Acta literal de los debates

Martes 21 de octubre de 2008 - Estrasburgo

9. Explicaciones de voto

Explicaciones orales de voto

– Informe de Anders Wijkman (A6-0366/2008)

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Acojo positivamente la propuesta de creación de una alianza mundial para hacer frente al cambio climático entre la Unión Europea, los países menos avanzados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. La adaptación al cambio climático puede requerir unos gastos de 80 000 millones de dólares estadounidenses porque el enfoque clave sería parar la deforestación en los bosques tropicales. Los 60 millones de euros que hemos destinado a esto, que es menos del 1%, es, sin embargo, una cantidad importante para los países más amenazados, siempre que se use de manera eficaz. La alianza ofrece una oportunidad, siempre que funcione como un punto de referencia y un centro de metodología para la gestión preventiva de los riesgos en relación con las catástrofes naturales que provoca el cambio climático en los países más pobres. El punto débil principal es la falta de coordinación sobre la enorme cantidad de actividades. La alianza no debe sustituir la ayuda humanitaria, sino ayudar a minimizar el alcance de las catástrofes previstas prestando apoyo mediante programas innovadores, mediante la consolidación de las estructuras administrativas a nivel nacional y local y, además, mediante la educación de los habitantes de los Estados insulares amenazados.

  Bogdan Pęk (UEN). – (PL) Señora Presidenta, he votado en contra, porque creo que todo el concepto de la limitación drástica de las emisiones de dióxido de carbono, como proponen la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, es básicamente un error y no tiene la base jurídica correcta. Además, si se tuviera que aplicar esta política en Polonia, mi país perdería mucho más que todo lo que hasta ahora ha recibido en forma de pagos directos, ayudas indirectas y subvenciones, y tendría que pagar todavía mucho más. Esto significa que la política sería desastrosa para las economías de muchos países en desarrollo. No sería un buen ejemplo para el resto del planeta, que se supone que aplicará este principio a nivel mundial de acuerdo con los resultados que consiga Europa. No obstante, si la política sólo se aplicara en Europa, sería un gasto totalmente innecesario de 500 000 millones de euros.

– Informe de Jean-Marie Beaupuy (A6-0356/2008)

  Victor Boştinaru, en nombre del Grupo del PSE. – Señora Presidenta, el informe hace referencia al futuro de la política de cohesión. Fue difícil encontrar respuestas prácticas válidas para los veintisiete Estados miembros y sus diferentes sistemas de gobernanza y asociación. El ponente ha conseguido encontrar propuestas muy concretas. Sobre la gobernanza, quiero subrayar dos elementos. Tenemos que permitir a las autoridades regionales y locales un reparto mejor y más eficaz de responsabilidades. Además, es muy importante abordar la falta de pericia y capacidad administrativa para ocuparse de fondos y proyectos a nivel local y regional. Sobre la asociación, el informe insiste correctamente en el carácter esencial de los procedimientos incluyentes y la identificación con la tarea. Tenemos que implicar al mayor número de interesados posibles en todos los ámbitos de la política y de la ejecución, y para ello necesitamos unas normas mínimas obligatorias.

Estoy muy satisfecho con la manera en que el ponente ha tratado todas nuestras aportaciones y preocupaciones y le felicito, una vez más, por su excelente trabajo.

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Viniendo de una experiencia de administración local, considero, al igual que el señor Beaupuy, que el principio de asociación es un elemento clave en la política de cohesión de la UE. Por consiguiente, he votado a favor del informe.

Para que una asociación tenga éxito, se requiere una inversión determinada al inicio del procedimiento, aunque más tarde se ahorre en tiempo, dinero y eficacia. La creación de un Erasmus de los cargos electos locales contribuiría a un intercambio de enfoques probados en el ámbito de la administración de asuntos públicos dentro del marco de la UE.

Pido a las instituciones responsables, especialmente a la Europa de los Doce, uno de los cuales es mi propio país Eslovaquia, que apliquen el principio de asociación, diligentemente, en el período 2007-2013 del programa y que aprovechen una oportunidad histórica para erradicar las desigualdades entre las regiones. Los políticos locales conocen muy bien sus zonas y pueden encontrar las soluciones más eficaces a los problemas de sus ciudades y pueblos, y, por consiguiente, pido a los Estados miembros que favorezcan la descentralización del poder para aplicar la política de cohesión de la UE, del nivel central al regional.

– Informe de Marielle De Sarnez (A6-0294/2008)

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Junto con el resto de la enseñanza superior, acojo muy positivamente la segunda fase del programa Erasmus Mundus. Estoy seguro de que no hay que convencer a nadie de que la integración de jóvenes inteligentes de diferentes partes del mundo es la clave para construir y mantener la paz, no sólo en nuestro continente sino en todo el mundo. Se amplía el horizonte de los estudiantes, y éstos aprenden a mirar las cosas desde nuevas perspectivas. Todo ello es el resultado del contacto directo, las clases en una lengua extranjera, y de conocer diferentes culturas. Los estudiantes se vuelven más abiertos y tolerantes. Por estas razones, estoy totalmente a favor del nuevo concepto que se incluye en el documento sobre el programa Erasmus Mundus.

  Philip Claeys (NI). - (NL) Señora Presidenta, he votado en contra del informe de la señora De Sarnez, porque es inaceptable que se amplíe el programa sin que se modifique de manera fundamental la discriminación contra los estudiantes europeos en comparación con los no europeos que quieran acogerse a una beca. Un estudiante no europeo recibe una beca anual de 21 000 euros, mientras que los estudiantes europeos que quieren estudiar fuera de la Unión Europea a través de Erasmus Mundus sólo pueden contar con 3 100 euros. Puesto que no se puede explicar o defender objetivamente una discrepancia de esta magnitud, no se puede, y de hecho no se debe, mantener, por más tiempo, esta discriminación.

– Informe de Jozsef Szajer (A6-0297/2008)

  Gyula Hegyi (PSE). - (HU) Como ponente, o en este caso como ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria para el informe relativo a la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente, quiero subrayar, otra vez, que se debe dar al Parlamento Europeo un papel más importante en los procedimientos de supervisión. A los ciudadanos europeos les da miedo el uso poco transparente de los OMG, y el control del Parlamento significa claridad y transparencia. La desconfianza sólo se puede atenuar mediante la total revelación. En el caso de los microorganismos modificados genéticamente, además, la meta debe ser la obligatoriedad de la participación del Parlamento Europeo en las cuestiones de salud y seguridad medioambiental. Me alegra que mis propuestas de enmienda a tal efecto, respaldadas unánimemente por la Comisión de Medio Ambiente, las haya aprobado también ahora el Parlamento Europeo.

– Informe de Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

  Carlo Casini (PPE-DE). – (IT) Señora Presidenta, creo que debo explicar de manera más clara porqué no estoy de acuerdo y considero injusto que las enmiendas presentadas por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y los Demócratas Europeos al informe de Gebhardt se rechazara porque la votación abordara una cuestión totalmente diferente.

Una cosa es decir que se puede elegir la ley de cualquier país del mundo, siempre que no viole los derechos humanos; y otra bien distinta decir que se puede elegir entre las leyes de los Estados miembros de la Unión Europea. Ambas cosas son diferentes, y, por lo tanto, creo que es injusto que las enmiendas sobre esta cuestión fuesen retiradas.

No obstante, apruebo —y espero que como el debate sobre esta regulación prosigue, se acepte mi argumento— los esfuerzos para crear un espacio jurídico europeo, con la armonización europea. No tiene sentido aplicar la ley de China o de cualquier Estado remoto del Pacífico, por ejemplo, en una cuestión tan delicada como las relaciones matrimoniales, cuando la necesidad apremiante es, en cambio, unir a los veintisiete países de la Unión.

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Por desgracia, el divorcio pertenece al lado oscuro de la civilización europea y se está produciendo un aumento en el número de los denominados divorcios internacionales. Siempre son los niños los que más sufren. Además, los divorcios internacionales dan lugar a disputas sobre el país en el que se llevará a cabo el procedimiento que decidirá sobre el futuro de los hijos. He apoyado la medida, que proporciona unas normas más claras para las parejas internacionales que están intentando divorciarse, ya que ambas partes podrán, con arreglo a un acuerdo, elegir el tribunal pertinente y, por lo tanto, la ley del Estado miembro con la que tengan alguna conexión. Esto es importante, especialmente en situaciones en las que las parejas están viviendo en un país del que ninguno de ellos puede ser ciudadano. Las normas jurídicas varían considerablemente entre los Estados miembros, así que supone un avance más que el Parlamento Europeo haya incorporado en la medida un papel para la Comisión, para desarrollar un sistema público de información en Internet que incluya todos los detalles. Hay que mencionar que los divorcios internacionales ya afectan a ciento setenta mil parejas y a sus hijos cada año.

  David Sumberg (PPE-DE). – Señora Presidenta, gracias por darme la palabra. La delegación conservadora y yo votamos en contra de este informe de la señora Gebhardt. Antes de llegar al Parlamento, ejercí el Derecho en el Reino Unido, incluido, ocasionalmente, el derecho matrimonial. Creo que sería un paso atrás. Cada Estado debe determinar la ley aplicable a dichas cuestiones.

No es, en absoluto, necesario que interfiera la Comisión Europea ni ningún otro órgano europeo. Todos nuestros países tienen diferentes costumbres, diferentes opiniones sobre el divorcio, diferentes creencias, diferentes religiones, diferentes experiencias, y es legítimo y apropiado que cada país individual lo refleje. No deberíamos aceptar que ningún órgano superior nos imponga lo que tenemos que hacer.

Gracias por darme esta oportunidad y por conseguir un momento memorable en mi carrera política habida cuenta de que puedo decir, sinceramente, que me he dirigido, aparte de a usted, Señora Presidenta, a una Cámara total y absolutamente vacía.

Explicaciones de voto por escrito

– Informe de Angelika Niebler (A6-0367/2008)

  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe (A6-0367/2008) de la señora Niebler sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la formalización en nombre de la Comunidad Europea del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre la Comunidad Europea, por una parte, y el Gobierno de Nueva Zelanda, por la otra, que es el único país industrializado no perteneciente a Europa con el que la Comunidad Europea no ha celebrado todavía un acuerdo sobre ciencia y tecnología.

Actualmente, la cooperación entre la Comunidad y Nueva Zelanda se basa en un acuerdo informal sobre cooperación científica y tecnológica entre la Comisión, de una parte, y el Gobierno de Nueva Zelanda, de otra, que se firmó y entró en vigor el 17 de mayo de 1991. No obstante, este acuerdo no proporciona una coordinación institucional de cooperación, ni contiene cláusulas específicas sobre el tratamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual. Gracias a mi reciente viaje a Nueva Zelanda, he tenido la oportunidad de hablar con algunos de los más altos representantes de ese país, que me confirmaron su interés en consolidar esta cooperación a través de un programa marco de alimentación, agricultura y biotecnologías, tecnologías de la información y de la comunicación, salud, el medio ambiente y la movilidad de los investigadores.

Estos sectores coinciden perfectamente con aquellos que la Comisión considera de mayor interés y más prometedores para la UE, al objeto de una futura colaboración que la permitirá aprovechar totalmente el potencial de cooperación con este país industrializado.

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. − (SV) Los conservadores suecos apoyamos la propuesta de la Comisión para crear un programa especial para ayudar a los países pobres en desarrollo a prepararse para las consecuencias del cambio climático, y adaptarse a las mismas. Además, estamos a favor del contenido principal del informe del Parlamento sobre la propuesta de la Comisión y, por lo tanto, hemos decidido votar a favor del informe.

No obstante, nos oponemos a la petición de aumentar el presupuesto de los actuales sesenta millones de euros a los 2 000 millones de euros en 2010 para financiar la alianza mundial para hacer frente la cambio climático. Asimismo, estamos en contra de la propuesta de destinar al menos el 25 % de los ingresos previstos de las subastas dentro del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión para financiar este aumento en el presupuesto.

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. – (PT) El Reglamento (CE) nº 639/2004 contempla excepciones al régimen de entradas y salidas de la flota previsto en el artículo 13 del Reglamento (CE) n º 2371/2002 sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común.

Sin embargo, la tardía adopción del instrumento jurídico de la Comisión que permite a los Estados miembros interesados la concesión de ayudas estatales y la limitada capacidad de los astilleros hicieron imposible el cumplimiento de la fecha límite para la entrada en la flota de buques pesqueros que puedan beneficiarse de las ayudas estatales para la renovación antes del 31 de diciembre de 2008, tal y como se estipula en el Reglamento (CE) nº 639/2004.

En su informe, el Parlamento Europeo, en concreto su Comisión de Pesca, defendía la ampliación de las fechas límites para la ayuda estatal para la renovación y para el registro de buques, en relación con el Reglamento actualmente en vigor y en relación con la propuesta presentada por la Comisión Europea, de acuerdo con los cuales la fecha límite sólo podía ampliarse por un año, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2009.

La ampliación de la ayuda estatal para la renovación de las flotas de las regiones ultraperiféricas hasta el 31 de diciembre de 2009 y la posibilidad de registrar buques hasta el 31 de diciembre de 2011, supone una ayuda muy importante si tenemos en cuenta las restricciones mencionadas anteriormente.

Por consiguiente, he votado a favor de este informe.

  Zita Pleštinská (PPE-DE), por escrito. – (SK) Del 19 al 27 de julio visité Nueva Zelanda como miembro de una delegación de once representantes del Parlamento Europeo. Este país moderno y rico con espíritu europeo está a más de 27 000 km de Eslovaquia. Nuestras reuniones con los estudiantes del Instituto Europeo de la universidad de Auckland y de la Canterbury University de Christchurch fueron muy interesantes. Hablamos sobre el Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea en el ámbito de la investigación, el desarrollo tecnológico y la demostración y sobre las oportunidades de cooperación entre la UE y Nueva Zelanda en los ámbitos de la ciencia y la investigación. Por esta razón, dentro del marco del proceso de consulta, apoyo la firma del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre la Comunidad Europea, por una parte, y el Gobierno de Nueva Zelanda, por la otra, y, por lo tanto, he votado a favor del informe de la ponente, la señora Niebler.

Nueva Zelanda es uno de los países menos contaminados del mundo, un hecho del que está, merecidamente, orgullosa. Los neozelandeses se guían por el eslogan «Verde, limpio y seguro». La energía hidroeléctrica representa dos terceras partes de la producción de electricidad del país. Asimismo, se utilizan enormes reservas de agua caliente para producir electricidad. No hay energía nuclear, en absoluto.

Creo firmemente que una cooperación recíproca en la lucha contra el cambio climático, que busque enfoques comunes en el ámbito de la ciencia, la investigación y la innovación, nos beneficiará a ambos.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, he votado a favor del informe de la señora Niebler sobre la formalización del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre la Comunidad Europea, por una parte, y el Gobierno de Nueva Zelanda, por la otra. Tal y como se percibe de la propuesta de decisión del Consejo, Nueva Zelanda es el único país industrializado no perteneciente a Europa con el que la Comunidad Europea no ha formalizado todavía un acuerdo formal sobre ciencia y tecnología. Por esta razón, y en vista de la creciente complejidad de la innovación tecnológica y del rápido avance científico, cree que es más conveniente que nunca para la Comunidad formalizar el actual acuerdo de cooperación para que se pueda reforzar esa colaboración, en particular, en sectores que son más importantes que nunca, como, por ejemplo, la salud, las biotecnologías y las tecnologías de la información y de la comunicación.

Creo que esto permitirá a la Comunidad aprovechar totalmente el potencial de cooperación con Nueva Zelanda de acuerdo con los principios de la protección eficaz de la propiedad intelectual y del reparto justo de los derechos de propiedad intelectual.

– Informe de Paolo Costa (A6-0374/2008)

  Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. − (PL) Señora Presidenta, he votado a favor del informe de opinión respecto de la propuesta de Decisión del Consejo sobre la formalización de un memorándum de cooperación entre la Organización de Aviación Civil Internacional y la Comunidad Europea sobre auditorías e inspecciones de la seguridad y asuntos relacionados (COM(2008)0335 – C6-0320/2008 – 2008/0111(CNS)).

El señor Costa, el ponente, ha subrayando correctamente que, de conformidad con los objetivos de la política de la Comunidad en el ámbito de la aviación civil, el memorándum de cooperación reforzará las relaciones entre la Comunidad y la OACI. En particular, es importante tener presente que la aplicación del memorándum negociado facilitará un mejor uso de los siempre limitados recursos en el ámbito del control y del cumplimiento de los reglamentos. La aplicación de la decisión beneficiará considerablemente a los Estados miembros.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. – (PT) El objetivo del proyecto de memorándum de cooperación es reducir de forma significativa las auditorías individuales realizadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en los Estados miembros. Para ello, la OACI realizará una evaluación del sistema de inspección de la seguridad en la aviación de la Comisión Europea.

Por consiguiente, de conformidad con los objetivos de la política de aviación civil de la Comunidad, el memorándum de cooperación estrechará la relación entre la Comunidad y la OACI y permitirá un mejor uso de los limitados recursos de los Estados miembros en el ámbito del control de la conformidad.

Los Estados miembros han afrontado, hasta la fecha, dos sistemas de control de la conformidad con el mismo objetivo y, en líneas generales, el mismo ámbito de aplicación. Una vez más, el principal objetivo de este acto será el uso más racional de los recursos disponibles.

Finalmente, con el fin de garantizar el tratamiento adecuado de la información clasificada de la UE, la OACI está obligada a respetar las normas de la Comunidad y la Comisión está autorizada a comprobar in situ qué medidas de protección han sido implantadas por la OACI.

Por consiguiente, he votado a favor del Informe Costa.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. – Señora Presidenta, Señorías, he votado a favor del informe del señor Costa sobre la formalización de un memorándum de cooperación entre la Organización de Aviación Civil Internacional y la Comunidad Europea sobre auditorías e inspecciones de la seguridad. En mi opinión, estar sujeto a dos sistemas de control de la conformidad con el mismo objetivo y, en gran medida, el mismo ámbito de aplicación, significa no sólo una distribución ineficaz de los recursos por parte de los órganos competentes, sino también, y lo que es aún más importante, una carga para los Estados miembros en cuanto al coste y la utilización de los recursos limitados a su disposición. Por consiguiente, acojo positivamente la propuesta de cooperación entre la OACI y la Comisión Europea en este asunto.

– Informe de Diana Wallis (A6-0380/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución legislativa que aprueba la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de acuerdo con el informe de mi colega británica, la señora Wallis. Esta propuesta surge del deseo de refundir el Derecho comunitario, al que se hace referencia —de modo inadecuado, en mi opinión— como codificación. Lamento que, en vista de la evolución y la complejidad de los textos, la Comisión no haya revisado su posición, que data del 1 de abril de 1987, y que consiste en ordenar a sus servicios que sigan adelante y codifiquen todos los actos legislativos después, como muy tarde, de su décima modificación mientras que, al mismo tiempo, subraya que ésta es una norma mínima y que sus servicios tuvieron que hacer todo lo posible para codificar los textos de los que eran responsables a intervalos todavía más cortos. En este caso en particular, estamos refundiendo el Reglamento del Consejo de 1993 y tres textos que lo modificaron, respectivamente, en 2000, 2002 y 2005. Creo que la política de refundir el Derecho comunitario debe ser una de las prioridades de la Comisión Europea y que la situación actual no es satisfactoria, especialmente con respecto a los Estados miembros y a los europeos.

  Šarūnas Birutis (ALDE), por escrito. – (LT) Debemos esforzarnos por simplificar y clarificar más el Derecho comunitario para que sea más comprensible y accesible a todos los ciudadanos, que entonces tendrían oportunidades nuevas y podrían aprovecharse de derechos específicos que se les ha otorgado.

Este objetivo será inalcanzable si muchas normativas que son modificadas parcialmente y, a menudo, de manera fundamental varias veces, permanecen dispersas por varios actos, de manera que algunas se encuentran en el acto original, y otras en posteriores actos de modificación. Por consiguiente, a fin de encontrar las normas en vigor en un momento dado se tiene que investigar de manera significativa, comparando varios actos legales.

Por esta razón, mientras nos esforzamos por clarificar y hacer más transparente el Derecho comunitario, es importante que codifiquemos los reglamentos, que han sido modificados muchas veces.

– Informe de Diana Wallis (A6-381/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución legislativa que aprueba la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los recipientes a presión simples, de acuerdo con el informe de mi colega británica, la señora Wallis. Esta propuesta surge del deseo de refundir el Derecho comunitario, al que se hace referencia —de modo inadecuado, en mi opinión— como codificación. Este deseo es loable, pero lamento que, en vista de la evolución y la complejidad de los textos, la Comisión no haya revisado su posición que data del 1 de abril de 1987 y que consiste en ordenar a sus servicios que sigan adelante y codifiquen todos los actos legislativos después, como muy tarde, de su décima modificación mientras que, al mismo tiempo, subraya que ésta es una norma mínima y que, en interés de la claridad y de la adecuada comprensión de la legislación comunitaria, los servicios tuvieron que hacer todo lo posible para codificar los textos de los que eran responsables a intervalos todavía más cortos. En este caso en particular, estamos codificando diversas Directivas que datan de 1987, 1990 y 1993, junto con sus enmiendas. Creo que la política de refundir el Derecho comunitario debe ser una de las prioridades de la Comisión Europea y que la actual situación no es admisible, en particular, respecto de los Estados miembros y los europeos.

  Šarūnas Birutis (ALDE), por escrito. – (LT) Los Estados miembros deben emplear todos los medios necesarios para garantizar que los recipientes a presión sólo se sacan al mercado y se suministran para el uso, si son seguros para las personas, los animales domésticos o los inmuebles, y se instalan, mantienen y usan de conformidad con su finalidad. Los fabricantes deben garantizar que los recipientes cumplen el tipo que se señala en el certificado de examen CE de tipo y en la descripción del proceso de fabricación, debe etiquetar los recipientes con el marcado CE y redactar una declaración de conformidad. Esta Directiva es de aplicación a los recipientes a presión simples fabricados en serie y no a los específicamente diseñados para uso nuclear, a los recipientes destinados a la propulsión de barcos y aeronaves ni a los extintores de incendios.

Esta propuesta pretende codificar la Directiva 87/404/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1987, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de recipientes a presión simples. La nueva Directiva modificará varios actos cuyas regulaciones se incorporaron a la misma. Esta propuesta no altera el contenido de los actos jurídicos codificados; sólo unifica estos actos, tras las necesarias modificaciones para la codificación.

– Informe de Diana Wallis (A6-385/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución legislativa que aprueba la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al certificado complementario de protección para los medicamentos, de acuerdo con el informe de mi colega británica, la señora Wallis. Esta propuesta surge del deseo de refundir el Derecho comunitario, al que se hace referencia —de modo inadecuado, en mi opinión— como codificación. Este deseo es loable, pero lamento que, en vista de la evolución y la complejidad de los textos, la Comisión no haya revisado su posición que data del 1 de abril de 1987 y que consiste en ordenar a sus servicios que sigan adelante y codifiquen todos los actos legislativos después, como muy tarde, de su décima modificación mientras que, al mismo tiempo, subraya que ésta es una norma mínima y que, en interés de la claridad y de la adecuada comprensión de la legislación comunitaria, los servicios tuvieron que hacer todo lo posible para codificar los textos de los que eran responsables a intervalos todavía más cortos. En este caso en particular, estamos refundiendo el Reglamento del Consejo de 1992 y los cuatro textos que lo modificaron en, respectivamente, 1994, 2003, 2005 y 2006. Creo que la política de refundir el Derecho comunitario debe ser una de las prioridades de la Comisión Europea y que la actual situación no es admisible, en particular, respecto a los Estados miembros y los europeos.

– Informe de Diana Wallis (A6-386/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. He votado a favor de la resolución legislativa que aprueba la propuesta de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de acuerdo con el informe de mi colega británica, la Sra. Wallis. Esta propuesta surge del deseo de refundir el Derecho comunitario, al que se hace referencia ―de modo inadecuado, en mi opinión― como codificación. Lamento que, en vista de la evolución y la complejidad de los textos, la Comisión no haya revisado su posición que data del 1 de abril de 1987 y que consiste en ordenar a sus servicios que sigan adelante y codifiquen todos los actos legislativos después, como muy tarde, de su décima modificación mientras que, al mismo tiempo, subraya que ésta es una norma mínima y que los servicios tuvieron que hacer todo lo posible para codificar los textos de los que eran responsables a intervalos todavía más cortos. En este caso en particular, estamos refundiendo el Reglamento del Consejo de 1993 y los tres textos que lo modificaron en, respectivamente, 2000, 2002 y 2005. Creo que la política de refundir el Derecho comunitario debe ser una de las prioridades de la Comisión Europea y que la actual situación no es admisible, en particular, respecto a los Estados miembros y los europeos.

– Informe de Diana Wallis (A6-379/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. He votado a favor de la resolución legislativa que aprueba, tras el proceso de consulta, la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la aplicación del artículo 81 del Tratado en el sector del transporte aéreo, de acuerdo con el informe de mi colega británica, la señora Wallis. Esta propuesta surge del deseo de refundir el Derecho comunitario, al que se hace referencia —de modo inadecuado, en mi opinión— como codificación. Lamento que, en vista de la evolución y la complejidad de los textos, la Comisión no haya revisado su posición que data del 1 de abril de 1987 y que consiste en ordenar a sus servicios que sigan adelante y codifiquen todos los actos legislativos después, como muy tarde, de su décima modificación mientras que, al mismo tiempo, subraya que ésta es una norma mínima y que los servicios tuvieron que hacer todo lo posible para codificar los textos de los que eran responsables a intervalos todavía más cortos. En este caso en particular, estamos refundiendo el Reglamento del Consejo de 1987 y los cinco textos que lo modificaron en, respectivamente, 1990, 1992, 1994, 2003 y 2004. Creo que la política de refundir el Derecho comunitario debe ser una de las prioridades de la Comisión Europea y que la actual situación no es admisible, en particular, respecto a los Estados miembros y los europeos.

– Informe de Alain Lamassoure (A6-0342/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución legislativa que aprueba, sin perjuicio de las enmiendas, la propuesta de Reglamento del Consejo de modificación del Reglamento del 2000, por el que se aplica la Decisión relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, de acuerdo con el informe de mi excelente colega, el ex Ministro Lamassoure. Como la inmensa mayoría de los diputados, creo que es conveniente recordar que el Consejo ha pedido a la Comisión que lleve a cabo un estudio completo y exhaustivo de todos los aspectos relativos a los gastos y recursos de la Unión Europea y que le presente un informe en 2008/2009. De conformidad con el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera, apoyo que el Parlamento intervenga debidamente en todas las fases del estudio. En este contexto, todo el mundo debe recordar que las actuales perspectivas financieras para el período 2007-2013 se han aprobado dentro del marco de un compromiso político concebido para revisar la corrección de la contribución británica.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) El informe del señor Lamassoure sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea es claramente de naturaleza ideológica. Se elude intervenir, y cito: «en los detalles de… un sistema anticuado, injusto y falto de transparencia», cuyo defecto principal, en opinión del ponente, está en que no es el Parlamento Europeo el que decide sobre la materia.

Además, es así porque, a juzgar por lo que se ha dicho en esta Cámara, no habrá pasado mucho tiempo antes de que Bruselas retenga directamente a los contribuyentes europeos un impuesto adicional. El libre consentimiento a la imposición fiscal (por parte de los ciudadanos o sus representantes) es un principio fundamental del Estado constitucional, al igual que la capacidad para exigir impuestos es una prerrogativa del Estado.

Es más, ahí radica el problema. La Unión Europea no es un Estado y no puede, en ninguna circunstancia, permitirse exigir impuestos. Además, al ignorar el rechazo de la Constitución Europea por parte de los franceses, holandeses e irlandeses, demuestra congruentemente, que le preocupa poco el libre consentimiento de cada una de las naciones. Por desgracia, prefiere mentir, manipular e, incluso, imponer.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, he votado a favor del informe del señor Lamassoure sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativa a las modificaciones del sistema de recursos propios de las Comunidades. Estoy de acuerdo con los motivos sobre los que se establece y comparto la opinión expresada por el ponente cuando reconoce que la última Decisión de la Comisión, en la que se reclama actualizar la regulación aplicable sobre recursos propios de acuerdo con la Decisión del Consejo de 7 de junio de 2007, complicaría en sus actuales términos aún más el procedimiento, al prever constantes excepciones y condiciones especiales para determinados Estados miembros.

Por consiguiente, mi argumento es que una revisión general del funcionamiento del sistema de recursos propios, que se tiene que producir, debería tener en cuenta la participación activa del Parlamento Europeo en la propuesta de las medidas adecuadas dirigidas a lograr una mayor transparencia.

- Informe de Gérard Deprez (A6-0408/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) De acuerdo con el informe de mi colega belga, el señor Deprez, he votado a favor de la resolución legislativa que modifica la propuesta de una Decisión marco del Consejo relativa al exhorto europeo de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal. Al igual que muchos de mis colegas, acojo positivamente la propuesta de una Decisión marco del Consejo que facilite la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de un exhorto europeo para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal. Este exhorto europeo, en adelante designado como exhorto europeo de obtención de pruebas, facilitará una cooperación jurídica más rápida y eficaz en materia penal y reemplazará al actual sistema de ayuda jurídica mutua en este ámbito, de conformidad con las conclusiones del Consejo.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Independientemente de que tengamos serias reservas sobre el análisis de determinados aspectos en el informe del Parlamento Europeo, no estamos de acuerdo con la aproximación de las legislaciones y de la adopción de procedimientos comunes, en particular, en relación con el exhorto europeo de obtención de pruebas, una iniciativa que entra dentro de la creación de un espacio penal europeo.

La Comisión Europea tiene fama de presentar innumerables propuestas relativas a una supranacionalización de la justicia a nivel de la UE, y, por ende, pone en peligro aspectos esenciales de la soberanía de los Estados miembros y su deber de proteger los derechos de sus ciudadanos.

En el actual proceso de consulta, el Parlamento Europeo defiende la obtención de pruebas transfronterizas, al igual que funciona la orden de detención europea. Una mayoría del Parlamento Europeo quiere suprimir la «cláusula de territorialidad» acordada por el Consejo (que permitiría a un Estado miembro rechazar un exhorto europeo de obtención de pruebas de acuerdo con determinadas condiciones), y, que por ende, vulnera la soberanía del Estado miembro.

En esencia, el Parlamento Europeo, que es «siempre más papista que el Papa», quiere aplicar un proyecto de Tratado que ya se ha rechazado tres veces, en particular, en el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior, y que por ende crea un «espacio penal europeo», tal y como dice el ponente, «en el que se procure no dar cabida a los derechos de veto nacionales».

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. Señora Presidenta, Señorías, he votado a favor del informe del Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, el señor Deprez, sobre la Decisión marco del Consejo relativa al exhorto europeo de obtención de pruebas. Estoy de acuerdo con el objetivo de este informe y la posición que adopta.

Facilitar la obtención de pruebas transfronterizas es, sin duda, un importante paso adelante para lograr el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. Este principio crea la base de la cooperación judicial, cuyo último objetivo es facilitar una asistencia judicial más eficaz y mucho más rápida para todos los Estados miembros. Quiero señalar que a fin de garantizar un espacio jurídico europeo coherente y de asegurar que la cooperación judicial sobre materia penal produzca los efectos deseados, todos los Estados miembros deberían aplicar el marco legislativo y los instrumentos deberían simplificar la asistencia entre las diversas autoridades judiciales nacionales, sin olvidar, por supuesto, la protección de los datos personales.

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM) por escrito. − (PL) Debería ser prioritario para la Comunidad, garantizar la seguridad de los ciudadanos de los Estados miembros y un rápido y eficaz funcionamiento del sistema judicial. Esto es importante en el contexto del espectacular aumento de la delincuencia organizada, en especial, de la delincuencia transfronteriza. Se debería prestar especial atención a todos los instrumentos jurídicos que puedan facilitar los procedimientos penales y ayudar a condenar a los autores de los delitos.

El exhorto europeo de obtención de pruebas facilita el reconocimiento inmediato de las resoluciones de los tribunales dictadas en otro Estado miembro. Esto es muy problemático, porque conlleva importantes modificaciones en los procedimientos penales de los Estados miembros. La ejecución del exhorto europeo de obtención de pruebas está llena de dificultades, debido a la variedad de procedimientos penales y de las profundas diferencias entre la legislación sobre exhortos. En mi opinión, en lugar de interferir en ámbitos tan delicados como el procedimiento penal en un determinado país, la Comisión y el Parlamento Europeo deberían centrarse en lograr el mejor nivel posible de cooperación entre las fuerzas policiales de los Estados miembros. Esto se podría conseguir a través de organismos como, por ejemplo, Eurojust y la Escuela Europea de Policía.

– Informe de Niels Busk (A6-0340/2008)

  Lena Ek (ALDE), por escrito. − (SV) La política de pesca de la UE no se establece sobre la base, y nunca lo ha hecho, de decisiones conjuntas bien meditadas. Las poblaciones de peces en Europa han disminuido dramáticamente en los últimos años, y se ha hecho muy poco para cambiar esta situación. La política de pesca que la UE debería apoyar debe estar impregnada de un enfoque a largo plazo y con visión de futuro.

No obstante, el informe del señor Busk representa, en muchos sentidos, un cambio positivo. La exposición de motivos afirma, entre otras cosas, que la recuperación del bacalao es una cuestión muy importante y que el mejor método para lograrla sería prohibir completamente la pesca del bacalao, aún cuando esta medida se rechace posteriormente. Por desgracia, las enmiendas a este informe no reflejan la preocupación que el señor Busk expresó en la exposición de motivos.

Las propuestas de enmiendas son demasiado flojas como para tener una verdadera trascendencia. No es muy oportuno que se abra el camino a una revisión de la ya poco apropiada regulación del esfuerzo pesquero cuando las poblaciones de bacalao «hayan mejorado en proporción sustancial». Es razonable sugerir que el enfoque debería estar, en cambio, en proteger la recuperación en mayor medida que actualmente. Sólo entonces podemos empezar a hablar de una posible revisión. Por consiguiente, el informe envía unas señales totalmente equivocadas, en el sentido de que el problema se resolverá pronto y que entonces deberemos empezar a revisar el sistema. En realidad, no es así. Por consiguiente, he votado en contra del informe.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. − No apoyé el Informe Busk. Todos sabemos que es importante la recuperación de las poblaciones de bacalao. Está claro que se puede capturar bacalao al estar pescando otras especies. Aun así, la propuesta de reducir la intensidad total de pesca en la zona que va desde Cornualles al estuario de Severn es drástica y exagerada. Como diputado de la región en cuestión, no estoy todavía convencido —lo podría estar si hubiera más pruebas— de la necesidad de llegar a ese extremo tan pronto.

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. – (PT) El objetivo de este informe es «sacar brillo» a la estrategia europea para preservar las poblaciones de bacalao.

Desde noviembre de 2000, cuando el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) llamó la atención sobre el serio riesgo de deterioro de las poblaciones de bacalao en el Mar del Norte y en el oeste de Escocia, y en la reunión del Consejo de diciembre de 2000, los Ministros de Pesca y la Comisión han expresado su preocupación por el crítico estado de las poblaciones.

Dada la diferente situación en las distintas pescas, este informe del Parlamento Europeo pretende garantizar una mayor flexibilidad de acción, al tener en cuenta las diferentes condiciones de pesca y población en las diversas áreas en las que se aplicarán los planes de recuperación para estas especies.

Una de las prioridades de este informe es garantizar una mayor intervención de los pertinentes Consejos Consultivos Regionales (CCR) y los Estados miembros en la gestión eficaz de las poblaciones de bacalao. Una referencia expresa a los CCR y a los Estados miembros en esta legislación proporcionaría una clara indicación de que las instituciones de la UE tienen intención de hacer que participen estas partes interesadas en el desarrollo futuro de sistemas de gestión de la pesca.

He votado a favor de este informe.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) El bacalao se encuentra en una situación preocupante y requiere una acción inmediata y contundente. No obstante, las propuestas de la Comisión no son adecuadas y tienen defectos en muchos aspectos.

Además, es interesante que el Parlamento haya decidido tan repentinamente que la cuestión debería tratarse a escala nacional. Claramente, están intentando debilitar la propuesta de la Comisión para beneficiar al sector. Están simplemente tratando de combinar dos cosas que no encajan.

Hemos votado en contra del informe por las razones que hemos dado.

  Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. − (PL) He votado a favor del informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CE) nº 423/2004, en lo que respecta a la recuperación de las poblaciones de bacalao, y el Reglamento (CEE) nº 2847/93.

De conformidad con el Comité científico, técnico y económico de pesca, las poblaciones de bacalao del Mar del Norte están en estado crítico. Se están capturando muchos peces, y en particular, demasiados peces jóvenes. Esto reduce las posibilidades de recuperación de las especies.

El ponente, el señor Busk, ha subrayado la necesidad del seguimiento y control del cumplimiento de las normas. Asimismo, se inclina hacia la opinión de la Comisión sobre la necesidad de revisar las capturas, para simplificar el sistema de gestión y reducir los descartes. No podemos prohibir la pesca por sus consecuencias sociales y económicas, pero es necesaria una acción inmediata para aplicar el plan de recuperación de las poblaciones de bacalao.

  James Nicholson (PPE-DE), por escrito. − Acojo positivamente este esfuerzo por abordar los problemas relacionados con el Plan de Recuperación del Bacalao de 2004, que se ha probado claramente que es ineficaz. A pesar de las diversas medidas adoptadas, las poblaciones de bacalao no han dado muchas muestras de recuperación.

El punto más importante de esta propuesta es el relativo a la reducción de los descartes. En el actual clima de escasez de alimentos y en una época extremadamente difícil para los pescadores, ésta sólo se puede describir como una práctica totalmente ilógica y despilfarradora.

La cuota para los totales admisibles de capturas es demasiado baja y los pescadores se ven obligados a devolver al mar grandes cantidades de peces, a pesar de que esto no ayuda a reponer las poblaciones.

Naturalmente, debemos continuar tomando medidas para proteger nuestras poblaciones de bacalao. No obstante, deberíamos, además, tener presente una visión global. El cambio climático y el impacto del calentamiento planetario pueden tener más ver con la merma de las poblaciones que los pescadores que simplemente tratan de vivir de este sector.

- Informe de Kyösti Virrankoski (A6-0412/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) Sobre la base del informe de mi colega finlandés, el señor Virrankoski, he votado a favor de la resolución para aprobar, sin enmiendas, el proyecto de presupuesto rectificativo n° 7/2008 de la UE, relativo a el uso del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por la friolera de 12,8 millones euros como créditos de compromiso y de pago. Esta cantidad está destinada a ayudar a las poblaciones de los departamentos franceses de ultramar de Guadalupe y Martinica, que sufrieron daños considerables debido al huracán «Dean» en agosto de 2007. Este proyecto de presupuesto rectificativo es totalmente neutral desde el punto de vista presupuestario porque prevé la consecuente reducción en créditos de pago de la línea presupuestaria 13 04 02 del Fondo de Cohesión. Es importante señalar que este proyecto de presupuesto es el primero que se dedica exclusivamente al Fondo de Solidaridad de la UE, tal y como solicitaba el Parlamento Europeo.

– Informe de Reimer Böge (A6-0399/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. Sobre la base del informe de mi estimado colega alemán el señor Böge, he votado a favor de la resolución que aprueba sin enmiendas la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para ayudar a Francia, cuyos departamentos de ultramar de Martinica y Guadalupe se vieron afectados en 2007 por el «huracán Dean». La cantidad de 12,8 millones de euros como créditos de compromiso y de pago se movilizará de acuerdo con el Fondo de Solidaridad para Francia, a través de un presupuesto rectificativo aprobado paralelamente. Esta cantidad supone el 2,5 % de los daños directos que se estiman en 511,2 millones de euros.

  Šarūnas Birutis (ALDE), por escrito. – (LT) El Fondo de Solidaridad y otras medidas específicas no ascienden a una gran suma de dinero si se compara con el presupuesto de la Unión Europea, y, en última instancia, sirven para ayudar a las zonas afectadas y sus habitantes después de una catástrofe natural. Apoyo la decisión de destinar ayuda del Fondo de Solidaridad a Francia para Martinica y Guadalupe, que fueron golpeadas por el huracán Dean en agosto de 2007. En estos casos tenemos que ser solidarios.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Francia ha presentado una solicitud para movilizar el Fondo como consecuencia del huracán Dean, que afectó a Martinica y Guadalupe en agosto de 2007. Por consiguiente, la Comisión ha propuesto que se movilice un total de 12,8 millones de euros del Fondo para apoyar a Francia.

Los junilistas aplaudimos la solidaridad nacional e internacional, así como las iniciativas de ayuda cuando un país se ve afectado por una catástrofe.

No obstante, en nuestra opinión, en primer lugar, la experiencia previa ha demostrado que la UE no es capaz de gestionar la ayuda de emergencia de manera eficaz con fondos comunitarios. En segundo lugar, estamos hablando de una contribución de una mínima parte de un tanto por ciento del PNB de Francia. Es poco razonable pensar que la UE deba intervenir y financiar conjuntamente proyectos a los que un Estado miembro rico debería poder hacer frente por si mismo.

Por lo tanto, hemos decidido votar en contra del informe en su totalidad.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La Comisión propone movilizar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea en favor de Francia.

El Acuerdo Interinstitucional permite la movilización del Fondo dentro de un límite máximo anual de mil millones de euros. Durante el año 2008 se ha movilizado una cantidad total de 260 411 197 euros a favor de Gran Bretaña (162 387 985 euros), Grecia (89 769 009 euros) y Eslovenia (8 254 203 euros).

Francia solicitó ayuda del Fondo tras el huracán Dean que afecto a Martinica y Guadalupe en agosto de 2007. La Comisión propone movilizar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por una cantidad total de 12 780 000 euros, que se consignarán de los créditos no usados en el Fondo de Cohesión.

No obstante, al igual que en los casos anteriores, hay, al menos, una pregunta obvia que se debe hacer: ¿cómo puede ser que sea ahora, más de un año después de que se produjera la catástrofe que afectó a la población, cuando se está disponiendo de la financiación de la UE? No hay duda de que algo está mal…

Hay que señalar que presentamos propuestas que pretendían acelerar los procedimientos para movilizar este Fondo y garantizar que las catástrofes regionales todavía reuniesen los requisitos. Estas propuestas pretendían, además, reconocer la naturaleza concreta de las catástrofes naturales en la región mediterránea, como, por ejemplo, la sequía y los incendios, dentro de este Fondo.

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), por escrito. − Enmienda 134

Nos oponemos terminantemente a los abortos coactivos, la esterilización forzosa y el infanticidio, y coincidimos en que son violaciones de los derechos humanos.

Nos hemos abstenido sobre la enmienda, ya que los fondos de la UE nunca se han utilizado de esta manera y la enmienda no aclara la importancia de la labor internacional de desarrollo de organizaciones con credibilidad en el apoyo a las mujeres en la gestión de la fertilidad, y, en particular, en la educación reproductiva, los servicios sanitarios relacionados con la reproducción y la planificación familiar, y en hacer campaña a favor del derecho de las mujeres a la asistencia sanitaria.

Enmiendas 130, 131, 132, 133.

Aunque votamos a favor de estas enmiendas porque es una cuestión importante, creemos que sería más adecuado crear una línea presupuestaria separada relativa a los derechos de los niños, que incluiría las cuestiones que se abordan en estas enmiendas.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Las catástrofes naturales tienen efectos variados y, en general, devastadores. Junto con el sufrimiento humano que causan, son, sobre todo, los efectos económicos los que retrasan el desarrollo de estos países durante muchos años, como ocurre en el caso actual. Las infraestructuras básicas quedan destruidas y sólo se pueden reconstruir, con mucha dificultad, usando los propios fondos de los países.

La creación del Fondo de Solidaridad que se ha apoyado debería acelerar los trabajos de reconstrucción de esta clase mediante el apoyo financiero selectivo, que, además, requerirá un seguimiento meticuloso en cada ubicación. Es cierto que las regiones afectadas necesitan una ayuda rápida, pero también es importante, en estos proyectos, realizar un seguimiento fiable. En mi opinión, se debería prestar más atención a este ámbito, y por esta razón me abstengo en la votación sobre este informe.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, he votado a favor del informe del señor Bogë sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, solicitada por Francia, para apoyar la situación de emergencia causada por el huracán Dean en Martinica y Guadalupe en agosto de 2007. Estoy de acuerdo con el ponente y comparto la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional de que, en este caso, el uso del fondo se corresponde, totalmente, con lo establecido en el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006.

  Margie Sudre (PPE-DE), por escrito. – (FR) Nuestro Parlamento acaba de aprobar una ayuda de 12 780 000 euros, propuesta por la Comisión Europea a favor de Martinica y Guadalupe para cubrir una parte del gasto que produjo la emergencia del pasado verano a raíz del «huracán Dean».

Esta ayuda financiera será bien recibida, especialmente si se tiene en cuenta que Martinica y Guadalupe todavía siguen notando los efectos de los daños causados por el huracán Dean, en concreto en el ámbito de la vivienda y en los sectores del plátano y el azúcar de caña.

El Fondo de Solidaridad, que, en este caso, se usa en aplicación de una excepción a las normativas generales, es particularmente importante para las regiones ultraperiféricas, dadas las múltiples amenazas que regularmente azotan a sus poblaciones, en un momento en el que huracán Omar arrasó el Caribe pasada.

Desde que se creó este fondo en 2002, estoy muy comprometida con la idea de garantizar que los departamentos de ultramar puedan beneficiarse de este tipo de apoyo. La experiencia adquirida por el Gobierno francés al presentar sus peticiones, junto con la comprensión mostrada por la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo, nos tranquiliza con respecto a la capacidad de Europa para apoyar a las poblaciones de ultramar enfrentadas a grandes crisis.

– Informe de Reimer Böge (A6-0405/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) De acuerdo con el informe del señor Böge, he votado a favor de la resolución que aprueba la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización, dentro del marco del presupuesto general de la Unión Europea para 2008, de la cantidad de 10 800 000 euros como créditos de compromiso y de pago de acuerdo con el Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización para ayudar al sector del automóvil en España y al sector textil en Lituania. En el caso de España (a la que se propone destinar 10 500 000 euros), se ha solicitado ayuda en relación con 1 589 despidos, de los que 1 521 tuvieron lugar en Delphi Automotive Systems España, en Puerto Real, provincia de Cádiz, Andalucía. Se trata de un fabricante de piezas de motor que pertenece a la empresa Delphi Automotive Systems Holding Inc., cuya sede central está en Troy, Michigan, en los Estados Unidos. En el caso de Lituania (a la que se propone destinar 300 000 euros), se ha solicitado ayuda en relación con 1 089 pérdidas de puestos de trabajo que se han producido en Alytaus Tekstilė, una empresa textil que ha entrado en liquidación durante un período de referencia de cuatro meses.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) España ha presentado una solicitud en relación con 1 589 despidos, de los que 1 521 se han producido en Delphi Automotive Systems España y 68 entre sus proveedores. Ha solicitado una contribución de 10 471 778 euros para cubrir parte del coste de las medidas de asistencia que asciende a casi 20 940 000 euros.

Lituania ha presentado una solicitud con respecto a 1 089 despidos debidos al cierre de Alytaus Tekstile, un fabricante textil. Ha solicitado 298 994 euros de un coste total de casi 60 000 euros.

Como ya hemos dicho en otras ocasiones, este Fondo no se puede usar como un «colchón» temporal para costes socioeconómicos inaceptables que son consecuencia del traslado de empresas y sus despidos o de no modificar las políticas que son la causa de la explotación de los trabajadores, la inseguridad y el desempleo. Es esencial impedir y penalizar los traslados de empresas y poner fin a la política de liberalización del comercio mundial, tal y como fomenta la UE.

La ayuda estatal debe concederse con sujeción a unos compromisos a largo plazo sobre empleo y desarrollo regional. La ayuda no se debe conceder allí donde se pueda usar para estimular las traslados.

Debemos reforzar el papel de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa y en la adopción de decisiones de gestión de carácter estructural.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, he votado a favor del informe del señor Böge sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en respuesta a la solicitud de España y Lituania de febrero y mayo de 2008. Creo que es apropiado que se movilice el Fondo, ya que ambos países han incurrido en un enorme gasto en forma de ayuda a los trabajadores. Dado que la razón de existencia del Fondo es, precisamente, prestar apoyo adicional a los trabajadores que se ven amenazados por las nuevas condiciones de competencia y por las prácticas comerciales en el actual mundo de la actividad mercantil, creo que en este caso se puede aprobar, sin duda, la solicitud para la movilización del Fondo.

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), por escrito. − (RO) He votado a favor de la propuesta de resolución que impide la introducción del control de los pasajeros como un forma de intensificar la seguridad de la aviación civil. La seguridad de los pasajeros es de vital importancia, pero las medidas que sean adoptadas no deben violar los derechos fundamentales de los ciudadanos. La introducción de un escáner corporal, en la forma que se ha propuesto actualmente, no garantiza el respeto del derecho a la privacidad.

Creo que es preciso llevar a cabo estudios para determinar el efecto de la introducción de esta medida en la salud humana, así como una valoración del impacto para determinar la conveniencia de estos sistemas. Asimismo, creo que son muy importantes los procedimientos que habría que aprobar para manejar las imágenes escaneadas. En vista de esto, el Supervisor Europeo de Protección de Datos debería formular y emitir una opinión para que cualquier medida dirigida a la seguridad de los pasajeros se aplique de conformidad con las regulaciones vigentes sobre los datos personales.

Esperamos con interés los datos adicionales de la Comisión Europea relativos a las medidas que tenemos pensadas para mejorar la seguridad en la aviación civil. Estuve a favor de aprobar hoy esta resolución porque es necesario proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea.

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM) por escrito. − (PL) La globalización tiene sus repercusiones positivas para el crecimiento económico y el empleo. Pero también tiene consecuencias negativas para los trabajadores, de determinados sectores, menos cualificados y en una situación más delicada. Estas consecuencias negativas pueden afectar a todos los Estados miembros, sin tener en cuenta si son grandes o pequeños, antiguos o nuevos miembros.

Los fondos estructurales de la Unión Europea apoyan los cambios previstos y su gestión en el marco de acciones como, por ejemplo, el aprendizaje permanente a largo plazo. Por el contrario, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización presta un apoyo personalizado excepcional durante un tiempo limitado. Su objetivo es apoyar a los trabajadores que han sido despedidos como consecuencia de cambios en el mercado. La Unión Europea debería prestar especial atención a este Fondo.

– Informe de Anders Wijkman (A6-0366/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución que desarrolla la Comunicación de la Comisión sobre la creación de una alianza mundial para hacer frente al cambio climático entre la Unión Europea y los países pobres en vías de desarrollo más vulnerables al cambio climático, en base al informe de propia iniciativa de mi colega sueco, el señor Wijkman. Se establece ahora que los países menos avanzados (PMA) y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) se verán afectados, antes y más duramente, por el impacto del cambio climático. Estos países son los que menos recursos tienen para prepararse para estos desastres y para cambiar su modo de vida. Por lo tanto, el cambio climático puede retrasar aún más el logro de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM) en un gran número de estos países, y acojo positivamente la Alianza Mundial para el Cambio Climático (AMCC) cuya creación propone la Comisión Europea entre la UE y los países en desarrollo pobres más vulnerables al cambio climático, en particular a los PMA y los PEID y los países ACP (África, Caribe y Pacífico). Al igual que la mayoría de mis colegas, considero que el presupuesto de sesenta millones de euros destinado a esta iniciativa es del todo insuficiente.

  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe del señor Wijkman sobre la creación de una alianza mundial para hacer frente al cambio climático entre la Unión Europea, los países menos avanzados (PMA) y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID); creo que no podemos posponer la adopción de medidas más duras fuera de la UE con respecto a los retos comunes del cambio climático y la reducción de la pobreza. Tal acción representaría un paso hacia la aplicación del Plan de Acción de la UE sobre el Cambio Climático y el Desarrollo (2004), que se establece sobre la base de que entendemos mejor que el cambio climático debe transformar la manera en que enfocamos la ayuda al desarrollo.

Como miembro de la Comisión de Desarrollo soy particularmente sensible a esta Decisión, que tiene el potencial de combinarse con las negociaciones internacionales sobre cambio climático de Poznań en 2008 y Copenhague en 2009. Debemos superar el recelo entre los países industrializados y en desarrollo, que supone una de los principales escollos para alcanzar un acuerdo sobre cambio climático después del 2012.

  Šarūnas Birutis (ALDE), por escrito. – (LT) Los países en desarrollo han contribuido en menor medida al cambio climático, pero es probable que sufran la mayoría de sus consecuencias y tendrán menos capacidad para afrontarlas. Los países industrializados son históricamente los responsables del cambio climático y tienen la obligación moral de contribuir a los esfuerzos de los países en desarrollo para adaptarse a las consecuencias del mismo.

La revisión del Plan de Acción de la UE sobre el Cambio Climático y el Desarrollo de 2007 demuestra que no se está haciendo lo suficiente para integrar el cambio climático en la política de desarrollo de la UE y que el trabajo es especialmente lento. Apoyo la iniciativa de la Comisión para establecer la alianza mundial para el cambio climático. No obstante, los sesenta millones de euros asignados a esta alianza mundial son totalmente insuficientes y, por lo tanto, es importante que la Comisión disponga una financiación a largo plazo y que asigne, al menos, 2 000 millones de euros hasta el año 2010, y 5 000 millones de euros hasta 2020. En este momento, los países en vías de desarrollo necesitan desesperadamente los fondos para adaptarse al cambio climático. Ayudando a los países en desarrollo, nos ayudaremos también a nosotros mismos.

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), por escrito. – (FR) Sí, tenemos la obligación de ayudar a los países en vías de desarrollo y, en particular, a los países menos avanzados (PMA) y a los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) a limitar el impacto del calentamiento global, ya que estos países serán sus primeras víctimas, sin ser responsables del mismo.

En este momento, África es el «continente olvidado» en la negociación del clima.

No obstante, está pretensión debe reflejarse en un acuerdo financiero acorde con lo que está en juego.

Ahí radica el problema.

El presupuesto de sesenta millones de euros ofrecido por la Comisión Europea no es suficiente.

El objetivo de financiación a largo plazo debería ser de, al menos, 2 000 millones de euros entre ahora y el año 2010, y de 5 000 millones de euros a 10 000 millones de euros entre ahora y el año 2020.

Para financiar este incremento, la Comisión y los Estados miembros deben usar, al menos, el 25 % de los ingresos del régimen de comercio de los derechos de emisión comunitario.

Además, estamos solicitando medidas relativas a la ayuda financiera, la asistencia técnica y la transferencia tecnológica a fin de facilitar el uso de tecnologías de bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

Finalmente, es necesario desbloquear nuevos métodos de financiación.

Si, una vez más, se movilizan los créditos de desarrollo y el Fondo Europeo de Desarrollo, la alianza correspondiente no será más que una farsa.

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), por escrito. –La UE está exagerando los actuales peligros derivados del cambio climático causados por la explotación irresponsable de los recursos naturales por las grandes empresas, no a fin de sacar adelante medidas para resolverlos, sino para atemorizar a la gente, para mejorar su posición en la competencia con otros imperialistas y para encontrar una solución en cuanto a la mayor acumulación de capital garantizando incluso mayores beneficios para los monopolios.

El informe del Parlamento Europeo sobre la creación de una alianza para hacer frente al cambio climático entre la UE y los países en desarrollo supone un intervencionismo evidente en los asuntos interiores de estos países con respecto a la organización de su economía, de su sociedad y de sus mecanismos administrativos, y ofrece una escasa recompensa financiera a la plutocracia de estos países o amenaza con la intervención militar con arreglo a su política preventiva para abordar las amenazas a la seguridad y los conflictos relacionados con el clima, y, por ende, apoya el Informe Solana sobre estos temas.

Propone un papel más activo para las empresas a través de colaboraciones público-privadas, especialmente en sectores como, por ejemplo, el agua, la salud pública y el suministro de energía, y la introducción de impuestos ecológicos y acoge positivamente el régimen de comercio de los derechos de emisión que beneficia a las empresas y pagan los trabajadores y el medio ambiente y la adaptación de los países en desarrollo a la reestructuración del capitalismo del comercio, la industria y la seguridad.

Los ciudadanos rechazarán los planes imperialistas de la UE y demandarán un medio ambiente mejor y saludable.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) El informe trata sobre la propuesta de la Comisión para crear una Alianza Mundial para hacer frente al Cambio Climático. Por desgracia, las intenciones básicas del informe se han visto salpicadas con declaraciones que la Lista de Junio no puede apoyar, incluido el llamamiento a unir el compromiso medioambiental de la Unión Europea con la Política Exterior y de Seguridad Común y las propuestas detalladas de cómo la UE debe iniciar inversiones medioambientales en terceros países.

De acuerdo con lo establecido en el informe, la alianza mundial para hacer frente al cambio climático puede, además, verse como un intento de la UE para ampliar sus poderes en relación con las cuestiones relacionadas con la silvicultura y los mares. Ese método de usar las cuestiones para construir el Estado de la UE es algo a lo que nos oponemos firmemente.

Los junilistas estamos totalmente a favor de una cooperación de la UE que incluya los problemas medioambientales transfronterizos. No obstante, la lucha contra la pobreza y el inicio de los esfuerzos para abordar los problemas medioambientales a escala mundial deben ser ejecutados dentro del marco de las Naciones Unidas. Por consiguiente, después de considerarlo detenidamente, la Lista de Junio ha decidido votar en contra del informe.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El cambio climático en el planeta no se debe solamente a su evolución natural, sino también a la política seguida por los países industrializados de intensificar la explotación de los recursos naturales. Esto ha llevado el cambio climático a una dimensión que está ahora causando serios problemas a la humanidad.

La acción responsable para abordar las consecuencias del despilfarro de los recursos naturales exige una ruptura de raíz con las políticas capitalistas.

No obstante, el enfoque elegido, con la UE al timón, es el de la responsabilidad conjunta de todos los países. Esto implica tratar de imponer límites a los países «en vías de desarrollo» con respecto a su uso soberano de sus propios recursos naturales, obviamente, de acuerdo con las pretensiones de las grandes multinacionales de explotar estos recursos.

Además de otros aspectos, el texto aprobado por el Parlamento Europeo nos sólo contiene contradicciones, sino que también ignora estas cuestiones clave. En cambio, apoya una « política preventiva de seguridad o en respuesta a los conflictos o riesgos de seguridad relacionados con el clima», usando el «cambio climático» para proteger y militarizar las relaciones internacionales.

Asimismo el informe, basado en el principio «el consumidor es el que paga», apoya la creación de un impuesto «ecológico» (frente al sistema fiscal que se establece en base a los ingresos), que abre la puerta a la privatización de los servicios públicos y a la explotación privada de recursos tan fundamentales como el agua.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. – (PT) El cambio climático es un hecho que es interesante discutir para encontrar respuestas. En esto nos debe guiar el rechazo a los dogmas y la desconsideración.

En vez de un enfoque fatalista que identifique el crecimiento de la población mundial, el aumento del consumo e, inevitablemente, la mejora de las condiciones de vida de millones de seres humanos con una posible catástrofe medioambiental, debemos utilizar nuestra capacidad científica actual y el enorme progreso del que nos estamos todos beneficiando para encontrar las respuestas adecuadas que eviten el riesgo de causar efectos colaterales no deseados (tal y como a menudo ocurre con las decisiones que se toman de prisa por el deseo de actuar rápidamente pero sin una comprensión adecuada de la situación a la que deben responder).

No obstante, cualquiera que sea el enfoque que se adopte —o enfoques, dado que debe haber múltiples respuestas— debemos reconocer que algunos países tienen menos capacidad de reacción. Estos países están en fase de desarrollo, lo que significa que no tienen los recursos necesarios y que están en una situación de extrema vulnerabilidad. Pensar en estos países y sus poblaciones, con miras a mitigar el impacto negativo del cambio climático y a ayudarles a adaptarse, debe ser un elemento clave en nuestra política.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, he votado a favor del informe del señor Wijkman sobre la creación de una alianza mundial para hacer frente al cambio climático. El tema del cambio climático ha estado en la agenda durante muchos años: se ha hecho mucho, pero todavía no es suficiente. El objetivo es aumentar la acción sobre el cambio climático fuera de la UE. Por tanto, tenemos que fomentar el diálogo político entre la UE y los países en desarrollo a fin de impulsar la incorporación de factores conectados con el cambio climático en los planes para reducir la pobreza a nivel local y nacional.

Apoyo esta iniciativa; por supuesto, antes de que gane terreno tendrá que enfrentarse a varios retos, como, por ejemplo, la falta de coordinación a escala mundial, la escasez de financiación, etcétera. Además, estoy de acuerdo con las observaciones del ponente sobre la inversión en el desarrollo de modelos innovadores de asociación entre los sectores públicos y privados, en los que Europa tiene mucha fe. Representan el futuro para la UE a nivel nacional, regional y local.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. − (NL) Ha sido obvio, por un tiempo, que el calentamiento global está afectando más duramente a los países menos avanzados (PMA), aunque son precisamente estos países los que menos han contribuido al mismo. Su vulnerabilidad les arrastrará aún más dentro del abismo de la pobreza, y acojo positivamente que el señor Wijkman subraye esto con rotundidad.

La idea es crear una alianza que haga frente al cambio climático, pero la Comisión no está destinando suficientes fondos para la misma. El coste del cambio climático bien podría ascender a 80 000 millones de euros. Sin embargo, el presupuesto que la Comisión dedica a esto, es de sesenta millones de euros, que no es suficiente para que los PMA se preparen para el cambio climático. Le corresponde ahora a la alianza encontrar, o liberar, más fondos. Esto significa que los Estados miembros de la Unión deben asumir su responsabilidad. Deben destinar cantidades mayores a las actuales.

Además, el Parlamento Europeo propone usar, al menos, el 25 % de los ingresos de la UE procedentes del sistema de comercio de los derechos de emisión para la alianza.

Parece que la Unión, en vista del cambio climático, está empezando a pensar de diferente manera sobre la cooperación al desarrollo, lo que se debe acoger positivamente. Por ese motivo apoyaremos el informe.

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), por escrito. − (RO) He votado a favor del informe sobre la «creación de una alianza mundial para hacer frente al cambio climático entre la Unión Europea y los países en desarrollo pobres» porque estos países son los más vulnerables al cambio climático.

La revisión de 2007 del Plan de Acción de la UE sobre el Cambio Climático y el Desarrollo mencionada anteriormente muestra que los avances en materia de integración del cambio climático en las políticas de desarrollo de la Unión Europea han sido insuficientes y demasiado lentos.

Aunque la UE se ha fijado el objetivo de convertirse en líder en la lucha contra el cambio climático, su presupuesto no refleja la prioridad dada a estas políticas.

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) apenas resultaba adecuado para cubrir las necesidades de inversión de los países más pobres en tecnologías limpias.

El informe pide a la UE que sitúe el cambio climático en el centro de su política de cooperación al desarrollo e invita a la Comisión a facilitar información detallada sobre los mecanismos financieros existentes para el cambio climático y el desarrollo a nivel nacional e internacional. La Comisión debe proponer urgentemente las medidas necesarias para incrementar la ayuda financiera de la UE para el cambio climático y el desarrollo, asegurando la mejor coordinación y complementariedad posible con las iniciativas existentes.

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM) por escrito. − (PL) La protección del entorno natural debe ser, sin duda, una prioridad para cada Estado miembro y para la Comunidad en su conjunto. No obstante, en cuanto a la iniciativa para establecer una alianza mundial para hacer frente al cambio climático, lo mejor que se puede decir es que resulta inútil. Gastar el dinero de los contribuyentes en otro caro organismo político más no ayudará, desde luego, a mejorar el estado del entorno natural. Solamente proporcionará lucrativos puestos de trabajo adicionales que cubrirán los burócratas de Bruselas. Los países en vías de desarrollo producen mucha menos contaminación, y sus emisiones de dióxido de carbono son insignificantes en comparación con las de los gigantes económicos.

Quiero señalar que durante muchos años los Estados Unidos de América han estado entre los que encabezaban la lista de países que producen sustancias tóxicas. EEUU todavía no ha ratificado el Protocolo de Kyoto. Estoy convencido de que establecer una alianza en la que intervengan la UE y los países en desarrollo no contribuirá, en absoluto, a reducir el nivel de contaminación. Por otra parte, podrían ser cruciales acciones como, por ejemplo, las conversaciones con los líderes políticos de los países anteriormente mencionados. La razón es que son ellos los que más están degradando el entorno natural.

– Informe de Jean-Marie Beaupuy (A6-0356/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución sobre gobernanza y asociación a nivel nacional y regional, y una base para proyectos en el ámbito de la política regional, que se presentó de acuerdo con el informe de propia iniciativa de mi colega francés, el señor Beaupuy. Comparto totalmente la idea de que, en interés de la simplificación y la eficacia, se estudie la viabilidad de fusionar varios fondos comunitarios en la futura política de cohesión para el período posterior a 2013.

  Petru Filip (PPE-DE), por escrito. − (RO) Quiero acoger positivamente la iniciativa de redactar un informe sobre el tema de la buena gobernanza local y regional, así como la importancia de la idea de la asociación entre cuatro o más ámbitos de poder: local, regional, nacional y europeo. Cualquier encuentro con los representantes de las autoridades locales elegidos directamente por los ciudadanos pone de relieve, en la mayoría de las ocasiones, las diferencias en la forma en que las políticas europeas se gestionan entre estos niveles de autoridad.

Sin establecer una política de verdadera asociación entre todos estos organismos de autoridad, no influida por la parcialidad política que no tiene relación con la subsidiariedad, los esfuerzos realizados por el Parlamento Europeo y las otras instituciones europeas no lograrán los resultados concretos y la eficacia deseados. Estamos suficientemente familiarizados con los conflictos y nos queda poco clara la rivalidad entre los representantes de los diferentes partidos políticos en el poder en los diferentes niveles de la administración, cuyo resultado, en la mayoría de las ocasiones, es que se priva a los ciudadanos europeos de los beneficios de los proyectos europeos decididos en este foro del Parlamento Europeo. Por esta razón, he votado a favor del informe, con la esperanza de que se conceda a las políticas regionales la importancia que merecen.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) El informe del señor Beaupuy es particularmente instructivo. Examina la gobernanza de la política estructural, y descubrimos que, además de buscar un reequilibrio de los niveles de desarrollo de todas las regiones de la Unión Europea, el verdadero objetivo de la política regional llevada a cabo por Bruselas es cambiar, de manera radical, la organización territorial de los Estados miembros y, por consiguiente, sus estructuras administrativas y políticas.

De hecho, esto no es, en realidad, una sorpresa. En estos momentos, todo lo que se está haciendo en Europa tiene el fin de evitar o destruir los Estados nación: desde arriba, al conceder sus competencias al superestado europeo; y desde abajo, al fomentar, en contra de las costumbres de algunos Estados miembros y de las fronteras naturales o las fronteras de identidad de las provincias —con un coste de miles de millones de euros— la «región» como nivel privilegiado de la organización infranacional o la constitución de espacios transfronterizos infranacionales. El «enfoque integrado» a la legislación europea alabado por el ponente, que consiste en tener en cuenta este nivel en todas las políticas europeas con un impacto territorial, económico y social, contribuye a este desarrollo.

Por encima y al margen de las manipulaciones electorales, sin duda, se debe analizar, dentro de este marco de análisis, la reforma administrativa propuesta por el señor Sarkozy.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) El informe aboga por el aumento de la cooperación entre las administraciones nacionales. No obstante, es importante recordar que, como resultado de la competencia institucional, las mejores formas de gobernanza son examinadas y distinguidas de aquellas que son menos adecuadas. La diversidad de formas de administración de Europa y el intercambio de experiencias entre estas administraciones es, probablemente, un buen ejemplo.

El informe está lleno de declaraciones bienintencionadas, pero, básicamente, carece de propuestas concretas sobre cómo hay que mejorar la administración de las políticas estructurales para rectificar los enormes defectos que existen con respecto al control de los aspectos económicos de las políticas estructurales. Merece la pena recordar que las políticas estructurales de la UE suponen el mayor elemento individual de gasto de la Unión Europea para el período 2007-2013 y que el Tribunal de Cuentas Europeo, en su informe para el ejercicio 2006, señala que al menos el 12 % del dinero empleado para políticas estructurales no debería haber sido desembolsado.

Además, el informe contiene referencias al Tratado de Lisboa. No obstante, este tratado se ha rechazado en los procedimientos democráticos. Por consiguiente, citar el Tratado de Lisboa es una muestra de arrogancia inaceptable. El futuro del tratado es, en el momento de escribir esto, tan incierto que se debe evitar citar su contenido. Por las razones dadas anteriormente, la Lista de Junio ha decidido votar en contra del informe en su totalidad.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Obviamente, no hay duda sobre nuestro apoyo a la participación esencial de las autoridades locales y regionales u otras autoridades públicas, organizaciones sociales y económicas y del público en general en la definición de los objetivos y programas y en la aplicación y control del uso de los fondos estructurales comunitarios dentro de cada Estado miembro, dado que siempre hemos abogado por ello.

No obstante, no podemos permitir la persecución de otros objetivos al amparo de esta legítima aspiración, como, por ejemplo, la fusión dentro de la «futura política de cohesión para el período posterior a 2013» de los distintos fondos comunitarios (el Fondo Europeo de Desarrollo, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural). Esta propuesta podría poner en peligro lo que debe ser el principal objetivo del presupuesto comunitario, es decir, su función de redistribuir la riqueza entre los países de «cohesión» y los países de «riqueza», en particular, porque eliminaría fondos que sólo están dirigidos a los primeros (además de poner en peligro los fondos comunitarios de «políticas comunes» como, por ejemplo, agricultura y pesca).

No podemos estar de acuerdo, tampoco, con el apoyo de propuestas de «asociación entre los sectores públicos y privados», que son un instrumento usado para privatizar servicios públicos que son esenciales y estratégicos para los ciudadanos y el desarrollo socioeconómico de cada Estado miembro.

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), por escrito. − (RO) El informe del señor Beaupuy identifica la buena gobernanza en el ámbito de dos sistemas complementarios: el sistema institucional, que prevé el reparto de poderes y presupuesto entre el Estado y las autoridades locales y regionales; y el sistema de asociación, que agrupa a los distintos actores públicos y privados interesados en la misma cuestión en un territorio determinado.

La asociación puede aportar un valor añadido a la ejecución de la política de cohesión a través de una mayor legitimidad, una coordinación sostenida, una transparencia garantizada y una mejor absorción de los fondos. La participación de interlocutores puede ayudar a desarrollar un instrumento institucional a nivel sectorial y territorial. No debemos ignorar que los interlocutores tienen las capacidades y recursos necesarios para poder incrementar la eficacia del programa haciendo que el proceso para seleccionar los proyectos sea más eficaz.

A fin de legitimar el proceso de adopción de decisiones y compensar cualquier influencia política como parte de las consultas públicas durante la fase preparatoria de los programas operativos, es muy importante que intervengan las autoridades locales y regionales así como la sociedad civil. Esto facilita el uso de una amplia pericia y ayuda a mejorar el desarrollo, el control y la evaluación del programa.

Debemos darnos cuenta de que los nuevos Estados miembros no están preparados todavía para el principio de asociación y, por lo tanto, éste se podría reforzar gradualmente como consecuencia de la presión supranacional y subnacional.

En virtud de los argumentos ya expresados a través de las enmiendas que hemos presentado y que el señor Beaupuy ha aceptado e incorporado al texto final, he expresado mi apoyo a este informe.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, he votado a favor del informe del señor Beaupuy sobre gobernanza y asociación a nivel nacional y regional, y una base para proyectos en el ámbito de la política regional. Está claro que el éxito de cualquier desarrollo regional no depende sólo de los resultados obtenidos, sino también de la forma en que se consigue estos resultados, es decir, de la gobernanza. Por lo tanto, tenemos que desarrollar mecanismos que mejoren los sistemas de gobernanza sin que las diferentes políticas supongan un obstáculo.

Comparto el entusiasmo del ponente por el principio de asociación: los nuevos métodos de gobernanza no deben sustituir a las instituciones públicas, sino que deben ir de la mano. Asimismo, apruebo el plan para reorganizar la forma en que la gobernanza está relacionada con los fondos comunitarios, las diferentes dimensiones territoriales y, por supuesto, con la Unión Europea. El conocimiento de la gestión del proyecto, sacado del mundo de la empresa, puede ser una herramienta excelente para realizar nuevas formas de gobernanza para impulsar el desarrollo específico del sistema europeo.

– Informe: Manuel Medina Ortega (A6-0355/2008)

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose y Britta Thomsen (PSE), por escrito. − (DA) Los diputados daneses del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo hemos votado a favor del informe de propia iniciativa sobre «Legislar mejor», pero queremos subrayar que la supresión de las cargas adminstrativas puede ser un proceso muy político. Apoyamos el objetivo de suprimir las cargas administrativas innecesarias. No obstante, determinadas cargas administrativas pueden ser socialmente muy necesarias, aunque se pueda creer que impiden el crecimiento e innovación de las empresas. Creemos que es necesario un enfoque equilibrado para reducir las cargas administrativas.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. – (PT) Si tenemos que discutir la necesidad de «legislar mejor» antes de debatir el contenido de la legislación europea, entonces deberíamos considerar qué parte de esta legislación es verdaderamente necesaria. Es cierto que la creación de un mercado común y el establecimiento de una uniformidad entre los países con diferentes historias y costumbres, que se pueden observar con frecuencia en los detalles de su legislación, crea la necesidad de una aproximación que exige, quizás, legislar de manera más dinámica.

No obstante, decir esto no es lo mismo que reconocer que, sobre todo, debemos legislar y que, además, debemos hacerlo a nivel europeo. Aunque estoy convencido de que la UE es, con frecuencia, el ámbito correcto en el que actuar, se debe señalar, además, que el principio de subsidiariedad es fundamental y, a menudo se deja a un lado en nombre de una falsa eficacia y un resultado innecesario.

Si queremos que la UE sea capaz de responder a las necesidades para las que se justifica un nivel europeo de adopción de decisiones, debemos de manera consecuente y sensata evitar inundar Europa con proyectos y competencias legislativas que se pueden establecer eficazmente en el ámbito nacional. Esta preocupación, que aparece con frecuencia en los Tratados, es, por desgracia, menos evidente en Bruselas, con inevitables consecuencias, sobre todo, en cuanto a la tentación burocrática.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, he votado a favor del informe del señor Medina Ortega sobre el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. El objetivo de la Unión Europea debe ser la claridad y la eficacia dentro del marco reglamentario. Ya que mejorar los procedimientos legislativos puede ayudarnos a conseguir estas metas, y dado que los principios de subsidiariedad y proporcionalidad son dos de las piedras angulares sobre las que se construye la Comunidad, especialmente cuando no tiene competencia legislativa exclusiva en un ámbito determinado, aplaudo a la Comisión de Asuntos Jurídicos por trabajar incansablemente para garantizar que la legislación comunitaria se basa en la calidad, mediante la simplificación del acervo comunitario, y no en la cantidad.

Es más, tengo dudas acerca de los procedimientos de autorregulación y corregulación; la actual crisis financiera en los mercados se puede atribuir en parte a ellos. La regulación se queda en su forma más simple para perseguir los objetivos de la Unión y para aportar seguridad jurídica a las empresas y a los ciudadanos.

– Informe: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0363/2008)

  Carl Lang y Fernand Le Rachinel (NI), por escrito. – (FR) La Comisión acaba de publicar su vigésimo cuarto informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario por parte de los Estados miembros. Cabe legítimamente preguntarse: ¿hay alguna diferencia o avance con respecto al informe anterior? Parece que no. Como siempre, los estudiantes pobres de Europa son los Estados miembros. ¿Qué solución propone la ponente? Más firmeza con respecto a los Estados miembros, un mayor sometimiento al Tribunal de Justicia si fuera necesario y más firmeza al ejecutar las resoluciones dictadas por el Tribunal. En una palabra: más capacidad de coerción y represión para las instituciones europeas en relación con los Estados miembros.

El ordenamiento jurídico comunitario, que tiene prioridad sobre los derechos nacionales según lo establecido en los tratados, quiere ahora ser más y más opresivo y destructivo con respecto a los citados derechos de los Estados miembros. Nos oponemos resueltamente a esto, ya que el sometimiento de los derechos nacionales y de las especificidades jurídicas, seguramente, llevarán a un sometimiento de los propios Estados miembros a un proyecto europeísta y federalista.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, he votado a favor del informe de la señora Geringer de Oedenberg sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario. Las cifras son objetivas; podemos interpretarlas, pero no discutirlas: el incremento significativo de los casos de infracciones y el no acatamiento de las sentencias del Tribunal de Justicia, o el incumplimiento de los plazos de transposición de directivas, indica que es necesario un mayor control de cada uno de los Estados miembros por parte de la Comisión.

Además, estoy convencido de que debería haber una mayor cooperación entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, a fin de fomentar y reforzar, realmente, la aplicación del Derecho comunitario a nivel nacional, regional y local. Asimismo, apruebo la inclusión en el texto de la cuestión de la gestión de los Fondos Estructurales: se tiene que recordar a los Estados miembros que si desean beneficiarse de los Fondos dentro de las perspectivas financieras 2007-2013, deben adaptar su legislación para cumplir la legislación europea, sobre todo, con respecto a la protección medioambiental, de forma que sea adecuada para promover el desarrollo económico y social a escala regional.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. − (PL) Durante la sesión de hoy del Parlamento he votado a favor del informe anual de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario en 2006.

El documento redactado por la ponente, la señora Geringer de Oedenberg, contiene referencias al incumplimiento de los plazos de transposición de directivas, la insuficiente cooperación entre los sistemas judiciales de los Estados miembros y el Tribunal de Justicia Europeo, y, además, una crítica a los métodos para resolver las quejas.

Un fenómeno muy preocupante es la poca disposición de los tribunales nacionales para aplicar el principio de primacía del Derecho comunitario y para beneficiarse del mecanismo de las cuestiones prejudiciales.

Asimismo, el informe señala al aumento del número de violaciones derivadas del incumplimiento por parte de los Estados miembros de las sentencias del Tribunal de Justicia y de los plazos de transposición de directivas.

En vista de lo anterior, hay una necesidad urgente de fomentar la cooperación entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, y de aumentar el control de la aplicación del Derecho comunitario a nivel nacional y regional. Esta acción acercará aún más la Unión Europea a los ciudadanos y reforzará su legitimidad democrática.

– Informe: Georgios Papastamkos (A6-0354/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución sobre una estrategia para la futura aplicación de los aspectos institucionales de las agencias reguladoras, de acuerdo con el informe redactado a inciativa de mi excelente colega y amigo, el ex Ministro griego, el señor Papastamkos. Es lamentable que los esfuerzos desplegados por el Parlamento y la Comisión para establecer legalmente un control restrictivo de las agencias reguladoras europeas no hayan dado lugar a unos resultados significativos. Comparto la opinión de la inmensa mayoría de mis colegas que deploran la falta de una estrategia general para crear agencias en la Unión Europea. Es urgente y necesario que el Consejo y la Comisión trabajen junto con el Parlamento a fin de establecer un marco claro, común y coherente relativo al lugar dado a las agencias en el futuro dentro del ámbito de la gobernanza europea, con lo que es necesario instaurar un control parlamentario sobre la constitución y el funcionamiento de las agencias reguladoras.

  Šarūnas Birutis (ALDE), por escrito. – (LT) Últimamente, ha habido un notable aumento en el número de agencias reguladoras a escala europea y nacional. Hay similitudes y diferencias entre estos dos ámbitos. La variedad de estas agencias en cuanto a estructura y funcionamiento a escala europea y nacional plantea una serie de preguntas relativas a la regulación, la buena gestión y la proximidad a las instituciones en términos de centralización y descentralización.

Las agencias reguladoras europeas son, en su mayoría, servicios descentralizados o independientes, por lo tanto, es necesario pedir una especial transparencia y un control democrático cuando discutimos su constitución y actividades, porque sin instituciones reguladoras y ejecutivas que tengan derechos exclusivos, el aumento de las cifras en los ámbitos más importantes de la actividad social puede dañar el nombre de las instituciones que representan a la Unión Europea, provocar su distanciamiento y aumentar enormemente la burocracia.

La aplicación del control parlamentario a la estructura y actividades de las agencias reguladoras debe ajustarse al principio característico de la democracia, que exige un aumento de la responsabilidad política de todas las instituciones con competencias ejecutivas.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) La Unión Europea incluye veintinueve agencias, verdaderas pequeñas instituciones europeas cuyo coste supera los mil millones de euros y cuya utilidad debe ser considerada con cautela. Por lo tanto, el ponente tiene razón al exigir más transparencia y más responsabilidad en la gestión de estas numerosas agencias, un verdadero control político sobre su actividad, una evaluación de aquellas que ya existen, una moratoria en la creación de nuevas agencias y un análisis «coste-beneficio» antes de tomar ninguna decisión.

No obstante, el verdadero problema es la sola existencia de estas agencias, esferas adicionales de la burocracia europea, algunas de las cuales tienen capacidad normativa y otras funciones ejecutivas que interfieren en el trabajo de las autoridades nacionales cuando no lo complican. El verdadero problema es su proliferación y el hecho de que están diseminadas por toda Europa, sus sedes se reparten como regalos para captar el voto. El verdadero problema es que el 40 % de ellas están constituidas en virtud del artículo 308 del Tratado, ese famoso artículo que hace posible que aumenten las competencias de Bruselas cuando las disposiciones legales y reglamentarias no las establecen de manera expresa.

No podemos aprobar este informe porque no resuelve nada. No obstante, ya que, aún así, intenta poner un poco de orden en esta jungla, no podemos rechazarlo. Por esta razón, nos abstendremos.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Es interesante que, en el punto 5 de esta propuesta de informe, se esté ahora señalando la ausencia de una estrategia general para la creación de agencias de la UE. Las nuevas agencias se están creando en función de las circunstancias concretas de cada caso, lo que provoca un mosaico falto de transparencia de agencias reguladoras, agencias ejecutivas y otros organismos comunitarios.

Es aún más interesante señalar que la mayoría del Parlamente Europeo siempre ha fomentado la creación de nuevas agencias y sólo ahora se está dando cuenta de que se ha malogrado la imagen global.

Los junilistas apoyamos las principales ideas del informe, pero criticamos la forma en que el Parlamento Europeo está tratando ahora de abarcar nuevo terreno al obligar a las agencias reguladoras a presentar informes anuales al Parlamento y al establecer la posibilidad de citar a los directores de las agencias ante la comisión parlamentaria competente antes de ser nombrados. Tenemos muchas dudas acerca de estas propuestas. En primer lugar, es apropiado que la Comisión sea responsable de la gobernanza de estas agencias, y, en segundo lugar, las disputas políticas de los partidos pueden influir en el nombramiento de los directores de las agencias, que como tales deberían ser meros funcionarios.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, he votado a favor del informe presentado por el señor Papastamkos sobre una estrategia para la futura reglamentación de los aspectos institucionales de las agencias reguladoras. Acojo positivamente el plan de la Comisión para crear un grupo de trabajo interinstitucional que sea responsable de definir las funciones de las agencias reguladoras, y las respectivas competencias de cada organismo de la Unión Europea en relación con dichas agencias.

Sin embargo, esta propuesta debe ser el punto de partida y no la meta, ya que los objetivos van más allá de la creación de un grupo interinstitucional. En realidad, la propuesta para un enfoque común, en la medida en que sea posible, sobre la estructura y funcionamiento de estas agencias va dirigida a eliminar las dificultades para que estos organismos puedan llevar a cabo su tarea legislativa de manera adecuada y eficaz. Esto hará que sea posible controlarlas y satisfacer las exigencias de auditoría, al menos en parte, así como promover la responsabilidad que exige una tarea de tal importancia.

· Propuesta de Resolución: orden de detención contra Joseph Kony en vista de su procesamiento ante el CPI (B6-0536/2008)

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Joseph Kony y el Ejército de Resistencia del Señor son culpables de cometer crímenes abominables durante los últimos veinte años, y por ese motivo la Corte Penal Internacional quiere ahora procesarle.

El conflicto en la región de los Grandes Lagos, Uganda y Sudán continua todavía y se cobra constantemente nuevas víctimas civiles. Claramente, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de parar esta terrible tragedia.

En general, la Lista de Junio tiene una opinión negativa de las resoluciones sobre política exterior. No obstante, ésta se refiere a una organización y a su líder a los que la Corte Penal Internacional acusa de crímenes contra la humanidad. Por tanto, hemos decidido apoyar esta resolución.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, quiero informar a la Cámara que he votado a favor de la propuesta de Resolución sobre la imputación y procesamiento de Joseph Kony ante la Corte Penal Internacional. Es totalmente inaceptable que durante más de tres años se haya intentado detener a un criminal internacional como Kony, autor e instigador de crímenes entre los que se cuentan el asesinato, el genocidio, la violación, el saqueo y la incitación a la violación. Todos estos intentos de detención han fracasado debido a la continua reticencia del Gobierno de Uganda a cooperar en la captura de este criminal, para el que la CPI ha dictado una orden de detención internacional.

Quiero señalar que Uganda ha firmado el Estatuto de Roma, según el cual todos los miembros se comprometen a poner fin a la impunidad de los delitos más graves que afectan a la comunidad internacional y a contribuir a prevenir tales delitos. Asimismo quiero expresar mi preocupación por la total ausencia de un compromiso claro dirigido a evitar el desvío al LRA, el ejército dirigido por Kony, de ayuda internacional (sobre todo del Gobierno de Sudán) que puede usar fácilmente para financiarse.

– Informe: Marielle De Sarnez (A6-0294/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. He votado a favor de la resolución legislativa que modifica la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción para la mejora de la calidad de la enseñanza superior y la promoción del entendimiento intercultural mediante la cooperación con terceros países (Erasmus Mundus) (2009-2013), de acuerdo con el informe de la señora De Sarnez. Respaldo las enmiendas de transacción cuyo objetivo es la excelencia académica, la equidad ligada a la cobertura geográfica, informar a los ciudadanos sobre este programa y la necesidad de eliminar todos los impedimentos legales y administrativos para los programas de intercambio entre los países europeos y terceros países (el problema de los visados). Asimismo, mantengo que es necesario adoptar medidas dentro del ámbito del programa para garantizar que los estudiantes, los estudiantes de doctorado y los investigadores postdoctorado y universitarios que procedan de terceros países menos desarrollados (en particular de la zona ACP, es decir, África, el Caribe y el Pacífico) regresen a su país de origen una vez que haya vencido su estancia a fin de evitar el fenómeno de «fuga de cerebros». Finalmente, mi aplauso por exigir aprender, al menos, dos idiomas europeos y por luchar contra la discriminación y fomentar el respeto por la igualdad de género.

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose y Britta Thomsen (PSE), por escrito. − (DA) Los diputados daneses del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo hemos votado en contra del informe sobre el programa Erasmus Mundus II. No es porque nos opongamos al programa, sino porque tal y como está redactado en lo tocante a su financiación, se corre el peligro de generar una situación en la que los estudiantes daneses tendrían que pagar por usar el programa. En general, apoyamos el objetivo de los programas Erasmus Mundus.

Los diputados daneses del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo hemos votado a favor del informe de propia iniciativa sobre «Legislar mejor», pero deseamos subrayar que la supresión de las cargas administrativas puede ser un proceso muy político. Apoyamos el objetivo de suprimir las cargas administrativas innecesarias. No obstante, determinadas cargas administrativas pueden ser socialmente muy necesarias, aunque se pueda creer que impiden el crecimiento e innovación de las empresas. Creemos que es necesario un enfoque equilibrado para reducir las cargas administrativas.

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Como parte de la política contraria los intereses populares de la Estrategia de Lisboa, la UE esta usando el programa Erasmus Mundus (2009-2013) para la modernización de las universidades burguesas de los Estados miembros, de acuerdo con las demandas del capital, para así provocar una «fuga de cerebros» desde los terceros países y aumentar la explotación de los trabajadores, y, por ende, incrementar la rentabilidad de los monopolios europeos.

Refuerza los criterios económicos privados para evaluar las universidades y los centros de investigación y coloca al Estado y a los centros de enseñanza privados en condiciones de igualdad. Crea «consorcios» de enseñanza a partir de la «lógica de la excelencia» e impone gastos de matrícula a los estudiantes, y, por ende, excluye básicamente a los hijos de las familias de la clase trabajadora de la enseñanza superior y de los estudios de postgrado.

Las declaraciones demagógicas de la UE relativas a la adopción de medidas para evitar la fuga de cerebros desde los países menos desarrollados no pueden ocultar el verdadero objetivo, que no es otro que la deplorable explotación de la mano de obra de aquellos países y las drásticas restricciones de los derechos de los jóvenes a un alto nivel de la enseñanza estatal gratuita para todos los hijos de las familias de la clase trabajadora.

Por estas razones, el grupo parlamentario del Partido Comunista de Grecia ha votado en contra de esta iniciativa legislativa.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. He votado a favor del informe De Sarnez sobre el programa Erasmus Mundus (2009-2013) porque considero que este nuevo programa es fundamental para promover la Unión Europea como centro de excelencia del aprendizaje a escala mundial.

A través de la cooperación entre las diversas instituciones de enseñanza de la UE, Erasmus Mundus II mejorará la respuesta a la creciente demanda de movilidad de los estudiantes y fomentará la calidad de la enseñanza superior en la UE y el diálogo entre culturas diferentes. Asimismo, quiero poner de relieve las importantes novedades que propone el informe, como, por ejemplo, la ampliación del programa de doctorado, la introducción de becas de estudios y el fomento de la participación activa de empresas y centros de investigación.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Éste es un importante programa cuyo objetivo es apoyar a los estudiantes de terceros países que quieran venir y estudiar en la Unión Europea, aunque su limitada financiación puede crear dificultades a aquellos a los que se les exija pagar la matrícula de la universidad y no puedan hacerlo. Como consecuencia, aunque hemos votado a favor del informe, lamentamos que se rechazaran las propuestas presentadas por nuestro grupo, ya que se dirigían a ayudar a solucionar este problema. No obstante, nos complace decir que fueron aprobadas propuestas dirigidas a mejorar la movilidad de estos estudiantes y a llamar la atención sobre el hecho de que el programa no debe usarse para atraer a aquellos con capacidades especiales desde terceros países a la Unión Europea, en perjuicio de sus países de origen. Insistimos en que era necesario que la Comisión Europea, al evaluar el programa, tuviera en cuenta las posibles consecuencias de la «fuga de cerebros» y la situación socioeconómica de los interesados.

Debemos garantizar que los estudiantes de máster y de doctorado, los investigadores y los profesores que procedan de terceros países menos desarrollados puedan regresar a sus lugares de origen una vez finalizado su período de estudios, y, de esta manera, evitar cualquier «fuga de cerebros».

  Neena Gill (PSE), por escrito. − Señora Presidenta, he votado a favor de este informe, y espero que la ampliación del programa Erasmus Mundus hasta 2013 siga siendo un nexo importante entre diferentes culturas.

Los beneficios de este programa educativo son evidentes; no sólo la UE se beneficiará de atraer a estudiantes inteligentes, ambiciosos y prometedores desde terceros países, lo que mejorará la investigación y la innovación europea, sino que nuestros propios estudiantes, además, adquirirán unas mejores capacidades lingüísticas y aumentarán sus posibilidades de empleo, en su país y en el extranjero.

Sobre todo, creo que este programa es particularmente pertinente, porque éste es el Año del Diálogo Intercultural. Crear vínculos con terceros países a través de la educación promueve el entendimiento y la comunicación entre diferentes culturas, idiomas y creencias. Éste es precisamente el tipo de programa que el Parlamento Europeo debe apoyar, y lo acojo positiva e incondicionalmente.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Hemos decidido votar en contra de este informe de la Comisión de Cultura y Educación. No estamos votando en contra de la idea del programa Erasmus Mundus como tal, sino como resultado de algunas de las propuestas detalladas presentadas por la comisión parlamentaria y por la Comisión Europea.

No apoyamos un visado especial Erasmus Mundus de acuerdo con las breves explicaciones incluidas en la propuesta. Cada Estado miembro tiene la facultad para expedir los visados, y esperamos que sean generosos en la concesión de los visados a los estudiantes que intervengan en el programa Erasmus Mundus. Opinamos que no es posible regular esta clase de visado a nivel de la UE.

Asimismo, rechazamos la idea de que la UE apoye financieramente a una asociación de alumnos que hayan obtenido un título que sancione los diferentes estudios Erasmus Mundus. Las asociaciones de estudiantes deben desarrollarse a partir de las necesidades y esfuerzos personales de los particulares. No se pueden crear desde arriba por instituciones de la UE.

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), por escrito. − (PL) El programa Eramus Mundus es un programa de cooperación y movilidad en el ámbito de la enseñanza superior, cuyo objetivo es promover la Unión Europea como centro de excelencia del aprendizaje a escala mundial. Amplia las oportunidades que existían hasta la fecha en el marco del programa Erasmus, al abrir la cooperación en el ámbito de la educación a países que no son miembros de la Unión.

La educación desempeña un papel vitan en la vida de los jóvenes. Los propios estudiantes y los futuros empresarios cada vez valoran más la experiencia internacional. Conocer idiomas, culturas, el carácter propio de cada país y la capacidad para trabajar en un ambiente internacional son sólo algunos de los muchos beneficios de participar en el programa. El fomento de la movilidad es otro de las características importantes de los objetivos del programa. Éste es un factor importante, especialmente, en la era de la globalización, ya que los contactos con terceros países cobran importancia. Debemos acoger positivamente que los estudiantes europeos y los estudiantes de terceros países continúen teniendo la oportunidad de adquirir esa experiencia.

Me alegra que el programa que hemos votado contenga, además, propuestas para resolver los problemas con los visados. Éstos complican innecesariamente los preparativos del viaje. La facilitación propuesta debería, asimismo, afectar al ámbito de la información disponible. Los estudiantes deben poder obtener toda la información que necesiten para que les sea más fácil preparar su estancia con la suficiente antelación. En relación con esto, podría ser especialmente útil el apoyo de las representaciones de la Comisión Europea en terceros países.

  Ona Juknevičienė (ALDE), por escrito. – (LT) Hoy hemos votado sobre una nueva generación del programa Erasmus Mundus (2009-2013). El actual programa Erasmus Mundus se implantó en 2004 y más de 4 000 ciudadanos de la Unión Europea y de terceros países lo han utilizado con éxito. Erasmus Mundus ha demostrado ser una medida segura en el ámbito de la enseñanza superior, en particular en el área los cursos de máster. El objetivo del nuevo programa es impulsar la enseñanza superior en Europa, ayudar a ofrecer más y mejores oportunidades profesionales a los jóvenes, y aplicar una cooperación internacional más estructurada entre las instituciones de enseñanza superior, que garantice una mayor movilidad para los estudiantes de la Unión Europea y de terceros países. Durante los próximos cinco años, se producirá una asignación de más de 950 millones de euros a las universidades de Europa y de terceros países para se incorporen al programa y ofrezcan becas. Se añadirá un programa extra para los estudios de postgrado, y se destinará más ayuda financiera a los estudiantes. Durante la votación he apoyado las enmiendas realizadas por la comisión responsable, que proporcionan al documento una normativa más clara, protegen la elección y derechos de los estudiantes y permiten una cooperación más sólida entre las universidades.

  Carl Lang y Fernand Le Rachinel (NI), por escrito. – (FR) El objetivo de impulsar la inmigración económica a gran escala, ya establecida el 11 enero de 2005 por la Comisión Europea en su «Libro Verde sobre un enfoque comunitario de la gestión de las migraciones económicas» está más de actualidad que nunca, dado este informe.

Se han destinado no menos de 950 millones de euros al programa Erasmus Mundus II para el período 2009-2013. Este programa pretende atraer a los estudiantes y profesores extranjeros al área geográfica de la Unión Europea. Esto supone 654 millones de euros más que la cantidad destinada a la primera versión del programa.

Con el pretexto —loable en sí mismo— de animar a los estudiantes de terceros países a venir a estudiar a Europa ofreciéndoles títulos de máster o doctorados de alto nivel, en realidad, estamos abriendo las puertas de par en par a un nuevo canal de inmigración legal. En realidad, se va a proporcionar un acceso más fácil a Europa a los extranjeros procedentes de terceros países por medio, en particular, de procedimientos simplificados para obtener los visados y becas de estudios y gastos de matrícula rebajados.

Lejos de favorecer a sus propios ciudadanos e impulsar la necesaria investigación y excelencia europeas, la Unión Europea está, otra vez, favoreciendo a los que vienen de fuera de la UE y dando muestras de su inclinación por la inmigración a gran escala.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − El programa Erasmus Mundus II es similar al programa de intercambio Erasmus para estudiantes europeos, pero va dirigido, principalmente, a los intercambios con terceros países. Su objetivo es atraer a los estudiantes extranjeros cualificados a Europa.

Estoy a favor, fundamentalmente, de un intercambio intercultural, en particular, a nivel científico. No obstante, tengo dudas sobre la eficacia y, sobre todo, la utilidad de este programa para los Estados miembros. En un momento en el que en algunos Estados miembros están limitadas las plazas en las universidades para la población residente en muchos ámbitos temáticos, debemos ser prudentes con respecto a las calificaciones más elevadas.

El cambio al modelo de Bolonia en todo el sistema universitario europeo ha hecho bastante difícil para los estudiantes con un título de máster encontrar una plaza de doctorado. El aumento de la competencia para los estudiantes residentes me parece contraproducente. Además, será difícil controlar los incumplimientos de las regulaciones sobre la inmigración en relación con el programa. Por este motivo, he votado en contra del informe.

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), por escrito. − (PL) El programa Erasmus Mundus ya ha desempeñado un importante papel en la educación contemporánea de jóvenes y adultos. No obstante, la experiencia adquirida indica que los retos deben abordarse con cautela. Los cambios demasiado radicales como, por ejemplo, nuevas condiciones para los gastos de matrícula podrían desequilibrar este sistema educativo, que ha demostrado sus cualidades en el mercado. Asimismo, dichos cambios podrían vulnerar determinados principios relativos a la autonomía de las instituciones académicas. Por lo tanto, es necesario considerar si sería mejor dejar que tome las decisiones el consorcio de Erasmus Mundus o establecer las condiciones para la gestión desde arriba.

Creo que, en caso de que la práctica estableciera que existe la oportunidad de que los organismos locales tomen decisiones, se debe respetar y no imponer nada nuevo por decreto. Esto es especialmente importante dado que vivimos en regiones muy diferentes. Se dice que algunos están más desarrollados, que otros lo están menos, y todos ellos tienen diversas costumbres y condiciones económicas.

Quiero aprovechar la ocasión para señalar que el Parlamento tiene el hábito injustificado de referirse a documentos que no son todavía vinculantes, como, por ejemplo, la Constitución Europea que se rechazó en referéndum, el Tratado de Lisboa y la pertinente Carta de los Derechos Fundamentales. La legislación no puede estar basada en lo que no figura en los códigos vigentes.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, he votado a favor del informe de la De Sarnez sobre el programa Erasmus Mundus (2009-2013). Los jóvenes son nuestro futuro, y no lo digo simplemente porque sea una frase que queda bien: el programa Erasmus Mundus se crea sobre los valores de la excelencia y el fomento de la integración intercultural, a través de la cooperación con terceros países, para que las nuevas generaciones puedan trabajar por un mundo mejor. En concreto, el nuevo programa Erasmus Mundus pone el énfasis en la posibilidad de asistir a cursos de máster y doctorado, la creación de asociaciones con instituciones de enseñanza de terceros países y la búsqueda de actividades de comunicación e información específicas.

Aplaudo esta iniciativa, y, además, quiero llamar la atención sobre la propuesta de la señora De Sarnez relativa a hacer que sea prioritario el aprendizaje de, al menos, dos idiomas extranjeros: los idiomas son, en realidad, el principal medio de integración cultural.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. − (NL) Erasmus Mundus II, en general, coincide con el anterior, aunque se han hecho importantes modificaciones. Entre los cambios fundamentales se incluye una representación geográfica más equilibrada y garantizada en los programas Erasmus Mundus que pueden ofrecer los consorcios de universidades de, al menos, tres países europeos, junto con una consideración adicional hacia las poblaciones más vulnerables.

Los criterios de admisión para los cursos de formación se deben basar en la calidad, y, al mismo tiempo, se debe respetar la igualdad de género y mejorar el acceso a los grupos desfavorecidos.

En el caso de que se concedan becas a estudiantes europeos y a estudiantes procedentes de terceros países, las instituciones que ofrezcan los cursos deberán respetar el principio de igualdad de oportunidades y de no discriminación.

Al mismo tiempo, Erasmus Mundus II debe contribuir al desarrollo sostenible de la enseñanza superior en Europa y en los terceros países, en virtud de lo cual la Comisión debe hacer todo lo posible para evitar la fuga de cerebros.

Los Verdes garantizarán que todas estas modificaciones sean realmente aplicadas. La evaluación de Erasmus Mundus debe, además, demostrar que se ha mejorado el acceso de los grupos vulnerables a los cursos de Erasmus Mundus.

El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo ha dado su apoyo a este informe condicionado a esas condiciones.

– Informe: József Szájer (A6-0300/2008)

  Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. − (PL) He votado a favor del informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje (versión refundida) (COM(2007)0737 – C6-0442/2007 – 2007/0257(COD)).

Junto con el señor Szájer, estoy dispuesto a reconocer los principios y directrices proporcionados por la Conferencia de Presidentes. Se ajustan totalmente a la ley. Además, apoyo totalmente la sugerencia relativa a las modificaciones técnicas que requiere la decisión de la Conferencia de Presidentes.

– Informe: József Szájer (A6-0297/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a microorganismos modificados genéticamente (Refundición), de acuerdo con el informe del señor Szájer. Lamento que, en vista de la evolución y la complejidad de las disposiciones legales y reglamentarias, la Comisión no haya modificado su posición que data del 1 de abril de 1987, que consiste en ordenar a sus servicios que prosigan con la codificación de los documentos legislativos después, como muy tarde, de su décima modificación mientras que, al mismo tiempo, subraya que ésta era una norma mínima y que, los servicios tuvieron que codificar las disposiciones legales y reglamentarias de las que eran responsables a intervalos todavía más cortos. En este caso en particular, estamos prosiguiendo con la revisión de la Directiva de 1990 y de las disposiciones legales y reglamentarias que se modificaron cuatro veces, en 1994, 1998, 2001 y 2003. Aunque, inicialmente, su objetivo era la codificación, la Directiva 90/219/CEE, al final, se refunde a fin de introducir los cambios necesarios para adaptarla al procedimiento relativo a las reglamentaciones con control introducido en 2006. Creo que la política de consolidar la política comunitaria debe ser una de las prioridades de la Comisión Europea y que la actual situación no es admisible, en particular, respecto a los Estados miembros y los ciudadanos.

  Dumitru Oprea (PPE-DE), por escrito. − (RO) Aunque el progreso realizado y la eficacia conseguida en la producción agrícola, de los cultivos y animal serían inconcebibles sin los importantes descubrimientos realizados en el ámbito de la genética, tenemos que diseñar las medidas de bioseguridad óptimas para la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente porque tenemos que respetar el principio de precaución para que podamos proteger la salud humana y el medio ambiente.

Definitivamente, hoy en día la humanidad estaría en peor situación y más dividida por los conflictos sin los descubrimientos realizados por Mendel, y después por Morgan, Crick y Watson. No obstante, está claro que los procedimientos para obtener, analizar, utilizar y comercializar organismos modificados genéticamente (OMG), sean plantas, animales o microorganismos, deberán estar sujetos en cada país a un sistema especial de regulación, autorización y administración, que establecerá un marco jurídico e institucional, cuyo fin será eliminar o reducir los riesgos de provocar cualquier efecto negativo.

– Informe: Eoin Ryan (A6-0348/2008)

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. −(IT) Señora Presidenta, Señorías, he votado a favor del informe del señor Ryan sobre las estadísticas comunitarias de intercambios de bienes entre Estados miembros El objetivo de la legislación comunitaria es reducir la burocracia innecesaria y excesiva, y, por consiguiente, la cuestión de las estadísticas relativas a los intercambios de bienes entre Estados miembros no puede permanecer intacta.

El Eurostat ha creado un grupo de trabajo para examinar la forma en que es posible simplificar y modernizar las declaraciones intracomunitarias de este intercambio. Además, se ha iniciado un estudio sobre un sistema único para el desarrollo y registro de los flujos comerciales de bienes dentro del mercado común. Estoy de acuerdo con esta iniciativa, pero espero, junto con el señor Ryan, que la Comisión mejore esta propuesta especificando detalladamente qué medidas resulta preciso adoptar a fin de introducir un mecanismo de flujo único de esta clase. Se podrían usar proyectos piloto para esto, y así poder examinar completamente la utilidad y la viabilidad del sistema.

  Eoin Ryan (UEN), por escrito. − (GA) El noventa por ciento de las empresas irlandesas son pequeñas y medianas empresas, al igual que sucede en el toda la Unión Europea. En Irlanda —ya que estoy más familiarizada con la situación de allí— hay cerca de 250 000 pequeñas y medianas empresas que emplean a más de 800 000 trabajadores. Muchas de esas empresas (en torno al 90 %) emplean menos de diez personas, con sólo una persona empleada en la mitad de los casos. Por consiguiente, el tiempo es un recurso muy valioso, pero esas empresas se encuentran con que emplean mucho tiempo en rellenar formularios.

No será ninguna sorpresa que apoye este informe (al ser mi propio informe) sobre el que se alcanzó un acuerdo a través de la cooperación del Consejo y de mis colegas de la Comisión ECON. No obstante, quiero dar esta explicación de voto para subrayar su importancia. Lo establecido en este informe liberará a más de 200 000 pequeñas y medianas empresas de rellenar formularios relativos a los intercambios de bienes, y, por lo tanto, se ahorrará tiempo y se beneficiará a las empresas en general.

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM) por escrito. − (PL) El Intrastat es un sistema común único para los países europeos. Su objetivo es reducir la burocracia y la regulación innecesaria. Es un sistema flexible y, por tanto, permite tener en cuenta necesidades y soluciones específicas relacionadas con cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea.

Otro punto importante es que el sistema Intrastat y el sistema estadístico sobre el intercambio internacional se establecen sobre la base de las recomendaciones para un sistema estadístico sobre el intercambio internacional de bienes desarrollado por la División de Estadísticas de las Naciones Unidas. Esto hace que sea posible obtener una información completa y totalmente comparable sobre el intercambio internacional de bienes.

La continua recopilación de datos estadísticos sobre importantes cuestiones económicas es muy necesaria. Los Estados miembros deben hacer todo lo posible para modernizar y mejorar este sistema.

– Informe: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

  John Attard-Montalto (PSE), por escrito. − Malta es el único Estado de la UE en el que no es posible el divorcio. En Europa sólo hay tres Estados en los que no se puede conseguir el divorcio: el Vaticano, Andorra y Malta.

No obstante, Malta permitía registrar un divorcio obtenido en otro lugar con tal de que la persona fuera ciudadano o estuviera domiciliado en el país en el que se concedió el divorcio.

En virtud del Reglamento Bruselas II (Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo), una persona puede obtener ahora el divorcio si es nacional de cualquier Estado miembro y ha estado viviendo allí de manera habitual durante seis meses. Cualquier otra persona puede presentar una demanda de divorcio, si esa persona ha sido residente habitual en el Estado miembro durante un período ininterrumpido de un año, inmediatamente anterior a la presentación de la demanda de divorcio.

Es loable que se haya tomado en consideración un nuevo artículo en los casos en los que los Estados no tienen leyes de divorcio, como en el caso de Malta.

En Malta, ya hemos reconocido el divorcio a través del sistema de registro en los casos en los que son aplicables las normativas pertinentes; no es cuestión de aprobar el principio de divorcio, al estar ya vigente en determinadas circunstancias. La cuestión es si el divorcio debe formar parte, específicamente, de nuestro sistema jurídico, aún cuando no sean de aplicación estas circunstancias especiales.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución legislativa que aprueba, sujeta a enmienda, la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento de 2003 por lo que se refiere a la competencia y se introducen normas relativas a la ley aplicable en materia matrimonial, de acuerdo con el informe de la señora Gebhardt. Dado el aumento de la movilidad de los ciudadanos dentro de la Unión Europea, cuya consecuencia es un aumento del número de parejas «internacionales», es decir, parejas en las que los cónyuges son de diferente nacionalidad o residen en diferentes Estados miembros o en un Estado miembro del que, al menos uno de los dos, no es nacional, y debido el alto índice de divorcios en la Unión Europea, se ha hecho indispensable legislar sobre la ley aplicable y la competencia en los asuntos matrimoniales, que interesan a un número cada vez mayor de ciudadanos cada año. Es necesario seguir señalando que los tratados establecen que se cree, de forma progresiva, un área común de libertad, seguridad y justicia junto con mediadas dirigidas a fomentar la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros en el ámbito del conflicto de leyes y competencia.

  Lena Ek (ALDE), por escrito. − (SV) El informe de la señora Gebhardt clarifica la competencia de los tribunales nacionales en materia matrimonial dentro de la UE, así como la ley pertinente. El objetivo es actuar en contra del riesgo de que uno de los cónyuges trate de apresurarse para presentar el primero la demanda de divorcio a fin de que el caso se rija por la ley de un país determinado que proteja los intereses de ese cónyuge en cuestión. Este objetivo en si mismo es, naturalmente, loable. No obstante, en mi opinión las desventajas de la regulación tienen más peso que las ventajas.

Suecia tiene uno de los Derechos matrimoniales más liberales del mundo, y esto es algo de lo que debemos estar orgullosos. El peligro que conlleva la propuesta original es que en algunos casos los tribunales suecos podrían verse obligados a dictar una sentencia de acuerdo con la ley de Malta, Irlanda, Alemania o Irán cuando una de las partes presenta la demanda de divorcio. A largo plazo, esto limitaría el derecho incondicional sueco a presentar una demanda de divorcio y a que se le conceda; un ámbito en el que nunca haré concesiones. Por consiguiente, mi primera idea fue votar en contra del informe. No obstante, durante la votación se aprobó una enmienda oral, que en esencia estaba relacionada con el principio jurídico de orden público. Sigo opinandoque se debería proteger el modelo sueco, pero a fin de alentar la introducción de mejoras he decidido, por el contrario, abstenerme.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. – (PT) Voté a favor del informe relativo a la ley aplicable en materia matrimonial. Teniendo en cuenta el aumento de la movilidad de los ciudadanos en la UE y la diversidad de la legislación aplicable en los diferentes Estados miembros en caso de divorcio, apoyo que los cónyuges de diferentes nacionalidades o residentes en diferentes Estados miembros tengan la posibilidad de elegir la ley aplicable a su divorcio.

No obstante, creo que es vital garantizar que los cónyuges estén informados para que ambos sean totalmente conscientes de las consecuencias jurídicas y sociales que se derivan de elegir la ley aplicable.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) La nueva legislación que se nos está proponiendo concierne al divorcio de las parejas denominadas «internacionales», es decir, parejas en las que los cónyuges tienen diferente nacionalidad o tienen su residencia en diferentes Estados miembros.

La cuestión aquí es fijar las normas relativas al órgano jurisdiccional competente y la legislación aplicable a fin de contrarrestar la inseguridad jurídica que impera en este ámbito. Actualmente, la legislación aplicable se determina de acuerdo con las leyes nacionales relativas al conflicto de leyes, que son muy dispares entre los distintos Estados miembros, además de ser complejas. La mayoría de los Estados miembros determina la legislación aplicable de acuerdo con criterios de incorporación o de residencia (lex loci). Otros Estados miembros aplican, sistemáticamente, su legislación nacional (lex fori) que, obviamente, puede llevar a aplicar una ley con la que los cónyuges sólo tienen una conexión débil, y tener un resultado que no está de acuerdo con la seguridad jurídica.

Esta nueva regulación propone que armonicemos las normas para el conflicto entre legislaciones. Estamos a favor de ello, porque, en lo que sigue siendo una situación dramática, es preciso introducir soluciones más previsibles, en interés, en particular, de la seguridad; a la que los hijos, que demasiado a menudo son las víctimas de la separación de sus padres, tienen derecho.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) En la Lista de Junio estamos muy decepcionados al observar el afán de la ponente por perseguir una cuestión que el Consejo ha rechazado muy recientemente. El hecho es que, a pesar de sus defectos, el actual Reglamento Bruselas II bis es un texto legal mucho mejor que el propuesto por la ponente. Quitar la libertad a los cónyuges para elegir un tribunal y una jurisdicción es un indicio de la actitud arrogante de la Comisión y, más concretamente, de la ponente, hacia la actual práctica en todos los Estados miembros.

No estamos sólo rechazando este informe mal meditado, sino que estamos pidiendo a todos los diputados que salgan en defensa de la libertad de elección para los cónyuges que están pasando por un divorcio. Lo último que necesitan estas personas, en los momentos difíciles, son unas normas de la UE complicadas.

  Marian Harkin (ALDE), por escrito. − Irlanda ha decidido no participar en la aprobación y aplicación de este reglamento porque no estamos a favor de ampliar la competencia a los tribunales irlandeses para conceder el divorcio a un nacional de la UE de acuerdo con la ley, sustancialmente diferente, del Estado del que él o ella provenga.

Si Irlanda tuviera que aplicar esta medida, esto permitiría a los nacionales de la UE residentes en Irlanda obtener el divorcio en nuestros tribunales por motivos sustancialmente diferentes y menos gravosos a los establecidos en nuestra Constitución, tal y como aprobó el referéndum sobre el divorcio en 1995; es decir, cuatro años de separación de las partes. Asimismo, significaría que en dichos casos no se aplicaría el actual requisito constitucional en los tribunales irlandeses en los procedimientos de divorcio, según el cual sólo se permite el divorcio cuando se realiza una provisión adecuada para las partes implicadas y para los hijos dependientes. Aunque en este informe hay aspectos positivos, me he abstenido por la decisión de Irlanda de no participar en esto.

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), por escrito. − (FI) Señora Presidenta, he votado en contra del informe sobre el matrimonio de la señora Gebhardt, porque creo que es importante que sea obligatorio aplicar las leyes finlandesas en los tribunales finlandeses en los casos futuros en los que la aplicación de una ley de un país extranjero entre en gran conflicto con las premisas básicas de la ley finlandesa.

Además, me preocupan mucho las propuestas sobre las evaluaciones de culpabilidad en los casos de divorcio. En Finlandia, dejamos de investigar la infidelidad u otras cuestiones parecidas en los casos de divorcio hace unos veinte años. Si las reintrodujéramos, supondría un paso atrás enorme y nos asaltaría un tufillo a pasado.

  Ona Juknevičienė (ALDE), por escrito. – (LT) La Unión Europea, con su ampliación, está viendo cómo se eleva el número de familias internacionales, es decir, de cónyuges de diferentes nacionalidades. Por desgracia, en la UE, un gran número de matrimonios entre diferentes nacionalidades está terminando en divorcio, cuyo proceso, a menudo, es complicado y largo. Esto se debe a que, hasta ahora, estaba limitada la oportunidad de elegir el tribunal que debía juzgar el caso de divorcio. Una vez que los cónyuges habían decidido separarse, sólo podían acudir a un tribunal de su lugar de residencia. Por consiguiente, tampoco podían elegir las leyes de otros miembros comunitarios y aplicarlas a su divorcio. Por ejemplo, a fin de divorciarse de su marido, una mujer lituana, que se había casado con un alemán y tenía una familia en Alemania, tenía que acudir a un tribunal de su lugar de residencia. Su caso de divorcio tenía que decidirse de acuerdo con la legislación alemana. Una vez que se haya aprobado la regulación, a partir del 1 de marzo de 2009, estas restricciones no estarán en vigor nunca más. Las familias que pasen por un procedimiento de divorcio podrán elegir el tribunal de acuerdo con su lugar de residencia o elegir la ley aplicable del país del que son ciudadanos. En el momento de la votación, apoyé las enmiendas, que establecían que la ley aplicable en los casos de divorcio no debe ser contraria a los principios básicos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esto es especialmente importante porque luchamos por evitar la discriminación por razón de sexo cuando se juzgan y se emiten sentencias en los casos de divorcio.

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), por escrito. − (FI) Voté a favor del informe de la señora Gebhardt, porque creo que la propuesta de la Comisión para homogenizar las normas sobre conflicto de leyes en los divorcios entre parejas internacionales es importante. El divorcio es una tragedia humana para las partes y sus hijos. Por esta razón, las partes implicadas tienen que entender lo mejor posible el procedimiento aplicable y el contenido sustancial de la ley.

La situación actual, en la que de acuerdo con el Reglamento Bruselas II bis los cónyuges pueden elegir entre una serie de tribunales competentes diferentes y en la que la jurisdicción se determina con relación a las normas sobre conflicto de leyes del Estado miembro en el que se sitúa el foro, no establece la necesaria seguridad jurídica. Los foros de conveniencia (forum shopping) y la «carrera a los tribunales», de una de las partes para obtener un resultado favorable, son efectos secundarios muy graves de dicha situación.

Creo que el derecho de los cónyuges a elegir de mutuo acuerdo el tribunal y jurisdicción competentes les ayudaría, además, a comprender el contenido en ambos casos. Por esta razón, resulta esencial que se haga más fácil el acceso a la información sobre el contenido y los procedimientos, tal y como se establece en la Enmienda 2. La Enmienda 1, que protege los intereses de los hijos al elegir la ley, es también de vital importancia.

Apoyo la Enmienda 37, que presentó mi grupo, en la que se establece que la ley del Estado miembro en el que la pareja contrajo matrimonio debe, además, ser la elegida. Esto es lógico y haría incluso más fácil entender el contenido de la ley aplicable.

  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. – (FR) En Europa hay, en términos generales, demasiados divorcios, en particular en mi país. Un creciente número de divorcios afecta a las parejas mixtas, es decir, parejas en las que los cónyuges son de diferente nacionalidad.

Como la libre circulación de personas es una consecuencia de la integración europea, resulta esencial que se establezca un marco jurídico claro.

Al ser consciente de que las normas nacionales en el ámbito del divorcio son extremadamente dispares, me doy perfecta cuenta del peligro que podría resultar de un «turismo» del divorcio, si se pudiera elegir la jurisdicción más ventajosa para uno de los cónyuges y la más restrictiva para el otro.

Habría votado a favor de este informe porque la propuesta de Reglamento habría contrarrestado los defectos, al hacer posible que dos cónyuges residentes en diferentes Estados miembros eligieran de mutuo acuerdo, y con total conocimiento de los hechos, el órgano jurisdiccional competente en su procedimiento de divorcio, que debería haber sido uno de los dos Estados miembros de residencia de la Unión europea. Por desgracia, durante la votación, una enmienda oral que se había aprobado causó tal confusión que fue necesario volver a enviar todo el informe a la comisión. Puesto que el informe no se volvió a enviar a la comisión, ya no participé en la votación final.

El tema es demasiado delicado para votarlo en un estado de confusión.

  Mairead McGuinness (PPE-DE), por escrito. − No he votado sobre este informe porque Irlanda decidió no ejercer su derecho a participar en la aprobación y aplicación de la propuesta de Reglamento y no ha desempeñado un papel activo en las negociaciones a nivel del Consejo.

Irlanda no estaba a favor de ampliar la competencia a los tribunales irlandeses para conceder el divorcio a un ciudadano de la UE de acuerdo con la ley sustancialmente diferente del Estado del que él/ella provenga.

Esto, si se hubiera aplicado, permitiría a los nacionales de la UE residentes en Irlanda obtener el divorcio en nuestros tribunales por motivos sustancialmente diferentes y menos gravosos a los establecidos en nuestra Constitución, tal y como aprobó el referéndum sobre el divorcio en 1995.

Dado que Irlanda no forma parte del proceso para aprobar y aplicar este Reglamento, decidí no votar sobre este informe.

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), por escrito. – (SK) Acojo positivamente el informe de mi colega la señora Gebhardt sobre la eleción del órgano jurisdiccional, el reconocimiento de las decisiones jurisdiccionales y las normas aplicables al derecho a decidir en materia matrimonial. Creo firmemente que es importante crear un marco jurídico claro, completo y flexible en este delicado ámbito.

En la votación de hoy, he votado a favor de la introducción del derecho a elegir el tribunal pertinente para el procedimiento de divorcio. He votado a favor de una propuesta según la cual una pareja denominada internacional podrá optar por la jurisdicción del lugar de su residencia habitual, o del sistema jurídico del país en el que se casaron.

Apoyo totalmente la importancia de garantizar que ambos cónyuges tengan el suficiente acceso a información, sin perjuicio de su situación económica o su nivel de formación. Ambas partes deben estar informadas de manera precisa y completa de las consecuencias de su elección del órgano jurisdiccional y del derecho a decidir en los casos de divorcio. Se aplica esto, en especial, en el caso de parejas internacionales, ya que las leyes de los Estados miembros, los procesos de divorcio y las condiciones según las cuales se puede regir el divorcio varían enormemente.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) En materias relativas a los matrimonios transfronterizos, es importante que haya una situación jurídica homogenizada. En los ámbitos políticos, tiene cada vez más importancia la certeza jurídica para los ciudadanos en ámbitos como el matrimonio y el divorcio, en los que a menudo intervienen cuestiones muy relacionadas con los sentimientos.

En un mundo que se está haciendo más pequeño a una velocidad cada vez mayor, las normativas como las que ya existen en el Derecho civil, en este caso la libre elección de la ley aplicable y del tribunal por las partes, son importante para su movilidad. Este reglamento, además, establece un acceso de «fácil manejo» al ámbito del Derecho de familia. Otro elemento importante en este contexto, es que las partes estén bien informadas a cerca de las consecuencias jurídicas de su decisión. Por esta razón, he votado a favor de este informe.

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), por escrito. − (RO) He votado a favor de este informe pensando en los más de 150 000 hombres y mujeres europeos que están envueltos en procesos de divorcio transfronterizos cada año. Entre ellos figuran muchos hombres y mujeres rumanos que se han casado en el extranjero. Voté a favor de este informe porque creo firmemente que tenemos la obligación de apoyar la supresión de todos aquellos obstáculos y dificultades burocráticas que hacen que algunos digan que la Unión es el infierno para los ciudadanos y el cielo para los abogados.

Además, creo que tenemos la obligación, hacia aquellos a los que representamos, de eliminar muchos otros problemas que preocupan a los ciudadanos europeos. Dos ejemplos son los problemas ligados a la asistencia sanitaria que se presta a los ciudadanos europeos en otro país que no es el suyo de origen y la homologación de los títulos académicos.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. − (IT) Señora Presidenta, Señorías, he votado a favor del trabajo presentado por la señora Gebhardt, sobre la ley aplicable en materia matrimonial. Tiene un objetivo encomiable: crear un marco jurídico claro y completo que abarque normas relativas a la competencia de los órganos jurisdiccionales, y el reconocimiento y ejecución de las decisiones en materia matrimonial, además de las normas relativas a la ley aplicable.

Ciertamente, con la actual situación, a causa del conflicto entre las leyes nacionales y el Derecho comunitario, cualquier divorcio «internacional» puede poner de manifiesto las cuestiones jurídicas más dispares. Además, debemos considerar el riesgo de la «carrera a los tribunales», que premia al cónyuge que intente acudir primero al órgano jurisdiccional en el que la ley sea más adecuada para sus intereses.

Esto es completamente inaceptable, y, por consiguiente, acojo positivamente este informe, que tiene como objetivo dar a los cónyuges responsabilidades significativas, sobre todo en cuanto a aclarar la elección, la elección del órgano jurisdiccional y, finalmente, la elección de la ley aplicable.

  Olle Schmidt (ALDE), por escrito. − (SV) Como alguien a favor de la Unión Europea, normalmente veo el valor añadido de la legislación europea. A menudo es posible encontrar mejores soluciones a los problemas, cuando varias personas han pensado en ellos. Este informe es una excepción lamentable a esta regla. Tenemos motivos para estar orgullosos de una legislación que da a las personas la oportunidad de irse cada una por su lado, si así lo desean y, por consiguiente, tenemos motivos para proteger el sistema que actualmente tenemos en Suecia. Al igual que el Gobierno, por lo tanto, opino que la propuesta de la Comisión para la armonización va en la dirección equivocada, si se debe tener en cuenta, por ejemplo, la práctica en Malta. No se puede permitir que el Vaticano ponga obstáculos en el camino de una política efectiva en materia de igualdad en un país. El Parlamento Europeo opinó de diferente manera. Por consiguiente, mi intención fue votar en contra del informe. Asimismo, se ha introducido la enmienda en el Acta.

  Anna Záborská (PPE-DE), por escrito. – (SK) He votado en contra de la medida porque considero que la UE no debe interferir en materias que no entran dentro de su competencia. Entre estas están el Derecho de familia. El Consejo de Ministros debería pensar detenidamente si acepta las propuestas del Parlamento o de la Comisión. No se debería aprovechar un pequeño número de casos en los que surgen problemas para que la UE se arrogue más competencias. No es eso lo que significa la integración europea.

Aparte de esto, el Parlamento Europeo se refirió en su opinión a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Esto constituye una manipulación inaceptable por parte del Parlamento, ya que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE no es un documento jurídicamente vinculante, sino un compromiso político. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE declara en su artículo 9: «Se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales que regulen su ejercicio.» Puesto que el Derecho de familia se determina en el ámbito nacional, ¿por qué necesitamos normativas europeas paralelas sobre el divorcio? Esto hace que sea posible la manipulación. Por consiguiente, no queda del todo claro hacia dónde se dirige este reglamento y la Comisión no es capaz de eliminar las incertidumbres. Propongo que el Consejo de Ministros rechace esta medida.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. − (PL) Se ha observado en la UE un aumento en el número de matrimonios en los que los cónyuges son ciudadanos de diferentes países de la UE o de terceros Estados.

Como consecuencia, cada vez surge con más frecuencia la cuestión de la elección de la ley aplicable o del órgano jurisdiccional competente.

La Unión Europea necesita disposiciones eficaces de resolución de conflictos para determinar la competencia jurídica.

A medida que aumentan los divorcios, también lo hacen el número de casos de discriminación al acceder al divorcio o la separación judicial. El cónyuge mejor informado toma la iniciativa y acude al órgano jurisdiccional en el que la ley sea más adecuada para sus intereses. Al hacerlo, este cónyuge está prejuzgando la competencia del sistema jurídico correspondiente.

En el caso de los matrimonios en los que uno de los cónyuges reside en un tercer Estado, puede ser difícil que un tribunal reconozca una sentencia de divorcio dictada en un tercer Estado.

El informe que se ha votado hoy tiene como objetivo garantizar que ambos cónyuges tengan acceso a información veraz relativa a los procesos de divorcio y separación y, asimismo, a los principales aspectos de la legislación nacional y comunitaria. Está justificado que se reconozca como vital para los intereses de los hijos afectados que se les tenga en cuenta al elegir la ley aplicable.

– Informe: Pedro Guerreiro (A6-0388/2008)

  Lena Ek (ALDE), por escrito. − (SV) La política de pesca de la UE no se establece sobre la base, y nunca lo ha hecho, de decisiones conjuntas bien meditadas. Las poblaciones de peces en Europa han disminuido dramáticamente en los últimos años, y se ha hecho muy poco para cambiar esta situación. En lugar de ello, la UE está ofreciendo ayudas a cambio de derechos de pesca en países del tercer mundo y, por consiguiente, también se agotarán los peces de sus mares. Se privará a la población local del litoral de su medio de vida y se verá forzada a vivir de las ayudas, unas ayudas que rara vez compensan adecuadamente la pérdida de ingresos.

La política de pesca que, por el contrario, la UE debería apoyar debe estar impregnada de un enfoque a largo plazo y con visión de futuro. En un proceso así no cabe la ayuda para mejorar y modernizar las flotas pesqueras, cuyo objetivo final es aumentar la capacidad de captura. No obstante, apoyaría, con mucho gusto, medidas cuyo objetivo fuera apoyar a las poblaciones locales vulnerables de las regiones costeras pobres, cuya única fuente de ingresos es la pesca y que están sufriendo tremendamente como consecuencia de la reducción de las poblaciones de peces, principalmente, como consecuencia directa de las políticas pesqueras equivocadas de la UE. No obstante, las propuestas del informe del señor Guerreiro no incluyen estas medidas y, por tanto, he votado en contra del informe.

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. – (PT) El Reglamento (CE) nº 639/2004 sobre la gestión de las flotas pesqueras registradas en las regiones ultraperiféricas de la Comunidad contempla excepciones al régimen de entradas y salidas de la flota previsto en el artículo 13 del Reglamento (CE) n º 2371/2002 sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común.

Sin embargo, la tardía adopción del instrumento jurídico de la Comisión que permite a los Estados miembros interesados la concesión de ayudas estatales y la limitada capacidad de los astilleros hicieron imposible el cumplimiento de la fecha límite para la entrada en la flota de buques pesqueros que puedan beneficiarse de las ayudas estatales para la renovación antes del 31 de diciembre de 2008, tal y como se estipula en el Reglamento (CE) nº 639/2004.

En su informe, la Comisión de Pesca defendía la ampliación de las fechas límites para obtener la ayuda estatal para la renovación y matriculación de buques, en relación con el Reglamento actualmente en vigor y en relación con la propuesta presentada por la Comisión Europea, de acuerdo con los cuales la fecha límite sólo podía ampliarse por un año, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2009.

La ampliación de la ayuda estatal para la renovación de las flotas de las regiones ultraperiféricas hasta el 31 de diciembre de 2009 y la posibilidad de registrar buques hasta el 31 de diciembre de 2011, supone una ayuda muy importante si tenemos en cuenta las restricciones mencionadas anteriormente.

Por consiguiente, he votado a favor del informe Guerreiro.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El apoyo para la renovación y modernización de las flotas pesqueras de las regiones ultraperiféricas es extremadamente importante dada la naturaleza estratégica del sector pesquero en estas regiones. El informe que hoy se ha votado tiene como objetivo ampliar por un año más el período de financiación de la renovación y modernización de las flotas pesqueras de las regiones ultraperiféricas.

Está justificado tener en cuenta la especial situación estructural, social y económica de estas regiones con respecto a la gestión de las flotas pesqueras. Para ello es necesario adaptar las disposiciones sobre la gestión del régimen de entradas y salidas de la flota y la reducción obligatoria de la capacidad a las necesidades de estas regiones, así como las condiciones de acceso a las ayudas públicas para la modernización y la renovación de los buques pesqueros.

En resumen, es preciso mantener las ayudas para la renovación y modernización de las flotas pesqueras de las regiones ultraperiféricas, especialmente en relación con la flota artesanal, ya que las flotas de estas regiones están formadas por buques viejos, que en algunas RUP superan los treinta años de antigüedad. Estas acciones son una condición sine qua non para mejorar las condiciones de almacenamiento de la captura y las condiciones de trabajo y la seguridad de los trabajadores del sector de estas regiones.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, he votado a favor del informe sobre la gestión de las flotas pesqueras registradas en las regiones ultraperiféricas de la Comunidad, presentado por el señor Guerreiro. La Comisión se ha alineado siempre a favor de la integración europea, cualquiera que sea el ámbito discutido, y comparto esta opinión; pero en este caso debemos eliminar cualquier límite temporal, para que estas regiones tengan el tiempo suficiente para la adecuada renovación y modernización que les prepare mejor para afrontar la competencia dentro del mercado interior.

Está claro que el apoyo continuo a esta renovación es una condición sine qua non sin la que será imposible asegurar, de una manera adecuada, las condiciones de trabajo y la seguridad y la conservación de las poblaciones de peces. Por esta razón, apoyo esta iniciativa, dirigida a reestructurar completamente las flotas de las regiones ultraperiféricas (RUP) a fin de afrontar los nuevos retos europeos en el sector pesquero.