Rapporti verbatim tad-dibattiti

It-Tnejn, 12 ta' Jannar 2009 - Strasburgu

23. It-traspożizzjoni u l-applikazzjoni tad-Direttiva 2002/73/KE dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fir-rigward tal-aċċess għall-impjieg, it-taħriġ u l-promozzjoni professjonali, u l-kundizzjonijiet tax-xogħol (preżentazzjoni qasira)

  Presidente. − Segue-se o relatório da Deputada Teresa Riera Madurell, em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros, sobre a transposição e aplicação da Directiva 2002/73/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Setembro de 2002, que altera a Directiva 76/207/CEE do Conselho relativa à concretização do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres no que se refere ao acesso ao emprego, à formação e promoção profissionais e às condições de trabalho (2008/2039(INI)) (A6-0491/2008).

  Teresa Riera Madurell, Ponente. − Señor Presidente, la Directiva a que hace referencia el informe es una modificación de una Directiva de 1978 sobre la misma cuestión, elaborada a la luz del Tratado de Amsterdam, de la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y de las nuevas realidades sociales; una modificación que incorpora elementos clave en el avance de los derechos de las mujeres, que son los que se evalúan en este informe.

El texto legal introduce la definición de discriminación directa e indirecta, de acoso y de acoso sexual, requiere a los Estados miembros que alienten a los empresarios a adoptar medidas para prevenir todas las formas de discriminación por razón de sexo y salvaguarda los derechos laborales tras el permiso de maternidad o de paternidad.

Con la implementación de esta Directiva, los Estados miembros, además de comprometerse a crear organismos de igualdad con funciones de promoción, análisis, implementación y apoyo a la igualdad de trato, asumen el compromiso de implementar el diálogo social, con el objetivo de promover la igualdad de trato en el mundo laboral a través de los convenios colectivos y de una manera planificada. Se comprometen también a reforzar el papel de las ONG en la promoción de la igualdad, a establecer medidas efectivas de sanción para quienes no cumplan las disposiciones de la Directiva y a implementar medidas de protección para quienes den su apoyo a las víctimas.

Si la Comisión hubiera podido elaborar el informe que, de acuerdo con la propia Directiva, es preceptivo cada cuatro años, nuestro trabajo de evaluación habría sido relativamente sencillo. Para ello, todos los Estados miembros tendrían que haber transpuesto la Directiva dentro del plazo establecido, haberlo hecho bien y haber remitido toda la información a la Comisión. Pero ésta no era la situación de la que partíamos.

Al vencer el plazo para transponer la Directiva, nueve Estados miembros no habían notificado qué medidas habían adoptado para transponerla; la Comisión les había abierto un procedimiento de infracción y, en el mes de mayo del año pasado, todavía había procedimientos abiertos contra dos Estados miembros. Además, debido a la complejidad y a los aspectos novedosos de la Directiva, la Comisión había detectado problemas de transposición en veintidós Estados miembros, aunque esperaba solventar muchos de ellos mediante el diálogo.

Para realizar un informe que fuera riguroso, útil y lo más completo posible, necesitábamos disponer de más datos, por lo que decidimos solicitar también información a los Estados miembros. Con la información facilitada por la Comisión, la recibida de los Estados miembros –a través de los organismos de igualdad y de los Parlamentos nacionales– y con las aportaciones de mis colegas de los distintos grupos, hemos podido elaborar este informe, que ofrece ya una idea clara de cómo se está desarrollando el proceso de transposición en cada uno de los Estados miembros.

Tras la experiencia vivida, quiero señalar que la colaboración entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo ha sido fundamental para poder hacer bien nuestro trabajo. Sin la información aportada por los Parlamentos y los organismos de igualdad no habríamos podido elaborar este informe, al menos, con la profundidad con la que lo hemos hecho; tampoco habría sido posible sin la fluida colaboración que hemos podido establecer con la Comisión y sin la inestimable ayuda de los servicios de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, de mi oficina y de los servicios de mi grupo parlamentario. A todas ellas –pues son mujeres– quiero darles las gracias. También quiero agradecer las aportaciones y la buena disposición de las ponentes alternativas.

Nuestro objetivo ha sido, desde el primer momento, que nuestro trabajo fuera, además de riguroso y útil, fruto del máximo consenso, puesto que se trataba de conseguir una buena radiografía de la situación en que se encontraba la transposición de una Directiva muy importante, que dota a la Unión Europea de herramientas muy eficaces para que los Estados miembros refuercen su legislación relativa a la igualdad de trato en el ámbito laboral, algo que es fundamental para conseguir los objetivos que nos hemos marcado como europeos.

No olvidemos que todavía hoy en la Unión Europea, en cuanto a la tasa de empleo, existe una diferencia de 28,4 puntos entre hombres y mujeres, que estamos lejos del objetivo marcado en Lisboa de llegar a un 60 % de empleo femenino para 2010 y que, además, las mujeres cobran como promedio un 15 % menos que los hombres.

Si este informe sirve también para despertar algo más la conciencia en los Estados miembros sobre esta cuestión, podemos darnos doblemente por satisfechas.

  Androulla Vassiliou, Member of the Commission. − Mr President, the Commission welcomes Parliament’s report on this important Directive, and we thank Mrs Madurell for her hard work on this.

Directive 2002/73/EC is an important tool for fighting gender discrimination in access to employment, vocational training, promotion and working conditions. It has significantly improved Community law in this field, with clearer definitions of types of discrimination and a number of innovative legal solutions. They include provisions for the protection of pregnant women and women on maternity leave, the involvement of social partners and NGOs in ensuring gender equality in the workplace, and the establishment of equality bodies.

This report is of special importance given the many inequalities still affecting men and women in the area of employment. It draws the attention of the Member States, the Commission, the social partners and civil society to the Directive’s key provisions and stresses the need for full implementation. It can therefore contribute to greater compliance with the Directive and to greater awareness of the Community legislation on equal treatment of men and women.

As the guardian of the Treaties, the Commission continues to monitor closely implementation of the Directive in the Member States. It is keeping up the dialogue with the Member States in connection with infringement procedures, with a view to ensuring the Directive is properly implemented.

In fulfilment of its reporting obligation under the Directive, the Commission will adopt a report in the first half of this year on the Directive’s application in all Member States and will communicate this to Parliament and the Council.

  Presidente. − O debate está encerrado.

A votação terá lugar na quinta-feira.

Declarações escritas (artigo 142º)

  Proinsias De Rossa (PSE), in writing. – The Irish Equality Authority is considered to be a model of good practice. Yet, the Irish Government has recently cut its budget by some 43% and fast-tracked the decentralisation of the Authority, at a time when the Government’s overall programme of decentralisation of public bodies is being halted.

Indeed, Mr Niall Crowley, Chief Executive Officer of Ireland's Equality Authority, has resigned as CEO stating 'the Equality Authority has been rendered unviable by the decision [...] to cut its funding by 43% and to continue the decentralisation of its staff' and that '[T]he work of the Equality Authority has been fatally compromised'. Moreover, a further six members of the Equality Authority's board have now also resigned.

This report urges Member States to develop capacities and ensure adequate resources for the bodies promoting equal treatment and equal gender opportunities provided for in Directive 2002/73/EC. It also restates the Directive's requirement of ensuring the independence of those bodies.

The Irish Government is clearly in breach of the directive because it evidently has no intention to either adequately resource or ensure the independence of an authority whose funding it has almost halved forcing the resignation of half its board.

  Louis Grech (PSE), in writing. – In light of the persisting gap between men and women in terms of employment rates, wages and access to management positions, I call on Member States to speed up the implementation of Directive 2002/73/EC, while ensuring that its provisions are fully and effectively transposed in the national legislation. With a financial crisis unfolding, I am concerned that a slow or low quality implementation of this directive is likely to exacerbate the gender inequalities, endanger the fulfilment of the Lisbon strategy goals and prevent the EU from developing the full potential of its economic capacity.

Regrettable is also the choice of certain Member States to limit the scope of the prohibited types of discrimination, thus only partially complying with the Directive 2002/73/EC. It is disappointing that despite numerous studies on the subject, some national lawmakers are still neglecting the destructive effects of discrimination and sexual harassment on employee morale and productivity.

To better implement anti-discrimination and harassment practices it is necessary to engage stakeholders at grass-roots level, through information campaigns, use of NGOs, and also by more formal instruments such as including special provisions in collective agreements and national legislation relative to gender equality.

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. – Schválením európskej legislatívy začína proces transpozície uplatňovanie smernice v jednotlivých členských štátoch. Európsky parlament podrobne monitoruje transpozíciu každej smernice, príkladom čoho je aj správa kolegyne Teresy Riera Madurell, ktorá skúma vykonávanie zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami.

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť intenzívne upozorňuje, že neustále pretrváva diskriminácia na základe rodovej príslušnosti v mnohých sociálnych a politických aspektoch. Pomalé a nekvalitné vykonávanie smernice 2002/73/ES ohrozuje realizáciu lisabonskej stratégie a možnosť plného uplatnenia sociálneho a hospodárskeho potenciálu EÚ.

Vyzývam Komisiu a členské štáty, aby zaviedli jasné, podrobné a merateľné ukazovatele rovného zaobchádzania a normy hodnotenia vzťahov medzi ženami a mužmi. Verím, že rodový inštitút, ktorý zahajuje svoju činnosť, významne prispeje svojou agendou v oblasti rodovej rovnosti.

Som presvedčená, že úspešnú transpozíciu tejto smernice dosiahneme výmenou osvedčených postupov a prijatím pozitívnych opatrení v oblastiach, v ktorých boli identifikované znevýhodnenia.

  Rovana Plumb (PSE), în scris. – Am citit cu bucurie pe site-ul Parlamentului European că subiectul egalităţii între femei şi bărbaţi se află pe un distins loc trei în topul celor mai citite ştiri în anul 2008. Interesul foarte mare pentru acest subiect ne arată însă că mai sunt multe de făcut, în special în domeniul egalităţii de tratament între bărbati și femei în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, la formarea și promovarea profesională. În acest sens, raportul doamnei Teresa Riera Madurell reprezintă un succes prin clarificarea rolului angajatorilor si al societăţii civile în promovarea egalităţii de gen.

Consider foarte important rolul Comisiei în lupta pentru realizarea egalităţii între femei şi bărbaţi în câmpul muncii, care trebuie să verifice în primul rând modalitatea în care statele membre UE au acţionat pozitiv în legatură cu dezavantajele pe care femeile le-au întâmpinat în cariera profesională. Şi mă refer în special la integrarea şi respectarea principiului egalităţii de gen în deciziile administrative și politice ale statelor membre.

Concomitent cu rapoartele trimise Comisiei la fiecare patru ani, se impune ca fiecare stat membru să ofere o prezentare coerenta a sancţiunilor reale pentru încălcările acestei directive, care ar ajuta foarte mult la elaborarea schimbului de experienţă și bune practici.