Índice 
Acta literal de los debates
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Martes 2 de septiembre de 2008 - Bruselas Edición DO
1. Apertura de la sesión
 2. Presentación de documentos: véase el Acta
 3. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (anuncio de las propuestas de resolución presentadas): véase el Acta
 4. Paquete social (Primera parte) (debate)
 5. Turno de votaciones
  5.1. Programa «La juventud en acción» para el período 2007-2013 (A6-0274/2008, Katerina Batzeli) (votación)
  5.2. Programa «Cultura» (2007-2013) (A6-0273/2008, Katerina Batzeli) (votación)
  5.3. Programa «Europa con los ciudadanos» para el período 2007-2013 (A6-0275/2008, Katerina Batzeli) (votación)
  5.4. Programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente (A6-0276/2008, Katerina Batzeli) (votación)
  5.5. Acuerdo de Colaboración y Cooperación CE/Uzbekistán (A6-0306/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (votación)
  5.6. Acuerdo de Colaboración y Cooperación CE/Kirguistán (A6-0307/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (votación)
  5.7. Acuerdo de Colaboración y Cooperación CE/Tayikistán (A6-0320/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (votación)
  5.8. Responsabilidad de Montenegro relativa a los préstamos a largo plazo concedidos a Serbia y Montenegro (antigua República Federativa de Yugoslavia) (A6-0281/2008, Helmuth Markov) (votación
  5.9. Producción y etiquetado de los productos ecológicos (A6-0311/2008, Neil Parish) (votación)
  5.10. Acuerdo de Pesca para el Océano Índico Meridional (A6-0315/2008, Philippe Morillon) (votación)
  5.11. Proyecto de presupuesto rectificativo n° 5/2008 (A6-0328/2008, Kyösti Virrankoski) (votación)
  5.12. Red Judicial Europea (A6-0292/2008, Sylvia-Yvonne Kaufmann) (votación)
  5.13. Aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones en materia penal (A6-0285/2008, Armando França) (votación)
  5.14. Pesca y acuicultura en el contexto de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa (A6-0286/2008, Ioannis Gklavakis) (votación)
  5.15. Sistema de Información de Visados (VIS) en el marco del Código de fronteras Schengen (A6-0208/2008, Mihael Brejc) (votación)
  5.16. Decisión del Consejo por la que se refuerza Eurojust y se modifica la Decisión 2002/187/JAI (A6-0293/2008, Renate Weber) (votación)
  5.17. Evaluación del sistema de Dublín (A6-0287/2008, Jean Lambert) (votación)
  5.18. Seguro de automóviles (A6-0249/2008, Nickolay Mladenov) (votación)
  5.19. Estrategia coordinada de mejora de la lucha contra el fraude fiscal (A6-0312/2008, Sharon Bowles) (votación)
 6. Explicaciones de voto
 7. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta
 8. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta
 9. Presentación por el Consejo del proyecto de presupuesto general - Ejercicio 2009 (debate)
 10. Redes y servicios de comunicaciones electrónicas - Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas - Planteamiento común del uso del espectro liberado por la conversión al sistema digital - Redes y servicios de comunicaciones electrónicas, protección de la intimidad y protección de los consumidores (debate)
 11. Turno de preguntas (preguntas al Consejo)
 12. Curso dado a una demanda de amparo de la inmunidad: véase el Acta
 13. Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo a raíz del proyecto de recomendación a la Comisión Europea sobre la reclamación 3453/2005/GG (debate)
 14. Igualdad entre mujeres y hombres - 2008 (debate)
 15. Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) (debate)
 16. Impacto del marketing y la publicidad sobre la igualdad entre mujeres y hombres (debate)
 17. Clonación de animales para producción de alimentos (debate)
 18. Orden del día de la próxima sesión : véase el Acta
 19. Cierre de la sesión


  

PRESIDE: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

 
1. Apertura de la sesión
Vídeo de las intervenciones
  

(Se abre la sesión a las 9.05 horas)

 

2. Presentación de documentos: véase el Acta

3. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (anuncio de las propuestas de resolución presentadas): véase el Acta

4. Paquete social (Primera parte) (debate)
Vídeo de las intervenciones
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  El Presidente. − El siguiente punto son las Declaraciones de la Comisión y del Consejo sobre el Paquete social (Primera parte).

 
  
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  Vladimír Špidla, Miembro de la Comisión. (CS) Señor Vicepresidente, Señorías, hace dos meses la Comisión adoptó una agenda social renovada. Está diseñada para ayudar a la Unión a resolver los problemas sociales que Europa tendrá que abordar en el siglo XXI. Contiene un conjunto ambicioso y articulado de medidas en materia de política social que permitirán a los europeos aprovechar las oportunidades que se les abran.

Como ya se ha dicho, la agenda social renovada fue debatida por los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales en una reunión oficiosa del Consejo Social celebrada a principios de julio en Chantilly.

Me complació recibir un informe sobre la acogida muy positiva de la agenda social renovada por parte de los Estados miembros y aguardo con interés las conclusiones que el Consejo recibirá para finales de este año. Ya he tenido la oportunidad de presentar este paquete a la Conferencia de Presidentes y a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. También se da el momento apropiado para un debate a fondo aquí en el Parlamento. Estoy convencido de que el intercambio de opiniones de hoy nos ayudará a alcanzar un consenso en cuanto a la clase de Europa social que deseamos construir para los ciudadanos europeos.

Quisiera recordarles lo que ha sucedido hasta el momento. Este complejo paquete es el resultado de dos años de esfuerzos conjuntos. La Comisión ha estado trabajando con todas las partes interesadas, incluidos los representantes de los trabajadores y de los empresarios, la sociedad civil, los Estados miembros y los órganos regionales y locales. El paquete forma un todo articulado que destaca los vínculos con otras áreas, como la educación, la salud, el medio ambiente, la sociedad de la información y la economía, y muestra claramente que los objetivos económicos y sociales son dos caras de la misma moneda y deben actuar en estrecha cooperación para el beneficio de los ciudadanos. Se trata de un paquete ambicioso, que intenta ofrecer respuestas prácticas a las inquietudes de la gente y mejorar sus condiciones de vida. Es también un paquete muy completo —el de mayor volumen adoptado de una sola vez por la Comisión— en el que se presentan 18 iniciativas junto con el informe. Se están debatiendo también más de 20 adicionales en relación con una amplia gama de temas.

Hoy estamos considerando dos medidas: una propuesta de directiva para combatir la discriminación y una directiva revisada relativa al establecimiento de comités de empresa europeos. En primer lugar, sin embargo, quisiera decir unas palabras acerca de los principios básicos de este paquete.

La agenda social renovada se basa en tres principios capitales: oportunidades, acceso y solidaridad. Los europeos valoramos el mérito de las personas y queremos que todos tengan la misma oportunidad de desarrollar su potencial. Esto significa eliminar los obstáculos que las personas tienen que superar y crear las condiciones necesarias para permitir a todos aprovechar las oportunidades ofrecidas, sin dejar de respetar la diversidad europea y evitando la discordia.

La fe de los europeos en la igualdad genera una creencia compartida en la solidaridad social: solidaridad entre generaciones, entre regiones, entre quienes están arriba y quienes están abajo, entre los Estados miembros más ricos y los menos ricos, y también con nuestros vecinos y amigos de otras partes del mundo, ya que la solidaridad es parte integrante del funcionamiento de la Comunidad Europea y de nuestras relaciones con otros países de todo el mundo.

Señorías, como saben, el grado de protección jurídica contra la discriminación difiere actualmente en la UE en función de los motivos de la discriminación. Pero la discriminación no está restringida a un área. Por ello, hemos propuesto, como parte del paquete, una directiva horizontal que prohíba la discriminación basada en la edad, la orientación sexual, las creencias religiosas y la discapacidad fuera del campo laboral. Una directiva horizontal proporcionará a los Estados miembros, a las entidades económicas y a los ciudadanos el grado máximo de claridad y certidumbre jurídica.

Este proyecto es una respuesta a las peticiones reiteradas del Parlamento y responde al compromiso político asumido por la Comisión al tomar posesión del cargo. Es un instrumento flexible basado en los principios ya adoptados en los Estados miembros e integrados en los reglamentos existentes.

Quiero recalcar que el hecho de abordar todos los motivos de discriminación de la misma manera no significa que haya que aplicar normas uniformes en todas las áreas. En los sectores de seguros y banca, por ejemplo, será posible aplicar diferentes enfoques en función de la edad o de la discapacidad. Sin embargo, esas diferencias se tendrán que respaldar con fundamentos convincentes y con datos estadísticos fidedignos. Las personas mayores se podrán seguir beneficiando de precios preferentes en el transporte público y en los actos culturales, y se podrá seguir limitando el acceso a ciertos productos para proteger la salud de los ciudadanos, por ejemplo la venta de alcohol a jóvenes menores de edad.

La directiva incluye el suministro o prestación de todos los bienes y servicios y guarda relación tanto con las empresas como con los particulares, pero sólo en lo que respecta a los bienes y servicios comerciales.

La directiva también será proporcionada en lo que se refiere a la carga que imponga, de conformidad con el concepto de proporcionalidad integrado en las directivas antidiscriminatorias existentes y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha sido firmada por los Estados miembros y por la Comunidad Europea.

El proyecto de directiva prohíbe la discriminación, pero al mismo tiempo respeta los demás derechos y libertades fundamentales, incluida la protección de la vida privada y familiar y las acciones emprendidas en este contexto, además de la libertad de religión y la libertad de asociación.

Otro problema sobre el que quiero llamar la atención es la discriminación contra los romaníes, que la Comisión ha condenado reiteradamente como incompatible con los principios de la UE. El paquete contiene una declaración de nuestro compromiso renovado para garantizar la igualdad de oportunidades y para luchar contra la discriminación, y también un Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre instrumentos y políticas comunitarios para la inclusión romaní.

Es una respuesta a la solicitud del Consejo Europeo de diciembre de 2007 de que la Comisión revise las políticas e instrumentos existentes y presente al Consejo un informe sobre los avances logrados.

Según el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, los instrumentos legislativos, financieros y de coordinación necesarios están instaurados y se están empleando, pero todavía no lo suficiente. La agenda social renovada incluye varias iniciativas cuya finalidad es mejorar la capacidad de la Unión para reaccionar más eficazmente a los cambios. Estamos convencidos de que el diálogo social europeo y los comités de empresa europeos tienen un papel especial a desempeñar en este contexto. Hace ya tiempo que la Directiva sobre los comités de empresa europeos pide a gritos una actualización.

En este momento, hay 820 comités de empresa europeos en la Unión, que representan a 15 millones de trabajadores. Pero algunos casos recientes indican que no están haciendo bien del todo su trabajo, y a menudo los empleados no están bien informados o no se les consulta con respecto a la reestructuración de las empresas. Por consiguiente, la iniciativa pretende fortalecer el papel del diálogo social dentro de las empresas a escala supranacional.

Es un proyecto equilibrado que debiera garantizar que los representantes de los empleados sean informados y consultados adecuadamente antes de adoptar decisiones en relación con las circunstancias que les afectan y también debieran permitir a las empresas adaptarse a la globalización.

La Comisión, desde luego, preferiría dar prioridad a una solución negociada previamente por los representantes de los trabajadores y de los empresarios, pero al no lograr persuadirles de sentarse a la mesa de negociaciones el pasado junio, se vio obligada a presentar un proyecto por iniciativa propia.

No obstante, valoramos la carta conjunta que los representantes de los trabajadores y de los empresarios enviaron en agosto al Consejo y al Parlamento. Apreciamos los esfuerzos realizados por ambas partes para llegar a un acuerdo en este complejo asunto y también celebro que decidieran aceptar el proyecto de la Comisión como base para posteriores trabajos. Realmente espero que el Parlamento tendrá presentes las propuestas prácticas presentadas por los representantes de los trabajadores y de los empresarios cuando lleguen a la primera lectura. Creo que lograremos una resolución rápida. En la medida de sus posibilidades, la Comisión tratará de allanar el camino al máximo.

Ahora debo decir unas palabras acerca de los efectos de la globalización. La reestructuración de las empresas es a veces inevitable, pero las consecuencias para los empleados y sus familias pueden ser muy dolorosas. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización está ahí para ayudar en tales situaciones. Hasta ahora, el Fondo ha ayudado a 7 250 empleados a encontrar nuevos puestos de trabajo. Podemos celebrarlo, pero es necesario garantizar que el Fondo esté al alcance de todos los que se puedan beneficiar de él.

El informe contenido en el paquete de la agenda social afirma que, en 2007, sólo se empleó el 4 % de los 500 millones de euros disponibles anualmente. Esto exige una reflexión sobre cómo mejorar los resultados de las actividades del fondo.

Con relación a la movilidad de la fuerza laboral, quiero decir que la Directiva de 1996 sobre desplazamiento de trabajadores apoya la libre circulación de servicios y también ofrece protección frente a abusos cometidos contra los trabajadores y les garantiza la observancia de los derechos fundamentales en los Estados miembros a los que se desplazan. Algunos fallos recientes del Tribunal de Justicia sobre este asunto han planteado toda una serie de preguntas. Las reacciones a las mismas son muy legítimas y juntos debemos encontrarles respuesta. Estoy convocando un foro para tratar este tema el 9 de octubre, fecha en que se debatirá este complejo problema con los órganos políticos, los representantes de los trabajadores y de los empresarios, los representantes de las instituciones europeas y los expertos en los campos del Derecho y la economía.

La Comisión, desde luego, seguirá atendiendo todas las observaciones, pero por el momento no vemos ninguna necesidad de enmendar la Directiva. Pero, en cualquier caso, nos aseguraremos de que no haya ningún conflicto entre las libertades fundamentales incluidas en el Tratado y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Señorías, esta nueva agenda social reafirma el compromiso de la Unión graznar Europea de promover una dimensión social fuerte y real para Europa, una Europa social, que satisfará las expectativas de nuestros conciudadanos. Desde luego, esto es imposible sin incluir una dimensión educativa, que es muy importante. En este contexto, quiero mencionar los tres documentos siguientes:

1. Recomendación del Consejo sobre la movilidad de los voluntarios jóvenes en Europa;

2. Comunicación titulada «Mejorar las competencias en el siglo XXI: agenda para la cooperación europea en las escuelas»;

3. Libro Verde: Inmigración y movilidad - retos y oportunidades de los sistemas educativos de la UE.

Es nuestro deseo conjunto fortalecer y potenciar la dimensión social de Europa. Las 18 medidas contenidas en el paquete representan el primer paso de nuestros esfuerzos en esta dirección. Sé que puedo contar con ustedes, que tienen la misión de representar la voz de los ciudadanos, para que consideren estas propuestas y documentos políticos a fondo y con atención. Es de importancia fundamental para el futuro de aquéllos.

 
  
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  Xavier Bertrand, Presidente en ejercicio del Consejo. (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, estamos aquí para hablar de la Europa social. Hablaremos de la Europa social y me complace hacerlo hoy ante el Parlamento Europeo, que es un actor clave en la estructura institucional de Europa, un socio esencial con el que la Presidencia francesa está deseosa de trabajar lo más estrechamente posible.

Lo he dicho antes y lo repito ahora: 2008 tiene que ser el año de la reactivación de la Europa social. Algo que, en mi opinión, todos nuestros agentes europeos desean ver. La cumbre de junio en Luxemburgo y la reunión de Chantilly en julio son hitos a lo largo de esa ruta. Teníamos mucho interés en que la Presidencia francesa abordara la cuestión de revisar la Agenda Social Europea, de la que acaba de hablar el Comisario Špidla. Éste es un tema clave que exige de nosotros la capacidad de definir una visión social para Europa y de traducir esa visión a medidas concretas. Las conversaciones de Chantilly, en las que el Parlamento participó en la persona de su presidente de comisión señor Andersson, nos permitieron reafirmar una serie de valores comunes que todos compartimos, y son éstos precisamente los que definen las ambiciones de Europa para una política social. Estos valores son el diálogo social, la solidaridad intergeneracional, la acción contra la pobreza y la discriminación, la igualdad entre sexos, la protección social, la movilidad laboral y la importancia de los servicios de interés general para garantizar la cohesión y la responsabilidad sociales en el comercio y en la industria. Observados desde Pekín, Washington, Ciudad del Cabo, Nueva Delhi o incluso Brisbane, estos valores dan al modelo social europeo su originalidad.

Chantilly fue una oportunidad de recordar al mundo que estos valores son esenciales para la estrategia de desarrollo de Europa, para la estrategia de Lisboa. En otras palabras, Chantilly supuso un recordatorio de que este modelo social, estos valores comunes, constituyen una fuerza europea en nuestro mundo globalizado.

¿Por qué? Porque la economía basada en el conocimiento, la economía de la innovación, sólo la podemos establecer centrándonos rigurosamente en el desarrollo del capital humano y en el aprendizaje permanente. Porque la economía en su conjunto sale perdiendo cuando se excluye del mundo del trabajo a categorías enteras de la población durante períodos prolongados y no pueden contribuir a crear riqueza ni obtener acceso a los productos y servicios. Porque también los trabajadores son más productivos cuando tienen buenas condiciones de empleo y protección social que les sirven para amortiguar los duros golpes que da la vida.

El progreso económico no significa sacrificar el progreso social, ni mucho menos. No soy el único que ve ambas cosas como indisociables. Sin progreso social, el progreso económico se agotará más pronto o más tarde. De modo que Europa debe avanzar en ambos frentes: progreso económico, sí, y progreso social también.

Junto con esta convicción que reafirmamos colectivamente, tuvimos en cuenta otro hecho: el modelo social europeo tiene que cambiar, adaptarse a la globalización, al cambio climático, a los cambios demográficos y a la creciente diversidad de las sociedades europeas. Así que tenemos que adaptar nuestros mercados laborales e introducir flexiguridad, es decir, nuevas seguridades y flexibilidades tanto para la fuerza laboral como para los empresarios.

Y las cosas se están moviendo. Al principio, el término «flexiguridad» asustaba a la gente, la alarmaba. Pero ahora representa un ideal europeo al que aspiran todos los agentes, incluidos los interlocutores sociales. La palabra se ha hecho común, un término de uso cotidiano, lo que demuestra que las cosas realmente están cambiando, que están cambiando los modos de pensar.

Otra cosa que hay que abordar, si queremos que nuestro modelo social avance, es la garantía de cohesión social, con medidas para combatir las nuevas formas de pobreza, especialmente cuando afectan a los niños. Es hora de que unamos nuestras fuerzas a fin de preparar mejor a nuestras sociedades para este cambio demográfico, reforzando la solidaridad intergeneracional y garantizando que los ciudadanos tengan acceso a servicios sociales de interés general de alta calidad.

Este proceso de ajuste ya lleva unos años en marcha. Gracias a las iniciativas de la Comisión, el Consejo de Ministros, el Parlamento Europeo y los interlocutores sociales, estamos logrando avances en iniciativas específicas que responden a inquietudes populares en Europa. ¿Cómo permitir la libre circulación de los trabajadores dentro de Europa y al mismo tiempo proteger los derechos laborales de los que se desplazan? ¿Cómo mejorar la gestión de las operaciones de reestructuración haciendo que participe en ella la fuerza laboral de toda Europa? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las personas tengan la posibilidad de trabajar —y desempeñar así un papel en la sociedad— y qué podemos hacer para combatir la discriminación de manera más eficaz?

Estos esfuerzos se seguirán realizando durante toda la Presidencia francesa. Especialmente —y lo digo con toda sinceridad— porque las próximas elecciones significan que el segundo semestre de 2008 será nuestra última oportunidad en esta legislatura de lograr resultados en una serie de temas. Dentro de poco, nuestros conciudadanos europeos nos pedirán cuentas a todos nosotros en las urnas.

Los ciudadanos europeos esperan resultados. Prueba de ello son las reacciones a algunos fallos recientes del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Éste es un campo en el que el Parlamento Europeo nos puede ayudar, junto con muchos otros que mencionaré brevemente.

En primer lugar, la revisión de la Directiva sobre los comités de empresa europeos, de la que Vladimír Špidla acaba de hablar. Éste es un proyecto importante que fortalecerá el diálogo social en Europa. La directiva actual es aplicable a más de 14 millones de trabajadores y 820 empresarios. La revisión de la directiva aumentará aún más estas cifras.

En Chantilly reunimos a los representantes de la Confederación Europea de Sindicatos y de BusinessEurope para escuchar sus opiniones acerca del texto revisado propuesto por la Comisión. La propuesta les pareció bien como base de trabajo y dijeron que podían negociar para superar los puntos de desacuerdo. Ahora están ultimando varias propuestas comunes que anunciarán oportunamente.

Si esto da resultado, si los interlocutores sociales producen propuestas comunes en la revisión de la directiva, esto será útil para nuestro trabajo, el trabajo del Parlamento y del Consejo. ¿Por qué pues no llegar a un acuerdo en primera lectura lo antes posible? ¿Para fin de año, si fuera posible?

Respecto a nuestro segundo objetivo de trabajo: naturalmente debo mencionar la propuesta de directiva sobre medidas de protección contra la discriminación más allá del lugar de trabajo, que la Comisión adoptó asimismo el 2 de julio. Esto fue objeto de animado debate en Chantilly, y la Presidencia inició las conversaciones sobre este texto a comienzos de julio. Se consultará al Parlamento sobre este asunto, pero debo señalar que la propuesta de la Comisión, que incluye cuatro motivos de discriminación, tuvo en cuenta la resolución adoptada por el Parlamento la primavera pasada en el informe elaborado por Elizabeth Lynne.

El tercer asunto que también recibió mucha atención es el de los servicios sociales de interés general. Todos los Estados miembros hablan de ellos. Todos hablan de lo mismo, aunque también es cierto que no todos dice exactamente lo mismo. Pero la adopción del Protocolo al Tratado de Lisboa y la evaluación del paquete Altmark nos dan la oportunidad de pensar en la contribución que estos servicios hacen a la cohesión social en Europa, la necesidad de asegurarse de que sean de gran calibre y la importancia de darles un marco jurídico sólido. Esperamos trabajar en una hoja de ruta con la Comisión, y con cualquiera que desee contribuir, para identificar una serie de objetivos intermedios que permitan seguir avanzando en este asunto de suma importancia.

Luego, por supuesto, están las directivas sobre trabajo temporal y tiempo de trabajo. En ambos casos, la pelota está en el tejado del Parlamento Europeo, para segunda lectura. Debemos tratar de evitar la conciliación. Millones de trabajadores temporales en Europa están esperando con impaciencia la entrada en vigor de la directiva sobre trabajo temporal, y algunos Estados miembros están bajo presión para resolver la cuestión del tiempo de atención continuada. Así que no puedo hacer sino alentar al Parlamento a que nos mantenga informados de lo que sucede, con la debida atención, también aquí, a los factores de contrapeso de los que soy muy consciente. Pero en eso también la gente espera algo de nosotros y todas las miradas se dirigen hacia nosotros.

Soy consciente asimismo, en el tema de la movilidad, de la necesidad de llegar a un acuerdo en el reglamento de aplicación sobre la coordinación de los regímenes de seguridad social.

La Presidencia francesa necesita el apoyo del Parlamento Europeo en estos temas diversos para lograr resultados concretos. Esos resultados —ustedes lo saben, pero lo repetiré— corresponden a los anhelos de los ciudadanos de Europa, que esperan que mantengamos nuestra visión social europea en beneficio de sus vidas cotidianas, a fin de hacer que Europa sea en mayor medida una parte de la existencia diaria. Hoy sabemos que lo que necesitamos no es menos Europa sino más Europa. Hoy sabemos muy bien que lo que necesitamos no es menos Europa social sino más Europa social. Conocemos muy bien, Señorías, los retos que tenemos que abordar.

 
  
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  Joseph Daul, en nombre del Grupo del PPE-DE. (FR) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, señor Comisario Špidla, Señorías, el Grupo del Partido Popular Europeo y Demócratas Europeos da mucha importancia a la justicia social. La defensa de los modelos sociales europeos es una de nuestras prioridades en un mundo cada vez más globalizado. Y por este motivo, como presidente del Grupo del PPE, celebro la propuesta de la Comisión sobre el nuevo paquete social. Este texto ofrece algunas respuestas a preguntas de importancia fundamental para nuestras sociedades, como son el cambio demográfico, la globalización y la reducción de la pobreza.

Mi grupo opina que la Comisión debe ir más allá y tomar medidas más específicas. Mitigar la pobreza, conseguir empleo para los grupos de población que están excluidos del mercado laboral, promover la movilidad de los trabajadores y mejorar su educación y formación son cosas que requieren un programa específico, medidas concretas y un compromiso firme por parte de la Unión Europea y sus Estados miembros.

El cambio demográfico es un importante reto para nuestras economías. Los trabajadores que han superado la edad de la jubilación, las mujeres, los jóvenes y, sobre todo, las personas con discapacidad —en términos generales, todo aquél que haya estado fuera del mercado laboral durante un período prolongado— deben recibir una nueva oportunidad. Debemos ayudar a estas personas a encontrar trabajo o a volver a trabajar. Con ese fin queremos medidas concretas que promuevan el aprendizaje permanente.

Las personas que están trabajando siguen enfrentándose a desigualdades. Estamos muy preocupados por la diferencia de retribución que continúa existiendo entre hombres y mujeres. Esto es algo que no debería existir en la Europa de 2008. Del mismo modo, hay que proporcionar guarderías adecuadas para ayudar a la gente a combinar el trabajo con la vida familiar. Por tanto instamos a la Comisión y al Consejo a que tomen medidas específicas al respecto. Mi Grupo se opone a todas las formas de discriminación. De modo que estamos de acuerdo con la intención declarada de la Comisión de colmar las lagunas que persisten en la legislación pertinente. Deben intensificarse sobre todo las medidas contra la discriminación de las personas discapacitadas.

Señorías, creemos que el instrumento más eficaz que tenemos para defender los modelos sociales, en esta era de la globalización, es el crecimiento económico. Pero estamos convencidos de que, para alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa, debemos promover la causa de las empresas y la industria, porque es la empresa la que básicamente impulsa la creación de puestos de trabajo. Debemos mejorar la imagen del empresario en Europa y alentar a los jóvenes a crear sus propias empresas. También debemos promover un ambiente competitivo para nuestras empresas, apoyando especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que son las principales creadoras de puestos de trabajo.

Teniendo esto en cuenta, instamos a todos los agentes a que trabajen para conseguir más flexiguridad en Europa. El concepto ha demostrado su valía en los países que lo han adoptado. Permite a las empresas tener la flexibilidad que necesitan para ser competitivas a escala internacional, al tiempo que protege a los trabajadores. Aplaudo la intención de la Comisión de promover el diálogo social. Para nosotros, la asociación basada en la confianza dentro de las empresas es fundamental para el éxito de éstas en el mercado.

Señorías, en los tratados actuales los asuntos sociales siguen siendo esencialmente competencia de los Estados miembros. Esto puede y debe cambiar pero, hasta que lo haga, tenemos que observar el principio de subsidiariedad. No tenemos alternativa. Eso no impide a la Comisión realizar estudios de impacto, condenar las desigualdades y procurar evaluar las consecuencias sociales de cualquier nueva legislación propuesta. De hecho la insto a que lo haga. Los desafíos sociales a los que nos enfrentamos son considerables: tenemos que reformar nuestras economías y adaptarlas para que sean más competitivas, a fin de reducir el número de personas que sufren exclusión. No puede haber progreso social sin crecimiento económico, pero la economía no puede ser competitiva sin progreso social. El Grupo del PPE-DE está decidido, ahora más que nunca, a lograr resultados en ese aspecto.

 
  
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  Martin Schulz, en nombre del Grupo del PSE. (DE) Señor Presidente, Señorías, al escuchar los discursos pronunciados por los oradores anteriores —por el Comisario Špidla, por el Presidente en ejercicio del Consejo, señor Bertrand, y por usted, señor Daul—, uno tiene la impresión de que todo va bien. Están ustedes haciendo grandes progresos y 2008 se recordará como el año en que se relanzó el modelo social europeo.

Todo esto suena muy bien, pero la realidad no es tan amable. Sí, la imagen real tiene un aspecto muy diferente. La imagen real es la de una grave desigualdad social en la Unión Europea. Las ganancias se disparan cada vez más mientras los niveles salariales se estancan. La diferencia de rentas se ha convertido en un abismo cada vez mayor. La pérdida de poder adquisitivo que ha afectado a las personas corrientes en la Unión Europea, agravada por el aumento drástico de los precios de la energía, constituye un verdadero programa de empobrecimiento. Éste es un problema que debemos abordar en el modelo social europeo, y no solo con bellas palabras. Lo que usted está poniendo en marcha, señor Špidla, es bueno y lo aplaudimos.

Señorías, hablaremos detalladamente de nuestras opiniones sobre las diversas propuestas. Por este motivo puedo hacer algunos comentarios básicos acerca de lo que esperamos de un modelo social europeo. Hace quince años, si los ciudadanos de la Unión Europea —de cualquier país— tenían la sensación de que algo iba mal, que alguna norma nacional muy arraigada estaba en peligro, respondían recurriendo a Europa para que pusiera las cosas en su sitio; sentían la necesidad de rectificar los asuntos en el marco europeo, porque entonces los ciudadanos creían que las reglas europeas en un marco europeo proporcionarían protección más allá de los límites nacionales.

Hoy, quince años después, prueben a decirle a alguien que en Europa pondremos las cosas en su sitio. Llenarían de miedo a los empleados, porque creen que esta Europa, en su disposición actual, ya no puede garantizarles la protección social.

Si se toman la molestia de analizar el referéndum irlandés y el comportamiento de los jóvenes en la votación, verán a estas personas decir que Europa es una gran idea. Pero cuando miran cómo está organizada y constituida hoy, no se sienten entusiasmados con su organización ni con su disposición. Ya que estamos entrando en una campaña electoral, es justo preguntar por qué había tal optimismo hace quince años acerca del futuro de la política social en Europa, y por qué hay tal pesimismo hoy. Nuestra respuesta como socialistas debe ser que Europa está gobernada por la derecha. Usted ha pronunciado un buen discurso socialista, señor Ministro; lo que ha dicho aquí ha sido maravilloso. Pero ¿qué línea adoptó su gobierno en el Consejo respecto a la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo?

(Aplausos)

Su partido gobernante es miembro del Partido Popular Europeo, cuyos partidos constituyentes son el origen de la gran mayoría de los jefes de gobierno de la Unión Europea. En la Comisión, aportan una mayoría absoluta de los Comisarios además del Presidente de la Comisión. El Partido Popular Europeo es el mayor grupo político en esta Cámara, pero, oyéndole hablar a usted, da la impresión de que no han tenido nada que ver en absoluto con el raquítico desarrollo social de Europa. Europa está gobernada por la derecha y está siendo conducida en la dirección equivocada, y eso hay que corregirlo en las elecciones europeas.

(Aplausos)

Tendrá usted una buena oportunidad de enderezar nuestro rumbo cuando llegue el momento de poner en práctica las medidas que ha esbozado. El modelo social europeo es una de nuestras prioridades, ha dicho usted. Para nuestro grupo, no hay duda de que lo es. ¿Cuáles son las cosas que hacen que los ciudadanos de la Unión Europea se sientan seriamente amenazados? Los mercados financieros incontrolados. Los fondos de inversión libre y sociedades de inversión privada incontrolados que compran una u otra empresa, seleccionan sus mejores activos y echan a sus empleados a la calle, simplemente para aumentar al máximo las ganancias de los inversionistas.

Mi honorable colega Paul Nyrup Rasmussen nos ha presentado un informe muy bueno. Necesitamos una votación por mayoría calificada en este asunto, a fin de que la Comisión pueda adoptar una iniciativa para la reglamentación de los fondos de inversión libre y las sociedades de inversión privada. ¿Quién se niega a apoyar esta moción? Ustedes, el Partido Popular Europeo, cuyos representantes en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios están en contra.

Ésta es la razón por la que tenemos que explicar muy claramente que la lucha por el modelo social europeo es también la lucha por una filosofía básica. El señor Bertrand atribuye acertadamente el éxito de la Unión Europea al hecho de haber unido el progreso económico al progreso social. Ésa fue siempre la filosofía subyacente en Europa; también para los cristianodemócratas, por cierto. Durante décadas, éstas fueron las dos caras de una misma moneda, hasta que la corriente neoliberal predominante empezó a decirnos, a principios de la década de los noventa, que unos salarios más bajos, más horas de trabajo y menos participación en la gestión de las empresas eran la receta básica para un crecimiento económico más rápido. Durante décadas, desde luego, ha habido personas —y siguen teniendo una presencia numerosa hoy, incluso dentro de la Comisión— que dan más importancia a las carreras de caballos que al modelo social europeo, pero que aquí son responsables del mercado interior y nos han estado diciendo, y siguen diciéndonos —el mejor ejemplo es el señor Trichet, que lo hace en cada conferencia de prensa—, que los salarios en Europa son demasiado altos. Quizá lo sean en el caso de los miembros del consejo de administración del Banco Central Europeo, pero no para los trabajadores corrientes en Europa.

Por consiguiente, tendremos que asegurarnos de que se produzca un cambio general de dirección política, un cambio de dirección que de verdad vuelva a poner el modelo social europeo donde usted desea, señor Bertrand, para que cada avance económico logrado por la Unión Europea tenga también una repercusión beneficiosa sobre las vidas de todos sus ciudadanos.

Tiene usted razón, desde luego, al decir que la UE sólo puede competir en el mundo, ya sea en Pekín o en Brisbane, si desarrollamos este mercado interior. Queremos hacerlo; queremos un mercado interior capaz de dar resultados. Queremos un continente europeo eficiente y competitivo. Pero lo queremos para crear riqueza que recaiga sobre todos, no solo sobre quienes invierten en los principales grupos empresariales, en las grandes sociedades anónimas y en los grandes bancos.

Mientras en Europa tengamos esta filosofía —que otorga premios europeos a las personas que se jactan, al presentar las cifras de resultados de sus empresas en las conferencias de prensa, de haber ganado miles de millones en toda Europa por los cuales no pagan impuestos en Europa, porque sus ganancias son europeas y no nacionales y por consiguiente están exentas de tributación nacional— y mientras sigamos dejando a decenas de miles de personas sin trabajo para perpetuar este estado de cosas y mantener las ganancias de nuestros accionistas, mientras esto siga siendo la realidad del modelo social europeo, podemos hablar aquí tanto como queramos, pero los ciudadanos nunca se identificarán con esta Europa.

Deseamos, no obstante, consolidar el ideal europeo y promover la causa de la integración. Por esta razón, permítanme recordar a la Cámara que un modelo social europeo se juzga por sus frutos. Lo mismo es aplicable a usted, señor Bertrand, en el Consejo, y a usted, señor Daul, aquí en Parlamento.

 
  
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  Graham Watson, en nombre del Grupo ALDE. Señor Presidente, este paquete social es un buen paso adelante en la construcción de una Comunidad Europea que se interesa por sus ciudadanos.

Las personas que votan en contra de la Constitución europea y del Tratado de Lisboa envían un mensaje claro. El mensaje es que no darán nuevos poderes a la Unión Europea sólo porque los queramos. Nuestros ciudadanos quieren saber qué clase de Unión Europea estamos construyendo.

Este paquete es amplio y polémico, y debemos asegurarnos de que la gente conozca los beneficios que aportará a sus vidas.

Hay mucho que elogiar, como dice el Comisario Špidla, en la Directiva sobre los comités de empresa europeos y, desde luego, en la propuesta sobre los derechos de los pacientes en la atención sanitaria transfronteriza, por la que tanto ha luchado mi grupo.

Pero hoy quiero concentrarme en dos medidas específicas de este paquete. En primer lugar, la revisión del Fondo de Adaptación a la Globalización, que ayuda a encontrar empleo a las personas que lo han perdido. Actualmente, para que una empresa pueda presentar una solicitud tienen que verse amenazados mil puestos. Los liberales y los demócratas celebran la propuesta de bajar este umbral y simplificar los procedimientos de reclamación, no porque la Unión Europea deba planificar el trabajo para Europa —función que el mercado interior desempeña mejor— ni en la creencia de que la UE deba proporcionar prestaciones por desempleo, algo que compete a los Estados miembros. Más bien, celebramos esta propuesta porque se basa en un principio liberal sólido: que el empleo es la mejor fuente de seguridad social.

Con un crecimiento que se está paralizando y algunos Estados miembros ya en recesión, esta política ayudará a evitar una espiral de pérdidas repentinas de puestos trabajo que crean dependencia del estado de bienestar.

En segundo lugar, la Directiva contra la discriminación: mi grupo ha luchado por ella desde el inicio de este mandato de la Comisión.

La definición de discriminación abarcará ahora el espectro principal de las minorías —personas mayores, personas homosexuales, personas con discapacidad, personas de cualquier religión o de ninguna— y será aplicable a clientes y consumidores, así como a empleados.

También ésta es una medida liberal que ofrecerá beneficios prácticos, del tipo de los que produce el saber que uno puede hacer su trabajo y vivir su vida sin la tiranía de los prejuicios.

La propuesta de directiva debe ir más lejos. Sigue habiendo lagunas, sigue habiendo oportunidades para que aparezca la discriminación. Por ejemplo, señor Comisario, ¿por qué es correcto ilegalizar la discriminación en el lugar de trabajo, pero permitir que los Estados miembros utilicen libros de texto discriminatorios en las aulas?

No obstante, Europa está derribando las barreras de la discriminación, pieza a pieza.

Mi grupo aplaude el compromiso de la Comisión y del Consejo de promover este proceso, del mismo modo que insistimos en la plena participación de esta Cámara en la formulación de las medidas que lo completan.

En febrero, el señor Barroso nos trajo un importante paquete de medidas de lucha contra el cambio climático. Hoy, las propuestas de la Comisión sobre política social demuestran a sus detractores que Europa se interesa por la cohesión de la Comunidad, y que las políticas económicas liberales no tienen por qué ser una amenaza a las políticas progresistas para un entorno saludable y una sociedad basada en la solidaridad.

El señor Schulz se lamenta del predominio de los gobiernos de centro-derecha en la Unión Europea, pero vivimos en una democracia y los gobiernos los eligen sus ciudadanos. Está claro que lo que ofrecen los socialistas no les convence.

 
  
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  Jan Tadeusz Masiel, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, el Grupo de la Unión por la Europa de las Naciones acoge con gran satisfacción el nuevo paquete social de la Unión Europea. La dimensión social es lo que distingue a Europa de otras potencias del mundo, como los Estados Unidos o China. En Occidente, la Europa del siglo XX se construyó en gran medida sobre los valores sociales. Proporcionó un modelo social valioso a los nuevos Estados miembros en su adhesión a la Unión Europea en 2004 y 2007, ya que en muchos de ellos, tras la recuperación de la independencia política y económica a finales de la década de los ochenta, el capitalismo procuró afianzarse en su peor forma, violando los derechos de los trabajadores y no mostrando ningún respeto hacia la dignidad humana.

En el siglo XXI todos tenemos que enfrentarnos a la globalización, que puede ser una oportunidad pero también una amenaza para la humanidad. Bruselas, por consiguiente, debe enviar señales claras a los Estados miembros, alentándolos a preservar y a seguir desarrollando las ventajas sociales que redundan en favor de los intereses de todos los ciudadanos de la Unión Europea.

 
  
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  Jean Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente, celebro mucho lo que ha dicho el Ministro esta mañana y espero que el Consejo se haga eco de buena parte de ello, aunque la evidencia de la que disponemos no nos anima a confiar en ello.

Muchos de nosotros seguimos viendo interrogantes sobrevolando nuestra protección del aspecto social ante el dominio del mercado. En este paquete se nos invita a considerar la repercusión de los recientes fallos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Bien, muchos de nosotros efectivamente los hemos considerado y los consideramos muy preocupantes, cuando constantemente se nos pide que justifiquemos las medidas en función de que no perturben los mercados y no en función de que ofrezcan alta calidad de servicios y calidad de derechos de los trabajadores, etc. Esto se pone de manifiesto en el paquete social, en el que ahora vemos que se reconoce el hecho de que existe pobreza entre las personas que están trabajando, y que seguimos observando una brecha creciente entre ricos y pobres. Si bien celebramos los juicios acerca de cómo abordar la pobreza, expresados en el paquete de la Comisión, lo que realmente estamos buscando son medidas concretas.

Evidentemente, recibimos con satisfacción la directiva horizontal sobre las igualdades. Eso es algo por lo que hemos abogado en todo este Parlamento. Es importante por todo tipo de razones, y no es la menor de ellas el que ahora ofrezca realmente la posibilidad de una participación plena en la sociedad.

También celebramos muchas de las propuestas sobre los romaníes. Aplaudimos el compromiso de la Comisión y queremos ver a todos los Estados miembros responder positivamente, en lugar de atrincherarse en los prejuicios y en la intolerancia. La formación en igualdad de oportunidades es una parte importante del programa de aptitudes, especialmente para quienes imparten la política en las áreas pertinentes.

Celebramos la existencia, al menos, de las propuestas sobre los comités de empresa europeos, aunque tenemos varios aspectos que criticar de su contenido. En cuanto al aspecto del paquete relativo a la movilidad, ahora también necesitamos analizar los efectos de la movilidad desde el punto de vista social: ¿qué le pasa a la gente, especialmente a los económicamente inactivos que se desplazan y se encuentran excluidos de los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros? ¿Qué le pasa a la gente cuando envejece después de haberse trasladado a otros Estados miembros, y qué les depara el futuro?

También acogemos con satisfacción la propuesta sobre «nuevas cualificaciones para nuevos empleos» y confiamos en que realmente se vincule al programa de cambio climático, que también necesita estudiar nuevas cualificaciones en los trabajos existentes, porque la mayor parte de la fuerza laboral ha pasado ya la etapa de educación formal, lo que hace crucial el aprendizaje permanente. Debemos preguntar cómo vamos a impartir las cualificaciones que realmente necesitamos para hacer viables nuestros objetivos de cambio climático.

 
  
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  Gabriele Zimmer, en nombre del Grupo GUE/NGL. (DE) Señor Presidente, tengo en mente tres puntos del presente debate. El primero es el deseo expresado por el Ministro del Interior, señor Bertrand, de hacer de 2008 el año del relanzamiento del modelo social europeo. Luego tenemos las palabras pronunciadas por el Comisario Špidla, que ha dicho que el paquete social satisface las expectativas públicas dentro de la Unión Europea. Y por último está su afirmación, señor Schulz, de que Europa está gobernada por la derecha.

Creo que las tres afirmaciones requieren un análisis crítico. En primer lugar, ¿cómo puede el representante de la Presidencia francesa declarar el objetivo de hacer del 2008 el año de la reaparición del modelo social cuando el Gobierno francés se ha negado incluso a referirse a la política social como una prioridad de su Presidencia? En mi opinión, el paquete social está lejos de satisfacer las expectativas de la gente, porque sencillamente no hace nada en absoluto para salvar las diferencias sociales en Europa y ni siquiera toma medida alguna para detener el aumento de estas diferencias, para congelar la situación tal como está ahora. El proceso continuará a pesar del paquete social.

Por último, señor Schulz, será un placer darle a probar su propia medicina. Fue en la década de los noventa, con gobiernos socialistas en el poder, cuando arraigó este desarrollo. Esperábamos que dijera que, después de Lisboa, habrá un nuevo concepto en 2010, una nueva estrategia que se dedicará con ahínco a proteger el modelo social europeo y que reordenará una vez más nuestras prioridades.

En cuanto al paquete social propiamente dicho, no está a la altura de las expectativas. Ya va siendo hora de que rompamos con una situación en la que la disminución del número de puestos de trabajo adecuados va acompañada de un número creciente de trabajos que no sirven para que la gente se gane su sustento. Debemos dejar de usar las meras cifras de puestos de trabajo como criterio de la Unión Europea y centrarnos en los trabajos que pagan un salario decente.

Este paquete social no contiene ningún anuncio de la inclusión, donde sea necesario, de una cláusula de progreso social en todos los tratados europeos. Ni existe tampoco ninguna respuesta a la pregunta de si quienes desempeñan un papel importante en la defensa de los derechos sociales dentro de la Unión Europea van a recibir más instrumentos y más poderes en la Directiva sobre los comités de empresa europeos. La propuesta invoca solamente el statu quo y mantiene la presente línea sin novedades.

Rechazamos este paquete ya que se trata de un enfoque excesivamente abstracto y mal encaminado. En sus contribuciones posteriores a este debate, los miembros de mi grupo formularán observaciones sobre los componentes individuales de la propuesta.

 
  
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  Derek Roland Clark, en nombre del Grupo IND/DEM. – Señor Presidente, el Tratado de Lisboa ha sido rechazado por el legítimo referéndum irlandés, y por esta razón usted necesita un gran programa para desviar la atención. De ahí este nuevo paquete. Bueno, en realidad no es nuevo. Es un refrito de propuestas anteriores. Pero es grande. Tiene legislación de la UE, diálogo social, cooperación, financiación, asociación, diálogo, comunicación... y esto es solo una página.

Permítame centrarme en la financiación. Una economía próspera proporcionará los fondos, pero ustedes se han empantanado a sí mismos con el euro, en el que el tipo de interés del BCE está tratando de abarcar economías tan diversas. La misma talla vale para todos, dicen algunos. En realidad es una talla que no vale para nadie.

En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra no logra acertar para todas nuestras regiones. De hecho, los periódicos del fin de semana comentaban que la diferencia económica entre el norte y el sur en el Reino Unido es ahora mayor que nunca.

La UE es proteccionista. Ustedes tienen miedo a la globalización. No luchen contra ella. No la combatan. Únanse a ella. Incorpórense al mercado mundial de una población cada vez mayor. Promuevan la empresa reduciendo la burocracia. Pongan fin a la corriente interminable de directivas y reglamentos que sólo obstaculizan los negocios. Acepten al resto del mundo en términos de igualdad y la economía europea crecerá, trayendo consigo el mayor paquete social de todos: más y mejores puestos de trabajo.

En conclusión, uno observa que corresponde a la Presidencia francesa impulsar esta iniciativa, pero ¿lo hará? Según el EurActiv de 3 de julio, la Comisión y la Presidencia francesa han declarado que la política social es una prioridad en 2008. Pero si leemos el Deutsche Welle de 2 de julio, el Presidente francés Nicolas Sarkozy ha dejado claro que la política social no tendrá máxima prioridad. El lugar central lo ocuparán temas tales como la inmigración, el cambio climático y la energía.

Así pues, ¿qué afirmación hay que creer? Por mi parte, pienso que los franceses harán lo de siempre y cuidarán de sí mismos. Por eso los felicito. Ojalá mi gobierno hiciera lo mismo.

 
  
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  Carl Lang (NI). - (FR) Señor Presidente, señor Ministro, Señorías, es normal en esta Cámara que nos enrollemos hablando de la política social. Lamentablemente el modelo social europeo ya no es más que un mito, porque la realidad social en nuestro país, Francia, y concretamente en mi propia región, Nord-Pas-de-Calais, es que tenemos un estado de regresión social, de desesperación, de precariedad social, de desempleo masivo y de alarmante, por su magnitud, falta de natalidad.

Nuestro pensamiento todavía se basa en el modelo social de los años sesenta, es decir, un modelo que parte del supuesto del pleno empleo y una fuerza laboral grande. Pero durante los últimos treinta años hemos tenido desempleo masivo y una tasa de natalidad en rápido descenso, que nos ha llevado del baby boom a un boom de ancianos y ha sumergido en la crisis la financiación de nuestras pensiones.

Debemos dejar de pensar que tenemos que defender el modelo social europeo a toda costa, y prepararnos para reorganizarlo. Nuestro análisis económico e histórico sugiere que esto hay que hacerlo de dos maneras: primero, necesitamos una política familiar que haga subir el índice de natalidad, ya que de lo contrario no podremos financiar nuestros regímenes de pensiones en los próximos decenios y, en segundo lugar, necesitamos una política para reactivar el mercado único y lograr que la gente vuelva a trabajar.

Para reactivar el mercado único de la UE debemos reindustrializar y, lamentablemente, si persistimos en nuestra fe casi religiosa en el libre comercio y el liberalismo incontrolado, no podremos hacer lo necesario para que nuestras empresas sean competitivas en nuestro propio mercado nacional.

Por estas razones, nuestros esfuerzos futuros y nuestro objetivo de mejorar las condiciones sociales deben tener sus raíces en esta idea de preferencia nacional y comunitaria y de protección nacional y comunitaria.

 
  
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  Thomas Mann (PPE-DE). - (DE) Señor Presidente, la Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo ha contribuido a la creación de más y mejores puestos de trabajo, un éxito que está siendo cuestionado por aquéllos a quienes cuesta aceptar esta Europa del cambio, la contratación externa, la racionalización y las absorciones. Nadie, a quien constantemente se haga sentir prescindible a nivel personal, puede empezar a identificarse con el auge de la exportación de la economía europea. Necesitamos una estrategia social nueva y coherente como una de las formas de contrarrestar esta sensación de inseguridad. Pero el paquete presentado es tan exhaustivo que es imposible aplicarlo para 2009. Esto resta credibilidad a lo que, esencialmente, es un planteamiento encomiable.

Señor Comisario Špidla, nuestro objetivo no puede ser actuar por actuar. Todo esto tiene que ver con la sostenibilidad. Ni tampoco puede ser nuestro objetivo el electoralismo descarado en el que el señor Schulz se ha estado regodeando, pero veo que ya ha abandonado la Cámara. Compartimos la responsabilidad de conseguir que no se margine a las personas y que éstas no se retiren a sociedades paralelas o a un mundo ficticio. Este esfuerzo empieza en las escuelas, donde se debe reducir drásticamente el número alarmante de estudiantes que no completan sus estudios, a fin de evitar que siga aumentando la brecha entre las personas que tienen calificaciones y las que no las tienen. Para ello necesitamos lecciones motivadoras. Los talentos y las aptitudes se tienen que alimentar desde una edad temprana, algo que siempre supone una inversión rentable. Nuestra estrategia de aprendizaje permanente proporcionará luego el valor añadido europeo, la creación de riqueza generalizada que el señor Schulz encontraba a faltar. Como lo harán nuestros programas educativos —Sócrates, Leonardo y Erasmus— que deben adaptarse urgentemente al mundo del trabajo. Con este fin, debemos conseguir colaborar con las PYME. Las pequeñas y medianas empresas proporcionan el mayor número de puestos de trabajo y ofrecen plazas de formación. Pero también tienen que esforzarse por no dejar de invertir en educación y formación permanente, ya que de otro modo nuestras innovaciones se agotarán.

Hay un recurso que se sigue descuidando de manera criminal, a saber, el de los empleados de edad avanzada. Ya es hora de que su abundante experiencia, creatividad y resistencia se pongan al servicio de nuestra economía. Siguen estando a la deriva en la parte más baja de la liga demográfica de empleo.

Por último, debe fortalecerse la cohesión de nuestra sociedad. En la Directiva sobre los comités de empresa europeos, por ejemplo, necesitamos una fórmula de compromiso sostenible entre empresarios y empleados. En la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales haremos lo que podamos para contribuir a lograr este objetivo. También necesitamos un equilibrio interregional, y por eso proporcionamos el Fondo Social Europeo, el Fondo Regional y el Fondo de Globalización. Hay una cuestión, no obstante, que seguimos considerando extremadamente crítica: la no discriminación. En el Grupo del PPE rechazamos la directiva horizontal. Agudizaría la incertidumbre jurídica existente y reduciría aún más el ámbito de acción creativa nacional. Para que la agenda social tenga éxito en su totalidad, la principal responsabilidad debe quedar en manos de los Estados miembros. Es más eficiente coordinarse y comunicarse a escala nacional, regional y local, y es hora de empezar a adoptar las mejores prácticas en lugar de limitarse a observarlas o analizarlas. Entonces habría buenas probabilidades de lograr el cambio social y económico que deseamos y necesitamos y de dar vida al modelo social europeo.

 
  
  

PRESIDE: Manuel António DOS SANTOS
Vicepresidente

 
  
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  Harlem Désir (PSE). - (FR) Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, esta nueva agenda social llega tarde y es una respuesta endeble a la situación precaria, a las desigualdades y a los efectos de la recesión que actualmente azotan a la fuerza laboral y a muchos de nuestros conciudadanos en Europa.

Con más de 70 millones de personas sumidas en la pobreza —incluso en aquellos sitios en los que los niveles de desempleo están bajando—, con condiciones de vida y de trabajo precarias y el crecimiento de formas atípicas de empleo, realmente necesitamos una base social sólida, una Europa que nos proteja. Éste es uno de los focos de atención de la Presidencia francesa de la UE. Y como ha dicho usted, señor Ministro, 2008 tenía que haber sido el año del retorno, el año de la reactivación de la Europa social. Lamentablemente, su Gobierno no hizo de la dimensión social una de las cuatro prioridades de su Presidencia. A medida que nos acercamos al final del mandato de la Comisión Europea, tenemos propuestas, algunas de las cuales, hay que decirlo, por fin reflejan cosas que el Parlamento Europeo y nuestro Grupo en particular han pedido: una verdadera directiva contra la discriminación en todos los ámbitos, no sólo en el de la discapacidad; por fin, después de tanto tiempo, surgen iniciativas para reforzar y revisar la directiva sobre los comités de empresa europeos, así como medidas para garantizar que en los Estados miembros se defiendan adecuadamente nuestros principios y leyes de igualdad de remuneración para hombres y mujeres.

¡Pero observen las deficiencias, las lagunas de esta nueva agenda social! Nombraré dos de ellas en particular. Una es la respuesta a sentencias recientes del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los asuntos Laval, Rüffert y Viking, que debilitan nuestra resistencia al dumping social en la Unión Europea. Creemos que lo que se asegura en la comunicación de la Comisión —en el sentido de que la Comisión proporcionará claridad jurídica y directrices de interpretación sobre esta Directiva— no es suficiente. Hay que prestar la debida atención al hecho —y hemos celebrado audiencias Parlamentarias organizadas por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales— de que la Directiva es intrínsecamente deficiente y que el Derecho de la Unión, al revisar la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores, debe dejar claro que las libertades económicas de la Unión, la libertad de establecimiento, no pueden ser un obstáculo para los derechos fundamentales de los trabajadores, el derecho a la negociación colectiva, los derechos salariales, el derecho a la huelga en defensa de sus intereses, si es necesario.

De modo que queremos que se incluya en la agenda la revisión de esta directiva y queremos una cláusula de salvaguardia social que garantice que en el futuro no se podrá aplicar ninguna directiva, ninguna política de la Unión, ningún principio del Tratado en detrimento de los derechos de los trabajadores; para que cuando un país tenga un mayor nivel de derechos de los trabajadores que otro, este mayor nivel nunca se pueda volver a rebajar invocando el principio del país de origen, como sucedió con la primera versión de la directiva relativa a los servicios, la Directiva Bolkestein.

En segundo lugar, el señor Bertrand nos dice que los servicios sociales de interés general, las operaciones de interés general, se deben fomentar por la salud de nuestro modelo social. Pero no hemos tenido ninguna propuesta de directiva relativa a los servicios de interés general económico. No podemos proteger adecuadamente los servicios sociales de interés general y aplicar el artículo 14 del Tratado de Lisboa —que proporciona la base legal para encargar y financiar tales servicios— a menos que el Consejo presente una solicitud a la Comisión y a menos que la Comisión use su derecho de iniciativa para que por fin podamos hablar de un marco jurídico capaz de proteger las operaciones de los servicios públicos, garantizar la independencia de las autoridades locales en los servicios locales que prestan y ofrecernos la seguridad de que los futuros fallos del Tribunal de Justicia no supondrán una amenaza para esta característica fundamental del modelo social europeo, a fin de que los ciudadanos sientan, no que Europa trabaja contra su modelo social —como ha dicho el señor Schulz—, sino, por el contrario, que la Comisión y las demás instituciones europeas trabajan por protegerlo.

 
  
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  Bernard Lehideux (ALDE) . (FR) Señor Presidente, quizá la Comisión haya realizado un hábil ejercicio de relaciones públicas con su presentación —en forma de «paquete»— de unos textos que son de naturaleza y calidad muy diferentes, pero en último término ha ejercido su derecho de iniciativa sobre asuntos de gran importancia. Se está moviendo en la dirección correcta y deberíamos aplaudirlo.

De modo que la pelota vuelve a estar en nuestro tejado y sobre todo, quizás, en el del Consejo. Todo el mundo sabe que el Parlamento será muy firme y procurará producir textos innovadores que reflejen las necesidades de los ciudadanos europeos. ¿Se podrá decir lo mismo del Consejo? Cabe dudarlo, como sabemos. Espero que le escuchen, señor Ministro.

Las declaraciones grandilocuentes que sólo producen textos ambiguos y no vinculantes socavan seriamente la credibilidad del trabajo que hacemos. Veamos tres ejemplos entre muchos.

Llevo mucho tiempo formando parte de los que piden una directiva general contra todas las formas de discriminación. Para eso debemos tomar como base el informe Lynne de mayo de 2008, que es mucho más ambicioso que la propuesta de la Comisión.

Segundo ejemplo: los comités de empresa. Nos aseguraremos de que el texto aclare sus poderes y responsabilidades internacionales. La consulta a los interlocutores sociales es cada vez más crucial en el caso de las operaciones de reestructuración por parte de empresas que operan en más de un país de la UE. Nos aseguraremos de que se consulte a la fuerza laboral con anterioridad a cualquier reestructuración y que los comités de empresa puedan aportar sus opiniones sobre asuntos que a menudo son sumamente técnicos.

Tercer ejemplo: los servicios sociales de interés general. Aquí hemos perdido demasiado tiempo. En este campo, los operadores están confusos. Existe una enorme inseguridad jurídica que daña la calidad de unos servicios que son esenciales para la cohesión en nuestras sociedades. Y aquí estamos, a punto de malgastar otro año. Es irresponsable.

Para mí esto es una prueba de que el trabajo de la Comisión, que parece abarcar una amplia gama de áreas de actividad, no es lo suficientemente bueno, porque desatiende conscientemente ciertos puntos esenciales.

Concluiré insistiendo en que el paquete social debe ser sólo un paso en el camino. Estoy convencido de que el método abierto de coordinación ha llegado a su límite en algunas áreas. Debemos decidirnos a buscar una mayor cooperación, pero también una mayor armonización, siempre que sea posible.

 
  
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  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Señor Presidente, el representante del Consejo ha pedido una Europa más social. Quisiera responder al señor Ministro pidiendo más sentido común. Esto sería mejor. La Unión Europea, desde luego, puede proponer muchas cosas, pero hay que recalcar que la política social es un área en la que los Estados miembros tienen poderes soberanos de decisión. En resumen, lo que necesitamos es menos retórica y más actuaciones concretas.

La Unión Europea propone hasta 19 iniciativas interesantes, de las cuales sólo tres son propuestas legislativas. Hoy no se va a debatir lo que quizás sea la propuesta más importante, la relativa a la asistencia sanitaria transfronteriza. Esto es muy lamentable, y es una lástima que el debate tenga que esperar hasta que el Ministro de Sanidad francés comparezca en nuestra sesión. En conclusión, hay que recalcar que los Estados miembros de la UE asignan hasta el 27 % de su PIB a la política social, frente al 15 % de los Estados Unidos. La pregunta es si el dinero se gasta bien.

 
  
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  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). - (DE) Señor Presidente, señor Comisario, señor Ministro, Señorías, al parecer ha sido necesario el voto del «no» en Irlanda, la victoria de los adversarios de una Europa comunitaria, para sacar a la Comisión de su letargo. El hecho es que la Comisión, con su política neoliberal, lleva tiempo distanciándose de los intereses de los ciudadanos de la Unión. La exigencia de una Europa más socialmente responsable lleva mucho tiempo en la agenda.

Es realmente embarazoso ver cómo las omisiones de los años anteriores se acumulan por fin sobre la mesa al final de este mandato. También considero que hay que tener cara para vendernos todo esto bajo el fantasioso título de una nueva agenda social. Los temas a debate en julio deberían haberse tratado hace tiempo. Cuando examinamos su sustancia, parece como si, después de todo, la Comisión todavía no hubiera aprendido la lección. Salvo dos excepciones, las propuestas de hoy no dicen nada de solidaridad, igualdad de oportunidades, equilibrio social ni participación del público. Al contrario, son en gran parte otro producto de una actitud neoliberal básica.

La Comisión pide más movilidad de la mano de obra. Al mismo tiempo, busca unos fallos de los tribunales que reducirían la protección de los trabajadores desplazados. Como consideración a posteriori, dice que resolveremos el problema en un foro. Pero los trabajadores necesitan protección, no un foro. ¿Realmente cree que ayudará a las personas que a diario se ven privadas de su salario diciéndoles que se esperen hasta que usted haya tratado sus problemas en un foro? Es más, señor Comisario, la Directiva modificada sobre los comités de empresa, que lleva nueve años de retraso, no cumple sus promesas. El Parlamento tendrá que introducir numerosas mejoras en este proyecto. Por ejemplo, no hay absolutamente ninguna disposición para mecanismos sancionadores.

Pero pasemos al tema de la solidaridad. La Directiva de Salud hace caso omiso de las críticas al abrir las puertas a más servicios sanitarios orientados al mercado, socavando con ello el principio de solidaridad en los sistemas de bienestar de los Estados miembros. Pone en peligro la solidaridad en lugar de reforzarla. Hay algunos componentes de este paquete que reflejan verdaderamente el deseo de una política social europea progresista por parte de la ciudadanía. Uno que me gustaría destacar es la nueva directiva contra la discriminación fuera del lugar de trabajo. Este instrumento, no obstante, se anunció por primera vez en 2004, y la única razón de que la Comisión por fin lo haya presentado es la presión parlamentaria. Está claro que una mayoría del Parlamento apoyará también esta directiva. Pero también necesitará ser mejorada en muchos puntos, especialmente en lo que se refiere a los derechos de las personas con discapacidad.

En general, el nombre «paquete social» es una simple falacia. En mi opinión, el historial de la Comisión en política social es penoso.

 
  
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  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) . – Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, en los últimos años su política, el fundamentalismo del mercado, ha aumentado peligrosamente las desigualdades y ha erosionado el estado del bienestar.

El paquete que nos ha presentado con bellas palabras no es más que fachada. De las 19 propuestas, sólo 3 son de naturaleza legislativa, y una de ellas —la propuesta de servicios sanitarios transfronterizos— introduce solapadamente la directiva Bolkestein, puesto que adopta una postura neoliberal.

Mientras usted pronuncia estas bellas palabras en la presentación de esta fachada, el gobierno de Sarkozy desempeña un papel clave en el Consejo aprobando una directiva deplorable relativa a la ordenación del tiempo de trabajo. Esto constituye una regresión social grave.

En lugar de intentar crear una buena impresión con sus bellas palabras (mientras no pierde de vista las elecciones europeas, que no pintan bien tras el voto negativo de los irlandeses), haría mejor en proponer medidas específicas y asignar ingresos del presupuesto comunitario.

También tengo unas palabras para el señor Schulz, si me escucha. Es cierto que los gobiernos de derechas han contribuido mucho a la demolición del modelo social europeo. En varios países, señor Schulz, como en el suyo —Alemania— o en los Países Bajos o Austria, se han unido a los socialdemócratas para destruir el modelo social europeo.

 
  
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  Hanne Dahl (IND/DEM).(DA) Señor Presidente, hoy quisiera emplear mi tiempo de uso de la palabra para centrarme en la agenda de la política sanitaria. La propuesta actual de la Directiva relativa a los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza se ha mejorado significativamente en relación con la propuesta original. Sin embargo, lamentablemente, no se ha hecho ningún cambio en relación con los motivos fundamentales de todos los asuntos que quedan dentro del mercado interior. La consideración por el libre mercado siempre gana a la consideración por las personas.

Ni que decir tiene que todos queremos poder recibir el mejor tratamiento lo antes posible si nos ponemos gravemente enfermos. Desafortunadamente, la directiva no garantiza en modo alguno que esto vaya a ser así. Garantiza que los pacientes más adinerados de los países más ricos de la UE recibirán el mejor tratamiento posible. Esto quiere decir que existe un gran riesgo de que los pacientes se dividan en un grupo A y un grupo B. Los pacientes con más recursos tendrán la oportunidad de procurarse el mejor tratamiento en otros países, mientras que los que carecen de fondos o de poder no tendrán esta posibilidad.

La directiva garantiza el derecho a tratamiento en otro país a expensas de ese mismo tratamiento en el país de origen del paciente. Esto también crea el riesgo de tener países A y países B. Naturalmente, el coste de un mismo tratamiento variará de un país a otro. La directiva actual permite que las condiciones del mercado determinen el resultado, pero éste es un enfoque de alto riesgo. Cuando el mercado reaccione, los perdedores siempre serán los que no pueden hacer frente a las condiciones predominantes del mercado.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI). - (DE) Señor Presidente, en mi opinión, hace mucho tiempo que se debería haber dado una respuesta europea a las constantes oleadas de subidas de precios y a la creciente pobreza, y es realmente gratificante que el nuevo proyecto de paquete social para toda la UE dé un paso en la buena dirección. Hay que aplaudir, por ejemplo, la intención de facilitar el acceso a la atención sanitaria en otros países europeos. Actualmente, en la práctica, los turistas, por ejemplo, son explotados descaradamente con excesiva frecuencia, al recibir minutas de médicos que sólo les son reembolsadas en parte, si acaso, cuando vuelven a casa. Por otra parte, los diferentes Estados miembros se deben millones de euros unos a otros; en esos casos, no basta con meras declaraciones de intención.

Ni basta con pregonar las bondades de causas tales como un mejor equilibrio entre la vida familiar y laboral. Para que haya más personas que puedan permitirse el lujo de tener hijos, es esencial actuar contra el dumping salarial y el dumping social, una tarea que, es triste decirlo, está siendo descuidada en gran medida. Es una farsa que la UE decrete, por un lado, que los contratos públicos deben sacarse a licitación pública y que la cláusula que exige a los adjudicatarios pagar al menos el salario mínimo legal sea revocada luego por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por motivos de incompatibilidad con las directivas sobre servicios en el mercado interior y sobre desplazamiento de trabajadores. En esto, a la UE se le ha visto el plumero como comunidad puramente económica que embauca a los socialmente desfavorecidos con cacahuetes y palabras vanas.

Los eslóganes vacíos ya no pueden apaciguar a los ciudadanos de la UE, ni pueden mitigar los efectos de una tasa de natalidad declinante y una pobreza creciente. Podrá decir lo que quiera sobre el papel, pero es indudable que la gente está cansada de promesas vacías.

 
  
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  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). - Señor Presidente, permítame comenzar por dar las gracias a Martin Schulz por recordar a todos que el centro-derecha es el mayor grupo en este Parlamento, que el centro-derecha tiene el mayor número de Comisarios y que, efectivamente, el centro-derecha tiene el mayor número de gobiernos en los Estados miembros de la UE. Quisiera recordarle, a mi vez, que existe una razón para ello: esto es lo que los ciudadanos han decidido. Los ciudadanos han decidido esto porque han reconocido el abismo creciente entre la retórica de la izquierda y la realidad, y lo han rechazado. También quiero recordarle, como buen demócrata, que los ciudadanos, desde luego, siempre tienen razón.

Pasando al paquete social en general, en nuestro lado acogemos con satisfacción las juiciosas observaciones del Comisario y su iniciativa con respecto a la Agenda Social revisada, en particular el tema que nos recuerda a todos que la UE tiene que ver con las personas, con dar a las personas más y mejores oportunidades y en particular equiparlas y capacitarlas para hacer frente al reto del cambio.

Quisiera sólo recoger muy brevemente tres puntos de la excelente intervención de mi colega, Joseph Daul. Uno es el importante papel aquí de los Estados miembros, de la subsidiariedad. Muchos Estados miembros tienen diferentes enfoques, pero todos ellos deben cobrar ánimo ante los temas y la dirección que ha descrito.

El segundo punto es acerca de la importancia de los puestos de trabajo. Harlem Désir ha hablado muy acertadamente de los derechos de los trabajadores. Respetamos la importancia de los derechos de los trabajadores, pero mi grupo político también destacaría los derechos de los no trabajadores, las personas que actualmente no tienen trabajo, que se han visto expulsados del mercado laboral por la razón que sea y que quieren tener un trabajo. Son cada vez más importantes, especialmente en estos tiempos difíciles de crisis mundial de los créditos en los que el desempleo probablemente empeorará antes de mejorar. Así que tenemos que asegurarnos de que todo lo que hagamos ayude a crear puestos de trabajo y ayude a un mayor número de personas a lograrlos.

El tercer punto se refiere a las pequeñas y medianas empresas (PYME), que también menciona. En el Financial Times se mencionaba el acuerdo celebrado en el Reino Unido en relación con los trabajadores temporales, y las PYME decían que ni siquiera se les había consultado al respecto. La cuestión que yo plantearía no es específica del Reino Unido, sino que hay un problema real —y le digo esto al Comisario— de permitir a las PYME participar de verdad en el proceso de consulta, porque las PYME no sólo constituyen el mayor número de empresarios sino que también tienen el mayor número de empleados. Sabemos, por el problema de los referendos —para el Tratado de Lisboa, por ejemplo—, que si se intenta imponer algo desde arriba, la cosa no funciona: hay que conectar con las personas, y son más las personas que trabajan para las PYME.

Por último, en relación con los comités de empresa europeos —a los que se han referido tanto el Comisario como el Presidente en ejercicio y de los que soy ponente—, sin duda mi grupo político reconocerá la realidad de que ha habido un acuerdo satisfactorio de los interlocutores sociales. Personalmente, el acuerdo no me gusta mucho, pero celebro absolutamente el hecho de que haya un acuerdo y creo que en el Parlamento debemos tratar de aprovecharlo, como también trataremos de aprovechar el acuerdo relativo al tiempo de trabajo y a los trabajadores temporales; queremos actuar con rapidez, porque queremos generar progreso social real y no limitarnos a hacer discursos políticos ingeniosos con vistas a las próximas elecciones.

 
  
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  Magda Kósáné Kovács (PSE). - (HU) Gracias, señor Presidente. El anuncio preliminar del paquete social por parte de la Comisión ha llenado de esperanza a los partidos y ciudadanos socialdemócratas que se sienten responsables de resolver los problemas sociales. Las deudas acumuladas y la serie de preguntas que se acaban de hacer han dado una imagen casi sorprendente de lo poco que hemos progresado, a pesar de nuestros esfuerzos, y de la cantidad de problemas pendientes de resolver. Es un hecho que el crecimiento económico de los quince últimos años no ha cerrado la brecha entre ricos y pobres, sino que en realidad la ha ensanchado. Sin embargo, la rivalidad de la pobreza ha adoptado una nueva dimensión. Cada país tiene sus personas pobres, y la cantidad y calidad de la pobreza es diferente en los distintos Estados miembros, pero sabemos que duele igual. Por muchos que sean los documentos que se elaboren —de los dieciocho o así que se indican en la hoja de ruta social—, la identificación de los ciudadanos europeos con la Unión sólo se puede ver reforzada por lo que es específico y obvio y ofrece la oportunidad de progreso común en lugar de tensión recíproca entre pobrezas rivales.

Me complace que, tras muchas peticiones del Consejo y del Parlamento Europeo, la Comisión haya preparado una evaluación de la situación de los romaníes y de las prácticas con ellos relacionadas. Pero, lamentablemente, no describe el marco de una política a largo plazo en relación con ellos. Otra pregunta es si este documento hace lo suficiente para exhortar a actuaciones concretas, si ofrece la perspectiva de una valoración precisa o de los Estados miembros que no toman medidas y se desvían de la práctica deseada. Encuentro a faltar la resolución adecuada.

También nos complace la directiva antidiscriminatoria. El Parlamento y la Comisión estaban divididos acerca de tener que regular la prohibición de la discriminación en una directiva amplia y, de conformidad con el punto de vista social liberal, no logramos en último término clasificar los grupos que están discriminados. Podemos esperar que la directiva haga posible la protección integral de las personas y grupos que están amenazados de muchas maneras. Hay una gran necesidad de ello, ya que los instigadores del odio, los racistas y los que desean dar sólo a los que lo merecen también pueden encontrar adeptos entre los pobres del otro bando. Los votantes siempre tienen razón, pero el populismo los puede confundir. Gracias.

 
  
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  Gérard Deprez (ALDE) . (FR) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, como miembro y también presidente de la Comisión de Libertades Civiles, me limitaré a la propuesta de una directiva contra la discriminación.

En primer lugar, le felicitamos, señor Comisario, por conseguir por fin que la Comisión adopte una propuesta de directiva que pretende combatir la discriminación basada en la religión, las creencias, la discapacidad, la edad y la orientación sexual. Hasta hace poco teníamos miedo —como sabe, estábamos inquietos y no ocultamos nuestra inquietud— de que se pudieran limitar a una «minidirectiva» que sólo tratara la discriminación basada en la edad y en la discapacidad.

No le sorprenderá saber que me parece desafortunado, en un asunto tan fundamental como éste, que el Parlamento Europeo sólo vaya a ser «consultado», pero tengo la clara impresión de que la Presidencia está dispuesta a atender cualquier propuesta o sugerencia que pueda hacer el Parlamento Europeo. De modo que nos pondremos a trabajar de inmediato, señor Comisario, y, por lo que a mí respecta, puedo ver tres aspectos del texto que trataremos de mejorar.

En primer lugar, debemos ser más precisos en una serie de conceptos o en la demarcación entre algunos de ellos. Estoy pensando en el ámbito de las diferencias de tratamiento «objetivamente justificadas». No tengo ningún problema con ellas, obviamente, pero no se debe permitir que estas diferencias de tratamiento objetivamente justificadas se conviertan directa o indirectamente en discriminación. Eso puede suceder con gran facilidad.

En segundo lugar, la directiva no debe ser despojada de su sustancia por la inclusión precipitada de nociones tales como la seguridad pública o el orden público, como creo que está sucediendo actualmente en un gran país del sur de la Unión Europea, que permanecerá anónimo.

En tercer lugar, debemos esforzarnos más en la cuestión de las sanciones. Cuando usted, señor Comisario, escribe en el artículo 14 «los Estados miembros establecerán las reglas sobre las sanciones aplicables a los incumplimientos de las disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con esta directiva», esto no nos lleva muy lejos.

En resumen, confío en que esta directiva, que tantas expectativas suscita, no resulte ser en realidad una «minidirectiva» grande; grande en principios, pero muy pequeña en detalles.

 
  
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  Wojciech Roszkowski (UEN). - (PL) Señor Presidente, el crecimiento económico debe servir para mejorar la situación material de nuestras sociedades. Sin embargo, al dar prioridad a la comodidad y a la seguridad, podemos olvidarnos de que el modelo social de la economía significa, en la práctica, mayor burocracia. Si también olvidamos que el fundamento más seguro de la política social es el crecimiento económico, podemos perdernos en eslóganes que suenan bien pero que no tienen ninguna conexión con la realidad y que pueden, además, al igual que las disposiciones sobre no discriminación, infringir los principios de subsidiariedad y sentido común.

¿Cómo podemos romper el círculo vicioso? La nueva agenda social sólo es una respuesta parcial a este reto. Habla demasiado de los derechos y los privilegios y demasiado poco del hecho de que aquéllos no se pueden garantizar sin un esfuerzo bien organizado y responsabilidad de los efectos económicos en cada etapa. De cada uno según sus posibilidades, a cada uno según sus necesidades. Ésta es una utopía cuya consecuencia puede ser una escasez de bienes y servicios de calidad apropiada.

 
  
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  Tatjana Ždanoka (Verts/ALE). - Señor Presidente, recogiendo el testigo de mis colegas quisiera hablar sobre la lucha contra la discriminación. En primer lugar, quisiera agradecer a la Comisión su valentía por plantear un enfoque horizontal en el proyecto de directiva sobre la igualdad de trato fuera del lugar de trabajo. Debemos tener en cuenta que algunos Estados miembros siguen bloqueando la adopción de este documento necesario.

No obstante, hay espacio para que el Parlamento Europeo realice mejoras. No comprendo por qué hay una cláusula de autoexclusión para los particulares en relación con la prestación de bienes y servicios. La actual directiva sobre la igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico no incluye tal posibilidad de autoexclusión. Lamentablemente, la discriminación múltiple tampoco se aborda apropiadamente en este proyecto, por lo que espero que todos trabajemos más en esta directiva.

 
  
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  Jacky Hénin (GUE/NGL). - (FR) Señor Presidente, a sus 51 años de existencia, las instituciones de la UE están descubriendo ahora la dimensión social. El descubrimiento sólo es relativo, porque las inquietudes sociales brillan por su ausencia en las prioridades de la Presidencia francesa. Se trata de un descubrimiento molesto para instituciones tan cercanas al mundo de los negocios y que confunden el interés general de los ciudadanos de la Unión con los intereses privados de los mercados monetarios, y es un descubrimiento ineludiblemente impulsado por los votos del «no» de irlandeses, neerlandeses y franceses y los muchos movimientos sociales que apoyan las demandas salariales en la Unión.

Sí, la Comisión y la mayoría de esta Cámara se sienten obligados a reconocer que la Unión está poblada no sólo por accionistas y consumidores, sino también por la fuerza laboral, cuyo trabajo crea la riqueza de Europa.

En consecuencia, la Comisión se ve obligada a desempolvar la directiva sobre los comités de empresa europeos: fue una iniciativa loable, pero con poca sustancia. Los comités de empresa europeos se deben convertir en un verdadero foro para la democracia social, dando a los empleados la capacidad de acción que necesitan para influir en la elección de estrategia de sus empresarios.

Sí, Europa necesita urgentemente una verdadera democracia social para prevenir medidas equivocadas, como incrementar el tiempo de trabajo a casi 70 horas a la semana.

Por tanto, en el interés de los trabajadores, movámonos más deprisa, mucho más deprisa.

 
  
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  Nils Lundgren (IND/DEM). - (SV) Señor Presidente, en esta sesión debatiremos la agenda social renovada, los objetivos del milenio y muchas más cosas. En un par de horas votaremos programas culturales, el etiquetado de productos orgánicos y los requisitos para armonizar la fiscalidad, temas, todos ellos, en los que la Unión no debería intervenir en absoluto.

Esta concentración de poder político significa que la distancia entre los que rigen y los regidos se hace mayor. Entre los ciudadanos crece la indignación. El sistema se ve obligado a adoptar medidas cada vez más duras para actuar con total desprecio de la voluntad de los ciudadanos. Sería mucho mejor elaborar un informe acerca de lo que queremos decir con el término subsidiariedad y sostener un debate exhaustivo al respecto. Deberíamos hacerlo antes de tratar de regular de forma centralizada cómo deben comportarse los interlocutores sociales en 27 países diferentes.

En mi propio país existe un gran enfado por el hecho de que la UE y sus jueces puedan tomarse la libertad de controlar el establecimiento de un sistema de mercado laboral diferente del que ha crecido en medio de una considerable unidad nacional durante los últimos 70 años.

 
  
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  Jana Bobošíková (NI).(CS) Señorías, la Directiva propuesta sobre la aplicación del principio de igualdad de trato, que prohíbe cualquier clase de discriminación fuera del lugar de trabajo, es una reglamentación superflua que no deberíamos debatir en absoluto. Quisiera señalar que la discriminación ya está prohibida por tres directivas de la UE, la Carta de los Derechos y Libertades Fundamentales de las Naciones Unidas, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. La igualdad de trato también se rige por el Tratado de Amsterdam y la Estrategia de Lisboa.

También quiero señalar que la Directiva exige dos cosas muy peligrosas. Exige discriminación positiva y exige el principio de transferir la carga de la prueba del fiscal al imputado. Esto es contrario a las tradiciones jurídicas europeas y puede dar lugar a injusticias y a nuevos agravios.

Señorías, estoy convencido de que la Unión Europea sigue siendo un espacio democrático y civilizada —donde las personas con capacidades reales reciben reconocimiento— y un espacio que ofrece ayuda a los débiles. Sin embargo, las capacidades humanas, ya sean innatas o desarrolladas por medio de la educación, son individuales y diferentes en cada persona y, por lo tanto, lógicamente desiguales. Si tratamos de eliminar las desigualdades de este tipo mediante un reglamento, estamos mostrando la arrogancia de pasar por alto la diversidad cultural e interferir en el desarrollo natural de la sociedad y, lo que es peor, estamos poniendo la igualdad por encima de la libertad de elección. Por consiguiente, la Directiva sobre igualdad de trato no debería hacerse realidad en absoluto.

 
  
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  Juan Andrés Naranjo Escobar (PPE-DE). - (ES) Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, Señorías, este paquete social sólo podrá fructificar y ser eficaz si somos capaces de consensuar lo esencial en las iniciativas claves. Es evidente que el desempleo es el mayor de todos los males sociales que hay que combatir, es lo que más desestabiliza a una sociedad y el origen de otros males subordinados. Por eso, la mejor política social es la que ayuda a crear empleo.

Debemos huir del falso dilema entre solidaridad y competitividad, porque no son realidades incompatibles. Pero, para hacer una política social sana y eficaz y erradicar la pobreza, necesitamos crecimiento y estabilidad. Por eso, nuestro modelo social necesita adaptarse a la nueva realidad. La globalización también trae oportunidades y el que se adapta gana, y los que no, pierden.

Europa no se enfrenta a una crisis clásica de crecimiento, ni a unos problemas coyunturales, sino a cambios profundos y de nuestro acierto hoy en tomar buenas decisiones dependerá el bienestar de futuras generaciones. El envejecimiento y el declive demográfico ya han llegado a Europa, no son una amenaza sino una realidad, cerrar los ojos no sirve de nada.

¿Cuál son nuestras respuestas a día de hoy a sus muchas consecuencias? Muy pocas. Por ejemplo, no tenemos instrumentos ni alicientes para hacer posible una jubilación flexible y programada, que permita elegir a los ciudadanos trabajar más allá de la edad media de salida del mercado de trabajo. Alcanzar un nivel homogéneo de protección contra la discriminación y la exclusión es esencial, pero la proliferación de legislación europea no garantiza la erradicación de la discriminación; por ello hay que trabajar desde la escuela para erradicar estas malas prácticas sociales.

El fracaso y el abandono escolar son un drama en nuestros días y pueden ser una tragedia para el mañana. En este terreno nos jugamos mucho; y es aquí donde tenemos que poner inteligencia y valor añadido de la Unión para parar y poner fin a esta situación.

En definitiva, Señorías, no necesitamos renunciar a nuestro modelo social, sino renovarlo con mayor flexibilidad, mayor movilidad y mayor seguridad para que no deje en el camino a los más desprotegidos.

 
  
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  Stephen Hughes (PSE). - Señor Presidente, quisiera agradecer al Comisario Špidla el hecho de que tengamos un paquete social porque, como he dicho muchas veces, su tarea en la Comisión Barroso no puede ser fácil.

El propio paquete ilustra, en realidad, las tensiones existentes dentro de la Comisión Barroso, entre quienes, por un lado, se aferran al programa neoliberal contra viento y marea y quienes, por el otro, ven la urgente necesidad de hacer que Europa interese a sus ciudadanos.

Es necesario asegurar a nuestros ciudadanos que Europa forma parte de la solución, y no parte del problema, cuando se trata de hacer frente a las cuestiones planteados por la globalización, el cambio demográfico, el cambio climático y otros retos a escala mundial.

Si esto es lo que tenemos que hacer, lamento decir que este paquete sencillamente no está a la altura. Es un paquete reticente: demasiado poco, demasiado tarde. Incluso los elementos buenos se ven deslucidos cuando se conoce la reticencia con que se han incluido. La Directiva horizontal para combatir la discriminación es un buen ejemplo. Está incluida en el paquete, pero todos sabemos con qué encono se ha opuesto el Presidente Barroso, hasta el último minuto, a su inclusión.

La propuesta de Directiva sobre los comités de empresa europeos es otro ejemplo. El contenido es extremadamente pobre comparado con la anterior comunicación de la Comisión a los interlocutores sociales. Creo que las fuerzas neoliberales de la Comisión y sus aliados de aquí necesitan despertar y reconocer la realidad a la que nos enfrentamos. Muchos millones de nuestros ciudadanos viven en el miedo, la pobreza y la exclusión, y el número de los que se incorporan a ellos ha ido creciendo durante los años Barroso.

En definitiva, veo esto como un intento tardío del Presidente Barroso de persuadir a la izquierda de aquí de que tiene una conciencia social y de que es digno de recibir apoyo para un segundo mandato como Presidente de la Comisión.

Pues bien, no me engaña, y a muchos de mis colegas tampoco los engaña. Como he dicho, es demasiado poco y demasiado tarde; demasiado tarde, de hecho, para garantizar la aprobación —antes de las elecciones del año próximo— de los escasos elementos que valen la pena.

El Presidente Barroso insulta la inteligencia no sólo de la izquierda en esta Cámara sino también de los millones de ciudadanos que merecen algo mejor.

 
  
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  Ona Juknevičienė (ALDE). - Señor Presidente, el primer informe anual de la Comisión sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización afirma que se está ayudando a más de 13 000 trabajadores excedentarios de ocho Estados miembros. Se ha distribuido el 3,7 % de los fondos disponibles. Es evidente que va muy lento.

Las sugerencias de la Comisión consisten en simplificar los procedimientos, promover ampliamente el programa, difundir la mejor experiencia y prolongar la duración de la asistencia, y aplaudo estas medidas. El fondo se estableció para mostrar solidaridad con los trabajadores excedentarios de las empresas que fracasan a causa de la globalización. Por consiguiente, es sumamente importante que estos fondos lleguen a las personas reales que necesitan ayuda. No se deben distribuir entre intermediarios, instructores o editores de folletos. En un año determinaremos cuáles son los resultados reales. No se trata de cuánto dinero se ha distribuido, sino de cuántos trabajadores excedentarios han encontrado nuevos trabajos.

Pido a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan criterios y parámetros de referencia adecuados para evaluar los resultados logrados. Debemos garantizar un uso eficiente del presupuesto europeo.

 
  
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  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Señor Presidente, me complace ver que la nueva agenda social incluye la revisión de la Directiva sobre los comités de empresa europeos en el paquete de actividades futuras.

Recientemente hemos debatido los problemas causados por la falta de precisión en las disposiciones de la Directiva, cuya finalidad era garantizar los derechos de los empleados a recibir información y a ser consultados. La Directiva relativa al trabajo a tiempo parcial y la lucha contra la pobreza entre los trabajadores a jornada completa es también importantísima. Confío en que se hará hincapié en la situación de los jóvenes, en su acceso a la educación y a la atención sanitaria y en la prevención de su exclusión. La movilidad profesional de los futuros trabajadores es su oportunidad en la vida, pero también es una oportunidad para la economía. El énfasis en la protección de los derechos de los pacientes es un requisito fundamental para proteger la prestación de la salud pública. No obstante, el libro verde que estamos aguardando sobre los trabajadores del sector sanitario será importante para la aplicación de estas medidas.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - (PT) Señor Presidente, esto que llaman paquete social sólo siembra ilusiones con respecto a la gravedad de las desigualdades sociales que afectan a unos 80 millones de personas que viven en la pobreza, incluidos los millones (y la cifra va en aumento) de trabajadores mal pagados con trabajos inseguros y los millones de desempleados, mientras continúan las ganancias escandalosas de los grupos económicos y financieros y las deslocalizaciones de las multinacionales.

Se han pasado por alto las causas reales de esta situación: la perpetuación de las políticas neoliberales que se vería intensificada por la Directiva propuesta de servicios sanitarios, la flexibilidad de los trabajos que se vería incrementada por las propuestas sobre tiempo de trabajo y el ataque contra los servicios públicos y los sectores de producción estratégicos para el desarrollo.

Por consiguiente, pedimos un paquete social de verdad que rechace la nueva propuesta de directiva sobre el tiempo de trabajo, que promueva una reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario, que revoque el pacto de estabilidad y la liberal Estrategia de Lisboa, que cambie los criterios y la falsa independencia del Banco Central Europeo, que cree un pacto de empleo y progreso social como alternativa, que promueva la inversión y el apoyo a microempresas y pequeñas empresas y a los servicios públicos, y que respete la dignidad de los trabajadores.

 
  
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  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). – Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, «las personas son las que determinan el valor de las cosas»: eso decían los antiguos griegos. Por lo tanto, si las personas asumen la responsabilidad de aplicar este paquete que hoy se nos presenta, si logran armonizar las medidas y propuestas anteriores con las nuevas, estas personas no serán utilizadas como recursos, sino que será agentes activos en calidad de empresarios, empleados, desempleados, gente que participa en negocios pequeños y grandes, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. No existirá discriminación en la UE en cuanto a democracia y subsidiariedad, no existirá palabrería patriotera acerca de quién está en el poder o acerca de las afiliaciones de izquierdas o de derechas, como se ha escuchado aquí. A mi lado está mi colega, el señor Őry, que me dice que en su país el gobierno socialista está luchando contra las prestaciones sociales.

Por consiguiente, no podemos culpar a la crisis mundial; debemos ver las cosas de manera positiva. Debemos enfrentarnos a nuestra propia crisis demográfica de la mejor manera posible. Recordemos los antiguos compromisos, las decisiones de Barcelona sobre la armonización de la familia y la vida profesional, la Alianza europea para la Familia, el Pacto Europeo para la Juventud, la política común de inmigración y el incremento de la movilidad en la educación y en la formación para la movilidad laboral. Tiene que haber respeto por la diversidad, las tradiciones y el idioma de los empleados inmigrantes. Tenemos que oponernos a la discriminación social y defender los derechos de los débiles, de los desfavorecidos y de los niños, tal como los hemos propugnado en la Unión Europea. Hay que luchar contra la pobreza, así que dedicaremos el año 2010 a esta lucha. Debemos fortalecer la cohesión social y territorial de nuestras regiones mediante el diálogo, la buena voluntad y la transparencia en el uso de los mecanismos financieros.

 
  
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  Alejandro Cercas (PSE). - (ES) Señor Presidente, señor Comisario, señor Ministro, me uno a los colegas que opinan que esta agenda es un paso hacia adelante, pero un paso muy modesto, y que, desde luego, está muy lejos de las necesidades que tenemos hoy en Europa. Por tanto, señor Comisario, lamento decirle que estaba usted en un error cuando afirmaba, hace un momento, que esta agenda despeja las inquietudes de los ciudadanos. Los ciudadanos están inquietos y tienen muy buenas razones para estarlo ante una Unión Europea que no resuelve los problemas básicos que les preocupan cada día.

Tiene la agenda un título grandilocuente, es la agenda para el siglo XXI. Lamentablemente presenta una característica que ya ha sido denunciada: es un compromiso interno con las contradicciones que tenemos en Europa, con los que queremos más Europa y con los que quieren que haya menos Europa, y es, por tanto, un bosque de retóricas y un desierto de contenidos concretos. Sólo tres directivas están siendo glosadas, y bastante críticamente, por parte de la izquierda europea.

¿Son éstas las ambiciones de la Europa para el siglo XXI? Pues no, señor Comisario. Hablar de los problemas sociales no es sólo nuestra ambición. La Unión Europea —no sólo Europa— necesita soluciones y es muy difícil que se alcancen esas soluciones si, como se dice en la agenda, las soluciones tienen que encontrarse a escala nacional. A escala nacional hay unas soluciones y, a escala de la Unión Europea, debe haber otras soluciones, y la construcción del mercado interior debe ir acompañada de unas normas que humanicen, que impidan el dumping social, que ejecuten todas y cada una de las competencias consagradas en los Tratados.

Está bien hablar de los problemas, pero mejor está resolverlos y no crear problemas nuevos con directivas como la del tiempo de trabajo.

Señor Comisario, Europa necesita iniciativas más fuertes; Europa está necesitada de una agenda mucho más beligerante para estar cerca de los ciudadanos, y espero que en las próximas elecciones —y no es una cuestión puramente retórica— los europeos que están pidiendo otras políticas den a los políticos europeos una nueva dimensión más social.

 
  
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  Sophia in 't Veld (ALDE). - Señor Presidente, acojo con satisfacción la propuesta, largamente esperada, de finalización del paquete contra la discriminación, que significa que ya podemos poner fin a la jerarquía de derechos. Una Unión Europea en la que unos europeos son más iguales que otros ha fracasado en su misión.

Coincido por completo con las sabias palabras de Gérard Deprez: la Directiva requiere mejoras sustanciales. Contiene demasiadas cláusulas de salvaguardia, que entrañan el peligro de que se codifiquen las prácticas discriminatorias existentes en lugar de eliminarlas. El derecho de familia y el orden público son, y seguirán siendo, una competencia nacional, pero en la práctica se está haciendo uso —o abuso— de ellos como pretexto para la discriminación, principalmente contra los homosexuales. Es una vergüenza que la Comisión parezca estar consintiéndolo.

La libertad de religión es un derecho fundamental, un derecho que defenderé con uñas y dientes, pero es un derecho individual: no es un derecho colectivo para ciertos grupos que los faculte para discriminar y no aplicar la ley.

Por último, quisiera agregar que resulta irónico que este paquete parezca proporcionar un mayor nivel de protección contra la discriminación en todos los terrenos excepto en el de la discriminación por razón de género. Habrá que cerrar la brecha entre la Directiva sobre la discriminación por motivos de sexo y esta Directiva.

 
  
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  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). – Señor Presidente, el debate sobre el paquete social requiere que seamos críticos, ya que, con total independencia de la elección del momento —que hace sospechar de la existencia de una agenda oculta— también discrepamos fundamentalmente de su contenido.

El paquete ha llegado en un momento de creciente reacción y descontento populares con la cara social de Europa. No lo decimos nosotros; son datos de la UE, nada menos, los que ofrecen una perspectiva desalentadora del futuro: éste es el estado de ánimo que predomina entre los ciudadanos europeos, especialmente los jóvenes, y que está empeorando constantemente.

Quizá el paquete pretenda restaurar la confianza de los ciudadanos antes de las elecciones europeas.

En la izquierda no podemos aceptar el contenido del paquete, ya que sus reglas legislativas fortalecen la liberalización del mercado, como sucede con la Directiva propuesta sobre atención sanitaria transfronteriza, que se basa en las anteriores propuestas Bolkestein.

Al mismo tiempo, la propuesta de la Comisión sobre atención sanitaria transfronteriza lleva a la segregación en materia sanitaria en función de la clase social: a los ricos y educados se les da la posibilidad de ir a buscar la atención sanitaria dondequiera que convenga a sus intereses.

Una Europa más social necesita una filosofía más amplia, no el anuncio de medidas que arañan la superficie de los problemas y se quedan dentro de los estrechos límites del carácter actual de la UE.

 
  
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  Anja Weisgerber (PPE-DE). - (DE) Señor Presidente, Europa es algo más que un mercado común. Además de ser una entidad económica, Europa es una comunidad basada en valores comunes. Entiendo la Unión Europea como una respuesta a la globalización. En un mundo globalizado, un cierto marco social a escala europea proporciona una protección esencial. Esa es la idea que se encuentra detrás del modelo social europeo, y es una idea que cuenta con mi apoyo.

Pero, por otro lado, también debemos triunfar en la competencia internacional. En la Estrategia de Lisboa recalcamos nuestro objetivo de convertir la Unión en el marco económico —basado en el conocimiento— más competitivo del mundo. Con este fin debemos dedicar la mayor parte de nuestra atención a las pequeñas y medianas empresas, porque son el pilar del desarrollo económico.

También debemos aceptar que es legítimo preguntar cómo afectan nuestras reglas a estas empresas. La política antidiscriminatoria es un buen ejemplo. Huelga decir que me opongo a la discriminación, pero en mi opinión, y en la de otros 261 diputados al Parlamento Europeo, una directiva marco integral no es la forma correcta de avanzar; en particular, no es la forma correcta de proteger a las víctimas. Lograremos exactamente lo contrario y tenemos mayores probabilidades de marginar a estas personas. Se ha creado mucha incertidumbre jurídica para los Estados miembros y para los ciudadanos europeos. En este momento hay pendientes muchos procedimientos de infracción de los tratados contra 14 Estados miembros por no aplicar las cuatro directivas existentes. Lo primero que deberíamos hacer es aplicar la legislación existente antes de crear reglas nuevas. Una nueva directiva contra la discriminación no nos dará la claridad prometida por el Comisario Špidla.

Las nuevas normas plantean muchos interrogantes. ¿Quién, por ejemplo, puede invocar el derecho a la no discriminación por razón de creencias religiosas o ideológicas? ¿Se extiende este derecho a los cienciólogos o a los miembros de los grupos de extrema derecha? ¿Se va a exigir ahora a todo restaurante, por pequeño que sea, que tenga una rampa para sillas de ruedas a fin de garantizar el acceso sin barreras? La propuesta de Directiva puede contemplar la exención de medidas desproporcionadas, pero ¿cómo se van a definir tales medidas: mediante una ley nacional o mediante un fallo judicial? Los instrumentos imprecisos, amorfos, como la Directiva marco, son poco prácticos y, lo que es más importante, no ayudan a las víctimas. Ésta no es la idea que se encuentra detrás del modelo social europeo. Así no funcionará.

 
  
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  Anne Van Lancker (PSE). - (NL) Señor Presidente, señor Comisario, señor Ministro, en su momento fui ponente del plan de acción social que nos ha presentado la señora Diamantopoulou y que fue ultimado por la señora Aubry bajo la anterior Presidencia francesa. Lo que me inquieta, Señorías, es la forma en que se han desmoronado sistemáticamente las ambiciones sociales europeas. A mi juicio existen razones políticas claras para ello. Es notorio cómo la Comisión recalca siempre que la política social debe seguir siendo un asunto nacional. Señor Comisario, el paquete social contiene documentos de trabajo y afirmaciones muy interesantes, pero sólo cuatro iniciativas legislativas. Por mucho que sea de agradecer, no cabe duda de que es un resultado muy exiguo. Como si la protección de los derechos sociales, la creación de unas condiciones sociales equitativas, hubiera dejado de ser una responsabilidad europea en la Unión de los 27.

Junto con el PPE y las organizaciones sociales, esperamos, además de este paquete social, al menos una legislación más firme sobre los desplazamientos que proteja los derechos sociales, una legislación mejor para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres, una ley marco para proteger los servicios sociales y compromisos vinculantes en la lucha contra la pobreza. Lo que necesitamos es un pacto social real, con una visión coherente y un compromiso serio con una Europa social, para que por lo menos mostremos a los ciudadanos que Europa es algo más que un mercado. Espero, señor Bertrand, que por ahora podamos contar con el apoyo de la Presidencia francesa en esta lucha.

 
  
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  Elizabeth Lynne (ALDE). - Señor Presidente, durante años he abogado, junto con otros, por una legislación antidiscriminatoria integral que prohíba la discriminación en el acceso a los bienes y servicios para las personas discapacitadas y las personas mayores. Sé que el empleo está ya cubierto en todos los terrenos, pero durante años se nos han prometido medidas y luego no ha pasado nada.

Hoy podemos decir que estamos a punto de lograr esta legislación, que incluye no sólo la edad y la discapacidad, sino también la orientación sexual y la religión, como pedía en mi informe. Quisiera dar las gracias a la Comisión por haberla presentado y al Comisario Špidla en particular por su tenacidad. Sabemos que la legislación propuesta no es perfecta y querremos ver cambios. También habría sido mejor si hubiera estado sujeta a codecisión. Pero, dicho esto, estoy encantada de poder estar aquí y decir que estamos, por fin, en el camino correcto para ver a todos los ciudadanos de la UE tratados como iguales.

 
  
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  Georgios Toussas (GUE/NGL). – Señor Presidente, el denominado «paquete social» que la Comisión Europea ha presentado es un intento fallido de desactivar la indignación que la política impopular de la Comisión ha suscitado entre los trabajadores. No logra detener la creciente oleada de dudas acerca de sí mismo y acerca de la estructura de la UE, como ha expresado también el rotundo voto del «no» de los irlandeses.

Las personas de clase obrera y los pobres se encuentran en la línea de fuego debido a un ataque largo, duro e impopular por parte de la UE, cuyo objetivo es aumentar la rentabilidad de sus propios carteles.

Las personas de clase obrera y los pobres tienen que soportar la desregulación y la privatización de los organismos y servicios públicos de importancia estratégica, el fracaso total de la negociación laboral, el menoscabo de los contratos colectivos de trabajo, la aplicación generalizada de la flexiguridad, las formas flexibles de empleo temporal y la ampliación de la Directiva Bolkestein para que incluya el sector de las autoridades sanitarias.

El Consejo ha decidido dividir el tiempo de trabajo en segmentos activos e inactivos. Esto obliga a los empleados a trabajar de 65 a 77 horas a la semana. La implantación de trabajos pesados e insalubres está dejando inútiles a cientos de miles de trabajadores griegos.

Según los datos estadísticos formales de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo… señor Presidente, le ruego que me conceda un momento, ya que la información que voy a dar es muy importante. Permítame señalar lo siguiente: según los datos formales, cada 4 ½ segundos un trabajador tiene un accidente y cada 3 ½ minutos un trabajador pierde la vida. Hay 7 millones de accidentes cada año...

(El Presidente interrumpe al orador.)

 
  
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  Manfred Weber (PPE-DE). - (DE) Señor Presidente, señor Comisario, señor Ministro, Señorías, permítanme empezar por tratar dos puntos del debate. En primer lugar, Europa no está gobernada por la derecha, sino por el centro derecha liberal. Debo señalar que teníamos un Gobierno socialdemócrata en mi propio país, y cuando finalizó su mandato había cinco millones de personas desempleadas. Hoy tenemos tres millones de desempleados, lo que significa que dos millones de personas han recuperado su trabajo. Esto es una verdadera política social; esto es el progreso social.

En segundo lugar, como diputado de esta Cámara, personalmente me siento enojado cuando nosotros mismos hablamos tan mal de nuestro ideal europeo. Europa es hoy un proyecto social. Cuando pienso que el mercado único está creando millones de puestos de trabajo y está dando a la gente prosperidad y buenas perspectivas y que nuestra política de cohesión, nuestro Fondo Social Europeo, nos proporciona miles de millones para practicar la solidaridad a escala europea, para ser un modelo de solidaridad europea, debo instar a todos, a pesar de todos nuestros problemas, a que nos abstengamos de denigrar nuestro propio proyecto.

Quisiera prestar especial atención a la cuestión de la discriminación, porque la estamos tratando en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Todo el mundo rechaza la discriminación. Intoxica nuestra sociedad, y Europa debe dar ejemplo en la lucha contra ella. Todos los que están en esta Cámara, espero, respaldarán esta opinión.

No obstante, cabe hacerse preguntas. En primer lugar, ¿constituye la Directiva una medida proporcionada? Ya se ha abordado la cuestión de la carga que soportan las pequeñas empresas.

En segundo lugar, ¿qué hay de la aplicación de las disposiciones legales actuales? Ya se ha hecho una evaluación sobre el papel, pero ¿cuál es la posición sobre el terreno con respecto a la aplicación de las directivas existentes? Tiene que hacerse esta pregunta antes de crear cualquier nueva directiva.

En tercer lugar, ¿tenemos realmente brechas en la legislación europea? ¿Tiene Europa la responsabilidad exclusiva de la política social? Todos los Estados miembros de la UE son democracias, y todos ellos tienen estructuras basadas en el Estado de Derecho. Por consiguiente, debemos preguntarnos si existe una necesidad perentoria de que Europa sea más simpática, más amable y más convincente en la esfera de la política social. ¿No podemos conformarnos con confiar, por una vez, en que la subsidiariedad funcione y los Estados miembros consigan arreglárselas con sus propias tareas en estos ámbitos de actividad fundamentales?

 
  
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  Andrzej Jan Szejna (PSE). - (PL) Señor Presidente, la Europa social es una meta espléndida, y ya se ha hecho mucho por alcanzarla. Sin embargo, las desigualdades existentes y los nuevos retos a los que el mundo se enfrenta crean el riesgo de divisiones sociales permanentes en nuestras sociedades a muchos niveles: entre los niños de familias ricas y familias pobres, entre los que han recibido una buena educación y los que no, entre hombres y mujeres, entre los inmigrantes y los que llevan varias generaciones siendo europeos, entre personas de diferente orientación sexual, diferentes edades o en diferentes condiciones de salud. Podría dar otros muchos ejemplos. La lucha contra la desigualdad dentro y fuera del lugar de trabajo es para nosotros una tarea fundamental. La Unión Europea y los Estados miembros deben responder a las necesidades reales, crear oportunidades reales y nuevas esperanzas en interés de todos los ciudadanos de Europa.

El nuevo paquete de iniciativas de la Comisión en el campo del modelo social europeo es un suplemento, incompleto y largamente esperado, a las actividades emprendidas en el ámbito nacional en la lucha por mejorar el nivel de vida de los ciudadanos europeos, reforzar sus derechos y combatir la discriminación. Tengo la esperanza de que la nueva directiva sobre la igualdad de trato —que, como grupo socialista, hace tiempo que pedimos— nos permitirá decir que estamos combatiendo realmente todas las formas de discriminación. La revisión de la Directiva sobre los comités de empresa europeos, que actualmente cumple su función como instrumento para el diálogo social, es un elemento positivo en el paquete social. Todavía tenemos que hacer frente a la protección incompleta de los trabajadores en los procesos drásticos de reestructuración impuestos por la globalización. La legislación sobre la política social también es de enorme importancia para el despertar político de Europa y de los europeos y para restaurar la fe en un proyecto común, especialmente en vista de la crisis institucional y de las inminentes elecciones al Parlamento Europeo.

 
  
  

PRESIDE: GÉRARD ONESTA
Vicepresidente

 
  
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  Jean Marie Beaupuy (ALDE). - (FR) Señor Presidente, señor Ministro, señor Comisario, todavía suenan en mis oídos los largos y animados debates que hemos mantenido acerca del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Nuestra colega señora Bachelot, con quien trabajé en este fondo junto con el señor Cottigny, nos persuadió para que adoptáramos unas decisiones extremadamente importantes. ¿Y qué vemos hoy? En 2007 se distribuyó apenas un 4 % de la ayuda presupuestada para este fondo europeo.

Usted, señor Comisario, ya ha indicado, de palabra y por escrito, que tiene previsto revisar los criterios. ¿Es suficiente esta revisión de los criterios para resolver las cuestiones? ¡No, no lo es! Cuando el 96 % de esta ayuda no está siendo utilizado, no tenemos más remedio que preguntarnos lo básico: ¿es apropiado nuestro objetivo de adoptar esta decisión sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización? Nos enfrentamos a retos demográficos, como ha dicho usted, y nos enfrentamos a muchos retos económicos, dada la realidad de la globalización, de la tecnología.

Le pido, señor Comisario, que en este Fondo de Globalización no se limite a revisar los criterios, sino que analice también la propia finalidad de lo que hacemos aquí.

 
  
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  Peter Liese (PPE-DE). - (DE) Señor Presidente, Señorías, no puedo ocultar mi decepción ante las afirmaciones del Consejo y de la Comisión. Se han dicho muchas palabras acerca del modelo social europeo, y en mi opinión algunas de las propuestas de la Comisión se pasan de la raya; mis colegas de grupo han planteado varias cuestiones acerca de la Directiva contra la discriminación. Pero cuando llegamos a los aspectos prácticos de una legislación diseñada para proteger a los trabajadores, el Consejo y la Comisión se rajan.

El Presidente en ejercicio ha hecho referencia, sin embargo, al compromiso adoptado en junio sobre trabajo temporal —de agencia y de otro tipo—, pero de un modo u otro (creo que ha sido por vergüenza) el Consejo y la Comisión han logrado adoptar la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo. Debo decir que lo que el Consejo adoptó en junio no es, de ninguna manera, un capítulo glorioso en la historia del modelo social de Europa. Antes de que entrara a formar parte del Parlamento, yo era médico en un hospital, y sé que muchos médicos asalariados y muchos otros empleados se alegraron inicialmente cuando el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictaminó que el tiempo de atención continuada constituía tiempo de trabajo. Pero también sé que hay dificultades para aplicar este dictamen y que quizá haya que ponderar el tiempo de atención continuada en función de los costes y la frecuencia de las movilizaciones. Es inadmisible, no obstante, lo que ha hecho el Consejo al darle la vuelta prácticamente al fallo del Tribunal de Justicia e incluso pasar por alto las mejoras que la propuesta de la Comisión había introducido en algunos aspectos de la postura jurídica anterior.

Necesitamos llegar a un compromiso, y este Parlamento ha señalado el camino en primera lectura con propuestas tales como el uso de un cociente. Pero si un médico está de guardia en un hospital, por ejemplo, y de un momento a otro puede llegar un paciente con una afección potencialmente mortal, esto no se puede considerar como período de descanso, lo cual sería posible bajo el compromiso del Consejo. Esta es otra área en la que hacen falta mejoras adicionales, de lo contrario todo el debate sobre el modelo social europeo no servirá de nada.

 
  
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  Evangelia Tzampazi (PSE). – Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, las actuales circunstancias económicas y sociales requieren una Europa social fortalecida. Mientras que un 16 % de la población europea actual vive en la miseria, la discriminación sigue siendo acusada y generalizada.

Las políticas económicas que aumentan el desempleo y la inseguridad intensifican la crisis de confianza de los ciudadanos a expensas de Europa y de sus perspectivas. En este contexto, la agenda social renovada representa un paso adelante en el campo de la legislación social tras un largo período de inercia.

No obstante, sólo tres de las propuestas son jurídicamente vinculantes, mientras que el resto son recomendaciones y comunicaciones no legislativas. Por consiguiente, llegamos a la conclusión de que el nuevo paquete social tendrá efectos limitados en las vidas de los ciudadanos europeos.

Las intenciones son buenas, como se puede observar en la nueva propuesta de Directiva contra la discriminación. Esto representa un éxito importante para el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, dado que apoyó la propuesta de una directiva horizontal para poner fin al sistema jerárquico de protección comunitaria contra la discriminación. No obstante, parece que la nueva agenda social carece de metas ambiciosas y de claridad, y tiene graves deficiencias.

Por este motivo, se requieren medidas políticas claras, frenar el rápido aumento de las desigualdades y mejorar las condiciones de vida y de trabajo.

 
  
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  Viktória Mohácsi (ALDE). - (HU) Señor Presidente, el Comisario ha resumido magníficamente sus expectativas en su discurso, pero los documentos que tenemos a nuestra disposición no las reflejan. Existe un pequeño, minúsculo, problema semántico: a la discriminación no se la debe llamar ampliación de oportunidades. Durante cuatro años he estado hablando solamente sobre la segregación de los niños romaníes. Además de esto, la mitad de nuestros niños, varios millones de niños romaníes, están clasificados como discapacitados. ¿Qué es esto, si no discriminación? Omitir el tema de la segregación al crear la Directiva Horizontal es un crimen imperdonable. ¡El Comisario Barrot también debería participar en el trabajo, y las exigencias del Parlamento tampoco deberían quedar fuera! Queremos, al menos en cuatro resoluciones, un paquete de integración de los romaníes con legislación y un presupuesto, además de un grupo para coordinar las Comisiones en aras de aplicar eficazmente cualquier programa futuro. El Comisario Špidla no puede resolver este asunto por sí solo. Gracias.

 
  
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  Iva Zanicchi (PPE-DE). - (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el documento sobre el paquete social que se nos acaba de presentar supone un importante reto para el desarrollo europeo en el contexto de la estrategia de Lisboa, adoptada por los decisores europeos como directriz para un proceso valioso e imparable cuyo objetivo es integrar, modernizar y desarrollar nuestro hogar común.

El paquete contiene medidas en las áreas de empleo, asuntos sociales, educación, juventud, salud, la sociedad de la información y asuntos económicos, aspectos fundamentales todos ellos que afectan directamente a las vidas cotidianas de todos nosotros, como ciudadanos europeos, y que por consiguiente deben ser objeto de un estudio minucioso, coordinado y sobre todo transparente.

Como Miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, quisiera recalcar la importancia y la necesidad de esta propuesta que, al abordar las áreas que acabo de mencionar, hace un intento integral de captar, examinar y resolver temas tales como el cambio demográfico, la globalización y la importancia del factor humano.

Me complace que la Comisión se proponga revisar las directivas 92/85 y 96/39 en cuanto a la baja por maternidad, ya que ésta es una medida para mejorar la calidad de la vida familiar de todas esas mujeres que, a la vez que cuidan de una familia, tienen que enfrentarse a diario al mundo del trabajo.

Me gustaría que la Comisión respondiera a un par de preguntas con respecto a la lucha contra la pobreza —y no estoy hablando aquí de la pobreza del tercer mundo, sino de la pobreza existente dentro de las fronteras de la Comunidad—, un problema que cada año se hace mayor y que afecta a todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Europea. En este sentido quisiera preguntar: ¿qué metodología específica empleará la Comisión para resolver un problema que año tras año, como he dicho, aqueja sistemáticamente a las economías europeas y, como consecuencia de ello, afecta directamente al nivel de vida de millones de ciudadanos europeos?

En segundo lugar, quisiera saber —y como mujer me siento directamente implicada en este asunto— qué medidas se propone tomar la Comisión contra la discriminación hacia la mujer que todavía persiste en la sociedad, incluso en 2008, especialmente en el campo del empleo y más concretamente en lo que se refiere a los salarios. ¿Qué medidas específicas se pueden implantar para acabar con este desequilibrio?

Para concluir, quisiera agradecer al Comisario Špidla su trabajo en la elaboración de este documento. Quiero dar las gracias a los representantes del Consejo y, una vez más, quiero subrayar la importancia de este paquete social en el contexto de la agenda social revisada.

 
  
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  Jan Cremers (PSE). - (NL) Señor Presidente, Señorías, señor Ministro, señor Comisario, además de propuestas oportunas en el campo de la lucha contra la discriminación y de la atención sanitaria transfronteriza, la agenda social de la Comisión contiene la propuesta largamente esperada sobre los comités de empresa europeos. La Comisión también se opone a la revisión de la Directiva sobre el desplazamiento, una directiva que ha sido criticada a raíz de algunos fallos muy polémicos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Quiero tocar brevemente ambos temas.

En primer lugar, los derechos de los trabajadores europeos a ser informados y consultados. Todos sabemos cuál es ahí el problema: cumplimiento insuficiente (sólo una de las tres empresas en cuestión tiene un comité de empresa europeo), derechos a la información y al asesoramiento insuficientemente regulados y carencia de instalaciones. Lamento mucho que la Comisión no haya propuesto una política de sanciones en caso de incumplimiento. En mi opinión, además, las disposiciones subsidiarias se quedan cortas en cuanto a lo que sería deseable y a lo que se ha acordado en modelos buenos, a saber, varias reuniones periódicas al año, que se pueden organizar fácilmente con la formación y el apoyo necesarios. Una reunión al año no es mucho más que una política simbólica, y la consulta social en la empresa es demasiado importante para eso.

En segundo lugar, la Directiva de comisión de servicio. En la primera restricción por el Tribunal Europeo respecto a las condiciones laborales vigentes en un Estado miembro, todavía parecía tratarse de un cambio de política en el Derecho europeo, iniciada por el Tribunal sin el respaldo del legislador europeo. Tras el caso de Luxemburgo, está claro que también la Comisión está deliberadamente resuelta a desmantelar los principios contenidos en la Directiva. Lo que inicialmente pretendía ser una directiva para proteger a los trabajadores contra la explotación y la competencia desleal en la prestación transfronteriza de servicios se ha convertido así, gracias al Tribunal de Justicia y a la Comisión, en una amenaza para las obligaciones aplicables en un Estado miembro en cuanto a las condiciones laborales a observar. La Comisión tiene que reasumir su responsabilidad legislativa en esta área y asegurarse de que, en el futuro, los Estados miembros conserven la capacidad de aplicar sus reglas de aplicación general en Derecho laboral y en los convenios colectivos.

 
  
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  Evelyne Gebhardt (PSE). - (DE) Señor Presidente, sólo tengo una lista de preguntas que hacer. ¿Por qué tan poco tan tarde? ¿Por qué declaramos en septiembre pasado que 2008 sería el año de la Europa Social, pero no consideramos el bienestar social como una de las prioridades de la Presidencia del Consejo? ¿Por qué libró la derecha una lucha tan prolongada contra los derechos sociales en la Directiva relativa a los servicios cuando ahora se presentan como verdaderos paladines de la justicia social? ¿Por qué votó mi comisión en julio contra el informe Hamon y a favor del informe Handzlik, justo lo contrario de lo que se ha afirmado aquí hoy? ¿Por qué han sucedido estas cosas?

Sean sinceros y digan lo que están haciendo realmente, en lugar de dar al público el mensaje opuesto. No puedo por menos que pedirles que lo hagan; es realmente vital. ¿Pero por qué siguen esas políticas? Simple y llanamente porque ustedes, en la derecha, han adoptado la filosofía equivocada. Ustedes suponen que las personas están para servir a la economía. Los socialistas opinamos lo contrario, que la economía está para servir a las personas, y debemos moldear nuestras políticas en consecuencia.

 
  
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  Gabriela Creţu (PSE).(RO) Esperaba que estas propuestas estimularían la reducción de las brechas sociales entre los ciudadanos europeos. Lamentablemente, el paquete sólo nos coloca frente a otra brecha, la que existe entre las buenas intenciones y los instrumentos necesarios para lograrlas.

Esto también sucede cuando hay un reglamento europeo que exige a los Estados miembros que adopten medidas.

Un ejemplo es la discriminación salarial contra la mujer en el mercado laboral. Existe legislación en este campo, compromisos reiterados, pero ninguna mejora durante los ocho últimos años. Aun suponiendo que los empresarios hubieran comprendido las ventajas económicas de un pago correcto y sus obligaciones legales, las dificultades son insuperables. Falta un sistema de evaluación laboral no discriminatoria que represente el criterio común para comparar diferentes actividades. Sin él, el principio de «a igual trabajo, igual salario» sigue siendo una mera ilusión, al igual que la reducción de la brecha industrial.

Los sistemas de clasificación de puestos de trabajo son deficientes, si es que existen. Ya tenemos decisiones de los Tribunales en las que se admite que, al usar el trabajo físico como base, omiten diversas capacidades necesarias para el trabajo y crean discriminaciones.

El método de coordinación abierta tiene objetivos sociales encomiables, pero en la lista de los indicadores comunes faltan incluso los indicadores que miden algunos de estos objetivos.

La conclusión es triste: la falta de interés en las cuestiones de género sólo es equiparable a la falta de voluntad política para unas normativas comunes efectivas en el mercado laboral.

 
  
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  Donata Gottardi (PSE). - (IT) Señor Presidente, señor Ministro, señor Comisario, Señorías, a pesar de todos los análisis y estudios, incluidos los relativos a la correcta transposición de las directivas contra la discriminación, los elementos clave siguen siendo la eficacia y la innovación.

¿Cómo es posible redactar la proyectada nueva «directiva horizontal» —que por el momento no consiste sino en extender fuera del lugar de trabajo la protección en una serie de áreas— cuando todavía se está considerando la cuestión de la acción positiva en términos de salvaguardar las medidas no prohibidas en lugar de buscar nuevas medidas?

Hay un pequeño indicio de progreso —pero demasiado tímido— en el llamamiento en favor de un compromiso general renovado en este campo, que termina con el llamamiento en favor de una mejor aplicación de los instrumentos dedicados a los romaníes, como si se invocara algo que no hemos sabido conseguir. ¿Estamos escribiendo simple retórica? En este contexto, me temo que sí. Por ejemplo, parece inútil en esta etapa formular preguntas a la Comisión y destacar casos de discriminación o fracasos por parte de la legislación nacional o subnacional.

Con excesiva frecuencia, de hecho casi siempre, la respuesta sólo se refiere a la existencia de legislación protectora europea: ¡agua fresca, no hay avances, silencio! No obstante, estamos debatiendo el principio cardinal de la igualdad de trato y me estoy refiriendo a los trabajadores que han efectuado desplazamientos transfronterizos.

Quizás la nueva agenda social sea un buen ejercicio, pero el paquete de temas propuestos recuerda más a un rompecabezas, al contener piezas para las que no se había encontrado encaje al final de una legislatura parlamentaria que ha ultimado una serie de medidas dirigidas a un proyecto genuinamente innovador. Hablando de discriminación y estereotipos, señor Ministro, déle las gracias a su Presidente por la corbata.

 
  
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  Richard Falbr (PSE) . – (CS) Señor Presidente, puesto que las palabras «demasiado poco, demasiado tarde» ya han sido pronunciadas muchas veces durante la evaluación del paquete social, ofrezco mi valoración: la montaña parió un ratón. Mi pregunta es la siguiente: «¿qué han estado haciendo durante cuatro años?» Han estado presentando propuestas socialmente inaceptables, cuya culminación es la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo, tan cacareada por el Consejo y la Comisión. La consecuencia es que sólo podemos considerar el paquete social propuesto —a pesar de algunos de sus aspectos positivos— como propaganda encaminada a plantar la etiqueta «social» sobre el membrete de la Comisión Europea. La mayoría de las propuestas no necesitan ser debatidas en absoluto, de manera que va a ser visto y no visto. Es muy fácil proclamar que el mercado común es para las personas y no las personas para el mercado y que, si se van a establecer reglas vinculantes en relación con el comportamiento de las empresas en el mercado, será necesario establecer reglas mínimas respecto a la posición de los empleados de la UE, fijar un salario mínimo como porcentaje del salario medio en todos los Estados miembros, el mismo tratamiento y los mismos salarios para los empleados que trabajan en países diferentes del suyo propio. Es suficiente declarar que la Unión defiende la observancia de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo acerca del tiempo máximo de trabajo, libertad de afiliación a sindicatos y negociación colectiva.

La competencia entre Estados miembros respecto a quién tiene los impuestos y salarios más bajos y la menor transparencia en cuanto a la posición de los sindicatos continuará felizmente y el método abierto de coordinación no es más que otra forma ineficaz de abordar algo que nadie quiere hacer. A aquéllos que critican a la Presidencia francesa, quiero decirles: «espérense a la Presidencia checa. Van a ver lo que es bueno.» Hace unas semanas, el Presidente vetó una ley que prohibía la discriminación, aduciendo que era superflua.

 
  
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  Karin Jöns (PSE). - (DE) Señor Presidente, me siento obligado a decir que esta agenda social me deja fría. No se ha logrado dar solución ni a uno solo de los asuntos espinosos. Desde luego, esto no puede ser un intento serio de reformar los comités de empresa europeos, ya que no prevé más reuniones ni mecanismos sancionadores en caso de transgresiones. La ausencia de toda voluntad de reformar la Directiva sobre desplazamiento de los trabajadores es igualmente inadmisible.

Señor Comisario, la falta de una posición clara sobre las horas de trabajo en una agenda social es evidencia adicional de que esta Comisión tampoco hace ascos a la idea de las semanas laborales de 65 horas. Esto ya no guarda relación alguna con el modelo social europeo al cual mi grupo aspira y que los socialistas queremos establecer.

También quisiera decir al Consejo que es intolerable la forma en que ustedes presionan —por decirlo suavemente— a las organizaciones patronales y sindicales en relación con los comités de empresa europeos.

Mi grupo no va a participar en esta farsa. Para que la fuerza laboral de Europa no dé completamente la espalda a la Unión Europea, debemos proporcionarle mejor protección frente a los efectos de la globalización, y no malgastar el tiempo allanando el camino para los convenios colectivos transfronterizos.

 
  
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  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE).(RO) Quisiera plantear algunas ideas con respecto al paquete legislativo de la agenda social europea.

Valoro mucho las iniciativas de la Comisión Europea en este campo y las presentadas en su comunicación «Mejorar las competencias en el siglo XXI: agenda para la cooperación europea en las escuelas».

Además de estas iniciativas, quisiera proponer a la Comisión Europea que se inicie un proyecto piloto para crear una beca europea para los niños de las regiones económica y geográficamente desfavorecidas.

A escala europea, 19 millones de niños y jóvenes viven en la pobreza y 6 millones abandonan la enseñanza secundaria cada año. En Rumanía, por ejemplo, según un estudio del Eurobarómetro, las probabilidades de asistir a la enseñaza superior para los jóvenes del medio rural y de las regiones aisladas o de montaña son del 5 %. Este porcentaje está muy lejos del objetivo de la Unión Europea de lograr que el 85 % de los jóvenes tengan acceso a la educación universitaria secundaria.

Los Estados miembros carecen de los medios financieros necesarios para remediar por sí mismos esta preocupante situación. En consecuencia, la Unión Europea debe luchar por cualquier medio posible, ya sea legislación, fondos o políticas europeas, para promover las oportunidades y el acceso de todos los jóvenes a la educación.

 
  
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  Proinsias De Rossa (PSE). - Señor Presidente, el líder del Grupo ALDE, señor Watson, dice que un trabajo es el mejor bienestar social. Lamentablemente, hay demasiados millones de personas en Europa que trabajan por menos de lo que podrían obtener cobrando una prestación social. Los pobres y los mal pagados mueren a una edad más temprana, padecen más enfermedades físicas y mentales, pasan más tiempo en el hospital y en la cárcel, se ven excluidos de una participación plena en la sociedad, se les niega una vida plena en los aspectos cultural, civil, social e incluso de la seguridad, y sus hijos se ven condenados en gran medida al mismo círculo vicioso de privaciones, a menos, claro está, que los políticos sigamos unas políticas sociales y económicas integradas e interdependientes. Hay que tratar a las personas como ciudadanos, no como unidades económicas.

¿Logra esto la agenda en cuestión? Lamentablemente, no. No niego los elementos positivos, por ejemplo, la Directiva horizontal sobre discriminación. Ni niego, desde luego, que el Comisario Špidla haya luchado duro en un ambiente hostil para conseguir que se apruebe este paquete. Colaboraremos con él para mejorarlo. La Comisión y el Consejo tienen nueve meses para demostrar su buena fe respecto a la Europa social. Los ciudadanos darán entonces su veredicto.

 
  
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  Mieczysław Edmund Janowski (UEN). - (PL) Señor Presidente, señor Comisario, hoy estamos debatiendo cuestiones muy importantes de empleo, derechos sociales y protección sanitaria. Todo esto tiene una dimensión con relación a la familia, la unidad básica de la sociedad. También atañe a las personas con discapacidad, a los jubilados y pensionistas y al doloroso problema del desempleo. Establecer una relación adecuada entre salario y trabajo, junto con una seguridad social digna, no es un favor. Es un deber que nos impone nuestro interés por el futuro de Europa. Los fondos asignados a la política social por los Estados miembros deben estar mejor dirigidos, al igual que el Fondo Social Europeo.

Nuestro continente está envejeciendo muy deprisa. Pero ¿nos damos cuenta de las deficiencias de la política europea respecto a la familia? ¿Qué tenemos que decir acerca de los ingresos familiares? ¿Dónde está nuestra solidaridad con los pobres? Uso la palabra solidaridad con conocimiento de causa, en un momento en que estamos celebrando el 28º aniversario de la fundación del movimiento y sindicato Solidaridad, que contribuyó a los grandes cambios que han tenido lugar en Europa.

 
  
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  Maria Petre (PPE-DE).(RO) Me alegro de que hoy estemos debatiendo el relanzamiento del paquete social.

Europa —en general, con sus miembros antiguos o nuevos— necesita progreso social. La Europa unida se enfrenta a los mismos problemas: el envejecimiento demográfico, la pérdida de puestos de trabajo desde la perspectiva de la globalización, la pobreza entre los niños:

Señor Comisario Špidla, aplaudo su enfoque del tema de la solidaridad entre generaciones. Necesitamos un nuevo estimulante en este asunto, pero también aplaudo la reiteración de la idea de la solidaridad entre regiones, porque es aquí donde podemos medir con mayor exactitud la cohesión social o la ausencia de la misma.

 
  
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  Jan Andersson (PSE). - (SV) Señor Presidente, pido disculpas por haber llegado tarde. Tuve una reunión anoche en Suecia a última hora y acabo de llegar. No sé qué cosas se han tratado ya, pero permítame empezar diciendo que, naturalmente, acogemos con satisfacción el paquete social. Pensamos que es un poquito tarde y que se podría haber presentado en una etapa anterior del mandato, pero por lo menos lo tenemos ahora. Está claro que las ambiciones del Parlamento Europeo son algo mayores que las incluidas en el paquete, pero no obstante quisiera destacar tres elementos positivos sobre los que podemos trabajar.

Personalmente, trabajo mucho con los fallos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y con sus consecuencias. Me complace la actitud más abierta que percibimos ahora en la Comisión, como es el caso del foro que se va a celebrar ahora. Espero que sea un éxito.

Otra cosa positiva es el Convenio de la OIT, que también está vinculado a los fallos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el sentido de que se insta a los Estados miembros a firmar el Convenio de la OIT.

En tercer lugar, el programa de integración social, que se presentará en octubre, y la lucha contra la pobreza, la exclusión, etc. Espero que podamos colaborar satisfactoriamente en estas cuestiones. Son increíblemente importantes.

 
  
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  Richard Corbett (PSE). - Señor Presidente, cuando se tiene un mercado de ámbito europeo —como es nuestro caso con el mercado único europeo— desde luego se necesitan reglas comunes para este mercado común, a fin de que funcione de manera justa y eficiente, especialmente en el campo social. Por eso establecemos normas de empleo y legislación de empleo y reglas para proteger los derechos de los trabajadores: la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo, legislación sobre salud y seguridad, la Directiva sobre el permiso parental, información y consulta a los trabajadores.

Y sin embargo el Partido Conservador británico —y observo que en este momento no hay ni un solo miembro de este partido presente en la Cámara para debatir esta cuestión— quiere que el Reino Unido se autoexcluya completamente del capítulo social del Tratado, en el caso de que alguna vez vuelvan al poder en el Reino Unido. ¿Piensan por un momento que el resto de la Unión Europea aceptaría que un solo Estado miembro se autoexcluyera de las obligaciones que hemos desarrollado conjuntamente a escala europea para gobernar nuestro mercado? ¿Piensan realmente que sería aceptable este tipo de competencia desleal, consistente en rebajar las normas de salud y de seguridad y en debilitar los derechos de los trabajadores? ¡Desde luego que no! Los conservadores británicos son una receta para el desastre, tanto para Gran Bretaña como para Europa.

 
  
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  Xavier Bertrand, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, éste es un debate apasionado, pero es un debate sobre la Europa social, y el hecho de que lo estemos manteniendo demuestra un acercamiento. Nuestro debate también indica lo difícil que resulta, hoy en día, separar la consideración de los temas sociales a nivel de la Comunidad de los debates de política a nivel nacional. También demuestra, de alguna manera, que estamos progresando en la integración europea.

Algunas personas han lanzado acusaciones contra la Presidencia. No entraré en el detalle de estas acusaciones. No estoy aquí para discutir; al igual que ustedes, estoy aquí para hacer que la Europa social avance.

¿Es la Europa social una prioridad para la Presidencia francesa? Esta pregunta se ha planteado. La respuesta clara es que sí y, como ustedes saben bien, en esto todos seremos juzgados, no por nuestras aspiraciones iniciales, por nuestras ambiciones iniciales, sino sólo por lo que hayamos logrado. Sabemos ahora que hay una mayor probabilidad de lograr esos resultados, resultados que son positivos y que lo son para la Europa social. Soy un pragmático convencido.

Sobre estos diversos asuntos —comités de empresa, trabajo temporal—, por tanto, como ha dicho el Presidente Nicolas Sarkozy en su alocución al Parlamento, nos hemos comprometido a ultimar el primero, mientras que el segundo está actualmente en manos del Parlamento, como he dicho. Y, repito, dentro de poco todos tendremos que dar la cara. No insistiré en preguntas tales como si un gobierno conservador puede ser más «social» que otro. Sólo diré que yo mismo, en Francia, soy Ministro de Relaciones Sociales y Solidaridad. Porque si queremos compartir la riqueza, primero tenemos que crearla. ¿Y cómo se crea? Con el trabajo. Así es como se crea la riqueza. Ni tampoco quiero mencionar que en 1993, cuando se propuso la famosa directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo, fue un gobierno socialista francés y una ministra socialista —la señora Aubry— quienes defendieron esta Directiva y su cláusula de autoexclusión. ¿Y qué hacemos hoy respecto a esta famosa directiva? Considerémoslo de manera realista: ¿representa o no una mejora respecto a la situación actual, en la que nos encontramos en una verdadera tierra de nadie al cabo de 48 horas? Si quieren ser sinceros, todos conocen la respuesta. Lo único que importa es decir que, si bien es posible que esta Directiva no sea necesariamente la plasmación de la idea inicial de 1993 —consistente en eliminar la cláusula de autoexclusión—, ahora proporciona un marco y garantías adicionales para la situación de hoy, no para la de ayer. ¿Podemos decir esto? Desde luego que podemos, porque creo que el debate público y el debate político deben ser instructivos. O bien continúan las cláusulas de autoexclusión y se regulan adecuadamente, porque ahora sabemos, por la jurisprudencia habida hasta la fecha, que el tiempo de atención continuada es una cuestión importante. O bien podemos ser pragmáticos, adoptar la posición de que representa progreso y aceptar una revisión que resuelva algunos problemas y mejore la situación, aunque obviamente el resultado de hoy no complacerá necesariamente a todos y estoy en buena posición para apreciarlo.

Luego está la cuestión de los fallos del Tribunal. No se trata de juzgar un fallo, ni mucho menos. Pero tenemos que considerar la situación de hoy a la luz de los fallos del Tribunal. ¿Cuál es la nueva posición jurídica? Y tenemos que escuchar las opiniones de los Estados más afectados. He tratado este tema con mis homólogos. Los interlocutores sociales también deben dar sus opiniones sobre esta cuestión, y no necesariamente por separado. Juntos sería mucho mejor, para que podemos sacar nuestras conclusiones en consecuencia. En lo que a eso respecta, la Presidencia no entrará en el debate con ideas preconcebidas. ¿Debe revisarse la Directiva? He oído la pregunta reiteradamente y no sólo en esta Cámara. La respuesta, en mi opinión, debe venir después del debate y no al comienzo. De lo contrario, querría decir que se tienen ideas preconcebidas, y yo no las tengo.

En el asunto de los servicios sociales de interés general, me parece que todos los Estados miembros están deseosos de preservar la organización del ámbito de competencia de los servicios generales específico de cada país. Pero, reconozcámoslo, existe desacuerdo en cuanto a lo que debe hacerse en el ámbito de la Comunidad. Algunos opinan que la subsidiariedad es la única respuesta, mientras que otros piensan que debe haber un marco jurídico comunitario. Esto, claramente, no se va a decidir en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra propuesta de hoja de ruta con la Comisión es un intento de garantizar que estos temas se aborden adecuadamente de acuerdo con el calendario de la Unión.

Se han planteado muchos otros temas interesantes. Respecto a la acción contra la discriminación, la Presidencia ha prometido impulsar la nueva directiva. Para ultimar esto, como saben, hace falta la unanimidad de los Estados miembros.

En varias ocasiones he oído mencionar la palabra disponibilidad. Esto es especialmente apropiado, porque la eficacia requiere disponibilidad. Tenemos que tenerlo claro ahora. ¿Es la Europa social capaz de progresar o no? Para mí la respuesta es un sí rotundo, y debemos impulsar la Europa social. ¿No está bien entrado 2008? Lo está, estoy de acuerdo. ¿Es demasiado tarde? ¡Desde luego que no! Nunca es demasiado tarde. ¿Tenemos ganas de avanzar? Por supuesto que sí. Pero la cuestión es ésta: ¿vamos a impulsar la Europa social juntos? ¡Aquí, Señorías, es donde todos debemos dar la cara!

 
  
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  Vladimír Špidla, Miembro de la Comisión. (CS) Señorías, creo que la profundidad y la pasión del debate han demostrado claramente que vuelve a estar en marcha una Europa social. El debate ha tocado toda una serie de problemas detallados y creo innecesario responder a ellos uno por uno, ya que habrá oportunidad en futuros debates para proseguir los argumentos y encontrar un equilibrio adecuado. No obstante, quisiera responder a ciertas cosas de manera más general.

En primer lugar, esta agenda, al ser tan amplia, considera que una agenda social y una política social son una manifestación de un enfoque político complejo y son la consecuencia de un enfoque complejo en toda una serie de políticas. Es claramente un concepto establecido, no se trata de ninguna manera de una política social descartada, con una serie de aspectos indudablemente interesantes y técnicos, pero no obstante claramente marginados.

Esta agenda ha puesto la política social en el centro de la política europea. Desde luego, surge la pregunta de si esta agenda —y pienso que esto se debería descartar muy seriamente— no será simplemente de interés político técnico. No lo es, ya que el enfoque respecto a ella fue formulado hace años. Además, está incluida en toda una gama de documentos de la Comisión Europea que también han sido debatidos por el Parlamento. No está asociada a ningún acontecimiento significativo, como lo estuvo, por ejemplo, el referéndum irlandés.

Esta agenda indica, entre otras cosas, que la Comisión ha mostrado decisión al diseñarla como un procedimiento que intenta utilizar todos los instrumentos al alcance de la Comisión Europea dentro del ámbito europeo, legislación, el método abierto de coordinación y todos los demás métodos. Por consiguiente contiene no sólo propuestas legislativas, sino también, desde luego, las comunicaciones propuestas y propuestas de otros documentos.

Deseo recalcar que esta agenda es realista dentro de las opciones en las que la Comisión Europea puede influir. Las diferentes propuestas se debatirán indudablemente en el Parlamento y está claro que en muchas ocasiones se modificarán, pero, no obstante, son propuestas reales que se pueden debatir. El debate también ha hecho surgir la reflexión, aunque sólo parcialmente —y pienso que debo responder a ella—, de que las propuestas en el campo de la atención sanitaria son una especie de puerta trasera que conduce a la Directiva Bolkestein en dicho campo. No es así. Estas propuestas no están diseñadas como la prestación gratuita de los servicios, pero facilitará el acceso de los europeos a la atención sanitaria. Estas propuestas incluyen indudablemente toda una serie de aspectos muy delicados y está claro que se debatirán con seriedad y a fondo, pero, no obstante, su tendencia y consecuencia básicas serán una mejora de la atención sanitaria para los ciudadanos europeos.

Otra reflexión que quisiera recalcar es la idea de combatir la pobreza. Esta idea de combatir la pobreza está claramente formulada y el debate ha suscitado la pregunta: «¿con qué métodos?» La agenda no da por supuesto que exista un único método eficaz para combatir la pobreza, sino que se plantea atacarla desde distintos ángulos. Se combate la pobreza intentando limitar el abandono prematuro de la educación. Se combate la pobreza intentando abrir el acceso al aprendizaje permanente. También se combate la pobreza con la intención claramente formulada de que los sistemas de jubilación deben recalcar la equidad y la eficacia social. Son también formas de combatir la pobreza el tema de la discriminación y las directivas contra la discriminación, puesto que también se combate la pobreza facilitando el acceso a las personas discapacitadas, previniendo la discriminación contra las personas que han envejecido en el servicio, etc.

También ha surgido la cuestión de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Quiero decir que hay otras directivas que incluyen la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y, en vista de ello, no era esencial incluirla explícitamente en la Directiva propuesta.

Ha habido también un debate en relación con los convenios de la OIT. Quiero recalcar claramente que esta agenda muestra sin lugar a dudas la firmeza con que la Comisión y Europa están comprometidas con el concepto de un trabajo decente en un nivel global. Al igual que la Directiva que aplicará el acuerdo entre los trabajadores y los empresarios en el sector marítimo, es una clara indicación de cómo ve Europa los diferentes convenios de la OIT. En todos los documentos, se invita a los Estados europeos a ratificar todo el conjunto lo antes posible.

Señorías, el debate ha sido profundo y, a veces, duro. Creo que es un debate que indica la importancia de la política social europea.

 
  
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  Presidente. - Se cierra el debate.

La votación se celebrará durante el próximo período parcial de sesiones, en alguna parte de Europa.

Declaraciones por escrito (artículo 142)

 
  
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  Petru Filip (PPE-DE), por escrito.(RO) Señor Presidente, siguiendo las afirmaciones convencionales según las cuales 2008 será el año del relanzamiento de la Europa social, el denominado paquete social representa un conjunto de iniciativas legislativas cuya convergencia permanece, por el momento, en fase de intención. Quizás ha llegado la hora de que abordemos con más firmeza y diligencia un conjunto de asuntos cuya repercusión directa en los ciudadanos es mayor que nunca.

En estas circunstancias, tenemos que emprender la misión de garantizar unas condiciones de vida y de trabajo no discriminatorias para todos los ciudadanos de la Comunidad. En primer lugar, en este contexto, la reanudación de las conversaciones sobre un salario mínimo comunitario parece no sólo oportuno, sino también necesario. En segundo lugar, lo mismo también es válido para crear condiciones unitarias en todos los países de la UE con respecto al mercado laboral comunitario. No es correcto que, incluso hoy, la actitud de varios gobiernos de la UE hacia los ciudadanos europeos esté diferenciada en función del país de origen de éstos.

En el mismo contexto, la iniciativa de la Comisión de mejorar la visibilidad y los métodos de trabajo de acuerdo con la Estrategia de la UE sobre integración y protección social y de consolidar su interacción con otras políticas parece ser significativa. He tomado nota con satisfacción de la propuesta de la Comisión de una directiva horizontal para combatir la discriminación en campos diferentes al del empleo.

 
  
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  Lívia Járóka (PPE-DE), por escrito. (HU) Uno de los resultados más importantes de la agenda de política social renovada de la Comisión Europea debe ser la restauración de los derechos pertinentes de los romaníes europeos como ciudadanos europeos y el freno a su exclusión social. Me complace que el documento lo apoye.

En las áreas mencionadas por la Agenda, los romaníes están en una situación sustancialmente peor que la mayoría de la sociedad en cuanto a educación, empleo, condiciones de vida, discriminación y salud.

Los programas de aprendizaje permanente, que aportan a los romaníes las aptitudes necesarias para el empleo y el trabajo por cuenta propia, podrían ser una herramienta útil en la lucha contra el desempleo.

Las herramientas contra la discriminación se deben convertir en derechos nacionales para que aquéllos que sufren discriminación puedan recurrir a los tribunales, y las autoridades y órganos nacionales de igualdad de oportunidades puedan reconocer las transgresiones e imponer sanciones por ellas.

Los Fondos Estructurales podrían ser mucho más eficaces para reducir la exclusión social de los romaníes pero, para lograrlo, hay que dar a las ONG romaníes al menos el derecho de excusión en la selección, planificación, aplicación y evaluación de proyectos financiados por los Fondos, y hay que iniciar programas para equipar a las ONG romaníes para preparar las necesarias ofertas adjudicatarias.

Esperamos que la Agenda de Política Social pueda dar respuestas apropiadas a estas preguntas. Creo que es importante que podamos debatir estos temas en la conferencia a gran escala sobre los romaníes que se está organizando para el 16 de septiembre, y espero que la cuestión de la inclusión social de los romaníes se incluya en la agenda del Consejo Europeo, por separado y también como parte de la agenda social.

 
  
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  Sirpa Pietikäinen (PPE-DE), por escrito. (FI) Señor Presidente, Señorías, el paquete social de la Comisión es una reforma largamente esperada a la creación de la dimensión social de la Unión. Al igual que muchos de mis colegas, no obstante, me gustaría haber visto a la Comisión adoptar un enfoque algo más intrépido y ambicioso respecto a sus propuestas y reformas. En mi opinión, el paquete era especialmente deficiente en lo que se refiere a salvaguardar los servicios públicos básicos.

El paquete contiene, sin embargo, muchas propuestas buenas. Me gustaría dar las gracias especialmente a la Comisión por decidir, después de largas deliberaciones, preparar una directiva horizontal contra la discriminación que incluye todos los motivos de discriminación. Los ciudadanos que se enfrentan a la discriminación en diferentes formas y por diferentes razones no deben ser tratados de forma desigual. El enfoque horizontal es la única manera real de garantizar la igualdad de trato para todos. Además, la propuesta de reforzar el papel de los comités de empresa europeos es muy bienvenida.

La propuesta de una directiva sobre los derechos de los pacientes en la atención sanitaria transfronteriza, que ha recibido relativamente menos publicidad, tendrá una repercusión tangible sobre las vidas corrientes de muchos europeos. Con la apertura de las fronteras europeas y mayores oportunidades en el sector de la atención sanitaria, es especialmente importante aclarar quién es responsable de la salud de un paciente y hasta dónde llega esta responsabilidad. La propuesta de la Comisión de una directiva es una aclaración bienvenida de las reglas paneuropeas.

A pesar de sus deficiencias, el paquete representa decididamente un paso en la dirección correcta, y espero que la Comisión seguirá con sus esfuerzos por mejorar la sensación que tienen los ciudadanos europeos sobre la seguridad social en los años venideros. En este sentido, quisiera instar a la Comisión a que continúe con sus planes de elaborar una directiva sobre la ampliación de la baja de maternidad de 14 a 18 semanas. Ojalá que la Directiva se convierta en práctica futura lo más rápido posible. Me gustaría, no obstante, que la propuesta de la Comisión se centrara en particular en la ampliación de los permisos parentales a fin de mejorar los derechos y las oportunidades de padre y madre para permanecer en casa después del nacimiento de su hijo.

 
  
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  Katrin Saks (PSE), por escrito. (ET) Es indudable que Martin Schulz tiene razón al decir que el paquete social podría haber sido más fuerte. La Comisión debería haber producido el paquete con anterioridad para que hubiéramos podido tratar este importante asunto, no ahora que se aproximan las elecciones, sino antes, cuando había tiempo para sopesar cuidadosamente todos los matices de este paquete importante, y no hay duda de que es importante.

Entre otras cosas, quisiera mencionar la Comunicación de la Comisión sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Aunque ha prestado asistencia a varios miles de personas en, por ejemplo, Alemania, Francia, Portugal y Finlandia, la encuesta de 2007 muestra que una proporción bastante grande del Fondo no se utilizó.

Los trabajadores textiles de Lituania recibieron compensación del FEAG en agosto. Ésta es una buena señal de que los nuevos Estados miembros también pueden buscar asistencia con buenos resultados para que les ayude con los cambios que la globalización requiere.

La Comisión pronto investigará los criterios en los que se basan las decisiones de concesión de asistencia. Quisiera recalcar que en los países pequeños, como Estonia, muchas empresas han tenido que despedir a cientos de personas debido a la globalización. La simplificación del proceso de solicitud de asistencia del FEAG permitiría indudablemente que se simplificara también la asistencia a esas personas.

 
  
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  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), por escrito. (RO) El Tratado de Lisboa reconoce el hecho de que la Unión debe apoyarse en una economía de mercado social que proporcione a sus ciudadanos acceso a un trabajo y unas condiciones de vida decentes, a la educación, a la salud y a los servicios de protección social.

La población de la Unión está envejeciendo. Si, en 2007, los ciudadanos de más de 65 años representaban un 17 % de la población de la Unión, en 2030 este porcentaje alcanzará el 24,6 %.

Las últimas estadísticas de Eurostat indican que, a partir de 2015, el número de defunciones excederá el número de nacimientos, lo que llevará a una reducción del número de ciudadanos europeos de 521 millones en 2015 a 506 millones en 2060.

En estas circunstancias, la migración parece seguir siendo el principal factor de crecimiento de la población en la Unión. Pero los flujos migratorios afectan a los Estados miembros de maneras diferentes. Si, entre 1985 y 2007, Irlanda ha registrado un crecimiento de la población del 21,8 %, en Bulgaria la población ha disminuido en un 14,4 % durante el mismo período.

¿Cuáles son las soluciones que el paquete social ofrece para estos problemas? Los ciudadanos de la Unión están esperando medidas firmes para la creación de trabajos bien pagados, la garantía del acceso a una educación de calidad, a la salud y a los servicios de protección social.

El paquete social representa la póliza de seguro en el futuro de la Unión y es esencial para su desarrollo a largo plazo.

 
  
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  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), por escrito. No hay ninguna duda de que hay que reformar el modelo social europeo. Especialmente, de que el sistema de bienestar anticuado sigue dominando en muchos de los Estados miembros más grandes. Cualquier cosa que se diga sobre un modelo social europeo parece un paso en la dirección equivocada.

No es probable que ninguna agenda social o documento de política social publicado por la Comisión promueva un crecimiento económico real o cree puestos de trabajo. Con la crisis económica de los EE.UU. que se acerca velozmente a las costas de nuestro continente, nuestros Gobiernos deben reaccionar para asegurarse de que nuestros ciudadanos sientan lo menos posible la repercusión negativa de una recesión. La burocracia de la UE no será capaz de frenar una crisis económica o una recesión. Los Estados miembros deben centrarse en liberalizar sus economías, bajar los impuestos y los tipos de interés, y recortar el papeleo, especialmente para las pequeñas empresas.

La intervención centralizada en la economía siempre ha fracasado. Las medidas de arriba abajo propuestas por la Comisión quizá no sólo no ayuden a nuestros ciudadanos a evitar el desempleo, sino que incluso podrían obstaculizar el empleo y el crecimiento económico.

 
  
  

(La sesión, suspendida a las 11.40 horas a la espera del turno de votaciones, se reanuda a las 12.00 horas.)

 
  
  

PRESIDE: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vicepresidente

 
  
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  Dimitar Stoyanov (NI). - (BG) Señor Presidente, quisiera informar al Parlamento de que, en incumplimiento del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, el 30 de julio fui detenido y golpeado por la policía y también me amenazaron con cortarme el cuello.

Es una vergüenza que el Parlamento aún no haya manifestado opinión alguna sobre este delito cometido contra mí. Y quiero preguntar a mis colegas aquí reunidos: ¿a qué esperan, Señorías, a que de verdad me corten el cuello? ¿A que cumplan las amenazas y me maten? Se ha perpetrado una cruel injusticia contra un diputado al Parlamento Europeo y ustedes permanecen en silencio. Gracias.

 
  
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  Presidente. − Gracias por informarnos de esto, señor Stoyanov. Lo transmitiremos al órgano pertinente dentro de la institución.

 

5. Turno de votaciones
Vídeo de las intervenciones
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  Presidente. − El siguiente punto en el orden del día es la votación.

(Para los resultados y otros detalles de la votación: véase el Acta.)

 

5.1. Programa «La juventud en acción» para el período 2007-2013 (A6-0274/2008, Katerina Batzeli) (votación)
  

– Antes de la votación:

 
  
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  Katerina Batzeli, ponente. − Señor Presidente, con respecto a los cuatro informes por los que hay que votar, permítame señalar, en nombre de la Comisión de Cultura y Educación, que los programas plurianuales en el campo de la cultura, la educación, la juventud y la participación ciudadana en las actividades de la comunidad son algunas de las actividades más importantes de la UE y especialmente del Parlamento Europeo.

Por esta razón, las decisiones sobre la elección y financiación de las diferentes actividades cubiertas por estos programas deben depender de criterios claros y objetivos. Se deben adoptar procedimientos simplificados para evitar a los ciudadanos europeos retrasos innecesarios.

Los cuatro informes de comitología, que se pide al Parlamento Europeo que adopte hoy en la sesión plenaria, pretenden garantizar procedimientos transparentes, rápidos y eficaces. Esto fortalecerá simultáneamente la función del Parlamento Europeo en este campo de los procedimientos.

El hecho de que estas propuestas parlamentarias hayan sido aceptadas tanto por la Comisión como por el Consejo es especialmente satisfactorio e infunde esperanza para un futuro acuerdo interinstitucional.

Por último, quisiera dar las gracias a la Comisión, al Consejo bajo la Presidencia eslovena y a la actual Presidencia francesa por el espíritu de cooperación y acuerdo y por la manera en que han administrado estos cuatro programas comunitarios.

 

5.2. Programa «Cultura» (2007-2013) (A6-0273/2008, Katerina Batzeli) (votación)

5.3. Programa «Europa con los ciudadanos» para el período 2007-2013 (A6-0275/2008, Katerina Batzeli) (votación)

5.4. Programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente (A6-0276/2008, Katerina Batzeli) (votación)

5.5. Acuerdo de Colaboración y Cooperación CE/Uzbekistán (A6-0306/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (votación)

5.6. Acuerdo de Colaboración y Cooperación CE/Kirguistán (A6-0307/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (votación)

5.7. Acuerdo de Colaboración y Cooperación CE/Tayikistán (A6-0320/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (votación)

5.8. Responsabilidad de Montenegro relativa a los préstamos a largo plazo concedidos a Serbia y Montenegro (antigua República Federativa de Yugoslavia) (A6-0281/2008, Helmuth Markov) (votación

5.9. Producción y etiquetado de los productos ecológicos (A6-0311/2008, Neil Parish) (votación)

5.10. Acuerdo de Pesca para el Océano Índico Meridional (A6-0315/2008, Philippe Morillon) (votación)

5.11. Proyecto de presupuesto rectificativo n° 5/2008 (A6-0328/2008, Kyösti Virrankoski) (votación)

5.12. Red Judicial Europea (A6-0292/2008, Sylvia-Yvonne Kaufmann) (votación)

5.13. Aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones en materia penal (A6-0285/2008, Armando França) (votación)
  

– Antes de la votación:

 
  
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  Armando França, ponente. (PT) Este informe ha sido un buen ejemplo de comprensión y cooperación en el Parlamento y de cooperación entre el Parlamento y el Consejo. Por consiguiente doy las gracias a mis colegas, a los representantes del Consejo, al personal técnico y a todos los que han intervenido en este informe complejo y difícil.

La decisión marco será muy importante para la justicia penal en la UE. Promueve el principio del reconocimiento mutuo, consigue que se fortalezcan los derechos de la defensa y las garantías del acusado, hace más rápida y más eficaz la aplicación de las resoluciones dictadas en rebeldía y ayuda a combatir la criminalidad en Europa. La futura decisión marco también ayudará a fortalecer la primacía de la ley y el Estado de Derecho y a promover la integración europea. El fuerte consenso obtenido en la comisión LIBE fue crucial y debe repetirse aquí y ahora. Gracias a todos.

 

5.14. Pesca y acuicultura en el contexto de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa (A6-0286/2008, Ioannis Gklavakis) (votación)
  

Antes de la votación:

 
  
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  Ioannis Gklavakis, ponente. − Señor Presidente, Señorías, permítanme mencionar brevemente la gestión integrada de las zonas costeras, diseñada, sobre todo, para proteger la pesca y la piscicultura. El debate sobre el informe se ha cancelado debido al debate sobre la situación en Georgia, que es un asunto urgente e importante. Por eso estoy hablando hoy.

Mi informe trata principalmente de la protección del medio ambiente, en consecuencia pido sus votos en apoyo del mismo. Observo que la Comisión de Pesca ha votado por unanimidad.

Mi informe contiene diferentes propuestas, cuatro de las cuales son particularmente importantes. La primera es la finalización del plan de investigación marítima; la segunda, el plan a largo plazo pero también los debates permanentes, en los que participan los representantes de todas las profesiones, especialmente los pescadores. En tercer lugar está la posible formación de un organismo coordinador central, ya que ha habido una falta de coordinación entre los órganos en los últimos años. En cuarto lugar, debe fijarse un calendario porque, desde 2002, año en que hubo conversaciones similares, se han tomado algunas medidas sin plazos definidos.

Sugiero que lo que decidamos debe tener lugar según un calendario. Dado que creo que todos deseamos la protección del mar, les pido que voten a favor y les doy las gracias por anticipado.

 

5.15. Sistema de Información de Visados (VIS) en el marco del Código de fronteras Schengen (A6-0208/2008, Mihael Brejc) (votación)

5.16. Decisión del Consejo por la que se refuerza Eurojust y se modifica la Decisión 2002/187/JAI (A6-0293/2008, Renate Weber) (votación)
  

- Antes de la votación de la enmienda 19:

 
  
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  Evelyne Gebhardt (PSE). - (DE) Señor Presidente, como ya indiqué antes de la votación, hay una enmienda oral de transacción que traté con la señora Weber y el señor Demetriou, una transacción entre las enmiendas 37 y 39. La enmienda de transacción rezaría como sigue:

«Otras formas de delitos cuando existan indicios concretos de la implicación de una organización criminal o de la existencia de infracciones graves.»

(DE) Así es como rezaría la transacción, que incluiría las enmiendas 37 y 19.

 
  
  

(El Parlamento aprueba la enmienda oral.)

 

5.17. Evaluación del sistema de Dublín (A6-0287/2008, Jean Lambert) (votación)

5.18. Seguro de automóviles (A6-0249/2008, Nickolay Mladenov) (votación)

5.19. Estrategia coordinada de mejora de la lucha contra el fraude fiscal (A6-0312/2008, Sharon Bowles) (votación)
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  Presidente. − Con esto concluye la votación.

 

6. Explicaciones de voto
Vídeo de las intervenciones
  

Explicaciones de voto orales

 
  
  

- Informe: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0292/2008)

 
  
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  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Señor Presidente, no he podido dar mi explicación debido al nivel de ruido y quisiera hacerlo ahora. Voté por el informe Kaufmann debido a la necesidad de dejar claro que la Red Judicial Europea es una necesidad, ya que ha funcionado eficazmente durante los diez últimos años junto con el sistema de asistencia judicial. Ahora es cuestión de hacer una distinción clara entre la Red y Eurojust. Ambas instituciones tienen su justificación. El objetivo es que Eurojust y la Red Judicial Europea se complementen entre sí o cooperen, según convenga, y con ello garantizar la seguridad para los Estados miembros.

 
  
  

- Informe: Armando França (A6-0285/2008)

 
  
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  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Señor Presidente, con respecto a la aplicación de los fallos dictados en rebeldía, no nos sirve de nada en la Unión Europea si por un lado tenemos una excelente cooperación policial mientras que, por el otro, el sistema de enjuiciamiento penal no funciona tan bien como podría.

A este respecto, creo que nuestra decisión ha llenado una laguna. El reconocimiento mutuo de los fallos por los fiscales penales significará que los fallos en los casos penales, incluidos los dictados en rebeldía, se puedan aplicar en otros países. Esto es un paso vital para permitir a las autoridades judiciales ayudar a las fuerzas policiales en su trabajo.

 
  
  

- Informe: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

 
  
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  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Señor Presidente, el objetivo del informe Brejc es darnos los medios para garantizar, por fin, que se use y se revise el Sistema de Información de Visados cada vez que entren en el espacio Schengen ciudadanos de países no pertenecientes a la UE. Sabemos que muchas personas residen ilegalmente en la UE porque sus visados han caducado o han sido invalidados. Mediante esta cooperación entre el sistema de Schengen y el Sistema de Información de Visados, estamos creando condiciones en las que podemos eliminar los abusos de los visados en la Unión Europea y asegurarnos de que las personas que entran y salen de la Unión Europea tengan derecho legal para hacerlo.

 
  
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  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Señor Presidente, naturalmente no tengo ninguna objeción —como la mayoría de la gente, supongo— a las mejoras que se están haciendo al Sistema de Información de Visados de los países Schengen, pero lo que tenemos aquí en este informe es ridículo a más no poder. ¡El Sistema de Visados en realidad tendría que hacerse más flexible debido a las esperas en las fronteras! Cualquiera que haya viajado sabe que tiene que haber listas de espera y que a veces son necesarias. Me pregunto qué evaluación se podría hacer para que los guardias de fronteras decidan cuándo hay peligro y cuándo no. ¿Quién sabe de dónde vienen los riesgos terroristas y otros?

Tampoco tengo ningún problema con que estemos tanto más atrasados en esto. Nuestros controles fronterizos se han europeizado de manera irreflexiva, sin preparación y bajo presión de los extremistas ideológicos que dan menos importancia a la seguridad de los ciudadanos que al gran ideal de la nueva Unión Soviética Europea.

 
  
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  Daniel Hannan (NI). - Señor Presidente, intervengo —como se está haciendo tradicional en estas ocasiones— para señalar que la armonización de la política europea en los ámbitos de la justicia y asuntos de interior tiene una base legal muy endeble. Gran parte del contenido de los informes que acabamos de votar —los informes Kaufmann, França, Brejc, Weber y Lambert— está ahí para dar fuerza a aspectos de la política, a iniciativas y, en el caso de Eurojust, a toda una institución, que no tienen ningún mandato legal adecuado. Es cierto que tal mandato habría sido proporcionado por la Constitución Europea o por el Tratado de Lisboa, pero no lo es menos —como, al parecer, hay que recordar periódicamente a esta Cámara— que la Constitución fue rechazada tres veces: por el 55 % de los votantes franceses, por el 62 % de los votantes holandeses y por el 54 % de los votantes irlandeses.

La capacidad de tener el monopolio de la coacción penal por vía de un sistema judicial penal es quizás el atributo definitorio supremo de la condición de Estado. Podemos definir un Estado como un territorio con reglas acordadas aplicadas por una autoridad común. Si la Unión Europea se quiere arrogar este atributo supremo de condición de Estado, debiera tener la decencia de pedir permiso antes a sus ciudadanos en referendos. ¡Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
  

- Informe: Renate Weber (A6-0293/2008)

 
  
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  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Señor Presidente, este informe trata sobre el fortalecimiento de Eurojust. Éste es otro conjunto de instrumentos cuya finalidad última es intensificar la cooperación policial y hacerla eficaz. Se ha puesto de manifiesto que en la cooperación judicial dentro de un determinado país intervienen muchísimas instituciones. Por consiguiente, nuestra propuesta para el establecimiento de un sistema de coordinación dentro de los Estados miembros, y entre ellos, tiene mucho sentido, sencillamente porque garantiza una cooperación eficaz, especialmente en la lucha contra el terrorismo y otras formas de crimen organizado.

Una medida particularmente alentadora que deseo destacar es que se establecerán magistrados de enlace en países no pertenecientes a la UE, algo parecido a lo que ya tenemos en el marco policial, a fin de que la cooperación con esos países se pueda mejorar en consecuencia. En resumen, este sistema nos permitirá crear otro cordón de protección de la Unión Europea.

 
  
  

- Informes: Jean Lambert (A6-0287/2008), Sharon Bowles (A6-0312/2008)

 
  
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  David Sumberg (PPE-DE). - Señor Presidente, permítame empezar diciendo qué gran placer es verle a usted presidiendo aquí en Bruselas toda una sesión plenaria. Un pequeño paso para el señor McMillan-Scott; un salto gigantesco, quizás, para el Parlamento Europeo. ¿Quién sabe? Esperen sentados.

Intervengo en relación con el informe Lambert y también con el informe Bowles, si me está llamando la atención por esto. El informe Lambert lo encuentro difícil de apoyar. Incluye referencias a la idea de distribuir los inmigrantes ilegales entre la gran mayoría de los países de la UE, algo que considero muy poco práctico. Más importante, desde el punto de vista del Reino Unido, es el hecho de que —singular o casi singularmente (puesto que Chipre esta en la misma situación)— somos una isla. Por consiguiente, considero importante para el Reino Unido que conserve el control de sus propias fronteras, controladas por las autoridades del Reino Unido y no por la Unión Europea, que tiene fronteras grandes y permeables. Opino, por tanto, que el informe Lambert es inadmisible sobre esta base.

El informe Bowles es inadmisible porque, aunque tiene algunas buenas intenciones, de hecho culpa a los paraísos fiscales de los elevados impuestos que muchos de nosotros tenemos que soportar. Pero la razón por la que soportamos impuestos elevados —en el Reino Unido, desde luego— es porque tenemos un Gobierno laborista empeñado y decidido a aumentar la recaudación por impuestos y cargársela al pueblo británico y al contribuyente británico.

La esencia de una carga fiscal elevada es un problema nacional y debe seguir siéndolo, y los gobiernos deben asumir la responsabilidad de la misma a escala nacional. No debe ser una responsabilidad de la Unión Europea.

 
  
  

- Informe: Jean Lambert (A6-0287/2008)

 
  
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  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Señor Presidente, la ponente, señora Lambert, tiene razón al decir que los objetivos de Dublín en materia de presentación de múltiples solicitudes de asilo (asylum shopping) nunca se han logrado; de hecho, ha sucedido todo lo contrario. Eso es cierto. Tiene razón también al decir que, inevitablemente, el sistema impone una carga injustificadamente pesada a los Estados miembros situados en las fronteras de la Unión Europea. Eso es también cierto. Es bueno, por tanto, que se haga un llamamiento a apoyar a dichos Estados.

Por otra parte, opino que en el informe faltan varios puntos importantes y no estoy de acuerdo en absoluto con la mayoría de los supuestos y objetivos de la ponente; todo lo contrario. Un ejemplo: la evaluación hecha por la Comisión ya señaló que decenas de miles de solicitantes de asilo se esconden debido al sistema de Dublín, y aun así la ponente argumenta contra su detención. Esto no puede ser más grave. Quizá dé resultado la estrecha cooperación entre los Estados miembros europeos en la cuestión del asilo, pero en ese caso es necesario suprimir un montón de ideas políticamente correctas que llenan este informe.

 
  
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  Philip Claeys (NI). - (NL) Señor Presidente, es imposible resumir todos los problemas del informe Lambert en un minuto, de manera que me limitaré a un par de puntos. Con relación a la protección de los niños, el informe dice que, en caso de no estar seguros respecto a su edad, a los niños se les debe conceder el beneficio de la duda. Algo así suena bien, pero de hecho es una invitación directa a un aumento del fraude con los documentos de identidad.

El informe también manifiesta que la definición de un miembro de la familia es excesivamente restrictivo, lo cual también es una invitación abierta a más abusos. En África, por ejemplo, prácticamente todos son familia de todos y, si vamos a tener eso en cuenta, ya podemos ir abriendo todas las puertas de inmediato.

El informe también se opone al acceso a la base de datos Eurodac para los servicios policiales y demás cuerpos y fuerzas de seguridad de los Estados miembros porque, cito textualmente, «esto también aumentaría el riesgo de estigmatizar a los solicitantes de asilo». Ésta es una idea ridícula, especialmente porque Eurodac podría contener gran cantidad de información en la lucha contra la inmigración ilegal, la delincuencia internacional y el terrorismo.

 
  
  

- Informe: Sharon Bowles (A6-0312/2008)

 
  
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  Christoph Konrad (PPE-DE). - (DE) Señor Presidente, Señorías, el informe Bowles incluye un examen del problema del fraude del IVA, y con toda la razón, puesto que asciende a 20 000 millones de euros al año. Apoyo las propuestas sobre este asunto. Es importante señalar, no obstante, que necesitamos un cambio de sistema —reforma estructural— en esta área. Lo que venimos oyendo de la Comisión en este contexto nunca ha sido más que una declaración de intenciones de acelerar la cooperación intergubernamental en este asunto y de participar en la evaluación, la investigación, etc.

Dado el volumen de fraude que tiene lugar, ya es hora de que la Comisión abandone su postura pasiva y apoye a los Estados miembros reformistas que en realidad se proponen introducir este procedimiento de autoliquidación. Ésta es también una llamada al señor Kovács para que se replantee este tema, que ya va siendo hora. Espero que recibamos una propuesta apropiada antes de que finalice este mandato parlamentario y que se respalden las propuestas de los Gobiernos austriaco y alemán.

 
  
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  Ivo Strejček (PPE-DE). - Señor Presidente, he votado en contra del informe Bowles.

Hay tres puntos que quisiera recalcar. Primero, el informe pide una mejor coordinación tributaria y fiscal. Supongo que es perjudicial para la competencia tributaria, porque ésta es sólida y fructífera. Segundo, la manera de eliminar el fraude tributario no es mediante una reducción de la competencia sino mediante la eliminación rigurosa de las exenciones tributarias. Tercero, el fraude tributario en el IVA debe eliminarse mediante la unificación de las tasas de IVA, lo que dará lugar a la rápida reducción de las exenciones y las lagunas.

El informe Bowles ofrece diferentes remedios. Ése es el motivo por el que he votado en contra.

 
  
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  Astrid Lulling (PPE-DE).(FR) Señor Presidente, como dije ayer, estoy en contra de todo tipo de fraude fiscal, y he pedido a la Comisión y al Consejo que actúen con diligencia para remediar los efectos desastrosos de la evasión del IVA: las pérdidas se han estimado en 20 000 millones de euros al año, o casi una quinta parte del presupuesto de la UE.

Me he referido a un modelo —desarrollado por RTvat y presentado por esa organización a esta Cámara— que reduciría la evasión del IVA en unos 275 millones de euros diarios y reduciría la carga administrativa, en particular para las PYME. Pienso que la Comisión debe analizar estas propuestas, porque sí existen modelos. Naturalmente, tiene que haber voluntad política para adoptarlos.

No obstante, he sido incapaz de votar por el informe porque no se han adoptado las enmiendas de mi Grupo, incluida la enmienda que decía que una competencia fiscal saludable ayudará a mantener y aumentar los ingresos por impuestos de los Estados miembros y la enmienda que se opone a la ampliación de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro. Pero nos oponemos claramente a la ampliación del alcance de la Directiva para que cubra todas las entidades jurídicas y todas las fuentes de ingresos financieros.

En este contexto, creo que no debemos olvidar que un exceso de impuestos es nocivo para la fiscalidad y que los Estados miembros que están a favor de tales medidas deben estar muy atentos, porque la gente de Macao, Singapur y Hong Kong ya se está frotando las manos con regocijo ante la perspectiva de que nos movamos en esta dirección. Ésta es la razón por la que no he votado a favor del informe, porque quiero que esto sea claro y preciso.

 
  
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  Avril Doyle (PPE-DE). - Señor Presidente, sólo quiero decir unas palabras acerca del informe Bowles, que trata sobre una estrategia coordinada para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. Al leer esto, uno puede pensar que sería muy difícil estar en contra del informe o incluso de cualquier parte del mismo.

La realidad es que, si bien apoyo plenamente un enfoque coordinado en la lucha contra el fraude fiscal —y es cierto que necesitamos un análisis y una coordinación serios en este ámbito—, considero completamente inadmisible cualquier sugerencia de aproximación tributaria y/o de una disminución de la competencia tributaria en toda la UE de los 27 Estados miembros como parte de la solución en la lucha contra el fraude fiscal.

No estoy segura de si Europa —como en la Comisión— se hace cargo del daño que se está causando en los Estados miembros por las referencias constantes a cualquier forma de centralización, control o reducción de su competencia en el área tributaria. Esto fue un tema importantísimo —aunque irrelevante para el Tratado de Lisboa— durante el debate sobre nuestro referéndum del 12 de junio. Ojalá hubiéramos podido, pero no logramos disuadir a los que temen a Europa —por ejemplo, el deseo de las instituciones europeas de controlar los impuestos de forma centralizada en distintos grados y por distintas razones— de la idea de que el Tratado de Lisboa presta apoyo a ese concepto. Tengan mucho cuidado con enredar en este aspecto concreto.

 
  
  

- Informes: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0292/2008)

 
  
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  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Señor Presidente, no he votado en contra del informe Kaufmann, aunque no estoy convencido en absoluto de que la europeización de nuestros sistemas judiciales o el establecimiento de una fiscalía europea sean necesariamente la manera correcta de mejorar el funcionamiento de la policía y de la justicia o el castigo de los delitos, incluso los transfronterizos. Todo lo contrario.

Pero llamo a una cooperación más estrecha y de gran alcance entre todos los servicios de seguridad europeos soberanos y, en ese sentido, puedo apoyar en gran parte una serie de recomendaciones y mejoras al informe Kaufmann, mejoras a la Red Judicial europea. Sin embargo, todo esto no debe dar lugar a un sistema de justicia europeo demasiado bien pagado y arrogante, distanciado del mundo real, como hemos visto en los últimos meses, entrometiéndose de una manera que va mucho más allá de la cooperación necesaria entre Estados miembros soberanos. Por esta segunda razón, por tanto, me he abstenido en la votación final del informe Kaufmann.

 
  
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
  

- Informe: Katerina Batzeli (A6-0274/2008)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. (FR) He votado a favor de la resolución legislativa basada en el informe de la diputada griega Katerina Batzeli por la que se aprueba, en primera lectura conforme al procedimiento de codecisión, la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión nº 1719/2006/CE por la que se establece el programa La juventud en acción para el período 2007-2013. Aplaudo y apoyo las enmiendas que han sustituido el procedimiento consultivo de comitología por la obligación, por parte de la Comisión, de informar sin dilación al Parlamento Europeo y a los Estados miembros acerca de cualquier medida que se adopte para aplicar la decisión sin la asistencia de una comisión, a fin de permitir aplicar las decisiones de selección de forma más rápida y eficiente.

 
  
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  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe de la señora Batzeli y acojo con enorme satisfacción el aumento sustancial de los fondos correspondientes. El programa «Juventud en acción» ha sido un instrumento importante en los últimos años para implicar a la generación emergente de nuestra Unión en el gran proyecto europeo: un vínculo vital, por tanto, para acercar la nueva generación a Europa y permitirles participar en varias iniciativas políticas y culturales realmente interesantes. La Comisión Europea hace lo correcto al seguir este camino: como representante joven de este Parlamento, y conociendo el compromiso y los objetivos del señor Figel, puedo permitirme ser optimista respecto al éxito del nuevo programa para 2007-2013.

 
  
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  Slavi Binev (NI), por escrito. − (BG) Señor Presidente, colegas,

El programa Juventud en acción es una herramienta que nos ayuda a ocupar a nuestros niños en actividades constructivas, mediante las cuales pueden desarrollar un espíritu de liderazgo, solidaridad y tolerancia. Al mismo tiempo, es la mejor manera que tenemos de demostrar a los jóvenes que nos interesamos por la resolución de sus problemas y podemos asociarlos a la idea de un hogar europeo común. Por este motivo, un alto grado de eficiencia en la gestión de los fondos propuestos para los jóvenes de Europa es de importancia clave para el futuro de la Unión.

Las principales prioridades de este Parlamento incluyen estimular la iniciativa, reducir la carga administrativa y conseguir un mayor grado de transparencia. La señora Batzeli ofrece soluciones que reducen el tiempo que tardan los fondos en llegar a los proyectos ganadores, lo que supone una señal positiva para los jóvenes. Al mismo tiempo, las enmiendas defienden el papel del Parlamento Europeo en el control del gasto de los fondos comunitarios. Por eso he dado mi voto al informe sobre las enmiendas al programa Juventud en acción.

¡Felicito a la ponente por su excelente trabajo!

 
  
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  Neena Gill (PSE), por escrito. Me ha llenado de satisfacción votar a favor de este informe, ya que creo que el programa Juventud en acción es una iniciativa excelente. Programas como éste serán vitales para promover el encuentro entre los jóvenes y Europa.

Este encuentro es muy necesario. Una y otra vez oigo decir a mis constituyentes que la Unión Europea no hace nada por ellos. Sin financiación para los programas de la sociedad civil, quienes crean en la importancia del proyecto europeo lo tendrán difícil para afrontar las críticas de los déficits democráticos y de las instituciones indiferentes.

Y esta negatividad es especialmente acusada entre los jóvenes. Siempre que visito las escuelas de mi circunscripción, me choca su cinismo respecto al papel de la UE. Por consiguiente, un informe como éste representa una respuesta oportuna a un problema urgente y creciente.

Pero el informe se ha tenido que enfrentar a la oposición de los alarmistas que sostienen que dará más fuerza a la Comisión. Lo que está claro es que toda la información facilitada deberá ser objetiva para poder ser eficaz. Sin embargo, pediría a los diputados que se pregunten cómo puede dar más poder a la Comisión el reforzamiento de la sociedad civil y del papel del ciudadano joven.

 
  
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  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La cultura tiene que ver con cuestiones fundamentales a largo plazo que afectan a las naciones y a las civilizaciones. Por este motivo, la Lista de Junio considera que la política cultural debe ser administrada por políticos cercanos a sus ciudadanos y, por consiguiente, debe estar dirigida sobre todo al ámbito nacional. Consideramos que los programas culturales han recibido, del presupuesto de la UE, créditos excesivamente generosos para un asunto que, en todo lo esencial, debería depender de los Estados miembros. En general estamos a favor de más fondos para cultura, pero estamos en contra de que se asignen más fondos por parte de aquellas instituciones de la UE que están muy alejadas de los ciudadanos.

En la votación de los cuatro informes de hoy de la señora Batzeli, sólo teníamos que alcanzar una opinión sobre las enmiendas de una naturaleza más técnica acerca de la estructura de la puesta en práctica de los programas. Pero hemos decidido votar en contra de estos informes para dejar claro que nos oponemos a que se hagan tales inversiones culturales significativas a escala de la UE.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. − Aplaudo el informe de Katerina Batzeli sobre el programa Juventud en acción. Las subvenciones proporcionadas por el programa son un elemento clave para permitir a los jóvenes europeos beneficiarse plenamente de las oportunidades que ofrece la UE. El informe pretende reducir la burocracia y simplificar el proceso de toma de decisiones que se sigue para seleccionar las subvenciones. Por consiguiente, apoyo sus recomendaciones.

 
  
  

- Informe: Katerina Batzeli (A6-0273/2008)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. (FR) He votado a favor de la resolución legislativa basada en el informe de la diputada griega Katerina Batzeli por la que se aprueba, en primera lectura conforme al procedimiento de codecisión, la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión nº 1855/2006/CE por la que se establece el programa Cultura (2007-2013). Aplaudo y apoyo las enmiendas que han sustituido el procedimiento consultivo de comitología por la obligación, por parte de la Comisión, de informar sin dilación al Parlamento Europeo y a los Estados miembros acerca de cualquier medida que se adopte para aplicar la decisión sin la asistencia de una comisión, a fin de permitir aplicar las decisiones de selección de forma más rápida y eficiente.

 
  
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  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), por escrito. − (RO) He votado a favor de este informe porque busca reducir los plazos de decisión para conceder financiación europea a través del programa Cultura 2007-2013.

La experiencia de otros años indica que el procedimiento de concesión de financiación a través de este mecanismo es muy lento y por este motivo los operadores culturales europeos pueden tener problemas financieros.

Teniendo en cuenta que las instituciones culturales y los artistas que solicitan estos fondos suelen encontrarse en una situación financiera delicada, aplaudo cualquier medida diseñada para facilitar el acceso a los fondos europeos.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. − El informe de Katerina Batzeli sobre el programa Cultura para 2007-2013 agiliza el proceso por el que se deciden las ayudas económicas a través del programa. Hacer más eficiente este proceso beneficiará a programas tales como las Capitales europeas de la cultura. Por esta razón he votado a favor del informe.

 
  
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  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), por escrito. (PL) Señor Presidente, los informes elaborados por Katerina Batzeli y sometidos a votación, que tratan sobre el programa Juventud en acción (2007-2013), el programa Cultura (2007-2013), el programa Europa con los ciudadanos (2007-2013) y el programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente, indican que los procedimientos seguidos en la adopción de programas plurianuales en el campo de la cultura, la educación de la juventud y la ciudadanía activa dificultan claramente la preparación y puesta en práctica de dichos programas. La pregunta es: ¿se debe esto al estilo burocrático de funcionamiento de la Comisión Europea o a una falta de comprensión del importante asunto de la ciudadanía activa?


La cultura y la educación no pueden soportar la burocracia. De ahí las peticiones reiteradas de la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo de «un procedimiento rápido, eficaz y transparente que, al tiempo, garantice el derecho de control y de información en cuanto a la toma de decisiones». Sin decisiones rápidas no se harán sentir los efectos deseados. Estos hechos justifican plenamente la votación a favor de los informes, especialmente teniendo en cuenta que la cultura, en su sentido más amplio, es la riqueza de las naciones y la garantía de su desarrollo y de su resistencia.

 
  
  

- Informe: Katerina Batzeli (A6-0275/2008)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. (FR) He votado a favor de la resolución legislativa basada en el informe de la diputada griega Katerina Batzeli por la que se aprueba, en primera lectura conforme al procedimiento de codecisión, la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión nº 1904/2006/CE por la que se establece para el período 2007-2013 el programa «Europa con los Ciudadanos» a fin de promover la ciudadanía europea activa. Aplaudo y apoyo las enmiendas que han sustituido el procedimiento consultivo de comitología por la obligación, por parte de la Comisión, de informar sin dilación al Parlamento Europeo y a los Estados miembros acerca de cualquier medida que se adopte para aplicar la decisión sin la asistencia de una comisión, a fin de permitir aplicar las decisiones de selección de forma más rápida y eficiente.

 
  
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  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. (IT) Gracias, señor Presidente. Al igual que con los informes anteriores, estoy convencido sobre éste y voto a favor del trabajo realizado por mi colega, la señora Batzeli.

El programa «Europa con los ciudadanos» ha sido un paso importante en los últimos años en la difícil tarea de acercar Europa a sus ciudadanos: en el pasado, con excesiva frecuencia, Europa ha sido percibida como una entidad distante y burocrática, desconectada de la realidad cotidiana de sus ciudadanos.

Hoy, ya que excepcionalmente estamos celebrando el Pleno en Bruselas, tenemos una oportunidad de enviar una señal que los ciudadanos europeos acogerán con gran satisfacción: empecemos a hablar de tener una única sede del Parlamento Europeo en Bruselas. Nuestros ciudadanos están cada vez más desconcertados ante este «traslado» mensual que implica mayores esfuerzos de organización y cargas económicas. Empecemos a hablar de este asunto sin tabúes.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. − Aplaudo las propuestas de reducir la burocracia en el proceso de toma de decisiones para el programa Europa con los ciudadanos. Una selección más eficiente de las subvenciones para el hermanamiento de ciudades y apoyo a la sociedad civil mejorará la capacidad de la UE para alentar a sus ciudadanos a comprometerse con Europa. Teniendo esto en cuenta, he votado a favor del informe de Katerina Batzeli sobre el programa «Europa con los ciudadanos» 2007-2013 para promover la ciudadanía activa.

 
  
  

- Informe: Katerina Batzeli (A6-0276/2008)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito.(FR) He votado a favor de la resolución legislativa basada en el informe de mi colega griega Katerina Batzeli por la que se aprueba, en primera lectura conforme al procedimiento de codecisión, la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión nº 1720/2006/CE por la que se establece un programa de acción en el campo del aprendizaje permanente. Aplaudo y apoyo las enmiendas que han sustituido el procedimiento consultivo de comitología por la obligación, por parte de la Comisión, de informar sin dilación al Parlamento Europeo y a los Estados miembros acerca de cualquier medida que se adopte para aplicar la decisión sin la asistencia de una comisión, a fin de permitir aplicar las decisiones de selección de forma más rápida y eficiente.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. − El programa de aprendizaje permanente ayuda a financiar planes de educación del tipo de Erasmus. Es mediante esos planes que la gente de toda Europa no sólo experimenta la riqueza cultural de Europa, sino también la gran cantidad de oportunidades de aprender que la UE ofrece. Por eso he votado a favor del informe de Katerina Batzeli sobre un «programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente».

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Es contraproducente alentar a nuestros propios ciudadanos a aprender por un lado pero encontrarse con planes de «tarjeta azul» por otro, puesto que el aumento del empleo atípico y la presión competitiva más acérrima ya se han asegurado de que una buena formación básica y secundaria haya dejado de ser una defensa contra el desempleo.

Hay suficientes personas bien cualificadas que son rechazadas por las empresas sencillamente porque éstas están dispuestas a emplear a los titulados en doctorados o másteres en McJobs o empleos basura más baratos que encuentren o porque ya no quieren ofrecer otra cosa que contratos laborales atípicos.

Hay una necesidad fundamental de lanzar ofensivas de formación para eliminar la escasez de mano de obra cualificada, que se usa para justificar el presente estado de cosas. Si eso resulta imposible, debe darse preferencia a un modelo de migrantes temporeros. Esto evitará la repetición de oleadas de inmigración masiva.

 
  
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  Dumitru Oprea (PPE-DE), por escrito. − (RO) He votado a favor del informe de la señora Katerina Batzeli por varias razones.

Es bien sabido que la educación y la formación son prioridades esenciales para la Unión Europea, a fin de conseguir los objetivos de Lisboa. El objetivo del programa de aprendizaje permanente debe ser el de mantener una sociedad flexible y autónoma, basada en el conocimiento, con un desarrollo económico-cultural en cantidad y en calidad, todo ello siguiendo una línea —y dentro del espíritu— de una mayor cohesión social. Por este motivo, la formación permanente debe abarcar todos los factores sociales.

Evidentemente, al igual que cualquier otro programa de esta envergadura, debe ser claro, coherente, vigilado con regularidad y evaluado después de cada fase de ejecución para permitir reajustes, especialmente en relación con las prioridades de aplicación de las medidas.

No obstante, los programas de aprendizaje permanente también deben prestar atención a las personas adultas. A la vista del hecho de que casi siempre se hace hincapié en la educación en la primera etapa de la vida y que, a partir de ahí, el conocimiento de la persona se vaya quedando estancado, hay que estimular y motivar a cada ciudadano para que participe en una forma de aprendizaje permanente que garantice un posible empleo en el mercado de trabajo, sea cual sea su edad.

Esto es aún más importante si lo relacionamos con las estadísticas de envejecimiento de la mano de obra y de disminución de la población activa.

 
  
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  Mihaela Popa (PPE-DE ), por escrito. − (RO) Hoy, toda Europa se está enfrentando a una serie de cambios esenciales y drásticos para los ciudadanos de todas las edades.

Se ha reconocido la importancia de la educación y la formación en la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, y el Consejo Europeo ha recalcado reiteradamente el papel de la educación y la formación en la competitividad de la Unión Europea a largo plazo.

Hoy, ya no podemos vaticinar que las personas permanecerán toda la vida en el mismo sector empresarial o en el mismo lugar. Su evolución profesional seguirá caminos impredecibles, y necesitarán una amplia gama de aptitudes generales para poderse adaptar.

Con el fin de prepararlos para la vida y para la sociedad, las escuelas deben guiarlos hacia el aprendizaje permanente, un programa integral de la Unión Europea que considera a las personas capaces de aprender a cualquier edad, con lo que siguen siendo miembros vivos y activos de la sociedad.

Es por eso que he votado por este informe con total confianza, porque tenemos que desarrollar programas diseñados para estos fines, y aquí me refiero en particular a los Estados miembros recientemente incorporados a la UE.

 
  
  

- Informe: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0306/2008)

 
  
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  Marian Zlotea (PPE-DE), por escrito. − (RO) El acuerdo de colaboración y de cooperación (ACC) entre las Comunidades Europeas y los Estados miembros, por un lado, y la República de Uzbekistán, por otro, entró en vigor el 1 de julio de 1999, antes de la ampliación de la Unión Europea con la República de Bulgaria y Rumanía. Fue necesario elaborar el protocolo al ACC para permitir a los nuevos Estados miembros (Rumanía y Bulgaria) incorporarse a este acuerdo.

Considero que el Parlamento debería tener más iniciativas de este tipo, teniendo en cuenta también los acuerdos de colaboración firmados con otros países de la región. En relación con la situación de este año en la región, es necesario ultimar un acuerdo de colaboración entre la Unión Europea y Azerbaiyán que proporcione a Europa la posibilidad de seguir adelante con sus proyectos energéticos.

Azerbaiyán tiene que recibir atención especial de la Unión Europea, partiendo también de la realidad de la política muy equilibrada de este país y de su disponibilidad para contribuir a la consecución de los proyectos energéticos de la Unión Europea.

 
  
  

- Informe: Helmuth Markov (A6-0281/2008)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. (FR) Tras el referéndum celebrado en Montenegro el 21 de mayo de 2006 sobre la independencia del país, en el que una mayoría (el 55,4 %) votó a favor de un Montenegro independiente, el parlamento montenegrino proclamó la plena independencia de Montenegro conforme a la legislación internacional el 3 de junio de 2006. Serbia reconoció la independencia de Montenegro el 5 de junio de 2006, y el parlamento serbio adoptó una decisión que definía a Serbia como sucesora de la Unión Estatal de Serbia y Montenegro, que era el nuevo nombre de la República Federativa de Yugoslavia según lo dispuesto en la Carta Constitucional del 4 de febrero de 2003. Es en este contexto que he votado a favor de la resolución legislativa del Parlamento Europeo por la que se aprueba, conforme al procedimiento de consulta, la propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece una responsabilidad específica para Montenegro y se reduce proporcionalmente la responsabilidad de Serbia en relación con los préstamos a largo plazo concedidos por la Comunidad a la Unión Estatal de Serbia y Montenegro (antigua República Federativa de Yugoslavia).

 
  
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  Brian Simpson (PSE), por escrito. − Votaré a favor del informe de Helmuth Markov. Creo que es totalmente esencial para la estabilidad y la seguridad de Europa que hagamos todo lo posible por ayudar a Serbia y a Montenegro a recuperarse de la convulsión económica y social que se produjo con la división de Yugoslavia y las desastrosas guerras subsiguientes.

Espero que, en particular, la infraestructura y el transporte figuren en lugar prominente. Si vamos a ser realistas en nuestras aspiraciones para ambos países, este acuerdo es esencial y debe ser apoyado con firmeza. Tengo la esperanza de que, en una fecha futura, tanto Serbia como Montenegro puedan adherirse a la Unión Europea.

Este acuerdo es el primer paso en el camino hacia esta aspiración.

 
  
  

- Informe: Neil Parish (A6-0311/2008)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. (FR) Sobre la base del informe de mi excelente colega británico Neil Parish, he votado a favor de la resolución legislativa por la que se aprueba, en primera lectura conforme al procedimiento de consulta, la propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento del Consejo de junio de 2007 sobre la producción y etiquetado de los productos ecológicos. El Reglamento del Consejo de 28 de junio de 2007 sobre la producción y etiquetado de los productos ecológicos debe entrar en vigor como requisito obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. La finalidad de esta propuesta es aplazar el uso obligatorio del logotipo de la UE a la espera del diseño de un nuevo logotipo, para ayudar a evitar que los consumidores se sientan confundidos por el cambio de logotipos de la UE en un período tan breve y que se genere una carga económica adicional para los operadores, que tendrían que cambiar sus envases e impresiones en un plazo muy breve. Por consiguiente, se propone aplazar el uso obligatorio del logotipo de la UE hasta el 30 de junio del 2010.

 
  
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  Glyn Ford (PSE), por escrito. − Respaldo este informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos. No estoy totalmente convencido de que siempre sea mejor potenciar al máximo la producción y el consumo de productos ecológicos. Creo que la ciencia ha mejorado la productividad y la seguridad alimentarias en algunas áreas importantes. Mi propio consumo refleja esta creencia. No obstante, los que adoptan una actitud más fundamentalista tienen derecho a que se les den garantías de que «ecológico» es realmente ecológico y no sólo una etiqueta utilizada para sacarles más dinero a los consumidores crédulos y mal informados.

 
  
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  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La demanda de alimentos y otros productos ecológicos es alta y creciente y para satisfacerla es necesario, naturalmente, que los consumidores puedan identificar estos productos en el mercado. Por consiguiente, el etiquetado es necesario para que el mercado funcione en este aspecto.

Sin embargo, hemos votado anteriormente contra el etiquetado de los productos ecológicos por la UE, ya que estamos convencidos de que las fuerzas del mercado, encabezadas por unos consumidores europeos bien informados, son capaces de cumplir esta tarea por sí solas. Si se requiere una reglamentación política en el área del etiquetado de los productos ecológicos, debe hacerse a escala nacional.

En la votación de este informe, sin embargo, sólo nos encontramos ante la cuestión de aplazar el uso obligatorio del logotipo de la UE en los productos ecológicos. Hemos votado a favor de esta propuesta.

 
  
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  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − He votado a favor del informe Parish que acepta la propuesta de la Comisión de retrasar la introducción del uso de una etiqueta ecológica obligatoria de la UE. Hay que observar, sin embargo, que el uso voluntario de tal etiqueta no está prohibido y que se debe promover cualquier iniciativa que sea beneficiosa para los consumidores.

 
  
  

- Informe: Philippe Morillon (A6-0315/2008)

 
  
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  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) Hemos votado a favor del informe, ya que las enmiendas propuestas por el Parlamento supondrían requerir el consentimiento del Parlamento Europeo para ultimar acuerdos. Estamos a favor de una revisión exhaustiva de los acuerdos de pesca de la UE y la vemos como un primer paso positivo que nos da mayores oportunidades de ejercer nuestra influencia.

Nos tomamos muy en serio los informes científicos que revelan que los mares se están agotando. Por consiguiente, no consideramos los Acuerdos de Pesca de la UE como un medio de combatir la pobreza y fomentar un desarrollo sostenible a largo plazo. Nos gustaría cambiar la política de pesca de la UE de tal manera que conduzca a la reconstrucción de las poblaciones de peces. Mediante cambios en el comercio de la UE y en la política de ayuda y las diversas formas de colaboración, buscamos también apoyar el desarrollo sostenible en los países en los que los Acuerdos de Pesca con la UE constituyen actualmente una de las principales fuentes de ingresos.

 
  
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  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − He apoyado el informe Morillon relativo al Acuerdo de Pesca para el Océano Índico Meridional. Considero que los países pesqueros deben controlar su propia pesca a la vez que cooperan internacionalmente por medio de las organizaciones de pesca regionales.

La UE tiene un interés costero en el Océano Índico y en consecuencia debe cumplir las obligaciones impuestas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Sin embargo, espero con expectación el día en que Francia, y otras naciones de la UE, tengan el control directo de sus propios intereses pesqueros.

 
  
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  Margie Sudre (PPE-DE), por escrito. (FR) El Parlamento Europeo acaba de dar su aprobación al Acuerdo de Pesca para el Océano Índico Meridional firmado por la Comunidad Europea en 2006. Al tener intereses pesqueros en la zona por motivo de La Reunión, la Comunidad se ha visto obligada a cooperar con las demás partes afectadas en la gestión y conservación de los recursos de la región, conforme a las condiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Esta nueva organización de pesca regional establece un marco institucional específico que tiene, como piedra angular, el Comité Científico permanente, cuya principal tarea es realizar una evaluación científica de los recursos de pesca y de la repercusión de la pesca en el medio marino, teniendo en cuenta las características medioambientales de la zona. El Acuerdo también promueve la cooperación en el campo de la investigación científica.

Sobre la base de estas recomendaciones científicas, las partes estarán en una posición sólida para preparar unas medidas de conservación y gestión óptimas para afrontar los retos a los que se enfrenta la zona. El Acuerdo marca un verdadero paso adelante en la promoción de los recursos pesqueros y el desarrollo sostenible.

 
  
  

- Informe: Kyösti Virrankoski (A6-0328/2008)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. (FR) He votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo basada en el informe de mi colega Kyösti Virrankoski sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 5/2008 (APR 5/2008), que cubre la revisión de la previsión sobre los recursos propios tradicionales (RPT, es decir, los derechos de aduana, las exacciones reguladoras agrícolas y las cotizaciones en el sector del azúcar) y las bases IVA y RNB, así como la presupuestación y financiación de la corrección británica, que tiene el efecto de modificar el reparto entre los Estados miembros de sus contribuciones en concepto de recursos propios al presupuesto de la UE.

 
  
  

- Informe: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0292/2008)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. (FR) He votado a favor de la resolución legislativa basada en el informe de la diputada alemana Sylvia-Yvonne Kaufmann por la que se aprueba, conforme al procedimiento de consulta, la iniciativa de varios Estados miembros para fortalecer la Red Judicial Europea. En primer lugar, la resolución exhorta al Consejo y a la Comisión a que den prioridad a cualquier propuesta futura para enmendar el texto de la iniciativa por el procedimiento urgente, de conformidad con el Tratado de Lisboa una vez que entre en vigor. Estoy a favor de que se refuerce el elemento de «protección de datos» y de que los puntos de contacto de la Red Judicial vayan a facilitar determinada información a los miembros nacionales de Eurojust. Celebro especialmente la referencia a la futura Decisión marco sobre la protección de los datos de carácter personal tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal.

 
  
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  Koenraad Dillen, Carl Lang y Fernand Le Rachinel (NI), por escrito. – (FR) Sólo por una vez, Bruselas quiere recuperar por la ventana lo que los franceses, holandeses e irlandeses han echado por la puerta en los referendos de 2005 y de junio de 2008: el establecimiento de una fiscalía europea única.

La tentación resulta demasiado grande para nuestros aprendices de brujo proeuropeos. Pase lo que pase, hay que superar e ignorar cualquier objeción, rechazo y resistencia legítima por parte de los ciudadanos de Europa con el fin de comunitarizar por la fuerza todas las cuestiones de justicia, seguridad e inmigración.

Europa comete una grave equivocación. La cooperación necesaria entre los Estados miembros en asuntos judiciales, policiales y aun penales no debe dar lugar a que sean sometidos a un orden legal supranacional establecido a pesar de todas las diferencias existentes entre los sistemas y tradiciones legales de los Estados miembros.

Rechazamos este orden legal supranacional que iría en contra de los mismos principios y valores que nos son tan preciados.

 
  
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  Luca Romagnoli (NI) , por escrito. (IT) Señor Presidente, Señorías, voto a favor del informe de la señora Kaufmann sobre la Red Judicial europea. Coincido con su contenido y con su objetivo, que es el de fortalecer las estructuras existentes y unificar su actuación. Los cambios significativos de los últimos años con respecto a la cooperación judicial en los asuntos penales han creado la necesidad de introducir y fortalecer estructuras capaces de proporcionar asistencia y coordinación a escala europea.

A pesar de que se está empezando a poner en práctica el principio del reconocimiento mutuo, sigue habiendo muchas dificultades prácticas y un número cada vez mayor de casos transnacionales sumamente complicados en los que se está haciendo cada vez más necesario prestar asistencia y apoyo a las autoridades nacionales competentes.

 
  
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  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) Me opongo frontalmente a que se incluya la religión, la sexualidad, las opiniones políticas, etc. como información pertinente que las autoridades puedan intercambiarse, pero en este informe esto sólo se menciona en relación con las medidas preventivas adicionales y como un intento de endurecer la legislación existente. Por consiguiente, voto a favor.

 
  
  

- Informe: Armando França (A6-0285/2008)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. (FR) He votado a favor de la resolución legislativa basada en el informe del diputado portugués Armando França por la que se apoya la iniciativa de varios Estados miembros (la República de Eslovenia, la República Francesa, la República Checa, el Reino de Suecia, la República Eslovaca, el Reino Unido y la República Federal de Alemania) para enmendar una serie de decisiones marco (2002/584/JAI sobre la orden europea de detención, 2005/214/JAI sobre el principio del reconocimiento mutuo de las sanciones pecuniarias, 2006/783/JAI sobre el principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones de decomiso y 2008/.../JAI sobre el principio del reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal) con el fin de regular la ejecución de las resoluciones dictadas en rebeldía. Apoyo la propuesta de una serie de garantías procesales para reforzar los derechos de las personas juzgadas en rebeldía, así como los esfuerzos por eliminar enfoques diferentes hacia los «motivos de no reconocimiento» de tales resoluciones.

 
  
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  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe del señor França, sobre la aplicación del principio del reconocimiento mutuo a los fallos por asuntos penales, porque creo que es importante establecer reglas uniformes para el reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas en rebeldía.

Felicito al ponente por las propuestas presentadas en el informe, que considero cruciales para armonizar las garantías procesales en todos los Estados miembros y para reforzar la protección de los derechos fundamentales, como el derecho a defensa y el derecho a juicio.

 
  
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  Glyn Ford (PSE), por escrito. − Apoyaré este informe sobre el reconocimiento mutuo de los fallos por asuntos penales. Soy de la opinión de que los convictos de delitos no deben poder esconderse en los intersticios de la Unión Europea. Cualquiera que haya sido condenado en un Estado miembro debe ser considerado culpable en toda la Unión. Si dudamos de la independencia e integridad de los tribunales de cualquier Estado de la Unión, a ese Estado se le debe suspender su adhesión. De no ser éste el caso, del mismo modo que no hacemos ninguna distinción entre los delincuentes de Manchester o de Londres, tampoco debemos hacerla si se trata de Madrid o Lisboa.

 
  
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  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), por escrito. − (NL) He votado en contra del informe França sobre la aplicación del principio del reconocimiento mutuo a los fallos por asuntos penales, porque el informe pretende armonizar la justicia penal a escala europea.

Creo que la justicia penal es una responsabilidad de los Estados miembros y no de la UE. Por consiguiente, no se debería armonizar.

 
  
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  Erik Meijer (GUE/NGL), por escrito. − (NL) He votado en contra del informe del señor França sobre la aplicación del principio del reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal, porque su objetivo es armonizar el Derecho penal a escala europea. Opino que el Derecho penal es responsabilidad de los Estados miembros, no de la UE. Naturalmente, estoy a favor del derecho de los imputados a contar con una representación adecuada, pero no hay ninguna necesidad de armonización.

 
  
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  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), por escrito. – (RO) El reconocimiento mutuo es la piedra angular de la cooperación judicial a escala europea y cualquier aclaración de los instrumentos para la aplicación de este principio es bienvenida.

La decisión aprobada hoy es oportuna. No obstante, quisiera llamar la atención sobre otro problema, a saber, la manera en que algunos Estados miembros aplican los instrumentos importantes, como la orden de detención europea.

En enero de 2007, las autoridades rumanas emitieron una orden de detención europea a nombre del ciudadano checo František Příplata, sentenciado a ocho años de prisión por incitación a delito grave, en el caso del asesinato de un líder del sindicato rumano en el año 2000. Pero la República Checa, en cuyo territorio se encuentra el asesino, sólo aplica el procedimiento de extradición para los delitos cometidos a partir del 1 de noviembre de 2004.

En consecuencia, ocho años después de cometerse el delito, la persona sentenciada todavía no ha sido extraditada y aún no ha se ha iniciado la ejecución de la sentencia.

Creo que los Estados miembros que entienden la aplicación de los instrumentos de cooperación judicial en esta forma deben considerar seriamente la oportunidad de mantener tales reservas.

 
  
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  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), por escrito. − (RO) He votado a favor del informe de Armando França sobre la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso y la Decisión marco 2008./.../JHA relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas de prisión o medidas de privación de libertad a efectos de su cumplimiento en la Unión Europea.

Cada vez se dan más casos de peligrosos delincuentes que usan la libertad de circulación y la eliminación de las fronteras en la Unión Europea para evitar el procesamiento.

Apoyo incondicionalmente este informe, ya que garantiza una reglamentación unitaria en el ámbito de las resoluciones dictadas en rebeldía, una reglamentación extremadamente necesaria para evitar la posible parálisis del sistema judicial por parte de los que huyen de la justicia y se refugian en otro país de la Unión Europea.

 
  
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  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) Las enmiendas del Parlamento se refieren sobre todo a una mayor protección de los ciudadanos y, por consiguiente, pretenden mejorar el marco regulador en vigor. Por ello he votado a favor.

 
  
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  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. (PL) Apoyo totalmente la iniciativa de modificar las disposiciones legislativas que rigen el principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales.

Se deben hacer todos los esfuerzos necesarios para hacer la cooperación judicial entre los Estados miembros lo más efectiva posible. Por otra parte, debemos garantizar el pleno respeto de los derechos de todos los ciudadanos, incluido el derecho fundamental a la defensa en los procedimientos judiciales.

Desde mi punto de vista, las enmiendas propuestas no sólo facilitarán considerablemente la cooperación entre órganos jurisdiccionales, sino que, sobre todo, contribuirán a reforzar los derechos de los ciudadanos en relación con la administración de justicia en toda la Unión Europea, especialmente el derecho a la defensa y el derecho de recurso.

 
  
  

- Informe: Ioannis Gklavakis (A6-0286/2008)

 
  
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  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) Este informe de propia iniciativa hace hincapié sobre la pesca y acuicultura en el contexto de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa.

Una gestión ecológicamente sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas es ciertamente importante para proteger el medio ambiente en el que vivimos. Desgraciadamente, el informe ignora los problemas del sector pesquero en la UE. Por ello hemos decidido abstenernos. La capacidad excesiva de las flotas pesqueras de la UE conduce a un número de capturas demasiado elevado, lo que pone en peligro el ecosistema marino y las poblaciones de peces objeto de pesca.

Desearíamos que se efectuase una reducción importante de los buques de pesca y que las cuotas de pesca se estableciesen sobre la base de razones científicas biológicamente seguras. Ciertamente, se debe ofrecer a los trabajadores afectados por la reestructuración una formación adecuada en términos de mercado laboral y el apoyo financiero necesario para que puedan ocupar otros puestos de trabajo en sectores económicos que precisan mano de obra.

 
  
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  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe del señor Gklavakis sobre la pesca y acuicultura en el contexto de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa y desearía felicitarle por la calidad de su trabajo. El informe subraya la importancia económica y social de estas actividades para las regiones costeras, para las que pide asistencia en el marco de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa. Por este motivo también resulta esencial para los gobiernos nacionales y regionales de las regiones ultraperiféricas preparar estrategias integradas en el contexto de tal gestión con vistas a garantizar un desarrollo equilibrado de sus regiones costeras.

Yo también apoyo firmemente la sugerencia del ponente de utilizar el Fondo Europeo de Pesca para la financiación a largo plazo de medidas en el marco de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa, puesto que esta propuesta permitiría la puesta en marcha de acciones que contribuirían al desarrollo sostenible de las zonas pesqueras desde un punto de vista transversal a todas las actividades marítimas que tienen lugar en estas zonas.

Por último, es importante subrayar que la ordenación regional se ha basado hasta la fecha en gran medida en el desarrollo en tierra y no ha tomado en consideración las repercusiones del desarrollo costero sobre ciertas actividades marinas. Ello ha conducido a la degradación de los hábitats marinos, por lo que un nuevo enfoque resulta fundamental.

 
  
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  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − El informe Gklavakis reconoce de forma adecuada la importancia de la pesca para las comunidades costeras y la preservación de las tradiciones culturales. Demasiado a menudo este aspecto humano de la industria pesquera parece haber sido olvidado en la aplicación de la PPC. El informe pone de manifiesto de forma adecuada la necesidad de que todos los órganos a escala comunitaria, nacional y regional cooperen en materia de gestión costera y creo que, en este contexto, las zonas costeras y los Estados miembros deben tomar la iniciativa y la UE debe actuar como mediadora.

 
  
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  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN), por escrito. (IT) La pesca y la acuicultura representan dos de las principales actividades para el desarrollo socioeconómico de las zonas costeras de la Unión Europea. Por consiguiente, es necesario que ambas actividades se gestionen de modo que se garantice una explotación sostenible de la pesca y la demanda cada vez mayor de productos pesqueros.

A tal fin, es necesario que los Estados miembros de la UE apliquen una serie de medidas destinadas a salvaguardar las zonas costeras y a promover un entorno marino limpio. Dada la naturaleza transfronteriza de numerosos procesos costeros, es necesario que los Estados miembros cooperen entre sí y con terceros países vecinos.

Una de tales medidas se refiere a la planificación del desarrollo inmobiliario de tipo turístico. Para muchas regiones, la industria del turismo contribuye de forma significativa al PIB local. Sin embargo, considero necesario apoyar un turismo «ecocompatible», es decir, que interactúe con las políticas a favor de la protección del paisaje y el medio ambiente.

También es necesario coordinar las actividades industriales: pensemos, por ejemplo, en la importancia de una política común eficaz sobre la gestión de las aguas residuales para garantizar la compatibilidad de una importante actividad económica con la necesaria conservación del medio ambiente marino.

La pesca costera y artesanal representa una importantísima fuente de ingresos para miles de familias y es portadora de una tradición plurisecular que Europa, en mi opinión, debe apoyar y conservar.

 
  
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  Luca Romagnoli (NI), por escrito. (IT) He votado a favor del informe Gklavakis, que pone de manifiesto la necesidad de una estrategia de gestión de las zonas costeras europeas con vistas a lograr un desarrollo sostenible.

Una estrategia de gestión integrada de las zonas costeras puede ofrecer un marco adecuado para una explotación sostenible de estas zonas y las actividades que se llevan a cabo en ellas. Apoyo totalmente la posición del ponente cuando indica la necesidad de una programación a largo plazo que tenga en cuenta a todas las partes interesadas.

Acojo con satisfacción este punto de vista y subrayo también que esto debería ser sólo el comienzo de una mayor atención hacia el sector e invito a la Comisión a poner en práctica una política seria en este ámbito.

 
  
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  Kathy Sinnott (IND/DEM), por escrito. − Me he abstenido en esta votación porque estoy a favor de la pesca sostenible y apoyo a las comunidades costeras y a los pescadores irlandeses. La Política Pesquera Común, aunque pretende abordar ambas cuestiones, ha conducido a la destrucción del entorno marino, la reducción de las poblaciones de peces y el empobrecimiento del mar.

 
  
  

- Informe: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. (FR) Sobre la base del informe de mi excelente colega esloveno Mihael Brejc, he votado a favor de la resolución legislativa por la que se aprueba, en primera lectura conforme al procedimiento de codecisión, la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 562/2006 relativo al uso del Sistema de Información de Visados (VIS) conforme al Código de fronteras Schengen. Vistas las expectativas de los ciudadanos europeos respecto a la seguridad interna, apoyo sin reservas las enmiendas que se van a hacer al Código de fronteras Schengen para garantizar el uso eficaz del Sistema de Información de Visados (VIS) en nuestras fronteras externas. El objetivo de esta propuesta de reglamento es establecer reglas comunes para el uso obligatorio del VIS (es decir, una búsqueda sistemática usando el número de la etiqueta de visado, combinada con la comprobación de las huellas dactilares) en las fronteras externas y, de este modo, seguir desarrollando un sistema integrado de gestión de fronteras en la Unión Europea.

 
  
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  Koenraad Dillen, Carl Lang y Fernand Le Rachinel (NI), por escrito. (FR) Contrariamente a lo que pretende demostrar, Europa no ha realizado ningún avance en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia. Por el contrario, la eliminación de los controles fronterizos interiores ha provocado, desde la aplicación de los deplorables Acuerdos de Schengen, un aumento exponencial de la delincuencia organizada y todo tipo de tráficos.

La Unión Europea, auténtico aprendiz de brujo en materia de seguridad, con sus métodos, a menudo peligrosos para la seguridad de los Estados y sus pueblos, nos ha impuesto este espacio de inseguridad y ausencia de libertades y de justicia.

El Código de fronteras de Schengen no servirá de nada, ya que el fundamento mismo de los Acuerdos de Schengen resulta inadecuado e inaceptable.

La seguridad común sólo existirá si cada Estado recupera su plena soberanía en materia de gestión de sus fronteras y su política migratoria. El paroxismo de la aberración se alcanza definitivamente cuando se trata de transferir cada vez más responsabilidades a una Unión Europea ya paralizada.

 
  
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  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. (DE) He votado a favor del informe de Mihael Brejc relativo al Sistema de Información de Visados en el marco del Código de fronteras Schengen.

Se deben modificar las normas comunes que se aplican a las fronteras exteriores del espacio Schengen y el uso del Sistema de Información de Visados debe hacerse más eficiente y uniforme. Todo ello deberá llevarse a cabo de forma prudente y cuidadosa, en el pleno respeto de la confidencialidad de los datos personales y los derechos humanos.

Unas comprobaciones exhaustivas de las huellas de los nacionales de terceros países que incluyan la consulta al VIS desembocarán innecesariamente en largas colas y prolongados retrasos en los pasos fronterizos, que afectarán también a las personas que no necesitan visado.

El informe propone que se consulte de forma no sistemática el VIS. La guardia de fronteras seguirá comprobando si los nacionales de terceros países cumplen todos los requisitos para entrar en la UE, pero consultarán el VIS sobre la base de su propia experiencia e información. Lo anterior contribuirá a garantizar adecuadamente un nivel elevado de seguridad en la UE y que no se hace esperar a los viajeros en los pasos fronterizos más tiempo de lo necesario.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) El fortalecimiento del Sistema de Información de Visados (VIS) es indudablemente una buena manera para facilitar la lucha contra el fraude en el futuro y –siempre que se garantice la protección de datos– debe a recibirse con satisfacción. No obstante, si la toma de huellas dactilares y el reconocimiento facial son necesarios para la concesión de visados Schengen en el futuro, causará desórdenes bastante considerables en las embajadas pertinentes. En el debate en Alemania se ha sugerido que algunas embajadas no disponen ni del personal ni de las instalaciones necesarios para hacer frente a este cambio. En todo caso, la posible contratación del almacenamiento de datos a empresas externas, que también se está debatiendo, causa gran preocupación y podría abrir la puerta a futuros escándalos sobre visados.

El VIS tiene aspectos positivos, pero, en términos generales, no se ha analizado adecuadamente, por lo que no pude votar a favor del informe.

 
  
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  Luca Romagnoli (NI), por escrito. (IT) He votado a favor del informe Brejc. Apoyo la propuesta y sus objetivos. En determinados periodos, nuestras fronteras reciben una gran afluencia de personas que desean entrar en el espacio Schengen.

La propuesta introduce una relajación del régimen de controles habitual, pero también tiene por objeto proteger al viajero y evitar largas horas de espera en las fronteras para pasar los controles necesarios. En cualquier caso, la excepción debe seguir siendo justamente una excepción y no convertirse en la regla general, y coincido también con el ponente en que la duración y la frecuencia de tal excepción se limiten en la mayor medida posible. En última instancia, acojo la introducción en este sentido de condiciones específicas que regulen la aplicabilidad de la excepción.

 
  
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  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. (PL) Estoy a favor de la modificación del Reglamento (CE) nº 562/2006 relativo al Sistema de Información de Visados (VIS) en el marco del Código de fronteras Schengen.

Considero innecesario y engorroso que se efectúen largas comprobaciones en relación con los ciudadanos de terceros países titulares de un visado cada vez que atraviesan la frontera. Ello ocasiona esperas excesivas en los pasos fronterizos.

En mi opinión, una reducción de la intensidad de las inspecciones fronterizas no afectará al nivel de seguridad de la UE. Por consiguiente, considero que la limitación de las inspecciones efectuadas por la guardia de fronteras a consultas no sistemáticas al VIS constituye una solución adecuada.

 
  
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  Marian Zlotea (PPE-DE), por escrito. − (RO) He votado hoy a favor del informe Brejc porque, con vistas a la eficiencia de los controles de las fronteras exteriores de la UE, el uso del VIS (Sistema de Información de Visados) reviste una importancia fundamental. Para garantizar la seguridad de las fronteras s necesario que la guardia de fronteras consulte el Sistema de Información de Visados de forma sistemática en relación con cualquier persona titular de un visado.

La ampliación del espacio Schengen ha eliminado barreras en la Unión Europea. Sin embargo, se controla el ingreso de los ciudadanos de terceros países una única vez cuando entran en el espacio Schengen. El 50 % de los inmigrantes ilegales entran en la UE de forma legal, ya que la inexistencia de un sistema de control de visados les permite superar el periodo de permanencia.

Deseamos que Europa sea más segura, al tiempo que acogemos con satisfacción a los que llegan a nuestro continente por motivos turísticos y de trabajo. La modificación votada hoy en el Parlamento Europeo supone una ventaja para los ciudadanos de la UE y para los que proceden de terceros países, que no necesitan un visado de entrada, ya que de este modo se reducirán considerablemente las esperas en los puestos fronterizos.

 
  
  

- Informe: Renate Weber (A6-0293/2008)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. (FR) Sobre la base del informe de la diputada rumana Renate Weber, he votado a favor de la resolución legislativa del Parlamento Europeo por la que se apoya la iniciativa de varios Estados miembros (Bélgica, la República Checa, Estonia, España, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia) para fortalecer Eurojust. Apoyo que se refuerce el elemento de «protección de datos» de la propuesta, así como el hecho de que el Parlamento Europeo vaya a recibir más información para poder vigilar mejor las tareas y las obligaciones de Eurojust, que se estableció en 2002 como órgano de la Unión Europea con personalidad jurídica cuya función es promover y mejorar la coordinación y la cooperación entre las autoridades judiciales competentes en los Estados miembros. La experiencia de Eurojust deja claro que se debe mejorar su eficiencia operativa garantizando que sus miembros nacionales tengan una categoría equivalente. Apoyo asimismo la célula de emergencia para la coordinación, los sistemas de coordinación nacionales, las asociaciones con los demás instrumentos de seguridad y protección de la Comunidad (Europol, Frontex, OLAF) y la posibilidad de que Eurojust envíe magistrados de enlace en comisión de servicio a terceros Estados.

 
  
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  Patrick Gaubert (PPE-DE), por escrito. – (FR) Acojo con satisfacción el informe de la señora Lambert sobre la evaluación del sistema de Dublín. El informe recuerda adecuadamente que, en su conjunto, se han alcanzado los objetivos del sistema en gran medida, pero que, a falta de datos concretos, no ha sido posible evaluar el coste del sistema. Siguen existiendo algunas preocupaciones, tanto en relación con la aplicación práctica como en lo que se refiere a la eficacia del sistema.

El informe inaugura el debate sobre el futuro de la política de asilo común europea, que se puso en marcha en junio de 2007 con la publicación del Libro Verde.

El informe subraya que los siguientes aspectos del sistema deberán aclararse o modificarse: respeto del principio básico de no devolución; los solicitantes deben recibir toda la información necesaria sobre el sistema de Dublín en una lengua que comprendan y tener acceso al asesoramiento jurídico durante todo el procedimiento; por otra parte, deben beneficiarse de un derecho de recurso que suspenda cualquier decisión de traslado; los criterios de la determinación de la edad de los menores deberían armonizarse; debería ponerse en marcha una serie de mecanismos para paralizar el traslado hacia países que no respeten de forma evidente los derechos de los solicitantes.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Con el pretexto de reforzar la capacidad operativa de Eurojust en la lucha contra las diferentes formas de delincuencia, la presente propuesta tiene por objetivo fundamentalmente satisfacer la obsesión de lo políticamente correcto de los representantes de la policía del pensamiento.

El objetivo del control de todas las discordancias, tanto escritas como manifestadas en alguna reunión, so pena de sanción, se pone en práctica de forma muy poco velada. Diferentes oradores en esta Cámara han alzado su voz a favor de la adopción de una Directiva marco dirigida a tipificar como delito el supuesto racismo y la supuesta xenofobia y a crear, para su rápida transposición, un fiscal único europeo, el nuevo Torquemada de la UE de lo «políticamente correcto».

Lamentablemente, cuanto más poder de decisión se arroga el Parlamento Europeo, institución que se autoproclama templo de la democracia, más se vulneran las libertades fundamentales, especialmente la libertad de investigación, opinión y expresión. En realidad, esta Europa totalitaria es mucho más peligrosa que los denominados «monstruos» contra los que dice luchar. Los defensores de la ideología euro-globalista e inmigracionista tienen por objetivo principal eliminar a sus molestos adversarios a través de legislaciones europeas penales represivas.

Nosotros nos negamos a aceptar esta situación.

 
  
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  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – La propuesta del Consejo y el relativo informe sobre la modificación del Reglamento sobre Eurojust refuerzan el poder de este mecanismo de represión de la UE.

La jurisdicción de Eurojust se amplia a casi todos los ámbitos penales y se refuerzan sus facultades de intervención ante las autoridades judiciales nacionales. La transmisión de información y datos personales (incluidos los datos sobre el ADN) de un Estado miembro a Eurojust se hace obligatoria y se crea una red de asociaciones nacionales de Eurojust. Eurojust mantiene estrechos vínculos con otros mecanismos represivos de la UE (Red Judicial Europea, Frontex) y de terceros países. El fortalecimiento de Eurojust refuerza a su vez a Europol y aumenta el número de datos que se almacenan en relación con ciudadanos de la UE y de terceros países. La modernización de los sistemas de vigilancia de Schengen y VIS y la incorporación del Tratado de Prüm a la legislación comunitaria contribuyen a lo anterior. So pretexto de luchar contra el terrorismo y la delincuencia organizada se intenta reforzar al capital para que pueda defenderse de la reacción popular cada vez más evidente que suscitan la política de la UE y los Gobiernos de los Estados miembros. El aumento desenfrenado de los mecanismos de represión a escala nacional y europea descubre en mayor medida la naturaleza reaccionaria de la UE e incita más que nunca al pueblo a resistir y oponerse a esta estructura imperialista.

 
  
  

- Informe: Jean Lambert (A6-0287/2008)

 
  
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  John Attard-Montalto (PSE), por escrito. − Las islas maltesas conforman la frontera meridional de la UE. Situadas en el centro del Mediterráneo, reciben un número desproporcionado de inmigrantes ilegales. La mayoría de ellos solicitan que se les reconozca el estatuto de refugiados.

Frontex, una agencia defendida por los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros como una solución para reducir el número de inmigrantes ilegales, ha fracasado estrepitosamente.

Hemos pedido que se reparta la carga, pero con escasos resultados. Ahora que la presente legislatura comienza su último año, proponemos mecanismos para la distribución de la responsabilidad. Por fin hemos reconocido la necesidad de «aliviar la carga desproporcionada que puede recaer en determinados Estados miembros, en particular en los Estados miembros con fronteras exteriores».

El hecho de que hayamos reconocido también la necesidad de considerar «la posibilidad de prever mecanismos distintos de los financieros dentro del Reglamento de Dublín a fin de corregir las consecuencias nefastas de su aplicación para los pequeños Estados miembros con fronteras exteriores de la Unión» se acoge con enorme satisfacción, ya que esencialmente se refiere a Malta, aunque no se mencione a este país de forma explícita.

La UE no ha respetado el principio de solidaridad en lo que se refiere a esta cuestión. Ha llegado el momento de abandonar la retórica y abordar el quid de la cuestión.

La UE debe darse cuenta de que su Estado miembro más pequeño no puede seguir absorbiendo el enorme número de inmigrantes de buscan refugio y solicitan asilo.

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. (FR) He votado a favor del informe del diputado británico Jean Lambert sobre el sistema de Dublín, y aplaudo el trabajo realizado por mi amigo Patrick Gaubert, que ha sido el ponente para nuestro Grupo del PPE. La finalidad del sistema de Dublín es determinar cuál es el Estado miembro responsable de examinar una petición de asilo presentada en el territorio de uno de los Estados miembros de la UE, Noruega o Islandia. Aunque, en términos generales, los objetivos del sistema de Dublín —en particular, el establecimiento de un mecanismo claro y viable para determinar qué Estado miembro es responsable de examinar una petición de asilo— se han logrado en gran medida, sigue habiendo problemas con la eficiencia del sistema y su aplicación en la práctica, así como con el coste, que no ha sido evaluado. Todo esto demuestra la necesidad urgente de una política europea de inmigración y asilo, y aplaudo el trabajo realizado por el actual Presidente del Consejo con responsabilidad en este campo, mi amigo Brice Hortefeux, Ministro francés de Inmigración, Integración, Identidad Nacional y Desarrollo Solidario, que acaba de presidir la Conferencia Ministerial europea sobre el derecho de asilo los días 8 y 9 de septiembre de 2008 en París.

 
  
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  Jan Březina (PPE-DE), por escrito. − (CS) He votado en contra del informe sobre la evaluación del sistema de Dublín porque considero que no mejorará el sistema y que, por el contrario, supondrá un obstáculo para su funcionamiento efectivo.

En concreto, considero fundamental advertir de los peligros de la introducción de un derecho de recurso automático para suspender la decisión del traslado de un solicitante de asilo a otro Estado miembro. Por otra parte, la adopción de una posición reservada acerca del uso de centros de detención para el traslado de solicitantes de asilo al Estado competente para valorar la solicitud de asilo no contribuirá en absoluto a mejorar la efectividad del sistema, sino que, por el contrario, lo cuestionará y menoscabará su transparencia.

De este modo, el informe tiende en realidad a eliminar o, como poco, menoscabar los instrumentos a través de los cuales los Estados miembros pueden asegurarse de que sus decisiones se aplicarán en el marco del sistema de Dublín, por lo que no debería aprobarse. El informe no adopta el enfoque adecuado, ya que el aspecto humanitario de la evaluación de las solicitudes de asilo no debe hacer que las decisiones de los Estados miembros se conviertan en papel mojado en caso de que los solicitantes de asilo se nieguen a cooperar.

Por otra parte, tampoco estoy de acuerdo con la introducción de mecanismos de distribución de la responsabilidad a escala europea, ya que, en mi opinión, los mecanismos existentes de la compensación financiera a los Estados más afectados por las solicitudes de asilo son suficientes y no existen razones para interferir en la soberanía de los Estados miembros en el ámbito del asilo a través de un nuevo Reglamento.

 
  
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  Koenraad Dillen, Carl Lang y Fernand Le Rachinel (NI), por escrito. (FR) No podemos dejar de observar con cierta ironía cómo, por primera vez, un informe del Parlamento Europeo califica de «carga» la llegada masiva de inmigrantes al territorio de un Estado miembro de la Unión Europea.

¿La inmigración ha dejado de ser una oportunidad que beneficia a todos los pueblos europeos?

En absoluto: la absurdidad de la obligación de acogida de los solicitantes de asilo y el respeto absoluto por el principio de no devolución no se cuestionan. El informe destaca únicamente las carencias del sistema de Dublín en relación con la determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo. Se trataba de algo evidente, a la luz del aumento constante de los flujos migratorios dirigidos sobre todo a los países situados en el extremo meridional de la UE.

Nuevamente, este informe propone una solución errónea a los problemas técnicos y humanos asociados a las oleadas migratorias. No es el establecimiento de un sistema común de asilo, necesariamente ineficaz en un territorio cada vez mayor cuyas fronteras resultan permeables, lo que conviene poner en marcha. Por el contrario, se debe conceder a los Estados miembros el derecho a la autodeterminación en materia de migración y de gestión de sus fronteras.

 
  
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  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), por escrito.(EL) El sistema de Dublín ha demostrado que en la práctica constituye un mecanismo que promueve la política general de la UE en contra de los refugiados. Las diferentes injusticias en su aplicación que recoge el presente informe confirman su naturaleza reaccionaria.

La UE, en gran medida responsable de la existencia de cientos de miles de refugiados debido a su apoyo a regímenes no democráticos y su contribución a la división interior de los Estados, las guerras y las intervenciones imperialistas, en lugar de ayudar a los solicitantes de asilo y respetar sus derechos, ha endurecido continuamente su posición en los últimos años hacia ellos.

Uno de los aspectos destacables de lo anterior se manifiesta en el inaceptable traslado de solicitantes de asilo de un país de la UE a otro. Lo anterior se estableció en el Reglamento de Dublín y se hizo realidad con la creación de Frontex para la expulsión de los refugiados de las fronteras de la UE, la reciente directiva sobre su detención por un periodo de hasta 18 meses, la aprobación de la ampliación del uso de Eurodac también para otros fines, como la conservación de archivos sobre refugiados y el tratamiento inhumano que se les dispensa en términos generales.

Por tanto, resulta evidente que debemos luchar con todas nuestras fuerzas para que no se apruebe este Reglamento y en contra de la política de la UE en materia de refugiados en general. Debemos respetar el derecho de los solicitantes de asilo a refugiarse en el país que consideren más adecuado y garantizar que los Estados miembros cumplan la Convención de Ginebra de 1951.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Creemos que el informe contiene puntos positivos en su evaluación del sistema de Dublín en relación con las solicitudes de asilo en los Estados miembros signatarios.

Entre otras cosas:

- Apoyamos la denuncia de los traslados de solicitantes de asilo a Estados miembros que no garantizan una tramitación completa y justa de las solicitudes de asilo, de la definición restrictiva de miembro de la familia del refugiado, así como del hecho de que la ampliación del acceso a la base de datos Eurodac implique el riesgo de que la información pueda filtrarse a terceros países.

- También apoyamos las propuestas realizadas para garantizar a los solicitantes de asilo un derecho de recurso con efecto suspensivo automático contra una decisión de traslado de responsabilidad a otro Estado miembro, la salvaguardia del principio de no devolución y el hecho de que una solicitud de asilo no pueda nunca ser desestimada por cuestiones de procedimiento, así como la protección de la reagrupación familiar y el principio del interés superior del menor (valoración de la edad, no detención, definición de miembro de la familia, etc.).

No obstante, no estamos de acuerdo con su clasificación y aceptación de instrumentos en vigor a escala comunitaria y su apoyo del refuerzo de la comunitarización de la política de asilo, una perspectiva federalista que consideramos que sustenta los actuales impedimentos que afectan actualmente a los solicitantes de asilo a escala comunitaria.

De ahí nuestra abstención.

 
  
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  Anna Hedh (PSE), por escrito. (SV) He votado a favor del informe de propia iniciativa de Jean Lambert (A6-0287/2008) sobre el sistema de Dublín, aunque recoge opiniones que no comparto. La razón por la que he votado a favor es que coincido con las críticas vertidas en el informe en relación con el modo en que la legislación comunitaria actual socava los derechos de los solicitantes de asilo, por ejemplo, a través del traslado de los solicitantes de asilo a Estados miembros que no son capaces de garantizar una tramitación completa y justa de las solicitudes de asilo. Sin embargo, estoy en contra de una armonización completa de la política de la UE en materia de asilo.

 
  
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  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − He votado a favor del informe de la señora Lambert sobre la evaluación del sistema de Dublín. Concretamente, me gustaría destacar los apartados que hacen hincapié sobre el hecho de que en todas las decisiones relativas a menores, debe primar el interés superior del menor.

En relación con mi propio país, Escocia, cabría destacar la desgraciada situación del centro de detención de Dungavel, en el que se encierra a los hijos de los solicitantes de asilo. Este tipo de prácticas nunca pueden considerarse en interés del menor, por lo que apoyo los esfuerzos del Gobierno escocés para cerrar este centro y devolver la competencia en materia de inmigración a las autoridades escocesas.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Es importante que se hayan aclarado algunas normas que rigen el procedimiento de asilo, incluidas las que determinan a quién compete frenar el fenómeno de las solicitudes múltiples. Mientras la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide una mayor protección de los niños en los procedimientos de asilo, un número cada vez mayor de menores no acompañados aparecen en las fronteras exteriores de la UE, tratando de aprovecharse de la especial protección de la que disfrutan en relación con la deportación y la devolución. Arriesgan sus vidas una y otra vez a la búsqueda de nuevas e ingeniosas formas de pasar desapercibidos.

Si las normas que hemos creado a modo de salvaguardias se convierten ahora en incentivos para correr nuevos riesgos, debemos pensar en nuevas estrategias.

El presente informe contiene algunos elementos esenciales, pero en su conjunto creo que no va lo suficientemente lejos, por lo que no he votado a favor.

 
  
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  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), por escrito. – He votado a favor del informe Lambert sobre la evaluación del sistema de Dublín. El informe suscita algunas preocupaciones sobre las carencias del sistema y pide a la Comisión que emprenda medidas en contra de los Estados que no garanticen una tramitación completa y justa de las solicitudes de asilo que reciben.

Tras el inaceptable proyecto de Directiva sobre la no devolución, adoptado en junio, el Parlamento Europeo subraya hoy que los solicitantes de asilo gozan de ciertos derechos en virtud de la legislación europea y que los Estados miembros tienen ciertas obligaciones.

Grecia viola sistemáticamente los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo. Las condiciones de sus centros de acogida son inaceptables y cuenta con uno de los índices de aceptación de solicitudes más bajos. Ciertos Estados miembros ya se han negado a aplicar el Reglamento de Dublín cuando Grecia debe asumir la responsabilidad y muchos más hablan de añadirse a esta iniciativa. Invitamos a la Comisión a proponer medidas sustanciales y efectivas para garantizar que las autoridades griegas traten de forma adecuada las solicitudes de asilo.

 
  
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  Daciana Octavia Sârbu (PSE), por escrito. (RO) La legislación y las prácticas en materia de asilo siguen siendo diferentes entre Estados miembros, y también se trata a los solicitantes de asilo de forma diferente de un Estado a otro.

Si no se alcanza un nivel satisfactorio y uniforme de protección en toda la Unión Europea, el sistema de Dublín producirá siempre resultados insatisfactorios, tanto desde el punto de vista técnico como humano, y los solicitantes de asilo seguirán teniendo motivos fundados para decidir dirigir su solicitud a un determinado Estado miembro para poder beneficiarse de las decisiones nacionales más favorables.

El gran número de solicitudes de asilo múltiples y el número reducido de traslados realizados indican la existencia de deficiencias en el sistema de Dublín y la necesidad de crear un sistema común de asilo a escala europea.

La aplicación del Reglamento de Dublín podría tener como resultado una distribución desigual de la responsabilidad en relación con las personas que solicitan protección, en detrimento de algunos Estados miembros especialmente expuestos a los flujos migratorios debido únicamente a su posición geográfica.

De la evaluación de la Comisión resulta que en 2005 los 13 Estados miembros situados en las fronteras exteriores de la Unión hubieron de enfrentarse a desafíos mucho mayores a raíz de la aplicación del sistema de Dublín y, por consiguiente, el criterio del primer país de entrada, previsto por el sistema de Dublín, ha puesto en una situación muy difícil a los Estados miembros que se encuentran en las fronteras exteriores.

 
  
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  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) El presente informe de propia iniciativa se centra especialmente en las posibilidades de mejora y de aumento de la protección que se dispensa a los solicitantes de asilo, pero no estoy de acuerdo con la afirmación de que un sistema común de asilo resolvería el problema.

A pesar de ello, he votado a favor del informe, ya que éste en su mayor parte resulta positivo para los solicitantes de asilo, sobre los que el informe centra su atención.

 
  
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  Olle Schmidt (ALDE), por escrito. (SV) Hoy el Parlamento Europeo ha aprobado un informe que señala de forma crítica e inequívoca las carencias del actual sistema de Dublín. Sin duda necesitamos una política común en materia de migración y asilo a escala comunitaria en una Europa que cada vez cuenta con menos fronteras. La cuestión es determinar cómo se ha de lograr lo anterior.

Folkpartiet está de acuerdo con la mayoría de las críticas y considera que es necesario mandar un mensaje firme para que se produzca un cambio hacia una dirección más humanitaria. Por consiguiente, he votado a favor del informe con ciertas reservas.

La enmienda 5 critica a algunos países por privar sistemáticamente a los solicitantes de asilo de su libertad y recluirlos en centros de detención. Considero necesario mantener esta crítica, especialmente porque Suecia es uno de los países históricamente responsables de esta situación. No obstante, no estoy de acuerdo con la propuesta del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica de prohibir completamente el uso de la detención, aunque considero que se trata de una medida que habría de aplicarse como último recurso. Me he abstenido en la votación sobre la enmienda 6, relativa a la introducción de la obligación anticipatoria de organizaciones como la Cruz Roja o la Media Luna Roja de localizar a miembros de la familia del refugiado. Tal obligación sólo podría imponerse a una agencia y no debería exigirse de una organización civil. Como ni el texto original ni la enmienda manifestaban ningún otro tipo de opción, decidí abstenerme.

 
  
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  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), por escrito. (DA) Aunque el informe de la señora Lambert sobre la evaluación del sistema de Dublín (A6-0287/2008) contiene opiniones y propuestas que no apoyo, he decidido votar a favor del informe en la votación final. Tal decisión pretende sobre todo manifestar mi aprobación de las críticas inequívocas que realiza el informe en relación con el modo en que los reglamentos comunitarios en vigor socavan los derechos de los solicitantes de asilo, por ejemplo contribuyendo al traslado de los solicitantes de asilo a Estados miembros que no pueden garantizar una tramitación completa y justa de sus solicitudes.

 
  
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  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. (NL) Los acuerdos sobre Dublín II se basan en la ficción política de que los 27 Estados miembros confían unos en otros cuando se trata de la tramitación de las solicitudes de asilo y que todos los Estados miembros asumen su responsabilidad de forma igualmente íntegra.

Yo mismo investigué el envío de refugiados chechenos a Polonia, ya que un cierto número de éstos se devolvían a Polonia desde Bélgica de conformidad con el Reglamento de Dublín. Se elevaron protestas firmes. Por ello realicé mi propia investigación. Se pueden ver las fotografías tomadas en mi sitio web.

Aunque no existe un nivel adecuado y coherente de protección en la totalidad de los 27 Estados miembros, desde mi punto de vista Dublín II no es mucho más que una ficción política y crea situaciones profundamente injustas. En Polonia fui testigo de que los principios básicos de Dublín no se aplican. La calidad de la acogida, la acogida dispensada a los menores y la falta de escolarización, las condiciones poco higiénicas en las que deben vivir los refugiados, la falta de atención sanitaria: todo ello varía enormemente de un Estado miembro a otro.

El informe Lambert identifica los problemas, comienza por una evaluación adecuada y ofrece soluciones en una serie de ámbitos. Merece todo nuestro apoyo.

 
  
  

- Informe: Nickolay Mladenov (A6-0249/2008)

 
  
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  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), por escrito. (PL) Una de las consecuencias de la libertad de circulación de las personas en la Unión Europea es el aumento del tráfico transfronterizo de automóviles. Esta situación suscita la necesidad de establecer disposiciones a escala europea en el sector de los seguros de automóviles con vistas a proteger de forma efectiva a las víctimas de accidentes.

La eficiencia del sistema de representante a efectos de siniestros establecido por la compañía aseguradora en el país de residencia permanente de la víctima reviste una importancia especial para el logro de este propósito. El representante debe informar a la víctima acerca del modo de presentar su reclamación contra un ciudadano extranjero, y la inclusión en el paquete informativo precontractual de una información exhaustiva acerca del funcionamiento de los representantes a efectos de siniestros y la utilidad y las ventajas para los asegurados reforzaría la confianza de los consumidores.

Otra de las cuestiones importantes suscitadas por el ponente se refiere a la posibilidad de que el seguro obligatorio de automóviles incluya los costes de la defensa jurídica en todos los Estados miembros. Apoyo la opinión del ponente de que el mantenimiento del seguro voluntario constituye la solución adecuada. El aumento del coste del seguro y los retrasos resultantes del aumento del número de recursos ante los tribunales pesarían más que el refuerzo de la confianza de los consumidores derivada de un seguro obligatorio. No obstante, resulta extremadamente importante emprender medidas en relación con la disponibilidad del seguro de defensa jurídica, especialmente en los nuevos Estados miembros.

 
  
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  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − El informe Mladenov concede una importancia adecuada a las organizaciones de consumidores en el análisis de los seguros de automóviles. Las organizaciones de consumidores desempeñan un papel importante en este ámbito, junto con las instituciones comunitarias, los Estados miembros y las propias aseguradoras.

 
  
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  Arlene McCarthy (PSE), por escrito. − Me gustaría dar las gracias al señor Mladenov, ponente de nuestra comisión.

Este informe sobre algunos aspectos relativos al seguro de automóviles constituye un buen ejemplo del modo en que Europa ofrece ventajas prácticas a sus ciudadanos en virtud de la integración en la Unión Europea.

Con 1,2 millones de accidentes de carretera en Europa todos los años, lamentablemente algunos ciudadanos serán víctimas de un accidente automovilístico, como conductores, pasajeros e incluso peatones.

Sin embargo, muchas personas no saben que existen leyes europeas que contribuyen a resolver las reclamaciones de seguros sin tener que tramitar tales reclamaciones con una compañía aseguradora extranjera en un idioma extranjero.

El derecho comunitario en vigor permite a los ciudadanos volver a casa y tramitar su reclamación rápida y fácilmente en su propio idioma.

La Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles también garantiza la asistencia a las víctimas de accidentes creando centros de información en los Estados miembros.

Como la ley actualmente no establece la cobertura obligatoria de los costes derivados de la defensa jurídica, los ciudadanos deberían considerar la posibilidad de suscribir una póliza de seguro en este sentido.

Ciertamente, como ponente del Parlamento sobre mediación, espero que las partes utilicen el recurso a la vía amistosa para la resolución de diferencias, evitando los costes y los retrasos de la presentación de recursos ante los órganos jurisdiccionales

Con medidas concretas y prácticas como esta ley podemos demostrar el valor de Europa a nuestros ciudadanos.

 
  
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  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), por escrito. − (PL) En 2003-2005 alrededor de 17 000 ciudadanos de terceros países fueron enviados a otro Estado miembro de la UE para que se examinase allí su solicitud de asilo. El 12 % de este tipo de solicitudes procedía de personas que ya habían solicitado asilo.

Actualmente, la posibilidad de obtener asilo varía considerablemente de un Estado miembro de la UE a otro. El ejemplo de los iraquíes resulta muy ilustrativo al respecto. En Alemania las posibilidades que tienen de obtener asilo alcanzan el 75 %, mientras que en Grecia son de escasamente un 2 %.

Sería conveniente que la UE eliminase el fenómeno de los «refugiados en órbita», las migraciones secundarias y la presentación de solicitudes de asilo múltiples en diferentes países introduciendo un sistema en virtud del cual un único Estado miembro sería competente para examinar las solicitudes de asilo.

 
  
  

- Informe: Sharon Bowles (A6-0312/2008)

 
  
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  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) El fraude fiscal ocasiona importantes pérdidas en los Estados miembros y reduce las oportunidades de mantener y mejorar la calidad de los servicios que financiamos a través de nuestros impuestos.

Sin embargo, nos hemos abstenido en la votación final debido a la presentación de diferentes enmiendas en las que la competencia fiscal entre Estados miembros se consideraba positiva y en las que se muestra una actitud más benévola hacia los efectos perjudiciales de los paraísos fiscales sobre las economías de los Estados miembros.

También decidimos votar en contra de la redacción de la segunda parte del apartado 3, que muestra una imagen demasiado positiva de la aproximación fiscal entre Estados miembros.

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito.(FR) He votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo sobre el informe de iniciativa relativo a una estrategia coordinada para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, redactado por la diputada británica Sharon Bowles en respuesta a una comunicación de la Comisión sobre este asunto. Los ingresos fiscales —en otras palabras, el importe total de los impuestos y las contribuciones sociales obligatorias— representaron el 39,3 % del PIB de la Unión Europea en 2004, con 4,1 billones de euros. Disponemos de pocas estimaciones del importe de los impuestos no recaudados debido al fraude fiscal, que se calcula en torno al 2-2,5 % del PIB. Aunque la fiscalidad sea una responsabilidad nacional, el fraude fiscal es un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado interior, en la medida en que distorsiona la competencia entre los contribuyentes. Es indiscutible que la lucha contra el fraude fiscal tiene una dimensión europea en razón de la globalización internacional de la economía.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Hemos votado en contra de esta resolución final —dado que la mayoría de los diputados al Parlamento Europeo pasa por alto las verdaderas causas del fraude fiscal, a saber, la existencia de paraísos fiscales— a pesar de que contiene algunas propuestas positivas sobre las que votamos a favor.

Aunque el informe de la comisión parlamentaria contiene algunas propuestas positivas, concretamente algunas referencias explícitas a los paraísos fiscales y su responsabilidad en relación con el fraude y la erosión fiscal, que reducen los ingresos públicos y menoscaban la capacidad de los Estados de poner en práctica políticas públicas de apoyo social, en la votación en el Pleno algunas de estas posiciones se rechazaron o resultaron diluidas.

La mayoría política existente en el Parlamento Europeo no desea acabar de una vez por todas con los paraísos fiscales que albergan las grandes fortunas y los enormes beneficios bursátiles de los diferentes tráficos más o menos ilegales. Desea alimentar uno de los pilares de los beneficios escandalosos del capitalismo, aunque ello signifique menores ingresos para los Estados y menores posibilidades de respuesta de las políticas públicas al servicio de los trabajadores y los ciudadanos.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) El informe de la señora Bowles es típico de este Parlamento: ofrece soluciones a problemas que no existirían sin la Europa de Bruselas, soluciones que, además, sólo agravarían tales problemas o crearían otros nuevos.

En este caso, las soluciones propuestas para luchar contra el fraude fiscal consisten en reclamar el gravamen en el país de origen, con la creación de un sistema de compensación que haría depender los ingresos fiscales de los Estados de las transferencias realizadas por los otros Estados miembros. Otras propuestas se refieren a la facturación del IVA al tipo del Estado miembro importador (en sustitución del sistema de exención actual) o la aplicación del mecanismo de autoliquidación, propuestas que, en caso de ser aprobadas, constituirían un enorme rompecabezas administrativo y fiscal imposible de resolver para las empresas. Además, se generalizaría el acceso directo de las administraciones fiscales a los datos informáticos sobre los contribuyentes de los otros Estados miembros. Se uniformizaría la fiscalidad sobre el ahorro y el derecho penal relativo al fraude. Por otra parte, se eliminaría una serie de tipos reducidos de IVA.

Todo ello muestra claramente que el verdadero objetivo no consiste en luchar contra el fraude, que constituye un problema preocupante y real, sino más bien acabar con la soberanía fiscal de los Estados miembros.

 
  
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  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La lucha contra el fraude fiscal merece sin duda nuestro apoyo más firme. Por ello hemos votado a favor de la propuesta de resolución en su conjunto, a pesar del hecho de que contiene numerosos elementos sobre los que no se ha reflexionado. El apartado 3 establece que «un sistema de IVA basado en el “principio de origen” requiere la aproximación fiscal de los diferentes Estados miembros para ser operativo y evitar la competencia fiscal». No apoyaremos esta frase.

La aproximación del IVA y los sistemas fiscales de los Estados miembros constituye un paso muy peligroso que nos aleja de la autodeterminación nacional en uno de los ámbitos políticos más importantes. El Parlamento Europeo no debe realizar unas declaraciones tan radicales acerca de una cuestión tan esencial.

La competencia fiscal también tiene ventajas en los países capaces de adelantarse y desarrollar sistemas impositivos más efectivos u otras soluciones para financiar el gasto público, siempre que una legislación europea aprobada con escasa reflexión no les imponga cortapisas.

 
  
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  Marian Harkin (ALDE), por escrito. − Apoyo plenamente la lucha contra el fraude fiscal y reconozco la necesidad de una colaboración estrecha entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y la Comisión para afrontarla con éxito.

Sin embargo, no apoyo la inferencia en la exposición de motivos de que la introducción de la BICC sea en absoluto necesaria para luchar contra el fraude fiscal. En esta fase, la BICC es sólo una propuesta de carácter técnico, no se propone una comunicación y, por consiguiente, resulta prematuro sugerir que podría contribuir a la lucha contra el fraude fiscal.

 
  
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  Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. (PL) He votado a favor del informe sobre una estrategia coordinada de mejora de la lucha contra el fraude fiscal (2008/2033(INI)).

Sharon Bowles señala con razón que el fraude fiscal tiene graves repercusiones sobre los presupuestos nacionales. Conduce a la vulneración del principio de una fiscalidad justa y es susceptible de provocar la distorsión de la competencia.

La distorsión ocasionada por el fraude del IVA afecta al equilibrio general del sistema de recursos. Según diversas fuentes, las pérdidas de IVA ascienden a entre 60 y 100 mil millones de euros al año en toda la Unión Europea, lo que redunda en una mayor necesidad de recurrir a los recursos propios de los Estados miembros sobre la base de la renta nacional bruta (RNE).

Apoyo la iniciativa de Sharon Bowles. Los problemas ocasionados por el fraude del IVA deben erradicarse. Para garantizar un funcionamiento adecuado de la Comunidad debemos garantizar que el sistema de recursos funciona de forma justa y transparente.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Después de diez años dando vueltas a este tema, aún no hemos sido capaces de acordar una serie de métodos efectivos que puedan detener el fraude del IVA, que, después de todo, supone una evasión de impuestos equivalente a entre el 2 y el 2,5 % de la capacidad económica de Europa.

El mecanismo de inversión impositiva no tiene mal aspecto sobre el papel pero parece seguir en estado embrionario, motivo por el cual la mayoría de los llamamientos realizados se refieren aún a una mejor cooperación entre Estados miembros.

Especialmente en el ámbito del fraude, algunos Estados miembros son enormemente susceptibles al fraude y realizan unos controles muy poco estrictos, lo que se agrava por el predominio de una inaceptable actitud de indiferencia en relación con la recaudación del dinero defraudado. Me sorprende enormemente que el informe no transmita un mensaje firme ni ofrezca nuevas soluciones, motivo por el cual me he abstenido en la votación.

 
  
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  John Purvis (PPE-DE), por escrito. − La delegación de los Conservadores británicos lamenta no poder apoyar el informe de la señora Bowles. Reconocemos que el fraude fiscal es un problema grave que debe abordarse de forma urgente, así como la necesidad de encontrar una solución al fraude conocido como «fraude carrusel» en relación con el IVA.

No obstante, la falta de apoyo explícito del informe a la competencia y la soberanía en materia fiscal, su enfoque nada realista en relación con los paraísos fiscales y su falta de reconocimiento del estrecho vínculo entre un nivel impositivo elevado y un alto nivel de evasión y fraude fiscal, nos llevan a pedir a la Unión Europea que reflexione seriamente antes de proponer medidas fiscales que podrían servir únicamente para provocar la fuga de capitales, desincentivar la inversión interna e incluso fomentar un mayor nivel de fraude fiscal.

 
  
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  Eoin Ryan (UEN), por escrito. – (GA) Me complace poder apoyar este informe, que reconoce la absoluta necesidad del desarrollo de una estrategia para abordar el fraude fiscal. Aunque la aplicación de políticas efectivas en general entra dentro del ámbito de actividades de los Estados miembros, se debe cooperar a escala europea. No se debería imponer una carga administrativa desproporcionada a las empresas, especialmente a las PYME, y, a la luz de la política de la Comisión, se deberían reducir los trámites burocráticos.

He apoyado la enmienda que subraya la importancia de la competencia leal en términos fiscales para la economía de la Unión Europea. Sin embargo, manifiesto mi decepción por el hecho de que el ponente se refiriese a la base imponible consolidada común (BICC) en la exposición de motivos. Aún no se ha examinado la BICC lo suficiente como para garantizar que este sistema impositivo tendría unas repercusiones positivas y es probable que existan más pruebas de lo contrario. Tal referencia se basa en conjeturas infundadas y, cómo sólo se recoge en la exposición de motivos, no podemos votar sobre este tema. Así pues, me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi decepción y transmitir mis objeciones.

 

7. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta
  

(Se suspende la reunión a las 12.50 horas y se reanuda a las 15.00 horas.)

 
  
  

PRESIDE: Hans-Gert PÖTTERING
Presidente

 

8. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta
Vídeo de las intervenciones

9. Presentación por el Consejo del proyecto de presupuesto general - Ejercicio 2009 (debate)
Vídeo de las intervenciones
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  Presidente. − El próximo punto del orden del día es el debate sobre la presentación por el Consejo del proyecto de presupuesto general para el ejercicio 2009. Por consiguiente, doy la bienvenida al Ministro del Presupuesto, Cuentas Publicas y Función Pública Éric Woerth, representante de la Presidencia del Consejo.

 
  
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  Éric Woerth, Presidente en ejercicio del Consejo. – (FR) Señor Presidente, Señorías, es a la vez un honor y un placer para mi intervenir hoy en esta Cámara por dos motivos: en primer lugar porque su Parlamento representa el corazón de la democracia europea. La Presidencia francesa respeta enormemente el trabajo de esta Cámara al servicio de la integración europea, y la mejor prueba de nuestra voluntad de hacer avanzar juntos la construcción de Europa ha venido del Presidente de la República Francesa en su intervención en Estrasburgo el pasado mes de julio. Ese mismo espíritu me anima a mí y también los demás componentes del Gobierno francés. En segundo lugar, porque el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2009, que les presento hoy, fue aprobado por unanimidad por el Consejo el pasado 17 de julio. Tal unanimidad demuestra que se trata de un proyecto de presupuesto equilibrado con el que el conjunto de los Gobiernos de la Unión Europea se identifica.

Nuestros primeros contactos permitieron sentar una base sólida para la continuación del procedimiento presupuestario. El diálogo a tres bandas y las reuniones de concertación se desarrollaron en un entorno constructivo. Ya nos hemos puesto de acuerdo en relación con seis declaraciones y estoy convencido de que lograremos llegar a un acuerdo también en otras cuestiones de interés común.

Les puedo garantizar que el Consejo está dispuesto a seguir con este diálogo de calidad para alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto para el ejercicio 2009 satisfactorio para todos.

Tal acuerdo deberá responder a tres principios: garantizar la financiación de las prioridades políticas de la Unión Europea —y hemos definido un marco financiero para el periodo entre 2007 y 2013, que debemos poner en práctica para lograr nuestros objetivos en términos de competitividad, cohesión y crecimiento—. El segundo principio se refiere al respeto de las normas de la disciplina presupuestaria y la buena gestión financiera definidas en el Acuerdo Interinstitucional. El gasto debe permanecer dentro de los límites fijados por este Acuerdo y se deben mantener unos márgenes suficientes por debajo de los techos de las diferentes rúbricas. Por último, los créditos han de reajustarse en función de la estricta realidad de las necesidades. También cabe destacar la necesidad de extraer las oportunas enseñanzas de las ejecuciones presupuestarias pasadas para determinar la capacidad real de aplicación de las políticas sectoriales. Por otra parte, después del establecimiento de las perspectivas financieras en 1988, el presupuesto comunitario ha sido siempre objeto de una infrautilización de los créditos de pago. La ejecución está mejorando gracias a las iniciativas de la Comisaria Dalia Grybauskaité, pero las incertidumbres vinculadas al ejercicio 2009 siguen siendo evidentemente importantes y nada permite afirmar en este momento que en 2009 se producirá algún cambio en relación con años anteriores.

También es importante salvaguardar los intereses de los contribuyentes europeos —sobre todo en el contexto económico actual—, por lo que debemos evitar en la medida de lo posible que figuren en el presupuesto créditos que no puedan utilizarse. Por consiguiente, el objetivo de un presupuesto realista y equilibrado ha servido de principio orientador al trabajo del Consejo.

Antes de presentarles los resultados, me gustaría decir algo brevemente en relación con el «mecanismo alimentario» (respuesta rápida al aumento del precio de los productos alimentarios en los países en desarrollo). Esta cuestión ocupará el centro de nuestros debates en las próximas semanas. El Consejo Europeo de los días 19 y 20 de junio ofreció un fuerte impulso político felicitándose por la voluntad de la Comisión de presentar una propuesta destinada a instaurar un nuevo fondo de apoyo a la agricultura en los países en desarrollo. No obstante, el mandato del Consejo Europeo a este respecto es muy claro: se deberá encontrar una solución en el respeto estricto de las perspectivas financieras actuales.

Soy consciente de que el Parlamento Europeo no comparte actualmente esta visión. No obstante, el Consejo examinará la propuesta adoptada por la Comisión el pasado 18 de julio desde este punto de vista.

Por último, les recuerdo que el Consejo Europeo volvió a reafirmar ayer su voluntad de apoyar la reconstrucción de Georgia, incluidas las zonas de Osetia del Sur y Abjasia, además de los 6 millones de euros de ayuda de emergencia desembolsados. La Unión Europea tomará pues la iniciativa de convocar en el menor plazo de tiempo posible una conferencia internacional con vistas a apoyar la reconstrucción de Georgia. El Consejo Europeo de ayer pidió al Consejo y la Comisión que comenzasen la preparación de esta conferencia.

Me gustaría presentarles ahora a grandes rasgos el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2009 establecido por el Consejo.

Proponemos un presupuesto de 134 mil millones de euros en créditos de compromiso, lo que representa una reducción de 469 millones de euros en relación con el anteproyecto de presupuesto. El aumento de los créditos de compromiso en relación con 2008 se eleva, por tanto, a un 2,8 %, por lo que la capacidad de compromiso de la Unión Europea permanece inalterada.

En lo que respecta a los créditos de pago, el Consejo ha realizado un ajuste limitado a 1 700 millones de euros en relación con el anteproyecto de presupuesto. Tal como el Parlamento pidió los años anteriores, el Consejo no ha realizado recortes transversales al azar en el conjunto de las rúbricas. Esta reducción descansa, por el contrario, en un análisis detallado de la ejecución en 2007 y 2008, así como en un enfoque realista de la capacidad de puesta en práctica y ejecución de los programas comunitarios. Por consiguiente, el proyecto de presupuesto en créditos de pago se eleva a 115 mil millones de euros.

Me gustaría hacer especial hincapié sobre el hecho de que la reducción del nivel de los créditos de pago en 2009 no es ninguna sorpresa. Tal reducción se había previsto desde la adopción del marco financiero para 2007-2013. Si el techo de los créditos de pago en 2009 es muy inferior al de los años 2008 y 2010, ello se debe a la evolución de los créditos de la política de cohesión que se caracterizará en 2009 por la finalización de la programación 2000-2006, así como por un aumento gradual durante el periodo de programación 2007-2013. No disponemos sin embargo de elementos que indiquen la puesta en marcha acelerada de nuevos programas. Por el contrario, el dispositivo de seguimiento de la adopción de los sistemas de gestión y de control, así como los proyectos importantes, muestra la lentitud de su puesta en marcha. De este modo, sólo en dos programas —en Hungría— de los 433 existentes se han efectuado pagos intermedios.

El nivel de créditos de pago de nuestro proyecto de presupuesto es, por tanto, realista, y se ajusta a las necesidades de la Unión.

Cabe destacar algunos elementos rúbrica por rúbrica.

En la rúbrica «Competitividad para el crecimiento y el empleo», el Consejo concede una gran importancia a la puesta en práctica de la Estrategia de Lisboa. Por consiguiente, ha velado por garantizar una financiación adecuada, especialmente para los programas de investigación y desarrollo tecnológico, las redes transeuropeas y la mejora de la calidad de la educación y la formación permanente. El Consejo ha limitado el aumento de los créditos de compromiso sobre la base del análisis de las capacidades de ejecución, como decía, de los programas.

No obstante, cabe destacar que, en este marco, el aumento de los créditos de compromiso sigue siendo considerable para los programas prioritarios. Por ejemplo, en comparación con 2008, el programa marco de investigación ha experimentado un aumento del 10 %, el programa para la innovación y la competitividad un incremento del 16 % y el Programa de aprendizaje permanente, fundamental para los ciudadanos europeos, aumenta en un 6 %.

Estos ejemplos ilustran claramente la estrategia específica adoptada por el Consejo. Además, el Consejo ha reducido los créditos de pago (471 millones de euros) efectuando recortes en diferentes líneas concretas para sacar conclusiones de la ejecución.

En lo que respecta a la rúbrica 1b, «Cohesión para el crecimiento y el empleo», el Consejo ha aceptado el importe de los créditos de compromiso propuesto por la Comisión en el anteproyecto de presupuesto. Para los créditos de pago, hemos adoptado un enfoque equilibrado procediendo, por una parte, a un aumento de 50 millones de euros para los países y regiones de la convergencia y, por otra parte, a una reducción de 300 millones de euros en el ámbito de la competitividad regional.

Ello significa una reducción general razonable de 250 millones de euros de créditos de pago, y me complace que hayamos podido acordar una declaración común sobre los Fondos Estructurales y de Cohesión, así como sobre los programas de desarrollo rural.

En relación con la rúbrica «Conservación y gestión de los recursos naturales», el Consejo ha adoptado una reducción limitada de 382 millones de euros de créditos de compromiso y de 497 millones de euros de créditos de pago. Tal reducción afecta principalmente a las líneas presupuestarias relativas a las intervenciones de mercado y liquidación de cuentas y, en una medida razonable, al desarrollo rural.

Me gustaría señalar que la línea presupuestaria relativa a los programas alimentarios, la distribución gratuita de frutas y hortalizas, la distribución de leche en las escuelas y las medidas de promoción se ha mantenido. También hemos mantenido los importes propuestos por la Comisión en relación con las políticas medioambientales.

En lo que se refiere a la rúbrica 3, «Ciudadanía, libertad, seguridad y justicia», el Consejo ha realizado un ligero aumento en los márgenes disponibles por debajo de los techos fijados para alcanzar un total de 76 millones de euros a través de una serie de reducciones específicas en los créditos de compromiso por un importe de 20 millones de euros. En este contexto, me gustaría destacar la importancia que la Presidencia francesa concede al programa en materia de inmigración. Así, se ha incluido el importe propuesto en el anteproyecto de presupuesto para la Agencia Frontex.

En lo referente a la rúbrica 4, «La UE como socio global», hemos querido adelantarnos a las necesidades relativas a Palestina y Kosovo sin esperar a la carta rectificativa de la Comisión, que debería adoptarse la próxima semana. Así, hemos incluido en la reserva un importe adicional en comparación con el anteproyecto de presupuesto de 100 millones de euros para Palestina y de 60 millones para Kosovo.

En lo que se refiere a la PESC, el Consejo ha aceptado, como medida de precaución, los créditos de compromiso y de pago incluidos en el anteproyecto de presupuesto conformes a los importes previstos en el Acuerdo Interinstitucional del 17 de mayo de 2006. En lo que se refiere a los créditos de pago, la reducción efectuada se eleva a 393 millones, pero la mitad de esta reducción se refiere a la reserva para la ayuda de emergencia y, como saben, el Consejo considera por otra parte que la financiación de esta reserva se puede obtener a través de una redistribución de los créditos de pago, como se ha observado en los últimos años.

Por último, en lo que respecta a la rúbrica 5, «Administración», el Consejo ha adoptado un aumento controlado de los créditos administrativos del 3,8 %, que considera necesario para garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones. El margen disponible en la rúbrica 5 se eleva por consiguiente a 224 millones de euros.

El Consejo ha aceptado, naturalmente, los 250 puestos vinculados a la ampliación de 2007. Por otra parte, hemos procedido a realizar reducciones específicas sobre la base de la ejecución de los presupuestos anteriores en lugar de realizar reducciones horizontales, que se habían convertido en una auténtica tradición.

Por último, en relación con las agencias descentralizadas, hemos tomado en consideración el ciclo de vida de las agencias. No podemos tratar de forma idéntica a las agencias que han alcanzado la velocidad de crucero y las agencias que siguen desarrollando sus competencias —agencias en fase de desarrollo— y hemos tenido en cuenta los excedentes generados por algunas agencias a lo largo de los ejercicios anteriores. Éste es el caso de Frontex y Eurojust, dos agencias que entran dentro del ámbito de nuestras prioridades.

Para concluir, me parece, por consiguiente, que el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2009 representa un punto de equilibrio entre la ambición que nos anima a todos, evidentemente, para nuestra Unión Europea y la elaboración de un presupuesto adecuado del que tenemos que responder ante nuestros ciudadanos. Esto es ciertamente fundamental para que los ciudadanos puedan compartir con nosotros la confianza necesaria en el proyecto europeo.

La percepción de esta Cámara será probablemente diferente, pero nos encontramos al principio del procedimiento presupuestario y disponemos de tiempo para acercar nuestros puntos de vista en relación con la estructura del presupuesto para el ejercicio 2009 y responder a los desafíos a los que nos enfrentamos como resultado de las nuevas propuestas de la Comisión. Estoy seguro de que nuestras tres instituciones harán todo lo posible para alcanzar, de aquí a la concertación de noviembre —en un plazo de dos meses— un acuerdo global sobre todas estas cuestiones, y espero que este acuerdo sea el más adecuado tanto para las instituciones como para los ciudadanos europeos. Pueden ustedes contar naturalmente con mi compromiso en este sentido.

 
  
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  Presidente. − Muchas gracias, señor Ministro. Se merecía una mayor participación en este debate de hoy, pero, en calidad de diputados, hemos de tomar decisiones en relación con muchos asuntos. Hoy ciertamente inauguramos el debate, y un ex Ministro que anteriormente ocupó su cargo también asiste a esta reunión.

 
  
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  Jutta Haug, ponente. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Presidente en ejercicio del Consejo, acaba de decir que estamos al principio del procedimiento presupuestario. En lo que se refiere al Parlamento, ese no es el caso. El procedimiento presupuestario y los debates sobre el procedimiento y sobre nuestro presupuesto para 2009 empezaron a comienzos de año. Por consiguiente, ya hemos recorrido un largo camino. En concreto, por otra parte, en el Parlamento existe un consenso bastante amplio en relación con el hecho de que ni el anteproyecto de presupuesto de la Comisión ni el proyecto de presupuesto del Consejo —que, como sabemos, ha recortado los créditos tanto de compromiso como de pago recogidos en las estimaciones de la Comisión— resultan particularmente inspiradores. Ciertamente no lo consideramos un presupuesto ambicioso que satisface nuestras demandas para la Unión Europea en ninguno de los ámbitos de actividad política.

En concreto, el Parlamento sigue teniendo dificultades en relación con el hecho de que, a pesar de que se habla constantemente y en todos los foros de la necesidad de abordar el cambio climático, esta intención no se refleja de forma suficiente en el presupuesto. Nosotros en el Parlamento —como puede observarse por el enorme apoyo que esta Cámara ofreció al equipo negociador de la Comisión de Presupuestos en la votación de julio— garantizaremos que la lucha contra el cambio climático se refuerza en muchas de las partes del presupuesto y que tal refuerzo se financia con fondos europeos. No creemos que deba existir una brecha tan amplia entre los créditos de compromiso y los créditos de pago como la que propone la Comisión —el 15 %—, posteriormente ampliada aún más por el Consejo.

Por el contrario, garantizaremos el logro de un presupuesto más ajustado a los principios de la corrección y la transparencia presupuestaria. Ciertamente este otoño seremos testigos de nuevos debates acalorados. Espero, sin embargo, que lleguemos a un acuerdo satisfactorio una vez que hayamos consensuado ciertas cuestiones.

 
  
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  Janusz Lewandowski, ponente. (PL) Señor Presidente, este otoño volvemos a iniciar de nuevo la fase decisiva del procedimiento presupuestario, esta vez para el ejercicio 2009. Nuestra labor consiste en tomar nota y tener en cuenta todas las modificaciones realizadas desde la presentación del anteproyecto de presupuesto.

La mayor dificultad y el problema más grave para mí, como ponente para el presupuesto del Parlamento Europeo y otras instituciones europeas, es la incertidumbre en relación con el futuro del Tratado de Lisboa. Las previsiones del presupuesto para el ejercicio 2009 se basaban en la hipótesis más probable, a saber, la entrada en vigor de un Tratado que ampliaba enormemente las facultades de codecisión del Parlamento Europeo. Como actualmente el futuro del Tratado es incierto, la reacción normal en relación con el presupuesto consiste en separar el gasto directamente vinculado con el Tratado de Lisboa del gasto preliminar para el año próximo, y ésta es la solicitud que dirigimos a todas las instituciones europeas. Hemos recibido la respuesta del Parlamento Europeo, actualmente en curso de examen. Aún no es un documento oficial de la Mesa del Parlamento, pero cumple el requisito de la separación del gasto vinculado al Tratado de Lisboa, que puede tomarse en consideración más tarde si la situación cambia.

Naturalmente, la incertidumbre acerca del futuro del Tratado de Lisboa que afecta al presupuesto para 2009 no nos exime de la obligación de aplicar los demás principios que rigen el establecimiento del plan de gasto para 2009. Debemos tomar en consideración las nuevas normas sobre la remuneración de los diputados al PE y la remuneración y el empleo de sus asistentes. Debemos cubrir los costes de la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo y tomar en consideración las fluctuaciones de los precios de las diferentes fuentes energéticas que tuvieron lugar en 2008. Sobre todo, 2009 es un año electoral en el que debemos aplicar una disciplina financiera rigurosa. Una ampliación de la burocracia europea —o administración europea— no es el mejor mensaje que se puede enviar a las personas a las que pedimos la renovación de los mandatos de los diputados al Parlamento Europeo.

Me gustaría llamar la atención hacia una cuestión más que me preocupa no tanto como ponente para el Parlamento Europeo, sino como miembro de una comunidad de naciones democráticas preocupadas por los derechos humanos y la soberanía de todas las naciones de Europa. Deberíamos reaccionar, también a escala presupuestaria, a lo sucedido en Georgia. Creo que el Parlamento Europeo debería adoptar una posición sobre esta cuestión en primera lectura, ya que será difícil convencer a los contribuyentes europeos de que continúen ofreciendo una ayuda incondicional a Rusia cuando este país gasta dinero en guerras más allá de sus fronteras.

 
  
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  Kyösti Virrankoski, Vicepresidente de la Comisión de Presupuestos. (FI) Señor Presidente, señor Ministro, señora Comisaria, en primer lugar, me gustaría expresar mi agradecimiento por la presentación al Parlamento del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2009. Por otra parte, lamento profundamente que nuestro presidente de comisión, Reimer Böge, no pueda asistir a este debate, ya que tiene que atender a importantes obligaciones en su país. Por este motivo, hablaré en nombre de la Comisión de Presupuestos en su lugar.

Me gustaría dar las gracias al Consejo y su Presidencia por su constructiva cooperación, ya que en la reunión de concertación presupuestaria de julio realizamos importantes declaraciones conjuntas que se refieren, entre otras cosas, a la ejecución de los Fondos Estructurales y de Cohesión, el Fondo Europeo de Solidaridad, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y el gasto del personal. Lo anterior dice mucho a favor de una atmósfera positiva en la reunión de concertación de noviembre. Desgraciadamente, el Consejo no ha colaborado demasiado en relación con la financiación de los numerosos nuevos puestos de los que se habló y que se incluyeron en las resoluciones del Consejo Europeo de junio, por ejemplo.

El anteproyecto de presupuesto de la Comisión ya era bastante escaso. Los créditos de compromiso alcanzaban los 134 400 millones de euros, 2,6 millones de euros por debajo de las perspectivas financieras, y los créditos de pago se fijaron en una cantidad aún más exigua, a saber, 116 700 millones de euros. Lo anterior es el equivalente en pagos de sólo el 0,9 % del PIB de la UE, muy por debajo del marco financiero, de por sí extremadamente reducido, del 1 % de media. El Consejo ha recortado aún más el presupuesto en un total de 500 millones de euros de créditos de compromiso y en 1 800 millones de euros de créditos de pago.

En mi opinión, este presupuesto recortado en mayor medida no refleja ni las prioridades de la UE ni las del Parlamento Europeo. Por otra parte, cabe destacar lo peligroso de realizar recortes en la rúbrica 1, fundamental para el crecimiento sostenible y el empleo. La insuficiencia de los créditos de pago constituye una amenaza especialmente importante para la política estructural, una de las principales prioridades del Parlamento. En cualquier caso, su ejecución se ha retrasado enormemente.

Resulta bastante evidente que la rúbrica 1 del presupuesto debe examinarse con especial atención, al igual que la rúbrica 4, que sigue de forma crónica por debajo de la financiación necesaria de un año para otro. En este momento existen dificultades con Kosovo y Palestina.

Por último, me gustaría suscitar dos cuestiones. En primer lugar, el «mecanismo alimentario». La Comisión propone alrededor de mil millones de euros para la ayuda alimentaria y la producción de alimentos en los países en desarrollo. El Parlamento está de acuerdo con esta financiación, pero lamenta que la Comisión no haya propuesto ningún instrumento adecuado. El Acuerdo Interinstitucional es una buena oportunidad para ello, y la Comisión de Presupuestos está dispuesta y preparada a prestar su apoyo en este sentido.

El Parlamento Europeo también está dispuesto a apoyar la reconstrucción en Georgia. El procedimiento presupuestario también ofrece oportunidades en este sentido. Esperamos que cuando la Comisión realice algún tipo de promesa en nombre de la Unión Europea en la próxima Conferencia de Donantes tales promesas se examinen primero con las autoridades presupuestarias.

 
  
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  Dalia Grybauskaitė, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, me gustaría recordar el buen ambiente en el que se desarrollaron nuestras negociaciones, que dieron comienzo en la primavera y terminaron antes de las vacaciones de verano. Espero que podamos seguir procediendo de este modo durante todo el procedimiento.

Me gustaría llamar su atención hacia la existencia de cuatro tipos principales de problemas en nuestras negociaciones. El primero se refiere al nivel de los créditos de pago, que el Consejo ha recortado en 1 800 millones de euros. En el marco de la evaluación de la propuesta de la Comisión, el Parlamento la considera demasiado modesta y el Consejo demasiado ambiciosa, así que espero que seamos capaces de alcanzar un acuerdo y lograr un presupuesto adecuado para Europa en la fase final de nuestras negociaciones.

El segundo tipo de problemas se refiere a la rúbrica 4, y a este respecto me gustaría mencionar tres elementos: recursos adicionales para Kosovo y Palestina; la reserva para la ayuda de emergencia, especialmente debido a la necesidad de una respuesta rápida este año y el año próximo; y, por supuesto, la próxima Conferencia de Donantes para ayudar a Georgia, y en relación con esta cuestión —al menos a día de hoy— aún no hemos llegado a ninguna decisión.

El tercer tipo de dificultades que la Comisión considera un problema se refiere al gasto administrativo, en relación con el cual, como es habitual, el Consejo aprueba la creación de puestos pero recorta su financiación. Lo anterior significa que, para la Comisión, en esta fase y con estas propuestas, no será posible contratar más personal, a pesar de la aprobación de 250 puestos en relación con la ampliación.

El cuarto tipo de problemas se refiere al mecanismo alimentario. A instancias del Consejo, realizamos una propuesta que por el momento el Parlamento no ha aprobado como instrumento. Considero problemático para nuestras negociaciones este cuarto tipo de dificultades.

Así pues, en general, sólo estos cuatro tipos de cuestiones podrían suscitar algún tipo de dificultad. Por lo demás, se trata de un presupuesto muy bien preparado y calculado y creo que podemos lograr un acuerdo rápidamente en la mayoría de los ámbitos. Si mantenemos el espíritu de cooperación con el que contamos hoy, espero que podamos resolver todos nuestros problemas.

 
  
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  Éric Woerth, Presidente en ejercicio del Consejo. – (FR) Señor Presidente, en primer lugar, gracias por este debate. Me gustaría decir a la señora Haug que este presupuesto es ciertamente ambicioso, aunque los niveles no sean los mismos en relación con las diferentes rúbricas. No obstante, naturalmente compartimos el mismo objetivo y debemos reconciliar nuestras diferencias de opinión. Disponemos de dos meses para hacerlo.

En segundo lugar, señor Lewandowski, en relación con sus observaciones sobre las consecuencias del Tratado de Lisboa, compartimos su deseo, que en realidad se refiere a la consideración de que el proceso de ratificación aún no ha concluido y que, por consiguiente, resulta prudente no incluir estos gastos en el presupuesto. Creo que sin duda compartimos la misma opinión en relación con esta cuestión. Ha mencionado Georgia. La Comisaria se ha referido a esta cuestión entre los asuntos principales que debemos resolver, y el Consejo se ha pronunciado sobre ella. Debemos, por consiguiente, esforzarnos por desarrollar los ámbitos políticos identificados ayer por la tarde.

Señor Virrankoski, en relación con el anteproyecto de presupuesto, afirma que es ya muy limitado y que en realidad lo estamos limitando aún más. Es cierto. Pero primero debemos distinguir entre los créditos de compromiso y los créditos de pago. En los créditos de compromiso se produce un aumento de un poco menos de un 3 % en comparación con 2008. Creo que ello muestra el grado de nuestra ambición. En lo que respecta a los créditos de pago, ciertamente se prevé una reducción de proporciones similares. He intentado explicar que hemos efectuado un análisis muy detallado, que no es el resultado de la aplicación de un método al azar de reducción de los créditos de pago. Se trata simplemente del resultado de un análisis de la utilización de los créditos de las políticas. He intentado explicar esto rúbrica por rúbrica. En la rúbrica 1, para repasar brevemente lo anteriormente dicho, me gustaría señalar que ciertamente se produce una reducción, pero, al mismo tiempo, dentro de esta reducción se prevé un aumento de 50 millones de euros para los Estados y regiones de la convergencia. En lo que se refiere a la rúbrica 4, tal como la Comisaria también ha mencionado, se aumentan los créditos para Palestina y Kosovo, y la mitad de la reducción de los créditos contenidos en el proyecto de presupuesto se refiere a la reserva de emergencia que puede financiarse, como ha sido el caso hasta la fecha, a través de la redistribución. Ciertamente, tenemos hasta el mes de noviembre para examinar en detalle las cuestiones concretas, claramente definidas y sometidas a ciertos parámetros, y nos emplearemos a fondo para alcanzar el mejor acuerdo posible, un acuerdo que, naturalmente, nos haga avanzar.

 
  
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  Presidente. − Acabamos de celebrar un importante debate intermedio sobre el presupuesto. Todos ustedes han mencionado prontamente la crisis y la guerra en Georgia. Como saben, ayer realicé una declaración ante el Consejo Europeo sobre esta cuestión, y me complace comprobar que la opinión expresada ayer es compartida por todos en las instituciones europeas. Gracias.

 

10. Redes y servicios de comunicaciones electrónicas - Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas - Planteamiento común del uso del espectro liberado por la conversión al sistema digital - Redes y servicios de comunicaciones electrónicas, protección de la intimidad y protección de los consumidores (debate)
Vídeo de las intervenciones
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  Presidente. − El próximo punto del orden del día se refiere al debate común sobre

– el informe (A6-0321/2008) de Catherine Trautmann, en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas [COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD)],

– el informe (A6-0316/2008) de Pilar del Castillo Vera, en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas [COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)],

– el informe (A6-0305/2008) de Patrizia Toia, en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, sobre la Comunicación de la Comisión «Aprovechar plenamente las ventajas del dividendo digital en Europa: un planteamiento común del uso del espectro liberado por la conversión al sistema digital» [2008/2099(INI)], y

– el informe (A6-0318/2008) de Malcolm Harbour, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores [COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)].

 
  
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  Luc Chatel, Presidente en ejercicio del Consejo. – (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, para calcular la importancia estratégica que las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías de la información revisten para Europa, basta con mencionar algunas cifras: las tecnologías en materia de telecomunicaciones son responsables por sí solas de un 25 % del crecimiento europeo y del 40 % del aumento de nuestra productividad. A la luz de los resultados de una serie de estudios, llegamos a la conclusión de que durante los últimos 12 años la mitad de la brecha de crecimiento existente entre los Estados Unidos y Europa guarda relación con las diferencias de desarrollo de nuestras tecnologías en materia de información y comunicación. Por consiguiente, es necesario que Europa y sus Estados miembros inviertan en este sector a largo plazo. Una revisión rápida del marco reglamentario europeo en materia de comunicaciones electrónicas reviste por tanto una importancia fundamental para favorecer la competitividad y el crecimiento de la economía europea.

Como tuve la ocasión de observar en mi audiencia ante la Comisión de Industria, Investigación y Energía, el objetivo de la Presidencia francesa consiste en lograr un acuerdo político en el Consejo del próximo 27 de noviembre, cuyo contenido deberá basarse, naturalmente, en la mayor medida posible en las posiciones adoptadas por el Parlamento Europeo. Para ello, el Consejo ha previsto celebrar alrededor de quince reuniones de trabajo a lo largo del segundo semestre de 2008. Así, desearía informarles en algunos minutos de la posición que prevalece hoy en el Consejo acerca de las principales cuestiones que abordan los tres ponentes, la señora Trautmann, la señora del Castillo y el señor Harbour. Éric Besson abordará el informe de la señora Toia sobre la cuestión del dividendo digital.

Me gustaría congratularme con los tres ponentes por el considerable esfuerzo realizado en relación con las cuestiones que mencionaré dentro de un momento. En mi opinión, el trabajo llevado a cabo contribuye a aclarar la situación y permite entablar un debate con el Consejo sobre una nueva base, y me gustaría hacer hincapié sobre la coincidencia de puntos de vista existente entre nuestras dos instituciones, Parlamento y Consejo.

En primer lugar me gustaría felicitar a Catherine Trautmann por el trabajo realizado hasta la fecha como ponente para la Directiva que modifica las Directivas marco sobre «acceso» y «autorización». Me gustaría felicitarle por su voluntad de tomar en consideración el problema del desarrollo de las redes de nueva generación, una preocupación compartida por todas las partes interesadas en este sector y por los Estados miembros.

Señora Trautmann, su informe subraya la necesidad de seguir promoviendo la competencia, especialmente la competencia basada en las infraestructuras, y éste también es el punto de vista del Consejo. Su informe propone un recurso más frecuente a la segmentación geográfica de los mercados con vistas a poder eliminar las obligaciones ex ante allí donde la competencia es efectiva. Esta segunda cuestión se está debatiendo en el seno del Consejo.

En relación con la regulación de los mercados, concretamente la propuesta de ampliación del poder de veto de la Comisión a las soluciones propuestas por los reguladores, la señora Trautmann subraya en su informe que la Comisión debería desempeñar un papel de árbitro y no de juez, y propone, por consiguiente, un mecanismo de corregulación que permita remitir un asunto al nuevo grupo de reguladores, por ejemplo, cuando las soluciones propuestas por uno de ellos no cuentan con la aprobación de la Comisión. Así, la ponente del Parlamento busca un término medio entre el statu quo y el poder de veto que inicialmente había propuesto la Comisión y que suscita, como saben, cierto grado de oposición por parte de los Estados miembros. Se trata realmente de un avance en relación al texto inicial sobre un tema extremadamente sensible para el Consejo, que no parece muy dispuesto actualmente a conceder tanto poder a la Comisión.

La separación funcional ha sido otra cuestión objeto de acalorados debates. El informe de la señora Trautmann propone mantener la imposición de la separación funcional como solución excepcional para las autoridades nacionales de reglamentación. Esta solución excepcional se restringirá en mayor medida en términos de aplicación, ya que se requerirá el acuerdo previo de la Comisión y una opinión favorable del Organismo Europeo de Reguladores en Telecomunicaciones (BERT). En términos generales, el enfoque adoptado por la ponente parece ser coherente, en este aspecto, con el acuerdo alcanzado en el Consejo, a saber, el mantenimiento de la imposición de esta solución sin que el recurso a la misma se convierta en una iniciativa generalizada.

Otra de las cuestiones importantes en el marco de estas negociaciones es la gestión de las frecuencias. La ponente se muestra, igual que el Consejo, favorable a un enfoque gradual de la evolución de la gestión del espectro que logre un equilibrio entre los principios de neutralidad presentados por la Comisión y la complejidad de la gestión de este escaso recurso. El informe surgido de la votación final en la Comisión de Industria introduce, por otra parte, un nuevo elemento al defender la creación de un Comité para las políticas relativas al espectro radioeléctrico (RSCP), que habrá de asesorar al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión en materia de políticas relativas al espectro. Este Comité se encargará de establecer un programa legislativo estratégico sobre la utilización del espectro. En relación con esta cuestión, creo que el Consejo ha tomado en consideración la legítima demanda del Parlamento Europeo de participar en mayor media en la definición de las grandes orientaciones en materia de gestión de las frecuencias, aunque, como saben, el Consejo también desea que no se multiplique el número de entidades responsables de este recurso y mantener el grado de respuesta necesario en relación con los mercados y con un recurso estratégico para la innovación.

Me gustaría felicitar a la ponente Pilar del Castillo por la calidad de su informe sobre la creación de la Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas, y recordar que tal informe aborda una cuestión muy sensible y objeto de un amplio consenso entre el Parlamento y el Consejo. El informe, señora del Castillo, concluye que la Autoridad Europea, en la forma originalmente propuesta, no constituye la solución más adecuada para reforzar la cooperación entre los reguladores y favorecer la armonización de las prácticas, una opinión que comparte el Consejo. Su Señoría se opone a la creación de un superregulador europeo y propone el establecimiento de una entidad, el BERT, que mantenga un contacto más estrecho con los reguladores, sea más independiente frente a la Comisión Europea y esté dotado de una organización y una gobernanza más sencillas que las inicialmente propuestas. El Consejo es sensible a todos estos argumentos pero, como sabe, una mayoría de Estados miembros aún son reticentes al principio de la creación de una entidad comunitaria. El Consejo deberá pues, en las próximas semanas, encontrar un equilibrio entre dos opciones, a saber, la institucionalización de una entidad de derecho privado que reúna a los reguladores europeos o la creación de una entidad comunitaria cuya independencia habrá de garantizarse.

Mis comentarios finales se refieren al informe de Malcolm Harbour, al que agradezco la calidad de su trabajo; me felicito especialmente por el hecho de que en el informe se tome en consideración el interés fundamental de los consumidores. El Parlamento, al igual que el Consejo, apoya las iniciativas de la Comisión dirigidas a reforzar la protección de los consumidores, una cuestión que últimamente se ha hecho más visible debido al aumento de las repercusiones de los servicios de comunicaciones en las vidas de nuestros ciudadanos.

El informe del señor Harbour propone específicamente detallar la información que debe figurar en los contratos, reforzar las medidas que los Estados miembros habrán de adoptar a favor de los usuarios con alguna discapacidad y reducir los retrasos de la portabilidad con vistas a mejorar la competencia. El Consejo apoya ampliamente todas estas medidas.

Creo que la protección de la intimidad, tratada en virtud del procedimiento de cooperación reforzada con el señor Alvaro en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, constituye una cuestión importante que se ha de abordar y me felicito, por ejemplo, por el hecho de que las comunicaciones no solicitadas a través de SMS se hayan tomado en consideración.

Por último, en relación con la cuestión específica de los derechos de autor, el informe del señor Harbour propone el mantenimiento de la obligación general de información a los abonados por parte de los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas acerca de la utilización ilegal de las redes y los servicios. Asimismo, propone fomentar la cooperación entre todas las partes interesadas con vistas a favorecer la difusión de ofertas legales. Estas medidas parecen equilibradas, pero deberemos tomar en consideración la gran sensibilidad de esta cuestión, tanto para el Parlamento como para el Consejo.

Señor Presidente, antes de ceder la palabra a mi amigo Éric Besson sobre la cuestión del dividendo digital, para concluir mis observaciones sobre las cuestiones que entran en mi ámbito de actividades debo decir que creemos que las posiciones del Parlamento y las del Consejo son coincidentes, si bien es cierto que existen ligeras diferencias de opinión en relación con el grado de precisión que se ha de incluir en esta Directiva. Ciertamente, haremos todo lo posible por entablar una cooperación estrecha con el Parlamento y la Comisión para que se alcancen los acuerdos necesarios en nuestras tres instituciones lo antes posible.

 
  
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  Presidente. − Gracias, señor Chatel. Luc Chatel es Secretario de Estado de la Ministra de Economía encargado de Industria y Consumo.

Hoy somos testigos de una importante novedad al escuchar a un segundo representante del Consejo, Éric Besson, Secretario de Estado del Primer Ministro.

 
  
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  Éric Besson, Presidente en ejercicio del Consejo. – (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, como Luc Chatel, acaba de decir, me corresponde hablarles acerca de la importante cuestión del dividendo digital.

El 12 de junio de 2008, el Consejo adoptó las conclusiones relativas a la Comunicación de la Comisión titulada «Aprovechar plenamente las ventajas del dividendo digital en Europa: un planteamiento común del uso del espectro liberado por la conversión al sistema digital». La extinción de la radiodifusión analógica permitirá liberar frecuencias en la banda UHF, especialmente interesante en términos de propiedades de propagación de sus ondas de radio. La conversión a la radiodifusión digital constituye, por consiguiente, una oportunidad sin precedentes, de la que hay que sacar el mayor provecho. Éste es el objeto del informe de la señora Toia, sobre el que esta Cámara ha de pronunciarse, y me gustaría desde aquí felicitar a la ponente por la calidad del trabajo realizado.

El valor total de los servicios de comunicación electrónica, que dependen de la utilización del espectro radioeléctrico, se eleva, en la Unión Europea, como señala la señora Toia en su informe, a más de 250 mil millones de euros, es decir, alrededor del 2,2 % del producto interior bruto europeo anual. Una buena gestión del espectro puede contribuir de forma significativa al logro de los objetivos de competitividad y crecimiento económico de la Estrategia de Lisboa y responder a un amplio abanico de necesidades de los ciudadanos en materia social, cultural y económica. Concretamente, una utilización racional y sensata del dividendo digital contribuirá a la disminución de la brecha digital, especialmente en aquellas regiones desfavorecidas, remotas o rurales. Como la ponente señala de forma adecuada, es necesario reasignar las frecuencias liberadas por la conversión al sistema digital lo antes posible.

Les puedo decir que el Consejo comparte en líneas generales la visión de la ponente, según la cual un enfoque coordinado de la utilización del dividendo digital a escala europea permitirá la optimización de su uso. La identificación de una subbanda armonizada en beneficio de los nuevos servicios de comunicación electrónica permitirá, en efecto, a los operadores y los fabricantes de equipos beneficiarse de un mercado lo suficientemente amplio. Esta cuestión reviste una importancia estratégica para el desarrollo industrial y político de Europa.

Si Europa logra coordinar sus acciones en materia de dividendo digital, como hizo para el GSM, se encontrará ante una oportunidad histórica, a saber, el relanzamiento, para los próximos veinte años, de una importante política al servicio de su industria y sus consumidores. Sin embargo, el Consejo considera, como señalaron los Ministros el pasado mes de junio, que es necesario respetar el principio de una utilización flexible del dividendo digital, sin perjuicio de las limitaciones necesarias para evitar interferencias peligrosas o para promover objetivos de interés general como, por ejemplo, una gran disponibilidad de servicio o el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad cultural y lingüística. Las reflexiones nacionales relativas a la asignación del espectro deben avanzar rápidamente, pero para que el enfoque comunitario goce de la aceptación necesaria debe ser coherente con las decisiones nacionales actualmente en curso acerca de la reutilización de las frecuencias.

Me gustaría decir para terminar que el Consejo invita a la Comisión —y sé que ya lo hace— a emprender los estudios y consultas necesarios para definir una base coherente para la utilización coordinada del espectro. También se invita a la Comisión a apoyar y asistir a los Estados miembros en el logro de este objetivo. Por consiguiente, el Consejo esperará con gran interés el informe de la Comisión sobre los resultados de este proceso y sobre cualquier otra medida necesaria de aquí a diciembre de 2008.

 
  
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  Viviane Reding, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, desearía empezar dando las gracias a los ponentes, Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia y Malcolm Harbour, por la difícil labor que han realizado y las constructivas propuestas presentadas. También me gustaría dar las gracias al Parlamento en general, ya que el trabajo ha sido arduo, soy consciente de que la preparación de las propuestas ha sido muy minuciosa y exhaustiva —audiencias con las partes interesadas y el examen de cientos de enmiendas— y sé que se ha trabajado a marchas forzadas, pero a menudo en estas circunstancias se logran los mejores resultados, lo que ciertamente ha sido el caso en relación con los informes que nos ocupan.

Independientemente de lo adecuado del marco regulador existente en muchos respectos, todos coinciden en la necesidad de mejorarlo. ¿Por qué? Debemos reforzar la protección de los consumidores garantizando que puedan tomar una decisión adecuada e informada en relación con la variedad de productos y servicios que compiten en el mercado. También debemos garantizar que en la administración por parte de los Estados miembros de los espectros nacionales —como ya se ha dicho, un recurso muy escaso—, se logran beneficios sociales y económicos gracias a una gestión eficiente, transparente y flexible, así como a una mejor coordinación a escala comunitaria. Debemos asegurarnos de que nuestro sistema regulador facilitará, y no obstaculizará, las inversiones en las redes de nueva generación, de forma que Europa siga siendo competitiva en el siglo XXI.

Por último —de forma subyacente a todos nuestros esfuerzos—, debemos reforzar el mercado interior. Debemos evitar los discursos vacíos y dotar a la UE de un mercado único competitivo y eficiente que aporte economías de escala no sólo al sector de las comunicaciones electrónicas, sino también a todos los ciudadanos y la economía en su conjunto. La economía en sentido amplio se beneficia de ello y debe reforzarse. Aprovechemos las ventajas que nos ofrece nuestro continente europeo: eliminemos las barreras que conducen a la fragmentación y a una menor eficiencia económica y social.

Estas cuatro cuestiones fundamentales —protección del consumidor, espectro, inversión y mercado interior— son muy importantes, y el Parlamento lo ha entendido así. Me gustaría felicitar al Parlamento por haber identificado los problemas subyacentes y haber realizado un diagnóstico adecuado para presentar soluciones reales.

Permítanme ahora hablar de los mecanismos del mercado interior. Se trata de una cuestión en la que nos jugamos mucho y en relación con la cual los debates previstos con el Consejo prometen ser muy complicados. Y digo esto a pesar del reconocimiento de los propios Ministros al final de la Presidencia eslovena de la necesidad de mejorar la coherencia del mercado interior de las comunicaciones electrónicas.

El reconocimiento está muy bien, pero ¿cuáles son las soluciones? El Parlamento ha considerado, y con razón, que existe un único debate —y no dos— cuando se trata de la entidad y los mecanismos para la mejora del funcionamiento del mercado interior, concretamente los mecanismos que se refieren a la notificación de la adopción de medidas en los mercados nacionales previstos por el artículo 7. Éstas son las dos caras de la moneda del mercado interior y se encuentran indisolublemente unidas.

Todos nosotros somos conscientes de que las disposiciones que se refieren a la cooperación entre los reguladores nacionales en el marco comunitario —es decir, el Grupo de Entidades Reguladoras Europeas— deben mejorarse para resultar útiles. Éste es el motivo por el cual la Comisión acoge con satisfacción las modificaciones basadas en la propuesta de la Comisión en relación con una forma de cooperación más transparente, responsable y efectiva.

Sobre todo, la Comisión acoge con satisfacción las propuestas del Parlamento en relación con una entidad comunitaria. Este tipo de entidad, y todo lo que supone, debe cumplir su propósito: debe cooperar de tal modo que resulte eficiente, justa y fiable, y actuar por encima de la sospecha de que tal vez se encuentra más cercana a algunos reguladores que a otros. Así, si queremos ser coherentes, debemos establecer una financiación también coherente. La financiación nacional, independientemente de la proporción, pondrá en tela de juicio la credibilidad de cualquier entidad y abrirá la puerta a la incertidumbre administrativa y jurídica.

Sabemos por propia experiencia que la financiación híbrida ocasiona dificultades, de modo que debemos evitar que pueda surgir ningún tipo de problema. En este sentido, me gustaría advertir al Parlamento e invitarle a que permanezca vigilante en relación con lo que denomino el enfoque del equipo de fútbol belga, que pasaré a explicar a continuación. Como saben, el Grupo de Entidades Reguladoras Europeas fue creado por la Comisión para asesorar a esta institución. Recientemente, los reguladores nacionales crearon también una entidad de Derecho privado en virtud de la legislación belga para que actuase como Secretaría del IRG (Grupo de Reguladores Internacionales). El IRG opera fuera del marco comunitario (cuenta con otros miembros además de los 27 Estados miembros de la UE) y, en la práctica, nadie sabe a ciencia cierta dónde empieza el IRG y donde termina el Grupo de Entidades Reguladoras Europeas. La Comisión quiso poner fin a esta confusión creando una autoridad claramente definida y responsable. Ciertamente, no deseamos que una entidad belga de Derecho privado, ajena al enfoque comunitario y las garantías que éste ofrece, participe en el proceso de toma de decisiones a escala europea.

Éste es el motivo por el cual aún debemos considerar una serie de cuestiones jurídicas e institucionales relativas al establecimiento de la entidad en cuestión, concretamente su estructura en materia de gobernanza. Debemos encontrar el modo más adecuado de salvaguardar la independencia de los reguladores nacionales de forma que garantice la adopción de un enfoque comunitario.

Pero, sobre todo, permítanme hacer hincapié sobre el hecho de que la entidad constituye un medio y no un fin en sí mismo. No es más que un instrumento para mejorar la coherencia en materia de reglamentación. Por consiguiente, la otra cara de la moneda del mercado interior es extremadamente importante y por ello el Parlamento Europeo actúa de forma acertada cuando refuerza la coherencia del artículo 7 en relación con la notificación de la adopción de medidas en los mercados nacionales, en relación con la cual, por otra parte, la entidad en cuestión desempeñará un cierto papel.

El nuevo mecanismo de arbitraje del Parlamento recogido en el artículo 7 bis demuestra que la Comisión y el Parlamento coinciden en la necesidad de mecanismos para lograr un funcionamiento coherente que supongan una auténtica diferencia.

El Parlamento propone permitir que la Comisión tome la iniciativa para pedir a un regulador nacional que modifique su enfoque en materia de reglamentación en caso de que en una revisión paritaria por parte de la entidad se detecte algún problema. Debemos examinar de forma más detallada la propuesta del Parlamento con vistas a respetar el equilibrio institucional establecido en el Tratado, pero creo que el enfoque adoptado se basa en una serie de principios completamente lógicos, a saber, el logro de un equilibrio entre los intereses de la subsidiaridad y los del mercado interior, con vistas a extraer una serie de conclusiones operativas inequívocas.

Gracias a la revisión paritaria podemos beneficiarnos de la experiencia acumulada por los reguladores nacionales, así como de su sensibilidad en relación con una serie de diferencias locales legítimas. Ciertamente tiene sentido adoptar las medidas necesarias cuando la entidad advierte de la existencia de un problema en materia de mercado interior, conjuntamente con las preocupaciones suscitadas por la Comisión como guardiana del Tratado.

En interés del mercado interior y la certidumbre jurídica (y «jurídica» también significa «comercial»), la Comisión debe estar facultada para exigir al regulador nacional que le informa de la aplicación de una determinada medida que modifique el enfoque adoptado, ya que no podemos aceptar que, después de haber establecido con mucho esfuerzo el proceso de revisión recogido en el artículo 7, el regulador nacional pueda decir «muchas gracias por su opinión, pero prefiero hacer las cosas a mi modo» y siga actuando como si no hubiese pasado nada.

Por ello, felicito al Parlamento, que considera, con acierto, que el proceso no puede terminar siendo un medio simplemente para transmitir una queja. Ni las empresas, ni los consumidores ni los contribuyentes apreciarían la elaboración de largos y sofisticados sistemas reguladores incapaces de lograr un resultado práctico. Por consiguiente, el sistema necesita algún tipo de respaldo, concretamente una decisión vinculante de la Comisión.

Ya mencioné anteriormente la importancia de crear un marco regulador que favoreciese nuevas inversiones. Éste es el motivo por el que la Comisión, en su propuesta, no sólo ha mantenido el enfoque basado en la competencia, sino que lo ha reforzado, ya que los mercados competitivos atraen nuevas inversiones. Éste también es el motivo por el cual la Comisión agradece a la Comisión de Industria, Investigación y Energía que haya intentado hacer las normas en materia de telecomunicaciones más favorables a la inversión, especialmente en lo que se refiere a las grandes inversiones necesarias para modernizar la red de cables de cobre y sustituirla por redes de fibra óptica.

Los antiguos bucles locales —de los que depende la inmensa mayoría de los hogares europeos y pequeñas empresas para su conexión a Internet— dificultan el acceso de alta velocidad a Internet y hacen que se avance a paso de tortuga por la autopista de la información. Por ello, me felicito por la iniciativa del Parlamento de fomentar la competencia en materia de infraestructuras entre las redes de acceso de nueva generación y promover de forma anticipatoria el uso compartido de los conductos que albergan a las nuevas fibras, así como el riesgo compartido de la inversión en nuevos recursos. Todos estos esfuerzos son muy positivos y se ajustan a la recomendación que estoy preparando para ofrecer las orientaciones necesarias a los reguladores nacionales acerca de estas cuestiones.

Pero la mejora de los puntos de estrangulamiento del acceso a Internet de alta velocidad no debe convertirse en un nuevo y resistente cuello de botella para la competencia futura, y disponemos de numerosas pruebas que demuestran que la transición a la fibra reducirá en gran medida las posibilidades comerciales de los inversores alternativos, ya que el acceso desglosado en el caso de la fibra óptica no es posible actualmente ni desde el punto de vista técnico ni económico, lo que significa que los operadores alternativos deberán invertir en su propia fibra o utilizar el servicio de acceso indirecto (bitstream) prestado por el operador titular de la red de acceso.

Debemos rendirnos a la evidencia: en muchas zonas geográficas, donde la competencia en materia de infraestructuras no resulta viable, una reglamentación adecuada seguirá siendo el único modo de mantener viva la competencia. La competencia trae consigo la reducción de los precios, una mejor calidad de los servicios y una gama más amplia donde elegir, lo que redunda en beneficio sobre todo de los consumidores.

Sin embargo, no debemos llamarnos a engaño. Veo que el Parlamento comparte todas estas preocupaciones. Los consumidores deben poder elegir en la práctica y sacar el máximo partido de la competencia, para lo cual deben estar informados. Éste es el motivo por el cual la posibilidad real de cambiar de proveedor es tan importante. Acojo con satisfacción el apoyo del Parlamento de la necesidad de garantizar que la portabilidad se complete en un plazo de 24 horas. Si en Australia la portabilidad se consigue en un par de horas, debería ser posible que en Europa tarde un día.

También acojo con satisfacción la claridad que el Parlamento ha añadido con las modificaciones sobre una mayor información al consumidor, de forma que éste sepa exactamente el servicio que le presta su proveedor y pueda realizar una comparación adecuada. Esta mayor transparencia también sirve para apoyar la arquitectura abierta de Internet, que respaldamos, deseamos y defendemos. En caso de que se impongan restricciones al acceso a Internet es absolutamente necesario informar de forma inequívoca a los consumidores acerca de tales restricciones y me complace comprobar que tanto la Comisión como el Parlamento coinciden en este punto.

No obstante, me resulta más difícil entender el motivo por el que el Parlamento ha modificado el texto de forma que los abonados no cuentan con idénticas posibilidades e información cuando se trata de la confidencialidad de sus datos personales. Sé que el Parlamento se toma muy en serio la protección de los derechos fundamentales de los consumidores y los ciudadanos, y por ello me sorprende enormemente que los requisitos relativos a la notificación de las violaciones de la seguridad de los datos propuestos por la Comisión resulten menoscabados por las modificaciones presentadas.

La posición por defecto debería establecer la información a los abonados acerca de las posibles violaciones de la seguridad de sus datos personales, de modo que puedan adoptar las precauciones necesarias, y no debería dejarse al libre arbitrio del prestador de servicios determinar si tal violación es susceptible de ocasionar algún daño a su abonado, ya que el objetivo fundamental es proteger al abonado y sus datos personales. Por ejemplo, ¿cómo puede un operador saber hasta qué punto resulta sensible la información en un caso concreto? Por consiguiente, instaría al Parlamento a reconsiderar su posición sobre esta cuestión.

Por último, en relación con el espectro, no es necesario convencer al Parlamento de la importancia de esta cuestión. Por consiguiente, la Comisión acoge con satisfacción la politización del debate que rodea a la cuestión del espectro. Se trata de un debate que va mucho más allá de lo técnico. Aunque seguimos debiendo mucho a la ardua labor y las soluciones aportadas por el Comité del espectro radioeléctrico, también se han logrado muchas cosas gracias a la decisión sobre el espectro. Deberíamos mantener esta decisión. Pero el Parlamento tiene razón: debemos avanzar aún más gracias a la integración del aspecto político en el debate, de forma que podamos examinar todo lo que está en juego. Un enfoque más eficiente —y, por ende, más coordinado— entre Estados miembros trae consigo la perspectiva de una situación beneficiosa para todas las partes interesadas, que favorece el logro de los objetivos sociales y culturales y procura un enorme beneficio para la economía europea.

Sólo podremos realizar avances significativos en relación con el dividendo digital y otras cuestiones conexas si garantizamos la adopción de una estrategia y unas decisiones políticas importantes compartidas tanto por el Parlamento como por el Consejo. Por consiguiente, la Comisión apoya el legítimo objetivo del Parlamento de una mayor participación política en el establecimiento del espectro y acepta en principio las modificaciones propuestas por este último.

Ciertamente, el Consejo también aportará su opinión. Me gustaría señalar que la Comisión apoyará al Parlamento en este debate y ayudará al Consejo a alcanzar un acuerdo con el Parlamento.

 
  
  

PRESIDE: Martine ROURE
Vicepresidenta

 
  
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  Catherine Trautmann, ponente. – (FR) Señora Presidenta, señora Comisaria, señores Ministros, Señorías, para estar justificada, la revisión del marco que examinamos debe aportar mejoras tangibles, por una parte, para los consumidores, en términos de precios, de acceso y de velocidad de conexión y, por otra parte, para las empresas, en términos de perspectivas de una competencia justa y de nuevas inversiones y competitividad.

El gran número de partes interesadas existente indica que existen intereses diferentes e incluso contradictorios. Por mi parte, me he preocupado desde una fase muy temprana por escuchar todas las posiciones y enviar señales rápidas y fiables con vistas a establecer o reestablecer la confianza de las empresas y los consumidores.

Las comunicaciones electrónicas constituyen una verdadera oportunidad para el crecimiento europeo. El sector representa el 3 % del PIB de Europa. Sin embargo, debemos saber cómo extraer los mayores beneficios de este potencial existente en la Unión Europea en términos de inversiones y desarrollo de los servicios. Lo anterior requiere competencia, pero eso no basta. Se trata de crear las condiciones necesarias para lograr un desarrollo sostenible y responsable o, en otras palabras, un ecosistema para este tipo de economía del conocimiento que todos deseamos que se materialice.

Debemos considerar ahora las TIC como un recurso real. Por consiguiente, se trata de una cuestión tanto pública como privada que nos impone apoyar unas normas flexibles y la responsabilidad de todas las partes interesadas a través de una cooperación entre los reguladores y la Comisión, como ocurre entre los operadores y los clientes sobre la base del contrato firmado.

Existen cuatro pilares que desearía que se reforzasen: en primer lugar, el servicio al consumidor, tanto en términos de acceso —a través de un desarrollo territorial de las redes más ambicioso—, como de precios justos o de calidad; una actividad industrial sostenible, con vistas a garantizar el empleo y la innovación, puesto que el progreso tecnológico también constituye un factor que favorece la bajada de los precios; en tercer lugar, la competitividad de nuestras empresas, grandes y pequeñas, que garantiza una competencia sostenible en nuestros territorios y la realización de las inversiones necesarias, especialmente en la fibra óptica, para poder competir de forma más efectiva a escala mundial; por último, la seguridad pública, es decir, la fiabilidad del sistema a través de la responsabilización de las partes interesadas y de su cooperación mutua, especialmente entre reguladores, pero también con la Comisión.

Me complace comprobar que, sobre esta base, la Comisión de Industria, Investigación y Energía aceptó, a menudo por una amplia mayoría, mis enmiendas de transacción, y agradezco a mis colegas la gran disponibilidad demostrada, a pesar de los plazos a veces breves, que nos permite hoy cumplir a tiempo el objetivo de la modificación de este Reglamento antes del final de la presente legislatura. Ello ha sido posible gracias a un esfuerzo conjunto.

Personalmente creo que las partes interesadas del sector han respondido en general positivamente a estas orientaciones y espero que nuestros socios del Consejo hagan lo propio. He escuchado atentamente a los señores Chatel y Besson y sus puntos de vista, así como a la Comisaria Reding, y les agradezco sus opiniones informadas y en general positivas.

Para volver a las cuestiones que aún se debaten, me gustaría hablar de las soluciones.

Sin perjuicio de las competencias de los reguladores nacionales, se ha alcanzado un consenso a favor de una aplicación más coherente de las soluciones a escala comunitaria. No obstante, se ha rechazado de forma unánime —o casi— el veto sobre las soluciones propuesto por la Comisión. En el mecanismo que se propone en mi informe, cada entidad ocupa el lugar que le corresponde: la Comisión puede manifestar que alberga dudas acerca de una solución, pero no la puede rechazar completamente a menos que el BERT emita una opinión negativa. Viceversa, en el caso de una separación funcional, es necesario el acuerdo tanto de la Comisión como del BERT. En lo que se refiere a una restricción de esta naturaleza, tal separación sigue siendo una amenaza tangible, aunque no puede imponerse a la ligera.

En relación con el espectro, nuestras propuestas se dirigen al logro de una flexibilidad reforzada de la gestión de este raro recurso, aunque de forma progresiva y proporcionada, de forma paralela a la introducción de elementos de optimización de esta gestión. Para nosotros, el primer pilar es una auténtica política europea del espectro que pueda presentarse desde la adopción del paquete, con ocasión de una gran conferencia que ha de celebrarse a comienzos de la próxima legislatura.

En lo que respecta a las nuevas redes, éstas estaban ausentes de la propuesta de la Comisión, o se abordaban de forma insuficiente, mientras que Europa había iniciado ya esta revolución tecnológica. Nos ha parecido esencial ofrecer inmediatamente a los Estados miembros y los reguladores una serie de orientaciones e instrumentos necesarios para fomentar las inversiones y administrar, en su caso, el desarrollo de tales redes. Por este motivo, nuestras propuestas han sido validadas por un panel de expertos reconocidos justo antes de las vacaciones de verano.

También se ha planteado otro problema últimamente: la protección de los derechos de propiedad intelectual. Lamento que este debate haya interferido en esta fase en el examen del paquete, y creo que no se trata del lugar adecuado para examinar los mecanismos que permiten cumplir estrictamente el respeto de la propiedad intelectual.

Me gustaría añadir simplemente que deseo que seamos capaces de completar el examen de este paquete sin presiones innecesarias y sin que esta cuestión interfiera, una cuestión ciertamente importante, ya que los contenidos creativos son objeto de una Comunicación de la Comisión. Abordaré las demás cuestiones en los dos minutos que me quedan para terminar.

 
  
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  Pilar del Castillo Vera, Ponente. − (ES) Señora Presidenta, quisiera comenzar destacando lo que ha dicho el Secretario de Estado Chatel: el sector de las comunicaciones electrónicas es responsable del 25 % del crecimiento europeo y del 40 % de la productividad. En suma, esa cifra viene a confirmar lo que ya estableció la Agenda de Lisboa sobre la necesidad de desarrollar una economía europea basada en el conocimiento, donde el gran motor de ese desarrollo es precisamente el sector de las comunicaciones electrónicas.

Ese mismo conocimiento y sensibilidad ha demostrado la Comisión al plantear un conjunto de medidas que redefinen el marco regulatorio que se aprobó en 2002. Una serie de mercados han sido desregulados y todavía quedan algunas importantes regulaciones ex ante con la finalidad de impulsar definitivamente la competitividad del mercado interior.

Pero yo me voy a centrar, lógicamente, en la posición del Parlamento. Una posición ─Sr. Chatel, representante del Consejo, Sra. Viviane Reding, representante de la Comisión, Señorías─ que tiene un denominador común, lo que hace que la posición del Parlamento sea, en mi opinión, una posición extraordinariamente consistente, coherente y potente. Y ese denominador común de los informes que ha elaborado el Parlamento y han aprobado las respectivas comisiones, es, simplemente, el concepto de corresponsabilidad.

El informe de mi colega, la señora Trautmann, está basado en la corresponsabilidad. La propuesta de creación de un organismo de reguladores nacionales está basada en la corresponsabilidad. Hemos entendido, en ambos casos, que la corresponsabilidad es el instrumento que necesita todavía hoy el mercado de las telecomunicaciones electrónicas en Europa, y todo lo que se ha propuesto deriva de ese concepto de corresponsabilidad, tanto lo que se refiere a la interacción en corregulación de la Comisión y el organismo de reguladores nacionales, cuyo acrónimo bien conocido ya es BERT, como lo que se refiere a la organización y también a la financiación de ese organismo de reguladores nacionales.

Como el tiempo apremia y los debates han sido ya largos y seguirán siéndolo en el futuro, debo remitirme ahora exclusivamente al organismo de reguladores nacionales. Se trata de una propuesta que se acomoda a ese concepto de corresponsabilidad y a esa situación de desarrollo de un mercado básicamente exitoso, que todavía requiere de algunas apoyaturas ex ante para ajustarse plenamente a las normas de la competencia, y que está basado en esa cooperación entre la Comisión y los Estados miembros a partir de los organismos reguladores. En ese contexto, frente a la situación actual, este organismo tiene una mejor definición de sus funciones, de su estructura, de su responsabilidad y de su rendición de cuentas y también de su financiación.

Y en ese sentido, quisiera decir, señora Comisaria, Señorías, señor Chatel, que es fundamental mantener la coherencia y la consistencia. La cofinanciación que yo he propuesto y defiendo para ese organismo regulador se corresponde con el concepto de corresponsabilidad, que es la espina dorsal de toda la propuesta que propugna el Parlamento, tanto en el informe de la señora Trautmann como en el mío propio.

Lo que no sería en cambio consistente y coherente es que por la puerta de atrás se colara un mecanismo de financiación estrictamente basado en la financiación comunitaria, que no se correspondería con el resto y que, por tanto, crearía una disfunción enorme en el concepto y en la razón de esta reforma que propone el Parlamento.

Estoy convencida de que tanto el Parlamento como la Comisión y el propio Consejo buscamos, así lo hemos demostrado, los mismos objetivos y apelo al equilibrio y al buen entendimiento que hemos tenido hasta ahora para seguir en esa dirección. Lo merece el sector que estamos tratando.

 
  
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  Patrizia Toia, ponente. − (IT) Señor Presidente, Señorías, en el mundo de las telecomunicaciones, cualquier recurso que permite la transmisión de voz, datos e imágenes es un bien precioso. Por ello, la idea de que dentro de algunos años exista una gran cantidad de espectro radioeléctrico disponible, es decir, frecuencias libres y disponibles para nuevos usos, representa una gran oportunidad social y cultural, además de económica y comercial: en efecto, algunos han cuantificado ya el valor comercial del dividendo digital.

Por consiguiente, debemos contar con una política adecuada a nivel europeo, que sepa valorar al máximo este recurso, que sepa hacer de Europa un motor y no sólo el denominador común de diferentes políticas nacionales. Como todos sabemos, en otras partes del mundo, y pienso en Japón y los Estados Unidos, este recurso se está utilizando ya con grandes resultados y todo ello va a suponer una ventaja competitiva indiscutible de las empresas de esas zonas del mundo.

Por consiguiente, debemos recuperar el tiempo perdido —o, en cualquier caso utilizar el tiempo rápidamente— y, aunque la conversión digital se complete en Europa en 2012 —una fecha que debemos respetar por todos los medios—, debemos comprometernos al máximo, desde ahora mismo y sin demoras, sea con la reforma del espectro radioeléctrico, sea en relación con el dividendo digital.

El espectro radioeléctrico es un recurso natural y, por consiguiente, un bien público. Su valor ha de utilizarse, por consiguiente, en términos económicos y también en beneficio de la colectividad, pues se trata también de un valor social, garantizando, por ejemplo, una amplia accesibilidad a todos los ciudadanos, también a los desfavorecidos, llevando los servicios de banda ancha a las zonas más remotas de nuestros países, superando así la brecha digital que aún caracteriza a buena parte de Europa, y no pienso solamente en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas e industriales.

Decía que el tiempo es importante para el dividendo digital, y creo que debemos utilizar esta última fase de la legislatura para dar algunos pasos juntos: Estados miembros y Europa. A la Comisión y al Consejo diría: avancemos juntos en la dirección de una respuesta más evidente a las necesidades de armonización, que haga más eficaz y óptimo —lo hemos dicho todos— el uso del dividendo digital. Esperamos un elevado nivel de coordinación a escala europea y la capacidad de hablar con una sola voz en las negociaciones internacionales entabladas en Ginebra.

Nuestro informe señala ciertas cuestiones y citaré sólo algunas de ellas: la necesidad de una estrategia beneficiosa para todas las partes, como decía la Comisaria, es decir, una asignación de los recursos que satisfaga tanto a los operadores audiovisuales y de los medios de comunicación —presentes ya hoy sobre el terreno también para garantizar el pluralismo cultural y la defensa de las identidades culturales—, como a los sectores de las telecomunicaciones, que necesitan una respuesta y un espacio adecuados para desarrollar nuevos servicios, un conjunto más amplio de tecnologías y también una respuesta a las nuevas necesidades de los consumidores modernos. Todo ello significa que los medios de comunicación y el sector de las telecomunicaciones podrán funcionar juntos, en igualdad de condiciones y de forma coordinada.

Pero existe un tercer elemento que me gustaría que también recogiese todos estos frutos, a saber, los usuarios, también sin licencia, representados por los órganos sin ánimo de lucro, las entidades locales, las redes de pequeñas comunidades y las asociaciones de interés general. Otra cuestión con la que desearía concluir mi intervención, señora Presidenta, es un asunto, tal como los representantes del Consejo han dicho, sobre el que existen opiniones diferentes, tanto en el Parlamento como entre los Estados miembros, y que se refiere al nivel de colaboración entre las diferentes autoridades en este ámbito.

Creo que debemos conciliar por una parte —y sobre esto el Parlamento está de acuerdo— el respeto de la responsabilidad de los Estados miembros en materia de competencia de asignación del uso de las frecuencias, y, por otra, valorar también juntos la necesidad indispensable de la armonización, porque todos debemos ser conscientes de que, si no se armoniza, si no se coordina, si no se toman decisiones conjuntas, el valor del espectro se reduce tanto en términos económicos como sociales. Estoy pensando a tal efecto en el ejemplo positivo y feliz del GSM.

Por consiguiente, sobre la base de un análisis coste/beneficios en los países, sobre la base de los proyectos nacionales, en relación con el dividendo que nuestro informe requiere, sobre la base del examen que se debe emprender en los Estados miembros, abierto a los operadores y a los ciudadanos, un examen lo más amplio posible, creo que todos juntos, con una gran capacidad política a escala europea, debemos poner de manifiesto el valor añadido de una gestión europea de este recurso, algo que creo que será un desafío para la economía y la sociedad europea.

 
  
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  Malcolm Harbour, ponente. − Señora Presidenta, es un placer para mí volver a hablar aquí por segunda vez en calidad de ponente, porque en 2001 también fui ponente para esta Directiva, así como haber podido trabajar con la señora Trautmann y la señora del Castillo, con las que he entablado una relación que nos ha hecho trabajar como un equipo para elaborar un auténtico paquete de medidas.

Como la Comisaria ha señalado, se trata de un logro importante. Por ello deseamos revisar y mejorar los derechos de los consumidores, que deben estar bien informados para sacar el mayor partido posible de las ofertas disponibles y, por ende, fomentar la innovación.

Necesitamos una estructura que funcione, naturalmente, y recordaría a la Comisaria que fue este Parlamento el que defendió el papel de la Comisión con arreglo al artículo 7. Apoyamos la necesidad de que la Comisión desempeñase ese papel, en contra de la opinión del Consejo en ese momento. Nadie es más consciente que este Parlamento de la importancia de lograr el equilibrio justo, pero, desde una perspectiva de equipo, diría que ha llegado el momento de que los reguladores no se limiten a aceptar la responsabilidad, a escala nacional, de la aplicación de la reglamentación de forma coherente, sino que también participen en la labor de formulación política a escala comunitaria. Desde mi punto de vista, cualquier resultado al que lleguemos solamente podrá funcionar si los reguladores nacionales participan en esa entidad, y dejo a su discreción lo que quiero decir con estas palabras.

Me gustaría rendir homenaje a todos los miembros del equipo que han trabajado conmigo para mejorar esta Directiva. Agradezco tanto al Ministro como a la Comisaria las amables observaciones realizadas acerca de las mejoras presentadas. Se trata de un trabajo conjunto sobre los derechos de los usuarios y la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas.

En este Parlamento, la responsabilidad de la protección de los datos personales y la experiencia residual corresponden a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. En mi opinión, fue un error aunar ambas cuestiones, pero creo que hemos logrado buenos resultados. Alexander Alvaro responderá a estos aspectos, y la Comisaria debería agradecerle la inclusión del modo detallado en que funciona la notificación de la violación de la seguridad de los datos personales, ya que resulta completamente inaceptable que la Comisión nos remita una propuesta en la que se delega en una comisión parlamentaria en relación con la inclusión de todos los detalles en materia de aplicación. Se trata de decisiones políticas importantes. Convengo en la necesidad de seguir trabajando, pero debería agradecerse al señor Alvaro en primer lugar la labor realizada.

En lo que a mí respecta, debo manifestar mi decepción por el hecho de que el aspecto del servicio universal se haya dejado para más adelante. Trabajamos en dos fases. Estamos esperando su informe, que se publicará dentro de poco. He intentado reforzar los aspectos de los derechos de los usuarios, pero aún queda mucho por hacer. Con ello quiero decir que deseamos que los consumidores estén bien informados y sean capaces de elegir sobre la base de una información lo más clara posible sobre los precios, los servicios, las restricciones y el posible coste de los aparatos que utilizan si firman un contrato de larga duración. Queremos que los consumidores puedan elegir de forma sencilla y que la portabilidad se produzca rápidamente, y me complace que estén de acuerdo con nosotros sobre esta cuestión. También queremos que sean capaces de tomar en consideración la duración del contrato y que ésta no se convierta en un obstáculo cuando desean cambiar de operador.

Deseamos también que se tengan en cuenta los derechos de los consumidores. Tienen derecho a que se garantice la seguridad de sus datos personales. Tienen derecho a unas redes seguras y disponibles. Tienen derecho a acceder a redes en las que los operadores no hayan bloqueado de forma anticompetitiva un determinado contenido o servicio. Estamos de acuerdo con su idea de imponer la obligación de prestar un servicio de calidad, y creo que hemos logrado mejorar este aspecto. Se trata de un derecho muy importante. Los consumidores tienen derecho a acceder a servicios de emergencia universales de buena calidad y a la disponibilidad de información relativa a la ubicación de las personas que efectúan llamadas a tales servicios. Los usuarios con alguna discapacidad sobre todo tienen derecho a que se les presten tales servicios y a servicios aún mejores.

No obstante, considero que los consumidores deben ser informados de los problemas a los que se pueden enfrentar, tanto la posibilidad de vulnerar los derechos de autor, como de realizar un uso no autorizado, así como la posibilidad, por ejemplo, de comprar algo que pudiese resultar perjudicial para su salud, como los medicamentos falsificados. ¿Por qué no deberíamos pedir que los prestadores de servicios electrónicos manden mensajes de servicio público del mismo modo que hacen los canales de televisión actualmente? Esto es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de ello como de un mecanismo para garantizar el respeto de los derechos de autor, responsabilidad de los gobiernos nacionales, sino que hablamos de simplificar y mejorar las cosas para los consumidores.

Aún queda algo de trabajo por hacer, señora Comisaria, pero me complace decir que existe un amplio consenso en relación con un amplio paquete de enmiendas de transacción y que confío en que se aprueben. Espero trabajar con la Presidencia francesa para cumplir el ambicioso calendario establecido, porque Europa necesita que lo cumplamos.

 
  
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  Jutta Haug, ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos. − (DE) Señora Presidenta, el interés de la Comisión de Presupuestos en la legislación sobre las comunicaciones electrónicas, el denominado paquete sobre telecomunicaciones, se centra naturalmente en la parte relativa al gasto del presupuesto europeo. En otras palabras, nos interesa la agencia, la Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas propuesta por la Comisión, a la que nuestros colegas en la comisión competente denominan ahora Organismo Europeo de Reguladores en Telecomunicaciones (BERT).

En pocas palabras, tal como están las cosas, no tenemos dinero suficiente en la subrúbrica 1a para esta agencia. Por ello, acogemos con gran satisfacción el hecho de que la comisión competente haya aprobado nuestras enmiendas al informe y proponga una estructura que resulte menos gravosa sobre nuestro presupuesto. Todos debemos trabajar juntos para garantizar que el BERT se convierta en un organismo europeo y que el Parlamento Europeo mantenga un cierto control sobre el mismo. También desearía recordar a esta Cámara que, en virtud del artículo 47 del Acuerdo Interinstitucional, el Parlamento y el Consejo habrán de alcanzar un acuerdo sobre la financiación del BERT.

 
  
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  Karsten Friedrich Hoppenstedt, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. − (DE) Señora Presidenta, como ponente de opinión sobre la primera parte —«legislar mejor»— en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, transmitiré por escrito a esta Cámara mi opinión, pero me gustaría hacer hincapié sobre tres cuestiones concretas. La primera se refiere a la promoción y el desarrollo de las redes de fibra óptica, conocidas como redes de nueva generación. Para promover tales redes, debemos examinar la cuestión del riesgo compartido en relación con la financiación de nuevos recursos y el uso compartido de los conductos. Además de las empresas de telecomunicaciones, también deben participar otras empresas públicas en el uso compartido de tales conductos.

La segunda cuestión se refiere —y ya se ha hablado de ello— a nuestra firme oposición a la tendencia de la Comisión a la centralización, a través de la autoridad, el derecho de veto y el procedimiento de comitología. En tercer lugar, la distribución concreta de frecuencias no debería definirse hasta que no se haya dado respuesta a numerosas cuestiones preliminares. ¿La responsabilidad debe recaer sobre la Unión Europea? ¿En relación con qué aspectos es competente? ¿Cuál es la magnitud real del dividendo digital? ¿Y cuáles son las repercusiones de los modelos de distribución concretos?

Por otra parte, no deben ponerse en peligro los servicios secundarios, como los sistemas de micrófonos sin cables, gracias a los cuales pueden retransmitirse acontecimientos tan importantes como los Juegos Olímpicos. Por ello, los resultados de los estudios actualmente emprendidos por algunos organismos especializados habrán de tomarse en consideración en el proceso de toma de decisiones políticas acerca de la distribución del espectro.

Espero que logremos de forma conjunta el valor añadido europeo necesario para todas las partes interesadas.

 
  
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  Gunnar Hökmark, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. − Señora Presidenta, la capacidad de liderazgo de Europa en el ámbito de las telecomunicaciones y los servicios móviles de Internet depende de nuestra capacidad de apertura a nuevas innovaciones y nuevos servicios.

Desde este punto de vista, sería peligroso intentar defender estructuras y operadores anticuados. Debemos iniciar una apertura, y por ello es tan importante usar el dividendo digital de modo que libere la totalidad del espectro para nuevos servicios y nuevas oportunidades, al tiempo que defendemos a los antiguos organismos de radiodifusión y los servicios que prestan actualmente.

La posibilidad de desarrollar diferentes servicios en todo el espectro debe liberarse. En los casos en que no exista aún la competencia en materia de infraestructuras, debemos garantizar la existencia de una auténtica competencia a través de una separación funcional.

 
  
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  Robert Goebbels, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. − (DE) Señora Presidenta, permítame en sesenta segundos realizar unas brevas observaciones en nombre de Bernard Rapkay. Especialmente para nosotros los Socialistas, la creación de un mercado interior que funcione adecuadamente en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones constituye una importante prioridad. Acogemos con satisfacción el activo papel desempeñado por la Comisión a este respecto. En concreto, se debe proteger a los consumidores contra los evidentes abusos de poder por parte de los grandes operadores. Ciertamente, aún existe mucho margen para la reducción de los precios. Las iniciativas de la Comisión sobre la itinerancia demuestran que las intervenciones en relación con el establecimiento de los precios también resultan necesarias en una economía de mercado. Preferimos ver la mano de la Comisión a sentir la mano invisible del mercado, que a menudo es una mano que se introduce subrepticiamente en los bolsos y las carteras de los consumidores.

ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. – (FR) Me gustaría terminar, señora Presidenta, dando las gracias a todos los ponentes, especialmente a Catherine Trautmann, que ha realizado un trabajo extraordinario, gracias al cual contaremos mañana con una amplia mayoría.

 
  
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  Sophia in 't Veld, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. − (NL) Señora Presidenta, el paquete en sí contiene propuestas firmes para proteger los derechos y la intimidad de los consumidores, pero desgraciadamente carece de coherencia y, por ello, crea incertidumbre jurídica tanto para las empresas como para los consumidores, porque el ámbito de aplicación es completamente equívoco.

Creo que la Comisión se ha dejado llevar en mayor medida por las estructuras institucionales internas y los fundamentos jurídicos que por los hechos reales, porque ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Hablamos acaso de sistemas de telefonía? Ciertamente se trata de una cuestión totalmente desfasada. ¿O tal vez de telefonía móvil? ¿Qué es Skype? ¿Qué son los servicios de pago a través del teléfono? ¿Forman parte también de las telecomunicaciones? ¿Qué son las redes RFID? No está nada claro. ¿Por qué existen normas que regulan las violaciones de la seguridad de los datos en el caso de los prestadores de servicios de telecomunicaciones e Internet, pero no existen, por ejemplo, para los bancos, las compañías de seguros y los servicios sociales, que a menudo utilizan los mismos datos? ¿Qué sucede si los datos personales recogidos por una empresa son utilizados por un tercero, como el Gobierno, la policía, las autoridades judiciales, como se recoge en la Directiva sobre la protección de los datos personales? ¿Quién es entonces responsable de la seguridad de tales datos? ¿Qué puede hacer el ciudadano? ¿A quién puede recurrir?

Por último, creo que debemos empezar a examinar urgentemente con los Estados Unidos las normas transatlánticas e internacionales en este ámbito.

 
  
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  Reino Paasilinna, ponente de opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. − (FI) Señora Presidenta, señores Ministros, señora Comisaria, y especialmente señora Trautmann, ha llegado el momento de pensar en términos reales de derechos humanos en la sociedad de la información, que intentamos mejorar, con la democracia y las buenas prácticas comerciales como objetivos principales. Es necesario, por consiguiente, aportar ciertas mejoras, y también estamos reforzando la protección de la intimidad y la seguridad, como, por ejemplo, en relación con el correo electrónico no solicitado. Insistimos sobre el principio de la importancia del derecho de acceso y estamos legislando en materia de acceso a los servicios, una cuestión fundamental: se deben reducir los precios y, por otra parte, el acceso universal a la banda ancha, por ejemplo, constituye un derecho fundamental. Hemos reforzado los derechos de las personas mayores y de las personas con discapacidad, y creo que se trata de un objetivo humano adecuado.

En segundo lugar, las redes deben ser competitivas, y debemos impedir que los operadores pongan obstáculos a la competencia. La competencia, por el contrario, debe reforzarse y no se debería permitir que un único operador acaparase el servicio prestado a ciertos dispositivos de transmisión de datos. Ello sería tan absurdo como tener una radio en la que sólo pudiese escucharse una frecuencia.

Los servicios de radiodifusión deberían poder contar con sus propias frecuencias, para evitar el riesgo de no disponer de los recursos necesarios para participar en las subastas. Todo ello sienta las bases de la sociedad de la información, que debemos defender por encima de todo. No obstante, debemos reservar un espacio a la tecnología 3G, algo que ya se ha abordado. También debemos garantizar que las nuevas tecnologías y la innovación tienen cabida.

Me gustaría añadir algo más. Cuanto más justa y avanzada en términos técnicos sea Europa, mejores resultados obtendrá como fuerza democrática en la sociedad de la información y como comunidad que respeta los objetivos de Lisboa, algo que por el momento sigue quedando muy lejos. Todo depende de nosotros. Se trata de un paquete legislativo que constituye un paso en la dirección adecuada.

 
  
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  Marian Zlotea, ponente de opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. (RO) Señora Presidenta, Señorías, señora Comisaria, señores Ministros, me gustaría felicitar a los ponentes que han participado en la elaboración del paquete sobre telecomunicaciones.

Considero que el informe de la señora Trautmann representa una posición equilibrada y apoyo las enmiendas de transacción propuestas. También me complace que se hayan aprobado ciertas enmiendas, concretamente las relativas a la armonización del espectro, así como determinadas medidas vinculadas a los servicios de telecomunicaciones globales.

El crecimiento económico europeo, así como el bienestar de los consumidores, dependen de un sector de las telecomunicaciones dinámico y competitivo. Los mercados competitivos disponen de un mayor acceso a la banda ancha y los recién llegados al mercado han aportado una mayor velocidad y servicios innovadores.

La Directiva marco del paquete sobre telecomunicaciones debe orientarse hacia el aumento de la inversión; de igual modo, debemos tomar en consideración las redes de nueva generación y las opciones de los consumidores deben diversificarse en mayor medida, con vistas a lograr menores costes y mejores servicios en beneficio de aquéllos.

Para concluir, me gustaría expresar mi confianza en los cambios que proponemos introducir en el paquete sobre telecomunicaciones, que redundarán en beneficio de los consumidores y les ofrecerán mayores opciones, menores costes y servicios más diversificados.

 
  
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  Edit Herczog, ponente de opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. − (HU) Gracias, señora Presidenta. Podemos afirmar tranquilamente que durante el último decenio la Unión Europea ha conseguido algunos logros en el sector de las comunicaciones electrónicas. Sin embargo, siguen existiendo algunos problemas transfronterizos y ciertas desigualdades en relación con el acceso a la banda ancha y la difusión de la sociedad y los servicios digitales. Si realmente deseamos realizar un mercado «común», debemos establecer las condiciones necesarias para ello.

A raíz de los debates celebrados en los últimos meses, votamos a favor de crear el BERT, una iniciativa que simplificaría la cooperación de las autoridades nacionales de reglamentación y garantizaría una participación real. Seguimos pensando que el BERT debería responder ante las instituciones europeas con la mayor transparencia. Sin embargo, para ello debería contar con financiación comunitaria; la cofinanciación de los Estados miembros garantizaría aparentemente una mayor independencia y eficiencia, pero ése no es el caso: estaríamos sustrayendo este organismo al control de la Unión Europea y del Parlamento Europeo. No podemos contribuir a que esto ocurra. Debemos seguir luchando, con la Comisión, para proteger los intereses de los consumidores, de modo que únicamente tengan que asumir los costes de las nuevas tecnologías, cada vez más difundidas, cuando sea necesario, y que, de forma análoga a la itinerancia, no se les estafe en la facturación. Gracias.

 
  
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  Manolis Mavrommatis, ponente de opinión de la Comisión de Cultura y Educación. (EL) Señora Presidenta, como ponente de opinión de la Comisión de Cultura y Educación, permítame señalar la extrema importancia que reviste la consideración de los derechos de propiedad intelectual como derechos fundamentales.

Todos nosotros, especialmente los legisladores, deberíamos tener en cuenta que si no se protege la creatividad intelectual y si, en nombre de la protección de los datos personales, se vulneran los derechos de propiedad intelectual, los contenidos artísticos a disposición de los usuarios también deberán restringirse.

La piratería y la distribución ilegal de música y películas en Internet son una realidad evidente. Las desventajas de la tecnología, no obstante, recaen enteramente sobre los titulares de los derechos de autor. Lo queramos o no, sin ellos no podríamos disfrutar de la oferta existente.

Por consiguiente, en nombre de la Comisión de Cultura, pido a todos los diputados de todas las comisiones y grupos políticos que protejan la creatividad europea y salvaguarden los contenidos artísticos que se ofrecen a través de los nuevos medios de comunicación.

 
  
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  Cornelis Visser, ponente de opinión de la Comisión de Cultura y Educación. − (NL) Señora Presidenta, la Comisaria Reding ha vuelto a demostrar su firmeza con el paquete sobre telecomunicaciones. En relación con la propuesta de la Comisión sobre el dividendo digital, he trabajado con la señora Toia de forma muy constructiva para la Comisión de Cultura y Educación, en cuyo nombre me gustaría también dar las gracias a la presidenta de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, la señora Niebler, por su excelente cooperación.

La Comisión de Cultura y Educación considera que la radio y la televisión son medios de comunicación fundamentales para la difusión de la cultura y el lenguaje. Con la conversión de la televisión analógica a la digital se está liberando espacio en el espectro. Los prestadores de servicios de telefonía móvil e Internet de banda ancha están muy interesados en esas frecuencias. La Comisión de Cultura y Educación no se opone a la innovación tecnológica, pero desea que se protejan los derechos de los actuales usuarios, públicos y privados. La diversidad cultural y lingüística de los servicios de radiodifusión debe seguir garantizándose plenamente y también se deben salvaguardar los intereses de los consumidores y su inversión en aparatos de televisión.

 
  
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  Gyula Hegyi, ponente de opinión de la Comisión de Cultura y Educación. − Señora Presidenta, cabe destacar que la evolución de las telecomunicaciones no constituye únicamente un proceso tecnológico y económico, sino un acontecimiento de orden social y cultural. Deberíamos mantener y aprobar el liderazgo europeo en este proceso.

Se deberían tomar en consideración dos aspectos: el acceso general y democrático a los servicios de comunicaciones electrónicas, que implica que todos deberían gozar del derecho de poder acceder a tales servicios, y también el principio de que la cultura y el patrimonio educativo deben transmitirse y respetarse. La Comisión de Cultura y Educación ha intentado lograr un equilibrio entre estos intereses.

Como ponente de opinión de la Comisión de Cultura y Educación sobre el Organismo de Reguladores Europeos en Telecomunicaciones (BERT), me he centrado en los aspectos que entrarían en el ámbito de actividades de la Comisión de Cultura. El BERT debería estar abierto a la industria y los grupos de consumidores, así como a los grupos de interés cultural, ya que pueden ofrecer una información útil y fiable sobre ciertos aspectos culturales.

Creo que si usamos adecuadamente la evolución del sector de las telecomunicaciones todo el proceso podrá contribuir a hacer que Europa se sitúe a la cabeza de la sociedad del conocimiento, algo que constituye nuestro objetivo principal.

 
  
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  Ignasi Guardans Cambó, ponente de opinión de la Comisión de Cultura y Educación. – (FR) Señora Presidenta, en primer lugar desearía felicitar a los ponentes por el trabajo realizado.

La Comisión de Cultura y Educación se ha tomado esta cuestión muy en serio desde el principio, ya que no se puede seguir legislando sobre las redes electrónicas o el espectro radioeléctrico al tiempo que se ignora la realidad de los contenidos que se difunden. Lo anterior no puede hacerse con criterios puramente técnicos, o incluso económicos, que no tendrían en cuenta los objetivos de la política cultural y de la defensa de la diversidad. La realidad de un mundo digital nos obliga a trabajar juntos, operadores de televisión y prestadores de servicios electrónicos, y a legislar para un mercado interior de las telecomunicaciones que ya no se puede separar del mercado audiovisual.

También necesitamos ofrecer una respuesta equilibrada al problema de los contenidos ilegales en Internet, algo que nos obliga a asumir nuestra responsabilidad en una lucha que nos afecta a todos para proteger a los niños y la cultura tal como la conocemos.

Por consiguiente, apoyo el conjunto de estos textos en su forma actual y espero que nuestro debate y la votación final no resulten contaminados por presiones exteriores no demasiado informadas.

 
  
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  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. − (PL) Señora Presidenta, la legislación marco europea sobre telecomunicaciones se adoptó en el decenio de 1990, liberando los mercados nacionales de los monopolios estatales. Como resultado de la nueva competencia, se redujeron los precios de las llamadas ofrecidas por los operadores. En los últimos años hemos sido testigos de cambios revolucionarios en las tecnologías de la comunicación: la telefonía móvil y el desarrollo de Internet y de las redes inalámbricas han cambiado diametralmente el sector de las telecomunicaciones. La legislación comunitaria debe reflejar estos cambios, incluidas las repercusiones sociales.

Alrededor del 15 % de los europeos tienen algún tipo de discapacidad, y para 2020 las personas mayores representarán el 25 % de la sociedad. Así, se deberá ofrecer un acceso más fácil a los servicios de telecomunicaciones a esas personas con necesidades especiales. Es necesario garantizar un acceso gratuito a un número de emergencias común, el 112, a lo largo y ancho de la Unión Europea, a todos sus usuarios, incluidos los de telefonía a través de Internet y otros servicios electrónicos de comunicación por voz. Asimismo, los clientes deben gozar del derecho a una información completa, tanto de las obligaciones jurídicas derivadas del uso de un determinado servicio, por ejemplo en relación con los derechos de autor, como de las restricciones impuestas por la legislación en vigor. Por encima de todo, para lograr una mejor protección de los consumidores es esencial contar con una definición precisa de las responsabilidades de los órganos nacionales de reglamentación en materia del ejercicio cotidiano de los derechos de los consumidores.

 
  
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  Manuel Medina Ortega, Ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. − (ES) Señora Presidenta, la ponente, señora Trautmann, ha dicho que las cuestiones de propiedad intelectual no deberían mezclarse en este debate. Estoy de acuerdo con ella, porque creo que la protección de la propiedad intelectual, al igual que la protección de la intimidad y otros conceptos jurídicos, ya están definidos en otros marcos jurídicos.

Sin embargo, conviene recordar en este momento que la protección de la propiedad intelectual no deja de ser importante en cuanto al mantenimiento de los contenidos. Se ha dicho que las telecomunicaciones son como grandes autopistas en las cuales se puede circular libremente; pero en la autopista, si alguien comete un delito, la policía interviene. No se puede robar un automóvil, llevarlo por la autopista y, cuando la policía interviene, decir que existe la libertad de circulación por la autopista.

Creo que es importante, desde el punto de vista del Parlamento, que reiteremos la importancia de la protección de la propiedad intelectual, que reiteremos la protección de la vida privada, que reiteremos, incluso, el derecho de las personas a su propia intimidad, que en este momento está siendo violada por las grandes compañías de telecomunicaciones.

 
  
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  Alexander Alvaro, ponente de opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. − (DE) Señora Presidenta, me gustaría que me concediese el mismo tiempo de intervención que a los tres oradores que me han precedido. Querría mencionar de pasada, no obstante, que tenía la impresión de que me correspondían dos minutos y medio.

Para no perder más tiempo, permítame dar las gracias a Malcolm Harbour, Catherine Trautmann y Pilar del Castillo Vera por la cooperación entablada, realmente notable, a la que Malcolm ya se ha referido. Abordamos esta cuestión sin ningún tipo de roce, en un espíritu de confianza mutua y con una cooperación especialmente estrecha. Sin embargo, desgraciadamente, es demasiado tarde para corregir ahora el defecto estructural de la existencia de dos directivas refundidas.

No obstante, permítanme decir en el breve tiempo que tengo a mi disposición que me complace enormemente que la Comisión haya abordado la cuestión general de la privacidad de los datos personales, aunque lo haya hecho de forma bastante superficial. El hecho es, señora Comisaria, que usted probablemente no me daría los datos de su tarjeta de crédito, su número de teléfono y su dirección, por muy amablemente que se lo pidiera. El problema, cuando se navega por Internet, es que buena parte de esta información podría estar ya allí, en lugares que uno no puede imaginar y donde no le gustaría que estuviese. En este sentido, me complace haber sido capaz, en colaboración con otros grupos y diputados, de contribuir a garantizar que el derecho de los consumidores a que sus datos personales se traten de forma confidencial y se protejan sus sistemas personales se incluya en este paquete.

Veo que se me acaba el tiempo, pero espero que tendré otras oportunidades de hablar sobre esta u otras cuestiones con mayor detalle. Por consiguiente, me gustaría volver a darles las gracias por su constructiva cooperación y tal vez logremos avanzar en el desarrollo de la cuestión de la privacidad de los datos en Europa en beneficio de los consumidores.

 
  
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  Angelika Niebler, en nombre del Grupo del PPE-DE. (DE) Señora Presidenta, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, permítanme empezar dando las gracias a nuestros ponentes, la señora Trautmann, el señor Harbour, la señora del Castillo y la señora Toia y a todos los ponentes alternativos por el buen trabajo realizado por todos ellos y por la fructífera colaboración entablada con aquéllos que no mantenían una relación tan estrecha con esta cuestión.

El último marco jurídico de la liberalización del mercado data de 2002, y ya se ha hecho hincapié sobre la importancia del mercado. Después de todo, si me permiten traer a colación un dato, la facturación del sector de las comunicaciones asciende a 300 mil millones de euros sólo en Europa. Miles de puestos de trabajo dependen de este mercado, por lo que es importante que continuemos desarrollando el marco jurídico puesto a prueba desde 2002 de modo que se puedan añadir nuevos capítulos a la larga lista de éxitos europeos en este ámbito. A tal fin, ciertamente, debemos adaptar en primer lugar y sobre todo nuestro marco jurídico para tomar en consideración los nuevos avances tecnológicos.

En el breve tiempo del que yo también dispongo, permítanme destacar dos cuestiones especialmente importantes para mí personalmente. La primera se refiere a la inversión en infraestructuras tecnológicas punteras en Europa, donde nos enfrentamos al formidable desafío de realizar una inversión lo más cuantiosa posible y tan rápidamente como sea posible en estas nuevas redes de banda ancha de gran velocidad. Ésta es una de las claves para lograr una Europa competitiva. Debemos crear las condiciones jurídicas necesarias para que estas inversiones resulten fructíferas. Por otra parte, no debemos crear nuevos monopolios y mercados cerrados.

En comisión, hemos garantizado que el riesgo inherente a la creación de nuevas redes se distribuya de forma justa y que los reguladores tomen en consideración en el futuro la posibilidad de compartir este riesgo.

Además, hemos prestado gran atención a la cuestión de la política en materia de frecuencias. Estamos a favor de una política más flexible en Europa en este sentido. Creemos que se puede llegar a una solución adecuada para compartir el dividendo digital de modo que se tomen en consideración los legítimos intereses de los prestadores de servicios de radiodifusión, al tiempo que se ofrece la mayor flexibilidad posible a los servicios.

 
  
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  Erika Mann, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señora Presidenta, desearía únicamente referirme a dos cuestiones. Me gustaría empezar por hablar de un ámbito en el que aún quedan algunos asuntos por aclarar con Pilar del Castillo Vera. Me refiero a la cuestión del modo en que se puede garantizar la independencia y la autonomía de la futura pequeña agencia que se va a crear y cuál es el modo más adecuado de financiarla. Existen opiniones muy divergentes en relación con esta cuestión. Me gustaría preguntar al Consejo cual es la tónica general de sus debates sobre esta cuestión y cómo desearía el Consejo que se garantizase la creación de esta secretaría o del BERT —o cualquier otro nombre que adopte— y cuál prevé que será el método de financiación. En este sentido, creo que la Comisaria tenía razón cuando afirmaba que queremos una estructura europea y no tenemos intención de crear estructuras que no se ajusten al sistema jurídico europeo.

Como saben, se están examinando dos métodos de financiación. El primero propone la financiación mixta sugerida por la ponente y el segundo se refiere a mi propia propuesta, que mi grupo apoya, a saber, una financiación a cargo del presupuesto comunitario. Sea como fuere, sería interesante saber cuál es la opinión actual del Consejo —que, naturalmente, ha celebrado acalorados debates acerca de este aspecto— y de los reguladores nacionales acerca de la financiación.

La segunda cuestión, en forma de pregunta dirigida también al Consejo, se refiere a la financiación de las nuevas redes. En relación con este aspecto hemos adoptado diferentes enmiendas, incluida una que yo misma presenté en la Comisión de Industria, Investigación y Energía, relativa a la posible forma específica de un sistema de reparto del riesgo si las empresas realizan las inversiones necesarias y los competidores pretenden acceder a las redes desde el principio. Según tengo entendido, el Consejo no comparte esta opinión y no desea profundizar ni ofrecer a las empresas ninguna garantía acerca de la posibilidad de compartir los riesgos. Me gustaría escuchar sus comentarios acerca de estas cuestiones.

 
  
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  Patrizia Toia, en nombre del Grupo ALDE. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, la disminución del ritmo del crecimiento económico y productivo en Europa afecta desgraciadamente también al sector de las telecomunicaciones, que actualmente atraviesa una grave crisis. Se trata de un sector que requiere inversiones, que vive de innovación e investigación y que necesita algo de tiempo para poder tomar sus propias decisiones. Creo, por consiguiente, que tenemos el deber de ofrecer todo el apoyo posible, y que también nuestro paquete de revisión del marco regulador puede ofrecer apoyo a la revitalización de este sector ofreciendo un marco jurídico estable, cierto y eficaz.

Creo que éste es el sentido de nuestro trabajo en el Parlamento y en la Comisión de Industria, Investigación y Energía. Hemos trabajado con este objetivo: ofrecer un marco, como la señora Trautmann decía, menos complejo, más claro y más eficaz que el anterior, con el convencimiento de que a veces no es necesario aplicar más normas o más leyes, sino unos instrumentos fiables y efectivos para aplicar las normas existentes y a veces desregular incluso el marco existente.

Hemos trabajado para crear un mercado competitivo y abierto, intentando dirimir la eterna cuestión entre antiguos operadores, operadores históricos, antiguamente monopolios, y operadores nuevos, diciéndoles que, mientras exista capacidad empresarial, proyectos y recursos, hay espacio para todos en un marco equilibrado.

Por último, creo que hemos subrayado —y yo personalmente creo que se trata de una cuestión fundamental— que en un marco más flexible y desregulado, el papel de la reglamentación, la responsabilidad y la cadena de responsabilidad desempeñan un papel esencial. Por mi parte, comparto el punto de vista de la Comisaria, a saber, la importancia que reviste la transparencia de las competencias y las definiciones de los diferentes papeles que desempeñan los diferentes órganos responsables del fundamental instrumento de la reglamentación.

Una última cuestión, retomada por varias de sus Señorías y también por la ponente, cuyo trabajo todos hemos apreciado, se refiere al papel de consumidor: el consumidor a veces se encuentra relegado a un segundo plano y nos gustaría volver a traerlo a un primer plano, hacer de él el centro de atención, ya que en mi opinión el consumidor, junto con las empresas, es el verdadero motor del mercado.

 
  
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  Roberts Zīle, en nombre del Grupo UEN. (LV) Gracias, señora Presidenta. Me gustaría comenzar agradeciendo a todos los ponentes del paquete sobre comunicaciones electrónicas el trabajo realizado, empezando por la organización de audiencias y terminando con la preparación de los informes. También me gustaría dar las gracias a la Comisaria Reding por la activa y acertada labor realizada en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, tanto en relación con la itinerancia como también en lo que respecta a este paquete. Sin embargo, no estoy seguro de que las enmiendas presentadas por las diferentes comisiones a los proyectos presentados por la Comisión desemboquen en un mejor uso de los recursos, la competencia en el mercado único europeo y la eficiencia para los consumidores. Les explico brevemente por qué.

En primer lugar, es posible que la estructura común compuesta por los las autoridades nacionales de reglamentación, el BERT, sea una estructura reguladora más democrática que la autoridad propuesta por la Comisión, pero también podría ser que el BERT funcionase con arreglo a peores principios de cooperación que socavasen la capacidad de la Comisión de tomar decisiones en materia de reglamentación. Por poner un segundo ejemplo, la distribución funcional de las empresas de telecomunicaciones, la separación de acceso a las redes de otros productos minoristas, constituye una propuesta valiente de la Comisión. Sin embargo, parece que este requisito de separación como medida excepcional que impondrían las autoridades nacionales de reglamentación nunca se usaría en la práctica en muchos de los mercados. No es ningún secreto que en los Estados miembros más pequeños las facultades de los reguladores en relación con la adopción de tales medidas excepcionales contra grandes empresas estarán muy limitadas, por lo que no estoy seguro de que en este caso el Parlamento proponga un avance en términos de refuerzo del mercado único europeo en comparación con la propuesta de la Comisión.

 
  
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  Rebecca Harms, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señora Presidenta, a los diferentes agradecimientos que he escuchado me gustaría añadir uno muy especial de mi propia cosecha. Me he encargado de la Directiva marco en la Comisión de Industria, Investigación y Energía, y debo decir que probablemente hemos sido capaces en el Parlamento de evitar emprender una política mediática desacertada gracias al instinto político de Catherine Trautmann en los asuntos relativos a los medios de comunicación y su capacidad de trabajar de forma muy estructurada y sistemática. Ya tendremos ocasión de comprobarlo.

Señora Comisaria, desde mi punto de vista, el Parlamento ha realizado modificaciones fundamentales al proyecto de Directiva marco en lo que respecta a la legislación en materia de competencia, pero también, y más especialmente, sobre el comercio de frecuencias. Creo que sus propuestas iniciales para la Directiva marco estaban sólo orientadas al mercado y subestimaban en gran medida el dividendo digital. Afortunadamente, tales propuestas no lograron convencer a los miembros de la Comisión de Cultura y Educación ni, posteriormente, a la Comisión de Industria, Investigación y Energía. Por el contrario, sus Señorías pusieron los intereses públicos culturales y políticos y el interés del público en general en el centro de sus deliberaciones, y creo que ello se refleja de forma meridiana en los siguientes elementos del informe Trautmann:

Las frecuencias radioeléctricas se definen un bien público que debe seguir siendo responsabilidad de los Estados miembros. Se concede prioridad a los servicios de radiodifusión especialmente, pero también a los servicios de formación de la opinión pública. Su intento de forzar a la radiodifusión a adoptar una actitud defensiva ha fracasado, señora Comisaria. Será más fácil introducir servicios paneuropeos —y estoy segura de que coincidirán conmigo en que se trata de algo positivo—. Los Estados miembros también serán los principales responsables de lograr una mayor armonización de las frecuencias. Si surgen dificultades, las decisiones no recaerán sólo en la Comisión, sino que el Parlamento también participará. El BERT desempeñará un papel esencial. Por supuesto, en lo que a mí respecta, su financiación debe ser europea. Espero que seamos capaces de lograrlo.

Aparte de la Directiva marco y la cuestión de las frecuencias, también me gustaría decir algo acerca de otros dos informes, empezando con el informe Harbour. Su informe, señor Harbour, recoge una serie de disposiciones realmente positivas para los consumidores y los intereses de los consumidores. En el futuro se examinarán con mayor detalle los intereses de las personas con discapacidad, por ejemplo. También creo que ha realizado aportaciones importantes al pluralismo de los medios de comunicación a través de las propuestas relativas a las normas sobre servicios obligatorios.

Sin embargo, mi grupo no está de acuerdo con el intento del informe de regular también los derechos de autor. De hecho no estamos en absoluto conformes. Ni el modelo francés —y me dirijo también a la Presidencia del Consejo—, ni el modelo de la exclusión del servicio en caso de tres reincidencias («three-strikes-out») cuenta con nuestro apoyo, sino todo lo contrario. Estas propuestas no ofrecen ninguna solución a nuestras preocupaciones acerca de los derechos de autor o la protección de la intimidad en Internet.

Permítame terminar con algunas palabras sobre el informe Alvaro. Señor Alvaro, ha vuelto a hablar con gran convicción acerca de la privacidad de los datos. Creo, como ha sugerido en sus intervenciones, que aún no se sigue una línea coherente sobre cuestiones como, por ejemplo, la protección de las direcciones IP. Nuestra experiencia acerca del escándalo de las telecomunicaciones y el comercio de direcciones electrónicas a través de los centros de llamadas han demostrado que las direcciones IP deben recibir la mayor protección posible, y espero que alcancemos un acuerdo a tal efecto en los próximos quince días.

 
  
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  Eva-Britt Svensson en nombre del Grupo GUE/NGL. – (SV) Señora Presidenta, espero que muchos de nuestros ciudadanos sigan este debate y atraiga toda su atención antes de la votación, ya que plantea modificaciones esenciales, especialmente en relación con los servicios de Internet.

La Izquierda Unitaria Europea desearía hacer hincapié sobre tres cuestiones:

En primer lugar, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica está en contra de la propuesta de crear una nueva autoridad europea en el sector de las telecomunicaciones. Será más caro y más complicado. Resulta del todo innecesario crear otra nueva autoridad europea.

En segundo lugar, se debe hacer mayor hincapié sobre las diferencias geográficas y las diferentes infraestructuras existentes en el ámbito de los servicios electrónicos. Debemos subrayar que el acceso de los consumidores sea igualitario para no abrir nuevas brechas en nuestras sociedades. No deben existir diferencias en relación con el acceso a los servicios electrónicos entre los que viven en ciudades y regiones con una economía fuerte y los que viven en regiones con una economía débil y en zonas con escasa densidad de población. Cuando no es la sociedad o el Estado, sino una serie de entidades privadas quienes asumen unas inversiones tan importantes en infraestructuras, se corre el riesgo de que no todos los ciudadanos dispongan del mismo acceso al mismo precio.

En tercer lugar, el Grupo GUE/NGL se opone a la importante influencia ejercida por diferentes grupos de presión industriales. El paquete sobre telecomunicaciones no debería incluir los derechos de autor, pero los integrantes de los grupos de presión han adquirido un peso específico significativo en relación con esta cuestión en el marco de la propuesta. Las propuestas de los grupos de presión que han sido aceptadas por todos los grupos excepto por la Izquierda Unitaria Europea —el único grupo que ha votado en contra en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor— abre diversas oportunidades para el control de las descargas y del libre acceso a Internet, por ejemplo a sitios web como MySpace y YouTube.

Las enmiendas llegaron tarde y por la puerta de atrás, sin posibilidad de que se pudiese entablar un debate en alguna medida significativo entre los ciudadanos acerca de estas importantes cuestiones. En Suecia, por ejemplo, se ha producido un debate muy amplio acerca del uso compartido de ficheros. Estoy trabajando en contra de la decisión de prohibir este tipo de uso a escala nacional y también a escala europea. El riesgo que corremos con la adopción de una decisión a escala comunitaria es aún mayor que en el caso de las decisiones nacionales, pues los grupos de presión ejercen una influencia muy significativa en el sistema comunitario y muchos ciudadanos carecen de la información necesaria cuando se debaten estas cuestiones a escala comunitaria. Espero que los ciudadanos hagan oír su voz de forma firme para garantizar la libertad de expresión y el acceso a los servicios de Internet.

 
  
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  Nils Lundgren, en nombre del Grupo IND/DEM. – (SV) Señora Presidenta, Sísifo es mi segundo nombre de pila. He sido elegido por el 15 % de los ciudadanos suecos para oponerme aquí en el Parlamento Europeo a que la UE participe en un número cada vez mayor de ámbitos y siga centralizando y burocratizando la sociedad europea. Se trata de una tarea digna de Sísifo.

Las telecomunicaciones constituyen uno de los ámbitos en los que la UE debe desempeñar una importante función, y acojo con satisfacción el nuevo paquete sobre telecomunicaciones propuesto, que se refiere a una mayor competitividad y una mayor protección de la intimidad, pero parece inevitable que de este modo se tienda a una mayor centralización y burocratización. En este sentido, soy contrario a dos cuestiones. En primer lugar, se propone que el espectro liberado por la digitalización se asigne sobre la base de normas europeas. En segundo lugar, se propone también una nueva Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas.

Insto a la Cámara a rechazar ambas propuestas. El espectro liberado debe ser asignado por los Estados miembros y la solución más razonable sería desarrollar los órganos de las autoridades europeas de supervisión de las telecomunicaciones que ya existen.

 
  
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  Desislav Chukolov (NI). - (BG) Señora Presidenta, Señorías, me sorprende que de las cosas que se han dicho hoy aquí, en esta Cámara, nadie haya subrayado la necesidad de preservar la confidencialidad de la información. Les insto a que cuando se examine una cuestión tan importante no sigamos en absoluto el ejemplo de los Estados Unidos.

Como saben, so pretexto de «luchar contra el terrorismo y la piratería», las oligarquías supranacionales están intentando imponer un control total e incondicional sobre el mayor número de ciudadanos posible sin tener que responder de sus acciones ante la sociedad civil. La confidencialidad de nuestros datos personales debe protegerse a toda costa. Repito: ¡a toda costa!

Actualmente, todas las llamadas telefónicas en Bulgaria están controladas. El año que viene, los que ocupan el poder en mi país pretenden tener un acceso completo y sin restricciones a los datos del fichero histórico y los mensajes electrónicos intercambiados desde todos los ordenadores. Esta iniciativa no responde a una situación de indefensión. En Bulgaria, como en Europa, existen muchos especialistas formados y capaces de luchar contra cualquier tipo de delito informático. Lo anterior se hace, repito, con el objetivo de lograr un control total sobre los ciudadanos.

El derecho a la libertad también garantiza nuestro derecho a la dignidad humana. Cualquiera que pretenda despojarnos de nuestra dignidad deberá ser expuesto a la luz pública y no obtener los instrumentos necesarios para poner en práctica sus intenciones.

Hace algún tiempo, se celebró en Bulgaria un apático debate sobre la cuestión de los derechos de los ciudadanos en relación con las comunicaciones electrónicas. La única conclusión a la que se llegó en aquel momento fue que, independientemente de los deseos de los ciudadanos, éstos deben resignarse a convivir con una serie de imposiciones. Tengo el firme propósito de garantizar a todos los ciudadanos de Bulgaria que el partido Attack, incluso a comienzos de su Gobierno el año próximo, rechazará de plano cualquier interferencia y control de los intercambios que se producen a través de Internet.

Para terminar, me gustaría decir que si nuestro derecho a una correspondencia privada se limita, tal limitación perdurará para siempre. Incluso si los terroristas empiezan a utilizar palomas mensajeras. Quienquiera que sustituye la libertad por la seguridad no merece ni una cosa ni otra. Gracias.

 
  
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  Paul Rübig (PPE-DE). - (DE) Señora Presidenta, Comisaria Reding, Señorías, permítanme comenzar felicitando a la Comisión. Hemos llegado ahora a la segunda fase del proceso de reducción de los precios de la itinerancia para la telefonía por voz. Creo que este Reglamento ha demostrado ser muy efectivo en la práctica. No obstante, al final del periodo de vacaciones, nuestros consumidores volverán a tener que pagar unas facturas extremadamente elevadas, ya que no se han realizado apenas avances, en verdad, en el sector de los SMS y concretamente en relación con la itinerancia de datos.

Por este motivo, insto a la Comisión a actuar sobre esta cuestión y crear un mercado único europeo para los consumidores de Europa. No podemos dejar de observar que esta parte del mercado interior europeo aún no funciona correctamente y que existe una necesidad urgente de establecer un mercado único en este ámbito, especialmente a través de la introducción gradual de un plan común y flexible de asignación de frecuencias. Una gestión eficiente de este escaso recurso reviste especial importancia.

El dividendo digital constituye una oportunidad histórica, y también revestirá una enorme importancia para las empresas televisivas la retransmisión de sus programas a móviles de tercera generación, de modo que se cree una zona mediática común en Europa. El dividendo digital también crea nuevas oportunidades en el ámbito de las comunicaciones europeas.

También me gustaría destacar la importancia de la aplicación de las decisiones de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones sobre la base de este enfoque, e insto a la Comisión —puesto que no se prevé que el BERT se encargue de estas cuestiones— a crear su propia autoridad o grupo para examinar tales cuestiones y publicar orientaciones autorizadas en materia de cooperación.

También creo que el BERT debería financiarse completamente a cargo de los fondos comunitarios, porque simplemente necesitamos una autoridad u organismo comprometido con la realización del mercado interior europeo y también porque los reguladores nacionales deberían adquirir mayores derechos en los demás Estados miembros.

 
  
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  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Señorías, el desarrollo de la sociedad de la información se basa en las redes y los servicios de las comunicaciones electrónicas.

La conversión de la televisión analógica a la digital para 2012 va a liberar a escala europea una gama de frecuencias significativa, lo que permitirá a su vez el desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones innovadoras que promoverán la competitividad europea en este sector. Para extraer el máximo provecho del dividendo digital en Europa, el Parlamento Europeo apoya, en primer lugar, un enfoque común, flexible y equilibrado de su utilización, lo que permitirá, por una parte, a los prestadores de servicios de radiodifusión continuar ofreciendo y ampliando sus servicios y, por otra parte, a los operadores de comunicaciones electrónicas aprovechar estos recursos para ofrecer servicios nuevos en relación con una utilización social y económica y también subraya, en segundo lugar, que el dividendo digital se debe asignar respetando el principio de neutralidad tecnológica.

El uso del dividendo digital puede contribuir a lograr los objetivos de la Estrategia de Lisboa a través de la prestación de mejores servicios sociales interoperables, como el gobierno electrónico, la sanidad electrónica o el aprendizaje electrónico, especialmente para los que viven en zonas desfavorecidas, aisladas o rurales.

A la luz del derecho de los Estados miembros a determinar la utilización del dividendo digital, consideramos que un enfoque coordinado a escala comunitaria mejorará significativamente los valores del dividendo digital y constituye el modo más eficiente de evitar interferencias perjudiciales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países, así como de garantizar que los usuarios del espectro se benefician de todas las ventajas del mercado interior.

La confianza de los consumidores en los servicios de la sociedad de la información depende de la calidad de los servicios de comunicación electrónica, de la seguridad de éstos y de la protección de los datos personales. Cabe destacar la enorme importancia del hecho de que las autoridades nacionales de reglamentación garanticen la consulta a todos los prestadores de servicios de comunicación electrónica antes de adoptar alguna medida específica en el ámbito de la seguridad y la integridad de las redes de comunicaciones electrónicas. Del mismo modo, considero que los Estados miembros deberían establecer medidas para promover la creación de un mercado para los productos y servicios accesible a gran escala, que incluya mecanismos destinados a los usuarios con alguna discapacidad.

 
  
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  Alexander Alvaro (ALDE). - (DE) Señora Presidenta, esta intervención me ofrece una posibilidad inesperada de contestar a la señora Harms, algo que me dispongo a hacer con gran placer, ya que creo que la distinción entre sugerencias y hechos resulta muy evidente en el informe. Fundamentalmente, hemos incorporado una sentencia del Tribunal Constitucional federal que establecía un nuevo derecho fundamental. El derecho a la confidencialidad y la integridad de los sistemas informáticos era lo primero que debía garantizar este acto legislativo. De este modo, hemos actuado con mayor rapidez que cualquier Estado miembro, especialmente el mío. También se han incluido redes privadas de acceso público, servicios como Facebook, Bebo, etc., que hasta el momento habían quedado completamente fuera del ámbito de aplicación de la Directiva. ¿Qué pasa con las cookies, u otro software o aplicaciones similares que transmiten los datos del usuario al servidor, como era el caso, sin el consentimiento previo del consumidor, se convertirán acaso en una práctica del pasado? Los consumidores dan su consentimiento previo, en principio, en relación con cualquier cosa en sus ordenadores, móviles y otras aplicaciones que pertenecen o son accesibles a terceros. En el futuro, el acceso a la información relativa a la ubicación del usuario podrá obtenerse anónimamente o con el consentimiento previo del consumidor. Las comunicaciones no solicitadas, los mensajes de texto irritantes, los correos electrónicos estúpidos, etc. serán eliminados por la Directiva. La notificación de las autoridades de protección de datos será obligatoria en el futuro cuando cualquier autoridad efectúe una búsqueda en relación con los datos personales de cualquier persona.

Por último, hemos creado un marco para el requisito de notificación en caso de violaciones de seguridad y de pérdida de datos más claro que el existente hasta la fecha. Como antes hablábamos de sugerencias, me gustaría mencionar que estamos estudiando el modo de abordar la cuestión de las direcciones IP, ya que éstas —y no querríamos confundir los términos— no son los datos con los que se comercia (y que son datos personales, datos de las tarjetas de crédito, etc.), e incluso si se comercia con ellas —sólo para explicarlo brevemente—, las direcciones IP no necesariamente contienen datos personales, al menos no cuando el frigorífico transmite un mensaje al ordenador.

(La Presidenta interrumpe al orador)

 
  
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  Seán Ó Neachtain (UEN). (GA) Señora Presidenta, resulta absolutamente necesario que allí donde vive la gente, ya sea en municipios, grandes o pequeños, en el campo o en las ciudades, se tenga acceso a la banda ancha y las tecnologías modernas. Las empresas que fijan su sede en determinadas zonas lo hacen porque existe un servicio de Internet rápido. A menos que la banda ancha sea accesible en determinadas zonas, las inversiones y las empresas no se verán atraídas a establecerse en ellas.

Resulta absolutamente necesario que los gobiernos se preocupen por las desigualdades que existen entre las zonas rurales y las urbanas en términos de servicios digitales y banda ancha, con vistas a garantizar competitividad e inversiones a tales zonas. Ello resulta especialmente evidente en Irlanda, en la que se produce una situación de desigualdad debido a la existencia de una empresa privada, Eircom, que controla los servicios de Internet, lo que produce una enorme disparidad entre las zonas rurales y las urbanas. Me gustaría que la Comisaria investigase esta situación, porque todo apunta hacia el hecho de que ni el regulador nacional ni el Gobierno son capaces de hacerlo.

 
  
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  David Hammerstein (Verts/ALE). - (ES) Es evidente que sólo queda una mera sombra del proyecto ambicioso que presentó hace un año la Comisión Europea. Es una lástima por muchos motivos, pues los consumidores necesitan una gestión europea independiente y no un club de reguladores nacionales fuertemente influidos por los campeones nacionales.

Los Verdes estamos en contra de convertir la Agencia Europea de Regulación de Mercado de las Comunicaciones en un simple club de reguladores financiado por los mismos, carente de transparencia y sin control suficiente o capacidad de veto por parte de la Comisión Europea. La independencia de ese nuevo órgano está en entredicho.

Es también una lástima que, a causa de las presiones de las grandes telecos, no se facilite el acceso a las grandes infraestructuras de telecomunicaciones a las nuevas empresas innovadoras y se obligue a la duplicidad de las infraestructuras.

Los Verdes defendemos la neutralidad tecnológica y la desagregación funcional para acabar con las posiciones dominantes de las grandes telecos estatales. Sin embargo, el Parlamento Europeo se ha mostrado demasiado tímido, influido por los lobbies, obviando el interés de las nuevas empresas más innovadoras, que ya están dando gran parte de los servicios inalámbricos en Europa y que favorecen a los consumidores.

Lamento decir que, en general, se ha perdido una oportunidad para dar mucho más valor añadido europeo al mercado de las telecomunicaciones. Nos preocupan en particular algunas propuestas peligrosas del informe Harbour que vulneran claramente el principio de neutralidad de la red como medio de comunicación, atentan contra la privacidad de los usuarios, amenazan la libertad en Internet y, sobre todo, superan claramente el ámbito legal del paquete de telecomunicaciones al hablar de contenidos, al hablar de lo que es lícito o ilícito, legal o ilegal, de la propiedad intelectual, al hablar de filtros de información.

Este paquete trata de la infraestructura del mercado, de los consumidores y no sobre cómo convertir los servidores de Internet en policías digitales.

 
  
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  Hanne Dahl (IND/DEM).(DA) Señora Presidenta, en su forma actual, el paquete sobre telecomunicaciones contiene muchas medidas positivas. Los consumidores disfrutarán de un acceso más fácil y los servicios serán más baratos, de conformidad con el aumento de la transparencia en el mercado. No obstante, el paquete también contiene algunos desafortunados aspectos que el orador anterior mencionaba. La cuestión de la definición de los contenidos legales e ilegales en los sitios web abre la puerta a la vigilancia, el registro y el control en lo que respecta a todas nuestras comunicaciones y transacciones a través de Internet, hasta el punto de que existen países que consideraríamos normalmente carentes de valores democráticos.

No podemos permitir esto, del mismo modo que tampoco podemos permitir que los prestadores de servicios interrumpan de forma arbitraria el acceso de alguien a quien consideran peligroso. Eso sería como emplear a un ejército de inspectores en las oficinas de correos europeas para eliminar las cartas cuya lectura considerasen perjudicial para el destinatario. ¿Quién estaría autorizado a leer mis cartas de amor? Debemos garantizar que la futura legislación no se convierte en un corsé electrónico, sino en un marco en el que la cultura, el debate social y la vida interactiva venideros pueden desarrollarse sin trabas.

 
  
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  Jerzy Buzek (PPE-DE). - (PL) Señora Presidenta, permítame comenzar felicitando a la Comisaria Reding. Un año después de los Reglamentos sobre itinerancia contamos con un nuevo paquete, que reviste una importancia fundamental sobre todo para los consumidores. También me gustaría felicitar a los ponentes. Se tuvo que coordinar no menos de cuatro informes y la coordinación parece haber tenido mucho éxito.

La protección de los consumidores a la que se refieren los reglamentos examinados en el informe de Malcolm Harbour se encuentra estrechamente vinculada con una asignación adecuada del dividendo digital, algo que los consumidores esperan que se produzca. Sería importante —como la Comisaria Reding proponía— optimizar el uso del espectro a través de la coordinación a escala europea. Se propone que la televisión y la telefonía móvil sean los principales beneficiarios del dividendo digital, pero me gustaría destacar la importancia del acceso inalámbrico a Internet. En muchas partes de Europa tal acceso es el único posible para millones de ciudadanos, especialmente en las zonas rurales y remotas. De modo que si el crecimiento económico del sector objeto de debate resulta especialmente fuerte, una parte significativa del dividendo debería asignarse al acceso inalámbrico de banda ancha.

La investigación acerca de la optimización y asignación del dividendo constituye otra importante cuestión. Se podría llevara a cabo en el Centro Común de Investigación, y preguntaría a la Comisaria si se está estudiando esta posibilidad. Los tres requisitos fundamentales serían los siguientes: los consumidores deben ser capaces de elegir, la reglamentación debe fomentar la inversión y la competitividad y se debe reforzar el mercado interior. Desde mi punto de vista, se debe ejercer la presión necesaria no sólo en el Parlamento, sino también en relación con el Consejo, es decir, en todos los Estados miembros.

 
  
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  Éric Besson, Presidente en ejercicio del Consejo. – (FR) Señora Presidenta, gracias por haberme cedido la palabra ahora, les pido disculpas por tener que abandonar esta reunión dentro de unos momentos de vuelta a París.

Luc Chatel responderá a muchas de las preguntas formuladas durante este debate. Permítanme decir algunas palabras en respuesta a los comentarios del señor Harbour relativos a la ausencia de debate sobre el ámbito de aplicación del servicio universal. Me gustaría empezar diciendo que comparto la opinión del ponente en relación con el hecho de que el acceso de banda ancha es uno de los desafíos más importantes para nuestras sociedades, tanto en términos de acceso a los conocimientos como en lo que respecta a los servicios esenciales. Como el señor Harbour ha dicho, el acceso de banda ancha no entra dentro del ámbito de aplicación del servicio universal. La Presidencia francesa desea simplemente entablar el debate sobre el modo de garantizar, en todo el territorio europeo, el acceso de banda ancha.

Tras escuchar a los diferentes Estados miembros, resulta evidente que existen diversas hipótesis. En primer lugar, la de la inclusión de los servicios de banda ancha en la Directiva sobre los servicios universales, en segundo lugar la de la libertad de elección, que consiste en permitir sólo a los Estados miembros que lo deseen la inclusión del acceso de banda ancha en los servicios universales, y, por último, una posición intermedia, que consistiría en decir que la inclusión de la banda ancha en el ámbito de aplicación de los servicios universales se haga obligatoria en aquellos Estados miembros en los que la banda ancha haya adquirido el grado de madurez suficiente. Por consiguiente, creo que se ha ofrecido a todos, durante la Presidencia francesa, la oportunidad de entablar este debate e intentar acercar nuestros puntos de vista, algo que también intenta hacer la Comisión.

Desearía simplemente añadir unas palabras a la atención de la señora Harms: no se trata de oponernos al desarrollo de Internet y la protección de los derechos de autor. En una era de convergencia, debemos desarrollar tanto los canales como las redes y los contenidos y, por consiguiente, favorecer la creación de contenidos y prestar apoyo a los autores. Francia, como ya ha recordado, concede gran importancia a los derechos de autor, pero la Presidencia francesa no intenta imponer el modelo que se va a promover en Francia, de prevención y respuesta graduada, lo que denominamos la ley de creación y de Internet.

Somos muy conscientes, como ha dicho, de la necesidad de proteger tanto la intimidad como los datos personales. Ello no nos parece en absoluto incompatible con otras preocupaciones.

 
  
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  Bernadette Vergnaud (PSE).(FR) Señora Presidenta, señores Secretarios de Estado, señora Comisaria, Señorías, tras meses de debate, un debate que aún no ha concluido, creo poder afirmar que gracias al trabajo del señor Harbour y del ponente alternativo hemos alcanzado acuerdos totalmente favorables a los consumidores. Por consiguiente, se debe garantizar una mejor competencia a través de una serie de disposiciones dirigidas sobre todo a obligar a los operadores a proponer duraciones de los contratos aceptables y a hacer efectiva la portabilidad en caso de cambio de operador en el plazo de un día.

En materia de protección, la reglamentación general sobre la protección de los consumidores habrá de aplicarse al sector de las telecomunicaciones; se han previsto mecanismos de control de los costes, así como la mejora de los procedimientos de recurso extrajudicial en caso de litigio.

Otra cuestión muy importante se refiere al acceso a los servicios de emergencia y localización de la llamada, obligatoriamente disponibles de forma fiable, independientemente de la tecnología utilizada.

La protección de la intimidad también ha constituido una de nuestras prioridades, así como la protección de los menores: los proveedores de acceso deberán ofrecer gratuitamente a sus clientes software de control parental.

Se debían garantizar todos estos avances en beneficio del mayor número de personas posible. Muchas de las medidas se refieren, por consiguiente, a la igualdad de acceso para los usuarios con discapacidad y las personas con bajos ingresos; asimismo, se han tomado en consideración las necesidades de las PYME. El informe también insiste sobre la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación del servicio universal, sobre todo para incluir la banda ancha, y la inclusión de esta cuestión dentro de las prioridades de la Presidencia francesa es un aspecto muy positivo.

Me gustaría ahora hablar de la cuestión de los contenidos y los derechos de autor, que ha tendido a eclipsar el resto de las mejoras contenidas en el texto. Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer a los consumidores una información general sobre el respeto de los derechos de autor, de conformidad con la propuesta inicial de la Comisión. Hasta la votación final, trabajaremos para mejorar la formulación de las enmiendas de transacción, velando por el respeto del principio de neutralidad de acceso a los contenidos. Ciertas enmiendas adoptadas en la Directiva sobre privacidad, no obstante, son realmente problemáticas y deberemos garantizar su eliminación.

Me gustaría volver a dar las gracias a mis colegas y espero que la Presidencia presente propuestas más específicas para mejorar este texto de aquí al próximo periodo parcial de sesiones.

 
  
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  Cristian Silviu Buşoi (ALDE). - Señora Presidenta, el paquete sobre telecomunicaciones es un importante avance para la modernización y la armonización de las telecomunicaciones en Europa. Me he ocupado de la Directiva sobre los derechos de los ciudadanos y, junto con el ponente, el señor Harbour, trabajamos mucho para lograr el consenso en muchas cuestiones.

Esta Directiva garantizará una mejor protección de los derechos de los consumidores en las comunicaciones electrónicas. La portabilidad y la protección de la intimidad y la seguridad en el ámbito de las telecomunicaciones son otros ejemplos de mejoras.

Entablamos un debate muy delicado sobre la neutralidad de las redes. En mi opinión, una neutralidad de las redes llevada al extremo, como hemos experimentado con algunas enmiendas, hará que tales redes estén más congestionadas y sean más lentas, menos eficientes y más caras. La gestión de las redes resulta necesaria para administrar unas redes eficientes e inteligentes y ampliar al máximo la experiencia del usuario y el valor en términos generales. Me felicito por el acuerdo alcanzado en relación con las enmiendas relativas al número de emergencia 112 y, tras la adopción de la Directiva, los Estados miembros harán mayores esfuerzos para informar y educar al público sobre el uso de este número, al que se podrá acceder desde todos los puntos del territorio de la UE. Por otra parte, los Estados miembros deberán garantizar la localización de las llamadas entrantes.

Además, el acceso a los servicios de emergencia a través del 112 se podrá bloquear en caso de que se produzca un uso indebido repetido y, por otra parte, el 112 será más accesible a las personas con discapacidad.

También espero que se adopte la enmienda relativa al establecimiento de un sistema de alerta temprana en toda la UE. Esta enmienda no requiere que se cree una agencia en Bruselas, pero la definición de las normas mínimas en relación con el sistema de alerta temprana debe abordarse de forma conjunta con las autoridades responsables de los Estados miembros. Ciertamente, la alerta se activará a escala local, pero sobre la base de normas mínimas que garanticen que todos los ciudadanos de la UE posiblemente afectados puedan recibir y entender el mensaje y actuar para salvar sus vidas.

Estoy convencido de que el paquete sobre telecomunicaciones apoyará los esfuerzos de las empresas en la mejora de su eficacia y la inversión en nuevas tecnologías, al tiempo que consolidará los derechos de los consumidores europeos.

 
  
  

PRESIDE: Diana WALLIS
Vicepresidenta

 
  
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  Leopold Józef Rutowicz (UEN). - (PL) Señora Presidenta, la sociedad europea y el mundo en general dependen cada vez más de las comunicaciones electrónicas. Éstas constituyen el sistema nervioso de la economía. Se utilizan en la educación, la administración, la atención médica, los medios de comunicación y el aprendizaje permanente. Además de unos beneficios enormes, las comunicaciones electrónicas también suponen una serie de amenazas directas para los ciudadanos, las instituciones y las empresas.

Las expectativas de los ciudadanos, que utilizan los sistemas de comunicaciones de forma menos intensa, incluyen un amplio acceso a los servicios al menor precio posible, por ejemplo cuando se realizan llamadas en itinerancia entre Estados miembros de la UE, y la eliminación de las amenazas para los usuarios de las comunicaciones electrónicas recogidas en el informe de Malcolm Harbour y en otras partes. Debemos dar respuesta a estas expectativas sobre la base de las tecnologías modernas y la competitividad, y con el apoyo financiero de la Unión Europea, especialmente en las zonas rurales y montañosas. Con vistas a la interacción e interconexión de estos requisitos y los mecanismos de reglamentación, así como en aras de la visibilidad, debemos considerar la posibilidad de combinar las disposiciones que estamos examinando en una única Directiva. Por último, permítanme dar las gracias a todos los ponentes por la labor desarrollada.

 
  
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  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Señora Presidenta, los canales de comunicación son fundamentales para la vida moderna. Debemos garantizar que se satisfacen las necesidades de acceso de banda ancha, especialmente para los que viven en zonas remotas y los que tienen algún tipo de discapacidad, como las personas con deficiencias visuales. Aunque disfrutamos de la libertad que Internet nos procura, debemos reconocer que tal libertad lleva aparejadas algunas responsabilidades.

Yo personalmente soy una defensora de la neutralidad de las redes. A medida que el mundo se globaliza cada vez más, resulta fundamental que las personas puedan comunicarse libremente. No obstante, esta libertad que tanto valoramos debe utilizarse con respeto. Debemos reconocer que sin este respeto Internet puede convertirse en un instrumento para cometer múltiples abusos.

Hemos emprendido acciones acerca de algunos de los peores abusos en Internet, como la pedofilia. No obstante, aún debemos abordar otros. Los prestadores de servicios de Internet deben desempeñar su papel para evitar que su plataforma se utilice con fines destructivos, como la difamación, el odio o la explotación. Diría a la Comisaria que necesitamos hacer todo lo posible para proteger la libertad y, al mismo tiempo, promover la responsabilidad en Internet.

 
  
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  Jacques Toubon (PPE-DE).(FR) Señora Presidenta, señor Ministro, señora Comisaria, Señorías, el trabajo ha sido notable. El resultado que han logrado nuestras comisiones es equilibrado y, señor Presidente en ejercicio del Consejo, tenía razón cuando pretendía tomarlo plenamente en consideración. Me gustaría simplemente felicitar a Catherine Trautmann, Pilar del Castillo y Malcolm Harbour por el trabajo realizado.

Sin embargo, debo decir a Catherine Trautmann que no estoy de acuerdo con su propuesta de excluir totalmente cualquier referencia a los derechos de propiedad intelectual. Más allá de las plataformas y los canales de los que hablamos, concretamente en su informe, lo importante para todos nosotros es que tales plataformas y canales nos permitan acceder a contenidos. Los señores Guardans, Medina y Mavrommatis han hablado muy acertadamente al respecto y estoy de acuerdo con ellos.

En el texto de la Comisión se hacían dos referencias a esta cuestión, y hubiera sido preferible conservarlas. El debate se refiere ahora a una referencia a las Directivas de 2001 y 2004 sobre los derechos de autor y la cooperación entre las diferentes partes interesadas. ¿Con qué fin? Para promover las ofertas legales, es decir, contenidos que permitan prosperar a nuestra industria y fomentar nuestra diversidad cultural. Las críticas dirigidas a estos textos —algunas de las cuales se han repetido aquí, en esta Cámara— han vuelto a traer a colación, por ejemplo, los acuerdos Olivennes. Sin embargo, el modelo que debemos seguir es el memorando adoptado el 24 de julio por el Gobierno británico, OFCOM y las diferentes partes interesadas. Que yo sepa, no son partidarios de la burocracia y la dictadura en Internet.

Se trata de no impedir la aplicación de las leyes en vigor en los Estados miembros, garantizar la conciliación con los derechos fundamentales y no impedir que las nuevas tecnologías y la nueva economía actúen en beneficio de nuestra diversidad cultural, nuestras industrias punteras, y la inteligencia y el talento de los europeos, que son la mejor arma y la mejor baza de las que disponemos para competir a escala mundial.

 
  
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  Evelyne Gebhardt (PSE). - (DE) Señora Presidenta, como la señora Vergnaud, acojo con satisfacción la parte del informe del señor Harbour que se refiere a la protección del consumidor y que contiene muchas decisiones excelentes. El acceso universal a estos servicios es un principio fundamental y nunca subrayaremos lo suficiente la importancia que reviste. Le puedo asegurar, señor Harbour, que esta parte del informe cuenta con el pleno apoyo de mi grupo.

Sin embargo, existen otras partes que requieren una revisión. Tiene toda la razón, señora Reding. En sus observaciones introductorias manifestaba su sorpresa por el hecho de que el Parlamento Europeo intentase rebajar la protección de los datos personales. Permítame decirle que ésta no es la opinión del Parlamento, ya que esta Cámara deberá votar dentro de dos semanas, y sólo entonces veremos qué posición adoptamos sobre todas estas cuestiones. Hasta entonces, debemos resolver los asuntos que aún resultan un tanto confusos. Le prometo que nuestro grupo no va a rebajar la privacidad de los datos. Si no se llega a un acuerdo satisfactorio en el Parlamento sobre la protección de los datos, el acceso a las redes y la neutralidad de las redes, mi grupo no podrá votar a favor del paquete, y entonces veremos cómo podemos avanzar a partir de ahí.

 
  
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  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE). - (FR) Señora Presidenta, señora Comisaria, le felicito por su dedicación y también felicito a los ponentes, especialmente la señora Trautmann, que ha realizado un enorme esfuerzo para lograr el consenso, que pretendía neutro y sin distinciones sectoriales. No obstante, en lo que se refiere a los derechos de uso del espectro, cabe destacar que los ciclos de inversión y amortización difieren según los sectores. Sin embargo, las disposiciones del texto en materia de asignación y armonización de las frecuencias y las licencias ponen a los operadores satélite en una situación delicada de inseguridad jurídica debido a la naturaleza específica de su actividad. El nuevo artículo 8 bis que propone la ponente ofrece ciertas garantías, pero debe formularse de forma más inequívoca con arreglo al respeto del principio de la subsidiaridad y las normas de la UIT. También siguen abiertas algunas cuestiones acerca de la naturaleza y el alcance del mandato de negociación de la Comisión.

En lo que respecta al informe del señor Harbour, me gustaría suscitar la cuestión de la definición de los servicios de telefonía accesibles al público, tal como se recoge en el artículo 1, apartado 2, letra b). Tal definición debería aplicarse únicamente a los servicios bidireccionales, de conformidad con la definición ofrecida en la Directiva sobre la privacidad. El protocolo VoIP y los videojuegos no son de ninguna manera comparables a los servicios de telefonía tradicional. Su asimilación como tales nos haría correr el riesgo de crear un marco reglamentario que impediría la innovación y podría en manos de los usuarios desapercibidos una serie de instrumentos que no están concebidos para ciertos usos, como por ejemplo, la posibilidad de realizar una llamada de emergencia a partir de una consola de videojuegos, que puede establecer una comunicación sólo unidireccional. Por consiguiente, habremos de limitar la definición a los servicios bidireccionales.

En lo que respecta a los derechos de autor, apoyo los comentarios de mis colegas que han suscitado esta cuestión.

 
  
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  Francisca Pleguezuelos Aguilar (PSE). - (ES) En primer lugar, quiero felicitar a los ponentes, pues han hecho un buen trabajo. Esta reforma cumple los objetivos previstos y se adapta a los nuevos tiempos y a los nuevos retos, tanto para las empresas como para los consumidores.

Pero permítanme detenerme en un punto particular del informe Harbour. Es verdad que el ponente ha hecho un magnífico trabajo, pero creo que no conviene abordar ese conjunto de enmiendas finales que tratan el tema de los contenidos en la red en este sitio, en esta directiva, ya que esas enmiendas, en definitiva, lo que hacen es permitir que los prestadores de servicios intermediarios puedan filtrar y bloquear los contenidos que circulan en la red, por lo que, al final, son los consumidores los que van a perder su propio anonimato.

Señorías, esa postura es contraria al artículo 12 de la Directiva de Comercio Electrónico, que ya establece que los prestadores de servicios intermediarios tienen que actuar como intermediarios neutrales cuando transmiten informaciones electrónicas.

Por tanto, en un Estado de Derecho no podemos hacer en la red cosas que no haríamos en otras comunicaciones. Por eso pido que el señor Harbour retire esas enmiendas para recuperar el equilibrio entre los derechos de autor y los derechos del usuario de Internet.

 
  
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  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Me gustaría empezar por dar las gracias al ponente por el excelente informe que ha elaborado. El trabajo sobre los paquetes legislativos nunca resulta fácil y acojo con satisfacción el grado de convicción alcanzado.

También me gustaría hacer hincapié sobre el hecho de que el principal objetivo de este paquete consiste en mejorar los servicios de telecomunicaciones en relación con el uso de la telefonía móvil y el acceso a Internet de banda ancha o la posibilidad de que los consumidores puedan disfrutar de servicios como la televisión por cable. Creo que, gracias a nuestro ponente, Malcolm Harbour, la información a los consumidores será mejor y más rápida.

Cuando los consumidores deciden cambiar de proveedor les resulta difícil comparar diferentes ofertas y el proceso de la portabilidad aún es muy largo. Por consiguiente, acojo con satisfacción el informe de Malcolm Harbour, que establece que los proveedores deberán ofrecer a los consumidores una información sobre precios transparente y, sobre todo, comparable, y que la portabilidad se habrá de realizar en un plazo de 24 horas.

Aunque nunca le desearía a nadie tener que llamar al 112 para una emergencia, debería subrayarse que, con arreglo a esta Directiva, los servicios de emergencia tendrán acceso a información sobre la ubicación de la persona que llama, lo que les permitirá ofrecer asistencia con mayor rapidez y efectividad.

La conversión de los sistemas analógicos a los digitales liberará frecuencias en el espectro radioeléctrico, lo que permitirá en el futuro ofrecer una conexión de banda ancha a Internet incluso en los rincones más remotos de la UE. Señora Comisaria, espero que la Comisión garantice el uso más efectivo posible de este dividendo digital en beneficio de todos los consumidores.

 
  
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  Stavros Lambrinidis (PSE).(EL) Señora Presidenta, Señorías, vivimos en un mundo en que los gobiernos, las empresas privadas y los delincuentes intentan acceder en la mayor medida posible a nuestros datos electrónicos de la forma menos restringida posible.

Por este motivo, cualquier modificación de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas debe lograr exactamente lo que indica su título, a saber, garantizar la mayor protección posible a nuestros datos personales y nuestra vida privada.

Por consiguiente, me opongo a cualquier intento de menoscabar la definición de datos personales en relación con los ciudadanos europeos, ya que como son precisamente personales gozan de la protección de la ley. Las excepciones propuestas, especialmente en relación con las direcciones IP, vulneran de forma encubierta el Derecho comunitario en vigor.

Por otra parte, no creo que deba permitirse que los prestadores de servicios de Internet juzguen por sí mismos qué violaciones de sus redes de seguridad perjudican a sus usuarios y cuáles no. No deberían decidir tampoco acerca del momento en que habrán de informar a los usuarios y las autoridades acerca de negligencias flagrantes.

Respeto el papel y la contribución de las empresas privadas, pero los intereses económicos de los gigantes de Internet no pueden dictar las leyes adoptadas por Europa para proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

 
  
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  Ruth Hieronymi (PPE-DE). - (DE) Señora Presidenta, muchas gracias a todos los ponentes por su trabajo, que ha sido ciertamente excelente. Permítanme abordar dos puntos específicos. La Unión Europea no sólo es una comunidad económica, sino que también está comprometida con el apoyo de una serie de valores comunes, motivo por el cual la protección de los datos personales reviste una importancia fundamental. Por otra parte, no obstante, los avances técnicos y la protección de las obras culturales y creativas no deben considerarse propósitos contrapuestos. Ambos serán factores clave de nuestra competitividad futura. Por ello, secundo la petición de otros oradores que se han dirigido hoy a esta Cámara de que se refuerce la posición de los titulares de derechos o, en otras palabras, de aquéllos que desean que se protejan sus derechos de autor. Sólo ellos necesitan este tipo de protección, y de ahí la introducción de modelos para la cooperación con los prestadores de servicios de Internet. Un paso en esta dirección refleja la convergencia tecnológica, así como la convergencia en el refuerzo de los derechos de autor.

 
  
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  Katerina Batzeli (PSE).(EL) Señora Presidenta, señora Comisaria, en el marco de la gestión y la asignación del espectro radioeléctrico debemos garantizar el acceso pleno y efectivo de todos los ciudadanos a este bien público.

Las propuestas recogidas en los informes de las señoras Trautmann y Toia sobre el espectro radioeléctrico y el dividendo digital ofrecen una base firme a estas cuestiones desde el principio. Tales propuestas se refieren sobre todo a la importancia social, cultural y democrática, así como a las nuevas oportunidades creadas por el dividendo digital que deberíamos ofrecer a los ciudadanos europeos.

El debate sobre el dividendo digital debería seguir siendo intenso y no empujarnos a elegir entre la comercialización y el beneficio social. La elaboración de una estrategia significativa a escala nacional, que permita a los Estados miembros establecer una serie de objetivos en materia de interés público y coordinarlos, constituye una iniciativa totalmente factible que podemos emprender a escala comunitaria.

Sin embargo, el nuevo enfoque adoptado por la Comisión para una mayor armonización a escala comunitaria en relación con la asignación del espectro radioeléctrico sobre la base de criterios administrativos comunes, como el principio de neutralidad de los servicios y la ampliación del principio de licencia general, parece pasar por alto la naturaleza pública del espectro y favorecer el aspecto comercial.

Por este motivo, creo que debemos oponernos a ello y seguir apoyando las propuestas presentadas por nuestros ponentes.

 
  
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  Dumitru Oprea (PPE-DE).(RO) El informe objeto de debate ofrece la oportunidad de promover, a través del aprovechamiento del dividendo digital, la utilización a mayor escala de las tecnologías de banda ancha en las zonas rurales, aisladas o desfavorecidas, tomando en consideración el hecho de que aún existen muchas localidades que carecen totalmente de tecnologías digitales o de acceso a los servicios digitales debido a la ausencia de infraestructuras.

Apoyamos una elaboración acelerada, por parte de los Estados miembros más atrasados, como es el caso de Rumanía, de estrategias nacionales relativas al dividendo digital, a través de las cuales se pongan en práctica medidas que permitan un acceso más rápido y sencillo de los ciudadanos a los servicios sociales interoperables, especialmente los que permiten acceder a sistemas educativos, de formación profesional y sanitarios.

Llamamos la atención hacia las precauciones que se deben adoptar para garantizar la mayor transparencia posible en relación con la reasignación de las frecuencias liberadas y la inversión en infraestructuras de nueva generación, de modo que todos los Estados miembros de la Unión Europea puedan acceder a ellas.

 
  
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  Arlene McCarthy (PSE). - Señora Presidenta, me gustaría aprovechar la oportunidad, como presidenta de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, para agradecer al señor Harbour y los ponentes alternativos la elaboración de lo que espero que este Parlamento considere una propuesta equilibrada y viable sobre los servicios universales.

Deseo llamar la atención de esta Cámara hacia una disposición —una enmienda presentada por mí y apoyada por la comisión— para hacer que la introducción del servicio de atención permanente en materia de niños desaparecidos ofrecido en el número 116000 constituya una obligación jurídica en todos los Estados miembros. Como la Comisaria sabe, un informe reciente ha mostrado que, después de 18 meses de su introducción en 2007, sólo siete Estados miembros han asignado este número telefónico a tal servicio. La voluntariedad evidentemente no funciona. Todos los años desaparecen alrededor de 130 000 niños en Europa.

Estas estadísticas muestran que se trata de un ámbito en el que la Unión Europea debe ayudar, debe actuar y debe identificar y encontrar a los niños desaparecidos. Por consiguiente, insto a la Comisión Europea y los Estados miembros a apoyar esta disposición, acelerar el establecimiento del servicio de atención telefónica permanente para los niños desaparecidos y promover los esfuerzos comunitarios para establecer un sistema de alerta ámbar («Amber alert») de respuesta inmediata para la recuperación de niños desaparecidos en la UE.

 
  
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  Pierre Pribetich (PSE). - (FR) Señora Presidenta, me gustaría felicitar a la señora Trautmann, la señora del Castillo, la señora Toia y el señor Harbour por la calidad del trabajo realizado.

¿Cómo sacar el mayor partido posible del dividendo digital? Ésa es la cuestión. La radiodifusión digital libera y liberará frecuencias. Si utilizo deliberadamente el presente y el futuro del verbo «liberar» es para recordar que la conversión digital no se efectuará de forma instantánea, de un día para otro, algo que muchas de las partes interesadas parecen haber olvidado en sus argumentaciones. Por otra parte, la cuantía de las inversiones podría asustar a muchos inversores antes de que puedan siquiera pensar en recuperar ese maná de 250 mil millones de euros caídos del cielo. Por consiguiente, debemos tomar en consideración la difusión de estas limitaciones en nuestras políticas.

Aprovecho el breve tiempo de intervención que se me ofrece para recordar la imperiosa necesidad de definir una política europea en materia de frecuencias, en la que el Parlamento Europeo tendrá una participación importante: así, deberá ser consciente de las limitaciones impuestas por el aspecto físico de las ondas electromagnéticas y la gestión de las frecuencias del espectro y mostrar el debido respeto a las instancias de normalización para poder ser capaz de optimizar este escaso recurso, tomando siempre en consideración el interés general de nuestros conciudadanos europeos.

También me gustaría recordar a la Comisaria que el desarrollo de las redes de fibras ópticas, para retomar la fórmula de Jean Cocteau, precisa ciertamente de grandes declaraciones de amor, pero también de actos de amor, con una financiación europea incluida en el presupuesto para materializarlas, para materializar esas redes de banda ancha y salvar así la brecha digital en Europa.

 
  
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  Luc Chatel, Presidente en ejercicio del Consejo. – (FR) Señora Presidenta, me gustaría, al término de este debate, felicitar a sus Señorías —he descubierto que tanto la calidad de sus deliberaciones como el compromiso que han demostrado en relación con esta cuestión subrayan la importancia de las telecomunicaciones en los debates europeos de hoy—. Buscamos hoy en Europa temas estratégicos desde el punto de vista económico que resulten significativos para nuestros conciudadanos. Las telecomunicaciones ilustran muy bien un desafío estratégico considerable —se han recordado aquí sus posibles repercusiones sobre el crecimiento europeo—, al tiempo que llevan aparejadas algunas preocupaciones que afectan a las vidas diarias de nuestros ciudadanos; éste es precisamente el tipo de cuestión que necesita Europa. En definitivas cuentas, las telecomunicaciones encarnan el rostro humano de Europa.

Me gustaría felicitarme por el amplio consenso que he observado durante este debate entre el Parlamento y el Consejo, especialmente en relación con la mejora de la gestión de las frecuencias, el refuerzo de la protección de los consumidores, la restricción de la utilización de la separación funcional con vistas a evitar su banalización, una cuestión suscitada en diversas ocasiones. Sin embargo, cabe destacar que nuestras instituciones deberán trabajar aún sobre una serie de cuestiones para lograr un acuerdo. Estoy pensando, naturalmente, en la introducción del derecho de veto de la Comisión en relación con las soluciones y también en la forma jurídica y la financiación de la alternativa a la autoridad europea de reglamentación, ya que su función y su ámbito de competencias parecen reunir el consenso del Parlamento Europeo y del Consejo.

Me gustaría volver brevemente sobre tres cuestiones: la primera se refiere a la cuestión de la financiación de esta nueva entidad, mencionada por diferentes oradores. Como saben, los Estados miembros aún no se han manifestado claramente acerca de esta cuestión, y es evidente que el modo de financiación dependerá principalmente de la forma jurídica y las atribuciones del organismo en cuestión. También saben —como he mencionado anteriormente— que una mayoría de Estados miembros aún manifiesta hoy una cierta reticencia en relación con el principio de creación de una entidad complementaria. El Consejo deberá encontrar, por consiguiente, un equilibrio entre las opciones mencionadas aquí esta tarde.

En lo que se refiere a la cuestión de las redes de nueva generación, suscitada también aquí, creo que, como ha subrayado muy bien la señora Trautmann, para promover nuevas redes, redes de nueva generación, lo más importante es continuar promoviendo la competencia, especialmente la competencia en relación con las infraestructuras, que ofrece un incentivo para los inversores y permite fomentar el riesgo compartido entre los diferentes operadores. Actualmente se está examinando esta cuestión en el Consejo. No obstante, es necesario abordar urgentemente estas cuestiones, que precisan acciones complementarias y medidas más a corto plazo. Como saben, la Comisión ha publicado un proyecto de Recomendación sobre esta cuestión; tal vez la Comisaria podría aportar algunas aclaraciones al respecto.

La tercera cuestión a la que quería referirme, que también ha sido suscitada por diferentes oradores, es, naturalmente, la de la protección de los datos personales y, de forma más general, de las cuestiones vinculadas a los contenidos en relación con el continente —los diferentes canales de transmisión—. Éric Besson ha respondido en parte a esta cuestión y creo que el objetivo de la Presidencia francesa no es enfrentar a los demás o imponer un determinado modelo, pero he apreciado una serie de comentarios manifestados aquí esta tarde en el sentido de que si construimos todo esto, esta economía del futuro, fuente de crecimiento futuro, ciertamente lo hacemos en beneficio de la economía europea, pero también para permitir a nuestra cultura y a nuestros actores culturales aumentar su presencia a escala mundial. Por consiguiente, creo que no podemos separar las dos cuestiones, aunque sé que otras partes interesadas también están celebrando debates importantes al respecto. Debemos ser conscientes de que esta modernización de las infraestructuras también debe tener por objeto favorecer la difusión de nuestros contenidos y la protección de los derechos de autor para preservar el proceso creativo en la Unión Europea.

Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, esto era lo que deseaba comentar al término de nuestro debate.

 
  
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  Viviane Reding, Miembro de la Comisión. – (FR) Señora Presidenta, ¿cuál es nuestro objetivo? Queremos que todos los ciudadanos, allí donde vivan o donde viajen, tengan un acceso rápido a múltiples servicios, seguros y a precios asequibles. Queremos que todos los ciudadanos tengan acceso a toda una serie de ricos contenidos, que reflejen la diversidad cultural europea.

Queremos que las empresas estratégicamente fuertes contribuyan, a través del desarrollo de nuevas infraestructuras y contenidos múltiples, al crecimiento económico y la creación de empleo. También queremos que se realice un mercado interior sin obstáculos, que haga de Europa el continente de la conectividad, de la comunicación y de las nuevas tecnologías, pero también queremos que Europa sea el continente de la protección de los derechos de los consumidores y de la vida privada de los ciudadanos. Esto es lo que queremos todos aquí y creo que la expresión múltiple y diversa del Parlamento tiende hacia esta dirección y desea la adopción de decisiones equilibradas, para hacer posible llegar a un consenso.

Todo ello, naturalmente, ha sido posible gracias al trabajo de los ponentes. Me gustaría rendirles homenaje, porque a menudo han logrado la cuadratura del círculo. Nuestros ponentes han logrado llevar a cabo una labor formidable, con la participación de las comisiones parlamentarias y los coordinadores.

En las semanas venideras habremos de intentar —la Comisión, el Consejo y el Parlamento— hacer de éste un proyecto vivo, un proyecto capaz de desarrollar nuestro continente y lograr un consenso entre el Consejo y el Parlamento Europeo. En cuanto a mí y mis colaboradores de la Comisión, actuaremos en calidad de «honest brokers» para hacerlo posible.

 
  
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  Catherine Trautmann, ponente. – (FR) Señora Presidenta, al término de este debate, me gustaría dar las gracias al Consejo y a la Comisaria por haber escuchado atentamente nuestras intervenciones, lo que les ha permitido comprobar el gran consenso, la gran coherencia existentes en nuestro Parlamento acerca del paquete sobre telecomunicaciones.

Nada resulta más corriente que un teléfono móvil, un televisor, la posibilidad de comunicarnos con los demás. El Acto Único hizo de la circulación de las personas y las mercancías un derecho fundamental, una libertad fundamental. Como el señor Paasilinna comentaba, la comunicación también es un derecho fundamental y un medio de dotar de alma a Europa, apoyar su existencia y conectar a sus ciudadanos. Por consiguiente, debemos mostrar la necesaria ambición para hacer que este paquete sobre telecomunicaciones sea un éxito.

Por ello, invito al Consejo a no avanzar demasiado en la vía de un acuerdo o voluntad de acuerdo que pudiese destruir el equilibrio que hemos logrado. Creemos que, gracias a mis colegas Malcolm Harbour, Pilar del Castillo, Alexander Alvaro, etc. —no podríamos mencionar a todos— hemos hecho gala de sentido común y de una voluntad compartida.

En respuesta a las observaciones que el señor Toubon me ha dirigido, me gustaría decir que no se me puede reprochar aquí no haber querido tomar en consideración la necesidad de apoyar el proceso creativo en Europa. Creo que la creación es un motor poderoso de la innovación, tanto en términos de la diversidad como del valor intelectual añadido que aporta, algo absolutamente indispensable en el mundo de hoy.

No obstante, debemos también tomar en consideración la libertad que debemos garantizar con nuestros textos —hemos adoptado textos extremadamente importantes acerca de la protección de los datos personales, y somos los únicos que hemos hecho algo así en el mundo—. Debemos conciliar ambos aspectos, que no son contradictorios. El objetivo es el mismo, a saber, proteger tanto la libertad creativa como la libertad de las personas. Con este espíritu continuaremos trabajando para mejorar nuestras propuestas.

 
  
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  Pilar del Castillo Vera, Ponente. − (ES) Señora Presidenta, en esta intervención final quiero agradecer al Consejo su disponibilidad, que ha demostrado nuevamente hoy. También quiero agradecer, y mucho, a la Comisión, en particular a la Comisaria, la sensibilidad que ha demostrado siempre en su defensa incombustible —diría yo— de un mercado de las comunicaciones electrónicas más competitivo y de la protección de los consumidores. Y quiero manifestar asimismo mi agradecimiento, muy en primer lugar, a mis colegas, que, tanto hoy aquí como en tantas jornadas anteriores, han demostrado hasta qué punto son sensibles a la importancia que tiene este sector para el crecimiento económico europeo y, por tanto, para el empleo y para el bienestar de todos los ciudadanos de Europa.

Ahora simplemente quiero pedir al Consejo que, en este período final hasta la conclusión de la actual Presidencia, conceda a este paquete de «telecom» como mínimo una prioridad similar a la que otorga a la energía ─que es muy importante, pero este paquete no lo es menos─, para que podamos avanzar a partir de este punto de equilibrio que hemos encontrado y que acaba de señalar mi colega Trautmann.

El Parlamento ofrece una serie de propuestas, en general bastante equilibradas, diría yo, que posteriormente, en las negociaciones con el Consejo y con la Comisión, podrán llegar a buen puerto. Muchas gracias. Esperamos mucho de la Presidencia en ese sentido.

 
  
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  Patrizia Toia, ponente. − (IT) Señora Presidenta, Señorías, yo también desearía dar las gracias a todos los ponentes alternativos, y también subrayar únicamente dos cuestiones. Se ha dicho que hemos adoptado un enfoque concreto y creo que éste es un rasgo que caracteriza todo nuestro trabajo, los acuerdos que hemos alcanzado y los que aún habremos de alcanzar.

Un enfoque concreto significa que hemos considerado de forma realista los intereses en juego, el valor del sector, la labor de los trabajadores de este sector y, por consiguiente, el peso en el conjunto de la economía europea, así como también el papel del ciudadano y del consumidor, empezando por los más desfavorecidos, que pueden beneficiarse de la conversión digital si se les acompaña en este periodo de transición; sé que en algunos países, en Francia también, se están desarrollando campañas de información y acompañamiento en este sentido, pero si estos ciudadanos no reciben la atención necesaria pueden tener dificultades.

Por consiguiente, hemos tenido en cuenta el punto de vista del consumidor, del usuario, desde la posibilidad de contar con servicios nuevos, servicios de telecomunicaciones también, más adecuados a las nuevas necesidades, hasta la posibilidad de una mejor información, una mejor integración en el gran juego de las redes informáticas. Creo que cuando Europa adopta este enfoque, el del mercado desde el punto de vista del consumidor, se convierte en una Europa que se acerca a sus ciudadanos, y considero que la iniciativa sobre la itinerancia y sobre los costes ha difundido una imagen positiva de Europa entre muchísimos ciudadanos y jóvenes, que tal vez no comprendían del todo qué peso tiene en las decisiones concretas que afectan a su vida diaria y a su economía y presupuesto personal.

La segunda cuestión se refiere a un enfoque equilibrado. Creo que se ha adoptado un enfoque equilibrado entre los múltiples intereses en juego, incluso contrapuestos —como comentaba la señora Trautmann—, y también entre los muchos sectores afectados: y aquí estoy pensando en el dividendo digital. Creo que haber dicho que existe espacio para los diferentes operadores, desde las telecomunicaciones al sector audiovisual, en un modo que ha resultado en la coincidencia de las propuestas de la Comisión de Cultura y la Comisión de Industria, significa que hemos intentado adoptar un enfoque equilibrado, y espero que lo hayamos logrado.

Por último, desearía ver un enfoque europeo firme. Para mí sería completamente incomprensible si las instancias de una legítima subsidiariedad, las inalienables facultades de los Estados miembros, impidiesen gozar del valor añadido que Europa debe lograr aportar a toda costa. Me gustaría instar a la Comisión y al Consejo a exaltar esta capacidad de coordinación y armonización, que en mi opinión debe actuar a modo de orientación política de Europa.

 
  
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  Malcolm Harbour, ponente. − Señora Presidenta, me encuentro en la poco habitual posición de tener que decir la última palabra en este importante debate, por lo que tal vez sería conveniente que me limitase a realizar algunas observaciones de carácter general.

Pero en primer lugar desearía, por lo que respecta a mi propio informe, dar las gracias a los muchos colegas que han contribuido, reforzándola, a la determinación de nuestra comisión de presentar y lograr la adopción de las mejoras propuestas. Me gustaría garantizarles que durante las próximas dos semanas vamos a trabajar para lograr mejorar nuestras propuestas, especialmente en lo que se refiere a los ámbitos de la protección de los datos personales, sobre los que hemos celebrado una reunión muy positiva esta mañana: creo que podemos alcanzar un acuerdo al respecto. Sobre la cuestión de la notificación de las violaciones de la seguridad de los datos, tal vez no resulta tan sorprendente que aún quede mucho por hacer, ya que nuestros trabajos en este ámbito han sido del todo preliminares. Invito cordialmente a la Comisión, cuyos representantes ya han participado en estas labores, a que nos ayude a completar el proyecto de texto, ya que, después de todo, no se encontraba en su propuesta inicial.

La otra cuestión a la que deseaba referirme se dirige a la señora Harms, ya que es la única representante del partido de los Verdes aquí. Me sorprendió totalmente escuchar de su colega, David Hammerstein Mintz —con el que me llevo muy bien—, que considera mi informe peligroso para la neutralidad de las redes. Hemos empleado mucho tiempo en la elaboración de una nueva propuesta que permita efectivamente a los reguladores intervenir cuando consideren que se ha vulnerado el principio de neutralidad de las redes. Sin embargo, el señor Hammerstein Mintz se presenta en esta Cámara, sin hablar conmigo previamente y sin presentar ninguna alternativa, y dice que mi informe es peligroso. Todo lo que quiero decir a la señora Harms es que si el partido de los Verdes sigue adoptando esta actitud alarmista y de demonización de nuestro informe, pondrá en peligro todo lo demás, lo que resultará peligroso para los consumidores. Les invito cordialmente a nuestra mesa para que expliquen por qué consideran peligroso nuestro informe. Permítannos intentar disipar sus temores. Muchos también podrían estar recibiendo correos electrónicos diariamente. A mi me enviaron uno en el que se decía que este informe pone en peligro la neutralidad de las redes. Todo lo que puedo decirles es que nuestra intención es lograr exactamente lo contrario.

En conclusión, tenemos ahora la gran responsabilidad de ayudar a la Presidencia francesa a alcanzar un acuerdo. Me gustaría hacer hincapié sobre esta cuestión. En el sector reina ahora la incertidumbre entre aquéllos que están dispuestos a realizar las inversiones importantes —las redes de nueva generación—, que quieren ver cómo este paquete se aprueba lo antes posible. Podemos contribuir a que se cumplan sus deseos trabajando juntos como hasta la fecha hemos hecho con éxito. Es una responsabilidad ciertamente importante. Por mi parte —y tengo por cierto que mis colegas coinciden conmigo en ello— puedo prometer que haremos todos los esfuerzos necesarios para colaborar con la Presidencia francesa. Me gustaría felicitar especialmente a los señores Chatel y Besson por su firme compromiso con este proceso y por su profundo conocimiento de todas estas cuestiones. Estoy seguro de que juntos podremos lograr que se apruebe este paquete lo más rápidamente posible.

 
  
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  Presidenta. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar en el próximo periodo parcial de sesiones.

Declaraciones por escrito (artículo 142)

 
  
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  Ivo Belet (PPE-DE), por escrito. – (NL) La nueva legislación sobre telecomunicaciones que debatimos hoy tiene unas repercusiones muy amplias para todos los usuarios de Internet y de los servicios de telecomunicaciones.

Se debe proteger nuestra privacidad en Internet. Los datos personales almacenados en los ordenadores o mandados a través de Internet, incluidos los perfiles de los usuarios, no se pueden utilizar (de forma indebida) a menos que se conceda una autorización expresa previamente.

Se refuerza la cooperación entre la industria de los contenidos, principalmente música y cine, y los operadores de telecomunicaciones con vistas a abordar el problema de la piratería o las descargas ilegales. Es importante informar adecuadamente a los consumidores acerca de lo que se puede y no se puede hacer en Internet, pero el acceso no se puede denegar bajo ninguna circunstancia.

También será más fácil conservar los números de teléfono cuando se cambia de operador. No debería tardarse más de un día en completar la portabilidad, sujeta a una serie de medidas para impedir los abusos.

Cabe esperar que alcancemos rápidamente un acuerdo acerca de estas cuestiones para que los abonados puedan disfrutar de los beneficios de las mejoras realizadas lo antes posible.

 
  
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  Bairbre de Brún (GUE/NGL), por escrito. – (GA) En el mundo de hoy, tan interconectado y globalizado, la privacidad personal y la protección de los datos deberían constituir una prioridad para todos nosotros. La privacidad no debería verse amenazada, como ocurre en el informe Harbour. Ningún órgano nacional o europeo puede controlar, de forma invasiva, el uso que los ciudadanos hacen de Internet.

El Parlamento Europeo debe actuar para eliminar algunos de los elementos más retrógrados de esta Directiva. Tal como están las cosas, el control que las empresas y los órganos estatales tienen sobre el uso privado que se hace de Internet podría reforzarse gracias a esta Directiva. La protección de los derechos de propiedad intelectual no puede utilizarse como excusa para permitir a unos órganos irresponsables acceder a datos personales y privados.

 
  
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  András Gyürk (PPE-DE), por escrito. – (HU) La aprobación del paquete legislativo que nos ocupa es un importante paso adelante para el avance de las tecnologías de banda ancha en el ámbito de las comunicaciones. Resulta fundamental que tales tecnologías se difundan para que, con arreglo a nuestros objetivos, Europa pueda convertirse auténticamente en una de las regiones más competitivas del mundo. Ahora debemos hacer mayores esfuerzos para contar con una reglamentación efectiva, ya que el desarrollo del sector puede contribuir de forma significativa al aumento del empleo.

La apertura del mercado de las telecomunicaciones ha ido ganando terreno desde la segunda mitad del decenio de 1990, mejorando especialmente los servicios ofrecidos. No obstante, creemos que aún queda mucho por hacer en relación con el refuerzo de la competitividad y el consiguiente desglose de los precios que pagan los consumidores. Además, la aparición de nuevas tecnologías hace necesaria la revisión de la legislación en vigor.

Creemos muy acertado que la nueva reglamentación marco contenga entre sus prioridades la revisión de las prácticas de distribución de las frecuencias radioeléctricas hasta el momento. En nuestra opinión, el principio de la neutralidad tecnológica debe prevalecer en interés del refuerzo de la competencia. También cabe destacar la importancia de la creación de un nuevo marco para la cooperación entre autoridades nacionales de reglamentación en el futuro.

Deberíamos acoger con satisfacción el hecho de que la nueva legislación también tenga repercusiones jurídicas nada desdeñables sobre la protección del consumidor. Lo anterior crea unas condiciones más transparentes para la fijación de los precios y refuerza el derecho a cambiar de proveedor. Consideramos que la importancia de la legislación marco que se va a adoptar reside en el hecho de que reforzará la competitividad del mercado sin descuidar el aspecto de un nivel adecuado de protección de los consumidores.

 

11. Turno de preguntas (preguntas al Consejo)
Vídeo de las intervenciones
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  Presidenta. − El siguiente punto es el turno de preguntas (B6-0457/08).

Las siguientes preguntas van dirigidas al Consejo.

 
  
  

Pregunta nº 1 de Manuel Medina Ortega (H-0527/08)

Asunto: Política de suministro de productos agrícolas

Teniendo en cuenta que se ha producido una alarma internacional provocada por el temor a la escasez de productos alimenticios, y que esa alarma ha llevado a varios Estados a limitar o gravar de forma extraordinaria los productos agrícolas de exportación, ¿considera hoy el Consejo la posibilidad de que la política exterior y de seguridad común se ocupe de la cuestión de la seguridad del suministro de productos agrícolas, incluyendo acuerdos específicos con los principales países suministradores de esos productos?

 
  
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  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo.(FR) Señora Presidenta, señor Medina Ortega, en su reunión de los días 19 y 20 del pasado mes de junio, el Consejo Europeo reconoció que la reciente escalada de los precios de los alimentos constituye una fuente de inquietud, tanto en la Unión Europea, donde la crisis afecta principalmente a las familias con escasos ingresos, como a escala internacional, especialmente en relación con los países en desarrollo. Las razones que sustentan este fenómeno son complejas. La primera de ellas es el aumento de la demanda mundial, especialmente entre las principales economías emergentes. La segunda guarda relación con el aumento de los costes de producción y de transporte, vinculados al encarecimiento de los hidrocarburos. La tercera razón se refiere al funcionamiento de los mercados financieros y la especulación existente en los mercados mundiales y en los mercados alimentarios locales. Por último, en algunos grandes países productores se han recogido malas cosechas debido a unas malas condiciones climáticas. El Consejo de Asuntos generales y relaciones exteriores del mes que viene volverá sobre todas estas cuestiones, habida cuenta, por una parte, de la necesidad de desarrollar la seguridad alimentaria en coordinación con las Naciones Unidas, y, por otra, de las deliberaciones de las instituciones financieras internacionales y el G8. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han programado una serie de reuniones y me felicito de la creación, por parte del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de un grupo de alto nivel que examinará la cuestión de la crisis alimentaria. La Unión Europea desempeñará plenamente su papel en la puesta en práctica de la declaración de la Conferencia de alto nivel de la FAO celebrada en Roma el 5 de junio pasado. Ciertamente, debemos aprovechar las próximas reuniones, de las Naciones Unidas y del Banco Mundial, para desarrollar y poner en marcha actividades detalladas al objeto de desarrollar la producción de alimentos en los países en desarrollo afectados.

Como pueden ver, las principales políticas que intervienen en esta crisis alimentaria y pueden contribuir a resolverla son las políticas en materia de agricultura, desarrollo y comercio. La PESC a la que el señor Medina Ortega se refiere puede contribuir, pero de una forma marginal, especialmente en el marco del diálogo político entablado con algunos terceros países para invitar a estos últimos a elaborar mejores políticas agrícolas que mejoren la seguridad alimentaria de los países en desarrollo, así como para reforzar la integración regional de las zonas mas afectadas.

 
  
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  Manuel Medina Ortega (PSE). - (ES) Muchas gracias por su respuesta. Veo que, en efecto, el Consejo está preocupado por este tema.

Quiero recordar que, a lo largo de la historia de Europa, el hambre ha sido una de las constantes, por ejemplo, la famosa hambre de la patata en Irlanda, que llevó a despoblar la isla y otras muchas partes de Europa, como el hambre en Ucrania.

Estamos en un momento en que hemos tenido un recordatorio de lo que puede ocurrir; estamos hablando de una comunidad de 500 millones de personas, que, en gran parte, se alimentan de productos procedentes del exterior.

¿No cree el Consejo que ha llegado el momento de formular una política general de seguridad alimentaria global e incluir esa política de seguridad alimentaria en las políticas generales de la Unión Europea para garantizar que no se vuelvan a reproducir este tipo de hambrunas en el futuro?

 
  
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  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) El señor Medina Ortega tiene perfectamente razón. Creo que en el marco sobre todo de nuestra reflexión sobre la política agrícola común, en el marco de las reuniones que celebraremos sobre la política de desarrollo y los intercambios de puntos de vista que organizaremos con los países en desarrollo, debemos poner la cuestión del suministro y la seguridad alimentaria —se trata de dos cosas distintas, aunque en efecto se deben examinar juntas— en el centro de las preocupaciones del Consejo. En cualquier caso, uno de los objetivos de la Presidencia francesa, sobre todo para el Consejo Europeo del mes de octubre, es suscitar estas cuestiones y examinarlas de forma conjunta.

 
  
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  Jim Allister (NI). - En lugar de la extraña noción, contenida en la pregunta, de examinar la seguridad alimentaria a la luz de la política exterior y de seguridad común, ¿no sería mejor volver a considerar la seguridad alimentaria como uno de los objetivos principales de la PAC, como el Presidente Sarkozy prometió en su notable discurso pronunciado en la Feria agrícola de París en febrero? Estableció la seguridad alimentaria, y la contribución de la UE en mayor medida a la producción agrícola en el mundo, como uno de sus principales objetivos en el marco de la revisión de la PAC. ¿Qué avances puede mencionar el Ministro francés en relación con el logro de estos objetivos?

 
  
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  Paul Rübig (PPE-DE). - (DE) Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, hemos sido testigos de un cambio de paradigma, desde la sobreproducción en Europa al temor de la seguridad de nuestro suministro alimentario. ¿Acaso considera que las negociaciones de la OMC actualmente en curso durante la Presidencia francesa tienen alguna oportunidad de lograr una conclusión satisfactoria de aquí a diciembre?

¿Cree que el mercado mundial podría ser una oportunidad de oro para nuestro sector agrícola? Hemos podido observar que los precios han aumentado significativamente y que tales precios ofrecen naturalmente nuevas oportunidades de ingresos para nuestros agricultores en países como Francia, el Reino Unido y, sobre todo, los nuevos Estados miembros, y que también podrían crear grandes perspectivas de ingresos en otros lugares, especialmente en los países menos desarrollados, los más pobres de los países pobres.

 
  
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  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) En respuesta al señor Allister permítanme decir que creo efectivamente que la seguridad alimentaria debe situarse en el centro de nuestra reflexión sobre la política agrícola común. Es uno de los objetivos que deseamos promover en el marco de la revisión de los objetivos de la política agrícola común. Por consiguiente, en esta reflexión global debemos intentar no fijar únicamente objetivos cuantitativos en el marco de la política agrícola común, sino también contar con elementos más cualitativos que garanticen a nuestros conciudadanos, independientemente de donde vivan, el acceso a productos alimentarios de calidad.

En lo que se refiere a la pregunta del señor Rübig, permítanme señalar que, en efecto, nos beneficiamos hoy de los elevados precios mundiales, que constituyen una oportunidad para las exportaciones europeas. Habida cuenta del conjunto de las necesidades mundiales, debemos también considerar que, en diferentes ámbitos, podríamos contarnos entre los importadores o descubrir que nuestra producción no es suficiente. En el contexto de las negociaciones comerciales multilaterales, como saben, Europa ha hecho lo que debía, ha realizado una serie de concesiones en lo que respecta a las renovaciones, en el marco, especialmente, de los acuerdos que se habían alcanzado en relación con la política agrícola común. Sin embargo, lamentamos que otros países hayan decidido realizar una serie de bloqueos. Ciertamente, en el marco del ciclo de Doha dedicado al desarrollo, los aspectos vinculados a la seguridad alimentaria, a una producción alimentaria equilibrada en el mundo, deberían tomarse en consideración en mayor medida de lo que se hace actualmente.

 
  
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  Presidenta. − Pregunta nº 2 de Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0529/08)

Asunto: Pacto Europeo para la Juventud

Todos los ámbitos de la política y, en particular, las infraestructuras de educación y aprendizaje permanente, empleo y movilidad, inserción social, salud y autonomía, así como el respaldo de iniciativas a favor del espíritu emprendedor y del voluntariado, atañen a los jóvenes de la Unión Europea. Por tanto, ¿puede indicar el Consejo cómo piensa realizar el Pacto Europeo para la Juventud (7619/05) e invertir en políticas que tengan algún impacto en los jóvenes?

 
  
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  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) Señora Panayotopoulos-Cassiotou, señala usted adecuadamente que existe una serie de ámbitos políticos que tienen repercusiones para los jóvenes. Gracias por recordárnoslo. La política en materia de juventud es una política transversal por naturaleza. Éste es precisamente el objeto del Pacto Europeo para la Juventud, aprobado en 2005 por el Consejo Europeo con vistas a integrar la dimensión de la juventud en las diferentes políticas, con arreglo a la Estrategia de Lisboa.

Nuestros objetivos son muy sencillos, a saber, mejorar el potencial educativo en Europa, la formación, la movilidad de los jóvenes, la integración profesional y la inclusión social del os jóvenes. Sabemos que debemos, todos juntos, hacer el pacto aún más eficaz, y que debemos obtener resultados concretos. Para ayudarnos, la Comisión va a elaborar, a partir de 2009 y cada tres años, un informe sobre la juventud. Tal informe ofrecerá un análisis detallado de la situación de los jóvenes en Europa y permitirá así poner mejor de manifiesto sus preocupaciones.

Las responsabilidades de la Unión Europea son ciertamente importantes, pero las de los Estados miembros, hoy, en virtud de los tratados, lo son todavía más, y debemos hacer todo lo posible para valorar, en el seno de la Unión Europea, las buenas prácticas, tanto a escala nacional como local o regional. Debemos esforzarnos por reunir todas las sinergias posibles entre las partes interesadas, como las empresas, los centros escolares, las asociaciones, los organismos competentes en materia de empleo, los trabajadores en materia de juventud, los investigadores, las familias, y también los interlocutores sociales. En este contexto, la Presidencia del Consejo desea especialmente promover la movilidad transfronteriza de los jóvenes. Esta cuestión se debatirá en el Consejo que se celebrará los días 20 y 21 de noviembre, sobre la base de un informe elaborado por expertos de alto nivel liderados por Maria João Rodriguez sobre la movilidad. Deseamos ampliar el programa Erasmus, que tantos éxitos ha cosechado. Sabemos que ello no será posible de la noche a la mañana, pero esperamos que se democratice y que se amplíe aún más.

También deseamos promover los programas de formación de aprendices, del tipo del programa Leonardo, a escala europea. Durante la Presidencia francesa tenemos intención de organizar una importante iniciativa a este respecto para desarrollar la movilidad de los aprendices. Asimismo, también durante la Presidencia francesa, deseamos hacer de la salud de los jóvenes una de nuestras prioridades en el ámbito de la política en materia de juventud, con vistas a difundir las cuestiones de sanidad que afectan específicamente a los jóvenes, tanto en relación con la higiene, como en lo que se refiere a la lucha contra el tabaquismo, el alcoholismo y, sobre todo, la drogadicción.

En 2009, el Consejo participará activamente en el proceso general de evaluación de la cooperación europea en el ámbito de la juventud. Habida cuenta del carácter a largo plazo de esta iniciativa, cabe destacar la importancia de la continuidad de las acciones entre las diferentes presidencias, en el sentido de que hemos trabajado con las presidencias posteriores, las Presidencias checa y sueca, de manera que podamos dar una continuidad a esta política determinante para la próxima generación de europeos.

 
  
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  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE).(EL) Señora Presidenta, agradezco al Presidente en ejercicio del Consejo su respuesta y deseo a la Presidencia francesa todo lo mejor en relación con el logro de sus objetivos.

Tras la celebración del Pacto también se llegó a un acuerdo en el Consejo acerca del logro de ciertos objetivos cuantitativos, a saber, una reducción del 10 % del absentismo escolar y una reducción cuantitativa claramente definida del desempleo juvenil en un plazo concreto después de la finalización de los estudios.

¿En qué medida se han logrado estos objetivos, en un momento en que las estadísticas nos dicen que el desempleo entre los jóvenes es aún muy elevado?

 
  
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  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) Ciertamente, el desempleo entre los jóvenes sigue siendo elevado, aunque la media de los últimos años ha mejorado en el seno de la Unión.

Creo que existen tres acciones sobre las que hemos de hacer hincapié. En primer lugar debemos garantizar que adaptamos mejor la formación a las necesidades del mercado, especialmente a las necesidades del mercado laboral, de forma que los sistemas de formación se ajusten en mayor medida a la estrategia de competitividad emprendida en el marco de Lisboa.

La segunda cuestión se refiere al establecimiento de un diálogo con las empresas y los interlocutores sociales, con vistas a promover una mejor responsabilidad social de las empresas para favorecer la integración social de los jóvenes. En este sentido, todas las empresas con sede en Europa, especialmente las de mayores dimensiones, tienen una responsabilidad significativa.

En tercer lugar, creo también que debemos tener el objetivo, en el ámbito educativo, de crear redes de excelencia y promover la movilidad entre nuestros países, así como la facilitación del reconocimiento mutuo de las titulaciones y las cualificaciones, con vistas a hacer del mercado de trabajo europeo un espacio más fluido.

 
  
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  Jörg Leichtfried (PSE). - (DE) Señora Presidenta, señor Ministro, me gustaría referirme a una circunstancia específica que considero muy importante en relación con esta cuestión. En todas las encuestas realizadas en la Unión Europea, sigue apareciendo la respuesta de que los jóvenes son los que albergan mayor entusiasmo por la Unión Europea. Los jóvenes también son el grupo que más a menudo cree poder beneficiarse de la Unión, al contrario de lo que opinan sus más fieros opositores, que son, por regla general, personas mayores, intransigentes y desencantadas.

Me gustaría saber si, en el marco de este Pacto y talvez en otros contextos, el Consejo tiene algún proyecto que pueda estimular en mayor medida este interés, esta respuesta favorable a Europa, entre los jóvenes.

 
  
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  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) Señora Presidenta, señor Leichtfried, tal vez mi respuesta sea menos maniquea que su intervención. Creo en efecto que existe un entusiasmo especial entre los jóvenes por lo que se refiere a Europa y, ciertamente, debemos estimular esta actitud, lo que no quiere decir que las personas que pertenecen a otra generación, aquéllos que han construido Europa, sean menos entusiastas. Desgraciadamente, existen personas en contra de Europa independientemente de su edad. Las encuestas de opinión también muestran —y lo hemos visto recientemente— que la oposición puede ser a veces más radical, y debemos trabajar aún con mayor denuedo para contrarrestarla.

En relación con el Pacto previsto para movilizar a la juventud y hacer el concepto de Europa más concreto, creo firmemente que debemos facilitar la movilidad transfronteriza de nuestros jóvenes, y que es necesario —gracias a una serie de programas cuyos medios financieros han de reforzarse, aunque sé que ello llevará muchos años y que se trata de un esfuerzo a largo plazo— que en la revisión del marco de las políticas comunes dispongamos de programas que ayuden a aumentar la movilidad de nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, tanto estudiantes como aprendices —como ya he dicho—, o jóvenes trabajadores en el marco de periodos de prácticas o de regímenes de formación profesional.

Creo que de este modo lograremos auténticamente hacer del concepto de Europa algo más concreto y garantizar que su entusiasmo fructifica y produce la nueva generación de europeos que todos nosotros deseamos ver.

 
  
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  Presidenta. − Pregunta nº 3 de Robert Evans (H-0532/08)

Asunto: Anomalías territoriales ultramarinas de la UE

¿Piensa la Presidencia que es anómalo que se considere parte de la Unión Europea a un país en América del Sur cuando al mismo tiempo están estancadas las negociaciones con Croacia, Turquía y otros Estados europeos, que claramente tienen una mayor justificación geográfica?

En el actual clima posterior al referéndum irlandés, ¿cómo prevé el Consejo tramitar dichas solicitudes? ¿Ha sido este tema debatido alguna vez en el Consejo?

 
  
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  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) Señor Evans, me alegro de que esté hoy aquí, porque no estoy seguro del sentido de su pregunta. Puede ser que no la haya entendido bien, y tal vez pueda aclarármela.

En el continente sudamericano existen regiones ultraperiféricas que son territorios que forman parte integrante de la Unión Europea y que, en calidad de tales, se benefician de una serie de políticas específicas. Sin embargo, no existe ningún Estado sudamericano que sea miembro de la Unión Europea como tal —y en este punto soy muy prudente, porque puede ser que no haya entendido todos los matices de la pregunta.

En lo que se refiere a Turquía y a Croacia, tras la apertura de las negociaciones con estos países, se han realizado avances notables. En el caso, por ejemplo, de Turquía, el procedimiento de escrutinio, que constituye el primer paso oficial en relación con cada capítulo, se ha completado para 23 de ellos, ocho capítulos se han abierto a la negociación y en relación con uno de ellos el proceso se encuentra temporalmente cerrado. Nuestra Presidencia cree que podremos abrir a la negociación otros dos capítulos en lo que se refiere a Turquía.

En el caso de Croacia, el proceso de escrutinio ha terminado. Se han abierto 21 capítulos, y de ellos tres se encuentran temporalmente cerrados. Se celebró una conferencia de adhesión el pasado 25 de julio y se abrió el capítulo relativo a la circulación de mercancías, el primer capítulo, bastante sensible, y se cerró el capítulo 20 sobre la política de empresa y la política industrial. El avance de las negociaciones, como saben, depende principalmente de los resultados alcanzados por los países candidatos. Los progresos realizados para satisfacer los criterios de apertura y cierre de los capítulos, así como los requisitos previstos en el marco de las negociaciones, incluidas las asociaciones para la adhesión, tal como se han revisado, constituyen elementos esenciales a este respecto y, ciertamente, nos atenemos al juicio expresado por la Comisión. Repito, señor Evans, me gustaría, si he respondido de forma parcial a su pregunta, que me aclarase a qué se refiere exactamente.

 
  
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  Robert Evans (PSE). - Aclararé la pregunta y la formularé en términos más amplios. El Presidente en ejercicio del Consejo ha respondido a algunas de las cuestiones suscitadas y le doy las gracias por ello. Tiene razón. Lo que quiero decir es que creo que es una anomalía que permitamos a países como la Guayana Francesa ser parte integrante de la Unión Europea, con todos los beneficios y ventajas derivadas de ello —no sólo como territorios franceses— y pienso en la Martinica y Guadalupe.

Y sin embargo, en Europa —y el Presidente en ejercicio se ha referido al proceso de negociación que se celebra con Croacia y tal vez con Turquía— oponemos cierta resistencia; existen países en la Unión Europea a los que no les gusta esta situación.

Además, podemos señalar otras anomalías más cercanas, a saber, las islas del Canal, Jersey y Guernsey, que no están en la Unión Europea y no se atienen al Derecho comunitario. Existen paraísos fiscales, en los que los ricos pueden evitar pagar lo que todos los demás pagan.

¿Se debaten en el Consejo estas opiniones o estas anomalías? ¿Podría el Presidente en ejercicio del Consejo defender la situación en la que la Guayana Francesa forma parte de la Unión Europea y cree que esta situación se prolongará no sólo a corto plazo, sino también a largo plazo? ¿Podría mirar en su bola de cristal y ofrecernos algún tipo de indicación acerca de la dirección que la Unión Europea sigue en términos globales?

 
  
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  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) Gracias, señor Evans. En efecto, temía haber entendido el significado de su pregunta, pero esperaba no tener que escuchar la aclaración complementaria que acaba de hacer. Hablando más en serio, no obstante, en primer lugar, las regiones ultraperiféricas, lo que llamamos regiones de ultramar, overseas, forman parte de la Unión Europea, y son una parte importante de ella, independientemente de su situación geográfica o del hecho de que mantengan vínculos con Francia, España, Portugal o el Reino Unido.

Se ha referido a los departamentos de ultramar existentes. Esos departamentos han sido franceses desde el siglo XVII. Sus habitantes son ciudadanos franceses desde 1848 —así que no resulta ninguna novedad— y todo ello se ha tomado en consideración desde el principio, desde el Tratado constitutivo de lo que fue inicialmente la Comunidad Europea y más tarde la Unión Europea.

Otra de las cuestiones que subraya —pero creo que en este caso se trata de hacer extensiva la influencia de Europa allende los mares— se refiere al tipo de política que se debe poner en práctica. Creo que es importante que hagamos un esfuerzo en este sentido, no porque un territorio sea francés, sino porque, repito, también se trata de una cuestión de influencia.

El otro asunto que menciona, y que constituye una de las preocupaciones del Consejo, se refiere —y en relación con este punto no voy a dar nombres— a un asunto difícil, a saber, el modo de impedir que existan los paraísos fiscales, tanto de ultramar como situados en el marco continental o cerca del continente europeo—. Ciertamente, se trata de un problema. Se han realizado diversos esfuerzos en el seno del Consejo Ecofin. Se han presentado algunas propuestas, y deseamos siempre poder luchar efectivamente contra los paraísos fiscales, tanto en el marco de la Unión como en el de los acuerdos internacionales en los que participa la UE.

 
  
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  Justas Vincas Paleckis (PSE).(LT) Me gustaría formular una pregunta no particularmente seria: ¿deberíamos considerar la posibilidad de cambiar nuestro nombre por el de Unión Europea y Sudamericana? Por otra parte, a la luz de la posible adhesión de Turquía, ¿debería Asia incorporarse también? Hablando más en serio, sin embargo, los ciudadanos de la UE conocen muy poco los territorios de ultramar de los que hablamos. ¿Sería posible que la campaña informativa de la UE ofreciese algo más de información acerca de estas cuestiones, de forma que estos países se sientan como algo más cercano y más familiar, especialmente para los jóvenes de la UE? Tal información les permitiría conocer en mayor medida tales territorios y no se formularían preguntas como ésta.

 
  
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  Avril Doyle (PPE-DE). - Gracias al Consejo. Puede que me lo haya perdido, pero no he escuchado la respuesta del Ministro a la segunda parte de la pregunta del señor Evans en relación con el clima posterior al referéndum irlandés en el Consejo. En primer lugar, ¿podría indicar cuál sería exactamente el clima posterior al referéndum irlandés en el Consejo y si está teniendo repercusiones sobre la candidatura de Croacia, Turquía y los demás Estados europeos mencionados? En otras palabras, ¿cuál es la posición ahora, después del referéndum irlandés, en el Consejo en relación con esas solicitudes de adhesión?

 
  
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  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) Para empezar, en respuesta al señor Paleckis, creo que tiene perfectamente razón. Es cierto, se han de realizar mayores esfuerzos pedagógicos e informativos para que los ciudadanos europeos conozcan mejor esas regiones remotas, aunque también europeas. Cabe destacar que tales regiones figuran en los billetes de euro, lo que ya es un avance. Sin embargo, debemos ir más lejos y necesitamos hacer un esfuerzo en términos de información y comunicación. Me gustaría decirle a la señora Doyle que la pregunta, tal como se formula, es muy amplia. Se trata de centrarla pues en las negociaciones en curso. En lo que respecta al Consejo, las negociaciones se basan en propuestas presentadas por la Comisión sobre la base de los informes sobre los escrutinios realizados, una práctica completamente habitual.

También hemos indicado que estamos dispuestos a profundizar en las relaciones con un cierto número de países, y estoy pensando sobre todo en los países de los Balcanes, y que deseamos, a la luz de los esfuerzos realizados, además de con Croacia, reforzar nuestras relaciones con Serbia, así como con otros países, como Bosnia y Montenegro, especialmente.

Después se plantea la cuestión de las asociaciones. El 9 de septiembre celebraremos una cumbre importante entre la Unión Europea y Ucrania. En el contexto actual de la guerra entre Rusia y Georgia, tenemos intención igualmente de intentar desarrollar una asociación con Ucrania y, como saben, ayer tomamos en cuenta el hecho de que debemos reforzar la relación con Georgia. Todo esto en lo que se refiere a las negociaciones en curso.

También surge el problema de la situación en relación con el Tratado de Lisboa. Si no contamos con el Tratado de Lisboa, una serie de Estados miembros, y entre ellos el que yo represento —si dejo de hablar en calidad de Presidente en ejercicio del Consejo—, han declarado que efectivamente el Tratado actual era un tratado de 27 y que, para ampliar este número, necesitamos a toda costa el Tratado de Lisboa. Le estoy diciendo sinceramente, señora Doyle, cuál es la posición del Consejo actualmente.

 
  
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  Presidenta. − Pregunta nº 4 de Avril Doyle (H-0534/08)

Asunto: Medidas de ajuste en las fronteras respecto a importaciones menos eficientes en materia de emisiones de carbono

¿Podría el Consejo exponer su punto de vista sobre las Medidas de ajuste en las fronteras respecto a importaciones menos eficientes en materia de emisiones de carbono procedentes de terceros países en el período de comercialización posterior a 2012 del sistema comunitario de intercambio de cuotas de emisión (SCICE)?

 
  
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  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. (FR) Esta importante pregunta ha sido objeto de reflexión en el Consejo Europeo, especialmente en su reunión del pasado mes de marzo, en la que se indicó que, en un contexto mundial muy competitivo, en ciertos sectores existe el riesgo de que se produzca una fuga de carbono, como en las industrias de elevada intensidad energética, especialmente expuestas a la competencia internacional. Es un auténtico problema, que es necesario analizar y resolver en el marco de una nueva Directiva por la que se establezca un sistema de intercambio de cuotas en la Comunidad.

El mejor modo de abordar la cuestión de la fuga de carbono y preservar la eficacia del régimen comunitario de comercio de emisiones sigue siendo la celebración de un acuerdo internacional, señora Doyle, pero es evidente que nos debemos preparar también para actuar si no alcanzamos un acuerdo a escala internacional y actualmente estamos examinando las posibles medidas más apropiadas para garantizar la competitividad de nuestra industria, al tiempo que aseguramos que la Unión Europea desempeña el papel más ejemplar en relación con la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero.

Creemos que es importante hacer esto de forma que las industrias en todos los sectores tengan la suficiente visibilidad para sus inversiones, y especialmente en un momento en que la coyuntura económica se ha degradado y debemos enfrentarnos a una reducción del ritmo del crecimiento internacional, y todo hace pensar que la situación será la misma el año próximo.

En la propuesta de Directiva, la Comisión se compromete, a la luz de los resultados de las negociaciones internacionales, a presentar un informe de análisis acompañado de propuestas adecuadas para hacer frente a los posibles problemas vinculados a los riesgos de la fuga de carbono.

Existen dos opciones: adaptar la proporción de cuotas gratuitas y/o incorporar en el sistema comunitario a los importadores de productos fabricados por sectores industriales grandes consumidores de energía, al tiempo que velamos por la compatibilidad de este sistema con las normas de la Organización Mundial del Comercio. Deseamos, en calidad de Presidencia del Consejo, que el Consejo, naturalmente, pero también esta Cámara, puedan aclarar estas cuestiones, de modo que se garantice que Europa cuenta con una base industrial limpia y competitiva y que sepamos lo antes posible cuáles serán los mecanismos aplicables antes de 2011.

 
  
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  Avril Doyle (PPE-DE). - Acepto el hecho de que las medidas de ajuste en las fronteras formen parte del conjunto de medidas, pero propongo que se mantengan en la recámara y se utilicen a modo de zanahoria, y no como un bastón, en unas negociaciones internacionales en las que, de buena fe, hayamos intentado llegar a un acuerdo a escala internacional para luchar contra el cambio climático. ¿Podría el Ministro comentar el artículo 20 de la OMC que permite esta posibilidad, es decir, aplicar una prohibición cuando se pone en peligro la conservación de unos «recursos naturales» no renovables? ¿Los objetivos de reducción del dióxido de carbono estarán aparejados a esta definición, como el aire limpio hasta ahora? Me gustaría que el Ministro comentase cuál es su opinión al respecto.

 
  
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  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) Señora Presidenta, señora Doyle, creo, en primer lugar, que es necesario utilizar las diferentes medidas posibles, tiene razón, como una zanahoria y no como un bastón, de forma que no se exima a nadie en ningún caso de la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En segundo lugar, debemos encontrar el equilibrio necesario, en relación con las reivindicaciones de la industria, que no siempre resultan justas en este sentido. En lo que respecta al artículo 20 de la OMC, creemos que esta medida responde efectivamente a un objetivo legítimo de conservación de los recursos naturales no renovables. Según las informaciones de algunos expertos que hemos recibido, tal artículo es conforme a las normas del Derecho comercial internacional.

 
  
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  Syed Kamall (PPE-DE). - Me gustaría dar la bienvenida al Ministro a este periodo parcial de sesiones aquí, en Bruselas, en lugar de en Estrasburgo, y decir cuánto deseo que la Presidencia francesa participe en futuros periodos parciales de sesiones aquí en Bruselas, en lugar de en Estrasburgo.

En lo que respecta a la pregunta, ¿considera acertado el Ministro decir que uno de los mejores modos de abordar el problema de la pobreza mundial consiste en alentar a los empresarios de los países pobres a emprender negocios y crear riqueza a través del comercio? A la luz de su evidente interés en las medidas de ajuste en las fronteras —que en realidad son impuestos a la importación—, ¿cómo responde a las críticas de que éstas son en realidad medidas contrarias al desarrollo y medidas proteccionistas de una Europa imperialista para impedir el paso de las exportaciones de los países en desarrollo y seguir manteniendo a los pobres en su situación de pobreza?

 
  
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  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) Señora Presidenta, seguiré hablando en mi calidad de Presidente en ejercicio del Consejo e intentaré no perder los estribos frente a unos ataques absolutamente injustificados y fuera de lugar, porque ciertamente no somos los únicos que comerciamos con los países pobres.

Hablando más en serio, creo que los mecanismos sobre los que reflexionamos —y respondo así a lo dicho por la señora Doyle hace un momento— no son un bastón en relación con los países en desarrollo. Desde un punto de vista objetivo, no obstante, es necesario, en el marco del equilibrio entre competitividad y lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero, que encontremos un buen punto de equilibrio justamente en relación con nuestros principales socios. Y nuestros principales socios son los Estados Unidos, que, que yo sepa, no han contraído las mismas obligaciones que nosotros en este ámbito. Es Japón, que también tiene menos obligaciones y hace menores esfuerzos. Es Rusia, de la que se me dice una y otra vez que no tiene los mismos valores y que debemos saber dirigirle un discurso realista y que también es una gran potencia emergente. Es Brasil, es la India, y es, ciertamente, China, miembro ya de la Organización Mundial del Comercio. Por consiguiente, realmente no veo de qué manera estaríamos dejando de ser realistas y estaríamos siendo ingenuos. Debemos emprender una lucha ejemplar contra el calentamiento global. Europa lidera este ámbito, debe seguir haciéndolo y debe mantener su ventaja en las negociaciones internacionales, especialmente en Copenhague el año próximo. Pero, en este contexto, Europa no debe tener ningún complejo en defender sus intereses en relación con unas potencias que son al menos igual de ricas que nosotros. Y tal como han recordado otros oradores en el marco de preguntas anteriores, también en Europa tenemos nuestras bolsas de pobreza.

 
  
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  Presidenta. − Pregunta nº 5 de Colm Burke (H-0536/08)

Asunto: Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda en Accra (Ghana) en septiembre

El Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda que se celebrará en Accra en septiembre, presenta una oportunidad real para que los donantes y los Gobiernos participantes asuman nuevos compromisos, con plazos concretos y que puedan ser objeto de control, para que las ayudas lleguen efectivamente a los más pobres.

¿Pueden el Consejo y los Estados miembros asumir compromisos más ambiciosos para cumplir los objetivos de la Declaración de París de 2005? ¿Pueden el Consejo y los Estados miembros garantizar que no sólo los Gobiernos tratarán de mejorar la eficacia de la prestación de ayuda a través de esta declaración, sino que también se abordará la eficacia de la ayuda en términos de cómo mejorar realmente la vida de los pobres? ¿Puede el Consejo dar una respuesta actualizada a la Resolución del Parlamento (P6_TA(2008)0237) sobre el seguimiento de la Declaración de París de 2005 sobre la eficacia de la ayuda? Ahora que estamos a mitad de camino, ¿qué puede hacer el Consejo para que los Gobiernos cumplan sus compromisos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, habida cuenta de que se han reducido las cifras de ayuda de la UE de 0,41 % de la RNB en 2006 a 0,38 % en 2007, una disminución de unos 1 500 millones de euros?

 
  
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  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) Señor Burke, su pregunta se refiere a tres aspectos vinculados a la cooperación y el desarrollo: efectividad de la ayuda, Objetivos de Desarrollo del Milenio y el volumen de la ayuda.

Su pregunta aborda una cuestión de actualidad, en un momento en que se celebra en Accra (Ghana) el tercer Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, que se reúne a partir de hoy, y a menos de un mes de la reunión de alto nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se celebrará en Nueva York el 25 de septiembre. La Conferencia internacional de seguimiento sobre la financiación del desarrollo, encargada de examinar la puesta en práctica del Consenso de Monterrey, será otra de las reuniones importantes, y se celebrará en Doha, del 29 de noviembre al 2 de diciembre próximo.

En relación con todas estas reuniones, el Consejo trabaja activamente y ha adoptado una serie de conclusiones desde el pasado mes de junio. En lo que respecta a la eficacia de la ayuda, el Consejo reconoce que, a pesar de los progresos realizados, queda mucho por hacer. Hay que identificar los sectores o los proyectos en los que la Unión puede suponer alguna diferencia y aportar un valor añadido en relación con los otros donantes. También es necesario sin duda utilizar los sistemas nacionales y responsabilizar mejor a los beneficiarios de la ayuda. Éste es el objetivo que nos anima especialmente en el marco de la reunión de Accra y deseamos contar con una declaración estratégica ambiciosa, en el contexto del plan de acción de Accra, dotada de objetivos firmes, concretos y mensurables, así como de un calendario para su puesta en práctica, para que nuestros socios sean conscientes de la importancia de la mejora de la eficacia de la ayuda.

El segundo punto se refiere a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Su realización en el marco del desarrollo sostenible depende de una responsabilidad común de todos los socios, tanto los países donantes como los países beneficiarios, ya que todas las partes deben respetar los compromisos contraídos. El programa de acción de la Unión Europea sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio se adoptó en el Consejo el pasado mes de junio y hemos fijado una serie de objetivos intermedios para lograr los ODM.

Por último, en lo que respecta al volumen de la ayuda, es cierto que nos preocupa la reducción del volumen total de la ayuda pública al desarrollo, que ha pasado de 47 700 millones de euros en 2006 a 46 000 millones de euros en 2007. Sin embargo, a pesar de esta reducción, Europa sigue siendo el principal donante, especialmente en África, y esperamos que la disminución del volumen de la ayuda sea sólo temporal. Si las estadísticas ofrecidas por los diferentes Estados miembros son correctas, deberíamos contar con un volumen de ayuda al desarrollo muy importante en 2008 y deberíamos también alcanzar los objetivos que nos habíamos fijado en el marco de los ODM para 2010 y 2015. Éste es el motivo por el cual el Consejo ha pedido a los Estados miembros que establezcan calendarios indicativos sobre sus previsiones acerca de la evolución de su ayuda pública al desarrollo.

 
  
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  Colm Burke (PPE-DE). - En lo que respecta a la cooperación en los países en desarrollo, me gustaría referir un caso en el que la UE concedió 1,2 millones de euros a un proyecto en Etiopía, cuyo Gobierno aplicó un 17 % de IVA. Me pregunto, pues, si hemos realizado algún progreso en nuestras relaciones con los países que reciben ayuda al desarrollo.

También me pregunto si los Estados miembros han ofrecido alguna indicación actualmente en relación con las reservas previstas en sus presupuestos de 2009 en lo que respecta a la ayuda al desarrollo. ¿Se producirá una reducción debido al deterioro de la economía en muchos países? ¿La Presidencia en ejercicio del Consejo ha emprendido algún tipo de iniciativa en los Estados miembros para garantizar que no sea ése el caso?

 
  
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  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) Tendré que volver sobre las preguntas del señor Burke en algún momento posterior para ofrecerle una respuesta más completa, porque por el momento no dispongo de información acerca de la evolución de las propuestas de los Estados miembros en relación con el presupuesto para 2009. Lo que he dicho es que hemos pedido que se nos remitan presupuestos indicativos. Pero propongo al señor Burke volver sobre esta cuestión posteriormente y que los servicios del Consejo le ofrezcan la información concreta necesaria sobre el presupuesto de 2009 en cuanto la reciban —se me indica que sólo tenemos una información parcial por el momento—. Si el señor Burke me lo permite, procedería del mismo modo en relación con Etiopía, para ver si efectivamente se han respetado las normas sobre las ayudas en relación con la aplicación del IVA.

 
  
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  Presidenta. − Pregunta nº 6 de Jim Higgins (H-0538/08)

Asunto: Misión de la UE en Chad

¿Podría ofrecer el Consejo información actualizada sobre el despliegue de la misión de la EUFOR en Chad? ¿Han surgido problemas imprevistos? y, en caso afirmativo, ¿cuáles han sido las principales lecciones que se han aprendido de esa experiencia?

 
  
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  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) Señor Higgins, los tres batallones multinacionales que componen las fuerzas de la EUFOR en Chad y en la República Centroafricana están ahora plenamente operativos, tanto en el este de Chad como en la República Centroafricana. Las fuerzas armadas, compuestas por alrededor de 3 200 efectivos, pueden ahora llevar a cabo el conjunto de las misiones que les han sido asignadas por el Consejo. Permítanme recordarles que también participan en este contingente Albania, Croacia y Rusia, que próximamente desplegará sobre el terreno cuatro helicópteros. Ucrania ha entablado negociaciones pero hasta la fecha no ha emprendido ninguna acción.

La operación, como sabe, está dirigida por su conciudadano el General Patrick Nash, al que la Presidencia del Consejo desea rendir homenaje por su profesionalismo.

Tras la misión conjunta de evaluación Unión Europea/Naciones Unidas que se llevó a cabo del 18 al 24 de junio en Chad y en la República Centroafricana, el señor Solana informó y presentó sus recomendaciones en relación con las disposiciones de seguimiento de la operación por parte de las Naciones Unidas. El 25 de junio pasado el Consejo aprobó el informe del señor Solana, que alimentará el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, que se debatirá próximamente en el Consejo de Seguridad.

Quiero subrayar que desde su despliegue, la EUFOR ha actuado de forma imparcial, independiente y neutra. Ha contribuido a mejorar la seguridad en el este de Chad y el noreste de la República Centroafricana, desplegando en sólo unos meses, lejos de las bases europeas y en un entorno muy hostil, una fuerza significativa y disuasoria únicamente gracias a su presencia, patrullando por toda la zona y contribuyendo a reducir la inseguridad, ofreciendo escolta a las organizaciones humanitarias que lo solicitaron, facilitando la apertura de vías de suministro y protegiendo los lugares que se le indicaban u ofreciendo soluciones alternativas para que pudiesen llevar a cabo sus misiones. Por último, también ha contribuido a hacer que la policía local pudiese actuar mejor y ampliar su campo de acción habitual.

La EUFOR actúa en el marco de su mandato y sus actividades pudieron observarse durante los ataques rebeldes en Goz Beida y Biltine a mediados de junio de este año, cuando evacuó, dio cobijo y protegió a alrededor de 300 trabajadores humanitarios que solicitaron su ayuda, y también cuando impidió el saqueo del mercado de la zona de Goz Beida. Las tropas irlandesas que aseguraban un emplazamiento de desplazados reaccionaron de forma muy eficaz al fuego directo que se abrió contra ellas.

En julio, durante los enfrentamientos entre las comunidades dadjo y mouro en Kerfi, la EUFOR desplegó una compañía reforzada para asegurar la zona y evacuar a una treintena de trabajadores humanitarios.

Me gustaría hacer hincapié sobre la excelente coordinación entre la EUFOR y la misión de las Naciones Unidas, la MINURCA, que opera en la República Centroafricana y en Chad, y, como ya he dicho, la coordinación entre la EUFOR y los organismos humanitarios es igualmente excelente.

 
  
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  Jim Higgins (PPE-DE). - (GA) Cuando la estación de las lluvias termine, ¿acaso no volverá a estallar la guerra entre el Gobierno y las fuerzas rebeldes? ¿Podría decirnos el Consejo qué otras ciudades están dispuestas a participar en la misión en términos de tropas, equipos y recursos económicos?

 
  
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  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) La EUFOR no estuvo implicada en los enfrentamientos entre el Gobierno y los rebeldes y vela escrupulosamente por llevar a cabo su misión de la forma más imparcial posible y por mantenerse al margen de conflictos vinculados a los problemas nacionales que enfrentan al Gobierno y los rebeldes. Está llevando a cabo su mandato de forma neutral y no interfiere en los asuntos internos de Chad o la República Centroafricana; en general intenta contribuir a mejorar la seguridad del este de Chad y el noreste de la República Centroafricana. Cuando ha intervenido en los enfrentamientos y los incidentes que he indicado ha sido porque las misiones humanitarias estaban en peligro. Así, siempre ha intervenido únicamente para proteger esas misiones.

 
  
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  Colm Burke (PPE-DE). - Estuve en Chad en marzo de este año, tres semanas después de la ofensiva rebelde. Durante seis días me reuní con diferentes grupos, y una de las conclusiones a las que llegué fue la necesidad de contar con representantes de los grupos rebeldes en la mesa de negociaciones. Me pregunto si se han realizado progresos en este sentido, por parte de las Naciones Unidas o de la Unión Europea, ya que, por el momento, tengo entendido que existen entre 7 000 y 10 000 adolescentes menores de 18 años que portan armas. Si se pretende realizar algún progreso, alguien debe llevar a los grupos rebeldes a la mesa de negociaciones. Me pregunto si se ha avanzado de alguna manera a este respecto.

 
  
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  Marian Harkin (ALDE). - Me gustaría preguntar al Ministro brevemente acerca de su opinión sobre el futuro de esta misión. Creo que se supone que debe terminar el próximo mes de marzo. ¿Prevé que la misión continúe dentro del mandato de la UFOR durante tal vez otros seis meses, o que tal vez continúe bajo el mandato de las Naciones Unidas? ¿Cree posible que la misión concluya a finales de marzo? Como he dicho, simplemente deseo conocer su punto de vista sobre el futuro de la misión.

 
  
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  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) En respuesta al señor Burke y la señora Harkin, creo que tenemos motivos para sentirnos orgullosos de esta misión. Permítanme recordarles que se trata de la misión a mayor escala de política europea de seguridad y defensa jamás desplegada.

Insistimos —para responder a la señora Harkin— en que se produzca lo antes posible una transición hacia las Naciones Unidas para garantizar que, en última instancia, la MINURCAT pueda recibir el testigo de la misión EUFOR. El representante especial de la Unión Europea sobre el terreno, el embajador Torben Brylle, está en contacto con los grupos rebeldes existentes. Decir que todo va bien sería mentir.

Creo que esta misión es absolutamente necesaria, que aporta verdaderamente todo lo que puede a las poblaciones desplazadas, a las personas que sufren. Nos enfrentamos a un auténtico drama humanitario, pero también es cierto que la misión carece aún de los medios necesarios —algo que no dejamos de decir y de lamentar— y que el refuerzo de esos medios ocupa el centro de las preocupaciones del Consejo antes de que las Naciones Unidas puedan recoger el testigo. En cualquier caso, se tratará de una empresa a largo plazo. Para responder a la señora Harkin, permítame decir que preferimos una transición a una prolongación.

 
  
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  Presidenta. − Las preguntas que, por falta de tiempo, no han recibido respuesta oral, la recibirán por escrito (Véase el Anexo).

 
  
  

Con esto concluye el turno de preguntas.

(Se suspende la reunión a las 19.05 horas y se reanuda a las 21.00 horas.)

 
  
  

PRESIDE: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

 

12. Curso dado a una demanda de amparo de la inmunidad: véase el Acta
Vídeo de las intervenciones

13. Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo a raíz del proyecto de recomendación a la Comisión Europea sobre la reclamación 3453/2005/GG (debate)
Vídeo de las intervenciones
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  El Presidente. − El siguiente punto es el informe de Proinsias De Rossa, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo a raíz del proyecto de recomendación a la Comisión Europea sobre la reclamación 3453/2005/GG (2007/2264(INI)) (A6-0289/2008).

 
  
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  Proinsias De Rossa, ponente. − Señor Presidente, me complace estar aquí esta tarde, aunque habría preferido que fuese a una hora un poco más temprana. No obstante, cabe destacar la importancia de que este informe se debata en el Parlamento.

El informe se refiere a una reclamación contra la Comisión en relación con un caso de mala administración. El asunto se remitió al Parlamento Europeo a través de un informe especial elaborado por el Defensor del Pueblo Europeo. La presentación de un informe especial al Parlamento Europeo es el último paso que el Defensor del Pueblo puede dar para lograr una respuesta satisfactoria a la reclamación de un ciudadano. Por consiguiente, raramente se presentan a esta Cámara informes de este tipo.

Mi informe, elaborado en nombre de la Comisión de Peticiones, apoya la conclusión del Defensor del Pueblo de que el retraso de varios años, considerado objetivamente injustificado por el Defensor del Pueblo, en la tramitación por parte de la Comisión Europea de la reclamación del peticionario constituye un caso de mala administración.

Me gustaría hacer hincapié sobre el hecho de que este informe no trata del contenido del Derecho comunitario, sino de la inactividad de la Comisión en relación con la tramitación de una reclamación, y, por consiguiente, desearía indicar que no estoy de acuerdo con la única enmienda presentada por el Grupo GUE/NGL a este informe, que trata de introducir elementos relativos a la propia legislación comunitaria.

En la queja inicial dirigida a la Comisión en 2001, el denunciante, un médico que trabajaba en Alemania, pidió a la Comisión que incoara un procedimiento de infracción contra Alemania, argumentando que este país infringía lo dispuesto en la Directiva 93/104/CE del Consejo, conocida como la Directiva sobre el tiempo de trabajo. Se denunciaba que la transposición de Alemania de esta Directiva en lo que se refería a la actividad de los médicos en los hospitales, en concreto en relación con el tiempo que los médicos pasaban de guardia en tales hospitales, vulneraba lo dispuesto en la Directiva. En opinión del demandante, lo anterior suponía un riesgo considerable tanto para el personal del hospital como para los pacientes.

El Defensor del Pueblo llegó a la conclusión de que la Comisión había tardado 15 meses en empezar a tramitar la reclamación, lo que constituía un caso de mala administración.

Mientras tanto, se había elaborado una nueva ley alemana que intentaba transponer adecuadamente la Directiva, y la Comisión informó al demandante de que necesitaba tiempo para examinar el nuevo acto legislativo para estudiar su compatibilidad con el Derecho comunitario y si había tomado en consideración efectivamente la denuncia presentada.

En 2004, la Comisión informó al demandante que había adoptado nuevas propuestas de modificación de la Directiva original, y que examinaría la reclamación a la luz de tales propuestas. Un año después, en 2005, el demandante volvió a recurrir al Defensor del Pueblo para denunciar que la Comisión estaba haciendo caso omiso de las conclusiones del Defensor del Pueblo.

No existen pruebas, desde la elaboración de la nueva propuesta en 2004, de que la Comisión haya dado algún paso para empezar a investigar la reclamación del médico alemán. En lugar de tomar alguna de las dos decisiones posibles, a saber, incoar un procedimiento de infracción contra Alemania o dar por concluido el examen de la reclamación, la Comisión se abstuvo de emprender ninguna actuación en relación con su investigación. El hecho de que la Directiva hubiese de modificarse (algo que, por cierto, aún no ha ocurrido, y estamos en 2008) no es de ningún modo relevante a efectos de la reclamación. El Derecho comunitario no considera la posibilidad de ignorar las leyes en vigor y las sentencias existentes aduciendo el examen y posible introducción de nuevas normas.

Mi informe pide a la Comisión que ofrezca una lista de Estados miembros cuya legislación no se ajusta a todas las disposiciones de la Directiva sobre el tiempo de trabajo y en la que se especifiquen las actuaciones emprendidas al respecto. Invita a la Comisión a emprender rápidamente las acciones necesarias con arreglo a sus prerrogativas en todos los casos y en todos los Estados miembros en los que la transposición o la aplicación de las Directivas en vigor no se ajuste a la legislación aprobada por el legislador o no se atenga a las resoluciones del Tribunal de Justicia Europeo. Recomiendo a esta Cámara que apruebe este informe.

 
  
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  Vladimír Špidla, Miembro de la Comisión. − (CS) Señorías, gracias por permitirme dar mi opinión y ofrecer un punto de vista más general sobre la cuestión que debatimos hoy aquí. La reclamación relativa a la Directiva sobre el tiempo de trabajo está vinculada a las sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos SIMAP y Jaeger, en relación con el tiempo de trabajo de guardia, como ya se ha dicho. Ésta es una cuestión que la Directiva no aborda específicamente. Por otra parte, según muchos Estados miembros, la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia suscitó una serie de problemas fundamentales y tuvo unas repercusiones de gran alcance sobre la financiación y la organización de los servicios públicos de atención sanitaria y de urgencias.

En un intento por abordar los problemas ocasionados por estas resoluciones judiciales, la Comisión emprendió un amplio proceso de consulta en 2004 y llegó a la conclusión de que una solución adecuada consistiría en proponer una modificación que aclarase la aplicación de la Directiva en el ámbito del tiempo de trabajo de guardia y el descanso compensatorio. La Comisión presentó esta modificación en 2004. A la luz de la excepcional importancia de estas cuestiones para los servicios públicos de salud, la Comisión decidió ese mismo año que no incoaría un procedimiento de infracción en los casos en que la legislación nacional se cambiase con arreglo a la modificación propuesta. La Comisión reconoce que, en este caso, el tiempo transcurrido fue inusualmente largo, pero ya he explicado el motivo de este retraso.

Habida cuenta del hecho de que el acervo comunitario sigue en vigor hasta que la modificación propuesta entra a su vez en vigor, la Comisión no tomó una decisión definitiva acerca de la tramitación de la reclamación que nos ocupa, ni tampoco acerca de otras reclamaciones referidas también a este asunto. Por otra parte, en casos justificados, inició un procedimiento de infracción en relación con ciertas reclamaciones relativas a la Directiva sobre el tiempo de trabajo, pero que no entraban dentro del ámbito de aplicación de la modificación propuesta.

La Comisión también está supervisando y analizando las modificaciones resultantes de las legislaciones nacionales en todos los Estados miembros y las repuestas de los legisladores, órganos jurisdiccionales nacionales y representantes de los trabajadores y los empleadores a las resoluciones del Tribunal de Justicia. Lo anterior resulta muy importante, ya que las cuestiones incluidas en la reclamación que nos ocupa y a la que se refiere el informe afectan a más de un Estado miembro.

La Comisión remitirá muy pronto al Parlamento, dentro de unos dos meses, un informe detallado sobre la aplicación de la Directiva sobre el tiempo de trabajo, que ofrecerá una información completa y actualizada sobre el respeto del acervo comunitario, incluidas las sentencias SIMAP y Jaeger, en los 27 Estados miembros. El informe también recogerá las respuestas a las diferentes propuestas realizadas.

En lo que respecta a las conclusiones en relación con la tramitación de los procedimientos de infracción en general, la Comisión considera que, a la luz del contexto específico de la reclamación en el marco de la Directiva sobre el tiempo de trabajo, relativo a una serie de modificaciones en relación con el tiempo de trabajo de guardia, no cabe extraer conclusiones de carácter general sobre la tramitación de los procedimientos de infracción que la Comisión normalmente pone en marcha. El plazo de un año para las decisiones sobre las reclamaciones recibidas por la Comisión es normalmente adecuado, pero se recoge expresamente como un principio general que no tiene por qué aplicarse en todos los casos.

 
  
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  Alejandro Cercas, ponente de opinión de la Comisión EMPL. – (ES) Señor Presidente, señor Comisario, hablo en mi nombre, pero también en nombre de los treinta y cuatro diputados de la Comisión de Empleo que votaron el pasado mes de mayo favorablemente el informe de propia iniciativa que preparamos para este debate. Y todos estamos de acuerdo con el informe y valoramos y apreciamos lo que ha hecho el señor De Rossa, que tiene todo nuestro apoyo.

Queremos decir, en breves segundos, que estamos preocupados no sólo por el fondo de la cuestión de las guardias médicas y de la directiva del tiempo de trabajo, sino porque estamos en presencia de una situación que nos preocupa: los ciudadanos europeos no reciben respuesta cuando solicitan información a la Comisión.

Estamos preocupados, en segundo lugar, porque la Comisión parece entender que hay una vacatio legis cuando inicia trámites de modificación de las directivas.

Aunque es muy breve el tiempo de que dispongo, no dejo de decirle al señor Comisario que, independientemente de lo que pensemos nosotros o de lo que piense la Comisión sobre la jurisprudencia o el Derecho vigente, su obligación es aplicar los Tratados y seguir adelante, y que no tiene ninguna capacidad para dejar en suspenso ninguna norma ni nada que afecte al acervo comunitario.

 
  
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  Mairead McGuinness, en nombre del Grupo del PPE-DE. – Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al señor De Rossa por su informe.

He escuchado muy atentamente la respuesta de la Comisión, y me gustaría repetir que este informe trata del modo en que la Comisión ha tramitado una reclamación. Aunque el asunto era evidentemente muy controvertido y común, lo que hoy debatimos aquí es el modo en que la Comisión tramita sus reclamaciones. Apoyamos las conclusiones del Defensor del Pueblo en relación con el retraso injustificado, tal como ha reconocido la Comisión esta tarde en esta Cámara.

Permítanme decir tan solo, sobre la cuestión de las reclamaciones, que los ciudadanos se dirigen a la Comisión porque tienen un problema y esperan de ella algún tipo de respuesta —tal vez no una respuesta inmediata, pero ciertamente una respuesta que no se prolongue durante meses y años—.

Me gustaría llamar su atención acerca de la cuestión relativa a Equitable Life, en relación con la cual contábamos con una reglamentación nada estricta y con bastante poca claridad acerca del modo en que el Derecho comunitario se estaba aplicando, y ya hemos visto las desastrosas consecuencias derivadas de este asunto concreto.

Por último, la Comisión está tramitando actualmente una reclamación acerca de la aplicación de la legislación urbanística irlandesa. Aunque la Comisión se mostró inicialmente muy activa y cooperativa, temo que ahora se muestre silenciosa. Me gustaría que se realizase algún progreso sobre esta cuestión.

 
  
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  Maria Matsouka, en nombre del Grupo del PSE.(EL) Señor Presidente, aunque este informe no tiene contenido legislativo, resulta especialmente importante para la interpretación y el desarrollo del Derecho comunitario. Por ello, felicito al Defensor del Pueblo Europeo por la iniciativa que ha tenido de elaborar el informe especial que nos ocupa, así como al señor De Rossa por apoyar la posición de que el poder discrecional de la Comisión relativo a la tramitación de las reclamaciones no permite interpretaciones arbitrarias, especialmente en perjuicio de los ciudadanos.

La confianza que deseamos que tengan los ciudadanos europeos en la Unión Europea se fundamenta tanto en la aprobación de actos legislativos que protejan sus derechos como, sobre todo, en la correcta aplicación de los mismos.

Por ello, la Comisión debería desempeñar su función de guardiana de los Tratados y no permitir que las decisiones del Consejo se vean en ninguna medida obstaculizadas durante el proceso revisión del Derecho comunitario, lo que redunda en la obstrucción de la aplicación de las leyes en vigor. Por otra parte, las actuaciones de la UE deberían tener un efecto inmediato en los casos en que los procedimientos lo permitan.

La Comisión está obligada a denunciar la renuencia o la incapacidad de los Estados miembros a aplicar el Derecho europeo. De este modo, por otra parte, los ciudadanos aprenderán a comprobar en qué medida sus autoridades nacionales respetan sus obligaciones europeas y, por otra parte, los Gobiernos deberán hacerse responsables en última instancia del cumplimiento de los compromisos contraídos.

 
  
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  Marian Harkin, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al ponente, señor De Rossa, por su excelente informe. Como miembro de la Comisión de Peticiones, siempre soy muy consciente del hecho de que para muchos de nuestros ciudadanos somos el rostro de la UE. Cuando digo «somos» me refiero a la Comisión de Peticiones en sí, y a la Comisión, ante la que también se presentan quejas. En este caso concreto, se hizo caso omiso de la queja del reclamante y el Defensor del Pueblo llegó a la conclusión de que ello constituía un caso de mala administración.

Me complace ver que el ponente de la Comisión de Peticiones está de acuerdo con la posición del Defensor del Pueblo. Los ciudadanos europeos tienen derecho a esperar que la Comisión, como guardiana de los Tratados, garantice la aplicación del Derecho europeo de forma oportuna y efectiva. Tienen también derecho a esperar una respuesta oportuna y efectiva, y aunque la Comisión tiene facultades discrecionales acerca del modo de proceder en un determinado asunto —es decir, si debe o no incoar un procedimiento de infracción—, no está facultada para dejar de adoptar una posición en un plazo razonable de tiempo, lo que ha sido el caso en este asunto.

En relación con la enmienda 1, se trata de una cuestión que ha de abordarse, pero por separado de este informe.