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 Texto íntegro 
Procedimiento : 2008/2696(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

RC-B6-0629/2008

Debates :

PV 18/12/2008 - 13.2
CRE 18/12/2008 - 13.2

Votaciones :

PV 18/12/2008 - 14.2
CRE 18/12/2008 - 14.2

Textos aprobados :

P6_TA(2008)0641

Debates
Jueves 18 de diciembre de 2008 - Estrasburgo Edición DO

13.2. Nicaragua
Vídeo de las intervenciones
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  Presidenta. - El siguiente punto en el orden del día es el debate sobre las propuestas de resolución sobre Nicaragua(1).

 
  
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  Marios Matsakis, autor. − Señora Presidenta, parece que la libertad de expresión, la independencia de los poderes judiciales y la preservación de los principios fundamentales de la democracia están en peligro en este país latinoamericano. Nuestro deber como parlamentarios europeos es defender los derechos del pueblo nicaragüense y mandar el mensaje claro al Gobierno de Nicaragua de que no vamos a tolerar la violación de ninguno de esos derechos y de que nos vamos a asegurar de que la UE y la ONU ejerzan la presión que sea necesaria para salvaguardar y garantizar el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos de Nicaragua.

Espero que este mensaje, que toma forma en esta propuesta de resolución, se escuche alto y claro y que se tomen las medidas necesarias para remediar esta situación de manera urgente.

 
  
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  Manuel Medina Ortega, autor. (ES) Tenemos una propuesta de resolución sobre Nicaragua en la que hay que tomar en consideración diferentes aspectos. En primer lugar, hay alegación de fraude —al menos en dos municipios: Nicaragua y León— y esto empaña el resultado electoral del 9 de noviembre. Por otro lado, tenemos un Gobierno que se ha preocupado de resolver algunos de los problemas que eliminan los derechos humanos en América Latina, concretamente la pobreza, el analfabetismo, la mortalidad infantil, la disponibilidad de agua potable y la falta de titularidad sobre las tierras indígenas.

Entonces, al examinar el caso, nosotros tenemos que distinguir perfectamente los dos aspectos. Por un lado, tenemos que estimular los derechos humanos y tenemos que defender los derechos humanos, en el sentido tradicional, como derechos políticos y, por el otro lado, tenemos que alentar al Gobierno de Nicaragua a que siga en su función de ayuda a los sectores más necesitados del país. Desde luego, tenemos que garantizar que la oposición pueda ejercitar su función, tenemos que oponernos al fraude y tenemos que defender la actuación de las ONG. Pero, sin embargo, hay que tener un resultado equilibrado.

El Grupo Socialista ha presentado varias propuestas de enmiendas orales tratando de encauzar el texto definitivo para que sea más equilibrado con respecto a las alegaciones de violaciones de derechos fundamentales, con respecto al carácter criminal o no de las investigaciones y con respecto al número de municipalidades en las que en efecto se ha producido algún tipo de irregularidad.

En resumidas cuentas, queremos condenar los supuestos de infracción de derechos políticos fundamentales, pero sin llegar al extremo de colocar al Gobierno de Nicaragua en una situación difícil para que siga cumpliendo su función de apoyo a las capas más necesitadas de su sociedad.

 
  
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  Pedro Guerreiro, autor. – (PT) Señora Presidenta, al igual que se ha hecho con otros países que han abierto el camino de la afirmación y la defensa de su soberanía nacional e independencia, es decir, su derecho a decidir su propio presente y futuro, y que han desarrollado un plan de emancipación, progreso social y solidaridad con los pueblos del mundo, el Parlamento Europeo protagoniza una vez más otro intento de interferencia que resulta totalmente inaceptable, esta vez en Nicaragua.

Este debate y esta propuesta de resolución tienen el único objetivo de respaldar a aquellas personas que apoyan y animan los intentos de interferir y desestabilizar un Estado soberano y democrático como es Nicaragua. En lugar de distorsionar la situación y los hechos e intentar darle a Nicaragua lecciones de democracia, el Parlamento Europeo debería denunciar el intento antidemocrático de la UE de imponer un Tratado Europeo que ya ha sido rechazado sin tener en cuenta las decisiones democráticas y soberanas tomadas por el pueblo francés, holandés e irlandés.

En lugar de inmiscuirse en algo que solo el pueblo nicaragüense puede decidir, el Parlamento Europeo debería haber rechazado la inhumana Directiva del retorno, que vulnera los derechos humanos de los inmigrantes, muchos de los cuales proceden de Latinoamérica, y debería denunciar la complicidad de la UE con los delictivos vuelos de la CIA.

En lugar de seguir las maniobras de interferencia de los Estados Unidos, el Parlamento Europeo debería denunciar el chantaje inaceptable de la UE a Nicaragua y exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos con este país.

Lo que realmente les molesta a los promotores de esta iniciativa es que Nicaragua esté resuelta a mejorar las condiciones de vida de su pueblo en lo que respecta a la alimentación, la sanidad y la educación apoyando a la población más desfavorecida. La mejor denuncia de este intento de interferencia por parte del Parlamento Europeo es el auténtico reconocimiento y la solidaridad de los pueblos de Latinoamérica con Nicaragua. Por tanto, lo diré una vez más: dejen de intentar darle lecciones al mundo.

 
  
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  Leopold Józef Rutowicz, autor. – (PL) Señora Presidenta, Nicaragua es un país muy pequeño, pobre y endeudado con una renta per cápita muy baja.

Este país no ha tenido mucha suerte. Ha estado gobernado por grupos de diversa afiliación política, ocupado por las tropas estadounidenses y se ha visto inmerso en el conflicto entre Cuba, la URSS y los Estados Unidos. Además, ha sufrido graves sequías y huracanes. Uno de ellos se cobró 6 000 vidas en el año 1999 y probablemente sea el huracán más famoso por su fuerza devastadora del mundo. Los cambios políticos y las luchas políticas han socavado el desarrollo de Nicaragua, al igual que ha ocurrido en muchos otros países latinoamericanos y africanos. La situación ha generado numerosas violaciones de los derechos humanos y la elaboración de legislación contraria a los convenios internacionales.

La UE quiere ayudar a la gente de este país y considera necesaria la introducción de los principios democráticos en la gobernanza y la adaptación de su legislación para que sea coherente con los convenios internacionales. Si Nicaragua tuviera un gobierno democrático podría convertirse en miembro de la Unión de Países Sudamericanos y con ello en futuro aliado de la UE en el ámbito de la política internacional. Como parte del proceso de democratización, es importante que la clase política de Nicaragua emprenda las medidas detalladas en la resolución, con las que estoy de acuerdo.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda, autor. (ES) La protección de los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos es algo que entiendo que no puede estar sujeto a ningún tipo de secciones en función de filias o fobias políticas. Y en esta Cámara tenemos demasiadas veces la costumbre de juzgar muy severamente a aquellos con quienes no compartimos algunos ideales políticos y a defender excesivamente a aquellos a quienes consideramos aliados.

Insisto en que, en términos de derechos humanos, la cuestión debe ser afrontada desde un punto de vista universal.

El riesgo que hoy tenemos también existe en la resolución que se nos ha presentado por parte de algunos Grupos en relación con Nicaragua.

Debemos tener presente el contexto. Y este contexto, de una forma clara, nos muestra un país en una situación de pobreza que debe abordarse prioritariamente con medidas drásticas y estructurales y me consta que el actual Gobierno de Nicaragua está haciendo muchas de las cosas que hay que hacer para afrontar esta cuestión.

Sin embargo, también es necesario recordar que la lucha contra la pobreza no puede ser compatible con la persecución y el hostigamiento de quienes, por razones diversas, discrepan de las tesis oficiales.

Una verdadera democracia es aquella que permite la discrepancia, el debate y la libertad de expresión.

En Nicaragua han tenido lugar últimamente algunas situaciones que merecen ser destacadas. Algunas positivas, como la abolición en julio del artículo 204 de la Ley penal, que criminalizaba la homosexualidad y, como vicepresidente del Intergrupo por los derechos del colectivo LGBT del Parlamento Europeo, me felicito de este hecho.

Pero otras son negativas y altamente preocupantes, como son los numerosos ejemplos que hemos tenido que lamentar en relación con el retroceso de la situación de las mujeres, sobre todo con la persecución de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el apoyo a una niña violada cuando se la ayudó a abortar para que pudiera así salvar la vida.

Es algo que, en cualquier caso, no podemos perder de vista y que debe tenerse en cuenta en el marco de las negociaciones actuales referentes a la conclusión de un acuerdo de asociación. Pero también pido que, antes de que la Comisión tome cualquier decisión a este respecto, se consulte a este Parlamento.

 
  
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  Fernando Fernández Martín, autor. (ES) Debatimos hoy sobre la situación creada en Nicaragua por los ataques contra algunos defensores de los derechos humanos, contra algunas de las libertades fundamentales y contra la democracia.

No es necesario recordar aquí, ahora, a Zoilamérica ni a Ernesto Cardenal ni a Carlos Mejía Godoy ni a Jarquín ni a Sergio Ramírez ni a tantos otros nicaragüenses que hoy se sienten traicionados en sus esperanzas de una Nicaragua mejor.

En noviembre de 2006, el señor Ortega pidió y obtuvo democráticamente de los nicaragüenses lo que el llamó una nueva oportunidad. Hoy sabemos ya para qué la quería. Desde entonces, la arbitrariedad, el nepotismo y la corrupción se han instalado en las instituciones del Gobierno, y han culminado con el fraude electoral de las elecciones del 9 de noviembre. Antes se habían adoptado decisiones muy graves, como la cancelación de la personalidad jurídica de algunos partidos opositores, o amenazas e intimidación a miembros de la sociedad civil, a periodistas y a medios de comunicación.

El Presidente Ortega calificó a los Gobiernos de la Unión Europea como moscas que pululan sobre la inmundicia y calificó la ayuda externa que recibía Nicaragua como migajas. Pronto comprendió que no había petróleo venezolano suficiente para prescindir de esa ayuda al desarrollo.

Cuando nos disponemos a entrar en una fase decisiva de la negociación de un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y América Central, el Gobierno de Nicaragua debe saber que en nosotros encontrará siempre un aliado y un amigo, pero que para nosotros la exigencia del respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión y a la democracia en suma es una condición a la que no renunciamos porque creemos que de ello se beneficia especialmente el pueblo de Nicaragua.

 
  
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  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). (ES) El pasado 9 de noviembre se celebraron las elecciones municipales en Nicaragua. Como en ocasiones anteriores, ese proceso electoral ha sido puesto en entredicho desde el punto de vista de la legitimidad democrática, habiéndose vertido acusaciones de fraude y habiéndose producido manifestaciones y enfrentamientos entre partidarios de distintos partidos políticos, con el resultado de numerosos heridos y una profundización en la crisis política que viene padeciendo este país.

Dos partidos políticos no han podido presentarse a las elecciones locales, lo cual es inaceptable porque cercena el derecho fundamental de todos los ciudadanos a la participación política.

Por otro lado, hemos recibido los testimonios directos de representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos que nos han informado sobre la existencia de un cuestionamiento del sistema judicial por parte de la sociedad civil, sobre la existencia de mecanismos administrativos de represión que han llevado ante los tribunales hasta a 17 organizaciones de movimientos sociales, y sobre la persecución a periodistas independientes e incluso a la Delegación de la Comisión Europea.

Por todo ello, queremos alzar nuestra voz y hacer un llamamiento, primero a los partidos políticos para que condenen los actos de violencia llevados a cabo por sus seguidores, y segundo, al propio Gobierno para que se reabran espacios de participación ciudadana, se respete la libertad de expresión, se dejen de prohibir las marchas y todas las ONG puedan recibir ayudas de la cooperación internacional, no sólo las ayudas de Venezuela para las asociaciones progubernamentalistas.

Igualmente, que deroguen la penalización del aborto terapéutico en los casos de peligro para la vida de la madre.

Y finalmente, también queremos pedir a la Comisión que en las negociaciones del Acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea recuerde a Nicaragua que debe respetar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, todo ello, sin perjuicio de que desde Europa sigamos prestando nuestra ayuda para el desarrollo y bienestar del pueblo nicaragüense, que deseamos tenga el mejor futuro posible.

 
  
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  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. − (FR) Señora Presidenta, la situación política en Nicaragua ha empeorado como consecuencia de las elecciones municipales del 9 de noviembre. Todas las medidas que ha emprendido la comunidad internacional, los llamamientos a la calma de la UE y, en especial, las misiones de la Comisión han caído en saco roto.

Después de las elecciones el recuento de los votos y el anuncio de los resultados desencadenaron una crisis con el principal partido de la oposición. El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) rechazó los resultados de la votación y la calificó de fraude electoral. Los ciudadanos, la Iglesia, los sindicatos y la comunidad internacional han solicitado en numerosas ocasiones un recuento de los votos o que se celebren nuevas elecciones. Además, las instituciones políticas, en concreto el Parlamento de Nicaragua, se han paralizado como consecuencia de la falta de acuerdo entre los dos partidos más importantes.

Los informes de los Jefes de Misión de Nicaragua y el informe de los expertos electorales de la Comisión hablan de una infracción de las leyes electorales y de los convenios internacionales. El 10 de diciembre, la Comisión, de acuerdo con los Estados miembros y tras haber consultado a otros socios, envió una carta a las autoridades nicaragüenses en la que ofrecía su apoyo para encontrar una solución coordinada entre las fuerzas políticas del país. El objetivo era poner fin a la crisis y restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. La carta también anunciaba el fin del pago de los programas de ayuda presupuestaria a partir del 1 de enero de 2009 y la apertura de un periodo de consulta con las autoridades nicaragüenses sobre la situación en cuestión y cómo orientar la cooperación europea con Nicaragua.

Asimismo, me gustaría dejar claro que la Comisión no ha retirado su programa de ayuda del año 2008 a Nicaragua, del que ya se han entregado 20 millones de euros y en el que se incluye la asistencia humanitaria de emergencia, y que todos los fondos destinados para este año se pagarán en cuanto las condiciones de cada proyecto particular lo permitan.

En lo que respecta al año 2009, no se prevé la retirada de los 57 millones de euros destinados a ayuda presupuestaria, sino que quedarán en suspensión. La cooperación se centrará en programas y actividades que garanticen que la ayuda llega a los destinatarios, el pueblo de Nicaragua, directamente y sin tener que pasar por la gestión del Gobierno.

También me gustaría añadir que el Ministro de Asuntos Exteriores, Samuel Santos, ha expresado su desacuerdo con esta medida en una carta que envió a la Comisaria Ferrero-Waldner con fecha del 12 de diciembre. En ella asegura que los resultados son válidos y expresa su deseo de entablar conversaciones cuanto antes en cuanto al tipo de cooperación que la Comisión tiene en mente.

Por último me gustaría decir, respondiendo a una de las intervenciones anteriores, que es obvio que la Comisión espera que la crisis actual se resuelva con la mayor brevedad posible y que, de cualquier forma, la importancia que se adhiere a la observancia de los principios democráticos por parte de los partidos y a la buena gobernanza está reflejada en numerosas ocasiones en el acuerdo de asociación UE-Centroamérica. Las negociaciones sobre este acuerdo de asociación representan la oportunidad de plantear un debate sobre estos principios, su aplicación y su puesta en práctica.

Eso es todo lo que puedo decirles. Sé que tanto la señora Ferrero-Waldner como los servicios de la Comisión están muy pendientes de la situación.

Me gustaría agradecerles a ustedes, Señorías, y a todos los oradores que han intervenido que hayan expresado su opinión sobre la situación en Nicaragua.

 
  
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  Presidenta. – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy después de los debates.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

 
  
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  Kathy Sinnott (IND/DEM), por escrito. Nicaragua tiene muchos problemas que requieren una urgente solución: la corrupción de la política y de la policía, la falta de independencia de los poderes judiciales, un posible fraude electoral, el analfabetismo y la mala calidad de la sanidad. Sin embargo, que Nicaragua, a diferencia de Europa, proteja a sus hijos antes de que nazcan no es uno de estos problemas.

En Europa tenemos la riqueza suficiente para cuidar tanto a las madres como a sus bebés pero estamos permitiendo que se acabe con la vida de millones de niños antes de su nacimiento. Nicaragua es pobre, pero sigue agradeciendo la juventud. A pesar de todos los problemas de Nicaragua, este país cuenta con un buen futuro demográfico y sin embargo Europa, que tanto lo critica, se enfrenta a un invierno demográfico realmente duro.

Debemos ayudar a Nicaragua a establecer una democracia sólida, un sistema económico fuerte y honesto y un sistema sanitario y educativo eficaz. También debemos ayudarles a cuidar de sus familias, sus mujeres e hijos, en lugar de destrozarlas con la legalización del aborto.

 
  

(1)Véase el Acta.

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