Acta literal de los debates

Martes 2 de septiembre de 2008 - Bruselas

6. Explicaciones de voto

Explicaciones de voto orales

- Informe: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0292/2008)

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Señor Presidente, no he podido dar mi explicación debido al nivel de ruido y quisiera hacerlo ahora. Voté por el informe Kaufmann debido a la necesidad de dejar claro que la Red Judicial Europea es una necesidad, ya que ha funcionado eficazmente durante los diez últimos años junto con el sistema de asistencia judicial. Ahora es cuestión de hacer una distinción clara entre la Red y Eurojust. Ambas instituciones tienen su justificación. El objetivo es que Eurojust y la Red Judicial Europea se complementen entre sí o cooperen, según convenga, y con ello garantizar la seguridad para los Estados miembros.

- Informe: Armando França (A6-0285/2008)

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Señor Presidente, con respecto a la aplicación de los fallos dictados en rebeldía, no nos sirve de nada en la Unión Europea si por un lado tenemos una excelente cooperación policial mientras que, por el otro, el sistema de enjuiciamiento penal no funciona tan bien como podría.

A este respecto, creo que nuestra decisión ha llenado una laguna. El reconocimiento mutuo de los fallos por los fiscales penales significará que los fallos en los casos penales, incluidos los dictados en rebeldía, se puedan aplicar en otros países. Esto es un paso vital para permitir a las autoridades judiciales ayudar a las fuerzas policiales en su trabajo.

- Informe: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Señor Presidente, el objetivo del informe Brejc es darnos los medios para garantizar, por fin, que se use y se revise el Sistema de Información de Visados cada vez que entren en el espacio Schengen ciudadanos de países no pertenecientes a la UE. Sabemos que muchas personas residen ilegalmente en la UE porque sus visados han caducado o han sido invalidados. Mediante esta cooperación entre el sistema de Schengen y el Sistema de Información de Visados, estamos creando condiciones en las que podemos eliminar los abusos de los visados en la Unión Europea y asegurarnos de que las personas que entran y salen de la Unión Europea tengan derecho legal para hacerlo.

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Señor Presidente, naturalmente no tengo ninguna objeción —como la mayoría de la gente, supongo— a las mejoras que se están haciendo al Sistema de Información de Visados de los países Schengen, pero lo que tenemos aquí en este informe es ridículo a más no poder. ¡El Sistema de Visados en realidad tendría que hacerse más flexible debido a las esperas en las fronteras! Cualquiera que haya viajado sabe que tiene que haber listas de espera y que a veces son necesarias. Me pregunto qué evaluación se podría hacer para que los guardias de fronteras decidan cuándo hay peligro y cuándo no. ¿Quién sabe de dónde vienen los riesgos terroristas y otros?

Tampoco tengo ningún problema con que estemos tanto más atrasados en esto. Nuestros controles fronterizos se han europeizado de manera irreflexiva, sin preparación y bajo presión de los extremistas ideológicos que dan menos importancia a la seguridad de los ciudadanos que al gran ideal de la nueva Unión Soviética Europea.

  Daniel Hannan (NI). - Señor Presidente, intervengo —como se está haciendo tradicional en estas ocasiones— para señalar que la armonización de la política europea en los ámbitos de la justicia y asuntos de interior tiene una base legal muy endeble. Gran parte del contenido de los informes que acabamos de votar —los informes Kaufmann, França, Brejc, Weber y Lambert— está ahí para dar fuerza a aspectos de la política, a iniciativas y, en el caso de Eurojust, a toda una institución, que no tienen ningún mandato legal adecuado. Es cierto que tal mandato habría sido proporcionado por la Constitución Europea o por el Tratado de Lisboa, pero no lo es menos —como, al parecer, hay que recordar periódicamente a esta Cámara— que la Constitución fue rechazada tres veces: por el 55 % de los votantes franceses, por el 62 % de los votantes holandeses y por el 54 % de los votantes irlandeses.

La capacidad de tener el monopolio de la coacción penal por vía de un sistema judicial penal es quizás el atributo definitorio supremo de la condición de Estado. Podemos definir un Estado como un territorio con reglas acordadas aplicadas por una autoridad común. Si la Unión Europea se quiere arrogar este atributo supremo de condición de Estado, debiera tener la decencia de pedir permiso antes a sus ciudadanos en referendos. ¡Pactio Olisipiensis censenda est!

- Informe: Renate Weber (A6-0293/2008)

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Señor Presidente, este informe trata sobre el fortalecimiento de Eurojust. Éste es otro conjunto de instrumentos cuya finalidad última es intensificar la cooperación policial y hacerla eficaz. Se ha puesto de manifiesto que en la cooperación judicial dentro de un determinado país intervienen muchísimas instituciones. Por consiguiente, nuestra propuesta para el establecimiento de un sistema de coordinación dentro de los Estados miembros, y entre ellos, tiene mucho sentido, sencillamente porque garantiza una cooperación eficaz, especialmente en la lucha contra el terrorismo y otras formas de crimen organizado.

Una medida particularmente alentadora que deseo destacar es que se establecerán magistrados de enlace en países no pertenecientes a la UE, algo parecido a lo que ya tenemos en el marco policial, a fin de que la cooperación con esos países se pueda mejorar en consecuencia. En resumen, este sistema nos permitirá crear otro cordón de protección de la Unión Europea.

- Informes: Jean Lambert (A6-0287/2008), Sharon Bowles (A6-0312/2008)

  David Sumberg (PPE-DE). - Señor Presidente, permítame empezar diciendo qué gran placer es verle a usted presidiendo aquí en Bruselas toda una sesión plenaria. Un pequeño paso para el señor McMillan-Scott; un salto gigantesco, quizás, para el Parlamento Europeo. ¿Quién sabe? Esperen sentados.

Intervengo en relación con el informe Lambert y también con el informe Bowles, si me está llamando la atención por esto. El informe Lambert lo encuentro difícil de apoyar. Incluye referencias a la idea de distribuir los inmigrantes ilegales entre la gran mayoría de los países de la UE, algo que considero muy poco práctico. Más importante, desde el punto de vista del Reino Unido, es el hecho de que —singular o casi singularmente (puesto que Chipre esta en la misma situación)— somos una isla. Por consiguiente, considero importante para el Reino Unido que conserve el control de sus propias fronteras, controladas por las autoridades del Reino Unido y no por la Unión Europea, que tiene fronteras grandes y permeables. Opino, por tanto, que el informe Lambert es inadmisible sobre esta base.

El informe Bowles es inadmisible porque, aunque tiene algunas buenas intenciones, de hecho culpa a los paraísos fiscales de los elevados impuestos que muchos de nosotros tenemos que soportar. Pero la razón por la que soportamos impuestos elevados —en el Reino Unido, desde luego— es porque tenemos un Gobierno laborista empeñado y decidido a aumentar la recaudación por impuestos y cargársela al pueblo británico y al contribuyente británico.

La esencia de una carga fiscal elevada es un problema nacional y debe seguir siéndolo, y los gobiernos deben asumir la responsabilidad de la misma a escala nacional. No debe ser una responsabilidad de la Unión Europea.

- Informe: Jean Lambert (A6-0287/2008)

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Señor Presidente, la ponente, señora Lambert, tiene razón al decir que los objetivos de Dublín en materia de presentación de múltiples solicitudes de asilo (asylum shopping) nunca se han logrado; de hecho, ha sucedido todo lo contrario. Eso es cierto. Tiene razón también al decir que, inevitablemente, el sistema impone una carga injustificadamente pesada a los Estados miembros situados en las fronteras de la Unión Europea. Eso es también cierto. Es bueno, por tanto, que se haga un llamamiento a apoyar a dichos Estados.

Por otra parte, opino que en el informe faltan varios puntos importantes y no estoy de acuerdo en absoluto con la mayoría de los supuestos y objetivos de la ponente; todo lo contrario. Un ejemplo: la evaluación hecha por la Comisión ya señaló que decenas de miles de solicitantes de asilo se esconden debido al sistema de Dublín, y aun así la ponente argumenta contra su detención. Esto no puede ser más grave. Quizá dé resultado la estrecha cooperación entre los Estados miembros europeos en la cuestión del asilo, pero en ese caso es necesario suprimir un montón de ideas políticamente correctas que llenan este informe.

  Philip Claeys (NI). - (NL) Señor Presidente, es imposible resumir todos los problemas del informe Lambert en un minuto, de manera que me limitaré a un par de puntos. Con relación a la protección de los niños, el informe dice que, en caso de no estar seguros respecto a su edad, a los niños se les debe conceder el beneficio de la duda. Algo así suena bien, pero de hecho es una invitación directa a un aumento del fraude con los documentos de identidad.

El informe también manifiesta que la definición de un miembro de la familia es excesivamente restrictivo, lo cual también es una invitación abierta a más abusos. En África, por ejemplo, prácticamente todos son familia de todos y, si vamos a tener eso en cuenta, ya podemos ir abriendo todas las puertas de inmediato.

El informe también se opone al acceso a la base de datos Eurodac para los servicios policiales y demás cuerpos y fuerzas de seguridad de los Estados miembros porque, cito textualmente, «esto también aumentaría el riesgo de estigmatizar a los solicitantes de asilo». Ésta es una idea ridícula, especialmente porque Eurodac podría contener gran cantidad de información en la lucha contra la inmigración ilegal, la delincuencia internacional y el terrorismo.

- Informe: Sharon Bowles (A6-0312/2008)

  Christoph Konrad (PPE-DE). - (DE) Señor Presidente, Señorías, el informe Bowles incluye un examen del problema del fraude del IVA, y con toda la razón, puesto que asciende a 20 000 millones de euros al año. Apoyo las propuestas sobre este asunto. Es importante señalar, no obstante, que necesitamos un cambio de sistema —reforma estructural— en esta área. Lo que venimos oyendo de la Comisión en este contexto nunca ha sido más que una declaración de intenciones de acelerar la cooperación intergubernamental en este asunto y de participar en la evaluación, la investigación, etc.

Dado el volumen de fraude que tiene lugar, ya es hora de que la Comisión abandone su postura pasiva y apoye a los Estados miembros reformistas que en realidad se proponen introducir este procedimiento de autoliquidación. Ésta es también una llamada al señor Kovács para que se replantee este tema, que ya va siendo hora. Espero que recibamos una propuesta apropiada antes de que finalice este mandato parlamentario y que se respalden las propuestas de los Gobiernos austriaco y alemán.

  Ivo Strejček (PPE-DE). - Señor Presidente, he votado en contra del informe Bowles.

Hay tres puntos que quisiera recalcar. Primero, el informe pide una mejor coordinación tributaria y fiscal. Supongo que es perjudicial para la competencia tributaria, porque ésta es sólida y fructífera. Segundo, la manera de eliminar el fraude tributario no es mediante una reducción de la competencia sino mediante la eliminación rigurosa de las exenciones tributarias. Tercero, el fraude tributario en el IVA debe eliminarse mediante la unificación de las tasas de IVA, lo que dará lugar a la rápida reducción de las exenciones y las lagunas.

El informe Bowles ofrece diferentes remedios. Ése es el motivo por el que he votado en contra.

  Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, como dije ayer, estoy en contra de todo tipo de fraude fiscal, y he pedido a la Comisión y al Consejo que actúen con diligencia para remediar los efectos desastrosos de la evasión del IVA: las pérdidas se han estimado en 20 000 millones de euros al año, o casi una quinta parte del presupuesto de la UE.

Me he referido a un modelo —desarrollado por RTvat y presentado por esa organización a esta Cámara— que reduciría la evasión del IVA en unos 275 millones de euros diarios y reduciría la carga administrativa, en particular para las PYME. Pienso que la Comisión debe analizar estas propuestas, porque sí existen modelos. Naturalmente, tiene que haber voluntad política para adoptarlos.

No obstante, he sido incapaz de votar por el informe porque no se han adoptado las enmiendas de mi Grupo, incluida la enmienda que decía que una competencia fiscal saludable ayudará a mantener y aumentar los ingresos por impuestos de los Estados miembros y la enmienda que se opone a la ampliación de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro. Pero nos oponemos claramente a la ampliación del alcance de la Directiva para que cubra todas las entidades jurídicas y todas las fuentes de ingresos financieros.

En este contexto, creo que no debemos olvidar que un exceso de impuestos es nocivo para la fiscalidad y que los Estados miembros que están a favor de tales medidas deben estar muy atentos, porque la gente de Macao, Singapur y Hong Kong ya se está frotando las manos con regocijo ante la perspectiva de que nos movamos en esta dirección. Ésta es la razón por la que no he votado a favor del informe, porque quiero que esto sea claro y preciso.

  Avril Doyle (PPE-DE). - Señor Presidente, sólo quiero decir unas palabras acerca del informe Bowles, que trata sobre una estrategia coordinada para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. Al leer esto, uno puede pensar que sería muy difícil estar en contra del informe o incluso de cualquier parte del mismo.

La realidad es que, si bien apoyo plenamente un enfoque coordinado en la lucha contra el fraude fiscal —y es cierto que necesitamos un análisis y una coordinación serios en este ámbito—, considero completamente inadmisible cualquier sugerencia de aproximación tributaria y/o de una disminución de la competencia tributaria en toda la UE de los 27 Estados miembros como parte de la solución en la lucha contra el fraude fiscal.

No estoy segura de si Europa —como en la Comisión— se hace cargo del daño que se está causando en los Estados miembros por las referencias constantes a cualquier forma de centralización, control o reducción de su competencia en el área tributaria. Esto fue un tema importantísimo —aunque irrelevante para el Tratado de Lisboa— durante el debate sobre nuestro referéndum del 12 de junio. Ojalá hubiéramos podido, pero no logramos disuadir a los que temen a Europa —por ejemplo, el deseo de las instituciones europeas de controlar los impuestos de forma centralizada en distintos grados y por distintas razones— de la idea de que el Tratado de Lisboa presta apoyo a ese concepto. Tengan mucho cuidado con enredar en este aspecto concreto.

- Informes: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0292/2008)

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Señor Presidente, no he votado en contra del informe Kaufmann, aunque no estoy convencido en absoluto de que la europeización de nuestros sistemas judiciales o el establecimiento de una fiscalía europea sean necesariamente la manera correcta de mejorar el funcionamiento de la policía y de la justicia o el castigo de los delitos, incluso los transfronterizos. Todo lo contrario.

Pero llamo a una cooperación más estrecha y de gran alcance entre todos los servicios de seguridad europeos soberanos y, en ese sentido, puedo apoyar en gran parte una serie de recomendaciones y mejoras al informe Kaufmann, mejoras a la Red Judicial europea. Sin embargo, todo esto no debe dar lugar a un sistema de justicia europeo demasiado bien pagado y arrogante, distanciado del mundo real, como hemos visto en los últimos meses, entrometiéndose de una manera que va mucho más allá de la cooperación necesaria entre Estados miembros soberanos. Por esta segunda razón, por tanto, me he abstenido en la votación final del informe Kaufmann.

Explicaciones de voto por escrito

- Informe: Katerina Batzeli (A6-0274/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución legislativa basada en el informe de la diputada griega Katerina Batzeli por la que se aprueba, en primera lectura conforme al procedimiento de codecisión, la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión nº 1719/2006/CE por la que se establece el programa La juventud en acción para el período 2007-2013. Aplaudo y apoyo las enmiendas que han sustituido el procedimiento consultivo de comitología por la obligación, por parte de la Comisión, de informar sin dilación al Parlamento Europeo y a los Estados miembros acerca de cualquier medida que se adopte para aplicar la decisión sin la asistencia de una comisión, a fin de permitir aplicar las decisiones de selección de forma más rápida y eficiente.

  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) He votado a favor del informe de la señora Batzeli y acojo con enorme satisfacción el aumento sustancial de los fondos correspondientes. El programa «Juventud en acción» ha sido un instrumento importante en los últimos años para implicar a la generación emergente de nuestra Unión en el gran proyecto europeo: un vínculo vital, por tanto, para acercar la nueva generación a Europa y permitirles participar en varias iniciativas políticas y culturales realmente interesantes. La Comisión Europea hace lo correcto al seguir este camino: como representante joven de este Parlamento, y conociendo el compromiso y los objetivos del señor Figel, puedo permitirme ser optimista respecto al éxito del nuevo programa para 2007-2013.

  Slavi Binev (NI), por escrito. − (BG) Señor Presidente, colegas,

El programa Juventud en acción es una herramienta que nos ayuda a ocupar a nuestros niños en actividades constructivas, mediante las cuales pueden desarrollar un espíritu de liderazgo, solidaridad y tolerancia. Al mismo tiempo, es la mejor manera que tenemos de demostrar a los jóvenes que nos interesamos por la resolución de sus problemas y podemos asociarlos a la idea de un hogar europeo común. Por este motivo, un alto grado de eficiencia en la gestión de los fondos propuestos para los jóvenes de Europa es de importancia clave para el futuro de la Unión.

Las principales prioridades de este Parlamento incluyen estimular la iniciativa, reducir la carga administrativa y conseguir un mayor grado de transparencia. La señora Batzeli ofrece soluciones que reducen el tiempo que tardan los fondos en llegar a los proyectos ganadores, lo que supone una señal positiva para los jóvenes. Al mismo tiempo, las enmiendas defienden el papel del Parlamento Europeo en el control del gasto de los fondos comunitarios. Por eso he dado mi voto al informe sobre las enmiendas al programa Juventud en acción.

¡Felicito a la ponente por su excelente trabajo!

  Neena Gill (PSE), por escrito. − Me ha llenado de satisfacción votar a favor de este informe, ya que creo que el programa Juventud en acción es una iniciativa excelente. Programas como éste serán vitales para promover el encuentro entre los jóvenes y Europa.

Este encuentro es muy necesario. Una y otra vez oigo decir a mis constituyentes que la Unión Europea no hace nada por ellos. Sin financiación para los programas de la sociedad civil, quienes crean en la importancia del proyecto europeo lo tendrán difícil para afrontar las críticas de los déficits democráticos y de las instituciones indiferentes.

Y esta negatividad es especialmente acusada entre los jóvenes. Siempre que visito las escuelas de mi circunscripción, me choca su cinismo respecto al papel de la UE. Por consiguiente, un informe como éste representa una respuesta oportuna a un problema urgente y creciente.

Pero el informe se ha tenido que enfrentar a la oposición de los alarmistas que sostienen que dará más fuerza a la Comisión. Lo que está claro es que toda la información facilitada deberá ser objetiva para poder ser eficaz. Sin embargo, pediría a los diputados que se pregunten cómo puede dar más poder a la Comisión el reforzamiento de la sociedad civil y del papel del ciudadano joven.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) La cultura tiene que ver con cuestiones fundamentales a largo plazo que afectan a las naciones y a las civilizaciones. Por este motivo, la Lista de Junio considera que la política cultural debe ser administrada por políticos cercanos a sus ciudadanos y, por consiguiente, debe estar dirigida sobre todo al ámbito nacional. Consideramos que los programas culturales han recibido, del presupuesto de la UE, créditos excesivamente generosos para un asunto que, en todo lo esencial, debería depender de los Estados miembros. En general estamos a favor de más fondos para cultura, pero estamos en contra de que se asignen más fondos por parte de aquellas instituciones de la UE que están muy alejadas de los ciudadanos.

En la votación de los cuatro informes de hoy de la señora Batzeli, sólo teníamos que alcanzar una opinión sobre las enmiendas de una naturaleza más técnica acerca de la estructura de la puesta en práctica de los programas. Pero hemos decidido votar en contra de estos informes para dejar claro que nos oponemos a que se hagan tales inversiones culturales significativas a escala de la UE.

  David Martin (PSE), por escrito. − Aplaudo el informe de Katerina Batzeli sobre el programa Juventud en acción. Las subvenciones proporcionadas por el programa son un elemento clave para permitir a los jóvenes europeos beneficiarse plenamente de las oportunidades que ofrece la UE. El informe pretende reducir la burocracia y simplificar el proceso de toma de decisiones que se sigue para seleccionar las subvenciones. Por consiguiente, apoyo sus recomendaciones.

- Informe: Katerina Batzeli (A6-0273/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución legislativa basada en el informe de la diputada griega Katerina Batzeli por la que se aprueba, en primera lectura conforme al procedimiento de codecisión, la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión nº 1855/2006/CE por la que se establece el programa Cultura (2007-2013). Aplaudo y apoyo las enmiendas que han sustituido el procedimiento consultivo de comitología por la obligación, por parte de la Comisión, de informar sin dilación al Parlamento Europeo y a los Estados miembros acerca de cualquier medida que se adopte para aplicar la decisión sin la asistencia de una comisión, a fin de permitir aplicar las decisiones de selección de forma más rápida y eficiente.

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), por escrito. − (RO) He votado a favor de este informe porque busca reducir los plazos de decisión para conceder financiación europea a través del programa Cultura 2007-2013.

La experiencia de otros años indica que el procedimiento de concesión de financiación a través de este mecanismo es muy lento y por este motivo los operadores culturales europeos pueden tener problemas financieros.

Teniendo en cuenta que las instituciones culturales y los artistas que solicitan estos fondos suelen encontrarse en una situación financiera delicada, aplaudo cualquier medida diseñada para facilitar el acceso a los fondos europeos.

  David Martin (PSE), por escrito. − El informe de Katerina Batzeli sobre el programa Cultura para 2007-2013 agiliza el proceso por el que se deciden las ayudas económicas a través del programa. Hacer más eficiente este proceso beneficiará a programas tales como las Capitales europeas de la cultura. Por esta razón he votado a favor del informe.

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), por escrito. − (PL) Señor Presidente, los informes elaborados por Katerina Batzeli y sometidos a votación, que tratan sobre el programa Juventud en acción (2007-2013), el programa Cultura (2007-2013), el programa Europa con los ciudadanos (2007-2013) y el programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente, indican que los procedimientos seguidos en la adopción de programas plurianuales en el campo de la cultura, la educación de la juventud y la ciudadanía activa dificultan claramente la preparación y puesta en práctica de dichos programas. La pregunta es: ¿se debe esto al estilo burocrático de funcionamiento de la Comisión Europea o a una falta de comprensión del importante asunto de la ciudadanía activa?

La cultura y la educación no pueden soportar la burocracia. De ahí las peticiones reiteradas de la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo de «un procedimiento rápido, eficaz y transparente que, al tiempo, garantice el derecho de control y de información en cuanto a la toma de decisiones». Sin decisiones rápidas no se harán sentir los efectos deseados. Estos hechos justifican plenamente la votación a favor de los informes, especialmente teniendo en cuenta que la cultura, en su sentido más amplio, es la riqueza de las naciones y la garantía de su desarrollo y de su resistencia.

- Informe: Katerina Batzeli (A6-0275/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución legislativa basada en el informe de la diputada griega Katerina Batzeli por la que se aprueba, en primera lectura conforme al procedimiento de codecisión, la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión nº 1904/2006/CE por la que se establece para el período 2007-2013 el programa «Europa con los Ciudadanos» a fin de promover la ciudadanía europea activa. Aplaudo y apoyo las enmiendas que han sustituido el procedimiento consultivo de comitología por la obligación, por parte de la Comisión, de informar sin dilación al Parlamento Europeo y a los Estados miembros acerca de cualquier medida que se adopte para aplicar la decisión sin la asistencia de una comisión, a fin de permitir aplicar las decisiones de selección de forma más rápida y eficiente.

  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) Gracias, señor Presidente. Al igual que con los informes anteriores, estoy convencido sobre éste y voto a favor del trabajo realizado por mi colega, la señora Batzeli.

El programa «Europa con los ciudadanos» ha sido un paso importante en los últimos años en la difícil tarea de acercar Europa a sus ciudadanos: en el pasado, con excesiva frecuencia, Europa ha sido percibida como una entidad distante y burocrática, desconectada de la realidad cotidiana de sus ciudadanos.

Hoy, ya que excepcionalmente estamos celebrando el Pleno en Bruselas, tenemos una oportunidad de enviar una señal que los ciudadanos europeos acogerán con gran satisfacción: empecemos a hablar de tener una única sede del Parlamento Europeo en Bruselas. Nuestros ciudadanos están cada vez más desconcertados ante este «traslado» mensual que implica mayores esfuerzos de organización y cargas económicas. Empecemos a hablar de este asunto sin tabúes.

  David Martin (PSE), por escrito. − Aplaudo las propuestas de reducir la burocracia en el proceso de toma de decisiones para el programa Europa con los ciudadanos. Una selección más eficiente de las subvenciones para el hermanamiento de ciudades y apoyo a la sociedad civil mejorará la capacidad de la UE para alentar a sus ciudadanos a comprometerse con Europa. Teniendo esto en cuenta, he votado a favor del informe de Katerina Batzeli sobre el programa «Europa con los ciudadanos» 2007-2013 para promover la ciudadanía activa.

- Informe: Katerina Batzeli (A6-0276/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución legislativa basada en el informe de mi colega griega Katerina Batzeli por la que se aprueba, en primera lectura conforme al procedimiento de codecisión, la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión nº 1720/2006/CE por la que se establece un programa de acción en el campo del aprendizaje permanente. Aplaudo y apoyo las enmiendas que han sustituido el procedimiento consultivo de comitología por la obligación, por parte de la Comisión, de informar sin dilación al Parlamento Europeo y a los Estados miembros acerca de cualquier medida que se adopte para aplicar la decisión sin la asistencia de una comisión, a fin de permitir aplicar las decisiones de selección de forma más rápida y eficiente.

  David Martin (PSE), por escrito. − El programa de aprendizaje permanente ayuda a financiar planes de educación del tipo de Erasmus. Es mediante esos planes que la gente de toda Europa no sólo experimenta la riqueza cultural de Europa, sino también la gran cantidad de oportunidades de aprender que la UE ofrece. Por eso he votado a favor del informe de Katerina Batzeli sobre un «programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente».

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Es contraproducente alentar a nuestros propios ciudadanos a aprender por un lado pero encontrarse con planes de «tarjeta azul» por otro, puesto que el aumento del empleo atípico y la presión competitiva más acérrima ya se han asegurado de que una buena formación básica y secundaria haya dejado de ser una defensa contra el desempleo.

Hay suficientes personas bien cualificadas que son rechazadas por las empresas sencillamente porque éstas están dispuestas a emplear a los titulados en doctorados o másteres en McJobs o empleos basura más baratos que encuentren o porque ya no quieren ofrecer otra cosa que contratos laborales atípicos.

Hay una necesidad fundamental de lanzar ofensivas de formación para eliminar la escasez de mano de obra cualificada, que se usa para justificar el presente estado de cosas. Si eso resulta imposible, debe darse preferencia a un modelo de migrantes temporeros. Esto evitará la repetición de oleadas de inmigración masiva.

  Dumitru Oprea (PPE-DE), por escrito. − (RO) He votado a favor del informe de la señora Katerina Batzeli por varias razones.

Es bien sabido que la educación y la formación son prioridades esenciales para la Unión Europea, a fin de conseguir los objetivos de Lisboa. El objetivo del programa de aprendizaje permanente debe ser el de mantener una sociedad flexible y autónoma, basada en el conocimiento, con un desarrollo económico-cultural en cantidad y en calidad, todo ello siguiendo una línea —y dentro del espíritu— de una mayor cohesión social. Por este motivo, la formación permanente debe abarcar todos los factores sociales.

Evidentemente, al igual que cualquier otro programa de esta envergadura, debe ser claro, coherente, vigilado con regularidad y evaluado después de cada fase de ejecución para permitir reajustes, especialmente en relación con las prioridades de aplicación de las medidas.

No obstante, los programas de aprendizaje permanente también deben prestar atención a las personas adultas. A la vista del hecho de que casi siempre se hace hincapié en la educación en la primera etapa de la vida y que, a partir de ahí, el conocimiento de la persona se vaya quedando estancado, hay que estimular y motivar a cada ciudadano para que participe en una forma de aprendizaje permanente que garantice un posible empleo en el mercado de trabajo, sea cual sea su edad.

Esto es aún más importante si lo relacionamos con las estadísticas de envejecimiento de la mano de obra y de disminución de la población activa.

  Mihaela Popa (PPE-DE ), por escrito. − (RO) Hoy, toda Europa se está enfrentando a una serie de cambios esenciales y drásticos para los ciudadanos de todas las edades.

Se ha reconocido la importancia de la educación y la formación en la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, y el Consejo Europeo ha recalcado reiteradamente el papel de la educación y la formación en la competitividad de la Unión Europea a largo plazo.

Hoy, ya no podemos vaticinar que las personas permanecerán toda la vida en el mismo sector empresarial o en el mismo lugar. Su evolución profesional seguirá caminos impredecibles, y necesitarán una amplia gama de aptitudes generales para poderse adaptar.

Con el fin de prepararlos para la vida y para la sociedad, las escuelas deben guiarlos hacia el aprendizaje permanente, un programa integral de la Unión Europea que considera a las personas capaces de aprender a cualquier edad, con lo que siguen siendo miembros vivos y activos de la sociedad.

Es por eso que he votado por este informe con total confianza, porque tenemos que desarrollar programas diseñados para estos fines, y aquí me refiero en particular a los Estados miembros recientemente incorporados a la UE.

- Informe: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0306/2008)

  Marian Zlotea (PPE-DE), por escrito. − (RO) El acuerdo de colaboración y de cooperación (ACC) entre las Comunidades Europeas y los Estados miembros, por un lado, y la República de Uzbekistán, por otro, entró en vigor el 1 de julio de 1999, antes de la ampliación de la Unión Europea con la República de Bulgaria y Rumanía. Fue necesario elaborar el protocolo al ACC para permitir a los nuevos Estados miembros (Rumanía y Bulgaria) incorporarse a este acuerdo.

Considero que el Parlamento debería tener más iniciativas de este tipo, teniendo en cuenta también los acuerdos de colaboración firmados con otros países de la región. En relación con la situación de este año en la región, es necesario ultimar un acuerdo de colaboración entre la Unión Europea y Azerbaiyán que proporcione a Europa la posibilidad de seguir adelante con sus proyectos energéticos.

Azerbaiyán tiene que recibir atención especial de la Unión Europea, partiendo también de la realidad de la política muy equilibrada de este país y de su disponibilidad para contribuir a la consecución de los proyectos energéticos de la Unión Europea.

- Informe: Helmuth Markov (A6-0281/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) Tras el referéndum celebrado en Montenegro el 21 de mayo de 2006 sobre la independencia del país, en el que una mayoría (el 55,4 %) votó a favor de un Montenegro independiente, el parlamento montenegrino proclamó la plena independencia de Montenegro conforme a la legislación internacional el 3 de junio de 2006. Serbia reconoció la independencia de Montenegro el 5 de junio de 2006, y el parlamento serbio adoptó una decisión que definía a Serbia como sucesora de la Unión Estatal de Serbia y Montenegro, que era el nuevo nombre de la República Federativa de Yugoslavia según lo dispuesto en la Carta Constitucional del 4 de febrero de 2003. Es en este contexto que he votado a favor de la resolución legislativa del Parlamento Europeo por la que se aprueba, conforme al procedimiento de consulta, la propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece una responsabilidad específica para Montenegro y se reduce proporcionalmente la responsabilidad de Serbia en relación con los préstamos a largo plazo concedidos por la Comunidad a la Unión Estatal de Serbia y Montenegro (antigua República Federativa de Yugoslavia).

  Brian Simpson (PSE), por escrito. − Votaré a favor del informe de Helmuth Markov. Creo que es totalmente esencial para la estabilidad y la seguridad de Europa que hagamos todo lo posible por ayudar a Serbia y a Montenegro a recuperarse de la convulsión económica y social que se produjo con la división de Yugoslavia y las desastrosas guerras subsiguientes.

Espero que, en particular, la infraestructura y el transporte figuren en lugar prominente. Si vamos a ser realistas en nuestras aspiraciones para ambos países, este acuerdo es esencial y debe ser apoyado con firmeza. Tengo la esperanza de que, en una fecha futura, tanto Serbia como Montenegro puedan adherirse a la Unión Europea.

Este acuerdo es el primer paso en el camino hacia esta aspiración.

- Informe: Neil Parish (A6-0311/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) Sobre la base del informe de mi excelente colega británico Neil Parish, he votado a favor de la resolución legislativa por la que se aprueba, en primera lectura conforme al procedimiento de consulta, la propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento del Consejo de junio de 2007 sobre la producción y etiquetado de los productos ecológicos. El Reglamento del Consejo de 28 de junio de 2007 sobre la producción y etiquetado de los productos ecológicos debe entrar en vigor como requisito obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. La finalidad de esta propuesta es aplazar el uso obligatorio del logotipo de la UE a la espera del diseño de un nuevo logotipo, para ayudar a evitar que los consumidores se sientan confundidos por el cambio de logotipos de la UE en un período tan breve y que se genere una carga económica adicional para los operadores, que tendrían que cambiar sus envases e impresiones en un plazo muy breve. Por consiguiente, se propone aplazar el uso obligatorio del logotipo de la UE hasta el 30 de junio del 2010.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. − Respaldo este informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos. No estoy totalmente convencido de que siempre sea mejor potenciar al máximo la producción y el consumo de productos ecológicos. Creo que la ciencia ha mejorado la productividad y la seguridad alimentarias en algunas áreas importantes. Mi propio consumo refleja esta creencia. No obstante, los que adoptan una actitud más fundamentalista tienen derecho a que se les den garantías de que «ecológico» es realmente ecológico y no sólo una etiqueta utilizada para sacarles más dinero a los consumidores crédulos y mal informados.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) La demanda de alimentos y otros productos ecológicos es alta y creciente y para satisfacerla es necesario, naturalmente, que los consumidores puedan identificar estos productos en el mercado. Por consiguiente, el etiquetado es necesario para que el mercado funcione en este aspecto.

Sin embargo, hemos votado anteriormente contra el etiquetado de los productos ecológicos por la UE, ya que estamos convencidos de que las fuerzas del mercado, encabezadas por unos consumidores europeos bien informados, son capaces de cumplir esta tarea por sí solas. Si se requiere una reglamentación política en el área del etiquetado de los productos ecológicos, debe hacerse a escala nacional.

En la votación de este informe, sin embargo, sólo nos encontramos ante la cuestión de aplazar el uso obligatorio del logotipo de la UE en los productos ecológicos. Hemos votado a favor de esta propuesta.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − He votado a favor del informe Parish que acepta la propuesta de la Comisión de retrasar la introducción del uso de una etiqueta ecológica obligatoria de la UE. Hay que observar, sin embargo, que el uso voluntario de tal etiqueta no está prohibido y que se debe promover cualquier iniciativa que sea beneficiosa para los consumidores.

- Informe: Philippe Morillon (A6-0315/2008)

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. − (SV) Hemos votado a favor del informe, ya que las enmiendas propuestas por el Parlamento supondrían requerir el consentimiento del Parlamento Europeo para ultimar acuerdos. Estamos a favor de una revisión exhaustiva de los acuerdos de pesca de la UE y la vemos como un primer paso positivo que nos da mayores oportunidades de ejercer nuestra influencia.

Nos tomamos muy en serio los informes científicos que revelan que los mares se están agotando. Por consiguiente, no consideramos los Acuerdos de Pesca de la UE como un medio de combatir la pobreza y fomentar un desarrollo sostenible a largo plazo. Nos gustaría cambiar la política de pesca de la UE de tal manera que conduzca a la reconstrucción de las poblaciones de peces. Mediante cambios en el comercio de la UE y en la política de ayuda y las diversas formas de colaboración, buscamos también apoyar el desarrollo sostenible en los países en los que los Acuerdos de Pesca con la UE constituyen actualmente una de las principales fuentes de ingresos.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − He apoyado el informe Morillon relativo al Acuerdo de Pesca para el Océano Índico Meridional. Considero que los países pesqueros deben controlar su propia pesca a la vez que cooperan internacionalmente por medio de las organizaciones de pesca regionales.

La UE tiene un interés costero en el Océano Índico y en consecuencia debe cumplir las obligaciones impuestas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Sin embargo, espero con expectación el día en que Francia, y otras naciones de la UE, tengan el control directo de sus propios intereses pesqueros.

  Margie Sudre (PPE-DE), por escrito. – (FR) El Parlamento Europeo acaba de dar su aprobación al Acuerdo de Pesca para el Océano Índico Meridional firmado por la Comunidad Europea en 2006. Al tener intereses pesqueros en la zona por motivo de La Reunión, la Comunidad se ha visto obligada a cooperar con las demás partes afectadas en la gestión y conservación de los recursos de la región, conforme a las condiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Esta nueva organización de pesca regional establece un marco institucional específico que tiene, como piedra angular, el Comité Científico permanente, cuya principal tarea es realizar una evaluación científica de los recursos de pesca y de la repercusión de la pesca en el medio marino, teniendo en cuenta las características medioambientales de la zona. El Acuerdo también promueve la cooperación en el campo de la investigación científica.

Sobre la base de estas recomendaciones científicas, las partes estarán en una posición sólida para preparar unas medidas de conservación y gestión óptimas para afrontar los retos a los que se enfrenta la zona. El Acuerdo marca un verdadero paso adelante en la promoción de los recursos pesqueros y el desarrollo sostenible.

- Informe: Kyösti Virrankoski (A6-0328/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo basada en el informe de mi colega Kyösti Virrankoski sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 5/2008 (APR 5/2008), que cubre la revisión de la previsión sobre los recursos propios tradicionales (RPT, es decir, los derechos de aduana, las exacciones reguladoras agrícolas y las cotizaciones en el sector del azúcar) y las bases IVA y RNB, así como la presupuestación y financiación de la corrección británica, que tiene el efecto de modificar el reparto entre los Estados miembros de sus contribuciones en concepto de recursos propios al presupuesto de la UE.

- Informe: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0292/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución legislativa basada en el informe de la diputada alemana Sylvia-Yvonne Kaufmann por la que se aprueba, conforme al procedimiento de consulta, la iniciativa de varios Estados miembros para fortalecer la Red Judicial Europea. En primer lugar, la resolución exhorta al Consejo y a la Comisión a que den prioridad a cualquier propuesta futura para enmendar el texto de la iniciativa por el procedimiento urgente, de conformidad con el Tratado de Lisboa una vez que entre en vigor. Estoy a favor de que se refuerce el elemento de «protección de datos» y de que los puntos de contacto de la Red Judicial vayan a facilitar determinada información a los miembros nacionales de Eurojust. Celebro especialmente la referencia a la futura Decisión marco sobre la protección de los datos de carácter personal tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal.

  Koenraad Dillen, Carl Lang y Fernand Le Rachinel (NI), por escrito. – (FR) Sólo por una vez, Bruselas quiere recuperar por la ventana lo que los franceses, holandeses e irlandeses han echado por la puerta en los referendos de 2005 y de junio de 2008: el establecimiento de una fiscalía europea única.

La tentación resulta demasiado grande para nuestros aprendices de brujo proeuropeos. Pase lo que pase, hay que superar e ignorar cualquier objeción, rechazo y resistencia legítima por parte de los ciudadanos de Europa con el fin de comunitarizar por la fuerza todas las cuestiones de justicia, seguridad e inmigración.

Europa comete una grave equivocación. La cooperación necesaria entre los Estados miembros en asuntos judiciales, policiales y aun penales no debe dar lugar a que sean sometidos a un orden legal supranacional establecido a pesar de todas las diferencias existentes entre los sistemas y tradiciones legales de los Estados miembros.

Rechazamos este orden legal supranacional que iría en contra de los mismos principios y valores que nos son tan preciados.

  Luca Romagnoli (NI) , por escrito. − (IT) Señor Presidente, Señorías, voto a favor del informe de la señora Kaufmann sobre la Red Judicial europea. Coincido con su contenido y con su objetivo, que es el de fortalecer las estructuras existentes y unificar su actuación. Los cambios significativos de los últimos años con respecto a la cooperación judicial en los asuntos penales han creado la necesidad de introducir y fortalecer estructuras capaces de proporcionar asistencia y coordinación a escala europea.

A pesar de que se está empezando a poner en práctica el principio del reconocimiento mutuo, sigue habiendo muchas dificultades prácticas y un número cada vez mayor de casos transnacionales sumamente complicados en los que se está haciendo cada vez más necesario prestar asistencia y apoyo a las autoridades nacionales competentes.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. − (SV) Me opongo frontalmente a que se incluya la religión, la sexualidad, las opiniones políticas, etc. como información pertinente que las autoridades puedan intercambiarse, pero en este informe esto sólo se menciona en relación con las medidas preventivas adicionales y como un intento de endurecer la legislación existente. Por consiguiente, voto a favor.

- Informe: Armando França (A6-0285/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución legislativa basada en el informe del diputado portugués Armando França por la que se apoya la iniciativa de varios Estados miembros (la República de Eslovenia, la República Francesa, la República Checa, el Reino de Suecia, la República Eslovaca, el Reino Unido y la República Federal de Alemania) para enmendar una serie de decisiones marco (2002/584/JAI sobre la orden europea de detención, 2005/214/JAI sobre el principio del reconocimiento mutuo de las sanciones pecuniarias, 2006/783/JAI sobre el principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones de decomiso y 2008/.../JAI sobre el principio del reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal) con el fin de regular la ejecución de las resoluciones dictadas en rebeldía. Apoyo la propuesta de una serie de garantías procesales para reforzar los derechos de las personas juzgadas en rebeldía, así como los esfuerzos por eliminar enfoques diferentes hacia los «motivos de no reconocimiento» de tales resoluciones.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. − (PT) He votado a favor del informe del señor França, sobre la aplicación del principio del reconocimiento mutuo a los fallos por asuntos penales, porque creo que es importante establecer reglas uniformes para el reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas en rebeldía.

Felicito al ponente por las propuestas presentadas en el informe, que considero cruciales para armonizar las garantías procesales en todos los Estados miembros y para reforzar la protección de los derechos fundamentales, como el derecho a defensa y el derecho a juicio.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. − Apoyaré este informe sobre el reconocimiento mutuo de los fallos por asuntos penales. Soy de la opinión de que los convictos de delitos no deben poder esconderse en los intersticios de la Unión Europea. Cualquiera que haya sido condenado en un Estado miembro debe ser considerado culpable en toda la Unión. Si dudamos de la independencia e integridad de los tribunales de cualquier Estado de la Unión, a ese Estado se le debe suspender su adhesión. De no ser éste el caso, del mismo modo que no hacemos ninguna distinción entre los delincuentes de Manchester o de Londres, tampoco debemos hacerla si se trata de Madrid o Lisboa.

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), por escrito. − (NL) He votado en contra del informe França sobre la aplicación del principio del reconocimiento mutuo a los fallos por asuntos penales, porque el informe pretende armonizar la justicia penal a escala europea.

Creo que la justicia penal es una responsabilidad de los Estados miembros y no de la UE. Por consiguiente, no se debería armonizar.

  Erik Meijer (GUE/NGL), por escrito. − (NL) He votado en contra del informe del señor França sobre la aplicación del principio del reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal, porque su objetivo es armonizar el Derecho penal a escala europea. Opino que el Derecho penal es responsabilidad de los Estados miembros, no de la UE. Naturalmente, estoy a favor del derecho de los imputados a contar con una representación adecuada, pero no hay ninguna necesidad de armonización.

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), por escrito. – (RO) El reconocimiento mutuo es la piedra angular de la cooperación judicial a escala europea y cualquier aclaración de los instrumentos para la aplicación de este principio es bienvenida.

La decisión aprobada hoy es oportuna. No obstante, quisiera llamar la atención sobre otro problema, a saber, la manera en que algunos Estados miembros aplican los instrumentos importantes, como la orden de detención europea.

En enero de 2007, las autoridades rumanas emitieron una orden de detención europea a nombre del ciudadano checo František Příplata, sentenciado a ocho años de prisión por incitación a delito grave, en el caso del asesinato de un líder del sindicato rumano en el año 2000. Pero la República Checa, en cuyo territorio se encuentra el asesino, sólo aplica el procedimiento de extradición para los delitos cometidos a partir del 1 de noviembre de 2004.

En consecuencia, ocho años después de cometerse el delito, la persona sentenciada todavía no ha sido extraditada y aún no ha se ha iniciado la ejecución de la sentencia.

Creo que los Estados miembros que entienden la aplicación de los instrumentos de cooperación judicial en esta forma deben considerar seriamente la oportunidad de mantener tales reservas.

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), por escrito. − (RO) He votado a favor del informe de Armando França sobre la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso y la Decisión marco 2008./.../JHA relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas de prisión o medidas de privación de libertad a efectos de su cumplimiento en la Unión Europea.

Cada vez se dan más casos de peligrosos delincuentes que usan la libertad de circulación y la eliminación de las fronteras en la Unión Europea para evitar el procesamiento.

Apoyo incondicionalmente este informe, ya que garantiza una reglamentación unitaria en el ámbito de las resoluciones dictadas en rebeldía, una reglamentación extremadamente necesaria para evitar la posible parálisis del sistema judicial por parte de los que huyen de la justicia y se refugian en otro país de la Unión Europea.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. − (SV) Las enmiendas del Parlamento se refieren sobre todo a una mayor protección de los ciudadanos y, por consiguiente, pretenden mejorar el marco regulador en vigor. Por ello he votado a favor.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. − (PL) Apoyo totalmente la iniciativa de modificar las disposiciones legislativas que rigen el principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales.

Se deben hacer todos los esfuerzos necesarios para hacer la cooperación judicial entre los Estados miembros lo más efectiva posible. Por otra parte, debemos garantizar el pleno respeto de los derechos de todos los ciudadanos, incluido el derecho fundamental a la defensa en los procedimientos judiciales.

Desde mi punto de vista, las enmiendas propuestas no sólo facilitarán considerablemente la cooperación entre órganos jurisdiccionales, sino que, sobre todo, contribuirán a reforzar los derechos de los ciudadanos en relación con la administración de justicia en toda la Unión Europea, especialmente el derecho a la defensa y el derecho de recurso.

- Informe: Ioannis Gklavakis (A6-0286/2008)

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. − (SV) Este informe de propia iniciativa hace hincapié sobre la pesca y acuicultura en el contexto de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa.

Una gestión ecológicamente sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas es ciertamente importante para proteger el medio ambiente en el que vivimos. Desgraciadamente, el informe ignora los problemas del sector pesquero en la UE. Por ello hemos decidido abstenernos. La capacidad excesiva de las flotas pesqueras de la UE conduce a un número de capturas demasiado elevado, lo que pone en peligro el ecosistema marino y las poblaciones de peces objeto de pesca.

Desearíamos que se efectuase una reducción importante de los buques de pesca y que las cuotas de pesca se estableciesen sobre la base de razones científicas biológicamente seguras. Ciertamente, se debe ofrecer a los trabajadores afectados por la reestructuración una formación adecuada en términos de mercado laboral y el apoyo financiero necesario para que puedan ocupar otros puestos de trabajo en sectores económicos que precisan mano de obra.

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), por escrito. − (PT) He votado a favor del informe del señor Gklavakis sobre la pesca y acuicultura en el contexto de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa y desearía felicitarle por la calidad de su trabajo. El informe subraya la importancia económica y social de estas actividades para las regiones costeras, para las que pide asistencia en el marco de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa. Por este motivo también resulta esencial para los gobiernos nacionales y regionales de las regiones ultraperiféricas preparar estrategias integradas en el contexto de tal gestión con vistas a garantizar un desarrollo equilibrado de sus regiones costeras.

Yo también apoyo firmemente la sugerencia del ponente de utilizar el Fondo Europeo de Pesca para la financiación a largo plazo de medidas en el marco de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa, puesto que esta propuesta permitiría la puesta en marcha de acciones que contribuirían al desarrollo sostenible de las zonas pesqueras desde un punto de vista transversal a todas las actividades marítimas que tienen lugar en estas zonas.

Por último, es importante subrayar que la ordenación regional se ha basado hasta la fecha en gran medida en el desarrollo en tierra y no ha tomado en consideración las repercusiones del desarrollo costero sobre ciertas actividades marinas. Ello ha conducido a la degradación de los hábitats marinos, por lo que un nuevo enfoque resulta fundamental.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − El informe Gklavakis reconoce de forma adecuada la importancia de la pesca para las comunidades costeras y la preservación de las tradiciones culturales. Demasiado a menudo este aspecto humano de la industria pesquera parece haber sido olvidado en la aplicación de la PPC. El informe pone de manifiesto de forma adecuada la necesidad de que todos los órganos a escala comunitaria, nacional y regional cooperen en materia de gestión costera y creo que, en este contexto, las zonas costeras y los Estados miembros deben tomar la iniciativa y la UE debe actuar como mediadora.

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN), por escrito. − (IT) La pesca y la acuicultura representan dos de las principales actividades para el desarrollo socioeconómico de las zonas costeras de la Unión Europea. Por consiguiente, es necesario que ambas actividades se gestionen de modo que se garantice una explotación sostenible de la pesca y la demanda cada vez mayor de productos pesqueros.

A tal fin, es necesario que los Estados miembros de la UE apliquen una serie de medidas destinadas a salvaguardar las zonas costeras y a promover un entorno marino limpio. Dada la naturaleza transfronteriza de numerosos procesos costeros, es necesario que los Estados miembros cooperen entre sí y con terceros países vecinos.

Una de tales medidas se refiere a la planificación del desarrollo inmobiliario de tipo turístico. Para muchas regiones, la industria del turismo contribuye de forma significativa al PIB local. Sin embargo, considero necesario apoyar un turismo «ecocompatible», es decir, que interactúe con las políticas a favor de la protección del paisaje y el medio ambiente.

También es necesario coordinar las actividades industriales: pensemos, por ejemplo, en la importancia de una política común eficaz sobre la gestión de las aguas residuales para garantizar la compatibilidad de una importante actividad económica con la necesaria conservación del medio ambiente marino.

La pesca costera y artesanal representa una importantísima fuente de ingresos para miles de familias y es portadora de una tradición plurisecular que Europa, en mi opinión, debe apoyar y conservar.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. − (IT) He votado a favor del informe Gklavakis, que pone de manifiesto la necesidad de una estrategia de gestión de las zonas costeras europeas con vistas a lograr un desarrollo sostenible.

Una estrategia de gestión integrada de las zonas costeras puede ofrecer un marco adecuado para una explotación sostenible de estas zonas y las actividades que se llevan a cabo en ellas. Apoyo totalmente la posición del ponente cuando indica la necesidad de una programación a largo plazo que tenga en cuenta a todas las partes interesadas.

Acojo con satisfacción este punto de vista y subrayo también que esto debería ser sólo el comienzo de una mayor atención hacia el sector e invito a la Comisión a poner en práctica una política seria en este ámbito.

  Kathy Sinnott (IND/DEM), por escrito. − Me he abstenido en esta votación porque estoy a favor de la pesca sostenible y apoyo a las comunidades costeras y a los pescadores irlandeses. La Política Pesquera Común, aunque pretende abordar ambas cuestiones, ha conducido a la destrucción del entorno marino, la reducción de las poblaciones de peces y el empobrecimiento del mar.

- Informe: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. (FR) – Sobre la base del informe de mi excelente colega esloveno Mihael Brejc, he votado a favor de la resolución legislativa por la que se aprueba, en primera lectura conforme al procedimiento de codecisión, la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 562/2006 relativo al uso del Sistema de Información de Visados (VIS) conforme al Código de fronteras Schengen. Vistas las expectativas de los ciudadanos europeos respecto a la seguridad interna, apoyo sin reservas las enmiendas que se van a hacer al Código de fronteras Schengen para garantizar el uso eficaz del Sistema de Información de Visados (VIS) en nuestras fronteras externas. El objetivo de esta propuesta de reglamento es establecer reglas comunes para el uso obligatorio del VIS (es decir, una búsqueda sistemática usando el número de la etiqueta de visado, combinada con la comprobación de las huellas dactilares) en las fronteras externas y, de este modo, seguir desarrollando un sistema integrado de gestión de fronteras en la Unión Europea.

  Koenraad Dillen, Carl Lang y Fernand Le Rachinel (NI), por escrito. – (FR) Contrariamente a lo que pretende demostrar, Europa no ha realizado ningún avance en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia. Por el contrario, la eliminación de los controles fronterizos interiores ha provocado, desde la aplicación de los deplorables Acuerdos de Schengen, un aumento exponencial de la delincuencia organizada y todo tipo de tráficos.

La Unión Europea, auténtico aprendiz de brujo en materia de seguridad, con sus métodos, a menudo peligrosos para la seguridad de los Estados y sus pueblos, nos ha impuesto este espacio de inseguridad y ausencia de libertades y de justicia.

El Código de fronteras de Schengen no servirá de nada, ya que el fundamento mismo de los Acuerdos de Schengen resulta inadecuado e inaceptable.

La seguridad común sólo existirá si cada Estado recupera su plena soberanía en materia de gestión de sus fronteras y su política migratoria. El paroxismo de la aberración se alcanza definitivamente cuando se trata de transferir cada vez más responsabilidades a una Unión Europea ya paralizada.

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. − (DE) He votado a favor del informe de Mihael Brejc relativo al Sistema de Información de Visados en el marco del Código de fronteras Schengen.

Se deben modificar las normas comunes que se aplican a las fronteras exteriores del espacio Schengen y el uso del Sistema de Información de Visados debe hacerse más eficiente y uniforme. Todo ello deberá llevarse a cabo de forma prudente y cuidadosa, en el pleno respeto de la confidencialidad de los datos personales y los derechos humanos.

Unas comprobaciones exhaustivas de las huellas de los nacionales de terceros países que incluyan la consulta al VIS desembocarán innecesariamente en largas colas y prolongados retrasos en los pasos fronterizos, que afectarán también a las personas que no necesitan visado.

El informe propone que se consulte de forma no sistemática el VIS. La guardia de fronteras seguirá comprobando si los nacionales de terceros países cumplen todos los requisitos para entrar en la UE, pero consultarán el VIS sobre la base de su propia experiencia e información. Lo anterior contribuirá a garantizar adecuadamente un nivel elevado de seguridad en la UE y que no se hace esperar a los viajeros en los pasos fronterizos más tiempo de lo necesario.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) El fortalecimiento del Sistema de Información de Visados (VIS) es indudablemente una buena manera para facilitar la lucha contra el fraude en el futuro y –siempre que se garantice la protección de datos– debe a recibirse con satisfacción. No obstante, si la toma de huellas dactilares y el reconocimiento facial son necesarios para la concesión de visados Schengen en el futuro, causará desórdenes bastante considerables en las embajadas pertinentes. En el debate en Alemania se ha sugerido que algunas embajadas no disponen ni del personal ni de las instalaciones necesarios para hacer frente a este cambio. En todo caso, la posible contratación del almacenamiento de datos a empresas externas, que también se está debatiendo, causa gran preocupación y podría abrir la puerta a futuros escándalos sobre visados.

El VIS tiene aspectos positivos, pero, en términos generales, no se ha analizado adecuadamente, por lo que no pude votar a favor del informe.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. − (IT) He votado a favor del informe Brejc. Apoyo la propuesta y sus objetivos. En determinados periodos, nuestras fronteras reciben una gran afluencia de personas que desean entrar en el espacio Schengen.

La propuesta introduce una relajación del régimen de controles habitual, pero también tiene por objeto proteger al viajero y evitar largas horas de espera en las fronteras para pasar los controles necesarios. En cualquier caso, la excepción debe seguir siendo justamente una excepción y no convertirse en la regla general, y coincido también con el ponente en que la duración y la frecuencia de tal excepción se limiten en la mayor medida posible. En última instancia, acojo la introducción en este sentido de condiciones específicas que regulen la aplicabilidad de la excepción.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. − (PL) Estoy a favor de la modificación del Reglamento (CE) nº 562/2006 relativo al Sistema de Información de Visados (VIS) en el marco del Código de fronteras Schengen.

Considero innecesario y engorroso que se efectúen largas comprobaciones en relación con los ciudadanos de terceros países titulares de un visado cada vez que atraviesan la frontera. Ello ocasiona esperas excesivas en los pasos fronterizos.

En mi opinión, una reducción de la intensidad de las inspecciones fronterizas no afectará al nivel de seguridad de la UE. Por consiguiente, considero que la limitación de las inspecciones efectuadas por la guardia de fronteras a consultas no sistemáticas al VIS constituye una solución adecuada.

  Marian Zlotea (PPE-DE), por escrito. − (RO) He votado hoy a favor del informe Brejc porque, con vistas a la eficiencia de los controles de las fronteras exteriores de la UE, el uso del VIS (Sistema de Información de Visados) reviste una importancia fundamental. Para garantizar la seguridad de las fronteras s necesario que la guardia de fronteras consulte el Sistema de Información de Visados de forma sistemática en relación con cualquier persona titular de un visado.

La ampliación del espacio Schengen ha eliminado barreras en la Unión Europea. Sin embargo, se controla el ingreso de los ciudadanos de terceros países una única vez cuando entran en el espacio Schengen. El 50 % de los inmigrantes ilegales entran en la UE de forma legal, ya que la inexistencia de un sistema de control de visados les permite superar el periodo de permanencia.

Deseamos que Europa sea más segura, al tiempo que acogemos con satisfacción a los que llegan a nuestro continente por motivos turísticos y de trabajo. La modificación votada hoy en el Parlamento Europeo supone una ventaja para los ciudadanos de la UE y para los que proceden de terceros países, que no necesitan un visado de entrada, ya que de este modo se reducirán considerablemente las esperas en los puestos fronterizos.

- Informe: Renate Weber (A6-0293/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) Sobre la base del informe de la diputada rumana Renate Weber, he votado a favor de la resolución legislativa del Parlamento Europeo por la que se apoya la iniciativa de varios Estados miembros (Bélgica, la República Checa, Estonia, España, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia) para fortalecer Eurojust. Apoyo que se refuerce el elemento de «protección de datos» de la propuesta, así como el hecho de que el Parlamento Europeo vaya a recibir más información para poder vigilar mejor las tareas y las obligaciones de Eurojust, que se estableció en 2002 como órgano de la Unión Europea con personalidad jurídica cuya función es promover y mejorar la coordinación y la cooperación entre las autoridades judiciales competentes en los Estados miembros. La experiencia de Eurojust deja claro que se debe mejorar su eficiencia operativa garantizando que sus miembros nacionales tengan una categoría equivalente. Apoyo asimismo la célula de emergencia para la coordinación, los sistemas de coordinación nacionales, las asociaciones con los demás instrumentos de seguridad y protección de la Comunidad (Europol, Frontex, OLAF) y la posibilidad de que Eurojust envíe magistrados de enlace en comisión de servicio a terceros Estados.

  Patrick Gaubert (PPE-DE), por escrito. – (FR) Acojo con satisfacción el informe de la señora Lambert sobre la evaluación del sistema de Dublín. El informe recuerda adecuadamente que, en su conjunto, se han alcanzado los objetivos del sistema en gran medida, pero que, a falta de datos concretos, no ha sido posible evaluar el coste del sistema. Siguen existiendo algunas preocupaciones, tanto en relación con la aplicación práctica como en lo que se refiere a la eficacia del sistema.

El informe inaugura el debate sobre el futuro de la política de asilo común europea, que se puso en marcha en junio de 2007 con la publicación del Libro Verde.

El informe subraya que los siguientes aspectos del sistema deberán aclararse o modificarse: respeto del principio básico de no devolución; los solicitantes deben recibir toda la información necesaria sobre el sistema de Dublín en una lengua que comprendan y tener acceso al asesoramiento jurídico durante todo el procedimiento; por otra parte, deben beneficiarse de un derecho de recurso que suspenda cualquier decisión de traslado; los criterios de la determinación de la edad de los menores deberían armonizarse; debería ponerse en marcha una serie de mecanismos para paralizar el traslado hacia países que no respeten de forma evidente los derechos de los solicitantes.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Con el pretexto de reforzar la capacidad operativa de Eurojust en la lucha contra las diferentes formas de delincuencia, la presente propuesta tiene por objetivo fundamentalmente satisfacer la obsesión de lo políticamente correcto de los representantes de la policía del pensamiento.

El objetivo del control de todas las discordancias, tanto escritas como manifestadas en alguna reunión, so pena de sanción, se pone en práctica de forma muy poco velada. Diferentes oradores en esta Cámara han alzado su voz a favor de la adopción de una Directiva marco dirigida a tipificar como delito el supuesto racismo y la supuesta xenofobia y a crear, para su rápida transposición, un fiscal único europeo, el nuevo Torquemada de la UE de lo «políticamente correcto».

Lamentablemente, cuanto más poder de decisión se arroga el Parlamento Europeo, institución que se autoproclama templo de la democracia, más se vulneran las libertades fundamentales, especialmente la libertad de investigación, opinión y expresión. En realidad, esta Europa totalitaria es mucho más peligrosa que los denominados «monstruos» contra los que dice luchar. Los defensores de la ideología euro-globalista e inmigracionista tienen por objetivo principal eliminar a sus molestos adversarios a través de legislaciones europeas penales represivas.

Nosotros nos negamos a aceptar esta situación.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – La propuesta del Consejo y el relativo informe sobre la modificación del Reglamento sobre Eurojust refuerzan el poder de este mecanismo de represión de la UE.

La jurisdicción de Eurojust se amplia a casi todos los ámbitos penales y se refuerzan sus facultades de intervención ante las autoridades judiciales nacionales. La transmisión de información y datos personales (incluidos los datos sobre el ADN) de un Estado miembro a Eurojust se hace obligatoria y se crea una red de asociaciones nacionales de Eurojust. Eurojust mantiene estrechos vínculos con otros mecanismos represivos de la UE (Red Judicial Europea, Frontex) y de terceros países. El fortalecimiento de Eurojust refuerza a su vez a Europol y aumenta el número de datos que se almacenan en relación con ciudadanos de la UE y de terceros países. La modernización de los sistemas de vigilancia de Schengen y VIS y la incorporación del Tratado de Prüm a la legislación comunitaria contribuyen a lo anterior. So pretexto de luchar contra el terrorismo y la delincuencia organizada se intenta reforzar al capital para que pueda defenderse de la reacción popular cada vez más evidente que suscitan la política de la UE y los Gobiernos de los Estados miembros. El aumento desenfrenado de los mecanismos de represión a escala nacional y europea descubre en mayor medida la naturaleza reaccionaria de la UE e incita más que nunca al pueblo a resistir y oponerse a esta estructura imperialista.

- Informe: Jean Lambert (A6-0287/2008)

  John Attard-Montalto (PSE), por escrito. − Las islas maltesas conforman la frontera meridional de la UE. Situadas en el centro del Mediterráneo, reciben un número desproporcionado de inmigrantes ilegales. La mayoría de ellos solicitan que se les reconozca el estatuto de refugiados.

Frontex, una agencia defendida por los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros como una solución para reducir el número de inmigrantes ilegales, ha fracasado estrepitosamente.

Hemos pedido que se reparta la carga, pero con escasos resultados. Ahora que la presente legislatura comienza su último año, proponemos mecanismos para la distribución de la responsabilidad. Por fin hemos reconocido la necesidad de «aliviar la carga desproporcionada que puede recaer en determinados Estados miembros, en particular en los Estados miembros con fronteras exteriores».

El hecho de que hayamos reconocido también la necesidad de considerar «la posibilidad de prever mecanismos distintos de los financieros dentro del Reglamento de Dublín a fin de corregir las consecuencias nefastas de su aplicación para los pequeños Estados miembros con fronteras exteriores de la Unión» se acoge con enorme satisfacción, ya que esencialmente se refiere a Malta, aunque no se mencione a este país de forma explícita.

La UE no ha respetado el principio de solidaridad en lo que se refiere a esta cuestión. Ha llegado el momento de abandonar la retórica y abordar el quid de la cuestión.

La UE debe darse cuenta de que su Estado miembro más pequeño no puede seguir absorbiendo el enorme número de inmigrantes de buscan refugio y solicitan asilo.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe del diputado británico Jean Lambert sobre el sistema de Dublín, y aplaudo el trabajo realizado por mi amigo Patrick Gaubert, que ha sido el ponente para nuestro Grupo del PPE. La finalidad del sistema de Dublín es determinar cuál es el Estado miembro responsable de examinar una petición de asilo presentada en el territorio de uno de los Estados miembros de la UE, Noruega o Islandia. Aunque, en términos generales, los objetivos del sistema de Dublín —en particular, el establecimiento de un mecanismo claro y viable para determinar qué Estado miembro es responsable de examinar una petición de asilo— se han logrado en gran medida, sigue habiendo problemas con la eficiencia del sistema y su aplicación en la práctica, así como con el coste, que no ha sido evaluado. Todo esto demuestra la necesidad urgente de una política europea de inmigración y asilo, y aplaudo el trabajo realizado por el actual Presidente del Consejo con responsabilidad en este campo, mi amigo Brice Hortefeux, Ministro francés de Inmigración, Integración, Identidad Nacional y Desarrollo Solidario, que acaba de presidir la Conferencia Ministerial europea sobre el derecho de asilo los días 8 y 9 de septiembre de 2008 en París.

  Jan Březina (PPE-DE), por escrito. − (CS) He votado en contra del informe sobre la evaluación del sistema de Dublín porque considero que no mejorará el sistema y que, por el contrario, supondrá un obstáculo para su funcionamiento efectivo.

En concreto, considero fundamental advertir de los peligros de la introducción de un derecho de recurso automático para suspender la decisión del traslado de un solicitante de asilo a otro Estado miembro. Por otra parte, la adopción de una posición reservada acerca del uso de centros de detención para el traslado de solicitantes de asilo al Estado competente para valorar la solicitud de asilo no contribuirá en absoluto a mejorar la efectividad del sistema, sino que, por el contrario, lo cuestionará y menoscabará su transparencia.

De este modo, el informe tiende en realidad a eliminar o, como poco, menoscabar los instrumentos a través de los cuales los Estados miembros pueden asegurarse de que sus decisiones se aplicarán en el marco del sistema de Dublín, por lo que no debería aprobarse. El informe no adopta el enfoque adecuado, ya que el aspecto humanitario de la evaluación de las solicitudes de asilo no debe hacer que las decisiones de los Estados miembros se conviertan en papel mojado en caso de que los solicitantes de asilo se nieguen a cooperar.

Por otra parte, tampoco estoy de acuerdo con la introducción de mecanismos de distribución de la responsabilidad a escala europea, ya que, en mi opinión, los mecanismos existentes de la compensación financiera a los Estados más afectados por las solicitudes de asilo son suficientes y no existen razones para interferir en la soberanía de los Estados miembros en el ámbito del asilo a través de un nuevo Reglamento.

  Koenraad Dillen, Carl Lang y Fernand Le Rachinel (NI), por escrito. – (FR) No podemos dejar de observar con cierta ironía cómo, por primera vez, un informe del Parlamento Europeo califica de «carga» la llegada masiva de inmigrantes al territorio de un Estado miembro de la Unión Europea.

¿La inmigración ha dejado de ser una oportunidad que beneficia a todos los pueblos europeos?

En absoluto: la absurdidad de la obligación de acogida de los solicitantes de asilo y el respeto absoluto por el principio de no devolución no se cuestionan. El informe destaca únicamente las carencias del sistema de Dublín en relación con la determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo. Se trataba de algo evidente, a la luz del aumento constante de los flujos migratorios dirigidos sobre todo a los países situados en el extremo meridional de la UE.

Nuevamente, este informe propone una solución errónea a los problemas técnicos y humanos asociados a las oleadas migratorias. No es el establecimiento de un sistema común de asilo, necesariamente ineficaz en un territorio cada vez mayor cuyas fronteras resultan permeables, lo que conviene poner en marcha. Por el contrario, se debe conceder a los Estados miembros el derecho a la autodeterminación en materia de migración y de gestión de sus fronteras.

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El sistema de Dublín ha demostrado que en la práctica constituye un mecanismo que promueve la política general de la UE en contra de los refugiados. Las diferentes injusticias en su aplicación que recoge el presente informe confirman su naturaleza reaccionaria.

La UE, en gran medida responsable de la existencia de cientos de miles de refugiados debido a su apoyo a regímenes no democráticos y su contribución a la división interior de los Estados, las guerras y las intervenciones imperialistas, en lugar de ayudar a los solicitantes de asilo y respetar sus derechos, ha endurecido continuamente su posición en los últimos años hacia ellos.

Uno de los aspectos destacables de lo anterior se manifiesta en el inaceptable traslado de solicitantes de asilo de un país de la UE a otro. Lo anterior se estableció en el Reglamento de Dublín y se hizo realidad con la creación de Frontex para la expulsión de los refugiados de las fronteras de la UE, la reciente directiva sobre su detención por un periodo de hasta 18 meses, la aprobación de la ampliación del uso de Eurodac también para otros fines, como la conservación de archivos sobre refugiados y el tratamiento inhumano que se les dispensa en términos generales.

Por tanto, resulta evidente que debemos luchar con todas nuestras fuerzas para que no se apruebe este Reglamento y en contra de la política de la UE en materia de refugiados en general. Debemos respetar el derecho de los solicitantes de asilo a refugiarse en el país que consideren más adecuado y garantizar que los Estados miembros cumplan la Convención de Ginebra de 1951.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Creemos que el informe contiene puntos positivos en su evaluación del sistema de Dublín en relación con las solicitudes de asilo en los Estados miembros signatarios.

Entre otras cosas:

- Apoyamos la denuncia de los traslados de solicitantes de asilo a Estados miembros que no garantizan una tramitación completa y justa de las solicitudes de asilo, de la definición restrictiva de miembro de la familia del refugiado, así como del hecho de que la ampliación del acceso a la base de datos Eurodac implique el riesgo de que la información pueda filtrarse a terceros países.

- También apoyamos las propuestas realizadas para garantizar a los solicitantes de asilo un derecho de recurso con efecto suspensivo automático contra una decisión de traslado de responsabilidad a otro Estado miembro, la salvaguardia del principio de no devolución y el hecho de que una solicitud de asilo no pueda nunca ser desestimada por cuestiones de procedimiento, así como la protección de la reagrupación familiar y el principio del interés superior del menor (valoración de la edad, no detención, definición de miembro de la familia, etc.).

No obstante, no estamos de acuerdo con su clasificación y aceptación de instrumentos en vigor a escala comunitaria y su apoyo del refuerzo de la comunitarización de la política de asilo, una perspectiva federalista que consideramos que sustenta los actuales impedimentos que afectan actualmente a los solicitantes de asilo a escala comunitaria.

De ahí nuestra abstención.

  Anna Hedh (PSE), por escrito. − (SV) He votado a favor del informe de propia iniciativa de Jean Lambert (A6-0287/2008) sobre el sistema de Dublín, aunque recoge opiniones que no comparto. La razón por la que he votado a favor es que coincido con las críticas vertidas en el informe en relación con el modo en que la legislación comunitaria actual socava los derechos de los solicitantes de asilo, por ejemplo, a través del traslado de los solicitantes de asilo a Estados miembros que no son capaces de garantizar una tramitación completa y justa de las solicitudes de asilo. Sin embargo, estoy en contra de una armonización completa de la política de la UE en materia de asilo.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − He votado a favor del informe de la señora Lambert sobre la evaluación del sistema de Dublín. Concretamente, me gustaría destacar los apartados que hacen hincapié sobre el hecho de que en todas las decisiones relativas a menores, debe primar el interés superior del menor.

En relación con mi propio país, Escocia, cabría destacar la desgraciada situación del centro de detención de Dungavel, en el que se encierra a los hijos de los solicitantes de asilo. Este tipo de prácticas nunca pueden considerarse en interés del menor, por lo que apoyo los esfuerzos del Gobierno escocés para cerrar este centro y devolver la competencia en materia de inmigración a las autoridades escocesas.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Es importante que se hayan aclarado algunas normas que rigen el procedimiento de asilo, incluidas las que determinan a quién compete frenar el fenómeno de las solicitudes múltiples. Mientras la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide una mayor protección de los niños en los procedimientos de asilo, un número cada vez mayor de menores no acompañados aparecen en las fronteras exteriores de la UE, tratando de aprovecharse de la especial protección de la que disfrutan en relación con la deportación y la devolución. Arriesgan sus vidas una y otra vez a la búsqueda de nuevas e ingeniosas formas de pasar desapercibidos.

Si las normas que hemos creado a modo de salvaguardias se convierten ahora en incentivos para correr nuevos riesgos, debemos pensar en nuevas estrategias.

El presente informe contiene algunos elementos esenciales, pero en su conjunto creo que no va lo suficientemente lejos, por lo que no he votado a favor.

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), por escrito. – He votado a favor del informe Lambert sobre la evaluación del sistema de Dublín. El informe suscita algunas preocupaciones sobre las carencias del sistema y pide a la Comisión que emprenda medidas en contra de los Estados que no garanticen una tramitación completa y justa de las solicitudes de asilo que reciben.

Tras el inaceptable proyecto de Directiva sobre la no devolución, adoptado en junio, el Parlamento Europeo subraya hoy que los solicitantes de asilo gozan de ciertos derechos en virtud de la legislación europea y que los Estados miembros tienen ciertas obligaciones.

Grecia viola sistemáticamente los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo. Las condiciones de sus centros de acogida son inaceptables y cuenta con uno de los índices de aceptación de solicitudes más bajos. Ciertos Estados miembros ya se han negado a aplicar el Reglamento de Dublín cuando Grecia debe asumir la responsabilidad y muchos más hablan de añadirse a esta iniciativa. Invitamos a la Comisión a proponer medidas sustanciales y efectivas para garantizar que las autoridades griegas traten de forma adecuada las solicitudes de asilo.

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), por escrito. − (RO) La legislación y las prácticas en materia de asilo siguen siendo diferentes entre Estados miembros, y también se trata a los solicitantes de asilo de forma diferente de un Estado a otro.

Si no se alcanza un nivel satisfactorio y uniforme de protección en toda la Unión Europea, el sistema de Dublín producirá siempre resultados insatisfactorios, tanto desde el punto de vista técnico como humano, y los solicitantes de asilo seguirán teniendo motivos fundados para decidir dirigir su solicitud a un determinado Estado miembro para poder beneficiarse de las decisiones nacionales más favorables.

El gran número de solicitudes de asilo múltiples y el número reducido de traslados realizados indican la existencia de deficiencias en el sistema de Dublín y la necesidad de crear un sistema común de asilo a escala europea.

La aplicación del Reglamento de Dublín podría tener como resultado una distribución desigual de la responsabilidad en relación con las personas que solicitan protección, en detrimento de algunos Estados miembros especialmente expuestos a los flujos migratorios debido únicamente a su posición geográfica.

De la evaluación de la Comisión resulta que en 2005 los 13 Estados miembros situados en las fronteras exteriores de la Unión hubieron de enfrentarse a desafíos mucho mayores a raíz de la aplicación del sistema de Dublín y, por consiguiente, el criterio del primer país de entrada, previsto por el sistema de Dublín, ha puesto en una situación muy difícil a los Estados miembros que se encuentran en las fronteras exteriores.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. − (SV) El presente informe de propia iniciativa se centra especialmente en las posibilidades de mejora y de aumento de la protección que se dispensa a los solicitantes de asilo, pero no estoy de acuerdo con la afirmación de que un sistema común de asilo resolvería el problema.

A pesar de ello, he votado a favor del informe, ya que éste en su mayor parte resulta positivo para los solicitantes de asilo, sobre los que el informe centra su atención.

  Olle Schmidt (ALDE), por escrito. − (SV) Hoy el Parlamento Europeo ha aprobado un informe que señala de forma crítica e inequívoca las carencias del actual sistema de Dublín. Sin duda necesitamos una política común en materia de migración y asilo a escala comunitaria en una Europa que cada vez cuenta con menos fronteras. La cuestión es determinar cómo se ha de lograr lo anterior.

Folkpartiet está de acuerdo con la mayoría de las críticas y considera que es necesario mandar un mensaje firme para que se produzca un cambio hacia una dirección más humanitaria. Por consiguiente, he votado a favor del informe con ciertas reservas.

La enmienda 5 critica a algunos países por privar sistemáticamente a los solicitantes de asilo de su libertad y recluirlos en centros de detención. Considero necesario mantener esta crítica, especialmente porque Suecia es uno de los países históricamente responsables de esta situación. No obstante, no estoy de acuerdo con la propuesta del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica de prohibir completamente el uso de la detención, aunque considero que se trata de una medida que habría de aplicarse como último recurso. Me he abstenido en la votación sobre la enmienda 6, relativa a la introducción de la obligación anticipatoria de organizaciones como la Cruz Roja o la Media Luna Roja de localizar a miembros de la familia del refugiado. Tal obligación sólo podría imponerse a una agencia y no debería exigirse de una organización civil. Como ni el texto original ni la enmienda manifestaban ningún otro tipo de opción, decidí abstenerme.

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), por escrito. − (DA) Aunque el informe de la señora Lambert sobre la evaluación del sistema de Dublín (A6-0287/2008) contiene opiniones y propuestas que no apoyo, he decidido votar a favor del informe en la votación final. Tal decisión pretende sobre todo manifestar mi aprobación de las críticas inequívocas que realiza el informe en relación con el modo en que los reglamentos comunitarios en vigor socavan los derechos de los solicitantes de asilo, por ejemplo contribuyendo al traslado de los solicitantes de asilo a Estados miembros que no pueden garantizar una tramitación completa y justa de sus solicitudes.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. − (NL) Los acuerdos sobre Dublín II se basan en la ficción política de que los 27 Estados miembros confían unos en otros cuando se trata de la tramitación de las solicitudes de asilo y que todos los Estados miembros asumen su responsabilidad de forma igualmente íntegra.

Yo mismo investigué el envío de refugiados chechenos a Polonia, ya que un cierto número de éstos se devolvían a Polonia desde Bélgica de conformidad con el Reglamento de Dublín. Se elevaron protestas firmes. Por ello realicé mi propia investigación. Se pueden ver las fotografías tomadas en mi sitio web.

Aunque no existe un nivel adecuado y coherente de protección en la totalidad de los 27 Estados miembros, desde mi punto de vista Dublín II no es mucho más que una ficción política y crea situaciones profundamente injustas. En Polonia fui testigo de que los principios básicos de Dublín no se aplican. La calidad de la acogida, la acogida dispensada a los menores y la falta de escolarización, las condiciones poco higiénicas en las que deben vivir los refugiados, la falta de atención sanitaria: todo ello varía enormemente de un Estado miembro a otro.

El informe Lambert identifica los problemas, comienza por una evaluación adecuada y ofrece soluciones en una serie de ámbitos. Merece todo nuestro apoyo.

- Informe: Nickolay Mladenov (A6-0249/2008)

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), por escrito. − (PL) Una de las consecuencias de la libertad de circulación de las personas en la Unión Europea es el aumento del tráfico transfronterizo de automóviles. Esta situación suscita la necesidad de establecer disposiciones a escala europea en el sector de los seguros de automóviles con vistas a proteger de forma efectiva a las víctimas de accidentes.

La eficiencia del sistema de representante a efectos de siniestros establecido por la compañía aseguradora en el país de residencia permanente de la víctima reviste una importancia especial para el logro de este propósito. El representante debe informar a la víctima acerca del modo de presentar su reclamación contra un ciudadano extranjero, y la inclusión en el paquete informativo precontractual de una información exhaustiva acerca del funcionamiento de los representantes a efectos de siniestros y la utilidad y las ventajas para los asegurados reforzaría la confianza de los consumidores.

Otra de las cuestiones importantes suscitadas por el ponente se refiere a la posibilidad de que el seguro obligatorio de automóviles incluya los costes de la defensa jurídica en todos los Estados miembros. Apoyo la opinión del ponente de que el mantenimiento del seguro voluntario constituye la solución adecuada. El aumento del coste del seguro y los retrasos resultantes del aumento del número de recursos ante los tribunales pesarían más que el refuerzo de la confianza de los consumidores derivada de un seguro obligatorio. No obstante, resulta extremadamente importante emprender medidas en relación con la disponibilidad del seguro de defensa jurídica, especialmente en los nuevos Estados miembros.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − El informe Mladenov concede una importancia adecuada a las organizaciones de consumidores en el análisis de los seguros de automóviles. Las organizaciones de consumidores desempeñan un papel importante en este ámbito, junto con las instituciones comunitarias, los Estados miembros y las propias aseguradoras.

  Arlene McCarthy (PSE), por escrito. − Me gustaría dar las gracias al señor Mladenov, ponente de nuestra comisión.

Este informe sobre algunos aspectos relativos al seguro de automóviles constituye un buen ejemplo del modo en que Europa ofrece ventajas prácticas a sus ciudadanos en virtud de la integración en la Unión Europea.

Con 1,2 millones de accidentes de carretera en Europa todos los años, lamentablemente algunos ciudadanos serán víctimas de un accidente automovilístico, como conductores, pasajeros e incluso peatones.

Sin embargo, muchas personas no saben que existen leyes europeas que contribuyen a resolver las reclamaciones de seguros sin tener que tramitar tales reclamaciones con una compañía aseguradora extranjera en un idioma extranjero.

El derecho comunitario en vigor permite a los ciudadanos volver a casa y tramitar su reclamación rápida y fácilmente en su propio idioma.

La Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles también garantiza la asistencia a las víctimas de accidentes creando centros de información en los Estados miembros.

Como la ley actualmente no establece la cobertura obligatoria de los costes derivados de la defensa jurídica, los ciudadanos deberían considerar la posibilidad de suscribir una póliza de seguro en este sentido.

Ciertamente, como ponente del Parlamento sobre mediación, espero que las partes utilicen el recurso a la vía amistosa para la resolución de diferencias, evitando los costes y los retrasos de la presentación de recursos ante los órganos jurisdiccionales

Con medidas concretas y prácticas como esta ley podemos demostrar el valor de Europa a nuestros ciudadanos.

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), por escrito. − (PL) En 2003-2005 alrededor de 17 000 ciudadanos de terceros países fueron enviados a otro Estado miembro de la UE para que se examinase allí su solicitud de asilo. El 12 % de este tipo de solicitudes procedía de personas que ya habían solicitado asilo.

Actualmente, la posibilidad de obtener asilo varía considerablemente de un Estado miembro de la UE a otro. El ejemplo de los iraquíes resulta muy ilustrativo al respecto. En Alemania las posibilidades que tienen de obtener asilo alcanzan el 75 %, mientras que en Grecia son de escasamente un 2 %.

Sería conveniente que la UE eliminase el fenómeno de los «refugiados en órbita», las migraciones secundarias y la presentación de solicitudes de asilo múltiples en diferentes países introduciendo un sistema en virtud del cual un único Estado miembro sería competente para examinar las solicitudes de asilo.

- Informe: Sharon Bowles (A6-0312/2008)

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. − (SV) El fraude fiscal ocasiona importantes pérdidas en los Estados miembros y reduce las oportunidades de mantener y mejorar la calidad de los servicios que financiamos a través de nuestros impuestos.

Sin embargo, nos hemos abstenido en la votación final debido a la presentación de diferentes enmiendas en las que la competencia fiscal entre Estados miembros se consideraba positiva y en las que se muestra una actitud más benévola hacia los efectos perjudiciales de los paraísos fiscales sobre las economías de los Estados miembros.

También decidimos votar en contra de la redacción de la segunda parte del apartado 3, que muestra una imagen demasiado positiva de la aproximación fiscal entre Estados miembros.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo sobre el informe de iniciativa relativo a una estrategia coordinada para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, redactado por la diputada británica Sharon Bowles en respuesta a una comunicación de la Comisión sobre este asunto. Los ingresos fiscales —en otras palabras, el importe total de los impuestos y las contribuciones sociales obligatorias— representaron el 39,3 % del PIB de la Unión Europea en 2004, con 4,1 billones de euros. Disponemos de pocas estimaciones del importe de los impuestos no recaudados debido al fraude fiscal, que se calcula en torno al 2-2,5 % del PIB. Aunque la fiscalidad sea una responsabilidad nacional, el fraude fiscal es un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado interior, en la medida en que distorsiona la competencia entre los contribuyentes. Es indiscutible que la lucha contra el fraude fiscal tiene una dimensión europea en razón de la globalización internacional de la economía.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Hemos votado en contra de esta resolución final —dado que la mayoría de los diputados al Parlamento Europeo pasa por alto las verdaderas causas del fraude fiscal, a saber, la existencia de paraísos fiscales— a pesar de que contiene algunas propuestas positivas sobre las que votamos a favor.

Aunque el informe de la comisión parlamentaria contiene algunas propuestas positivas, concretamente algunas referencias explícitas a los paraísos fiscales y su responsabilidad en relación con el fraude y la erosión fiscal, que reducen los ingresos públicos y menoscaban la capacidad de los Estados de poner en práctica políticas públicas de apoyo social, en la votación en el Pleno algunas de estas posiciones se rechazaron o resultaron diluidas.

La mayoría política existente en el Parlamento Europeo no desea acabar de una vez por todas con los paraísos fiscales que albergan las grandes fortunas y los enormes beneficios bursátiles de los diferentes tráficos más o menos ilegales. Desea alimentar uno de los pilares de los beneficios escandalosos del capitalismo, aunque ello signifique menores ingresos para los Estados y menores posibilidades de respuesta de las políticas públicas al servicio de los trabajadores y los ciudadanos.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) El informe de la señora Bowles es típico de este Parlamento: ofrece soluciones a problemas que no existirían sin la Europa de Bruselas, soluciones que, además, sólo agravarían tales problemas o crearían otros nuevos.

En este caso, las soluciones propuestas para luchar contra el fraude fiscal consisten en reclamar el gravamen en el país de origen, con la creación de un sistema de compensación que haría depender los ingresos fiscales de los Estados de las transferencias realizadas por los otros Estados miembros. Otras propuestas se refieren a la facturación del IVA al tipo del Estado miembro importador (en sustitución del sistema de exención actual) o la aplicación del mecanismo de autoliquidación, propuestas que, en caso de ser aprobadas, constituirían un enorme rompecabezas administrativo y fiscal imposible de resolver para las empresas. Además, se generalizaría el acceso directo de las administraciones fiscales a los datos informáticos sobre los contribuyentes de los otros Estados miembros. Se uniformizaría la fiscalidad sobre el ahorro y el derecho penal relativo al fraude. Por otra parte, se eliminaría una serie de tipos reducidos de IVA.

Todo ello muestra claramente que el verdadero objetivo no consiste en luchar contra el fraude, que constituye un problema preocupante y real, sino más bien acabar con la soberanía fiscal de los Estados miembros.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) La lucha contra el fraude fiscal merece sin duda nuestro apoyo más firme. Por ello hemos votado a favor de la propuesta de resolución en su conjunto, a pesar del hecho de que contiene numerosos elementos sobre los que no se ha reflexionado. El apartado 3 establece que «un sistema de IVA basado en el “principio de origen” requiere la aproximación fiscal de los diferentes Estados miembros para ser operativo y evitar la competencia fiscal». No apoyaremos esta frase.

La aproximación del IVA y los sistemas fiscales de los Estados miembros constituye un paso muy peligroso que nos aleja de la autodeterminación nacional en uno de los ámbitos políticos más importantes. El Parlamento Europeo no debe realizar unas declaraciones tan radicales acerca de una cuestión tan esencial.

La competencia fiscal también tiene ventajas en los países capaces de adelantarse y desarrollar sistemas impositivos más efectivos u otras soluciones para financiar el gasto público, siempre que una legislación europea aprobada con escasa reflexión no les imponga cortapisas.

  Marian Harkin (ALDE), por escrito. − Apoyo plenamente la lucha contra el fraude fiscal y reconozco la necesidad de una colaboración estrecha entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y la Comisión para afrontarla con éxito.

Sin embargo, no apoyo la inferencia en la exposición de motivos de que la introducción de la BICC sea en absoluto necesaria para luchar contra el fraude fiscal. En esta fase, la BICC es sólo una propuesta de carácter técnico, no se propone una comunicación y, por consiguiente, resulta prematuro sugerir que podría contribuir a la lucha contra el fraude fiscal.

  Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. − (PL) He votado a favor del informe sobre una estrategia coordinada de mejora de la lucha contra el fraude fiscal (2008/2033(INI)).

Sharon Bowles señala con razón que el fraude fiscal tiene graves repercusiones sobre los presupuestos nacionales. Conduce a la vulneración del principio de una fiscalidad justa y es susceptible de provocar la distorsión de la competencia.

La distorsión ocasionada por el fraude del IVA afecta al equilibrio general del sistema de recursos. Según diversas fuentes, las pérdidas de IVA ascienden a entre 60 y 100 mil millones de euros al año en toda la Unión Europea, lo que redunda en una mayor necesidad de recurrir a los recursos propios de los Estados miembros sobre la base de la renta nacional bruta (RNE).

Apoyo la iniciativa de Sharon Bowles. Los problemas ocasionados por el fraude del IVA deben erradicarse. Para garantizar un funcionamiento adecuado de la Comunidad debemos garantizar que el sistema de recursos funciona de forma justa y transparente.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Después de diez años dando vueltas a este tema, aún no hemos sido capaces de acordar una serie de métodos efectivos que puedan detener el fraude del IVA, que, después de todo, supone una evasión de impuestos equivalente a entre el 2 y el 2,5 % de la capacidad económica de Europa.

El mecanismo de inversión impositiva no tiene mal aspecto sobre el papel pero parece seguir en estado embrionario, motivo por el cual la mayoría de los llamamientos realizados se refieren aún a una mejor cooperación entre Estados miembros.

Especialmente en el ámbito del fraude, algunos Estados miembros son enormemente susceptibles al fraude y realizan unos controles muy poco estrictos, lo que se agrava por el predominio de una inaceptable actitud de indiferencia en relación con la recaudación del dinero defraudado. Me sorprende enormemente que el informe no transmita un mensaje firme ni ofrezca nuevas soluciones, motivo por el cual me he abstenido en la votación.

  John Purvis (PPE-DE), por escrito. − La delegación de los Conservadores británicos lamenta no poder apoyar el informe de la señora Bowles. Reconocemos que el fraude fiscal es un problema grave que debe abordarse de forma urgente, así como la necesidad de encontrar una solución al fraude conocido como «fraude carrusel» en relación con el IVA.

No obstante, la falta de apoyo explícito del informe a la competencia y la soberanía en materia fiscal, su enfoque nada realista en relación con los paraísos fiscales y su falta de reconocimiento del estrecho vínculo entre un nivel impositivo elevado y un alto nivel de evasión y fraude fiscal, nos llevan a pedir a la Unión Europea que reflexione seriamente antes de proponer medidas fiscales que podrían servir únicamente para provocar la fuga de capitales, desincentivar la inversión interna e incluso fomentar un mayor nivel de fraude fiscal.

  Eoin Ryan (UEN), por escrito. – (GA) Me complace poder apoyar este informe, que reconoce la absoluta necesidad del desarrollo de una estrategia para abordar el fraude fiscal. Aunque la aplicación de políticas efectivas en general entra dentro del ámbito de actividades de los Estados miembros, se debe cooperar a escala europea. No se debería imponer una carga administrativa desproporcionada a las empresas, especialmente a las PYME, y, a la luz de la política de la Comisión, se deberían reducir los trámites burocráticos.

He apoyado la enmienda que subraya la importancia de la competencia leal en términos fiscales para la economía de la Unión Europea. Sin embargo, manifiesto mi decepción por el hecho de que el ponente se refiriese a la base imponible consolidada común (BICC) en la exposición de motivos. Aún no se ha examinado la BICC lo suficiente como para garantizar que este sistema impositivo tendría unas repercusiones positivas y es probable que existan más pruebas de lo contrario. Tal referencia se basa en conjeturas infundadas y, cómo sólo se recoge en la exposición de motivos, no podemos votar sobre este tema. Así pues, me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi decepción y transmitir mis objeciones.