Acta literal de los debates

Miércoles 14 de enero de 2009 - Estrasburgo

5. Explicaciones de voto

Explicaciones de voto orales

- Informe: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, he votado a favor de este informe porque pide una reforma en beneficio de la protección de la infancia, así como porque introduce medidas para aumentar la seguridad de los pasaportes. En general, por tanto, se trata de un paquete que impulsa la lucha contra el tráfico de menores y una mayor protección de la infancia.

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Considero necesario añadir datos biométricos a las medidas de seguridad de los documentos de viaje. No obstante, además de mejorar la seguridad de los ciudadanos europeos, que es nuestro principal objetivo, debemos considerar asimismo la otra cara de la moneda, que es proteger la intimidad de nuestros ciudadanos. Procuraré garantizar que la aplicación de esta legislación a nivel nacional no cree problemas burocráticos ni induzca un uso indebido de los datos, como el uso indebido por parte de terceros países fuera de la UE. Quisiera señalar la necesidad de fomentar una mayor participación de la Interpol y de Frontex en esta cuestión. Sólo un alto grado de cooperación entre los cuerpos de seguridad de los Estados miembros producirá el efecto deseado de hacer de Europa un hogar seguro para todos nosotros. Me complace que, a partir de los doce años, los niños dispongan de su propio pasaporte. Esta medida reducirá los abusos a menores por parte de grupos de delincuencia organizada a través de las fronteras, lo que constituye otro motivo para dar mi respaldo a un tema aparentemente controvertido como éste.

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Señor Presidente, me complace sumar mi apoyo decidido al informe del señor Coelho sobre la inclusión de los datos biométricos en los pasaportes de la UE porque, al menos, se trata de un primer paso en el lucha contra los múltiples abusos y falsificaciones de pasaportes. Constituye una forma de armonización que, cuando menos, podemos aceptar, ya que, desde luego, se trata de una medida útil, incluso, necesaria en los países de la zona Schengen.

Cuando se establece un sistema de fronteras interiores abiertas, naturalmente, la frontera exterior más grande se debe proteger de una forma tan efectiva como sea posible. Con este informe, se da un paso en la dirección correcta, ya que en este momento, las fronteras exteriores no cuentan con suficiente protección.

No obstante, pese a mi apoyo al informe, hay algo que no comparto. No es suficiente con sólo disponer de buenos pasaportes. Cada años cientos de miles de extranjeros no europeos entrar en nuestro continente, Europa. Entre estos hay inmigrantes legales, semilegales, pero también inmigrantes ilegales. El año pasado, mi país, Bélgica, recibió más de 700 000 extranjeros no europeos, además de un número indeterminado de extranjeros ilegales. Se trata de una oleada que debemos detener y, sólo con mejores pasaportes, no resolveremos esta cuestión.

  Dimitar Stoyanov (NI). – (BG) Gracias, señor Presidente. He votado en contra del informe del señor Coelho por dos motivos. En primer lugar, porque siento una gran preocupación por los derechos de los ciudadanos y por el hecho de que recopilar los datos biométricos supondrá una seria amenaza para la seguridad de los ciudadanos, especialmente, en cuanto a su libertad; así como una vulneración del derecho humano básico de la libertad de circulación.

Sin embargo, lo que me preocupa aún más es que, en mi país, será la segunda vez en los últimos diez años que se han introducido nuevos documentos de identidad. Por lo que a mí me concierne, será, de hecho, la tercera vez en diez años que he cambiado de documento de identidad. Puede que ustedes lo encuentren divertido, pero en Bulgaria, las personas tienen ingresos tan bajos que es sencillamente poco ético e inmoral que estas personas tengan que gastar sus escasos recursos en adquirir nueva documentación. Cuando hablamos de pensionistas que cobran cien lev búlgaros, lo que equivale a una pensión de cincuenta euros, no hay derecho a que les cobren veinte euros por hacerles un documento de identidad nuevo. Éste es el motivo por el que he votado en contra del informe del señor Coelho, porque opino que es completamente inadecuado para mi país.

- Informe: Marco Cappato (A6-0459/2008)

  Gay Mitchell (PPE-DE). - Señor Presidente, sólo quiero que conste en acta que, al final, he votado en contra del Informe Cappato porque creo que hay un informe mejor a la espera de ser presentado ante el Parlamento que abordará estas cuestiones.

También quiero decir que el Parlamento necesita actuar con relación a nuestros registros cuando hay miembros del Parlamento que han permanecido aquí durante más de cuatro años y medio, que han cobrado un salario durante todo ese tiempo y que han intervenido menos tiempo que el señor Burke, que lleva seis meses en el Parlamento. Pienso que ya es hora de que prestemos atención a esta cuestión.

Hay personas que no participan en este Parlamento, ni en sus comisiones ni en las sesiones plenarias. Algunas de estas personas pertenecen a grupos pequeños. Vienen aquí y hacen uso de la palabra antes de salir corriendo hacia el aeropuerto para pasar el tiempo en nuestros Estados miembros nacionales, en vez de estar aquí, diciéndole a la gente lo horrible que es la democracia en la Unión Europea. Bueno, la democracia es horrible en la Unión Europea si a los miembros de este Parlamento que no aparecen por aquí se les paga un sueldo para proseguir con este tipo de abuso evidente de la democracia. Quiero que mi comentario conste en acta, señor Presidente.

Pienso que, si llevamos a cabo reformas, ponemos los documentos a disposición, si nos aseguramos de que haya una mayor transparencia, debemos tomar medidas a fin de mostrar qué parlamentarios participan en la labor del Parlamento y quiénes no lo hacen.

- Informe: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) El mercado armamentístico europeo funciona de forma ineficaz por su fragmentación. Hoy hemos creado un espacio para la contratación pública en este sector a la vez que, con arreglo al artículo 273 del Tratado de Establecimiento, se respetan las excepciones por motivos estratégicos. En el Comité, he trabajado para poner fin al despilfarro de fondos públicos ocasionado por la adjudicación de contratos militares poco claros. En el pasado, también se abusó de la cláusula relativa al interés nacional en el caso de contratos públicos para el ejército que no tenían nada que ver con la calidad de la seguridad que se proveía. Podría citar, así a bote pronto, contratos laborales, servicios de restauración y de transporte. Esta propuesta ahorrará dinero que se podrá invertir posteriormente en investigación y tecnología que nos proteja de forma más efectiva contra amenazas presentes y futuras.

  Jim Allister (NI). - Señor Presidente, me opongo a este informe por la amenaza que pienso que supone para gobiernos y empresas que han invertido grandes sumas de dinero en investigación y desarrollo en materia de defensa y que ahora se encuentran con que se les priva del beneficio en la fase de desarrollo y producción.

Con arreglo a la directiva propuesta, ahora se exige que los concursos públicos se abran a la competencia europea, con lo que una empresa proveedora de servicios de defensa –incluso un país– se queda sin forma de proteger sus puestos de trabajo y sus derechos de propiedad a nivel internacional. Dado que varias empresas proveedoras de servicios de defensa del Reino Unido realizan investigación y desarrollo de última generación, la amenaza que representa este informe supone un serio motivo de preocupación.

Mi inquietud aumenta al comprender que la motivación que guía este informe es reforzar la integración de la UE, así como la política europea en materia de seguridad y defensa, en vez de dar prioridad al beneficio económico tangible.

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, trataré de ser más breve de lo habitual. He votado a favor del Informe Lambsdorff, que hace avances en materia de seguridad y defensa común. Me pregunto, no obstante, y les pregunto también a ustedes: ¿cuándo contaremos finalmente con una defensa verdaderamente europea, con un ejército europeo de verdad, con una oportunidad real de ahorrar dinero y podernos defender como una Europa unida? ¡Espero que, efectivamente, ocurra muy pronto, señor Presidente!

  Presidente. − En este caso, no soy yo quien debería dar una respuesta inmediata, puesto que sería complejo. Sigamos, pues, con las explicaciones de voto, ahora, sobre el Informe Schlyter.

- Informe: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) He dado mi apoyo al informe sobre restricciones de comercialización y uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos, a saber, el diclorometano, permitiendo que, aunque se haya establecido una disposición en la que se recogen exenciones sujetas a estrictas condiciones, se restrinja el uso de esta sustancia cancerígena en los decapantes de pintura. Me complace decir que, en la práctica, no se hará uso de las exenciones, ya que existen alternativas seguras que tanto consumidores como profesionales preferirán escoger en el futuro.

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Señor Presidente, algunas sustancias son tan peligrosas que se deberían prohibir o restringir severamente su uso, sometido a las más estrictas medidas de seguridad y salud. El diclorometano es una de estas sustancias y se debe retirar de la circulación.

- Informe: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Acojo con satisfacción el acuerdo internacional que establecerá nuevas condiciones laborales para los trabajadores del sector pesquero. Los pescadores sufren la tasa más elevada de muertes y accidentes en el entorno laboral. Tan sólo quisiera pedir al Consejo y a la Comisión que hagan todo lo posible por ratificar el Convenio mucho antes del año 2012. Les agradecería que hicieran constar en el Acta que mi equipo de votación no funcionó y que, naturalmente, he votado a favor de este informe.

- Informe: Giusto Catania (A6-0479/2008)

  Irena Belohorská (NI). – (SK) El informe que, por propia iniciativa, ha presentado el señor Catania ha provocado un importante intercambio de opiniones entre grupos políticos y miembros del Parlamento.

La Unión Europea se enfrenta en este momento a problemas muy graves, como la crisis económica y la crisis energética provocada por el conflicto ruso-ucraniano. Se trata de un periodo en el que deberíamos actuar conjuntamente y evitar toda medida que pueda debilitar nuestra unidad. Sin lugar a dudas, las consecuencias de las crisis afectarán a todos y cada uno de los ciudadanos de la Unión Europea, ya sean eslovacos, polacos, húngaros o alemanes. Considero que los intentos de provocar enfrentamientos entre los Estados miembros, que surgen en las sesiones plenarias de forma periódica, son señal de que se desconoce la grave situación actual que amenaza la unidad de la UE. Deberíamos centrar todos nuestros esfuerzos en buscar soluciones y en ratificar el Tratado de Lisboa a fin de aumentar la competitividad de la Unión Europea.

Aquí, en el Parlamento Europeo, he manifestado repetidamente la opinión de que la autonomía no tiene cabida en nuestro espacio común. No debemos olvidar, y mucho menos, hacer caso omiso o rechazar la idea fundamental de la integración de los países de la UE. Debemos tener en cuenta lo que afirmaba Schuman, que un europeo inteligente no puede alegrarse de la desgracia de un vecino, puesto que estamos todos conectados por un mismo destino, tanto en los buenos como en los malos tiempos.

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, el Informe Catania es una farsa. No contiene revisión alguna de hasta qué punto se respetaron los derechos fundamentales en el Unión Europea durante el periodo que va del año 2004 al 2008. Se trata simplemente de una lista de reivindicaciones de la izquierda de esta Cámara.

Entre sus reivindicaciones, se incluyen el matrimonio entre personas del mismo sexo en todos los Estados miembros y la legalización de las drogas, la eutanasia y la inmigración ilegal. La Delegación del Partido Popular austriaco (ÖVP) y yo mismo rechazamos de plano las mencionadas reivindicaciones, que fueron aprobadas por una mayoría y, por tanto, hemos votado en contra de este informe.

  Peter Baco (NI). – (SK) He votado a favor del informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea 2004-2008.

Mi respaldo dependía de que se rechazara la redacción original del proyecto en el artículo 49 relativo al apoyo a la autonomía territorial y regional. Considero que se trata de un rechazo evidente de los intentos por parte de agitadores y conspiradores de hacer conjeturas sobre el statu quo. En otras palabras, el Parlamento Europeo no tolera que se juegue con la autonomía regional y territorial. Si de la sesión plenaria de hoy se puede sacar alguna conclusión valiosa es ésta y opino que se nos debe felicitar a todos por ello.

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, yo también he votado en contra de la aprobación de este informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea elaborado por un diputado comunista. No obstante, me alegra el hecho de que los ponentes de otros grupos hayan podido editar un poco el texto y contiene algunos párrafos interesantes sobre la situación de las minorías. Algunos pasajes, sin embargo, carecen de objetividad. Además, el informe sobrepasa los límites establecidos para un documento que describe un periodo pasado hasta unos extremos sin precedentes. El informe adopta una postura política excesivamente parcial sobre los derechos humanos en la Unión. El informe pisotea el principio de subsidiariedad al dictar normas sobre política familiar y sobre otras cuestiones relativas a la ética, lo cual es contrario a los Tratados constitutivos.

  Simon Busuttil (PPE-DE). - (MT) Yo también he votado en contra del Informe Catania por contener, al menos, tres referencias al aborto como derecho humano. Es algo que no comparto y que encuentro inaceptable. Es una lástima que en un informe tan importante como este, que abarca una amplia variedad de temas, se hayan incorporado elementos que están, sin lugar a dudas, fuera del ámbito de competencia de la Unión Europea y en el que la Unión Europea no puede ni debe tratar de injerir, a saber, debido al principio de subsidiariedad. Éste es el motivo por el que he votado en contra del informe Catania.

  Péter Olajos (PPE-DE). – (HU) Señor Presidente, con relación al Informe Catania, he votado a favor puesto que elimina anteriores carencias por lo que respecta a los derechos de las minorías. Esta cuestión es de espacial importancia para Hungría, así como para las minorías que viven dentro y fuera de sus fronteras. El informe hace hincapié en la protección de las lenguas minoritarias y declara que el uso de la propia lengua materna es uno de los derechos más fundamentales. Por desgracia, esto no ha sido así últimamente en varios de los nuevos Estados miembros de la UE.

El informe hace hincapié, además, en la necesidad de definir y determinar la condición de minoría nacional, lo que, en mi opinión, es de vital importancia para las ciento cincuenta minorías de Europa.

Para concluir, considero especialmente importante el párrafo 49, porque se afirma que el autogobierno es el método más efectivo de abordar los problemas de las comunidades minoritarias nacionales. Para hacerlo, cabe imitar a los modelos más ejemplares de la Unión Europea por lo que respecta a autonomía personal, cultural, territorial y regional.

  Jim Allister (NI). - Señor Presidente, una sociedad consumida por los derechos es una sociedad de pedigüeños que ha perdido el equilibrio. Es esta idea la que guía la reivindicación de igualdad entre parejas casadas normales y relaciones homosexuales que se recoge en el informe. El orden natural es que las parejas estén formadas por un hombre y una mujer. Lo pervertimos cuando reivindicamos igualdad para algo que es exactamente todo lo contrario.

Pese a que se me pueda tildar de anticuado, manifiesto sin rubor que la unión entre parejas del mismo sexo no es algo que yo, en calidad de legislador, desee permitir. ¿Tengo menos derecho a defender esta postura que los que reivindican todo lo contrario? En vista del clima de intolerancia en el que se ha mantenido parte de este debate, es lo que parece.

No coincido con este aspecto del informe. Si por esto me expongo a que se burlen de mí, entonces, que así sea. Prefiero defender lo que creo que es bueno a dar mi aprobación a lo que es malo.

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Señor Presidente, en el tiempo que llevo en este Parlamento, raramente he visto tal compendio de tonterías políticamente correctas y de obviedades supuestamente progresistas como en el Informe Catania. Lo que se lleva la palma, sin embargo, es el hecho de que un informe relativo a los denominados derechos fundamentales se base de facto en el Tratado de Lisboa, un tratado que ha sido rechazado en referendos, ni más ni menos, y que, actualmente, carece de todo fundamento jurídico. ¡Qué arrogancia! Me pregunto si, tal vez, es posible que los derechos fundamentales no se apliquen a los ciudadanos europeos, sino sólo a la eurocracia.

Además, existe un derecho fundamental al que no se hace referencia en este informe, a saber, el derecho de las personas, por ejemplo, personas de la propia nación, a sentirse seguras y a salvo en su propio país, a defender la prosperidad que tanto les costado conseguir, a conservar su idioma, su cultura, sus tradiciones y su legislación. Esto sí que sería toda una novedad en este templo de la corrección política. Una vez más, el Parlamento ha vuelto a hacer el ridículo totalmente al aprobar el Informe Catania por una abrumadora mayoría.

  Philip Claeys (NI). - (NL) Señor Presidente, el derecho a la libre expresión de la opinión y la forma en que se debe ejercer este derecho es, sin ningún género de dudas, un indicador fundamental para evaluar la situación de nuestros derechos fundamentales. El informe tiene bastante razón al advertirnos sobre la censura no oficial y la autocensura que se produce cuando determinados temas no se debaten públicamente. Igualmente justificada es la sección del informe en la que se advierte sobre personas y grupos que quieren silenciar a otros afirmando que son atacados permanentemente sin merecerlo.

Lo que es absolutamente desconcertante, no obstante, es el llamamiento a «perseguir con determinación todo discurso de odio en programas mediáticos racistas y artículos que difundan opiniones intolerantes». Ésta es exactamente la clase de cosas que lleva a la censura y a la autocensura que deplora en otras secciones del informe. Es el tipo de legislación que, en Bélgica, hizo que se condenara al partido flamenco más importante por criticar la política en materia de inmigración que se había aprobado. La gente debería, por tanto, saber lo que prefiere. Es imposible estar un poco a favor de la libre expresión de la opinión. O se está a favor de la libre expresión de la opinión y se aceptan las consecuencias que acarrea o se está en contra.

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). - (IT) Señor Presidente, Señorías, sobre la cuestión de los derechos fundamentales, aunque he votado en contra en la votación definitiva, he votado a favor del párrafo 81. En este párrafo, mi amigo el señor Catania, quien en este preciso instante me mira desde su escaño, declara que insta a los Estados miembros a hacer todo lo que esté en su mano a fin de facilitar y mejorar el acceso de los jóvenes, de las personas mayores y de las personas con discapacidad al mercado de trabajo

El señor Catania –que hace honor a su nombre en que es justo al 100 %– debe haber pensado, aunque no lo haya manifestado por escrito, que se debería mejorar el acceso no sólo por lo que atañe al trabajo, sino también a las prestaciones, puesto que se ha mencionado a las personas mayores. Por tanto, son relevantes las prestaciones para los jóvenes, las personas con discapacidad y las personas mayores. Estoy seguro –veo que el autor del informe coincide conmigo– de que los jóvenes también reciben prestaciones por el hecho de ser jóvenes y, después, cuando son mayores, trabajan. Veo que aplaude. Creo que también ustedes están de acuerdo, pero, puesto que mis comentarios se publican en Internet, quisiera dejar claro que he dicho esto para poner de manifiesto con delicadeza que las personas mayores también tienen derecho a recibir prestaciones.

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Señor Presidente, en el Informe Catania, muchos de los diputados de esta Cámara han tratado, una vez más, de utilizar los derechos humanos como excusa para promover el aborto, a pesar del hecho de que el aborto niega anualmente a millones de bebés el derecho humano más importante –la vida–, el derecho humano del cual dependen todos los demás derechos.

Además, como diputada y votante irlandesa, me parece interesante señalar que este informe y las enmiendas vinculan el Tratado de Lisboa y la Carta de los Derechos Fundamentales con la legislación del aborto en la UE.

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Señor Presidente, antes de comenzar, ¿puedo pedir a los servicios que tomen nota de que, en el párrafo 31, la primera parte de mi votación debería haber sido a favor?

Pienso que este informe podía haber abordado en más detalle ámbitos de la discapacidad sobre los que es necesario trabajar más. A este respecto, no obstante, me complace que el Parlamento decidiera apoyar mi enmienda 42, en la que se insta a la Comisión a garantizar que el dinero se concederá sólo a los Estados miembros que cumplan los requisitos de la Convención de las Naciones Unidas por lo que se refiere a la desinstitucionalización. Se trata de un asunto fundamental para mí, así como para muchas personas de esta Cámara. Existen muchas cuestiones en este informe –como ya han dicho otras personas– que, con arreglo al principio de subsidiariedad, son competencia de los Estados miembros, no de la Unión Europea, que no legisla sobre el aborto y que no debería legislar, ni lo hará, sobre el aborto. Por este motivo, no podía dar mi apoyo al informe completo. En lugar de eso, me he abstenido porque creo que la enmienda relativa a la discapacidad es importante para todos los que nos preocupamos por las personas que no hablan, que no tienen ni voz ni voto y a las que no se escucha.

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) El Informe Catania abarca muchas cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Coincido con algunos de los oradores anteriores y, como ellos, quiero manifestar que no estoy de acuerdo con este informe fundamentalmente a causa de un problema esencial: que no se hayan aprobado enmiendas fundamentales que podrían haber corregido el que, originalmente, era un informe deficiente.

En el informe se alude a los «denominados» derechos sexuales y de salud sexual, entre los que, de acuerdo con la definición que da, por poner un ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, se incluye de forma explícita el derecho al aborto, algo a lo que no se puede hacer referencia en el Derecho comunitario de la UE ni se puede obligar a los Estados miembros a que lo acepten.

Como doctor en Medicina, defiendo la vida y dignidad humanas desde el momento mismo de la concepción y, por lo tanto, no he votado a favor de este controvertido texto, que, además, no respeta el principio de subsidiariedad.

  Michl Ebner (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, coincido con lo que ha dicho el señor Pinker y, por lo tanto, no necesito dedicarle más tiempo. Creo que el señor Catania ha redactado un informe sobre el asunto equivocado. Este informe no debería haber llegado a la Cámara, puesto que los servicios oficiales deben comprobar si un informe aborda el tema y el título asignados o si trata sobre algo completamente distinto, Éste es el caso de este informe y efectivamente, no se refiere al título y mandato que le fue conferido.

Con respecto a la pregunta concreta relativa al párrafo 49, hubiera preferido que la Cámara hubiese aprobado el texto original, sin la enmienda. He votado en contra del informe completo por las razones concretas que he mencionado.

  Koenraad Dillen (NI). - (NL) Señor Presidente, casi nunca he votado en contra de un informe con tanta convicción como hoy. Si tuviéramos que seguir las recomendaciones que figuran en este informe, mañana crearíamos una dictadura de corrección política en la Unión Europea, de acuerdo con la cual bajo la apariencia de un supuesto antirracismo en grandilocuentes declaraciones de principios, se reprimiría aún más la libre expresión de la opinión de temas como el asilo y la inmigración. Este informe propone abrir aún más las compuertas para permitir la entrada en la Unión Europea de la inmigración tanto legal como ilegal y no sitúa en el núcleo de su política el derecho de los ciudadanos a la seguridad, sino que considera que son los derechos de los delincuentes lo que deben ser reconocidos como supuestos derechos fundamentales.

El mundo está patas arriba. En una sociedad normal, derechos y deberes van de la mano. En este voluminoso informe, sin embargo, no se puede encontrar ni una sola mención al deber de los extranjeros de integrarse en la sociedad europea. Más bien al contrario: sólo nosotros, los europeos, somos blanco de las críticas ad nauseam. Pues bien, los ciudadanos están más que hartos de que los mandamases europeos les apunten sólo a ellos con su infamante dedo acusador.

  Martin Callanan (PPE-DE). - Señor Presidente, existen muchas cosas en el informe Catania de las que discrepo.

En primer lugar, no admito que sea responsabilidad de la Unión Europea conferirnos ningún derecho, de hecho, la Historia nos enseña que la Unión Europea ha hecho precisamente lo contrario.

Tampoco admito que la Carta de los Derechos Fundamentales –que es un documento político básico, concebida como parte de la fallida Constitución Europea– deba incorporarse en el Derecho europeo y, mucho menos, en el Derecho británico.

Me opongo firmemente a la Carta de los Derechos Fundamentales. Rechazo el enfoque absolutista en materia de derechos humanos. No me opongo por principio al reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo, pero, de nuevo, no es un asunto que competa a la Unión Europea. Es un asunto sobre el que tienen que decidir en su territorio los parlamentos de cada uno de los Estados miembros.

Teniendo en cuenta esta lista fundamental de objeciones, he votado en contra de este informe.

  Daniel Hannan (NI). - Señor Presidente, muchos años de experiencia nos enseñan que los derechos expresados sobre el papel no son, por si mismos, garantes adecuados de las libertades cívicas. Los derechos que figuran en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no son muy distintos de los que se esbozan en las constituciones de, por ejemplo, Alemania Oriental o de la Unión Soviética, pero como descubrieron los infelices ciudadanos de estos sistemas políticos, los derechos se quedan en papel mojado, no sirven para nada si no existen mecanismos adecuados de gobierno parlamentario.

En la Unión Europea no existe una crisis de derechos humanos, lo que existe es una crisis de legitimidad democrática. Permítanme señalar que una forma de aliviar la crisis sería mantener el acuerdo con nuestros votantes y someter el Tratado de Lisboa a una serie de referéndums, tal y como prometimos. Pactio Olisipiensis censenda est!

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Señor Presidente, todos los niños tienen derecho a recibir el amor de sus dos progenitores. Incluso si el matrimonio fracasa, es el bien del niño, y no el «criterio» de los funcionarios, el que debería decidir el contacto que mantiene el niño con sus padres.

Los niños tienen derecho a hablar con sus padres en su lengua materna. Si los padres son de nacionalidades distintas, deberían tener derecho a hablar en ambas. No obstante, el servicio social de menores, el Jugendamt, actúa en contra de los intereses de los menores nacidos de matrimonios mixtos al restringir de inmediato el acceso al progenitor que no es alemán. La Comisión de Peticiones ha registrado más de doscientas quejas sobre este asunto. Ésta es la razón por la que he dado mi respaldo a la enmienda 24. Su rechazo me ha llevado a votar finalmente en contra de un informe que niega el derecho a la vida por medio de una legislación en pro del aborto y que vulnera el principio de subsidiariedad.

  Gerard Batten (IND/DEM). - Señor Presidente, el Partido por la Independencia del Reino Unido se opone al racismo, a la ablación genital femenina, a la criminalización de la homosexualidad y a los prejuicios en contra de los extranjeros, sin importar el lugar del mundo donde pueda suceder. Sin embargo, los británicos disfrutan de derechos humanos en perfectas condiciones con arreglo a nuestra propio Derecho y no necesitamos de la protección de la Unión Europea. La UE es poco democrática y antidemocrática, por lo que no es una defensora adecuada de los derechos humanos de nadie.

Quisiéramos asimismo recordar al Parlamento que el Derecho de familia compete a los Estados miembros y que no entra dentro de la jurisdicción de la UE. Es competencia de la legislación de cada Estado miembro decidir si las personas drogodependientes deberían responder a acusaciones penales y la UE no debería tratar de debilitar y ocupar el lugar de los sistemas judiciales de los Estados miembros. Por tanto, los diputados del Partido por la Independencia del Reino Unido han votado en contra de este informe.

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Señor Presidente, cuando se trata de informes de esta índole, a menudo, hablo con distintos grupos comunitarios y de voluntarios que pertenecen a mi circunscripción electoral, donde se puede aprender mucho de las experiencias y los contactos de otras personas.

Asimismo, trato con regularidad de pulsar la opinión de otros diputados de todas las tendencias políticas y de distintos países para tratar de entender las opiniones y los problemas que sufren otras personas. Coincido plenamente con las opiniones expresadas por mis colegas, el señor Hannan y el señor Callanan.

No obstante, en cuestiones como las que se abordan en este informe, me gusta hablar con diputados como el señor Allister, quien, aunque no pertenece a mi partido político, es un diputado trabajador y pragmático de esta Cámara. A menudo da sabios consejos y es alguien con quien sé que puedo coincidir en discrepar de una forma civilizada, como es el caso por lo que respecta a lo que acaba de decir.

Con informes de esta índole –en los que se puede escoger entre muchos asuntos distintos los mejores para determinar qué voto le vas a dar a cada uno de ellos– resulta imposible encontrar una línea divisoria que indique si debes votar a favor o en contra y, por este motivo, me he escabullido, me he abstenido. Me disculpo por ello.

  Kinga Gál (PPE-DE). – (HU) Señor Presidente, el informe que acabamos de aprobar, que lleva por título «Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea», es exhaustivo y representa un gran avance en varios aspectos. Merece especial atención su presentación de los derechos de la infancia y de los derechos sociales básicos. Considero que es excepcionalmente bueno que, al final, adopte un enfoque correcto en cuanto a los problemas y los derechos de las minorías tradicionales nacionales, sentando los principios de autogobierno y uso de la lengua, ámbitos en los que la Unión ha tardado bastante en establecer normas.

Ésta es la razón que me ha llevado a dar mi respaldo y luchar en favor de la aprobación de este informe y es la razón por la que la Delegación húngara del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos también han votado a favor, a pesar de varios párrafos discutibles que han sido aprobados y con los que discrepamos, al considerar inaceptable que determinadas cuestiones se regulen a nivel europeo.

  László Tőkés (Verts/ALE). – (HU) Señor Presidente, pido disculpas por no haberme inscrito, no lo sabía. En calidad de clérigo y como miembro de una minoría húngara objeto de discriminación, y dispuesto a transigir si procede, he votado en conciencia a favor del Informe Catania relativo a los derechos fundamentales, ya que lo considero un avance importante en muchos sentidos, por ejemplo, en cuanto a los derechos sociales.

Deseo expresar mi gratitud, especialmente, por el artículo relativo a los derechos de las minorías, que podrían constituir la base y el punto de partida sobre el que fundamentar un marco legal europeo para la protección de las minorías. Coincido con lo que ha dicho la señora Gál.

Era necesario transigir porque debo discrepar de determinados puntos, por ejemplo, del párrafo dedicado a la eutanasia o de las cuestiones relativas a la homosexualidad. Rechazo la idea de que se debe poner límites a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa de los dirigentes religiosos por lo que concierne a la homosexualidad.

Lamento que, en el párrafo 49, no se hayan incluido las declaraciones relativas a los derechos de las comunidades y minorías tradicionales o a la autonomía territorial y regional.

  Georgs Andrejevs (ALDE). - (LV) Gracias, señor Presidente. En la votación final, he votado en contra de este informe, que merecía que se le respaldase de muchas formas. He votado en contra porque el informe confunde las minorías tradicionales y sus derechos con los migrantes económicos y los migrantes realojados por la fuerza que invadieron mi país a raíz de la ocupación de Letonia tras la Segunda Guerra Mundial. En el transcurso de los cincuenta años de ocupación, la nación indígena disminuyó hasta el 50 % e, incluso, en las trece ciudades más grandes de Letonia, incluida la capital, Riga, alcanzó la condición de minoría. Gracias.

  John Attard-Montalto (PSE). - Señor Presidente, hoy, acabamos de votar sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Con profundo pesar, mis dos colegas malteses del grupo del Partido Socialista Europeo y yo nos hemos tenido que abstener de votar el informe.

Aunque el informe hace referencia a numerosas cuestiones sobre derechos humanos fundamentales que son encomiables, incluye otras, como la cuestión del aborto, que no se deberían haber incluido nunca. Puesto que los representantes socialistas malteses en el Parlamento Europeo son contrarios al aborto, hemos tenido que votar en contra de las partes del informe en que se hace referencia a esta cuestión.

Existen, de hecho, otras cuestiones que se han incluido en el informe, como los testamentos vitales y el derecho a la dignidad al final de la vida, que son cuestiones delicadas sobre las que nos hemos tenido que abstener. Por este motivo, nos hemos abstenido al final de esta votación. Quisiera darles las gracias por esta oportunidad.

  Presidente. − Pasaremos ahora a las explicaciones de voto sobre el Informe Cappato, puesto que ya hemos escuchado al señor Mitchell.

- Informe: Marco Cappato (A6-0459/2008)

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, no he dado mi apoyo a este texto populista que, en la versión original, contenía una serie de útiles disposiciones relativas a una mayor transparencia por lo que se refiere a las actividades políticas que se llevan a cabo en el seno de la Unión Europea. Lamentablemente, se modificó. No tengo intención de promover tonterías, como la revelación de documentos de carácter personal y profesional que los colegas intercambian entre ellos o que reciben de organizaciones no gubernamentales o de grupos de presión política. Aunque no considero que tales documentos sean confidenciales, ningún parlamento nacional en una democracia civilizada impone la obligación de desvelar la correspondencia profesional– y mucho menos, en su totalidad–.

  Presidente. − Bien. Por último, pero no por ello el menos importante, el señor Kamall.

  Syed Kamall (PPE-DE). - Señor Presidente, gracias por sus amables palabras. Espero recordarlas siempre.

Cuando hablamos de transparencia y de acceso a los documentos de la UE, es algo en lo que todos los que nos encontramos en esta Cámara podemos coincidir Después de todo, estamos aquí porque los contribuyentes nos votaron para que ocupáramos un escaño, de la misma manera que son ellos quienes financian estas instituciones y nuestra labor. Pero, seamos absolutamente claros sobre esto. Cuando hablamos de transparencia en los documentos y de acceso a los documentos, asegurémonos de que los contribuyentes tienen acceso a los documentos a los que de verdad quieren tener acceso.

Hace poco, los Presidentes de los grupos políticos del Parlamento fueron a visitar al Jefe de Estado de un país democrático, la República Checa. Hasta donde sabemos, los Presidentes de los grupos, que representaban al Parlamento, insultaron al Presidente de ese país. Todo lo que una serie de ciudadanos ha solicitado es que se publiquen el Acta correspondiente a esa reunión. Así que seamos transparentes, seamos claros y respetemos a las personas que mantiene una opinión distinta de la que mantiene los que ocupan un escaño en este Parlamento.

Explicaciones escritas de voto

- Informe: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

  John Attard-Montalto (PSE), por escrito. − Una de las principales medidas de seguridad sobre la que se ha llegado a un acuerdo son los datos biométricos en pasaportes y documentos de viaje. Naturalmente, esto implicará un importante gasto que ascenderá a millones de euros, pero uno no puede jugársela con las medidas de seguridad.

Por otra parte, hay que tener en cuenta lo que ganan nuestros ciudadanos, que varía de un Estado a otro. La emisión de un pasaporte ordinario en Malta implica un gasto. ¿Quién va a pagar por el cambio a los pasaportes biométricos: el Estado, los ciudadanos o un arreglo compartido?

Hoy, hemos acordado en el Parlamento Europeo que esos Estados miembros en los que se había permitido incluir a los menores en los documentos de los padres estarán obligados a emitir documentos individuales para los hijos sin otro coste adicional que los gastos materiales. Sería pertinente que el Gobierno tomara nota de este hecho, puesto que se ha establecido como política no hacer derivaciones cuando el Gobierno recauda impuestos y aranceles irregulares, como ha sucedido en los casos relativos al IVA en registro y pagos pasados de antenas parabólicas.

  Koenraad Dillen (NI) , por escrito. − (NL) En el informe Coelho predomina el sentido común y por este motivo he votado rotundamente a favor. Es motivo de satisfacción que vaya a someterse a normas más estrictas y que se vaya a armonizar el uso de datos biométricos en pasaportes y documentos de viaje, especialmente, desde que la eliminación de las fronteras interiores europeas ha demostrado que es necesario reforzar los controles de seguridad en las fronteras exteriores. Un sistema armonizado y uniforme de datos biométricos nos permitirá, entre otras cosas, luchar contra la delincuencia de una forma más efectiva. Este informe avanza vacilante en esa dirección.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Este reglamento trata de modificar las normas relativas a medidas de seguridad y datos biométricos en pasaportes y documentos de viaje emitidos por los Estados miembros. Se trata de un reglamento del que hemos discrepado desde su creación en el año 2004, puesto que introduce la armonización de los mecanismos de seguridad y la integración de identificadores biométricos en el contexto de las políticas en materia de seguridad promovidas a nivel de la Unión Europea.

El propósito fundamental de esta enmienda es introducir exenciones en el caso de menores de doce años, una excepción que se proyecta que dure cuatro años, de manera que países que cuentan con una legislación que establece un límite de edad inferior puedan mantener ese límite, siempre que cumplan con la edad mínima de seis años (en el caso de Portugal, Francia y Estonia), aparte de otros aspectos relativos a la protección y seguridad de los datos biométricos.

Aunque la propuesta establece normas de exención en el caso de menores de doce años (una decisión basada sencillamente en cuestiones técnicas), consideramos que no aborda la cuestión fundamental, es decir, la utilización de datos biométricos, a saber de menores, y su armonización a nivel europeo (y, en especial, cuando la emisión de pasaportes compete a cada Estado miembro) en el contexto de su política en materia de seguridad.

Por todos estos motivos, nos hemos abstenido.

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. − (DE) He votado a favor del informe del señor Coelho sobre medidas de seguridad y datos biométricos en pasaportes y documentos de viaje.

No tiene sentido, no obstante, aceptar un reglamento deficiente si existen maneras que permitirían mejorarlo.

Por ejemplo, es inaceptable que distintos Estados miembros apliquen normas distintas con relación a la edad a la que se toman las huellas dactilares a los menores y, por consiguiente, es importante introducir medidas, en especial por lo que se refiere al tráfico de menores, que, si no se adoptan conjuntamente, sean, al menos, más exhaustivas.

Por ultimo, es importante para mí hacer hincapié en que los datos biométricos no se deben usar, bajo ninguna circunstancia, con fines ilícitos. Es, por tanto, indispensable una revisión estricta y constante de la seguridad de los datos.

  Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. – (PL) Señor Presidente, voto a favor del informe sobre el Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2252/2004 del Consejo sobre normas para las medidas de seguridad y datos biométricos en los pasaportes y documentos de viaje expedidos por los Estados miembros (A6-0500/2008).

Coincido con la propuesta del ponente de introducir el principio de «una persona, un pasaporte», de forma que toda persona disponga de un pasaporte en el figuren sus datos biométricos.

La situación en la que se expide un único pasaporte para un titular y sus hijos, en el que se incluyan sus nombres y apellidos o que contenga sólo los datos biométricos del progenitor que es titular del pasaporte, puede favorecer que se produzcan episodios de tráfico de menores.

También respaldo la iniciativa del señor Coelho de permitir que queden exentos de la toma obligatoria de huellas dactilares los niños menores de seis años y todas las personas a las que, por una variedad de causas físicas, no se les pueden tomar las huellas dactilares.

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), por escrito. – (RO) He votado a favor de este informe porque aclara puntos importantes con relación a las normas requeridas para expedir pasaportes que incluyan datos biométricos. Además, espero que la introducción de los pasaportes biométricos (que en Rumanía sucederá el 1 de enero de 2009) ocasionará la inclusión de Rumanía en el programa de exención de visados de los Estados Unidos y acelerará su proceso de integración en el espacio Schengen.

No obstante, necesitamos centrar nuestra atención en la fiabilidad de las tecnologías biométricas, puesto que se ha demostrado que no sirven para identificar a niños menores de seis años. Los Estados miembros deberían iniciar dentro de poco un proyecto piloto a fin de analizar la fiabilidad de este sistema de identificación, lo que será, ciertamente, de gran ayuda para detectar cualquier error que se registre en los Estados miembros.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Se debe fichar incluso a los menores porque para la UE son potencialmente peligrosos. Ésta es la propuesta de la Comisión Europea, del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo. La única diferencia entre una propuesta presentada para elaborar una directiva y la del Parlamento Europeo es la edad a la que un niño se considera peligroso. La Comisión estima que los niños se convierten en elementos peligrosos a la edad de seis años y, por consiguiente, deberán dar las huellas dactilares, que se incorporan a sus pasaportes a partir de esta edad, mientras que el Parlamento Europeo, demostrando su «sensibilidad democrática», considera que se debe fichar a los niños cuando son algo mayores, a saber, a la edad de doce años.

Esta inaceptable directiva, que ha sido aprobada por los partidarios en el Parlamento Europeo de la vía de sentido único en Europa, es el resultado inevitable de la desquiciada política «antiterrorista» de la UE que, a fin de salvaguardar fundamentalmente la soberanía del capital sobre los movimientos sociales y obreros, ha tildado de peligrosos incluso a los niños. Parecería que la UE está haciendo un uso apropiado de la experiencia del ejército israelí, que sobreprotege la «seguridad» del Estado de Israel de los «terroristas» palestinos, masacrando en Gaza a innumerables niños mientras hablamos. ¿Qué edad tienen los niños palestinos asesinados? ¿Tienen seis o doce años?

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), por escrito. − (DE) Yo me he abstenido de votar el «Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 2252/2004 del Consejo sobre normas para las medidas de seguridad y datos biométricos en los pasaportes y documentos de viaje expedidos por los Estados miembros».

Este informe prevé una limitación en la vigilancia biométrica de los ciudadanos de los Estados miembros de la UE, ya que se exime a los niños menores de doce años de la obligación de aportar sus datos biométricos. Acogemos con satisfacción que se haga esta excepción.

Sin embargo, rechazo de plano los sistemas de autentificación biométrica. Conducen a un aumento de la vigilancia de los ciudadanos por parte del Estado policial. Ésta no es la forma de mejorar la seguridad. Como el informe acepta ampliamente esta vigilancia, no he podido votar a favor. Aunque rechazarlo significaría rechazar la mejora a la que he hecho mención. Ésta es la razón de que me haya abstenido.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. − (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor del informe sobre medidas de seguridad y datos biométricos en pasaportes y documentos de viaje.

Estoy de acuerdo con la propuesta de que los niños también usen pasaporte al objeto de luchar contra el secuestro y el tráfico de menores. Doy mi respaldo a que la edad mínima esté en los seis años, pero se debería incluir en el documento el nombre de la persona o personas que ejercen la patria potestad del niño, por las razones aducidas anteriormente.

Para concluir, coincido con el señor Coelho con respecto a su propuesta de introducir una cláusula de revisión trienal, a la espera de obtener los resultados de un estudio en profundidad y a gran escala que analice la viabilidad y la utilidad de tomar las huellas dactilares a menores y personas mayores. Un tema tan delicado y de tanta importancia requiere una vigilancia constante, de manera que se pueda abordar correctamente por lo que respecta al Derecho comunitario.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. − (NL) Esta legislación permite guardar las huellas dactilares en pasaportes o documentos de viaje a fin de permitir comprobar la autenticidad del documento y de la identidad del titular.

He votado a favor de los cambios propuestos por el ponente. Lo que es positivo es que sólo se pueden tomar las huellas dactilares a niños menores de doce años si los Estados miembros ya disponen de legislación a favor de esta medida. Si se compara con la opción de la Comisión y del Consejo de tomar las huellas dactilares a los niños a una edad tan temprana como los seis años, esta propuesta es todo un avance.

Tomar las huellas dactilares también sale caro. Pronto un visado le costará sesenta euros. La toma obligatoria de las huellas dactilares aumentará el precio de forma significativa, de tal manera que una familia de cuatro miembros que desee viajar al extranjero tendrá que hacer un desembolso considerable antes de marcharse.

Al menos, discrepo del uso excesivo de huellas dactilares o de datos biométricos. ¿No causa más problemas que los beneficios que reporta? No se ha demostrado su eficacia, su uso no es proporcional al resultado deseado y, además, es muy caro. Ésta es la razón por la que he dado mi apoyo a las enmiendas que mejoraban el texto, aunque, al final, para mostrar mi descontento, haya votado en contra de la resolución legislativa.

- Informe: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. − (SV) Hemos votado a favor del informe del señor Lambsdorff sobre las normas de adjudicación de contratos públicos en los ámbitos de la defensa y la seguridad.

En el informe queda claro que sólo los Estados miembros tienen autoridad en cuestiones de defensa y de seguridad nacional, en lo cual creemos que es importante hacer hincapié. Opinamos que equipamiento, obras civiles y servicios se deberían adjudicar en este ámbito mediante contratos públicos. Sin embargo, creemos que es una consecuencia natural debida al tipo de mercado de que se trata que la contratación pública no se pueda llevar a cabo totalmente en consonancia con las normas de la directiva. No obstante, sólo se deberían aplicar estas excepciones cuando sea posible justificarlas por su importancia con respecto a la política en materia de seguridad. Pensamos que, en este caso, podemos afrontar el uso habitual de exenciones por razones proteccionistas, que están perjudicando, especialmente, la industria sueca.

  Avril Doyle (PPE-DE), por escrito. − El señor Lambsdorff ha presentado una propuesta que atañe al «paquete de medidas en materia de defensa» de la Comisión, que abarca la contratación pública para fines de seguridad tanto militares como no militares, así como los contratos públicos firmados entre operadores de la UE. Esta propuesta mejora la Directiva del año 2004 (2004/18/EC), actualmente en vigor, al aumentar la flexibilidad, la transparencia y, fundamentalmente, la competencia leal. El mercado de la contratación pública en el ámbito de la defensa es un mercado muy concreto y el señor Lambsdorff nos ha ofrecido una forma de abordar su compleja naturaleza.

Existen exenciones expresas para determinadas obligaciones relativas a la revelación cuando sean contrarias a las preocupaciones de los Estados miembros en materia de seguridad.

Aunque los contratos públicos de defensa siguen siendo fundamentalmente competencia nacional, esta propuesta ayuda a crear un mercado único europeo de material para la defensa y la seguridad mediante un marco jurídico estructurado. Se trata de un mercado que genera noventa billones de euros al año. El señor Lambsdorff ha propuesto una posición común a la que puedo dar mi apoyo.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Reforzar la competitividad de la industria europea de defensa, a la que, supuestamente, perjudican mercados europeos demasiado limitados y cerrados en si mismos, ha servido de excusa a esta Directiva para abrir este sector a la competencia de los contratos públicos.

Cierto, el texto que se nos presenta hoy tiene en cuenta, en efecto, una serie de problemas que planteaba el texto inicial de la Comisión, como el ámbito de aplicación, la no aplicación del acuerdo de la OMC relativo a los contratos públicos, los umbrales financieros y la confidencialidad.

No obstante, se encuentra en consonancia con la lógica de Bruselas, según la cual, ningún sector, ni siquiera los sectores estratégicos o vitales, pueden quedar exentos de su supervisión, de la liberalización o de la privatización. No garantiza el respeto por la soberanía de los Estados miembros, aunque sólo ellos son responsables legalmente de su seguridad nacional. No insta a la existencia de mercados de gran alcance en Europa, donde los presupuestos de los Estados en defensa se reducen de forma drástica. No introduce ningún sistema de preferencia comunitaria, que permitiría por si mismo que surgiese de forma natural un verdadero mercado europeo. Refuerza la dicotomía entre lo civil y lo militar, tan característica de Europa y que ya nos ha costado tan cara. Sobre todo, da preponderancia a los factores económicos y de mercado sobre todo lo demás. La razón de nuestra oposición reside en las graves deficiencias que se observa en los puntos fundamentales.

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), por escrito. − (PL) El mercado europeo de los contratos públicos de defensa está muy fragmentado, hecho que tiene una repercusión económica negativa. El objetivo principal de la directiva aprobada es eliminar esta fragmentación y crear un mercado común de defensa en el territorio de la Unión Europea, al tiempo que se tiene en cuenta los aspectos específicos del mercado de defensa y se protege los intereses de seguridad de los Estados miembros.

Los Estados miembros han basado sus decisiones en la premisa de que la actual directiva sobre contratos públicos aborda inadecuadamente los aspectos específicos de los contratos públicos en ámbito de la defensa. Esto ha dado como resultado la aprobación de distintos instrumentos en la directiva sobre adjudicación de contratos, selección de licitadores o condiciones contractuales impuestas por las entidades contratantes. Los controles dispuestos en la directiva también deberían garantizar a los licitadores una protección jurídica adecuada y fomentar la transparencia y la no discriminación en la adjudicación de contratos.

Creo que la normativa aprobada constituirá una importante contribución para abrir el mercado, al tiempo que tendrá debidamente en cuenta la seguridad nacional. Asimismo, la directiva debería conducir a la optimización de los costes, tanto en los presupuestos nacionales como en los del sector, y debería garantizar que las Fuerzas Armadas contarán con los mejores equipos disponibles en el mercado.

  Malcolm Harbour y Geoffrey Van Orden (PPE-DE), por escrito. − La delegación conservadora ha respaldado sistemáticamente los esfuerzos por abrir los mercados y por fomentar el comercio transfronterizo entre los Estados miembros de la UE. Acogemos con agrado las oportunidades para la industria británica de tener acceso a los mercados de equipos de defensa que, hasta ahora, han estado cerrados a la competencia exterior. Sin embargo, lamentamos que dichos aspectos prácticos positivos sean accesorios para la intención política de la UE de crear una base industrial de defensa europea unitaria y de fortalecer la política europea de seguridad y defensa, contra la que hemos mantenido una oposición consecuente.

Estamos especialmente preocupados por las consecuencias negativas de insistir en que, a pesar de la inversión en I+D en materia de defensa por parte de los gobiernos nacionales y las empresas, debería existir una competencia abierta para los contratos de producción subsiguientes. Esto anulará la capacidad de recuperar la inversión en I+D y de ofrecer medidas para proteger la propiedad intelectual, los trabajos o las oportunidades de exportación. Asimismo, nos preocupa que un enfoque europeo introspectivo pueda ser perjudicial para nuestras vitales y provechosas relaciones industriales en el ámbito de la defensa con otros países – especialmente los Estados Unidos, pero también Japón, Israel y otros países.

Por todos estos motivos, la Delegación conservadora se abstuvo en el informe.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. − (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor del informe del señor Lambsdorff sobre contratos públicos en los ámbitos de la defensa y la seguridad. El establecimiento de una política europea de seguridad y defensa hace que sea preciso crear las capacidades necesarias, para lo cual se requiere una industria europea de alto rendimiento. El establecimiento de una base europea de tecnología de defensa e industria de defensa y de un mercado europeo para la adquisición de material de defensa persigue contribuir a esto.

Estas dos medidas pueden proporcionar las capacidades necesarias para satisfacer las tareas globales de defensa y para enfrentarse a los nuevos desafíos en el área de la seguridad. Por tanto, coincido con el ponente en que la propuesta para una directiva debería tener por objeto establecer un marco jurídico europeo uniforme que permita a los Estados miembros aplicar el derecho comunitario sin poner en peligro sus intereses de seguridad.

Por último, estoy de acuerdo con la introducción en la legislación de un procedimiento de revisión. Esto cumple el propósito de proporcionar a los licitadores protección jurídica efectiva, promueve la transparencia y la no discriminación en la concesión de contratos, favoreciendo así a la apertura del mercado original.

- Informe: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

  Edite Estrela (PSE), por escrito. − (PT) He votado a favor del informe del señor Schlyter sobre las restricciones de comercialización y uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (diclorometano). Considero que esta propuesta para enmendar la Directiva 76/769/CEE contribuirá a una reducción efectiva del riesgo de exposición medioambiental y humana a sustancias con propiedades peligrosas, como el diclorometano (DCM), que presenta un perfil único de efectos adversos para la salud humana. La protección de la salud humana debe prevalecer por encima de los intereses industriales.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Votamos a favor del texto de compromiso, dado que esta medida puede tener repercusiones positivas sobre los trabajadores en diferentes industrias, especialmente en las industrias automovilística y naval, ya que minimiza su exposición a agentes tóxicos bastante nocivos. Se ocupa del diclorometano (DCM), que es un componente químico incoloro con un olor dulce, agradable y penetrante, similar al del éter. Su comercialización está destinada fundamentalmente a la producción de productos farmacéuticos, disolventes y productos auxiliares, decapantes y adhesivos.

El DCM presenta un perfil único de efectos adversos para la salud humana, y se incluye en la lista de las treinta y tres sustancias prioritarias establecida en virtud de las condiciones de la Directiva sobre el agua. Esta sustancia está clasificada como un agente carcinogénico de Categoría 3. Tiene un efecto narcótico y, con un alto nivel de exposición, provoca depresión del sistema nervioso central, pérdida de conciencia y efectos cardiotóxicos, con un riesgo directo de muerte como consecuencia de un uso inapropiado.

Según el Comité científico de los riesgos sanitarios y medioambientales, uno de los principales problemas relacionados con la toxicidad del DCM consiste en el riesgo de los grupos especialmente vulnerables.

Ya hay disponibles en el mercado distintas alternativas a los decapantes con base de DCM.

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. − (PT) Estoy de acuerdo fundamentalmente con el objetivo de la propuesta: reducir los riesgos del uso del diclorometano (DCM) por parte de los consumidores en general y los profesionales.

El DCM presenta un perfil único de efectos negativos para la salud humana: es un agente carcinogénico, tiene un efecto narcótico y, con un alto nivel de exposición, provoca depresión del sistema nervioso central, pérdida de conciencia y efectos cardiotóxicos, con un riesgo directo de muerte como consecuencia de un uso inapropiado.

Según la Comisión, entre 1989 y 2007, se registraron 18 muertes provocadas por el uso del DCM en la UE. Considero que es esencial aplicar medidas europeas para prohibir o sustituir esta sustancia.

Tras la votación en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, respaldo la prohibición del uso del DCM por los consumidores en general, pero permitiendo su uso por profesionales, en condiciones seguras.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. − (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor del Informe Schlyter sobre la enmienda de la directiva del Consejo por lo que respecta a las restricciones sobre la comercialización y uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos.

De hecho, el diclorometano tiene muchos efectos adversos para la salud humana: tiene un efecto narcótico y depresivo sobre el sistema nervioso central, además de causar efectos cardiotoxicológicos por exposiciones prolongadas. Por tanto, es necesario cumplir la legislación actual sobre salud y seguridad de los trabajadores, ya que los procedimientos de aplicación en este ámbito son inadecuados, principalmente por el elevado número, el reducido tamaño y la naturaleza cambiante de las empresas que lo suministran. Por último, coincido con la afirmación del Señor Schlyter sobre la necesidad de tener especialmente en cuenta la salud de los niños, que son más susceptibles a los riesgos por el notable potencial de un alto nivel de exposición.

- Informe: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) La votación que ha tenido lugar hoy sobre este informe, que presenté en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, sobre el trabajo de la OIT en el convenio sobre pesca de 2007, es una contribución importante para la creación de unos estándares internacionales mínimos a nivel global que garanticen mejores condiciones laborales, más seguridad y menos accidentes mortales, en un sector que es muy peligroso pero también estratégico. Sitúa la defensa de la dignidad y la dura vida laboral de los pescadores en el centro de nuestras preocupaciones, dado que es el área con el porcentaje más elevado de accidentes mortales. Debería observarse que el informe contaba con 671 votos a favor y sólo dieciséis en contra.

El Convenio 188 tendrá efecto una vez que haya sido ratificado por diez de los ciento ochenta Estados miembros de la OIT, ocho de los cuales deben ser países costeros.

Me gustaría señalar que el Convenio revisa las convenciones relativas a la edad mínima de los pescadores, los reconocimientos médicos, los artículos de acuerdo de los pescadores y el alojamiento de las tripulaciones, y asimismo cubre cuestiones como la salud y la seguridad en el trabajo, la contratación, la inserción laboral y la seguridad social.

  Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) El Parlamento Europeo pide a los Estados miembros que ratifiquen el trabajo de la OIT en el Convenio sobre la pesca (Convenio 188). Este convenio data de 2007 y trata cuestiones importantes como el entorno de trabajo de los pescadores, las horas de descanso y la seguridad social. Debería ser competencia de los Estados miembros decidir, en un proceso democrático, si desean o no ratificar el presente Convenio de la OIT. Por tanto, he votado en contra del informe actual, ya que no es un asunto en el que el Parlamento Europeo deba involucrarse.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) La Unión, a través de la política pesquera común, busca hacer las actividades de pesca más efectivas, de modo que el sector, incluyendo la acuicultura, sea económicamente viable y competitivo, garantice unos estándares de vida adecuados para las poblaciones que dependen de las actividades pesqueras y satisfaga los intereses de los consumidores.

El Convenio 188 de la OIT, aprobado en junio de 2007, es un documento que pretende favorecer la competencia justa entre los propietarios de botes pesqueros y conceder condiciones laborales dignas para los profesionales del sector. El convenio persigue estos objetivos estableciendo un conjunto mínimo de normas internacionales para el sector de la pesca que, en determinadas áreas, sean competencia exclusiva de la Comunidad. Por tanto, parece necesario trasladar a los Estados miembros la conveniencia de ratificar este convenio, por el bien de la Comunidad y la coherencia de la política pesquera común.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. − (IT) Señor Presidente, Señorías, respaldo el informe de la señora Figueiredo sobre la autorización para ratificar el trabajo del Convenio sobre la pesca (2007) de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 188).

Uno de los objetivos del documento de 2007 es lograr y mantener un terreno de juego neutral en el sector de la pesca promoviendo unas condiciones de vida y trabajo decentes para los pescadores y unas condiciones de competencia más justas en todo el mundo, buscando enmendar el bajo índice de ratificación de muchas convenciones en el ámbito del trabajo marítimo. Con este fin, la aprobación del Convenio representa un avance en el establecimiento de condiciones laborales dignas para los profesionales en este importante sector estratégico, en el que quedan cubiertos diferentes aspectos de la actividad profesional, a saber instalaciones y condiciones de seguridad mejoradas en el trabajo, pagos, atención médica en el mar y en tierra, períodos de descanso, contratos de trabajo y seguridad social.

Por último, aplaudo la iniciativa de la Señora Figueiredo, porque tiene por objeto garantizar que los estándares mínimos aplicables para todos se impongan a escala universal, sin perjuicio de las normas existentes en cada Estado miembro que sean más favorables para los trabajadores.

- Informe: Giusto Catania (A6-0479/2008)

  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) He votado a favor del informe. Al abordar la cuestión de los derechos fundamentales en la UE hoy en día, no debemos, sin embargo, dejar de hacer referencia a los terribles acontecimientos de Gaza. Lo que está ocurriendo en Oriente Próximo requiere que la UE preste una atención constante a la cuestión del respeto de los derechos humanos fundamentales, que desafortunadamente se encuentran en peligro en este momento. De hecho, me gustaría exponer que, en las difíciles negociaciones que espero puedan progresar, la autoridad y la firmeza de las instituciones comunitarias depende en parte del grado democracia que podamos alcanzar en la UE.

Desafortunadamente, incluso en Europa existe un peligro real de que la lucha contra el terrorismo puede desembocar en la falta de respeto de los derechos y libertades fundamentales. Estoy esperanzado con las afirmaciones del Presidente electo estadounidense, Barack Obama, en relación con el comienzo de la cooperación entre Europa y los Estados Unidos para hacer frente a esta cuestión. Pensando en todos los aspectos que constituyen el marco de los derechos inviolables del hombre, considero, para terminar, que debe prestarse especial atención a los individuos más vulnerables, a saber, los niños, los ancianos, los inmigrantes y los jóvenes que buscan trabajo.

  Philip Bradbourn (PPE-DE), por escrito. − Los conservadores recuerdan su opinión, dada mucho tiempo atrás, de que la Carta de los Derechos Fundamentales no debería ser justiciable. En este contexto, creemos que muchas de las cuestiones tratadas en este informe están de forma apropiada en el ámbito de los Estados miembros y no importa en cuál de ellas debería la UE tratar de imponer una política. El informe también contiene varias cuestiones que son asuntos de conciencia individual, por ejemplo, la recomendación implícita de la eutanasia y la despenalización de las drogas duras. Por estos motivos, no podemos votar a favor de este informe.

  Carlo Casini (PPE-DE) , por escrito. − (IT) Mi votación final en contra del informe en cuestión no es tanto resultado de su contenido como de sus omisiones.

No es posible discutir sobre derechos humanos sin hablar del primero y más importante: el derecho a la vida. Todos los años, en los veintisiete Estados miembros, se malogra la vida de aproximadamente 1 200 000 seres humanos en abortos deliberados. Ésta es una cifra trágica, a la que además hay que sumarle los abortos ilegales y la incalculable cantidad de embriones humanos destruidos mediante el uso de la técnica de fertilización in vitro. Tenemos la obligación de señalar la diversidad de opiniones sobre esta cuestión, pero lo que sí es cierto es que se trata de un ataque a la base misma de la cultura de los derechos humanos. La resolución, sin embargo, no solamente ignora el problema, sino que persigue dejarlo en el olvido, centrando su atención únicamente en la «salud reproductiva y sexual» de la mujer.

Nadie puede oponerse a la salud de la mujer, particularmente si es joven, está embarazada y es madre, pero esto no puede justificar la total omisión de los derechos de los menores. Por otro lado, es bien sabido que el término «salud reproductiva y sexual» se utiliza para incluir clandestinamente el aborto, entendido como un derecho y como un servicio social.

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), por escrito. – (RO) He votado en contra del informe presentado por el señor Catania porque no estoy de acuerdo con el Artículo 49, un controvertido artículo que fomenta que los problemas de las «comunidades minoritarias nacionales tradicionales» se gestionen mediante «soluciones de autogobierno (autonomías personal-cultural, territorial, regional)».

Respaldo los derechos de las personas que pertenecen a las minorías, pero rechazo categóricamente la idea de una autonomía territorial basada en criterios étnicos y derechos colectivos de las minorías, una cuestión que ha suscitado en la práctica el separatismo étnico y los conflictos entre etnias. Además, conceptos controvertidos e indeterminados como «autogobierno» y «autonomía cultural» también tienen el potencial de causar conflictos. Estos conceptos se extienden más allá de las normas europeas actuales del derecho internacional en relación con los derechos de las personas que pertenecen a minorías nacionales y nos conducen a un área de controversia.

Creo que los Estados miembros de la UE tienen el derecho soberano de decidir por sí mismos hasta qué punto aceptan o rechazan dichos conceptos. De hecho, la UE debe respetar y garantizar la soberanía e integridad de sus Estados miembros.

  Sylwester Chruszcz (UEN), por escrito. – (PL) Aunque el deseo de respetar los derechos humanos es uno de los pilares principales de todos los Estados y organizaciones a escala internacional, este informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea 2004-2007 supone un incumplimiento escandaloso de esos mismos derechos en Europa. Por esta razón no he podido respaldarlo en la votación de hoy. Una vez más, nos encontramos ante un intento de imponer un punto de vista particular del mundo, expresado por el autor del informe a los Estados miembros. Esto es algo con lo que no puedo estar de acuerdo.

  Derek Roland Clark, Trevor Colman, Nigel Farage y Michael Henry Nattrass (IND/DEM), por escrito. − El UKIP se opone a la mutilación genital femenina, a la homofobia, al racismo y a la xenofobia. Sin embargo, también estamos en contra del control que ejerce la UE sobre los derechos fundamentales. El Reino Unido ya cuenta con leyes perfectamente adecuadas y con salvaguardas de los derechos fundamentales. La UE no es democrática y, por tanto, no es la protectora más indicada para los derechos de las personas. Además, el derecho de familia es una competencia de los Estados miembros y no un ámbito de jurisdicción de la UE. La cuestión de si los adictos a las drogas deberían enfrentarse a cargos penales es un asunto que compete al derecho de los Estados miembros y la UE no debería centrar sus esfuerzos en tergiversar el curso de la justicia.

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. − (PT) Durante varios años el Consejo ha estado enviando al Parlamento Europeo un informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión al que el Parlamento, en relación con dicho informe, ha respondido elaborando otro por iniciativa propia.

Por primera vez, este informe se elaboró teniendo en cuenta los resultados obtenidos por la Agencia de los Derechos Fundamentales. Tiene especial importancia ya que, desde 2003, no se había aprobado ningún informe sobre este asunto.

Considero que el ponente se extendió demasiado en determinados asuntos, sobre los que ya se había discutido en otros informes, y existen diversos puntos bastante controvertidos, para los que he votado en contra dado que van claramente en contra de mis principios.

Sin embargo, existen muchos otros puntos con los que estoy totalmente de acuerdo, y por este motivo me abstuve, no sólo porque creo que el texto se mejoró sustancialmente gracias al excelente trabajo llevado a cabo por la señora Gál, sino también porque bajo ninguna circunstancia pude, honestamente, votar en contra de un informe en defensa de los derechos fundamentales.

  Dragoş Florin David (PPE-DE), por escrito. – (RO) He votado en contra de este informe porque sugiere enfoques que fomentan el aumento de los abortos, la autonomía en criterios étnicos o los matrimonios entre personas del mismo sexo.

  Proinsias De Rossa (PSE), por escrito. − Respaldo este informe que hace recomendaciones sobre una amplia gama de cuestiones entre las que cabe mencionar discriminación, inmigración, derechos sociales e igualdad de género.

Señala que las recomendaciones de este Parlamento en su informe sobre las actividades de traslado de prisioneros de la CIA en la UE (que datan de febrero de 2007) todavía no han sido aplicadas por los Estados miembros y las instituciones de la UE. La lucha contra el terrorismo de ningún modo puede utilizarse para rebajar el nivel de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En efecto, para defender los derechos humanos es preciso luchar contra el terrorismo haciendo frente tanto a sus causas como a sus efectos. A este respecto, acojo con agrado la afirmación del Presidente electo estadounidense, Barack Obama, sobre el cierre de las instalaciones de detención de la Bahía de Guantánamo y sobre que nunca más se volverá a practicar el traslado de prisioneros a países donde la tortura no es ilegal.

Asimismo, el informe sugiere que se refuerce la concienciación pública sobre los derechos de las mujeres a disfrutar por completo de sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la facilitación del acceso a métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados y abortos ilegales que entrañan un riesgo elevado, y para luchar contra la práctica de la mutilación genital femenina.

Además, el informe insta a los Estados miembros a tomar medidas legislativas para superar la discriminación que sufren las parejas formadas por personas del mismo sexo mediante el reconocimiento de dichas relaciones. Los Estados miembros con legislación sobre relaciones formadas por personas del mismo sexo deberían reconocer las disposiciones con efectos similares aprobadas por otros Estados.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. − He respaldado el Informe Catania sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2004-2008). En particular, he votado a favor del párrafo 32, que exige que se respete el fallo del Tribunal Europeo sobre la Organización Popular Mujahedin de Irán (PMOI, por sus siglas en inglés). Este fallo exigía que la PMOI debiera ser retirada de la lista de organizaciones terroristas de la UE.

No dispongo de ningún informe concreto sobre esta organización. Hace mucho tiempo, dejé de firmar sus declaraciones en relación con la situación en Irán, la cual me resulta poco creíble, especialmente tras participar en una delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores en Teherán, a través de la cual pude comprobar por mí mismo la oposición reformista emergente al régimen fundamentalista radical que existía en Irán.

No obstante, no tengo que respaldar a la organización para condenar la no aplicación del fallo del Tribunal según la cual no hay motivo para incluir, o continuar incluyendo, las acciones de la PMOI en la lista de organizaciones terroristas haciéndole objeto de las subsiguientes acciones represivas.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), por escrito. − (PL) El informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea 2004-2008 reconoce que la protección efectiva y la promoción de los derechos fundamentales constituyen la base de la democracia en Europa. Sin embargo, la comisión parlamentaria señala que los Estados miembros han rechazado en repetidas ocasiones el escrutinio de la UE de sus políticas de derechos humanos, situando la protección de éstos sobre una base puramente nacional y minando de ese modo la credibilidad de la Comunidad en la protección de los derechos fundamentales dentro de la escena internacional.

La Comisión Europea debería, por tanto, concentrarse en animar a los Estados miembros a cooperar más estrechamente con ella, invitándolos a incluir en futuros informes sobre derechos humanos no sólo los análisis de la situación en todo el mundo, sino en cada Estado miembro. También merecen atención una serie de propuestas que tienen por objeto combatir de forma efectiva las políticas discriminatorias de la UE, subrayando que la igualdad de oportunidades es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, y no un privilegio. Es muy inquietante que cerca del 20 % de los niños de la Unión Europea vivan por debajo del umbral de la pobreza, y que muchos de ellos provengan de familias con un solo progenitor o cuyos padres proceden de fuera de la UE. A este respecto es necesario adoptar los medios apropiados de acceso a los derechos, concentrándose particularmente en las necesidades de los niños, y que los Estados miembros tomen medidas efectivas para abordar la pobreza.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) El informe del señor Catania no es alarmante. Es un catálogo de todos los derechos, privilegios y derechos exorbitantes de la legislación ordinaria que, según él, deberían concederse necesariamente a las minorías, especialmente si no son de Europa. Es un conjunto de instrucciones con el que destruir las identidades nacionales y regionales, destruir los valores, las tradiciones y las culturas de nuestros países, y discriminar sistemática e institucionalmente a los europeos en sus propios países. Es un ataque a nuestro derecho inalienable a la autodeterminación, que se concede a todas las naciones excepto a la nuestra.

También es el colmo de la hipocresía para una institución que discrimina diariamente a causa de sus ideas políticas y que aplica sin la debida reflexión la etiqueta «presunto culpable» a algunos de sus miembros, como al señor Vanhecke y a mí mismos, que somos víctimas de una caza de brujas en nuestros respectivos países.

No estamos aquí principalmente para defender a estas minorías visibles y ruidosas, que están exigiendo más y más privilegios y estigmatizando países y poblaciones que son suficientemente amables y suficientemente imprudentes para acogerlas. Estamos aquí para defendernos a nosotros mismos, los ciudadanos de nuestras naciones, esta gran mayoría – por ahora – de europeos que son invisibles, inaudibles y despreciables a sus ojos.

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), por escrito. − (PL) He votado en contra del informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea 2004-2008, cuyo autor es el europarlamentario italiano Giusto Catania, porque el autor no ha presentado una descripción exhaustiva de la situación durante los últimos cuatro años tal y como expresaron sus propias opiniones, sugiriendo e incluso pretendiendo imponer a los Estados miembros una legislación que es exclusivamente de su competencia. No creo que a los países de la Unión Europea se les pueda obligar a emitir legislación que sus ciudadanos consideren inaceptable.

La definición de «matrimonio» debería reservarse para las uniones entre un hombre y una mujer. La propuesta del señor Catania no sólo no contribuirá demasiado a la tolerancia del comportamiento homosexual (que yo respaldo), sino que conducirá a la discriminación de las relaciones biológicas fundamentales que son las heterosexuales. Esencialmente, tenemos que considerar si el objetivo es realmente restringir los derechos de la familia en su sentido tradicional, esto es, madre, padre e hijos. Esto convierte las cuestiones personales más íntimas relacionadas con la vida sexual de una persona en actos politizados, incluso aunque sea a través de una demostración pública de la homosexualidad de uno mismo, por ejemplo a través de lo que se conoce como «desfiles del amor».

En mi opinión, este informe, al utilizar formulaciones como «derechos reproductivos», que en su significado actual en el derecho internacional incluyen el aborto libre, abre las puertas a prácticas de este tipo.

  Lívia Járóka (PPE-DE), por escrito. – (HU) Considero el informe de mi colega de especial importancia, dado que los derechos humanos constituyen uno de los pilares de los valores establecidos en los Tratados de la Unión Europea. Además de la democracia y el Estado de Derecho, el respeto por los derechos humanos es lo que nosotros exigimos de los países candidatos, y también hacemos hincapié en la afirmación de los derechos universales e inalienables en nuestras relaciones internacionales. Sin embargo, la Unión Europea sólo será una defensora creíble de los derechos humanos a escala mundial si en su propio territorio utiliza infaliblemente todos los instrumentos disponibles para defender los valores expresados en la Carta de los Derechos Fundamentales.

El informe dedica un apartado independiente a los romanís, que son la minoría más extensa de la Unión Europea, y que sufren la carga más pesada de la exclusión social. Es responsabilidad conjunta de los Estados europeos diseñar una estrategia exhaustiva y unificada para abordar los problemas de los romanís, que en su mayoría viven en condiciones deplorables y en la indigencia. Es necesario un programa marco con objetivos y plazos definidos y orientados a la acción, uno que haga uso de los mecanismos efectivos de supervisión y evaluación.

Un programa debe estar diseñado para que, independientemente de los partidos y los ciclos gubernamentales, se encargue simultáneamente de la educación, el alojamiento, la salud y la discriminación y aborde las malas prácticas en los Estados miembros; dicho programa debería poder servir como base para una acción inmediata en las regiones en crisis. Si podemos ayudar a los millones de romanís a convertirse en ciudadanos europeos de hecho y derecho y en miembros de la Comunidad europea en un sentido espiritual, esto representará un paso de gigante hacia la cohesión social del continente.

  Ona Juknevičienė (ALDE), por escrito. – (LT) Una de las libertades fundamentales de los ciudadanos de la Comunidad es la libertad de movimiento. Creo que todos los ciudadanos de la UE tienen el mismo derecho a participar en la vida política de la Unión Europea (UE), y a expresar libremente sus opiniones y actitudes políticas. Estas libertades cobran aun más importancia tras la expansión de la UE por los países de Europa del Este, ya que una vez que estos últimos se adhirieron a la UE, la migración económica de los nuevos Estados miembros a Europa occidental se intensificó en gran medida. Por su parte Lituania está en cabeza en cuanto al número de personas que han emigrado desde su entrada en la Comunidad. Cuando me encontré con emigrantes lituanos en Londres aprendí que muchas de esas personas planean quedarse en el Reino Unido a largo plazo, especialmente aquellos que han formado familias allí y que llevan a sus hijos a los colegios de este país. Por lo que sé, dicha tendencia también se refleja en las estadísticas. La situación también es similar en los otros países de la UE a los que han emigrado los lituanos. Creo que es particularmente importante garantizar el derecho de estos ciudadanos a participar en las elecciones al Parlamento Europeo en el país en que residen actualmente.

También me gustaría hacer hincapié en que la participación de los ciudadanos en asuntos de la UE y en las elecciones al Parlamento Europeo no está aumentando, sino más bien al contrario, la UE está cada vez más distante de su gente. Teniendo esto en cuenta, creo que una vez que a los ciudadanos de la UE se les conceda el derecho de votar en las elecciones al Parlamento Europeo en su país de residencia, esto será lo único que fortalezca la confianza de la gente en las instituciones de la UE. Por estos motivos, he votado a favor de la enmienda 45.

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), por escrito. − (PL) He votado en contra del informe del señor Catania sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2004-2008). He votado en contra del informe no porque yo esté en contra de los derechos fundamentales. Todo lo contrario, creo que revisten una importancia excepcional para la Unión Europea y el mundo entero. El problema es que el informe del señor Catania es perjudicial para la aplicación de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque la demanda de legislación europea para luchar contra la homofobia o para reconocer parejas de personas del mismo sexo no son derechos fundamentales. Si es necesario legislarlas, deberían formar parte de un informe completamente independiente. El Parlamento Europeo no puede ampliar de forma efectiva la definición de derechos fundamentales porque no tiene autoridad para establecer leyes internacionales. Además, algunos Estados miembros no están de acuerdo con dicha interpretación ampliada. Por tanto, no se trata más que de un gesto político y de falsas esperanzas.

El peligro reside en que ésta es un área en la que los Estados miembros toman y deberían tomar sus propias decisiones. Imponer dichos puntos de vista supone un duro revés para la cohesión en la Unión Europea. No me gusta la homofobia, pero legislar en su contra en el derecho comunitario es absurdo. Si la UE va a enfrentarse a la homofobia, uno podría decir del mismo modo que debería abordar el antipolonismo, la rusofobia, la germanofobia, la francofobia, la islamofobia, el antipapismo, el anticlericalismo, el anticatolicismo y muchas otras actitudes y modos de comportamiento diferentes. Y forzar a los Estados miembros a aceptar la legalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo podría ser todavía más peligroso.

  Tunne Kelam (PPE-DE), por escrito. − He votado en contra de la enmienda 103 del Informe Catania, que proponía que, a pesar de que algunos ciudadanos llevan muchos años sin nacionalizarse, deberían participar en las elecciones al Parlamento Europeo así como en las elecciones locales a fin de promover la integración social y política.

De hecho, las elecciones al Parlamento Europeo son equivalentes a las elecciones al parlamento nacional. Los ciudadanos tienen derecho a participar en ellas. De lo contrario, la nacionalidad perdería su significado, y además se verían frustrados los incentivos de los residentes no nacionalizados de solicitar la nacionalidad. Sólo de este modo podemos mantener el equilibrio vital entre los derechos y las responsabilidades que sólo los ciudadanos pueden tener.

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), por escrito. − (FI) Las diferentes políticas que tienen los Estados miembros salen a la luz cuando se trata de cuestiones éticas en los grupos políticos, y especialmente en el nuestro, en forma de un debate muy variado que podríamos haber previsto. Sólo puedo decir que aceptamos la pluralidad de opiniones, y que ésta tiene que entenderse como una muestra de lo diversa que es Europa: tenemos que ser capaces de encontrar espacio para la diversidad de opinión. En muchos sentidos, admiro las posturas básicas de mi propio grupo.

En referencia al punto 61, sin embargo, me gustaría decir esto. Me parecería problemático que alguien se opusiera simultáneamente a la conciencia del derecho a la salud reproductiva y sexual (que, en general, es un eufemismo para el derecho al aborto) y a la mención de facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos, a fin de evitar embarazos no deseados y abortos. Oponerse a ambas cosas al mismo tiempo, me parecería una brecha en la realidad que sólo podría tener consecuencias detestables. Digo esto con todo el debido respeto, y deseo dar las gracias una vez más a todos los partidos por este gratificante intercambio de puntos de vista.

  Stavros Lambrinidis (PSE), por escrito. – (EL) El grupo parlamentario PASOK en el Parlamento Europeo votó a favor del Informe Catania sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea, pero escribe para señalar que se opone a la redacción del párrafo 49 y a la enmienda 35 relacionada.

  Carl Lang (NI), por escrito. – (FR) Encargar un informe como éste a un miembro comunista es una provocación para los cientos de millones de víctimas del comunismo. En este informe, el señor Catania se inspira, ciertamente, en una ideología menos brutal que el comunismo, pero igual de totalitaria: el euro-internacionalismo. De hecho, su texto niega los derechos humanos más fundamentales:

– el derecho a la vida, con la promoción del aborto y la eutanasia;

– el derecho de cada niño a tener un padre y una madre, mediante la apelación a los Estados para que apliquen el «principio de reconocimiento mutuo para las parejas homosexuales, con independencia de que estén casadas o vivan como parejas de hecho»;

– el derecho de las naciones europeas a la autodeterminación y a permanecer como están, desobedeciendo con propuestas que tienen por objeto la apertura de Europa todavía más a la inmigración global; un desarrollo al que los nacionales de nuestros países tienen intención de adaptarse;

– y democracia, dado que el informe exige la adhesión al Tratado de Lisboa, que fue rechazado por el electorado irlandés.

Ahora más que nunca, salvaguardar nuestras libertades y la identidad de nuestras naciones requiere que se construya una nueva Europa, la Europa de las naciones libres y soberanas.

  Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) La Lista de Junio cree que la protección de las libertades y los derechos fundamentales es de vital importancia, tanto dentro como fuera de la UE. Resulta de vital importancia que los Estados miembros de la UE respeten las libertades y derechos fundamentales, y está claro que no podemos dejar que los Estados miembros se supervisen a sí mismos. Sin embargo, la Lista de Junio es crítica con el establecimiento de una nueva agencia europea en este ámbito y con el deseo de llevar a cabo una «política externa». Creemos que las Naciones Unidas – no la UE – gracias a su repercusión global, mayor experiencia y competencia, se encuentran en mejor posición para supervisar y aplicar las medidas que sean necesarias.

Por tanto, he decidido votar en contra del informe en su conjunto, pero estoy positivamente de acuerdo en lo relativo a parte del texto de la propuesta, a favor de la que he votado. Acojo con agrado el hecho de que el informe aborde el tema del tratamiento injusto de los prisioneros de las instalaciones de detención estadounidenses en Guantánamo. Sólo hay una forma de proceder: probar su culpabilidad o liberarlos.

Estoy muy preocupado por la particular vulnerabilidad de los individuos de los diferentes grupos minoritarios y creo que han de tomarse medidas, tanto nacionales como internacionales. He votado a favor de esto en el informe, pero soy escéptico sobre si un marco judicial a escala europea es una buena solución al problema.

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), por escrito. – (RO) El informe que hace referencia a la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea incluye algunas enmiendas que he presentado y que considero importantes para los ciudadanos rumanos (por ejemplo, la enmienda sobre la abolición de las restricciones del mercado laboral impuestas a los ciudadanos de los nuevos Estados miembros).

Además, estoy de acuerdo con muchos de los puntos propuestos por el informe, como la estrategia para la integración de los romanís, la protección de las minorías, los derechos de los trabajadores inmigrantes o la protección de los menores.

Sin embargo, el informe también incluye algunas referencias que generan dudas sobre algunos de los principios fundamentales de la sociedad rumana (como considerar la familia un elemento básico de la sociedad) o que contravienen la legislación rumana (como el consumo de drogas).

Por estos motivos, me he pronunciado en contra del informe en la votación final.

  David Martin (PSE), por escrito. − Acojo con agrado esta resolución, que planea y resume las preocupaciones más importantes sobre el estado de los derechos fundamentales en la Unión, y las recomendaciones que contiene sobre cómo mejorar los derechos humanos en los Estados miembros.

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), por escrito. − El Informe Catania sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en los años 2004-2008 hace hincapié en la necesidad de proteger los derechos de las minorías, para luchar contra todo tipo de discriminación adversa a las categorías vulnerables.

Acojo con agrado este informe que incluye elementos importantes establecidos en la Declaración escrita 111 sobre el fin de la indigencia callejera, que aprobó el Parlamento Europeo en abril de 2008.

Particularmente respaldo la llamada que hace el informe sobre la necesidad de introducir planes de emergencia de cara al invierno para los sin techo, para poder llevar a cabo una definición marco de indigencia callejera y para la recopilación de datos estadísticos fiables sobre la mendicidad en toda la UE.

Acabar con la indigencia en las calles es una cuestión fundamental en la Unión Europea. Este informe es un avance adicional para presionar al Consejo Europeo, a la Comisión y a los Estados miembros con el único fin de que tomen medidas para terminar con la indigencia callejera.

Por último, el Tratado de Lisboa no mejorará la situación relativa a los derechos fundamentales en la UE. El apoyo a este informe no implica el respaldo de dicho Tratado. De hecho, la negativa del Parlamento Europeo a respetar el voto negativo de Irlanda es contraria al espíritu de la Carta.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Que la población de cada Estado miembro de la UE decida permitir que las parejas homosexuales se casen, establezcan una relación civil o adopten niños, no implica que otros Estados miembros deban verse obligados a hacer lo mismo. Que las convicciones de los líderes religiosos o políticos no reflejen una postura del todo entusiasta por la homosexualidad –como dicta la corriente de lo políticamente correcto– no debería implicar que deban ser condenados o perseguidos por ello. Lo mismo ocurre con el escollo del racismo que fácilmente se pone del lado de cualquiera que llame la atención sobre las aberraciones relacionadas con el asilo y con los nacionales extranjeros.

En su lugar, se está intentando por medios antidemocráticos, teñidos de oscurantismo, introducir forzosamente el modelo de parejas homosexuales en los Estados miembros; lo que probablemente sea un anticipo de lo que nos espera si aplicamos el Tratado de Lisboa. Quien ose criticar la homosexualidad o lleve a cabo artimañas en relación con el asilo y la coexistencia con nacionales de otros países será estigmatizado como un delincuente, vulnerándose así el derecho humano a la libre expresión. Por tanto, el Informe Catania será rechazado de manera firme.

  Alexandru Nazare (PPE-DE), por escrito. – (RO) El informe presentado por el señor Catania está lleno de interpretaciones y recomendaciones de carácter general sobre la situación de los derechos fundamentales en los Estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, la base reguladora que nosotros necesitamos existe: la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. La prioridad para nosotros en este momento no es añadir nuevas normativas, sino hacer que las ya existentes funcionen y sean efectivas.

Una de las cuestiones tratadas en el informe es el libre desplazamiento de la mano de obra que, desafortunadamente, no todos los ciudadanos europeos pueden disfrutar, por el momento, en igualdad de condiciones. Aunque el período de dos años de restricciones para el mercado laboral impuesto a los nuevos Estados miembros expiró a finales de 2008, seis de los Estados miembros han ampliado las restricciones a Rumanía y Bulgaria durante otros tres años, aludiendo a la actual crisis financiera para justificar esta decisión. El informe no aborda explícitamente este problema, aunque implique un trato diferenciado de los ciudadanos de la UE, que no está justificado en esta ocasión.

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), por escrito. – (RO) He votado en contra de este informe que contiene, además de al menos diez puntos que son merecedores de crítica (lo que para nosotros es una forma suave de describirlos), una referencia inaceptable a la Recomendación 1201 del Consejo de Europa. La cual no debería invocarse sin explicar de manera precisa la interpretación que se le está dando, ya que podría ser interpretada como la concesión de derechos colectivos a minorías o como una autonomía territorial basada en criterios étnicos. Acojo con agrado la aprobación de la enmienda 35, que es muy razonable, aunque en mi opinión algunos aspectos del informe no pueden ser aceptados.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El informe intenta camuflar el denominado «déficit democrático y social» de la profundamente reaccionaria –por su propia naturaleza– Unión Europea, de modo que sea más atractivo y mitigue la insatisfacción provocada por su política antipopular. Acepta y acoge todos los principios e instituciones reaccionarios que han sido aprobados por la UE, como las cuatro libertades del Tratado de Maastricht, intentando atribuir una dimensión efectiva a su aplicación.

Se basa principalmente en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE que acompaña al antipopular Tratado de Lisboa, que se encuentra por debajo del nivel de derechos salvaguardados en muchos Estados miembros. Constituye en gran medida un informe de ideas y una vaga lista de voluntades, aborda los derechos fundamentales, como los derechos laborales, a la educación y la salud, simplemente como «oportunidades» que tienen que brindarse «de forma equitativa» a todo el mundo, algo que es físicamente imposible en la práctica y, aunque sea más específico, propone tratar sólo determinados casos extremos de pobreza, discriminación, etc. con medidas como la adopción de un salario mínimo. Por último, la carencia de cualquier referencia a las decisiones antidemocráticas y a la acusación a ciudadanos, como la prohibición de los partidos comunistas y otras organizaciones y el encarcelamiento de comunistas y otros opositores de los Estados miembros de la UE en Europa central y en el Báltico, es reveladora de la naturaleza del informe.

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) He votado a favor del informe sobre la situación de los derechos fundamentales en Europa, porque creo que aborda uno de los problemas fundamentales de nuestra estructura unificadora proponiendo una estrategia basada en la crítica constructiva. La discriminación en el disfrute de los derechos fundamentales deriva principalmente de condicionantes como el sexo, la edad, el origen o la orientación sexual de quienes sufren la discriminación, tal y como señala acertadamente el informe. El problema se agrava cuando las víctimas de dichas violaciones no pueden reaccionar, principalmente porque están encerradas en centros mentales, residencias, etc. Europa no puede permanecer indiferente ante esta situación, especialmente en los casos en que el refuerzo de los derechos humanos ayude a consolidar el área europea de libertad y seguridad. En consecuencia, dado que la Carta de los Derechos Fundamentales no es vinculante y debido a las escasas facilidades que encuentran los particulares para recurrir a los tribunales comunitarios, no puedo sino acoger con agrado las propuestas hechas por el señor Catania sobre el establecimiento de una obligación general por parte de las instituciones comunitarias que tenga en cuenta los derechos humanos en el desempeño de sus obligaciones y el establecimiento de un organismo especializado para este fin.

  Zita Pleštinská (PPE-DE), por escrito. – (SK) El problema con el informe es que trata de muchas cuestiones conflictivas. Aunque el informe da una serie de recomendaciones sobre diferentes áreas, entre las que se incluyen los derechos de las minorías, el ponente ha vuelto a incluir la cuestión de la salud reproductiva en el informe.

Las enmiendas y complementos propuestos en relación con la salud reproductiva por la que el PE ha votado a favor niegan el derecho a la vida y violan el principio de subsidiariedad. El respeto por todos los niños «no nacidos» y la necesidad de proteger la vida humana desde la concepción en adelante son cuestiones de principios para mí. No estoy de acuerdo en que deberíamos adoptar decisiones a escala europea sobre cuestiones en las que los Estados miembros tengan actitudes diferentes producto de sus tradiciones cristianas. No estoy de acuerdo con que la UE deba obligar a Eslovaquia, Polonia, Irlanda y otros Estados miembros a estar de acuerdo con los abortos o la eutanasia, que no están permitidos en sus legislaciones nacionales. A escala europea, siempre ocurre que hablamos exclusivamente del derecho de la madre a decidir sobre la vida o muerte de su hijo, y nos olvidamos del derecho a la vida del niño «no nacido».

Por estas razones he votado en contra del informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea 2004–2008.

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), por escrito. – (RO) No hace falta decir que el PPE y el PD-L (Partido Democrático Liberal Rumano) valoran y respetan los derechos humanos fundamentales y adoptan una postura firme cuando éstos son violados.

He votado en contra del Informe Catania sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea 2004-2008 porque el informe ha rebasado los límites temporales de su mandato, haciendo recomendaciones y comentarios que van más allá del período 2004-2008, sobre el que tenía que informar. En lugar de tratar de casos específicos sobre violaciones de los derechos humanos, el informe realiza comentarios y recomendaciones a los Estados miembros para que apliquen normativas que contradicen las leyes nacionales. Por ejemplo, en los artículos 38 y 76 se utiliza la noción de matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que viola no sólo nuestro punto de vista religioso, sino también nuestras opiniones jurídicas y racionales.

El artículo 149 menciona la legalización del consumo de drogas, algo que viola el derecho penal rumano.

Aunque es encomiable la iniciativa de elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos en la Unión Europea y a pesar de que algunos de los puntos incluidos en este informe puedan ser correctos, en función de lo que acabo de decir más arriba, he votado en contra.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) Pensar que los derechos fundamentales están totalmente garantizados y protegidos en la Unión Europea y en los Estados miembros sería un análisis erróneo y perjudicial para la acción política. Los derechos fundamentales, incluso en las sociedades libres y democráticas, han de ser protegidos y promovidos. No obstante, surgen cuestiones independientes en relación con este informe y este debate.

En primer lugar, está la cuestión de la supervisión de la protección de estos derechos a escala nacional. En sociedades como la nuestra, esta función se ejerce principalmente en el contexto nacional pero, naturalmente, sin perjuicio de la capacidad que tenemos de apelar a escala europea. Entre la obligación que tienen las instituciones de garantizar los Tratados y la soberanía nacional, hay lugar para que cada partido ejerza su función sin que esto vaya en detrimento de la naturaleza institucional de la UE.

Por otro lado, en este informe en concreto existe una confusión peligrosa entre lo que son los derechos fundamentales y lo que son las opciones ideológicas para la organización de la sociedad. Un debate sobre esto es interesante. Sin embargo, la idea de imponer estas posturas a los Estados miembros, en contra de su voluntad expresada democráticamente y contra el principio de subsidiariedad, demuestra precisamente los riesgos de trasladar asuntos nacionales al ámbito comunitario. Por este motivo, y porque no estoy de acuerdo con gran parte de su contenido, he votado en contra de este informe.

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. − (PT) Si hubiera estado a favor de la campaña del «no» en el referéndum irlandés, habría aplaudido con entusiasmo el Informe Catania, así como a sus partidarios. Representa una gran falta de respeto por el principio de subsidiariedad y mancilla las normas institucionales de la Unión Europea y los poderes de los Estados miembros hasta tal punto que da crédito a todos aquellos que desconfían de la voracidad política de Bruselas. Atacar las cláusulas de salvaguarda, que son una expresión directa de los Tratados y una garantía fundamental de la democracia de los Estados miembros, ya que sirven «para codificar ... prácticas discriminatorias», es patético y mina terriblemente los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Manifestar que la firma de convenios internacionales por una mayoría de Estados miembros obliga a toda la UE a acatarlos, es una cuestión jurídica completamente absurda, significa sumirse en una oscuridad que sobrepasa incluso el modelo del federalismo más extremo. Asimismo rechazo la afirmación absolutamente perversa de la «carencia de credibilidad» de Europa, que está obligada a dirigir nuestra «inferioridad táctica»: con independencia de los problemas específicos que pudiera tener, Europa no es Sudán, ni la República Popular de China, ni Cuba, ni Somalia ni Corea del Norte. En conclusión, el informe se desvía a áreas de lucha política que no tienen nada que ver con los derechos fundamentales, perdiendo toda credibilidad, coherencia y efectividad. He votado en contra.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. − (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado en contra del informe del señor Catania sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2004-2008).

No estoy de acuerdo con que los Estados miembros dañen el papel activo de defensa de los derechos humanos que desempeña la Unión Europea en todo el mundo. Además, no estoy de acuerdo con que la lucha para combatir el terrorismo pueda ser utilizada como un pretexto para disminuir el nivel de protección de los derechos humanos, en particular el derecho a la privacidad.

Por tanto, me opongo a los puntos relacionados con los romanís, que no necesitan protección especial; por el contrario, una resolución que considera a los romanís un grupo étnico diferente de los demás crearía una situación de mayor discriminación hacia ellos. Por último, no estoy de acuerdo con el párrafo sobre repatriación: los procedimientos que se utilizarán para la repatriación de un individuo no se pueden evaluar únicamente en función de estos parámetros.

  Martine Roure (PSE), por escrito. – (FR) No puede haber ninguna área europea de libertad, seguridad y justicia sin la protección de los derechos fundamentales. Europa tiene la obligación de dar ejemplo y de ser mostrarse intachable en este asunto.

Se han consignado violaciones, se han revelado, por ejemplo, incluso en establecimientos cerrados que alojaban niños y a personas de la tercera edad. Existe también el eterno problema que atañe a la desastrosa situación de algunas cárceles, como destaca el informe a favor del que hemos votado hoy. Asimismo debemos luchar para garantizar que se reconozcan los derechos sociales.

La pobreza y la inseguridad en el trabajo constituyen ataques a los derechos humanos. ¿Cómo podemos aceptar en Europa una situación en la que las personas que tienen trabajo no pueden permitirse un sitio en el que vivir, en pleno siglo XXI?

Debemos proclamar los derechos fundamentales de todos y cada uno de nosotros. La Unión Europea está dotada de una Carta de los Derechos Fundamentales.

¡Asegurémonos de que se respeta!

  Toomas Savi (ALDE), por escrito. − Señor Presidente, he votado a favor del informe y acogí con agrado, en concreto, la inclusión del Párrafo 31 del informe en virtud del cual el Parlamento Europeo condena la no aplicación por parte de la UE de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia del 12 de diciembre de 2006, y del 4 y 17 de diciembre de 2008 y el fallo del Tribunal de Apelación del Reino Unido a favor de la Organización Popular Mojahedin de Irán el 7 de mayo de 2008.

La Unión Europea representa la democracia y el Estado de Derecho. La idea más atroz es que una de sus instituciones actúe en contra de los principios de la Unión. Espero que el Consejo tenga muy en cuenta la posición del Parlamento a la hora de crear la nueva «lista negra» de la UE. Las acusaciones de actividad terrorista deberían ser realmente fundadas, de la misma manera que las decisiones sobre la inclusión de algunas organizaciones en la «lista negra» deberían ser más transparentes.

Dichas cuestiones no se pueden abordar arbitrariamente, sino de acuerdo con los principios de la democracia y el Estado de Derecho. La UE no puede permitir que la lucha global contra el terrorismo se lleve al terreno del enfrentamiento político y, por tanto, debe respetar las sentencias de los tribunales mencionadas con anterioridad.

  Olle Schmidt (ALDE), por escrito. − (SV) Interpreto el párrafo 149 del informe del señor Catania sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea como una prerrogativa para que los Estados miembros garanticen que el tratamiento equitativo de los pacientes en el sistema de atención sanitaria también incluya a los adictos. Por tanto, he votado a favor de este párrafo.

  Csaba Sógor (PPE-DE), por escrito. – (HU) Las últimas dos rondas de ampliación de la Unión Europea, en las que se admitió a países de Europa central y oriental que antiguamente eran socialistas, abrió además un nuevo capítulo en el enfoque de la cuestión de los derechos humanos por parte de la Comunidad.

Desde entonces, se ha hecho patente que la protección de los derechos humanos –y dentro de éstos, de los derechos de las minorías nacionales– representa el mayor desafío para la Comunidad Europea en los nuevos Estados miembros.

El informe elaborado por iniciativa propia del señor Catania hace hincapié en que a la hora de abordar los problemas de las comunidades minoritarias nacionales tradicionales, los principios de subsidiariedad y autogobierno deben servir como una referencia que podría permitir la elaboración de políticas destinadas a solucionar moderadamente la situación de las comunidades en cuestión.

El informe fomenta el uso de mecanismos culturales, territoriales y regionales de autonomía.

Asimismo acojo con agrado el hecho de que el informe de mi colega el señor Catania exija la elaboración de una definición de pertenencia a una minoría nacional, y proponga la elaboración de un conjunto mínimo de normas comunitarias para la protección de los derechos de dichas minorías.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. − (NL) La protección y promoción de los derechos fundamentales yacen en el núcleo de nuestra democracia europea, y constituyen las condiciones clave para mejorar nuestro espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. No hace falta decir, por tanto, que, en la práctica, estos derechos han sido incluidos entre los objetivos de las diferentes áreas de la política de la UE.

Además, pedimos al Consejo que analice la situación en el mundo y en cada uno de los Estados miembros de la UE elaborando informes anuales sobre derechos humanos, que serían de gran utilidad para que la formalidad de Europa no se vea afectada por una doble legislación que perjudique a su política interior o exterior. Las enmiendas presentadas por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea en relación con la no discriminación, los derechos de las minorías y los derechos sociales han sido aprobadas bien en su totalidad o en parte.

También hemos tenido éxito en nuestro intento de incluir una referencia a la necesidad de tener en cuenta los derechos fundamentales en la legislación sobre procedimientos penales. El Informe Catania señala los problemas que implican a derechos fundamentales y aporta recomendaciones para solucionarlos. Por tanto, puede contar con mi apoyo incondicional, porque el respeto por todas las personas y sus derechos fundamentales está en el núcleo de la política de los Verdes, con independencia del género, la edad, la nacionalidad o el origen socioeconómico.

  Catherine Stihler (PSE), por escrito. − Me satisfizo ver el respaldo del Parlamento Europeo a la eliminación de la PMOI de la lista de organizaciones terroristas. En Irán se ha asesinado a 20 000 personas opositoras al régimen. Mientras que la PMOI permanezca en la lista de organizaciones terroristas, continuarán los asesinatos en Irán por el simple hecho de que la gente manifiesta su oposición al régimen. La UE debe seguir el ejemplo del Reino Unido y eliminar a la PMOI de la lista de organizaciones terroristas.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. − (PL) Durante la votación de hoy manifesté mi intención de aprobar el informe del señor Catania sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea.

Lamentablemente, los derechos fundamentales se violan a menudo en la Unión Europea, siendo la discriminación contra las minorías y la vulneración de la privacidad las violaciones más frecuentes. La igualdad de oportunidades, especialmente la igualdad para las mujeres, es otro problema. El ponente pidió a los Estados miembros que rechazaran los argumentos que justifican la violencia y la discriminación contra las mujeres basada en la tradición y la religión.

En muchos países de la UE los ciudadanos, en concreto los más débiles, los niños, sufren discriminación y pobreza. El informe condena con absoluta lógica todas las formas de violencia contra los niños, como violencia doméstica, abuso sexual y castigo corporal en las escuelas.

Los Estados miembros no controlan las prácticas relacionadas con los derechos humanos, minando así la credibilidad de la política exterior de la UE en el mundo. En mi opinión, la Comunidad no puede aplicar una «doble legislación» en su política interior y exterior.

  Konrad Szymański (UEN), por escrito. − La importancia principal del informe del señor Catania, bajo mi punto de vista, es que nos recuerda nuestras propias cuestiones de confrontación dentro de la UE . Por tanto, deberíamos ser muy cautelosos a la hora de adoptar un enfoque farisaico para referirnos a los derechos humanos fuera de la UE.

Formé parte de la comisión temporal que abordó la operación extraordinaria de traslado de prisioneros por parte de la CIA. Principalmente supuso una plataforma para que la izquierda atacara a su bestia negra favorita, los Estados Unidos.

En mi opinión, deberíamos estar agradecidos a la CIA y a los Estados Unidos por contribuir a la protección de los europeos frente terroristas empeñados en matar a ciudadanos inocentes. El hecho de que tengamos que recurrir a los Estados Unidos para que hagan el trabajo por nosotros constituye en sí mismo un reproche para nuestras propias sociedades.

El absolutismo de los derechos humanos se encuentra en manos de aquellos que serían capaces de destruirnos y de poner en peligro los derechos humanos de nuestros ciudadanos.

Por tanto, he votado en contra del informe.

  Konrad Szymański (UEN), por escrito. − (PL) El informe sobre derechos fundamentales en la UE en 2004-2008 aprobado hoy en el Parlamento Europeo contiene demandas para el reconocimiento mutuo de las parejas homosexuales en todos los países de la UE y la inclusión de dichas relaciones en la legislación de los Estados miembros. Otra parte del informe defiende los denominados «derechos reproductivos», que en el lenguaje del derecho internacional también incluyen el aborto libre. Entre los autores de dichos comentarios figuran líderes religiosos.

La izquierda europea ha secuestrado el informe sobre derechos fundamentales en la UE para promover las demandas a favor del aborto y la homosexualidad, que no tienen nada que ver con los derechos fundamentales. No existen documentos en el derecho internacional o europeo que respalden la existencia de dichos «derechos».

A pesar de la naturaleza no vinculante del informe, es el documento más perjudicial aprobado durante el presente período parlamentario. Constituye el último intento de redefinir los derechos fundamentales y de introducir cambios en su significado sin necesidad de modificar ningún tratado en el ámbito de las Naciones Unidas ni de la Unión Europea.

Otro aspecto del informe es que la UE aplique una directiva especial que penalice los actos homófobos. Por la naturaleza extensa y ambigua de esta formulación, se trata de un intento de excluir a los círculos homosexuales del derecho democrático al enjuiciamiento público. La aplicación de esto podría derivar en consecuencias como la censura.

El resultado de la votación final (401 votos a favor; 220 en contra y 67 abstenciones) muestra la profunda división existente entre los diputados del Parlamento Europeo acerca de esta cuestión. Esto significa una derrota para el ponente, ya que los derechos fundamentales deberían constituir un elemento de unión, y no de división, en el Parlamento.

  Charles Tannock (PPE-DE), por escrito. − Me gustaría que este informe hubiera analizado más de cerca la situación de los niños huérfanos y discapacitados que reciben asistencia institucional en Rumanía y Bulgaria, los nuevos Estados miembros de la UE.

Existía una gran preocupación antes de que estos países se adhirieran a la UE acerca de las normas de asistencia para los niños huérfanos y discapacitados atendidos por las instituciones. Quizás el siguiente informe podría entrar a estudiar esta cuestión con más detalle.

En términos más generales, saqué mis propias conclusiones sobre este informe dado a conocer en el debate del mes pasado. Me preocupa que nuestra cultura de los derechos humanos esté presa en manos del absolutismo y que, en realidad, satisfacer los derechos de delincuentes y terroristas implique perjudicar los de todos los demás.

Especialmente, creo que los asuntos relativos al aborto y los métodos anticonceptivos no son temas que debería tratar la Unión Europea, sino la legislación correspondiente en los distintos Estados miembros. Asimismo, me opongo a la exigencia de que la Carta de los Derechos Fundamentales haga caso omiso de la legislación del Reino Unido, que ha negociado una exención de sus disposiciones.

Por tanto, me abstuve en la votación de este informe.

  Thomas Ulmer (PPE-DE), por escrito. − (DE) He votado en contra del Informe Catania. Me ha dejado estupefacto que los servicios de la Cámara declarasen este informe admisible en su forma actual. Infringe persistentemente el principio de subsidiariedad. En términos de contenido, prácticamente todo es objeto de críticas. Las naciones-estado no deben dejarse incapacitar ni que se les restrinja el poder cuando se trata de los derechos fundamentales. Esto constituye una forma de presión, en perjuicio de la mayoría, por los derechos de una minoría que no pueden aplicarse a escala nacional. Una actitud positiva frente al aborto es inconcebible para mí. El verdadero asunto, los derechos humanos y su aplicación durante los últimos cuatro años, no se menciona.

  Thomas Wise (NI), por escrito. − Me abstuve en la votación nominal sobre el párrafo 62 porque creo que todos los países –algo que la UE no es– deberían garantizar que la legislación sobre mutilación genital femenina se elabora y aplica localmente. Un acuerdo internacional con visión de futuro sería más apropiado. Ya que, actualmente, la UE no tiene competencia en cuestiones de salud, ni tampoco debería buscarlas.

Asimismo, me abstuve en la votación del párrafo 72 porque estoy preocupado por las implicaciones sobre la libre expresión. Aunque haya que condenarlos, los comentarios discriminatorios no alimentan necesariamente «el odio y la violencia». Que se nos anime a aceptar esto implica que quienes eligen pueden utilizarlo como prueba de ello.

Mi decisión de abstenerme sobre la enmienda 54 se basa en mi oposición a la libre circulación de las personas en la UE y al principio de reconocimiento mutuo, y de ningún modo es reflejo de mi punto de vista en relación con las parejas de personas del mismo sexo, pues coincido en que deberían disfrutar de los mismos derechos que los demás.

  Anna Záborská (PPE-DE), por escrito. – (FR) El Parlamento Europeo acaba de votar a favor del Informe Catania sobre la situación de los derechos fundamentales. En un momento en el que acabamos de celebrar el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este informe cuestiona lo que entendemos por derecho fundamental.

Hay que reconocer que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea fue el resultado de un consenso alcanzado tras más de un año de negociaciones entre diferentes grupos de presión, representantes de la sociedad civil y gobiernos nacionales, etc. Este ejercicio en el que nosotros, en nuestra calidad de representantes de los países del este, no fuimos invitados a participar, es interesante por más de un motivo. La Carta, como hace hincapié el Informe Catania, será un texto jurídicamente no vinculante hasta que todos los Estados miembros ratifiquen el Tratado de Lisboa.

Sin embargo, la Agencia de los Derechos Fundamentales, establecida en Viena (Austria) se basa totalmente en este texto político, que utiliza para justificar las posturas que adopta. Por tanto, resulta interesante vislumbrar cómo se consideran los derechos fundamentales de la Carta, mediante el análisis de los asuntos tratados por la Agencia de los Derechos Fundamentales. Este ejercicio es aún más interesante si se realiza con la red de expertos FRALEX contratados en verano de 2008 y que pertenecen principalmente a la red neerlandesa «Consultoría humana europea».

Propuesta de resolución (B6-0624/2008)

  Dragoş Florin David (PPE-DE), por escrito. – (RO) He votado a favor de esta resolución ya que la ratificación del Convenio supondrá una contribución significativa para la promoción de normas de empleo decentes en todo el mundo. Asimismo respalda el acuerdo adoptado por los agentes sociales sobre determinados aspectos de las condiciones laborales de los trabajadores del sector del transporte marítimo ya que encuentra el justo equilibrio entre la necesidad de mejorar las condiciones laborales y de proteger la seguridad y la salud de los marineros, además de porque esta categoría profesional también existe en Rumanía.

  Constantin Dumitriu (PPE-DE), por escrito. – (RO) La resolución presentada por Mary Lou McDonald resume los puntos principales que deben ser tenidos en cuenta por la propuesta para una directiva del Consejo relativa al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 y que enmiende la Directiva 1999/63/CE (COM(2008)0422).

Los trabajadores del mar pertenecen a una categoría que lleva a cabo actividades en condiciones muy complicadas, a veces incluso peligrosas. Éste es el motivo por el que debemos de tener normas que regulen las condiciones laborales, que nos permitan tener en cuenta la salud y la seguridad de estos trabajadores, así como normas claras sobre su empleo. El primer paso en el establecimiento de estas normas debe ser destacar las necesidades y problemas a que se enfrentan los empleados y los empleadores del sector marítimo, al tiempo que se ha de garantizar cierto grado de flexibilidad en su aplicación por parte de los Estados miembros.

Los documentos que estamos aprobando a escala europea deben venir acompañados por una acción de los Estados miembros y por una supervisión de la Comisión que nos garantice que se están aplicando las disposiciones. Además, en relación con las normas laborales para el sector marítimo, la Unión Europea tiene la oportunidad de establecer por sí misma, en su calidad de líder, la transposición de estas normas en principios que pueden aplicarse en cualquier parte del mundo.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (IT) Votamos a favor de este informe sobre la propuesta para una directiva del Consejo que aplique el acuerdo concluido por las Asociaciones de propietarios de buques de la Comunidad Europea y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte relativo al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, y que enmiende la Directiva 1999/63/CE, ya que consolida los derechos laborales internacionales mínimos. Esto es importante para garantizar unas mejores condiciones laborales y mayor seguridad, al tiempo que se respeta la dignidad de estos profesionales.

Sin embargo, lamentamos que las propuestas presentadas por nuestro grupo no se aprobaran, específicamente aquellas que pretendían eliminar las posibles incertidumbres o los prejuicios jurídicos para facilitar el trabajo llevado a cabo por los agentes sociales con objeto de alcanzar a un acuerdo. El Convenio en sí mismo acepta que los países no deberían abusar del concepto de flexibilidad, y esto era lo que la propuesta para una directiva establecía, con el acuerdo de los agentes sociales. Por tanto, no estamos de acuerdo con la mayoría del Parlamento Europeo sobre haber incluido la cuestión de la flexibilidad en el párrafo 6.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. − (IT) Señor Presidente, Señorías, me gustaría ratificar mi voto a favor de la resolución relativa al Convenio sobre el trabajo marítimo de 2006 (procedimientos relativos al diálogo social).

Respaldo sin reservas el acuerdo alcanzado por los empleadores y los empleados sobre determinados aspectos de las condiciones laborales de los trabajadores del sector del transporte marítimo ya que encuentra el justo equilibrio entre la necesidad de mejorar las condiciones laborales y de proteger la seguridad y la salud de los marineros. Además, estoy convencido de que es esencial definir y aplicar unas normas mínimas globales de empleo y unas condiciones de seguridad y salud para los marineros que trabajan en el mar o a bordo de buques de navegación por alta mar. Por último, estoy satisfecho con el papel desempeñado por los empleadores y empleados a la hora de mejorar las condiciones de salud y seguridad para los trabajadores.

- Informe: Laima Liucija Andrikienė (A6-0498/2008)

  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) He votado a favor del informe. Ahora, más que nunca, nos estamos dando cuenta de la importancia del papel que puede desempeñar un organismo como el Consejo de Derechos Humanos. Deberían respaldarse las medidas tomadas hasta la fecha, y asimismo deberíamos valorar positivamente el papel activo desempeñado por la UE en el Consejo de Derechos Humanos, a pesar de las restricciones innegables representadas por la ausencia de los Estados Unidos; de hecho, esta ausencia con frecuencia deja a la UE en una posición de aislamiento. Esto, sin embargo, no debería ser una excusa para que la UE sea capaz de llevar a cabo un esfuerzo político para consolidar un liderazgo fuerte y uniforme, superando la situación de bloques geográficos opuestos que con frecuencia se observa en ella.

Por tanto, todavía hay mucho por hacer para dar al Consejo de Derechos Humanos mayor credibilidad y autoridad y para evitar que algunos gobiernos puedan continuar incumpliendo sus obligaciones en el ámbito internacional. Por tanto, respaldo sin reservas un nuevo análisis con vistas a su revisión, y me gustaría confirmar que el fortalecimiento del Consejo de Derechos Humanos es una etapa vital del largo camino de la civilización que la UE siempre ha apoyado.

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), por escrito. – (RO) He votado a favor del Informe Andrikienė sobre el futuro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya que siento que la UE necesita una estrategia a largo plazo para desarrollar la actividad de esta institución, que debe convertirse en el principal foro global para los derechos humanos. Creo que los Estados miembros de la UE deben demostrar mayor unidad y eficiencia a la hora de promocionar determinadas posturas comunes de la UE en materia de derechos humanos.

La UE debe convertirse en un líder global e iniciar estrategias para proteger los derechos humanos en todo el mundo. Tenemos que poner mayor atención en la promoción de los derechos humanos económicos, sociales y culturales ya que la pobreza, el atraso y el bajo nivel educativo y cultural de la población tienen efectos negativos multiplicadores.

A fin de obtener un respaldo mucho más amplio para sus posturas, la UE debe crear mecanismos de coalición y empezar a organizar reuniones frecuentes sobre cuestiones específicas con todos los Estados democráticos de otros continentes. Asimismo resulta vital para los Estados enviar a los foros internacionales a especialistas con experiencia real en el área pertinente, un hecho que el informe de la señora Andrikienė recomienda encarecidamente y con toda justificación.

  Philip Claeys (NI), Koenrad Dillen (NI), por escrito. − (NL) He votado en contra de este informe, porque este Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no puede, de ningún modo, ser considerado como una institución legítima. Para mí es inaceptable que países como Cuba, Arabia Saudita, Egipto, Pakistán, Jordania y una serie de regímenes africanos estén emitiendo resoluciones que denuncian la situación de los derechos humanos en otros países. La situación de los disidentes religiosos o políticos en esos países hace de esta institución una burla total.

  Dragoş Florin David (PPE-DE), por escrito. – (RO) He votado a favor de esta propuesta de resolución del Parlamento Europeo, porque el respeto, la promoción y la garantía de la universalidad de los derechos humanos son parte integrante del acervo jurídico de la Unión Europea y éste es uno de los principios fundamentales de la UE. También he votado a favor porque la Organización de las Naciones Unidas y su Consejo de Derechos Humanos es una de las organizaciones más adecuadas para abordar exhaustivamente las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y los desafíos en el sector humanitario. Creo que los derechos humanos y la democracia son elementos fundamentales en las relaciones exteriores y la política exterior de la UE.

  Neena Gill (PSE), por escrito. − Señor presidente, yo estaba muy satisfecha de votar a favor del Informe Andrikiené sobre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dado que acojo con agrado el hecho de que esta organización tenga mucha más credibilidad que su predecesora, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Comisión se vio desacreditada en gran medida debido a que varios de sus países miembros tenían antecedentes muy dudosos en materia de derechos humanos.

El control regular de los antecedentes en materia de derechos de los Estados miembros es un componente clave para el mayor prestigio del Consejo. Esto será particularmente importante en la próxima ronda de control, que involucrará a Rusia, Cuba, Arabia Saudita y China.

Asimismo, acogemos con agrado las disposiciones del informe que tienen por objeto evaluar la coordinación sobre estas cuestiones entre los Estados miembros de la UE. Es vital que la UE, en su calidad de organización que coloca los derechos humanos en el centro de su misión, trabaje conjuntamente con socios multinacionales como las Naciones Unidas con ideales similares para lograr una mayor cooperación. La cooperación es vital para garantizar que los derechos humanos ya no se dejan de lado como un objetivo de su política exterior con fines comerciales o por razones estratégicas.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Este informe pone de manifiesto una cierta insatisfacción del Parlamento Europeo con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dado que los Estados miembros de la UE representan una «minoría numérica», que, a su entender, «obstaculiza gravemente la capacidad de la UE para influir en el programa del Consejo de Derechos Humanos» y para garantizar su papel deseado como «fuerza principal».

Esta noble visión se basa en el inaceptable intento de imponer la UE como el modelo en términos de derechos humanos, sobre todo cuando los datos demuestran su hipócrita política de derechos humanos, como lo demuestra la complicidad de la UE en relación con Israel; no hay más que ver su abstención en la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Palestina.

El informe está repleto de contradicciones, como cuando «lamenta la división del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en bloques regionales», mientras que, al mismo tiempo, afirma que apoya la existencia de «una posición común coordinada dentro del Consejo» por parte de la UE. ¿Esto tampoco es una política de bloques, o es una política de bloques que sólo es mala cuando no trabaja en favor de la UE?

Al contrario que el PE, no consideramos «lamentable» que los Estados Unidos no estén representados en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en primer lugar debido a sus constantes violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional, y también porque no presentaron su candidatura para evitar la vergüenza de no ser elegidos. Es comprensible por qué...

  Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Este informe contiene una cantidad sorprendente de puntos de vista inteligentes teniendo en cuenta el hecho de que ha llegado de la Comisión de Asuntos Exteriores. Por ejemplo, el punto de vista expone que es algo positivo que los Estados miembros de la UE sean cada vez más propensos a hablar y a no dejar que la Presidencia de la UE hable en nombre de todos los países. Las declaraciones de este tipo son muy raras, y las acojo con agrado.

Lamentablemente, los elementos positivos son muy pocos y no se encuentran con frecuencia. Una de las redacciones más censurables es la del punto H, donde se queja de «un deseo persistente por parte de los Estados miembros de actuar de forma independiente en las Naciones Unidas». «Un Estado, un voto» es, después de todo, una de las piedras angulares de las Naciones Unidas. La Comisión de Asuntos Exteriores lamenta también la creciente división del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en bloques regionales. Paradójicamente, determinados bloques regionales –la UE, por ejemplo– sí parecen ser deseables.

El Parlamento Europeo no es, puede, ni debe ser una garantía de que no se violan los derechos humanos en el mundo. Esto se muestra, en particular, en las declaraciones formuladas por los diputados de esta Cámara, por ejemplo, sobre los homosexuales. Aunque la esencia del informe es, probablemente, buena, he votado en contra en la votación de hoy.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) La UE afirma que los derechos humanos y la democracia se encuentran en el centro de sus relaciones exteriores. Esta Cámara insta a la UE a prestar atención a la credibilidad en materia de derechos humanos al ratificar los acuerdos. Sin embargo, ya se ha minado la propia credibilidad de la UE: los vuelos de la CIA, el hecho de no tomar medidas en relación con las prisiones de tortura de los Estados Unidos y su zigzagueo sobre el derecho internacional –con respecto a la crisis de Kosovo, por ejemplo– han llevado a esto.

¿Cómo puede una comunidad que tiene a gala dar tanto valor a la democracia rechazar los resultados de un referéndum, repetir las votaciones hasta que se produzca el resultado deseado y sancionar a los Estados miembros por los resultados de las elecciones? Si la UE estuviera realmente preocupada por el respeto de su tan citada comunidad de valores, se habría tenido que romper las negociaciones de adhesión con Turquía hace mucho tiempo, pero como muy tarde desde su muestras de belicismo. En lugar de trabajar realmente para promover los derechos humanos y de las personas y los valores comunes, al parecer la UE en la actualidad malgasta aproximadamente 15 millones de euros cada año en una Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) superflua.

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), por escrito. − He votado a favor del informe sobre el desarrollo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas porque, si bien reconoce los incuestionables logros y esfuerzos que se han hecho para aumentar la credibilidad y el nivel de protección de los derechos humanos, creo firmemente que el funcionamiento de este órgano también puede mejorar en el futuro.

Al mismo tiempo, creo que la Unión Europea debe seguir teniendo un papel activo y prominente en el establecimiento y funcionamiento del Consejo de las Naciones Unidas.

También valoro el hecho de que el informe pida a la Unión Europea que reafirme y defienda con firmeza los principios de la universalidad, la indivisibilidad y la independencia de los derechos humanos.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) Si, dada su naturaleza, se supone las Naciones Unidas y los diversos organismos y organizaciones que están asociados con ella son un espejo del mundo, es natural que la imagen reflejada no sea la que nosotros deseamos o quisiéramos construir. Estas consideraciones son necesarias en relación con el debate sobre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

A la hora de debatir y decidir, por votación, sobre derechos humanos en un mundo con países que no les prestan ninguna atención cabe esperar que el resultado obtenido sea extraño. No se trata sólo de una cuestión de legitimidad. Es, sobre todo, una cuestión de idioma. ¿Qué nivel de análisis en materia de derechos humanos se puede suponer que compartan los Gobiernos de Libia o Zimbabue con los estados democráticos que son responsables de sus poblaciones? Ninguno, por supuesto. Sin embargo, es precisamente para facilitar el diálogo entre los que hablan diferentes idiomas para lo que existe la diplomacia. Para la mediación entre iguales no es necesaria.

Así pues, la existencia de lugares de diálogo debe ser una política que ha de estimularse y promoverse. En caso contrario, no creo que podamos o debamos tener como norma para nuestros valores y nuestras acciones algo que se decida en dicho contexto.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. − (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor del Informe Andrikienė sobre el desarrollo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluido el papel de la UE. La postura europea en dicho Consejo es crucial.

De hecho, la UE, que sitúa los derechos humanos y la democracia en el centro de sus propias relaciones exteriores, sobre todo en las medidas que toma en las organizaciones internacionales de derechos humanos, se ha comprometido desde el principio a mantener un papel visible y activo en la creación y el funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos, con el objetivo de defender los más altos estándares en términos de derechos humanos, mediante el patrocinio o copatrocinio de los textos que establecen esos criterios.

Por lo tanto, acojo con agrado la propuesta de la señora Andrikienė, que examinará las medidas que la UE puede adoptar para mejorar su influencia en el Consejo de Derechos Humanos y dar un nuevo impulso al Consejo, para que se convierta en un órgano operativo más eficaz.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. − (PL) El 15 de marzo de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que sustituye a la Comisión de Derechos Humanos por el Consejo de Derechos Humanos, un órgano de apoyo internacional para promover y proteger los derechos humanos.

El cambio de nombre vino acompañado por la introducción de nuevos mecanismos y de procedimientos para aumentar el potencial del Consejo de Derechos Humanos.

El objetivo del informe es evaluar los logros del Consejo, y comparar las expectativas con los resultados. Se trata sobre todo de establecer las posibles mejoras en su funcionamiento.

No olvidemos que la democracia y los derechos humanos son los pilares sobre los que opera la Unión Europea en el ámbito internacional. La Unión Europea se ha dado a sí misma un papel muy importante y participa activamente en organizaciones internacionales de derechos humanos; asimismo participó activamente en el nombramiento del Consejo de Derechos Humanos. Ha colaborado en la redacción de textos como los convenios o resoluciones que fijan las normas para la protección de los derechos humanos.

Lamentablemente, la Unión Europea a menudo carece de la capacidad para anticipar problemas (debido sobre todo a los largos procedimientos que a veces son necesarios para preparar posiciones comunes), y para mostrar liderazgo en materia de derechos humanos.

  Charles Tannock (PPE-DE), por escrito. − Mis colegas conservadores británicos y yo apoyamos la labor de las Naciones Unidas y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Aceptamos que es necesario llevar a cabo una amplia reforma del Consejo para garantizar que se mejora los derechos humanos en todo el mundo.

Estamos de acuerdo en que los Estados miembros de la UE trabajen para alcanzar posiciones comunes en el Consejo, pero subrayamos la importancia que tiene cada uno de ellos a la hora de proteger sus propios intereses nacionales y sus posturas.

Nuestro apoyo a este informe no implica el respaldo del párrafo del informe (párrafo 56) que pide que se aplique la resolución de las Naciones Unidas sobre una moratoria de la pena de muerte. La pena de muerte es una cuestión de conciencia de cada diputado conservador al Parlamento Europeo.

- Informe: Marco Cappato (A6-0459/2008)

  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) He votado a favor. El enfoque para la próxima cita con el electorado exige que proporcionemos a los ciudadanos que acudan a las urnas todas las herramientas que necesitan para acceder a los documentos del Parlamento Europeo. En un momento en que se pide al electorado que deposite su confianza en estas instituciones, tenemos al mismo tiempo que trabajar para eliminar todos los obstáculos que aún existen por lo que respecta a la transparencia y la accesibilidad.

Con ese fin, creo que los ciudadanos que acudan a las urnas también deben tener la posibilidad de controlar la actividad, la participación y la asistencia de los diputados al Parlamento Europeo en los trabajos del Parlamento, en términos absolutos, relativos y porcentuales, y asimismo qué medidas deben tomarse para facilitar el acceso a los datos sobre las asignaciones y los gastos de los miembros. Por último, espero que todo esto se pueda lograr al final de esta legislatura.

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), por escrito. – (RO) El derecho a tener acceso a los documentos que obren en poder del Parlamento, el Consejo y la Comisión es un derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos y residentes de la Unión Europea (de conformidad con los artículos 254 y 255 del Tratado de la UE).

Sin embargo, quisiera destacar un aspecto. Creo que la publicación de los documentos de trabajo de las instituciones europeas es sólo el primer paso porque la mayoría de los ciudadanos europeos no entiende los procedimientos que utilizamos y no sabrá cómo encontrar la información que necesitan. Estoy de acuerdo en este sentido con mi colega, que propone la creación de un portal europeo de acceso único para todos los documentos, con una estructura que sea fácil de entender para cualquier persona. Dicho portal debería presentar información en un formato accesible y simplificado para que los ciudadanos europeos puedan utilizarlo sin ningún problema. Sin duda, dichas soluciones técnicas existen y espero que se encuentre los recursos financieros para la creación de este portal.

Sin embargo, he votado en contra del informe porque, si bien el marco general es razonable, algunas de las características propuestas por mi colega son inaceptables.

  Philip Claeys (NI) , por escrito. − (NL) Como estoy a favor de la máxima apertura en todas las instituciones de la UE, he votado rotundamente a favor de este informe. Es una buena cosa que a las diversas instituciones europeas se les esté dando un ultimátum en serio. El Consejo Europeo toma las principales decisiones políticas y discute temas polémicos y muy importantes. Además, es decepcionante e inaceptable que el Consejo no permita que se conozcan las posiciones concretas de las diferentes delegaciones nacionales en el momento de la toma de decisiones. No obstante, el Parlamento también debe poner orden en su propia casa y garantizar la máxima transparencia en todas sus facetas.

  Esther De Lange (PPE-DE), por escrito. − (NL) Explicación del voto en nombre de la delegación del CDA en el Parlamento Europeo sobre el Informe Cappato relativo al acceso a los documentos.

La delegación del CDA en el Parlamento Europeo se ha abstenido en la votación de hoy sobre el informe relativo al acceso a los documentos. Esto no se debió a que tengamos problemas con la transparencia. Estamos a favor de la transparencia y el control democrático. Ni a nada que la ex diputada al Parlamento Europeo, la señora Maij-Weggen, colocara en la cuna de la legislación comunitaria en este ámbito.

Nos hemos abstenido porque el Informe Cappato contiene demasiadas imprecisiones, formas incorrectas exponer las cosas y declaraciones excesivamente simplificadas. Por ejemplo, en nuestra opinión, se debe garantizar la apertura de los documentos del Consejo, pero existe una clara diferencia entre los documentos para procedimientos legislativos y los que son para otros procedimientos. El ponente, sin embargo, no distingue entre esos procedimientos. También nos preocupan las principales cargas administrativas que conllevarían las recomendaciones que figuran en el Informe Cappato.

No hemos podido aprobar el informe debido a las inexactitudes y a las declaraciones imprecisas. Dado que queríamos respaldar el principio de transparencia y control democrático, al final nos hemos abstenido en la votación.

  Koenraad Dillen (NI) , por escrito. – (NL) He votado sin reservas a favor de este informe. Por una vez no va a molestar. Aunque tenemos que aplaudir el hecho de que algunas de las instituciones europeas sean objeto de fuertes críticas, me gustaría hacer una observación. A la luz del hecho de que el Consejo Europeo está a la cabeza y, en última instancia, toma las decisiones sobre las cuestiones muy importantes y controvertidas, es inaceptable que el Consejo no permita que se hagan públicas las posiciones de las diferentes delegaciones nacionales en el momento de la toma de decisiones. También es cierto que el Parlamento debe poner orden en su propia casa y que debe garantizar la máxima transparencia en todos sus aspectos, antes de reprender a otros.

  Avril Doyle (PPE-DE), por escrito. − La presente propuesta por iniciativa propia del señor Cappato pide que el Parlamento respalde el informe sobre la aplicación del Reglamento 1049/2001, que trata del acceso público a los documentos que obran en poder del Parlamento, la Comisión y el Consejo cuando se utilizan en su capacidad legislativa.

Si bien el objetivo de aumentar la transparencia en las instituciones europeas tiene todo mi apoyo, hay tres puntos principales en este Reglamento que creo que merecen un examen más minucioso.

(1) La indispensable protección de la confidencialidad abogado-cliente no está lo suficientemente protegida, tal como ocurre en la Sentencia Turco a la que se hace referencia en los párrafos iniciales, y no se puede respaldar la petición de aplicarla.

(2) Los procesos individuales por los que los gobiernos nacionales toman decisiones también pueden verse socavados por la eliminación del consentimiento necesario para publicar los documentos transmitidos a las instituciones de la UE, y

(3) Estas recomendaciones a escala de la UE no tienen en cuenta los diferentes enfoques relativos a la libertad de información en los Estados miembros.

Es necesario un cierto grado de confidencialidad para garantizar el pleno y sincero debate político entre los grupos políticos, y la difusión de estas opiniones tiene el potencial de hacer más daño que bien. La perspectiva de intercambios limitados que sustituyan a los debates intensos no es un buen augurio para nuestras instituciones democráticas.

(Explicación resumida de la votación en virtud de la norma 163(1))

  Carl Lang y Fernand Le Rachinel (NI), por escrito. – (FR) Para alguien familiarizado con los misterios arcanos de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, no cabe duda de que solicitar el acceso a la información sobre las instituciones de la Unión Europea sigue siendo una aventura llena de peligros para el ciudadano medio. Existen muchos motivos para ello.

De hecho, es tanto una cuestión relacionada con la enorme cantidad de documentos publicados y las innumerables formas en que se publican (informes, dictámenes, resoluciones, directivas, reglamentos, etc.), como con la falta de simplificación y claridad de los registros institucionales y de las páginas web y la falta de transparencia y comunicación.

Este informe propone acertadamente solucionar este tipo de problemas, garantizando que las instituciones europeas sean más transparentes.

De hecho, esto forma parte de la cuestión más general de aumentar el papel desempeñado por los ciudadanos de la Unión en la forma en que esta última gestiona y entiende los asuntos. Los ciudadanos de Europa no quieren verse excluidos sistemáticamente de las decisiones que influyen directamente en su vida cotidiana y sobre las que no tienen derecho a consultar u objetar. En las raras ocasiones en las que se han tenido en cuenta sus opiniones a través de un referéndum, han renegado de sus dirigentes y la burocracia de Bruselas, que es ciega, sorda e insensible a sus necesidades y deseos.

Hacer que las instituciones europeas sean más transparentes es un primer paso hacia una nueva Europa, la Europa de los ciudadanos y la Europa de las naciones soberanas.

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. − (DE) He votado a favor de los informes anuales sobre el acceso simplificado a los documentos de las instituciones de la UE.

No cabe duda de que debería resultar más fácil acceder a los distintos documentos del Parlamento, el Consejo y la Comisión. Los ciudadanos de la Unión Europea no deben sentirse excluidos de las operaciones y votaciones de las instituciones de la UE. Además, tienen derecho a que se les informe acerca de todo lo posible.

Sin embargo, debemos analizar si sería conveniente limitar la publicación de modo que, en última instancia, se evite que las personas pierdan la visión general. En primer lugar, nadie quiere una sobrecarga de datos y, en segundo lugar, la intimidad personal debe seguir respetándose, ya que suele darse el caso de que, en virtud de la protección de datos, hay una gran cantidad de datos a los que no se puede acceder universalmente, ni siquiera desde otras instituciones, incluidas las nacionales.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. − (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor de la propuesta presentada por el señor Cappato sobre el acceso público a los documentos del Parlamento, el Consejo y la Comisión.

Es de vital importancia para la Unión Europea que los ciudadanos sientan que las instituciones comunitarias están cerca de ellos. Esto sólo puede lograrse mediante el acceso público a los documentos de las tres instituciones. Por lo tanto, estoy plenamente de acuerdo con el ponente cuando dice que debemos pedir a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que promuevan una cultura administrativa común de la transparencia, basada en los principios esbozados en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo y las mejores prácticas de los Estados miembros.

Por último, acojo con satisfacción la iniciativa del señor Cappato, porque creo que, para mejorar y acelerar los procesos de integración, el suministro de información al público debe ser una prioridad máxima, en vista de los problemas relacionados con el absentismo de los diputados italianos de la Cámara.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. − (PL) El Tratado de la Unión Europea establece que debe darse prioridad a la transparencia y a la cada vez más estrecha relación entre los pueblos de Europa, y que las decisiones deben tomarse de la forma más abierta posible y más cercana posible para los ciudadanos. La transparencia permite a los ciudadanos participar más estrechamente en el proceso de toma de decisiones y garantiza que la administración gozará de mayor credibilidad, será más eficaz y más responsable para con sus ciudadanos en un sistema democrático.

La sentencia del TJCE en el Caso Turco tendrá profundas consecuencias para la transparencia y el acceso a los documentos de las instituciones europeas relativos a cuestiones legislativas.

La sentencia confirma que debe darse prioridad al principio en cuestión, y que debe aplicarse a todas las instituciones comunitarias; asimismo (lo que es muy importante) debe ofrecerse la posibilidad de establecer excepciones tras una interpretación restrictiva y una evaluación caso por caso, desde la perspectiva del interés público de primer orden, que es la transparencia. La transparencia aumenta la confianza en las instituciones al permitir un debate abierto.

El TJCE declaró que la negativa a conceder acceso a los documentos en este caso no puede ser la base de un requisito general para someter los dictámenes jurídicos sobre cuestiones legislativas a la confidencialidad.

  Thomas Ulmer (PPE-DE), por escrito. − (DE) He rechazado este informe. Sus exigencias van mucho más allá de lo que entiendo por transparencia. Considero peligrosa incluso la publicación de los registros de asistencia y las listas de votación de los diputados al Parlamento Europeo sin amplios canales adicionales de explicación. Tengo un alto registro de asistencia y, por lo tanto, estoy fuera de toda sospecha. Asimismo, es importante conservar la protección jurídica de la personalidad de los diputados al Parlamento Europeo. Para empezar, Europa podría aumentar la transparencia mediante la publicación de las sesiones públicas del Consejo y la Comisión, antes de obligar a los diputados al Parlamento Europeo a ponerse al descubierto. Además, debe haber confidencialidad entre las instituciones durante las fases de negociación difíciles.

  Anna Záborská (PPE-DE), por escrito. – (SK) Basándose en la experiencia de los Estados miembros, la UE ha empezado a reconocer un verdadero «derecho de acceso a los documentos» y un auténtico «derecho a la información» derivados de los principios de democracia, transparencia, interés público y apertura.

El Parlamento Europeo está convencido de que el acceso a la información sobre las instituciones de la UE del ciudadano común plantea problemas debido a la falta de políticas interinstitucionales eficaces sobre transparencia y comunicación orientada al ciudadano.

En aras de una mayor transparencia, las instituciones de la UE deben respetar el principio del multilingüismo. En 2008 presenté una declaración escrita del Parlamento Europeo sobre esta cuestión. La UE actúa en todos los idiomas nacionales y no sólo en un único idioma o en un conjunto de idiomas que se podrían haber elegido y que no habrían sido entendidos por una parte importante de sus ciudadanos.

La traducción de documentos legislativos, políticos y administrativos permite a la UE cumplir sus obligaciones jurídicas y, al mismo tiempo, el sistema de multilingüismo ayuda a mejorar la transparencia, la legitimidad y la eficacia de la Unión. Esto ayuda a la preparación adecuada para las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán en junio de 2009.

Por la presente, solicito a las instituciones de la UE que garanticen que en el presupuesto de la UE para 2009 se asignan los recursos necesarios para cubrir el déficit de puestos de traductores oficiales en las instituciones de la UE; el PE pide a las instituciones de la UE que traduzcan todos los documentos legislativos, políticos y administrativos de esta legislatura sin demora a todos los idiomas oficiales de la UE con el fin de permitir a los ciudadanos que sigan la labor política llevada a cabo por todas las instituciones.

De este modo realmente podemos contribuir a una mayor transparencia para los ciudadanos.