Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. – (FR) Señora Presidenta, Señorías, el lunes por la noche celebraron un debate después de que los medios de comunicación publicasen que las autoridades italianas tomarían las huellas dactilares a los habitantes de los campamentos nómadas. Naturalmente puedo confirmar la postura de la Comisión al respecto, como explicó el lunes el Comisario Špidla, que se refirió específicamente a la carta que yo envié a las autoridades italianas el 3 de julio. Durante este debate, el señor Schulz expresó la opinión de que yo debería informar al Parlamento Europeo.
Por otra parte —dado que el señor Deprez se encuentra presente, puedo decir esto ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior—, mantuve informada a la Mesa y a los coordinadores. Ayer, señora Presidenta, si no he entendido mal, la Conferencia de Presidentes quería que yo hiciese una breve declaración para informar al Parlamento acerca de las noticias más recientes. Explicaré brevemente las medidas adoptadas por la Comisión, que naturalmente mantiene una vigilancia muy estrecha cuando se trata de estas cuestiones. Me reuní con el señor Ronchi el 26 de mayo. El 3 de julio pedí al Gobierno italiano que explicase el propósito y la proporcionalidad de las medidas. Mantuvimos una reunión inicial con el señor Maroni en Cannes, durante el Consejo informal. El señor Maroni es el Ministro de Interior italiano.
Durante esta reunión, el señor Maroni explicó que el censo se utilizaría para comprobar los derechos a prestaciones sociales de los habitantes de los campamentos nómadas. Explicó que las huellas se tomarían únicamente cuando resultase imposible establecer la identidad por otros medios y que las huellas de los niños se tomarían solo tras haber obtenido una orden judicial.
(Alboroto)
Simplemente estoy repitiendo lo que dijo el señor ministro. En un momento les diré lo que hice. Afirmó que había pedido que se suprimiese cualquier censo basado en la religión o etnia y que el Gobierno italiano, en cooperación con UNICEF, había iniciado un plan de acción para la escolarización de los menores. No obstante, debo decir que el Gobierno italiano se ha comprometido a enviarnos un informe sobre el estado de la situación para finales de julio, lo que es extremadamente importante.
Después de esta reunión informal, pedí al Director General de Justicia, Libertad y Seguridad, Jonathan Faull, que escribiese a las autoridades italianas para obtener una confirmación escrita de esta información y que pidiese aclaraciones adicionales antes del informe previsto para finales de julio. Se envió una carta el 9 de julio. A última hora de la tarde de ayer, mis colaboradores de Bruselas recibieron una respuesta preliminar. Este documento recoge aclaraciones acerca de la identificación de la etnia y la religión.
Con respecto a las demás cuestiones, no puedo decir en estos momentos si responden completamente a las preguntas formuladas por la Comisión. Nuestra intención es obtener toda la información necesaria acerca del proceso de toma de huellas. ¿Cuál es la finalidad de la toma de huellas y cómo serán procesadas? ¿Cuál es la base jurídica que autoriza este tipo de procesamiento de datos personales? ¿Se conservarán estos datos? ¿Cómo se conservarán? ¿Se pueden utilizar con otros fines? ¿Se va a informar previamente por escrito a las personas a las que se van a tomar las huellas?
Con respecto a los niños, solicitamos la confirmación de la información de que solamente se tomarían las huellas de los menores de 14 años cuando esto fuese autorizado por un juez, al objeto de establecer su identidad.
También hemos preguntado acerca de la situación en las 17 regiones de Italia que no están afectadas por la declaración del estado de excepción.
Finalmente, hemos solicitado el envío de textos, medidas, decisiones y actos legislativos, reguladores o administrativos que nos permitan valorar la situación. Les corresponde a ustedes decidir si pretendemos seguir este asunto con toda la vigilancia necesaria y, por supuesto, si iniciamos el diálogo necesario con las autoridades italianas.
Para terminar, señora Presidenta, la Comisión quiere que esta cuestión se gestione con transparencia y respetando los derechos fundamentales y el Derecho comunitario. Nuestra función consiste en actuar como guardianes de los Tratados, verificando de forma objetiva, una vez que estamos en posesión de toda la información pertinente, que Italia ha aplicado correctamente el Derecho comunitario pertinente en estos casos.
En términos generales, como ha explicado el Comisario Špidla, estoy convencido —y le he dicho lo mismo al Gobierno italiano— de que es necesario encontrar soluciones efectivas adaptadas a los problemas a los que se enfrenta, en particular, la población romaní, especialmente los niños romaníes, que son las principales víctimas de la situación de pobreza y exclusión. La población romaní debe ser ayudada y no estigmatizada; esta es la razón por la que, en el informe presentado la semana pasada, la Comisión insistió en que la Unión Europea, los Estados miembros y la sociedad civil deben unir sus fuerzas para coordinar de forma efectiva sus esfuerzos destinados a este fin.
Manfred Weber, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señora Presidenta, Señorías, me refiero al artículo 170 de nuestro Reglamento y quiero presentar una propuesta en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos con respecto a esta votación.
Hay cuestiones y opiniones políticas que nos dividen, pero también hay cosas que nos unen en este Parlamento, entre las que se incluyen un compromiso relativo a los derechos humanos y la lucha contra toda forma de racismo, por lo que no nos deberíamos mostrar divididos en estas cuestiones cuando estamos de acuerdo. De lo contrario, debilitaremos precisamente el nexo que nos une. Nuestro Comisario competente, Jacques Barrot, ha explicado que sigue habiendo algunas preguntas sin respuesta por lo que respecta a la evaluación de los hechos relacionados con los problemas que podemos tener en Italia.
En estos momentos nos estamos refiriendo principalmente a los artículos publicados en prensa y a una amplia variedad de formularios enviados al Parlamento en las últimas semanas. Por lo tanto, nosotros, el Grupo del PPE-DE, proponemos que la votación de la resolución de hoy sea aplazada hasta el período parcial de sesiones de septiembre, porque, para entonces, se habrán aclarado los hechos y sabremos lo que estamos votando.
Me gustaría decir a todos los diputados que no están de acuerdo con esto que, si uno no busca un titular rápido, sino que tiene los objetivos de cooperar para conseguir algo para las minorías en Europa y de que todos los Grupos de este Parlamento, grandes y pequeños, trabajen juntos, entonces podremos conseguir algo conjuntamente para esas personas. Aquellos que solamente buscan un titular rápido, que solamente quieren obtener publicidad, deben votar ahora. Nosotros defendemos que se aplace hasta que conozcamos los hechos de la cuestión. Tengo que reconocer que el debate que hemos mantenido en los últimos días ha ejercido suficiente presión como para hacer avanzar el tema. Quiero pedir a aquellos que buscan unas respuestas adecuadas que apoyen la propuesta para que debatamos esto en septiembre.
(Aplausos de la derecha)
Martin Schulz, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señora Presidenta, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión, el lunes por la tarde y ayer de nuevo, que presentase un informe sobre sus conversaciones con el Gobierno italiano. El Comisario Barrot ha informado de forma muy objetiva pero concluyente de que, por otra parte, el Gobierno italiano ha facilitado información muy incompleta y, en mi opinión, no particularmente pertinente.
Todos están familiarizados con este formulario. Se trata de un formulario del tipo normalmente utilizado para registrar los delitos, un formulario que demuestra claramente que el Gobierno italiano está tomando medidas que serían adecuadas para las investigaciones criminales, como mucho, pero que definitivamente no sirven para la protección de los niños. A juzgar por lo que el señor Barrot nos acaba de decir, es más imprescindible que nunca adoptar hoy mismo esta resolución, para enviar una señal clara desde el Parlamento Europeo.
(Aplausos del centro y de la izquierda)
Roberta Angelilli, en nombre del Grupo UEN. – (IT) Señor Presidente, Señorías, estoy a favor de la propuesta del señor Weber y quiero dar las gracias al Comisario Barrot, no solamente por lo que ha dicho hoy en esta Cámara, sino también por su compromiso de resolver, de la mejor forma y más constructiva, una situación que en Italia debería ser reconocida por lo que es, concretamente una emergencia que afecta a miles de personas. Les aseguro que miles de menores viven en condiciones de abandono total, sin ningún derecho a tratamiento médico, vacunaciones o escolarización.
Me parece que la Comisión y el Gobierno italiano están trabajando juntos… – Señor Presidente, ¿puedo terminar de hablar? ¿Puedo continuar o debo dejar de hablar? ¿Podría recordarle a la Cámara que tengo derecho a hablar? – Estaba diciendo que la Comisión y el Gobierno italiano avanzan en la dirección correcta y que, en particular, creo que no deberíamos votar una resolución que está llena de imprecisiones, errores reales desde el punto de vista jurídico y, en definitiva, llena de falsedades jurídicas. Por lo tanto, se trata de una resolución completamente política, sin ninguna base real.
Entre otras cosas, me gustaría recordar a la Cámara —y con esto ya termino— que, a pesar de que el Comisario Barrot ha sido extremadamente claro hoy, hace tres días el Comisario Špidla afirmó que todavía tenía que leer el documento, que creo que no tiene más de dos páginas. Por lo tanto, si la izquierda debe emitir a toda costa un juicio prematuro sobre los métodos de un gobierno, lo considero totalmente ilegítimo.
(El Parlamento rechaza la solicitud de aplazar la votación)
– Antes de la votación de la enmienda 10:
Marco Cappato (ALDE). – (IT) Señor Presidente, propongo añadir «caso por caso», en la segunda parte de la enmienda, donde pedimos el uso de procedimientos de identificación legales y no discriminatorios. Por lo tanto, en inglés «to employ, on a case-by-case basis, ordinary, non-discriminatory...».