Acta literal de los debates

Jueves 4 de septiembre de 2008 - Bruselas

1. Apertura de la sesión

PRESIDE: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepresidente

(Se abre la sesión a las 10.00 horas.)

  Bernd Posselt (PPE-DE). - (DE) Señora Presidenta, seré muy breve: algunos de sus Señorías puede que aún no lo sepan, pero ayer tuve conocimiento de que el siguiente período parcial de sesiones se celebrará en Bruselas. Tengo entendido que está resultando tremendamente difícil conseguir alojamiento aquí en Bruselas, ya que los hoteles se encuentran completos debido a una feria comercial. Creo que sencillamente se debería haber pospuesto el período parcial de sesiones o haberlo convertido en un período parcial de sesiones adicional. Sin duda alguna, eso hubiese sido la mejor solución. Y con un poco de voluntad hubiese sido posible.

El segundo punto al que me referiré brevemente está directamente relacionado con lo siguiente: ¿se ha comprobado realmente la seguridad de este edificio? Por lo que he oído, este edificio presenta grandes carencias estructurales. ¿Se ha verificado la seguridad de este edificio utilizando los mismos criterios que se aplican actualmente en el edificio de Estrasburgo?

  Presidenta. – Señorías, no iniciemos ahora un debate sobre esta cuestión. Esta tarde, durante la votación, se transmitirán las comunicaciones oportunas.

Se están adoptando todas las medidas necesarias para verificar la seguridad de las instalaciones por motivos de prevención y para realizar las reparaciones oportunas en Estrasburgo, de modo que podamos retomar nuestro trabajo allí lo antes posible.

En cualquier caso, no regresaremos hasta que no tengamos la total certeza de que no existe ningún problema de seguridad.

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). - Señora Presidenta, seré breve, ya que entiendo que no quiera que se inicie un debate. Dado que está previsto transmitir un comunicado a las 12.00 horas, ¿podría indicarse también si la Mesa contempla la posibilidad —sin querer ser pernicioso— de tener que prolongar nuestros trabajos en Bruselas y poder, así, disponer de cierto margen de tiempo para reservar los hoteles y las salas de reunión? Y es que este anuncio constante de decisiones aisladas no nos está facilitando demasiado la vida. ¿Podría tenerse esto en cuenta y recibir una respuesta en el comunicado de las 12.00 horas?

  Presidenta. – Señor Bushill-Matthews, el Parlamento no tiene por costumbre pasar las reuniones de Bruselas a Estrasburgo sin motivo alguno. Existe una razón de peso que no podíamos prever para ello, y el Parlamento está tratando de abordar el asunto con calma, determinación y coherencia. Todos debemos dar muestra de la misma serenidad, resolución y madurez.

Transmitiremos la información oportuna cuando dispongamos de todos los datos, y se hará con un margen suficiente de tiempo para que sus Señorías puedan reservar las habitaciones necesarias.

Creo que debemos abordar este problema con madurez, corrección y serenidad. Y no considero que la situación sea de gravedad, puesto que de hecho hemos evitado la posibilidad de que sí se diera una.

2. Presentación de documentos: véase el Acta

3. Prisioneros palestinos en cárceles israelíes (propuestas de resolución presentadas): véase el Acta

4. Revisión intermedia del Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010 (debate)

  Presidenta. – El próximo punto es el informe (A6-0260/2008) de Frédérique Ries, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre la «Revisión intermedia del Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010» (2007/2252(INI)).

  Frédérique Ries, ponente. − (FR) Señora Presidenta, señora Ministra —y permítame decirle que apreciamos enormemente que se encuentre aquí presente pese a los problemas que ha tenido para llegar a tiempo a este debate—, Comisario Dimas, Señorías, la salud y el medio ambiente no siempre son dos conceptos compatibles, especialmente en el momento actual, en los albores del siglo XXI. Nuestros conciudadanos, ya habiten en la ciudad, en el campo, cerca del mar o en la montaña, están expuestos a diversas formas de contaminación que en la mayoría de casos se debe a una combinación de diferentes factores.

No es por casualidad que, según las últimas estadísticas publicadas por Eurostat, seis de cada diez europeos consideren muy probable o bastante probable que la contaminación ambiental perjudique a su salud, y también —y esto es muy importante— que la Unión Europea no hace lo bastante en este campo, que es precisamente el asunto que nos ocupa en el debate de esta mañana.

Antes de todo, quisiera dar las gracias a mis colegas y, de manera especial, a los ponentes alternativos de este informe, la señora Ferreira, el profesor Trakatellis, la señora Breyer, la señora Belohorská y la señora de Brún, por la excelente colaboración que hemos mantenido desde el inicio de este proyecto, que se remonta a 2003. De hecho, fue en 2003 cuando la Comisión Europea dio el pistoletazo de salida a lo que era entonces la iniciativa SCALE, que se centraba en la salud infantil, a lo que siguió un año después el lanzamiento de un plan de acción cuya ejecución estaba prevista para 2010. Ésta es una iniciativa que consideramos insuficiente, puesto que en su Pleno de febrero de 2005, el Parlamento adoptó una Resolución que cabe calificar de bastante crítica partiendo de la simple base de que un plan de acción, per se, no puede tener como único objetivo recabar más datos y llevar a cabo más investigaciones, aunque revistan una importancia vital. Así pues, fue toda una decepción, y más aún cuando un Estado miembro tras otro, y en especial Francia con su plan nacional en materia de sanidad y medioambiente, junto con tantos otros como los Estados Federados alemanes, Bélgica, Luxemburgo o los Países Bajos, por ejemplo, siguieron desarrollando por su cuenta ambiciosos planes nacionales.

Tres años después, ¿qué avances hemos hecho para reducir las enfermedades atribuibles al impacto de la contaminación? A escala comunitaria, me parece que no demasiados, y es por ello que deseo ahora presentar una adecuada revisión intermedia de la situación actual. Sin lugar a dudas, la Unión Europea, como hemos repetido tantas y tantas veces, puede enorgullecerse de haber cosechado numerosos éxitos en la lucha contra varias formas de contaminación. Resulta imposible enumerarlos todos, pero a modo de ejemplo cabe citar la reciente legislación sobre la calidad del aire ambiente —que cabe agradecer en gran medida a sus enormes esfuerzos, señor Comisario—, el paquete sobre los plaguicidas, que está a punto de completarse, y por supuesto la iniciativa REACH, que establece el control de más de 10 000 sustancias químicas y propone la sustitución de aquellas que ocasionan mayores problemas. También desearía referirme a otro importante aspecto, a saber, la financiación que la Comisión ha concedido durante los últimos tres años a los más de 38 proyectos dedicados a la salud y el medio ambiente en el marco del Sexto Programa Marco de Investigación, cuantía que se estima por encima de los 200 millones de euros. En otro orden de cosas, y dada la dificultad de evaluar el impacto de este Plan, que por el momento no ha logrado hacer honor a su nombre, desearía decir que nuestra impresión general es algo ambivalente.

Nuestro proyecto de Resolución de hoy se centra, por consiguiente, en la necesidad de restaurar el principio de precaución, principio que sé que la señora Ministra también valora enormemente. Al igual que ella, creo sinceramente que necesitamos redimir y resucitar dicho principio, que, como he dicho antes, se basa en la acción y no en la abstención, y que debemos garantizar su aplicación en el marco de las políticas comunitarias, de conformidad con el artículo 174, apartado 2, de nuestro Tratado, y con arreglo también a la continuada jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Siguiendo con esta cuestión, creo que es importante que intentemos invertir la carga de la prueba en toda la legislación sobre productos —como afirma el apartado 13 de nuestra Resolución—, porque la única manera de proceder correctamente —y de hecho resulta obvio— consiste en que los productores e importadores sean los responsables de demostrar la inocuidad de un producto. A esto añadiría que, quizás de manera equivocada, esto es lo que la mayoría de los consumidores creen.

La segunda, pero no menos importante, cuestión que suscita inquietud es la abordada en los apartados 23 a 25, a saber, el cambio climático. Hemos estudiado esta cuestión crucial en estrecha colaboración con expertos de la OMS. El fenómeno que con mayor frecuencia describen estos expertos es el aumento de la recurrencia e intensidad de las olas de calor. ¿Cómo podemos olvidar que tras la ola de calor del verano de 2003 se registraron 70 000 defunciones suplementarias en unos diez países europeos? Creemos que, en este sentido, es necesario implantar un sistema de medidas preventivas —una exposición reducida al calor, un sistema de alerta temprana y, desde luego, ayuda para las personas de edad avanzada—. También señalaría que el aumento de las temperaturas acarrea la aparición de determinados virus, como el virus del chikungunya que azotó Italia en 2007, y que, aunque no pasó de ser un epifenómeno —al menos en opinión de los expertos—, quizás fuera un signo de advertencia temprana que nos anuncia numerosas pandemias en Europa. Naturalmente, este problema debe afrontarse con una respuesta adaptada a su posible magnitud y, como mínimo, cabe establecer un sistema de coordinación adecuado entre la Comisión, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades en Estocolmo y las diversas capitales europeas.

Quisiera concluir mi presentación refiriéndome a lo que viene siendo, para el sector sanitario, todo un culebrón, cuya temporada de verano de 2008 se emitió en numerosos países —como Francia o Bélgica, entre muchos otros—. Me refiero a la oleada de información, artículos y estudios —la mayoría de ellos contradictorios— sobre los riesgos sanitarios, ya sean demostrados o no, de los dispositivos de telefonía móvil y, en particular, de la amenaza que plantean para los grupos más vulnerables, especialmente para los niños. Y, en este sentido, el sumamente —por no decir excesivamente— mediático David Servan-Schreiber no fue el primero en dar la voz de alarma. Lo que afirmamos en los apartados 21 y 22 de nuestra Resolución es muy simple: que todos estos estudios tienden a demostrar que los campos electromagnéticos afectan a la salud humana. Por otra parte, cabe recordar que los límites de exposición no se han adaptado desde 1999 y, por consiguiente, sigue constituyendo la normativa oficial vigente en la Unión Europea, mientras que paralelamente existe una total ausencia de consenso entre los investigadores sobre si las ondas GSM plantean o no riesgos para la salud.

Es probable que esta incertidumbre científica perdure aún mucho tiempo. No obstante, llegará el día en que los legisladores tengan que tomar una decisión al respecto, que es de hecho lo que estamos haciendo con la Resolución que estamos presentando hoy aquí.

  Nathalie Kosciusko-Morizet, Presidenta en ejercicio del Consejo. − (FR) Señora Presidenta, señor Comisario, señora Ries, Señorías, a todos los ciudadanos comunitarios les preocupa, de manera bastante legítima, la calidad del medio ambiente, y cada vez existe una mayor preocupación por la correlación entre el medio ambiente y la salud.

Los Ministros de Medio Ambiente tuvieron la oportunidad de abordar esta cuestión el pasado mes de diciembre, y el Consejo le está concediendo ahora una creciente importancia. En este sentido, podríamos citar diferentes patologías, y a pesar de que son numerosas, todavía no se han esclarecido los hechos y la correlación entre la contaminación y la salud. Me refiero a las enfermedades respiratorias, el asma, las alergias, el cáncer y los alteradores endocrinos, en especial cuando afectan a los segmentos más vulnerables de la población —como ya ha señalado la señora Ries—, como los niños, las mujeres embarazadas, las personas de edad avanzada y las personas desfavorecidas.

La nueva estrategia de la Unión Europea para promover el desarrollo sostenible, que fue adoptada por nuestros Jefes de Estado o de Gobierno en junio de 2006, incluye de manera bastante acertada la salud pública como uno de los retos clave a los que nos enfrentamos, con el objetivo de promover la salud sin discriminación y mejorar la protección contra los riesgos sanitarios que se plantean actualmente, y todo ello debe lograrse —y volveré sobre esto más adelante— mediante sólidas medidas preventivas.

Existen diversas maneras de mejorar la situación actual, que ya se han mencionado en su totalidad. Está la mejora de la cooperación entre los sectores sanitario y medioambiental, que en ocasiones tienden, lamentablemente, a ir en diferentes direcciones. Está la necesidad de mejorar la calidad del medio ambiente, que es precisamente lo que estamos haciendo, especialmente con nuestro trabajo sobre la Directiva IPPC y la propuesta de Directiva sobre la calidad del suelo, de la que hablaremos luego, y de mejorar también el conocimiento comunitario en este ámbito. Está el trabajo que estamos realizando en cooperación internacional y, en especial, dentro de la Organización Mundial de la Salud. Y, por último, está el objetivo que estamos persiguiendo de manera muy comprometida de mejorar la manera en que el medio ambiente se integra en cada política, plan y programa pertinente, y especialmente en el transcurso del Plan sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010. En definitiva, es importante que con esta revisión intermedia podamos llegar a una conclusión que nos permita garantizar la máxima eficacia de las medidas adoptadas.

Al igual que la señora Ries, también desearía subrayar la necesidad de adoptar medidas preventivas en todos los diferentes ámbitos de acción y con respecto a todos los puntos mencionados en su trabajo.

El Consejo, en sus conclusiones del pasado mes de diciembre, así como el Parlamento hoy, consideran que es necesario adoptar medidas con la mayor prontitud. Debemos actuar con rapidez y anticipándonos a los acontecimientos. Debemos actuar de conformidad con los principios de prevención y cautela, lo que sin lugar a dudas implica desarrollar nuevas herramientas capaces de prever y analizar las posibles amenazas tan pronto como aparezcan o surja cualquier indicio, y que posteriormente permitan estudiar los diversos problemas desde otro punto de vista como, por ejemplo, teniendo en cuenta el cambio climático o la bioseguridad, que son áreas estrechamente relacionadas con la salud humana.

  Stavros Dimas, Comisario. − (EL) Señora Presidenta, Señorías, hace aproximadamente un año, la Comisión adoptó la revisión intermedia del Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010. Tal revisión consiste en un informe sobre la ejecución hasta la fecha del Plan de Acción.

Me complace que el Parlamento Europeo la haya acogido positivamente y que, al igual que la Comisión, considere de gran importancia la correlación entre el medio ambiente y la salud. Me congratula particularmente que la Presidencia francesa, tanto hoy como a través de su Ministro en anteriores ocasiones, haya dado muestras de su pleno apoyo a este respecto, que tan suma importancia reviste para los ciudadanos comunitarios.

Como saben, el objetivo del Plan de Acción Europeo que pone en relación el medio ambiente y la salud consiste en mejorar la recogida de información y alentar la investigación sobre el medio ambiente y la salud humana, a fin de comprender mejor las amenazas y factores de riesgo que plantea el medio ambiente para la salud humana. De este modo, los líderes políticos a escala comunitaria y nacional podrán elaborar una legislación y unas medidas más efectivas para proteger la salud de los ciudadanos comunitarios.

El Plan abarca trece ejes de acción específicos para el período 2004-2010, y se diseñó tras una amplia consulta a los expertos y organismos que trabajaban en los sectores comunitarios de medio ambiente, salud e investigación.

El Plan de Acción hace especial hincapié en lo esencial que resulta estrechar la cooperación entre los departamentos medioambientales, de salud y de investigación, tanto a escala nacional como comunitaria. Esta cooperación es clave para abordar de la mejor manera posible el impacto recíproco entre el medio ambiente y la salud.

Cuatro años después de la adopción del Plan de Acción, me complace observar que esta estrecha cooperación entre diversos servicios se ha visto al fin consolidada. Está claro que se trata de un avance muy positivo, como indica la revisión intermedia del pasado año.

Permítanme ponerles algunos ejemplos concretos. Los Estados miembros están actualmente colaborando para aplicar un enfoque coordinado comunitario en relación con el control biológico humano. En esta tarea están participando los diferentes ministerios de investigación, sanidad y medio ambiente.

Creo que es importante agregar que, tras la aprobación del informe de progreso del pasado año, la Comisión también emprendió otras actividades importantes, especialmente en relación con el control biológico humano, la relación entre el cambio climático y la salud, la calidad del aire interior, la investigación medioambiental, y la salud y los campos electromagnéticos. Así pues, me complace que estas cuestiones se encuentren incluidas en el informe del Parlamento Europeo.

Permítanme describir brevemente los nuevos avances. La Comisión está ahora adoptando un enfoque más amplio con respecto a la cuestión de la calidad del aire en los espacios cerrados. Este enfoque se encuentra además en consonancia con la Resolución de 2005 del Parlamento Europeo. Por otra parte, se han emprendido numerosas actividades que van más allá de los objetivos específicos del Plan de Acción. Por ejemplo, la Comisión ha financiado nuevos proyectos de investigación, se ha creado un grupo de trabajo de expertos y se ha aprobado un Libro Verde sobre el humo del tabaco, así como diversas opiniones científicas. Lo que aún no se ha decidido son los medios jurídicos para abordar la cuestión del aire en los espacios cerrados de la manera mejor posible.

Con respecto al control biológico humano, la Comisión deplora que la propuesta presentada por el consorcio de los veinticuatro Estados miembros no se considere adecuada para recibir financiación al amparo del Séptimo Programa Marco. En cualquier caso, este mes se publicará una nueva convocatoria para presentar propuestas sobre el control biológico humano.

Entretanto, la Comisión proseguirá con el trabajo preparatorio relativo al proyecto piloto en el marco de la red ERA-Net y de un acuerdo administrativo con el Centro Común de Investigación de Ispra en estrecha colaboración con los Estados miembros.

En cuanto a los campos electromagnéticos, la Comisión sigue de manera continuada los avances científicos a través del Comité científico de los riesgos sanitarios emergentes y recientemente identificados y de la red MNT sobre campos electromagnéticos, un proyecto incluido en el Sexto Programa Marco.

La Comisión promueve la investigación en los ámbitos más importantes a fin de determinar si deben revisarse los valores límite de exposición que establece la Recomendación del Consejo. En este sentido, ha pedido recientemente a cada Comité científico de los riesgos sanitarios emergentes y recientemente identificados que reconsidere su posición a la luz de los datos e informes más recientes.

La correlación entre el cambio climático y la salud es claramente otro de los temas de creciente importancia, como constata la revisión intermedia. Esta cuestión se abordará en el Libro Blanco sobre la adaptación al cambio climático, que está previsto que se adopte muy pronto.

Estos avances indican que la Comisión concede una gran importancia a dotar aún en mayor medida de una dimensión sanitaria a la política medioambiental comunitaria. La legislación reciente, como la relativa a los productos químicos (REACH) y la nueva Directiva sobre calidad del aire ambiente, refuerza la protección medioambiental y sanitaria y ejemplifica una manera de proceder que redunda en beneficio de los ciudadanos comunitarios tanto desde un punto de vista medioambiental como sanitario.

Por último, permítanme dar las gracias a la ponente, la señora Ries, por su informe, su excelente trabajo y el enorme interés que ha demostrado por la relación existente entre el medio ambiente y la salud. También me gustaría reiterar la firme intención de la Comisión de proseguir sus esfuerzos en lo referente al Plan de Acción sobre Medio Ambiente y Salud. La Comisión tiene la determinación de elaborar una legislación medioambiental efectiva y de garantizar la correcta aplicación de la legislación en vigor para proteger tanto el medio ambiente como la salud de los ciudadanos comunitarios.

Con esto en mente, la Comisión desempeñará un papel activo en la preparación de la Quinta Conferencia Ministerial sobre Medio Ambiente y Salud, cuya celebración está prevista para julio de 2009.

  Françoise Grossetête , en nombre del Grupo del PPE-DE. – (FR) Señora Presidenta, permítanme antes de todo darle la bienvenida a la señora Kosciusko-Morizet, cuyas convicciones y determinación en este ámbito todos conocemos, y también al Comisario. Por supuesto, deseo felicitar a la señora Ries por el excelente trabajo realizado al abordar una cuestión que reviste tan suma importancia y les preocupa tanto a nuestros ciudadanos. Hipócrates dijo una vez que para estudiar medicina es necesario estudiar el clima. Si bien cabe reconocer los esfuerzos que la Comisión Europea ha hecho desde el lanzamiento en 2004 del Plan de Acción sobre Medio Ambiente y Salud, es de lamentar que esta iniciativa no se base en una verdadera política de prevención que tenga por objeto reducir las enfermedades asociadas a factores medioambientales y que persiga un objetivo claro y debidamente cuantificado. Hace diez años, cuando nos encontrábamos hablando del cambio climático, no se hizo ninguna alusión a los riesgos para la salud. Hoy, la frecuencia de las olas de calor, las inundaciones, los incendios naturales y otro tipo de catástrofes naturales en la Unión Europea está haciendo variar la aparición de las enfermedades provocadas por determinadas bacterias y virus y transmitidas por determinados insectos. Así pues, debemos adquirir un mejor conocimiento de las consecuencias que todo ello puede tener para la salud humana, y especialmente para la salud de los miembros más vulnerables de la sociedad, a fin de que seamos más capaces de controlar los riesgos asociados. Mientras que el programa de salud pública (2008-2013) tiene como objetivo principal actuar sobre los factores tradicionalmente determinantes de la salud, como la alimentación, el tabaquismo, y el consumo de alcohol y drogas, el presente Plan de Acción (2004-2010) se centrará en los nuevos retos sanitarios y en abordar los factores medioambientales determinantes que afectan a la salud humana. Me refiero a la calidad del aire, las ondas electromagnéticas —un tema al que ya se ha hecho referencia—, las preocupantes nanopartículas, las sustancias que se consideran carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción y los alteradores endocrinos —como hemos visto en la normativa REACH—, y también a los riesgos para la salud que plantea el cambio climático y sobre los que ya he hablado. También desearía señalar que, mientras las enfermedades respiratorias son la segunda causa de mortalidad en términos de incidencia, prevalencia y gasto en la UE, constituyen la principal causa de mortalidad infantil en los niños menores de cinco años y siguen desarrollándose, en particular, a causa de la contaminación del aire exterior e interior.

En lo relativo a la salud urbana ambiental y, en particular, en relación con la calidad del aire en los espacios cerrados, la Comisión debería reforzar sus acciones contra la contaminación doméstica, habida cuenta de que el ciudadano europeo pasa una media del 90 % de su vida en el interior de edificios. Sabemos que esta cuestión, esta correlación entre el medio ambiente y la salud, es un tema particularmente importante y delicado y, por ello y por el bien de nuestros ciudadanos, debemos encontrar una respuesta adecuada con la mayor prontitud.

  Anne Ferreira, en nombre del Grupo PSE. – (FR) Señora Presidenta, señora Kosciusko-Morizet, señor Comisario, Señorías, en primer lugar me gustaría sumarme a las alabanzas hacia nuestra colega por el trabajo que ha realizado y la determinación demostrada en el tratamiento del presente expediente. Ésta es una determinación que comparto, porque la relación entre el medio ambiente y la salud, ahora ampliamente reconocida, merece que le demos una respuesta en forma de acción política.

Resulta, por tanto, esencial avanzar para actualizar nuestro conocimiento a este respecto y, en especial, para ejecutar acciones diseñadas con vistas a limitar los efectos nocivos de nuestro medio ambiente sobre la salud humana.

El Plan de Acción identifica claramente y abarca los diferentes ámbitos de actuación. En este sentido, no sólo ha sido necesario tener en cuenta los efectos del cambio climático y diseñar métodos de evaluación de riesgos, sino también abordar otros factores como los campos electromagnéticos.

También me complace observar que el informe contiene una referencia al documento de 2007 que elaboró la Agencia Europea de Medio Ambiente y que demuestra que la contaminación atmosférica y, en particular, la relacionada con las partículas finas y el ozono a nivel del suelo, constituye una amenaza importante para el correcto desarrollo de los niños y acorta la esperanza de vida en la UE.

Sin embargo, lamento que no se hayan incluido en el texto los problemas de salud asociados al entorno laboral. Cabe recordar que millones de personas padecen en la actualidad enfermedades asociadas al entorno de trabajo y cuyas causas son muchas y muy diversas: estrés, intensidad del trabajo, contaminantes, trastornos osteomusculares asociados con una ergonomía deficiente del lugar de trabajo, etc. Espero que este tema se aborde con la debida seriedad en otras comisiones.

Como la señora Ries ha dicho, el mayor problema reside también en que nos estamos quedando rezagados. Desde mi punto de vista, la Comisión no ha desempeñado un papel lo suficientemente activo como para estar a la altura de los compromisos que ella misma se fijó. Me refiero, por ejemplo, a la cuestión de las nanopartículas, un tema que actualmente es objeto de numerosos informes y que suscita numerosos interrogantes.

Por ejemplo, en la Comunicación de la Comisión de 2007 sobre los objetivos para 2004-2006 se puede leer que el objetivo consiste en analizar los posibles efectos de las nanopartículas sobre la salud y el medio ambiente. Así pues, se previó realizar, durante el período 2007-2010, una investigación sobre el riesgo potencial que entrañan las nanopartículas para la salud humana. Esto implica que se tardará tres años en analizar una cuestión y tres años más en realizar los consiguientes estudios. Creo que podríamos dar muestra de una mayor eficiencia.

Indudablemente existen razones para adoptar este inadecuado planteamiento: la falta de recursos humanos y económicos. No obstante, ¿qué credibilidad puede esperar la UE si no logra cumplir sus propios compromisos? Sabemos que los ciudadanos europeos son capaces de reconocer el valor añadido de la dimensión comunitaria en relación con este tipo de cuestiones. Así pues, no les decepcionemos.

Terminaré con una pregunta dirigida directamente al Consejo y a la Comisión: señor Comisario, antes se refirió a la cooperación entre diferentes servicios y entre equipos de investigación, lo cual es algo positivo. ¿Existe también una coordinación entre los diferentes planes nacionales en materia de salud ambiental elaborados por los diferentes Gobiernos y el Plan de Acción Europeo? Por último, señora Ministra, ¿nos podría indicar —cuando vuelva a hacer uso del turno de palabra— si, por ejemplo, Francia ha vinculado sus esfuerzos a los realizados en el marco de la cumbre denominada «Grenelle del medio ambiente»?

  Lena Ek, en nombre del Grupo ALDE. – (SV) Señora Presidenta, normalmente suelo decir que la UE debería abarcar menos y apretar más; en otras palabras, que deberíamos centrar nuestras acciones a la par que respetamos el principio de subsidiariedad. Éste es precisamente el caso del presente Plan de Acción. Desearía comentar varios de los puntos que nuestra ponente, la señora Ries, aborda en su informe. Su crítica de que existe una ausencia de objetivos e indicadores cuantificables es muy grave. Deberíamos, por tanto, incorporarlos al Plan de Acción. Las críticas de la ponente y de varios de sus Señorías de que las medidas preventivas resultan insuficientes son igualmente graves. Se refieren directamente a este documento y debemos tenerlas en cuenta al proseguir con nuestros trabajos.

Desearía hacer particular hincapié en tres aspectos: los grupos vulnerables, las enfermedades endémicas y la correlación entre el clima y la salud. Debemos ser más conscientes de las diferencias que existen al tratar y medicar a adultos y niños, y a mujeres y hombres. Resulta escandaloso que aún no haya quedado patente ni se tenga en cuenta a la hora de investigar y administrar tratamientos médicos.

El trabajo que ya se ha iniciado sobre la movilidad de los pacientes en el mercado interior es increíblemente importante para diferentes grupos de pacientes como, por ejemplo, aquellos que sufren lesiones en el cuello, ya que las pautas de tratamiento pueden variar en función del Estado miembro.

Acojo con beneplácito el énfasis de la Presidencia francesa en la enfermedad de Alzheimer, una de nuestras principales enfermedades endémicas, pero necesitamos también un enfoque coordinado en relación con la diabetes, el asma y el reumatismo, por citar sólo algunos ejemplos. Esto es igualmente válido en el caso de las lesiones relacionadas con el entorno laboral.

Actualmente estamos presenciando en Europa y en todo el mundo una tendencia al alza que llevábamos tiempo sin ver de los casos de pandemias y de transmisión de virus, bacterias y parásitos. Obviamente, esto se relaciona en parte con el cambio climático.

Dado que las bacterias han desarrollado resistencia a los antibióticos, los medicamentos y tratamientos han perdido su efectividad, y éste es uno de nuestros problemas sanitarios más urgentes. A este respecto cabe decir que es una pena que las principales empresas farmacéuticas hayan dejado en buena medida de desarrollar nuevos antibióticos. Espero que la Presidencia y la Comisión aborden este grave e importante problema con la mayor premura.

También necesitamos analizar las diferentes situaciones hipotéticas que plantea el cambio climático. ¿Cuáles serían los efectos para la salud en Europa si la temperatura subiera en todo el mundo dos, cuatro o incluso más grados? Por el momento no disponemos de información al respecto. Si se supone que debemos ser capaces de tomar decisiones concretas y correctas en relación con el paquete sobre el cambio climático, también necesitamos material fiable sobre los diversos modelos hipotéticos climáticos a los que puede que tengamos que hacer frente en el futuro.

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señora Presidenta, puesto que en el marco de este debate sobre la revisión intermedia del Plan de Acción Europeo sobre el Medio Ambiente y la Salud 2004-2010 intervengo en nombre del Grupo UEN, me gustaría señalar las siguientes cuestiones.

En primer lugar, unas medidas adecuadas para mejorar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático requieren recursos financieros adicionales. Esto pone a las autoridades y entidades económicas públicas de los nuevos Estados miembros en una situación particularmente difícil. Como es obvio, los nuevos Estados miembros están concentrando todos sus esfuerzos principalmente en ponerse a la altura de los países más desarrollados de la Unión Europea en términos de desarrollo.

En segundo lugar, la Unión Europea está esforzándose por tomar la delantera, por ejemplo, en lo referente a limitar las emisiones de dióxido de carbono. No obstante, la Comisión asignó los límites sin tener en cuenta el trabajo que debe realizar cada uno de los Estados miembros en materia de desarrollo. Como consecuencia, a mi país, Polonia, se le concedió un límite reducido de emisiones de dióxido de carbono, lo que provocó que los precios de la electricidad aumentaran de manera inmediata entre un 10 % y un 20 %. Y no quiero ni imaginar lo que subirán los precios de la electricidad después de 2013, cuando las centrales eléctricas tengan que comprar todos sus límites de emisiones en el mercado abierto. Así, una medida sensata para limitar las emisiones de dióxido de carbono, y por tanto combatir el cambio climático, ha pasado a ser una carga para los consumidores y ha dado lugar a un descontento social cada vez más generalizado.

En tercer lugar, las medidas que contiene el informe sobre la atención sanitaria también requieren recursos financieros adicionales. Es particularmente difícil para los Estados miembros menos desarrollados encontrar estos recursos, puesto que ya tienen dificultades importantes para financiar la atención sanitaria básica para sus propios ciudadanos. Para concluir, me gustaría dar las gracias a la señora Ries por haber presentado un informe tan completo y exhaustivo sobre el impacto del medio ambiente para la salud humana.

  Hiltrud Breyer, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señora Presidenta, nos encontramos a mitad de camino en este Plan de Acción, y ha llegado el momento de realizar una revisión. Estamos recapitulando lo que se ha hecho hasta el momento, y la pregunta que debemos plantearnos es la siguiente: ¿se han obtenido resultados visibles?

La Comisión ha optado por la vía fácil afirmando su conformidad. Sin embargo, si enfermamos por causa del aire que respiramos y el agua que bebemos, Europa debe adoptar medidas y convertirse en la fuerza motriz que impulse un nuevo planteamiento general en relación con tales riesgos sanitarios. Es por ello que el Plan de Acción no puede considerarse simplemente como un componente adicional de la actual política comunitaria, sino que es necesario fijar nuevos puntos de referencia.

Celebro que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria haya adoptado una posición tan sumamente crítica con respecto al Plan de Acción y haya exigido mejoras importantes. Tenemos la firme convicción de que el Plan de Acción estará condenado al fracaso si no se basa en una política proactiva de prevención; y debe dejarse claro que, sin metas cuantitativas específicas, se quedará en agua de borrajas.

Nos complace que el informe medioambiental tenga una importante carga ecológica, en especial en lo referente a la nanotecnología. Y es que a la luz está que el Plan de Acción no da cuenta debidamente de los nuevos riesgos potenciales. De hecho, resulta escandaloso que cuando se trata de los riesgos asociados con la nanotecnología, la Comisión Europea siga escondiendo la cabeza bajo el ala y afirmando que la legislación vigente es del todo adecuada. Pero sabemos que no es así. En verdad, se está permitiendo que la nanotecnología se desarrolle en un vacío jurídico.

Además, está el problema de la contaminación electromagnética: sabemos que este tipo de radiación plantea un importante y creciente problema, así que resulta del todo inadmisible que, como diputados al Parlamento Europeo, rebajemos unos valores límite que ya se fijaron muy elevados. Y otra cuestión es la calidad del aire en los espacios cerrados: la UE ha fijado objetivos en lo referente a la protección contra las partículas finas, pero ¿qué sucede con la calidad del aire en los espacios cerrados, puesto que es en ellos donde pasamos la mayoría de nuestro tiempo? La Comisión no puede seguir obviando esta cuestión.

Así pues, pedimos a la Comisión que presente unas propuestas legislativas claras para mejorar la calidad del aire que abarque todas las áreas pertinentes: proyectos de construcción, colas de carpintería, etc.

Lograr una mayor protección para los grupos especialmente vulnerables como los niños y las mujeres embarazadas es una cuestión que también nos toca muy de cerca y, en este sentido, el principio de precaución debe ser el principio rector de nuestra legislación en todos los ámbitos. Naturalmente, nos habría gustado obtener mayores logros, pero confiamos en que la Comisión no se conforme con esto. No podemos permitir que este ámbito de trabajo se paralice y estamos convencidos de que podemos seguir adelante con esta cuestión.

  Bairbre de Brún, en nombre del Grupo GUE/NGL.– (GA) En primer lugar, me gustaría expresar mi satisfacción por el informe de la señora Ries.

Pido a la Comisión y a los Estados miembros que renueven su total compromiso con los objetivos del Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud y lo refuercen para hacerlo más ambicioso y adaptarlo en mayor medida a nuestras necesidades. Recibo con beneplácito, en particular, lo que el Comisario Dimas acaba de decir. El aumento de la incidencia de determinados tipos de cáncer nos demuestra que no podemos permitirnos el lujo de dormirnos en los laureles.

Desearía destacar, en particular, la gran importancia que reviste la acción en el ámbito de la salud mental. Las enfermedades mentales constituyen uno de los principales riesgos de suicidio en Irlanda, y el suicidio es la principal causa de muerte entre nuestros jóvenes. La UE debe ofrecer un mayor apoyo a la elaboración de estrategias de prevención adecuadas. En este sentido, sería bienvenida cualquier medida a escala comunitaria o internacional que nos ayude a promover la salud mental.

Asimismo, apoyo las solicitudes de medidas relativas a la calidad del aire interior y a la seguridad de los compuestos químicos que se utilizan en los equipos y el mobiliario. La Comisión ha adoptado algunas medidas importantes, pero necesitamos una política integral sobre la calidad del aire en los espacios cerrados a la luz de los numerosos casos de enfermedades respiratorias en la UE.

También debemos brindar apoyo a nuestras PYME de modo que puedan cumplir la normativa en materia de salud ambiental y se adopten medidas destinadas a reducir su impacto sobre el medio ambiente. En mi circunscripción, Interreg ofreció apoyo a un maravilloso proyecto referente a esta cuestión.

El clima está cambiando, lo cual conlleva nuevos desafíos tanto sanitarios como medioambientales. Debemos enfrentarnos directamente y de manera eficaz a las nuevas amenazas que plantea el cambio climático para nuestro medio ambiente y nuestra salud.

Ya se ha hecho mucho, pero el mensaje que hoy deseo transmitir a la Comisión Europea es que se requieren metas más ambiciosas y acciones más concretas y precisas.

  Irena Belohorská (NI). - (SK) Desearía dar las gracias al Comisario y a la señora Ministra por asistir a esta reunión y escuchar nuestros puntos de vista. También deseo dar las gracias a la señora Frédérique Ries, la ponente, por haber elaborado este informe. Nos encontramos ante un plan muy ambicioso, cuya evaluación resulta harto difícil, por no decir imposible. Además, estamos evaluando la consecución de unos ambiciosos objetivos en las circunstancias tan dispares que presentan los veintisiete Estados miembros, que poseen diferentes sistemas de atención sanitaria y diferentes entornos naturales.

Una de las cuestiones que cada vez suscita mayor preocupación es el cáncer. A menudo nos hemos tenido que enfrentar a previsiones que planteaban graves amenazas. Actualmente disponemos de estadísticas que indican que esta enfermedad se cobra numerosas vidas principalmente entre la población activa y las personas jubiladas. Y ya son muchas las ocasiones en que se ha demostrado claramente el efecto del medio ambiente sobre el estado de salud de la población.

Tanto o más importante es —y esto es algo que el informe también recalca— que se informe a la población tanto de los efectos del medio ambiente sobre la salud y de la incidencia de las enfermedades graves como de la capacidad de diversas organizaciones no gubernamentales para apoyar estas actividades.

Éstas son las dos caras de una misma moneda: por una parte, es importante que la Unión Europea o las instituciones locales proporcionen información, pero por otra parte, también resulta vital que la población pueda tener acceso a ella, sepa cómo obtenerla y cómo abordarla.

La prevención sólo resulta eficaz si se entiende e interpreta debidamente y, en caso de reunirse estas condiciones, también se podría realizar un seguimiento de la respuesta en cifras reales. Es posible realizar una evaluación a corto plazo del Plan, pero los efectos más importantes de la aplicación de estas medidas se podrían observar y cuantificar mejor a largo plazo.

  Avril Doyle (PPE-DE). - Señora Presidenta, si bien acojo con satisfacción esta revisión, creo también que este debate requiere una mayor sinceridad por nuestra parte, y debemos aceptar que no podemos proteger a todas las personas —nuestros ciudadanos— de ellos mismos, ni tampoco deberíamos legislar sobre todos los riesgos que suponen una amenaza para la vida. De hecho, al pretender dar la impresión de que nos proponemos regular todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas —que es la interpretación actual—, estamos poniendo en riesgo el apoyo popular al proyecto de la UE. Debemos ser especialmente cuidadosos para transmitir exactamente en qué consiste el proyecto de la UE.

También desearía reiterar que la mayor parte de este Plan no consiste únicamente en darle un nuevo aire a los proyectos ya planificados. Debemos mejorar la aplicación de la legislación comunitaria vigente en los Estados miembros, así como el seguimiento y la supervisión del cumplimiento por parte de la Comisión. Desde mi punto de vista, resulta primordial ampliar el alcance de la evaluación y, de hecho, del debate sobre el desarrollo y la eficacia de la legislación en vigor.

La principal inquietud de esta Cámara a la hora de elaborar nueva legislación debe ser el paquete sobre el clima y la energía. Y es que el cambio climático afectará de muy diversas maneras a nuestra salud: habrá malnutrición a causa de la escasez de alimentos en algunas partes del mundo; se producirán muertos y heridos a consecuencia de las adversidades meteorológicas extremas como las olas de calor, las inundaciones, las tormentas, los incendios y los consiguientes problemas sociales; se incrementará la carga que representan las enfermedades diarreicas; aumentará la incidencia de las enfermedades cardiorrespiratorias; y surgirán graves problemas asociados con la escasez de agua y de agua potable —de hecho, más del 40 % de la población tendrá, en alguna medida, problemas de escasez de agua en los próximos diez años—. Así pues, me complace sobremanera que esta Resolución sobre la revisión intermedia reconozca los efectos sobre la salud del cambio climático, algo que considero que cabe aplaudir.

En otro orden de cosas, un tema muy preocupante —que sigue ocupando un lugar secundario en la agenda comunitaria y de los Estados miembros— es toda la cuestión de la salud mental en el ámbito de la UE. Uno de cada cuatro europeos sufre, al menos una vez en su vida, algún problema de salud mental. Tan sólo en Irlanda, el coste de las enfermedades mentales se calcula en hasta un 4 % de nuestro PIB y, por desgracia, sólo el año pasado se registraron más de 460 suicidios. Estas cifras representan un aumento de un 12 % respecto al año anterior, 2006, en un país como Irlanda, que ocupa los primeros puestos en los barómetros de los países con una mayor calidad de vida, por detrás —creo— de Luxemburgo. (Aunque desconozco quién elabora los criterios utilizados en estos barómetros.) No obstante, es algo que tenemos que plantearnos.

El problema que plantean las enfermedades mentales en Europa y los problemas previstos a este respecto merecen atención y estrategias de prevención en este ámbito tan sumamente importante. El pronóstico de la ponente de que el Plan de Acción, ya sea en parte o en su totalidad, está condenado al fracaso es motivo de preocupación y, por tanto, desearía oír por boca de la Comisión —pero también de la Presidencia— que éste no será el caso.

  Evangelia Tzambazi (PSE). – (EL) Señora Presidenta, Señorías, desearía felicitar a la ponente por la exhaustividad y la coherencia del informe que ha elaborado, que evalúa de manera objetiva los avances realizados en la ejecución del Plan de Acción Europeo 2004-2010, a la par que recoge las carencias y los nuevos datos a este respecto.

Permítanme señalar algunas cuestiones en relación con la calidad del aire interior y su repercusión sobre la salud humana, especialmente para los grupos más vulnerables como los niños y las personas de edad avanzada. Teniendo en cuenta que pasamos un 90 % de nuestro tiempo en espacios cerrados, la Comisión Europea debe elaborar con carácter urgente una estrategia a este respecto que se centre tanto en establecer unas directrices como en proteger a los ciudadanos expuestos a las múltiples fuentes de contaminación biológica y química.

Resulta esencial que se establezca un marco adecuado para reducir la exposición a los productos químicos. Por otra parte, debe hacerse especial hincapié en el estado de los edificios públicos, las oficinas y las escuelas, de modo que podamos proteger a los más vulnerables.

  Janusz Wojciechowski (UEN). - (PL) Señora Presidenta, la conexión entre la salud y el medio ambiente es obvia, así como también lo es la existente entre el medio ambiente y la agricultura, ya que una agricultura prudente y racional contribuye a proteger el medio ambiente.

Lamentablemente, nos enfrentamos a determinados desarrollos agrícolas que afectan negativamente al medio ambiente. Las pequeñas explotaciones agrícolas familiares están desapareciendo, y la agricultura europea está experimentando una industrialización creciente, lo cual resulta perjudicial para el medio ambiente. La política agrícola debería ofrecer una mayor protección a las explotaciones agrícolas familiares más pequeñas, puesto que sus actividades resultan menos perjudiciales para el medio ambiente.

La tecnología de los OMG viene a sumarse al resto de amenazas, que sigue extendiéndose a pesar de que existe una gran preocupación por los efectos negativos de estos cultivos para el medio ambiente y la salud humana y animal. Éste es un tema que exige precaución por parte de la Unión Europea. Por consiguiente, apoyo el informe de la señora Ries, a la que hay que dar la enhorabuena por su excelente trabajo.

  Satu Hassi (Verts/ALE). – (FI) Señora Presidenta, Señorías, quisiera expresar mis más sinceros agradecimientos a la ponente, la señora Ries, por su excelente trabajo. Lamentablemente, me veo obligada a convenir con las críticas expresadas por muchos de los aquí presentes en relación con el propio programa, que se centra en las medidas existentes y no en mostrar el camino a seguir.

Cuando las personas empiezan a emocionarse con los nuevos avances, se obvia, una y otra vez, el principio de precaución. Esto es algo que también estamos constatando ahora con los nanomateriales y los campos electromagnéticos. Los nanomateriales están cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana, incluso en los productos de consumo, pero la legislación aún va por detrás, a pesar de las advertencias de los investigadores de que los nanomateriales podrían convertirse en un problema sanitario comparable al del amianto si no abordamos seriamente sus riesgos. Lo mismo sucede con los campos electromagnéticos, a los que se encuentran expuestos cientos de millones de personas a pesar de lo poco que sabemos de sus efectos. En algunos países, como Italia, existe un área de seguridad de 500 metros entre las estaciones base y las escuelas, mientras que en Finlandia se pueden encontrar estaciones base incluso en los techos de las escuelas. Así pues, se necesita urgentemente una nueva normativa comunitaria que tenga en cuenta los resultados obtenidos de las investigaciones científicas.

  Jana Bobošíková (NI). - (CS) Señorías, estoy completamente de acuerdo con la evaluación del Plan de Acción sobre Medio Ambiente y Salud de la señora Ries. Al igual que ella, creo que el Plan resulta indescifrable y está condenado al fracaso. Algunos de sus objetivos, como la prevención del suicidio o la estrategia de comunicación sobre los efectos del cambio climático para la salud humana, resultan realmente asombrosos. El Plan se asienta sobre unos cimientos incorrectos, tanto desde un punto de vista económico como, en particular, desde un punto de vista organizativo. Las acciones que cabe ejecutar son vagas y confusas, y son más los interrogantes que plantea que las soluciones que aporta. El documento también viene a duplicar el plan análogo de la Organización Mundial de la Salud.

Lamentablemente, el Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud no es más que otra de las cuestiones en las que resulta legítimo afirmar que se está malgastando el dinero de los contribuyentes y que se está generando una burocracia inútil en Bruselas. Creo que la Comisión debería poner fin de inmediato a la ejecución de este Plan, anunciar que no se proseguirá con el mismo a escala comunitaria y cooperar más estrechamente con la Organización Mundial de la Salud.

  Edite Estrela (PSE). – (PT) Desearía empezar felicitando a la señora Ries por su trabajo. La correlación entre la degradación del medio ambiente y los riesgos sanitarios es, hoy por hoy, algo que resulta evidente. Actualmente, hay más enfermedades asociadas a factores medioambientales y al cambio climático, como las enfermedades respiratorias, las alergias y los cánceres.

El calentamiento global está originando nuevas pandemias. Los estudios revelan que las sequías y las inundaciones se cobran más víctimas mortales que ninguna otra catástrofe natural. Por otra parte, la baja calidad del aire en las escuelas e instituciones sanitarias también está dando lugar a graves problemas.

Cada vez son más las personas que contraen enfermedades debido a la contaminación del aire en las grandes ciudades y en el interior de los edificios, a la contaminación del agua e incluso de las aguas subterráneas, a la contaminación de las tierras agrícolas por los productos fitosanitarios, y a la falta de tratamiento de las aguas residuales y los residuos urbanos. En definitiva, hay que adoptar medidas para prevenir futuros problemas.

  Luca Romagnoli (NI). - (IT) Señora Presidenta, Señorías, el informe de la señora Ries es totalmente irreprochable, ya que la ponente ha llevado a cabo un estrecho y atento seguimiento de la ejecución de las acciones planificadas por la Comisión, incluso formulando preguntas, y exige mayores esfuerzos con la esperanza de alcanzar la tan apreciada estrategia preventiva que debe caracterizar la acción política comunitaria.

Asimismo, aplaudo que se solicite a la Comisión la publicación de un Libro Verde sobre la calidad del aire interior, y desearía destacar la sensibilidad mostrada por la ponente con respecto a preocupaciones como el efecto de los campos electromagnéticos sobre la salud humana.

En general, apoyo todo lo dicho por la señora Ries y espero que este informe obtenga un amplio apoyo del Parlamento.

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) El cambio climático tiene unos importantes efectos sobre la salud humana, puesto que contribuye a la propagación de determinadas enfermedades infecciosas y parasitarias, principalmente debido al aumento de la temperatura.

La frecuencia con que se producen olas de calor, inundaciones e incendios en terrenos sin cultivar puede acarrear la aparición de otras enfermedades, instaurar unas condiciones higiénicas deficientes o cobrarse víctimas mortales.

En verano, Rumanía tiene que hacer frente, cada vez en mayor medida, a olas de calor, inundaciones y tormentas. Las inundaciones de este verano han dejado a miles de ciudadanos rumanos sin cobijo y sin unas condiciones higiénicas adecuadas.

Así pues, pido a la Comisión que proporcione a Rumanía el apoyo financiero necesario para reducir los efectos de estas catástrofes naturales.

La reducción de las emisiones generadas por el transporte, que es el responsable del 70 % de la contaminación urbana, contribuiría a mejorar la calidad del aire. Directivas como las relativas a la calidad del combustible, a la reducción de las emisiones de los vehículos de motor y a la promoción de vehículos ecológicos para el transporte urbano contribuirán a reducir la contaminación medioambiental.

No obstante, es importante vigilar su ejecución y los resultados obtenidos.

  Daciana Octavia Sârbu (PSE). – (RO) El informe internacional «Bio-Iniciativa» sobre los campos electromagnéticos y sus efectos sobre la salud humana suscita inquietud, puesto que indica que los valores límites establecidos en relación con la protección contra las radiaciones no ionizantes son obsoletos y que se necesitan medidas con carácter urgente para reducir la exposición del público a las radiaciones generadas por el equipo que utilizan los operadores de telefonía móvil.

Estudios científicos han revelado que estas radiaciones ocasionan problemas de salud, como trastornos del sueño, leucemia infantil y un aumento significativo del estrés, y que utilizar el teléfono móvil durante diez años duplica el riesgo de cáncer cerebral. El nuevo Plan de Acción sobre Salud debe tener en cuenta estas amenazas que van en aumento debido a la aparición de las nuevas tecnologías y que están ganando terreno en las zonas rurales y los países en desarrollo.

Debemos seguir investigando en este ámbito y en relación con las enfermedades mentales, como el estrés y la depresión, para determinar si pueden estar realmente asociadas a las radiaciones no ionizantes.

  Genowefa Grabowska (PSE). - (PL) Señora Presidenta, me gustaría felicitar a la ponente por su informe sobre esta cuestión, que tan suma importancia reviste para todos los ciudadanos europeos. Desearía centrarme en un punto en particular y destacar la importancia del control biológico humano, procedimiento que permite calcular la relación entre la contaminación ambiental y la salud de los europeos. Ésta es una estrategia en la que no debemos escatimar recursos. Debemos invertir en investigación para luego llevar a la práctica sus resultados. Además, no deberíamos limitarnos a llenarnos la boca con el principio de precaución. Deberíamos aplicar este principio siempre que no estemos seguros de los perjuicios para nuestra salud que pueda acarrear cualquier aspecto ambiental. El principio de precaución también contribuye a impedir la propagación de enfermedades. Con él, se puede impedir la propagación de las alergias y lograr que la calidad de vida de los ciudadanos europeos mejore. Creo que la Unión Europea debe hacer más en el ámbito de las enfermedades vinculadas a factores ambientales y tomar medidas más eficaces en aras de los ciudadanos. Espero que la Comisión lo haga también.

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Me gustaría felicitar a la ponente, la señora Ries, por su informe, que describe el grado de ejecución del Plan de Acción y presenta numerosas recomendaciones para la siguiente fase.

Acojo con satisfacción las medidas implantadas por la Comisión Europea con vistas a mejorar la calidad ambiental en espacios interiores. Como médico, considero que este avance reviste una importancia cabal. Y es que todos nosotros pasamos una gran mayoría de nuestro tiempo en espacios cerrados, ya sea en la oficina, en la escuela o en el hogar. Y unos elevados niveles de contaminación pueden provocar enfermedades asmáticas, alergias e incluso cáncer. Por consiguiente, apoyo la propuesta de publicar un Libro Verde y de adoptar una estrategia comunitaria adecuada a este respecto.

Asimismo, considero importante que prestemos atención a la radiación electromagnética. El progreso técnico puede, si se usa indebidamente o en exceso, representar un claro riesgo para la salud, que se puede manifestar en forma de unos patrones de sueño irregulares, en la enfermedad de Alzheimer, en leucemia o en otras enfermedades. La Comunidad Europea debe, por tanto, desempeñar un papel más activo y adoptar una posición con respecto a esta nueva amenaza, así como tomar medidas prácticas.

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) Desearía añadir que la población de la Unión está envejeciendo y que, por consiguiente, considero que el Plan Europeo sobre Medio Ambiente y Salud debería abordar los problemas que afrontan las personas de edad avanzada.

No obstante, el año 2010 no es una perspectiva demasiado cercana. Creo que se requiere una perspectiva a largo plazo y una estrategia adecuada. Tampoco debemos olvidar que la tasa de natalidad ha descendido en los últimos años. A esto se suma que, en algunos Estados miembros, la tasa de mortalidad infantil es elevada. La sostenibilidad económica de la Unión se basa en una población comunitaria joven y sana y, por tanto, la Unión necesita presentar un plan de medidas concretas que garanticen el crecimiento natural que exige la comunidad.

Desearía concluir recordándoles la necesidad de que la Comisión encargue estudios epidemiológicos para determinar los efectos de la radiación electromagnética sobre la salud humana.

  Nathalie Kosciusko-Morizet, Presidenta en ejercicio del Consejo. − (FR) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, quisiera destacar el considerable número de diputados que han intervenido en este debate y han decidido hacer referencia a otros problemas medioambientales, algo que, desde mi punto de vista, hacen bien en hacer y nos indica, de hecho, que debemos coordinar e integrar en mayor medida las diferentes políticas ambientales. He tomado buena nota, por ejemplo, de las referencias que han hecho al cambio climático la señora Ek, la señora Ţicǎu y también el señor Kuźmiuk —si bien su intervención iba en otro sentido—, y de los problemas agrícolas a los que se ha referido el señor Wojciechowski, así como de la alusión a la Directiva relativa a las aguas residuales urbanas de la señora Estrela. Todas estas cuestiones están relacionadas entre ellas, y esta evidente complejidad debe aportarnos una motivación suplementaria para ampliar nuestro conocimiento en materia de salud ambiental. Sí, señora Doyle, la Presidencia está totalmente motivada en este sentido. Estos objetivos se lograrán mediante las Directivas en las que nos encontramos trabajando actualmente, a saber, la Directiva IPPC, la propuesta de Directiva sobre los suelos y el paquete de medidas sobre la energía y el clima, al que menciono dadas las alusiones que se han hecho al cambio climático. Con estas Directivas estamos de algún modo abordando estas cuestiones y estableciendo vínculos con varias enfermedades conocidas, como el cáncer, al que se ha referido la señora Belohorská.

Pero están surgiendo también numerosos problemas nuevos, a los que muchos de sus Señorías se han referido hoy aquí. El problema de las ondas electromagnéticas ya se ha investigado con cierta exhaustividad —me refiero concretamente al estudio Interphone—, pero en el mercado aparecen constantemente nuevas tecnologías y, en cualquier caso, esto nos obliga a adoptar un enfoque a muy largo plazo. También estoy pensando en la calidad del aire interior, una cuestión a la que se han referido muchos de sus Señorías y que no debería considerarse un tema emergente, puesto que siempre ha estado presente. No obstante y a pesar de que pasamos un 90 % de nuestro tiempo en espacios interiores, se trata de una cuestión mucho menos investigada que la calidad del aire exterior.

La señora Ferreira deseaba saber si, por ejemplo, existe alguna relación a escala nacional en Francia entre la cumbre medioambiental denominada «Grenelle» y el Plan de Acción Europeo. En el contexto de la Grenelle medioambiental hemos realizado un trabajo considerable en materia de salud ambiental y hemos abordado los mismos problemas que, de algún modo u otro, se están debatiendo hoy aquí. En primer lugar, tenemos las enfermedades conocidas, aquellas sobre las que disponemos de información y en relación con las cuales deben hacerse mayores progresos, incluida la cuestión de los cánceres asociados a factores ambientales. Después están todas las nuevas inquietudes sobre las que podemos actuar en mayor medida. En la Grenelle medioambiental, por ejemplo, hemos previsto clasificar todas las nanopartículas, iniciar un proceso de declaración obligatoria para aquellas nanopartículas que se comercialicen, ofrecer una mejor legislación y un mejor sistema de vigilancia del aire interior, y mejorar los controles de todos los equipos y mobiliarios interiores, algunos de los cuales presentan problemas en relación con la calidad del aire interior.

Señora Ferreira, en su intervención preguntó por la coordinación y si se había establecido realmente algún grado de coordinación entre los sistemas sanitarios y ambientales nacionales y el Plan de Acción Europeo. Obviamente, este tipo de coordinación no estará exenta de problemas. Actualmente, nos encontramos en una fase en la que los diversos Estados miembros están elaborando su propio plan partiendo de la base de sus propios problemas. Habiendo dicho esto, creo que podría llegar a establecerse una cierta coordinación una vez completada la fase inicial, lo cual servirá de base para la siguiente etapa del proceso. Por último, si me lo permite, señora Presidenta, desearía destacar —y con ello no deseo ofender a sus Señorías masculinos que se encuentran aquí presentes y a los que, de hecho, quiero darles las gracias por sus aportaciones— que han sido principalmente sus Señorías diputadas las que han intervenido esta mañana, una situación que, desde mi punto de vista, no constituye ningún problema, sino más bien una oportunidad y quizás también un símbolo de esperanza.

  Stavros Dimas, Comisario. − (EL) Señora Presidenta, Señorías, quiero darles las gracias por el constructivo debate que hemos mantenido hoy aquí sobre esta importante cuestión de la correlación entre el medio ambiente y la salud. Creo que este debate ha constituido una excelente oportunidad para intercambiar opiniones sobre el progreso y las investigaciones realizadas en las áreas clave, a fin de poder determinar si cabe revisar los valores límite de exposición que establece la recomendación del Consejo.

La Comisión ha consultado recientemente a su Comité científico de los riesgos sanitarios emergentes y recientemente identificados, con vistas a revisar su posición a la luz de la información más reciente que figura en el informe.

Los últimos avances y las iniciativas emprendidas por la Comisión en relación con cuestiones específicas sobre la correlación entre el medio ambiente y la salud resultan muy significativos, y demuestran que, paralelamente a la cooperación a medio y largo plazo entre el sector medioambiental, sanitario e investigativo, es posible adoptar medidas inmediatas para dotar a las políticas medioambientales de una dimensión sanitaria, lo cual beneficiaría a ambos ámbitos.

Con respecto a la coordinación a la que se ha referido uno de sus Señorías, los diferentes planes de acción nacionales en materia de medio ambiente y salud se coordinan, en primer lugar, mediante el Foro sobre Medio Ambiente y Salud auspiciado por la Comisión Europea y, en segundo lugar, a través de la OMS, en cuyas actividades a este respecto participa activamente la Comisión.

En lo relativo a los nanomateriales, hace seis semanas, el 17 de junio de 2008, la Comisión adoptó una Comunicación relativa al ámbito de aplicación de la legislación comunitaria sobre los nanomateriales, que subraya la importancia de aplicar el principio de precaución en este ámbito.

Puede que la legislación comunitaria no contenga una referencia explícita a los «nanomateriales», pero hay que reconocer que en gran medida sí contempla sus riesgos asociados. Naturalmente, la Comisión ha concluido que debe agilizarse la aplicación de la legislación en vigor y que los textos pertinentes, como las especificaciones y las instrucciones técnicas, deben revisarse de modo que puedan aplicarse mejor en el caso de los nanomateriales. Por descontado, la Comisión seguirá apoyando las investigaciones pertinentes a fin de llenar las lagunas de conocimiento existentes.

Según la evaluación provisional, la relación entre el cambio climático y la salud es claramente uno de los temas que está cobrando cada vez más importancia, y me complace que muchos de ustedes lo hayan destacado aquí hoy. Esta cuestión estará incluida en el Libro Blanco sobre la adaptación al cambio climático, que pronto será aprobado.

En cuanto a las observaciones de su Señoría de Polonia, que no están directamente relacionadas con la cuestión que nos ocupa, aunque sí resultan muy significativas en el contexto de la energía y del paquete de medidas sobre la energía y el cambio climático, debo dejar completamente claro que cualquier aumento que experimenten los precios de la electricidad en Polonia y en otros países en los que estén sometidos a una regulación no se producirá a consecuencia de la introducción del sistema de subastas en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Tal aumento se deberá a la necesidad de una mayor inversión en el sector de la energía, puesto que de no existir unas perspectivas de rentabilidad en este sector, no habría ningún inversor interesado. También podrían deberse a la liberalización del sector energético y a la unificación del mercado comunitario de la energía.

La participación en el régimen de comercio de derechos de emisión de CO2 para luchar contra el cambio climático representará cerca del 15 %, y huelga decir —y esto es algo que debo subrayar, porque recientemente he podido leer en numerosos diarios declaraciones de los funcionarios polacos en las que afirmaban que acarreará problemas económicos para Polonia, etc.— que, de hecho, todo el dinero que se necesite para la adquisición de derechos de emisión de CO2 se quedará en el país de que se trate como, por ejemplo, Polonia. Y lo que es más, Polonia contará con la ventaja adicional de disponer de cerca de mil millones de euros procedentes de la redistribución resultante de la subasta de los derechos en los países de la UE cuyos ingresos per cápita se encuentren por encima del promedio comunitario.

Estas preocupaciones son, por tanto, infundadas. Así pues, el régimen y el paquete que abordarán el Parlamento Europeo y la Comisión no pueden sino beneficiar a Polonia.

El Plan de Acción constituye un mecanismo eficaz para ordenar todos los factores asociados al medio ambiente, la salud y la investigación en el ámbito comunitario y de los Estados miembros, con vistas a tomar en consideración más eficazmente la relación entre el medio ambiente y la salud al formular políticas medioambientales.

Este objetivo debe perseguirse con mayor decisión, con la cooperación de todas las partes interesadas y con el apoyo del Parlamento Europeo. Una vez más, permítanme destacar lo mucho que me complace el modo en que estamos cooperando y el apoyo de la Presidencia francesa.

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

  Frédérique Ries, ponente. − (FR) Señor Presidente, quisiera felicitar a todos los aquí presentes por la gran calidad del debate de hoy. Creo que éste es un ámbito de principal inquietud para los ciudadanos comunitarios y que reviste una importancia capital para la «Europa de los pueblos». Se trata de una cuestión esencial. Quisiera dar las gracias a todos y cada uno de mis colegas y de sus Señorías por sus puntos de vista y valoraciones, y también por sus propuestas, la mayoría de las cuales son, de hecho, muy ambiciosas. No voy a resumirlas todas, puesto que ya lo han hecho la señora Ministra y el Comisario Dimas.

Sin embargo, me gustaría volver sobre la cuestión de los campos electromagnéticos.

La señora Kosciusko-Morizet ha mencionado el estudio Interphone, pero nos enfrentamos al problema siguiente: sus resultados no se han publicado en su totalidad precisamente porque algunos consideran que son contradictorios, mientras que varios expertos que han participado en él y que están trabajando en Israel han puesto ahora de relieve la conexión entre la exposición a las ondas GSM y la aparición del cáncer de la glándula parótida. Así pues, estamos básicamente a la espera de disponer de pruebas para actuar. Como he dicho antes, cuando persiste la incertidumbre científica, está en manos de los políticos tomar una decisión.

Para concluir, desearía referirme a nuestra enmienda 1, que se presentó en el Pleno y para la que les pido su apoyo, puesto que fue propuesta por la mayoría de los grupos parlamentarios. Ésta viene a confirmar que, cuando las tecnologías evolucionan y cambian, como sucede en este ámbito en particular, los umbrales de exposición también deben modificarse, porque de lo contrario no estaríamos protegiendo a los consumidores que puedan estar expuestos a riesgos. Tengo todas las esperanzas puestas en que la Presidencia francesa apoyará esta propuesta de enmienda a la recomendación de 1999.

  Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Gyula Hegyi (PSE), por escrito. – (HU) El informe Ries aborda importantes cuestiones sobre la revisión intermedia del Plan de Acción Europeo sobre el Medio Ambiente y la Salud. Dentro de este limitado contexto, desearía abordar la cuestión del agua potable. En Hungría y en tantos otros países de la Unión, el cambio climático mundial conlleva básicamente una distribución extremadamente dispar de las precipitaciones.

Las inundaciones se alternan con meses de sequía, lo que exige una nueva estrategia de gestión del agua. Así pues, debemos gestionar de manera responsable cada gota de agua potable. Esto sólo puede lograrse mediante una colaboración a escala comunitaria y, por consiguiente, deben preverse unos recursos comunitarios importantes para la gestión del agua durante el ejercicio presupuestario que dará comienzo en 2013, a más tardar. En este sentido, hay que garantizar el abastecimiento de agua potable en todo el territorio de la Unión y utilizar las aguas medicinales y la energía geotérmica como fuentes de calor.

Las olas de calor urbanas se han cobrado la vida de varias decenas de miles de ciudadanos comunitarios, y rebajar estas cifras implica la necesidad de agua. Los proyectos hídricos de los países en desarrollo pueden brindar la oportunidad de que nuestros expertos más destacados proporcionen ayuda en el marco de los proyectos de la Unión. No olvidemos que el agua potable es quizás el tesoro más preciado del siglo XXI.

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), por escrito. – (RO) Creo oportuno que se incluya en el informe una referencia a la obligación de los Estados miembros y de la Comisión de apoyar el Plan de Acción sobre Medio Ambiente y Salud Infantil para Europa. La salud infantil en Europa es una cuestión que merece toda nuestra atención a la luz de los graves problemas a los que se enfrentan todos los Estados miembros.

En este sentido, desearía que conocieran las preocupantes estadísticas registradas este año en las escuelas Rumanas: un alumno de cada cuatro padece una enfermedad crónica. Según un informe oficial, esto se debe principalmente a una alimentación inadecuada, a la ausencia de actividad física y al excesivo peso de las mochilas escolares. Entre las enfermedades más frecuentes se encuentran los problemas visuales, los retrasos en el crecimiento, las desviaciones de la columna vertebral, los trastornos del habla y la anemia.

Numerosos estudiantes y niños por debajo de la edad escolar padecen sobrepeso a causa de la comida rápida. Al margen de que vivan en un entorno natural que cada vez presenta mayores riesgos para su salud, no parece tampoco que el entorno social en el que crecen sea el más adecuado. Es por ello que creo que toda Europa debería considerar muy seriamente los problemas de salud de los niños antes de pasar a plantearse la futura situación de Europa.

  Bogusław Rogalski (UEN), por escrito. – (PL) El respeto de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho es una de las prioridades de la Unión Europea. Cuando es necesario, la Unión impone las medidas restrictivas conocidas como sanciones que se requieren para conseguir los citados objetivos. Estas sanciones sólo deben emplearse cuando existan graves riesgos de seguridad o pueda tener lugar una violación de los derechos humanos, o en caso de que las medidas de conciliación o diplomáticas se hayan revelado ineficaces.

Su uso también podría estar justificado en aquellos casos en los que puedan producirse daños medioambientales irreversibles al entorno natural que pongan en riesgo la seguridad y, por tanto, constituyan una grave vulneración de los derechos humanos. No obstante, las denominadas normas de doble rasero no están permitidas. Con esto me refiero a la falta de uniformidad o igualdad al imponer o aplicar las sanciones. Las sanciones que la Unión Europea aplica con mayor frecuencia son la denegación de visado y los embargos de armas. Además, las sanciones constituyen una de las armas empleadas en la lucha contra el terrorismo.

La elaboración de listas negras en las que figuren los nombres de las instituciones y entidades vinculadas a actividades terroristas es una parte fundamental de la política contra el terrorismo de la UE.

La acción coordinada internacional es esencial para aumentar la eficacia de las sanciones impuestas.

La Unión debería seguir imponiendo sanciones inteligentes dirigidas adecuadamente para abordar problemas específicos y, a su vez, reducir al mínimo las consecuencias humanitarias o los efectos negativos sobre las personas a las que no están dirigidas.

5. Protección del suelo (debate)

  Presidente. − El siguiente punto es el debate sobre la pregunta oral al Consejo sobre los progresos con la Directiva marco sobre la protección del suelo en el Consejo, de Miroslav Ouzký, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (O-0070/2008 - B6-0455/2008).

  Miroslav Ouzký, autor. − Señor Presidente, si me lo permite desearía sólo destacar que en septiembre de 2006 la Comisión adoptó una propuesta de Directiva por la que se establece un marco para la protección del suelo con vistas a proteger los suelos de toda la Unión Europea. Esta propuesta generó un intenso e interesante debate en mi comisión: la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. La ponente, la señora Christina Gutiérrez-Cortines, trabajó con ahínco para llegar a un compromiso.

El 14 de noviembre de 2007, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución en primera lectura. Desde entonces, sigue siendo una incógnita cuándo se encontrará el Consejo en posición de adoptar una posición común y cuándo la comunicará al Parlamento Europeo.

Por esta razón, a principios de junio mi comisión formuló una pregunta oral al Consejo para conocer los progresos realizados desde que el Parlamento fijara su posición. Así pues, en nombre de mi comisión, desearía pedirle al Consejo que explicara con mayor detalle los progresos a este respecto. Además, mi comisión desearía saber cuándo cree el Consejo que podrá comunicar al Parlamento Europeo, de acuerdo con la planificación actual, su posición común sobre la Directiva por la que se establece un marco para la protección del suelo.

  Nathalie Kosciusko-Morizet, Presidenta en ejercicio del Consejo. − (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, señor Ouzký, el Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente reconoce que el suelo es un recurso limitado y un medio sujeto a limitaciones medioambientales. El Programa tiene por objeto definir en términos absolutos y sin ambigüedades una estrategia específica para la protección del suelo que tenga en cuenta los principios de subsidiariedad y de diversidad regional, lo cual es algo que todos comprendemos.

En febrero de 2007—también remontándome en la historia—, el Consejo celebró un debate consultivo en relación con la Comunicación de la Comisión sobre una estrategia temática y la propuesta de Directiva. En diciembre de 2007, examinó las propuestas de compromiso sobre las Directivas elaboradas por la Presidencia portuguesa —que realizó un trabajo considerable en relación con esta propuesta—, y que tuvieron en cuenta el dictamen transmitido por el Parlamento Europeo en primera lectura. Por desgracia, y a pesar de los considerables esfuerzos de la Presidencia portuguesa, en aquel momento no fue posible llegar a un acuerdo político. El disentimiento adoptó varias formas: algunos Estados miembro cuestionaron la propia validez de la iniciativa, es decir, la necesidad de elaborar legislación comunitaria para proteger los suelos, mientras que otros consideraron que una Directiva marco conferiría una mayor flexibilidad y contribuiría, en particular, a tomar en consideración aquellas políticas nacionales que ya se estuviesen aplicando y que la propuesta de Directiva presentada no contemplaba debidamente. Desde entonces, varios Estados miembros han estado reflexionando y Francia desea reanudar este debate en el Consejo. Obviamente, el dictamen del Parlamento Europeo desempeñará un papel clave en nuestras conversaciones y en el resurgimiento del debate que ahora deseamos llevar a su fin. Somos conscientes de que se debe encontrar un equilibrio entre los que no desean infringir los poderes legítimos de los Estados miembros en el ámbito de la protección del suelo y los que exigen un ambicioso sistema jurídico armonizado a escala comunitaria. En este sentido, creemos que la opinión del Parlamento constituye una sólida base para elaborar un paquete equilibrado sobre el que todos podamos trabajar.

Es por ello que hoy se ha vuelto a impulsar esta iniciativa, aunque aún es demasiado pronto para decir si será posible llegar a un acuerdo en el Consejo y, en su caso, cuándo sucederá y sobre qué base. No sería justo por mi parte afirmar algo a este respecto. Todo cuanto puedo prometerles es que la Presidencia francesa hará todo lo posible —y esto es algo que deseo reiterar— teniendo siempre presente el dictamen del Parlamento, que ha logrado, por su parte, adoptar una posición equilibrada, lo cual es especialmente valioso en el contexto de este difícil debate. Al mismo tiempo, somos realistas, porque se trata de un expediente muy delicado —como ha quedado patente en el curso de las conversaciones anteriores— y aún en el mejor de los casos, no se puede proceder a una segunda lectura hasta después de las elecciones al Parlamento Europeo del próximo año. Así pues, no hay ninguna prisa y nos tomaremos el tiempo necesario para alcanzar el máximo consenso posible sobre una cuestión que ya en el pasado se ha revelado harto compleja.

  Cristina Gutiérrez-Cortines, en nombre del Grupo PPE-DE. – Señor Presidente, me dirijo especialmente a la señora Ministra de la Presidencia francesa, y me dirijo especialmente a ella porque creo que su capacidad intelectual le permitirá entender que estamos ante un tema absolutamente novedoso.

La Comisión, siguiendo prácticas habituales, presentó una directiva vinculante y, en cierta medida, reduccionista, pero en el Parlamento nos dimos cuenta de que sólo desde el pensamiento complejo, desde la teoría de sistemas se podía abordar un sistema tan complejo como el suelo, que afecta a la captación de CO2, que es el escenario de la vida del hombre, que afecta al sistema productivo, a la agricultura, a las catástrofes, a la creación de infraestructuras, que afecta a todo, y entendimos que, al tratarse de 27 países con una experiencia legislativa muy fuerte, en muchos de ellos no se podría aplicar la directiva con criterios simplistas y con una gran comitología. Por eso hicimos por primera vez en la historia de este Parlamento una directiva abierta, flexible, siguiendo criterios sistémicos de autoorganización, entendiendo un nuevo desarrollo del artículo 249 del Tratado, en el que se establece que los países tienen que ser únicos en sus objetivos y cumplir los mismos objetivos, previendo libertad en su aplicación.

En esta directiva se respeta la legislación existente, se respetan los catálogos existentes, se respeta la burocracia de cada país y no se les obliga a hacer nada nuevo si demuestran que han cumplido con los objetivos de la misma. Y muchos de ellos han cumplido todos sus objetivos con creces. Pero muchos diputados no han comprendido esa interacción entre libertad y la complejidad, que es posible un orden dentro del sistema abierto y que en la autoorganización existen sistemas abiertos y flexibles, y han preferido huir de una legislación que afecta a la vida y afecta a la Tierra.

No comprendo cómo Gobiernos preocupados por el cambio climático se permiten ir en contra de una directiva que aborda los problemas del suelo, de la Tierra, del cambio climático, que favorece la prevención de las catástrofes, apoya la reforestación, la agricultura, la productividad y respeta todos los acuerdos previos.

Repito, entendamos qué es la libertad, pues muchísimos no saben vivir en ella.

  Inés Ayala Sender, en nombre del Grupo PSE. – Señor Presidente, queridos colegas, señora Ministra, señor Comisario, todos los recursos y medios naturales importantes, el agua, el aire, las especies y hábitat de flora y fauna, tienen una normativa comunitaria específica, mientras que el suelo, como recurso escaso —acaba de decirlo la señora Ministra— y no renovable, no la tiene.

Es pues urgente solventar este desequilibrio que todos padecemos, y más en momentos de alarmas alimentarias o de debates de alternativas energéticas y económicas fundamentales, que tienen como base, esencialmente, el suelo.

La normativa comunitaria inconclusa serviría para poner en valor las medidas que venimos defendiendo en la lucha contra el cambio climático, en aspectos como combatir la creciente erosión, la desertización, sin olvidarnos del grave problema de la contaminación de los suelos, o del sellado de estos mismos suelos mediante un urbanismo galopante insostenible, que, no sólo está en la raíz de la actual crisis económica, sino que devora un recurso tan fundamental como es el suelo.

Además, la implicación del sistema normativo institucional europeo en esta materia supondría un estímulo para mejorar lo que se está llevando a cabo en el procedimiento legislativo, encuadrándolo en un marco coherente y apoyado en regulación y, eventualmente, en recursos de origen europeo, que también podríamos —digamos— poner en relación con los recursos generados en la lucha contra el cambio climático.

No debemos olvidarnos de que los riesgos que amenazan este recurso finito y no renovable afectan en mayor o menor medida a todo el territorio en todos los países de la Unión Europea, con no pocas afectaciones transfronterizas.

Existen varios Estados miembros —lo acaba de decir mi colega— que no son demasiado proclives a la normalización de la protección del suelo a nivel europeo. Deben recordar que lo que aprobó en su día este Parlamento es un instrumento jurídico flexible, adaptable, ambicioso, es verdad, pero no excesivamente prescriptivo. Un instrumento que puede resultar una ayuda para combatir con mayor rigor y eficacia el cambio climático.

La función del suelo, además, como reserva de materias primas y reserva de carbono, por no hablar de las propuestas de almacenamiento de CO2 que actualmente se debaten, o las afectaciones que pueden preverse en la legislación sobre la escasez del agua, sería muy importante.

Esta propuesta de directiva lleva bloqueada en el Consejo desde noviembre de 2007, algo inaceptable. Ha pasado ya casi un año desde que se pronunció esta Cámara y, por ello, considero que se debe hacer todo lo posible para invertir esta situación.

De esta manera, los Estados miembros tendrían una regulación específica para la protección del suelo con el fin de proteger el medio ambiente, pero también luchar contra el cambio climático y la deforestación y desertización que se está produciendo. Además aportaría nuevos ámbitos de investigación, de innovación y aplicación de tecnologías, así como de creación de empleos y oportunidades sociales y, sobre todo, de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos europeos.

Quisiera finalizar animando a la Presidencia del Consejo a que prosiga su esfuerzo de cara a la aprobación de esta directiva tan importante. No se desanime, señora Ministra, ha habido cambios esperanzadores, lo sabemos y usted es consciente, en las posiciones dentro del Consejo, pero sepan que no aceptaremos un vaciado de contenidos de esta directiva.

Señora Ministra, su Presidente demuestra a menudo un enorme valor y una enorme ambición para determinados planteamientos y retos que son fuertes: la protección de los suelos debería ser uno de ellos.

  Jan Mulder, en nombre del Grupo ALDE. – (NL) Señor Presidente, una de las cosas que la Presidenta en ejercicio del Consejo ha mencionado en su intervención sobre este tema es que se trata de una cuestión sumamente delicada. Estoy completamente de acuerdo. Y diría más: creo que soy el primer diputado en afirmar sin titubeos que no ve la necesidad de una Directiva semejante. No veo ninguna razón para que Europa disponga de otra Directiva. ¿Y por qué lo creo así?

En primer lugar, ya disponemos de numerosas Directivas relativas al suelo que afectan a su salud y su entorno. Sólo hay que recordar la Directiva sobre el agua, la Directiva relativa a las aguas subterráneas, la Directiva sobre nitratos o las dieciocho Directivas relativas al sistema de condicionalidad. Todas ellas repercuten sobre la salud del suelo. En Europa —y esto es algo que sucede en Francia y en el resto de países— nos encontramos sometidos a la pesada losa que representa el exceso de normas administrativas. Al agricultor medio le lleva más tiempo cumplimentar los formularios sobre todo tipo de cuestiones que su propio trabajo habitual en la explotación agropecuaria. Si a todo ello añadimos una nueva Directiva, ya sería el colmo.

Antes de nada, deberíamos esperar a ver los resultados de las Directivas en vigor: si resultan insuficientes o si no contribuyen de manera efectiva a que el suelo vuelva a ser saludable. La Directiva relativa a las aguas subterráneas no empezará a aplicarse hasta 2009 y, por tanto, resulta del todo innecesario establecer una nueva Directiva antes de que la primera empiece a aplicarse. La Comisión ha elaborado una propuesta y ha estimado sus beneficios. No obstante, lo que no logro ver por ninguna parte en estas estimaciones es la carga administrativa que supondrá su aplicación para todos los afectados. Repito: se está malgastando demasiado tiempo en tareas administrativas, en cumplimentar formularios, en reuniones y en miles de otras cosas.

¿Qué podría hacerse a estas alturas? La Comisión podría desempeñar un papel muy importante con respecto a los intercambios de experiencias. Algunos países, a diferencia de otros, cuentan con una extensa experiencia en lo referente a la restauración del suelo. Los países que ya han llevado a cabo esta tarea, la han llevado a cabo sin la ayuda de Europa. ¿Por qué no usar esos buenos ejemplos para orientar a los países que aún encuentran dificultades?

Una vez más, creo que actualmente padecemos un exceso de burocracia y que Europa y la Unión Europea en general de ningún modo van a ganarse el favor de sus ciudadanos acumulando normativas para luego limitarse a decirles «arregláoslas como podáis». No, reduzcamos esta carga en la medida de lo posible y aprovechemos el ejemplo que pueden ofrecer algunos Estados miembros a otros.

  Janusz Wojciechowski, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al señor Ouzký por haber formulado esta pregunta, dado que yo también estoy preocupado por el tiempo que nos va a llevar finalizar el trabajo legislativo relativo a la protección del suelo. La crisis alimentaria es cada vez más tangible, y la población mundial está creciendo, mientras que son cada vez menos los terrenos usados para fines agrícolas y las opciones para intensificar la producción agrícola. A la luz de esta situación, resulta especialmente necesario proteger debidamente los suelos.

La mejor manera de hacerlo es mediante una agricultura y una ganadería sólidas. El suelo que no se utiliza con fines agrícolas se degrada con rapidez. Como todos sabemos, una cantidad sustancial de terrenos agrícolas no se está cultivando y, por tanto, se está degradando. Esto es algo que debe cambiar. La política agrícola de la Unión Europea debe garantizar la rentabilidad del cultivo de los terrenos agrícolas, y la legislación debería promover esta actividad. Éstas son las consideraciones que deseaba compartir hoy aquí con todos ustedes.

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, la representante del Consejo ha afirmado que existe una considerable controversia en el Consejo en relación con esta cuestión y que esta situación es igualmente extrapolable al Parlamento Europeo.

El origen de esta controversia radica en nuestra definición de suelo: ¿se trata de un tesoro rebosante de fertilidad destinado a nutrir nuestros cultivos y que conforma la base de la vida en un sistema de explotación agrícola respetuoso con el medio ambiente y que, además, permite una elevada captación de CO2? ¿O se trata sencillamente de una sustancia que permite el desarrollo de plantas en un sistema de producción agroindustrial en el que se emplean tecnologías petroquímicas y genéticas y que tiene repercusiones climáticas extremadamente peligrosas? Éstas son las dos tendencias existentes, también en la Unión Europea. Por otra parte, están los suelos que se han retirado de la producción agrícola.

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural emitió una opinión que generó una cierta controversia, dado que el ponente designado deseaba rechazar la elaboración de una Directiva. La mayor parte de la comisión decidió entonces emitir una opinión que se encontrara en consonancia con un planteamiento sensato con respecto a la gestión del suelo, lo cual se reflejó en el informe. Desde una perspectiva agrícola, sería extremadamente beneficioso que se adoptara esta Directiva.

No puedo comprender, y mucho menos apoyar, la oposición de las asociaciones de agricultores tradicionales. Desde mi punto de vista, están tirando piedras sobre su propio tejado, porque la agricultura ha dado forma a lo largo de los tiempos a nuestros paisajes culturales y actualmente podría contribuir a conservarlos.

No estoy de acuerdo en que se generaría demasiada burocracia. Señor Mulder, usted ha afirmado que esto ya está sucediendo en algunos países como, por ejemplo, en Alemania. Obviamente, no deseamos un exceso de burocracia. ¿Por qué no se podrían incluir los ejemplos que ha mencionado en una Directiva marco en la que figure claramente el principio de subsidiariedad y que tenga en cuenta las condiciones regionales, culturales, sociales y climáticas, de modo que se puedan tomar decisiones sobre la base de lo que es necesario y lo que no lo es?

  Ilda Figueiredo, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (PT) Señor Presidente, sabemos que ésta es una cuestión muy delicada, porque la protección del suelo, un recurso escaso y no renovable, reviste una importancia vital, dado que la agricultura y la protección de la diversidad biológica dependen de éste y dado que constituye una plataforma para las actividades humanas, no sólo para las ciudades y las infraestructuras, sino también para la naturaleza y el campo. Así pues, su protección resulta crucial para preservar nuestro patrimonio, nuestros recursos naturales, la calidad de nuestras aguas superficiales y subterráneas, y la propia salud y vida humana.

Como sistema enormemente dinámico que cumple numerosas funciones y presta servicios de vital importancia para las actividades humanas y para la supervivencia de los ecosistemas, su protección es un imperativo colectivo para nuestra vida cotidiana y para la defensa de las generaciones futuras. Esto significa que no debe estar sujeto a normas de competencia. Sin embargo, el suelo está sometido a numerosos abusos, a la especulación inmobiliaria y al deterioro y la contaminación, también en las zonas fronterizas, lo que implica que cabe mejorar la cooperación entre los Estados miembros y la definición de objetivos comunes de acuerdo con el principio de subsidiariedad y la función social de la Tierra.

Existen diversas políticas comunitarias que tienen implicaciones para el suelo y que pueden poner en peligro su protección. Es por ello que necesitamos profundizar el estudio de los riesgos y de las diversas perspectivas del suelo, de modo que podamos identificar las medidas apropiadas para protegerlo. Una contribución muy importante sería un cambio en la política agrícola común para prestar un mayor apoyo a la agricultura familiar y a las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas.

Es en este contexto que necesitamos conocer la posición del Consejo y supervisar su desarrollo.

  Françoise Grossetête (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, mi primera reacción ante las conversaciones que han tenido lugar en relación con esta propuesta de Directiva marco ha sido preguntarme si realmente necesitamos tal texto y si esta solución resulta realmente adecuada. Ya disponemos de numerosas normativas sobre la protección del suelo, los residuos, los plaguicidas, la protección del entorno natural, las aguas subterráneas y otras muchas cuestiones. Además, en el marco de la iniciativa «legislar mejor», algo en lo que el Parlamento lleva ya algún tiempo trabajando, creo que es importante no dar la impresión de que pasamos, una vez más, por el aro de la Comisión y de que acumulamos más y más normativas. En este sentido, pienso en nuestros representantes locales y nuestros alcaldes, que tendrán una nueva Directiva marco con la que lidiar.

No obstante, existe otra realidad: la que nos demuestra que las prácticas del hombre no han logrado en modo alguno tratar nuestro suelo con respeto; que hemos empleado, de manera sistemática, métodos intensivos de producción, con el consiguiente empobrecimiento del suelo; y que hemos adoptado prácticas urbanas que han conducido a su degradación. Creo que la señora Gutiérrez, cuyo trabajo describiría de remarcable, nos ha presentado unas propuestas muy aceptables en un esfuerzo por acercar las diferentes posiciones —porque, de hecho, se puede observar una marcada oposición tanto en el Parlamento como en el Consejo—, y que, permaneciendo a la escucha del Parlamento, finalmente ha logrado presentar unas propuestas que parecen alcanzar el máximo consenso posible. Ha elaborado una serie de posiciones equilibradas que respetan el principio de subsidiariedad, en particular en lo referente a la elección de los métodos que los Estados miembros deben adoptar para aplicar las normas relativas al suelo. Ha evitado cualquier aumento de la carga administrativa, dado que nos insta a subsanar los errores del pasado a través de nuestras prácticas agrícolas, industriales y urbanas, que hasta la fecha no han logrado respetar el suelo.

Y ahora me dirijo al Consejo: cuando su Presidencia afirma que no hay ninguna prisa, en realidad quiere decir que el expediente se va a paralizar. Se va paralizar cuando, de hecho, es realmente necesario —dada la disparidad existente entre los Estados miembros— adoptar posiciones que estén claramente orientadas a preservar y proteger nuestro suelo, siempre en el respeto del principio de subsidiariedad.

  Edite Estrela (PSE). – (PT) Señor Presidente, como la señora Ministra ha dicho, se trata de una cuestión delicada y sumamente compleja y, por tanto, no resulta fácil alcanzar un consenso al respecto entre los veintisiete Estados miembros o incluso, como hemos podido observar, en este Parlamento. Como mi colega Inés Ayala ha dicho, el suelo es un recurso no renovable que está relacionado con las catástrofes naturales y la producción agrícola, y que abarca aspectos tan delicados y complejos como el uso del suelo, la ordenación del territorio y la conservación de la naturaleza.

Están en juego muchos intereses y muchos de sus Señorías cuestionan la necesidad de esta Directiva, mientras que otros ponen en duda su flexibilidad. Un marco jurídico excesivamente rígido no siempre es la mejor manera de alcanzar los objetivos perseguidos si tenemos en cuenta la disparidad de situaciones. Personalmente, creo que esta Directiva es importante y necesaria para mantener el equilibrio de los ecosistemas.

  Neil Parish (PPE-DE). - Señor Presidente, si me lo permite, desearía decirle a la Presidenta en ejercicio que apreciamos que haya puesto esta cuestión sobre la mesa, pero le pediría que hiciera el favor de volvérsela a guardar. Porque, desde mi punto de vista, no tenemos ninguna necesidad de esta Directiva. Creo que el anterior Consejo tenía toda la razón al rechazarla. En este sentido, desearía retomar las palabras de Jan Mulder de que ya contamos con la Directiva sobre nitratos y con la Directiva relativa a las aguas subterráneas. Toda esta legislación está empezando a aplicarse a los suelos y a garantizar su saneamiento en toda la Unión Europea.

Estoy de acuerdo con el señor Graefe zu Baringdorf en que los agricultores son los verdaderos guardianes del suelo y en que el suelo reviste una importancia cabal por todo lo que nos permite cultivar, pero ¿es realmente necesaria una Directiva sobre el suelo? El problema con esta Directiva radica en su excesiva exhaustividad. Estamos tratando de abordar los terrenos industriales y la contaminación industrial, y hablamos de desarrollo urbanístico para luego pasar a los terrenos y suelos agrícolas.

Simplemente no tiene ningún sentido presentar en este momento una legislación semejante. Creo que uno de los problemas que tenemos en la Unión Europea —y creo que lo hacemos con la mejor de las intenciones— es que si necesitamos algo, nos ponemos inmediatamente a legislar. Y no creo que deba ser así. Creo que debemos pararnos un momento y reflexionar. Desde mi punto de vista, el Consejo estuvo completamente acertado. Así pues, considero que no es momento de dar marcha atrás, y propondría que se volviera sobre esta cuestión en el marco de la próxima Comisión y el próximo Consejo en el siguiente período de sesiones parlamentarias. Pueden intentar ver lo que sucede entonces.

Por otra parte, animaría a los Estados miembros que no controlan el uso del suelo industrial ni la contaminación industrial a que establecieran este tipo de controles en su territorio. En este sentido, no considero necesario una intervención comunitaria. Creo que deseamos asegurarnos de que no seguimos incrementando el actual nivel de burocracia. Las personas están totalmente hartas de que la burocracia siga en aumento. Así pues, le diría a la Presidenta en ejercicio que se lleve consigo la cuestión que acaba de dejar sobre la mesa.

  Glenis Willmott (PSE). - Señor Presidente, en primer lugar desearía recordar a sus Señorías y a la Presidencia francesa que el 14 de noviembre de 2007, en primera lectura, un número considerable de diputados al Parlamento —295 para ser exactos— votó en contra de esta Directiva.

No cabe duda de que existe una cierta preocupación por los costes de la Directiva propuesta, especialmente de aquellos apartados relativos a los terrenos contaminados y a los inventarios nacionales.

En este sentido, la subsidiariedad es una cuestión clave, puesto que el suelo tiene unas limitadas implicaciones transfronterizas, a diferencia del aire y del agua, que obviamente son móviles. La propuesta de Directiva obligaría a demasiados Estados miembros con unas medidas nacionales eficaces a este respecto a retirarlas dada su incompatibilidad con la misma.

No se trata de que no necesitemos ninguna acción comunitaria para proteger el suelo —de hecho, la estrategia temática contiene numerosas buenas propuestas—, sino de que cualquier nueva estrategia comunitaria en este ámbito debe suponer un valor añadido y complementar, en lugar de reemplazar, las políticas nacionales en vigor de los Estados miembros.

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). - (DE) Señor Presidente, Señorías, la protección del suelo es una tarea extremadamente importante a la hora de velar por un entorno agrícola saludable para las generaciones futuras, y en este sentido me gustaría subrayar todo lo dicho hasta el momento. Sin embargo, ninguno de los argumentos esgrimidos justifica que la protección del suelo sea una tarea comunitaria. Y es que no todos y cada uno de los problemas que surgen en Europa son necesariamente problemas para Europa. El suelo es un medio local y localizado. Por lo general, la contaminación del suelo no tiene repercusiones transfronterizas, por lo que no hay razón para que la Unión Europea asuma la tarea de proteger los suelos, lo cual, de hecho, tampoco supone un valor añadido comunitario. Son muchos los países comunitarios que ya disponen de una normativa para la protección del suelo y cuyo trabajo es muy efectivo, y no hay razón alguna para imponer una normativa comunitaria al resto. ¿O cree seriamente, señor Comisario, que la Comisión debería llenar todos los vacíos que surgen cuando los Estados miembros no adoptan medidas dentro de su propio ámbito de competencias? Eso sería absurdo.

Por razones de subsidiariedad, la protección del suelo es competencia de los Estados miembros, los cuales están completamente capacitados para abordar esta cuestión. Por consiguiente, el Consejo —incluido su propio país, señora Ministra— congeló provisionalmente esta iniciativa. Y espero que la República Francesa se mantenga firme en su posición. No cabe duda de que podría ser útil redactar una estrategia comunitaria sobre la protección del suelo, y tampoco tendría inconveniente alguno en que Europa destinara fondos a aquellos lugares donde aún no se haya logrado una óptima protección del suelo. Sin embargo, me opongo de plano a que se imponga a todos los países una legislación armonizada en materia de protección del suelo financiada por la Comunidad por la sencilla razón de que algunos de ellos no disponen de ninguna legislación en este ámbito. No es así como se supone que Europa debe funcionar. Porque de ser así, no sería más que un cúmulo de burocracia del todo superflua que mandaría a los ciudadanos a cobijarse antes de expresar sus opiniones en elecciones y referéndums. Esto es algo a lo que tenemos que poner fin.

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). - (HU) Si bien el señor Graefe zu Baringdorf tiene toda la razón al afirmar que los agricultores protegen el suelo, cabe admitir que en las últimas décadas los suelos se han ensuciado considerablemente como consecuencia de la agricultura intensiva y del enorme uso de fertilizantes y otros productos químicos. En el pasado, esto sucedía tanto en los nuevos como en los antiguos Estados miembros. No obstante, en los últimos veinte años, los nuevos Estados miembros no disponían de dinero para fertilizantes o productos químicos, de modo que, por ejemplo, en Hungría se utiliza una cantidad de fertilizantes por hectárea cuatro veces inferior a la utilizada en los Países Bajos. Así pues, esta cuestión exige realmente una respuesta agrícola o, lo que es lo mismo, que en el futuro tendremos que emplear métodos que protejan la biosfera y el suelo y reduzcan la carga a la que está sometida el suelo. Para proteger el suelo se necesitan, por tanto, nuevos métodos y planteamientos, ya que se trata de una cuestión que reviste interés para todos los agricultores comunitarios. El presente sistema adolece de numerosos sinsentidos como, por ejemplo, el hecho de no cultivar tras una cosecha, lo cual supone una pérdida de energía. Podrían emplearse, por ejemplo, cultivos que pudiesen servir de abono, con lo cual se podría reducir la carga de fertilizantes. Gracias por su atención.

  Ioannis Gklavakis (PPE-DE). – (EL) Señora Presidenta, señor Comisario, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, todos convenimos en que deseamos ver la tierra protegida. Es la tierra la que alimenta a la población, y queremos que nos siga proporcionando alimentos, sobre todo alimentos saludables. También estamos de acuerdo en que la tierra es parte del entorno natural y en que deseamos protegerla, pero mucho me temo que estamos haciendo todo lo contrario.

La Directiva sobre la protección del suelo distingue claramente entre contaminación agrícola y contaminación industrial. En lo relativo a la contaminación por causas agrícolas, se han realizado numerosos esfuerzos tanto en el marco de la política agraria común como en el marco de su chequeo, y recientemente se ha presentado el informe sobre una reducción significativa del uso de productos químicos agrícolas. Todos estos esfuerzos se están realizando en términos agrícolas.

Sin embargo, el motivo de preocupación principal es lo que se está haciendo con la contaminación industrial. En la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural estamos preocupados por el impacto que tendrá el aumento de la contaminación del suelo para nuestros productos agrícolas y para el medio ambiente.

Esta contaminación se refleja en el suelo y en el agua y, por consiguiente, sería conveniente adoptar indicadores y umbrales de evaluación antes de que alcancemos el punto de no retorno. Por consiguiente, pido que vigilemos urgentemente y con frecuencia la contaminación del aire —algo que hacemos con gran exhaustividad—, y también la contaminación del suelo. Es algo que debemos de hacer, en particular, en aquellas áreas especialmente industrializadas.

Confío en que la Presidencia francesa tendrá en cuenta las posiciones de los Estados miembro y encontrará una solución a este respecto que sea aceptable para todas las partes.

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Señor Presidente, ha pasado ya un año desde que adoptamos nuestra posición en primera lectura sobre la Directiva relativa a la protección del suelo. No obstante, el Consejo no ha logrado, por el momento, obtener un acuerdo. Unos pocos Estados miembros siguen conformando una minoría de bloqueo. Ahora existen esperanzas de alcanzar un compromiso con la Presidencia francesa. Las palabras iniciales de la representante de Francia indican que sí existe tal esperanza.

Hemos oído numerosas críticas al proyecto, con el pretexto de que supondrá un aumento de la burocracia o una duplicación de la legislación nacional y comunitaria en vigor. Sin embargo, opino que es todo lo contrario. Ésta es una Directiva necesaria, porque permitirá unificar la legislación sobre este ámbito y aunar los esfuerzos realizados a escala comunitaria para proteger el suelo. Además de los esfuerzos locales y regionales, se requiere una acción comunitaria si deseamos poner freno a la degradación del suelo. El suelo es un recurso común de todos. Así pues, debemos establecer unos principios y unos objetivos comunes, y emprender las acciones oportunas. Es importante que todos los ciudadanos de la Unión sean conscientes del importante papel que desempeña el suelo en el ecosistema, pero también en nuestras vidas cotidianas y en la economía.

Lamentablemente, en el territorio de numerosos Estados miembros aún se pueden encontrar sustancias peligrosas. Me refiero a los vertederos y a las armas químicas que el ejército soviético dejó años atrás en los territorios donde estuvieron presentes. Determinados países no se encuentran en condiciones de afrontar por sí mismos estas cuestiones. Así pues, es necesario estimular y ayudar a dichos Estados miembros para que puedan eliminar dicho material. Se necesita con total urgencia unas disposiciones adecuadas que permitan volver a utilizar los suelos degradados y que limiten, además, la degradación del suelo y garanticen su explotación sostenible. Todo ello constituiría, sin lugar a dudas, un paso en la dirección correcta para proteger el entorno natural y conservar el suelo, que es un valioso recurso natural. En este sentido, la Directiva nos debería ser de gran utilidad. Por consiguiente, debe proseguirse con el trabajo legislativo. Además, debe consultarse a expertos independientes, cuyas opiniones deberíamos tener en cuenta.

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Señor Presidente, esta mañana he hablado con una agricultora, que por desgracia no puede sino contemplar sus campos anegados, porque en Irlanda y en otras partes del norte de Europa estamos teniendo una cosecha realmente mala. Creo que esta mañana deberíamos tener presentes a todas estas personas. Esta joven agricultora —que cuenta con la debida formación— ha leído la Directiva sobre el suelo y está verdaderamente preocupada, porque teme que penalice a los agricultores que, como ella, cultivan lo mínimo para respetar el suelo, especialmente en condiciones meteorológicas anómalas. Sabe de lo que está hablando. Creo que no necesitamos ninguna Directiva para disponer de un suelo de buena calidad; necesitamos que los Estados miembros asuman su responsabilidad, y sobre todo necesitamos un buen asesoramiento agrícola respaldado por una buena investigación nacional sobre qué es lo más conveniente para los suelos.

Creo que uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos —y que sin duda afecta a Irlanda— radica en que contamos con una pésima planificación, lo que ha dado lugar a enormes problemas de inundación y a las dificultades que eso conlleva. Pero dejemos que sean los Estados miembros los que aborden esta cuestión. Démosles indicaciones, pero no les impongamos otra Directiva que venga a sumarse a las dieciocho que los agricultores ya tienen que cumplir.

  James Nicholson (PPE-DE). - Señor Presidente, me gustaría decir a la Comisión y al Consejo que se tomen todo el tiempo que les sea necesario para abordar esta Directiva. De hecho, por lo que a mí respecta, como si se quieren pasar toda la vida abordándola. Y es que no creo que nos haga ninguna falta.

Los agricultores ya tienen que hacer frente actualmente a suficiente papeleo y burocracia, que saben que procede de Bruselas. Y esto bien podría ser la gota que colma el vaso.

Es cierto que el suelo reviste una gran importancia y debe protegerse, pero hasta ahora jamás he conocido a un agricultor que no proteja el suelo de sus terrenos, puesto que su futuro depende de ello. Las distintas regiones de Europa tienen necesidades muy diferentes. De norte a sur y de este a oeste, el suelo necesita diferentes formas de apoyo.

Ésta es una cuestión delicada. Así pues, llévense esta Directiva y entiérrenla. Como el señor Mulder ha dicho, ya contamos con un número suficiente de directivas. La intención quizás sea buena, pero esta buena intención está de más.

  Reinhard Rack (PPE-DE). - (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Unión Europea debería actuar dentro del alcance de sus competencias en aquellos ámbitos en los que pueda crear un verdadero valor añadido para Europa con sus propias normas. En este caso particular, no veo que se esté generando ningún valor añadido. Lo que sí veo es que determinados países no están asumiendo sus responsabilidades seriamente en su propio territorio, o al menos no lo han hecho hasta la fecha, o creen sencillamente que de este modo pueden obtener fondos comunitarios. La cuestión es que no puedo identificar ningún valor añadido, pero sí costes y burocracia adicionales, especialmente para aquellos países que han cumplido sus obligaciones en su territorio y han adoptado medidas razonables de protección del suelo.

  Jim Allister (NI). - Señor Presidente, no cabe duda de que es necesario proteger el suelo, pero para ello no necesitamos otra directiva comunitaria. Como el señor Mulder ha dicho, ya disponemos de toda una plétora de directivas y normas de condicionalidad. Nos encontramos ante una cuestión que se inscribe dentro de las competencias de los Estados miembros. ¿Qué nación va a dejar que su suelo se erosione y se degrade? De hecho, ¿qué agricultor necesita que Bruselas le diga que no permita que sus bienes se degraden? Es ridículo. El excesivo proteccionismo de Bruselas sólo vendrá a añadirse a la pesada carga administrativa que ya soportan los agricultores, que cada vez disponen de menos tiempo para cuidar sus tierras, puesto que deben cumplimentar ridículos formularios. El Parlamento y la Comisión deben acabar con esta costumbre y olvidarse de ello.

  Robert Sturdy (PPE-DE). - Señor Presidente, apoyo totalmente lo que han dicho mis colegas en el proceso de solicitud incidental de intervención.

Si la Comisión quisiera venir a visitar mi explotación agrícola, vería que lleva desde el año 3 000 a.C. siendo cultivada y que sigue siendo así. El suelo se encuentra ahora en óptimo estado. De hecho, este año estamos produciendo cuatro toneladas y media de trigo por acre, lo que supera las diez toneladas de trigo por hectárea —si podemos cosecharlas, claro está—.

Cuidamos y administramos el suelo. Lo dejamos en manos de personas expertas. No consintamos que Bruselas genere más burocracia, porque todo lo que estamos consiguiendo es crearnos una mala reputación, y hagamos un buen trabajo. Sigamos así y hagamos las cosas bien, pero dejemos el asunto en manos de los Estados miembros.

  Nathalie Kosciusko-Morizet, Presidenta en ejercicio del Consejo. − (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, antes de todo permítanme decir que quiero despejar cualquier duda a este respecto. La Presidencia está ahora mucho más motivada en relación con esta Directiva y está convencida de su necesidad. También desearía reiterar que se trata de una posición que venimos manteniendo y que no es sólo cosa de la actual Presidencia, por lo que no puedo aceptar alguna de las insinuaciones que se han hecho a este respecto. En diciembre de 2007, cuando se celebró el primer debate en el Consejo, determinados Estados miembros se opusieron formalmente a la elaboración de una Directiva, como se ha podido oír también en el debate de hoy. Otros Estados miembros ya estaban elaborando políticas nacionales en este ámbito y consideraron que, si bien la Directiva constituía una buena idea, la propuesta presentada no respetaba plenamente el principio de subsidiariedad y no tenía suficientemente en cuenta los esfuerzos ya realizados, también en relación con las cuestiones de naturaleza más técnica. Francia se encontraba, por aquel entonces, entre este grupo de países. Hoy, en un momento en el que ocupamos la Presidencia y seguimos manteniéndonos fieles a nuestra posición, estamos mucho más motivados y dispuestos a llegar a un acuerdo sobre la Directiva para la protección del suelo. Por todo ello, hoy hemos podido presenciar un profundo desacuerdo, que constituye un reflejo bastante fidedigno de lo que sucede en el Consejo Europeo. Estamos tratando por todos los medios de alcanzar un acuerdo que podría llegar —como esperamos— a ser un éxito durante la actual Presidencia francesa. Sin embargo, como todos hemos podido comprobar, va a ser una tarea harto compleja.

  Stavros Dimas, Comisario. − Señor Presidente, quiero darle las gracias por brindarme la oportunidad de participar en este debate que tiene su origen en una pregunta oral del Parlamento al Consejo. Desearía decir que la Comisión reafirma su compromiso de alcanzar un acuerdo sobre la Directiva para la protección del suelo y que, por tanto, hará todo cuanto esté en su mano para lograrlo.

La Comisión presentó su propuesta sobre la base de las Resoluciones del Parlamento y el Consejo en las que solicitaban un método comunitario integrado para la protección del suelo. Recuerdo muy claramente, señor Nassauer, que a finales de la primavera de 2006 recibí una carta del Gobierno alemán en la que la mayoría —si no todos— los Estados federados alemanes pedían una Directiva sobre el suelo. Acogimos con satisfacción el decidido apoyo del Parlamento a una Directiva sobre el suelo, aunque con algunas modificaciones a la propuesta de la Comisión. Espero que podamos alcanzar el suficiente nivel de complejidad que indicaba la señora Gutiérrez-Cortines.

Lamentamos que el Consejo no fuera capaz de llegar a un acuerdo político en diciembre, a pesar del ingente trabajo realizado por la Presidencia portuguesa, del apoyo ofrecido por veintidós Estados miembros y de la flexibilidad mostrada por la Comisión. Insisto en que, mientras seguimos en este punto muerto político, el suelo sigue degradándose, como ha dejado de manifiesto la comunidad científica, por ejemplo, en una conferencia de alto nivel sobre el suelo y el cambio climático recientemente organizada por la Comisión.

Por consiguiente, recibo con beneplácito el compromiso de Francia para reanudar el trabajo, y espero trabajar de manera constructiva con éste y el resto de Estados miembro para garantizar que alcanzamos un acuerdo político en el Consejo que nos asegure cuanto antes una elevada protección del suelo.

Sin embargo, la Comisión debe garantizar que el texto final puede llevarse a la práctica y que representa un valor añadido respecto a los actuales niveles de protección del suelo. Les puedo asegurar que mantengo mi compromiso en este sentido.

  Presidente. − Se cierra el debate.

PRESIDE: HANS-GERT PÖTTERING
Presidente

6. Corrección de errores (artículo 204 bis del Reglamento): véase el Acta

⁂

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). - Señor Presidente, desearía plantear una cuestión de orden a la luz de que ayer, antes de la votación sobre la propuesta de Resolución sobre Georgia, nuestro colega, el señor Schulz, —oficialmente y ante toda Europa—acusó al Presidente Saakashvili de provocar todo el conflicto. Esto es algo que cabe tachar de propaganda rusa, como cuando se afirmó durante cincuenta años que fueron alemanes los que asesinaron a los soldados polacos en Katyn.

Creo que el señor Schulz y, en general, todo su grupo tienen mucho que aprender de los métodos, intrigas y propaganda de Rusia.

(Aplausos prolongados de la derecha)

  Presidente. − Señorías, hoy tenemos por delante una larga votación. Por alusiones, se le concederá la palabra al señor Schulz, pero inmediatamente después procederemos a la votación. Ayer ya celebramos el debate sobre Georgia y elaboramos una Resolución, por lo que no hay necesidad de volver hoy sobre el mismo asunto. Proseguiremos, pues, con la votación, pero por alusiones se le concede la palabra al señor Schulz.

  Martin Schulz (PSE). - (DE) Señor Presidente, quizás el señor Zaleski no prestó la debida atención a lo que dije ayer. En ningún momento acusé a ninguna nación. No es mi intención culpar a ninguna de ellas en particular. En cuanto a los crímenes contra la humanidad perpetrados por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, son ya varias las ocasiones en las que he reiterado mi vergüenza por los crímenes cometidos en nombre de mi nación.

Esto es algo que deseo dejar claro aquí y ahora. Me cuento entre los ciudadanos alemanes que deseamos asegurarnos de que nunca vuelve a repetirse algo semejante. No obstante, una cosa es cierta: que todo político responsable, todo hombre o mujer que lidere un Gobierno y que desee resolver los problemas en el territorio de su propio país por vía armada se sitúa inmediatamente fuera del Derecho internacional, y éste es el caso del señor Saakashvili.

(Aplausos)

  Presidente. − Señorías, se trata de un asunto que a todos nos preocupa enormemente. Aunque con ello no quiero decir que consiguiera acercar las diferentes posiciones a este respecto, les recomendaría que leyeran el discurso que pronuncié en el Consejo Europeo; creo que la mayoría de sus Señorías podrán encontrar reflejada su posición.

  Jörg Leichtfried (PSE). - (DE) Señor Presidente, quizás se me haya escapado, pero me complacería oír al fin de manera oficial —es decir, por boca de usted— si los muchos rumores que circulan en esta Cámara son ciertos y qué sucederá con Estrasburgo en las próximas semanas.

  Presidente. − Pretendía referirme a esta cuestión al final de la sesión, puesto que no quisiera que entráramos en un debate ahora.

(Aplausos)

Si me lo permiten, al final de la reunión les comunicaré lo que se ha decidido a este respecto, de modo que podamos finalmente proceder con la reunión. Además, recibirán una notificación sobre este asunto, por lo que les pido que comprueben sus respectivos correos electrónicos. No obstante, no será hasta el final de la reunión —cuando aún estén todos presentes— cuando les transmitiré las notificaciones oportunas.

7. Turno de votaciones

  Presidente. - Vamos a proceder a la celebración de las votaciones.

(Para conocer el resultado y otros detalles de las votaciones, véase el Acta)

7.1. Código de conducta para los sistemas informatizados de reserva (A6-0248/2008, Timothy Kirkhope) (votación)

- Antes de la votación:

  Jeanine Hennis-Plasschaert, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, deseo intervenir en nombre del Grupo ALDE en relación con el informe Kirkhope. De conformidad con el artículo 168 del Reglamento, el Grupo ALDE desearía presentar una solicitud de devolución a comisión. Francamente, no es nuestra intención deshacer el paquete de compromiso con el Consejo, pero consideramos que debe procederse a un debate más extenso sobre las compañías aéreas matrices.

La Comisión está trabajando en una declaración, lo cual acogemos con beneplácito. Sin embargo, eso no nos proporciona la total claridad que necesitamos en este preciso momento. Así pues, debemos celebrar un debate adecuado y consultar como es debido a nuestros servicios legales. No hay motivo para apresurarnos a votar sobre este asunto en este preciso momento.

  Brian Simpson (PSE). - Señor Presidente, me complace intervenir para ofrecer mi apoyo a la propuesta del Grupo ALDE de devolución a comisión. En todos los años que he formado parte de este Parlamento no recuerdo un informe en el ámbito del transporte que haya generado tanta confusión e incertidumbre como éste. Estamos legislando, y eso implica la responsabilidad de actuar con conocimiento y comprensión total del texto que sus Señorías están llamados a votar. No obstante, muchos de ustedes aún no tienen las cosas claras, y están tratando de comprender esta compleja legislación, que se volvió aún más compleja con la intervención del Consejo.

Existe una gran incertidumbre, una gran inquietud en muchos de los diputados a esta Cámara, por lo que creo necesario que volvamos a analizar y examinar con mayor detenimiento en la Comisión de Transportes las implicaciones de estas propuestas. Se trata de hacerlo bien, no de hacerlo deprisa. Con esto no estaremos creando problemas, sino que estaremos actuando responsablemente como legisladores y defendiendo el derecho del Parlamento a trabajar a su ritmo y no al ritmo que le dictan los grupos de presión de la industria y el Consejo de Ministros.

  Georg Jarzembowski (PPE-DE). - (DE) Señor Presidente, Señorías, lo que el señor Simpson acaba de decir es realmente abstruso; de hecho, da la vuelta por completo al asunto. Determinadas industrias intentan bloquear esta legislación en beneficio de sus empresas. Digámoslo así: con este código de conducta, pretendemos mejorar los derechos de los consumidores. Debemos reforzar sus derechos para que las ofertas que nos llegan a través del ordenador sean veraces.

Por consiguiente, rechazamos tajantemente las tácticas dilatorias de los socialistas, que están intentando destruir el compromiso con el Gobierno francés y provocar su derrumbe durante este mandato legislativo. Les pediría, pues, que rechazaran la devolución a comisión.

  Timothy Kirkhope, ponente. − Señor Presidente, les pido que no se proceda a la devolución a comisión. Creo que es innecesario y que una estrategia dilatoria semejante podría perjudicar los intereses de los consumidores comunitarios a los que representamos. El Consejo y la Comisión llegaron en junio a un acuerdo en primera lectura, después de que la Comisión de Transporte celebrara un exhaustivo debate y le ofreciese su apoyo. Los ponentes alternativos siguieron atentamente todo el proceso y, por lo que a mí respecta, me mostré conforme con el resultado.

Dos Presidencias —la eslovena y la francesa— han cooperado plenamente conmigo en relación con este asunto, y no logro comprender por qué se necesita ahora más tiempo para debatir o examinar con mayor detalle esta medida vital. La manera más justa y democrática de proceder consiste en proseguir con la presente votación. Muchas de las personas que están ahora protestando no se molestaron tan siquiera en asistir al debate de la pasada noche en el que el Comisario Mandelson, a mi solicitud, garantizó al Parlamento que se publicaría una comunicación oficial en el Diario Oficial antes de la entrada en vigor de esta normativa, la cual ofrecerá una interpretación clara de la normativa desde el punto de vista de la Comisión, así como criterios muy estrictos y concretos (que tienen que ver con cuestiones de competencia) para hacer cumplir estas medidas en aras de los consumidores comunitarios. No creo que los consumidores entendieran estas protestas si como resultado no procediéramos a llevar esta medida adelante. Así pues, les pido encarecidamente —a todos sus Señorías—, que me brinden su apoyo y que respalden también el difícil trabajo realizado por todos los grupos políticos para llevar este asunto adelante lo antes posible.

(El Parlamento rechaza la propuesta de devolución a comisión)

7.2. Elegibilidad de los países de Asia Central con arreglo a la Decisión 2006/1016/CE del Consejo (A6-0317/2008, Esko Seppänen) (votación)

7.3. Prisioneros palestinos en cárceles israelíes (votación)

7.4. Evaluación de las sanciones comunitarias previstas en el ámbito de los derechos humanos (A6-0309/2008, Hélène Flautre) (votación)

- Antes de la votación de la enmienda 10:

  Hélène Flautre, ponente. − (FR) Señor Presidente, puesto que la enmienda se ha retirado, no hay que someterla a votación.

7.5. Milenio para el desarrollo - Objetivo n° 5: mejorar la salud maternal. (votación)

- Tras la votación del apartado 6:

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Mi sistema de votación no ha funcionado correctamente en cinco ocasiones durante la votación nominal. Al darme cuenta, he intentado pedir la palabra, pero no se me ha permitido hablar. Eso no está bien. Además, durante algún tiempo no ha habido interpretación al polaco, cuestión que tampoco se ha abordado. Solicito que deje de tratársenos de esta manera.

  Presidente. − Señora Tomaszewska, lamento mucho que no se haya contado su voto. Espero que no vuelva a ocurrir. Le ruego que lo entregue aquí para que quede debidamente registrado y quede constancia de su opinión conste para la posteridad.

7.6. El comercio de servicios (A6-0283/2008, Syed Kamall) (votación)

7.7. Una política portuaria europea (A6-0308/2008, Josu Ortuondo Larrea) (votación)

7.8. Transporte de mercancías en Europa (A6-0326/2008, Michael Cramer) (votación)

7.9. Revisión intermedia del Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010 (A6-0260/2008, Frédérique Ries) (votación)

  Presidente. − Se cierra la votación.

8. Comunicación de la Presidencia

  Presidente. − Señorías, esto me lleva a la declaración sobre Estrasburgo. La Mesa examinó la cuestión ayer. Se están realizando aún varias reparaciones en Estrasburgo. La Mesa adoptó ayer por la tarde una decisión unánime –también a sugerencia del señor Fazakas– que intentamos publicar ahora que se ha informado a la Conferencia de Presidentes: el segundo período parcial de sesiones de septiembre se celebrará también aquí en Bruselas.

(Aplausos)

No quiero que lo celebren antes de tiempo: hemos observado que hay también en este edificio varios lugares por los que entra la lluvia, y nos estamos ocupando de ello. Queremos tener los mismos niveles de seguridad aquí en Bruselas que los que tenemos en Estrasburgo, y puedo garantizarles que la seguridad estará siempre en primer plano.

A fecha de hoy, la inspección final la realizarán los expertos el 22 de septiembre. Eso nos deja tiempo suficiente para adoptar una decisión en el período parcial de sesiones de octubre. Les deseo una estancia segura y agradable aquí en Bruselas y, puesto que se acerca la hora de almorzar, permítanme desearles también bon appétit.

PRESIDE: MARIO MAURO
Vicepresidente

9. Explicaciones de voto

Explicaciones de voto orales

– Propuesta de resolución: Prisioneros palestinos en cárceles israelíes (RC-B6-0343/2008)

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Deseo expresar que la resolución del Parlamento Europeo sobre Israel y Palestina no es muy oportuna si tenemos en cuenta la evolución reciente de los acontecimientos, con la liberación la semana pasada por parte de Israel de otros 198 prisioneros palestinos. Tal gesto es una prueba de la voluntad de Israel de establecer una confianza mutua en el proceso de paz, a pesar de las duras críticas de los ciudadanos israelíes.

Lo mismo puede afirmarse del reciente intercambio de prisioneros en la frontera con Líbano. Es, no cabe duda, muy triste que en las prisiones israelíes siga habiendo jóvenes palestinos. En todo caso, la razón principal es que las organizaciones terroristas están explotándoles, incitando el odio y la determinación de matar. En los últimos ocho años, hasta el 16 % de los kamikazes y asesinos potenciales han sido menores de edad, y se ha producido una acusada tendencia descendente en este sentido. La formación y la educación de los niños son factores clave que pueden tener una influencia notable en la futura evolución de la coexistencia entre israelíes y palestinos.

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, con esta resolución en particular, el Parlamento demuestra que no adopta una posición neutral en el sumamente complejo conflicto en Oriente Próximo, que no es una parte neutral. Muy al contrario, este Parlamento se coloca sistemáticamente del lado de los palestinos contra los Israelíes.

Evidentemente, a este Parlamento no le basta con que todos los años decenas de millones de euros de los contribuyentes europeos desaparezcan en el pozo sin fondo, corrupto y antioccidental de los Territorios palestinos. Evidentemente, a este Parlamento no le basta con que las ONG que abiertamente –y subrayo esto: abiertamente– aprueban y justifican los atentados terroristas se patrocinen, de nuevo, con millones de euros de los contribuyentes europeos. Es esto, literalmente, lo que pide ahora el Parlamento pide en una resolución para la liberación de terroristas convictos. Puede que sea una posición políticamente correcta; pero creo que no tardaremos mucho en lamentarlo.

  Philip Claeys (NI). – (NL) Señor Presidente, también voté contra la resolución sobre los prisioneros palestinos en Israel, porque, como mínimo, transmite la idea –y voy a decirlo de manera amable– que nosotros, como Parlamento Europeo, no somos realmente serios cuando condenamos el terrorismo. La resolución aboga por la liberación de personas que han participado en actividades terroristas. Al menos una de ellas es responsable de la muerte de varios ciudadanos israelíes. De modo que la aprobación de la resolución no sólo no beneficia la credibilidad del Parlamento, sino que, algo mucho peor, mina la lucha contra el terrorismo en general.

− Informe: Hélène Flautre (A6-309/2008)

  Véronique De Keyser (PSE). - (FR) Señor Presidente, en el informe Flautre voté a favor de las enmiendas 4 y 5, que no prosperaron y que atañen a Israel. Deseo explicar mis motivos: las enmiendas no se refieren en absoluto a sanciones contra Israel; más bien se refieren –en particular la enmienda 5– a las vulneraciones del Derecho internacional por parte de Israel, ampliamente documentadas.

Quisiera decir que me opongo en general a las sanciones, ya se impongan a los palestinos o a Israel. Lo que lamento, sin embargo, es que esta enmienda, que trataba de las iniciativas que podrían adoptarse con respecto a Israel, en contraposición con las sanciones, no se mantuviera. Si abandonamos la idea de que es necesario que nosotros, en la Unión Europea, adoptemos iniciativas para prevenir las violaciones de los derechos humanos, es que estamos fallando a nuestro sistema democrático.

Me gustaría también decir que, al defender esta opinión, no criticamos al pueblo judío, puesto que merecen todo nuestro aprecio y condenamos todas las formas de antisemitismo. No criticamos al Estado de Israel, ya que apoyamos su existencia y deseamos que sea seguro, pero nos oponemos a aquellos que están minando desde dentro la democracia en Israel, un asunto completamente diferente. Es más, respaldamos a todas las ONG israelíes que trabajan para promover los derechos humanos y el Derecho internacional.

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, en el debate de ayer ya tuve la oportunidad de mencionar brevemente que el informe Flautre sobre la política de derechos humanos de la Unión Europea es realmente un documento bastante bueno y equilibrado. Sin embargo, lo que lamento es que no incluya ninguna referencia explícita al problema y el peligro de la islamización en Europa y en el mundo. Esta islamización es innegable y entraña riesgos para diversos valores europeos y occidentales muy esenciales, para los derechos fundamentales y para los derechos humanos. Estoy pensando en primer lugar en la importante separación entre Iglesia y Estado, y, en especial, en la igualdad entre hombres y mujeres.

El informe tampoco se muestra muy severo con los propios países islámicos, aunque en algunos de ellos, que suelen considerarse países desarrollados, y en otros, que son países muy ricos –países petrolíferos como Arabia Saudí– siguen produciéndose situaciones inadmisibles, desde el comercio real de esclavos y la esclavitud hasta la excepcionalmente extendida y degradante discriminación contra la mujer. Esto, sin duda, debe mejorarse en un informe posterior.

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Señor Presidente, el informe de la señora Flautre bien podría ser uno de los más significativos de los adoptados en esta este periodo parcial de sesiones. Este informe trata de las sanciones, un instrumento del que nosotros, la Comunidad Europea, no podemos prescindir. No obstante, debemos usar este instrumento siempre con sumo cuidado, de manera muy flexible y, a ser posible, en raras ocasiones, para evitar que se degrade o sufra una inflación sui generis .

No obstante, deseo advertir contra aplicar normas dobles en el uso de esto instrumento. Las sanciones no solo deben servir de amenaza para los países pequeños y pobres que infringen los derechos humanos. Los países más ricos y más grandes que sean buenos socios empresariales para la Unión Europea también deberían estar expuestos a la amenaza de las sanciones y deber ser conscientes de que la Unión Europea puede recurrir a ellas.

– Propuesta de resolución: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la mortalidad materna (RC-B6-0377/2008)

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Considero que la propuesta de resolución común para evaluar el ODM 5 sobre la mortalidad materna es muy equilibrada.

Estoy de acuerdo con el punto de la resolución en el que se afirma que la salud materna es el área en la que menos progreso se ha registrado de todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ya que no es en absoluto probable que se logren progresos en esta área para 2015, en especial en el África subsahariana y el sur de Asia, estoy de acuerdo en que debemos tomar medidas.

Me preocupan en particular las cuatro enmiendas propuestas en nombre de los grupos ALDE y Grupos de GUE/NGL, forzando una vez más al Parlamento Europeo para que adopte decisiones sobre asuntos que entran dentro de la competencia de los Estados miembros. Esto incluye el consentimiento de los abortos seguros y legales. Lamentablemente, estas enmiendas se han aceptado en la votación de hoy.

Cada Estado miembro de la UE tiene un criterio diferente de la interrupción artificial del embarazo y, por consiguiente, adoptan decisiones sobre este problema de conformidad con el principio de la subsidiariedad. Incluso el referéndum sobre el Tratado de Lisboa fracasó en la cuestión del aborto en la Irlanda católica, el aborto está prohibido en Polonia y Eslovaquia adopta una postura diferente sobre el asunto. Por eso he votado contra esta propuesta de resolución.

  Frank Vanhecke (NI). -(NL) Señor Presidente, he votado en contra de esta resolución, no sólo porque me opongo realmente a la propaganda sobre el aborto que contiene, sino, en igual medida al menos, porque considero que la posición del Parlamento en general en este tema es bastante hipócrita. Por un lado, el Parlamento dice acertadamente que debe procurarse por todos los medios conseguir una importante reducción de la mortalidad materna en los países en desarrollo, pero, por otro lado, el Parlamento sigue argumentando en otros foros a favor de la creciente la inmigración legal cada vez mayor y de las propuestas de la Comisión Europea para la denominada Tarjeta Azul. Es precisamente esta política de inmigración la que causa una enorme fuga de cerebros de los países en desarrollo a los países occidentales, y es precisamente esta política la que está robando a los países en desarrollo los mejores trabajadores que tanto necesitan, incluidos los profesionales sanitarios, los médicos y las , enfermeras, mucho más necesarios en África que en Occidente. Me niego a respaldar una posición tan hipócrita.

  Daniel Hannan (NI). - Señor Presidente, tomo la palabra para ofrecer una explicación de voto sobre nuestra resolución en relación con la salud materna. Tendremos que esperar para ver qué postura adopta la Cámara sobre los valores tradicionales, pero al menos se ha pronunciado con claridad sobre la cuestión de la maternidad.

No obstante, no tomo la palabra con ánimo de crítica para preguntar por qué sentimos la necesidad de pronunciarnos sobre estas cuestiones. Son cuestiones sensibles, íntimas y, para muchos de nuestros electores, éticas. Deberían abordarse adecuadamente por medio de los procedimientos democráticos nacionales de los Estados miembros. Al expresarnos como lo hemos hecho esta tarde, hemos mostrado presunción, arrogancia y deseo de atribuir poder al centro y pasar por alto las tradiciones nacionales de nuestros miembros constituyentes. Si se observa esa resolución, se entiende por qué las instituciones de la Unión Europea suscitan tanto rechazo y desconfianza a los votantes.

  Linda McAvan (PSE). - Señor Presidente, creo que Daniel Hannan no ha entendido el asunto. Esta resolución trata en realidad de la reunión de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y lo que pretende es ejercer presión sobre los dirigentes mundiales para que se tome en serio el ODM 5 sobre la salud materna: de eso es de lo que trata. No tiene nada que ver con el aborto en Polonia o en Irlanda. Trata del acceso a los derechos de maternidad. Sin embargo, mi explicación de voto no trataba de eso.

Lo que quería decir era que una de las cosas más tristes que he visto en mi vida fue en Addis Abeba, en el hospital para fístulas al que fuimos con algunas colegas como parte de la delegación de países ACP. Había unas mujeres jóvenes –de hecho, no tenían más de 13 o 14 años– que guardaban cola en varias filas y observamos que, por debajo de ellas, corría un reguero de orina calle abajo. Guardaban cola y había una corriente de la orina porque habían desarrollado una fístula vaginal debido a la falta de atención médica durante el parto en zonas remotas de Etiopía.

Creo que es de extremada importancia que la Unión Europea invierta en una adecuada salud materna en algunos de los países más pobres del mundo. Es una desgracia que se avance tan poco en este Objetivo de Desarrollo del Milenio, que es uno de los más importantes. Espero que esto les sirva a nuestros negociadores, como Glenys Kinnock, cuando vayan a Nueva York.

También pienso que personas como Daniel Hannan deberían realmente leer e informarse de lo que sucede en este Parlamento.

− Informe: Syed Kamall (A6-0283/2008)

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Señor Presidente, esto es un informe particularmente importante. Las economías desarrolladas se caracterizan por su elevada demanda de servicios. Los servicios determinan el nivel de vida y de de bienestar de las sociedades. Hay un aumento constante de la demanda en el desarrollo de servicios vinculados a la tecnología moderna y en los servicios de alta calidad que cumplen con las normas y con las expectativas de sus usuarios.

El crecimiento del PIB depende cada vez más del tamaño del sector de los servicios. Los servicios representan una proporción significativa del comercio. Esta parte del mercado crece constantemente. Por eso han suscitado un amplio debate las condiciones y los principios de la liberalización del comercio de los servicios a escala mundial en el marco de la OMC. Hay muchos tipos de servicios muy lucrativos, en particular, los que llenan nichos específicos. Esta es una de las razones de que la liberalización del comercio de los servicios avance con lentitud y de que genere tanta resistencia. Antes de concluir desearía decir que vivimos unos tiempos en los que los servicios son los indicadores principales del desarrollo.

− Informe: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Señor Presidente, he votado a favor de la adopción del informe sobre la política portuaria europea, porque aborda muchas cuestiones de importancia para ese sector de la economía. Son temas también relevantes para Polonia.

Me pregunto cómo podrían aplicarse estos textos a la situación de los astilleros polacos de Gdansk, Gdynia y Szczeczin. Los procedimientos relativos a las ayudas estatales a los astilleros polacos llevan ya bastante tiempo en trámite en la Comisión Europea. El astillero de Szczeczin es el quinto mayor de Europa y está atravesando serias dificultades, al igual que el astillero de Gdynia. Todo esto se debe una serie de problemas que se han planteado con el transcurso de los años y que son consecuencia del cambio de régimen económico y de la situación internacional, como ya señalé ayer al hacer uso de la palabra.

En cuanto a la situación actual de los astilleros polacos, la Comisión opina que no representan una fuente de empleo. No están expuestos a la competencia desleal. Podría sonar extraño. Además, se ha propuesto el cierre de dos rampas de botadura para alcanzar el máximo potencial, algo sencillamente ridículo. El plan de reestructuración para estos astilleros se rechaza siempre, lo que acabará llevándoles a la quiebra, en vez de ayudar al sector europeo de la construcción de barcos para recuperar su lugar en el mundo.

  Presidente. − Deseo recordar a aquéllos que no hayan podido hacer uso de la palabra que pueden presentar una declaración escrita que les permitirá dejar constancia de su explicación de voto.

Explicaciones escritas de voto

− Informe: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

  Glyn Ford (PSE), por escrito. − Agradezco al señor Kirkhope su informe, que ayudará a prestar un mejor servicio a los consumidores. Por el momento, el precio que pagan los consumidores por un billete a otro Estado miembro depende del país en el que lo adquieran. En mi país, Inglaterra, pago el mismo precio por un billete, con independencia de si lo compro en la ciudad de partida, en la de destino o en otra. No veo ninguna razón en absoluto para que este criterio no se aplique en toda la Unión.

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. − (DE) Voto a favor del informe de Timothy Kirkhope sobre el código de conducta para los sistemas informatizados de reserva.

El nuevo código de conducta estimulará la competencia entre los sistemas informáticos de reserva, lo que beneficiará al precio y la calidad de los servicios. Las disposiciones actuales son anticuadas, puesto que casi el 40 % de las reservas se realizan ahora a través de sitios web alternativos, en los que se prescinde de los gastos de reserva. El nuevo código beneficiará a los consumidores gracias al aumento de la competencia y la reducción de las tasas, ahora que las compañías aéreas de bajo coste se incluyen también en el sistema de reservas.

Para ofrecer a clientes la mejor información y protección posibles en relación con las prácticas anticompetitivas, la prestación de los servicios debe ampliarse, regularse y controlarse a escala de la UE. Es importante, por consiguiente, que los precios de los vuelos que aparecen en los principales anuncios publicitarios comprendan el precio total del vuelo incluidos todos los impuestos y tasas, de modo que no se engañe al cliente con ofertas especiales que en realidad no se ofrecen. Lo mismo puede decirse de la lista de emisiones de CO2 y del consumo de combustible: ambos aspectos deben estar claros para el consumidor. La oferta alternativa de ferrocarril para vuelos inferiores a 90 minutos ofrece al cliente otra opción y le permite realizar una elección informada.

  David Martin (PSE), por escrito. − Al actualizar el código de conducta para los sistemas informatizados de reserva (SIR) se garantiza que estos sistemas para los servicios de transporte aéreo cumplen el principio de la competencia leal. No obstante, temo que la vaguedad de la definición de «participación en el capital» de una empresa como la «influencia decisiva» en el SIR que tenga la compañía aérea causará confusión y permitirá la distorsión de la competencia. Este informe debe ocuparse de beneficiar al consumidor y estos criterios se reflejan en mi voto.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. − (PL) El sistema informatizado de reserva es una plataforma que reúne a los proveedores de transporte aéreo y ferroviario que se usa para la venta de billetes por la prestación de sus servicios. El informe sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo tenía como fin modificar las disposiciones vigentes en la actualidad y redoblar la competencia a través de un sistema informatizado de reservas.

El código de conducta se actualizó para mejorar transparencia y también evitar abuso de mercados y distorsión de la competencia. Voté en contra del informe sobre el código para los sistemas informatizados de reserva porque yo estaba a favor de remitirlo al Comité de Transporte y Turismo.

En mi opinión, muchos de los conceptos del informe de la Comisión están mal definidos. Esto es especialmente cierto con respecto al concepto clave de compañía matriz. Por consiguiente, creo que no se está velando plenamente por los intereses de los consumidores dentro del mercado común europeo.

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), por escrito. − (RO) He votado por la devolución a la Comisión del Reglamento sobre el sistema informatizado de reserva porque contiene todavía términos ambiguos, que pueden dar lugar diferentes interpretaciones de los textos. Una reglamentación es obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los Estados miembro y, por este motivo, el texto debe ser preciso.

Creo que la publicación de una especificación en la que se explique la interpretación facilitada por la Comisión Europea a ciertas definiciones del Reglamento en el Diario Oficial de la Unión Europea antes de su entrada en vigor no es una solución aceptable. Las instituciones europeas se han comprometido con un proceso de simplificación legislativa y, en especial, de estabilidad legislativa.

No cabe duda de que es necesaria una actualización y mejora del Reglamento sobre el sistema informatizado de reserva, y aprecio el trabajo de todos los colegas de la comisión. No obstante, considero que habría sido preciso aumentar la claridad del texto para garantizar el marco jurídico estable necesario para el buen funcionamiento del sector del transporte aéreo de pasajeros.

  Ewa Tomaszewska (UEN), por escrito. − (PL) En el curso de la votación nominal y con respecto a la enmienda 48, he votado en contra de la violación de la igualdad de derechos para entidades en competencia que representa elegir tres países de la Unión Europea y garantizarles una posición privilegiada en el mercado. Lamentablemente, mi equipo de votación falló y mis esfuerzos para que se solucionara la situación no se atendieron. Me gustaría que quedara constancia de que he votado en contra de la segunda mitad de la enmienda en cuestión.

− Informe: Esko Seppänen (A6-0317/2008)

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Defender los derechos humanos en el mundo que nos rodea es una de las labores políticas de la Unión Europea en su calidad de unidad de valores. Sin embargo, ante la Lista de Junio, esto no debe usarse para intentar aplicar una política exterior a escala comunitaria y así usurpar la soberanía en materia de política exterior de los Estados miembros.

Por consiguiente, apreciamos que el BEI establezca prioridades en la concesión de créditos que promuevan el desarrollo de la democracia y la estabilidad en Asia central, pero nos oponemos a la tendencia por la que el BEI se convierte en un instrumento para multiplicar las ambiciones de política exterior de la UE.

Tras un minucioso examen hemos decidido votar a favor de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo a la propuesta de la Comisión, a pesar de que algunas de las enmiendas no se ajustan precisamente a nuestros principios a este respecto.

− Propuesta de resolución: Prisioneros palestinos en cárceles israelíes (RC-B6-0343/2008)

  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) Señor Presidente, he votado a favor de este documento, pero deseo señalar que es la enésima vez que se esta Cámara aprueba un texto para que se respeten los derechos humanos en esta parte del mundo. ¿Qué efecto tienen nuestras declaraciones? Muy poco, lamentablemente, aparte de expresar la solidaridad política.

Si Europa desea ser creíble en esta materia, debe hablar con una voz única y colocar seguridad internacional por encima de los intereses nacionales individuales. Creo que es vital a lograr un equilibrio entre dos requisitos: para los palestinos, un estado libre e independiente; para los israelíes, la seguridad de vivir en su propio territorio, sin ataques ni amenazas. Si los dos aspectos se separan, se hace bastante difícil encontrar una postura creíble y una solución duradera. Espero que en el futuro esta Unión Europea que tenemos, tan interesada por la paz en una parte del mundo tan próxima a nosotros, pueda desempeñar un papel como mediadora más eficaz que el que ha tenido en el pasado.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Hemos votado a favor de la resolución de compromiso, no porque estemos de acuerdo con todos sus puntos o con el texto, sino porque creemos que puede ayudar a denunciar la inadmisible situación de los prisioneros políticos palestinos en las cárceles israelíes.

Israel, con el apoyo y la connivencia de los Estados Unidos y sus aliados, está ocupando ilegalmente los territorios palestinos, ha levantado asentamientos y un muro de división y está asesinando, deteniendo, atacando y explotando a los palestinos, al tiempo que infringe sistemáticamente el Derecho internacional y desoye los derechos inalienables de estas personas a su Estado soberano, viable e independiente.

En las cárceles israelíes hay en torno a 10 000 palestinos detenidos en la actualidad, incluidos cientos de niños, en unas condiciones inhumanas y sometidos a tratos humillantes y degradantes, así como a malos tratos, incluida la tortura. A la mayoría de ellos se les prohíbe recibir visitas de sus familiares. Muchas detenciones son «administrativas», sin acusación ni juicio.

Israel retiene en sus cárceles a cerca de un tercio de los miembros electos del Consejo Legislativo Palestino, así como a otros funcionarios palestinos electos locales.

El encarcelamiento de activistas palestinos es un instrumento utilizado para combatir la resistencia legítima del pueblo palestino y para perpetuar la ocupación israelí.

Cualquier solución justa, viable y duradera para poner fin a la ocupación israelí de los territorios ocupados exige la liberación de todos los prisioneros políticos palestinos por parte de Israel.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. (EL) La resolución que nos ocupa es inadmisible, puesto que absuelve esencialmente a Israel del genocidio del pueblo palestino y de la ocupación de sus territorios.

El apartado 4, por ejemplo, apoya la lucha de Israel contra el terrorismo. Por lo tanto, califica de terroristas a personas que luchan por la libertad, que se oponen a la ocupación de sus territorios por el ejército israelí y al bloqueo económico, social y político, y a los ataques de represalia que sufren. Hay niños pequeños entre las víctimas, en la Franja de Gaza, por ejemplo, porque el Gobierno elegido no es del agrado de los israelíes, los Estados Unidos y la UE.

Es más, en el apartado 7 se insta provocativamente a la Autoridad Palestina a que ponga bajo control policial la resistencia del pueblo palestino. Incluso acusa a los antiguos prisioneros, en especial a los niños pequeños, de atentados violentos o terroristas.

Es vergonzoso hacer tales imputaciones. En cambio, el Parlamento Europeo debería exigir la retirada de Israel de los territorios ocupados de Cisjordania. Debe demolerse el muro de la vergüenza de Jerusalén, deben cesar los ataques asesinos contra la población civil, las mujeres y los niños, y debe liberarse a todos los prisioneros políticos. El Parlamento Europeo ha de exigir el cumplimiento por parte de Israel de los principios del Derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

  Olle Schmidt (ALDE), por escrito. − (SV) La situación de Israel y Palestina es complicada. Para Israel resulta problemático abordar la enorme inseguridad creada por su entorno. Como buen amigo de Israel, lo sé muy bien. Sin embargo, siempre es importante defender el Derecho internacional. Por consiguiente, decidí participar en las negociaciones sobre la resolución del Parlamento Europeo relativa a la situación de los prisioneros palestinos en las cárceles israelíes.

A través de estas negociaciones el resultado final se hizo considerablemente más equilibrado, con lo cual, finalmente, apoyé la resolución. En mi opinión es importante no condenar a Israel, como ocurrió con el informe de la señora Flautre sobre la evaluación de las sanciones comunitarias previstas en el marco de las acciones y políticas de la UE en el ámbito de los derechos humanos, en el que los hechos no se habían estudiado. Por consiguiente, he votado en contra de eso.

  Marek Siwiec (PSE), por escrito. − (PL) La resolución sobre la situación de los prisioneros palestinos en las cárceles israelíes adoptada por el Parlamento Europeo es tendenciosa y, por tanto, no representa un reflejo exacto del conflicto en Oriente Próximo. La resolución no toma en cuenta en absoluto el contexto político o el hecho de que las autoridades israelíes necesitan poder garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Israel sigue estando bajo la amenaza constante de actos terroristas originados en los territorios palestinos, a pesar de las negociaciones de la paz en curso y los gestos de buena voluntad como la reciente decisión de liberar a 198 prisioneros palestinos. Israel es el único país democrático de la región y está abordando esta amenaza con métodos y recursos democráticos.

La resolución condena a las autoridades israelíes por utilizar métodos inapropiados para tratar a los menores. Sin embargo, no menciona que, según informes de Amnistía Internacional, organizaciones terroristas como la Brigada de Mártires de Al-Aqsa, Hamás, la Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina recluten a menores y los utilicen como mensajeros. En algunos casos a los menores también se les asignan misiones de combate o se les usa para perpetrar ataques terroristas contra soldados israelíes y la población civil.

La forma tan tendenciosa e incompleta de tratar la cuestión de los prisioneros palestinos es lo que explica mi voto en contra de esta resolución.

- Informe: Hélène Flautre (A6-0309/2008)

  Slavi Binev (NI), por escrito. (BG) Señor Presidente, respetados colegas, el informe de la señora Hélène Flautre trata de las sanciones que han de adoptar la Unión Europea con respecto a cualquier violación de los derechos humanos, independientemente de la parte del mundo en la que suceda. Ahora bien, ¿qué sucede en nuestra propia casa? Una vez más, quisiera llamar su atención hacia las acciones sin precedentes de la coalición dominante en Bulgaria.

El 30 de julio, día en que se había planteado un voto de censura [en el Parlamento Búlgaro], se usó la fuerza policial contra el diputado al PE Dimiter Stoyanov. A pesar de que los nombres de los «ayudantes» uniformados se averiguaron de inmediato, hasta la fecha no se ha impuesto ninguna sanción ni se ha expresado ninguna excusa, aunque sí hay una arrogancia desbordante en el intento de encubrir el caso.

La conducta de los funcionarios del Ministerio de Interior demuestra que eran conscientes de a quién estaban golpeando, en particular porque Stoyanov mostró su tarjeta de identificación como diputado al PE todo el tiempo y explicó en repetidas ocasiones quién era.

La detención ilegal y la paliza recibida por un diputado al Parlamento Europeo es algo que no ha ocurrido en los 50 años de historia de esta institución. El caso de nuestro compañero es un golpe peligroso a los principios fundadores de la democracia europea contemporánea. Es una intrusión directa y evidente en los derechos personales.

Después de que el aparato represivo de la coalición dominante no respetara la condición de diputado al PE de Dimiter Stoyanov, ¿qué puede esperar el ciudadano ordinario de Bulgaria?

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Dado que resulta imposible abordar en una explicación de voto todos los temas importantes planteados en el informe, en particular, los muchos a los que nos oponemos totalmente, tal vez el mejor enfoque sea usar el ejemplo del voto de las enmiendas propuestas en la sesión plenaria para destacar el objetivo central de este instrumento político de la UE.

A pesar de que en el informe se hace referencia a diversos países, la mayoría del Parlamento rechazó dos de las enmiendas propuestas que consideraban que:

- «...las sanciones impuestas por la Unión Europea contra el Gobierno palestino formado en febrero de 2006 tras unas elecciones que la UE reconoció como libres y democráticas, han minado la uniformidad de la política de la Unión y han resultado seriamente contraproducentes, puesto que ha empeorado la situación política y humanitaria»;

- «...la violación permanente del Derecho internacional por parte de Israel exige medidas urgentes de la Unión».

¿Qué mejor ejemplo cabe para mostrar que el objetivo de las sanciones de la UE es una interferencia inadmisible, aplicada, desde luego, con «un doble rasero». En otras palabras, las sanciones se están utilizando como un medio de presión y de interferencia política para proteger a los «amigos» y criticar a «otros» que la UE (y los Estados Unidos) señalan como blanco.

Por esto hemos votado en contra del informe.

  Ona Juknevičienė (ALDE), por escrito. − En el contexto de la Política Exterior y de Seguridad Común, la UE aplica medidas restrictivas, o sanciones, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la PESC. Las política de sanciones actual de la UE adolece de excesivos casos ad hoc, lo que suele dar lugar a incoherencia e incongruencia. Creo que la Comisión debe desempeñar una función más proactiva al definir una política de la UE clara sobre las sanciones.

Creo que el PE debe ser muy preciso cuando se hable de las sanciones, y en especial cuando se exija a la UE que emprenda medidas en respuesta a las violaciones del Derecho internacional, como hizo la Cámara en este informe sobre Israel. Creo que antes de pedir a la UE que imponga cualquier sanción, debemos estar bien informados de los incumplimientos concretos del Derecho internacional y abstenernos de realizar afirmaciones de carácter genérico. Si hay casos objetivos, han de especificarse en el texto o presentarse en una nota a pie de página en el documento respectivo.

  David Martin (PSE), por escrito. − He votado a favor del informe de Hélène Flautre sobre la sobre la evaluación de las sanciones comunitarias previstas en el marco de las acciones y políticas de la UE en el ámbito de los derechos humanos. Recibo con beneplácito el enfoque equilibrado de la ponente por considerarlo una herramienta importante de la política común exterior y de seguridad de la UE. Las sanciones deben imponerse caso por caso y dirigirse a objetivos concretos de modo que no afecte a las partes inocentes. Me complace que el informe de la señora Flautre aborde adecuadamente estos aspectos.

  Zita Pleštinská (PPE-DE), por escrito. − (SK) La UE considera que el respeto de los derechos humanos es el principio más importante y, por tanto, incluye cláusulas sobre los derechos humanos y los mecanismos de aplicación en todos los nuevos acuerdos bilaterales celebrados con terceros países.

La eficacia política de las sanciones y sus consecuencias negativas se someten hoy a debate. Somos particularmente conscientes de esto cuando la UE ha adoptar un punto de vista con respecto al conflicto del Cáucaso.

En consecuencia, he acogido con agrado y votado a favor del informe de Hélène Flautre, que adopta una nueva filosofía en relación con la aplicación de sanciones y un cambio de ideas en el ámbito de los derechos humanos.

Necesitamos una política de sanciones eficaz, de modo que no se apliquen «dobles raseros», basados, por ejemplo, en la importancia estratégica del socio, como en el caso de Rusia y China.

Debemos usar documentos de estrategia para los diferentes países y otros tipos de documentos similares como base para la elaboración de una estrategia coherente en relación con los derechos humanos en el país y la situación con respecto a la democracia. Debemos usar información objetiva y actualizada obtenida a partir de los representantes de organizaciones locales y no gubernamentales. Debemos apoyar a la sociedad civil y fijar como objetivo a los culpables de los conflictos, por ejemplo, mediante la congelación de activos y la prohibición de viajar. Las sanciones no deben afectar a las personas más pobres.

Creo firmemente que la política de sanciones no será más eficaz hasta que se incorpora a una estrategia comunitaria integrada sobre derechos humanos. Las sanciones sólo serán eficaces cuando ayuden a cambiar las relaciones y, en consecuencia, a resolver conflictos.

  Pierre Schapira (PSE), por escrito. -(FR) Después de las elecciones legislativas en Palestina de febrero de 2006, fui uno de los primeros en afirmar, tanto en Jerusalén como en el Parlamento, que no debíamos imponer sanciones contra el Gobierno, porque sería el pueblo palestino el que las sufriría. Cierto es que tenemos que aceptar que la situación política en los Territorios se ha deteriorado por completo, en especial entre Al Fatah y Hamás, pero esta crisis política no puede atribuirse exclusivamente a las sanciones europeas. Por este motivo me he abstenido de votar la enmienda 4.

Deseo asimismo declarar que condeno firmemente la violación permanente del Derecho internacional por parte de Israel, pero lamento que el texto del informe no mencione esas violaciones cuando las cometen otros países de Oriente Próximo. Esto parece ser un caso de doble rasero, y de ahí mi voto en contra de la enmienda 5.

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), por escrito. − (DA) A pesar de que hay aspectos del informe de la señora Flautre que son dignos de crítica, he votado a favor del informe para mostrar el respaldo a la batalla por los derechos humanos.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. − (PL) Las sanciones impuestas por la Unión Europea son instrumentos que aseguran la eficacia de la PESC. Tal vez sean herramientas diplomáticas, pero son sobre todo económicas y sirven para garantizar el cumplimiento de los principios fundamentales del Derecho internacional, la democracia y los derechos humanos.

La ponente solicita que se realice un análisis exhaustivo y pormenorizado de las medidas restrictivas existentes, y creo que está en lo cierto. Deben redactarse principios adecuados para la imposición de sanciones, de modo que éstas sólo se usen después de realizado un análisis individual detallado.

Por otra parte, creo también que debe darse prioridad al desarrollo de sanciones económicas que no repercutan negativamente en la sociedad y que no violen los derechos humanos de los ciudadanos de los países sancionados. Esto es particularmente necesario en relación con la costumbre de realizar listas negras. Por eso respaldé asimismo el informe para la evaluación de las sanciones de la UE en relación con el ámbito de los derechos humanos.

Si resultara necesario imponer sanciones, creo que es importante introducir medidas positivas para ayudar a los ciudadanos de los países en los que se han impuesto medidas restrictivas.

  Charles Tannock (PPE-DE), por escrito. − Mis colegas conservadores británicos y yo apoyamos sinceramente los derechos humanos para todos. Respaldamos la idea de un régimen de sanciones de la Política exterior y de seguridad común (PESC) de la UE que se aplique con un criterio unánime de dirigirse a los agresores más flagrantes de los derechos humanos en el mundo, a condición de que el Reino Unido pueda siempre ejercer un veto a este respecto. Deploramos asimismo la manera incoherente en que se han aplicado y su vulnerabilidad a cualquier incumplimiento, por ejemplo, el modo en que se ha permitido al Presidente Mugabe la entrada a la UE en varias ocasiones, a pesar de la prohibición de viajar que pesa sobre su régimen.

Lamentablemente, el informe Flautre va más lejos, puesto que reconoce el derecho del Tribunal Europeo de Justicia a dictaminar sobre la lista de organizaciones terroristas prohibidas —que debe seguir siendo una decisión política, no judicial— y solicita que el Tratado de Lisboa debe hacer más eficaces las sanciones de la UE a los abusos contra los derechos humanos. Insta a que el Parlamento Europeo supervise los servicios de seguridad de los Estados miembros y haga obligatorio el código de conducta sobre exportaciones de armas. Por esas razones no apoyamos el informe.

  Ewa Tomaszewska (UEN), por escrito. − (PL) He votado en contra del párrafo 57 en la votación nominal. Lamentablemente, mi equipo de votación no funcionó. No se atendieron mis esfuerzos para que se solucionara la situación, como ya sucedió en otras cinco votaciones nominales. Me gustaría que quedara constancia de que he votado en contra del texto original del párrafo 57 del documento.

- Propuesta de resolución: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la salud materna (RC-B6-0377/2008)

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), por escrito. (FR) En el documento, el quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio —reducir la mortalidad materna en un 75 % entre el momento actual y 2015— era claramente una de las metas más alcanzables.

De hecho, era el que más retrasado estaba. He aquí un hecho concluyente: en el África subsaharina, una de cada 16 mujeres muere en el parto. Esta cifra apenas ha cambiado en 20 años.

¿En qué otro lugar del planeta podría encontrarse un desajuste tan notable como el del ámbito de la salud humana? Además, cuando muere la madre, las probabilidades de que el niño muera también se multiplican por diez.

En consecuencia, en nuestros supremos esfuerzos para lograr los ODM necesitamos prestar atención especial al número 5.

El propio G-ha captado por fin el mensaje. En su última reunión en Japón adoptó un «paquete de salud» encaminado a contratar y dar formación a un millón de profesionales de la salud para África con el fin de que el 80 % de las madres tengan ayuda durante el parto.

La pelota está ahora en el tejado de la UE.

La Comunidad necesita actuar simultáneamente y con verdadero fundamento en varias direcciones:

- información y educación para las mujeres;

- refuerzo de los sistemas de salud públicos en los países del sur;

- inversión masiva en recursos humanos en el área de la atención sanitaria.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Cada año se producen alrededor de 536 000 muertes derivadas de la maternidad (el 95 % de ellas en África y Asia meridional). Por cada mujer que muere, 20 o más sufren graves complicaciones, desde infecciones crónicas a lesiones discapacitantes, que podrían evitarse fácilmente si hubiera acceso universal a la atención ginecológica básica y de urgencia y a servicios de planificación familiar. Esto requiere un mayor apoyo de los países desarrollados.

Estas cifras son muy preocupantes e indican que la mortalidad materna (ODM 5) no sólo no esta en vías de alcanzarse en los países en desarrollo, sino que es también el único objetivo en el que no se está avanzando. Las cifras actuales son exactamente las mismas que las de hace 20 años.

El hecho es que la mortalidad materna podría evitarse prestando una mejor atención sanitaria y garantizando a todas las mujeres el acceso a una información y unos servicios completos en materia de salud sexual y reproductiva.

Por consiguiente, apoyamos la resolución adoptada y nos complace que nuestra propuesta de protección del acceso a una anticoncepción eficaz y al aborto legal y seguro se haya adoptado también en la sesión plenaria.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Es terrible que sea tan elevada la proporción de la población mundial que vive en situación de pobreza extrema, que las mujeres en estos países y regiones mueran en el embarazo o en el parto, y que haya tantas personas sin información sobre la anticoncepción segura ni acceso a la misma. Es una cuestión que se refiere al valor de la vida humana y a los derechos humanos universales e inviolables, en especial para las mujeres que viven en la pobreza.

Esta resolución incluye propuestas positivas —y necesarias—, pero también plantea cuestiones que no entran en el ámbito de competencias de la UE. Hemos decidido apoyar las propuestas para mejorar las condiciones de las mujeres, en especial las relativas a la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, la resolución aborda también otros temas, algunos de los cuales se refieren a política exterior. En consecuencia, nos hemos abstenido en la votación final.

  Ona Juknevičienė (ALDE), por escrito. − La resolución del PE sobre la mortalidad materna es de suma importancia a la luz de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y es un medio de transmisión de nuestro mensaje de que somos conscientes de la situación actual y de que exigimos que se adopten medidas para ayudar a millones de mujeres en los países en desarrollo. Apoyo firmemente la sugerencia de solicitar a la Comisión y al Consejo que se elaboren programas y políticas que ayuden a evitar la mortalidad materna, haciendo especial hincapié en el acceso a la información sobre la salud sexual y reproductiva, la alfabetización y la nutrición.

En el contexto de esta resolución, creo que el uso de anticonceptivos es muy importante para evitar enfermedades y embarazos no deseados y para reducir la mortalidad materna, pero, al mismo tiempo, estoy convencido de que no tenemos derecho a condenar o criticar a las Iglesias, que representan sólo una autoridad moral, no legislativa, y que promueven su fe pero no prohíben la elección personal. Además, hay Iglesias que no abordan las cuestiones de la anticoncepción ante sus feligreses.

  Rovana Plumb (PSE), por escrito. − (RO) He votado a favor de esta resolución porque la tasa de mortalidad materna es alta no sólo en los países en desarrollo, sino también en los nuevos Estados miembros de la UE.

Resulta preocupante que cada año haya 536 000 familias que se quedan sin el apoyo de la madre, lo que origina desajustes en la célula básica de la sociedad. Conocemos las causas y los métodos para luchar contra este fenómeno; la manera de organizar y planificar la actividad depende de nosotros.

Considero que debe hacerse hincapié principalmente en el acceso de las mujeres a la información sobre la una reproducción saludable. No podemos tener éxito en nuestras acciones a menos que las propias mujeres se den cuenta de los peligros a los que se exponen antes de o durante el embarazo. Asimismo debemos dedicar los máximos recursos disponibles a la prestación de servicios de calidad disponibles para todos.

  Toomas Savi (ALDE), por escrito. − Señor Presidente, habida cuenta de que he apoyado las enmiendas relativas a la condena de la «rega de mordaza global» de los Estados Unidos y a la prohibición del uso de anticonceptivos por parte de algunas Iglesias, he votado a favor de la resolución. Pero me ha sorprendido saber que algunos de mis colegas a quienes, por lo general, puede tomarse en serio, han dado prioridad a las afirmaciones del Papa sobre la salud y el bienestar de las personas de los países en desarrollo.

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) , por escrito. − (RO) El aumento de la tasa de mortalidad infantil y la disminución de la tasa de natalidad, por un lado, y el envejecimiento de la población, por otro, exigen medidas firmes y urgentes de los Estados miembros y de las instituciones europeas.

Voté a favor de la resolución sobre la mortalidad materna antes de la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas de 25 de septiembre, celebrada para revisar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, debido al hecho de que en sus textos se solicita al Consejo y a la Comisión que amplíen las disposiciones sobre los servicios de salud materna y hagan hincapié en los programas de asistencia prenatal, nutrición materna, adecuada asistencia durante el parto de modo que se evite la realización innecesaria de cesáreas, asistencia posnatal y planificación familiar. A través de esta resolución solicitamos al Consejo y a la Comisión que garanticen que los servicios de salud reproductiva sean accesibles y de calidad.

Es importante asignar los máximos recursos disponibles a los programas y políticas sobre la prevención de la mortalidad materna.

También considero importante la financiación de actividades de planificación familiar con fondos públicos.

  Ewa Tomaszewska (UEN), por escrito. − (PL) La resolución incluye disposiciones que promueven indirectamente el aborto y otras que piden de forma abierta la legalización del aborto. La inclusión de afirmaciones sobre esta cuestión equivale a una violación del principio de subsidiariedad. Significa también que pueden usarse recursos financieros procedentes de las contribuciones a la Comunidad de Estados miembros en los que no está permitido el aborto para promover éste en terceros países.

Es una hipocresía justificar la participación en la propaganda a favor del aborto por lo que respecta a la promoción de la salud materna, y asignar recursos financieros al aborto, en lugar de dedicarlos a mejorar la salud materna. Por ello he votado en contra de la resolución.

  Anna Záborská (PPE-DE), por escrito. − (SK) He votado en contra de la resolución.

La protección de la salud materna es un requisito previo incondicional para la supervivencia de la humanidad.

Las madres en los países en desarrollo se enfrentan actualmente a una pandemia, sin acceso a la atención sanitaria básica, a aspirinas o a un vaso de agua potable. El Secretario General de las Naciones Unidas recalcó claramente que se dedica menos del 10 % del presupuesto a resolver los problemas que afectan a un 90 % de la población mundial. La neumonía, la diarrea infecciosa, la tuberculosis y la malaria —enfermedades que causan enormes problemas de salud en los países en desarrollo, pero que tienen tratamiento— se benefician de menos de 1 % del presupuesto.

Las Naciones Unidas han adoptado una estrategia que apoya el parto bajo control médico cualificado. El objetivo es limitar los riesgos de la maternidad, reducir la mortalidad infantil y dar acceso a los servicios.

Nuestra resolución, sin embargo, propone, entre otras cosas, la «prestación de servicios de interrupción del embarazo seguros y lo más amplios posibles» y lamenta la falta de prestación de servicios en el campo de la salud reproductiva. Pide al Consejo y a la Comisión que «garanticen que los servicios de salud reproductiva sean accesibles» y que «promuevan el acceso de todas las mujeres a una información y unos servicios completos en materia de salud sexual y reproductiva». Pide al Consejo y a la Comisión que intervengan en este ámbito, pero el aborto corresponde a la competencia exclusiva de los Estados miembros, no a la de la UE.

No podemos ofrecer a las madres de los países en desarrollo una visión de la protección de la salud poco clara, simplificada o, aun peor, ideológicamente tendenciosa.

- Informe: Syed Kamall (A6-0283/2008)

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. (FR) El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), que contempla la liberalización de los servicios a escala internacional y que tan fervientemente desea el ponente ver concluido, no es en realidad más que una «Directiva Bolkestein» a escala mundial. El «fontanero polaco» de antes, mañana será chino o pakistaní.

La única excepción se refiere a los servicios «servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales», que «no se suministran en condiciones comerciales ni en competencia con otros proveedores». En otras palabras, los únicos a los que no afectarán serán la policía, los tribunales, el servicio diplomático y el ejército. Por otro lado, el AGCS será otro paso para el desmantelamiento de los servicios públicos, un proceso iniciado por la Comisión hace unos 15 años en nombre de la competencia y del mercado único.

Hoy, la Unión Europea cree que goza de una ventaja competitiva y afirma que sus proveedores de servicios tienen un acceso inadecuado a los mercados terceros países. Sin embargo, el sector de los servicios acabará igual que nuestra industria, con deslocalizaciones y reducciones de personal y, de propina, la importación del dumping social. Situar las normas sociales, ambientales y de calidad con perspectiva —lo cual, según el ponente no debe representar un obstáculo para el comercio— contiene la semilla de una desintegración gradual del modelo europeo social y económico.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) A pesar de que se han eliminado alguno de sus aspectos más aspectos negativos y suavizado algunos de sus términos, que, aunque no ponen en duda el proceso de liberalización, intentan «humanizarlo», esta resolución sigue siendo, básicamente, un libro de texto en defensa de la liberalización de los servicios, incluidos los servicios públicos (supuestamente limitados, en su presentación, por la necesidad de un enfoque «diferenciado» de la liberalización).

Sin embargo, a pesar de la inquietud que siente una mayoría del Parlamento, la situación internacional actual no es la misma que la del comienzo de la Ronda de Doha en 2001, lo que significa que los Estados Unidos y la Unión Europea se esfuerzan por conseguir que la OMC imponga su programa de dominación económica en el mundo.

Sin embargo, a pesar de los fracasos sucesivos, la UE y los «socialdemócratas» Mandelson y Lamy están intentando de nuevo evitar que las negociaciones «descarrilen», para proteger y no perder el terreno ya ganado.

Como ya hemos dicho, el objetivo de los principales grupos económicos y financieros es controlar el comercio internacional, en un marco de competencia capitalista, control de las economías nacionales (agricultura, industria, servicios, trabajo, recursos naturales) y control de los propios Estados.

La liberalización representa un ataque a las victorias de los trabajadores y la soberanía de los pueblos, además de la la destrucción del medio ambiente.

Por eso hemos votado en contra de esta resolución.

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), por escrito. (PL) Los servicios representan más de las tres cuartas partes de la economía europea. El un sector de vital importancia para la competitividad y la innovación de la economía europea, que se basa en gran medida en el conocimiento. El funcionamiento eficaz del mercado interior de la Unión Europea en los servicios es muy importante para la competitividad de las empresas de la UE en el mercado mundial. La transposición y la aplicación apropiadas y oportunas serán esenciales para un funcionamiento sólido del mercado, en especial en el caso de la Directiva relativa a los servicios.

El comercio de servicios incluye en gran parte la transferencia del conocimiento especializado entre países. En consecuencia, el libre comercio de servicios desempeña un papel importante en todas las estrategias de desarrollo, puesto que facilita la transferencia rápida y eficaz de conocimientos técnicos a gran escala. Además, el acceso creciente al mercado de servicios representa una oportunidad no sólo para los países desarrollados, sino los países en desarrollo, a menudo privados del acceso a los conocimientos técnicos.

El acceso al mercado de servicios es una cuestión difícil en el contexto de las negociaciones en curso en la OMC. Debe tenerse presente, sin embargo, que las negociaciones sobre el comercio de servicios deben beneficiar los intereses de la UE así como promover el desarrollo de los países más pobres. Si se permite una inversión extranjera sustancial, podría ser precisamente la liberalización del comercio de servicios lo que tal vez facilitara una producción mayor y más sostenible, y la modernización de la infraestructura en todas las economías.

  David Martin (PSE), por escrito. − El informe del señor Kamall sobre el comercio de servicios examina los modos en que las empresas de la UE pueden tener acceso a los mercados de servicios de terceros países. En efecto, los servicios desempeñan un papel cada vez más importante en el comercio internacional. Por este motivo, precisamente, es importante distinguir entre servicios comercial y servicios públicos fundamentales. He aclarado esta cuestión en el sentido de mi voto.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. (EL) Con arreglo al AGCS, a través de acuerdos bilaterales y multilaterales, y de coacciones y amenazas encubiertas o abiertas, la UE está fomentando que el capital penetre en los incipientes mercados de servicios de los países menos desarrollados para aumentar los beneficios y su propia influencia. El informe de la Comisión aplaude y apoya esta política.

Los bienes públicos básicos como el agua, la salud y el bienestar social, la educación, etc., están en el punto de mira de los monopolios, cuyo objetivo es liberalizar y abrir los mercados nacionales y privatizar las entidades. La reestructuración capitalista será aún más desastrosa para los trabajadores de los países más pobres.

La rivalidad de los centros imperialistas en combinación con la oposición de los países más pobres ha causado el fracaso de las últimas negociaciones de la OMC. Los centros del poder rivalizan entre sí para cerrar los acuerdos bilaterales y multilaterales en el intento de fortalecer su posición.

La atención se centra en la abolición directa e indirecta de los servicios públicos, en particular en los sectores lucrativos para el capital, y en la abolición de todas las barreras de seguridad. Son intentos de equiparar los servicios a los bienes básicos y de llevar a cabo negociaciones conjuntas sobre los productos agrícolas. Todo lo anterior no son más que ejemplos de la agresión imperialista capitalista europea, dispuesta a declarar la guerra para imponer sus alternativas.

  Tokia Saïfi (PPE-DE), por escrito. (FR) He votado a favor del informe sobre el comercio de servicios para instar a la Comisión a que, en sus negociaciones comerciales, desarrolle tanto la apertura progresiva y recíproca del acceso al mercado de servicios como una política para aumentar la transparencia. La Unión Europea, que es el mayor exportador y el mayor proveedor mundial de servicios, tiene que promover un mayor acceso al mercado de servicios tanto para las naciones desarrolladas como para los países en desarrollo.

No obstante, esta liberalización ha de ser progresiva y recíproca de manera que tenga en cuenta los diferentes intereses de los países pertinentes. Tuve estas consideraciones presentes al votar a favor de la enmienda 2, que destaca la necesidad de distinguir entre servicios comercial y no comerciales, así como de que se adopte un enfoque diferenciado al abrir los mercados a los servicios de interés general. También voté a favor de la enmienda 5 que, en el contexto del AAE, pide que se garanticen unos servicios públicos universales, accesibles y sostenibles para todos.

Por último, he votado a favor de la enmienda 7, que reconoce que ciertos productos, como el agua, deben considerarse un recurso público universal; con todo, deseo señalar que se requiere cierta prudencia al proponer la apertura de los mercados de servicios de este tipo.

  Olle Schmidt (ALDE), por escrito. − (SV) El comercio de servicios es hoy una necesidad para todas las economías. Es imposible que ningún país logre el éxito económico con una infraestructura de servicios costosa e ineficaz. Los productores y los exportadores de textiles, tomates y otros productos no serán competitivos sin acceso a un sistema bancario eficiente y a unas compañías de seguros eficaces, y sin empresas de contabilidad, telecomunicaciones y sistemas de transporte.

Sin embargo, la oportunidad de ofrecer servicios públicos gestionados por empresas privadas es también crucial. La competencia en los sectores de la salud, la educación y las comunicaciones públicas mejora el servicio. Por consiguiente, he decidido apoyar el criterio de no hacer ninguna distinción categórica entre los servicios para uso privado o público, porque creo que la competencia en la esfera pública también contribuye a aumentar la eficiencia y mejorar el servicio. A mi entender es algo obvio, ya se refiera a nuestro mercado interior o al comercio de servicios en otros países fuera de las fronteras de la UE.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. − (PL) El informe sobre el comercio de servicios tiene el objetivo de recalcar la función de este comercio como un sector instrumental en la creación de nuevos trabajos permanentes y en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Estos servicios representan en la actualidad nada menos que el 75 % de PIB de la Unión Europea.

El ponente exige que el mercado del comercio de servicios se abra y se liberalice. No cabe duda de que es necesario abrir el mercado y mejorar la competitividad. No obstante, en mi opinión, la apertura del comercio de servicios no debe entenderse como privatización. Debe establecerse con claridad que la naturaleza de los servicios comerciales y la de los públicos es distinta. En consecuencia, también debe garantizarse que el enfoque adoptado para abrir el comercio de los servicios públicos sea muy diferente del adoptado para abrir el de los servicios comerciales.

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) , por escrito. − (RO) He votado a favor del informe sobre el comercio de servicios, que pone de relieve la importancia del comercio de servicios para la creación de trabajos.

La enmienda 2, presentada por el Grupo Socialista, subraya la necesidad de adoptar un enfoque diferenciado en el contexto de la apertura del mercado de los servicios de interés general y, en particular, la necesidad de distinguir entre servicios comerciales y no comerciales.

Considero sumamente importantes la enmienda 5, que pide que se garanticen unos servicios públicos universales, accesibles y sostenibles, a precios asequibles y de alta calidad para todos, y la enmienda 10, que insta a la Comisión a que adopte medidas más contundentes para luchar contra la falsificación, en particular por Internet, y pide a la Comisión que presente al Parlamento y el Consejo una propuesta con vistas a proporcionar a la Comunidad y a sus Estados miembros datos cualitativos y estadísticos a escala europea sobre falsificaciones, en especial por Internet.

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), por escrito. (PL) La denominada revolución de los servicios que lleva en marcha desde mediados del siglo XX ha hecho que los servicios se hayan convertido en el sector más importante de la economía para la mayoría de los países. Los avances tecnológicos, en particular, en las áreas de las telecomunicaciones y la tecnología de la información, han cambiado fundamentalmente la percepción de los servicios y su posible función en el comercio internacional. La drástica expansión del sistema mencionado unida a los adelantos tecnológicos han dado lugar a la ampliación del comercio internacional de servicios.

La participación de Polonia en el comercio internacional de servicios nunca ha sido muy grande. Lo mismo puede afirmarse de los demás países de Europa central y oriental. La razón debe buscarse, en gran parte, en el subdesarrollo del sector en las economías de planificación centralizada. Los cambios fundamentales en el desarrollo del sector de los servicios no empezaron hasta el período de transición que siguió a la era comunista, y continuaron en todo el proceso de adhesión a las Comunidades Europeas. Los cambios radicales en el sector de los servicios son ya evidentes. Es más, la integración de Polonia en las Comunidades y el consiguiente proceso de ajustar la economía polaca a los requisitos de la CE debe acelerar la tasa de desarrollo del sector de los servicios y brindar mayores oportunidades a Polonia para participar en el comercio internacional de servicios.

Por consiguiente, creo que la UE debe hacer todo lo posible por mejorar la calidad del comercio de servicios, puesto que es un sector que fomenta el bienestar y la creación de trabajos en todas las economías del mundo. Además, ayuda a acelerar el desarrollo.

- Informe: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Mientras que recibimos con agrado las inquietudes expresadas en el informe acerca de la necesidad de inversión en las regiones portuarias, la modernización tecnológica y la protección del medio ambiente, consideramos que el informe oculta el hecho de que uno de los objetivos de la Comisión Europea para una política portuaria futura es llevar adelante la liberalización de este servicio público estratégico en diversos Estados miembros.

Por tanto, lamentamos que se hayan rechazado nuestras propuestas, en la que:

- se subraya el rechazo de cualquier nuevo intento de liberalizar los servicios portuarios a escala de la UE mediante la aplicación de las normas de la competencia del mercado interior;

- se pide la adopción de iniciativas para combatir la inseguridad y los riesgos de accidente en el sector y para garantizar y asegurar el respeto de los derechos de los trabajadores portuarios, en particular, en materia de empleo, retribución justa, condiciones de trabajo dignas, bienestar social, convenios colectivos, derechos sindicales y formación profesional.

Las diversidades y complementariedades de los puertos europeos deben protegerse, y su gestión debe basarse en unos niveles elevados de calidad y seguridad, elementos estratégicos en el desarrollo económico. La apertura de la gestión de los puertos europeos a multinacionales, como parece estar sucediendo, devaluará las relaciones laborales y la negociación colectiva, y aumentará los riesgos de inseguridad en el sistema portuario, lo que posteriormente pondrá en tela de juicio la seguridad marítima.

Por eso nos hemos abstenido.

  Ona Juknevičienė (ALDE), por escrito. − Durante la votación he expresado mi posición haciéndolo en contra de las enmiendas del Grupo de GUE. El sector portuario es de crucial importancia para la Unión Europea desde los puntos de vista económicos, comerciales, sociales, ambientales y estratégicos. Sin embargo, teniendo presente la importancia del sector, no puedo apoyar el planteamiento con arreglo al que los puertos deben ser de propiedad pública.

Por el contrario, apoyo el derecho de los Estados miembros a tener en cuenta sus intereses al decidir si abren o no el sector portuario a liberalización. Las decisiones sobre si privatizar y/o aplicar asociaciones entre los sectores público y privado a los puertos son competencia de los Estados miembros y no podrán dirigirlas las instituciones europeas en tanto aquéllas se atengan a la legislación europea. De hecho, algunos puertos europeos ya los administran autoridades o empresas de terceros países. En mi opinión, al sector portuario, como a cualquier otro, debe permitírsele operar sobre una base competitiva equitativa.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El Partido Comunista de Grecia votará en contra del informe porque respalda y sigue la línea argumental de la Comunicación de la Comisión sobre una política portuaria europea, que promueve el objetivo establecido por la UE de privatizar los puertos. La lucha de los trabajadores portuarios ha impedido hasta la fecha la privatización de los puertos, pero la UE no ha abandonado la idea, por ser un objetivo esencial del capital de la UE.

Esa es la razón de que la Comisión esté tratando ahora de favorecer dicha privatización por medio de la fragmentación; es decir, con la entrega de servicios portuarios rentables al capital. Al mismo tiempo, la UE ha puesto los ojos en las ayudas estatales a los puertos; está preparando su eliminación o reducción drástica, para allanar así el camino a su privatización. Los puertos representan sectores de importancia estratégica para la economía de los Estados miembros y están directamente vinculados a su capacidad de defensa y a su soberanía. Por este motivo, los planes para liberalizar los servicios portuarios y privatizar los puertos afectan no solo a los que trabajan en ellos, sino a toda la clase trabajadora y a las masas.

No es suficiente con que la clase obrera y los trabajadores en general se mantengan vigilantes y organicen su lucha sólo en contra de los planes de privatización; deben luchar también para que los puertos sean propiedad del pueblo en el marco de una economía popular autosuficiente y bajo autoridad popular.

- Informe: Michael Cramer (A6-0326/2008)

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) A pesar de estar de acuerdo con los problemas planteados y las propuestas del informe, consideramos que no refleja los aspectos esenciales de la política nacional en este sector estratégico —con implicaciones sociales, económicas y ambientales—, sobre todo la necesidad de establecer ese sistema en un sector público fuerte y la necesidad de combatir la violación sistemática y el incumplimiento de los derechos de los trabajadores que se observa en algunos segmentos de este sector.

En consecuencia, consideramos que, al no abordar el aspecto central de las condiciones de trabajo de los profesionales en el sector, el informe no logra su objetivo. La práctica de la contratación temporal, que favorece el incumplimiento de los horarios de trabajo, los períodos de descanso y los convenios colectivos, además de constituir una violación de los derechos de los trabajadores, cuestiona su propia seguridad (y la de terceros). Por eso es necesario que pongamos freno a la destrucción de empleo y a la creciente inseguridad de las relaciones laborales, y que promovamos la plena integración de los trabajadores en las plantillas de las empresas y la dignificación de sus carreras y salarios.

Discrepamos también con la insistencia que se hace en la aplicación de los principios de «el usuario paga» y «el que contamina paga», puesto que el consumidor final es el principal afectado por estas medidas, que sólo benefician a los que tienen capacidad financiera para «usar» o «contaminar», sin contribuir necesariamente a una mejora significativa en el transporte de mercancías.

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. − (DE) Voy a votar a favor del informe de Michael Cramer sobre un sistema de logística y transporte de mercancías sostenible y eficiente en Europa.

Este sistema realiza una importante contribución para reforzar y ampliar la posición de Europa como una economía internacionalmente competitiva, pero sin que eso se haga a expensas del medio ambiente y de los ciudadanos. Los «corredores verdes» son un concepto fundamental para optimizar el transporte en Europa y hacerlo de la forma más sostenible posible. Nuestro objetivo es reducir todos los tipos de contaminación, aumentando al mismo tiempo el uso de fuentes de energía renovables.

En este contexto, la inversión en nuevas tecnologías como la «adaptación de la velocidad» por ordenador en el transporte de mercancías y el apoyo a otros medios de transporte distintos al transporte por carretera, realiza una contribución importante y marca la dirección que debemos tomar.

La armonización de la gestión y los procedimientos administrativos a escala europea harán también que el sistema europeo de transporte sea mejor y más eficiente. La prosperidad de Europa exige una economía competitiva e innovadora. El presente informe realiza una contribución importante al logro de ese objetivo.

  Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. – (PL) Estoy de acuerdo con las opiniones expresadas por el señor Cramer, sobre todo con la necesidad de mejorar la eficiencia, la integración y la sostenibilidad del transporte de mercancías en Europa.

Respaldo asimismo todas las medidas propuestas para conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Esas medidas consisten en prestar atención a los corredores de transporte y dar apoyo a las tecnologías innovadoras, a las infraestructuras innovadoras y a una gestión más eficiente del transporte de mercancías. Se ha mencionado también la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos y la cadena de transporte de mercancías, y de hacer más atractivo el transporte que no depende de la red de carreteras. Comparto todos estos puntos de vista. En mi opinión, las prioridades identificadas por el ponente deben contribuir significativamente a mejorar el transporte de mercancías en Europa.

- Informe: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

  Liam Aylward (UEN), por escrito. − (EN) Mis colegas y yo celebramos el renovado interés que suscita la investigación de los riesgos potenciales para la salud asociados a la exposición prolongada a campos electromagnéticos. En lo que respecta a esos efectos en la salud, la cautela es esencial. Se trata de una cuestión que a mí me ha preocupado personalmente y que ya quise plantear en enero de este año. En mi carta al anterior Comisario Kyprianou, llamé su atención sobre el hecho de que no se ha realizado ninguna revisión de esta cuestión desde el 12 de julio de 1999, a pesar de haberse previsto una revisión cinco años después de esa fecha.

He votado a favor del informe Ries, en el que se reconoce que el informe de 1999 se ha quedado obsoleto ante la aparición de nuevas tecnologías. Sin embargo, he votado en contra de la enmienda que propone la imposición de unos límites armonizados más estrictos sobre la emisión de determinadas ondas electromagnéticas. Dicha emisión plantea un problema de salud y, por tanto, un problema para Irlanda. El Gobierno irlandés ha publicado un informe reciente en el que se concluye que, de momento, no se han demostrado efectos adversos para la salud a corto o largo plazo. Ha adoptado ya las directrices ICNIRP que limitan la exposición de la población y de los trabajadores a campos electromagnéticos, y que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Irlanda necesita gobernar para Irlanda y se deja guiar por la OMS.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Hemos votado a favor de este informe, a pesar de que contiene algunas contradicciones. Sin embargo, hay aspectos muy positivos que son importantes, sobre todo su defensa del principio de cautela, confirmando que éste debe constituir uno de los pilares de las políticas comunitarias en materia de salud y medio ambiente.

De igual modo, el informe hace algunas críticas al Plan de Acción, sobre todo cuando se refiere a que «lleva consigo los gérmenes del fracaso, ya que sólo tiene por objeto acompañar a las políticas comunitarias existentes, no se basa en una política de prevención destinada a reducir las enfermedades vinculadas a los factores medioambientales y no persigue ningún objetivo claro y cifrado.»

El informe insiste también en que la Comisión Europea debe tener en cuenta la importancia económica de las PYME y ofrecerlas asistencia técnica para ayudarlas a cumplir las normas vinculantes en materia de salud medioambiental y animarlas a introducir otros cambios que son positivos para la salud ambiental y que repercuten en la actividad de las empresas.

  David Martin (PSE), por escrito. − (EN) He votado a favor del informe de Frédérique Ries sobre la revisión intermedia del Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010. Apoyo la propuesta de centrar el plan de acción en la calidad del aire interior y exterior y en los productos químicos. El hecho de que todos los productores o importadores estén obligados a demostrar la seguridad de sus productos antes de poder comercializarlos es también un paso positivo para asegurar la debida protección de los consumidores y del medio ambiente.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El uso inconsciente de los recursos naturales con fines lucrativos, la reestructuración capitalista, la liberalización de los mercados y la privatización de la energía, el transporte y las telecomunicaciones, están causando la destrucción del medio ambiente. Junto con el deterioro de las condiciones de trabajo y la privatización de la salud, el bienestar y la seguridad, estamos viento un aumento de los problemas de salud en general, sobre todo los relacionados con riesgos ambientales. La comercialización de los servicios de salud y la política medioambiental de la UE que, con el sistema de comercio de derechos de contaminación y el principio de quien contamina paga, están convirtiendo el medio ambiente en un artículo de consumo, no pueden prevenir los riesgos y las enfermedades, ni pueden siquiera controlarlos en beneficio de los trabajadores, porque su principal objetivo es aumentar los beneficios del capital.

El informe es correcto en sus conclusiones sobre la aplicación de los principios de la prevención y la protección; la ausencia de medidas sólidas y estrictas; la necesidad de estudios integrales basados en los grupos más vulnerables; la salud mental, y los efectos de los campos magnéticos, etc. Sin embargo, termina con una serie de propuestas regidas por la política de la UE favorable a los monopolios, como más reducciones de impuestos e incentivos económicos para las empresas. Esta es una justificación para transferir la responsabilidad de la protección al individuo.

  Rovana Plumb (PSE), por escrito. − (RO) El entusiasmo de febrero de 2005, cuando se aprobó el «Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010» se ha disipado sin que se hayan logrado muchas de las acciones propuestas. Es sumamente necesario que se cumplan esos plazos y se lleven a cabo las acciones propuestas, especialmente este decenio en que el mayor reto para la salud humana, en el ámbito de la protección medioambiental, es la adaptación al cambio climático.

Los segmentos menos favorecidos de la sociedad, así como los biológicamente más frágiles (niños, mujeres embarazadas y personas mayores) serán más vulnerables a estos efectos.

Debe prestarse especial atención a los aspectos sociales de la adaptación, incluidos los riesgos relacionados con el empleo y los efectos sobre las condiciones de vida y de vivienda.

La prevención de los efectos negativos sobre la salud humana causados por unos fenómenos climáticos extremos es esencial y, en este sentido, se pide a la Comisión que elabore guías de buenas prácticas en donde se expliquen las intervenciones que las autoridades regionales y locales deberían realizar en colaboración con otras instituciones, así como programas de educación y sensibilización de la población respecto a la necesidad de adaptación a los efectos del cambio climático.

10. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

(Se suspende la sesión a las 13.05 horas y se reanuda a las 15.00 horas.)

PRESIDE: MANUEL ANTÓNIO DOS SANTOS
Vicepresidente

11. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

12. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (debate)

12.1. Golpe de Estado en Mauritania

  Presidente. − De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución sobre el golpe de Estado en Mauritania⁽¹⁾.

  Alain Hutchinson, autor. − (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, podemos considerar el golpe de Estado que ha tenido lugar en Mauritania como una verdadera tragedia. Al igual que invierte en muchos otros países, la Unión Europea había invertido enormemente en la democratización de Mauritania; además, y yo diría que más importante, el pueblo mauritano había realizado una contribución importante y los responsables del derrocamiento relativamente reciente del dictador Taya habían conseguido despertar grandes esperanzas en la población de ese país, cumpliendo al mismo tiempo todos sus compromisos, desde la organización del referéndum constitucional en junio del 2006, hasta la convocatoria de elecciones presidenciales en marzo de 2007, incluida la celebración de elecciones locales y generales en 2006. En este largo proceso, todos habían podido manifestar su opinión: sindicatos, sociedad civil y, por supuesto, políticos. Apenas un año después, este golpe lo ha destrozado todo y ha causado una enorme decepción en las filas de los demócratas.

Esta catástrofe para la democracia y para el pueblo mauritano nos recuerda claramente la extrema fragilidad de todas las democracias jóvenes y también la atención especial que hay que prestarles. Ahora es fundamental que condenemos rotundamente al nuevo régimen mauritano. Si el Presidente electo había cometido errores o equivocaciones, le correspondía al pueblo mauritano, a su Parlamento y a los representantes electos del país reaccionar, criticar y sancionar. Pero en ningún caso tenían derecho el ejército, la policía o cualquier otra fuerza policial a inmiscuirse en un asunto exclusivamente político.

Pedimos, por tanto, a los nuevos «hombres fuertes» de Mauritania que devuelvan al pueblo de Mauritania los poderes que le han usurpado. Exigimos que permitan al Presidente electo volver a asumir sus funciones políticas cuanto antes, aunque eso signifique sufrir todo tipo de críticas, siempre que éstas se expresen de una manera democrática y con respeto a las aspiraciones del pueblo mauritano, que una vez más se ha visto obligado a doblegarse a los deseos de una minoría.

Añadiría, señor Presidente, que yo tuve el honor de dirigir la misión de observación del Parlamento que viajó a Mauritania y que, lógicamente, me he sentido muy afectado por lo sucedido. Terminaré aquí y dejaré que haga uso de la palabra la señora Isler Béguin, que encabezó la misión de observación de las elecciones de la Unión Europea. Lamentamos mucho estos sucesos, porque en Mauritania pudimos comprobar cuál era el verdadero deseo de toda la población, un deseo expresado a lo largo de todo el año pasado, y lo que ahora ha sucedido es una tragedia.

  Marios Matsakis, autor. − (EN) Señor Presidente, esta pobre nación africana lleva años sufriendo inestabilidad económica y desórdenes. Un reflejo de ello es el hecho de que se hayan dado dos golpes militares en el país en los tres últimos años. El segundo de ellos tuvo lugar el 6 de agosto de 2008. Un general se hizo con el poder incumpliendo la legalidad constitucional y encarceló al Presidente, al Primer Ministro, a otros miembros del Gobierno y a muchos civiles. Por extraño que parezca, dos tercios de los diputados del Parlamento mauritano han firmado una declaración de apoyo a los autores del golpe.

Aunque eso pueda deberse al miedo a la persecución, el hecho de que los representantes parlamentarios electos terminen reconociendo el fracaso del proceso democrático y declaren su apoyo a un dictador militar constituye una afrenta para la democracia y una situación lamentable. Pedimos a todas las fuerzas políticas en Mauritania que antepongan los intereses de su pueblo y, con madurez y sentido común, trabajen conjuntamente para restablecer el orden constitucional en su país. En este sentido, pedimos y esperamos que la UE, las Naciones Unidas y la Unión Africana ofrezcan todo el apoyo necesario.

  Esko Seppänen, autor. − (FI) Señor Presidente, el golpe dado por la junta militar en Mauritania ha sido ampliamente condenado, con toda razón. Según los observadores internacionales presentes en el país, las elecciones de 2006 y 2007 se llevaron a cabo respetando la legislación y la legitimidad del Gobierno mauritano depuesto era indiscutible.

Mauritania ha sufrido más de 10 golpes o intentos de golpe desde que dejó de ser una colonia francesa y se independizó. El anterior tuvo lugar hace apenas tres años. En aquella ocasión, la participación de altos cargos del ejército fue visible, como ha vuelto a suceder ahora. Su evolución difícilmente puede calificarse de estable o democrática.

Las disputas del Presidente elegido democráticamente y los generales mauritanos por su actitud ante el Islamismo extremista han contribuido al golpe. Esto plantea un reto enorme a otros que están tratando de llevar paz y estabilidad a la región.

La propuesta de resolución hace bien en señalar que la restitución del Gobierno elegido por un procedimiento legal y democrático es una condición previa para el desarrollo democrático estable de Mauritania. Por tanto, la celebración de nuevas elecciones no es una solución aceptable, ya que daría a la junta militar derecho a utilizar la fuerza. Lo precario de la situación es que, si el país se queda aislado, se alimentarán las opiniones y actividades de los extremistas, con lo que se frenará el proceso de democratización. Por eso tenemos que apoyar una solución encabezada por las Naciones Unidas que sea rápida y lo más pacífica posible. Nuestro grupo apoya la propuesta de resolución sobre la situación en Mauritania.

  Marie Anne Isler Béguin, autora. − (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, gracias a ustedes yo pude encabezar la misión de observación de las elecciones en Mauritania.

Nos sentimos muy orgullosos de los resultados, porque el gran éxito fue que, después de 24 años, los militares entregaron el poder a los ciudadanos.

La semana pasada estuve ocho días en Mauritania y ¿qué me encontré allí? Me encontré con una población que, habiendo estado anteriormente muy contenta de tener un Gobierno civil, volvía a estar satisfecha con el regreso de los militares para «reajustar la democracia», según decían.

Por supuesto, nosotros llamamos a eso un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Lo denunciamos y lo hemos denunciado. Pero creo que realmente tenemos que ir allí y ver lo que está sucediendo, y aconsejo a mis colegas diputados que envíen una delegación para que investigue. El representante de la Unión Africana, señor Ping, lo llama «una situación atípica». El señor Djinnit, de las Naciones Unidas, lo llama «una situación de frente invertido» y los dos dicen que hoy tenemos que ser creativos. De hecho, cuando dicen que se ha llegado a un bloqueo, es cierto que se ha llegado a un bloqueo institucional, pero que no es consecuencia del golpe; es el resultado de un proceso de degradación que se remonta a abril y que culminó en junio o julio con una moción de censura que no pudo someterse a votación, con sesiones extraordinarias del Parlamento que no fueron aprobadas, que no fueron otorgadas, y, de hecho, con una clara mayoría de dos tercios, cuando no de tres cuartos, a favor del Presidente, que dio un vuelco y que exigió la dimisión del Presidente. Se produjo una verdadera inversión, difícil de entender para los que no están siguiendo las cosas.

Pido a mis colegas diputados que viajen allí y vean cuál es realmente la situación, y les pido que respalden el acervo democrático que el país consiguió adquirir en las últimas elecciones.

Debe recordarse también que instituciones como el Senado, el Parlamento y los consejos municipales siguen funcionando y yo pienso realmente que esos órganos están actuando como depositarios del poder del pueblo. Creo, por tanto, que son ellos los que tienen que encontrar una solución. Creo que tenemos que confiar en nuestros colegas parlamentarios para que propongan una hoja de ruta a esta junta militar, que nosotros hemos rechazado, y que ahora los representantes del pueblo, como nosotros somos los representantes de nuestros ciudadanos, son los que realmente tienen que decidir lo que debe hacerse ahora.

Creo que podemos darles esa credibilidad y confiar en ellos: si no encuentran soluciones jurídica e institucionalmente legítimas, entonces podremos intervenir de forma enérgica, pero yo creo que hoy estos representantes del pueblo, que tienen la legitimidad de su lado, deben hacer propuestas y nosotros tenemos que darles nuestro apoyo como colegas que somos.

  Ryszard Czarnecki, autor. – (PL) Señor Presidente, cualquiera que sienta cierto interés por Mauritania estará al tanto de la situación actual en ese país. Así ocurre con los diputados que han tenido el honor de representar al Parlamento Europeo en ese país. Yo formé parte de esa delegación.

La señora Isler Béguin tiene mucha experiencia en esto. Creo que tiene razón cuando propugna que, por nuestra parte, tenemos que aumentar los recursos para que el Parlamento Europeo pueda contribuir a mejorar la situación, como ya ha hecho en otros países. Esto no debe implicar que tengamos que decir lo que es correcto, lo que debe hacerse, o que hagamos referencia a ciertas normas. Debe implicar, por el contrario, que prestemos una verdadera ayuda a las personas que están luchando por los derechos de los ciudadanos y por los valores democráticos en regiones donde esos objetivos son mucho más difíciles de conseguir que en la Unión Europea. De ahí que se proponga distribuir los recursos de forma que pueda hacerse un uso realmente eficaz de ellos.

  Colm Burke, autor. − (EN) Tengo la intención de presentar una enmienda oral antes de la votación. El golpe reciente en Mauritania ha sido una decepción. Para un país que ha logrado grandes avances democráticos en los últimos años, este golpe es un revés para la democracia.

La importancia de una Mauritania democrática no puede subestimarse en esa frágil subregión africana, por lo que es de suma importancia que se restablezca la democracia y un Gobierno civil. El derrocamiento de un Gobierno democráticamente elegido es inaceptable, como lo es el actual arresto domiciliario del Presidente y el Primer Ministro de ese país. No obstante, debe decirse también que dos tercios de los diputados del Parlamento mauritano han firmado una declaración de apoyo al líder golpista y a sus generales. El domingo pasado, los generales constituyeron su propio Gobierno que, en mi opinión, debe considerarse ilegítimo.

Aunque no reconozco a ese Gobierno provisional autoproclamado, insistiría no obstante a la junta militar para que fije lo antes posible un calendario con las fechas de las nuevas elecciones presidenciales, de manera que puedan elegirse de nuevo ministros civiles en lugar de personalidades militares. La junta tiene que comprometerse con la neutralidad electoral, como hizo después del último golpe en 2005. Si esto no se hace en un futuro muy próximo, la Unión Europea tendrá que considerar medidas más duras, como la suspensión de la ayuda de carácter no humanitario. La Comisión debe considerar en serio la reactivación del artículo 96 del Acuerdo de Cotonou, que podría significar la congelación de los bienes de los miembros de la junta, así como la suspensión de las ayudas. Por último, pido a la Unión Europea que colabore estrechamente con la Unión Africana para encontrar una solución a esta crisis política.

  Laima Liucija Andrikienė, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (LT) El nuevo golpe de Estado dado por los generales de Mauritania es lamentable y afectará muy negativamente a la población de ese país. El hecho de que después del golpe militar, en una situación de deterioro económico y social, el Banco Mundial haya tomado la decisión de suspender las ayudas a ese país, ha agravado aún más la situación y la población empezará dentro de poco a sentir sus efectos. La única reacción posible a esta situación es condenar a los autores del golpe y exigir que se restablezca el orden constitucional y civil en este país cuanto antes. Exigimos la liberación inmediata del Presidente Sidi Mohamed Uld Cheij Abdalahi y el establecimiento de unas condiciones de trabajo normales para los funcionarios públicos.

Un golpe militar no es la forma de salir de una crisis. Sólo el debate político y unas elecciones libres y justas pueden sacar a un país de una crisis constitucional. La obligación de la Unión Europea es ayudar a superar la crisis con la mayor eficiencia posible, prestando ayuda a los sectores más vulnerables de la población en una situación de crisis económica y alimentaria.

  Leopold Józef Rutowicz , en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, Mauritania es un país pobre. Es también un país islámico atípico, que ha sido víctima de muchos golpes de Estado sin derramamiento de sangre. Es un país que reconoce a Israel y que apoya a los Estados Unidos en su guerra contra Al Qaeda. Mauritania tiene una Constitución democrática. Ha sufrido numerosas catástrofes naturales. La esclavitud sigue siendo costumbre allí, lo que significa que algunas personas se ven privadas de su identidad cultural y religiosa y de su personalidad. Pero se trata de una costumbre muy antigua en ese país. Se cree que Mauritania está haciendo un uso relativamente bueno de la ayuda que recibe para el desarrollo de infraestructuras y para educación.

El último golpe ha ido acompañado de una declaración de guerra santa por parte de Al Qaeda. Esto puede desestabilizar fácilmente al país, aumentar la hambruna y anular el progreso realizado. Puede causar también la muerte de muchas personas y la adopción de los métodos inhumanos de islamismo radical en el país. Ante la amenaza de estos peligros, es fundamental que la Unión Europea y las organizaciones de los países africanos actúen rápidamente para evitar una tragedia así.

  Raül Romeva i Rueda, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente, justo ayer hablábamos de la incoherencia y de la ineficacia que a veces caracteriza la política de sanciones de la Unión Europea, y es evidente que Mauritania es un ejemplo claro de ello. El golpe de Estado que ha tenido lugar en ese país este verano debe ser condenado; y así lo hacemos en esta resolución.

Sin embargo, también pedimos que las tensiones políticas se resuelvan en el ámbito de las instituciones pertinentes, que son las que, en estos momentos, todavía tienen capacidad de hacerlo.

La respuesta internacional, por lo demás, no debería castigar a quien no lo merece, especialmente al pueblo mauritano, ya suficientemente afectado por las crisis económicas y alimentarias.

Por eso pedimos a la Comisión Europea que no cancele la financiación de los proyectos de apoyo a la sociedad civil previstos en el marco del Instrumento Europeo para la promoción de la Democracia y de los Derechos Humanos (IEDDH) y que reconsidere, asimismo, la congelación del Acuerdo de pesca.

Apelamos, también, a la Comisión a que emprenda un diálogo político, de acuerdo con el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú, en aras de restablecer la legalidad constitucional, y que, en caso de que dicho diálogo no fuera fructífero, se activara, entonces sí, el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, lo que implicaría la congelación de la ayuda, a excepción —sabemos— de la humanitaria y de la alimentaria.

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Señor Presidente, regímenes democráticos frágiles en África que son víctimas de un golpe militar: es la historia interminable, una saga que nunca termina. No estoy exagerando cuando digo que esta Cámara probablemente ha condenado todo tipo de golpes en África docenas de veces hasta ahora. En la mayoría de los países africanos sigue habiendo un Gobierno injusto y a menudo los mismos gobernantes llevan varias décadas en el poder. Los miles de millones concedidos en ayuda al desarrollo no han cambiado eso. Los déspotas se mantienen a menudo en el poder y nosotros desplegamos con demasiada frecuencia la alfombra roja para recibirles. Eso es un motivo para el pesimismo.

Las elecciones que este Parlamento ayudó a vigilar se celebraron correctamente: eso es algo que ya se ha demostrado aquí. Pero los sucesos ocurridos este verano en Mauritania demuestran una vez más que las elecciones por sí solas no son suficientes para conseguir que los valores democráticos sean aceptados de forma permanente en África.

La enseñanza que tenemos que extraer hoy es que Europa necesita el coraje necesario para hacer que el apoyo económico y la ayuda al desarrollo dependan de la buena gobernanza y la democracia, ya que al final son los propios africanos los que se beneficiarán de ello. Pero la UE no ha tenido hasta ahora el coraje suficiente para adoptar esa posición. No basta con condenar de palabra el golpe en Mauritania, si la Unión Europea no impone al mismo tiempo sanciones concretas para aislar a la junta.

  Filip Kaczmarek (PPE-DE). - (PL) Señor Presidente, es muy lamentable que hoy nos encontremos debatiendo sobre Mauritania. El año pasado se celebraron las primeras elecciones libres en Mauritania. La comunidad internacional, incluida la misión de observación del Parlamento Europeo, reconoció que habían sido unas elecciones justas y transparentes. Mauritania había realizado progresos importantes en aspectos de vital importancia para su futura democratización, estabilidad y desarrollo, como la persecución de la esclavitud, la liberalización de los medios de comunicación y el retorno de los refugiados.

Mauritania ha dado ahora un paso atrás, anulando los resultados de las elecciones democráticas y demostrando una falta de respeto por el Estado de derecho. Puede que haya interpretaciones y evaluaciones distintas de la conducta del Presidente Abdalahi, pero una cosa es segura. Un presidente elegido en unas elecciones universales, democráticas y libres no puede ser nunca depuesto con un golpe de Estado. Eso es inadmisible en un país que está tratando de consolidar su democracia, que era lo que Mauritania estaba haciendo hasta hace poco. La Unión Europea debe cooperar con el Gobierno de Mauritania y con la Unión Africana para resolver la situación.

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). - (FI) Señor Presidente, según supimos a comienzos de agosto, el primer Presidente democráticamente elegido en Mauritania ha sido derrocado y encarcelado junto con el Primer Ministro y el Ministro de Asuntos Interiores del país como resultado de un golpe militar.

Mauritania es uno de los países más pobres del mundo y uno de sus más recientes productores de petróleo. Si su desarrollo democrático se ve amenazado, se deben cuestionar las relaciones de cooperación a gran escala con ese país. Como el Banco Mundial ha congelado 175 millones de dólares en ayuda económica y como la UE está considerando la posibilidad de congelar 156 millones de euros, existe el peligro de que se abandonen algunos proyectos de desarrollo. Pero la mano blanda tampoco daría buenos resultados a largo plazo en una situación así.

La adopción de una línea dura no significa, obviamente, privar a los mauritanos de ayuda alimentaria y humanitaria. Pero hay que recordar a la junta militar gobernante el Acuerdo de Cotonou y advertirla que, si no inicia un diálogo para restablecer el orden democrático, se volverán a congelar las ayudas de la UE.

  Glyn Ford (PSE). - (EN) Señor Presidente, quiero sumarme a lo que han dicho esta tarde aquí muchos de mis colegas: una Mauritania democrática constituye un foco de estabilidad en la subregión. Apenas 12 meses después de que la misión de observación de las elecciones de la Unión Europea declarara que las elecciones se habían realizado con integridad, los generales mauritanos dieron el segundo golpe de Estado en dos años.

Exigimos la liberación inmediata del Presidente y del Primer Ministro y creemos que la solución a esta situación está en el diálogo. Celebramos la implicación de la Unión Africana en el proceso, pero instamos a la Comisión a participar en este diálogo para tratar de encontrar una solución pacífica y democrática a la crisis actual y recurrir, si es necesario, a la amenaza de congelar todas las ayudas —salvo la alimentaria y humanitaria— a Mauritania si no se encuentra una solución satisfactoria en los próximos meses.

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). - (PL) Señor Presidente, señora Comisaria, quiero respaldar las observaciones hechas por el señor Kaczmarek. Un golpe de Estado en África, y más concretamente en Mauritania, no puede pillarnos por sorpresa. Si analizamos la situación en ese continente, llegamos sin remedio a la conclusión de que, aunque afortunadamente se ha iniciado un proceso de democratización en muchos ámbitos, éste sigue siendo muy débil. Eso es un hecho.

Nuestro papel consiste en hacer todo lo que podamos por contribuir a esa democratización. Esto implica las actividades de nuestras misiones de observación de las elecciones parlamentarias o presidenciales. Implica también ayuda económica. Nuestra presencia sobre el terreno, para concienciar más a la población de lo que es la democracia y explicarles cómo pueden contribuir también ellos después de un difícil período de preparación, es sin duda una aventura en la que merece la pena invertir, como de hecho estamos haciendo. No creo que debamos escatimar en esto. Por el contrario, tenemos que ser generosos. El futuro de África está en juego.

  Benita Ferrero-Waldner, miembro de la Comisión. − (EN) Señor Presidente, Mauritania llevaba meses viviendo una tensa situación política, con la oposición de una gran sección del Parlamento al Presidente de Mauritania. El 6 de agosto de 2008, tras la destitución por el Presidente Abdalahi de varios jefes militares, los militares reaccionaron con un golpe de Estado rápido y sin derramamiento de sangre. Actualmente, el Presidente electo sigue arrestado en una villa para invitados. Debe recordarse que el Primer Ministro ha sido también arrestado, mientras que otras instituciones, como el Parlamento electo, no se han visto afectadas.

Tres años antes, el 3 de agosto del 2005, esos mismos generales —coroneles en aquel momento— dieron un golpe similar contra el régimen del Coronel Uld Taya, que llevaba 20 años en el poder tras dar él mismo un golpe de Estado.

Pero el reciente golpe de Estado es radicalmente distinto del ocurrido en 2005 para poner fin a un régimen dictatorial y al que siguió una transición ejemplar a una democracia, con el firme apoyo político y económico de la Unión Europea. Esa transición, basada en una serie de elecciones libres y justas, llevó al poder a las primeras instituciones democráticamente elegidas en Mauritania, cuyo funcionamiento todavía tiene que mejorar.

Desde el mismo día del golpe, nuestra posición ha sido clara. El Comisario Michel condenó con firmeza el golpe y exigió la liberación y la restitución del Presidente Abdalahi, así como el restablecimiento inmediato de un régimen constitucional. Toda la comunidad internacional le siguió adoptando una postura muy similar.

Las últimas decisiones adoptadas por la junta militar —el autoproclamado «Alto Consejo del Estado»— para formalizar la toma de poder y el nombramiento de un nuevo Primer Ministro y un nuevo Gobierno, constituyen una serie de pasos en la dirección errónea, contraria a las exigencias de la comunidad internacional.

Este golpe, pienso, constituye un incumplimiento grave y evidente de los elementos esenciales del Acuerdo de Cotonou con respecto a los principios democráticos y el Estado de derecho. Por consiguiente, el 2 de septiembre del 2008, la Comisión aprobó una Comunicación al Consejo sobre el inicio de consultas con Mauritania de conformidad con el artículo 96 del Acuerdo de Cotonou.

Dependiendo de los resultados de esas consultas, se propondrán las medidas oportunas. Ahora bien, considerando el efecto negativo que esas medidas podrían tener en la población, seguimos esperando que pueda encontrarse una solución aceptable sin necesidad de aislar a un país de tanta importancia estratégica, como muchos de ustedes han dicho.

Mientras tanto, seguiremos vigilando la situación en Mauritania y apoyaremos plenamente los esfuerzos de la Unión Africana por restablecer un régimen constitucional en ese país.

Ahora, permítanme que comente brevemente dos cuestiones. Es todavía demasiado pronto para entrar en los detalles de las medidas que habrá que tomar respecto a determinados proyectos o ámbitos de cooperación. Creo que debemos esperar a conocer los resultados de las consultas realizadas en virtud del artículo 96 de Cotonou, y sería también bueno, señora Isler Béguin, que esperáramos a que una delegación visitara el país. Las consultas en virtud del artículo 96 de Cotonou tienen que empezar primero.

Por último, hay dos proyectos importantes: uno es un proyecto de ayuda a la población civil financiado con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo (con una dotación de 4,5 millones de euros), y el otro es una ayuda prevista para inversión en democracia y derechos humanos (con una dotación de 300 000 euros). Lo más probable es que estas ayudas se mantengan aunque se decida una congelación parcial de la cooperación. Así que, en este momento, pensamos que tiene que invocarse el Acuerdo de Cotonou y realizarse consultas «96», y luego ya veremos.

  Presidente. − Se cierra el debate.

La votación se celebrará al final del debate.

Declaraciones por escrito (artículo 142)

  Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE), por escrito. – (RO) Lamentablemente, el tema del respeto de los derechos humanos en los países africanos está eternamente presente. Para muchos europeos, el respeto de los derechos humanos es un regalo con el que nacieron. Yo vengo de un país que experimentó el comunismo más duro en Europa, donde los derechos humanos no ocupaban un lugar muy alto en la agenda de sus líderes. No puede decirse que los 18 años de democracia hayan llevado a la total desaparición de los casos de violación de los derechos humanos, pero la situación es mucho mejor ahora que en los años de comunismo.

El frágil continente africano, cuyos siglos de historia han marcado seriamente la mentalidad de sus habitantes, se enfrenta ahora también a la amenaza de la desestabilización de toda una región tras el golpe de Estado cometido por los jefes militares de Mauritania. Han anulado, de hecho, la decisión democrática tomada en 2007 por el pueblo mauritano, que había elegido a su primer Presidente de una manera democrática. El respeto del Estado de derecho es el primer requisito fundamental de toda democracia.

El nuevo régimen en Mauritania no tiene el apoyo del pueblo y representa el deseo exclusivo de un reducido grupo de personas. La comunidad internacional tiene la obligación de asegurar que la situación no degenere en ese país, tanto por la seguridad de sus habitantes como por la estabilidad de toda la región, dónde el terrorismo es una amenaza real.

(1) Véase el acta.

12.2. Ejecuciones en la horca en Irán

  Presidente. − De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución sobre las ejecuciones en la horca en Irán⁽¹⁾.

  Paulo Casaca , autor. − (PT) Celebramos este año el 20º aniversario de la ejecución en masa de millares de prisioneros políticos en las cárceles de Teherán. Fue uno de los mayores crímenes contra la humanidad jamás cometidos después de la Segunda Guerra Mundial.

El número de ejecuciones en Irán está totalmente fuera de control hoy: según las comunicaciones oficiales de las autoridades iraníes, en un mismo día se realizaron 29 ejecuciones en la horca en la cárcel de Evin, en Teherán. El régimen no respeta la minoría de edad, ni los derechos de nadie, y ahora nos enfrentamos a la posibilidad anunciada por las autoridades estadounidenses de la entrega del Campamento de Ashraf, donde casi 4 000 iraníes tienen la condición de personas protegidas que les fue concedida por las propias autoridades estadounidenses en virtud del IV Convenio de Ginebra. A pesar de haber sido oficialmente reconocida su condición de personas protegidas por las autoridades estadounidenses, a estas alturas y en estas condiciones estamos asistiendo a una negociación para su entrega a las autoridades iraníes.

Señora Comisaria, Señorías, es absolutamente imposible que permitamos una cosa así; si lo hacemos, estaremos colaborando con el peor de los crímenes cometidos contra la humanidad. Eso nos convertiría en cómplices. En ningún caso podemos permitir algo así. Tengo que decirles, Señorías, que esto es mucho peor que Guantánamo y así se lo tenemos que hacer entender muy claramente a las autoridades de los Estados Unidos. No podemos permitir este tipo de cosas, porque supondría una ruptura total con los valores de nuestra civilización.

  Charles Tannock, autor. − (EN) Señor Presidente, el brutal régimen teocrático de Teherán parece obtener un placer perverso en conmocionar al mundo y en desafiar a las normas civilizadas que caracterizan a la mayor parte de los demás países. Irán es conocido no solo por el abultado número de ejecuciones, sino por las ejecuciones habituales y despiadadas de menores y de adultos jóvenes que cometieron sus delitos siendo niños.

Mientras que la mayoría de los países que todavía imponen la pena de muerte a los adultos lo hacen exclusivamente en casos de homicidio con agravantes, la interpretación que Irán hace de los delitos capitales es extremadamente amplia e incluye la homosexualidad y el adulterio. Los tribunales suelen imponer esta pena por lo que nosotros en Europa consideramos que son delitos menores o que no son delito.

En el pasado se ha ejecutado a adolescentes acusadas de actividad sexual fuera del matrimonio por los llamados «delitos contra la castidad sexual». Como Unión, debemos ser inquebrantables en nuestra condena del terrible historial de violaciones de los derechos humanos en Irán, así como de sus actividades relacionadas con el enriquecimiento de uranio para armas nucleares. Hacemos aquí, en esta Cámara, un llamamiento al Presidente iraní para que muestre clemencia, pero debo decir que no tengo muchas esperanzas.

  Marios Matsakis, autor. − (EN) Señor Presidente, a pesar de las anteriores resoluciones de este Parlamento y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y contrariamente a las consideraciones morales y éticas básicas, el régimen teocrático y totalitario que gobierna en Irán sigue sometiendo a sus ciudadanos a la pena de muerte, entre otros muchos males. No obstante, hay que decir también que las ejecuciones cometidas por el terrible y bárbaro método de la lapidación parecen haber llegado a su fin. Ese es, sin duda, un paso en la dirección correcta.

No obstante, la justicia de muchos de los procesos que tienen lugar en Irán deja mucho que desear. En numerosos casos, las formas de administrar justicia están lejos de ser las propias del siglo XXI. Además, las persecuciones por motivos políticos o teológicos siguen siendo frecuentes. Estas prácticas son otro estigma de vergüenza para las autoridades que gobiernan en Teherán. Es más, se sigue ejecutando a delincuentes juveniles, a pesar de las protestas internacionales.

Con esta nueva resolución de hoy, es de esperar que los líderes del régimen iraní escuchen por fin a la razón y al sentido común, y procedan con rapidez para que su país respete las normas internacionalmente aceptadas de una conducta racional. El pueblo iraní se merece algo mucho mejor que sufrir la barbarie política y religiosa impuesta por unos líderes estrechos de miras y sumamente crueles. Hace mucho que tendría que haberse producido un cambio liberal en Irán. Esperemos que se produzca pronto.

  Feleknas Uca, autor. − (DE) Señor Presidente, una vez más tenemos que hablar sobre las violaciones de los derechos humanos en Irán, cuando no ha pasado nada de tiempo desde la última vez que hablamos sobre esto.

Hace apenas tres meses, redactamos una resolución en esta Cámara sobre las ejecuciones en Irán. Lamentablemente, no se ha producido ninguna mejora desde entonces. Todo lo contrario: a la sombra de la crisis nuclear, los asesinatos del régimen mulá continúan sin tregua. Hace apenas una semana, un joven de 18 años, Behnam Saree, fue ejecutado en público. La semana anterior, un joven de 20 años fue ahorcado por un delito que había cometido a los 15 años. El procedimiento es siempre el mismo: el joven es obligado a subirse a un taburete, se le coloca una soga alrededor del cuello, y cuando el verdugo tira de una patada el taburete, la soga aprieta. No hay piedad alguna en este método.

Ante un acto tan bárbaro, resulta difícil de imaginar una barbarie aún mayor. Les pregunto, Señorías, ¿puede haber peor barbarie? Y les tengo que decir: ¡sí, puede haberla! La ejecución de menores es aún peor. La aplicación de la pena de muerte a jóvenes que todavía no han alcanzado la mayoría de edad constituye un grave incumplimiento de las obligaciones y los compromisos internacionales de la República Islámica.

Irán ha ratificado una serie de convenios internacionales que le comprometen a no ejecutar a delincuentes menores de edad. Es macabro —de hecho, roza el mal gusto— que representantes del Gobierno iraní respondan a las críticas contra esta práctica alegando que la ejecución se suspende hasta que la persona alcanza la mayoría de edad.

Irán es el país que lleva a cabo el mayor número de ejecuciones de menores y, por tanto, ocupa una posición profundamente vergonzosa como cabeza de esa lista. Desde 1990, según Amnistía Internacional, ningún otro país del mundo ha ejecutado a tantos menores. Sólo en 2007 y 2008 se ha ejecutado a 15 jóvenes, y la situación de los delincuentes juveniles que se enfrentan a la pena de muerte ha llegado a un nivel inaceptable, incluso crítico, en Irán. Al menos 132 delincuentes juveniles esperan actualmente en la cárcel su ejecución, y la cifra real podría ser mucho mayor.

La situación en las cárceles de Irán es también crítica: desde el 25 de agosto, varios cientos de presos políticos kurdos se han declarado en huelga de hambre en las cárceles iraníes. Protestan contra las condiciones inhumanas, las torturas y los malos tratos, y contra la pena de muerte. La comunidad internacional tiene que actuar urgentemente aquí. Tenemos que seguir haciendo una campaña incansable e insistiendo en la obligación de que Irán respete los derechos humanos.

La situación es demasiado precaria como para seguir retrasando el momento de abordar esta cuestión.

  Raül Romeva i Rueda, Autor. − Señor Presidente, a principios de agosto nos llegaba una magnífica noticia de Irán. La justicia iraní había decidido suspender el recurso a la lapidación como método de ejecución.

La consecuencia inmediata era que, al menos, diez mujeres ya no serían ejecutadas con tal brutal método. Sin embargo, la satisfacción no pudo ser completa, porque cabe recordar que en la propuesta de reforma del código penal, que examina actualmente el Parlamento, se mantiene la posibilidad de la muerte por lapidación en determinados casos de adulterio.

En cualquier caso, el problema en Irán no sólo tiene que ver con la lapidación, sino con la propia existencia de la pena de muerte, y es que la cifra de personas ejecutadas en Irán sigue siendo de las más altas del mundo. Ya se ha dicho, y repito: 191 personas han sido ejecutadas este año, 317 en 2007 y sólo China supera ese récord.

En términos generales, debemos condenar, sin tapujos, la persecución, encarcelación y, a menudo, ejecución de aquellas personas que se comprometen con la defensa y la promoción de los derechos humanos, de quienes defienden la libertad de opción sexual, así como de quienes luchan por acabar con la pena capital; todas ellas suelen ser acusadas en Irán de llevar a cabo actividades contrarias a la seguridad nacional.

Son numerosos los casos que deberíamos mencionar aquí, pero permítanme que, al menos, mencione uno: el del activista y defensor de los derechos de las minorías, Yaghoub Mehrnehad, integrante de la etnia baluchi, director ejecutivo de la asociación juvenil «Voces de Justicia», quien fue ejecutado el pasado 4 de agosto, después de haber denunciado públicamente a las autoridades locales por su actitud.

  Marcin Libicki, autor. − (PL) Señor Presidente, hoy estamos debatiendo los delitos cometidos por Irán contra sus propios ciudadanos. Esta cuestión es diferente a otras que hemos debatido con frecuencia aquí, porque Irán no está en guerra con nadie. Por tanto, no está sometida a las intensas presiones que a veces provocan algunos tipos de actuaciones criminales. El régimen iraní fue elegido de una manera bastante democrática. Esa es otra razón por la que no deberían existir presiones políticas. Tampoco hay tensiones entre los diferentes grupos nacionalistas dentro de Irán.

No obstante, al menos una persona es ejecutada todos los días en Irán. Personas mayores de edad son ejecutadas por delitos cometidos cuando tenían 13 o 14 años, y también se ejecuta a menores. La comunidad internacional debe sacar las conclusiones adecuadas. Debe excluir a Irán de todas las organizaciones internacionales que pueda. Acciones de esta naturaleza pueden dar resultados. El mejor ejemplo de ello es que la lapidación se ha abandonado. Hago también un llamamiento para que los refugiados del Campamento de Ashraf no sean entregados a Irán, ya que correrían el riesgo de ser entregados a su verdugo.

  Tunne Kelam, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señor Presidente, señora Comisaria, es realmente urgente demostrar al régimen iraní nuestra firme condena por el creciente número de ejecuciones que se llevan a cabo en ese país y también nuestro apoyo al cambio democrático en ese país. Pero nos preocupa asimismo el destino de los casi 4 000 miembros de la oposición iraní que están residiendo en el Campamento de Ashraf en Iraq.

Por tanto, hacemos un firme llamamiento a las autoridades iraquíes y también a las estadounidenses para que no impongan por la fuerza el retorno a Irán a ningún refugiado iraní y para que, en su lugar, encuentren una solución satisfactoria a largo plazo para los residentes en el Campamento de Ashraf que disfrutan de la condición de persona protegida en virtud del IV Convenio de Ginebra.

  Proinsias De Rossa, en nombre del Grupo del PSE. – (EN) Señor Presidente, a mí me parece que, cuando una religión de cualquier clase consigue el poder absoluto en cualquier parte del mundo, es igual de brutal e intolerante que una dictadura seglar. En Irán, la homosexualidad es un delito capital, el adulterio es un delito capital, el espionaje, el robo a mano armada, el tráfico de drogas y, por supuesto, la apostasía, son todos ellos delitos capitales: serás ahorcado si no acatas las normas.

Según fuentes de la oposición, algunos activistas políticos han sido acusados de delitos penales y ejecutados. Un hombre iraní ha sido ahorcado por violación, a pesar de que la supuesta víctima retiró sus acusaciones y se ordenó una revisión judicial de la sentencia. En los ahorcamientos públicos se utilizan grúas móviles y pescantes de camiones y, al no haber caída, este procedimiento somete a la persona ejecutada a una muerte lenta y dolorosa por asfixia.

Es fundamental que presionemos a las autoridades iraníes para que conmuten automáticamente todas las penas de muerte impuestas por lo menos a los delincuentes juveniles, y para que suspendan la ejecución de los cuatro jóvenes que esperan en este momento a que se les aplique la pena capital. Celebro que se haya suspendido la lapidación de mujeres y espero que esta decisión se siga cumpliendo. Pero, como se dice en la resolución, es preocupante que se haya adoptado legislación nueva que trata de mantener la lapidación para los casos de adulterio.

  Marco Cappato, en nombre del Grupo ALDE. – (IT) Señor Presidente, Señorías, si pensamos en Irán como una amenaza mundial y nuclear, una acción política y diplomática firme nos exigiría implicar a Rusia, por ejemplo. Además, Irán demuestra mejor que nadie que la cuestión de los derechos humanos debe formar parte integrante de nuestra política internacional y de seguridad común, porque en la raíz de Irán como peligro nuclear está la violencia cotidiana de este régimen contra los ciudadanos iraníes, a los que tenemos que prestar atención.

Espero que la Comisaria pueda decirnos más sobre el uso que se está haciendo de los fondos para promover la democracia y el Estado de derecho. Sabemos lo difícil que es contactar con la oposición democrática en Irán. Está también la cuestión general de la pena de muerte, que se ha votado en las Naciones Unidas. Esta Cámara insistió mucho en una moratoria, en una suspensión mundial. Ahora es el momento de reforzar esa actitud y proponer que las Naciones Unidas nombren a un enviado especial del Secretario General para la pena de muerte. Ya he propuesto esto en una enmienda oral, y espero que los grupos políticos estimen conveniente apoyarla.

  Mogens Camre, en nombre del Grupo UEN. – (EN) Señor Presidente, creo que todos los miembros de esta Cámara estarán de acuerdo conmigo en que, cuando uno se entera de los casos concretos de violación de los derechos humanos mencionados en esta resolución, no puede creer que cosas así estén sucediendo en este siglo. Pero esa es la verdad deplorable acerca de la situación en un país que ha regresado a la brutalidad medieval y primitiva en un intento de reprimir a su propio pueblo, un pueblo que anhela la democracia, la libertad y la reforma.

Nosotros, las democracias occidentales, no podemos negociar eternamente con el régimen criminal de Teherán, con la ingenua esperanza de que nuestros débiles negociadores terminarán por conseguir algo de un régimen que no comprende ni respeta el mundo moderno ni sus valores y que aparentemente aborrece a su propio pueblo tanto como nos aborrece a nosotros. Dejemos que esta resolución sea un último llamamiento a la justicia y a los derechos humanos. Quiero mencionar también, y con profundo pesar, que la UE sigue manteniendo al movimiento democrático de la oposición iraní, el PMOI, en su lista de organizaciones terroristas, a pesar de las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en Luxemburgo y del Tribunal Supremo británico, según las cuales no se justifica su inclusión en dicha lista.

Por último, apoyo las enmiendas orales del señor Kelam sobre el Campamento de Ashraf y la enmienda oral del señor Hutchinson. Estas enmiendas mejorarán la resolución.

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Señor Presidente, no debemos hacernos falsas ilusiones. La teocracia en Teherán no muestra nada más que desdén por la democracia en Europa. Al mismo tiempo, es bueno que el Parlamento Europeo haya vuelto a condenar las ejecuciones en Irán sin ambigüedades. La ejecución de menores no es solo contraria al Derecho internacional, sino también una barbarie absoluta que lo dice todo sobre la naturaleza despiadada del régimen que gobierna en Teherán desde hace décadas. Debería ser también una advertencia para los ingenuos que creen que Irán se puede manejar con mano blanda.

Pero hay algo que se omite en la resolución. Se dice con razón que el número de ejecuciones es mayor en Irán que en ningún otro país, salvo China. Pero tendría que haberse añadido que, desde enero de 2005, los únicos países que han condenado a muerte y ejecutado a menores han sido Arabia Saudí, Sudán, Yemen y Pakistán. No es ninguna coincidencia que todos ellos sean países islámicos donde se aplica la letra y el espíritu de la sharia. Puede que sea políticamente incorrecto decir eso, pero los hechos hablan por sí mismos. Estas prácticas nos vuelven a demostrar que ese islamismo, que todavía no ha tenido un siglo de las luces, es incompatible con nuestros valores occidentales.

  Bernd Posselt (PPE-DE). - (DE) Señor Presidente, un colega diputado del ala izquierda de esta Cámara acaba de utilizar la trágica cuestión de la pena de muerte en Irán y los terribles crímenes que se están cometiendo allí como pretexto para lanzar un ataque contra la religión en sí misma. Ha atribuido estas acciones a la naturaleza religiosa del régimen. En mi opinión, eso es absurdo.

Se trata de un régimen totalitario perfectamente ordinario que simplemente utiliza el islamismo en beneficio propio. Ese es el problema y nosotros tenemos que condenar enérgicamente al propio régimen, no al islamismo ni a la religión en sí misma.

Curiosamente, los regímenes más abominables de la historia mundial fueron los que invocaron el Socialismo Nacional o Internacional, como sigue ocurriendo todavía hoy en China.

Por consiguiente, debemos ser claros con respecto a un punto: esta Cámara no es lugar para las discusiones ideológicas, ni siquiera sobre la cuestión de Irán. No se trata de ideología, sino de la universalidad de los derechos humanos, que trasciende las diferencias ideológicas. No hay derechos humanos asiáticos, como tampoco hay derechos humanos islámicos que den a las personas menos seguridad y que puedan consentir la pena de muerte de una y otra forma. Nos oponemos radicalmente a la pena de muerte, ya se practique en los Estados Unidos, en China o en Irán, pero no pensamos lo mismo de esos países. Tenemos que ser muy claros en una cosa: el régimen iraní es un régimen totalitario y nosotros queremos que desaparezca.

  Józef Pinior (PSE). - (PL) Señor Presidente, la legislación internacional es muy clara. La pena de muerte no puede imponerse a personas menores de 18 años en el momento de cometer el delito. Irán está violando esa legislación internacional.

Quiero insistir en que, como Estado, Irán ha ratificado convenios internacionales. Ha firmado compromisos de esa naturaleza. En julio de este año, 24 organizaciones para la protección de los derechos humanos de todo el mundo pidieron a Irán que suspendiera la aplicación de la pena de muerte a menores y también que suspendiera todo uso de la pena de muerte en su territorio. En lo que va de año se ha ejecutado a seis menores en Irán, lo que supone un total de 26 ejecuciones desde 2005.

Señor Presidente, señora Comisaria, la Cámara ha celebrado ya varios debates sobre la crueldad con que se aplica la ley en Irán. No podemos permitir la entrega a Irán de los refugiados actualmente en el Campamento de Ashraf, ya que en ese país no se respeta el Estado de derecho.

  Janusz Onyszkiewicz (ALDE). - (PL) Señor Presidente, la situación de los derechos humanos en Irán no está mejorando. Dos personas fueron ejecutadas ayer en la horca, en Arak y en Boujerd, y muchas otras esperan a que se les apliquen sus sentencias. Varios miles de oponentes al régimen de los Ayatolá están actualmente acogidos en el Campamento de Ashraf. Son miembros de Muyahidín Jalq (Combatientes del Pueblo) e Iraq les amenaza con la expulsión. Para muchos de ellos, eso significaría una muerte segura. Las fuerzas de los Estados Unidos han garantizado hasta ahora la seguridad de los refugiados en el campamento, en virtud del IV Convenio de Ginebra. El cambio previsto en la condición reconocida a estas fuerzas significa que, tal como se dice en la propuesta de resolución, hace falta encontrar lo antes posible una solución a largo plazo para los refugiados iraníes acogidos en ese campamento. Aprovecho la ocasión para recordar a la Cámara, una vez más, la necesidad de que las sentencias de los tribunales sean debidamente ejecutadas y que se elimine a Muyahidín Jalq de la lista de organizaciones terroristas.

  Marek Aleksander Czarnecki (ALDE). - (PL) Señor Presidente, el número de ejecuciones públicas en Irán está aumentando. Según los datos de Amnistía Internacional, cada año se ejecutan a unos 200 individuos ante miles de personas. En Irán, la pena de muerte se aplica en casos de blasfemia, apostasía, adulterio y prostitución, entre otros. La aplicación de la pena capital a casos de inmoralidad y apostasía han motivado protestas justificadas de los defensores de los derechos humanos fuera de Irán y de los políticos reformistas dentro del país.

Occidente no puede limitarse a observar pasivamente unos actos tan macabros. El Parlamento Europeo debe condenar firmemente las acciones del régimen iraní. Al mismo tiempo, el Parlamento debe apoyar las aspiraciones pacíficas y reformistas de la oposición, representada por Muyahidín Jalq (Combatientes del Pueblo). El resultado lógico de la transformación democrática de esa organización, encabezada por la señora Maryam Radjavi, sería su exclusión de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea.

  Dumitru Oprea (PPE-DE). – (RO) Desde un punto de vista psicológico, se ha comprobado que las penas duras no han tenido nunca una función correctora, pero sí han generado odio, violencia y deseos de venganza contra personas y autoridades. Yo soy partidario de castigar a los culpables, pero no utilizando la pena de muerte.

No olvidemos que los programas de educación y reintegración social pueden conseguir la rehabilitación de las personas. No olvidemos que en Irán se aplica la pena de muerte a jóvenes menores de 18 años, aunque los derechos internacionales, reconocidos formalmente por los propios iraníes, no permitan esas atrocidades. Hemos tenido noticias del terrible caso de un grupo de jóvenes de Isfahán que han sido castigados por bailar más cerca de lo permitido, a unos centímetros de distancia.

Como profesor, quiero recordarles que los resultados positivos de la educación no se pueden conseguir con miedo, coacción y castigos físicos.

  Aloyzas Sakalas (PSE). - (EN) Señor Presidente, quiero llamar la atención de mis colegas sobre los cientos de ejecuciones que se llevan a cabo en Irán cada año. Ese es el resultado del fracaso de la política adoptada por nuestra Unión con respecto a Irán en los últimos años.

Tenemos que saber que sólo una firme oposición interna en Irán podrá cambiar la situación. Mi pregunta hoy es por qué la UE sigue manteniendo al movimiento de la oposición iraní en una lista negra, a pesar de que los tribunales británicos han ordenado que sea excluido de esa lista. ¿No es hora de que el Consejo, durante la Presidencia actual, cumpla con su obligación de respetar el Estado de derecho y quite de una vez por todas de la lista negra a los movimientos de la oposición? Creo que la señora Ferrero-Waldner podría adoptar las medidas necesarias.

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Señor Presidente, la condena a muerte de un niño de diez años es sencillamente inhumana. El uso de grúas como horcas es un crimen y una utilización inadecuada de la tecnología. Además, las ejecuciones públicas alientan conductas agresivas en la población. Ya hemos debatido en muchas ocasiones la situación en Irán. Irán está incumpliendo cínicamente los compromisos internacionales contraídos formalmente por ese país. Nuestras resoluciones están resultando ineficaces. Confío en que la Comisión Europea considere la posibilidad de imponer sanciones ante los crímenes cometidos por los gobernantes de Irán contra su propio pueblo.

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). - (PL) Señor Presidente, el actual régimen totalitario en Irán se caracteriza por la reducción al absurdo de la ley y el recurso a la psicología del terror. La ley funciona cuando los ciudadanos saben qué delitos son castigados, pero los castigos tienen que ser proporcionados. Hay un ejemplo histórico pertinente. En la Rusia Soviética no había ninguna ley, sólo la voluntad de una única persona que todo lo sabía y de su departamento, la KGB. La situación en Irán es absurda porque la pena de muerte se puede imponer por nada y por todo. En Irán no hay tribunales, no hay lógica, ni hay juicios justos. Por eso apoyo el llamamiento en contra de la entrega a Irán de refugiados políticos como los de Iraq mencionados antes, y especialmente los menores, porque simplemente se les ejecutaría sin juicio previo.

  Benita Ferrero-Waldner, miembro de la Comisión. − (EN) Señor Presidente, creo que éste es, desde luego, uno de los casos más tristes de violación de los derechos humanos: la pena de muerte, sobre todo cuando se aplica a menores de edad. Creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad profunda, seria y urgente de hacer algo al respecto. En junio se debatió esta misma cuestión, y desde junio la situación lamentablemente no ha mejorado, sino que se ha deteriorado. Nuestro grado de preocupación se refleja en el creciente número de declaraciones publicadas también por la Unión Europea desde el debate de junio, ocho más hasta la fecha.

Han mencionado ustedes muchos casos, y yo también quiero mencionar algunos. La semana pasada, por ejemplo, al día siguiente de que la UE deplorara el ahorcamiento del señor Hejazi, menor de edad, se ejecutó a otro menor. El 26 de agosto, el señor Zaree fue ejecutado en la prisión de Shiraz. Y ello a pesar de las peticiones de clemencia no sólo de la Unión Europea, sino de todo el mundo y en particular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Con la ejecución del señor Zaree, son ya seis los menores ejecutados —como ustedes han dicho— en lo que va de año. Según la información disponible, son más de cien los menores que esperan a ser ejecutados en Irán. Lamentablemente, el número de ejecuciones sigue aumentando. Mientras nosotros hablamos, otro menor, el señor Soleimanian, se enfrenta a una ejecución inminente. La moratoria del uso de la pena de muerte en menores, decretada por el Juez Supremo de Irán, está siendo incumplida de forma descarada y reiterada por sus propios jueces.

En cuanto a la cuestión del Campamento de Ashraf, se deben aplicar por supuesto los Convenios de Ginebra, como a todo el mundo. En cuanto a la deportación forzosa a Irán de los residentes del Campamento de Ashraf, habrá que elevar las protestas oportunas al Gobierno de Irán. Hemos probado en numerosas ocasiones a hablar a las claras o a utilizar la diplomacia discreta. Yo misma lo he intentado por todos los medios siempre que el Ministro de Asuntos Exteriores o el Presidente del Parlamento han venido a verme para hablar de otros temas, como las cuestiones nucleares. Sólo hemos tenido éxito en un caso: la lapidación de mujeres. Yo siempre me he manifestado claramente en contra de este método, pero como pueden imaginar, y estoy también totalmente en contra de lo que está sucediendo con los jóvenes y por supuesto, con la pena de muerte en general. Sin embargo, las autoridades iraníes suelen hacer oídos sordos a nuestros llamamientos. Por eso a veces no tenemos más remedio que recurrir a la denominada «diplomacia del megáfono» que Teherán dice detestar y rechazar.

Irán tiene que asumir sus propias responsabilidades. Su comportamiento no puede más que ensombrecer su ya manchada reputación internacional. Sin una mejora concreta de la situación de los derechos humanos, no podremos progresar debidamente para lograr nuestro objetivo común de estrechar las relaciones entre la Unión Europea y la República Islámica del Irán, ni siquiera aunque se resuelva la cuestión nuclear.

Confío en que el Parlamento Europeo y todos los socios de la UE estén de acuerdo con esta línea de actuación y actúen en consecuencia. Hoy vuelvo a hacer un llamamiento a las autoridades de la República Islámica del Irán para que respeten plenamente los convenios internacionales que ese país también ha ratificado. Pido a Irán que perdone la vida a todos los menores que todavía languidecen esperando a ser ejecutados. La situación general de los derechos humanos es realmente muy difícil. Como saben, hemos mantenido un diálogo sobre los derechos humanos, pero lamentablemente no ha funcionado. Hemos tratado de trabajar por la vía de la diplomacia pública y estamos colaborando estrechamente con algunos Estados miembros de la UE para realizar una diplomacia pública bien coordinada. Hemos asignado 3 millones de euros a un servicio de noticias de televisión en Farsi. Estamos tratando también de trabajar con la sociedad civil en Irán, pero nos estamos encontrando con numerosos obstáculos.

  Presidente. − Se cierra el debate.

La votación se celebrará al final del debate.

Declaraciones por escrito (artículo 142)

  Glyn Ford (PSE), por escrito. – (EN) Este Parlamento apoya la abolición total de la pena de muerte en todo el mundo. Lamentablemente, queda mucho camino por recorrer. Por eso debemos tratar de avanzar todo lo que podamos. Celebramos que se haya suspendido el uso de la lapidación como método de ejecución de mujeres en Irán. Instamos al Majlis a modificar urgentemente la legislación con el fin de asegurar que nadie sea ejecutado por crímenes cometidos con menos de 18 años de edad.

Tenemos que condenar también el encarcelamiento y la persecución de ciudadanos iraníes que defienden los derechos humanos y la abolición de la pena de muerte. En las actuales circunstancias, instamos a las autoridades iraquíes y estadounidenses a no imponer la deportación forzosa a los refugiados y solicitantes de asilo y a tratar de encontrar una solución a largo plazo para la situación a la que se enfrentan esas personas actualmente en el limbo del Campamento de Ashraf.

(1) Véase el acta.

12.3. Asesinatos de albinos en Tanzania

  Presidente. − De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución sobre los asesinatos de albinos en Tanzania⁽¹⁾.

  Ryszard Czarnecki, autor. − (PL) Señor Presidente, en el siglo XXI se asesina a personas simplemente por ser albinos. Eso está sucediendo en Tanzania, un país donde un tercio de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Recientemente se ha detenido a 173 personas acusadas de matar o herir a albinos. Eso indica la magnitud del problema. Veinticinco personas han muerto o sufrido heridas por ser albinas en los últimos seis meses.

Hay una población considerable de albinos en el mundo. De hecho, 50 de cada millón de personas son albinas. Pero sólo en Tanzania reciben un trato tan cruel. En ese país se comercia con la sangre y con fragmentos de los cuerpos de los albinos. La responsabilidad de eso recae en los hechiceros curanderos y las bandas organizadas que trabajan para ellos. Debe decirse que la policía es también culpable por hacer con frecuencia la vista gorda.

Antes de terminar, quiero decir que sólo podremos considerar que nuestra protesta hoy aquí ha sido eficaz si y cuando los albinos de Tanzania tengan acceso a asistencia sanitaria, a educación y a la oportunidad de integrarse en la sociedad.

  Laima Liucija Andrikienė, autora. – (LT) Hoy estamos debatiendo aquí un caso de discriminación de una minoría. La minoría en cuestión son los albinos, que están siendo asesinados y mutilados en Tanzania, incluso niños pequeños. Éste es un problema grave en toda el África subsahariana. Quiero recordarles que el albinismo afecta a una de cada 20 000 personas en todo el mundo. Como ya dije en mi anterior intervención, los hechiceros-curanderos en Tanzania venden fragmentos del cuerpo y sangre de los albinos a mineros y pescadores, quienes creen ingenuamente que les pueden traer suerte, salud y fortuna. Nuestra posición es muy clara: la matanza de albinos y la discriminación que sufren es totalmente inadmisible y no debe tolerarse. El Gobierno tanzano tiene que tomar medidas enérgicas para poner fin a esta terrible situación. El Gobierno y el Presidente de Tanzania ya han comenzado a adoptar medidas, cosa que apreciamos, pero no basta con eso. El procesamiento de 173 personas sospechosas del asesinato de albinos será la prueba de fuego que revelará la buena disposición de los gobernantes tanzanos, y los culpables tienen que ser castigados. Ahora bien, la mejor forma de resolver el problema sería con una mejor educación y con una asistencia sanitaria adecuada y accesible para todos los ciudadanos del país, incluidos los albinos. La comunidad internacional, así como la Unión Europea, deben ayudar a resolver estos problemas. La mayoría de las personas albinas mueren de cáncer de la piel antes de cumplir 30 años.

  Marios Matsakis, autor. − (EN) Señor Presidente, las personas con el defecto genético del albinismo, aparte de problemas graves de salud, sufren diferentes grados de discriminación en todo el mundo.

Pero recientemente en el África subsahariana, y especialmente en Tanzania, los albinos han sufrido además agresiones bárbaras y sin precedentes para su mutilación, puesto que algunos fragmentos de sus cuerpos son utilizados por hechiceros-curanderos como ingredientes para la preparación de pociones que prometen riqueza a quienes las beban. Esta situación, aparte de su criminalidad obvia, sugiere una sociedad muy atrasada en la que siguen existiendo prácticas de brujería terriblemente brutales.

El Gobierno tanzano tiene la obligación de actuar con rapidez y decisión en los siguientes aspectos: primero, para proteger a todos los albinos de nuevos ataques; segundo, para investigar a fondo todos los crímenes contra albinos y juzgar a los responsables; tercero, para educar a sus ciudadanos suficientemente como para que puedan librarse del azote de la brujería y las supersticiones, y cuarto, para asegurar que las personas con albinismo reciban la mejor asistencia médica y social posible y puedan llevar una vida casi normal, segura y pacífica.

  Erik Meijer, autor. – (NL) Señor Presidente, lo que sucede en Tanzania no es violencia cometida por el Estado. La discriminación y la violencia son prácticas que han sobrevivido desde tiempos anteriores a las civilizaciones judeo-cristianas-islámicas, cuando no existía el supuesto de la igualdad de todas las personas.

Tanzania tiene 150 000 habitantes que, debido a la carencia de melanina, un pigmento de la piel, tienen ojos rojos, piel clara y cabello rubio. Se les considera productos de la brujería. Muchas de esas personas son asesinadas para arrancarles la piel y otros fragmentos de su cuerpo y utilizarlos en rituales mágicos. Debido al gran número de albinos, Tanzania es el principal proveedor de órganos humanos a toda África.

No se podrá poner fin a estas terribles prácticas sin una labor activa de educación de la población en Tanzania y en toda África, una mejor asistencia sanitaria y la garantía de un mejor acceso de los albinos a puestos de trabajo destacados. El Gobierno tanzano está adoptando medidas tales como la creación de un registro de todos los albinos, para tratar de protegerlos. Pero si no cambian las actitudes respecto a la situación de los albinos, este registro podría ser indebidamente utilizado en el futuro para localizar a esas personas y exterminarlas. En el decenio de 1940 tuvimos malas experiencias en Europa con el registro de grupos de población amenazados.

  Charles Tannock, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señor Presidente, la terrible situación de los albinos resulta difícil de creer en nuestros tiempos. Cuando oí hablar de este problema por primera vez, me pareció un tema sacado directamente de la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. Quisiera creer en el renacimiento y el potencial de África, como parecen creer tantos otros colegas en esta Cámara, pero el asesinato de albinos para obtener fragmentos de su cuerpo no mejora nada la imagen internacional del continente. Lamentablemente, el sufrimiento de los albinos no se limita a Tanzania, sino que se extiende a todo el territorio de África.

Aparte de las consecuencias médicas del albinismo en los trópicos, como el alto riesgo de sufrir terribles cánceres de piel, en el mejor de los casos los albinos son considerados tradicionalmente como fenómenos anormales o curiosos, y en el peor de los casos son asesinados para atender las demandas de una medicina tradicional que está más cerca de la hechicería medieval.

La UE no debe vacilar en lanzar una campaña sobre esta cuestión y presionar a países como Tanzania, donde, aparentemente, esa total falta de respeto por los derechos humanos y la dignidad humana es algo habitual. Sin embargo, me anima que el Presidente tanzano haya hecho un llamamiento a su pueblo para que cambie sus tradiciones. Esperemos que otros líderes africanos se hagan eco de este importante mensaje.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, en nombre del Grupo del PSE. – (PL) Señor Presidente, en marzo de este año más de 25 albinos que vivían en los alrededores del Lago Victoria fueron brutalmente asesinados o mutilados. Entre las víctimas había niños. Personas con supuestas características sobrenaturales habían sido objeto de ataques en esa región en el pasado.

Debe recordarse que el 36 % de población de Tanzania vive por debajo del umbral de la pobreza. A todos los efectos, estas personas no tienen acceso alguno a asistencia sanitaria. La práctica habitual es acudir a hechiceros-curanderos locales. El bajo nivel de educación de la población local contribuye a su creencia en características sobrenaturales. Un gran número de albinos vive en el territorio del África subsahariana y se han convertido en víctimas de una abierta discriminación por ser diferentes. No sólo se les niega a los albinos el derecho a asistencia sanitaria, sino que se les niega también el derecho a asistencia social y jurídica. Es habitual la discriminación de los albinos en la vida cotidiana, en las escuelas, en las instituciones públicas y en el mercado de trabajo. Los albinos se sienten constantemente humillados y tratados como ciudadanos de segunda clase.

La intolerancia actual podría contrarrestarse y el número de agresiones contra albinos reducirse en el futuro si ahora se condena a los culpables de asesinato y se emprende al mismo tiempo una profunda labor de sensibilización de la sociedad tanzana. Es esencial que apoyemos las iniciativas del Gobierno tanzano en este sentido. Dichas iniciativas incluyen la protección especial de los niños albinos y la cooperación con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. Las intervenciones deben centrarse en primer y principal lugar en las zonas rurales, donde el nivel de concienciación social es mínimo. Además, la Comisión y los Estados miembros deben apoyar con firmeza las intervenciones de urgencia realizadas por la Asociación de Albinos de Tanzania. Las medidas a más largo plazo deben orientarse a conseguir que la población albina disfrute de plenos derechos en cuanto al acceso a la educación, al mercado de trabajo y también a la protección social y sanitaria.

  Ewa Tomaszewska, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, desde marzo de este año 25 albinos han sido asesinados en Tanzania. Esos asesinatos están relacionados con las prácticas supersticiosas actuales en la región y se basan en la creencia de que algunos fragmentos del cuerpo de los albinos, como los pies, las manos, el pelo y la sangre, traen salud, abundancia y riqueza a una persona. La última víctima ha sido un niño de siete años. El año pasado también, 25 albinos perdieron la vida.

Estas prácticas ocultas tienen lugar a orillas del Lago Victoria, en zonas agrícolas y también entre pescadores y mineros. Los albinos son víctimas frecuentes de la discriminación y la persecución. El Presidente Kikwete ha utilizado a la policía para tratar de localizar a los albinos escondidos. El Presidente ha prometido proporcionar protección a los albinos, pero éstos siguen desconfiando, porque algunos agentes de la policía están también involucrados en prácticas ocultas. Los curanderos y sus bandas organizadas son responsables de organizar el asesinato de albinos. Ciento setenta y ocho personas han sido detenidas como sospechas de participación en los asesinatos.

El Presidente de Tanzania ha contribuido decisivamente al nombramiento de la señora Kway-Geer como primera diputada albina en el Parlamento tanzano, en reconocimiento a su lucha contra la discriminación. Acogemos con satisfacción este nombramiento como un paso en la dirección correcta. Apoyamos las actividades de la Asociación de Albinos de Tanzania y confiamos en que la Comisión le ofrecerá un verdadero apoyo.

  Urszula Krupa, en nombre del Grupo IND/DEM. – (PL) Señor Presidente, estamos hoy hablando de la violación de los derechos humanos en Tanzania. Se trata de un país subtropical donde los albinos son discriminados, como ocurre en muchos otros países africanos.

Pero en Tanzania los albinos son asesinados de una manera particularmente brutal. El año pasado, más de 25 personas perdieron la vida de este modo. Hay 39 millones de tanzanos, 270 000 de los cuales sufren una anomalía genética causada por la presencia de un gen recesivo que hace que su piel carezca de pigmento. En consecuencia, los albinos pueden sufrir problemas de vista, quemaduras solares, cáncer y muerte prematura. Ambos progenitores tienen que ser portadores del gen para que la anomalía se haga patente en los hijos. Las mujeres que dan a luz bebés albinos se ven obligadas a divorciarse. Los niños son considerados una maldición para su familia. Se cree que están poseídos por espíritus malignos y son tratados como animales. Pero por otro lado, los hechiceros-curanderos difunden relatos sobre las propiedades mágicas de la piel blanca de los albinos, que supuestamente ayuda a traer suerte y riqueza. Esto origina la matanza de albinos que son brutalmente descuartizados y algunos fragmentos de su cuerpo se utilizan para preparar pociones.

Es difícil de entender la razón de esa crueldad y los fines a los que sirve. Quizá sea un intento de eliminar a las personas enfermas que tienen una anomalía genética. Recientemente, el Gobierno ha condenado el uso de la fuerza contra los africanos albinos y ha lanzado campañas educativas. Incluso ahora hay una diputada albina en el Parlamento tanzano. No obstante, la tragedia que afecta a estas personas continúa. Además, no se dispone de ayudas para financiar la compra de prendas protectoras, ni otras ayudas para este sector marginado de la población que sufre discriminación y al que se le niega el acceso a trabajo y educación.

Las protestas y llamamientos de la comunidad internacional, así como la ayuda educativa y económica, contribuirían a frenar este tipo de discriminación extrema. El procesamiento de los 173 supuestos hechiceros-curanderos detenidos y acusados de homicidio, incitación al asesinato y comercio de órganos humanos, también ayudaría.

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Señor Presidente, yo también quiero sumar mi voz de apoyo a la de los colegas de todos los grupos de esta Cámara ante la terrible descripción del tratamiento que reciben los albinos en Tanzania. Sé que sucede lo mismo en otras partes de África, pero en Tanzania hay una concentración de albinos ─hemos escuchado la cifra de 270 000─ que son discriminados, marginados, tratados brutalmente y asesinados para obtener algunos fragmentos de su cuerpo debido a la superstición, a la brujería y a diversas prácticas ocultas.

Al plantear este tema aquí (y quiero felicitar a todos mis colegas que lo han planteado y a quienes lo han incluido en el orden del día), sumamos nuestra voz en el Parlamento Europeo a la voz internacional de protesta, y ojalá el Gobierno tanzano y otros gobiernos también nos escuchen.

Se trata principalmente de una cuestión de educación pero, sobre todo, necesitamos protección para los albinos dentro de sus propias comunidades; necesitamos una investigación a fondo. El hecho de que algunos miembros de las fuerzas policiales formen parte del problema y no se pueda confiar en ellos parte de la solución es extremadamente preocupante.

  Benita Ferrero-Waldner, miembro de la Comisión. − (EN) Señor Presidente, compartimos la indignación del Parlamento ante el creciente número de ataques en Tanzania contra la población albina y el comercio horrible e ilegal de algunos fragmentos del cuerpo de los albinos vinculados a la medicina tradicional, a la superstición y a las prácticas de los hechiceros-curanderos.

En particular, compartimos la preocupación recientemente manifestada por el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ante, por ejemplo, las mujeres y niñas albinas que han sido muy especialmente objeto de matanzas rituales. Condenamos todas las formas de discriminación y victimización, y nos hemos comprometido a apoyar las políticas y acciones encaminadas a su erradicación.

También el Gobierno de Tanzania, hay que decirlo, se ha comprometido a erradicar estas prácticas y a concienciar a la población del sufrimiento de los albinos. Por consiguiente, acogemos con satisfacción el nombramiento de una diputada albina, las recientes detenciones de algunos hechiceros-curanderos y el compromiso del Presidente, como ya se ha mencionado, a llevar a los responsables ante la justicia.

Nosotros vigilamos también de cerca la situación general de los derechos humanos en Tanzania, junto con los Estados miembros y otros socios en el ámbito del desarrollo. Algunos Estados miembros y otros países asociados apoyan a organizaciones como el Centro de Derechos Legales y Humanos, que vigila estrechamente las posibles violaciones de derechos humanos. Como miembro del Grupo de Donantes sobre la Gobernanza, la Comisión seguirá coordinando las respuestas de los donantes para resolver el problema, incluida la Asociación de Albinos.

Además, la Comisión planteará también, junto con los Estados miembros en Tanzania, el problema en su diálogo político con las autoridades tanzanas.

El Programa para la Sociedad Civil, con una dotación de 3 millones de euros del FED, ayudará a concienciar a la población: se están organizando seminarios que hacen hincapié en la situación de los albinos y en breve se pondrá en marcha una nueva campaña de sensibilización en la región de Mwanza al norte de Tanzania.

Así que, en general, aprovechamos nuestros diálogos periódicos para plantear esta cuestión. Estas cuestiones se plantean también, por supuesto, en nuestro ejercicio actual relacionado con los fondos públicos y los sectores de la salud, la educación y el empleo. Creemos que la existencia de un sistema judicial independiente y eficaz es vital.

Por consiguiente, nosotros, la Comisión, en nuestros contactos con las autoridades, insistiremos en la importancia de procesar a los autores de esos terribles actos.

Nos pondremos también en contacto con la honorable Kway-Geer, la primera diputada albina en el Parlamento de Tanzania (ya mencionada), y consideraremos con ella posibles acciones, porque ella puede decirnos mejor que nadie lo que puede hacerse. Por último, junto con la Presidencia tanzana, abordaremos esta cuestión en el 60º aniversario de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que previsiblemente se celebrará en Tanzania el 10 de diciembre de 2008.

  Presidente. − Se cierra el debate.

La votación se celebrará inmediatamente después de los debates.

(1) Véase el acta.

13. Turno de votaciones

  Presidente. − Vamos a proceder a las votaciones.

13.1. Golpe de Estado en Mauritania (votación)

− Antes de la votación:

  Colm Burke (PPE-DE). - (EN) Señor Presidente, mis disculpas por haber llegado tarde al anterior debate. El retraso se ha debido a que estábamos tratando de llegar a un acuerdo sobre una enmienda oral relativa al apartado 8. La enmienda oral acordada es ka siguiente: «Toma nota del anuncio, por la junta militar, de nueva elecciones presidenciales, pero deplora que no se haya anunciado ningún calendario y que, al contrario que la junta que ocupó el poder desde 2005 hasta 2007, la junta actual no se haya comprometido a observar la neutralidad electoral; pide a las fuerzas militares en el poder que se comprometan sin demora con un calendario de restablecimiento de las instituciones democráticas, en concertación con el conjunto de las fuerzas políticas.»

Con relación al apartado 10, hay que hacer una corrección tipográfica que se acordó en los debates. La última línea del apartado 10 debe decir «lo que podría entrañar la congelación de la ayuda, con la excepción de la ayuda alimentaria y humanitaria».

(El Parlamento aprueba la enmienda oral.)

13.2. Ejecuciones en la horca en Irán (votación)

− Antes de la votación:

  Marco Cappato (ALDE). - (IT) Señor Presidente, Señorías, propongo que estas enmiendas se pongan al final de la resolución. Pido disculpas por hacerlo en el último momento, pero tiene que ver con la moratoria de las Naciones Unidas sobre la pena de muerte, respecto a la cual el Parlamento ya ha expresado su punto de vista en tres ocasiones. Por eso creo que podría aceptarse una enmienda puramente oral.

Los dos apartados que propongo son los siguientes. Los leeré en voz alta muy lentamente:

– (EN) «Pide la presentación de una resolución en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se solicite a todos los países en los que está vigente la pena de muerte que pongan a disposición del Secretario General de las Naciones Unidas y de la opinión pública toda la información sobre la pena capital y las ejecuciones, para superar el secreto de estado sobre la pena de muerte, que también es causa directa de un mayor número de ejecuciones».

El segundo párrafo dice así:

«Pide una nueva resolución en la que se plantee la creación de la figura de un enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas con la tarea de supervisar la situación, garantizando la máxima transparencia en lo relativo a la pena capital y favoreciendo un proceso interno dirigido a la aplicación de la Resolución de las Naciones Unidas sobre la moratoria del uso de la pena de muerte».

− (IT) Soy consciente de que se trata, digamos, de un aspecto adicional de la cuestión de Irán, pero es también una cuestión que exige una intervención rápida. Por consiguiente, les pido que aprueben este añadido a nuestra resolución.

(El Parlamento aprueba la enmienda oral.)

  Raül Romeva i Rueda, autor. − (EN) Señor Presidente, las dos enmiendas se refieren en primer lugar al artículo 9. Tenemos una propuesta concreta de ACNUR que no se menciona en la resolución. Pienso que es algo perfectamente aceptable y, de acuerdo con esta enmienda, pido que se suprima el fragmento: «que trabajen junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otros interlocutores». Observen que en esta enmienda incluimos también la enmienda oral del señor Hutchinson, en la que también pedía la inclusión de los miembros de la oposición.

En cuanto al considerando K, pedimos lo mismo en relación con el mismo principio que acabo de mencionar. En este caso, pedimos que se suprima de la resolución el fragmento: «en virtud del artículo 27 del IV Convenio de Ginebra». También decirse que aquí también incluimos la enmienda oral del señor Kelam. Al tratarse de una petición concreta de ACNUR, insisto en que debemos tenerla en cuenta.

  Paulo Casaca, en nombre del Grupo del PSE. − (PT) Señor Presidente, creo necesario corregir lo que acaba de decirse. Puedo garantizar a esta Cámara que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas no ha sugerido eso en ningún momento, ni está de acuerdo con lo que acaba de decir nuestro colega. Pido, por tanto, a la Cámara, que no vote a favor de lo que se ha propuesto. Eso pondría en duda el punto más importante, destacado por la señora Comisaria, que es la protección dada por el Convenio de Ginebra a los prisioneros en el Campamento de Ashraf. Por tanto, no debemos aceptar esta enmienda tal como se ha presentado. Debo decir también que estaría en total contradicción con lo que ha propuesto mi colega, señor Hutchinson, y también nuestro colega del Grupo del Partido Popular Europeo. Por tanto, rechazo rotundamente esta enmienda oral.

  Bernd Posselt, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, sólo quiero decir que nuestro Grupo se opone también a esta enmienda oral y opina que debe seguir haciéndose mención al Convenio, que es lo que se negoció a comienzos de la semana.

  Tunne Kelam (PPE-DE). - (EN) Señor Presidente, en realidad estoy en contra de que se incorpore, en el considerando K, mi enmienda oral, que propone sustituir «antiguos miembros» por «afiliados», y suprimir la mención al Convenio de Ginebra. La Comisaria acaba de confirmar que el Cuarto Convenio de Ginebra se aplica también a los habitantes de Ashraf, por lo que quiero pedirles que apoyen la primera parte de esta enmienda, que es la misma que la del señor Hutchinson, pero que se opongan a la supresión de la mención al Convenio de Ginebra.

  Mogens Camre, en nombre del Grupo UEN. – (EN) Señor Presidente, quiero sumarme a los dos últimos oradores, porque el Grupo UEN está también en contra de un cambio en las enmiendas orales que figuran actualmente en los archivos.

  Alain Hutchinson, autor. − (FR) Señor Presidente, sólo quiero confirmar que nosotros no apoyaremos la enmienda que ha propuesto aquí nuestro colega diputado, pero que hemos presentado una enmienda oral al artículo 9 en la misma línea de lo que ha expuesto el diputado en cuestión y que, por supuesto, la defenderemos.

(Se rechazan las enmiendas orales presentadas por el señor Romeva i Rueda. Se aceptan las enmiendas orales presentadas por el señor Kelam y el señor Hutchinson.)

13.3. Asesinatos de albinos en Tanzania (votación)

  Presidente. − Con esto concluye el turno de votaciones.

14. Composición de las comisiones y delegaciones: véase el Acta

15. Decisiones relativas a determinados documentos : véase el Acta

16. Declaraciones por escrito inscritas en el registro (artículo 116 del Reglamento): véase el Acta

17. Transmisión de los textos aprobados por el Parlamento durante la presente sesión: véase el Acta

18. Calendario de las próximas sesiones: véase el Acta

19. Interrupción del período de sesiones

  Presidente. − Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.

(Se cierra la sesión a las 16.45 horas.)

A raíz del rechazo irlandés del Tratado de Lisboa, mucho se ha dicho acerca de la supuesta falta de entendimiento y/o de comunicación entre la UE y sus ciudadanos, como consecuencia de la forma en que la Unión Europea se presenta en los contextos nacionales, ya que a menudo es el chivo expiatorio de las dificultades y sus muchos efectos positivos se minimizan con demasiada facilidad.

Esta situación debe tomarse muy en serio ya que pone en peligro la legitimidad de la Unión Europea. La UE tiene que comprometerse con los ciudadanos y los pueblos de Europa deben tener una visión comunitaria.

¿Piensa el Consejo comentar esta cuestión y especificar cómo puede trabajar la UE en su conjunto para poner remedio al déficit de visión de la UE?

¿Espera el Consejo que el Tratado de Lisboa esté ratificado antes de las elecciones al Parlamento Europeo de 2009?

¿Considera el Consejo que la Unión Europea necesita un nuevo «período de reflexión» después de haberse rechazado el Tratado de Lisboa? ¿Contempla ya la posibilidad de reelaborar un nuevo documento al final de este período de reflexión, tal como hizo la última vez?

¿Cree el Consejo que es una buena idea convocar un segundo referendo en la República de Irlanda, a pesar de que la mayoría de los votantes ya han rechazado el texto en un reciente referendo en ese país?

Tras el referéndum celebrado en Irlanda los días 12 y 13 de junio de 2008, y de acuerdo con las declaraciones del Presidente de la Comisión, de los Jefes de Gobierno de los Estados miembros y de los miembros del Consejo Europeo, se intenta ignorar el claro «no» del pueblo irlandés al Tratado de Lisboa y continuar el proceso de su ratificación. Esta situación implica despreciar no sólo al pueblo de Irlanda, sino también a los pueblos de Francia y los Países Bajos, que en sendos referendos en 2005 rechazaron la Constitución Europea, y en un momento en que también se extienden este tipo de reacciones en otros pueblos de la UE, a los que sus Gobiernos no dan el derecho de expresarse en referéndum sobre el Tratado de Lisboa.

¿Piensa el Consejo respetar el veredicto tanto del pueblo irlandés como de los pueblos francés y neerlandés, reconociendo que el Tratado de Lisboa está «muerto», y detener todo nuevo proceso de ratificación?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de septiembre I de 2008 del Parlamento Europeo en Bruselas.

En los días 19 y 20 de junio, el Consejo Europeo tomó nota de los resultados del referéndum irlandés y señaló que el proceso de ratificación proseguía en otros Estados miembros.

La Presidencia francesa se mantiene en estrecho contacto con las autoridades irlandesas. El 21 de julio, el señor Sarkozy hizo una visita a Dublín junto con Bernard Kouchner para escuchar y comprender los diferentes puntos de vista. Ambos se reunieron con las autoridades irlandesas, con los dirigentes de los partidos políticos y con los representantes de la sociedad civil. Tendrán que producirse nuevos contactos en los próximos meses tanto en París como en Dublín.

Yo tomé nota de las declaraciones realizadas recientemente por el Ministro de Asuntos Europeos irlandés sobre las perspectivas de permitir que el pueblo irlandés vote en un nuevo referéndum.

Tal como indicó el Consejo Europeo en junio, respetamos las sensibilidades y la elección de los irlandeses. Sin embargo, no debemos olvidar que 24 Parlamentos nacionales han aprobado el Tratado de Lisboa.

Además, la Asamblea a la que ustedes representan es muy consciente de que en el nuevo clima internacional de incertidumbre es crucial que la Unión pueda disponer de los recursos e instrumentos políticos y jurídicos que le permitan cumplir sus objetivos.

Con miras a la reunión del Consejo Europeo en octubre, haremos todo lo posible para ayudar a las autoridades irlandesas a elaborar propuestas de cara al futuro. Es importante que dichas propuestas estén listas en octubre para que se pueda encontrar cuanto antes una solución que resulte aceptable para los 27 Estados miembros sin excepción. En el ámbito institucional, no podemos perder ni un momento. Tenemos que actuar. Debemos garantizar que, sobre la base de las propuestas irlandesas, estemos preparados para poner en marcha nuestro futuro marco jurídico y poner en práctica las lecciones que hemos aprendido cuando llegue la hora de organizar las elecciones europeas y de decidir la composición de la Comisión en 2009.

¿Qué tipo de protesta formal ha elevado el Consejo a Israel por la continua ampliación de los asentamientos israelíes?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de septiembre I de 2008 del Parlamento Europeo en Bruselas.

La postura de la Unión a este respecto es bien clara, y la ha reiterado en varias ocasiones:

En lo que a la Unión Europea se refiere, el establecimiento de asentamientos en los territorios palestinos ocupados, incluido Jerusalén Este, es ilegal con arreglo al Derecho internacional. El acto de establecer asentamientos prejuzga el resultado de las negociaciones sobre la condición final de los territorios palestinos y amenaza la viabilidad de una solución negociada basada en la coexistencia de dos Estados.

En julio y agosto, la Unión Europea instó una vez más a Israel a que suspendiera todas las actividades de asentamiento y en particular las vinculadas al «crecimiento natural», incluidas las de Jerusalén este, y a que desmantelara los asentamientos incontrolados establecidos desde marzo de 2001.

¿Qué medidas adopta el Consejo para que las negociaciones de adhesión con Croacia puedan concluir el presente año y qué calendario para la plena adhesión de Croacia a la UE, en opinión del Consejo, se desprende de esas negociaciones?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de septiembre I de 2008 del Parlamento Europeo en Bruselas.

Las negociaciones para la adhesión de Croacia avanzan a buen ritmo y este año han entrado en una fase crucial. Desde el comienzo de las negociaciones en octubre de 2005, se han abierto 21 capítulos, tres de los cuales se han concluido provisionalmente:

Capítulo 25: «Ciencia e investigación»

Capítulo 26: «Educación y cultura»

Capítulo 20: «Política empresarial e industrial»

Aparte de darse por concluido el capítulo 20, en la conferencia de adhesión del 25 de julio se abrió el capítulo 1, «Libre circulación de mercancías».

El ritmo de las negociaciones sobre todo depende, y seguirá dependiendo, de los progresos que pueda realizar Croacia en el cumplimiento de las condiciones establecidas.

Ahora el principal desafío consiste en aprovechar los avances logrados a fin de acelerar el ritmo de las reformas y su aplicación, en particular en las áreas siguientes:

Reforma del sistema judicial y de la administración pública;

Lucha contra la corrupción y derechos de las minorías;

Reformas económicas.

En el ámbito de la cooperación regional, la Unión Europea anima a Croacia a que se siga esforzando por establecer relaciones de buena vecindad con el objeto de:

Encontrar soluciones definitivas y mutuamente aceptables en todas las cuestiones bilaterales pendientes con países vecinos, en especial cuestiones fronterizas;

Trabajar en pos de la reconciliación entre los habitantes de la región.

En vista de la escasez alimentaria mundial y del aumento de la población del planeta, ¿está de acuerdo la Presidencia francesa en que es vital para los ciudadanos de la Unión Europea que en el futuro la Política Agrícola Común (PAC) sea capaz de cumplir su objetivo original de garantizar la seguridad alimentaria en Europa? Si tal es el caso, ¿que propuestas concretas formulará la Presidencia para asegurar este cometido de la PAC?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de septiembre I de 2008 del Parlamento Europeo en Bruselas.

Como usted sabe, el 3 de julio de 2008 la Presidencia francesa, en colaboración con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, organizó una conferencia sobre el tema «¿Quién alimentará al mundo?», que contó con la participación de muchos representantes de instituciones comunitarias y de organizaciones internacionales, entre ellas la FAO, el FIDA y la OMC, así como con representantes de la sociedad civil de varios continentes. Todos los participantes de la Conferencia reconocieron la importancia de la agricultura como catalizador del crecimiento y del desarrollo.

En los días 19 y 20 de junio, el Consejo Europeo reiteró las medidas ya adoptadas por la Unión para moderar la presión sobre los precios de los alimentos:

Venta de reservas de intervención;

Reducción de restituciones a la exportación;

Supresión del requisito de retirada de tierras de la producción para 2008;

Aumento de las cuotas lecheras y suspensión de aranceles para los cereales.

Estas medidas han contribuido a mejorar la oferta y a estabilizar los mercados agrarios.

El Consejo Europeo ha invitado a la Comisión a que proponga medidas adicionales para resolver estos problemas.

La Comisión también está elaborando medidas específicas para apoyar a los más desfavorecidos, tanto en Europa como en todo el mundo, medidas que el Consejo examinará en octubre.

Además del chequeo de la PAC, la Presidencia francesa espera que se inicie una reflexión sobre el futuro de la política agrícola común para determinar si nuestros métodos de producción y organización se adaptan adecuadamente a nuestras necesidades de seguridad alimentaria y a otros desafíos de nuestra época.

El récord histórico registrado respecto a la inflación en el mes de mayo, que ha llegado al 3,7 % en la zona euro y al 3,9 % en el conjunto de la Unión Europea y cuyas primeras víctimas son los sectores populares más desfavorecidos, las personas con menos ingresos, los jubilados, los parados, los jóvenes, los migrantes económicos, etc., suscita preocupación en toda Europa.

¿Qué medidas piensa tomar la Presidencia francesa en respuesta al alza de los precios?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de septiembre I de 2008 del Parlamento Europeo en Bruselas.

La respuesta que se dio el 8 de julio a la pregunta formulada por su colega el señor Matsis sólo responde parcialmente esta pregunta.

Sin embargo, es cierto que durante el verano la situación ha cambiado algo. Ahora se está observando una ralentización en el aumento de los precios de las materias primas. Es una buena noticia, aunque todavía no sea suficiente. No obstante, es importante subrayarlo.

Como usted sabe, en los días 19 y 20 de junio de 2008 el Consejo Europeo examinó la evolución de los precios de los productos agrícolas y de los alimentos. Se introdujeron así una serie de medidas concretas con miras al Consejo Europeo de octubre o diciembre de 2008.

Como acabo de decir, es importante a este respecto reiterar las medidas ya adoptadas por la Unión para moderar la presión sobre los precios de los alimentos y estabilizar los mercados, por ejemplo, la venta de reservas de intervención, la reducción de restituciones a la exportación, la supresión del requisito de retirada de tierras o el aumento de las cuotas lecheras.

Con respecto a las medidas que se han de adoptar, el Consejo Europeo ha destacado la importancia de asegurar la sostenibilidad de las políticas de biocarburantes, evaluando las posibles repercusiones de estas políticas en los productos agrícolas destinados a la alimentación y tomando medidas, en caso necesario, para solucionar los problemas.

La Comisión también está elaborando medidas específicas para apoyar a los más desfavorecidos, tanto en Europa como en todo el mundo, medidas que el Consejo examinará en octubre.

Sin embargo, no olvido los vínculos entre este tema y la evolución del comercio internacional.

Las negociaciones de julio sobre la Ronda de Doha no produjeron un acuerdo equilibrado, pese a todos los esfuerzos de la UE. Es el momento, dentro de un marco multilateral o, en su defecto, dentro de un marco bilateral y regional, de buscar los medios para que terceros países puedan mejorar su producción y fomentar sus exportaciones.

El Consejo Europeo ha dado una buena acogida a las iniciativas de la Comisión para examinar la cuestión de la regulación restrictiva en el sector minorista y seguir de cerca las actividades en los mercados financieros relacionados con los productos básicos, incluidos el comercio especulativo y su incidencia sobre los precios, así como las posibles repercusiones políticas. Ha invitado a la Comisión a que informe sobre esta cuestión antes del Consejo Europeo de diciembre de 2008 y a que estudie la posibilidad de proponer respuestas de política adecuadas, entre ellas medidas encaminadas a mejorar la transparencia del mercado.

Tras la ruptura de las negociaciones sobre un instrumento destinado a reforzar los derechos procesales de los sospechosos en los procedimientos penales, ¿tiene intención el Consejo de tratar, con carácter de urgencia, la cuestión de la asistencia jurídica ?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de septiembre I de 2008 del Parlamento Europeo en Bruselas.

El Consejo no está tratando actualmente ninguna iniciativa relativa a la asistencia jurídica. Está dispuesta a examinar la cuestión junto con cualquier otra iniciativa adoptada por la Comisión o por un Estado miembro, de conformidad con el Tratado.

El interés del Consejo por crear una gobernanza política genérica en el Espacio Europeo de Investigación (EEI) suscita varias cuestiones importantes, como la definición de espacio político, el ámbito geográfico del EEI y el principio de subsidiariedad.

¿Cómo va a abordar este asunto el Consejo y con qué perspectiva temporal?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de septiembre I de 2008 del Parlamento Europeo en Bruselas.

El Consejo es consciente del papel clave que desempeña el Espacio Europeo de Investigación (EEI), que es uno de los pilares principales para el cumplimiento de los objetivos de Lisboa, así como un catalizador de la capacidad competitiva europea.

Durante el Consejo Europeo de marzo y en la reunión del Consejo de Competitividad de mayo de 2008 se establecieron las líneas generales de la gobernanza política del EEI. Se invitó a los Estados miembros a establecer disposiciones en materia de gobernanza para cada una de las iniciativas del EEI, esto es:

- Programación conjunta de la investigación,

- Asociación de los investigadores europeos,

- Marco jurídico para las infraestructuras europeas de investigación,

- Gestión y protección efectivas de la propiedad intelectual,

- Estrategia de cooperación internacional para el EEI.

Somos conscientes de la necesidad de mejorar esta gobernanza y la Presidencia francesa espera que, para finales de año, se haya definido una «visión 2020» con miras a crear un Espacio Europeo de Investigación duradero. A este respecto, trabajaremos en estrecha colaboración con las presidencias checa y sueca, ya que todas nuestras presidencias consideran que se trata de una prioridad.

Está generalmente admitido que la formación de los magistrados nacionales y del personal judicial es sobre todo un asunto que depende de los Estados miembros. ¿Por qué los Estados miembros contribuyen en menos de una cuarta parte del presupuesto de la Red Europea de Formación Judicial?

Habida cuenta, por ejemplo, de los fundamentos jurídicos previstos para la formación de los magistrados y del personal judicial en el Tratado de Lisboa, ¿considera el Consejo que estos fondos son suficientes para garantizar una ayuda adecuada a dicha formación en la Unión Europea?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de septiembre I de 2008 del Parlamento Europeo en Bruselas.

El Consejo concede gran importancia tanto a la formación de los magistrados y del personal judicial como a la cooperación judicial en el desarrollo del espacio europeo de justicia.

Sin embargo, todavía no hemos definido todos los instrumentos a escala comunitaria. Por lo tanto, se ha emprendido una serie de iniciativas:

Durante los días 7 y 8 de julio, en Cannes, la Presidencia francesa dedicó una parte importante de la reunión informal del Consejo de Ministros titulares de Justicia y Asuntos de Interior al tema de la formación de los magistrados y del personal judicial. Los Estados miembros se mostraron de acuerdo unánimemente en que era necesario aumentar considerablemente los esfuerzos en este ámbito.

Posteriormente, el 10 de julio, Francia, junto con otros diez Estados miembros, presentó un proyecto de resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros reunidos en el Consejo con miras a ofrecer un apoyo político sustancial para una actuación más amplia en el ámbito de la formación de los magistrados y del personal judicial en la Unión Europea.

Otra iniciativa dirigida a una labor de armonización, la Red Europea de Formación Judicial, se ha puesto en marcha en forma de asociación sin ánimo de lucro con arreglo al Derecho belga, fuera del ámbito del marco jurídico de la UE. Esta iniciativa recibe financiación comunitaria y el apoyo financiero de los Estados miembros participantes. Esperemos que se incorpore dentro del sistema de la UE. La Presidencia francesa no sólo está a favor de esto, sino que apoyará activamente el proyecto.

Afganistán e Iraq se están convirtiendo en precedentes para la ayuda internacional al desarrollo y la cooperación multilateral y para la Unión Europea en particular.

¿Va a aumentar el Consejo la ayuda financiera de la UE a Afganistán y a Iraq en los próximos años? ¿Cuál es la posición del Consejo respecto a la cuestión de encontrar el equilibrio adecuado entre el gasto en materia de servicios policiales y en apoyo a operaciones militares, por una parte, y el gasto en reconstrucción civil, ayuda humanitaria y mejora de los servicios de sanidad y educación, por otra?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de septiembre I de 2008 del Parlamento Europeo en Bruselas.

En sus conclusiones de los días 26 y 27 de mayo de 2008, el Consejo recuerda que la Unión Europea desea ver un Afganistán seguro, estable, democrático, próspero y unificado donde se respeten los derechos humanos. En general, la Unión Europea está muy comprometida con Afganistán. No sólo todos sus Estados miembros, sino también la Comisión Europea, financian programas para promover la gobernanza y el Estado de Derecho, el desarrollo rural, la salud y la protección social, la remoción de minas y la cooperación regional. Por consiguiente, en la conferencia internacional en apoyo de Afganistán celebrada en París el 12 de junio la Comisión Europea anunció que contribuirá con 500 millones de euros a estas acciones durante el período 2008-2010. Por lo que se refiere a las actividades de la UE en Afganistán, también debo mencionar la misión de la PESD denominada «EUPOL Afganistán», que hace un notable trabajo de formación de la policía afgana.

Aparte de estas acciones específicas europeas en Afganistán, su Señoría destaca acertadamente el hecho de que la acción de la comunidad internacional en Afganistán se base en dos elementos principales: uno militar y otro consistente en la reconstrucción civil. Ambos aspectos están interrelacionados y se derivan del enfoque global de la comunidad internacional sobre Afganistán. De hecho, la presencia militar internacional sólo puede justificarse si se intentan crear unas condiciones que promuevan el desarrollo institucional, económico y social de Afganistán.

Por consiguiente, los esfuerzos internacionales en Afganistán deben englobar ambos aspectos. De hecho, después de haber incrementado su esfuerzo militar en el país durante la Cumbre de Bucarest del mes de abril, la comunidad internacional también decidió, en la conferencia internacional de junio en apoyo de Afganistán, aumentar sustancialmente y durante un período considerable su compromiso político y financiero con la reconstrucción del país. Al reunir casi 14 000 millones de euros y renovando la colaboración entre la comunidad internacional y las autoridades afganas, la Conferencia resultó un gran éxito para Afganistán y su población. También fue un gran éxito para la Unión Europea, que consiguió destacar plenamente sus posturas sobre cuestiones clave para el desarrollo satisfactorio del país.

En lo que respecta a Iraq, en sus conclusiones de 26 y 27 de mayo de 2008 el Consejo reiteró su deseo de lograr un Iraq seguro, estable, democrático, próspero y unificado donde se respeten los derechos humanos. La Unión Europea realiza misiones de ayuda para apoyar la reconstrucción del país. En cuanto el Estado de Derecho, el programa EUJUST LEX ha permitido la formación de 1 400 miembros del personal de policía, judicial y penitenciario iraquí. Habida cuenta de los resultados positivos de esta misión, es probable que su mandato se prorrogue hasta junio de 2009 con miras a adaptar la formación a los cambios en la situación de seguridad de Iraq y garantizar que los esfuerzos de la Unión respondan lo más estrechamente posible a las necesidades de los que trabajan en estos sectores. Además de estas actividades de cooperación, la Unión Europea participa activamente en la reintegración de Iraq en la comunidad internacional por medio de su apoyo al Pacto Internacional para Iraq y de sus negociaciones sobre la celebración de un acuerdo de comercio y cooperación.

También es necesario recordar que se debe mantener un equilibrio entre el gasto en operaciones militares por un lado y el gasto en reconstrucción y ayuda humanitaria por el otro y, sobre todo, que los dos elementos de la operación forman parte ambos del mismo objetivo de mejorar la seguridad y mantener la paz.

¿Puede informar el Consejo de qué modo aborda la Unión Europea la actual situación política en Israel y en Palestina y cuál es su planteamiento para fomentar la paz y la reconciliación en esa región del mundo?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de septiembre I de 2008 del Parlamento Europeo en Bruselas.

Tal como sabe su Señoría, la paz y la reconciliación en Oriente Próximo son, para los Estados miembros de la UE, una prioridad estratégica de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC).

La Unión participa hoy en día en dos tipos principales de iniciativas para promover la paz en la región.

En primer lugar, coopera estrechamente con los demás miembros del Cuarteto y con sus asociados en la región a fin de fomentar que israelíes y palestinos resuelvan juntos los conflictos que los separan con miras a la celebración de un acuerdo de paz antes de finales de 2008, según lo acordado en Annapolis el pasado mes de noviembre. En particular, la Unión Europea lleva más de 10 años nombrando un representante especial encargado del proceso de paz para que trabaje junto a ambas partes. Actualmente ocupa este puesto el Embajador Marc Otte.

En segundo lugar, la Unión Europea ha establecido recientemente una estrategia de actuación denominada «Construcción estatal en favor de la paz en Oriente Próximo». Presentada en noviembre de 2007 y ratificada por los Estados miembros durante el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, dicha estrategia organiza, en particular, las actividades relativas a la asistencia técnica y financiera, tanto actual como futura, encaminada a fortalecer la construcción estatal palestina.

Es bien sabido que la Unión Europea y sus Estados miembros son, desde hace mucho tiempo, los principales donantes de la Autoridad Palestina: aportan casi una tercera parte de su presupuesto y más de la mitad de toda la ayuda exterior. Este apoyo de la Unión Europea se presta sobre todo a través de un mecanismo de financiación especial, que actualmente se conoce como «PEGASE». Con dicho mecanismo se acaba de apoyar el plan trienal palestino de reforma y desarrollo, que fue aprobado en diciembre de 2007 por las instituciones financieras internacionales y que se refiere a la gobernabilidad de los territorios, las infraestructuras públicas, el desarrollo del sector privado y el desarrollo social.

Sin embargo, la Unión Europea no se contenta con ser simplemente un donante: por ejemplo, también participa en la formación y el equipamiento de la policía palestina (misión «EUPOL COPPS», una misión civil que se rige por el régimen jurídico de las misiones de la PESD). La Unión también está preparada para reanudar en cualquier momento su misión de asistencia fronteriza en el paso de Rafah (EUBAM Rafah) cuando las circunstancias lo permitan.

Con miras, una vez más, al fortalecimiento de la construcción estatal palestina, la Unión Europea ha organizado además, o apoyado firmemente, en estrecha colaboración con Tony Blair como representante del Cuarteto, tres conferencias internacionales en menos de un año, en relación con: la financiación de la Autoridad Palestina (Conferencia de París, diciembre de 2007); la inversión privada en los territorios palestinos (Conferencia de Belén, mayo de 2008); y, por último, el apoyo a la seguridad civil y el imperio de la ley (Conferencia de Berlín, junio de 2008). Cada una de estas conferencias ha dado lugar a una dotación de recursos y a la adopción de nuevas medidas para fortalecer la construcción estatal palestina.

Por último, en el marco de la estrategia de actuación, la Unión está analizando qué contribución específica podría aportar a la aplicación de un futuro acuerdo de paz apoyado por las partes.

Su Señoría, por lo tanto, puede estar seguro de que la Unión Europea está estudiando toda posible vía y pretende utilizar toda su influencia para que el proceso de paz en Oriente Próximo siga avanzando.

Recibo a menudo quejas de ciudadanos europeos que transitaban por aeropuertos de los Estados miembros de la UE procedentes de un tercer país y las autoridades aeroportuarias europeas les confiscaron las compras que habían efectuado sin pagar impuestos (duty free).

¿Tiene el Consejo la intención de flexibilizar la normativa que regula las compras sin impuestos (duty free) por medio de acuerdos bilaterales con terceros países?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de septiembre I de 2008 del Parlamento Europeo en Bruselas.

De conformidad con la legislación comunitaria sobre el IVA y los impuestos especiales, todos los productos introducidos en la Unión Europea desde un tercer país están sujetos a impuestos.

Sin embargo, para evitar la doble imposición, se aplica un sistema comunitario de exenciones de impuestos a las importaciones no comerciales de mercancías contenidas en los equipajes personales de los viajeros procedentes de terceros países. En la actualidad, y de conformidad con la Directiva 69/169/CEE⁽¹⁾, los Estados miembros no aplican impuestos a los bienes cuyo valor no exceda de 175 de euros. El 1 de diciembre de 2008 esta cifra aumentará a 300 euros y a 430 euros, respectivamente, para las personas que viajen por aire y por mar, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2007/74/CE⁽²⁾.

Además de estos umbrales monetarios, también se pueden importar libres de impuestos determinadas cantidades de productos del tabaco y de bebidas alcohólicas; los límites para estos artículos están establecidos en las directivas.

Cabe señalar que la Directiva 69/169/CEE también establece unos límites cuantitativos para las exenciones de impuestos especiales sobre el té, el café y el perfume, que serán abolidos desde el 1 de diciembre de 2008 de conformidad con la Directiva 2007/74/CE.

El Consejo no ha recibido ninguna recomendación de la Comisión de que celebre acuerdos como los que menciona su Señoría.

¿Se ha debatido en algún momento del proceso de decisión de las disposiciones de política exterior del Tratado de Lisboa la idea de un ejército de la UE? ¿Cree el Consejo que un ejército de la UE sigue siendo posible, incluso ahora que el Tratado de Lisboa no puede entrar en vigor, por no haber sido ratificado por todos los Estados miembros?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de septiembre I de 2008 del Parlamento Europeo en Bruselas.

Tal y como ha afirmado el Consejo Europeo en varias ocasiones, en particular en Helsinki, Niza, Laeken y Sevilla, el desarrollo de la PESD no tiene por fin crear un ejército europeo.

El proceso de desarrollo de la capacidad de la UE (objetivo general o «headline goal») se basa, de hecho, en el principio de las contribuciones voluntarias y en responder caso a caso a las necesidades que se definan conjuntamente.

Además, en cada intervención de la UE, cada Estado miembro determina su grado de contribución mediante un proceso nacional. Esa contribución, en última instancia, sigue estando bajo la autoridad de ese Estado miembro.

Por último, fuera de cualquier intervención, las fuerzas en cuestión están controladas en todo momento por el Estado miembro al que pertenecen. La Unión Europea no dispone, por tanto, de ninguna fuerza permanente como tal.

Tras las declaraciones realizadas por el Presidente de Eurogrupo ante el Pleno del PE el 9 de julio de 2008 sobre los sueldos desmesurados de los altos cargos y las declaraciones en este mismo sentido del Gobernador del BCE, ¿qué opina la Presidencia de las propuestas relativas al aumento de las cotizaciones patronales y de los impuestos aplicables a las empresas que pagan gratificaciones e indemnizaciones exorbitantes por el cese de las funciones (paracaídas de oro) a sus altos cargos? ¿Se necesita hoy en día un Código europeo de gobernanza de las empresas que fomente la transparencia en los sueldos de los altos cargos y que respete al mismo tiempo la diversidad de los sistemas empresariales en Europa? ¿Cómo explica el Consejo que la recomendación⁽¹⁾ de la Comisión a este respecto no haya tenido suficientes repercusiones en los Estados miembros y entre las empresas? ¿Es necesario adoptar medidas de divulgación de la política salarial de los altos cargos y, para evitar situaciones de conflicto de intereses, entre los dirigentes y los accionistas? ¿Qué Estados miembros han respondido ya a este respecto y de qué manera?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de septiembre I de 2008 del Parlamento Europeo en Bruselas.

La Presidencia señala que las cuestiones relativas a la transparencia y a la fiscalidad de los sueldos pagados a los directores de empresas es competencia principalmente de los Estados miembros. No obstante, la Presidencia reconoce su importancia y la preocupación que suscita en nuestros ciudadanos. Por consiguiente, el tema será examinado en la reunión informal de ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales de la UE que se celebrará en Niza en los días 12 y 13 de septiembre. El objetivo del examen será conocer las mejores prácticas nacionales en esta área.

Los resultados principales de esta reunión, como de costumbre, se publicarán en el sitio Web de la Presidencia.

Las últimas propuestas legislativas del Consejo no disipan las dudas ―suscitadas en los países de la cuenca del Báltico― relativas al principio del uso de las artes de pesca selectivas. Sigue planteándose pues la cuestión siguiente: ¿por qué en las zonas marítimas no bálticas de la UE no se exige el uso de artes de pesca selectivas como son los copos con dispositivo de escape tipo BACOMA o de mallas vueltas del tipo T90, que en el Báltico sí son obligatorias?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de septiembre I de 2008 del Parlamento Europeo en Bruselas.

El Consejo agradece a su Señoría que haya formulado esta pregunta relativa al uso de artes de pesca selectivas.

Actualmente, el Reglamento (CE) nº 850/98 del Consejo de 30 de marzo de 1998 para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos⁽¹⁾, que abarca la mayoría de zonas marítimas de la Unión Europea con la excepción del mar Báltico y el Mediterráneo, no permite el uso de artes de pesca con dispositivo de escape tipo BACOMA o mallas vueltas del tipo T90.

Sin embargo, la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas incluye disposiciones que permitirían la utilización de esas artes en el futuro, sin que su uso se haga obligatorio⁽²⁾. La propuesta se está debatiendo actualmente en el Consejo, que está deseando recibir el dictamen del Parlamento sobre la misma.

Este mes de julio se ha inaugurado la Unión por el Mediterráneo, que constituye un esfuerzo por vincular a las 17 naciones ribereñas del mar Mediterráneo con la Unión Europea en torno a proyectos regionales. Sin embargo, algunos de estos países han seguido trayectorias deplorables por lo que se refiere al respeto de los derechos humanos.

En Marruecos, por poner un ejemplo, se descubrió en marzo una gran fosa común en la ciudad de Fez, 250 kilómetros al norte de Casablanca. Los defensores de los derechos humanos creen que se trata de personas fusiladas por el ejército para intentar reprimir una huelga general en 1990. Según los expertos, el descubrimiento de estos cadáveres en fosas comunes demuestra la gravedad de las violaciones de los derechos humanos en la historia moderna reciente de Marruecos. Hasta la fecha, las autoridades marroquíes no han abolido la pena de muerte ni han ratificado el Estatuto de Roma.

¿Va a servir esta Unión por el Mediterráneo asimismo de plataforma para impulsar la reforma democrática y para mejorar la situación de los derechos humanos en los miembros no comunitarios de la Unión? ¿Tiene la Presidencia la intención de incluir la cuestión de los derechos humanos en el orden del día de las reuniones de la Unión?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de septiembre I de 2008 del Parlamento Europeo en Bruselas.

En la Cumbre de París por el Mediterráneo (13 de julio), los Jefes de Estado o de Gobierno del «Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo» afirmaron que este proceso se basaría en el acervo del proceso de Barcelona, cuyos tres capítulos (diálogo político; cooperación económica y libre comercio; diálogo humano, social y cultural) siguen ocupando un lugar preeminente en las relaciones euromediterráneas. En la declaración adoptada en dicha Cumbre, los Jefes de Estado y de Gobierno también subrayan su compromiso de fortalecer la democracia y el pluralismo político. Asimismo, afirman su ambición de construir un futuro común basado en el respeto de los principios democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales pertinentes, lo cual incluye la promoción de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, el fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad, el respeto de las minorías, la lucha contra el racismo y la xenofobia y el fomento del diálogo cultural y de la comprensión mutua.

Además, los acuerdos de asociación y los planes de acción que existen en el marco de la Política Europea de Vecindad contienen compromisos con los derechos humanos y prevén la posibilidad de plantear preguntas al respecto. Así pues, se ha iniciado un diálogo bilateral dedicado expresamente a los derechos humanos con varios países del sur del Mediterráneo, en particular Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez.

¿Puede aplicarse legalmente alguna parte del Tratado de Lisboa si el texto es ratificado tan sólo por 26 Estados miembros?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de septiembre I de 2008 del Parlamento Europeo en Bruselas.

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, del Tratado de Lisboa, las disposiciones del Tratado sólo se podrán aplicar una vez depositados los instrumentos de ratificación de todos los Estados signatarios.

Durante el mandato actual y los anteriores del Parlamento Europeo han surgido numerosas iniciativas para suprimir las sesiones plenarias del Parlamento Europeo en Estrasburgo. La opinión pública europea es muy crítica con el desplazamiento de los diputados y funcionarios de Bruselas a Estrasburgo y considera que podrían utilizarse mejor los más de 200 millones de euros anuales que supone. Tampoco es posible ignorar las más de un millón de firmas de ciudadanos europeos en contra de tales desplazamientos.

El próximo año se celebran las elecciones al Parlamento Europeo y los ciudadanos nos preguntarán por qué se realizan dichos desplazamientos. ¿Puede indicar el Consejo cuál debería ser la respuesta?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de septiembre I de 2008 del Parlamento Europeo en Bruselas.

En virtud del artículo 289 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del artículo 189 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, «la sede de las instituciones de la Comunidad será fijada de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros».

Según el Protocolo (nº 8) sobre la fijación de las sedes de las instituciones y de determinados organismos y servicios de las Comunidades Europeas y de Europol, que según el artículo 311 del TCE forma parte de los Tratados, «el Parlamento Europeo tendrá su sede en Estrasburgo, donde se celebrarán los 12 períodos parciales de sesiones plenarias mensuales, incluida la sesión presupuestaria. Los períodos parciales de sesiones plenarias adicionales se celebrarán en Bruselas. Las comisiones del Parlamento Europeo se reunirán en Bruselas. La Secretaría General del Parlamento Europeo y sus servicios seguirán instalados en Luxemburgo.».

Hay que señalar que los Tratados, incluido este protocolo, fueron firmados y ratificados por todos los Estados miembros con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales. Toda enmienda a las disposiciones relativas a la sede de las instituciones deberá seguir el mismo procedimiento, que está establecido en el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea.

Determinar la sede de las instituciones no es competencia del Consejo, sino de los Estados miembros.

Los imperialistas estadounidenses y sus colaboradores han concluido importantes contratos con cuerpos de mercenarios, como Blackwater, que constituyen un ejército de ocupación en Iraq y otros países, en los que perpetran crímenes contra la población civil, y, en general, están implicados en el tráfico de drogas y otras actividades delictivas. La opción a favor del ejército mercenario es sumamente reaccionaria, y los pueblos son víctimas. Con el pretexto de luchar contra la delincuencia organizada, estas bandas participan en asesinatos de dirigentes políticos y sindicales y, en general actúan contra el movimiento popular de los trabajadores, no sólo en Iraq, donde son bien conocidos por su salvajismo, sino también en Afganistán, en América Latina y otra regiones, donde operan con armamento sumamente seleccionado y pesado suministrado por la industria correspondiente, al servicio de los Gobiernos burgueses.

¿Condena el Consejo las actividades criminales de Blackwater y otras bandas privadas de mercenarios, y pide su supresión?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de septiembre I de 2008 del Parlamento Europeo en Bruselas.

El Consejo no ha examinado las actividades de Blackwater ni de ninguna otra empresa militar o de seguridad privada en general. Sin embargo, considera que, tal como se menciona en las Directrices de la Unión Europea para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario, todas las partes de un conflicto deben respetar tanto éste como los derechos humanos. El recurso a empresas militares y de seguridad privadas no cambia en absoluto este principio.

Tomamos nota de la audiencia organizada recientemente por el Parlamento Europeo el 5 de mayo de 2008 sobre las empresas militares y de seguridad privadas, así como del estudio solicitado por la Subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo sobre la importancia creciente de este tipo de empresas, que se presentó en la mencionada audiencia.

¿Considera el Consejo que hay necesidad de crear un grupo para evaluar la influencia real de todos los factores y determinar una política energética global para limitar las consecuencias del efecto invernadero?

En los debates y en los documentos relativos al efecto invernadero se habla fundamentalmente del CO2, obviándose el aspecto del metano, un gas con influencia en la formación del agujero en la capa de ozono y en el efecto invernadero. Un solo metro cúbico de metano produce los mismos efectos que veinticuatro metros cúbicos de CO2. El metano se libera en las actividades mineras, pero también lo producen también los animales y las personas y los procesos de putrefacción. Se calcula que el metano generado en algunos Estados miembros tiene una incidencia de cerca del 30 % en el efecto invernadero.

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de septiembre I de 2008 del Parlamento Europeo en Bruselas.

Tal como usted sabe, en enero de 2007 la Comisión presentó el conjunto de medidas legislativas sobre energía y clima, encaminado a abordar simultáneamente los retos de reducir los gases de efecto invernadero, mejorar la seguridad energética y garantizar la capacidad competitiva de la Unión Europea a largo plazo. El paquete contiene numerosas propuestas en el área de la energía y el cambio climático.

Una de las propuestas que contiene el conjunto de medidas, la relativa al reparto del esfuerzo, contempla todos los gases de efecto invernadero recogidos en el anexo al Protocolo de Kyoto, es decir, dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6), expresados en equivalente de dióxido de carbono.

En lo que respecta más concretamente a la agricultura y al cambio climático, le recuerdo que en sus conclusiones de 19 y 20 de junio de 2008, el Consejo afirma que hay que continuar el trabajo en innovación e investigación y desarrollo de la producción agrícola, en particular para aumentar su rendimiento energético, su productividad y su capacidad de adaptarse al cambio climático.

Hasta la fecha, el Consejo no ha recibido ninguna propuesta relativa a la creación de un órgano encargado de evaluar la influencia real de todos los factores que contribuyen al efecto invernadero, pero, como usted sabe, los debates sobre las propuestas del conjunto de medidas de energía y clima continúan tanto en el seno del Consejo como con el Parlamento Europeo con miras a alcanzar un acuerdo global antes de que concluya el año.

Recientemente, Israel ha acentuado su agresividad y las amenazas de invasión militar contra Irán, en respuesta al programa nuclear de este país. Son características las recientes declaraciones del Ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, en el sentido de que su país está preparado para moverse contra Irán, subrayando que Israel ya ha demostrado repetidamente en el pasado su capacidad de actuar con decisión. Además de estas amenazas, del 28 de mayo al 12 de junio de 2008 tuvieron lugar en Grecia las maniobras aéreas conjuntas entre Israel y Grecia «Glorious Spartan», simulando un supuesto ataque de Israel contra las instalaciones nucleares de Irán. Estos acontecimiento confirman que la política imperialista y de agresión de Israel es un peligro constante para los pueblos y la paz de la región.

¿Condena el Consejo las amenazas belicistas y los ejercicios de preparación de un ataque militar de Israel contra Irán, que tendría consecuencias incalculables para los pueblos y la paz de la región y de todo el mundo?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el turno de preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de septiembre I de 2008 del Parlamento Europeo en Bruselas.

El Consejo apoya el enfoque del Secretario General y Alto Representante de la PESC Javier Solana y del Grupo de los Seis (Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia), que persiguen de manera activa una solución diplomática a la crisis entre Irán y la comunidad internacional sobre la cuestión del programa nuclear iraní. Las cuestiones que plantea el asunto nuclear iraní tienen una repercusión considerable en la estabilidad de la región y en el régimen internacional de no proliferación.

El Consejo no escatima esfuerzos para llegar a una solución pacífica y negociada que responda a las preocupaciones de la comunidad internacional. Con este fin, tal como el Consejo ha reiterado en numerosas ocasiones, debemos seguir decididamente el «doble enfoque», que combina una apertura al diálogo con sanciones crecientes en el caso de que Irán se niegue a aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Al mismo tiempo, el Consejo lamenta todas las declaraciones que puedan comprometer los esfuerzos por alcanzar una solución negociada y recuerda que ha condenado con rotundidad las amenazas formuladas en varias ocasiones por las autoridades iraníes contra Israel.

¿No considera la Comisión que el ahora difunto Tratado de Lisboa habría contribuido a la protección de los consumidores en la Unión Europea? ¿Tiene la Comisión algún plan para seguir adelante con algunas de las disposiciones del Tratado relacionadas con la protección de los consumidores?

El Consejo Europeo de junio de 2008 tomó nota del resultado del referéndum irlandés y de la intención irlandesa de proponer un método de avance. La Comisión no desea anticipar de ningún modo el resultado del proceso de ratificación.

El Tratado de Lisboa ayudaría a una Unión ampliada a actuar con mayor eficacia y de manera más democrática, algo que sería beneficioso en todos los ámbitos de actuación. Esto es igualmente aplicable a la política de protección de los consumidores, para la que la Comisión adoptó una estrategia correspondiente al período 2007-2013.

¿Podría proporcionar la Comisión una evaluación detallada sobre la solución propuesta para la futura regulación de las agencias de calificación crediticia en la Unión Europea?

En el verano de 2007, la Comisión inició un examen de las actividades de las agencias de calificación crediticia en los mercados de crédito y su papel en la crisis de las hipotecas «subprime».

En vista de lo aprendido tras el examen, se ha avanzado mucho en la elaboración de una respuesta de regulación ante una serie de problemas detectados en relación con las agencias de calificación crediticia. La Comisión está haciendo consultas sobre las características principales de un marco regulador. En los documentos sometidos a consulta se propone la adopción de un conjunto de normas que introducirían varios requisitos sustantivos que tendrían que respetar las citadas agencias a fin de recibir autorización y poder ejercer su actividad en la UE. El objetivo principal sería garantizar que las calificaciones sean fiables y que ofrezcan información útil a los inversores. Las agencias de calificación crediticia estarían obligadas a tratar los conflictos de intereses, a contar con unas metodologías de calificación apropiadas y a aumentar la transparencia de sus actividades de calificación. En los documentos de consulta también se proponen dos posibilidades para lograr una supervisión eficaz de estas agencias por parte de la UE: la primera consiste en reforzar la función coordinadora del Comité de responsables europeos de reglamentación de valores (CERV) y en mantener una intensa cooperación reguladora entre los organismos de regulación nacionales. La segunda posibilidad consiste en crear una agencia europea (el CERV o una nueva agencia) encargada de registrar las agencias de calificación crediticia a nivel de la UE aunque confiando a los reguladores nacionales la supervisión de las actividades de las agencias. La consulta aborda asimismo posibles enfoques sobre la cuestión de la dependencia excesiva de las calificaciones en la legislación de la UE.

Esta labor preparatoria debería concluir en el otoño de 2008 con la adopción de una propuesta legislativa de la Comisión.

¿Considera la Comisión positiva para el funcionamiento del mercado interior la muerte del Tratado de Lisboa, causada por el hecho de que no será ratificado en todos los Estados miembros?

Ahora que el Tratado de Lisboa está muerto, ya que no ha sido ratificado por los 27 Estados miembros, ¿está de acuerdo la Comisión en que dicho Tratado no reforzaba suficientemente el mercado interior y que cualquier futuro tratado europeo debe seguir estando firmemente comprometido con los ideales del libre comercio y del mercado interior?

En respuesta a la primera parte de la pregunta, la Comisión querría remitir a sus Señorías a las conclusiones del Consejo Europeo de junio de 2008. Dicho Consejo Europeo tomó nota de los resultados del referéndum celebrado en Irlanda sobre el Tratado de Lisboa y convino que hacía falta más tiempo para analizar la situación. Tomó nota, asimismo, de que el Gobierno irlandés realizaría diligentes consultas, tanto internas como con los demás Estados miembros, para proponer un camino común a seguir. Por otra parte, el Consejo Europeo recordó que el propósito del Tratado de Lisboa es ayudar a la Unión ampliada a actuar con mayor eficacia y de manera más democrática. Señaló que, por entonces, los parlamentos de diecinueve Estados miembros habían ratificado el Tratado y que el proceso de ratificación continuaba en otros países. De hecho, desde entonces la ratificación del Tratado de Lisboa se ha aprobado en otros tres países. El Consejo Europeo indicó que volvería a tratar este asunto en su sesión del 15 de octubre de 2008 con objeto de estudiar el camino a seguir. El Presidente en ejercicio de la Unión Europea, señor Sarkozy, confirmó este enfoque en su intervención del 10 de julio de 2008 ante el Parlamento.

El mercado interior ocupa y seguirá ocupando un lugar primordial en la integración europea. Su futuro no está directamente ligado al Tratado de Lisboa. Por lo tanto, proseguirá el trabajo para fortalecer el mercado interior y para hacerlo más eficaz a fin de que pueda seguir siendo un motor de prosperidad y crecimiento económico en beneficio de los ciudadanos y las empresas de la Unión Europea.

En los últimos años, Vietnam ha experimentado un notable auge económico, apoyado entre otros por las políticas de ayuda al desarrollo y de apoyo financiero. Junto al aumento del producto interno bruto, han aumentado también las violaciones de los derechos humanos. En particular, todavía no han sido puestos en libertad más de 250 presos políticos montañeses detenidos en 2001 y 2004, mientras que un número cada vez mayor de Khmer Kampuchea Krom buscan asilo en Camboya a causa de la persecución religiosa.

A sabiendas de que la Comisión se ha comprometido activamente en la mejora de la coherencia de sus políticas de desarrollo con los derechos humanos, ¿se considera satisfecha la Comisión del impacto de su ayuda sobre la situación de las minorías étnicas y religiosas, los trabajadores migrantes y los activistas por la democracia en Vietnam?

¿No cree que debe comprobar el cumplimiento por parte del Gobierno vietnamita de las obligaciones legales contempladas en los acuerdos de cooperación que ha firmado y en los convenios internacionales sobre derechos civiles y políticos, económicos y sociales que ha ratificado?

Aunque reconoce los beneficios de la apertura económica de Vietnam, la Comisión comparte la preocupación del Parlamento sobre la situación de los derechos humanos en el país. Los derechos de las minorías étnicas y religiosas, así como de los defensores de los derechos humanos, son fundamentos esenciales de una sociedad democrática y del desarrollo sostenible. La Comisión interviene ampliamente en los niveles nacional, regional (ASEAN) y multilateral para velar por el respeto y la protección de tales derechos. Aunque la Comisión está apoyando activamente proyectos dedicados a promover la protección de los derechos humanos en Vietnam, reconoce que aún queda mucho por hacer.

Actualmente la Comisión está llevando a cabo numerosos proyectos encaminados a mejorar calidad de vida de las personas pobres y desfavorecidas en Vietnam. Se puede citar como ejemplo el proyecto de 18 millones de euros (para los años 2006-2010) que tiene como objetivo principal mejorar los niveles de salud proporcionando servicios de atención preventiva, curativa y promocional de alta calidad a los pobres que viven en las montañas del norte y en las tierras altas del centro. Asimismo, la Comisión contribuye con una subvención de 11,45 millones de euros a un proyecto ejecutado por el Banco Mundial, que proporcionará una mayor cobertura de servicios de salud esenciales, particularmente en comunidades de las zonas montañosas del país. Se prevé que el proyecto beneficie a unos tres millones de personas, principalmente minorías étnicas y gente pobre. También existe un proyecto conjunto de la Comisión y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que garantizará un acceso equitativo y sin restricciones a la educación para familias indígenas desfavorecidas.

La Comisión sigue presionando al gobierno vietnamita para que avance en la protección de los derechos humanos durante el diálogo local en la materia y para la creación de un subgrupo dedicado a los derechos humanos dentro del Comité Mixto. Además, durante las negociaciones en curso sobre el nuevo Acuerdo de Asociación y Cooperación, la Comisión está insistiendo enérgicamente en incluir la cláusula de elementos esenciales de los derechos humanos y una cláusula de cooperación en este ámbito.

Durante la próxima visita del Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores de Vietnam, señor Pham Gia Khiem, la Comisión abordará el tema de las obligaciones internacionales de Vietnam e instará al gobierno vietnamita a que observe el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otras normas internacionales de derechos humanos en su legislación interna.

¿Existen planes de la Comisión para abrir en Chechenia, en vista de los problemas que se registran en ese país así como de la importancia estratégica del mismo, una representación de la Comisión o por lo menos un observatorio, y cómo se presenta en general la distribución de las representaciones y la planificación del trabajo a medio plazo de la Comisión en la región del Cáucaso?

La Comisión no tiene planes de abrir una oficina de representación ni un observatorio en Chechenia ni en otros lugares del Cáucaso septentrional. La Comisión ha desempeñado un papel activo en la labor internacional de ayuda humanitaria en esta parte del Cáucaso durante el conflicto sufrido en la región, y la dependencia que tiene la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) en Moscú supervisa esta labor de ayuda, incluso mediante frecuentes visitas a la región. Con respecto a otros países de la misma, la Comisión cuenta con una delegación en Tbilisi, otra en Yerevan y una nueva delegación en Bakú, reforzando así su presencia en la región.

Después de la creación de la Unión para la Región Mediterránea, se está considerando ahora la posibilidad de crear una Unión para la Región de Europa del Este. Se debate, asimismo, la idea de crear una Unión del Mar Negro. En mayo de 2008, Suecia y Polonia presentaron un documento de trabajo con el título «Asociación Oriental», en el que proponen profundizar en la cooperación de la UE con Ucrania, la República de Moldova, Azerbaiyán, Armenia, Georgia y Belarús.

¿Cuál es la posición de la Comisión con respecto a la propuesta de creación de una Unión para la Región de Europa del Este? ¿Formulará la Comisión, como hizo en su momento con la Unión para la Región Mediterránea, propuestas concretas en una comunicación relativa a dicha asociación? ¿Puede ofrecer la Comisión algún dato informativo sobre los fundamentos de una asociación de este tipo? ¿Servirá la Unión para la Región Mediterránea como modelo de la nueva asociación y se centrará también la Unión para la Región de Europa del Este en un modelo de cooperación basado en proyectos? ¿Tiene la Comisión alguna preferencia concreta sobre la denominación de esta nueva asociación? ¿Qué posición de principio mantiene la Comisión Europea con respecto a la creación de diversas «Uniones»?

La Política Europea de Vecindad es y seguirá siendo una prioridad clave de la Comisión. En este contexto, desea reforzar las relaciones bilaterales con sus asociados del Este. Las sugerencias que contribuyan de forma pragmática a este objetivo, tales como la iniciativa de Polonia y Suecia, son bienvenidas.

En junio de 2008, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a que prosiguiera los trabajos y a que presentara al Consejo en primavera de 2009 una propuesta sobre las posibles formas de la asociación oriental, sobre la base de las iniciativas correspondientes.

La Comisión ha comenzado de inmediato a trabajar en ello. De momento se puede decir que sus propuestas se basarán en los siguientes principios:

a) La Política de Vecindad Europea, basada en una cooperación bilateral y diferenciada con cada asociado, sigue siendo el marco principal de las relaciones con respecto a los vecinos orientales de la UE. Eso es también claramente lo que desean dichos asociados.

b) Las propuestas deberían aprovechar, complementar y añadir valor a las estructuras ya existentes, sin duplicar lo que se está haciendo y, en particular, la Sinergia del Mar Negro, establecida hace un año y que ahora está dando frutos con resultados concretos sobre el terreno.

c) Cualquier nuevo marco multilateral deberá comprender a todos los Estados miembros para que la Unión pueda desplegar todo su poder político y económico y los asociados se vayan acercando a la Unión en sí.

d) Las nuevas propuestas, por supuesto, deberán contar con un claro apoyo de los vecinos a las que van destinadas.

La Unión Europea es líder en la dotación financiera de la prevención de la tortura y del apoyo a sus víctimas con arreglo a la Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos (IEDDH). Está previsto que la financiación por parte de la UE se suprima progresivamente o se reduzca a partir de 2010, momento en que el déficit quedará a cargo de los Estados miembros. Manfred Nowak, Ponente especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, ha hecho recientemente un llamamiento contra este proyecto, salvo que se adopte previamente un programa completo y se asuman unos compromisos claros.

Teniendo en cuenta que la supresión progresiva ya está prevista, ¿ha recibido la Comisión compromisos claros de los estados miembros en el sentido de seguir financiando en los niveles actual es los proyectos de prevención de la tortura?

La prevención y la erradicación de todas las formas de tortura y malos tratos en todo el mundo representan uno de los principales objetivos de la política de derechos humanos de la UE. En este contexto, la Comisión está decidida a continuar su apoyo sustancial a la lucha contra la tortura mediante el Instrumento europeo para la promoción de la democracia y de los derechos humanos (IEDDH). No tiene previsto reducir su apoyo general en este ámbito. Para el período 2007-2010, se han asignado a esta causa más de 44 millones de euros, una financiación que concuerda plenamente con la aportada en el pasado.

La Comisión, sin embargo, tiene la intención de reorientar en cierta medida el apoyo del IEDDH hacia los centros de rehabilitación de las víctimas de la tortura. De hecho, se propone suprimir gradualmente nuestro apoyo a centros en la UE a partir de 2010, con miras a financiar un mayor número de centros de rehabilitación fuera de la UE, donde el apoyo gubernamental o privado suele ser escaso o incluso inexistente. La Comisión recuerda que el IEDDH es un instrumento dedicado a apoyar proyectos de organizaciones no gubernamentales (ONG) fuera de la UE y que los Estados miembros tienen la obligación, en virtud del Derecho de la CE y del Derecho internacional, de prestar asistencia a las víctimas de la tortura. En abril de 2008, el Consejo recordó la importancia de proporcionar apoyo financiero para programas de prevención de la tortura y de rehabilitación y pidió expresamente a los Estados miembros que apoyaran centros de rehabilitación para víctimas de la tortura.

La Comisión es muy consciente de las posibles consecuencias de esta reorientación y ha abordado esta cuestión con cuidado. Tanto ella como los Estados miembros se han comprometido a garantizar que la supresión gradual no se haga en detrimento de las víctimas de torturas de la UE. Con este fin, la Comisión ha iniciado ya un proceso de consultas con las partes interesadas, entre ellas los órganos pertinentes de las Naciones Unidas y las ONG. Tiene la intención de, en los próximos meses, hacer balance de las necesidades actuales de las víctimas de la tortura y de las formas alternativas de apoyo, para así adoptar un enfoque global.

Con respecto a la reciente Cumbre UE-Rusia celebrada en Janti-Mansiisk, ¿puede informar la Comisión si planteó el tema de la muerte de Alexander Litvinenko, como solicitó personalmente el autor de la pregunta a la señora Ferrero-Waldner el 18 de junio de 2008 en el Parlamento Europeo con respecto a la preparación de la Cumbre UE-Rusia, prevista para los días 26 y 27 de junio?

Este interés se debía a que el asesinato tenía todos los visos de haber sido encargado por órganos del Estado ruso y a que las autoridades rusas rechazaron la extradición del principal sospechoso, Andréi Lugovoi.

Si se planteó la cuestión, ¿qué respuesta recibió la Comisión? Si no se planteó, ¿podría explicar la Comisión el motivo?

Respecto a la muerte de Alexander Litvinenko, la Comisión remite a la declaración realizada por la Presidencia de la UE en nombre de la UE hace más de un año, en la que la UE manifestó explícitamente «su decepción ante la falta de cooperación constructiva de Rusia con las autoridades del Reino Unido» y subrayó «la importancia de una cooperación urgente y constructiva por parte de la Federación de Rusia en esta materia». Esta postura no ha variado y la Comisión sigue planteando el tema en el contexto de su diálogo con Rusia.

La Comisión considera que el Estado de Derecho debe ser el principio rector de nuestro compromiso con la Federación de Rusia, en consonancia con el respeto de las obligaciones internacionales vinculantes que ha adquirido este país, sobre todo en el contexto del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

En la reciente cumbre UE-Rusia celebrada a finales de junio de 2008, la Comisión acogió con satisfacción el continuo hincapié que hace el Presidente Medvedev en la necesidad de mejorar el Estado de Derecho en Rusia, y seguirá insistiéndole en la necesidad de garantizar que esto se aplique en la práctica.

Afganistán e Iraq se están convirtiendo en precedentes para la ayuda internacional al desarrollo y la cooperación multilateral y para la Unión Europea en particular. Por ejemplo, considerando el programa indicativo nacional de la Comisión, que destina 610 millones de euros para Afganistán para 2007-2010, es muy importante encontrar y mantener el equilibrio adecuado entre el gasto en materia de servicios policiales y en apoyo a operaciones militares, por una parte, y el gasto en reconstrucción civil, ayuda humanitaria, sanidad y educación, por otra.

¿Qué prevé la Comisión en este ámbito? ¿Se va a aumentar la ayuda financiera de la UE a Afganistán y a Iraq? ¿Qué programas y proyectos se van a financiar en los próximos tres años? ¿Se propone la Comisión evaluar regularmente la eficacia de la ayuda financiera de la UE a Afganistán y a Iraq y mantener adecuadamente informado al Parlamento Europeo acerca de los resultados de dicha evaluación?

1. La Comisión está claramente de acuerdo en cuanto a la importancia de garantizar un apoyo eficaz para la reconstrucción en Afganistán e Iraq y en la necesidad de mejorar tanto la situación de seguridad como el bienestar de sus respectivas poblaciones.

La mayor parte de los fondos disponibles para el programa indicativo de Afganistán para el período 2007-2010 se ha asignado con el fin de apoyar la reconstrucción en las esferas del desarrollo rural, la gobernanza y la salud. La educación recibe ayudas a través del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Afganistán, gestionado por el Banco Mundial.

En el caso de Iraq, la Comisión, desgraciadamente, aún no ha podido elaborar un programa indicativo plurianual. El tema de la seguridad, la inestable situación política y la rápida evolución de las condiciones de vida no permiten, de momento, una planificación plurianual de este tipo. Por consiguiente, la ayuda a este país se ha prestado hasta ahora a través de «medidas especiales». En 2008 la Comisión propone destinar el 85 % del total de 72 millones de euros a la prestación de servicios básicos a la población y a los refugiados, y el resto a asistencia técnica a las instituciones iraquíes.

2. En el Documento de Estrategia Nacional para Afganistán se establecen las prioridades de la asistencia financiera comunitaria para Afganistán en el período 2007-2013. Para los años 2007-2010 se han asignado 610 millones de euros. Además, Afganistán se beneficia del apoyo con cargo a las líneas presupuestarias temáticas, del Instrumento europeo para la promoción de la democracia y de los derechos humanos, de asistencia humanitaria y del Instrumento de Estabilidad.

En el caso de Iraq, hay un entendimiento común del Gobierno y de la comunidad internacional en el sentido de que el apoyo de los donantes en el futuro debería concentrarse en mejorar la capacidad de las instituciones iraquíes para hacer un mejor uso de los considerables recursos financieros del país. La Comisión, por lo tanto, concentra su apoyo en la asistencia técnica a las instituciones iraquíes y en la mejora de los servicios básicos a la población.

3. La Comisión propondrá, en el programa de acción anual de 2008 para Afganistán, apoyo para los sectores de la salud (60 millones de euros), la protección social (24 millones de euros), la justicia y las aduanas (30 millones de euros) y la agricultura (30 millones de euros). En 2009, se prevé que los programas incluyan dotaciones para los ámbitos de la gobernanza, el desarrollo rural, la remoción de minas y la cooperación regional y, en los programas de 2010, para la salud, el desarrollo rural y la gobernanza.

En el caso de Iraq, dada la ausencia de una programación plurianual, de momento no hay programas previstos para los tres próximos años. Para 2008, la medida especial para Iraq se presentará al Consejo y al Parlamento en octubre de 2008. Seguirán las directrices de la nota informativa distribuida al Parlamento en junio de 2008.

4. La asistencia financiera de la Comunidad a Afganistán se está supervisando y evaluando de manera sistemática mediante misiones y visitas sobre el terreno, misiones independientes de seguimiento orientado a los resultados y a través de los informes ordinarios de los proyectos, así como mediante el mecanismo de diálogo coordinado con los donantes y de comités directivos con el Gobierno. En el contexto de la aprobación de la gestión del presupuesto 2006, la Comisión ha confirmado su intención de informar periódicamente al Parlamento sobre la ejecución de la ayuda en Afganistán. En Internet se está publicando un primer informe sobre el «estado de la cuestión» que se actualizará periódicamente.

En Iraq, se realizaron dos misiones de verificación y una evaluación sobre el terreno durante 2008. Sus primeros resultados son positivos. Los resultados finales y las conclusiones se comunicarán al Parlamento en cuanto estén disponibles.

Ahora que el Tratado de Lisboa está muerto, debido a que no ha sido ratificado por los 27 Estados miembros, ¿cómo se propone la Comisión desarrollar la participación de la UE en las relaciones exteriores y en los asuntos exteriores sin las disposiciones contenidas en el Tratado?

Después del «no» votado al Tratado de Lisboa en el referéndum irlandés de junio de 2008, el Consejo Europeo examinó la situación en su sesión de los días 19 y 20 de junio. Se convino que hacía falta más tiempo para analizar la situación. Se tomó nota de que el Gobierno irlandés realizaría diligentes consultas, tanto internas como con los demás Estados miembros, para proponer un camino común a seguir. El Consejo Europeo indicó que volverá a tratar este asunto en su sesión del 15 de octubre de 2008 con objeto de estudiar el camino a seguir.

El Consejo Europeo recordó que el propósito del Tratado de Lisboa es ayudar a la Unión ampliada a actuar con mayor eficacia y de manera más democrática. La Comisión considera que la entrada en vigor y la futura aplicación del nuevo Tratado reforzarían la dimensión exterior de la UE y aumentarían la coherencia y la consistencia de la acción de UE en el mundo.

Mientras tanto, tal y como expuso en su comunicación de junio de 2006 titulada «Europa en el mundo»⁽¹⁾, la Comisión está decidida a contribuir a reforzar la eficacia, la eficiencia y la visibilidad de las relaciones exteriores de la UE sobre la base de los Tratados actuales.

La Comisión seguirá haciendo una contribución activa a la reflexión común sobre el camino a seguir.

En relación con la Directiva sobre retorno de inmigrantes aprobada recientemente, ¿puede informar la Comisión sobre el estado de los acuerdos o negociación de acuerdos con los países que son la fuente principal de emigración Europa para garantizar la acogida en ellos de los inmigrantes que no puedan ser acogidos en Europa y, sobre todo, de los menores no acompañados?

Actualmente, la Comisión ha sido autorizada a negociar acuerdos de readmisión comunitarios con 16 países. El Consejo adoptó decisiones sobre la negociación de directivas para Marruecos, Sri Lanka, Rusia, Pakistán, Hong Kong, Macao, Ucrania, Albania, Argelia, China, Turquía, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina y Moldova.

La Comisión concluyó con éxito las negociaciones con 11 de los 16 países. Entraron en vigor acuerdos de readmisión de la CE con Hong Kong y Macao en marzo y junio de 2004, respectivamente, con Sri Lanka en mayo de 2005, con Albania en mayo de 2006, con Rusia en junio de 2007 y, finalmente, con los otros cuatro países de los Balcanes occidentales, Ucrania y Moldova en enero de 2008.

Las negociaciones con Pakistán concluyeron entre los negociadores principales en septiembre de 2007. El texto acordado está a la espera de aprobación oficial del Gobierno de Pakistán.

La celebración del acuerdo con Marruecos sigue siendo una prioridad para la UE. Las negociaciones prosiguen y con suerte podrán completarse en un futuro no demasiado lejano.

Las negociaciones con Turquía se iniciaron oficialmente en 2006, pero se ha avanzado poco desde entonces. Contar con un acuerdo de readmisión de la CE con Turquía sigue siendo una prioridad para la UE y se están estudiando formas de desbloquear el estancamiento.

Por último, las negociaciones con Argelia y China aún no se han puesto en marcha oficialmente, pero se están adoptando medidas para hacerlo en cuanto sea posible.

El Reglamento nº 1348/2000⁽¹⁾ del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, mejorado y actualizado por el Parlamento Europeo y el Consejo en 2005, es un buen instrumento para simplificar, agilizar y acelerar la práctica de actos judiciales y para fortalecer, en última instancia, el comercio y la economía en general de la UE.

Considerando la nueva realidad de la ampliación (27 Estados miembros) y la necesidad de generalizar la aplicación de este importante Reglamento, ¿podría indicar la Comisión cuáles son, hasta este momento, los Estados miembros que lo han adoptado? ¿Cuál es el grado de aplicación del Reglamento en la Unión? ¿Piensa tomar la Comisión alguna iniciativa para actualizar el manual de organismos receptores y un léxico de los documentos transmisibles o notificables? ¿Para cuándo está previsto un nuevo informe sobre la aplicación del Reglamento?

El Reglamento (CE) nº 1348/2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, es aplicable en los 27 Estados miembros. En lo que respecta a Dinamarca, el Reglamento es aplicable desde el 1 de julio de 2007 sobre la base de un acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la notificación y al traslado de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil⁽²⁾.

En octubre de 2004, la Comisión aprobó un informe sobre la aplicación del Reglamento, en el que se llegaba a la conclusión de que, desde su entrada en vigor en 2001, la aplicación en general había permitido mejorar y agilizar la transmisión y el traslado de documentos entre los Estados miembros. Las principales razones de la mayor rapidez en la transmisión y el traslado eran la introducción de contactos directos entre los entes locales, la posibilidad de envío postal y de traslado directo y la introducción de formularios normalizados. Sin embargo, muchas personas que intervenían en la aplicación del Reglamento, en concreto los entes locales, aún no lo conocían suficientemente. Además, la aplicación de determinadas disposiciones del mismo no era plenamente satisfactoria. Habría que estudiar si considerar la adaptación de dichas disposiciones a fin de mejorar en mayor medida y facilitar la aplicación del Reglamento.

Por consiguiente, en julio de 2005 la Comisión propuso modificar ciertas disposiciones del Reglamento (COM(2005) 305). El 13 de noviembre de 2007, el Parlamento y el Consejo aprobaron el Reglamento (CE) nº 1393/2007 relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1348/2000 del Consejo. El nuevo Reglamento entrará en vigor el 13 de noviembre de 2008.

Las modificaciones más importantes con respecto al Reglamento (CE) nº 1348/2000 son las siguientes:

Introducción de una norma que prevé que el organismo receptor debe realizar todas las diligencias necesarias para efectuar la notificación o el traslado en el más breve plazo posible y, en cualquier caso, dentro de un plazo de un mes contado a partir de la recepción.

Introducción de un nuevo formulario normalizado para informar al destinatario de que puede negarse a aceptar el documento que deba notificarse o trasladarse, bien en el momento de la notificación o traslado, o bien devolviendo el documento al organismo receptor en el plazo de una semana.

Introducción de una norma que prevé que los gastos ocasionados por la intervención de un funcionario judicial o de una persona competente conforme al ordenamiento del Estado miembro requerido correspondan a una tasa fija única establecida por adelantado por ese Estado miembro que respete los principios de proporcionalidad y no discriminación.

Introducción de unas condiciones uniformes para la notificación o traslado por correo (carta certificada con acuse de recibo o equivalente).

De conformidad con el artículo 23 del Reglamento (CE) nº 1393/2007, la Comisión publicará después la información comunicada por los Estados miembros y una versión actualizada del manual y el glosario.

El artículo 24 del Reglamento (CE) nº 1393/2007 prevé que el próximo informe sobre la aplicación del Reglamento se presente a más tardar el 1 de junio de 2011.

Se verifica que un número creciente de ciudadanos opta por desplazarse al extranjero en las llamadas «vacaciones estéticas» para someterse a diversas intervenciones quirúrgicas y no quirúrgicas, así como a tratamientos dentales estéticos

¿Puede la Comisión informar sobre la reglamentación de este sector? ¿Se procede a un control de los resultados? ¿Qué datos existen sobre los resultados de las intervenciones?

¿Qué reglamentación se aplica a los cirujanos que se desplazan para realizar este tipo de operaciones? ¿Qué controles de calidad existen para garantizar la legitimidad del cirujano

La Comisión no es responsable de supervisar la prestación de asistencia sanitaria en terceros países.

En lo que respecta a la Unión Europea, de conformidad con el artículo 152 del Tratado, los Estados miembros son los responsables de la organización y el suministro de servicios sanitarios en su territorio, con independencia de que la asistencia sanitaria se preste a pacientes nacionales o extranjeros. Esto incluye hacer un seguimiento de los resultados, así como un control de la calidad y la seguridad.

Dentro de su esfera de responsabilidades, la Comisión apoya la labor destinada a aumentar la disponibilidad de datos sobre los resultados y la calidad de los procedimientos médicos en la Unión Europea, a través de proyectos cofinanciados por el programa de salud pública.

Por ejemplo, apoya el proyecto de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre indicadores de calidad de la asistencia sanitaria, el cual se centra en la atención cardiaca, la atención a la diabetes, la salud mental, la atención primaria y la prevención y la seguridad de los pacientes. Otros ejemplos son el proyecto Euphoric, cuyo fin es hacer una evaluación comparativa de los resultados de salud y evaluar la calidad de la atención en determinados procedimientos sanitarios, o la segunda fase del proyecto relativo a los datos hospitalarios (HDP2), con el que se pretende mejorar la comparabilidad y crear una serie temporal de datos sobre procedimientos hospitalarios.

Por lo que se refiere a los cirujanos que se desplazan para realizar las citadas operaciones, la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales prevé la libre prestación de servicios a la vez que se garantiza un nivel adecuado de cualificación. La cirugía entra dentro de las especialidades médicas en las que la Directiva garantiza el reconocimiento automático de los títulos conforme a unas normas mínimas comunes a nivel de la UE.

Además, sin que ello afecte al papel de los Estados miembros en la prestación de asistencia sanitaria, la Comunidad Europea puede contribuir en el futuro a proporcionar a los pacientes una mejor asistencia sanitaria transfronteriza.

Por lo que se refiere a la atención sanitaria prestada en un Estado miembro de la UE, la Comisión propuso, el 2 de julio de 2008, una Directiva⁽¹⁾relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza que, entre otras cosas, aclararía las responsabilidades de los Estados miembros en relación con la calidad y la seguridad de la asistencia sanitaria transfronteriza. Se establecería un principio claro: el Estado miembro del tratamiento tiene la responsabilidad de la definición, la aplicación y el seguimiento de las normas de calidad y seguridad. Esta propuesta también pretende mejorar la recopilación de datos sobre la asistencia sanitaria transfronteriza. Sin embargo, es el Estado miembro de origen del paciente el que determinará qué tratamientos podrán ser objeto de reembolso. Además, esta Directiva propuesta se aplicará sin prejuicio de la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y las medidas de aplicación adoptadas por los Estados miembros no deberían constituir nuevas barreras a la libre circulación de los profesionales de la salud.

Han llegado hasta mí reclamaciones de ciudadanos que tienen problemas para pagar con billetes de 500 euros en el Reino de Bélgica. Estos problemas se dan básicamente en gasolineras y en el aeropuerto de Bruselas-Charleroi. La imposibilidad de pagar con estos billetes resulta gravosa para los ciudadanos, especialmente en un aeropuerto. No se trata de casos aislados en los que la entidad en cuestión no dispone del importe correspondiente para el cambio sino de un rechazo sistemático a aceptar el pago en dichos billetes.

¿Qué normas jurídicas regulan esta cuestión? ¿Son las prácticas citadas conformes al Derecho comunitario?

De conformidad con la tercera frase del artículo 106, apartado 1, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y con el artículo 10 del Reglamento (CE) nº 974/98 del Consejo de 3 de mayo de 1998 sobre la introducción del euro, todos los billetes denominados en euros son de curso legal. Aunque el artículo 11 del Reglamento define el número máximo de monedas que una parte está obligada a aceptar, el Reglamento no establece ningún límite a los billetes. Los diversos billetes denominados en euros están estipulados en una decisión del Consejo de Administración del Banco Central Europeo (BCE).

No existen normas comunitarias que prevean explícitamente el recurso contra una negativa a aceptar determinados billetes. Quizá sean aplicables disposiciones diferentes en virtud del Derecho civil y de la legislación monetaria de los Estados miembros.

La Comisión es consciente de que a veces se rechazan los billetes de 500 euros como pago en ciertos establecimientos en Bélgica. Sin embargo, esta práctica no parece que vaya en aumento y se remonta a cuando estaba en uso el franco belga, ya que lo mismo ocurría con los billetes de 10 000 BEF. También se registran casos de negativa a aceptar billetes de 500 euros en otros países de la eurozona.

Si un comerciante informa claramente a sus clientes de que no acepta billetes grandes como pago (por ejemplo, en letreros visibles a la entrada de tienda y junto a la caja), en general se considera que el comprador ha entablado una relación contractual con el vendedor y tácitamente ha aceptado las condiciones establecidas.

¿Qué medidas toma la Comisión para garantizar la protección de los intereses de los consumidores de productos alimenticios en la Unión Europea en las futuras negociaciones de la OMC, asegurando en el tiempo la capacidad de los productores de la UE para mantener su actividad económica y producir productos alimentarios de calidad sometidos a la normativa y a los controles de la Unión?

Tras siete años de negociación, justo en el momento en que el éxito parecía estar finalmente al alcance de la mano, los Ministros reunidos en Ginebra en julio de 2008 no pudieron concluir algo en lo que la UE todavía creía y por lo que tanto había luchado. Ahora es demasiado pronto para evaluar las consecuencias a largo plazo de este fracaso. Lo que sabemos es que un acuerdo en Ginebra habría aportado beneficios para Europa y sus socios a la vez que impulsado la economía de los países en desarrollo de una forma sin precedentes, sentando las bases para un aumento de los intercambios y de la prosperidad en la próxima década.

Por supuesto, las nuevas oportunidades comerciales implican una mayor competencia y el reto de la adaptación, que no siempre es fácil. Es importante asegurarse de que este cambio se introduzca gradualmente; es por ello que las disposiciones de la Ronda de Doha no se habrían puesto en práctica de la noche a la mañana, sino a lo largo de varios años. También por ello, en el ámbito de la agricultura, la UE ha rechazado sistemáticamente a lo largo de todas las negociaciones las demandas de liberalización extrema efectuadas por algunos miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

A la larga, merece la pena aceptar el reto de la adaptación, ya que el cambio de sectores menos competitivos a otros que lo son más es fundamental para mejorar la productividad y garantizar el crecimiento a largo plazo. La Comisión sigue creyendo que una celebración satisfactoria de un acuerdo multilateral en la OMC sigue siendo la mejor manera de lograr este objetivo y hacerlo de forma que obligue a otros a adoptar medidas similares.

La liberalización y los menores aranceles inherentes a una celebración satisfactoria de dicho acuerdo inevitablemente implicaría unos aranceles más bajos también para los productos alimenticios, y se traduciría asimismo en alimentos más baratos para los consumidores e insumos más baratos para las empresas.

Por otra parte, todos los productos alimenticios importados tendrían que seguir respetando unas normas estrictas de seguridad alimentaría comparables a las vigentes en la Comunidad: la Comisión puede asegurar a su Señoría que no habrá ninguna solución de compromiso en este punto crucial. La Comunidad dispone ahora de un amplio marco legislativo en materia de seguridad alimentaria cuyo fin es garantizar que todos los alimentos sean seguros, independientemente de su origen. La Comisión no va a poner esto en peligro.

Un acuerdo satisfactorio habría significado además unas normas de juego equitativas para los agricultores de la UE y por lo tanto, más oportunidades para las exportaciones europeas al abrir nuevos mercados agrarios para los productos europeos en el extranjero. El 70 % de las exportaciones agrícolas de la UE son productos acabados destinados al consumidor final, para los que hay un mercado creciente en el mundo.

También es muy importante que, a través de Doha, ante grandes dificultades y ante la oposición de muchos países, la UE intentara garantizar una mayor protección jurídica para las denominadas «indicaciones geográficas», es decir, los productos agrícolas locales especiales que constituyen algunas de las exportaciones más competitivas de Europa —cosas tales como el jamón de Parma o el queso Roquefort. También es importante señalar que alguna forma de compromiso sobre este tema por parte de nuestros interlocutores habría sido una «condición sine qua non» para alcanzar un acuerdo final.

Contrariamente a las promesas de la Comisión Europea, los procedimientos financieros del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo son todavía más complejos que los de anteriores programas marco. Al parecer, transcurren ahora más de 16 meses entre el momento de presentación de la solicitud y el inicio de las actividades del programa, lo que supone que los procedimientos internos de la Comisión requieren un 80 % más de tiempo, cuando ésta había prometido precisamente la agilización de los mismos.

Teniendo en cuenta que el tiempo de espera ha aumentado más de medio año, se corre el riesgo de que muchas pequeñas y medianas empresas pierdan su interés y empleen sus capacidades en otra parte, de forma que no dispongan de ninguna capacidad suplementaria para la UE. Sólo las grandes empresas e instituciones pueden permitirse el lujo de esperar el tiempo necesario.

¿Puede explicar la Comisión por qué motivo los procedimientos financieros son ahora más largos y, al parecer, más complejos?

¿Puede indicar la Comisión quién es la persona responsable en sus servicios de los contactos exteriores en relación con este asunto?

La Comisión no dispone de ningún indicio que apoye lo que se afirma en la pregunta de que el tiempo necesario para tramitar las propuestas ha aumentado un 80 %. El plazo medio de entrega de las subvenciones en el Sexto Programa Marco de Investigación y desarrollo (6PM) se situaba entre los 12 y los 13 meses. Aún no se dispone de estadísticas detalladas sobre el Séptimo Programa Marco de Investigación y desarrollo (7PM), porque los procesos están todavía en curso, pero, según las estimaciones, el plazo medio de entrega de las subvenciones de la primera tanda de proyectos del 7PM será probablemente del mismo orden.

El propio marco jurídico del 7PM prevé una simplificación de la negociación de las subvenciones. Sin embargo, tanto ese marco jurídico como el Reglamento financiero imponen también unos límites a esa simplificación con el fin de proporcionar unas garantías y una rendición de cuentas adecuadas.

La introducción del fondo de garantía da lugar a una reducción considerable del número de comprobaciones a priori de la capacidad financiera. A menos que concurran circunstancias excepcionales, sólo hay que hacer una comprobación de los coordinadores y los participantes que soliciten más de 500 000 euros, lo cual significa que a nueve de cada diez participantes no les afectarán las comprobaciones a priori de la capacidad financiera (en el 6PM había que comprobar a todos los participantes. Esto beneficia en particular a las pequeñas y medianas empresas (PYME) y a las de nueva creación.

Asimismo, al comienzo del 7PM se hicieron grandes inversiones en nuevos sistemas y procedimientos, como el servicio de registro único y el nuevo sistema de negociación en línea; ambos están ya plenamente operativos. La introducción de estos nuevos sistemas ha producido de hecho algunos retrasos en las negociaciones de la primera tanda de acuerdos de subvención, pero estamos seguros de que el rendimiento de esas inversiones se obtendrá en el transcurso del 7PM y que tendrán el efecto de acortar el tiempo de entrega de las subvenciones. El proceso de registro único de personas jurídicas ya está instaurado. A resultas de la primera tanda de convocatorias, ya hay más de 7 000 personas jurídicas registradas en la base de datos central de entidades validadas, que no tendrán que pasar por este trámite en futuras convocatorias, lo cual ahorrará un considerable tiempo y esfuerzo en las negociaciones de subvención. La nueva herramienta de negociación en línea por Internet (NEF) está ahora en pleno funcionamiento y permite un fácil intercambio de información entre los coordinadores y los funcionarios responsables de los proyectos. Más en general, nuestro esfuerzo por mejorar la información y la orientación a los beneficiarios potenciales garantizará la presentación de unas solicitudes mejor orientadas y preparadas.

El proceso de tramitación y evaluación de los muchos cientos de miles de solicitudes recibidas para el programa de investigación es una tarea compleja que exige eficiencia, rigor, independencia y equidad. El nuevo servicio de Bruselas que gestiona este proceso ya está desempeñando la tarea con eficacia. El Comisario responsable de Ciencia e Investigación ha extendido recientemente una invitación a los miembros de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento para que visiten dicho servicio en octubre de 2008 y observen por sí mismos el proceso. Por la presente se extiende la invitación también a su Señoría.

En junio de 2008 se publicó un estudio sanitario preocupante de la Universidad Católica de Lovaina sobre los riesgos de las radiaciones electromagnéticas (teléfonos móviles, conexiones inalámbricas (wifi), antenas). El mismo mes, en el semanario francés Journal du Dimanche, unos veinte científicos internacionales pedían prudencia ante el uso de teléfonos móviles. En el Decimotercer informe sobre el mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas 2007 (COM(2008)0153), no se encuentra referencia alguna a la relación entre la telefonía móvil y la salud del consumidor. Según el grupo de los veinte científicos, también surgen preguntas en torno a la independencia frente a la financiación de los estudios científicos sobre el uso del teléfono móvil. En el contexto del principio de precaución, los científicos sugieren diez consejos prácticos para el uso de los teléfonos móviles.

¿Está dispuesta la Comisión a examinar dichos consejos y a hacerlos suyos en el marco de la protección del consumidor y del principio de precaución? ¿Financia o respalda la Comisión, desde el punto de vista de la protección del consumidor, la investigación científica independiente acerca de los posibles riesgos derivados del aumento de la radiación electromagnética? En caso afirmativo, ¿también pone a disposición del Parlamento Europeo los resultados de dicha investigación?

La Comisión conoce las preocupaciones de los ciudadanos sobre la exposición a los campos electromagnéticos de la telefonía móvil. También está informada acerca de las recientes recomendaciones de un grupo francés de 20 personalidades y del resultado de un reciente experimento dirigido por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. La Comisión sigue continuamente la investigación internacional sobre la exposición a los campos electromagnéticos a fin de cumplir su función de proteger al público de los posibles efectos negativos para la salud.

La cuestión está contemplada en la Directiva 1999/5/CE⁽¹⁾, que abarca los equipos radioeléctricos y los riesgos derivados para la salud. Las normas armonizadas adoptadas en virtud de esta directiva son aplicables a todos los equipos e instalaciones mencionados en pregunta de su Señoría. Los valores impuestos en tales normas se basan en los valores enunciados en la Recomendación 1999/519/CE del Consejo, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), basada en los mejores conocimientos científicos disponibles. Desde 1999, la Comisión ha controlado periódicamente su aplicación y ha consultado varias veces a sus comités científicos para saber si habría que adaptarla a la vista de los nuevos avances científicos.

Las recomendaciones del grupo francés consisten en medidas básicas que pueden adoptar fácilmente los usuarios para reducir aún más la exposición por el uso de teléfonos móviles si así lo desean. En este sentido, son una forma segura de aplicar medidas precautorias.

En 2007, el Comité científico de los riesgos sanitarios emergentes y recientemente identificados (CCRSERI) confirmó que en el caso de los campos de radiofrecuencia, hasta la fecha no se había demostrado de forma fehaciente ningún efecto para la salud con unos niveles de exposición por debajo de los límites establecidos por la Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) y propuestos en la recomendación del Consejo. Los dictámenes de la CCRSERI son públicos y están a disposición del Parlamento Europeo. El CCRSERI ya está actualizando su dictamen de 2007 a petición de la Comisión y tendrá en cuenta toda la información publicada disponible de nuevas investigaciones.

La Comisión sigue promoviendo la investigación independiente en este ámbito. La convocatoria más reciente de propuestas dentro del área temática de medio ambiente del Séptimo Programa Marco de Investigación contiene un tema sobre las repercusiones para la salud de la exposición a radiofrecuencias en niños y adolescentes. Los resultados de estas investigaciones también se publican.

En el aeropuerto de Copenhague, un grupo de inversores privados proyecta la construcción de una nueva terminal privada reservada a las compañías de bajo coste. El proyecto se llama «Proyecto terminal A».

En el aeropuerto de Copenhague se puede actualmente volar a partir de la terminal para vuelos interiores y de las terminales 2 y 3. El propietario de estas terminales, el aeropuerto de Copenhague, no desea la construcción de la terminal A, sino que proyecta otras iniciativas para ofrecer a las compañías de bajo coste buenas condiciones de competencia en Copenhague.

¿Puede considerarse esta solución un intento de restringir la competencia? ¿Considera la Comisión que no dejar construir una terminal privada competidora es contrario a las líneas directrices de la UE sobre la libre competencia?

La entidad gestora del aeropuerto debe garantizar el libre acceso por parte de las compañías aéreas a su centro de operaciones a condición de que cumplan con las normas de funcionamiento vigentes, en particular las relativas a las franjas horarias, la protección del medio ambiente y las tasas aeroportuarias.

Establecido este principio —y no parece que esté siendo cuestionado en Copenhague— por supuesto le corresponde a la entidad gestora del aeropuerto decidir libremente su desarrollo y su estrategia comercial.

Es importante añadir que la construcción de una nueva terminal no puede considerarse por separado de las demás instalaciones del aeropuerto, cuyas capacidades operacionales son, por su propia naturaleza, limitadas: sistema de pistas de aterrizaje, control de aproximación, accesos al aeropuerto y estacionamientos.

Ya es la segunda vez en espacio de dos meses que se estrella un avión de la compañía aérea Kalitta Air. Esto plantea forzosamente interrogantes acerca de la seguridad de las aeronaves.

¿Tiene previsto la Comisión examinar la seguridad de la compañía —en cooperación con las autoridades de otros países competentes en materia de seguridad— y, en caso necesario, imponer una prohibición de explotación? ¿Para cuándo cabe esperar los resultados de esta evaluación?

La Comisión vigila de cerca la seguridad de la compañía aérea Kalitta Air LLC, en colaboración con las autoridades competentes estadounidenses y de los Estados miembros.

La información reunida por la Comisión pone de manifiesto que esta compañía ha sufrido tres accidentes, uno en 2004 y dos en 2008: los tres han sido investigados por las autoridades estadounidenses, la Administración Federal de Aviación (FAA, Federal Aviation Administration) y el Consejo Nacional de Seguridad de Transporte (NTSB, National Transportation Safety Board). En lo referente a los dos accidentes acaecidos en 2008, las investigaciones no han concluido y, por lo tanto, sería prematuro sacar conclusiones en esta etapa.

La Comisión prosigue las consultas con las autoridades estadounidenses para conocer las causas de estos accidentes y asegurarse de que se han tomado las medidas apropiadas. Si resultara que las autoridades estadounidenses no están adoptando las medidas necesarias para que los aviones de esta compañía aérea puedan seguir funcionando de conformidad con la normativa de seguridad, la Comisión estudiará la posibilidad de actualizar la lista de líneas aéreas sujetas a restricciones operacionales en la Comunidad.

Una ciudadana se ha puesto en contacto conmigo y me ha contado que cuando se trasladó de los EE.UU. a Suecia quiso llevarse su té, pero fue informada de que hay un límite de importación de té (libre de impuestos) de 100 gramos. Ciertamente se puede solicitar la exención de impuestos para los efectos de mudanza, de lo cual no fue informada, pero en cualquier caso la exención es limitada en lo que respecta a productos sujetos a restricciones especiales como el té.

Para productos como el alcohol, el tabaco, las armas, etc., es lógico y correcto que haya reglas estrictas para proteger la salud pública, pero me resulta difícil de entender que algo tan inocente como el té esté sujeto a normas de importación tan estrictas.

¿Puede la Comisión explicar la razón de dichas normas y por qué, por ejemplo, el té no está sujeto al menos a un límite de 500 gramos como el café?¿Se propone la Comisión atenuar las normas para la importación de té? ¿Ha aplicado Suecia correctamente las normas en este caso?

Las disposiciones comunitarias aplicables distinguen entre las condiciones en las que las mercancías entran en el territorio de la Comunidad, así como entre los derechos de aduana, el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y los impuestos especiales.

En caso de traslado desde un tercer país, la propiedad personal está exenta de los derechos de aduana y del IVA en determinadas condiciones; en particular, los bienes deben haber sido utilizados en el antiguo lugar de residencia habitual y se ha de tener la intención de utilizarlos en el nuevo lugar de residencia habitual, y la exención no es aplicable a los artículos que se vayan a utilizar en el ejercicio de un oficio o profesión. La exención tampoco se extiende a ciertos bienes específicos, como el tabaco, los productos del tabaco y los productos alcohólicos. El té, sin embargo, no tiene esa condición especial y por tanto se beneficia de la exención en las mismas condiciones que otros productos. El impuesto especial sobre el té es objeto de un régimen distinto. De hecho, el té no forma parte de los productos a los que se aplican impuestos especiales armonizados. Sin embargo, el derecho comunitario no impide que los Estados miembros impongan un impuesto especial sobre el té, ni tampoco prevé exenciones particulares en este campo en caso de traslado desde un tercer país. Por lo tanto, los Estados miembros que graven el té con un impuesto especial pueden aplicar en principio sus normas nacionales en la materia.

En lo que respecta a los viajeros procedentes de terceros países, la posición es diferente. En este caso, el principio es que las mercancías contenidas en los equipajes personales de los viajeros están exentas del IVA, de los impuestos especiales y de los derechos de aduana hasta una cierta cantidad de dinero que se aplica a la totalidad de tales mercancías (hasta ahora 175 euros). Sin embargo, algunos productos están sujetos a unos límites cuantitativos. Esto afecta sobre todo a los productos de alcohol y tabaco. Sin embargo, en relación con el IVA y los impuestos sobre consumos específicos, también se aplican límites cuantitativos a los perfumes, el café y el té. En el caso de este último, el límite cuantitativo es de 100 g. La ampliación a estas tres últimas categorías, adoptada en 1969, se debió al hecho de que, en ese momento, una proporción considerable de los Estados miembros los gravaban con impuestos especiales. Hoy en día, sin embargo, este régimen ya no se corresponde con el verdadero régimen impositivo de las mercancías que están gravadas con impuestos especiales en los Estados miembros. Por lo tanto, la Comisión propuso el 22 de febrero de 2006 abolir los límites cuantitativos aplicables a estas tres categorías de productos⁽¹⁾. La propuesta fue aprobada por el Consejo el 20 de diciembre de 2007⁽²⁾. Como consecuencia, el té recibirá el mismo tratamiento que cualquier otro producto y, por consiguiente, sólo estará sujeto al límite monetario aplicable a la totalidad de las mercancías contenidas en el equipaje personal (el valor se aumentará a 300 euros y en el caso de los viajeros aéreos y marítimos a 430 euros). Sin embargo, el nuevo régimen no tendrá efecto hasta el 1 de diciembre de 2008.

Para la celebración de un matrimonio o la inscripción de una unión de hecho (tanto homosexual en aquellos países cuya legislación nacional lo permite, como heterosexual) entre ciudadanos de distintos países de la Unión, los contrayentes deben aportar sendos certificados de estado civil.

Sin embargo, las oficinas polacas del Registro Civil, que gestionan las actas de estado civil de los ciudadanos polacos, se niegan a expedir estos certificados a los ciudadanos polacos que los solicitan para la celebración de uniones en el extranjero.

Parece pues que esta actitud de la administración polaca vulnera el derecho fundamental de la persona a la formación de una familia así como un principio fundamental de la Unión como es la libre circulación de personas. ¿Podría la Comisión dar explicaciones acerca de este asunto, considerando que Polonia, al adherirse a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, se obligó a respetar la totalidad del Derecho comunitario?

La Comisión agradece a su Señoría esta pregunta sobre la cuestión de la expedición de certificados del estado civil por parte de las autoridades polacas para que los nacionales polacos puedan contraer matrimonio o registrar una unión de hecho en un Estado distinto a aquel del que son nacionales.

El principio de la Unión como espacio de libertad, seguridad y justicia en el que se garantiza la libre circulación de personas es uno de los principios fundadores de la Unión. Estamos firmemente comprometidos con este principio, al igual que lo estamos con el derecho legítimo de todo ciudadano a fundar una familia.

Sin embargo, no hay en la actualidad ningún instrumento comunitario sobre la cuestión de los certificados del estado civil.

En la esfera de la política familiar, el objetivo de la Comisión es simplificar la vida de los ciudadanos aplicando el programa de reconocimiento mutuo de leyes, actas y decisiones. Tal como se declaró durante la audiencia celebrada por la comisión parlamentaria responsable del área de justicia, libertad y seguridad el 16 de junio de 2008, la Comisión se propone comenzar a trabajar en el reconocimiento de actas de estado civil y de la legislación sobre actas públicas en la Unión Europea, con miras, en particular, a que los matrimonios y uniones entre ciudadanos puedan tomarse en consideración en países distintos de aquel en el que se contrajeron. Asimismo, se propondrá un marco jurídico que permita el reconocimiento de las consecuencias en lo que se refiere a las propiedades de los matrimonios y uniones.

¿Está satisfecha la Comisión porque las normas actualizadas que regulan las importaciones de juguetes a la Unión Europea cumplen los niveles de protección más elevados en materia de salud pública, seguridad y protección de los consumidores?

La Comisión comparte la preocupación manifestada por su Señoría de que los juguetes deben cumplir las normas más estrictas en materia de salud pública y seguridad. No puede haber medias tintas en lo que se refiere a la seguridad de los niños, que son los consumidores más vulnerables. Por este motivo, la Comisión ha puesto en marcha una amplia gama de medidas jurídicas y prácticas para garantizar el más alto nivel de seguridad de los juguetes comercializados en la Comunidad.

Sobre la base de una propuesta de la Comisión de 14 de febrero de 2007, el Parlamento y el Consejo aprobaron el 9 de julio de 2008 dos actos jurídicos sobre la comercialización de los productos: un Reglamento por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos⁽¹⁾ y una decisión sobre un marco común para la comercialización de los productos⁽²⁾. Estos actos horizontales contienen unos requisitos considerablemente más estrictos para la seguridad de los productos, juguetes incluidos, por ejemplo, unas obligaciones mayores de los agentes económicos, es decir, los fabricantes y los importadores, en cuanto a vigilancia del mercado y tratamiento de las mercancías inseguras detectadas. Su aplicación contribuirá a garantizar la seguridad de los juguetes comercializados en el mercado de la Comunidad.

Por otra parte, la Comisión adoptó el 25 de enero de 2008 una propuesta de Directiva revisada sobre la seguridad de los juguetes⁽³⁾. La propuesta de la Comisión prevé intensificar los requisitos de seguridad de los juguetes, en particular para tratar los riesgos detectados recientemente, tales como los productos químicos en juguetes. La propuesta de la Comisión ahora está siendo examinada activamente en el Parlamento y el Consejo. La Comisión insta al Parlamento a que contribuya a la labor en curso para llegar a un acuerdo en primera lectura sobre esta importante iniciativa a finales de 2008.

Recientemente, la Comisión Europea ha incoado un procedimiento de infracción contra España porque su legislación nacional discriminaba a los nacionales de la UE no residentes en dicho país en relación con la venta de bienes inmuebles y el impuesto sobre las plusvalías. No obstante, esto sólo se aplica a las personas que han vendido sus viviendas a partir de 2007.

¿Qué medidas está adoptando la Comisión para ayudar a los ciudadanos de la UE que vendieron sus viviendas antes del 31 de diciembre de 2006 e incumplieron la norma anterior a 2007?

La Comisión decidió remitir interponer un recurso contra España ante el Tribunal de Justicia, de conformidad con el artículo 226 del Tratado CE, en relación con el cobro a los no residentes de impuestos sobre las plusvalías obtenidas en la venta de bienes inmuebles en España. La Comisión consideró que la legislación tributaria española infringía la libertad de circulación de capitales reconocida en el Tratado.

En virtud de la legislación española anterior, las plusvalías de los no residentes se gravaban con un porcentaje fijo del 35 %, mientras que los residentes estaban sujetos a un impuesto progresivo cuando los inmuebles permanecían bajo propiedad del contribuyente menos de un año y un porcentaje fijo del 15 % cuando la venta se realizaba tras más de un año de posesión. Por lo tanto, los no residentes estaban siempre sujetos a una carga tributaria sustancialmente mayor si vendían su propiedad después de un año de posesión, y también en la mayoría de los casos si la propiedad se vendía en el plazo de un año tras la adquisición.

Mientras tanto, el Parlamento español aprobó una reforma fiscal por medio de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre de 2006, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 29 de noviembre de 2006. La reforma entró en vigor el 1 de enero de 2007. Una de las modificaciones más importantes en relación con la fiscalidad de las plusvalías fue la introducción de un porcentaje fijo del 18 % sobre cualquier plusvalía. La Comisión considera que esta modificación ha eliminado cualquier futura discriminación en este campo entre residentes y no residentes.

Sin embargo, debido al hecho de que hay muchos ciudadanos no residentes que han sufrido la aplicación de normas discriminatorias con respecto a las plusvalías que a menudo se han acumulado durante un período de tiempo considerable, la Comisión decidió continuar el procedimiento de infracción cuando entró en vigor la nueva legislación puesto que ésta no prevé unas disposiciones satisfactorias con respecto de esos casos preexistentes. El Tribunal de Justicia decidirá si la legislación fiscal española anterior infringía la libertad de circulación de capitales reconocida en el Tratado.

Cabe señalar que, aunque está abierto un procedimiento de infracción contra un Estado miembro en virtud del artículo 226 del Tratado CE, cualquier hallazgo posterior de una infracción por parte del Tribunal de Justicia no tiene un efecto automático o inmediato sobre la situación procesal de los demandantes, ya que el procedimiento del Tribunal no sirve para resolver los casos individuales. Simplemente obliga al Estado miembro a modificar sus normas tributarias de acuerdo con el Derecho comunitario. Los tribunales y los órganos administrativos nacionales son los encargados de garantizar que las autoridades de los Estados miembros respeten el Derecho comunitario en los casos individuales. Por lo tanto, si los ciudadanos consideran que una medida o práctica administrativa concreta no es compatible con el Derecho comunitario, se les aconseja buscar la reparación a través de las autoridades administrativas o judiciales nacionales.

¿Piensa la Comisión que el ya difunto Tratado de Lisboa podría haber reforzado la presencia de la UE en las organizaciones internacionales, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas?

El Tratado de Lisboa fue firmado por los Jefes de Estado y de Gobierno de los 27 Estados miembros el 13 de diciembre de 2007. De conformidad con el Derecho internacional, a través de su firma cada Estado signatario se ha comprometido a hacer todo lo posible por que su país ratifique el Tratado. La ratificación no afecta a la existencia del Tratado; se refiere exclusivamente a su entrada en vigor. Durante el Consejo Europeo de los días 19 y 20 de junio de 2008 se acordó que la actuación ante el «no» irlandés sería examinada en el Consejo Europeo del 15 de octubre de 2008.

El Tratado de Lisboa, de hecho, fortalecería el papel de la Unión Europea en la escena mundial y, en particular, dentro de las organizaciones internacionales. Por ejemplo, según en el Tratado, la figura del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que sería también uno de los vicepresidentes de la Comisión, permitiría expresar mejor las posturas de la Unión, entre otras cosas en las organizaciones internacionales y en la mayoría de las conferencias internacionales.

La televisión polaca (concretamente TVP Info) informó el pasado 9 de julio de que el representante de la Comisión Europea para el asunto de los astilleros polacos, señor Karl Soukup, en un encuentro con una de las sociedades inversoras noruegas ―Ulstein Verft―, aconsejó a sus representantes que esperasen a la inevitable quiebra de los Astilleros de Szczecin para adquirirlos tras la declaración de quiebra. Este encuentro tuvo lugar el 20 de junio y por tanto una semana antes de la presentación por parte de la Hacienda Pública polaca a la Comisión Europea de los planes de reconversión de tres astilleros polacos. Si esta información fuera cierta, ello significaría que el representante de la Comisión sabía que ésta no aceptará ningún plan de reconversión, sea cual sea su contenido. ¿Podría la Comisión dar explicaciones acerca de este asunto más que alarmante?

La Comisión puede asegurar a su Señoría que ni la noticia de televisión a la que se refiere ni las noticias similares aparecidas en los periódicos son correctas.

En una reunión celebrada el 9 de julio de 2008, el Comisario de Competencia informó al ministro del Tesoro Público de Polonia que los planes de reestructuración de los astilleros de Gdynia y Szczecin que Polonia había presentado a la Comisión el 26 de junio de 2008 en el contexto de una investigación de ayudas de Estado no aseguraban la viabilidad a largo plazo de los dos astilleros ni satisfacían las condiciones para la autorización de ayudas de Estado en virtud de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis⁽¹⁾.

Después de esa reunión, se publicaron noticias de prensa relativas a una supuesta nota de la reunión del 20 de junio de 2008. Dicha nota no fue elaborada por la Comisión, ni ha sido vista, comentada o aprobada por la misma.

La Comisión puede confirmar, sin embargo, que las noticias de prensa no reflejan el debate que tuvo lugar en la reunión del 20 de junio de 2008.

En la citada reunión, Ulstein expuso su estrategia para la reestructuración del Astillero de Szczecin y, a continuación, formuló una serie de preguntas relacionadas con posibles escenarios para el futuro de la investigación de ayudas de Estado que había en marcha. Los servicios de la Comisión, por lo tanto, ofrecieron una panorámica completa de los posibles escenarios para el desarrollo de la investigación que se estaba realizando sobre el Astillero de Szczecin, explicando las condiciones para la autorización de las ayudas de Estado en virtud de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, así como las consecuencias en caso de no cumplirse tales condiciones. Los servicios de la Comisión explicaron que, en este último caso, como en cualquier caso de ayuda estatal ilegal e incompatible concedida por cualquier Estado miembro, la Comisión tendría que ordenar la recuperación de la ayuda estatal concedida. A la pregunta de Ulstein de cómo la orden de recuperación de las ayudas de Estado afectaría a la venta de activos en un procedimiento de quiebra, en el caso de que la orden de recuperación efectivamente llevara a la quiebra, los servicios de la Comisión respondieron explicando la práctica establecida de la Comisión y la jurisprudencia de los tribunales europeos sobre el tratamiento de las órdenes de recuperación de las ayudas de Estado en los procedimientos de quiebra.

Las respuestas de los servicios de la Comisión se basaron en la comunicación de la Comisión «Hacia una aplicación efectiva de las decisiones de la Comisión por las que se ordena a los Estados miembros que recuperen las ayudas estatales ilegales e incompatibles»⁽²⁾, cuyo apartado 3.2.4 se refiere al tratamiento de las órdenes de recuperación en caso de insolvencia del beneficiario de la ayuda de Estado.

La Comisión puede confirmar que no se ha hecho ninguna sugerencia como la que se describe en la pregunta de su Señoría. Los servicios de la Comisión proporcionaron a las autoridades polacas presentes en la reunión y a los representantes de Ulstein, a petición de este último, una explicación de la jurisprudencia aplicable del Tribunal y de la práctica de la Comisión sobre el tratamiento de asuntos relativos a las ayudas estatales de salvamento y reestructuración.

Hasta finales de marzo de 2008, la Comisión Europea venía aprobando sin mayor problema los Planes de Desarrollo Rural confeccionados al amparo del artículo 60 del Reglamento (CE) n° 1580/2007⁽¹⁾, que establecía la competencia de los Estados miembros a la hora de determinar los criterios de compatibilidad de financiación de medidas, dentro del sector hortofrutícola, a través de los PO y de los PDR, siempre que se garantizara la no existencia de doble financiación. A partir de entonces, la Comisión ha decidido no admitir los criterios elegidos por los Estados miembros, imponiendo un criterio mucho más restrictivo, contrario al acuerdo político de la reforma de 2007, que marcaba como objetivo la complementariedad de las ayudas de DR y la OCM. ¿No considera la Comisión que vulnera la aplicación del principio de subsidiariedad impuesto por el Reglamento (CE) n° 1580/2007, que refleja el acuerdo político del Consejo de junio de 2007, al establecer un criterio propio de compatibilidad sin atender al previsto por los EEMM? ¿Ha evaluado las consecuencias para el sector FH?

El acuerdo político sobre la reforma del mercado hortofrutícola de junio de 2007 prevé unas disposiciones específicas en relación con la coexistencia de medidas aplicadas en virtud de los programas operacionales establecidos por la organización común del mercado hortofrutícola y de medidas aplicadas en virtud de los programas de desarrollo rural.

El principio de complementariedad, esto es, las disposiciones específicas sobre coexistencia, está previsto por el Reglamento sobre desarrollo rural. También los reglamentos de aplicación de la Comisión en el sector hortofrutícola se refieren a este principio.

Las citadas disposiciones establecen, como norma general, que no se pueden conceder ayudas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) a los regímenes susceptibles de recibir ayudas del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA). Sin embargo, cuando se autorizan de forma excepcional ayudas del fondo de desarrollo rural para medidas comprendidas en el ámbito de las organizaciones comunes de mercados, como por ejemplo la del mercado hortofrutícola, los Estados miembros deberán asegurarse de que un beneficiario sólo pueda recibir ayudas para una determinada actividad en virtud de un régimen.

Para garantizarlo, los Estados miembros deberán describir en sus programas de desarrollo rural, los criterios y las normas administrativas que aplicarán para estas excepciones. Varios Estados miembros habían definido ya tales criterios y normas administrativas cuando elaboraron sus programas de desarrollo rural para el período 2007-2013.

En los casos en los que ya se hayan aprobado los criterios y las normas administrativas en el marco de los programas de desarrollo rural para 2007-2013, los Estados miembros tendrán que modificar sus programas a fin de tener en cuenta las nuevas normas introducidas por la reforma del sector hortofrutícola en relación con el marco nacional de acciones medioambientales y la estrategia nacional de programas operacionales en el sector. Por lo tanto, la Comisión opina que el principio de subsidiariedad se ha respetado plenamente.

El agua es un recurso natural irreemplazable e imprescindible del que lamentablemente no dispone toda la población. Según un informe de Transparencia Internacional, la corrupción en el sector del agua es la causa fundamental de la crisis global del agua que pone en peligro las vidas de millones de personas y que agrava los problemas medioambientales. En dicho informe se enumeran los problemas, que van desde el pequeño soborno en el suministro del agua hasta el fraude relacionado con la obtención de contratos de regadío y los fondos hidroeléctricos; desde el encubrimiento de la contaminación industrial hasta la manipulación de la política en materia de gestión y distribución del agua. Según este informe, no se reconoce en medida suficiente la influencia de la corrupción en la ayuda al desarrollo y en el suministro de alimentos y energía. Sin embargo, este reconocimiento es necesario habida cuenta de que en todo el mundo hay más de mil millones de personas que no tienen acceso garantizado al agua y que más de dos mil millones de personas no tienen acceso a instalaciones sanitarias apropiadas.

La Comisión Europea siempre ha dado muestras de un firme compromiso con la lucha contra todo tipo de corrupción. ¿Va a tomar en serio la Comisión Europea las conclusiones del informe de Transparencia Internacional y hacer más hincapié en la lucha contra la corrupción en su programa sobre el agua?

La UE está adoptando una posición muy firme sobre este tema de la corrupción en el sector del agua y la considera como un obstáculo importante para lograr los objetivos de desarrollo.

La UE considera que la corrupción es un síntoma de mala gobernanza y de falta de sistemas de gestión y control transparentes y responsables. La corrupción no se puede atacar de forma aislada, sino que debe integrarse en las estrategias de desarrollo y de lucha contra la pobreza y en el apoyo a los procesos de gobernanza democrática. Esto implica fortalecer el papel de la sociedad civil y de los medios de comunicación, así como proteger la democracia pluripartidista y la competencia electoral.

La Comisión —sin ser miembro— ha participado en reuniones anuales de la Red de Integridad del Agua (WIN, por sus siglas en inglés), creada en 2006, que promueve una mayor concienciación y comprensión de los temas de corrupción relacionados con el agua. Transparencia Internacional es uno de los fundadores de la red y la Comisión tiene conocimiento de su informe reciente.

En este contexto, en los dos últimos años la Comisión ha introducido en el marco del 10º Fondo Europeo de Desarrollo (FED) el «perfil de gobernanza», que permite hacer un análisis en profundidad de la prestación de servicios y de la gestión de la programación de la ayuda —incluidos los proyectos en el sector del agua— para abordar estas cuestiones. El nuevo formato de los documentos estratégicos nacionales para los países de África, el Caribe y el Pacífico inscribe el análisis de las cuestiones de gobernanza en el contexto más amplio del análisis de la situación política y proporciona información útil sobre este tema. El objetivo es facilitar el vínculo entre el análisis y la estrategia de respuesta.

Por otra parte, la Comisión está introduciendo un marco de análisis de gobernanza sectorial que engloba el sector del agua. El marco analiza y aborda la cuestión de la mala gobernanza en nuestras intervenciones e incluye el problema de la corrupción. En el sector del agua, la Comisión está adoptando medidas prácticas en pos de una participación más amplia de los agentes locales y de la rendición de cuentas mediante el fomento de una gestión integrada de los recursos hídricos. Para el período 2007-2013, se dedicarán aproximadamente 180 millones de euros a dicha gestión integrada en todo el mundo con cargo al FED y al presupuesto comunitario.

Lamentablemente, hay que volver una vez más sobre el problema de la normativa relativa al uso de redes de deriva en la UE. Dada la posición adoptada por la Comisión contra el uso de estas redes para la pesca del salmón en el Báltico meridional, la última propuesta legislación de la Comisión y del Consejo se antoja sorprendente: esta propuesta autoriza el uso en otras zonas marítimas de la UE de redes de hasta 100 km de longitud, con capturas accesorias de tiburones de hasta un 5 %, cuando la mayor parte de estos animales están protegidos.

Así pues, repito una vez más la pregunta que ya he formulado varias veces. ¿Por qué no se autorizan las redes de deriva en el Báltico, donde no han sido documentadas capturas accesorias de marsopas? Estamos ante una absoluta falta de coherencia de la Comisión, que trata de manera desigual a unas u otras zonas pesqueras.

¿Y qué ocurre con la prohibición impuesta por la ONU a las grandes redes de deriva pelágicas?

La prohibición del uso de las redes de deriva en aguas comunitarias no ha cambiado y está claramente justificada. Cuando se utilizan redes de deriva, se producen algunas capturas accesorias de cetáceos, como marsopas o delfines. Puesto que no se conoce aún ninguna solución técnica eficaz demostrada, el único medio para evitar tales capturas accesorias de cetáceos es el de prohibir el uso de las redes de deriva.

En junio de 2008 la Comisión adoptó una propuesta de revisión de las medidas técnicas en el Atlántico y el Mar del Norte, cuyos objetivos principales son simplificar las normas actuales, que a veces son demasiado complejas y difíciles de entender, además de armonizar las disposiciones principales, teniendo en cuenta el carácter regional distintivo de la pesca en esas aguas. En la propuesta no se contempla autorización alguna para el uso de redes de deriva, que están y seguirán estando prohibidas. Hay algunas normas sobre el uso de redes de enmalle de fondo, que incluyen la prohibición de utilizarlas en profundidades de más de 200 metros a fin de reducir los descartes y las capturas de tiburones. Sin embargo, la propuesta permite el uso de redes de enmalle en profundidades de hasta 600 metros cuando están destinadas a la captura de merluza o rape.

En el mar Báltico, la prohibición de las redes de deriva es una medida de conservación necesaria, acorde con la legislación de pesca y la legislación medioambiental de la Comunidad y con las obligaciones internacionales vigentes en materia de protección y recuperación de las marsopas comunes. En el siglo pasado, los enredos incidentales de estas últimas en las artes de pesca, especialmente en las redes de deriva, se señaló como uno de los factores clave de la fuerte disminución de su población en el Báltico. Mientras que en el pasado su zona de distribución se extendía por todo este mar, hoy en día sólo se encuentra en su parte occidental. La marsopa común se considera una especie en peligro y está recogida en la Directiva sobre hábitats europeos de Natura 2000. Según las evaluaciones más recientes efectuadas, en los diez últimos años no ha habido ningún signo de recuperación, si bien en el último decenio se siguieron registrando considerables capturas accesorias de marsopas en redes de deriva polacas para la pesca del salmón.

Frente a las medidas adoptadas en otras aguas comunitarias, la pesca de deriva en el Báltico no se prohibió sino a partir de 2008 en lugar de 2002 y sólo después de un período de adaptación gradual y de la prestación de apoyo financiero a los pescadores para que se adaptaran a la prohibición y cambiaran los artes de pesca.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha constatado que en Grecia más de 2 500 personas pierden la vida cada año a causa de enfermedades profesionales, mientras que a nivel de la UE, de acuerdo con los datos de Eurostat, se elevan a 142 400 muertes al año. Los servicios estatales competentes y el Instituto de la Seguridad Social (IKA) solo registran en promedio 20 casos de enfermedades profesionales al año, lo que demuestra la falta total de registro y declaración de enfermedades profesionales, que serían necesarios para la prevención y la lucha contra las mismas desde el lugar de trabajo. A pesar de que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, entre el 40 % y el 50 % de la población activa está expuesto a los peligros de su trabajo, el Gobierno griego y la UE lanzan un nuevo ataque contra el régimen de profesiones duras y de riesgo, con el fin de reducir los derechos salariales y sociales de los trabajadores para aumentar las ganancias de los monopolios.

¿Piensa la Comisión que es necesario reforzar el régimen de profesiones duras y peligrosas, que exista una medicina preventiva en los lugares de trabajo y una mayor atención sanitaria para los trabajadores, así como reducir la edad de jubilación a 50 años para las mujeres y 55 para los hombres?

La Comisión desea señalar a su Señoría que no está en situación de comentar los datos estadísticos elaborados por la Organización Internacional del Trabajo, sino que sólo puede referirse a los datos producidos por Eurostat⁽¹⁾.

En virtud de los artículos 136 y 137 del Tratado CE, la Comunidad Europea tiene competencia para adoptar legislación y medidas destinadas a la mejora, en particular en el entorno de trabajo, con el fin de garantizar un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

Sobre esa base se ha desarrollado un extenso corpus de legislación comunitaria con el objetivo general de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores.

La pieza central de la legislación en cuestión es la Directiva marco relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo⁽²⁾. Su objetivo es, entre otros, la introducción o la mejora de medidas preventivas para preservar la seguridad y la salud de los trabajadores, de manera que se garantice un mejor nivel de protección (considerando 10).

La Directiva marco tiene un ámbito de aplicación amplio: de conformidad con su artículo 2, apartado 1, es aplicable a todos los sectores de actividades, públicas o privadas (actividades industriales, agrícolas, comerciales, administrativas, de servicios, educativas, culturales, de ocio, etc.).

El artículo 14 de la Directiva marco estipula la obligación de garantizar la adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores en función de los riesgos relativos a su seguridad y salud en el trabajo. El artículo 15 estipula que los grupos expuestos a riesgos especialmente sensibles deberán ser protegidos contra los peligros que les afecten de manera específica.

También se señala a la atención de Su Señoría que la estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012) establece que «las políticas nacionales y de la UE deberían contribuir a crear entornos laborales y servicios de salud en el trabajo que permitan a los trabajadores participar plenamente y de forma productiva en la vida profesional hasta su vejez.»⁽³⁾

Por lo que se refiere a la edad de jubilación, la Comisión desea recordar que el Consejo Europeo de Estocolmo de 2001 aceptó establecer un objetivo para la Unión de aumentar al 50 % en 2010 la tasa media de empleo de hombres y mujeres del grupo de edad 55-64 años en la UE. El Consejo Europeo de Barcelona de 2002 concluyó que «para 2010 deberá intentarse elevar progresivamente en torno a 5 años la edad media en que se produzca el cese efectivo de actividad de las personas en la Unión Europea.»⁽⁴⁾

En consecuencia, uno de los objetivos de la política de empleo y asuntos sociales de la UE es mejorar las condiciones de trabajo en cada lugar de trabajo, para obtener una reducción continua y sostenible de los accidentes y enfermedades laborales y maximizar la capacidad de las personas de trabajar, evitando así una retirada prematura del mercado de trabajo.

Por estas razones, desarrollar el concepto de profesiones duras y de riesgo no estaría en consonancia con los objetivos de la política de la UE, ya que el enfoque consiste en lograr un entorno de trabajo saludable y seguro por medio de la prevención y de la mejora de las condiciones de trabajo.

Con las nuevas normas de seguridad que limitan la cantidad de líquido que el pasajero puede llevar consigo en el avión, la Unión Europea ha obligado a los pasajeros a no comprar, por ejemplo, una botella de agua hasta una vez realizado el control de seguridad del equipaje de mano y del pasajero. En algunos aeropuertos, en las tiendas y establecimientos ubicados tras el punto de control de seguridad, los precios del agua, por ejemplo, son incluso 5 ó 6 veces superiores al precio normal. Los comerciantes están abusando, a todas luces, de las rígidas normas de seguridad a costa del consumidor.

¿Qué opina la Comisión al respecto y qué medidas podría adoptar para evitar que se sigan cometiendo tales abusos?

Sobre la base de la información disponible, la Comisión no tiene conocimiento de ninguna tienda de aeropuerto que utilice las restricciones sobre los pasajeros que llevan líquidos como forma de lucrarse en la venta de líquidos no alcohólicos. La Comisión escribió el 11 de junio de 2007 al Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés) —organización que representa a los aeropuertos— planteando la cuestión de conceder a los pasajeros acceso a agua potable en los aeropuertos.

En su respuesta, de 26 de julio de 2007, el ACI dijo que un estudio de sus miembros no revelaba la existencia de diferencias de precio en el agua embotellada vendida antes —y después— del punto de control de seguridad. Por otra parte, informaron a la Comisión de que muchos establecimientos de los aeropuertos marcan los precios de la venta al por menor y de los servicios de restauración con arreglo a los precios de los establecimientos de que disponen en las ciudades.

Sin embargo, en caso de que la Comisión tuviera conocimiento de alguna indicación concreta de cualquier abuso, plantearía la cuestión al ACI.

¿Cuál es la situación actual en lo que respecta a la carta de emplazamiento (es decir, primera advertencia) enviada a Irlanda en relación con el incumplimiento por el Gobierno irlandés de su obligación de comunicar antes del 21 de diciembre de 2007 las medidas nacionales por las que se transpone la Directiva por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (Directiva 2004/113/CE⁽¹⁾)?

¿Qué medidas se propone adoptar la Comisión para garantizar la plena y correcta transposición de esta directiva en Irlanda?

La respuesta de las autoridades irlandesas al requerimiento enviado por la Comisión está siendo examinada actualmente. Sobre esa base, la Comisión decidirá qué medidas emprender a continuación en relación con esta infracción antes de que finalice 2008.

Dado el número de sindicalistas asesinados este año en Colombia (30 hasta la fecha) y el nivel de impunidad que existe en relación con estos crímenes, ¿se propone la UE adoptar la misma posición moral que han adoptado los Demócratas de EE.UU. y suspender todas las preferencias comerciales para Colombia hasta que se respeten los derechos humanos de todos?

La UE observa de cerca el cumplimiento, por parte de Colombia, de sus obligaciones con respecto a los derechos humanos básicos establecidos en los convenios correspondientes de las Naciones Unidas, de los que Colombia es parte signataria y cuya ratificación y aplicación efectiva ha sido una condición para la concesión de los beneficios del sistema de preferencias generalizadas ampliado (SPG+). La situación de los derechos humanos en Colombia se comenta con regularidad durante los contactos bilaterales con el Gobierno de Colombia. La condición de todos los beneficiarios del SPG+, Colombia incluida, se examinará más adelante en 2008.

Para determinar con exactitud lo que sucede en Colombia, la UE confía, en particular, en la labor de seguimiento y observación de los órganos especializados internacionales pertinentes, entre ellos los comités de seguimiento de la ONU, que disponen de conocimientos expertos y de autoridad sobre los convenios aplicables. Por consiguiente, en las evaluaciones de la UE relativas a la situación de los derechos humanos en Colombia se tendrán en cuenta las constataciones y los informes de los mecanismos de seguimiento de los correspondientes órganos de supervisión internacionales establecidos en virtud de los convenios.

Los habitantes de la zona de Assiro, en la provincia de Langada (nomo de Salónica) están inquietos y realizan combativas movilizaciones por la inminente entrada en funcionamiento del centro de reciclaje (XITA) de Mavrorahi, pues existe el peligro de que, en vez de un centro de gestión integrada de residuos se convierta en un vertedero común, al no haberse realizado las obras necesarias. Los siete centros de gestión de residuos, los dos centros de selección de materias reciclables y la limpieza biológica aún no se han construido por dejadez de los Gobiernos, que desde hace décadas continúan utilizando el vertedero de Tagarades, sin construir centros de reciclaje con todas las infraestructuras necesarias para la seguridad de la salud de los habitantes y del medio ambiente en el nomo de Salónica. El cese del funcionamiento del vertedero de Tagarades dentro de pocos días multiplicará los problemas de los habitantes de Salónica y aún más los de los habitantes de Assiro.

¿En qué medida es seguro el funcionamiento del XYTA de Mavrorahi sin que se hayan realizado las obras mencionadas, que son necesarias para asegurar la salud de los habitantes y el respeto del medio ambiente de la zona? ¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para que se realicen estas obras?

A través de la Decisión, C (2002) 4710 de 27 de diciembre de 2002, modificada por la Decisión C (2008) 3823, la Comisión decidió conceder ayuda comunitaria con el Fondo de cohesión al proyecto de «Construcción de un vertedero y accesos por carretera en la zona noroeste de Salónica». Este proyecto se refiere exclusivamente a la construcción del centro de eliminación de residuos y a las obras conexas, así como a la carretera de acceso. La fecha final para la admisibilidad del gasto es el 31 de diciembre de 2009.

Algunas de las acciones mencionadas por su Señoría son acciones previstas por el Plan regional de gestión de residuos sólidos y no son cofinanciados por el Fondo de Cohesión.

En cuanto a las obras previstas por la decisión mencionada, las autoridades griegas competentes (autoridad de gestión del programa operativo de «Macedonia Central») han comunicado a los servicios de la Comisión que el período de prueba del funcionamiento del vertedero (HYTA) situado en Mavrorahi, cofinanciado por el Fondo de Cohesión, comenzó el 7 de junio de 2008 y durará cinco meses. Cabe señalar que este período de prueba comenzó después de finalizadas las obras en los dos centros de reciclado de residuos y la infraestructura conexa, así como la carretera de acceso al lugar.

Además, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades griegas, todo el proyecto descrito en la Decisión deberá ser finalizado dentro de los plazos establecidos en la Decisión, incluida la construcción de la planta de tratamiento de lixiviados.

Las autoridades griegas confirman que el trabajo adicional previsto por el Plan regional de gestión de residuos sólidos no influye en modo alguno en el funcionamiento del vertedero de Mavrorahi. La finalización de la red de centros de transferencia de residuos afecta a cómo se transportan éstos, y no al funcionamiento de las instalaciones. Los dos centros de reciclado de residuos de Tagarades y Thermi están en funcionamiento, pero aún no han alcanzado su plena capacidad, mientras que el centro de Eukarpia está en proceso de obtención del permiso medioambiental. Por último, de acuerdo con las autoridades griegas, la instalación de tratamiento de lixiviados no afecta al funcionamiento del vertedero, ya que debería estar finalizada cuando comience la producción de lixiviados.

¿Existen estudios en relación con la eficacia de las ayudas otorgadas por la UE a los países pobres?

Según documentación relativa a estas ayudas (al margen de la humanitaria) a la que he tenido acceso, en la mayor parte de los casos no se registra en los países beneficiarios crecimiento alguno del PIB, lo que revela la ineficacia de la ayuda. Estamos hablando de un gasto de miles de millones de euros sufragado por nuestros contribuyentes.

La eficacia de las ayudas concedidas por la Comisión ha sido objeto de evaluación tanto interna como externa. El programa para la eficacia de la ayuda tal como hoy se conoce se inició con la Declaración de París de 2005, que incluía unas metas que se debían alcanzar y unos indicadores para medir los avances realizados. Los signatarios de la Declaración de París acordaron establecer una actividad conjunta de seguimiento de la misma («Joint Venture on Monitoring»). La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) está terminado de elaborar los resultados de la encuesta más reciente, los cuales se presentarán en el Tercer Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda que se celebrará en Accra en septiembre de 2008.

Los resultados provisionales de la encuesta indican que en los 33 países asociados, que participaron en ambas encuestas (2006 y 2008), la Comisión consiguió avanzar en el fomento de las capacidades (mejor coordinación de la asistencia técnica y menor utilización de unidades de ejecución de proyectos paralelas), la adaptación a las prioridades de los países asociados, la previsibilidad de la ayuda y la coordinación de las misiones sobre el terreno y del trabajo analítico con otros donantes. Sigue estando pendiente aumentar el uso de los sistemas nacionales (para la gestión de las finanzas públicas y la contratación pública) y la aplicación de unas disposiciones y unos procedimientos comunes recurriendo en mayor medida a los enfoques basados en los programas. La encuesta también demuestra que la inversión en sistemas de gestión de las finanzas públicas en los países asociados está dando frutos, ya que una tercera parte de los países ha mejorado sus sistemas. Además, una cuarta parte de los países asociados logró mejorar la calidad de sus estrategias nacionales de desarrollo, y casi una quinta parte pudo mejorar los marcos de seguimiento en función de los resultados.

La medición de la eficacia de la ayuda es un proceso a medio o largo plazo y el próximo examen amplio que realice la comunidad internacional tendrá lugar en el Cuarto Foro de Alto Nivel en 2011. En ese momento se podrá determinar con más exactitud si se han logrado los objetivos para 2010 establecidos en París por la comunidad de ayuda al desarrollo, y cómo ha influido la mayor eficacia de la ayuda (gracias a la aplicación de los compromisos de París) en el crecimiento del producto interior bruto (PIB).

En 2007, el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD/OCDE) realizó un amplio examen inter pares de la ayuda prestada por la Comunidad, en el que se reconoció el papel desempeñado por ésta en el debate sobre la eficacia de la ayuda y se incluyeron importantes recomendaciones en las áreas del apoyo presupuestario, la utilización de unidades de ejecución paralelas, la desvinculación de la ayuda y la relación con la sociedad civil.

Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB en los países en desarrollo ha crecido sustancialmente en los últimos años: entre 2000 y 2008 se ha registrado un crecimiento anual de entre el 3,8 % y el 7,9 % en el grupo de países de economías «emergentes y en desarrollo». En el África subsahariana, una región que comprende países en desarrollo exclusivamente, las cifras son del 3,8 % y el 6,8 %. Evidentemente, las situaciones nacionales difieren sustancialmente de unos países a otros.

Se está realizando una extensa investigación y hay un debate en marcha para saber en qué medida contribuye exactamente la ayuda a asegurar el crecimiento económico (véase, por ejemplo, Dollar y Collier: Aid Allocation and Poverty Reduction, JavaScript:WinOpen();" ). La ayuda contribuye a eliminar los obstáculos que impiden el crecimiento de muchas maneras diferentes. Cómo sea de inmediata esa influencia depende de muchos factores. Por ejemplo, la estrategia de desarrollo de un país podría orientarse en mayor medida hacia el desarrollo del sector privado y la creación de capacidad productiva. En tales casos, el efecto esperado en el crecimiento económico sería más directo. De igual manera, los recursos pueden dirigirse, por ejemplo, a la salud y la educación, lo que, a largo plazo, tendría previsiblemente un efecto positivo en el crecimiento económico.

En cualquier caso, no cabe duda de que una ayuda eficaz favorecerá más el crecimiento económico que una ayuda de mala calidad que sobrecargue a los asociados con unos grandes costes de transacción. Aunque, inevitablemente, se tardará algún tiempo en mejorar la eficacia de la ayuda, poner en práctica medidas y modificar los comportamientos, sin olvidar las nuevas disposiciones sobre la administración de la ayuda, algunos elementos del programa para aumentar su eficacia deberían influir de forma más directa en el crecimiento económico. Mejorar la capacidad de gestión financiera pública de los países asociados, por ejemplo, debería tener un efecto beneficioso sobre las inversiones. Por otra parte, la desvinculación de la ayuda debería brindar a los proveedores de los países en desarrollo más posibilidades de proporcionar y desarrollar sus conocimientos especializados.

¿Qué piensa la Comisión respecto a la interpretación en las reuniones en Luxemburgo de la ETBF? Por ejemplo, no había interpretación sueca en el Comité de Construcción (22 y 23 de abril de 2008), a pesar de que tres participantes presentes en la reunión habían declarado dos meses antes que iban a asistir, ajustándose así a las condiciones impuestas por la Comisión para prever servicios de interpretación. Desde el punto de vista democrático, es importante la interpretación a todas las lenguas de los participantes en las reuniones de expertos. Actualmente tienen lugar importantes reuniones de expertos en relación con las sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos Laval, Viking y Rûffert, en las que se examina el conflicto entre la libre circulación y la protección de los derechos de los trabajadores. Los representantes especializados no se eligen en función de sus capacidades lingüísticas y no se puede esperar que participen en reuniones a nivel comunitario sin interpretación.

La Comisión está de acuerdo en que el acceso a la información en la propia lengua es una cuestión democrática que, en la medida de lo posible, debería facilitarse en el contexto institucional.

Sin embargo, la Comisión observa que las reuniones a las que se refiere su Señoría no están organizadas bajo los auspicios de la Comisión. Son reuniones internas de la Federación Europea de los Trabajadores de la Construcción y la Madera (EFBWW, por sus siglas en inglés) (o de otros sindicatos si procede), en las que la Comisión desempeña otro papel que el de prestar sus instalaciones. La interpretación es facilitada por el Parlamento.

Con respecto a la reunión específica del 22 y el 23 de abril de 2008, el Parlamento no pudo ofrecer interpretación de danés ni sueco debido al período de sesiones parlamentarias que se celebraba esa semana. La Comisión transmitió esta información a la EFBWW antes de la reunión.