Acta literal de los debates

Martes 8 de julio de 2008 - Estrasburgo

14. Turno de preguntas (preguntas al Consejo)

  Presidente. − El siguiente punto es el turno de preguntas al Consejo (B6-0156/2008).

  Presidente. −

Pregunta nº 1 de Claude Moraes (H-0426/08)

Asunto: Directiva horizontal en contra de la discriminación

¿Puede explicar el Consejo qué medidas pretende tomar en relación con la lucha por una mayor igualdad de oportunidades en toda la UE?

¿Cuál es el programa de la Presidencia en lo que a igualdad de oportunidades se refiere? ¿Cómo garantizará el Consejo la aplicación efectiva por parte de los Estados miembros de la legislación en contra de la discriminación?

  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) Señor Presidente, el Consejo es plenamente consciente de la importancia de las medidas horizontales de lucha contra la discriminación y, por ello, ya ha adoptado una serie de actos legislativos en este ámbito.

Estoy pensando en la Directiva 2000/43/CE del Consejo, que prohíbe la discriminación por motivos de origen racial o étnico en una serie de contextos, y en la Directiva 2000/78/CE, que prohíbe la discriminación por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación.

La Comisión se encarga de garantizar el seguimiento de la transposición de los actos legislativos adoptados por la Unión Europea y está facultada para incoar procedimientos de infracción. La Comisión también sigue de cerca la aplicación efectiva de las Directivas en vigor y el 2 de julio adoptó una propuesta de Directiva para garantizar la protección contra la discriminación por motivos de edad, discapacidad, orientación sexual y religión o convicciones fuera del lugar de trabajo.

Esta nueva Directiva tiene por objeto garantizar la igualdad de trato en los ámbitos siguientes: la protección social, la educación, la accesibilidad y el suministro de bienes y la prestación de servicios comercialmente disponibles al público, incluida, ciertamente, la vivienda.

El Consejo examinará, por consiguiente, esta iniciativa de forma muy detallada en el transcurso de los próximos meses.

  Claude Moraes (PSE). - Me gustaría dar las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo. Acojo con satisfacción el hecho de que el Consejo adopte un punto de vista positivo en relación con la legislación en materia de lucha contra la discriminación. No obstante, también es usted consciente, señor Presidente en ejercicio del Consejo —o, si no lo es pronto lo será— de que ha heredado un legado de inaplicación de las Directivas contra la discriminación, tanto la Directiva sobre la igualdad racial como la Directiva sobre el empleo.

Ahora disponemos de un nuevo paquete que acogemos con mucha mayor satisfacción, una nueva Directiva horizontal sobre bienes y servicios.

Pediría al Consejo, en primer lugar, que garantizase que este legado de inaplicación por parte del Consejo no se perpetúe. Por ejemplo, existe un legado de inaplicación en relación con la decisión marco del Consejo sobre crímenes racistas. El Consejo debe apoyar este paquete, porque es importante para los ciudadanos de Europa, y pedimos que se adopte una visión positiva al respecto.

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Señor Presidente, sabemos que no será fácil, pero puedo decir al señor Moraes que, desde un punto de vista jurídico, estamos trabajando diligentemente para garantizar la aplicación y que la Presidencia, por su parte, hará todo lo que esté en su mano para que este paquete de la Comisión pueda aplicarse.

Sabemos ya, dados la trayectoria de unos y otros y el alcance de las propuestas de la Comisión, que no será algo en absoluto fácil.

  Elizabeth Lynne (ALDE). - Me complace que se haya presentado una directiva horizontal en los ámbitos mencionados.

¿Podría decirme hasta qué punto cree que lograremos el apoyo de los demás miembros del Consejo para esta Directiva? ¿Se va a comprometer la Presidencia francesa hoy a hacer campaña para garantizar el apoyo del Consejo?

Es muy importante que se apruebe esta legislación contra la discriminación para completar el conjunto de disposiciones del artículo 13 y, como Claude Moraes dice, la aplicación también es una cuestión fundamental.

  Jörg Leichtfried (PSE). – (DE) Me gustaría analizar esta cuestión un poco más. Parece ser que ahora en el seno de la Unión Europea se producen casos típicos de discriminación por motivos étnicos, y eso está ocurriendo en Italia, donde se criminaliza a algunas personas por su origen étnico. ¿Cómo valora la Comisión esta práctica? ¿Considera adecuado que se emprendan medidas en contra del Gobierno italiano?

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Señor Presidente, creo que ambas preguntas resumen bien las contradicciones que pueden existir en el seno de los Estados miembros. Aún no se han celebrado conversaciones en el Consejo, así que no puedo responder en nombre de la Unión Europea.

Me gustaría decir que, para la Presidencia, estas orientaciones son importantes. Este asunto entra dentro del marco para el refuerzo de la dimensión social de la Unión Europea, una de las cuestiones en las que hace especial hincapié. Haremos todo lo posible para lograr el consenso y seremos pragmáticos y abordaremos los resultados que podamos lograr lo antes posible.

He prestado especial atención a lo que se ha dicho sobre la discriminación étnica y es evidente que se trata de una fuente de preocupación importante para la Presidencia.

  Presidente. −

Pregunta nº 2 de Marian Harkin (H-0428/08)

Asunto: Prioridades de la Presidencia francesa

En vista de las prioridades de la Presidencia francesa en relación con la movilidad en el ámbito de la educación y con el aprendizaje permanente, ¿está de acuerdo el Consejo con que sería una buena idea aprovechar el Año Europeo del Voluntariado (2011) para fomentar la movilidad por la UE de personas de todas las edades mediante actividades de voluntariado?

  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) Señor Presidente, como sabe, aunque el Consejo no puede adoptar una posición oficial sobre las diferentes propuestas de temas para los futuros Años Europeos, acoge con gran interés la sugerencia de la señora Harkin.

Las propuestas sobre los temas de los Años Europeos pueden proceder de personas, grupos o instituciones, pero primero deben haber sido aprobadas y seleccionadas por la Comisión Europea, que elabora entonces una propuesta legislativa. Tal propuesta es examinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento de codecisión. Por consiguiente, el Consejo sugiere a la señora Harkin que presente su propuesta a la Comisión Europea, que es la única institución que goza del derecho de iniciativa para presentar propuestas de este tipo.

En lo que respecta al año 2008, como saben, el Año Europeo está dedicado al diálogo intercultural y tenemos intención de mantener esta cuestión en el punto de mira de la Presidencia francesa.

  Marian Harkin (ALDE). - Gracias por su respuesta. Creo que la razón que me impulsó a proponer 2011 como Año Europeo del Voluntariado guarda relación con la presentación, junto con otros cuatro diputados al PE, de una declaración a tal efecto, y hoy hemos alcanzado el número necesario. Por lo menos éste será el punto de vista del Parlamento. Si la Presidencia francesa puede ejercer algún tipo de influencia al respecto, le pediría que nos apoyase.

Como he dicho, hemos logrado el número necesario hoy y ello nos permite poner en práctica planes y políticas que tengan repercusiones reales para 2011 si la Comisión también nos presta su apoyo.

Mientras tanto, pediría a la Presidencia francesa que garantizase el desarrollo de las actividades de los jóvenes voluntarios, con vistas a contribuir a la movilidad y empleabilidad de los jóvenes.

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Señor Presidente, ciertamente comparto las preocupaciones de la señora Harkin. Señalaría que la Presidencia en general y la Presidencia francesa en concreto, son muy sensibles a las cuestiones suscitadas por su Señoría, especialmente en lo que respecta a la movilidad y la empleabilidad de los jóvenes, y la Presidencia francesa tiene intención de garantizar que esta cuestión sea objeto de especial atención.

También velaremos por que estas preocupaciones puedan ser tomadas en consideración por la Comisión, ya que incumbe a esta institución presentar tales propuestas. Por nuestra parte, trataremos de realizar los progresos necesarios durante nuestra Presidencia en relación con las preocupaciones mencionadas por la señora Harkin.

  Presidente. − Se retiraron las preguntas nº 3 y nº 4.

  Presidente. −

Pregunta nº 5 de Brian Crowley (H-0432/08)

Asunto: Abandono del objetivo de la UE del 10 % de consumo de biocarburantes

Un informe (PE 405.949) que se está debatiendo en estos momentos en el Parlamento solicita que se rebaje o se abandone completamente el objetivo de la UE de alcanzar una cuota del 10 % en el consumo de biocarburantes, debido a las consecuencias sobre los seres humanos, la flora, la fauna y el suministro mundial de alimentos. ¿Puede explicar el Consejo si el objetivo del 10 % acordado en marzo de 2007 está en peligro y si es falsa la relación entre el aumento de los precios y el incremento de la producción de biocarburantes?

  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) Señor Presidente, ciertamente el Consejo Europeo aprobó en marzo de 2007 el objetivo de alcanzar de aquí a 2020 una proporción mínima del 10 % de biocarburantes en el consumo total de gasolina y gasóleo destinados al transporte.

Sin embargo, al mismo tiempo el Consejo impuso también algunas condiciones previas, a saber, en primer lugar, el objetivo debía poder lograrse con un coste razonable, la producción de biocarburantes debía tener un carácter sostenible, se debían comercializar biocarburantes de segunda generación y la Directiva sobre la calidad de los carburantes debía modificarse consiguientemente para prever niveles de combinación adecuados. Sin embargo, aún no sabemos si estas condiciones se van a cumplir.

Para responder al señor Crowley, el Consejo invitó a la Comisión a presentar lo antes posible las necesarias propuestas. En enero de 2008, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Ello obligará a los Estados miembros a garantizar que al menos el 10 % de todos los carburantes utilizados en el sector del transporte se produzcan a partir de fuentes renovables para 2020 y, como saben, esta obligación no sólo se refería a los biocarburantes.

Aún se debate la propuesta de la Comisión en las instancias preparatorias del Consejo y en las comisiones competentes del Parlamento. El objetivo del 10 % es, ciertamente, una cuestión importante en el marco de estos debates, pero no podemos sacar conclusiones, aparte de decir que parece que el objetivo actual será difícil de alcanzar.

En lo que se refiere al aumento de los precios de los productos alimentarios, se trata de un fenómeno complejo que tiene causas profundas y muchas consecuencias. El Consejo Europeo de los días 19 y 20 de junio subrayaba la importancia de garantizar la sostenibilidad de las políticas en materia de biocarburantes, por ejemplo a través de la mejora de la producción de biocarburantes de primera generación y el fomento del desarrollo de biocarburantes de segunda generación producidos a partir de subproductos.

También subrayó la necesidad de evaluar lo antes posible las posibles repercusiones de estas políticas sobre los productos agrícolas destinados a la alimentación y de tomar medidas, en su caso, para abordar los posibles problemas. Además, el Consejo Europeo convino en seguir con la evaluación de las consecuencias medioambientales, sociales, productivas y de consumo de los biocarburantes, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, en el marco del contacto que habremos de establecer con nuestros socios internacionales. Por consiguiente, examinaremos las propuestas de la Comisión muy atentamente desde el punto de vista tanto de la sostenibilidad como del régimen de seguimiento y evaluación. Sabemos que el Parlamento es muy sensible a estas cuestiones y creemos que podremos ponernos de acuerdo sobre las normas que nos permitirán beneficiarnos de los aspectos positivos de los biocarburantes al tiempo que reducimos al mínimo los efectos negativos indirectos.

  Brian Crowley (UEN). - Querría dar las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo por su respuesta y también desearle lo mejor para los próximos seis meses. Sé que será una tarea muy difícil, pero puede contar con nuestro apoyo.

En cualquier caso, en relación con la cuestión de los biocarburantes —y el Presidente en ejercicio del Consejo ha mencionado los carburantes de primera y de segunda generación—, la realidad es que los problemas a los que nos enfrentamos ahora derivados de la vinculación de la producción de biocarburantes y la producción alimentaria, son el resultado de la utilización de biocarburantes únicamente de primera generación. Ahora deberíamos centrarnos en la tercera generación —más allá de la cuestión de los biocarburantes, para abordar la cuestión de la biomasa, la bioenergía y los subproductos de todo el sector de la energía—, lo que podría ayudarnos a lograr la reducción de nuestra dependencia de los carburantes fósiles y proteger el medio ambiente. No obstante, dos cuestiones resultan esenciales para ello. En primer lugar, la coordinación de la investigación y el desarrollo tecnológico y, en segundo lugar, la flexibilidad de las orientaciones, tal como el Consejo determinó en su reunión de enero de 2008.

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Señor Presidente, el método de cálculo de las reducciones de las emisiones de gas de efecto invernadero y, especialmente, las decisiones que subyacen a este método, tomarán en consideración el consumo de carburante. En cualquier caso, el señor Crowley tiene razón. Debemos también tener en cuenta la biomasa y los otros elementos en relación con la bioenergía e intentar evitar las consecuencias más nefastas de la producción alimentaria.

Para ello, debemos hacer mayores esfuerzos en materia de coordinación de la investigación y el desarrollo y, tal vez, ajustar los objetivos en función de la coordinación de la investigación. El Consejo está empezando a trabajar en ello. Ya hemos mantenido conversaciones sobre esta cuestión y hemos vuelto a comprobar que habremos de tomar en consideración los diferentes elementos indicados en la intervención del señor Crowley.

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). - Señor Presidente en ejercicio del Consejo, sé que usted ya conoce lo que en los mercados financieros y en las bolsas de comercio se denominan «operaciones de futuro». Y mucho se habla de la incidencia de la desviación de la producción agrícola a la producción de biocarburantes como uno de los principales motivos del encarecimiento de los alimentos.

Le querría preguntar si, en la Presidencia y en el Consejo, han realizado algún estudio sobre los volúmenes de las operaciones de mercados de futuro que se dedican, precisamente, a los mercados de la alimentación y a los mercados de hidrocarburos, y en qué medida esto puede estar contribuyendo al aumento indiscriminado de los precios.

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - También yo desearía desear todo lo mejor a la Presidencia francesa.

¿Acaso el problema no reside ahora en el hecho de que los biocarburantes tienen una mala reputación no por lo que ha hecho Europa, sino por lo que están haciendo los EE.UU., que alimentan con enormes cantidades de maíz a los coches en lugar de a las vacas?

Y, en lo que se refiere a Europa y el mundo, ¿acaso la cuestión principal no reside en el desarrollo de una política de uso del suelo sostenible capaz de proporcionarnos alimentos, piensos, energía y bienes ecológicos? Sin embargo, no deberíamos demonizar ninguno de estos elementos en concreto, al tiempo que hacemos de la producción de alimentos nuestra máxima prioridad.

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Señor Presidente, Señoría, no tengo conocimiento de ningún estudio en el sentido que ha indicado. Iba a añadir «desgraciadamente», porque considero que sería útil examinar detalladamente el papel de los mercados y la función que las operaciones de futuros pueden tener en este ámbito. También me parece que sería oportuno que realizásemos estudios más detallados en este sentido porque, como ocurre en otros mercados, podrían producirse fenómenos de anticipación y especulación, dependiendo de las connotaciones que se den a estos términos.

En lo que se refiere a los comentarios de la señora McGuinness, creo que tiene usted razón —y tal es también la intención de la Presidencia—, debemos actuar para tender en mayor medida hacia una producción agrícola más sostenible para evitar los excesos que han podido tener lugar en cierto número de ámbitos; ha mencionado usted especialmente el ejemplo estadounidense, y no anda desencaminada.

Por nuestra parte, deseamos que nuestra Presidencia desarrolle iniciativas que faciliten un método de producción agrícola más sostenible.

  Presidente. −

Pregunta nº 6 de Liam Aylward (H-0434/08)

Asunto: ODM 2 y convenios de la OIT sobre el trabajo infantil

Nos congratulamos de las Conclusiones del Consejo de mayo de este año sobre el trabajo infantil y la aceleración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No obstante, visto que el Consejo reconoce la extrema vulnerabilidad de los niños explotados en el contexto del trabajo infantil, ¿piensa adoptar medidas para salvar la distancia que existe entre los ODM 2 y los convenios de la OIT sobre este trabajo? En el marco de los ODM 2 sólo se pide a los Estados que proporcionen educación primaria universal, mientras que según los convenios de la OIT la edad mínima para empezar a trabajar es de 15 años, o incluso de 14 en algunos países en desarrollo. Ello deja desprotegidos y sin sustento a los niños de edades comprendidas entre los 11 o 12 años y los 14 o 15, especialmente en muchos países en desarrollo en los que no existen recursos y quizá tampoco la voluntad de ir más allá de los ODM 2 y en los que los niños corren mayor riesgo de explotación laboral.

  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) Señor Presidente, señor Aylward, existe, en efecto, un desfase de edad entre la protección contra el trabajo infantil que ofrecen los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y, por otra parte, el contenido de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No obstante, los convenios internacionales y los ODM corresponden a dos enfoques que son ciertamente diferentes, aunque complementarios.

Les recuerdo que los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se adoptaron en 2000 tienen el propósito de mejorar las condiciones de vida de aquí a 2015 a través de los objetivos precisos y concretos que ustedes conocen; garantizar la educación primaria universal es el segundo de los objetivos.

A través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la comunidad internacional ha reconocido la educación como un derecho fundamental y como in importante factor de desarrollo económico. El reconocimiento del derecho a la educación constituye, ciertamente, un medio de lucha contra el trabajo infantil, pero no es el único. También existe el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, a saber, la eliminación de la pobreza en general, que constituye un factor decisivo de la lucha contra el trabajo infantil y a favor de la escolarización de los jóvenes. Por su parte, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo establecen el marco jurídico de la lucha contra el trabajo infantil, y se puede ver claramente tanto en los ODM como en los convenios de la OIT que se complementan, del mismo modo que se complementan la legislación y la acción o el marco general y el Derecho aplicado.

También existe un desfase de edad entre lo previsto en el marco de los ODM y las normas jurídicas vinculantes de la OIT. El hecho de que exista este desfase, como ha señalado el señor Aylward, no afecta de ninguna manera a la determinación del Consejo de apoyar la lucha contra toda forma de trabajo infantil y la aplicación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

Las conclusiones adoptadas por el Consejo en el mes de mayo pasado lo demuestran y la Unión Europea se esforzará por utilizar los instrumentos a su alcance para actuar y utilizar el diálogo político entre la Unión Europea, los Estados miembros y los países terceros, pasando por las negociaciones comerciales, la cooperación al desarrollo y la acción en los foros internacionales, para garantizar que tales convenios se aplican en todas partes.

En sus conclusiones, el Consejo insistió sobre la necesidad de que las negociaciones entabladas por la Comunidad Europea y los acuerdos celebrados por la Unión Europea con terceros países promuevan la ratificación y el respeto de los convenios de la OIT sobre el trabajo infantil y contribuyan a la eliminación de toda forma de trabajo infantil.

La Unión Europea intentará sacar el máximo provecho de los esfuerzos en el ámbito del desarrollo para reforzar los sistemas y las capacidades utilizadas por los propios países socios para prestar servicios básicos sin discriminación; las conclusiones del Consejo mencionan explícitamente la protección contra la violencia y la explotación. Mencionan también la necesidad de programas adecuados en materia de formación profesional y desarrollo de competencias, así como oportunidades de empleo productivo y trabajo digno tras alcanzar la edad mínima para trabajar.

  Liam Aylward (UEN). - ¿Podría el Presidente en ejercicio del Consejo comprometerse a que la lucha contra el trabajo infantil en el mundo se convierta en una prioridad para el Consejo durante los próximos seis meses? ¿Podemos esperar una mayor coordinación de la acción internacional en el ámbito de la ayuda al desarrollo y las cuestiones de asuntos exteriores?

Por último, ¿podría manifestar su opinión sobre un reciente programa de la BBC (Panorama) sobre el trabajo infantil en la cadena de suministro de una conocida marca de ropa europea? ¿Consideraría el Consejo la posibilidad de crear un sistema por el que los países europeos serían responsables de la información sobre todos los eslabones de la cadena de suministro?

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Señor Presidente, voy a responder a las preguntas en orden inverso. Desconozco esa información, Señoría, pero creo que, de confirmarse, la cuestión se debería analizar ciertamente con mayor detalle, ya que debemos examinar los hechos en la cadena de importación. Sepa, en todo caso, que la Presidencia está muy atenta a este aspecto y también está determinada a luchar contra ello, especialmente a través de la aplicación de los principios de reciprocidad en este ámbito y velando por el respeto de las normas sociales internacionales.

En segundo lugar, en lo que se refiere al desarrollo, tiene toda la razón. Es una tarea que exige esfuerzos incansables y seguiremos garantizando que exista una mejor coordinación en materia de desarrollo. Por último, como todos los demás aspectos dirigidos a conferir una mejor dimensión social a la Unión Europea, la lucha contra el trabajo infantil y la vía que la Unión Europea debe seguir en este ámbito forman parte de las principales preocupaciones de la Presidencia.

  Presidente. −

Pregunta nº 7 de Seán Ó Neachtain (H-0436/08)

Asunto: Establecimiento de oficinas de recuperación de patrimonio

¿Podría realizar el Consejo alguna declaración sobre los avances logrados en el establecimiento de oficinas de recuperación de patrimonio en cada Estado miembro, con objeto de confiscar los haberes de los delincuentes?

  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) Señor Presidente, señor Ó Neachtain, la Decisión 2007/845 del Consejo, adoptada por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, sobre cooperación entre los organismos de recuperación de activos de los Estados miembros en el ámbito del seguimiento y la identificación de productos del delito o de otros bienes relacionados con el delito, data, como saben, del 6 de diciembre de 2007.

El artículo 8 de tal Decisión establece que los Estados miembros transmitirán a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión el texto de cualesquiera disposiciones de su Derecho nacional que les permitan cumplir con las obligaciones que les impone esta Decisión a más tardar el 18 de diciembre de 2008. Hasta la fecha, la Secretaría General del Consejo sólo puede constatar que, desgraciadamente, no ha recibido ninguna comunicación al respecto.

  Seán Ó Neachtain (UEN). – (GA) Señora Presidenta, me gustaría preguntar al Presidente en ejercicio del Consejo si la Presidencia apoya la recomendación de que tales organismos, una vez establecidos, estén facultados para incautarse de los productos de actividades delictivas, haciendo de esta colaboración europea un instrumento efectivo para reducir la delincuencia y lograr la incautación de activos, como se hace en algunos países, pero que ahora no resulta posible a escala europea, con vistas a la prevención de la delincuencia.

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Señor Presidente, estoy de acuerdo con su Señoría porque, gracias a haberme ocupado de estas cuestiones en otras etapas de mi carrera profesional, creo que se debería reforzar ciertamente este tipo de cooperación a escala europea. Tanto a título personal como en nombre de la Presidencia, creo que velaremos por que las obligaciones contraídas por los Estados miembros en este ámbito, en relación con la Decisión del Consejo, se respeten plenamente, así como, con la Secretaría General del Consejo, por que tales obligaciones se respeten dentro de los plazos previstos, es decir, a finales de este año, en coincidencia con el final de la Presidencia que ocupamos. Por último, me gustaría decir que las preocupaciones suscitadas por su Señoría son perfectamente legítimas.

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Señor Jouyet, durante un tiempo considerable hemos contado en la Unión Europea con una Directiva sobre blanqueo de dinero que se aprobó justamente para intentar embargar el producto de las actividades delictivas, especialmente el tráfico de estupefacientes y operaciones delictivas similares. ¿Acaso debemos considerar que la Decisión que menciona compite de alguna manera con esta Directiva? ¿Acaso la Directiva y la experiencia acumulada gracias a ella no son tal vez una mejor solución que la que usted propone ahora? ¿Podríamos también considerar la adopción de un enfoque más firme con medidas jurídicamente más vinculantes?

  Avril Doyle (PPE-DE). - Señor Presidente, yo también doy la bienvenida al nuevo Presidente en ejercicio del Consejo y le deseo todo lo mejor para los próximos seis meses.

Me pregunto si el Presidente en ejercicio del Consejo sabe cómo funciona el organismo de recuperación de activos irlandés y si podría seguirse como modelo. Tal organismo ha sido muy efectivo en sus investigaciones sobre el blanqueo de dinero, el producto del tráfico de estupefacientes y las actividades delictivas en general. Me pregunto cual es su posición al respecto.

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Señor Presidente, para responder al señor Rack y la señora Doyle, me gustaría saber más acerca de la eficacia del organismo irlandés. Si es efectivo, creo que no existiría ningún motivo para no tomar como ejemplo su metodología y hacerla extensiva a toda Europa.

La pregunta que formula el señor Rack es igualmente importante. Como he tenido ocasión de ocuparme del blanqueo de dinero en el pasado, creo que podemos establecer una distinción entre los activos procedentes de actividades delictivas como tales y los que proceden del blanqueo de dinero, algo que se ha hecho, especialmente a partir del 11 de septiembre de 2001, en el contexto europeo. No obstante, también creo que debemos garantizar las mismas restricciones y voy a ocuparme personalmente, durante la Presidencia, de estudiar lo que se puede hacer para contar con un marco que sea tal vez más coherente e igual de restrictivo. En relación con el blanqueo de dinero, tiene usted razón, señor Rack, se han obtenido resultados bastante satisfactorios a escala europea. Por consiguiente, podría ser útil inspirarnos en ellos, tal como mi experiencia sugeriría.

  Presidente. −

Pregunta nº 8 de Eoin Ryan (H-0438/08)

Asunto: Alerta rápida en la UE para los secuestros de niños

¿Qué iniciativas ha adoptado la Presidencia del Consejo para aplicar el sistema de alerta rápida en la Unión Europea para los secuestros de niños en los Estados miembros?

  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) Señor Presidente, señor Ryan, ha formulado usted una pregunta muy importante. Existen hoy algunos dispositivos de alerta, aplicados por ciertos Estados miembros, que permiten movilizar en un tiempo muy breve al conjunto de las autoridades públicas y la sociedad civil para buscar y encontrar a la víctima. Este tipo de protección, efectivo a escala nacional, corre el riesgo sin embargo de volverse completamente ineficaz si simplemente basta con cruzar una frontera para sustraerse a la alerta o para disponer del tiempo necesario antes de que la alarma se dispare.

En 2007, la Comisión Europea empezó a examinar esta cuestión para identificar los dispositivos existentes y estudiar la viabilidad y el valor añadido de emprender acciones en el seno de la Unión Europea y se creó un grupo de trabajo a tal fin.

De forma paralela, el 12 de junio de 2008 algunos Estados miembros, concretamente Francia con algunos otros países —los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo—, organizaron un ejercicio para disparar una alarma transfronteriza de rapto. Otros Estados miembros como Alemania, España, Portugal, la República Checa y Suecia, así como la Comisión, participaron también en este ejercicio en calidad de observadores.

La preocupación manifestada por el señor Ryan constituye una prioridad para la Presidencia francesa, que seguirá examinando esta cuestión de forma pragmática para realizar progresos en la lucha contra el rapto de menores y mostrar que el compromiso de la Unión Europea en este tipo de situaciones es especialmente firme.

Los resultados del ejercicio realizado entre diferentes Estados miembros se han presentado en la reunión de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior que concluye hoy en Cannes, y la señora Dati debía precisamente examinar este tema especialmente importante con sus homólogos. Creo que sería interesante iniciar una reflexión sobre las mejores prácticas en este ámbito que permitan la puesta en red de los dispositivos existentes con vistas a lograr el sistema de alerta más eficaz. Ciertamente, el Consejo mantendrá al Parlamento informado de todas las iniciativas que puedan tomarse en los próximos seis meses sobre este tema especialmente sensible e importante.

  Eoin Ryan (UEN). - Yo también querría dar la bienvenida al Presidente en Ejercicio del Consejo y desear a Francia todo lo mejor para su Presidencia.

Tengo dos preguntas. La primera: ¿ha considerado el Presidente en ejercicio del Consejo la posibilidad de establecer una línea telefónica de emergencia? Sería un muy buen comienzo. Actualmente existe ya un teléfono de emergencia en una serie de países. ¿Podría hacerse extensiva esta iniciativa a otros países?

En segundo lugar, ¿podría darnos unos plazos orientativos al respecto? Ésta es una de esas ideas sobre las que todos están de acuerdo y que todo el mundo quiere ver materializadas, pero que parecen enredarse en unos trámites burocráticos sin fin. Cuando ocurre algo, todo el mundo pregunta por qué no se ha hecho algo antes.

Me pregunto si nos podría dar algunos plazos orientativos y también si podría decirnos si la idea del teléfono de emergencia se ha examinado.

  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) Señor Presidente, la línea telefónica de emergencia es una idea excelente, porque este sistema ya existe en diferentes Estados miembros. Está usted en lo cierto, señor Ryan, y es una idea que, en el marco de las propuestas presentadas por la Presidencia, podría generalizarse.

El calendario con el que contamos constituye uno de los puntos especialmente sensibles para mostrar que Europa actúa de forma concreta para favorecer la coordinación en el marco de los acontecimientos más trágicos, como los raptos de menores, y ello gracias especialmente a los medios de comunicación y a una serie de nuevos métodos. Nuestro objetivo consiste en lograr una armonización de las prácticas y un acuerdo político, si fuera posible antes de finales de la Presidencia francesa. Al menos ése es el objetivo que nos hemos fijado.

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Señor Jouyet, los padres de la niña secuestrada Madeleine McCann estuvieron aquí en Estrasburgo durante el último periodo parcial de sesiones en un intento por lograr el apoyo del Parlamento para un conjunto de acciones a escala europea destinadas a garantizar que se presta mayor atención a la prevención del rapto de menores y la protección de los niños secuestrados en el marco de un enfoque comunitario. ¿Podría considerar el Consejo la posibilidad de ofrecer su apoyo a las acciones adecuadas en este ámbito conjuntamente con el Parlamento y la Comisión?

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Represento a la familia McCann y la zona de la que proceden, por lo que he seguido esta cuestión muy de cerca. En relación con la pregunta formulada el señor Ryan, existe un número que creo que se ha reservado en la mayoría de los países europeos, el 116 000. De hecho, se incluyó ayer por la noche en una enmienda sobre el paquete de telecomunicaciones presentada por el presidente de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor; sería interesante seguir el proceso de este acto legislativo. En todo caso, mi pregunta es: ¿se necesita un nuevo acto legislativo para ello? ¿No podría basarse en la simple cooperación?

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Señor Presidente, el caso del secuestro de Madeleine McCann es particularmente sensible y, para ser muy claro, tenemos la voluntad de cooperar, la Presidencia y el Consejo, con el Parlamento Europeo para que se emprendan acciones comunes. El señor Rack tiene mucha razón a este respecto. No estoy diciendo que necesitemos por fuerza un acto legislativo. Creo que en este ámbito debe existir un consenso, una buena cooperación y buenas prácticas, y debemos examinar lo que se hace mejor en los diferentes Estados miembros.

Por ello, sería interesante llevar a cabo ejercicios piloto entre diferentes Estados miembros, para extraer las necesarias conclusiones y remitirlas a nuestros socios, conjuntamente con esta Cámara, como subraya el señor Rack, de aquí a finales de la Presidencia francesa. Creo que debemos ser verdaderamente eficaces sobre el terreno y que ello requiere un mayor grado de cooperación, como ha dicho, y no tanto una mayor reglamentación.

  Presidente. −

Pregunta nº 9 de Manuel Medina Ortega (H-0440/08)

Asunto: Proyectos relativos a «Gran Vecindad»

Teniendo en cuenta que desde distintos ámbitos, incluyendo la propia Comisión Europea, se vienen haciendo propuestas para la formulación de una política de «gran vecindad» que utilice la posición geográfica excepcional de nuestras regiones ultraperiféricas para ayudar al desarrollo de los países vecinos del África occidental y meridional y del Caribe, ¿cree el Consejo posible conseguir realizaciones concretas y elaborar algún tipo de planes a este respecto?

  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) Señor Presidente, el señor Ortega sabe muy bien que, a instancias del Consejo Europeo de Sevilla, la Comisión presentó un informe basado en un enfoque global en relación con las particularidades de la situación de las regiones ultraperiféricas, con vistas a definir las medidas necesarias para su desarrollo y tomando en consideración sus necesidades específicas.

Más recientemente, en septiembre de 2007, la Comisión presentó al Consejo y al Parlamento Europeo los resultados de esta estrategia y las perspectivas de futuro. Por otra parte, como sabe su Señoría, se acaba de publicar el Libro Verde sobre las Relaciones futuras entre la UE y los Países y Territorios de Ultramar. La Comisión acaba de iniciar una amplia consulta pública, lo que sentará las bases de una nueva política de asociación con los países y territorios de ultramar.

Estos territorios comparten con las regiones ultraperiféricas, como muy bien saben, una serie de características comunes: son zonas remotas, están aisladas de los territorios de la UE, resultan vulnerables a los cambios climáticos y comparten también una serie de cuestiones relativas al transporte, aéreo o marítimo, la gestión de los flujos migratorios, la política agrícola y la política marítima. Tanto los territorios de ultramar como las regiones ultraperiféricas comparten estos elementos.

Dada la situación en el mundo actualmente, hemos podido comprobar que, para tener éxito, una política de desarrollo coherente debería incluirse en un marco regional ampliado; de ahí el plan de acción «gran vecindad» puesto en marcha por la estrategia de 2004 en Sevilla y que tiene por objeto reforzar la integración regional de las regiones ultraperiféricas en sus espacios geográficos más cercanos, es decir, ciertos países ACP de África y el Caribe.

Esta perspectiva, esta dimensión regional también se toman en consideración en los acuerdos de asociación económica negociados entre la Unión Europea y los países ACP, que tienen el propósito de lograr una mayor integración regional de estos países.

Para ello contamos con diferentes instrumentos que conocen ustedes bien. Necesitamos sobre todo una mejor coordinación entre los instrumentos financieros, ya sea el 10º FED, el FEDER o los fondos sometidos a cofinanciación. Debemos reforzar los lazos marítimos actuales entre las regiones ultraperiféricas y los terceros países vecinos. Debemos participar también en redes comunitarias de investigación entre estas regiones ultraperiféricas, los países y territorios de ultramar, y sus vecinos, de forma que éstos participen en los programas comunitarios. Por último, también debemos adoptar nuevas orientaciones en materia de políticas migratorias, especialmente en el marco de la cooperación entre los países ACP y la Unión Europea.

Como el señor Ortega sabe, la aplicación de la estrategia para las regiones ultraperiféricas, cuyos objetivos también se tomarán en consideración en el marco de la revisión del Reglamento sobre los programas de opciones específicas en relación con el carácter remoto y la insularidad, forma parte del programa de trabajo del Consejo para las Presidencias francesa, checa y sueca.

Como saben, la Presidencia francesa alberga un interés especial en relación con estas cuestiones: baste mencionar una reunión importante, que comenzó ayer y que concluirá el 11 de julio en la isla de la Reunión, sobre las estrategias que se habrán de poner en práctica para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad en esas regiones ultraperiféricas y esos países y territorios de ultramar. Esperamos que esta reunión permita ofrecer también un nuevo impulso a esta política, a la que concedemos una importancia extrema.

  Manuel Medina Ortega (PSE). - Señor Presidente, agradezco a la Presidencia en ejercicio del Consejo la respuesta que ha dado. Como sabe el Presidente en ejercicio del Consejo, es una propuesta de un gran Comisario, el Comisario Barnier, que habló de este concepto de la gran vecindad, y el señor Presidente en ejercicio del Consejo ha señalado una serie de instrumentos al respecto.

Espero que durante la Presidencia francesa, antes de que termine este año, tengamos realizaciones concretas. Evidentemente, ha habido toda una serie de documentos que, como él sabe, yo conozco, desde luego, y conocemos todos. Pero lo importante es que avancemos, porque el tiempo pasa y, en este momento, las regiones ultraperiféricas no tienen esa proyección exterior.

Las regiones ultraperiféricas son parte de la Unión Europea, un territorio continental, y nos están brindando una gran ocasión. Espero que, en efecto, antes de la terminación de este año, la Presidencia francesa pueda ofrecer algunas medidas que concreten estas teorías generales sobre la gran vecindad de las regiones ultraperiféricas.

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Señor Presidente, señor Ortega, desde 2004 se han adoptado efectivamente numerosas medidas específicas sobre esta base y el señor Ortega ha mencionado con acierto las iniciativas de Michel Barnier a tal efecto, que condujeron a diversas reformas significativas en diferentes políticas comunitarias, tanto en lo que se refiere a la política de cohesión y de los Fondos Estructurales, como al Fondo Europeo Agrícola, el Fondo Europeo de Desarrollo Rural, el Fondo Europeo de Pesca y las ayudas regionales y los programas POSEI o los programas de investigación.

Lo que desearía decir al señor Ortega en términos generales es que, a pesar de las dificultades vinculadas al retraso de la aplicación del Tratado de Lisboa durante la Presidencia francesa, intentaremos dar nuevo impulso a estas políticas y hacer que sus dimensiones horizontales se traduzcan lo antes posible en actuaciones concretas. Lo vamos a hacer especialmente en el ámbito marítimo, vamos a colaborar sobre esta cuestión de forma muy estrecha con la Comisión y lo haremos igualmente en el ámbito de la programación de las políticas regionales con la señora Hübner. Sepan que prestamos especial atención a esta cuestión.

  Presidente. −

Pregunta nº 10 de Robert Evans (H-0442/08)

Asunto: Sri Lanka

El Consejo estará al corriente de la escalada de violencia en Sri Lanka y del aumento de posibilidades de que estalle una guerra civil. Recientemente, 11 personas murieron y más de 70 resultaron heridas por la explosión de una bomba en un tren abarrotado. Otras dos personas murieron en una explosión en la capital, Colombo, y el periodista de televisión Paranirupasingam Devakumar, de origen tamil, murió al ser asaltado cuando volvía a su casa después del trabajo, lo que le convierte en el noveno periodista asesinado en Sri Lanka en los dos últimos años.

Asimismo, el Consejo estará al corriente de que la candidatura de Sri Lanka a la reelección en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas no ha sido aceptada, lo que muestra que los miembros de Naciones Unidas rechazan claramente a un país que para muchos ha abusado de su posición en el Consejo no para fomentar los derechos humanos sino para protegerse del control internacional basado en abundantes pruebas documentadas de violaciones de los derechos humanos cometidas no sólo por los LTTE sino también supuestamente por las propias fuerzas del orden del Gobierno.

Habida cuenta de esta situación, ¿no está de acuerdo el Consejo con que la Unión Europea debería situarse en primera línea de los esfuerzos para encontrar una solución pacífica y duradera al conflicto? ¿Qué enfoque está considerando adoptar el Consejo con este fin y cómo afectará éste a las negociaciones con Sri Lanka en relación con su derecho a estatus SGP (Sistema de Preferencias Generalizadas)?

  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) Señor Presidente, señor Evans, el Consejo comparte su preocupación en relación con la situación en Sri Lanka. Desde comienzos de 2008, la Unión Europea ha reforzado activamente el diálogo entablado con el Gobierno de Sri Lanka. Entre el 16 y el 18 del pasado mes de marzo, una troika de altos funcionarios visitó Colombo y se entrevistó con cuatro ministros del Gobierno, así como con otras personalidades políticas de alto rango. El pasado 10 de junio, una delegación de alto nivel de la Comisión Europea participó en la decimoséptima reunión de la Comisión mixta CE-Sri Lanka, que se celebró en Colombo, y ambas visitas permitieron abordar las preocupaciones de la Unión Europea en relación con la situación actual en Sri Lanka.

Con ocasión de la visita de la troika de la Unión Europea a Sri Lanka, la Unión reafirmó su compromiso con el papel que desempeña ocupando la copresidencia del proceso de Tokio, así como en relación con el envío de ayuda humanitaria. Como saben, la Unión Europea es el principal donante de fondos de Sri Lanka. Asimismo, ha subrayado la necesidad de instaurar un clima más favorable para permitir a las ONG, las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja trabajar eficazmente.

Sri Lanka goza hoy de ventajas considerables en el marco del régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza, que forma parte del sistema de preferencias generalizadas de la UE. Las normas fijadas en el marco de tal régimen establecen que todos los países que deseen seguir beneficiándose del SPG Plus deberán solicitarlo de nuevo de aquí a octubre de 2008. Las condiciones de concesión de este régimen se fundamentan en una serie de criterios de vulnerabilidad económica y la ratificación y puesta en práctica efectiva de veintisiete convenios internacionales relativos a los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, el medio ambiente y los principios del buen gobierno.

  Robert Evans (PSE). - Agradezco al Presidente en ejercicio del Consejo su respuesta, pero me gustaría suscitar brevemente dos cuestiones.

Para colocarse en la punta de lanza del proceso de paz, la UE deberá modificar su política sobre la prohibición de viajar, ya que se han celebrado negociaciones en Ginebra, no en la UE, y también porque los noruegos, que tampoco son miembros de la UE, también han desempeñado un papel principal en el proceso de paz. ¿El Presidente en ejercicio del Consejo se siente satisfecho?

El Presidente en ejercicio del Consejo ha ofrecido una visión muy completa de las negociaciones del SPG, pero a la luz de sus reservas, o de las reservas acerca de Sri Lanka en este momento, ¿hasta qué punto confía en que en esta fase Sri Lanka satisfará esas veintisiete condiciones a las que se refería, que deben cumplirse antes de que pueda acogerse a este sistema preferente de comercio?

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Señor Presidente, he tomado buena nota, señor Evans, de sus comentarios en lo que se refiere al proceso de Ginebra. Ciertamente los noruegos desempeñan un papel especial. Sin embargo, creo que el peso de la Unión que, recuerdo, es el principal donante del país, es especialmente importante. Por consiguiente, debemos usar esta baza para ejercer toda la influencia posible en el marco del proceso de Ginebra y en el marco de las operaciones de estabilización en el país.

Las condiciones de concesión a Sri Lanka del régimen del SPG Plus se basan esencialmente en criterios de vulnerabilidad económica y sobre la necesidad de la aplicación de los convenios internacionales que se han mencionado en relación con los derechos fundamentales. También sería necesario que Sri Lanka solicitase acogerse al régimen.

A mi entender, aunque no estoy completamente seguro, deberíamos recibir un expediente completo por parte de las autoridades de Sri Lanka antes de poder decidir si podemos conceder el régimen SPG Plus. Por el momento, no tengo conocimiento de ninguna reticencia por parte del Consejo para conceder tal régimen a Sri Lanka. Tendremos que ver cual será exactamente el contenido de la solicitud formulada por las autoridades del país.

  Avril Doyle (PPE-DE). - Me gustaría preguntar al Ministro si conviene en que tanto las fuerzas del Gobierno como los Tigres Tamil han cometido abusos de los derechos humanos. ¿Podría expresar su opinión al respecto?

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Señora Doyle, lo que sé es que la troika que ha llevado a cabo esta labor durante la Presidencia eslovena informó de ello al Consejo. La troika estaba dirigida por el director para Asia del Ministerio de Asuntos Exteriores esloveno, la señora Campbell y el señor Nicolaj, que dirige la oficina de Sri Lanka. Los únicos abusos de los que tengo conocimiento son los que se señalaron. No obstante, le haré llegar una información más completa, si me lo permite, señora Doyle, y le pido disculpas por la imprecisión de mi respuesta.

  Presidente. −

Pregunta nº 11 de Avril Doyle (H-0445/08)

Asunto: Prioridades del Consejo en relación con el paquete sobre el clima

¿Cuáles son las ambiciones de la Presidencia francesa en relación con el paquete sobre el clima y la energía? ¿Qué tipos de avances ha realizado el Consejo hasta la fecha? ¿Qué calendario ha previsto la Presidencia?

  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) Señor Presidente, la Presidencia francesa se felicita obviamente de la presentación por parte de la Comisión, a comienzos de este año, del paquete «energía y clima», que ha traducido adecuadamente los objetivos fijados por los Jefes de Estado y de Gobierno en su cumbre de marzo de 2007: reducir las emisiones de gas de efecto invernadero en un 20 % para 2020, pase lo que pase, y llegar incluso al 30 % en caso de éxito de las negociaciones sobre un acuerdo internacional relativo a un régimen para después de 2012, proponer un marco reglamentario para la captura y almacenamiento geológico de dióxido de carbono, iniciar, querida señora Doyle, proyectos de demostración en este ámbito, y llegar, de aquí a 2020, a una proporción de un 20 % de energías renovables en el consumo energético total de la Unión Europea. Todo eso, señora Doyle, lo sabe tan bien como yo.

La Presidencia francesa también acoge con satisfacción los progresos realizados durante la Presidencia eslovena. En este contexto, como bien sabe, la Presidencia saliente presentó al Consejo el pasado mes de junio un informe sobre los progresos realizados. El debate, basado en el informe que acabo de mencionar, demostró que el Consejo apoyaba la arquitectura general del paquete. Por otra parte, se decidió que algunas de las disposiciones propuestas en el marco de la revisión del régimen de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero y el reparto de la carga en los sectores no incluidos en tal régimen deberían analizarse de forma más detallada.

Concretamente las disposiciones sobre la lucha contra la fuga de carbono, la utilización de los ingresos de las subastas, la flexibilidad necesaria para lograr los objetivos nacionales y el aumento del 20 al 30 %, así como la situación especial de algunos Estados miembros, deberán examinarse con atención.

Sabemos que el logro de todos estos objetivos es difícil. Sabemos que, durante la Presidencia francesa, deberemos aclarar todas estas cuestiones, que los intereses son muy contradictorios y que debemos aún realizar un análisis significativo de los elementos que acabo de mencionar, especialmente los mecanismos de distribución de la subasta de derechos de emisión, las medidas para impedir la fuga de carbono y los diferentes mecanismos en materia de flexibilidad necesarios.

Pero lo que también sabemos, señora Doyle, es que resulta absolutamente indispensable que lleguemos a un acuerdo político, con vistas a la Conferencia de Poznań, ciertamente, a finales de año, pero sobre todo para la Conferencia de Copenhague. En lo que se refiere al trabajo de nuestra Presidencia, en el contexto de las instituciones, que conoce igual de bien que yo, en el de los plazos legislativos, debemos lograr con su Cámara un acuerdo que sea lo suficientemente ambicioso como para que la Unión ocupe una posición fuerte en el marco de las negociaciones internacionales y en Copenhague en diciembre de 2009, y el tiempo en términos legislativos se está agotando. Así, éste es sin duda el problema más difícil que tendremos que afrontar, señora Doyle.

  Avril Doyle (PPE-DE). - ¿Un acuerdo político se refiere a un acuerdo en primera lectura o a los preparativos para un acuerdo temprano en segunda lectura durante la Presidencia francesa? ¿Qué prioridad concede el Presidente en ejercicio del Consejo a los mecanismos de ajuste en las fronteras? ¿Convendría conmigo la Presidencia en que deberían reservarse como plan B en caso de que no se logre el objetivo de la celebración de un acuerdo internacional?

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Señor Presidente, señora Doyle, para responder a la primera pregunta, intentaremos ir lo más lejos posible. Intentaremos efectivamente lograr un acuerdo en primera lectura. Trataremos de hacer cuanto esté en nuestra mano a este respecto; si podemos llegar a un acuerdo temprano en segunda lectura, lo haremos. Creo que ello redundaría en el interés común de las instituciones europeas y de la Unión Europea en su conjunto. Para ser muy claro y muy franco, es mi opinión personal, aunque sé que va a ser muy difícil.

En relación con los mecanismos que permitan hacer frente a la fuga de carbono, creo que resulta importante —y hablo del sentimiento de la Presidencia, no del Consejo— que, por una parte, podamos trabajar juntos desde un punto de vista técnico sobre estas medidas, que no son nada simples, y que, en segundo lugar, dispongamos de algún modo de ejercer presión en las negociaciones internacionales que nos esperan. Si no se logra un acuerdo a escala internacional sobre este aspecto, entonces, como muy bien ha señalado, tendremos que trabajar sobre un plan B. Pero estaremos en una mejor posición para encontrar un plan B si elaboramos propuestas lo suficientemente pronto como para poder presentarlas en la mesa de las negociaciones internacionales. Estoy convencido de ello.

  Robert Evans (PSE). - Como el señor Ministro juega en casa y el papel de la Presidencia es dirigir a los 27 Estados miembros durante este periodo de seis meses, ¿podría indicar en qué aspectos cree que Francia da un ejemplo especialmente significativo y conduce al resto de la Unión Europea en este ámbito?

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Señor Presidente, gracias por esta sutil pregunta. Creo que en este ámbito la Presidencia francesa deberá olvidarse de las dificultades con las que podríamos encontrarnos en relación con aspectos concretos de las propuestas del paquete, que no son necesariamente fáciles de resolver. Sabemos que hay cosas difíciles. Estoy pensando en las energías renovables, y también en otras cuestiones. No obstante, nuestro objetivo, como Presidencia, y nuestra responsabilidad, señor Evans, es verdaderamente lograr un acuerdo de aquí a finales de año, cueste lo que cueste, y nos costará, en el sentido monetario de la palabra, al menos en relación con algunos de los aspectos de este paquete.

  Presidente. − Las preguntas que, por falta de tiempo, no han recibido respuesta oral, la recibirán por escrito (Véase el Anexo).

La pregunta nº 37 no se va a anunciar, ya que su tema figura en otro punto del orden del día del presente periodo parcial de sesiones.

Con esto concluye el turno de preguntas.

(Se suspende la reunión a las 19.00 horas y se reanuda a las 21.00 horas)

PRESIDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepresidenta