insignificante. Quisiera señalar que, hasta ahora —como ya han dicho muchos de mis colegas— cada Estado miembro era libre de decidir si limitaba o no la duración del internamiento.

Además, hay que prestar una atención especial a los derechos humanos, en particular en el caso de personas vulnerables y especialmente de menores, en interés del niño. Este es un punto revolucionario que tiene en cuenta lo que en realidad ocurre en los centros de internamiento.

Por último, la prohibición de reingreso es válida en toda la UE; me parece que son normas comunes justas y transparentes que podrían formar parte de una estrategia, o de un pacto para la integración, como lo ha descrito el próximo Presidente en ejercicio de la UE, con controles más estrictos en las fronteras exteriores de la Unión, con una nueva política sobre asilo, que daría impulso renovado a la colaboración diplomática, pero también y ante todo al desarrollo de la cooperación con terceros países.

Por último, en cuanto a un código europeo para la integración de los inmigrantes legales, Europa debe asumir sus responsabilidades, debe tener autoridad y ser creíble, debe convertirse en una Europa en la que los derechos y las normas se cumplen. Tenemos el deber de adoptar este texto que, naturalmente, podría mejorarse. Todo puede mejorarse. En cualquier caso, los Estados miembros pueden hacerlo, pero después de tres años sería horrible bloquearlo durante varios meses o años más para llegar a otro acuerdo infinitesimal que, en cualquier caso, siempre se consideraría un paso hacia atrás. Mientras vivimos en nuestro mundo de oro, que en realidad es el resultado de infinitos compromisos, hay muchas personas explotadas, que mueren de formas crueles e inhumanas, como sucedió ayer en Italia. ¡Más responsabilidad y menos palabras!

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL). – (SV) Señor Presidente, Señorías, el viernes es el Día Mundial de los Refugiados, y la atención se centrará en la situación de los refugiados en todo el mundo. Aprobar el informe del señor Weber sería un paso cínico en la dirección equivocada, y por eso el Grupo GUE/NGL votará en contra del informe. Estamos en contra de la construcción de una «fortaleza europea». La consecuencia de las propuestas del informe del señor Weber es que la UE no sólo construirá murallas aún más altas contra los refugiados, sino que además cerrará la puerta y tirará la llave.

En vez de erosionar los derechos humanos, los países de la UE deben trabajar para restaurar el derecho de los refugiados según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados a disponer de medios legales de entrar en Europa y a contar con la seguridad de al menos un grado elemental de respeto por los derechos humanos. Ni los ciudadanos de terceros países ni los de los Estados miembros deben verse expuestos a transgresiones de la libertad personal ni a ser castigados con penas de internamiento por faltas administrativas.

  Gerard Batten (IND/DEM). – Señor Presidente, esta propuesta hará que sea mucho más difícil para los Estados miembros expulsar a los inmigrantes ilegales y devolverlos a sus países de origen. ¿En qué medida afectará al Reino Unido y en particular a Londres, mi circunscripción? Londres ya soporta una carga desproporcionada de inmigrantes legales e ilegales y de buscadores de asilo. Se ha dicho que Gran Bretaña no ha optado por esta legislación comunitaria, de lo que se deduce que no nos afectará; ¿pero es así de verdad?

Una vez que los inmigrantes ilegales tengan permiso para permanecer en los Estados miembros, pueden viajar a otros Estados miembros de la UE. Sólo podrían ser expulsados si suponen una amenaza real para la seguridad, la salud pública o la política pública. ¿Y quién va a hacer cumplir eso en el Reino Unido, me pregunto? Los sistemas británicos de inmigración y asilo se encuentran en una situación de caos total. Si de verdad Gran Bretaña ha optado por no aplicar esta legislación, los inmigrantes ilegales de Europa no podrán entrar por la puerta principal, pero esta propuesta les da la llave de la puerta de servicio.

Por otra parte, está el asunto del Tratado de Lisboa y de la Carta de Derechos Fundamentales. ¿Podría utilizarse la legislación sobre derechos humanos para imponer parte de esta propuesta a Gran Bretaña? ¿Quién sabe? Porque eso no lo decidirá el Gobierno, el Parlamento ni los tribunales de Gran Bretaña, sino el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

  Roberto Fiore (NI). – (IT) Señor Presidente, Señorías, quiero aprovechar la oportunidad para protestar contra las palabras imprudentes e inexplicables que el Vicepresidente Barrot pronunció ayer en relación con la posibilidad de considerar la inmigración ilegal como una circunstancia agravante en los delitos penales, como propuso el Gobierno italiano. No creo que eso tenga ningún fundamento jurídico, y sin duda no sería bien recibido por el público.

En cuanto al informe Weber, quisiera decir que en mi opinión debe pensarse desde el principio que la inmigración ilegal presenta riesgo de fuga. Está bastante claro que un inmigrante, puesto que entra ilegalmente en un país, tiene inclinación a fugarse. Quiero también decir que la Comisión y este Parlamento deben considerar la importancia, en un último análisis, de hacer que los países de los que proceden estos inmigrantes —Libia en el caso de Italia— paguen. Paguen el enorme coste que la inmigración ilegal está creando hasta el momento.

  Urszula Gacek (PPE-DE). – Señor Presidente, el señor Weber merece realmente que se le felicite y se le den las gracias por lo mucho que ha trabajado en un asunto complejo, emotivo y sensible.

El objetivo de la directiva de retorno es incluir en unas normas comunes básicas la forma de tratar a los inmigrantes ilegales. Se ha hecho especial hincapié en el aspecto de los derechos humanos.

Somos plenamente conscientes de que muchos inmigrantes ilegales son víctimas dobles. En primer lugar, les engañan en su país de origen, donde a menudo entregan los ahorros de toda su vida a cambio de un traslado a la Unión Europea y un puesto de trabajo. Pero en lugar de encontrar una tierra de abundancia, se ven en Europa transformados en esclavos modernos. Si se les detiene dentro de la Unión, con frecuencia se les encarcela y, hasta que entre en vigor esta directiva, la detención podría prolongarse durante mucho tiempo antes de que se vea su caso.

Con la directiva se fomenta el retorno voluntario; el internamiento sólo será permisible en caso de riesgo claro de fuga del inmigrante ilegal y en otros casos justificados. Se fija el periodo máximo de internamiento, se mejora la protección jurídica —en especial en el caso de grupos especialmente vulnerables—y las ONG tendrán acceso a los muy criticados centros de internamiento, que podrán examinar con más detenimiento, y se prestan más servicios y más apoyo a los propios internos.

Tengo una sugerencia para mis colegas que han intervenido en contra de esta directiva: esta semana, después de la votación, en lugar de levantarse y explicar a una Cámara vacía por qué han votado en contra, podrían dar sus explicaciones directamente a esos inmigrantes ilegales que en muchos Estados carecen de protección, a los detenidos indefinidamente y sin posibilidad de asistencia jurídica. Quizás puedan decirles que votaron en contra de la directiva porque en el fondo de su corazón sólo querían defenderlos.

  Stavros Lambrinidis (PSE). – (EL) Señora Presidenta, me preocupa profundamente que, durante tres años, el Consejo de Ministros haya bloqueado cualquier progreso discutiendo una y otra vez disposiciones que se refieren a la protección de los derechos fundamentales, incluidos los derechos de los inmigrantes ilegales, y que deberían considerarse no negociables. Por lo tanto, algo está yendo muy mal con algunos Gobiernos europeos.

En Europa, un requisito no negociable tendría que ser que nadie pueda ser privado de libertad durante 18 meses, especialmente cuando no sea por algo que la persona haya hecho, sino porque las autoridades de su país de origen, sin tener esa persona culpa alguna, se nieguen a colaborar con el procedimiento para su deportación. Un requisito no negociable tendría que ser que cuando se decrete la medida represiva última de internamiento contra alguno de nuestros miserables congéneres humanos, estos tengan al menos el derecho, sin excepciones ni trampas legales, a recibir asistencia jurídica y a que sea un juez el que dicte la orden de internamiento. Un requisito no negociable tendría que ser que los menores no acompañados no puedan ser deportados a terceros países. Si al final resulta imposible su retorno seguro al país de origen, quedémonos con esos niños y protejámoslos aquí en Europa. La solidaridad europea tampoco tendría que ser negociable. Los países, sobre todo en la Europa meridional, que reciben la mayor afluencia de inmigrantes, tendrían que recibir una ayuda económica importante de otros países para poder garantizar los derechos humanos antes mencionados. No basta con declaraciones vagas sobre una probable ayuda futura de la Comisión Europea.

Sin embargo, a pesar de los serios esfuerzos realizados por el ponente y los ponentes alternativos en el Parlamento, sólo estos requisitos tan evidentes se han convertido en puntos de negociación en el Consejo. Es evidente que el resultado final ha sido positivo en cierta medida, al menos por lo que respecta a los países que en la actualidad no ofrecen ninguna protección. Pero en algunos puntos fundamentales, esos mismos países han impuesto a los otros un compromiso de «mínimo común denominador». En muchos aspectos, ese compromiso es extremadamente problemático y ambiguo, porque su aplicación queda en manos de Gobiernos que, señor Deprez, han demostrado que carecen de sensibilidad.

Esta es una armonización que, en el fondo, no armoniza ni respeta los principios y valores básicos europeos.

PRESIDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepresidenta

  Alexander Alvaro (ALDE). – (DE) Señora Presidenta, quiero dar yo también las gracias al ponente, señor Weber, aunque puede que él prefiera ignorarme a mí y, sobre todo, a mi colega señora Hennis-Plasschaert, quien, junto con los otros ponentes, ha impulsado este difícil proceso en los tres últimos años por mares agitados hasta alcanzar aguas tranquilas.

A estas alturas, sólo quiero que se me permita decir que me parece malintencionado e indigno que se vincule la tragedia de los muertos en el Mediterráneo con esta Directiva cuando, en realidad, no tienen ninguna relación entre sí. ¡No debemos permitirlo! Esta Directiva proporciona seguridad jurídica a personas que no tienen ninguna. Mejorará la suerte en la vida de personas que viven actualmente en condiciones indignas, que no saben cuando van a ser devueltas a sus países y que no tienen acceso a las autoridades judiciales. Establece unas normas mínimas para los 27 Estados miembros, y en el caso de un tercio de los Estados miembros que ahora no tienen ningún tipo de norma, mejorará la situación actual. Esto es un primer paso hacia una política común de asilo que con tanta urgencia se necesita y hacia el respeto en toda Europa de la dignidad humana. Creo que todo aquel que quiera dar este paso conjuntamente con nosotros debe asumir en serio su responsabilidad y votar a favor de este informe.

  Pierre Jonckheer (Verts/ALE) . – (FR) Señora Presidenta, haciéndome eco del anterior orador, me adhiero personalmente a la vieja idea europea de la armonización para mejor: es decir, de una armonización por lo alto. En consecuencia, me pregunto por qué se rechaza la armonización basada en las normas más protectoras para las personas que están en dificultades. Creo que debe decirse que las declaraciones del Consejo carecen de valor jurídico y que si somos tan conscientes del riesgo de una armonización por lo bajo, deberíamos incluir un mecanismo jurídico en el texto principal de la propia Directiva. Pienso también que para ayudar a los países que están en circunstancias difíciles —sobre todo financieras— en materia de asistencia jurídica, hace falta y debería crearse un Fondo Europeo de Solidaridad.

Quiero hacer un segundo comentario sobre el procedimiento. Señor Barrot, tenemos aquí un procedimiento de codecisión retorcido. Yo soy uno de los 780 diputados al Parlamento Europeo. Ésta es la única ocasión en que tendré hoy la oportunidad de intervenir y de presentar enmiendas, y si no queremos que el internamiento temporal se convierta en algo habitual, entonces, señor Deprez, debería leer las enmiendas 82 y 95, en las que se especifica, por ejemplo, lo que se entiende por riesgo de fuga. Lean las enmiendas y voten a favor de las enmiendas 79 y 98, que especifican las condiciones establecidas para la expulsión de menores del territorio de la Unión Europea. Las enmiendas presentadas tratan de mejorar el texto y yo pienso que el Parlamento no puede encontrarse con un procedimiento de cuasi-asentimiento, que es efectivamente lo que está sucediendo ahora.

  Mario Borghezio (UEN). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, la política europea sobre inmigración tiene un defecto fundamental: parte exclusivamente del concepto de la defensa de los derechos humanos, cuando también es necesario pensar en la protección de los derechos de los pueblos, su libertad, su seguridad y su derecho a no ser invadidos.

Con sus enmiendas buenistas, la izquierda está apostando por la no política para el retorno de los inmigrantes ilegales. Eso es pura demagogia de la institución del Defensor del Pueblo europeo. ¿Queremos que el defensor del pueblo se ocupe también de los inmigrantes ilegales? Una política seria es la que combate los intereses de la globalización, la que desea desarraigar a los pueblos de sus territorios por considerarlos mercancías, esclavos o nuevos consumidores. Nosotros estamos en contra de eso.

Si el Mediterráneo es un cementerio, la responsabilidad moral recae en los que han abierto las puertas a las embarcaciones clandestinas. Nosotros siempre hemos denunciado, por ejemplo en Lampedusa, este comercio miserable de carne humana. Es una vergüenza. Si se aprobaran estas enmiendas de la izquierda, la política europea sobre el retorno de inmigrantes estaría condenada al fracaso incluso antes de ser aprobada.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL). – (EL) Señora Presidenta, la propuesta de Directiva es inadmisible y oculta cínicamente la verdadera falta de humanidad de la UE y de su política.

Están legislando ustedes sobre el internamiento durante 18 meses de inmigrantes desgraciados, entre ellos menores de edad, en campos de concentración donde las condiciones de vida son una vergüenza para la civilización humana. Prohíben ustedes también su reingreso, aunque sea por la vía legal, en territorio de la UE durante otros cinco años. El retorno voluntario es una broma absoluta, ya no es nada más que coacción. Se les da a elegir entre el retorno voluntario o el internamiento temporal y su posterior deportación al cabo de 18 meses.

Tratan ustedes como delincuentes a los que son víctimas de su propia política. Bombardean Afganistán y luego se quejan de que hay refugiados. Saquean los países del Tercer Mundo y luego se quejan de los migrantes económicos que hacen engordar las arcas de los capitalistas.

Con estas nuevas medidas conseguirán, entre otras cosas, aumentar las ganancias de los traficantes de esclavos y las redes de trata de personas, porque cuanto más duras son las medidas, más suben los precios. Harán ustedes que la situación de los inmigrantes y de otros trabajadores empeore aún más, ya que se verán obligados a trabajar sin disfrutar de ningún derecho con estas nuevas medidas coercitivas basadas en la amenaza de la deportación.

Pueden tener ustedes la seguridad de que ni los trabajadores, ni nacionales de terceros países ni europeos, aceptarán estas medidas.

  Carlos Coelho (PPE-DE). – (PT) Señora Presidenta, señor Vicepresidente Barrot, Señorías, ¿necesitamos o no una estrategia europea en este ámbito? Acostumbramos todos a decir que sí. ¿Cómo enfocamos esta cuestión? Hay una gran mayoría en esta Cámara que es partidaria de regular la inmigración legal y de combatir la inmigración ilegal.

Una política de retorno es una parte esencial de esta estrategia, como ha dicho ya el Comisario Barrot. Tenemos una Directiva de normas mínimas. ¿Queremos más? ¿Queremos normas mejores? Seguro que todos querríamos normas mejores, pero nos encontramos con la intransigencia del Consejo y, por tanto, la cuestión política que se plantea es: ¿es preferible tener esas normas mínimas, o no tener ninguna norma?

Mi respuesta es: Creo que es mejor tener esas normas mínimas, y felicito a mis colega, señor Weber, por su trabajo y por las negociaciones que ha llevado a cabo.

Permítanme que ponga dos ejemplos concretos: la prohibición de reingreso, que se establece en cinco años. Seguramente hay quien desearía un plazo distinto, pero en la actualidad algunos Estados miembros no tienen limitación alguna, como es el caso de Austria, Dinamarca o Francia.

En el caso del internamiento... Nueve Estados miembros no imponen ninguna duración máxima al internamiento. Sólo seis han establecido una duración más corta de internamiento que la contemplada en esta Directiva. Uno de ellos es Portugal, mi país, que ha fijado una duración de dos meses y que ha dicho ya que la va a mantener. En otras palabras, no pretende hacer uso de la Directiva para relajar sus normas.

Por último, señora Presidenta, quiero destacar lo que el Comisario Barrot ha dicho acerca de los niños. Con ellos tenemos que ser particularmente cuidadosos y asegurarnos de que la Directiva se aplique con humanidad.

  Javier Moreno Sánchez (PSE). - (ES) Señora Presidenta, Señorías, esta Directiva supone un paso adelante hacia una política de inmigración común. Es un paso necesario que debe ir acompañado, desde ya, de otros pasos enmarcados en un enfoque global europeo.

Debemos desarrollar instrumentos legislativos y financieros que nos permitan, decididamente, abrir nuestras puertas a los inmigrantes legales e impulsar su integración en nuestras sociedades. Del mismo modo, debemos cerrar el paso a la inmigración clandestina, al trabajo ilegal y contribuir a desmantelar las redes mafiosas que trafican con seres humanos.

Todo esto sólo se conseguirá con una estrecha colaboración con los países de origen y de tránsito. Por eso, instamos a la Comisión a que haga gala de su poder de iniciativa y pedimos al Consejo que apruebe cuanto antes todas las directivas que están en el tintero, porque, sin un conjunto general de medidas, los ciudadanos no entenderán esta Directiva. Su objetivo es acercar 27 legislaciones dispares para garantizar la eficacia en los procedimientos de retorno, así como la dignidad y el respeto de los derechos fundamentales de los inmigrantes.

Con nuestras enmiendas, los socialistas queremos acercar la Directiva a las legislaciones más avanzadas y garantistas. Los socialistas españoles hacemos especial hincapié en la protección y en la atención a los menores, pedimos que tengan acceso a la educación y que sean recibidos en centros de acogida especializados. Igualmente, queremos favorecer el retorno voluntario y reforzar las garantías judiciales del procedimiento.

Señorías, para terminar, quiero agradecer el rechazo a la propuesta del ponente, Manfred Weber, que buscaba un atajo en el procedimiento, lo que hubiera debilitado el poder de codecisión y la credibilidad de esta Cámara.

En los tiempos que corren, necesitamos un Parlamento fuerte, que asuma sus responsabilidades.

  Sarah Ludford (ALDE). - Señora Presidenta, no tengo ninguna duda de que voy a votar a favor de esta Directiva, no por que sea la ideal, sino porque mejora las normas en algunos Estados miembros. Y de hecho, una prueba del valor de esta Directiva procede, perversamente, del mismo hecho de que el Reino Unido no la acepte. No quiere verse obligado a cumplir las normas más estrictas que se establecen en ella, ni menos aún los plazos y las condiciones de internamiento, como la separación de los inmigrantes retenidos y los criminales convictos, cosa que no siempre sucede actualmente en el Reino Unido. Rechazada también otros aspectos positivos del texto, como que las medidas coercitivas deban ser proporcionadas y que se deban respetar los derechos fundamentales y la dignidad del individuo.

Ha habido mucha desinformación y lamento que se haya informado mal al Presidente de Bolivia, quien ayer escribía en el periódico británico The Guardian. Dieciocho meses no es la duración normal del internamiento. Según la Directiva, no se deben exceder los seis meses salvo cuando, a pesar de todos los esfuerzos razonables de los Estados miembros, el procedimiento de expulsión vaya a durar probablemente más por la escasa cooperación de la persona en cuestión o por retrasos en la expedición de documentación en el país tercero.

Pienso que las disposiciones que hablan de tener en cuenta el interés superior del niño, las relaciones familiares, el estado de salud, el principio de no devolución y otras medidas especiales para menores no acompañados son particularmente valiosas y ayudarán a los inmigrantes sobre los que pese la amenaza de expulsión. Las disposiciones que hablan de los motivos de detención, las vías de recurso y el control jurisdiccional, son cruciales. Y aunque mi intención es votar a favor de esta Directiva imperfecta, pero necesaria para la armonización por lo alto de las normas, debo insistir en que esto es sólo una parte de la historia. Debemos tener un sistema justo de acogida de refugiados y una política adecuada de inmigración legal.

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL). - (ES) Señora Presidenta, Señorías, es una vergüenza, una verdadera vergüenza intentar deportar a más de 8 millones de personas, sobre la base de la figura de la detención administrativa.

Si se toma esta decisión —que, desgraciadamente, se puede tomar—, será el fin de la Europa garantista. Muchos ciudadanos europeos sufrimos detenciones administrativas en condiciones de dictadura. Ésta es la figura que va a prevalecer para la deportación de 8 millones de personas.

Por lo tanto, se va a consolidar la Europa insolidaria. Los mismos Estados que van a pretender recuperar esta figura son los Estados que —¡por primera vez!— han bajado, en este ejercicio económico, la ayuda a la cooperación internacional.

No se van a poder cumplir los Objetivos del Milenio y ésta va a ser nuestra contribución, desde la vieja Europa, la vieja Europa de los valores solidarios, a la hambruna, a la crisis alimentaria. La deportación de 8 millones de personas sin ningún tipo de garantía: ¡¡una vergüenza!!

Yo creo y apelo a la movilización europea, a esos ciudadanos que dan la espalda a este tipo de legislación.

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE). - (RO) Estimados colegas, la Comisión Europea estima que, en 2006, había aproximadamente 8 millones de inmigrantes ilegales en la Unión Europea. La Unión no puede seguir ignorando este problema. Tenemos que encontrar soluciones; no podemos jugar con las vidas de esas personas, pero es cierto que la situación no va a resolverse por sí sola.

Los instrumentos propuestos recientemente por la Comisión para el control de la inmigración ilegal no podrán tener un efecto positivo a menos que el problema de los emigrantes ilegales se resuelva también. Vivimos en una Europa cuyas fronteras internas se han eliminado, motivo por el cual necesitamos esta Directiva que representa un primer paso hacia una política común de repatriación de inmigrantes ilegales.

Hay ONG que consideran que la Unión Europea ha adoptado políticas más represivas que nunca en materia de inmigración y que consideran que la Directiva sobre el retorno es una «directiva de la vergüenza». Comprendo la preocupación de esas ONG por proteger los intereses de las personas sin papeles, pero insto a esas organizaciones a considerar la situación desde un ángulo realista. ¿Qué soluciones habría para los inmigrantes ilegales que entran a través de Malta, las Islas Canarias, Grecia, Italia o, recientemente, la frontera oriental externa, y que tratan de asentarse en la Unión Europea? Existe el riesgo de que esos inmigrantes se convierten en víctimas del trabajo en el mercado negro, el tráfico ilegal o incluso la radicalización terrorista. Esta amenaza es real y precisamente por ello es importante que se regule su situación, ya sea mediante la repatriación o concediéndoles asilo o un permiso de residencia.

Las negociaciones con el Consejo han llevado a soluciones que pueden aceptarse sin reservas, especialmente en ámbitos tan delicados como la protección de las personas vulnerables y los menores no acompañados, la supeditación de la repatriación a las condiciones de los países de origen o países con los que la Unión Europea haya firmado acuerdos bilaterales en este ámbito. Creo que debemos apreciar las iniciativas presentadas por los ponentes y por el Consejo, y que la Directiva debe ser aprobada en su versión actual en primera lectura.

  Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE). – (DE) Señora Presidenta, voy a dejar a un lado mis notas. Había preparado muchas otras cosas que quería comentar, pero tengo que decir que, desde luego, no hemos conseguido todo lo que podíamos haber conseguido aquí. Yo también esperaba más o mejores normas. Me debato entre dos formas de pensar: la que quiere tener lo mejor y la que, aquí a escala europea, tiene que tomar una decisión, también sobre las normas mínimas que deben aplicarse en países sin ninguna norma. Cada uno de nosotros debemos examinar cuál es la situación en nuestros respectivos países, que está sucediendo en ellos, qué normas tienen. ¿Son realmente tan buenas?

Como Parlamento Europeo, sólo podemos establecer unas normas mínimas. El hecho de que el Consejo haya podido llegar a un acuerdo es casi un milagro, porque cuatro o cinco estados, incluido el Ministro de Interior de mi propio Gobierno Federal, no querían ningún tipo de normas y se habían declarado satisfechos con la situación de sus respectivos países. Ahora el reto es que los parlamentos y los gobiernos nacionales hagan las cosas considerablemente mejor. Nadie les va a impedir encontrar soluciones mejores. ¿Dónde está escrito eso? En mi época de estudiante, aprendí que «cuando se busca en los códigos de leyes, es más fácil encontrar leyes.» El señor Deprez tiene razón: si se leen todos los artículos de una vez, se ve con más claridad lo que podemos conseguir aquí. No es que vayamos a encontrar la piedra filosofal. Nadie la ha encontrado jamás; todo lo contrario. Sin embargo, quiero que este compromiso se utilice como base, para que en el futuro la Unión Europea pueda hacerlo mejor. Mis colegas en el Bundestag, la cámara baja del Parlamento alemán, y en cada uno de los estados federales alemanes, tendrán que implicarse también, ya que nuestro país tiene un período de 18 meses de internamiento pendiente de expulsión. La prohibición de reingreso se aplica durante un período mucho más largo y en muchos estados federales se han tomado decisiones que no son aceptables. Si digo que esto es vergonzoso, entonces todo lo que puedo hacer es advertir de que ese no es el camino que debemos seguir. Si simplemente me opongo todo el tiempo, Dios sabe que eso nunca ha ayudado a las personas que tienen que trabajar en este terreno, ni a las que están atrapadas en países sin normas.

  Marco Cappato (ALDE). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, el ponente, señor Weber, se preguntaba por qué este Parlamento no veía algunas de las medidas positivas introducidas por esta propuesta de Directiva.

Pero el ponente nos está hablando como si este Parlamento se enfrentara a la votación final, a la lectura final, con la obligación de asumir la responsabilidad última de aprobarla o rechazarla. Eso no es así. Estamos en la primera lectura. Así que resulta difícil de entender por qué, ante las propuestas de mejora que disfrutan de un amplio consenso en esta Cámara, tanto en el ala derecha como en la izquierda, sobre las garantías adicionales que pueden darse con relación a los menores, los países terceros de tránsito y las prohibiciones de reingreso, no aprovechamos esta oportunidad.

Nos dice usted que es porque el Consejo ha decidido, y los gobiernos han decidido. Esto —como ha dicho el señor Jonckheer— supone renunciar a nuestros poderes de colegisladores; eso significa, y lo digo con el debido respeto al trabajo que se ha hecho durante más de tres años de negociaciones, que estamos a punto de no ejercer nuestro poder para mejorar la Directiva.

Los Gobiernos europeos necesitan a este Parlamento precisamente para hacer de Europa no un lugar para el miedo y para instrumentos que la protejan más eficazmente de la inmigración, sino un lugar para la integración de la inmigración.

  Patrick Gaubert (PPE-DE). - (FR) Señora Presidenta, Señorías, muchas organizaciones y partidos políticos están alimentando una campaña ideológica absurda contra este texto, que instrumentalizan y deforman con fines políticos.

Con esta Directiva, ofrecemos a personas en situación de vulnerabilidad garantías para que el retorno tenga lugar con el máximo respeto a sus derechos y a su dignidad. Esto no concierne al derecho de asilo, señor Catania. Tengo la impresión de que usted no lo ha entendido todavía.

No dejaremos que nuestros ciudadanos piensen que sus representantes son responsables de un texto mal llamado la «Directiva de la vergüenza». No necesitamos avergonzarnos de un texto que introduce nuevas garantías. Lo que de verdad nos avergüenzan son los que están ciegos y no pueden, o no quieren, ver los avances que esta Directiva lograría.

¿Queremos incorporar el principio del retorno voluntario? ¿Queremos permitir que los Estados miembros mantengan un período ilimitado de privación de la libertad? ¿Queremos decisiones justificadas? ¿Queremos que las autoridades judiciales controlen las condiciones del internamiento? ¿Queremos asistencia jurídica gratuita, y la ayuda de las ONG? ¿Queremos incorporar los principios de la unidad familiar, el interés superior del niño y la asistencia médica? Todos los textos son mejorables, pero esta Directiva constituye un progreso en comparación con lo que existe hoy, donde cada Estado miembro hace lo que quiere, a veces de forma inaceptable. ¿No es así, señora Roure y señora Hennis-Plasschaert?

Señorías, les pido que voten a favor de este compromiso, para no permitir las manipulaciones políticas que algunos quieren hacer de este texto y para tener en cuenta las mejoras concretas que puede aportar.

  Inger Segelström (PSE). - (SV) Señora Presidenta, permítanme que empiece dando las gracias a Manfred Weber y a todos los que han hecho posible este debate como un primero paso hacia el establecimientos de normas y procedimientos comunes para el retorno de inmigrantes ilegales. Comparado con otros debates celebrados en comisión y en sesión plenaria, creo que en algunos aspectos fundamentales se está avanzando en la dirección equivocada y hacia una UE menos humanitaria.

Para empezar: la privación de libertad durante hasta 18 meses no es admisible. Las personas pueden volverse locas, personas que no son delincuentes, sino seres humanos que buscan una vida mejor para sí mismas y para sus familias, lejos de la pobreza. En segundo lugar, si el Consejo y el ponente no creen en el retorno voluntario, los niños serán arrancados de las escuelas y las guarderías, los alojamientos quedarán vacíos sin previo aviso y haremos posiblemente más daño que el causado por todo el estrés de esperar una decisión, especialmente cuando se trata de niños. Tercero: después de aprobar la estrategia sobre los derechos del niño en enero, el Parlamento no puede ahora dar un paso atrás y privar de libertad a algunos niños o tratarlos como aquí se propone. Eso puede causar un daño irreparable a los niños y yo no contribuiré a ello. Cuarto: cinco años es demasiado tiempo para que las personas no puedan regresar si tienen motivos para ello. Ni siquiera en el mejor de los mundos las personas pueden clasificarse en grupos; cada caso tiene que ser considerado individualmente, tras evaluar y examinar sus méritos; por ejemplo, mujeres y niños víctimas del tráfico de seres humanos.

Muchas organizaciones que vigilan la situación de los derechos humanos han manifestado su opinión y sus reservas, y creen que la fórmula de compromiso es inadecuada e insensible desde el punto de vista humanitario. Las enmiendas del Grupo Socialista deben recibir apoyo. Gracias, señora Presidenta.

  Panayiotis Demetriou (PPE-DE). – (EL) Señora Presidenta, tenemos que hacer una pregunta: ¿es o no la inmigración ilegal un problema en la UE actual? La respuesta tiene que ser que es un problema, y un problema grave en la UE. Tenemos que preguntarnos también si este problema debe abordarse a escala europea o seguir siendo competencia de cada Estado miembro a título individual. La respuesta a esta segunda pregunta es no: el problema tiene que ser abordado por la UE. Ya hemos manifestado nuestra posición sobre el particular. ¿Se ha aplicado hasta la fecha una política europea integral general para abordar el problema? Aquí, de nuevo, la respuesta es, lamentablemente, no. Estamos abordando el problema de una manera fragmentada, y el debate de hoy sólo rasca la superficie de este inmenso problema de la inmigración ilegal. Aun así, tenemos que avanzar paso a paso.

Otra pregunta que tenemos que hacer hoy, cuando debatamos una solución de compromiso, es: ¿es éste un compromiso perfecto del Consejo y el Parlamento? La respuesta es no. ¿Es el que nosotros queríamos? ¡Desde luego que no! ¿Es un compromiso que podemos debatir en el tiempo que nos queda, con la satisfacción de llegar de verdad a alguna parte? Nuevamente, la respuesta es no. El Parlamento lleva dos años y medio debatiendo este asunto con el Consejo.

Felicito al señor Weber por el trabajo que ha hecho y el resultado que ha logrado, pero no es un resultado que a mí me satisfaga plenamente. Aun así, tenemos que preguntarnos si la situación está mejorando. La respuesta es «sí». Y eso nos lleva a formular la siguiente pregunta: ¿Podremos conseguir algunas mejoras con el tiempo, sin permitir que la situación se estanque? Mi respuesta es sí, estamos dialogando y eso siempre es bueno. «La Tierra pertenece a todos los seres humanos» es un lema que me ha movilizado. Me ha movilizado la idea de que no podemos comportarnos de manera irracional con esos seres humanos. Pero tenemos que enfrentarnos a la realidad. Las sociedades organizadas existen y, suceda lo que suceda, tenemos que proteger los derechos humanos, protegiendo al mismo tiempo los intereses y los derechos de las sociedades organizadas y de los estados organizados.

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Señora Presidenta, millones de personas están en Europa en situación irregular y se las tolera porque son una fuente de mano de obra barata, no adquieren derechos a pensión ni a asistencia sanitaria, y no pueden reclamar voluntariamente sus derechos en los tribunales. No me cabe duda de que cada persona, independientemente de su condición jurídica, tiene derecho a la dignidad y a un trato humanitario. Por eso me complace acoger favorablemente la propuesta de la Comisión Europea, que tiene por objeto armonizar los principios en esta materia.

No me cabe duda de que todos nosotros en este Parlamento deseamos principios y procedimientos comunitarios transparentes y claros con relación al retorno, la expulsión y la prohibición de reingreso para los inmigrantes ilegales. Los esperábamos desde hace algún tiempo. El Parlamento lleva ya dos años trabajando en estas soluciones. No olvidemos que tendremos que esperar otros dos años antes de que esta Directiva entre en vigor, puesto que ese es el plazo para su transposición a los Estados miembros. Aunque la Directiva suscita en mí algunas reservas —reservas relacionadas, por ejemplo, con la duración del internamiento de inmigrantes, la retención de niños sin tutores y la prohibición de reingreso en la Unión Europea— quiero preguntar si los inmigrantes ilegales deben seguir esperando una política de inmigración armonizada, que establezca unas normas mínimas. ¿Deben presenciar un debate que demuestre que Europa es incapaz de llegar a un acuerdo en esta cuestión? Yo creo que no.

  Stefano Zappalà (PPE-DE). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, como muchos de mis colegas que han intervenido aquí esta mañana y que ahora están participando en el debate de esta Cámara, he experimentado ese fenómeno de primera mano al comienzo de la actual legislatura, visitando muchas partes de Europa y muchos centros de primera acogida.

Entiendo que el fenómeno es complejo, y que tiene distintas facetas. Cada uno de nosotros, por nuestra cultura, nuestro carácter y nuestra posición política, puede tener un punto de vista distinto. Pero debemos tener también una visión de conjunto, y me parece absolutamente vital que no estemos hablando aquí de unos pocos emigrantes, como era el caso hace 100 años. No estamos hablando de fenómenos pequeños o aislados, sino de la migración de pueblos enteros. Estamos hablando de millones y millones de personas que se desplazan, movidos por distintas motivaciones, muy pocas de ellas relacionadas con la solicitud de asilo, muy pocas relacionadas con necesidades de índole política, y muchas en busca de mejores condiciones de vida y mejores condiciones de trabajo.

No puedo, aunque el tiempo sea lamentablemente un tirano, dejar de dar las gracias al señor Weber. No puedo dejar de dar las gracias al señor Deprez, el Presidente actual de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, a su anterior Presidente, señor Cavada y a todos los diputados al Parlamento Europeo con los que hemos pasado mucho tiempo trabajando sobre este fenómeno. Yo siempre he creído que una legislación mejorable es mejor que ninguna legislación. Estoy convencido de que Europa hace bien en ocuparse de todo pero, especialmente en lo que se refiere a este complejo y grave fenómeno del que hoy estamos hablando, hace bien en ocuparse de sus propios ciudadanos.

  Frieda Brepoels (PPE-DE). - (NL) Señora Presidenta, Señorías, quiero empezar expresando mi especial agradecimiento a nuestro ponente por su trabajo extraordinariamente difícil y también por su perseverancia en este expediente de extrema importancia. Al final del debate resulta muy difícil contribuir con nuevos aspectos, desde luego, pero estoy muy de acuerdo con los diputados al Parlamento Europeo que han dicho que esta Directiva es sólo un primer paso, aunque esencial, hacia una política común de migración. Todos nos enfrentamos a los mismos problemas y retos, y está claro que nuestros ciudadanos sólo podrán aceptar y entender también la migración legal si los políticos dicen muy claramente que la inmigración ilegal no es aceptable bajo ninguna circunstancia. Hemos visto que un tercio de nuestros Estados miembros siguen sin tener normas de ningún tipo en este ámbito y por tanto, cualquier legislación que adoptemos aquí representará efectivamente un progreso para esos países en lo que respecta a la protección de los propios inmigrantes ilegales.

Sólo quiero decir a los que se oponen a esta Directiva que, en realidad, habrá poco o ningún cambio en los países que ya ofrecen protección suficiente y que, además, el Consejo ha dado garantías claras de que la Directiva no se usará en detrimento de la protección que vaya más lejos de la contemplada en la Directiva, como ocurre en algunos países. Por último, hay que dejar también claro que los Estados miembros tienen libertad para ir más allá de la Directiva.

En cuanto a la transposición y el seguimiento, considero muy importante que no solo la Comisión Europea, sino también los parlamentos nacionales, asuman una gran responsabilidad en esto, puesto que huelga decir que las expulsiones de inmigrantes ilegales se tienen que realizar también con efectividad.

Por último, señora Presidenta, espero que la mayoría de los diputados de esta Cámara vea más allá de los dogmas y las maniobras políticas y esté dispuesta a contribuir a una solución realista, enérgica, clara y humanitaria, no solo por el bien de la UE, sino sobre todo por el bien de los propios inmigrantes ilegales.

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE). – (EL) Señora Presidenta, permítanme primero que felicite a mi colega señor Weber por su excelente trabajo y sus resultados, y también a la señora Carlotti por la constructiva relación de colaboración que hemos mantenido en la Comisión de Desarrollo.

Los países del Mediterráneo se enfrentan al problema de la inmigración ilegal en mayor medida que otros países cuyas fronteras no están tan expuestas. Por ejemplo, el año pasado llegaron 112 000 inmigrantes ilegales a mi país, Grecia, y se dictaron 58 000 órdenes de expulsión. Estas son cifras récord para la UE, que tiene, por tanto, que adoptar una estrategia común para abordar este problema. Se necesitan medidas adicionales para la integración de los inmigrantes, y se tiene que garantizar que el retorno de los inmigrantes ilegales tenga lugar en unas condiciones dignas.

La UE tiene que formular una política de retorno basada en el principio de la solidaridad y el reparto de responsabilidades con los países en desarrollo. Suscribo y apoyo las exenciones contempladas en la Directiva: se basan en las relaciones familiares, el interés superior del niño y el estado de salud de los inmigrantes. El interés del niño tiene que ser protegido por el departamento de servicios sociales competente o por un abogado defensor.

Por último, se ha aceptado el llamamiento de la Comisión de Desarrollo en contra de la detención de menores, y estoy seguro de que todos mis colegas diputados lo aceptarán.

  Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE). – (EL) Señora Presidenta, como ha dicho el señor Mavrommatis, 112 000 inmigrantes ilegales entraron en Grecia el año pasado. La mayoría de ellos, sin embargo, no quería quedarse en ese país; quería ir a otros países europeos. Eso significa que el problema de la inmigración es un problema europeo; nos afecta a todos, y tenemos que abordarlo conjuntamente.

Por eso Grecia está a favor de una política común de inmigración. Sin duda, la recomendación del señor Weber no resuelve el problema en su totalidad, pero es un paso muy positivo, por lo que le felicito muy sinceramente. Si seguimos la política trazada en la Directiva, pienso que en algún momento, antes o después, nos encontraremos en una situación mejor que la de ahora.

Nadie acepta el trato inhumano de los inmigrantes, ni la violación de los derechos humanos. La única reserva de Grecia ha estado relacionada con la obligación de los Estados miembros de proporcionar asistencia jurídica gratuita. ¿Saben por qué? Por dos motivos: primero, el coste es enorme y prohibitivo para Grecia; segundo, la asistencia jurídica contiene un elemento de injusticia. Si se presta asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes ilegales, ¿por qué no prestársela también a los inmigrantes legales pobres que llegan a nuestro país, y por qué no también a nuestros propios ciudadanos pobres?

Creo que con la adición incorporada al artículo en cuestión, se ha resuelto este problema y Grecia ha dejado a un lado sus reservas. Por consiguiente, apoyaremos plenamente la propuesta y la recomendación.

  Pierre Pribetich (PSE). - (FR) Señora Presidenta, Señorías, las negociaciones para llegar a un acuerdo en primera lectura han hecho que se tambaleen muchos de los avances conseguidos con el trabajo parlamentario.

En su estado actual, este texto de compromiso es inadmisible. Es inadmisible tratar a los menores como a adultos, dejarles sin acceso a educación, permitir su expulsión, alejándoles de sus propios familiares. Es inadmisible que se establezcan normas y procedimientos comunes armonizados a la baja en Europa y que se debilite esta Directiva; es inaceptable dejar tantas puertas abiertas a riesgos graves de violación de los derechos humanos, a períodos de retención indignos, y dejar a tantas personas sin cobertura jurídica en tales situaciones.

¿Cómo puede aceptar una Europa ilustrada algo tan terrible? ¿Cómo puede convertirse el sueño de los creadores de los Estados Unidos de Europa de Victor Hugo en una pesadilla después de tanta esperanza?

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Los problemas relacionados con los inmigrantes que residen ilegalmente en la UE precisan de unas normas transparentes, claras y justas. Teniendo en cuenta el interés actual de este problema —hay actualmente unos 8 millones de inmigrantes ilegales viviendo en la UE— y su complejidad, pienso que la creación de un marco jurídico común es inevitable.

La Directiva deja claro que los inmigrantes ilegales tienen que salir de Europa. Pero tenemos que considerar en qué condiciones se hará eso y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, sobre todo el derecho a la libertad personal.

Puesto que los niños constituyen un grupo extremadamente vulnerable en esta situación, celebro en particular la mención expresa que se hace en la Directiva al principio legal básico del interés superior del niño. No podemos limitar el problema de la inmigración ilegal exclusivamente a la expulsión forzosa pragmática y a la prohibición de retorno. En última instancia, tenemos que aplicar una dimensión política más amplia para eliminar los incentivos que favorecen la entrada de inmigrantes ilegales en la Unión Europea.

  Jean-Claude Martinez (NI). - (FR) Señora Presidenta, Evo Morales nos ha escrito a propósito de la Directiva sobre la inmigración que en Francia se conoce como «sin papeles». Un Jefe de Estado latino que escribe a Europa no es realmente un extranjero; es como si nos escribiera un primo.

Obviamente, nosotros somos Estados con reglas que deben ser respetadas; de lo contrario, aparece el desorden y al final todos terminan sufriendo. Pero cuando los peruanos emigran a Chile, los nicaragüenses emigran a Costa Rica y los mozambiqueños emigran a Sudáfrica, la inmigración es mundial, y sus causas son mundiales. En un mercado económico globalizado, la inmigración es la etapa suprema de la lógica capitalista, donde la persona que no tiene nada que vender sólo puede venderse a sí misma. Puede que sea necesario tener una estructura jurídica destartalada en la Europa continental para los efectos migratorios mundiales, pero la inmigración tendrá que ser tratada antes o después como un problema mundial, porque es ya un problema mundializado, como ocurre con la alimentación, las pandemias y la educación básica. Eso se conoce como «reglamentar» las partes comunes de la copropiedad mundial.

  Petru Filip (PPE-DE). - (RO) La existencia de normas y procedimientos comunes aplicables en los Estados miembros es un requisito para todo el sistema administrativo europeo y no solo para el retorno de inmigrantes de países terceros.

La preparación de este informe, cuyo interés y utilidad actual es indudable, me ofrece la oportunidad de plantear de nuevo un debate sobre la necesidad de implantar sistemas interoperables para la expedición de documentos de los ciudadanos en la administración de todos los países.

La interoperabilidad de los sistemas para la expedición de documentos en todos los países sigue siendo la premisa principal para limitar los riesgos derivados de una autoridad excesiva, y proporciona una fórmula funcional para garantizar el uso de los derechos derivados de la condición de ciudadano comunitario.

Apreciando la calidad de este informe, quiero destacar el hecho de que sus efectos se potenciarán al máximo si se reconsideran las condiciones prácticas de su aplicación, sobre la base de estudios fundamentales sobre las oportunidades que ofrece un sistema electrónico integrado de procedimientos y servicios administrativos. Puede que no sea demasiado tarde para pensar en establecer una identidad electrónica europea.

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE). - (RO) Gracias al informe Weber, un informe equilibrado, la Directiva sobre el retorno constituirá la primera iniciativa legislativa en el ámbito de la inmigración que podrá ser aprobada mediante el procedimiento de codecisión entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Me alegro de que ambas instituciones, respaldadas por la Comisión Europea, hayan aceptado y cumplido responsablemente sus obligaciones, estableciendo una referencia para futuras ocasiones.

La política de retorno debe considerarse como una parte integrante y necesaria de una política comunitaria completa y coherente en el ámbito de la migración y el asilo. Unas normas más eficientes en materia de inmigración ilegal permitirán también unas normas más liberales para la migración legal.

Considero que, en la actualidad, se han formulado unas normas claras, transparentes y equitativas para garantizar una política de retorno eficiente, como los elementos necesarios para el correcto manejo de la política de migración, según lo acordado por el programa de La Haya.

  Ewa Klamt (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, llevamos años pidiendo un plan general que abarque todos los aspectos de la migración y la Directiva sobre el retorno forma claramente parte de ese paquete. La inmigración legal a la Unión Europea podrá regularse de forma sensata sólo si no seguimos acogiendo a millones de inmigrantes ilegales y equiparando su situación a la de la inmigración legal.

Cuando la señora Roure menciona el «derecho» de los inmigrantes ilegales a escapar de la pobreza, debo recordarla que sólo el continente africano tiene 922 millones de habitantes, la mayoría de los cuales viven en la pobreza, y que la India tiene 1 100 millones de habitantes, muchos de los cuales quisieran venir a Europa y quedarse con nosotros. Esa no es la forma correcta de regular las cosas. Por consiguiente, debemos apoyar esta Directiva sobre el retorno para tener la posibilidad de establecer unas normas realmente buenas que regulen la inmigración legal, y poder ayudar de verdad a esas personas.

  Dragutin Mate, Presidente en ejercicio del Consejo. − (SL) Desde luego que quiero añadir algo a lo que yo he estado siguiendo de cerca y a lo que han dicho ustedes en sus intervenciones.

En primer lugar, debe decirse muy claramente que hoy estamos hablando aquí de una Directiva sobre el retorno, estamos hablando de la migración ilegal, no estamos hablando de asilo, ni de procedimientos de asilo. Son dos cosas muy diferentes. La Directiva sobre el asilo lleva en vigor desde 2003 y funciona bien.

Hoy estamos tratando de dar un paso más. Es importante que demos ese paso, y en su declaración política, que pueden ustedes leer en la penúltima página, el Consejo aprueba una fórmula de compromiso según la cual, en el caso de las personas que cumplan las condiciones para su internamiento, que no son todas, su duración será de seis meses como máximo. Además, en casos excepcionales que se contemplan expresamente, la duración del internamiento podrá ampliarse otros 12 meses. No se trata de un proceso automático de 18 meses, como hemos escuchado decir hoy aquí en varias ocasiones. Eso no es verdad.

Además, en su declaración política el Consejo ha contraído un compromiso claro, si me permiten citarlo: «El Consejo declara que la aplicación de la presente Directiva no debe utilizarse en sí misma como una razón para justificar la adopción de disposiciones menos favorables a las personas a las cuales se aplique.»

Esto significa ningún país, y hay seis países así; he hablado de ello con todos y cada uno de los seis ministros. En el proceso de negociación en el Consejo, los seis ministros insistieron en que eso significa menos de seis meses. Pero lamentablemente hay una mayoría de Estados miembros que tienen períodos mucho más largos, incluso ilimitados, y algunos Estados miembros tienen ahora, en teórica y en la práctica, la posibilidad de privar de libertad a inmigrantes ilegales por un tiempo ilimitado.

Aquí es donde queremos lograr avances. Es más, esos avances son fundamentales para nosotros. Quiero, desde luego, hacer una mención especial a grupos especialmente vulnerables de niños. Insto al Parlamento Europeo a que vuelva a considerar el artículo 5, y una vez más el artículo 15 bis. Se dice claramente que no se pueden empeorar las condiciones de los niños y que estos tendrán derecho a educación y a jardines de infancia. Se les debe facilitar alojamiento en centros especiales que permitan todo esto. Las restricciones son muy estrictas.

En este punto, también, las negociaciones fueron muy difíciles, para nada sencillas. No sé si podrán imaginárselo, pero les cuento un pequeño detalle de las negociaciones. Para un artículo, el artículo 14, estuvimos negociando cuatro horas, cuatro horas palabra por palabra.

Los Estados miembros se empeñan en que esto tiene que resolverse a escala europea. ¿Y sobre qué están decidiendo hoy aquí? Si resolvemos esta cuestión a escala nacional, como hasta ahora, o si la resolvemos a escala de la UE. Uno de ustedes lo ha explicado con mucha elocuencia: la migración ilegal es un problema. Nadie lo pone en duda. Lo es: Es necesario poner orden en este ámbito, poner orden de la manera más civilizada posible. Así que tenemos que dar el primer paso. Sé que para muchas personas no es un buen compromiso, pero tenemos que ser conscientes de que para los Estados miembros, también, se trata de un compromiso que está en el límite de lo aceptable.

Tienen que saber que muchos Estados miembros no desean una política común en este ámbito. Los Estados miembros, muchos Estados miembros, querrían regular esto a su modo, aplicar sus propias reglas, sin el consentimiento del Parlamento Europeo y sin la supervisión de las instituciones europeas. Y la situación que tenemos ahora es peor que la que estamos proponiendo hoy. Por ese motivo, reitero que se trata de un paso importante y decisivo.

¿Qué se está decidiendo aquí hoy pues? No estamos decidiendo sobre el texto exacto de esos artículos, ni sobre el éxito de las negociaciones entre el señor Weber y yo mismo del lado del Consejo, y la Comisión y los Comisarios en el otro lado. Estamos decidiendo sobre la integridad de las políticas de integración. Si hoy llegamos al punto de decir NO a esta Directiva sobre la migración ilegal, pueden imaginarse lo difícil que será llegar a tomar una decisión, una decisión conjunta sobre la migración legal.

Tendremos que dar ese primer paso y, si no lo damos hoy, el futuro y el método de adoptar esto quedarán lejos, muy lejos. Puedo decirles hoy aquí con toda responsabilidad que si la Directiva no se aprueba en primera lectura, muchos Estados miembros volverán a sus posiciones originales en la negociación, que eran extremadamente rígidas y extremadamente firmes. Tendrá que pasar mucho tiempo antes de que podamos sentarnos de nuevo aquí y decidir si adoptamos una posición común.

A la larga, habrá que adoptar una fórmula de compromiso. No se podrá adoptar ninguna posición extrema. Ese es uno de los pilares de la democracia. No se trata sólo de que prevalezca la palabra de algunos y, por supuesto, respeto la opinión de todas las organizaciones no gubernamentales y de todas las demás instituciones que han expuesto sus opiniones y que están luchando por mejorar la situación. Es bueno que estén luchando por esto, pero debemos ser conscientes de que en el análisis final todos, nosotros en el Consejo y ustedes en el Parlamento, seremos responsables ante nuestros electores, y ya sabemos qué tipo de dificultades surgen en estos terrenos. Como ya he dicho en otras ocasiones y terminando mi intervención, éste es el primer paso, un paso muy importante, que debemos dar juntos en este camino que nos llevará a mejorar los derechos de los inmigrantes ilegales y, en general, la formulación de políticas de migración.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. − (FR) Señora Presidenta, me voy a limitar a aportar cierta información adicional a este debate.

Primero, la Directiva sobre el retorno, si llega a existir, no estará sola. Formará parte de todo un paquete basado en el concepto de una política de inmigración concertada. En consecuencia, como han dicho algunos eurodiputados, habrá textos sobre la inmigración legal y textos para reforzar nuestros procedimientos de asilo y nuestra acogida de refugiados. Habrá también, como ya hay, una política concertada con los países terceros de donde vienen los inmigrantes. Estoy personalmente convencido de que sólo mediante la colaboración con un cierto número de países terceros podremos encontrar formas y medios de coordinar la política de inmigración. Eso es lo primero que quería decir.

En segundo lugar, quiero recordarles que el valor de una Directiva —y esto es de suma importancia— es dotarnos de un marco jurídico que nos permita aplicar los mecanismos comunitarios para controlar el respeto del acervo comunitario, sobre todo procedimientos de infracción, competencias del Tribunal europeo de Justicia, informe de la Comisión, y control ejercido por el Parlamento Europeo. La ventaja de tener una Directiva así es que nos abre las vías para un control jurisdiccional mucho más eficaz.

El tercer punto para reflexión del Parlamento es que éste ha seguido haciendo que las cosas avancen, sobre todo con artículos referentes a los niños. El espíritu de estos nuevos artículos, el artículo 8 bis y el artículo 15 bis, es que, en la medida de lo posible, se debe evitar el internamiento temporal de los niños. Si alguna vez tienen que ser internados, el valor añadido de esta Directiva reside en el hecho de que obliga a los Estados miembros que hayan tomado esa decisión a respetar las garantías mínimas contempladas en el artículo 15 bis que acaba usted de mencionar, señor Mate.

El cuarto comentario que quiero hacer es que disponemos también de recursos financieros que deben ser utilizados. Tenemos un Fondo Europeo para el Retorno cercano a los 700 millones de euros, que debe permitirnos proporcionar ayuda en materia de asistencia jurídica, asistencia sanitaria y toda una serie de problemas de reintegración en algunos países de origen.

El quinto punto lo tomaré prestado del señor Deprez, quien ha mencionado que la Comisión tendrá que preparar un informe dentro de tres años. Deseo subrayar que no es sólo este informe el que nos va a imponer una obligación, sino todo lo que sustenta dicho texto: la voluntad de dotar a la Unión Europea de procedimientos sometidos a control jurisdiccional, procedimientos que tratan de equilibrar a la vez esta necesidad de legalidad, sin la que no conseguiríamos que la opinión pública aceptase la inmigración legal, frente a la necesidad de garantizar el respeto de los principios de la Convención de los Derechos Humanos. Les puedo decir que si se aprueba esta Directiva, me implicaré personalmente en su transposición para asegurar que este espíritu no se pierda de vista.

  Manfred Weber, ponente. − (DE) Señora Presidenta, Señorías, quiero antes de nada darles las gracias por este debate tan bien argumentado. Con una cuestión tan emotiva como ésta, es sorprendente que estemos actuando con tanta objetividad. Debo decir que, considerando la amplitud de los temas tratados hoy aquí, estoy orgulloso de ser diputado a este Parlamento.

Hubo un lapso, cuando el señor Catania nos acusó a todos de ser responsables de las fosas comunes del Mediterráneo. Tengo que rechazar esta estrategia de conseguir influencia política apelando a las emociones y a los temores de la población. Todos estamos aquí tratando de hacer lo posible por ayudar a esas personas.

No quiero decir nada más sobre el contenido de la Directiva, puesto que ya se ha discutido a fondo. Pero sí quiero decir algo acerca del proceso. Nuestro Presidente en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior ha hablado con mucha sensatez. Ha recomendado al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y los Demócratas Europeos que actúen de una forma bastante particular en este proceso. Hemos retirado nuestras enmiendas. Nos hubiera gustado que se votaran las enmiendas, para haber hecho alguna contribución a esta cuestión. Habíamos preparado cientos de enmiendas en la Comisión de Asuntos de Interior y conseguido grandes mayorías en el seno de dicha comisión. Eso significa que todos los eurodiputados que estuvieran interesados en esta cuestión podrían haber participado.

Quiero decir también algo sobre las ONG. Tengo entendido que no están contentas. Cuando debatimos aquí sobre cuestiones medioambientales, Greenpeace nunca está satisfecha con el resultado que obtenemos. La tarea de una ONG es ejercer una presión cada vez mayor, pero ya hoy les pudo decir lo que va a suceder: si aprobamos esta Directiva, mañana esas mismas ONG que ahora están protestando sacarán provecho de esas oportunidades legales y entablarán procesos judiciales ante el Tribunal de Justicia europeo. Predigo también que los eurodiputados de la izquierda, que hoy argumentan en contra de esta Directiva, mañana pedirán a la Comisión, o al Comisario Barrot, que ponga en práctica lo que hemos aprobado hoy aquí. Tratarán de obtener ventajas para los ciudadanos sobre la base de este fundamento jurídico. Digo, por tanto: no es una situación ideal, pero hemos dado un gran paso.

Una última reflexión: desafortunadamente, la señora Roure y el señor Fava, del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, no están presentes. Están fuera, concediendo entrevistas a la televisión y tratando de explicar su posición. No han escuchado lo que ha dicho el señor Mate: que si no damos este paso —muchas gracias, de nuevo, a la Presidencia eslovena del Consejo—, no habrá avances en muchos años. Seguiremos diciendo que necesitamos avances decisivos, pero no avanzaremos nada. Por lo tanto, la pregunta mañana no es si la Directiva es o no la ideal. La pregunta es, sencillamente: «¿Hará que la Unión Europea avance?» Mañana podemos responder a esta pregunta con un «sí» claro y alto.

  Presidenta. – Se cierra el debate.

La votación se celebrará mañana a las 11.30 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 142)

  Louis Grech (PSE), por escrito. – La propuesta de Directiva relativa al retorno de los inmigrantes ilegales debe recibir una buena acogida por su esfuerzo en adoptar unas normas comunes y es un paso en la dirección correcta. No obstante, se queda corta a la hora de proporcionar ciertas garantías relacionadas con los refugiados y los derechos humanos, y no considera las necesidades y problemas específicos de Estados miembros como Malta, que se están viendo más afectados que los demás en proporción a su tamaño, su población y sus recursos.

Una vez más, quiero recalcar y reiterar que este tema requiere una política europea común que aborde «cuestiones» fundamentales como a) la adopción de políticas de «reparto de la carga» entre todos los Estados miembros; b) la revisión de Dublín II; c) un apoyo financiero adecuado; d) una evaluación de la viabilidad de la creación de centros, como las oficinas de empleo, en los países de origen y de tránsito; e) la elaboración de una política de retorno realista; f) la aplicación de una política de integración oportuna y; g) la lucha contra la delincuencia organizada (incluido el tráfico de seres humanos) y contra la xenofobia y el racismo.

La creación de una agencia específicamente destinada a combatir toda la inmigración legal e ilegal sería de gran importancia para abordar estas cuestiones de una manera completa e integral.

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), por escrito. – (FI) Señora Presidenta, el primer reto que plantea la propuesta de legislación que hoy nos ocupa radica en el hecho de que es nuestro primer intento de establecer normas comunitarias en materia de política de inmigración. Será una iniciativa importante para crear una política que se aplique al conjunto de la Comunidad.

La política de inmigración es, cuanto menos, un tema delicado en cuanto a los derechos fundamentales y los derechos humanos. Estoy de acuerdo con los que han dicho claramente que la propuesta de compromiso contiene algunos puntos delicados en lo que se refiere a los derechos fundamentales y humanos.

Pero como legisladores, tenemos que fijarnos en el cuadro completo: el mantenimiento del statu quo no es una opción posible. En primer lugar, eso afecta a los plazos de internamiento temporal. En algunos Estados miembros, no existe ningún límite legal sobre la duración del internamiento temporal. Además, los criterios para el internamiento temporal tampoco están debidamente regulados en muchos casos. En segundo lugar, muchos Estados miembros imponen prohibiciones ilimitadas de reingreso. Por todo ello, muchos Estados miembros preferirían que las propuestas de compromiso y, de hecho, toda la iniciativa legislativa, fueran rechazadas en nuestra votación.

Es muy importante que, con esta Directiva, el proceso de retorno pueda someterse a los mecanismos de vigilancia de la Comunidad. De esta forma, podremos garantizar la aplicación inmediata de una serie de normas mínimas en todos los Estados miembros.

Agradezco al ponente, señor Weber, que haya conseguido negociar importantes mejoras en la posición del Consejo, con las que se ha conseguido que nuestras obligaciones humanitarias estén garantizadas. De especial importancia son los cambios que se han introducido para proteger a los niños, a las familias y a las minorías.

  Roselyne Lefrançois (PSE), por escrito. – (FR) El texto que se someterá mañana a votación constituye un claro retroceso, no sólo con respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea, sino sobre todo también con respecto al trabajo realizado en el seno de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de la que yo soy miembro.

Nosotros, los socialistas, estamos a favor de introducir unas normas mínimas relativas al retorno de nacionales de terceros países en situación ilegal, porque defendemos un enfoque responsable y humano de la inmigración clandestina y sabemos que algunos Estados miembros de la UE practican unas políticas inaceptables en este ámbito, desde el punto de vista del respeto de los derechos fundamentales.

Pero estamos obligados a constatar que el compromiso apoyado por los conservadores y por la mayoría de los liberales no consigue, en este sentido, ninguna mejora. No se aplica ni siquiera a los solicitantes de asilo, ni a las personas interceptadas en las fronteras. Sobre todo, deja a los Estados miembros demasiada libertad de acción en cuestiones fundamentales como los derechos de los menores o la duración del internamiento temporal.

En consecuencia, la duración del internamiento temporal podrá alargarse hasta un máximo de 18 meses. Como muchos de mis colegas diputados, me niego a apoyar la posibilidad de internar, durante tanto tiempo, a personas cuyo único delito es haber querido buscar en territorio europeo mejores condiciones de vida.

Por eso, si las enmiendas del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo son rechazadas, votaré de acuerdo con mi conciencia y en contra de este texto.

  Vincent Peillon (PSE), por escrito. – (FR) Señor Presidente, Señorías, mañana tenemos que someter a votación un texto que los Estados miembros y los más conservadores de entre nosotros nos presentan como un compromiso. Pero no nos lo creamos: más que un compromiso, este texto es comprometedor.

¿Qué nos proponen el Consejo y el ponente en esta Directiva sobre el retorno si no es que apoyemos que los Estados miembros puedan internar a un ser humano, llegado ilegalmente, pero no culpable de ningún delito, durante 18 meses, y luego prohibir su entrada en territorio europeo durante otros 5 años?

El Parlamento tiene poder de codecisión en materia de inmigración. Así pues, no sólo tenemos la posibilidad de presionar al Consejo; tenemos la obligación de hacerlo. No perdamos esta oportunidad: si aprobamos la Directiva en su estado actual, estaremos permitiendo que el Consejo desande todos los pasos dados aquí en defensa de los derechos humanos durante 3 años de negociaciones.

Espero, por tanto, que rechacemos este texto; lo que en realidad nos amenaza es una verdadera caricatura de nuestra retractación y del olvido de nuestros valores.

Necesitamos una verdadera política europea de inmigración, no una política consistente en la protección ilusoria de una Europa Fortaleza.

  Gabriele Zimmer (GUE/NGL), por escrito. – (DE) Una mayoría del ala derecha del Parlamento Europeo quiere dejar vía libre a las expulsiones masivas.

Los ocho millones de inmigrantes sin permiso válido de residencia, muchos de los cuales llevan años viviendo en Estados miembros de la UE, se enfrentan a la amenaza de la detención y deportación. Los Ministros de Interior quieren «despejar el terreno» antes de regular la inmigración legal a la Unión Europea de una manera unificada. Recientemente, el Secretario de Estado del Ministerio del Interior del Gobierno Federal Alemán, Peter Altmaier, admitió una noticia dada en televisión y dijo que, por el bien de Alemania, en el futuro se facilitaría la expulsión de todas aquellas personas de las que Alemania quisiera deshacerse.

Según el texto de compromiso elaborado por el Consejo y el señor Weber, diputado al Parlamento Europeo y miembro de la Unión Socialcristiana de Bavaria, el período de internamiento temporal se podrá extender hasta 18 meses, los niños podrán verse separados de sus familias y a los deportados se les podrá prohibir el reingreso en la Unión Europea durante cinco años. El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, un grupo del ala izquierda, protesta contra estas prácticas inhumanas.

Esta Directiva es catastrófica para el intento de la Unión Europea de darse a conocer como una institución que defiende los derechos humanos en la escena internacional. En un llamamiento conjunto a los eurodiputados, 44 regiones de África y América Latina han pedido que se rechace la propuesta de legislación. El Presidente boliviano, Evo Morales, ha recordado ya a sus Señorías, en una carta enérgica y emotiva, que en los últimos dos siglos, refugiados procedentes de Europa encontraron en otros continentes santuarios a salvo de la pobreza y de la represión, además de amistad.

5. Adopción por Eslovaquia de la moneda única el 1 de enero de 2009 (debate)

  Presidenta. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0231/2008) del señor Casa, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Decisión del Consejo de conformidad con el artículo 122, apartado 2, del Tratado para la adopción por Eslovaquia de la moneda única el 1 de enero de 2009 (COM(2008)0249 – C6-0198/2008 – 2008/0092(CNS)).

Señorías, permítanme felicitar a Eslovaquia y a nuestros colegas eslovacos por este éxito para su país y para la zona del euro.

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. − (FR) Señora Presidenta, en nombre de la Comisión, quiero dar las gracias antes de nada a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y al ponente, señor Casa, por el excelente trabajo que han realizado en la evaluación del cumplimiento por Eslovaquia de los criterios de convergencia, para la adopción de la moneda única.

Con la entrada de Eslovaquia en la zona del euro, ésta tendrá 16 miembros, cuatro de ellos pertenecientes al grupo de países que entraron a formar parte de la Unión Europea en 2004.

Ésta es la quinta ampliación de la zona del euro desde la introducción de la moneda única en 1999, lo cual es una prueba clara de que está abierta a todos los Estados miembros que cumplan las condiciones establecidas por el Tratado.

La entrada de Eslovaquia en la zona del euro representa la coronación de un progreso extraordinario realizado por la economía eslovaca en la última década. Permitirá a este país beneficiarse de las importantes ventajas que ofrece la Unión Económica y Monetaria, según se reconoce en el informe aprobado por la Comisión el pasado mes de mayo sobre los 10 años de la UEM.

En dicho informe se demuestra también que, para beneficiarse plenamente de las ventajas del euro, es necesario adoptar políticas macroeconómicas rigurosas que protejan la competitividad de un país una vez que el tipo de cambio queda irrevocablemente fijado. Estas medidas consisten en disciplina fiscal, una política salarial responsable y reformas estructurales, sobre todo en cuanto al funcionamiento del mercado de trabajo.

Sin un compromiso claro en este sentido, existe el peligro de que la inflación se convierta en un problema serio y real. Este punto se menciona expresamente en el informe del señor Casa, con el que la Comisión está totalmente de acuerdo.

En el Consejo ECOFIN celebrado el 3 de junio se aprobó el informe de la Comisión sobre el cumplimiento por Eslovaquia de los criterios de convergencia. El Consejo Europeo, reunido en Bruselas el jueves y viernes, deberá confirmar, una vez conocida la opinión del Parlamento, su apoyo político a la adopción de la moneda única por Eslovaquia, que será validado por el Consejo ECOFIN de julio.

La semana que viene, la Comisión propondrá el tipo de cambio definitivo de la corona eslovaca frente al euro, que tendrá que ser también formalmente aprobado por el Consejo ECOFIN de julio.

En este sentido, quiero dar las gracias a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y al señor Casa por el trabajo iniciado hace unos meses y que ha permitido al Parlamento dar su opinión en el corto plazo de tiempo que nuestras tres instituciones tienen para hacer una evaluación rigurosa del cumplimiento de los criterios por el Estado miembro concernido y dejarle a éste tiempo suficiente para realizar los preparativos prácticos necesarios para la adopción del euro a partir del 1 de enero de 2009.

PRESIDE: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

  David Casa, ponente. − (MT) Éste es un momento importante, porque el Parlamento Europeo va a debatir, una vez más, la ampliación de la zona del euro para incluir a un antiguo país comunista, un país que, como el mío, Malta, entró en la Unión Europea en 2004, un país que ha tenido que reformar su economía para cumplir los criterios establecidos en el Tratado. Esto no ha sido fácil de conseguir. Llevamos meses de conversaciones con la Comisión Europea, con el Banco Central Europeo, con el Gobierno eslovaco, así como con toda la sociedad civil eslovaca, para conseguir que el proceso pueda ayudar realmente a Eslovaquia a cumplir todos los criterios establecidos en el Tratado.

Después de que la Comisión diera a conocer su informe, nosotros, como Parlamento, iniciamos un proceso de debate y consulta que fue un momento realmente muy importante, incluso para mí, porque pude ver lo que la Comisión decía, pude no sólo ver lo que decían el Banco Central Europeo y el Gobierno eslovaco, sino entender también cómo el pueblo eslovaco percibe este paso histórico que darán, Dios mediante, el próximo mes de enero.

Como acaba de decir justo antes de mi intervención el Comisario, hoy Eslovaquia tiene una responsabilidad, porque hay una cola de países detrás de ella, la mayoría de los cuales, al igual que Eslovaquia, están saliendo de una era comunista y quieren entrar en esta zona que es tan importante para la Unión Europea. Por consiguiente, el país que hoy nos ocupa tiene la responsabilidad de mantener su estabilidad en lo que se refiere a la convergencia, y sobre todo en lo que se refiere a la tasa de inflación, que ha sido objeto de tanta discusión incluso en mi informe. No obstante, las estadísticas que tenemos hoy ante nosotros indican claramente que tenemos un problema en toda la zona del euro y que no podemos hablar únicamente de Eslovaquia, porque hoy tenemos una tasa de inflación que, de hecho, ha aumentado en los 21 países de la Unión Europea. Por consiguiente, nosotros no sólo tenemos que asegurar que Eslovaquia mantenga una tasa de inflación estable, sino encontrar también la manera de reducir al máximo esa tasa de inflación en todos los países que ya forman parte de la zona del euro. Conocemos los problemas a los que nos enfrentamos actualmente, el problema del petróleo que no nos está afectando de forma nada positiva, y tenemos por tanto que considerar la manera de afrontar esta cuestión tan importante.

Como he dicho antes, el Parlamento ha visitado Eslovaquia por primera vez y yo pediría que se envíen delegaciones de este Parlamento a todos los países que vayan a entrar en la zona del euro, para tener así la oportunidad de escuchar y saber más sobre la situación real de la economía en el país en cuestión.

En cuanto a la Comisión Europea, estoy algo decepcionado con la reevaluación que ha realizado después de la publicación oficial del informe de convergencia. No creo que este Parlamento deba ser tratado de la forma en que nos ha tratado la Comisión, porque al menos tendría que habernos consultado. Entiendo que no pueda publicar la reevaluación con mucha antelación para evitar especulaciones, pero este Parlamento exige ser consultado cuando vayan a adoptarse medidas similares tras la elaboración del informe de convergencia, aunque la consulta no tenga lugar hasta los últimos momentos de esta decisión.

Para terminar, quiero dar las gracias a los que me han ayudado a elaborar este informe, entre ellos los ponentes alternativos de todos los grupos políticos, mi coordinador y los presidentes de comisión, que han colaborado siempre mucho en este informe. Por último, quiero dar las gracias al pueblo eslovaco y desearle suerte en este paso histórico que ahora van a dar. Nosotros debemos votar a favor de ese importante paso, no sólo por su bien, sino también por el bien de toda la Unión Europea.

  Alexander Radwan , en nombre del Grupo PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, Señorías, yo también quiero dar las gracias al ponente. Estos últimos días he seguido pensando en la adhesión de Eslovaquia a la zona del euro.

El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos votará a favor de este informe. Considerando los acontecimientos que han rodeado al cambio de la corona frente al euro, hemos vuelto a presentar enmiendas y propuestas de compromiso, porque ese cambio, por encima de la fluctuación admisible del 15 %, ha provocado también polémica en nuestro Parlamento. Todo lo que podemos hacer es pedir a la Comisión —y no sólo pedir, sino de hecho insistir— que ayude en esto, para que en las futuras adopciones de la moneda única, los criterios establecidos actualmente en el Tratado se hagan más específicos.

Desde que soy diputado al Parlamento Europeo, he estado presente siempre que un nuevo país ha adoptado la moneda única. En todas las ocasiones se nos han presentado argumentos nuevos, como el de que «después de todo, los anteriores Estados pudieron hacerlo también de esta forma», y esta terminará siendo una historia interminable. Considero importante que enfoquemos la entrada en la zona del euro menos como una cuestión de honor nacional y más con la idea de hacer los criterios más objetivos, algo que es bueno para el nuevo Estado que entra en la zona.

La revalorización de la corona en más de un 17 % está, desde luego, económicamente justificada. Otra cosa es que haya sido o no un acierto combinar el momento de la revalorización con la entrada en la zona del euro. Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible por asegurar que el euro y la economía mundial consigan resultados positivos, en lugar de limitarnos al punto de vista de una situación política temporal, ya sea europea o nacional.

Permítanme que mencione brevemente lo sucedido el jueves. Me parece un error que el Parlamento Europeo lo ignore repetidamente, y mañana celebraremos un importante debate sobre esto. Hoy votaremos sobre si Eslovaquia debe entrar en la zona del euro y el ECOFIN hará lo mismo en julio. El jueves vimos cómo un miembro de la zona del euro decía que no quiere que la Unión Europea sea como es. Lo mismo dijeron entonces algunos altos representantes de su país, señor Comisario.

El euro no ha sido nunca un fin en sí mismo. El euro ha sido siempre sólo una señal en el camino hacia un mayor desarrollo de la Unión Europea. Aunque el Consejo no esté presente aquí, lamentablemente, todo el mundo se hace ahora la misma pregunta: ¿a dónde vamos con Europa? ¿Cuáles son los siguientes pasos concretos que debemos dar? Algunos hablan del corazón de Europa, otros de las alternativas, algunos dicen que debemos dejar de ampliarnos, otros se comportan como si nada fuera a cambiar. Por lo tanto, lo volveremos a intentar con el euro, e incluso lo intentaremos otra vez después de eso.

Pero cuando tomemos este tipo de decisiones, debemos tener en cuenta las realidades políticas de la Unión Europea, así que cuando hoy votemos, tendré sentimientos muy mezclados sobre si no sería simplemente mejor ignorar el voto, la realidad europea.

  Dariusz Rosati, en nombre del Grupo del PSE. – (PL) Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias al señor Casa por haber elaborado un informe excelente. Quiero decir que el Grupo del PSE apoyará este informe.

Quiero destacar también que es la primera vez que un país de Europa Central, un país poscomunista del antiguo bloque soviético, entrará en la zona del euro. Esto me parece no sólo un hecho simbólico, sino también un paso importante en el camino hacia la integración europea. Es un éxito para la unión monetaria, a la que se le va a unir una economía dinámica y competitiva que no soporta deuda pública, lo cual servirá seguramente para fortalecer la zona del euro. En segundo lugar, es también un éxito para Eslovaquia, que ha cumplido con éxito todos los criterios de convergencia y que podrá beneficiarse de las ventajas de una moneda común. Este éxito es especialmente importante y necesario hoy en día, cuando los resultados del referéndum fallido en Irlanda han debilitado la fe en el futuro de la integración europea. La adhesión de Eslovaquia a la zona del euro demuestra que se está avanzando en el proceso de profundización de la integración europea y creo que ni siquiera los más euroescépticos podrán echarse ya hacia atrás.

La aceptación de Eslovaquia en el club de Estados que utilizan la moneda única confirma que, cuando se hacen reformas económicas y estructurales, éstas dan sus frutos y tienen resultados positivos. Hoy Eslovaquia es uno de los Estados de la Unión Europea que se están desarrollando más deprisa. El Comisario Špidla ha hablado de ello. En efecto, las reformas son una de las razones del éxito de Eslovaquia, y aquí debemos dar las gracias y reconocer la labor del Gobierno de Mikuláš Dzurinda, que inició esas difíciles reformas, y del Gobierno actual de Robert Fico, que ha continuado con ellas.

La introducción del euro en Eslovaquia plantea también un reto importante. En particular, el Gobierno eslovaco tiene que asegurarse de que el cambio de moneda tenga lugar de una forma organizada, para que no se disparen los precios y para que el apoyo de la opinión pública eslovaca a la nueva moneda se mantenga en el futuro.

Además de felicitar a mis colegas diputados eslovacos por este éxito, quiero manifestar también —como diputado polaco al Parlamento Europeo— la esperanza de que mi país siga su ejemplo dentro de poco.

  Wolf Klinz, en nombre del Grupo ALDE. – (DE) Señor Presidente, es cierto que Eslovaquia ha conseguido cosas sorprendentes en unos pocos años. ¿Quién podría haber imaginado que Eslovaquia sería uno de los primeros nuevos Estados miembros en poder entrar en la zona del euro? Pero el trabajo duro no ha terminado; en realidad, no ha hecho más que empezar. En su evaluación y análisis, la Comisión y el Banco Central Europeo han dejado claro que sigue cuestionándose la posibilidad de mantener la inflación al nivel deseado a largo plazo. Eslovaquia es consciente del problema. De lo contrario, la medida sin precedentes de revalorizar la moneda nacional, la corona, en más del 17 % para equipararla al euro, no tendría ningún sentido. Sólo puedo hacer un llamamiento a Eslovaquia para que no se convierta en una segunda Eslovenia, un país en el que, casi desde el mismo momento de su entrada en la zona del euro, se disparó la inflación.

El paso que han dado ustedes de revalorizar la corona indica que se toman en serio el problema de la inflación. Es cierto que la inflación importada, especialmente en el caso de los productos energéticos, puede mantenerse bajo cierto control por este medio. Pero eso no significa que las medidas en otros ámbitos dejen de ser importantes; siempre lo serán. Como ha mencionado el Comisario Špidla, tanto las políticas fiscales restrictivas, como los incrementos salariales que siguen orientados al aumento de la productividad y no sólo a los deseos de los trabajadores, y la movilización del mercado de trabajo, son algunas de esas otras medidas. Sabemos que las circunstancias varían mucho entre las distintas regiones de Eslovaquia. En algunas regiones el desempleo está por encima de la media, mientras que en otras hay escasez de trabajadores cualificados.

El señor Radwan tiene toda la razón. La entrada en la zona del euro no es sólo un paso económico, sino también político. En su momento, se concibió como el inicio de una fase que concluiría con una integración mucho más amplia. Espero que Eslovaquia, mediante políticas moderadas, correctas y con una orientación estructural, contribuya también a que su entrada en la zona del euro termine siendo todo un éxito.

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, intervengo en este debate en representación del Grupo UEN, y quiero llamar su atención sobre las siguientes cuestiones. Una vez más, la Comisión Europea nos recuerda la necesidad de cumplir todos los criterios de Maastricht para la entrada en la zona del euro, haciendo referencia a los nuevos Estados miembros. En cambio, ha optado por silenciar el hecho de que, cuando se introdujo el euro, muchos de los antiguos Estados miembros no cumplían esos criterios.

En segundo lugar, a pesar de los cambios en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que benefician a países como Alemania y Francia, la indulgencia característica de la Comisión Europea con los Estados más grandes de la zona del euro respecto al cumplimiento de los criterios de Maastricht no ha cambiado. La Comisión ha tolerado en el pasado importantes déficits presupuestarios y, en especial, un nivel de deuda pública que sobrepasaba el 60 % del PIB, y aparentemente los sigue tolerando. En 2006, la deuda pública en los Quince era, por término medio, del 63 % del PIB, y hasta la mitad de los países de la zona del euro tenían una deuda pública superior al 60 %. En estas circunstancias, los logros de Eslovaquia, con un déficit del 2,2 %, o una deuda pública de sólo el 29 %, con una inflación del 2,2 %, merecen una mención especial.

La entrada de Eslovaquia en la zona del euro será una experiencia importante para los nuevos Estados miembros. Todos ellos tienen un nivel relativamente bajo de PIB por habitante, grandes diferencias de renta en la población, un bajo nivel de riqueza o un nivel general de precios relativamente bajo. Las consecuencias de la introducción del euro en Eslovaquia, sobre todo...

(El Presidente interrumpe al orador.)

  Hanne Dahl, en nombre del Grupo IND/DEM. – (DA) Señor Presidente, Eslovaquia desea participar en el euro, y no la culpo por ello, aunque quiero aprovechar esta oportunidad para pedir sensatez. Al fin y al cabo, podría decirse que el euro está a punto de pasar su primera prueba. Por varias razones, estamos siendo testigos de un alza de los precios, no sólo en Europa, sino en todo el mundo. La inflación está aumentando, y se han generado expectativas inflacionistas. El euro como moneda no se había enfrentado a esta prueba antes. El Banco Central Europeo funciona sobre la base de una tasa de inflación máxima del 2 %. No tiene otra forma de aplicar ese límite que aumentando los tipos de interés para reducir el nivel de actividad en un intento de bajar la inflación. Si hace eso, existen motivos para temer una recesión. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento se centra exclusivamente en asegurar que el déficit público no sobrepase el 3 % del PIB. Este freno a la estimulación económica nos da motivos para temer una futura recesión en Europa. Si yo fuera Eslovaquia, trataría por todos los medios de aplazar la sustitución de mi propia moneda por el euro hasta que éste hubiera pasado su primera prueba en medio de una crisis económica.

  Sergej Kozlík (NI). - (SK) Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, podemos aprender mucho de la Historia. En el decenio de 1990, la mayor parte de los miembros de la zona del euro no fueron capaces de cumplir los criterios de convergencia. La mayoría de estos países tuvieron problemas con unos déficits excesivos, con las finanzas públicas y con la inflación.

Durante el año del referéndum, 1997, Alemania tuvo problemas para cumplir el criterio del nivel de deuda pública y el resultado fue que se toleró la adhesión de incluso algunos países que excedían considerablemente los valores de los criterios, como Bélgica o Italia. Algunos de los países que entraron en la nueva zona del euro recurrieron incluso a la llamada «contabilidad creativa»; es decir, procedimientos para hacer que sus resultados económicos parecieran mejores de lo que realmente eran. Posteriormente, aunque hubo algunas intermitencias, la mayor parte de los miembros de la zona del euro consiguió resolver y siguió resolviendo estos problemas al amparo del euro, una moneda única fuerte. Tengo que decir que estos países no han cumplido todos los criterios de déficit. Por consiguiente, los que apuntan con el dedo a los países que aspiran a entrar en la zona del euro harían mejor en no lanzar la primera piedra.

La República Eslovaca no sólo cumple los criterios de convergencia, sino que los cumple con mucha antelación. La evolución de los parámetros de Eslovaquia se vigila desde hace mucho tiempo y ha sido totalmente transparente. Los temores a una inflación futura, manifestados por el Banco Central Europeo, se pueden aplicar en general a todos los miembros de la zona del euro, porque la economía europea no se desarrolla en el vacío. La actual escalada general de los precios es prueba de ello.

En consecuencia, celebro la posición favorable de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, reflejada en el informe del ponente, señor Casa, sobre la adopción por Eslovaquia de la moneda única a partir del 1 de enero de 2009. Esta posición no sólo es un gesto técnico, sino también un gesto político importante que indica a otros países que aspiran a entrar en la zona del euro que sus esfuerzos pueden dar resultados tangibles.

  Ján Hudacký (PPE-DE). - (SK) Quiero empezar dando las gracias al ponente, señor David Casa, por su excelente y equilibrado informe, y por su enfoque pragmático a la hora de evaluar las distintas enmiendas.

La adhesión de Eslovaquia a la zona del euro no se ha producido por casualidad. Es la culminación natural de los enormes esfuerzos realizados por los Gobiernos eslovacos que han creado, sobre todo entre 1998 y 2006, una sólida base económica con reformas económicas radicales en los ámbitos de las finanzas, los impuestos y los asuntos sociales.

Estas reformas, conjuntamente con la inversión extranjera directa, han permitido a Eslovaquia disfrutar de un crecimiento económico constante y elevado. Los esfuerzos continuados por alcanzar el objetivo propuesto, así como la conducta responsable de los Gobiernos eslovacos y del Banco Nacional de Eslovaquia, han permitido el cumplimiento de todos los criterios de Maastricht necesarios para la adhesión a la zona del euro, sin influencias adicionales como la inflación oculta o el reforzamiento artificial de la moneda eslovaca, la corona.

Algunos miembros de la Comisión ECON han expresado su preocupación por la sostenibilidad a largo plazo de estos criterios, sobre todo de una baja tasa de inflación. Pero yo estoy convencido de que Eslovaquia tiene todo lo que necesita para cumplir estos criterios a largo plazo, siempre que por lo menos adopte una política fiscal armonizada y lleve a cabo nuevas reformas estructurales. La evolución del mercado de la energía y el precio de los alimentos es y seguirá siendo un problema mundial. Eslovaquia no será, definitivamente, un país que vaya a salirse del marco establecido.

Para terminar, quiero felicitar especialmente al pueblo eslovaco, que ha aceptado estas reformas fundamentales y radicales y que merece, pues, el mayor de los elogios por haber conseguido este resultado positivo.

  Pervenche Berès (PSE). – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, creo que gracias a nuestro ponente, el señor Casa, tenemos un informe equilibrado para acoger con satisfacción la decisión política que vamos a tomar: la entrada de Eslovaquia en la zona del euro. Se trata del primer país del grupo Visegrád que entra en esta zona y creo que, desde el punto de vista político, tiene una gran importancia que es necesario subrayar.

Para los eslovacos, esto supone el final de una aventura y el comienzo de otra. Supone el final de la preparación y la llegada a una situación de cumplimiento de los criterios de Maastricht. La experiencia nos ha demostrado que, una vez que un país adopta el euro, lo más duro suele estar por venir. En el caso de Eslovaquia, observamos que todavía queda mucho por hacer por lo que respecta al control de la inflación y a la búsqueda de un equilibrio, así como desde el punto de vista de la cohesión social y de la aplicación de reformas estructurales. Para conseguirlo, creo que pueden servir de ayuda los mecanismos que estamos debatiendo, al objeto de que, en el futuro, la Unión Económica y Monetaria pueda ofrecer un mayor respaldo y trabajar unida en la forma en la que los Estados miembros utilizan su divisa.

No cambiaremos los criterios de Maastricht, de los que tanto hablamos. Nadie ha pedido que se cambien y, por lo tanto, han de ser interpretados y examinados en un contexto que ha cambiado. La Unión Económica y Monetaria tiene ya 10 años y sabemos cuáles son todavía sus deficiencias por lo que respecta al equilibrio entre política económica, política monetaria e incluso su representatividad exterior. Es esta Unión Económica y Monetaria a la que se une Eslovaquia; la situación no es la misma que hace 10 años y todos debemos tenerlo en cuenta.

  Olle Schmidt (ALDE). - (SV) Quién habría pensado, cuando Vladimir Meciar dejó Eslovaquia, que su país no solamente se convertiría en un Estado miembro de la Unión Europea, sino que también introduciría el euro 10 años más tarde. Es realmente un milagro eslovaco. El ponente señala las ventajas que aporta el euro, pero también los riesgos y problemas que pueden surgir. Es positivo que Eslovaquia haya asimilado la visión del BCE con respecto al riesgo de un aumento de la inflación con la adopción del euro y creo que, por lo tanto, era necesario, tras la consulta, revaluar la corona eslovaca. Esto demuestra tanto instinto como confianza en un futuro positivo para la política económica como miembro del grupo euro.

Señor Presidente, espero que en un futuro cercano mi propio país también aprecie la importancia, tanto económica como política, de participar plenamente en la cooperación de la Unión Europea. A pesar de que los referendos no son muy populares en estos tiempos, espero que durante el período 2010-2011 podamos celebrar un referendo en el que se vote a favor de la introducción del euro en Suecia.

La crisis financiera demuestra el significado que tiene una sólida divisa europea y un banco central efectivo para la protección del crecimiento y la economía de la Unión Europea. Con la constante aplicación de estrictos criterios de acceso y con ayuda constructiva disponible para todos aquellos que entran en el grupo del euro, la economía de la Unión Europea será todavía más fuerte.

  Zsolt László Becsey (PPE-DE). - (HU) Gracias por ofrecerme la oportunidad de intervenir. Este es un gran momento, dado que el Parlamento, y posteriormente el Consejo en el sentido jurídico formal, están a punto de decidir si el primero de los países del antiguo Consejo para la Asistencia Económica Mutua (CAEM) y del Pacto de Varsovia será admitido en el espacio de la moneda única. Felicito al señor Casa, el ponente, por haber realizado un magnífico y destacado trabajo.

Me satisface que Eslovaquia haya cumplido todos los criterios establecidos en términos cuantitativos en el Tratado CE como condiciones para la admisión en la zona del euro. Este logro es el resultado de diez años de trabajo. Creo que es importante expresar solo una opinión acerca de si el país candidato ha satisfecho los criterios, porque de lo contrario haríamos distinciones entre los Estados miembros sobre la base de si entraron en la zona del euro anteriormente o si lo harán en el futuro. Unos criterios de sostenibilidad definidos de forma poco precisa —concretamente con respecto a la inflación o la deuda— o la convergencia real no pueden ser objeto de un análisis cuantitativo separado en el informe, dado que todos los Estados miembros de la zona del euro deben disfrutar de la misma confianza desde el momento de su entrada para aplicar la sostenibilidad. Esto se aplica especialmente cuando el Estado miembro en cuestión tiene un nivel bajo o descendente de deuda, en comparación con sus colegas del club euro. Esta es una cuestión vital para el futuro proceso de ampliación.

El Gobierno eslovaco está asumiendo una enorme responsabilidad. Tan pronto como se congele su tipo de cambio, es decir a partir de julio, deberá demostrar que no solamente le preocupa su propia entrada en la zona del euro, sino que también se responsabiliza por los demás países de la región. En vista de ello, Eslovaquia debe hacer uso de todos los medios a su disposición para mantener la inflación bajo control, es decir dentro del límite de referencia. De este modo demostrará que los comprensibles y justificables temores expresados por varios diputados de esta Cámara y el Banco Central Europeo (BCE) —concretamente de que, una vez que se produzca el cambio masivo del tipo central, Bratislava no pueda o no desee mantener puesto el freno sobre la presión inflacionista resultante de los precios de importación y de anular la diferencia de precios— no se verán agravados por una actitud irresponsable.

Por otra parte, este no es el momento ni el lugar de abordar otras cuestiones sin resolver relacionadas con la ampliación de la zona del euro. Temas como el hecho de garantizar que los países candidatos presenten su solicitud a tiempo, definir lo que entendemos por disciplina con respecto al plazo entre que la Comisión se forma una opinión y se toma una decisión, la definición de la noción de convergencia real o cuánto tiempo podemos esperar, siendo realistas, que la estabilidad del tipo de cambio se mantenga en caso de apreciación, deben ser abordados por separado. Estas cuestiones no se deberían abordar aquí, de una manera selectiva y discriminatoria, y esta es la razón por la que hoy me abstengo en la votación de las mismas. Gracias, señor Presidente, por brindarme la oportunidad de intervenir.

  Monika Beňová (PSE). - (SK) En los últimos años la República Eslovaca se ha sometido a muchas reformas difíciles y el actual Gobierno ha compensado con éxito a los sectores más pobres de la sociedad afectados por ellas. Dado que el Gobierno ha abordado, de forma responsable y consciente, no solamente la compensación con respecto a las reformas, sino también la tarea de satisfacer los criterios obligatorios y de garantizar un proceso general fluido que culminará con la adopción del euro el 1 de enero de 2009, Eslovaquia tiene actualmente una de las economías más prósperas (no solamente dentro de la Unión) y también hemos conseguido aumentar la tasa de empleo. Todos estos hechos sugieren que el nuevo criterio de inflación permanentemente sostenible tampoco supondrá un problema insalvable para Eslovaquia en el futuro.

El Gobierno de la República Eslovaca desea sinceramente que la adopción del euro el 1 de enero de 2009 no tenga un grave impacto sobre los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Como consecuencia, el Gobierno ya está tomando medidas para proteger a estas personas y para crear para ellas un marco cómodo para el período de preparación para la nueva divisa y posteriormente para su uso.

Por ejemplo, el Gobierno eslovaco debatirá en breve una moratoria sobre los precios de algunos alimentos básicos. Otra medida similar es el intento del Gobierno eslovaco de conseguir un consenso en toda la sociedad con respecto al tema de la transición al euro. El Gobierno ha implicado a los gobiernos locales y regionales, a los círculos profesionales y la sociedad civil, así como a las iglesias, en este programa.

Señorías, permítanme terminar diciendo que la cooperación y el respeto mutuo, en lugar de las críticas no demostradas y a menudo populistas, representan el único camino hacia el éxito para la Unión, en todos los sentidos.

  Ivo Strejček (PPE-DE). - Señor Presidente, hoy es un día bastante extraño para nosotros. Antes vivíamos en el mismo país, Checoslovaquia, y ahora, hoy, los checos podemos desear todo lo mejor a los eslovacos en su adopción del euro.

Eslovaquia ha dado luz verde a su entrada en la zona del euro hace unas semanas. El Gobierno eslovaco y el Banco Central eslovaco son perfectamente conscientes de que satisfacer los criterios cruciales, no a corto, sino a medio y a largo plazo, será una tarea difícil.

La economía eslovaca está en vías de alcanzar al resto de la Unión Económica y Monetaria. Eso puede provocar presión sobre los precios e inflación, y no me cabe duda de que los eslovacos se enfrentarán a ello. Pero no es de eso de lo que quiero hablar ahora.

Hoy quiero hacer hincapié en algo diferente, en algo que yo personalmente llamaría la historia eslovaca, el camino hacia el euro. El hecho de que Eslovaquia vaya a entrar en la zona del euro se basa en sólidos cimientos y en los extraordinarios resultados de la economía eslovaca. Es justo señalar el papel positivo del antiguo Gobierno eslovaco de coalición de centro-izquierda eslovaco, presidido por su hábil Primer Ministro Mikuláš Dzurinda. Habiendo introducido todas las reformas estructurales importantes, la economía eslovaca ha satisfecho todos los criterios importantes: la reducción de la deuda pública y el control de la inflación; el autor de estas reformas fue el Gobierno y el Consejo de Ministros del señor Dzurinda. Le deseo lo mejor a los eslovacos en la zona del euro.

  Vladimír Maňka (PSE). - (SK) En el transcurso de los seis últimos años, la economía eslovaca ha crecido más de un 6,5 % de media al año. El crecimiento del año pasado incluso superó el 10 %. Según todos los indicadores, Eslovaquia satisface los criterios de sobra.

Las autoridades eslovacas son conscientes de la situación con respecto a la convergencia real y nominal de la economía eslovaca y su potencial impacto sobre el futuro desarrollo económico e inflacionario. En su opinión, la consolidación de Eslovaquia está de acuerdo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Según el presupuesto trienal aprobado, el principal objetivo fiscal consiste en alcanzar un déficit del 0,8 % para 2010, lo que significa cumplir el objetivo fiscal. De acuerdo con los datos acordados, el objetivo consiste en alcanzar un presupuesto equilibrado para 2011. Esto significa presupuestar un superávit del 1,3 %, dejando de lado el segundo pilar.

El Gobierno eslovaco ha adoptado medidas para mantener la inflación bajo control. En junio aprobó un programa de modernización, incluyendo reformas estructurales del mercado laboral, la consolidación de las finanzas públicas y apoyo para la educación, la ciencia y la investigación. Permítanme insistir en que los representantes de la comunidad empresarial, empresarios, patrones, sindicatos, pensionistas, ciudades y pueblos eslovacos, y bancos apoyan todos la adopción del euro en Eslovaquia. Los interlocutores sociales del Gobierno han firmado una declaración en la que se comprometen a mantener los aumentos salariales en línea con el crecimiento de la productividad. Esto contribuirá notablemente a la sostenibilidad de la inflación en Eslovaquia.

Me gustaría dar las gracias al ponente y a los ponentes alternativos por su correcto planteamiento, basado en cifras, hechos y análisis. Los funcionarios eslovacos y el pueblo eslovaco quieren contribuir al desarrollo de la economía europea y, de este modo, a la estabilidad y fiabilidad del euro.

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Dado que el euro es un símbolo importante de eliminación de obstáculos y unión de los europeos, la adopción del euro por parte de Eslovaquia supone otro paso histórico en el proceso de integración europea.

Los preparativos para la adopción del euro habían comenzado incluso antes de que la República Eslovaca se uniese a la Unión Europea. El anterior Gobierno eslovaco, presidido por Mikuláš Dzurinda, aprobó la estrategia para la adopción del euro ya en 2003. Aplicó importantes reformas que convirtieron a Eslovaquia en un país próspero, desde el punto de vista económico y político.

Dado que la inflación ha aumentado en Eslovenia desde que el país adoptara el euro, el tema de la sostenibilidad de la inflación y el déficit público son motivo de preocupación en Eslovaquia. No obstante, no estoy de acuerdo con las opiniones de algunos de mis colegas de que se necesitan criterios adicionales para controlar la estabilidad económica de Eslovaquia.

El país cumple todos los criterios de Maastricht, que son las condiciones para la adopción del euro. Es demasiado tarde para un debate sobre el establecimiento de los criterios de Maastricht para las economías de rápido crecimiento. Sin embargo, me gustaría mencionar la razón del cambio de la paridad central, que los diputados alemanes han presentado como un fenómeno negativo. El cambio de la paridad central reflejó, en dos ocasiones, el desarrollo económico del país, que estuvo respaldado en gran medida por el crecimiento de la productividad.

Quiero pedir al Gobierno de la República Eslovaca que intensifique la campaña dirigida a los ciudadanos, en particular el suministro de información a los grupos vulnerables. Creo que la indicación del doble precio debería ser obligatoria no solamente durante los seis meses previos a la entrada en la zona del euro, sino también durante un año como mínimo a partir de esa fecha. Esto ayudará a los consumidores a acostumbrarse a los precios en euros.

No me cabe duda de que un buen entorno empresarial competitivo se traducirá en un mayor surtido para los consumidores, que es el mejor remedio para el aumento de los precios. Creo que Eslovaquia también aprenderá de la experiencia de los países que ya han adoptado el euro.

Para terminar, quiero felicitar a mi colega David Casa por su apoyo para la adhesión de Eslovaquia a la zona del euro. Creo que su nombre pasará a la historia de la República Eslovaca.

  Elisa Ferreira (PSE). – (PT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, 10 años después de su nacimiento, el euro es un éxito innegable y es actualmente uno de los pilares de la confianza de los ciudadanos en el proyecto europeo. Por lo tanto, acojo con satisfacción la ampliación de la zona del euro. Después de decisiones idénticas relativas a otros países, ahora se ampliará a Eslovaquia.

No obstante, al mencionar el décimo aniversario del euro, debemos incluir las lecciones aprendidas por el camino, lecciones acerca de la sostenibilidad del proceso y del impacto sobre la convergencia real asociado a la moneda única. Tal vez se puede mejorar la aplicación de los criterios de adhesión y tal vez se podría reflexionar acerca de la sostenibilidad y la solidez del proceso para los antiguos y los nuevos miembros. En el caso de Eslovaquia, la reevaluación del 17 % de su moneda, aunque planificada y conforme a los criterios del Tratado, invita a la reflexión.

Como he dicho, estas cuestiones merecen un debate serio en el que el Parlamento Europeo debe tener una voz activa y el deseo del Grupo Socialista es que el euro contribuya a algo más que a la estabilidad financiera. También debe ser un instrumento para estimular la convergencia real, el empleo y el progreso de la Unión. Sugeriremos continuar este debate en mayor profundidad durante el debate EMU@10, es decir durante la celebración del décimo aniversario del euro.

Por el momento, solamente quiero felicitar al ponente y a los ponentes alternativos, además de reconocer y alabar los extraordinarios esfuerzos realizados por Eslovaquia, su Gobierno y los interlocutores sociales, y el éxito que ya han obtenido. Espero que triunfen en su próxima participación en el proyecto de la moneda única y les deseo sinceramente lo mejor en este sentido.

  Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Señor Presidente, es positivo que Eslovaquia tenga la oportunidad de entrar en la zona del euro. Basta con imaginar lo que habría sido de Europa en el último año sin el euro. Las divisas de los países individuales habrían sido un blanco, igual que en los tiempos de Soros. No obstante, como Italia ha demostrado, en ocasiones estar tan vinculado al euro no es tan positivo. Si fuera posible aconsejar a Eslovaquia —que, por supuesto, tendría que tomar su propia decisión—, yo me plantearía una cláusula de exclusión voluntaria, especialmente por lo que está ocurriendo actualmente a nivel europeo. Corremos el riesgo de que la Cumbre de la UE no lea los signos de los tiempos, de que continúe como si no ocurriese nada. La distancia entre los ciudadanos y la élite europea está creciendo de tal forma que todo el proyecto europeo está en peligro, cuando, en lugar de esto, todos deberían trabajar por una verdadera democracia.

  Milan Gaľa (PPE-DE). - (SK) Quiero dar las gracias al ponente, David Casa, por su trabajo en el informe. En la última década, en particular durante los años del Gobierno del señor Mikuláš Dzurinda, la Eslovaquia poscomunista aplicó difíciles reformas socioeconómicas que hicieron posible que la economía cumpliese los criterios de Maastricht.

La adopción del euro por parte de Eslovaquia provocará cambios. Es necesario preparar a los ciudadanos para los cambios y convencerlos de que la entrada en la zona del euro será beneficiosa para ellos. Es necesario crear una sensación de confianza en la nueva divisa y facilitar suficiente información. Varias empresas eslovacas se han comprometido voluntariamente a cumplir el denominado Código de Ética Empresarial para el cambio al euro. Han acordado ofrecer a sus clientes, socios y ciudadanos suficiente información y han prometido no hacer un mal uso de la conversión de la divisa al objeto de beneficiarse personalmente en términos económicos.

Creo que estos pasos nos ayudarán a confiar en el proyecto europeo común. También creo que el Parlamento Europeo votará hoy a favor de la adopción de la divisa europea por parte de Eslovaquia.

  Miloš Koterec (PSE). - (SK) La nueva divisa marca un punto de inflexión para la sociedad y sus ciudadanos. Como sucede con todos los cambios, existen ciertas preocupaciones acerca de su resultado. Conociendo la situación en Eslovaquia, no me cabe duda de que todo saldrá bien y de que todas las preocupaciones se disiparán en los primeros meses de 2009.

Mi confianza se basa en dos elementos fundamentales. En primer lugar, es de conocimiento general que Eslovaquia ha satisfecho plenamente los criterios macroeconómicos de Maastricht, lo que demuestra que el país está formalmente preparado para adoptar el euro. Eslovaquia también garantizará la sostenibilidad de los criterios. Es más, el Gobierno, el parlamento, los interlocutores y la sociedad en general están elaborando planes formales para encontrar soluciones a los problemas prácticos que podrían acompañar al cambio de divisa.

La indicación del doble precio se introducirá en todas partes y el mecanismo de control regular está preparado para que no se haga un mal uso del cambio al euro. También se han emprendido algunas otras medidas para facilitar información a los ciudadanos y ayudar con las dificultades diarias relativas a la utilización del euro. Creo que a partir del próximo año Eslovaquia será un miembro estable de la zona del euro modélico, un ejemplo sin problemas para la Unión Europea.

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Quiero felicitar a la Comisión por haber dado luz verde a Eslovaquia para entrar en la zona del euro a partir del 1 de enero del próximo año. La adopción del euro por parte de Eslovaquia es un gran ejemplo para otros países y un incentivo para que aumenten sus esfuerzos y adopten medidas adicionales para cumplir los criterios de convergencia.

Eslovaquia va a entrar en la zona del euro en un momento en el que la Unión Europea y el mundo en general están atravesando una situación económica muy complicada, con la subida de los precios del combustible y el aumento de la inflación. Por lo tanto, todos los países que pretenden entrar en la zona del euro o que ya son miembros establecidos deberían tomar ejemplo de Eslovaquia.

También quiero señalar el hecho de que, cuando Eslovaquia está a punto de convertirse en el décimo sexto miembro de la zona del euro, es fundamental garantizar el establecimiento de un procedimiento de toma de decisiones eficiente para el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Lamentablemente, todavía no se ha tomado la decisión definitiva sobre el sistema de rotación. Me gustaría señalar la importancia de no aplazar la introducción del sistema de rotación hasta que el número de miembros del Comité Ejecutivo alcance los 18 y de asegurarse de que se aplique lo antes posible, en vista de los preparativos que Eslovaquia debe realizar para entrar en la zona del euro y de la nueva ampliación de esta última.

  Simon Busuttil (PPE-DE). – (MT) Quiero felicitar a mi colega el señor Casa, que sé que ha trabajado mucho para elaborar este informe, y le deseo mucho éxito. También quiero felicitar a Eslovaquia, que está a punto de adoptar el euro. Yo procedo de un país que ha introducido el euro este año y puedo asegurarles a todos que, a pesar de las dificultades y de los sacrificios que un país tiene que hacer para entrar en la zona del euro, es indudablemente un motivo de satisfacción y orgullo para estos países.

Me gustaría decir que en este debate se está poniendo de manifiesto que es posible tener una Europa «de dos velocidades». Lo digo porque la semana pasada se celebró un referendo en Irlanda. Todos conocen el resultado. Creo que es importante demostrar que Europa puede avanzar a una velocidad diferente y que también es importante que empecemos a plantearnos esta posibilidad para el futuro desarrollo de la integración Europea.

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). – (LT) Lituania es un país que se comprometió en su acuerdo de adhesión a adoptar el euro. Siempre —es decir, cuatro veces durante nuestra legislatura— que tomamos una decisión acerca de si dar luz verde o no a un país u otro para su adopción del euro, intentamos actualizar los criterios de Maastricht o explicarlos de forma diferente.

Esto tiende a confirmar el hecho de que todavía tenemos dudas con respecto a la aplicación de estos criterios. Al principio, como representantes de Lituania y representantes de otros países, sugerimos que estas cuestiones se abordasen en nombre y a nivel del Parlamento y del Consejo. Sin embargo, durante todo este tiempo estas sugerencias se han rechazado. En lugar de sentarse para aclarar los matices y los aspectos técnicos que obstaculizan la expansión eficaz de la zona del euro, jugamos a tomar decisiones separadas más o menos aleatorias para cada país.

Quiero señalar que está claro que debemos aplicar una estricta política fiscal y que no hay forma de que cambiemos nuestro...

(El Presidente interrumpe al orador)

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Señor Presidente, la razón de los retrasos en el proyecto de unificación europeo, que acompaña a la ratificación del nuevo Tratado, es probablemente el hecho de que la prosperidad que ha brindado a los europeos el mercado interior común ya no se valora. Es una lástima que nuestros elogios por el éxito de la Unión Aduanera, que celebra ahora su cuadragésimo aniversario, pasen tan desapercibidos. Los 10 años de éxitos y logros de la divisa común también son motivo de celebración. Al obligar a los Gobiernos a mantener una disciplina presupuestaria, la zona del euro ha creado una macroeconomía increíblemente estable, inmune a todos los golpes a pesar de la globalización. Como diputada checa de este Parlamento, quiero felicitar a Eslovaquia por su entrada en la zona del euro. Gran parte de este éxito se debe al señor Dzurinda y a las reformas que aplicó hace cinco años. La izquierda puede ahora celebrar su éxito, porque cuando accedió al Gobierno adoptó la entrada en la zona del euro como un interés nacional. Cabe esperar que esto enseñe a los euroescépticos checos una lección y que un día sean los eslovacos los que nos feliciten. Lamentablemente esto tardará en producirse al menos otros cinco años o incluso más.

  Werner Langen (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Eslovaquia ha experimentado un repunte económico y, después de este debate tan polémico acerca de su cumplimiento de los criterios, votaremos si debería entrar en la zona del euro.

Quiero dar las gracias al ponente, el señor Casa, por haber tenido en cuenta en su informe las objeciones que se plantearon. El proceso de reforma y las reflexiones al respecto no concluyen cuando un país entra en la zona del euro; más bien, es entonces cuando comienza el verdadero desafío. La inflación es y continuará siendo un problema en Eslovaquia. No es casual que ya se hayan producido dos reevaluaciones —muy recientemente del 17,65 %— y ya digo antes de que se fije finalmente el tipo de cambio, que se producirá otra reevaluación de la corona eslovaca. Por lo tanto, todos debemos contribuir a garantizar que se produzca la convergencia real. Espero que el Consejo y los Ministros de Economía se tomen en serio las preocupaciones del Parlamento y que la Comisión celebre un debate abierto sobre el proceso en el futuro.

  Vladimír Špidla, Miembro de la Comisión. − (CS) Señorías, Eslovaquia tiene ahora la oportunidad de entrar en la zona del euro. Esto es posible gracias a los resultados socioeconómicos de la República Eslovaca. También se debe reconocer el mérito de este logro a todos los sucesivos Gobiernos de Eslovaquia y su firme concentración en esta cuestión. Creo que, por lo general, los líderes eslovacos han demostrado su voluntad y capacidad para responder a los cambios necesarios. Esta oportunidad se debe también a la coherencia de las políticas de la Unión Europea y al lanzamiento del proyecto europeo, porque Eslovaquia ha aceptado y satisfecho todos los criterios necesarios. Este hecho ha abierto la puerta para la adopción del euro y no se han expresado más dudas. En mi opinión, este es un aspecto muy importante. La ampliación de la zona del euro para incluir otro país, Eslovaquia, provocará indudablemente una integración europea más profunda. No solamente será la República Eslovaca, sino también la Unión Europea en general, la que se beneficiará de esta integración más profunda con la adhesión de esta economía tan próspera y de rápido crecimiento.

En el debate se han mencionado los temores a la inflación. Por supuesto, en cierto modo estos temores están justificados. Por otra parte, hay argumentos igualmente potentes que demuestran que el Gobierno eslovaco es coherente en su respuesta y, en ningún caso, a ningún Gobierno le interesa disparar la inflación. Por supuesto que el riesgo de inflación existe y se ha señalado esta cuestión al Gobierno eslovaco en todos los documentos y debates. Con respecto al tema de la reevaluación de la divisa eslovaca, debo decir que siempre se ha producido dentro de los límites previstos, dentro del marco de flexibilidad permitido a cada Gobierno y a cada país en este proceso al objeto de poder responder, de la mejor manera posible, al momento extraordinario de la adopción del euro. No se trata de una situación habitual, de una cuestión cotidiana. Es realmente una situación extraordinaria y hay que dar cierto margen de maniobrabilidad a los Estados miembros. A pesar de que el establecimiento definitivo del valor será un objetivo y una tarea muy seria, y a pesar de que será una operación extraordinaria, no será la primera vez que se produce. La zona del euro ya se ha ampliado con anterioridad y esta complicada operación pericial se ha realizado en muchas ocasiones con el éxito esperado.

Señorías, permítanme felicitar a Eslovaquia por haber dado este gran paso para conseguir este enorme éxito. También quiero insistir en que esto es claramente el resultado del trabajo de los sucesivos Gobiernos eslovacos y de la comprensión y la voluntad del pueblo eslovaco.

  David Casa, ponente. − (MT) Quiero dar las gracias a todos mis colegas por el debate. Estoy de acuerdo con que en este Parlamento existe un consenso acerca (del hecho) de que todos estamos de acuerdo en que Eslovaquia está preparada para entrar en la zona del euro. De hecho, hay algunas enmiendas que han garantizado el acuerdo de varios Grupos políticos.

Tenemos ante nosotros como oradores —ante mi, para ser exactos— un momento histórico. También tenemos, como han dicho varios diputados, un club que no solamente acepta a los países más grandes y desarrollados, sino que también da la bienvenida a cualquiera que esté preparado y dispuesto a aceptar las normas de la Unión Europea. Por lo tanto, actualmente tenemos una zona que acepta a todos los que satisfagan los criterios establecidos en el Tratado. No cabe duda, como mis colegas han señalado con acierto, de que no ha sido fácil para Eslovaquia y que tampoco será fácil en los próximos meses.

Terminaré mi intervención dando las gracias de nuevo a todos aquellos que me han ayudado a llegar a este punto y espero sinceramente que el pueblo eslovaco pueda seguir cosechando el éxito que ha conseguido hasta ahora. Espero que, en los próximos meses y años, las personas que han trabajado tanto para alcanzar este nivel tan importante consigan el mismo éxito que está teniendo su país en una serie de sectores.

  El Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar a continuación.

PRESIDE: HANS-GERT PÖTTERING
Presidente

6. Composición de los grupos políticos: véase el Acta

⁂

  Nigel Farage (IND/DEM). - Señor Presidente, intervengo sobre la base del apartado 2 del artículo 103 del Reglamento. En respuesta a la histórica y —como algunos dirían— feliz expresión de voluntad democrática de Irlanda de la semana pasada, usted dijo ayer desde la Presidencia que nuestro objetivo sigue siendo que el Tratado de Lisboa entre en vigor antes de las elecciones del próximo año. Si usted está de acuerdo, defenderé firmemente estos principios en el Consejo a finales de semana.

(Aplausos de diputados de otros Grupos)

Usted nos ha pedido un mandato. Yo sugeriría a la Cámara que el simple hecho de tener el mandato de la Conferencia de Presidentes no es suficiente para esto y que deberíamos —en virtud del artículo 103 del Reglamento, que afirma claramente que «el Parlamento decidirá si procede o no cerrar el debate con una resolución»— concluir nuestro debate mañana con el Presidente Barroso con una votación para ver si deberíamos concederle el mandato o no y si los diputados de esta Cámara supuestamente democrática están dispuestos a respetar el resultado irlandés y a averiguar que «no» significa realmente «no».

(Aplausos de diputados del Grupo IND/DEM)

  Presidente. − Señor Farage, le he brindado la oportunidad de intervenir porque lo ha pedido, pero debo decirle que su solicitud llega demasiado tarde. Es la Conferencia de Presidentes la que decide si debe haber una resolución o no. La cuestión se puede plantear de nuevo en el Pleno, aunque tendría que haberlo hecho antes. Ahora es demasiado tarde, por lo que definitivamente no habrá una resolución. Eso es lo que marca el Reglamento y nosotros cumplimos las normas. Su elevado tono de voz no compensa sus argumentos.

7. Turno de votaciones

  Presidente. − Vamos a proceder con las votaciones.

(Para más información sobre los resultados y otros detalles sobre el voto: véase el Acta)

7.1. Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (A6-0245/2008, Angelika Niebler) (votación)

– Antes de la votación:

  Angelika Niebler, ponente. − (DE) Señor Presidente, Señorías, vamos a votar la prórroga de la duración del mandato de ENISA. Solo a modo de recordatorio, diré que ENISA es la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información, que, junto con el Consejo, creamos hace cinco años. El mandato de ENISA expirará en mitad del próximo año por rotación. Mi informe propone prorrogar el mandato tres años, hasta 2012, lo que también coincide con la decisión del Consejo.

El objetivo de ENISA consiste en contribuir a la seguridad de Internet. No obstante, con el aumento del crimen en Internet, esto resulta imposible con el personal de que dispone y con los limitados fondos que obtiene, por lo que, en los tres próximos años, en los que se verá prorrogado el mandato, deberemos pensar en qué tareas debería asumir ENISA en el futuro y qué papel puede desempeñar, para, a continuación, dotarla del personal y los fondos apropiados.

Quiero pedirles a todos, de forma urgente, que aprueben de nuevo esta prórroga de tres años y, a continuación, que hagan un esfuerzo por participar en el debate sobre el futuro de esta Agencia.

7.2. Dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa en los vehículos de motor de dos o tres ruedas (versión codificada) (A6-0233/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (votación)

7.3. Dispositivos de alumbrado y señalización luminosa de los tractores agrícolas o forestales de ruedas (versión codificada) (A6-0235/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (votación)

7.4. Dispositivos de protección en caso de vuelco de los tractores, agrícolas o forestales, de ruedas (pruebas estáticas) (versión codificada) (A6-0234/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (votación)

7.5. Fusiones de las sociedades anónimas (versión codificada) (A6-0236/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (votación)

7.6. Protección jurídica de programas de ordenador (versión codificada) (A6-0237/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (votación)

7.7. Reconocimiento recíproco de los certificados de navegación expedidos para los barcos de la navegación interior (versión codificada) (A6-0238/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (votación)

7.8. Garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el segundo párrafo del artículo 48 del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros (versión codificada) (A6-0239/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (votación)

7.9. Controles veterinarios aplicables en los intercambios intracomunitarios (versión codificada) (A6-0243/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (votación)

7.10. Comercialización de los materiales de multiplicación vegetativa de la vid (versión codificada) (A6-0242/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (votación)

7.11. Procedimiento comunitario que garantice la transparencia de los precios aplicables a los consumidores industriales finales de gas y de electricidad (versión refundida) (A6-0217/2008, József Szájer) (votación)

7.12. Estadísticas de capturas nominales por los Estados miembros que faenen en determinadas zonas distintas de las del Atlántico Norte (versión refundida) (A6-0218/2008, József Szájer) (votación)

7.13. Estadísticas de capturas y de la actividad pesquera por parte de los Estados miembros que faenan en el Atlántico noroccidental (versión refundida) (A6-0219/2008, József Szájer) (votación)

7.14. Estadísticas de capturas nominales por parte de los Estados miembros que faenan en el Atlántico nororiental (versión refundida) (A6-0214/2008, József Szájer) (votación)

7.15. Denominaciones textiles (versión refundida) (A6-0215/2008, József Szájer) (votación)

7.16. Adhesión de Bulgaria y Rumanía al Convenio relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas (A6-0194/2008, Mariela Velichkova Baeva) (votación)

7.17. Intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros (A6-0207/2008, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (votación)

7.18. Protección del euro contra la falsificación (A6-0230/2008, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (votación)

7.19. Modificación del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en lo que respecta al régimen lingüístico aplicable al procedimiento de reexamen (A6-0211/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (votación)

7.20. Directiva marco sobre los residuos (A6-0162/2008, Caroline Jackson) (votación)

– Antes de la votación:

  Godfrey Bloom (IND/DEM). - Señor Presidente, deseo citar el artículo 9, concretamente el Anexo I. Intenté llamar la atención sobre este punto durante el debate que se produjo ayer por la noche, pero me temo que no tuve éxito. Sólo había tres o cuatro personas en la Cámara. La ponente, Caroline Jackson, ha estado recibiendo dinero de una empresa de reciclaje o una de eliminación de residuos, una actividad que no ha sido declarada, mientras actuaba en calidad de ponente de esta comisión. Creo que este hecho resulta sospechoso, incluso para los estándares de esta Cámara, por eso no creo que sea la persona adecuada para desempeñar la función de ponente de este informe.

  Presidente. − Señor Bloom, no puedo comentar nada sobre las circunstancias a las que se está refiriendo. Sin embargo, ese tipo de afirmaciones en esta sala constituyen un asunto muy grave y debe ser consciente de la importancia de sus observaciones.

  Caroline Jackson, ponente. − Señor Presidente, anoche hice una declaración completa sobre este tema. Puede que el señor Bloom no pudiera oírla porque su colega, el señor Batten, intentaba llamar la atención de esta Cámara sobre el referéndum y no dejó de hablar desde que comenzó mi intervención.

He efectuado una declaración completa a este respecto. Existe una declaración completa en el Registro de Intereses de los Diputados. He hecho referencia a este punto en los debates de la Comisión de Medio Ambiente. Soy miembro del Comité Consultivo Medioambiental de una empresa del Reino Unido denominada Shanks Plc y lo he sido durante los tres últimos años. En dicho Comité Consultivo Medioambiental participan un miembro de la Alianza de los Verdes y el presidente de uno de los comités consultivos científicos de la UE. El Comité Consultivo Científico únicamente se ocupa de la ejecución de la auditoría medioambiental de las instalaciones de la empresa de acuerdo con la legislación de la UE. Soy totalmente transparente a este respecto y siempre lo he sido.

Creo que mi experiencia en este comité me ha ayudado a elaborar un informe razonable que no favorece ningún tipo concreto de tratamiento de residuos. Espero que mis colegas me apoyen cuando digo que soy totalmente transparente en este punto y que he intentado elaborar un informe equilibrado que tiene en cuenta todos los puntos de vista del Parlamento.

(Grandes aplausos)

  Presidente. − Señora Jackson, la conozco personalmente desde hace años y no tengo ninguna duda sobre su integridad. Además, el texto de su declaración puede consultarse y está convenientemente incluido en el Registro de Intereses de los Diputados.

  Monica Frassoni (Verts/ALE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, no deseo hacer ningún comentario sobre lo que acaba de decir la señora Jackson. No obstante, creo que se trata de algo que el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea siempre ha reclamado, que debe regularse mejor el tema de los conflictos de intereses ya que este Parlamento, en calidad de colegislador, tendrá en un futuro y tiene hoy cada día más la obligación de ser transparente y correcto: no sólo transparente, sino también correcto, con respecto a los conflictos de intereses de los diputados.

– Tras la votación:

  Daniel Hannan (NI). - Señor Presidente, no me preocupa el modo en el que se están desarrollando algunas de estas votaciones. ¿Podría sugerir, a la vista de nuestra reacción ante los referéndums celebrados en Francia, los Países Bajos e Irlanda, que simplemente descartemos las votaciones y continuemos según deseemos?

  Presidente. − Señor Hannan, cuando intervenga deberá hacerlo de acuerdo con nuestro Reglamento. Por lo tanto declaro el punto enmendado para ser aceptado.

  John Bowis (PPE-DE). - Señor Presidente, lamento interrumpir la votación al final pero creo que se ha producido un error. Hemos estado haciendo comprobaciones durante el transcurso de las votaciones y creo que todos los grupos están de acuerdo en que se ha equivocado al anunciar que la enmienda 27 ha sido aprobada. No es posible que la enmienda 27 se haya aprobado. Le agradecería que volviera a este punto y que se asegurara de que ha sido rechazada. El problema es que, debido al resultado, no pasó a la siguiente enmienda.

  Presidente. − La enmienda 27 ha sido aceptada y por lo tanto la enmienda 92 queda invalidada. Lo comprobaremos de nuevo, pero eso es lo que hemos determinado aquí. Es posible volver a votar la enmienda 27.

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, simplemente quería comunicarle que podemos comprobar si le está permitido repetir una votación que ya ha tenido lugar después de haber anunciado el resultado. Creemos que de acuerdo con el Reglamento del Parlamento no es posible.

  Presidente. − Señor Cohn-Bendit, todo el mundo puede cometer un error y si he actuado con demasiada celeridad o me he equivocado en lo que he afirmado, entonces asumo mi responsabilidad. Naturalmente, lo lamento, pero no exageremos la importancia de la situación. Lo estudiaremos.

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Señor Presidente, tal y como lo entendemos, se trataba de una comprobación electrónica de una votación que ya había tenido lugar. Hasta ese punto, la intención estaba clara.

  Paul Marie Coûteaux (IND/DEM). – (FR) Señor Presidente, creo que está yendo demasiado rápido. Del mismo modo, en anteriores ocasiones y de nuevo durante la votación de la enmienda al Informe Jackson, ha dicho: «votos a favor», «abstenciones» y «aprobada». En otras palabras, ha excluido la posibilidad de votar «en contra». Señor Presidente, sé lo mucho que aprecia a la señora Jackson y que lo que ocurre aquí no tiene mucho que ver con la democracia, pero de todas formas, ¡respete las convenciones adecuadas!

(Aplausos)

  Presidente. − Señor Coûteaux, todo el mundo puede equivocarse, incluso en su Grupo. Si acepta que este hecho es cierto incluso para usted, entonces estamos al mismo nivel. Intentaré no ir tan rápido en un futuro para que pueda estar seguro de cuándo no ha ganado. ¿Le parece bien?

  Bernard Lehideux (ALDE). – (FR) Señor Presidente, perdóneme, pero sin duda soy víctima de los ataques de un grupo de presión secreto. Mi máquina me permite votar «a favor» pero no «en contra». Este hecho puede ser muy incómodo.

(Aplausos)

  Presidente. − Muchas gracias, señor Lehideux. Me satisface que no considere que la responsabilidad recae sobre mí.

  Guido Sacconi (PSE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, tan sólo deseo decir que la posibilidad que nos ha brindado de votar de nuevo la enmienda 27 ha permitido solucionar una injusticia, porque de este modo podremos votar la enmienda 92 que, en caso de que la enmienda 27 se hubiera aprobado realmente, habría sido anulada. Por lo tanto, creo que ésta ha sido una decisión muy sabia y democrática.

7.21. Normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas (A6-0192/2008, Anne Laperrouze) (votación)

7.22. Nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas (versión refundida) (A6-0178/2008, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (votación)

7.23. Fijación de los límites de residuos de las sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal (A6-0190/2008, Avril Doyle) (votación)

− Antes de la votación:

  Avril Doyle, ponente. − Señor Presidente, esta normativa resulta muy necesaria ya que la legislación actual sobre control de residuos ha conducido a una grave reducción en la disponibilidad de medicamentos veterinarios, lo que ha tenido consecuencias negativas en la salud y el bienestar público y animal.

Deseo instar a la Presidencia, especialmente al Primer Ministro francés entrante, que le conceda prioridad a este tema y de ese modo contribuya a resolver la crisis de disponibilidad, sobre todo para usos menores y para las denominadas especies menores, entre las que se incluyen ovejas, caballos, abejas, peces y otros animales que no representan una proporción menor en muchos de nuestros países.

No obstante, existe una necesidad urgente de revisar la Directiva sobre medicamentos veterinarios de acuerdo con los resultados del grupo de trabajo sobre la disponibilidad de medicamentos veterinarios.

Esta normativa es tan sólo un parche si tenemos en cuenta las necesidades reales. Aunque la acojo con satisfacción, insto a la Presidencia francesa a concederle la prioridad que se merece.

7.24. Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (A6-0173/2008, Marie Panayotopoulos-Cassiotou) (votación)

− Antes de la votación:

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou, ponente. – (FR) Señor Presidente, Señorías, hemos llegado a un acuerdo con el Consejo y la Comisión con respecto a las enmiendas 37 y 52. El compromiso se refiere respectivamente a la financiación de organizaciones no gubernamentales y al nivel máximo de financiación de ONG. La Comisión y el Consejo han aceptado incluir una declaración con el acuerdo en primera lectura y me gustaría solicitarle al Comisario, a quién ahora no veo aquí, pero que anoche efectuó una declaración durante el debate; presentó la declaración incluida en el informe… No sé si hay aquí alguien que desee presentar el acuerdo en nombre de la Comisión. En cualquier caso, desearía pedirles a mis colegas que, dado que están de acuerdo con esta declaración, voten a favor del informe para que podamos continuar con la votación en primera lectura.

7.25. Adopción por Eslovaquia de la moneda única el 1 de enero de 2009 (A6-0231/2008, David Casa) (votación)

7.26. El impacto de la política de cohesión sobre la integración de las comunidades y los grupos vulnerables (A6-0212/2008, Gábor Harangozó) (votación)

7.27. Coherencia de la política de desarrollo y los efectos de la explotación por la UE de determinados recursos biológicos naturales en el desarrollo del África Occidental (A6-0137/2008, Frithjof Schmidt) (votación)

– Antes de la votación:

  Carmen Fraga Estévez, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (ES) Nuestro Grupo político había solicitado, conforme al artículo 168 del Reglamento, la devolución a comisión de este informe. Después de la transacción lograda con los grupos políticos para aprobar la enmienda 1, presentada por nuestro Grupo, el Grupo PPE-DE retira su solicitud de devolución a comisión.

8. Explicaciones de voto

Explicaciones de voto orales

- Informe: Caroline Jackson (A6-0162/2008)

  Bogusław Sonik (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, la nueva Directiva sobre residuos pretende sentar una base para la creación de una sociedad europea universalmente comprometida con el reciclado. Se establecerán algunas metas muy ambiciosas para los Estados miembros. Sin embargo, ¿los objetivos que deseamos fijarnos no son demasiado ambiciosos? ¿Podrán los Estados miembros, especialmente los nuevos, cumplir los estrictos requisitos? Merece la pena señalar que los antiguos Estados miembros han tenido mucho más tiempo para adaptar sus sistemas de gestión de residuos a estos rigurosos requisitos, mientras que los nuevos se ven obligados a introducir mecanismos legales y a construir la infraestructura necesaria mucho más rápido.

La propuesta para una nueva Directiva sobre residuos está provocando una gran controversia en muchos países europeos. No creo que entonces deba sorprendernos que haya sido difícil llegar a un compromiso con el Consejo. Durante el debate de ayer, muchos diputados al Parlamento Europeo afirmaron que no estaban satisfechos con el compromiso relativo a la directiva. Sin embargo, me temo que la introducción de requisitos aún más exigentes provocaría problemas a la hora de poner en práctica esta normativa. La nueva Directiva sobre residuos obligará a los países que han desatendido la gestión de los residuos municipales a emprender acciones decisivas. Estos países estarán obligados a introducir mecanismos jurídicos y económicos cuya repercusión estimule la economía en lugar de suponer una carga para ella. La nueva directiva debe ser un incentivo para el desarrollo de nuevas formas de crear puestos de trabajo. Ése es el motivo por el que he votado a favor del informe.

PRESIDE: Luigi COCILOVO
Vicepresidente

− Informe: Caroline Jackson (A6-0162/2008)

  Gyula Hegyi (PSE). - (HU) Gracias, señor Presidente. La Directiva sobre residuos que acabamos de aprobar incluye compromisos y por lo tanto es susceptible de recibir críticas procedentes de distintos sectores. Entiendo la preocupación de todos esos ciudadanos concienciados con la protección del medio ambiente que me han solicitado que no apoye la directiva. Sin embargo, al mismo tiempo también he de señalar que muchas de mis enmiendas personales, formuladas con un espíritu progresista y en cooperación con las organizaciones medioambientales, se han incluido en el texto. La mayor virtud de esta directiva es la adopción de una jerarquía de residuos. Se concede prioridad a la prevención de residuos, a la que le siguen las distintas formas de reutilización o reciclado y finalmente se encuentra la eliminación, que debe evitarse siempre que sea posible y que, como mínimo, debe reducirse. He votado a favor de la directiva básicamente porque adopta el principio de jerarquía y espero que podamos mejorarla en el futuro.

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) La sociedad de consumo produce una ingente cantidad de residuos que dificulta la vida de la población, especialmente en las grandes ciudades europeas. A pesar de que el reciclado y el uso de productos secundarios se ha incrementado durante los últimos años, aún hay demasiados residuos en los vertederos de la UE.

Aunque el paquete de compromisos aprobado no es perfecto, creo que el texto de la directiva constituye un ambicioso instrumento político en el ámbito de la gestión de residuos para las futuras generaciones de europeos y por ese he votado a favor del informe de la ponente, la señora Caroline Jackson.

Los Estados miembros tendrán que mejorar su gestión de residuos de acuerdo con esta directiva. Me complace el hecho de que la directiva también se refiera a aspectos relacionados con la eliminación de residuos peligrosos y aceites. Creo que los Estados miembros lograrán todos estos ambiciosos objetivos si actúan de acuerdo con el texto adoptado, especialmente el objetivo de contar para 2015 con un sistema de recogida selectiva de residuos para el papel, el metal, el plástico, el vidrio, los elementos textiles, otros residuos biodegradables, el aceite y los residuos peligrosos.

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Señor Presidente, he votado a favor de la revisión de la Directiva marco sobre residuos que hoy hemos efectuado. Una de mis razones para hacerlo ha sido que después de la aprobación de la directiva, la República Checa podrá prohibir la importación de residuos a pesar de que este hecho contravenga el plan nacional. Gracias a la intervención del Parlamento, el texto revisado también incluye nuevos objetivos en el ámbito del reciclado. Los países europeos meridionales consideran que son demasiado ambiciosos mientras que los escandinavos, al igual que los checos, creen que no van suficientemente lejos. Me complace el compromiso que se ha alcanzado. Los distintos países poseen diferentes puntos de partida y esta directiva constituye un inicio común. En la actualidad se producen tres toneladas y media de residuos por persona y en los países del sur de Europa el 90 % de esos residuos va a parar a vertederos. La jerarquía de residuos de cinco niveles se va a incorporar a la legislación europea por primera vez: en primer lugar, la prevención, después, la reutilización, a continuación, el reciclado, y sólo llegados a este punto, la incineración como medio de generación de energía. Los vertederos son el último recurso para los residuos. Valoro en gran medida el trabajo realizado por la señora Jackson. Gracias a ella se ha llegado a este beneficioso compromiso para Europa.

  Jan Březina (PPE-DE). - (CS) Personalmente también me complace la aprobación de la directiva. Son pocos los que están satisfechos con los objetivos mínimos de reciclado que fijan un 50 % para los residuos domésticos y un 70 % para los residuos industriales. Algunos consideran que no son suficientemente ambiciosos, otros creen que no son realistas. Es probable que la República Checa la considere un paso atrás, pero lo importante es que la directiva no impide que cada país adopte una legislación nacional más estricta y vinculante, algo que considero muy deseable en este caso. Si se considera este tema desde la perspectiva de la República Checa, creo que la disposición que permite la reclasificación de los incineradores de residuos municipales en instalaciones de uso de residuos resulta muy poco satisfactoria. Este hecho podría implicar importaciones masivas de residuos desde los países vecinos, ya que en la Unión está permitido importar residuos para fines útiles. Me resulta difícil imaginar qué tipo de mecanismo realmente eficaz podría determinar si los residuos importados realmente se utilizan o se incineran. En consecuencia, los países que no deseen convertirse en el horno incinerador de toda Europa deben hacer todo lo que esté en su mano para asegurarse de que esta disposición se retira de la directiva.

  David Sumberg (PPE-DE). - Señor Presidente, voy a explicar mi voto sobre el Informe Caroline Jackson, pero antes de hacerlo, deseo rendirle un homenaje a mi colega conservadora, la señora Caroline Jackson, y al trabajo que ha realizado para elaborar este excelente informe.

La disposición para la eliminación de residuos es absolutamente esencial para todos los países europeos, sin olvidarnos del mío, y creo que éste es un compromiso positivo. Se trata de uno de esos pocos casos en los que Europa puede actuar de un modo conjunto. No ocurre en muchas ocasiones y quizás la población irlandesa ha querido decirnos algo a este respecto con el referéndum que ha celebrado recientemente.

Pero se trata de un buen informe. Espero que inspire al Gobierno del Reino Unido para adoptar un papel de liderazgo en este ámbito. Algo que sin duda ocurrirá si, como deseamos, dentro de dos años el Reino Unido tiene un nuevo gobierno conservador: el señor Cameron, nuestro líder, ha dejado totalmente claro que los aspectos ambientales tendrán prioridad y por lo tanto la votación que hoy hemos celebrado será un buen ejemplo, como, de hecho, será un buen ejemplo la forma en que han llevado a cabo la votación los diputados conservadores al Parlamento Europeo.

− Informe: Anne Laperrouze (A6-0192/2008)

  Péter Olajos (PPE-DE). - (HU) Muchas gracias, señor Presidente. Para mí ha sido un gran placer votar la Directiva relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas y me gustaría aprovechar esta oportunidad para darles las gracias a los seiscientos diez diputados que han apoyado la aprobación de esta directiva votando a favor de ella. De nuevo hemos tenido éxito y hemos conseguido elaborar una directiva positiva y progresista, una propuesta que reafirma el principio de responsabilidad compartida y de regulación conjunta por parte de los Estados miembros con respecto a los cursos de agua que atraviesan las fronteras nacionales. Se trata asimismo de una propuesta que traslada el énfasis de las emisiones a las inmisiones, es decir, pasa de centrarse en los intereses de la industria a los de la biota de los ríos. Es una directiva que introduce límites rigurosos sobre el uso de treinta y tres sustancias, especialmente insecticidas, sustancias químicas e industriales y metales pesados. Ahora es el turno del Consejo. ¿Apoyará el Consejo la directiva contribuyendo a limpiar nuestro río, o lo que es lo mismo, nuestros ríos? Ahora les corresponde a los gobiernos decidir si seremos capaces o no de poner fin a la excesiva contaminación del río Raba y de otros ríos europeos en una situación similar. Muchas gracias.

− Informe: Avril Doyle (A6-0190/2008)

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Un alto nivel de protección de la salud humana y la seguridad del consumidor constituyen los intereses fundamentales a la hora de fijar los límites de residuos de las sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal. En el caso de los animales criados para la producción, los medicamentos veterinarios pueden dejar unos residuos que ya han comenzado a influir negativamente tanto en la salud humana como en la animal.

Acojo con satisfacción el informe de mi colega, la señora Doyle, y por lo tanto he votado a favor de él. Resulta esencial tener un enfoque más coherente para controlar los residuos de todas las sustancias farmacológicamente activas y efectuar análisis de los riesgos que representan. Considero que debemos modificar, enmendar y unificar el marco legal para establecer límites máximos de residuos. Comparto la opinión de la ponente de que al hacerlo podemos garantizar que los medicamentos veterinarios se utilizan correctamente y son más accesibles, asegurar que el comercio de alimentos de origen animal funciona de un modo adecuado y, ante todo, lograr una protección óptima de la salud pública.

− Informe: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

  Neena Gill (PSE). - Señor Presidente, he votado a favor de este informe porque después de haber trabajado durante dieciocho años luchando contra la pobreza y la exclusión social apoyo firmemente la decisión de que 2010 sea el Año Europeo dedicado a este tema. Resulta totalmente inaceptable que setenta y ocho millones de europeos estén viviendo en estos momentos con riesgo de caer en la pobreza. Es escandaloso que a estas alturas de siglo los niños y los ancianos no pueden alimentarse o mantenerse calientes en muchos Estados miembros. Las cifras recientes demuestran que existe una creciente brecha entre las familias más ricas y las más pobres en algunos países debido a la desigual distribución del progreso económico europeo.

Espero que durante este año la Comisión se centre en las regiones en las que la pobreza y la exclusión social son más acuciantes. Por ejemplo, un reciente informe del Canal 4 del Reino Unido destaca que la región a la que represento, West Midlands, posee el segundo mayor nivel de pobreza y el segundo nivel de vida más bajo de todo el país.

Por lo tanto, aunque agradezco esta iniciativa porque incrementará la concienciación sobre la pobreza y la exclusión social, me decepciona que no ofrezca ninguna solución clara sobre la dirección que los Estados miembros deben seguir y creo que a menos que este año se utilice como plataforma para avanzar, se convertirá simplemente en otra tertulia más, en una oportunidad desaprovechada para marcar una diferencia en un asunto muy importante.

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, hemos aprobado un informe de excepcional importancia sobre los problemas relativos a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Este documento es un ejemplo de la sensibilidad social de la Unión Europea y de la creación del modelo social europeo que estamos construyendo en paralelo a las acciones para fomentar un mayor crecimiento económico y una economía de mercado que funcione.

Es muy importante que le dediquemos un espacio tan significativo a contrarrestar la exclusión y la pobreza entre los niños, los ancianos y los discapacitados, en otras palabras, entre aquellos que no tienen capacidad para evitar esta situación. Debemos tener presente que la pobreza aumenta en las zonas en las que se han producido desastres naturales o como consecuencia de otras situaciones como las que estamos viviendo en estos momentos, especialmente el notable incremento de los precios de los alimentos y la energía. En este contexto, es necesario emprender acciones complementarias para limitar la repercusión de estos factores negativos en los ingresos de los grupos ocupacionales y sociales más pobres.

  David Sumberg (PPE-DE). - Señor Presidente, he apoyado este informe porque obviamente todos estamos a favor de los valores tradicionales. Ninguno de nosotros desea que aumente la pobreza al igual que ninguno de nosotros desea que aumente la exclusión social. Por lo tanto, las intenciones son buenas y en cierto sentido me hago eco de lo que ha dicho mi colega del otro lado de la Cámara a este respecto.

La cuestión es qué hacemos en este ámbito. Y se trata de una pregunta que debe dilucidar cada gobierno nacional de los Estados miembros. En el caso de mi propio país, es al Gobierno conservador al que le corresponde hacer algo al respecto, y es responsabilidad de cada gobierno nacional porque la situación, las condiciones económicas y las condiciones sociales son diferentes a lo largo de toda la Unión Europea.

En estos momentos en el Reino Unido, quizás también en otros países, nos enfrentamos a la amenaza de una recesión real, de un incremento real de la pobreza y la exclusión social y es a nuestro Gobierno del Reino Unido y a los gobiernos de todos los Estados miembros a quienes les corresponde reconocer este factor y actuar en consecuencia.

− Informe: David Casa (A6-0231/2008)

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Deseo aprovechar esta oportunidad —realmente valiosa tanto para mí como para mi país, Eslovaquia— para darles las gracias a todos los diputados al PE que han votado a favor de la adhesión de Eslovaquia a la zona euro.

Me satisface que los diputados eslovacos hayan conseguido convencer al Parlamento Europeo con ayuda del equilibrado informe de nuestro colega, el señor David Casa, de que Eslovaquia pertenece al exitoso club «e». Ahora Eslovaquia y especialmente el Gobierno de la República Eslovaca tienen la responsabilidad de seguir dando estrictos pasos macroeconómicos y de proseguir con las políticas fiscales restrictivas con el objetivo de poder cumplir los criterios de Maastricht también en el futuro. La adhesión de Eslovaquia a la zona euro también es una señal para que otros Estados miembros continúen con sus reformas y cumplan los criterios de Maastricht.

Hoy deseo aprovechar esta intervención para darles las gracias a los ciudadanos eslovacos, que arriesgaron sus vidas para contribuir a la caída del Telón de Acero en 1989, y a aquellos que comprenden la importancia de las reformas, a pesar de que no siempre es fácil. Gracias a ellos el pueblo eslovaco puedo construir hoy una Eslovaquia fuerte en una Europa fuerte.

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Señor Presidente, deseo darle mi más sincera enhorabuena a Eslovaquia por su adhesión a la zona euro. También deseo darle las gracias por el trabajo realizado al ponente, el señor Casa, que ha tenido que enfrentarse en el Parlamento a varios debates relativos a la justificación de la revalorización de la divisa eslovaca y a otros asuntos. El debate ha demostrado que otros muchos requisitos que pueden afectar a la estabilidad a largo plazo de la moneda única están justificados. Aunque en la actualidad no representan un obstáculo para la adhesión de Eslovaquia, suponen un reto para el acuerdo sobre la modificación de la normativa. No estoy de acuerdo con aquellos que durante el transcurso del debate de hoy han rechazado la posibilidad de modificar en un futuro los criterios de Maastricht. Deseo darle de nuevo las gracias al Gobierno del señor Dzurinda que inició hace cinco años las reformas necesarias. Eslovaquia no estaría hoy celebrando su éxito económico y político si no fuera por ellos. Los eslovacos le están mostrando a la República Checa el camino correcto.

  David Sumberg (PPE-DE). - Señor Presidente, me gustaría explicarle a la Cámara el motivo por el que me he abstenido en esta resolución concreta. Mi abstención no se debe a que esté a favor de la moneda única en lo que respecta a mi país; de hecho, estoy totalmente en contra. Nuestra entrada en la moneda única supondría un desastre para el sistema político británico y para la economía del Reino Unido.

Me he abstenido porque creo que este tema es competencia exclusiva del Gobierno eslovaco. Si decide que al conjunto del país le interesa adherirse a la moneda única, entonces ése es su derecho nacional y han tomado su decisión en consecuencia.

Son este tipo de asuntos los que demuestran cómo debe avanzar Europa. Debe avanzar a través de países que toman sus propias decisiones en función de sus intereses y los reproches como los que se le han hecho en esta Cámara al pueblo irlandés durante las últimas horas constituyen un error. La población de Irlanda ha tomado una decisión según sus intereses nacionales. A ellos les corresponde tomar esa decisión y su votación democrática debe ser respetada.

Winston Churchill dijo: «Confiemos en el pueblo». Eso es lo que debemos hacer.

(Aplausos)

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Señor Presidente, en primer lugar he de decir que concuerdo plenamente con lo que acaba de decir el señor Sumberg. Sólo puedo agradecerle al pueblo irlandés que le haya concedido una nueva oportunidad a la democracia en la Unión Europea.

Me refiero a este tema porque yo también me he abstenido ya que la política de mi partido es no votar asuntos que no nos atañen. Pero me interesaba el informe en sí mismo. El apartado 6 recomienda al «Gobierno eslovaco que cree un observatorio para controlar cada semana el precio de una serie limitada de productos básicos para combatir las falsas percepciones de los aumentos de precios».

En el Reino Unido medimos la inflación y nuestra tasa de inflación supuestamente se ha incrementado al 3,3 %, como se ha anunciado esta mañana. Sin embargo, si hablan con un humilde cliente que viva en Daventry o en Long Buckby, les dirá que el precio de su carburante ha subido mucho más, que el precio de sus alimentos ha subido mucho más y que el precio de sus impuestos locales ha subido mucho más. Por eso cuestiono la calidad de las estadísticas.

En los apartados 8 y 9 también encontramos otros problemas, pero todo ello no hace sino explicar porqué es muy buena idea que el Reino Unido no pertenezca a este club. No obstante, le deseo lo mejor a este país.

− Informe: Gábor Harangozó (A6-0212/2008)

  Filip Kaczmarek (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, me he abstenido en la votación del informe del señor Harangozó. Uno de los objetivos de la política de cohesión de la Unión Europea debe ser reforzar los instrumentos de solidaridad e integración. Los grupos y las comunidades vulnerables deben recibir nuestro apoyo en la lucha contra la exclusión y la desigualdad. No obstante, este hecho no debe considerarse como un argumento en contra del desarrollo de zonas urbanas, ya que uno no excluye al otro. Un enfoque territorial es importante pero, al fin y al cabo, no invalida la importancia de la efectividad de la política de cohesión.

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, el Informe Harangozó que hoy hemos aprobado plantea un tema de excepcional importancia: la repercusión de la política de cohesión en la integración de las sociedades y los grupos más amenazados. Este informe destaca claramente la necesidad de prolongar la política de cohesión en las zonas menos desarrolladas, las zonas olvidadas en las que existen difíciles condiciones agrícolas y que poseen una infraestructura débil u obsoleta.

Debe concedérsele un apoyo especial a las regiones y a las zonas en las que hay un retraso histórico de desarrollo y en las que la población local está menos preparada para enfrentarse a los difíciles retos de la economía de mercado. Las diferencias entre regiones en el ámbito del desarrollo son enormes. Por lo tanto, es necesario crear una imagen real del estado de desarrollo de nuestras regiones y utilizar esta imagen como base para gestionar la situación en las zonas más difíciles de cada región. En estos momentos ya podemos afirmar que este problema afecta a las áreas de montaña y a una gran proporción de zonas rurales. Tenemos que emprender un proceso de desarrollo sostenible de modo que las zonas menos desarrolladas o aquellas más atrasadas no se queden rezagadas.

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Señor Presidente, yo también me he abstenido en la votación de este informe. Me gustaría hacer dos o tres comentarios sobre mis razones.

En primer lugar, me cuesta creer que cuando los padres fundadores de esta Cámara sentaron las bases para la libertad y la libertad de circulación de su Unión Europea pensaran que la detallada política que se establece en este informe fuera a ser una de las cosas que depararía el futuro.

Segundo, no estoy seguro de que este proceso deba emprenderse a escala europea. Puede que pertenezca al ámbito nacional, pero sin duda sería más apropiado a un nivel más local.

Por último, me gustaría finalizar diciendo que en mi circunscripción se encuentra la ciudad de Leicester, que constituye un buen ejemplo de cómo puede funcionar la acción local en este campo. Leicester es una de las ciudades más variadas del Reino Unido por todo tipo de razones —cuenta con pobres y con ricos y posee múltiples nacionalidades distintas— y a pesar de ello, gracias a las acciones individualizadas y locales, Leicester posee una de las estrategias más coherentes para la cohesión y la integración de las comunidades y grupos vulnerables, usando el término que aquí se ha utilizado. Es un ejemplo para todos nosotros de que la acción local es lo ideal y por eso me preocupa que se hable de ello a escala de la UE.

  Syed Kamall (PPE-DE). - Señor Presidente, mis comentarios reincidirán sobre los puntos tratados en las intervenciones anteriores.

Lo que voy a comentar también está relacionado con el Informe Panayotopoulos-Cassiotou sobre la pobreza y la inclusión social. Si estudiamos estos dos informes en conjunto vemos que representan claramente una imperfección en la creencia de los políticos europeos de que cualquiera que pueda ser el problema, Europa es la solución.

Insto a todos aquellos que realmente estén preocupados por los problemas de las comunidades vulnerables a buscar soluciones lideradas por las comunidades locales en lugar de propuestas de algún burócrata europeo distante o de algún lejano diputado al Parlamento Europeo.

Fíjense en el excelente trabajo, por ejemplo, del Centro de Justicia Social que se encuentra en Londres, en mi propia circunscripción, gracias a la dirección de Iain Duncan-Smith y a su maravilloso equipo, que están forjando una alianza entre las organizaciones comunitarias locales que luchan contra la pobreza y la exclusión social: organizaciones como la cooperativa de crédito para el Caribe Croydon Caribbean Credit Union o la escuela de boxeo London Boxing Academy, que reúnen a algunas de las personas más vulnerables de la sociedad.

Aunque los aspectos incluidos en este informe constituyen problemas graves, debemos recordar que las soluciones a menudo se encuentran más cerca de casa y por ese motivo me he abstenido en la votación del informe Harangozó.

− Informe: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008)

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Señor Presidente, la política de desarrollo sostenible no tiene ninguna oportunidad de éxito si no adopta una dimensión mundial. La Declaración del Milenio de la ONU puede solicitar a todos los Estados que garanticen la coherencia de la política de desarrollo pero los países desarrollados no han emprendido demasiadas iniciativas prácticas a este respecto. Ahí reside la contradicción del compromiso de la Unión Europea, que nos urge a evaluar la repercusión de nuestras políticas europeas con respecto a los Objetivos de Desarrollo. Esto hace que el hecho de que impongamos restricciones a nuestra política de pesca en beneficio de los países en vías de desarrollo sea aún más valioso. También deseo mencionar la tala de madera en el África Occidental, donde sólo el 5 % de los bosques se gestionan de un modo sostenible. Por supuesto, resulta importante que la Comisión apoye económicamente el lanzamiento de planes estratégicos nacionales en África, pero también podremos evitar el saqueo de los bosques tropicales si prohibimos la importación a Europa de madera que no posea una etiqueta ecológica clara. Creo que la Comisión presentará pronto esas propuestas y que en esta Cámara y en el Consejo las aprobaremos sin buscar ninguna excusa.

Explicaciones escritas de voto

− Informe: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0233/2008)

  Toomas Savi (ALDE), por escrito. − Respaldo los informes de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg y acojo con satisfacción la idea de que en un momento en el que la Unión Europea se está enfrentando a decisiones políticas importantes, no debemos dedicarnos con excesivo celo a aspectos técnicos demasiado detallados. Aunque hubiera resultado curioso ver a los diputados al Parlamento Europeo debatir con fervor sobre la importancia política de los dispositivos de alumbrado y señalización luminosa de los tractores agrícolas o forestales de ruedas, apoyo totalmente el uso de un método de trabajo acelerado para la codificación oficial de los textos legislativos sobre esta materia. Ahora que la UE ha llegado de nuevo a un punto muerto, tenemos que centrar nuestra atención en encontrar un modo de salvar el Tratado de Lisboa.

− Informes: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0233/2008 - A6-0235/2008)

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. − (SV) He votado en contra de este informe porque una normativa detallada de este tipo no debe gestionarse en un ámbito político. No resulta necesario codificar una legislación que debe ser retirada y sustituida por una normativa basada en normas técnicas elaboradas por comités técnicos.

− Informe: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0234/2008)

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. − (SV) He votado en contra de este informe porque una normativa técnica detallada de este tipo no debe gestionarse en este ámbito. Debe abordarse mediante comités técnicos a través de estándares técnicos (no es necesario codificar una legislación que debe ser retirada y sustituida por normas técnicas).

− Informe: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0237/2008)

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), por escrito. − (PL) He votado a favor del informe de la señora Geringer de Oedenberg sobre la protección jurídica de programas de ordenador ya que creo que, debido a la importante función que desempeñan en el funcionamiento de una sociedad moderna, deben contar con una protección jurídica apropiada que cumpla las normativas de derechos de autor, como las obras artísticas y literarias en el sentido estipulado en el Convenio de Berna. Únicamente los programas de ordenador expresados de forma correcta deben estar sujetos a esta protección, que no puede aplicarse a los conceptos y principios reales en los que se basan los elementos individuales de un programa de TI.

Obviamente, los procedimientos matemáticos, los lenguajes de programación y los algoritmos tampoco están sujetos a dicha protección, a la que deben tener derecho tanto las personas físicas como las jurídicas, de acuerdo con la legislación nacional de derechos de autor. Debe apuntarse que si un trabajador elabora un programa como parte de sus obligaciones laborales, es la empresa o el cliente el que tiene derecho a disfrutar los derechos de propiedad derivados de este programa (excepto en el caso de que se estipule lo contrario en un contrato).

− Informe: Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008)

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), por escrito. − (RO) He votado a favor de la resolución sobre la adhesión de Rumanía al Convenio de 23 de julio de 1990 relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas porque considero que es necesaria para reducir la presión fiscal sobre los contribuyentes.

Para Rumanía y Bulgaria es muy importante adherirse al Convenio de Arbitraje lo antes posible y, por lo tanto, unirse al resto de los Estados miembros para los que el Convenio ya está en vigor. Su exclusión de este sistema en la actualidad genera costes importantes para la economía y representa un obstáculo en el funcionamiento del mercado común europeo.

De acuerdo con el Tratado de Adhesión a la UE de Rumanía y Bulgaria, el Consejo ha de fijar la fecha de entrada en vigor de este Convenio basándose en la recomendación recibida por la Comisión y después de haber consultado al Parlamento. Deseo expresar mi preocupación con respecto a la entrada en vigor retroactiva del Convenio de Arbitraje a fecha de 1 de enero de 2007 y, por este motivo, apoyo la propuesta de que la fecha de entrada en vigor sea el día siguiente al de publicación de esta Decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea.

− Informe: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0207/2008)

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. − (SV) La delegación moderada en el Parlamento Europeo ha votado hoy a favor del informe (A6-0207/2008) de Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE-DE, ES) relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros.

Cuando la delincuencia traspasa las fronteras, las medidas para combatirla deben adoptarse en consecuencia. Por lo tanto, apoyamos la decisión marco y una mayor cooperación para simplificar y conseguir que el intercambio de información sobre condenas entre los Estados miembros sea más eficaz.

No obstante, nos oponemos vehementemente al artículo relativo al tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas y otros datos similares.

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. − (PT) Esta propuesta sobre la organización y el intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros pretende mejorar la comunicación entre las autoridades judiciales.

Es importante garantizar que los extractos de los registros de antecedentes penales son fáciles de entender y que la información incluida en ellos se utiliza de forma adecuada.

Por lo tanto, apoyo el excelente informe de mi colega Díaz de Mera, al igual que las enmiendas propuestas, especialmente en lo relativo a la protección de datos.

Resulta esencial que se aplique un conjunto general de principios de protección de datos y que éste se tenga siempre en cuenta durante la recopilación, el tratamiento y la transferencia de información. Además, las autoridades de protección de datos deberán informar sistemáticamente sobre el intercambio de información personal en virtud de esta Decisión marco.

También es importante que este sistema funcione eficazmente, de modo que se convierta en una herramienta útil para la prevención y la lucha contra la delincuencia, especialmente en el ámbito de los delitos de carácter sexual. Para garantizar una mayor protección para los niños, por ejemplo, es fundamental que los colegios tengan acceso a información sobre sus trabajadores o sus trabajadores potenciales, en caso de que éstos tengan antecedentes penales relacionados con delitos cometidos contra niños.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Resulta escandaloso que un delincuente peligroso pueda esconderse tras la falta de información sobre sus antecedentes penales para evadirse de la justicia o cometer delitos en otros Estados miembros. El caso Fourniret es un doloroso y penoso ejemplo de este hecho.

En este contexto, permitir la elaboración de registros de antecedentes penales completos y accesibles, que incluyan las condenas impuestas en los distintos Estados, supone una mejora positiva.

No obstante, esta loable iniciativa no sólo se dirige a los pedófilos, asesinos o atracadores peligrosos. Mediante la mera inclusión de las palabras «inhabilitaciones derivadas de una condena penal», también se aplica a la persecución internacional por sostener determinados puntos de vista. Todos sabemos bien quien es el objetivo, en esta locura que es Europa, abierta a los vientos de la inmigración incontrolada, arrepintiéndose perpetuamente de lo que fue, de lo que es y de lo que podría ser: los patriotas vinculados a su identidad, orgullosos de su pueblo, de su nación y de su historia, y aquellos que se atreven a proclamar alto y claro su intención de defenderlos.

Por lo tanto, nos hemos abstenido porque tememos que, además de la legítima represión de la delincuencia, este texto permita la extensión a toda la Unión de leyes que aniquilan la libertad y que le hacen tanto daño a la vida democrática de nuestros países.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) La transmisión de información extraída de los registros de antecedentes penales de los ciudadanos desde un Estado miembro a otro debe llevarse a cabo sobre la base de una cooperación (bilateral) establecida entre las partes implicadas.

Esta iniciativa pretende mejorar la comunicación entre las autoridades judiciales y garantizar las solicitudes de los Estados miembros con respecto a los registros de antecedentes penales de los ciudadanos de otros Estados miembros reciben «una respuesta correcta, completa y exhaustiva».

Sin embargo, estamos en desacuerdo con la armonización de leyes y con la adopción de procedimientos comunes, concretamente con respecto a la obligación de transmitir «toda la información relativa a las condenas impuestas a sus nacionales» o la obligación de «conservar y actualizar toda la información recibida», además de con la armonización de procedimientos, sobre todo cuando la ausencia de garantías claras para la protección de estos datos hace que, desde nuestro punto de vista, esta propuesta sea aún más cuestionable.

Reconocemos la necesidad de que haya mecanismos que posibiliten la transmisión recíproca de información sobre los registros de antecedentes penales entre los distintos Estados miembros, pero esta necesidad debe resolverse individualmente y dentro de un marco de cooperación entre dichos Estados.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − He votado a favor del Informe Díaz de Mera García Consuegra sobre el intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros. Debido a la creciente movilidad que se ha producido dentro de la UE, es importante que los Estados miembros puedan informarse recíprocamente sobre los antecedentes penales de los ciudadanos de la UE residentes en sus territorios. No obstante, deben aplicarse dispositivos de protección y por ese motivo acojo con satisfacción la prohibición general propuesta con respecto al tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas o, la afiliación a un partido o sindicato y el tratamiento de datos personales relativos a la salud o la vida sexual.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) En una Unión Europea de fronteras abiertas, es necesario que haya una buena cooperación entre las autoridades para que sea posible mantenerse razonablemente bien informado sobre la lucha contra la delincuencia. El objetivo de crear un portal europeo de Internet en el que los ciudadanos y empresarios puedan obtener información sobre sus derechos como consecuencia de un proceso penal parece útil.

La creación de un registro electrónico que simplifique el intercambio de registros de antecedentes penales entre países puede ser un avance, pero sólo si se incorporan de un modo adecuado los requisitos de protección de datos. En la práctica, dependerá en gran medida de la gestión de los actos que sean constituyentes de delitos en un Estado miembro pero no en otro. Desde mi punto de vista, estos temas no se han abordado de un modo adecuado en las fases iniciales y por ese motivo me he abstenido en la votación.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. − (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor del informe del señor Díaz de Mera. Es vital mejorar la comunicación entre las autoridades judiciales y asegurar una respuesta correcta, completa y exhaustiva a las solicitudes de información de los Estados miembros sobre antecedentes penales.

La apertura de fronteras no sólo permite la libre circulación de ciudadanos honestos sino también de delincuentes que a menudo escapan de las redes de la justifica refugiándose en otros Estados en los que comenten nuevos delitos. No obstante, debido a un incorrecto intercambio de información, no se tienen debidamente en cuenta ni las posibilidades de que vuelvan a cometer un delito ni el peligro real que representan.

Como los periódicos publican a diario, son especialmente los delincuentes sexuales y otros individuos extremadamente peligrosos los que se benefician de la carencia de un sistema eficaz de intercambio de información y los que se aprovechan de los límites impuestos a las competencias actuales de la UE.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. − (SV) Las enmiendas del Parlamento Europeo mejoran la legislación, pero al mismo tiempo no deseo votar a favor de su puesta en práctica. Por eso he optado por la abstención en la votación.

− Informe: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0230/2008)

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. − (PT) El objetivo de este reglamento es garantizar un alto nivel de protección contra la falsificación del euro mediante la imposición de las medidas necesarias para su protección a través de la comprobación de la autenticidad y la idoneidad de billetes y monedas para su puesta en circulación.

Según las estadísticas más recientes, en 2007 se retiraron de la circulación aproximadamente 561 000 billetes y 211 100 monedas falsificados.

Ahora que el Banco Central Europeo y la Comisión han establecido los procedimientos definitivos para la detección de billetes y monedas falsos, resultaba vital modificar el Reglamento de 2001, ya que los establecimientos implicados en la distribución pública de dinero en efectivo poseen las herramientas que necesitaban para llevar a cabo esas comprobaciones.

También me complace la obligación explícita de las instituciones de crédito y de otras entidades pertinentes de comprobar la autenticidad de los billetes y monedas que hayan recibido antes de volver a ponerlos en circulación. Simultáneamente, tendrán que adaptar sus procedimientos internos y actualizar su equipamiento según sea necesario.

Además es importante garantizar la autenticidad del euro en los Estados miembros que no pertenecen a la zona euro, pero en los que esta divisa circula como moneda de transacción. En estos países los métodos de control no pueden aplicarse del mismo modo, lo que significa que es necesario establecer procedimientos de verificación específicos.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Existe un flujo constante de billetes falsos de excelente calidad procedentes de Europa del Este. Al fin y al cabo, la Unión Europea es, por su propia naturaleza, muy atractiva para los falsificadores ya que la población no está especialmente familiarizada con la nueva moneda y ni siquiera los cajeros automáticos son inmunes al fraude.

La mejora de la protección del euro frente al fraude supone un avance positivo por lo que yo también he votado a favor del Informe Díaz de Mera. Trabajar constantemente para conseguir que el euro sea más seguro es un progreso, pero no se consigue nada si la población aún tiene pocos conocimientos sobre las características de seguridad. Por lo tanto, el Banco Central Europeo y los Estados miembros tienen que incrementar sus esfuerzos en el ámbito de la educación. Además, debemos encargarnos de que sea posible capturar a los falsificadores profesionales rápidamente en cualquier punto de la UE. La reducción continua de los servicios policiales unida a la eliminación de fronteras resulta contraproducente y no sólo en este ámbito.

− Informe: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0211/2008)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Esta propuesta de decisión del Consejo, originada por una solicitud del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, pretende añadir una disposición al Reglamento de Procedimiento del Tribunal en lo que respecta al régimen lingüístico aplicable al procedimiento de reexamen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Estatuto del Tribunal.

El procedimiento que permite al Tribunal de Justicia revisar las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia según lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 225 del Tratado CE y en los apartados 2 y 3 del artículo 140A del Tratado CEEA, puede utilizarse cuando este último tribunal decida sobre los recursos interpuestos contra una resolución de una sala jurisdiccional.

De acuerdo con el Estatuto, se puede llevar a cabo una revisión en aquellos casos en los que las cuestiones prejudiciales pasen a ser competencia del Tribunal de Primera Instancia. Esta posibilidad aún no se ha presentado, pero el Tribunal de Justicia ha considerado necesario modificar su Reglamento con el fin de poder aplicar el régimen lingüístico a este nuevo procedimiento de reexamen.

De este modo se estipula que la lengua de procedimiento sea aquella en que esté redactada la resolución del Tribunal de Primera Instancia que sea objeto de reexamen, lo que consideramos correcto.

− Informe: Caroline Jackson (A6-0162/2008)

  Jan Andersson, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. − (SV) Hemos decidido otorgarle nuestro total apoyo al compromiso al que han llegado el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros. Este compromiso significa que se introducirán objetivos vinculantes de reciclado, lo que resulta muy positivo. No obstante, hubiéramos preferido encontrar una definición más precisa de subproductos y unos objetivos de reciclado aún mayores.

  Liam Aylward (UEN), por escrito. − El objetivo de cualquier política de residuos es minimizar las repercusiones negativas de los residuos en la salud y el medio ambiente. Disociar la generación de residuos del crecimiento económico es vital. Producimos mil trescientos millones de toneladas de residuos anualmente, de los que cuarenta millones de toneladas son residuos peligrosos.

Esta legislación de la UE pretende acercarnos a la meta de ser una sociedad del reciclado. El Parlamento ha insistido en los objetivos de reutilización y reciclado de residuos. Estos objetivos son ambiciosos: en el año 2020 los Estados miembros tendrán que haber incrementado el reciclado y la reutilización de los residuos domésticos en un 50 %.

Tenemos que reducir la cantidad de residuos destinados a los vertederos y a la incineración. El sistema de jerarquía como orden de prioridad obliga a los legisladores en materia de prevención de residuos y de políticas de gestión a aplicar la prevención en primer lugar, seguida de la reutilización, el reciclado, la recuperación y la eliminación como último recurso. La incineración únicamente se considera método de recuperación si posee altos niveles de eficiencia energética.

Tenemos que conseguir la implicación de los ciudadanos, los productores y los consumidores en lo que respecta a la reducción, la reutilización y el reciclado de residuos. Las instalaciones de reciclado de las autoridades locales y comunitarias han de poseer una ubicación práctica y accesible para conseguir la máxima repercusión.

  Adam Bielan (UEN), por escrito. − (PL) Señor Presidente, estoy de acuerdo con la ponente en que en algunos Estados, especialmente en aquellos en los que el abandono del sistema de eliminación acaba de iniciarse, la obtención de energía a partir de los residuos puede convertirse en una tendencia dominante y puede poner freno a la inversión en otros procesos, como el reciclado o la reutilización.

Polonia actualmente recicla la menor cantidad de residuos de la UE, sólo un 4 %. En Małopolska, se recicla el 7 % de los desperdicios. Mientras tanto, existen planes para construir incineradores con capacidad para 250 000 toneladas de residuos anuales, más de lo que se produce en una ciudad. Para que un incinerador sea eficiente, debe llenarse adecuadamente. Por lo tanto, el proyecto financiado por la Comisión Europea aniquilará el entusiasmo por la separación de residuos, ya que todo sirve como combustible.

Se calcula que decenas de miles de toneladas de residuos municipales, láminas de aluminio, desechos, neumáticos usados y pilas ilegalmente importadas se dirigen regularmente hacia Polonia. En una zona meridional de la frontera occidental, se han detenido desde enero de este año dieciséis cargamentos con un total de cuarenta toneladas de residuos. Algunas autoridades de municipios cercanos a la frontera han tenido que incrementar en un 30 % su presupuesto para limpiar vertederos ilegales.

Solicito que se emprendan medidas concretas para poner freno a estas prácticas tan pronto como sea posible. Las innumerables normativas sobre clasificación de residuos y métodos de recuperación no tendrán ningún valor mientras a las empresas les resulte más barato arrojar sus residuos en los campos de un país vecino.

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La propuesta de compromiso del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la gestión de residuos constituye un cambio radical e importante en beneficio de los enormes intereses financieros ocultos asociados a los residuos.

La directiva propuesta no contribuye a la reducción total del volumen de residuos. Sus objetivos y medios son deliberadamente imprecisos. Excluye los residuos industriales y se limita a ciertos tipos de residuos urbanos teniendo en cuenta la relación coste-efectividad y la competencia en lugar del medio ambiente y la salud pública.

Un ejemplo de este retroceso generalizado es el debilitamiento de la estructura jerarquía según la cual el reciclado debe preceder a la recuperación de energía. Otro ejemplo es el hecho de considerar la combustión energética de residuos compuestos como recuperación de energía en casos distintos a los ya especificados, como la generación de biogás.

Los agentes tóxicos y otras sustancias peligrosas que se liberan a la atmósfera, penetran en el suelo y en el nivel freático y afectan a los nutrientes tienen una repercusión directa en la salud de los trabajadores del sector de la gestión de residuos y en la de la población en general.

Lo que necesitamos es una reducción del volumen de residuos, además de una gestión planificada y un transporte convenientemente organizado. A escala gubernamental, regional y local debe asumirse la responsabilidad de clasificar y separar los elementos tóxicos y otras sustancias peligrosas (dioxinas, etc.) y debe llevarse a cabo tanto reciclado como sea posible. Los residuos compuestos no deben quemarse. Debe producirse una mejora medioambiental de los vertederos y una eliminación final segura de los residuos que contienen.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. − (PT) He votado a favor de la recomendación de la señora Jackson referente a una segunda lectura de la revisión de la Directiva marco sobre residuos, ya que creo que esta propuesta contribuirá a reducir las repercusiones socioeconómicas y medioambientales de la gestión de residuos, teniendo siempre en cuenta que la reducción, la prevención, la reutilización y el reciclado de residuos han de ser prioritarios en toda la Unión Europea.

He votado a favor de la enmienda 82 porque respaldo unos objetivos más ambiciosos de reciclado de residuos para todos los Estados miembros con el objetivo de garantizar la eficacia de la política europea de prevención de residuos.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) En esta segunda lectura, el Parlamento Europeo está insistiendo para que el Consejo acepte enmiendas que ya se aprobaron en primera lectura.

Las enmiendas clave fueron la introducción de objetivos de reciclado y de prevención de residuos y la elaboración de una jerarquía de residuos de cinco niveles como norma general.

El Consejo eliminó todas las referencias a los objetivos, pero la ponente ha restaurado las enmiendas del Parlamento presentándolas de una forma modificada. Desde el punto de vista de la ponente, sería un error desperdiciar esta oportunidad de garantizar que esta directiva sirve para algo más que establecer un conjunto de definiciones. Debe haber un vínculo real entre la directiva y las aspiraciones de reciclado y prevención que se establecen en la estrategia temática para la prevención y el reciclado de residuos.

Un objetivo importante de la directiva es establecer una distinción clara entre lo que se considera «recuperación» y «eliminación» de residuos, ya que las sentencias del Tribunal de Justicia ponen esta cuestión en tela de juicio.

En cualquier caso, creemos que la reducción, el reciclado y la recuperación de residuos deben ser asuntos prioritarios. No obstante, la catalogación de la coincineración como método de recuperación y por tanto como actividad lucrativa plantea muchas dudas. El problema es que, si ése es el caso, ¿quién va a reducir la producción y a incrementar el reciclado y la recuperación?

  Ambroise Guellec (PPE-DE), por escrito. – (FR) Según los datos de la OCDE, desde este momento y hasta 2020 produciremos un 45 % más de residuos que en 1995. Por lo tanto, la Unión Europea necesita definir urgentemente una nueva estrategia de gestión de residuos que permita que los residuos de todo tipo no reciban únicamente la consideración de fuente de contaminación que hay que reducir, sino también la de recurso potencial que se puede explotar.

El compromiso adoptado hoy en la sesión plenaria contribuirá a cambiar la focalización hacia la prevención y el reciclado —con el objetivo de estabilizar el volumen de residuos generados entre este año y el 2012 y de cumplir objetivos de reciclado del 50 % de residuos domésticos y del 70 % de residuos de construcción y demolición para 2020— con sistemas de recogida selectiva de residuos obligatorios para 2015 como mínimo para papel, metal, plástico y vidrio y normativas más estrictas para residuos peligrosos especialmente a través de la recogida selectiva y la trazabilidad. También debemos organizar una recogida selectiva de aceite, además de establecer una distinción entre las operaciones de incineración destinadas a la eliminación final de residuos y aquellas que reciclan a través de la recuperación de energía. Por lo tanto, únicamente los incineradores municipales de residuos que sean eficientes en función de una fórmula de eficiencia energética podrán catalogarse como plantas de reciclado.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − La segunda lectura sobre la Directiva marco de residuos representa una oportunidad tirada a la basura. La UE debería estar fijando objetivos sólidos para la reducción de residuos, no elaborando aspiraciones no vinculantes para un futuro demasiado distante. Las enmiendas de mi grupo habrían reforzado la legislación propuesta y resulta lamentable que no hayan tenido éxito.

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), por escrito. − (CS) Los políticos progresistas de casi todos los países del mundo llevan años siguiendo el ingente incremento que se está produciendo en la generación de residuos. Una buena solución a esta desastrosa tendencia es una legislación que imponga un alto porcentaje de reciclado de materiales concretos. Desafortunadamente, incluso cuando los residuos se separan, sigue produciéndose un constante incremento en la cantidad de materiales que se denominan colectivamente «residuos mezclados».

Agradezco el esfuerzo de la señora Jackson por encontrar una solución válida y correcta en su informe. Aunque algunas de las sugerencias planteadas en las enmiendas son interesantes y tienen nuestro apoyo, no puedo aceptar que la incineración de residuos reciba la misma consideración de uso energético que las fuentes de energía sostenibles.

En consecuencia, aunque el informe incluye algunos aspectos positivos, no puedo votar a favor, al igual que la mayor parte del Grupo GUE/NGL. No podemos defender la reclasificación de los incineradores de residuos municipales que los equipara a fuentes de energía puramente ecológicas.

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), por escrito. − (FI) Señor Presidente, tengo varias razones para apoyar el compromiso que mi colega, la señora Jackson, ha negociado, y deseo darle las gracias por el sobresaliente trabajo que ha realizado. Tenemos buenos motivos para estar satisfechos con este resultado ya que cada vez es mayor la cantidad de residuos que acaba en los vertederos. Es una lástima en esta época en la que Europa es consciente de la importancia de la política sobre recursos y materias primas. Por término medio, menos de un tercio de los residuos domésticos se reciclan o compostan en Europa. Aproximadamente la mitad se acumula en vertederos y menos de un quinto se quema. En algunos Estados miembros, la cantidad de residuos domésticos que acaban en vertederos asciende al 90 %.

Necesitamos objetivos cuantitativos para el reciclado de residuos y al mismo tiempo debemos centrarnos en la importancia de la prevención de residuos. Sin embargo, me gustaría señalar que necesitamos efectuar mejoras más drásticas en el modo en que usamos la energía. Ya ha llegado el momento de que dejemos de aplicar la lógica equivocada de que el uso de residuos no puede desarrollarse porque generaría más residuos. Dado que parece que este tipo de lógica sólo conduce en la práctica a un incremento en el número de vertederos, queda demostrada su debilidad.

Por lo tanto debo admitir que he apoyado la línea del Consejo sobre la jerarquía de residuos y que he defendido su principio rector. Habría supuesto una política de residuos más flexible que tuviera en cuenta las circunstancias. El principio rector ha sido también la perspectiva que he adoptado para mi enmienda y he de darle las gracias a la señora Jackson por el apoyo que me ha brindado de diversos modos durante todo el proceso.

En consecuencia, le estoy agradecida a la señora Jackson que ha demostrado ser más racional de lo que podría deducirse a partir del resultado final. Se ha dado cuenta de que la energía procedente de las plantas de tratamiento es sólo una respuesta parcial a la escasez energética de la UE y se ha sentido obligada a decir que en algunos Estados miembros el uso energético se considera una amenaza al reciclado.

  David Martin (PSE), por escrito. − Acojo con satisfacción el informe de Caroline Jackson sobre la revisión de la Directiva marco de residuos. Para contribuir adecuadamente a nuestros objetivos referentes al cambio climático, la UE debe renovar su compromiso con la reducción de residuos y el reciclado. Conseguiremos un notable progreso en este campo mediante la introducción de objetivos vinculantes de reciclado y reutilización para 2020 cuyo porcentaje asciende a un 50 % en el caso de los residuos domésticos y a un 70 % en el caso de los residuos de construcción y demolición. Estas opiniones se reflejan en mi voto.

  Rovana Plumb (PSE), por escrito. − (RO) El objetivo de revisar esta directiva es crear un marco legislativo homogéneo y coherente vinculado a las metas de la estrategia para la prevención y el reciclado de residuos de modo que Europa se convierta en una sociedad del reciclado con un mayor nivel de eficiencia en el uso recursos residuales.

Deben crearse los siguientes elementos:

• Una jerarquía de gestión de residuos en cinco niveles: prevención, reutilización, reciclado, recuperación de energía y eliminación de residuos (incluido el almacenamiento).

• Medidas o planes para la prevención de generación de residuos.

• Objetivos de reciclado obligatorios para los residuos municipales además de para los residuos de construcción y demolición.

• Una mayor responsabilidad del fabricante en lo referente a suministrar información al público sobre las posibilidades de reutilización y reciclado de sus productos.

Las acciones que habrán de emprender los Estados miembros para conseguir los objetivos anteriormente mencionados deben fomentar la modernización y la creación de nuevas unidades de reciclado de residuos, de acondicionamiento para la reutilización, es decir, «la industria verde».

He votado a favor de la revisión de la Directiva marco de residuos porque todas estas medidas contribuirán a la creación de nuevos puestos de trabajo, a una gestión de residuos más duradera y segura, a un uso racional de los recursos nacionales y a una adaptación al cambio climático (desarrollo de sectores no incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión).

  Bogusław Sonik (PPE-DE), por escrito. − (PL) Respaldo el informe de la señora Jackson porque la nueva directiva sobre residuos pretende proporcionar una base para la creación de una «sociedad del reciclado». Europa se ha enfrentado a algunos objetivos muy ambiciosos. Sin embargo, ¿son demasiados ambiciosos? ¿Podrán los Estados miembros, especialmente los que se han adherido recientemente, cumplir estos rigurosos requisitos? Deseo hacerles notar que los nuevos Estados miembros ya están teniendo problemas con el cumplimiento de las normas comunitarias de gestión de residuos municipales.

Merece la pena señalar que los «antiguos» Estados miembros han tenido mucho más tiempo para adaptar sus sistemas de gestión de residuos a estos rigurosos requisitos, mientras que los nuevos se ven obligados a introducir mecanismos legales y a construir la infraestructura necesaria mucho más rápido. La propuesta de una nueva directiva está provocando una gran controversia en muchos países ya que su puesta en práctica tendrá consecuencias importantes en la economía.

No creo que entonces deba sorprendernos que haya sido difícil llegar a un compromiso con el Consejo. Durante el debate de ayer, muchos diputados al Parlamento Europeo afirmaron que no estaban satisfechos con el compromiso relativo a la directiva. Sin embargo, me temo que la introducción de requisitos aún más exigentes provocaría problemas a la hora de poner en práctica esta normativa. La nueva Directiva sobre residuos obligará a los países que han desatendido la gestión de los residuos municipales a emprender acciones decisivas. Estos países estarán obligados a introducir mecanismos jurídicos y económicos cuya repercusión estimule la economía en lugar de suponer una carga para ella. La nueva directiva debe ser un incentivo para el desarrollo de nuevas formas de crear puestos de trabajo.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. – (NL) El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea apoyó unas 30 enmiendas de transacción, pero también presentó enmiendas de mayor alcance con el fin de dotar de un mayor rigor al texto en lo que atañe a los residuos peligrosos, el tratamiento de los bioresiduos, el «estatus de fin de residuo» y el concepto de productos derivados y residuos que han dejado de serlo. Sobre todo, deseábamos objetivos vinculantes, reducir el volumen total de residuos generados y hacer hincapié en el reciclaje y la reutilización.

Nos oponemos al argumento de que los incineradores de residuos domésticos pueden incluirse en la categoría de recuperación con arreglo a la fórmula de eficiencia energética. En el texto adoptado en última instancia no se establece ningún objetivo legalmente vinculante en cuanto a la reducción de residuos. La propuesta de financiación de un estudio sobre medios de prevención de los residuos resulta totalmente inadecuada en este sentido.

Puede que se hayan fijado objetivos de reciclaje y reutilización del 50 y el 70 %, y que se exija a los Estados miembros que emprendan acciones legislativas, pero tales objetivos no son legalmente vinculantes en si mismos. Se trata irrefutablemente de una oportunidad desaprovechada. En mi circunscripción electoral, el peligro en relación con esta directiva marco revisada es que algunos podrían aprovechar la normativa europea «debilitada» con el fin de diferir en cierta medida las iniciativas que ya hemos puesto en marcha. Flandes constituye en cierto sentido un líder mundial en este terreno, en plena vanguardia. Sin embargo, esta directiva marco revisada no supone un verdadero incentivo para que procuremos mejorar aún más. Es una lástima.

  Marianne Thyssen (PPE-DE), por escrito. – (NL) Señor Presidente, Bélgica ha sido pionera en la política en materia de residuos durante años y, por ello, personalmente, yo habría preferido un texto algo más ambicioso. En cualquier caso, creo que el acuerdo que la señora Jackson consiguió culminar con la Presidencia eslovena pone de relieve una excelente capacidad para la negociación, y una sensibilidad para el compromiso por su parte. Por primera vez, se adopta una jerarquía europea en materia de residuos. Además, se avanza de manera sustancial en el terreno de la prevención, el reciclaje y la recogida selectiva de residuos domésticos.

Confiar en una tercera lectura y poner en peligro el acuerdo existente de nuevo es demasiado arriesgado, en mi opinión. Puesto que lo más importante es que la Directiva se adopte efectivamente, he votado a favor del acuerdo.

– Informe: Anne Laperrouze (A6-0192/2008)

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Las grandes empresas y sectores que contaminan de manera incontrolada ríos, lagos y capas freáticas con residuos tóxicos sin tratar son innumerables. No les puede poner freno una legislación que, en esencia, permite a las empresas contaminar y pagar a cambio multas de cuantía ínfima (siempre que se descubra una infracción de la legislación), mientras obtienen enormes beneficios a costa de la salud pública y el medio ambiente.

La UE y los distintos gobiernos son conscientes de esta situación, pero mantienen una barrera de silencio al respecto. Con la perspectiva de un aumento de los beneficios, ponen en peligro las vidas de los trabajadores pretendiendo ser «competitivos», mientras les exigen que financien medidas contra la contaminación a través de los impuestos.

La contaminación de la capa freática en la región del río Asopos con cromo hexavalente procedente de una actividad industrial incontrolada pone de relieve las sustanciales deficiencias de la legislación, que se limita a establecer el límite máximo en cuanto a contenido de cromo, y no recoge ninguna disposición relativa a un carcinógeno manifiestamente peligroso.

Las medidas propuestas de la UE, aún cuando limitan el contenido de sustancias peligrosas, quedan invalidadas por la ausencia de controles eficaces y medidas disuasorias de la contaminación que afecten a los beneficios de las empresas. Sólo la lucha de los trabajadores contra los beneficios de la plutocracia puede salvaguardar el derecho inalienable a la salud y a la vida.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. – (PT) He votado a favor de la recomendación de la señora Laperrouze respecto a una segunda lectura de las normas de calidad medioambiental en el terreno de la política de aguas en la Unión Europea, dado que un adecuado estatus químico de las aguas superficiales en la Unión Europea constituye una condición esencial para la protección de la salud humana y el medio ambiente.

Esta Directiva es positiva, puesto que establece límites respecto a la concentración en el agua de determinados contaminantes nocivos para la salud, y aclara nuevas obligaciones de los Estados miembros en lo que atañe a la contaminación transfronteriza.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Las enmiendas adoptadas mejoran en cierta medida la propuesta del Consejo. La justificación de esta Directiva se deriva de un requisito contenido en la Directiva por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, y contiene aspectos con lo que no estoy de acuerdo. Tal es el caso del principio de que quien contamina paga, y que puede servir precisamente para proteger a aquéllos que disponen de fondos para pagar por la contaminación que generan. Todo lo que tienen que hacer es pagar y después crear industrias de depuración para poder seguir adelante con su actividad lucrativa a costa de la contaminación que, entretanto, se les ha autorizado a producir, posiblemente destruyendo ríos, bosques, etc.

Creemos que es esencial actuar en el ámbito de la prevención de la contaminación. Sin embargo, sabemos que en el artículo 16 de la Directiva marco se refieren diversas obligaciones relativas a la formulación de propuestas por la Comisión, incluidas la medidas para combatir la contaminación del agua por determinados agentes contaminantes, o por grupos de éstos, que representan un riesgo significativo para el medio acuático, o a través de éste, la elaboración de una lista de sustancias prioritarias, entre las que figuran las consideradas peligrosas, y la determinación de normas de calidad aplicables a las concentraciones de sustancias prioritarias en las aguas superficiales, los sedimentos y la biota.

También sabemos que el Consejo no ha satisfecho las expectativas del Parlamento Europeo en lo que atañe a la reclasificación de ciertas sustancias prioritarias, añadiéndoles la catalogación de peligrosas, ni en lo que se refiere a otros aspectos de importancia. De ahí nuestra abstención.

  Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del texto, en el que se exponen las normas de calidad medioambiental relativas a sustancias prioritarias y otros contaminantes específicos, con el fin de garantizar un nivel elevado de protección para el medio acuático.

En total, 33 contaminantes (fundamentalmente, plaguicidas y metales pesados) encontrados en ríos, lagos y aguas costeras se someterán a las normas de calidad medioambiental. Estas sustancias no sólo amenazan la supervivencia de los ecosistemas, sino que también ponen en peligro (a través de la cadena alimentaria) la salud humana. El compromiso sobre el que se acaba de votar permitirá a los Estados miembros «progresar» para procurar el cumplimiento de las normas, a más tardar, en 2018.

La decisión de clasificar nuevas sustancias como «prioritarias» o «peligrosas» deberá ser adoptada por la Comisión a la mayor brevedad posible.

Cerca de las fuentes de contaminación llevará más tiempo satisfacer las normas de calidad medioambiental. En estas «zonas de mezcla», las concentraciones de contaminantes pueden exceder los límites establecidos. Debemos rodearnos de las salvaguardias necesarias para que los Estados miembros cuenten con las mejores técnicas de tratamiento del agua disponibles al identificar «zonas de mezcla».

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Cuando se trata del agua, nuestro oro líquido, resulta esencial para el futuro que preservemos su calidad y que no escatimemos esfuerzos para su protección. Si, en la práctica, se determina que la calidad del agua en los nuevos Estados miembros es inferior, y que hay problemas con los Estados no miembros, aquí en el Parlamento tendremos que redoblar nuestros esfuerzos para encontrar soluciones que incluyan, en particular, el cese del vertido ilegal de residuos y el tratamiento de las aguas residuales. Puesto que la fertilización intensiva en la agricultura puede suponer un riesgo para el agua, esta situación debe incentivar el ajuste de medidas encaminadas a promover una forma de agricultura en la que se preste un mayor apoyo a los métodos de cultivo tradicionales y favorables al medio ambiente, como los que se utilizan en las explotaciones agrarias ecológicas.

Creo que este informe dará lugar a un mejor seguimiento de la calidad del agua, y por esa razón he votado a favor del mismo.

  Rovana Plumb (PSE), por escrito. – (RO) Los principales elementos de la propuesta de directiva son los que siguen:

- establecimiento de normas sobre calidad del agua (NCA) respecto a sustancias prioritarias y sustancias peligrosas prioritarias;

- adopción del concepto de «zona de mezcla», en cuya área puedan excederse las NCA;

- determinación de un inventario de descargas, emisiones y pérdidas de sustancias prioritarias y sustancias peligrosas prioritarias, que facilite el seguimiento del modo en que se realizan los objetivos de la Directiva marco sobre el agua en las fuentes específicas de contaminación pertinentes, así como la evaluación del efecto de la ejecución del principio de «el que contamina, paga»;

- adopción de las disposiciones relativas a la contaminación transfronteriza. Excluyen la responsabilidad única de los Estados miembros por exceder las NCA en el caso de que se demuestre que tal exceso se ha debido a una contaminación transfronteriza, pero se requiere la adopción de acciones conjuntas.

He votado a favor de las normas de calidad medioambiental en el ámbito de la política del agua porque acojo favorablemente la adopción de disposiciones relativas a la «contaminación transfronteriza», sobre todo en el caso de Rumania, teniendo en cuenta que tenemos frontera con países no miembros de la UE, que no están obligados a cumplir las normas impuestas a escala comunitaria.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. – (IT) Señor Presidente, señorías, he votado a favor del informe de la señora Laperrouze. Indudablemente, hemos de reforzar la estrategia y la acción europeas en materia de protección del agua. Creo que es necesario adoptar medidas específicas para combatir la contaminación del agua producida por determinados contaminantes, o grupos de éstos, que constituyen un riesgo significativo para el medio acuático. Con esta propuesta se pretende garantizar un nivel elevado de protección contra los riesgos que tales sustancias prioritarias (y algunos otros contaminantes) representan para el medio acuático y, por tanto, en ella se establecen ciertas normas de calidad medioambiental. Aplaudo las distintas medidas relativas a las normas y las especies biológicas. Felicito asimismo a la ponente por el planteamiento que ha adoptado para tratar la cuestión, que, en mucho sentidos, resulta indudablemente técnica y compleja.

– Informe: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008)

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – He votado a favor del informe Kratsa-Tsagaropoulou y, en particular, acojo favorablemente el papel adicional otorgado a la Agencia Europea de Seguridad Marítima. La AESM se constituyó a raíz del acaecimiento de varios incidentes marítimos graves, y desempeña un importante papel en la atenuación de futuros sucesos de esa índole. Es adecuado que los intereses de la AESM se extiendan, de manera que se garantice una formación adecuada para la gente de mar.

  Fernand Le Rachinel (NI), por escrito. – (FR) A la luz de las recientes catástrofes del Erika y del Prestige, se ha planteado la condición del error humano como un aspecto significativo de la seguridad marítima. Por tanto, la adecuada formación de las tripulaciones resulta esencial.

En este sentido, me gustaría plantear dos cuestiones que considero fundamentales.

La primera atañe a la propia lógica que subyace al planteamiento de Europa: la negativa a promover en modo alguno la contratación de marineros de los Estados miembros. De hecho, lejos de mostrar una preferencia comunitaria, como en todas las áreas económicas y sociales, se fomenta la contratación de marineros no procedentes de la CE. Este enfoque deliberadamente antinacional sólo puede agravar la escasez actual de marinería cualificada en la UE, y la falta de interés que se extiende respecto a esta profesión difícil y peligrosa. Todo ello a favor de la mano de obra barata y escasamente cualificada de Asia.

En segundo lugar, debemos dotarnos de las máximas salvaguardas, en lo que atañe a la calidad de la formación, su supervisión y la expedición de certificados. En lugar del reconocimiento mutuo de cualificaciones basado en estándares técnicos mínimos ajenos a la CE, debemos reconocer el verdadero valor de nuestras cualificaciones vigentes, y salvar nuestras profesiones marinas en nombre de la seguridad marítima y la protección de los puestos de trabajo nacionales.

  Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. – (PL) Voy a votar a favor del informe sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al nivel mínimo de formación en profesiones marítimas (COM(2007)0610 – C6-0348/2007 – 2007/0219(COD)).

La optimización de las disposiciones de la directiva relativa al nivel mínimo de formación de las profesiones marítimas planteado en el informe de la señora Kratsa-Tsagaropoulou parece correcto y apropiado, ya que posibilitará un cumplimiento más completo de las mismas, cuyo objeto es la mejora del nivel de conocimiento y de destrezas de la gente de mar, así como la provisión de mayores garantías de seguridad y prevención de la contaminación marítima.

– Informe: Avril Doyle (A6-0190/2008)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Puesto que los medicamentos de uso veterinario utilizados para el tratamiento terapéutico y el bienestar de los animales que se destinan al consumo humano pueden dar lugar a residuos de tales productos en dichos animales, ha de efectuarse una evaluación de riesgos respecto al límite de seguridad de los residuos de todas las sustancias farmacológicamente activa contenidas en los productos veterinarios.

Con la propuesta de la Comisión de derogación del Reglamento (CEE) nº 2377/90 se pretende resolver las dificultades encontradas en la aplicación de la legislación vigente. En ella se proponen vía alternativas para lograr un nivel elevado de protección del consumidor, combinadas con la continuidad en la disponibilidad y el desarrollo de medicamentos de uso veterinario para el mercado europeo, y el buen funcionamiento del comercio intracomunitario y extracomunitario de alimentos de origen animal.

La ponente señala asimismo que, puesto que el objetivo último es la protección de la salud humana, se requiere un planteamiento más coherente respecto al análisis de riesgos y el control de los residuos de sustancias farmacológicamente activas, que pueden aparecer en los alimentos producidos en la Unión Europea o importados a ésta.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – La propuesta de simplificación del reglamento relativo a las sustancias farmacológicamente activas en alimentos de origen animal debe recibirse favorablemente y, en consecuencia, he apoyado el informe de la señora Doyle.

– Informe: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark and Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. – (SV) Esperamos que los Estados miembros de la UE actúen de manera continua contra la pobreza. Tanto los responsables de la toma de decisiones, como las distintas entidades públicas y privadas competentes deben asumir sus responsabilidades y actuar para mejorar las oportunidades en el ámbito del empleo, la iniciativa empresarial y la educación, prevenir la exclusión social y combatir la pobreza.

Por otro lado, no creemos que la UE debe llevar a cabo campañas de información y RRPP dirigidas al público. Los 17 millones de euros asignados al Año Europeo resultarán más rentables en manos de los miembros de la sociedad más desfavorecidos.

  Titus Corlăţean (PSE), por escrito. – (RO) He apoyado con mi voto la propuesta de decisión relativa a la designación de 2010 como Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Además de las acciones prioritarias mencionadas en la propuesta de decisión, consideramos absolutamente necesario introducir un salario mínimo garantizado en todos los Estados miembros para propiciar una lucha eficaz contra la pobreza.

En el país del que procedo, Rumanía, después de tres años de Gobierno de derechas, el 40 % de los empleados rumanos sobrevive por debajo del umbral de la pobreza porque no pueden permitirse el pago de los costes de la cesta de consumo mínima, ni las facturas de la electricidad durante el invierno.

Debido a la adopción en 2005 de un tipo impositivo único por el Gobierno de derechas, se ha producido una excesiva polarización de la sociedad, así como un aumento de la pobreza. En 2007, sólo el 5 % de los empleados rumanos percibía más de 2 000 RON, unos 500 euros.

En el caso de Rumanía, es necesario abandonar el tipo impositivo único y adoptar un tipo progresivo, así como la exención del impuesto sobre el capital reinvertido. De este modo, la polarización de la sociedad disminuiría, se lograría una tributación equitativa y se gravaría a los perceptores de rentas bajas menos que a los que obtienen ingresos altos y muy altos.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Aunque sabemos que no basta con dedicar un año a la lucha contra la pobreza para garantizar que se adoptan las medidas apropiadas, hemos votado a favor del informe para tratar de que, al menos, esta cuestión gane en visibilidad.

En cualquier caso, al mismo tiempo, nos gustaría advertir de la gravedad de lo que sucede, y de las consecuencias de las medidas que siguen promoviendo la liberalización y la privatización de sectores y servicios públicos clave, la desregulación de la mano de obra, el trabajo precario y deficientemente remunerado y la elevación de precios de bienes esenciales, lo que ayuda a determinados grupos económicos y financieros a impulsar sus beneficios imprevistos a costa del aumento de la pobreza.

Por este motivo, aunque aprobamos el informe, insistimos en el cese de las políticas neoliberales de la Estrategia de Lisboa y el Pacto de Estabilidad, y exigimos políticas alternativas que garanticen la inclusión social de los niños, las mujeres, los trabajadores y sus familias. Necesitamos medidas que valoren el trabajo, potencien el empleo con derechos, garanticen unos servicios públicos de calidad para todos, una vivienda digna, una seguridad social pública y universal, y una política agraria que impulse la producción y los ingresos de los que trabajan la tierra y garantice una renta digna para los pescadores.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Cada «Año Europeo» es una excusa para que la UE gaste enormes sumas en su propia propaganda, en un tema considerado de interés para los medios de comunicación.

Así, 2010 se convertirá en el año para la lucha contra la pobreza. ¿Será también el año de la lucha contra la globalización, que es la que causa el desempleo? ¿Será también el año para combatir la inmigración, que impulsa los salarios a la baja en Europa? ¿Será asimismo el año en el que abandonaremos las políticas económicas, comerciales, financieras y fiscales que arrastran a las clases medidas europeas a la pobreza? ¿Será incluso «Europeo», atrapado como está entre la lucha contra la pobreza en el mundo, y la inevitable prioridad otorgada a los migrantes no procedentes de la CE, a los que se clasifica entre los grupos de la población más vulnerables del planeta?

Una pobreza al alza y persistente en Europa constituye un escándalo. Merece algo más que un «Año Europeo» de promoción de la eurocracia. Merece convertirse en el objeto de todas las decisiones que adopten ustedes. Por desgracia, la experiencia ha puesto de relieve que, con independencia de las declaraciones preparadas, tal no es el caso.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. – (SV) En marzo de 2000, el Consejo Europeo invitó a los Estados miembros y a la Comisión a tomar medidas para ejercer «un efecto decisivo en la erradicación de la pobreza» en 2010, a más tardar. Ésto sucedería a través del método abierto de coordinación, que resulta positivo en sí, puesto que se adopta un enfoque descentralizado en su aplicación.

La acción para combatir la pobreza es un asunto extremadamente urgente. No obstante, esta tarea debe llevarse a cabo en todos sus aspectos esenciales por los Estados miembros, en cooperación con organismos internacionales de amplia legitimidad democrática, como las Naciones Unidas.

Consideramos negativamente varios aspectos de la propuesta de la Comisión, así como del informe del Parlamento Europeo, en el que, entre otras cosas, se pone de relieve el valor del apoyo estructural y la necesidad de que la UE proporcione su ayuda a regiones ultraperiféricas. También adoptamos una visión crítica del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, un año de sensibilización que ocupa un lugar destacado en el informe en cuestión. Ya se han celebrado con anterioridad años internacionales y campañas de esta índole. Debemos preguntarnos si merece la pena asignar 17 millones de euros a un Año de la UE de este tipo, y cuál es su valor añadido concreto. Estamos convencidos de que tales recursos financieros resultarían más provechosos en los presupuestos nacionales de los Estados miembros, en los que contribuirían de manera efectiva a la lucha urgente contra la pobreza y la exclusión social.

De acuerdo con los argumentos expuestos, hemos votado en contra del informe.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – Confiamos en que la designación de 2010 como «Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social» propicie un verdadero avance en toda la UE en el combate contra las desigualdades. En el informe se refiere correctamente que el éxito de la labor en este ámbito exige una cooperación a escala europea, nacional, regional y local. Mi propia nación, Escocia, mantiene aún niveles de pobreza que resultan lamentables, sobre todo si se tiene en cuenta la inmensa riqueza del país. Por suerte, contamos ahora con un Gobierno comprometido con el tratamiento de la exclusión social que heredó de sucesivas administraciones unionistas. El compromiso del Gobierno escocés es plenamente acorde con los principios esbozados en el informe Panayotopoulos-Cassiotou, que he apoyado de buen grado.

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), por escrito. – (FI) Señor Presidente, estoy a favor de la propuesta relativa al Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2010). No obstante, en su informe, mi colega, la señora Panayotopoulos-Cassiotou ha añadido lo que, en mi opinión, son elementos esenciales al, por otra parte, excelente proyecto de texto de la Comisión.

En primer lugar, en el informe se nos recuerda legítimamente la complejidad las estructuras que conducen a la pobreza y la exclusión social, y se amplía la definición de grupos en situación de riesgo. En segundo lugar, se otorga acertadamente una mayor atención a la significación, no sólo de la seguridad social, sino también de la mejora de los niveles de empleo, y se hace hincapié además en la importancia de otorgar prioridad a la necesidad de convertir la remuneración laboral en una herramienta para combatir la pobreza y la exclusión. En tercer lugar, en el informe del señor Panayotopoulos-Cassiotou se comprende la importancia del aprendizaje permanente, y se subraya la necesidad de otorgar a todo el mundo las mismas oportunidadades de perfeccionar sus destrezas para adecuarse a los cambios en el mercado de trabajo.

Existe una necesidad urgente de abordar la cuestión de la lucha contra la pobreza y la exclusión de una manera diferente. Me satisfizo comprobar que el crédito otorgado al Año Europeo, de un importe de 17 millones de euros, es el de mayor cuantía asignado nunca a una iniciativa de esta índole. Éso demuestra también su elevada importancia política.

  Carl Lang (NI), por escrito. – (FR) La Comisión Europea propone hacer de 2010 el «Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social». Con el mayor presupuesto asignado nunca a un Año Europeo, las connotaciones políticas del proyecto son inequívocas. Este año de «lucha» servirá únicamente para potenciar la imagen de una Unión Europea que es testigo del fracaso absoluto de su Estrategia de Lisboa.

Aunque la lucha contra la pobreza y la exclusión social es una prioridad y debe apoyarse, a pesar de todas estas esperanzas piadosas, Europa no habrá hecho nada por mejorar las vidas de los 78 millones de europeos que viven por debajo del umbral de la pobreza. Por este motivo, votaré en contra del informe, cuyo único objetivo político reconocido consiste en condescender con la propaganda de los «euroglobalistas».

Tras el voto negativo irlandés, es hora de que la arrogancia de los ultraeuropeos sea sustituida por una revisión objetiva de la integración europea en curso. Este absurdo sistema requiere una reforma urgente si pretendemos mantener una Europa de la cooperación, y no de la sumisión. Ha de emerger finalmente una Europa de las naciones que promueva la protección de la Comunidad y la preferencia por los europeos.

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. – (PT) La creciente preocupación por el desempleo y la subida de precios de bienes esenciales y los combustibles en todo el continente constituye una razón seria para abordar el problema de la pobreza y la exclusión social, que afecta en torno al 16 % de la población.

Me gustaría felicitar a la ponente, Presidenta del Intergrupo sobre la familia y la protección de la infancia, del que soy vicepresidente, por su labor. Comparto su preocupación por los que se ven más expuestos a este azote y experimentan las mayores dificultades para superarlo. Deseo secundar su recomendación de que se tomen siempre en cuenta las difíciles circunstancias de las regiones ultraperiféricas, las regiones insulares y las áreas en declive industrial.

La propuesta de la Comisión nos hace contemplar con esperanza una mayor sensibilización colectiva, pública y privada, individual y comunitaria de este fenómeno, así como un compromiso por parte de la Unión y los Estados miembros con la búsqueda de soluciones cuya piedra angular ha de consistir en la dignidad intrínseca e inalienable de todo ser humano.

Con la estrategia de Lisboa se pretendió afirmar la competitividad global de Europa mediante la garantía de la cohesión social y la inversión en empleo. A pesar de su falta de éxito, confío en que 2010 contribuya a despertar la conciencia de los europeos respecto a la necesidad de fortalecer la cohesión social.

He votado a favor del informe.

  Catherine Stihler (PSE), por escrito. – 2010 será el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Confío en que se haga hincapié en el asunto de la pobreza infantil en toda la UE, y en que los Estados miembros emprendan acciones concretas para erradicarla.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. – (PL) ¿Comprendemos todos la importancia del problema de la pobreza y la exclusión social? ¿Somos conscientes de que, en 2006, el 16 % de los ciudadanos de la UE-25 (78 millones de personas) vivían por debajo del umbral de la pobreza?

Estoy a favor de que 2010 sea proclamado como Año Europeo de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Es nuestro deber moral fomentar la sensibilización de la sociedad respecto a esta cuestión. El Año Europeo debe dar lugar a que los ciudadanos tomen conciencia de la existencia de pobreza y exclusión social en Europa, así como a la transmisión del mensaje de que tales fenómenos ejercen un efecto destructivo en el desarrollo económico y social. Debe avalar la importancia otorgada a la responsabilidad colectiva, englobando no sólo a los encargados de la toma de decisiones, sino a todos los participantes en los sectores público y privado. Nuestra tarea es alcanzar un crecimiento económico estable en 2010, a más tardar, con un número superior de mejores puestos de trabajo y una mayor cohesión social.

Voy a votar a favor del informe de la señora Panayotopoulos-Cassiotou.

– Informe: David Casa (A6-0231/2008)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El Parlamento Europeo decidió apoyar la posición de la Comisión y del Consejo respecto al deseo de Eslovaquia de adoptar la moneda única el 1 de enero de 2009, aunque mantiene alguna preocupación acerca de las discrepancias entre los informes de convergencia de la Comisión y del BCE en lo que atañe a la sostenibilidad de la inflación.

Resulta igualmente interesante que en el informe se manifieste preocupación por lo que considera un «bajo nivel de apoyo al euro de los ciudadanos eslovacos». Por otra parte, en lugar de tratar de abordar las razones de este escaso apoyo, se dirige un llamamiento a las autoridades eslovacas para que intensifiquen la campaña de información encaminada a explicar «las ventajas de la moneda única», mientras que se les sigue exhortando a adoptar todas las medidas necesarias para minimizar los incrementos de precio durante el período de transición.

Una vez más, es una pena que no podamos conocer con exactitud lo que piensa la mayoría de los ciudadanos eslovacos de todo lo que está sucediendo, y en particular, de su incorporación al euro. De ahí nuestra abstención.

Las consecuencias en Portugal son bien conocidas y nos llevan a oponernos al informe de un modo inequívoco.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. – Voy a apoyar el informe sobre la adopción de la moneda única por Eslovaquia el 1 de enero del próximo año. Desde su introducción, el euro ha vivido una historia de éxito de alcance global, constituyéndose rápidamente en una divisa de reserva de ámbito mundial que ha desafiado el monopolio del dólar. Todos los datos acreditativos indican que seguirá cosechando un éxito tras otro. Como firme defensor del euro, sólo deseo que mi propio país, Inglaterra, se encontrara en la antesala de la incorporación. Me resultó difícil imaginar qué países que ni siquiera eran miembros de la Unión cuando se adoptó la moneda única vayan a adoptar ésta antes que el Reino Unido. Corremos el peligro de quedar rezagados como una partes semidesligada de la Unión.

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), por escrito. – (PL) Eslovaquia es el primer país del antiguo bloque comunista que desea incorporarse a la zona euro, en concreto, el 1 de enero de 2009. La dinámica economía eslovaca satisface los criterios de convergencia estipulados en el Tratado de Maastricht. La adhesión a la unión monetaria permitirá a Eslovaquia aprovechar las numerosas ventajas que reporta la divisa común, y esta circunstancia constituirá con toda seguridad un estímulo adicional para la economía.

Es cierto que han surgido dudas sobre si Eslovaquia estará en situación de mantener una tasa de inflación baja o un déficit presupuestario moderado. Como ha señalado correctamente el ponente en su intervención, el aumento de la inflación es un problema, no sólo para los eslovacos, sino también para la Unión Europea en su conjunto, incluida la zona euro. Al igual que todos los Estados que pertenecen ya a la unión monetaria, Eslovaquia debe seguir adelante con una política macroeconómica que garantice que se mantiene el cumplimiento de los criterios de convergencia.

Indudablemente, la experiencia de Eslovaquia en la introducción de la divisa común constituirá una formación excelente para Polonia. Debemos observar el devenir de nuestro vecino del sur atentamente.

Como señala el ponente, la adopción del euro no goza de grandes apoyos entre la población eslovaca. Confío en que la incorporación de Eslovaquia a la zona euro se vea precedida de una campaña de información que convencerá y, sobre todo, preparará adecuadamente a los eslovacos para el cambio de moneda.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – He votado a favor del informe Casa relativo a la adopción del euro en Eslovaquia. Este país, con una población que apenas supera los cinco millones de habitantes, sólo lleva 15 años siendo independiente. En ese breve plazo, Eslovaquia se ha desarrollado política y económicamente y, ahora, el país se encuentra en situación de incorporarse a la zona euro. La experiencia eslovaca desmiente las afirmaciones de que Escocia es demasiado pequeña para convertirse en una nación de éxito e independiente en el seno de la UE.

  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe Casa sobre la adopción por Eslovaquia de la moneda única el 1 de enero de 2009, en el que el Parlamento Europeo se declara convencido por las recomendaciones positivas de la Comisión, el BCE y el Consejo.

Eslovaquia ha realizado de hecho enormes esfuerzos para satisfacer los criterios de Maastricht y de convergencia. El crecimiento de la economía eslovaca desde la caída de su régimen comunista es notable, y el acceso de Eslovaquia a la zona de la moneda única constituirá una recompensa justa para el país, que ha aplicado una rigurosa agenda de reformas.

En lo que atañe a la inflación, el Parlamento Europeo ha manifestado su inquietud respecto a la sostenibilidad de la misma en Eslovaquia a medio y largo plazo, como se refiere en el último informe de convergencia del BCE. No obstante, en nuestra opinión, el Gobierno eslovaco podría adoptar las medidas necesarias para evitar la escalada de la inflación después de su integración en la zona euro.

Téngase en cuenta que las previsiones de inflación para la zona euro en 2009 se sitúan sobradamente por encima del objetivo del 2 % del BCE. Por tanto, sería injusto penalizar a Eslovaquia por su lucha por atender criterios que incluso los miembros de la zona euro no satisfarán en 2009.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Al finalizar abril, el 53 % de los eslovacos seguían siendo contrarios a la introducción del euro. Sus temores, como los relativos a la pérdida de soberanía a favor del Banco Central Europeo, y a las subidas de precios, deben tomarse con seriedad. Un acceso posterior a la zona euro brinda a los países en cuestión la oportunidad de llevar a cabo las reformas necesarias a un ritmo más calmado, y permite a los ciudadanos disponer de más tiempo para el ajuste.

Si países como el Reino Unido, Dinamarca y Suecia mantienen su independencia en lo que atañe a la política de moneda, deberíamos otorgar este derecho a otros países también. En cualquier caso, los soberanos (el pueblo) deben decidir. Tal decisión deberá ser respetada y no deberá jugarse con ella, como sucedió con la Constitución, que vuelve a debatirse. En mi opinión, no se ha otorgado la consideración suficiente a la voluntad del pueblo en este caso, por lo que me he abstenido.

  Gabriele Stauner (PPE-DE), por escrito. – (DE) Me he abstenido de votar sobre la introducción de la moneda única en Eslovaquia el 1 de enero de 2009, porque albergo dudas respecto al hecho de que la política de divisa de dicho país esté libre de manipulación. Por otra parte, dada la incertidumbre actual en torno al futuro de la Unión Europea tras el resultado del referéndum irlandés, creo que sería apropiado analizar en primer lugar las causas, y no continuar con el proceso de integración de la política monetaria como si no hubiera sucedido nada.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. − (PL) Voto a favor del informe del señor Casa sobre la adopción por Eslovaquia de la moneda única el 1 de enero de 2009.

El ponente ha presentado un informe muy bueno y concienzudo.

Tenemos que reconocer que la creación de la zona del euro constituye un gran paso adelante hacia una integración europea más profunda. Por lo tanto, es preciso que esa zona continúe ampliándose, y es grato comprobar que otro país se incorporará pronto a este círculo.

También quisiera decir que, cada vez que se amplíe la zona del euro, debemos asegurarnos de que este proyecto europeo goza de apoyo social y de que esas ampliaciones apuntan a la consolidación de la política económica europea común.

− Informe: Gábor Harangozó (A6-0212/2008)

  Adam Bielan (UEN), por escrito. − (PL) Señor Presidente, coincido con el ponente en que existen grandes disparidades intrarregionales, y los estudios en los que se basa la distribución de los fondos de la Unión han de tener en cuenta ese problema.

Un problema que salta a la vista en los nuevos Estados miembros. Por ejemplo, en el caso de Polonia, el principal factor de diferenciación social que afecta a los polacos es la creciente desigualdad en cuanto a la distribución de la riqueza. En la actualidad, el 12 % de la población vive en condiciones de extrema pobreza. Las diferencias entre la ciudad y el campo continúan siendo las más importantes.

Si bien es cierto que Małopolska es la cuarta región del país por lo que se refiere al PIB, tiene el problema del desempleo, que afecta fundamentalmente a la población rural. La población rural de la vecina provincia de Świętokrzyskie representa el 55,5 % de los desempleados (un 88 % de ellos no tiene empleo ni derecho a las prestaciones).

La persistencia de ese tipo de situaciones significa que esas personas cada vez tienen menos posibilidades de superar la «exclusión social» de la que tanto hemos hablado durante el período de sesiones actual.

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. − (SV) La Delegación Moderada en el Parlamento Europeo ha votado hoy en contra del informe de propia iniciativa (A6-0212/2008) de Gábor Harangozó (PSE, HU) sobre el impacto de la política de cohesión sobre la integración de las comunidades y los grupos vulnerables.

No creemos que la cohesión vaya a reforzarse distinguiendo otros grupos vulnerables en la sociedad ni estableciendo otras categorías estadísticas. Por el contrario, creemos que corresponde a cada país elaborar su política de distribución. Por otro lado, llegados este punto, el Parlamento Europeo no debería pedir que se reforzara el apoyo a partir de 2013, porque, de hacerlo, no estaría teniendo en cuenta los resultados de la política.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Lamento que no se hayan aprobado en el Pleno las propuestas aprobadas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural que figuran en mi opinión, concretamente las relativas a la necesidad de modificar la PAC y cambiar los objetivos de sus anteriores reformas, pues han provocado una reducción de los ingresos de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas, absentismo y el abandono de la actividad agrícola y sólo favorecen a los grandes terratenientes.

Lamento asimismo que no se haya concedido suficiente importancia al mantenimiento de servicios públicos de calidad en las zonas rurales, incluidas las zonas montañosas y ultraperiféricas, a fin de luchar contra el aislamiento y de garantizar el acceso universal a la educación, la sanidad, los transportes y las comunicaciones, la cultura y una vida digna para los agricultores y sus familias.

Por último, también siento que no se haya incluido en la resolución final la necesidad de reforzar el apoyo a las asociaciones de agricultores, cooperativas, bodegas cooperativas y otras instituciones locales en los sectores de la artesanía y de otras actividades complementarias de la agricultura, con objeto de facilitar la comercialización de la producción y la creación de mercados cercanos, así como de reforzar los vínculos entre los productores y los consumidores.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) ¿Cómo pretende la mayoría parlamentaria utilizar la política de cohesión para fomentar la integración de las comunidades y los grupos vulnerables, cuando ésta:

- oculta el hecho de que hay países que presentan una divergencia económica con respecto a la UE con el nombre de «convergencia nominal» en el marco del Pacto de Estabilidad y el euro?

- no hace hincapié en el hecho de que la política regional es un instrumento indispensable de promoción de la cohesión económica y social, cuyos objetivos prioritarios son la reducción de las disparidades regionales, la promoción de la convergencia real y la estimulación del crecimiento y el empleo, que también sirve de instrumento de redistribución y compensación de los costes del mercado interior, la Unión Económica y Monetaria (UEM) y la liberación del comercio internacional para las regiones menos desarrolladas?

- no subraya la necesidad de apoyar a las regiones desfavorecidas, a las zonas con desventajas estructurales permanentes, a las regiones ultraperiféricas y a las zonas afectadas por las reestructuraciones industriales, la deslocalización o el cierre de empresas a fin de reforzar la cohesión económica y social y la inclusión social de las comunidades y los grupos vulnerables?

o cuando:

- no recalca el papel crucial que los servicios públicos desempeñan en la cohesión económica y social ni señala que el factor de proximidad es esencial para garantizar la accesibilidad y disponibilidad de esos servicios a toda la población?

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − En el informe del señor Harangozó se señalan algunas cuestiones importantes relativas a la exclusión social. En el informe se señala con acierto que los fenómenos de depauperación y exclusión social se producen tanto en las zonas urbanas como en las rurales. También se señala el importante papel que desempeñan las autoridades regionales y locales, así como los interlocutores económicos y sociales y las ONG pertinentes en el desarrollo de estrategias de lucha contra la exclusión social. Sin embargo, esta Cámara no ha aprobado la enmienda presentada por mi Grupo en relación con la Agenda Social y, por ende, con el derecho de los ciudadanos a unos ingresos mínimos y al acceso a la educación y la formación. Por consiguiente, he optado por la abstención en la votación final.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) La política de cohesión es una cuestión prioritaria para la UE y ocupa un lugar destacado en el presupuesto (un tercio del presupuesto de la UE). Se basa en el principio de solidaridad y tiene por objeto reducir las disparidades económicas, sociales y territoriales que existen entre los Estados miembros y sus 268 regiones. Sin embargo, a pesar de los denodados esfuerzos de todos, esas disparidades persisten.

Cada vez hay más indicios de que a la mayoría de las regiones subdesarrolladas les sigue resultando difícil salir del ciclo de la pobreza. Dadas las inversiones en esas regiones, nos sorprende, en particular, el crecimiento de los grupos vulnerables. De igual modo, nos damos cuenta de que el paso de la pobreza a la exclusión social y la segregación puede ser rápido. Todo parece indicar que el problema radica en el propio desarrollo espacial y territorial. Por lo tanto, necesitamos la información oportuna a fin de resolver un problema que subyace a varios niveles de exclusión; por ejemplo, el desempleo de larga duración suele traducirse con frecuencia en una inactividad prolongada que reduce la capacidad de los afectados para superar su exclusión social y sus dificultades económicas.

En mi opinión, es imprescindible que se estudie urgentemente la interacción entre el desarrollo territorial y el fenómeno de la exclusión para que podamos cumplir el objetivo del desarrollo sostenible, utilizando más eficazmente los instrumentos financieros disponibles para luchar contra las disparidades persistentes.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. − (PL) Voto a favor del informe del señor Harangozó sobre el impacto de la política de cohesión sobre la integración de las comunidades y los grupos vulnerables.

Estoy de acuerdo en que es necesario adoptar un planteamiento que tenga en cuenta el nivel microrregional y se centre en las disparidades interregionales y en las zonas más sensibles. En algunos casos, las desigualdades intrarregionales son más importantes que las disparidades interregionales. La falta de un planteamiento de esas características podría agravar las desigualdades regionales y el deterioro de la situación de las zonas excluidas. No olvidemos que el objetivo y el principio en que se basa la política regional europea es la reducción de las diferencias de desarrollo entre las distintas regiones de la Unión Europea, y el fenómeno de la exclusión territorial aún no se ha tenido en cuenta adecuadamente en lo que respecta a los instrumentos políticos.

En los nuevos Estados miembros, la segregación social y la incapacidad de garantizar la igualdad de oportunidades se observan sobre todo en las zonas rurales, mientras que las iniciativas económicas y sociales suelen centrarse en objetivos dinámicos, sobre todo en los núcleos urbanos.

− Informe: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008)

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) No cabe duda de que se trata de un informe de iniciativa propia del PE sumamente trascendental y de palpitante actualidad. No obstante, a pesar de que se plantean algunas cuestiones pertinentes en materia de madera y de explotación y comercio de pescado, no se pone en duda el marco de las relaciones comerciales entre la UE y esos países, concretamente al volver a referirse al «Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con los países del África Occidental, que aún no ha sido firmado». En la resolución se «exhorta a la Comisión una vez más a que actúe en función del objetivo final de los acuerdos de asociación económica, que es la promoción de la integración regional y el fortalecimiento de la posición económica de los países ACP y, en este contexto, se subraya, en particular, la posición de los países del África Occidental», esto es, pretendiendo que esos países acepten a ciegas.

Además, entre otras cuestiones importantes, se señalan los «insuficientes medios de supervisión y control de las actividades de los buques pesqueros» en esos países y se recomiendan «los servicios de control y vigilancia, al carecer estos países de los recursos técnicos y humanos necesarios para llevar a cabo estas tareas, mediante la instalación de centros de control, formación de inspectores o adquisición de patrulleras y medios aéreos»; unas medidas que, de seguir adelante, tendrán que respetar escrupulosamente la soberanía y el ejercicio de esa soberanía por parte de esos países en lo que se refiere a sus ZEE.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − Aplaudo la tendencia general del informe del señor Schmidt. Las políticas de la UE tienen un fuerte impacto en las economías, el medio ambiente y las sociedades del África Occidental, y es imprescindible que asumamos la responsabilidad de nuestros actos en lo que respecta a los países del África Occidental. Sin embargo, lamento la decisión del Parlamento de aprobar la enmienda 1 y suprimir la referencia al hecho de evitar el exceso de capacidad del sector pesquero. No hay duda de que debe evitarse el exceso de capacidad del sector pesquero, y es una vergüenza que el Parlamento haya votado lo que ha votado para satisfacer a los políticos de algunos Estados miembros.

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) , por escrito. − (FI) Señor Presidente, en el informe del señor Schmidt sobre la coherencia de la política de desarrollo se pone de relieve un defecto muy importante de la política de cooperación al desarrollo de la UE en general: no es lo suficientemente coherente y, con frecuencia, no abarca todos los sectores fundamentales.

El informe se centra en los efectos de la explotación por la UE de determinados recursos biológicos naturales en el África Occidental. Los recursos naturales más importantes para la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) de la región son la madera y el pescado, y más del 80 % de las exportaciones de esos recursos se dirigen a la Unión Europea. En ambos sectores se han celebrado acuerdos basados en el principio del desarrollo sostenible, pero han resultado insuficientes. Algunas especies muestran claros síntomas de sobrepesca, y, a causa de la falta de regulación y de controles, los bosques se talan de forma ilegal e insostenible. El consiguiente empobrecimiento de la región también puede relacionarse directamente con la emigración a gran escala.

He votado a favor del informe del señor Schmidt y creo que la política comunitaria coherente que pide podría tener grandes repercusiones en el África Occidental, teniendo en cuenta que la UE es el principal comprador de los productos esenciales de la región. No obstante, hay que recordar que la política comercial no es de por sí una solución. Tiene que estar íntimamente relacionada con la cooperación para el desarrollo, fundamentalmente, a fin de que la región pueda gozar de unas condiciones políticas y socioeconómicas idóneas para que los países en cuestión puedan explotar plenamente sus recursos biológicos naturales. Otro factor esencial en este contexto es que la coherencia de las políticas que repercuten en el desarrollo sólo será posible si esas políticas comienzan a aplicarse al más alto nivel político.

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), por escrito. − (PL) Lo que hace falta en el ámbito de la política de la UE para el África Occidental es que haya coherencia entre la política para el desarrollo de estas regiones y la política pesquera aplicable a la zona y el grado de utilización de los recursos madereros, que está relacionado con la forestación de la zona y su impacto en el cambio climático.

La política pesquera de la UE ha de reforzarse y ampliarse. Dado que la región marítima del África Occidental es una de las más explotadas y la captura actual de algunas especies resulta excesiva, la Unión Europea debe ayudar a elaborar y a poner en marcha unos programas especiales de vigilancia y control de esas aguas. El intercambio de conocimientos y experiencias en la zona es sumamente importante, especialmente en lo que concierne a los estudios científicos sobre los recursos marinos.

El objetivo prioritario de la UE y de los Estados del África Occidental ha de ser frenar la pesca ilegal y prohibir la disminución excesiva de las poblaciones. No olvidemos que muchas personas se ganan la vida precisamente con la pesca. La reducción de las capturas conlleva un agravamiento de la pobreza y de los problemas relacionados con la seguridad alimentaria en esta zona del mundo.

La explotación indebida de los recursos forestales está contribuyendo al cambio climático. Debemos tomar medidas a fin de preparar a esos Estados para la lucha contra el cambio climático. Tenemos que ser conscientes de que la complicada situación económica de la zona no permite sino estas medidas. Por lo tanto, debemos ayudarles a crear unas condiciones de desarrollo que brinden nuevas oportunidades de producción y den lugar a nuevos tipos de actividades que mejoren el nivel de vida.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. − (PL) He leído con interés el informe del señor Schmidt sobre la coherencia de la política de desarrollo y los efectos de la explotación por la UE de determinados recursos biológicos naturales en el desarrollo del África Occidental y voto a favor del informe.

En el Consenso europeo sobre desarrollo de diciembre de 2005, las instituciones de la Comunidad Europea y los Estados miembros declaran conjuntamente su objetivo de dar coherencia a las políticas para el desarrollo.

Conviene recordar que la pesca y la madera son dos productos esenciales para el desarrollo económico y social de África Occidental. En cuanto principal cliente de esos productos, la UE podría desempeñar un importante cometido en el desarrollo ulterior de la región de África Occidental.

Expreso mi satisfacción por el hecho de que siete países del África Occidental hayan suscrito Acuerdos de Pesca con la Unión Europea bajo la nueva fórmula de los Acuerdos de Asociación, en los que, además del objetivo inicial de defensa de los intereses de la flota comunitaria, se incluyen cláusulas mediante las que el tercer país debe instaurar planes que garanticen una explotación sostenible de sus recursos pesqueros.

9. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

(Se suspende la sesión a las 13.15 horas y se reanuda a las 15.00 horas.)

PRESIDE: ADAM BIELAN
Vicepresidente

10. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

11. Mercado interior de la electricidad - Condiciones de acceso a la red de intercambios transfronterizos de electricidad - Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía - Carta Europea de los Derechos de los Consumidores de Energía (debate)

  Presidente. − De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de:

– el informe (A6-0191/2008) de Eluned Morgan, en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/54/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD));

– el informe (A6-0228/2008) de Alejo Vidal-Quadras, en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1228/2003 relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad (COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD));

– el informe (A6-0226/2008) de Giles Chichester, en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)); y

– el informe (A6-0202/2008) de Mia De Vits, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre una Carta Europea de los Derechos de los Consumidores de Energía (2008/2006(INI)).

  Janez Lenarčič, Presidente en ejercicio del Consejo. − (SL) Las cuestiones de energía han ocupado un lugar destacado en el programa de la Presidencia eslovena del Consejo. No cabe duda de que la fiabilidad del suministro, el funcionamiento de los mercados de la energía y la gestión sostenible del medio ambiente son cuestiones que revisten una importancia estratégica para la Unión Europea y sus ciudadanos.

Cada vez resulta más evidente que la energía es un ámbito en que se precisan nuevos conocimientos y nuevos servicios si deseamos que la economía europea continúe siendo competitiva en el mundo. Hace más de un año, los representantes de los Gobiernos y los Estados miembros se comprometieron a cumplir unos objetivos sostenibles y a reforzar la eficacia de los mercados de la energía. De igual modo, el Parlamento Europeo apoyó los objetivos que se fijaron entonces y presentó unas propuestas que el Consejo estudió con sumo interés.

El tercer paquete sobre los mercados del gas natural y la electricidad era un informe legislativo muy importante para la Presidencia eslovena. El objetivo principal, el objetivo principal de ese paquete, es la continuación del proceso de liberalización de los mercados de la energía y la potenciación de su eficacia y su transparencia. En consonancia con la propuesta de la Comisión, al estudiar el informe, el Consejo consideró las cinco propuestas legislativas como un paquete completo y, por lo tanto, en todos los casos en que resultaba lógico hacerlo, optó por las mismas soluciones en lo concerniente a los documentos relativos a los mercados de la electricidad y el gas natural.

En la reunión del Consejo de Energía del 6 de junio, la Presidencia eslovena logró un amplio apoyo en relación con los aspectos fundamentales de las cinco propuestas legislativas. El aspecto más importante de ese amplio consenso es, claro está, la tercera opción de la organización de las empresas energéticas. En este sentido, se aprobaron, al mismo tiempo, las dos propuestas originales de la Comisión. En esas propuestas se presentan la separación efectiva de la propiedad y el gestor de red independiente, mientras que los Estados miembros también acordaron una tercera opción, que permite el establecimiento de un gestor independiente de la red de transporte.

Permítanme resumir brevemente los aspectos más importantes, y tal vez más delicados, de ese acuerdo, que ustedes también abordarán en esta distinguida Cámara. Los países en los que, al entrar en vigor la nueva directiva, la red de transporte corresponda a una empresa integrada verticalmente podrán elegir la opción del gestor independiente de la red de transporte. Se trata de una opción aplicable tanto al sector del gas natural como al de la electricidad. Esa opción permite que las empresas mantengan la propiedad de la red de transporte a condición de que la gestione un gestor independiente.

En cuanto a la organización del sistema de transporte y el gestor de sistemas, en el contexto de una empresa integrada verticalmente, se han establecido una serie de requisitos que determinan la independencia del gestor de sistemas, una explotación equilibrada e imparcial, la seguridad de llevar a cabo las inversiones necesarias y la protección de los intereses de la propia empresa integrada verticalmente.

De ese modo se garantizará lo siguiente:

1. la independencia del gestor, de los directores y de las autoridades de vigilancia,

2. la ausencia de conflictos de intereses,

3. un acceso justo y no discriminatorio a la red,

4. una estimulación considerable de las inversiones, incluso en el ámbito de las conexiones internacionales y

5. un acceso independiente a los medios y a los recursos destinados a la actividad de los gestores de redes de transporte; algo que, a la larga, garantizará a las autoridades reguladoras nacionales más competencias en relación con los gestores de redes de transporte independientes.

Otro aspecto importante del acuerdo alcanzado en el Consejo es el relativo a las inversiones en la Unión Europea por parte de terceros países. El Consejo cree que en el texto debe garantizarse un planteamiento que no sea proteccionista con respecto a los terceros países que controlen las redes. Al mismo tiempo, ha de garantizarse que las empresas de terceros países cumplan las mismas normas que las empresas de la Unión Europea. En este sentido, tenemos que tener en cuenta los intereses de los terceros países y de sus empresas y tratar de lograr unas relaciones de cooperación favorables con las empresas energéticas de los Estados miembros. Por otro lado, también tendremos que analizar una serie de inversiones en energía que ya han llevado a cabo ambas partes.

Otro aspecto muy importante es el de las inversiones y la planificación del desarrollo de redes, especialmente la elaboración del plan decenal de desarrollo de redes de la Unión Europea. Se garantiza un planteamiento coherente y eficaz a todos los niveles, especialmente en lo que se refiere a los gestores de redes de transporte, en el marco de un proceso de consulta abierto y transparente, que también engloba a los principales operadores y a la Agencia.

En lo que concierne a ésta, a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, la Presidencia opina que hemos conseguido crear una agencia realmente independiente que goza de una gestión eficaz. Su función se centra en el ámbito de la cooperación internacional y regional, y se ocupará, en particular, de la cuestión de las conexiones transfronterizas.

Otros aspectos importantes del acuerdo son los relativos a la propiedad pública, el tratamiento de los casos transfronterizos, la intensificación de la cooperación regional, el funcionamiento del mercado, la protección de los consumidores y las directrices que las comisiones de la Comisión habrán de adoptar mediante procedimientos de comitología.

Espero haberles brindado con este resumen una perspectiva general de los principales aspectos del consenso alcanzado en el Consejo. Estoy convencido de que el texto de compromiso también es un buen punto de partida para el próximo trío presidencial y para la cooperación con esta distinguida Cámara.

  Andris Piebalgs, miembro de la Comisión. − Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar a todos los ponentes, la señora Morgan, el señor Chichester, el señor Vidal-Quadras y la señora De Vits, por sus magníficos informes, así como también a los ponentes alternativos y a todos los miembros de las comisiones que han participado. Los plazos han sido muy ajustados, y el paquete es complicado y supone todo un reto. Agradezco mucho el trabajo realizado estos meses y el altísimo grado de participación de los diputados al Parlamento Europeo.

Permítanme volver a señalar los principales retos a los que nos enfrentamos. Sé que son de especial interés para esta Cámara.

Con este ambicioso paquete, la Comisión tiene un objetivo en mente: los intereses de los ciudadanos de la Unión Europea.

Lógicamente, la apertura del mercado no puede de por sí detener la escalada de los precios del petróleo. No obstante, cuando los precios se disparan es precisamente el momento en que debemos garantizar una competencia realmente efectiva en nuestros mercados de la energía a fin de que esos precios afecten lo menos posible a nuestros ciudadanos. De hecho, algunos ciudadanos europeos ya disfrutan de una oferta más amplia y de una mayor competencia, que mantiene los precios al nivel más bajo posible, así como de unos niveles de servicio y de seguridad cada vez más elevados.

Sin embargo, a la mayoría de los ciudadanos europeos aún les queda mucho para que el proceso de desarrollo de unos mercados realmente competitivos toque a su fin y no están en condiciones de hacer una verdadera elección con respecto a su suministrador.

No es sólo cuestión de mejorar los precios y ampliar la oferta. Si se desea garantizar la seguridad del suministro, será necesario invertir fuertemente en nuevas redes en los próximos veinte años. Si permitimos que continúe el statu quo, esas inversiones no serán suficientes.

Por otro lado, uno de los aspectos fundamentales de la lucha de la UE contra el cambio climático es contar con un mercado interior operativo. Sin unos mercados de la electricidad y el gas competitivos, ningún régimen de comercio de derechos de emisión podrá funcionar adecuadamente, y se truncarán nuestros objetivos en materia de energía renovable.

Todos coincidimos en que las reformas legislativas son necesarias para subsanar las numerosas deficiencias del marco legislativo y reglamentario actual. De hecho, en el informe del señor Vidal-Quadras del 10 de julio de 2007, el Parlamento Europeo se muestra decidido a lograr semejante política ambiciosa en materia de energía.

Permítanme abordar algunas cuestiones del informe en mayor detalle. Evidentemente, los informes son muy enjundiosos, de modo que sólo me centraré en algunos aspectos.

La Comisión puede apoyar muchas de las enmiendas propuestas. La mayoría de las enmiendas relativas al refuerzo de los derechos de los consumidores que figuran en el informe de la señora Morgan son bien recibidas y están en consonancia con la intención del informe de la señora De Vits. También se acepta el énfasis en una mayor cooperación regional de los gestores de redes. De igual modo, hay una serie de enmiendas que resultan útiles, pues aclaran o complementan la propuesta de la Comisión, concretamente las relativas a la función del gestor de redes, las competencias de las autoridades reguladoras nacionales y la creación de un mercado interior de la energía que funcione eficazmente y sea seguro.

En lo que concierne a otra serie de cuestiones, la Comisión también apoya el objetivo general de la comisión, aunque podría tener ciertas reservas sobre la redacción exacta de las propuestas.

Quisiera insistir en que la protección de los clientes vulnerables y la lucha contra la pobreza energética son imprescindibles para llevar a cabo la apertura del mercado, y no hay duda de que deberían reforzarse. La Comisión estudiará detenidamente la redacción a fin de que se respete el principio de subsidiariedad. La regulación de los precios tampoco ha de impedir la emisión de las señales de inversión adecuadas ni el acceso al mercado.

Por otro lado, en lo que respecta al informe de la señora De Vits sobre la Carta de los consumidores, el informe en cuestión y la mayoría de las enmiendas presentadas me parecen muy oportunos. Gran parte de esas ideas también figuran en el informe de la señora Morgan, y la Comisión puede aceptar muchas de ellas, especialmente las relativas a la necesidad de que se facilite rápidamente más información a los consumidores. Como bien saben, la Comisión propondrá en breve a los Estados miembros una lista de comprobación de los consumidores de energía, que tiene por objeto ayudar a recopilar información relativa a los mercados de la energía y a facilitársela a los consumidores.

Estoy de acuerdo en que los posibles nuevos derechos de los consumidores han de incluirse en el proceso legislativo en curso y en que el propósito de la Carta es informar mejor sobre los derechos de los consumidores de energía y hacer que los consumidores estén más familiarizados con ellos.

Será difícil tratar de armonizar todas las obligaciones de servicio público a escala de la UE. No obstante, la Comisión controlará la correcta aplicación de las directivas, sobre todo a fin de garantizar la distinción de los consumidores vulnerables a escala nacional y un acceso transparente y eficaz a las iniciativas de apoyo nacionales.

Además, el Foro Ciudadano de la Energía será el impulsor de la creación de unos mercados minoristas competitivos en la UE y, al mismo tiempo, garantizará la protección de los consumidores vulnerables. Después de la Conferencia sobre los derechos de los consumidores de energía del 6 de mayo, la Comisión inició un proceso de consulta con todas las partes interesadas.

En lo que se refiere a la eficiencia energética y al fomento de las energías renovables, la Comisión comparte plenamente las preocupaciones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, pero no creemos que sea oportuno debatirlas en el marco de la Directiva sobre el mercado interior. En nuestra opinión, los objetivos de la comisión pueden tratar de alcanzarse en el contexto de la nueva Directiva sobre las energías renovables, que se está debatiendo en este momento.

En lo que concierne a la lucha contra la concentración del mercado, si bien coincidimos con la comisión en que se trata de algo esencial, creemos que en la propuesta de la Comisión ya se otorgan a las autoridades reguladoras los derechos y las competencias necesarias para que tomen medidas a fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado.

Sin embargo, no estamos totalmente de acuerdo con las conclusiones a las que ha llegado la comisión en relación con dos cuestiones importantes: el uso de la comitología y algunos aspectos de la función de la Agencia.

En cuanto al uso de la comitología, la supresión general de ese procedimiento haría que el proceso de desarrollo rápido y eficaz de unos códigos comerciales nuevos y muy detallados resultase ineficaz. Esos códigos serán imprescindibles para avanzar hacia unos mercados energéticos realmente integrados, no en unas décadas, sino en unos años. Lo más importante es poder hacer que los códigos técnicos adoptados bajo la supervisión de la Agencia sean de obligado cumplimiento para todos los gestores de redes. Por consiguiente, la Comisión necesita poder adoptarlos rápida y eficazmente mediante el procedimiento de comitología. De lo contrario, no podrán ser preceptivos en un plazo razonable.

En términos más generales y de acuerdo con la posición planteada en los informes del señor Chichester y el señor Vidal-Quadras, se precisan unas directrices, precisamente para poder contar con una Agencia fuerte. Sin unas directrices en las que se enmarquen sus competencias, la Agencia sencillamente no podrá adoptar decisiones individuales de carácter preceptivo sobre los operadores del mercado.

No obstante, con el propósito de atender a las preocupaciones de la comisión, la Comisión podría aceptar la supresión de algunos procedimientos de comitología que, a nuestro parecer, fueran menos esenciales, siempre y cuando se respetaran los aspectos esenciales.

En lo que respecta a la Agencia, la Comisión desea establecer una Agencia con unas competencias amplias. La Comisión puede aceptar las enmiendas en que se asignan funciones generales a la Agencia y garantiza asimismo una consulta más abierta y transparente con las partes interesadas. Sin embargo, no se puede ir más allá de lo dispuesto en el Tratado CE.

Algunas de las enmiendas presentadas por la comisión en relación con las competencias para la toma de decisiones de la Agencia son incompatibles con el principio sentado por la sentencia Meroni, que atañe, en particular, al margen de discrecionalidad conferido a la Agencia. Estoy totalmente de acuerdo en que hace falta una Agencia fuerte y eficaz y creo que puede conseguirse aplicando el planteamiento propuesto por la Comisión, que consiste en que la Agencia elabore una serie de códigos que implican una discrecionalidad verdaderamente sustancial y, a continuación, éstos sean adoptados mediante la comitología.

No quiero terminar sin mencionar la cuestión de la separación efectiva entre la explotación de la red y la producción y el suministro. Las normas actuales permiten que un gran número de gestores de redes discriminen a los nuevos competidores, y eso ahoga en gran medida las inversiones en la red y la implantación de nuevas capacidades.

Por consiguiente, nuestro objetivo es dar con un planteamiento que ponga fin de una vez por todas al conflicto de intereses intrínseco de los gestores de redes verticalmente integrados y ofrecerles, al mismo tiempo, unos incentivos adecuados a fin de que inviertan en la red y la gestionen de un modo que no resulte discriminatorio.

Durante la celebración del Consejo de Energía del 6 de junio, el Consejo logró un amplio consenso en relación con todos los aspectos fundamentales del paquete. El objetivo es que el resultado de la votación nos permita adoptar el paquete en segunda lectura a finales de este año. Si el proceso se retrasara, se correría el riesgo de que el paquete no pudiera adoptarse antes de las elecciones de 2009. Confío en que el Parlamento y la próxima Presidencia francesa harán todo lo posible por alcanzar un acuerdo global en los próximos meses.

Permítanme recalcar que el Consejo de Energía del 6 de junio se reservó formalmente su posición con respecto al paquete, sobre todo para tener en cuenta el resultado de la votación de mañana.

Señorías, su contribución a este proceso ha sido muy importante desde el principio. En lo que concierne a estas propuestas, espero con interés poder seguir cooperando con ustedes en los próximos meses en beneficio de los consumidores.

  Eluned Morgan, ponente. − Señor Presidente, si el Parlamento aprueba mañana el informe sobre la electricidad, espero que las empresas energéticas de toda Europa entiendan que queremos que el consumidor vuelva a ser quien mande.

Antes de abordar el aspecto más polémico de esta directiva, quisiera centrarme en algunos de los ámbitos en los que hasta ahora hemos conseguido llegar a un consenso en el Parlamento.

No puede haber nadie en la Unión Europea que no haya reparado en la espectacular escalada de los precios de la energía que se ha producido en los últimos meses. En toda la Unión Europea hay personas que tienen problemas para pagar las facturas de la electricidad, de modo que, en nuestra opinión, la cuestión de la «pobreza energética» debe ocupar un lugar destacado en el programa de la UE. Al fin y al cabo, el régimen de comercio de derechos de emisión y los objetivos en materia de energías renovables son europeos y repercuten en los precios de la energía.

Comisario, nuestra petición de que sean los propios Estados miembros los que definan la pobreza energética y elaboren un plan para resolver ese problema está en consonancia con el principio de subsidiariedad. Por lo tanto, si el Consejo desea llegar a un acuerdo sobre este paquete, debe entender que ésa es una condición primordial del Parlamento.

Los consumidores ya tienen numerosos derechos en el ámbito de la energía, pero no se hacen valer. Por lo tanto, hemos pedido a las autoridades reguladoras nacionales que empleen incentivos y sanciones para garantizar la protección de los consumidores.

Además, hemos hecho constar otros derechos que debería disfrutar el consumidor, como, por ejemplo, unos precios asequibles para las familias con bajos ingresos, una mayor facilidad para cambiar de suministrador, un mayor grado de representación de los consumidores, sobre todo cuando tienen reclamaciones, y una oferta justa para la población rural y la residente en zonas apartadas.

Creemos que los contadores inteligentes deberían implantarse en un plazo de diez años a fin de impulsar la eficiencia energética, y las empresas han de ser resolutivas en cuanto a la forma de cobrar la energía y dejar de recompensar a los mayores consumidores, como sucede ahora. Las energías renovables han de tener un acceso prioritario a la red a fin de que podamos alcanzar el objetivo del 20 %.

Tenemos que entender que, al hablar de redes de transporte, hablamos de monopolios, de modo que se impone claramente la necesidad de una reglamentación sumamente estricta.

Nos gustaría que la cooperación entre las autoridades reguladoras nacionales y las autoridades responsables de la competencia fuera mucho mayor. De ese modo, tal vez podríamos llegar a evitar que prácticamente en la mitad de los países de la UE sea una sola empresa la que controle el 70 % del mercado.

A continuación, me centraré en la parte más polémica del informe, la cuestión de la separación. Lo que está claro es que el sistema actual no ha funcionado. Se sospecha que no todo el mundo está jugando limpio. Hay quienes están priorizando el acceso de sus propias empresas y poniendo obstáculos que podrían ahogar la competencia. Por consiguiente, como ponente, opino que la separación total del suministro energético y los gestores de red de transporte o la separación efectiva de la propiedad —tal como propuso la Comisión en un principio— ha de ser la única opción para las empresas eléctricas.

Es la única manera de poner fin al conflicto de intereses. Pueden construir cuantas «murallas chinas» deseen, pero las empresas no tendrán ningún incentivo para promover la competencia en el mercado si también cuentan con sus propios gestores de red de transporte.

La igualdad de condiciones es un factor necesario. Necesitamos una mayor facilidad de acceso para las energías renovables y las PYME, pero, ante todo, necesitamos un marco reglamentario sólido para el billón que hace falta invertir en el mercado de la UE. Si eludimos este asunto ahora, no estaremos enviando un mensaje claro a los inversores, y las luces podrían apagarse en Europa. Este problema no va a desaparecer, y si se apagan las luces, puede que los Gobiernos caigan.

De modo que, ¿quién se resiste a esto? Alemania, Francia, Austria, Luxemburgo, Grecia y Bulgaria. Esos países creen que bastará con reforzar las barreras. Se sospecha asimismo que hay una tendencia a proteger a las empresas nacionales que están dispuestas a invertir en otros mercados, pero que se resisten a permitir que otras empresas accedan a los suyos. No obstante, no deberíamos alabar en exceso el modelo; lo más probable es que los precios no bajen con ningún modelo.

Sabemos que el Consejo ha llegado a un acuerdo informal en relación con este asunto. Ha propuesto que se refuercen las barreras. Sin embargo, muchos de nosotros opinamos que eso no será suficiente para los consumidores europeos y hemos propuesto que nos ciñamos a una posición firme.

Quisiera dar las gracias a los ponentes alternativos, en particular, y a todas las personas que han participado en este paquete por su cooperación en este informe tan complejo.

  Alejo Vidal-Quadras, Ponente. – (ES) Señor Presidente, la energía sigue siendo, por muchas razones, uno de los talones de Aquiles de la Unión, principalmente por la resistencia de ciertas elites gobernantes o empresariales a reconocer que la consecución de una política energética común pasa obligatoriamente por un mercado interior integrado, abierto a la competencia, donde los consumidores puedan elegir libremente su suministrador y donde la energía fluya desde Estocolmo hasta Atenas y de Lisboa a Viena sin obstáculos mayores. Para alcanzar este objetivo, todavía lejano, nos queda mucho camino por recorrer y muchas barreras por eliminar.

En el informe sobre el Reglamento del que soy ponente, que se ha aprobado en comisión prácticamente por unanimidad, hemos puesto de relieve la importancia de aumentar las interconexiones entre Estados miembros, la necesidad de armonizar las normas técnicas a nivel europeo, la conveniencia de otorgar mayor poder a la agencia de reguladores, de asignar mejor las responsabilidades de los operadores de sistema, para que se encarguen de redactar los códigos de red y de consultar a las partes interesadas, durante la elaboración de los códigos, dándoles también la posibilidad de proponer códigos por sí mismos, siempre que no contradigan las directrices marco.

Estas propuestas derivan del deseo, que expresó ya el Parlamento, de contar con un organismo europeo de coordinación para reguladores nacionales, con capacidad de decidir sobre temas de ámbito europeo, evitando solapamientos con las decisiones tomadas a nivel nacional, así como de poner en marcha una red europea de operadores de sistema que desarrollen las normas técnicas necesarias para asegurar la fluidez del mercado europeo. En este sentido, mi informe es plenamente consistente con los informes Chichester y Paparizov.

Para alcanzar un mercado interior de la electricidad debemos conseguir normas y reglamentaciones armonizadas, asegurar que todos los actores jueguen con las mismas reglas, fomentar las interconexiones y disponer de reguladores independientes y con poderes suficientes para asegurar las inversiones.

El informe de mi buena amiga, la señora Morgan, contiene en gran medida las respuestas adecuadas para afrontar estos problemas. El tema de la separación de propiedad ha dado pie a muchos debates, por momentos bastante intensos, entre nosotros. Sin embargo, seguimos siendo amigos, lo cual demuestra que Europa tiene futuro.

Yo entiendo que estamos hablando de un tema en el que el interés nacional juega un papel principal, en el que se contraponen diferentes modelos de mercado, en el que hay situaciones consolidadas que hemos de tener en cuenta. Pero son precisamente estas asimetrías las que impiden en gran parte que progresemos y no creo que elaborar una lista variada —a la carta— de modelos sea la solución.

La separación de propiedad no es una panacea, pero es una condición necesaria —aunque seguramente no suficiente— para alcanzar un mercado único integrado.

Algunas de las ideas de la señora Morgan son más discutibles, como las tarifas sociales para afrontar el problema de la pobreza energética, porque haciendo esto correríamos el riesgo de interferir con los mercados.

El Consejo alcanzó un acuerdo general sobre el paquete hace más de una semana. Nosotros finalizaremos nuestra primera lectura antes del verano. Pero, para terminar, quisiera transmitir al representante del Consejo, nuestro querido y respetado amigo, señor Lenarčič, la voluntad del Parlamento de negociar un acuerdo en segunda lectura satisfactorio para la Unión Europea en su conjunto.

Se acaba la legislatura y los planteamientos de «lo tomas» o «lo dejas» serían equivocados, porque este Parlamento, señor Presidente del Consejo, reacciona muy mal cuando no se le respeta o se siente excesivamente presionado.

No es el momento para dividirnos en blandos y duros o para actuar bajo el prisma exclusivo del interés nacional. Es el momento de planteamientos sensatos, equilibrados y, en el mejor sentido de la palabra, europeos.

  Giles Chichester, ponente. − Señor Presidente, en primer lugar, quisiera agradecer la gran contribución de mi antecesor inmediato y, por así decirlo, coponente, el señor Brunetta, quien tuvo que abandonar el Parlamento para ocupar otro puesto en su país. Quisiera dar las gracias a los ponentes alternativos por su planteamiento cooperativo y constructivo, que nos ha permitido lograr un amplio consenso.

Es un reto interesante el de encontrar un término medio entre dejar que las autoridades reguladoras nacionales desempeñen su función por sí solas y crear un regulador de la UE. La función del regulador es de crucial importancia para el correcto funcionamiento de los mercados. Esa agencia complementaría a escala europea las tareas reguladoras desempeñadas por las autoridades reguladoras nacionales y lo haría proporcionándoles un marco de cooperación, mediante la supervisión reglamentaria de la cooperación entre los gestores de redes de transporte, facultando a la Agencia para adoptar decisiones individuales y asignándole una función consultiva general. La Agencia desempeñará un papel consultivo con respecto a la Comisión en relación con las cuestiones de regulación del mercado, y esa es una función importante.

Durante el debate sobre el presente Reglamento, nos hemos convencido más de la necesidad de ir más allá de las propuestas de la Comisión sobre la Agencia y crear una agencia con mayor independencia y mayores competencias decisorias. Si la Agencia ha de contribuir de forma eficaz al desarrollo de un mercado de la energía competitivo e integrado para la Unión Europea, la Agencia necesitará competencias más amplias y ser independiente de la Comisión para gestionar situaciones transfronterizas y hacer más eficaz la cooperación entre los GRT y las ANR (las autoridades nacionales de reglamentación).

Por lo tanto, hemos propuesto nuevas competencias para la Agencia en materia de toma de decisiones, en particular, sobre la elaboración de los códigos técnicos que acaban de mencionar mis colegas, y de planes de inversión de los GRT, así como una mayor independencia reguladora y financiera. Sin embargo, unas mayores competencias y una mayor independencia deben implicar una mayor rendición de cuentas no sólo al Parlamento sino también a las partes interesadas. Por lo tanto, hemos propuesto reforzar la obligación de la Agencia de efectuar consultas y aumentar su transparencia y su rendición de cuentas ante el Parlamento.

Cabe destacar que hemos tratado de garantizar la coherencia y la cohesión entre el informe y el Reglamento y el resto del paquete. Estamos al tanto de las cuestiones planteadas por la sentencia Meroni; así y todo, creemos que nuestras propuestas son adecuadas.

Los cambios propuestos a la estructura están destinados a garantizar un equilibrio más efectivo entre las necesidades de independencia reguladora y el control político apropiado. Uno de los principios esenciales para mí y para nosotros es el de que la independencia de la Agencia es fundamental no solo para garantizar su eficacia, sino también su credibilidad. Por consiguiente, proponemos el reforzamiento del papel del consejo de reguladores, un límite temporal para garantizar que las decisiones se tomen de forma rápida y un aumento de la independencia financiera de la Agencia.

El futuro del mercado europeo de la energía y su desarrollo tras la aplicación del tercer paquete energético requerirá que la Agencia de Cooperación de los Reguladores Energéticos desarrolle una función importante. Por consiguiente, es necesario fortalecer sus competencias y su independencia más allá del nivel propuesto por la Comisión.

  Mia De Vits, ponente. – (NL) Señor Presidente, señoras y señores, creo que el informe de la señora Morgan y mi informe sobre una Carta Europea de los Derechos de los Consumidores de Energía han de estudiarse juntos. En la actualidad, la separación estructural del sector de la energía es más necesaria que nunca, pero no puede ser un fin en sí misma. La cuestión es si redundará en beneficio de los consumidores. No está claro. En este sentido, me doy cuenta de que en mi país, Bélgica, las facturas de los consumidores de energía subirán una media de 300 euros en 2008 con respecto a 2007. Soy consciente de que los precios del petróleo tienen mucho que ver, pero no son los únicos responsables.

Las cifras del Comisario Kuneva ponen de manifiesto, por ejemplo, que entre el 20 % y el 32 % de los ciudadanos británicos que han cambiado de suministrador desde la apertura del mercado están peor ahora que antes. Por eso, es fundamental que los consumidores sepan cuáles son sus derechos con respecto al sector de la energía; algo que no sucede ahora, desde luego. No hay ningún tipo de información comprensible sobre esos derechos, de ahí la necesidad de un documento firme, claro y comprensible en el que se enumeren los derechos vigentes: una Carta.

La señora Morgan ya se ha referido a lo que debe figurar en ella. Me gustaría añadir un par de aspectos más. Por supuesto que los consumidores han de poder cambiar de suministrador; gratuitamente y en el plazo de un mes, naturalmente. Sin embargo, eso quiere decir que han de poder comparar las ofertas, y, por eso, es importante que se normalicen los contratos y las facturas. Si desean hacer comparaciones, los consumidores necesitarán información sobre su consumo actual de energía y tendrán que recibir información al respecto al menos cuatro veces al año. Como bien ha señalado la señora Morgan —y yo comparto esas ideas, que también figuran en mi informe—, el «contador inteligente», la lucha contra la pobreza energética y los planes nacionales de acción en materia de energía que han de elaborarse a tal efecto constituyen un gran paso adelante.

En cuanto a las tarifas sociales, quisiera decirle al señor Vidal-Quadras que, a nuestro parecer, su aplicación ha de ser posible, han de constituir un instrumento eficaz para los Estados miembros. Eso es lo único que tenemos que decir acerca de las tarifas sociales, señor Vidal-Quadras. Por consiguiente, no creo que sea imposible que las apoyemos.

Por otro lado, parece importante que haya puntos de contacto físicos en los que se pueda obtener información. Al fin y al cabo, aunque parezca mentira, la brecha digital continúa existiendo hoy en día.

Quisiera terminar con un aspecto que bien podría ser el más importante. A nuestro modo de ver, si los consumidores desean saber cuáles son sus derechos y, por tanto, estar bien informados, al firmar los contratos, se les tiene que enviar una copia de una Carta en la que figuren clara y comprensiblemente sus derechos vigentes. Eso es, ni más ni menos, lo que pide nuestro Grupo, que se recopilen los derechos vigentes y les sean transmitidos a los consumidores en un documento legible. Por lo tanto, no puedo entender la postura de la Comisión, el Comisario Piebalgs y los demás Grupos. Hace unos meses, la Comisión anunció una Carta; ahora, unos meses más tarde, todo lo que hemos conseguido es una sencilla lista de comprobación informativa. Creemos que es necesario seguir avanzando. Por eso, insto a los demás Grupos a que apoyen la enmienda presentada por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. No se trata de volver a inventar la rueda; simplemente estamos pidiendo que se informe a los consumidores de sus derechos vigentes enviándoles una copia al firmar un contrato. Si el problema más grave en la actualidad —como bien ha señalado la Comisión Europea— es la claridad de la información o más bien la falta de ella, creo que nuestra propuesta brinda una solución.

  Ján Hudacký, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. − (SK) La situación de la energía en Europa y en todo el mundo nos obliga a buscar nuevas soluciones eficaces para un suministro seguro en los Estados miembros a precios razonables, sujetas a una mayor liberalización de los mercados energéticos, una mayor transparencia del mercado y la no discriminación.

Aplaudo los esfuerzos de la Comisión Europea para realizar progresos, crear un espacio de normas y relaciones nítidamente definidas entre las partes relevantes dentro de los mercados energéticos. Por una parte, esto debería conducir a la creación de un mejor entorno competitivo, y por otra, debería crear un mecanismo de regulación eficaz, capaz de prevenir situaciones de crisis.

No obstante, las intenciones y la realidad son dos cosas muy distintas. Aunque ha sido objeto de numerosos debates y propuestas de compromiso, el paquete energético continúa suscitando multitud de interrogantes e incertidumbres. Todos sabemos de sobra que el mayor obstáculo es la propuesta de la Comisión relativa a la separación de la propiedad de la producción respecto del transporte dentro del marco de las empresas integradas verticalmente.

¿Es éste realmente el modelo más eficaz para garantizar mayor competencia, menor discriminación, precios más bajos y mayor inversión? Los cuantiosos análisis que parecen confirmar estos beneficios se ven contrarrestados por una serie de argumentos contrarios, que arrojan dudas objetivas acerca de tales beneficios.

Mi opinión es bastante sencilla, pero está respaldada por debates tanto con los partidarios como con los opositores a la separación de la propiedad. Los Estados miembros que tengan implantados otros modelos ciertamente tienen que tener la oportunidad de poder elegir. Ocho de ellos han planteado la denominada tercera opción, que yo he sugerido como ponente de opinión de la Comisión ECON, como una alternativa al modelo de separación de la propiedad.

De hecho, la citada comisión ya ha aprobado esta propuesta. Antes de llegar a las conclusiones definitivas, deberíamos verificar si cada uno de los modelos propuestos es operativo, si proporciona un suministro continuo de energía, si es transparente y no discriminatorio, y si su transparencia y su carácter no discriminatorio puede lograrse o no por medio de una reglamentación más eficaz.

Además, tenemos que establecer claramente si la solución propuesta representa o no una infracción del derecho a la propiedad privada. En este contexto, pienso que la enmienda de compromiso 166, presentada por 40 diputados, que permite la aplicación de la denominada tercera vía, representa una solución óptima en las circunstancias concretas y respeta las demandas de un número significativo de Estados miembros.

  Mariela Velichkova Baeva, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. − (BG) La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1228/2003 relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad tiene como objeto la creación del mercado energético comunitario. La opinión de la Comisión de Asuntos Económicos hace hincapié en la mejora del entorno competitivo, superando las barreras existentes para los nuevos operadores del mercado a la hora de acceder a la red y fomentar la inversión, que es esencial para las economías nacionales y los consumidores individuales. La cooperación e interacción regional entre los operadores de la red contribuyen a canalizar los recursos hacia la interconexión y la diversificación de los suministros. Para mi país, Bulgaria, al ser frontera de la Unión Europea, esto constituye una oportunidad de integrarse activamente en la red eléctrica europea. El sector energético se guía por la demanda, por la oferta y el impacto medioambiental. Cualquier decisión deberá tener en cuenta la inercia adquirida en el sector energético, así como su importancia estratégica para el desarrollo de las economías modernas.

  Alain Lipietz, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios acudió a Paris para examinar todas estas Directivas. Además nos reunimos con los sindicatos y los gestores de redes de transporte de electricidad.

Todo el mundo ha abogado por una agencia más sólida que la propuesta por la Comisión. Conocemos la jurisdicción del Tribunal de Justicia y somos plenamente conscientes del hecho de que la Comisión proponía no modificar el Tratado a fin de evitar crear problemas.

Es por eso que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios recomienda en su opinión reforzar todo lo relacionado con el control, las recomendaciones y el poder de suspensión, si bien alerta contra conceder a la agencia el poder de crear políticas administrativa que incluso llegue hasta la imposición de multas.

Únicamente la Comisión tiene este poder de dictar la política administrativa. Creo que a este respecto, podemos asumir los Tratados en su estado actual, así como las necesidades de reglamentación del mercado.

  András Gyürk, ponente de opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. − (HU) Muchas gracias por la oportunidad de hablar, señor Presidente. Señor Comisario, Señorías, el descontento entre los consumidores de energía ha aumentado notablemente en los últimos años a consecuencia del alza de los precios y de la falta de transparencia reguladora. Es precisamente por esta razón por lo que es tan importante que el Parlamento Europeo conceda en breve su bendición a un paquete legislativo que contribuirá a garantizar que el mercado eléctrico funcione con mayor eficacia. Estoy convencido de que el marcado incremento de los precios y el creciente desamparo de los consumidores se han debido en gran medida al funcionamiento inadecuado del mercado. En muchos Estados miembros sigue dándose el caso de que son los consumidores los que persiguen a los proveedores, y no al contrario.

En Hungría, por ejemplo, la liberalización del mercado actualmente se traduce en unos precios más altos y un deterioro de los niveles de servicio, merced a la forma caótica con que se está realizando la liberalización del mercado por culpa de los errores del Gobierno. La aprobación del paquete de informes que estamos debatiendo hoy podría poner fin a esta situación. La nueva legislación puede permitir, al menos, que exista una auténtica competencia en el mercado energético, y los proveedores podrán encontrarse por fin en la situación de tener realmente que competir por los consumidores.

Además, el paquete energético crea asimismo unas condiciones mejores para el tipo de inversión que resulta absolutamente vital para el futuro del suministro energético de Europa. Proporcionará un estímulo a la eficacia energética y pienso que también facilitará la difusión de las energías renovables. Otra característica positiva de las propuestas es que refuerzan las disposiciones sobre protección del consumidor, cuyo cumplimiento a menudo brilla por su ausencia en la actualidad. Una de las razones por las que esto resulta especialmente importante ahora es porque los galopantes precios energéticos constituyen una causa notable de pobreza. En mi opinión, los esfuerzos en el ámbito de la política energética siempre deben evaluarse a la luz de la satisfacción de los clientes. Estamos dando un paso importante hacia una reglamentación más eficaz. El paquete de propuestas va a fomentar la competencia, al tiempo que vendrá a mejorar la seguridad de suministro. Esperamos que la aprobación de este paquete garantice que, en el futuro, los consumidores de energía en Europa no se enfrenten a precios excesivos a consecuencia de deficiencias reguladoras. Muchas gracias, señor Presidente.

  Gabriela Creţu, ponente de opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. − (RO) Señorías, el proyecto inicial de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía ofrecía dos posibilidades al Parlamento: rechazar una institución inútil o crear una más eficaz.

Ha optado por la segunda solución, no a despecho de la cláusula Meroni, sino dentro de los límites de las disposiciones del Tratado. Las enmiendas aprobadas en las comisiones, por lo general convergentes, han alterado notablemente las prerrogativas iniciales. Consecuentemente, en este momento, esperamos que, a través de su actividad, la Agencia refuerce el papel de los reguladores nacionales y apoye su funcionamiento, que permita la armonización técnica de las redes europeas, como condición para un mercado interior real, y que haga posible el suministro mutuo de energía entre los Estados miembros, que tenga en cuenta los intereses de los consumidores y que controle atentamente las evoluciones en el mercado energético.

Esperamos que la Agencia sea un instrumento útil de la política energética común. No esperamos ni que la existencia de estas prerrogativas reduzcan las posibilidades de la Comisión Europea en comparación con el Parlamento y a la hora de cumplir la política energética, ni que las decisiones de naturaleza técnica reemplacen a las políticas. Nuestro objetivo final sigue siendo el suministro de energía suficiente a un precio accesible para todo el mundo.

  Leopold Józef Rutowicz, ponente de opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. − (PL) Señor Presidente, la obtención de beneficios del paquete energético que ha sido aprobado va a depender en gran medida de decisiones políticas. Únicamente los dirigentes de Francia han independizado en gran medida la energía y la economía respecto de las importaciones de gas y de crudo. A los dirigentes de los demás países les ha faltado imaginación.

El enorme e imprevisto alza de los precios del gas y el petróleo nos está obligando a decidir qué alcance damos al desarrollo de la energía atómica y a otras fuentes. ¿Cómo debemos explotar la red para evitar una crisis? Los Reglamentos propuestos sobre el acceso a la red en el intercambio transfronterizo de electricidad y los principios comunes sobre el mercado interior de la energía deberán promover la plena sincronización de las redes de los países de la vieja Europa y los nuevos países. Eso garantizará una mayor seguridad de suministros energéticos y podrá producir una limitación de los precios energéticos mediante el aumento de la competencia.

La Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía que se ha creado deberá garantizar, en colaboración con las entidades que actúan en el mercado, que el mercado funcione adecuadamente. Hay que incrementar el poder de la Agencia para cubrir las necesidades del mercado.

Apoyo el Reglamento que fomenta la competencia y la ampliación de la generación de electricidad.

  Gunnar Hökmark, en nombre del Grupo PPE-DE. – Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la señora Morgan por su eficaz labor en el informe.

Sólo quiero decir una cosa en respuesta a su intervención de antes: no permitan que los Estados miembros eludan su responsabilidad en cuanto a combatir la penuria energética y garantizar el bienestar de sus ciudadanos; no permitan que ningún Gobierno haga caso omiso de esa responsabilidad.

Dicho esto, quiero resaltar lo que considero es la cuestión más fundamental en este debate, a saber: ¿son suficientemente buenos los mercados energéticos europeos? ¿Están funcionando suficientemente bien? ¿Es suficientemente buena la legislación en lo tocante al bienestar de los consumidores, los precios bajos, la industria y la competitividad, y las oportunidades para sacar el mayor provecho de todas las fuentes energéticas, cuanto menos las renovables?

Pienso que es justo afirmar que la respuesta es «no» si pretendemos responder a los retos del cambio climático, reducir la dependencia energética y conectar entre sí los mercados energéticos europeos.

Es por eso que necesitamos una reforma y por lo que es importante conseguir la existencia de idénticas reglas de juego para los nuevos operadores, garantizando que contemos con una competencia abierta y justa. Es con estos ojos con los que tenemos que contemplar el debate acerca de la separación de la propiedad. Pienso que el Consejo tiene la responsabilidad de conseguir un compromiso entre sus miembros. El Parlamento también tiene la responsabilidad de intentar contribuir a la mejor solución posible y tenemos una responsabilidad común.

Pido tanto a la Presidencia actual como a la entrante que se tomen esta cuestión en serio. Los mercados energéticos de hoy no son suficientemente buenos. Tenemos la responsabilidad conjunta de lograr la solución mejor posible y esa es la razón por la que espero que escuche al Parlamento y nosotros le escucharemos a usted.

  Reino Paasilinna, en nombre del Grupo PSE. – (FI) Señor Presidente, quiero dar las gracias a los ponentes y a todos los demás, pero especialmente a la señora Morgan, que ha llevado a buen fin lo que era una tarea ardua. Nosotros estamos proponiendo, entre otras cosas, que los consumidores tengan derecho a indemnización si no se presta un servicio con la calidad acordada. Los consumidores deben tener derecho a cambiar con facilidad de proveedor y a tener acceso a la información sobre el historial energético de un producto: por ejemplo, sus efectos sobre el medio ambiente.

Tanto mi Grupo como la mayoría de la comisión han respaldado a la Comisión en el asunto de la separación de la propiedad. Debe existir un sistema de separación para los productores de energía, independizándoles de los operadores del sistema respecto de los propietarios de las redes de energía. En otras palabras, no tenemos ninguna fe en el modelo «grande». Perdió por escaso margen en la votación.

En algunos países funciona la competencia y para los consumidores resulta fácil elegir. Pero en otros, eso todavía resulta virtualmente imposible. La mayoría de los países han liberalizado sus mercados, pero algunos continúan con su ancestral política proteccionista, al tiempo que copan los mercados de otros.

En muchos países, a las nuevas compañías de energía les resulta imposible en la práctica competir lealmente en el mercado. Queremos hacer algo a este respecto. La situación ha desembocado en una distorsión de la competencia, un escaso nivel de inversiones y unos precios excesivos para los consumidores.

Hasta el 77 % de la energía en la Unión Europea se obtiene a partir de combustibles fósiles. Los actuales hábitos de despilfarro en cuanto al uso de la energía han tocado a su fin, ya que las reservas fósiles son exiguas y cada vez son más escasas, encontrándose bajo control de un número cada vez menor de personas. Únicamente dentro de un mercado viable y próspero resulta posible desarrollar un sistema eficaz de comercio de derechos de emisiones, una industria basada en fuentes de energía carentes de emisiones, y una Unión Europea que sea autosuficiente en materia de energía.

El acuerdo alcanzado el pasado viernes en Luxemburgo podría ser algo que se aproximara a lo que desea ver el Parlamento, aunque con algunos rasgos adicionales. Por ejemplo, es necesario reforzar la protección de los consumidores. Se trata de un deseo del Parlamento. La Comisión todavía conserva demasiados poderes según la propuesta que tenemos delante. El procedimiento de comitología no debe convertirse en un principio básico a la hora de legislar. No se trata de un principio básico.

Necesitamos normas independientes sobre sanciones en conexión con la ejecución de las nuevas Directivas. Los procedimientos de infracción de la Unión son ineficaces, excesivamente lentos y demasiado políticos. Nuestro objetivo consiste en alcanzar la armonía durante la Presidencia francesa, y espero que la próxima Presidencia asuma sus obligaciones de manera satisfactoria, a fin de que el presente asunto quede liquidado antes de finales de año.

  Šarūnas Birutis, en nombre del Grupo ALDE. – (LT) Quiero felicitar a la ponente, señora Morgan, y expresar mi agradecimiento a mis compañeros ponentes alternativos por su labor constructiva. Este documento constituye un paso importante en dirección a la creación de un mercado energético unido y competitivo de la UE. Tenemos que dar ese paso, ya que constituye una condición esencial para garantizar la competencia dentro del mercado y los intereses de los consumidores.

A mi juicio, el acuerdo modificado es conforme, en su mayor parte, con los objetivos estratégicos de la política energética de la mayoría de los Estados miembros, esto es, la creación de un mercado interior eficaz e integrado de la UE.

Hay un par de cosas que me gustaría señalar. Primero, dentro del contexto de la Directiva, el asunto de la seguridad energética continúa siendo de gran importancia. Cara a los proyectos energéticos destinados a eliminar las islas energéticas, como Lituania y otros Estados bálticos, así como algunas otras regiones, es de vital importancia la fuerza de voluntad política, junto con la política general de la UE sobre la base de una economía común.

Es esencial que se ponga en práctica la idea de la cooperación entre los operadores de los sistemas de transporte con vistas a desarrollar un mercado energético europeo integrado, y que no siga siendo exclusivamente un tema de discusión. Por tanto, quiero pedir a mis compañeros diputados que apoyen la enmienda 168. Eso nos ayudaría a alcanzar una decisión sobre la cuestión de las conexiones.

Segundo, no existe ninguna duda de que el principio de reciprocidad continúa siendo esencial en las relaciones con los interlocutores de terceros países.

Tercero, la creación de una Agencia Europeo facilitaría enormemente la cooperación entre los reguladores nacionales y la consolidación del mercado interior. Habría que concederle a la Agencia suficientes poderes para la toma de decisiones.

Cuarto, el asunto de la independencia de los reguladores nacionales es de gran importancia. Su designación tiene que ser transparente y abierta y sus actividades tienen que estar exentos de cualquier influencia por parte de políticos o del poder ejecutivo. La autoridad de todas las instituciones reguladoras de los Estados miembros debe estar coordinada.

Paso a paso, se desarrollarían entonces tanto el mercado energético común como la política energética común, que garantizarían la seguridad de suministro junto con el máximo precio aceptable para todos los consumidores. Cuando antes se haga, mejor.

  Rebecca Harms, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, deseo adherirme a mis compañeros diputados para expresar mi agradecimiento por la excelente cooperación entre los ponentes de este paquete y quiero ser la primera en responder a una acusación que ha jugado un papel notable en el debate alemán sobre el paquete energético y, en concreto, sobre la separación de la producción y las redes de transporte.

A los europeos se nos acusa constantemente de querer hacerle la vida imposible a las empresas grandes y prósperas. No he detectado tal actitud negativa en los debates celebrados en las comisiones, en absoluto. A mi juicio, se trata de una lista blanca que debe ser defendida por Bruselas con todas las fuerzas. Queremos precios justos para la energía, sobre todo para la electricidad. Queremos una tarifación transparente, unas condiciones justas de mercado, incluso para las empresas de producción nuevas y más pequeñas. Además queremos mejores condiciones para la descentralización, una importante condición previa para que la organización de las redes de transporte sea capaz de tener debidamente en cuenta las energías renovables y la eficiencia. Lo que además nos importa mucho es poner fin al despilfarro que se está produciendo en todas partes de las estructuras de redes existentes. Si eso no es una lista blanca de objetivos para este paquete energético, entonces no sé cómo se podría mejorar.

Muchos compañeros diputados que no están de acuerdo con la decisión mayoritaria de la Comisión de Industria, Investigación y Energía sostienen que el mercado, si funciona y no se interfiere en él políticamente, es capaz de alcanzar todos estos objetivos por sí solo. Sin embargo, hasta ahora, el denominado mercado energético en Europa ha elevado los precios hasta el nivel más alto posible, y continúan subiendo. En algunos países, no existe absolutamente ninguna transparencia en cuanto a la formación de los precios. Existe una concentración continuada en el mercado energético y los objetivos climáticos, los objetivos medioambientales, se cumplen de manera insuficiente o, en el mejor de los casos, de modo mediocre.

La separación de las redes de producción y transporte constituye un paso importante para acercarnos a los objetivos positivos en esta política energética. A la luz del voto irlandés del pasado fin de semana, resulta poco deseable que un cartel alemán-francés actúe en contra de las sugerencias del Parlamento y contra las sugerencias originales de la Comisión, ya que se trata de un clásico asunto de compensaciones. Los alemanes y los franceses, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, están apoyando actualmente las empresas nacionales.

Lo que queremos que se tengan en cuenta son los intereses de los consumidores y la cuestión de si realmente estamos poniendo a prueba cara al futuro nuestro sector energético o no. La mayoría de los ciudadanos no optarían por una Europa de empresas sino que, en estos momentos, se decantarían por una Europa de protección al consumidor y de equidad. Gracias por su atención.

  Romano Maria La Russa, en nombre del Grupo UEN. – (IT) Señor Presidente, Señorías, a pesar de las magníficas propuestas aprobadas por la Comisión de Industria, Investigación y Energía, que ha acogido con gran satisfacción la posición defendida en el informe Morgan —y aprovecho para felicitar a la ponente por el excelente trabajo que ha realizado— lamento tener que decir que últimamente han surgido posiciones que, a mi juicio, tienen el propósito de modificar los estupendos logros de la comisión.

Me refiero a las conclusiones del Consejo, que apenas dejan espacio para un cambio de enfoque concreto a fin de crear un mercado energético competitivo y basado en la competencia. El Consejo está proponiendo el modelo de gestores de redes de transporte independientes, que de hecho es muy parecido a la tercera opción. Esta postura no me parece en absoluto coherente con la labor realizada por la comisión, que ha respaldado, por una mayoría notable, la plena separación de la propiedad y la oposición total al establecimiento de sistemas alternativos, por no hablar del papel marginal de la Agencia. Por tanto, me pregunto cuál es la finalidad de crear una Agencia si se supone que sólo va a desempeñar un papel meramente de asesoramiento.

Si intentáremos superar la actual diversidad de marcos jurídicos, según el Consejo agravaríamos la situación y crearíamos una distorsión aún mayor. Por tanto, espero que el Parlamento emita su voto de manera consciente y se atenga al planteamiento expuesto por la señora Morgan.

PRESIDE: LUISA MORGANTINI
Vicepresidenta

  Miloslav Ransdorf, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (CS) Quiero decir que el Comisario Piebalgs se encuentra en un aprieto y se ha convertido básicamente en víctima de los burócratas, que nos están obligando a emprender una acción de forma precipitada, sin haberla estudiado con detenimiento. También es cierto que los datos de que disponemos no son fiables. Los datos que nos han sido proporcionados proceden de 2003/2004, mientras que los mercados energéticos no se liberalizaron plenamente hasta junio de 2007, y la información práctica relativa a las diferencias entre los antiguos y los nuevos Estados miembros todavía no ha sido evaluada. También conviene decir que la información práctica obtenida de los dos primeros paquetes energéticos no ha sido analizada. Creo que además de esta crítica, que también es válida para la subestimación de los riesgos por lo que respecta a la seguridad energética de los Estados miembros —unos riesgos que son demasiados elevados porque se ha enterrado una auténtica fortuna en el mercado sin ningún mecanismo de seguridad que garantizara que no acabaría en las manos equivocadas—, también es necesario aportar algunas soluciones positivas.

Pienso que la Agencia debe tener las competencias que le permitan evitar apagones de electricidad, y que la Comisión debe tener la facultad para imponer una moratoria para los precios en el caso de que los precios medios interanuales de la energía aumenten más del 30 % en todos los Estados miembros. Si el crecimiento medio en los Estados miembros alcanza el 30 %, el Comisario Piebalgs y sus compañeros deberían poder imponer una moratoria para los precios, tal como muestra en la actualidad la experiencia de algunos ciudadanos de la Unión Europea, a saber, los pescadores y los transportistas por carretera. Creo que esta medida tendría una acogida positiva entre los Estados miembros de la UE y aumentaría el prestigio de nuestra Comunidad.

  John Whittaker, en nombre del Grupo IND/DEM. – Señora Presidenta, estos informes contienen la típica carta a los Reyes Magos de objetivos incompatibles: seguridad del suministro energético, un mercado eficaz de la energía, reducción del CO2, normas armonizadas para todos los países y energía barata para los pensionistas. Bueno, energía barata para algunos significa que el resto tendremos que pagarla.

Quizá pensemos que vamos a hacer amigos obligando a los Gobiernos a suministrar energía subvencionada a quienes padecen la denominada «pobreza energética». ¿Es que no existe ningún ámbito de actividad en el que la UE confíe en que los Gobiernos nacionales hagan lo que consideren mejor para sus ciudadanos? Una cosa que estos informes deberían poner de relieve, pero no lo hacen, es lo absurdo de los objetivos para el carbono y la energía renovable. El precio del crudo es elevado y es probable que lo siga siendo, pero el coste de la energía para los consumidores todavía lo va a ser más al fin de subvencionar las energías renovables.

Paradójicamente, unos precios constantemente elevados del crudo es lo que se necesita para reducir las emisiones de CO2. Servirán para reducir el consumo y estimular el desarrollo de fuentes alternativas de una manera bastante más eficaz que cualquier otro conjunto de objetivos y directivas. ¿Quién sabe? Tal vez descubramos alguna vez que la energía eólica puede llegar a ser viable.

Al final, va a resultar muy difícil imponer normas armonizadas sobre separación en todos los 27 Estados miembros, al margen de los beneficios que esto pueda o no aportar. De hecho, los países serían tontos si dependieran en exceso de sus vecinos en cuanto a los suministros energéticos. Cuando se apaguen las luces, cuando los hospitales no dispongan de electricidad, prevalecerán los intereses nacionales con independencia de las órdenes impartidas por el regulador propuesto de la UE. Así es como son las cosas.

  Jana Bobošíková (NI). - (CS) Estoy bastante de acuerdo en que los Estados miembros deben conservar su facultad para establecer libremente las relaciones de propiedad entre los productores de la energía y la redes de transporte. Aplaudo asimismo el fortalecimiento de la independencia de los derechos y las obligaciones de las autoridades de regulación nacionales. Por lo que respecta a las redes transeuropeas, considero una buena solución las subastas explícitas. Desde luego, los ingresos de las subastas deberán invertirse en las tarifas. Comparto asimismo que la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía debe operar conforme al principio de un país, un voto.

Sin embargo, Señorías, debo decir que no estoy de acuerdo en que la separación de la propiedad, las subastas y la creación de una nueva Agencia constituyan la mejor forma de conseguir unos mejores mercados de la electricidad. Nos enfrentamos al hecho de un aumento de los precios de la energía y del consumo de la misma, y eso, a mi juicio, exige la construcción de más centrales eléctricas y, en concreto, un refuerzo masivo de las redes de transporte. También resulta necesario apoyar y promover la opción nuclear como una fuente de energía limpia y segura. Debemos dejar de temer a la energía nuclear.

  Nickolay Mladenov (PPE-DE). - Señora Presidenta, pienso que esta Cámara, junto con el Consejo y la Comisión, cree firmemente que es necesario plantear claramente y proteger como es debido los derechos de los consumidores en el sector energético en Europa. Todos estamos convencidos de que los mecanismos deben resolver las deficiencias que existen ahora en nuestros sistemas en toda la Unión Europea.

Todos coincidimos asimismo en que necesitamos una herramienta con la que clarificar y consolidar los derechos energéticos que existen en la legislación europea y nacional. Estamos de acuerdo en que esta herramienta debe formar parte de una estrategia de comunicación más amplia, de la que la lista de comprobación de la Comisión constituye igualmente un elemento importante.

El informe que ha elaborado la señora De Vits —y quiero felicitarle por su trabajo, junto con la labor de los demás ponentes alternativos— representa una contribución importante a este debate. Responde algunas de las preguntas clave que nos están planteando los ciudadanos europeos y me gustaría centrarme muy brevemente en algunas de estas cuestiones.

Los ciudadanos europeos quieren pagar por lo que consumen y quieren saber qué es lo que están pagando. Así que, en primer lugar, el informe habla muy seriamente de la necesidad de disponer de precios transparentes e insiste en que estos precios deben estar basados solamente en el consumo, de que las facturas deben confeccionarse conforme a las buenas prácticas existentes en la Unión Europea, de que deben ser comparables y de que deben existir simuladores de tarifas, de manera que los consumidores puedan ver qué compañía les ofrece una mejor opción.

Los consumidores quieren poder elegir y quieren estar protegidos ante el temor de quedar desconectados de la red, y esa es la razón por la que el informe presta especial atención a este tema. Habla de la necesidad de ofrecer salvaguardas contra la desconexión y de utilizarla sólo como último recurso en los Estados miembros.

Por último, aborda la cuestión de los consumidores vulnerables. Coincido plenamente con Gunnar Hökmark, que ha manifestado anteriormente que no debemos dejar que los Estados miembros eludan su responsabilidad. La responsabilidad de proteger a los consumidores vulnerables corresponde a los Estados miembros: para eso es para lo que pagamos nuestros impuestos.

Señorías, les pido que mañana voten a favor del informe tal como ha sido presentado al Pleno.

  Anne Laperrouze (ALDE). – (FR) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, mi intervención va a estar centrada en el tema de la separación de la propiedad, aunque no creo que se trate del tema más importante. En realidad, pienso que hemos perdido demasiado tiempo en este asunto.

Separar o no separar, esa no es la cuestión. La gestión de una red exige conocimientos industriales. La electricidad no se puede almacenar; la frecuencia y el voltaje de la red deben mantenerse de acuerdo con la demanda del mercado. Con la separación de la propiedad, la Comisión sigue corriendo el riesgo de una explotación del sistema de carácter especulativo o político. La cuestión de la propiedad, la gestión industrial y la seguridad de la red no ha sido suficientemente analizada, a mi entender.

Aparte de ese asunto, hemos logrado promover el papel de uno de los interlocutores principales en el funcionamiento del mercado interior: los reguladores. Es necesario concederles poderes reales para que puedan ejercer sus derechos y responsabilidades. A través de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, los reguladores tendrán un papel central cuando se trate de asuntos transfronterizos y de la armonización de los códigos técnicos para garantizar que nuestras redes funcionen mejor y sean más seguras.

El Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa ha presentado tres enmiendas: la primera consiste en subrayar que el funcionamiento del mercado interior debe girar en torno a los intereses del consumidor particular e industrial. Es algo evidente, pero merece la pena recalcarlo. La segunda se refiere a los contratos de larga duración que están supeditados al cumplimiento de determinados principios. No deben contemplarse como una barrera a la competencia, sino como un factor de estabilización. Conviene subrayar que es algo que exigen los consumidores industriales. Por último, la tercera se ha incluido para provocar el debate. Es una pregunta de la Comisión, previa consulta con todos los agentes del mercado, que contempla el avance hacia un operador europeo del sistema de transporte. Tal vez esté aún muy lejano, pero se trata de un aspecto interesante a estudiar. El futuro del mercado interior de electricidad podría quedar garantizado mediante una red europea de transporte eléctrico.

  Claude Turmes (Verts/ALE). - Señora Presidenta, este mercado no es un mercado, sino un atraco: un atraco que les cuesta a los consumidores de la UE algo así como 70 000 millones de euros al año en injustificados beneficios gratuitos que van a parar a 10 o 12 grandes oligopolios energéticos en Europa. Puedo entender perfectamente que estas empresas quieran que se mantenga esta situación. ¿Cómo conservar esos injustificados beneficios gratuitos? En primer lugar, se impide la separación de la propiedad. Lo siento, pero Francia y Alemania no son pequeños Estados miembros periféricos de la UE. Si no aplican la separación, jamás tendremos una red auténticamente integrada y jamás solucionaremos el conflicto entre producir electricidad, comercializarla y facilitar la competencia a través de la red.

El segundo asunto —y eso es lo que está ocurriendo ahora— es que están intentando eludir la reglamentación, tanto de las autoridades reguladoras como de los organismos del cartel. En consecuencia, quieren crear mercados regionales. Sin embargo, si no contamos con una fuerte Agencia de la UE, estos mercados regionales se convertirán en tierra de nadie en cuanto a regulación. E.ON, RWE y EDF son demasiado grandes para un mercado regional: Francia, Alemania y los países del Benelux. Por tanto, sin una sólida Agencia de la UE y una mejor interrelación entre las agencias reguladoras y los organismos del cartel, persistirá este atraco de 70 000 millones de euros.

  Eugenijus Maldeikis (UEN). – (LT) Quiero comenzar dando las gracias a los ponentes por su equilibrado trabajo y su excelente cooperación. Han tenido que afrontar un reto ciertamente difícil, ya que la Comisión había propuesto un enfoque novedoso y muy complejo respecto del documento, del paquete de documentos. El mercado europeo de la electricidad (el modelo establecido a lo largo de décadas) estaba basado en empresas nacionales de integración vertical, que operaban dentro de sus mercados, protegiéndolos.

A mi juicio, tenemos tres grandes planteamientos y tres ideas principales: el desarrollo del proceso de concentración a escala europea, la supresión de las restricciones nacionales a través de la puesta en práctica del principio de la separación de actividades; considero el segundo principio una mejora del proceso de centralización mediante la creación de una Agencia europea, con el fin de conseguir una mejor coordinación con los reguladores nacionales, lo cual es muy positivo, y la mayoría de nosotros estamos a favor de ello.

El tercer principio, que no ha sido aclarado y que, a mi entender, continúa bastante oscuro y suscita bastantes interrogantes, es el principio de aislamiento respecto de inversiones de terceras partes en los sistemas de transporte europeos, que posiblemente podría… La Comisión no ha proporcionado respuestas claras en cuanto a su visión del futuro y qué peligros políticos, financieros y económicos podría entrañar, así como de qué forma las consecuencias de poner en práctica este principio podrían afectar la política energética o la política general de la UE.

Hay una cosa más que me gustaría mencionar: los impulsos del mercado a los que se ha hecho referencia y el principio de la separación de las actividades no son suficientemente enérgicas para convertir el carácter del monopolio natural en un mercado energético, ya que seguirá habiendo mercados aislados, así como mercados regionales; por consiguiente, habría que alcanzar acuerdos políticos a gran escala en tales circunstancias…

(La Presidenta interrumpe al orador.)

  Esko Seppänen (GUE/NGL). - (FI) Señora Presidenta, señor Comisario, el resultado final más cierto de la liberalización y la armonización de los mercados energéticos de la Unión Europea es un aumento del precio de la electricidad. Eso se debe al mecanismo de determinación del precio, tal como ha expuesto el señor Turmes.

El precio de mercado queda determinado en los intercambios de electricidad al por mayor. Allí, el precio de toda la energía eléctrica queda fijado por el coste de producción más caro del producto más caro. Si la forma de energía más cara está basada en el carbón, el intercambio es una máquina de beneficios para los productores de energía hidroeléctrica y atómica. Las mismas compañías se beneficiarán igualmente del sistema de comercio de derechos de emisión de la UE. Los derechos de emisión durante los intercambios se sumarán al precio de la electricidad para cuya producción no se precisen.

Tenemos que aprender una lección de las experiencias de los Estados Unidos de América. La ONG de nombre Public Citizen (Ciudadano público) ha estimado que en los 14 Estados norteamericanos en los que el precio de la electricidad no está regulado, éste es un 52 % más alto que en los 36 Estados donde sí lo está. El problema del mecanismo de fijación del precio de la electricidad ha sido ignorado en el informe de la señora Morgan.

  Nils Lundgren (IND/DEM). - (SV) El mercado de la electricidad está más o menos monopolizado en todos los países industriales. Los estudios económicos han demostrado que las economías nacionales esperan obtener grandes ganancias de la introducción de la competencia en el mercado de la electricidad, pero en ese caso es importante desmontar las estructuras de integración vertical. Los productores de electricidad no deberían manejar al mismo tiempo la distribución de la misma a los clientes; es necesario realizar la separación del sector. Un reducido número de países de la UE está emprendiendo tales reformas. Se trata de los países nórdicos, el Reino Unido, los Países Bajos y España. No han hecho falta las instituciones de la UE. Los países lo están haciendo por su propio interés. Existe una notable oposición en muchos países grandes, por ejemplo, Francia y Alemania, que están más interesados en un Estado propio de la UE que en la prosperidad que ofrece un mercado interior libre.

Existen razones sólidas para que la UE fuerce el paso. La eficiencia y la prosperidad aumentarán para todos los europeos en el caso de que la competencia en el sector eléctrico abarque a la totalidad del enorme mercado de la UE. Hay que presionar políticamente a los Estados miembros que no desean la competencia.

  Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Señora Presidenta, nos guste o no, Irlanda ha votado. Ahora hay que respetar su decisión. Europa tiene la oportunidad de su vida, y me refiero a que Europa tiene que convertirse por fin en democrática y eficaz. En el caso del mercado de la energía, esto significa que no debe retraerse. Que se atreva con las grandes fieras, RWE, EDF; que se meta en harina, allá donde esté el problema, que realice la separación y aplique la subsidiariedad. Es posible, sería visionario, pero no tiene nada que ver con la UE de hoy, controlada como lo está por los intereses de los lobby y sus centros de poder. Por otra parte, si no cambiamos nada en este ámbito, y si no se tiene en cuenta la votación en Irlanda y se certifica la defunción del Tratado de la Reforma, entonces la oportunidad del siglo para convertirnos en una Europa democrática y contar con un mercado energético justo se convertirá en un mundo en el que los extremistas, tanto de la izquierda como de la derecha, sean quienes lleven la voz cantante.

  Herbert Reul (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, Señorías, todos habíamos acordado que de lo que se trataba aquí era de mejores precios, mayor inversión en las redes de transporte y conexiones transfronterizas para crear más competencia y un mercado que no esté tan controlado por una empresa o un puñado de ellas.

Luego, a la hora de sopesar los hechos, descubrimos que los facilitados por la Comisión no encajan en absoluto. No existe ninguna prueba, ningún hecho que demuestre que la separación de la propiedad origine mejores precios y mayor inversión. No es verdad o ¿me pueden decir por que los precios son más elevados en el Reino Unido? ¿Existe mayor inversión en España? ¿Hay allí menos o más competencia que en otros países? Los hechos demuestran de forma concluyente que no existe una solución que sirva para todos.

Lo sensato, por tanto, sería buscar un compromiso por el cual, los Estados miembros que deseen alcanzar este objetivo —que hay que alcanzar— siguiendo un camino diferente, tengan la libertad para hacerlo. Esos son los antecedentes del intento de una tercera opción, una tercera vía. Por cierto, es interesante que nosotros, en la Comisión de Industria, Investigación y Energía, hemos avanzado un cierto trecho en este tema a lo largo de los últimos meses. Hay otras comisiones que han votado en contra de la separación de la propiedad. En nuestra comisión, existe un nuevo compromiso sobre el gas, elaborado por la señora Laperrouze y el señor Vidal-Quadras. También existe un nuevo compromiso dentro del Consejo. Hablamos en serio en cuanto a votar mañana sobre la electricidad para restablecer la situación que existía hace muchos meses. No obstante, eso ha quedado superado; ese no va a ser el resultado.

Un Parlamento que pretenda que se le tome en serio tiene que estar abierto a estas nuevas condiciones y cambios. Se nos ha metido prisa durante todo el proceso y se nos ha dicho constantemente que teníamos que trabajar rápido, que teníamos que apresurarnos, que todavía podíamos intentar el experimento de buscar soluciones inteligentes que fueran en la dirección de la decisión del Parlamento. Por tanto, les insto a que se olviden de las directrices de partido y voten a favor de las propuestas que hemos presentado aquí, para encontrar compromisos en la línea de lo que hemos votado en lo tocante al gas y de lo que ha apoyado el Consejo.

  Edit Herczog (PSE). - (HU) Señora Presidenta, señor Comisario, este último año hemos dado un paso enorme, ya que el establecimiento de una política energética común representa un avance tremendo para toda la Unión Europea. Estamos hablando del tipo de política energética que promueve al mismo tiempo los intereses estratégicos de los Estados miembros de la UE, los derechos y la protección de los residentes en Europa, la competitividad y el crecimiento de la economía europea, y la conservación de nuestro medio ambiente. Estas cinco propuestas plantean la perspectiva de alcanzar el tipo de integración de mercado que no sólo transforme la forma en que funcionan las empresas en el sector energético, y que separen y aumenten la transparencia de las funciones de la generación de energía, el transporte y el suministro, sino que también conceda más prioridad que nunca a los derechos fundamentales y a la protección de los consumidores de energía. Dentro del contexto de la coordinación europea, la tarea de controlar la competencia leal del mercado, estimular el intercambio transfronterizo de energía y garantizar que se cumplan unos estándares elevados en respuesta a las peticiones de los consumidores, debe asignarse a un organismo investido de mayores poderes que hasta ahora, y que sea independiente tanto de los Gobiernos como del sector energético. Esa es la razón por la que el legislativo europeo ha avanzado decididamente hacia el establecimiento de una Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía. Ese es el propósito del proyecto de informe elaborado por mi compañero, señor Brunetta, y asumido posteriormente por el señor Chichester. He tenido el gusto de poder trabajar con ellos como ponente alternativa en representación del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo (PSE). Considero un gran éxito que, mediante el establecimiento de una agencia europea responsable, independiente y sólida, esta propuesta de Reglamento de elaboración conjunta no sólo fomentará la cooperación entre los reguladores en los Estados miembros, sino que también contribuirá a conseguir el objetivo primordial de promover los mercados regionales y desarrollar las redes. Como socialistas, hemos insistido en la creación de una autoridad fuerte e independiente, ya que sabemos que en un mercado europeo liberalizado, todo el mundo quiere comprar donde sea más barato, y vender donde sea más caro. Por tanto, necesitamos realmente el tipo de autoridad reguladora que actúe para combatir cualquier distorsión del mercado que pudiera producirse. Redunda en beneficio de Hungría y todos los demás pequeños Estados miembros crear una autoridad fuerte, contribuyendo con ello a garantizar su independencia, establecer la cooperación, mejorar la transparencia del mercado y asegurar la inversión para el desarrollo.

Señora Presidenta, quiero recordar a todo el mundo que el suministro energético europeo no es una cuestión ideológica. El mundo ha cambiado definitivamente. Continentes enteros están empezando a competir en el sector energético, y seamos sinceros al respecto: nadie puede permanecer aislado de la electricidad o la motorización. El objetivo de la política energética consiste en garantizar la seguridad de suministro y la competitividad de Europa. De todas maneras, me gustaría finalizar diciendo que el Grupo del PSE cree que los consumidores deben ser considerados el componente central de la política energética europea. Lamentamos profundamente que nuestros compañeros conservadores no respalden el hacer obligatoria la Carta de los Consumidores. Gracias por su atención.

  Wolf Klinz (ALDE). – (DE) Señora Presidenta, durante los últimos minutos hemos hablado profusamente de la industria. Me complace que la señora De Vits se ocupe muy directamente en su informe de los derechos de los consumidores de energía. De hecho, resulta vital garantizar que los consumidores sean conscientes de sus derechos y que también tengan la certeza de que sus derechos serán respetados.

Sin embargo, a diferencia de la señora De Vits, yo no creo que necesitemos unas leyes totalmente nuevas, desde luego no a escala europea. Se trata más bien de un asunto de aplicar, de manera correcta y apropiada, la legislación existente en la jurisdicción nacional. Por consiguiente, necesitamos unas firmes autoridades de supervisión que se ocupen de esto y tenemos que asegurar que dispongamos de suficiente transparencia, de forma que los consumidores conozcan realmente sus derechos. La Carta puede proporcionar un suplemento válido a esto, no en el sentido de convertirse en un documento legal vinculante, sino simplemente en el sentido de proporcionar un punto de referencia para la política y la economía, compendiando la legislación sobre protección de los consumidores en lo relativo a la energía.

Todos sabemos —es obvio— que nuestros ciudadanos pueden desempeñar un papel útil en la sociedad y la economía únicamente si tienen acceso al adecuado suministro de energía. A tal extremo, es ciertamente importante que garanticemos que todo el mundo, incluso los pobres y los más pobres entre los pobres, reciba aquello a lo que tiene derecho. No obstante, no creo que corresponda a Bruselas prescribir tarifas sociales. Eso deberíamos dejárselo a los Estados miembros y a la industria. De lo contrario no estaremos introduciendo más que un mecanismo de redistribución. El mejor escenario sería vincular la protección de los pobres con las medidas de eficacia que se necesitan para alcanzar nuestros objetivos de protección climática. A este respecto pueden resultar muy útiles las soluciones inteligentes, como los contadores digitales. En ese sentido no tengo nada en contra de alentar a la industria a introducirlos en un plazo de 10 años. Entonces, los consumidores sabrán exactamente qué cantidad están gastando y podrán planificar de acuerdo con ello y economizar.

  Alyn Smith (Verts/ALE). - Señora Presidenta, me hago eco de las felicitaciones a nuestros ponentes, expresadas por los anteriores oradores. Pienso que el Parlamento ha hecho hoy un buen trabajo en favor de los consumidores de Europa, pero me voy a centrar concretamente en un asunto y en una enmienda. Se trata de la enmienda 161 del informe Morgan, que propugna un mejor acceso a la red para los productores de energía renovable. Espero que la enmienda salga adelante cuando la sometamos mañana a votación. Hago ahora un llamamiento en favor de una mayor acción por parte de la Comisión en casos en que las autoridades nacionales sean realmente parte del problema, en lugar de parte de la solución.

A título de ejemplo, en el Reino Unido tenemos Ofgem, nuestra autoridad nacional, que dispone de un mecanismo de fijación de precios en función de la localidad para el acceso a la red del Reino Unido, lo que supone una discriminación real contra los operadores de energía renovable dentro de Escocia, mi país. Me gustaría ver un mayor grado de coordinación europea y de acción contra los operadores de los distintos Estados miembros cuando sean parte del problema. Pienso que hoy hemos dado un buen primer paso en ese sentido y espero que se den otros.

  Konrad Szymański (UEN). – (PL) Mi enhorabuena por los informes, que abordan los problemas más importantes de los consumidores y de carácter político con que se enfrenta nuestro continente. La separación de la distribución respecto de la generación y el comercio de la energía tiene una importancia clave tanto para los clientes particulares como los industriales. Cuando se implanta la separación, bajan los precios de la energía, o aumentan más despacio. En los países donde se ha implantado la separación, la subida media de los precios de la energía para usuarios domésticos fue el 3 % durante 1998-2006. En los sitios donde no se ha hecho, dichos precios aumentaron un 28 %. Tendencias similares pueden detectarse en el mercado de los clientes industriales.

Pero la energía hoy día también implica seguridad de suministro, o en otras palabras, una cuestión política. El monopolio estatal ruso posee inversiones crecientes en 16 países de la UE. En Alemania, Francia e Italia, Gazprom incluso tiene acceso a clientes particulares. Todo ello constituye razón suficiente para ejecutar el principio de reciprocidad en las relaciones comerciales con terceros países. De otra forma estaremos indefensos y lo pagaremos con nuestra seguridad.

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). – (EL) Señora Presidenta, el tema común de las propuestas para el mercado de la electricidad es su reestructuración a favor de las empresas particulares, al tiempo que se debilitan los proveedores públicos de electricidad, a pesar de tener que soportar los costes subyacentes.

En mi país, donde el mercado de la electricidad está controlado por proveedores públicos por el bien general, algo como esto tendrá consecuencias muy desfavorables. La UE está pidiendo que la base de la pirámide se confíe a la empresa de capital para que se puedan fijar los precios de otros bienes. Eso se debe a que la energía, en gran medida, determina el coste del proceso de producción, que se trasfiere de forma incrementada al consumidor.

En tiempos de una demanda de energía en constante aumento y de alzas continuadas de los precios del crudo, dejar el mercado a merced de los gigantes privados de la energía sería desastroso y es probable que se formen cárteles. La teoría de la regulación del precio por medio de la competencia es simplemente un mito: en la práctica, ha conducido a la creación de poderosos monopolios en una serie de sectores de la economía, con efectos devastadores para el mercado y los consumidores.

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señora Presidenta, ciertamente, dado el precio record del petróleo, la independencia energética de Europa tiene que convertirse de una vez en un asunto prioritario. La UE tiene que reducir su dependencia actual respecto de los Estados del Golfo. Tenemos que mejorar nuestra relación con otros países además de Rusia sin convertirnos en excesivamente dependientes. También hemos de contemplar qué hacer con Irán a largo plazo. Si algún estudio llega a la conclusión de que estamos confiando demasiado en las vagas promesas de los dictadores de Asia Central y en los informes no confirmados de bolsas de petróleo en relación con el proyecto del oleoducto Nabucco, tendremos de elaborar una relación constructiva con Irán que, a la postre, posee las segundas mayores reservas de petróleo en el mundo.

No conviene olvidar que los beneficios incesantes de los Estados del Golfo, gracias al vertiginoso aumento de los precios del crudo, también se están utilizando para fomentar el fundamentalismo islámico en todo el mundo. Esa es otra razón por la que, a mi juicio, nosotros en la UE debemos invertir más en proveedores alternativos de electricidad.

  Jerzy Buzek (PPE-DE). – Señora Presidenta, felicito al señor Comisario, así como a los ponentes por sus excelentes informes y su magnífica labor a la hora de elaborar las Directivas que pueden unificar el mercado europeo de la energía. La inversión a largo plazo, el principio de solidaridad, el acceso al mercado, la regulación del flujo transfronterizo: los importantes objetivos de estos Reglamentos versan sobre todos estos asuntos. No olvidemos que al final, el consumidor constituye el elemento principal, y eso es de lo que tratan todos estos Reglamentos: proteger al consumidor, los intereses de los usuarios y la energía en la Unión Europea. Tengamos también presente que nuestros Reglamentos no van a proporcionar solución a cada uno de los problemas, como el alza de los precios del crudo, ni tampoco van a evitar un incremento de los precios de la electricidad vinculados con la implantación de los costes de derechos de emisión de CO2, pero vendrán a simplificar notablemente y a apoyar nuestras actuaciones por el bien de los usuarios de la electricidad.

Digámonos que, sí, que sabemos que la solución propuesta en el informe de la señora Morgan probablemente no es definitiva. Lo que tenemos delante es una base muy válida para debatir con el Consejo sobre el tema de una solución final. Esta solución definitiva, por lo que atañe a la corriente eléctrica, tienen que estar moderadamente distanciadas de las soluciones en el segundo paquete, pues de lo contrario, la implantación del tercer paquete carecería de sentido. Al mismo tiempo, las soluciones para el gas tienen que ser similares a las de la electricidad, pero ciertamente no tienen que ser idénticas. Hoy estamos viendo claramente que la división de la propiedad para el mercado de la electricidad será mayor y de más alcance que para el gas. Hemos de aceptarlo y respetarlo.

Este punto también es muy importante: el acceso de terceras partes al mercado, el acceso a las partes de terceros países. Esa es la razón por la que también es un asunto clave, a fin de no conceder privilegios a los inversores de fuera de la Unión Europea.

Para finalizar, me gustaría decir que este es unos de los debates más difíciles que hemos celebrado, y ha sido dirigido de forma muy satisfactoria y respetuosa con todas las partes.

  Evelyne Gebhardt (PSE). – (DE) Señora Presidenta, me alegra mucho que, con el informe De Vits, tengamos un informe muy válido y me complace que todos nuestros compañeros diputados se muestren unánimes respecto de la solidaridad, la transparencia y la protección de los consumidores. Pienso que es maravilloso.

No obstante, he de decir una cosa: considero que quienes se sientan a la derecha de la Cámara son cínicos y resultan difícilmente creíbles. Resultan poco creíbles porque no están a favor del carácter vinculante de una Carta Europea de los Derechos de los Consumidores de Energía, algo que es increíblemente importante para que los ciudadanos conozcan los derechos que tienen. Encuentro que son cínicos porque todo el mundo en esta Cámara se mostró unánime a la hora de respaldar la idea de que los pasajeros aéreos debían conocer estos derechos, y los pasajeros aéreos no son precisamente las personas más pobres en nuestra sociedad. Sin embargo, a los más pobres, que realmente necesitan conocer sus derechos, no se les va a conceder eso.

Por tanto, les pido muy seriamente que lo reconsideren. Por favor, aseguremos que esta Carta sea obligatoria.

  Patrizia Toia (ALDE). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, este paquete llega al Parlamento justo en medio del gran desafío que la energía plantea cara al futuro de nuestra sociedad.

Lo que el insostenible e imparable alza de los precios del crudo, los perversos efectos del uso de los biocombustibles sobre la disponibilidad de alimentos y las grandes demandas energéticas de los países en desarrollo nos están diciendo es que la actuación por parte de la Unión Europea ha dejado de ser una necesidad para convertirse en absolutamente vital. Sobre todo, necesitamos un marco legislativo que cree definitivamente un mercado europeo de electricidad y gas, un mercado que sea capaz de regularse a si mismo de manera equilibrada, que tenga reguladores nacionales y europeos, que garantice la competitividad, la apertura, la transparencia y la eficacia también para los consumidores, que permita a las grandes empresas seguir siendo fuertes y, al mismo tiempo, permita la creación y el crecimiento de nuevas entidades, que realice progresos, en lugar de retroceder. En este sentido, esperamos que, para la electricidad, la separación no suponga un paso hacia atrás, es decir, que no se pierda terreno en lo tocante a las buenas prácticas ya implantadas en muchos países en términos de separación de la red. Lo que necesitamos es un mercado que ofrezca seguridad a los inversores y los operadores, pero también oportunidades reales a los consumidores, ya sean corporativos o individuales. Quiero terminar, señora Presidenta, diciendo que tenemos que reforzar verdaderamente el peso de los consumidores ofreciendo certeza, garantías y precios justos.

  Roberts Zīle (UEN). – (LV) En primer lugar quiero dar las gracias al señor Comisario y a la mayoría de sus Señorías por el acceso auténticamente liberal al mercado de la electricidad, que junto con las medidas sobre eficiencia energética nos van a permitir de verdad reducir los precios en el futuro. Dos planteamientos —la separación de la propiedad y el transporte— son y continuarán siendo el modelo básico de producción auténticamente descentralizada y de seguridad para redes que proporcionen acceso a la electricidad producida a partir de recursos renovables. Tengo una aspiración más que me gustaría satisficiera este paquete: que se cree, por fin, una red de electricidad europea unificada y que los Estados bálticos se cuenten asimismo entre los miembros de esta asociación de red de suministro de electricidad, respecto a la cual hemos tenido un número incontable de obstáculos, tanto dentro de la Unión Europea como fuera de ella. Gracias.

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, pienso que en una Europa que día a día viene padeciendo una inflación cada vez mayor y unos precios disparados debido, en gran medida, al coste de la energía, hablar de una Carta europea de derechos de los consumidores constituye nuestra obligación inmediata y, por tanto, respaldo el informe y doy las gracias a mis compañeros diputados y, desde luego, a la Comisión.

Conviene subrayar que el suministro energético constituye un requisito previo vital para participar en la vida económica y social. No obstante, hay que apuntar que ya existe en vigor una cierta legislación, aunque con frecuencia los derechos de los ciudadanos no se respeten en lo tocante a precios, tarifas o transparencia de las mismas, con unas reglas discriminatorias que a menudo impiden la comparación de tarifas.

Por tanto, sólo espero que la actuación conjunta por parte de la UE y de los Estados miembros, siempre ateniéndose al principio vital de la subsidiariedad —como asimismo subraya el excelente informe de la señora De Vits— resulte crucial. La aprobación del tercer paquete, a mi juicio, también servirá para garantizar una mejor protección para los consumidores, así como para los pequeños y medianos usuarios profesionales.

  Nikolaos Vakalis (PPE-DE). – (EL) Señora Presidenta, Señorías, lo cierto es que el tercer paquete energético ha dividido a los grupos políticos, sobre todo en cuanto al asunto de la separación de la propiedad.

Claramente, esta escisión no se debe a la ideología, sino a las diferentes situaciones internas y puntos de partida de los distintos Estados miembros; surge de las correspondientes divisiones entre los Estados miembros en el Consejo. Estas situaciones internas deben respetarse si queremos evitar convulsiones sociales internas.

Personalmente, respaldo plenamente la idea de la separación de la propiedad, pero soy bien consciente de que en mi país no se podría imponer la separación bajo ninguna circunstancia en estos momentos. Tiene que existir un período interino para permitir a todas las partes implicadas adaptarse a las nuevas circunstancias.

Tras unas negociaciones prolongadas y laboriosas, el Consejo ha logrado la conciliación sobre la «tercera vía». Por tanto, pienso que tenemos la obligación en este asunto dificultoso de apoyar la conciliación, mejorándola en lo posible en determinados puntos sobre la base de la experiencia.

Señorías, es importante que todos salgamos de la conciliación con la cabeza bien alta. Eso únicamente se puede conseguir si no se ponen en riesgo los intereses vitales de determinados Estados miembros. No debemos aceptar ningún compromiso sobre los principios básicos de la independencia y la efectividad que han de gobernar la actividad de los operadores del sistema de transporte de electricidad y los reguladores energéticos.

  Teresa Riera Madurell (PSE). - (ES) Señora Presidenta, yo quisiera felicitar a todos los ponentes por su buen trabajo y, de una manera especial, declarar mi apoyo a la posición de la señora Morgan, en lo que se refiere a la separación efectiva de la propiedad entre las actividades de generación y suministro por una parte y, por otra, las de propiedad y explotación de la red.

Es obvio que las grandes empresas integradas verticalmente dificultan la llegada de nuevos competidores al mercado y, en particular, el desarrollo e instalación de fuentes de energía renovables. Todo ello nos aleja de los objetivos de competitividad y de lucha contra el cambio climático que nos hemos marcado como europeos.

Por ello, quiero invitar a la minoría contraria a la separación a dejar de lado los intereses nacionales, perecederos a corto plazo, y a dar pasos para avanzar en la línea que nos va a llevar a construir una Europa energéticamente fuerte y segura.

Y, para terminar, quiero destacar que, si bien el acceso a la red de las energías renovables es fundamental para conseguir nuestros objetivos, no lo es menos el potenciar la capacidad de interconexión eléctrica, sobre todo para aquellos países más aislados en nuestro mercado energético.

Agradezco también a la ponente que haya considerado esta cuestión.

  Adina-Ioana Vălean (ALDE). - Señora Presidenta, el mercado energético europeo hoy continúa reflejando, a mi parecer, una estructura de mercado anticuada, dominada por monopolios nacionales o regionales, y eso a pesar de los evidentes beneficios que la liberalización aporta a los clientes europeos en materia de precio, reducción de costes y eficiencia. Lo que equivale a decir que la liberalización de los mercados de gas y electricidad es una tarea en curso. Por ejemplo, necesitamos avanzar en los países de Europa Oriental para poner fin al dominio estatal de la producción de electricidad y liberalizarla, como hemos hecho en el sector de la distribución. Aplaudo asimismo los pasos que estamos dando para garantizar la separación de la propiedad como medida necesaria para completar finalmente nuestra liberalización del mercado energético.

Además de la liberalización, Europa tiene que respaldar también el desarrollo de terminales y tecnologías GLP y GLN. Tenemos que favorecer la creación de un mercado comercial mundial para GLP y GLN a fin de aliviar la dependencia de Europa respecto de una única fuente de gas natural. La diversificación y la seguridad de suministro energético tienen que ocupar un lugar tan prioritario en nuestra agenda como la liberalización.

  Romana Jordan Cizelj (PPE-DE). - (SL) En primer lugar quiero felicitar a los ponentes y ponentes alternativos por la estupenda labor que han realizado. Europa comenzó a liberalizar el mercado de la electricidad y el gas hace una década, y ahora mismo nos encontramos muy próximos a esos verdaderos resultados, tan largamente anhelados. Las medidas propuestas colocan en primera línea al consumidor, que en un mercado energético de funcionamiento correcto será capaz de elegir entre los proveedores y seleccionar al mejor sobre la base de su propio criterio. Espero que un mercado interior abierto y transparente también garantice el acceso al mercado para las empresas pequeñas y, de esa forma, aumente la competitividad, mejore las condiciones de inversión en centrales eléctricas y redes de transporte, incremente la seguridad de suministro y fomente el desarrollo sostenible.

La principal condición previa para un mercado interior de funcionamiento correcto es una normativa estándar y clara que sea aplicable a todos los participantes en el mercado. Modelos diferentes en los distintos Estados miembros ciertamente no conducirán al objetivo que ha sido fijado.

Permítanme aprovechar esta oportunidad para felicitar a la Presidencia eslovena. De hecho, la Presidencia ha estado plenamente centrada en la coordinación y la búsqueda de un compromiso, y a pesar de los intensos intereses nacionales de los Estados miembros, logró un acuerdo en el Consejo.

En el Parlamento Europeo, el camino hacia el compromiso tampoco resulta fácil. Las presiones, incluidas las de los Estados miembros, son grandes. Confío en que el Parlamento confirme el compromiso que hemos alcanzado en la Comisión ITRE. A pesar de las diferencias de posición del Consejo y el Parlamento, creo que el compromiso propuesto por este último constituye una base válida para nuevas negociaciones y coordinación entre las instituciones europeas.

Por último, quiero expresar asimismo mi deseo de que, cara a la consecución de los objetivos del tercer paquete de liberalización, la Presidencia francesa dedique el máximo esfuerzo para coordinar los trabajos, buscando un compromiso y dejando totalmente de lado los intereses privados. Asimismo espero un compromiso similar para encontrar oportunamente soluciones comunes por parte de la Comisión. En este contexto quiero dar las gracias al Comisario Piebalgs, que ha afirmado al principio que tenemos que alcanzar un acuerdo común antes de final de año.

(Aplausos).

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Señora Presidenta, lo que me sorprende especialmente de este debate es que, aun cuando algunos de nuestros compañeros diputados desean recetar en detalle cómo debe producirse la competencia —y existen varias formas posibles de hacerlo— no están dispuestos a hablar sobre una mayor transparencia, unos mayores incentivos para ahorrar energía, oportunidades para que los consumidores de energía presenten quejas o sobre la lucha contra la pobreza energética. Esos son precisamente los puntos que considero son esenciales en el informe Morgan y, naturalmente, también en el informe De Vits. Esa es la señal que tenemos que enviar mañana a los ciudadanos de Europa: hemos de proclamar que la gente no tiene que resultar afectada por el pleno impacto de las alzas de los precios, sino que tiene que haber oportunidades de eludirlas aumentando la cantidad de energía ahorrada y, en especial, disponiendo de una mayor transparencia a fin de poder elegir otros proveedores de energía. Creo que es crucial otorgar a los ciudadanos esta libertad de elección, así como darles la oportunidad de quejarse cuando se produzcan actuaciones irregulares. Estoy especialmente agradecido a la señora Morgan por esta parte del informe.

  Françoise Grossetête (PPE-DE). – (FR) Señora Presidenta, al escuchar a todos mis compañeros esta tarde, me sorprende bastante que todos coincidamos en la necesidad de un único mercado energético europeo, aunque considero que hemos de trabajar en la eficacia energética a fin de que los consumidores paguen lo menos posible. Así pues, todos estamos de acuerdo en el objetivo que hay que alcanzar, pero no sobre la forma de proceder para conseguirlo.

No he escuchado hablar mucho o mencionar el acuerdo alcanzado por el Consejo el 6 de junio, que no exige necesariamente la separación de propiedad, producción y distribución. Ahora, si la separación y el mercado único hubieran provocado una caída de los precios de la energía, resultaría evidente. No es el caso en España o en el Reino Unido y la Comisión jamás ha podido demostrarlo.

Por tanto, dejemos de satanizar a ciertas empresas que realmente cuentan con los conocimientos industriales y han demostrado que pueden operar de forma eficaz. Si buscamos interconexión, si queremos solidaridad, resulta indudablemente preferible para los Estados miembros tener libertad para elegir entre distintos modelos.

Acabemos con esa pensamiento único que rechaza la tercera vía, que profiere acusaciones acerca de un «cartel franco-germano». Sabemos que el mercado por sí solo no puede resolver la cuestión de los monopolios, que de todas formas existen en todas partes. Los Estados miembros han dado un paso adelante hacia un paquete aceptable que puede ser perfeccionado. Si no lo aceptamos, nos arriesgamos a no tener ningún texto, mientras nuestros ciudadanos siguen a la espera. Lo que es más importante, no me gustaría ver a los buenos en un lado de esta Cámara y a los malos —es decir, quienes aún desean alcanzar un acuerdo con el Consejo,— en la otra.

  Angelika Niebler (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, creo que todos pensamos lo mismo sobre la situación en el mercado interior europeo. Todavía no contamos con un mercado interior europeo; tenemos mercados nacionales y tenemos monopolios o pequeños grupos que ejercen control sobre los mercados nacionales. Tenemos una situación en la que los precios de la energía suben todos los días y dependemos de energía importada. Todos vemos la situación desde la misma óptica y estamos además de acuerdo en cuanto al objetivo.

Muchas Señorías han hablado de este tema. Queremos más competencia, precios en descenso y más inversión en redes de transporte. Queremos que se amplíen las interconexiones para permitir el intercambio transfronterizo. No queremos que el mercado se concentre en torno a sólo unos pocos grandes proveedores. El gran interrogante es cómo queremos lograrlo y ahí es donde nos topamos con una bifurcación de los caminos. Muchas Señorías, incluidas algunas que han intervenido hoy, opinan que la separación de la propiedad constituye la panacea universal. Proclamo que si sólo exploramos esta vía, no estaremos viendo toda la panorámica. ¡Ese no es el camino a recorrer!

Permítanme referirme a ciertos países; la señora Grossetête también ha mencionado la situación allí. En España, dos empresas, Endesa e Iberdrola, producen el 48,3 % y el 28 % de la electricidad, respectivamente. En Suecia, Vattenfall es el amo, produciendo también casi el 48 % de la electricidad generada; mientras que en Italia, el mercado se concentra en torno a ENEL, que posee una cuota de mercado del 43,9 %. Nadie podrá decirme que la separación de la propiedad va a conseguir lo que queremos, que es parcelar el mercado y crear competencia.

Por tanto, quiero pedir a mis compañeros que mañana apoyen las enmiendas 165 y 168, en lugar de continuar viendo sólo la mitad de la realidad. En cuanto a todo lo demás en el informe Morgan, lo encuentro muy satisfactorio. Mi enhorabuena a la señora Morgan; ha demostrado una gran dosis de energía y compromiso. Sin embargo, en cuanto a ese tema concreto, pienso que deberíamos habilitar una segunda vía para los países que han realizado la separación de una forma diferente. A los países en los que el Estado continúa teniendo el 100 % de los sistemas de producción y transporte —como Suecia, por ejemplo— no debería exigírseles que cambien esta situación. Sin embargo, nadie podrá decir que mañana vayamos a aprobar un paquete que incluya igualdad de condiciones de competencia. Eso es una falacia.

  Norbert Glante (PSE). – (DE) Señora Presidenta, pido disculpas por llegar tarde. En este edificio hay que recorrer distancias muy grandes y los ascensores a veces pueden ser muy lentos. El asunto que estamos debatiendo hoy y que vamos a someter a votación mañana no es necesariamente una cuestión de izquierdas o derechas —aunque es cierto que también tenemos ese tipo de debate en esta Cámara—, sino una cuestión controvertida sobre qué instrumentos permitirán alcanzar nuestros objetivos. Estamos de acuerdo en el objetivo, y la señora Niebler lo acaba de resaltar: queremos más competencia en el mercado europeo; queremos que los precios sean más transparentes; queremos una fijación de precios que resulte sencilla de comprender. No obstante, los instrumentos para alcanzar esto varían enormemente.

Me encuentro entre quienes parten de la base de que la opción de encontrar una tercera vía también puede constituir un instrumento. Hemos incluido estas sugerencias aquí y hemos resaltado en repetidas ocasiones que esto no sólo ha iniciado la tercera vía, la sugerencia original del Consejo, sino que también hemos introducido componentes reguladores adicionales, ya que la tercera vía que nos llegó desde el Consejo no resultaba suficiente para nosotros.

Desde este punto de vista, debemos volver a hablar de ello, recapitular y permitir esta segunda y tercera vía como opción adicional. Lo que es más importante es que en Europa consigamos reglamentos uniformes y que a las autoridades reguladoras en los Estados miembros se les concedan competencias coherentes e independencia para llevar a la práctica lo que decidamos aquí, ya que a la postre, ellas son quienes tienen que responder sobre el terreno.

Las últimas semanas nos han proporcionado dos ejemplos concretos de la función de la Comisión para supervisar los cárteles y la competencia, aunque el calendario no deja respiro para pensar. Sin embargo, una empresa que viole la legislación antitrust merece ser castigada; la cosa es así de sencilla. No permito ninguna concesión al respecto. Sin embargo, deberíamos debatir si la separación de la propiedad es realmente el instrumento con el que deberíamos equiparnos nosotros y a los reguladores, o si deberíamos ofrecer mayor flexibilidad.

Espero que la votación de mañana sea tal que alcancemos un compromiso. De lo contrario, definitivamente tendremos que trabajar con el Consejo para buscar y encontrar un compromiso. Muchas gracias y de nuevo pido disculpas por llegar tarde.

  Ieke van den Burg (PSE). – (NL) Señora Presidenta, hablando en nombre de la delegación neerlandesa del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, quiero felicitar muy sinceramente a la ponente, señora Morgan, por la forma en que ha confeccionado esta opinión. Estamos a favor de la separación. De hecho, es algo que ya se llevado a la práctica en los Países Bajos con resultados satisfactorios, incluso por lo que respecta a la inversión y el buen funcionamiento del mercado tanto en el sector del gas como de la electricidad. Considero muy importante realizarlo también a escala europea. Quiero mencionar a este respecto que la señora Kroes, la Comisaria de Competencia, ha contribuido a este desarrollo, incluso a través de lo que está realizando actualmente con RWE y E.ON. Por tanto, pienso que se trata de un desarrollo importante.

El otro aspecto es la pobreza energética y esa es la razón por la que consideramos que es un excelente informe del Parlamento y esperamos que salga adelante.

  Arlene McCarthy (PSE). - Señora Presidenta, quiero ofrecer un ejemplo de dónde puede resultar diferencial realmente la Carta de los Derechos Carta Europea de los Derechos de los Consumidores de Energía. Una pequeña organización municipal en Manchester ha solicitado mi ayuda para resolver una queja relativa a su proveedor de energía. Durante cinco años, la compañía estuvo leyendo los contadores pero no envió ninguna factura. En marzo de 2008, el grupo recibió una factura por el consumo de electricidad de cinco años, por un importe de 7 540,37 libras esterlinas, convirtiéndoles en deudores.

Garantizar que los consumidores conozcan sus derechos —en este caso, el simple derecho a recibir una factura periódica— resulta fundamental para que controlen su consumo energético. En unos momentos en que cualquier consumidor de cualquier país de Europa tiene que afrontar unas facturas de electricidad desbocadas, hemos de proporcionar a los consumidores la información y las herramientas para gestionar sus facturas, recortar el uso y los costes y, al mismo tiempo, contribuir a reducir las emisiones de CO2.

Insto a la Comisión a que sea valiente para impulsar una Carta de los derechos, que trabaje con los reguladores, los Estados miembros y las empresas para promover y publicar activamente dichos derechos, y a que abandone la idea de una lista de comprobación atenuada, que no ofrezca un trato justo a los consumidores enfrentados a los complejos retos y precios energéticos de hoy día. Si podemos tener una Carta de derechos para los pasajeros aéreos, ¿por que no podemos contar con otra para los consumidores de electricidad? Señor Comisario, me gustaría que respondiera esa pregunta.

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, la Agencia Internacional de la Energía en París ha dictaminado que vamos a padecer déficit de energía en 2012. Por tanto, es vital que prestemos urgentemente atención a la creación de incentivos y a invertir más en redes de transporte y en producción. La actual Directiva sobre electricidad proporciona un buen incentivo para acortar además los períodos de aprobación, de forma que no se produzca un apagón en 2012.

También resulta importante fortalecer a los reguladores nacionales para que, en consonancia, podamos velar por los intereses de nuestra propia industria en los países vecinos. También sería bueno que contáramos con una Agencia reguladora en asuntos nucleares, que pudiera pronunciarse en temas de certeza y seguridad conforme al modelo francés. Es algo que también se debe discutir esta semana en el Consejo.

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) Felicito a la ponente, señora Morgan. La certeza del suministro energético para la Unión exige ingentes inversiones y los inversores necesitan un entono previsible, que favorezca las inversiones a medio y largo plazo.

Dentro del contexto del cambio climático, la Unión pretende que para 2020, al menos el 20 % de su energía proceda de fuentes renovables. Es esencial el acceso a la red de transporte de electricidad. En los últimos años, hemos vivido un rápido aumento de los precios de la electricidad y los ciudadanos europeos esperan una respuesta a sus problemas por parte de las instituciones europeas. La capacidad de acceso y la disponibilidad de la energía resultan esenciales para la vida económica y social.

La creación de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía garantizará una mejor protección de los intereses de los clientes de electricidad. Considero que la enmienda 18 del informe Chichester cae dentro de las competencias del Consejo.

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Quiero felicitar a la Comisión por el paquete de documentos propuesto para la creación de un mercado energético realista de la UE, así como a la señora Morgan, que, en su informe, nos ha proporcionado una valoración experta de la situación del mercado junto con posibles soluciones.

Me congratula que se haya llamado la atención sobre la existencia de «islas en materia de electricidad». Lituania forma parte de una de esas «islas» en materia de electricidad y, de hecho, de suministro de gas. La situación de este país tras el cierre de la central nuclear de Ignalina en 2009 será impredecible debido a su total dependencia de Rusia. Por tanto, es vital la integración en un sistema de transporte común de la UE.

La implantación propuesta de la propiedad como único medio de garantizar la independencia de los operadores de transporte, junto con la exclusión de terceros países del control de los sistemas de transporte y los operadores de los sistemas de transporte, la prioridad de la protección de los intereses de los consumidores, he ahí los medios que garantizarán la seguridad energética en la UE y el bienestar de su gente.

  Vladimír Remek (GUE/NGL). - (CS) Señorías, como ponente alternativo del informe de mi compañero diputado, señor Chichester, he sido uno de los defensores de la propuesta de que en el caso de que se someta a votación la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, permanezca inalterado el plan original de la Comisión de un país, un voto. Poner en práctica el denominado procedimiento de votación «ponderada» concedería ventaja a los Estados miembros más grandes, en detrimento de los menores. La mayoría en la Comisión ITRE ha respaldado el principio más justo y creo que ocurrirá otro tanto durante la votación en el Pleno. La mayoría de los reguladores de los mercados energéticos nacionales también ha apoyado la creación de una Agencia que sea algo más que otro club de debate burocrático carente de poderes. La aplicación de condiciones desiguales a los diferentes países devaluaría básicamente el esfuerzo de crear una Agencia respetada y operativa. Los diversos mercados nacionales de la electricidad han surgido en circunstancias dispares y aún no han sido enlazados de manera eficaz. La Agencia tiene la oportunidad de contribuir a conseguir una interconexión real.

  Jim Allister (NI). - Señora Presidenta, apoyo decididamente la separación de la generación y el transporte, pero me gustaría decir que tiene que ser a fondo y me pregunto si eso puede encajar pacíficamente con cualquier otra propiedad estatal en cualquiera de los dos sectores. Digo esto en parte basándome en la experiencia en mi propia circunscripción, Irlanda del Norte, donde recientemente hemos instituido un mercado único de electricidad en la isla de Irlanda, con grandes promesas acerca de lo que eso podría suponer para la estabilidad de los precios.

La experiencia ha sido bastante distinta. Hace una par de semanas visité a uno de los mayores consumidores en mi circunscripción. Hace tres años estaban pagando ligeramente más que el precio medio del Reino Unido. Hoy, dentro del régimen de mercado único de electricidad en Irlanda, están pagando un 76 % por encima del precio medio del Reino Unido. De hecho, han sido desvinculados sin obtener ninguna ventaja, y la razón primordial radica, creo yo, en que el mercado único se creó sin atender adecuadamente al asunto del monopolio estatal de la ESB.

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). – (NL) Señora Presidenta, para ser breve, en los últimos años se ha producido una disminución real de la inversión en el mercado de la electricidad, sobre todo en redes transfronterizas. En consecuencia, ahora resulta necesario un nuevo paquete legislativo, y el Comisario Piebalgs sabe, lo mismo que mis compañeros diputados, lo importante que son para mí unas reglas de juego justas. Así pues, la mejor opción es la separación de la propiedad. Por fortuna, el Consejo de Energía se ha percatado de que estas reglas de juego justas no existen en la actualidad.

Así pues, la prohibición de absorciones por parte de empresas horizontales no segregadas en los próximos años está justificada; no se va a producir una recolecta de empresas más pequeñas por parte de organizaciones no divididas. Eso confiere a organizaciones en los Países Bajos, productores como Nuon y Essent, la oportunidad de desarrollar una proyección europea. Crea espacio de crecimiento para los años futuros. Desde este punto de vista, apoyo decididamente la separación de la propiedad propuesta ahora en el informe de la señora Morgan.

  Neena Gill (PSE). - Señora Presidenta, felicito a la ponente por su excelente trabajo y respaldo su posición a favor de conseguir un trato más justo para los consumidores.

La señora Morgan ha señalado acertadamente que como mejor se consigue esto es por medio de la separación de la propiedad y eso significa que tenemos que reducir la concentración de poder de las grandes compañías y permitir un mejor acceso a las pequeñas y medianas empresas.

Para garantizar una competencia leal y precios mejores para los consumidores resulta crítica una mejor legislación de los mercados de la electricidad y el gas y me preocupa enormemente que los galopantes precios de la energía pongan cada vez en mayor peligro a los europeos de caer en la pobreza energética, sobre todo a los mayores, que son los más vulnerables.

Dadas las condiciones actuales de seguridad energética, necesitamos a toda costa un mercado de gas y electricidad que funcione correctamente en Europa. Recientemente hemos sufrido problemas con el suministro de energía y este informe intenta oportunamente resolver algunos de ellos.

He recibido una serie de cartas de mis electores en apoyo de la enmienda 159, que prohibiría a los Estados miembros autorizar la construcción de nuevas centrales eléctricas que emitan más de 350 g de dióxido de carbono por kilovatio producido.

  Joel Hasse Ferreira (PSE). – (PT) Señora Presidenta, Señorías, la integración regional de los mercados transfronterizos de electricidad debe contemplarse no sólo a la luz de lo que se está debatiendo hoy, sino también en términos de creación de un mercado europeo único para la electricidad.

Además, la gama de asuntos energéticos en el marco europeo merece un planteamiento más amplio y con mayor visión de futuro. De ahí la iniciativa que hemos adoptado en el grupo STOA del Parlamento, diseñando escenarios de energía para las próximas décadas, utilizando 2003 como referencia base. El Parlamento y algunos Grupos parlamentarios se muestran divididos en cuanto a la cuestión de la separación de las redes de transporte de electricidad y las compañías de energía. Esto entraña a veces mayor importancia para las circunstancias nacionales que para las opciones políticas y estratégicas.

Sin embargo, quiero expresarme con total claridad sobre el asunto, Señorías. Personalmente estoy a favor de una separación nítida entre las redes/empresas que operan en la red eléctrica y la compañía u organismo que gestiona las redes. Creo que esa es la solución más favorable para los consumidores y la que garantiza la posibilidad de crear un mercado auténticamente interior para la electricidad, que debería ser unos de nuestros objetivos como diputados al Parlamento Europeo y como ciudadanos europeos.

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Los consumidores europeos de electricidad y de gas tienen el derecho a un servicio universal, es decir, el derecho a ser servidos con una determinada calidad, a unos precios razonables que se pueden comparar con facilidad y claridad y que sean transparentes.

Aplaudo el hecho de que el informe de mi compañera diputada, señora De Vits, sobre la propuesta de una Carta Europea de los Derechos de los Consumidores de Energía, también esté incluido en el debate sobre el tercer paquete energético. Actualmente, los derechos de los consumidores de energía están recogidos en diferentes documentos de la UE, pero a menudo no han sido transpuestos a la legislación nacional. Aplaudo el esfuerzo de la ponente para hacer más transparentes los derechos de los consumidores. Los consumidores tienen que tener libertad de elección y la posibilidad de cambiar de proveedor sin cargo alguno. Tienen que entender cuáles son los conceptos por los que están pagando. Quiero dar las gracias a la ponente por incorporar a su informe mi enmiendas, en las que solicitaba a los Estados miembros que proporcionaran apoyo financiero a las organizaciones de consumidores en el ámbito de los servicios de consultoría. Las organizaciones de consumidores realizan una gran labor en nombre de los consumidores de energía, sobre todo los consumidores vulnerables.

  Anni Podimata (PSE). – (EL) Señora Presidenta, permítame en primer lugar respaldar lo que la ponente, señora Morgan, ha dicho acerca de la necesidad de proteger a los consumidores más vulnerables, concretamente contra el alza de los precios del crudo. Coincido asimismo con la necesidad de combatir la pobreza energética y de promocionar activamente la inversión en fuentes de energía renovable.

Sin embargo, por lo que ser refiere a la cuestión central de crear un único mercado energético interior, la consecución de este objetivo no sólo depende de diseñar y aplicar una sola estrategia, sino también de captar las características específicas de cada participante.

La separación completa de la propiedad no constituye una condición previa esencial ineludible para las inversiones en la mejora de la red. Los retrasos en la modernización pueden deberse a una política energética desencaminada que contempla la energía como un producto que se distribuye primordialmente con el objetivo de aumentar los beneficios, más que de mejorar el sistema.

  Janez Lenarčič, Presidente en ejercicio del Consejo. − (SL) Permítanme en primer lugar una reflexión de carácter general. El hecho es que, en el Consejo, estamos ciertamente de acuerdo con la conclusión de que la situación en el mercado energético interior no es ni buena ni satisfactoria. Por esa misma razón, hemos pasado muchos años intentando alcanzar un acuerdo para establecer un mercado interior adecuado para el gas y la electricidad, a fin de crear una verdadera competencia y condiciones idénticas para todos los interlocutores en este mercado.

El 6 de junio, como ya he dicho, se consiguió un avance importante en el Consejo. Hoy, varios oradores, incluida la señora Morgan y otras muchas personas, han señalado que la separación completa de la propiedad representa el método más eficaz de establecer un mercado interior apropiado para el gas y la electricidad. Ese es también el parecer de la Comisión, y también es la opinión de la mayoría de los Estados miembros. Sin embargo, ha sido necesario un compromiso para lograr un acuerdo. Este compromiso no ha resultado sencillo, pero hemos sido capaces de afianzarlo.

El compromiso significa que existen tres opciones y la evaluación de la Presidencia consiste en que la aplicación de estas opciones, en línea con las normas diseñadas, nos puede conducir a una situación donde queden establecidas unas condiciones iguales para todos los interlocutores en el mercado interior del gas y la electricidad, una vez haya quedado establecida una auténtica competencia.

Permítanme exponer algunas otras apreciaciones. Se ha mencionado varias veces el asunto de la pobreza, o más bien, la pobreza energética. Se trata un asunto muy importante, sobre todo en circunstancias en las que los precios de la energía están aumentando a pasos agigantados. No obstante, el hecho es que eso es responsabilidad y obligación de los distintos Estados miembros en virtud del principio de subsidiariedad, tal como ha quedado expuesto por el señor Hökmark y algunas personas más; los Estados miembros están obligados a garantizar el acceso a la energía a los pobres.

La cuestión de la protección de los consumidores ha salido varias veces a colación. De hecho, un número considerable de intervenciones se ha ocupado de ella. Permítanme subrayar que el texto de la Presidencia, o el compromiso de ésta, contiene una disposición sumamente importante en el ámbito de la protección de los consumidores. Exige que se informe adecuadamente a los consumidores acerca de su consumo de energía, acerca de los costes que se derivan de ello, y que se les informe con suficiente frecuencia para poder atender sus obligaciones de pago. Además, se contempla desde luego la posibilidad de cambiar de proveedor en cualquier momento, así como de ser informados, de manera inmediata y regular, sobre los precios fijados por los proveedores.

Varias intervenciones, incluida la del señor Turmes, han hecho mención a los poderes de la Agencia. La Agencia no va a ser un tigre de papel. Sobre todo por lo que respecta a los asuntos que afectan a dos o más Estados miembros, la Agencia tendrá la posibilidad de adoptar decisiones vinculantes, lo cual constituye una innovación importante.

Varias intervenciones, en concreto las del señor Biruti, el señor Zile y otros, han aludido al problema de los sistemas pequeños y aislados. Quiero señalar que el texto del acuerdo alcanzado en el Consejo contempla derogaciones o exenciones para tales países o mercados, hasta que quede subsanado su aislamiento.

Un par de palabras acerca de las fuentes renovables. Nuestro paquete, el paquete del Consejo, prevé el acceso prioritario a las redes de energía generada a partir de fuentes renovables.

Voy a finalizar con lo siguiente: quiero aplaudir la determinación mostrada por el señor Vidal-Quadras para garantizar que el Parlamento y el Consejo alcancen un acuerdo en segunda lectura. Ese es también el deseo del Consejo. La Presidencia coincide en que el acuerdo alcanzado el 6 de junio ha creado la posibilidad de que se logre tal acuerdo antes de final de año. Eso es especialmente importante a la vista de nuestro anhelo de alcanzar un acuerdo sobre el paquete climático y energético incluso en 2009.

He constatado a partir de este debate que las posiciones del Consejo y del Parlamento no son tan distantes. Quiero dar las gracias a los ponentes y a cuantos han participado en el debate. Pienso que este debate va a resultar de la máxima utilidad para el Consejo en su labor ulterior y para alcanzar nuestro acuerdo común dentro del plazo deseado.

  Andris Piebalgs, Miembro de la Comisión. − Señora Presidenta, el debate de hoy ha estado centrado en gran parte en los hogares, y la propuesta de la Comisión va más allá de los mismos: ciertamente también se refiere a la industria. Con el debido respeto a los consumidores vulnerables, lo que estamos intentando conseguir es un mercado que funcione correctamente. No es posible subvencionar todo siempre, por lo que significa de quitarle algo a una persona para dárselo a otra; sé que habrá consumidores vulnerables a los que deberíamos prestar atención, pero básicamente lo que estamos intentando lograr es un mercado europeo interconectado, que funcione correctamente, basado en los valores y las experiencias que tenemos de otros ámbitos.

El mercado energético no ha hecho sino empezar a desarrollarse y va a llevar algún tiempo ponerlo en funcionamiento, pero creo que el debate de hoy demuestra realmente que la propuesta de la Comisión se ocupa acertadamente de los principales entornos.

Se han expresado algunas dudas acerca de la necesidad del cambio. Creo que el cambio es necesario: es algo que no sólo han demostrado los informes anuales de la Comisión, sino también la encuesta sectorial de la competencia. El informe Vidal-Quadras del Parlamento afirma que necesitamos un cambio y que precisamos propuestas.

En la realidad también hemos contado recientemente con algunos desarrollos en la legislación sobre la competencia. La dificultad estriba en que, si se descubre alguna conducta contraria a la competencia, siempre es a posteriori: se imponen sanciones, pero el consumidor ya ha pagado el pato. Así que es un cambio estructural lo que se necesita y pienso que las propuestas que hemos realizado constituyen una respuesta al mismo.

Hay una par de asuntos en los que considero que estamos yendo más allá de una mera propuesta sobre el mercado energético. Comencemos por la Agencia. Estoy totalmente de acuerdo en que es fundamental una Agencia independiente. La dificultad que encuentro es que también tenemos jurisprudencia que establece ciertos límites, y la Comisión se convierte en lo más poderosa posible, dentro de los límites legales, si contamos con una Agencia.

En cuanto a la comitología, entiendo los interrogantes del Parlamento acerca de la misma, pero ese es el procedimiento que tenemos y deberíamos utilizar dicho procedimiento para conseguir el resultado.

Respecto a la infracción, ha sido el señor Paasilinna quien ha afirmado que éste es el procedimiento con que contamos, y deberíamos utilizarlo porque no tenemos ningún otro.

Se ha formulado una pregunta sobre los derechos de los consumidores. Existe la subsidiariedad, pero la aviación más bien es una cuestión transfronteriza. Creo que la Carta sobre energía está más estrechamente relacionada con la subsidiariedad. Hemos dado un buen ejemplo, pero ¿debemos realmente incluir en esto la legislación europea? Tengo mis dudas. No estoy necesariamente en contra de ello, pero existe una frontera entre el punto donde se necesita legislación europea y el punto donde comienza la legislación nacional a este respecto. En cualquier caso, creo que hasta aquí llegan los temas, y el Parlamento seguro que encuentra el planteamiento adecuado.

Voy a finalizar dando las gracias a la señora Morgan, a la señora De Vits, al señor Chichester y al señor Vidal-Quadras una vez más por sus excelentes informes. Pienso que el debate ha puesto de manifiesto claramente que existe un importante debate interno y espero con impaciencia la votación de mañana, ya que el informe Vidal-Quadras nos ha allanado el camino para que presentemos la propuesta. Sé que el Consejo y el Parlamento van a tener que trabajar para dar con una solución equilibrada. Ambas partes están dispuestas. En la votación de mañana, todo depende de dónde se encuentre el Parlamento, pero percibo claramente que existe voluntad política para alcanzar un acuerdo y que conseguiremos aprobar la propuesta dentro de esta legislatura por el bien de nuestros consumidores, y pienso que eso es estupendo.

Posición de la Comisión sobre las enmiendas presentadas por el Parlamento

Informe Morgan (A6-0191/2008)

La Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 57, 58, 61, 65, 70, 71, 73, 74, 77, 83, 84, 88, 89, 92, 93, 94, 97, 99, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 111,112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 146, 147, 148, 149, 150, 151 y 152.

La Comisión puede aceptar las enmiendas 10, 11, 16, 24, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 55, 59, 60, 66, 68, 72, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 95, 98, 100, 109, 110, 115, 117, 121, 125, 127, 138, 153, 155, 165, 166 y 167 en parte.

La Comisión no puede aceptar las enmiendas 3, 7, 9, 13, 27, 28, 31, 32, 37, 49, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 67, 69, 75, 76, 78, 81, 90, 91, 96, 103, 104, 116, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 168, 169, 170, 171 y 176.

Informe Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

La Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 y 29.

La Comisión puede aceptar las enmiendas 6, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 28, 31 y 32 en parte.

La Comisión no puede aceptar las enmiendas 13, 19, 23, 26, 27, 30 y 33.

Informe Chichester (A6-0226/2008)

La Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 6, 9, 10, 12, 16, 45, 48, 49, 53, 54, 64 (en lo referente al apartado 3), 64 (apartado 4), 66, 72 y 75.

La Comisión puede aceptar las enmiendas 3, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 19 (apartado 1a), 19 (apartado 1da), 19 (apartado 1db), 19 (apartado 1de), 19 (apartado 1df), 19 (apartado 1dh), 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 51, 57, 58, 59, 61, 64 (apartado 1), 68, 70, 74 y 76 en parte.

La Comisión no puede aceptar las enmiendas 8, 17, 18, 19 (apartado 1c), 19 (apartado 1d), 19 (apartado 1dc), 19 (apartado 1dd), 19 (1dg), 20, 21, 22, 25, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 46, 50, 52, 55, 56, 60, 62, 63, 64 (apartado 2), 64 (apartado 5), 64 (apartado 7), 64(8), 65, 67, 69, 71 y 73.

  Eluned Morgan, ponente. − Señora Presidenta, deseo dar las gracias a cuantos han contribuido a un debate muy interesante.

Quiero hacer una pequeña reflexión sobre lo que ha dicho el señor Hökmark acerca de desarrollar el sistema mejor posible para garantizar la seguridad de suministro, la sostenibilidad y la competitividad. Debo decir que la posición que ha planteado el Consejo va demasiado lejos. Me decepciona el acuerdo informal en el Consejo, ya que se ha doblegado en exceso ante la voluntad de la minoría. Comprendo, desde luego, que existe un momento y un lugar y una necesidad de compromiso, pero pienso que ha ido demasiado lejos.

Me desilusiona igualmente que la Comisión no muestre mayor firmeza en la defensa de su propia posición; no conviene olvidar que es su propia posición la que estamos defendiendo ahora. Sólo quiero recordarle que usted se ha echado atrás y nosotros, no; nosotros estamos defendiendo su posición.

Lo que tenemos en estos momentos no es suficientemente bueno. Resulta que grandes usuarios de energía industriales acuden a nosotros y nos piden en privado que realicemos la separación, pero cuando les decimos que vamos a intentar hacerlo y les pedimos que vengan a decírnoslo en público, alegan que no pueden hacerlo porque son vulnerables. Eso significa que el consumidor no se hace cargo —el consumidor no es quien controla el mercado— y eso es problemático.

Pienso que ha habido un mal entendido sobre el asunto de las tarifas especiales para clientes vulnerables. Sigo defendiendo este asunto. Quiero ver tarifas especiales para clientes vulnerables. Sin embargo, no estamos pidiendo que lo haga la UE: estamos pidiendo que lo hagan los Estados miembros y que se tomen enserio este asunto. Nosotros, los socialistas, en concreto, hemos escuchado lo que nos dicen los electores: que los altos precios constituyen un perjuicio y que realmente están sufriendo en estos momentos, y nosotros queremos que el asunto de la pobreza energética se incluya en la agenda de los Estados miembros. De momento ni siquiera figura en ella. Solamente hay un país en Europa que cuenta con una definición para la pobreza energética. ¡Inclúyanla en la agenda de sus Estados miembros, porque ahora no está en ella!

  Alejo Vidal-Quadras, Ponente. – (ES) Sean mis primeras palabras para agradecer la excelente colaboración y el estupendo clima que ha habido en el trabajo de preparación de estos informes, sobre todo con la señora Morgan, con el señor Chichester y con todos los ponentes alternativos.

Vamos a ver, queridos colegas, de lo que se trata aquí es saber qué es lo que queremos y si todos queremos lo mismo, porque lo que no se puede decir, en buena lógica, es que la separación de propiedad es una especie de llave mágica universal que abre todas las puertas y nos va a traer la solución a todos los problemas. Nadie ha dicho eso.

La separación de propiedad de la red de transporte y la generación es una condición necesaria que ayuda, que facilita, que posibilita que el mercado funcione correctamente, que terceras partes puedan entrar en el mercado y que las inversiones queden garantizadas. Pero por supuesto que no soluciona todos los problemas. ¿Quién ha dicho eso? Nadie lo ha dicho.

En mi país, por ejemplo, donde hay separación de propiedad, hay muchos problemas. La agencia de reguladores no es bastante independiente. Hay déficit tarifario, hay tarifas reguladas que distorsionan el mercado. Somos una isla energética que necesita más interconexiones. ¿Quiere eso decir que, si tenemos separación de propiedad, todo eso se va a solucionar? No, porque eso obedece a otras causas que nada tienen que ver con la separación de propiedad. Vamos a ver si usamos la lógica, aparte de la política y los intereses nacionales.

Por consiguiente, señor Presidente del Consejo, yo no puedo hablar en nombre de este Parlamento, porque soy un diputado entre 785, pero le puedo dar una impresión, fruto de nueve años en esta Casa, y le digo una cosa: hay voluntad de llegar a un acuerdo, hay voluntad de negociar, hay buena voluntad, señor Presidente del Consejo, pero transmítale al Consejo que esa buena voluntad ha de ser recíproca. Y si es recíproca, podemos llegar, como ha pasado en el caso del mercado del gas, a fórmulas que cumplan nuestro objetivo.

  Giles Chichester, ponente. − Señora Presidenta, ha sido un debate fascinante, la Cámara está dividida conforme a un planteamiento distinto a nuestro habitual antagonismo de izquierda/derecha, o incluso norte/sur, y me ha parecido especialmente curioso, sobre todo como conservador británico, cómo mis compañeros de determinados Estados miembros se han contorsionado y retorcido y revuelto en un intento desesperado por impedir el cambio. Nunca pensé que mis compañeros alemanes podían ser mucho más conservadores (con «c» minúscula, como en «resistente al cambio») que yo mismo.

Cuando llegué por primera vez a este Parlamento, yo era un decidido partidario y defensor de una cosa llamada privatización —el señor Allister lo ha mencionado hace un rato—, es decir, quitarle la propiedad de estas empresas al Estado y permitir a la iniciativa privadas gestionarlas con mayor eficacia que la conseguida por un monopolio estatal. Ahora me doy cuenta de que se trata de un concepto que causa alarma en Europa, pero puede suceder que la dirección definitiva en que deberíamos avanzar es más allá de la separación de la propiedad hacia la privatización.

Permítanme afirmar que personalmente estoy convencido de la importancia de abordar la pobreza de combustible. Pienso que la reforma de tarifas en bloque podría representar una forma de proceder. Parece bastante extraordinario que marquemos el precio marginal de la energía por debajo del precio inicial, fomentando con ello el consumo, cuando ciertamente vivimos en una época en la que deseamos alentar la conservación y la eficacia y hacerla más cara para quien consume más.

Parece como si las fuerzas del mercado fueran a hacer el trabajo para nosotros: el precio del crudo está obligando a la gente de mi país a modificar sus hábitos y constato —y disfruto recordándoles esto a mis compañeros alemanes— que E.ON ha descubierto el beneficio de las fuerzas del mercado en su decisión de separar su servicio de distribución.

Tal vez necesitemos un cuarto paquete en el futuro, pero felicito a la señora Morgan por lo que ha logrado de momento. Recuerden: esperamos una amplia mayoría mañana, ya que, en algún momento, quienes son consumidores en mercados que no cuentan con la separación, dirigirán la vista hacia los otros mercados que sí la tienen y dirán: «por favor, queremos eso».

  Mia De Vits, ponente. – (NL) Señora Presidenta, me complace que los oradores de hoy hayan debatido no sólo la separación de la propiedad, sino también los derechos de los consumidores. Con la vista puesta en la votación del jueves, quiero pedir el apoyo a las tres enmiendas que pretenden mejorar más estos derechos de los consumidores e informarles regularmente acerca de su consumo. No creo que sea excesivo pedir que eso se haga cuatro veces al año. También está la idea de los contadores inteligentes y el establecimiento de una fecha límite para su implantación, a saber, 10 años a partir de la entrada en vigor de la Directiva.

Por último, en cuanto al tema de los planes de acción nacionales para resolver la pobreza energética, quiero decirle al señor Vidal-Quadras que sólo estamos mencionando las tarifas sociales a título de ejemplo de un posible instrumento para los Estados miembros. Estas son tres enmiendas para las que pedimos apoyo a fin de mejorar los derechos de los consumidores.

Para finalizar, señora Presidenta, me siento decepcionada con la respuesta del señor Comisario, en la que cede a los Estados miembros los ámbitos de los derechos de los consumidores en nombre de la subsidiariedad. Quiero decirle que estamos avanzando hacia un mercado europeo de la energía y, por eso, los ciudadanos británicos tendrán que vérselas con un proveedor alemán. A mi juicio, este mercado energético europeo significa que también tenemos que ser capaces de proporcionar a los consumidores una respuesta europea.

  Presidenta. − Se cierra el debate.

La votación sobre los informes Morgan, Vidal-Quadras y Chichester se celebrará mañana.

La votación sobre el informe De Vits se celebrará el jueves, 19 de junio de 2008.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), por escrito. – (RO) Por lo que respecta al informe «Chichester» acerca de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, respaldo la creación de esta Agencia y su dotación con mayores competencias.

En cuanto a la enmienda para establecer la sede central de esta institución en Bruselas, ante todo, quiero solicitar el dictamen de los servicios jurídicos en cuanto a nuestra competencia, la del Parlamento Europeo, para tomar una decisión con respecto a este asunto, ya que, personalmente, tengo la sensación de que esta cuestión cae dentro de la competencia del Consejo.

En cuanto a la ciudad de Bruselas, confieso que no tengo nada en contra de la ciudad en sí misma... incluso me gusta.

No obstante, creo que la votación celebrada por los irlandeses la semana pasada constituye una señal política de enorme importancia en relación a la opinión que los ciudadanos tienen de los burócratas de Bruselas y la forma en que se adoptan las decisiones en el círculo «cerrado» en Bruselas.

Todos los ciudadanos europeos tienen que sentirse parte y próximos al proceso europeo de toma de decisiones. Es importante que todos los ciudadanos europeos sientan que están representados y las instituciones deberían tener emplazamientos por toda la Unión.

Acerquemos las instituciones a los ciudadanos y hagamos que los ciudadanos participen en el debate europeo. Si centralizamos todo en Bruselas, pondremos en peligro la construcción europea.

Rechazo decididamente la idea de establecer la sede central de esta nueva institución en Bruselas.

  Desislav Chukolov (NI), por escrito. – (BG) Señor Presidente, Señorías, la idea de la «mafia de la energía» existe en bastantes países del mundo. Se trata de un término genérico que utilizamos habitualmente para referirnos a cosas en el sector de la energía que están poco claras. Sin embargo, a diferencia de otros países, la mafia de la energía en Bulgaria está dando muestras claras de que está a punto de entrar en política, y no por medio de unas elecciones limpias y transparentes, sino en la forma en que siempre ha actuado, comprando su entrada.

El partido LIDER (Iniciativa Liberal para el Desarrollo Europeo Democrático) de reciente creación va a irrumpir en la escena política en mi país de una manera excepcionalmente agresiva, aproximándose ocasionalmente al estilo del Movimiento por los Derechos y las Libertades en cuanto a rudeza y crueldad. Ambos partidos están comprando votos, pero mientras que el MRL opera exclusivamente en favor de Turquía, el partido LIDER y su dirigente, Hristo Kovachki, funciona sólo en beneficio propio.

Durante las últimas elecciones en mi país, los ciudadanos fueron notificados por correo de que sus facturas de servicios públicos serían condonadas siempre que votaran a favor del partido.

Señor Presidente, haga uso de su influencia sobre los políticos búlgaros para evitar una solución que, tras las elecciones de 2009, podría enviar diputados a esta Cámara que habrían sido elegidos de esta manera tan injusta y horrenda.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. – Apoyo plenamente el informe de mi compañero y lo habría hecho en persona si me hubiera sido posible. Sin embargo, no creo que esto signifique que no podamos construir nuevas centrales eléctricas a base de carbón.

La industria del carbón se encuentra una vez más en primera línea de una revolución, acercándose rápidamente el 25º aniversario de la huelga de los mineros. Esta revolución está basada en tecnologías limpias de captura y almacenamiento de carbón y carbono (CCS) que se están desarrollando en la mina de carbón de Hatfield, cerca de Doncaster. Las tecnologías CCS significan que el 90 % de las emisiones de CO2 de una central eléctrica es capturado y luego transferido para el almacenamiento geológico. Tal tecnología podría revolucionar la forma de cubrir el Reino Unido sus necesidades energéticas.

Además de los beneficios de utilizar un recurso natural que poseemos en abundancia, los puestos de trabajo creados dentro de una naciente agencia de carbón limpio podrían constituir un salvavidas para los municipios mineros que han sido testigos de un cuarto de siglo de declive económico y social.

  Urszula Gacek (PPE-DE), por escrito. – (PL) Me complace mucho aceptar la posición del Parlamento acerca de la Carta Europea de los Derechos de los Consumidores de Energía, sobre todo la propuesta de que se facture a los consumidores sobre la base del consumo real de energía.

Espero que esto dé lugar a que las facturas para todos los consumidores individuales de gas se especifiquen en kWh, y no, como en Polonia, por ejemplo, en metros cúbicos.

La facturación conforme al valor de la energía y no al volumen del gas consumido contaría definitivamente con el consentimiento de los consumidores, que sospechan, de forma justificada o no, que están pagando por «aire».

  Tunne Kelam (PPE-DE), por escrito. – Estoy de acuerdo con el Comisario en que, si aceptamos continuar con el actual status quo, protegiendo los intereses nacionales en lugar de defender los intereses y valores europeos comunes, entonces la UE será incapaz de abordar los dramáticos desafíos a que nos enfrentamos.

Esa es la razón por la que la UE necesita una reforma real.

Abogo firmemente por un regulador nacional, una Agencia eficaz que cuente con autoridad suficiente para supervisar el correcto funcionamiento del mercado común de la electricidad.

Sin embargo, mi pensamiento clave es este: ya que la UE está basada en el principio de la libre competencia, estamos obligados a garantizar, no sólo en teoría sino también en la vida real, que en cada Estado miembro el consumidor sea capaz de elegir libremente y sin trabas entre distintos productores y distribuidores de electricidad y decidir cuál es la mejor oferta. Así pues, el reto real para los Estados miembros consiste en decidir entre los intereses de los consumidores y los de las grandes compañías. Las vacilaciones a la hora de colocar al individuo, al consumidor, en el centro de nuestras actividades conducen lógicamente a acontecimietos como el voto negativo irlandés y la creciente indiferencia de nuestros ciudadanos respecto a la UE.

La plena separación de la propiedad constituye una condición clave para la reforma. La «tercera vía» no es una solución creíble.

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), por escrito. – (PL) Señora Presidenta, la forma en que las cosas están evolucionando, las prioridades de la UE en materia de energía —protección medioambiental, seguridad y liberalización del mercado— continúan siendo importantes, pero hay que volver a analizar su jerarquía. Los galopantes precios de los portadores de energía, con tensiones y preocupaciones sociales, más la ofensiva de Gazprom, todo eso requiere reacciones rápidas y plantea la necesidad de seguridad y economía de los suministros. Entre tanto, los ambiciosos objetivos fijados para la protección medioambiental y la batalla contra el calentamiento global tienen un carácter a más largo plazo y conllevan retos que podrían reducir la competitividad de la economía europea y multiplicar las tensiones sociales.

Cabe lamentar que en nuestro círculo de 27 países no exista voluntad para crear un mercado energético común y competitivo. La supresión de los monopolios está encontrando resistencia en varios países que, de otra forma, son considerados líderes de la integración europea. Existe asimismo una falta de solidaridad en los contactos con los proveedores externos de petróleo y gas. Las negociaciones bilaterales, como las entabladas a uno y otro lado de la Unión Europea con Gazprom, están debilitando nuestra posición negociadora. Están facilitando la práctica del chantaje energético a los Estados miembros que históricamente han estado ligados a un proveedor monopolista.

Las diferencias de intereses nacionales se dejan sentir a la hora de la construcción de un mercado energético único. La Unión Europea necesita pruebas de que será capaz de alcanzar compromisos satisfactorios a pesar de las diferencias. No existe entorno más importante que la energía, en el que hay que demostrar la capacidad de lograr la unidad más allá de cualquier división.

  Bogusław Rogalski (UEN), por escrito. – (PL) Señora Presidenta, el acceso a la energía a precios razonables es uno de los elementos que aceleran la integración social y el acceso al conocimiento y la educación. Los suministros energéticos tienen un impacto significativo sobre la forma en que funcionan los ciudadanos en la vida social y económica. Por desgracia, a menudo ocurre que los consumidores, en concreto los individuos particulares y las pequeñas y medianas empresas, tienen un potencial limitado para que sus intereses sean reconocidos eficazmente en lo tocante al acceso a la energía.

Según los datos disponibles, los Estados miembros no han cumplido satisfactoriamente su obligación de proporcionar servicios públicos puntuales que lleguen a los grupos sociales menos privilegiados. La Carta Europea de los Derechos de los Consumidores de Energía debería resolver algunos de los problemas que existen en este ámbito. Esta Carta está aparentemente basada en la idea de cooperación entre Estados miembros con plena aplicación del principio de subsidiariedad, teniendo presente que determinadas prácticas en el ámbito de la protección del consumidor pueden desembocar en diferentes resultados en distintos Estados miembros.

Los proveedores de energía y los operadores de redes deben imponerse la obligación de funcionar con respeto hacia el medio ambiente y restringiendo los residuos radioactivos en la medida de lo posible. Asimismo habría que convertir en cuestión prioritaria las fuentes de energía renovables y la garantía a los consumidores del derecho a realizar una elección consciente de la fuente de energía.

Asimismo habría que imponer límites a las formalidades que origina un cambio de proveedor; los consumidores deben estar protegidos contra prácticas comerciales fraudulentas y hay que crear organizaciones de consumidores. Pero, sobre todo, hay que encontrar una solución al problema de la pobreza energética a fin de permitir a todos los ciudadanos participar en muchos ámbitos importantes de la vida.

PRESIDE: DIANA WALLIS
Vicepresidenta

12. Turno de preguntas (preguntas a la Comisión)

  Presidenta. − El siguiente punto es el turno de preguntas (B6-0161/2008).

Se dirigen las siguientes preguntas a la Comisión.

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL). - (CS) Quiero plantear a la Comisión la pregunta siguiente: hasta qué punto es vinculante… (la Presidenta interrumpe al orador).

  Presidenta. − Lo siento, pero las preguntas son tal como aparecen impresas en el papel. Existe un orden y me temo que usted no puede presentar una cuestión espontánea.

Primera parte

  Presidenta. − Pregunta nº 25 de Lambert van Nistelrooij (H-0379/08)

Asunto: Tarifas de terminación móvil

El 4 de abril, la justicia belga (asunto 2007/AR/3394) suspendió una decisión de la autoridad belga de reglamentación de los servicios de correos y telecomunicaciones (BIPT) por la que se fijaba el importe de las tarifas de terminación móvil. Uno de los argumentos interesantes que se aducen es que a la hora de fijar las tarifas de terminación deben tenerse en cuenta las economías de escala de los grandes operadores.

¿Considera la Comisión que los argumentos de la justicia belga podrían orientar la comunicación sobre las tarifas de terminación que prevé elaborar próximamente?

¿Conviene la Comisión en que las empresas de telecomunicaciones, en cuyas manos está actualmente en gran medida la competencia en el mercado de las comunicaciones móviles, los denominados «challengers», deben obtener en dicha comunicación tiempo suficiente para poder cumplir una posible nueva reglamentación?

  Mariann Fischer Boel, Miembro de la Comisión. − La pregunta planteada por su Señoría se refiere a la sentencia del Tribunal de Apelación de Bruselas de 4 de abril de 2008 en el sentido de suspender la decisión de regulación de la BIPT de 18 de diciembre de 2007 relativa a las tarifas de terminación móvil en Bélgica. Esta decisión de regulación fue previamente notificada a la Comisión, y evaluada por ésta, en virtud del artículo 7 de la Directiva marco. La Comisión tiene conocimiento de esta decisión del tribunal y fue informada por la autoridad nacional de reglamentación, BIPT, de que, a raíz de esta anulación, había iniciado una consulta nacional sobre la propuesta de decisión que volvía a fijar las tarifas de terminación móvil al mismo nivel asimétrico que en su anterior decisión de regulación de 11 de agosto de 2006.

Dentro del contexto del mecanismo de consulta de la Comunidad (el «procedimiento del artículo 7»), la Comisión ha expresado su opinión en numerosas ocasiones de que las tarifas de terminación deben reducirse a nivel de eficacia de costes. Se trata de garantizar la igualdad de condiciones para los diferentes operadores, de proporcionar a los operadores el incentivo de resultar eficientes, y de aportar más beneficios a los consumidores, incluidos unos precios más bajos. La Comisión ha reconocido la necesidad de un periodo transitorio para que los operadores alcancen el nivel de eficacia de costes. Sin embargo, la existencia de una tarifa de terminación más alta no estaría justificada tras un período lo suficientemente prolongado como para que un operador se adapte a las condiciones de mercado y resulte eficiente, a menos que existan diferencias objetivas de costes que se escapen del control de los operadores afectados.

La Comisión es consciente del hecho de que unos planteamientos diferentes a la regulación de las tarifas de terminación pueden obstaculizar la consolidación del mercado interior y la materialización de los beneficios para los consumidores derivados de la competencia y los servicios transfronterizos, y esa es la razón por la que la Comisión ha convertido en prioridad proporcionar orientación y una mayor seguridad jurídica tanto a los operadores como a las autoridades nacionales de regulación a la hora de regular los mercados de terminación. A tal fin, la Comisión está trabajando en una recomendación acerca de un enfoque común para las tarifas de terminación móvil y fija, que persigue promover una mayor claridad y coherencia en este ámbito importante, si bien muy complejo, garantizando unos beneficios máximos a los consumidores en términos de precios asequibles y desarrollo eficaz de servicios innovadores. Dicha recomendación puede proporcionar asimismo orientación a los tribunales nacionales.

La consolidación del mercado interior también podría verse obstaculizado en el caso de que las sentencias en los distintos Estados miembros desembocaran en una situación en la que se ofrecieran distintas interpretaciones sobre cómo resolver problemas similares en materia de competencia. En cualquier caso, la Comisión acata todas las decisiones y sentencias de los tribunales, incluso en el ámbito de los mercados de terminación, como la sentencia del Tribunal de Apelación al que su Señoría alude en su pregunta.

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). – (NL) Señora Presidenta, quiero ciertamente dar las gracias a la señora Comisaria por su respuesta, ya que ha analizado muy bien la situación. Mi pregunta complementaria es la siguiente: ¿dónde detecta usted esas diferencias entre los Estados miembros? El juicio en Bélgica parece indicar que todavía no existe igualdad de condiciones entre los grandes operadores y los recién llegados al mercado. ¿Podría significar esto una ampliación del período transitorio? ¿Podría significar que se está concediendo más tiempo para tal adaptación en toda Europa, por así decirlo? Al fin y al cabo, ahora estamos constatando que son los pequeños operadores los que son las víctimas de este mercado.

  Mariann Fischer Boel, Miembro de la Comisión. − La Comisión ha reconocido, desde un principio, la necesidad de un período transitorio para los operadores, como he expuesto en mi primera intervención, para alcanzar un nivel de eficacia de costes.

Sin embargo, las simetrías temporales deben quedar subsanadas dentro de un plazo de tiempo razonable. La existencia de unas tarifas de terminación más altas no estaría justificada tras un período lo suficientemente prolongado como para que un operador se adapte a las condiciones de mercado y resulte más eficiente, a menos que —como he dicho antes— existan diferencias objetivas de costes que se escapen del control de los operadores afectados.

Permitir unos precios por encima de un nivel de eficiencia o basado en los costes puede reducir los incentivos de los operadores para innovar e intentar minimizar los precios. Además, los consumidores pueden acabar pagando unos precios más altos que los que habrían existido de otra forma en una situación de tarifas de terminación simétricas, basadas en los costes. Así pues, las tarifas de terminación deben reducirse al nivel de eficiencia de costes lo antes posible sin obstaculizar —como he dicho anteriormente— ni la posición de las empresas ni la de los consumidores.

  Presidenta. − Pregunta nº 26 de Katerina Batzeli (H-0386/08)

Asunto: Política de gestión de crisis para hacer frente a la carestía en el mercado

La carestía en el mercado debido al aumento de los precios del petróleo, la reciente crisis alimentaria, la especulación y la ineficacia de los controles agrava continuamente la inflación y afecta profundamente a los ingresos de los hogares. Es necesaria una respuesta global y europea para hacer frente a esta situación crítica.

¿Cómo piensa hacer frente la Comisión, y a través de qué medidas, a la actual crisis que ya perjudica el curso de las economías nacionales y reduce los ingresos de los hogares, y en la que el público en general duda incluso del papel del euro en relación con el precio del petróleo?

¿Qué medidas piensa tomar la UE para atajar la ola internacional de especulación con las mercancías? ¿Piensa establecer un mecanismo de gestión de crisis a nivel comunitario y nacional? ¿Cómo se reforzarán, y a través de qué medidas, las organizaciones nacionales para luchar contra fenómenos como la especulación, sobre todo debido a la situación de oligopolio de determinadas empresas?

¿Se encuentra la fijación de un precio máximo de venta de determinados productos básicos para la alimentación entre las prioridades de la Comisión?

¿Es admisible en estos momentos el aumento de los impuestos indirectos por parte de determinados Gobiernos, con vistas a aumentar los ingresos públicos? ¿Sería conveniente reducir el IVA y los impuestos indirectos sobre determinados alimentos y productos básicos a nivel europeo?

Pregunta nº 27 de Leopold Józef Rutowicz (H-0399/08)

Asunto: Subidas de precios en la Unión Europea

La necesidad de biocarburantes y el aumento de la demanda de alimentos, entre otros factores, han provocado importantes subidas de los precios de éstos, perjudicando especialmente a los ciudadanos con bajos ingresos. Al mismo tiempo, el sistema de limitación de la producción de una serie de artículos impide la existencia de una competencia que podría frenar las subidas de precios. ¿Qué medidas se han adoptado para contener el aumento de los precios de los productos alimentarios en los mercados de la UE?

  Mariann Fischer Boel, Miembro de la Comisión. − Dado que las dos preguntas, como muy bien ha dicho la Presidenta, están más o menos vinculadas, me gustaría aprovechar la ocasión para ofrecer una respuesta conjunta a ambas.

Si nos fijamos en la zona del euro, la inflación ha disminuido realmente del 8-10 % en los años 70 y 80, hasta el 3 % en los 90 y, efectivamente, se ha mantenido por término medio ligeramente por encima del 2 % en la primera década de la Unión Monetaria Europea.

Pero a partir del tercer trimestre de 2007, las alzas globales tanto de los precios de la energía como de los alimentos han incrementado la presión sobre la inflación, no sólo dentro de la Unión Europea, sino en todo el mundo.

La fortaleza del euro había mitigado en cierta medida el efecto del aumento o el alza de los precios del combustible y el petróleo. Pero hemos de afrontar la realidad de que la tasa de inflación ha aumentado efectivamente desde el 1,9 % en agosto del año pasado hasta el 3,6 % en abril de 2008.

La Comisión ha expuesto sus opiniones sobre los recientes aumentos de los precios alimentarios en la comunicación sobre «Hacer frente al reto del alza de precios de los productos alimenticios: Orientaciones para la acción de la UE». Al margen de una serie de otros factores, los mayores precios del petróleo han provocado unos precios en aumento en el mercado agrícola dentro de la Unión Europea; tanto por culpa de un insumo agrícola más alto como de los costes logísticos.

Aunque la demanda de los productos agrícolas está influida por el mercado de los biocarburantes, todos los análisis que ha realizado la Comisión indican que las causas del alza de los precios globales de los alimentos son diversas. Se deben a factores tanto estructurales como temporales, y la actual producción de biocarburantes en la UE tiene realmente muy poca influencia sobre los actuales precios globales de los alimentos; las estimaciones más recientes de que disponemos indican que se está dedicando aproximadamente el 1 % de las tierras en la Unión Europea para biocarburantes.

Pero está claro que el reciente aumento de los precios agrícolas sólo puede explicar en parte el aumento de precios alimenticios detectados a nivel minorista, así que en ocasiones puede apreciarse discrepancias entre el precio en la puerta de la granja y el precio en el supermercado o en los comercios.

Puesto que la crisis actual presente muchos aspectos diferentes, la respuesta ofrecida por la Comisión es igualmente amplia y está elaborada para contemplar tanto las consecuencias a corto plazo como los agentes a largo plazo de los galopantes precios alimenticios. A fin de aliviar la presión sobre los precios en el sector agrícola, dentro de la Política Agrícola Común (PAC) ya hemos fijado nuevos incentivos para promover la orientación al mercado e intentar relanzar la producción: fijando en cero la obligación de retirar tierras para esta año productivo y con un incremento de las cuotas lácteas a partir del 1 de abril de 2008, efectivamente hemos reaccionado con mucha prontitud. Además, la Unión Europea ha decidido suspender los derechos de importación de cereales para la actual campaña de comercialización, en el caso de la mayoría de los cereales.

Es evidente que vamos a seguir afrontando estas cuestiones en los debates venideros sobre el chequeo de la Política Agrícola Común.

A fin de poder atender concretamente las necesidades de la gente más desfavorecida en la UE, se ha contemplado una modernización y una actualización del esquema y presentaremos una propuesta más adelante este año.

Pienso que también es importante que continuemos alentando y promoviendo inversiones en investigación agrícola, fomentando el crecimiento sostenible de la productividad en el sector agrícola, no sólo en Europa, sino en todo el mundo.

En cuanto a la formación de precios del mercado agrícola, la Comisión se ha comprometido a controlar las actividades de los inversores que especulan en mercados financieros de materias primas, así como su impacto sobre las fluctuaciones de los precios.

Por lo que respecta a la cuestión de la posición dominante, cualquier abuso de posiciones dominantes está sujeto al artículo 82 del Tratado o su equivalente en la legislación nacional. La Comisión y las autoridades nacionales en materia de competencia se encargan de vigilar cualquier infracción de la legislación sobre competencia de la Unión Europea.

La Comisión se preocupa especialmente de garantizar que la concentración de dimensión comunitaria no obstaculice de forma significativa la competencia eficaz en detrimento de los consumidores y de las distintas empresas. En este contexto, la Comisión va a examinar asimismo el funcionamiento de la cadena de suministro alimentario en paralelo con el control del sector minorista establecido en el contexto de la revisión del mercado único.

Tal como contempla el Tratado, las medidas adoptadas por los Estados miembros y la Comunidad deben aplicarse de acuerdo con los principios del mercado interior y la competencia transfronteriza. De momento no está prevista la fijación de unos precios de venta máximos para determinados alimentos básicos.

La Comisión tiene conocimiento de que los gobiernos están incrementando actualmente los impuestos indirectos en un intento por sanear las finanzas públicas. Además, la Comisión comparte la opinión expresada por los Ministros de Finanzas de que deben evitarse medidas fiscales y de otra índole política, que produzcan distorsiones e impidan realizar los necesarios ajustes.

Por último, la Comisión considera que pueden estar justificadas medidas puntuales a corto plazo adoptadas para aliviar el impacto de unos mayores precios de la energía sobre los segmentos más pobres de la población. No obstante, no deberán tener por supuesto ningún efecto de distorsión o retrasar los oportunos ajustes estructurales. Una reducción general —creo que todos estamos de acuerdo en eso, en los impuestos o en el IVA— no afecta, por definición, a las secciones más pobres de la población.

Las acciones de la Comisión no sólo se ocupan de los impactos internos (pienso que todos tenemos el compromiso de asegurar una igualdad de condiciones también cuando hablamos de países en desarrollo) y, hasta ahora, la Comisión ha movilizado más de 300 millones de euros en ayuda de emergencia alimentaria y estamos fomentando activamente una respuesta coordinada a escala internacional en línea con las conclusiones de la cumbre de la FAO que acaba de celebrarse hace dos semanas.

Así que considero que hemos reaccionado a los retos que la nueva situación nos está planteando a todos.

  Katerina Batzeli (PSE). – (EL) Señora Presidenta, en primer lugar quiero darle las gracias a la señora Comisaria por la amplia respuesta que ha ofrecido a mi pregunta. No obstante, permítame recalcar dos asuntos que la Comisión debería abordar de inmediato, más que a medio plazo.

El primero es el control de los precios, en concreto de los productos alimenticios, como usted ha afirmado de forma muy acertada. No se trata tanto de marcar un precio máximo de venta, sino de fijar el coste de producción y el porcentaje de beneficio que deben percibir las compañías, dando por sentado que este límite no debe constituir un obstáculo para el mercado interior o las importaciones.

El segundo punto que quiero plantear es que el aumento de las tierras a retirar y las cuotas lácteas es una medida digna de aplauso, pero a mi juicio, aumentar el coste de producción de los plaguicidas, a la vista de los crecientes precios del crudo, tal vez sea una medida que no resulte rentable.

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). – (PL) Quiero comenzar dando las gracias a la señora Comisaria por su exhaustiva respuesta sobre este tema.

Hay varios problemas que considero interesantes. El primero es el comercio de los límites de producción de azúcar. Se sabe que el comercio de la producción de azúcar limita las posibilidades de uso de ciertas capacidades de producción en algunos países, y las preocupaciones a este respecto están imponiendo una determinada política en este ámbito. Si se restringe la producción de azúcar, desaparece automáticamente la competencia.

El segundo asunto es la aplicación de ciertos derechos a una serie de artículos básicos que consumen las personas más pobres, como los plátanos. Hay que estudiar estos derechos. Al fin y al cabo, los plátanos los consumen los niños; los consumen los niños de las familias pobres. Hay que estudiar también la aplicación de derechos a tales artículos, que no son bebidas alcohólicas. Estoy de acuerdo en la necesidad de supervisar y controlar el mercado, lo mismo que hay que controlar los precios de mercado, pero ¿se beneficia la Comisión de las importaciones de determinado tipo a fin de rebajar los precios de ciertos artículos, de la importación de artículos más baratos al mercado nacional que han (…).

(La Presidenta interrumpe al orador.)

  Mariann Fischer Boel, Miembro de la Comisión. − Señora Batzeli, pienso que es importante que dispongamos de un sistema de control para vigilar que los precios no se disparen, y esa es exactamente la obligación de las autoridades nacionales en materia de competencia, controlar esta situación. Puedo decirle, internamente en la Comisión también, que hemos celebrado un debate con la Comisaria responsable de competencia y que estamos muy al tanto de estos problemas.

Al señor Rutowicz: no sé si usted se está refiriendo a la reforma del azúcar, donde decidimos reducir la producción de azúcar dentro de la Unión Europea en 6 millones de toneladas y buscar una posibilidad de ofrecer un paquete muy considerable a los agricultores que abandonasen la producción de azúcar. No obstante, esa es una decisión que se adoptó hace algunos años.

En cuanto al precio de los productos importados: sí, es cierto que depende de los derechos de importación y eso es exactamente lo que estamos debatiendo estos días en el seno de la Ronda de Desarrollo de Doha de la OMC, si somos capaces de alcanzar un acuerdo sobre la reducción de los derechos en general.

Y por último, sobre los beneficios de comer fruta: no estoy en desacuerdo con usted, y esa es la razón por la que vamos a presentar —durante la próxima reunión que se va a celebrar aquí, en Estrasburgo— un esquema en materia de frutas y verduras para escolares, que estoy segura será sumamente beneficioso para enseñar buenas costumbre a los niños.

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Mi pregunta se refiere al impuesto especial sobre el consumo. Durante los debates sobre el impuesto especial sobre el alcohol, se sugirió que se aplicara un impuesto especial cero. ¿Cuál es su opinión sobre el impuesto especial sobre combustible, puesto que la situación actual no parece avalar soluciones temporales como ésta? ¿Sería posible reducir el impuesto especial sobre el combustible, aunque fuera de manera temporal, a fin de evitar los aumentos de precio en el sector de los alimentos y en otros sectores?

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señora Comisaria, el alza de los precios de los alimentos es un fenómeno que se da en toda la UE y un problema especial para las familias de renta baja y trabajadores con salarios bajos; les está llevando prácticamente a la ruina financiera. ¿Hasta qué punto se va a impulsar el Programa europeo de ayuda alimentaria previsto para grupos sociales necesitados, a fin de proporcionar una ayuda inmediata a aquellas personas que están amenazadas por estas subidas de los precios alimenticios y que incluso corren el riesgo de pasar hambre?

  Mariann Fischer Boel, Miembro de la Comisión. − Ante todo, no contemplo una reducción del IVA como una posible solución. Hoy tenemos unos precios del crudo próximos a los 136–137 dólares por barril; si redujéramos el IVA, me pregunto cuál sería la siguiente cuestión, caso de que alcanzáramos un precio del petróleo de 160 dólares; ¿lo reduciríamos aún más?

Tenemos que ser mucho más previsores a la hora de intentar encontrar soluciones y en este caso hemos promovido inversiones para reducir la dependencia respecto del petróleo. Eso es posible dentro del sector agrícola y ahora lo estamos debatiendo también para el sector de la pesca, ya que las pesquerías tienen una mayor dependencia respecto de los precios del crudo. Por tanto, las inversiones en nuevas tecnologías tienen que ser mucho más ambiciosas que simplemente reducir el IVA.

En respuesta a la otra pregunta planteada, vamos a presentar una propuesta este año para la gente más desfavorecida dentro de la Unión Europea. Ya contamos con un esquema, pero su supervivencia se basa en cantidades excedentarias —stocks de intervención de productos agrícolas— y ya no tenemos nada procedente de la intervención. Por tanto, necesitamos el fundamento jurídico para un nuevo esquema y espero que sus Señorías se sientan complacidos cuando vean lo que estamos estudiando como una forma de prolongar o incluso incrementar la base económica para tal esquema. Estoy totalmente de acuerdo en que necesitamos encontrar soluciones válidas.

  Jim Allister (NI). - Señora Comisaria, al responder a la pregunta nº 27, usted nos ha dicho que sólo el 1 % de las tierras de la UE está dedicado a la producción de biocombustibles. Tal vez, el porcentaje más significativo, dado la enorme cantidad de cereales que importamos de allí, sea conocer la cifra porcentual de aumento en Norteamérica, lo que nos lleva a muchos de nosotros a pensar que los biocarburantes son, efectivamente, un acelerador del precio de los piensos para animales. ¿Podría aclararnos algo al respecto?

Segundo, otro acelerador en ese tema es la continuada actitud dilatoria y remisa de la Comisión para aprobar variedades modificadas genéticamente, que resultarían mucho más baratas. ¿Podría actualizarnos acerca de los avances en este ámbito? ¿Estamos más cerca de unas aprobaciones sincronizadas en términos de entornos clave que también son proveedores?

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Señora Comisaria, me gustaría preguntar si la Comisión tiene intención de estudiar una reducción del IVA sobre la ropa infantil, que alivie la carga fiscal para familias numerosas, pero no para las familias pudientes.

  Mariann Fischer Boel, Miembro de la Comisión. − Ante todo pienso que es importante, a la hora de celebrar un debate dentro de la Unión Europea sobre biocarburantes, que no critiquemos la forma europea de tratar este asunto. Porque si, al final el bioetanol/biodiesel acaba convirtiéndose en un chivo expiatorio, tendremos una situación en la que nadie quiera invertir. Y entonces nos quedaremos rezagados, dependiendo de las importaciones de etanol y biodiesel; porque si no los tenemos funcionando, no seremos capaces de cumplir las metas de la reducción del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020. Así que tenemos que encontrar una solución y, hoy día, el biocarburante de primera generación constituye la única solución.

Pero tenemos —y pienso que coincidimos en ello— que proporcionar todo el ánimo posible a la investigación y el desarrollo para la segunda e incluso la tercera generación de biocarburantes producidos a partir de residuos, de estiércol, de paja, de otros productos —como astillas de madera— del sector agrícola que actualmente no se utilizan para nada. Ese es el futuro, pero tenemos que formar parte de este desarrollo, y por tanto necesitamos la primera generación como punto de paso.

En cuanto a los OMG, sé que en esta Cámara existe diversidad de opiniones, pero es evidente que necesitamos contar con una situación en la que podamos importar piensos para nuestros animales, para nuestra producción de carne, a precios razonables. De lo contrario —y esto incluye, por cierto, los cereales modificados genéticamente, sobre todo, el maíz— si no encontramos una solución, veremos cómo la producción de carne en Europa comienza a disminuir. Entonces tendremos que importar carne de Brasil: carne o reses criadas con los productos modificados genéticamente que no deseamos, o que los consumidores no quieren, pero que acabaran recibiendo por la puerta de atrás. Entonces pienso que estaríamos engañando de verdad a los consumidores.

Así que necesitamos contar con nuestro propio sistema de aprobación y pienso que se está avanzando para recuperar las aplicaciones que aún no están aprobadas, acelerando el procedimiento en la AESA sin pérdida de calidad.

Por último, señora Presidenta, permítame decir abiertamente que no soy especialista en el IVA sobre ropa infantil, así que en lugar de dar una respuesta equivocada, pienso que es mejor plantear la pregunta por escrito.

Segunda parte

  Presidenta. − Pregunta nº 28 de Ioannis Gklavakis (H-0381/08)

Asunto: Estrategia para la piscicultura

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación prevé que el consumo de productos pesqueros aumentará en un 50 % en 2030 y que la mayor parte de la demanda estará cubierta por la acuicultura. Esto se traduce, en cifras, en un aumento de la producción de 40 millones de toneladas. Si se tiene en cuenta la continua reducción de las poblaciones de peces y la creciente demanda mundial de pescado y marisco, la acuicultura adquiere cada vez más importancia.

Considerando lo anteriormente expuesto, ¿qué directrices prevé la Comisión con respecto a la ordenación del espacio marino para la piscicultura, en el marco de la revisión de la estrategia para la piscicultura en la Unión Europea? ¿Qué medidas tiene previsto tomar para que los productos comunitarios sean competitivos frente a los productos de países terceros producidos con normas menos estrictas? ¿Qué otras medidas innovadoras piensa adoptar para el desarrollo de este sector?

  Joe Borg, Miembro de la Comisión. − En primer lugar, quiero dar las gracias a su Señoría, señor Gklavakis, por plantear a través de su pregunta la importancia de la acuicultura, y me complace ofrecer la opinión de la Comisión sobre este tema.

Como usted ha señalado oportunamente y ha quedado subrayado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la industria global de la acuicultura está adquiriendo creciente importancia y desempeña un papel clave para salvar la distancia entre una demanda de marisco en alza y la oferta de productos de la pesca, en especial dentro de un contexto de poblaciones decrecientes de peces salvajes.

La Comisión está elaborando en la actualidad una comunicación sobre una estrategia para el desarrollo sostenible de acuicultura en la UE, que deberá estar concluida a finales de 2008. La estrategia pretende crear el mejor entono para el crecimiento sostenible de la acuicultura, garantizando tanto unos suministros suficientes de pescado para los ciudadanos de la Unión Europea como el cumplimiento de unas exigentes normas en materia de medio ambiente y de sanidad pública.

El acceso al espacio para la acuicultura ha quedado, de hecho, identificado como un obstáculo importante para el desarrollo de la acuicultura y la planificación del espacio marino puede desempeñar una función para solucionar este asunto. La futura estrategia para la acuicultura contemplará este tema.

El asunto de la competencia por parte de países terceros con normas de producción menos estrictas podría resolverse por medio de esquemas de diferenciación de mercados, como la certificación. A la hora de elaborar la estrategia se tendrá en cuenta este asunto.

Con carácter más general, la competitividad y la innovación serán temas centrales a resolver en esta estrategia.

  Ioannis Gklavakis (PPE-DE). – (EL) Señora Presidenta, quiero dar las gracias al señor Comisario por su respuesta.

Permítame asimismo exponer el siguiente punto. Como usted mismo ha explicado, señor Comisario, los consumidores quieren consumir cada vez más productos del mar: pescado, marisco y similares. En los últimos años, también ha habido un gran desplazamiento de popularidad hacia los productos orgánicos entre los consumidores. Vemos que son muchos en el sector los que se dedican a la piscicultura orgánica, que no sólo proporciona unos alimentos más sanos, sino que además es más respetuosa con el medio ambiente, lo cual es un aspecto muy importante.

¿Está considerando la Comisión Europea adoptar medidas para promover, reforzar y apoyar la piscicultura orgánica, y en caso afirmativo, podría decirnos cuáles van a ser esas medidas, y cómo va a apoyar este asunto tan importante, que deseamos promover?

  Joe Borg, Miembro de la Comisión. − Con respecto a la cuestión relativa a la creciente demanda, indudablemente existe dicho aumento, un crecimiento exponencial, en el consumo de productos de la acuicultura, la pesca y los peces cultivados y eso ciertamente es positivo ya que, como todos sabemos, las poblaciones de peces en diferentes aguas comunitarias y en todo el mundo están sometidas a un exceso de capturas. Hemos llegado a una situación en la que, a corto o medio plazo, resulta imposible prever que haya un aumento de capturas y, por tanto, el incremento de la demanda ha de cubrirse a partir de una mayor producción de peces cultivados.

Dicho lo cual, eso puede crear a su vez problemas con respecto a consideraciones de carácter especial, tal como quedó indicado en mi respuesta, así como problemas en cuanto al suministro de harina de pescado, ya que ésta depende en gran media de la captura de peces industriales de poca calidad, cuyas poblaciones también están siendo explotadas a niveles notablemente elevados.

Por lo que respecta a la acuicultura orgánica, nosotros estamos promoviendo su desarrollo. El ejercicio que hemos realizado en el proceso de consulta pública ha puesto de relieve la necesidad de desarrollar aún más los medios orgánicos de producción y estamos estudiando formas y medios para garantizar que en la comunicación, en el paquete que va a ser publicado más adelante, haya una referencia específica a la acuicultura orgánica: cómo podemos fomentarla aún más y qué tipo de medidas, como los esquemas de etiquetado ecológico, pueden adoptarse a fin de aumentar la noción del consumidor de que es sensato comer productos orgánicos. De esta forma, esperamos facilitar aún más el desarrollo de esta importante industria.

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, al final de su intervención ha mencionado de pasada el etiquetado ecológico. La cuestión que también quería plantear, indirectamente, era si tenemos alguna garantía de que no sólo el origen del pescado, sino también la producción y la descripción de ésta, sean transparentes para los consumidores, de manera que estos sepan de donde procede el pescado y dónde ha sido cultivado. Aquí no se trata de si el proceso tiene valor biológico, sino más bien acerca de la cuestión del origen como tal. ¿Existen reglamentaciones coherentes sobre esto?

  Jörg Leichtfried (PSE). – (DE) Señor Comisario, sobre el mismo tema, yo añadiría inmediatamente lo siguiente: recientemente se han dirigido a mí varias organizaciones austriacas de protección del consumidor en lo referente al aparente aumento, sobre todo por lo que respecta al marisco importado a la Unión Europea, que también llega a Austria, del tratamiento de dicho marisco con antibióticos y otro medicamentos poco recomendables por razones económicas, tal vez porque así resulte más fácil cultivarlos. Estas sustancias se transmiten después a los seres humanos a través de la cadena alimentaria. ¿Está tomando la Comisión alguna medida destinada a limitar o prevenir esto en el futuro?

  Joe Borg, Miembro de la Comisión. − Acerca de la procedencia del pescado, quiero apuntar dos hechos. En primer lugar, con respecto a los peces capturados en estado salvaje que a menudo terminan en la cadena de procesamiento —peces capturados en estado salvaje por países terceros, en concreto, pero también por nuestros pescadores—, estamos en proceso de aprobar un reglamento a fin de prohibir las actividades ilegales de pesca. Esto, por su parte, reforzará considerablemente nuestro régimen, de forma que a cualquier pez capturado de forma ilegal no se le permita entrar en el mercado comunitario, bien en su estado original o después de ser transformado. Ese es un aspecto del tema.

Con respecto a la acuicultura, estamos estudiando formas y medios de garantizar que los peces de acuicultura que se importen a la Comunidad cumplan las normas y requisitos sanitarios exigidos, a fin de que se les pueda garantizar a nuestros consumidores que el producto que están consumiendo cumpla los niveles de protección sanitaria que aplicamos a nuestros propios productos. Eso es algo que la DG SANCO está estudiando, y también existe un esquema de certificación para acreditar que los productos que entran en el mercado comunitario cumplen las normas sanitarias exigidas.

Por lo que se refiere a una cuestión vinculada a todo esto, es importante subrayar que estamos estudiando la posibilidad de dotar de etiquetado ecológico a los productos de acuicultura, como he dicho antes. En un principio, los debates se centraron únicamente en el etiquetado ecológico de peces capturados en estado salvaje, ya que los parámetros son diferentes. Ahí, el propósito principal del etiquetado ecológico consiste en garantizar que la captura de los peces se haga de forma sostenible y, por consiguiente, si el pescado que se vende pertenece a una variedad que sufre un exceso de explotación, no deberían disfrutar de ningún etiquetado ecológico.

En el etiquetado ecológico de los peces de acuicultura, los parámetros son diferentes, por lo que la base debería obedecer a otras razones, como el hecho de que los peces sean alimentados en condiciones que cumplan determinados estándares medioambientales, de salud y sanitarios. Estamos analizando los parámetros y, evidentemente, volveremos al Parlamento más adelante con propuestas destinadas a introducir o facilitar la implantación —o el establecimiento de criterios mínimos para su operación— de esquemas voluntarios de etiquetado ecológico a este respecto.

  Presidenta. − Pregunta nº 29 de Brian Crowley (H-0416/08)

Asunto: Solicitud de aumento del tonelaje por motivos de seguridad

El 13 de junio de 2006, el Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia favorable a las veinte solicitudes irlandesas de aumento del tonelaje por motivos de seguridad que anula la Decisión 2003/245/CE⁽¹⁾ de la Comisión, de 4 de abril de 2003, en lo relativo a veinte solicitudes de aumento del tonelaje por motivos de seguridad. El Tribunal concluyó que la Comisión utilizó criterios no previstos en las normas (es decir, los buques debían tener una antigüedad no inferior a cinco años para poder optar a dichas solicitudes) y que se excedió en sus competencias.

Todas las solicitudes de aumento del tonelaje por motivos de seguridad se habían presentado a la Comisión antes del 31 de diciembre de 2001, de conformidad con el dispuesto en la Decisión 97/413/CE⁽²⁾ (véase el artículo 4, apartado 2).

El Tribunal concluyó que la Comisión no aplicó este artículo correctamente al denegar la solicitud de aumento del tonelaje por motivos de seguridad de estas personas. ¿Puede indicar la Comisión por qué motivo esta decisión no fue objeto de recurso y por qué los solicitantes cuyas solicitudes se aceptaron siguen esperando una respuesta de la Comisión, casi dos años después, sobre cómo tiene intención de acatar la sentencia del Tribunal?

  Joe Borg, Miembro de la Comisión. − Quiero dar las gracias al señor Crowley por su pregunta, que me brinda la oportunidad de abordar la cuestión del seguimiento de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de junio de 2006 respecto de la solicitud de Irlanda de un aumento del tonelaje para buques pesqueros por motivos de mejoras de seguridad.

La Comisión decidió no apelar contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de junio de 2006. El Tribunal había afirmado que existía un análisis insuficiente de todos los asuntos relevantes en la decisión de la Comisión de 4 de abril de 2003. A raíz de esta sentencia, la Comisión optó por aprobar una nueva decisión basada en un análisis más completo y proporcionar unos resultados más claros para cada uno de los casos en cuestión.

Es correcto decir que los solicitantes todavía están esperando las nuevas decisiones de la Comisión. Sin embargo, conviene apuntar que los servicios de la Comisión han pedido a Irlanda que envíe información técnica específica complementaria para todas las peticiones de aumento de capacidad. A pesar de los recordatorios, Irlanda sólo envió tal información para algunas de las peticiones.

La falta de respuestas completas por parte de Irlanda ha retrasado esta nueva evaluación. La Comisión está finalizando ahora la nueva y exhaustiva evaluación de cada una de estas solicitudes. Espera informar a Irlanda acerca de sus resultados en julio de este año.

  Brian Crowley (UEN). - Quiero dar las gracias al señor Comisario por su respuesta. Dicho lo cual, sin embargo, existen ciertas dudas acerca de si la decisión sobre el aumento del tonelaje por motivos de seguridad estará basada en la concesión automática del aumento del tonelaje por motivos de seguridad debido a la decisión errónea adoptada originalmente por la Comisión, o si se ha de presentar una nueva solicitud. Esa es la razón por la que existe cierta discrepancia en cuanto a si se presenta o no la información.

Tal vez la Comisión pueda clarificarnos la probabilidad de un resultado positivo de las nuevas solicitudes a partir de las de los solicitantes existentes, que fueron juzgadas correctas en la sentencia del Tribunal.

  Joe Borg, Miembro de la Comisión. − La sentencia del Tribunal de Primera Instancia no establecía, como tal, que los solicitantes tuvieran razón en esencia, sino que la Comisión había adoptado una decisión que estaba basada en un análisis insuficiente de todos los aspectos relevantes. A consecuencia del hecho de que la decisión que tomamos no estaba basada en razones suficientemente sólidas, solicitamos a Irlanda que nos proporcionara información adicional para que pudiéramos fundamentar nuestra decisión sobre una base más sólida.

Debido a que la primera decisión se adoptó con respecto a todos los operadores en conjunto, hemos pedido que se facilite información individual sobre los distintos operadores. Nuestra próxima decisión hará referencia a cada operador individual.

Si no se ha facilitado información suplementaria con relación a los diferentes operadores, no preveo que se produzca ningún cambio en la posición de la Comisión. En los casos en que existe información adicional, estamos analizando que si, tras la evaluación, consideramos que eso merece la pena mantenerse, entonces será mantenido. Si vemos que, a pesar de la información complementaria, eso no merece ser mantenido, nuestra decisión seguiría siendo negativa.

  Presidenta. − Pregunta nº 30 de Seán Ó Neachtain (H-0420/08)

Asunto: Repercusiones de las importaciones norteamericanas en los marisqueros irlandeses

Las importaciones a bajo precio procedentes de Estados Unidos y Canadá, fruto de la debilidad del dólar, están repercutiendo de forma negativa en los marisqueros de Irlanda. Los precios del marisco continúan cayendo. ¿Qué planes tiene la Comisión para ayudar a estos pescadores, que son tan importantes para las economías costeras locales de Irlanda?

  Joe Borg, Miembro de la Comisión. − Soy consciente de que el mercado de determinados pescados y mariscos ha disminuido últimamente en Irlanda y en todas partes de la Comunidad. Poseo información de que esta cuestión se refiere, principalmente, al precio de las langostas que, en condiciones normales, superaría los 15 euros el kilogramo en venta en origen en Irlanda, habiendo caído ahora hasta 10 euros el kilo.

En el caso específico de las langostas, las cifras de comercio muestran una tendencia alcista en las importaciones durante 2006 y 2007, comparadas con los anteriores seis años. El total de las importaciones comunitarias procedentes de Canadá aumentó en un 12 % durante 2006, comparado con el período de referencia 2000–2005, y un 7 % en 2007; en el caso de los Estados Unidos, las importaciones aumentaron en un 27 % en 2006 y un 26 % en 2007, respecto al mismo período de referencia.

Sin embargo, existen muy pocos importaciones directas de langostas a Irlanda procedentes de los Estados Unidos o Canadá; un total de 2,5 y 118 toneladas, respectivamente, en 2006. Eso no significa, sin embargo, que las langostas norteamericanas no hayan llegado a Irlanda a través de otros Estados miembros.

El precio en euros no ha disminuido a lo largo de los últimos tres años. El precio medio de importación para los Estados Unidos en el período 2005–2007 fue de 12,45 euros el kilo; para el primer trimestre de 2008, el precio aumentó efectivamente de forma ligera hasta los 13,6 euros el kilo.

En el caso de las importaciones de langosta canadiense a la Comunidad, el precio ha aumentado ligeramente durante los últimos tres años y el promedio durante 2005–2007 fue de 12,12 euros el kilo. Durante el primer trimestre de 2008, los precios aumentaron efectivamente hasta 12,48 euros, reflejando la fortaleza del dólar canadiense.

Con tales antecedentes, no parece que la actual caída del precio de las langostas esté estrechamente vinculada a las importaciones desde Norteámérica. La caída bien pudiera deberse a la incertidumbre en la mercado, debido a las manifestaciones de protesta en algunos Estados miembros durante las últimas semanas.

Debido a la bajada de la libra esterlina respecto del euro, también es posible que los productores irlandeses se estén enfrentando a la competencia de las langostas del Reino Unido en los tradicionales mercados continentales.

No existen previsiones conforme a la organización común del mercado para indemnizar a los productores por una caída en el precio de la langosta. Sin embargo, los productores de langosta podrían crear una organización de productores a fin de reforzar su posición en el mercado. El Fondo Europeo de la Pesca proporciona apoyo financiero para la creación de tales organizaciones, así como para la ejecución de planes para mejorar la calidad de los productos. Para otras acciones a medio y largo plazo, se dispone de ayuda bajo el Fondo Europeo de la Pesca para actuaciones colectivas destinadas a promocionar productos de la pesca, como la langosta, que podrían contribuir a generar una mayor demanda y unos mejores precios.

  Seán Ó Neachtain (UEN). – (GA) Señora Presidenta, quiero dar las gracias al señor Comisario por su respuesta y me gustaría plantear una pregunta complementaria.

Como sabe, señor Comisario, el sector pesquero ha cambiado drásticamente con el tremendo aumento del precio del crudo en los últimos tiempos. Quiero preguntar: ¿tiene intención la Comisión de presentar propuestas para apoyar a los pescadores en las zonas costeras, como los pescadores de langosta y los pescadores antes mencionados, que se ven afectados por la reducción del precio del marisco?

  Joe Borg, Miembro de la Comisión. − El problema relativo al enorme incremento del coste del crudo y su impacto sobre los pescadores es muy específico y muy concreto —yo diría que casi único— cuando se refiere a las pesquerías. Ello se debe a que existe una combinación de factores que afectan a los pescadores de forma muy negativa.

Por una parte, el coste del combustible como porcentaje de los ingresos totales de un pescador puede llegar a representar hasta un 50–60 % de sus percepciones totales. En concreto, esto afectaría a los operadores de altura, debido a los prolongados desplazamientos que han de realizar, así como a determinadas actividades pesqueras, como la pesca de de arrastre que consume gran cantidad de combustible.

Aparte de eso, también está el hecho de que los pescadores no pueden, debido a determinadas restricciones de mercado, repercutir el coste creciente a otros operadores implicados en la comercialización de productos de la pesca. Eso significa, en esencia, que el aumento de los costes realmente está soportado por el propio pescador.

A eso hay que añadir distintas medidas que hemos introducido a fin de recuperar la pesca sostenible, y eso significa que el pescador no puede intentar mejorar su rendimiento realizando mayores capturas, ya que si captura más, crea nuevas presiones sobre las poblaciones de peces, lo que, a la larga, resultaría contraproducente. Así pues, los pescadores se enfrentan a este enorme problema.

Hoy, de hecho, he presentado al Colegio una nota informativa acerca de lo que consideramos es la forma de proceder a fin de colaborar con los pescadores a muy corto plazo, de manera que les proporcionemos asistencia con vistas a reestructurar todo el sector y resolver las inquietudes concretas de los diferentes pescadores. En esta nota informativa hemos esbozado una serie de medidas específicas que estamos en condiciones de proponer. Los Estados miembros estarían en situación de decidir con sus propios pescadores cuáles de tales medidas resultarían más apropiadas para las realidades con que se enfrentan los pescadores concretos. Habría que estudiar si eso podría aplicarse, y hasta qué punto, a los pescadores de langosta.

Sin embargo, he recibido autorización del Colegio para avanzar en este tema. Presentaré estos detalles —los conceptos básicos de lo que vamos a proponer a muy corto plazo— al Consejo el martes de la semana que viene en Luxemburgo. Entonces me dirigiré de nuevo al Colegio con los detalles de los cambios que es necesario efectuar al reglamento del Fondo Europeo de la Pesca y otras medidas que estamos contemplando, la posibilidad, por ejemplo, relativa a de minimis. Entonces retornaré al Consejo, esperemos que todavía en julio, con las propuestas aprobadas por la Comisión, de forma que —dependiendo de la velocidad con la que tanto el Consejo como el Parlamento estén dispuestos a abordar esto— tendríamos operativas las medidas necesarias en cuestión de unos pocos meses.

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, la cuestión de la agricultura ha jugado un papel relativamente importante en la campaña del «no» en Irlanda. ¿Han desempeñado también un papel en dicha campaña del «no» los problemas relativos a la pesca que hemos estado debatiendo aquí? En caso afirmativo, ¿propuso la Comisión alguna iniciativa publicitaria para paliar esto?

  Joe Borg, Miembro de la Comisión. − Entiendo que las pesquerías también jugaron un papel en el voto negativo, sobre todo porque, si se analizan los resultados en los distintos condados irlandeses, los resultaron fueron especialmente negativos en las zonas costeras occidentales, donde está ubicada la mayoría de las pesquerías en Irlanda.

Somos conscientes del hecho de que las medidas comunitarias encaminadas a restablecer la pesca sostenible están afectando a los pescadores e interfiriendo en sus vidas. El coste del combustible ciertamente no ha ayudado en nada.

Hemos intentado afrontar esta situación de distintas maneras, incluso procurando resaltar la utilización del Fondo Europeo de la Pesca a fin de crear un mayor conocimiento de cuál es la situación. Personalmente he visitado Irlanda en un par de ocasiones para hablar directamente con los pescadores. Hemos formado consejos consultivos regionales. En las zonas alrededor de Irlanda, concretamente, tenemos el Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales y el Consejo Consultivo Regional del Mar del Norte, en los que los propios pescadores participan en debates que desembocarán en decisiones que tenemos que tomar en diciembre.

Al margen de todo ello, a pesar de todos los esfuerzos realizados, mi opinión es que el voto de los pescadores irlandeses en el referéndum fue mayoritariamente negativo.

  Presidenta. − Pregunta nº 31 de Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0347/08)

Asunto: Fomento de la protección del medio ambiente a través de las empresas

¿Puede informar la Comisión sobre los avances de la incorporación de las disposiciones relativas al medio ambiente en las políticas dirigidas a las pequeñas y medianas empresas (PYME) y de la adaptación de estas últimas a las necesidades de la nueva legislación europea en materia de medio ambiente?

¿Qué posibilidades se ofrecen a las PYME para aprovechar las ocasiones que ofrece la nueva política medioambiental para la ampliación de sus actividades?

  Stavros Dimas, Miembro de la Comisión. − (EL) Señora Presidenta, las PYME representan el 99 % de las compañías europeas. Por tanto, es evidente que, sin su participación, ninguna política medioambiental puede ser eficaz.

Las PYME se enfrentan a mayores dificultades para cumplir la legislación medioambiental y para cosechar los beneficios de un mayor desempeño medioambiental. En muchos casos, no poseen la información, la especialización, la dotación humana o los recursos financieros necesarios para resolver los problemas, los riesgos y el impacto sobre el medio ambiente. Precisamente por esta razón, la Comisión ha elaborado el programa para ayudar a las PYME a cumplir la legislación medioambiental. A la vista de los complejos problemas experimentados por las PYME, el Programa de asistencia para el cumplimiento de la normativa medioambiental (ECAP) propone un plan de acción múltiple.

Primero, mejorando y simplificando la legislación y su cumplimiento. El objetivo consiste en reducir la carga administrativa y habilitar fondos para que las PYME se puedan concentrar mejor en cumplir la legislación medioambiental.

Segundo, unos sistemas de gestión medioambiental que sean más asequibles y se adecuen mejor a las necesidades de las PYME, de forma que los asuntos de interés medioambiental puedan quedar incorporados desde le punto de vista económico en las actividades del negocio principal.

Tercero, una asistencia financiera puntual para promover iniciativas emprendidas por autoridades públicas o redes de apoyo a las empresas con vistas a la producción sostenible.

Este plan de acción incluye otras medidas. La Comisión se propone utilizarlas no sólo para asegurar el cumplimiento de la legislación sobre producción por parte de las PYME, sino también para ayudarles a sacar provecho de los beneficios financieros de una mejor actuación medioambiental, como el ahorro energético y una mayor eficiencia de recursos.

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). – (EL) Señora Presidenta, quiero dar las gracias al señor Comisario por su respuesta. Esta declaración programática habla bien del plan de acción, y esperamos que produzca resultados concretos. Sin embargo, tenemos una pregunta: ¿qué responsabilidad se atribuye a los organismos públicos para que proporcionen a las PYME infraestructuras respetuosas con el medio ambiente, y hasta qué punto está esto incluido en su plan?

  Stavros Dimas, Miembro de la Comisión. − (EL) Señora Presidenta, existen muchas formas posibles de actuar, y compete a los Estados miembros llevarlas a la práctica. Un ejemplo es formar un comité local de expertos en medio ambiente para las PYME en respuesta a la falta de experiencia a nivel de empresa. Se trata de una medida que pueden promover los Estados miembros. Otra consiste en mejorar la comunicación y dirigir la información de manera más eficaz para subsanar determinadas carencias de información. Existen asimismo disposiciones especiales para PYME en los distintos tipos de legislación que estamos proponiendo. Un ejemplo es la nueva legislación que vamos a plantear sobre la reforma del sistema de comercio de derechos de emisión de CO2: en este caso contamos con disposiciones especiales sobre las PYME, tal como las definimos en esa legislación concreta, de manera que no se vean abrumadas por la inclusión en el sistema de comercio de derechos, en los casos en que tal opción exista en un Estado miembro.

  Georgios Papastamkos (PPE-DE). – (EL) Señora Presidenta, señor Comisario, usted ha afirmado muy acertadamente que las PYME constituyen la columna vertebral de la economía europea. Sin embargo, como sabemos, las PYME europeas están expuestas a la competencia global. Las PYME son sensibles a la competencia de otras PYME de diferentes partes del globo que practican dumping medioambiental. ¿Está usted de acuerdo con la idea de imponer un impuesto verde sobre las importaciones de países que se suben al carro del acuerdo internacional sobre protección medioambiental?

  Stavros Dimas, Miembro de la Comisión. − (EL) Señora Presidenta, éste es esencialmente un asunto que no sólo atañe a las PYME, sino a todas las empresas que se enfrentan a este tipo de competencia. No sólo se trata de cuestiones puramente medioambientales, sino, como se ha debatido en profusión últimamente, de las restricciones impuestas y la carga resultante para los sectores europeos en conexión con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Últimamente se ha debatido sobradamente; se han expresado distintos pareceres, y mi compañero Comisario, señor Mandelson, ha expuesto de manera expresa la opinión de la Comisión sobre este tema.

  Presidenta. − Pregunta nº 32 de Georgios Papastamkos (H-0349/08)

Asunto: Acuerdo ecológico mundial

¿Puede indicar la Comisión cuáles son las razones de que no exista un acuerdo mundial sobre el cambio climático para el periodo posterior a Kyoto y cómo se explica el hecho de que la gobernanza ecológica mundial sólo haya tenido éxito en parte?

  Stavros Dimas, Miembro de la Comisión. − (EL) Señora Presidenta, esta pregunta me brinda la oportunidad de exponer exactamente el punto que hemos alcanzado en las negociaciones.

La labor del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y los informes en noviembre de 2007, así como el reconocimiento por parte de los dirigentes mundiales de la necesidad urgente de una acción colectiva para combatir el cambio climático, se ha traducido en el acuerdo alcanzado el pasado mes de diciembre en Bali. La UE ha desempeñado un papel primordial en el acuerdo sobre el inicio de las negociaciones para el marco después de 2012 para abordar el cambio climático.

Las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático han dado su conformidad a la hoja de ruta de Bali. La hoja de ruta establece el asunto objeto de las negociaciones, que se ocupará de cuatro asuntos clave: la limitación del cambio climático; la adaptación, dado que, en mayor o menor medida, se ha producido el cambio climático y será inevitable en 2050; la tecnología y la oportuna financiación, ambas para la adaptación y la reducción de las emisiones de CO2.

Las Partes también han acordado que las negociaciones deben estar finalizadas para finales de 2009, a la vista de la programada Conferencia de las Partes en Copenhague. Esto va a conceder suficiente tiempo para el proceso de ratificar el futuro acuerdo sobre el clima a finales de 2012, cuando finalice el primer período de cumplimiento del Protocolo de Kyoto.

El acuerdo alcanzado en Bali recogía en su totalidad las conclusiones del informe IPCC. También reconoce que va a ser precisa una drástica reducción a escala mundial de las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar un aumento peligroso de la temperatura global. Este aumento, según el informe, no debe exceder los 2 °C en 2050.

Ya se han iniciado los trabajos; se han programado cuatro sesiones de trabajo para este año, y dos de ellas ya se han celebrado, como preparación de la Conferencia de las Partes en Poznan. La Conferencia de las Partes de este año será especialmente importante para evaluar la situación. Sobre la base de esta evaluación, las negociaciones propiamente dichas podrán comenzar el año que viene.

El proceso de negociación va a ser especialmente difícil si tenemos presente no sólo la complejidad de los asuntos a debatir, sino también el apretado programa debido a la urgencia del asunto. Hasta el pasado viernes, expertos de todas las Partes han participado en debates en Bonn sobre todos los asuntos en la agenda. Aunque limitado, el progreso realizado va a contribuir al resultado satisfactorio de la Conferencia de las Partes en Copenhague.

Usted sabe asimismo que se están celebrando conversaciones dentro del marco del G8 y la iniciativa de las Principales Economías (el Proceso de las Principales Economías) iniciado por los Estados Unidos. La UE está participando de forma activa, a fin de ejercer una influencia positiva sobre las negociaciones relativas al Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Al mismo tiempo, está enviando una señal clara en el sentido de que los países desarrollados van a continuar dando ejemplo. Se están comprometiendo a reducir aún más las emisiones, en línea con sus responsabilidades históricas, y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas.

La consecución de un acuerdo amplio y ambicioso para después de 2012 sobre el cambio climático constituye indudablemente uno de los mayores retos para la gobernanza medioambiental global. Sin embargo, no partimos de cero. Quiero mencionar que hace unos días, el Ministro francés de Ecología y Desarrollo Sostenible describía la Conferencia de Copenhague como la mayor oportunidad para un acuerdo sobre el futuro del planeta.

Tenemos que hacer uso de los mecanismos con que ya contamos, a saber, la Convención Marco de las Naciones Unidas y el correspondiente Protocolo de Kyoto. En virtud de este último se han desarrollado medios actualizados de ejecución, como el Mecanismo de Desarrollo Limpio constituido por dos mecanismos flexibles, y también se ha ampliado la experiencia científica del IPCC.

Repito, las negociaciones van a ser difíciles, pero con la necesaria voluntad política y un sentido compartido de urgencia, debemos ser capaces de alcanzar un acuerdo en Copenhague. El sentido común exige un acuerdo en Copenhague. La labor que está realizando la UE, el apoyo que recibimos de la opinión pública en Europa, la creciente sensibilización a escala mundial, el respaldo del Parlamento Europeo y la perspectiva de un acuerdo para finales de año sobre el paquete de medidas que hemos propuesto a fin de fortalecer el poder de negociación de la UE, todo esto nos va a permitir alcanzar un acuerdo en Copenhague a fin de abordar con eficacia el cambio climático.

  Georgios Papastamkos (PPE-DE). – (EL) Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Comisario, señor Dimas, por su respuesta exhaustiva y detallada.

¿Van a colaborar los Estados Unidos y China? El cambio climático refleja una situación según la cual «las causas subyacentes se encuentran en un lugar y los efectos, en otro muy distinto». Por tanto, se plantea la cuestión de qué posición va a adoptar la UE en el caso malhadado de que dejen de cooperar los países con una gran deuda medioambiental conforme al acuerdo regulador internacional para el período posterior a Kyoto. El coste primordial es evidente. El coste derivado —y me estoy refiriendo a las valoraciones efectuadas por el señor Verheugen— sería la tendencia de las empresas europeas a trasladarse a países con un laxo marco de protección medioambiental. ¿Está usted de acuerdo con esta valoración?

  Stavros Dimas, Miembro de la Comisión. − (EL) Señora Presidenta, para empezar, no sólo el señor Verheugen, yo también estoy muy preocupado para que no exista ninguna fuga de carbono. Y por la sencilla razón de que si las empresas se trasladan de la UE a países sin restricciones sobre las emisiones de CO2, no se alcanzará el resultado medioambiental que persigo.

El problema de las empresas que emplean gran cantidad de energía es, sobre todo, de carácter medioambiental, y por tanto no deberíamos crear el tipo de problema competitivo que les obligue a la deslocalización. Esa es la razón por la que deberíamos dirigir todos nuestros esfuerzos hacia la consecución de un acuerdo internacional, ya que ahí es donde reside la solución. Un elemento clave en un acuerdo internacional sería la cuestión de qué las ocurre a las empresas que emplean gran cantidad de energía.

Si no se logra tal acuerdo —y no puedo creer que la comunidad internacional se deje arrastrar hacia una decisión tan irracional— tenemos en la legislación propuesta todas las disposiciones necesarias para reformar el régimen de comercio de derechos de emisión de CO2, de forma que las industrias expuestas a la competencia internacional recuperen su capacidad competitiva. En consecuencia, sin recurrir a medidas contrarias a los principios de la OMC o el principio de las Naciones Unidas para el cambio climático de una actuación común pero diferenciada, seremos capaces de ofrecer las garantizas necesarias de que no habrá fuga de carbono y que no ocurrirá este tipo de migración de empresas.

Sin embargo, repito, nuestro plan de acción tiene que promover un acuerdo. Creo que podemos unirnos a los Estados Unidos, sobre todo con la previsible nueva Administración, que tomará posesión de su cargo el año que viene, dado que ambos candidatos se han comprometido totalmente a implantar un régimen de intercambio de emisiones de CO2, reduciéndolas en el 80 % para 2050 y emprendiendo una acción decidida contra el efecto invernadero en colaboración con la UE. Juntos, considero que podemos convencer a quienes puedan tener diferentes opiniones sobre este asunto, así como con la colaboración de países como China. Como usted ha dicho, China comprende totalmente los problemas creados para su población por el efecto invernadero y ha aceptado realizar un esfuerzo, que no será equiparable al de los países desarrollados, pero que se traducirá en una reducción del ritmo de crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Todos juntos podremos alcanzar un acuerdo en Copenhague a finales de 2009.

Yo creo en este acuerdo, y creo que todos nosotros juntos (y el Parlamento ha desempañado una papel inmenso en esto), con su apoyo continuado, lograremos tal acuerdo.

  Presidenta. − La pregunta nº 34 ha sido retirada y las preguntas nº 33 y 35 a 44 recibirán respuesta por escrito.

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL). – (EL) Señora Presidenta, hasta donde yo sé, a cada Comisario se le conceden 20 minutos. He cronometrado sus contribuciones, y el señor Dimas, junto con sus compañeros, no ha utilizado ni la mitad de ese tiempo. Por tanto, solicito que la pregunta nº 33 sea respondida de acuerdo con el procedimiento que hemos consensuado. Supongo que el señor Comisario no tendrá ninguna objeción.

  Presidenta. − Lo cronometramos aquí y él ha empezado a las 18.32 horas. Así las cosas, me temo que hemos consumido nuestros 20 minutos, y creo que es equitativo con los compañeros que han formulado preguntas al Comisario Barrot. Lo siento, pero esa es la situación en que nos encontramos. Se trata siempre de encontrar un equilibrio y eso es lo que tenemos que hacer hoy.

  Presidenta. − Pregunta nº 45 de Armando França (H-0344/08)

Asunto: Frontex

La gestión de las fronteras exteriores de la UE y la cooperación operativa entre los Estados miembros, competencia de la Agencia Frontex, resultan fundamentales para la seguridad de la Unión y se inscriben incluso en una lógica de prevención.

La Agencia debe ser eficaz en su acción y presentar resultados concretos.

¿Qué proyectos piloto y acciones de formación se prevén para 2008?

Por lo que se refiere a RABIT, ¿ha solicitado hasta el momento algún Estado miembro la ayuda de un equipo de intervención rápida? ¿Disponen los equipos RABIT de equipamiento propio para el control y la vigilancia de las fronteras?

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. – (FR) Señora Presidenta, quiero responder al señor França. El programa de trabajo de 2008 de la Agencia Frontex incluye proyectos piloto y acciones de formación en los ámbitos de la cooperación operativa y la investigación. Dado que esta cuestión del control de las fronteras exteriores atañe a los poderes de Frontex, la Comisión ha recibido una respuesta pormenorizada de la Agencia, que se adjunta.

En términos de formación, Frontex tiene tres objetivos en 2008. Primero, ejecutar el programa educativo común a través de la Unión Europea; segundo, ofrecer acciones específicas de formación de acuerdo con los requisitos operativos; y por último, establecer una red europea para la formación de agentes fronterizos.

Para 2008, Frontex tiene previsto realizar 13 proyectos piloto en las fronteras exteriores: cuatro proyectos piloto para fronteras terrestres, tres para fronteras marítimas, tres para fronteras aéreas y tres dentro del contexto de las operaciones de repatriación. Estos proyectos nos van a permitir comprobar los métodos de trabajo utilizados durante operaciones conjuntas y verificar las relaciones con terceros países para las operaciones de repatriación y la adquisición de documentos de viaje.

En cuanto al tema de RABIT (equipos de intervención rápida en las fronteras), ningún Estado miembro ha solicitado hasta ahora el despliegue de un equipo de intervención rápida en las fronteras, señor França.

En la comunicación de 13 de febrero, la Comisión ha subrayado que el despliegue de un equipo de intervención rápida en las fronteras puede ir acompañado de asistencia técnica de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento Frontex. En consecuencia, la Comisión ha recomendado que la Agencia haga más operativa esta disposición mediante la compra o el alquiler de su propio equipo y que pueda hacer uso del equipo recogido en el inventario central de equipamiento técnico.

Para finalizar, quiero decir que, con Frontex, contamos ahora con una herramienta que parece funcionar. Miraremos a ver qué mejoras se pueden introducir en Frontex y en sus operaciones a medida que surja la necesidad.

  Armando França (PSE). – (PT) Quiero dar las gracias al Comisario Barrot, no sólo por su respuesta, sino también por la información pormenorizada.

Hay dos aspectos que me gustaría que el señor Comisario me aclarase. La cooperación con terceros países es, evidentemente, muy importante, y es primordial también para nosotros, y sé que en el programa de la Comisión figura el desarrollo de proyectos piloto con terceros países. Con respecto a África del Norte, nos gustaría saber si hay algún país incluido en los proyectos piloto de este tipo a los que ha aludido el señor Comisario. Además, agradecería que el señor Comisario nos informara acerca del estado de desarrollo del sistema europeo de vigilancia de fronteras (EUROSUR), que se ha anunciado como un complemento importante y necesario para Frontex.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. – (FR) Señor França, para que Frontex preste asistencia técnica en un tercer país, es necesario adaptar convenientemente su reglamentación. De momento no existe fundamento jurídico. No obstante, creo que existe justificación para ello, ya que recibiremos peticiones de los terceros países con los que trabajamos. Usted ha mencionado ciertos países mediterráneos; creo que a Frontex se le solicitará que preste cuanto ayuda técnica sea posible, pero todavía no hemos alcanzado ese punto.

En cuanto al resto, en términos de vigilancia de fronteras, contamos, como sabe, con el Sistema de Información de Schengen (SIS), que ya se encuentra en desarrollo. Esperamos que esté operativo en el otoño de 2009. Asimismo vamos a continuar estudiando todo lo que se puede hacer para mejorar la vigilancia de fronteras.

  Wiesław Stefan Kuc (UEN). – (PL) Dado que Frontex se encuentra en Polonia, y yo soy polaco, mi actitud respecto a Frontex es más bien personal. Actualmente circulan multitud de opiniones nada fidedignas sobre Frontex, afirmando que a veces funciona y a veces, no. Quiero añadir además que se trata de la Agencia con el presupuesto más grande. ¿Podría especificar, en pocas palabras, si Frontex está funcionando y cubriendo las expectativas, o si todavía le queda mucho camino por recorrer para mejorar su forma de funcionamiento?

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. – (FR) Creo que puedo decir que las acciones iniciales de Frontex parecen satisfactorias, aunque hay que admitir que la Agencia depende de los Estados miembros en lo referente al equipamiento técnico necesario para las operaciones que coordina.

Es cierto que esto implica a menudo equipos muy costosos que la Agencia no está en condiciones de adquirir, dado su presupuesto limitado. La compra de un helicóptero equivaldría al presupuesto operativo anual de Frontex, esto es, entre 40 y 50 millones de euros. En consecuencia, Frontex ha suscrito acuerdos técnicos con la mayoría de los Estados miembros sobre el uso del equipamiento que se le facilita.

En su informe de valoración, la Comisión recomendaba que Frontex pudiera comprar o alquilar su propio equipo, al menos en el caso de elementos pequeños de equipamiento.

Eso es todo lo que podemos decir de momento. Gracias por recordar a todo el mundo que Frontex está ubicado en Varsovia y que cuenta con gente muy motivada allí. Quiero agradecerle que haya establecido un vínculo con Frontex. Creo que a la vista de lo que Frontex hace en la actualidad, vamos a poder constatar, a medida que se realicen las valoraciones, qué mejoras funcionales pueden hacerse en Frontex.

  Presidenta. − La pregunta nº 46 decae al estar ausente su autor.

  Presidenta. − Pregunta nº 47 de Gay Mitchell (H-0369/08)

Asunto: Medidas para combatir el terrorismo y el derecho fundamental a la intimidad

Existe preocupación por el hecho de que ciertas políticas comunitarias para combatir el terrorismo, en particular las relacionadas con la retención de datos, no respetan el derecho fundamental a la intimidad de los ciudadanos de la Unión Europea. ¿Podría comentar la Comisión cómo prevé conseguir un equilibrio adecuado entre el respeto a las libertades fundamentales y las medidas para combatir el terrorismo?

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. – (FR) Señora Presidenta, es evidente que cualquier medida adoptada por la Unión Europea y sus Estados miembros para combatir el terrorismo tiene que respetar los derechos fundamentales. Los instrumentos o las políticas contraterroristas que no respetan los derechos fundamentales a menudo juegan a favor de los propios terroristas.

La Directiva sobre retención de datos exige a los Estados miembros obligar a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas o de redes de comunicaciones públicas que retengan datos referentes al intercambio de comunicaciones durante un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años. Esta Directiva ofrece importantes salvaguardas contra el mal uso de los datos. La Directiva afirma que la retención del contenido de las comunicaciones cae fuera del ámbito de aplicación de la Directiva. La Directiva proclama además que el acceso a los datos retenidos tiene que estar definido por leyes internas de cada Estado miembro, que estas disposiciones tienen que ajustarse al Convenio Europeo de Derechos Humanos y que tienen, desde luego, que respetar los principios de la proporcionalidad y la necesidad.

Esto significa que los datos retenidos en virtud de la Directiva no pueden ser utilizados por las autoridades en un Estado miembro para interferir en la vida particular de una persona, excepto cuando esté justificado al objeto de descubrir y enjuiciar graves delitos penales. La Directiva afirma que a los datos retenidos sólo pueden tener acceso las autoridades nacionales competentes. Evidentemente, esto significa que los datos retenidos no pueden ser utilizados por empresas o personas particulares. El hecho de que el acceso a los datos retenidos esté restringido significa además que no pueden ser utilizados para vigilancia pública.

Además, la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y la Directiva 2002/58/CE relativa la tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas también son aplicables a los datos retenidos en virtud de la Directiva.

Para finalizar, la Directiva sobre retención de datos resulta esencial para hacer más eficaz la labor de la policía y para controlar, descubrir e investigar a los terroristas, al tiempo que se garantiza el respeto a la vida privada de las personas y la protección de los datos personales. La Comisión va a garantizar que los estados miembros pongan en práctica y ejecuten la Directiva respetando los derechos fundamentales.

  Gay Mitchell (PPE-DE). - Agradezco al señor Comisario su respuesta. El señor Comisario sabe que el Secretario de Estado del gobierno en la sombra en Gran Bretaña, el antiguo Ministro de Asuntos Europeos, David Davis, ha dimitido de su cargo en el Parlamento la semana pasada por una cuestión relacionada con la intrusión del Estado en la intimidad de los individuos. Cualesquiera que hayan sido los motivos de su dimisión, comparto la preocupación expresada por él. El Estado jamás presentaría ante un Parlamento, o el Parlamento Europeo, de golpe algunas de las cosas excepcionales que el Estado, o el Parlamento Europeo, desea hacer, así que se plantea de forma incremental. Yo quiero que se llame a capítulo a todos los terroristas.

Yo me he criado en un país donde, durante 30 años, los terroristas han causados estragos al mismo, pero también teníamos el Estado de Derecho que protegía la intimidad de los ciudadanos. Quiero saber de usted, señor Comisario, qué pasos va a dar por iniciativa propia para garantizar que estén protegidos los derechos de las personas físicas para dedicarse a sus asuntos, así como su intimidad.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. – (FR) Señora Presidenta, debo decir que 15 Estados miembros han informado a la Comisión acerca de sus instrumentos para transponer la Directiva sobre retención de datos, y la Comisión ha planteado demandas por infracción contra todos los Estados miembros que no le hubieran informado de tales medidas antes de final de noviembre de 2007.

Respondiendo a su pregunta, la Comisión ha creado un grupo de expertos para ayudar a la Comisión en el análisis de la efectividad de la Directiva y en la búsqueda del equilibrio que usted ha solicitado. La Comisión elaborará un informe en septiembre de 2010 para revisar la contribución efectuada por la Directiva a la investigación, detección y enjuiciamiento de graves delitos penales. A este fin, la Comisión examinará evidentemente cuantas observaciones le hayan sido remitidas por los Estados miembros o por el Grupo de trabajo creado en virtud de la Directiva.

Realmente tenemos que asegurarnos de que esto está de acuerdo con las Directivas sobre retención de datos y la Directiva sobre protección de datos. Pienso que, aun cuando se produzca la esporádica infracción de la protección de datos, inmediatamente vamos a poder extraer conclusiones de ello.

Creo que ciertamente hemos procurado cumplir los requisitos de la lucha contra el terrorismo y conciliar esto con la protección de los derechos fundamentales. En cualquier caso, eso es en lo que tengo que centrarme ahora y, señor Mitchell, me voy a preocupar de hacerlo.

  Armando França (PSE). – (PT) Como sabemos, éste es un ámbito de posible conflicto entre derechos fundamentales, respeto a los derechos fundamentales y seguridad. Pero también me parece que es un ámbito en el que resulta muy necesaria la cooperación.

Quiero preguntar al señor Comisario qué nivel de cooperación existe en la ejecución de la Directiva entre las autoridades nacionales de protección de datos por lo que respecta a la retención de datos. Existen autoridades nacionales especializadas en cada Estado miembro y me parece que es función de la Comisión poner en marcha y fomentar esta cooperación entre los respectivos organismos.

¿Qué nos puede decir al respecto, señor Comisario?

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. – (FR) Señora Presidenta, usted tiene razón: hemos de garantizar el respeto a la protección de los datos. En cualquier caso, además de nosotros, el Supervisor Europeo de Protección de Datos tiene la obligación de controlar todo esto. Tiene razón, necesitamos cooperación: está el Grupo de Trabajo del artículo 29, que reúne a las autoridades en los diferentes Estados miembros y que está trabajando de manera específica para aumentar el respeto por la protección de datos, sobre el que el señor Mitchell ha llamado mi atención.

Creo que esta colaboración está progresando. Llamamos a este grupo de trabajo el «Grupo de Trabajo del Artículo 29», ya que el artículo 29 de la Directiva proclama que las autoridades independientes de protección de datos de cada Estado miembro se tienen que reunir. Pienso que se trata de una herramienta válida y que debe utilizarse. Esto es todo lo que puedo decirle.

  Presidenta. − Pregunta nº 48 de Claude Moraes (H-0380/08)

Asunto: La orden de detención europea

En la actualidad, la orden de detención europea (ODE) está siendo muy utilizada para conseguir la detención y la rendición de criminales sospechosos dentro de la Unión Europea. Además, la ODE juega un papel muy importante en la lucha contra el terrorismo y a la hora de llevar ante los tribunales a los acusados de crímenes graves. Sin embargo, al menos en las etapas iniciales, la ODE se ha visto a veces rodeada de cierta inseguridad jurídica. Un informe anterior de la House of Lords británica avisaba de que hasta que se resolviera esa inseguridad jurídica, la ODE podría no ser completamente efectiva entre los Estados miembros.

¿Podría la Comisión valorar si se han solucionado bien los problemas iniciales y con qué grado de eficacia funciona actualmente la ODE? ¿Qué cuestiones, si las hay, considera la Comisión problemáticas y cómo tiene la intención de abordarlas?

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. – (FR) Quiero dar las gracias al señor Moraes por plantear este importante asunto. La orden de detención europea ha producido efectivamente resultados notables. El principal cambio radica en el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales, y el requisito de la doble tipificación no sigue vigente para 32 delitos graves. Por tanto, los trámites duran mucho menos tiempo.

En comparación con el dilatado procedimiento de extradición, que generalmente lleva más de un año, con la orden de detención europea, un procedimiento de rendición sólo lleva 43 días por término medio. Todos esto lo manejan de hecho los tribunales.

El nuevo procedimiento es utilizado profusamente por los Estados miembros. En 2006, se emitieron 6 752 órdenes de detención europeas. En total fueron detenidas 2 042 personas con la ODE y se consiguió la rendición efectiva de 1 892 personas. Más de una quinta parte de las personas que se entregaron de acuerdo con el procedimiento de la ODE eran nacionales del Estado miembro ejecutor.

Si se piensa que en 2006 tuvimos prácticamente el mismo número de órdenes de detención que las existentes a lo largo de un período de 10 años, está claro que la orden de detención europea ha sido un éxito. Los iniciales problemas constitucionales de determinados Estados miembros han quedado superados.

No obstante, señor Moraes, tenemos que reconocer que, en términos de la rendición de nacionales, en ocasiones vemos que se utilizan los antiguos procedimientos de extradición, lo cual es un signo de la falta residual de confianza en algunos Estados miembros y en determinados sistema de justicia penal. Sin embargo, pensamos que esto desaparecerá y que el sistema será capaz de funcionar de manera óptima.

Sobre la base de un análisis de la transposición de la decisión marco a la legislación de los Estados miembros, la Comisión informó en 2005 y 2007 sobre el funcionamiento de la orden de detención europea. Esto puso de manifiesto que se habían realizado ciertos ajustes en los Estados miembros.

Actualmente se están efectuando una serie de revisiones entre iguales, en los que la Comisión interviene en calidad de observador. Estas revisiones concluirán a principios de 2009. Será en ese punto, sobre la base de los resultados de las revisiones, cuando la Comisión presente una nuevo informe que identifique las distintas prácticas, deficiencias y asuntos examinados a escala de la Unión Europea a fin de mejorar aún más el funcionamiento de la orden de detención europea, aunque me parece que ésta continua siendo una de las grandes historias de éxito en lo referente al principio del reconocimiento mutuo.

  Claude Moraes (PSE). - El Comisario tiene razón al afirmar que la ODE es el tipo de medida que los ciudadanos de la Unión Europea esperan ver en la cartera de justicia y asuntos internos. Es oportuno dejar atrás unos larguísimos trámites de extradición.

No obstante, permítame solicitarle que se tome un interés y una implicación personal en este problema de la forma en que ha quedado transpuesta la decisión marco por algunos Estados miembros. (La Comisión se ha mostrado crítica al respecto.) Permítame pedirle que se implique personalmente en el hecho de que algunos Estados miembros siguen aferrados a los procedimientos antiguos y, en consecuencia, la ODE no es todo lo eficaz que debiera.

Se han producido algunos éxitos muy importantes, pero por desgracia han quedado deslucidos por esta falta de buena transposición y buena ejecución de lo que podría ser una Directiva muy importante para el futuro en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. – (FR) Señor Moraes, ante todo quiero recordarle que, sobre la base de los actuales Tratados, la Comisión no tiene el poder de iniciar procedimientos de infracción contra un Estado miembro si se descubre una ejecución incorrecta de la decisión marco durante el trámite de control y revisión. A pesar de esto, puedo decirle que voy a prestar mucha atención a esta ejecución de la orden de detención europea. El Foro de Justicia, que vamos a convertir en una celebración periódica, constituirá una oportunidad para nosotros de alentar a que trabajen juntos los magistrados de todos los Estados miembros. También aprovecharemos la oportunidad para promover el uso correcto de la orden de detención europea. Quiero darle las gracias por plantear esta pregunta y puedo decirle que haremos cuanto podamos. Me gustaría añadir que el fortalecimiento de Eurojust también nos ha de permitir hacer mejor uso de la orden de detención europea.

  Armando França (PSE). – (PT) Señora Presidenta, señor Comisario, he pasado 17 años en los tribunales como abogado y, por tanto, estoy muy familiarizado con la situación de la justicia en Europea, que, en términos generales, se caracteriza por su lentitud, por su extrema lentitud. Eso es algo que todos tenemos que superar.

La orden de detención europea es muy importante; de hecho, sumamente importante. Además, es crucial que los Estados miembros comprendan cómo es de importante y lo asuman.

Sabemos que la Comisión no tiene poderes para imponer sanciones, pero puede galvanizar y estimular asuntos y apoyo plenamente las palabras de mi compañero, pero hay un aspecto adicional de gran importancia, señor Comisario, que probablemente esté en sus manos, la de fomentar la cooperación entre los cuerpos policiales y judiciales. Es vital que la cooperación policial y judicial sea fomentada en los Estados miembros, así como entre la Comisión y las instituciones europeas.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. – (FR) Tiene usted toda la razón; la orden de detención europea tiene que ser un éxito, ya que significa asumir verdaderamente un sistema de reconocimiento mutuo. Esto significa que en este punto, las distintas autoridades judiciales están realmente comenzando a trabajar juntos en un clima de confianza. Esa es la razón por la que el uso adecuado de la orden de detención europea —que ha agilizado y simplificado los trámites en gran medida— tiene que ejemplificar esta nueva justicia, que usted desea que sea mucho más rápida y, desde luego, mucho más sencilla de utilizar.

Eso es todo lo que puedo decirle. Vigilaremos de cerca el uso de la orden de detención europea que, a mi juicio, constituye una de las mejores herramientas que tenemos en la actualidad para la cooperación judicial en asuntos penales, que está claro necesita ser mejorada aún más.

  Presidenta. − Las preguntas que, por falta de tiempo, no han recibido respuesta oral, la recibirán por escrito (Véase el Anexo).

  Presidenta. − Así concluye el turno de preguntas.

(La sesión se suspende a las 19.20 y se reanuda a las 21.00 horas.)

PRESIDE: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vicepresidente

(1) DO L 90 de 8.4.2003, p. 48.

(2) DO L 175 de 3.7.1997, p. 27.

13. Composición del Parlamento: véase el Acta

14. Importación de canales de aves de corral (debate)

  Presidente. − De conformidad con el orden del día, el siguiente punto es la declaración de la Comisión sobre la importación de canales de aves de corral.

  Androula Vassiliou, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, sobre este tema he tenido prolongadas discusiones con mis compañeros, durante la reunión del Colegio de 28 de mayo, acerca de la autorización del uso de sustancias para el tratamiento antimicrobiano como medida de descontaminación para limpiar la superficie de los canales de aves de corral. Como sabe, la posibilidad de eliminar la contaminación de la superficie con sustancias distintas de agua potable fue aprobada por el Consejo y el Parlamento en 2004 en los Reglamentos sobre higiene.

A fin de aprobar sustancias para el uso en la descontaminación de cualquier carne, la legislación aplicable exige un resultado positivo, basado en pruebas en régimen de comitología, indicando que el uso de las sustancias no plantea riesgos para la salud o el medio ambiente.

Permítame recordarle que existe desde hace tiempo una petición de los Estados Unidos para que se aprueben cuatro sustancias de tratamiento antimicrobiano para ser utilizadas en la descontaminación de canales de aves de corral. Con estos antecedentes, hemos recabado varias opiniones científicas que han evaluado el riesgo de utilizar las cuatro sustancias de tratamiento antimicrobiano desde el punto de vista de la salud, el medio ambiente y la resistencia antimicrobiana.

Sobre la base del resultado de las distintas opiniones científicas hemos decidido presentar una propuesta. Las opiniones científicas nos permiten proseguir con una propuesta de autorización, pero no a cualquier precio. Con relación a las opiniones científicas fue necesario formular una serie de condiciones en cuanto a la gestión del riesgo. Al proponer este texto, mi idea fundamental es muy clara: con independencia del socio comercial de que se trate, no se puede permitir que ningún compromiso internacional socave los principios de la seguridad alimentaria y la salud de los consumidores de la UE.

De ahí la necesidad de garantizar que cualquier uso de tales sustancias no sustituya la obligación de cumplir las condiciones de higiene a lo largo de la cadena alimentaria tal como establece la legislación comunitaria, y que dicho uso no compense unas precarias condiciones de higiene anteriores. De hecho, en su opinión, la AESA ha indicado que el tratamiento antimicrobiano podría considerarse como una herramienta útil para complementar las prácticas de higiene ya ejecutadas en la Unión Europea.

Esa es la razón por la que he impuesto unas condiciones estrictas, aunque proporcionadas. En estas condiciones, podemos garantizar una propuesta que es defendible desde el punto de vista de la salud pública y la seguridad. Las condiciones que proponemos son las siguientes. Primero, se aplica una sola sustancia. Se definen tanto el tiempo de exposición como la concentración de las sustancias. Los canales de las aves de corral se lavan con agua potable. No queda ningún residuo sobre el producto final tras el uso de la sustancia. La eficacia del lavado se controla para garantizar la ausencia de residuos. Al establecer estas condiciones, garantizamos que el uso de las sustancias de tratamiento antimicrobiano no compense unas pobres condiciones higiénicas y que no queden residuos en el producto final.

Quiero subrayar asimismo que el uso del tratamiento antimicrobiano sólo reduce el número de bacterias y no sustituye las buenas prácticas de higiene como requisito central, aplicable tanto en terceros países como en Europa, y aplicable desde el corral hasta el procesamiento de los canales de las aves de corral. Vamos a mantener un enfoque holístico para la reducción de la salmonella en todas las etapas de la cadena de producción: piensos, granjas y mataderos.

Además, la propuesta prevé el oportuno etiquetado. Al igual que en el caso de otras sustancias aprobadas, como los aditivos, el consumidor tiene el derecho a estar informado. Por tanto, sugerimos dos descripciones alternativas. Medidas adecuadas de medicación medioambiental sobre normas de calidad de efluentes de aguas residuales, tal como propone la DG Medio Ambiente. Están formadas por condiciones para la recogida y el tratamiento de aguas residuales en los mataderos.

Por último, la propuesta prevé una revisión en el plazo de dos años a partir de la fecha de aplicación de la autorización, permitiendo ulteriores recogidas de datos de operadores de empresas alimenticias en cuanto al uso de la sustancia, de manera que se puedan abordar cuestiones científicas sobre resistencia antimicrobiana. Esta revisión trasladará el peso de la prueba a los operadores alimenticios, en lugar de sobre los organismos científicos de la Comisión.

Dicho esto, cuando se presentó la propuesta ante el Comité Permanente de la Cadena Alimenticia y de Sanidad Animal el 2 de junio, 26 Estados miembros expresaron una opinión negativa y uno se abstuvo. La Comisión va a transmitir ahora la propuesta al Consejo de Ministros para que decida.

Ustedes se preguntarán por qué la Comisión ha seguido adelante con esta propuesta a pesar de la oposición interna de la UE a la misma. Primero, porque el marco legislativo prevé la posibilidad de aprobar tales sustancias. Segundo, porque ha habido una petición de autorización que no podía dejarse sin responder, teniendo en cuenta además nuestros compromisos internacionales. Por último, porque existen opiniones científicas que indicaban que podíamos seguir adelante con la autorización, siempre que fuera acompañada de una serie de condiciones estrictas, como hemos hecho. Así pues, correspondía a la Comisión hacer frente a sus responsabilidades institucionales y realizar la propuesta.

Lo que ocurra a continuación forma parte del proceso de toma de decisiones. En este sentido, he tomado buena nota de su posición firmemente defendida. Ahora se le pedirá al Consejo que se pronuncie sobre el texto. Como saben, si una mayoría cualificada de Estados miembros se opone a esta propuesta, no será aprobada, así que veremos el resultado final bajo la Presidencia francesa.

  Robert Sturdy, en nombre del Grupo del PPE-DE. – Señor Presidente, la Comisaria ha afirmado que este cloro químico no es peligroso. De ser así, ¿por qué está prohibido su uso en los pollos de la Unión Europea?

En segundo lugar, Comisaria, ha afirmado que tenemos obligaciones frente a los Estados Unidos. Formamos parte de las negociaciones de la OMC y somos parte de esta organización pero —corríjame si me equivoco— no existe prohibición alguna de importar pollos procedentes de los Estados Unidos, siempre que éstos cumplan las normas de la UE. ¿Por qué adoptamos legislación en la Unión Europea si, en realidad, estamos perdiendo el tiempo?

Acabamos de aprobar un informe sobre la Directiva relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. Hemos eliminado del texto una serie de sustancias químicas y, aquí nos tiene: volviendo a incluir el cloro. Se ha referido acertadamente a que el 2 de junio se celebró una votación cuyo resultado fue de 26 votos a favor y 1 en contra. El único país que se abstuvo fue el Reino Unido. Tiene que recordar que el Reino Unido se rige por la codicia de los supermercados y le apunto que la razón por la que este país se abstuvo se debe a la presión ejercida por tales supermercados para poder comercializar alimentos baratos. Creo que, en realidad, esta situación está teniendo repercusiones perjudiciales.

Afirma que no quedarán residuos en los productos. ¿Puede, sinceramente, ponerse la mano en el corazón, Comisaria, y afirmar que podrá controlar la situación, ya que en el pasado hemos tenido problemas con productos importados a la UE? Fui responsable de la redacción del informe sobre los productos químicos en los alimentos que se importan a la Unión Europea y en los que se comercializan dentro de la misma, y lo cierto es que tenemos verdaderos problemas para ejercer tal control.

Creo que se está exponiendo a un verdadero riesgo, y no sólo para la salud pública. No se trata de una cuestión comercial: se refiere asimismo a la salud pública, la confianza de la opinión pública en el producto. Lo último que deseamos que suceda es que el público pierda confianza en la Unión Europea y en los alimentos que producimos.

  Anne Ferreira, en nombre del Grupo del PSE. – (FR) Señor Presidente, Comisaria, Señorías, ante todo desearía dar las gracias a los colegas que han contribuido a la redacción de esta Resolución. Querría subrayar que ésta cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos. ¿Por qué una unanimidad tal? Sin duda alguna porque ésta refleja nuestra insatisfacción frente a la actitud y al método de la Comisión, que se desprenden de una negación de la democracia que el Parlamento padece en relación con este asunto desde hace varias semanas.

En efecto, la obstinación de la Comisión por ignorar la opinión de los diputados y de los expertos sobre la cuestión de la importación de pollo clorado resulta particularmente chocante. Cierto, el señor Verheugen se encarga de negociar con su homólogo estadounidense para promover los intercambios comerciales entre nuestras dos grandes regiones, pero ¿acaso lo hace sacrificando las normas sanitarias europeas? ¿Cómo puede la Comisión avalar un proyecto tal, contentándose con proponer un etiquetado obligatorio, una revisión de las disposiciones dentro de dos años, etc.? ¿Cómo se puede explicar que, después de haber reconocido que carecía de información sobre tales sustancias, la Comisión no aplique el principio de cautela? Cabe preguntarse, por otra parte, por la ausencia de referencias a las conclusiones del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (Center for Disease Control and Prevention, CDC), que, hace unas semanas, reveló el aumento de las contaminaciones y las infecciones de salmonella, listeria y otras bacterias. ¿Por qué habríamos de importar un método que no ha sometido a exámenes?

Otro importante punto que hay que recordar es que la aplicación de la legislación europea en materia de seguridad alimentaria ha necesitado años de trabajo y colaboración con los profesionales del sector, que han aceptado invertir para cumplir las expectativas de los ciudadanos europeos. Este planteamiento, que afecta a toda la cadena alimentaria, representa el modo más sostenible de reducir el nivel de los agentes patógenos. Tal fue nuestra elección y ¿piensa usted que se construye una relación de confianza y asociación fuerte y fiable dejando de reivindicar ante nuestros socios estadounidenses una parte de nuestros principios y valores? Tengo una pregunta más: ¿se someterían los productos importados a las mismas normas que las aves de corral europeas?

Por último, concluiré recordando que esta decisión es tanto más incomprensible cuanto que la Comisión Europea ha decidido contraatacar en la OMC a propósito de la decisión de su ORD, Organismo de Resolución de Diferencias, sobre la carne de vacuno hormonada. Creo que la confusión y la incomprensión son grandes entre los consumidores que se encuentran con tales posturas diametralmente opuestas. Se pone en tela de juicio, en verdad, la línea política de la Comisión Europea en materia de seguridad e higiene alimentarias.

El Consejo Europeo se pronunciará en breve sobre la propuesta de la Comisión. Le pedimos que tenga en cuenta la postura del Parlamento y del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal: anteponer la salud al comercio.

  Bart Staes, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (NL) Señor Presidente, Comisaria, Señorías, no puedo por menos de secundar las palabras del señor Sturdy y de la señora Ferreira. No comprendo, en verdad, por qué la Comisión insistió en presentar esta propuesta el 28 de mayo. La presión ejercida por los Estados Unidos ha debido de ser enorme. Se trata de una presión de índole económica. Los Estados Unidos están perdiendo mercados en la Unión Europea e incluso, quizás, en los nuevos Estados miembros que se adhirieron en 2004.

¿Qué es lo que constato a partir de todos los estudios llevados a cabo? Que el planteamiento de los Estados Unidos en cuanto al uso de agentes antimicrobianos no es verdaderamente eficaz. El número de casos de contaminación por salmonella o campylobacter no se ha reducido. Nuestro planteamiento, en cambio, es muy eficaz. Aplicamos un planteamiento «de la granja a la mesa» que comprende todas las fases, desde la explotación agrícola a la mesa del consumidor. Desde la publicación del Libro Blanco de la Comisión en 2000, hemos adoptado legislación rigurosa en materia de alimentos. No quiero que ésta sufra un menoscabo.

Tampoco lo desean los agricultores, ya que han invertido en esta estrategia. No desean una competencia desleal de sus competidores procedentes de otros lugares del mundo. Además, no están solos; cuentan con el apoyo del consumidor y de las organizaciones medioambientales. Desearía pedir a la Comisaria que reflexione, pues, y que retire esta propuesta: no cuenta con apoyos para ésta ni en el Consejo ni en esta Cámara.

  Janusz Wojciechowski, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, apoyo plenamente el proyecto de Resolución que se ha presentado. Me identifico con todo el contenido de las propuestas incluidas en dicho proyecto. En este documento se trata un asunto muy importante. En nuestros debates sobre la situación de la agricultura y, asimismo, del comercio internacional, hemos pedido en numerosas ocasiones que se respete el principio de que los requisitos que se aplican a los productores de la Unión Europea deben ser idénticos a los que se aplican a las entidades que exportan sus productos al mercado europeo. Este principio no se observa, por lo general, y, en concreto, no se observa en el ámbito de la producción agrícola. Debemos exigir con firmeza que se respete. No podemos seguir aplicando un procedimiento en el que se exige el cumplimiento de ciertas normas a los productores de la Unión Europea mientras se aplican normas distintas a quienes exportan sus productos al mercado europeo.

La situación de la industria avícola es muy complicada en varios países europeos. El mío, Polonia, es uno de ellos. Personalmente, he tenido ocasión de participar en numerosos debates sobre este tema. Las organizaciones de criadores de aves de corral han señalado que las condiciones de competencia son desiguales y que el mercado europeo está expuesto a una competencia desleal en relación con otros países del mundo. Me complace que se haya emprendido esta iniciativa, ya que la dirección en la que avanza, para lograr que las condiciones de competencia sean equitativas, corresponde exactamente a lo que exige la justicia más elemental. Por ello, apoyo este proyecto de Resolución.

  Konstantinos Droutsas, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (EL) Señor Presidente, al levantar la prohibición de importación de pollos procedentes de los Estados Unidos, la Comisión Europea está demostrando una vez más que sitúa los intereses de las multinacionales alimentarias por encima de la salud y de los ciudadanos y de los trabajadores.

Los Estados Unidos llevan décadas ejerciendo presión para que se permita la importación de carne tratada con hormonas. Ahora hace lo mismo con sus pollos. En años anteriores, la prohibición se basó en el peligro que entraña el cloro y las salsas de pollo. Según las conclusiones de la comunidad científica, los pollos clorados suponen un peligro para la salud de los consumidores y de los trabajadores de los mataderos de aves y constituyen un material de desecho peligroso que contiene residuos carcinógenos.

Obviamente, las sustancias empleadas en los Estados Unidos no han dejado de ser carcinógenas y la comunidad científica tampoco ha cambiado de opinión. La cuestión es, pues, ¿qué ha inducido a la Comisión a ceder a la presión de los Estados Unidos y de las multinacionales y qué obtiene a cambio de esta modificación de su postura?

La cadena de producción alimentaria es, cada vez más, prisionera de las multinacionales alimentarias. Hace unos días, después de que se destapara el escándalo del aceite de girasol mezclado con aceites minerales y de que se descubriera que la legislación permite el transporte de aceite en las mismas cisternas en las que se llevan líquidos peligrosos para la salud, la Comisión Europea no se inmutó mientras anunciaba el levantamiento de la prohibición impuesta a los pollos clorados.

Un escándalo alimentario sucede a otro. La UE está delegando su responsabilidad en materia de inspección en aquéllos que deberían ser objeto de la misma; está abdicando de sus responsabilidades.

Los trabajadores exigen unos alimentos adecuadamente controlados y saludables a unos precios asequibles. La oposición de los trabajadores, sus organizaciones y la comunidad científica al levantamiento de la prohibición debe obligar a la Comisión a revisar su decisión. La prohibición de importar pollos clorados para su consumo debe seguir aplicándose.

  Daniel Caspary (PPE-DE). - (DE) Señor Presidente, Señorías, el comercio transatlántico representa actualmente un volumen aproximado de 600 000 millones de euros al año. La Comisión propone ahora que abramos el mercado a las aves de corral desinfectadas mediante el uso de una solución clorada. Deseo expresar rotundamente cuánto lamento que, en último extremo, la Comisión no haya sido capaz de reivindicar —y de obtener— el acceso al mercado de los Estados Unidos para nuestras aves no cloradas. Sin embargo, desearía indicar asimismo que apoyo, en principio, las propuestas de la Comisión, ya que los informes de los expertos científicos son inequívocos. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ha presentado un dictamen pericial concluyente; no precisamos más.

Nadie desearía aquí, ni tampoco al otro lado del Atlántico, que la salud de las personas se viera amenazada por los alimentos. No obstante, si las sustancias empleadas en los Estados Unidos despiertan recelos, cabe preguntarse por qué tales sustancias se permiten aquí, en la Unión Europea, como aditivos para piensos, agua potable y otros alimentos.

Soy consciente de la importancia que, por fortuna, se concede a la calidad de los alimentos y a la seguridad alimentaria en multitud de Estados miembros de la Unión Europea. ¿Qué sería de Francia, por ejemplo, sin su coq au vin? Este producto, que Francia exporta y que es famoso en el mundo entero, se elabora, para su exportación, haciendo uso precisamente del método estadounidense de tratamiento mediante cloro. A todas luces, este método es tan bueno que se considera apto para la exportación de productos de calidad europeos.

Desde mi punto de vista, el presente es un debate algo insincero. La Comisión ha formulado propuestas claras para garantizar la seguridad de los consumidores europeos. A mi juicio, el etiquetado, sobre todo, debe ser claro y visible, de manera que los consumidores sepan realmente lo que están comprando. Sé, de todos modos, que los consumidores elegirán nuestras aves de corral europeas.

Sin embargo, pido a todos que dejen de ocultarse tras supuestos argumentos medioambientales o sanitarios y declaren abiertamente lo que en verdad sucede. Se trata de una cuestión de sinceridad y la sinceridad en la política se antoja fundamental, máxime cuando se trata de debatir seriamente un tema con países amigos como los Estados Unidos.

  Francisco Assis (PSE). – (PT) Comprendo la necesidad de mejorar las relaciones comerciales con los Estados Unidos y, en ese sentido, aplaudo los esfuerzos que la Comisión ha emprendido al respecto. Existen, no obstante, líneas que no se pueden traspasar y una de éstas es la salvaguardia de los legítimos intereses de los productores y de los consumidores europeos. Creo que, en este caso concreto, nos hallamos ante una situación en que tales límites se han traspasado claramente.

Existen aquí dos concepciones diferentes, incluso contradictorias, en relación con la protección de la salud y del medio ambiente. Desde la perspectiva europea, la preocupación central consiste en garantizar la seguridad en toda la cadena alimentaria. Desde la perspectiva estadounidense, la idea consiste en tratar el asunto en la fase final del proceso.

No podemos renunciar a nuestras convicciones, nuestros hábitos y nuestras normas en esta materia, y no debemos limitarnos a tratar de garantizar su respeto en el interior de Europa, sino que debemos procurar que se respeten en el plano internacional. La Unión Europea se hallará en una situación muy débil para proyectar sus normas en el ámbito internacional si deja de garantizar su propia protección en Europa.

Por esta misma razón, me parece fundamental, en este caso, destacar la necesidad de manifestar una oposición clara a la propuesta de la Comisión en este ámbito.

Están en juego cuestiones básicas que tienen que ver con la protección del medio ambiente, con la salud pública y con los derechos fundamentales de los consumidores europeos. Pero también tienen que ver, por otro lado, con los productores europeos, ya que éstos se han visto obligados a respetar estas normas y han tenido que hacer, durante los últimos años, inversiones significativas para garantizar el respeto precisamente de tales exigencias. Ahora, de un momento a otro, se verían completamente incapaces de resistir a la competencia en este sector.

Por eso, en nombre de una competencia sana y leal, entendemos que la Unión Europea ha de mostrar un gran desvelo por la protección de los propios productores europeos. Desde tal perspectiva, y sin poner en tela de juicio el esfuerzo global en el sentido de mejorar las relaciones con los Estados Unidos (que son vitales para la Unión Europea), considero que la presente es una mala propuesta, por lo que manifiesto, naturalmente, mi apoyo a la propuesta de Resolución.

  Frédérique Ries (ALDE). – (FR) Señor Presidente, Comisaria, la decisión de levantar el veto relativo impuesto a casi todas las partes a propósito de la importación a la Unión Europea de pollos clorados constituye un caso de libro de lo que la Comisión, que se supone ha de proteger el interés general y superior de los ciudadanos europeos, no puede ya y no debe hacer.

Como todos los sectores alimentarios, los productores de aves de corral, y de pollos en particular, han hecho enormes esfuerzos a lo largo de las últimas décadas. Han hecho cuantiosas inversiones para adecuarse a las normas y se someten a no menos de 70 reglamentos, directivas y otras decisiones europeas.

Por otra parte, el sector es objeto, como se sabe, de una competencia feroz dentro de Europa y, asimismo, procedente de Brasil y de los Estados Unidos. ¿Es necesario recordar, ya que nadie lo ha hecho, la epizootia de la gripe aviar que afectó al territorio europeo —sólo hace tres años—, con la consiguiente caída del consumo de carne de ave de corral cifrada en más de un 20 %? ¿Por qué habríamos de someter a este sector a una distorsión tal de la competencia con respecto a los productores estadounidenses, que no se someten en modo algo a las mismas limitaciones de higiene y de seguridad?

El objetivo de este breve análisis consiste en destacar lo fundamental de este asunto. Acaso, como se ha dicho, no se trate de una cuestión medioambiental y de sanidad. Sin embargo, desearía recibir más aclaraciones y estudios al respecto.

Nuestro rechazo, Comisaria, es una decisión fundamentalmente industrial, cultural y, en último extremo, política.

Se trata de una decisión cultural porque los europeos tienen derecho a elegir libremente su modelo alimentario; sienten un gran apego, como es sabido, por sus tradiciones y por la diversidad, como el Ministro de Agricultura francés, Michel Barnier, nos ha recordado recientemente.

En segundo lugar, se trata de una decisión industrial. Ya me he referido a los métodos de producción y las rigurosas normas que se observan en Europa. Un buen acuerdo comercial debe ser, por otra parte, equitativo. La Comisión no tiene posibilidad alguna de convencernos de que la importación de 300 000 toneladas de pollo clorado, sin contrapartida, constituye una buena noticia para el sector avícola europeo.

Por último se trata de una decisión política. Me refiero ahora a lo fundamental de la cuestión, ya que ésta es, sobre todo, una cuestión de confianza: confianza de los productores y confianza de los consumidores. En el contexto en que nos hallamos hoy, ¿puede en verdad la Comisión permitirse despreciar, y acabo, señor Presidente, la opinión del Consejo, del Parlamento, de los operadores sobre el terreno y de una buena parte de sus Señorías? Creo que la propia pregunta contiene la respuesta.

  Carl Schlyter (Verts/ALE) . – (SV) Gracias, señor Presidente. La función de la EFSA consiste en determinar si algo es peligroso. La función de la Comisión y del Parlamento consiste en determinar si algo se adecua a principios públicos tales como garantizar el trato adecuado de los animales, evitar la confusión de los consumidores y mantener un entorno de elevada calidad, de conformidad con el principio de cautela. De ahí que esta propuesta sea poco ética e inapropiada, ya que se trata de un método indeseable para el tratamiento de los pollos. Además, el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal se ha pronunciado casi unánimemente en contra de este método. Me referiré a una nueva dimensión: los productores fraudulentos tratan hace tiempo a sus pollos con cloro para que su carne tenga un aspecto más rosado y fresco. ¿Vamos a favorecer a los productores fraudulentos, en detrimento de los agricultores que han invertido millones, por ejemplo en mi país, para mejorar la situación?

Una serie de normas sobre etiquetado no bastará, máxime en lugares como los restaurantes.

Así pues, para que este asunto acabe convirtiéndose en un triunfo, retiren la propuesta, avancen sobre la base de la unanimidad en el Parlamento y en el Consejo y transmitan lo siguiente a los Estados Unidos: no, no aceptamos sus métodos.

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Señor Presidente, Comisaria, al ponerme en pie para intervenir en el debate sobre la importación de aves de corral al mercado europeo, tengo tres cuestiones que someter a su atención.

En primer lugar, los productos agrícolas producidos en la Unión Europea deben cumplir unos requisitos medioambientales, higiénicos y sanitarios muy estrictos y el cumplimiento de tales requisitos supone un considerable aumento de los costes de producción, lo que hace que los productos agrícolas europeos sean relativamente poco competitivos, en cuanto a su precio, en los mercados mundiales. En segundo lugar, habida cuenta de esta situación, la propuesta de la Comisión de modificar la reglamentación para permitir la importación de carne de ave de corral clorada desde los Estados Unidos debería considerarse completamente inaceptable, sobre todo para los consumidores europeos. En tercer y último lugar, debería señalarse que la propuesta de la Comisión Europea sobre este asunto es, supuestamente, una suerte de gesto especial de la Unión Europea encaminado a garantizar un buen ambiente para la negociación y permitir que se entablen unos contactos más amistosos antes de la Cumbre de junio entre la Unión Europea y los Estados Unidos.

Estoy a favor de caldear las relaciones, aunque preferiría que ello no se hiciera a costa de la salud de multitud de ciudadanos de la UE.

  Georgios Papastamkos (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, los expertos de los Estados miembros de la UE se han pronunciado casi unánimemente en contra de la propuesta de la Comisión de levantar la prohibición de importación de aves de corral cloradas.

Tales importaciones, aun en las condiciones propuestas por la Comisión, contravienen las continuas exigencias de los ciudadanos europeos en cuanto a la distribución de productos de alto valor nutritivo y elevada calidad que sean seguros.

El sector de producción de aves de corral ha hecho ingentes inversiones de conformidad con el estricto marco reglamentario de la Unión que se aplica a toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta la distribución. Aparte de cualquier otra consideración, la cuestión de la competitividad del sector de producción de aves de corral se está sometiendo a análisis y sabemos que la propuesta de la Comisión es una expresión de apoyo de los intereses estadounidenses en el Consejo Económico Transatlántico.

Como miembro de la Comisión de Comercio Internacional, estoy básicamente a favor de limar asperezas con nuestros socios comerciales. Sin embargo, en ningún caso puedo aceptar soluciones que pongan en peligro la salud de los ciudadanos y que repercutan negativamente en el modelo alimentario europeo. Ello se aplica tanto al caso que estamos debatiendo como al litigio euro-atlántico pendiente ante la OMC y relativo a la importación de organismos modificados genéticamente.

La UE debe cumplir sus estrictas normas en materia de calidad, higiene y seguridad alimentarias. Nos oponemos a cualquier relajación de tales normas. Lo que necesitamos es reforzar las normas y los métodos de producción internacionales.

Por consiguientes, pedimos al Consejo que mantenga la prohibición de importar aves de corral cloradas.

  Rosa Miguélez Ramos (PSE). - (ES) Señor Presidente, señora Comisaria, la avicultura europea, junto con otros sectores de producción animal, está atravesando un período difícil. En este contexto, sorprende todavía más la diligencia con que la Comisión se ha precipitado a solicitar que Europa admita la entrada en su territorio de carne de pollo tratada con productos clorados, solicitud que, a lo que parece, está destinada única y exclusivamente a satisfacer las necesidades y pretensiones comerciales de los Estados Unidos de América.

No tengo que recordarle que, en Europa, el sector avícola no recibe ningún apoyo directo de la PAC. Ello, a pesar de que, desde 1997, se ha prohibido a nuestros productores el uso de estas mismas sustancias que ahora se quieren autorizar y, además, se les somete a exhaustivos controles a lo largo de todo el ciclo de producción para evitar el desarrollo bacteriano y cumplir con los elevados estándares de higiene comunitarios.

Sin embargo, tratándose de productores de terceros países, la Comisión considera que un simple baño clorado es más que suficiente y esto vendría, en mi opinión, a significar que los esfuerzos realizados por nuestros productores son y han sido completamente inútiles.

Si me permite la expresión, no es posible que nosotros seamos tan tontos y ellos sean tan listos. En mi opinión, hay que oponerse a esta petición de la Comisión.

  Esther De Lange (PPE-DE). - (NL) Señor Presidente, hemos oído decir muchas cosas en este debate y, desde luego, no desearía repetirlas todas, aunque creo que hay dos cuestiones fundamentales en juego.

La primera es la competencia leal —la igualdad de condiciones (level playing field)— entre los productores europeos y los de terceros países. Sobre la base de la normativa europea, el sector avícola europeo ha invertido millones de euros en la mejora del control de la salmonella y de otros contaminantes en toda la cadena de producción. Autorizar productos que no cumplen tales requisitos supone una amenaza para dicha competencia leal, que debería ser una de las piedras angulares de nuestra política comercial. Como dice el refrán neerlandés, a monjes iguales, iguales bonetes. Si recientemente lo exigimos en el caso de la carne de Brasil, habremos de exigirlo al pollo de los Estados Unidos.

La segunda es el principio de cautela. Después de todo, los informes sobre las consecuencias de esta técnica, tanto para la salud como para el medio ambiente, siguen generando la necesaria duda. La propuesta de la Comisión de conceder una autorización de dos años de duración, tras de lo cual se llevaría a cabo un análisis sobre la base de los nuevos datos, representa una total divergencia de su principio de cautela. Necesitamos claridad a propósito de la seguridad en primer lugar y un debate en segundo lugar, no al revés. Incluso la idea de etiquetar las aves de corral cloradas procedentes de los Estados Unidos es inaceptable, ya que existen disparidades entre los avicultores de aquí y los de allí y, además, los productos transformados podrían eludir tal etiquetado. Entre estos productos transformados se incluyen cantidades considerables de «nuggets» y barritas de pollo que consumirán esta misma noche, frente al televisor, los aficionados al fútbol neerlandeses, rumanos, franceses e italianos.

Desearía concluir, por tanto, pidiendo a la Comisión a que siga manteniendo su compromiso con estos dos principios europeos básicos —la igualdad de condiciones (level playing field) y el principio de cautela— con objeto de respetar los deseos de la gran mayoría del comité de gestión y de esta Cámara retirando esta poco afortunada propuesta.

  Esther Herranz García (PPE-DE). - (ES) Señor Presidente, señora Comisaria, ahora la Comisión Europea quiere permitir el pollo norteamericano tratado con lejía y quiere que, además, lo aceptemos sin rechistar para mejorar las relaciones comerciales con los Estados Unidos.

La frivolidad que la Comisión Europea tiene en este asunto choca mucho con la seriedad que demuestra para producir nuevos textos sobre seguridad alimentaria, que, a veces, imponen tales restricciones a las producciones comunitarias que las hacen inviables en algunas ocasiones.

La Comisión está perdiendo la credibilidad frente a los consumidores y la opinión pública con este tipo de propuestas, y creo que no se deben aceptar presiones por parte de los Estados miembros, presiones comerciales procedentes de los Estados Unidos, ni aunque lo pida la Comisión Europea.

En enero de 2008, un estudio publicado en la revista norteamericana Consumer Report revelaba un aumento del 70 % en la incidencia de la zoonosis en los pollos tratados en los Estados Unidos con procedimientos antimicrobianos, respecto del año 2003. También se ha podido observar un aumento de la resistencia a los antibióticos en personas contaminadas.

Al tiempo, en la Unión Europea ha habido un descenso de la aparición de zoonosis en la carne de pollo, y sin usar los métodos de los americanos.

La Unión Europea está haciendo los deberes, porque controla la zoonosis desde el inicio de la cadena de producción y, además, porque aplica el principio de «más vale prevenir que curar», que se está cumpliendo a rajatabla, a un coste muy elevado, por parte del productor y la industria de la Unión Europea.

En el caso concreto de la lucha contra las zoonosis, en 2003 se puso en marcha un reglamento muy estricto, que costó mucho tiempo sacar adelante y que refuerza el control de las enfermedades transmisibles al hombre.

La aplicación de ese reglamento está dando como resultado la reducción de la incidencia de esas enfermedades. El productor europeo y las industrias europeas en general tienen que respetar esa normativa porque, si no, pueden ser penalizados.

¿Por qué no seguir controlando estrictamente a los americanos?

  Françoise Grossetête (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, este asunto de los pollos tratados con cloro ilustra claramente el abismo que, por desgracia, separa a la Comisión Europea de los ciudadanos, quienes esperan poder confiar en Europa. Se trata de un golpe contra nuestra política alimentaria, con su alto nivel de protección del consumidor. La falta de compresión es total.

Se trata de una competencia desleal para nuestros agricultores, que han hecho enormes esfuerzos para mejorar su producción, y para nuestros mataderos, que han de respetar unas estrictas normas. Todo esto tiene un coste y, por ello, la competencia es desleal. Esta propuesta permitirá la importación a la Unión Europea de pollos baratos, lo que, por desgracia, repercutirá en la población más desfavorecida, que compra en supermercados baratos; hallaremos este pollo clorado en productos transformados, en los platos industriales y en los comedores escolares. Todo esto es inaceptable. Es impensable que podamos siquiera permitirlo. Y que no se nos diga que el etiquetado resolverá el problema, ya que, por desgracia, el etiquetado de productos transformados no aportará información alguna.

Así, habida de cuenta de las recientes crisis alimentarias, los ciudadanos necesitan poder confiar en la cadena alimentaria. Por ello, debemos pronunciar un «no» rotundo a la importación de pollos clorados.

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, el pasado 1 de abril presenté una pregunta escrita a la Comisaria en la que rechazaba con firmeza la admisión en los mercados de la UE de pollos desinfectados químicamente procedentes de los Estados Unidos. Afortunadamente, esta propuesta se ha encontrado con la resistencia de los Estados miembros.

Comisaria, nuestros agricultores y transformadores cumplen normas que se encuentran entre las más rigurosas del mundo. Éstas velan por el medio ambiente, el bienestar animal y el mantenimiento de la biodiversidad. Adaptarse a estas normas incrementa los costes y debilita su posición competitiva. Por tal motivo, me sorprende la propuesta de la Comisión. El método estadounidense de producción de carne de pollo no cumple tales normas. El consumidor europeo no desea que dichos alimentos acaben en su plato. Si estamos interesados en velar por la seguridad de los consumidores de la UE, no podemos permitir la importación de alimentos de escasa calidad.

  Marios Matsakis (ALDE). - Señor Presidente, si aceptamos el tratamiento con cloro del pollo estadounidense, ¿cómo vamos a poner freno a las exigencias de emplear cloro en otros productos en el futuro, por ejemplo, en otros productos cárnicos —de vacuno o porcino— importados o producidos en la UE? ¿Y qué sucede con los huevos, el queso las verduras o la fruta? Cabría aplicar todas las condiciones que la Comisaria nos ha expuesto, exactamente del mismo modo, a todos los productos que he citado.

¿Qué sucede con el uso de otras sustancias antimicrobianas? Acaso en el futuro los estadounidenses nos exigirán poder utilizar penicilina u otros agentes antimicrobianos en nuestros pollos importados.

Sea como fuere, aunque las pruebas efectuadas en el exterior demuestren que no hay microbios en la superficie de los pollos, acaso existan grandes cantidades en el interior de aquéllos y no podremos detectarlas porque la superficie nos indicará, erróneamente, que el pollo no contiene salmonella u otros microbios.

  Androula Vassiliou, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, ante todo querría aclarar, desde un inicio, que respeto las opiniones de sus Señorías y deseo repetir que esta decisión no se ha adoptado a la ligera. Se ha celebrado un exhaustivo debate en el Colegio.

En segundo lugar, deseo aclarar, de nuevo, que no estamos obviando nuestra reglamentación en materia de higiene. Como creo que he indicado, la EFSA ha afirmado que este proceso de descontaminación con sustancias de tratamiento antimicrobiano sólo puede permitirse si el productor de la carne de pollo aplica la reglamentación en materia de higiene. Así, junto a las nuevas medidas preventivas aplicables en la explotación, habrán de cumplirse, en los mataderos, disposiciones en materia de limpieza del animal que se envía al sacrificio, medidas de higiene y procedimientos de control basados en los principios APPCC.

He de confesarles que los estadounidenses se manifestaron muy contrariados cuando supieron de todas estas condiciones, pese a lo cual les aclaramos que nos sería imposible renunciar a las mismas.

El segundo punto que deseo aclarar se refiere a que las medidas propuestas no sólo se aplicarán a los pollos estadounidenses sino, asimismo, a nuestros productos, de manera que no estamos diferenciando entre productores extranjeros y europeos.

Como he dicho, el Consejo habrá de adoptar una decisión y, a partir de mi experiencia en el Consejo de Ministros de Agricultura, a cuya reunión asistí, no parece muy probable que se nos dé una respuesta favorable.

  Presidente. − He recibido una propuesta de Resolución⁽¹⁾ presentada de conformidad con el artículo 103, apartado 2, del Reglamento.

Se cierra el debate.

La votación se celebrará el jueves 19 de junio de 2008.

(1) Véase el acta.

15. Protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública (debate)

  Presidente. − El siguiente punto se refiere al informe de Francesco Ferrari, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública (COM(2007)0560 – C6-0331/2007 – 2007/0201(COD)) (A6-0081/2008).

  Günter Verheugen, Vicepresidente de la Comisión. − (DE) Señor Presidente, Señorías, según las estadísticas de que dispone la Comisión, cada año mueren más de 8 000 personas en las carreteras europeas y otras 300 000 resultan heridas. Se trata de una situación intolerable y tal es el motivo por el que trabajamos desde hace años para garantizar un mayor nivel de seguridad en el tráfico viario.

Hace algunos años, el Parlamento Europeo aprobó una propuesta de Directiva relativa a la protección de los peatones que acabó adoptándose en 2003. Se trató de una de las primeras normativas del mundo relacionada de manera específica con la protección de los peatones. Dicha legislación obligaba a los fabricantes a adaptar los nuevos vehículos a las exigencias de protección de los peatones y a certificar el cumplimiento de tales requisitos a través de las pruebas correspondientes. Desde entonces, debido en gran medida a la presión ejercida por el Parlamento Europeo, se han adoptado disposiciones legislativas encaminadas a contrarrestar los riesgos a los que están expuestos los usuarios vulnerables de la vía pública en caso de colisión contra los sistemas de protección delantera de los vehículos. Las disposiciones legislativas en vigor en materia de protección de los peatones se reconoce que, en determinadas circunstancias, es difícil dar cumplimiento a las exigencias establecidas en las mismas.

La Comisión ha asumido la labor de examinar hasta qué punto es posible satisfacer tales exigencias y, asimismo, la posibilidad de emplear nuevos sistemas de seguridad activa. La Comisión ha encargado la realización de un estudio, cuyos resultados ya conocen, y el mismo confirma la suposición de que, en efecto, no es posible cumplir todas las exigencias y de que, por otra parte, los sistemas de seguridad activa son adecuados para mejorar la protección del peatón. Sobre la base de dicha información, la Comisión ha presentado la propuesta sobre la que debaten hoy: una combinación de sistemas de seguridad pasiva y un sistema de asistencia en la frenada, cuya instalación será obligatoria. Con ello se logrará un nivel de seguridad aún más elevado.

La Comisión considera que esta propuesta permitirá evitar aproximadamente 1 100 muertes en nuestras carreteras cada año. Por supuesto, la Comisión seguirá trabajando para que se apliquen disposiciones similares a escala internacional, incluso después de que la propuesta se apruebe. Permítanme que me refiera a algunos de los elementos fundamentales de la propuesta: el Reglamento propuesto por la Comisión establece requisitos en materia de seguridad pasiva que pueden lograrse y hace obligatorio equipar los vehículos con un sistema de seguridad activa conocido como sistema de asistencia en la frenada. Además, las disposiciones en materia de protección de los peatones se aplicarán en adelante, asimismo, a los vehículos todo terreno, a los que también se denomina según las siglas inglesas SUV. Esta combinación supondrá una considerable mejora de la protección de los usuarios vulnerables de la vía pública.

El Reglamento incorpora la obligación de realizar pruebas para certificar un nivel adecuado de protección de los peatones en caso de choque contra el sistema de protección delantera de los vehículos. Los requisitos que han de cumplirse al realizar tales pruebas se establecen en las disposiciones de aplicación del Reglamento. Entre los aspectos fundamentales de la propuesta se incluye el uso de sistemas activos que, en opinión de la Comisión, puede deparar una importante mejora de la seguridad ahora y en el futuro, así como la supresión de la limitación de los pesos de los vehículos de pasajeros y los vehículos comerciales ligeros a partir de los que se aplicará el Reglamento.

En este punto desearía transmitir mi especial gratitud al ponente, señor Ferrari, por los esfuerzos realizados para lograr un acuerdo mutuo sobre la revisión y la aprobación de la propuesta. Gracias a ello ha sido posible lograr el consenso con respecto a la misma. El informe del señor Ferrari apoya la propuesta de la Comisión, por lo que le estoy muy agradecido, y las enmiendas presentadas por él contribuirán, de hecho, a que se aclaren determinados puntos. Señor Ferrari, usted propone seguir observando y controlando el uso y la mejora de los sistemas de seguridad pasiva y el posible uso de nuevos sistemas de seguridad activa para, en caso de necesidad, proponer la modificación de las disposiciones legislativas en vigor. La Comisión se complacerá en obrar de este modo y, de hecho, así obrará. A través de otras enmiendas se pretende garantizar, por una parte, que los requisitos del Reglamento se apliquen a los vehículos en cuestión cuanto antes, y, por otra parte, que los fabricantes dispongan de un plazo suficiente para aplicar las necesarias modificaciones de los métodos de construcción. Para una gran cantidad de fabricantes de vehículos europeos, las nuevas disposiciones entrañan la necesidad de introducir importantes modificaciones en el diseño de los automóviles, lo que precisará a su vez importantes cambios en los procesos de construcción.

Me complace poder comunicarles que la Comisión considera aceptables todas las enmiendas propuestas en el informe del señor Ferrari. En vista de la importancia del Reglamento para la mejora de la seguridad en la vía pública y del calendario previsto para la introducción de las pruebas especificadas en el mismo, la Comisión está segura de que la propuesta podrá aprobarse en primera lectura.

  Francesco Ferrari, ponente. − (IT) Señor Presidente, Comisario, Señorías, hemos llegado al momento final del debate de este Reglamento sobre la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública. El objetivo del mismo consiste en modificar los requisitos de seguridad relativos a los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública en caso de lesiones debidas a una colisión con un vehículo de motor.

El ámbito de aplicación del Reglamento es de una amplitud notable, toda vez que ha absorbido dos directivas previas, una de 2003 y la otra de 2005. La primera Directiva establecía los requisitos de seguridad que debían cumplir los automóviles, que habrían de aplicarse en dos fases. La primera fase se inició en 2005, mientras que los requisitos de la segunda resultaron no ser enteramente viables desde el punto de vista técnico para todos los vehículos. La segunda Directiva se refiere al uso de los sistemas de protección delantera en los vehículos y establece diversos niveles de protección de para los usuarios vulnerables en caso de colisión con vehículos equipados con tales sistemas. Entre los puntos más sensibles desearía referirme al BAS, el sistema de asistencia en la frenada: se trata de un sistema que permitirá reducir las muertes en la vía pública en un 35 %.

El mayor triunfo lo representa, no obstante, el haber logrado que el instrumento vaya a aplicarse 24 meses después de la entrada en vigor del Reglamento a todas las categorías de vehículos, desde los pequeños utilitarios a los todoterreno, pasando por los vehículos de gran tamaño que, a menudo, debido a su gran peso, ocasionan los mayores daños físicos a los ciudadanos. No ha sido fácil, en un inicio, debido en parte a que la industria automovilística precisa de unos plazos industriales, y «fisiológicos», para aplicar determinadas medidas. Estoy contento, sin embargo, de que todas las partes hayan comprendido la cuestión y su delicadeza y aprecio los esfuerzos realizados para poner en práctica tal sistema.

Un segundo aspecto del Reglamento lo constituyen los sistemas de protección delantera. La Directiva de 2005, de hecho, será absorbida por el presente Reglamento, de manera que los automóviles en los que se instalen parachoques («bull bars») no serán homologados si los requisitos de seguridad de los sistemas de protección delantera no ofrecen el mismo nivel se seguridad que el establecido en relación con los vehículos que no disponen de sistemas de protección delantera.

Me doy cuenta, en cualquier caso, de que seguramente hayamos logrado mucho, si bien se podría lograr mucho más, en particular en lo que respecta a la investigación, que siempre avanzará en la dirección de un aumento de las condiciones de seguridad de los peatones y de los usuarios vulnerables de la vía pública. También he sentido la necesidad de dejar una puerta abierta a las mejoras del presente texto. Me refiero, en concreto, a los sistemas anticolisión. En la actualidad no se comercializan sistemas estructurales eficaces para la seguridad del peatón pero de aquí a unos años podrían desarrollarse. Por ello, el texto establece que si, transcurridos cinco años desde la entrada en vigor del Reglamento —como decía el Comisario— la industria estuviera en situación de presentar sistemas de seguridad pasiva tales que pudieran garantizar la seguridad del peatón, la Comisión tendrá que presentar un nuevo texto al Parlamento y al Consejo que tenga en cuenta tales avances técnicos.

El problema de la seguridad es muy importante en Europa y me he comprometido personalmente con la transmisión de un mensaje firme a todos los ciudadanos de la Unión Europea. La delicadeza de la cuestión me ha llevado a obrar de modo que el Reglamento se apruebe en primera lectura, evitando una segunda lectura con el Consejo cuya única consecuencia habría sido una demora excesiva de la entrada en vigor del Reglamento. Dicha postura la han compartido mis colegas de la Comisión de Transportes y Turismo. Todas las enmiendas presentadas se han concebido, en primer lugar, para velar por la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública. Por lo tanto, espero que este Reglamento pueda ser la primera señal firme del Parlamento Europeo con respecto a una reglamentación cada vez más rigurosa en materia de seguridad vial en las carreteras europeas y que demuestre que Europa está unida, viva y próxima a sus ciudadanos.

  Petr Duchoň, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (CS) Señor Presidente, Señorías, el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública pretende minimizar los efectos de las colisiones entre peatones y vehículos de motor. En mi opinión, este Reglamento va demasiado lejos. Establece requisitos relativos a la construcción y el funcionamiento de los vehículos de motor, incluidos los sistemas de protección delantera. Las exigencias impuestas a los fabricantes se aproximan a los límites que establecen las leyes de la física, la estructura del cuerpo humano, un compromiso razonable entre la protección de los pasajeros de los vehículos y los peatones y los parámetros de construcción de otros vehículos de motor. Ello somete a los fabricantes de vehículos a una enorme presión. Hemos de recordar que el cumplimiento de los requisitos definidos en el Reglamento acarreará unos elevados costes para los fabricantes y, lógicamente, ello se reflejará en el precio de los automóviles. Tendrá repercusiones en el peso del vehículo, en las características aerodinámicas del mismo y, por ende, en el consumo de carburante e, ipso facto, en el medio ambiente. Por otra parte, reducirá las repercusiones de las colisiones entre peatones y vehículos de motor.

La introducción de unos sistemas inteligentes que eviten las colisiones y minimicen sus repercusiones es la medida que más posibilidades tiene de mejorar la seguridad de los peatones. La mejora de las infraestructuras viarias y, donde sea posible, la separación de los peatones del tráfico rodado se antojan asimismo unas soluciones eficaces. Podemos suponer, acertadamente, que el dinero que se invierta de este modo dará mejores resultados que la imposición de unos requisitos aún más estrictos a los automóviles.

  Saïd El Khadraoui , en nombre del Grupo del PSE. – (NL) Señor Presidente, Comisario, Señorías, desearía comenzar dando las gracias al ponente, señor Ferrari, en nombre de mi Grupo, por su excelente y constructiva cooperación, incluida la mantenida con mi colega la señora Ayala Sender, que no ha podido asistir a la sesión de esta tarde. También deseo darle las gracias, en particular, por haber logrado unir a la Comisión y al Consejo y por haber logrado que se incorporen al texto, en primera lectura, una serie de enmiendas del Parlamento que lo mejoran. Se trata de un asunto importante que, por ser muy técnico, puede que no ocupe los titulares pero que contribuirá a evitar la pérdida de una gran cantidad de vidas humanas y las tragedias familiares consiguientes. El año pasado perdió la vida una estremecedora cantidad de personas, 43 000, en las carreteras europeas y, como ha recordado el Comisario, 8 000 de ellas eran peatones, usuarios vulnerables de la vía pública.

Como sabemos bien, para evitar que ello suceda es necesario adoptar una combinación de múltiples medidas. Son necesarios cambios en el comportamiento de los conductores —ni que decir tiene—, aunque también se ha demostrado que las innovaciones técnicas y toda suerte de normas desempeñan una función importante a la hora de prevenir accidentes de importancia. El diseño del vehículo puede suponer una importante diferencia en caso de accidente: los parachoques, todo el diseño de la parte delantera del vehículo, el capó, etc. Con arreglo a este Reglamento, los ingenieros responsables del diseño tendrán que cumplir unas normas más estrictas y certificar el cumplimiento de las mismas a través de diversas pruebas de colisión.

La principal innovación de la propuesta consiste en que, aparte de la elección de los materiales y las normas que rigen este aspecto, fomenta asimismo la seguridad activa al convertir en obligatorios los sistemas de asistencia en la frenada a partir del año próximo o en fechas próximas al mismo. Se trata de otra importante novedad.

Una cuestión fundamental para nuestro Grupo consiste en que dicha disposición también se aplicará a las furgonetas, con respecto a las que se irá introduciendo de manera gradual. Creemos, por tanto, que se trata de un buen acuerdo. No hemos llegado aún al final de camino: esperamos que durante los próximos años se presenten nuevas normas favorables a la seguridad de las personas. Podrá contar con nuestro apoyo para las mismas.

  Marios Matsakis, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, deseo felicitar al ponente por su excelente informe. Como ya se ha indicado, muchos miles de peatones y ciclistas mueren o resultan heridos todos los años en las carreteras de la UE. Nuestro objetivo como diputados al Parlamento Europeo consiste en reducir tales cifras en la medida de lo posible.

Un modo para lograrlo consiste en modificar las especificaciones técnicas de los vehículos de motor. Algunas de éstas —por ejemplo, los sistemas de protección delantera y de asistencia en la frenada— se han examinado en este informe, aunque no se presta atención a una de las especificaciones técnicas más importantes en lo que concierne a salvar vidas: el limitador de velocidad. Tal sistema limitaría la velocidad máxima de un automóvil a la velocidad máxima permitida en cada país. Este límite, en la mayoría de los Estados miembros de la UE, es de 100 km/h en las carreteras y de 50 km/h en las travesías que discurren por poblado.

Mediante un aparato electrónico relativamente simple y barato, resultaría sencillo dotar a los vehículos de un dispositivo que garantizaría que no se superaran tales límites en las carreteras o en las travesías. Dicha limitación de la velocidad evitaría, probablemente, una tercera parte de todas las muertes de peatones y ciclistas. Asimismo, podría ajustarse para controlar el ritmo de aceleración de los vehículos, lo que salvaría incluso más vidas.

Debemos preguntarnos cuán necesario y razonable es que nuestros vehículos puedan acelerar de 0 a 100 km/h en cinco o seis segundos y cuán importante y legal es que nuestros vehículos puedan alcanzar velocidades de más de 200 km/h si el límite de velocidad aplicable es de únicamente 100 km/h.

Puedo entender que a un ponente que se apellida Ferrari acaso le sea difícil estar de acuerdo conmigo en cuanto a la reducción de los límites de velocidad de los coches, aunque la realidad es que la velocidad mata a un número excesivo de usuarios de la vía pública y que, llegado el momento, tendremos que tomar una decisión, como legisladores, sobre lo siguiente: ¿qué es más importante: tener unos bonitos coches conducidos por entusiastas de la velocidad o salvar miles de vidas humanas?

  Margrete Auken, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DA) Señor Presidente, no creo que el señor Ferrari haya representado la peor opción en estas circunstancias. De hecho, mi experiencia ha sido la de una cooperación muy constructiva con una persona que no me ha dado la impresión de hallarse bajo la presión de la industria automovilística. Desde luego, habríamos preferido un informe que fuera incluso más allá en su intento de proteger a los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública frente a los coches, y la situación ideal habría sido lograr que muchos más conductores usen el transporte público o la bicicleta. Sin embargo, ya que tal objetivo se sitúa en un futuro muy lejano, nos complace haber hecho algo en relación con el equipamiento de los automóviles. Como ya han citado varias personas, ha de aplaudirse al respecto que la legislación vaya a aplicarse en adelante a vehículos más pesados, de modo que los requisitos más estrictos en materia de equipamiento de los automóviles contrarreste la tendencia a adquirir vehículos cada vez más grandes.

También desearía felicitar al ponente por ejercer presión para que los BAS —sistemas de asistencia en la frenada— se incorporen de serie a los vehículos sin demora, con el fin de ayudar a los conductores a frenar a tiempo. También ha de acogerse con satisfacción que se hayan impuesto requisitos en materia de diseño de la parte delantera de los automóviles, de modo que cualquier colisión con un ser humano vulnerable ocasione el menor daño posible a la desdichada víctima. Sin embargo, habría que reducir la velocidad a 40 km/h para que dicha medida tuviera sentido. Los requisitos correspondientes deberían haber sido aún más estrictos, así como los plazos. Después de todo, existen ya productos en el mercado que ofrecen una protección bastante mejor para los peatones, sin poner en peligro la seguridad de los conductores o de los pasajeros.

No es culpa del ponente que el asunto haya avanzado con tal lentitud. Múltiples indicios apuntan a que se trata de otro caso de presiones ejercidas por la industria automovilística alemana, en concreto, que hoy por hoy ocupa el extremo más reaccionario del espectro, si se compara con el resto de la industria europea. Es desalentador, si tal es el motivo por el que hemos acabado teniendo una propuesta que se queda corta en relación con nuestros deseos, que son reducir la cifra de muertos y heridos en las carreteras. ¿Por qué nos limitamos a creer el argumento de la industria automovilística —y acabos de escucharlo de nuevo— de que la tecnología no está aún lo bastante avanzada? ¡Lo está! Albergo grandes esperanzas de que sus Señorías, al menos, votarán a favor de la enmienda 25.

  Seán Ó Neachtain, en nombre del Grupo UEN. – (GA) Señor Presidente, los medios de comunicación informan a diario de muertes acaecidas en la vía pública. Accidentes de tráfico, peatones atropellados por automóviles en la carretera: cada muerte es una tragedia en toda regla y, a final de año, todas esas muertes se convierten en estadísticas. Es nuestra responsabilidad, tanto de los Estados miembros como de la Unión, el tratar de reducir tales estadísticas y de proteger a nuestros ciudadanos frente a tales tragedias.

Las muertes en la vía pública pueden evitarse, por lo que desearía felicitar al señor Ferrari por su excelente informe y encomiar la cooperación desarrollada entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión a propósito de este tema.

El título de la propuesta se refiere a los usuarios vulnerables de la carretera, quienes más padecen. En primer lugar, los peatones, que con frecuencia no tienen la culpa de los accidentes en que se ven implicados vehículos, pero que acaban siendo las víctimas que más los padecen. En mi propio país, Irlanda, se ha demostrado recientemente que es más probable que un accidente de tráfico cueste la vida a una persona mayor que a una persona de menos de 65 años de edad. Irlanda, por supuesto, no es una excepción. Más de 8 000 personas mueren al año en accidentes acaecidos en la vía pública en Europa.

A lo largo de los últimos años se han presentado propuestas para proteger a las personas vulnerables y, aunque la situación ha mejorado, conviene referirse a las trágicas repercusiones que tendrá que los responsables políticos eludan sus responsabilidades.

He mencionado la inestimable cooperación entre las instituciones europeas en la redacción de este informe. Para que esta cooperación dé frutos, los Estados miembros tendrán que trabajar codo con codo y las autoridades nacionales tendrán que comprometerse con los usuarios de la vía pública. Nos corresponde la responsabilidad, como legisladores, y debemos permanecer unidos si queremos lograr nuestro objetivo.

  Erik Meijer, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (NL) Señor Presidente, está claro que el automóvil lleva ya mucho tiempo ganando terreno de manera constante. En los pueblos y ciudades, las zonas que eran antaño dominio exclusivo de los peatones, de los niños que jugaban, de los árboles, de los parques, de los jardines o del tranvía se convirtieron en espacio para los automóviles entre 1950 y 1980. Incluso los caminos rurales se ampliaron o se convirtieron en vías rápidas para el tráfico rodado. El transporte público, por otra parte, se ha vuelto más caro, y las rutas y frecuencias del mismo se han reducido. Incluso la construcción de redes ferroviarias subterráneas no siempre se ha destinado a acelerar el transporte público y a ofrecer más espacio para grandes cantidades de pasajeros; se ha tratado, más bien, de dejar más espacio para los coches en la calle, por encima de los túneles ferroviarios subterráneos.

La ubicación de su lugar de trabajo y la falta de modos de transporte alternativos significa que muchas personas están condenadas, ahora, a desplazarse en coche. Ello consume una gran cantidad de espacio y de energía, perjudica la calidad del aire y produce una cantidad innecesaria de ruido. Fundamentalmente, sin embargo, representa un peligro para los peatones y los ciclistas, que tienen que compartir un escaso espacio público con los automóviles.

Cuando, en esta Cámara, hablamos de medidas para la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública, no nos estamos refiriendo a las alternativas a los coches, por desgracia, sino a cómo diseñarlos para limitar los daños causados en caso de colisión. Llevamos años centrando nuestros debates en esta Cámara en las luces delanteras, los sistemas de freno y las partes delanteras de los vehículos susceptibles de causar lesiones a los peatones. La Comisión Europea propone ahora sustituir las Directivas de 2003 y 2005, que obligaron a los Estados miembros a incorporar unas mejores medidas de seguridad a la legislación nacional, por un Reglamento a través del que la Unión Europea impone directamente su propia legislación. La elección de un Reglamento es un modo rápido de ofrecer un grado máximo de seguridad y uniformidad a las empresas de ingeniería automovilística, aunque no está exenta de inconvenientes. Por ejemplo, desplazamos a un segundo plano las consideraciones democráticas en el seno de los Estados miembros. Además, este Reglamento no entraría en vigor hasta 2014 y, en el caso de la segunda fase, sería más moderado que las disposiciones de la Directiva en vigor.

Apoyo el objetivo del ponente, señor Ferrari, de introducir medidas de seguridad cuanto antes. Mi Grupo puede aprobar esta modesta mejora, ya que cualquier pequeña aportación es de ayuda, aunque será necesario más para lograr una verdadera seguridad. Combatir el aumento del número de automóviles e incluso reducir dicho número, si fuera posible, constituirían la mejor contribución a la seguridad.

  Johannes Blokland , en nombre del Grupo IND/DEM. – (NL) Señor Presidente, el informe del señor Ferrari se refiere a la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública. Me complace que el señor Ferrari haya logrado un acuerdo con el Consejo en primera lectura. Quiero darle las gracias por su trabajo y felicitarle por su sólido informe.

No obstante, me gustaría formular un par de comentarios. Permítanme que empiece indicando que la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública es un tema que me toca de cerca. Como sabrán, en mi país, los Países Bajos, los usuarios más vulnerables de la vía pública representan un gran porcentaje del total de usuarios de la misma; dicho porcentaje es particularmente elevado en los desplazamientos entre el hogar y el trabajo y en el tráfico escolar. Los paseos con fines recreativos y el uso de la bicicleta están adquiriendo cada vez más importancia. Estos caminantes y ciclistas son muy valiosos para nuestra sociedad, ya que caminar y montar en bicicleta son modos de transporte sumamente ecológicos y, además, son asimismo actividades muy beneficiosas para la salud de los ciudadanos, siempre que la calidad del aire sea buena.

Buena parte de los desplazamientos en coche realizados en los pueblos y ciudades europeos son de menos de cinco kilómetros. Es importante, pues, animar a los ciudadanos a que opten por el uso de modos de transporte limpios y saludables en los que aquéllos, como usuarios vulnerables de la vía pública, gocen de una protección suficiente. A fin de cuentas, aunque acabo de elogiar a los Países Bajos debido a que una proporción elevada de sus ciudadanos montan en bicicleta y caminan, una proporción cada vez mayor de neerlandeses no permiten ya que sus hijos vayan en bicicleta o caminando a la escuela por miedo a los accidentes.

Sin embargo, las medidas incluidas en el documento de transacción contribuirán a reducir la frecuencia de los accidentes y el daño ocasionado en caso de que ocurran. Por esta razón, lo acojo con satisfacción. Espero que, en cualquier caso, los ciudadanos opten cada vez más por desplazarse en bicicleta y a pie en su propia población, en lugar de hacer uso del automóvil.

Por otra parte, debemos evitar la deriva hacia una situación en la que se trate de reducir los riesgos a cero, ya que es imposible descartar todos los riesgos. Es asimismo muy importante el concienciar a los conductores de su propia responsabilidad. En cuanto a todas las medidas que se están emprendiendo en este ámbito político, se debería hacer hincapié en que los propios usuarios de la vía pública son los principales responsables de su propia seguridad y de la de los demás usuarios.

Desearía terminar formulando algunos comentarios sobre la legislación propuesta. Aplaudo la elección de un reglamento en lugar de una directiva. Ello hace inequívoca la aplicación de esta importante legislación y evita que surjan diferencias entre los Estados miembros, con la vista puesta de nuevo en la protección de los peatones y los usuarios vulnerables de la vía pública. Me complace que esta nueva propuesta preste más atención que las Directivas de 2003 y 2005 a los sistemas de seguridad activos. Las soluciones activas, como la del sistema de asistencia en la frenada, tienen la ventaja, frente a los sistemas pasivos, de que evitan asimismo una importante cantidad de efectos adversos derivados de los accidentes, tales como las retenciones, los atascos y los daños no materiales, que no pueden limitarse a través de la aplicación de los sistemas de seguridad pasiva.

Deseo añadir, como último punto, que también acojo con agrado los aspectos relativos al procedimiento recogidos en el Reglamento. Apoyo el adelantamiento de las fechas relativas al aumento de los requisitos de homologación de tipo. La seguridad de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública no es un tema en el que nos podamos permitir perder tiempo. Además, me congratulo de que se vayan a incorporar las enmiendas al artículo 11 a través de procedimiento de codecisión. No es deseable que unas enmiendas fundamentales se tramiten a través del procedimiento de comitología.

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, los seres humanos no tenemos zonas de deformación. Un accidente puede suceder con gran rapidez y causar graves lesiones, tal como tuvimos ocasión de comprobar durante el partido de fútbol que enfrentó a Francia e Italia, en el que resultó obvio de inmediato que Franck Ribéry se había fracturado la pierna.

Dado que las personas no tienen zonas de deformación, hemos de garantizar que los usuarios de la vía pública que menos metal tienen estén protegidos frente a aquéllos que tienen más. Tenemos que dotar a los vehículos de un equipamiento técnico tal que los peatones tengan una oportunidad. Con el texto presente exigimos un paquete de sistemas de seguridad pasiva y activa. Tenemos asimismo razón al pedir una actualización permanente del mismo. De hecho, también deseamos fijar unos plazos apropiados para los fabricantes, de modo que se pueda lograr el conjunto de los objetivos dentro de un plazo razonable.

Sin embargo, hay un aspecto que no podemos olvidar, y que no forma parte necesariamente de este Reglamento, aunque sí se relaciona con el mismo, a saber, la psicología. No podemos inducir a los conductores y peatones a pensar que están más seguros de lo que en verdad están. Desde esta perspectiva, abogo por que se establezcan medidas de acompañamiento en otros ámbitos. Necesitamos un paquete general exhaustivo y que los diversos legisladores, de ámbito tanto europeo como nacional, estén bien asesorados, de manera que dicha sensación de seguridad no se obtenga en último extremo a costa de perder, en realidad, más seguridad de la que se gane.

Una última observación: al igual que otros han hecho antes que yo, desearía dar las gracias al ponente, señor Ferrari, por su excelente trabajo. En la Comisión de Transportes y Turismo logramos un acuerdo sobre sus propuestas tras un buen debate; y no sólo nosotros sino, al parecer, también el Consejo. Al menos en relación con este punto, el señor Ferrari ha hecho honor a su apellido. Hemos logrado un consenso en primera lectura, lo que es una buena señal. Muchas gracias.

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) En 2007, aproximadamente 43 000 personas murieron en la Unión y alrededor de 1,7 millones de personas resultaron heridas en accidentes de tráfico. Por consiguiente, cada año desaparece en Europa el equivalente a la población de una ciudad pequeña y los costes económicos de tales accidentes ascienden a unos 200 000 millones de euros, lo que representa el 2 % del PIB comunitario. Cada año, 8 000 personas que participan en el tráfico viario como peatones o ciclistas mueren en accidentes de tráfico. Cada año, alrededor de 300 000 personas, peatones o ciclistas, resultan heridos en accidentes de tráfico. Por dicha razón, les pido que actúen para proteger a estas categorías de participantes en el tráfico.

Europa debe invertir en investigación en la industria de automoción, en nuevos materiales y en el diseño de vehículos más seguros, equipados con sistemas de protección delantera y sistemas destinados a evitar colisiones. La introducción de los sistemas de asistencia en la frenada y otras tecnologías de seguridad activa permiten una mejora de la protección de los usuarios vulnerables de la vía pública. Sin embargo, Europa debe mejorar asimismo sus infraestructuras viarias.

Este Reglamento tiene importantes repercusiones, toda vez que, seis años después de su entrada en vigor, se prohibirá el registro, la venta o la entrada en servicio de nuevos vehículos de categoría N1 que no cumplan los requisitos de protección de los peatones. Creo que este Reglamento depende de los sistemas de homologación específicos que se emplean en los Estados miembros. También deseo llamar la atención sobre la importancia de la educación de los peatones y ciclistas. Éstos deben conocer y respetar las normas de tráfico y respetar las señales, en tanto que los ciclistas deben llevar equipo de protección.

  Paweł Bartłomiej Piskorski (ALDE). – (PL) Señor Presidente, Comisario, desearía comenzar dando las gracias al señor Ferrari y felicitándolo por este informe. El informe hace gala de un grado de compromiso tal que el Parlamento Europeo puede estar orgulloso del mismo.

Nos estamos refiriendo a asuntos que pueden suponer un verdadero alivio para la gente. Hablamos de estadísticas. Cuán poco fiables son las estadísticas. No se trata sólo de que cada año se pierda la vida de miles de seres humanos, personas que mueren en accidentes de diversa índole. Se trata asimismo de decenas de miles de seres humanos que sufren lesiones en accidentes tales como aquellos en los que se ven involucrados peatones y ciclistas.

Obviamente, a través de nuestra reglamentación estamos dando pequeños pasos y en todo momento hemos de tener en mente que este informe ni resuelve ni remedia el problema en líneas generales. A todas luces, debemos procurarnos varios instrumentos, debemos identificar instrumentos relativos al código de circulación, relativos a la velocidad de conducción, relativos a las vías de tráfico, con objeto de hacerlas lo más seguras posible. Deseo dejar muy claro, no obstante, que el informe del señor Ferrari no sólo avanza en la dirección adecuada, sino que representa además un logro muy importante que podremos presentar en nuestros Estados miembros. Podremos presentarlo a nuestros votantes como algo concreto a lo que el Parlamento Europeo está prestando atención y que, en realidad, representa un cambio para bien, beneficioso para las personas.

Naturalmente, comprendo y puedo compartir los argumentos expuestos en relación con la industria, en relación con las imposiciones, pero no olvidemos que nuestra Unión Europea es un organismo tan grande que debemos fijar ciertas normas, normas que fijamos, desde una perspectiva económica, teniendo en cuenta el tamaño del mercado y el hecho de que dicho mercado sea tan receptivo y sus dimensiones tan grandes.

Por último, desearía aclarar que la cuestión de la protección de los peatones y ciclistas es importante no sólo para las zonas urbanas. En muchos países, como en Polonia, también es un asunto que atañe a las zonas rurales, en las que cada día se produce una gran cantidad de desplazamientos de personas en zonas próximas a las vías. El informe del señor Ferrari también es muy atinado en lo que respecta a este aspecto y señala camino por el que se debe avanzar.

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Comisario, Señorías, la movilidad es un derecho fundamental de todas las personas. Es asimismo el fundamento del dinamismo económico, cultural, social y ecológico de una sociedad. Sin embargo, no se convierte en un bien hasta que no se logra minimizar el peligro para la vida y la salud de todos los usuarios de la vía pública. La mejora de la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública no ha perdido un ápice de actualidad en la última década. La densidad del tráfico ha aumentado considerablemente pero la cifra de accidentes y la gravedad de las lesiones ocasionadas a los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública en las colisiones con la parte delantera de vehículos dotados o no de sistemas de protección delantera se ha reducido durante el mismo periodo, si bien no en la medida deseada.

Acojo con gran satisfacción un Reglamento encaminado a completar los esfuerzos emprendidos por los fabricantes de automóviles para mejorar las medidas pasivas de protección de los peatones —por las que les expreso mi agradecimiento— a través del uso de componentes del vehículo activos. Los sistemas de asistencia en la frenada pueden resolver conflictos relativos a los objetivos relacionados con la energía, el medio ambiente y la seguridad. Los sistemas de asistencia en la frenada disponibles a día de hoy supondrán un importante impulso para la prevención de accidentes. Su ulterior desarrollo técnico y su combinación con tecnologías de información y comunicaciones permitirán nuevas posibilidades. Parece que no tardaremos en hablar del «coche inteligente».

Pero cuidado: podemos exigir la aplicación de cuantas buenas medidas de seguridad para los vehículos se nos antoje pero, si los ciudadanos de a pie no se pueden permitir la adquisición de un vehículo nuevo y seguro, no habremos logrado absolutamente nada. Actualmente, la edad media de nuestros vehículos es de más de diez años. Los jóvenes, sobre todo, pueden permitirse cada vez menos adquirir un vehículo nuevo y seguro. ¿No es eso lo que queremos?

  Zita Gurmai (PSE). - (HU) Señor Presidente, Comisario, Señorías, como decisores responsables hemos de ser conscientes de que cualquier medida tiene repercusiones que rebasan el ámbito al que estaba destinada y que pueden llegar, incluso, a ser contrarias a los objetivos que se pretendía lograr. En aras de la protección del medio ambiente, hemos popularizado el uso de la bicicleta y del transporte público pero ¿hemos prestado atención alguna a nosotros mismos, las personas? Los peatones y los ciclistas se hallan indefensos y, a menudo, amenazados por los vehículos. En Europa, cada año mueren 8 000 usuarios vulnerables de la vía pública y resultan heridas otras 300 000 personas. Por ello, desearía dar las gracias a su Señoría Francesco Ferrari por su trabajo. Su informe está destinado claramente a reforzar vigorosamente la propuesta de la Comisión. Estoy convencida de que los esfuerzos para reducir los accidentes de tráfico se verían potenciados si se redujeran los plazos previstos para la preparación de la introducción del paquete de medidas contenidas en la propuesta de Reglamento con el fin de reforzar los sistemas de seguridad activa. El desarrollo de unos sistemas anticolisión eficaces podría asimismo contribuir a un refuerzo de la protección de los peatones. Estoy de acuerdo con el señor Koch en que procedería que tales sistemas fueran, por supuesto, baratos y asequibles. Además de la continua mejora de las tecnologías de seguridad activa, los fabricantes deben prestar atención al desarrollo de medidas de seguridad pasiva, ya que ambas son necesarias para lograr los objetivos fijados. Creo que es importante garantizar que podamos evaluar de manera constante la modificación de las opciones tecnológicas que apliquemos en función de los avances tecnológicos. Muchas gracias.

  Bilyana Ilieva Raeva (ALDE) . – (BG) Señor Presidente, Comisario, Señorías, me congratulo de los esfuerzos emprendidos por las instituciones europeas para reducir los accidentes de tráfico y sus víctimas.

El cifra de personas muertas o heridas representa un enorme problema de índole humana, sanitaria, económica, social y demográfica y los costes que entraña dicha tragedia tienen una serie de repercusiones negativas en la calidad de vida, el desarrollo sostenible y, lo que no deja de ser importante, el calentamiento global. Por ello, me tomo la libertad de animarles a que inicien la elaboración de unas medidas y una legislación más estrictas para ampliar el ámbito de aplicación de las normas en vigor y aplicar las mejores prácticas europeas, de manera que éstas se conviertan en obligatorias en todos los Estados miembros. Propongo que se adopte una estrategia normalizada en materia de seguimiento, control e imposición de sanciones en toda la Unión Europea y, sobre todo, una política orientada que anime a los Estados miembros a contener el nivel de víctimas de accidentes, de modo que no se supere de manera significativa la media de la UE. Confío en que, en el futuro, nuestra política común en materia de infraestructuras viarias en la Unión Europea mejore la calidad del control y la supervisión de las carreteras.

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Las estadísticas revelan que cada año mueren nada menos que 8 000 peatones y ciclistas y que 300 000 personas resultan heridas en nuestras carreteras. Estas cifras alarmantes nos demuestran cuán importante es aplicar una reglamentación más eficaz y estricta, con el fin de reducir la cifra de muertos y heridos relativa a los peatones y a otros usuarios de la vía pública.

Apoyo la exigencia del ponente de que los plazos de aplicación del nuevo Reglamento sean más breves que los propuestos por la Comisión. Cabe citar, por ejemplo, el plazo de incorporación de la tecnología BAS (sistema de asistencia en la frenada) a los automóviles, estimado en 33 meses, pese a que el proceso de implantación es, en realidad, bastante simple.

También estoy de acuerdo con la opinión de que es importante efectuar un seguimiento continuo de las posibilidades técnicas en el ámbito de la seguridad, con objeto de seguir incrementando la seguridad de los peatones y, sobre todo, de los ciclistas. Por último, estoy convencido de que la limitación del tráfico en los centros urbanos y el uso del transporte público y de la bicicleta son importantes métodos indirectos a través de los que todos nosotros podemos contribuir a la mejora de la seguridad de los peatones en nuestras vías públicas.

  Bart Staes (Verts/ALE). - (NL) Señor Presidente, Comisario, Señorías, acaso el presente sea un asunto muy técnico aunque no por ello deja de ser muy importante. En verdad, sitúa a la Unión Europea en el mapa. Deja claro que la UE es verdaderamente importante. Acojo con gran satisfacción la combinación de la Directiva de 2005 sobre los sistemas de protección delantera con la Directiva de 2003 relativa a la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública en un solo Reglamento. En ese sentido, no comprendo el comentario del señor Meijer, del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.

Debo aclarar que he solicitado la palabra para intervenir en este debate porque este tema me resulta muy cercano: en 2003 fui ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria en relación con la Directiva de 2003, asunto del que el señor Vermeer era ponente. Estoy muy satisfecho con el informe y con las propuestas del señor Ferrari. También me complace especialmente la elección de los sistemas activos y, en concreto, del sistema BAS. Estoy de acuerdo con el comentario del señor El Khadraoui de que ello debe aplicarse asimismo a las furgonetas. Seamos justos: esta legislación significará que pronto podamos garantizar una reducción sustancial de la cifra de tragedias que afectan a las familias europeas.

  Günter Verheugen, Vicepresidente de la Comisión. − (DE) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar procede aclarar que, por desgracia, mueren muchas más de 8 000 personas al año en nuestras carreteras. Dicha cifra de 8 000 se refiere a las víctimas de accidentes pertenecientes al grupo más vulnerable: el de los peatones y ciclistas. Además, se refiere al año 2004 y sólo comprende la UE de los Veinticinco. Por consiguiente, la cifra real es más elevada.

En segundo lugar, estoy de acuerdo con quienes dicen que se podría hacer mucho más para proteger a este grupo de personas más vulnerables, adoptando medidas en el ámbito de la gestión del tráfico, la seguridad vial, las infraestructuras viarias y las normas de tráfico. La Comisión está plenamente de acuerdo con dicha idea y la apoya. Sin embargo, en este momento nos estamos refiriendo únicamente a las posibilidades técnicas que ofrecen los propios vehículos.

En tercer lugar, pues, en el grupo de alto nivel sobre «CARS 21» (Marco reglamentario para un sector del automóvil competitivo en el siglo XXI), que debate el futuro de la industria de automoción europea y presenta recomendaciones al respecto, existe una postura completamente clara a propósito de que la industria de automoción europea sólo podrá tener éxito si ofrece los automóviles no sólo mejores desde el punto de vista técnico y más limpios del mundo, sino, asimismo, los más seguros. Por ello, las medidas que hoy aprobamos cuentan con el apoyo de los fabricantes de automóviles europeos.

Por último, estoy de acuerdo con quienes afirman que no se ha dicho la última palabra en relación con esta cuestión. Debemos permanecer muy atentos al desarrollo de las posibilidades técnicas. Yo mismo he visto la tecnología del futuro en desarrollo e incluso he podido probarla en ciertos vehículos. Estas nuevas posibilidades técnicas, tales como el control automático de la distancia y el reconocimiento automático de obstáculos, ya se ofrecen en ciertos vehículos de gama alta. Sin embargo, no están disponibles para las masas.

A día de hoy se puede vislumbrar ya, no obstante, a dónde conduce el camino y cuáles serán los próximos pasos de los que hablaremos dentro de unos años. Les agradezco el amplio apoyo de que ha gozado la propuesta de la Comisión en esta Cámara. Creo que estamos haciendo una aportación muy útil e importante a la seguridad vial en Europa.

PRESIDE: ADAM BIELAN
Vicepresidente

  Francesco Ferrari, ponente. − (IT) Señor Presidente, Señorías, ante todo desearía dar las gracias a los intervinientes, asimismo por que creo que se trata de un trabajo desarrollado de manera conjunta y creo que ello demuestra la validez de que tanto el Parlamento como, especialmente, la Comisión hayan sido capaces juntos de presentar una propuesta que, a mi juicio, en los tiempos que corren, es bastante significativa e importante.

También porque el problema principal —deseaba dar respuesta al primer orador— no es tanto el aumento del peso de los coches cuanto las mejoras de los mismos. De hecho, los automóviles son cada año más ligeros y ello se debe, en parte, a la tecnología, la ciencia y la investigación aplicadas a este sistema.

También creo que el punto más importante es que el 80 % de los accidentes mortales se produce en núcleos de población, es decir, a velocidades de 35, 40 ó 50 kilómetros por hora. Ello significa que el problema no se da sólo en las autovías, en las que los vehículos circulan a grandes velocidades: el problema es que se produzcan tantas muertes de personas vulnerables en núcleos de población, a 40 kilómetros por hora. Ello significa que es preciso hallar sistemas técnicos que nos permitan, en caso de accidente, causar el menor daño posible. De ahí que el segundo aspecto sea, en mi opinión, importante y por ello doy las gracias al Comisario y a la Comisión por la voluntad mostrada a la hora de crear un sistema de esta índole en el Reglamento.

En cuanto al otro concepto básico, me pregunto: ¿cuánto cuestan 300 000 accidentes a las arcas de las mutuas o de los hospitales, o al sistema sanitario de cada Estado miembro? ¿Cuánto cuestan? Por ello, también en este ámbito, si se producen menos accidentes habrá menos sistemas con déficit en materia de pagos, sobre todo en los hospitales y, en concreto, en lo que respecta a la asistencia.

Además, cabe citar el hecho de que si una persona sufre lesiones en el 70 o el 80 % de su cuerpo, ello significa que hay que abonarle una pensión, etc. Por ello, creo que tanto el Parlamento Europeo como, especialmente, la Comisión han considerado oportuno elaborar este Reglamento, ya que entrará en vigor en todos los Estados miembros y prestará especial atención a la investigación en materia de tecnología adecuada, dando un plazo de cinco años tras el cual el Consejo podrá evaluar si la tecnología ha seguido avanzando y determinar si se puede modificar el sistema.

Por lo tanto, desearía dar las gracias a todos los que han intervenido, así como al Presidente, y creo que mañana el resultado favorable de la votación representará un logro para el Parlamento Europeo y, sobre todo, para quienes han trabajado en este asunto a lo largo de este periodo.

  Presidente. − Se cierra el debate.

La votación se celebrará el miércoles 18 de junio de 2008.

Declaraciones por escrito (artículo 142)

  John Attard-Montalto (PSE), por escrito. – Los peatones deben contar con una protección máxima. La cifra de accidentes en los que se ven involucrados peatones sigue aumentando. Ello puede deberse a múltiples factores. El peor de ellos es la conducción temeraria o bajo los efectos del alcohol.

Los conductores que provocan accidentes mortales tienen que asumir la responsabilidad de sus actos. Por desgracia, creo que en mi país se dan tres factores que motivan que se produzcan accidentes con peatones.

En primer lugar, una gran cantidad de conductores ha obtenido su permiso de conducción mediante actividades ilícitas. El Gobierno no dio una respuesta adecuada cuando se descubrió este hecho.

En segundo lugar, el estado de buena parte de la calzada de las vías en Malta y Gozo es ruinoso. Ni siquiera en las capitales gemelas, Valletta y Victoria, ha sido capaz el Gobierno de garantizar que la calzada se halle en condiciones dignas. Es una vergüenza.

En tercer lugar, los tribunales de Malta son muy indulgentes a la hora de imponer condenas a los conductores que han causado accidentes mortales. Va siendo hora de que los jueces envíen a prisión a los conductores que han causado la muerte de terceros de resultas de una conducción temeraria o realizada bajo los efectos del alcohol, en lugar de decretar la suspensión de la pena, hecho inaudito en muchos otros países europeos.

16. Adaptación de determinados actos al procedimiento de reglamentación con control (Parte I) - Adaptación de determinados actos al procedimiento de reglamentación con control (Parte III) (debate)

  Presidente. − El punto siguiente se refiere al debate conjunto sobre:

- el informe (A6-0088/2008) de József Szájer, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adaptan a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, en su versión modificada por la Decisión 2006/512/CE, determinados actos sujetos al procedimiento contemplado en el artículo 251 del Tratado, en lo que se refiere al procedimiento de reglamentación con control - Parte I (COM(2007)0741 – C6-0432/2007 – 2007/0262(COD)); y

- el informe (A6-0086/2008) de József Szájer, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adaptan a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, en su versión modificada por la Decisión 2006/512/CE, determinados actos sujetos al procedimiento contemplado en el artículo 251 del Tratado, en lo que se refiere al procedimiento de reglamentación con control - Tercera Parte COM(2007)0822 – C6-0474/2007 – 2007/0282 (COD)).

  Margot Wallström, Vicepresidenta de la Comisión. − Señor Presidente, el «expediente sobre comitología» tiene dos características principales. Por una parte, es sumamente técnico y, probablemente, será difícil que el ciudadano de a pie lo comprenda. Por otra parte, es muy importante, ya que versa sobre cómo el Parlamento ejerce su control sobre los actos de ejecución. La modificación de 2006 de la Decisión en materia de comitología introdujo el denominado «procedimiento de reglamentación con control», que otorgaba al Parlamento Europeo un derecho de veto en relación con medidas de alcance general que modifican un acto legislativo adoptado mediante el procedimiento de codecisión.

A finales de 2006, 26 actos identificados como particularmente urgentes se habían adecuado ya al nuevo procedimiento, que otorga al Parlamento una función más importante, y me complace ver que hoy nos hemos reunido para aplaudir los nuevos avances logrados.

Entre noviembre de 2007 y febrero de 2008, la Comisión propuso adecuar más de 220 actos al nuevo procedimiento de reglamentación con control. Para facilitar el examen de tales expedientes por parte del Parlamento y del Consejo, optamos por agrupar las propuestas mediante un planteamiento denominado «ómnibus». Se adoptaron cuatro propuestas ómnibus.

La Comisión se complace de que resulte posible llegar a un acuerdo en primera lectura a propósito de las propuestas ómnibus primera y tercera y de que se hayan podido alcanzar soluciones de transacción adecuadas y justas entre las tres instituciones. Desearía dar las gracias, en particular, al ponente y a las comisiones parlamentarias, que han trabajado con gran denuedo y celeridad.

La Comisión desearía formular la siguiente declaración. En el marco de la revisión de la Directiva 2005/36/CE, tal como se establece en el artículo 60 de la misma, la Comisión evaluará, en concreto, la ejecución de sus competencias delegadas con arreglo a la cláusula de excepción establecida en el artículo 61 de la Directiva.

La Comisión apoya con firmeza la voluntad política de avanzar en relación con este tema, así como la voluntad del Parlamento de avanzar lo más rápidamente posible. Esperamos que el Consejo también manifieste un compromiso firme. Trataré este tema con la Presidencia francesa y confío en que ésta tome la iniciativa en relación con el mismo. Seguiremos cooperando estrechamente con las dos instituciones para lograr un acuerdo sobre las dos propuestas ómnibus pendientes.

  József Szájer, ponente. − (HU) Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, desearía comenzar repitiendo lo que la Vicepresidenta de la Comisión acaba de decir, a saber, que el asunto que estamos tratando tiene dos facetas. Por una parte, se trata de un asunto muy técnico, aunque he de añadir que es nuestro cometido el solucionar los problemas técnicos y llevar a cabo todas las tareas aparejadas, de modo que debemos entender estas cuestiones. Por otra parte, simultáneamente, ofrece una nueva oportunidad a los ciudadanos, ya que el nuevo procedimiento, el procedimiento con control, otorga por vez primera a los ciudadanos la oportunidad de ejercer control, a través de sus representantes elegidos libre y directamente, sobre las medidas de ejecución y las medidas normativas de la Comisión Europea.

Habrán oído multitud de historias, divulgadas fundamentalmente por los círculos euroescépticos, sobre cómo la Comisión Europea y la burocracia europea desean reglamentar una completa plétora de minucias. Estamos familiarizados con algunas de ellas: desde el tamaño de los huevos hasta el color de los pimientos, abundan los relatos de terror. Por supuesto, no sabemos cuán verdaderas tales historias son pero, sea como fuere, los mitos que rodean la burocracia bruselense han resultado ser persistentes. Una de las razones por las que tales mitos persisten se debe a que, hasta ahora, el Parlamento Europeo no gozaba de unas verdaderas competencias de control eficaces en lo tocante a las medidas normativas delegadas a la Comisión.

El presente proceso, que concluirá con las dos votaciones de mañana, permitirá que el Parlamento ejerza, al menos en parte, este tipo de control; en adelante, tales medidas normativas estarán sujetas a control político. En relación con lo que se denomina habitualmente el problema del déficit democrático, he de decir que el presente representa un avance importante. Se trata asimismo de un paso significativo en pos de eliminar el déficit democrático sin que ello entrañe la modificación del Tratado. He tratado en todo momento de hacer lo posible por lograr este objetivo, al igual que el Parlamento; el acuerdo alcanzado en 2006 entre la Comisión y el Parlamento ha servido de base para las modificaciones que debatimos hoy. Siempre he apoyado la idea de que no deberíamos esperar a que el Tratado de Lisboa amplíe tales competencias del Parlamento. No hay necesidad de esperar, ya que el acuerdo entre las dos instituciones y las propuestas que tenemos delante resuelven en gran medida tales problemas. Además, dudo que nadie pueda afirmar con seguridad, a día de hoy, en qué fecha entrará en vigor realmente el Tratado de Lisboa.

El Parlamento necesita estas competencias. Sin embargo, conviene advertir de lo siguiente: se trata de una ingente tarea que el Consejo lleva muchos años desarrollando a través de los comités de comitología. Para el Parlamento, se trata de una función completamente nueva y será necesario llevar a cabo una gran cantidad de trabajo para garantizar que seamos verdaderamente capaces de ejercer las nuevas competencias que se nos han atribuido. Además, no se trata simplemente de poder ejercer tales competencias en nuestra calidad de Parlamento Europeo: en adelante, se tratará en verdad de una obligación, ya que los ciudadanos europeos podrán pedirnos responsabilidades, como representantes elegidos que somos, sobre el modo en que gestionamos tales asuntos. Desearía expresar mi más sincero agradecimiento a la Comisión por haber presentado estas propuestas y desearía llamar la atención sobre el hecho de que únicamente se hayan presentado doce de los treinta o, más bien, de los cuarenta y seis actos incluidos en la «tercera lista», y pedirles, pues, que presentes los treinta y cuatro restantes cuanto antes, de modo que podamos tratarlos. Las negociaciones con el Consejo sobre los paquetes ómnibus primero y tercero han concluido satisfactoriamente.

Confío plenamente en que el Consejo continúe este proceso —de hecho, se ha comprometido a ello— y, si es posible, resuelva los problemas y ponga fin al proceso a finales del presente año. Para que ello suceda, todas las instituciones tendrán que seguir cooperando mutuamente. Otra razón por la que este asunto es importante se refiere a que, en este caso, tanto la Comisión como el Consejo están cediendo importantes competencias constitucionales al Parlamento. Podría, pues, expresar cuán encomiable es este hecho y cuán agradecidos estamos de que se nos hayan otorgado estas competencias. Sin embargo, creo sinceramente que las instituciones han adoptado esta medida en interés de la democracia en la Unión Europea y en aras de eliminar procedimientos excesivamente burocráticos y garantizar una Unión Europea más eficaz, más transparente y más democrática. Doy las gracias a las instituciones por su cooperación y expreso asimismo mi gratitud a las comisiones por haber actuado con celeridad para permitir al Parlamento resolver este asunto, al menos en lo que respecta a las propuestas ómnibus primera y tercera. Gracias por su atención.

  Oldřich Vlasák, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (CS) Señor Presidente, Comisaria Wallström, Señorías, la Comisión Europea desempeña una función irremplazable en la aplicación de la legislación europea. Su tarea consiste en aplicar la legislación europea a nivel comunitario y en garantizar que dicha legislación se cumpla en los Estados miembros. La comitología es uno de los instrumentos fundamentales para gestionar este proceso. La comitología es justificable y desempeña asimismo una función irremplazable en los procesos político y legislativo. Se creó como respuesta a la necesidad práctica de modificar y enmendar la reglamentación comunitaria, a menudo muy técnica, de modo que se adecuara a la realidad y a la situación sobre el terreno. Sin embargo, ello no significa que el sistema en vigor sea ideal. En el marco de la comitología, hemos de buscar ante todo el equilibrio entre la Comisión, el Consejo y/o los Estados miembros y el Parlamento Europeo.

La importancia del Parlamento Europeo y su función en la adopción de la legislación europea es irremplazable. Dicho lo cual, hemos de recordar que la posibilidad de supervisar la aplicación de los instrumentos comunitarios está limitada por los plazos, los aspectos técnicos y el conocimiento. En mi opinión, la participación del Parlamento en el proceso es excesiva, lo que añade más burocracia y pone en peligro todo el proceso. Nuestro objetivo debería ser exactamente el contrario: reducir la burocracia. Cientos de comités de comitología y miles de reuniones y actos de ejecución contribuyen a duras penas a la transparencia de la comitología. A mi juicio, debería existir un mayor grado de formalización del sistema de comitología. No hay duda de que el proceso en su conjunto debe racionalizarse y simplificarse. Señorías, la comitología, al igual que Tratado de Lisboa, es algo que los ciudadanos no comprenden. A los efectos de nuestro debate sobre comitología, deberíamos, pues, contemplar el «no» irlandés como una advertencia.

  Manuel Medina Ortega, en nombre del Grupo del PSE. – (ES) Señor Presidente, esta noche el Parlamento está haciendo algo nuevo. Yo creo que todos los intervinientes, empezando por la señora Comisaria, han puesto de relieve el carácter algo abstruso de la comitología. La prueba es que no tenemos a nadie en el público esta noche siguiendo este debate y, si yo tuviera que explicar a mis electores lo que estoy haciendo aquí esta noche a las once, me costaría mucho trabajo.

Yo creo que los diferentes intervinientes han hecho referencia a esta dificultad y yo creo que, en la preocupación por hacer un poco más atractivas las instituciones de la Unión Europea, tendremos que buscar algún procedimiento con el que podamos explicarles a los ciudadanos lo que estamos realmente discutiendo.

Desde luego, el paquete de medidas que estamos considerando es bastante amplio. Como ha dicho la Comisaria, se trata de cuatro paquetes ómnibus. Estamos viendo nada más que el primero y el tercero, y estamos viendo artículo por artículo las dificultades que plantean desde el punto de vista de la ejecución. Como señalaban el ponente y los demás, este ejercicio es un ejercicio necesario pero, evidentemente, deberíamos tratar de aclararlo.

Quizás valga la pena hacer referencia a algunos de los temas. Por ejemplo, la Directiva 76/160/CEE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas de baño o la Directiva 91/271/CE del Consejo, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. El procedimiento que se adopte va a tener consecuencias prácticas para los ciudadanos, pero la cuestión es cómo hacérlo llegar a ellos.

Yo creo que el señor Szájer ha hecho un buen trabajo, que nosotros hemos tratado en este Parlamento de actuar con sentido de la responsabilidad, que vamos a seguir haciéndolo y lo único que nos va a quedar es esta parte, que es transmitir a los ciudadanos lo que realmente estamos haciendo aquí, y esto es bastante difícil. Creo que será el reto que tengamos y, continuando con lo que hemos conseguido hacer, con lo que estamos haciendo esta noche, creo que esa segunda parte tendríamos que desarrollarla en el futuro para que ese debate parlamentario no sea tan desolador como el que tenemos esta noche.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Señor Presidente, la inclusión del Parlamento Europeo en los procedimientos de comitología es necesaria, a la vista del desarrollo de sus competencias y, especialmente, como parte del procedimiento de codecisión establecido en el artículo 251 del Tratado. Tal es la dirección que siguen la Decisión del Consejo de 17 de julio de 2006 y el artículo 5 bis, que introduce el nuevo procedimiento con arreglo al que el Parlamento codecidirá con el Consejo los fundamentos de la propuesta de determinadas competencias de ejecución. El nuevo «procedimiento de reglamentación con control» se relacionará con medidas de alcance general cuyo objeto sea modificar elementos no esenciales de un acto de base adoptado con arreglo al procedimiento de codecisión.

La Decisión del Consejo reviste una importancia revolucionaria para el desarrollo de proceso legislativo, toda vez que permite que el Parlamento vete una propuesta de la Comisión relativa a las competencias de ejecución. De este modo, será posible modificar una propuesta o regresar a la vía legislativa. Es muy importante que el paquete de actualización se adopte cuanto antes, con objeto de que el nuevo procedimiento se aplique directamente al acervo en vigor. Por ello, les pido que, en la próxima votación, aprueben la propuesta de la Comisión referida a la lista de instrumentos legislativos que habrán de adecuarse al nuevo procedimiento, al igual que las enmiendas presentadas por las comisiones parlamentarias competentes.

Al mismo tiempo, desearía señalar que un aspecto de importancia crucial para el éxito de la actual reforma del procedimiento de comitología será el modo en que el Parlamento haga uso de las posibilidades que se le han ofrecido. El requisito de una mayoría absoluta de votos para rechazar la propuesta de la Comisión sobre las competencias de ejecución y la demora del procedimiento causada, por ejemplo, por la necesidad de traducir documentos a las 23 lenguas oficiales de la Unión Europea pueden tener repercusiones negativas en el avance de dicho procedimiento. Deberíamos tener en cuenta asimismo que el Parlamento puede ser objeto de una mayor presión procedente de los diversos círculos interesados en influir en la forma que adopten finalmente las competencias de ejecución. Un desafío adicional, por motivos tanto de índole general como de organización, lo constituirá el considerar el enorme número de instrumentos de ejecución que se presentarán al Parlamento en el futuro.

  József Szájer, ponente. − (HU) Señor Presidente, Señora Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, no me queda mucho que añadir, aparte de dar las gracias a su Señorías de la Comisión de Asuntos Jurídicos y a las demás comisiones por su estrecha cooperación. También doy las gracias a todos los que han colaborado con la comisión y me han prestado ayuda en este muy complicado asunto. Me complace mucho que hayamos logrado alcanzar un acuerdo con el Consejo al respecto y espero que podamos concluir el procedimiento en primera lectura. Desearía asimismo expresar mi esperanza en que este proceso siga avanzando al mismo ritmo en relación con las propuestas ómnibus segunda y cuarta: la cuarta es, acaso, algo más complicada y peliaguda. Las negociaciones al respecto han comenzado ya y confío plenamente en la posibilidad de que el proceso concluya a finales de año o, incluso antes, y en que el proceso oficial pueda seguir su curso.

El Tratado de Lisboa instaurará este sistema en el contexto de la legislación secundaria, pero no habría sido adecuado desperdiciar dos años sin contar con el procedimiento de comitología. Estoy convencido de que el Parlamento necesita este proceso de aprendizaje; necesita saber cómo gestionar estos asuntos. Un orador se ha referido a que es crucial que seamos capaces de distinguir entre asuntos importantes y asuntos que no lo son; la función del poder legislativo consiste, en verdad, en centrarse en asuntos vitales y por tal razón tiene que delegar ciertas competencias en el ejecutivo, es decir, en la Comisión, aunque debemos conservar la posibilidad y el derecho de ejercer control sobre las medidas de ejecución elaboradas por aquélla. Las observaciones formuladas se han incorporado a las propuestas. Les agradezco mucho su atención y deseo lo mejor al Parlamento, a la Comisión y al Consejo en el desempeño de las tareas pendientes, dado que este acto legislativo es el número sesenta y tantos y el grueso de los actos habrá de tratarse aún. Espero que el asunto pueda resolverse durante la segunda mitad del año. Muchas gracias por su atención. Gracias por haberme escuchado.

  Presidente. − Se cierra el debate.

La votación se celebrará el miércoles 18 de junio de 2008.

17. Contingentes arancelarios comunitarios autónomos para las importaciones de determinados productos de la pesca en las Islas Canarias (debate)

  Presidente. − El siguiente punto se refiere al informe (A6-0213/2008) de Gerardo Galeote, en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios comunitarios autónomos para las importaciones de determinados productos de la pesca en las Islas Canarias (COM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS)).

  Joe Borg, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, ante todo permítame que dé las gracias al ponente, Gerardo Galeote, por este informe, que estoy en condiciones de apoyar plenamente, y por los esfuerzos que ha realizado para tratar este asunto con la máxima diligencia. Me complace asimismo señalar el firme apoyo que la Comisión de Desarrollo Regional ha brindado a esta propuesta.

Las Islas Canarias son una de las regiones ultraperiféricas de Europa y se caracterizan por su aislamiento geográfico y económico. La Unión Europa lleva tiempo reconociendo la necesidad de reducir, eliminar o suspender temporalmente los contingentes arancelarios con objeto de fomentar la producción en tales regiones al facilitar el suministro de materias primas. En 1991, la Unión Europea suspendió, total o parcialmente, los contingentes arancelarios comunitarios para las importaciones de determinados productos a las Islas Canarias. En el caso de los productos de la pesca, tales medidas se aplican únicamente a las materias primas que se emplean en productos destinados únicamente al consumo en el mercado local.

Los contingentes arancelarios para la importación que propone ahora la Comisión suceden a otras medidas similares establecidas en el Reglamento (CE) nº 704/2002 del Consejo, de 25 de de marzo de 2002, que comprendió el periodo situado entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2003. Los contingentes arancelarios deben contemplarse, en relación con la ayuda a la economía de las Islas Canarias, como un complemento de otras medidas adoptadas en virtud del artículo 299, apartado 2, del Tratado CE, en particular el régimen de compensación de los costes adicionales que origina la comercialización de determinados productos pesqueros de las regiones ultraperiféricas, aplicada con arreglo al Reglamento (CE) nº 791/2007 del Consejo, de 21 de mayo de 2007. Con objeto de adecuar las medidas propuestas a este régimen, la Comisión propone que los contingentes arancelarios se apliquen durante siete años, con objeto de que comprendan el periodo 2007-2013. Se trata de una ampliación de dos años del plazo establecido por el anterior Reglamento y debería entrar en vigor de manera retrospectiva, a partir del 1 de enero de 2007, con objeto de garantizar la continuidad.

Volviendo al informe, me gustaría comentar las enmiendas propuestas. La Comisión señala que tres de las enmiendas presentadas se refieren a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Al respecto, desearía subrayar que la Comisión ha propuesto recientemente un completo sistema para evitar que los productos obtenidos a partir de la pesca INDNR accedan a los mercados comunitarios, una propuesta a la que el Parlamento ha brindado un amplio apoyo.

La Comisión considera que las medidas de lucha contra la pesca INDNR no han de incluirse en la propuesta de Reglamento sobre los contingentes arancelarios. Por lo tanto, tales enmiendas no pueden aceptarse. En lugar de aplicar un planteamiento poco sistemático, la Comisión opina que el problema de los productos de pesca capturados por cauces ilegales debería tratarse mediante instrumentos horizontales que se aplicaran a todos los productos importados a los mercados comunitarios, incluido el de las Islas Canarias.

Desearía expresar mi agradecimiento, de nuevo, al señor Galeote por su informe y a la Comisión de Desarrollo Regional por la atención prestada a este importante asunto.

  Gerardo Galeote, Ponente. – (ES) Señor Presidente, la situación geográfica excepcional de las Islas Canarias, en relación con las fuentes de suministro de ciertos productos de la pesca, que son esenciales para el consumo interno, impone a esta región costes adicionales para el sector y, como acaba de recordar el señor Comisario, desde 1991 la Unión Europea ha intentado paliar esta desventaja natural, entre otras medidas, mediante la suspensión temporal de los derechos de aduana sobre las importaciones de los productos en cuestión, originarios de terceros países.

La presente propuesta de Reglamento pretende garantizar la continuidad, para el periodo 2007-2013, de las medidas expuestas en el Reglamento vigente, de 2002, que estableció una serie de contingentes arancelarios autónomos para las importaciones de determinados productos de la pesca en Canarias, para el periodo de 2002 a 2006.

Yo quisiera subrayar que la suspensión de derechos arancelarios sólo se concede a los productos destinados al mercado interior, e igualmente decir que esta propuesta ha sido aprobada prácticamente por unanimidad en el Consejo y por amplísima mayoría en la Comisión de Desarrollo Regional.

El Grupo de los Verdes ha presentado cuatro enmiendas que, señor Presidente, no podemos apoyar, porque mezclan conceptos de pesca ilegal con los contenidos de este Reglamento, cuyo funcionamiento en la práctica ha mostrado que los filtros de control instaurados por la aduana en Las Palmas han funcionado de manera correcta.

Así lo avala el informe transmitido a la Comisión Europea por el Gobierno de España, de un signo político distinto de la opción que yo represento. La Comisión Europea lo aceptó, lo validó y lo incorporó en buena medida a su propuesta.

En la actual propuesta de la Comisión Europea se ratifican específicamente las medidas garantistas y de control existentes para impedir desviaciones del comercio. En resumen, se instrumentan las oportunas medidas antifraude que, añadidas a los filtros de aduana ya mencionados, constituyen un conjunto de instrumentos suficientes, bajo el control de las instituciones comunitarias, para el correcto funcionamiento y seguimiento de los contingentes comunitarios, que, como ha quedado probado, nada tienen que ver con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

En conclusión, señor Presidente, las importaciones de los productos de la pesca incluidos en los contingentes de Canarias son legales, son declarados y son reglamentados de manera adecuada y, por lo tanto, yo pido el apoyo a la propuesta de la Comisión Europea y el rechazo de las enmiendas presentadas.

  Fernando Fernández Martín, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (ES) Señor Presidente, nuestro Grupo votará a favor de la aprobación del informe del señor Galeote sobre las importaciones de determinados productos de la pesca en las Islas Canarias. Se trata, como ha dicho el Comisario, de dar continuidad a un instrumento vigente desde hace ya muchos años —desde 1991— que expiró en el año 2006, subsanando así un vacío normativo existente hasta hoy.

Jurídica y presupuestariamente este Reglamento está justificado. También lo está política y económicamente para mantener una actividad esencial para las Islas Canarias.

Desde la pérdida de nuestros caladeros en el antes llamado «banco pesquero canario-sahariano», nos hemos visto obligados a realizar importaciones para el consumo interno, como en este caso.

Las actividades de una importante industria de transformación de productos de la pesca las hemos perdido en las Islas desde entonces. En algunas islas, esta actividad era esencial para no hacerlas dependientes exclusivamente del turismo.

Con argumentos demagógicos y falsas imputaciones, el Grupo Verts/ALE presenta unas enmiendas contrarias a este Reglamento.

En el Parlamento de Canarias, la presencia de diputados Verdes es cero; en los 88 ayuntamientos canarios el número de alcaldes Verdes es cero; de los 29 concejales del Ayuntamiento de Las Palmas, el número de concejales Verdes es cero; los Verdes apenas están presentes en un par de ayuntamientos canarios en los que, por cierto, gobiernan en coalición con el Partido Popular.

Es deseable, en mi opinión, una mayor presencia política de los Verdes en las instituciones canarias, pero, con iniciativas como ésta, llenas de demagogia y falsas acusaciones, créame, señor diputado enmendante, ustedes van en la dirección equivocada, ustedes tendrán cada vez menos apoyos políticos y sociales en las Islas Canarias.

  Manuel Medina Ortega, en nombre del Grupo PSE. – (ES) Señor Presidente, en nombre del Grupo socialista, me levanto para apoyar el informe del señor Galeote, así como las observaciones del señor Borg, Comisario, y también las informaciones de mi colega, el señor Fernández Martín.

Creo que el Reglamento es absolutamente necesario porque Canarias es una región que tiene 2 millones de habitantes, en la que residen muchos millones de turistas y que, como señala el señor Fernández Martín, después de haber perdido el caladero del Sáhara Occidental, Canarias depende, para su subsistencia y para alimentar la industria turística, de importaciones de pescado.

Suponer que en este momento, en las aduanas canarias, que están sometidas a controles estrictos por parte del Estado español y de la Unión Europea, estos productos que entran con un régimen arancelario especial van a ser desviados es una grave acusación contra el funcionamiento de las instituciones del Estado español y denota además un gran desconocimiento por parte de los enmendantes de la situación real de Canarias. Deberían visitar las Islas Canarias, ver cómo funcionan las operaciones del puerto, antes de presentar estas enmiendas de carácter temerario.

Creo que el señor Borg ha indicado que el procedimiento o el control de los procedimientos de entrada y salida de productos de la pesca se va a hacer desde la Comisión, y así se está haciendo en este momento. Si se demostrara cualquier anomalía, habría que actuar en consecuencia. Pero no debemos aceptar este tipo de enmiendas, que llevarían a la supresión de las concesiones que hace la Unión Europea para que, en nuestra región, esta pequeña y modesta región, de una superficie de sólo 7 500 km2 y de 2 millones de habitantes, podamos seguir subsistiendo.

Si las enmiendas salen adelante, los enmendantes habrán conseguido producir un encarecimiento de la cesta de la compra del ciudadano canario y dificultar esa difícil actividad de mantener la industria turística.

Por tanto, yo espero que, igual que ocurrió en la Comisión de Política Regional, el Pleno del Parlamento Europeo apoye masivamente la propuesta que nos ha presentado el señor Galeote.

Quiero aprovechar esto para señalar que no se comprenden en general, dentro de la Unión Europea, las dificultades que tienen estas regiones ultraperiféricas. Precisamente ahora estamos discutiendo también otro tema, que es el del comercio de emisiones.

Las medidas que, con carácter general, pueden adoptarse para una región central de la Unión Europea pueden tener efectos devastadores en las regiones ultraperiféricas de la Unión. Estamos hablando de pequeños territorios —en total hablamos de una población de 4 millones de habitantes, distribuida en islas situadas en el Pacífico, en el Atlántico, en el Caribe— que, en caso de que no se tomen medidas especiales para ellas, se encontrarían en dificultades.

Por tanto, pido a los colegas que han presentado estas enmiendas que, antes de actuar de esa forma, se enteren de cuál es la situación real y comprendan las dificultades con las que se encuentran estas regiones ultraperiféricas.

  Bart Staes, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (NL) Señor Presidente, Señorías, tomo nota de la declaración del Comisario Borg de que el fraude relacionado con productos de la pesca capturados de manera ilegal ha de abordarse mediante medidas horizontales. A los diputados españoles prontos a afirmar en esta Cámara, en ocasiones, incluso, de un modo agresivo, que propalo mentiras, les diría que, en verdad, están escondiendo la cabeza bajo la arena. No obtengo mi información de cualquier parte. La presente la he obtenido a través de preguntas parlamentarias, de la respuesta dada por la Comisión a la respuesta de una de sus Señorías.

A tales diputados españoles les diría que la Comisión ha enviado a España un dictamen motivado relacionado con la existencia de ciertas prácticas fraudulentas en todos los puertos del país, incluido el de Las Palmas. La propia Comisión me ha comunicado que la cifra de inspectores ha aumentado de dos a siete, lo que aún considera insuficiente. Ciertas fuentes me han informado de que las inspecciones sólo se llevan a cabo en días laborables, entre las 8.00 y las 15.00 horas. Desearía seguir investigando este asunto, y emprenderé nuevas iniciativas parlamentarias para averiguar cómo avanza la lucha contra el fraude en toda Europa y, muy especialmente, en España.

  Joe Borg, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, del debate se desprende claramente que nuestro objetivo es común, tanto en lo que atañe a nuestro apoyo a través de la medida propuesta para la región ultraperiférica de las Islas Canarias como en lo que se refiere a nuestro compromiso con la lucha contra la pesca INDNR.

Repito lo que acabo de decir: que estamos comprometidos con la lucha contra la pesca INDNR y que hemos propuesto un completo Reglamento que esperamos se adopte dentro de dos semanas, durante la reunión del Consejo del 24 de junio. Por lo tanto, creemos que la estrategia relativa a la pesca INDNR debería seguir siendo horizontal y que, por consiguiente, la propuesta de modificar el presente Reglamento no es el modo de avanzar.

Con respecto a la observación del señor Staes, desearía aclarar que el procedimiento de infracción, registrado con el número 2002/2184, sigue su curso. La información recibida de resultas de las diversas inspecciones realizadas indica que se han logrado mejoras, aunque la Comisión seguirá evaluado la situación y, más concretamente, decidirá si es preciso llevar a cabo una inspección final para que este procedimiento concluya. Con ello quiero decir que bien el procedimiento concluirá si se determina que España cumple la normativa, o bien habremos de proseguirlo ante el Tribunal de Justicia con objeto de lograr una resolución con respecto a todo este asunto.

  Gerardo Galeote, Ponente. – (ES) Señor Presidente, voy a ser muy breve por lo avanzado de la hora, pero sobre todo porque, en primer lugar, la Comisión Europea —que no es sospechosa, supongo— ha sido concluyente avalando los controles establecidos por las autoridades autonómicas y nacionales y, de hecho, estamos debatiendo aquí una propuesta suya; en segundo lugar, porque, de los veintisiete Estados miembros, veintisiete le han dado su apoyo; y, en tercer lugar, porque nuestra comisión parlamentaria aprobó la propuesta prácticamente por unanimidad.

Esta actitud del señor Staes me recuerda a la madre que va a ver a su hijo desfilar al licenciarse de su servicio militar y le dice a alguien que tiene a su lado: mira lo bueno que es mi hijo, porque es el único que desfila bien, todos los demás de su compañía desfilan con el pie cambiado.

Yo les pediría a los enmendantes que reflexionen. ¿No será que los equivocados en este caso sean ellos y no el resto de la humanidad?

  Presidente. − Se cierra el debate.

La votación se celebrará el miércoles 18 de junio de 2008.

18. Orden del día de la próxima sesión: véase el Acta

19. Cierre de la sesión

(Se levanta la sesión a las 11.15 horas.)