Acta literal de los debates

Miércoles 22 de octubre de 2008 - Estrasburgo

7. Explicaciones de voto

Explicaciones de voto orales

- Propuesta de decisión B6-0575/2008 (nombramiento de Catherine Ashton como miembro de la Comisión)

  Toomas Savi (ALDE). – (EN) Señor Presidente, me complace la designación de la Baronesa Ashton como miembro de la Comisión y me gustaría señalar que el mero hecho de que se le haya otorgado el reconocimiento de miembro vitalicio de la Cámara de los Lores habla de su excelente labor en favor del Reino Unido. Creo firmemente que ella será una Comisaria tan digna como ya lo fue otro noble anteriormente. En 1984 el Gobierno de Margaret Thatcher nombró Comisario del Reino Unido a Lord Cockfield, que desarrolló una carrera distinguida en Bruselas, dedicada a sentar las bases del mercado único.

La Baronesa Ashton aseguraría su propio lugar en la historia de la Unión Europea impulsando las negociaciones de Doha. Representa un gran reto, pero la conclusión satisfactoria de estas negociaciones ayudaría enormemente a los países en desarrollo.

- Propuesta de resolución B6-0543/2008 (Consejo Europeo)

  Jim Allister (NI). – (EN) Señor Presidente, voté en contra de la moción conjunta en la cumbre del Consejo Europeo a raíz de su ambivalencia en cuanto al referéndum y su adhesión irracional a objetivos en materia de cambio climático que resultan perjudiciales para la economía. El comunicado confirma de forma hipócrita su respeto hacia el rechazo de Irlanda al Tratado de Lisboa y entonces inmediatamente empieza a insistir, sirviéndose del lenguaje codificado de este tipo de documentos, en que Irlanda se integre. Queda patente la falsedad del supuesto respeto por la decisión democrática de los votantes.

Ahora todos nos encontramos ante una crisis económica, la peor que la mayoría de nosotros haya conocido, y la Unión Europea se preocupa por las nimiedades sin importancia que representan los objetivos climáticos en el contexto de la crisis actual. Ahora la industria y nuestras economías no pueden permitirse esta presión fiscal ecológica que va en aumento. Todo lo que conseguiremos es expulsar una parte cada vez mayor de nuestra industria manufacturera al Lejano Oriente.

  Marian Harkin (ALDE). – (EN) Señor Presidente, deseo mencionar la enmienda 3, donde criticamos a varios Comisarios por haber restado importancia a las peticiones que realizó el Parlamento Europeo hace largo tiempo para proponer una legislación que permita una mejor supervisión del mercado financiero. Esta es la realidad de la situación, pero creo que también cabe destacar que los Estados miembros deben asumir su parte de culpa. Incluso si la Comisión hubiera intentado actuar, creo que se habría encontrado con bastante resistencia. Pese a todo, la Comisión tiene una responsabilidad en ello, y aunque nosotros tenemos el reglamento basado en principios como opuesto al basado en normas, es preciso que sea riguroso, porque la regulación mínima no ha funcionado.

También quiero comentar el apartado 20, donde el Parlamento reitera su respeto hacia el resultado del referéndum irlandés y los resultados de los procedimientos de ratificación en los demás Estados miembros. Durante el debate sobre el referéndum irlandés, se afirmó una y otra vez que el Parlamento no respetaría el resultado. Además, el Parlamento no tiene ninguna competencia en este ámbito ni ningún poder para actuar de una manera u otra. No obstante, me satisface la declaración, a diferencia de mi colega el señor Allister.

Por último, en el apartado 20, creo que es posible disipar los temores del pueblo irlandés ante las elecciones europeas, pero no deberíamos subestimar lo que se necesita aquí. También afirma que el Parlamento está preparado para ofrecer asistencia a fin de alcanzar un consenso más amplio e informado. En mi opinión, su redacción debería decir «para crear un consenso mejor informado».

  Daniel Hannan (NI). – (EN) Señor Presidente, la frase más peligrosa en la política contemporánea es «hay que hacer algo». Los políticos tienen un miedo irracional y desproporcionado a parecer inactivos y ese «algo» es secundario, como hemos visto durante la crisis financiera. No importa lo que sea ese «algo» —500 000 millones de libras en el Reino Unido, 500 000 millones de euros en Europa, 850 000 millones de dólares en los Estados Unidos—; bien, eso es «algo», hagámoslo. No importa cuáles sean las consecuencias en la práctica.

La verdad es que no se puede legislar contra las recesiones, no más de lo que se puede legislar para dirigir la órbita del sol o de la luna. Actualmente estamos asistiendo a una corrección inexorable de los años de crédito fácil provocados por estos mismos Gobiernos que mantuvieron las tasas de interés en niveles excesivamente bajos durante demasiado tiempo. Esa fue una decisión política y no de mercado, y el aire que infló el globo ahora se está escapando. El único cambio práctico que se está llevando a cabo mediante la nacionalización de nuestros bancos y estos enormes avales es que, en vez de reducir los impuestos para ayudar a la gente durante estos tiempos difíciles, estamos sometiéndoles a una carga impositiva aún mayor. Nuestros contribuyentes se verán obligados a pagar un alto precio por nuestra arrogancia.

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, mi grupo votó en contra de la enmienda 9 porque para nosotros era fundamental que el proceso democrático se llevara a cabo sin ningún atajo que cree un déficit democrático, especialmente ahora que el procedimiento parlamentario no es muy encomiable en el caso del comercio de derechos de emisión. Hemos visto trucos engañosos, manipulación y, finalmente, una ponente que ignora la voluntad política de su propio grupo.

Esto ha llegado a ser incluso más relevante dado el bloqueo del Consejo la semana pasada. El Grupo del PPE-DE ha ofrecido una solución al problema de que se perjudique a la industria a la vez que se avanza en la mitigación del cambio climático. Por lo tanto, nuestra propuesta de evaluación comparativa para reemplazar el costoso sistema de subasta no solo cuenta con el apoyo de la industria de la Unión Europea sino también con el de los sindicatos. Todos estamos unidos con el objeto de reducir las emisiones nocivas. No me cabe ninguna duda.

La cuestión es cómo hacerlo. Nuestra principal preocupación debe ser nuestro planeta, pero sostengo que las medidas necesarias para detener el cambio climático no mejorarán con la recesión económica de las principales economías respetuosas con el clima, que conduce al desempleo en la UE.

  Peter Skinner (PSE). – (EN) Señor Presidente, el EPLP acoge con agrado el contenido de esta moción y resolución conjunta sobre el clima financiero y otros sectores. En cuanto a lo que podríamos hacer a continuación, es verdad que el Parlamento ha establecido una serie de peticiones —que ha sido una especie de lista de deseos, hasta cierto punto— y también propuestas concretas sobre lo que es necesario llevar a cabo. A veces hemos ido más lejos que la Comisión. De hecho, en ocasiones —quizá por razones nacionales o por intereses políticos— hemos visto al Parlamento suavizar textos y proponer textos adecuados.

Pero todas esas peticiones son bastante pertinentes hoy en día y guardan relación con la situación en que nos encontramos. Las estructuras de supervisión necesitan más que nunca ser reforzadas, pero a escala global, no solo en el ámbito europeo. Debemos mirar fuera de la Unión Europea. Para ello, también hemos de considerar lo que está sucediendo en relación con la ayuda al desarrollo en todo el mundo. Necesitamos aumentar nuestras reservas en cuanto a la atención de problemas del desarrollo, no huir de ellos y confiar que, haciendo esto, alcanzaremos los tipos de equilibrio económico que se necesitan en todo el mundo. Nuestro trabajo es prestar atención a estos problemas, así como hacer algo más al respecto y presentar más ideas por escrito sobre este asunto.

  Ivo Strejček (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, me gustaría resumir los motivos por los que voté en contra de la resolución. En primer lugar, reforzar el papel del Estado es una respuesta errónea cuando se busca una salida al caos financiero. En segundo lugar, un mayor control y la creación de una nueva autoridad de supervisión paneuropea sin que estén claras sus competencias no son un remedio para la crisis. En tercer lugar, tras el rechazo del pueblo irlandés, el Tratado de Lisboa no puede entrar en vigor. Por eso el Consejo Europeo debería respetar el resultado del referéndum de Irlanda. En cuarto lugar, el Consejo Europeo no desea incumplir sus propios objetivos poco realistas y extremadamente caros en materia de cambio climático. A la larga, esto dañará las condiciones de vida de los ciudadanos.

  Gay Mitchell (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, permítame comenzar diciendo que es correcto decir que el Tratado de Lisboa no puede entrar en vigor hasta que los veintisiete Estados miembros lo aprueben, pero eso no significa que Europa no pueda avanzar y, por lo que a mí respecta, no quisiera ver avanzar a Europa sin Irlanda. Como director de elecciones de Fine Gael en la campaña del reciente referéndum, quiero dejar absolutamente claro que la posición irlandesa es, y debería ser, que nuestro país desea estar en el centro de Europa. Ya no queremos ser una isla detrás de otra isla, dependiente de los intereses británicos. Respetamos al Reino Unido por tener sus intereses, está en su derecho. Pero nuestros intereses residen en otra parte y no quiero que ningún diputado británico se levante aquí y hable por mis electores o por los intereses de Irlanda.

Quisiera decir que los diputados de Fine Gael en el Grupo del PPE-DE apoyan el impulso del informe sobre la reunión del Consejo Europeo, pero no aceptan que el Parlamento deba considerar «que es posible responder a las preocupaciones expresadas por el pueblo irlandés a fin de garantizar una solución aceptable para todos antes de las elecciones del Parlamento Europeo», puesto que esta es una cuestión que debe considerar el pueblo irlandés cuando y como estime oportuno. Esta es la idea que debemos hacer constar.

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) El contenido de nuestra resolución conjunta no me satisface especialmente, ni tampoco la actuación del Presidente del Consejo, el señor Sarkozy. A pesar de ello, considero que un acuerdo o, al menos, la capacidad de ponerse de acuerdo en algún tipo de planteamiento conjunto es un paso muy importante, puesto que el peor mensaje que podríamos transmitir a los ciudadanos de Europa sería que no somos capaces de ponernos de acuerdo en nada. No obstante, también me gustaría pedir un poco de sentido común. Contamos con tres factores en esto. Uno es la crisis financiera, por supuesto, el segundo es la recesión y el tercero se debe fundamentalmente a la influencia de la globalización en nuestro mercado interior. He hablado de esto durante muchos meses, incluso algunos años. Parecemos incapaces de detener el aumento de las exigencias dirigidas a la industria europea y no somos capaces ni siquiera de debatir este aumento en el ámbito de la OMC. Esta incompatibilidad es un gran problema para nosotros.

- Recomendación: Harlem Désir (A6-0373/2008)

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, como todos nosotros sabemos, el trabajo a través de empresas de trabajo temporal en la Unión Europea está aumentando considerablemente. Por un lado, esto es algo positivo porque crea numerosos empleos pero, por lo general, la gran disparidad de normas nacionales ha tenido consecuencias hasta ahora negativas, especialmente para los trabajadores, puesto que provoca el dumping salarial debido a los salarios bajos y también al desplazamiento de trabajadores locales. Por último, provoca distorsiones de la competencia, en especial para las pequeñas y medianas empresas, y beneficia a aquellos que emplean a bajo precio a todos los trabajadores temporales que pueden.

Por consiguiente, nuestro objetivo con las directivas debe consistir en regular el trabajo a través de empresas de trabajo temporal para toda la Unión Europea y, en concreto, estipular que los trabajadores temporales reciban el mismo trato que los empleados de las empresas usuarias en cuanto a las condiciones de trabajo y empleo. Esto sería por el interés de Europa como espacio económico, y en especial de los trabajadores, y evitaría la distorsión de la competencia para las empresas usuarias.

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Señor Presidente, cualquier enmienda a esta directiva, independientemente de su pertinencia, significaría prolongar el procedimiento legislativo y dejar a los trabajadores temporales sin protección jurídica durante más tiempo todavía. Esta directiva es necesaria desde hace muchos años. También refleja los acuerdos entre los agentes sociales. Por eso voté en contra de toda enmienda.

- Informe: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

  Neena Gill (PSE). – (EN) Señor Presidente, voté a favor de este informe porque me preocupa la seguridad de los niños que se conectan a Internet. Este también es un tema planteado por muchos de mis electores de West Midlands. Sé que muchos padres y profesores están cada vez más preocupados por los niños que acceden a contenidos inapropiados y potencialmente peligrosos.

Internet se ha convertido en un potente medio de comunicación global, lo que ha incrementado los peligros para los menores de todo el mundo. Recientes investigaciones realizadas en el Reino Unido han descubierto que 1 de cada 10 niños que usan los foros de discusión (chat) han sido abordados por pederastas a través de Internet. Sin embargo, al reconocer que Internet ofrece un mundo de entretenimiento, oportunidades y conocimiento a los niños, también debemos aplicar medidas para proteger su seguridad en la red. Creo que es nuestra responsabilidad proteger a los niños de contenidos perjudiciales y comportamientos nocivos en línea.

El Parlamento Europeo debe desempeñar un papel fundamental en la reducción de la disponibilidad de contenidos ilegales e inapropiados y en la sensibilización de la población con respecto a estos peligros de Internet. Por lo tanto, acojo con satisfacción este informe y los esfuerzos de la Unión Europea en favor de la protección de nuestros hijos. Los niños deberían beneficiarse de todas las oportunidades que ofrece esta tecnología sin temor a quienes puedan dañarles.

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Internet es un invento muy positivo, pero cada vez la usan más delincuentes y esto ha provocado un aumento exponencial de uno de los delitos más abominables de todos, el comercio de pornografía infantil.

Para que se hagan una idea de la magnitud de este problema: solo en el último año se produjo un incremento del 16 % en la distribución de este tipo de material a través de Internet, y a esto hay que añadir el hecho de que en un solo año más de 20 000 niños sufren abusos con este fin, para realizar estas imágenes. Nuestros objetivos consisten en lo siguiente: tolerancia cero en los casos de abuso infantil, graves sanciones para los culpables y máxima protección para los niños que utilizan Internet.

Estimo positivo el paquete de medidas que respalda el Parlamento Europeo, que incluye desde teléfonos de información y asistencia permanente hasta la instalación de sistemas de bloqueo, además de la formación policial y el seguimiento de transacciones financieras.

Este informe del Parlamento Europeo es muy importante, puesto que refleja sólidamente su responsabilidad respecto a la protección de los miembros más débiles de nuestra sociedad, los niños.

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Internet representa una gran ayuda, pero, al mismo tiempo, un gran peligro, especialmente para los niños. Los niños poseen muchos más conocimientos informáticos que sus padres y, por tanto, los adultos con frecuencia no son conscientes de la gran cantidad de trampas que los niños pueden encontrar al navegar durante horas por Internet. Me satisface este informe y he votado a favor.

Creo que el programa «sobre la seguridad en Internet» (Safer Internet) contribuirá a eliminar la brecha generacional que existe con respecto a la sensibilización sobre Internet. Necesitamos una campaña informativa dirigida a padres y profesores. Apoyo la creación de puntos de contacto en los distintos países de la Unión Europea, donde será posible denunciar actividades ilegales relacionadas con la seguridad en Internet.

El estudiante finlandés Matti Juhani Saari publicó en Internet, incluido YouTube, vídeos en los que aparecía disparando una pistola en un campo de tiro. Más tarde, diez jóvenes fueron asesinados por este pistolero lunático en un colegio de la localidad finlandesa de Kauhajoki. Señorías, creo que con este programa lograremos reducir el nivel de riesgo y garantizar que los jóvenes no tengan acceso a este tipo de vídeos en Internet.

  Jan Březina (PPE-DE). – (CS) He dado mi apoyo al informe de la señora Angelilli porque creo que contribuirá a la lucha contra el abuso infantil en Internet. Me gustaría hacer hincapié en la mejora de los instrumentos de los que disponen las fuerzas policiales. En concreto, esto incluye la creación de una base de datos europea sobre la pornografía infantil junto con el anuncio de las líneas telefónicas de emergencia, de las que deberían disponer las fuerzas policiales. Este será un instrumento de gran utilidad para aquellos casos que impliquen la compra de imágenes a través de las redes de comunicación entre pares, puesto que permitirá verificar si una imagen ya ha aparecido o no en Internet y si ya se han llevado a cabo investigaciones al respecto, evitando así la duplicación innecesaria de labores de investigación. Otra medida eficaz sería realizar el seguimiento de los pagos efectuados en sitios web que contengan pornografía infantil, aunque cumpliendo totalmente las normas de protección de la privacidad y el secreto bancario.

La experiencia hasta la fecha demuestra que la seguridad de los niños en Internet solo puede estar garantizada partiendo de un planteamiento a varios niveles, que incluya la participación de niños, familias, colegios, todos los operadores de telecomunicaciones, proveedores de servicios de Internet y órganos de gobierno. Se necesita una mayor sensibilización y prevención, lo que, desde el punto de vista técnico, ayudaría y facilitaría la denuncia de casos y mejoraría las posibilidades de que sean investigados por las fuerzas policiales. Creo firmemente que el programa para la seguridad en Internet puede contribuir a este fin.

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Permítanme añadir mi opinión al debate del lunes sobre la protección de los niños que utilizan Internet y otras tecnologías de la comunicación. Respaldé el informe, desde luego, y lo acojo con satisfacción. Sin embargo, en el programa que aprobamos, no se hace hincapié en la normalización de la terminología con respecto a los contenidos peligrosos. Además, los Estados miembros difieren en su opinión acerca de lo que simplemente no está permitido y lo que ya está penalizado. Obviamente esto dificulta la lucha contra los delitos a través de Internet, que no entiende de fronteras de Estados ni de continentes. Por el bien de nuestros hijos, la armonización en este ámbito debería ser nuestra prioridad, nos guste o no.

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Señor Presidente, yo voté rotundamente a favor de este informe. Será bien acogido que Europa desee hacer algo para proteger a los niños de los numerosos peligros que Internet plantea hoy en día. Desde edades tempranas, los jóvenes no solo se familiarizan con Internet, sino que también se exponen a sus peligros.

Se estima que 9 de cada 10 niños de edades comprendidas entre 8 y 16 años acceden a contenidos pornográficos en Internet. Los comerciantes de pornografía están siendo cada vez más imprudentes. Además del peligro de los pederastas y los proveedores de pornografía, también existen los casinos en línea con sus técnicas agresivas de mercadotecnia. En particular los niños más pequeños no siempre son conscientes del peligro que corren.

Por consiguiente, proteger a los niños de todo esto depende de los padres, los colegios, los profesores y también de los políticos. Todos ellos deben supervisar la protección de los niños y promover la sensibilización, especialmente entre los miembros más jóvenes de la sociedad, puesto que ellos son los más impresionables y vulnerables.

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). – (BG) Gracias, señor Presidente. Yo voté a favor de este informe porque lo considero de excepcional importancia. Resulta difícil solucionar en un solo documento la enorme disparidad de problemas que surgen cuando los niños utilizan las tecnologías de la comunicación. No obstante, este programa es necesario por motivos de organización. Cuando se debate el impacto de las nuevas tecnologías, tendemos a hablar de los beneficios sociales, educativos y culturales, entre otros, y solamente llegamos a ser conscientes de las consecuencias negativas cuando es demasiado tarde. Los actuales mecanismos para restringir productos perjudiciales son muy importantes a la hora de reducir los riesgos, pero necesitamos disponer de programas de prevención complementarios. Ahora que tenemos un programa europeo común, es importante que cada Estado miembro disponga de su propio programa nacional a este respecto. Necesitamos aumentar la sensibilización de la sociedad en cuanto a este problema y enseñar a los niños a usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma sensata. Asimismo necesitamos abordar el peligro de la «adicción a los ordenadores». Es preciso aplicar medidas integradas y eso también es responsabilidad de los Gobiernos nacionales.

- Informe: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Señor Presidente, quisiera agradecerle el hecho de concederme la palabra y también deseo dar las gracias a la señora Grossetête por su informe sobre la directiva propuesta acerca de las variaciones en las autorizaciones de comercialización de medicamentos. Voté a favor de esta medida. Representa un avance en la armonización de la legislación y la protección del consumidor, que reduce la burocracia, aumenta la flexibilidad y aporta beneficios en cuanto a la seguridad y la comprensión de los pacientes. Al mismo tiempo, simplifica el funcionamiento y reduce los costes de las empresas farmacéuticas medianas.

Aprecio la clara posición que ha adoptado el Comisario Verheugen acerca de los medicamentos falsificados, los medicamentos genéricos de baja calidad que a menudo únicamente actúan como placebo y los medicamentos y vacunas ilegales, que consiguen llegar hasta los ciudadanos europeos a través del mercado negro. Estas actividades son delictivas. En un futuro próximo, la Comisión elaborará medidas que refuercen la legislación actual en este ámbito para que no pueda distribuirse ninguno de estos medicamentos. También impondrá sanciones contra las personas que participen en este tipo de actividades. El señor Comisario también aseguró que los medicamentos eficaces deben producirse basándose en las normas y los procedimientos de fabricación reconocidos en Europa.

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Debo responder al debate de hoy, en el que afirmé, naturalmente, que acojo con agrado este informe. No obstante, se incluyó la condición de que todos los medicamentos que contengan el mismo principio activo lleven el mismo nombre comercial, a fin de evitar que los pacientes se confundan y tomen altas dosis. Puede que esto parezca sensato a quienes no sean expertos, pero en los medicamentos se introducen innovaciones constantemente y, además, es posible que los medicamentos que comparten los mismos o similares principios activos se diferencien en una serie de componentes. Criticar a la Comisión por no ordenar una estandarización de nombres comerciales sería absurdo, lo que sugiere que no se comprende cómo funciona el sistema, independientemente de las competencias que la Unión Europea pueda tener en general.

- Informe: Toine Manders (A6-0195/2008)

  Neena Gill (PSE). – (EN) Señor Presidente, me complace que por fin este Parlamento aborde las carencias de la Directiva relativa al régimen de propiedad a tiempo compartido de 1994, de manera que los consumidores puedan esperar una mejor protección de sus inversiones. Además, a largo plazo, protegerá hasta 40 000 puestos de trabajo en Europa. Me he tomado especial interés por este informe porque aborda un problema que afecta directamente a muchos de mis electores. En el Reino Unido existen más poseedores de propiedades en régimen de tiempo compartido que en ningún otro país europeo. Por lo tanto, mucha gente estará tranquila al saber que Europa está actuando para protegerles de comerciantes estafadores. El sector del aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico factura aproximadamente 157 millones de euros al año y esta directiva constituye un importante paso adelante en la eliminación de operadores sin escrúpulos que causan problemas a los consumidores y desacreditan a operadores legítimos. Esta nueva simplificación de normas asegurará que los consumidores reciban la misma protección en toda la Unión Europea, al tiempo que establecerá la igualdad de condiciones en el mercado del aprovechamiento de bienes de uso turístico y otros productos vacacionales.

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Me alegro de que, a pesar del fantasma de la política, se haya alcanzado un acuerdo para la armonización de la legislación que protege a todos aquellos europeos que planean sus vacaciones en el extranjero y desean alquilar un alojamiento en otros países sin arriesgarse. La revisión de la Directiva relativa al régimen de propiedad a tiempo compartido excluye el registro de proveedores de servicios poco fiables y por ello aumenta las posibilidades de que los ciudadanos no sean víctimas de fraude como suele ocurrir en la actualidad.

Los consumidores también dispondrán de un periodo de catorce días durante el cual podrán rescindir su contrato sin tener que realizar ningún pago por adelantado y además recibirán el contrato en un idioma que comprendan, lo que también es una buena noticia para los ciudadanos checos.

  Gary Titley (PSE). – (EN) Señor Presidente, comparto la alegría de mi amiga y colega, la señora Gill, porque estamos cerrando las lagunas de esta directiva.

El aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico representa un gran sector, pero también puede ser una gran estafa. Por ejemplo, he tratado con una empresa llamada Organización Europea de Socios de Tiempo Compartido, que trabaja en España —pero oportunamente situada en Gibraltar— y varios electores me han contado que esta empresa se ha puesto en contacto con ellos para ofrecerles la reventa de sus propiedades en régimen de tiempo compartido. Cuando fueron a España a un elevado coste, descubrieron que no había nadie para comprar sus propiedades en régimen de tiempo compartido, sino que esta empresa les quería vender más productos de este tipo.

Durante varias semanas he intentado ponerme en contacto con esta empresa y por fin esta semana lo conseguí, porque milagrosamente los números de teléfono que facilitan no los atiende nadie y esta empresa tampoco parece responder a ninguna carta.

Espero que ahora empecemos a tomar medidas severas contra organizaciones como la Organización Europea de Socios de Tiempo Compartido, porque perjudican al sector de la propiedad en régimen de tiempo compartido y, francamente, dañan la imagen del sector turístico español, que sé que tanto les importa a ustedes.

- Informe: Jan Andersson (A6-0370/2008)

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) No fui capaz de votar a favor del informe Andersson. No me gusta que quienes no estén satisfechos con la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas hoy intenten mediante este informe socavar el veredicto del tribunal en el caso Laval de Suecia. La libre circulación de servicios es uno de los beneficios de la Unión Europea y los Estados miembros deben prestar más atención para garantizar que tanto empleados como empresarios están mejor informados sobre los principios de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores actual. Esa es la forma correcta de hacer frente a la contratación ilegal y al dumping en el mercado de trabajo de la Unión Europea y no debilitando las jurisdicciones. En las sociedades democráticas, se deben exigir derechos incansablemente y no reducirlos.

  Marian Harkin (ALDE). – (EN) Señor Presidente, la primera parte de la enmienda 24 reconoce que el dumping social fue un factor determinante en el rechazo irlandés del Tratado de Lisboa. Coincido con eso y también con la frase que solicita al Consejo que tome medidas que aseguren la igualdad de retribución por un mismo trabajo en el mismo lugar de trabajo. Esta enmienda establece que todos los Estados miembros respeten el resultado del referéndum de Irlanda. Ni que decir tiene que, en cualquier caso, esto es un imperativo legal para todos los Estados miembros.

No obstante, junto a todo eso se encuentra la exigencia de que debemos embarcarnos en una revisión a fondo de los Tratados actuales, a fin de abrir el camino hacia una Europa social. ¡Hablamos de matar moscas a cañonazos! Una «revisión a fondo de los Tratados actuales» a mí me suena a romper en pedazos el reglamento. Ya tenemos una legislación antidiscriminatoria y en la actualidad estamos mejorándola. Hemos alcanzado una posición común acerca de la Directiva sobre las agencias de trabajo temporal. Esto confirmará los derechos de los trabajadores y demuestra que todavía late el corazón social de Europa.

La enmienda 16 establece que los Estados miembros cuestionen las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y esa no es forma de hacer las cosas. Necesitamos estudiar la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores y garantizar su correcta transposición a todos los Estados miembros y, si es necesario modificarla, lo haremos, pero no hace falta emprender una revisión a fondo de los Tratados.

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, sobre la votación, me gustaría decir que los miembros de Fine Gael, entre los que me incluyo, votamos a favor del informe Andersson porque aborda los problemas importantes que plantearon las sentencias del Tribunal de Justicia para los casos Viking, Laval y Rüffert, que ratifican el principio fundamental de la igualdad de trato y retribución por un mismo trabajo en el mismo lugar de trabajo.

El informe expone claramente que la legislación no es suficiente y que necesitamos ofrecer un mejor equilibrio entre los derechos de los trabajadores y la libertad para prestar servicios, pero la respuesta no es una revisión a fondo de los actuales Tratados UE, como se pide en la enmienda 24. La respuesta es mejorar la legislación, y por eso votamos contra las enmiendas 24 y 16, que son inútiles e innecesarias porque no guardan relación con el imperativo legislativo.

  Philip Claeys (NI). – (NL) Señor Presidente, voté en contra del informe Andersson, no solo porque el texto corresponde a la legislación laboral —que está dentro de la jurisdicción de los Estados miembros—, sino también porque hace referencia a la Carta de los derechos fundamentales y al Tratado de Lisboa repetidas veces.

Este no es, desde luego, el primer informe que comete este delito, pero muestra un gran menosprecio hacia los votantes irlandeses que han invalidado el Tratado y, en realidad, hacia todos los votantes de Europa que no han tenido la oportunidad de expresar su opinión sobre el Tratado de Lisboa de forma democrática.

Se promete una y otra vez que Europa tendrá en cuenta la voluntad de la población, que se actuará para eliminar el déficit democrático y, una y otra vez, lo que pasa aquí en el Parlamento es que Europa no lo permite. La Unión Europea tiene un problema de credibilidad que es, como mínimo, tan importante como el déficit democrático.

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Señor Presidente, trabajé con el señor Andersson como ponente alternativo para el Grupo Unión por Europa de las Naciones, plenamente consciente de la importancia de los asuntos tratados en el informe para mi propio sindicato, Solidaridad, y otros sindicatos, así como para mi grupo político, preocupado por las cuestiones sociales. Tengo en mis manos la carta que ha enviado Janusz Œniadek, presidente del sindicato Solidaridad.

El informe se centra en la necesidad de respetar los derechos sindicales y la importancia del diálogo entre los agentes sociales, los resultados de dicho diálogo —en particular, los convenios colectivos— y respetar el principio de la igualdad de retribución por un mismo trabajo en el mismo lugar de trabajo. Por eso voté a favor de este informe, aun cuando, como algunos colegas ya han dicho anteriormente en esta Cámara, las referencias al Tratado de Lisboa carecen de justificación por el momento.

  Katrin Saks (PSE). – (ET) Deseo explicar por qué no voté a favor del informe del señor Andersson.

Aunque este informe ahora es mucho más ecuánime que la versión original, muchos miembros de mi grupo procedentes de Europa Oriental y yo misma nos hemos abstenido. Por supuesto que apoyamos el principio de la igualdad de trato, pero percibimos el peligro de que este lema se use para tratar de evitar la aplicación de una de las libertades fundamentales de la Unión Europea: la libre circulación de trabajadores. Esto es de particular importancia para Europa Oriental: nuestros trabajadores quieren obtener acceso al mercado laboral de Europa Occidental, aunque sea de manera temporal, con objeto de ganar más, pero creo que esto también es importante para el desarrollo económico de la Unión Europea en su conjunto.

Considero que en lugar de cambiar el reglamento en toda la Unión Europea, como se ha pedido, se debería prestar más atención a la aplicación de la directiva y a los reglamentos de los Estados miembros.

Explicaciones de voto por escrito

- Aprobación del nombramiento de Catherine Ashton como miembro de la Comisión Europea (B6-0575/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) Yo voté en favor de la resolución legislativa que aprueba la propuesta, aunque sujeta a enmiendas, de un reglamento del Consejo que modifique el reglamento de 2003 referente a la jurisdicción y que introduzca normas en materia de legislación aplicable en cuestiones matrimoniales, basada en el informe de mi colega alemana, la señora Gebhardt. En vista del incremento de la movilidad de los ciudadanos dentro de la Unión Europea, lo que ha ocasionado un aumento de parejas «internacionales», es decir, parejas compuestas por cónyuges de distinta nacionalidad o que residen en diferentes Estados miembros o en un Estado miembro del que al menos un cónyuge no es nacional, y debido a la elevada tasa de divorcios de la Unión Europea, era fundamental regular la legislación aplicable y la jurisdicción en cuestiones matrimoniales que afectan a un número de ciudadanos cada vez mayor. Deberíamos señalar constantemente que los tratados determinan el establecimiento progresivo de un área común de libertad, seguridad y justicia, con medidas que intentan fomentar «la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros sobre conflictos de leyes y jurisdicción».

  David Martin (PSE), por escrito. − (EN) Apoyo a la señora Ashton como nueva Comisaria de Comercio. Me alegro mucho de que por fin tengamos a una mujer como Comisaria de Comercio y sea además la primera Comisaria británica. Opino que será una Comisaria muy accesible y receptiva que trabajará en estrecha colaboración con el Parlamento.

- Propuesta de resolución B6-0543/2008 (Consejo Europeo)

  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins y Mairead McGuinness (PPE-DE), por escrito. − (EN) Quisiéramos decir que los diputados de Fine Gael en el Grupo del PPE-DE apoyamos el impulso general del informe sobre la reunión del Consejo Europeo, pero no aceptamos que el Parlamento considere «que es posible responder a las preocupaciones expresadas por el pueblo irlandés a fin de garantizar una solución aceptable para todos antes de las elecciones europeas», puesto que esto es una cuestión que debe considerar el pueblo irlandés cuando y como estime oportuno.

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), por escrito. − (EN) Mis colegas conservadores británicos y yo respaldamos los contenidos de esta resolución sobre la cooperación entre países con respecto a la actual crisis financiera y el apoyo a las PYME en este contexto. Asimismo apoyamos que la Unión Europea mantenga sus compromisos en materia de cambio climático. Nos complace el firme apoyo mostrado en esta resolución hacia Georgia, tras la reciente intervención militar rusa en ese país.

Sin embargo, puesto que nos oponemos firmemente al Tratado de Lisboa, no podemos apoyar el texto en este asunto. También nos oponemos a la política común de inmigración de la Unión Europea.

Por estos motivos, nos hemos abstenido en la votación final.

  Sylwester Chruszcz (NI), por escrito. − (PL) He votado hoy en contra de la resolución de la reunión del Consejo de Europa en Bruselas porque no estoy de acuerdo con la posición de la mayoría de los diputados en al menos dos de las cuestiones debatidas en la Cumbre de la Unión Europea. En mi opinión, el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa acabó definitivamente con los resultados del referéndum irlandés. Esto significa que cualquier intento de continuar con el proceso constitucional en la Unión Europea será inútil. Tampoco estoy de acuerdo con la posición de la mayoría sobre la energía y el cambio climático. Me gustaría destacar que las soluciones forzadas son una amenaza para las empresas y los consumidores en muchos países, incluido Polonia.

  Avril Doyle (PPE-DE), por escrito. − (EN) Todos mis colegas del partido político irlandés Fine Gael y yo votamos a favor y queremos que el Gobierno irlandés ratifique lo antes posible el Tratado de Lisboa de forma clara y sin ambigüedades. No obstante, tratamos al electorado irlandés como borregos en nuestro perjuicio. Se necesita mayor distancia política entre el resultado de la votación del 12 de junio y cualquier decisión sobre un segundo intento de ratificación.

Lo conseguiremos más rápidamente, con más posibilidades de éxito, sin que se perciba ninguna imposición de los diputados acerca del momento oportuno de nuestro proceso de ratificación, a saber, «antes de las elecciones europeas», como figura en el apartado 20, contra el que he votado hoy.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. – (PT) Voté a favor de la moción conjunta de una resolución sobre las conclusiones del Consejo Europeo (15 y 16 de octubre de 2008) porque estoy de acuerdo con la decisión de intervenir en los mercados financieros. Esto era comprensible por la urgente necesidad de responder a los temores de la población europea y proporcionar liquidez y seguridad al mercado, con todos los beneficios correspondientes para las familias y las PYME.

Sin embargo, no debe olvidarse que esta resolución también defiende la adopción de medidas fundamentales dirigidas a la reestructuración del sistema financiero internacional, particularmente reforzando la cooperación y la coordinación entre los reguladores comunitarios y proporcionando a la Unión Europea un sistema de supervisión justo y eficaz. Una mayor regulación del mercado financiero es esencial, pero en primer lugar necesitamos una mejor regulación. Esta resolución se dirige en esa dirección.

  Patrick Gaubert (PPE-DE), por escrito. – (FR) Me alegra el apoyo del Parlamento al Pacto Europeo sobre la Inmigración y el Asilo en el contexto de la votación sobre la resolución relativa al Consejo Europeo de los días 15 y 16 de octubre de 2008, en la que voté a favor.

Los diputados han acogido con agrado esta iniciativa de la Presidencia francesa de la UE que propone un planteamiento coherente y razonable de la inmigración y que confirma la decisión responsable de la Unión Europea de promover la inmigración legal y combatir seriamente la inmigración ilegal.

Este éxito con respecto al marco de actuación global se ha consolidado en virtud de los esfuerzos de la Presidencia francesa, con vistas a la rápida adopción de las propuestas de directivas que se están negociando actualmente, traduciendo así estas declaraciones ambiciosas en acciones concretas. En particular, contamos con la directiva sobre el procedimiento único y el conjunto de derechos común, la llamada Directiva sobre la tarjeta azul acerca de los requisitos de entrada para ciudadanos altamente cualificados y la directiva sobre sanciones contra empleadores que contratan ciudadanos ilegales.

Este pacto es parte integral del camino hacia una verdadera política de inmigración y asilo que defienda los derechos fundamentales y la dignidad humana, como los defiende el Parlamento Europeo.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Con respecto a la enmienda 7, propuesta por el Grupo Verts/ALE, deseamos señalar que queremos que los Estados miembros puedan encontrar su propio enfoque en la labor de reformar las instituciones de Bretton Woods.

Puesto que los documentos relacionados con la resolución del acuerdo y las enmiendas llegaron tarde, nos abstuvimos de participar en las votaciones a partir del punto 19 (sin embargo, ninguna de estas votaciones fue nominal).

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La resolución de PPE/PSE/ALDE/UEN revela los límites y los verdaderos objetivos de las medidas adoptadas por la Unión Europea hasta la fecha.

Ignorando las causas reales de la actual crisis financiera —que residen en la creciente acumulación y concentración de capital, en la financiación de la economía, en la especulación y en la libre y fácil circulación de capital— y reduciendo dichas causas a una «falta de transparencia» y a una «supervisión deficiente» de los mercados financieros, la mayoría de los diputados de esta Cámara están intentando cuadrar el círculo. Es decir, quieren rescatar el sistema de una crisis que es intrínseca a él, mediante la restauración (momentánea) de la confianza en los mercados y la inyección de fondos públicos sin ningún tipo de seguridad real, como es el caso de Portugal, donde se ha firmado un verdadero cheque en blanco por una cantidad equivalente a todos los fondos estructurales que el país puede utilizar en el actual marco financiero comunitario.

No obstante, todas estas medidas que el Parlamento valora tanto son simplemente una manera de evitar que se actúe en lo esencial, como crear un banco público robusto y eficaz en cada país, que atienda sus necesidades de desarrollo, poniendo fin a los paraísos fiscales, imponiendo condiciones a la circulación de capital y acabando con la especulación financiera, modificando la política monetaria de la Unión Europea y el Pacto de Estabilidad, acabando con la privatización y la liberalización de la economía, etc.

En cambio, la mayoría de esta Cámara quiere confirmar su programa neoliberal.

  Ona Juknevičienė (ALDE), por escrito. − (EN) La resolución sobre el Consejo Europeo celebrado los días 15 y 16 de octubre de 2008 aborda varias cuestiones importantes, como el impacto de la crisis financiera global en la estrategia de salida económica de esta crisis, la mejora de los reglamentos para reforzar el marco reglamentario y supervisor de la Unión Europea, la energía y el cambio climático y asuntos de seguridad energética. Sin embargo, creo que no abordamos exhaustivamente los asuntos de seguridad energética a la luz de los últimos acuerdos realizados por la Comisión y las conclusiones de la Presidencia francesa. La Comisión Europea se ha comprometido a elaborar un Plan de interconexión báltico y a presentarlo a los ministros de energía de la Unión Europea en diciembre. El Consejo considera una prioridad conectar Lituania, Letonia y Estonia a la gran red eléctrica europea y diversificar las fuentes de gas para reducir la dependencia del gas de Rusia. Propuse incorporar esas sugerencias a la resolución, pero no se aceptaron durante las negociaciones entre los grupos políticos, al igual que mi enmienda oral. Creo que el Parlamento Europeo no demostró solidaridad con los Estados bálticos, que ya son las islas energéticas más aisladas de la Comunidad y cuyo suministro de gas depende de Rusia. Por las razones que acabo de exponer, me abstuve en la votación sobre la resolución conjunta.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) La Unión Europea se ha puesto del lado de Pristina en Kosovo mientras insiste en la integridad territorial de Georgia en el conflicto del Cáucaso. Bruselas debe aclarar de una vez por todas si está a favor o en contra del derecho de los pueblos a la autodeterminación. Si la Unión Europea se toma en serio los nobles objetivos que siempre defiende, debe dejar de aplicar el doble rasero y, en lugar de representar siempre solo los intereses de los Estados Unidos, debería adoptar un papel de mediación neutral.

De cualquier modo, la crisis financiera también pone en entredicho la comprensión que la Unión Europea tiene de sí misma. Después de todo, durante las últimas décadas, ha demostrado ser el instrumento del liberalismo desenfrenado. Lo principal no son los ciudadanos sino la aplicación despiadada de una perspectiva neoliberal. Ahora, no solo deben aplicarse en toda la UE normas estrictas mínimas en el ámbito de la supervisión del mercado financiero, sino que también debe exigirse una contribución solidaria de los beneficiarios del sistema financiero internacional. Esto podría traducirse en la creación de un fondo de seguridad, por ejemplo, para ayudar a los bancos en épocas de crisis.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Mientras los Gobiernos de centro izquierda y centro derecha de los Estados miembros se niegan a satisfacer hasta la más pequeña subida salarial u otras reclamaciones de los trabajadores debido a que la economía no puede apoyarles, el Consejo Europeo está financiando insultantemente a los bancos y los monopolios nada más y nada menos que con billones de euros, obligando de nuevo a los trabajadores a pagar los gastos de la crisis.

Las rápidas reestructuraciones capitalistas, el desmantelamiento de las relaciones industriales, la demolición de los sistemas de protección y seguridad social, los salarios basados en la productividad y el desempleo están en el centro de la nueva tormenta que marca las decisiones tomadas en la Cumbre de la Unión Europea. Este ataque salvaje se complementa con el acuerdo europeo sobre inmigración y asilo, que levanta barreras inhumanas para los inmigrantes de la Unión Europea a la vez que asegura que los monopolios puedan satisfacer su necesidad de mano de obra barata.

Al mismo tiempo, las decisiones del Consejo disimulan el interés hipócrita de la Unión Europea en el clima, dado que el coste de la energía se basará ahora en las incertidumbres de la bolsa, independientemente de los costes de producción, incrementando así los beneficios de los monopolios a expensas del medio ambiente.

No puede haber ninguna solución que beneficie a la población dentro del marco de la competitividad y la liberalización de capital, que la Unión Europea y los gobiernos están reforzando aún más con medidas que respaldan a los monopolios, mientras recrudecen su ataque antipopular para sacar al sistema capitalista de su crisis.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. – (PT) En su reunión de los días 15 y 16 de octubre, el Consejo Europeo destacó por su respuesta a la crisis financiera. Aunque hay otros asuntos que merecen atención y que se podrían debatir, nuestro interés se centra necesariamente en esta crisis. Ante la urgencia de una crisis financiera en la que la falta de crédito, en el sentido etimológico más auténtico de la palabra, ocasionaba nuevos problemas y amenazas un día tras otro, la respuesta europea fue eficaz en el restablecimiento de la confianza necesaria para los mercados.

A pesar de lo que puedan ustedes pensar sobre los orígenes de la crisis y las mejores soluciones posibles, la realidad confirma esta interpretación. En este sentido, debería aceptarse la reacción de las instituciones comunitarias. Al analizar la reacción europea, hay un hecho que llama la atención. Las reuniones decisivas para restablecer la confianza en los mercados no se contemplan ni en los Tratados actuales ni en el Tratado de Lisboa. Esto demuestra que, como la unión de Estados que ahora es y que es de esperar que siga siendo en el futuro, Europa necesita flexibilidad institucional y, sobre todo, un liderazgo político fuerte y decidido. Eso era lo que teníamos y evidentemente ha hecho más por acercar a los europeos a la Unión Europea que ninguna estrategia de relaciones públicas o debate institucional.

  Catherine Stihler (PSE), por escrito. − (EN) El rechazo de la enmienda 4 es una decepción. La crisis financiera no debería significar que abandonamos nuestras obligaciones internacionales de abordar el problema del cambio climático y luchar contra la pobreza.

- Recomendación: Harlem Désir (A6-0373/2008)

  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. – (IT) Agradezco el informe del señor Désir del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, que ha hecho posible que el Parlamento apruebe una directiva que protege a los trabajadores temporales reafirmando su derecho a disfrutar de las mismas condiciones laborales que el resto de empleados. Ahora los Estados miembros deben adoptar las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que sean necesarias para cumplir con la directiva en un plazo de tres años, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Esta directiva también va dirigida al establecimiento de un marco adecuado para el uso del trabajo a través de empresas de trabajo temporal, con vistas a contribuir con eficacia a la creación de puestos de trabajo y al desarrollo de formas flexibles de trabajo, lo que creo que será una solución de gran importancia en estos tiempos de crisis.

  Richard Corbett (PSE), por escrito. − (EN) Me alegra la aprobación de la Directiva sobre las agencias de trabajo temporal que, por fin, logrará la igualdad de trato en el trabajo para algunos de nuestros trabajadores más vulnerables.

Hemos esperado esta directiva durante largo tiempo. Han pasado seis años desde que la Comisión presentó propuestas para una directiva sobre las agencias de trabajo temporal, durante los cuales ha aumentado enormemente el número de trabajadores en este tipo de agencias tanto en el sector público como en el privado. El trabajo a través de empresas de trabajo temporal contribuye a una economía moderna flexible y dinámica y a menudo puede servir de puente para que los desempleados de larga duración se reincorporen al mercado laboral. Pero los trabajadores temporales no deberían ser tratados como trabajadores de segunda categoría y las agencias no deberían poder distorsionar el mercado laboral recortando los salarios y las condiciones de otros trabajadores.

Así que me alegra que el Parlamento, al aceptar el acuerdo alcanzado entre los ministros de trabajo europeos en el Consejo de Ministros de junio, haya garantizado que esta directiva se convierta en ley. Esto es una buena noticia para los 1,3 millones de trabajadores británicos que se calcula que estarán protegidos por esta legislación y sirve como excelente demostración de que nuestro mercado común europeo es un mercado social que combina la protección de los derechos de los trabajadores con la flexibilidad de los mercados laborales.

  Proinsias De Rossa (PSE), por escrito. − (EN) Acojo con agrado la votación del Parlamento Europeo de hoy para aprobar la Directiva sobre las agencias de trabajo temporal, que promulga el principio de la igualdad de retribución por un mismo trabajo en el mismo lugar de trabajo, protegiendo así los salarios y las condiciones tanto de las agencias como de los trabajadores fijos a jornada completa.

Durante muchos años, los Gobiernos del Reino Unido e Irlanda han obstaculizado la ampliación de la protección europea para aquellos trabajadores de agencias de trabajo temporal que hayan sufrido discriminación en sus condiciones laborales y en su derecho a pertenecer a un sindicato. La votación celebrada hoy en el Parlamento Europeo marca la última etapa de esta directiva y representa una gran batalla ganada en la lucha contra la competición encaminada a reducir al mínimo la presión fiscal. Se ha permitido que las agencias de trabajo temporal recorten los salarios y las condiciones de los trabajadores fijos a jornada completa durante demasiado tiempo, en detrimento de todos los trabajadores.

A fin de agilizar la promulgación de la legislación, este informe adopta la posición común del Consejo sin enmiendas. Efectivamente, el Consejo había devuelto al Parlamento la directiva propuesta para una segunda lectura habiendo aprobado las enmiendas del Parlamento en primera lectura. Presentar enmiendas en este momento del proceso es sencillamente una actuación irresponsable por parte de aquellos que prefieren hacer política partidista en lugar de mejorar las condiciones de vida y trabajo de nuestros ciudadanos.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Reconocemos que la adopción de una posición común por parte del Consejo acerca del trabajo temporal y las agencias de trabajo temporal tiene cierta importancia para los trabajadores de aquellos países de la Unión Europea donde la legislación es muy frágil y donde los abusos más graves se dan en el uso de este tipo de trabajo.

Por lo tanto, resulta esencial que se reconozca la igualdad de trato para los trabajadores colocados por agencias de trabajo temporal en la empresa usuaria, incluso en lo que respecta a los salarios. También es esencial que esta igualdad se reconozca desde el primer día y que solo los agentes sociales puedan acordar cualquier excepción a este principio, bien por negociación colectiva o mediante acuerdos entre los agentes a escala nacional.

No obstante, habría sido preferible evitar dichas excepciones, como ya propusimos nosotros. También habría sido conveniente aclarar el concepto de trabajo temporal, a fin de limitar su uso únicamente a casos excepcionales o, en otras palabras, a épocas de mucha actividad o periodos durante los que el trabajador fijo no puede trabajar. Lamentamos que la mayoría, incluido el Grupo del PSE, rechazaran nuestras propuestas.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Muchas de las enmiendas en las que el Parlamento Europeo está aprobando posiciones en este informe son muy loables. Sin embargo, las enmiendas guardan relación con cuestiones que deberían tratarse en el ámbito nacional y no en las instituciones de la Unión Europea. Por este motivo hemos votado en contra de estas enmiendas.

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), por escrito. − (PL) Tras seis años de negociaciones, el Parlamento Europeo ha aprobado por fin la Directiva sobre las agencias de trabajo temporal. En la actualidad existen muchas discrepancias entre las legislaciones nacionales sobre el trabajo temporal en los Estados miembros. Sin embargo, el trabajo temporal desempeña un papel cada vez más importante en todos los países de la Unión Europea y el mercado laboral evoluciona con dinamismo. Se calcula que en toda la Unión Europea, alrededor de tres millones de personas trabajan como trabajadores temporales para alrededor de 20 000 empresas. Por esta razón, necesitamos una definición más precisa del alcance de este tipo de empleo.

Esta normativa es de especial importancia para los propios trabajadores. Ahora los trabajadores temporales tendrán garantías de que cuando estén trabajando para un empleador, las condiciones que éste les ofrezca serán las mismas que las que les ofrecería a los trabajadores temporales que contratara directamente. Y estas condiciones deberán ofrecerse desde el primer día.

Además, las propias agencias de trabajo temporal se beneficiarán de esta normativa. El trabajo temporal también permite que las empresas gestionen su personal de forma flexible, especialmente en el trabajo estacional, donde una empresa necesita aumentar su mano de obra para cubrir la demanda del mercado.

  Ona Juknevičienė (ALDE), por escrito. − (LT) Actualmente, existen grandes diferencias entre las disposiciones jurídicas nacionales que regulan el trabajo temporal. La poca coordinación de las actividades de las agencias de trabajo temporal crea unas condiciones propicias para la explotación de los trabajadores temporales. En reuniones con lituanos que trabajan en el extranjero, he oído en varias ocasiones que cobran menos, que a menudo no cobran por todo el trabajo realizado o que se les descuentan de sus salarios los gastos de vivienda y transporte.

Además, los trabajadores temporales se enfrentan a condiciones de trabajo que son más duras y, con frecuencia, perjudiciales para su salud. Al mismo tiempo, se les exige trabajar con mayor intensidad y rapidez que otros trabajadores. Las personas que realizan trabajos temporales también carecen de auténticas garantías sociales. El trabajo temporal va en aumento en todos los países de la Unión Europea, aunque este grupo de trabajadores varía en gran medida de un país a otro. Estoy de acuerdo con la posición general del Parlamento Europeo y el Consejo y creo que esta directiva ayudará a mejorar las condiciones de trabajo para la mayoría de las personas y les ofrecerá garantías sociales. Las agencias de trabajo temporal serán tratadas como empleadores y tendrán que garantizar que se respetan todos los derechos de los empleados.

La legislación laboral general se aplicará a los trabajadores temporales, que recibirán el mismo salario que otros trabajadores y disfrutarán de las mismas condiciones de seguridad social. Con respecto a la iniciativa del Parlamento, estos derechos serán válidos desde el primer día de su empleo. En la votación, no apoyé las enmiendas presentadas por el Grupo GUE, destinadas a conseguir que los Estados miembros prohíban o limiten las oportunidades de trabajo mediante las agencias de trabajo temporal.

  David Martin (PSE), por escrito. − (EN) Apoyo la Directiva sobre las agencias de trabajo temporal. Los 1,3 millones de trabajadores de las agencias de trabajo temporal en el Reino Unido ahora tienen derechos al mismo nivel que sus compañeros con contrato fijo. Apoyo plenamente que el personal de las agencias de trabajo disfrute de los mismos derechos en áreas como la baja laboral, la contribución al régimen de pensiones, la igualdad de salario y el acceso a la formación profesional.

  Catherine Stihler (PSE), por escrito. − (EN) Me alegro de que se apruebe este informe en segunda lectura. Ahora los Estados miembros deben actuar para aplicar las mejoras en la protección de los trabajadores temporales.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. − (PL) Las agencias de trabajo temporal contratan a aproximadamente tres millones de personas en la Unión Europea. Se calcula que ofrecen servicios valorados en 75 000 millones de euros.

El proyecto de la Directiva sobre las agencias de trabajo temporal pretende ofrecer un nivel mínimo de protección a los trabajadores temporales y, al mismo tiempo, respaldar el sector del empleo temporal. Se ha convertido en un ejemplo de legislación social en un momento en que se tienen grandes expectativas de una Europa social.

El fundamento principal de este acto legislativo es la no discriminación contra los trabajadores temporales en términos de retribución, de derechos sociales y del trabajador, así como con respecto a la legislación aplicable.

Tampoco existirá discriminación en relación con el horario de trabajo, las horas extraordinarias, las vacaciones y la protección de las mujeres embarazadas.

Un aspecto muy importante de la directiva es que los trabajadores temporales ahora están protegidos desde el primer día. Toda excepción a este principio siempre deberá debatirse con los agentes sociales.

No cabe duda de que actualmente existen grandes diferencias en las condiciones de trabajo y salario de los trabajadores temporales, diferencias que deben solucionarse lo antes posible.

Por todo lo expuesto anteriormente, en la votación he optado por la aprobación del reglamento para proteger a estos trabajadores lo antes posible.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La directiva aprobada por el Parlamento Europeo con el pretexto de proteger la llamada «igualdad de derechos» de los trabajadores permite que existan oficinas que comercian con esclavos, es decir, las mal llamadas «agencias de trabajo temporal». Se pide que los Estados miembros prohíban cualquier obstáculo para la actividad de estas agencias y para salvaguardar su derecho a una cuota por sus «servicios», esto es, el rescate por su comercio de esclavos.

En realidad, esto exime al verdadero empleador de cualquier obligación hacia los trabajadores, que son considerados empleados de la empresa fantasma que comercia con esclavos, la cual, en teoría, solo contrata al personal. De esta manera, los empleadores ya no necesitan respetar las obligaciones que les impone la legislación laboral y en materia de seguros (como la cotización a la seguridad social) y quedan exentos de cualquier responsabilidad legal, como la indemnización en caso de accidente laboral.

De hecho, la directiva no protege los derechos de los trabajadores o víctimas de los comerciantes de esclavos; al contrario, estas personas quedan despojadas de todo derecho.

La supuesta protección de los derechos de los trabajadores es, en realidad, protección de las empresas que comercian con esclavos, legitimación de la irresponsabilidad del capital y explotación salvaje de la clase trabajadora.

La satisfacción de las necesidades y los derechos básicos de la población presupone la supresión de la política antipopular de la Unión Europea y un contraataque de los trabajadores, que determinará las condiciones de la alianza popular de manera que estos puedan reclamar su poder.

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), por escrito. − (EN) La Directiva sobre las agencias de trabajo temporal se suma a la mayoría de la legislación de la Unión Europea y del Gobierno británico que hace la vida de los empleadores y empresarios más compleja, cara, restrictiva, menos flexible y, en general, más problemática. En la era de la competitividad global, aún es más importante que el Reino Unido y otros países europeos conserven todas las ventajas sobre la competencia que puedan tener en sus economías. Por tanto, los reglamentos sobre el empleo deberían ser jurisdicción de las autoridades nacionales y no de la Unión Europea. La directiva pretende establecer un marco legal común en toda Europa que regule las condiciones salariales y laborales de los trabajadores temporales que ofrecen las agencias. Esto tendría consecuencias negativas en el mercado laboral del Reino Unido, con alrededor de 1,4 millones de trabajadores temporales. Asimismo, animará a los trabajadores inmigrantes que puedan beneficiarse de esta directiva. A medida que entramos en un periodo de recesión, es todavía más importante que aumenten las oportunidades de empleo flexible para nuestros propios ciudadanos y que, en particular, las pequeñas empresas reciban ayuda en lugar de cargas.

- Informe: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

  John Attard-Montalto (PSE), por escrito. − (EN) Me gustaría expresar mi apoyo a la propuesta de la Comisión y el Consejo en relación al uso de Internet y las comunicaciones. Aunque, por un lado, las tecnologías en línea, como los teléfonos móviles, ofrecen muchas oportunidades, los riesgos para los niños y el abuso de estas tecnologías siguen existiendo. Entre los peligros para los niños está el riesgo de estar expuestos a contenidos de abuso infantil o de que contacten con ellos personas que intentarán ganarse su amistad con objeto de abusar de ellos sexualmente («grooming») o que se conviertan en víctimas de acoso vía Internet (ciberacoso).

Dado que los retos en este ámbito se han agravado más a causa de la urgencia de las nuevas tecnologías y servicios, el nuevo programa propuesto por la Comisión para proteger mejor a los niños de los nuevos peligros a los que están expuestos es fundamental y estoy de acuerdo con todas las medidas propuestas.

Soy consciente de la gravedad y el peligro del contacto ofensivo con los niños porque le ha sucedido a mi propia hija, que apenas es una adolescente. La mayoría de los adolescentes tienen curiosidad y piensan que al haber alcanzado la pubertad ya son adultos. Se trata de una fase muy delicada de su vida y tenemos que hacer cuanto podamos por ofrecerles algún tipo de seguridad y protección por su propio bien.

  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. – (IT) He votado a favor de la propuesta de la Comisión acerca del programa «sobre la seguridad en Internet» (Safer Internet) que, desde el 1 de enero y durante cinco años, gracias a una financiación de 55 millones de euros, pretende proteger a los niños que utilizan Internet y otras tecnologías de la comunicación, como los teléfonos móviles. Este acuerdo respaldará las actividades de sensibilización pública y la lucha contra los contenidos ilícitos y los comportamientos nocivos, con objeto de promover un entorno más seguro. Felicito a la ponente, la señora Angelilli, por el cuidado con el que ha tratado temas tan serios como la pornografía infantil y la manipulación psicológica en línea con fines de abuso sexual, así como por las diversas propuestas para la protección contra el peligro potencial para los «pequeños internautas».

La verdad es que, conforme se extienden las nuevas tecnologías y aumenta la alfabetización informática, los niños están cada vez más expuestos a los peligros de los contenidos ilegales y de los comportamientos nocivos. Por esta razón, estamos obligados a garantizarles un acceso seguro a los nuevos medios de comunicación e información.

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE), por escrito. − (SV) Las iniciativas y medidas para evitar que los niños estén expuestos a delitos cuando utilizan Internet son extremadamente importantes y necesarias. Por este motivo, hemos votado a favor del informe de la señora Angelilli sobre la creación de un programa comunitario plurianual para la protección de los niños que utilizan Internet y otras tecnologías de la comunicación. No obstante, deseamos hacer hincapié en que sería mejor que los Estados miembros se encargaran de aplicar y financiar algunas de las medidas propuestas en el informe. No obstante, debido al carácter global del problema, deberían diseñarse otras medidas destinadas a combatir, por ejemplo, la pornografía infantil, mediante la cooperación entre los Estados miembros.

  Derek Roland Clark, Nigel Farage y John Whittaker (IND/DEM), por escrito. − (EN) Estamos de acuerdo en que se debe proteger a los niños del abuso sexual, el ciberacoso y otros peligros en Internet. Sin embargo, tenemos dos objeciones a esta legislación: en primer lugar, el hecho de que permita que la Unión Europea gane más control sobre Internet, y creemos que la Unión ya tiene casi un monopolio con los canales de comunicación. En segundo lugar, no creemos que la misteriosa agencia Europol deba participar en ningún tipo de cumplimiento de la ley. Creemos que los vehículos adecuados para la protección del niño son los parlamentos nacionales y las agencias nacionales para el cumplimiento de la ley, que pueden desarrollar la adecuada protección de los niños en Internet. Esto tendrá la legitimidad democrática que solo las asambleas de cada país pueden conceder y la efectividad funcional que solo las instituciones nacionales para el cumplimiento de la ley pueden proporcionar.

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. – (PT) Me alegra la creación de un programa comunitario plurianual (2009-2013) que tiene como objetivo aumentar la sensibilización pública y educar a los niños sobre un uso más seguro de Internet, en especial en términos del acceso a contenidos ilegales, la manipulación psicológica con fines de abuso sexual y el ciberacoso.

De acuerdo con las estadísticas más recientes del Eurobarómetro, cerca del 74 % de los jóvenes (de edades entre 12 y 15 años) utiliza Internet durante al menos tres horas al día. La gran mayoría de estos niños reconocieron que ya habían accedido accidentalmente a imágenes pornográficas.

Es fundamental que adoptemos, lo más rápidamente posible, todas las medidas necesarias para proteger a nuestros hijos de los crecientes peligros a los que se ven expuestos en los cada vez más numerosos sitios web que contienen material nocivo, en especial pornografía infantil.

Hemos de detener el aumento que se ha registrado en los casos de abuso infantil en Internet —alrededor del 16 % en el último año—, que es más grave por la tendencia preocupante de que afecta cada vez más a niños de muy corta edad.

Por esta razón, apoyo que se establezca este programa y la disposición de puntos de contacto y líneas telefónicas de emergencia para denunciar la existencia de este tipo de contenidos y también el desarrollo de etiquetas de seguridad infantil para los sitios web.

  Petru Filip (PPE-DE), por escrito. − (RO) Me parece más que satisfactorio el informe sobre la necesidad de que el Parlamento Europeo y el Consejo redacten una decisión a favor de establecer un programa comunitario para la protección de los niños contra la abundancia de sitios web que contienen pornografía y violencia y otras tecnologías de la comunicación, aunque se ha esperado demasiado de ello.

¿Ha hecho falta que veamos niños que asesinan o agreden a otros niños para que tomemos este tipo de decisión? Hace unos años era difícil imaginar este tipo de realidad en la sociedad europea. Todo esto ha sucedido a causa de la globalización, que también supone comunicarnos a través de fronteras, ha creado una situación en la que la información se ha convertido en un artículo de consumo que tiene el único y claro objetivo de conseguir beneficios a cualquier precio y de cualquier categoría, en lugar de ser el vehículo de la verdad, la educación y la belleza.

Por eso el Consejo y la Comisión deben tomar en serio este informe, ya que no queremos llegar a la situación en que nuestros propios hijos dirijan la sociedad del futuro hacia el delito, la violencia y la pornografía. Voté a favor de este informe con la esperanza de que pueda activar el proceso para la elaboración de una directiva que impida que los niños tengan acceso a información con contenidos inapropiados, a la vez que se respete el derecho de los ciudadanos a la información.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) En la actualidad existen cientos de programas informáticos sencillos, accesibles y económicos que impiden que los niños tropiecen con sitios web inapropiados. Además, la mayoría de los navegadores de Internet comunes tienen varias funciones de navegación segura para niños instaladas, algo que facilita que los padres supervisen los sitios web que sus hijos pueden visitar. La ponente propone con bastante ambigüedad destinar 55 millones de euros de los impuestos de los contribuyentes europeos a un programa de propaganda que, desde nuestro punto de vista, sería innecesario, caro y poco eficaz.

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), por escrito. − (PL) La capacidad de usar ordenadores y el acceso a Internet aumentan con la difusión de las nuevas tecnologías. Uno de los mayores grupos de usuarios de Internet son los niños y adolescentes. Aunque Internet facilita el acceso a la información, por desgracia también presenta numerosos peligros. Los niños y los jóvenes son uno de los grupos más afectados. Los estudios realizados indican que casi todos los niños se han encontrado por casualidad con imágenes pornográficas. Lo que es muy preocupante es la tendencia a la baja de la edad de los niños que son víctimas de este peligro.

En mi opinión, combatir este fenómeno debe convertirse en una prioridad. Eso significa adoptar un planteamiento a varios niveles que incluya a padres, colegios, operadores de telecomunicaciones, proveedores de servicios de Internet, ONG y organismos autorreguladores. En concreto, se necesita aumentar la sensibilización a fin de evitar prácticas nocivas, un sistema eficaz para denunciar abusos y una mejora en los recursos de las autoridades policiales e investigadoras. También creo que una campaña educativa de gran repercusión aumentaría la sensibilización entre los niños en cuanto a los riesgos del uso de las nuevas tecnologías.

Por eso me complace votar a favor de que se financie con un total de 55 millones de euros durante el periodo 2009-2013 el programa «sobre la seguridad en Internet» (Safer Internet), que se incluía en la propuesta sometida a votación. Creo que estos recursos permitirán que el programa consiga sus objetivos.

  Ona Juknevičienė (ALDE), por escrito. − (LT) Con la rápida expansión de las nuevas tecnologías y el aumento de la alfabetización informática, cada vez hay más niños y jóvenes que usan Internet. Con frecuencia, los menores están indefensos ante sitios web de Internet que promueven comportamientos nocivos, la pornografía infantil, fomentan la prostitución de menores, promocionan dietas que provocan anorexia o incitan al suicidio. De acuerdo con los datos de Interpol, el número de imágenes nuevas de pornografía infantil en Internet aumenta año tras año. Debemos resolver el problema de la seguridad infantil en Internet a todos los niveles, incluidos los niños, sus familias, los colegios y toda la sociedad. Debemos informar a los niños de los peligros que afrontan, asociados al uso de las nuevas tecnologías. Tenemos que ayudar a que los niños reconozcan ejemplos de posible abuso infantil, acoso, violencia y otros riesgos, además de las formas que estos adoptan, y enseñarles la forma de protegerse. El programa «sobre la seguridad en Internet» (Safer Internet) de la Comisión Europea propone destinar 55 millones de euros para la lucha contra comportamientos en Internet que son nocivos para los niños y jóvenes. Pretende crear un entorno seguro en Internet y fomentar medidas para prevenir la delincuencia. Incluye planes para la creación de una base de datos común y el intercambio de buenas prácticas a escala internacional.

  Roger Knapman y Thomas Wise (NI), por escrito. − (EN) El abuso y la explotación de niños vía Internet, teléfono móvil y otras tecnologías es abominable e inaceptable, pero las medidas para protegerles —y culpar a aquellos que les hacen daño o lo intentan— deben tomarse en el ámbito nacional y mediante la cooperación entre gobiernos nacionales. Como siempre, creemos que la acción en el ámbito de la Unión Europea no es la respuesta.

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), por escrito. − (FI) He votado a favor del informe de la señora Angelilli porque una de las estructuras más fundamentales y duraderas de la base de valores europeos es nuestro deber de proteger a las almas inocentes, es decir, a los niños. Los derechos de los niños y su protección constituyen la parte más importante de los valores humanos. Internet plantea numerosas amenazas, contra las que los niños necesitan estar protegidos con mayor eficacia de la que existe ahora mismo. Las medidas comunitarias están justificadas en este ámbito. Todavía necesitamos recordarnos unos a otros la «piedra de molino» y la «profundidad del mar».

También hemos de ser conscientes de nuestras responsabilidades como padres. Apoyé todas las enmiendas que pusieron de relieve la importancia de la información y la educación para padres, profesores y todas las personas que tratan con niños. Es muy importante ayudar a los padres en este sentido y promover, de ese modo, un uso responsable de las tecnologías de la comunicación.

Además, la enmienda 23 es importante porque también aborda los problemas de la manipulación psicológica en línea con fines de abuso sexual, el acoso electrónico y varias formas de contenidos violentos. Considero correctas y adecuadas las propuestas de la enmienda 26 para introducir distintas herramientas técnicas y concretar la responsabilidad de los proveedores de servicios.

  Carl Lang y Fernand Le Rachinel (NI), por escrito. – (FR) De acuerdo con la Fundación de Vigilancia de Internet, organización inglesa que lucha contra la posesión y la distribución de imágenes de pornografía infantil, la explotación sexual infantil en línea con fines comerciales es un sector en crecimiento, con poco riesgo y muy rentable. Efectivamente, la venta de estas imágenes en Internet constituye un negocio perverso que mueve miles de millones de euros.

Apoyamos el planteamiento de la Comisión y de nuestra colega en el deseo de frenar este tipo de actividad mediante la creación, en concreto, de un mecanismo de bloqueo para los pagos electrónicos o de tarjeta de crédito cuando se adquieren imágenes de pornografía infantil a través de Internet.

Por desgracia, hoy en día existe una grave limitación técnica para todos los mecanismos de protección nacionales y europeos que se están desarrollando. De hecho, la mayoría de los servidores comerciales que ofrecen estas imágenes no se encuentran en Europa, sino en Estados Unidos, Rusia y Asia. Por lo tanto, sus contenidos ilegales pueden introducirse en Internet desde un país y ser accesibles desde otro. Así que es comprensible que los medios eficaces para combatir el desarrollo de la pederastia en Internet resulten problemáticos.

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), por escrito. − (EN) Nos alegra el informe que tiene como objetivo la creación de un entorno más seguro para los niños en Internet. Tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros hijos del material peligroso que contenga pornografía infantil y violencia. Sin embargo, el informe no debería usarse como pretexto para la armonización del Derecho penal en la UE. Ante todo, necesitamos mejor coordinación entre los sistemas judiciales nacionales.

  David Martin (PSE), por escrito. − (EN) Apoyo plenamente la necesidad del presupuesto de 55 millones de euros para garantizar que los niños, muchos de los cuales pasan como mínimo tres horas diarias en Internet, estén mejor protegidos ante contenidos inseguros. Apoyo la necesidad de informar mejor a los padres y cuidadores mediante paquetes de información sobre los peligros de Internet.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) No se supervisa el uso de Internet, aunque niños y jóvenes rara vez son conscientes de los peligros que les acechan en este medio. Resulta alarmante que, según un estudio británico, el 75 % de los niños haya tropezado con fotografías pornográficas o violentas en Internet. Debemos proteger a los jóvenes contra esto y también contra negocios sucios de Internet como el ciberacoso y la manipulación psicológica en línea con fines de abuso sexual.

Este último es de especial importancia para garantizar que Internet deje de ser un paraíso para delincuentes pederastas en virtud de su anonimato. Solo lograremos nuestro empeño mediante una combinación de diversas medidas, que también deberían incluir los cibercafés. En mi opinión, este informe nos conduce en la dirección correcta, aunque no lo suficiente, y por este motivo voté a su favor.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. – (PT) La seguridad de los niños en relación con los sistemas de comunicación en línea es fundamental dado que, a medida que aumenta la difusión de las nuevas tecnologías y la alfabetización informática, los niños están cada vez más expuestos a los riesgos de los contenidos ilegales y de los comportamientos nocivos, como el acoso, la pornografía infantil, la manipulación psicológica en línea con fines de abuso sexual, el ciberacoso y la incitación a la autoagresión, a la anorexia y al suicidio.

Las medidas que se adopten deberán incluir a los niños, las familias y los colegios, junto con todas las demás partes afectadas. Se necesita un esfuerzo conjunto para aumentar los conocimientos y la prevención, a fin de incrementar la concienciación de los niños. En consecuencia, será necesario llevar a cabo una gran campaña de alfabetización informática entre padres y profesores escolares con objeto de reducir la brecha generacional tecnológica. Deben promoverse medidas relacionadas con la información, el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas y el intercambio de buenas prácticas.

Estas propuestas son igualmente válidas para Portugal, donde el Gobierno está ofreciendo el ordenador «Magallanes» a niños de 6 años de edad. Me pregunto si el Gobierno portugués tendrá en cuenta en sus actuaciones todas las preocupaciones expresadas en este informe.

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) Internet representa una parte integral de la vida cotidiana de nuestros hijos. Conforme crecen, utilizan Internet con mayor asiduidad. Los menores navegan por Internet a diario desde los 11 años de edad y a los 15 se conectan e interactúan en la red varias veces al día.

A pesar de todo, el uso de esta herramienta extraordinaria, que es una puerta al conocimiento y un trampolín a la sociedad del aprendizaje, no está exento de peligro.

Así, numerosos niños están expuestos inconscientemente a imágenes y contenidos nocivos, como estafas comerciales, acoso, pornografía e incitación al racismo y el suicidio.

En particular, estos abusos son el resultado de la carencia de una regulación y una cooperación internacionales adecuadas.

El programa «sobre la seguridad en Internet» (Safer Internet), con un presupuesto de 55 millones de euros, pretende lograr una mayor sensibilización respecto a los peligros de Internet, no solo entre los niños sino también entre sus padres y profesores. Asimismo, este programa busca promover el desarrollo de sistemas de filtro y fomentar el etiquetado de sitios de Internet considerados seguros para los niños.

Por todo ello, naturalmente, voté a favor del informe de la diputada italiana, la señora Angelilli, que defiende el uso de Internet en un entorno seguro, lo que garantiza la plena protección de la integridad moral y física de los niños.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. – (IT) Señor Presidente, Señorías, estoy a favor del informe de la señora Angelilli sobre la protección de los niños que utilizan Internet y otras tecnologías de la comunicación. Con la enorme expansión de las nuevas tecnologías, que gradualmente se van haciendo más accesibles, los niños están aún más expuestos a los peligros de contenidos ilegales, como el acoso, la pornografía infantil, la intimidación, la incitación a la anorexia, etc. Por lo tanto, se necesitan medidas comunes para evitar y combatir dichos abusos. Apoyo firmemente este informe porque pone en evidencia un problema que las instituciones comunitarias a menudo subestiman. Por último, aplaudo la propuesta de elaborar una base de datos europea de imágenes de pornografía infantil, con un enlace en tiempo real a informes del teléfono de información y asistencia permanente al servicio de la policía, de manera que ésta pueda tener a su alcance las mejores herramientas posibles para combatir esta conducta aberrante.

- Informe: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

  Liam Aylward (UEN), por escrito. − (EN) Esta directiva propone nuevas medidas que promuevan el uso de vehículos responsable con las emisiones de carbono. Irlanda afronta un reto enorme con el compromiso de reducir un 18 % las emisiones de gases de efecto invernadero. Respecto al transporte, necesitamos centrarnos en este sector para llevar a cabo esta reducción y aumentar la sensibilización pública.

La propuesta de la UE tiene la intención de desarrollar una nueva metodología destinada a calcular los costes del consumo de energía y las emisiones de los vehículos, lo que fomentará que la gente compre vehículos eficientes energéticamente. Dicha metodología afectará a todos los vehículos de transporte por carretera, excepto los militares, de rescate y de emergencias.

Defendemos la introducción de un enfoque integrado en el que participen los fabricantes de vehículos, los proveedores de combustible, los talleres de reparación, los conductores y las autoridades. La iniciativa de estimular el mercado para fabricar más vehículos eficientes energéticamente a precios competitivos ofrecerá a los ciudadanos irlandeses una manera de reducir las emisiones y aportará beneficios económicos. Esto es beneficioso a todos los niveles: tanto en términos de costes privados como de costes públicos. Cuanto menos combustible se consuma menos se importará. Esta iniciativa fomentará el desarrollo de la tecnología de vehículos eficientes energéticamente en todo el mundo y esto representa un avance muy positivo.

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. – (PT) La introducción generalizada en el mercado de tecnologías con mayor rendimiento a menudo encuentra dificultades por el alto coste inicial y, por consiguiente, la demanda insuficiente de los clientes. Es preciso, por tanto, actuar a escala comunitaria para fomentar la inversión necesaria para la fabricación de vehículos que sean más eficientes desde el punto de vista energético y menos contaminantes, además de que el coste de este tipo de alternativa es menor a largo plazo.

Coincido con el objetivo de esta directiva: promover la introducción en el mercado de vehículos limpios y eficientes energéticamente y, de ese modo, contribuir a la eficiencia energética en el transporte reduciendo el consumo de combustible, a la protección del clima reduciendo las emisiones de CO2 y a mejorar la calidad del aire reduciendo las emisiones contaminantes.

El Parlamento Europeo debe servir de ejemplo mediante la aprobación de criterios de sostenibilidad, especialmente en el ámbito de la contratación pública.

Doy mi respaldo al acuerdo alcanzado sobre este informe. Es más flexible y menos burocrático que la propuesta inicial presentada por la Comisión y el ponente. Sobre todo, coincido con el acuerdo porque respeta el principio de subsidiariedad y es menos costoso para las autoridades locales.

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La promoción de «vehículos limpios y eficientes energéticamente de transporte por carretera» es, desde el punto de vista técnico, una medida de protección medioambiental fundamental, porque las emisiones de los vehículos convencionales contribuyen al cambio climático y a la contaminación atmosférica en los núcleos urbanos, con graves repercusiones para la salud pública.

A pesar de las manifestaciones de los trabajadores que piden que se tomen medidas para solucionar estos graves problemas, el sector del automóvil rechaza, dentro del marco de la competencia, la fabricación de «vehículos limpios», a menos que se garantice mayor rentabilidad de antemano, y pide que el sector público financie los costes de investigación y desarrollo para vehículos limpios, así como su aumento de beneficios.

Esto es precisamente lo que hace la directiva propuesta, al exigir que el coste operativo del consumo de energía, las emisiones de CO2 y los agentes contaminantes que el vehículo emite durante toda su vida útil se incluyan en los criterios para la contratación pública de vehículos, mediante el uso ofensivo de dinero público para subvencionar la fabricación de vehículos más limpios en la industria del automóvil.

Los trabajadores abogan por empresas de transporte público que cubran sus necesidades con un alto nivel de servicios ecológicos. Están en contra de cualquier tipo de reglamento destinado a enriquecer la industria del automóvil que, con su inexplicable posición social y medioambiental, cuyo objetivo es aumentar sus beneficios, está contribuyendo al cambio climático, al consumo excesivo de recursos energéticos y a la contaminación atmosférica.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. – (PT) Voté a favor del informe del señor Jørgensen sobre la promoción de vehículos limpios y eficientes energéticamente de transporte por carretera porque creo que se debe fomentar que la industria invierta en el desarrollo de vehículos con poco consumo de energía y unas reducidas emisiones de gases de efecto invernadero.

Las autoridades públicas deberían contribuir a estimular este mercado y a mejorar la contribución del sector del transporte a las políticas de la Unión Europea en las áreas del medio ambiente, el clima y la energía, teniendo en cuenta los impactos ambientales y energéticos en la adquisición de vehículos de transporte por carretera.

  Genowefa Grabowska (PSE), por escrito. − (PL) Los vehículos públicos de bajo consumo y ecológicos obviamente son beneficiosos y constituyen una necesidad para nuestras ciudades y para el medio ambiente. Asimismo deberíamos incorporar el uso de vehículos limpios en nuestras actividades relacionadas con el paquete del cambio climático. Como miembro de la Comisión de Medio Ambiente, apoyo la mayoría de las acciones propuestas por el ponente (y, en particular, las medidas técnicas y organizativas), que contribuirán a conseguir el objetivo fundamental, que consiste en reducir la contaminación mediante la inversión en tecnologías ecológicas con menores emisiones de CO2. Los vehículos en cuestión incluyen vehículos de servicio (camiones y autobuses especiales para asistencia operativa, mantenimiento de infraestructuras, vehículos barredores, etc.).

Sin embargo, me parece bastante discutible la propuesta de introducir criterios obligatorios para los niveles de emisiones de CO2 al publicar ofertas de contratación pública para vehículos de servicio público. Desde mi punto de vista, sería preferible, al menos durante la fase inicial del nuevo reglamento, dar a las organizaciones responsables de la contratación en cada Estado miembro (que suelen ser autoridades locales) el derecho a elegir sus propios criterios ambientales a la hora de contratar flotas de vehículos. Soy partidaria de que la contratación pública, como parte importante del mercado europeo, debería seguir siendo un instrumento para la promoción de vehículos ecológicos, pero esto no debería hacerse de forma mecánica.

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. − (DE) He votado a favor de la promoción de vehículos ecológicos y eficientes desde el punto de vista energético en las convocatorias de licitación pública.

Será bien acogido que, al contratar vehículos de transporte por carretera, las autoridades y determinadas empresas deban tener en cuenta no solo el precio de la contratación, sino también los impactos ambientales y energéticos durante la vida útil del vehículo, entre ellos, el consumo de energía, las emisiones de CO2 y demás emisiones contaminantes.

  Seán Ó Neachtain (UEN), por escrito. − (EN) En plena crisis de los mercados financieros, para quienes nos encargamos de elaborar políticas nos resulta sencillo concentrarnos plenamente en el problema actual y olvidar o prestar poca atención a los objetivos y otras iniciativas de la Unión Europea. Por lo tanto, acojo con satisfacción este informe, que pone de relieve la necesidad real de avances en vehículos limpios y eficientes.

El aspecto más importante de este informe, en mi opinión, es que no solo se centra en los vehículos y el transporte de los consumidores, sino que también se ocupa de apoyar y promocionar el sector público. Es adecuado que el sector público sirva de ejemplo a la población de Europa en la promoción de vehículos limpios.

Resulta admirable que el ponente intente establecer un vínculo entre la contratación pública y el fomento y la promoción de vehículos limpios eficientes y espero que esto consiga un aumento de la inversión y la investigación en vehículos con bajas emisiones de CO2.

  Rovana Plumb (PSE), por escrito. − (RO) Esta directiva introduce una metodología armonizada en la contratación de vehículos eficientes energéticamente para lograr un servicio de transporte público sostenible. También ayudará a establecer las prioridades incluidas en la Estrategia de Lisboa.

El requisito explícito es que las autoridades públicas y los operadores que ofrecen servicios contratados por una autoridad pública tengan en cuenta el consumo de energía, las emisiones de dióxido de carbono y contaminantes a la hora de comprar vehículos de transporte por carretera, así como al comprar vehículos de transporte por carretera destinados a servicios de transporte de pasajeros.

El mayor beneficio económico se alcanzaría teniendo que incluir costes externos como criterios de adjudicación en todas las decisiones de contratación. De ese modo los dueños de los vehículos se beneficiarían directamente del ahorro de energía a largo plazo, lo que compensaría con creces el mayor precio de los vehículos.

La promoción de vehículos limpios y eficientes energéticamente a través de la contratación pública para el suministro de servicios de transporte público, impulsada por esta iniciativa, acelerará el desarrollo de estas tecnologías en el mercado y contribuirá al ahorro de energía, así como a la protección del medio ambiente y la salud pública.

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), por escrito. − (RO) He votado a favor del informe Jørgensen que promueve el uso de vehículos ecológicos para el transporte público. La propuesta inicial presentada por la Comisión en 2005 fue rechazada por el Parlamento porque implicaba mucha burocracia sin reducir el nivel de contaminación. La antigua propuesta pedía que el 25 % de los vehículos motorizados fueran ecológicos. La nueva propuesta solo atañe a los vehículos motorizados destinados al transporte público y las autoridades públicas responsables de proporcionar estos servicios. Creo que la nueva propuesta inspirará mayor sensibilización entre los responsables locales de la elaboración de políticas y hará que estos tomen medidas más sólidas para proteger el medio ambiente. A escala europea, se estima que los costes resultantes de la congestión de tráfico en carretera en las grandes aglomeraciones urbanas representan el 1 % del PIB de Europa.

La contaminación en las grandes ciudades también se puede reducir mediante la promoción del transporte público y, en concreto, de un sistema de transporte público limpio. Aparte de promover redes de metro, tranvías, trolebuses y trenes regionales o el transporte por barco, la contaminación también puede reducirse en las grandes ciudades europeas mediante la introducción de autobuses ecológicos. La nueva directiva obliga a las autoridades locales a calcular y a tener en cuenta el coste de usar un autobús o minibús durante toda su vida útil. Me gustaría felicitar a las autoridades locales de Praga por comprar una flota de autobuses ecológicos mediante ayudas estatales, siendo así un ejemplo a seguir.

- Informe: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

  Liam Aylward (UEN), por escrito. − (EN) Esta directiva trata sobre los reglamentos para las autorizaciones de comercialización de medicamentos. Nos complace la iniciativa de la UE de simplificar y armonizar los reglamentos actuales. Este es un asunto que ahorra tiempo y dinero y que satisfará a los fabricantes y consumidores de Irlanda.

Las revisiones propuestas serán beneficiosas para el mercado farmacéutico irlandés, que cuenta con una presencia considerable en Europa. Nos alegra que en este sector, 13 de las 15 empresas más importantes del mundo operen en Irlanda. En la actualidad existen más de 140 empresas de tecnología médica en Irlanda, que dan empleo a 26 000 personas. Además, la exportación anual de aparatos médicos asciende a alrededor de 6 200 millones de euros, lo que representa el 10 % del total de las exportaciones de Irlanda.

Apoyamos la creación de criterios únicos para la evaluación, la aprobación y la administración de medicamentos en los que se introduzcan cambios, como pueden ser los métodos de fabricación, el etiquetado del producto o los folletos informativos para el paciente. También reconocemos la necesidad de lograr una mayor armonización de las disposiciones nacionales de los Estados miembros y de los reglamentos comunitarios, a fin de reducir la carga administrativa y simplificar el sistema que regula los cambios, como permitir una solicitud única para uno o más cambios idénticos. Estamos de acuerdo con la revisión del control de la Comisión sobre las «listas de sustancias», los «tiempos de espera» y los «principios y directrices».

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. – (PT) La forma actual de gestionar las variaciones está demostrando ser cada vez más ineficaz y ya no satisface ni a las autoridades ni a la industria farmacéutica en general.

Al autorizarse los cambios en medicamentos mediante procedimientos puramente nacionales de los distintos Estados miembros, dichos cambios se valorarán de diversas formas en cuanto al expediente que presenten y al procedimiento de evaluación. Esta situación ocasiona problemas en varias áreas: salud pública, mercado interior, aplicaciones jurídicas y prácticas.

El informe propone determinadas mejoras. Por motivos de armonización y simplificación, es importante que los cambios de las autorizaciones de comercialización se rijan por los mismos requisitos reglamentarios, sin que importe el procedimiento de registro que se utilizó inicialmente. Esto reportará beneficios a todos los afectados: pacientes, autoridades y empresas farmacéuticas.

Coincido con las enmiendas propuestas en la posición de compromiso, ya que la necesidad de simplificar y reconciliar los procedimientos administrativos permite la posibilidad de presentar una solicitud única para uno o más cambios idénticos y pone de relieve la necesidad de aplicar el principio de subsidiariedad.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe de Françoise Grossetête sobre variaciones en términos de las autorizaciones de comercialización de medicamentos porque apoyo un único procedimiento de registro para la introducción de medicamentos en el mercado comunitario, puesto que esto garantizará la seguridad de los ciudadanos europeos.

En particular, debo destacar la propuesta realizada por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo de utilizar el principio de subsidiariedad al aplicar el sistema de variaciones europeo a medicamentos de venta exclusiva en el mercado nacional, protegiendo así a las pequeñas y medianas empresas que producen medicamentos tradicionales elaborados a base de plantas y productos homeopáticos.

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), por escrito. − (PL) Dada la ausencia de armonización a escala comunitaria, las variaciones de autorizaciones de comercialización puramente nacionales están sujetas a la legislación nacional. En algunos Estados miembros, los requisitos en relación con las autorizaciones de comercialización nacionales son similares a los relacionados con las variaciones de autorizaciones de comercialización. Sin embargo, en la mayoría de los países esta coordinación brilla por su ausencia, lo que significa que existen discrepancias legislativas entre los Estados miembros.

Esta situación tiene consecuencias negativas en cuanto a la salud pública, la carga administrativa y el funcionamiento general del mercado interior de medicamentos.

Todos los medicamentos, independientemente de los criterios de las autorizaciones de comercialización, deberían estar sujetos a los mismos criterios de evaluación y a las mismas medidas administrativas cuando su autorización de comercialización es distinta.

- Informe: Toine Manders (A6-0195/2008)

  Brian Crowley (UEN), por escrito. − (EN) Este informe se basa en la cuestión fundamental de la protección del consumidor. Evidentemente existe demanda de propiedades en régimen de tiempo compartido y productos similares y no podemos impedir a las empresas responsables que atiendan esta demanda. No creo que nadie esté sugiriendo de ninguna manera que todas las empresas que operan en este sector estén implicadas en malas prácticas o explotación. No obstante, somos conscientes de que hay empresas que se han aprovechado desaprensivamente de los consumidores europeos y que estos han sufrido al tratar con empresas mal gestionadas que han quedado libres de responsabilidad debido al reglamento tan poco adecuado en este ámbito. Varios turistas irlandeses han sufrido serias dificultades legales y financieras tras aceptar los términos de acuerdos con alguna empresa mal gestionada que se dedica al negocio del aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico en la Europa continental.

La nueva directiva incluye algunas medidas esenciales de protección, en relación con áreas como la publicidad y los contratos. En concreto, me alegra la disposición sobre el derecho de desistimiento, o el periodo de reflexión, que permite que los consumidores —que se dejan llevar por un astuto discurso publicitario o mientras están de vacaciones— dispongan de tiempo para reflexionar con calma, de manera que puedan estar seguros de que les satisfacen las consecuencias a medio y largo plazo de un acuerdo de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico.

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El derecho de los trabajadores a descansar y a disfrutar de vacaciones se ha convertido en un artículo de consumo del que sacar provecho económico. El propósito de las propiedades en régimen de tiempo compartido y los nuevos productos que se están promocionando dentro de estos marcos consiste en explotar los constantes recortes de vacaciones. Dichos recortes reducen los ingresos y los esfuerzos de los trabajadores por conseguir vacaciones más baratas a largo plazo, lo que crea un volumen de negocio que supera los 11 000 millones de euros.

Los engaños y los métodos agresivos empleados por lo que a menudo son empresas fantasma para persuadir y estafar a los compradores van, en el mejor de los casos, desde letra pequeña en contratos hasta publicidad engañosa, presentaciones pesadas, promesas de regalos, etc., y casi siempre acaban en la firma inmediata, bajo presión, de documentos vinculantes.

A las organizaciones de consumidores llegan numerosas reclamaciones sobre fraudes, gastos de mantenimiento excesivos, tarjetas de crédito asociadas, enorme caída del precio de reventa debido a gastos de comercialización, etc.

La inclusión de otros productos en la Directiva sobre el aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, como vacaciones en barcos, clubes o caravanas, garantiza la cobertura legal y nuevas fuentes de beneficios.

El periodo de reflexión, que se limita a diez días y conlleva una sanción del 3 % del total, no resuelve el problema. Por el contrario, la UE traslada la carga de responsabilidad a los trabajadores, como hace con todos los productos de consumo.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe Manders sobre la protección de los consumidores con respecto al aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, puesto que el acuerdo alcanzado con el Consejo sobre este tema ofrece una mayor protección de los derechos y de los intereses de los consumidores europeos.

Creo que una mejor regulación de este sector beneficiará no solo a los consumidores sino también al turismo europeo.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Este informe establece una serie de propuestas que en su mayoría nos parecen aceptables, teniendo en cuenta la necesidad de reforzar el derecho del consumidor a la información sobre los productos vacacionales. Establece que los operadores tengan la obligación de proporcionar determinada información relevante, de manera de los consumidores puedan decidir sobre los contratos finales con mayor conocimiento de causa.

Además, se amplía el periodo durante el cual los consumidores pueden desistir un contrato sin gasto alguno, particularmente cuando no se les ha facilitado la información necesaria. Es fundamental evitar abusos y casos repetidos de fraude. Esperamos que contribuya positivamente la prohibición de los pagos de cualquier cantidad por adelantado durante el periodo de reflexión y de la imposición de pagos escalonados cuando se venden productos vacacionales de larga duración.

  David Martin (PSE), por escrito. − (EN) Apoyo plenamente el informe que defiende la protección del consumidor en este ámbito. Esta legislación responde a las preocupaciones de los consumidores del Reino Unido, puesto que los consumidores británicos representan un tercio del total de propietarios europeos de bienes de uso turístico en régimen de tiempo compartido. Soy partidario sin reservas de la necesidad de que los minoristas del aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico aumenten el periodo de reflexión para los compradores, así como la obligación de facilitar información detallada de la compra antes de que se firme el contrato.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. – (PT) Muchas reclamaciones de consumidores han confirmado los graves problemas encontrados en relación con el aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, lo que origina desequilibrios en el mercado. El desarrollo del mercado en términos de demanda y el desarrollo significativo de nuevos productos, comercializados de forma similar, han creado problemas considerables para consumidores y empresas.

El texto sometido hoy a votación corrige básicamente las definiciones y el alcance de la directiva, de tal manera que incluya nuevos productos vacacionales. Asimismo aclara y actualiza las disposiciones sobre los requisitos que se aplican a los contenidos y el idioma de la información y los contratos ofrecidos al consumidor.

Las actividades comerciales afectadas por la directiva son de fundamental importancia para el turismo europeo, incluido el sector portugués, y más específicamente para los operadores y los consumidores. Por lo tanto, la idea principal consiste en reforzar la posición del consumidor en todas las negociaciones de adquisición de derechos de uso. De este modo, la incertidumbre existente en el mercado puede combatirse mejor y se puede crear un entorno más estable y transparente, ofreciendo así a los consumidores más y mejor información.

- Informe: Sophia in ’t Veld (A6-0403/2008)

  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. – (IT) He votado a favor de la propuesta de recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y Australia sobre el tratamiento y la transferencia de datos, generados en la Unión Europea, del registro de nombres de pasajeros (PNR) por las compañías aéreas a los Servicios de Aduanas de Australia. Recientemente visité Australia y, hablando con representantes del Gobierno de este país, comprendí que esta votación significaría un avance importante, que refuerza la cooperación ya existente entre Europa y Australia en el ámbito de la seguridad de los pasajeros y el transporte de mercancías.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) A pesar de ser un paso hacia atrás, la posición del Parlamento Europeo tiene el mérito de llamar la atención sobre los acuerdos inaceptables entre la UE y terceros países con respecto al tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de pasajeros (PNR) de sus compañías aéreas, con el pretexto de la «lucha contra el terrorismo».

Entre otros aspectos importantes, la propuesta:

- denuncia la frecuente carencia de todo control parlamentario durante la negociación y la aprobación de estos acuerdos, ya que solo en siete Estados miembros se requiere la aprobación parlamentaria;

- advierte que es posible que el acuerdo no cumpla con las normas internacionales de protección de datos;

- lamenta la cantidad de datos solicitados, que es la misma que en el Acuerdo con los EE.UU., y que incluye, además de las reservas de hotel y vehículos, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones personales y de trabajo, preferencias alimenticias, números de tarjetas de crédito, datos personales que revelan el origen étnico y racial, opiniones políticas, creencias religiosas y filosóficas y afiliación a sindicatos, así como otros datos sobre salud o actividad sexual.

Esta es otra situación inaceptable, consecuencia del objetivo de seguridad actual, que está poniendo en peligro los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Al observar la situación con el registro de nombres de pasajeros (PNR) con los Estados Unidos, se hace evidente una evolución preocupante con la excusa de combatir el terrorismo. Según este acuerdo, datos personales como los números de teléfono y direcciones de correo electrónico de los pasajeros aéreos se transfieren y almacenan durante años. La protección de datos no está asegurada de ninguna manera durante este procedimiento. Debe evitarse este tipo de violaciones de la protección de datos.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El informe revela la hipocresía del Parlamento Europeo con respecto a los derechos personales y las libertades democráticas de la población. Cualquier crítica del Parlamento Europeo se limita a cuestiones de orden y al hecho de que a los ciudadanos europeos no se les conceda la protección que supuestamente les corresponde de acuerdo con la legislación de la UE. No obstante, es precisamente esta legislación la que infringe de manera flagrante todas las formas de protección de datos personales e introduce registros personales generales, así como la recogida y el intercambio de los datos personales más delicados, entre los mecanismos represivos de los Estados miembros e incluso los servicios secretos de terceros países.

El hecho de que el informe no se atreva a exigir la revocación del acuerdo o su reciprocidad es una prueba de que cualquier protesta superficial sobre ello busca únicamente salvar las apariencias. Al igual que con el acuerdo similar entre la UE y los EE.UU., también inaceptable, las discretas reservas por parte del Parlamento Europeo no impiden que los datos personales de trabajadores de la UE estén a disposición de todo servicio secreto y de todo mecanismo represivo dentro del marco de su «cooperación antiterrorista».

Una vez más queda claro que el Parlamento Europeo y la UE no solo no están defendiendo los derechos democráticos y la libertad popular, sino que los están restringiendo hasta el punto de extinguirlos mediante una red de medidas y acuerdos legislativos reaccionarios.

- Informe: Jan Andersson (A6-0370/2008)

  John Attard-Montalto (PSE), por escrito. − (EN) Las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los asuntos Laval, Rüffert y Luxemburgo muestran que es necesario aclarar que las libertades económicas establecidas en los Tratados deberían interpretarse de manera que no menoscabasen el ejercicio de los derechos sociales fundamentalmente reconocidos en los Estados miembros y por el Derecho comunitario. Esto incluye el derecho a negociar, celebrar y aplicar convenios colectivos y a emprender acciones colectivas que no menoscaben la autonomía de los interlocutores sociales en el ejercicio de estos derechos fundamentales en defensa de intereses sociales y de la protección de los trabajadores.

Ciertamente es necesario acometer una revisión de la legislación actual. La situación podría conducir a que los trabajadores de los países de acogida se sientan presionados por la competencia de salarios bajos. Deseo unirme a mis colegas en su iniciativa de introducir la aplicación coherente de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores en todos los Estados miembros.

Estoy plenamente de acuerdo en que la Comisión y los Estados miembros adopten medidas en contra de los abusos, en particular de las empresas que no se dedican a negocios verdaderos y efectivos en el país de establecimiento.

La creación de un marco jurídico para los convenios colectivos trasnacionales representará un avance y, por supuesto, un paso importante que dar.

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), por escrito. − (EN) Los conservadores británicos apoyamos el derecho de los trabajadores a la huelga, pero también el derecho de los trabajadores a no secundarla si así lo deciden. Apoyamos los fallos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y no creemos que hayan puesto en entredicho los derechos de los trabajadores. Una revisión de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores es innecesaria, al igual que la ampliación de su fundamento jurídico, debido a los problemas que determinados Estados miembros han experimentado a causa de la organización de sus mercados laborales nacionales. Cada año se desplaza con éxito un millón de trabajadores.

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE), por escrito. − (SV) Hoy he optado por abstenerme en la votación final del informe del señor Andersson sobre los retos para los convenios colectivos en la UE (A6-0370/2008). Los convenios colectivos, los derechos sindicales y el derecho a convocar huelga figuran en el Tratado de Lisboa, que desearía que fuera jurídicamente vinculante. Este tratado también incluye el derecho al trabajo, el derecho a dirigir empresas y el derecho a desplazarse a través de las fronteras de la UE. No se pueden hacer excepciones, como ha ocurrido con la propuesta, para los representantes sindicales cuando se trata de respetar los principios jurídicos comunitarios fundamentales, por ejemplo el principio de la proporcionalidad. Se aplica, y por supuesto debe aplicarse, a todos los ciudadanos de la UE.

La legislación y los tratados comunitarios deberían tener sus representantes más firmes en el Parlamento Europeo. La posición aprobada por el Parlamento en cuanto al fundamento jurídico corre el peligro de convertirse en una amenaza para la libre circulación en el futuro. Sin embargo, me alegra que el Parlamento Europeo haya aprobado una posición en favor del modelo sueco y de nuestros convenios colectivos.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La resolución aprobada por mayoría en el Parlamento Europeo sobre las inaceptables decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los casos Laval, Rüffert y Viking es totalmente inapropiada. No basta con reconocer que la libertad de proporcionar servicios no es superior a los derechos fundamentales, en particular, al derecho de que los sindicatos convoquen huelga, especialmente porque este es un derecho constitucional en varios Estados miembros.

La resolución pone de relieve que las libertades económicas, tal como figuran en los Tratados, deberían interpretarse de manera que no infrinjan el ejercicio de los derechos sociales fundamentales, incluido el derecho a negociar, finalizar y reforzar los convenios colectivos y el derecho a la acción colectiva. Pese a ello, la verdad es que, mientras los principios empleados por el Tribunal de Justicia continúen arraigados en los Tratados europeos, teniendo en cuenta que también están incluidos en el proyecto del Tratado de Lisboa, nadie puede garantizar que no se vuelvan a tomar las mismas decisiones otra vez.

Por tanto, hemos votado en contra del informe porque no llega al fondo de la cuestión y, en su lugar, insiste en apoyar el proyecto del Tratado de Lisboa, a pesar de que ya ha sido rechazado por Irlanda.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. − (EN) Apoyo el informe Andersson sobre los retos para los convenios colectivos en la Unión planteados por las decisiones recientes del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. No discuto la validez jurídica de las decisiones adoptadas, pero sí que reflejen la intención del Parlamento, la Comisión y el Consejo cuando se aprobó la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores.

La conclusión es evidente: la directiva debe revisarse para cambiar sus disposiciones a fin de restablecer nuestra intención original. Esta tarea debe ser prioritaria para la Comisión Europea y necesita una solución urgente. Si esta Comisión no rectifica la situación, la próxima Comisión tras las elecciones europeas de 2009 deberá hacerlo. Yo no votaré a favor de la ratificación de ninguna comisión nueva si este asunto no figura en su programa de trabajo para los primeros doce meses.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) El informe del señor Andersson afirma haber aprendido la lección tras las escandalosas sentencias del Tribunal de Justicia en Luxemburgo, en particular las relativas a los casos Laval y Viking. Estas sentencias dan prioridad a la libertad de proporcionar servicios y de crear empresas sobre la defensa de los intereses y derechos de los trabajadores nacionales contra el dumping social. Además, estas sentencias hacen que el ejercicio de los derechos sociales esté sujeto, hasta un nivel inaceptable, al principio de proporcionalidad, que va mucho más allá de las restricciones legales (como salud y orden público, por ejemplo) reconocidas en las legislaciones nacionales y en los convenios de la OIT.

Estas sentencias representan el restablecimiento encubierto de la primera versión de la Directiva Bolkenstein, donde la legislación del país de origen (legislación social, laboral, salarios, etc.) se aplicaba a trabajadores que fueran a proporcionar un servicio en otro Estado miembro, independientemente de la legislación o los convenios colectivos en vigor en este último. Pero esta versión fue rechazada por la autoridad legislativa europea y es intolerable que los jueces sean capaces de erigirse en legisladores con el pretexto de interpretar la ley.

Aunque en ocasiones el señor Andersson ha desempeñado su labor con acierto, se ciñe demasiado a los principios ultraliberales que dieron lugar a esta situación como para que su informe consiga nuestro apoyo. Por esta razón nos abstendremos.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) El Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y los partidos de centro-derecha han apoyado incondicionalmente todos los cambios del Tratado de la UE. De este modo contribuyen a conceder a las instituciones de la UE, incluido el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, un poder aún mayor sobre el mercado laboral sueco. De esta manera, la UE se ha convertido en una amenaza para los reglamentos del mercado laboral desarrollados mediante negociaciones y legislación que están firmemente arraigados en la sociedad sueca.

Este informe recomienda principalmente modificar la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. Por lo tanto, es incapaz de impedir la constante interferencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los reglamentos que rigen el mercado laboral sueco. En primer lugar, el resultado consiste en un acuerdo entre conservadores y socialistas, una situación que ha llevado a fórmulas contradictorias y poco convincentes. En segundo lugar, el Derecho primario de la UE relativo al mercado interior (artículo 49) tiene prioridad sobre las disposiciones de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas todavía puede llegar a la misma conclusión que en el caso Laval.

No se debe dar a la UE tareas que los Estados miembros puedan llevar a cabo por sí mismos y el mercado laboral realmente es una cuestión que debería corresponderles. Por lo tanto, la Lista de Junio recomienda la exención de Suecia de la legislación del mercado laboral de la UE, a fin de garantizar que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no pueda controlar el mercado laboral sueco en el futuro.

No obstante, hemos votado a favor del informe porque todavía tiene como objetivo impedir, dentro de lo posible, que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas interfiera en los convenios colectivos suecos en el futuro.

También hemos apoyado las enmiendas que recomiendan más autodeterminación nacional en asuntos relacionados con el mercado laboral pero, por supuesto, hemos votado en contra del panegírico que hace el ponente del Tratado de Lisboa.

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), por escrito. − (PL) Hemos decidido votar en contra del informe del señor Andersson sobre los retos para los convenios colectivos en la Unión Europea.

El ponente es crítico con las decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas acerca de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores y exige una revisión de la directiva.

Estoy decididamente en contra del planteamiento del ponente y también creo que exigir un cambio en la directiva sin el análisis necesario en los Estados miembros, particularmente en aquellos Estados miembros afectados por la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, significa tomar medidas poco razonables con fines políticos. En concreto, la formulación usada por el ponente es un ataque a la libre prestación de servicios, una de las libertades básicas de la Unión Europea, y representa una amenaza para la liberalización de la prestación de servicios contemplada en la Directiva sobre los servicios y para el principio del país de origen.

En mi opinión, la aplicación adecuada de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores por todos los Estados miembros y una mayor cooperación administrativa entre ellos proporcionaría los medios adecuados para garantizar, por un lado, la protección de los derechos de los trabajadores y, por otro, la libertad de prestación de servicios.

Lamento que esta Cámara haya rechazado las enmiendas, que intentaban dar cierto equilibrio al informe.

  Ona Juknevičienė (ALDE), por escrito. − (LT) La Directiva sobre las agencias de trabajo temporal es importante en nuestro intento de legalizar la libre circulación de servicios y trabajadores por toda la Comunidad. No todos los Estados miembros se están sumando a los requisitos de esta directiva. En ocasiones a los proveedores de servicios se les exige más de lo que se estableció en la directiva. Mediante la distorsión de los reglamentos de la directiva, se bloquean los servicios entre los Estados miembros y, de este modo, se encubren políticas proteccionistas. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) investigó el asunto de la empresa de construcción Laval, a la que se prohibió prestar servicios de construcción en Suecia. Según la legislación sueca, se necesitaba un contrato colectivo, aunque este contrato se firmó en Letonia. El TJCE decidió que está prohibido poner condiciones adicionales o mayores a las establecidas por la directiva. Las decisiones tomadas por el TJCE en el caso Laval y otros similares son criticadas e incluso cuestionadas en el informe y las enmiendas.

He votado en contra porque considero que el Parlamento Europeo se está excediendo en sus funciones al interpretar o cuestionar decisiones tomadas por el TJCE. No estoy de acuerdo con las declaraciones, que ponen en entredicho las decisiones del TJCE, y propongo que las resoluciones del TJCE no deban aplicarse en determinados países de la UE. Con tales declaraciones no solo cuestionamos la competencia del TJCE, sino que expresamos dudas sobre su imparcialidad, peligro que distorsiona el sistema institucional de la UE, y provocamos la falta de confianza de la población en él. Tampoco estoy de acuerdo con el objetivo de revisar la directiva. Si en algunos países la directiva no está funcionando como debiera, entonces los responsables son los Estados miembros de la Comunidad, puesto que no están poniendo en práctica los reglamentos de la directiva o no los están aplicando adecuadamente en la legislación nacional. La Comisión Europea debería observar si las directivas de la UE se transfieren correctamente a la legislación nacional y si las legislaciones nacionales están en consonancia con la esencia y el espíritu de las directivas.

  Carl Lang (NI), por escrito. – (FR) El objetivo, establecido por la Unión Europea, de una Europa social es una ilusión, la Estrategia de Lisboa es un fracaso y las diversas pociones mágicas inventadas por los proeuropeos para mejorar las condiciones de vida y de trabajo se vuelven ineficaces por el simple hecho de que la verdadera visión de Bruselas es ultraliberal y al servicio de la globalización. Por un lado, deseamos evitar el dumping social para proteger a los trabajadores, sean desplazados o no, y tener así un mercado interior equilibrado y, por otro, hacer todo lo posible por abrir nuestras fronteras económicas un poco más a través de la inmigración masiva de demandantes de empleo y ciudadanos en general.

Esta es simplemente una ilustración interminable de la auténtica esquizofrenia proeuropea. A modo de ejemplo, necesitamos únicamente considerar las referencias al desaparecido Tratado de Lisboa que aparecen varias veces en este informe de cajón de sastre. En consecuencia, no entendemos cómo esto podría ofrecer un enfoque claro que apueste por un equilibrio entre la libre circulación de servicios y los derechos de los trabajadores.

  Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. − (PL) El objetivo de la Comunidad Europea es afianzar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, tanto en la vida pública como en el mercado laboral. Nuestra meta consiste en eliminar la discriminación y la incertidumbre respecto al futuro.

El ponente, el señor Andersson, señala que algunos fallos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas pueden ofender el sentido de igualdad y respeto por el mercado laboral de algunos ciudadanos. Para evitar que surjan dichas situaciones en el futuro, el señor Andersson recomienda actuar con rapidez para ratificar enmiendas de la legislación que impidan las posibles repercusiones sociales, económicas y políticas de los fallos del TJCE. Esto incluye una revisión de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores y la aprobación inmediata de la Directiva sobre las agencias de trabajo temporal.

En resumen, pienso que deberíamos aprobar el informe en aras de una Europa unida.

  Kartika Tamara Liotard y Erik Meijer (GUE/NGL), por escrito. − (NL) Muchos empresarios tienen la tentación de pagar a sus empleados lo menos posible por el trabajo que hacen. También están en juego otros gastos relacionados con el trabajo, como seguridad e instalaciones. Sin embargo, los empleados solo pueden protegerse a sí mismos asegurando que su salario se base en un convenio colectivo laboral universalmente vinculante y mediante la adecuada protección jurídica en el país en el que trabajen y residan.

Los objetivos originales de la Directiva sobre los servicios y los recientes fallos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas afectan a esta protección. Si estos permiten aplicar convenios colectivos laborales o legislaciones extranjeras menos beneficiosos, un creciente número de empleadores optará por esas alternativas más rentables y los ingresos de los trabajadores descenderán drásticamente.

Algunas personas se equivocan al creer que el proyecto de Constitución de la UE o el Tratado de Lisboa ofrecen suficientes garantías contra ello. Esos documentos deberían modificarse antes de poder ser aprobados para conseguirlo. También se esperaba que el informe Andersson ofreciera dichas garantías. No obstante, con los acuerdos que se han alcanzado con respecto a este texto, esto es todavía menos probable de lo que lo era en un principio. Por esta razón no podemos votar a favor.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Es inaceptable que, por un lado, los contratos públicos tengan que sacarse a licitación para toda la UE y, por otro, que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas haya anulado la obligación de pagar los salarios mínimos acordados que están vinculados a la concesión, por motivos de incompatibilidad con la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores y la Directiva sobre los servicios. La UE se está mostrando como realmente es, como una comunidad puramente económica que embauca a los socialmente desfavorecidos con cacahuetes y palabras vanas. Llegó la hora de que la UE responda a los gritos de ayuda de los ciudadanos que ha ignorado durante demasiado tiempo e intente cerrar lagunas y resolver incongruencias. Este informe debería por lo menos empezar a intentar alcanzar este objetivo, pero todavía deja un margen de abuso excesivamente amplio, por lo que me abstengo.

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Yo, al igual que la izquierda europea, apoyo el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores. Me he negado a votar en favor del informe Andersson porque, a pesar de algunos elementos positivos concretos, todavía se queda corto. Considero que este informe es una oportunidad perdida para solucionar con eficacia la cuestión de los derechos de los trabajadores de acuerdo con el Derecho primario europeo. El ejercicio de los derechos fundamentales, como reconocen los Estados miembros, en los convenios de la OIT y la Carta Social Europea, incluido el derecho a la negociación, no puede depender de la discreción sin control del juez ni subordinarse siempre, ya que se basa en una fuente legislativa de menor valor jerárquico. No se debe poner en peligro el derecho a las movilizaciones sindicales. Es necesario incluir una cláusula de protección social en los Tratados.

  Olle Schmidt (ALDE), por escrito. − (SV) En el transcurso del día se ha aprobado el informe del señor Andersson sobre el futuro de los convenios colectivos en Europa tras, por ejemplo, el juicio del caso Laval. El Grupo Socialista en el Parlamento Europeo pidió que se eliminara la legislación actual de la UE—lo que se conoce como la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores— a fin de garantizar que Suecia pueda mantener sus convenios colectivos.

Por otro lado, he trabajado tanto en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor como ante el Pleno con objeto de asegurar, en primer lugar, que este asunto se debata en el nivel correcto: el nacional. La razón que me ha movido a ello es que creo que la estrategia por parte del Grupo del PSE no se ha meditado bien. Intentando una y otra vez sacar a colación la sentencia de Laval a escala europea, en vez de resolverla mediante la legislación sueca, se presiona para que haya más legislación conjunta del mercado laboral, que es lo que ha causado nuestros problemas actuales desde el principio. Si los 27 Estados miembros están de acuerdo, no hace falta decir que es inconcebible que Suecia por su cuenta apruebe legislación que sea precisamente de nuestro agrado. Después de todo, nuestro modelo es único en el contexto europeo. Puesto que el señor Andersson y el Parlamento aceptaron mi propuesta de no eliminar la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores hasta que las investigaciones nacionales hubieran aclarado que esto realmente era necesario, consideré que aun así podía votar a favor del informe.

  Brian Simpson (PSE), por escrito. − (EN) Agradezco a nuestro ponente, el señor Andersson, su informe sobre este tema tan relevante.

Los recientes asuntos llevados ante el TJCE y, por supuesto, los fallos del Tribunal dan a entender que los derechos y la solidaridad de los trabajadores a través de los convenios colectivos están en peligro por culpa de empresas cuya única prioridad son los beneficios y si esto significa debilitar los derechos de los trabajadores, pues que así sea: es lo único que les interesa.

El modelo social europeo del que estamos tan orgullosos, como corresponde, se encuentra seriamente amenazado por quienes intentan aprovecharse de él.

La amenaza del trabajo barato importado es una realidad que los empleadores sin escrúpulos han introducido de forma encubierta con el pretexto de la libre circulación.

El principio de la libre circulación nunca tuvo la intención de ser un instrumento para conseguir trabajo barato ni un principio mediante el que se pudieran menoscabar las condiciones sociales de los trabajadores. Habría sido interesante saber lo que hubiera hecho el señor Delors en este asunto.

Los fallos de los casos Viking y Laval constituyen un ataque a los sindicatos y a los derechos de los trabajadores. Por eso se necesita tanto el informe del señor Andersson y por eso cuenta con mi apoyo. Este informe restablece el equilibrio que tan claramente el TJCE ha abandonado en sus últimos fallos.

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), por escrito. − (DA) Las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los casos Vaxholm, Viking Line, Rüffert y Luxemburgo se han puesto claramente del lado del mercado interior y del derecho de establecimiento a costa de los derechos de los trabajadores, incluido el derecho a la huelga para evitar el dumping social.

Sin embargo, las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no han caído del cielo. Se basan en los tratados fundamentales de la UE, complementados por una imprecisa Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores.

Si la mayoría del Parlamento Europeo realmente quisiera defender los intereses de los trabajadores, esto requeriría cambios fundamentales en los Tratados de la UE, en forma de un protocolo social legalmente vinculante, por ejemplo, que estableciera los derechos básicos de los trabajadores sobre el mercado interior y el derecho de establecimiento.

La versión final del informe Andersson, que resulta de la cooperación entre el ponente socialista y los conservadores, no impone este requisito esencial. El informe ni siquiera logra exigir la revisión de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. Esto significa que es simplemente retórica envuelta en deseos y bellas palabras.

El Movimiento Popular ha presentado varias enmiendas, como por ejemplo, que el reglamento del derecho a convocar huelga siga siendo un asunto nacional. Todas estas enmiendas han sido rechazadas por la alianza entre socialistas y conservadores.

En vista de esto, el Movimiento Popular no puede apoyar el informe Andersson en la votación final. En lugar de ello, continuaremos trabajando para proteger a los trabajadores frente al empeoramiento de sus salarios y sus condiciones de trabajo, para lo que los fallos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas han preparado el terreno.

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) , por escrito. − (SV) El informe sobre convenios colectivos en la UE es la expresión de una opinión sin ningún valor legal. Su intención es reforzar las posiciones de los empleados tras el fallo del caso Laval, pero el contenido del informe, por desgracia, no llega a estar al mismo nivel que su intención.

Sería erróneo volver a negociar la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, tal como propone el informe. Hacerlo sería arriesgarse a hacer cosas peores para los trabajadores. Es un riesgo que no estamos preparados para asumir porque las fuerzas conservadoras dominan todo el sistema de la UE.

El informe no menciona nada sobre el derecho a la huelga, que debe tener prioridad sobre la libertad de mercado, ni de que la formulación de este asunto deba llevarse a cabo a través de un protocolo socialmente vinculante al Tratado de Lisboa. El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica presentó varias enmiendas al respecto, pero fueron rechazadas por amplia mayoría.

Corresponde a Suecia incluir una exención en el Tratado de Lisboa que establezca que los efectos del fallo del caso Laval no son de aplicación a Suecia. No obstante, esta enmienda del Grupo GUE/NGL también fue rechazada. En cambio, el informe aplaude el Tratado de Lisboa, pese a que el tratado no altera de ningún modo el fallo Laval sino que solamente lo confirma.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El informe intenta abordar las reacciones de la clase trabajadora, y de los trabajadores en general, ante las sentencias inaceptables del TJCE que consideran ilegal la huelga de trabajadores, porque el marco dentro del que los trabajadores luchan y la manera en que lo hacen entra en conflicto con el Tratado de Maastricht y el Tratado de Lisboa. Estos tratados salvaguardan la competitividad y la libre circulación y acción de capitales en los Estados miembros de la UE como principio fundamental fuera de toda duda. El informe defiende las políticas sociales y la naturaleza reaccionaria de la UE. Intenta persuadir a los trabajadores de que es supuestamente posible mediante la UE que haya un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y el derecho de circulación de capitales, con objeto de aprovechar toda oportunidad para una mayor explotación de las clases populares y trabajadoras, salvaguardando e incrementando así los beneficios de los monopolios.

En este sentido los partidos europeos que solamente ven un camino están difundiendo la peligrosa ilusión entre los trabajadores de que la UE también puede adquirir un aspecto social y de que la UE y el capital pueden conseguir sensibilización social mediante las cláusulas de protección social.

El ataque antisocial de la UE contra los derechos más fundamentales de los trabajadores demuestra que la Unión puede cambiar. La UE se creó y existe para servir lealmente a los intereses de los grupos empresariales monopolísticos y para salvaguardar la explotación de la clase trabajadora.

  Lars Wohlin (PPE-DE), por escrito. − (SV) He votado en contra del informe. No obstante, la existencia de una mayor cantidad de reglamentos a escala comunitaria probablemente reforzaría el poder del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. A mi parecer, quien decida los asuntos en el área de las políticas del mercado laboral no debería ser el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sino el Parlamento sueco o los interlocutores sociales.

He votado en contra de las declaraciones positivas sobre el Tratado de Lisboa y no creo que la Carta de los derechos fundamentales deba ser jurídicamente vinculante, puesto que entonces existiría el peligro de que el poder legislativo se traslade en la práctica del Parlamento sueco al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

- Propuesta de resolución RC-B6-0538/2008 (Cooperación UE/Vietnam)

  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. – (IT) He votado a favor del nuevo Acuerdo de Colaboración y Cooperación UE-Vietnam, que incluirá una cláusula sobre los derechos humanos. No obstante, me gustaría destacar la necesidad en este contexto de establecer condiciones que deba cumplir el Gobierno de Vietnam. Debe comprometerse a asegurar la cooperación, un mayor respeto de los derechos humanos y la libertad religiosa, derogando las disposiciones en la legislación vietnamita que penalizan la disensión y poniendo fin a la censura.

  Bairbre de Brún, Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mary Lou McDonald, Erik Meijer y Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), por escrito. − (EN) Apoyamos plenamente el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos, tal como establece el Acuerdo de Colaboración y Cooperación UE-Vietnam y creemos que Vietnam necesita mejorar a este respecto.

Dichos principios son universales y deberían aplicarse por igual en todos los países, dentro y fuera de la UE.

Por consiguiente, votamos a favor de esta resolución, a pesar del desequilibrio con que se ha presentado.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Con respecto a la segunda ronda de conversaciones acerca del nuevo Acuerdo de Colaboración y Cooperación UE-Vietnam, que se celebró ayer y anteayer en Hanoi, la mayoría de este Parlamento ha aprobado una resolución que parece más bien un ejercicio de hipocresía e instrumentalización de los derechos humanos.

Al leer sus contenidos, podríamos preguntar por qué la mayoría del Parlamento no ha propuesto también que el futuro acuerdo dependa de una cláusula que garantice el respeto de la democracia y los derechos humanos por parte de la UE.

Qué útil y educativo sería para el Parlamento, por ejemplo, pedir a los Estados miembros y a la UE que se abstengan de colaborar con los vuelos delictivos de la CIA o encubrirlos; que respeten los derechos humanos de los inmigrantes, flagrantemente violados en la Directiva sobre el retorno; que respeten la voluntad que franceses, holandeses e irlandeses han expresado democrática y soberanamente al rechazar la propuesta del Tratado Constitucional o de Lisboa; que respeten la legislación internacional, particularmente con respecto a Kosovo; y que dejen de fingir que pueden dar lecciones al resto del mundo...

¿Qué pasaría si Vietnam estuviera haciendo todo esto? ¿Accedería el Parlamento Europeo a negociar bajo esas condiciones? ¿Aceptaría aplicar esta cláusula de forma recíproca? Obviamente no, porque el diálogo y la cláusula son solo para otros...

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. – (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor de la propuesta de resolución sobre democracia, derechos humanos y el nuevo Acuerdo de Colaboración y Cooperación UE-Vietnam. El diálogo entre la Unión Europea y Vietnam necesita, de hecho, traducirse en mejoras concretas en materia de derechos humanos, que con demasiada frecuencia son brutalmente violados. Apoyo firmemente esta propuesta, ya que Vietnam debe poner fin a la censura de los medios de comunicación y derogar las disposiciones de su legislación que limitan la libertad religiosa, política y de culto si desea participar activamente en la comunidad internacional. Además, Vietnam debe cooperar con las Naciones Unidas respecto a estos derechos y libertades.

Por lo tanto, respaldo esta propuesta y me hago eco de la invitación a la Comisión de fijar parámetros claros para la evaluación de los actuales proyectos de desarrollo en Vietnam, a fin de garantizar su cumplimiento con la cláusula de democracia y derechos humanos.