Acta literal de los debates

Lunes 12 de enero de 2009 - Estrasburgo

1. Reanudación del periodo de sesiones

PRESIDE: Hans-Gert PÖTTERING
Presidente

(Se abre la sesión a las 17.05 horas)

  Presidente. − Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo aplazado el jueves 18 de diciembre de 2008.

Deseo a sus Señorías un feliz año nuevo y un próspero 2009, que esperamos nos acerque aún más a la unidad europea. Ojala logremos promover la paz en el mundo. A continuación desearía hacer una declaración.

2. Declaración de la Presidencia

  Presidente. − Señorías, la Conferencia de Presidentes me ha pedido que haga una declaración sobre los acontecimientos ocurridos en el Oriente Próximo. El debate tendrá lugar el miércoles por la tarde en presencia del Presidente del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, señor Schwarzenberg, Ministro de Asuntos Exteriores checo. Menciono esto porque no había quedado claro. Hemos hecho un gran esfuerzo y le hemos visto deseoso de reunirse con nosotros, aunque sea por un breve espacio de tiempo, ya que tendrá que viajar a Sudáfrica ese mismo día. Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias por ello a la Presidencia checa.

Señorías, mientras nosotros celebramos esta sesión plenaria en el inicio del nuevo año, de nuevo se produciendo muertes en el Oriente Próximo.

Personalmente, y estoy seguro de que es algo que les ocurre a todos ustedes, experimento una dolorosa sensación de déjà vu cuando contemplo estas imágenes en la televisión.

En nombre del Parlamento Europeo, deseo expresar mi más profundo pesar por la escalada del conflicto de Gaza entre Israel y Hamas.

Afirmo categóricamente que no es aceptable que haya personas que sufran, que continúe la violencia y que los empleados de Naciones Unidas estén expuestos al fuego cruzado. ¿Hasta dónde llegará la espiral de violencia antes de que se impongan el sentido común y la razón?

La violencia debe cesar inmediatamente en ambos bandos. El lanzamiento de cohetes por parte de Hamas sobre pueblos y ciudades de Israel es totalmente inaceptable y merece nuestra crítica más severa. No debemos olvidar que fue Hamas quien rompió el alto el fuego. Sin embargo, no debe ignorarse la proporcionalidad de los medios empleados en la respuesta.

Todas las personas que habitan en el Oriente Próximo tienen el mismo valor. El derecho inalienable de un Estado a protegerse no justifica las acciones violentas, cuya principal consecuencia es el sufrimiento de la población civil.

Los habitantes de la Franja de Gaza deben recibir ayuda urgente. Un palestino tiene el mismo valor que un israelí, un europeo o un americano: todos somos iguales en este mundo. ¡No debemos permitir que la situación humanitaria empeore!

Como políticos responsables, debemos estar preparados para contribuir de forma decisiva a encontrar a corto plazo una salida permanente a esta espiral de violencia.

Tratar de reducir la seguridad a los aspectos puramente militares es, en mi opinión, algo condenado al fracaso, por lo que no puede haber una solución exclusivamente militar al problema del Oriente Próximo. Es necesario alcanzar una solución política y ello significa, sobre todo, aprender las lecciones del fracaso del enfoque anterior. Por tanto, se trata de tomar medidas no sólo viables, sino fundamentalmente sostenibles.

En los últimos días he estado en contacto telefónico con Shimon Peres, Presidente de Israel, con Salam Fayad, Presidente de la Autoridad Palestina, con Dalia Itzik, portavoz del Knesset, y, por supuesto, con Javier Solana Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, quien ya lleva un tiempo en la región.

También he mantenido contactos con el Vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, dado que actualmente presido dicha Asamblea, con Abdel Hadi Al-Majali, Presidente del Parlamento de Jordania, con Gianfranco Fini, Presidente de la Cámara de los Diputados de Italia, y con Mustapha Mansouri, Presidente del Parlamento de Marruecos.

En todas estas conversaciones he dejado claro que el Parlamento Europeo respalda plenamente las demandas formuladas por el Consejo de Ministros en nombre de la Unión Europea y confirmadas por la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 8 de enero de 2009.

Resulta lamentable que esta resolución jurídicamente vinculante del Consejo de Seguridad, en la que los Estados Unidos se abstuvieron para que pudiese salir adelante, sea ignorada por las dos partes en el conflicto, es decir por Israel y por Hamas.

Debe entrar en vigor un alto el fuego inmediato y permanente. Este alto el fuego debe alcanzarse con la mediación de Egipto y con la participación de todos los actores. Es preciso garantizar el acceso inmediato y sin obstáculos a la ayuda humanitaria, y permitir que el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (OOPS) prosiga sus actividades humanitarias sin interferencias. Y debo añadir: ¡no sólo durante tres horas al día!

Cuando incluso las organizaciones humanitarias y las Naciones Unidas deben interrumpir su labor debido a que ambas partes beligerantes no respetan su neutralidad, hemos llegado a un punto inaceptable con respecto al derecho internacional y a la humanidad.

El tercer requisito es reforzar el proceso de paz. La única base viable para una paz permanente es y sigue siendo una solución basada en dos Estados soberanos, a saber Israel y Palestina, que vivan dentro de fronteras seguras.

La Unión Europea, conjuntamente con los miembros del Cuarteto para el Oriente Próximo, con los socios árabes moderados y con todos los implicados en el conflicto, debe lograr que se reanuden cuanto antes las negociaciones de paz bajo los auspicios de las Naciones Unidas. No obstante, es evidente que una solución amplia también exige una reconciliación y, en particular, una reconciliación entre las facciones palestinas.

Hoy debemos cuestionarnos el método que hemos empleado hasta la fecha en lo que hemos dado en denominar «proceso de paz». Hasta hace unas semanas todavía podíamos pensar que las negociaciones iban por buen camino, a pesar de que es sabido que se trata de un entorno complicado y de que apenas se registraban progresos apreciables. La comunidad internacional y, sobre todo, nosotros como Unión Europea hemos respaldado esas negociaciones con nuestro firme compromiso y hemos proporcionado ayuda financiera que garantizase las condiciones básicas para crear un Estado palestino.

Sin embargo, ¿ha sido este compromiso político lo suficientemente enérgico? Debemos hacernos esa pregunta. Entretanto, asistimos de nuevo a una escalada de la violencia. Es comprensible que, cuando se trata de gestionar una crisis, la tendencia sea pensar a corto plazo. Pero lo cierto es que necesitamos un alto el fuego inmediato y la retirada total de las fuerzas israelíes, tal y como ha exigido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La experiencia de las últimas décadas nos ha enseñado que la paz en Oriente Próximo necesitará más esfuerzos que los que puedan realizarse en la propia región. No obstante, también es cierto que dicha paz no será posible sin que se produzca una reconciliación entre las partes enfrentadas en el conflicto.

En consecuencia, la comunidad internacional debe estar preparada para impulsar más que nunca la paz en el Oriente Próximo, de modo que los amargos sucesos de las pasadas décadas sirvan de amarga experiencia a las décadas futuras.

Las fuerzas internacionales pueden y deben ayudar a garantizar el alto el fuego. Por tanto, debemos realizar todos los esfuerzos posibles para asegurarnos de que el plan diseñado por Egipto y Francia para crear un mecanismo internacional que proteja las fronteras de Gaza sea un éxito; y, por supuesto, es una prioridad que dependerá del cese del contrabando de armas y de cohetes en la región de Gaza. La Unión Europea ya anunció en su documento sobre medidas estratégicas, al inicio del proceso de Anápolis, que está preparada para participar en este sentido.

Sin embargo, permítanme señalar una cuestión en particular, y es que el despliegue de fuerzas de seguridad europeas e internacionales no puede garantizar un alto el fuego a corto plazo. Dicho despliegue debe perseguir un objetivo político claro: crear un clima de confianza que permita concluir las conversaciones de paz, garantizando por igual la seguridad de israelíes y de palestinos. Ello significa que con el despliegue de tropas, algo que sólo es viable con un mandato sólido, se aumentará la presión política sobre todas las partes para así alcanzar una solución pacífica.

No sólo necesitamos el compromiso reiterado con la paz que tan a menudo hemos formulado como nuestro objetivo en el pasado. Lo que necesitamos es la voluntad no sólo de aspirar a la paz sino de alcanzarla; de hecho, antes de que este odio acumulado durante décadas se intensifique aún más y provoque una conflagración.

Para concluir, quiero recordarles que 2008 fue el Año europeo del diálogo intercultural. Y también quiero recordarles lo mucho que hemos trabajado en el Parlamento Europeo para hacer de éste un año de esperanza, y que estamos estableciendo prioridades políticas que pongan de relieve que el choque de culturas no es una ley de la naturaleza.

Las reacciones internacionales ante la guerra en Gaza demuestran la rapidez con la que pueden destruirse los intentos de diálogo intercultural cuando son superados por la realidad de las imágenes que vemos a diario en las noticias. Aún peor es el hecho de que esta realidad se encuentre en manos de extremistas y de fundamentalistas cuyo objetivo no es la paz, sino perpetuar la dinámica de confrontación.

La violencia engendra más violencia. Este concepto nunca será repetido lo suficiente. El diálogo y la negociación son las únicas vías para superar esta crisis. Ninguno de los dos es un fin en sí mismo, pero deben llevarse adelante con valentía para lograr que los habitantes de Israel y de Palestina puedan vivir dignamente, con auténtica seguridad y en paz.

(Aplausos)

3. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

4. Composición del Parlamento: véase el Acta

5. Composición de las comisiones y delegaciones: véase el Acta

6. Protección de datos (nombramiento del Supervisor Europeo y del Supervisor Adjunto): véase el Acta

7. Firma de actos adoptados en codecisión: véase el Acta

8. Presentación de documentos: véase el Acta

9. Preguntas orales y declaraciones por escrito (presentación): véase el Acta

10. Peticiones: véase el Acta

11. Transmisión por el Consejo de textos de Acuerdos: véase el Acta

12. Orden de los trabajos

  Presidente. − Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día para la presente sesión, tal y como se acordó en la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves 8 de enero de 2009, de conformidad con las Normas de procedimiento 130 y 131. Se ha solicitado que dicho proyecto se modifique como sigue.

Lunes:

Al no poder la señora Andrikienė estar presente esta tarde para presentar su informe sobre el desarrollo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el papel de la UE, este informe se someterá a votación el miércoles, tal y como estaba previsto, sin debate general.

Martes: sin enmiendas.

Miércoles:

El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea ha propuesto concluir el debate general sobre la situación en Gaza con la presentación de propuestas de resolución. El señor Cohn-Bendit intervendrá para justificar la propuesta.

  Daniel Cohn-Bendit, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señor Presidente, Señorías, todos estamos al tanto de la situación en Gaza. Discutirla aquí en el Parlamento es algo perfectamente natural. No obstante, pedimos al Consejo de Seguridad, a los organismos y a la Unión Europea que se posicionen; mientras que nosotros, en el Parlamento, debatimos los asuntos pero no queremos adoptar una posición. Sin embargo, creo que, dada la urgencia de la situación en Gaza, es extremadamente importante que esta Cámara manifieste su opinión y que diga exactamente qué es lo que quiere, al objeto de poner fin a las masacres que se están produciendo actualmente en el Oriente Próximo. Me parece inaceptable que esta Cámara no tenga la valentía o la lucidez para votar a favor de una resolución tras el debate. Y, por eso, nuestro grupo pide que se revise la decisión de la Conferencia de Presidentes y que el debate sobre la situación de Gaza cristalice en una resolución, y en una resolución que demuestre la posición firme e inequívoca de esta Cámara, de una mayoría, para que se detengan las masacres en Gaza. Queremos una resolución; debemos ser conscientes de que tenemos una responsabilidad política frente a esta situación, y esa responsabilidad política no debe ser un mero debate, sino una resolución que en la que afirmemos claramente qué queremos y qué denunciamos.

  Hannes Swoboda, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, hemos reflexionado mucho sobre esta cuestión. Tal vez el señor Cohn-Bendit sobrestima el significado de una resolución, pero con la resolución del Consejo de Seguridad tenemos una base que debemos apoyar y, como ha dicho el Presidente del Parlamento, deberíamos exigir a ambas partes que busquen la paz, que depongan las armas y que cumplan la resolución del Consejo de Seguridad. No obstante, deseo añadir que esta debe ser la idea esencial de nuestra resolución. De ser así, estamos dispuestos a apoyarla. En este contexto cooperaríamos y daríamos nuestro apoyo a la propuesta del señor Cohn-Bandit.

  Elmar Brok, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, Señorías, la recomendación de la Conferencia de Presidentes refleja una enorme sabiduría. Hoy hemos escuchado una declaración del Presidente del Parlamento, quien, si no me equivoco, ha recibido el apoyo de toda la Cámara. Se trata de un principio básico y una importante declaración del Parlamento. Durante los próximos días recibiremos gran cantidad de información: en sesiones mantenidas entre la Comisión de Asuntos Exteriores y las delegaciones, y a través de comunicaciones transmitidas desde la Presidencia del Consejo y desde la Comisión. Por tanto, no estamos en posición de formalizar hoy una resolución, que en realidad reflejará en detalle la situación en la que nos encontremos el jueves.

La semana pasé dos días en la frontera de la Franja de Gaza y pude observar el enorme sufrimiento que soportan ambos bandos. Creo que un alto el fuego no será suficiente por sí solo. El alto el fuego debería ir acompañado en el futuro por el cese del contrabando de armas en Gaza. En particular, los detalles de las negociaciones que tienen lugar actualmente en Egipto son de crucial importancia. No debemos destruir esta posibilidad con una resolución probablemente moldeada por las emociones. Por tanto, estoy a favor de mantener la resolución de la Conferencia de Presidentes.

  Presidente. − (El Parlamento aprueba la propuesta)

Los plazos se establecen como sigue: propuestas de resolución común a las 20.00 horas, enmiendas y propuestas de resolución común, miércoles a las 10.00 horas.

Miércoles: sin enmiendas.

  Daniel Cohn-Bendit, (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, quisiera hacer otra observación sobre el debate acerca de la disputa del gas entre Ucrania y la Unión Soviética y sobre la crisis… ¡Rusia, quería decir!

(FR) Acepte mis disculpas por traer el pasado de vuelta, Francis; no era mi intención.

(DE) En lo tocante a este debate: nos gustaría conseguir, y esperamos que todos los grupos estén de acuerdo, que este debate incluya una discusión sobre el hecho de que Eslovaquia tiene la intención de reabrir ilegalmente una central nuclear. Tan sólo quería...

(Protestas)

Es usted el hombre adecuado para hacer ese trabajo. Cálmese, amigo. Calma. Es usted. Tan sólo quería asegurarme. Estamos en el Parlamento, amigo.

  Presidente. − Señor Cohn-Bendit, señor Ferber, por favor dejen de discutir. Pueden seguir más tarde. Todas las cuestiones relacionadas con estos debates pueden plantearse en el curso de los mismos.

  Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE). - (EL) Señor Presidente, dado que la cuestión de Eslovaquia y Bulgaria es un asunto grave, yo también le ruego que pida usted a la Comisión Europea, que después de todo es la guardiana de los Tratados y del Tratado de adhesión, que nos explique qué está ocurriendo exactamente y por qué estos dos países han adoptado esa decisión.

  Presidente. − La Comisión ha tomado nota, por lo que esta cuestión se tendrá en cuenta.

(Se aprueba el orden de los trabajos)

13. Intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política

  Presidente. − El siguiente punto son las intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política.

  Georgios Papastamkos (PPE-DE). - (EL) Señor Presidente, permítame informar a la Cámara sobre el comportamiento ofensivo de Turquía hacia Grecia.

Las constantes infracciones y violaciones del espacio aéreo griego, los aviones de combate en vuelo rasante sobre islas griegas habitadas, los obstáculos a la navegación segura en aguas territoriales griegas y la interferencia de las operaciones de búsqueda y salvamento en el mar Egeo, de las que Grecia es exclusivamente responsable, y la generosa asistencia prestada a los inmigrantes ilegales por parte de Turquía constituyen malos augurios para la estabilidad de la región en su conjunto.

Debemos condenar este comportamiento ofensivo y los continuos desafíos estratégicos, por parte de Turquía, a los derechos soberanos de Grecia, Estado miembro de la Unión Europea; y transmitir el mensaje claro de que ese comportamiento está poniendo en peligro las perspectivas europeas de Turquía.

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – (HU) Tras la introducción en 2004 de una serie de medidas discriminatorias relativas a los empleados de los nuevos Estados miembros que trabajan en las instituciones europeas, y que fueron declaradas ilegales por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en 2008, deseo llamar su atención sobre una nueva decisión discriminatoria.

Han pasado cuatro años y medio, y los nacionales de los nuevos Estados miembros todavía se sienten ciudadanos de segunda clase. Lo que ha sucedido, señor Presidente, es que el año pasado se anunció una oposición para el puesto de jefe de la unidad de los intérpretes húngaros que trabajan en el Parlamento Europeo, puesto al que podía optar todo ciudadano de cualquier Estado miembro. El jefe de la unidad del servicio de interpretación es responsable no sólo de las tareas administrativas, sino también de supervisar la transposición de la terminología de la Unión Europea al húngaro.

Señor Presidente, resulta sorprendente que de dos posibles candidatos, uno húngaro y otro británico, fuese este último el elegido. ¿Puede imaginarse que una vacante en el servicio lingüístico francés fuese ocupada por una persona inglesa o española? Señor Presidente, ésta es una discriminación inaceptable, que está causando un grave perjuicio a la traducción de los documentos de la Unión Europea. En nombre de todos los nuevos Estados miembros, deseo que conste en acta mi protesta.

  Presidente. − Por supuesto, recibirá usted una respuesta sobre este particular.

  Marian Harkin (ALDE). - Señor Presidente, esta tarde hemos escuchado varias declaraciones, entre ellas la suya propia, sobre la terrible situación en Gaza y sobre la necesidad de un alto el fuego inmediato y de que las fuerzas armadas de Israel se retiren de esa zona. He de decir que, en este contexto, estoy de acuerdo con el señor Cohn-Bendit en que el Parlamento debería adoptar una postura; no podemos permanecer pasivos.

No obstante, en cierto sentido es un tanto prosaico hablar de asuntos cotidianos tras haber escuchado todo lo que se ha dicho, aunque los asuntos cotidianos afectan a todos los ciudadanos. El pasado fin de semana, el anuncio de que la empresa Dell iba a deslocalizar 2 000 puestos de trabajo en Irlanda, supuso un duro golpe para la comunidad de las regiones del medio oeste y del oeste del país. En un momento en el que estamos viviendo una recesión financiera mundial, esta situación resulta especialmente dura para los trabajadores empleados directamente por Dell y para los proveedores de la empresa, además de otros afectados.

En este contexto, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización podría poner de manifiesto su importancia ayudando a reciclar a los trabajadores y apoyando la promoción de iniciativas de autoempleo. Es crucial que el Gobierno irlandés haga una solicitud inmediata al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, para que los trabajadores puedan albergar alguna esperanza en el futuro y para demostrarles que la Unión Europea actúa para ayudar a todos los trabajadores y, en este caso, a los de las regiones del oeste y del medio oeste de Irlanda.

  Ryszard Czarnecki (UEN). – (PL) Señor Presidente, acabamos de alcanzar un acuerdo por el que se va a restablecer el suministro de gas ruso a varios Estados miembros de la Unión, a los que se había cortado dicho suministro. Cabe señalar la solidaridad entre los Estados miembros con respecto a este asunto, si bien, lamentablemente, esta solidaridad no se hizo patente desde el primer momento. Había opiniones muy distintas sobre el tema. Sin embargo, afortunadamente al final hicimos un esfuerzo para presentar un frente unido.

Como vamos a debatir este tema a lo largo de dos días, quisiera destacar dos puntos. En primer lugar, esta cuestión demuestra claramente que Rusia maneja los asuntos económicos como si fuesen meros instrumentos políticos. En segundo lugar, esta cuestión también pone de manifiesto que, en tanto que miembros de una Unión, debemos elaborar una política energética común. Eso es lo que tenemos que hacer y no políticas individuales para los países más grandes, como los que construyen tuberías bajo el mar Báltico por iniciativa propia.

  László Tőkés (Verts/ALE). – (HU) Señor Presidente, Señorías, en la era global del dominio de los poco saludables refrescos de cola y las patatas fritas, quisiera alzar mi voz en defensa de la uva húngara y la viticultura en la cuenca de los Cárpatos, que goza de gran prestigio a nivel internacional. Como consecuencia de la mala interpretación de algunas directivas de la Unión Europea, los fondos europeos se destinan hoy en día a ayudar a los que arrancan sus viñedos, y no es infrecuente que se castigue a quienes plantan nuevas variedades de uva.

La cuenca de los Cárpatos, situada en el territorio histórico de Hungría, albergó en el pasado una de las mayores zonas vinícolas de Europa, que ocupaba una extensión de 600 000 hectáreas. En 1948, todavía quedaban en Hungría 260 000 hectáreas de viñedos, pero hoy en día ese territorio sólo ocupa 40 000 hectáreas. ¿Durante cuánto tiempo se va a seguir causando perjuicios a las bodegas, los vinateros y al entorno natural de la cuenca de los Cárpatos?

¡Vino, trigo, paz! Invoco este brindis popular húngaro para desearles un feliz año nuevo.

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL). - Señor Presidente, voy a referirme a la cuestión de Palestina. He observado que sus anteriores comentarios se han quedado en cierto modo cortos en su posicionamiento sobre Israel: 900 palestinos muertos, un tercio de los cuales son niños, y en esta Cámara seguimos siendo incapaces de condenar sin paliativos la brutalidad israelí.

Esta matanza no sólo es desproporcionada; es totalmente injustificada. No se lleva a cabo para proteger la seguridad israelí; de hecho, es un ataque cínico y frío no ya contra Hamas, sino contra la población palestina. Creo que los Estados miembros tienen la obligación moral de ejercer la máxima presión diplomática sobre Israel para acabar con esta violencia.

Caminar de puntillas en torno a la administración israelí no funcionará; nunca ha dado resultado. Israel debe entender que sus actuaciones tienen consecuencias. Por tanto, insto a todos los diputados al Parlamento Europeo a exigir la inmediata suspensión del Acuerdo Euro-Mediterráneo y todos aquellos acuerdos comerciales preferenciales suscritos entre la Unión Europea e Israel. Asimismo, debemos resistir todo intento de renovar las relaciones entre la UE y un Estado de Israel que mantiene sitiada Gaza y que trata con brutalidad a los ciudadanos palestinos.

Tenemos que hacer honor con palabras y con hechos a la retórica de los derechos humanos, que tan a menudo ha resonado en esta Cámara. Ésa es la única vía hacia un auténtico proceso de paz en el Oriente Próximo.

  Presidente. − La complejidad de esta cuestión puede apreciarse por el tiempo que ha durado su intervención. Ha superado su tiempo de uso de la palabra en un 50%. El debate tendrá lugar el miércoles por la tarde.

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Señor Presidente, mi electorado quedó devastado la semana pasada por el anuncio, al que se ha referido el señor Harkin, de la pérdida de casi 2 000 puestos de trabajo en la fábrica de Dell, y que también implica la probable pérdida de otros 2 000 empleos que dependen de la producción de Dell en Irlanda. Dell va a trasladar su producción a la localidad polaca de Łódź con ayudas públicas que ascienden aproximadamente a 52 millones de euros.

¿Puede la Comisión garantizarme que la ayuda estatal, de la que Polonia está haciendo uso, cumple con las normas de competencia de la Unión Europea, y puede asegurarme que habrá ayuda suficiente del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para preparar a los trabajadores despedidos para optar a un nuevo empleo?

  Dimitar Stoyanov (NI). – (BG) Señorías, hace dos días los muros de cuatro escuelas de la ciudad de Burgas aparecieron cubiertos con eslóganes racistas. Se podían leer cosas como: «Fabriquemos jabón con los búlgaros» o «Muerte a los giaours». «Giaour» es una expresión despectiva turca utilizada en tiempos del imperio otomano para referirse a las personas no musulmanas y a aquellas de origen no turco. Para los turcos, un giaour es un ser infrahumano, por lo que esa expresión es el insulto racista más ofensivo que existe en el idioma turco. «Giaour» es la misma palabra utilizada por el ex ministro de Agricultura, Nihat Kabil, y por los responsables del Ministerio de Agricultura para referirse a los búlgaros que se han incorporado al departamento, en detrimento de los cuales se dio trato preferencial a los turcos.

Señorías, que este incidente les sirva de advertencia de cuál es la mentalidad turca en pleno siglo XXI. Este ejemplo demuestra por sí solo que Turquía no tiene cabida en la Unión Europea porque es un país racista y xenófobo que fomenta el racismo y la xenofobia en países vecinos. Este caso es una prueba de que los búlgaros no sólo no son la fuente del odio, sino que son víctimas del odio y de la intolerancia étnica.

El Parlamento Europeo siempre ha adoptado una posición firme contra el racismo y la intolerancia étnica y ahora les pido que, en su calidad de diputados de esta Cámara, lo hagan de nuevo y apoyen nuestra declaración escrita condenando el racismo turco contra los búlgaros.

  Tunne Kelam (PPE-DE). - Gracias, señor Presidente. Quiero elogiar los esfuerzos de la Presidencia checa para gestionar la actual crisis del gas, aunque limitarse a mediar en las sucesivas crisis no es la solución. La UE no puede limitarse a adoptar el papel de niñera; el de un enfant terrible. Hay una conclusión clara: contar con una alianza estratégica, mutuamente beneficiosa, con Rusia como proveedor fiable de energía es un error de cálculo. La causa principal de esta crisis no es Ucrania, sino la crisis que se vive en el seno de Gazprom, que no ha sido capaz de cumplir sus propios compromisos.

Durante ocho años consecutivos, la producción de gas por parte de Gazprom ha estado estancada al mismo nivel. Ése es el resultado típico del control político estatal sobre la producción. La incapacidad para suministrar gas a los clientes rusos y, al mismo tiempo, cumplir sus compromisos exteriores ha llevado probablemente al señor Putin a provocar la crisis política y a señalar a Ucrania como chivo expiatorio. Por ello es sumamente importante que nos concentremos en buscar nuevas fuentes energéticas.

  Magda Kósáné Kovács (PSE) . – (HU) Señor Presidente, Señorías, la crisis económica que en un primer momento muchas personas consideraron una táctica intimidatoria por parte de los medios de comunicación ha llegado a Europa; afecta a países, a regiones, a comunidades locales, a empresas y, con ellas, a familias y a trabajadores. Dos de sus Señorías ya han hablado de esto. Las consecuencias de la recesión no nos afectan a todos por igual, tal y como nos recuerda la Comisión en su Comunicación. Las consecuencias negativas se multiplican de forma exponencial en la periferia de Europa y de la sociedad.

Para evitar que la situación actual convierta el principio de trabajo decente en palabras vacías y para ayudarnos a impedir un estallido de la pobreza, debemos centrar nuestros esfuerzos en nuestros recursos. Por eso acojo con satisfacción la Comunicación de la Comisión, así como la dedicación del Comisario Špidla en lo relativo a concienciar y a instar a Europa para que se esfuerce por proteger a los grupos sociales más vulnerables en estos tiempos de declive de la actividad económica.

El enfoque diferenciado de la Comisión alimenta la esperanza de que una Europa unificada no signifique una uniformidad impuesta, especialmente en periodos de crisis. Espero y deseo que reciba el apoyo del Parlamento Europeo a este respecto.

  Magor Imre Csibi (ALDE). - Señor Presidente, en la actualidad nos enfrentamos a una paradoja. Aunque una mayoría de consumidores europeos ha manifestado repetidamente que está en contra de los organismos modificados genéticamente (OMG), los resultados de las encuestas demuestran que compran alimentos modificados genéticamente cuando los encuentran en los supermercados.

Muchos consumidores no son conscientes de que en Europa se venden alimentos modificados genéticamente, o simplemente caen en la trampa de unas etiquetas ilegibles y terminan sin saber qué es lo que están comprando.

Una posible solución sería permitir que en el etiquetado se haga constar la ausencia de OMG en los alimentos. Sin embargo, actualmente no existen disposiciones comunes sobre el etiquetado de los productos sin OMG, dejándose a los Estados miembros la libertad de elegir. Ello provoca la confusión de los consumidores y una distorsión del mercado interior, dado que, mientras que algunos países ya han introducido disposiciones para el etiquetado de los productos sin OMG, otros se niegan a que se facilite este tipo de información.

Los ciudadanos desean elegir sus alimentos basándose en sus propios valores y no de acuerdo con estudios de evaluación de la seguridad. Si nos preocupamos de los consumidores, deberíamos ser transparentes en todos los aspectos y permitirles una auténtica elección. Por tanto, pido a la Comisión que establezca un marco jurídico europeo para el etiquetado voluntario de productos sin organismos modificados genéticamente.

  Bogusław Rogalski (UEN). – (PL) Señor Presidente, quisiera aprovechar esta oportunidad para instar al Consejo a que adopte las medidas necesarias, en cumplimiento del Artículo 13 del Tratado Constitutivo de las Comunidades Europeas, para combatir la discriminación basada en el origen étnico en Lituania.

Tres políticos de la minoría polaca fueron elegidos en las recientes elecciones parlamentarias en Lituania. A continuación, las autoridades lituanas trataron de privarles de sus escaños. La razón esgrimida es que esas personas ostentan la Karta Polaka, que es un documento que confirma que su titular pertenece a la gran nación polaca. Su intención es ayudar a preservar la cultura y la identidad nacional polacas entre personas de origen polaco de todo el mundo. Sin embargo, las autoridades lituanas consideran que ese documento implica lealtad a un país extranjero, lo cual es obviamente ridículo y ultrajante. Además, equivale a una discriminación basada en el origen étnico, y también implica la violación de los derechos de una minoría nacional; un comportamiento indigno de un Estado miembro de la Unión Europea. Confío en que las autoridades lituanas reflexionarán sobre este asunto.

  Daniel Strož (GUE/NGL). – (CS) Señor Presidente, Señorías, Bernd Posselt, que representa a la Unión Cristianosocial de Baviera aquí en el Parlamento y que también lidera la Asociación de Alemanes de los Sudetes, ha propuesto la abolición en la República Checa de los denominados decretos Benes mientras dure su presidencia. Estamos ante una demanda ultrajante, que no puede ser atendida por la República Checa. Sabemos con seguridad que dichos decretos entraron en vigor tras la Segunda Guerra Mundial de acuerdo con el punto de vista de las fuerzas vencedoras y que sustituyeron a las normas jurídicas hasta que fuese elegido un parlamento. Por tanto, no estamos ante un caso de crecimiento canceroso en el orden parlamentario europeo, como se ha afirmado. En mi opinión, la organización del señor Posselt se asemeja a un tumor canceroso, dado que actúa en contra de los objetivos de la moderna integración europea que persigue la Unión Europea. Mientras el señor Posselt ataca a la República Checa, hay miles de ciudadanos alemanes que viven y trabajan allí felizmente, y muchos de los antiguos alemanes de los Sudetes se han retirado en esa zona. Yo mismo soy un ejemplo del hecho de que en la actual República Checa no existe germanofobia, puesto que siendo ciudadano alemán fui elegido para representar a la República Checa en este Parlamento.

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE). - Señor Presidente, la crisis del gas ha dejado sin calefacción a cientos de miles de hogares en 17 países europeos durante los heladores fríos invernales. Europa del este y Centroeuropa han sido las más perjudicadas por esta disputa, que ha cerrado fábricas y colegios.

Aunque Kiev y Moscú firmen el acuerdo negociado por la UE tras horas de conversaciones con los representantes de la Unión, Gazprom dice que el tratado para reanudar el suministro de gas a Europa a través de Ucrania se demorará hasta que no reciba una copia del acuerdo.

El equipo de expertos técnicos enviado por la Comisión Europea comprobará que el gas fluye desde Rusia a los gasoductos de Ucrania; pero, aunque el gas comience a circular en Ucrania, puede tardar cerca de 36 horas en llegar a los Estados miembros de la UE. Por consiguiente, Europa necesita una política única de seguridad energética, para evitar futuros conflictos y asimismo necesita diversificar sus fuentes de suministro energético.

Acojo con satisfacción la intervención del Parlamento en la controversia y espero que el acuerdo se alcance lo antes posible con el objeto de evitar un agravamiento del conflicto.

  Aurelio Juri (PSE). - (SL) El año pasado celebrábamos el 40 aniversario del Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares, y el año anterior, en esta Cámara se aprobó una resolución que pedía a la Mesa, al Consejo y a la Comisión que redoblasen sus esfuerzos en pos de un multilateralismo más eficaz y de una aplicación más estricta de este Tratado, que sabemos ha frenado la proliferación de arsenales nucleares, pero que, lamentablemente, no ha sido capaz de reducir su número. La resolución también instaba a los Estados Unidos de América a desmantelar sus cabezas nucleares situadas en territorio europeo, y al Reino Unido y Francia a detener sus programas de misiles nucleares.

Como no me incorporé a esta Cámara hasta noviembre del año pasado, permítanme preguntarles hasta qué punto y de qué modo se ha respondido a estos llamamientos o, mejor aún, qué frutos han dado estos esfuerzos, teniendo en cuenta que se está reanudando un nuevo proyecto para el despliegue de un escudo antimisiles estadounidense en la República Checa y en Polonia y que ese proyecto, como era de esperar, está generando nuevas tensiones entre Occidente y Rusia, así como imágenes y amenazas asociadas a una renovada y peligrosa carrera armamentística.

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE) . – (RO) El debate sobre la crisis del gas ha sido apasionado, también en la sesión de esta tarde.

Todos los oradores han señalado lo grave y peligroso que es el grado de dependencia energética de la Unión Europea. Todos han dicho lo mismo: que la solución es continuar reduciendo nuestra dependencia de una única fuente de energía.

Sin embargo, no debemos olvidar otra necesidad: la de ahorrar energía.

Resulta complicado decir cuál es el actual nivel de despilfarro energético en la Unión Europea. Algunos analistas incluso barajan una cifra de un tercio del consumo total. Esto significa, por ejemplo, que si Rumanía importa anualmente el equivalente en gas ruso a unos 14 millones de toneladas de petróleo, cada año desperdiciamos el equivalente a casi un millón de toneladas de petróleo debido al deficiente aislamiento de los edificios de viviendas.

Lamentablemente, la legislación comunitaria no es adecuada para resolver este problema, ya que, incomprensiblemente, limita los fondos europeos que pueden destinarse a proyectos de renovación de los sistemas de calefacción.

Creo que deberíamos plantearnos a diario la siguiente pregunta: ¿Qué es más fácil? ¿Buscar nuevas fuentes de energía y nuevas rutas de tránsito, o recordar que podemos recurrir a métodos sencillos para ahorrar una buena parte de la energía que se está despilfarrando?

  Miloš Koterec (PSE). - (SK) Este año celebramos el décimo aniversario del euro y, el 1 de enero de 2009, Eslovaquia se convirtió en el decimosexto miembro de la zona euro.

Mi país ha perdido parte de su identidad, pero lo ha hecho con orgullo. Del mismo modo que estábamos encariñados con nuestra moneda, hemos comenzado a utilizar el euro y la mayor parte de la población eslovaca ya empieza a considerarlo también como algo suyo. Hemos adoptado el euro tras sólo cinco años de pertenencia a la Unión Europea y, como dijo el Primer Ministro Fico el día de Año Nuevo, vemos en el euro un talismán que traerá estabilidad a Eslovaquia y la posibilidad de un mayor desarrollo en estos tiempos de crisis económica. Deseo elogiar la labor de todos los que han contribuido a la adopción del euro en Eslovaquia y agradecer la actitud positiva de la población eslovaca hacia la nueva moneda.

Deseo buena suerte a todos los eslovacos con el euro como símbolo de una Europa integrada y próspera.

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). - (EL) Señor Presidente, ya que este tema no se debatirá en el Parlamento, quiero señalar la importancia para la Unión Europea de la propuesta relativa a una directiva del Consejo por la que se aplique el acuerdo alcanzado por la Asociación de Armadores de la Comunidad Europea y por la Federación Europea de Trabajadores del Transporte.

Esta directiva, que afecta al trabajo de la gente de mar en el marco del Convenio sobre el trabajo marítimo, garantizará a la gente de mar de la Unión Europea unas condiciones laborales decentes.

Es necesario impulsar este sector, ya que contribuye al desarrollo y a la productividad. Los mares que bañan las costas de la Unión Europea son muy importantes para el comercio internacional y nuestros jóvenes deberían ver un futuro en las profesiones marítimas y contribuir a la industria marítima.

  Jörg Leichtfried (PSE). – (DE) Señor Presidente, el trasfondo de mi intervención es el transporte ilegal de cachorros descubierto en Austria a comienzos de 2008. Desde entonces he intentado obtener tiempo de uso de la palabra en las intervenciones de un minuto y me complace haberlo conseguido por fin. Cabe señalar que al señor Rogalski se le ha permitido intervenir hasta en tres ocasiones durante este lapso de tiempo.

Sin embargo, esto no viene al caso. La policía austriaca interceptó un camión que contenía 137 cachorros de perro. El vehículo presentaba graves defectos y la documentación de los animales era falsa, ya que los perros no habían alcanzado la edad legalmente requerida para ser transportados. El viaje comenzó en Eslovaquia y tenía como destino España. Éste no es un caso aislado y demuestra una vez más que hay organizaciones con ánimo de lucro que incumplen constantemente, con sus actuaciones punibles, las actuales disposiciones europeas de protección de los animales. En Europa tenemos que hacer inspecciones exhaustivas del transporte de animales y aplicar las correspondientes amenazas de sanción en caso de incumplimiento. La UE debe adoptar conjuntamente normas mínimas para la protección de los animales, que deben ser aplicadas y controladas por todos los gobiernos. Esto también debería llevar a introducir normas específicas a aquellos países que hasta ahora han demostrado una actitud totalmente pasiva en el ámbito de la protección de los animales.

  Jelko Kacin (ALDE). - (SL) La sangrienta e implacable masacre de palestinos en Gaza es un símbolo de la impotencia humana y de la doble moral, y una injusticia que clama al cielo. ¿Es que hasta que el número de víctimas mortales palestinas no llegue a 1 000 no van los actores internacionales a poner en marcha los mecanismos de mediación que han estado a su disposición desde el día que comenzó el conflicto?

La Unión Europea se ve a sí misma como una fuerza activa en las relaciones internacionales y como un interlocutor político a nivel mundial. ¿Pero lo es realmente? ¿Podemos considerarnos una fuerza activa, cuando el ejército israelí, a pesar de su avanzada capacidad de inteligencia, ataca una escuela, fundada por la UE y llena de civiles? ¿Podemos afirmar que existe un derecho humanitario internacional, cuando el ejército israelí obliga a los palestinos a trasladarse a una vivienda que bombardea intensamente el día siguiente?

He estado en Israel muchas veces, y también en Sderot, y estoy al tanto de lo que sucede allí, pero esta actuación israelí es desproporcionada, excesiva e inhumana. Esta actuación es inmoral, perversa y extraña, ya que esencialmente constituye una campaña preelectoral. Es una campaña preelectoral sangrienta.

  Liam Aylward (UEN). - Señor Presidente, permítame aprovechar esta oportunidad para respaldar la posibilidad de que la Unión Europea preste apoyo financiero a los Juegos Olímpicos Especiales Europeos, que se celebrarán en Varsovia en 2010, y los Juegos Olímpicos Especiales Mundiales, que tendrán lugar en Atenas en 2011.

La Comisión destinó cinco millones de euros a los Juegos Olímpicos Especiales Mundiales cuando se celebraron en Irlanda en 2003, en lo que fue un evento maravilloso y un auténtico disfrute para quienes asistimos como espectadores. La Unión Europea debe estar en vanguardia del apoyo al voluntariado en el deporte.

Permítame añadir que hay una declaración por escrito sobre este tema que sus Señorías pueden firmar esta semana fuera de la Cámara, y les insto a firmar esta declaración en apoyo de la financiación por parte de la UE de estos importantes Juegos Olímpicos Especiales.

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL). – (CS) Feliz año nuevo, señor Presidente. Señorías, quiero expresar mi perplejidad ante la ironía del destino que supone que el Gobierno checo, bien conocido por su enfoque específico de la cuestión de las negociaciones con Rusia, todavía no haya rasgado su velo y derramado ceniza sobre su cabeza. Incluso ha pospuesto las negociaciones con Rusia sobre la seguridad energética. Pero me sorprende más aún la posición de la Comisión Europea, que está amenazando con sanciones a Eslovaquia y a Bulgaria y hemos escuchado al señor Cohn-Bendit recomendar también la aplicación de sanciones si las instalaciones clausuradas de la central nuclear entran de nuevo en funcionamiento. Desearía recomendar a los señores Comisarios y a los portavoces de la Comisión Europea que hagan acopio de ropa de abrigo, que apaguen la calefacción de sus casas y que expliquen a sus familias que están actuando en solidaridad con los ciudadanos eslovacos y búlgaros. O tal vez todo esto sólo sea un chiste malo de año nuevo…

  Emmanouil Angelas (PPE-DE). - (EL) Señor Presidente, yo también quiero comentar la cuestión del gas natural, ya que, a lo largo de los últimos diez años, hemos sido testigos del conflicto en torno a este asunto, conflicto en el que se han visto envueltos muchos de los Estados miembros de la Unión Europea que dependen del gas natural, y que ha perjudicado a los ciudadanos, a las empresas y a la industria.

Con la intervención de la Presidencia europea y de la Comisión en los debates entre las dos partes enfrentadas, que han estado marcados por la sospecha, la desconfianza y los anuncios conflictivos, parecía haberse alcanzado algún tipo de solución.

Es evidente que, independientemente de las intenciones y del reparto, el problema puede surgir de nuevo, a no ser que se tomen medidas. Por tanto, debemos plantearnos la necesidad de reformular la doctrina energética de la Unión Europea incorporando otras fuentes de energía.

El Parlamento Europeo debería, asimismo, transmitir el mensaje inequívoco de que la Unión Europea no se dejará secuestrar, y debería participar en el debate para establecer vías alternativas que garanticen un suministro de gas natural continuo y seguro. El objetivo de reducir los requisitos energéticos en un 20% para 2020 no se alcanzará en las actuales circunstancias de inestabilidad e inseguridad.

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) La Unión Europea debe incluir entre sus prioridades la elaboración de una estrategia energética común y un plan de acción dirigido a mejorar la seguridad energética de la Unión.

La actuación de Ucrania al interrumpir el suministro de gas a los Estados miembros de la UE ha puesto de manifiesto la dependencia comunitaria de sus suministradores tradicionales. Además, las bajas temperaturas alcanzadas este invierno han causado graves problemas operativos a los suministradores de energía eléctrica, que han registrado niveles de consumo sin precedentes.

La Unión Europea necesita idear una estrategia europea para modernizar su red energética, incentivar la eficiencia energética y diversificar sus fuentes de suministro de energía. La aplicación del proyecto Nabucco, la construcción de terminales de gas líquido en puertos europeos, la inversión en centrales nucleares seguras, los incentivos a la eficiencia energética y el incremento de la utilización de energías renovables deben figurar entre las medidas prioritarias conjuntas dirigidas a aumentar la seguridad energética en la UE.

La Comisión Europea, conjuntamente con el Banco Europeo de Inversiones y los gobiernos de los Estados miembros, debe identificar estos proyectos prioritarios y garantizar su financiación.

PRESIDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepresidenta

  Gay Mitchell (PPE-DE). - Señora Presidenta, quiero centrarme en la cuestión de Zimbabue. Me da la impresión de que si Zimbabue no aparece en las pantallas de nuestros televisores no nos preocupamos por los problemas de ese país. Recientemente hemos conocido el caso de Jestina Mukoko, directora general del Proyecto de pacificación de Zimbabue y miembro de la Junta del Foro de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Zimbabue, que fue secuestrada y mantenida incomunicada durante 21 días antes de reaparecer en los juzgados de instrucción de Harare presentando signos de tortura y maltrato; todo ello por el delito de ser una activista en pro de los derechos humanos.

En la actualidad, la señora Mukoko está sometida a confinamiento individual en una prisión de máxima seguridad, y su futuro, al igual que el de otros tantos activistas, trabajadores voluntarios y ciudadanos ordinarios antes que ella, corre peligro en manos del régimen de Mugabe.

En esta Cámara y también en otros parlamentos nacionales se han pronunciado numerosas palabras de preocupación y de condena, pero para los ciudadanos de a pie de Zimbabue la pesadilla continúa. Creo que es hora de reafirmar nuestro interés por este asunto y de exigir al Consejo y a la Comisión que actúen de una vez por todas para poner fin a la actividad criminal ejercida contra los activistas que luchan a favor de los derechos humanos en Zimbabue.

  Proinsias De Rossa (PSE). - Señora Presidenta, aplaudo la declaración sobre Gaza efectuada por la Presidencia esta tarde y, además, la decisión del Parlamento de alcanzar una resolución que exija un alto el fuego inmediato y unilateral por parte de los bandos del conflicto de Gaza. Con más de 900 muertos en estos momentos, la futilidad de la política en tiempo de guerra resulta dolorosamente obvia. Debemos insistir para que Israel detenga la matanza. Gaza es la mayor prisión del mundo, con 1,5 millones de prisioneros; y ahora, por desgracia, también es un matadero en el que hombres mujeres y niños mueren por el simple hecho de ser palestinos.

¿De qué crímenes se podría considerar culpables a los niños palestinos que están muriendo en este conflicto? ¿Qué excusas podemos esgrimir los europeos para continuar haciendo negocios con Israel, mientras continúa insensiblemente asesinando a personas inocentes? El Consejo Europeo debe dejar de buscar excusas, debe detener la operación militar y debe unirse en una actuación concertada que ponga fin a la matanza. No podemos ni tan siquiera plantearnos actualizar las relaciones de Europa con Israel mientras éste no mantenga un diálogo constructivo con todos los representantes del pueblo palestino.

  Hanna Foltyn-Kubicka (UEN). – (PL) La Unión Europea, que es una organización de países unidos en torno a unos valores comunes, debería utilizar todos los recursos a su alcance para impedir la propagación del odio. Sin embargo, el operador francés Eutelsat no ha tenido inconveniente en retransmitir un programa de la cadena televisiva Al-Aqsa, que está vinculada con Hamas y que incita abiertamente a llevar a cabo ataques contra la población civil de Israel.

Al hacer esto, Eutelsat ha demostrado nuevamente que la ética es un concepto bastante ajeno a los responsables de dirigir esa empresa, especialmente si recordamos que ha impedido retransmitir a la televisión independiente china NTD TV durante meses. A pesar de los llamamientos desde diversas industrias, la dirección de Eutelsat no parece dispuesta a modificar su decisión, tomada bajo presión del Gobierno chino. Las sorprendentes y totalmente amorales decisiones de la dirección de Eutelsat generan dudas sobre si las intenciones de quienes están al mando son meramente empresariales.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Señora Presidenta, el ataque de Israel en Gaza es un crimen de guerra y un crimen contra la Humanidad. Lo que está sucediendo es una tragedia: 900 palestinos, entre los que hay un gran número de niños, han muerto, y miles han resultado heridos.

Debemos exigir el fin de la ofensiva contra Gaza. Debemos exigir el fin del bloqueo israelí, que está convirtiendo Gaza en un campo de concentración. Por ello, nos unimos a todas las personas que se manifiestan en los distintos países y continentes contra las masacres; todas esas personas que están indignadas y que salen a las calles para gritar «¡No más crímenes!». Es fundamental que el Parlamento Europeo y otros organismos representativos de la Unión Europea exijan el fin inmediato del ataque contra Gaza y el levantamiento del bloqueo israelí.

  Jaroslav Zvěřina (PPE-DE). – (CS) Gracias, Señora Presidenta. Recientemente me ha sorprendido el modo en que varias compañías aseguradoras checas han suspendido el pago de bonificaciones a las mujeres que contratan pólizas de seguro obligatorio para sus vehículos. Este paso estaba justificado al abrigo de la nueva ley contra la discriminación que va a entrar en vigor. Una y otra vez vemos cómo algunos políticos y organizaciones no gubernamentales adoptan una postura bastante exagerada sobre la cuestión de la igualdad de género. Semejante exageración constituye la negación de la matemática actuarial, que prueba día sí y día también que hombres y mujeres se comportan de distinta manera en distintos aspectos de sus vidas y, por lo tanto, asumen distintos grados de seguros y de riesgos. Negar estas diferencias no es luchar por la igualdad de derechos, sino más bien luchar por el conformismo y por la homogeneidad de ambos sexos. Esta lucha sería tan fútil como ridícula. Los hombres y las mujeres se diferencian precisamente porque los dos sexos se complementan entre sí de manera útil y beneficiosa en la vida cotidiana, en todo tipo de organizaciones y en la sociedad.

  Gerard Batten (IND/DEM). - Señora Presidenta, se acaban de publicar los resultados de una nueva encuesta de opinión llevada a cabo por la Campaña para una Gran Bretaña Independiente. La mayor parte de los encuestados dicen que la Unión Europea les parece lejana, corrupta y poco rentable. El 83% de los encuestados quieren que prevalezca la legislación del Reino Unido y, por tanto, que se revoque la supremacía del derecho comunitario; y un 71% quieren un referéndum sobre la permanencia de su país en la UE. Por desgracia, no hay muchas posibilidades de que esto suceda, ya que el Gobierno laborista ni tan siquiera va a convocar un referéndum sobre el Tratado de Lisboa, algo que prometió en su programa electoral.

Los ciudadanos británicos son partidarios del libre comercio y la amistad y cooperación con Europa y con el mundo, pero no quieren ser gobernados por la Unión Europea. Si se celebrase una consulta popular realmente justa en la que se preguntase a los británicos si desean una mayor integración política y económica con la UE o abandonarla, una mayoría abrumadora votaría a favor de esta última opción.

  Avril Doyle (PPE-DE). - Señora Presidenta, quiero expresar mi preocupación por la creciente ausencia de rigor científico en los borradores de propuestas presentados ante este Parlamento por la Comisión, y además en algunos informes y enmiendas de los que somos responsables como parlamentarios. La ciencia rigurosa ha dado paso a respuestas más y más populistas y emocionales, a menudo presentadas bajo el disfraz del principio preventivo.

Tomemos como ejemplo la cuestión de los productos fitosanitarios. Hemos abandonado el principio científico de la evaluación de riesgos. No existe una evaluación detallada del impacto elaborada por la UE, tampoco hay ninguna definición científica de disruptores endocrinos y no existe un tratamiento coherente con la Directiva REACH.

Con esta creciente ausencia de rigor científico, estamos arruinando la reputación internacional de la legislación de la UE y socavando su credibilidad.

  Slavi Binev (NI). – (BG) Señora Presidenta, Señorías, la crisis del gas en la que se encuentra Europa a comienzos de 2009 está adquiriendo rápidamente proporciones desastrosas para Bulgaria, que carece de alternativas para paliar la falta de suministro de gas. No voy a referirme a la desafortunada y corta de miras decisión tomada por el Gobierno búlgaro, que ha convertido mi país en un rehén del conflicto entre Rusia y Ucrania, puesto que resulta obvio.

Lo que de verdad importa ahora es decidir qué medidas vamos a tomar para superar la crisis. En este caso, ello puede significar que Bulgaria tenga que encontrar una alternativa para poder librarse de la dependencia externa. Por ello, creo que resulta esencial que Europa y los países balcánicos, como Bulgaria, sigan el ejemplo de Eslovaquia y tomen la decisión de reactivar los bloques I, II y III de la central nuclear de Kozloduy. Para Bulgaria es la única opción en estos momentos, le permitiría obtener un mínimo de independencia y reducir tanto los daños directos como los daños que podrían derivarse del uso del gasóleo como sustituto del gas.

  Maria Petre (PPE-DE). – (RO) Dado que este año 2009 acaba de comenzar, quiero decirles a todos que, en mi opinión, no se trata de un año cualquiera.

En 2009 se cumplen dos décadas del fin de la Guerra Fría y desde que cayeron los muros que dividían a los países, y a la propia Europa, en occidentales y orientales, con libertad y democracia en un lado y regímenes totalitarios en el otro.

En mi calidad de parlamentaria rumana, pero también de ciudadana rumana que ha conocido una dictadura, creo que estas dos décadas han sido de transición para algunos de nosotros y de aceptación para los demás.

También creo que, a pesar del clima actual, 2009 debería ser un año en el que tanto nuestras actuaciones como las de la Comisión Europea tuviesen como objetivo una sola Europa para todos los europeos. Una Europa en la que cada uno de sus 500 millones de ciudadanos sienta que sus derechos están garantizados, que existe auténtica solidaridad, que nadie volverá a ser discriminado, que nadie deberá volver a sentirse como un intruso o como una carga en una Europa unida, que todos somos ciudadanos europeos con los mismos sentimientos, sin que importe dónde estábamos antes de 1989.

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN). – (PL) Señora Presidenta, el Parlamento Europeo ha tratado cuestiones referidas al medio ambiente en numerosas ocasiones. Quiero destacar una cuestión que me ha sido trasladada por escolares preocupados por el entorno natural. Las tarifas pagadas por el papel desechado, la chatarra y las botellas hechas con materiales sintéticos están cayendo de manera espectacular. Recoger estos materiales empieza a no ser rentable. Además, muchas ciudades han eliminado los contenedores en los que pueden depositarse de forma selectiva o han dejado de vaciarlos.

El reciclaje de papel ha sido noticia últimamente. La situación de este asunto en Polonia puede resumirse de la siguiente manera. Quienes se ocupan de recoger el papel desechado sostienen que los precios son demasiado bajos y que no es una actividad rentable. Por otra parte, quienes producen papel a partir de papel reciclado afirman que resulta demasiado caro para ellos y que con los precios actuales no merece la pena invertir en equipamiento para procesarlo. Por todo ello, pido una actuación ambientalmente responsable para solventar este problema. En las actuales circunstancias, los niños recogen papel desechado porque esa actividad tiene un valor educativo, pero ese papel está siendo depositado en vertederos comunales.

  Presidenta. - Señorías, he hecho lo que he podido para garantizar la participación del mayor número posible de oradores.

Este punto queda cerrado.

14. Uso sostenible de los plaguicidas - Comercialización de productos fitosanitarios (debate)

  Presidenta. - El siguiente punto es el debate conjunto sobre los siguientes informes:

– A6-0443/2008, presentado por Christa Klass, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre la Directiva marco para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas (06124/5/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD));

– A6-0444/2008 por Hiltrud Breyer, presentado en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre la comercialización de productos fitosanitarios (11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD)).

  Christa Klaß, ponente. − (DE) Señora Presidenta, Comisaria Vassiliou, Comisario Dimas, Señorías, hoy tenemos ante nosotros el resultado de muchos debates y negociaciones que en algunos casos fueron llevados a cabo con gran apasionamiento; y mañana tendremos la oportunidad de votar. No nos lo hemos puesto fácil. Nos hemos esforzado por encontrar las soluciones adecuadas en nuestras negociaciones con el Consejo y con la Comisión. Hemos establecido que la ciencia no siempre nos guía en la dirección correcta con hallazgos palpables. Será necesaria una mayor colaboración científica para analizar los efectos de esta nueva legislación. En primer lugar, por tanto, mi sincero agradecimiento a todos aquellos que han contribuido a este resultado positivo con sus propuestas constructivas, sus Señorías, la Comisión Europea, la Presidencia francesa del Consejo (es una lástima que la Presidencia checa del Consejo no se encuentre aquí esta tarde), y también mi agradecimiento a todo el personal.

Con la actual Directiva sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios damos un gigantesco paso hacia la armonización en la protección ambiental y del consumidor en Europa. La sostenibilidad como concepto global para la agricultura europea garantizará unos alimentos saludables y un medio ambiente sano. Por primera vez, el uso de productos fitosanitarios estará armonizado en el ámbito europeo. El principio básico «hasta los niveles necesarios, en la medida de lo posible» presupone un conocimiento exhaustivo y sólido. Los productos fitosanitarios son de hecho, medicamentos para plantas. Deben utilizarse de manera correcta para que sean eficaces: el producto adecuado en la dosis necesaria en el momento preciso. Esto incluye la consideración de si es necesaria la protección química de las plantas o si serían preferibles medidas mecánicas. La elección de la mejor tecnología y de equipos de aplicación verificados protegerá el medio ambiente y al consumidor, y contribuirá al éxito de la operación con las buenas cosechas obtenidas. Los Estados miembros establecerán en sus planes nacionales de actuación medidas para reducir el uso de productos fitosanitarios.

La reducción del riesgo es el objetivo principal. El uso de los principios básicos generales de la protección integral de plantas será obligatorio en toda la Unión Europea a partir de 2014. El cumplimiento de las disposiciones de la Directiva marco sobre el agua es una prioridad máxima. Los Estados miembros establecerán zonas barrera adyacentes a las masas de agua que serán adaptadas a las condiciones impuestas por las propiedades del terreno y las características geográficas. El uso de productos fitosanitarios por parte de las autoridades locales y en zonas protegidas se reducirá al mínimo o se prohibirá en caso necesario. Existen reglamentos para comprobar los equipos y se establecerán intervalos regulares de mantenimiento. Para lograr reducir el riesgo, los usuarios profesionales deben recibir una formación sólida y continuada sobre el uso de los productos fitosanitarios. Los usuarios privados, que carezcan de formación específica y puedan causar daño en jardines privados debido a un uso incorrecto, en el momento de adquirir productos fitosanitarios deben estar asesorados por vendedores con experiencia sobre el uso y los riesgos de dichos productos.

Esta directiva implica que los distintos reglamentos anteriores de cada Estado miembro se adecuarán a un nivel superior y común. Las medidas propuestas beneficiarán al medio ambiente, a los consumidores y a los usuarios. Unas condiciones idénticas en toda la Unión Europea garantizarán normas de seguridad idénticas e idénticas condiciones de producción. Las sustancias que hayan demostrado ser perjudiciales para la salud no serán autorizadas; esto es algo en lo que estamos de acuerdo. No obstante, una prohibición debe basarse en hallazgos científicos sólidos y no en dogmas políticos. La exposición también debe tenerse en cuenta, porque sucede que con los plaguicidas, al igual que con muchas otras cosas en la vida, el peligro de envenenamiento depende de la dosis. Una píldora contra la migraña es una bendición, pero si tomamos 20 entonces se convierte en un peligro, incluso mortal.

Hemos conseguido una buena propuesta transaccional, en la que se armonizarán las políticas ambiental y económica, y espero que podamos reforzar nuestros requisitos con una votación unánime mañana.

Permítanme un comentario técnico más para decir que se ha deslizado un error en el párrafo 4 del artículo 14, en el que se hace referencia al portal de Internet mencionado en el párrafo 3 del artículo 4; sin embargo, en dicho artículo no figura ningún párrafo 3. Debe rectificarse este error.

  Hiltrud Breyer, ponente. − (DE) Señora Presidenta, señores Comisarios, Señorías, este acuerdo representa un hito, un hito para la protección de la salud y de los consumidores en Europa, pero también para el medio ambiente y para la economía. Ante todo, mi sincero agradecimiento a los ponentes alternativos por su excelente colaboración. También muchas gracias al personal que ha participado, a la Comisión, al señor Dimas y también a la Presidencia francesa del Consejo, pero asimismo mi agradecimiento a sus Señorías que no se dejaron intimidar por las cifras tan exageradas facilitadas por la industria.

Hemos aceptado 200 enmiendas en primera lectura en el Parlamento Europeo y hemos intentado mejorar decisivamente la posición común con este acuerdo. Pondremos fin a este juego de números interminable y poco científico, a este rompecabezas sobre el establecimiento de límites, con unos criterios de limitación claros. Nadie puede cuantificar los riesgos. Por tanto, la seguridad sólo puede lograrse con una prohibición rotunda. Los plaguicidas y otras sustancias que son carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción no tienen cabida, ningún cabida, en los productos alimentarios. Garantizaremos la protección ambiental con la limitación de sustancias químicas persistentes, bioacumulativas y tóxicas (PBT). Estoy particularmente orgullosa por haber logrado aplicar u mantener unos criterios iniciales claros para las sustancias endocrinas y confío en la responsabilidad de la Comisión de incorporar más criterios en los próximos cuatro años.

Sin embargo, también me agrada particularmente que el Parlamento Europeo haya logrado fijar por vez primera como criterio de autorización la protección de las abejas. Científicos de primera fila en Francia y en Alemania han estimado el valor económico de los polinizadores en 150 000 millones de euros por año y los daños en más de 310 000 millones, si perdemos las abejas como polinizadoras. Por tanto, les pido que mañana rechacen todas las enmiendas presentadas, ya que diluirían este acuerdo. Un acuerdo al que el Consejo ya ha dado su aprobación. Solía ser una práctica habitual no intentar atacar nuevamente un texto de acuerdo común. De todos modos, me complace que hayamos logrado conjuntamente una mejora en relación con las sustancias inmunotóxicas y neurotóxicas porque, en una Europa que se propone ser una sociedad basada en el conocimiento, no podemos permitir que el desarrollo cerebral de los niños se vea afectado, principalmente por las sustancias neurotóxicas a largo plazo. Podemos decir claramente sí a la armonización, pero sin restringir las leyes de los Estados miembros, y también les daremos flexibilidad en los procedimientos de autorización.

La triple base jurídica también muestra el gran valor que concedemos a la salud, y hemos formulado exenciones a la prohibición vinculando muchas restricciones a un plan de sustitución, por ejemplo, de modo que la excepción no se convierta en regla, sino viceversa. Por otra parte, me complace que hayamos conseguido incluir la protección de los animales en este reglamento y que hayamos sido capaces de aportar más transparencia, aunque había esperado más valor por parte de la Comisión. Espero que tengamos más acceso a los protocolos de aplicación y que podamos introducir un permiso electrónico. No sólo es un hito para la protección ambiental y del consumidor en Europa, pienso que se trata de un momento mágico para la propia Europa. Y lo es porque esta decisión de retirar gradualmente los plaguicidas altamente tóxicos no tiene precedentes y es única en el mundo entero, por lo que podemos situar a la Unión Europea en el carril rápido de la protección sanitaria más avanzada, y Europa será pionera mundial en este ámbito.

Este reglamento también creará valor añadido para los ciudadanos que saben que la Unión Europea está sobre todo del lado de los consumidores y de la salud y que no ha cedido a las presiones de la industria. Además, también es una situación ventajosa para el sector, que percibirá incentivos a la innovación para producir productos mejores y más seguros en el futuro.

  Stavros Dimas, Miembro de la Comisión. − (EL) Señora Presidenta, en primer lugar quiero dar las gracias y felicitar a las ponentes, señora Klass y señora Breyer, y a la Comisión parlamentaria de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria por la excelente labor que han realizado con la propuesta relativa a una directiva marco sobre un uso sostenible de plaguicidas y con la propuesta de revisar y mejorar el reglamento.

El hecho de que el acuerdo se alcanzara en segunda lectura es particularmente satisfactorio. Este acuerdo protege la integridad ambiental de la propuesta inicial de la Comisión e introduce objetivos ambientales aún más ambiciosos en una serie de puntos importantes.

Somos conscientes del hecho de que el uso de plaguicidas es un tema que preocupa especialmente a los ciudadanos. Por ello necesitábamos, en primer lugar, hacer más estricto el marco legislativo actual mediante la modificación de la Directiva de 1991 sobre la comercialización de productos específicos; y, en segundo lugar, llenar el vacío sobre el uso de estos productos en el ámbito comunitario.

Con este acuerdo sobre la directiva, la Unión Europea ha demostrado que posee la voluntad política de adoptar medidas eficaces para proteger la salud pública y el medio ambiente.

El Parlamento ayudó a hacer la directiva más ambiciosa que la posición común del Consejo en algunos puntos importantes. Ahora los Estados miembros estarán obligados a preparar planes de acción nacionales con objetivos cuantitativos tanto para limitar los riesgos inherentes al uso de plaguicidas como para reducir la utilización de determinados productos.

Esto no ha resultado sencillo, si tenemos en cuenta que la ponente tuvo que persuadir a los Estados miembros de que, en determinadas circunstancias, la mejor manera de limitar el riesgo es limitar el uso de plaguicidas específicos, y al final logró persuadirlos. El acuerdo alcanzado representa un progreso significativo en la protección de la salud pública y del medio ambiente en la Unión Europea.

Por tanto, la Comisión Europea está dispuesta a aceptar el conjunto de enmiendas de transacción con el fin de alcanzar un acuerdo sobre la directiva en segunda lectura.

  Androulla Vassiliou, Miembro de la Comisión. − Señora Presidenta, en primer lugar quiero dar las gracias a las ponentes, señora Klass y señora Breyer, y a los ponentes alternativos por su ejemplar enfoque de la propuesta; a la Presidencia francesa y a todos los que han contribuido al éxito de la conclusión de la segunda lectura de la propuesta de la Comisión.

Los productos fitosanitarios desempeñan un importante papel en la agricultura, la horticultura, el ámbito forestal y la jardinería. No obstante, pueden tener consecuencias en la salud humana, en la salud animal y en el medio ambiente. Por tanto, debemos hacer todo lo posible para que se regulen de una manera eficaz y equilibrada.

Durante la preparación de la propuesta inicial, la Comisión mantuvo amplias consultas con las partes interesadas de todos los sectores afectados y llevó a cabo una evaluación de impacto exhaustiva. La prioridad máxima era –y sigue siéndolo– alcanzar el máximo nivel de protección posible para la salud humana y animal, y para el medio ambiente. Me satisface comprobar que esto ha quedado reflejado en el resultado de los debates entre las instituciones de la Unión Europea.

El proyecto de texto de acuerdo que hoy tenemos ante nosotros reforzaría este alto nivel de protección mediante distintas disposiciones. Se establecerían criterios claros y estrictos para la aprobación de sustancias activas. Productores, proveedores y usuarios profesionales deberían, previa petición, poner sus registros a disposición de terceros, por ejemplo, de vecinos, de otros residentes o de la industria del abastecimiento de agua. Las autoridades de los Estados miembros tendrían que intensificar el control de la comercialización y del uso, y la Comisión verificaría esos controles de los Estados miembros. La repetición de ensayos en animales sería suprimida por completo. Para fomentar la sostenibilidad agrícola, los productos más peligrosos serían sustituidos por alternativas más seguras.

Para que exista una información exhaustiva, la Comisión podría también abordar la cuestión de la disponibilidad de productos alternativos a las sustancias conocidas como disruptores endocrinos. Esto sucedería, por supuesto, sin prejuzgar los requisitos de seguridad que establece el Reglamento.

Como parte de la propuesta transaccional en general, quiero proponer el siguiente texto relativo a la evaluación de los riesgos para las abejas: «Al examinar los requisitos de datos para sustancias activas y productos fitosanitarios, como se indica en las letras b) y c) del apartado 1) del artículo 8, la Comisión prestará particular atención al estudio de protocolos que permitan una evaluación de riesgos que tenga en cuenta la exposición real de las abejas a estos productos, en particular a través del néctar y del polen.»

El proyecto de propuesta transaccional crearía un marco aún más seguro para el uso de productos fitosanitarios en la Unión Europea, y reforzaría nuestra protección ambiental, así como la protección de la salud de nuestros ciudadanos. También refleja la Estrategia de Lisboa, ya que reduciría la burocracia. Por ejemplo, el procedimiento de aprobación sería más breve y más eficiente. Además, los Estados miembros ya no tendrían que trabajar por separado, ya que el reconocimiento mutuo de autorizaciones sería la norma y no la excepción. Así se reduciría la fragmentación del mercado interior y habría una mayor disponibilidad de plaguicidas para los granjeros.

Finalmente, quiero insistir en el hecho de que la propuesta es totalmente compatible y complementaria con la propuesta de directiva sobre el uso sostenible de plaguicidas, que es responsabilidad de mi colega, el Comisario Dimas.

  Erna Hennicot-Schoepges, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (FR) Señora Presidenta, señores Comisarios, en primer lugar quiero dar las gracias a las ponentes, a la Comisión y a las instituciones, especialmente a la Presidencia francesa. Han trabajado duro para acordar esta propuesta transaccional que establece un equilibrio entre la salud humana y la producción agrícola.

En lo que respecta a los agricultores, la armonización de sistemas en las tres zonas facilitará el acceso a los productos, y la asignación de un fondo para los usuarios minoritarios, contemplado y garantizado por la Comisión, significará que comercializamos productos que están dirigidos al cultivo a pequeña escala y a su uso en jardinería. Por tanto, contamos con la garantía de que, en 2020, todas las sustancias que hayan demostrado ser nocivas, como los productos químicos restringidos y los disruptores endocrinos, ya no podrán comercializarse.

Por consiguiente, esta propuesta reduciría significativamente las enfermedades y los distintos tipos de cáncer que, como se ha demostrado por métodos científicos, están relacionados con el uso de plaguicidas, así como las enfermedades degenerativas en las que también se han demostrado esos efectos perjudiciales.

Un aspecto muy importante que debe señalarse es que todos los esfuerzos van a ir dirigidos a reforzar las medidas de protección de las abejas. La Comisión acaba de emitir una declaración sobre este punto. Sin embargo, me gustaría saber si la Comisión va a reconsiderar la Directiva. 2007/52 en los aspectos que ha enumerado. Hay que hacer hincapié también en los métodos biológicos de control; y en este ámbito, esas investigaciones, apoyadas y financiadas por la Comisión, deben publicitarse de manera eficaz. Además, confío en que este texto constituirá un incentivo necesario y oportuno para estimular la investigación y la innovación entre los grandes productores de plaguicidas químicos convencionales.

Con respecto a la Comisión, el informe contempla informes provisionales, lo que significa que tenemos la garantía de que existirá un control. Espero que los organismos nacionales también harán todo lo que esté a su alcance para demostrar la velidez de este texto.

  Dan Jørgensen, en nombre del Grupo del PSE. – (DA) Señora Presidenta, cuando se publicó la propuesta de la Comisión, ésta dio lugar a un titular en un periódico danés de gran tirada. La primera plana rezaba «La Unión Europea amenaza las aguas subterráneas danesas». En Dinamarca estamos muy orgullosos de poseer grandes reservas de aguas subterráneas que podemos beber sin necesidad de tratamiento previo. Así, el agua que sale del grifo es agua subterránea y podemos consumirla sin tener que tratarla previamente. Si la propuesta de la Comisión se hubiese aplicado tal y como fue presentada originalmente, ello habría significado que, en Dinamarca, el número de plaguicidas en el mercado se habría duplicado, con la consecuencia de que muchos de ellos se habrían filtrado en las aguas subterráneas; plaguicidas que actualmente nos negamos a utilizar porque se filtran en el subsuelo, con lo que no podríamos consumir el agua sin un tratamiento previo. Claramente, habría sido un desastre si la propuesta inicial de la Comisión hubiese sido aprobada, y no sólo para Dinamarca. De la misma manera que nosotros, en nuestro país, queremos proteger las aguas subterráneas, y sólo estoy poniendo un ejemplo, hay otros países que desean proteger otros muchos aspectos ambientales y sanitarios. Y la UE nunca debe obligar a un país a reducir sus niveles de protección. Me complace que hayamos conseguido –gracias a los esfuerzos del Parlamento, no a los de la Comisión– asegurar una flexibilidad que, cuando existan consideraciones especiales, permita a los distintos países decir «no» a los plaguicidas que no quieran, como siempre debería ser.

Otra cuestión muy positiva que hemos aprobado, lo cual me llena de satisfacción, es que ahora podremos prohibir y retirar gradualmente del mercado algunas de las sustancias más peligrosas que contienen los plaguicidas. Se trata de sustancias que ya se han prohibido en otras aplicaciones en virtud de la Directiva REACH que elaboramos hace un par de años. Son sustancias tan peligrosas que no podemos permitirlas en productos textiles, en aparatos electrónicos, en juguetes o en ninguna otra aplicación, pero que siguen estando permitidos en los plaguicidas, ¡que están en contacto con nuestros alimentos! Esto, por supuesto, es totalmente inaceptable, por lo que me complace enormemente que vayamos a librarnos de estas sustancias peligrosas en los plaguicidas.

Un tercer punto que quisiera mencionar es que me parece muy positivo y satisfactorio que hayamos introducido objetivos de reducción para los Estados miembros. Hemos introducido planes de acción mediante los cuales los distintos países reducirán de forma cuantitativa y cualitativa el uso de plaguicidas. La reducción cualitativa se refiere al hecho de que hay sustancias que son claramente más peligrosas que otras y que, por supuesto, debemos ser particularmente cuidadosos con ellas, pero también es una buena idea reducir el uso en un sentido cuantitativo, es decir, el uso de plaguicidas en general, ya que ello redundará obviamente en una reducción del uso de esas sustancias que terminan en nuestros campos y en nuestros alimentos.

Sin embargo, para concluir, también tengo que decir que hay cosas que podrían haberse hecho mucho mejor. Las sustancias neurotóxicas, por ejemplo. Éstas sustancias perjudican el desarrollo cerebral de los niños y el hecho de que no las estemos retirando es, en mi opinión, poco ambicioso y, además, vergonzoso. También me parece vergonzoso que hayamos incluido la posibilidad de hacer excepciones con estas sustancias peligrosas si la industria puede demostrar que es necesario. Pienso que deberíamos haber sido más ambiciosos, pero, no obstante, en términos generales estoy satisfecho. Ésta es una victoria para la salud y para el medio ambiente.

  Anne Laperrouze, en nombre del grupo ALDE. – (FR) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, henos aquí, espero, a punto de aprobar este conjunto de medidas legislativas sobre plaguicidas. Los dos textos transaccionales que van a someterse a votación en esta Cámara me parecen equilibrados y merecedores de su respaldo, y ello por varias razones.

Las ventajas para los productores y para los usuarios son significativas: la simplificación de los procedimientos de autorización mediante, entre otras cosas, una división en tres zonas y del reconocimiento mutuo que implica. Me hubiera gustado que hubiera sólo una zona, para garantizar aún más la coherencia en todo el territorio de la Unión Europea, pero los Estados miembros se mostraron excesivamente cautelosos. El incremento de los requisitos de formación para vendedores y usuarios –enseñarles a comprender y a manejar mejor los plaguicidas– también es garantía no sólo de una mayor protección sanitaria sino de ganancias económicas.

Las ventajas para quienes protegen a los animales también son importantes, por ejemplo mediante la recopilación de datos provenientes de pruebas con animales. Las ventajas para la protección sanitaria y ambiental son asimismo significativas; a largo plazo, las sustancias más peligrosas serán reemplazadas por otras menos perjudiciales.

Debo referirme a la controvertida cuestión de los disruptores endocrinos. Hasta ahora, no existía ninguna definición de los mismos. Ningún texto legislativo se había ocupado de este asunto. La propuesta transaccional concede a la Comisión Europea un plazo de cuatro años para elaborar propuestas con base científica dirigidas a definir las propiedades de los disruptores endocrinos. Esta definición científica permitirá clasificar los productos según sus efectos, sean disruptivos o no, y de hecho proporcionará a la industria el marco legislativo científico que necesita.

La propuesta transaccional también tiene en cuenta el asunto de las abejas y su papel crucial en el ecosistema. De hecho, opino que la redacción del texto, combinada con la declaración de la Comisión Europea, representa un gran paso adelante. Ahora se tendrán en cuenta los efectos de las sustancias activas no sólo en el desarrollo de las abejas en general, sino también en el néctar y en el polen. Me gustaría tranquilizar a algunas de las partes interesadas que albergan dudas sobre la disponibilidad de sustancias y productos activos. Esta propuesta transaccional tiene en cuenta sus preocupaciones. El sistema de tres zonas garantiza a los Estados miembros la posibilidad de autorizar un mayor número de productos. También existe la posibilidad de supresión.

En cuanto a los usos minoritarios, el Parlamento ha luchado para que la Comisión elaborara a corto plazo proyectos de propuestas para crear un fondo europeo. También tenemos la cláusula de revisión, que insta a la Comisión Europea a analizar las consecuencias de esta legislación en la diversificación y competitividad de la agricultura.

En último lugar, pero no por ello menos importante, tal y como han señalado sus Señorías, animamos a los fabricantes de plaguicidas a desarrollar productos nuevos y eficaces que sean respetuosos con la salud humana y con la protección del medio ambiente.

Para concluir, quisiera señalar que los productos fitosanitarios son medicamentos para plantas y, por ello, sólo deberían ser utilizarse de una forma controlada y sensata. Estos textos reconocen y subrayan la importancia de la producción integrada para lograr una agricultura sólida y sostenible. Los dos textos procuran establecer un equilibrio entre la protección sanitaria y ambiental, y la disponibilidad de productos para los agricultores.

Quisiera finalizar diciendo que ha sido un placer trabajar con ustedes, Señorías, en un tema tan importante como éste. Creo que nuestra labor ha sido un ejercicio de saber escuchar, de comprensión mutua y de cooperación. Gracias, Señorías, y, en particular por el trabajo realizado, a las dos ponentes, señoras Klass y Breyer, que han sido excelentes negociadoras para llegar a un acuerdo con el Consejo sobre la propuesta transaccional.

  Liam Aylward, en nombre del Grupo UEN. – Señora Presidenta, estamos debatiendo en esta Cámara en la víspera de una votación que es crítica para la agricultura, la salud y el medio ambiente. Seamos claros: todos los legisladores que hemos identificado y planteado cuestiones problemáticas durante esta legislatura lo hemos hecho sin que nos preocupasen la agricultura y el suministro de alimentos en el futuro.

Por supuesto, me preocupa el uso abusivo de plaguicidas y sus efectos. No hay duda de que las tasas de cáncer han aumentado. Hemos incrementado nuestros vertidos en la atmósfera, en el agua y en los alimentos, lo que afecta a nuestra salud y al medio ambiente. También hay que señalar que son principalmente nuestros agricultores quienes están en contacto directo con los plaguicidas. La intención de esta legislación, que acojo con satisfacción, es proteger la salud de nuestros ciudadanos, el medio ambiente y la agricultura.

Sin embargo, como legisladores que somos, debemos buscar siempre un equilibrio y basar la legislación en principios científicos rigurosos. No podemos y no debemos legislar en abstracto. Al alejarnos del enfoque original, científico y centrado en los riesgos, de la Comisión, para adoptar un enfoque basado en los peligros, tropezamos con la primera valla. Sin una evaluación de impacto pertinente, solicitada repetidamente por muchos de nosotros, nadie puede afirmar exactamente cuántas sustancias serán prohibidas.

Irlanda goza de un clima único, templado y húmedo, debido a lo cual nuestros cultivos de patatas y de cereales están expuestos a las malas hierbas y a enfermedades como el mildiú. La retirada de unas 22 sustancias, incluido el Mancozeb y el Opus, afectará a la disponibilidad de los productos.

Así que, tras la introducción de esta legislación, dentro de 18 meses, ¿cuál será el punto de vista? Los plaguicidas que ya están en el mercado bajo la legislación actual seguirán disponibles hasta que su autorización expire. Si en Irlanda podemos demostrar que una determinada sustancia que debería retirarse es necesaria para combatir una amenaza grave para la salud de la planta y que no existe un sustituto más seguro, esta sustancia podría ser aprobada repetidamente durante un lustro, a pesar de la prohibición.

En teoría esto podría funcionar. En la práctica, necesitamos hacer que funcione. En la situación actual no podemos permitirnos reducir la producción de alimentos en la Unión Europea y hacer que nuestro potencial comercial pierda competitividad. Debemos presionar y apremiar a la industria para que invierta en productos alternativos saludables desde el punto de vista biológico y que actúen con igual o mayor eficacia. Tenemos un precedente. Hemos visto el caso del uso de un remedio fumigador, no químico, natural, barato y eficaz, usado para proteger la uva blanca en todo el mundo.

Acojo con satisfacción la enmienda del Parlamento dirigida, en cierta medida a proteger a las abejas, que con su polinización resultan fundamentales para los agricultores y los productores de alimentos.

Finalmente, pido a sus Señorías que apoyen la enmienda 182 y que rechacen el conjunto de la enmienda 169. La Comisión, es decir, los expertos, contarán con la base científica adecuada para los disruptores endocrinos dentro de cuatro años. No podemos perjudicar esta evaluación científica con una definición carente de rigor.

  Hiltrud Breyer, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señora Presidenta, en realidad tenía pensado hablar del informe de la señora Klass, pero aprovecharé la oportunidad para responder al orador que me ha precedido.

¡Debería leer el acuerdo! Acaba usted de decir que hemos introducido una enmienda para alejar las sustancias endocrinas del mercado durante cuatro años más. Su enmienda producirá exactamente el resultado contrario. Vuelva a leerlo, quizá mañana decida retirar su enmienda, puesto que contradice lo que acaba de decir.

Lo que quiere la industria de los plaguicidas es que no fijemos criterio alguno. Todos los presentes en esta Cámara debemos preguntarnos, por supuesto, si hemos cedido ante la industria de los plaguicidas o si estamos generando valor añadido para los ciudadanos, la salud y el medio ambiente. Este, y no otro, es el quid de la cuestión. Por lo demás, hemos adoptado todas las medidas posibles para apoyar la agricultura, como siempre. El ejemplo de Dinamarca, en particular, resulta impresionante: en tan sólo 20 años, y sin detrimento para la agricultura, han sido capaces de reducir a la mitad el uso de plaguicidas y la cantidad de residuos de estos, así como de duplicar la calidad del agua.

Y ahora ya, señora Klass, deseo darle las gracias por su trabajo. Sin embargo, a nuestro grupo le habría gustado contar con unos objetivos y un calendario claros; confiamos, no obstante, en que este informe anime a los Estados miembros a competir entre ellos para demostrar cuál está mejor preparado para tomarse realmente en serio los productos fitosanitarios y la gestión sostenible.

Y, evidentemente, también nos habría gustado que el informe apostase por otorgar más derechos a los residentes en zonas adyacentes a las zonas dedicadas a la agricultura. En este sentido, espero que la revolucionaria sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia británico, que alienta y apoya claramente a los ciudadanos en sus peticiones de información, pueda utilizarse también para proporcionar un acceso similar a un mayor número de ciudadanos en sus Estados miembros en toda Europa. Confío en que hayamos logrado avanzar algo hacia una mayor transparencia.

  Roberto Musacchio, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, el debate sobre estas medidas –la directiva y el reglamento sobre plaguicidas– ha sido muy complicado. El Parlamento insistía, con toda la razón, en que la legislación debería ser eficaz y adecuada para lograr su objetivo. Se ha producido un debate en el Parlamento, pero sobre todo una fuerte resistencia en el Consejo, y los poderes económicos se han movilizado enérgicamente en defensa de sus intereses adquiridos.

Nuestro objetivo, de hecho, ha de ser el interés general. Los consumidores deben consumir alimentos que no estén contaminados por residuos, los ciudadanos deben disfrutar de un medio ambiente que no esté deteriorado por esos plaguicidas y los agricultores deben trabajar con seguridad y buscando nuevos niveles de calidad para sus productos.

Actualmente se utilizan excesivos productos químicos en la agricultura que lo dañan todo: nuestros alimentos y el medio ambiente, y los agricultores pagan un precio muy elevado por esta producción industrial. El abuso de productos químicos está relacionado con un modelo antiguo de agricultura, en el que se valora la cantidad en lugar de la calidad y en el que la producción nada tiene que ver con la tierra, las estaciones ni los trabajadores. Se trata de un modelo muy costoso para todos, además de muy perjudicial debido a sus repercusiones sobre el efecto invernadero. Por consiguiente, la legislación que estamos aprobando forma parte de un movimiento que busca establecer un modelo de agricultura de calidad más moderno y más saludable que responda a las necesidades de los ciudadanos y del medio ambiente, con un compromiso mayor en favor del empleo y capaz de generar unos ingresos superiores.

Quiero informarles de que nuestros esfuerzos han dado sus frutos, gracias a la perseverancia tanto de las ponentes como de todos los expertos que han trabajado conjuntamente con sus homólogos del Consejo. El objetivo de reducir el uso de plaguicidas, y no sólo los peligros asociados al mismo, se ha incorporado a la lista de compromisos que deberán cumplirse únicamente en el marco de los planes nacionales respectivos. Esto concierne principalmente a las sustancias de alto riesgo.

Por tanto, si debemos dar prioridad a los métodos no químicos, la defensa y la integridad de los suelos y el abastecimiento de agua, evitando toda contaminación de recursos comunes como los hídricos, cada país deberá ser consciente de la enorme responsabilidad que tiene en la reducción de los plaguicidas y en el paso a un uso sostenible. La pulverización aérea está prácticamente prohibida y –en ausencia de alternativas viables– debe informarse a la población local con antelación acerca de la composición, los momentos, la intensidad y la programación prevista de las operaciones de pulverización. También se ha avanzado en la esfera de los derechos a la información, así como en el acceso a los datos a través de Internet.

Queríamos que en el reglamento se abandonase la idea de tres zonas rígidas, pero el Consejo no lo aceptó, por lo que se ha mantenido. Sin embargo, las consecuencias son importantes; estas, al igual que otras, son medidas que se aprobarán para luchar contra el contrabando de sustancias ilegales, falsificadas y peligrosas. Estamos dando un paso muy importante y espero que la votación parlamentaria se desarrolle pacíficamente.

  Johannes Blokland, en nombre del Grupo IND/DEM. – (NL) Señora Presidenta, el debate sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios y su admisión en el mercado presenta una particular complejidad. Es difícil encontrar el equilibrio entre lo que es bueno y es malo. Pese a que las sustancias químicas resultan perjudiciales para el medio ambiente y para la salud, nuestra agricultura no puede funcionar sin ellas, ya que el riesgo de plagas aumentaría hasta unos límites inaceptables. A su vez, ello afectaría negativamente a la producción alimentaria y a la economía en su conjunto.

La tarea más importante a la que se enfrentan los políticos y los responsables políticos consiste precisamente en alcanzar un equilibrio saludable entre sostenibilidad y economía agrícola. Desde mi punto de vista, las actuales propuestas transaccionales van, de algún modo, dirigidas a lograr este equilibrio, por lo que puedo apoyarlas. Me satisface, por ejemplo, el hecho de que en estas propuestas se conserve el sistema de mitigación del riesgo en lugar de estar basadas únicamente en la reducción del uso, puesto que, en la práctica, tal reducción no siempre garantiza por sí sola una disminución de los riesgos. Existen casos en los que la cantidad de plaguicidas puede reducirse, pero cuando el producto se utiliza en unos niveles de concentración más elevados, los beneficios para el medio ambiente o para nuestra salud son escasos.

También me complace que el reglamento de admisión no sea tan restrictivo como se propuso en primera lectura en esta Cámara. Se imponen nuevas restricciones a la admisión de productos, y eso es bueno, pero ello no supondrá un perjuicio excesivo para la agricultura.

Deseo transmitir mi más sincero agradecimiento a ambas ponentes por su colaboración y por los esfuerzos que han realizado para alcanzar este resultado.

  Ashley Mote (NI). - Señora Presidenta, he recibido una gran cantidad de mensajes de agricultores del sudeste de Inglaterra que consideran esta propuesta casi como una catástrofe. El resultado, afirman, será una reducción de las cosechas y un aumento de los precios, lo que dejará vía libre a otros importadores a los que no se aplican los mismos criterios. Se perderán puestos de trabajo, algunas unidades dejarán de ser viables y la producción se detendrá. Algunas empresas de mi circunscripción se verán obligadas a cerrar pues, en algunos casos, no hay alternativa a las sustancias fundamentales que utilizan los agricultores especializados.

En muchos países, salvo en el mío, se ha llevado a cabo una evaluación del impacto totalmente inadecuada, y ya se ha comentado el paso de la evaluación del riesgo a la evaluación de los peligros. Si se van a utilizar los peligros como criterio, también habría que prohibir el petróleo y la cafeína. Hasta la ciencia está en contra de ustedes; se agravarán los problemas de resistencia de las plagas y se deteriorará la biodiversidad. Los programas integrados de lucha contra las plagas ya han reducido la necesidad de emplear plaguicidas. Lo importante son las opciones, no la cantidad. Y parecen haberse ignorado las ventajas de la rotación de cultivos. No tienen derecho a destruir uno de los pocos sectores de la agricultura británica que todavía son prósperos sólo para apaciguar el rechazo danés a tratar el agua potable subterránea.

  Marianne Thyssen (PPE-DE). - (NL) Señora Presidenta, Señorías, nuestras ponentes han trabajado muy duramente para alcanzar un acuerdo que merece nuestro respaldo, sobre todo porque persigue objetivos ambiciosos en las esferas de la salud y el medio ambiente, pero también porque destila lógica desde el punto de vista agrícola y económico, lo que significa que tiene en cuenta tanto la seguridad del suministro alimentario como la viabilidad de la industria agrícola en la Unión.

La propuesta transaccional se basa, como siempre, en concesiones mutuas. Me sigue pareciendo muy difícil convivir con el criterio de supresión; habría preferido una selección basada en un análisis de riesgos basado en criterios científicos, aunque he de admitir que la opción de derogación hace que las cosas sigan siendo factibles.

En cuanto a los aspectos positivos, me gustaría destacar los puntos siguientes. En primer lugar, los Estados miembros disponen de cierto margen a la hora de determinar sus objetivos de reducción de volumen. En segundo lugar, la Unión se ha dividido en tres zonas en las que las admisiones están mutuamente reconocidas, lo que nos acerca a un mercado unificado, con menos trámites y una disponibilidad más rápida de productos fitosanitarios de mejor calidad. En tercer lugar, me complace el hecho de que los Estados miembros sean lo suficientemente flexibles para determinar el modo en que deben gestionarse las zonas barrera ubicadas en las proximidades de los cursos de agua. Por último, también es motivo de satisfacción el hecho de que los Estados miembros puedan adoptar medidas para facilitar el uso de productos fitosanitarios en el caso de cultivos menores. Esto es especialmente importante para los países que practican una agricultura intensiva con pequeñas parcelas de tierra, por lo que confío en que se establezca un límite máximo suficientemente elevado para el fondo destinado a pequeños agricultores.

Una orientación adecuada sobre el uso de productos fitosanitarios es utilizarlos en la menor cantidad y con la mayor seguridad posibles, pero emplear la cantidad necesaria para garantizar una cosecha segura y rentable. Si actuamos con sensatez en cuanto al reconocimiento y la supervisión, si se trabaja en pro de un uso profesional e informado y si tenemos en cuenta también que la producción agrícola tiene lugar en un mercado mundial, alcanzaremos el equilibrio. Por este motivo, esta propuesta transaccional recibe nuestro apoyo.

  Anne Ferreira (PSE). – (FR) Señora Presidenta, señores Comisarios, me gustaría en primer lugar agradecer a las ponentes el trabajo realizado. Somos conscientes de que, si bien los productos fitosanitarios han posibilitado un notable incremento de la producción agrícola, en algunos casos también han tenido consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente. Por esta razón, aparte de la legislación que se apruebe, es urgente contar con un registro epidemiológico que haga posible medir el impacto causado por el uso de los diversos plaguicidas en función del grado de exposición de los profesionales, de sus familias y, por supuesto, de los consumidores. En ciertas regiones se ha observado, de hecho, un aumento particularmente rápido de la incidencia de diversos tipos de cáncer. Los hijos de los usuarios y, en concreto, de los agricultores, también se están viendo afectados por estas enfermedades. Aparte de este problema crucial relacionado con la salud de la población, también deben medirse las repercusiones sobre el medio ambiente. Ya conocemos los efectos dañinos de determinadas sustancias químicas sobre los ríos y las aguas subterráneas. A este respecto, me gustaría añadir que no creo que la propuesta de derivar la cuestión de las zonas barrera a los diferentes árbitros nacionales sea una solución satisfactoria. Pienso, más bien, que la Comisión debe permanecer extremadamente alerta en relación a este punto.

En la actualidad asistimos, además, a un aumento de la erosión de los suelos, lo que podría poner en peligro el uso agrícola de muchas áreas de tierra en toda la Unión Europea durante las próximas décadas. La fertilidad de esta tierra está disminuyendo rápidamente. La UE está reaccionando para enfrentarse a estos riesgos, y eso es bueno, pero también debería apoyar a los agricultores a fin de reducir, si no eliminar, los plaguicidas perjudiciales. La futura política agrícola común debería incorporar este objetivo y tener más en cuenta, desde el punto de vista financiero, el vínculo existente entre la agricultura y la producción de alta calidad. Sería necesario investigar en los ámbitos de la agronomía y de la ecotoxicología, así como impartir formación a los agricultores, con objeto de apoyar la utilización de nuevos métodos de producción, la cual debería adaptarse a las características específicas de cada territorio.

Concluiré simplemente citando el título de una película que acaba de estrenarse, que trata sobre el tema que hoy nos ocupa: «Demain nos enfants nous accuseront» [Nuestros hijos nos acusarán].

  Mojca Drčar Murko (ALDE). - Señora Presidenta, permítame unir mi voz a la de los diputados que consideran el acuerdo en segunda lectura una propuesta transaccional equilibrada, teniendo en cuenta la gravedad del asunto. Esta propuesta señala el camino para introducir nuevas mejoras en el sector, hacia unos productos fitosanitarios más eficaces y seguros, y es lo bastante flexible como para evitar que se produzcan situaciones en las que la prohibición de determinados plaguicidas reduciría en última instancia el carácter irreprochable de los productos agrícolas.

En particular, acojo con satisfacción la mejora introducida en la propuesta inicial de la Comisión dirigida a evitar la duplicación de pruebas y estudios y a fomentar la realización de ensayos sin animales.

Confío en que esta mejora influya positivamente en otros sectores relacionados, como el de los requisitos informativos sobre a los productos fitosanitarios, que actualmente están inmersos en sus propios procesos de revisión.

Aunque los plaguicidas, al contrario de lo que sucede con los productos químicos, han de ser tóxicos y, por tanto, la evaluación de su seguridad representa un caso especial, ello no significa que deban efectuarse ensayos redundantes con animales ni que no sea posible adquirir conocimientos científicos evitando dichas redundancias, o que vaya a ser imposible continuar reduciendo los ensayos con animales en el futuro. Debe tenerse en cuenta que con vistas al desarrollo y registro de nuevos plaguicidas agrícolas o productos fitosanitarios pueden utilizarse hasta 12 000 animales en docenas de ensayos independientes y que, con frecuencia, se solapan.

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). – (PL) Señora Presidenta, los plaguicidas son perjudiciales para el medio ambiente y para los animales. Me gustaría señalar que las condiciones en las que se almacenan los antiguos plaguicidas en muchos países hacen que estos productos representen un peligro para el medio ambiente y para las personas. Los países pobres no podrán resolver este problema sin la ayuda de la Unión.

El uso sostenible de los plaguicidas es una cuestión muy importante. Es crucial proporcionar formación e información a los usuarios, al igual que prestarles apoyo a través de servicios técnicos agrícolas. Algunos expertos creen que las cantidades de plaguicidas utilizadas son varias veces superiores a las realmente necesarias. Este hecho se produce sobre todo en el caso de los pequeños usuarios, ya que estas personas carecen de los necesarios conocimientos técnicos agrícolas sobre un gran número de cuestiones.

Hay otros problemas que también son relevantes, como la comercialización de los plaguicidas, la investigación científica en este ámbito y las actuaciones encaminadas a reducir las consecuencias de los plaguicidas sobre la salud y el medio ambiente sin perder eficacia. Quiero transmitir mi sincero agradecimiento a la señora Klass y a la señora Breyer por los informes que han elaborado. También me gustaría señalar que estas directivas resultan particularmente pertinentes, siempre que se apliquen de manera efectiva y se incorporen a la práctica agrícola habitual.

El Grupo Unión por la Europa de las Naciones apoya la directiva.

  Bart Staes (Verts/ALE). - (NL) Señora Presidenta, tanto la Directiva sobre el uso sostenible y susceptible de reducir los riesgos de los plaguicidas como el Reglamento relativo a la comercialización de los plaguicidas son extremadamente necesarios y útiles. La producción y el consumo sostenible de alimentos son, después de todo, derechos humanos fundamentales. Tenemos ante nosotros, en el Parlamento y en el Consejo, dos propuestas transaccionales. Nuestro grupo aprobará ambos documentos, pese a que nos habría gustado ver un resultado final más sólido, por supuesto. De hecho, me ha desconcertado bastante la actitud y las airadas protestas del grupo de presión de la industria agrícola y de los plaguicidas en relación a este asunto, teniendo en cuenta que las leyes que votaremos mañana garantizarán una mayor protección de las personas y del medio ambiente y, en último término, conllevarán un mayor grado de innovación y permitirán obtener productos de sustitución seguros.

Nadie puede mantener por más tiempo la crítica planteada por el grupo de presión de la industria agrícola, que afirma que más de la mitad de los plaguicidas desaparecerán. De hecho, incluso las organizaciones de agricultores admiten actualmente que no será necesario suprimir más de un 9% de estos productos, y dicha supresión tampoco será inmediata sino gradual, a lo largo de un período de varios años. Por consiguiente, en relación con este asunto, es fundamental proteger la salud pública frente a las sustancias cancerígenas que puedan alterar el ADN o las hormonas o afectar a la fertilidad. Las propuestas transaccionales que tenemos ante nosotros en esta materia son honestas y muestran el debido respeto hacia el mundo agrícola. Inclusive se ha acordado que si un determinado sector agrícola corre el riesgo de verse envuelto en dificultades, podrá diseñarse un plan específico para dar más tiempo a ese sector.

En mi opinión, presentamos una propuesta transaccional aceptable que supone un compromiso entre la ecología, por un lado, y la economía agrícola, por otro.

PRESIDE: Mechtild ROTHE
Vicepresidenta

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL). - Señora Presidenta, conocemos muchos ejemplos de políticas comunitarias sólidas en materia medioambiental que contribuyen a mejorar la vida de los ciudadanos de la Unión; también hay, por supuesto, otros muchos ejemplos en los que la Unión Europea ha adoptado medidas innecesariamente burocráticas que limitan las posibilidades de sostener nuestra economía rural y nuestro medio de vida. Por desgracia, creo que este conjunto de medidas legislativas sobre los plaguicidas pertenecerá a esta última categoría.

Al plantear las preocupaciones que me producen estas medidas, quiero dejar claro que no estoy pensando en la industria sino, más bien, en la comunidad agrícola; agricultores que, recuerdo a los oradores que me han precedido, están tan preocupados por la salud humana como cualquier otro ciudadano y que no albergan intenciones maliciosas en ese sentido.

Este conjunto de medidas legislativas carece del rigor científico suficiente y necesario para defender nuestra salud y nuestra economía. La falta de una evaluación profunda del impacto, que tenga en cuenta los efectos sobre nuestro medio ambiente, nuestra salud, nuestra economía y la sostenibilidad de nuestras comunidades rurales, demuestra esta ausencia de rigor.

Abrigo el temor de que este conjunto de medidas tenga el efecto opuesto que pretenden las intenciones progresistas que subyacen tras él. Un intento bienintencionado de crear un campo más sostenible podría socavarlo en última instancia, al imponer unas reglas excesivamente restrictivas sobre una población agrícola que ya vive una situación extrema.

He escuchado atentamente los argumentos unánimes presentados por los agricultores en Irlanda, y pienso que tienen razón al estar preocupados por las consecuencias de este conjunto de medidas. También creo que estas medidas no protegen los intereses a largo plazo de nuestros ciudadanos ni de las comunidades rurales.

La posición del diálogo a tres bandas representa una mejora para la propuesta, pero es preciso seguir trabajando e introduciendo nuevas enmiendas en el Reglamento a fin de responder a estas preocupaciones reales.

  Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. – (SV) Señora Presidenta, resulta extraño que un euroescéptico comprometido como yo sea capaz de apoyar una propuesta y recomendar que la Cámara vote a favor. El motivo es que estamos hablando de problemas ambientales transfronterizos y de la propia capacidad de funcionamiento del mercado interior. No obstante, las propuestas tienden a ser extremadamente burocráticas, lo cual no sucede en este caso.

Esta propuesta evita la burocracia innecesaria. Nuestra ponente está en el buen camino; este informe propone controles estrictos y más estrechos. El consumo de sustancias venenosas, como el alcohol o el tabaco, debe ser una decisión individual. Desde un punto de vista colectivo, hemos de tener la posibilidad de protegernos frente a la toxicidad. Esto es precisamente lo que se propone.

La propuesta ofrece flexibilidad, reconocimiento mutuo, división en zonas y el derecho nacional a prohibir los plaguicidas, en particular los que aquí se incluyen, lo cual es una medida absolutamente excelente. Los plaguicidas que ya han sido aprobados no se eliminan. Tengo, de hecho, algunas reservas a este respecto. Deberíamos ser muy estrictos cuando se trata de venenos de esta naturaleza.

Quiero recordarles las palabras de su Señoría Ashley Mote, acerca del riesgo de que los ciudadanos adquieran productos de otros países si se introducen reglas más estrictas en la Unión Europea. No creo que eso vaya a suceder. Pero, para ello, es importante demostrar que el producto procede de los Estados miembros de la UE; entonces la gente preferirá comprar ese producto en concreto. En consecuencia, recomiendo a la Cámara que vote a favor de esta excelente propuesta transaccional.

  Françoise Grossetête (PPE-DE). – (FR) Señora Presidenta, quiero felicitar, por supuesto, a nuestras ponentes y encomiar el acuerdo alcanzado gracias al destacable trabajo que han realizado con la ayuda de la Comisión Europea y del Consejo. Nos encontramos, de hecho, ante lo que, en mi opinión, es un acuerdo especialmente importante, puesto que ha logrado un difícil equilibrio que tiene en cuenta los intereses de todos, es decir, la protección de la salud de los consumidores; consumidores que se ponen nerviosos en cuanto se menciona la palabra plaguicidas y que se preocupan cuando oyen que los residuos de los plaguicidas contaminan las frutas, las verduras y los cereales. El objetivo de reducción incluido en el acuerdo y la abolición de las sustancias cancerígenas y genotóxicas, revisten, por tanto, una importancia extrema.

La protección del medio ambiente y de la biodiversidad, con la incorporación del problema de las abejas, la protección del agua y de nuestras tierras son, obviamente, aspectos claves. También lo es la protección de los agricultores, que son los primeros afectados por el uso de los plaguicidas, que acogerán con satisfacción la armonización de la legislación y la simplificación de los procedimientos, y que podrán continuar utilizando determinadas sustancias necesarias para la agricultura, pero para un tipo de agricultura que ahora esperamos que sea sostenible. La industria química, necesaria para la agricultura, también tiene el deber de evolucionar y encontrar soluciones alternativas. Con este texto ya no puede haber confusión entre los conceptos de peligro y riesgo. Es evidente que los plaguicidas son peligrosos, pero son los métodos en que se utilizan los que determinan si suponen un riesgo para los profesionales, para los consumidores y para el medio ambiente. Por tanto, es importante garantizar que los profesionales reciban una formación adecuada, que el público en general reciba información y que se cree una especie de escuela en la que se enseñen las mejores prácticas.

Para concluir, diré que es imprescindible armonizar los controles de la importación, puesto que no podemos exigir a nuestros agricultores una serie de cosas y, a continuación, seguir introduciendo en la Unión Europea una serie de productos que no cumplen nuestra legislación, dado que ello representaría un riesgo de que se produjera competencia desleal.

  Thomas Wise (NI). - Señora Presidenta, no sé qué es lo que ocurre, pero me estoy acordando de Vladimir Ilyich Lenin, una de cuyas frases más famosas fue «lo peor es mejor». Cuando pienso en los últimos seis meses en el ejercicio de mi cargo, veo que eso es exactamente lo que ocurre. ¡Lo peor es mejor! Mejor desde mi punto de vista, porque en cuanto la gente se dé cuenta del daño que está haciendo la UE a sus ingresos, a sus medios de vida y a la producción alimentaria, será mejor que desaparezcamos; esto es lo que quiero decir.

Este informe no demuestra conocimiento alguno sobre el peligro ni el riesgo; no es capaz de distinguir entre ambos términos. Permítanme que se lo explique. En el exterior ha helado: eso es un peligro. Existe el riesgo de que me caiga cuando vaya andando a mi casa. Pues bien, no es posible legislar sobre ninguna de las dos cosas.

Dañará la producción alimentaria. Los agricultores se verán expulsados del negocio. Provocará un aumento de los precios de los alimentos, especialmente en el Reino Unido. Pienso votar en contra, porque lo peor es mejor, y cuando este mensaje cale, Gran Bretaña abandonará la UE.

  Dorette Corbey (PSE). - (NL) Señora Presidenta, me gustaría agradecer tanto a las ponentes como a los ponentes alternativos el trabajo realizado. La propuesta transaccional alcanzada, en mi opinión, es un paso muy importante hacia una agricultura más sostenible, y esto es algo que necesitamos desesperadamente. Huelga decir que los plaguicidas desempeñan un papel crucial en la prevención de las enfermedades y de las plagas, pero los plaguicidas químicos también contaminan el medio ambiente y pueden ser perjudiciales para la salud. Por esta razón es importante reducir de forma responsable el abismo existente entre la agricultura tradicional y la ecológica. Esto es precisamente lo que persigue la legislación, y lo hace sobre todo a través de tres medidas que son trascendentales en este sentido.

En primer lugar, se están prohibiendo algunos de los plaguicidas químicos más peligrosos. Se admiten excepciones en los casos en los que no existan alternativas disponibles. Por tanto, el cultivo de tulipanes no se encuentra en peligro, pero tampoco haría ningún daño que se redujera ligeramente el nivel de toxinas depositadas.

En segundo lugar —y esto es, al menos, tan importante como lo anterior—, se han incluido incentivos en la legislación a fin de promover el desarrollo de productos más sostenibles y de productos para cultivos menores. Estos últimos son cultivos que únicamente se cultivan en pequeñas cantidades, como los tomates, las coles de Bruselas o los tulipanes. Muchos horticultores temían que estos cultivos se viesen amenazados como consecuencia de esta legislación, pero, por fortuna, dicho temor ha demostrado ser infundado. De hecho sucede lo contrario, puesto que el Reglamento dispone la introducción de un fondo especial para el fomento de la investigación sobre productos que resulten apropiados para cultivos menores.

La tercera medida significativa es que los Estados miembros, en este contexto, deberían elaborar planes dirigidos a reducir los riesgos asociados al uso de los plaguicidas químicos restantes. El uso de plaguicidas químicos está disminuyendo en todas partes, pero sobre todo en zonas sensibles como, por ejemplo, en las proximidades de las escuelas, lo cual también es importante.

Todas estas medidas son beneficiosas para el medio ambiente y para la salud pública. Si la decisión me correspondiese a mí, habría prohibido al mismo tiempo las sustancias neurotóxicas, dado que pueden afectar al funcionamiento del sistema nervioso de los seres humanos y, por tanto, no deberían utilizarse en los cultivos agrícolas.

  Frédérique Ries (ALDE). – (FR) Señora Presidenta, el pueblo europeo debe estar orgulloso del importantísimo acuerdo alcanzado por la Comisión, el Consejo y, por supuesto, nuestras ponentes sobre la cuestión de los plaguicidas, y, pasando a lo que he escuchado hoy en este debate, un acuerdo que se ha alcanzado en un contexto de fuertes presiones por parte de grupos particularmente eficaces en el Reino Unido e Irlanda.

Se trata, por tanto, de un conjunto de medidas legislativas que concilia la salud y el medio ambiente con la competitividad y la innovación, en lugar de enfrentarlos, como sucede con demasiada frecuencia. Es importante tener presente que, pese a que las cerca de 800 moléculas químicas involucradas desempeñan un papel innegable en la protección de los cultivos contra las plagas, hay actualmente mucha gente que está en contra de exponer a la población a riesgos para la salud que son evitables, y estoy pensando concretamente, por supuesto, en los agricultores, cuya exposición a ciertas sustancias dañinas, a sustancias CMR y a disruptores endocrinos es mayor que la de otros colectivos.

Los datos de la OMS resultan reveladores: un millón de casos de intoxicación grave por plaguicidas, que causan unas 220 000 muertes al año. Lo que hoy se está cuestionando es esta filosofía consistente en utilizar productos químicos para cualquier cosa, en provocar un efecto cóctel y en adoptar un enfoque a corto plazo de la agricultura. Se está produciendo un cambio necesario que, mañana, si la propuesta transaccional es aceptada en esta sesión plenaria, alumbrará una política ambiciosa, realista y resueltamente moderna. Es ambiciosa porque los europeos, como nosotros, quieren deshacerse de los productos peligrosos; asimismo, apoyan la prohibición de la pulverización aérea y una mayor protección de las zonas públicas. Es realista porque respeta los ciclos económicos y porque dos terceras partes de las sustancias introducidas en el mercado son seguras y, por tanto, su uso está autorizado durante 10 años, con carácter renovable, y los fabricantes no tienen motivos legítimos para preocuparse.

Para concluir, Señora Presidenta, este conjunto de medidas legislativas sobre los plaguicidas es moderno puesto que la gestión integrada de los plaguicidas es un rasgo fundamental de la nueva política agrícola, una característica que, para Europa, implica tener menos plaguicidas, pero de mejor calidad.

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Señora Presidenta, me gustaría resaltar tres puntos surgidos durante el debate acerca de los informes sobre el uso sostenible de los plaguicidas y la comercialización de productos fitosanitarios.

En primer lugar, las disposiciones que se están debatiendo conciernen únicamente a dos fases de la utilización de los productos químicos, a saber, su comercialización y su posterior uso. Hasta el momento no existen reglamentos apropiados que regulen la retirada de tales sustancias del mercado y su eliminación. En mi país, Polonia, la eliminación de los productos fitosanitarios constituye un problema fundamental. La prioridad es contar con un respaldo financiero importante, y no tanto con un mayor número de disposiciones jurídicas. Las autoridades locales de los territorios en los que se vierten los residuos de este tipo de sustancias necesitan ayudas financieras para poder eliminarlos. En segundo lugar, sería deseable, en virtud del principio de subsidiariedad, que cada Estado miembro tuviera la última palabra con respecto a la confirmación, la restricción y la denegación de autorización del uso de un determinado producto químico en su mercado. En tercer lugar, me gustaría expresar la esperanza de que las soluciones aprobadas en el Parlamento crearán unas condiciones de igualdad para todos los agricultores europeos en relación al uso de productos fitosanitarios. Confío, asimismo, en que se reducirán al mínimo las prácticas ilegales en lo tocante al comercio y al uso de estos productos.

  Madeleine Jouye de Grandmaison (GUE/NGL). – (FR) Señora Presidenta, las propuestas que contiene el informe son muy pertinentes, por lo que me gustaría elogiar el trabajo de las ponentes. Pese a que es cierto, como dice la Comisión, que los plaguicidas conciernen principalmente a la política agrícola común, no es menos cierto que la directiva debería fundamentar su base jurídica en el medio ambiente y en la salud pública. Su alcance no puede limitarse a un mero problema de competitividad ni de armonización del mercado. Prueba de ello es el caso de las regiones ultraperiféricas francesas de Martinica y Guadalupe; en el caso de Martinica, un 20 % del terreno, un 20 % de la superficie de la isla —lo que equivale a un área de 1 000 km2— está contaminada de forma indefinida por la molécula clordecona, cuya persistencia es desconocida. Esta molécula no sólo ha contaminado la tierra sino también las aguas superficiales, ciertas zonas que contienen aguas subterráneas y las aguas marinas de la región costera, lo que ha supuesto un daño considerable para nuestra economía. ¿Alguien está pensando en los problemas actuales para la salud pública? Si aún no es demasiado tarde, me gustaría sugerir al Parlamento que estudie el caso de Martinica, que Francia conoce muy bien.

Es esencial que esta directiva logre una notable reducción del uso de los plaguicidas químicos, mediante la promoción, entre otras cosas, de soluciones alternativas sostenibles, como la agricultura o los plaguicidas ecológicos. De este modo el Parlamento ganará credibilidad. No olvidemos, por último —y esto es algo que ha sido señalado en numerosas ocasiones—, los estragos que han causado los plaguicidas en la fauna, especialmente en las abejas. También es importante que el Parlamento permanezca vigilante en relación a los productos de libre comercio, en particular aquellos productos agrícolas procedentes de países poco rigurosos en el uso de los plaguicidas.

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Señora Presidenta, todos compartimos el deseo de proteger la salud, pero hemos de recordar que quienes producen los alimentos buenos, frescos y nutritivos que constituyen la base de nuestra salud son los agricultores. Procedo de un país extremadamente húmedo, donde los agricultores luchan constantemente contra la infestación de hongos. Los hongos —a diferencia de los insectos, que vienen y van— aparecen y se quedan. Prohibir los fungicidas u obligar a que se apliquen en forma diluida podría hacer imposible el cultivo de la patata o de los cereales en Irlanda, pero, además, la legislación propuesta está teniendo ya otro efecto.

Nuestros medios de comunicación están publicando ya artículos en los que se fomenta el cultivo de patatas modificadas genéticamente en respuesta a las restricciones impuestas por la Unión Europea sobre los plaguicidas. Y ¿qué será más perjudicial para las abejas y para el medio ambiente: un uso responsable continuado de los plaguicidas, como hacen los agricultores irlandeses, o los cultivos de productos modificados genéticamente? Se ha dicho que los plaguicidas pueden alterar el ADN. El cultivo de productos modificados genéticamente se basa, precisamente, en la alteración del ADN. Es más necesario que nunca que pongamos en marcha una evaluación completa del impacto.

  Fernand Le Rachinel (NI). – (FR) Señora Presidenta, Señorías, gracias al diálogo a tres bandas entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión, el texto aprobado el 18 de diciembre relativo al conjunto de medidas legislativas sobre los plaguicidas parece haber alcanzado un notable equilibrio.

Además, tiene en cuenta tanto los intereses de los agricultores como la necesaria protección del medio ambiente, zonas protegidas incluidas. Dado que he seguido este tema muy de cerca, me complace el resultado obtenido, pues permitirá a los agricultores desarrollar su actividad económica sin verse penalizados por la eliminación total de plaguicidas y de productos fitosanitarios, que serán objeto de un estricto control.

Me gustaría señalar, en este sentido, que los productores de cítricos de la región de la que provengo, Normandía, llevan muchos años en la vanguardia de las prácticas agroambientales. Por fortuna, el Consejo y el Parlamento han encontrado una zona de acuerdo extremadamente útil en este período de incertidumbre, que se ha visto agravado por el balance final de la PAC y por las amenazas que se ciernen sobre el presupuesto agrícola.

Para concluir, los agricultores siempre contarán con nuestro apoyo en la defensa de su medio de vida y del papel irremplazable que desempeñan en la sociedad, que consiste, en primer lugar, en alimentar a las personas y, a continuación, en proteger el campo y desarrollar la tierra para satisfacción de todos. Frente a la irresponsable presión que ejercen los ecologistas, resulta tranquilizador que haya prevalecido el sentido común.

  Anja Weisgerber (PPE-DE). - (DE) Señora Presidenta, Señorías, mañana votaremos los nuevos reglamentos referentes a los productos fitosanitarios, asunto que suscita una gran emoción entre la población, emoción que también ha tenido reflejo en los debates del Parlamento. A todos nos gustaría disponer de alimentos frescos, saludables y de procedencia local a precios asequibles y que no contentan residuos de productos fitosanitarios. El resultado alcanzado en el proceso de diálogo a tres bandas creará las condiciones previas necesarias para ello. El nuevo Reglamento sobre los productos fitosanitarios representa un gran paso hacia una mayor protección de los consumidores y de la salud.

Una vez más han prevalecido los criterios científicos frente a los dogmas políticos a la hora de establecer los criterios de exención. El resultado del diálogo a tres bandas es un gigantesco avance si se compara con el resultado que alcanzó nuestro Parlamento en primera lectura. Casi un 80 % de las sustancias activas dejarán de estar afectadas; sólo lo estarán aquellas que se haya demostrado científicamente que representan un riesgo para la salud humana o el medio ambiente. Además, habrá una cantidad suficiente de productos fitosanitarios para asegurar una gestión sostenible en el futuro; no obstante, también se prohibirán las sustancias realmente peligrosas.

En el futuro ya no habrá 27 autoridades nacionales competentes para la concesión de licencias, sino solo tres zonas para las que se concederán las licencias de uso de productos fitosanitarios. En principio, los Estados miembros que pertenezcan a esas zonas deberán aceptar mutuamente sus licencias. El nuevo Reglamento sobre productos fitosanitarios proporcionará la armonización necesaria a largo plazo, lo que tiene plena justificación en este sector. Gozaremos de un nivel de protección alto y uniforme sin poner en peligro la producción agrícola sostenible en Europa. Conseguiremos hacer realidad un auténtico mercado interior, unas condiciones de competencia uniformes y habremos logrado un enorme avance en pos de la protección de la salud. Se trata de un éxito sin precedentes para los consumidores y los agricultores. Muchas gracias.

  Daciana Octavia Sârbu (PSE). – (RO) El uso de productos fitosanitarios de conformidad con unas prácticas agrícolas eficientes es vital para poder producir una cantidad suficiente de alimentos de buena calidad que ofrezcan un alto nivel de protección para la salud de los consumidores y el medio ambiente.

La reducción de los riesgos y del impacto asociados al uso de los plaguicidas y el establecimiento de objetivos dirigidos a reducir la frecuencia de utilización de esos productos contribuirán a garantizar una agricultura sostenible.

La presencia de un alto nivel de plaguicidas entre los alimentos que se consumen en la Unión Europea es el resultado de la dependencia de esos productos químicos que, si bien son necesarios para controlar toda posible infestación y estimular la eficiencia productiva, puede tener efectos perjudiciales para la salud pública.

Determinados Estados miembros, entre los que se incluye Rumanía, están viéndose fuertemente afectados por un alto nivel de infestación que afecta a sus terrenos agrícolas; en estos países, el uso de plaguicidas parece ser el mejor método para eliminar las plagas.

Por esta razón, las propuestas dirigidas a aplicar una gestión integrada de los plaguicidas, el uso de sustancias alternativas y la gestión del riesgo contribuirán a la obtención de unos productos agrícolas adecuados que tengan en cuenta la protección del medio ambiente y de la salud pública, reduciendo de este modo la dependencia con respecto a los productos fitosanitarios.

Al mismo tiempo, el elevado número de plagas que están sufriendo los terrenos agrícolas de Rumanía implica que debamos recurrir a tratamientos de pulverización desde aviones. Sin embargo, una vez que entre en vigor la Directiva, estos tratamientos sólo se aplicarán allí donde no existan otras alternativas viables para combatir las plagas con objeto de proteger adecuadamente el medio ambiente.

Acojo con satisfacción la propuesta transaccional alcanzada, que ha recibido el respaldo de la mayoría de los grupos políticos. Este acuerdo garantizará un equilibrio entre la disponibilidad de productos fitosanitarios y, como consecuencia de ello, una cantidad suficiente de productos alimentarios, y contribuirá además a mantener la competitividad de los agricultores europeos y a incrementar el nivel de protección de la salud y del medio ambiente.

  Holger Krahmer (ALDE). – (DE) Señora Presidenta, Señorías, los productos fitosanitarios eran y continúan siendo recursos fundamentales para la agricultura. Los agricultores necesitan un mínimo de productos fitosanitarios; estos productos son esenciales para proteger el patrimonio rural local, producir alimentos de óptima calidad y proteger los recursos.

Nuestros debates sobre los productos químicos alcanzan, con demasiada frecuencia, un nivel irracional. Debemos pensar y actuar con lógica si queremos obtener unos resultados significativos. Las repercusiones de la posición inicial del Parlamento habrían sido fatales: una prohibición general de los productos fitosanitarios se habría traducido en una disminución de la producción agrícola y, en última instancia, en un aumento de los precios de los alimentos. Por consiguiente, me alegro de que las negociaciones a través del diálogo a tres bandas hayan dado lugar a una propuesta transaccional aceptable. Es muy positivo que se haya mantenido la decisión sobre las tres zonas, si bien se han introducido exenciones considerables para los Estados miembros. Esto dista mucho de ser un paso valiente en pos de una solución coherente para el mercado interior.

Además de las propuestas transaccionales alcanzadas, no deberíamos dudar sobre la definición final de sustancias eficaces desde el punto de vista endocrinológico, sino dejar trabajar a la Comisión durante los cuatro años correspondientes para que elabore una definición con base científica. De lo contrario, tensaremos en exceso el principio de prudencia.

Me parece lamentable que no permitamos llevar a cabo una evaluación de impacto del acuerdo que hemos alcanzado.

  Janusz Wojciechowski (UEN). – (PL) Señora Presidenta, nuestro trabajo en una serie de tareas complementarias, que han tenido por objeto regular algunos problemas importantes para la salud humana en el seno de la Unión Europea, está tocando a su fin. Creo que las propuestas transaccionales sobre las que confío en que lleguemos a un acuerdo son firmes. Dichas propuestas transaccionales deberían garantizar que las restricciones introducidas promuevan la salud sin amenazar el desarrollo de la agricultura europea.

Es importante tener presente, sin embargo, que todos estos cambios están dirigidos a introducir un mayor rigor en las condiciones de seguridad en la agricultura producirán un significativo incremento en los costes que deberán soportar nuestros agricultores, a los que, al mismo tiempo, se les exige que mejoren su competitividad en los mercados mundiales. Nuestros agricultores se verán obligados a pagar un precio más elevado para adquirir plaguicidas más seguros. Quiero reiterar lo que ya he dicho en esta Cámara en numerosas ocasiones. Hemos de introducir, por todos los medios, unas normas exigentes para nuestros agricultores y nuestros productores de alimentos. Sin embargo, deberemos imponer también esas mismas normas a los importadores de alimentos procedentes de fuera de la Unión; de lo contrario, nuestros esfuerzos por elevar las normas habrán sido contraproducentes.

  Jim Allister (NI). - Señora Presidenta, no estoy de acuerdo en que ya hayamos elaborado un conjunto de medidas legislativas equilibrado en esta materia. En mi opinión, este debate pone de relieve dos tipos de locura: la primera de ellas, la abyecta locura de la Unión Europea, que no quiere siquiera detenerse para llevar a cabo una evaluación de impacto, precipitándose hacia una prohibición masiva de productos fitosanitarios sin preocuparse por el hecho de que no haya alternativas ni por las graves repercusiones que esta medida tendrá sobre la producción local de alimentos, especialmente en los sectores de producción de cereales y hortalizas, y forzando así a una creciente dependencia de las importaciones procedentes de países a los que estas cuestiones no les preocupan en absoluto.

Señora Presidenta, en este debate se ha hablado mucho de ciencia, pero ¿qué clase de ciencia es aquella que no está sujeta a una evaluación de impacto adecuada?

La segunda locura es la de mi país en particular, que es, quizá, el más afectado por estas propuestas, habiéndose sometido al voto de la mayoría cualificada en el Consejo sobre estos asuntos hasta el punto de que probablemente seremos incapaces de resistirlos. Debido a la estupidez cometida al someternos al voto de la mayoría cualificada nos encontramos ahora en esta situación, e incluso algunos de los firmantes del Tratado de Lisboa dirán que deberíamos incluir más y más temas en esta categoría.

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Señora Presidente, se ha alcanzado una propuesta transaccional equilibrada y, por tanto, la apoyaré. También me gustaría transmitir al llegar a este punto mi agradecimiento a todas las personas involucradas. El tema, como hemos tenido ocasión de escuchar a lo largo del debate, se abordó con gran emoción, pero finalmente se ha logrado conciliar los diferentes objetivos de protección que perseguimos con esta legislación.

Europa pretende ser una de las potencias legislativas más avanzadas del mundo en materia de productos fitosanitarios, y este hecho representa un valor añadido muy importante. Para nosotros era muy importante lograr el equilibrio entre los objetivos de protección en cuestión y la protección de la salud, los objetivos del mercado interior y, por supuesto, la protección del medio ambiente, aunque también se ha conseguido un resultado equilibrado entre los diversos objetivos de protección específicos. También era importante respetar los diversos principios, por ejemplo, tratar toda la cuestión sobre la base de hechos y principios científicos y no dejarnos guiar por las emociones; en segundo lugar, conservar un enfoque basado en el riesgo y no en el peligro, como sucedía anteriormente. Esto es extremadamente importante para la viabilidad global del proyecto legislativo y para su posterior aplicación.

Al mismo tiempo, debemos recordar que en la aplicación no estamos dando un tratamiento preferente a las importaciones ni perjudicando la producción nacional ni la europea. En este punto, sin embargo, la Comisión tiene mucho trabajo por delante. En términos generales estos principios se tomaron en consideración de manera equilibrada, por lo que la propuesta transaccional nos parece aceptable. En cuanto a los detalles, para mí es especialmente importante que los Estados miembros gocen de la flexibilidad y de la subsidiariedad necesarias para la protección de las aguas subterráneas, de modo que puedan responder a sus circunstancias específicas. Los Países Bajos no se pueden comparar con Alemania, Malta o Grecia a este respecto. También es importante que el uso de plaguicidas en las zonas Natura 2000 y en las zonas de especial protección para la avifauna se reduzca al mínimo. Los Estados miembros dispondrán del suficiente margen de maniobra para aplicar estas medidas. Sin embargo, esta propuesta transaccional debe contar con el respaldo de todos.

  Bogdan Golik (PSE). – (PL) Señora Presidenta, me gustaría comenzar mi intervención felicitando a las ponentes por sus excelentes informes. No tenemos mucho tiempo, por lo que únicamente me referiré al informe de la señora Klass y destacaré algunos defectos del proyecto de directiva.

La directiva establece un sistema de formación y certificación para los distribuidores y los usuarios profesionales de plaguicidas. Sin embargo, el sistema propuesto debería garantizar el reconocimiento mutuo por parte de los Estados miembros de los certificados acreditativos de los cursos realizados sobre el uso de plaguicidas. La directiva también mantiene los reglamentos del sistema de control técnico y de mantenimiento de equipos para la aplicación de plaguicidas con arreglo a la legislación nacional. En mi opinión, convendría regular esta cuestión a escala comunitaria. Si tal control se basase en disposiciones internacionales, habría muchos motivos para que los Estados miembros reconociesen mutuamente los resultados de esta formación. Esto es particularmente cierto en relación a la explotación de campos situados en zonas fronterizas y para la actuación pública en el terreno de los productos fitosanitarios. Quiero mencionar una última reserva: no se han tenido en cuenta las circunstancias especiales de la protección forestal. Es imposible mantener los bosques sin la pulverización aérea.

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). - (NL) Señora Presidenta, en mi calidad de diputado neerlandés, he seguido esta legislación con mucha atención. En mi país, que se caracteriza por la falta de relieve, la situación es muy específica. A diferencia de otras regiones europeas, es imposible trabajar con las zonas tampón prescritas por Europa en las márgenes de todos los cursos de agua. Esto no daría resultado, impediría la producción sostenible tanto en la agricultura como en la horticultura. Los Países Bajos, sin embargo, también son conocidos por sus cultivos menores, entre los que se incluyen los tulipanes, las cebollas o las endivias. Por tanto, deberíamos prestar una atención especial a la redacción de la propuesta transaccional. La propuesta que se está alcanzando representa una importante mejora con respecto a la planteada en la propuesta de la señora Breyer, que se sometió a votación en la Comisión. Como miembro del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, voté en contra en aquella ocasión. Sin embargo, se ha introducido una serie de disposiciones transitorias que me parecen sensatas y que, sumadas a la innovación y a los productos de sustitución, pueden ayudar al sector. Además, el fondo para cultivos menores que está a punto de introducirse estimulará esas alternativas. Asimismo, los tres reglamentos, las tres zonas de reconocimiento y admisión en Europa son mucho más acordes con la práctica real.

Me gustaría añadir una cuestión que me preocupa: la admisión de productos procedentes del exterior de la Unión Europea. Somos los primeros cuando se trata de alcanzar un equilibrio adecuado entre salud pública y viabilidad práctica, pero ¿qué sucede con las importaciones del exterior? Desde mi punto de vista, esta posición competitiva, junto a la importación y al comercio paralelos, podría plantearse en la OMC, donde se debate este tipo de asuntos.

Podemos respaldar el proyecto. Quiero agradecer a las ponentes y, en especial, a la señora Klass y a la señora Hennicot-Schoepges los esfuerzos realizados. Tan sólo queda esa preocupación que tanto importa a los agricultores, a saber, que estamos practicando una agricultura sostenible, pero ¿qué ocurre con el resto? Este, por el momento, continúa siendo un problema no resuelto, y me gustaría escuchar sus opiniones al respecto.

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – (HU) Señorías, la seguridad alimentaria es un objetivo crucial de la Unión Europea, pero la propuesta transaccional alcanzada es muy pobre. Hungría se opondrá a este informe en el Consejo, y los diputados húngaros al Parlamento Europeo harán lo propio, puesto que es perjudicial para la agricultura europea.

Nos enfrentamos a dos problemas particularmente importantes. El sistema de zonas es artificial y contrario al principio de subsidiariedad que aplica la Unión Europea, y, como acaban de demostrar los comentarios del diputado de los Países Bajos, hace imposible la adopción de una respuesta flexible. Además es perjudicial para la agricultura europea, pues provoca un aumento del nivel de riesgo, del peligro de resistencia, de los costes de producción y, como muchos diputados han mencionado ya, no seremos capaces de vigilar los productos procedentes de terceros países. Por esta razón, esta directiva plantea una serie de peligros extremadamente graves.

Finalmente, la consecuencia de los puntos de vista radicales en relación al medio ambiente es que las restricciones impuestas a los productos fitosanitarios abrirán el camino a los organismos modificados genéticamente, algo que no sería deseable en Europa.

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Señora Presidenta, me gustaría transmitir mi agradecimiento a las personas que han trabajado en la elaboración de estos dos importantes informes. A partir de algunas de las intervenciones que hemos escuchado hoy, cabría imaginar que la UE no tiene control alguno sobre la comercialización y el uso de estos productos químicos, pero ¡eso no es cierto! Actualmente contamos con estrictas normas, normas que, además, hacen referencia a los residuos y a los alimentos. De modo que no comparto ninguno de los extremos del debate que estamos manteniendo, en particular el de aquellos que no ven la necesidad de utilizar productos fitosanitarios en la producción alimentaria y el de quienes defienden que estos dos actos legislativos representan un desastre para la agricultura y la producción alimentaria en Europa.

Me siento algo inquieto por los comentarios del Comisario Dimas, cuando dice que a la gente le preocupan los plaguicidas. De acuerdo, puede ser, pero la cuestión es: ¿hasta qué punto está justificado ese temor? ¿Qué ha hecho la Comisión para informar a los consumidores de que la inmensa mayoría de nuestros alimentos se producen utilizando productos cuyo objetivo es ofrecernos alimentos seguros y de calidad? Sí, algunos de los ingredientes utilizados en los productos químicos son muy peligrosos, pero los riesgos asociados a su utilización dependen del modo en que se usen y del cumplimiento de los niveles máximos de residuos autorizados en los alimentos. Por lo que conozco, quienes los utilizan están bien preparados para ello, quizá debamos ampliar la formación en otros Estados miembros.

Se está eliminando un total de 22 sustancias; en Irlanda y en el Reino Unido existe gran preocupación por la producción de cereales y de patatas. Las preguntas son: ¿responderá la industria agroquímica y será capaz de producir nuevos productos? La Comisión no conoce la respuesta a esta pregunta. ¿Funcionarán las derogaciones? ¿Qué ocurrirá si no hay alternativas? Creo que es preciso abordar estos temas, puesto que en Irlanda seguimos produciendo cereales y patatas. El problema de los alimentos importados es real, y pido sólo cinco segundos adicionales para referirme a él. Si la Comisión trabajase con los productores de alimentos de la UE sobre este tema, podríamos avanzar. No es defendible que la Comisión pueda sentarse aquí y decir que prohibiremos el uso de sustancias en Europa, pero que los productores de fuera de la Unión Europea pueden continuar vendiéndonos alimentos en cuya producción se utilizan esas sustancias. Esta no es una posición competitiva, no es defendible, y les ruego que la abordemos aquí esta tarde.

  Pilar Ayuso (PPE-DE). – (ES) Señora Presidenta, me voy a referir al informe Breyer. Tengo que decir que los agricultores europeos son plenamente conscientes de que en la utilización de los productos fitosanitarios debe prestarse particular atención a la salud humana y también a la protección del medio ambiente. Sin embargo, el sector está profundamente preocupado porque el Parlamento Europeo no entiende el impacto que este Reglamento puede tener en el futuro.

Y es que hay evaluaciones de su potencial de impacto que señalan que, debido a la escasa disponibilidad futura de productos fitosanitarios, va a ser muy difícil el control de plagas y enfermedades que afectan al cultivo de gran cantidad de alimentos, concretamente, a todos los productos mediterráneos, y también al cultivo de plantas ornamentales y de flor cortada.

Soy plenamente consciente de que el acuerdo adoptado en el diálogo a tres bandas ha sido el resultado de una ardua negociación y no puedo menos por ello que reconocer el trabajo que han hecho los ponentes. Pero, no obstante, hay que tener en cuenta que la definición temporal de los disruptores endocrinos va a dar lugar a la desaparición de una gran cantidad de sustancias activas, especialmente insecticidas, de importancia clave para la agricultura.

Los productores tienen que tener a su disposición una cantidad suficiente de sustancias activas para combatir con eficacia y seguridad cualquier enfermedad o plaga de las plantas, teniendo en cuenta que muchas veces el peligro no suele estar en el producto, sino en el mal uso que se hace del mismo.

Por todo ello, la delegación española del Grupo del PPE-DE apoya las propuestas que solicitan la evaluación de un impacto y va a votar a favor de las enmiendas del señor Sturdy, que yo misma he firmado, relativas a los disruptores endocrinos, y aquellas que favorecen la disponibilidad de productos fitosanitarios en caso de emergencia.

Además, si este Reglamento se adopta en los términos del acuerdo alcanzado, los efectos serán una reducción de la producción de alimentos y una subida de los precios que nos llevará a la importación de esos mismos alimentos que no producimos, pero tratados con los productos que estamos prohibiendo.

  Robert Sturdy (PPE-DE). - Señora Presidenta, en relación con el informe Breyer, quiero preguntar a la Comisión ¿por qué están en contra de llevar a cabo una evaluación del impacto? ¿Qué es tan importante o motivo de tanta preocupación que hace que la Comisión se oponga a este tipo de evaluación?

No hay evidencia científica que sugiera que algunos de los productos que se han estado utilizando sean peligrosos para la salud pública. Algunos de ellos lo son, pero hay algunos de los que están proponiendo retirar de la lista que no representan ningún peligro. Estoy pensando, en concreto, en uno llamado Triasol, cuya importancia para la producción de trigo en la Unión Europea es vital. Ustedes han fallado, y lo digo con toda claridad, la Comisión ha fallado a la población al no detener la entrada de organismos modificados genéticamente en la UE, y la Comisión lo admite. Han admitido el hecho de que no fueron capaces de detener la entrada de estos productos en Europa. Fallaron con respecto al informe que yo mismo elaboré sobre los niveles máximos de residuos. Contamos hoy aquí con un miembro de la Dirección General de Sanidad y Consumidores; la señora Comisaria está ocupada en este momento hablando, pero cuando deje de hablar, debería escuchar lo que tengo que decir. Han sido incapaces de controlar la entrada de importaciones con niveles máximos de plaguicidas, productos que ahora están en los estantes de los supermercados.

De modo que si vamos a prohibir estos productos en la Unión Europea, ¿qué van a hacer ustedes con las importaciones que llegan? ¿Van a limitarse a decir: bueno, no importa, esos productos entrarán de todos modos? ¿Dejémoslo, asumamos que la gente no se molestará por ello?

Los agricultores de toda la Unión Europea han sido las personas más responsables a la hora de producir alimentos; el hecho de promulgar esta legislación significa básicamente decirles que son tontos y que no les interesa el tema. Ningún agricultor en su sano juicio usaría un producto químico que fuera peligroso para la salud pública. Hemos hecho un montón de encuestas al respecto.

Voy a concluir con una o dos reflexiones finales sobre esta cuestión. Estamos a punto de prohibir las jaulas en batería para la producción de huevos y ya dicen ustedes que derogarán tal decisión. Pero esto es algo muy importante para la gente. Me preocupa el hecho de que ustedes, la Comisión, han sido incapaces hasta la fecha de aplicar toda la legislación de que disponemos. Es de vital importancia que den a los agricultores la oportunidad de demostrarse a sí mismos y a la población que esos productos son seguros.

  Alojz Peterle (PPE-DE). - (SL) Existen algunas tendencias alarmantes en materia de salud que se deben en gran medida al uso irresponsable de plaguicidas. Está claro que no es posible una mejora de la salud y una disminución de la incidencia del cáncer cuando nuestros alimentos presentan niveles cada vez más elevados de veneno. Estoy hablando de uno de los principales problemas que afectan a la salud y al medio ambiente; por esta razón no será suficiente con llevar a cabo actuaciones meramente cosméticas, es necesario un cambio en el paradigma de desarrollo.

El trabajo realizado por mi colega, la señora Klass, y por la diputada Breyer, y por los ponentes alternativos, representa un paso en la dirección correcta y deseo expresar mi reconocimiento por ello. Me agrada ver que ambos informes identifican diversos frentes de actuación, al tiempo que se dirigen a los fabricantes, a los distribuidores y a los usuarios de plaguicidas. Sin embargo, al mismo tiempo, pedimos la introducción de planes de acción nacionales con objetivos cuantificados.

Me parece muy significativa la inclusión de la notificación de los vecinos, dado que esto puede marcar una diferencia importante, no sólo para los seres humanos sino también, en concreto, para las abejas. Esto implica que podemos evitar con toda facilidad que se produzcan daños, simplemente concentrándonos en sus posibles causas. En esta directiva se establece que los Estados miembros pueden incluir disposiciones sobre la notificación de los vecinos en sus planes de acción nacionales. Preferiría que se hubiera establecido que deben hacerlo.

Estoy convencido de que es posible permitir un mayor papel de la protección de los cultivos con productos no químicos, es decir, biológicos y mecánicos.

  Neil Parish (PPE-DE). - Señora Presidenta, señores Comisarios, permítanme decirles que hace menos de un año estábamos debatiendo en esta Cámara acerca de lo que íbamos a hacer en materia de seguridad alimentaria global y de si había una cantidad suficiente de alimentos en el mundo, y estábamos terriblemente preocupados por ello. Pues bien, aquí estamos cuando todavía no ha transcurrido un año desde aquello, debatiendo hoy esta legislación que podría reducir realmente la producción alimentaria en la Unión Europea; y en torno a la producción de alimentos hay una cuestión moral, porque deben ustedes recordar que, si en Europa no producimos alimentos, probablemente podremos comprarlos, pero el mundo en desarrollo no puede hacerlo.

Gran parte de esta legislación afectará a nuestros cultivos, no sólo al trigo, como ha dicho Robert Sturdy, sino sobre todo a las patatas. En los últimos dos años, el norte de Europa ha sufrido dos de los peores veranos desde que tengo uso de razón. Hemos necesitado fungicidas para reducir las plagas y poder cultivar las patatas. Y si en Europa la gente no come patatas, ¿qué come, señores Comisarios? Come arroz y pasta, dos productos —especialmente el arroz— que escasean en el mundo en desarrollo.

Además de lo que ha dicho Robert Sturdy, muchos de estos plaguicidas y fungicidas que estamos utilizando, si se utilizan adecuadamente y se respeta el período apropiado de retirada, no plantean problema alguno, y mediante el uso de esos productos químicos en particular podemos producir alimentos de muy buena calidad. Pero, si me dicen que van a detener la entrada de alimentos importados que han sido rociados con esos tipos de productos químicos en concreto, ¡no podrán hacerlo! Por la simple razón de que, si se han aplicado correctamente, pueden hacer tantas pruebas como deseen con el trigo que haya entrado a través del puerto de Rotterdam: no encontrarán en él residuo alguno. De modo que creo que realmente tenemos que aceptar el hecho de que en Europa necesitamos producir alimentos y hacerlo con total seguridad, garantizar que reducimos la cantidad de productos químicos que utilizamos, cosa que ya estamos haciendo, y asegurarnos de formar a los agricultores para que aprendan a utilizar correctamente la técnica de la pulverización, algo que, repito, ya estamos haciendo.

Por todo ello, les insto a acometer una evaluación del impacto, porque ya hace dos años de la última. Hemos sufrido dos de los veranos más cálidos que se recuerdan; es el momento de volver a plantearnos la cuestión. Les exhortamos a que lleven a cabo una evaluación de impacto.

  Avril Doyle (PPE-DE). - Señora Presidenta, Struan Stevenson me ha ofrecido los dos minutos de uso de la palabra que le corresponden puesto que le ha resultado imposible estar presente en la Cámara. ¿Podría el PPE-DE utilizar ese tiempo?

  Presidenta. − ¡Por supuesto!

  Avril Doyle (PPE-DE). - Señora Presidenta, las exageradas protestas han hecho difícil distinguir entre la realidad y la ficción en los diferentes momentos de este complicado debate. Sí, es necesario controlar el uso de productos agroquímicos —todos estamos de acuerdo en ello— y, si dichos productos no se utilizan de manera sostenible, pueden resultar peligrosos para el usuario y para el medio ambiente. Pero, si se utilizan de forma sostenible, y si se respetan los niveles máximos de residuos y el tiempo de retirada, el riesgo que presentan es mínimo y, para el consumidor, ninguno en absoluto.

La propuesta de basar las decisiones de autorizar una sustancia activa en función de las propiedades intrínsecas de la sustancia —el enfoque basado en el peligro— y no en el principio científico de evaluación del riesgo es un motivo de preocupación.

El alcohol, el alcohol puro, es un peligro. Si uno bebe alcohol puro, sabemos bien lo que ocurre. Pero cuando está suficientemente diluido, al 4 %, o al 12 %, o a la proporción que sea, si se usa de manera sostenible, el riesgo es mínimo. Permítanme decir que nos encontramos ante dos problemas diferentes.

Ya se ha hecho referencia a la evaluación de impacto de la Unión Europea. También se ha hablado de la definición científica de disruptores endocrinos —y de la ausencia de dicha definición—. Sin embargo, el aspecto positivo es que el período de derogación permitirá al sector invertir en I+D, algo que necesita urgentemente, así como desarrollar nuevos productos y alternativas viables. Me gustaría invitar a la industria agroquímica y a la comunidad CERP que estudie este sector e invierta en el mismo.

La anomalía de permitir la importación de productos alimentarios para cuya producción se han utilizado productos fitosanitarios con carácter general cuando no vamos a permitir a nuestros agricultores que los utilicen, continúa siendo uno de los misterios y uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en esta clase de legislación. Sin embargo, en conjunto, creo que se han introducido notables mejoras en la propuesta original y me inclino por apoyar el texto.

  Colm Burke (PPE-DE). - Señora Presidenta, quiero subrayar la importancia de explicar a las partes interesadas afectadas, en las fases iniciales del proceso legislativo, los motivos por los que es necesaria una regulación.

Como representante de una circunscripción predominantemente rural, he recibido un número considerable de protestas presentadas por electores pertenecientes a la comunidad agrícola que se encuentran muy preocupados por este tema en concreto.

Existe una percepción generalizada entre esta comunidad de que Bruselas está promulgando reglamentos arbitrariamente sin aportación alguna de abajo arriba. Por tanto, creo firmemente que los Gobiernos de los Estados miembros deben esforzarse mucho más por explicar estos temas a las partes interesadas afectadas, en lugar de buscar la solución fácil de endosar la responsabilidad a los denominados burócratas de Bruselas. Después de todo, son los Estados miembros los que deben aplicar estas medidas en última instancia, y los que disponen de los recursos necesarios —me refiero a los representantes locales— para explicar estos asuntos a los agricultores.

Es importante que los productores de alimentos de la Unión Europea no se vean sometidos a un exceso de reglamentación en comparación con aquellos que introducen sus productos en el mercado desde fuera de la UE. Toda propuesta debe buscar el equilibrio entre consumidores, agricultores y medio ambiente, pero también debemos asegurarnos de poner la información pertinente a disposición de todos los interesados.

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Señorías, por mi profesión médica soy totalmente consciente de que nuestro deber para con los consumidores europeos es eliminar las sustancias fitosanitarias sobre cuyos efectos perjudiciales existan pruebas científicas. Al mismo tiempo, me complace que las ponentes hayan podido hallar una solución equilibrada al nuevo reglamento que motivará a la industria a buscar y desarrollar alternativas seguras a los plaguicidas. Hasta entonces, será preciso permitir las exenciones que resulten necesarias en los países con climas húmedos, y los países del sur deberán entenderlo. Insisto en que los Estados miembros y también la Comisión lleven a cabo comprobaciones rigurosas e inflexibles que garanticen que los alimentos y las flores que se importen de países no pertenecientes a la Unión Europea no han sido tratados con plaguicidas y con fungicidas prohibidos. No se trata simplemente de medir los niveles de residuos en los alimentos. No debemos permitir esos términos de competencia desigual para los agricultores europeos. También estoy de acuerdo en que debería criticarse a la Comisión por no haber elaborado un estudio del impacto, sin el cual por desgracia somos incapaces de responder a las preocupaciones expresadas por los ciudadanos en relación con este reglamento, si bien en esencia estoy a favor de él.

  Gerard Batten (IND/DEM). - Señora Presidenta, la Política agrícola común ha causado un enorme daño a la agricultura británica, con un coste económico y financiero también muy grande.

Ahora se nos presentan estas propuestas sobre plaguicidas. Se estima que esta directiva puede implicar la prohibición del 15% de los plaguicidas. Y se calcula que esa prohibición disminuirá la producción de trigo entre un 26% y un 62%, la de patata entre un 22% y un 53% y las de otros cultivos entre un 25% y un 77%. Esto provocará una subida de los precios de venta, que afectará de manera más severa a los que pueden pagar menos.

Me pregunto si las ponentes pueden facilitarnos la identidad de tan sólo una persona afectada por, o fallecida debido a los efectos de estos plaguicidas. Probablemente no. Sin embargo, puedo presentarles muchos electores míos que no se pueden permitir pagar más por los alimentos que consumen.

  Péter Olajos (PPE-DE). – (HU) Me complace que la Directiva sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios haya asignado este asunto esencialmente a la competencia de los Estados miembros, especialmente en lo referente al tamaño y la designación de la zona tampón. Estoy a favor de recomendar planes nacionales de actuación y apoyo la propuesta de que la ley debería tener como objetivo central la reducción del uso de estos productos. También me complace la propuesta transaccional alcanzada sobre las fumigaciones aéreas.

Con respecto a la Directiva sobre comercialización de productos fitosanitarios, la propuesta es fundamentalmente sólida, ya que va dirigida a la prohibición y al reemplazo gradual de productos que tienen graves efectos dañinos en la salud humana. Al mismo tiempo, el control de los materiales que llegan desde terceros países puede causar problemas.

Considero inaceptable la autorización de productos fitosanitarios en un sistema de tres zonas. No hay que ser un experto en el tema para sentirse horrorizado ante la idea de que Hungría, por ejemplo, estaría incluida en la misma zona que Irlanda, donde las condiciones meteorológicas y de producción agrícola son muy distintas.

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, quiero tratar un asunto que aún no ha sido discutido hoy a este respecto. Al final de todo el proceso hemos alcanzado de nuevo lo que se espera sea una propuesta transaccional razonable en Europa. Pero ¿qué hemos hecho entretanto? Recordemos los debates mantenidos durante varios meses, en los que hubo acusaciones gravísimas entre las partes enfrentadas. Todo esto ha sido devorado con fruición por los medios de comunicación. Y toda esa información publicada por los medios de comunicación ha socavado la confianza de los consumidores y a hecho que todos coincidan nuevamente en las ideas de que «Europa lo hace todo mal» y de que «Europa está más en contra de los ciudadanos que a favor suyo». Ahora, por fin, hemos alcanzado una solución transaccional razonable, que, sin embargo, sobre la que luego tendremos que llegar a numerosos acuerdos. ¿Qué nos quedará entonces? ¡Nos quedará poco o incluso nada!

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Ésta es la primera vez que la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento aplican un enfoque tan riguroso y tan amplio a las disposiciones referentes a la calidad y a la seguridad de los alimentos. La votación de mañana en el Parlamento pondrá fin a tres años de trabajo. Nuestra tarea es garantizar que las disposiciones sean claras y que tengan una base científica, especialmente por tratarse de un ámbito tan sensible como la producción de alimentos. Por ello, junto con un grupo de diputados, estamos destacando la necesidad de una vigilancia continua de los efectos del reglamento adoptado en referencia al uso de plaguicidas.

Mantenemos que las disposiciones basadas en conocimientos sólidos generarán confianza entre los ciudadanos respecto del uso de plaguicidas con una base científica. La solución transaccional alcanzada ayudará a mejorar las condiciones de salud de la ciudadanía, si bien incrementará los costes de producción. Deberíamos tener eso muy presente cuando sometamos a debate los recursos financieros para la Política agrícola común. Asimismo preguntamos si los alimentos importados cumplirán las estrictas disposiciones vigentes en la Unión. Pido su apoyo a la enmienda 179, a la enmienda 180 y a la enmienda 181, que hemos presentado junto con otros diputados.

  James Nicholson (PPE-DE). - Señora Presidenta, permítame decir que albergo serias dudas sobre la propuesta que tenemos hoy ante nosotros y sobre sus futuros efectos para nuestra industria agrícola.

Quiero que conste mi apoyo a las enmiendas presentadas por el señor Sturdy, las cuales he firmado y tengo la satisfacción de apoyar. Opino que, al menos, contribuirán a respaldar la industria en el futuro.

Sí, necesitamos y pedimos una legislación, pero debe ser una legislación beneficiosa. No es necesario que la producción resulte perjudicada en este proceso. Necesitamos una rigurosa evaluación del impacto para saber qué efectos tendrá, y esto es lo que exigimos y lo que necesitamos, justo lo que no tenemos en estos momentos. Exigimos más hechos y menos ficción, y ciertamente deberíamos hacer hincapié en los hechos.

No tiene sentido legislar en Europa para eliminar a la propia Europa del mercado porque no podemos controlar lo que importamos. En este aspecto es donde la Comisión aplica un doble rasero sobre lo que impone dentro de la Unión y lo que permite que entre en la Unión; y lo que sucederá es que la gente ser irá fuera.

  Stavros Dimas, Miembro de la Comisión. − (EL) Señora Presidenta, quiero dar las gracias a quienes han hecho uso de la palabra en el debate de hoy por sus constructivas intervenciones. Basándonos en el texto consensuado, que constituye una buena propuesta transaccional, los Estados miembros están obligados a elaborar planes nacionales de actuación que establezcan objetivos cuantitativos para limitar los riesgos.

En virtud de estos planes nacionales, los Estados miembros también están obligados a vigilar el uso de plaguicidas que en alguna ocasión hayan causado problemas específicos, y a establecer objetivos para reducir el uso de determinados plaguicidas. Esto representa un progreso significativo que, además de proteger la salud de los ciudadanos europeos y el medio ambiente, generará beneficios económicos, debido a la disminución del gasto nacional en sanidad, y favorecerá la reducción del uso de plaguicidas en el marco de la nueva legislación.

Aparte de los planes nacionales de actuación, el conjunto de propuestas transaccionales propuesto también contiene otros aspectos importantes. Debe aplicarse el principio de prevención. En el marco de una gestión integrada de las plagas, se dará prioridad a otros métodos no químicos de protección de las plantas.

Se ha mejorado la protección de los residentes y de los transeúntes, y en los planes nacionales se pueden incluir disposiciones sobre la información que debe facilitarse a las personas que hayan estado expuestas a la fumigación, asimismo, el terreno fumigado desde el aire no debe estar próximo a zonas residenciales.

Todos los distribuidores de plaguicidas, no sólo aquellos que los venden a usuarios profesionales, deben garantizar que determinados miembros de su personal posean un certificado especial de aptitud –el cual, por supuesto, como ha comentado un diputado, será objeto de reconocimiento mutuo– para facilitar información sobre plaguicidas y que estén a disposición de los clientes para aconsejarlos. Sólo algunos grupos de pequeños distribuidores quedarán exentos de este requisito.

En lo relativo a la prohibición sobre la pulverización aérea, se ha llegado a una solución transaccional sobre el procesamiento de solicitudes de exención. Estas exenciones seguirán un procedimiento que constará de dos pasos. En primer lugar, la preparación de un plan general de pulverización aérea, que estará sujeto a la aprobación expresa de las autoridades, seguido de la presentación de solicitudes especiales individuales de pulverización aérea, que estarán sujetas a las condiciones sobre cuya base se aprobó el plan.

Para finalizar, quiero añadir que la Comisión se muestra satisfecha con el resultado de las negociaciones y que, por tanto, está en posición de aceptar todas las enmiendas presentadas.

PRESIDE: Martine ROURE
Vicepresidenta

  Androulla Vassiliou, Miembro de la Comisión. − Señora Presidenta, gracias a todos por su participación tan positiva en este interesante debate. La Comisión ha concedido gran importancia a este expediente y yo personalmente me he comprometido con el alto nivel de salud pública que persigue. Los debates durante el diálogo a tres bandas han sido largos y complicados. La ponente ha sabido conducirlos con gran dedicación y habilidad, y le doy las gracias por ello.

La Comisión apoyó la posición común y ahora puede apoyar la propuesta tal como surge de la segunda lectura. Se han mantenido todos los aspectos innovadores de la propuesta, en particular los criterios de aprobación, que garantizarán que las sustancias peligrosas que representen un alto riesgo para la salud pública se eliminen o sustituyan por alternativas más seguras, que se mejore el reconocimiento mutuo y que algunos productos sean sustituidos por alternativas más fiables. No obstante, permítanme que conteste a algunos comentarios que se han realizado.

Según las estimaciones de la Comisión, sólo un 4% de las sustancias comercializadas actualmente desaparecerían por ser disruptores endocrinos y sólo un 2% por ser carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción. Se prevé que el número total de sustancias comercializadas actualmente y que probablemente no serían aprobadas según el nuevo reglamento sea menor de 25 sustancias.

Esta evaluación ha sido confirmada por un informe del organismo sueco responsable de la aprobación de las sustancias químicas y también es acorde con la evaluación del impacto revisada elaborada por la Perticide Safety Directorate (Dirección de Seguridad de los Plaguicidas) del Reino Unido. Además, quiero señalar que los nuevos criterios no se aplicarían a sustancias ya aprobadas hasta que se renueve su aprobación, y, para la mayor parte de ellas, la fecha de renovación es el año 2016. Así pues, el sector tendrá tiempo de sobra para desarrollar sustancias más seguras.

También quiero hacer referencia a algunos comentarios realizados sobre los alimentos importados. Permítanme que les recuerde que desde 2008 contamos con un Reglamento sobre los límites máximos de residuos, que es plenamente aplicable. Si una sustancia activa no es aprobada para su uso en productos fitosanitarios, el máximo nivel de residuos para esa sustancia queda fijado en el nivel de detección. Este LMR es válido para los alimentos producidos en la Unión Europea, pero también para alimentos y para piensos importados.

Existen, no obstante, varios motivos para que una sustancia activa no sea aprobada en la Unión Europea, y el riesgo potencial para los consumidores es sólo uno de ellos. Otros están relacionados con cuestiones ambientales o con la protección de los trabajadores, que entra dentro del ámbito de soberanía de los terceros países en los que se usa el plaguicida. En estas circunstancias, el uso de un plaguicida podría no ser aceptable para nosotros, pero los cultivos tratados no representarían necesariamente un riesgo para los consumidores de la UE. El tercer país que quiere exportar productos tratados con esas sustancias a la UE puede, por tanto, pedir un permiso para su importación siempre que pueda presentar datos que prueben que el consumo de esos productos no implica riesgos para la salud humana y siempre que esos datos sean evaluados favorablemente por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) y estén aprobados formalmente por la legislación comunitaria. Ésta es la posición en lo que respecta a los alimentos importados.

Volviendo a la directiva que esperamos adoptar, la Comisión considera que el texto del acuerdo final es equilibrado y que permite alcanzar los objetivos de salud y de producción ambiental, así como garantizar la disponibilidad de plaguicidas para los agricultores. Ahora buscamos la formalización del texto del acuerdo en segunda lectura.

Ciertamente, ésta es una excelente manera de comenzar el año nuevo para el Parlamento Europeo y para el Consejo, y también para los ciudadanos, puesto que beneficia su salud. Creemos que también es beneficiosa para nuestros agricultores, ya que garantiza su propia producción con medidas específicas, como la promoción de productos más seguros. Lo que se ha conseguido es importante. Lo hemos conseguido todos nosotros juntos y supone un ejemplo excelente de cómo la cooperación interinstitucional puede beneficiar directamente a los ciudadanos.

  Christa Klaß, ponente. − (DE) Señora Presidenta, Señorías, hoy en día es posible localizar un azucarillo en el lago Constanza empleando las técnicas más avanzadas. Sin embargo, también debemos preguntarnos cómo convivir con estos nuevos descubrimientos, qué uso les damos.

En este punto necesitamos evaluaciones objetivas de riesgos, para buscar un equilibrio entre los requisitos sanitarios y ambientales que están justificados, y las preocupaciones, también justificadas, en los ámbitos de los negocios y la seguridad alimentaria, todo ello en el marco de una comparación mundial.

A mi juicio, las preguntas formuladas por mis colegas no han sido respondidas adecuadamente por la Comisión. No basta con decir que ya no se utilizarán cuatro sustancias o que ya no se utilizarán dos sustancias o que sólo hay 25 sustancias en total. No, queremos una evaluación económica precisa, una evaluación que no sólo cumpla los criterios económicos, sino también los sanitarios. Sigue siendo necesaria una evaluación. La Comisión debe analizar concienzudamente los efectos de esta nueva legislación, para que sepamos cuál será su repercusión. Debemos seguir vigilando este aspecto, ya que continuarán produciéndose descubrimientos científicos .

La propuesta transaccional que se ha alcanzado abre un nuevo camino para la política europea de protección de las plantas. Generará más actuaciones comunes en toda Europa y requerirá por parte de los Estados miembros medidas orientadas que garanticen el uso sostenible de los productos fitosanitarios.

En mi calidad de ponente, agradezco su apoyo. Hemos conseguido una buena propuesta transaccional a partir de distintas posiciones iniciales. Me gustaría que el año nuevo trajese más optimismo. Lo que sí puedo decir es que no he tenido suficientes pensamientos positivos: los productos fitosanitarios garantizarán alimentos suficientes y sanos, así como un panorama cultural saludable para todos nosotros en Europa.

  Hiltrud Breyer, ponente. − (DE) Señora Presidenta, yo también quiero dar las gracias por este intenso debate. Quiero destacar una vez más que mantengo mi opinión: éste es un hito para la protección del medio ambiente y de los consumidores y, sobre todo, es un momento mágico para Europa. Europa circula por el carril rápido. Europa se postula como pionera en todo el mundo. La decisión de retirar los plaguicidas altamente tóxicos es única en el mundo, por lo que la Unión Europea resultará beneficiada.

En relación con los argumentos planteados una y otra vez en este debate de que el asunto de las importaciones no ha sido aclarado: eso es incorrecto, la cuestión de las importaciones ha sido aclarada. Con la prohibición de estas sustancias altamente tóxicas, éstas serán ilegales en Europa. Eso significa que en el caso de las importaciones –tomemos las frutas y las verduras como ejemplo–, esas importaciones deberán, por supuesto, cumplir con la legislación europea y, específicamente, con el Reglamento sobre los límites máximos de residuos. Si en las pruebas de los niveles residuales se hallan sustancias que hayan sido prohibidas en Europa, como los plaguicidas, el producto en cuestión será ilegal. Ello implica que unas bananas procedentes de Costa Rica que hayan sido tratadas con sustancias carcinógenas incluidas en la lista y que, por tanto, están prohibidas, serán ilegales en la Unión Europea. Esto se especifica muy claramente en el Reglamento sobre los límites máximos de residuos. Por tanto, no hay razón alguna para fomentar la disensión, la inquietud y el miedo.

Todo lo que puedo hacer es indicar, una vez más, y por suerte la señora Comisaria ya lo ha señalado, que mientras el estudio inicial de la Dirección de Seguridad de los Plaguicidas indicaba que el 80% de los plaguicidas desaparecerían del mercado, este porcentaje ha sido rebajado considerablemente desde entonces. Por desgracia, esta corrección no se menciona en el estudio de la DSP.

Así pues, les pido que dejen de generar miedo y disensión. Celebremos el éxito que hemos alcanzado en beneficio de los ciudadanos de Europa, del medio ambiente y de la protección de la salud.

(La Presidenta interrumpe a la oradora)

  Presidenta. – Señora McGuinness, tiene usted una cuestión de procedimiento.

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Señora Presidenta, traigo esta cuestión de procedimiento porque opino que se está hablando sin escuchar.

He escuchado lo que la señora Comisaria ha dicho sobre la situación de las importaciones de alimentos. Creo que no se centra en lo importante y pienso, con todo el respeto, que nuestra ponente tampoco lo hace. A los agricultores de Europa se les prohibirá utilizar determinadas sustancias. Sus parientes fuera de la Unión Europea pueden usar esos productos. No encontraremos residuos en los alimentos que nos llegan. Estamos hablando de un perjuicio para la competitividad de los productores de la UE. Tal vez en otro momento podremos ocuparnos del mundo real en vez del limbo etéreo en el que nos encontramos. Disculpen mi enfado.

  Presidenta. – Queda cerrado el debate conjunto.

No vamos a reabrir el debate.

Tiene la palabra la señora Breyer.

  Hiltrud Breyer, ponente. − Señora Presidenta, tanto yo como la señora Comisaria hemos explicado la situación de manera muy clara. Si no escuchan –o tal vez si no quieren escuchar que hemos solucionado el problema, porque no conviene a su campaña contra este reglamento– entonces no tengo nada más que decir. Pero afirmaré de nuevo que el problema está solucionado. En la Unión Europea no se puede comercializar una sustancia cuya comercialización no esté permitida en el territorio comunitario. Punto final.

  Presidenta. – No vamos a reabrir el debate. Les animo a continuarlo en los pasillos, si lo consideran necesario.

Queda cerrado el debate conjunto, la votación tendrá lugar mañana.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), por escrito. – Apoyo el acuerdo transaccional del Informe Breyer sobre la comercialización de los productos fitosanitarios, porque aportará una mayor estabilidad y seguridad a los agricultores y a los productores de alimentos.

Sin embargo en el acuerdo transaccional se afirma que la nueva legislación reemplazará gradualmente a la ya existente en la Unión Europea, y que los plaguicidas ya aprobados en el marco de las normas actuales seguirán estando disponibles hasta que su autorización expire. Los productos que contienen sustancias peligrosas deben sustituirse en un plazo de tres años si existen alternativas más seguras.

Si es votado, el informe supondrá una serie de beneficios para la salud a través de la protección ambiental y permitirá que la Unión Europea avance sin demora hacia un sistema mejor.

  Magor Imre Csibi (ALDE), por escrito. – (RO) Aplaudo el texto transaccional sobre el uso sostenible de plaguicidas y quiero felicitar a la señora Klass por su magnífico trabajo.

En mi opinión, tenemos ante nosotros un texto equilibrado, que prohibirá el uso de determinados plaguicidas perjudiciales sin perjudicar al sector agrícola europeo.

Además, quiero añadir que me complace gratamente comprobar que entre los métodos no químicos propuestos para la protección de las plantas y la gestión de plagas y de cultivos no figura la opción de los organismos modificados genéticamente (OMG). Podría haber estado incluida entre los métodos no químicos.

En ese caso, se habría establecido la posibilidad de comercialización en un futuro de productos que contengan OMG. El texto transaccional deja claro que tal cosa no sucederá.

Una vez más, el Parlamento Europeo dice NO de manera categórica a la utilización de OMG. Así, se deja oír la voz unida del 58 % de la ciudadanía europea. En esta ocasión también los Estados miembros, representados por el Consejo, están de nuestra parte.

  Alexandru Nazare (PPE-DE), por escrito. – (RO) Los reglamentos que se ocupan de los plaguicidas tienen gran importancia, ya que permiten reducir los riesgos que el uso de estos productos implica para la salud de la población y del medio ambiente. Sin embargo, las medidas adoptadas a este respecto deben ser razonables y tener en cuenta tanto la calidad de la producción como la obtención de las mejores cosechas posibles.

En la actual situación de crisis, incentivar la producción de alimentos puede ser una solución. Tal y como indicó la señora McGuiness en el informe presentado a finales de año pasado en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, el precio del trigo ha aumentado un 180 % en dos años, mientras que los precios de los alimentos en general se han incrementado en un 83 %. Estos precios tan altos han sido generados por las rigurosas normas que imponemos a los productores europeos.

Sin negar la necesidad de una mejor reglamentación del uso de plaguicidas, sigo pensando que una de las medidas propuestas conducirá a la reducción del número de productos fitosanitarios disponibles en el mercado europeo. El resultado de ello será una disminución de la productividad en determinados sectores, como el de los cereales.

Algunas disposiciones de esta ley afectarán a los productores, debido a que conllevan una prohibición sobre la mayoría de los plaguicidas disponibles en el mercado, favoreciendo con ello la comercialización de productos considerados más seguros, pero que son mucho más caros. En consecuencia, los costes de producción aumentarán, lo que perjudicará seriamente a los agricultores de los Estados miembros.

  Rovana Plumb (PSE), por escrito. – (RO) Si todas las partes interesadas aprobasen esta recomendación, quedarían garantizadas las condiciones necesarias para armonizar los principios relativos a la protección ambiental y al bienestar de los animales con un funcionamiento eficaz del mercado interior.

Las disposiciones referidas al reconocimiento mutuo y al sistema de zonas han sido aceptadas por Rumanía, dado que el texto incluye cláusulas que permiten a los Estados miembros tomar medidas encaminadas a adaptar los términos de autorización de productos fitosanitarios con el objetivo de tener en cuenta las condiciones específicas, así como cláusulas que rechazan el reconocimiento en casos específicos y justificados.

Por tanto, se considera que esta versión ofrece suficientes garantías, lo cual conlleva la ventaja adicional de reducir las cargas administrativas, ya que la evaluación de los productos fitosanitarios se efectuará sólo en un Estado dentro de cada zona, pero teniendo en cuenta las condiciones específicas de todos los Estados miembros de esa zona.

Como parlamentaria socialdemócrata, considero que necesitamos redoblar los esfuerzos para proteger el medio ambiente, la salud humana y el bienestar de los animales, sin poner en peligro con ello la producción agrícola.

15. Plan de acción sobre movilidad urbana (debate)

  Presidenta. – El siguiente punto es la pregunta oral a la Comisión por parte del señor Costa, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, y del señor Galeote, en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional, acerca del Plan de acción sobre movilidad urbana (O-0143/2008 – B6-0002/2009).

  Paolo Costa, autor. – (IT) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, la Comisión Europea, de la que usted, señora Vassiliou, forma parte, ha anunciado en varias ocasiones la publicación del plan de acción sobre movilidad urbana. El plan debía haberse presentado ante el Consejo y el Parlamento en otoño pasado. La Comisión adquirió este compromiso a la finalización, en marzo, de la consulta sobre el Libro Verde sobre movilidad urbana, que fue lanzado en 2007, y nuevamente en el plan de acción para la logística sobre el transporte de mercancías de 2008.

El tiempo ha pasado, pero el plan de acción aún no ha sido publicado. Dado que se acerca el final de la legislatura actual, la Comisión de Transportes y Turismo, a la que represento, teme que gran parte del trabajo realizado durante los últimos años vaya a quedar en nada. Señora Comisaria, ¿puede garantizarme que el plan de acción está listo? ¿Puede afirmar que se publicará en las próximas semanas, de modo que el Parlamento pueda finalizar sus recomendaciones, tal y como figuraban en la resolución del señor Rack «Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana», aprobada por esta Cámara en julio de 2008?

Señora Vassiliou, la movilidad urbana es sin lugar a dudas un asunto que afecta al ámbito local, y sobre el que la competencia local siempre tendrá prioridad frente a la competencia nacional o comunitaria; pero eso no quiere decir que deba tratarse sin ningún tipo de intervención por parte de los Estados ni de la Comunidad. ¿Quién, sino la Unión Europea, puede y debe definir el cometido de la Comunidad en esta cuestión? ¿Quién puede y debe interpretar los límites impuestos en este ámbito por el principio de subsidiariedad?

La evasiva por parte de la Comisión –y, por tanto, de la Unión Europea– a este respecto no ayuda a resolver el problema del transporte urbano y de la movilidad de los ciudadanos, ni tampoco la cuestión de la contaminación atmosférica en las ciudades –sabemos que el 40 % de las emisiones de CO2 procede del transporte urbano y que el 70 % de los demás transportes contaminantes son urbanos. Esa actitud tampoco sirve de ayuda frente a los problemas de seguridad vial –sabemos que el 50 % de los accidentes mortales se produce en las ciudades– ni frente a los relacionados con la generación de consumidores, de ciudadanos con menos capacidad, cuya movilidad depende del transporte público.

¿Podemos aceptar que haya diferencias entre los Estados miembros? ¿Y entre ciudades, en las normas de protección del medio ambiente urbano? ¿Y en las normas de seguridad vial en las urbes? ¿Y en las normas de acceso ciudadano a la movilidad? ¿Acaso no se trata de derechos fundamentales que la Unión debería garantizar a todos los europeos? De acuerdo, entonces necesitamos establecer unas normas y unos objetivos mínimos uniformes, pero también buenas prácticas e incentivos financieros. Necesitamos coordinación y proyectos innovadores, y elaborar y compartir estadísticas fiables y comparables.

Si la Unión asume este encargo, ¿ello no contribuirá a que los Estados miembros y las comunidades locales sean conscientes de las soluciones subsidiarias que tienen derecho a proteger? Señora Vassiliou, puede que esté a punto de darnos una lista de motivos que justifiquen este retraso o incluso la imposibilidad de presentar el Plan de acción sobre movilidad urbana. Si pretende defender el fracaso de este compromiso, antes de hacerlo le pido que se pregunte: ¿son éstas razones genuinas o simples excusas banales? No contribuya, señora Vassiliou, a alimentar la idea –últimamente muy extendida– de que la Comisión no se atreve a molestar a los Estados miembros, hasta el punto de que renuncia a solucionar los problemas de los europeos. Sería una decisión suicida para una institución como la Comisión, que no se ha visto reforzada durante la exitosa Presidencia francesa.

Actuaciones, actuaciones, actuaciones: eso es lo que los ciudadanos europeos quieren, y creo que por esa sola razón están preparados, o podrían estarlo, para contemplar nuestras instituciones de manera más amigable. El ejemplo concreto del Plan de movilidad urbana podría resultar de ayuda para solucionar este otro problema, mucho más grave.

  Androulla Vassiliou, miembro de la Comisión. − Señora Presidenta, en primer lugar quiero transmitirles el pesar del Vicepresidente Tajani por no poder acompañarnos hoy. Está llevando a cabo una importante misión en Japón.

Permítanme que vaya directa al asunto. La Comisión mantiene su firme compromiso con el desarrollo de una política europea en el ámbito de la movilidad urbana, porque está convencida de que, aunque la responsabilidad de la movilidad urbana corresponde en primera instancia a las autoridades locales, regionales y nacionales, existen ámbitos específicos en los que la acción en el plano europeo ofrece valor añadido.

De hecho, aunque todas las ciudades son distintas, afrontan retos comunes. Los problemas de movilidad urbana son importantes y crecientes, y afectan a muchos ciudadanos y actividades, que se enfrentan a problemas de seguridad vial, a un acceso limitado al transporte público, a la congestión circulatoria y a problemas de salud provocados por la contaminación. Para ilustrar la relevancia de la movilidad urbana, permítanme mencionar algunas cifras: el 60 % de la población vive en zonas urbanas y el 80 % del PIB de la UE se produce en ellas. Sin embargo, las ciudades también generan el 40 % de las emisiones de CO2, y dos de cada tres accidentes de tráfico tienen lugar en zonas urbanas. Finalmente, las dificultades circulatorias, que constituyen uno de los principales problemas que afrontan diariamente los ciudadanos, son responsables de la pérdida de aproximadamente un 1 % del PIB europeo cada año.

La movilidad urbana sostenible es, por tanto, un elemento clave para alcanzar nuestros objetivos relacionados con el cambio climático, el crecimiento económico y la seguridad vial. Por ello, la Comisión ha puesto en marcha distintas iniciativas desde 1995, con la finalidad de fomentar el intercambio de buenas prácticas. La más destacada ha sido el programa CIVITAS, iniciado en el año 2000 y que ha tenido un gran éxito.

En el Libro Verde «Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana» de 2007 se definían ámbitos amplios en los que podrían ponerse en marcha acciones complementarias en el ámbito de la UE para fomentar ciudades más ecológicas y más seguras, y un transporte urbano más inteligente y accesible.

Pero, ¿qué podemos hacer concretamente en el ámbito de la Unión Europea? Podemos ayudar a las autoridades locales en la aplicación de las políticas de la UE y a hacer un mejor uso de los fondos comunitarios. La diseminación y duplicación de enfoques innovadores en el territorio de la Unión puede dar a las autoridades la posibilidad de obtener más y mejores resultados a un coste menor.

Podemos ayudar a impulsar los mercados de nuevas tecnologías, como por ejemplo, el de los vehículos limpios y eficientes desde el punto de vista energético, y elaborar normas armonizadas para la introducción generalizada en el mercado de las nuevas tecnologías. Finalmente, la UE puede guiar a las autoridades hacia soluciones interoperables y posibilitar un mejor funcionamiento de los mercados individuales.

Por tanto, la Comisión continuará actuando, porque creemos, al igual que la gran mayoría de las partes interesadas, que el respaldo por parte de la UE a las iniciativas locales, regionales y nacionales resultará beneficioso.

Ahora permítanme contestar a la pregunta de por qué se ha demorado la aprobación del Plan de acción sobre movilidad urbana. Por desgracia, las condiciones no eran las apropiadas para la adopción de un plan de acción integral por parte de la Comisión antes de finalizar 2008.

Pero mi colega el Vicepresidente Tajani quiere garantizarles que mantiene su compromiso de trabajar en pos de la adopción de un plan de acción y para desarrollar una política europea de transporte urbano que sea plenamente respetuosa con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Con este fin, la Comisión no pretende proponer una solución multiuso; por el contrario, queremos desarrollar un conjunto de herramientas, incluidas acciones prácticas a corto y medio plazo, que permitan a las ciudades hacer frente, de manera integrada, a cuestiones específicas vinculadas con la movilidad urbana. Así, corresponderá a las autoridades locales decidir qué es más conveniente para ellas en función de sus objetivos y de sus necesidades particulares.

Con la finalidad de responder a las preocupaciones que puedan existir todavía acerca el papel estratégico de la Unión Europea en lo relativo a movilidad urbana, el Vicepresidente Tajani tiene la intención de demostrar, con acciones concretas, cómo puede la UE aportar un valor y una calidad añadidos a la movilidad urbana en Europa. Se ha preparado una serie de acciones basadas en las respuestas al Libro Verde y en numerosas reuniones con las partes interesadas, acciones que se pondrán en práctica más adelante en este mismo año.

Para fomentar las soluciones innovadoras y las nuevas tecnologías, hemos abierto una convocatoria de propuestas que se cerrará a finales de marzo, en la que se proporcionará hasta un 50 % de la financiación de los proyectos seleccionados. Una vez que entre en vigor, hacia el mes de marzo, la Directiva sobre la promoción de vehículos de transporte terrestre más limpios y más eficientes desde el punto de vista energético, iniciaremos la elaboración de un sitio en Internet para posibilitar la adquisición conjunta de vehículos limpios.

En lo que respecta a la información y al intercambio de enfoques, planeamos abrir, en torno a abril, una página web con información sobre legislación y financiación de la movilidad urbana en Europa, así como sobre buenas prácticas. También reflexionaremos, junto con las partes interesadas, sobre el futuro del programa CIVITAS y sobre cómo aprovechar los amplios conocimientos y experiencia generados por las medidas auspiciadas por el citado programa.

Finalmente, para aumentar los conocimientos sobre políticas de movilidad sostenible, vamos a realizar un estudio sobre aspectos relacionados con las zonas verdes y otro sobre las posibilidades de aumentar la interoperabilidad de los sistemas de transporte público. Asimismo, tenemos la intención de crear una red de expertos para examinar distintos aspectos de los peajes urbanos y de la internalización de los costes externos.

Estoy convencida de que este conjunto de medidas, que muy pronto se aplicará en el ámbito de la UE, proporciona una base importante para avanzar en el ámbito de la movilidad urbana.

  Reinhard Rack, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señora Presidenta, señora Comisaria, con el debido respeto hacia usted y hacia la Comisión, debo señalar que no ha contestado a la pregunta que le ha formulado el Presidente de la Comisión de Transportes, señor Costa. Ya había mostrado algún indicio cuando señaló –y esto es algo que ya resultaba evidente en el Libro Verde sobre movilidad urbana– que necesitamos soluciones europeas comunes para un problema que está presente, de manera más o menos similar, en casi todas las ciudades europeas. En aquel momento, hace ahora unos cuantos meses, aplaudimos sus palabras; y desde entonces hemos estado esperando las propuestas prometidas por la Comisión. No se han materializado. Y, si ahora ha habido algún indicio en su declaración, yo lo interpreto así: no habrá plan de acción integral. ¿Y por qué?

Si debemos dar crédito a lo que escuchamos –y en esta Cámara y en las instituciones de la Unión Europea uno escucha muchas cosas–, hay un Estado miembro, o tal vez unos cuantos, que han causado preocupación y que, por desgracia, también han causado preocupación a esta Comisión con el pretexto de que podría vulnerarse el principio de subsidiariedad. El Parlamento Europeo ha declarado expresamente en sus propuestas que no desea interferir en la subsidiariedad. Usted ha hecho hincapié una vez más en que no desea presentar un plan uniforme apto para todos, pero no presentar ningún tipo de plan no es una solución. ¡Demos este paso, cumpla esa promesa! La reelección de la Comisión no estará garantizada por el hecho de no hacer nada o de no ofender a uno o más Estados miembros; esa reelección dependerá de que presenten algo que merezca la pena.

  Gilles Savary, en nombre del Grupo del PSE. – (FR) Señora Presidenta, señora Comisaria, ha apoyado usted la iniciativa que el Parlamento Europeo planea llevar a cabo sobre este particular. Acaba de decirnos que, por razones obvias, es decir, debido a la importancia del transporte urbano y de los objetivos del plan europeo para el cambio climático, la Unión Europea no puede ignorar la cuestión del transporte urbano. Antes que usted, el señor Barrault tomó la iniciativa de presentar un Libro Verde con la promesa de un plan de acción. Usted no puede denegar hoy ese plan de acción y explicarnos que lo están aplicando a hurtadillas, sin deliberaciones del Parlamento, sin control parlamentario, sin ningún tipo de transparencia.

Por este motivo, he procurado que sus Señorías –y esto es algo que debo agradecerles, especialmente al señor Rack, quien ha llevado a cabo una labor encomiable en el trabajo preliminar– acuerden que el Parlamento Europeo haga algo totalmente inusual y que, en un informe por iniciativa propia antes de las elecciones, prepare el plan de acción que usted no quiere elaborar. Esta iniciativa tan heterodoxa tendrá un peso político considerable, ya que exigirá formular preguntas al nuevo Comisario europeo de Transportes, quien será escuchado por la Comisión de Tranportes y Turismo, y por tanto tendrá un importante peso en la aprobación de éste por parte del Parlamento Europeo. Me parece lamentable que en estos momentos la Comisión Europea retroceda ante una antigua objeción de un antiguo Estado miembro.

Y es precisamente porque nos preocupa esa evolución, que constituye una deriva institucional, según la cual la Comisión Europea ha decidido no seguir jugando la baza comunitaria, y utilizar la estrictamente intergubernamental, por lo que hoy estamos legitimados en nuestro afán por negociar un plan de acción entre nosotros, para presentárselo a usted y para asegurarnos de que el próximo Comisario de Transportes asumirá un compromiso claro acerca de las acciones subsiguientes que deberán adoptarse sobre el mismo.

  Jean Marie Beaupuy, en nombre del Grupo ALDE. – (FR) Señora Presidenta, señora Comisaria, con el debido respeto a su cargo y a su persona, señora Comisaria me gustaría, si se me permite hacerlo, hacer dos comentarios en contestación a su discurso. Ha intentado usted dejar de lado el problema y ha ejecutado un número de equilibrismo.

Nos ha hablado usted de los muchos capítulos de los que debía constar este plan de acción, y considero que mis colegas diputados al Parlamento Europeo y yo mismo no podemos sino alegrarnos de haber hallado el grueso de nuestras propuestas en esta lista. Así, nos ha proporcionado la prueba de que, dentro de la Comisión, dispone usted de todos los elementos necesarios para publicar este plan de acción en su integridad

Por mi parte, creo que podría haber cuatro explicaciones para la primera frase de la segunda parte, que dice, si he entendido correctamente la traducción, que las condiciones no son favorables.

Posibilidad número uno: ¿hay escasez de información técnica en el seno de la Dirección General de Transporte? Los detalles facilitados por el señor Barrot en el contexto del Libro Verde parecen sugerir que, por el contrario, la Comisión posee una gran cantidad de información técnica.

Posibilidad número dos: dice usted que las condiciones no son favorables. ¿Acaso se oponen algunos Estados miembros a este plan? Sin embargo, hasta donde yo sé, señora Comisaria, la Comisión es independiente de los Estados miembros. No creo ni por un segundo que haya cedido ante la presión de determinados Estados miembros.

Posibilidad número tres: ¿existen diferencias de opinión dentro de la propia Comisión que impiden que nos presenten este plan de acción? ¡Por Dios, espero que no!

Por último, ¿por casualidad está tratando de evitar el debate con el actual Parlamento Europeo y de posponerlo hasta el año próximo? Vistos los excelentes informes que han reforzado nuestras relaciones con el Vicepresidente Barrot durante la elaboración del Libro Verde, me resisto a creerlo.

Señora Comisaria, faltan unas pocas semanas para las elecciones. Desde mi punto de vista, este plan de acción es un ejemplo excelente para demostrar a nuestros conciudadanos que Europa, al tiempo que respeta la subsidiariedad, está al corriente de sus problemas de salud y de otro tipo, tal y como ha enumerado usted.

Lamento profundamente esta demora y, al igual que mis colegas, espero que pueda usted remediarla cuanto antes.

  Michael Cramer, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señora Presidenta, Señorías, el continuo retraso y su respuesta, señora Comisaria, no son aceptables. El tiempo se agota.

El tráfico urbano desempeña un papel clave en el contexto del cambio climático. No en vano es el responsable de cerca del 70 % de los gases de efecto invernadero en las ciudades. La Unión Europea sólo logrará alcanzar sus objetivos de protección climática si cambia sus políticas de transporte. El grueso del problema se localiza en las grandes ciudades, ya que el 90 % de los desplazamientos en coche realizados en ciudades corresponden a trayectos inferiores a seis kilómetros, distancias que podrían cubrirse fácilmente en tren, en autobús, en bicicleta e incluso a pie.

Espero que la Comisión haya aprovechado el retraso para plantearse cómo puede la UE ayudar a los gobiernos y a las ciudades de manera eficaz. En realidad, cuando se trata de un informe tan vago y no vinculante como el Libro Verde o el Informe Rack, no existe valor añadido europeo.

El Grupo de los Verdes solicita que se modifique el esquema de la cofinanciación europea para que sea respetuosa con el medio ambiente. A fecha de hoy, el 60 % del dinero de la UE se ha gastado en proyectos de construcción de carreteras, mientras que sólo un 20 % se destina al transporte público y al ferrocarril. Queremos al menos el 40 % para el ferrocarril, tal y como fue decidido por el Parlamento en mi informe sobre el primer paquete ferroviario.

En segundo lugar, sólo queremos que se conceda dinero de la UE si las ciudades pueden presentar un plan de movilidad sostenible. En tercer lugar, queremos que se aumente la seguridad vial en las ciudades fijando un límite de velocidad general de 30 km/h que incluya la posibilidad de que las ciudades establezcan límites independientes más elevados en vías específicas.

Esto no sólo sería bueno para el clima, sino que también reduciría el número de accidentes. Cada año 40 000 personas fallecen en las carreteras europeas.

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). – (CS) Señora Presidenta, Señorías, es una lástima que se haya producido un retraso en la publicación de este documento y del plan de acción. No olvidemos que el 70 % de los habitantes de Europa residen actualmente en ciudades, por lo que debemos marcarnos cuanto antes el objetivo de hacer más seguro el transporte urbano, para que ofrezca mayor accesibilidad, seguridad y especialmente fiabilidad, al tiempo que sea más respetuoso con el medio ambiente. Así, espero que el documento publicado no sólo incluya nuevas tendencias sino que también evalúe nuevos enfoques y medidas de apoyo a formas saludables de transporte, como por ejemplo, el ciclismo o el desplazamiento a pie. Las comunidades individuales serán entonces capaces de seleccionar de esta lista las opciones más realistas y más apropiadas para ellas. En mi opinión, éste es el enfoque básico. Debemos asegurarnos de que recibe apoyo, fundamentalmente procedente de los fondos estructurales de modo que los recursos sirvan al objetivo deseado.

  Monica Giuntini (PSE). – (IT) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, estoy de acuerdo con quienes han intervenido con anterioridad: a estas alturas, el entorno urbano juega un papel fundamental en nuestras vidas, y no sólo en las de quienes viven en ciudades o en poblaciones grandes.

Los datos proporcionados por la Comisión en el Libro Verde «Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana» demuestran que el 60 % de los europeos viven en un entorno urbano, en zonas que generan un elevado porcentaje del PIB europeo; estos datos también han sido citados por la señora Vassiliou.

Estas cifras no han cambiado en los últimos meses, y de hecho debemos tener en cuenta el creciente problema del tráfico en las grandes ciudades, así como la crisis ambiental que sigue siendo un tema candente, del mismo modo que no podemos pasar por alto los recientes esfuerzos del Parlamento en relación con el conjunto de medidas sobre el cambio climático.

En el marco de las políticas regionales de la Unión Europea se han registrado avances en el ámbito de la movilidad urbana, y hay diversas formas de financiación europea: en la última legislatura, se gastaron 2 000 millones de euros en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y para el período 2007-2013 se ha destinado una suma de aproximadamente 8 000 millones de euros. Estas actividades también pueden ser financiadas por el Fondo de Cohesión.

En consecuencia, opino que es realmente importante para la Unión adoptar una política común, un plan de acción global, respetando siempre el principio de subsidiariedad y la autoridad de los Estados miembros y de los organismos locales. Los beneficios que obtendríamos de ello resultan evidentes, hasta el punto de que es inexplicable que hasta ahora no se haya publicado un plan con este alcance.

Ésta es la posición expresada en la pregunta oral presentada por el Presidente de la Comisión de Transportes y Turismo y respaldada por la Comisión de Desarrollo Regional. Teniendo en cuenta que nos encontramos prácticamente al final de la legislatura, espero que la Comisión reflexione sobre esta cuestión y publique el Plan de acción sobre movilidad urbana, que tendrá un efecto positivo indudable.

  Jan Olbrycht (PPE-DE). – (PL) Señora Presidenta, señora Comisaria, queda claro que las cuestiones relativas al transporte urbano son muy importantes tanto en términos de desarrollo económico como de protección ambiental. No cabe duda de ello y no creo que resulte preciso debatirlo.

Sin embargo, se han planteado problemas de distinta naturaleza en el transcurso de los trabajos del Parlamento Europeo sobre el texto del Libro Verde. Estos problemas ya se han mencionado y tienen que ver principalmente con la división de poder entre autoridades locales, nacionales y europeas. Han surgido dudas sobre si la Unión Europea debe involucrarse en asuntos locales, o si debe dejarlos en manos de las autoridades nacionales y locales.

A este respecto, quiero llamar la atención de la Cámara sobre el hecho de que, en el curso de este debate, también se planteó la cuestión de si el Libro Verde daría lugar a iniciativas que en cierto modo ayudarían a las ciudades, o si daría lugar a iniciativas que obligarían a las ciudades tomar determinadas medidas. Estamos se acuerdo en que estas iniciativas deben ser solidarias; en otras palabras, que deben incluir ayuda. Pero a la vista del retraso, nos planteamos una serie de preguntas. ¿Cuál era el objetivo de la Comisión Europea cuando presentó el Libro Verde? ¿Cuál era su plan a largo plazo? ¿Realmente quería embarcarse en actuaciones dinámicas, o tan sólo estaba interesada en sondear la opinión sobre este asunto?

A la luz de los acontecimientos, me da la impresión de que, tras la escéptica reacción inicial, la Comisión ralentizó considerablemente la prosecución de los trabajos, y de que aún se está planteando cómo proceder en relación con la iniciativa que lanzó. Es hora de tomar decisiones inequívocas.

  Saïd El Khadraoui (PSE). - (NL) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, quiero respaldar lo ya dicho por mis colegas diputados al Parlamento Europeo. Su contestación me ha decepcionado enormemente, señora Comisaria. Ha afirmado usted que la Comisión presentará una serie de propuestas sobre movilidad urbana. Si quiere conocer mi opinión, esto resulta evidente, y no es lo que le hemos pedido. Lo que queremos es una visión cohesionada, un plan de acción que especifique detalladamente las medidas y las propuestas que serán presentadas por la Comisión en los próximos años, de modo que podamos debatirlas, no sólo entre nosotros, sino también con los ciudadanos y con las partes interesadas.

En consecuencia, le ruego que pida a sus colegas, que al término de este debate, reconsideren unos cuantos asuntos, y que, cueste lo que cueste, elaboren una propuesta con celeridad, antes de las elecciones o al menos antes de que este Parlamento interrumpa su actividad en verano.

Como nuestros colegas diputados al Parlamento Europeo ya han señalado en numerosas ocasiones, la movilidad urbana afecta a todos los habitantes de Europa. En todas nuestras ciudades nos enfrentamos a problemas de movilidad. En el ámbito europeo, la Unión puede desempeñar un papel muy útil a la hora de solucionar este problema y otros relacionados; en su calidad de inversora en nuevas tecnologías, al ser un órgano que establece y promueve nuevas normas tecnológicas, por ser la autoridad mejor situada para difundir nuevas ideas y buenas prácticas, para impulsar el desarrollo de planes de movilidad, y que puede poner en funcionamiento nuevos mecanismos de financiación, etc.

Desde esta perspectiva, quiero apremiar a la Comisión a que reconsidere su respuesta y a que elabore un plan de acción con prontitud.

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) El plan de acción sobre movilidad urbana es una medida necesaria para las comunidades urbanas de la Unión Europea. El 67 % de los ciudadanos europeos espera que se elabore una política comunitaria en este ámbito.

¿Qué respuesta podemos dar a los ciudadanos europeos?

Los costes resultantes de la congestión circulatoria urbana han aumentado aproximadamente un 1 % del PIB europeo. Con el objeto de reducir los niveles de contaminación en los entornos urbanos y los atascos circulatorios, necesitamos invertir en transporte público y en sistemas de transporte inteligentes.

El año pasado aprobamos el informe sobre el fomento del uso de vehículos ecológicos en el transporte público.

La ciudad de Praga predica con el ejemplo, ya que el año pasado adquirió autobuses ecológicos para su red urbana de transporte público haciendo uso de las ayudas estatales.

Hago un llamamiento a la Comisión para que también tenga en cuenta la movilidad urbana durante la revisión intermedia del marco para la utilización de fondos estructurales.

  Androulla Vassiliou, miembro de la Comisión. − Señora Presidenta, agradezco sinceramente las contribuciones realizadas. Les aseguro que haré llegar sus inquietudes al Vicepresidente Tajani, quien, yo lo sé, mantiene su compromiso.

De hecho, este plan de acción está incluido en el programa de trabajo de la Comisión para 2009, y sé que el Vicepresidente Tajani se ha comprometido personalmente a elaborarlo. Por tanto, no me cabe duda de que lo que han manifestado será muy tenido en cuenta por él. Sé que la evaluación del impacto ya se ha llevado a cabo; además, como ya he dicho, el plan de acción figura en el programa legislativo y espero que avance durante este año.

  Presidenta. – El debate queda cerrado.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Krzysztof Hołowczyc (PPE-DE), por escrito. – (PL) En el Libro Verde de 2007, la Comisión señala la legitimidad del debate y hace referencia a la necesidad de que abarque la mejora de la movilidad en las ciudades de la Unión, sobre la base del principio de subsidiariedad. Según este principio, la Unión actúa en el marco de sus competencias sólo cuando su actuación resulta esencial y aporta valor añadido a las medidas de los Estados miembros. El objetivo del principio de subsidiariedad es garantizar que las decisiones que se tomen sean lo más cercanas posible al ciudadano. Esto se consigue comprobando constantemente que la acción que se va a emprender en el ámbito comunitario está justificada en relación con las posibilidades existentes en los ámbitos nacional, regional o local. El papel de los Estados miembros y su legitimidad para implicar a las instituciones de la Unión Europea en el ámbito local se han visto reforzados en el Tratado de Lisboa, actualmente en proceso de ratificación.

En el conjunto de medidas que estamos debatiendo sobre posibles medidas dirigidas a mejorar el nivel de movilidad en las zonas urbanas, se tiende a tratar por separado las tecnologías innovadoras y los sistemas de transporte inteligentes. Deberían explotarse las sinergias entre estos dos ámbitos para acercarlas con el fin de aumentar la fluidez en las calles y de mejorar la comodidad de los desplazamientos. Otras ventajas serían mejores condiciones de desplazamiento, menor duración de los trayectos, ahorro de energía, menores emisiones y un menor gasto en la gestión de las flotas de vehículos y en el mantenimiento y en la renovación de las carreteras. Además, la seguridad vial también mejoraría.

A la luz de todo lo anterior, el fundamento del plan de acción de la Comisión sobre movilidad urbana será la terminación de la ratificación del Tratado de Lisboa y la aplicación del programa de la Presidencia checa. Este último aborda de forma prioritaria la manera de mejorar el funcionamiento del mercado interior de la Unión en el ámbito del transporte.

16. Revisión de la comunicación sobre radiodifusión – Ayuda estatal a la radiodifusión pública (debate)

  Presidenta. – El siguiente punto es la pregunta oral a la Comisión por parte del señor Visser, del señor Belet y de la señora Hieronymi en nombre de la Comisión de Cultura y Educación, sobre la revisión de la comunicación sobre radiodifusión – ayuda estatal a la radiodifusión pública. (O-0102/2008 – B6-0495/2008).

  Cornelis Visser, autor. − (NL) Señora Presidenta, señora Comisaria, lamentamos que la señora Kroes no pueda acompañarnos esta tarde debido a que ha sufrido un accidente. Quiero aprovechar la oportunidad para desearle una pronta recuperación. Sin embargo, en lo político me opongo a que interfiera con la radiodifusión nacional pública.

El pasado jueves, conjuntamente con la señora Hieronymi y el señor Belet, organicé una audiencia para el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos acerca de la Comunicación de la Comisión sobre radiodifusión pública. Puedo asegurarles que el interés del sector y de los Estados miembros fue considerable. Incluso contamos con una numerosa asistencia de la Dirección General de Competencia. Resulta obvio que este asunto ocupa un lugar destacado en su programa. El Director General de Competencia estuvo presente durante toda la mañana en calidad de miembro del grupo de trabajo.

Señora Presidenta, la propuesta de la Comisión para revisar las normas de radiodifusión pública es inaceptable en sus términos actuales. Los servicios públicos de radiodifusión desempeñan un papel primordial en la protección de la diversidad cultural y lingüística, y del pluralismo de los medios de comunicación. Me opongo radicalmente a los planes de la Comisión. En primer lugar, debemos ser conscientes de que el de las sociedades públicas de radiodifusión constituye un ámbito nacional y que, en consecuencia, son las autoridades nacionales, y no la Comisión Europea, las que deben determinar su política. Esto también queda claramente consagrado en el protocolo sobre radiodifusión pública del Tratado de Ámsterdam. Los Estados miembros organizan y financian los servicios públicos de radiodifusión cuando les parece oportuno. Los planes de la Comisaria Kroes socavan seriamente el principio de subsidiariedad y la libertad de movimientos los Estados miembros, reemplazándolos por una interferencia europea. Me sorprende que, siendo una Comisaria liberal, haya optado por esta vía.

En segundo lugar, me preocupa la propuesta de introducir una prueba de mercado previa llevada a cabo por un supervisor independiente. Esto proporcionaría a los canales comerciales una considerable cantidad de información. ¿Es eso lo que queremos? Una prueba de mercado aumentará inevitablemente la carga administrativa. Cabe preguntarse si las pequeñas sociedades de radiodifusión podrán permitirse contratar más mano de obra y quién se hará cargo de los costes añadidos. ¿Los pagarán las sociedades de radiodifusión? ¿O tal vez serán los contribuyentes? Esta iniciativa no es factible en los Estados miembros más pequeños. Además, esta prueba es muy detallada: la propuesta carece de flexibilidad. En consecuencia, los Estados miembros ya no podrán adoptar políticas y procedimientos que encajen dentro de sus sistemas nacionales. Además, cabe también preguntarse si una estimación previa del impacto en el mercado y una evaluación pública de los nuevos servicios no darán excesiva ventaja a los competidores comerciales.

En tercer lugar, la propuesta me llena de inquietud porque los sistemas públicos de radiodifusión no están organizados exactamente del mismo modo en todos los Estados miembros. Existe una diversidad tecnológica, así como diferencias en los sistemas de radiodifusión, en su organización y en su alcance. También hay diferencias en lo que respecta al idioma y a la cultura. La norma «uno para todos» propuesta por el informe no puede ser aplicada en este caso. Y la propuesta no lo ha tenido en cuenta.

Una vez expresadas mis preocupaciones, quiero hacer un breve resumen de lo que sucedió en la audiencia del Grupo del PPE-DE el pasado jueves, en la que la actitud de la Comisión fue muy positiva. La Comisión admitió que posiblemente las propuestas eran demasiado detalladas y que había que modificar su redacción. El Director General me informó de que es posible retrasar la comunicación final hasta el 5 de marzo, fecha en la que la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte organizará una segunda audiencia sobre este tema. Tras la audiencia, el Director General afirmó que, antes de presentar su comunicación final, la Comisión tal vez tuviera que preparar una nueva versión basada en la información proporcionada. Algo que constituye una excelente noticia.

Comprenderá, señora Presidenta, que esté agradablemente sorprendido por estas promesas. Al fin y al cabo, ello significa que la Comisión está abriendo los ojos y está preparada para escuchar la voz del sector, de los Estados miembros y del Parlamento. Me parece excelente.

Quiero dirigir a la Comisión unas cuantas preguntas más. En primer lugar, ¿mantendrá la Comisión la prueba de mercado detallada previa a cargo de un supervisor independiente? Es una pregunta que podrían transmitir a la Comisaria Kroes. ¿Está la Comisión dispuesta a para abandonar la idea del supervisor independiente y de la prueba de mercado previa, o persevera en ella?

En segundo lugar, ¿cómo se garantizaría la imparcialidad tecnológica? ¿Acaso la propuesta no implica la diferenciación entre los servicios actuales de las sociedades públicas de radiodifusión y los nuevos servicios de comunicación?

En tercer lugar, al hilo del comentario del Director General de Competencia, ¿está la Comisión preparada para elaborar una nueva propuesta basada en la nueva información disponible?

En cuarto lugar, ¿qué planea hacer la Comisión con respecto a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el caso de la cadena danesa TV2? ¿La incluirá en la nueva propuesta? En caso contrario, ¿cómo será aplicada?

Mi última pregunta es: ¿está dispuesta la Comisión a involucrar al Parlamento en el procedimiento de seguimiento y a esperar a debatir nuevamente esta cuestión con el Parlamento?

Espero que haya una cooperación excelente entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y los Estados miembros, de modo que la versión final de la Comunicación pueda debatirse a fondo.

  Androulla Vassiliou, miembro de la Comisión. − Señora Presidenta, como ya se ha mencionado, mi colega, la señora Kroes, ha sufrido un pequeño accidente, por lo que no puede acompañarnos hoy.

El 4 de noviembre de 2008, la Comisión publicó, para su consulta hasta el 15 de enero, un nuevo proyecto de comunicación sobre radiodifusión. Nos tomamos muy en serio el proceso de consulta amplia. La Comisión parlamentaria de Cultura y Educación ha fijado una audiencia para el 5 de marzo y, como ya se ha dicho, el Grupo del PPE-DE ya celebro una audiencia el jueves de la semana pasada, con la asistencia del Director General de Competencia, Philip Lowe.

Este diálogo entre la Comisión y el Parlamento es importante. Estamos preparados para escuchar y para contestar a sus preguntas. También sabemos que, en septiembre de 2008, el Parlamento acordó que debía proporcionarse ayuda estatal a los servicios públicos de radiodifusión para que pudiesen cumplir su función en un entorno dinámico, evitando el uso de financiación pública por motivos de conveniencia política o económica. Esto coincide con nuestro parecer; tanto la radiodifusión pública como la privada son importantes. El doble sistema de radiodifusión es una respuesta al panorama de los medios de comunicación en Europa, que debe protegerse en todas las plataformas.

Por tanto, el proyecto de comunicación sobre radiodifusión pretende consolidar el argumento a favor de la ayuda estatal de la Comisión, puesto en práctica a partir de la comunicación de 2001. Este proyecto garantiza que nuestras normas reflejen el cambiante entorno de los nuevos medios de comunicación. El objetivo de la modernización de la Comunicación es aumentar la transparencia y la seguridad jurídica. El proyecto de comunicación especifica claramente que los servicios públicos de radiodifusión ofrecerán servicios audiovisuales en todas las plataformas mediáticas, al tiempo que dejarán a los operadores privados incentivos suficientes para que puedan mantenerse en el mercado. Esto queda garantizado por la denominada prueba de Ámsterdam, que equilibra el valor y los efectos negativos en el ámbito nacional de los servicios de los medios de comunicación con financiación pública.

¿Por qué incluimos estas pruebas? Porque realizarlas en el ámbito nacional permite evitar la intervención de la Comisión. La Comisión cada vez recibe más quejas sobre casos dudosos en los que la actividad de un medio de comunicación público puede carecer de un valor claro para los ciudadanos, pero cuyo impacto de mercado es considerable. Sin embargo, la Comisión opina que las intervenciones repetidas en este sector no son acordes con el espíritu de subsidiariedad. Por ello, queremos que los Estados miembros compartan la responsabilidad de la Comisión a la hora de controlar el impacto de los medios de comunicación financiados por el Estado sobre el mercado.

La prueba de Ámsterdam garantiza que los nuevos servicios de comunicación de los servicios públicos de radiodifusión satisfagan las necesidades sociales, democráticas y culturales de la audiencia, al tiempo que reducen al mínimo los daños colaterales causados por las ayudas estatales a los operadores privados. No estamos de acuerdo en que la prueba de Ámsterdam implique una carga administrativa injustificable. Por supuesto, cualquier prueba exige trabajo, pero el esfuerzo mínimo que requerimos es razonable y necesario. En primer lugar, la prueba sólo está prevista para los servicios importantes y realmente nuevos; y aquí nuestro proyecto deja a los Estados miembros un amplio margen de apreciación. Cada Estado miembro puede decidir cuándo un nuevo servicio audiovisual debe someterse a la prueba. En segundo lugar, el proyecto dispensa a los proyectos pilotos de la prueba. Los servicios públicos de radiodifusión pueden así continuar experimentando con nuevos medios de comunicación sin que sean necesarias pruebas preliminares. En tercer lugar, el proyecto da una libertad total a los Estados miembros para elegir los procedimientos adecuados y las instituciones que realizarán la prueba. Finalmente, cabe mencionar que los Estados miembros más pequeños, como Bélgica e Irlanda, ya aplican estas pruebas. Las soluciones adoptadas en estos países son proporcionales a los recursos disponibles. Dada la amplitud de la prueba, no existe riesgo de infringir la libertad editorial. La prueba tan sólo requiere que un medio de comunicación público satisfaga las necesidades sociales, democráticas y culturales de la sociedad y que su impacto en el mercado sea proporcional. Para proteger la independencia editorial, en el proyecto también dejamos abierta la posibilidad, en determinadas condiciones, de que la prueba pueda ser realizada por el propio servicio público de radiodifusión.

En resumen, yo diría que la Prueba de Ámsterdam debe considerarse más como una oportunidad que como una amenaza. Ayudará a mantener el pluralismo de los medios de comunicación en el entorno de los nuevos medios al salvaguardar la imparcialidad y la seguridad tanto para los medios comerciales, incluidos los periódicos en línea, como para nuestros excelentes medios de comunicación públicos.

PRESIDE: Manuel António DOS SANTOS
Vicepresidente

  Ivo Belet, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (NL) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, buenas tardes. Antes que nada, quiero pedirles que transmitan nuestros mejores deseos a la señora Kroes. Esperamos que tenga una pronta recuperación, después del resbalón que sufrió. Naturalmente, esperamos que la señora Kroes esté de vuelta entre nosotros lo antes posible.

Obviamente, señora Comisaria, estamos de acuerdo con usted en que la Comisión debe garantizar, ahora y en el futuro, igualdad de condiciones a todos los actores en el ámbito audiovisual, es decir tanto para las sociedades de radiodifusión públicas como para las privadas. Esto es crucial para disponer de una oferta equilibrada y también irá en beneficio de la calidad.

No obstante, lo que la Comisión ha presentado se opone diametralmente a esta idea por varias razones, tal y como el señor Visser ha dejado bastante claro. Señora Comisaria quiero comenzar con un breve comentario sobre lo que acaba usted de decir. Esta prueba de mercado que nos propone ya se está llevando a cabo en Bélgica, entre otros países. Esto es verdad hasta cierto punto, pero no del todo. La prueba de mercado, o el análisis del impacto, está siendo aplicada ya en cierta medida por los propios servicios de radiodifusión, entre otros, pero no de conformidad con las modalidades establecidas en la propuesta de la Comisión, que parecen algo distintas.

Quiero compartir nuestras reservas sobre la propuesta. Mi principal objeción es que choca con la Estrategia de Lisboa. En efecto, hoy en día se da esta situación en muchos Estados miembros, donde son precisamente las sociedades públicas de radiodifusión las que generan y alientan la innovación en los medios de comunicación. Obviamente, esto debería seguir siendo así. En mi opinión, hemos tomado un rumbo equivocado con esa actitud administrativa condescendiente que desalienta la innovación. Las nuevas plataformas, particularmente en el contexto digital, como la banda ancha, Internet y otras, tienen un gran coste de desarrollo. Lo ideal es que las inversiones de este tipo se propaguen lo más ampliamente posible y se desarrollen de forma concertada. Las sociedades de radiodifusión privadas y públicas pueden así ofrecer sus contenidos en una plataforma compartida, y la competencia debería producirse precisamente en términos de contenidos, de modo que el cliente pueda beneficiarse al máximo.

No obstante, no nos malinterpreten. Apoyamos al 100 % las relaciones competitivas entre los servicios de radiodifusión públicos y los privados. Ambos deben disponer de espacio para proporcionar contenidos de calidad. Resulta obvio, a este respecto, que las sociedades públicas de radiodifusión deberán dar cuenta de los fondos públicos que gastan y con los que trabajan, aunque estemos convencidos de que hay mejores maneras de hacerlo. Al hilo de esto, queremos referirnos al ejemplo de la cadena británica BBC, en la que se han propuesto alianzas entre distintos socios en términos de desarrollo, producción y distribución. Es un buen ejemplo, en mi opinión, e invito a la Comisión a que reflexione con nosotros en esa dirección.

  Katerina Batzeli, en nombre del Grupo del PSE. – (EL) Señor Presidente, señora Comisaria, la revisión de las directrices básicas sobre ayuda estatal a la radiodifusión pública propuestas por la Presidencia francesa constituye un debate extremadamente tópico tanto internamente en numerosos Estados miembros, y en relación con la posición de los medios de comunicación en el ámbito europeo e internacional.

No obstante, al mismo tiempo la revisión del conjunto de medidas sobre telecomunicaciones, que básicamente reestructurará el modo y los criterios de asignación del espectro radioeléctrico en el ámbito europeo, ha demostrado que las normas que rigen la financiación de los servicios de radiodifusión tienen ahora una importancia fundamental para la futura regulación y desregulación de los servicios vinculados con la sociedad de la información, la innovación y los servicios de interés público y económico. Ésta es, básicamente, la cuestión política que debemos resolver.

Queda claro que el debate sobre la ayuda estatal se centra principalmente en los denominados servicios públicos de radiodifusión, tal como los define cada Estado miembro, dados los recursos básicamente mínimos con que cuentan y, sobre todo, la importante función de servicio público que se les ha asignado. El importante papel de los servicios de radiodifusión se menciona en la Convención de la UNESCO, en el Protocolo de Ámsterdam y en la Comunicación de 2001 de la Comisión. En otras palabras, ya existe una plataforma en la que está claramente definido el papel de los medios de comunicación públicos.

Sin embargo, se ha abierto la cuestión de la ayuda estatal y debemos tener en cuenta algunas circunstancias nuevas, como usted ya ha estipulado, y algunas medidas que se están adoptando tanto de forma deliberada como no deliberada, debido a la confusión que a menudo existe entre los organismos públicos y los privados.

Quisiera mencionar algunos puntos: en primer lugar, la cuestión de la definición del mandato de servicio público no debe confundirse con la cuestión del mecanismo de financiación escogido para proporcionar estos servicios. Mientras que la televisión pública puede dedicarse a actividades comerciales –como la venta de espacios publicitarios– con el fin de generar ingresos, esta práctica ha sido condenada por determinados gobiernos, como el francés, y está siendo alterada basándose en la legislación nacional.

Por otra parte, los servicios comerciales de radiodifusión a los que se pide que ofrezcan un servicio público también desempeñan un papel importante. La coexistencia de proveedores de servicios públicos y privados supone un elemento básico del mercado europeo.

Quiero finalizar con otro asunto: los procedimientos ex-ante propuestos por la Comisión para evaluar la ayuda estatal deberían preocuparnos, no porque la subsidiariedad quede en suspenso o porque sea suplantada, sino porque no está claro que sean compatibles con los términos de la ayuda estatal.

Por último, quiero señalar que la cuestión de la ayuda nacional a las emisoras de radio y a los medios de comunicación de masas debería evaluarse en el marco de las relaciones internacionales, ya que las organizaciones europeas se ven obligadas a competir con colosos internacionales y porque la estricta legislación dañará los logros europeos y el acervo comunitario.

  Ignasi Guardans Cambó, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, voy a intentar ser breve y, obviamente, empiezo mis palabras mandando también el saludo más afectuoso a la Comisaria Kroes, con el deseo de que se recupere de esa caída. Aquí, al menos, nos han puesto mucha sal en la puerta del edificio, pero veo que, en otros sitios, no había la suficiente sal.

El debate que tenemos es tremendamente importante y, por eso, en el fondo, el motivo fundamental del mismo es exigir, pedir a la Comisión que se implique al Parlamento. Ésta es la razón de ser de este debate; no es cerrarlo aquí, sino tener claro que antes de que se formalice esa comunicación de la Comisión, podamos contar realmente con un debate aquí y nos impliquemos todos.

¿Por qué? Porque lo que está aquí en juego no es sólo nuestro modelo de televisión; está en juego mucho más, porque ya las televisiones, como sabemos todos –y como supimos muy bien mientras debatimos la Directiva de servicios de medios audiovisuales– no son tal y como las conocíamos antes, sino que son, en realidad, elaboradores de contenidos, que suministran a través de una plataforma lineal o no lineal; todo está perfectamente interactuado por un lado y por el otro. Por tanto, estar hablando del servicio público de radiotelevisión ya no se puede plantear como si este debate se estuviera planteando en los años ochenta o en los años setenta.

Por otro lado, es obvio que el debate tiene que tener lugar, que no todo lo que hoy se recubre con la etiqueta de servicio público es servicio público y que no todo lo que se hace con dinero público tiene el más mínimo sentido que se esté haciendo con dinero público en algunas televisiones, pero, al mismo tiempo –y eso es el eje de nuestra preocupación, creo, y entiendo que también de algunos de mis compañeros diputados–, las televisiones públicas tienen una inmensa importancia para proteger nuestra diversidad cultural y nuestra diversidad lingüística, y, en el fondo, para cohesionar nuestras sociedades, porque se supone que buscan algo más que la rentabilidad directamente.

Por tanto, ese equilibrio financiero hay que protegerlo. Hay que buscar modelos de financiación nuevos, debemos ser creativos y abrir ese debate, pero no podemos hacerlo de forma que pongamos en riesgo algo que es tremendamente importante para nuestras sociedades como son las actuales televisiones públicas.

  Helga Trüpel, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la Comisión Barroso ha anunciado la abolición del exceso de regulación europea como uno de sus mayores objetivos políticos. Tenemos la impresión de que, con las propuestas que están haciendo, en realidad están alentando precisamente el exceso de regulación. La audiencia celebrada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos la semana pasada dejó claro que existen serias dudas sobre el grado de su interferencia en las competencias de los Estados miembros. Lo que ahora tenemos sobre la mesa despide un tufillo a exceso de regulación, y eso es algo que no podemos aceptar.

Es cierto que debemos alcanzar un equilibrio entre las posibilidades de desarrollar servicios de radiodifusión públicos y privados. Pero esto también significa –sobre todo en la era digital– que la radiodifusión pública, que representa la calidad, la diversidad cultural y la cohesión social y cultural, debe tener oportunidades para desarrollarse en la era digital. Exigimos esto como parte de la Estrategia de Lisboa. Si se niega esta oportunidad a la radiodifusión pública, se habrá convertido en un dinosaurio. Y no será capaz de desarrollarse adecuadamente.

Cuando pensamos en la crisis económica y financiera, todos llegamos a la conclusión de que los mercados deben regularse. La regulación social y ecológica no es una posición contraria a los mercados, sino favorable a los mercados justos; es decir, a los mercados regulados. Lo mismo se aplica a un contexto de relaciones en el que los sectores público y privado puedan desarrollarse en un futuro si aspiramos a tener éxito en el mundo digital.

  Erik Meijer, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (NL) Señor Presidente, durante ochenta años la radiodifusión pública ha cumplido con la tarea de informar al público en su sentido más amplio. Este servicio puede sobrevivir gracias a la financiación pública que puede recaudarse por medio de un impuesto independiente de radio y de televisión, y que puede ser complementada con las contribuciones de los miembros de las organizaciones de radiodifusión, como sucede en Holanda desde hace mucho tiempo.

Paralelamente a esto, en las últimas décadas se ha alentado a la radiodifusión pública a ganar su propio dinero. Esto se consigue no sólo a través de la publicidad, sino también poniendo a disposición de la audiencia gran parte del material reunido por la sociedad de radiodifusión en forma de material de audio y de vídeo. Como resultado, se espera lograr una mayor cercanía a los espectadores y oyentes, llegar a nuevos grupos y reducir el gasto gubernamental. Esta práctica, que ha crecido a lo largo de los años, no plantea problemas mientras los canales comerciales no se sientan perjudicados.

Desde la perspectiva de los canales comerciales, los mucho más veteranos servicios públicos de radiodifusión pueden considerarse como competidores a los que se les ha concedido una importante ventaja, ya que obtienen fondos procedentes del dinero de los contribuyentes. La pregunta que debemos plantearnos es si el derecho a existir de los servicios públicos de radiodifusión ya no debería provenir en primera instancia de su utilidad para el conjunto de la sociedad, sino de la posible distorsión de la competencia con respecto a los canales comerciales. Dado que los intereses públicos y privados ya no coinciden, la Comisión Europea se enfrenta a exigencias contradictorias.

El futuro de los servicios públicos de radiodifusión penderá de un hilo si su margen de maniobra queda limitado a favor del planteamiento lucrativo de las empresas comerciales. Las cosas serán incluso peores si esto se hace sin la implicación del Parlamento y desestimando las objeciones expresas de 19 de sus 27 Estados miembros.

Durante los últimos años, he pedido en distintas ocasiones a la Comisión que abandone este plan nefasto. En mi opinión, ésa es la única solución posible, habida cuenta de la inquietud generalizada. Además, éste es un asunto que entra dentro de la competencia de los Estados miembros y no de la Unión Europea. Respaldo las preguntas y la posición del señor Visser y de los otros oradores.

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE). - (EL) Señor Presidente, señora Comisaria, tal y como mis colegas firmantes de la pregunta oral han enfatizado y tal y como otros distinguidos oradores señalaron con mayor detalle en la audiencia pública celebrada la semana pasada en Bruselas, debemos considerar la televisión pública como un medio que presta a nuestros ciudadanos un servicio que en gran medida está obligado a prestar.

El diálogo público, la autoridad supervisora independiente y la diversidad de programas, de acuerdo con la historia y la cultura de cada Estado Miembro, deben protegerse ante el desarrollo de las nuevas tecnologías y el gran número de empresas que surgen diariamente.

En el marco de una competencia saludable, la Comisión necesita impulsar nuevas vías de protección del interés público y de la radiodifusión pública.

Principalmente, debe aclararse la definición de la misión pública de los servicios de radiodifusión; necesitamos una mejor evaluación de la ayuda estatal, pero también, con respecto a la norma de transparencia, no debemos imponer cargas administrativas y financieras sin razón de ser a los Estados miembros y a los servicios públicos de radiodifusión en la evaluación ex-ante llevada a cabo por la Comisión.

También es necesario adoptar unos mecanismos de control más eficaces en el entorno de los medios de comunicación de masas. Además, como la radiodifusión pública desempeña un papel decisivo en la diversidad cultural y lingüística, todos esos medios de comunicación, al igual que las sociedades públicas y la televisión estatal, están obligados a ofrecer programas de calidad y, al mismo tiempo, en el marco de la competencia con otros entes similares, deben ser capaces de responder positivamente a los desafíos de nuestro tiempo, difundiendo eventos de interés mundial, como los Juegos Olímpicos o la Copa del Mundo. Por desgracia, hoy en día esto es algo que tiende a evitarse por una sola razón, y es que, puesto que las empresas privadas tienen más dinero, la televisión pública no puede permitirse esas retransmisiones. En consecuencia, los ciudadanos no pueden ver esos eventos junto con otros programas.

Para terminar, quiero señalar que, de igual modo, lo que actualmente está disponible en el mercado y los intereses de los medios de comunicación comerciales a la hora de definir el alcance de la competencia y de la actividad de los servicios públicos de radiodifusión no resultan beneficiosos para el interés general, con alguna que otra excepción como es lógico, y la Comisión ha de tenerlo muy en cuenta.

  Maria Badia i Cutchet (PSE). – (ES) Señor Presidente, señora Comisaria. También me uno a los deseos de una pronta recuperación de la señora Kroes.

Me gustaría hacer algunos comentarios generales en relación a la revisión de la Comunicación sobre radiodifusión. En primer lugar, quiero decirles que considero positiva esta revisión, iniciada por la Comisión, en la medida en que permitirá adaptar el contenido de la Comunicación del año 2001 a los cambios producidos tanto en el terreno tecnológico como en el propio ordenamiento comunitario.

También, porque mantiene los ejes esenciales de la Comunicación de 2001, que reconocen el papel imprescindible de los servicios públicos de radiodifusión a la hora de garantizar la calidad democrática y el pluralismo. Me refiero básicamente a los principios de la definición y delimitación por parte de los Estados del abasto y contenido de las misiones de servicio público asumidas por parte de las entidades públicas correspondientes, así como la libertad de escoger el modelo de financiación, evitando distorsiones de la libre competencia.

Asimismo, cabe señalar la atribución del cumplimiento de esta misión a una entidad o corporación específica mediante una resolución formal y la existencia de una supervisión externa e independiente de esta misión y, aquí, enfatizo el papel central de las autoridades de reglamentación del sector audiovisual.

En relación a las novedades más destacadas de la propuesta, valoro positivamente los controles ex ante a la prestación de nuevos servicios por parte de radiodifusores públicos, pero siempre que se mantenga el suficiente grado de flexibilidad que permita su adaptación al modelo institucional de cada Estado, así como su adopción progresiva.

Por último, pienso que hay que examinar con una especial cautela la posibilidad de que determinadas prestaciones incluidas dentro del servicio público audiovisual puedan ser objeto de remuneración o contraprestación económica por parte de los ciudadanos que las disfrutan, habida cuenta del carácter gratuito y universal que tradicionalmente ha prestado el servicio público audiovisual y de los riesgos de exclusión que podrían desencadenarse en caso de aceptación de esta modalidad de financiación. Espero que la Comisión tenga en cuenta estos comentarios.

  Ieke van den Burg (PSE). - Señor Presidente, está claro que lo que está en juego aquí es la tensión existente entre el interés público y su función en la sociedad frente al impacto en la competencia justa y el funcionamiento del mercado interior. Las fronteras entre la radiodifusión pública y la privada, pero también otros medios de comunicación, se están haciendo cada vez más borrosas y esto sucede particularmente cuando están en juego nuevos medios de comunicación como Internet, el iPod, los SMS, etc.

Como ya se ha dicho, la radiodifusión pública es a menudo la protagonista de la innovación de los servicios, pero queda claro que ése es un impacto transfronterizo y entre los sectores de los medios de comunicación. Por tanto, es importante mantener la coherencia entre la Comunicación sobre radiodifusión y el marco general de los servicios de interés económico colectivo. Ésta es una cuestión importante que ya hemos tratado en la Comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios. En particular, los miembros del Grupo del PSE en esa Comisión han hecho hincapié en que es importante generar mayor seguridad jurídica para los servicios de interés económico general, y nos gustaría que hubiese un acuerdo político para crear una directiva marco y una legislación en este ámbito.

La consulta sobre el proyecto de Comunicación que tenemos ante nosotros y que ha presentado la Comisión puede recibir comentarios hasta el 15 de enero, y es importante manifestar de nuevo con claridad que este marco general más horizontal sería un instrumento importante para ampliar el contexto de los debates como este sobre la radiodifusión pública.

Es importante determinar quién decide las normas y qué equilibrio existe en ellas entre los intereses del mercado y el interés público. Tengo la sensación de que la prueba de mercado mencionada en la Comunicación daría prioridad a las consideraciones de mercado y comerciales, en perjuicio del interés público. Ésta era nuestra intención con las nuevas normas horizontales sobre los servicios de interés económico general.

Me sorprende un tanto que el Grupo del PPE-DE se centre ahora en estas cuestiones específicas, dado que se mostró dubitativo a la hora de apoyar nuestra petición de un marco más general. He ahí un ejemplo –también en este caso de radiodifusión– de que, si no se dispone de un marco de trabajo claro y más amplio y en el que se conceda mayor protagonismo e importancia a los aspectos relacionados con el interés público, siempre serán los intereses del mercado los que predominarán en este tipo de debates.

Quiero aprovechar la oportunidad para repetir nuestra petición de un marco de servicios de interés económico general, el cual, desde un planteamiento horizontal, restituya el equilibrio entre estos intereses a favor del interés público.

  Emine Bozkurt (PSE). - (NL) Señor Presidente, radiodifusión pública significa pluralismo, diversidad, diversidad cultural en Europa, la cuna de la democracia –no me lo he inventado, la Comisión puede confirmarlo–; y los servicios públicos de radiodifusión tienen una importancia nacional. Ahora hay en marcha planes para introducir una prueba de mercado que será llevada a cabo de antemano, particularmente en el caso de las actividades de los nuevos medios de comunicación. No creo que sea una buena idea, porque Bruselas no debería dictar con antelación cómo deben organizar los Estados miembros sus servicios públicos. En mi opinión, la manera de responder a los intereses públicos debe evaluarse en el ámbito nacional, lo que hace innecesaria una prueba de mercado obligatoria.

También quiero decir unas palabras sobre la burocracia. Aunque estoy a favor de las comprobaciones exhaustivas, debemos asegurarnos de que no generamos más normas y más costes para los Estados miembros.

Además, en lo referente a la oferta, creo que no deberíamos distinguir entre servicios viejos y nuevos, porque, en la práctica, las líneas entre ambos se han borrado. No estamos ante una disyuntiva; los programas de televisión a menudo van de la mano de nuevos servicios, y viceversa. De modo que, al igual que en Europa, ambos se entrecruzan. No sólo tiene que ver con el mercado, sino también con la importancia pública de nuestros servicios públicos de radiodifusión, reconocida universalmente. Me gustaría que la Comisión explicara si este aspecto se incluirá en la versión adaptada de la Comunicación, y si las responsabilidades se asignarán adecuadamente, esto es, a los Estados miembros; aunque vayan acompañadas de normas sobre los servicios de interés general que deberían ser redactadas previa consulta con el Parlamento Europeo y con el Consejo.

  Thomas Mann (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, la radiodifusión pública es algo más que un factor económico. La semana pasada asistí en Bruselas a la audiencia organizada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos. En ella se destacó la importancia de la información y de la diversidad de la cultura y la educación europeas. Si veintidós Estados miembros se muestran contrarios a la revisión o a la intensificación porque tenemos un marco de condiciones distinto y distintos mercados, me parece un error aspirar a una administración exhaustiva, a un largo procedimiento de prueba como el obligatorio ex-ante ya comentado, o a la interferencia europea con un engorroso concepto burocrático.

Ya existen organismos de control de la radiodifusión pública: los consejos de radiotelevisión. Vigilamos la adaptación a los cambios tecnológicos. Vigilamos el cumplimiento de las normas para garantizar una competencia justa. Yo soy miembro de uno de estos organismos, como representante de la Unión de Federalistas Europeos en el Consejo de radiotelevisión de Hesse [Hessischer Rundfunk]. Nuestra independencia está garantizada por la ley. Por otra parte, estamos sujetos a un control total y adecuado por parte del público. Así es como funciona una política eficaz sobre medios de comunicación.

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, el estado coincide con la opinión de sus Señorías cuando afirman que el apoyo a la radiodifusión de interés público requiere una aclaración legislativa. Durante mucho tiempo, hemos pedido esto en el Parlamento Europeo. No obstante, quiero llamar su atención sobre asuntos más urgentes que la Comisión debe solucionar lo antes posible. Mencionaré tres de ellos. En primer lugar, necesitamos la introducción generalizada de antenas televisivas compartidas para incluir la radiodifusión digital, especialmente en los bloques de apartamentos que son propiedad de agentes inmobiliarios, de conformidad con las excepciones del Artículo 5 de las directrices informativas, ya que éste es un problema para millones de ciudadanos en los nuevos Estados miembros, incluida la República checa. El segundo punto es impulsar una mayor cooperación entre los consejos nacionales de radiotelevisión y las instituciones europeas, con el objeto de lograr una mejor aplicación de las disposiciones relativas a los servicios públicos. El tercer punto es mejorar la coordinación entre las autoridades nacionales de control de las emisiones de televisión en relación con las sanciones impuestas por emitir programas inadecuados que amenazan el desarrollo moral de niños y jóvenes.

  Androulla Vassiliou, miembro de la Comisión. − Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos por este fructífero debate, cuyos términos trasladaré a mi colega la señora Kroes.

Permítanme que me refiera a alguno de sus comentarios. El Protocolo de Ámsterdam señala la necesidad de equilibrar la financiación con fondos públicos y sus efectos en la competencia. Queremos que los Estados miembros tomen la iniciativa a este respecto, pues de lo contrario tendremos que hacerlo en Bruselas basándonos en las quejas.

Nuestro objetivo es dar a los Estados miembros más posibilidades de desarrollar los servicios de radiodifusión pública, siempre que se respeten las disposiciones del Tratado sobre la competencia. Los servicios de radiodifusión pública deben seguir innovando, educando y, claro está, entreteniendo. La Comisión está de acuerdo con estos objetivos.

La decisión de cómo se financian los servicios de radiodifusión pública corresponderá a los Estados miembros. El Protocolo de Ámsterdam lo indica claramente. Los servicios públicos de radiodifusión tendrán libertad para experimentar con nuevos proyectos. El proyecto de Comunicación deja claro que los proyectos piloto quedan excluidos de las pruebas. Siempre hemos reconocido la posibilidad de proporcionar financiación para una misión de servicio público que incluya una amplia programación, variada y equilibrada, por parte de los servicios públicos de radiodifusión. Éste seguirá siendo el caso en el futuro.

La Comisión también quiere garantizar una combinación de público y privado. La Comisión aspira a promover a los servicios públicos de radiodifusión para que se beneficien de las nuevas tecnologías de modo que cubran las necesidades sociales, democráticas y culturales de la sociedad.

La prueba de Ámsterdam permite a los Estados miembros proporcionar financiación para nuevos servicios de comunicación por parte de los servicios públicos de radiodifusión. Protege la capacidad de ir a la par de las transformaciones que experimenta el cambiante entorno de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, también en interés público se mantienen los incentivos para los operadores privados. La innovación por parte de los servicios de radiodifusión públicos y privados es importante para hacer realidad los objetivos de Lisboa, y no es necesario decir que los servicios públicos de radiodifusión también tendrán libertad para lanzar en el futuro todo tipo de servicio comercial nuevo sin evaluación previa.

Quiero garantizarles que nos tomamos la consulta muy en serio. Revisaremos el texto para tener en cuenta las legítimas inquietudes aquí expresadas. Voy a pedir a nuestros servicios que tengan en cuenta las propuestas del Parlamento y de los Estados miembros a la hora de revisar el borrador.

  Presidente. – El debate queda cerrado.

17. Relaciones económicas y comerciales con los Balcanes Occidentales (breve presentación)

  Presidente. – El siguiente punto es el informe (A6-0489/2008) del señor Belder, en nombre de la Comisión de Comercio Internacional, sobre relaciones económicas y comerciales con los Balcanes Occidentales (2008/2149(INI)).

  Bastiaan Belder, ponente. − (NL) Señor Presidente, quiero aprovechar esta oportunidad para presentar mi informe sobre las relaciones económicas y comerciales con los Balcanes Occidentales.

No sin motivo, comencé el informe reiterando la perspectiva europea de estos países. La Unión no puede continuar repitiendo fielmente viejas promesas, como la que hizo en 2003 a los Estados de los Balcanes Occidentales durante el Consejo Europeo de Salónica, de que entrarían en la Unión Europea. No, se haría un mejor servicio a los Balcanes Occidentales adoptando medidas tangibles y procedimientos de adhesión hechos a medida en lugar de utilizar una retórica casi servicial.

Se preguntarán por qué tengo en tanta estima las perspectivas de adhesión estos países. En primer lugar, estoy totalmente convencido de que la Unión tiene una deuda de honor con ellos. Esto me recuerda el debate sobre Srebrenica que tendrá lugar en esta Cámara el próximo miércoles por la tarde. Además, esta región tiene una importancia estratégica fundamental para Europa. Las propuestas específicas de mi informe son las siguientes. Abogo por una mayor consolidación del Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (CEFTA). Éste instrumento desempeña un importante cometido en la mayor integración de la región, lo que constituye, a su vez, un paso necesario si esos países quieren adherirse al mercado europeo y a la Unión en tres fases. La Unión Europea debe movilizar fondos de preadhesión a través de la asistencia en un amplio frente para impulsar los procesos de reforma en esos países. Los Estados miembros también pueden desempeñar un papel destacado, proporcionando una formación específica a los funcionarios locales. Con ello se concederá a esos países una mayor capacidad oficial para formular proyectos adecuados que permitan el uso de los fondos disponibles de la Unión Europea.

Señor Presidente, cuando comencé a trabajar en este informe, lo primero que hice fue visitar el Departamento de Asuntos Económicos de mi país en La Haya, donde me complació enterarme de que el Gobierno de los Países Bajos había propiciado un acercamiento entre gobiernos. Esto es algo que describo en mi informe como un ejemplo que merece la pena seguir, no porque se trate de un enfoque neerlandés, sino porque está hecho a medida de los propios Estados de los Balcanes Occidentales y de sus peticiones, para apoyar el proceso de adhesión de manera activa y apropiada.

Quiero mencionar un punto concreto de mi informe, el referido a la cooperación energética con los Balcanes Occidentales, que es, en mi opinión, un tema bastante recurrente. De resultas de su situación estratégica, esta región podría desempeñar un papel significativo en el tránsito de petróleo crudo y gas natural. La Unión debería esforzarse para establecer una política energética externa. También soy miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores. Hace unos años, aprobamos un sólido informe con vistas a adoptar una política europea externa en el ámbito de la energía. Bien, fíjense en la situación actual, que refuerza esa petición del Parlamento Europeo a la Comisión y al Consejo. Bruselas no debería dejar a sus propios Estados miembros en la intemperie, literalmente o en sentido figurado.

Quiero terminar diciendo que, como ex periodista, he viajado a los Balcanes en varias ocasiones. Por ello, siento gran empatía e implicación con esa región. Para la redacción de mi informe, utilicé mi presupuesto para viajes de investigación; con la Comisión de Comercio Internacional y su empleado Roberto Bendini, en particular, y con mi propio asistente Dick Jan Diepenbroek, he realizado valiosos viajes a Serbia y a Kosovo, y la semana próxima, espero desplazarme a Albania. En pocas palabras, puede que haya concluido mi informe esta tarde, pero el trabajo no ha terminado ni tan siquiera remotamente, no para mí ni tampoco para las instituciones europeas. Si verdaderamente queremos acercar esta región a Bruselas y, de hecho, demostramos este deseo con nuestro nivel de dedicación y con nuestro apoyo activo, estamos en nuestro derecho de pedir que el proceso de reforma, la adhesión, se lleve a cabo de manera responsable, y esto también debería resultar evidente. Para mí ha sido un auténtico placer trabajar en este informe, y espero que le sigan informes individuales sobre cada uno de los países de los Balcanes Occidentales.

  Androulla Vassiliou, miembro de la Comisión. − Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al señor Belder por su excelente informe. Este documento llega en un momento en el que los Balcanes Occidentales se aproximan más y más a la Unión Europea, y proporciona una visión general exhaustiva de las cuestiones que hay en juego en las relaciones económicas y comerciales entre la UE y los Balcanes Occidentales. Permítanme que me centre en algunos puntos destacados de su informe.

La región de los Balcanes Occidentales es un aliado clave y valioso para la Unión Europea. En la última Comunicación de la Comisión sobre los Balcanes Occidentales, de marzo de 2008, se reitera el firme compromiso de la Unión con la perspectiva europea de la región y confirma, entre otras cosas, la importancia del Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (CEFTA) para el desarrollo económico de la región. La Comisión coincide con el ponente en que la perspectiva de convertirse en miembros de la UE puede actuar como catalizador del desarrollo económico sostenible y del mantenimiento de la paz y de la estabilidad en la región. La Comisión también está de acuerdo en que el cumplimiento de los criterios de Copenhague por parte de cada uno de los países de la región reviste la máxima importancia a la hora de decidir si dichos países están preparados para adherirse a la UE. La UE se ha convertido en el principal socio comercial de todos los países de los Balcanes Occidentales. Unos lazos económicos aún más estrechos entre esa región y la Unión son, por tanto, vitales para impulsar el crecimiento económico de la misma.

Como señalaba acertadamente en su informe, la liberalización del comercio y la integración es una piedra angular en el proceso de estabilización y de asociación, y en el caso de los Balcanes Occidentales, la UE ha perseguido ese objetivo en tres ámbitos.

En primer lugar, en el ámbito bilateral, desde el año 2000, la Unión Europea ha concedido preferencia comercial unilateral a los Balcanes Occidentales con el objeto de facilitar el acceso de sus exportaciones a los mercados de la UE. La Comisión ha negociado acuerdos de libre comercio como parte de los acuerdos de estabilización y de asociación, para crear condiciones que permitan realizar las reformas políticas y económicas necesarias, y para establecer las bases de la integración de los Balcanes Occidentales en la Unión, por ejemplo mediante el cumplimiento del acervo comunitario.

En segundo lugar, en el ámbito regional, la Comisión Europea ha actuado como facilitadora del Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (CEFTA) y ha decidido proporcionar ayuda financiera y asistencia técnica a la Secretaría del CEFTA y a las partes para impulsar la aplicación del acuerdo. Al mismo tiempo, la Comisión Europea valora enormemente la asunción del acuerdo en la región y reconoce que el CEFTA es fundamental para una integración económica regional más profunda y para preparar el terreno ante la participación plena en el futuro de los Balcanes Occidentales en el mercado individual europeo. Además, el CEFTA ha creado todas las estructuras necesarias para tratar temas relacionados con el comercio en los ámbitos regional y bilateral. Ello resulta esencial para estimular la cooperación regional y las buenas relaciones de vecindad. La Comisión Europea continuará vigilando la aplicación del CEFTA y continuará informando acerca de este particular en su informe anual sobre el proceso de adhesión y de preadhesión.

En tercer lugar, en el ámbito multilateral, la Comisión ha apoyado la adhesión de los países de la región a la Organización Mundial del Comercio, ya que es una condición indispensable para su participación efectiva en la economía mundial. La UE ha utilizado todos los instrumentos políticos a su alcance para apoyar a los países de los Balcanes Occidentales en sus esfuerzos de reforma y cooperación internacional. El Instrumento de Preadhesión es fundamental para abordar las necesidades de desarrollo de la región a largo plazo. La financiación total para el actual marco financiero durante el periodo 2007-2013 asciende a 11 500 millones de euros. Por último, pero no por ello menos importante, la Comisión Europea ha iniciado conversaciones con todos los países implicados de la región con el fin de establecer hojas de ruta para retirar el régimen de visados.

A la luz de lo ya dicho, les aseguro que la Comisión está dando todos los pasos necesarios para mejorar las relaciones comerciales y para acercar lo más posible la economía de los Balcanes Occidentales a la UE. Para concluir, quiero felicitar de nuevo al ponente por su informe y me complace decir que la Comisión comparte los aspectos generales de su enfoque.

  Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas.

Declaración por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), por escrito. – (RO) Quiero expresar mi respaldo y mi reconocimiento al informe presentado por el señor Belder, puesto que recomienda la adopción de medidas concretas dirigidas a la perspectiva europea de los pueblos de los Balcanes occidentales. Me gustaría llamar su atención sobre tres aspectos:

1. Hemos de ser realistas y reconocer que Serbia desempeña un papel fundamental en el éxito del proceso de estabilización y asociación, y que la Unión Europea debe continuar trabajando para ganarse la confianza y la amistad duradera del pueblo serbio.

2. En el futuro, no deberían permitirse tendencias étnicas separatistas ni declaraciones unilaterales de independencia en territorios tales como Kosovo, Osetia del Sur, Abjazia, el Trans-Dniéster, Chipre del Norte, etc. El principio de integridad territorial de los Estados es sagrado y debe respetarse.

3. Al mismo tiempo, debemos mostrar nuestro firme respaldo al cumplimiento de las normas europeas referentes a los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales en los Estados de los Balcanes occidentales, incluidos los de las comunidades hablantes de la lengua rumana en Valea Timocului, Voivodina, Istria y la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Estos derechos deben respetarse, excluyendo toda tendencia hacia la autonomía territorial por motivos étnicos y toda aspiración de lograr derechos étnicos de carácter colectivo, que ya han demostrado su elevado potencial para provocar conflictos y desencadenar sangrientas guerras.

18. Política Agrícola Común y la seguridad alimentaria en el mundo (breve presentación)

  Presidente. – El siguiente punto es el informe (A6-0505/2008) elaborado por Mairead McGuinness, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la Política Agrícola Común y la seguridad alimentaria en el mundo (2008/2153(INI)).

  Mairead McGuinness, ponente. − Señor Presidente, cuando empecé a trabajar en este informe, el problema de la seguridad alimentaria en el mundo ocupaba un lugar destacado entre las prioridades políticas y, en cierta medida, puede decirse que hoy día ha perdido algunas posiciones. Sin embargo, continúa siendo ciertamente una cuestión preocupante, dado que sigue habiendo en todo el planeta más de mil millones de personas que sufren hambre o desnutrición. Treinta mil niños mueren cada día a causa del hambre y de enfermedades relacionadas con la pobreza. Estos datos son aterradores y nos plantean la cuestión fundamental de cómo producir una cantidad suficiente de alimentos y lograr que la gente tenga acceso a los mismos.

Quiero dar las gracias a la Comisión por haber colaborado conmigo en la redacción de este informe, así como a las numerosas comisiones de esta Cámara, de forma especial a la Comisión de Desarrollo que, como es obvio, ha participado en su elaboración.

Es imposible en cuatro minutos hacer justicia a todo lo que se plantea en el informe, pero permítanme resaltar algunos de los puntos que me parecen importantes. En primer lugar, el hecho de haber colocado la Política Agrícola Común y la seguridad alimentaria en el mundo en el encabezamiento sugiere que ha llegado el momento de abandonar la vieja práctica de despotricar contra la Política Agrícola Común y culparla de todos los males que aquejan al mundo en desarrollo, y que actualmente sabemos que la Política Agrícola Común ha proporcionado seguridad alimentaria a los ciudadanos europeos y que es un modelo que puede enseñarnos lo que hemos de hacer en el mundo en desarrollo por lo que respecta a la producción alimentaria.

Resulta evidente que, a lo largo de la última década, aproximadamente, hemos dejado que el desarrollo agrícola pase a ocupar un lugar secundario en los programas políticos y de desarrollo. Hubo un tiempo en el que buena parte de nuestros fondos de ayuda al desarrollo se dedicaban a estimular la agricultura y a proyectos de producción alimentaria. Esto ya no es así, pese a que creo que, desde el aumento de los precios de los alimentos, estamos comenzando a fijarnos de nuevo en la agricultura, tanto en la Unión Europea como a escala mundial.

Este cambio de tendencia significa dejar que los países con recursos para cultivar alimentos lo hagan, ayudarles a ellos y a sus pequeños agricultores a producir alimentos en el ámbito local para satisfacer sus necesidades. Ello no consiste sólo en el suministro de los ingredientes básicos para la producción alimentaria, como semillas y fertilizantes, sino también de los conocimientos necesarios y servicios de asesoramiento a las familias que se dedican a la agricultura en el mundo en desarrollo, a fin de que puedan producir para satisfacer sus propias necesidades.

Y esto es posible. Tenemos los ejemplos de Malawi y otros países que han sido capaces de salir de situaciones de hambruna extrema y producir alimentos. Es necesario poner en marcha iniciativas de política pública para lograrlo. También es preciso que la Unión Europea, dada su gran implicación en el mundo en desarrollo, inste a los países a revisar su sector agrícola y a comenzar a estimular la producción alimentaria en sus propios territorios.

El problema de la oferta y la demanda es muy delicado, puesto que la población mundial va en aumento –crecerá un 40% hasta 2050– de modo que será necesario analizar todas estas cuestiones. El problema de la competencia, tal como hemos podido comprobar por nosotros mismos, entre la producción alimentaria, la de piensos y la de carburantes, constituye obviamente una preocupación fundamental. Teniendo en cuenta todo ello, supongo que debemos fijar nuestra atención en la cuestión de la investigación y el desarrollo.

En ese ámbito no hemos hecho lo suficiente. En Europa hemos pensado reducir la producción de alimentos, por lo que quizá no se nos haya ocurrido que sea necesario analizar la eficiencia de la producción agrícola y producir más de cara al futuro.

Uno de los mensajes clave que quiero trasladar y que creo que es importante a corto plazo es que los agricultores de todo el mundo producirán alimentos si pueden obtener ingresos de esa actividad; por tanto, debemos instar a los responsables políticos a garantizar ese derecho, a elaborar unas políticas capaces de asegurar unos ingresos estables a los agricultores. ¿Cómo podemos hacerlo? Consiguiendo la estabilidad de precios y controlando los costes de la producción alimentaria. A menos que se les estimule por la vía de los ingresos, los agricultores no tendrán incentivos a desarrollar esa actividad.

Quiero hacer una advertencia. Hace más de un año estábamos hablando de los altos precios de las materias primas. En la actualidad existen excedentes de cereales, por ejemplo, y no hay mercado para comercializarlos. Durante la próxima temporada los agricultores no producirán una cantidad tan alta, lo que podría agravar el problema de la seguridad alimentaria en el mundo a largo plazo.

Se trata de un informe muy denso que confío logre el respaldo de mis colegas. Deseo manifestar mi agradecimiento a las numerosas personas que se han interesado en él.

  Androulla Vassiliou, miembro de la Comisión. − Señor Presidente, la Comisión acoge con satisfacción el informe elaborado por la señora McGuinness y el intenso debate generado en las diversas comisiones del Parlamento Europeo sobre los diversos elementos que giran en torno a este tema de plena actualidad, desde el comercio hasta los biocarburantes, la vigilancia de los precios, la política en materia de inversiones, la crisis financiera, el cambio climático y el uso del agua en la agricultura.

La Comisión comparte el extenso análisis sobre las causas de la crisis alimentaria que afrontaron muchos países durante la primera mitad de 2008. Asimismo, continuará analizando la relación existente entre los precios de los alimentos y los de la energía. La cuestión de la causalidad es muy compleja, pues comprende la interacción de una serie de factores de oferta y demanda. Los precios de la energía constituyen solamente uno de esos factores, si bien sus repercusiones son tanto directas como indirectas. El tema de los biocarburantes ya ha sido discutido en profundidad en varios períodos de sesiones del Parlamento Europeo. Existe una clara diferencia entre la política de la Unión Europea y la de los Estados Unidos en cuanto a la cantidad de producción de cereales utilizada para producir biocarburantes. La política de la UE en esta materia no supone una reducción de la disponibilidad de alimentos, dado que las cantidades de materias primas utilizadas son muy pequeñas a escala mundial.

Incluso aunque la UE se aproxime a su objetivo del 10 %, las consecuencias que ello tendrá sobre los precios de los alimentos serán escasas, principalmente por dos motivos: el primero, porque una cantidad cada vez mayor de biorcarburantes procederá de materias primas no alimentarias o bien se obtendrá a partir de residuos o desechos. En segundo lugar, la eficiencia de las técnicas de producción de biocarburantes continuará mejorando, y también cabe esperar que el rendimiento medio siga aumentando.

Una política comunitaria sostenible en materia de biocarburantes es, ante todo, una política en favor de los pobres que brindará oportunidades adicionales a las dos terceras partes de los pobres del mundo que viven en zonas rurales y dependen, por tanto, de la prosperidad del sector agrícola. Sin embargo, no todos los grupos se beneficiarán en la misma medida. La Comisión tiene el compromiso de supervisar estrechamente los efectos de esta política sobre la seguridad alimentaria y sobre los precios de los alimentos.

La UE ya ha dado algunos pasos en pro de la seguridad alimentaria en el mundo, adaptando la Política Agrícola Común (PAC) a la nueva situación en el mercado y en el planeta. La evaluación recientemente aprobada contribuirá a modernizar, simplificar y racionalizar la PAC, así como a eliminar las restricciones impuestas a los agricultores, ayudándoles a responder mejor a las señales del mercado y a afrontar nuevos retos.

El acuerdo sobre el “chequeo” de la PAC supone la abolición de la retirada de tierras de la producción, incrementa gradualmente las cuotas lácteas hasta su abolición en 2015 y convierte la intervención del mercado en una auténtica red de seguridad.

El “chequeo” aborda también los nuevos desafíos, como el cambio climático, la gestión del agua, las energías renovables y la biodiversidad, que tendrán repercusiones sobre los países en desarrollo.

La Política Agrícola Común no permanecerá estática después de 2013; ya se han iniciado los debates preliminares, con ocasión de la reunión informal que mantuvieron en septiembre los Ministros de Agricultura en Annecy. Es preciso estudiar la futura PAC en el contexto de una visión más amplia que debe incluir elementos cruciales como el desarrollo sostenible, la competitividad y el equilibrio alimentario mundial.

Con motivo de la celebración de diversos actos de alto nivel, la seguridad alimentaria en el mundo ha pasado a ocupar un lugar central en las prioridades internacionales. Existe una percepción y un reconocimiento muy claros a escala internacional acerca de la necesidad de situar la agricultura y el desarrollo sostenible entre las prioridades políticas principales tanto en el plano nacional como en el regional y, posiblemente, incluso en el continental. A modo de ejemplo, el tema de la agricultura y la seguridad alimentaria fue objeto de un debate en profundidad durante la reunión que tuvo lugar entre los dos colegios y la Unión Africana en octubre, debate que tenemos la intención de intensificar durante el presente año.

Por último, pero no por ello menos importante, la Comisión debe efectuar el seguimiento de la declaración de los líderes de los países integrantes del G8 sobre la seguridad alimentaria en el mundo. Previamente a la adopción por parte del Consejo del servicio de financiamiento de las importaciones de alimentos, la cual se produjo el 16 de diciembre, la Comisión Europea había mantenido ya una serie de fructíferos debates con el Grupo operativo de alto nivel de las Naciones Unidas.

La Comisión Europea espera con interés la aplicación del marco global de acción. La Comisión está convencida de que la alianza mundial que está tomando forma gradualmente en el ámbito de la agricultura y la seguridad alimentaria desempeñará un papel crucial en la aplicación de las diversas recomendaciones formuladas en este informe, incluida la manera de apoyar la producción de los pequeños agricultores y qué tipo de políticas comerciales deberían adoptarse para contribuir a la seguridad alimentaria, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

Es evidente que debe evitarse la imposición de restricciones y prohibiciones a la exportación; la tendencia debe ser a una mayor liberalización del mercado, y no a la inversa. La mejora de los flujos comerciales forma parte de la solución hacia el logro de la seguridad alimentaria.

La Comisión espera que el importante paso dado por las instituciones europeas, que han movilizado mil millones de euros que se sumarán al resto de instrumentos financieros destinados a responder a la crisis alimentaria —-tanto a corto como a medio y largo plazo— vaya seguido por las aportaciones de otros donantes.

La Conferencia de Madrid sobre la seguridad alimentaria para todos, que se va a celebrar los días 26 y 27 de enero, representa ciertamente una oportunidad clave para elevar este debate a otro nivel, en el que traten de definirse las prioridades fundamentales en la búsqueda de una respuesta al problema del hambre en el mundo.

La Comisión Europea continuará desempeñando un papel proactivo, contribuyendo a la seguridad alimentaria en el mundo. El informe McGuinness ha aportado ciertamente un buen análisis que permitirá buscar posibles vías de actuación tanto para la CE como para la comunidad internacional en su conjunto.

  Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Kader Arif (PSE), por escrito. – (FR) La actuación del Parlamento al inicio de los disturbios alimentarios ha permitido destinar mil millones de euros a combatir la crisis alimentaria. Aparte de esta medida de emergencia, me gustaría subrayar la necesidad de contar con una estrategia internacional a largo plazo basada en la agricultura local y de subsistencia que sea adecuada para responder a las necesidades de la población y a las posibilidades de los diferentes territorios.

De hecho, el crecimiento de la población mundial, el calentamiento del planeta, la producción incontrolada de biocarburantes y la especulación agresiva son factores que están elevando la tensión en los mercados agrícolas. Estos elementos indican que la crisis no será breve y que es necesario reflexionar sobre las políticas públicas en su conjunto, a fin de mejorar los métodos de producción y la regulación de los mercados internacionales.

Pienso que la Política Agrícola Común, una vez limados sus excesos y sus defectos, podría convertirse en una política ejemplar por su eficacia, su justicia y su alto grado de responsabilidad, capaz de responder al desafío alimentario y de aunar economía, sociedad y medio ambiente. También podría ayudar a los países en desarrollo, compartiendo con ellos las técnicas, los conocimientos y la experiencia de Europa. No obstante, Europa debería trabajar en primer lugar en la reforma de las normas comerciales internacionales, para evitar que contravengan el derecho de los países a apoyar su propia agricultura para garantizar su seguridad alimentaria.

  Katerina Batzeli (PSE), por escrito. – (EL) Los acuerdos internacionales y regionales celebrados hasta la fecha han resultado insuficientes para normalizar el suministro del mercado y del comercio y para salvaguardar la estabilidad y transparencia de los precios para la producción agrícola.

La regulación de los mercados agrícolas debería estar basada en una estrategia a largo plazo que incluya medidas efectivas, además de organizar a los productores y de informarles sobre la situación y las perspectivas del mercado.

El principio básico de dicha política es la creación de una red de seguridad de la renta frente a los peligros y las crisis derivados bien de fenómenos naturales desfavorables, bien de distorsiones del mercado y de una caída inhabitual de los precios, tanto en duración como en magnitud.

Son necesarias políticas integradas y efectivas, como:

- sistemas europeos e internacionales de control de la producción y del mercado con el fin de prever un mecanismo de alerta a la hora de determinar las tendencias de la producción;

- un inventario mundial de productos alimenticios y de reservas de dichos productos;

- un sistema europeo para el control del mercado, capaz de registrar los cambios y las tendencias de los precios de los productos agrícolas y del coste de los insumos, que podría combinarse con un sistema internacional similar auspiciado por la FAO.

Asimismo, sería una buena idea que el futuro acuerdo de la Ronda de Doha incluyera emergencias durante las que sea posible prestar ayuda alimentaria, dado que las disposiciones aprobadas hasta la fecha no son vinculantes.

  Constantin Dumitriu (PPE-DE), por escrito. – (RO) Las conclusiones extraídas por la señora McGuiness en su informe sobre la seguridad alimentaria en el mundo también resultan evidentes hoy en Rumanía. Nos enfrentamos a un alza en los precios de todos los productos alimentarios básicos como resultado de la devaluación de la moneda nacional, del aumento del coste de las materias primas y de los préstamos suscritos por las empresas de transformación.

Además, como consecuencia del calentamiento del planeta, cada vez son más frecuentes los desastres naturales que destruyen nuestros cultivos. De hecho, los agricultores de los nuevos Estados miembros son los más desfavorecidos en este tipo de situaciones, puesto que el nivel de las ayudas que reciben es inferior al del resto de Estados miembros.

Por este motivo, sobre la base de las enmiendas propuestas, he pedido a la Comisión que estudie la posibilidad de crear mecanismos de intervención a nivel comunitario, con independencia de las subvenciones concedidas, para asegurar los cultivos, a fin de prevenir el calentamiento del planeta y combatir sus efectos.

Las normas comunitarias impuestas a los productores de alimentos son muy restrictivas; a ello se deben los altos precios de los alimentos en la Unión Europea. Sin embargo, creo firmemente que la agricultura puede ofrecer una plataforma de lanzamiento para la recuperación de las economías europeas afectadas por la crisis mundial y que el desarrollo de las fuentes de energía renovables puede ejercer un efecto positivo sobre el sector agroalimentario.

Si adoptamos las medidas preventivas necesarias, podremos incrementar la producción de biocarburantes sin poner en peligro el medio ambiente ni las reservas alimentarias que se necesitan a escala mundial.

  Roselyne Lefrançois (PSE), por escrito. – (FR) El informe sobre la Política Agrícola Común y la seguridad alimentaria en el mundo nos brinda una oportunidad fantástica para reflexionar acerca del modo en que podemos garantizar que la agricultura europea desempeñe un papel protagonista en pro del equilibrio alimentario en el planeta. Realmente, pese a que es necesario continuar aumentando la producción alimentaria en el mundo, el importe de la ayuda para el desarrollo destinada a la agricultura se ha ido reduciendo constantemente desde la década de 1980. Por esta razón presenté una serie de enmiendas en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, cuya finalidad no es otra que hacer que este informe sea más ambicioso y, sobre todo, proponer a la Comisión Europea que adopte una estrategia global con respecto a los problemas de seguridad alimentaria; de este modo conseguiríamos dotar al conjunto de las políticas comunitarias de una mayor coherencia.

Pese a que me complace el hecho de que este texto destaque el papel crucial de la PAC en el logro del objetivo de la seguridad alimentaria, lamento que la ponente esté a favor de una mayor armonización de la política agrícola con el mercado y que acuse a las iniciativas de protección del medio ambiente de ser las responsables de la reducción de la producción agrícola en Europa. Desde mi punto de vista, esta afirmación es totalmente errónea y pienso, por el contrario, que es necesario tomar en consideración el problema del cambio climático a fin de elaborar nuevos modelos que permitan producir más y mejor.

  Véronique Mathieu (PPE-DE), por escrito. – (FR) Hoy en día la Unión Europea debe mejorar con carácter de urgencia su nivel de seguridad alimentaria y responder a los grandes desafíos a los que se enfrenta. En primer lugar, será necesario duplicar la producción agrícola en el plazo de 30 años, puesto que la población mundial alcanzará la cifra de 9 000 millones de personas en 2050. El hecho es que 860 millones continúan muriendo de hambre. Este cambio debe ser sostenible y debe estar basado fundamentalmente en la agricultura local.

La enorme fluctuación de los precios mundiales de los productos alimenticios y la puesta en práctica de una adecuada gestión de las reservas mundiales, representan retos adicionales. Con el fin de garantizar unos ingresos justos a los agricultores europeos, apoyo la idea de disponer de pólizas de seguros que ofrezcan una mayor cobertura a los agricultores para protegerlos contra las grandes fluctuaciones de los precios; asimismo, respaldo la iniciativa de crear un sistema mundial de inventarios de alimentos.

Por último, en vista del auge del comercio de animales y plantas, la UE tiene el deber de aplicar una estrategia eficaz dirigida a impedir las crisis sanitarias en Europa. Esta estrategia deberá estar basada en la prevención, la rastreabilidad y la capacidad de respuesta. En este sentido, la reciente decisión del Consejo de Ministros de fortalecer y armonizar los acuerdos sobre el control de las importaciones permitirá a nuestros conciudadanos gozar de mejores garantías en lo tocante a la calidad de los alimentos.

Ahora más que nunca la agricultura desempeña un papel central en las esferas del crecimiento y el desarrollo. Por tanto, debemos protegerla a cualquier precio.

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), por escrito. – (RO) La crisis alimentaria mundial, causada por el constante aumento del precio del maíz, el trigo y la energía, el crecimiento de la población mundial y el cambio climático han ocasionado protestas y disturbios que, de no resolverse en un futuro próximo, podrían desestabilizar países y regiones en todo el planeta. Resulta alarmante la brecha existente entre la tasa de crecimiento de la población, que podría llegar a 9 000 millones de habitantes en el año 2050, y la reducción de las reservas alimentarias mundiales. Con toda probabilidad, esta situación provocará que los conflictos relacionados con el petróleo den paso a otros relacionados con el agua potable y los alimentos, o incluso por la lucha por la supervivencia. En la actualidad, la Unión Europea es el principal donante de ayuda humanitaria, si bien las reservas alimentarias están comenzando a agotarse y los países en desarrollo, especialmente en África, necesitan un mayor apoyo para luchar contra la pobreza y el hambre crónica. La reducción de la dependencia de la agricultura respecto de las fuentes de energía fósiles, el uso de productos ecológicos, la conservación de la fertilidad de los suelos y la adaptación de la Política Agrícola Común a la situación de la crisis alimentaria son algunos de los elementos clave que es preciso tomar en consideración para superar el bloqueo.

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE), por escrito. – (HU) La cuestión más importante a la que se enfrenta el sector agrícola europeo en 2009 es saber cómo afectará la crisis económica mundial a las condiciones de producción y consumo de productos agrícolas. Esta pregunta será el tema central de la Segunda Academia Agraria de Hungría que estoy organizando conjuntamente con el Secretario de Estado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Hungría, Zoltán Gőgös, y que se celebrará el 17 de abril de 2009 en la localidad de Pápa. Desde 2006, el precio del maíz se ha triplicado y el del trigo ha aumentado un 180 % en el mercado internacional, al tiempo que los precios de los alimentos en términos globales han crecido un 83 %. En 2050 la población mundial habrá alcanzado la cifra de 9 000 millones de habitantes y para satisfacer sus necesidades será necesario duplicar los niveles actuales de producción agrícola; en consecuencia, los días en que los alimentos eran baratos han llegado a su fin. Por tanto, es extremadamente importante mantener y, si es posible, incrementar la capacidad agrícola de la Unión Europea. Resulta inaceptable que, como resultado de las reformas sectoriales emprendidas por la Política Agrícola Común, la producción agrícola haya descendido en la UE. Tenemos buenos ejemplos de ello en la reforma del azúcar, que ha provocado la desaparición de la industria azucarera húngara, o en las subvenciones concedidas para la retirada de viñas en el marco de la política de reforma vinícola. La separación de los fondos directos destinados a la agricultura de la producción nos está llevando en esa dirección.

Hemos de ser capaces de encontrar un equilibrio adecuado entre la producción alimentaria y la de biocarburantes; esta última no debe amenazar la seguridad alimentaria en el mundo. El programa de producción de bioetanol de los Estados Unidos contribuyó significativamente a la fuerte subida de los precios de los productos alimenticios en 2008; basándose en estas experiencias, la Unión Europea debe revisar sus compromisos previos referentes a las ratios de biocarburantes. Para concluir, exhorto a la UE a adoptar medidas urgentes contra la creación de monopolios entre los vendedores de productos alimentarios al por menor, con el objetivo de proteger a los productores.

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), por escrito. – (RO) El aumento de los precios de la energía, los fenómenos meteorológicos adversos y el incremento de la demanda de energía debido al crecimiento de la población mundial han provocado un alza de los precios de los alimentos. Insto a la Comisión a que examine el vínculo existente entre los altos precios de los alimentos y el aumento de los precios energéticos, sobre todo para los carburantes utilizados.

El sector agrícola necesita mejorar su eficiencia energética. El aumento de la proporción de cultivos destinados a la producción de biocarburantes y el uso de energías renovables puede tener un impacto positivo en el sector agroalimentario, que por ahora se encuentra afectado por los altos precios de los fertilizantes y de los plaguicidas, así como por el aumento de los costes de transformación y transporte. Pido a la Comisión que supervise de cerca los efectos del aumento de la producción de biocarburantes en la Unión Europea y en terceros países, por lo que respecta a los cambios en el uso del suelo, los precios de los productos alimenticios y el acceso a los alimentos.

Los incentivos al cultivo sostenible de cultivos energéticos no deben poner en peligro la producción alimentaria. Considero que, para aumentar la productividad en este sector, es necesario proseguir las investigaciones en el ámbito agrícola. También pido a los Estados miembros que aprovechen al máximo las oportunidades que ofrece a este respecto el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico y adopten medidas que mejoren la producción agrícola de forma sostenible y eficiente desde el punto de vista energético.

19. Pespectivas de desarrollo del diálogo civil en el marco del Tratado de Lisboa (breve presentación)

  Presidente. – El siguiente punto es el informe (A6-0475/2008) elaborado por Genowefa Grabowska en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre las perspectivas de desarrollo del diálogo civil en el marco del Tratado de Lisboa (2008/2067(INI)).

  Genowefa Grabowska, ponente. − (PL) Señor Presidente, señora Comisaria, vamos a cambiar de tema para debatir acerca de los contactos entre las instituciones comunitarias y los ciudadanos de la Unión Europea. Tales contactos son inadecuados; existe una profunda brecha entre la Unión y sus ciudadanos, pese a que Jean Monnet señaló que la Unión se estaba creando para los ciudadanos y no para los países ni los Gobiernos.

La Unión está ampliándose y aumentando en cuanto al número de ciudadanos, pero sus instituciones tienen dificultades para establecer contactos con los ciudadanos. Este hecho quedó de manifiesto con las dolorosas experiencias del «No» al Tratado de Lisboa en Francia y en los Países Bajos. Bien es cierto, no obstante, que las instituciones comunitarias están esforzándose por mejorar sus contactos con los ciudadanos; se están abriendo a ellos y están reconociendo claramente el papel de la sociedad civil. La Unión está promulgando una creciente variedad de políticas de comunicación en este ámbito. Incluso se ha acuñado la nueva expresión «diálogo civil» para describir esas políticas. Sin embargo, el trabajo no termina aquí. El Parlamento Europeo se esfuerza por responder a este desafío y está tratando de crear un mecanismo apropiado a tal fin, además de promover el establecimiento de contactos de esta naturaleza entre las instituciones comunitarias y sus ciudadanos. De este modo quedaría resuelto el problema de la falta de democracia y se demostraría que los ciudadanos también desempeñan un papel importante en el proceso de adopción de decisiones en la Unión Europea.

El artículo 10 del Tratado de Lisboa dispone lo siguiente: «Todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión. Las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos». El Tratado incluye también una disposición adicional que posibilita que un millón de ciudadanos de la Unión se unan para adoptar una iniciativa legislativa. Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, un millón de ciudadanos podrán solicitar a la Comisión Europea la presentación de una propuesta legislativa sobre los asuntos que revistan importancia para los ciudadanos.

Este es el motivo que me ha llevado a referirme al diálogo civil en este informe. Se trata de un tipo de diálogo que no aparece definido en la legislación, pero es fundamental, y me gustaría que estuviera guiado, o mejor, que se guiase a sí mismo por los siguientes principios. En primer lugar, he introducido en el informe el principio de representación de la sociedad civil. Me gustaría que la sociedad civil disfrutase de una representación adecuada en la Unión Europea, es decir, que estuviera representada por interlocutores capaces de reflejar y defender correctamente sus intereses.

Asimismo, me gustaría que el diálogo civil tuviese un carácter bilateral y recíproco, y eso significa que no debería perseguirse únicamente el objetivo de acercar la Unión Europea a los ciudadanos y que éstos respondan; la Unión debería también informar a los ciudadanos cuando las opiniones de estos se hayan tenido en cuenta y explicar cuáles han sido las consecuencias de dichas opiniones. Por ello es necesario también que la Unión haga llegar información de retorno a los ciudadanos.

Me gustaría que el diálogo civil estuviera basado en los principios de claridad y transparencia. Deberíamos regirnos por normas claras a la hora de invitar a representantes de la sociedad a dialogar con nosotros y publicar sistemáticamente la lista de organizaciones que participan en los procesos de consulta. Sería acertado que la Unión designase una persona responsable de este ámbito, es decir, el diálogo.

No es fácil establecer normas para regular este campo. La Comisión Europea ya elaboró en 2002 una serie de principios dirigidos a fortalecer la cultura del diálogo y de la consulta, por lo que confío en que estará preparada para elaborar los principios adecuados. Estos deberían convertirse en principios comunes a todas las instituciones, y me gustaría añadir que también debería pedirse a los Estados miembros que promuevan el diálogo civil. No he podido referirme a todas las partes incluidas en el informe, si bien me gustaría que su contenido fuera puesto a prueba en la primera oportunidad que se presente, es decir, durante la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo de 2009. Sería deseable que aprovechásemos esa ocasión para dar un primer paso hacia un mayor acercamiento a los ciudadanos europeos, dándoles a conocer todo lo bueno que la Unión puede ofrecerles y aprendiendo de ellos los temas por los que deberíamos luchar en esta Cámara.

  Androulla Vassiliou, miembro de la Comisión. − Señor Presidente, en primer lugar, la Comisión desea transmitir su agradecimiento a la señora Grabowska y a la Comisión de Asuntos Constitucionales por el excelente informe que han elaborado.

Estamos de acuerdo en que la sociedad civil desempeña un importante papel en la integración europea. Es uno de los principales instrumentos de comunicación entre las instituciones comunitarias, la sociedad de la Unión Europea y los ciudadanos de la UE, y ayuda a los ciudadanos a ejercitar su derecho a participar en la vida democrática de la Unión.

La Comisión posee una larga y saludable tradición de interacción con las organizaciones de la sociedad civil. Esta cooperación entre la Comisión y la sociedad civil ha crecido, abarcando una amplia gama de cuestiones, desde el diálogo político hasta la gestión de proyectos, tanto en la UE como en nuestros países asociados.

El Tratado de Lisboa permitirá formalizar las prácticas actuales y proporcionará un nuevo impulso para continuar mejorándolas. Además, abrirá la puerta a una nueva opción a través de la que la sociedad civil podrá plasmar su visión, la denominada iniciativa ciudadana.

La implicación de las partes interesadas en un diálogo activo exige contar con instrumentos adecuados para que la sociedad civil pueda expresar sus opiniones y hacerse oír. Las instituciones comunitarias también necesitan contar con instrumentos capaces de garantizar que lo que nos transmitan la sociedad civil y los ciudadanos sea captado e incorporado correctamente en el sistema. La Comisión acoge con beneplácito el respaldo del informe presentado a muchas de las ideas que la Comisión está poniendo ya en práctica.

A través de su mandato, la actual Comisión ha adoptado una serie de iniciativas encaminadas a involucrar a las organizaciones de la sociedad civil y a los propios ciudadanos en un debate público sobre cuestiones relacionadas con la Unión Europea. Las consultas a los ciudadanos constituyen uno de los ejemplos más novedosos de estos esfuerzos, en los que se ha experimentado con encuestas deliberativas y con consultas de viva voz.

Con el objetivo de comprender las necesidades y las expectativas de las personas, el Eurobarómetro elaborado a lo largo de los últimos 35 años ha demostrado ser una valiosa herramienta para captar la opinión pública en Europa. No obstante, ni la Comisión ni el Parlamento pueden organizar de forma unilateral un debate público a escala europea; esto sólo será posible si las instituciones comunitarias y los Estados miembros trabajan conjuntamente en pos de esa meta. Esta es la finalidad de la declaración política «Comunicar sobre Europa en asociación» firmada por el Parlamento, el Consejo y la Comisión el 22 de octubre de 2008.

En este contexto, la Comisión y el Parlamento ya están coordinando sus esfuerzos con los Estados miembros a través de asociaciones de gestión, que incluyen campañas regionales y locales sobre aspectos concretos, vinculándolas con las actuaciones de las autoridades locales y las organizaciones no gubernamentales. La creación de once nuevas asociaciones de gestión en 2009 dotará de mayor eficacia a este planteamiento.

La Comisión comparte la visión de que un diálogo fructífero depende de la participación activa de todas las partes: las instituciones comunitarias, los Estados miembros y la sociedad civil. Asimismo confía en que el Tratado de Lisboa entre en vigor y está preparada para tomar las medidas oportunas para poner en práctica sus disposiciones y continuar desarrollando el diálogo civil.

  Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), por escrito. – (PL) Si la Unión Europea quiere ser verdaderamente democrática y cercana a sus ciudadanos, es necesaria una cooperación estrecha en los planos local, regional y nacional entre las instituciones comunitarias y los Estados miembros, por un lado, y la sociedad civil, por otro.

La sociedad civil representa a numerosas organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro creadas por los ciudadanos por voluntad propia. Desempeña una función importante en el proceso de integración europeo, por cuanto lleva las posiciones y las peticiones de los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión hasta las instituciones europeas. Por consiguiente, es muy importante proporcionar a los ciudadanos información eficaz y fiable y fomentar el diálogo civil, en especial en el marco de la promoción y difusión de las actividades y de los objetivos de la Unión Europea, en la construcción de una red europea de cooperación y de refuerzo en el seno de la identidad europea entre la sociedad civil.

Si la Unión Europea desea alcanzar sus fines y objetivos políticos, ha de lograr una mayor conciencia política y un diálogo civil más eficaz efectivo y ha de ampliar el debate público.

El Tratado de Lisboa refuerza los derechos de los ciudadanos en relación con la Unión, puesto que facilita tanto su participación como la de las asociaciones que representan a la sociedad civil en los debates sobre la llamada Europa de los ciudadanos.

Las instituciones de la Unión Europea deberían cooperar más estrechamente en el desarrollo del diálogo civil europeo y animar a los ciudadanos de la Unión a comprometerse más con Europa. Es esencial alentar una mayor participación ciudadana en los debates europeos. Asimismo, los ciudadanos deberían involucrarse activamente en las próximas elecciones al Parlamento Europeo; después de todo, como ha señalado Jean Monnet, no estamos creando una Unión para los países ni los Gobiernos: la estamos creando para los ciudadanos.

  Zita Gurmai (PSE), por escrito. – (HU) La pertenencia a una organización de la sociedad civil brinda a los ciudadanos europeos la oportunidad de tomar parte activa en la formulación de políticas. Con miras a la consecución de los objetivos de la UE, la implicación activa de los ciudadanos en este proceso y la generación de oportunidades concretas y tangibles para que puedan poner en marcha iniciativas, dar su opinión y expresar sus críticas o sus opiniones contrarias representan un auténtico desafío. Sin embargo, dado que no existe una definición única ni jurídicamente precisa de lo que es una organización de la sociedad civil, esto puede presentar algunas dificultades.

Para que los ciudadanos europeos sean conscientes de las ventajas que les ofrece la Unión, hemos de continuar expandiendo la democracia, aumentando la transparencia y mejorando la eficacia operativa de la UE. En muchos casos, el déficit democrático se debe a que los ciudadanos no siempre tienen acceso a información fundamental. Algunos de los documentos relacionados con el proceso de adopción de decisiones en la Comunidad siguen sin estar accesibles, por lo que debemos seguir trabajando en pos de una mayor accesibilidad de los documentos de trabajo de la Comunidad.

El mecanismo de consulta constituye una parte integral de las actividades de las instituciones comunitarias. Debemos establecer principios generales y normas mínimas, así como un marco general de consulta que debe ser coherente y, al mismo tiempo, suficientemente flexible para adaptarse a las expectativas específicas de cada una de las partes implicadas.

  Jo Leinen (PSE), por escrito. – (DE) Este informe transmite un mensaje muy claro sobre la necesidad de acercar la Unión Europea a sus ciudadanos y propone una serie de pasos concretos para alcanzar ese objetivo.

Hacemos un llamamiento a todas las instituciones comunitarias para que, con carácter general, incluyan el diálogo con la sociedad civil como una importante tarea de su labor política.

Los ciudadanos solamente apoyarán a la Unión Europea si están informados sobre los proyectos y actividades políticas y pueden participar en la adopción de decisiones, por ejemplo a través de los procesos de consulta. Con el rechazo registrado en Irlanda al Tratado de Lisboa hemos podido ver las consecuencias negativas para la integración europea de la desinformación propagada deliberadamente. Esto es algo que debe evitarse en el futuro mediante una política proactiva de información y diálogo. Lo anterior resulta especialmente válido para el Consejo y para los Gobiernos de los Estados miembros, que deberían trabajar más activamente para mejorar el suministro de información sobre la UE.

Debe facilitarse y mejorarse el acceso a los documentos de todas las instituciones comunitarias, de modo que todos los ciudadanos puedan hacerse una idea del trabajo de cada una de ellas.

Nuestra meta es construir una sociedad civil europea sólida, que es una condición esencial para que se pueda construir un espacio público europeo. Por consiguiente, solicitamos que se creen las condiciones generales necesarias a tal efecto, lo que significa, principalmente, una carta para las asociaciones europeas, así como las infraestructuras básicas imprescindibles para desarrollar una ciudadanía activa a escala comunitaria.

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), por escrito. – (PL) Señor Presidente, Señorías, el informe de la señora Grabowska sobre las perspectivas de desarrollo del diálogo civil en el marco del Tratado de Lisboa constituye un ejemplo de pérdida de tiempo y recursos. En consecuencia, se plantea una pregunta fundamental. ¿Cuál es la auténtica finalidad del debate que estamos manteniendo? Después de todo, el Tratado de Lisboa está muerto. Irlanda lo rechazó en referéndum nacional, lo que significa que el documento anteriormente citado no tiene fuerza jurídica. Construir sobre él cualquier cosa equivaldría a construir sobre la arena, sin cimientos. Basarnos en un tratado que no existe realmente porque fue rechazado es una violación de la democracia y de la igualdad de derechos de las naciones libres. Todo ello nos trae a la mente la definición de democracia; tal como yo la entiendo, la democracia es una elección libre, no algo impuesto en contra de la voluntad del pueblo. En la democracia, la soberanía es del pueblo, y no de grupo de interés alguno. La expresión suprema de la voluntad del pueblo es un referéndum, no una decisión tomada por una camarilla legislativa contra la voluntad del pueblo. ¿Tan difícil es de entender?

  Dushana Zdravkova (PPE-DE), por escrito. – (BG) Me gustaría felicitar a la señora Grabowska por el magnífico informe que ha elaborado, el cual, estoy segura, contribuirá a mejorar y a desarrollar el diálogo civil. Hay mucho que decir en relación con el desarrollo del diálogo entre los ciudadanos de la Unión Europea y sus instituciones. Como presidenta de una asociación de ciudadanos de Bulgaria, creo firmemente que este es uno de los elementos más importantes para la futura evolución de Europa y que es preciso reformarlo y mejorarlo urgentemente.

Pienso que este informe permitirá al Parlamento Europeo dictar las orientaciones y recomendaciones destinadas a las demás instituciones, pero también a las organizaciones civiles, dado que, sin su cooperación y su participación, seremos incapaces de lograr el objetivo que nos hemos fijado.

El informe propone un diálogo en pie de igualdad, que tenga en cuenta las diferencias existentes entre las numerosas organizaciones y la independencia de estas. Este diálogo promoverá la participación civil en el proceso político con miras a abordar los importantes desafíos a los que se enfrenta, tanto en el plano nacional como a escala europea. Por esta razón es crucial que seamos capaces de elaborar un enfoque diferenciado con el fin de conseguir resultados en el ámbito local, dados los diferentes niveles de desarrollo, tanto en los diversos países como en los distintos sectores.

Cuento con que el resto de instituciones y los Estados miembros tendrán en cuenta nuestras recomendaciones lo antes posible, incluso a pesar de que el Tratado de Lisboa no vaya a entrar en vigor en un futuro inmediato.

20. Finanzas públicas en la UEM 2007-2008 (breve presentación)

  Presidente. – El siguiente punto es el informe (A6-0507/2008) elaborado por Donata Gottardi en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre las finanzas públicas en la UEM 2007-2008 (2008/2244(INI)).

  Donata Gottardi, ponente. – (IT) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, hace exactamente un año tomamos la decisión de combinar los informes sobre finanzas públicas para los años 2007 y 2008. Tal decisión obedeció, al menos, a dos motivos: el intento de acelerar el proceso y de tener en cuenta los signos de los cambios que se estaban produciendo. No conocíamos el alcance de esos cambios en aquel momento, si bien ya resultaba evidente que, al analizar dos años conjuntamente, obtendríamos una evaluación más completa y precisa. ¡Y estábamos en lo cierto! El informe que votaremos mañana se ha ido actualizando constantemente.

El estrecho vínculo existente entre las finanzas públicas y la crisis económica y financiera es muy nítido. Basta con considerar los recursos destinados para rescatar a los bancos y a las grandes empresas, las ayudas a la industria manufacturera y los llamamientos procedentes sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, así como la protección de los ciudadanos desde el estallido de la recesión. Todas estas medidas han sido señaladas a la atención de las instituciones comunitarias y de cada uno de los Estados miembros, si bien no deberían menoscabar ni debilitar nuestra perspectiva ni nuestro compromiso en nombre de las generaciones futuras.

El informe afecta, como mínimo, a dos niveles: el nivel general, estable y válido en todas las situaciones, y el nivel que constituye una respuesta de emergencia ante la crisis actual. El principio de que unas finanzas públicas sostenibles y de alta calidad son indispensables no sólo para los países sino también para la solidez de la economía y del modelo social europeo permanece intacto, incluso se ha visto fortalecido. En cuanto a los ingresos, debe ampliarse la base imponible, pero sin dejar que se debilite el principio de progresividad, y reducirse la presión fiscal sobre los rendimientos del trabajo, especialmente para los salarios y pensiones medios y bajos. En cuanto a los gastos, se debe proceder evaluando el contexto, las necesidades y la composición de la población, prestando atención a las políticas de igualdad de género y a las transformaciones demográficas. Se debe tender, más que a una reducción generalizada e indiscriminada, a una reorganización del gasto, incluso mediante la reasignación de las partidas presupuestarias y la modernización de las administraciones públicas.

Una forma útil de hacerlo es mediante la integración de la perspectiva de género en el presupuesto, un método que el Parlamento Europeo lleva un tiempo respaldando y promoviendo, si bien todavía está lejos de haberse convertido en la norma. De ese modo aumentarán la transparencia, la comparabilidad y el grado de conocimiento por parte de la ciudadanía, lo que aumentará la confianza y el sentido de la responsabilidad.

La inestabilidad sin precedentes que vivimos hoy día exige una actuación decidida. Pese a que, una vez más, la intervención del sector público ha sido crucial y fundamental, no debemos volver a cometer los mismos errores; eso sería aún más imperdonable. En lugar de ello, hemos de dirigir la crisis hacia un nuevo modelo de desarrollo que sea auténticamente sostenible, tanto desde el punto de vista social como ambiental.

Cuando hablamos de coordinación europea, deberíamos pensar en dotarnos de nuestra propia gobernanza anticíclica, en remar juntos y en la misma dirección, en intensificar la lucha contra el fraude y los paraísos fiscales y en coordinar los diversos planes nacionales. Cuando intervenimos en apoyo de nuestras empresas debemos evaluar el impacto que tal intervención tiene sobre la competencia, las condiciones de esta y el funcionamiento del mercado interior, garantizando la supervisión, la responsabilidad, las restricciones y el consiguiente comportamiento. La revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento permite una flexibilidad controlada que puede utilizarse con cautela y con una perspectiva de largo plazo.

Es necesario relanzar las políticas macroeconómicas y las inversiones conjuntas en sectores estratégicos previamente definidos, valiéndonos de instrumentos tales como los eurobonos, sin dejar de vigilar los planes de estabilidad regionales y de niveles inferiores al nacional. El informe suscitó un amplio consenso en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, puesto que la mayoría de los grupos políticos compartieron la visión expresada en él. Confío realmente en que esto sea el preludio de un resultado positivo durante la votación que tendrá lugar mañana.

  Androulla Vassiliou, miembro de la Comisión. − Señor Presidente, la Comisión acoge con satisfacción el informe Gottardi; el contenido de dicho informe encaja perfectamente con el de los dos informes previos elaborados por la Comisión sobre las finanzas públicas en la UEM, publicados en junio de 2007 y 2008. La Comisión también está de acuerdo con las tres últimas enmiendas presentadas por la ponente el 7 de enero.

El informe del Parlamento Europeo confirma que, hasta la fecha, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha funcionado según lo previsto. Numerosos Estados miembros han realizado considerables esfuerzos para cumplir los compromisos contraídos en virtud de dicho Pacto. Desde su reforma, tanto las medidas correctoras como preventivas se han aplicado de plena conformidad con las disposiciones del pacto de reforma y no se ha aplicado indulgencia alguna en su cumplimiento.

No obstante, el informe también destaca las perspectivas económicas, profundamente negativas, a las que se enfrentarán la Unión Europea y la zona euro en 2009. El crecimiento se ha ralentizado notablemente, hasta el punto de llegar a convertirse en una clara recesión durante este año. Las previsiones económicas generales para 2010 también son desalentadoras, por lo que la Comisión está de acuerdo con el Parlamento en que en estos momentos es esencial apoyar la demanda recurriendo a medidas discrecionales en el terreno de la política fiscal.

Sin embargo, la política fiscal debe mantenerse en un marco sostenible, afianzando las expectativas de una salida ordenada de la crisis. En este sentido la Comisión comparte la preocupación del Parlamento con respecto a la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo y continúa poniendo énfasis en su evaluación.

Durante el otoño de 2009 la Comisión publicará un nuevo informe sobre la estabilidad a largo plazo de las finanzas públicas en la Unión Europea. Asimismo, la Comisión hace suyo el punto de vista del Parlamento Europeo según el cual el gasto público debe reorientarse buscando una mayor calidad en dicho gasto, en línea con la Estrategia de Lisboa. De hecho, esta orientación política forma parte de las orientaciones generales de las políticas adoptadas por el Consejo Europeo. La Comisión está trabajando para realizar una evaluación más sistemática de la calidad de las finanzas públicas que tenga en cuenta los aspectos de la presupuestación basada en el rendimiento.

  Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas.

Declaración por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), por escrito. – (RO) Durante la primavera de 2006, doce Estados miembros se vieron sometidos a un procedimiento por déficit excesivo. Como consecuencia de la aplicación de las recomendaciones y decisiones del Consejo para los países con déficit excesivo, dos años y medio después el número de Estados miembros sometidos a un procedimiento por déficit excesivo tiende a cero. Este logro ha sido posible gracias a la existencia de unas condiciones económicas favorables en 2006 y 2007. Durante el período 2008-2009, nos enfrentamos a una crisis económica que ya es una realidad en muchos Estados miembros, que está provocando un aumento del desempleo y la quiebra de numerosas empresas, especialmente PYME. El plan europeo de recuperación económica prevé destinar importantes inversiones públicas a la modernización de las infraestructuras de transporte y energéticas. Los Estados miembros están elaborando programas dirigidos a apoyar a las PYME a fin de que puedan continuar con su actividad. En tales condiciones, los Estados miembros de la zona euro, al igual que todos los demás, tendrán dificultades para cumplir los criterios de convergencia. Creo que es necesario tomar medidas a escala comunitaria para permitir a los Estados miembros hacer frente a los desafíos actuales, como el envejecimiento de la población, las migraciones, el cambio climático, etc. Agricultura, educación, salud y transporte, ámbitos clave para el desarrollo económico de la Unión Europea y para la calidad de vida de los ciudadanos, deben ser objeto de políticas públicas específicas.

21. Transposición, aplicación y ejecución de las Directivas 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales y 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y comparativa (breve presentación)

  Presidente. – El siguiente punto es el informe (A6-0514/2008) elaborado por Barbara Weiler en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor sobre la transposición, aplicación y ejecución de las Directivas 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales en el mercado interior y 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y comparativa (2008/2114(INI)).

  Barbara Weiler, ponente. − (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, antes de hablar de mi informe me gustaría señalar una vez más que nuestra decisión de debatir nuestros informes de propia iniciativa no fue acertada. Viendo el desarrollo de los debates —sin diálogo, sin controversias, sin conflictos— tengo la sensación de que no estamos ante un auténtico debate parlamentario y confío en que seremos capaces de corregir esta situación con rapidez tras las elecciones europeas.

Pese a todo, quiero expresar mi agradecimiento a mis colegas diputados al Parlamento Europeo que no están presentes. Hemos trabajado muy bien conjuntamente en la elaboración del informe. También me gustaría agradecer la labor de la Comisión y la de la secretaría de la comisión.

Durante el debate en la comisión hemos descubierto muchas cosas. La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor ha planteado conscientemente el debate de una aplicación relativamente temprana del programa de trabajo, puesto que el plazo de ejecución por parte de los Estados miembros era de mediados a finales de 2007, lo que representa un tiempo muy ajustado para una directiva que abarca un elemento de armonización tan enorme y tan importante. Sin embargo, algunos Estados miembros no han procedido a su transposición. Es cierto que ello se ha debido a la complejidad del procedimiento, pero resulta interesante que tres de los Estados miembros que no lo han hecho sean precisamente algunos de los miembros fundadores de la UE. Por consiguiente, no cabe pensar que estos Estados sean desconocedores de la legislación comunitaria. Tres Estados miembros no han realizado aún la transposición de la Directiva, otros cuatro lo han hecho de manera deficiente e inadecuada, y tres Estados miembros han recibido comunicaciones de la Comisión que podrían derivar en procedimientos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Se han producido numerosos casos de transposiciones deficientes. Durante la vista tuvimos conocimiento de que dos países han transpuesto la Directiva con un alto grado de creatividad y compromiso, a saber, el Reino Unido y Austria; por lo tanto, es posible hacerlo.

Las ventajas del mercado interior deberían suscitar el interés de los Estados miembros. La finalidad de esta Directiva debería ser aclarar los derechos de los consumidores y simplificar el comercio transfronterizo, introducir reglamentos justos y fiables y, por supuesto, fortalecer la seguridad jurídica.

Un punto muy importante para nosotros, como Diputados, era la protección de los ciudadanos y de los consumidores frente a las prácticas fraudulentas. Este aspecto no es de aplicación exclusiva a los consumidores, sino también a las pequeñas empresas y a los comerciantes. Nuestro objetivo a medio plazo, señora Comisaria, quizá debería ser combinar estas dos directivas, puesto que muchas pequeñas empresas se enfrentan en el mercado interior a los mismos problemas que los consumidores. Conocemos múltiples ejemplos, como la publicidad molesta o las prácticas comerciales agresivas. Todos conocemos el fraude del libro de direcciones, un problema ampliamente extendido en toda Europa. Sabemos lo que ocurre con las trampas en la lotería y con muchas otras cosas.

También me gustaría agradecer a la Comisión el rigor demostrado al introducir el nuevo sistema de búsqueda y barrido en las aerolíneas así como para la publicidad de melodías para móviles. Confiamos en que se siga trabajando en estos temas. Esperamos que establezca redes más sólidas con las oficinas nacionales y adopte medidas para que se consoliden las listas negras y que las sanciones actúen realmente como elemento disuasorio, lo cual, para nosotros, como Diputados, es un punto muy importante.

Quiero decir, para finalizar, que una transposición satisfactoria requiere la cooperación entre los Estados miembros y entre los diputados nacionales y europeos; además, en línea con el Tratado de Lisboa, que también se ha mencionado aquí, me gustaría abogar por un mayor control por parte de los diputados europeos sobre sus gobiernos nacionales. Estas dos leyes constituirían un buen comienzo.

  Androulla Vassiliou, miembro de la Comisión. − Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer a la ponente, Barbara Weiler, por su informe, cuyo contenido será estudiado por la Comisión con toda la atención que merece; asimismo, queremos agradecerle los comentarios que ha hecho en relación con este procedimiento.

La Comisión está totalmente de acuerdo en la importancia de que los Estados miembros lleven a cabo una transposición adecuada de los nuevos conceptos introducidos por la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales y que las autoridades nacionales contribuyan también a una aplicación uniforme de la Directiva en todo el territorio de la Unión Europea.

Por lo que respecta a las transposiciones, hay dos Estados miembros que todavía van con retraso: Luxemburgo y España; la Comisión presentó ambos casos ante el Tribunal de Justicia en junio del año pasado.

La Comisión también coordinó la cooperación para la transposición a fin de evitar que pudieran producirse transposiciones incorrectas; a pesar de ello, siguen existiendo problemas en algunos países, problemas que se deben principalmente a su renuencia a cumplir con la plena armonización. En esos casos, la Comisión no dudará en iniciar procesos por incumplimiento.

El informe menciona la necesidad de proteger no sólo a los consumidores sino también a las PYME frente a las prácticas comerciales desleales. En este punto la Comisión desea recordar al Parlamento Europeo que una Directiva con un enfoque de plena armonización sobre las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores era ya una propuesta muy ambiciosa que habría fracasado si se hubiese ampliado su alcance para incluir las prácticas comerciales desleales entre empresas.

A partir de las consultas que desembocaron en el proyecto de directiva y de las deliberaciones del Consejo se llegó a la conclusión de que no se contaba con el apoyo suficiente para ampliar el alcance de la directiva a las prácticas comerciales desleales entre empresas.

En cuanto a las prácticas agresivas, que quedaron reguladas por vez primera en la Unión Europea mediante la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, se consideró que tales prácticas se dan casi exclusivamente en las relaciones de las empresas con los consumidores. Las prácticas engañosas entre empresas están cubiertas por la Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa. Tales prácticas deberían continuar estando reguladas únicamente por la citada Directiva.

En lo tocante a la ejecución del cumplimiento de la legislación sobre protección del consumidor, la Comisión seguirá coordinando dicha ejecución a través de la red de cooperación para la protección de los consumidores.

En este contexto, la Comisión toma nota del respaldo del Parlamento al «barrido» como herramienta de ejecución del cumplimiento. La Comisión tiene la intención de continuar desarrollando este mecanismo y ha previsto llevar a cabo un nuevo barrido durante este año. Tras la petición formulada por el Parlamento, la Comisión tiene la satisfacción de comunicar que próximamente se publicará la segunda versión del Cuadro de Indicadores de Consumo, que incluirá datos recogidos durante los barridos efectuados hasta la fecha.

Dado que el informe hace referencia a la necesidad de organizar campañas de información con objeto de que los consumidores tomen más conciencia de sus derechos, la Comisión desea informar a sus Señorías de la reciente publicación de su sitio web «¿Esto es leal?», que incluye, por ejemplo, material educativo sobre la lista negra de prácticas prohibidas.

Para Concluir, la Comisión desea garantizar a la Cámara que continuará trabajando en estrecha cooperación con los Estados miembros para asegurar una ejecución adecuada y efectiva del cumplimiento de las Directivas sobre prácticas comerciales desleales y sobre publicidad engañosa y comparativa.

Durante este año se creará la base de datos que contendrá las medidas de transposición nacionales y la jurisprudencia existente, y que constituirá una útil herramienta al respecto.

  Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas.

(En respuesta a los comentarios de la señora Weiler, el Presidente lee las disposiciones del apartado 2 del artículo 45 del Reglamento)

Declaración por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Zita Pleštinská (PPE-DE), por escrito. – (SK) Los consumidores europeos se enfrentan a menudo a prácticas comerciales desleales y engañosas así como a una publicidad igualmente engañosa. La categoría de consumidores vulnerables, en la que están incluidos, en particular, los niños y las personas mayores, está más expuesta al riesgo de fraude.

Aplaudo el esfuerzo de la Comisión por ayudar a los Estados miembros en la transposición de una Directiva que aumentará la confianza de los consumidores y de los profesionales en la realización de operaciones transfronterizas. La Directiva garantizará una mayor seguridad jurídica para los consumidores y, al mismo tiempo, protegerá a las pequeñas y medianas empresas frente a las prácticas comerciales agresivas y desleales.

Esta Directiva será crucial para la evolución futura de los derechos de los consumidores en la Unión Europea, así como para aprovechar al máximo las posibilidades del mercado interior. Dado que su transposición continúa presentando algunos puntos oscuros, acojo con agrado el informe de la señora Weiler, en el que llama la atención sobre los problemas que genera dicha transposición a los ordenamientos jurídicos nacionales.

Para que logremos éxito en este ámbito, las autoridades judiciales tendrán que reforzar la cooperación transfronteriza relativa a los servicios de bases de datos engañosos. Concedo gran importancia a las campañas de información dirigidas a concienciar a los consumidores acerca de sus derechos; creo que son un factor clave que les dota de una mayor protección. Sólo un consumidor bien informado podrá detectar la publicidad engañosa y evitar las decepciones que este tipo de propaganda puede causar.

Creo que las listas negras nos permitirán descubrir las prácticas comerciales desleales y prohibir totalmente toda publicidad engañosa.

22. La PCP y el enfoque sistémico en la gestión de la pesca (breve presentación)

  Presidente. – El siguiente punto es el informe (A6-0485/2008) elaborado por Pedro Guerreiro en nombre de la Comisión de Pesca sobre la PCP y el enfoque sistémico en la gestión de la pesca (2008/2178(INI)).

  Pedro Guerreiro, ponente. – (PT) Esta comunicación de la Comisión plantea un buen número de preguntas como parte del debate sobre una posible reforma de la política pesquera común en 2012.

Mi informe, que ha sido aprobado por la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, expone una serie de factores que consideramos importantes en el marco del presente debate.

La pesca es una actividad fundamental para garantizar la alimentación y la supervivencia de los seres humanos, y este es el objetivo primordial de toda política pesquera.

En este contexto, cabe señalar la importancia que reviste la pesca en las aguas de la zona económica exclusiva (ZEE) de cada Estado miembro para su soberanía e independencia, principalmente desde el punto de vista alimentario.

La política pesquera común debería promover la modernización y el desarrollo sostenible del sector de la pesca, asegurando su viabilidad socioeconómica y la sostenibilidad de los recursos pesqueros, y garantizando el abastecimiento público de pescado y la soberanía y seguridad alimentarias, el mantenimiento del empleo y la mejora de las condiciones de vida de los pescadores.

Teniendo en cuenta sus propios objetivos, una política pesquera común no debe quedar subordinada a otras políticas comunitarias que se hubieran definido posteriormente.

En otros términos, una política pesquera no es y no puede ser una política de los océanos o del medio marino.

Dado que la primera y principal tarea de gestión de la pesca, como actividad que explota un recurso autorrenovable, consiste en controlar el esfuerzo total de pesca, con objeto de alcanzar el objetivo de capturas máximas sostenibles.

Una política pesquera debe partir de la hipótesis de la interdependencia entre el bienestar de las comunidades pesqueras y la sostenibilidad de los ecosistemas, de los que forman parte integrante, en particular, reconociendo la especificidad y la importancia de la pesca de bajura y de la pesca artesanal.

La aplicación de un enfoque sistémico de gestión del medio marino exige, necesariamente, una acción multidisciplinar e intersectorial que englobe las diferentes medidas y políticas con impacto en los ecosistemas marinos, que deben ir más allá y están en el origen de las políticas adoptadas en el ámbito de la pesca.

La propuesta de análisis sistémico de la evaluación de los recursos pesqueros debe estar basada en datos científicos conformados, y no en intuiciones fundamentadas en ideas preconcebidas.

Asimismo, hay que reconocer que existen importantes diferencias entre las distintas zonas marina y sus respectivos recursos pesqueros, así como también entre las diferentes flotas y artes de pesca utilizados y sus impactos en los ecosistemas, lo que exige medidas de gestión de la pesca diversificadas, específicas y adecuadas a cada caso y que, cuando sea necesario, establezcan compensaciones para los pescadores por las consecuencias socioeconómicas derivadas de dichas medidas.

A fin de garantizar la sostenibilidad de los recursos, de la actividad pesquera y de las comunidades locales respectivas, creemos que es vital que los Estados miembros ejerzan su soberanía en las 12 millas de territorio marítimo que les corresponden, y considerar el área correspondiente a la zona económica exclusiva de las regiones más alejadas como una zona de acceso exclusivo.

En este sentido, son preocupantes las propuestas relativas al acceso a los recursos, encaminadas a promover un sistema de cuotas individuales transferibles, con consecuencias en la concentración de la actividad pesquera y en la apropiación individual de los derechos de pesca.

Es preciso señalar también que una política que incentiva el desguace indiferenciado de buques sin tener en cuenta las especificidades de las flotas, los recursos pesqueros, las necesidades de consumo de cada Estado miembro ni su impacto socioeconómico será inadecuada e injustificada.

Por último, me gustaría hacer hincapié en que la acentuada reducción de la renta en el sector de la pesca no se debe únicamente a las restricciones impuestas a la actividad pesquera, sino, sobre todo, al estancamiento o incluso a la reducción de los precios en la primera venta, acompañada por el aumento de los costes de producción (gasóleo y gasolina).

  Androulla Vassiliou, miembro de la Comisión. − Señor Presidente, la Comisión acoge con beneplácito el informe presentado y el apoyo a nuestros puntos de vista con respecto al enfoque sistémico.

Uno de los principales mensajes que la Comisión transmite a través de su comunicación es que, aunque la pesca depende de la salud de los ecosistemas marinos, la gestión de la pesca no puede asumir por sí misma la función de gestión global de los océanos. La salud de los ecosistemas marinos sólo se podrá proteger mediante una política que implique a todos los sectores que influyen en dichos ecosistemas.

Por este motivo la Comisión considera la política marítima, y con carácter especial su pilar ambiental, la Directiva sobre la estrategia marina, fundamental para la adopción de un enfoque sistémico. Dicho enfoque ofrecerá al sector pesquero la garantía de que todas las consecuencias de la acción humana sobre los ecosistemas marinos, no únicamente sobre la pesca, se abordarán de manera coherente y proporcionada. Este es también el principal punto fuerte del informe y nos alegramos de estar de acuerdo en este punto.

Me gustaría subrayar que esto no significa que una política esté subordinada a otra ni que, al adoptar dicho enfoque, estemos estableciendo una jerarquía entre, por ejemplo, la Directiva sobre la estrategia marina y la política pesquera común.

La Directiva sobre la estrategia marina sirve a la política pesquera común por ser el instrumento integrador necesario para proteger la base de recursos pesqueros en el futuro, y la política pesquera común contribuirá a la Directiva sobre la estrategia marina mediante la puesta en práctica de las medidas de gestión necesarias para alcanzar los objetivos de conservación de los ecosistemas marinos.

Tal como se afirma en el informe, la satisfacción de las necesidades alimentarias, la protección de las industrias y de las comunidades pesqueras y la conservación y sostenibilidad de los ecosistemas marinos no son irreconciliables. Al contrario, a largo plazo existen sinergias entre todos estos objetivos.

El informe aborda numerosas cuestiones referentes a los instrumentos específicos que deberán utilizarse en el futuro. Se trata de cuestiones importantes y muy pertinentes que trataremos en el debate sobre la reforma de la política pesquera común. Por tanto, no me referiré a ellas expresamente aquí.

No obstante, quiero señalar que hay un par de puntos en los que cabe la posibilidad de que estemos en desacuerdo. El informe indica la necesidad de aplicar mecanismos de subvención o compensación a los pescadores afectados por los planes de gestión y las medidas de protección de los ecosistemas. No creemos que los subsidios directos sean el camino, sino que la solución estriba en ayudar al sector a incrementar su capacidad de resistencia económica y en ayudar a las comunidades costeras a diversificar sus actividades económicas.

En el informe también se señala que la repoblación a partir de la acuicultura puede ser un instrumento que permita reponer las poblaciones pesqueras salvajes. Pese a que esta opción puede ser válida en algunos casos muy concretos, no pensamos que vaya a servir como solución general. Las poblaciones pesqueras deben recuperarse mediante una adecuada gestión del impacto de las actividades humanas sobre los ecosistemas marinos, incluidas las repercusiones que tiene la actividad pesquera así como las de otros sectores.

Más adelante profundizaremos en el debate sobre los instrumentos de gestión pesquera en el marco del debate y el desarrollo de la reforma de la política pesquera común, empezando por la publicación de un libro verde en abril. Entretanto, quiero agradecer al Parlamento su respaldo al enfoque expresado en este informe.

  Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas.

Declaración por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), por escrito. – (RO) Las poblaciones pesqueras actualmente presentes en aguas de la Unión Europea continúan disminuyendo, debido tanto a la pesca excesiva como al uso de equipos inadecuados y al impacto que otros sectores, especialmente el turístico, están ejerciendo sobre la biología marina. Las investigaciones científicas dedicadas a identificar los factores que influyen en los ecosistemas marinos, incluidas las repercusiones del cambio climático, brindarán la oportunidad de determinar la evolución de los recursos pesqueros y garantizarán la adopción de las medidas preventivas oportunas para impedir el continuado y rápido agotamiento de las poblaciones pesqueras.

Dado que la pesca es una actividad esencial para asegurar la alimentación y la supervivencia humanas, la gestión de la sostenibilidad de los recursos pesqueros adquiere una importancia vital en un momento en el que asistimos a un deterioro de la biodiversidad marina. Por este motivo, es preciso tener en cuenta los aspectos sociales, económicos y ambientales en todas las iniciativas encaminadas a promover el desarrollo sostenible de las zonas costeras de la Unión Europea.

23. Transposición y aplicación de la Directiva 2002/73/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (breve presentación)

  Presidente. – El siguiente punto es el informe (A6-0491/2008) de la señora Riera Madurell, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, sobre la transposición y aplicación de la Directiva 2002/73/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, del 23 de septiembre de 2002, por la que se modifica la Directiva 76/207/EEC del Consejo sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (2008/2039(INI)).

  Teresa Riera Madurell, ponente. − Señor Presidente, la Directiva a que hace referencia el informe es una modificación de una Directiva de 1978 sobre la misma cuestión, elaborada a la luz del Tratado de Amsterdam, de la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y de las nuevas realidades sociales; una modificación que incorpora elementos clave en el avance de los derechos de las mujeres, que son los que se evalúan en este informe.

El texto legal introduce la definición de discriminación directa e indirecta, de acoso y de acoso sexual, requiere a los Estados miembros que alienten a los empresarios a adoptar medidas para prevenir todas las formas de discriminación por razón de sexo y salvaguarda los derechos laborales tras el permiso de maternidad o de paternidad.

Con la aplicación de esta Directiva, los Estados miembros, además de comprometerse a crear organismos de igualdad con funciones de promoción, análisis, aplicación y apoyo a la igualdad de trato, asumen el compromiso de fomentar el diálogo social, con el objetivo de promover la igualdad de trato en el mundo laboral a través de los convenios colectivos y de una manera planificada. Se comprometen también a reforzar el papel de las ONG en la promoción de la igualdad, a establecer medidas efectivas de sanción para quienes no cumplan las disposiciones de la Directiva y a aplicar medidas de protección para quienes den su apoyo a las víctimas.

Si la Comisión hubiera podido elaborar el informe que, de acuerdo con la propia Directiva, es preceptivo cada cuatro años, nuestro trabajo de evaluación habría sido relativamente sencillo. Para ello, todos los Estados miembros tendrían que haber transpuesto la Directiva dentro del plazo establecido, haberlo hecho bien y haber remitido toda la información a la Comisión. Pero ésta no era la situación de la que partíamos.

Al vencer el plazo para transponer la Directiva, nueve Estados miembros no habían notificado qué medidas habían adoptado para transponerla; la Comisión les había abierto un procedimiento de infracción y, en el mes de mayo del año pasado, todavía había procedimientos abiertos contra dos Estados miembros. Además, debido a la complejidad y a los aspectos novedosos de la Directiva, la Comisión había detectado problemas de transposición en veintidós Estados miembros, aunque esperaba solventar muchos de ellos mediante el diálogo.

Para realizar un informe que fuera riguroso, útil y lo más completo posible, necesitábamos disponer de más datos, por lo que decidimos solicitar también información a los Estados miembros. Con la información facilitada por la Comisión, la recibida de los Estados miembros –a través de los organismos de igualdad y de los Parlamentos nacionales– y con las aportaciones de mis colegas de los distintos grupos, hemos podido elaborar este informe, que ofrece ya una idea clara de cómo se está desarrollando el proceso de transposición en cada uno de los Estados miembros.

Tras la experiencia vivida, quiero señalar que la colaboración entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo ha sido fundamental para poder hacer bien nuestro trabajo. Sin la información aportada por los Parlamentos y los organismos de igualdad no habríamos podido elaborar este informe, al menos, con la profundidad con la que lo hemos hecho; tampoco habría sido posible sin la fluida colaboración que hemos podido establecer con la Comisión y sin la inestimable ayuda de los servicios de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, de mi oficina y de los servicios de mi grupo parlamentario. A todas ellas –pues son mujeres– quiero darles las gracias. También quiero agradecer las aportaciones y la buena disposición de las ponentes alternativas.

Nuestro objetivo ha sido, desde el primer momento, que nuestro trabajo fuera, además de riguroso y útil, fruto del máximo consenso, puesto que se trataba de conseguir una buena radiografía de la situación en que se encontraba la transposición de una Directiva muy importante, que dota a la Unión Europea de herramientas muy eficaces para que los Estados miembros refuercen su legislación relativa a la igualdad de trato en el ámbito laboral, algo que es fundamental para conseguir los objetivos que nos hemos marcado como europeos.

No olvidemos que todavía hoy en la Unión Europea, en cuanto a la tasa de empleo, existe una diferencia de 28,4 puntos entre hombres y mujeres, que estamos lejos del objetivo marcado en Lisboa de llegar a un 60 % de empleo femenino para 2010 y que, además, las mujeres cobran como promedio un 15 % menos que los hombres.

Si este informe sirve también para despertar algo más la conciencia en los Estados miembros sobre esta cuestión, podemos darnos doblemente por satisfechas.

  Androulla Vassiliou, miembro de la Comisión. − Señor Presidente, la Comisión acoge con beneplácito este informe sobre una Directiva tan importante, y queremos agradecer el duro trabajo de la señora Madurell.

La Directiva 2002/73/EC es un instrumento importante para luchar contra la discriminación por motivos de género en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales. La Directiva ha mejorado considerablemente la legislación de la Comunidad en este ámbito definiendo de manera más clara los tipos de discriminación e introduciendo una serie de soluciones jurídica innovadoras. Incluye disposiciones para la protección de las mujeres embarazadas y de las mujeres con permiso de maternidad, así como la implicación de los interlocutores sociales y de las organizaciones no gubernamentales para garantizar la igualdad de género en el lugar de trabajo, además del establecimiento de organismos en materia de igualdad.

Este informe tiene una importancia especial dadas las muchas desigualdades de trato entre hombres y mujeres que todavía se registran en lo que se refiere al empleo. Llama la atención de los Estados miembros, de la Comisión, de los agentes sociales y de la sociedad civil sobre las disposiciones clave de la Directiva, y pone el acento en la necesidad de una aplicación plena. Por tanto, puede generar un cumplimiento más fiel de la Directiva y un conocimiento más amplio de la legislación comunitaria sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres.

Como guardiana de los Tratados, la Comisión continúa vigilando estrechamente la aplicación de la Directiva en los Estados miembros. Se trata de mantener el diálogo con los Estados miembros en relación con los procedimientos de violación, con el objeto de garantizar que la Directiva se aplica de manera adecuada.

En cumplimiento, de acuerdo con la Directiva, de su obligación de investigar, la Comisión adoptará durante la primera mitad de este año un informe sobre la aplicación de la Directiva en todos los Estados miembros y lo hará llegar al Parlamento y al Consejo.

  Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Proinsias De Rossa (PSE), por escrito. – La autoridad irlandesa que se ocupa de la igualdad está considerada un modelo de buenas prácticas. Sin embargo, el Gobierno irlandés ha reducido su presupuesto recientemente cerca de un 43 % y ha llevado a cabo una descentralización por la vía rápida de dicha autoridad, en un momento en que el programa gubernamental de descentralización de organismos públicos se está interrumpiendo.

De hecho, el señor Niall Crowley, director general de la autoridad irlandesa que se ocupa de la igualdad, ha dimitido de su cargo aduciendo que «la autoridad para la igualdad ha llegado a ser inviable debido a la decisión [...] de reducir su financiación en un 43 % y de continuar con la descentralización de su personal, lo que ha puesto en peligro la labor de dicha autoridad». Además, otros seis miembros de la junta directiva de ese organismo también han dimitido.

Este informe insta a los Estados miembros a desarrollar las capacidades y a garantizar los recursos adecuados para las entidades que promueven la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades que establece la Directiva 2002/73/EC. Además, vuelve a formular el requisito de la Directiva de garantizar la independencia de estos organismos.

El Gobierno irlandés ha incumplido claramente la Directiva, ya que, evidentemente, no tiene intención de facilitar los recursos ni de garantizar de manera adecuada la independencia de una autoridad cuya financiación se ha visto reducida casi en un 50 %, provocando la dimisión de la mitad de su junta directiva.

  Louis Grech (PSE), por escrito. – A la vista de la persistente brecha entre hombres y mujeres en las tasas de empleo, de salarios y de acceso a puestos directivos, pido a los Estados miembros que aceleren la aplicación de la Directiva 2002/73/EC y que adopten medidas para que sus disposiciones se transpongan plenamente a su legislación nacional de manera eficaz. En la actual situación de crisis financiera, me preocupa que una aplicación morosa o de mala calidad de esta Directiva pueda aumentar las desigualdades por motivos de sexo, poner en peligro el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia de Lisboa e impedir a la Unión Europea desarrollar plenamente el potencial de su capacidad económica.

También es de lamentar la decisión de algunos Estados miembros de limitar el alcance de los tipos de discriminación prohibidos, lo que implica un cumplimiento sólo parcial de la Directiva 2002/73/EC. Resulta decepcionante que, a pesar de los numerosos estudios sobre el particular, algunos legisladores nacionales continúen ignorando los efectos destructivos de la discriminación y del acoso sexual en la moral y en la productividad de las trabajadoras.

Para una mejor aplicación de las medidas antidiscriminatorias y contra el acoso, es necesario implicar a las partes interesadas en el ámbito comunitario, por medio de campañas de información, con la intervención de organizaciones no gubernamentales y también mediante instrumentos más formales como la inclusión de disposiciones especiales en los convenios colectivos y en la legislación nacional sobre igualdad de género.

  Zita Pleštinská (PPE-DE), por escrito. – (SK) La adopción de un instrumento legislativo europeo da comienzo al proceso de transposición y de aplicación de la Directiva en cada Estado miembro. El Parlamento Europeo vigila atentamente la transposición de cada una de las directivas, ejemplo de lo cual es el informe de mi colega la señora Madurell, en el que se examina la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres.

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género trabaja intensamente para llamar la atención sobre el hecho de que la discriminación por motivos de género aún persiste en muchos ámbitos de nuestra vida social y política. La aplicación lenta y deficiente de la Directiva 2002/73/EC pone en peligro la realización de la Estrategia de Lisboa y el desarrollo de todo el potencial de la capacidad social y económica de la Unión Europea.

Insto a la Comisión y a los Estados miembros a que introduzcan indicadores de la igualdad de trato claros, detallados y cuantificables y normas que permitan evaluar las relaciones entre los géneros. Creo que la puesta en marcha del instituto para la igualdad de género realizará con sus actividades contribuciones importantes en el ámbito de la igualdad de género.

Creo firmemente que se puede lograr una transposición satisfactoria de esta Directiva si hay un intercambio de buenas prácticas y si se adoptan medidas constructivas en ámbitos en los que se haya detectado discriminación.

  Rovana Plumb (PSE), por escrito. – (RO) Me ha complacido leer en el sitio web del Parlamento Europeo que el tema de la igualdad de trato entre mujeres y hombres ocupa un destacado tercer puesto entre las noticias más leídas durante 2008. El enorme interés por este tema nos indica, sin embargo, que todavía hay mucho por hacer, especialmente en el ámbito de la igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales. A este respecto, el informe de la señora Madurell ha sido un éxito, puesto que aclara el papel de los empleadores y de la sociedad civil en la promoción de la igualdad de género.

Creo que la Comisión tiene que desempeñar un papel extremadamente importante en la batalla para establecer la igualdad de trato entre hombres y mujeres en los lugares de trabajo. Principalmente se antoja necesario verificar el modo en que los Estados miembros de la Unión Europea adoptan medidas constructivas en relación con las desventajas que encuentran las mujeres durante su carrera profesional. También me refiero en particular a la integración y al cumplimiento del principio de igualdad de género en las decisiones administrativas y políticas de los Estados miembros.

Al mismo tiempo que presenta informes ante la Comisión cada cuatro años, cada Estado miembro debe realizar una presentación coherente de las sanciones reales impuestas en los casos de infracción de esta Directiva, lo que contribuiría enormemente al intercambio de experiencias y de buenas prácticas.

24. Orden del día de la próxima sesión: véase el Acta

25. Cierre de la sesión

(La sesión se cierra a las 22:45 horas)