Acta literal de los debates

Martes 23 de septiembre de 2008 - Bruselas

4. Lucha contra el terrorismo - Protección de datos personales (debate)

  Presidente. - El siguiente punto es el debate conjunto sobre:

– el informe (A6-0323/2008) elaborado por Roselyne Lefrançois, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo por la que se modifica la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo (COM(2007)0650 – C6-0466/2007 – 2007/0236(CNS)) y

– el informe (A6-0322/2008) elaborado por Martine Roure, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (nueva consulta) (16069/2007 – C6-0010/2008 – 2005/0202(CNS)).

  Roselyne Lefrançois, ponente. − (FR) Señor Presidente, en primer lugar desearía dar las gracias a todos los compañeros que han trabajado conmigo en la elaboración de este informe, puesto que nuestra colaboración ha sido verdaderamente excelente a lo largo de todo el procedimiento. El texto que hoy someteremos votación es especialmente sensible, porque hablar sobre la lucha contra el terrorismo significa hablar del peligro que corren los derechos de los ciudadanos europeos, con independencia de que este peligro provenga de los propios terroristas o del potencial liberticida de las medidas adoptadas para combatir este problema.

Asimismo, en los últimos años, la dimensión de la amenaza terrorista ha podido ser de hecho exagerada por algunos gobiernos con el fin de justificar la adopción de políticas en materia de seguridad, ya sea en el ámbito nacional o internacional. La amenaza, no obstante, es real, y la Unión Europea debe asumir su parte de los esfuerzos desplegados para prevenir y luchar contra esta lacra con la mayor firmeza posible. La seguridad de sus 500 millones de habitantes y la defensa de los valores y principios fundamentales en los que se basa dependen de ello. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, el territorio de la UE ha sido objetivo de ataques terroristas en varias ocasiones y con resultados dramáticos, como todos sabemos: en Madrid en marzo de 2004 y en Londres en julio de 2005. Todos ustedes habrán tenido conocimiento de la ola de atentados que se produjo ayer mismo en Cantabria.

Los terroristas utilizan métodos e instrumentos cada vez más sofisticados y diversos, hecho que dificulta considerablemente la tarea de luchar contra ellos. El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y, en especial, de Internet, facilita la organización de redes terroristas y la difusión de su propaganda e incluso de manuales de adiestramiento en línea. Se calcula que en la actualidad existen cerca de 5 000 páginas web de esta naturaleza. De ahí la voluntad de la Comisión Europea, plenamente legítima, de adaptar la legislación comunitaria con el fin de intentar impedir no sólo los ataques terroristas como tales, sino también los actos preparatorios de estos ataques.

Para ello, se ha inspirado directamente en el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo. El problema estriba en que se ha optado por incorporar únicamente los aspectos represivos del citado Convenio, ignorando las disposiciones relativas a las libertades fundamentales, que constituyen el contrapeso esencial de acuerdo con lo establecido por el Consejo de Europa. Mi preocupación se debía principalmente al concepto de «inducción pública» y al riesgo que esto conlleva para la libertad de expresión dado que, al tipificar esta acción como delito, las cosas que la gente dice o escribe y que supuestamente habrían llevado a la comisión de un acto terrorista, o que probablemente pueden llevar a cometerlo, serán punibles.

En la mesa redonda organizada en abril en colaboración con los Parlamentos nacionales, pudimos observar que no éramos los únicos que expresábamos reservas acerca de determinados aspectos del texto de la Comisión. Varios Parlamentos nacionales expresaron sus dudas con respecto a la aplicación de esta Decisión marco y al alcance del concepto de «inducción pública». El Consejo de Europa también hizo hincapié en el peligro que se corre al no incorporar cláusulas de salvaguardia. Por último, en el marco de varios estudios, diversos expertos independientes expresaron sus reservas, especialmente en lo que concierne a la definición del concepto de «inducción pública» y al nivel de seguridad jurídica del texto. Bajo el impulso de varias delegaciones nacionales particularmente preocupadas por la protección de los derechos fundamentales, el propio Consejo añadió al texto de la Decisión marco una serie de cláusulas de salvaguardia. No obstante, en relación con uno o dos puntos concretos, también propuso reforzar la Decisión marco y, en cualquier caso, era necesario continuar trabajando para lograr un nivel de seguridad jurídica y de protección de las libertades plenamente satisfactorio.

Por consiguiente hemos intentado, junto al resto de miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, encontrar el equilibrio entre estos dos objetivos aparentemente opuestos pero fundamentalmente inseparables, a saber, la lucha contra el terrorismo y la protección de los derechos y las libertades fundamentales. A tal fin, nos hemos visto obligados a realizar un delicado ejercicio de equilibrio, tanto más complicado si se tiene en cuenta que, en la práctica, a veces resulta difícil establecer dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza la violación de los derechos de las personas. Piensen, por ejemplo, en el escándalo que provocaron hace dos años las caricaturas danesas o, más recientemente, la controversia surgida a raíz del cortometraje del diputado neerlandés Geert Wilders sobre el Islam.

Dicho esto, creo que el compromiso que hemos alcanzado es positivo. Las principales modificaciones introducidas son las siguientes: en primer lugar, se ha sustituido el término «provocación» por el término «inducción», que es más preciso y más utilizado en el lenguaje jurídico; en segundo lugar, se ha introducido una definición más rigurosa del concepto de «inducción pública», que delimita más claramente la conducta tipificada como delito y, en consecuencia, evita cualquier abuso que pudiera provocar una limitación de la libertad de expresión; en tercer lugar, se han incorporado al texto numerosas disposiciones relativas a la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y, en particular, de la libertad de expresión y la libertad de prensa; en cuarto lugar, se ha introducido un recordatorio sobre la necesidad de garantizar que las medidas adoptadas resulten proporcionadas a los objetivos perseguidos, algo esencial en una sociedad democrática y no discriminatoria.

Éstos son los principales puntos tratados en este informe. Me complace profundamente que este asunto haya sido elegido como una prioridad para la sesión plenaria de esta mañana y espero que suscite un debate vivo y enriquecedor.

  Martine Roure, ponente. − (FR) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, me complace que hoy debatamos conjuntamente el informe de mi colega, Roselyne Lefrançois, sobre la lucha contra el terrorismo, y mi informe sobre la protección de los datos personales en el marco de la cooperación policial y judicial. Conviene recordar que la lucha contra el terrorismo no puede ser realmente eficaz ni proporcionada a menos que garanticemos el fortalecimiento de los derechos fundamentales de todos y cada uno de los ciudadanos. Debemos oponer a los movimientos terroristas que amenazan nuestras sociedades democráticas nuestros valores esenciales de respeto por los derechos fundamentales.

Desde mi punto de vista, la propuesta de la Comisión sobre la lucha contra el terrorismo estaba desequilibrada, puesto que se limitaba a reforzar el aspecto relativo a la seguridad y descuidaba numerosas disposiciones necesarias para proteger las libertades fundamentales. En este sentido, deseo felicitar una vez más a la señora Lefrançois y a sus colegas por haber logrado reequilibrar el texto de modo que garantice la seguridad desde el respeto de los derechos humanos y las libertades.

Como sabemos, las redes terroristas utilizan cada vez más las nuevas tecnologías de la información, incluido Internet, para sus actividades de inducción y reclutamiento. La vigilancia de este tipo de actividades a través de Internet requiere la recopilación de una gran cantidad de de datos personales, si bien esa recopilación debe llevarse a cabo garantizando un alto nivel de protección de dichos datos.

Me gustaría recordar al Consejo los compromisos que asumió al aprobar la Directiva sobre la conservación de datos. En aquel momento, expresamos nuestro deseo de permitir la utilización de información valiosa para luchar contra el terrorismo; Como contrapartida, el Consejo tiene el deber de cumplir su compromiso y aprobar una Decisión marco sobre la protección de datos personales que garantice un nivel de protección elevado.

Deseo transmitir mi más sincero agradecimiento a todos mis colegas de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y a todas las personas que han trabajado conmigo, y de manera especial a los ponentes alternativos, puesto que las enmiendas que proponemos en mi informe fueron aprobadas por unanimidad en comisión. Esas enmiendas demuestran que, para nosotros, la armonización no es el mínimo común denominador. Creemos que el alcance de la Decisión marco debería ser amplio y que no debería limitarse exclusivamente a los datos intercambiados entre los Estados miembros, sino que también debe ser de aplicación a los datos tratados a escala nacional, lo que permitiría reforzar la cooperación entre las diferentes autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros, al tiempo que garantizaría un nivel de protección de datos equivalente en toda la Unión Europea. En efecto, conviene garantizar los principios de finalidad y de proporcionalidad, precisando y limitando los casos en los que esos datos pueden ser objeto de un tratamiento ulterior. ¡Deben darse cuenta de la importancia que esto tiene! Los datos no pueden utilizarse para una finalidad diferente de aquella para la que fueron recogidos. No es nuestro deseo prohibir todas las transferencias de datos a países terceros, dado que dichas transferencias podrían ser muy importantes para la lucha contra el terrorismo. No obstante, para cada transferencia es esencial evaluar si el país tercero en cuestión ofrece un nivel adecuado de protección de los datos personales, y me gustaría destacar el hecho de que esta evaluación debe ser efectuada por una autoridad independiente.

Pedimos al Consejo que incluya en la Decisión marco disposiciones relativas a las autoridades nacionales que tienen acceso a datos recogidos por entidades privadas, de conformidad —permítanme que vuelva a recordárselo— con los compromisos contraídos tras la aprobación de la Directiva sobre la conservación de datos por la Presidencia británica.

Finalmente, la utilización de datos confidenciales, como los datos relativos a las opiniones políticas, las creencias religiosas, la salud o la vida sexual debe, por principio, estar prohibido, en contra de lo que actualmente propone la Decisión marco. Como podrán observar, con esta enmienda el Parlamento Europeo deja sin efecto la propuesta del Consejo, que permite el tratamiento de esos datos si se dan unas condiciones determinadas. El Parlamento desea, por el contrario, prohibir dicho tratamiento, pero estableciendo algunas excepciones. El proceso se ha invertido totalmente, lo cual es muy importante para nosotros. Al adoptar esta posición, el Parlamento Europeo desea respetar la dignidad de las personas, y creemos que el Consejo debería poder estar de acuerdo con nosotros en esta necesidad.

  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) Señor Presidente, señor Comisario, señor Deprez, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, señoras ponentes, Señorías, éste es un día muy especial para los franceses, y también para mí: les ruego tengan a bien excusar la inesperada ausencia de Rachida Dati, pero es para mí un honor participar una vez más en el trabajo de su Parlamento, especialmente en los delicados asuntos que acaban de exponerse. Me gustaría en particular expresar la gratitud de la Presidencia del Consejo a la señora Roure y a la señora Lefrançois por el compromiso personal que han demostrado y por el interés que están manifestando en las cuestiones relativas a la lucha contra el terrorismo y la protección de datos.

Con estos dos textos, el Parlamento puede mantener el control de la actualidad y de la vida cotidiana de la sociedad europea. Debemos proteger a nuestros ciudadanos de las amenazas terroristas y también debemos salvaguardar su intimidad y su vida privada. Esto es la responsabilidad política en su sentido más noble. Desearía responder a varios de los puntos planteados por los dos informes que acaban de presentarse.

En primer lugar, con respecto al proyecto de Decisión marco sobre la lucha contra el terrorismo, esta lucha es un desafío para la Unión Europea que exige que unamos todos nuestros esfuerzos. El señor de Kerchove, coordinador de la lucha contra el terrorismo de la UE, con quien me reuní hace varias semanas, también ha manifestado ante este Parlamento que la actividad de Al-Qaeda, por ejemplo, es especialmente preocupante. Sólo en 2007 se produjeron 583 ataques terroristas en suelo europeo. La Decisión marco que hoy se plantea constituye, por tanto, un importante avance legislativo en la lucha contra la propagación de las técnicas terroristas.

Resulta inaceptable, por ejemplo, que una página web pueda explicar con total impunidad cómo fabricar bombas caseras. En la actualidad existen cerca de 5 000 páginas web que contribuyen a la radicalización de los jóvenes europeos en esta materia y la Presidencia eslovena, como saben, logró garantizar un acuerdo sobre estos desafíos en la reunión del Consejo de Justicia e Interior celebrada el 18 de abril.

Acojo con satisfacción el informe de la señora Lefrançois, quien ha mantenido el objetivo del Consejo de incorporar, en la Decisión marco de 13 de junio de 2002, las infracciones previstas en el Convenio del Consejo de Europa. Sus propuestas recogen en gran medida las enmiendas introducidas por el Consejo durante las negociaciones y, como saben, este texto suscitó vivos debates en ese órgano. Resulta evidente que nos encontramos ante un debate clásico que conocen todas las sociedades democráticas que intentan luchar eficazmente contra el terrorismo, sin dejar de respetar las normas fundamentales del Estado de Derecho y los principios esenciales que rigen toda vida democrática, como la libertad de expresión.

Me gustaría llamar su atención sobre dos aspectos. En primer lugar, esta Decisión marco pretende tipificar como delito tres comportamientos susceptibles de intervenir antes de la perpetración de los atentados: la incitación pública al terrorismo —y subrayo la palabra «pública», pues de este modo queda excluida la regulación de los intercambios de correspondencia privados—, el adiestramiento para cometer actos terroristas y, por último, el reclutamiento con fines terroristas. La Decisión marco tipificaría en la Unión Europea delitos con los que los Estados miembros ya están familiarizados a través del Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo, concluido en 2005.

Las definiciones de esos delitos se han copiado íntegramente en la Decisión marco, con muy pocos cambios, buscando siempre la coherencia con los conceptos de «delito de terrorismo» y «grupo terrorista» que existen en la legislación comunitaria desde 2002; de ahí, señora Lefrançois, el término «inducción pública» en lugar del que usted propone, «incitación». La aprobación de un texto a escala comunitaria facilitará el control de su transposición en los Estados miembros y acelerará su aplicación en todo el territorio de la UE.

La segunda consideración es que el Consejo se ha mostrado particularmente atento con el respeto de los derechos humanos. Esta preocupación se expresó en la mesa redonda que organizó el Parlamento el 7 de abril de este año. El Consejo era plenamente consciente de los debates que se habían producido en el Parlamento y deseaba respetar el enfoque adoptado en el Consejo de Europa. Se añadieron cláusulas de salvaguardia a la propuesta inicial, en concreto dos cláusulas referentes, por un lado, a la libertad de prensa y a la libertad de expresión y, por otro, a la proporcionalidad de la tipificación de delitos definidos por las legislaciones nacionales.

Es preciso destacar que el Consejo no aceptó las propuestas encaminadas a la introducción de normas de competencia extraterritorial, que su ponente no había aprobado de todos modos. Durante las negociaciones, por tanto, el Consejo actuó motivado por la preocupación por buscar el equilibrio, lo que finalmente se tradujo en la elaboración de un texto que tiene en cuenta en gran medida sus inquietudes.

Pasando a la Decisión marco sobre la protección de datos personales presentada por la señora Roure, es un hecho que la reglamentación existente sobre los denominados archivos «soberanos» es muy escasa, por no decir inexistente, en especial en lo que respecta a la seguridad pública, tal y como usted ha señalado, señora Roure. Sin embargo, precisamente en esta área es de vital importancia gestionar y regular los intercambios de datos a fin de proteger las libertades públicas. Tiene usted razón: debemos actuar con celeridad y eficacia, respetando los derechos de las personas cuyos datos son intercambiados, conservados y almacenados.

El 8 de noviembre de 2007, los ministros de Justicia alcanzaron un acuerdo sobre un proyecto de Decisión marco. Como usted misma ha señalado, a algunos miembros de este Parlamento les habría gustado ir más lejos. La Presidencia es consciente de ello, pero la Decisión marco sobre la que el Consejo alcanzó un acuerdo unánime tras un debate que se prolongó durante más de dos años constituye un primer paso que proporciona a la UE unas normas mínimas relativas a los datos personales en el marco de la cooperación penal y en un momento en el que no existen, ni han existido jamás, normas comunes en el marco del tercer pilar. Se trata de un compromiso; es así como se construye Europa, sobre todo en este ámbito. Es un compromiso, pero eso no la convierte en una decisión de segunda categoría. Es, más bien, el mejor resultado posible que puede obtenerse hoy, pues llena un vacío y abre el camino para seguir avanzando.

Se trata del primer paso hacia la regulación de los intercambios de datos con fines jurídicos en el marco de la Unión Europea, cuya aplicación puede controlarse de manera mucho más eficaz que en el Consejo de Europa. La transposición y la aplicación de esta Decisión marco podría remitirse al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior para su examen, como se hizo, por ejemplo, con la orden de detención europea.

Cuando nuestro marco institucional evolucione —algo que todos deseamos que suceda—, quizá sea posible que el Vicepresidente de la Comisión inicie procedimientos de infracción. En Europa, con frecuencia, la cuestión es saber si es mejor contar con unas normas mínimas que puedan ampliarse posteriormente o si, por el contrario, debemos mantener el statu quo, lo que hoy día significa una enorme variedad de normas sobre protección de datos, una falta de control adecuado por parte de las instituciones comunitarias y la existencia de negociaciones bilaterales sobre el intercambio de datos con terceros países, que no ofrece a nuestros ciudadanos suficientes garantías y que puede ser efectuado sin nuestro consentimiento. Así sucede en el caso de los acuerdos bilaterales concluidos con los Estados Unidos.

Personalmente creo que es preferible seguir avanzando que mantener el statu quo. Desde nuestro punto de vista, la Decisión marco constituye un primer paso de importancia vital. Además, el trabajo desarrollado por las Presidencias anteriores nos ha permitido básicamente encontrar puntos de equilibrio que también tienen en cuenta sus preocupaciones. A continuación me referiré a alguno de ellos, señora Roure.

El primero es que la futura Decisión marco, en efecto, sólo se aplicará al intercambio de datos entre Estados miembros, como usted ha mencionado, pero los Estados miembros también se han comprometido a adaptar sus propios niveles de protección. Les ruego que se fijen en el artículo 27, que queda reforzado por el considerando 8 de esta Decisión marco, que invita a la Comisión a ampliar el alcance del texto tras un período de cinco años, y que podría afectar a los datos nacionales. Como Presidencia del Consejo, no vemos en ello inconveniente alguno.

El segundo es que todas las operaciones de intercambio de datos están sujetas al principio de proporcionalidad, lo que significa que es posible verificar caso por caso la finalidad para la que se transfieren los datos y si el volumen de los datos intercambiados es mayor que el estrictamente necesario.

El tercero es que la transferencia de datos a países terceros está sometida a importantes condiciones y salvaguardias a fin de proporcionar un nivel de protección adecuado. Ustedes son perfectamente conscientes de que esta disposición no ha pasado desapercibida para algunos de nuestros socios exteriores, cuyos nombres ya he citado. El artículo 14 representa una salvaguardia en la que podemos confiar para impedir que se transfieran a países terceros sin nuestro consentimiento datos personales que hayamos transmitido a otro Estado miembro. Además, nos ofrece garantías acerca de la equivalencia del nivel de protección de datos en ese otro Estado miembro.

En cuarto y último lugar, los Estados miembros se han comprometido a informar a la Comisión sobre las medidas adoptadas a escala nacional; la Comisión, a su vez, presentará al Parlamento y al Consejo su evaluación y sus propuestas de modificación de este primer marco. En consecuencia, ustedes participarán activamente en el seguimiento de esta Decisión marco.

Señor Presidente, señores ponentes, Señorías, la Presidencia es plenamente consciente del compromiso que mantienen ustedes con el respeto de los derechos fundamentales en el seno de la Unión Europea y me gustaría destacar que el futuro grupo, que ha reunido a los seis ministros de Alemania, Portugal, Eslovenia, Francia, la República Checa y Suecia, ha convertido el fortalecimiento de la protección de datos en una prioridad de la Unión Europea para los próximos años. Ésta es una preocupación compartida por todos los Estados miembros, y todos los ministros de Justicia se hicieron eco de ella durante la sesión informal del Consejo celebrada el 25 de julio.

Esto es lo que quería decir al Parlamento, señor Presidente.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. − (FR) Señor Presidente, deseo en primer saludar al Presidente en ejercicio, señor Jouyet, así como a nuestras dos ponentes, que han llevado a cabo una destacable labor. La señora Lefrançois ha presentado la propuesta de enmienda de la Decisión marco sobre la lucha contra el terrorismo, y la señora Roure lo ha hecho sobre la Decisión marco relativa a la protección de datos personales. También deseo expresar mi agradecimiento, por supuesto, a la Presidencia del Consejo. Los comentarios formulados por el señor Jouyet son reflejo de la preocupación de la Presidencia por integrar diferentes puntos de vista.

Señor Presidente, trataré de ser breve, puesto que esperamos un debate muy interesante esta mañana en este Parlamento. En primer lugar me referiré a la propuesta de Decisión marco sobre la lucha contra el terrorismo. Como acertadamente ha señalado el Presidente en ejercicio, las tecnologías modernas de la información y la comunicación desempeñan un papel importante en la propagación de la amenaza terrorista. Internet, que es un medio barato, rápido, fácilmente accesible y que llega prácticamente a todo el mundo, es muy utilizado por los terroristas.

Las ventajas que ofrece, y que son muy apreciadas por los ciudadanos respetuosos de las leyes, son explotadas, por desgracia, con fines delictivos. Los terroristas utilizan Internet para difundir su propaganda con propósitos de movilización y reclutamiento, así como instrucciones y manuales en línea para el adiestramiento de terroristas o la preparación de atentados. Prevenir esta amenaza es, obviamente, una prioridad política. La Unión Europea debe combatir el terrorismo moderno y sus nuevos métodos con la misma determinación que ha demostrado en su lucha contra el terrorismo tradicional.

La propuesta que ha elaborado la Comisión actualiza la Decisión marco sobre la lucha contra el terrorismo y la alinea con el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo al incluir en el concepto de terrorismo la incitación pública a cometer delitos terroristas, el reclutamiento de terroristas y su adiestramiento.

La Comisión celebra la acogida positiva de que ha sido objeto el informe de la señora Lefrançois, que subraya el valor añadido de la propuesta. Sin embargo, señora Lefrançois, usted también ha expresado algunas inquietudes en relación con la propuesta, así como el deseo de incorporar una serie de enmiendas.

Trataré de responderle brevemente. En primer lugar, su informe cuestiona el uso de la expresión «inducción pública» y usted ha señalado claramente que, en su opinión, el término «incitación pública». Es un hecho, no obstante, que la propuesta de la Comisión está basada en el Convenio del Consejo de Europa y que se ajusta con gran rigor a las definiciones de delitos incluidas en dicho Convenio, por dos motivos.

Primero, porque queríamos contar con la experiencia incomparable del Consejo de Europa en materia de derechos humanos y con el trabajo que el Consejo ha desarrollado para elaborar el texto del Convenio que nos ocupa. El Convenio se basa asimismo en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión.

En segundo lugar, la Comisión deseaba facilitar a los Estados miembros la aplicación tanto de la modificación de la Decisión marco como del Convenio del Consejo de Europa. ¿Es que el uso de una terminología diferente no contribuiría a complicar en cierta medida dicha aplicación? Ésta es la pregunta que quiero plantearle.

Con respecto al segundo punto planteado en el informe, la Comisión apoya su idea de introducir en el texto de la enmienda cláusulas de salvaguardia en materia de derechos humanos equivalentes a las incluidas en el artículo 12 del Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo. En realidad, señor Jouyet, la posición común del Consejo de 18 de abril de 2008 ya incluye cláusulas de salvaguardia adicionales similares a las del citado artículo 12.

A continuación me referiré al deseo de excluir cualquier obligación de tipificar las tentativas de delitos. En eso estamos de acuerdo. La propuesta de la Comisión ya garantizaba la exclusión de esa obligación y la posición común aprobada por el Consejo el 18 de abril de 2008 iba en el mismo sentido.

Me gustaría decir que, en lo concerniente a las normas jurisdiccionales aplicables a los nuevos delitos, estamos en buena parte —aunque no totalmente— de acuerdo con las modificaciones que se proponen en el informe. Por consiguiente, la Comisión puede aceptar la supresión de las normas jurisdiccionales adicionales que había incluido en su propuesta.

Sin embargo, la Comisión no comparte la visión expresada en el informe con respecto a las normas de jurisdicción existentes en la Decisión marco vigente, puesto que eso sería tanto como imponer una limitación en relación a los nuevos delitos. La enmienda que propone el informe elimina la obligación de un Estado miembro de perseguir los nuevos delitos cuando éstos sean cometidos fuera de su territorio, pero en nombre de una persona jurídica establecida en él, o bien contra sus instituciones o su población, o contra una institución comunitaria con sede en el Estado miembro en cuestión. Deseamos expresar nuestro temor en relación con el hecho de que la supresión de esta obligación de persecución por parte del Estado miembro limite la efectividad de la propuesta de la Comisión, teniendo en cuenta que los nuevos delitos suelen presentar un fuerte carácter transnacional, especialmente cuando se cometen a través de Internet.

La Comisión espera, no obstante, que la evolución de este expediente permita, por encima de todo, que la Decisión marco enmendada entre en vigor en un futuro próximo. La puesta al día de nuestra legislación merece todos nuestros esfuerzos; deseo expresar mi agradecimiento tanto al Parlamento como a la Presidencia por hacer todo lo que está en su mano para llegar a este resultado, ya que en efecto necesitamos esta nueva herramienta.

A continuación pasaré a referirme al informe elaborado por la señora Roure, quien, he de decir en su defensa, ha respondido plenamente al deseo del Parlamento de contar con una decisión marco útil que abra el camino para continuar avanzando. La Decisión marco debe además fomentar la cooperación policial y judicial en materia penal, dotándola de la efectividad que le confieren su genuina legitimidad y su respeto de los derechos humanos, en especial del derecho al respeto de la privacidad y del derecho a la protección de los datos personales. El hecho de contar con normas comunes sobre el tratamiento y la protección de los datos personales, cuyo tratamiento se efectúe con el propósito de prevenir y combatir la delincuencia, puede contribuir a la realización de estos dos objetivos.

Señor Jouyet, supongo que no le sorprenderá saber que la Comisión está decepcionada con el alcance, más bien limitado, de la Decisión marco. Nuestra intención era ir más lejos, si bien me consta que la Presidencia actual comparte en gran medida este punto de vista. En estos momentos, el texto de la Decisión marco abarca únicamente los intercambios transfronterizos de datos personales; ésta es la razón por la que deseábamos ir más allá. En cambio, el tratamiento de datos personales por parte de esas autoridades en el plano nacional no está armonizando a escala comunitaria. Esas actividades seguirán regulándose en cada país mediante la legislación nacional en materia de protección de datos. Tiene bastante razón, señora Roure, cuando afirma que todos los Estados miembros se han adherido al Convenio nº 108 del Consejo de Europa sobre la protección de datos. Sin embargo, me encuentro entre quienes piensan que no debemos quedarnos ahí.

La evaluación ulterior de la aplicación de la Decisión marco, a la que ha hecho referencia el señor Jouyet, constituye obviamente una forma de examinar la aplicación de su normas, así como de verificar que se están respetando los principios de finalidad y proporcionalidad, que ha mencionado acertadamente y que son fundamentales en este terreno. Es cierto que una revisión, una cláusula de evaluación, posibilitaría, a la luz del examen realizado por los Estados miembros, ampliar el alcance de esta protección de datos.

Lo que es seguro, y no es preciso que insista en ello puesto que la Presidencia acaba de mencionarlo, es que el texto no sólo será importante para los europeos, sino también en las negociaciones que estamos manteniendo con países terceros. Nuestra posición se verá considerablemente reforzada, sobre todo en las negociaciones con los Estados Unidos —de las que no me he olvidado—, si podemos exigir la adopción de una medida de protección de datos que verdaderamente responda a las necesidades y a las expectativas de nuestros ciudadanos. Por este motivo confío en que el Consejo dé un impulso a este expediente y podamos alcanzar un acuerdo. Señor Jouyet, éste es un primer paso, pero un paso que ha de ser suficientemente significativo. Ése es mi deseo.

En cualquier caso, señor Presidente, me sentiré complacido si estas dos propuestas y estos dos informes —que tienen un interés y un valor enormes para la Comisión— nos permiten llegar a un acuerdo, algo que realmente deseo que suceda.

  Luis de Grandes Pascual, Ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. − (ES) Señor Presidente, señor Vicepresidente y Comisario de Justicia, señor Ministro, Señorías, intervengo en mi condición de ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos para el informe de fondo de la Comisión de Libertades Civiles en torno a este asunto.

Quiero agradecer a la Comisión de Asuntos Jurídicos el apoyo que en su día se me prestó y quiero agradecer y constatar que la señora ponente para el fondo, la señora Lefrançois, ha desempeñado una tarea abierta al entendimiento y al diálogo para buscar un consenso que, en estos asuntos, es absolutamente inexcusable.

Señorías, la propuesta de Decisión marco podría parecer innecesaria. Ya el Consejo de Europa, en su Convención para la prevención del terrorismo, lo recogía, y recogía estos tres tipos que aporta la Comisión en su propuesta: la inducción publica a la comisión de delitos, el reclutamiento de terroristas y el adiestramiento de terroristas.

Pero no es menos cierto que compone un valor añadido, y es que contiene una mejor definición del terrorismo y que, con un elenco de sanciones importante, completa propiamente esta acción.

Quiero decir con toda sinceridad que es necesaria esta acción de la Comisión y que ha sido, absolutamente, una aportación valiosa.

No se trata de tener preocupaciones por los derechos fundamentales, no se trata de que haya colisión con la libertad de expresión. Señorías, en España, la banda terrorista ETA no está en la lista de bandas terroristas de la Unión Europea por lo que dice, sino por lo que hace, porque utiliza para sus fines la extorsión, el secuestro, la violencia, el terror y la muerte. Por eso está; no por lo que dice, sino por lo que hace.

En nuestro Parlamento, en España, existen grupos independentistas que hablan con toda legitimidad, propugnan la independencia y no por eso, naturalmente, son perseguidos en absoluto.

No se trata de configurar delitos de opinión: se trata de colaborar empleando las modernas técnicas y luchar eficazmente contra el terrorismo.

Permítanme recordar que ayer mismo, en España, una persona honesta, un militar, un brigada, Juan Luis Conde, fue asesinado por la banda terrorista ETA mediante un sistema cobarde como fue la utilización de un coche bomba.

Es necesario, en este aspecto, que el mensaje de la Unión Europea sea unívoco, sea firme, y que no seamos diletantes. Que seamos capaces de configurar tipos penales que no sean farragosos, porque si el juzgador entiende que existen dificultades siempre producirá el sistema de in dubio pro reo y es necesario, en este aspecto, que no perdamos la ocasión.

Que la banda terrorista ETA y que todos los grupos terroristas del mundo sepan que reciben de la Unión Europea un mensaje unívoco, que pierdan toda esperanza, que tengan la certeza de que el peso democrático de la Unión va a caer sobre ellos y no les daremos tregua en lograr raudamente su exclusión de la vida de nuestros países.

  Panayiotis Demetriou, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EL) Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, tenemos hoy ante nosotros dos informes muy importantes. Se trata de dos informes inusuales por el equilibrio que demuestra su enfoque y porque son el resultado de una colaboración más amplia en cuestiones sobre las que, por lo general, existía un acuerdo: la lucha contra el terrorismo y la protección de los derechos humanos unida, por supuesto, a la de los datos personales.

El terrorismo representa la lacra de nuestro tiempo. Es la Hidra de las cabezas, inhumano, bárbaro, inexorable. Es necesario, por consiguiente, combatirlo con todos los medios legales a nuestro alcance, pero recordando en todo momento que los derechos humanos no pueden ser violados. Esto es exactamente lo que ha logrado el informe de la señora Lefrançois.

Lo que se ha dicho es que la propuesta de luchar contra el terrorismo se basa en el Convenio del Consejo de Europa. Sin embargo, hemos decidido modificar la definición de «inducción pública» para que sea más comprensible desde el punto de vista jurídico en todos los países Hablamos de «incitación pública», una expresión mucho más ajustada al espíritu del Convenio y al objetivo que deseamos perseguir.

Cuando debatimos este informe, nuestra preocupación se centró en la cuestión de los derechos humanos; celebramos amplios debates, establecimos una redacción e incluimos disposiciones encaminadas a garantizar el equilibrio al que antes me he referido.

Cualquier otra cosa probablemente afectará a este equilibrio y que todo intento por ampliar la definición de terrorismo plantee problemas: llegar a una definición no fue tarea fácil para Europa. Yo estuve tres años en el Consejo de Europa. Allí intentamos dar con una definición de terrorismo y finalmente no lo logramos. Ahora que hemos logrado llegar a esta definición, no hay ninguna necesidad de ir contra ella.

En cualquier caso, en relación a la cuestión de los derechos humanos, el apartado 10 de la introducción de la propuesta se ocupa de forma amplia y detallada de los derechos concretos que son objeto de protección: el derecho de reunión y el derecho sindical y todos los derechos relacionados. No es necesario, por tanto, seguir realizando esfuerzos en esa dirección.

Para concluir, permítanme añadir que todo este asunto se encuentra en buenas manos. Existe, sin embargo, otro ámbito al que deberíamos prestar atención: me refiero a las sociedades que alimentan el terrorismo. Deberíamos hablar con personas razonables, con los elementos moderados, de manera que sea posible retirar el apoyo moral que esas sociedades prestan a los terroristas. Hemos de dirigir nuestros esfuerzos, nuestra reflexión, nuestros programas y nuestras campañas hacia ese objetivo.

(Aplauso)

  Claudio Fava, en nombre del Grupo del PSE. – (IT) Señor Presidente, señor Jouyet, señor Barrot, Señorías, después de siete años luchando contra el terrorismo, creo que estamos suficientemente capacitados para catalogar los riesgos que esta lacra supone, sus efectos y sus devastadoras consecuencias. También pienso que una de sus consecuencias más dramáticas es la pérdida de equilibrio, una pérdida del sentido del equilibrio en nuestra reacción ante esta amenaza.

Tal equilibrio es necesario para investigar no sólo las causas superficiales de esta violencia, sino también las que subyacen a ella, y es fundamental para establecer políticas preventivas y sancionadoras sin abandonar los principios esenciales de nuestra cultura jurídica. Se trata de un equilibrio valioso pero muy complicado, pues ha de traducirse en normas que no dejen margen para la discrecionalidad. Por consiguiente, celebro la iniciativa de la Comisión de revisar la Decisión marco de 2002, siempre que se preste atención a las recomendaciones, muy oportunas, recogidas en los dos informes que hoy estamos debatiendo.

La primera de ellas, señor Jouyet y señor Barrot, es que debemos huir de la cultura de la sospecha: basar nuestra sociedad en la sospecha y soñar con políticas de integración y de inmigración fundamentadas en el principio de desconfianza mutua sería un regalo para el terrorismo, puesto que su objetivo, por encima de todo, es sembrar la división.

Por este motivo, al debatir sobre los delitos terroristas y sobre el concepto de inducción —concepto que nos parece general y subjetivo—, preferimos el concepto de incitación pública, mucho más concreto y coherente desde el punto de vista jurídico. Entiendo que éste es un principio menos confuso y menos subjetivo; y no se trata, señor Barrot, de un problema terminológico, sino de una cuestión sustantiva: la inducción se presta a abusos y excesos, se presta a una atención excesiva y a la emotividad social, lo que podría provocar a menudo reacciones excesivas y confusas. Y todo esto nos conduce al segundo riesgo que debemos evitar: interpretar la lucha contra el terrorismo como una causa de justificación que nos permita revisar, limitar y redimensionar los derechos fundamentales.

De estos dos informes esperamos una señal clara e inequívoca sobre este punto: éste es el reto al que hemos sido llamados como legisladores, combinar la lucha contra el terrorismo y contra sus actos preparatorios con el respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales, especialmente la libertad de expresión y la libertad de asociación, sin las cuales nuestras culturas retrocederían a la barbarie. Y debemos decir la verdad, señor Barrot: el riesgo estriba en transformar la lucha contra el terrorismo en un conflicto entre culturas o entre religiones, en fabricar un lenguaje racista; este riesgo es real, como quedó demostrado en la reunión que tuvo lugar en Colonia hace unos días y que contó con la irresponsable participación de un diputado de este Parlamento, el señor Borghezio. Hay que decirlo alto y claro, aquí, este Parlamento debe decir que la intolerancia fascista nada tiene que ver con la lucha contra el terrorismo.

El valioso trabajo recogido en los dos informes que hoy debatimos también va en esta dirección: luchar contra el terrorismo y contra su violencia desesperada, y garantizar, al mismo tiempo, un punto de equilibrio adecuado entre la necesidad de proteger a nuestros ciudadanos y sus libertades y derechos fundamentales. A este respecto, señor Presidente, señor Jouyet y señor Barrot, instamos a que el Consejo y la Comisión permanezcan vigilantes y prometemos que este Parlamento hará todo lo que esté en su mano para cooperar con ustedes.

  Alexander Alvaro, en nombre del Grupo ALDE. – (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Vicepresidente de la Comisión, con sus informes, la señora Lefrançois y la señora Roure han realizado una labor ingente, y me he sentido entusiasmado por tener la ocasión de trabajar con ellas. Hemos avanzado mucho, y también hemos logrado establecer una gran diferencia. Lamento que el informe elaborado por la señora Roure permanezca estancado en el Consejo pese a que ya lo hayamos revisado. A este respecto, estimo que a los temas que ha planteado el señor Jouyet les falta algo, a saber, que nos centremos en ellos y los declaremos una prioridad. Esto es algo que hemos escuchado en repetidas ocasiones; más recientemente de boca de la Presidencia alemana del Consejo. Por desgracia, las palabras no se han traducido en hechos A largo plazo, el Parlamento no puede quedar satisfecho únicamente con la oratoria.

En cuanto al informe de la señora Lefrançois, hay en él algo realmente destacable a lo que ninguno de ustedes se ha referido todavía. Con él nos encontramos ante uno de esos raros casos en los que tratamos de armonizar la legislación penal sustantiva, algo que queda claramente fuera del ámbito del medio ambiente. Esto va más allá de lo que la Unión Europea venía haciendo hasta la fecha. En materia de derecho civil, lo hemos podido ver en los asuntos transfronterizos. No obstante, la armonización de la legislación penal sustantiva va mucho más lejos de lo que aquí se ha sugerido. De ahí que la Comisión comprenda los motivos por los que estamos manteniendo un debate tan intenso sobre los términos de inducción o incitación públicas. «Incitación» es un término judicial habitual en todos los Estados miembros. Los Estados miembros del Consejo de Europa se comprometieron a utilizar el término «inducción». Esto incluye también a países como Rusia.

No creo que tengamos que discutir sobre si todos disponemos de una base jurídica común en relación a este punto. En mis debates con la señora Lefrançois he tratado de aclarar que, estrictamente desde el punto de vista de mi país, el término «incitación» me plantea un problema, como también se ha mencionado aquí, pues el hecho de que una incitación pueda castigarse sin que medie un delito premeditado es algo totalmente ajeno a nuestro sistema. En la medida en que la cláusula tiene en cuenta tanto la incitación como la inducción, estos dos términos pueden ser, en el peor de los casos, hasta un embuste, dado que ninguno de ellos muestra premeditación por parte del autor y ésta depende únicamente de la percepción de terceros acerca de si lo que alguien ha dicho podría ser considerado una inducción grave a cometer un delito terrorista o no. En estos momentos me pregunto dónde puede trazarse la línea entre el terrorista y el ciudadano que se muestra furioso sentado a la mesa junto a otros parroquianos y que es denunciado por su vecino.

A este respecto, deberíamos hacer referencia también a los sistemas jurídicos actualmente vigentes. Soy consciente de que, en algunos aspectos, existen diferencias en España, pero tales diferencias se deben a la necesidad de combatir el terrorismo endógeno. Créanme, estoy muy agradecido por ser suficientemente joven para no haber vivido la época de la RAF en Alemania, pero también entonces se debatían leyes para luchar contra esta banda terrorista. Es evidente que los países deben actuar de forma excepcional en casos especiales, pero a lo largo de los últimos siete años hemos podido ver también que ahora es necesario dar marcha atrás en muchas de las decisiones adoptadas al inicio de un período de actividad frenética. En este sentido, me complace comprobar que en el informe nos hemos centrado en las personas y en los derechos fundamentales, superando las líneas marcadas por cada partido.

En cuanto al informe elaborado por la señora Roure, el concurso del Consejo se hace mucho más necesario. No debemos engañarnos con respecto al Tratado de Lisboa; todos deseamos dejarlo en suspenso hasta las elecciones europeas de 2009, pero también sabemos que, al que algo quiere, algo le cuesta. Hemos de procurar la integración de este informe en nuestros debates, especialmente con respecto a las conversaciones que la Comisión mantiene actualmente con los Estados Unidos acerca de un acuerdo entre la UE y ese país sobre la protección de datos. Además, ninguno de los dos puede existir de manera independiente del otro; por consiguiente, me gustaría que aprovecháramos no sólo la voluntad política, sino también, en última instancia, que adoptásemos una decisión política a fin de posibilitar que la Decisión marco sobre protección de datos entre definitivamente en vigor.

La Comisión y el Consejo están trabajando duramente y desarrollan una actividad colosal con el fin de actuar en la esfera de la protección económica de los datos personales. Cuando estamos viendo lo que sucede en el Reino Unido, en Alemania y en otros Estados miembros donde se producen casos de pérdida o robo de datos personales administrados por las autoridades públicas, hemos de ser conscientes de la urgencia de adoptar medidas aquí. Estamos hablando más que nunca de los derechos de los ciudadanos, dado que éstos no pueden impedir que sus gobiernos actúen de esa manera. Cuando se trata de empresas, el ciudadano puede elegir otra en caso de albergar dudas.

  Brian Crowley, en nombre del Grupo UEN. – (EN) Señor Presidente, quiero dar las gracias al Presidente en ejercicio y al Vicepresidente de la Comisión, así como a las ponentes, por la importancia de los informes que han elaborado.

Cuando debatimos acerca de cuestiones que tienen que ver con el terrorismo y con la protección de datos —en ocasiones, cuando se examina la sustancia del debate Parlamentario—, parece existir un conflicto entre quienes quieren lograr una mayor protección de los derechos y las libertades individuales y aquellos que buscan una mayor protección para la población frente al riesgo y la amenaza de violencia o incluso frente a la inducción a la violencia, como algunos de mis colegas han señalado. En ese sentido, al avanzar en esas propuestas, deberíamos estar seguros de que la legislación que vamos a proponer, y que estamos enmendando en este Parlamento, tenga una base jurídica sólida, de forma que cuando entre en vigor no pueda ser cuestionada ni ser objeto de reproche. Una de las dificultades a las que nos enfrentamos es que, debido a la Decisión marco, debido a la base jurídica —o a la falta de ella— de determinados aspectos de la citada Decisión marco, podríamos ser acusados de hipócritas, de estar aparentando actuar sin tomar medidas reales ni decididas.

Si examinamos la historia de la cooperación en cuestiones judiciales y policiales, a la que hemos instado en este Parlamento, apreciaremos que el 90 % de dicha cooperación se ha producido gracias a la confianza mutua entre las diferentes autoridades a escala nacional. Ése ha sido el único medio eficaz del que hemos dispuesto para encontrar un mecanismo para avanzar, ya que, pese a que se suscriban acuerdos o se promulguen decisiones, a menos que las autoridades de cada Estado miembro quieran colaborar e intercambiar información, no podrá existir una cooperación útil ni producirse avance alguno.

Hemos de ser extremadamente cautos con respecto a la cuestión de la protección y de la recopilación de datos personales, pues, como muchos de nosotros sabemos, existen en nuestros propios Estados miembros innumerables agencias, tanto a escala nacional como local, que conservan datos de los ciudadanos. El mayor temor que existe actualmente en el Reino Unido es el relativo a la suplantación de identidad; genera una honda preocupación la pérdida de ordenadores que contienen información de organismos públicos —del ámbito del bienestar social, la defensa u organismos policiales—, datos personales e información que un ciudadano jamás facilitaría. Sin embargo, parece no existir protección alguna para esos datos.

Por este motivo, es preciso extremar la cautela en este nivel —el nivel europeo— a fin de crear una Decisión marco comunitaria que posibilite la cooperación entre los Estados miembros, pero que no les imponga esos controles. La razón por la que digo esto es porque las personas disponen de un número de medidas de protección para reclamar ante las autoridades nacionales cuando éstas hacen mal uso de sus datos, se extralimitan en su uso o los pierden, superior a las medidas que pondrá a su disposición esta Decisión marco y, si obligamos a que la Decisión marco sobre la protección de datos se aplique también a los datos nacionales, estaremos menoscabando desde muchos puntos de vista los derechos ya existentes. Dado que nos dirigimos al diseño de un nuevo plan a escala comunitaria, existe cierto margen para dar una respuesta algo más fluida a las dificultades a las que nos enfrentamos en el ámbito de la protección de datos. No obstante, para estar seguros de que esta legislación va a ser efectiva, no sólo debe ser clara y definitiva en cuanto a la función que quiere desempeñar, sino que también debe gozar de la confianza de las personas, que deben saber que esta legislación está hecha para protegerlas y no para abusar de ellas.

  Kathalijne Maria Buitenweg, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (NL) Señor Presidente, estoy convencida de que el Consejo tiene un deseo genuino de mejorar la seguridad de los ciudadanos y también de que concede un gran valor a los derechos civiles. Es posible que acojan ustedes estos informes con sincero entusiasmo, pero, si los han leído con atención, habrán observado que la conclusión a la que hemos llegado es totalmente diferente de la que ustedes han extraído. De hecho, pensamos que las propuestas que se han aprobado son sencillamente inadecuadas y que amenazan con infringir los derechos civiles.

¿Cómo es posible que hayamos realizado unas valoraciones tan diferentes? Ante todo, los parlamentos han prestado tradicionalmente a los derechos civiles una mayor atención que los gobiernos, lo que representa un problema a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, el Parlamento desea analizar concretamente el impacto que tienen estas decisiones sobre la sociedad a largo plazo. Si se examina la relación entre gobierno y ciudadanos desde una perspectiva histórica, puede observarse que el gobierno tiene el monopolio del uso de la fuerza, y que los ciudadanos gozan de derechos fundamentales que el gobierno no puede violar, a menos que tal violación sea necesaria, eficaz y proporcionada. Sin embargo, con excesiva frecuencia los ciudadanos asisten a actuaciones gubernamentales que no son necesarias ni están justificadas, de modo que su confianza en su gobierno y, por tanto, su cooperación con éste, se reducen, lo que, sin duda alguna, generará grandes problemas de seguridad a largo plazo. La confianza se gana con mucho esfuerzo, pero se pierde con facilidad.

En mi opinión, la propuesta sobre la protección de datos no logra ofrecer la protección a la que aspira, y el Consejo debe andar con cuidado en lo que respecta a la extensión de la Decisión marco.

Comenzando por el informe de la señora Roure, me gustaría trasladar a la ponente mi más sincero agradecimiento por todos los años que ha pasado liderando este informe en el Parlamento. A este respecto, quiero plantear al Consejo una serie de preguntas. La propuesta hace referencia a la cooperación policial y judicial en Europa, es decir, abarca los servicios vinculados a la seguridad. Sin embargo —y es posible que el Presidente quiera corregirme en este punto—, entiendo que ahora se especifica que el Consejo no se considera vinculado por estas propuestas si lo que está en juego son los intereses fundamentales de la seguridad nacional. ¿De qué intereses estamos hablando aquí? ¿Pueden poner un ejemplo de un asunto que les pudiera llevar simplemente a decidir tirar esta Decisión marco a la papelera?

Otro punto que ya ha sido mencionado por la propia señora Roure es el de los datos confidenciales. Hay algunos datos con los que comprendo que el Consejo desee hacerse, pero ¿podría explicarme algún motivo por el que quisiera saber si una persona es o no miembro de una organización sindical? Deseo que me pongan un ejemplo que pueda explicar en qué casos resultaría útil conocer si una persona está afiliada a la Federación de Sindicatos (FNV) de los Países Bajos. ¿Acaso se supone que eso puede ser un indicador de una conducta recalcitrante? ¿En qué circunstancias podría esto ser relevante, por el amor de Dios? ¿Y la vida sexual de la gente? Si de lo que estamos hablando es de la pedofilia activa, de acuerdo: se trata de un delito y, por supuesto, se puede registrar. Pero, ¿para qué tipo de cosas quieren realmente obtener más información?

En cuanto a la transferencia de datos a terceros países, todavía recuerdo un momento hilarante que se produjo durante la Presidencia alemana, cuando un representante del Consejo afirmó que, en ocasiones, era necesario transferir datos a Irán con gran celeridad. Toda la Cámara quedó estupefacta; ¡no era posible que quisiera decir... transferir datos a Irán! En consecuencia, la pregunta que quiero plantear es si aquel miembro del Consejo va a garantizar que bajo ninguna circunstancia se transferirán datos confidenciales a Irán. ¿Puede decirme, por casualidad, en qué artículo basa usted tal garantía?

Pese a que considero insuficiente el nivel de protección, aplaudo el objetivo establecido: mejorar la cooperación entre los servicios policiales y judiciales a escala europea (cooperación que, como es bien sabido, ha resultado defectuosa incluso en el ámbito nacional). A la hora de intentar mejorar esta colaboración, la palabra clave es «confianza»; de nuevo se trata, por tanto, de una cuestión de confianza. Mi acusación es que el Consejo no está trabajando con la suficiente diligencia para aumentar esta confianza y, con ella, la cooperación. La confianza, después de todo, debe estar basada en algo, como en una importante protección de los datos o de los derechos de los sospechosos que sea adecuada a nuestro Estado de Derecho; pero parece que el Consejo no logra este objetivo. Desde el inicio de mi mandato han estado trabajando en los derechos procesales de los sospechosos y todavía no conozco que se haya producido avance alguno. Además, allí donde realmente pueden contribuir a mejorar la cooperación, no lo hacen. En lugar de ello, se dedican a presentar la burda Decisión marco sobre la lucha contra el terrorismo.

La señora Lefrançois ha elaborado un acertado informe sobre esta cuestión, por lo que también deseo expresarle mi más sincero agradecimiento. Mi pregunta sigue siendo la misma: ¿qué problemas está tratando de resolver realmente el Consejo? La incitación a la violencia está prohibida en todos los Estados miembros, como debe ser; pero, ahora, se quiere tipificar también la inducción. ¿En qué consiste la «inducción»? ¿Alguien que escribe que los Estados Unidos son un país insolente, un eje del mal contra el que es preciso luchar? Si esa persona escribe también: «aquellos que no están con nosotros, están contra nosotros», ¿constituiría eso una inducción a la violencia? Si un hombre occidental rueda deliberadamente una película contra el Islam con la intención de ofender a la gente, ¿está induciendo a cometer un atentado? Y yo misma, ¿estoy comportándome como una inductora en este momento?

Una legislación confusa es una mala legislación. Tienen ustedes mi apoyo para tipificar la incitación a la violencia también a escala europea, pero no de esta manera. Además, si se comparan las versiones en todos los idiomas, tampoco queda claro siquiera si lo que se está debatiendo es la «inducción» o la «incitación». Una mujer puede vestir de manera provocativa, pero ello no implica que esté induciendo a la violación. En este sentido, el artículo 1, apartado 1, resulta alarmante, pues establece que una persona puede ser declarada culpable de delitos terroristas aunque no haya defendido directamente la comisión de tales delitos. Por lo que respecta a mi Grupo, eso supone ir demasiado lejos.

PRESIDE: MARIO MAURO
Vicepresidente

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Vicepresidente de la Comisión, debido al escaso tiempo de que dispongo, me gustaría tratar únicamente el informe de la señora Roure. Cuando hablamos del tratamiento de datos personales en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal, me gustaría señalar claramente que en mi opinión necesitamos regulaciones europeas uniformes.

En los últimos años, han existido varios proyectos relacionados con el tratamiento de estos datos, en particular el Sistema de Información de Schengen de Información de segunda generación y el Sistema de Información de Visados (SIV). Esta información también es pertinente en relación con la propuesta de intercambio de archivos de datos sobre delincuentes entre los Estados miembros e incluso con la creación de un sistema PNR. Un nivel de protección de datos elevado redundaría en beneficio de todos los ciudadanos y, a mi juicio, sólo puede ser garantizado por una normativa uniforme en el ámbito de la UE.

El Presidente en ejercicio ha manifestado que la presente Decisión del Consejo era la mejor solución que se podía alcanzar. Debo decirle, señor Presidente en ejercicio, que la nueva propuesta del Consejo me parece decepcionante, ya que no ha tenido en cuenta las demandas clave del Parlamento, y porque creo que el nivel de protección de datos que establece es incluso inferior en algunos aspectos al del Convenio nº 108 del Consejo de Europa. Casualmente, y a pesar de sus diferencias, todos los grupos coinciden en criticar la propuesta, lo que en mi opinión constituye un mensaje inequívoco que debería hacer reflexionar al Consejo.

Deberíamos asegurarnos en particular de que la Decisión marco se aplique también al tratamiento de datos a nivel nacional, pues de lo contrario su propósito esencial quedaría en entredicho.

También quiero subrayar que nuestra ponente, la señora Roure, ha dicho que esa clase de datos particularmente delicados —es decir, los datos que revelan el origen étnico de una persona, sus opiniones políticas o sus convicciones religiosas— no deberían ser procesados. Si permitimos excepciones a este principio, es esencial que con antelación quede aprobado por un órgano judicial adecuado, por ejemplo; esa categoría de datos no debería ser tratada sólo de manera automática.

El Consejo lleva mucho tiempo prometiendo al Parlamento que aprobaría la Decisión marco. Creo que ya va siendo hora de que el Consejo finalmente cumpla su promesa, y a ser posible con una decisión marco que merezca la pena.

Apoyo todas las enmiendas propuestas por el Parlamento en el informe, pues entiendo que necesitamos el máximo nivel posible de protección de datos y que esto aún no está garantizado por la actual Decisión marco del Consejo.

  Gerard Batten, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señor Presidente, estas decisiones del Consejo forman parte del proceso de armonización de nuestros sistemas judiciales y jurídicos nacionales en un sistema común para la Unión Europea. Cualquier ciudadano de la UE ya puede ser extraditado de un país de la Unión a otro mediante una orden de detención europea con garantías mínimas. Incluso cuando el sistema jurídico de un país o un gobierno nacional saben que se está cometiendo una grave injusticia, no pueden evitarlo.

Con las nuevas normas sobre juicios in absentia, ahora podemos ser procesados y sentenciados en otro Estado de la UE incluso sin ser conscientes de que eso ha ocurrido, y seguidamente enfrentarnos a la extradición y al encarcelamiento. Podemos ser multados o pueden confiscar nuestras propiedades, sin que tampoco el sistema jurídico o el gobierno de nuestro país sean capaces de evitarlo ni de protegernos.

En el Tratado de Lisboa se contemplaba la figura de una fiscalía europea con amplios poderes para investigar y procesar a los acusados de delitos contra los intereses de la Unión con la ayuda de Europol, cuyos agentes gozan de inmunidad por lo que hacen o dicen en el cumplimiento de su deber. Y, por supuesto, tenemos la propia fuerza policial paramilitar de la Unión Europea, la Gendarmería Europea, que se está formando en Vicenza y que tendrá la capacidad de cruzar fronteras para reprimir disturbios civiles en los Estados miembros de la Unión.

Todo esto se ha hecho en nombre de la protección frente al terrorismo; pero lo que en realidad está ocurriendo, por supuesto, es la interminable misión de la Unión Europea para aumentar y afianzar su propio poder y su autoridad en cada ámbito de nuestras vidas nacionales. El terrorismo es, en efecto, una amenaza real, la mayor fuente de lo que en el mundo actual es la ideología del islamismo fundamentalista, literalista y extremista. Pero el terrorismo debería combatirse a través de la cooperación de los gobiernos nacionales, y no ser utilizado como excusa para aumentar el poder de la Unión Europea.

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Señor Presidente, a menudo escuchamos desde diversos sectores que la lucha contra el terrorismo está amenazando nuestras libertades, pero ésa es una dicotomía falsa. La libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la privacidad son en efecto características fundamentales de nuestras sociedades occidentales, y, como acaba de afirmar el orador anterior, son estas sociedades abiertas las que actualmente se encuentran bajo la amenaza de un extremismo islámico que incita a los actos terroristas contra estos valores. Las medidas de este informe suponen un paso —pero sólo uno— en la dirección correcta. Los Estados no sólo tienen el deber de proteger a sus ciudadanos contra el terrorismo, sino que también deben ser capaces de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el orden público.

En este punto querría hacer un comentario marginal, toda vez que varios oradores se han referido a Italia al margen del debate de hoy. El Gobierno italiano tiene todo el derecho de combatir la inmigración ilegal y la delincuencia del modo que considere necesario, siempre que ello esté justificado por factores objetivos y legítimos. Por otra parte, la vergonzosa sesión que tuvo lugar la pasada semana en Roma, en la que algunos Miembros de la extrema izquierda de esta Cámara acusaron a los carabinieri italianos de torturar a niños romaníes, fue un insulto al pueblo italiano y no resultó propia de esta Cámara. Espero, por tanto, que el Presidente del Parlamento Europeo pida disculpas al Gobierno italiano en nombre de todos nosotros.

  Jean-Pierre Jouyet, Presidente en ejercicio del Consejo. − (FR) Señor Presidente, Señorías, quiero intervenir en este momento porque desafortunadamente debo abandonarles para participar en un diálogo interinstitucional. Pido disculpas por ello al Parlamento y a las ponentes. Quiero contestar a los portavoces diciéndoles, en primer lugar con respecto al informe de la señora Lefrançois y tras haber seguido las intervenciones particularmente en lo relativo a la diferencia entre «incitación» e «inducción», que el texto del Consejo reproduce el artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa para evitar diferencias en su aplicación. Creemos que deberíamos dejar en manos de los jueces la tipificación de los delitos de un modo razonable y —tal y como acaba de señalar acertadamente el señor de Grandes Pascual— tener muy en cuenta el contexto, especialmente en lo que se refiere al terrorismo en España. Por último, me gustaría señalar que el texto del Consejo tiene ampliamente en cuenta por un lado la cláusula de libertad de expresión del artículo 2 y, por otra parte, la cláusula de proporcionalidad del artículo 14.

En cuanto al informe de la señora Roure, me gustaría decir que también estoy de acuerdo con la señora Buitenweg y con el señor Alvaro: es en efecto un progreso contar con una norma en el tercer pilar que abre la puerta al derecho de reparación. He escuchado sus demandas, particularmente la de la señora Kaufmann, acerca de su alcance. Francia pensaba del mismo modo que la Comisión, pero hemos de ser realistas. Pudimos aprobar unánimemente un texto distinto. Nos gustaría haber llegado más lejos —también lo señaló el Comisario Barrot— pero sólo si se ampliaba el ámbito, lo que sería una noticia muy buena; no creo que hagamos ese avance a corto plazo.

Debemos llegar a un acuerdo, hay que alcanzar un equilibrio. Estoy de acuerdo con la señora Roure en que esto no es del todo satisfactorio, pero sigue siendo un avance y debemos aceptarlo como tal. De cualquier manera, como he dicho, también tenemos la cláusula de evaluación. Quiero invitar a la Comisión y al Vicepresidente —quien sé que lo hará— a dar el mejor uso posible a esta cláusula de evaluación y a las disposiciones de recopilación de datos que nos aconsejan ocuparnos también de los archivos bajo soberanía nacional. Han mencionado la inclusión de determinados datos que aparecen en esta decisión. Personalmente, me gustaría que se revisara también la inclusión de datos religiosos y sexuales o, como mínimo, que su redacción actual fuese mejorada.

En contestación al señor Dillen, con relación a la comunidad romaní: como sabe, la Cumbre de 16 de septiembre consagrada a los romaníes manifestó el compromiso de la Presidencia francesa y de la Comisión con la cuestión romaní. El Vicepresidente asistió a la citada cumbre, e hicimos balance de medidas anteriores a las que los Estados miembros se pueden adherir en el futuro para fomentar la integración de los romaníes en nuestras sociedades; una cuestión que también ocupa mucho espacio en la agenda social del comisario Špidla.

Esto es lo que quería decir en respuesta a las intervenciones realizadas como parte de este apasionante debate.

  Manfred Weber (PPE-DE). - (DE) Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, antes de nada unas palabras de elogio para la Presidencia francesa del Consejo por el hecho de estar tratando estos temas en conjunto, como pone de manifiesto el equilibrio del desafío: por una parte, superar un reto importante —el terrorismo— y, por otra, proteger los datos. Es una pena que el Presidente en ejercicio no asista a la totalidad de la sesión. Habría sido muy útil para este debate.

En primer lugar, con respecto a la protección de datos, ya hemos escuchado a muchas Presidencias hablarnos de avances importantes y significativos. En nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, me gustaría señalar que nuestra ponente, la señora Roure, cuenta con el total apoyo por parte del Parlamento en este asunto, ya que necesitamos hacer progresos.

Para nosotros hay tres elementos de particular importancia. Quiero hacer hincapié en que debemos continuar subrayando que apoyamos el intercambio de datos. Gracias al Sistema de Información de Schengen, sabemos que es posible rastrear a muchos delincuentes mediante el intercambio de datos, y que ese intercambio garantiza el éxito y también la seguridad. No obstante, hay otros aspectos importantes: el derecho de acceso de los ciudadanos me parece especialmente relevante —es necesario reforzar los derechos de los ciudadanos— y el alcance, que ya ha sido discutido en repetidas ocasiones. El Vicepresidente Barrot ha señalado que considera importante utilizar estas decisiones como respaldo, particularmente durante las negociaciones con los Estados Unidos. Quiero añadir, sin embargo, que si por desgracia los Estados Unidos objetan que este marco jurídico sólo es aplicable a cuestiones europeas, y no en un ámbito intraeuropeo en relación con las circunstancias propias de los Estados miembros, contaría con un argumento en nuestra contra, toda vez que ni tan siquiera nos arriesgamos a poner en práctica por completo este marco jurídico en la Unión Europea.

En cuanto a la lucha contra el terrorismo, opino que es lamentable que, aunque el Consejo lanza regularmente nuevas propuestas al respecto, no se llegue a ninguna parte en la aplicación práctica de muchas medidas. Todos recordamos que llevó más de un año elegir al nuevo coordinador antiterrorista de la UE, el señor de Kerchove y que actuamos con diligencia en la retención de datos; pero desafortunadamente hemos sido testigos de retrasos en su puesta en marcha y dentro de Europol aún no disponemos de un grupo especial dedicado a estas tareas. Debemos trabajar y luchar con mayor compromiso en esta dirección, y deberíamos hacer avances prácticos en lugar de limitarnos a discutir sobre la formulación del texto.

Con respecto al terrorismo islámico en particular, estamos experimentando enormes problemas con los conversos, personas que crecen en nuestra sociedad, se hacen adultas y entonces se convierten a la fe islámica. Debemos preguntarnos qué funciona mal en nuestras sociedades y cuál es el problema en el entorno islámico para que esas personas se conviertan en radicales. Debemos considerar todo esto.

En Europa podemos vivir seguros también porque disponemos de una fuerza policial comprometida, con la que hay que mostrarse agradecidos.

  Bárbara Dührkop Dührkop (PSE). - (ES) Primero quiero felicitar a los ponentes por sus informes tan excelentes, pero me voy a referir mayoritariamente al informe Lefrançois.

Paso a paso, y siempre desde la legalidad, continuamos cercando al terrorismo. La Decisión marco de 2002 nos permitió establecer una definición y un marco jurídico común de lo que son los delitos terroristas.

La modificación que hoy presentamos consiste en incluir tres nuevos delitos de los que protegerse ante las amenazas terroristas de viejo y nuevo cuño y ante su recurso creciente a las tecnologías de información, ciberterrorismo incluido. Hay una larga cadena de actos terroristas que van desde el adoctrinamiento y fanatización de un niño hasta el asesinato.

Esta propuesta de modificación se ciñe a la incitación pública a cometer delitos de terrorismo, el reclutamiento y el adiestramiento de terroristas, que hoy día abarca métodos tradicionales y modernos para sembrar el terror.

Sin embargo, no distinguimos los métodos. Pero debemos ser extremadamente cautos al señalar la frontera entre lo inaceptable y, por lo tanto, debe ser castigado, y la libertad de expresión como derecho fundamental.

En el caso de la incitación pública, esta frontera es más bien frágil. Por eso, la intencionalidad y el riesgo manifiesto son requisitos indispensables para hablar de delito. Todo lo demás es libertad de expresión protegida por la propia Decisión marco, el artículo 6 del Tratado de la Unión, la Carta de Derechos Fundamentales y el Convenio del Consejo de Europa.

En el caso del Convenio echamos en falta que muchos Estados miembros todavía no lo hayan ratificado, con lo cual hacemos un flaco favor a la lucha antiterrorista y a la protección de las libertades.

Ni la Decisión marco en su origen ni su actual modificación reemplazan el Convenio; su ratificación más bien reforzaría la legislación europea, dándole un valor añadido y un régimen jurídico más completo.

Al igual que se ha hecho con el Tratado de Prüm y tantos otros textos, la legislación europea no distingue terroristas de uno u otro signo; es tan válida para consumo interno de la Unión Europea como para el terrorismo internacional.

Europol registró el año pasado un total de 583 actos terroristas, un 24 % más que el año anterior, de los que 517 provienen de grupos separatistas que operan en España y en Francia. Y hubo 201 detenciones de sospechosos de actos terroristas de carácter islamista.

Felicito, desde aquí, a las fuerzas policiales por su encomiable labor y su empeño en desmantelar y detener a unos y a otros.

Señor Presidente, por desgracia, mi país vuelve a ser noticia estos días. Tenemos una larga y triste tradición de terrorismo. Los terroristas, lo sabemos, no tienen cabida en la democracia, pero tampoco la tienen los que jalean, cobijan y ayudan a los terroristas. Y por ello, opino, tenemos otra figura penal pendiente que completaría nuestra legislación: la figura que criminaliza las manifestaciones que desacrediten o humillen a las víctimas del terrorismo o a sus familiares. Sería bueno tenerlo en cuenta para las próximas modificaciones.

Y termino, señor Presidente, lamentando que no podamos aplicar el Protocolo 10 previsto en el Tratado de Lisboa, que habría acelerado la comunitarización de materias tan sensibles y urgentes para los ciudadanos.

  Sophia in 't Veld (ALDE). - (EN) Señor Presidente, para empezar, y por una cuestión de orden, me gustaría pedir a la Presidencia de esta Cámara que se dirija por escrito a la Presidencia francesa y que le indique que consideramos inaceptable que la Presidencia francesa no esté presente durante todo el desarrollo de un debate tan importante.

(NL) Señor Presidente, el terrorismo no fue inventado el 11 de septiembre de 2001; siempre ha estado ahí. Además, como ha subrayado la oradora anterior, el Informe de Europol sobre el terrorismo en Europa afirma en efecto que la inmensa mayoría de los ataques no son cometidos por extremistas islámicos, sino por separatistas, por grupos de extrema derecha y de extrema izquierda.

Lo que resulta nuevo en comparación con 2001, sin embargo, es que los gobiernos mundiales han aprovechado la lucha contra el terrorismo para restringir los derechos y las libertades civiles. Estoy totalmente a favor de la cooperación en la lucha contra la delincuencia y coincido con las palabras del señor Weber, pero con frecuencia medidas como la recopilación de datos personales han sido empleadas con propósitos que nada tienen que ver con el terrorismo. Por ejemplo, los datos del registro de nombres de pasajeros (PNR) son utilizados en el control de la inmigración o en la lucha «ordinaria» contra la delincuencia. Esto es legítimo, pero en tal caso llamemos a las cosas por su nombre.

Las declaraciones solemnes del Consejo sobre derechos civiles y privacidad suenan un tanto huecas, cuando el Consejo ni tan siquiera está presente y, en particular, cuando no está preparado para poner en funcionamiento las recomendaciones del Parlamento Europeo, como determina en particular el informe Roure. Por tanto, tal vez el Consejo debería dejar de derramar lágrimas de cocodrilo por el «no» irlandés.

Finalmente, tengo dos preguntas concretas. Quiero solicitar a la Comisión —ya que el Consejo no está presenta— alguna información sobre el Grupo de Contacto de Alto Nivel. Tras dos años de negociaciones a puerta cerrada y sin mandato, el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Michael Chertoff, urge ahora al Comisario Barrot a firmar un acuerdo en diciembre. Querría saber si el Comisario Barrot se negará en nuestro nombre.

Mi segunda pregunta es la siguiente: se están llevando a cabo negociaciones en nombre de la UE sobre un sistema que permita que los servicios aduaneros —en Europa, y sin explicaciones ni restricciones— busquen y confisquen ordenadores portátiles en las fronteras. Me gustaría saber cuál es la situación de este asunto.

  Presidente. − Creo que es importante informarle de que la Presidencia francesa se excusó apropiadamente antes del comienzo del debate y de que nos hizo saber que a la señora Dati no le resultaba posible participar en el debate debido a que se encontraba ocupada por motivos inevitables, y que al señor Jouyet, quien la sustituía, no le era posible quedarse.

Sin embargo, su objeción es importante y la trasladaremos, pero debo resaltar que la Presidencia francesa se excusó con antelación.

  Bogusław Rogalski (UEN). – (PL) Señor Presidente, el terrorismo es una de las mayores amenazas de los tiempos modernos. Los ataques del 11 de septiembre nos hicieron conscientes de ello de manera inequívoca. El terrorismo tiene efectos tanto psicológicos como sociales e informativos. De ahí el problema surgido de la interminable lista de preguntas sobre cómo impedir las amenazas de este tipo, que han adquirido una dimensión global. Siembra del miedo y del terror, y ataques contra la sociedad civil: ése es el rostro del terrorismo.

La UE debe proporcionar a sus ciudadanos un mayor nivel de seguridad. Hay que prestar particular atención al uso por parte de los terroristas de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, especialmente de Internet, que permite difundir comunicados propagandísticos y manuales de adiestramiento. Eso es a lo que realmente debemos hacer frente. Combatir el terrorismo debe convertirse en una prioridad de la UE, particularmente batallar contra su variante más amenazadora, el terrorismo islámico, cuyo objetivo es la destrucción total de la civilización occidental. ¿Qué podemos hacer? La elección es sencilla: o aniquilamos al terrorismo o éste traerá el apocalipsis al mundo.

  Angelika Beer (Verts/ALE). - (DE) Señor Presidente, Señorías, podemos celebrar este debate sobre principios básicos —debemos hacerlo—, pero no sin discutir un instrumento específico. Me refiero a lo que se conoce como la lista de organizaciones terroristas. Desde el fallo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 3 de septiembre, tenemos perfectamente clara la apreciación jurídica. El sistema de listas de organizaciones terroristas tanto de la UE como de las Naciones Unidas viola los derechos fundamentales de los ciudadanos y, por tanto, debe ser reformado.

¿Qué ha sucedido? La lista de organizaciones terroristas de la UE funciona en una zona totalmente gris, sin ningún control parlamentario. Resulta extraño que nosotros como Parlamento nos enteremos de que una reunión del Consejo de Agricultura y Pesca el pasado 15 de julio —en la que participaron políticos especializados en agricultura, bosques y desarrollo rural— aprobó una nueva lista de organizaciones terroristas de la UE sin mediar debate y sin saber cuál era su composición. Sabemos que se producen complicaciones en política exterior, ya que el Derecho internacional está siendo pisoteado en una zona completamente gris. Queremos cambiar esto y para ello solicito su apoyo. Muchas gracias.

  Giusto Catania (GUE/NGL). – (IT) Señor Presidente, Señorías, a mí también me apena que el Ministro francés nos haya abandonado, porque podría haberse enterado, por ejemplo, de que la información que nos ha proporcionado es incorrecta. De hecho, la señora Dührkop acierta al afirmar que la gran mayoría de los ataques terroristas llevados a cabo en la Unión Europea tiene un origen independentista y no relacionado con Al-Qaeda, contrariamente a lo manifestado por el señor Jouyet.

En ese caso, podríamos haber despejado esa provocativa ecuación que a menudo se nos plantea, entre islamismo y terrorismo. Ésa es una tendencia frecuente y, por desgracia, también tiene seguidores en este Parlamento. Pienso en la conducta del señor Borghezio en la reciente manifestación de Colonia, por la que, de ser válida esta Decisión marco, sin duda habría sido acusado de inducción al terrorismo. Yo calificaría las actividades del señor Borghezio de inducción y, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, me gustaría trasladar al Presidente del Parlamento una petición formal para que amoneste oficialmente al señor Borghezio.

Considero que la estrategia adoptada en los últimos años en la lucha contra el terrorismo ha sido equivocada y ha estado subordinada a los intereses de los Estados Unidos en la guerra de Iraq y de Afganistán, en la creación de la lista de organizaciones terroristas y en las restricciones del Estado de Derecho. Ha habido demasiados ejemplos de utilización inadecuada de datos personales; creo que debemos trabajar todos juntos —y concluyo— para garantizar que las libertades individuales no se recorten, para ampliar las áreas democráticas y para asegurar que, en nombre de la seguridad y de la lucha contra el terrorismo, no ayudemos a las organizaciones terroristas a alcanzar sus objetivos.

  Nils Lundgren (IND/DEM). – (SV) Señor Presidente, la señora Lefrançois propone importantes cambios dirigidos a salvaguardar la confidencialidad, la libertad de expresión y la seguridad jurídica. Lo que debería ser considerado un delito es la incitación, no la inducción, a cometer delitos de terrorismo. La protección de la privacidad también debe incluir el correo electrónico y otros medios de comunicación electrónica, y se debe poner el énfasis en los principios básicos de toda nuestra legislación: la proporcionalidad, la necesidad y la no discriminación.

Excelente. Si no fuese por un gran «pero». ¿Qué ha sido de la subsidiariedad? ¿Con qué tipo de terrorismo vamos a enfrentarnos en el ámbito de la UE? El pasado fin de semana se cometió un horrendo crimen terrorista en España, y nos solidarizamos con los ciudadanos españoles, pero ese delito no es asunto de la UE. Tampoco lo era el terrorismo que persistió durante décadas en Irlanda del Norte. Es evidente que el miedo al terrorismo está siendo explotado de manera deliberada para hacer avanzar las posiciones de la UE en el campo de la justicia y de los asuntos policiales a expensas de los Estados miembros. La subsidiariedad es un tema adecuado para los discursos políticos, pero no figura en la legislación.

  Jana Bobošíková (NI). – (CS) Señorías, este fin de semana el Embajador de la República Checa en Pakistán fue víctima de un ataque con bomba en ese país. Ayer, tres militares checos fueron heridos en un ataque con cohetes en Afganistán. En estos días, el terrorismo también tiene consecuencias directas sobre los ciudadanos de mi país. No hay duda de que éste es uno de los fenómenos más malignos y peligrosos de la civilización, y de que no podemos capitular ante esta lacra cobarde y malvada, sino que debemos combatirla. Sin embargo, la guerra contra el terrorismo no debe convertirse en un maleficio que lo abarque todo. A pesar de las sangrientas consecuencias del terrorismo, la desconfianza y la preocupación cotidianas por la seguridad no pueden situarse por encima de la libertad. En consecuencia, rechazo la propuesta de la Comisión Europea de que la incitación a cometer un delito terrorista sea considerada un delito. La propuesta pretende castigar las manifestaciones verbales y escritas, por lo que supone una evidente amenaza para la libertad de expresión y para otros derechos humanos fundamentales. Para mí, como representante política democrática, esto es inaceptable.

  Carlos Coelho (PPE-DE). – (PT) Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, Señorías, comenzaré por el informe de la señora Roure, a quien una vez más apoyo en sus esfuerzos por lograr un acuerdo político sobre la propuesta de una Decisión marco para la protección de datos personales en el marco del tercer pilar que no se base en el mínimo común denominador, un nivel exiguo de protección con importantes deficiencias. Quiero reiterar mi postura, que he dejado clara aquí en ocasiones anteriores. Es esencial y urgente aprobar un instrumento jurídico que garantice la protección de datos en el marco del tercer pilar y que garantice un nivel de protección de datos personales que sea al menos equivalente al nivel garantizado por el primer pilar de la Directiva 95/46/CE.

He disfrutado enormemente escuchando las palabras del Vicepresidente Barrot. Ha sintonizado con las preocupaciones del Parlamento, pero lamento que el asiento vacío del Consejo sea un vivo ejemplo de la sordera política que ha afectado a todas las Presidencias. No soy en absoluto optimista acerca de la reacción del Consejo.

Sobre el informe Lefrançois: en 2002 aprobamos una Decisión marco en la que se armonizaban la definición de «terrorismo» y las sanciones aplicables. Varios oradores se han referido ya a Internet, a las nuevas tecnologías de la información y a las ventajas que aportan, pero también al uso que los criminales pueden hacer de la Red. Como ya se ha dicho, existen alrededor de 5 000 páginas web de propaganda terrorista, que son herramientas al servicio de la radicalización y el reclutamiento, y que también sirven como fuente de información sobre los medios y los métodos terroristas. Es por ello que debemos modificar la Directiva de 2002 y crear los instrumentos necesarios para enfrentarnos a esta clase de ciberterrorismo. Apoyo las propuestas de la señora Lefrançois, que combinan la urgencia de esta lucha con el indispensable respeto a la libertad de expresión y de asociación.

Por último, señor Presidente, es muy importante que los Estados miembros ratifiquen el Convenio del Consejo de Europa de 2005 para la prevención del terrorismo, de modo que se garantice la aplicación paralela de ambos instrumentos, junto con un régimen jurídico más riguroso y exhaustivo.

  Stavros Lambrinidis (PSE). – (EL) Señor Presidente, durante los últimos años los debates sobre terrorismo en la Comisión Europea y en el Consejo han nacido casi invariablemente de la manifiesta aceptación de la protección de nuestros derechos fundamentales. Las casi inevitables consecuencias son perversas propuestas legislativas que violan esos mismos derechos.

Un ejemplo típico es la propuesta que consideramos hoy, para combatir el terrorismo en Internet. Está basada en el reconocimiento de que algunos terroristas se sirven de Internet para instigar el terrorismo, y de que debemos detenerlos.

De cualquier manera, la propuesta concluye con la siguiente medida extrema: para combatir el terrorismo en Internet, deberemos encarcelar a cualquier ciudadano que escriba algo que pueda ser interpretado por la policía como material dirigido a alentar el terrorismo, ni tan siquiera a «instigarlo», ténganlo en cuenta. Es más, cualquier persona que apoye directa o indirectamente delitos terroristas es culpable. En otras palabras, cualquiera que ose expresar, oralmente o por escrito, una opinión política que pueda ser interpretada como apoyo al terrorismo se arriesga a ser detenido. La propuesta afirma además que los ciudadanos pueden ser procesados aunque no tengan intención de fomentar el terrorismo con sus escritos, por el único motivo de que sus palabras, a juicio de la policía, tuvieron ese efecto. Es decir, uno de los principios fundamentales del procedimiento penal está siendo completamente subvertido.

Por suerte, el informe Lefrançois ha llegado para restaurar los valores manifiestos de una sociedad democrática en esta incongruente Decisión marco. Protege la libertad de prensa y los contenidos de nuestros correos electrónicos del espionaje preventivo de las autoridades y establece expresamente que cualquier tipo de criminalización «no podrá interpretarse como un intento de reducir u obstaculizar ... La expresión pública de opiniones radicales, polémicas o controvertidas sobre cuestiones políticas sensibles, incluido el terrorismo». Espero que el Consejo acepte estos cambios tan evidentes.

Ningún miembro de esta Cámara subestima la necesidad de combatir el terrorismo, pero cuando esa lucha origina medidas que a la larga amordazan nuestra democracia, entonces el Parlamento Europeo, acertadamente, está obligado a no aprobarlas.

Esto se debe —nuevamente—, una de esas verdades manifiestas que corren el peligro de no ser asumidas en la Europa actual— a que resulta absurdo afirmar que estamos combatiendo el terrorismo para «proteger nuestra democracia» mientras proponemos medidas que son contrarias a los principios fundamentales de ésta. La superioridad moral de la democracia reside en el hecho de que hay muchas formas de reaccionar y de protegerla, si bien entre ellas no se cuentan el control preventivo de los pensamientos y de las palabras de los ciudadanos, y mucho menos el silenciamiento cautelar o la criminalización de las opiniones de quienes están en desacuerdo con lo que resulta evidente para la mayoría.

Les pido que den su apoyo a los informes Lefrançois y Roure. Al Consejo, en su ausencia, le digo: tengan cuidado.

  Sarah Ludford (ALDE). – (EN) Señor Presidente, en el actual proceder del Consejo de Europa en asuntos de justicia e interior hay errores fundamentales, como la carencia de una legislación totalmente transparente y democrática en ausencia del Tratado de Lisboa (yo también lamento que el señor Jouyet haya mostrado su indiferencia por nuestras opiniones al ausentarse, se haya disculpado o no) y, en segundo lugar, la falta de equilibrio y de respeto a los derechos fundamentales. Por desgracia, ambos errores están a la vista en las dos medidas que estamos debatiendo.

La tipificación de la «inducción pública a cometer actos de terrorismo» —un término vago— amenaza con tener un efecto helador de la libertad de expresión cuando el delito de inducción, con el que ya contamos, es perfectamente válido.

La otra medida sólo proporciona una débil protección de los datos personales intercambiados ostensiblemente por motivos de cumplimiento de la ley, pero con grandes lagunas jurídicas. Estoy en condiciones de informar a la Cámara de que, en el Reino Unido, la Directiva sobre la conservación de datos —ese logro histórico de la Presidencia del Reino Unido, tres años atrás— está siendo utilizada para facilitar el acceso a datos de contacto privados por parte de cientos de entidades que no se dedican a hacer cumplir la ley. Los ayuntamientos la utilizan para comprobar si los padres han mentido sobre su residencia en la zona de influencia de una escuela de prestigio, lo que puede ser una pillería, pero no un delito.

Lamentablemente, ésta es la forma en que los ministros de Interior han dejado un resquicio para que los euroescépticos, como el Partido Independentista y de los Conservadores Británicos del Reino Unido, fustiguen los esfuerzos del conjunto de la UE con la delincuencia transfronteriza. Sabemos que una amplia mayoría de la ciudadanía europea, también la del Reino Unido, es favorable a las iniciativas de la UE para detener delincuentes y terroristas, como la orden de detención europea. No obstante, el UKIP y los Conservadores, que afirman dar prioridad a la ley y al orden, despiden afectuosamente a todo delincuente que huye a través del Canal. No deberíamos permitirles seguir adelante con su propaganda, especialmente porque los ministros de Interior están haciendo todo lo que está en su mano para minar el apoyo público a la cooperación policial con un enfoque estrecho de miras, que no presta suficiente atención a las libertades civiles, sea esta protección frente a las invasiones de la privacidad o de los derechos de los acusados.

Los gobiernos de la UE han permitido estúpidamente al señor Batten y a los de su ralea presionar sobre la cuestión del reconocimiento de las sentencias in absentia por su insuficiencia, ejemplificada por el Gobierno del Reino Unido, para fortalecer la defensa de los derechos. ¡Miren por dónde, una alianza impía entre los euroescépticos y un Gobierno laborista sin carácter!

Por último, me gustaría saber dónde han estado los ministros de Justicia durante todo este proceso. Es necesario que pongan orden en el circo de los ministros de Asuntos Interiores y que empiecen a construir un verdadero espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. Necesitamos que el Tratado de Lisboa aporte transparencia y democracia a este proyecto, y rápido, antes de las elecciones europeas.

  Konrad Szymański (UEN). – (PL) Al seguir el debate, a veces tengo la impresión de que hemos olvidado que la Decisión marco va dirigida a los Estados miembros de la UE que cuentan con democracias de cimientos sólidos. Por tanto, no existe un motivo urgente, ni una necesidad apremiante, para coartar el efecto de la Decisión marco introduciendo conceptos como «incitación» o «amenaza terrorista real». Tal vez es ésta la cultura de la sospecha a la que se refería el señor Fava, la sospecha con respecto al Estado. ¿Quién debería evaluar la autenticidad de esa amenaza? ¿Acaso debe correr la sangre en la calles de una o dos ciudades europeas para que estemos seguros al 100 % de que la amenaza vinculada al adiestramiento, a la incitación o la inducción es real?

Éstas y otras cláusulas de protección pueden ser interpretadas de manera malintencionada, por ejemplo en los tribunales, y pueden terminar siendo la expresión de una ideología, una falsa comprensión de los derechos humanos, lo cual en este caso reduciría la efectividad de la lucha contra el terrorismo. Apelo a los Estados miembros para que muestren una mayor confianza, no para debilitar la Decisión marco, y para mantener una convergencia de ésta con el convenio antiterrorista redactado por la familia de naciones del Consejo de Europa.

  Adamos Adamou (GUE/NGL). – (EL) Señor Presidente, la actividad terrorista debe ser condenada por todos los miembros presentes en esta Cámara. Sin embargo, eso no debería llevarnos a complicar la protección de nuestra seguridad. En realidad, las decisiones tomadas por la UE para erradicar estos espantosos crímenes que han generado entre nosotros división y una profunda incertidumbre.

La adopción de medidas progresivamente reaccionarias confirma que teníamos razón al mostrarnos en desacuerdo desde el principio con el espíritu de toda la iniciativa, y que tenemos razón ahora al estar preocupados por la protección sustancial de las libertades de nuestros ciudadanos. Las propuestas de reforma presentadas apuntan hacia una inversión aún mayor en medidas y en políticas que pueden situar a personas inocentes en la picota y llevar a su condena. Basándose únicamente en sospechas, obvian el principio legal básico de la presunción de inocencia.

¿Cómo pueden la inducción o la incitación públicas constituir un delito, cuando no tienen ninguna consecuencia o no generan acción alguna? ¿Hasta dónde se puede exagerar la definición de inducción? ¿Cuándo puede ser considerada pública? ¿Cuándo es realmente peligrosa y por tanto punible?

No basta con la naturaleza declarativa de algunas de las disposiciones sobre protección de la libertad de expresión: lo que determina la aplicación de la propuesta es el ideario que hay tras sus definiciones. Y éstas contravienen el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y pueden conducir a la criminalización de manifestaciones, discursos, etc.

En nuestra opinión, la UE nuevamente hace una elección basándose en la conveniencia política y no trata de proteger las libertades reales de los ciudadanos. Se intenta disipar nuestras preocupaciones con cláusulas declaratorias que son incapaces de garantizar la protección de aquellos a los que algunos desean ver como potenciales terroristas.

  Georgios Georgiou (IND/DEM). – (EL) ¡Cuánta desdicha, cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánto odio implica el terrorismo! Por suerte, se nos ha enseñado a ocultarnos, a protegernos y a odiar, ya que tales son nuestros derechos básicos, y a eso han sido reducidos. Sin embargo, no se nos enseñó una obligación fundamental: no provocar el terrorismo. El terrorismo no es un vicio; puede ser un acto criminal cometido en protesta, o en venganza, e incuestionablemente se trata de un crimen atroz: pero no es un vicio. No conozco terroristas que fuesen pervertidos y que fallecieran con sus víctimas. El terrorismo es provocado. Y mientras sea provocado por quienes lo incitan y hacen uso de él, el terrorismo seguirá matando.

Aquí en el Parlamento debemos proteger a los europeos, pero también debemos proteger a quienes están siendo asesinados en Islamabad, en Sharm el-Sheikh y, más recientemente, en Argelia. Es obligación del Parlamento proteger a quienes no tienen culpa alguna.

(El Presidente interrumpe al orador)

  Ashley Mote (NI). – Señor Presidente, hace dos semanas el Presidente del Consejo Musulmán de Gran Bretaña participó en un encuentro en este edificio, en el transcurso del cual rechazó categóricamente la reciprocidad entre confesiones religiosas y exigió que la población nativa tuviera la obligación de dar la bienvenida a los recién llegados, y que éstos tuvieran derecho a permanecer separados. No hizo referencia alguna a eliminar a los fundamentalistas islámicos en su propia comunidad, pese a que se sabe –y él debe de estar al tanto– que los musulmanes, y sólo ellos, tienen capacidad para encontrar y detener a sus fanáticos.

No fueron jugadores escoceses de rugby quienes provocaron la explosión en el metro de Londres, ni tampoco granjeros galeses, ni tan siquiera ingleses aficionados al crícket. Se trató de un puñado de jovenzuelos musulmanes con el cerebro lavado, que aspiraban a la compañía de 72 vírgenes vestales en el paraíso y que creían tener la misión divina de masacrar a los no creyentes. No luchamos contra el terrorismo. Estamos librando una guerra religiosa, y ya es hora de que aceptemos esa distinción.

  Urszula Gacek (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, muchos colegas han realizado comentarios sensatos sobre cómo alcanzar el equilibrio adecuado entre la prevención de los actos terroristas y la protección de nuestras libertades civiles, especialmente las relativas al almacenamiento de datos y a su recopilación.

Me gustaría plantear la cuestión de qué datos de nuestros ciudadanos están siendo recopilados y de cómo se almacenan y se accede a ellos. Permítanme poner un ejemplo de recopilación de datos que probablemente afecta a la mayor parte de los colegas presentes en este hemiciclo. Frecuentemente viajamos en avión y somos usuarios de comercios en los aeropuertos, donde cualquier compra que realizamos requiere la presentación de una tarjeta de embarque. Tal vez las diferentes tasas impositivas sobre perfumes, alcohol y tabaco justifiquen esto, pero ¿en alguna ocasión se han preguntado por qué les piden su tarjeta de embarque cuando compran un periódico?

¿Quién debe saber si compran ustedes el conservador Daily Telegraph o el izquierdista Libération? Y si no obedece a ningún propósito, ¿por qué se recoge ese dato?

En segundo lugar, debemos aumentar la seguridad del almacenamiento y del acceso a los datos. ¿Cómo vamos a convencer a nuestros ciudadanos de que los sacrificios que les pedimos en relación con sus libertades personales están justificados, si las agencias gubernamentales en los Estados miembros han extraviados enormes bases de datos, como fue el caso en el Reino Unido, o incluso las han publicado en Internet, como sucedió en Italia con los archivos fiscales?

Estos ejemplos dan cuenta de por qué la Comisión y el Consejo deberían escuchar a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que postula —entre otras cosas— que el tratamiento de datos que revelan opiniones políticas debería estar prohibido y que la Decisión marco debería aplicarse también al tratamiento de datos en el ámbito nacional.

Sólo con éstas y con garantías adicionales propuestas por el Parlamento aceptarán los ciudadanos la recopilación de datos. Sin esto, estaremos en un pajar europeo de información con fragmentos de paja flotando en el aire y sin esperanzas de encontrar la proverbial aguja, esa aguja que es la pieza de información clave para prevenir las atrocidades terroristas.

  Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE). - (DE) Señor Presidente, Señorías, nadie duda de que debemos continuar luchando contra el terrorismo con firmeza. Por ello, quiero aplaudir específicamente el hecho de que continuemos desarrollando los instrumentos necesarios y adaptándolos a lo que hemos llegado a comprender. Una cosa debe quedar clara, no obstante: podemos ganar esta batalla sólo sobre la base del Estado de Derecho. Abandonar las leyes y la moral refuerza al terrorismo, no lo debilita. Las acciones del Gobierno Bush nos lo han mostrado muy claramente. Europa debe dar ejemplo.

La seguridad y la libertad del público general están siempre vinculadas, sin embargo, a la libertad de los individuos. Sólo tienen que fijarse en la región vasca, por ejemplo. Allí la gente vive con miedo y terror, ya que pasear por las calles o entrar en el bar equivocado puede tener consecuencias fatales. Es nuestro cometido proteger a nuestros ciudadanos de esas amenazas. Para conseguir esto, en ocasiones es necesario restringir otras libertades personales. Nuestros ciudadanos deben ser capaces de confiar en que estas restricciones son también convenientes y que sus datos no están siendo difundidos por el mundo por los servicios de inteligencia. En pocas palabras: nuestros ciudadanos no pueden abrir los ojos una mañana y descubrir que las predicciones de Orwell ya no son una utopía. Esto es exactamente de lo que se trata: de garantizar la seguridad de las vidas sin dañar la privacidad.

En este punto me gustaría dar las gracias a mis colegas, autoras de dos informes excelentes. Ambos dejan claro que solicitamos por parte del Consejo mayores esfuerzos para proteger los derechos fundamentales, que queremos que se tomen más precauciones y que exista una mayor protección en el manejo de datos personales. Daremos nuestro apoyo total e incondicional al Consejo en todas las medidas con sentido y apropiadas que ayuden a combatir el terrorismo.

El Grupo Socialista en el Parlamento Europeo siempre procurará que todos los ciudadanos se sientan seguros, sea en la calle, cuando asistan a acontecimientos o en sus hogares. La libertad es un bien demasiado precioso para ser dañado por cualquier parte. El doloroso pasado de Europa hace que lo sepamos bien.

  Jean-Marie Cavada (ALDE). – (FR) Señor Presidente, es mucho lo que se ha dicho ya, por lo que no me extenderé. Sólo quería llamar su atención sobre un nuevo estado de cosas: el terrorismo ha introducido en nuestra sociedad algo que antes no existía. Ha permitido a los gobiernos y enseñado a los Estados a desconfiar no del invasor externo, sino de todos sus ciudadanos, y ahí reside la dificultad de gobernar.

No hay ejercicio más complicado que garantizar la seguridad y respetar los derechos. Desde ese punto de vista, me gustaría decir que los informes de la señora Lefrançois y de la señora Roure proporcionan una síntesis extremadamente equilibrada entre el progreso necesario para garantizar la protección de los ciudadanos y la defensa de su libertad.

Mediar entre estas dos necesidades es algo que los gobiernos no saben. No forma parte de su tradición y es algo que están aprendiendo a hacer poco a poco; ciertamente es un honor para el Parlamento Europeo y para esta Cámara ser quienes introduzcan el equilibrio en la búsqueda de avances en estas dos áreas: la seguridad de los ciudadanos y la garantía de su libertad.

Tengo la impresión de que la Decisión marco, tal y como ha sido modificada por los informes de la señora Roure y de la señora Lefrançois, es fruto de varios años de trabajo y por tanto resulta extremadamente valiosa. Sin embargo, éste es sólo un paso en nuestro camino. Los gobiernos deben aprender a esforzarse por alcanzar un equilibrio entre gobernar a los ciudadanos y proteger sus vidas. A este respecto, podemos jugar un papel importante a la hora de ayudarles a tomar decisiones, lo que en mi opinión ellos son incapaces de hacer por sí mismos, o de darles aplicación dentro de los límites de sus fronteras nacionales.

  Mirosław Mariusz Piotrowski (UEN). – (PL) Señor Presidente, los ataques terroristas como el que recientemente se ha producido en Islamabad muestran palmariamente que el terrorismo es de hecho una realidad terrorífica. Por tanto, debemos recibir con satisfacción cualquier propuesta para combatir el terrorismo de manera efectiva, es decir, para proporcionar seguridad a las naciones de Europa.

Por un lado, el informe estamos debatiendo aquí va en contra de estos objetivos, ya que intenta tomar medidas drásticas contra el fenómeno del terrorismo en la fase de incitación, mientras que por otra parte alude al rechazado Tratado de Lisboa. El objetivo establecido por el informe y su justificación se excluyen mutuamente. No podemos combatir el terrorismo de manera efectiva sin limitar o sin recortar determinados derechos de los ciudadanos. Éste, tristemente, es el precio que hemos de pagar.

Hasta la fecha la Unión Europea no ha dado ningún paso dirigido a coordinar la acción internacional y se limita a simular la lucha contra el terrorismo en una esfera virtual. Sobre la iniciativa del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, decir que se creó en el Parlamento Europeo una «Comisión sobre Asuntos de la CIA» que no ha logrado establecer nada y que únicamente ha servido para menoscabar la lucha contra el terrorismo. Debemos abrigar la esperanza de que esta vez, con el pretexto de proteger los derechos fundamentales, no avanzaremos en esa misma dirección.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL). – (EL) Señor Presidente, la propuesta del Consejo y de la Comisión, con la que el informe se muestra de acuerdo en términos generales, constituye un ataque profundamente reaccionario contra los derechos y libertades civiles democráticos más esenciales. Su objetivo es reforzar el marco institucional de supresión de modo que pueda ser utilizado para aplastar la lucha de los pueblos.

Al introducir la nueva terminología de «radicalización violenta» que culmina en «ideologías extremistas», la propuesta tipifica arbitrariamente cualquier forma de expresión, de opinión, de pensamiento y de percepción ideológica que cuestione el sistema capitalista.

Conjuntamente con esto, una enmienda de la legislación europea sobre terrorismo añade tres nuevos delitos, todos ellos relacionados con el uso de Internet. En este marco institucional medieval, se permite que los mecanismos represivos prohíban y castiguen la circulación de ideas con el pretexto de que fomentan o inducen a la comisión de actos terroristas. Al mismo tiempo, según esta misma filosofía, las formas de lucha y de pugna que cuestionan la política de la UE y que tratan de desbaratarla son consideradas actos terroristas.

El pueblo debe responder con desobediencia y con insumisión en lugar de aceptar estas leyes reaccionarias.

  Sylwester Chruszcz (NI). – (PL) Señor Presidente, hoy debatimos la forma del la Decisión marco del Consejo relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal. Éste es un asunto muy importante que requiere un análisis profundo. Ya al comienzo de este informe, no obstante, se hace referencia al Tratado de Lisboa y a los cambios que traerá su entrada en vigor. Tal vez debo recordarles que, después del referéndum irlandés, este Tratado ha pasado a mejor vida, y no es adecuado intentar retorcer las cosas de este modo. Las enmiendas parlamentarias propuestas en el informe conducirán a una armonización incluso mayor de lo que propone la Comisión. Considero que deberíamos dejar que los Estados miembros establezcan definiciones más precisas en sus ámbitos nacionales en lugar de dictárselo todo desde Bruselas, y esto incluye la protección de datos personales.

  Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, permítame en primer lugar felicitar a las dos diputadas que han elaborado los informes que hoy estamos debatiendo. Es indudable que la lucha contra el terrorismo es el objetivo común y declarado que todos compartimos. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico exige la protección de los derechos individuales y de los datos personales.

Así, cuando se produce una interferencia por parte del Consejo en los derechos individuales, me opongo a ella por completo. Sin embargo, centrémonos en otro hecho. Las numerosas fugas de grandes cantidades de datos personales en distintos Estados miembros me han convencido de que, hasta la fecha, la protección de datos no es efectiva.

¿Necesito recordarles los incidentes del Reino Unido que obligaron a que fuese el Primer Ministro, Gordon Brown, quien pidiera disculpas a los ciudadanos? ¿Debo recordarles que en el Reino Unido, de acuerdo con un informe, la mitad de la población corre el riesgo de ser víctima de falsificación y de estafa bancaria? ¿He de recordarles que en Alemania también se han producido casos que han forzado al Gobierno a adoptar medidas estrictas? Estoy seguro de que en otros países también se registran incidentes similares de los que no tenemos noticia.

Así, a la vista de tales sucesos, soy reacio a aceptar la transferencia de datos personales de un país a otro. Temo que el único resultado que obtendremos con este procedimiento será exactamente el que persiguen los terroristas: una disminución de la confianza que los ciudadanos deberían tener en el Estado. Debemos evitarlo.

PRESIDE: LUIGI COCILOVO
Vicepresidente

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Señor Presidente, la ley no define el terrorismo, pero sin embargo todos sabemos en qué se basa este fenómeno. Miles de europeos han experimentado en persona las atrocidades perpetradas por los terroristas. Es nuestro deseo vivir en una sociedad libre del contagio mental que supone el terror. Es la razón por la cual debemos armarnos. Debemos armarnos contra este fenómeno, pero debemos hacerlo de manera inteligente y eficaz. Debemos combatir el terrorismo, mas no según el principio represivo, aunque bíblico, del «ojo por ojo, diente por diente». Somos una sociedad democrática que ha implantado en el modelo de la UE unos valores en los que cree firmemente, como son los derechos fundamentales, el respeto por la dignidad humana y la protección de la privacidad, que incluye los datos personales. Así pues, felicito a las ponentes por su trabajo.

Me complace ver que se proponen enmiendas a las conclusiones de la Comisión, pero al mismo tiempo, me gustaría reclamar acciones eficaces y concertadas que ofrezcan protección a todo el mundo contra la propaganda y la agitación terroristas, especialmente a nuestros niños y jóvenes. Estas personas, que son más vulnerables debido a su corta edad y a su carácter abierto y confiado, deben ser protegidas de los textos dañinos que se están difundiendo a través de Internet y de otros medios, a menudo precisamente bajo la bandera de la libertad de expresión.

La inducción es una buena palabra para definir estas acciones, pero no lo suficiente como para incluirla en la Decisión marco. Es preciso que establezcamos mecanismos, necesitamos crear un sistema europeo eficaz y unos procedimientos correctos que permitan que lo que hoy denominamos delito sea adecuadamente perseguido. Sin esas herramientas, sin una política común al respecto, no alcanzaremos el éxito que tanto anhelamos.

  Marek Aleksander Czarnecki (ALDE). – (PL) El debate sobre qué hacer con el terrorismo está volviéndose cada vez más apremiante, especialmente a la luz de los trágicos hechos acaecidos en fechas recientes en Pakistán y en España. La Unión Europea, que ha elegido como objetivo proporcionar un alto nivel de seguridad y de justicia a los ciudadanos, se enfrenta actualmente a nuevos retos y amenazas debido al desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, Internet incluida. La aparición de nuevos métodos utilizados por los terroristas, como la creación de miles de páginas web de propaganda violenta, exige una respuesta firme por parte de la Unión Europea.

Apoyo la postura adoptada por la ponente, la señora Lefrançois, de que lo más crucial es establecer un marco jurídico apropiado para el ciberterrorismo, con una protección simultánea de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos de la UE tal y como están garantizados en la Carta de Derechos Fundamentales. Es más, en mi opinión, resulta esencial que todos los Estados miembros ratifiquen el Convenio del Consejo de Europa sobre la represión del terrorismo.

  Mario Borghezio (UEN). – (IT) Señor Presidente, Señorías, el Parlamento Europeo defiende la libertad de expresión en toda Europa —también en Colonia, ya que esta ciudad forma parte de Europa— para todo aquel que desee manifestarse en contra del fundamentalismo y del totalitarismo islámico, cuya base ideológica no es el islamismo, sino el islamismo fundamentalista del terrorismo.

Así que basta de censura: ¡defendamos ese derecho!

Aquí se producen intentos de alcanzar acuerdos furtivos y de defender el derecho a la libertad ofreciendo a todo aquel que lo desee la oportunidad de hablar a favor del terrorismo en las mezquitas; si al hacerlo incluyen alguna que otra palabra en contra del racismo y de la xenofobia, entonces ya no podemos censurarles ni evitar que difundan su propaganda. ¡Se nos ha impedido hablar y por ello, me estoy poniendo una mordaza!

  Presidente. − Gracias, señor Borghezio; creo, o mejor dicho, deduzco por su decisión de amordazarse que hemos llegado al final de su intervención.

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Señor Presidente, Señorías, como es habitual, los informes intentan compaginar la protección de datos con la prevención del terrorismo. Por supuesto, todos deseamos avanzar en la lucha y derrotar al terrorismo, pero francamente me pregunto si, al tener esos dos objetivos, lo que estamos debatiendo no terminará por atenuar el alcance de las iniciativas, como ocurre con todos los compromisos. Bien, la cooperación policial y la protección de los derechos individuales a menudo son incompatibles, pero aquí han conseguido alcanzar un equilibrio razonable.

Lo que es indiscutible, sin embargo, es que los ciudadanos de la UE están siendo hostigados con continuas, por no decir sofocantes, restricciones de su privacidad, y de igual modo es innegable que esto carece de utilidad para protegernos de los terroristas. De hecho, a pesar de los controles globales de las comunicaciones y de los movimientos de las personas, los terroristas siguen acumulando conversos y sembrando la muerte. Por desgracia, nuestras iniciativas no tienen el alcance de la mano criminal de cierto radicalismo islámico, por lo que tal vez debamos adoptar un enfoque distinto para combatirlo.

  Herbert Reul (PPE-DE). - (DE) Señor Presidente, Señorías, en mi opinión, el orador que me ha precedido ha realizado una asociación incorrecta. Lo que sucedió en Colonia no tuvo que ver con la prohibición de discursos contra el fundamentalismo o de discursos de demócratas, sino con una amenaza inminente para los ciudadanos. Eran miembros de la extrema derecha y su comportamiento público llegó a poner en riesgo la seguridad ciudadana. Esto es algo completamente distinto y no podemos confundirlo, ni tan siquiera para llamar la atención aquí en el Parlamento; creo que resulta muy irritante.

En segundo lugar, el hecho de que hayamos acordado acciones contra el terrorismo en este Parlamento es prudente, justo y urgentemente necesario. Como esto es algo difícil de compatibilizar con la protección de datos, toda decisión particular es tremendamente complicada para cada miembro de este Parlamento. Sin embargo, es cierto, por supuesto, que cuando contemplamos hechos como los acaecidos en el Hotel Marriott de Islamabad, o lo que ha sucedido nuevamente en España, cuando hemos de enfrentarnos constantemente a este tipo de violencia —y todos sabemos que la planificación de esos asesinatos se ha producido a través de los modernos canales de información y que luego ha sido procesada a través de los medios utilizando las modernas tecnologías de la información y de la comunicación— no nos queda otra opción. La Comisión tenía razón al proponer que nos esforzásemos por alcanzar acuerdos para toda Europa sobre este asunto.

Es complicado encontrar el equilibrio y seguirá siéndolo. Pero en primer lugar y ante todo, tenemos el deber de proteger las vidas humanas. Por decirlo crudamente: ¿de qué sirve la protección de datos, si las personas mueren? Por tanto, es adecuado que analicemos las tecnologías de la información modernas en relación con el reclutamiento, la financiación y la ejecución de ataques y con su glorificación, y que alcancemos acuerdos sobre cómo combatirlos en toda Europa completando las leyes nacionales sobre este asunto con acuerdos y convenios europeos. Éste es nuestro deber inexcusable. Es necesario actuar. En última instancia, el hecho de que estemos en posición de resolver estos importantes problemas es una buena publicidad para Europa, aunque las decisiones individuales no sean en absoluto sencillas.

  Jörg Leichtfried (PSE). - (DE) Señor Presidente, antes de nada quiero aprovechar esta oportunidad para dar mi más cálida enhorabuena a las ponentes, las señoras Lefrançois y Roure, ya que con sus informes han conseguido algo que, desde mi punto de vista, tiene un significado especial. Cada vez que surge el terrorismo, debemos ser muy cuidadosos para no servir a los fines de los terroristas con las leyes que aprobamos, específicamente al dotar con estos instrumentos a nuestra sociedad, la cual se basa en la igualdad, en la libertad y en el Estado de Derecho; ya que esto probablemente significará que han alcanzado su objetivo, y ninguno de nosotros quiere eso.

Por tanto, se me antoja de inmensa importancia que existan restricciones sustanciales al tráfico de datos, que los datos confidenciales puedan circular sólo en casos excepcionales estrechamente regulados, y que sea posible imponer esos estrictos límites a la transferencia de datos a terceros países.

Además, soy de la opinión de que la palabra «provocación» es incorrecta. No resulta apropiada para nuestro sistema constitucional, y el término «incitación» habría sido ciertamente mejor. Del mismo modo, es importante garantizar que existen la libertad de prensa, la libertad de expresión, la privacidad de la correspondencia y el secreto de las telecomunicaciones.

Todo lo que puedo hacer es rogar que todo esto suceda. Si tuviésemos el Tratado de Lisboa, ahora no sería necesario hacer este llamamiento, ya que estaríamos utilizando el procedimiento de codecisión. Es bueno comprobar, sin embargo, que esto ha dejado al descubierto a esos miembros de extrema derecha que han maldecido el Tratado de Lisboa. Quieren que haya menos derechos ciudadanos, quieren menor protección de datos, quieren menos libertad y quieren un Parlamento más débil. Estoy seguro de que el electorado habrá tomado nota para la próxima cita.

  Toomas Savi (ALDE). - (EN) Señor Presidente, naturalmente yo apoyo los informes pero considero que discutir la lucha de la Unión Europea contra el terrorismo resulta más bien extraño en estos momentos, toda vez que la Presidencia ha debilitado seriamente esta lucha al incluir a la Organización de Muyahidines del Pueblo Iraní en la lista negra de organizaciones terroristas de la UE, en contra del fallo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas y la Comisión de apelación en materia de organizaciones prohibidas del Reino Unido.

Se ha sabido que la referida decisión de incluir en la lista negra a la OMPI fue presuntamente el resultado de turbios regateos diplomáticos incitados por mezquinos intereses nacionales.

La Unión Europea no puede seguir desviándose del Estado de Derecho y, por tanto, hago un llamamiento a mis colegas para que se unan al recién creado Comité Europeo para la Justicia bajo la dirección del Vicepresidente Alejo Vidal-Qadras y que exijan la inmediata retirada de la OMPI de la lista negra.

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, nuestras sociedades democráticas y abiertas son poderosas, pero su carácter abierto puede ser explotado y convertirse en una debilidad. Lo que estamos discutiendo hoy es este aspecto. Por supuesto, la seguridad no es un mero proceso técnico. La seguridad y la libertad son complementarias, y nuestra protección más poderosa es una sociedad unida y cohesionada en cada una de nuestras naciones, basada en valores democráticos compartidos y en la confianza mutua.

Sin embargo, en los últimos años, nuestras instituciones y nuestros valores tradicionales han sido objeto de constantes ataques internos y externos. Al mismo tiempo, hemos asistido al crecimiento, dentro de nuestras propias sociedades, de subculturas que se mofan de nuestros valores liberales, buscando deliberadamente establecer estructuras políticas y legales alternativas, en ocasiones por medio del uso de la violencia, amparándose en nuestros complejos y generosos sistemas legales y en nuestra concepción liberal de los derechos humanos.

Con frecuencia, la UE no ha sido de ayuda. Por desgracia, ve cada crisis como una oportunidad para aumentar su propio poder y raramente se plantea si sus actuaciones en un área tienen un efecto negativo en otra. Cuestiono, por ejemplo, la política de fronteras abiertas, el enfoque poco estricto del asilo y de la inmigración, y los intentos de introducir la Carta de Derechos Fundamentales en el corpus legislativo.

Así como estoy convencido de que todos deseamos encontrar modos de combatir la amenaza terrorista, no tengo tan claro por qué la UE considera necesario, con su Decisión marco, duplicar la acciones emprendidas ya en el Consejo de Europa.

Todos los Estados miembros de la UE son miembros de ese ente, junto con otros diecinueve Estados, y presumiblemente ya habrán legislado de manera oportuna. Existe, no obstante, un área de competencia del Consejo de Europa que se beneficiaría de la revisión, y me refiero al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Éste es un convenio que fue redactado en circunstancias muy complicadas, hace más de cincuenta años. Su interpretación jurídica a menudo pone trabas a la deportación de terroristas desde nuestros países. Si queremos hacer algo útil, tal vez deberíamos acordar que sería útil considerar el citado Convenio con otros ojos.

  Marianne Mikko (PSE). - (ET) Señorías, los datos personales constituyen una información sensible que debe ser manejada con extremo cuidado. No puede haber fisuras en la protección de datos; debe funcionar correctamente. Éste es precisamente el fin de la enmienda presentada por la ponente a la propuesta de Decisión marco del Consejo sobre protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal. Yo también felicito a la ponente por su trabajo.

La Decisión marco tendrá un impacto considerable en uno de los derechos básicos de los ciudadanos de la Unión Europea: el derecho a la privacidad. Ya que el Parlamento Europeo siempre ha apoyado resueltamente una decisión marco fuerte y protectora, que permitiese un elevado nivel de protección de los datos, el Consejo debería tener en consideración las enmiendas del Parlamento. El intercambio de datos personales debería estar regulado por un código práctico normalizado de sencilla comprensión; su función debe ser permitir una protección fiable que garantice el respeto de los derechos básicos de las personas.

Se debe dar una importancia máxima al modo en que se van a utilizar los datos personales de hecho. El tratamiento de datos personales, que revela el origen racial o étnico de una persona, sus opiniones políticas, sus convicciones religiosas o filosóficas, su pertenencia a organizaciones profesionales, su estado de salud o su sexualidad, debe ser regulado tan estrictamente como lo son las farmacias. No debe estar restringido únicamente por una cláusula que diga que está permitido cuando resulte esencial y la protección esté suficientemente garantizada; eso es demasiado general, hay que señalar las excepciones. El acceso a datos personales y la revelación de dichos datos debe producirse dentro de la ley, la seguridad debe estar plenamente garantizada. Con este fin, se hace necesaria una decisión marco impenetrable, específica y protectora, y un sistema de control. Nuestra función es proteger los derechos básicos de nuestros ciudadanos y, al mismo tiempo, amedrentar al terrorismo. Hagamos ambas cosas con sumo cuidado.

  Olle Schmidt (ALDE). – (SV) Señor Presidente, señor Comisario de Justicia, permítanme felicitar a las ponentes por su excelente trabajo, que ha mejorado significativamente las propuestas de la Comisión. Anteriormente, he tenido dificultades para respaldar informes sobre terrorismo, a pesar del hecho de que considero el terrorismo como uno de los retos más importantes para la credibilidad de la Unión y para su capacidad de solidarizarse y de compartir la responsabilidad. Con el debido respeto por los Estados miembros damnificados por la locura del terrorismo, he de decir que es nuestro deber crucial asegurarnos de que la democracia nunca sea defendida por medios antidemocráticos. El Estado de Derecho debe mantenerse del mismo modo que el respeto por la privacidad de los ciudadanos.

Las imprecisas formulaciones de la Comisión sobre la tipificación de la provocación pública, junto con otras propuestas para extender la cobertura a palabras que excusan el terrorismo, son tan amplias y tan abiertas a interpretación que se corre el riesgo de desacreditar seriamente el propósito de la ley: alcanzar un nivel de protección común en toda Europa. La lucha contra el terrorismo debe llevarse a cabo sobre una base común, pero respetando las tradiciones y los modelos legales de la Unión y, además, con deferencia hacia los valores y tradiciones democráticos.

  Jas Gawronski (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, señor Comisario de Justicia, Señorías, esta mañana se ha hablado mucho aquí sobre la lucha contra el terrorismo, y se ha insistido en que es complicado librar una guerra contra algo que carece de entidad concreta, de ejército o de territorio, y que simplemente es una táctica.

Esta extraña guerra no se ha ganado, y ciertamente será difícil de ganar, pero se han producido resultados positivos, como el mero hecho de que los Estados Unidos no hayan sufrido más ataques desde el del 11 de septiembre. Estos logros, no obstante, han tenido un precio, y comparto la preocupación de la señora Lefrançois, quien considera que la línea divisoria entre la libertad de expresión y la vulneración de la ley en ocasiones es bastante difusa, y quien observa el riesgo de que los esfuerzos encaminados a aumentar la seguridad de los ciudadanos europeos desemboquen en la práctica en restricciones de las libertades y de los derechos de esos ciudadanos.

Resulta muy complicado encontrar el equilibrio entre estos dos requisitos, en parte debido a que nos encontramos en terreno desconocido. El terrorismo es un fenómeno demasiado reciente para que podamos apoyarnos en precedentes o para que existan experiencias de las que aprender. No cabe duda de que se han cometido actos ilegales en nombre de la guerra contra el terrorismo, principalmente por parte del país que más se ha esforzado en luchar contra el terrorismo, también en interés nuestro, es decir, los Estados Unidos. Esto se debe a que hay un precio que pagar para contener el terrorismo, y es el recorte de las libertades civiles.

Por otra parte, resulta sencillo no cometer errores cuando se hace muy poco o cuando no se hace nada. Por tanto, si en la Unión Europea queremos garantizarnos un futuro más seguro, debemos hacer más; hemos de mejorar la coordinación de la actuación de los Estados miembros y las iniciativas emprendidas por los servicios secretos y, por encima de todo, no podemos dejar que los Estados Unidos carguen en solitario con el peso de esta responsabilidad. Si hacemos esto, tal vez logremos que prevalezcan nuestros principios, así como nuestras ideas sobre esa difusa línea entre la seguridad de los ciudadanos y las violaciones en los derechos humanos.

  Daciana Octavia Sârbu (PSE). - (RO) La cooperación entre las instituciones de la UE en la lucha contra el terrorismo debe funcionar a la perfección, especialmente ahora que este fenómeno se ha intensificado. El terrorismo se ha convertido en el principal enemigo de la estabilidad y de la paz mundial. Si recordamos los sucesos del 11 de septiembre o de los acaecidos en Madrid y en Londres hace unos años, obtendremos la descripción perfecta del terror, del miedo y del sufrimiento.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos, debemos actuar de manera urgente en la lucha contra el terrorismo, en estrecha cooperación con las autoridades locales y regionales. Ningún elemento en la Decisión marco puede ser interpretado como una reducción o como una limitación de los derechos y libertades fundamentales, tales como la libertad de expresión, de asociación o de reunión. La expresión de opiniones radicales, polémicas o controvertidas sobre cuestiones políticas, incluido el terrorismo, no entra en el ámbito de la Decisión marco. Mientras mantengamos un equilibrio entre el respeto hacia las libertades y la protección de la seguridad de los ciudadanos, toda iniciativa será bienvenida.

  Mihael Brejc (PPE-DE). - (SL) Los dos informes sobre la Decisión marco constituyen dos piezas más del inabarcable rompecabezas de reglamentos, directivas y otros documentos referidos a la lucha contra el terrorismo. Doy mi apoyo a los informes porque considero que necesitamos ambas Decisiones marco y porque se ha alcanzado un equilibrio razonable entre las medidas dirigidas a garantizar la seguridad y la libertad individuales. Opino que en el futuro, la Comisión y el Consejo deberán prestar mayor atención a las siguientes cuestiones.

En primer lugar, al crecimiento notable de las leyes antiterroristas y a la dotación de mayor transparencia a esas leyes. También en este aspecto tenemos leyes innecesarias y poco prácticas, o disposiciones en ellas que deben ser reconsideradas o revocadas tras su evaluación.

En segundo lugar, la aplicación de las leyes y, por tanto, su eficacia a la hora de combatir el terrorismo, no depende únicamente de una legislación sólida, sino también de la cooperación eficaz entre los Estados miembros y sus policías y servicios secretos. Aquí no hemos alcanzado todavía el nivel de cooperación apropiado.

Debemos examinar y comparar los mecanismos de control con los que cuentan la Unión Europea y los Estados miembros. Hemos de prestar especial atención a los casos de pérdida o uso indebido de bases de datos; asimismo, debería producirse un intercambio de información sobre este particular entre los Estados miembros.

Por último, debemos trabajar más por aumentar la conciencia pública para que los ciudadanos comprendan mejor por qué determinadas medidas son necesarias.

Mi enhorabuena por ambos informes.

  Iliana Malinova Iotova (PSE). – (BG) Por desgracia, los últimos acontecimientos en Pakistán se revelan como una evidencia categórica de lo oportuno del debate de hoy. Este debate debe dar una respuesta clara y concluyente a dos cuestiones de principio básicas: en primer lugar, si realmente hemos hecho lo suficiente según el documento propuesto para contribuir a la lucha contra la delincuencia y, en segundo lugar, si al hacerlo hemos respetado los derechos humanos y hemos protegido adecuadamente los datos personales de nuestros ciudadanos. Durante su larga historia, este documento ha conocido muchas controversias y ha sufrido numerosas modificaciones, y me gustaría expresar un reconocimiento especial a las ponentes por el gran trabajo que han hecho al conseguir, en última instancia, un texto consensuado y equilibrado.

Debemos prestar especial atención a las enmiendas propuestas por el informe de la señora Roure, que exige la recopilación de datos personales con fines legales y la observancia del Convenio nº 108, así como la obligación de informar al titular sobre los fines para los que están siendo tratados sus datos. Sin embargo, algunas disposiciones propuestas por el Consejo son motivo de preocupación. Apoyo sin reservas la propuesta de la señora Roure de prescindir del artículo 1, párrafo 1 de la propuesta del Consejo, que prácticamente exime a los casos de seguridad nacional del efecto de la presente Decisión marco. Estoy convencida de que si se mantiene esta disposición, la decisión legislativa sobre la que vamos a votar dentro de unas horas posibilitará que se sortee la ley e incluso que se abuse de ella porque la de «seguridad nacional» es una noción demasiado general y se presta a múltiples interpretaciones. Recientemente, por ejemplo, se ha dado el caso en Bulgaria de un intento de recuperación no autorizada de datos, datos personales, de la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad, intento que quedó frustrado por la rápida intervención del director de la Caja.

Es preciso ampliar las funciones de control, el poder de las autoridades supervisoras nacionales y el del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Desafortunadamente, el análisis muestra que sólo se recurre a estas autoridades para lograr el cumplimiento de las disposiciones específicas de la ley pero que en realidad no poseen ninguna función sancionadora ni de investigación. Debemos recomendar a los Estados miembros de la Unión Europea una ampliación de esas funciones.

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría referirme antes de nada al segundo informe, y especialmente a la Decisión marco sobre la lucha contra el terrorismo. Somos conscientes de lo necesario de las acciones de lucha contra el terrorismo. En efecto, existen más de 300 iniciativas de Al-Qaeda dentro de la Unión Europea y más de 500 sitios web disponibles, con instrucciones incluso sobre cómo hacer una bomba. Esto es así, y creo que es necesario intentar preservar el equilibrio consistente en proteger las libertades fundamentales al tiempo que se adoptan todas las medidas imaginables para evitar las mortíferas actividades terroristas.

Aprovecho la ocasión para insistir en un aspecto. Creo que el Parlamento Europeo cometería un gravísimo error al modificar los conceptos y sustituir «inducción pública a la comisión de delitos de terrorismo» por «incitación», por la simple razón de que no se pueden obtener pruebas de una incitación hasta que no haya muertos y, en ese caso, ya es demasiado tarde. Es algo que nadie podría comprender ni aceptar. No obstante, de incluirse la provocación en este acto jurídico, cabría la posibilidad de intervenir en caso de que ésta condujera a una infracción generalizada de una ley o a una acción punible en relación con actividades de terrorismo.

De esta forma, se podrían salvar vidas antes de que se cometiera un acto terrorista. Lamentaría, por lo tanto, que el Parlamento tomará el camino equivocado y modificara estos conceptos, sobre todo teniendo en cuenta que el Consejo de Europa se ha pronunciado a favor del concepto de inducción. Si he entendido bien, el Consejo y la Comisión son de la misma opinión, a la que nosotros deberíamos sumarnos —y con esto hago un llamamiento a todos ustedes— manteniendo el término «inducción pública», ya que permitirá salvar vidas antes de que las actividades terroristas se produzcan.

  Andrzej Jan Szejna (PSE). – (PL) Señor Presidente, me gustaría empezar dando las gracias a la señora Roure por la elaboración de su informe sobre la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal.

No cabe duda de que la rápida aprobación de una decisión marco relativa a la protección de datos personales en el tercer pilar contribuirá a proteger los datos personales, la vida privada y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de los Estados miembros. Para nuestro Grupo esta cuestión es prioritaria. No sólo porque las actuales soluciones jurídicas en éste ámbito resultan inadecuadas, sino sobre todo debido a su relevancia para todos aquellos que residen en la UE.

En mi opinión, el acto jurídico elaborado con anterioridad por el Consejo presentaba excesivos vacíos. La protección garantizada tenía un alcance mínimo y ciertamente inadecuado. Por este motivo, apoyo plenamente las enmiendas propuestas por la señora ponente al proyecto del Consejo, con el cual no estábamos satisfechos, especialmente en lo referente a la protección de datos relacionados con el ADN, la salud y la orientación sexual de los ciudadanos. Todos los datos que guardan relación con esferas personales y sensibles de la vida, como el origen racial o étnico, así como la información concerniente a las convicciones religiosas o filosóficas, requieren una protección especial, y su tratamiento sería admisible únicamente en casos excepcionales y definidos explícitamente en la legislación, y debería contar con el consentimiento de un tribunal.

También es extremadamente importante que la ponente se haya tomado el trabajo de regular el problema de la protección de datos en su trato posterior y en su transmisión a terceros países o a entidades privadas, ya que es precisamente en esta etapa donde con más frecuencia se producen los abusos.

Necesitamos una decisión marco exhaustiva que proteja los datos a un nivel por lo menos equivalente al garantizado en el primer pilar por la Directiva de 1995 y el Convenio nº 108.

  Charles Tannock (PPE-DE). - (EN) Señor Presidente, hay ocasiones en que temo que el hecho de que en esta Cámara se debata tan a menudo sobre terrorismo refleja una ausencia preocupante de consenso en nuestra respuesta ante esta cuestión. Sin duda, las atrocidades terroristas perpetradas durante décadas en todo el mundo, incluido el reciente atentado con bomba en Islamabad, deberían habernos abierto los ojos ante su naturaleza real y funesta, así como ante la necesidad de oponernos de manera firme e inequívoca a la amenaza fundamental que supone para la democracia y el estilo de vida occidentales.

Por lo tanto, me complace que los países de la UE trabajen conjuntamente para definir y aplicar sanciones penales severas a aquellos que induzcan al terrorismo. Recuerdo las manifestaciones de Londres con motivo de la publicación en Dinamarca de las caricaturas del profeta Mahoma. Por supuesto, estamos orgullosos de nuestros derechos a una opinión y una expresión libres en Europa, pero los manifestantes con pancartas reclamando la decapitación de aquellos que insultan al Islam traspasaron claramente la línea divisoria entre libertad de expresión y la expresión de un odio que induce a la violencia.

En el Reino Unido se ha debatido recientemente sobre los límites de la prisión preventiva sin cargos para los sospechosos de implicación en actividades terroristas. Personalmente, pienso que es preciso ofrecer a la policía y a los servicios de seguridad los recursos necesarios para proteger a los ciudadanos, todo ello, evidentemente, sin perjuicio de unas garantías legales estrictas.

Según los sondeos de opinión, esto es lo que desea la mayoría de los ciudadanos de mi país y del resto de Europa. Por otra parte, en lo que se refiere a la conservación de datos, a menudo, quedo consternado por la manera en que esta cámara adopta un enfoque maximalista, en lugar de ponderado, en cuanto a las libertades civiles. Una vez más, siempre que existan unas garantías claras sobre la forma en que se intercambia la información, es preciso que apoyemos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad.

Por último, la UE debería incluir a Hezbolá en la lista de organizaciones terroristas. El no haberlo hecho en el pasado, aun existiendo indicios razonables, pone de manifiesto la aparente falta de determinación de la UE, que está dando alas a aquellos que querrían destruir nuestro modo de vida en democracia.

  Proinsias De Rossa (PSE). - (EN) Señor Presidente, el intercambio de información entre las fuerzas policiales de los Estados miembros es crucial en la lucha contra las amenazas del terrorismo e incluso puede prevenir las atrocidades. En la propia isla de Irlanda se han evitado muchas atrocidades.

Durante mucho tiempo, Irlanda y el Reino Unido fueron reacios a hacerlo debido a un recelo profundamente arraigado. Las consecuencias fueron terribles. Por lo tanto, no debe sorprenderles que, en términos generales, apoye el intercambio de información. Sin embargo, al igual que mis colegas parlamentarios, me preocupa que las propuestas revisadas del Consejo ofrezcan una protección insuficiente de los datos personales, como señala el informe de Martine Roure. Nunca derrotaremos a organizaciones como ETA o el IRA, así como a tantos otros que desprecian la democracia y los derechos humanos si debilitamos nuestras propias normas democráticas.

Así pues, insto a la Comisión y al Consejo a que se tomen en serio nuestra preocupación como políticos elegidos por sufragio directo. Es esencial que los avances de la Unión Europea no se vean bloqueados y que evitemos dar la impresión de que la UE puede actuar por encima de la legislación de los Estados miembros. Albergaba la esperanza de que pudiéramos tratar estas cuestiones de acuerdo con los nuevos procedimientos de codecisión de Lisboa. Lamentablemente, es esta ocasión no será posible, pero debemos seguir trabajando para fortalecer la legitimidad de este Parlamento y de la Unión Europea. No lo conseguiremos socavando los derechos de las personas.

  Gay Mitchell (PPE-DE). - (EN) Señor Presidente, acojo favorablemente este informe. Quiero empezar dejando claro que apoyo firmemente la lucha contra el terrorismo y que he dedicado toda mi vida política a combatir el terrorismo del IRA y de los unionistas en Irlanda.

Dicho esto, creo igualmente que debemos asegurarnos de disponer de los controles y equilibrios suficientes para proteger a los ciudadanos del terrorismo de Estado o del uso indebido de datos por parte del Estado, la Unión o los periodistas, organizaciones o particulares, e incluso las agencias, que sustraigan o entren en posesión de información privada y confidencial.

El remedio nunca debe ser peor que la enfermedad. Un aspecto crucial de dicha garantía es el almacenamiento y la supresión de este tipo de datos. Toda tentativa de desestabilizar a una persona o ejercer cualquier forma de chantaje —ya sea éste político, financiero o de otro tipo— debería ser un delito tipificado y recibir la firme condena de toda persona con sentido común.

La supresión de estos datos se deja a menudo en manos del sector privado, encargado de destruirlos en un plazo determinado. No termino de estar convencido de que el sector privado —o, si se quiere, el sector público— ofrezcan las garantías suficientes en cuanto a la destrucción de los datos que ya no sean necesarios en la lucha contra el terrorismo. Mi opinión es que deberían aplicarse las sanciones más severas a aquellos que, tanto en el sector público como en el privado, no protegen la información privada, dando pie a su uso indebido o a su tergiversación, e insto a la Comisión a que tome en consideración esta observación. Nuestro trabajo como parlamentarios es garantizar la supervivencia de la democracia. Debemos, por tanto, asegurarnos de que contamos con todos los instrumentos necesarios para luchar a brazo partido contra el terrorismo, pero esto no significa que podamos despreocuparnos de la reputación, la confidencialidad o la privacidad de nuestros ciudadanos, y ruego a la Comisión que lo tenga en cuenta.

  Libor Rouček (PSE). – (CS) Señorías, el terrorismo representa una de las amenazas más graves para la democracia y el desarrollo económico y social en Europa y en todo el mundo. Las tecnologías de la información y la comunicación de hoy en día desempeñan lamentablemente un papel determinante en la propagación de la amenaza terrorista. Internet, un medio de comunicación barato, rápido, fácilmente accesible y de alcance mundial, es a menudo utilizado por los terroristas para divulgar información terrorista y captar nuevos miembros y simpatizantes. Acojo, pues, con satisfacción la Decisión marco del Consejo por la que se modifica la Decisión marco 2002/475/JAI sobre la lucha contra el terrorismo, entre otras cosas porque considera hechos punibles la incitación a la comisión de delitos de terrorismo, así como la captación y el adiestramiento de terroristas. Aplaudo esta enmienda porque tengo la convicción de que es de vital importancia encontrar una respuesta a la amenaza internacional del terrorismo. Ningún Estado miembro de la UE puede afrontar este problema por sí sólo. Se deben coordinar los esfuerzos de todos ellos. Ahora bien, en una democracia, en los Estados democráticos de la Unión Europea, la lucha contra el terrorismo debe llevarse a cabo dentro del imperio de la ley y tomando en consideración los derechos humanos y civiles. Es la razón por la cual apoyo las enmiendas propuestas por nuestras dos ponentes con vistas a fortalecer estos elementos. Para concluir, quisiera instar a todas las partes implicadas: el Consejo, la Comisión y el Parlamento, a una rápida adopción de la propuesta de compromiso.

  Dumitru Oprea (PPE-DE). - (RO) En el tercer milenio, el bello concepto de la «aldea global» se ve amenazado por el terrorismo. Si bien cada país, debido al principio de subsidiariedad, puede controlar sólo el 10-15 % del ciberespacio, siendo el resto responsabilidad de las entidades privadas y de las familias, creemos que, por primera vez, es necesario un enfoque global y que la respuesta al terrorismo mundial debe basarse en un nuevo concepto, la «vigilancia globalizada de un mundo globalizado». A través de este enfoque y de una estrategia de protección del ciberespacio en su conjunto, la Unión Europea demostrará su preocupación por la seguridad mundial y por su propia seguridad.

  Ioan Mircea Paşcu (PSE). - (EN) Señor Presidente, a pesar de las terribles consecuencias del terrorismo internacional, éste sigue siendo, por desgracia, un tema sujeto a controversia. Queremos protección pero, cuando las autoridades proponen aplicar medidas a tal efecto, protestamos por su coste y por las molestias que ocasionarían. Deploramos los atentados terroristas, pero protestamos ante las limitaciones del pleno ejercicio de nuestros derechos, pese a que sabemos perfectamente los autores de dichos atentados abusan de nuestro sistema democrático.

Lo ideal sería que toda limitación de nuestros derechos se viera compensada por el correspondiente aumento de nuestra seguridad frente a los atentados terroristas. De igual modo, tendemos a oponernos a una uniformización legislativa contra el terrorismo, aún sabiendo que las consecuencias serán igualmente destructivas. Por otra parte, la frecuencia de los atentados será mayor cuanto más leves sean las sanciones.

En definitiva, para gozar de una protección eficaz contra el terrorismo, tal vez deberíamos decidirnos a conciliar primero estas opiniones enfrentadas.

  Marios Matsakis (ALDE). - (EN) Señor Presidente, raro es el día en que no se produce un acto terrorista. El terrorismo es una infección fulminante en el cuerpo de nuestra sociedad. Como toda infección, de no tratarse, seguirá expandiéndose hasta incapacitar o incluso matar al paciente.

Se impone la adopción de medidas drásticas. Algunas de ellas son controvertidas y seguramente infringen de alguna manera las libertades personales, pero, a fin de cuentas, resultan necesarias. En un mundo ideal, la estricta protección de los datos personales es primordial pero, en un mundo aquejado por el terrorismo, es inevitable hacer concesiones. Las circunstancias excepcionales requieren medidas excepcionales.

Creo que éste es el espíritu con el que debemos abordar las decisiones en materia de la lucha contra el terrorismo. Si no tenemos más remedio que elegir entre ciertos compromisos sobre las libertades personales y una mayor eficacia en la lucha contra el terrorismo, mi opinión es que deberíamos inclinarnos por esta última. Concluyo con la siguiente pregunta: si el hecho de promover ciertos delitos espantosos en Internet como la pedofilia es ilegal, y con toda razón, ¿por qué no lo sería la promoción del terrorismo?

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, en nombre de los pensionistas y del Partido de los Pensionistas, al que represento en el Parlamento Europeo, quisiera expresar nuestra opinión sobre la manera de luchar contra el terrorismo: los recursos financieros del Parlamento Europeo y de Europa deberían destinarse en mayor medida al alivio del sufrimiento de aquellas personas en las que los terroristas recaban el mayor número de apoyos. Dichos recursos deben estar sujetos a control, a fin de que se utilicen en beneficio de las personas y no para servir los intereses ilegítimos de ciertos líderes corruptos. Creo pues que deberían utilizarse para el «Plan Marshall» de ayuda al pueblo palestino propuesto por Silvio Berlusconi, el Primer Ministro italiano.

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) Voy a referirme al informe de la señora Roure. El derecho a la protección de los datos personales es un derecho fundamental. Debe respetarse a los ciudadanos cuyos datos estén siendo tratados tanto a escala nacional como de la Unión Europea. Existen numerosos reglamentos y directivas comunitarios que exigen el intercambio de información referente a delitos cometidos por ciudadanos europeos en Estados miembros diferentes de aquellos en los que residen. Algunos ejemplos son el Reglamento relativo al acceso al sector del transporte de mercancías por carretera, o la Directiva para facilitar la aplicación transfronteriza de la normativa de seguridad vial. Toda esta normativa europea requiere la creación de sistemas de información capaces de transmitir notificaciones y datos entre Estados miembros.

Dichos sistemas informáticos deben incorporar un componente de carácter público y otro relativo a la seguridad, con los datos sobre delitos cometidos en Estados miembros; estos últimos deberían ser de acceso exclusivo para las instituciones pertinentes, y únicamente en cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales.

  Jim Allister (NI). - (EN) Señor Presidente, tras haber observado en los últimos días nuevas manifestaciones de la barbarie terrorista en Pakistán, España, Jerusalén, y habiendo asistido en mi propio país a nuevas tentativas terroristas del IRA, ninguno de nosotros puede quedarse de brazos cruzados ante el execrable azote de esta plaga. No obstante, sería ingenuo pensar que existe una panacea paneuropea. Es cierto que necesitamos extradiciones efectivas y una cooperación eficaz, pero una legislación tan armonizada que acaba deduciéndose al mínimo denominador común resulta ser más un estorbo que una ayuda.

Se trata ante todo de cuestiones cuyo ámbito de decisión es el nacional. En el Reino Unido, por ejemplo, se está tratando de fijar el periodo de detención en cuarenta y dos días. Son más de los que yo estimo necesarios, pero es a Londres, y no a Bruselas, a quien le corresponde tomar esta decisión.

A la vista de estas propuestas, pronto deberíamos renunciar a la discreción de los Estados miembros. Tal vez esto concuerde con el programa expansionista de la UE, pero no acabará con el terrorismo.

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE). - (RO) Como representante de los ciudadanos rumanos, me parece muy importante que el Parlamento Europeo participe en el proceso de decisión sobre los datos personales recogidos en el contexto de la acción policial. Deberíamos tener en cuenta que el derecho de los ciudadanos europeos a la protección de los datos es fundamental; pero, al mismo tiempo, las instituciones competentes en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia deben tener acceso a dicha información.

Este informe cumple una función especialmente importante en la creación de un marco jurídico que determine la naturaleza, la definición y las características de los datos personales y de su transmisión a terceros Estados o personas. Aplaudo la disposición según la cual los datos no deben almacenarse más tiempo del necesario, y donde se hace un llamamiento a los Estados miembros para que pongan en marcha medidas técnicas y de procedimiento destinadas al cumplimiento de dichos límites.

  Antonio Masip Hidalgo (PSE). – (ES) Señor Presidente, quisiera felicitar a mis colegas, la señora Lefrançois y la señora Roure, por sus informes, pero también aprovechar este momento para decir que la policía francesa acaba de detener a un importante terrorista y, por tanto, felicito también al Gobierno de Francia, a la policía francesa. Creo que la colaboración de nuestras autoridades políticas, de todos los países, debe estar detrás de nuestras policías, de nuestros jueces y de nuestros gobiernos.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. − (FR) Señor Presidente, quisiera empezar felicitando al Parlamento Europeo en su conjunto por la gran calidad de este debate. El Parlamento Europeo, legítimamente, está a la espera de la ratificación del Tratado de Lisboa, pero esta mañana ha demostrado su madurez al respaldar en su inmensa mayoría sus dos informes: el informe de la señora Lefrançois y el de la señora Roure. Los dos informes buscan encontrar el justo equilibrio entre la protección colectiva contra el terrorismo, que estamos obligados a proporcionar para nuestros ciudadanos, y la protección individual de nuestras libertades. Creo que es en este equilibrio dual donde debemos buscar las soluciones adecuadas.

Señor Presidente, paso a sintetizar brevemente el contenido del debate. En primer lugar, me detendré en el informe de la señora Lefrançois sobre la lucha contra el terrorismo. Me gustaría decir que, si bien la libertad de expresión, incluido el derecho a la crítica, es uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea, la incitación al odio racial al amparo de la libertad de expresión resulta inaceptable. Las afirmaciones racistas son un abuso de la libertad de expresión y no pueden tolerarse.

A continuación, quisiera recordarles que la propuesta de la Comisión se elaboró a partir de una exhaustiva evaluación de impacto. Se celebraron diversas consultas y, finalmente, la base de la propuesta de la Comisión es el Convenio del Consejo de Europa para la represión del terrorismo, cuya ponderada formulación de los delitos hemos intentado reflejar.

Si la señora Lefrançois y los numerosos diputados al Parlamento Europeo que se han sumado al apoyo del término «incitación» me lo permiten, simplemente quiero dedicar un par de minutos a la defensa del término «inducción». La ventaja del término «inducción» es su carácter novedoso. Ésta es la razón por la que el Consejo de Europa lo utilizó: su novedad implica que pueda tener una definición común y precisa en la Unión Europea. La inducción no es un concepto que se preste a interpretaciones, y pienso que se puede identificar adecuadamente a través de la jurisprudencia. Lo cierto es que queremos evitar la consumación de cualquier atentado terrorista y, al mismo tiempo, incriminar a aquellos que, principalmente por medio de la palabra, incitan a la comisión de tales atentados, incluso si éstos no tienen lugar; ahí reside el problema. No obstante, dejaré la solución en manos del diálogo, seguramente fructuoso, entre el Consejo y el Parlamento.

También quisiera decir que el artículo 1, apartado 2, del actual texto de la Decisión marco contiene una cláusula de salvaguardia de los derechos humanos que es extensiva —creo que la señora Lefrançois estará de acuerdo conmigo— a la Decisión marco en su conjunto.

Por último, señor Presidente, insistiré en la importancia de situar esta acción de lucha contra el terrorismo dentro del marco institucional integrado de la Unión Europea. La incorporación de este texto al Derecho comunitario será una garantía de eficacia. Para los actos específicos, nos proporcionará un marco jurídico uniforme en cuanto a la naturaleza y el alcance de las sanciones penales y las normas sobre competencia jurisdiccional. De este modo, será posible aplicar los mecanismos de cooperación de la Unión Europea citados en la Decisión marco de 2002.

En conclusión, señor Presidente, doy las gracias una vez más a la ponente y al Parlamento por todo el trabajo realizado durante los últimos dos años sobre este tema tan importante, y deseo que, a partir de ahora, se adopte una decisión rápidamente, a la vista del esfuerzo empleado y de la necesidad —como muchos de ustedes han señalado— de luchar de manera eficaz contra el terrorismo.

Paso ahora al segundo texto, que es inseparable del primero —y por eso pienso que es una buena idea que el Parlamento los haya asociado—, relativo a la protección de datos y, al mismo tiempo, de las libertades de las personas. Vaya por delante, por supuesto, mi agradecimiento a la señora Roure, que ha defendido este equilibrio y la protección de los datos de manera tan enérgica. En efecto, era importante que este texto acompañara al de la lucha contra el terrorismo, a fin de que las fuerzas del orden pudieran contar en un futuro cercano con normas específicas acerca de la protección de datos. Como he dicho antes, y tampoco quisiera insistir demasiado en este punto, al igual que el Parlamento, la Comisión quería obviamente dar un paso más en la protección de los datos. El Ministro Jouyet apuntó que la Presidencia Francesa debía considerar la posibilidad de una solución de compromiso, pese a perseguir el mismo fin. Lo que sí les puedo decir es que la Comisión intentará introducir la cláusula de evaluación y el «considerando 6» para evitar los abusos. Por ello estamos consultando a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior e intentaremos tener en cuenta su deseo de una ambiciosa revisión de la Decisión marco a fin de evaluar la amplitud de su alcance. En cualquier caso, esto es lo que la Comisión puede hacer y lo que yo, personalmente, intentaré conseguir. Conozco el Parlamento Europeo y me gustaría que dicha revisión tuviera lugar lo antes posible. Simplemente espero que el Consejo esté de acuerdo con una revisión dentro de unos plazos que permitan una pronta entrada en vigor de la medida Europea.

Esto es todo lo que quería decir, señor Presidente. También quisiera dirigirme a todos los oradores para insistir en la grata impresión que me ha producido el gran nivel del debate sobre una cuestión tan importante, una cuestión en la que Europa debe ser un ejemplo, garantizando una eficaz protección contra la amenaza terrorista y, por supuesto, prestando mucha atención a la protección de las libertades individuales y la autonomía personal. Creo que el Parlamento ha demostrado una vez más su madurez y su capacidad de ser en el futuro copartícipe en la toma de decisiones en la materia.

  Roselyne Lefrançois, ponente. − (FR) Señor Presidente, Señorías, quisiera empezar dando las gracias a los colegas que han intervenido esta mañana por la gran calidad de sus exposiciones. El simple hecho de que hayan sido tan numerosos en participar ya es una muestra del interés que despierta este tema. Al no poder entrar en el detalle de cada una de las intervenciones, sólo mencionaré tres o cuatro de ellas.

La del señor Fava es un ejemplo de la dificultad de este ejercicio. Es preciso evitar la cultura de la sospecha y la desconfianza, pero al mismo tiempo debemos pensar en el contexto y garantizar la seguridad de los ciudadanos y la protección de las libertades.

El señor de Grandes Pascual ha explicado con claridad el valor añadido de la definición de terrorismo, afirmando que la definición que empleábamos era más importante e insistiendo en la lista de delitos. Se trata de luchar juntos contra el terrorismo, por lo que debemos enviar un mensaje de firmeza, sin por ello dejar de proteger las libertades individuales.

Señor Demetriou, ha hecho usted referencia al azote que representa el terrorismo y a la necesidad de combatirlo. No obstante, ha empleado el término «incitación pública», declarando que se trataba de un concepto más entendible para todos los Estados miembros. La señora Ludford compartía la misma preocupación. A su entender, se trata también de un término más apropiado, dado que necesitamos salvaguardar las libertades fundamentales.

En efecto, el informe es el fruto de un proceso de negociación largo y difícil. No obstante, estoy convencida de que podemos sentirnos satisfechos del resultado desde el punto de vista del equilibrio entre la lucha contra el terrorismo y el respeto de las libertades fundamentales.

El informe de mi colega, la señora Roure se inscribe claramente en esta segunda categoría, ya que la protección de los datos personales es uno de sus elementos clave. Sólo lamento una cosa, y sé que muchos en este Parlamento comparten mi opinión, especialmente mis colegas del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, y es que la aplicación de un texto con un impacto tan grande sobre las libertades de los ciudadanos europeos no esté sujeta al pleno control jurisdiccional del Tribunal de Justicia.

Para que esto fuera así, habría sido necesario adoptar la Decisión marco bajo el régimen del Tratado de Lisboa. Antes incluso del voto negativo en el referéndum irlandés y de las dudas sobre la entrada en vigor del nuevo Tratado el 1 de enero de 2009, el Consejo ha querido avanzar lo más rápidamente posible para evitar el cambio al sistema de codecisión. En la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior hemos tratado, no obstante, de trabajar de la forma más concienzuda y exhaustiva posible al tiempo que seguíamos el ritmo marcado por el Consejo.

En la votación en comisión, el 15 de julio, mi proyecto de informe fue aprobado por 35 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, y espero que en el Pleno reúna también una mayoría contundente.

  Martine Roure, ponente. − (FR) Señor Presidente, quisiera en primer lugar dar las gracias a todos mis colegas porque este debate ha demostrado que el Parlamento Europeo estaba unido en un tema realmente complicado. Somos los representantes del Parlamento Europeo y los representantes del pueblo. Merece la pena recordarlo.

Hoy me dirijo a la Presidencia Francesa en particular. Pedimos al Consejo que respete los compromisos adquiridos desde hace mucho tiempo por anteriores Presidencias. Es absolutamente necesario adoptar esta Decisión marco rápidamente y tener en cuenta las enmiendas del Parlamento Europeo. El Consejo debe ser fiel a la palabra dada.

Trabajar en un ambiente de confianza es algo indispensable.

Se trata de un principio esencial. Espero que este mensaje llegue hasta la señora Dati, quien, lamentablemente está ausente de este debate prioritario, cosa que lamentamos.

También quisiera agradecer de manera especial el apoyo recibido por parte el Comisario Barrot, que reviste una gran importancia para nosotros.

  Presidente. − Se cierra el debate conjunto.

La votación se celebrará hoy a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (Artículo 142)

  Titus Corlăţean (PSE), por escrito. – (RO) El establecimiento de un marco jurídico para la protección de los datos personales en el tercer pilar ha preocupado a todos los presidentes de la UE durante los últimos dos años. No obstante, la Decisión marco adoptada en 2006 era una especie de solución de compromiso donde se establecía el mínimo común denominador sobre protección de datos personales. Así pues, no podemos sino aplaudir la nueva consulta al PE sobre la extensión del alcance de la Decisión marco y el análisis de su impacto en los derechos fundamentales. El principal objetivo de los cambios debería ser la garantía del mismo nivel de protección de datos que para el primer pilar; en este sentido, lamento que la propuesta inicial de la Comisión haya sido modificada por el Consejo. Igualmente lamentable me parece el hecho de que la disposición relativa al grupo de trabajo de las autoridades nacionales de supervisión de datos haya sido eliminada por el Consejo, todo un revés para el proceso de creación de un sistema de protección de datos personales eficaz.

  Petru Filip (PPE-DE), por escrito. – (RO) La protección eficaz de los datos personales sigue siendo un requisito natural de toda democracia moderna. Si bien, en determinadas circunstancias, esta protección requiere la modificación de las bases de datos comunitarias a fin de prevenir la correlación de cierta información personal o material con personas identificables, debemos ser conscientes de que la gestión de este sistema integral de almacenamiento y tratamiento de datos implica la utilización de un sistema de seguridad puntero. La seguridad real no puede garantizarse simplemente con el refrendo de una serie de principios comunes; mi opinión es que se necesita un análisis pragmático de los riesgos que implica la cooperación entre las fuerzas policiales y el sistema judicial de países con diferentes niveles de competencia en este ámbito.

En aras de una mayor claridad, me gustaría reiterar la necesidad por parte de los nuevos Estados miembros de una rápida transmisión de los conocimientos en la materia a fin de prevenir todo perjuicio a la seguridad general del sistema.

  Dumitru Oprea (PPE-DE), por escrito. – (RO) Dado el crecimiento del terrorismo y su inclusión del ciberespacio, la posibilidad de manipular las masas más rápido, y las limitadas posibilidades de identificar a terroristas con la suficiente celeridad, creo que una decisión de este tipo es bienvenida dentro del contexto general de la protección de los derechos civiles y las libertades de todos los ciudadanos, así como de la creación de un entorno favorable para una identificación y una lucha contra la delincuencia rápidas, particularmente en delitos contra la seguridad de las personas, los países y las infraestructuras nacionales.

Aplaudo la decisión de considerar los objetivos establecidos en la Decisión marco como un aspecto de gran interés europeo, especialmente en lo relativo a las regulaciones comunes sobre la protección de datos personales, que permitirán a los Estados miembros aplicar las mismas normas y principios. Por otra parte, considero necesaria una recomendación en lo que respecta a la clasificación de la información con referencia a las clasificaciones internacionales, a fin de eliminar todas las diferencias entre los Estados miembros y otros Estados en la aplicación de las medidas de seguridad.

Hay dos estrategias básicas que deberían tenerse en cuenta a la hora de garantizar la protección de los datos y los sistemas de seguridad: «Todo lo que no está expresamente prohibido, está permitido», y «Todo lo que no está expresamente permitido, está prohibido».

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN), por escrito. – (PL) La cuestión del agravamiento del riesgo de actos terroristas en Europa es uno de los retos más importantes para la seguridad de nuestro continente. Hoy en día, nos vemos amenazados por el terrorismo político dirigido desde Estados que declaran cooperar con nosotros y por grupos de naturaleza delictiva, pero parece que la mayor amenaza a la que nos enfrentamos proviene del fundamentalismo islámico.

Me asombra la falta de preocupación por parte de los gobernantes de Europa. Nuestra total apertura a un número ilimitado de inmigrantes de países islámicos, favorecida por socialistas y liberales, traerá consigo una ola de tragedias para la población europea en el futuro. ¡La islamización sin límites de Europa no debe continuar!

Déjennos ofrecer ayuda a los países pobres, pero permítannos también evitar que nuestro continente caiga en una situación que pondrá a prueba los límites de tolerancia de nuestra población. Los recién llegados exigen derechos cada vez mayores y los pueblos tradicionales de Europa tienen que aceptarlo, con la consiguiente destrucción de tradiciones que se remontan a varios siglos atrás. Esto es peligroso. Un ejemplo de las posibles consecuencias de todo esto es Irlanda del Norte, donde los grupos enfrentados simplemente practican religiones cristianas diferentes.

  Marian Zlotea (PPE-DE), por escrito. – (EN) Los atentados del 11 de septiembre de 2001 transformaron el mundo por completo. No sólo cambiaron la manera de ver y comprender el mundo de los estadounidenses, sino que también abrieron las sociedades democráticas de todo el mundo a una nueva perspectiva internacional en la que atentados como los que asolaron Madrid (marzo de 2004) y Londres (julio de 2005) plantean un reto constante y desalentador.

Ahora los terroristas utilizan los medios de comunicación modernos, como Internet, para impulsar el adiestramiento y la captación, así como para planificar atentados. La utilización de esta tecnología supone una amenaza extraordinaria para la Unión, y deberíamos trabajar juntos en la lucha contra el terrorismo con todos los medios a nuestra disposición.

Sin embargo, para que nuestra sociedad democrática pueda responder eficazmente a estas amenazas, la lucha contra el terrorismo debe ir acompañada de un fortalecimiento de nuestros derechos y libertades fundamentales. La erradicación del terrorismo requiere disposiciones comunes dentro de la UE y la legislación existente debería adecuarse.

El terrorismo moderno dispone de nuevas vías de actuación, pero la UE debe combatirlo con la fuerza y la determinación demostradas en la lucha contra el terrorismo tradicional.

  Gerard Batten (IND/DEM). - (EN) Señor Presidente, seré breve. Intervengo en virtud del artículo 145 para rebatir comentarios y observaciones hechos sobre mi persona por Sarah Ludford en su intervención durante este debate.

Ha realizado varias afirmaciones, pero en particular dijo que yo era un «eurófobo» y que, refiriéndose a la extradición, mi intención era «despedir afectuosamente a todo delincuente que huye a través del Canal».

Me gustaría corregirla en este sentido. No soy un eurófobo. Amo el continente europeo, su historia, su cultura y sus logros tanto como cualquier otro. Sin embargo sí soy «EUfobo». Odio a esta Unión Europea antidemocrática e infrademocrática. En cuanto a la orden de detención europea y los juicios celebrados en rebeldía, lo que deseo es que un tribunal inglés o escocés pueda estudiar los indicios razonables contra un sospechoso antes de conceder su extradición y que tenga realmente potestad para evitarla. Deben poder determinar si la acusación tiene fundamento y si existen garantías de juicio justo.

Si hago esto es para proteger los intereses de los ciudadanos británicos, como en el caso de Andrew Symeou, un londinense de diecinueve años que podría ser extraditado a Grecia el 30 de septiembre acusado de homicidio. Las pruebas contra él son más que dudosas y no pueden tomarse en consideración, dado que los testigos fueron supuestamente sometidos a torturas para conseguir una declaración.

Comprendo la sensibilidad de la señora Ludford hacia este tema, ya que su partido, el Liberal Demócrata, ha hecho una apuesta a todas luces equivocada y teme —con razón— las consecuencias electorales en 2009.

  Presidente. − Antes de suspender la sesión, quisiera tranquilizar a los servicios de seguridad, ya que se ha extendido el rumor de que un individuo se había introducido en la Cámara con el rostro cubierto. Se trataba en realidad del señor Borghezio, que se había amordazado a sí mismo en señal de protesta. La Cámara, por tanto, no corre ningún riesgo desde el punto de vista de la seguridad. Simplemente quería tranquilizar a los servicios de seguridad.

(La sesión, suspendida a las 12.00 horas a la espera del turno de votaciones, se reanuda a las 12.05 horas)

PRESIDE: DIANA WALLIS
Vicepresidenta