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Procedimiento : 2008/2099(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

A6-0305/2008

Debates :

PV 02/09/2008 - 10
CRE 02/09/2008 - 10

Votaciones :

PV 24/09/2008 - 8.2
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P6_TA(2008)0451

Acta literal de los debates
Martes 2 de septiembre de 2008 - Bruselas Edición DO

10. Redes y servicios de comunicaciones electrónicas - Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas - Planteamiento común del uso del espectro liberado por la conversión al sistema digital - Redes y servicios de comunicaciones electrónicas, protección de la intimidad y protección de los consumidores (debate)
Vídeo de las intervenciones
Acta
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  Presidente. − El próximo punto del orden del día se refiere al debate común sobre

– el informe (A6-0321/2008) de Catherine Trautmann, en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas [COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD)],

– el informe (A6-0316/2008) de Pilar del Castillo Vera, en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas [COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)],

– el informe (A6-0305/2008) de Patrizia Toia, en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, sobre la Comunicación de la Comisión «Aprovechar plenamente las ventajas del dividendo digital en Europa: un planteamiento común del uso del espectro liberado por la conversión al sistema digital» [2008/2099(INI)], y

– el informe (A6-0318/2008) de Malcolm Harbour, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores [COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)].

 
  
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  Luc Chatel, Presidente en ejercicio del Consejo. – (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, para calcular la importancia estratégica que las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías de la información revisten para Europa, basta con mencionar algunas cifras: las tecnologías en materia de telecomunicaciones son responsables por sí solas de un 25 % del crecimiento europeo y del 40 % del aumento de nuestra productividad. A la luz de los resultados de una serie de estudios, llegamos a la conclusión de que durante los últimos 12 años la mitad de la brecha de crecimiento existente entre los Estados Unidos y Europa guarda relación con las diferencias de desarrollo de nuestras tecnologías en materia de información y comunicación. Por consiguiente, es necesario que Europa y sus Estados miembros inviertan en este sector a largo plazo. Una revisión rápida del marco reglamentario europeo en materia de comunicaciones electrónicas reviste por tanto una importancia fundamental para favorecer la competitividad y el crecimiento de la economía europea.

Como tuve la ocasión de observar en mi audiencia ante la Comisión de Industria, Investigación y Energía, el objetivo de la Presidencia francesa consiste en lograr un acuerdo político en el Consejo del próximo 27 de noviembre, cuyo contenido deberá basarse, naturalmente, en la mayor medida posible en las posiciones adoptadas por el Parlamento Europeo. Para ello, el Consejo ha previsto celebrar alrededor de quince reuniones de trabajo a lo largo del segundo semestre de 2008. Así, desearía informarles en algunos minutos de la posición que prevalece hoy en el Consejo acerca de las principales cuestiones que abordan los tres ponentes, la señora Trautmann, la señora del Castillo y el señor Harbour. Éric Besson abordará el informe de la señora Toia sobre la cuestión del dividendo digital.

Me gustaría congratularme con los tres ponentes por el considerable esfuerzo realizado en relación con las cuestiones que mencionaré dentro de un momento. En mi opinión, el trabajo llevado a cabo contribuye a aclarar la situación y permite entablar un debate con el Consejo sobre una nueva base, y me gustaría hacer hincapié sobre la coincidencia de puntos de vista existente entre nuestras dos instituciones, Parlamento y Consejo.

En primer lugar me gustaría felicitar a Catherine Trautmann por el trabajo realizado hasta la fecha como ponente para la Directiva que modifica las Directivas marco sobre «acceso» y «autorización». Me gustaría felicitarle por su voluntad de tomar en consideración el problema del desarrollo de las redes de nueva generación, una preocupación compartida por todas las partes interesadas en este sector y por los Estados miembros.

Señora Trautmann, su informe subraya la necesidad de seguir promoviendo la competencia, especialmente la competencia basada en las infraestructuras, y éste también es el punto de vista del Consejo. Su informe propone un recurso más frecuente a la segmentación geográfica de los mercados con vistas a poder eliminar las obligaciones ex ante allí donde la competencia es efectiva. Esta segunda cuestión se está debatiendo en el seno del Consejo.

En relación con la regulación de los mercados, concretamente la propuesta de ampliación del poder de veto de la Comisión a las soluciones propuestas por los reguladores, la señora Trautmann subraya en su informe que la Comisión debería desempeñar un papel de árbitro y no de juez, y propone, por consiguiente, un mecanismo de corregulación que permita remitir un asunto al nuevo grupo de reguladores, por ejemplo, cuando las soluciones propuestas por uno de ellos no cuentan con la aprobación de la Comisión. Así, la ponente del Parlamento busca un término medio entre el statu quo y el poder de veto que inicialmente había propuesto la Comisión y que suscita, como saben, cierto grado de oposición por parte de los Estados miembros. Se trata realmente de un avance en relación al texto inicial sobre un tema extremadamente sensible para el Consejo, que no parece muy dispuesto actualmente a conceder tanto poder a la Comisión.

La separación funcional ha sido otra cuestión objeto de acalorados debates. El informe de la señora Trautmann propone mantener la imposición de la separación funcional como solución excepcional para las autoridades nacionales de reglamentación. Esta solución excepcional se restringirá en mayor medida en términos de aplicación, ya que se requerirá el acuerdo previo de la Comisión y una opinión favorable del Organismo Europeo de Reguladores en Telecomunicaciones (BERT). En términos generales, el enfoque adoptado por la ponente parece ser coherente, en este aspecto, con el acuerdo alcanzado en el Consejo, a saber, el mantenimiento de la imposición de esta solución sin que el recurso a la misma se convierta en una iniciativa generalizada.

Otra de las cuestiones importantes en el marco de estas negociaciones es la gestión de las frecuencias. La ponente se muestra, igual que el Consejo, favorable a un enfoque gradual de la evolución de la gestión del espectro que logre un equilibrio entre los principios de neutralidad presentados por la Comisión y la complejidad de la gestión de este escaso recurso. El informe surgido de la votación final en la Comisión de Industria introduce, por otra parte, un nuevo elemento al defender la creación de un Comité para las políticas relativas al espectro radioeléctrico (RSCP), que habrá de asesorar al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión en materia de políticas relativas al espectro. Este Comité se encargará de establecer un programa legislativo estratégico sobre la utilización del espectro. En relación con esta cuestión, creo que el Consejo ha tomado en consideración la legítima demanda del Parlamento Europeo de participar en mayor media en la definición de las grandes orientaciones en materia de gestión de las frecuencias, aunque, como saben, el Consejo también desea que no se multiplique el número de entidades responsables de este recurso y mantener el grado de respuesta necesario en relación con los mercados y con un recurso estratégico para la innovación.

Me gustaría felicitar a la ponente Pilar del Castillo por la calidad de su informe sobre la creación de la Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas, y recordar que tal informe aborda una cuestión muy sensible y objeto de un amplio consenso entre el Parlamento y el Consejo. El informe, señora del Castillo, concluye que la Autoridad Europea, en la forma originalmente propuesta, no constituye la solución más adecuada para reforzar la cooperación entre los reguladores y favorecer la armonización de las prácticas, una opinión que comparte el Consejo. Su Señoría se opone a la creación de un superregulador europeo y propone el establecimiento de una entidad, el BERT, que mantenga un contacto más estrecho con los reguladores, sea más independiente frente a la Comisión Europea y esté dotado de una organización y una gobernanza más sencillas que las inicialmente propuestas. El Consejo es sensible a todos estos argumentos pero, como sabe, una mayoría de Estados miembros aún son reticentes al principio de la creación de una entidad comunitaria. El Consejo deberá pues, en las próximas semanas, encontrar un equilibrio entre dos opciones, a saber, la institucionalización de una entidad de derecho privado que reúna a los reguladores europeos o la creación de una entidad comunitaria cuya independencia habrá de garantizarse.

Mis comentarios finales se refieren al informe de Malcolm Harbour, al que agradezco la calidad de su trabajo; me felicito especialmente por el hecho de que en el informe se tome en consideración el interés fundamental de los consumidores. El Parlamento, al igual que el Consejo, apoya las iniciativas de la Comisión dirigidas a reforzar la protección de los consumidores, una cuestión que últimamente se ha hecho más visible debido al aumento de las repercusiones de los servicios de comunicaciones en las vidas de nuestros ciudadanos.

El informe del señor Harbour propone específicamente detallar la información que debe figurar en los contratos, reforzar las medidas que los Estados miembros habrán de adoptar a favor de los usuarios con alguna discapacidad y reducir los retrasos de la portabilidad con vistas a mejorar la competencia. El Consejo apoya ampliamente todas estas medidas.

Creo que la protección de la intimidad, tratada en virtud del procedimiento de cooperación reforzada con el señor Alvaro en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, constituye una cuestión importante que se ha de abordar y me felicito, por ejemplo, por el hecho de que las comunicaciones no solicitadas a través de SMS se hayan tomado en consideración.

Por último, en relación con la cuestión específica de los derechos de autor, el informe del señor Harbour propone el mantenimiento de la obligación general de información a los abonados por parte de los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas acerca de la utilización ilegal de las redes y los servicios. Asimismo, propone fomentar la cooperación entre todas las partes interesadas con vistas a favorecer la difusión de ofertas legales. Estas medidas parecen equilibradas, pero deberemos tomar en consideración la gran sensibilidad de esta cuestión, tanto para el Parlamento como para el Consejo.

Señor Presidente, antes de ceder la palabra a mi amigo Éric Besson sobre la cuestión del dividendo digital, para concluir mis observaciones sobre las cuestiones que entran en mi ámbito de actividades debo decir que creemos que las posiciones del Parlamento y las del Consejo son coincidentes, si bien es cierto que existen ligeras diferencias de opinión en relación con el grado de precisión que se ha de incluir en esta Directiva. Ciertamente, haremos todo lo posible por entablar una cooperación estrecha con el Parlamento y la Comisión para que se alcancen los acuerdos necesarios en nuestras tres instituciones lo antes posible.

 
  
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  Presidente. − Gracias, señor Chatel. Luc Chatel es Secretario de Estado de la Ministra de Economía encargado de Industria y Consumo.

Hoy somos testigos de una importante novedad al escuchar a un segundo representante del Consejo, Éric Besson, Secretario de Estado del Primer Ministro.

 
  
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  Éric Besson, Presidente en ejercicio del Consejo. – (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, como Luc Chatel, acaba de decir, me corresponde hablarles acerca de la importante cuestión del dividendo digital.

El 12 de junio de 2008, el Consejo adoptó las conclusiones relativas a la Comunicación de la Comisión titulada «Aprovechar plenamente las ventajas del dividendo digital en Europa: un planteamiento común del uso del espectro liberado por la conversión al sistema digital». La extinción de la radiodifusión analógica permitirá liberar frecuencias en la banda UHF, especialmente interesante en términos de propiedades de propagación de sus ondas de radio. La conversión a la radiodifusión digital constituye, por consiguiente, una oportunidad sin precedentes, de la que hay que sacar el mayor provecho. Éste es el objeto del informe de la señora Toia, sobre el que esta Cámara ha de pronunciarse, y me gustaría desde aquí felicitar a la ponente por la calidad del trabajo realizado.

El valor total de los servicios de comunicación electrónica, que dependen de la utilización del espectro radioeléctrico, se eleva, en la Unión Europea, como señala la señora Toia en su informe, a más de 250 mil millones de euros, es decir, alrededor del 2,2 % del producto interior bruto europeo anual. Una buena gestión del espectro puede contribuir de forma significativa al logro de los objetivos de competitividad y crecimiento económico de la Estrategia de Lisboa y responder a un amplio abanico de necesidades de los ciudadanos en materia social, cultural y económica. Concretamente, una utilización racional y sensata del dividendo digital contribuirá a la disminución de la brecha digital, especialmente en aquellas regiones desfavorecidas, remotas o rurales. Como la ponente señala de forma adecuada, es necesario reasignar las frecuencias liberadas por la conversión al sistema digital lo antes posible.

Les puedo decir que el Consejo comparte en líneas generales la visión de la ponente, según la cual un enfoque coordinado de la utilización del dividendo digital a escala europea permitirá la optimización de su uso. La identificación de una subbanda armonizada en beneficio de los nuevos servicios de comunicación electrónica permitirá, en efecto, a los operadores y los fabricantes de equipos beneficiarse de un mercado lo suficientemente amplio. Esta cuestión reviste una importancia estratégica para el desarrollo industrial y político de Europa.

Si Europa logra coordinar sus acciones en materia de dividendo digital, como hizo para el GSM, se encontrará ante una oportunidad histórica, a saber, el relanzamiento, para los próximos veinte años, de una importante política al servicio de su industria y sus consumidores. Sin embargo, el Consejo considera, como señalaron los Ministros el pasado mes de junio, que es necesario respetar el principio de una utilización flexible del dividendo digital, sin perjuicio de las limitaciones necesarias para evitar interferencias peligrosas o para promover objetivos de interés general como, por ejemplo, una gran disponibilidad de servicio o el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad cultural y lingüística. Las reflexiones nacionales relativas a la asignación del espectro deben avanzar rápidamente, pero para que el enfoque comunitario goce de la aceptación necesaria debe ser coherente con las decisiones nacionales actualmente en curso acerca de la reutilización de las frecuencias.

Me gustaría decir para terminar que el Consejo invita a la Comisión —y sé que ya lo hace— a emprender los estudios y consultas necesarios para definir una base coherente para la utilización coordinada del espectro. También se invita a la Comisión a apoyar y asistir a los Estados miembros en el logro de este objetivo. Por consiguiente, el Consejo esperará con gran interés el informe de la Comisión sobre los resultados de este proceso y sobre cualquier otra medida necesaria de aquí a diciembre de 2008.

 
  
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  Viviane Reding, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, desearía empezar dando las gracias a los ponentes, Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia y Malcolm Harbour, por la difícil labor que han realizado y las constructivas propuestas presentadas. También me gustaría dar las gracias al Parlamento en general, ya que el trabajo ha sido arduo, soy consciente de que la preparación de las propuestas ha sido muy minuciosa y exhaustiva —audiencias con las partes interesadas y el examen de cientos de enmiendas— y sé que se ha trabajado a marchas forzadas, pero a menudo en estas circunstancias se logran los mejores resultados, lo que ciertamente ha sido el caso en relación con los informes que nos ocupan.

Independientemente de lo adecuado del marco regulador existente en muchos respectos, todos coinciden en la necesidad de mejorarlo. ¿Por qué? Debemos reforzar la protección de los consumidores garantizando que puedan tomar una decisión adecuada e informada en relación con la variedad de productos y servicios que compiten en el mercado. También debemos garantizar que en la administración por parte de los Estados miembros de los espectros nacionales —como ya se ha dicho, un recurso muy escaso—, se logran beneficios sociales y económicos gracias a una gestión eficiente, transparente y flexible, así como a una mejor coordinación a escala comunitaria. Debemos asegurarnos de que nuestro sistema regulador facilitará, y no obstaculizará, las inversiones en las redes de nueva generación, de forma que Europa siga siendo competitiva en el siglo XXI.

Por último —de forma subyacente a todos nuestros esfuerzos—, debemos reforzar el mercado interior. Debemos evitar los discursos vacíos y dotar a la UE de un mercado único competitivo y eficiente que aporte economías de escala no sólo al sector de las comunicaciones electrónicas, sino también a todos los ciudadanos y la economía en su conjunto. La economía en sentido amplio se beneficia de ello y debe reforzarse. Aprovechemos las ventajas que nos ofrece nuestro continente europeo: eliminemos las barreras que conducen a la fragmentación y a una menor eficiencia económica y social.

Estas cuatro cuestiones fundamentales —protección del consumidor, espectro, inversión y mercado interior— son muy importantes, y el Parlamento lo ha entendido así. Me gustaría felicitar al Parlamento por haber identificado los problemas subyacentes y haber realizado un diagnóstico adecuado para presentar soluciones reales.

Permítanme ahora hablar de los mecanismos del mercado interior. Se trata de una cuestión en la que nos jugamos mucho y en relación con la cual los debates previstos con el Consejo prometen ser muy complicados. Y digo esto a pesar del reconocimiento de los propios Ministros al final de la Presidencia eslovena de la necesidad de mejorar la coherencia del mercado interior de las comunicaciones electrónicas.

El reconocimiento está muy bien, pero ¿cuáles son las soluciones? El Parlamento ha considerado, y con razón, que existe un único debate —y no dos— cuando se trata de la entidad y los mecanismos para la mejora del funcionamiento del mercado interior, concretamente los mecanismos que se refieren a la notificación de la adopción de medidas en los mercados nacionales previstos por el artículo 7. Éstas son las dos caras de la moneda del mercado interior y se encuentran indisolublemente unidas.

Todos nosotros somos conscientes de que las disposiciones que se refieren a la cooperación entre los reguladores nacionales en el marco comunitario —es decir, el Grupo de Entidades Reguladoras Europeas— deben mejorarse para resultar útiles. Éste es el motivo por el cual la Comisión acoge con satisfacción las modificaciones basadas en la propuesta de la Comisión en relación con una forma de cooperación más transparente, responsable y efectiva.

Sobre todo, la Comisión acoge con satisfacción las propuestas del Parlamento en relación con una entidad comunitaria. Este tipo de entidad, y todo lo que supone, debe cumplir su propósito: debe cooperar de tal modo que resulte eficiente, justa y fiable, y actuar por encima de la sospecha de que tal vez se encuentra más cercana a algunos reguladores que a otros. Así, si queremos ser coherentes, debemos establecer una financiación también coherente. La financiación nacional, independientemente de la proporción, pondrá en tela de juicio la credibilidad de cualquier entidad y abrirá la puerta a la incertidumbre administrativa y jurídica.

Sabemos por propia experiencia que la financiación híbrida ocasiona dificultades, de modo que debemos evitar que pueda surgir ningún tipo de problema. En este sentido, me gustaría advertir al Parlamento e invitarle a que permanezca vigilante en relación con lo que denomino el enfoque del equipo de fútbol belga, que pasaré a explicar a continuación. Como saben, el Grupo de Entidades Reguladoras Europeas fue creado por la Comisión para asesorar a esta institución. Recientemente, los reguladores nacionales crearon también una entidad de Derecho privado en virtud de la legislación belga para que actuase como Secretaría del IRG (Grupo de Reguladores Internacionales). El IRG opera fuera del marco comunitario (cuenta con otros miembros además de los 27 Estados miembros de la UE) y, en la práctica, nadie sabe a ciencia cierta dónde empieza el IRG y donde termina el Grupo de Entidades Reguladoras Europeas. La Comisión quiso poner fin a esta confusión creando una autoridad claramente definida y responsable. Ciertamente, no deseamos que una entidad belga de Derecho privado, ajena al enfoque comunitario y las garantías que éste ofrece, participe en el proceso de toma de decisiones a escala europea.

Éste es el motivo por el cual aún debemos considerar una serie de cuestiones jurídicas e institucionales relativas al establecimiento de la entidad en cuestión, concretamente su estructura en materia de gobernanza. Debemos encontrar el modo más adecuado de salvaguardar la independencia de los reguladores nacionales de forma que garantice la adopción de un enfoque comunitario.

Pero, sobre todo, permítanme hacer hincapié sobre el hecho de que la entidad constituye un medio y no un fin en sí mismo. No es más que un instrumento para mejorar la coherencia en materia de reglamentación. Por consiguiente, la otra cara de la moneda del mercado interior es extremadamente importante y por ello el Parlamento Europeo actúa de forma acertada cuando refuerza la coherencia del artículo 7 en relación con la notificación de la adopción de medidas en los mercados nacionales, en relación con la cual, por otra parte, la entidad en cuestión desempeñará un cierto papel.

El nuevo mecanismo de arbitraje del Parlamento recogido en el artículo 7 bis demuestra que la Comisión y el Parlamento coinciden en la necesidad de mecanismos para lograr un funcionamiento coherente que supongan una auténtica diferencia.

El Parlamento propone permitir que la Comisión tome la iniciativa para pedir a un regulador nacional que modifique su enfoque en materia de reglamentación en caso de que en una revisión paritaria por parte de la entidad se detecte algún problema. Debemos examinar de forma más detallada la propuesta del Parlamento con vistas a respetar el equilibrio institucional establecido en el Tratado, pero creo que el enfoque adoptado se basa en una serie de principios completamente lógicos, a saber, el logro de un equilibrio entre los intereses de la subsidiaridad y los del mercado interior, con vistas a extraer una serie de conclusiones operativas inequívocas.

Gracias a la revisión paritaria podemos beneficiarnos de la experiencia acumulada por los reguladores nacionales, así como de su sensibilidad en relación con una serie de diferencias locales legítimas. Ciertamente tiene sentido adoptar las medidas necesarias cuando la entidad advierte de la existencia de un problema en materia de mercado interior, conjuntamente con las preocupaciones suscitadas por la Comisión como guardiana del Tratado.

En interés del mercado interior y la certidumbre jurídica (y «jurídica» también significa «comercial»), la Comisión debe estar facultada para exigir al regulador nacional que le informa de la aplicación de una determinada medida que modifique el enfoque adoptado, ya que no podemos aceptar que, después de haber establecido con mucho esfuerzo el proceso de revisión recogido en el artículo 7, el regulador nacional pueda decir «muchas gracias por su opinión, pero prefiero hacer las cosas a mi modo» y siga actuando como si no hubiese pasado nada.

Por ello, felicito al Parlamento, que considera, con acierto, que el proceso no puede terminar siendo un medio simplemente para transmitir una queja. Ni las empresas, ni los consumidores ni los contribuyentes apreciarían la elaboración de largos y sofisticados sistemas reguladores incapaces de lograr un resultado práctico. Por consiguiente, el sistema necesita algún tipo de respaldo, concretamente una decisión vinculante de la Comisión.

Ya mencioné anteriormente la importancia de crear un marco regulador que favoreciese nuevas inversiones. Éste es el motivo por el que la Comisión, en su propuesta, no sólo ha mantenido el enfoque basado en la competencia, sino que lo ha reforzado, ya que los mercados competitivos atraen nuevas inversiones. Éste también es el motivo por el cual la Comisión agradece a la Comisión de Industria, Investigación y Energía que haya intentado hacer las normas en materia de telecomunicaciones más favorables a la inversión, especialmente en lo que se refiere a las grandes inversiones necesarias para modernizar la red de cables de cobre y sustituirla por redes de fibra óptica.

Los antiguos bucles locales —de los que depende la inmensa mayoría de los hogares europeos y pequeñas empresas para su conexión a Internet— dificultan el acceso de alta velocidad a Internet y hacen que se avance a paso de tortuga por la autopista de la información. Por ello, me felicito por la iniciativa del Parlamento de fomentar la competencia en materia de infraestructuras entre las redes de acceso de nueva generación y promover de forma anticipatoria el uso compartido de los conductos que albergan a las nuevas fibras, así como el riesgo compartido de la inversión en nuevos recursos. Todos estos esfuerzos son muy positivos y se ajustan a la recomendación que estoy preparando para ofrecer las orientaciones necesarias a los reguladores nacionales acerca de estas cuestiones.

Pero la mejora de los puntos de estrangulamiento del acceso a Internet de alta velocidad no debe convertirse en un nuevo y resistente cuello de botella para la competencia futura, y disponemos de numerosas pruebas que demuestran que la transición a la fibra reducirá en gran medida las posibilidades comerciales de los inversores alternativos, ya que el acceso desglosado en el caso de la fibra óptica no es posible actualmente ni desde el punto de vista técnico ni económico, lo que significa que los operadores alternativos deberán invertir en su propia fibra o utilizar el servicio de acceso indirecto (bitstream) prestado por el operador titular de la red de acceso.

Debemos rendirnos a la evidencia: en muchas zonas geográficas, donde la competencia en materia de infraestructuras no resulta viable, una reglamentación adecuada seguirá siendo el único modo de mantener viva la competencia. La competencia trae consigo la reducción de los precios, una mejor calidad de los servicios y una gama más amplia donde elegir, lo que redunda en beneficio sobre todo de los consumidores.

Sin embargo, no debemos llamarnos a engaño. Veo que el Parlamento comparte todas estas preocupaciones. Los consumidores deben poder elegir en la práctica y sacar el máximo partido de la competencia, para lo cual deben estar informados. Éste es el motivo por el cual la posibilidad real de cambiar de proveedor es tan importante. Acojo con satisfacción el apoyo del Parlamento de la necesidad de garantizar que la portabilidad se complete en un plazo de 24 horas. Si en Australia la portabilidad se consigue en un par de horas, debería ser posible que en Europa tarde un día.

También acojo con satisfacción la claridad que el Parlamento ha añadido con las modificaciones sobre una mayor información al consumidor, de forma que éste sepa exactamente el servicio que le presta su proveedor y pueda realizar una comparación adecuada. Esta mayor transparencia también sirve para apoyar la arquitectura abierta de Internet, que respaldamos, deseamos y defendemos. En caso de que se impongan restricciones al acceso a Internet es absolutamente necesario informar de forma inequívoca a los consumidores acerca de tales restricciones y me complace comprobar que tanto la Comisión como el Parlamento coinciden en este punto.

No obstante, me resulta más difícil entender el motivo por el que el Parlamento ha modificado el texto de forma que los abonados no cuentan con idénticas posibilidades e información cuando se trata de la confidencialidad de sus datos personales. Sé que el Parlamento se toma muy en serio la protección de los derechos fundamentales de los consumidores y los ciudadanos, y por ello me sorprende enormemente que los requisitos relativos a la notificación de las violaciones de la seguridad de los datos propuestos por la Comisión resulten menoscabados por las modificaciones presentadas.

La posición por defecto debería establecer la información a los abonados acerca de las posibles violaciones de la seguridad de sus datos personales, de modo que puedan adoptar las precauciones necesarias, y no debería dejarse al libre arbitrio del prestador de servicios determinar si tal violación es susceptible de ocasionar algún daño a su abonado, ya que el objetivo fundamental es proteger al abonado y sus datos personales. Por ejemplo, ¿cómo puede un operador saber hasta qué punto resulta sensible la información en un caso concreto? Por consiguiente, instaría al Parlamento a reconsiderar su posición sobre esta cuestión.

Por último, en relación con el espectro, no es necesario convencer al Parlamento de la importancia de esta cuestión. Por consiguiente, la Comisión acoge con satisfacción la politización del debate que rodea a la cuestión del espectro. Se trata de un debate que va mucho más allá de lo técnico. Aunque seguimos debiendo mucho a la ardua labor y las soluciones aportadas por el Comité del espectro radioeléctrico, también se han logrado muchas cosas gracias a la decisión sobre el espectro. Deberíamos mantener esta decisión. Pero el Parlamento tiene razón: debemos avanzar aún más gracias a la integración del aspecto político en el debate, de forma que podamos examinar todo lo que está en juego. Un enfoque más eficiente —y, por ende, más coordinado— entre Estados miembros trae consigo la perspectiva de una situación beneficiosa para todas las partes interesadas, que favorece el logro de los objetivos sociales y culturales y procura un enorme beneficio para la economía europea.

Sólo podremos realizar avances significativos en relación con el dividendo digital y otras cuestiones conexas si garantizamos la adopción de una estrategia y unas decisiones políticas importantes compartidas tanto por el Parlamento como por el Consejo. Por consiguiente, la Comisión apoya el legítimo objetivo del Parlamento de una mayor participación política en el establecimiento del espectro y acepta en principio las modificaciones propuestas por este último.

Ciertamente, el Consejo también aportará su opinión. Me gustaría señalar que la Comisión apoyará al Parlamento en este debate y ayudará al Consejo a alcanzar un acuerdo con el Parlamento.

 
  
  

PRESIDE: Martine ROURE
Vicepresidenta

 
  
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  Catherine Trautmann, ponente. – (FR) Señora Presidenta, señora Comisaria, señores Ministros, Señorías, para estar justificada, la revisión del marco que examinamos debe aportar mejoras tangibles, por una parte, para los consumidores, en términos de precios, de acceso y de velocidad de conexión y, por otra parte, para las empresas, en términos de perspectivas de una competencia justa y de nuevas inversiones y competitividad.

El gran número de partes interesadas existente indica que existen intereses diferentes e incluso contradictorios. Por mi parte, me he preocupado desde una fase muy temprana por escuchar todas las posiciones y enviar señales rápidas y fiables con vistas a establecer o reestablecer la confianza de las empresas y los consumidores.

Las comunicaciones electrónicas constituyen una verdadera oportunidad para el crecimiento europeo. El sector representa el 3 % del PIB de Europa. Sin embargo, debemos saber cómo extraer los mayores beneficios de este potencial existente en la Unión Europea en términos de inversiones y desarrollo de los servicios. Lo anterior requiere competencia, pero eso no basta. Se trata de crear las condiciones necesarias para lograr un desarrollo sostenible y responsable o, en otras palabras, un ecosistema para este tipo de economía del conocimiento que todos deseamos que se materialice.

Debemos considerar ahora las TIC como un recurso real. Por consiguiente, se trata de una cuestión tanto pública como privada que nos impone apoyar unas normas flexibles y la responsabilidad de todas las partes interesadas a través de una cooperación entre los reguladores y la Comisión, como ocurre entre los operadores y los clientes sobre la base del contrato firmado.

Existen cuatro pilares que desearía que se reforzasen: en primer lugar, el servicio al consumidor, tanto en términos de acceso —a través de un desarrollo territorial de las redes más ambicioso—, como de precios justos o de calidad; una actividad industrial sostenible, con vistas a garantizar el empleo y la innovación, puesto que el progreso tecnológico también constituye un factor que favorece la bajada de los precios; en tercer lugar, la competitividad de nuestras empresas, grandes y pequeñas, que garantiza una competencia sostenible en nuestros territorios y la realización de las inversiones necesarias, especialmente en la fibra óptica, para poder competir de forma más efectiva a escala mundial; por último, la seguridad pública, es decir, la fiabilidad del sistema a través de la responsabilización de las partes interesadas y de su cooperación mutua, especialmente entre reguladores, pero también con la Comisión.

Me complace comprobar que, sobre esta base, la Comisión de Industria, Investigación y Energía aceptó, a menudo por una amplia mayoría, mis enmiendas de transacción, y agradezco a mis colegas la gran disponibilidad demostrada, a pesar de los plazos a veces breves, que nos permite hoy cumplir a tiempo el objetivo de la modificación de este Reglamento antes del final de la presente legislatura. Ello ha sido posible gracias a un esfuerzo conjunto.

Personalmente creo que las partes interesadas del sector han respondido en general positivamente a estas orientaciones y espero que nuestros socios del Consejo hagan lo propio. He escuchado atentamente a los señores Chatel y Besson y sus puntos de vista, así como a la Comisaria Reding, y les agradezco sus opiniones informadas y en general positivas.

Para volver a las cuestiones que aún se debaten, me gustaría hablar de las soluciones.

Sin perjuicio de las competencias de los reguladores nacionales, se ha alcanzado un consenso a favor de una aplicación más coherente de las soluciones a escala comunitaria. No obstante, se ha rechazado de forma unánime —o casi— el veto sobre las soluciones propuesto por la Comisión. En el mecanismo que se propone en mi informe, cada entidad ocupa el lugar que le corresponde: la Comisión puede manifestar que alberga dudas acerca de una solución, pero no la puede rechazar completamente a menos que el BERT emita una opinión negativa. Viceversa, en el caso de una separación funcional, es necesario el acuerdo tanto de la Comisión como del BERT. En lo que se refiere a una restricción de esta naturaleza, tal separación sigue siendo una amenaza tangible, aunque no puede imponerse a la ligera.

En relación con el espectro, nuestras propuestas se dirigen al logro de una flexibilidad reforzada de la gestión de este raro recurso, aunque de forma progresiva y proporcionada, de forma paralela a la introducción de elementos de optimización de esta gestión. Para nosotros, el primer pilar es una auténtica política europea del espectro que pueda presentarse desde la adopción del paquete, con ocasión de una gran conferencia que ha de celebrarse a comienzos de la próxima legislatura.

En lo que respecta a las nuevas redes, éstas estaban ausentes de la propuesta de la Comisión, o se abordaban de forma insuficiente, mientras que Europa había iniciado ya esta revolución tecnológica. Nos ha parecido esencial ofrecer inmediatamente a los Estados miembros y los reguladores una serie de orientaciones e instrumentos necesarios para fomentar las inversiones y administrar, en su caso, el desarrollo de tales redes. Por este motivo, nuestras propuestas han sido validadas por un panel de expertos reconocidos justo antes de las vacaciones de verano.

También se ha planteado otro problema últimamente: la protección de los derechos de propiedad intelectual. Lamento que este debate haya interferido en esta fase en el examen del paquete, y creo que no se trata del lugar adecuado para examinar los mecanismos que permiten cumplir estrictamente el respeto de la propiedad intelectual.

Me gustaría añadir simplemente que deseo que seamos capaces de completar el examen de este paquete sin presiones innecesarias y sin que esta cuestión interfiera, una cuestión ciertamente importante, ya que los contenidos creativos son objeto de una Comunicación de la Comisión. Abordaré las demás cuestiones en los dos minutos que me quedan para terminar.

 
  
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  Pilar del Castillo Vera, Ponente. − (ES) Señora Presidenta, quisiera comenzar destacando lo que ha dicho el Secretario de Estado Chatel: el sector de las comunicaciones electrónicas es responsable del 25 % del crecimiento europeo y del 40 % de la productividad. En suma, esa cifra viene a confirmar lo que ya estableció la Agenda de Lisboa sobre la necesidad de desarrollar una economía europea basada en el conocimiento, donde el gran motor de ese desarrollo es precisamente el sector de las comunicaciones electrónicas.

Ese mismo conocimiento y sensibilidad ha demostrado la Comisión al plantear un conjunto de medidas que redefinen el marco regulatorio que se aprobó en 2002. Una serie de mercados han sido desregulados y todavía quedan algunas importantes regulaciones ex ante con la finalidad de impulsar definitivamente la competitividad del mercado interior.

Pero yo me voy a centrar, lógicamente, en la posición del Parlamento. Una posición ─Sr. Chatel, representante del Consejo, Sra. Viviane Reding, representante de la Comisión, Señorías─ que tiene un denominador común, lo que hace que la posición del Parlamento sea, en mi opinión, una posición extraordinariamente consistente, coherente y potente. Y ese denominador común de los informes que ha elaborado el Parlamento y han aprobado las respectivas comisiones, es, simplemente, el concepto de corresponsabilidad.

El informe de mi colega, la señora Trautmann, está basado en la corresponsabilidad. La propuesta de creación de un organismo de reguladores nacionales está basada en la corresponsabilidad. Hemos entendido, en ambos casos, que la corresponsabilidad es el instrumento que necesita todavía hoy el mercado de las telecomunicaciones electrónicas en Europa, y todo lo que se ha propuesto deriva de ese concepto de corresponsabilidad, tanto lo que se refiere a la interacción en corregulación de la Comisión y el organismo de reguladores nacionales, cuyo acrónimo bien conocido ya es BERT, como lo que se refiere a la organización y también a la financiación de ese organismo de reguladores nacionales.

Como el tiempo apremia y los debates han sido ya largos y seguirán siéndolo en el futuro, debo remitirme ahora exclusivamente al organismo de reguladores nacionales. Se trata de una propuesta que se acomoda a ese concepto de corresponsabilidad y a esa situación de desarrollo de un mercado básicamente exitoso, que todavía requiere de algunas apoyaturas ex ante para ajustarse plenamente a las normas de la competencia, y que está basado en esa cooperación entre la Comisión y los Estados miembros a partir de los organismos reguladores. En ese contexto, frente a la situación actual, este organismo tiene una mejor definición de sus funciones, de su estructura, de su responsabilidad y de su rendición de cuentas y también de su financiación.

Y en ese sentido, quisiera decir, señora Comisaria, Señorías, señor Chatel, que es fundamental mantener la coherencia y la consistencia. La cofinanciación que yo he propuesto y defiendo para ese organismo regulador se corresponde con el concepto de corresponsabilidad, que es la espina dorsal de toda la propuesta que propugna el Parlamento, tanto en el informe de la señora Trautmann como en el mío propio.

Lo que no sería en cambio consistente y coherente es que por la puerta de atrás se colara un mecanismo de financiación estrictamente basado en la financiación comunitaria, que no se correspondería con el resto y que, por tanto, crearía una disfunción enorme en el concepto y en la razón de esta reforma que propone el Parlamento.

Estoy convencida de que tanto el Parlamento como la Comisión y el propio Consejo buscamos, así lo hemos demostrado, los mismos objetivos y apelo al equilibrio y al buen entendimiento que hemos tenido hasta ahora para seguir en esa dirección. Lo merece el sector que estamos tratando.

 
  
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  Patrizia Toia, ponente. − (IT) Señor Presidente, Señorías, en el mundo de las telecomunicaciones, cualquier recurso que permite la transmisión de voz, datos e imágenes es un bien precioso. Por ello, la idea de que dentro de algunos años exista una gran cantidad de espectro radioeléctrico disponible, es decir, frecuencias libres y disponibles para nuevos usos, representa una gran oportunidad social y cultural, además de económica y comercial: en efecto, algunos han cuantificado ya el valor comercial del dividendo digital.

Por consiguiente, debemos contar con una política adecuada a nivel europeo, que sepa valorar al máximo este recurso, que sepa hacer de Europa un motor y no sólo el denominador común de diferentes políticas nacionales. Como todos sabemos, en otras partes del mundo, y pienso en Japón y los Estados Unidos, este recurso se está utilizando ya con grandes resultados y todo ello va a suponer una ventaja competitiva indiscutible de las empresas de esas zonas del mundo.

Por consiguiente, debemos recuperar el tiempo perdido —o, en cualquier caso utilizar el tiempo rápidamente— y, aunque la conversión digital se complete en Europa en 2012 —una fecha que debemos respetar por todos los medios—, debemos comprometernos al máximo, desde ahora mismo y sin demoras, sea con la reforma del espectro radioeléctrico, sea en relación con el dividendo digital.

El espectro radioeléctrico es un recurso natural y, por consiguiente, un bien público. Su valor ha de utilizarse, por consiguiente, en términos económicos y también en beneficio de la colectividad, pues se trata también de un valor social, garantizando, por ejemplo, una amplia accesibilidad a todos los ciudadanos, también a los desfavorecidos, llevando los servicios de banda ancha a las zonas más remotas de nuestros países, superando así la brecha digital que aún caracteriza a buena parte de Europa, y no pienso solamente en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas e industriales.

Decía que el tiempo es importante para el dividendo digital, y creo que debemos utilizar esta última fase de la legislatura para dar algunos pasos juntos: Estados miembros y Europa. A la Comisión y al Consejo diría: avancemos juntos en la dirección de una respuesta más evidente a las necesidades de armonización, que haga más eficaz y óptimo —lo hemos dicho todos— el uso del dividendo digital. Esperamos un elevado nivel de coordinación a escala europea y la capacidad de hablar con una sola voz en las negociaciones internacionales entabladas en Ginebra.

Nuestro informe señala ciertas cuestiones y citaré sólo algunas de ellas: la necesidad de una estrategia beneficiosa para todas las partes, como decía la Comisaria, es decir, una asignación de los recursos que satisfaga tanto a los operadores audiovisuales y de los medios de comunicación —presentes ya hoy sobre el terreno también para garantizar el pluralismo cultural y la defensa de las identidades culturales—, como a los sectores de las telecomunicaciones, que necesitan una respuesta y un espacio adecuados para desarrollar nuevos servicios, un conjunto más amplio de tecnologías y también una respuesta a las nuevas necesidades de los consumidores modernos. Todo ello significa que los medios de comunicación y el sector de las telecomunicaciones podrán funcionar juntos, en igualdad de condiciones y de forma coordinada.

Pero existe un tercer elemento que me gustaría que también recogiese todos estos frutos, a saber, los usuarios, también sin licencia, representados por los órganos sin ánimo de lucro, las entidades locales, las redes de pequeñas comunidades y las asociaciones de interés general. Otra cuestión con la que desearía concluir mi intervención, señora Presidenta, es un asunto, tal como los representantes del Consejo han dicho, sobre el que existen opiniones diferentes, tanto en el Parlamento como entre los Estados miembros, y que se refiere al nivel de colaboración entre las diferentes autoridades en este ámbito.

Creo que debemos conciliar por una parte —y sobre esto el Parlamento está de acuerdo— el respeto de la responsabilidad de los Estados miembros en materia de competencia de asignación del uso de las frecuencias, y, por otra, valorar también juntos la necesidad indispensable de la armonización, porque todos debemos ser conscientes de que, si no se armoniza, si no se coordina, si no se toman decisiones conjuntas, el valor del espectro se reduce tanto en términos económicos como sociales. Estoy pensando a tal efecto en el ejemplo positivo y feliz del GSM.

Por consiguiente, sobre la base de un análisis coste/beneficios en los países, sobre la base de los proyectos nacionales, en relación con el dividendo que nuestro informe requiere, sobre la base del examen que se debe emprender en los Estados miembros, abierto a los operadores y a los ciudadanos, un examen lo más amplio posible, creo que todos juntos, con una gran capacidad política a escala europea, debemos poner de manifiesto el valor añadido de una gestión europea de este recurso, algo que creo que será un desafío para la economía y la sociedad europea.

 
  
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  Malcolm Harbour, ponente. − Señora Presidenta, es un placer para mí volver a hablar aquí por segunda vez en calidad de ponente, porque en 2001 también fui ponente para esta Directiva, así como haber podido trabajar con la señora Trautmann y la señora del Castillo, con las que he entablado una relación que nos ha hecho trabajar como un equipo para elaborar un auténtico paquete de medidas.

Como la Comisaria ha señalado, se trata de un logro importante. Por ello deseamos revisar y mejorar los derechos de los consumidores, que deben estar bien informados para sacar el mayor partido posible de las ofertas disponibles y, por ende, fomentar la innovación.

Necesitamos una estructura que funcione, naturalmente, y recordaría a la Comisaria que fue este Parlamento el que defendió el papel de la Comisión con arreglo al artículo 7. Apoyamos la necesidad de que la Comisión desempeñase ese papel, en contra de la opinión del Consejo en ese momento. Nadie es más consciente que este Parlamento de la importancia de lograr el equilibrio justo, pero, desde una perspectiva de equipo, diría que ha llegado el momento de que los reguladores no se limiten a aceptar la responsabilidad, a escala nacional, de la aplicación de la reglamentación de forma coherente, sino que también participen en la labor de formulación política a escala comunitaria. Desde mi punto de vista, cualquier resultado al que lleguemos solamente podrá funcionar si los reguladores nacionales participan en esa entidad, y dejo a su discreción lo que quiero decir con estas palabras.

Me gustaría rendir homenaje a todos los miembros del equipo que han trabajado conmigo para mejorar esta Directiva. Agradezco tanto al Ministro como a la Comisaria las amables observaciones realizadas acerca de las mejoras presentadas. Se trata de un trabajo conjunto sobre los derechos de los usuarios y la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas.

En este Parlamento, la responsabilidad de la protección de los datos personales y la experiencia residual corresponden a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. En mi opinión, fue un error aunar ambas cuestiones, pero creo que hemos logrado buenos resultados. Alexander Alvaro responderá a estos aspectos, y la Comisaria debería agradecerle la inclusión del modo detallado en que funciona la notificación de la violación de la seguridad de los datos personales, ya que resulta completamente inaceptable que la Comisión nos remita una propuesta en la que se delega en una comisión parlamentaria en relación con la inclusión de todos los detalles en materia de aplicación. Se trata de decisiones políticas importantes. Convengo en la necesidad de seguir trabajando, pero debería agradecerse al señor Alvaro en primer lugar la labor realizada.

En lo que a mí respecta, debo manifestar mi decepción por el hecho de que el aspecto del servicio universal se haya dejado para más adelante. Trabajamos en dos fases. Estamos esperando su informe, que se publicará dentro de poco. He intentado reforzar los aspectos de los derechos de los usuarios, pero aún queda mucho por hacer. Con ello quiero decir que deseamos que los consumidores estén bien informados y sean capaces de elegir sobre la base de una información lo más clara posible sobre los precios, los servicios, las restricciones y el posible coste de los aparatos que utilizan si firman un contrato de larga duración. Queremos que los consumidores puedan elegir de forma sencilla y que la portabilidad se produzca rápidamente, y me complace que estén de acuerdo con nosotros sobre esta cuestión. También queremos que sean capaces de tomar en consideración la duración del contrato y que ésta no se convierta en un obstáculo cuando desean cambiar de operador.

Deseamos también que se tengan en cuenta los derechos de los consumidores. Tienen derecho a que se garantice la seguridad de sus datos personales. Tienen derecho a unas redes seguras y disponibles. Tienen derecho a acceder a redes en las que los operadores no hayan bloqueado de forma anticompetitiva un determinado contenido o servicio. Estamos de acuerdo con su idea de imponer la obligación de prestar un servicio de calidad, y creo que hemos logrado mejorar este aspecto. Se trata de un derecho muy importante. Los consumidores tienen derecho a acceder a servicios de emergencia universales de buena calidad y a la disponibilidad de información relativa a la ubicación de las personas que efectúan llamadas a tales servicios. Los usuarios con alguna discapacidad sobre todo tienen derecho a que se les presten tales servicios y a servicios aún mejores.

No obstante, considero que los consumidores deben ser informados de los problemas a los que se pueden enfrentar, tanto la posibilidad de vulnerar los derechos de autor, como de realizar un uso no autorizado, así como la posibilidad, por ejemplo, de comprar algo que pudiese resultar perjudicial para su salud, como los medicamentos falsificados. ¿Por qué no deberíamos pedir que los prestadores de servicios electrónicos manden mensajes de servicio público del mismo modo que hacen los canales de televisión actualmente? Esto es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de ello como de un mecanismo para garantizar el respeto de los derechos de autor, responsabilidad de los gobiernos nacionales, sino que hablamos de simplificar y mejorar las cosas para los consumidores.

Aún queda algo de trabajo por hacer, señora Comisaria, pero me complace decir que existe un amplio consenso en relación con un amplio paquete de enmiendas de transacción y que confío en que se aprueben. Espero trabajar con la Presidencia francesa para cumplir el ambicioso calendario establecido, porque Europa necesita que lo cumplamos.

 
  
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  Jutta Haug, ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos. − (DE) Señora Presidenta, el interés de la Comisión de Presupuestos en la legislación sobre las comunicaciones electrónicas, el denominado paquete sobre telecomunicaciones, se centra naturalmente en la parte relativa al gasto del presupuesto europeo. En otras palabras, nos interesa la agencia, la Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas propuesta por la Comisión, a la que nuestros colegas en la comisión competente denominan ahora Organismo Europeo de Reguladores en Telecomunicaciones (BERT).

En pocas palabras, tal como están las cosas, no tenemos dinero suficiente en la subrúbrica 1a para esta agencia. Por ello, acogemos con gran satisfacción el hecho de que la comisión competente haya aprobado nuestras enmiendas al informe y proponga una estructura que resulte menos gravosa sobre nuestro presupuesto. Todos debemos trabajar juntos para garantizar que el BERT se convierta en un organismo europeo y que el Parlamento Europeo mantenga un cierto control sobre el mismo. También desearía recordar a esta Cámara que, en virtud del artículo 47 del Acuerdo Interinstitucional, el Parlamento y el Consejo habrán de alcanzar un acuerdo sobre la financiación del BERT.

 
  
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  Karsten Friedrich Hoppenstedt, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. − (DE) Señora Presidenta, como ponente de opinión sobre la primera parte —«legislar mejor»— en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, transmitiré por escrito a esta Cámara mi opinión, pero me gustaría hacer hincapié sobre tres cuestiones concretas. La primera se refiere a la promoción y el desarrollo de las redes de fibra óptica, conocidas como redes de nueva generación. Para promover tales redes, debemos examinar la cuestión del riesgo compartido en relación con la financiación de nuevos recursos y el uso compartido de los conductos. Además de las empresas de telecomunicaciones, también deben participar otras empresas públicas en el uso compartido de tales conductos.

La segunda cuestión se refiere —y ya se ha hablado de ello— a nuestra firme oposición a la tendencia de la Comisión a la centralización, a través de la autoridad, el derecho de veto y el procedimiento de comitología. En tercer lugar, la distribución concreta de frecuencias no debería definirse hasta que no se haya dado respuesta a numerosas cuestiones preliminares. ¿La responsabilidad debe recaer sobre la Unión Europea? ¿En relación con qué aspectos es competente? ¿Cuál es la magnitud real del dividendo digital? ¿Y cuáles son las repercusiones de los modelos de distribución concretos?

Por otra parte, no deben ponerse en peligro los servicios secundarios, como los sistemas de micrófonos sin cables, gracias a los cuales pueden retransmitirse acontecimientos tan importantes como los Juegos Olímpicos. Por ello, los resultados de los estudios actualmente emprendidos por algunos organismos especializados habrán de tomarse en consideración en el proceso de toma de decisiones políticas acerca de la distribución del espectro.

Espero que logremos de forma conjunta el valor añadido europeo necesario para todas las partes interesadas.

 
  
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  Gunnar Hökmark, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. − Señora Presidenta, la capacidad de liderazgo de Europa en el ámbito de las telecomunicaciones y los servicios móviles de Internet depende de nuestra capacidad de apertura a nuevas innovaciones y nuevos servicios.

Desde este punto de vista, sería peligroso intentar defender estructuras y operadores anticuados. Debemos iniciar una apertura, y por ello es tan importante usar el dividendo digital de modo que libere la totalidad del espectro para nuevos servicios y nuevas oportunidades, al tiempo que defendemos a los antiguos organismos de radiodifusión y los servicios que prestan actualmente.

La posibilidad de desarrollar diferentes servicios en todo el espectro debe liberarse. En los casos en que no exista aún la competencia en materia de infraestructuras, debemos garantizar la existencia de una auténtica competencia a través de una separación funcional.

 
  
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  Robert Goebbels, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. − (DE) Señora Presidenta, permítame en sesenta segundos realizar unas brevas observaciones en nombre de Bernard Rapkay. Especialmente para nosotros los Socialistas, la creación de un mercado interior que funcione adecuadamente en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones constituye una importante prioridad. Acogemos con satisfacción el activo papel desempeñado por la Comisión a este respecto. En concreto, se debe proteger a los consumidores contra los evidentes abusos de poder por parte de los grandes operadores. Ciertamente, aún existe mucho margen para la reducción de los precios. Las iniciativas de la Comisión sobre la itinerancia demuestran que las intervenciones en relación con el establecimiento de los precios también resultan necesarias en una economía de mercado. Preferimos ver la mano de la Comisión a sentir la mano invisible del mercado, que a menudo es una mano que se introduce subrepticiamente en los bolsos y las carteras de los consumidores.

ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. – (FR) Me gustaría terminar, señora Presidenta, dando las gracias a todos los ponentes, especialmente a Catherine Trautmann, que ha realizado un trabajo extraordinario, gracias al cual contaremos mañana con una amplia mayoría.

 
  
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  Sophia in 't Veld, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. − (NL) Señora Presidenta, el paquete en sí contiene propuestas firmes para proteger los derechos y la intimidad de los consumidores, pero desgraciadamente carece de coherencia y, por ello, crea incertidumbre jurídica tanto para las empresas como para los consumidores, porque el ámbito de aplicación es completamente equívoco.

Creo que la Comisión se ha dejado llevar en mayor medida por las estructuras institucionales internas y los fundamentos jurídicos que por los hechos reales, porque ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Hablamos acaso de sistemas de telefonía? Ciertamente se trata de una cuestión totalmente desfasada. ¿O tal vez de telefonía móvil? ¿Qué es Skype? ¿Qué son los servicios de pago a través del teléfono? ¿Forman parte también de las telecomunicaciones? ¿Qué son las redes RFID? No está nada claro. ¿Por qué existen normas que regulan las violaciones de la seguridad de los datos en el caso de los prestadores de servicios de telecomunicaciones e Internet, pero no existen, por ejemplo, para los bancos, las compañías de seguros y los servicios sociales, que a menudo utilizan los mismos datos? ¿Qué sucede si los datos personales recogidos por una empresa son utilizados por un tercero, como el Gobierno, la policía, las autoridades judiciales, como se recoge en la Directiva sobre la protección de los datos personales? ¿Quién es entonces responsable de la seguridad de tales datos? ¿Qué puede hacer el ciudadano? ¿A quién puede recurrir?

Por último, creo que debemos empezar a examinar urgentemente con los Estados Unidos las normas transatlánticas e internacionales en este ámbito.

 
  
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  Reino Paasilinna, ponente de opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. − (FI) Señora Presidenta, señores Ministros, señora Comisaria, y especialmente señora Trautmann, ha llegado el momento de pensar en términos reales de derechos humanos en la sociedad de la información, que intentamos mejorar, con la democracia y las buenas prácticas comerciales como objetivos principales. Es necesario, por consiguiente, aportar ciertas mejoras, y también estamos reforzando la protección de la intimidad y la seguridad, como, por ejemplo, en relación con el correo electrónico no solicitado. Insistimos sobre el principio de la importancia del derecho de acceso y estamos legislando en materia de acceso a los servicios, una cuestión fundamental: se deben reducir los precios y, por otra parte, el acceso universal a la banda ancha, por ejemplo, constituye un derecho fundamental. Hemos reforzado los derechos de las personas mayores y de las personas con discapacidad, y creo que se trata de un objetivo humano adecuado.

En segundo lugar, las redes deben ser competitivas, y debemos impedir que los operadores pongan obstáculos a la competencia. La competencia, por el contrario, debe reforzarse y no se debería permitir que un único operador acaparase el servicio prestado a ciertos dispositivos de transmisión de datos. Ello sería tan absurdo como tener una radio en la que sólo pudiese escucharse una frecuencia.

Los servicios de radiodifusión deberían poder contar con sus propias frecuencias, para evitar el riesgo de no disponer de los recursos necesarios para participar en las subastas. Todo ello sienta las bases de la sociedad de la información, que debemos defender por encima de todo. No obstante, debemos reservar un espacio a la tecnología 3G, algo que ya se ha abordado. También debemos garantizar que las nuevas tecnologías y la innovación tienen cabida.

Me gustaría añadir algo más. Cuanto más justa y avanzada en términos técnicos sea Europa, mejores resultados obtendrá como fuerza democrática en la sociedad de la información y como comunidad que respeta los objetivos de Lisboa, algo que por el momento sigue quedando muy lejos. Todo depende de nosotros. Se trata de un paquete legislativo que constituye un paso en la dirección adecuada.

 
  
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  Marian Zlotea, ponente de opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. (RO) Señora Presidenta, Señorías, señora Comisaria, señores Ministros, me gustaría felicitar a los ponentes que han participado en la elaboración del paquete sobre telecomunicaciones.

Considero que el informe de la señora Trautmann representa una posición equilibrada y apoyo las enmiendas de transacción propuestas. También me complace que se hayan aprobado ciertas enmiendas, concretamente las relativas a la armonización del espectro, así como determinadas medidas vinculadas a los servicios de telecomunicaciones globales.

El crecimiento económico europeo, así como el bienestar de los consumidores, dependen de un sector de las telecomunicaciones dinámico y competitivo. Los mercados competitivos disponen de un mayor acceso a la banda ancha y los recién llegados al mercado han aportado una mayor velocidad y servicios innovadores.

La Directiva marco del paquete sobre telecomunicaciones debe orientarse hacia el aumento de la inversión; de igual modo, debemos tomar en consideración las redes de nueva generación y las opciones de los consumidores deben diversificarse en mayor medida, con vistas a lograr menores costes y mejores servicios en beneficio de aquéllos.

Para concluir, me gustaría expresar mi confianza en los cambios que proponemos introducir en el paquete sobre telecomunicaciones, que redundarán en beneficio de los consumidores y les ofrecerán mayores opciones, menores costes y servicios más diversificados.

 
  
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  Edit Herczog, ponente de opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. − (HU) Gracias, señora Presidenta. Podemos afirmar tranquilamente que durante el último decenio la Unión Europea ha conseguido algunos logros en el sector de las comunicaciones electrónicas. Sin embargo, siguen existiendo algunos problemas transfronterizos y ciertas desigualdades en relación con el acceso a la banda ancha y la difusión de la sociedad y los servicios digitales. Si realmente deseamos realizar un mercado «común», debemos establecer las condiciones necesarias para ello.

A raíz de los debates celebrados en los últimos meses, votamos a favor de crear el BERT, una iniciativa que simplificaría la cooperación de las autoridades nacionales de reglamentación y garantizaría una participación real. Seguimos pensando que el BERT debería responder ante las instituciones europeas con la mayor transparencia. Sin embargo, para ello debería contar con financiación comunitaria; la cofinanciación de los Estados miembros garantizaría aparentemente una mayor independencia y eficiencia, pero ése no es el caso: estaríamos sustrayendo este organismo al control de la Unión Europea y del Parlamento Europeo. No podemos contribuir a que esto ocurra. Debemos seguir luchando, con la Comisión, para proteger los intereses de los consumidores, de modo que únicamente tengan que asumir los costes de las nuevas tecnologías, cada vez más difundidas, cuando sea necesario, y que, de forma análoga a la itinerancia, no se les estafe en la facturación. Gracias.

 
  
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  Manolis Mavrommatis, ponente de opinión de la Comisión de Cultura y Educación. (EL) Señora Presidenta, como ponente de opinión de la Comisión de Cultura y Educación, permítame señalar la extrema importancia que reviste la consideración de los derechos de propiedad intelectual como derechos fundamentales.

Todos nosotros, especialmente los legisladores, deberíamos tener en cuenta que si no se protege la creatividad intelectual y si, en nombre de la protección de los datos personales, se vulneran los derechos de propiedad intelectual, los contenidos artísticos a disposición de los usuarios también deberán restringirse.

La piratería y la distribución ilegal de música y películas en Internet son una realidad evidente. Las desventajas de la tecnología, no obstante, recaen enteramente sobre los titulares de los derechos de autor. Lo queramos o no, sin ellos no podríamos disfrutar de la oferta existente.

Por consiguiente, en nombre de la Comisión de Cultura, pido a todos los diputados de todas las comisiones y grupos políticos que protejan la creatividad europea y salvaguarden los contenidos artísticos que se ofrecen a través de los nuevos medios de comunicación.

 
  
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  Cornelis Visser, ponente de opinión de la Comisión de Cultura y Educación. − (NL) Señora Presidenta, la Comisaria Reding ha vuelto a demostrar su firmeza con el paquete sobre telecomunicaciones. En relación con la propuesta de la Comisión sobre el dividendo digital, he trabajado con la señora Toia de forma muy constructiva para la Comisión de Cultura y Educación, en cuyo nombre me gustaría también dar las gracias a la presidenta de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, la señora Niebler, por su excelente cooperación.

La Comisión de Cultura y Educación considera que la radio y la televisión son medios de comunicación fundamentales para la difusión de la cultura y el lenguaje. Con la conversión de la televisión analógica a la digital se está liberando espacio en el espectro. Los prestadores de servicios de telefonía móvil e Internet de banda ancha están muy interesados en esas frecuencias. La Comisión de Cultura y Educación no se opone a la innovación tecnológica, pero desea que se protejan los derechos de los actuales usuarios, públicos y privados. La diversidad cultural y lingüística de los servicios de radiodifusión debe seguir garantizándose plenamente y también se deben salvaguardar los intereses de los consumidores y su inversión en aparatos de televisión.

 
  
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  Gyula Hegyi, ponente de opinión de la Comisión de Cultura y Educación. − Señora Presidenta, cabe destacar que la evolución de las telecomunicaciones no constituye únicamente un proceso tecnológico y económico, sino un acontecimiento de orden social y cultural. Deberíamos mantener y aprobar el liderazgo europeo en este proceso.

Se deberían tomar en consideración dos aspectos: el acceso general y democrático a los servicios de comunicaciones electrónicas, que implica que todos deberían gozar del derecho de poder acceder a tales servicios, y también el principio de que la cultura y el patrimonio educativo deben transmitirse y respetarse. La Comisión de Cultura y Educación ha intentado lograr un equilibrio entre estos intereses.

Como ponente de opinión de la Comisión de Cultura y Educación sobre el Organismo de Reguladores Europeos en Telecomunicaciones (BERT), me he centrado en los aspectos que entrarían en el ámbito de actividades de la Comisión de Cultura. El BERT debería estar abierto a la industria y los grupos de consumidores, así como a los grupos de interés cultural, ya que pueden ofrecer una información útil y fiable sobre ciertos aspectos culturales.

Creo que si usamos adecuadamente la evolución del sector de las telecomunicaciones todo el proceso podrá contribuir a hacer que Europa se sitúe a la cabeza de la sociedad del conocimiento, algo que constituye nuestro objetivo principal.

 
  
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  Ignasi Guardans Cambó, ponente de opinión de la Comisión de Cultura y Educación. – (FR) Señora Presidenta, en primer lugar desearía felicitar a los ponentes por el trabajo realizado.

La Comisión de Cultura y Educación se ha tomado esta cuestión muy en serio desde el principio, ya que no se puede seguir legislando sobre las redes electrónicas o el espectro radioeléctrico al tiempo que se ignora la realidad de los contenidos que se difunden. Lo anterior no puede hacerse con criterios puramente técnicos, o incluso económicos, que no tendrían en cuenta los objetivos de la política cultural y de la defensa de la diversidad. La realidad de un mundo digital nos obliga a trabajar juntos, operadores de televisión y prestadores de servicios electrónicos, y a legislar para un mercado interior de las telecomunicaciones que ya no se puede separar del mercado audiovisual.

También necesitamos ofrecer una respuesta equilibrada al problema de los contenidos ilegales en Internet, algo que nos obliga a asumir nuestra responsabilidad en una lucha que nos afecta a todos para proteger a los niños y la cultura tal como la conocemos.

Por consiguiente, apoyo el conjunto de estos textos en su forma actual y espero que nuestro debate y la votación final no resulten contaminados por presiones exteriores no demasiado informadas.

 
  
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  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. − (PL) Señora Presidenta, la legislación marco europea sobre telecomunicaciones se adoptó en el decenio de 1990, liberando los mercados nacionales de los monopolios estatales. Como resultado de la nueva competencia, se redujeron los precios de las llamadas ofrecidas por los operadores. En los últimos años hemos sido testigos de cambios revolucionarios en las tecnologías de la comunicación: la telefonía móvil y el desarrollo de Internet y de las redes inalámbricas han cambiado diametralmente el sector de las telecomunicaciones. La legislación comunitaria debe reflejar estos cambios, incluidas las repercusiones sociales.

Alrededor del 15 % de los europeos tienen algún tipo de discapacidad, y para 2020 las personas mayores representarán el 25 % de la sociedad. Así, se deberá ofrecer un acceso más fácil a los servicios de telecomunicaciones a esas personas con necesidades especiales. Es necesario garantizar un acceso gratuito a un número de emergencias común, el 112, a lo largo y ancho de la Unión Europea, a todos sus usuarios, incluidos los de telefonía a través de Internet y otros servicios electrónicos de comunicación por voz. Asimismo, los clientes deben gozar del derecho a una información completa, tanto de las obligaciones jurídicas derivadas del uso de un determinado servicio, por ejemplo en relación con los derechos de autor, como de las restricciones impuestas por la legislación en vigor. Por encima de todo, para lograr una mejor protección de los consumidores es esencial contar con una definición precisa de las responsabilidades de los órganos nacionales de reglamentación en materia del ejercicio cotidiano de los derechos de los consumidores.

 
  
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  Manuel Medina Ortega, Ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. − (ES) Señora Presidenta, la ponente, señora Trautmann, ha dicho que las cuestiones de propiedad intelectual no deberían mezclarse en este debate. Estoy de acuerdo con ella, porque creo que la protección de la propiedad intelectual, al igual que la protección de la intimidad y otros conceptos jurídicos, ya están definidos en otros marcos jurídicos.

Sin embargo, conviene recordar en este momento que la protección de la propiedad intelectual no deja de ser importante en cuanto al mantenimiento de los contenidos. Se ha dicho que las telecomunicaciones son como grandes autopistas en las cuales se puede circular libremente; pero en la autopista, si alguien comete un delito, la policía interviene. No se puede robar un automóvil, llevarlo por la autopista y, cuando la policía interviene, decir que existe la libertad de circulación por la autopista.

Creo que es importante, desde el punto de vista del Parlamento, que reiteremos la importancia de la protección de la propiedad intelectual, que reiteremos la protección de la vida privada, que reiteremos, incluso, el derecho de las personas a su propia intimidad, que en este momento está siendo violada por las grandes compañías de telecomunicaciones.

 
  
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  Alexander Alvaro, ponente de opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. − (DE) Señora Presidenta, me gustaría que me concediese el mismo tiempo de intervención que a los tres oradores que me han precedido. Querría mencionar de pasada, no obstante, que tenía la impresión de que me correspondían dos minutos y medio.

Para no perder más tiempo, permítame dar las gracias a Malcolm Harbour, Catherine Trautmann y Pilar del Castillo Vera por la cooperación entablada, realmente notable, a la que Malcolm ya se ha referido. Abordamos esta cuestión sin ningún tipo de roce, en un espíritu de confianza mutua y con una cooperación especialmente estrecha. Sin embargo, desgraciadamente, es demasiado tarde para corregir ahora el defecto estructural de la existencia de dos directivas refundidas.

No obstante, permítanme decir en el breve tiempo que tengo a mi disposición que me complace enormemente que la Comisión haya abordado la cuestión general de la privacidad de los datos personales, aunque lo haya hecho de forma bastante superficial. El hecho es, señora Comisaria, que usted probablemente no me daría los datos de su tarjeta de crédito, su número de teléfono y su dirección, por muy amablemente que se lo pidiera. El problema, cuando se navega por Internet, es que buena parte de esta información podría estar ya allí, en lugares que uno no puede imaginar y donde no le gustaría que estuviese. En este sentido, me complace haber sido capaz, en colaboración con otros grupos y diputados, de contribuir a garantizar que el derecho de los consumidores a que sus datos personales se traten de forma confidencial y se protejan sus sistemas personales se incluya en este paquete.

Veo que se me acaba el tiempo, pero espero que tendré otras oportunidades de hablar sobre esta u otras cuestiones con mayor detalle. Por consiguiente, me gustaría volver a darles las gracias por su constructiva cooperación y tal vez logremos avanzar en el desarrollo de la cuestión de la privacidad de los datos en Europa en beneficio de los consumidores.

 
  
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  Angelika Niebler, en nombre del Grupo del PPE-DE. (DE) Señora Presidenta, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, permítanme empezar dando las gracias a nuestros ponentes, la señora Trautmann, el señor Harbour, la señora del Castillo y la señora Toia y a todos los ponentes alternativos por el buen trabajo realizado por todos ellos y por la fructífera colaboración entablada con aquéllos que no mantenían una relación tan estrecha con esta cuestión.

El último marco jurídico de la liberalización del mercado data de 2002, y ya se ha hecho hincapié sobre la importancia del mercado. Después de todo, si me permiten traer a colación un dato, la facturación del sector de las comunicaciones asciende a 300 mil millones de euros sólo en Europa. Miles de puestos de trabajo dependen de este mercado, por lo que es importante que continuemos desarrollando el marco jurídico puesto a prueba desde 2002 de modo que se puedan añadir nuevos capítulos a la larga lista de éxitos europeos en este ámbito. A tal fin, ciertamente, debemos adaptar en primer lugar y sobre todo nuestro marco jurídico para tomar en consideración los nuevos avances tecnológicos.

En el breve tiempo del que yo también dispongo, permítanme destacar dos cuestiones especialmente importantes para mí personalmente. La primera se refiere a la inversión en infraestructuras tecnológicas punteras en Europa, donde nos enfrentamos al formidable desafío de realizar una inversión lo más cuantiosa posible y tan rápidamente como sea posible en estas nuevas redes de banda ancha de gran velocidad. Ésta es una de las claves para lograr una Europa competitiva. Debemos crear las condiciones jurídicas necesarias para que estas inversiones resulten fructíferas. Por otra parte, no debemos crear nuevos monopolios y mercados cerrados.

En comisión, hemos garantizado que el riesgo inherente a la creación de nuevas redes se distribuya de forma justa y que los reguladores tomen en consideración en el futuro la posibilidad de compartir este riesgo.

Además, hemos prestado gran atención a la cuestión de la política en materia de frecuencias. Estamos a favor de una política más flexible en Europa en este sentido. Creemos que se puede llegar a una solución adecuada para compartir el dividendo digital de modo que se tomen en consideración los legítimos intereses de los prestadores de servicios de radiodifusión, al tiempo que se ofrece la mayor flexibilidad posible a los servicios.

 
  
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  Erika Mann, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señora Presidenta, desearía únicamente referirme a dos cuestiones. Me gustaría empezar por hablar de un ámbito en el que aún quedan algunos asuntos por aclarar con Pilar del Castillo Vera. Me refiero a la cuestión del modo en que se puede garantizar la independencia y la autonomía de la futura pequeña agencia que se va a crear y cuál es el modo más adecuado de financiarla. Existen opiniones muy divergentes en relación con esta cuestión. Me gustaría preguntar al Consejo cual es la tónica general de sus debates sobre esta cuestión y cómo desearía el Consejo que se garantizase la creación de esta secretaría o del BERT —o cualquier otro nombre que adopte— y cuál prevé que será el método de financiación. En este sentido, creo que la Comisaria tenía razón cuando afirmaba que queremos una estructura europea y no tenemos intención de crear estructuras que no se ajusten al sistema jurídico europeo.

Como saben, se están examinando dos métodos de financiación. El primero propone la financiación mixta sugerida por la ponente y el segundo se refiere a mi propia propuesta, que mi grupo apoya, a saber, una financiación a cargo del presupuesto comunitario. Sea como fuere, sería interesante saber cuál es la opinión actual del Consejo —que, naturalmente, ha celebrado acalorados debates acerca de este aspecto— y de los reguladores nacionales acerca de la financiación.

La segunda cuestión, en forma de pregunta dirigida también al Consejo, se refiere a la financiación de las nuevas redes. En relación con este aspecto hemos adoptado diferentes enmiendas, incluida una que yo misma presenté en la Comisión de Industria, Investigación y Energía, relativa a la posible forma específica de un sistema de reparto del riesgo si las empresas realizan las inversiones necesarias y los competidores pretenden acceder a las redes desde el principio. Según tengo entendido, el Consejo no comparte esta opinión y no desea profundizar ni ofrecer a las empresas ninguna garantía acerca de la posibilidad de compartir los riesgos. Me gustaría escuchar sus comentarios acerca de estas cuestiones.

 
  
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  Patrizia Toia, en nombre del Grupo ALDE. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, la disminución del ritmo del crecimiento económico y productivo en Europa afecta desgraciadamente también al sector de las telecomunicaciones, que actualmente atraviesa una grave crisis. Se trata de un sector que requiere inversiones, que vive de innovación e investigación y que necesita algo de tiempo para poder tomar sus propias decisiones. Creo, por consiguiente, que tenemos el deber de ofrecer todo el apoyo posible, y que también nuestro paquete de revisión del marco regulador puede ofrecer apoyo a la revitalización de este sector ofreciendo un marco jurídico estable, cierto y eficaz.

Creo que éste es el sentido de nuestro trabajo en el Parlamento y en la Comisión de Industria, Investigación y Energía. Hemos trabajado con este objetivo: ofrecer un marco, como la señora Trautmann decía, menos complejo, más claro y más eficaz que el anterior, con el convencimiento de que a veces no es necesario aplicar más normas o más leyes, sino unos instrumentos fiables y efectivos para aplicar las normas existentes y a veces desregular incluso el marco existente.

Hemos trabajado para crear un mercado competitivo y abierto, intentando dirimir la eterna cuestión entre antiguos operadores, operadores históricos, antiguamente monopolios, y operadores nuevos, diciéndoles que, mientras exista capacidad empresarial, proyectos y recursos, hay espacio para todos en un marco equilibrado.

Por último, creo que hemos subrayado —y yo personalmente creo que se trata de una cuestión fundamental— que en un marco más flexible y desregulado, el papel de la reglamentación, la responsabilidad y la cadena de responsabilidad desempeñan un papel esencial. Por mi parte, comparto el punto de vista de la Comisaria, a saber, la importancia que reviste la transparencia de las competencias y las definiciones de los diferentes papeles que desempeñan los diferentes órganos responsables del fundamental instrumento de la reglamentación.

Una última cuestión, retomada por varias de sus Señorías y también por la ponente, cuyo trabajo todos hemos apreciado, se refiere al papel de consumidor: el consumidor a veces se encuentra relegado a un segundo plano y nos gustaría volver a traerlo a un primer plano, hacer de él el centro de atención, ya que en mi opinión el consumidor, junto con las empresas, es el verdadero motor del mercado.

 
  
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  Roberts Zīle, en nombre del Grupo UEN. (LV) Gracias, señora Presidenta. Me gustaría comenzar agradeciendo a todos los ponentes del paquete sobre comunicaciones electrónicas el trabajo realizado, empezando por la organización de audiencias y terminando con la preparación de los informes. También me gustaría dar las gracias a la Comisaria Reding por la activa y acertada labor realizada en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, tanto en relación con la itinerancia como también en lo que respecta a este paquete. Sin embargo, no estoy seguro de que las enmiendas presentadas por las diferentes comisiones a los proyectos presentados por la Comisión desemboquen en un mejor uso de los recursos, la competencia en el mercado único europeo y la eficiencia para los consumidores. Les explico brevemente por qué.

En primer lugar, es posible que la estructura común compuesta por los las autoridades nacionales de reglamentación, el BERT, sea una estructura reguladora más democrática que la autoridad propuesta por la Comisión, pero también podría ser que el BERT funcionase con arreglo a peores principios de cooperación que socavasen la capacidad de la Comisión de tomar decisiones en materia de reglamentación. Por poner un segundo ejemplo, la distribución funcional de las empresas de telecomunicaciones, la separación de acceso a las redes de otros productos minoristas, constituye una propuesta valiente de la Comisión. Sin embargo, parece que este requisito de separación como medida excepcional que impondrían las autoridades nacionales de reglamentación nunca se usaría en la práctica en muchos de los mercados. No es ningún secreto que en los Estados miembros más pequeños las facultades de los reguladores en relación con la adopción de tales medidas excepcionales contra grandes empresas estarán muy limitadas, por lo que no estoy seguro de que en este caso el Parlamento proponga un avance en términos de refuerzo del mercado único europeo en comparación con la propuesta de la Comisión.

 
  
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  Rebecca Harms, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señora Presidenta, a los diferentes agradecimientos que he escuchado me gustaría añadir uno muy especial de mi propia cosecha. Me he encargado de la Directiva marco en la Comisión de Industria, Investigación y Energía, y debo decir que probablemente hemos sido capaces en el Parlamento de evitar emprender una política mediática desacertada gracias al instinto político de Catherine Trautmann en los asuntos relativos a los medios de comunicación y su capacidad de trabajar de forma muy estructurada y sistemática. Ya tendremos ocasión de comprobarlo.

Señora Comisaria, desde mi punto de vista, el Parlamento ha realizado modificaciones fundamentales al proyecto de Directiva marco en lo que respecta a la legislación en materia de competencia, pero también, y más especialmente, sobre el comercio de frecuencias. Creo que sus propuestas iniciales para la Directiva marco estaban sólo orientadas al mercado y subestimaban en gran medida el dividendo digital. Afortunadamente, tales propuestas no lograron convencer a los miembros de la Comisión de Cultura y Educación ni, posteriormente, a la Comisión de Industria, Investigación y Energía. Por el contrario, sus Señorías pusieron los intereses públicos culturales y políticos y el interés del público en general en el centro de sus deliberaciones, y creo que ello se refleja de forma meridiana en los siguientes elementos del informe Trautmann:

Las frecuencias radioeléctricas se definen un bien público que debe seguir siendo responsabilidad de los Estados miembros. Se concede prioridad a los servicios de radiodifusión especialmente, pero también a los servicios de formación de la opinión pública. Su intento de forzar a la radiodifusión a adoptar una actitud defensiva ha fracasado, señora Comisaria. Será más fácil introducir servicios paneuropeos —y estoy segura de que coincidirán conmigo en que se trata de algo positivo—. Los Estados miembros también serán los principales responsables de lograr una mayor armonización de las frecuencias. Si surgen dificultades, las decisiones no recaerán sólo en la Comisión, sino que el Parlamento también participará. El BERT desempeñará un papel esencial. Por supuesto, en lo que a mí respecta, su financiación debe ser europea. Espero que seamos capaces de lograrlo.

Aparte de la Directiva marco y la cuestión de las frecuencias, también me gustaría decir algo acerca de otros dos informes, empezando con el informe Harbour. Su informe, señor Harbour, recoge una serie de disposiciones realmente positivas para los consumidores y los intereses de los consumidores. En el futuro se examinarán con mayor detalle los intereses de las personas con discapacidad, por ejemplo. También creo que ha realizado aportaciones importantes al pluralismo de los medios de comunicación a través de las propuestas relativas a las normas sobre servicios obligatorios.

Sin embargo, mi grupo no está de acuerdo con el intento del informe de regular también los derechos de autor. De hecho no estamos en absoluto conformes. Ni el modelo francés —y me dirijo también a la Presidencia del Consejo—, ni el modelo de la exclusión del servicio en caso de tres reincidencias («three-strikes-out») cuenta con nuestro apoyo, sino todo lo contrario. Estas propuestas no ofrecen ninguna solución a nuestras preocupaciones acerca de los derechos de autor o la protección de la intimidad en Internet.

Permítame terminar con algunas palabras sobre el informe Alvaro. Señor Alvaro, ha vuelto a hablar con gran convicción acerca de la privacidad de los datos. Creo, como ha sugerido en sus intervenciones, que aún no se sigue una línea coherente sobre cuestiones como, por ejemplo, la protección de las direcciones IP. Nuestra experiencia acerca del escándalo de las telecomunicaciones y el comercio de direcciones electrónicas a través de los centros de llamadas han demostrado que las direcciones IP deben recibir la mayor protección posible, y espero que alcancemos un acuerdo a tal efecto en los próximos quince días.

 
  
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  Eva-Britt Svensson en nombre del Grupo GUE/NGL. – (SV) Señora Presidenta, espero que muchos de nuestros ciudadanos sigan este debate y atraiga toda su atención antes de la votación, ya que plantea modificaciones esenciales, especialmente en relación con los servicios de Internet.

La Izquierda Unitaria Europea desearía hacer hincapié sobre tres cuestiones:

En primer lugar, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica está en contra de la propuesta de crear una nueva autoridad europea en el sector de las telecomunicaciones. Será más caro y más complicado. Resulta del todo innecesario crear otra nueva autoridad europea.

En segundo lugar, se debe hacer mayor hincapié sobre las diferencias geográficas y las diferentes infraestructuras existentes en el ámbito de los servicios electrónicos. Debemos subrayar que el acceso de los consumidores sea igualitario para no abrir nuevas brechas en nuestras sociedades. No deben existir diferencias en relación con el acceso a los servicios electrónicos entre los que viven en ciudades y regiones con una economía fuerte y los que viven en regiones con una economía débil y en zonas con escasa densidad de población. Cuando no es la sociedad o el Estado, sino una serie de entidades privadas quienes asumen unas inversiones tan importantes en infraestructuras, se corre el riesgo de que no todos los ciudadanos dispongan del mismo acceso al mismo precio.

En tercer lugar, el Grupo GUE/NGL se opone a la importante influencia ejercida por diferentes grupos de presión industriales. El paquete sobre telecomunicaciones no debería incluir los derechos de autor, pero los integrantes de los grupos de presión han adquirido un peso específico significativo en relación con esta cuestión en el marco de la propuesta. Las propuestas de los grupos de presión que han sido aceptadas por todos los grupos excepto por la Izquierda Unitaria Europea —el único grupo que ha votado en contra en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor— abre diversas oportunidades para el control de las descargas y del libre acceso a Internet, por ejemplo a sitios web como MySpace y YouTube.

Las enmiendas llegaron tarde y por la puerta de atrás, sin posibilidad de que se pudiese entablar un debate en alguna medida significativo entre los ciudadanos acerca de estas importantes cuestiones. En Suecia, por ejemplo, se ha producido un debate muy amplio acerca del uso compartido de ficheros. Estoy trabajando en contra de la decisión de prohibir este tipo de uso a escala nacional y también a escala europea. El riesgo que corremos con la adopción de una decisión a escala comunitaria es aún mayor que en el caso de las decisiones nacionales, pues los grupos de presión ejercen una influencia muy significativa en el sistema comunitario y muchos ciudadanos carecen de la información necesaria cuando se debaten estas cuestiones a escala comunitaria. Espero que los ciudadanos hagan oír su voz de forma firme para garantizar la libertad de expresión y el acceso a los servicios de Internet.

 
  
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  Nils Lundgren, en nombre del Grupo IND/DEM. – (SV) Señora Presidenta, Sísifo es mi segundo nombre de pila. He sido elegido por el 15 % de los ciudadanos suecos para oponerme aquí en el Parlamento Europeo a que la UE participe en un número cada vez mayor de ámbitos y siga centralizando y burocratizando la sociedad europea. Se trata de una tarea digna de Sísifo.

Las telecomunicaciones constituyen uno de los ámbitos en los que la UE debe desempeñar una importante función, y acojo con satisfacción el nuevo paquete sobre telecomunicaciones propuesto, que se refiere a una mayor competitividad y una mayor protección de la intimidad, pero parece inevitable que de este modo se tienda a una mayor centralización y burocratización. En este sentido, soy contrario a dos cuestiones. En primer lugar, se propone que el espectro liberado por la digitalización se asigne sobre la base de normas europeas. En segundo lugar, se propone también una nueva Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas.

Insto a la Cámara a rechazar ambas propuestas. El espectro liberado debe ser asignado por los Estados miembros y la solución más razonable sería desarrollar los órganos de las autoridades europeas de supervisión de las telecomunicaciones que ya existen.

 
  
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  Desislav Chukolov (NI). - (BG) Señora Presidenta, Señorías, me sorprende que de las cosas que se han dicho hoy aquí, en esta Cámara, nadie haya subrayado la necesidad de preservar la confidencialidad de la información. Les insto a que cuando se examine una cuestión tan importante no sigamos en absoluto el ejemplo de los Estados Unidos.

Como saben, so pretexto de «luchar contra el terrorismo y la piratería», las oligarquías supranacionales están intentando imponer un control total e incondicional sobre el mayor número de ciudadanos posible sin tener que responder de sus acciones ante la sociedad civil. La confidencialidad de nuestros datos personales debe protegerse a toda costa. Repito: ¡a toda costa!

Actualmente, todas las llamadas telefónicas en Bulgaria están controladas. El año que viene, los que ocupan el poder en mi país pretenden tener un acceso completo y sin restricciones a los datos del fichero histórico y los mensajes electrónicos intercambiados desde todos los ordenadores. Esta iniciativa no responde a una situación de indefensión. En Bulgaria, como en Europa, existen muchos especialistas formados y capaces de luchar contra cualquier tipo de delito informático. Lo anterior se hace, repito, con el objetivo de lograr un control total sobre los ciudadanos.

El derecho a la libertad también garantiza nuestro derecho a la dignidad humana. Cualquiera que pretenda despojarnos de nuestra dignidad deberá ser expuesto a la luz pública y no obtener los instrumentos necesarios para poner en práctica sus intenciones.

Hace algún tiempo, se celebró en Bulgaria un apático debate sobre la cuestión de los derechos de los ciudadanos en relación con las comunicaciones electrónicas. La única conclusión a la que se llegó en aquel momento fue que, independientemente de los deseos de los ciudadanos, éstos deben resignarse a convivir con una serie de imposiciones. Tengo el firme propósito de garantizar a todos los ciudadanos de Bulgaria que el partido Attack, incluso a comienzos de su Gobierno el año próximo, rechazará de plano cualquier interferencia y control de los intercambios que se producen a través de Internet.

Para terminar, me gustaría decir que si nuestro derecho a una correspondencia privada se limita, tal limitación perdurará para siempre. Incluso si los terroristas empiezan a utilizar palomas mensajeras. Quienquiera que sustituye la libertad por la seguridad no merece ni una cosa ni otra. Gracias.

 
  
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  Paul Rübig (PPE-DE). - (DE) Señora Presidenta, Comisaria Reding, Señorías, permítanme comenzar felicitando a la Comisión. Hemos llegado ahora a la segunda fase del proceso de reducción de los precios de la itinerancia para la telefonía por voz. Creo que este Reglamento ha demostrado ser muy efectivo en la práctica. No obstante, al final del periodo de vacaciones, nuestros consumidores volverán a tener que pagar unas facturas extremadamente elevadas, ya que no se han realizado apenas avances, en verdad, en el sector de los SMS y concretamente en relación con la itinerancia de datos.

Por este motivo, insto a la Comisión a actuar sobre esta cuestión y crear un mercado único europeo para los consumidores de Europa. No podemos dejar de observar que esta parte del mercado interior europeo aún no funciona correctamente y que existe una necesidad urgente de establecer un mercado único en este ámbito, especialmente a través de la introducción gradual de un plan común y flexible de asignación de frecuencias. Una gestión eficiente de este escaso recurso reviste especial importancia.

El dividendo digital constituye una oportunidad histórica, y también revestirá una enorme importancia para las empresas televisivas la retransmisión de sus programas a móviles de tercera generación, de modo que se cree una zona mediática común en Europa. El dividendo digital también crea nuevas oportunidades en el ámbito de las comunicaciones europeas.

También me gustaría destacar la importancia de la aplicación de las decisiones de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones sobre la base de este enfoque, e insto a la Comisión —puesto que no se prevé que el BERT se encargue de estas cuestiones— a crear su propia autoridad o grupo para examinar tales cuestiones y publicar orientaciones autorizadas en materia de cooperación.

También creo que el BERT debería financiarse completamente a cargo de los fondos comunitarios, porque simplemente necesitamos una autoridad u organismo comprometido con la realización del mercado interior europeo y también porque los reguladores nacionales deberían adquirir mayores derechos en los demás Estados miembros.

 
  
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  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Señorías, el desarrollo de la sociedad de la información se basa en las redes y los servicios de las comunicaciones electrónicas.

La conversión de la televisión analógica a la digital para 2012 va a liberar a escala europea una gama de frecuencias significativa, lo que permitirá a su vez el desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones innovadoras que promoverán la competitividad europea en este sector. Para extraer el máximo provecho del dividendo digital en Europa, el Parlamento Europeo apoya, en primer lugar, un enfoque común, flexible y equilibrado de su utilización, lo que permitirá, por una parte, a los prestadores de servicios de radiodifusión continuar ofreciendo y ampliando sus servicios y, por otra parte, a los operadores de comunicaciones electrónicas aprovechar estos recursos para ofrecer servicios nuevos en relación con una utilización social y económica y también subraya, en segundo lugar, que el dividendo digital se debe asignar respetando el principio de neutralidad tecnológica.

El uso del dividendo digital puede contribuir a lograr los objetivos de la Estrategia de Lisboa a través de la prestación de mejores servicios sociales interoperables, como el gobierno electrónico, la sanidad electrónica o el aprendizaje electrónico, especialmente para los que viven en zonas desfavorecidas, aisladas o rurales.

A la luz del derecho de los Estados miembros a determinar la utilización del dividendo digital, consideramos que un enfoque coordinado a escala comunitaria mejorará significativamente los valores del dividendo digital y constituye el modo más eficiente de evitar interferencias perjudiciales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países, así como de garantizar que los usuarios del espectro se benefician de todas las ventajas del mercado interior.

La confianza de los consumidores en los servicios de la sociedad de la información depende de la calidad de los servicios de comunicación electrónica, de la seguridad de éstos y de la protección de los datos personales. Cabe destacar la enorme importancia del hecho de que las autoridades nacionales de reglamentación garanticen la consulta a todos los prestadores de servicios de comunicación electrónica antes de adoptar alguna medida específica en el ámbito de la seguridad y la integridad de las redes de comunicaciones electrónicas. Del mismo modo, considero que los Estados miembros deberían establecer medidas para promover la creación de un mercado para los productos y servicios accesible a gran escala, que incluya mecanismos destinados a los usuarios con alguna discapacidad.

 
  
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  Alexander Alvaro (ALDE). - (DE) Señora Presidenta, esta intervención me ofrece una posibilidad inesperada de contestar a la señora Harms, algo que me dispongo a hacer con gran placer, ya que creo que la distinción entre sugerencias y hechos resulta muy evidente en el informe. Fundamentalmente, hemos incorporado una sentencia del Tribunal Constitucional federal que establecía un nuevo derecho fundamental. El derecho a la confidencialidad y la integridad de los sistemas informáticos era lo primero que debía garantizar este acto legislativo. De este modo, hemos actuado con mayor rapidez que cualquier Estado miembro, especialmente el mío. También se han incluido redes privadas de acceso público, servicios como Facebook, Bebo, etc., que hasta el momento habían quedado completamente fuera del ámbito de aplicación de la Directiva. ¿Qué pasa con las cookies, u otro software o aplicaciones similares que transmiten los datos del usuario al servidor, como era el caso, sin el consentimiento previo del consumidor, se convertirán acaso en una práctica del pasado? Los consumidores dan su consentimiento previo, en principio, en relación con cualquier cosa en sus ordenadores, móviles y otras aplicaciones que pertenecen o son accesibles a terceros. En el futuro, el acceso a la información relativa a la ubicación del usuario podrá obtenerse anónimamente o con el consentimiento previo del consumidor. Las comunicaciones no solicitadas, los mensajes de texto irritantes, los correos electrónicos estúpidos, etc. serán eliminados por la Directiva. La notificación de las autoridades de protección de datos será obligatoria en el futuro cuando cualquier autoridad efectúe una búsqueda en relación con los datos personales de cualquier persona.

Por último, hemos creado un marco para el requisito de notificación en caso de violaciones de seguridad y de pérdida de datos más claro que el existente hasta la fecha. Como antes hablábamos de sugerencias, me gustaría mencionar que estamos estudiando el modo de abordar la cuestión de las direcciones IP, ya que éstas —y no querríamos confundir los términos— no son los datos con los que se comercia (y que son datos personales, datos de las tarjetas de crédito, etc.), e incluso si se comercia con ellas —sólo para explicarlo brevemente—, las direcciones IP no necesariamente contienen datos personales, al menos no cuando el frigorífico transmite un mensaje al ordenador.

(La Presidenta interrumpe al orador)

 
  
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  Seán Ó Neachtain (UEN). (GA) Señora Presidenta, resulta absolutamente necesario que allí donde vive la gente, ya sea en municipios, grandes o pequeños, en el campo o en las ciudades, se tenga acceso a la banda ancha y las tecnologías modernas. Las empresas que fijan su sede en determinadas zonas lo hacen porque existe un servicio de Internet rápido. A menos que la banda ancha sea accesible en determinadas zonas, las inversiones y las empresas no se verán atraídas a establecerse en ellas.

Resulta absolutamente necesario que los gobiernos se preocupen por las desigualdades que existen entre las zonas rurales y las urbanas en términos de servicios digitales y banda ancha, con vistas a garantizar competitividad e inversiones a tales zonas. Ello resulta especialmente evidente en Irlanda, en la que se produce una situación de desigualdad debido a la existencia de una empresa privada, Eircom, que controla los servicios de Internet, lo que produce una enorme disparidad entre las zonas rurales y las urbanas. Me gustaría que la Comisaria investigase esta situación, porque todo apunta hacia el hecho de que ni el regulador nacional ni el Gobierno son capaces de hacerlo.

 
  
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  David Hammerstein (Verts/ALE). - (ES) Es evidente que sólo queda una mera sombra del proyecto ambicioso que presentó hace un año la Comisión Europea. Es una lástima por muchos motivos, pues los consumidores necesitan una gestión europea independiente y no un club de reguladores nacionales fuertemente influidos por los campeones nacionales.

Los Verdes estamos en contra de convertir la Agencia Europea de Regulación de Mercado de las Comunicaciones en un simple club de reguladores financiado por los mismos, carente de transparencia y sin control suficiente o capacidad de veto por parte de la Comisión Europea. La independencia de ese nuevo órgano está en entredicho.

Es también una lástima que, a causa de las presiones de las grandes telecos, no se facilite el acceso a las grandes infraestructuras de telecomunicaciones a las nuevas empresas innovadoras y se obligue a la duplicidad de las infraestructuras.

Los Verdes defendemos la neutralidad tecnológica y la desagregación funcional para acabar con las posiciones dominantes de las grandes telecos estatales. Sin embargo, el Parlamento Europeo se ha mostrado demasiado tímido, influido por los lobbies, obviando el interés de las nuevas empresas más innovadoras, que ya están dando gran parte de los servicios inalámbricos en Europa y que favorecen a los consumidores.

Lamento decir que, en general, se ha perdido una oportunidad para dar mucho más valor añadido europeo al mercado de las telecomunicaciones. Nos preocupan en particular algunas propuestas peligrosas del informe Harbour que vulneran claramente el principio de neutralidad de la red como medio de comunicación, atentan contra la privacidad de los usuarios, amenazan la libertad en Internet y, sobre todo, superan claramente el ámbito legal del paquete de telecomunicaciones al hablar de contenidos, al hablar de lo que es lícito o ilícito, legal o ilegal, de la propiedad intelectual, al hablar de filtros de información.

Este paquete trata de la infraestructura del mercado, de los consumidores y no sobre cómo convertir los servidores de Internet en policías digitales.

 
  
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  Hanne Dahl (IND/DEM).(DA) Señora Presidenta, en su forma actual, el paquete sobre telecomunicaciones contiene muchas medidas positivas. Los consumidores disfrutarán de un acceso más fácil y los servicios serán más baratos, de conformidad con el aumento de la transparencia en el mercado. No obstante, el paquete también contiene algunos desafortunados aspectos que el orador anterior mencionaba. La cuestión de la definición de los contenidos legales e ilegales en los sitios web abre la puerta a la vigilancia, el registro y el control en lo que respecta a todas nuestras comunicaciones y transacciones a través de Internet, hasta el punto de que existen países que consideraríamos normalmente carentes de valores democráticos.

No podemos permitir esto, del mismo modo que tampoco podemos permitir que los prestadores de servicios interrumpan de forma arbitraria el acceso de alguien a quien consideran peligroso. Eso sería como emplear a un ejército de inspectores en las oficinas de correos europeas para eliminar las cartas cuya lectura considerasen perjudicial para el destinatario. ¿Quién estaría autorizado a leer mis cartas de amor? Debemos garantizar que la futura legislación no se convierte en un corsé electrónico, sino en un marco en el que la cultura, el debate social y la vida interactiva venideros pueden desarrollarse sin trabas.

 
  
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  Jerzy Buzek (PPE-DE). - (PL) Señora Presidenta, permítame comenzar felicitando a la Comisaria Reding. Un año después de los Reglamentos sobre itinerancia contamos con un nuevo paquete, que reviste una importancia fundamental sobre todo para los consumidores. También me gustaría felicitar a los ponentes. Se tuvo que coordinar no menos de cuatro informes y la coordinación parece haber tenido mucho éxito.

La protección de los consumidores a la que se refieren los reglamentos examinados en el informe de Malcolm Harbour se encuentra estrechamente vinculada con una asignación adecuada del dividendo digital, algo que los consumidores esperan que se produzca. Sería importante —como la Comisaria Reding proponía— optimizar el uso del espectro a través de la coordinación a escala europea. Se propone que la televisión y la telefonía móvil sean los principales beneficiarios del dividendo digital, pero me gustaría destacar la importancia del acceso inalámbrico a Internet. En muchas partes de Europa tal acceso es el único posible para millones de ciudadanos, especialmente en las zonas rurales y remotas. De modo que si el crecimiento económico del sector objeto de debate resulta especialmente fuerte, una parte significativa del dividendo debería asignarse al acceso inalámbrico de banda ancha.

La investigación acerca de la optimización y asignación del dividendo constituye otra importante cuestión. Se podría llevara a cabo en el Centro Común de Investigación, y preguntaría a la Comisaria si se está estudiando esta posibilidad. Los tres requisitos fundamentales serían los siguientes: los consumidores deben ser capaces de elegir, la reglamentación debe fomentar la inversión y la competitividad y se debe reforzar el mercado interior. Desde mi punto de vista, se debe ejercer la presión necesaria no sólo en el Parlamento, sino también en relación con el Consejo, es decir, en todos los Estados miembros.

 
  
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  Éric Besson, Presidente en ejercicio del Consejo. – (FR) Señora Presidenta, gracias por haberme cedido la palabra ahora, les pido disculpas por tener que abandonar esta reunión dentro de unos momentos de vuelta a París.

Luc Chatel responderá a muchas de las preguntas formuladas durante este debate. Permítanme decir algunas palabras en respuesta a los comentarios del señor Harbour relativos a la ausencia de debate sobre el ámbito de aplicación del servicio universal. Me gustaría empezar diciendo que comparto la opinión del ponente en relación con el hecho de que el acceso de banda ancha es uno de los desafíos más importantes para nuestras sociedades, tanto en términos de acceso a los conocimientos como en lo que respecta a los servicios esenciales. Como el señor Harbour ha dicho, el acceso de banda ancha no entra dentro del ámbito de aplicación del servicio universal. La Presidencia francesa desea simplemente entablar el debate sobre el modo de garantizar, en todo el territorio europeo, el acceso de banda ancha.

Tras escuchar a los diferentes Estados miembros, resulta evidente que existen diversas hipótesis. En primer lugar, la de la inclusión de los servicios de banda ancha en la Directiva sobre los servicios universales, en segundo lugar la de la libertad de elección, que consiste en permitir sólo a los Estados miembros que lo deseen la inclusión del acceso de banda ancha en los servicios universales, y, por último, una posición intermedia, que consistiría en decir que la inclusión de la banda ancha en el ámbito de aplicación de los servicios universales se haga obligatoria en aquellos Estados miembros en los que la banda ancha haya adquirido el grado de madurez suficiente. Por consiguiente, creo que se ha ofrecido a todos, durante la Presidencia francesa, la oportunidad de entablar este debate e intentar acercar nuestros puntos de vista, algo que también intenta hacer la Comisión.

Desearía simplemente añadir unas palabras a la atención de la señora Harms: no se trata de oponernos al desarrollo de Internet y la protección de los derechos de autor. En una era de convergencia, debemos desarrollar tanto los canales como las redes y los contenidos y, por consiguiente, favorecer la creación de contenidos y prestar apoyo a los autores. Francia, como ya ha recordado, concede gran importancia a los derechos de autor, pero la Presidencia francesa no intenta imponer el modelo que se va a promover en Francia, de prevención y respuesta graduada, lo que denominamos la ley de creación y de Internet.

Somos muy conscientes, como ha dicho, de la necesidad de proteger tanto la intimidad como los datos personales. Ello no nos parece en absoluto incompatible con otras preocupaciones.

 
  
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  Bernadette Vergnaud (PSE).(FR) Señora Presidenta, señores Secretarios de Estado, señora Comisaria, Señorías, tras meses de debate, un debate que aún no ha concluido, creo poder afirmar que gracias al trabajo del señor Harbour y del ponente alternativo hemos alcanzado acuerdos totalmente favorables a los consumidores. Por consiguiente, se debe garantizar una mejor competencia a través de una serie de disposiciones dirigidas sobre todo a obligar a los operadores a proponer duraciones de los contratos aceptables y a hacer efectiva la portabilidad en caso de cambio de operador en el plazo de un día.

En materia de protección, la reglamentación general sobre la protección de los consumidores habrá de aplicarse al sector de las telecomunicaciones; se han previsto mecanismos de control de los costes, así como la mejora de los procedimientos de recurso extrajudicial en caso de litigio.

Otra cuestión muy importante se refiere al acceso a los servicios de emergencia y localización de la llamada, obligatoriamente disponibles de forma fiable, independientemente de la tecnología utilizada.

La protección de la intimidad también ha constituido una de nuestras prioridades, así como la protección de los menores: los proveedores de acceso deberán ofrecer gratuitamente a sus clientes software de control parental.

Se debían garantizar todos estos avances en beneficio del mayor número de personas posible. Muchas de las medidas se refieren, por consiguiente, a la igualdad de acceso para los usuarios con discapacidad y las personas con bajos ingresos; asimismo, se han tomado en consideración las necesidades de las PYME. El informe también insiste sobre la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación del servicio universal, sobre todo para incluir la banda ancha, y la inclusión de esta cuestión dentro de las prioridades de la Presidencia francesa es un aspecto muy positivo.

Me gustaría ahora hablar de la cuestión de los contenidos y los derechos de autor, que ha tendido a eclipsar el resto de las mejoras contenidas en el texto. Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer a los consumidores una información general sobre el respeto de los derechos de autor, de conformidad con la propuesta inicial de la Comisión. Hasta la votación final, trabajaremos para mejorar la formulación de las enmiendas de transacción, velando por el respeto del principio de neutralidad de acceso a los contenidos. Ciertas enmiendas adoptadas en la Directiva sobre privacidad, no obstante, son realmente problemáticas y deberemos garantizar su eliminación.

Me gustaría volver a dar las gracias a mis colegas y espero que la Presidencia presente propuestas más específicas para mejorar este texto de aquí al próximo periodo parcial de sesiones.

 
  
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  Cristian Silviu Buşoi (ALDE). - Señora Presidenta, el paquete sobre telecomunicaciones es un importante avance para la modernización y la armonización de las telecomunicaciones en Europa. Me he ocupado de la Directiva sobre los derechos de los ciudadanos y, junto con el ponente, el señor Harbour, trabajamos mucho para lograr el consenso en muchas cuestiones.

Esta Directiva garantizará una mejor protección de los derechos de los consumidores en las comunicaciones electrónicas. La portabilidad y la protección de la intimidad y la seguridad en el ámbito de las telecomunicaciones son otros ejemplos de mejoras.

Entablamos un debate muy delicado sobre la neutralidad de las redes. En mi opinión, una neutralidad de las redes llevada al extremo, como hemos experimentado con algunas enmiendas, hará que tales redes estén más congestionadas y sean más lentas, menos eficientes y más caras. La gestión de las redes resulta necesaria para administrar unas redes eficientes e inteligentes y ampliar al máximo la experiencia del usuario y el valor en términos generales. Me felicito por el acuerdo alcanzado en relación con las enmiendas relativas al número de emergencia 112 y, tras la adopción de la Directiva, los Estados miembros harán mayores esfuerzos para informar y educar al público sobre el uso de este número, al que se podrá acceder desde todos los puntos del territorio de la UE. Por otra parte, los Estados miembros deberán garantizar la localización de las llamadas entrantes.

Además, el acceso a los servicios de emergencia a través del 112 se podrá bloquear en caso de que se produzca un uso indebido repetido y, por otra parte, el 112 será más accesible a las personas con discapacidad.

También espero que se adopte la enmienda relativa al establecimiento de un sistema de alerta temprana en toda la UE. Esta enmienda no requiere que se cree una agencia en Bruselas, pero la definición de las normas mínimas en relación con el sistema de alerta temprana debe abordarse de forma conjunta con las autoridades responsables de los Estados miembros. Ciertamente, la alerta se activará a escala local, pero sobre la base de normas mínimas que garanticen que todos los ciudadanos de la UE posiblemente afectados puedan recibir y entender el mensaje y actuar para salvar sus vidas.

Estoy convencido de que el paquete sobre telecomunicaciones apoyará los esfuerzos de las empresas en la mejora de su eficacia y la inversión en nuevas tecnologías, al tiempo que consolidará los derechos de los consumidores europeos.

 
  
  

PRESIDE: Diana WALLIS
Vicepresidenta

 
  
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  Leopold Józef Rutowicz (UEN). - (PL) Señora Presidenta, la sociedad europea y el mundo en general dependen cada vez más de las comunicaciones electrónicas. Éstas constituyen el sistema nervioso de la economía. Se utilizan en la educación, la administración, la atención médica, los medios de comunicación y el aprendizaje permanente. Además de unos beneficios enormes, las comunicaciones electrónicas también suponen una serie de amenazas directas para los ciudadanos, las instituciones y las empresas.

Las expectativas de los ciudadanos, que utilizan los sistemas de comunicaciones de forma menos intensa, incluyen un amplio acceso a los servicios al menor precio posible, por ejemplo cuando se realizan llamadas en itinerancia entre Estados miembros de la UE, y la eliminación de las amenazas para los usuarios de las comunicaciones electrónicas recogidas en el informe de Malcolm Harbour y en otras partes. Debemos dar respuesta a estas expectativas sobre la base de las tecnologías modernas y la competitividad, y con el apoyo financiero de la Unión Europea, especialmente en las zonas rurales y montañosas. Con vistas a la interacción e interconexión de estos requisitos y los mecanismos de reglamentación, así como en aras de la visibilidad, debemos considerar la posibilidad de combinar las disposiciones que estamos examinando en una única Directiva. Por último, permítanme dar las gracias a todos los ponentes por la labor desarrollada.

 
  
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  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Señora Presidenta, los canales de comunicación son fundamentales para la vida moderna. Debemos garantizar que se satisfacen las necesidades de acceso de banda ancha, especialmente para los que viven en zonas remotas y los que tienen algún tipo de discapacidad, como las personas con deficiencias visuales. Aunque disfrutamos de la libertad que Internet nos procura, debemos reconocer que tal libertad lleva aparejadas algunas responsabilidades.

Yo personalmente soy una defensora de la neutralidad de las redes. A medida que el mundo se globaliza cada vez más, resulta fundamental que las personas puedan comunicarse libremente. No obstante, esta libertad que tanto valoramos debe utilizarse con respeto. Debemos reconocer que sin este respeto Internet puede convertirse en un instrumento para cometer múltiples abusos.

Hemos emprendido acciones acerca de algunos de los peores abusos en Internet, como la pedofilia. No obstante, aún debemos abordar otros. Los prestadores de servicios de Internet deben desempeñar su papel para evitar que su plataforma se utilice con fines destructivos, como la difamación, el odio o la explotación. Diría a la Comisaria que necesitamos hacer todo lo posible para proteger la libertad y, al mismo tiempo, promover la responsabilidad en Internet.

 
  
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  Jacques Toubon (PPE-DE).(FR) Señora Presidenta, señor Ministro, señora Comisaria, Señorías, el trabajo ha sido notable. El resultado que han logrado nuestras comisiones es equilibrado y, señor Presidente en ejercicio del Consejo, tenía razón cuando pretendía tomarlo plenamente en consideración. Me gustaría simplemente felicitar a Catherine Trautmann, Pilar del Castillo y Malcolm Harbour por el trabajo realizado.

Sin embargo, debo decir a Catherine Trautmann que no estoy de acuerdo con su propuesta de excluir totalmente cualquier referencia a los derechos de propiedad intelectual. Más allá de las plataformas y los canales de los que hablamos, concretamente en su informe, lo importante para todos nosotros es que tales plataformas y canales nos permitan acceder a contenidos. Los señores Guardans, Medina y Mavrommatis han hablado muy acertadamente al respecto y estoy de acuerdo con ellos.

En el texto de la Comisión se hacían dos referencias a esta cuestión, y hubiera sido preferible conservarlas. El debate se refiere ahora a una referencia a las Directivas de 2001 y 2004 sobre los derechos de autor y la cooperación entre las diferentes partes interesadas. ¿Con qué fin? Para promover las ofertas legales, es decir, contenidos que permitan prosperar a nuestra industria y fomentar nuestra diversidad cultural. Las críticas dirigidas a estos textos —algunas de las cuales se han repetido aquí, en esta Cámara— han vuelto a traer a colación, por ejemplo, los acuerdos Olivennes. Sin embargo, el modelo que debemos seguir es el memorando adoptado el 24 de julio por el Gobierno británico, OFCOM y las diferentes partes interesadas. Que yo sepa, no son partidarios de la burocracia y la dictadura en Internet.

Se trata de no impedir la aplicación de las leyes en vigor en los Estados miembros, garantizar la conciliación con los derechos fundamentales y no impedir que las nuevas tecnologías y la nueva economía actúen en beneficio de nuestra diversidad cultural, nuestras industrias punteras, y la inteligencia y el talento de los europeos, que son la mejor arma y la mejor baza de las que disponemos para competir a escala mundial.

 
  
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  Evelyne Gebhardt (PSE). - (DE) Señora Presidenta, como la señora Vergnaud, acojo con satisfacción la parte del informe del señor Harbour que se refiere a la protección del consumidor y que contiene muchas decisiones excelentes. El acceso universal a estos servicios es un principio fundamental y nunca subrayaremos lo suficiente la importancia que reviste. Le puedo asegurar, señor Harbour, que esta parte del informe cuenta con el pleno apoyo de mi grupo.

Sin embargo, existen otras partes que requieren una revisión. Tiene toda la razón, señora Reding. En sus observaciones introductorias manifestaba su sorpresa por el hecho de que el Parlamento Europeo intentase rebajar la protección de los datos personales. Permítame decirle que ésta no es la opinión del Parlamento, ya que esta Cámara deberá votar dentro de dos semanas, y sólo entonces veremos qué posición adoptamos sobre todas estas cuestiones. Hasta entonces, debemos resolver los asuntos que aún resultan un tanto confusos. Le prometo que nuestro grupo no va a rebajar la privacidad de los datos. Si no se llega a un acuerdo satisfactorio en el Parlamento sobre la protección de los datos, el acceso a las redes y la neutralidad de las redes, mi grupo no podrá votar a favor del paquete, y entonces veremos cómo podemos avanzar a partir de ahí.

 
  
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  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE). - (FR) Señora Presidenta, señora Comisaria, le felicito por su dedicación y también felicito a los ponentes, especialmente la señora Trautmann, que ha realizado un enorme esfuerzo para lograr el consenso, que pretendía neutro y sin distinciones sectoriales. No obstante, en lo que se refiere a los derechos de uso del espectro, cabe destacar que los ciclos de inversión y amortización difieren según los sectores. Sin embargo, las disposiciones del texto en materia de asignación y armonización de las frecuencias y las licencias ponen a los operadores satélite en una situación delicada de inseguridad jurídica debido a la naturaleza específica de su actividad. El nuevo artículo 8 bis que propone la ponente ofrece ciertas garantías, pero debe formularse de forma más inequívoca con arreglo al respeto del principio de la subsidiaridad y las normas de la UIT. También siguen abiertas algunas cuestiones acerca de la naturaleza y el alcance del mandato de negociación de la Comisión.

En lo que respecta al informe del señor Harbour, me gustaría suscitar la cuestión de la definición de los servicios de telefonía accesibles al público, tal como se recoge en el artículo 1, apartado 2, letra b). Tal definición debería aplicarse únicamente a los servicios bidireccionales, de conformidad con la definición ofrecida en la Directiva sobre la privacidad. El protocolo VoIP y los videojuegos no son de ninguna manera comparables a los servicios de telefonía tradicional. Su asimilación como tales nos haría correr el riesgo de crear un marco reglamentario que impediría la innovación y podría en manos de los usuarios desapercibidos una serie de instrumentos que no están concebidos para ciertos usos, como por ejemplo, la posibilidad de realizar una llamada de emergencia a partir de una consola de videojuegos, que puede establecer una comunicación sólo unidireccional. Por consiguiente, habremos de limitar la definición a los servicios bidireccionales.

En lo que respecta a los derechos de autor, apoyo los comentarios de mis colegas que han suscitado esta cuestión.

 
  
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  Francisca Pleguezuelos Aguilar (PSE). - (ES) En primer lugar, quiero felicitar a los ponentes, pues han hecho un buen trabajo. Esta reforma cumple los objetivos previstos y se adapta a los nuevos tiempos y a los nuevos retos, tanto para las empresas como para los consumidores.

Pero permítanme detenerme en un punto particular del informe Harbour. Es verdad que el ponente ha hecho un magnífico trabajo, pero creo que no conviene abordar ese conjunto de enmiendas finales que tratan el tema de los contenidos en la red en este sitio, en esta directiva, ya que esas enmiendas, en definitiva, lo que hacen es permitir que los prestadores de servicios intermediarios puedan filtrar y bloquear los contenidos que circulan en la red, por lo que, al final, son los consumidores los que van a perder su propio anonimato.

Señorías, esa postura es contraria al artículo 12 de la Directiva de Comercio Electrónico, que ya establece que los prestadores de servicios intermediarios tienen que actuar como intermediarios neutrales cuando transmiten informaciones electrónicas.

Por tanto, en un Estado de Derecho no podemos hacer en la red cosas que no haríamos en otras comunicaciones. Por eso pido que el señor Harbour retire esas enmiendas para recuperar el equilibrio entre los derechos de autor y los derechos del usuario de Internet.

 
  
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  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Me gustaría empezar por dar las gracias al ponente por el excelente informe que ha elaborado. El trabajo sobre los paquetes legislativos nunca resulta fácil y acojo con satisfacción el grado de convicción alcanzado.

También me gustaría hacer hincapié sobre el hecho de que el principal objetivo de este paquete consiste en mejorar los servicios de telecomunicaciones en relación con el uso de la telefonía móvil y el acceso a Internet de banda ancha o la posibilidad de que los consumidores puedan disfrutar de servicios como la televisión por cable. Creo que, gracias a nuestro ponente, Malcolm Harbour, la información a los consumidores será mejor y más rápida.

Cuando los consumidores deciden cambiar de proveedor les resulta difícil comparar diferentes ofertas y el proceso de la portabilidad aún es muy largo. Por consiguiente, acojo con satisfacción el informe de Malcolm Harbour, que establece que los proveedores deberán ofrecer a los consumidores una información sobre precios transparente y, sobre todo, comparable, y que la portabilidad se habrá de realizar en un plazo de 24 horas.

Aunque nunca le desearía a nadie tener que llamar al 112 para una emergencia, debería subrayarse que, con arreglo a esta Directiva, los servicios de emergencia tendrán acceso a información sobre la ubicación de la persona que llama, lo que les permitirá ofrecer asistencia con mayor rapidez y efectividad.

La conversión de los sistemas analógicos a los digitales liberará frecuencias en el espectro radioeléctrico, lo que permitirá en el futuro ofrecer una conexión de banda ancha a Internet incluso en los rincones más remotos de la UE. Señora Comisaria, espero que la Comisión garantice el uso más efectivo posible de este dividendo digital en beneficio de todos los consumidores.

 
  
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  Stavros Lambrinidis (PSE).(EL) Señora Presidenta, Señorías, vivimos en un mundo en que los gobiernos, las empresas privadas y los delincuentes intentan acceder en la mayor medida posible a nuestros datos electrónicos de la forma menos restringida posible.

Por este motivo, cualquier modificación de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas debe lograr exactamente lo que indica su título, a saber, garantizar la mayor protección posible a nuestros datos personales y nuestra vida privada.

Por consiguiente, me opongo a cualquier intento de menoscabar la definición de datos personales en relación con los ciudadanos europeos, ya que como son precisamente personales gozan de la protección de la ley. Las excepciones propuestas, especialmente en relación con las direcciones IP, vulneran de forma encubierta el Derecho comunitario en vigor.

Por otra parte, no creo que deba permitirse que los prestadores de servicios de Internet juzguen por sí mismos qué violaciones de sus redes de seguridad perjudican a sus usuarios y cuáles no. No deberían decidir tampoco acerca del momento en que habrán de informar a los usuarios y las autoridades acerca de negligencias flagrantes.

Respeto el papel y la contribución de las empresas privadas, pero los intereses económicos de los gigantes de Internet no pueden dictar las leyes adoptadas por Europa para proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

 
  
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  Ruth Hieronymi (PPE-DE). - (DE) Señora Presidenta, muchas gracias a todos los ponentes por su trabajo, que ha sido ciertamente excelente. Permítanme abordar dos puntos específicos. La Unión Europea no sólo es una comunidad económica, sino que también está comprometida con el apoyo de una serie de valores comunes, motivo por el cual la protección de los datos personales reviste una importancia fundamental. Por otra parte, no obstante, los avances técnicos y la protección de las obras culturales y creativas no deben considerarse propósitos contrapuestos. Ambos serán factores clave de nuestra competitividad futura. Por ello, secundo la petición de otros oradores que se han dirigido hoy a esta Cámara de que se refuerce la posición de los titulares de derechos o, en otras palabras, de aquéllos que desean que se protejan sus derechos de autor. Sólo ellos necesitan este tipo de protección, y de ahí la introducción de modelos para la cooperación con los prestadores de servicios de Internet. Un paso en esta dirección refleja la convergencia tecnológica, así como la convergencia en el refuerzo de los derechos de autor.

 
  
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  Katerina Batzeli (PSE).(EL) Señora Presidenta, señora Comisaria, en el marco de la gestión y la asignación del espectro radioeléctrico debemos garantizar el acceso pleno y efectivo de todos los ciudadanos a este bien público.

Las propuestas recogidas en los informes de las señoras Trautmann y Toia sobre el espectro radioeléctrico y el dividendo digital ofrecen una base firme a estas cuestiones desde el principio. Tales propuestas se refieren sobre todo a la importancia social, cultural y democrática, así como a las nuevas oportunidades creadas por el dividendo digital que deberíamos ofrecer a los ciudadanos europeos.

El debate sobre el dividendo digital debería seguir siendo intenso y no empujarnos a elegir entre la comercialización y el beneficio social. La elaboración de una estrategia significativa a escala nacional, que permita a los Estados miembros establecer una serie de objetivos en materia de interés público y coordinarlos, constituye una iniciativa totalmente factible que podemos emprender a escala comunitaria.

Sin embargo, el nuevo enfoque adoptado por la Comisión para una mayor armonización a escala comunitaria en relación con la asignación del espectro radioeléctrico sobre la base de criterios administrativos comunes, como el principio de neutralidad de los servicios y la ampliación del principio de licencia general, parece pasar por alto la naturaleza pública del espectro y favorecer el aspecto comercial.

Por este motivo, creo que debemos oponernos a ello y seguir apoyando las propuestas presentadas por nuestros ponentes.

 
  
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  Dumitru Oprea (PPE-DE).(RO) El informe objeto de debate ofrece la oportunidad de promover, a través del aprovechamiento del dividendo digital, la utilización a mayor escala de las tecnologías de banda ancha en las zonas rurales, aisladas o desfavorecidas, tomando en consideración el hecho de que aún existen muchas localidades que carecen totalmente de tecnologías digitales o de acceso a los servicios digitales debido a la ausencia de infraestructuras.

Apoyamos una elaboración acelerada, por parte de los Estados miembros más atrasados, como es el caso de Rumanía, de estrategias nacionales relativas al dividendo digital, a través de las cuales se pongan en práctica medidas que permitan un acceso más rápido y sencillo de los ciudadanos a los servicios sociales interoperables, especialmente los que permiten acceder a sistemas educativos, de formación profesional y sanitarios.

Llamamos la atención hacia las precauciones que se deben adoptar para garantizar la mayor transparencia posible en relación con la reasignación de las frecuencias liberadas y la inversión en infraestructuras de nueva generación, de modo que todos los Estados miembros de la Unión Europea puedan acceder a ellas.

 
  
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  Arlene McCarthy (PSE). - Señora Presidenta, me gustaría aprovechar la oportunidad, como presidenta de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, para agradecer al señor Harbour y los ponentes alternativos la elaboración de lo que espero que este Parlamento considere una propuesta equilibrada y viable sobre los servicios universales.

Deseo llamar la atención de esta Cámara hacia una disposición —una enmienda presentada por mí y apoyada por la comisión— para hacer que la introducción del servicio de atención permanente en materia de niños desaparecidos ofrecido en el número 116000 constituya una obligación jurídica en todos los Estados miembros. Como la Comisaria sabe, un informe reciente ha mostrado que, después de 18 meses de su introducción en 2007, sólo siete Estados miembros han asignado este número telefónico a tal servicio. La voluntariedad evidentemente no funciona. Todos los años desaparecen alrededor de 130 000 niños en Europa.

Estas estadísticas muestran que se trata de un ámbito en el que la Unión Europea debe ayudar, debe actuar y debe identificar y encontrar a los niños desaparecidos. Por consiguiente, insto a la Comisión Europea y los Estados miembros a apoyar esta disposición, acelerar el establecimiento del servicio de atención telefónica permanente para los niños desaparecidos y promover los esfuerzos comunitarios para establecer un sistema de alerta ámbar («Amber alert») de respuesta inmediata para la recuperación de niños desaparecidos en la UE.

 
  
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  Pierre Pribetich (PSE). - (FR) Señora Presidenta, me gustaría felicitar a la señora Trautmann, la señora del Castillo, la señora Toia y el señor Harbour por la calidad del trabajo realizado.

¿Cómo sacar el mayor partido posible del dividendo digital? Ésa es la cuestión. La radiodifusión digital libera y liberará frecuencias. Si utilizo deliberadamente el presente y el futuro del verbo «liberar» es para recordar que la conversión digital no se efectuará de forma instantánea, de un día para otro, algo que muchas de las partes interesadas parecen haber olvidado en sus argumentaciones. Por otra parte, la cuantía de las inversiones podría asustar a muchos inversores antes de que puedan siquiera pensar en recuperar ese maná de 250 mil millones de euros caídos del cielo. Por consiguiente, debemos tomar en consideración la difusión de estas limitaciones en nuestras políticas.

Aprovecho el breve tiempo de intervención que se me ofrece para recordar la imperiosa necesidad de definir una política europea en materia de frecuencias, en la que el Parlamento Europeo tendrá una participación importante: así, deberá ser consciente de las limitaciones impuestas por el aspecto físico de las ondas electromagnéticas y la gestión de las frecuencias del espectro y mostrar el debido respeto a las instancias de normalización para poder ser capaz de optimizar este escaso recurso, tomando siempre en consideración el interés general de nuestros conciudadanos europeos.

También me gustaría recordar a la Comisaria que el desarrollo de las redes de fibras ópticas, para retomar la fórmula de Jean Cocteau, precisa ciertamente de grandes declaraciones de amor, pero también de actos de amor, con una financiación europea incluida en el presupuesto para materializarlas, para materializar esas redes de banda ancha y salvar así la brecha digital en Europa.

 
  
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  Luc Chatel, Presidente en ejercicio del Consejo. – (FR) Señora Presidenta, me gustaría, al término de este debate, felicitar a sus Señorías —he descubierto que tanto la calidad de sus deliberaciones como el compromiso que han demostrado en relación con esta cuestión subrayan la importancia de las telecomunicaciones en los debates europeos de hoy—. Buscamos hoy en Europa temas estratégicos desde el punto de vista económico que resulten significativos para nuestros conciudadanos. Las telecomunicaciones ilustran muy bien un desafío estratégico considerable —se han recordado aquí sus posibles repercusiones sobre el crecimiento europeo—, al tiempo que llevan aparejadas algunas preocupaciones que afectan a las vidas diarias de nuestros ciudadanos; éste es precisamente el tipo de cuestión que necesita Europa. En definitivas cuentas, las telecomunicaciones encarnan el rostro humano de Europa.

Me gustaría felicitarme por el amplio consenso que he observado durante este debate entre el Parlamento y el Consejo, especialmente en relación con la mejora de la gestión de las frecuencias, el refuerzo de la protección de los consumidores, la restricción de la utilización de la separación funcional con vistas a evitar su banalización, una cuestión suscitada en diversas ocasiones. Sin embargo, cabe destacar que nuestras instituciones deberán trabajar aún sobre una serie de cuestiones para lograr un acuerdo. Estoy pensando, naturalmente, en la introducción del derecho de veto de la Comisión en relación con las soluciones y también en la forma jurídica y la financiación de la alternativa a la autoridad europea de reglamentación, ya que su función y su ámbito de competencias parecen reunir el consenso del Parlamento Europeo y del Consejo.

Me gustaría volver brevemente sobre tres cuestiones: la primera se refiere a la cuestión de la financiación de esta nueva entidad, mencionada por diferentes oradores. Como saben, los Estados miembros aún no se han manifestado claramente acerca de esta cuestión, y es evidente que el modo de financiación dependerá principalmente de la forma jurídica y las atribuciones del organismo en cuestión. También saben —como he mencionado anteriormente— que una mayoría de Estados miembros aún manifiesta hoy una cierta reticencia en relación con el principio de creación de una entidad complementaria. El Consejo deberá encontrar, por consiguiente, un equilibrio entre las opciones mencionadas aquí esta tarde.

En lo que se refiere a la cuestión de las redes de nueva generación, suscitada también aquí, creo que, como ha subrayado muy bien la señora Trautmann, para promover nuevas redes, redes de nueva generación, lo más importante es continuar promoviendo la competencia, especialmente la competencia en relación con las infraestructuras, que ofrece un incentivo para los inversores y permite fomentar el riesgo compartido entre los diferentes operadores. Actualmente se está examinando esta cuestión en el Consejo. No obstante, es necesario abordar urgentemente estas cuestiones, que precisan acciones complementarias y medidas más a corto plazo. Como saben, la Comisión ha publicado un proyecto de Recomendación sobre esta cuestión; tal vez la Comisaria podría aportar algunas aclaraciones al respecto.

La tercera cuestión a la que quería referirme, que también ha sido suscitada por diferentes oradores, es, naturalmente, la de la protección de los datos personales y, de forma más general, de las cuestiones vinculadas a los contenidos en relación con el continente —los diferentes canales de transmisión—. Éric Besson ha respondido en parte a esta cuestión y creo que el objetivo de la Presidencia francesa no es enfrentar a los demás o imponer un determinado modelo, pero he apreciado una serie de comentarios manifestados aquí esta tarde en el sentido de que si construimos todo esto, esta economía del futuro, fuente de crecimiento futuro, ciertamente lo hacemos en beneficio de la economía europea, pero también para permitir a nuestra cultura y a nuestros actores culturales aumentar su presencia a escala mundial. Por consiguiente, creo que no podemos separar las dos cuestiones, aunque sé que otras partes interesadas también están celebrando debates importantes al respecto. Debemos ser conscientes de que esta modernización de las infraestructuras también debe tener por objeto favorecer la difusión de nuestros contenidos y la protección de los derechos de autor para preservar el proceso creativo en la Unión Europea.

Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, esto era lo que deseaba comentar al término de nuestro debate.

 
  
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  Viviane Reding, Miembro de la Comisión. – (FR) Señora Presidenta, ¿cuál es nuestro objetivo? Queremos que todos los ciudadanos, allí donde vivan o donde viajen, tengan un acceso rápido a múltiples servicios, seguros y a precios asequibles. Queremos que todos los ciudadanos tengan acceso a toda una serie de ricos contenidos, que reflejen la diversidad cultural europea.

Queremos que las empresas estratégicamente fuertes contribuyan, a través del desarrollo de nuevas infraestructuras y contenidos múltiples, al crecimiento económico y la creación de empleo. También queremos que se realice un mercado interior sin obstáculos, que haga de Europa el continente de la conectividad, de la comunicación y de las nuevas tecnologías, pero también queremos que Europa sea el continente de la protección de los derechos de los consumidores y de la vida privada de los ciudadanos. Esto es lo que queremos todos aquí y creo que la expresión múltiple y diversa del Parlamento tiende hacia esta dirección y desea la adopción de decisiones equilibradas, para hacer posible llegar a un consenso.

Todo ello, naturalmente, ha sido posible gracias al trabajo de los ponentes. Me gustaría rendirles homenaje, porque a menudo han logrado la cuadratura del círculo. Nuestros ponentes han logrado llevar a cabo una labor formidable, con la participación de las comisiones parlamentarias y los coordinadores.

En las semanas venideras habremos de intentar —la Comisión, el Consejo y el Parlamento— hacer de éste un proyecto vivo, un proyecto capaz de desarrollar nuestro continente y lograr un consenso entre el Consejo y el Parlamento Europeo. En cuanto a mí y mis colaboradores de la Comisión, actuaremos en calidad de «honest brokers» para hacerlo posible.

 
  
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  Catherine Trautmann, ponente. – (FR) Señora Presidenta, al término de este debate, me gustaría dar las gracias al Consejo y a la Comisaria por haber escuchado atentamente nuestras intervenciones, lo que les ha permitido comprobar el gran consenso, la gran coherencia existentes en nuestro Parlamento acerca del paquete sobre telecomunicaciones.

Nada resulta más corriente que un teléfono móvil, un televisor, la posibilidad de comunicarnos con los demás. El Acto Único hizo de la circulación de las personas y las mercancías un derecho fundamental, una libertad fundamental. Como el señor Paasilinna comentaba, la comunicación también es un derecho fundamental y un medio de dotar de alma a Europa, apoyar su existencia y conectar a sus ciudadanos. Por consiguiente, debemos mostrar la necesaria ambición para hacer que este paquete sobre telecomunicaciones sea un éxito.

Por ello, invito al Consejo a no avanzar demasiado en la vía de un acuerdo o voluntad de acuerdo que pudiese destruir el equilibrio que hemos logrado. Creemos que, gracias a mis colegas Malcolm Harbour, Pilar del Castillo, Alexander Alvaro, etc. —no podríamos mencionar a todos— hemos hecho gala de sentido común y de una voluntad compartida.

En respuesta a las observaciones que el señor Toubon me ha dirigido, me gustaría decir que no se me puede reprochar aquí no haber querido tomar en consideración la necesidad de apoyar el proceso creativo en Europa. Creo que la creación es un motor poderoso de la innovación, tanto en términos de la diversidad como del valor intelectual añadido que aporta, algo absolutamente indispensable en el mundo de hoy.

No obstante, debemos también tomar en consideración la libertad que debemos garantizar con nuestros textos —hemos adoptado textos extremadamente importantes acerca de la protección de los datos personales, y somos los únicos que hemos hecho algo así en el mundo—. Debemos conciliar ambos aspectos, que no son contradictorios. El objetivo es el mismo, a saber, proteger tanto la libertad creativa como la libertad de las personas. Con este espíritu continuaremos trabajando para mejorar nuestras propuestas.

 
  
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  Pilar del Castillo Vera, Ponente. − (ES) Señora Presidenta, en esta intervención final quiero agradecer al Consejo su disponibilidad, que ha demostrado nuevamente hoy. También quiero agradecer, y mucho, a la Comisión, en particular a la Comisaria, la sensibilidad que ha demostrado siempre en su defensa incombustible —diría yo— de un mercado de las comunicaciones electrónicas más competitivo y de la protección de los consumidores. Y quiero manifestar asimismo mi agradecimiento, muy en primer lugar, a mis colegas, que, tanto hoy aquí como en tantas jornadas anteriores, han demostrado hasta qué punto son sensibles a la importancia que tiene este sector para el crecimiento económico europeo y, por tanto, para el empleo y para el bienestar de todos los ciudadanos de Europa.

Ahora simplemente quiero pedir al Consejo que, en este período final hasta la conclusión de la actual Presidencia, conceda a este paquete de «telecom» como mínimo una prioridad similar a la que otorga a la energía ─que es muy importante, pero este paquete no lo es menos─, para que podamos avanzar a partir de este punto de equilibrio que hemos encontrado y que acaba de señalar mi colega Trautmann.

El Parlamento ofrece una serie de propuestas, en general bastante equilibradas, diría yo, que posteriormente, en las negociaciones con el Consejo y con la Comisión, podrán llegar a buen puerto. Muchas gracias. Esperamos mucho de la Presidencia en ese sentido.

 
  
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  Patrizia Toia, ponente. − (IT) Señora Presidenta, Señorías, yo también desearía dar las gracias a todos los ponentes alternativos, y también subrayar únicamente dos cuestiones. Se ha dicho que hemos adoptado un enfoque concreto y creo que éste es un rasgo que caracteriza todo nuestro trabajo, los acuerdos que hemos alcanzado y los que aún habremos de alcanzar.

Un enfoque concreto significa que hemos considerado de forma realista los intereses en juego, el valor del sector, la labor de los trabajadores de este sector y, por consiguiente, el peso en el conjunto de la economía europea, así como también el papel del ciudadano y del consumidor, empezando por los más desfavorecidos, que pueden beneficiarse de la conversión digital si se les acompaña en este periodo de transición; sé que en algunos países, en Francia también, se están desarrollando campañas de información y acompañamiento en este sentido, pero si estos ciudadanos no reciben la atención necesaria pueden tener dificultades.

Por consiguiente, hemos tenido en cuenta el punto de vista del consumidor, del usuario, desde la posibilidad de contar con servicios nuevos, servicios de telecomunicaciones también, más adecuados a las nuevas necesidades, hasta la posibilidad de una mejor información, una mejor integración en el gran juego de las redes informáticas. Creo que cuando Europa adopta este enfoque, el del mercado desde el punto de vista del consumidor, se convierte en una Europa que se acerca a sus ciudadanos, y considero que la iniciativa sobre la itinerancia y sobre los costes ha difundido una imagen positiva de Europa entre muchísimos ciudadanos y jóvenes, que tal vez no comprendían del todo qué peso tiene en las decisiones concretas que afectan a su vida diaria y a su economía y presupuesto personal.

La segunda cuestión se refiere a un enfoque equilibrado. Creo que se ha adoptado un enfoque equilibrado entre los múltiples intereses en juego, incluso contrapuestos —como comentaba la señora Trautmann—, y también entre los muchos sectores afectados: y aquí estoy pensando en el dividendo digital. Creo que haber dicho que existe espacio para los diferentes operadores, desde las telecomunicaciones al sector audiovisual, en un modo que ha resultado en la coincidencia de las propuestas de la Comisión de Cultura y la Comisión de Industria, significa que hemos intentado adoptar un enfoque equilibrado, y espero que lo hayamos logrado.

Por último, desearía ver un enfoque europeo firme. Para mí sería completamente incomprensible si las instancias de una legítima subsidiariedad, las inalienables facultades de los Estados miembros, impidiesen gozar del valor añadido que Europa debe lograr aportar a toda costa. Me gustaría instar a la Comisión y al Consejo a exaltar esta capacidad de coordinación y armonización, que en mi opinión debe actuar a modo de orientación política de Europa.

 
  
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  Malcolm Harbour, ponente. − Señora Presidenta, me encuentro en la poco habitual posición de tener que decir la última palabra en este importante debate, por lo que tal vez sería conveniente que me limitase a realizar algunas observaciones de carácter general.

Pero en primer lugar desearía, por lo que respecta a mi propio informe, dar las gracias a los muchos colegas que han contribuido, reforzándola, a la determinación de nuestra comisión de presentar y lograr la adopción de las mejoras propuestas. Me gustaría garantizarles que durante las próximas dos semanas vamos a trabajar para lograr mejorar nuestras propuestas, especialmente en lo que se refiere a los ámbitos de la protección de los datos personales, sobre los que hemos celebrado una reunión muy positiva esta mañana: creo que podemos alcanzar un acuerdo al respecto. Sobre la cuestión de la notificación de las violaciones de la seguridad de los datos, tal vez no resulta tan sorprendente que aún quede mucho por hacer, ya que nuestros trabajos en este ámbito han sido del todo preliminares. Invito cordialmente a la Comisión, cuyos representantes ya han participado en estas labores, a que nos ayude a completar el proyecto de texto, ya que, después de todo, no se encontraba en su propuesta inicial.

La otra cuestión a la que deseaba referirme se dirige a la señora Harms, ya que es la única representante del partido de los Verdes aquí. Me sorprendió totalmente escuchar de su colega, David Hammerstein Mintz —con el que me llevo muy bien—, que considera mi informe peligroso para la neutralidad de las redes. Hemos empleado mucho tiempo en la elaboración de una nueva propuesta que permita efectivamente a los reguladores intervenir cuando consideren que se ha vulnerado el principio de neutralidad de las redes. Sin embargo, el señor Hammerstein Mintz se presenta en esta Cámara, sin hablar conmigo previamente y sin presentar ninguna alternativa, y dice que mi informe es peligroso. Todo lo que quiero decir a la señora Harms es que si el partido de los Verdes sigue adoptando esta actitud alarmista y de demonización de nuestro informe, pondrá en peligro todo lo demás, lo que resultará peligroso para los consumidores. Les invito cordialmente a nuestra mesa para que expliquen por qué consideran peligroso nuestro informe. Permítannos intentar disipar sus temores. Muchos también podrían estar recibiendo correos electrónicos diariamente. A mi me enviaron uno en el que se decía que este informe pone en peligro la neutralidad de las redes. Todo lo que puedo decirles es que nuestra intención es lograr exactamente lo contrario.

En conclusión, tenemos ahora la gran responsabilidad de ayudar a la Presidencia francesa a alcanzar un acuerdo. Me gustaría hacer hincapié sobre esta cuestión. En el sector reina ahora la incertidumbre entre aquéllos que están dispuestos a realizar las inversiones importantes —las redes de nueva generación—, que quieren ver cómo este paquete se aprueba lo antes posible. Podemos contribuir a que se cumplan sus deseos trabajando juntos como hasta la fecha hemos hecho con éxito. Es una responsabilidad ciertamente importante. Por mi parte —y tengo por cierto que mis colegas coinciden conmigo en ello— puedo prometer que haremos todos los esfuerzos necesarios para colaborar con la Presidencia francesa. Me gustaría felicitar especialmente a los señores Chatel y Besson por su firme compromiso con este proceso y por su profundo conocimiento de todas estas cuestiones. Estoy seguro de que juntos podremos lograr que se apruebe este paquete lo más rápidamente posible.

 
  
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  Presidenta. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar en el próximo periodo parcial de sesiones.

Declaraciones por escrito (artículo 142)

 
  
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  Ivo Belet (PPE-DE), por escrito. – (NL) La nueva legislación sobre telecomunicaciones que debatimos hoy tiene unas repercusiones muy amplias para todos los usuarios de Internet y de los servicios de telecomunicaciones.

Se debe proteger nuestra privacidad en Internet. Los datos personales almacenados en los ordenadores o mandados a través de Internet, incluidos los perfiles de los usuarios, no se pueden utilizar (de forma indebida) a menos que se conceda una autorización expresa previamente.

Se refuerza la cooperación entre la industria de los contenidos, principalmente música y cine, y los operadores de telecomunicaciones con vistas a abordar el problema de la piratería o las descargas ilegales. Es importante informar adecuadamente a los consumidores acerca de lo que se puede y no se puede hacer en Internet, pero el acceso no se puede denegar bajo ninguna circunstancia.

También será más fácil conservar los números de teléfono cuando se cambia de operador. No debería tardarse más de un día en completar la portabilidad, sujeta a una serie de medidas para impedir los abusos.

Cabe esperar que alcancemos rápidamente un acuerdo acerca de estas cuestiones para que los abonados puedan disfrutar de los beneficios de las mejoras realizadas lo antes posible.

 
  
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  Bairbre de Brún (GUE/NGL), por escrito. – (GA) En el mundo de hoy, tan interconectado y globalizado, la privacidad personal y la protección de los datos deberían constituir una prioridad para todos nosotros. La privacidad no debería verse amenazada, como ocurre en el informe Harbour. Ningún órgano nacional o europeo puede controlar, de forma invasiva, el uso que los ciudadanos hacen de Internet.

El Parlamento Europeo debe actuar para eliminar algunos de los elementos más retrógrados de esta Directiva. Tal como están las cosas, el control que las empresas y los órganos estatales tienen sobre el uso privado que se hace de Internet podría reforzarse gracias a esta Directiva. La protección de los derechos de propiedad intelectual no puede utilizarse como excusa para permitir a unos órganos irresponsables acceder a datos personales y privados.

 
  
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  András Gyürk (PPE-DE), por escrito. – (HU) La aprobación del paquete legislativo que nos ocupa es un importante paso adelante para el avance de las tecnologías de banda ancha en el ámbito de las comunicaciones. Resulta fundamental que tales tecnologías se difundan para que, con arreglo a nuestros objetivos, Europa pueda convertirse auténticamente en una de las regiones más competitivas del mundo. Ahora debemos hacer mayores esfuerzos para contar con una reglamentación efectiva, ya que el desarrollo del sector puede contribuir de forma significativa al aumento del empleo.

La apertura del mercado de las telecomunicaciones ha ido ganando terreno desde la segunda mitad del decenio de 1990, mejorando especialmente los servicios ofrecidos. No obstante, creemos que aún queda mucho por hacer en relación con el refuerzo de la competitividad y el consiguiente desglose de los precios que pagan los consumidores. Además, la aparición de nuevas tecnologías hace necesaria la revisión de la legislación en vigor.

Creemos muy acertado que la nueva reglamentación marco contenga entre sus prioridades la revisión de las prácticas de distribución de las frecuencias radioeléctricas hasta el momento. En nuestra opinión, el principio de la neutralidad tecnológica debe prevalecer en interés del refuerzo de la competencia. También cabe destacar la importancia de la creación de un nuevo marco para la cooperación entre autoridades nacionales de reglamentación en el futuro.

Deberíamos acoger con satisfacción el hecho de que la nueva legislación también tenga repercusiones jurídicas nada desdeñables sobre la protección del consumidor. Lo anterior crea unas condiciones más transparentes para la fijación de los precios y refuerza el derecho a cambiar de proveedor. Consideramos que la importancia de la legislación marco que se va a adoptar reside en el hecho de que reforzará la competitividad del mercado sin descuidar el aspecto de un nivel adecuado de protección de los consumidores.

 
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