Índice 
Debates
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Martes 3 de febrero de 2009 - Estrasburgo Edición DO
1. Apertura de la sesión
 2. Presentación de documentos: véase el Acta
 3. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (anuncio de las propuestas de resolución presentadas): véase el Acta
 4. Lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil (debate)
 5. Sanciones aplicables a los empresarios de residentes ilegales nacionales de terceros países (debate)
 6. Turno de votaciones
  6.1. Renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica CE/Estados Unidos (A6-0006/2009, Angelika Niebler) (votación)
  6.2. Renovación del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica CE/Rusia (A6-0005/2009, Angelika Niebler) (votación)
  6.3. Los espacios naturales en Europa (A6-0478/2008, Gyula Hegyi) (votación)
  6.4. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Miloslav Ransdorf (A6-0008/2009, Aloyzas Sakalas) (votación)
  6.5. Programa para el futuro sostenible de la aviación general y de negocios (A6-0501/2008, Luís Queiró) (votación)
  6.6. La contratación precomercial: impulsar la innovación para dar a Europa servicios públicos de alta calidad y sostenibles (A6-0018/2009, Malcolm Harbour) (votación)
  6.7. Segunda revisión estratégica del sector de la energía (A6-0013/2009, Anne Laperrouze) (votación)
  6.8. La no discriminación basada en el sexo y la solidaridad entre las generaciones (A6-0492/2008, Anna Záborská) (vote)
  6.9. Lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil (A6-0012/2009, Roberta Angelilli) (votación)
 7. Explicaciones de voto
 8. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta
 9. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta
 10. Curso dado a las posiciones y resoluciones del Parlamento: véase el Acta
 11. Repatriación y reasentamiento de los presos de Guantánamo - Supuesta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos (debate)
 12. Preocupante situación en los centros de retención para inmigrantes, en particular en las islas Mayotte y Lampedusa (debate)
 13. Turno de preguntas (preguntas a la Comisión)
 14. Protección de las minorías nacionales tradicionales, étnicas e inmigrantes en Europa (debate)
 15. Derecho de sufragio para los no ciudadanos de Letonia en las elecciones municipales (debate)
 16. Orden del día de la próxima sesión : véase el Acta
 17. Cierre de la sesión


  

PRESIDE: ADAM BIELAN
Vicepresidente

 
1. Apertura de la sesión
Vídeo de las intervenciones
  

(Se abre la sesión a las 9.05 horas)

 

2. Presentación de documentos: véase el Acta

3. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (anuncio de las propuestas de resolución presentadas): véase el Acta

4. Lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil (debate)
Vídeo de las intervenciones
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  Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de Roberta Angelilli, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior sobre la propuesta de recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil (A6-0012/2009).

 
  
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  Roberta Angelilli, ponente. – (IT) Señor Presidente, Señorías, me gustaría comenzar dando las gracias a mis colegas por su excelente colaboración que nos ha permitido, en mi opinión, redactar un texto muy satisfactorio. También estoy muy agradecida a todas las ONG e instituciones que han seguido de cerca nuestro trabajo. Sus valiosas sugerencias han mejorado el informe.

Nos propusimos dos objetivos básicos. El primero era comprobar con detenimiento hasta qué punto se había llevado a la práctica la decisión marco de 2002 en los 27 Estados miembros. El segundo consistía en proponer mejoras en lo que fuese necesario. El hecho es que hay que actualizar la decisión marco para aumentar el nivel de protección de los menores, a la vista del incremento de casos nuevos y preocupantes de explotación relacionados con las nuevas tecnologías.

La primera de las prioridades que hemos identificado es la lucha contra el turismo sexual, que está aumentando de forma inquietante, en parte debido a la bajada del precio de los viajes. Desde este punto de vista, habría que mejorar la cooperación extraterritorial y se les debería pedir a los Estados miembros que no toleren el principio de la doble tipificación penal para los delitos relativos a la explotación y el abuso de menores.

En segundo lugar, la seducción de niños con fines sexuales (grooming), es decir, la manipulación psicológica en línea con el fin de captar menores con propósitos sexuales, debería considerarse un delito en todos los Estados miembros.

En tercer lugar, los Estados miembros deberían obligarse a intercambiar la información contenida en los registros de antecedentes penales sobre condenas relativas a abusos sexuales. El objetivo de ello es eliminar categóricamente la posibilidad de que los autores de abusos sexuales puedan ejercer trabajos que impliquen contacto con menores.

Entre las propuestas a poner en práctica cuanto antes se encuentra el lanzamiento del sistema de alerta rápida para niños desaparecidos. Este sistema ya ha sido puesto a prueba y en práctica, si bien por solo un pequeño número de Estados miembros y en fase experimental, pero con resultados excelentes. Por ello necesitamos hacerlo extensivo a los 27 Estados miembros. De hecho, vale la pena recordar que cada año desaparecen miles de niños en Europa sin dejar rastro.

Me gustaría destacar un aspecto más: en general, las autoridades legislativas nacionales deben comprometerse a mejorar la protección de los niños que han sido víctimas, tanto durante la fase de investigación como antes y después del procedimiento judicial en el que hayan estado implicados. Con ello se evitará que los menores sean víctimas dos veces, primero víctimas de violencia y segundo víctimas de la violencia mediática o jurídica.

Finalmente, hemos puesto de manifiesto la necesidad urgente de penalizar los matrimonios forzados, la mayoría de los cuales afecta a niños.

Para concluir, Señor Presidente, creo que es importante solicitar a todos los miembros del Parlamento que ratifiquen lo antes posible el más reciente Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de los niños contra los abusos sexuales y la explotación sexual . Se trata del Convenio de octubre de 2007, el parámetro que representa la norma más innovadora y actualizada sobre protección infantil.

 
  
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  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. - (FR) Señor Presidente, Señorías, me gustaría expresar mi más cálido agradecimiento a la señora Angelilli por su excelente informe. También me gustaría darle las gracias por el modo en que ha trabajado con la Comisión en un asunto muy delicado y conflictivo que tanto nos afecta a todos.

Los niños son vulnerables y tienen derecho a una protección que garantice su desarrollo armonioso. El abuso sexual y los diferentes tipos de explotación, en especial la pornografía infantil, son delitos despreciables con efectos profundamente arraigados y duraderos en sus jóvenes víctimas.

Es un fenómeno terrible de alcance desconocido. Algunas fuentes afirman que entre el 10 % y el 20 % de los niños de Europa han sufrido alguna forma de agresión sexual durante su infancia.

La propia Unión Europea se ha provisto de legislación en esta materia. La decisión marco de 2004 establece un nivel mínimo de armonización para las legislaciones nacionales con respecto a la penalización y jurisdicción. A pesar de las informaciones incompletas, la Comisión consideró, en un informe de 2007, que en general se había llevado a la práctica la decisión marco de forma satisfactoria. Sin embargo, eso no es suficiente.

El desarrollo de Internet está contribuyendo a la proliferación de nuevas amenazas a nuestros menores. Entre ellas está la pornografía infantil, y hay otras, como la seducción de niños con fines sexuales, a la cual ha aludido la señora Angelilli. El turismo sexual a terceros países con la intención de abusar de menores es una realidad, y no siempre se conocen los abusos cometidos por personas que ya han sido condenadas en otros Estados miembros.

Los Estados miembros no están satisfechos. A finales de 2007 negociaron un convenio con el Consejo de Europa para introducir un nivel de protección muy alto. En su primer año de existencia, 20 de los 27 Estados miembros firmaron el convenio.

Dicho esto, añado que el Parlamento no está todavía satisfecho y prueba de ello es el informe de la señora Angelilli. El Parlamento exige una mejor aplicación y, en especial, una mejora sustancial en el marco europeo, con una lista de elementos que refuercen la lucha contra estos delitos.

Debo decir que yo tampoco estoy satisfecho. He anunciado una revisión de la legislación europea existente sobre la materia y presentaré en marzo una propuesta para su adopción por parte de los Comisarios. Quiero presentar un texto ambicioso que no solo aborde la cuestión de la aplicación, sino también las de la protección de las víctimas y la prevención.

Las sugerencias que contiene el informe van a ayudarnos a llevar a la práctica esta propuesta. La mayor parte del contenido del informe debería tener acogida en la nueva decisión marco, pero si resulta que esto no es posible, ya sea por motivos técnicos o jurídicos, intentaremos identificar los elementos más apropiados para poner en marcha cualquier propuesta que se haya quedado fuera de esta decisión marco. Tenemos que ver si hay margen para iniciativas políticas, en particular en el uso del diálogo con terceros países, o incluso para dotarnos de medios financieros, como es el caso de los programas existentes.

Eso es. Señor Presidente, Señorías, estoy encantado de percibir la voluntad del Parlamento de avanzar en la adopción de los mecanismos de «alerta de secuestro» en cada Estado miembro. Tengo que decir que en la última reunión de los ministros de Interior y Justicia sostuve con determinación la necesidad de proporcionar a los Estados miembros un sistema de «alerta de secuestro». Para que tales sistemas sean efectivos del todo, tendrían que estar interconectados.

Una vez más, desearía agradecer al Parlamento su enérgico compromiso. También le doy las gracias a la señora Angelilli, quien, sin ningún lugar a dudas, nos ha facilitado un informe de alta calidad.

 
  
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  Lissy Gröner, ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género(DE) Señor Presidente, SeñoríasSeñorías, la nueva propuesta que Comisión ha presentado se necesita con urgencia. Los miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género tienen preguntas específicas y sugerencias relativas a esta propuesta. Es esencial que vayamos más allá de los límites marcados por el programa Daphne e introduzcamos iniciativas legislativas en el ámbito de la pornografía infantil. Desde luego, esto es también responsabilidad de los usuarios, pero los Estados deben actuar. Por ejemplo, creo que Europol es una herramienta importante que puede usarse, en combinación con una red eficaz de expertos y una unidad especial con miembros formados en áreas específicas, para luchar contra la pornografía infantil y la prostitución. También debemos solucionar la cuestión de la extraterritorialidad adoptando un planteamiento conjunto.

Necesitamos más información de fondo en forma de estudios concretos sobre la situación social de las víctimas, dado que los propios miembros de las familias son con frecuencia responsables de los abusos a los niños y de introducirles en la red. Consideramos importante lograr un avance definitivo en esta área.

Espero que la Comisión esté dispuesta a trabajar estrechamente con la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género para que así podamos resolver juntos estas cuestiones.

 
  
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  Edit Bauer, en nombre del Grupo del PPE-DE. – Señor Presidente, el informe de Europol de 2006 sobre la delincuencia organizada afirmaba que las ventajas que Internet ofrece, en términos de información y tecnología de la comunicación, son extremadamente beneficiosos para la delincuencia organizada. Al respecto, no cabe ninguna duda de que los niños son el grupo más vulnerable. Según información de los expertos, cerca del 90 % de los menores entre 12 y 17 años chatean en Internet. Aparte de las redes de compañeros y juegos, usan redes de «usuario desconocido» a través de chats en páginas web, que constituyen puntos de contacto perfectos para los pedófilos que se sirven de identidades falsas con el fin de captar a sus víctimas potenciales.

De acuerdo con la Internet Watch Foundation, que ha tramitado más de 30.000 informes en 2006, el 91 % de las víctimas tenía menos de 12 años. El 80 % de ellas era de sexo femenino y los dominios sobre abusos a menores ascendían a más de 3.000. Además, el 55 % de esos dominios tenían su base en Estados Unidos, el 28 % en Rusia y solo el 8 % en Europa. Sería conveniente añadir a la agenda de un encuentro entre la UE y los Estados Unidos el tema de la cooperación en el ámbito del desmantelamiento de sitios web de abusos a menores.

Estamos viendo una red internacional bien organizada de pedófilos y delitos organizados relacionados con la industria del sexo, como ha afirmado la señora Angelilli. Por otro lado, la cooperación internacional de las autoridades responsables del cumplimiento de la ley es limitada. Resulta casi increíble que todavía falten ocho ratificaciones en el caso de Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía ; cuatro en el caso del Protocolo de Palermo, que es el documento básico para la cooperación internacional en la lucha contra la trata de seres humanos. Algo menos de la mitad de los Estados miembros no ha ratificado todavía el Convenio sobre la ciberdelincuencia del Consejo de Europa .

Hay todavía mucho por hacer en este ámbito. Por ello, es hora de enviar un mensaje fuerte y claro al Consejo para que revise su decisión marco sobre la lucha contra la explotación sexual de menores y la pornografía infantil.

 
  
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  Inger Segelström, en nombre del Grupo PSE.(SV) Señor Presidente, Comisario Barrot, SeñoríasSeñorías, me gustaría empezar dando las gracias a la señora Angelilli y a todos los demás por su muy constructiva cooperación. Con seguridad ustedes recordarán que poco estaba hecho al comienzo de esta legislatura, pero con la estrategia sobre menores de hace un año el asunto de los derechos de los niños consiguió dar un salto adelante. La decisión que tenemos que adoptar aquí ahora tiene que ver con el derecho de cualquier niño de no padecer abusos sexuales y con la lucha contra la pornografía infantil.

Por supuesto, me alegran en particular las tres propuestas cuya aprobación conseguí en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, y que ahora confío en que se mantengan mediante la votación de hoy. La primera propuesta es que se debería considerar a un menor como tal hasta que tenga 18 años de edad. Es algo muy importante para poder proteger tanto a los menores de sexo femenino como masculino frente a los delitos, los abusos y la explotación sexuales en toda la UE.

La segunda propuesta se propone la protección por parte de los Estados miembros de los menores frente al turismo sexual, para ello penalizando los delitos sexuales tanto dentro como fuera de la UE. Esto significa que aquellos que cometan delitos nunca más podrán volver a ejercer el turismo sexual y explotar a los menores más pobres y jóvenes y a la gente joven en otros países, ya que la persecución judicial y el castigo estarán esperándoles cuando regresen a su país, cualquiera el que sea dentro de la UE.

La tercera propuesta es que ahora deberíamos abordar con seriedad la cuestión de Internet y desarrollar, en colaboración con la compañías de crédito más importantes, con la ayuda de los bancos y oficinas de cambio, proveedores de servicios de Internet y motores de búsqueda y, por supuesto, con el sector de viajes y turismo, los medios técnicos para clausurar los sistemas de pago cuando el pago se haga con el fin de cometer delitos sexuales y violencia o explotación sexual de menores y jóvenes. Las mismas opiniones aparecen en todos los lugares donde la gente se esfuerza por clausurar sitios web, y estas son que los menores tienen prioridad sobre la privacidad y que hay que informar sobre el abuso a menores y jóvenes.

Con este informe, podemos ahora reflexionar y sentirnos satisfechos de haber dado aquí, en el Parlamento, el primer paso con respecto a los derechos de los menores, y de que cuando consigamos un nuevo Tratado de Lisboa sus derechos supondrán también una base legal y un objetivo en la UE, y esto no es algo adelantado a su tiempo. Gracias.

 
  
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  Alexander Alvaro, en nombre del Grupo ALDE.(DE) Señor Presidente, Señor Vicepresidente de la Comisión, me gustaría agracecer a la ponente sus esfuerzos y su iniciativa en este informe. La protección de los menores en su uso de Internet y la lucha contra la pornografía infantil son dos de los asuntos más urgentes que tenemos que tratar. Para mí es muy importante que esta decisión marco relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil ofrezca un alto nivel de protección. El abuso a menores a través de Internet solo puede tratarse como una iniciativa conjunta a nivel europeo porque Internet no está limitado por las fronteras nacionales.

Hay tres puntos en ese informe que creo que necesitan una mejora. Primero, hay que mantener un equilibrio entre la seguridad de los menores y la protección de datos. No solo debemos tener en cuenta los datos personales de los menores, sino también los datos personales de la gente y los contenidos que son relevantes para el propósito de facilitar esa protección a los menores. Es necesario establecer delitos penales para los usuarios y proveedores de pornografía infantil en Internet, si bien primero tenemos que identificar a la gente que está detrás de esas actividades horrorosas y detenerles. Solo podemos luchar con éxito contra esos abusos atacándolos de raíz. Debemos también poner el punto de mira en los individuos que ofrecen tales servicios a otros, esas espantosas actividades criminales, sacando beneficio de ello.

Junto a la penalización de los delincuentes, como se describe en el informe de la señora Angelilli, necesitamos llamar la atención de la gente que se encarga del cuidado de los niños y explica los peligros que implica el uso de Internet. Hay que concentrarse en el desarrollo de nuevos métodos tecnológicos y en el establecimiento del principio de intimidad mediante el diseño. Por añadidura, es necesario fomentar el intercambio de información y experiencias entre las diferentes autoridades de los Estados miembros. Las autoridades responsables de la protección de datos de los Estados miembros pueden intervenir como importantes intermediarios sobre este particular. Solo un planteamiento global puede resultar exitoso.

No obstante, no estoy de acuerdo con hacer de los proveedores de servicios de Internet una extensión de las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley. Sería mucho mejor solución la puesta en práctica de acuerdos que permitan a los proveedores de Internet colaborar con esas autoridades a título voluntario, como hasta ahora es el caso.

La pornografía infantil, en todas sus manifestaciones, no es ni más ni menos que un crimen contra la humanidad. Debemos poner toda nuestra energía en combatirla y asegurarnos de que los Estados miembros cooperen con nosotros y de que todos vayamos en el Parlamento en la misma dirección. Sobre esta base, los miembros del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa van a apoyar el informe de la señora Angelilli.

 
  
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  Bogusław Rogalski, en nombre del Grupo UEN. (PL) Señor Presidente, si bien los sistemas jurídicos de los Estados miembros toman medidas para castigar la explotación sexual de menores y la pornografía infantil, aún es necesario elevar el nivel de protección de nuestros niños.

Hay que poner de manifiesto que los menores que usan las nuevas tecnologías y, en especial, Internet, se encuentran en peligro de entrar en contacto con potenciales autores de delitos sexuales . En relación con el peligro existente, se debería hacer un llamamiento a los Estados miembros para bloquear el acceso a aquellos sitios de Internet que contengan pornografía infantil. Esto debería ser una obligación jurídicamente vinculante.

También hay una urgente necesidad de llevar a cabo en toda Europa una campaña de concienciación de padres y adolescentes para prevenirles de los peligros de la pornografía infantil en Internet. Igualmente es una cuestión importante el apoyo a las víctimas de este reprobable negocio y a sus familiares. A menudo se las deja sin ayuda. Es nuestra obligación proporcionar a nuestros hijos la mejor protección posible.

 
  
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  Jean Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente, querría darle las gracias a la señora Angelilli por este informe. Me hago eco de lo que nuestra colega, la señora Bauer, ha dicho en lo concerniente a la iniciativa de nuestros propios Estados miembros para firmar y ratificar algunos de los convenios y protocolos aún pendientes. Si estamos buscando un marco y planteamiento comunes, estos son puntos de referencia fundamentales que nos ayudan a emitir una señal desde los Estados miembros en el sentido de que a ellos también les preocupan estos asuntos. Creo que este es uno de los aspectos clave sobre lo que deberían hacer, y sería interesante saber por qué determinados Estados miembros no han firmado todavía los convenios y protocolos relevantes.

Manifestamos nuestra satisfacción con buena parte del informe en lo relativo a su enfoque basado en el reconocimiento de derechos, lo que me gustaría que llevase a alejarnos de la perspectiva de que aquí solo se trata de justicia penal. En realidad, de lo que se trata aquí es de la protección de los niños y jóvenes. Necesitamos esas medidas claras para apoyar a los menores que han sido víctimas, ya sea por medio de procedimientos judiciales, donde el aspecto clave es, obviamente, la búsqueda de la verdad, pero no por una vía que traumatice a los menores más de lo que ya estaban al comienzo del proceso, o mediante el trabajo colectivo en la identificación de los niños.

No obstante, la protección debe también implicar a los propios menores. Deberíamos fomentar la cultura de Internet entre los niños así como el conocimiento de los riesgos que entraña y de lo que deberían buscar en la red, de tal manera que ellos mismos sean parte activa en la lucha contra este tipo de delitos.

Esta mañana tenemos la intención de apoyar ciertas enmiendas, en particular donde consideramos que hay algunos principios que estamos alterando por nuestra cuenta y riesgo –como en la doble tipificación penal y la privacidad en determinadas profesiones–, y en uno o dos más, donde creemos que el concepto necesita una mejor definición. Con todo, estamos en general muy a favor de este informe y confiamos en que continúe avanzando.

 
  
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  Eva-Britt Svensson, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (SV) Este informe cuenta con el apoyo del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. La explotación sexual de menores y la pornografía infantil son delitos detestables cuya prevención exige la cooperación internacional. Los menores son sometidos a violencia sexual al obligárseles a figurar en contextos sexuales, fotografiados o filmados y expuestos en Internet. Tales películas e imágenes pueden verse en todo el mundo. Por ese motivo, se necesita una mejora de la cooperación internacional para detener esos actos. Sabemos que hay contactos indudables entre la trata de personas destinadas a la esclavitud sexual y la explotación sexual de menores. Naciones Unidas calcula que el 85 % de las víctimas de ese tráfico son menores de 18 años.

Desconocemos cuántos menores se compran y venden como mercancías destinadas a la explotación sexual, pero lo que sí sabemos es que son muchos, y sabemos que un solo menor afectado por esa situación ya es demasiado. Los adultos deben asumir la responsabilidad de proteger a los menores de este delito, uno de los peores que pueden padecer los niños.

En este debate no debemos olvidar que muchos de los delitos cometidos contra menores ocurren en el entorno familiar o en el núcleo de amistades de la familia. Por ello, es importante que la sociedad se asegure de que los menores cuenten con otros contactos entre los adultos, a quienes puedan acudir en busca de ayuda.

Cualquier forma de abuso sexual a menores es un delito y como tal deberían considerarlo todos los Estados miembros. Se debe castigar a cualquier persona que cometa un delito de naturaleza sexual contra menores, al margen de que haya tenido lugar en la UE o fuera de ella.

 
  
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  Johannes Blokland, en nombre del Grupo IND/DEM. – (NL) Me gustaría felicitar a la señora Angelilli por la lucidez de su informe. Resulta absolutamente obvio que se debería poner término a la explotación sexual de menores. El crecimiento explosivo de las actividades delictivas a través de Internet exige un enfoque coordinado.

Sin embargo, deberíamos ser prudentes cuando se trata de recomendar a nivel europeo condenas en detalle para este abuso. Los propios Estados miembros tendrán que hacer un gran esfuerzo para penalizar el abuso en los medios de comunicación actuales. Es necesaria una regulación de la pornografía infantil en Internet en el ámbito de la legislación penal de los Estados miembros. En consonancia con la prohibición de perseguir la profesión de cada uno, el Consejo debería comprometerse a cerrar las lagunas jurídicas para que la explotación y la transmisión a través de Internet no se desplacen a países donde no existe una legislación adecuada. Me habría gustado escuchar a la Comisión si también sería posible discutir este asunto con otros países no pertenecientes a la UE, pero el Consejo, lamentablemente, está ausente.

Además, me gustaría argumentar a favor del reforzamiento de la cooperación con Europol y Eurojust. Se debe dar prioridad a la lucha contra las redes de pornografía infantil en estas organizaciones, ya que, de hecho, ello mejora el ámbito de actuación para la adopción de iniciativas apropiadas fuera de la Unión Europea.

Si nos hemos puesto de acuerdo sobre la inconveniencia de la explotación sexual de los menores, sugiero que igualmente discutamos sobre la explotación de los adultos. Las iniciativas para reducir la prostitución en acontecimientos de masas, como campeonatos de fútbol y Juegos Olímpicos, requieren mucho más apoyo por parte de este Parlamento.

 
  
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  Roberto Fiore (NI).(IT) Señor Presidente, Señorías, Señorías, las organizaciones de pedófilos suponen una amenaza para los ciudadanos y, como tales, se las debería tratar por medio de leyes especiales y severas, como a la mafia o las organizaciones terroristas.

Es escandaloso que haya miles de personas acusadas del delito de pornografía infantil y no hayan pasado ni un solo día en la cárcel. Me gustaría recordarle a la ponente, señora Angelilli, cuyo trabajo todos nosotros hemos admirado aquí, que el año pasado hubo en su ciudad un caso conocido como «Flor de loto», que afectó a 200 niños de etnia gitana. Una vez que el caso estuvo cerrado, aquellos menores prácticamente desaparecieron; nadie sabe si de hecho regresaron a los mismos campamentos donde se produjeron los abusos.

Por ello, todos los Estados miembros deben estar alerta, hay que promulgar una legislación especial y afrontar este escándalo, esta horrible amenaza a la sociedad, con leyes especiales y extremadamente rigurosas.

 
  
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  Kinga Gál (PPE-DE). - (HU) Señor Presidente, señor Comisario, SeñoríasSeñorías, esta Cámara debate hoy un asunto que con razón indigna a la gente de buena voluntad. Condenamos el fenómeno, pero luego creemos que un trauma así solo puede afectar a los hijos de otras personas. Sin embargo, todos los menores están en peligro a medida que se multiplican las víctimas de la explotación sexual y de la pornografía infantil. Por consiguiente, tenemos que evitar tales actos empleando para ello todos los medios disponibles. Es necesario asegurarse de que las penas establecidas en los ordenamientos jurídicos nacionales se apliquen de forma efectiva y de que la práctica diaria sea reflejo de ese esfuerzo. Los Estados miembros deben hacer el máximo esfuerzo para erradicar la demanda por completo.

En especial, debemos mantenernos alerta en lo relativo al reto permanente que supone al respecto el uso de las nuevas tecnologías en línea: cámaras web, teléfonos móviles y, en particular, el uso de Internet. La introducción de tecnologías que bloqueen el acceso puede ser un modo de hacerlo, junto a la concienciación de familias y menores sobre los peligros existentes. En cualquier caso, es necesario aclarar que se trata de delitos graves, y que para detectarlos es esencial eliminar cualquier obstáculo que perjudique el intercambio fluido de registros sobre la aplicación de la legislación entre los Estados miembros, con el fin de crear bases de datos centralizadas para la información sobre los delincuentes.

Considero absolutamente esencial que los Estados miembros ratifiquen los instrumentos internacionales existentes y que sus contenidos se lleven a la práctica con efectividad. Debemos garantizar que la seguridad de los menores se convierta en un asunto central en la totalidad de los Estados miembros. El excelente informe de la señora Angelilli contribuye a ese esfuerzo, y vamos a apoyarlo también con nuestro voto. Muchas gracias.

 
  
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  Iratxe García Pérez (PSE). (ES) Señor Presidente, la explotación sexual es una situación que sufren niños y niñas en todo el mundo, habiendo una oferta de explotación sexual infantil, sobre todo en los países pobres, y una demanda de pornografía a través de Internet y de turismo sexual por parte de los países ricos.

Con esta recomendación abogamos por que se den verdaderos pasos, pidiendo la armonización europea en materia de variedad en la edad de consentimiento sexual, el endurecimiento de la penalización del abuso sexual y el refuerzo y aumento de los programas y sistemas nacionales de intervención. Por ello, debemos llamar la atención a los Estados miembros con el fin de que, al igual que lo ha hecho España, más allá de la transposición de la decisión marco del Consejo en esta materia, se desarrollen e implementen planes de acción que cuenten con la participación del movimiento asociativo, incluyendo programas de sensibilización y movilización social, sin olvidar trabajar en el aspecto de la cooperación internacional

Finalmente, me quiero unir al llamamiento que insta a los Estados miembros a firmar, ratificar y aplicar todas las convenciones internacionales relevantes para que podamos asegurar que los derechos de los menores se vean respetados.

 
  
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  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Señor Presidente, Señor Vicepresidente de la Comisión, señora Angelilli, SeñoríasSeñorías el rápido desarrollo de la tecnología de la información y comunicación ha creado una nueva vía de acceso para que los delincuentes cometan o puedan presentar sus delitos. Los delitos que son materia de discusión es ente informe ya han sido objeto de debate en varios foros mundiales y europeos.

En 2003, el Consejo de la Unión Europea aprobó una resolución marco vinculante sobre la explotación sexual de menores y el esfuerzo en la lucha contra la pornografía infantil. El contenido de esa resolución ha sido hoy ampliamente integrado en los sistemas jurídicos de los Estados miembros. No obstante, en relación con el rápido desarrollo de las tecnologías de la información, se hace necesario actualizarlo y nosotros, por supuesto, no debemos darle largas al asunto. Me alegra que la comisión tenga pronto ultimada una nueva resolución marco actualizada.

Todos los Estados miembros deben definir el concepto de «pornografía infantil» y considerar como delito la captación sexual de menores a través de Internet. Es difícil cazar a los acosadores que operan en Internet, pero no imposible. Al mismo tiempo, diversas legislaciones nacionales limitan la vigilancia. Así, no resulta posible emplear la vigilancia en el caso de delitos en segundo grado, y la protección de datos es igualmente un obstáculo.

En mi país se han dado casos, incluso recientemente, en los que ha habido menores que se han suicidado debido a las actividades de los acosadores en Internet. También ha habido casos similares en otros Estados miembros. Debemos ser capaces de proteger a nuestros menores antes de que se conviertan en víctimas. Frente a la pedofilia y la pornografía infantil en la Unión Europea debe haber una tolerancia cero. Hemos de conseguirlo.

 
  
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  Salvatore Tatarella (UEN).(IT) Señor Presidente, Señorías, la explotación sexual de menores es un problema terrible. Es una vergüenza del mundo actual y una seria señal de nuestra decadencia.

En los últimos tiempos se ha podido observar un fuerte incremento del fenómeno a causa de la expansión vertiginosa de Internet y de nuevas y sofisticadas tecnologías a las que los menores están expuestos y tienen acceso, sin límites, reglas, controles o sanciones. Todo ello se necesita ahora más urgentemente que nunca, y debe ponerse en práctica con eficacia creciente y de modo ejemplar.

El excelente informe de la señora Angelilli, sobre el que la felicito, así como las recomendaciones específicas que el Parlamento va a hacer a la Comisión muestran y proponen medidas que pueden restringir verdaderamente la expansión de la pornografía infantil, la seducción de niños con fines sexuales a menores, el turismo sexual y cualquier otra forma de abuso a menores.

Una serie de inquietantes datos recientes, incluido un estudio de la ONU sobre la violencia contra menores, son muestra de que la explotación sexual de estos aumenta muy rápido y de que, junto al tráfico de seres humanos, está convirtiéndose en una de las mayores fuentes de beneficios y en uno de los delitos de más veloz desarrollo a nivel transnacional, con un volumen de negocio anual de aproximadamente 10.000 millones de dólares.

De acuerdo a un cálculo de la Organización Mundial del Trabajo, más de 12 millones de personas son víctimas del trabajo forzado, de los cuales más de un millón padecen explotación sexual y entre el 45 % y el 50 % son menores.

 
  
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  Luca Romagnoli (NI).(IT) Señor Presidente SeñoríasSeñorías, la propuesta de recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre la lucha contra la explotación sexual de menores y la pornografía infantil en general es resultado del claro desarrollo de las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones.

Los métodos de seducción de menores con fines sexuales en línea han aumentado ciertamente, pero me gustaría aprovechar esta ocasión para denunciar también la explotación de la imagen de la mujer. En la mayoría de los países de la UE se propaga a menudo una repulsiva imagen de la feminidad, en donde el objetivo comercial se persigue no solo de forma ordinaria, sino con un verdadero desprecio hacia la dignidad de la mujer, por no mencionar el uso de la publicidad subliminal y también de la programación televisiva, sobre todo en mi país, tengo que decir.

Coincido con la ponente en que se debería actualizar la Decisión Marco 2004/68 del Consejo para aumentar el nivel de protección de los menores y para luchar mejor contra la explotación sexual en general. La ratificación del Convenio del Consejo de Europa es realmente importante, pero no debemos detenernos ahí: es necesario penalizar la seducción de menores con fines sexuales en línea y presionar para lograr una cooperación transfronteriza en este ámbito.

En mi opinión, los Estados miembros deberían estar obligados a intercambiar la información referente a condenas por abusos sexuales contenida en los registros de antecedentes penales, y creo que el sistema ECRIS de verdad supone un paso adelante en ese frente. La finalidad es evitar que aquellos que ya han cometido ciertos delitos puedan entrar en contacto con menores y así mejorar la protección de las víctimas, no solo durante las investigaciones, sino también una vez que los procedimientos penales hayan finalizado.

Me gustaría concluir destacando que las formas de explotación infantil incluyen, por desgracia, más que los abusos sexuales. Desearía ver un mayor compromiso de nuestras instituciones en todas esas otras áreas.

 
  
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  Manolis Mavrommatis (PPE-DE). - (EL) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar querría felicitar a la señora Angelilli por su excepcional trabajo sobre un asunto tan delicado que nos afecta a todos. La explotación sexual es un fenómeno que continúa conmocionando a la sociedad en los Estados miembros de la Unión Europea y en otros lugares. La pornografía infantil en Internet es un problema que se agrava cuando se piensa que entre 1997 y 2007 el número de sitios web que mostraban contenidos sobre explotación sexual de menores aumentó en un mil por cien. Un reforzamiento de la cooperación con el sector privado podría contribuir de forma efectiva a la limitación del número de sitios de pornografía infantil. Por ejemplo, podría fomentarse la colaboración con compañías de tarjetas de crédito para combatir la pornografía infantil en Internet a nivel europeo utilizando sus sistemas de pago a sitios comerciales que vendan fotografías de niños.

Además, el nuevo programa comunitario sobre protección de menores en el uso de Internet contribuirá a fomentar un entorno en línea más seguro. El Convenio del Consejo de Europa, firmado por 20 Estados miembros de la Unión Europea, es el primer documento jurídico internacional que tipifica como delito las diferentes formas de explotación sexual de menores. Con el objeto de abordar de forma eficaz este fenómeno, los Estados miembros necesitan penalizar cualquier forma de coerción ejercida sobre menores para que participen en actividades sexuales. Por último, considero muy importante tener en cuenta los registros sobre pedófilos y prohibir a estos el acceso a empleos o trabajos voluntarios en los que puedan estar en contacto directo con niños.

 
  
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  Katalin Lévai (PSE). (HU) Muchas gracias, señor Presidente, Señorías, son cerca de 40 millones de menores por debajo de los 12 años los que son víctimas de alguna forma de acto violento. A la vista de las nuevas tecnologías y, en particular, del permanente desarrollo de Internet y de los nuevos métodos en línea usados por los pedófilos, resulta de enorme importancia incrementar el nivel de protección de los menores. De acuerdo al Eurobarómetro, el 74 % de los menores de edad usan a diario Internet, y por consiguiente muchos de ellos están expuestos a contenidos violentos o pornográficos.

En beneficio de una protección efectiva, me gustaría recomendar la introducción en Europa de las llamadas guías informativas gratuitas para la familia, que ya usan ampliamente determinados proveedores europeos de Internet, y a cuya iniciativa creo que otros podrán unirse. Las guías abordan cuatro aspectos básicos de la seguridad: seguridad y comunicación, entretenimiento, descargas y violencia virtual. Además, ofrecen a las familias, de una manera divertida, orientación para un empleo seguro de Internet. Recomiendo, además, que esas guías contengan un navegador de Internet gratuito de uso fácil para los niños, que pueda servir como filtro de web y así mantener alejados a los usuarios de contenidos indeseables de la red. Debemos cerciorarnos de que nuestros menores estén seguros, no solo en Internet, sino también en las instituciones privadas. Por consiguiente, es de importancia capital que se le exija a cada persona, cuyo trabajo implique un contacto regular con menores, que informe sobre cualquier situación en la que se hayan producido abusos sexuales. Gracias.

 
  
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  Cristian Silviu Buşoi (ALDE).(RO) La explotación sexual de menores y la pornografía infantil constituyen delitos muy graves. Aunque la legislación en muchos países de la Unión Europea es lo suficientemente severa, todavía resulta imperativo tomar muchas medidas para garantizar una adecuada protección de los menores. Todos los Estados miembros deberían ratificar el Convenio del Consejo de Europa y llevar a efecto por completo la decisión marco para conseguir un planteamiento conjunto en la Unión Europea.

Habría que eliminar de Internet, en su origen, el material ilegal que incluya abusos a menores, y los proveedores deberían bloquear las páginas web. Sin duda alguna, la revisión sobre la legislación de telecomunicaciones que hoy estamos debatiendo en el Parlamento Europeo, junto con el Consejo y la Comisión, ofrece una buena oportunidad para mejorar el marco jurídico.

Se debería impedir a los autores de abusos sexuales que tengan la posibilidad de llevar a cabo actividades profesionales que impliquen contacto con niños. De hecho, las autoridades locales correspondientes deberían controlar mucho más estrechamente los centros especiales para huérfanos.

Finalmente, considero que la Comisión Europea y los Estados miembros deberían facilitar apoyo financiero y logístico para las campañas dirigidas a padres e hijos.

 
  
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  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN).(PL) Señor Presidente, estoy muy satisfecho de que el Parlamento haya retomado en serio el asunto de la lucha contra la explotación sexual de menores y la pornografía infantil. Y estoy especialmente satisfecho porque, hasta ahora, muchos grupos del ala izquierda de Europa han luchado abiertamente por una libertad sexual lo más amplia posible, sin prestar atención a las consecuencias de esta forma de proceder en relación con los menores. Ha habido intentos de constituir partidos políticos de pedófilos. Algo así debe provocar horror a cualquier ciudadano decente de la Unión Europea.

Aprovechando la oportunidad de este debate, se debería llamar la atención sobre la violación de los derechos de los menores y la explotación sexual de los hijos de los inmigrantes procedentes de fuera de Europa. El hecho de que eso sea permisible en sus países de origen es una cosa, pero cuando se encuentren en los países de la Unión Europea deben respetar rigurosamente la ley vigente o abandonar el continente. No puede haber leyes para los pueblos tradicionales de Europa y otras para los inmigrantes. Esto afecta a todos los aspectos de la vida.

 
  
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  Jaroslav Zvěřina (PPE-DE). - (CS) Señor Presidente, Señorías, estamos ante una cuestión de indudable importancia que exige la cooperación efectiva de todos los Estados miembros. Me gustaría destacar que la protección de los menores frente al abuso en la sociedad moderna se ha debilitado en muchos aspectos. Las razones que lo explican abarcan desde la creciente crisis de la institución familiar y el aumento del número de niños criados en familias monoparentales hasta la mayor movilidad de las personas y la expansión de las modernas tecnologías de la información. Por ello estoy totalmente a favor de este informe.

Creo que una educación sexual sincera es relevante para la prevención de abusos sexuales a menores, pero debería dirigirse igualmente a los padres, educadores y trabajadores sociales y sanitarios. Es muy importante que todos adquieran consciencia de tales delitos al tiempo que reconocen, en primer lugar, que desde luego existen, para así poder detectar a potenciales delincuentes y prevenir el abuso.

Me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que los autores de delitos sexuales sobre menores tienen una alta tasa de reincidencia. Hasta cierto punto, el adagio de nuestros amigos alemanes einmal ist keinmal encuentra sentido aquí. Si alguien perpetra el mismo delito dos o más veces, entonces deberíamos ser capaces de evitar que lo haga en más ocasiones. En tales casos, habría que recurrir a medidas terapéuticas y preventivas, en especial a la prohibición de que tales personas trabajen con niños o adolescentes. Dado que pueden transcurrir periodos de tiempo muy amplios entre la repetición de estos delitos, se debería conservar en los registros, a largo plazo, la información sobre la tendencia a la comisión de los mismos. Recomendaría también que se les prohibiese a quienes en el pasado hayan cometido delitos de estas características el acceso a empleos como profesores, entrenadores y supervisores de jóvenes.

Según mi experiencia, los autores de delitos sexuales contra menores intentan a menudo sortear las prohibiciones de trabajar con niños empleando diversas estratagemas, entre ellas el uso de identidades falsas o el intento de recobrar el acceso a sus víctimas. La libertad de movimientos dentro de la Unión Europea les proporciona un margen de actuación más grande para actuar así.

 
  
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  Proinsias De Rossa (PSE). - Señor Presidente, querría darle las gracias a doña Roberta Angelilli por su excelente informe.

La explotación sexual de menores es un delito contra los más vulnerables de nuestra sociedad y estoy, por ello, conmocionado por el hecho de que siete de nuestros Estados miembros de la Unión Europea no hayan suscrito todavía el Convenio del Consejo de Europa; como, de hecho, tampoco han ratificado ocho de esos Estados el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía.

El hecho es que Internet está facilitando ahora nuevas vías para esos delitos, por lo que estimo que es de nuestra incumbencia abogar por una tipificación como delito del uso de Internet con el fin de practicar la pornografía infantil y la seducción de menores con fines sexuales. No es suficiente con que los Estados aduzcan que eso es difícil de hacer. Tenemos que cooperar y coordinar nuestros esfuerzos para asegurar que sí se pueda hacer. Ciertamente, debería ser posible en todos los Estados miembros que cualquier persona que viva en la Unión Europea y haya cometido algún delito fuera de ella, sea llevada ante los tribunales de justicia.

 
  
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  Eoin Ryan (UEN). - Señor Presidente, también yo desearía felicitar a la señora Angelilli por su magnífico informe. Creo que cada uno de nosotros va a apoyar un informe así.

Como ya se ha dicho, se trata de un delito, y cualquiera que ataque o de algún modo dañe a menores debería ser tratado como un delincuente. Lamentablemente, eso es lo que está ocurriendo en Internet. La red es una poderosa herramienta, una maravillosa fuente de información para todos nosotros y algo que va a formar parte de nuestras vidas en el futuro. No obstante, también están esos al acecho de los niños y van a usar Internet en todos sus recursos para dañarles.

Unos 8 de cada 10 menores de la Unión Europea usan Internet. Creo que debemos ser especialmente cuidadosos para proteger a los menores más vulnerables de la intimidación, la seducción de niños con fines sexuales y el acoso. Necesitamos fomentar la conciencia pública y la seguridad en línea entre los menores, pero también entre los padres, para que sepan exactamente qué es lo que está pasando y lo que puede hacerse en Internet.

Creo que los Estados miembros deberían trabajar juntos para introducir una red de puntos de contacto a la que el público tenga acceso y donde pueda informar sobre contenidos y conductas ilegales y dañinas. Es importante que tanto los padres como los hijos se sientan seguros en el uso de Internet y dispongan de puntos de contacto donde informar sobre las ilegalidades. Para conseguir que los responsables de la insinuación en línea y la pornografía respondan de sus actos deberíamos tomar esto como lo que es. Es un delito y como tal debería tratarse.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE-DE).(PT) Señor Presidente, señor Barrot, Señorías: la decisión marco de 2003 buscaba reducir el déficit jurídico que había entre los Estados miembros en la lucha contra la explotación sexual de menores y la pornografía infantil. Para eso aprobó un marco común de disposiciones para regular la penalización, las sanciones aplicables y la protección y asistencia a las víctimas, entre otros aspectos. Considero lamentable que algunos Estados miembros tengan que adoptar todavía las medidas necesarias para la ejecución de esa decisión marco, a pesar de que la fecha límite para que lo hiciesen ya ha expirado.

Es esencial que todos los Estados miembros penalicen cualquier forma de abuso sexual a menores y que los ciudadanos europeos que cometan delitos de naturaleza sexual contra niños, en cualquier país dentro o fuera de la Unión Europea, estén expuestos a una legislación penal de naturaleza extraterritorial, común a toda la Unión. Es importante asegurar que los autores de tales delitos no puedan escapar de las manos de la justicia. Apoyo igualmente la revisión de la decisión marco para que garantice, al menos, el mismo nivel de protección del Convenio del Consejo de Europa de 2007. Es lamentable que algunos Estados miembros tengan todavía que firmar ese Convenio.

Es también importante reforzar esta decisión marco para dar respuesta a los más recientes desarrollos tecnológicos en el ámbito de las tecnologías de la comunicación. Los niños utilizan Internet cada vez más, y ha terminado por convertirse en una de las herramientas preferidas de los delincuentes potenciales y reales, en particular a través de la insinuación y la captación sexuales de menores con fines ilegales, a lo que se ha referido la señora Angelilli. Aprovecho la ocasión para reconocer el excelente trabajo de la ponente y el valor del informe que nos ha remitido.

Soy consciente de la complejidad y dificultad de esta lucha, pero considero que es posible enfrentarse a la explotación sexual de menores mediante una acción unitaria y un esfuerzo conjunto. El énfasis debería ponerse en la prevención, a través de campañas de concienciación dirigidas a padres e hijos, sobre los riesgos de la pornografía infantil, específicamente en Internet, y, en particular, sobre el peligro de la explotación sexual en las salas de chat y foros en línea.

 
  
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  Mieczysław Edmund Janowski (UEN).(PL) Señor Presidente, fue el poeta Zbigniew Herbert quien dijo: «Debemos aprender a decir “no” (…) El “no” es una parte muy significativa de un discurso. Es el desacuerdo con el mal». Hoy debemos decir «no» a la violación de derechos fundamentales de los menores, «no» a la violencia contra ellos y a su explotación sexual, «no» a la depravación y la pornografía en Internet y «no» al turismo sexual.

Por ello le doy las gracias a la señora Angelilli por su informe. Yo mismo he planteado este asunto muchas veces. Se necesitan medidas profilácticas y preventivas en este ámbito. Es crucial despertar la conciencia respecto a los peligros, tanto entre los menores como entre sus padres y cuidadores. Resultan imperativos una rápida detección del delito y el estricto cumplimiento de las penas. Se necesita la colaboración de los medios de comunicación. Estas medidas deben incluir al mundo entero porque en algunos países existen organizaciones que ponen en duda la penalización de las conductas sexuales con los menores. De hecho, hay incluso nociones engañosas sobre la llamada «buena pedofilia». Pero no deberíamos permanecer indiferentes a la degradación de nuestros niños o a su dolor y humillación. Ese es un reproche de nuestro tiempo.

 
  
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  Marie Panayotopoulos-Cassiotou ( PPE-DE). - (EL) Señor Vicepresidente, la recomendación que la señora Angelilli ha presentado hoy con tanta perfección y que mis colegas han apoyado va dirigida sobre todo al Consejo. No obstante, como usted ha dicho que presentaría su propia propuesta en marzo, me gustaría pedir que esa propuesta estuviese en armonía con las numerosas políticas de la Unión Europea y no se dirigiese simplemente en una sola dirección. Esa propuesta necesitará tener en cuenta la penalización, las medidas estrictas y la cooperación con Europol, cuyo convenio es el primero en mencionar la trata de seres humanos. No olvidemos que, aparte de las amenazas, la violencia, el engaño y el abuso sobre personas dependientes, en especial en el seno familiar, también tenemos la explotación a partir de campañas deliberadas, principalmente de personas en una edad en la cual no pueden reaccionar. Me refiero al fenómeno de la trata de menores abandonados que hemos visto emerger en Internet, y cuando digo Internet no aludo simplemente a la World Wide Web y las salas de chat con niños entrando desde sus dormitorios, sino a los muchos otros medios, incluyendo los móviles, que pueden usar los menores, motivo por el que hemos de tomar en consideración todos los parámetros.

Cuando hablamos de delito, también tenemos que reflexionar sobre la situación en los establecimientos correccionales y penitenciarios. Si reducimos el número de personas en esos centros, tenemos un incremento del riesgo de tales fenómenos. También es necesario atender a la necesidad de mejora en las condiciones de vida de las víctimas. Hay que proteger a estas y a sus familias dado que la violencia de los delincuentes se extiende y que sus medios son más fuertes que los medios de defensa de que disponen las víctimas, sobre todo por motivos económicos. Confío por ello en que su nueva propuesta ofrezca un nivel más alto de protección para los menores y medios de alto rendimiento.

 
  
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  Urszula Gacek (PPE-DE).(PL) Señor Presidente, el informe de la señora Angelilli va a ayudar a los padres a velar por sus hijos frente a los pedófilos que acechan en Internet. Deberíamos recordar que todo el apoyo que recibimos por medio de filtros y proveedores de servicios de control en Internet no nos exonera, como padres, de nuestra obligación de proteger y prevenir a nuestros hijos.

Vivo en un pequeño pueblo en el que toda la gente se conoce y se interesa por saber lo que ocurre a su alrededor. Cualquier extraño atrae el interés. En un pequeño pueblo del sur de Polonia, a un extraño de resultaría difícil establecer contacto con los niños sin llamar la atención, pero me atrevo a decir que precisamente en lugares tan apacibles y seguros de toda Europa como ese, mientras los padres están tranquilamente leyendo el periódico y viendo la televisión, un indeseado extraño se encuentra en el dormitorio de sus hijos y ha establecido contacto con ellos a través de Internet. ¿Estamos nosotros, los padres, indefensos? No, no lo estamos. Quizás nuestros hijos tengan más habilidad en el uso de las nuevas tecnologías. Quizás sea difícil separarles de sus ordenadores.

Queridos padres, haced algo hoy para defender a vuestros hijos. Recordadles lo que se nos enseñó, a saber: «No habléis con extraños». Se trata de un mensaje tan sencillo. En la actualidad, esos extraños no merodean fuera de la escuela con una bolsa de caramelos. Ahora entran en salas de chat de Internet en busca de sus víctimas. Y son más peligrosos porque no podemos verles cuando se deslizan sin dificultad del dormitorio de un niño al de otro. Deberíamos enseñarles a nuestros hijos que no deben hablar con extraños, y lo mismo que en Internet, darles con la puerta en las narices.

 
  
  

PRESIDE: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepresidenta

 
  
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  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Señora Presidenta, hay tal acuerdo político sobre esta materia que resulta extraño que se haya avanzado tan poco en los Estados miembros.

Que nos concentremos en Internet es, evidentemente, muy importante, pero nos da a entender que este problema es nuevo, cuando en realidad sabemos que se trata de uno viejo que estaba muy oculto. Sucedía no solo fuera de las escuelas con bolsas de caramelos, sino que pasaba en los hogares, en todos los Estados miembros, en iglesias y hospitales.

Quizás Internet haya mostrado una luz en medio de esta parte tan tenebrosa de nuestra sociedad a la que estamos aún enfrentándonos y enfrentándonos muy mal. Es muy urgente que los Estados miembros se tomen en serio sus muchas y hermosas palabras sobre la protección de los menores, de la misma manera que nosotros hemos hablado tanto en esta Cámara sobre el valor que concedemos a la protección de los niños, mientras que, de hecho, nuestros actos son a menudo mucho más débiles que las vehementes palabras que pronunciamos.

Ya he mencionado que el hogar es, a veces, el lugar más peligroso para los menores. Hace poco tuvimos un caso en Irlanda que lo pone de manifiesto. Añadiría también que los que creen que las pequeñas ciudades, donde todo el mundo se conoce, son un lugar seguro para los niños, necesitan replanteárselo. Con frecuencia, la gente cierra los ojos en las pequeñas ciudades porque no quiere hablar sobre los «rumores» que corren, y quizás sienta temor de hacerlos llegar a las autoridades.

Esto es algo en lo que debemos fijarnos y sobre lo tenemos que estar dispuestos a hablar porque el silencio provoca el aumento del abuso y causa un daño espantoso a los menores envueltos en esa situación. Apelo al gobierno irlandés para promulgar legislación en una escala amplia de medidas para proteger a los menores del abuso sexual. Creo que necesitamos fijarnos en nuestra Constitución que sitúa a la familia por delante de los derechos del niño. Pero ambos no deberían entrar en conflicto: ambos merecen protección por parte de nuestra Constitución.

 
  
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  Colm Burke (PPE-DE). - Señora Presidenta, me alegro de este debate y, en línea con la propuesta de resolución adjunta, animo a los Estados miembros a firmar y ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de los niños contra los abusos sexuales y la explotación sexual . Asimismo, insto a los Estados miembros de la UE a firmar el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía.

El Convenio del Consejo de Europa es el primer documento jurídico internacional que califica las diversas formas de abuso sexual a menores como delitos, incluyendo abusos tales como los efectuados mediante el uso de la fuerza, la coerción o las amenazas, incluso dentro de la familia. No obstante, siete Estados miembros no han firmado aún el Convenio y ocho han de ratificar todavía el Protocolo Opcional de la ONU.

Cada vez con más frecuencia, los autores potenciales y de hecho de delitos sexuales emplean Internet como medio para sus abusos a menores, en particular, a través de la seducción de niños con fines sexuales y la pornografía infantil.

Aunque admito que la legislación penal irlandesa sobre protección de menores frente al abuso y la explotación sexuales es bastante exhaustiva, instaría, pese a todo, al gobierno irlandés a presentar leyes actualizadas lo antes posible para tratar la proliferación de nuevas vías por medio de las cuales los menores pueden ser víctimas de abusos.

 
  
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  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). - (BG) El informe de la señora Angelilli es muy oportuno e importante. Vivimos en un mundo en el que los riesgos para niños y adolescentes crecen continuamente.

La explotación de menores, incluyendo en ella su explotación sexual, se encuentra entre los peores males de la sociedad. La batalla contra este fenómeno exige un gran esfuerzo común y una integración de medidas, métodos y recursos. Las medidas judiciales y punitivas son muy importantes, tales como la penalización de la explotación sexual, en especial la legislación sobre las tecnologías de Internet empleadas en contra de los intereses superiores de los menores.

Por lo demás, no podemos permitirnos ignorar el hecho de que la prevención de este fenómeno forma parte de la lucha contra él: educar a los menores y padres para evitar el contacto con este fenómeno y con las personas involucradas en él; restringir cualquier tipo de publicidad que incite a una sexualidad abierta y agresiva; que haya una mayor preocupación en diversas instituciones por los menores que son víctimas de la violencia sexual; aunar esfuerzos para evitar la trata de menores (una de los principales motivos de la trata es precisamente la explotación sexual); y crear redes de estructuras no gubernamentales y gubernamentales como contramedida.

 
  
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  Marios Matsakis (ALDE). – Señora Presidenta, es del todo inconcebible y vergonzoso que en el siglo XXI, y en relación con los delitos de tipo sexual contra menores, el nivel de cooperación entre las diversas instituciones dentro de cualquier Estado, pero también entre los propios Estados miembros, no sea el que debería ser. Felicito tanto al Comisario y a la ponente por expresarse con tanta claridad y destacar la necesidad que hay de una mejora real.

Les insto, además, a citar públicamente a los Estados miembros que tengan una legislación deficiente sobre este particular. Una medida que sugiero tomar en consideración es el establecimiento de una lista de delincuentes condenados por delitos de tipo sexual a menores, de alcance paneuropeo, o incluso mejor, internacional. Propongo que esa lista tenga un carácter permanente, sin que exista la posibilidad de eliminar el nombre de nadie, a no ser que haya una decisión judicial que revoque la condena inicial. Los delitos sexuales contra menores provocan un daño permanente a sus víctimas y deberían conllevar una identificación permanente del autor de los hechos. Ello supondrá, además, una medida adicional de castigo, pero servirá al mismo tiempo como medida preventiva.

 
  
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  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Señora Presidenta, 20 Estados miembros han firmado el Convenio del Consejo de Europa, el primer documento jurídico internacional que tipifica la explotación sexual de menores como delito.

La evolución en la ciencia y la tecnología y de las nuevas formas de comunicación, en especial de Internet y la telefonía móvil, han descubierto también una nueva vía para atraer a los menores hacia la explotación sexual y para distribuir pornografía infantil. Es esencial que se introduzcan penas para este tipo de actividad en el Derecho penal de los Estados miembros. Otra cuestión imperativa es el establecimiento de sistemas que contribuyan a evitar situaciones en las cuales resulte posible el peligro de explotación sexual de menores, tales como la educación de padres e hijos y también la localización de las organizaciones de pedófilos que estén activas en Internet.

Doy las gracias a la señora Angelilli por su importante y bien preparado informe.

 
  
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  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). (SK) Estoy de acuerdo con este proyecto de recomendación del Parlamento Europeo al Consejo. La protección de los menores debe ser siempre una prioridad en todos los países de la Unión Europea dado que los menores constituyen el grupo más vulnerable de la sociedad. La armonización legislativa sería una gran contribución a la prevención de los delitos de esta naturaleza y ayudaría a una persecución más efectiva de los autores en todos los Estados miembros. La legislación armonizada posteriormente puede evitar el turismo sexual infantil, que persiste en la Unión Europea debido a los diversos niveles de legislación.

También se necesita proteger a los menores respecto al acceso de estos a la red, donde están expuestos a todo tipo de contenidos, incluyendo los posibles abusos por parte de pedófilos y la seducción de niños con fines sexuales en Internet. Los abusos sexuales a menores y la pornografía infantil son contrarios a los códigos de derechos de los menores adoptados por la ONU y, al mismo tiempo, contravienen derechos humanos fundamentales.

 
  
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  Rovana Plumb (PSE) . – (RO) La explotación sexual de menores y la pornografía infantil son delitos muy graves que están en aumento, pero que se pueden combatir por medio de las leyes, incluyendo campañas de concienciación. Yo misma, como madre y Miembro del Parlamento Europeo de un país que se encuentra entre los principales centros de operaciones de páginas web con contenidos pornográficos, siento que los Estados miembros necesitan leyes claras que aseguren la prohibición de la pornografía infantil en Internet, al tiempo que se obliga a los proveedores de servicios de Internet a bloquear el acceso público a sitios web que ofrezcan ese tipo de imágenes.

Dado que el acceso al material pornográfico y su distribución no están sujetos al control del tiempo y del espacio, celebro la oportuna sugerencia de establecer a nivel europeo una unidad separada para combatir la pornografía y la prostitución infantiles, y propongo que los Estados miembros y la Comisión aporten apoyo financiero para las campañas de información y concienciación.

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Señora Presidenta, me satisface este informe, pero con dos reservas. Primero, no creo que sea efectivo perseguir penalmente a los padres que presionan a sus hijos para aceptar matrimonios forzosos. Desde un punto de vista realista, es imposible demostrarlo en el entorno familiar, en el que también hay un derecho excepcional a guardar silencio. En segundo lugar, habría que elaborar más en detalle la disposición sobre la anulación de la confidencialidad profesional. Al margen de estar dos reservas, insto a los Estados miembros, al Consejo y a la Comisión, incluyendo a la Presidencia checa, a actualizar urgentemente la legislación nacional y europea relevante y a ratificar los acuerdos internacionales para una lucha efectiva contra la pedofilia. Hay que crear cuanto antes una base de datos de pedófilos de alcance europeo para evitar que esas personas puedan encontrar empleo en el sector educativo o en servicios a menores en otros Estados miembros. También habría que armonizar la edad límite para la comisión de delitos con motivación sexual. Me gustaría destacar que los Estados miembros necesitan financiar el desarrollo y la expansión de programas que ayuden a los padres a proteger a sus hijos de la seducción de niños con fines sexuales en Internet.

 
  
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  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. - FR) Señora Presidenta, creo que este debate ha mostrado el compromiso unánime del Parlamento Europeo en la protección de los menores.

Trato de ser lo más claro posible. Desearía observar que vamos a revisar la decisión marco que aborda la protección de los menores. Queremos mejorar su contenido para llevar esa protección en la Unión Europea hasta los estándares más altos a nivel internacional, en especial el Convenio del Consejo de Europa de 2007, y las mejores prácticas nacionales.

En lo referente a la investigación criminal, la propuesta legislativa incluirá nuevos tipos delictivos para enfrentarse a las nuevas formas de abuso que posibilitan las nuevas tecnologías. Resultará más sencillo llevar a cabo las investigaciones y presentar los cargos. Nada más voy a a añadir sobre esto. En cuanto a la ayuda a las víctimas, vamos a facilitarles el acceso a la justicia.

Por añadidura, y en especial, vamos a organizar la prevención tratando a los delincuentes mediante un diagnóstico individualizado y una valoración de riesgos para cada uno de ellos. Además, intentaremos evitar y minimizar los riesgos de reincidencia en los delitos e introduciremos medidas para asegurar una efectividad óptima de los mecanismos de seguridad en toda la Unión. En este sentido, el sistema ECRIS, que va a permitir la interrelación de los registros de antecedentes penales, va a ser muy valioso.

Se me han planteado también preguntas sobre la extraterritorialidad. Vamos a aprovechar la oportunidad para sugerir medidas más restrictivas a este nivel para perseguir los delitos de explotación sexual cometidos en terceros países por ciudadanos de países de la UE, incluso si el tercer país en el que se ha perpetrado el delito es incapaz de hacerlo.

Esa es la línea de actuación actual. Obviamente, señora Angelilli, vamos a seguir todas las recomendaciones de su informe con el mayor cuidado a medida que desarrollemos la directiva marco.

Señora Presidenta, Señorías, me gustaría decirle al Parlamento que no es suficiente con tener un buen marco legislativo. También se necesitan mecanismos. Por ese motivo, estamos intentando constituir una plataforma a nivel europeo, alrededor de Europol, que pueda usarse para reunir información de los diferentes Estados miembros y distribuir informes y estadísticas de las diversas plataformas nacionales. Varios países de la UE disponen de esas plataformas, pero ahora existe la necesidad, a nivel europeo, de asegurar que cualquier persona pueda conocer toda esa información. En este asunto, la Unión Europea puede ofrecer un valor añadido, siempre que tengamos éxito en la creación de esa plataforma alrededor de Europol.

Me gustaría también decir que contamos con una herramienta más en la que tengo mucha fe, a saber, el grupo no oficial público-privado creado por la Comisión que ha organizado una coalición financiera europea contra las imágenes comerciales de pornografía infantil. A la vista de la cuadruplicación del número de sitos entre 2003 y 2007, tenemos que implicar al sector privado, ya que este controla una gran parte de las infraestructuras de las tecnologías de la información. En particular, hay que movilizar a los proveedores del acceso. Eso es fundamental.

La coalición reunirá a todos los participantes, organizaciones no gubernamentales, bancos, empresas de expedición de tarjetas de crédito, organizaciones de pagos en línea, proveedores de servicios de Internet y otros operadores privados con presencia en la red. Empezará localizando y confiscando los beneficios que se obtengan de las actividades delictivas. Esto es un factor clave para poner término a una serie de prácticas comerciales que están explotando la pornografía infantil.

Esa es, en resumen, mi respuesta, señora Presidenta, pero ya tendremos la ocasión de retomar este asunto fundamental. Añadiría que la última semana vivimos un agradable día de protección de datos. Se vio a jóvenes enviándose mutuamente importantes advertencias sobre la prudencia en el uso de Internet.

Ustedes son conscientes de que ahora existe un número creciente de mecanismos de control a los que las familias pueden recurrir para hacer que sus hijos usen Internet con más seguridad. No estoy diciendo que las cosas sean perfectas, pero se está haciendo un esfuerzo importante y, por supuesto, es necesario movilizar al conjunto de la comunidad de usuarios de Internet.

Deseo insistir en el concepto de «alertas de secuestro» porque no ha sido materia de muchas intervenciones. Para el Parlamento es realmente importante animar a los Estados miembros, tal como hizo en su declaración del 2 de septiembre de 2008, a dotarse de sistemas de alerta y concluir acuerdos de cooperación para alcanzar mecanismos de activación transfronterizos.

Además, ustedes han creado con gran generosidad una línea de crédito para animar a los Estados miembros a la creación de esos mecanismos, o, al menos, a establecer vínculos entre ellos para ocuparse de las «alertas de secuestro». Sabemos que una «alerta de secuestro» puede ser muy efectiva si se activa rápido. Ahora, ante el Parlamento Europeo, me gustaría poner énfasis en el horror que supone el secuestro de un niño, con frecuencia llevado a cabo con el propósito de la pornografía.

Una vez más, me gustaría agradecer al Parlamento Europeo su apoyo en el esfuerzo de proteger a los niños. Añadiría también que he tomado nota de las intervenciones sobre la protección de datos durante los procedimientos judiciales relativos a menores. Ya no puedo extenderme más, pero destacaría que en marzo intentaremos dotar a la Unión Europea de un marco legal ejemplar, en consonancia con los parámetros más estrictos de protección infantil.

 
  
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  Roberta Angelilli, ponente. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, querría darles las gracias de nuevo a mis colegas por sus reflexiones y el apoyo mostrado durante este debate y, en definitiva, hacer extensivo mi agradecimiento a la Comisión Europea por su activa colaboración. Tengo contraída con el señor Barrot una especial deuda de gratitud, ya que incluso esta mañana ha demostrado una voluntad política y legislativa muy fuerte en lo concerniente a la protección de los menores. Realmente, nos ha dado mucha materia de reflexión y, por encima de todo, compromiso práctico.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para comentar un par de aspectos adicionales. En primer lugar, faltan datos. Con demasiada frecuencia, carecemos de datos suficientes, de estadísticas, que son indispensables como fundamento de nuestro trabajo en un mejor control, una mejor comprensión y, desde luego, una lucha mejor contra los abusos a menores. La carencia de esos datos... cómo podría expresarlo..., es un asunto recurrente, pero que creo que es importante destacar, ya que constituye un déficit que tenemos que corregir.

En lo que atañe a la protección de datos, algunos colegas han planteado ese tema y el Comisario ya les ha dado una respuesta muy concreta. Me gustaría poner de manifiesto que tengo muy presente este asunto y que no creo que exista un conflicto entre la privacidad y los derechos de los menores, si, por supuesto, las instituciones cumplen con su papel y todos respetan las reglas, desde los proveedores hasta la policía.

Además, querría señalar que los menores son, de hecho, las personas con la necesidad más grande de intimidad y protección de datos. El señor Barrot también lo ha mencionado: a menudo, durante los procedimientos judiciales, cuando explota un escándalo en el que la víctima es por desgracia un menor, es justamente ese menor explotado el que se convierte en pasto de los medios de comunicación, sin la menor forma de protección, y diría sin la menor compasión hacia su imagen o su esfera privada, y ello solo para incrementar las cuotas de pantalla y vender unos cuantos periódicos más. Me gustaría añadir que ningún menor está libre de esos peligros; los niños sin compañía y los de etnia gitana son, a menudo, incluso más vulnerables.

Señora Presidenta, concluiré diciendo que se necesita claramente un esfuerzo considerable a nivel cultural y político, y ese esfuerzo corresponde de forma conjunta a las familias, las escuelas y los medios de comunicación. Puede hacerse mucho en términos de autorregulación, pero sin instrumentos vinculantes y legislativos importantes no podemos luchar contra los casos de explotación detrás de los cuales no solo hay individuos aislados, sino frecuentemente auténticas organizaciones criminales.

 
  
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  Presidenta. – Se cierra el debate.

La votación se celebrará hoy.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

 
  
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  Corina Creţu (PSE), por escrito.(RO) Una de las características del abuso sexual a menores ha sido su rápida expansión gracias a Internet, haciéndolo mucho más difícil de combatir. El bloqueo del acceso a páginas web que propaguen contenidos pornográficos infantiles debe convertirse en una obligación legal. Ciertamente, la seducción de menores con fines sexuales debe considerarse un delito.

Necesitamos hacernos mucho más conscientes del riesgo de las nuevas tecnologías en manos de pedófilos, en un tiempo en el que los menores tienden a usar Internet cada vez más. No podemos sino preocuparnos por la laguna que existe entre las generaciones respecto al uso de Internet y, por extensión, por la cuestión del control del acceso de los menores a sitios web que supongan un alto riesgo.

Es extremadamente importante establecer comunicación entre la escuela y la familia para educar a los menores sobre cómo identificar las situaciones de riesgo y reaccionar. Esa es la razón por la que la información específica y los programas educativos son útiles, por no mencionar una estrategia europea para luchar contra los abusos sexuales y una cooperación más activa entre los Estados miembros. Todo ello con el fin de establecer una red policial transnacional para abordar la pornografía y la prostitución infantiles, así como una red para el control de una base de datos con los detalles de las personas condenadas por tales actos.

Desde el punto de vista de la cooperación europea, es lamentable que el proceso de ratificación del Convenio del Consejo de Europa de 2007 haya sido tan lento.

 
  
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  Louis Grech (PSE), por escrito. – Este informe reconoce que la violación de la dignidad de un menor es una grave violación de los derechos humanos, así como un acto despreciable que, por desgracia, no se aborda de forma uniforme en toda la UE. Es preocupante que algunos Estados miembros no hayan llevado a la práctica todos los convenios internacionales sobre protección de menores. Apelo a la Comisión a emplear todos los recursos a su disposición para presionar a esos Estados para hacerlo.

Para luchar contra la pornografía infantil, la UE debería imponer una legislación rigurosa, pero también asumir proyectos educativos para informar a la gente sobre este asunto. Se debería fomentar entre los padres el empleo de los medios técnicos ya existentes para proteger a los menores, es especial el de las herramientas de software, de fácil uso y disponibles de forma gratuita o a bajo coste.

Las fáciles barreras de entrada y el mínimo riesgo permiten a las organizaciones criminales un acceso muy sencillo al ciberespacio. Para afrontar esta nueva amenaza necesitamos armonizar la legislación, impulsar el cumplimento de la ley y fortalecer la cooperación del trabajo policial. Además, la legislación de la UE solo solucionaría parcialmente el problema ya que este tiene una dimensión internacional y requiere, por tanto, un marco global para lograr el cumplimiento de la ley. En ese sentido, insto a la UE a asumir la iniciativa.

 
  
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  Tunne Kelam (PPE-DE), por escrito. – La explotación infantil es inaceptable en cualquier sentido. Como parte del futuro de nuestra sociedad, los niños son, al mismo tiempo, el grupo más vulnerable de ella. Por consiguiente, es obligación prioritaria de los políticos protegerles frente a cualquier forma de abuso y, en particular, preservarles del riesgo del abuso sexual.

Nos alegramos de este informe exhaustivo que hace un llamamiento a los Estados miembros para afrontar con la máxima seriedad el problema en cuestión.

Apoyo la apelación a los siete Estados miembros que aún no han firmado el Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de los niños contra los abusos sexuales y la explotación sexual. Además, me adhiero al llamamiento a todos los Estados miembros para firmar, ratificar y aplicar todos los convenios internacionales relevantes sobre protección de menores.

Empero, la firma y ratificación de convenios implica solo la disposición de un marco para la mejora. Se necesitan actuaciones prácticas a causa del evidente incremento de la explotación sexual de menores. Los niños necesitan crecer en un entorno seguro, del cual los padres son los primeros responsables. A la vez que instamos a los Estados miembros a coordinar sus actuaciones, también apoyo la idea de establecer el Sistema de Alerta de Niños Desaparecidos, que mejoraría la cooperación en esta materia a nivel europeo.

 
  
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  Marianne Mikko (PSE), por escrito.(ET) Los niños necesitan de nuestro cuidado y protección como legisladores. Es muy importante que siete Estados miembros y países aledaños firmen el Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de los niños contra los abusos sexuales y la explotación sexual. También es importante la puesta en práctica de la resolución marco del Consejo.

Es necesario garantizar una protección plena a aquellos que han sufrido abusos a edad temprana durante la fase de investigación y antes y después del procedimiento judicial. Hay que llevar a la práctica de inmediato los mecanismos de protección de las víctimas, entre ellos la prestación de la asistencia apropiada a las familias de las víctimas y el trato de estas como personas especialmente indefensas.

Debemos aumentar el nivel de protección. Los que está ocurriendo en Internet ha sobrepasado todos los límites. Los menores son con frecuencia incapaces de comprender la seriedad y las consecuencias de una situación así. Lo que a menudo parece ser un juego puede conducir a un daño psicológico para toda la vida.

Así, tenemos que expulsar a los pedófilos de las salas de chat y de los foros de Internet y penalizar como delito la captación sexual por medio de esos métodos. Es necesario hacerlo.

Es obligación nuestra salvaguardar a nuestros menores de un mundo que puede destruirles. Debemos mantener a los delincuentes sexuales lejos de los niños, y para conseguirlo tenemos que dar todos los pasos necesarios.

 
  
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  Katrin Saks (PSE), por escrito.(ET) Estonia es uno de los países en los cuales está en marcha el proceso de endurecimiento de penas contra las personas que hayan cometido delitos contra menores. Sin embargo, esto es una lucha contra las consecuencias.

Pero para prevenir los delitos tenemos que fomentar la «cultura de Internet», lo que también tiene que incluir la educación de los profesores sobre los riesgos. Por desgracia, el mundo de la informática es precisamente el ámbito en el que los padres han sido incapaces de actuar como guías de sus hijos.

Para evitar los delitos hay que aumentar la concienciación. El estudio del Eurobarómetro de 2008 señala que un porcentaje respetable de padres no presta atención a lo que sus hijos hacen en Internet. Yo, por ejemplo, represento a un país donde el uso de Internet está entre los más altos de Europa, pero el desentendimiento de los padres es igualmente de los más elevados de Europa. El 60 % de ellos no se preocupa de que su hijos puedan ser víctimas del acoso; a un 47 % no le preocupa que sus hijos puedan ver material pornográfico o violento; y el 62 % de ellos no manifiesta preocupación por el hecho de que sus hijos puedan divulgar datos personales.

Es muy importante que los padres sean informados y que los programas de concienciación de los menores se presenten en Internet, ya que solo el 10 % de los menores (estonios) asegura haberse acercado a sus padres en busca de ayuda en relación con incidentes desagradables vividos en Internet.

 

5. Sanciones aplicables a los empresarios de residentes ilegales nacionales de terceros países (debate)
Vídeo de las intervenciones
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  Presidenta. - De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de Claudio Fava sobre sanciones aplicables a los empresarios de residentes ilegales nacionales de terceros países (A6-0026/2009).

 
  
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  Claudio Fava, ponente.(IT) Señora Presidenta, Señorías, cuatro minutos serán suficientes para facilitarles un resumen del trabajo de dos años, un trabajo que ha sido duro, pero confío en que útil, y que ha involucrado al Parlamento junto a la Comisión, con su propuesta, y al Consejo. La esencia de este trabajo ha sido la preparación de una directiva que, por vez primera, establece sanciones para empresarios que se aprovechen del trabajo de los inmigrantes ilegales.

Creo que hemos logrado cambiar la filosofía detrás de esa directiva, que había sido constreñida únicamente a la lucha contra la inmigración ilegal. El texto de compromiso acordado con el Consejo proporciona también alguna protección a los inmigrantes forzados a trabajar de forma ilegal, quienes son, con frecuencia, rehenes de organizaciones criminales. De otro modo, señora Presidenta, habría existido el riesgo de castigarles doblemente, por un lado en su faceta de trabajadores explotados, obligados a menudo a aceptar condiciones laborales indignas, y como inmigrantes ilegales, que han de ser repatriados, lo que con la prohibición de repatriación en muchos países significa años y años.

En este contexto, en los artículos 7 y 14 hemos previsto que en los casos en los que haya menores involucrados, explotación grave o tráfico de personas, los Estados miembros estarán obligados a establecer normas para la expedición de permisos de residencia temporales, cuya duración puede prolongarse hasta que se haya pagado la remuneración que se debía. Nos habría gustado hacer extensiva esta posibilidad a todos los inmigrantes ilegales, pero eso lo impide la Directiva sobre el retorno adoptada el pasado año. Yo no estuve entre los que la apoyaron.

Sin embargo, hemos conseguido introducir una norma que permite a los Estados miembros aplicar las medidas más favorables para los inmigrantes en relación con la expedición de permisos de residencia. El artículo 10 es, a mi entender, el artículo clave. Por primera vez, prevé la imposición de sanciones penales en los peores casos, incluyendo aquellos en los que los trabajadores regulares sean menores de edad.

Creo que las sanciones adicionales establecidas en el artículo 8 son importantes. Incluyen la retirada de licencias, el cierre de establecimientos en casos especialmente graves y la exclusión de las ayudas estatales procedentes de los fondos europeos. De otro modo, seríamos culpables de una extraordinaria hipocresía: castigaríamos a los empresarios con una mano, mientras que con la otra les entregaríamos generosos subsidios.

Considero fundamental que hayamos tenido éxito en incluir una definición de remuneración que equipara el salario que se debe a un inmigrante ilegal con el de un trabajador regular, sin ninguna discriminación.

Hemos incluido a las agencias de trabajo temporal en el ámbito de la directiva. En algunos países en particular, entre ellos el mío, son estas las organizaciones que están más dispuestas a reclutar a trabajadores ilegales bajo los peores tipos de condiciones de explotación. Basta solo con pensar en los casos en los que se ha contratado a trabajadores agrícolas ilegales, lo que durante mucho tiempo ha llenado las páginas de sucesos.

Hemos logrado que los sindicatos puedan representar a los inmigrantes en las causas administrativas y civiles. El texto previamente mencionaba las terceras partes en general, pero ahora menciona a los sindicatos.

Necesitamos un periodo de rodaje para ver cómo funciona, y por ello hemos solicitado a la Comisión que informe al Parlamento y al Consejo, una vez que la directiva haya estado en vigor durante tres años, en concreto sobre las normas de inspección, los permisos de residencia, las sanciones y la subcontratación.

En materia de subcontratación, artículo 9, que fue objeto de discusión entre el Parlamento y el Consejo, y dentro del mismo Consejo, a este ponente le habría gustado ampliar la responsabilidad al conjunto de la cadena de contratación, tal y como la Comisión había propuesto originalmente. El Consejo y el Parlamento, o más bien parte del Parlamento, apostaban por la exclusión íntegra de la subcontratación, pero hemos alcanzado una solución de compromiso que me parece factible: doble responsabilidad, lo que no debería impedirnos legislar de nuevo en esta materia en el futuro. Ese es el motivo por el cual, por mi parte y en nombre de los ponentes alternativos, a quienes doy las gracias por la colaboración que me han prestado durante estos dos años, solicitaré mañana al Consejo que añada una declaración al texto de compromiso que vamos a votar, al efecto de que las disposiciones de este artículo 9 no prejuzguen ningún tipo de acción legislativa futura sobre subcontratación.

En conclusión, señora Presidenta, estimo que esta directiva nos permite vislumbrar una Europa en la que la cuestión de la inmigración ilegal se ha convertido finalmente en un asunto de responsabilidad colectiva y de derechos reconocidos, y no solo de normas contra inmigrantes.

 
  
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  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. - (FR) Señora Presidenta, por supuesto me gustaría darles las gracias al señor Fava y a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.

Se han hecho grandes esfuerzos a cargo de varios partidos para alcanzar un acuerdo en primera lectura y, dada las amplias mayorías a favor de esto en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de hace algunos días y en el Comité de Representantes Permanentes justo antes de Navidades, creo que vamos a lograrlo.

Desde luego, este texto no satisface las ambiciones iniciales en todos los sentidos. Sin embargo, la Comisión puede apoyar este compromiso sin dudarlo. La directiva nos permite la introducción de un instrumento efectivo, un marco común para desincentivar el empleo de trabajadores de terceros países con residencia irregular.

La Comisión va a permanecer alerta respecto a las inspecciones. El texto de compromiso recomienda inspecciones de más calidad y con objetivos mejor definidos. Así que en los próximos años se verá si se han empleado esos criterios cualitativos y si ha sido realmente efectiva la obligación de los Estados miembros de identificar con regularidad los sectores de riesgo para el trabajo clandestino en su territorio. Eso es lo que queremos con la finalidad de combatir el empleo de gente de terceros países con residencia ilegal y, por encima de todo, de imponer sanciones a los empresarios que se beneficien de esa gente. Por consiguiente, el examen de la puesta en práctica de las disposiciones referentes a las inspecciones va a ser una prioridad para la Comisión en sus informes futuros en aplicación de esta directiva.

Además, hay, por supuesto, resultados positivos como consecuencia de este compromiso, en particular el consenso alcanzado sobre el difícil asunto de la subcontratación. He tomado nota de que el señor Fava espera una declaración del Consejo y del Parlamento. Personalmente, no veo ningún tipo de inconveniente.

La Comisión se alegra de que la directiva recomiende sanciones penales para los casos especialmente graves, para los que esas penas son tanto necesarias como apropiadas. Son necesarias para fortalecer el factor disuasivo ya que, en los casos más graves, las sanciones administrativas no son suficientes para desalentar a los empresarios sin escrúpulos. Y son apropiadas en un instrumento cuya intención es estar a la altura de la ambiciosa política europea de lucha contra la inmigración ilegal. En este contexto, la Comisión valora el hecho de que se haya reintroducido en el texto del compromiso final la penalización de los empresarios de víctimas de la trata.

Señora Presidenta, Señorías, esta directiva es un primer paso significativo en la lucha contra la inmigración ilegal. Pone su punto de mira en las prácticas de patronos sin escrúpulos mientras protege a los trabajadores inmigrantes, quienes, con mayor frecuencia, son las víctimas de tales casos.

Se debería adoptar y aplicar esta directiva con celeridad. La Comisión va a apoyar y acompañar este proceso convocando encuentros regulares de expertos de los Estados miembros durante la fase de incorporación para debatir cualquier cuestión que pueda plantearse. Se trata de una herramienta importante y la Comisión va a hacer todo lo que sea necesario para asegurar que se use con efectividad.

Expreso mi agradecimiento al Parlamento, al señor Fava y a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior .

 
  
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  Edit Bauer, ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. (SK) Se espera que la legislación contra empresarios que empleen a inmigrantes ilegales de terceros países se convierta en un instrumento para reducir el pool factor de la inmigración ilegal. Sin embargo, por otro lado, también se puede ver su posible efecto en la mejora de las condiciones para la competencia, y yo también creo que ayudará a combatir la trata de seres humanos.

Hay un punto de vista según el cual esta legislación no aportará ningún valor añadido. Como no existe todavía a nivel comunitario ningún instrumento legislativo así, el valor añadido es alto para algunos Estados miembros, mientras que para otros, allí donde existe tal legislación, el valor añadido puede no ser evidente.

En las discusiones sobre posibles compromisos con la Comisión y el Consejo, estas se centraron en áreas específicas de conflicto. Primero: el asunto de la responsabilidad del contratista respecto a las obligaciones legales frente a los subcontratistas, donde el proyecto de propuesta limita la responsabilidad de las acciones de subcontratistas directos. Segundo: los medios para asegurar procedimientos efectivos por medio de los cuales se les pueda pagar a los inmigrantes ilegales los salarios pendientes, donde perseguimos el principio de no discriminación y buscamos una vía para facilitar la ayuda disponible a los inmigrantes ilegales y dotarles de instrumentos para recibir los salarios, incluso después de su regreso a sus países de origen. Tercero: el posible efecto de posponer la ejecución del regreso de un inmigrante ilegal hasta que esa persona perciba su salario. Aquí yo diría que ese retraso en la ejecución de una decisión así socavaría considerablemente, y posiblemente negaría el propósito de la legislación propuesta. Y, finalmente, el problema de las inspecciones se ha delegado en los Estados miembros tomando en cuenta que los inspectores de trabajo desempeñan un papel vital en la efectividad de la legislación.

No cabe duda de que hay diversas opiniones sobre cómo solucionar este o aquel problema en este proyecto. Algunas de ellas se decidirán cuando se ponga en práctica. Me gustaría terminar dando las gracias al señor Fava, al señor Comisario y a la Presidencia francesa por haber incorporado con éxito los compromisos.

 
  
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  Esther de Lange, ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. - (NL) También yo querría agradecer al ponente su trabajo, sin por ello pasar por alto los esfuerzos del ponente alternativo del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, el señor Busuttil, y de la ponente de asuntos sociales, la señora Edit Bauer. Después de todo, es gracias a sus esfuerzos que el compromiso alcanzado al final consigue lo que se espera de él, es decir, alejar la perspectiva del trabajo como incentivo para la inmigración ilegal al sancionar de hecho a los trabajadores que se encuentran en la Unión Europea en situación ilegal.

Por oposición a lo que algunos partidos han intentado alcanzar en primera instancia en este Parlamento, esta legislación no se ha convertido en un instrumento para legalizar posteriormente a inmigrantes ilegales. Ciertamente, el debate sobre la inmigración legal se desarrolla en otro lugar. Como ponente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género creo, no obstante, que se debería reflexionar más sobre cuestiones de género cuando se trate con este grupo de personas que residen en la Unión Europea ilegalmente y, como ya se ha afirmado, son con frecuencia víctimas de explotación.

Los cálculos sobre el número de personas de terceros países que se encuentran de forma irregular en la Unión Europea no son precisos y oscilan entre los 4,5 y los 8 millones. Además, esas estimaciones no facilitan información sobre la proporción de hombres y mujeres del total, ni tampoco dan una percepción respecto a los problemas específicos de género a los que se enfrentan las mujeres inmigrantes. Me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que las mujeres inmigrantes son muy vulnerables y, con frecuencia, las víctimas del trabajo forzoso, la trata de seres humanos y la violencia. Por ello, este asunto exige una formación específica dentro de los organismos que se ocupan de tales cuestiones.

Como siempre, de lo que se trata aquí es del control efectivo. Me alegro de que el nivel de control arbitrario del 10 %, sugerido inicialmente, se haya descartado ahora y se haya incorporado un enfoque de riesgo en el texto de compromiso. Los reportajes publicados en el diario belga De Standaard el pasado verano sobre esclavos domésticos en ciertas embajadas en Bruselas, a solo un tiro de piedra del edificio Berlaymont, demuestran que esos escenarios no son descabellados. Por ese motivo, me gustaría decirle a la Comisión Europea que el movimiento se demuestra andando. Asuma su responsabilidad para verificar críticamente cómo se ocupan los países de esta legislación y si la aplican de forma efectiva.

 
  
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  Simon Busuttil, en nombre del Grupo del PPE-DE. (MT) Esta ley, señora Presidenta, es probablemente una de las primeras que aborda directamente el fenómeno de la inmigración ilegal usando instrumentos legislativos, y ahora podemos decir que por fin ha llegado esta ley. Era muy necesaria y, por ello, me alegro profundamente de que hayamos conseguido alcanzar un excelente compromiso en ella. Pero, ¿qué es lo que hemos alcanzado exactamente por medio de esta norma? Lo que hemos hecho es atacar uno de los motivos principales que impulsa a la gente a recurrir a la inmigración ilegal. ¿A qué tipo de incentivo estamos refiriéndonos? Al de una persona que, por ejemplo, vive en África y podría arriesgar su vida para desplazarse a otro país pensando que allí puede encontrar trabajo, incluso ilegalmente. A partir de ahora, estamos emitiendo el mensaje evidente de que no se va a tolerar más la emigración ilegal, y de que por ello ya no tiene sentido hacer la travesía hacia Europa creyendo por error que es posible encontrar empleo aquí. A fecha de hoy, eso va a ser absolutamente imposible. Como la anterior ponente ha dicho, es importante que este instrumento no se emplee para regularizar las situaciones irregulares, sino que debería servir como mensaje claro de que no puede tolerarse más el empleo ilegal. Eso está haciéndose cumplir a través de medidas y sanciones efectivas: financieras, administrativas e incluso penales, que también sirven para enviar a los patronos el mensaje inequívoco de que no vamos a tolerar más la contratación de trabajadores sin permiso. Gracias.

 
  
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  Stavros Lambrinidis, en nombre del Grupo PSE.(EL) Señora Presidenta, hemos logrado aquí, en el Parlamento Europeo, cambiar radicalmente el objetivo de la directiva que estamos debatiendo hoy. El señor Claudio Fava merece nuestro reconocimiento sobre este asunto. En primer lugar, hemos conseguido alcanzar prestaciones para el pago obligatorio de los salarios pendientes de todos los inmigrantes ilegales deportados. En segundo lugar, hemos contribuido a asegurar el establecimiento de sanciones penales estrictas y vinculantes para los empresarios de inmigrantes que trabajen en condiciones de vida inaceptables. En tercer lugar, hemos salvaguardado el derecho de los sindicatos y otros organismos a dirigirse a los tribunales en nombre de los inmigrantes y, en cuarto lugar, hemos impuesto el derecho a conceder permisos de residencia de corta o larga duración a inmigrantes ilegales que denuncien a organizaciones delictivas. En otras palabras, por fin estamos tratando a los inmigrantes ilegales como a seres humanos, sin legalizar por ello la inmigración ilegal, y por ese motivo apoyamos este compromiso.

No obstante, existe todavía en numerosos Estados miembros un desequilibrio peligroso entre el enfoque policial continuado sobre la inmigración ilegal y la realidad. Por esa razón, la aplicación de la directiva va a requerir una especial atención. Podría llevar a miles de inmigrantes ilegales a la pobreza, la creación de guetos y la delincuencia y, aunque manifiestamente no podamos o vayamos a deportarles, esos inmigrantes ilegales pueden seguir sin empleo. Si de hecho numerosos inmigrantes ilegales ocupan en la actualidad empleos que los europeos no quieren, deberíamos estar ahora debatiendo en esta Cámara sobre las normas comunes relativas a la inmigración legal hacia Europa y la legalización de esas personas, y no las normas sobre cómo deportarlas.

Por último, la lucha absolutamente necesaria contra el mercado negro de trabajo no solo concierne, obviamente, a los inmigrantes ilegales; afecta principalmente a los inmigrantes legales, a millones de ciudadanos europeos, cuyos derechos laborales son pisoteados por sus patronos a diario, afecta al hecho de que las leyes laborales también son pisoteadas, sin que haya ningún control fáctico o sanciones materiales. Por ello, la directiva que hoy discutimos debería tener como base legal, en mi opinión, la lucha contra el trabajo clandestino en Europa, no contra la inmigración en particular. Ese acoso a los inmigrantes, cada vez que algo marcha mal en Europa, es muy peligroso para la cohesión social en nuestros países. Resulta obvio que también es necesario luchar contra la inmigración ilegal, pero no debemos satanizar a la gente que huye de condiciones de vida miserables en sus países de origen con la esperanza de una vida mejor.

 
  
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  Jeanine Hennis-Plasschaert, en nombre del Grupo ALDE. – (NL) Durante años la Unión Europea ha tenido que vérselas con la presencia de millones de inmigrantes ilegales en su territorio, y que la presión para encontrar una solución a este problema va en aumento. Esa presión es considerable y, francamente, con toda razón. Y es que si deseamos adoptar una política migratoria manejable y fiable, que conceda derechos de protección a los refugiados y en la que podamos crear oportunidades transparentes para la inmigración legal, entonces necesitamos un enfoque que tome debida cuenta de todos los factores que estimulan y desalientan la inmigración ilegal.

El pasado verano, el Consejo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo que se conoce como la Directiva sobre el retorno, que básicamente se centra en los propios inmigrantes ilegales, mientras que hoy dirigimos nuestra atención a los empresarios que no dudan en contratar a inmigrantes ilegales. Eso no es solo un aliciente significativo para los inmigrantes ilegales, sino que también crea casos inequívocos de abuso y explotación masiva.

A mi entender, no hay discusión posible sobre la importancia de una política europea armonizada. Después de todo, cuando ya no existen fronteras interiores el Estado miembro A podría estar preocupándose tontamente, ya que si el Estado miembro B, en el mejor de los casos, apenas aborda el asunto del empleo de los inmigrantes ilegales, entonces el clamor del Estado miembro A no será más que una voz en el desierto.

Después de un arranque bastante lento y tras unas intensas negociaciones con el Consejo, ahora tenemos delante de nosotros un compromiso que me resulta aceptable, y me gustaría darle las gracias al ponente por su modo constructivo y pragmático de trabajar. Ha sido como una bocanada de aire fresco lo cual, de hecho, no puede afirmarse de algunos de sus colegas europarlamentarios que ahora insisten, a cualquier precio, en una declaración escrita adjunta, un espectáculo para el Bühne, lo que no favorece mucho la imagen de este Parlamento.

Por añadidura, debería estar claro que depende de los Estados miembros la adopción de una acción conjunta, una vez que la directiva haya sido adoptada. Habría que aclarar que ni la Comisión Europea ni el Parlamento Europeo tienen una varita mágica a su disposición cuando se trata de mostrar firmeza o de velar por el cumplimiento de las normas. El Consejo se mostró con vehemencia en contra de un porcentaje vinculante de inspecciones, y es ahí donde precisamente radica el problema, como se ha afirmado en este Parlamento y ha dicho también el Comisario. Todo lo que ahora puedo hacer es instarles a llevar esa aplicación a la realidad para asegurar que no nos quedemos atascados una vez más en meras palabras sobre el papel, ya que la verdad es que nadie se beneficiaría de ello.

La propuesta es, de nuevo, un paso en la dirección acertada cuando consiga alcanzar una política migratoria integral. Nos queda, sin embargo, un largo trecho por recorrer, así que debemos perseverar. En este sentido, me gustaría hacer la pregunta del millón que todo el mundo ha tenido hoy en sus labios: ¿Por qué está ausente el Consejo en este debate? Francamente, eso es algo inaceptable desde mi punto de vista.

 
  
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  Zdzisław Zbigniew Podkański, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señora Presidenta, la Unión Europea no está haciendo frente a la inmigración ilegal. Hay muchos hechos que lo prueban y también podemos verlo en la exposición de motivos del señor Fava, donde se lee, entre otras cosas, que «se estima que hay entre 4,5 y 8 millones de inmigrantes ilegales en la UE, una cifra que aumenta constantemente debido sobre todo a la facilidad de acceso al trabajo ilegal» El mero hecho de que se usen las cifras de 4,5 a 8 millones pone de manifiesto que ni siquiera somos capaces de determinar con precisión la escala del problema. Y, sin embargo, la migración económica no deja de preocupar a muchos Estados miembros de la UE, en especial a los que han accedido más recientemente.

En la actualidad, millones de polacos y ciudadanos de otros países se desplazan dentro de la UE hacia los viejos Estados miembros. Esos ciudadanos están sometidos a los mismos males y se encuentran en la misma situación que los inmigrantes de terceros países. Y es que el empleo ilegal significa la explotación de los trabajadores, al tiempo que la negación de su derecho a seguro de enfermedad o pensión, y la explotación de los jóvenes e incluso la trata de seres humanos. Solo podremos superar este fenómeno cuando se impongan penas jurídicas severas y hagamos un uso consistente de ellas.

 
  
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  Jean Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señora Presidenta, apreciamos mucho tanto el trabajo del señor Fava en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior como el de la señora Bauer en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Creo que tendremos que habituarnos en esta Cámara a un procedimiento mejorado de cooperación sobre medidas que de hecho relacionen empleo y migración.

Como ya se ha dicho, se supone que ello forma parte de la política migratoria común de la Unión Europea, que aborda el factor de atracción del posible empleo, a menudo dentro de la economía informal y entre trabajadores vulnerables y no organizados. Sin embargo, también es aplicable allí donde hay verdaderos empleos que no pueden cubrirse con el mercado de trabajo nacional y donde los Estados miembros no expiden suficientes permisos de trabajo, o donde hay una burocracia ineficaz que no puede responder con suficiente celeridad a las candidaturas de empleo en el mercado de trabajo. También existe un déficit que tenemos que cubrir para la gente a la que ya no le resulta posible regresar a su país de origen como antes, por ejemplo a Zimbabue, y a quienes, con frecuencia, se les deja jurídicamente en la miseria, y por ello necesitanbuscar una forma para sobrevivir.

La mayoría de los Estados miembros ya tienen, en teoría, medidas puestas en práctica para tratar la situación de la inmigración irregular, y ustedes podrían pensar que eso sería señal de un aparente compromiso para actuar. Sin embargo, las propuestas de la Comisión sobre inspecciones han sido realmente suavizadas en su documento original, y el Parlamento ha tenido incluso que luchar para conseguir lo que ahora tenemos en el artículo 15. Confiemos es que esas inspecciones no solo se ceben en los pequeños negocios, sino que se fijen en algunas de las empresas más grandes que cuentan de forma masiva, en el último extremo , con trabajadores vulnerables. Por ese motivo era tan importante el asunto de la responsabilidad del subcontratista para muchos de nosotros en esta Cámara. Algunos de nosotros consideramos que se nos ha dejado con lo que es, una vez más, una versión desleída de la propuesta original de la Comisión.

Ya se ha mencionado la cuestión del permiso de residencia, donde los Estados miembros pueden optar por hacer eso accesible a determinados casos graves sobre los que hayan llegado quejas. Me imagino que eso es un paso adelante, al menos desde donde se encontraban algunos Estados miembros.

Una de las cuestiones que ha preocupado a muchos de nosotros es la de la remuneración –cuando no puedes determinar cuál ha sido la duración de un contrato de trabajo–, y otras cuestiones sobre el pago del seguro y los impuestos nacionales, que sabemos que son a menudo detraídos de los salarios de los trabajadores vulnerables, pero no necesariamente entregados a las autoridades.

Para muchos de nosotros el asunto del salario por el trabajo realizado es una cuestión de principios; también se trata de que las empresas y las economías se han beneficiado y de que se supone que esto no es una medida legislativa para penalizar al inmigrante irregular. También forma parte, si se contempla esto como un elemento de una política global, de un retorno sostenible, en el sentido de que la gente va a regresar realmente con lo que ha ganado.

No tenemos la garantía de que los Estados miembros se aseguren de que se paga a la gente. Tenemos la promesa de que se pondrán en práctica los mecanismos para que se puedan formalizar las quejas, pero no de que se va a abonar el dinero. Así que no existe la seguridad de que van a hacerse los pagos. Algunos pueden opinar que las personas tienen una oportunidad y que hay un riesgo, pero cuando nos fijamos en cuestiones de dignidad humana, y cuando esto encaja en los objetivos globales de una política común de inmigración, se trata de un asunto muy serio.

Así que para mi grupo político no está claro el equilibrio de esta propuesta, ni sobre las inspecciones ni sobre la remuneración, y otras áreas han sido suavizadas. No tenemos la sensación de que los Estados miembros estén mostrando un gran compromiso y, por consiguiente, no vamos a apoyar la propuesta.

 
  
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  Giusto Catania, en nombre del Grupo GUE/NGL.(IT) Señora Presidenta, Señorías, hay entre 4,5 y 8 millones de ciudadanos no comunitarios en situación irregular en Europa: esas son las cifras de la Comisión.

Este es un número totalmente insignificante: se trata de solo algo más del 1 % de la población residente en la Unión Europea. Claramente es un problema que se ha exagerado. Estamos hablando de trabajadores que realizan tareas útiles, como personal en los servicios y en la industria del turismo y, en la amplia mayoría de los casos, han sido absorbidos por el mercado de trabajo. Esos trabajadores son útiles para nuestra economía, pero son trabajadores explotados, y lo son para reducir los costes laborales y enriquecer a patronos sin escrúpulos. Son, además, trabajadores que, a menudo, desempeñan tareas que no hacen los ciudadanos de la UE.

Necesitamos a esa gente, pero han entrado en Europa de forma ilegal simplemente por una razón, a saber, porque no tienen una manera legal de hacerlo. Lo mismo le pasaba a la gran mayoría de ciudadanos cuya situación es ahora legal, pero que accedieron a la Unión Europea de forma ilegal.

Lo que se necesitaba era otra medida: una que regularizase la situación de millones de personas. Lo que se necesitaba era una medida para liberarles de la esclavitud, el chantaje y la explotación. En cambio, tenemos una directiva que continúa donde la Directiva sobre el retorno lo dejó. Primero decidimos sobre los procedimientos de expulsión, hoy estamos decidiendo sobre el área de captación potencial para las expulsiones y estamos incluso especificando quién va a costearlas. Con esta directiva, los explotados pagan más que los explotadores. Por desgracia, no hay previsión para una medida de regularización general, ni incluso para los que denuncian su propio estatus, o para quienes denuncian a sus explotadores o el delito que se está cometiendo. Esa gente pasa directamente de ser explotada en el trabajo ilegal a ser expulsada

Necesitábamos algo diferente. Se requería una medida para favorecer la legalidad y no la criminalización de los que trabajan aquí de forma ilegal. Necesitábamos una medida para poner freno a la xenofobia. Ayer, el ministro italiano de Asuntos Exteriores dijo concretamente: «Tenemos que ser duros con los inmigrantes ilegales». En otras palabras, tenemos que ser duros con los vulnerables. Yo creo que estamos promoviendo esa especie de actitud xenofóbica con esta directiva.

En la Unión Europea necesitamos inmigrantes, la Comisión misma calcula que unos 50 millones hacia 2060, porque nos encontramos en medio de una crisis demográfica, pero nada hacemos para ayudarles a entrar. Por el contrario, estamos armonizando el sistema de expulsión y hoy vamos a decidir expulsar a aquellos que están aquí ilegalmente, incluso si se trata de trabajadores ya absorbidos en el mercado laboral europeo.

Creo que los efectos de esta directiva van a ser devastadores porque va a hacer de los inmigrantes y del mercado de trabajo algo todavía más clandestino y va a incrementar los delitos de explotación de patronos sin escrúpulos.

 
  
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  Nigel Farage, en nombre del Grupo IND/DEM. – Señora Presidenta, la inmigración ilegal es un problema que resulta agravado por la libre circulación de las personas. Sin embargo, la ola actual de inquietud que se extiende rápidamente por el Reino Unido es, por supuesto, producto de la inmigración legal y de las propias reglas de la Unión Europea.

Durante 20 años, los sindicatos británicos, seducidos por Jacques Delors, han creído que la Unión Europea defendía sus intereses. Bien, ahora han caído en la cuenta y percibido que el gobierno británico es incapaz de anteponer los intereses nacionales.

Me temo que la situación va a empeorar bastante. A medida que nos metemos en una serie de proyectos con gastos públicos enormes, como los Juegos Olímpicos y la construcción de viviendas de protección oficial, miles de trabajadores europeos están listos para beneficiarse. No se pueden garantizar los empleos británicos para los trabajadores británicos todo el tiempo que estemos dentro de la UE. La perspectiva de contribuyentes británicos financiando a trabajadores extranjeros es, francamente, inaceptable.

Pero el gobierno se mantiene firme diciendo que la Unión Europea es algo maravilloso. Bien, no es sorprendente, ¿o sí o es? Lord Mandelson todavía recibe 78.000 libras esterlinas al año de la Comisión Europea y, por supuesto, obtendrá una pensión dependiente de ello en apenas unos años: un conflicto de intereses como nunca había visto antes.

La gran preocupación ahora es si la extrema derecha xenofóbica va a beneficiarse. Nosotros tampoco queremos eso. Nosotros, en el United Kingdom Independence Party (UKIP) (Partido de la Independencia del Reino Unido) , vamos a presentar un programa no racista a los británicos de cara a las elecciones europeas, diciéndoles que ya es tiempo de poner primero los intereses británicos. No somos proteccionistas, pero queremos que se actúe con sentido común. Queremos controlar nuestras propias fronteras y decidir quién vive, trabaja y se establece en nuestro país.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI).(DE) Señora Presidenta, la esperanza de conseguir un empleo bien pagado ejerce un gran poder de atracción en todo el mundo. En particular, en tiempos de dificultades la economía sumergida empieza a crecer, lo que por supuesto impele a muchas personas a arriesgar sus vidas en busca de una tierra de abundancia. Para nosotros es importante poner de manifiesto que no se va a tolerar más el empleo ilegal.

No obstante, el reciente informe sobre derechos humanos fundamentales presenta una serie de problemas al respecto. El informe indica que se bonifican las violaciones de los requisitos de acceso a la UE al concedérseles a los inmigrantes más protección que a los europeos, cuya identidad y armonía social se encuentran amenazadas por la inmigración masiva. En el futuro se banalizará la inmigración ilegal si se contempla a cada inmigrante ilegal simplemente como a una persona sin permiso de residencia válido.

Con todo, no debemos olvidar que los inmigrantes sin permiso de residencia al final tendrán que ser expulsados. Para nosotros es importante descartar incentivos como la legalización en masa o la perspectiva de encontrar empleo. Además, tenemos que negociar acuerdos efectivos sobre deportación con los países de origen. También hay que desarrollar de una vez la organización de vigilancia fronteriza FRONTEX para que pueda desplegarse de forma eficaz.

 
  
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  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE).(RO) La actual directiva ayuda a consolidar la política común sobre inmigración ilegal y es el primer peldaño en el combate del empleo ilegal mediante la imposición de sanciones financieras a los empresarios. Debería recordarles, no obstante, que todos los Estados miembros tienen leyes nacionales que regulan el trabajo ilegal y la elusión de derechos fiscales e impuestos. La aplicación de esas leyes ayudaría a identificar el empleo de inmigrantes ilegales.

Por esa razón, creo que es importante para nosotros disponer de una regulación adecuada, pero todavía es más importante para los Estados miembros asegurar la aplicación estricta de esa regulación. Doy la bienvenida a las disposiciones del texto final sobre sanciones proporcionales al número de empleados ilegales, así como sobre la imposición de pequeñas multas cuando el empleador sea una persona natural y el empleado ofrezca servicios personales o haga tareas domésticas y las condiciones de trabajo no puedan considerarse de explotación.

Las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo han servido para especificar el concepto de subcontratista, al que se le puede exigir responsabilidad, y para establecer la cantidad de salarios con efecto retroactivo que el empleador tiene que satisfacer. Soy de la firme opinión de que la aplicación de esta directiva mejorará la situación en lo relativo a las preferencias de la Comunidad cuando se asignen empleos.

También considero que su aplicación debería ser un motivo adicional para que los Estados miembros eliminen las restricciones del mercado laboral impuestas a los ciudadanos europeos, a la vista de que una limitación de la posibilidad de emplear a inmigrantes ilegales supondrá nuevas oportunidades laborales para que la UE contrate a sus propios ciudadanos.

 
  
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  Inger Segelström (PSE). – (SV) Me gustaría comenzar dando las gracias a Claudio y a todos los demás que han hecho posible este informe. En anteriores debates sobre la futura política de asilo, refugiados y migración nos centramos básicamente en las personas que se encuentran aquí de modo ilegal, en los que tienen una buena educación y obtuvieron permiso para venir aquí, o bien en los que son simplemente pobres y desean mantener a sus familias y quieren poder venir aquí.

Pero ahora estamos desplazando la responsabilidad hacia los empresarios que contratan a gente sin documentación. No habría tanta gente permaneciendo aquí sin documentos si no hubiese siempre patronos irresponsables dispuestos a pagarles y explotarles. A mí me parece bastante correcto imponer sanciones e introducir requisitos de información para los empleadores, y si un empresario ha explotado a alguien, habría que pagar una compensación, incluso si esa persona ya ha regresado a su país.

Hay, sin embargo, una propuesta contra la que habría votado si no hubiese habido una votación en la comisión. Se trata de la propuesta en la que la mayoría introduce normas menos rigurosas para el trabajo en el hogar. En mi caso, se trata aquí de una cuestión de igualdad, ya que han sido mujeres, en la mayoría de los casos, quienes trabajan en el hogar a cambio de salarios bajos. Ese colectivo lo ha tenido más difícil que las personas que están en puestos de trabajo con varios empleados, pero veo esto como un primer paso.

Me dolió escuchar en las noticias de hoy que el gobierno conservador sueco mantiene una opinión negativa sobre este informe, que tiene el propósito de apoyar a las empresas responsables y penalizar a las que explotan a trabajadores indocumentados.

Por último, manifiesto mi preocupación sobre las opiniones que hemos recibido de los sindicatos en referencia a este informe. Confío en que seamos capaces de solucionar estos asuntos antes de que se adopte una decisión. Las mismas normas deben ser de aplicación para todos los empresarios, como la responsabilidad compartida relativa a los contratos de trabajo, pues de lo contrario estaríamos introduciendo lagunas y estimulando la picaresca.

 
  
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  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). - (ES) Señora Presidenta, la mejor manera de proteger una inmigración ordenada y asumible por nuestra sociedad asumible en términos económicos, asumible en términos sociales es luchar también contra el trabajo ilegal.

No luchar contra los inmigrantes ilegales, porque detrás de cada uno de ellos hay un drama, pero sí contra el fenómeno de la inmigración ilegal como única forma de justificar y organizar realmente una inmigración ordenada y, más todavía, en los tiempos que corren ahora.

Y eso, obviamente, debe hacerse no sólo en la demanda de empleo sino en la oferta. La lucha contra la inmigración ilegal no se realiza sólo con controles policiales en los metros de Londres o de Madrid, sino que se realiza también en las oficinas de recursos humanos de muchas empresas que contratan a trabajadores ilegales para explotarlos y dejarles sin derechos.

Por tanto, es por eso por lo que damos la plena bienvenida a esta directiva. Una directiva que pone en su contexto las obligaciones del empresario y, ciertamente, las sanciones que se han de imponer al empresario que se convierte en explotador de trabajadores sin derechos para su propio beneficio.

Es una directiva equilibrada. Hay que felicitar al ponente por haber logrado un buen compromiso y un buen equilibrio en ese ámbito.

Yo querría destacar aquellos artículos que protegen los derechos del trabajador que ha sido explotado. Lo protegen para que pueda denunciar la situación en la que está. Lo protegen garantizando que podrá cobrar aquello que había sido suyo, sin que de eso se derive, ciertamente, un derecho a permanecer. Pero aquel trabajo que se ha hecho de forma ilegal, sin seguridad social, sin cobrar lo que hubiera correspondido, obviamente será remunerado con independencia del estatuto laboral de ese trabajador que estaba trabajando sin permiso.

Las sanciones son, ciertamente, adecuadas y proporcionadas. Es muy importante el compromiso sobre la subcontratación, al que ya ha hecho referencia el ponente en su intervención, es muy importante en la práctica y de eso es de lo que estamos hablando–.

Y sólo una última mención, me parece que el plazo de aplicación de la directiva, de veinticuatro meses, es excesivo. Sé que no se podrá cambiar, pero veinticuatro meses es demasiado tiempo, habría que acortarlo si fuera posible.

 
  
  

PRESIDE: LUISA MORGANTINI
Vicepresidenta

 
  
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  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Señora Presidenta, el empleo de nacionales de terceros países en situación irregular en la Unión Europea hace imposible la competencia leal y les niega también a los empleados afectados la protección adecuada.

Primero y ante todo estoy pensando en condiciones de trabajo seguras y en la protección social en caso de accidente laboral. El número de inmigrantes ilegales en la UE se estima en una cifra que oscila entre los 4,5 y los 8 millones, y donde con más frecuencia se les encuentra es en la construcción, la agricultura, el turismo y los sectores hotelero y de servicios. Los casos de trabajo en situación de esclavitud suceden en condiciones de explotación y trabajo infantil. El empleo ilegal desempeña un papel destacado en la reducción de los estándares de calidad laboral.

Ese es el motivo por el que es tan importante el derecho de los sindicatos a representar los intereses de esos trabajadores. Es el empresario quien decide si contrata a una persona en situación irregular, así que es el empresario quien debería estar sujeto a sanción por infringir la ley. Se necesita una política coordinada por parte de todos los Estados miembros para afrontar cada aspecto del trabajo ilegal.

 
  
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  Mary Lou McDonald (GUE/NGL). – Señora Presidenta, hay una urgente necesidad de proteger a los trabajadores de la explotación en los tiempos actuales de trauma económico, y es irrefutable el argumento para asegurar que los términos y condiciones de los trabajadores europeos no se reducen sistemáticamente debido a la explotación de trabajadores inmigrantes vulnerables. La responsabilidad de ello compete directamente a los gobiernos y autoridades de los Estados miembros.

Mientras los Estados miembros necesitan tomar medidas para regularizar la inmigración, yo lamento muchísimo que el fundamento legal de esta propuesta sea la lucha contra la inmigración ilegal. La verdadera batalla es contra los patronos pícaros y explotadores, y lo que ahora necesitamos es una agenda a favor del trabajador, no en contra del inmigrante.

El imperativo político y económico debe ser el freno de la explotación de los inmigrantes irregulares, no el castigo de los patronos pícaros, ni hacer de los trabajadores un chivo expiatorio o penalizarles, ya sean inmigrantes o tengan cualquier otro estatus. No debería ser competencia de la UE el recurso a las sanciones penales de esta propuesta, y los que esgrimen que la expulsión de los trabajadores inmigrantes es la solución a la explotación van desencaminados. Esta directiva no encuentra el equilibrio adecuado.

 
  
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  Johannes Blokland (IND/DEM). - (NL) Han pasado ya dos años desde que el Comisario Frattini desveló los planes para afrontar la cuestión del empleo ilegal, que conlleva un flujo constante de inmigrantes irregulares en busca de trabajo en la Unión Europea. Esa situación está degradándose y se le debería poner freno.

Señora Presidenta, me permito, no obstante, discrepar con el ponente respecto a la cuestión de si la Unión Europea debería involucrarse en cuestiones de Derecho penal. No estoy a favor de incluir leyes penales entre las competencias de Europa. Al contrario, lo que se necesita aquí es un método abierto de coordinación. Por ello, me entusiasma el hecho de que la propuesta de compromiso reformada sea prudente acerca de la aplicación de leyes penales. Las sanciones financieras son suficiente incentivo para ser cuidadoso en la selección de los empleados. Confío en que las inspecciones de los negocios animarán a los Estados miembros a remitirse a las leyes penales.

 
  
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  Philip Claeys (NI). - (NL) Hay que alegrarse de la introducción de una directiva que va a penalizar a los empresarios de inmigrantes ilegales. Con buen fundamento se afirma que la posibilidad de encontrar un empleo en la Unión Europea es un factor de atracción para la inmigración ilegal. Sin embargo, deberíamos ser coherentes y abordar otros aspectos que atraen a los inmigrantes. El más importante de ellos es la impunidad con la que los extranjeros pueden entrar en Europa de forma ilegal. Hay, de hecho, Estados miembros que recompensan a los extranjeros ilegales. Las regularizaciones masivas en España, Italia y Bélgica, entre otros países, son un buen ejemplo.

También está luego la hipocresía de las llamadas regularizaciones individuales basadas en motivos humanitarios. Solo en año pasado hubo no menos de 12.000 en un país tan pequeño como Bélgica. Se debería deportar a los inmigrantes ilegales, no regularizarles, ya que, ciertamente, cada inmigrante irregular regularizado atrae a una multitud de nuevos inmigrantes. Cada Estado miembro que les regulariza lo hace así por el resto de Estados miembros. Por ello, no es suficiente con abordar a los empresarios. Debemos enfocar la inmigración ilegal en todo su contexto.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE-DE).(PT) Señora Presidenta, señor Barrot, Señorías, durante esta sesión plenaria hemos adoptado varias medidas tendentes a la creación de una política de inmigración coherente e integrada. Esa política común deberá, por un lado, implicar la apertura de canales legales de inmigración e integración de esos inmigrantes en las sociedades de acogida. En ese sentido, aprobamos hace dos meses la Directiva sobre la tarjeta azul europea y la Directiva por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a residir y trabajar en el territorio de la UE.

Paralelamente, tenemos que luchar eficazmente contra la inmigración ilegal, así como contra todas las formas de delincuencia con las que está asociada. Esta iniciativa busca combatir los factores de atracción de la inmigración ilegal para el espacio europeo y poner fin a las situaciones de explotación de los trabajadores ilegales. Es importante que los que intenten entrar en el espacio europeo a cualquier precio, a veces al precio de su propia vida, comprendan que solo existe una vía posible, que es la inmigración legal, con todos los derechos y oportunidades que le son inherentes. Se estima que se encuentran entre 5 y 8 millones de inmigrantes en situación irregular en la Unión Europea: una gran parte realiza un trabajo poco cualificado, bastante mal pagado y, a veces, en situación de profunda explotación. Felicito al ponente Claudio Fava y, de forma especial, a mi colega Edit Bauer por el trabajo realizado y por el compromiso obtenido.

Por ello, estoy de acuerdo con la lucha contra el trabajo ilegal en toda la Unión Europea. Con esta Directiva se pretende asegurar que todos los Estados miembros puedan introducir sanciones similares para los empleadores de inmigrantes clandestinos y que se cumplan de forma eficaz. Podrán imponerse tres tipos de sanciones: financieras, administrativas y penales, de acuerdo con la gravedad de la situación. También se les exigirá a los empleadores que tomen medidas preventivas y procedan a controles de verificación del estatus migratorio de esos individuos para evitar el empleo de trabajadores en situación irregular en la Unión.

 
  
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  Wolfgang Kreissl-Dörfler, (PSE).(DE) Señora Presidenta, en primer lugar querría felicitar a mi colega, el señor Fava, por este informe y el acuerdo que se ha alcanzado en el encuentro a tres bandas. Por supuesto, siempre es posible pedir y alcanzar más. Con todo, el hecho de que por fin se haya reconocido dentro de la Unión Europea que a los inmigrantes ilegales detenidos hay que concederles derechos y protegerles frente a la explotación, representa un importante paso adelante.

Desde luego, ello forma parte de una política integral sobre migración e inmigración. Eso está fuera de toda duda. No obstante, hay un aspecto que no comprendo. Mientras los Verdes –Jean Lambert ya no está aquí– o la izquierda de la llamada ala comunista, como Giusto Catania, mantienen que esto no va a funcionar, que una vez más ha terminado en nada, que nada puede hacerse, me gustaría decir que de nada sirve prometerles a las personas que viven en una situación así un menú de cuatro platos, para luego ser incapaces de darles su pan de cada día. Eso es cobarde y poco útil. He de preguntarme qué es lo que quieren realmente los Verdes si siempre votan en contra de medidas que mejorarían la situación de la gente. Ya hemos visto esto en el caso de muchos informes y acciones.

Además, no hay nada que pueda impedir a los Estados nacionales establecer auténticos controles, imponer multas y excluir a las empresas que contraten a inmigrantes ilegales de los subsidios y los fondos nacionales y de la UE.

Me gustaría ver aplicado a los evasores de impuestos y a los que trabajan en el mercado negro el mismo estricto planteamiento que los Estados miembros emplean a veces en el caso de los inmigrantes ilegales. Desde luego, debemos dirigirnos a nuestros colegas en los parlamentos nacionales para animarles a exigir la concesión a los inmigrantes de los derechos por los que nos hemos decidido hoy aquí. Hay, ciertamente, una cosa de la que podemos estar seguros. Si alguien está empleado de forma ilegal porque ya no puede sobrevivir en su propio país, esa persona no tiene la opción de ir a la policía y referir que está siendo explotada. De modo análogo, una mujer que ha sido violada no puede informar del delito. Tanto el uno como la otra saben que si acuden a las autoridades, serán deportados.

Ese es el motivo por el que vamos a votar a favor de este informe. Representa el primer paso en la dirección adecuada.

 
  
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  Alexander Alvaro (ALDE).(DE) Señora Presidenta, señor Vicepresidente de la Comisión, yo creo que lo que ha dicho el señor Kreissl-Dörfler es cierto. Me gustaría darle las gracias al señor Fava por su informe y el excelente trabajo que ha hecho.

El informe deja claro que se ha de responsabilizar equitativamente a las dos partes que están involucradas en el empleo ilegal, lo que generará un equilibrio jurídico. Hay que sancionar y prohibir el empleo ilegal en todos los Estados miembros.

Debe hacerse responsables a los empresarios del mantenimiento de esta prohibición, pero es tarea de las autoridades competentes efectuar el control del cumplimiento de la prohibición e imponer las sanciones. La cuestión más importante es proteger de la explotación a la gente que se encuentre en esas relaciones laborales.

El establecimiento de sanciones penales representa ciertamente un paso adelante. No obstante, las autoridades tienen que poner en práctica más controles y perseguir a los sospechosos de cometer delitos. El informe es un compromiso entre el Consejo y el Parlamento Europeo, y especifica unos parámetros mínimos.

Con todo, no resulta estimulante la perspectiva de los Estados miembros reforzando o debilitando los requisitos. Hemos dado el primer paso adelante.

Ahora deberíamos completar juntos el recorrido. Creo y puedo decir, al menos en mi propio nombre y en el de algunos sectores de mi grupo, si no en nombre de la mayoría, que podemos respaldar este informe con la conciencia tranquila.

 
  
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  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL).(EL) Señora Presidenta, la directiva que estamos examinando afecta a uno de los aspectos más básicos del desarrollo y la sostenibilidad económica de nuestros países. Tiene que ver con el empleo ilegal, que con frecuencia conduce a la compresión salarial y la reducción de los ingresos estatales, con todas las dificultades concomitantes en la aportación de beneficios, y a una reducción en la capacidad operativa del estado de bienestar. Priva a los empleados del acceso al seguro social y otros tipos de seguros, a las pensiones e incluso a los organismos responsables de la protección de las condiciones que prevalecen en su lugar de trabajo.

Lamentablemente, el empleo ilegal forma parte del sistema actual, lo que ha resultado en una crisis económica mundial que necesitamos afrontar con medios que contribuirán a salvaguardar no solo medidas terapéuticas, sino también medidas correctivas, de tal manera que se asegure la prosperidad a largo plazo. Entre ellas, nosotros estimamos que la lucha contra el trabajo ilegal no debe examinarse de un modo anárquico. Las medidas propuestas para garantizar un enfoque más humano sobre la cuestión de la inmigración no nos satisfacen. Tengamos cuidado, por tanto, en no transformarlas en asuntos repetidos.

 
  
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  Panayiotis Demetriou (PPE-DE).(EL) Señora Presidenta, el ponente, Claudio Fava, y los ponentes alternativos se han hecho acreedores de nuestra más cordial felicitación. Han conseguido alcanzar un excepcional compromiso con el Consejo, con la ayuda, por supuesto, del Vicepresidente, el señor Barrot, a quien también felicito. Por fin se ha conseguido que la directiva sobre imposición de sanciones a empresarios de inmigrantes ilegales haya avanzado hasta la fase de aprobación final. Creo que la directiva, en la formulación actual, va a servir de modo efectivo al objetivo de combatir el empleo de inmigrantes ilegales. Esta es la primera ocasión en que la Unión Europea dirige su atención en la dirección correcta, hacia la gente que explota a inmigrantes ilegales, hacia los empresarios que infringen la ley. Finalmente, se ha penalizado el trabajo de inmigrantes ilegales. Las sanciones penales y de otro tipo que prevé la directiva van a actuar, estoy seguro de ello, como elemento disuasorio que servirá para limitar y prevenir la inaceptable explotación de inmigrantes ilegales. La directiva contempla sanciones múltiples, equilibradas y realistas. Confío en que resulten eficaces. A pesar del hecho de que se trata a los inmigrantes ilegales como víctimas y de que la directiva les ampara, también se les envía un mensaje disuasorio en el sentido de que ya no va a resultarles fácil encontrar empleo y de que, por consiguiente, no va a ser atractivo conseguir trabajo, incluso en condiciones favorables. Sin embargo, hay que tener un especial cuidado con todos los inmigrantes ilegales que ya se encuentran en la Unión Europea. En Chipre, mi país, donde la inmigración ilegal en un problema enorme, el empleo ilegal estaba penalizado desde hace ya tiempo. Sin duda, no se ha erradicado el trabajo ilegal, pero sí se ha conseguido limitarlo. De todos modos, con las múltiples sanciones previstas en la directiva y el sistema que se ha incorporado de inspecciones a empresarios, ciertamente va a mitigarse el problema del empleo de inmigrantes ilegales y de la inmigración ilegal.

 
  
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  Catherine Boursier (PSE). - (FR) Señora Presidenta, Señorías, querría darle las gracias al señor Fava por el notable trabajo que ha hecho durante los últimos meses para presentar este equilibrado texto.

No era una tarea sencilla y el camino estaba sembrado de escollos. No obstante, creo que los resultados son positivos y voy a mencionar tres aspectos en particular.

La sanción es, en este caso, aplicable al empresario que delinque, mientras que al inmigrante se le considera la víctima. Al margen de las sanciones económicas, se recomiendan las sanciones penales para los que reincidan en el delito, por tráfico de seres humanos o explotación de menores. Estimo que las sanciones penales son esenciales y también que depende de nosotros que se efectúen controles regulares para asegurar la efectividad de esta directiva.

Otro aspecto positivo destacable es el pago automático a los trabajadores de salarios pendientes. Y por fin, las asociaciones y sindicatos asumen la defensa de los intereses de los trabajadores que viven en un país de forma irregular, de tal manera que estos puedan informar sobre un patrón deshonesto sin temor a la subsiguiente persecución.

No cabe duda de que al igual que con otros muchos textos podríamos haber ido más lejos, pero ¿debemos poner en riesgo la posición de compromiso alcanzada cuando este documento va a permitir importantes avances en la protección de los trabajadores y de su dignidad?

Necesitamos respaldar un punto de vista equilibrado sobre la cuestión de la inmigración y reconocer que esta es más que necesaria para el mercado laboral y va a seguir siéndolo, dadas las previsiones demográficas para el futuro.

En este contexto, es por tanto fundamental afirmar que el modelo que queremos es uno en el que se contemple a los trabajadores inmigrantes como a personas de pleno derecho, que disfrutan de los mismos derechos que los trabajadores de los Estados miembros.

Por todo ello, debemos movilizarnos para defender esos derechos, y por ese motivo creo que hay que respaldar este informe, porque es el paso decisivo hacia la introducción de unos estándares mínimos y para la lucha contra el trabajo ilegal y la explotación de los trabajadores inmigrantes.

 
  
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  Olle Schmidt (ALDE). – (SV) Sabemos que cada vez más gente se oculta dentro de las fronteras de la UE. Sabemos que, en el futuro próximo, la UE va a necesitar un número creciente de trabajadores inmigrantes. También sabemos que miles de personas tratan cada semana de encontrar una vida mejor en Europa. Muchos de ellos perecen en su trayecto hacia nuestro continente. Sabemos que muchas personas indocumentadas sufren explotación y viven en condiciones miserables. Eso es indigno de la Unión Europea. Entre los valores universales que la Unión Europea quiere propagar por el mundo se incluye el derecho de cada persona a una vida digna. Aquí lo que hay es una paradoja vergonzante.

El hecho de que la UE deba tener una política migratoria y de asilo común es razonable, pero no significa que los países que quieren mantener una línea dura y dar caza a la gente de diversas maneras deban ser los que tomen las decisiones. Ello reduciría las posibilidades de hallar una vida decorosa en Europa. Al mismo tiempo, es importante que los empresarios taimados, que explotan a la gente en una posición vulnerable, sepan que pueden imponerse sanciones en todos los rincones de la UE.

Admito que el informe supone un acto de equilibrio complejo, y me siento próximo al razonamiento del señor Catania con respecto a esa reserva. Sin embargo, el compromiso es un paso en la dirección adecuada, incluso a pesar de que tengo opiniones determinadas, por ejemplo sobre el alcance de las obligaciones de los patronos de informar.

Me gustaría decirle a la señora Segelström que en Suecia no tenemos un gobierno conservador, sino un gobierno de cuatro partidos con fuertes elementos liberales.

 
  
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  Maria da Assunção Esteves (PPE-DE).(PT) El informe Fava constituye un momento de progreso y humanización en las leyes migratorias. Nos proporciona una tranquilidad moral que nos debíamos desde la Directiva de Retorno. La prohibición general de emplear a los inmigrantes ilegales no solo previene la ilegalidad endémica de la inmigración, sino que, por encima de todo, evita el potencial para la explotación y el aprovechamiento de la miseria humana que generalmente va ligado a este tipo de trabajo.

El primer aspecto fundamental del informe Fava está en la negación de la perspectiva de la inmigración ilegal fundamentada en una fácil pero inadmisible condena del inmigrante, y contrapone una respuesta sistémica que corresponsabiliza equitativamente al Estado y al patrón. Hasta la fecha, el mayor error de las políticas de inmigración ha sido la carencia de una respuesta justa para la condición dramática del inmigrante irregular, con el peso del sistema penal cayendo sobre él, en su condición de culpable más que de víctima.

El segundo aspecto fundamental del informe es que trae al espacio público europeo una ética de responsabilidad compartida entre el Estado y las empresas. La obligación de supervisión del empresario, de controlar la residencia del trabajador, tiene el valor de una competencia atribuida al sector privado, algo que la Unión Europea ha experimentado rara vez. Una competencia que aplaudimos porque la defensa de la legalidad y la ética pública no solo incumbe al Estado, sino a todos. El informe entra, por ello, en las fronteras de un nuevo método político que otros informes deberán seguir.

El tercer punto, y casualmente el más fundamental, es esa separación crucial de la obligación de pago de los salarios del problema relativo a la legalidad de la residencia. Constituye un simple dictado de moral universal, que establece que la humanidad tiene prioridad sobre las normas del sistema jurídico y se superpone a ellas.

Enhorabuena por ello, señor Fava.

 
  
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  Javier Moreno Sánchez (PSE). (ES) Señora Presidenta, en primer lugar quiero agradecer a nuestro ponente, Claudio Fava, su gran labor para alcanzar una posición común con el Consejo, que incluye muchas mejoras propuestas por nuestra Cámara.

Con esta directiva demostramos de nuevo nuestro compromiso con la construcción de una política migratoria común, basada en un enfoque global. El planteamiento de esta directiva es claro: luchar contra las mafias, castigar a los empleadores sin escrúpulos y proteger a los inmigrantes explotados que no cuentan con ningún tipo de protección social.

Queremos que desaparezcan los sueldos de miseria injustos para los inmigrantes y que, además, distorsionan los salarios medios, especialmente en sectores como la construcción, el campo, el servicio doméstico o la hostelería.

Estas medidas necesitan de una gran valentía y voluntad política, ya que hay muchos intereses creados y mucho dinero que se mueve en la economía sumergida. Precisamente en tiempos difíciles es más importante que nunca gestionar con inteligencia los flujos migratorios, con generosidad pero con responsabilidad.

Lo fácil sería caer en la tentación de no tratar de atajar la economía sumergida. No podemos mirar hacia otro lado y dejar a unos ocho millones de inmigrantes irregulares en situación de indefensión con condiciones laborales próximas a la esclavitud.

Señorías, si queremos que esta directiva sea efectiva, son necesarias inspecciones rigurosas y sanciones económicas e, incluso, penales en los casos más graves, que conllevan un efecto disuasorio para los empresarios.

Conseguiremos así reducir la bolsa de economía sumergida y cortar el incentivo migratorio que genera la posibilidad de trabajar irregularmente. Debe quedar claro que la única opción para trabajar en Europa es la vía legal. Por ello queremos seguir adelante con el enfoque global y pedimos a la Comisión, señor Comisario, señor Barrot, que presenten cuanto antes las nuevas «tarjetas azules» para las demás categorías laborales.

 
  
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  Marek Aleksander Czarnecki (ALDE).(PL) El resultado de un acceso fácil al trabajo ilegal es que hay varios millones de inmigrantes ilegales en la Unión Europea. El empleo ilegal, muy a menudo en condiciones de explotación, conduce a reducciones del nivel de los salarios en el sector implicado y también pone en peligro la competencia entre empresas. Además, los trabajadores que no están registrados no se benefician de un seguro sanitario ni del derecho a pensión. Por tanto es esencial establecer unos mecanismos que permitan a los trabajadores explotados presentar quejas contra los empleadores, de forma personal o a través de la empresa de un tercero.

También dirigiré su atención sobre el hecho de que la directiva también debería incluir en su ámbito a los trabajadores que son residentes legales de la UE, en particular, ciudadanos de los Estados miembros que accedieron a la UE en 2004 y 2007, y que todavía están sujetos a disposiciones de transición que les restringen el acceso al trabajo legal.

 
  
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  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE).(EL) Señora Presidenta, Señor Vicepresidente de la Comisión, la propuesta de hoy forma parte de un intento global de encontrar una solución a la política de inmigración en la Unión Europea que, por supuesto todos debemos aceptar, huele a deshonestidad. Deshonestidad porque estamos intentando corregir ciertos aspectos de esta política con la tarjeta azul, con la decisión de eliminar a los trabajadores ilegales, con la decisión de hoy de castigar a los empleadores de inmigrantes ilegales, pero estos son sólo algunos de los aspectos del problema que estamos intentando corregir.

Por supuesto, no podemos entender cómo un trabajador ilegal acepta un trabajo y la persona que lo contrata para cubrir su residencia y los costes de supervivencia es a quien se castiga en última instancia. Es una contradicción lógica que necesitamos cubrir con los términos impuestos por el trabajo honrado. La legislación de los 27 Estados miembros prohíbe el trabajo ilegal y no declarado, especialmente con la dualidad absurda que tenemos aquí de entrada ilegal al Estado miembro y explotación ilegal. El problema es, por tanto, complicado y el compromiso adquirido tiene, por supuesto, muchos agujeros. Uno de ellos tiene que ver con los empleados que la gente usa principalmente, digamos, por razones caritativas y, por supuesto, proporcionan trabajo, pero al mismo tiempo encuentran un modo de vida. ¿Qué será de ellos? ¿Cómo vivirán el resto de su vida dentro del marco de su ilegalidad forzada, dado que los países vecinos no han aceptado el retorno de los inmigrantes?

 
  
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  Donata Gottardi (PSE).(IT) Señora Presidenta, Señor Comisario, Señorías, como bien sabemos en esta Cámara, los compromisos deben analizarse separando los pros y los contras y alcanzando un juicio global que cargue con las restricciones y el contexto legislativo y político.

Respecto al campo del empleo, un elemento destacado de la directiva que será sometido a votación mañana, nuestro juicio es positivo en muchos aspectos. Algunos puntos positivos son la introducción de una definición de remuneración que posibilite la comparación con las relaciones legales de trabajo; la reducción de las cargas de procedimiento de las sanciones por trabajo doméstico o de cuidados; y la relación y el refuerzo de las disposiciones de la Comunidad que protegen a las víctimas del tráfico y la explotación, en particular a los menores. También es importante la tarea de no considerar como precedente la disposición sobre la subcontratación.

Quedan dudas sobre la responsabilidad en la cadena de empleadores y sobre las dificultades a las que se enfrentan los trabajadores para recibir los pagos que se les deben antes de dejar el país. El tema no es del todo confuso, pero, como esta directiva está fuertemente ligada a la Directiva sobre el retorno, no puede hacer mucho respecto a la situación de los trabajadores ilegales y los empleadores que no han podido encontrar una ruta de empleo legal.

La confianza que tengo en que decidiremos adoptar este documento tras la primera lectura no se reduce si señalo un par de riesgos: el riesgo de que el trabajo del Parlamento seguirá sufriendo la presión de los gobiernos nacionales y el riesgo de que estaremos reforzando la apariencia de «madrastra malvada» de Europa.

 
  
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  Patrick Gaubert (PPE-DE). (FR) Señora Presidenta, este proyecto de directiva es de gran importancia en la lucha contra la inmigración ilegal y ha resultado esencial para la introducción de una política común sobre inmigración. Todos somos conscientes de que el trabajo no declarado es la principal atracción para miles de hombres y mujeres que cruzan nuestras fronteras cada día en busca de un trabajo digno y un modo de alimentar a sus familias.

En realidad, a menudo encuentran empleadores que usan y abusan de su frágil situación y de la ignorancia de sus derechos para explotarlos y usarlos como mano de obra barata. Esto es lo que conocemos como esclavitud moderna.

No debemos ocultar el hecho de que este fenómeno también implica a las personas, sean ciudadanos europeos o gente de terceros países, que trabajan y residen de forma legal, pero que no entran dentro del ámbito de esta directiva que forma parte del marco de la lucha contra la inmigración ilegal.

No es cuestión de señalar con el dedo a hombres y mujeres que a menudo son de buena fe y que son víctimas de redes o de empleadores deshonestos. El objetivo de este texto debe ser precisamente proteger a estas personas vulnerables y asegurar que se respetan sus derechos más básicos y fundamentales; ahí está precisamente el objetivo y la ambición declarados del compromiso alcanzado.

No deberíamos medir a todos los empleadores por el mismo rasero, así como, por supuesto, tampoco deberíamos tratar a alguien que contrata a una persona de buena fe, creyendo que trabaja y reside de forma legal, del mismo modo que a aquellos que lo que quieren es explotar la situación de estas personas.

Tenemos que ser firmes, enviar un mensaje claro. Necesitamos disposiciones valientes que se apliquen concienzudamente. La adopción de este texto enviará, desde luego, dos señales claras. La primera para los empleadores, para decirles que no podrán continuar abusando de estos trabajadores vulnerables y que, por lo tanto, se les disuadirá realmente de contratar a inmigrantes ilegales. La segunda señal es para los miles de inmigrantes ilegales a los que se desanimará por las rigurosas condiciones de empleo en Europa.

Mi agradecimiento a todos los ponentes alternativos y al ponente y, como muchos, espero que pronto se disponga este texto para luchar contra la inmigración ilegal y, por consiguiente, la promoción de la inmigración...

(La Presidenta le retira la palabra al orador)

 
  
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  Genowefa Grabowska (PSE).(PL) Señora Presidenta, me gustaría empezar felicitando al ponente. Soy consciente de que no ha sido una tarea fácil alcanzar una solución de compromiso teniendo en cuenta los intereses del mercado de trabajo nacional y protegiendo a la vez a los inmigrantes de la explotación. El señor Fava es realmente digno de elogio.

Fui a Italia, a Foggia, en cuanto se descubrieron los llamados campos de trabajo. En estos últimos, tanto ciudadanos de la Unión como inmigrantes ilegales vivían y funcionaban en circunstancias pésimas. En mi memoria permanece el recuerdo de las condiciones en las que vivían y trabajaban. Es más, a menudo morían a causa del hambre y de un trato cruel e inhumano. Le doy una cálida acogida a esta directiva porque por fin pondrá las relaciones laborales en condiciones civilizadas. Representa una victoria sobre los empleadores codiciosos, su afán de provecho, una mano de obra barata y a menudo incluso gratis, y la explotación de los inmigrantes ilegales.

Para que esta directiva entre en vigor, debe aplicarse en todos los Estados miembros. Paradójicamente, bajo la ley interna de estos últimos, el contrato ilegal se considera un acto punible y un delito. No obstante, la ley no funciona. Por tanto, debemos esforzarnos lo máximo posible para aplicar esta directiva. Se han de disponer todos los mecanismos legales necesarios para que no surjan más casos desafortunados de este tipo.

Ahora me gustaría dirigirme a los miembros británicos de esta Cámara y pedirles que les digan a sus empleadores que contratar inmigrantes ilegales es un delito. No se quejen de que la Unión...

(La Presidenta le retira la palabra al orador)

 
  
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  Jörg Leichtfried (PSE).(DE) Señora Presidenta, el resultado más importante de este informe es que no sólo se penalizará a las personas procedentes de terceros países contratadas de forma ilegal, sino también a quienes les contraten. Debemos ser conscientes —y esto sí que es delito— de que se está explotando a estas personas incluso en una confederación de estados progresista como es Europa. Alguien está sacando mucho provecho de ellos. No tienen derecho a asistencia sanitaria ni a pensiones y viven en un miedo constante de que les cojan y les devuelvan a su país de origen.

Por esta razón, creo que otro punto muy importante es la oportunidad en el futuro de imponer penas a los empleadores que exploten a los inmigrantes ilegales. En mi opinión, se necesitan con urgencia medidas como multas, responsabilidad por el coste de la deportación, retirada de los fondos o el apoyo públicos o incluso el cierre temporal o permanente del negocio, para conseguir un cambio en la situación. Que cada Estado miembro lleve a cabo inspecciones regulares y eficaces también es, por supuesto, esencial a este respecto, junto con la posibilidad de solicitar el pago retroactivo de los impuestos y de las contribuciones a la seguridad social.

Una Europa en la que algunas personas exploten a otras no es una verdadera Europa social. Creo que esta directiva representa un paso en la dirección correcta. Me gustaría dar las gracias al ponente por su extraordinario trabajo. Sin embargo, éste no debe ser, bajo ninguna circunstancia, el último paso que demos.

 
  
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  Daciana Octavia Sârbu (PSE).(RO) Creo que esta iniciativa legislativa llega en un momento en que los trabajadores de terceros países representan un porcentaje importante de la mano de obra de la Unión Europea, lo que crea el problema de la inmigración ilegal. Teniendo esto en cuenta, me gustaría hacer hincapié en la necesidad de establecer un marco legislativo que nos permita definir de forma más clara las sanciones que se impondrán a las personas que contraten inmigrantes de terceros países que estén en la Unión Europea de forma ilegal, si consideramos que el trabajo ilegal es un problema alarmante a nivel europeo y que la explotación de la mano de obra inmigrante es una realidad

También tenemos que ser conscientes de que un número de empleadores están aumentando sus beneficios contratando a inmigrantes sin papeles, de modo que evitan el pago de la contribución a la seguridad social o de los impuestos al estado. También debemos asegurarnos de que este tipo de comportamiento sea castigado de forma apropiada.

Por eso, todos los Estados deben adoptar medidas para combatir el trabajo ilegal, ofrecer mayor protección a los inmigrantes y organizar inspecciones regulares, especialmente en los sectores de trabajo en los que se supone que se contratará a inmigrantes ilegales. También queremos que se dé acceso al mercado laboral europeo de modo controlado y que se respeten los derechos de los inmigrantes. Por ello, pedimos a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para asegurar una colaboración más efectiva y facilitar el intercambio de información entre las autoridades nacionales implicadas.

 
  
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  Yannick Vaugrenard (PSE). - (FR) Señora Presidenta, en primer lugar me gustaría felicitar al señor Fava por su excelente trabajo, que permitirá adoptar una directiva que establezca sanciones para los que contraten a trabajadores ilegales.

Sin embargo, me gustaría llamar su atención sobre la complejidad de la situación actual. Tenemos que elaborar una legislación que sea equiparable a esta complejidad.

Por toda la Unión Europea, los ordenantes recurren a una cascada de subcontrataciones, utilizando subcontratistas de los Estados miembros sin saber si los empleados trabajan o no de forma legal. Se propuso una enmienda que comprobara la situación de legalidad de los empleados. ¿Por qué no se ha incluido?

También está estipulado que el contratista principal es el responsable de pagar los salarios, pero sólo si sabe que los subcontratistas están contratando a inmigrantes ilegales. Ahora bien, no vamos a encontrar a ningún ordenante que admita voluntariamente su culpa.

Finalmente, la mejor directiva del mundo sólo puede resultar eficaz si va acompañada de mecanismos de comprobación reales. Podríamos mejorar estas comprobaciones si dispusiéramos de más inspectores de empleo que jugaran un papel mayor en cada país europeo.

Es esencial que diseñemos un arsenal legal más riguroso lo antes posible para que se declare totalmente responsables a los ordenantes en caso de culpa por parte de los subcontratistas.

No deberíamos cerrar los ojos ante las prácticas conocidas en ciertos sectores económicos que actúan en complicidad con las actividades de redes organizadas de inmigración ilegal.

 
  
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  Richard Falbr (PSE). (CS) Señora Presidenta, en el contexto de este informe, me gustaría llamar su atención sobre un problema urgente que ha surgido en relación a la crisis actual. En algunos países —incluido el mío— estamos siendo testigos del despido masivo de trabajadores de empresa, la mayoría de los cuales vinieron a nuestro país del este de Europa y de países asiáticos. Se han convertido en trabajadores ilegales. Tras su despido, se han quedado sin medios de vida, y así se convierten en títeres a manos de los llamados «empresarios» que los someten a una explotación aún peor que la que ejercían las empresas. Al mismo tiempo, me gustaría reiterar los recursos humanos tan insuficientes que tienen a su disposición los cuerpos de inspectores de trabajo en muchos de los Estados miembros. No cambiará nada a menos que establezcamos una red de inspectores formada y equipada de forma rigurosa, que entiendan la legislación laboral y estén familiarizados con las directivas europeas.

Mientras las instituciones europeas han acordado ciertos estándares para las empresas, normalmente se levanta una protesta entre los Estados miembros cada vez que se emprende el más mínimo intento de hacer algo parecido en el campo de la legislación social. Es ridículo e hipócrita hacer referencia a la tradición, la subsidiariedad y cosas por el estilo en una situación en la que los trabajadores de la Unión Europea están sujetos a una explotación desenfrenada. Por ello, agradezco cualquier intento de perseguir y sancionar a los que contratan a inmigrantes ilegales y le doy las gracias al señor Fava.

 
  
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  Corina Creţu (PSE) . – (RO) El empleo ilegal se concentra en ciertos sectores en los que se asume que el trabajo es de naturaleza no especializada, como la construcción, la agricultura, la limpieza y la industria hotelera y de catering. Estos sectores utilizan mano de obra ilegal a un nivel alarmante. Especialmente en tiempos de crisis, los empleadores se sienten tentados a intentar eludir la ley y recurren a trabajadores ilegales para mantener los beneficios o simplemente para sobrevivir en el mercado.

El documento que tenemos hoy ante nosotros marca un paso hacia la reducción del índice de empleo ilegal, que tiene una gran repercusión negativa desde una perspectiva fiscal y social. Es una buena idea que castiguemos la contratación ilegal de personas de terceros países, pero no debemos olvidar que la misma desgracia está aquejando a los ciudadanos de los Estados miembros menos desarrollados de la Unión. Incluso los rumanos se enfrentan a numerosos abusos por parte de empleadores en la Unión Europea.

Respecto al texto del informe, me gustaría ver sanciones más duras para castigar a los intermediarios del mercado laboral.

 
  
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  Sebastiano Sanzarello, ponente de opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.(IT) Señora Presidenta, Señorías, siento que estamos tratando este tema en un momento especialmente delicado.

La crisis económica internacional ha llevado, o está llevando, a los países que sufren la peor crisis, a usar la mano de obra ilegal, lo que casi siempre implica a los inmigrantes ilegales, especialmente en ciertos sectores, entre los que se ha mencionado la construcción, la agricultura y otros. Esto fomenta la inmigración ilegal, lo que acaba en las tragedias que hemos estado experimentando. No es sorprendente, pues, que la inmigración ilegal aumente enormemente, y esta tarde y mañana, trataremos en esta Cámara los problemas de Lampedusa y otros países fronterizos.

Por consiguiente esta medida llega justo en el momento oportuno. Creo, por tanto, que las sanciones establecidas para los empleadores actuarán de verdad como un elemento disuasorio mayor, porque ya hay sanciones para el trabajo ilegal, sobre todo que impliquen a los inmigrantes ilegales. Estas sanciones impedirán más adelante que los empleadores contraten trabajadores.

Hemos oído que hay 8 millones de residentes ilegales trabajando de forma ilegal; debemos suponer que tan pronto como entren en vigor estas medidas, tendremos a 8 millones de inmigrantes ilegales en la calle, y tendremos que ocuparnos de ellos. Creo que es un problema que debemos empezar a reconocer porque, de lo contrario, los que sobrevivan de forma ilegal, pero sobrevivan al fin y al cabo, serán declarados ilegales oficialmente por sus empleadores, que ya no podrán alojarlos, y tendremos un problema enorme de 8 millones de personas en Europa a las que tendremos que expulsar y ayudar. Creo que es un tema que debemos tratar con antelación —enseguida acabo, pues veo que se me ha acabado el tiempo. Debemos observar con lupa el problema de la contratación temporal de trabajadores, especialmente en la agricultura, y debemos recortar el papeleo para facilitar su inclusión y aceptación.

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Señora Presidenta, el trabajo ilegal no afecta solo a entre cinco y diez millones de personas, sino, en particular, a los que les contratan. A diferencia del autor de este informe, creo que el problema afecta no solo a los inmigrantes ilegales procedentes de terceros países, sino también a millones de ciudadanos de la Unión Europea que de forma ocasional trabajan por un salario sin impuestos y del cual los empleadores no deducen la contribución de la seguridad social. El aumento del trabajo ilegal mina gravemente la competencia económica. Una cura eficaz que los Estados miembros tienen a su disposición sería reducir la carga de impuestos sobre el empleo. Sin embargo, también apoyo esta propuesta de la Comisión para armonizar las sanciones para los empleadores, pues creo que unas sanciones consecuentes dirigidas principalmente a los empleadores que delinquen de forma habitual restringirán la disponibilidad del trabajo ilegal y, por tanto, también el número de inmigrantes ilegales. También reducirá el ámbito de la exclusión social y, hasta cierto punto, también la explotación de ciudadanos de terceros países. Sin embargo, veo problemas en poner sobre los empleadores la responsabilidad de comprobar el derecho de residencia de los trabajadores.

 
  
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  Janusz Onyszkiewicz (ALDE).(PL) Señora Presidenta, me gustaría volver al tema de las sanciones contra los empleadores cuyos subcontratistas contratan a trabajadores ilegales. Estoy muy preocupado por esta disposición porque un empleador no tiene forma de comprobar si el subcontratista está contratando ilegales o no. Si el empleador aún albergara alguna sospecha de que así fuera, ¿qué medida tendría que tomar entonces el empleador? ¿Debería informar del tema a la policía o rescindir el contrato? Si se rescinde el contrato, el empleador se arriesga a que lo lleven a juicio y entonces sería necesario justificar las razones por las que se rescindió el contrato. El empleador no estaría en posición de ofrecer pruebas relevantes. Por lo tanto, me gustaría repetir la gran preocupación que mantengo respecto a esta disposición. Pudiera ser que la disposición resultara inútil. De forma alternativa, pudiera ser que se usara para sancionar a los empleadores injusta e injustificadamente.

 
  
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  Colm Burke (PPE-DE). – Señora Presidenta, agradezco el informe, puesto que necesitamos destacar y abordar el problema de los empleadores que explotan a inmigrantes ilegales. He recibido protestas formales de los electores, así que agradezco que se tomen medidas respecto a este tema.

Existen numerosas consecuencias perjudiciales, incluida la explotación de los inmigrantes pagándoles mal o, en algunos casos, no pagándoles. Esto crea presiones negativas en los salarios de los trabajadores legales y una distorsión de la competencia entre empresas que cumplen con la legislación del empleo y aquellos que hacen alarde de ello.

En conclusión, si pretendemos acabar con esta práctica ilegal en nuestros Estados miembros, tenemos que comprender que no se trata sólo de un tema sobre los derechos de los trabajadores sino también de un tema de competencia.

 
  
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  Genowefa Grabowska (PSE).(PL) Señora Presidenta, me gustaría concluir el comentario que hice en mi intervención principal y explicar lo que quería expresar a los miembros británicos del Parlamento Europeo que se están quejando de que esta directiva es intervencionista y que viene a ser una intromisión en los asuntos internos de los Estados miembros. De hecho, más que interferir, en realidad pone las cosas en orden.

Quería decirles a los diputados británicos que han expresado las quejas que deberían dirigirse a los empleadores en su país para asegurar que se respeten los derechos de los inmigrantes y que no se contrate a las personas que se hallan ilegalmente en el territorio del Reino Unido. Entonces todos podremos estar de acuerdo en que esta directiva es buena.

 
  
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  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Se ha sugerido que la migración podría ser una manera de paliar las consecuencias negativas de la crisis demográfica. Es muy importante animar a los ciudadanos de terceros países a que entren en el territorio de la Unión para encontrar empleo. Sin embargo, sólo nos interesa la residencia legal y el empleo legal. Los trabajadores extranjeros ilegales significan pérdidas presupuestarias y distorsionan la competencia sana entre las empresas. Los empleadores obtienen más beneficios con el esfuerzo de los trabajadores ilegales. Pueden conseguir fácilmente mano de obra barata. A los inmigrantes de terceros países se les contrata casi siempre para los trabajos más duros y peor pagados. Como se encuentran en una situación difícil, están preparados para hacer todo lo que los empleadores les pidan. Estos últimos a menudo explotan su desesperación. No sólo se les paga muy mal, sino que también trabajan sin protección social ni seguro de asistencia sanitaria y están bajo una amenaza constante de expulsión del país en el que se encuentran. La Unión debería facilitar a los inmigrantes la obtención de empleo y nosotros deberíamos actuar como corresponde. Estoy pensando, por ejemplo, en los ciudadanos ucranianos que vienen a trabajar a Polonia.

 
  
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  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. - (FR) Señora Presidenta, creo que este debate tan interesante, por el que doy las gracias a todos los oradores, ha mostrado que existe un amplio acuerdo en el Parlamento sobre la necesidad de dirigirse a los empleadores que contratan y, muy a menudo, explotan a los inmigrantes ilegales.

Señalaré al Parlamento que la evaluación de impacto que llevó a cabo la Comisión mostró que las sanciones actuales no garantizan que se cumplan las normas. La directiva ha mejorado esta situación obligando a los Estados miembros a introducir penas equivalentes y asegurarse de que se apliquen de forma efectiva. Al inicio de esta sesión, también remarqué que la Comisión vigilará las inspecciones que los Estados miembros tienen que llevar a cabo.

También me gustaría dar las gracias otra vez al señor Fava y al Parlamento por haber hecho posible este compromiso. Me parece que es un buen primer paso.

También señalaré que esta directiva forma parte del marco de la política común de inmigración de la Unión Europea. Por supuesto, debemos luchar contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos. Es el tema que estamos tratando hoy, pero también debemos subrayar los beneficios de la inmigración legal. Aparte de las dos propuestas presentadas en octubre de 2007, sobre la tarjeta azul para trabajadores inmigrantes altamente cualificados y sobre el permiso único relacionado con el derecho de los inmigrantes, en la primavera de 2009, la Comisión presentará otros tres proyectos de directiva sobre la inmigración ilegal dirigidas a establecer unas normas comunes para los trabajadores estacionales, que en general están menos cualificados, para las personas trasladadas dentro de sus empresas y para aprendices asalariados.

Añadiré que la Comisión, de acuerdo con su obligación para con el Parlamento Europeo y dentro del marco de preparación e implementación del programa Estocolmo, considerará si existe la necesidad de una legislación en otras categorías de trabajadores inmigrantes.

Ahí lo tienen. Me pareció necesario poner esta propuesta de directiva en el contexto general del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo. He querido recordarlo ante el Parlamento para mostrar que sus deseos serán realizados. Gracias también por la calidad de este debate.

 
  
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  Claudio Fava, ponente.(IT) Señora Presidenta, Señorías, agradezco los comentarios y esperanzas del Señor Comisario. El Parlamento ha dicho de forma bastante clara, creo —y no sólo hoy— que es necesario tomar medidas respecto a la inmigración legal y que la inmigración tiene que tratarse en un contexto global, que no busque sólo producir medidas excesivas contra la inmigración ilegal.

Hemos hecho tarde a este respecto, y por supuesto, no nos alegramos de que los Tratados no autoricen a este Parlamento a entrar en un procedimiento de decisión conjunta con el Consejo sobre la inmigración legal. La base legal que nos obliga ahora a hablar solo sobre la legislación para combatir la inmigración es algo que yo también encuentro frustrante, pero es la base legal que tenemos que acatar.

Dicho esto, creo que hoy nuestro informe ha introducido artículos que protegen realmente los derechos de los trabajadores extranjeros, incluso si son inmigrantes ilegales. Estoy pensando en el permiso de residencia temporal para los menores que han sido explotados. Estoy pensando en el sueldo: al fin se ha establecido expresamente que la remuneración no puede ser menor que la que la ley reconoce para los demás ciudadanos europeos. Estoy pensando en el papel de los sindicatos que, por primera vez, pueden defender y representar a trabajadores extranjeros, incluso a los ilegales, en casos administrativos y civiles.

Creo que todas éstas son razones por las que podemos hablar de derechos restablecidos, un paso adelante y no hacia atrás, y una directiva que aborda un tema difícil y delicado, pero con un sentido del equilibrio sobre el que este Parlamento está especialmente alerta.

 
  
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  Presidenta. – El debate está cerrado.

La votación se realizará el miércoles, 4 de febrero de 2009.

Declaraciones escritas (artículo 142 del Reglamento)

 
  
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  Carl Lang (NI), por escrito. (FR) Este informe tiene mucho mérito.

Lo primero es que su objetivo sea ser informativo: registra el alarmante aumento de la inmigración ilegal en Europa, inmigración que se calcula, según las cifras de la Comisión, entre 4,5 y 8 millones de personas. También identifica los sectores de la economía en los que se concentra más el trabajo ilegal, a saber, la construcción, la agricultura, la limpieza, los hoteles y el catering.

Su segundo mérito es que intensifica la lucha contra el trabajo no declarado, en particular con la opción de sanciones financieras y penales para los empleadores de trabajadores ilegales.

Por desgracia, el informe tiene muchas limitaciones. No dice nada sobre qué medidas se deberían tomar para detener estos flujos intermitentes de inmigración ilegal. Ni siquiera considera la reintroducción de controles en las fronteras interiores.

En un tiempo de crisis social y económica y un gran aumento del desempleo, la primera necesidad para los países de la Unión es que protejan sus trabajos. Para hacerlo, es esencial introducir políticas de protección social tanto nacionales como europeas. Los trabajos en Francia deben estar reservados para los franceses, mientras que los trabajos en Europa están reservados para los europeos. La aplicación de los principios de preferencia y protección nacional y europea es una condición esencial para la recuperación económica y social de los países de la Unión Europea.

 
  
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  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), por escrito.(RO) Nadie puede poner en duda la utilidad ni lo oportuno de las medidas dirigidas a castigar a los que contratan a inmigrantes ilegales. El país al que represento es menos propenso a estas preocupaciones en particular porque todavía es más un país de tránsito para la inmigración ilegal.

Al mismo tiempo, tenemos que ser conscientes de los riesgos futuros a los que nos exponemos. Respecto al presente informe, acojo la propuesta de eliminar el porcentaje de control obligatorio que le gustaría imponer a la Comisión. Este porcentaje es excesivo y sólo conseguiría generar más papeleo y grandes gastos públicos, sin causar un verdadero impacto.

 
  
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  Maria Petre (PPE-DE), por escrito.(RO) Antes de nada me gustaría dar las gracias al ponente por el buen trabajo que ha hecho. Todos sabemos que en la Unión Europea trabajan entre 4,5 y 8 millones de inmigrantes ilegales en sectores como la construcción, la agricultura y el turismo.

Agradezco el hecho de que la directiva asegure sanciones penales contra los empleadores culpables de reincidir en los delitos, de contratar a un gran número de gente cuyo estado es ilegal, si el empleado es víctima del tráfico de humanos y el empleador lo sabe, o si el empleado es un menor.

Los Estados miembros también deben establecer un mecanismo que les dé a los inmigrantes ilegales la oportunidad de presentar una queja si son, por ejemplo, víctimas de la explotación.

Debemos tener presente el hecho de que la gente que está aquí de forma ilegal ha dejado su país de origen para proporcionarle a su familia un futuro mejor. Cada vez dejan atrás a más niños: algunos se quedan solos mientras otros los dejan al cuidado de los abuelos y vecinos o incluso en alguna institución.

Cuando estos niños acompañan a sus padres, tenemos que darles la oportunidad de tener acceso al sistema educativo y protección social dentro de la Unión Europea, incluso si están de forma ilegal.

 
  
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  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), por escrito.(RO) El informe compilado por Claudio Fava forma parte del paquete de medidas dirigidas a combatir la inmigración ilegal disuadiendo a las empresas de contratar a estas personas. Por desgracia, el ponente puso mucho énfasis en medidas dirigidas a castigar a los empleadores y apoyó la extensión de los derechos de los inmigrantes ilegales.

Como es extremadamente importante mantener un equilibrio respecto a las sanciones que se pueden imponer a los empleadores, he intentado, con las modificaciones que he propuesto, destacar las disposiciones del informe en las que las sanciones contra los empleadores son demasiado duras y podrían dejar espacio a una interpretación que conduciría a abusos contra ellos.

Al mismo tiempo, se debe prestar una atención especial a la situación humanitaria de estos inmigrantes. Por esta razón, es de suma importancia alentar a los Estados miembros a imponer sanciones penales en los casos graves, como cuando el empleador sabe que el empleado es víctima del tráfico de humanos. Además, las obligaciones de verificación y notificación de incumbencia para los empleadores como se especifica en el informe juegan un papel apropiado en hacer responsables a estos últimos respecto a este grave problema al que nos enfrentamos en la UE con una frecuencia creciente.

 
  
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  Bogusław Rogalski (UEN), por escrito.(PL) Los Estados miembros deberían colaborar más estrechamente para combatir la inmigración ilegal reforzando las medidas contra el empleo ilegal a nivel de los Estados miembros de la Unión Europea. Uno de los principales factores que animan a los inmigrantes ilegales a viajar a la UE es la posibilidad de conseguir trabajo sin necesidad de regularizar su estado legal. Las medidas contra la inmigración ilegal y la residencia ilegal deberían servir como elemento disuasorio.

No obstante, la directiva sobre la lucha contra la inmigración ilegal debería aplicarse sin perjudicar la legislación nacional que prohíbe el empleo de ciudadanos de terceros países que residen de forma legal en el territorio de los Estados miembros, pero que trabajan violando su estado de residentes autorizados.

También debería considerarse la reducción de las penas financieras a los empleadores de terceros países en los casos en que el empleador sea una persona natural.

Las definiciones comunes, los métodos y estándares en el área de la lucha contra la inmigración ilegal son un sine qua non en el proceso de creación de una política común europea sobre migración.

 
  
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  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. – (PL) Señorías, me gustaría empezar dando las gracias a todos los implicados en el proyecto de esta directiva.

Las estadísticas sobre el número de trabajadores ilegales en la Unión son alarmantes. Sin duda es necesaria una estrecha colaboración para combatir la inmigración ilegal. Ocuparse de la inmigración ilegal es una prioridad de la estrategia de la UE en el área de inmigración.

El proyecto de directiva deja algo que desear. Podría tener un alcance mayor y cubrir a los ciudadanos que residen de forma legal en el territorio de la UE, pero que están contratados en condiciones muy desfavorables. También sería beneficioso ampliar la definición de empleador para incluir a las empresas de trabajo temporal y también a los agentes de empleo. A pesar de sus deficiencias, el proyecto en debate merece un elogio.

Es verdad que los empleadores son, en cierta medida, responsables del empleo ilegal. La directiva impone obligaciones administrativas adicionales a los empleadores y aseguran una variedad de sanciones por no cumplir estas obligaciones. Sin embargo, esto no significa que la directiva sólo trate de penalizar a los empleadores.

Me gustaría dejar muy claro que nuestro objetivo principal es acabar con las situaciones en las que se explota a las personas en el trabajo. No debemos permitir que se contrate a gente en condiciones indignas e inhumanas, privados de sus derechos y de los beneficios sociales básicos. Creo que la directiva en cuestión es esencial para obtener una mínima armonización de las disposiciones que prohíben el empleo ilegal. También confío en que los Estados miembros aplicarán estas disposiciones de forma efectiva.

 
  
  

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 

6. Turno de votaciones
Vídeo de las intervenciones
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  Presidente. – Pasamos ahora al turno de votaciones.

(Para los resultados y otros detalles de la votación: véase el Acta)

 

6.1. Renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica CE/Estados Unidos (A6-0006/2009, Angelika Niebler) (votación)

6.2. Renovación del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica CE/Rusia (A6-0005/2009, Angelika Niebler) (votación)

6.3. Los espacios naturales en Europa (A6-0478/2008, Gyula Hegyi) (votación)
 

- Antes de la votación:

 
  
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  Gyula Hegyi, ponente. - Señor Presidente, como no realizamos un debate plenario sobre este tema y no se pudo presentar ninguna enmienda tras la votación en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, tendrá que confiar en el ponente —yo mismo— o rechazar toda la resolución. Desde mi punto de vista no es un buen sistema, pero es la herramienta actual.

Muchos aspectos de las Directivas Natura 2000 deberían reabrirse en cualquier caso en un futuro próximo y, con un poco de suerte, el decreto legislativo también cubrirá los espacios naturales, dándole la oportunidad a la próxima Asamblea de ir más allá en este hermoso tema. Espero que mi resolución se convierta en la base para futuras medidas legislativas que proporcionen a los miembros la posibilidad de mejorar en el futuro.

 

6.4. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Miloslav Ransdorf (A6-0008/2009, Aloyzas Sakalas) (votación)

6.5. Programa para el futuro sostenible de la aviación general y de negocios (A6-0501/2008, Luís Queiró) (votación)

6.6. La contratación precomercial: impulsar la innovación para dar a Europa servicios públicos de alta calidad y sostenibles (A6-0018/2009, Malcolm Harbour) (votación)

6.7. Segunda revisión estratégica del sector de la energía (A6-0013/2009, Anne Laperrouze) (votación)

6.8. La no discriminación basada en el sexo y la solidaridad entre las generaciones (A6-0492/2008, Anna Záborská) (vote)
 

- Antes de la votación:

 
  
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  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). - (ES) Señor Presidente, tengo una pequeña observación lingüística, quizás también semántica.

–(PL) El párrafo A contiene la expresión «...y reconociendo la diversidad de las pautas familiares del siglo XXI...» traducida a otros idiomas como «...en reconnaissant la diversité de schémas familiaux...», «...and recognising the diversity of 21st century family patterns...», «...Anerkennung der Vielfalt der Familienmodels...». Si esto se ha de entender como la aceptación de la diversidad unida a un modelo de familia de un solo sexo, si eso es lo que de verdad pretendía la señora Záborská, entonces votaré en contra. Agradecería que aclarara si esto se refiere simplemente a constatar que se han observado esos modelos, o si se refiere a su reconocimiento y aceptación. Tenemos que comprender lo que vamos a votar.

 
  
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  Anna Záborská, ponente. - (SK) Gracias, Señor Presidente y señor Zaleski. Por supuesto, en este contexto reconocemos otros modelos.

 
  
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  Presidente. - Por tanto, está claro, señor Zaleski, que se constata la existencia.

 

6.9. Lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil (A6-0012/2009, Roberta Angelilli) (votación)

7. Explicaciones de voto
Vídeo de las intervenciones
  

Explicaciones de voto orales

 
  
  

- Informe: Gyula Hegyi (A6-0478/2008)

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Los espacios naturales y su diversidad representan un regalo y un tesoro que la humanidad debería cuidar no sólo en la Unión Europea. Los esfuerzos de la Unión Europea no tendrán ningún efecto mientras no paremos la destrucción de los bosques tropicales, con el robo de agua de Asia, África y América, mientras no extendamos una educación más eficaz sobre nuestra responsabilidad conjunta de proteger la naturaleza de la humanidad en todo el planeta, y harán de este informe, que también he apoyado hoy, sólo otro trozo de papel.

 
  
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  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Señor Presidente, si queremos detener el proceso acelerado de destrucción de la biodiversidad, es esencial proteger los bosques y cuerpos de agua de los espacios naturales de Europa. Para que nuestras medidas comunes sean efectivas, es vital, en primer lugar, redactar definiciones inequívocas de los espacios naturales y establecer la ubicación precisa de estos últimos en el mapa de la Comunidad.

También es vital desarrollar una estrategia basada en los análisis de riesgos realizados por expertos y análisis de los procesos implicados en la degradación de los espacios naturales. Esto está relacionado, en particular, con la invasión de especies externas que compiten con las indígenas y también con el impacto del cambio climático que estamos sufriendo.

Otro tema clave es el turismo en su sentido más amplio. Me refiero, en particular, a las implicaciones del turismo insostenible o muy agresivo. Si queremos aumentar la conciencia por estos temas entre los ciudadanos de la Comunidad, es importante realizar campañas de información, proporcionar fondos especiales en el marco de las instituciones de las autoridades locales y apoyar las iniciativas de las bases.

 
  
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  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - Señor Presidente, me gustaría felicitar a Gyula Hegyi por su dossier y su ardua investigación.

En esta era de cambio climático global y problemas medioambientales, está claro que tenemos que tratar el tema de los espacios naturales europeos. Creo que es importante que coordinemos una estrategia para proteger y restaurar nuestras preciosas tierras vírgenes. Tenemos una responsabilidad para con la naturaleza de utilizar la tierra de forma adecuada.

En mi país, Eslovaquia, un aumento de la población de escarabajos de la corteza forzó a los servicios del parque nacional de la región del Alto Tatra a usar pesticidas para combatir la naturaleza corrosiva del insecto. Sin embargo, estos pesticidas contienen el producto químico cipermetrina, que a menudo destruye la vegetación sana y representa un alto riesgo para la salud de los seres humanos y los animales de la región.

Así como en Eslovaquia tenemos que encontrar una solución mejor para la explosión dramática de la población de este insecto, en Europa es necesario encontrar modos efectivos de proteger nuestras tierras vírgenes. Insto al Parlamento Europeo a actuar con responsabilidad y rapidez para proteger los espacios naturales que quedan.

 
  
  

- Informe: Malcolm Harbour (A6-0018/2009)

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Señor Presidente, me complace apoyar el informe sobre la contratación precomercial ya que minimiza enormemente el riesgo de invertir en innovación. Este aspecto es particularmente importante en tiempo de recesión. El éxito de la contratación precomercial permitirá a las instituciones públicas colaborar en el desarrollo de nuevos productos para mejorar la calidad de los servicios públicos. Creemos que esto incrementará el interés de las PYME por la proposición de soluciones innovadoras para mejorar la calidad del transporte público, la asistencia sanitaria, la reducción del consumo de energía en los edificios públicos y la protección de los ciudadanos contra las amenazas a la seguridad sin tener que inmiscuirse en su intimidad. Este nuevo enfoque ayudará al sector público de Europa a abordar las tareas públicas fundamentales sin la ayuda del estado mientras, al mismo tiempo, aumenta el potencial innovador de las empresas europeas. Con este informe, le hemos dado a la Comisión Europea una señal fuerte para que se dé prisa y haga algunos cambios legislativos específicos.

 
  
  

- Informe: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

 
  
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  Jan Březina (PPE-DE). - (CS) Señor Presidente en funciones, en este punto me gustaría expresar mi opinión sobre la separación de los sistemas de producción y transmisión de gas en conexión con la legislación aprobada. El procedimiento de certificación propuesto para terceros países parece una solución razonable. Ésta es la primera vez que la UE presta atención a la seguridad energética en el contexto del mercado del gas. En respuesta a la crisis en el sector del gas que hemos experimentado, también es necesario acelerar la construcción de gaseoductos alternativos hacia Europa que no dependan de Rusia. Los principales proyectos de infraestructura, como el gaseoducto Nabucco, que enlazará la región del Caspio con Europa, no pueden existir sin empresas integradas verticalmente a gran escala y sus inversiones. Sin embargo, éstas no vendrán en masa si se inclina sobre ellas el riesgo de escisión, y de ahí, una posición económica debilitada. La solución que podría usar el Parlamento es establecer la exención de escisión para la nueva infraestructura hasta que haya una devolución de las inversiones. No sé si hemos agotado todas las posibilidades que teníamos abiertas en esta legislación.

 
  
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  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Señor Presidente, la política común de energía es actualmente uno de los mayores retos a los que se enfrenta la Unión Europea. Nuestra respuesta debe basarse en la solidaridad.

Todos somos conscientes de que Rusia sigue siendo uno de nuestros socios comerciales más importantes, pero también de los más difíciles. El hecho de que Rusia sea nuestra mayor fuente de suministro de gas no tiene por qué significar, no obstante, que pueda recibir un trato especial. El ponente sugiere flexibilizar la política de la Unión hacia la Federación Rusa. Creo que debemos seguir una política justa pero estricta hacia un socio comercial que utiliza materias primas de energía como arma con la que ejercer presión política.

Se ha enfatizado que la diversificación de las fuentes de energía es uno de los temas fundamentales que están surgiendo en el área de seguridad energética. Una manera de abordar este tema sería liberalizarnos de la dependencia de las materias primas rusas. La construcción del gaseoducto Nabucco y la explotación de otras fuentes de energía son pasos en esta dirección.

 
  
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  Jim Allister (NI). – Señor Presidente, una vez más nos hemos congratulado en este Parlamento por nuestros credenciales ecológicos y los oradores han competido por llevar cada vez más alto los objetivos poco realistas para la energía que proceda sólo de fuentes renovables y los objetivos para la reducción de las emisiones de CO2 —todo con la confianza de que con nuestros esfuerzos lastimosos pero costosos, salvaremos el planeta.

Sí, deberíamos usar y promocionar las fuentes de energía sostenible, pero la búsqueda de lo que para muchos se ha convertido en un dogma sin tener en cuenta el coste o la viabilidad tiene que suavizarse con la realidad, incluida la realidad de que el cambio climático no es nuevo, sino cíclico, así como la realidad de que mientras nos imponemos estos objetivos, cada vez más, la fabricación cambia adonde no los inhiban esas limitaciones. Algún día tendremos que explicar los objetivos propios en los que destaca la UE.

 
  
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  Johannes Lebech (ALDE).(DA) Señor Presidente, yo voté a favor del informe de la señora Laperrouze, pero también voté a favor de un número de enmiendas que cuestionan el uso de la energía nuclear como fuente energética del futuro. Fueron rechazadas. Al votar a favor del informe en su conjunto, apoyo los muchos elementos buenos que contiene, pero también reconozco el hecho de que la mayoría ve la energía nuclear como parte de la mezcla de energías libres de CO2 de Europa.

Sin embargo, aún pienso que esta no es la solución para el futuro. La solución para el futuro es una fuerte inversión en energía renovable y el desarrollo de la misma.

 
  
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  Danutė Budreikaitė (ALDE). (LT) Estoy de acuerdo con las disposiciones de la Segunda revisión de la política estratégica europea del sector de la energía, pero también me gustaría mencionar algunos aspectos de la crisis en el sector del gas. La actual crisis en el sector del gas entre Ucrania y Rusia, que desafortunadamente no es la primera, ha afectado a 15 países centroeuropeos y de los Balcanes. No he visto las cifras que muestren el alcance de las pérdidas económicas que han sufrido los países afectados, pero me gustaría subrayar las pérdidas morales y valiosas. ¿Cómo se supone que se tienen que sentir los ciudadanos de la UE cuando el conflicto entre Ucrania y Rusia, que obviamente ha sido político, arruina la economía de la UE, la seguridad energética, la estabilidad política, y los estados de la UE son incapaces de tomar ninguna medida? Me refiero a las intenciones de Eslovaquia y Bulgaria de retomar el funcionamiento de centrales nucleares seguras que habían sido cerradas, algo que muchos de nosotros apoyamos. Cuando debatimos cualquier ley de la UE, incluidas las del campo de la energía, destacamos que el consumidor es lo más importante, en otras palabras, un hombre de a pie. ¿Cuándo vamos a prestar atención al hombre de a pie, el ciudadano de la Unión Europea?

 
  
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  Avril Doyle (PPE-DE). – Señor Presidente, para muchos compañeros, el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en un 95 % para 2050 puede parecer extremo, pero si queremos aceptar —como quiero yo— la ciencia revisada por pares como se representa en el último informe del IPCC, se requerirá ese nivel de reducción si queremos mantener a la vista el incremento de 2° C en el calentamiento global.

En segundo lugar, aunque voté en contra de una serie de enmiendas relacionadas con la energía nuclear debido a mi preocupación por la fisión nuclear, no tengo ningún problema en relación a la investigación en temas de seguridad o en nuevas generaciones de energía nuclear. Como muchos, miro y me pregunto si la fusión nuclear se hará realidad algún día.

El tercer punto que quiero señalar es mi preocupación permanente por la situación irlandesa y la falta de una escisión transparente y de propiedad real de nuestra red de suministro eléctrico, que sigue siendo una gran traba para la inversión por parte de otros productores, sobre todo con el uso de combustibles alternativos, con lo que resulta que los irlandeses tenemos uno de los costes de electricidad más altos de Europa.

 
  
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  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Señor Presidente, ese tema de los altos precios de la electricidad en Irlanda lo ha tratado un compañero nuestro, antiguo miembro de esta Cámara, Simon Coveney, y esperamos que tenga suerte.

Yo voté a favor de este informe porque habla de temas sensatos como la eficiencia y la seguridad energéticas relacionadas con la agenda del cambio climático. Me preocupa la energía nuclear, como a mucha gente en Irlanda, pero creo que tenemos que reconocer que, cuando los interconectores están en marcha, es probable que usemos energía generada por el sector nuclear. Por tanto, sí, tenemos que investigar sobre la eliminación segura de los residuos nucleares y sobre nuevos desarrollos de esta tecnología para elevar la seguridad de la misma.

En ausencia de esto, se mantenía mi preocupación y voté de acuerdo a los temas relacionados con este informe. Lamento particularmente que se rechazara la Enmienda 37, ya que creo que reflejaba, de forma bastante imparcial, muchas de las preocupaciones de esta Cámara.

 
  
  

- Informe: Luís Queiró (A6-0501/2008)

 
  
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  Nirj Deva (PPE-DE). - Señor Presidente, me ha encantado poder apoyar el informe del señor Luís Queiró sobre proporcionalidad y subsidiariedad de los aeropuertos pequeños. En la UE siempre hemos intentado tener políticas que valgan para todos, pero la UE debe reconocer que cada Estado miembro y todas las circunstancias locales requieren soluciones diferentes. El informe del señor Queiró ha tratado este tema en profundidad.

Hay aeropuertos pequeños, hay aeropuertos medianos y hay aeropuertos internacionales enormes. No queremos que la Unión Europea sea una estructura aeroportuaria enorme. Tenemos el equilibrio apropiado en este informe y ésa es la manera en que deberíamos mirar nuestra infraestructura en el futuro. Esta es una de las razones por las que, en mi propia circunscripción del sudeste de Inglaterra, soy muy reacio a apoyar una tercera pista en Heathrow cuando podríamos tener una estructura mejor para Kent en un aeropuerto nuevo en el estuario del Támesis.

 
  
  

- Informe: Anna Záborská (A6-0492/2008)

 
  
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  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) En la práctica, se puede ver que el procedimiento bajo el artículo 45(2) tiene deficiencias graves. Aparte del hecho de que solo el ponente en el debate puede discutir el tema en el pleno, incluso priva al ponente de la posibilidad de debatir propuestas de enmiendas individuales que resultan problemáticas en el informe.

No voté a favor de la propuesta de enmienda del Grupo de los Verdes porque, en dos puntos, la nueva versión expresa reservas en relación a la propuesta de la Presidencia checa. Sin embargo, como ésta no es la posición oficial del Consejo, esas recomendaciones son prematuras y a menudo contraproductivas.

Si el trabajo tiene que ser compatible con la vida privada, la carrera profesional debe colocarse en igualdad de condiciones con las actividades no remuneradas que tengan lugar en el contexto de la solidaridad intergeneracional. Estoy convencida de que el informe aporta nuevos incentivos para eliminar la discriminación múltiple a la que se enfrentan los hombres y mujeres que deciden libremente cuidar a sus seres queridos.

Me gustaría destacar el trabajo que ha hecho la ponente Anna Záborská, pero siento que a causa de los procesos de procedimiento no hayamos votado su proyecto de informe.

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Señor Presidente, me alejo de las enmiendas que se acaban de anunciar para el informe de Záborská sobre la no discriminación basada en el género y la solidaridad entre las generaciones. Una sociedad europea madura debe aprender a ver el cuidado a tiempo completo de los hijos y otras personas dependientes como una alternativa totalmente válida a la vida profesional. La propuesta de los Verdes, que ataca este enfoque de la Presidencia checa y lo llama reaccionario, es, en mi opinión, erróneo e inmaduro, aunque por desgracia los diputados del Parlamento han votado por ella. Lejos de ser una relegación reaccionaria de la mujer a un papel de subordinación al hombre, es una manera de rehabilitar la familia en la sociedad, dándoles también a los hombres derechos igualitarios. Hoy en día también hay hombres que empujan carritos y cuidan a los niños en el hospital. Esos hombres que dedican parte de sus vidas al cuidado de un hijo o a los padres enfermos llevan a cabo un importante trabajo social que no debe considerarse en el futuro una ocupación inferior. Agradezco el hecho de que la Presidencia checa haya colocado este enfoque entre sus prioridades. Nuestro objetivo debe ser crear condiciones en las que un hombre o una mujer que decida tomar este rumbo no sufra discriminación en el mercado laboral y sea capaz de usar una variedad de opciones para compaginar el trabajo y la vida privada según los principios de la flexiguridad. Debemos reforzar la paternidad, y del mismo modo, la flexiguridad entre las generaciones, en vez de debilitarla con obstáculos impuestos por las leyes de trabajo. Los prejuicios del último siglo están acentuando la crisis demográfica. El informe de Záborská era un paso en la dirección correcta y me opongo a la versión modificada, que se ha aprobado.

 
  
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  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(CS) Asimismo, me gustaría expresar mi apoyo total a la señora Záborská, que ha presentado su informe por iniciativa propia, que en verdad trata y subraya la necesidad de solidaridad intergeneracional entre los miembros de una familia. No es sólo cuestión de cuidar a la generación más joven, los recién llegados a la familia. En muchos casos, también necesitamos resolver los problemas de cuidar a personas mayores de la misma familia.

Creo que la Presidencia checa ha captado correctamente la urgencia de la situación demográfica actual —y también se han de considerar los beneficios económicos— y yo rechazo la posición de los Verdes, quienes, de forma bastante equivocada, han presentado una propuesta de enmienda que devalúa esta intención correcta. Apoyo totalmente el informe de la señora Záborská.

A la hora de votar por el informe final, mi dispositivo de voto no funcionaba. Yo estaba a favor de la posición propuesta por la señora Záborská.

 
  
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  Ivo Strejček (PPE-DE). – Señor Presidente, gracias por su paciencia e indulgencia. Permítame la oportunidad de explicar por qué voté en contra de los Verdes y su enmienda. No quiero votar en contra de la Presidencia checa.

Mi primer punto es que la Presidencia checa no pide un cambio especial en los llamados objetivos de Barcelona, sino la apertura del debate sobre una revisión posible y viable de los objetivos. Mi segundo punto es que es evidente que hay diferentes condiciones sociales, culturales y económicas que difícilmente pueden permitir que se alcancen los objetivos de Barcelona en términos generales y de forma igualitaria en toda la UE. En tercer lugar, el informe no tiene en cuenta otros factores, como la libertad de cada familia, así como los intereses de los niños. Y por último, pero no por ello menos importante, también es difícil alcanzar los objetivos de Barcelona porque el cuidado de los niños está, de forma bastante justa, totalmente en manos de los gobiernos nacionales.

 
  
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  Philip Claeys (NI). (NL) Yo también pretendía votar a favor del informe de Záborská porque, en general, era un informe imparcial que no cae en lo tradicional, clichés políticamente correctos cuando se trata de temas como la discriminación o lo que se quiere decir con ella.

La enmienda presentada por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea por la que voté en contra, de hecho, ha anulado completamente el informe y contiene una cantidad de elementos muy dudosos, incluido el ataque a la Presidencia checa y la afirmación gratuita de que criar a los hijos en casa tendría, de hecho, un efecto de confirmación de los papeles. Este argumento es especialmente poco convincente, pero cualquier cosa vale para criticar y mantener el debate, para conseguir argumentos de verdad para un tema como un salario para los padres que se queden en casa.

 
  
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  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Señor Presidente, yo voté a favor del informe de la señora Záborská, en particular porque reconocía el trabajo que las mujeres hacen en casa. El trabajo de enfermera, cuidadora, educadora y profesora debería valorarse de forma adecuada. Después de todo, si ese tipo de trabajo se realiza fuera de casa, está reconocido e incluido en el cálculo del PIB. Gary Becker, ganador del Premio Nobel, se refiere a la importancia de la contribución económica que hace la gente que lleva a cabo tareas domésticas al progreso económico de la sociedad como un todo. En cuanto a la definición de familia, en polaco este término se refiere a una unión capaz de procrear y, por tanto, no abarca las uniones del mismo sexo.

 
  
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  Astrid Lulling (PPE-DE).(DE) Señor Presidente, he votado a favor del informe de Záborská, al que se opusieron los Verdes y que introdujo un debate alternativo al respecto. Opino que en Europa debemos asegurar, en base a nuestra comunidad de valores compartidos, que las mujeres que particularmente están empezando a crear una familia tengan el derecho a decidir si dejar de trabajar por completo o trabajar a tiempo parcial, tras dar a luz, para cuidar a su hijo. Yo tuve mucha suerte de que mi madre pudiera hacerlo y debo decir que eso me ha beneficiado.

Si mi madre hubiera tenido la mala suerte de divorciarse tras veinte años de matrimonio, se habría encontrado en una situación difícil porque no habría recibido ninguna ayuda de la seguridad social, sobre todo a una edad avanzada. He luchado durante cuarenta años para asegurar que a las mujeres que elijan dedicarse a su familia y a sus hijos no se las discrimine y que no se equivoquen al tomar esta decisión. No puedo votar a favor de una ideología que quiere encomendar a los niños y a los adultos al estado desde la cuna hasta la tumba.

Lamento el hecho de que se rechazara el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. La mayoría de los miembros que votaron en su contra les hicieron un flaco servicio a las mujeres, a la familia y a la sociedad.

 
  
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  Nirj Deva (PPE-DE). – Señor Presidente, le estoy muy agradecido a Anna Záborská por realizar este informe. Aunque mi grupo ha tenido algunas discrepancias con él, creo que ha mencionado algo que es de suma importancia para la UE.

La población de la UE está disminuyendo bruscamente. El papel de las mujeres en el cuidado de su familia no está reconocido en muchos Estados miembros como una contribución al PIB nacional. Las mujeres y madres son una parte integral de la vida profesional en nuestra sociedad y hay muchos millones de madres que cuidan a sus hijos en mi circunscripción del sudeste de Inglaterra. Su contribución al PIB británico y a la riqueza de mi propia región tiene una importancia fundamental para nuestro país.

Este informe reconoce, creo que por primera vez en la Unión Europea, esa contribución. Tenemos que alentar al Parlamento a que en el futuro mire los detalles técnicos de estos temas para que haya igualdad y solidaridad entre los sexos.

 
  
  

- Informe: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

 
  
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  Jim Allister (NI). - Señor Presidente, hoy debatimos y condenamos el mal de la explotación sexual de los niños. Prácticamente todos los oradores en el debate condenaron de forma justa las actividades pedófilas y el abuso pornográfico de los niños. Asimismo, el mal uso de Internet provocó la ira de muchos.

Sin embargo resulta decepcionante que a pesar de esa unanimidad, varios Estados miembros no han alcanzado el mismo nivel de ilegalización de este abuso de los niños. El engaño por internet, el abuso sexual y la pornografía infantil no deberían tener cabida en la UE ni deberíamos tolerarlos. El silencio es el mejor amigo de la pedofilia. Lo hemos visto en iglesias, en familias y comunidades, donde se hace la vista gorda, lo que lleva a algunos de los escándalos de los que somos conscientes en varios Estados miembros.

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Señor Presidente, estaba contenta por apoyar el informe, pero debería añadir a mis comentarios anteriores el hecho de que siete países aún no se han comprometido con el Convenio del Consejo de Europa o con el Protocolo facultativo de las Naciones Unidas, que contienen instrumentos modernos para luchar contra el tráfico, la prostitución y la pornografía infantil. Siento decir que esto también se aplica a mi país, la República Checa, que, por supuesto, quiere combatir estos temas de forma más efectiva, pero que durante mucho tiempo ha estado solucionando el tema de la incorporación de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas a su legislación. Por supuesto, son estas personas jurídicas las que organizan el tráfico de niños y sacan gran provecho de ello. Por lo tanto, apelo a la Presidencia checa a asegurar que este problema doméstico se resuelva y que sirva como ejemplo a los demás Estados miembros de la UE.

 
  
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
  

- Informe: Angelika Niebler (A6-0006/2009)

 
  
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  David Casa (PPE-DE), por escrito. - Estos acuerdos son vitales para el proceso de refuerzo de los lazos entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Con el continuo aumento de la competencia de los nuevos mercados emergentes, es de suma importancia estar por encima de la situación y creo que este informe expresa exactamente ese sentimiento.

 
  
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  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), por escrito. (RO) Yo he votado a favor del informe de Niebler ya que la colaboración científica y tecnológica entre la UE y Estados Unidos es una necesidad absoluta. Este acuerdo transatlántico debe animar tanto a los Estados Unidos como a la Comunidad Europea a recoger los beneficios recíprocos que resulten del progreso científico y técnico alcanzado a través de los programas de investigación. Este acuerdo facilitará el intercambio de ideas y la transferencia de habilidades en beneficio de la comunidad científica, la industria y los ciudadanos corrientes. Me gustaría destacar que Estados Unidos es un líder mundial en el campo de la ciencia y la tecnología.

Debemos tomar nota de que el acuerdo se basa en los principios de beneficio mutuo, promueve la participación en actividades de cooperación, como demandas coordinadas para las propuestas de proyectos comunes y acceso a los programas y actividades de cada uno. Se promocionan de forma activa los principios que apoyan la protección efectiva de la propiedad intelectual y el intercambio equitativo de los derechos de propiedad intelectual. La propuesta también asegura misiones por parte de expertos y oficiales de la UE y la organización de talleres, seminarios y reuniones en la Comunidad Europea y en Estados Unidos.

Espero que este acuerdo también contribuya al éxito de la Estrategia de Lisboa cuya meta es crear una Europa basada en el conocimiento. Después de establecer el Instituto Europeo de Tecnología, esta colaboración transatlántica científica y tecnológica generará nuevas oportunidades.

 
  
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  Avril Doyle (PPE-DE), por escrito. - La señora Niebler ha presentado el informe sobre la tercera renovación del Acuerdo entre la UE y el Gobierno de los Estados Unidos de América, que apoya la Decisión del Consejo relativa a la renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de los Estados Unidos de América. Dado que se trata de un acuerdo que beneficia a ambas partes y que permite incrementar el conocimiento científico y avanzar en el ámbito tecnológico, me complace apoyar esta medida.

 
  
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  Daniel Petru Funeriu (PPE-DE), por escrito. - La renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica entre la UE y los Estados Unidos es, sin lugar a dudas, un acontecimiento positivo para la investigación europea. La abrumadora mayoría que lo ha apoyado lo demuestra.

Sin embargo, la experiencia nos ha enseñado una y otra vez que las colaboraciones científicas más fructíferas son las que se dan cuando dos investigadores de dos instituciones colaboran en un proyecto diseñado y financiado conjuntamente. Por lo tanto, para lograr una colaboración científica más sustancial con los Estados Unidos, insto a la Comisión a establecer explícitamente instrumentos de financiación de ayudas de investigación conjunta a investigadores de los Estados Unidos y la UE que sean sencillos y estén más orientados a los proyectos. Acogemos con agrado la inclusión explícita en el acuerdo de campos como la biomedicina, la nanotecnología y la investigación espacial. Me gustaría que también se incluyeran otros ámbitos de vanguardia, como la investigación con células madre. La existencia de problemas éticos justificados relacionados con algunos campos de investigación debe dar lugar a una reflexión común sobre estos aspectos y no convertirse en un obstáculo para el progreso científico común.

Debido, sobre todo, a las ayudas del Consejo Europeo de Investigación, la UE está adquiriendo un creciente atractivo para los investigadores estadounidenses. La Unión cuenta ahora con instrumentos para incrementar la movilidad y la duración de la estancia de los científicos procedentes de otros países y debe tomar medidas para lograr que la UE logre ser un receptor neto de «cerebros».

 
  
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  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), por escrito. (RO) La renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica entre la UE y los Estados Unidos confirma la necesidad de cooperación e intercambios beneficiosos para ambas partes de la UE y los Estados Unidos en los sectores punteros de la investigación y la innovación.

La inclusión de los sectores espacial y de la seguridad en este acuerdo supone un importante hito para la consolidación de las relaciones transatlánticas, un objetivo prioritario del Grupo del PPE-DE. Esta cooperación debe incluir formas de colaboración civil y militar en ámbitos de interés común, incluidas áreas de vanguardia como las nuevas tecnologías espaciales, las nanotecnologías y la investigación en defensa.

Estoy convencida de que esta colaboración contribuirá a impulsar los resultados de las actividades que se han llevado a cabo a bordo de la estación espacial internacional, así como en el sensible campo de los satélites de comunicaciones. Además, considero que la colaboración con terceros países, sobre todo Rusia, es importante, especialmente en proyectos del tipo de GPS-Glonass-Galileo.

Todas las partes deben beneficiarse de los resultados útiles que logre una de las partes, ya sea en el sector civil o en el sector militar con aplicaciones en el sector civil, porque la seguridad es la principal preocupación de los ciudadanos del mundo en la actualidad y compartir este éxito no solo demuestra confianza mutua y colaboración, sino que también garantiza que estos resultados solo se utilizarán para el beneficio de la humanidad.

 
  
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  Mairead McGuinness (PPE-DE), por escrito. - Quisiera que conste en el Acta que apoyo este informe sobre la renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica entre la UE y los Estados Unidos.

Mi mecanismo de votación no ha funcionado y quisiera que conste en el Acta mi voto a favor de este informe.

 
  
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  Tobias Pflüger (GUE/NGL), por escrito. - (DE) He votado en contra del informe de Angelika Niebler relativo a la renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de los Estados Unidos de América (A6-0006/2009).

El acuerdo renovado difiere del anterior en su contenido, puesto que se han añadido apartados relativos a la investigación espacial y en materia de seguridad. Dado que tanto los Estados Unidos como la Unión Europea tienen previsto explícitamente utilizar el espacio para fines militares y que definen la seguridad principalmente en términos militares, es razonable dar por supuesto que el acuerdo de colaboración también servirá para fines militares.

La cooperación en los campos de la ciencia y la investigación es muy importante. No obstante, debe utilizarse para fines civiles. Me opongo a cualquier uso militar.

 
  
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  Lydie Polfer (ALDE), por escrito. (FR) He votado a favor de este informe que propone la renovación del acuerdo de diciembre de 1997, ya renovado en 2003, lo que permitirá a ambas partes mantener, mejorar e intensificar su cooperación en ámbitos científicos y técnicos de interés común.

Esta colaboración nos permitirá a ambos beneficiarnos de los avances científicos y técnicos logrados por nuestros respectivos programas de investigación. Asimismo, se producirá una transmisión de conocimientos que beneficiará a nuestras empresas y a nuestros ciudadanos.

La cooperación forma parte de la política europea de investigación y desarrollo técnicos, que genera una parte tan sustancial de la legislación europea. Nos permitirá reforzar los cimientos científicos y técnicos de la industria europea y fomentar e incrementar su competitividad internacional.

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE-DE), por escrito. - (CS) No he votado a favor del informe relativo a la renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica entre la UE y los Estados Unidos, pese a que el nivel de las inversiones realizadas por la UE y los Estados Unidos en este campo se encuentra entre los más elevados del mundo y muchos institutos científicos que mantienen una relación de cooperación lideran el progreso científico y técnico en el planeta y contribuyen a la resolución de varios problemas mundiales. A largo plazo, sin embargo, quiero criticar la falta de disposición de la Comisión y del Consejo para alcanzar un acuerdo con los Estados Unidos sobre la base de principios éticos comunes en el ámbito de la ciencia y la investigación. Me preocupa que el actual acuerdo tampoco incluya disposiciones a tal efecto. Es una irresponsabilidad hacia la humanidad y demuestra falta de consideración para aquellos científicos que mantienen voluntariamente principios éticos concretos, mientras que otros no lo hacen. Me refiero sobre todo a la biotecnología.

 
  
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  Luca Romagnoli (NI), por escrito. (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor del informe Niebler relativo a la renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica entre la UE y los Estados Unidos. El Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica entró en vigor hace algo más de 10 años y ya se renovó en una ocasión, al cumplir cinco años de vida. Coincido totalmente en que el Acuerdo debe volver a renovarse, a fin de continuar fomentando la cooperación científica y tecnológica con los Estados Unidos en ámbitos de prioridad común que generan beneficios socioeconómicos para ambas partes.

También me complace que las condiciones del acuerdo sean prácticamente idénticas a las firmadas anteriormente, con la excepción de unas pocas enmiendas técnicas. Por último, aplaudo la inclusión de la investigación espacial y del sector de la seguridad en dicho acuerdo.

 
  
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  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), por escrito. (RO) He votado a favor del informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de los Estados Unidos de América, ya que considero que toda cooperación científica puede dar lugar a nuevos descubrimientos que, a su vez, pueden contribuir al desarrollo y la evolución de la humanidad. Dado que los Estados Unidos son uno de los principales motores del mundo en el ámbito de la investigación científica, creo que la renovación del acuerdo de cooperación científica con ese país beneficiará a todos los Estados miembros de la Unión Europea.

 
  
  

- Informe: Angelika Niebler (A6-0005/2009)

 
  
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  Šarūnas Birutis (ALDE), por escrito. (LT) La renovación del acuerdo durante otro periodo de cinco años sería útil para ambas partes, ya que continuaría así la cooperación entre Rusia y la Comunidad Europea en el ámbito de la ciencia y la tecnología.

Habida cuenta de que el contenido del acuerdo renovado será idéntico al del que vence el 20 de febrero de 2009, no tendría sentido continuar las conversaciones sobre la renovación de este acuerdo de la forma habitual.

Dado que ambas partes se beneficiarían de una renovación rápida del acuerdo, se propone seguir un procedimiento de una etapa (un solo procedimiento y un solo acto, que reúna la firma y la celebración). Las dos partes del acuerdo están trabajando para lograr el mantenimiento de la cooperación (sobre todo llevando a cabo actividades en las que deben participar terceros Estados con arreglo al acuerdo de cooperación). Estoy totalmente de acuerdo con esta propuesta.

 
  
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  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), por escrito. (RO) He votado a favor del informe Niebler porque la cooperación tecnológica entre la UE y Rusia es una necesidad. El acuerdo entre la UE y Rusia debe inspirar tanto a la Comunidad Europea como a Rusia para aprovechar los beneficios recíprocos derivados de los avances científicos y técnicos logrados mediante programas de investigación.

Este acuerdo facilitará el intercambio de ideas y la transmisión de conocimientos especializados en beneficio de la comunidad científica, la industria y los ciudadanos de a pie. Quisiera desatacar que este acuerdo se basa en principios similares a los que rigen el acuerdo firmado entre la UE y los Estados Unidos sobre los mismos campos, es decir, la ciencia y la tecnología.

Debemos tomar nota de que el acuerdo se basa en los principios de beneficio mutuo y promueve la participación en actividades de cooperación, como «la convocatoria conjunta o coordinada para proyectos conjuntos».

Se promueven activamente los principios que apoyan la protección efectiva de la propiedad intelectual y el reparto equitativo de los derechos de propiedad intelectual. La propuesta también prevé misiones de expertos y funcionarios de la UE, así como la organización de talleres, seminarios y reuniones en la Comunidad Europea y en Rusia. En el presente Año Europeo de la Creatividad y la Innovación, esperemos que este acuerdo contribuya a incrementar la eficacia de la asociación estratégica entre la UE y Rusia.

 
  
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  Avril Doyle (PPE-DE), por escrito. - La señora Niebler ha presentado el informe sobre la renovación del actual acuerdo entre la CE y Rusia en materia de cooperación en ciencia y tecnología. La colaboración pacífica entre Rusia y la UE beneficia a ambas partes, permitiendo lograr avances en el conocimiento científico y la investigación, así que estoy encantada de apoyar esta medida.

 
  
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  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), por escrito. (RO) La renovación del acuerdo de asociación en materia de cooperación científica y tecnológica con Rusia es un hito importante en el proceso de normalización y consolidación de las relaciones entre la UE y la Federación Rusa, además de rebajar la tensión experimentada recientemente.

No obstante, no es suficiente para normalizar las relaciones de cooperación en estos ámbitos. La UE y Rusia deben, en primer lugar, encontrar una fórmula para consolidar su asociación y para cooperar en el ámbito de las políticas de seguridad, sobre todo la política de seguridad energética. La reciente crisis del gas puso de manifiesto la necesidad de que adoptemos un planteamiento serio y unido a la hora de abordar el problema de la dependencia de la UE de sus proveedores de recursos.

No olvidemos tampoco la crisis de Georgia que, durante un tiempo, puso en peligro toda la estructura posterior a la Guerra Fría en Europa.

En vista de todos los retos que generan la globalización y la crisis mundial, Rusia es un actor importante que no puede ser excluido ni ignorado en la mesa de negociación. Sin embargo, la Federación Rusa debe cumplir estos acuerdos y la normativa internacional.

Insto a la Comisión Europea y a la Presidencia checa a que encuentren fórmulas específicas para resolver estos problemas lo antes posible, lo que redundaría en su propio beneficio y en el de los ciudadanos de Europa y de terceros países socios (Ucrania y Moldova).

 
  
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  Mairead McGuinness (PPE-DE), por escrito. - Deseo que conste en el Acta mi apoyo a este informe sobre el acuerdo entre la UE y Rusia en materia de cooperación en ciencia y tecnología.

Mi mecanismo de votación no ha funcionado y quisiera que conste en el Acta mi voto a favor de este informe.

 
  
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  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), por escrito. - (SK) He votado a favor de la cooperación científica y técnica entre la Comunidad Europea y Rusia porque es necesaria para establecer relaciones de buena vecindad firmes y estables con la Federación Rusa. Considero que la cooperación en ciencia y tecnología es un excelente medio para construir una relación de ese tipo. La Comunidad Europea, al igual que Rusia, ha logrado significativos avances científicos que pueden beneficiar a ambas partes. Sin duda alguna, la Comunidad puede beneficiarse de esa cooperación, poniendo en práctica y perfeccionando sus propios proyectos científicos y técnicos. No obstante, quisiera señalar que, para que se den unas relaciones de buena vecindad, es preciso que la otra parte también actúe con buena disposición y fiabilidad.

Durante los últimos días se ha puesto de manifiesto la grave falta de fiabilidad de Rusia como socio comercial. Las medidas tomadas por la Federación Rusa provocaron una crisis del gas en muchos países de la Unión Europea, lo que supuso una amenaza directa para las economías de los Estados miembros y puso de relieve los inconvenientes de la dependencia energética de Rusia. Espero que, por el bien de la buena cooperación en el ámbito científico y técnico, esos acontecimientos no se repitan en el futuro.

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE-DE), por escrito. - (CS) Tal y como he hecho en el caso del acuerdo con Estados Unidos, he votado en contra del Acuerdo de cooperación científica y técnica entre la UE y Rusia. Lo he hecho exactamente por la misma razón. Me preocupa que no contenga un capítulo dedicado a un acuerdo sobre los límites éticos comunes de la investigación. Lamento que la Comisión y el Consejo infravaloren este importantísimo aspecto de la investigación y ni siquiera intenten desarrollar un acuerdo de ese tipo. Es como si no supieran que los límites éticos tienen un lugar, más que en cualquier otro sitio, en la ciencia, donde la prudencia preliminar es tan necesaria. Por lo menos en el caso de la ciencia y la investigación financiadas con fondos públicos, sería plenamente apropiado incluir en un acuerdo de cooperación de ese tipo un acuerdo internacional sobre principios éticos.

 
  
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  Luca Romagnoli (NI), por escrito. (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor del informe de la señora Niebler sobre la renovación del Acuerdo de cooperación científica UE-Rusia. Desde luego es esencial renovar el acuerdo firmado con el gobierno soviético hace años. La cooperación entre la Unión Europea y Rusia ha dado excelentes resultados, debido a que ambas partes han unido sus fuerzas para alcanzar el objetivo único de mejorar el bienestar general.

Por lo tanto, acojo con agrado la iniciativa de la señora Niebler y quisiera recalcar la importancia de la continuidad y la constancia en las relaciones diplomáticas entre la UE y Rusia a fin de garantizar el mantenimiento del equilibrio geopolítico internacional.

 
  
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  Peter Skinner (PSE), por escrito. - Hay varias razones por las que este acuerdo refuerza el mercado interior de la UE y la cooperación en materia de normas, además de mantener la protección al consumidor.

La primera es que la ciencia es una disciplina mundial y que los avances que podemos compartir contribuyen a incrementar la suma total del esfuerzo humano. Los beneficios que podemos obtener son positivos tanto específicamente como en términos generales.

Ya se trate del trabajo de la industria del automóvil para reducir las emisiones o de la creación de vínculos estratégicos entre universidades, el éxito de la promoción de este acuerdo es mensurable.

También los consumidores se benefician indirectamente, ya que será posible atraer a los mejores cerebros para lograr una mayor confianza en las respuestas a nuestras dudas comunes.

 
  
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  Daniel Strož (GUE/NGL), por escrito. - (CS) Aunque puede parecer que la aprobación de la propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración de un Acuerdo para la renovación del Acuerdo de cooperación científica y técnica entre la Comunidad Europea y Rusia es tan solo una formalidad de menor importancia, no creo que sea así. Está cada vez más claro que Rusia debe ser un socio estratégico de la UE y no el «hombre del saco» condenado por toda la eternidad. Por lo tanto, debemos recibir con alegría cualquier paso en la dirección de la cooperación entre la UE y Rusia a diversos niveles y de distintas formas. También cabe esperar que la cooperación con Rusia desempeñe una función muy importante y claramente positiva en la grave crisis económica actual. Rusia no puede separarse de Europa. Pertenece a Europa, nos guste o no, y la cooperación con este país puede ser pronto de vital importancia para Europa.

 
  
  

- Informe: Gyula Hegyi (A6-0478/2008)

 
  
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  John Attard-Montalto (PSE), por escrito. - Cuando hablamos de espacios naturales, en realidad nos referimos a un entorno natural en el que no ha existido una actividad humana significativa, es decir, zonas intactas. El término puede referirse tanto a la tierra como al mar.

Existen dos planteamientos distintos: uno se refiere al concepto de conservación y el otro, al de preservación. Son dos conceptos distintos. El primero puede definirse como un «uso adecuado de la naturaleza», mientras que el segundo hace referencia a la «protección de la naturaleza contra el uso». A mi juicio, aunque la conservación y la preservación sean distintas, su aplicación depende de la zona de que se trate. Por poner un ejemplo, Europa es demasiado pequeña para que existan zonas a las que sus ciudadanos tengan prohibido el acceso. Aproximadamente un tercio de la superficie terrestre de Europa está cubierta por bosques, pero solo un 5 % de ellos pueden describirse como espacios naturales.

La mayor parte de las zonas europeas que son espacios naturales están protegidas en virtud del programa Natura 2000. Se trata de una red europea que ya cubre las áreas más valiosas y con mayor biodiversidad de la UE. Por eso estoy de acuerdo en que no es necesaria nueva legislación sobre espacios naturales, ya que la mayor parte de ellos están cubiertos por Natura 2000. Sin embargo, sí es importante elaborar un mapa de espacios naturales divididos en función de los principales tipos de hábitat: bosque, agua dulce y espacio marino.

 
  
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  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. - (IT) He votado a favor del informe. Europa debería prestar especial atención a sus espacios naturales por varias razones. En primer lugar, son una reserva genética y el refugio de muchas especies que no podrían sobrevivir, ni siquiera con alteraciones mínimas de las condiciones. También quedan por descubrir y describir muchas especies. Se trata, en su mayoría, de especies que viven bajo tierra o en la madera podrida y son sumamente sensibles a los cambios. Estos territorios intactos son perfectos para estudiar los cambios y la evolución de la naturaleza. Al mismo tiempo, se trata de espacios sumamente vulnerables al impacto de los cambios medioambientales que se producen fuera de sus confines, provocados por la actividad humana.

Por último, varias razones puramente éticas abogan por la conservación de los espacios naturales. Tenemos la obligación moral de garantizar a las generaciones futuras el disfrute y los beneficios de los espacios naturales protegidos en Europa. El desarrollo del turismo sostenible es un medio que aporta valor económico a los espacios naturales y contribuye a su conservación.

Por lo tanto, es importante extraer recomendaciones apropiadas que proporcionen orientación a los Estados miembros sobre la mejor forma de garantizar la protección de los actuales y futuros espacios naturales y de sus procesos naturales, que probablemente están cubiertos por la red Natura 2000.

 
  
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  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), por escrito. - He votado a favor de este informe, ya que estoy de acuerdo en que tenemos una verdadera necesidad de elaborar un mapa de los últimos espacios naturales de Europa. Obviamente, para ello es imprescindible definir el concepto de espacio natural. Por lo tanto, insto a la Comisión Europea a tomar medidas en este ámbito. También estoy de acuerdo en que debemos promover el turismo sostenible en estas zonas y enseñar a quienes las gestionan cómo conservar y proteger los espacios naturales.

Por lo tanto, me uno a la solicitud de las principales ONG de este campo y pido a la Comisión Europea que publique directrices para la preservación de espacios naturales en Europa.

 
  
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  Martin Callanan (PPE-DE), por escrito. - Este informe demuestra que ni los más lejanos confines de Europa escapan al control de la UE. La verdadera razón de ser de los espacios naturales es que no hayan sido modificados por el hombre, ni siquiera por la UE. Sin embargo, ante las distintas presiones sobre el medio ambiente, la Comisión ha propuesto medidas para proteger y nutrir las regiones más remotas y aisladas de Europa.

Por lo tanto, en términos generales apoyo este informe, siempre que los Estados miembros conserven una función principal en la gestión, la designación y la protección de espacios naturales.

Soy algo escéptico sobre las ventajas de una estrategia comunitaria sobre espacios naturales, dada la desastrosa gestión que la UE ha hecho de la agricultura y la pesca. Es vital que la UE actúe como facilitadora y depositaria de buenas prácticas en este proceso, de lo contrario la razón de ser de estas medidas quedará menoscabada.

Hechas estas salvedades, mi región del noreste de Inglaterra cuenta con áreas aisladas de excepcional belleza natural bastante intactas. Por lo tanto, apoyo este informe.

 
  
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  David Casa (PPE-DE), por escrito. - Natura 2000 ha hecho mucho para proteger entornos intactos o vírgenes. Este informe recalca la importancia de esos proyectos y estoy totalmente de acuerdo con el ponente en que es preciso utilizar muchos recursos para garantizar la protección de esas zonas. Es importante elaborar un mapa de estas zonas porque si dejamos pasar el tiempo podría ser demasiado tarde.

 
  
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  Avril Doyle (PPE-DE), por escrito. - El informe de propia iniciativa del señor Hegyi hace hincapié en la importancia de la protección de los espacios naturales en Europa en la aplicación de las Directivas vigentes, proponiendo una definición del concepto de espacio natural como zonas intactas, además de como «entornos que no han sido sustancialmente modificados por la actividad humana».

Aunque acojo con agrado este informe, determinados aspectos no están claros. Un ejemplo sería la existencia de una duda sobre si se está hablando de los espacios naturales actuales o de espacios naturales potenciales. También quisiera saber si hay espacios naturales que en la actualidad no formen parte de la red Natura 2000 y que podrían ser objeto de análisis en el presente informe.

Las zonas de conservación especial de la red Natura 2000 son competencia de diversas DG de la Comisión. Aunque aprecio el trabajo realizado por estos departamentos y sus distintos mandatos, incrementar el nivel de cooperación y coherencia podría mejorar mucho la protección dada por la red Natura 2000. Me complace apoyar el informe del señor Hegyi, aunque lamento que, debido a la aplicación del artículo 45(2) del Reglamento, me viera privada de la oportunidad de debatir sobre el mismo.

 
  
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  Edite Estrela (PSE), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe Hegyi, dado que creo que es necesario para mejorar la protección y promoción de los espacios naturales europeos.

Debido a las presiones medioambientales derivadas de siglos de actividad humana, los espacios naturales cubren actualmente tan solo el 46 % de la superficie del planeta.

Considero que corresponde a la Comisión Europea elaborar recomendaciones para los Estados miembros, una labor que debe incluir la elaboración de un mapa y una estrategia para los espacios naturales europeos.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. - (PT) Hemos votado a favor de este informe porque necesitamos proteger la naturaleza, pero mediante el uso humano de la misma. Los bosques ocupan hoy el 33 % del territorio del Espacio Económico Europeo, lo que equivale a 185 millones de hectáreas. Pero sólo unos 9 millones de hectáreas de bosque (5 % del total) se consideran espacio «natural». Estas zonas, con su flora y fauna endógenas y el ecosistema del que forman parte, se encuentran esencialmente en estado natural. Estos espacios naturales deben disfrutar de condiciones de protección especial efectivas, como reserva genética y refugio de muchas especies que no podrían sobrevivir, ni siquiera con alteraciones mínimas de las condiciones, como grandes mamíferos como el oso pardo, el lobo y el lince.

Tenemos la obligación moral de garantizar a las generaciones futuras el disfrute y los beneficios de los espacios naturales en Europa. El desarrollo del turismo sostenible es un medio que aporta valor económico a los espacios naturales y contribuye a su conservación, ya que alienta a los ciudadanos a descubrir los valores ocultos de la naturaleza sin causarle daño. El turismo sostenible hace que aumente la aceptación de la política de conservación, puesto que los ciudadanos entienden la necesidad de protección a través de su experiencia personal, al tiempo que contribuye a mantener económicamente los espacios naturales que ofrecen oportunidades de trabajo a la población local.

 
  
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  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito.(PT) En la actualidad, los espacios naturales europeos se han visto reducidos a una pequeña parte de la superficie que ocupaban en el pasado, así que su protección es prioritaria.

Por lo tanto, deben tener una importancia esencial para la política europea de biodiversidad y la red Natura 2000 debe tener en cuenta estos espacios, con el fin de hacer el mejor uso de los ecosistemas que ofrecen.

Por lo tanto, apoyo el informe Hegyi con la esperanza de que los espacios naturales europeos puedan ser objeto de una mejor conservación para su disfrute por las generaciones futuras.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. - Apoyo este informe que destaca la necesidad de proteger el 46 % de la superficie terrestre de todo el mundo, que está ocupada por espacios naturales y que no ha sido modificada significativamente por la actividad humana.

 
  
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  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito.(PT) Ya quedaron atrás los días en los que la historia de la humanidad era una historia de supervivencia ante la adversidad de la naturaleza. En nuestra parte del mundo, aunque todavía tenemos que protegernos de la naturaleza y de sus ataques, se ha hecho necesario proteger la naturaleza de la presencia y del dominio del ser humano. Tenemos que hacerlo por nosotros mismos: por el interés que tenemos en preservar la riqueza de la biodiversidad y por nuestra necesidad de preservar el planeta en el que se nos ha dado la posibilidad de vivir. Precisamente es en el marco de esos preceptos en el que debemos analizar los esfuerzos para preservar los espacios naturales en Europa y, muy especialmente, en las regiones ultraperiféricas, donde esa diversidad es tan importante. Los mismos preceptos exigen que las intervenciones y la normativa sean equilibradas y consideradas. Si queremos fomentar una nueva forma de usar nuestras zonas rurales, no debemos incrementar la actividad humana que allí se realiza hasta niveles insoportables. La protección de los espacios naturales, sobre todo donde coexisten con la actividad humana, debe consistir en la promoción del equilibrio, la preservación y la sostenibilidad. No debemos añadir cargas intolerables a la vida rural ni hacer que las personas que allí viven se marchen de regiones que ya están empobrecidas.

 
  
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  Luca Romagnoli (NI), por escrito. (IT) Señor Presidente, Señorías, voy a votar a favor del informe Hegyi sobre los espacios naturales en Europa. Creo que la Unión Europea debe prestar una mayor atención a sus espacios naturales, porque son una reserva genética y el refugio de muchas especies que no podrían sobrevivir, ni siquiera con alteraciones mínimas de las condiciones. Además, no deben olvidarse las razones éticas de esta decisión.

Los ciudadanos europeos tenemos la obligación moral de garantizar a las generaciones futuras el disfrute y los beneficios de los espacios naturales protegidos en Europa. Por lo tanto, aplaudo la iniciativa del señor Hegyi destinada a promover el desarrollo del turismo sostenible, un indicador real del valor económico de los espacios naturales.

 
  
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  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), por escrito. (RO) He votado a favor de este informe porque, a mi juicio, Europa debe proteger sus espacios naturales y contribuir al mantenimiento de sus parques nacionales. Según el Informe sobre los espacios naturales en Europa, hay 10 parques nacionales en distintas regiones de Europa. El mantenimiento y la protección de estos parques nacionales también incluye la protección de las especies de animales y aves que viven en esas zonas.

Teniendo en cuenta que algunas de esas especies están a punto de extinguirse, creo que la Unión Europea debe participar activamente en el desarrollo de programas que contribuyan a revitalizarlas y a repoblar determinadas zonas en las que, por desgracia, algunas especies de animales y plantas han desaparecido ya.

En el mismo sentido, creo que son necesarias las medidas siguientes: un análisis más exhaustivo de las actividades de limpieza de tierras en zonas no designadas como parques nacionales y el desarrollo de proyectos específicos destinados a la reforestación de zonas que hayan sido limpiadas. Personalmente apoyo plenamente cualquier proyecto de ese tipo y quisiera felicitar al ponente.

 
  
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  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. - (PL) El término espacio natural hace referencia a entornos que no han sido sustancialmente modificados por la actividad humana. Incluso en la actualidad, el 46 % de la superficie de la Tierra está clasificada como espacios naturales.

Hay una diferencia entre los conceptos de conservación y preservación. El primero hace referencia a un uso adecuado de la naturaleza y el segundo, a la protección de la naturaleza contra el uso. A mi juicio, la naturaleza debe protegerse, pero mediante la acción humana. El territorio europeo es demasiado pequeño para que sea sensato prohibir a sus habitantes el acceso a determinadas zonas. Los territorios en cuestión tienen un interés especial y único, que se puede aprovechar económicamente de una forma que no dañe el medio ambiente con el desarrollo de nuevos productos turísticos.

Al mismo tiempo, se trata de espacios sumamente vulnerables al impacto de los cambios medioambientales que se producen fuera de sus confines, provocados por la actividad humana. Tenemos la obligación moral de garantizar a las generaciones futuras el disfrute y los beneficios de verdaderos espacios naturales. El desarrollo del turismo sostenible puede ser un medio para aprovechar la importancia económica de los espacios naturales y adquirir recursos para su conservación.

En Europa ha surgido una interesante iniciativa para combinar los programas de espacios naturales y el turismo sostenible. Me refiero a la Fundación PAN Parks, cuyo objetivo es desarrollar el turismo sostenible en esas zonas.

No es necesario aprobar nuevas medidas legislativas en materia de espacios naturales, pero la Comisión Europea debe elaborar recomendaciones apropiadas que proporcionen orientación a los Estados miembros sobre la mejor forma de garantizar la protección de los actuales y futuros espacios naturales que pueden incluirse en la red Natura 2000.

 
  
  

- Informe: Luís Queiró (A6-0501/2008)

 
  
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  Martin Callanan (PPE-DE), por escrito. - En los últimos años, la aviación general y de negocios ha sido una de las ramas de mayor crecimiento del sector de la aviación. Aeropuertos de mi circunscripción del noreste de Inglaterra, como Newcastle y Durham Tees Valley, gozan de gran popularidad entre los pilotos no profesionales y, cada vez más, entre quienes se dedican a los negocios. Por lo tanto, se trata de un subsector que precisa apoyo y una regulación sensata.

Me ha impresionado el compromiso de la Comisión con la proporcionalidad en la regulación de la aviación general y de negocios. Este planteamiento supone un cambio significativo con respecto a numerosas propuestas anteriores en materia de transporte y es bienvenido, aunque tenemos que mantenernos alerta para garantizar que el sector pueda seguir creciendo de forma sostenible sin el tipo de penosa burocracia que, con demasiada frecuencia, ha caracterizado a las propuestas de la Comisión.

Inevitablemente, este sector sufrirá cierto declive a corto plazo según se vaya asentando la crisis económica. Sin embargo, la aviación general y de negocios contribuye significativamente al crecimiento económico, sobre todo en el ámbito regional, algo de lo que podemos dar fe en el noreste de Inglaterra.

He votado a favor de este informe.

 
  
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  David Casa (PPE-DE), por escrito. - Estoy de acuerdo con el ponente en la necesidad de hacer especial hincapié en la recopilación de datos, la regulación proporcionada, los aeropuertos y la capacidad del espacio aéreo y la sostenibilidad medioambiental, así como en el reconocimiento de la importancia de una de las industrias de mayor crecimiento de nuestro tiempo. Es preciso que logremos un equilibrio en estas cuestiones para evitar poner trabas al negocio y permitir que continúe siendo sostenible.

 
  
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  Avril Doyle (PPE-DE), por escrito. - El diputado al Parlamento Europeo Luís Queiró ha respondido a la comunicación de la Comisión titulada «Programa para el futuro sostenible de la aviación general y de negocios» y ha hecho especial hincapié en varios ámbitos en los que tienen una incidencia adicional consideraciones de la política para el sector del transporte aéreo no comercial en general y la aviación de negocios. Especialmente interesante es la ampliación de las competencias comunitarias en el ámbito de la seguridad y la incidencia en el sector de iniciativas comunitarias como las del Cielo Único Europeo y el sistema de gestión del tránsito aéreo.

Es prioritario garantizar la seguridad y, al mismo tiempo, garantizar que el sector cumpla los requisitos medioambientales de forma responsable, tanto en cuanto a la reducción de la contaminación acústica como en la reducción del volumen de emisiones generadas. Tanto la tasa de crecimiento del sector como su diversidad hacen precisa la existencia de una regulación. Esta comunicación nos indica cómo desarrollar las futuras políticas en ese ámbito.

 
  
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  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. - (DE) He votado en contra del informe de Luís Queiró sobre el futuro de la aviación general y de negocios.

Sin duda es cierto que el número de movimientos de aeronaves de la aviación general y de negocios ha aumentado significativamente y, por lo tanto, también se ha incrementado su impacto en el medio ambiente.

Sin embargo, a mi juicio, invertir en la ampliación de aeropuertos no es un planteamiento acertado, porque esto solo dará lugar a un aumento de la demanda de viajes y un incremento del tráfico aéreo. Tenemos que encontrar alternativas que nos permitan evitar que el tráfico aéreo aumente y lograr que la contaminación se mantenga en límites razonables.

 
  
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  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), por escrito. (RO) La aviación general y de negocios es un sector floreciente caracterizado por un mayor grado de adaptabilidad y flexibilidad, características que entran en conflicto con la rígida inflexibilidad típica de los grandes aeropuertos en particular. Por eso, apoyo las recomendaciones de mi colega, el señor Queiró, sobre la aplicación coherente de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad en este sector, caso por caso, con la condición de que se cumplan todos los requisitos de seguridad.

Insto a todos los Estados miembros a tener en cuenta la totalidad de las recomendaciones realizadas por la Comisión y por el ponente, sobre todo las relativas a la mejora de la eficiencia de la capacidad aeroportuaria y el mejor uso de la misma, no solo en lo que respecta a los grandes aeropuertos, sino sobre todo a los aeropuertos regionales y locales.

De hecho, como ponente del segundo paquete sobre el Cielo Único Europeo y la ampliación de las facultades de la EASA, tuve en cuenta la necesidad de que este segmento del sector de la aviación disfrutara de todas las condiciones necesarias para garantizar su desarrollo sostenible en beneficio tanto de la industria como, en última instancia, de los pasajeros.

 
  
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  Luca Romagnoli (NI), por escrito. - (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor del informe del señor Queiró sobre un programa para el futuro sostenible de la aviación general y de negocios. Desde luego ha quedado claro que se necesita una nueva política europea en lo referente a la aviación general y de negocios.

Esto se debe al constante crecimiento de la facturación total de las empresas del sector de la aviación civil. De hecho, se calcula que el número de pasajeros que utilizan la aviación de negocios podría doblarse en los próximos 10 años aproximadamente. Además, es preciso reconocer las ventajas que este tipo de aviación ha generado para el bienestar socioeconómico en general.

Por lo tanto, acojo con agrado el informe de Su Señoría y espero que en el futuro pueda desarrollarse plenamente el potencial de un sector que disfruta de un notable crecimiento.

 
  
  

- Informe: Malcolm Harbour (A6-0018/2009)

 
  
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  John Attard-Montalto (PSE), por escrito. - El sector público se ha visto perjudicado por métodos tradicionales en la contratación de servicios de investigación y desarrollo. Lo que se conoce como contratación precomercial puede cambiar esta situación. La contratación precomercial es un enfoque específico de la contratación de servicios de I+D por parte del sector público.

La UE necesita una estrategia de innovación más amplia y lo que denominamos contratación precomercial debe considerarse parte de esa estrategia. Esto es esencial para reforzar la capacidad de innovación de la Unión y para mejorar los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos europeos. El sector público de EE.UU. destina 50 000 millones de dólares anuales a la contratación de I+D. Europa gasta 2 500 millones de dólares. Las razones por las que la contratación precomercial es vital para ayudar al sector público europeo a hacer frente a importantes retos públicos son evidentes.

Uno de los problemas que se dan en la UE es la falta de conciencia en cuanto a la manera de optimizar la contratación de I+D. El problema es consecuencia de lo que se conoce como desarrollo exclusivo. Las empresas que han desarrollado un producto o servicio para un organismo público no pueden utilizar sus resultados para otros clientes. La contratación precomercial acabará con esta anomalía. Permitirá un planteamiento específico que conlleva el reparto de riesgos y beneficios. También hará posible un desarrollo rentable de soluciones innovadoras.

 
  
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  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. - (IT) Gracias, señor Presidente. Voy a votar a favor. Considero que la contratación precomercial puede ser muy beneficiosa para la innovación y que puede ofrecer servicios públicos actualizados de elevada calidad a los ciudadanos de la Unión Europea.

No solo eso. La contratación precomercial ofrece importantes oportunidades a las pequeñas y medianas empresas, tanto en relación con los contratos del sector público como para su desarrollo y experiencia global. De hecho, los contratos precomerciales son más accesibles, por su propia naturaleza, para las pequeñas y medianas empresas que los grandes contratos comerciales.

Pese a todo esto, temo que las medidas propuestas no logren atraer a las pequeñas y medianas empresas salvo que aclare el funcionamiento que tendrán esos contratos, sobre todo en un contexto transfronterizo, así como determinados aspectos de procedimiento, como las disposiciones sobre ayudas públicas y propiedad intelectual, con el fin de crear un entorno transparente y estable para organismos públicos y empresas.

 
  
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  Martin Callanan (PPE-DE), por escrito. - La lectura de este informe da que pensar: después de tanto hablar sobre la agenda de Lisboa y el objetivo de que Europa sea la economía más competitiva del mundo para el año próximo, me dejó anonadado leer que el sector público estadounidense gasta 50 000 millones de dólares anuales en contratación de I+D.

Este importe supera en 20 veces al de Europa y representa aproximadamente la mitad de la diferencia global entre las inversiones en I+D de los Estados Unidos y Europa.

Acojo con satisfacción este informe de mi colega Malcom Harbour, que ha establecido distintas fórmulas para que Europa comience a reducir esa diferencia de productividad. La clave de este proceso está en el título: impulsar la innovación.

A mi juicio, la mejor forma de que las aspiraciones de este informe se hagan realidad es garantizar que la UE fomente la innovación y el desarrollo tecnológico, en lugar de poner trabas de regulación.

Dada la importancia de la contratación pública para la promoción y el apoyo de las nuevas tecnologías, he decidido apoyar este informe. Espero que sus principios sean útiles para las autoridades locales de mi región del noreste de Inglaterra.

 
  
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  David Casa (PPE-DE), por escrito. - Estoy de acuerdo con el ponente sobre la importancia de la innovación, sobre todo en sectores que generan retos, como la salud, el envejecimiento y la seguridad. La contratación precomercial no deja margen para el error y, por lo tanto, debe utilizarse como medio innovador.

 
  
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  Avril Doyle (PPE-DE), por escrito. - Mi colega, el señor Harbour, ha presentado un informe de propia iniciativa sobre el incremento de la innovación en Europa para lograr servicios públicos de alta calidad y sostenibles. El acceso a esos servicios de una forma justa y equitativa es esencial para el pleno funcionamiento del libre mercado. Esta comunicación aborda la cuestión de la fase de I+D de un producto precomercial.

La contratación precomercial es un enfoque específico de la contratación de servicios de I+D por parte del sector público, con vistas a impulsar la innovación para dar a Europa unos servicios públicos de alta calidad y sostenibles. Los servicios públicos afectados incluyen la atención sanitaria, la educación, la seguridad, la lucha contra el cambio climático y la eficiencia energética, ámbitos todos ellos que benefician a toda la sociedad. La adopción de esta estrategia permitirá un desarrollo rentable y de valor añadido de soluciones nuevas e innovadoras, razón por la que he apoyado este informe.

 
  
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  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), por escrito. - (PL) La contratación pública en el área de la I+D representa una parte ínfima de la contratación pública total. Europa no sale bien parada de la comparación con los Estados Unidos, cuyo sector público destina 50 000 millones de dólares anuales a la contratación pública de I+D, cantidad 20 veces superior a la europea. Esto es especialmente triste si realmente queremos reforzar nuestro potencial de innovación.

Conviene destacar que muchos productos y servicios actualmente disponibles no existirían si no fuera por el compromiso de recursos públicos. El sistema de navegación por satélite GPS y la tecnología de semiconductores son solo dos ejemplos.

Europa necesita realizar mejoras técnicas en muchos ámbitos, como la salud, el crecimiento sostenible y la seguridad. Para muchas de estas áreas, todavía no existen soluciones comerciales o, si existen, se necesita más I+D. La contratación precomercial es un medio para eliminar esta diferencia entre la demanda y la oferta del sector público, ofreciendo a las administraciones la posibilidad de mejorar los servicios que prestan.

La contratación precomercial también constituye una importante oportunidad para las PYME, cuyo potencial de innovación es enorme y que, gracias al compromiso de fondos públicos, tienen la oportunidad de desarrollar y vender a otros clientes las soluciones que conciben para las administraciones.

 
  
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  Luca Romagnoli (NI), por escrito. - (IT) Señor Presidente, Señorías, acojo con suma satisfacción el informe del señor Harbour sobre la contratación precomercial: impulsar la innovación para garantizar servicios públicos de alta calidad y sostenibles en Europa. Es extremadamente importante que la Unión Europa afronte a los retos sociales adecuadamente, a fin de lograr mejoras considerables en la prestación de servicios públicos.

Desde este punto de vista, la contratación precomercial puede contribuir a reducir las diferencias entre la oferta y la demanda en el sector de servicios públicos. Estoy de acuerdo con el ponente cuando recalca la necesidad de educar a los clientes sobre cómo abordar la innovación en contratos públicos, dado que la profesión está muy especializada y precisa personal bien formado.

 
  
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  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. - (PL) La contratación precomercial ocurre cuando el sector público realiza pedidos en el ámbito de la I+D, apoyando así la innovación y garantizando así la sostenibilidad y alta calidad de los servicios públicos.

La contratación precomercial es muy importante para reforzar el potencial de innovación de toda la Unión Europea, mejorar los servicios públicos prestados directamente a los ciudadanos y también para eliminar las diferencias entre la oferta y la demanda en el sector público.

Un ejemplo de una solución desarrollada gracias a la contratación pública es el sistema de navegación GPS.

En Estados Unidos, la financiación asignada a pedidos de I+D es 20 veces mayor que la que dedicamos en la Unión Europea al mismo fin.

Para las PYME, la contratación pública constituye una valiosa oportunidad de adquirir experiencia. Los contratos precomerciales benefician a las pequeñas empresas, que con frecuencia no cumplen los requisitos de la contratación pública comercial habitual.

Europa debe desarrollar urgentemente soluciones globales para mejorar el uso de la contratación precomercial, no solo por parte de las autoridades nacionales, sino también por parte de las administraciones locales y regionales.

 
  
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  Marian Zlotea (PPE-DE), por escrito. (RO) En primer lugar, deseo felicitar al señor Harbour por el informe que ha elaborado y por la forma en que refleja el trabajo de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. La aprobación de este informe de propia iniciativa elaborado por el señor Harbour contribuirá a impulsar la innovación en I+D en la Unión Europea. Debemos aprovechar las ventajas que nos ofrecerá una política de contratación precomercial. La contratación precomercial es un área que ofrece enormes oportunidades para las PYME, ya que con ella es más fácil acceder a contratos públicos que con la contratación a gran escala.

Tenemos que seguir el ejemplo de Estados Unidos y centrarnos más en la contratación de servicios de I+D. Debemos elaborar un instrumento de política precomercial útil que nos permita impulsar la base de la innovación de la UE. En estos momentos, las empresas que han desarrollado un producto o servicio para un organismo público no pueden reutilizar sus resultados para otros clientes potenciales, lo que se añade a las barreras financieras a la contratación de avances que compitan entre sí. La contratación precomercial permite el desarrollo rentable de soluciones innovadoras.

 
  
  

- Informe: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

 
  
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  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh e Inger Segelström (PSE), por escrito. - (SV) Hemos decidido votar en contra del informe de Anne Laperrouze, ya que consideramos que el informe definitivo no es equilibrado e infringe el derecho de los Estados miembros a decidir si desean o no usar, desarrollar o invertir en energía nuclear. Estamos a favor de la investigación común de la seguridad nuclear, por ejemplo, pero creemos que, en varios casos, el informe es excesivamente favorable a la energía nuclear. Esas decisiones deben tomarse en el seno de los Estados miembros.

Además, en términos generales estamos a favor de las inversiones en infraestructuras energéticas, pero tenemos dudas sobre la conveniencia de apoyar todos los proyectos e inversiones que la ponente quisiera que apoyáramos. Nos hubiera gustado que se hubieran establecido criterios más claros para poder apoyar una posición de ese tipo, sobre todo en vista del debate sobre Nord Stream.

 
  
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  John Attard-Montalto (PSE), por escrito. - Ante todo, Europa debe dedicar sus esfuerzos a ayudar a sus miembros en su búsqueda de petróleo y gas. Existe la posibilidad de que Malta tenga reservas de combustibles fósiles bajo su lecho marino. La explotación plena no es posible como consecuencia de los problemas relacionados con la línea mediana entre Malta y sus vecinos del norte de África. Esta cuestión no debe tratarse exclusivamente como un problema bilateral, sino que redunda en interés de Europa buscar una solución en representación de su Estado miembro.

La cuestión de la energía nuclear ha vuelto una vez más a ocupar un lugar destacado. Hay argumentos a favor y en contra y el debate nuclear es interminable. No se puede evitar tomar nota de la posibilidad de evaluar este suministro energético.

Se me ha informado de que Malta está sopesando la posibilidad de importar energía generada en centrales nucleares francesas. Esta energía llegaría a Malta en forma de electricidad y los aspectos negativos asociados a las centrales nucleares no serían un problema. La energía generada sería más barata que la que se recibiría a través de un gasoducto desde Sicilia. Además, Malta no tendría que realizar la inversión necesaria para construir una central eléctrica.

 
  
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  Liam Aylward (UEN), por escrito. - Esta semana celebro la asignación financiera de 100 millones de euros que la Unión Europea va a dar para apoyar la construcción de nuevas redes eléctricas entre la costa oriental de Irlanda y Gales.

Este nuevo proyecto forma parte del paquete de estímulo económico de 3 500 millones de euros anunciado por la Comisión Europea la semana pasada en Bruselas. Contribuirá a construir redes de energía más modernas, que permitirán garantizar la seguridad del suministro energético a Irlanda en el futuro.

La Unión Europea también va a apoyar financieramente nuevos proyectos en el ámbito de las energías alternativas, lo que incluye el sector de la energía eólica.

En mi calidad de miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, he sido testigo de la creciente disputa sobre el suministro energético.

Todos debemos reflexionar sobre lo que lleva ocurriendo desde hace varias semanas con el suministro energético procedente de Rusia que llega a la UE a través de Ucrania.

La realidad es que en la UE tenemos que acabar con nuestra total dependencia del suministro energético ruso. Tenemos que desarrollar otros sectores energéticos.

 
  
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  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. - (IT) Gracias, señor Presidente. Voy a votar a favor. Considero que determinadas energías renovables, como la energía eólica, la solar, la energía hidroeléctrica, la geotérmica, la biomasa y los recursos marinos pueden llegar a ser la principal fuente de energía para la Unión Europea. Pueden contribuir a estabilizar los precios de la energía y a frenar el incremento de la dependencia energética.

Por lo tanto, es muy importante establecer una política energética europea que nos permita dar un giro sustancial que nos acerque a tecnologías energéticas que son eficientes y que generan pocas emisiones de carbono, con el fin de cubrir nuestras necesidades energéticas. Si la eficiencia energética y el ahorro de energía continúan siendo prioritarios, junto con el continuo desarrollo de fuentes de energía renovables, estoy de acuerdo en que debería ser posible cubrir nuestras necesidades de energía a partir de fuentes de baja emisión para 2050. También estoy de acuerdo en la importancia de un enfoque sistemático basado en las sinergias entre los distintos sectores. En resumen, los desafíos globales y europeos a largo plazo relativos a la energía y al cambio climático constituyen una oportunidad única para crear nuevos modelos de negocio en toda la economía con objeto de estimular la innovación y el espíritu empresarial ecológico.

 
  
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  Šarūnas Birutis (ALDE), por escrito. - (LT) No tenemos una política energética europea común, sino que cada Estado defiende sus propios intereses. Se han dedicado 5 000 millones de euros adicionales a las conexiones eléctricas de la UE y la banda ancha de Internet. Se trata de un acontecimiento histórico ya que, por vez primera en la historia de la UE, la Comisión Europea volvió a debatir el presupuesto y propuso ese proyecto. Esto es especialmente importante para Lituania dado que, hasta la fecha, no cuenta con una conexión eléctrica con Suecia ni con Polonia y en el plano energético es una isla. Las interconexiones de las redes energéticas son inversiones que no resultan muy rentables desde el punto de vista financiero. Por lo tanto, proyectos tan importantes deben financiarse con fondos comunitarios. En la actualidad, Lituania compra gas a unos 500 dólares estadounidenses, mientras que otros Estados de la UE, que están mucho más lejos de Rusia que Lituania, pagan menos por el gas. Actuar con solidaridad y hablar con una sola voz ante Gazprom en materia de precios nos ayudaría mucho.

 
  
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  David Casa (PPE-DE), por escrito. - Los tres principales objetivos —la seguridad del suministro y la solidaridad entre Estados miembros; la lucha contra el cambio climático: recordemos el objetivo de «tres veces 20» para 2020 y el objetivo de reducir las emisiones de efecto invernadero entre un 50 % y un 80 % para 2050; y, por último, el crecimiento económico de la UE: lograr los mejores precios evitando la volatilidad— son de vital importancia cuando se debate la política energética europea. Tenemos que estudiar la política de descentralización de las fuentes energéticas y también se deben fomentar los nuevos tipos de energías renovables.

 
  
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  Giles Chichester (PPE-DE), por escrito. - Tanto yo como mis colegas del Partido Conservador británico acogemos con agrado el enfoque estratégico del suministro energético del informe Laperrouze sobre la Segunda revisión estratégica del sector de la energía.

Hemos votado en contra de las referencias al Tratado de Lisboa en consonancia con la política de oposición al mismo que venimos manteniendo. Sin embargo, debido a la existencia de referencias al Tratado de Lisboa sobre las que nos ha sido imposible votar en contra específicamente, hemos optado por abstenernos en la votación definitiva.

 
  
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  Dragoş Florin David (PPE-DE), por escrito. (RO) He votado a favor del informe de la señora Laperrouze sobre la revisión estratégica del sector de la energía en la UE porque establece que la futura política energética comunitaria debe incluir planes de acción de emergencia, la puesta en práctica de proyectos destinados a diversificar las fuentes del suministro, así como nuevos objetivos en materia de cambio climático.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito.(PT) Hemos votado en contra de este informe porque estamos en desacuerdo con muchas de las propuestas del mismo, que en todos los casos están basadas en la libre competencia y la liberalización de mercados en un sector estratégico en el que ha sido esencial la existencia de políticas públicas y la titularidad pública de los principales medios de producción energética.

Sin embargo, hemos votado a favor de varias propuestas. Por ejemplo, también nos preocupa la seguridad de combustibles fósiles como el petróleo y el gas y la afirmación de la ponente de que es muy improbable que la producción mundial supere los 100 millones de barriles diarios (actualmente, se producen 87 millones), cuando se estima que en 2030 se necesitarán 120 millones diarios, así como el riesgo de que durante la próxima década se produzca una crisis de grandes dimensiones.

También estamos de acuerdo en que es preciso investigar más en el ámbito energético, sobre todo sobre la transmutación de los residuos nucleares y la fusión nuclear.

No obstante, nos oponemos al intento de situar a los grupos económicos de la UE en una posición de fortaleza frente a las empresas públicas de terceros países, así como al uso hecho de este informe para defender el Tratado de Lisboa y abogar por su ratificación.

 
  
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  Glyn Ford (PSE), por escrito. - He votado a favor del informe Laperrouze sobre la Segunda revisión estratégica del sector de la energía pese a su entusiasmo, para mi gusto excesivo, sobre la energía nuclear. No estoy a favor del cierre antes de la fecha prevista de las centrales nucleares seguras, pero mi entusiasmo por la construcción de nuevas centrales es muy escaso. En mi propia región, el suroeste de Inglaterra, tenemos la posibilidad de construir una presa que retenga el agua de las mareas en el estuario del Severn, una infraestructura que, con un potencial mucho menor de daños al medioambiente, tiene una producción equivalente a la de dos centrales nucleares y que podría proporcionar de forma ecológica el 5 % de las necesidades energéticas británicas.

También he votado a favor de la Enmienda 22 de los Verdes, en la que se señalan el retraso y el aumento de los costes del proyecto de energía de fusión ITER. No estuve a favor de ubicar este proyecto conjunto en Europa, ya que el anfitrión paga una parte desproporcionada del presupuesto. Por eso voté a favor de Japón, que quería acoger este proyecto inútil y costoso. El tiempo me ha dado la razón mucho antes de lo que esperaba.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. (FR) Todo el mundo sabe que la energía supone un importante problema para los Estados miembros. El ahorro energético, el aumento de la eficiencia energética, la investigación de fuentes de energía renovables viables comercialmente y las nuevas tecnologías de transporte y la diversificación del suministro son fórmulas ya conocidas para reducir la dependencia de los Estados miembros. No ponemos en duda la necesidad de cierta cooperación, incluso cierta organización, a escala intergubernamental, así como de solidaridad entre los Estados.

Sin embargo, de la lectura del informe parece desprenderse que el diseño de una estrategia energética y la seguridad del suministro son mucho menos importantes que la introducción de una política energética común o la introducción de una red única de gas y electricidad, bajo la égida de un regulador europeo común para cada sector. Las elecciones, necesidades, opciones y capacidades de los distintos Estados son muy distintas.

Este sensible ámbito es en realidad un área estratégica y, como tal, debe dejarse exclusivamente a la decisión soberana de los Estados con arreglo a sus propios intereses. Sin embargo, el objetivo vuelve a ser aumentar el poder de los burócratas de Bruselas. Sabemos que es a ellos a quienes tenemos que agradecer problemas que van desde la explosión de los precios de la electricidad hasta los cortes periódicos del suministro.

Por eso hemos votado en contra de este informe.

 
  
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  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE), por escrito. (FR) El informe vuelve a poner sobre la mesa la opción nuclear, pese a que esta energía no es competitiva y el uranio se obtiene en condiciones peligrosas que generan discriminación étnica y tienen repercusiones inaceptables para la salud.

Debido al problema del calentamiento global, el carbón no puede considerarse un «componente transitorio».

Creo que la «diversificación de los recursos energéticos de la UE» está vinculada a la explotación de los recursos fósiles del Mar Caspio. Los yacimientos de gas y petróleo de la región de Kashagan están presionando a las poblaciones y sus recursos medioambientales: la extracción de petróleo rico en sulfuros pone en peligro la salud de las poblaciones y la biodiversidad.

La diversificación del suministro energético da por hecho la existencia de gasoductos y oleoductos para transportar los recursos a la UE. Los proyectos TBC y Nabucco están afectando a la estabilidad política de nuestros vecinos. Tenemos la obligación de evitar que nuestras necesidades energéticas pongan en peligro su estabilidad. Las poblaciones del sur del Cáucaso deben recibir un beneficio económico y social de la extracción de energía en sus territorios.

En África, la producción de energía solar destinada a cubrir nuestras necesidades debe recompensarse debidamente.

¿Por qué no se dice en el informe que las energías renovables y el ahorro energético son las respuestas del futuro? Voy a votar contra el informe en su redacción actual.

 
  
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  Ona Juknevičienė (ALDE), por escrito. - (LT) Para garantizar la seguridad energética de la UE es necesario un mercado común de la energía de la UE, en el que se integrarían todos los Estados miembros y, sobre todo, la región del Báltico. La dependencia que los países de esta región tienen de Rusia, como proveedor único de recursos energéticos, es un claro obstáculo para la seguridad energética, no solo para estos países, sino también para la Comunidad en su conjunto. Por lo tanto, es necesario permitir la conexión de los países bálticos con las redes de la UE mediante proyectos comunitarios prioritarios y dotados de una financiación suficiente. La diversificación de las fuentes y los proveedores de energía no puede seguir siendo un asunto que competa exclusivamente a los Estados miembros. Debe decidirse en el ámbito comunitario. Por lo tanto, apoyo especialmente las palabras de la ponente cuando insta a la Comisión a «desarrollar un plan estratégico europeo, destinado a programar de modo plurianual las inversiones necesarias para satisfacer el futuro consumo de electricidad, y directrices concretas para la inversión en energía nuclear». Dado que la crisis económica ha afectado especialmente al sector de la construcción, también en Lituania, las palabras de la ponente cuando pide a «los Estados miembros implicados que intensifiquen sus esfuerzos para solucionar el problema del almacenamiento final de todos los tipos de residuos radiactivos, pero en particular de los residuos de alto nivel radiactivo», adquieren especial importancia con el cierre de la central nuclear de Ignalina.

Los Acuerdos de asociación y cooperación (sobre todo con Rusia) deben ser un medio para proteger los intereses de todos los Estados miembros, que deben respetar los principios de solidaridad y unidad en las negociaciones con proveedores de energía de terceros países. Solo una Europa unida podrá ser fuerte y competitiva en una época caracterizada por una veloz globalización.

 
  
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  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), por escrito. (RO) La seguridad energética de la Unión Europea es un tema que reaparece periódicamente y que está adquiriendo una creciente importancia, lo que prueba claramente que hay problemas arraigados sin resolver. La reciente crisis del gas ha demostrado la absoluta necesidad de que los Estados miembros unan sus fuerzas en el seno de la Unión y actúen con solidaridad, tanto en situaciones de crisis como para diseñar y aplicar soluciones conjuntas que beneficien a todas las partes.

Por su ubicación en la frontera oriental de la UE, Rumanía conoce tanto los riesgos como los beneficios que se derivan de esta posición geoestratégica. Por eso, Rumanía apoya y promueve, por una parte, la construcción de rutas alternativas de transporte de la energía, principalmente el gasoducto Nabucco y, por otra, el proceso de aclaración y refuerzo de las relaciones de asociación con Rusia, que es un actor de primer orden del concierto internacional, no solo en este complicado sector del suministro de recursos energéticos.

Teniendo esto en cuenta, la recomendación realizada por la ponente sobre el corredor del sur de Europa, sobre todo Nabucco, y la interconexión de las redes de gas y electricidad que van de Norte a Sur en el sudeste de Europa, debe tenerse en cuenta y aplicarse en cuanto sea posible.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. - (DE) La crisis del gas a la que acabamos de sobrevivir ha vuelto a dejar patente la importancia que tiene para la UE contar con un suministro energético seguro, fiable y barato. Resulta preocupante que repentinamente se esté promocionando, en el marco del debate energético, la energía nuclear como una energía que contribuye a luchar contra el cambio climático y que se reactiven reactores que han llegado al final de su vida útil y en cuyo desmantelamiento se han gastado millones de euros de dinero público. Es probable que esto se deba a que la UE hizo oídos sordos ante la disputa del gas y dejó en la estacada a los Estados miembros del este. Esa es una lección para el futuro. Debemos reducir nuestro consumo energético, aunque los críticos dudan de que la introducción obligatoria de bombillas de bajo consumo vaya a lograr ese objetivo, y debemos presionar para que se usen formas alternativas de energía. Sin embargo, mientras el presupuesto se centre en la energía nuclear, esto no ocurrirá y las nuevas tecnologías energéticas serán marginadas.

Aunque las consideraciones sobre la seguridad del suministro energético de la UE son importantes, no deben traducirse en el apoyo a la adhesión de Turquía a la UE por razones de política energética. Incluso si Turquía no llega a entrar en la UE, los oleoductos planificados pueden pasar por ese país y es posible poner en marcha los proyectos de infraestructuras de gas.

 
  
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  Antonio Mussa (UEN), por escrito. - (IT) El trabajo de la señora Laperrouze me ha parecido muy bueno y, por lo tanto, he votado a favor de su aprobación Solo espero que las ideas e indicaciones que ha incluido en su informe sean suficientemente valoradas por la Comisión e interpretadas de la forma más positiva y amplia posible.

Por lo tanto, espero que no se pongan obstáculos en el camino de la rápida definición de proyectos en materia de infraestructuras y que estos proyectos se valoren con arreglo a prioridades que se refieran exclusivamente a los plazos de construcción, la estructura financiera, los suministros disponibles y la relación entre las ayudas públicas y el compromiso privado.

A este respecto, la presentación de las propuestas de la Comisión para un Plan de recuperación económica, con un plan de apoyo financiero para determinados proyectos, se olvida de la zona del Mediterráneo al dejar al conducto de gas natural de Argelia-Cerdeña-Italia (incluida la sección que está dentro de Italia) fuera de los proyectos europeos prioritarios.

Todavía tengo la esperanza de que podamos avanzar progresivamente en el ámbito de la diversificación de fuentes y rutas de suministro, aprovechando nuevas oportunidades para poner en marcha infraestructuras cuando sean necesarias.

Espero que los mecanismos de solidaridad no permitan distorsiones del mercado ni den lugar a procedimientos excesivamente onerosos. También espero que la Carta de la Energía llegue a desempeñar un papel fundamental, junto con la ampliación de la Comunidad Europea de la Energía, en particular, en relación con los países de tránsito, también en el ámbito de las fuentes de energía renovables.

 
  
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  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito.(PT) El contexto en el que se estudia una estrategia diseñada para el largo plazo tiene una influencia decisiva en los resultados del análisis y en el contenido de las propuestas. El debate sobre la Revisión estratégica del sector de la energía no es una excepción. Sin embargo, en este contexto hay numerosos indicadores que sugieren que tiene un carácter más permanente que transitorio. Entre estos indicadores cabe citar la dependencia energética (ya sea de Rusia o de los principales países productores de petróleo) y sus consecuencias, los crecientes costes energéticos, ya se deban al ascenso de los precios provocado por el aumento de la demanda mundial o a la caída del poder adquisitivo de Estados empobrecidos por una grave crisis económica, y las consecuencias medioambientales de los diversos niveles del consumo mundial de energía, en constante crecimiento, una tendencia que muy probablemente no se invertirá pese a la crisis económica. Juntos, estos factores ponen de manifiesto la necesidad de un enfoque estratégico basado en una menor dependencia y, como consecuencia, una mayor diversidad (ya sea de proveedores o de las energías consumidas); una mayor eficiencia; un esfuerzo sostenido de investigación de energías alternativas; una mayor integración; y, al mismo tiempo, el desarrollo de la capacidad de producción a escala local —específicamente, capacidad para utilizar fuentes de energía alternativas. Es un reto enorme, pero se trata de una cuestión estratégica que no podemos ignorar.

 
  
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  Luca Romagnoli (NI), por escrito. - (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor del informe de Anne Laperrouze sobre la Segunda revisión estratégica del sector de la energía. Estoy de acuerdo en que tenemos que crear la base para la puesta en práctica de una verdadera política europea de la energía, que debe perseguir los objetivos de seguridad del suministro, lucha contra el cambio climático y el crecimiento económico de la UE.

Como la ponente, destaco la importancia de lograr la puesta en marcha de un fondo europeo destinado a garantizar los riesgos no comerciales de determinados proyectos de producción y de transporte de la energía de interés europeo para poder fomentar las inversiones en todas las redes.

 
  
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  Peter Skinner (PSE), por escrito. — La UE tiene planes ambiciosos para enfrentar el riesgo cada vez mayor de que los recursos se limiten puesto que las poblaciones del mundo demandan más energía. Las respuestas a la hora de mantener la seguridad del suministro y desarrollar una energía eficiente que no se base en el carbón no se excluyen mutuamente.

La seguridad de nuestro medio ambiente y evitar la pobreza de energía entre estas personas, especialmente en el sureste de Inglaterra donde viven de rentas fijas, son objetivos igualmente importantes.

Por este motivo apoyo una serie de soluciones tecnológicas para el suministro de energía en la UE. Aunque respeto la necesidad de ser prudentes en cuanto a la seguridad de la industria nuclear, creo que ofrece cierto nivel de seguridad: si nos privaran de este proceso ahora las consecuencias serían desastrosas para muchos de mis electores que perciben rentas fijas.

 
  
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  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. - (NL) El informe sobre la Segunda revisión estratégica del sector de la energía muestra bastante poca cohesión. En mi opinión, se debería tener como primera prioridad la presentación de una economía eficiente de energía dentro de la política energética europea. La limitación del consumo de energía debería tener prioridad absoluta para lograr los objetivos con respecto a la lucha contra el cambio climático, el desarrollo sostenible, la innovación, la creación de empleo y la competitividad. De hecho, una propuesta como esta es una forma muy efectiva y nada cara de salvaguardar un suministro continuo de energía. Como ya se ha afirmado, crea un gran número de puestos de trabajo tanto para trabajadores cualificados como para aquellos no cualificados.

La política energética europea tiene que considerar debidamente que el consumo y la producción de energía cambian con vistas al futuro. Los sistemas de energía descentralizados necesitarán combinarse con fuentes de energía renovable abundantes. Junto con la eficiencia de la energía, las medidas de ahorro de energía son de vital importancia. En este informe se ha sobrevalorado la importancia de la energía nuclear. Puede que cubra una tercera parte de la demanda total de electricidad pero esto supone solo un 6 % de la demanda total de energía. En este contexto me gustaría recordarles que sigue sin haber una solución sostenible al problema de los residuos (altamente) radioactivos.

 
  
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  Catherine Stihler (PSE), por escrito. — La independencia energética en Europa necesita mayor prioridad en la agenda política. Es importante además definir claramente la pobreza energética en toda la UE. Esto requiere también una colaboración conjunta mayor en cuanto a cómo podemos aprovechar la economía verde para que nos ayude a crear puestos de trabajo en la actual crisis financiera, pero también para que nos dé la independencia energética que necesitamos en la UE. Hay que tratar el tema de la inversión en la red de suministro de la UE.

 
  
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  Konrad Szymański (UEN), por escrito. - (PL) El informe de Anne Lapperouze sobre la Segunda revisión estratégica del sector de la energía contiene un apartado en el que se aboga por la construcción de un gaseoducto South Stream. Este es el proyecto hermano del gaseoducto North Stream destinado a hacer que el proyecto Nabucco sea imposible de poner en marcha. El gaseoducto South Stream consolida la postura de Rusia en cuanto al suministro de fuentes de energía y no se puede considerar por tanto un proyecto para lograr la diversificación en este ámbito.

 
  
  

- Informe: Anna Záborská (A6-0492/2008)

 
  
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  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh e Inger Segelström (PSE), por escrito. - (SV) Somos bastante críticos con el informe de Anna Záborská y pretendíamos votar en contra puesto que lo consideramos extremadamente hostil hacia las mujeres. Las mujeres tenían que cuidar del hogar, los niños y los mayores en lugar de trabajar. Por suerte no hemos tenido que votar en contra puesto que la resolución enmendada por el Grupo Verts/ALE ha sido aprobada.

Incluso aunque al final hemos elegido apoyar la resolución hay ciertos términos a los que nos oponíamos o en los que dudábamos y por tanto no teníamos claro cuál debía ser nuestro voto.

Como social demócratas suecos pensamos que el derecho a trabajar debería aplicarse a todo el mundo. La sociedad tiene entonces que proporcionar las herramientas y condiciones para permitir que las mujeres salgan fuera a trabajar, algo que es un requisito previo en su emancipación. El desarrollo de las guarderías y la atención a personas mayores es uno de los requisitos previos más importante y necesario para las mujeres también, para que puedan salir a trabajar fuera. Por supuesto, tiene que haber solidaridad entre las generaciones, pero esta solidaridad no puede tener como resultado el que las mujeres se vean forzadas a quedarse en casa para cuidar de los niños y los mayores.

Sin embargo, creemos que la resolución aprobada por la mayoría envía un claro mensaje a la Presidencia checa para mostrar que su objetivo de equiparar la atención de los niños y personas mayores en casa con el trabajo es anticuado y extremadamente hostil para las mujeres.

 
  
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  Robert Atkins (PPE-DE), por escrito. — Yo y mis colegas británicos conservadores apoyamos algunos de los principios generales presentados en este informe, incluido el apoyo a los cuidadores, el equilibrio entre vida personal y profesional y el permiso parental.

Sin embargo, debido a ciertas referencias de este informe, en especial con respecto a la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo, hemos decidido abstenernos.

 
  
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  John Attard-Montalto (PSE), por escrito. — Es un hecho que la definición de «trabajo» en la Estrategia de Lisboa es insuficiente y sólo se refiere al trabajo asalariado formal. El concepto «trabajo» necesita una interpretación más amplia. Hay actividades desempeñadas tanto por hombres como por mujeres que no se califican de trabajo asalariado formal pero que uno no puede negar que constituyen un trabajo. Por ejemplo, los trabajos voluntarios, domésticos y familiares son diferentes aspectos del concepto pero no entran dentro de la definición tradicional de trabajo asalariado formal.

La definición de trabajo hasta ahora es demasiado económica. Muchas personas de ambos sexos cuidan de personas dependientes y todavía, a pesar de ello, las estadísticas de empleo ignoran el resultado de tal trabajo. En mi opinión, el trabajo doméstico es producción doméstica y debería constituir una parte importante de las estadísticas relacionadas con la producción de un país.

Esto, sin embargo, no se reconoce cuando se calculan los bienes y servicios que forman el PIB de un país. El resultado es que las mujeres, que son responsables del grueso de la producción en el hogar, se ven infravaloradas en cuanto a su contribución. Dadas las horas dedicadas a la producción doméstica uno tiene que aceptar que esto debería tenerse en cuenta cuando se computa la producción total de un país.

 
  
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  Adam Bielan (UEN), por escrito. - (PL) He votado a favor del informe de Anna Záborská. Creo que, en especial, las mujeres que llevan el hogar y educan a sus hijos, no deberían encontrarse con discriminación en el mercado laboral. Llevar un hogar y educar a los niños es un gran trabajo que no se ve. No supone prestigio alguno aunque es un trabajo realizado para el beneficio de la comunidad entera. En Polonia hay unos seis millones de mujeres que son amas de casa. En consecuencia la política de la UE debería definir la noción de trabajo de tal forma que permita una serie de concesiones que beneficien a las mujeres que dejan de lado su carrera temporalmente, que se dedican enteramente a sus familias y a las que cuidan de su familia al mismo tiempo que trabajan fuera.

 
  
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  Šarūnas Birutis (ALDE), por escrito. - (LT) En Europa, la tasa de empleo de las mujeres con hijos dependientes es sólo de un 62,4% en comparación con el 91,4% para los hombres, y el 76,5% de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres. Los servicios inadecuados, los salarios bajos, la tardía inclusión en el mercado laboral, el tedioso procedimiento con respecto a los contratos de trabajo fijos y los insuficientes incentivos para las parejas jóvenes son algunas de las razones por las que la juventud elige casarse y tener hijos más tarde. Pido a los Estados de la UE que tomen medidas para que el coste de la maternidad no corra a cuenta de la empresa solo, sino también de la colectividad, y para que los padres tengan horarios de trabajo flexibles, horarios flexibles para las instituciones de cuidados infantiles, de manera que tanto las mujeres como los hombres puedan combinar la vida profesional y familiar de una manera más satisfactoria.

 
  
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  Proinsias De Rossa (PSE), por escrito. — Apoyo este informe que se centra en varios aspectos de la discriminación directa e indirecta hacia las mujeres y hombres al cuidado de personas dependientes. Se pide una mejor comprensión de la relación entre empleo (trabajo asalariado) y las obligaciones familiares (trabajo no asalariado) como algo esencial para fomentar la independencia económica de las mujeres y en consecuencia la igualdad de género.

Los trabajos no asalariados de mujeres y hombres que se dedican, por ejemplo, a educar a los niños, atender a las personas mayores en casa, proporcionar solidaridad internacional y trabajar por el bien común a día de hoy todavía no se considera trabajo económico.

El informe pide a los Estados miembros que tomen medidas destinadas al reconocimiento de tipos de trabajo asalariado no solo tradicionales, sino también de otros tipos como el voluntariado, el trabajo familiar y doméstico, y a evaluar cómo se deberían incluir en los sistemas de cuentas nacionales de los Estados miembros además de valorar su impacto en el PIB.

 
  
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  Avril Doyle (PPE-DE), por escrito. — La diputada Záborská ha presentado un informe que recoge una definición del término «trabajo» que incluye el trabajo no asalariado y no formal, y amplía el reconocimiento del trabajo fuera del mercado formalizado o no remunerado. A pesar de que este trabajo predomina en todos los Estados miembros, las evaluaciones estadísticas de la «población activa» raras veces lo tienen en cuenta, dejándolo excluido del análisis, despreciado e irreconocido. Por último, todas las madres que trabajan a tiempo completo tienen que recibir reconocimiento a efectos de pensión de jubilación.

He votado a favor, pero no sin cierto recelo y preocupación por la idea general del informe.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito.(PT) Hemos votado a favor de esta alternativa presentada por el Grupo Verts/ALE, aun habiendo ciertas partes con las que no estamos totalmente de acuerdo, porque mejora la propuesta de la ponente.

Este es un ámbito en el que las políticas públicas, que se unen intrínsicamente para lograr la igualdad de género, son esenciales. La existencia de servicios públicos es vital así como el que todo el mundo tenga acceso a servicios de calidad, independientemente de su posición económica y sexo, y sin sufrir ningún tipo de discrimación. Esto requiere una sanidad pública nacional gratuita o principalmente gratuita, y educación pública de calidad, gratuita para todos.

Es imprescindible además crear y mantener instalaciones sanitarias públicas de buena calidad y asequibles, con horarios de apertura que satisfagan las necesidades de los padres e hijos así como centros de atención a personas mayores y a personas dependientes, de buena calidad y asequibles. Todo esto es imprescindible para garantizar unas condiciones de vida mejores para todos y para facilitar el acceso de la mujer al mercado laboral y asalariado de modo que puedan llegar a ser económicamente independientes, algo básico para su emancipación.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. (FR) La explicación de Anna Záborská nos demuestra que el objetivo de su informe es el reconocimiento social y económico de ciertas actividades que no se pueden clasificar como parte del «mercado de trabajo formalizado». Para ser claros y concisos, estamos hablando sobre la educación de los niños y, en nuestras sociedades en envejecimiento, de la atención a las personas dependientes. Esto es necesario decirlo porque no es evidente de primeras, ni en el título del informe, que habla de discriminación, ni en la primera lectura del texto, en ocasiones escrito con un estilo extraño.

Resumiendo el texto habla correctamente del reconocimiento por parte de la sociedad; de la inclusión de toda creación de riqueza en las figuras nacionales, aunque esta sea invisible,; de la libertad de elección e incluso de la concesión de derechos propios en materia de seguridad social y jubilación para aquellos que eligen dedicarse a la familia en lugar de a una carrera.

Sin embargo, es una pena que Anna Záborská no siguiera su lógica hasta el final y olvidase la única medida que realmente podría conceder esa libertad de elección y promover el aumento de la tasa de natalidad mediante la eliminación de las limitaciones económicas, en concreto, el salario paterno por el que el Front National ha abogado durante años.

 
  
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  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. - (DE) He votado a favor del informe de Anna Záborská para poner fin a la discriminación.

Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr la igualdad de género.

Por un lado, los hombres tienen que involucrarse más en las tareas domésticas y el cuidado de los niños, y, por otro, las mujeres tienen que poder seguir una carrera independiente completamente. Sin embargo, es importante que no perdamos de vista el bienestar de los niños y pongamos a su disposición las instalaciones adecuadas y asequibles para su cuidado.

 
  
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  Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. - (SV) La igualdad y el trato por igual en el mercado laboral así como en otros contextos se presuponen en una democracia. En este sentido la ponente por supuesto tiene razón.

Sin embargo, como de costumbre, para que las medidas propuestas para rectificar las lagunas con respecto a los derechos humanos y la democracia buscan incrementar el poder político de la UE a costa de los Estados miembros. Siempre termina con una ataque a la subsidiariedad. En la práctica, este informe propone que la UE cargue con la responsabilidad de la política social de los Estados miembros y legisle cuestiones que están estrechamente asociadas con la política de mercado laboral. Hay términos también que abren el camino para una política fiscal común. Todos estos son ejemplos de cuestiones políticas sobre las que los Estados miembros deben tener el control.

A pesar de todas las buenas intenciones he decidido, por tanto, votar en contra tanto del informe como de la propuesta alternativa de resolución.

 
  
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  Thomas Mann (PPE-DE), por escrito. - (DE) El informe Záborská deja claro que para las mujeres, la decisión de si trabajar o no fuera, sigue suponiendo una elección entre dos alternativas desiguales.

Estoy a favor de que el trabajo doméstico realizado tanto por hombres como por mujeres, incluida la educación de los niños y la atención a las personas mayores o familiares discapacitados, sea mejor reconocido y pagado. La economía doméstica se merece un papel más importante del que se le ha asignado actualmente. Hay que tener en cuenta este compromiso, especialmente en los regímenes nacionales de seguridad social y jubilación.

Es cierto que se ha pedido la «solidaridad entre las generaciones». Apoyamos la responsabilidad social hacia los mayores y no permitiremos que grupos enteros sean discriminados y excluidos. El valor de este trabajo de integración es de casi un tercio de la renta nacional en Alemania. Este ejemplo debería ser la propuesta aceptada en toda Europa.

También tenemos que reconocer la contribución de muchas personas de más de 50 años al bien común. Los jóvenes pensionistas se encuentran actualmente en una situación difícil porque han terminado de trabajar demasiado pronto, normalmente por haberse visto forzados a ello. Necesitamos más trabajos adecuados para personas mayores. Su experiencia, su profundo conocimiento y su disposición a aprender cosas nuevas les colocan en una buena posición en el mercado laboral.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. — Apoyo este informe, que está a favor de los derechos de los trabajadores con respecto al permiso parental y familiar, y pide que no se discrimine a los cuidadores y se reconozca más el trabajo que realizan.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. - (DE) En lugar de establecer cuotas, que pueden dar lugar a envidias y resentimientos, sería más apropiado proporcionar apoyo a las mujeres jóvenes en sus elecciones académicas y en su carrera, para no centrar la atención en las profesiones de las mujeres. Si una mujer elige la seguridad de trabajar en un equipo o dentro de la familia en lugar de desempeñar un papel directivo, solitario y estresante tenemos que aceptarlo. Hace tiempo que debería haberse establecido el mismo salario por el mismo trabajo. Si no se pone esto en práctica, entonces todos los intentos de proporcionar permisos de paternidad o paternales no servirán debido a las realidades financieras.

Los padres solteros corren un riesgo de pobreza especialmente alto y la sociedad tiene que mostrar más solidaridad al respecto. Otro problema es que el trabajo realizado por mujeres como las tareas domésticas, la educación de los niños y el cuidado de los familiares, con frecuencia no se considera como un trabajo propiamente dicho. Tenemos que proponer cambios en este sentido. Si queremos que la vida familiar continúe tenemos que introducir horarios que se puedan compaginar con la familia pero la UE se opone a eso. No es suficiente hacer un llamamiento a la solidaridad entre generaciones. Tenemos que llevarlo a la práctica. El informe de hoy parece un paso por el buen camino y por ello he votado favorablemente.

 
  
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  Teresa Riera Madurell (PSE), por escrito. — He votado a favor de la propuesta de resolución presentada por el Grupo de los Verdes, como alternativa al informe Záborská, porque en ella se tratan mejor los problemas reales que aún persisten en cuanto a conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres, el reconocimiento de los cambios en el modelo de familia, la conciliación de la vida personal y profesional y las medidas de acción positiva que siempre hemos defendido los socialistas.

No se pueden perpetuar los estereotipos ni solucionar los problemas económicos obligando a las mujeres a quedarse en casa al cuidado de las personas mayores y de los niños y las niñas, como reza el texto de la señora Záborská, que presenta a las mujeres como «madres potenciales» que procrean y aportan niños al mundo, educándolos principalmente en cooperación con los padres.

Con mi voto quiero enviar también un mensaje claro a la Presidencia checa que, tal como explica en su programa para este semestre, pretende también incentivar la imagen de la mujer-cuidadora, animando a muchas profesionales a que abandonen su carrera para atender a su familia. Tengo la impresión de que la presidencia checa no entiende lo que significa «igualdad entre mujeres y hombres» en toda su profundidad. Espero que en seis meses seamos capaces de explicárselo.

 
  
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  Luca Romagnoli (NI), por escrito. - (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor del informe de Anna Záborská sobre la solidaridad entre las generaciones. Creo que el concepto de «trabajo» tal y como lo expresa la UE actualmente no cubre todas las categorías. La discriminación de hombres y mujeres, que deciden voluntariamente ayudar a aquellos que no pueden valerse por sí mismos o educar a futuras generaciones, es anacrónica y anticuada.

Por lo tanto estoy de acuerdo con la ponente cuando afirma que es imprescindible hacer que el concepto de trabajo sea sostenible y de reconocer el trabajo no asalariado llevado a cabo por mujeres y hombres por la solidaridad entre generaciones.

 
  
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  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. - (PL) Se ha aprobado hoy en la sesión plenaria del Parlamento de Europa en Estrasburgo un informe sobre la no discriminación de sexos y la solidaridad entre las generaciones.

La solidaridad entre las generaciones es una de las soluciones estructurales clave del modelo social europeo. Los Estados miembros se comprometen a actuar para eliminar las barreras que impiden a las mujeres acceder al mercado laboral en las mismas condiciones que los hombres. En cooperación con los Estados miembros y órganos sociales, la Comisión Europea debería revisar las estrategias políticas destinadas a reconciliar la familia y la vida profesional.

Los indicadores de empleo femenino confirman que en muchos aspectos del trabajo sigue habiendo diferencias entre hombres y mujeres con respecto a la conciliación de la vida privada y profesional. Conforme a los objetivos de la Estrategia de Lisboa, los Estados miembros se comprometen a buscar trabajo para el 60 % de las mujeres capaces de trabajar.

La Comisión debe presentar su punto de vista sobre la nueva directiva de derechos específicos y protección con respecto a la reconciliación de la vida familiar y profesional en aquellas familias donde ciertos miembros requieren atención. Me viene a la mente, por ejemplo, familias con hijos, personas mayores o discapacitadas.

 
  
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  Anna Záborská (PPE-DE), por escrito. - (SK) Este informe habla de mejorar la situación existente con respecto a la valoración del papel de la mujer en la solidaridad entre las generaciones —atención de los niños, personas mayores y personas dependientes en la familia—. El informe que he presentado es verdaderamente revolucionario porque era la primera vez que una iniciativa parlamentaria pedía el reconocimiento de la contribución «invisible» de la mujer al sistema financiero y al PIB.

El informe se ha aprobado por unanimidad en la Comisión de Derechos de la Mujer. Ni siquiera el Grupo de los Verdes ha votado en contra. Hoy los mismos diputados han propuesto una resolución alternativa sin haber propuesto una consulta de antemano. Toda la izquierda en el Parlamento Europeo ha votado por la resolución alternativa. Deduzco dos conclusiones de esto: en primer lugar, la izquierda ha demostrado que no respeta el trabajo de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, aunque aparentemente reconoce su importancia; en segundo lugar, la izquierda ha planteado dudas sobre la cuestión de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres fomentando la sospecha de que para la izquierda esta cuestión solo sirve para atraer a los medios de comunicación.

He votado en contra de la resolución. No ha sido un paso en el camino correcto. Aunque contiene párrafos de mi informe original, muestra que la izquierda no respeta el trabajo de millones de mujeres en toda la UE. Los autores de la resolución han demostrado que siguen aferrándose a antiguas ideologías que hoy en día han perdido su validez. Es más, la resolución, sin precedente alguno, pone en duda a la Presidencia checa simplemente por haber propuesto el debate sobre los objetivos de Barcelona.

 
  
  

- Informe: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

 
  
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  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. - (IT) Gracias señor Presidente, he votado a favor. Me preocupa que la pornografía infantil en Internet sea un fenómeno que se extiende con índices cada vez más altos y que involucra a niños cada vez más jóvenes. La explotación sexual de menores y la pornografía infantil constituyen una grave violación de los derechos humanos.

Por lo tanto considero que es importante, en el marco de la cooperación internacional, intensificar las medidas que se toman para filtrar y eliminar las páginas web que contengan pornografía infantil para que los proveedores de servicios de Internet estén obligados a bloquear este tipo de páginas web criminales.

Sin embargo, a pesar de que los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros prevén penas y un nivel bastante alto de protección contra los abusos y la explotación sexual de los niños, así como la pornografía infantil, tenemos que aumentar el nivel de protección de los niños, teniendo también en cuenta el desarrollo constante de nuevas tecnologías, en especial Internet, y el uso de nuevas formas de manipulación de niños «en línea» con fines sexuales (el llamado grooming) por parte de los pedófilos.

Resumiendo, tenemos la necesidad de desarrollar campañas de concienciación de padres y adolescentes sobre los peligros de la pornografía infantil en Internet, y especialmente en relación con el riesgo de explotación sexual en salas de chat y foros.

 
  
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  Adam Bielan (UEN), por escrito. - (PL) He votado a favor del informe debatido y me gustaría felicitar a la ponente Roberta Angelilli por abordar un tema tan difícil a la par que importante. La pornografía infantil es un problema mundial cada vez mayor. Por tanto, no deberíamos escatimar esfuerzos para combatirlo a nivel internacional. Los cuerpos de policía de los diferentes Estados miembros deberían intercambiar información y cooperar para prevenir todos los delitos de este tipo que sean posibles. Me gustaría además subrayar la necesidad de desarrollar métodos efectivos de ayuda a los niños que han sido víctimas de pedofilia.

 
  
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  Šarūnas Birutis (ALDE), por escrito. - (LT) En mi opinión, todos los países de la UE deberían tipificar como infracción penal cualquier relación sexual con menores de 18 años en las que se haga uso de la coerción, la fuerza o las amenazas, o se abuse de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre el niño —incluyendo a la familia—, o se abuse de una situación de particular vulnerabilidad del niño, especialmente a causa de incapacidad mental o física también deben tipificarse como infracciones penales.

Los países de la UE deben pedir a los proveedores de servicios de Internet que bloqueen el acceso a las páginas web que promuevan el sexo con niños y los bancos y empresas de tarjetas de crédito deben bloquear el pago de páginas web con pornografía infantil.

 
  
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  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), por escrito. (RO) He votado a favor de este informe porque estoy de acuerdo en que los Estados miembros tienen que «tipificar como infracción penal todas las formas de abuso sexual de los niños», incluida la manipulación de niños «en línea» con fines sexuales (el llamado grooming).

Se tiene que impedir que los delincuentes condenados por delitos sexuales se acerquen a niños mediante empleos o actividades voluntarias que implican un contacto regular con ellos, considerando, entre otras cosas, que los Estados miembros deben están obligados a garantizar el control de los antecedentes penales de las personas que solicitan ciertos empleos en los que se trabaja con niños; ello incluye también el establecimiento de normas o directrices claras para los empleadores sobre sus obligaciones a este respecto.

 
  
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  Martin Callanan (PPE-DE), por escrito. — Con frecuencia la UE busca emprender acciones comunes donde estas se dejan mejor en manos de los Estados miembros. En este caso, sin embargo, creo que si actuamos juntos podremos conseguir algo.

La lacra de la pornografía infantil y el abuso sexual a menores es una gran sombra sobre nuestra sociedad que destroza la vida de aquellos más vulnerables y necesitados de protección.

Dada la naturaleza de la UE y la libre circulación de personas, es vital que utilicemos los medios a nuestra disposición para combatir estos delitos enfermizos allá donde ocurran. Es especialmente importante que se coordine y actualice con regularidad la información sobre los delincuentes.

Tenemos que mejorar además la coordinación con terceros países para que los ciudadanos de la UE que viajen fuera de la UE para cometer delitos contra los niños puedan ser identificados, detenidos, perseguidos y extraditados según se requiera. El papel global de la UE ofrece una oportunidad importante para promover nuestros valores en países y regiones donde los derechos de los niños están menos protegidos.

Por lo tanto he votado a favor de este informe.

 
  
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  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. - (SV) Se ha votado hoy el informe (A6-0012/2009) de la señora Angelilli (Grupo UEN, Italia) para combatir la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil. La lucha contra la diseminación de la pornografía infantil tiene que ser prioritaria. La cooperación europea tiene un papel muy importante que desempeñar en varios aspectos. Nosotros, los conservadores, hemos votado por tanto favorablemente.

Sin embargo, al mismo tiempo, nos gustaría señalar que no compartimos la opinión de la ponente con respecto a dos de las muchas propuestas presentadas. A diferencia de la ponente, no creemos que se deba comprometer el secreto estrictamente profesional al que muchas de las profesiones están obligadas: abogados, curas y psicólogos.

También creemos que apenas podemos responsabilizar al propietario de una página de Internet por todos los debates que se publican en la página web, incluidas conversaciones privadas en salas cerradas. A pesar del objetivo, es desproporcionado obligar a todos los dueños de páginas de Internet a controlar todas las conversaciones privadas que tienen lugar para ser capaces de garantizar la legalidad de una página de acuerdo con esta propuesta. En cambio, tenemos que centrarnos en otros métodos más efectivos para combatir las redes que difunden pornografía infantil que no tienen consecuencias tan graves para la integridad de usuarios de Internet habituales.

 
  
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  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), por escrito. (RO) He votado a favor del informe Angelilli porque creo que la protección de los derechos de los niños tiene que ser una prioridad para la UE y para sus Estados miembros. Tenemos que actualizar la legislación que combate la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil teniendo en cuenta el desarrollo constante de nuevas tecnologías, en especial Internet, y el uso de nuevas formas de manipulación de niños «en línea» con fines sexuales (el llamado grooming) por parte de los pedófilos.

Creo que las instituciones de la UE y los Estados miembros tienen que centrarse, en particular, en aumentar la capacidad institucional para combatir estas infracciones.

Puesto que estas infracciones no respetan las fronteras, la UE tiene que desarrollar una red transnacional para combatir este delito. En este sentido apoyo la idea de que EUROPOL cree una unidad especial dedicada a combatir la pornografía infantil y la explotación de los niños que cuente con expertos entrenados en varias especialidades. Esta unidad tendrá que cooperar de forma efectiva con las autoridades policiales de los Estados miembros y en terceros países con la autoridad que corresponda.

 
  
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  Avril Doyle (PPE-DE), por escrito. — Apoyo plenamente el informe de Roberta Angelilli y la recomendación al Consejo sobre la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil. Las posturas comunes anteriores todavía no se han aplicado en todos los Estados miembros, mientras que la amenaza de la seguridad de lo niños que supone el creciente progreso tecnológico continúa aumentando. Este informe actualizaría y consolidaría medidas existentes para combatir estos comportamientos abominables y los definiría como infracciones penales por ley. La aplicación del informe de Roberta Angelilli supone el aumento de la protección de los niños frente a estas prácticas abusivas en respuesta a los avances tecnológicos, centrándose, especialmente, en la siniestra práctica del grooming.

Otras propuestas importantes incluyen el control transfronterizo de delincuentes condenados por abuso sexual, para impedir que obtengan empleo que requiera contacto directo con niños en otros Estados miembros y el aumento de la protección de las víctimas durante las investigaciones y juicios.

Internet es una parte vital de la sociedad de la información interconectada. Los niños tienen un dominio cada vez mayor de los ordenadores pero, con este dominio y seguridad, los peligros que suponen personas sin escrúpulos no son tan aparentes para ellos o para sus padres cuyo dominio es menor. Estas propuestas de sentido común tienen como objetivo proteger a los más vulnerables de nuestras sociedades.

 
  
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  Edite Estrela (PSE), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe Angelilli sobre la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil porque considero que es vital actualizar los medios para luchar con todas las formas de explotación de los niños para garantizar un alto nivel de protección infantil dentro de la UE.

Por este motivo apoyo el presente informe, especialmente la propuesta de penalizar en todos los Estados miembros los delitos sexuales contra los niños, incrementar la vigilancia y control de nuevas formas de manipulación de menores con fines sexuales , especialmente en Internet, y la creación del sistema de alerta rápida para niños desaparecidos con vistas a mejorar la cooperación a nivel europeo.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. (FR) El abuso sexual de niños y la pornografía infantil son delitos especialmente despreciables que requieren, en la era de Internet y el turismo sexual, el aumento de la cooperación entre la policía y los ordenamientos jurídicos y la mejora del apoyo a las víctimas. El informe de la señora Angelilli se merece nuestro apoyo.

Deberíamos, sin embargo, aparte de los avances tecnológicos que dan a los pervertidos más oportunidades para satisfacer sus vicios, tenemos que mirar la decadencia moral y la pérdida de valores como razones subyacentes del gran aumento de este tipo de delitos.

Solo hace 30 años, en nombre de la llamada liberalización de morales, el placer desenfrenado en busca de todo y el crecimiento seudopersonal del individuo de los últimos años, una cierta tendencia política promovió la actividad sexual de menores, incluso en las columnas, voz de la izquierda de moda, del periódico francés Le Monde. Mientras que este argumento indigno, que según se espera, ha sido rechazado, sus autores continúan predicando y sus tendencias políticas continúan dando lecciones sin tan siquiera admitir su culpabilidad.

Por último, deseo saber por qué el único derecho que no se concede a los niños en la mayoría de nuestros estados es su derecho a nacer.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito.(PT) Como se menciona en la presente propuesta de recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo, el Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de los niños contra los abusos sexuales y la explotación sexual(el Convenio del Consejo de Europa) —ya firmado por 20 países de la UE— es el primer instrumento jurídico para clasificar como delitos las diferentes formas de abuso sexual a menores, incluido el abuso cometido mediante el uso de la fuerza, coerción o amenazas, entre otros, incluso dentro de la familia.

En este contexto, el Parlamento pide a todos los Estados miembros que no lo hayan hecho que firmen, ratifiquen y apliquen todas las convenciones internacionales pertinentes empezando por el Convenio del Consejo de Europa. Ente otras recomendaciones, el Parlamento pide a los Estados miembros que mejoren su legislación y cooperación en este ámbito para garantizar que los delitos sexuales contra menores de 18 años se clasifiquen siempre en toda la UE como explotación de menores y se penalicen todos los tipos de abuso sexual a los menores.

Con independencia del analisis necesario y la decisión soberana de cada país con respecto a cada decisión del Parlamento, estamos de acuerdo con el grueso de la resolución: proteger y salvaguardar los derechos de los niños.

 
  
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  Jens Holm, Erik Meijer, Esko Seppänen y Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), por escrito. — La explotación sexual de los niños y la pornografía infantil son delitos abominables y para ponerles fin tenemos que cooperar. Por tanto, hoy hemos votado a favor del informe Angelilli. Sin embargo, hay aspectos del informe que no apoyamos, como la creación de una legislación penal uniforme y extraterritorial aplicable a toda la UE, así como establecer a nivel europeo lo que debe considerarse delito y circunstancias agravantes.

 
  
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  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. - (DE) Voto a favor del informe Angelilli sobre la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil.

Actualmente es más importante que nunca para el desarrollo de los niños y para la protección de la integridad como sea posible. Puesto que en la mayoría de las familias ambos padres trabajan, los abuelos no pueden cuidar de los niños e Internet es con frecuencia la única forma de entretenimiento, la magnitud del riesgo es innegable.

 
  
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  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), por escrito. — La explotación sexual de niños y la pornografía infantil son delitos abominables y para ponerles fin tenemos que cooperar. Por tanto, hoy hemos votado a favor del informe Angelilli. Sin embargo, hay aspectos del informe que no apoyamos, como la creación de una legislación penal uniforme y extraterritorial aplicable a toda la UE, así como establecer a nivel europeo lo que debe considerarse delito y circunstancias agravantes.

 
  
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  Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. - (SV) Los delitos sexuales contra los niños y la pornografía infantil están entre los más detestables de los que se puede ser culpable. Deberían conllevar penas severas o, en el caso de que el autor tenga una enfermedad mental, una atención más amplia y en la que se pueda confiar.

El informe propone medidas constructivas para mejorar el tratamiento de estos horrendos problemas sociales. Se insta a los Estados miembros a ratificar y aplicar todas las convenciones internacionales en este ámbito, deberían recibir ayuda para mejorar su legislación en este ámbito y el turismo sexual debería estar penalizado en todos los Estados miembros. Esto es, en mi opinión, tarea de la UE como unión de valores. Apoyo muchas de las propuestas contenidas en el informe y he votado a favor en muchos votos individuales.

Sin embargo, el informe también busca armonizar la legislación penal dentro de la UE y establecer un sistema de medidas preventivas financiado con fondos de la UE, a pesar de que es un problema global que debería estar regulado por medio de convenciones y acuerdos de Naciones Unidas. Es difícil no tener la impresión de que, una vez más, nos enfrentamos a un ejemplo de utilización cínica de un problema social terrible para impulsar la posición de la UE a costa de la independencia de los Estados miembros. La ley penal es una parte absolutamente crucial de la competencia de un estado soberano. Por tanto, he votado en contra de la totalidad del informe.

 
  
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  Adrian Manole (PPE-DE), por escrito. (RO) He votado a favor del informe de Roberta Angelilli sobre la explotación sexual de niños porque esta cuestión concierne a uno de los actos inhumanos más sórdido y tiene que estar penalizado por medidas que aprueben todos los Estados miembros.

En Rumanía sigue habiendo mucho tráfico desconocido sobre este tema. Tenemos pocos datos sobre lo extenso que es. Por este motivo creo que aprobando este informe ayudará a difundir las campañas de información, centrando la atención y advirtiendo sobre el abuso sexual de menores, a incrementar el número y el alcance de las acciones destinadas a detectar a menores que están siendo explotados sexualmente, a crear servicios de rehabilitación y llevar a cabo controles periódicos sobre su situación además de mejorar el sistema de registro y seguimiento de casos de abuso sexual a menores.

Es más, creo que hay que proporcionar servicios especiales a las víctimas de la trata de menores en centros temporales, incluida la asistencia y rehabilitación, en todos los Estados miembros.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. — Apoyo el informe que hace un llamamiento a los tres países que quedan por aplicar la Decisión marco del Consejo sobre la lucha contra la explotación sexual de los niños. Apoyo el aumento del nivel de protección infantil, en particular, en Internet, y también en otras nuevas tecnologías en desarrollo.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. - (DE) Mientras que el Parlamento Europeo debate cómo proteger mejor a los niños, el mundo islámico se mueve en la dirección opuesta. El imán más veterano de Arabia Saudí ha descrito a las niñas de 10 o 12 años como «casaderas» y ha exigido el derecho a que se produzca el matrimonio entre menores. Esto tendrá efecto también en Europa como resultado de los inmigrantes islámicos y tenemos que estar preparados para ello.

Nuestros niños tienen que contar con la mejor protección posible. Puesto que los delincuentes sexuales, cuyo objetivo son los niños, tienen un elevado índice de reincidencia, tenemos que establecer un registro europeo con los nombres de delincuentes sexuales potenciales, pedófilos y personas con problemas de conducta relevantes. Tenemos que combatir la violencia y el abuso infantil en todas sus formas más eficientemente y aumentar las penas por contacto sexual con menores y por la posesión de pornografía infantil. Hemos votado a favor del informe Angelilli porque mejorará la protección de nuestros niños.

 
  
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  Seán Ó Neachtain (UEN), por escrito. - (GA) La tecnología de la información está creciendo y expandiéndose en la UE puesto que nos encontramos en la «era digital». Es cierto que hay grandes ventajas asociadas a esta tecnología y a las instalaciones que van con ella desde el punto de vista del trabajo, la educación, la vida social y la investigación. Esto no significa, sin embargo, que debemos ignorar los peligros asociados con esta tecnología.

Hay cierta libertad asociada con Internet —una libertad sin límites físicos o prácticos—. Esta libertad puede ser algo bueno, como es la mayoría del tiempo, pero también puede ser utilizada para la explotación sexual de niños y la pornografía infantil.

No hay nada más importante que la salud, el bienestar y el futuro de nuestros niños. Tenemos que hacer todo lo posible para protegerlos de cualquier tipo de daño. Con este fin me complace apoyar el informe de la señora Angelilli y la felicito por todo su trabajo sobre este tema.

 
  
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  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), por escrito. (EL) He votado a favor del informe Angelilli sobre la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, porque pide el cumplimiento, el cual se presume, de la ley internacional actual y la revisión de la Decisión marco del Consejo por parte de todos los Estados miembros para mejorar la protección de los niños a nivel europeo.

Las estadísticas de Naciones Unidas son dramáticas. La gran mayoría de las víctimas de la trata de seres humanos para su explotación sexual son niños y adolescentes. Se necesita cooperación internacional para luchar conjuntamente contra estos delitos y todos los Estados miembros deberían garantizar que los autores comparezcan ante un tribunal.

 
  
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  Maria Petre (PPE-DE), por escrito. (RO) He votado a favor del informe Angelilli porque necesitamos actuar de forma rápida y eficaz para combatir estos problemas y, sobre todo, las consecuencias de la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil.

Nuestros niños se encuentran cada vez más solos a medida que nosotros estamos cada vez más ocupados. Así es como caen en tentaciones peligrosas. Los compromisos de la UE, expresados por el Comisario Barrot, nos proporcionan la garantía de que desde marzo tendremos un marco jurídico excelente.

 
  
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  Lydie Polfer (ALDE), por escrito. (FR) He votado este informe destinado a aprobar y reforzar la Decisión marco de 2004, con el objetivo de proteger a los menores de la explotación sexual y la violencia. Dados los avances tecnológicos (especialmente en Internet), parece que los niveles de protección de la Decisión marco necesitan ser mayores. La utilización de niños con fines sexuales debería ser considerada un delito. Se debe consolidar la cooperación entre los Estados miembros con respecto al intercambio de información sobre los antecedentes penales de personas relacionadas con condenas por abuso sexual, de modo que se impida que aquellos condenados con tales infracciones trabajen en contacto directo con niños. También necesitamos mejorar la protección de las víctimas.

 
  
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  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), por escrito. (RO) He votado a favor del informe presentado por Roberta Angelilli, que aborda el tema de la lucha contra la explotación sexual de niños y la pornografía infantil, subrayando las medidas que los Estados miembros tienen que considerar cuando elaboren su marco legislativo para combatir la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil.

El informe es también un toque de atención a la mala aplicación de la Decisión marco existente, junto con los instrumentos internacionales pertinentes, en especial el Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de los niños contra los abusos sexuales y la explotación sexual, del que Rumanía forma parte desde el 2007, al mismo tiempo que incorpora nuevas infracciones sexuales. Los Estados miembros tienen que alentar a las víctimas de explotación sexual a ponerse en contacto con la policía y los tribunales pertinentes que tengan competencia en asuntos penales y civiles. Además, tienen que responsabilizar e informar a los representantes legales de menores y al personal que tenga contacto directo con menores sobre los peligros relacionados con la manipulación de niños para fines sexuales «en línea» (grooming).

Todos estos peligros se pueden limitar mediante la creación de cuerpos de control nacionales y la cooperación con los proveedores de servicios de Internet para bloquear las páginas web y todos los materiales que contengan pornografía infantil.

 
  
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  Luca Romagnoli (NI), por escrito. - (IT) Señor Presidente, Señorías, voto a favor del informe de Roberta Angelilli sobre la lucha contra explotación sexual de niños y la pornografía infantil. El condenar estas prácticas no es, de hecho, suficiente para erradicar esta aberrante violación de los derechos humanos.

Sin embargo, es preocupante que no todos los Estados miembros hayan cumplido con las disposiciones de la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo del 22 de diciembre de 2003. Esta decisión, entre otras, necesita ser actualizada para incrementar el nivel de protección infantil en vista, además, del desarrollo constante de nuevas tecnologías, en especial Internet, y el uso de nuevas formas de manipulación de niños «en línea» con fines sexuales (el llamado grooming) por parte de los pedófilos.

Estoy completamente de acuerdo con la ponente que nos ha dado un informe detallado y constructivo que refleja un magnífico conocimiento experto de los temas.

 
  
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  Daciana Octavia Sârbu (PSE), por escrito. (RO) La pornografía infantil es un tema delicado que debería ser siempre el centro principal de las autoridades nacionales y europeas. Los Estados miembros de la UE deberían penalizar severamente todo tipo de abuso sexual a menores y cualquier tipo de grooming en línea.

Acojo con satisfacción la decisión del Parlamento Europeao de pedir a los Estados miembros que se compromentan firmemente a combatir el abuso sexual de menores, teniendo en cuenta especialmente lo vulnerables al abuso que son los niños que utilizan salas de chat y foros en línea.

Teniendo esto en mente, la cooperación entre las autoridades nacionales y los proveedores de servicios de Internet es vital, no solo para restringir el acceso a páginas pornográficas sino también para bloquear el acceso de los niños a páginas que anuncien oportunidades para cometer infracciones sexuales. También hay recomendaciones para crear planes nacionales de rehabilitación psicológica tanto para los delincuentes sexuales como para las víctimas de abuso.

Me gustaría subrayar el hecho de que cada Estado miembro tiene que llevar un registro de forma individual de todos los delincuentes sexuales e impedir que estos delincuentes trabajen en sectores que impliquen el contacto con niños.

 
  
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  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. - (NL) He votado rotundamente a favor del informe sobre la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil. No cabe duda alguna de que el grooming (acercamiento a menores con fines sexuales) y las salas de chat de pedófilos deben estar penalizados. Además, las infracciones indecentes que involucren a menores deberían recogerse en una legislación penal extraterritorial. La UE debería ser capaz de utilizar el presupuesto general para financiar el programa de intervención de la UE para prevenir que los delincuentes sexuales reincidan. Apoyo además la propuesta en la que la Comisión, junto con las grandes empresas de tarjetas de crédito, analice las posibilidades técnicas para bloquear o eliminar los sistemas de pago de páginas web donde se venda pornografía infantil.

Por último, insto a los siete Estados miembros que no han firmado aún el Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de los niños contra los abusos sexuales y la explotación sexual a que lo hagan pronto. Esto se aplica también a los ocho Estados miembros que no han ratificado todavía el Protocolo facultativo de 2000 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

 
  
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  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito.(EL) Las autoridades políticas que apoyan la barbarie imperialista, la guerra, el saqueo de recursos que producen riqueza y la explotación de personas son conjuntamente responsables del delito que se comete diariamente contra millones de niños en el mundo. Son responsables de millones de niños que tienen hambre, que están desnutridos, que están forzados a trabajar y que viven por debajo del umbral de pobreza en países del «Oeste civilizado», de millones de niños que son víctimas de la explotación sexual y del crecimiento de la industria de pornografia infantil que genera beneficios de más de tres mil millones de euros solo en Internet.

Las medidas penales propuestas en el informe no podrán proteger a los niños porque no pueden tratar y no tratarán la principal causa que es el aumento de la corrupción y depravación a índices sin precedentes: los beneficios y el sistema capitalista explotador y totalmente corrompido. Tampoco los protegerán de forma efectiva la abolición del principio non bis in idem, el control de las comunicaciones y la intervención arbitraria de las autoridades en Internet. Por el contrario, la experiencia ha demostrado que, donde se han aprobado tales medidas, normalmente mediante una excepción en nombre de la lucha contra delitos que conllevan una protesta y repugnancia generalizadas, el objetivo es llegar a la raíz del asunto para adoptarlas de modo que después se puedan utilizar para restringir los derechos personales y las libertades democráticas.

 
  
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  Lars Wohlin (PPE-DE), por escrito. – (SV) He votado en contra del informe sobre la armonización de la legislación penal en la UE en relación con los delitos sexuales contra los niños. Estoy a favor de la cooperación estrecha con la UE para combatir la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, pero creo que la ley penal debería ser un asunto nacional.

 
  
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  Anna Záborská (PPE-DE), por escrito. (SK) Proteger a los niños y jóvenes del abuso sexual es un tema importante y, de hecho, un problema de nuestra época.

Siempre he estado a favor de los derechos preferentes de los padres a la hora de educar a sus hijos, pero en este caso el estado también tiene que protegerles. Esta protección no solo se aplica a Internet, se aplica también a los medios que lo anuncian, que deberían ser decentes, seguir valores morales y no atentar contra el derecho a la inocencia de los jóvenes.

Los padres tienen una labor especial a la hora de proteger a sus hijos del abuso sexual. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice claramente, en el artículo 26.3, que «Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos». La educación dada por los padres incluye la educación sobre la utilización responsable de los medios de comunicación. Sin embargo, los padres no pueden desempeñar consecuentemente esta labor si no tienen el tiempo adecuado para dedicar a su familia y sus hijos. El estado debería permitir este tiempo libre a los padres. Internet nunca podrá reemplazar el tiempo de diálogo entre padres e hijos. Un videojuego no puede reemplazar una conversación con la abuela. El mando del videojuego no es equivalente a una hora con el abuelo en el garaje.

La familia es el espacio natural de protección de los niños y los padres sus primeros protectores. Por esta razón he empezado un proyecto en Eslovaquia destinado en primer lugar a los padres: «¿Sabe dónde está su hijo ahora?»

 
  
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  Marian Zlotea (PPE-DE), por escrito. (RO) En una sociedad civilizada tenemos que anteponer la seguridad de nuestros niños ante todo. La explotación sexual es una violación del derecho del niño al cuidado y la protección. La explotación sexual deja cicatrices psicológicas en el niño y a veces incluso físicas, truncando así sus esperanzas de llevar una vida digna.

Me gustaría apoyar la idea propuesta por la ponente, Roberta Angelilli de que la Decisión marco actualmente vigente desde 2004 se actualice. Acogemos con satisfacción la decisión por la que el proceso de actualización se tiene que llevar a cabo para aumentar el nivel de protección infantil, en especial con respecto a las nuevas amenazas que suponen Internet y otros sistemas de comunicación nuevos. Los Estados miembros tienen que garantizar que la legislación se enmendará para que las páginas web con contenido delictivo se bloqueen.

Tenemos que fomentar la cooperación entre los Estados miembros para poner fin a este tipo de delitos y combatir activamente la pornografía infantil y otras formas de explotación comercial y sexual de menores. Necesitamos una estrategia global integrada junto con la cooperación diplomática y administrativa para garantizar el refuerzo de esta legislación por el bien de los niños. Tenemos que ofrecer protección a las víctimas de abusos. Tenemos que poner fin al turismo sexual.

 

8. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta
 

(La sesión, suspendida a las 13.00 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

 
  
  

PRESIDE: HANS-GERT PÖTTERING
Presidente

 

9. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta
Vídeo de las intervenciones

10. Curso dado a las posiciones y resoluciones del Parlamento: véase el Acta

11. Repatriación y reasentamiento de los presos de Guantánamo - Supuesta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos (debate)
Vídeo de las intervenciones
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  Presidente. — El siguiente punto son las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre la repatriación y reasentamiento de los presos de Guantánamo - Supuesta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos.

 
  
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  Alexandr Vondra, Presidente en ejercicio del Consejo. — Señor Presidente, soy perfectamente consciente de que el tema de Guantánamo ha sido una cuestión preocupante para este Parlamento. También soy consciente de que este Parlamento, mediante varias resoluciones aprobadas desde 2002, ha expresado consecuentemente su opinión sobre este problema en particular. Por tanto creo que habrán acogido con satisfacción, tal y como ha hecho el Consejo, la decisión del Presidente Obama de cerrar Guantánamo en el plazo de un año. La Presidencia expresó esta opinión mediante una declaración que se emitió poco después de que el Presidente Obama firmase los decretos. Los ministros acogieron con satisfacción y de forma inequívoca esta decisión en la última reunión del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, como probablemente ya sabrán.

El Presidente Obama también anunció su decisión de suspender los juicios militares para reafirmar la Convención de Ginebra y poner fin al programa de detenciones secretas y a los interrogatorios. Estos grandes avances nos permitirán consolidar aún más la cooperación transatlántica en la lucha contra el terrorismo.

La decisión de cerrar Guantánamo es, por supuesto, responsabilidad de los EE UU. Sin embargo, dado nuestro interés común en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de los derechos humanos y el estado de derecho, los ministros, durante la última semana del Consejo, debatieron de qué maneras los Estados miembros podrían ofrecer asistencia práctica a EE UU y, en especial, si podrían aceptar antiguos presos.

En su decreto para cerrar Guantánamo, el Presidente Obama ordenaba la revisión de la situación de los presos. Esto está en curso ahora. El reasentamiento de los presos concernirá a aquellos que en vista de la revisión sean liberados. La cuestión de si los Estados miembros aceptarán a antiguos presos es una decisión nacional. Sin embargo, se acordó la semana pasada que sería deseable una respuesta política común y que la posibilidad de una actuación europea coordinada se podría examinar detenidamente.

Este tema suscita una serie de problemas políticos, jurídicos y de seguridad que necesitan estudio y consulta en profundidad y que —y esto es también muy importante— requerirán la participación de los Ministros de Justicia y Asuntos de Interior en los Estados miembros. Esto proceso acaba de empezar y el Consejo volverá a esta cuestión una vez se hayan aclarado más algunos de estos problemas. Este es un tema de trabajo continuo y el Comité Político y de Seguridad lo debate hoy, por ejemplo.

Entiendo plenamente el continuo interés en este Parlamento, tal como se refleja en la propuesta de resolución que se ha presentado en esta sesión y que yo mismo he leído. Me gustaría asegurarles que la Presidencia prestará gran atención a este tema y les mantendrá informados del resultado de futuros debates en el Consejo así como de cualquier otro avance al respecto.

 
  
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  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. - (FR) Señor Presidente, quiero dar mi más sincera bienvenida al señor Vondra y me satisface poder hacerme eco de lo que acaba de decir, dado que es obvio que la Comisión tiene que trabajar estrechamente con la Presidencia en esta difícil cuestión.

También quiero expresar mi apoyo particularmente a la señora Ferrero-Waldner, a la que se le ha impedido en último momento acompañarnos esta tarde. Por lo tanto, hablaré en su nombre y en el mío propio.

La Comisión ha acogido de forma muy favorable las iniciativas adoptadas por el Presidente Obama desde su investidura. Ahora existen todos los componentes necesarios para un relanzamiento de las relaciones entre los Estados Unidos y Europa, y la Comisión realizará importantes esfuerzos para revitalizar esta asociación.

El ejemplo más notable del cambio de dirección por parte de los Estados Unidos es su intención de analizar cuestiones relacionadas con los derechos humanos por lo que se refiere al tratamiento de presuntos terroristas. Por supuesto, acogemos con satisfacción la prisa del Presidente Obama por cerrar el centro de detención de Guantánamo, por tender la mano al mundo islámico y confirmar el compromiso de los Estados Unidos con el proceso de paz de Oriente Próximo.

También advertimos con satisfacción otros aspectos igualmente importantes de las órdenes firmadas el 22 de enero, concretamente el cierre de las prisiones secretas de la CIA, la prohibición total del uso de la tortura y del trato cruel, inhumano y degradante, así como la suspensión de los juicios en tribunales militares.

La Unión Europea mantiene un diálogo político activo con los Estados Unidos, en el que, por supuesto, damos prioridad a la promoción de los derechos humanos en todo el mundo. También somos socios activos de los Estados Unidos en la lucha contra la amenaza terrorista, pero siempre de acuerdo con nuestras obligaciones en materia de derechos humanos.

La detención sin juicio de prisioneros en Guantánamo durante varios años ha beneficiado a grupos de terroristas que intentan radicalizarse y reclutar nuevos miembros. La Unión Europea ya ha mostrado su oposición a Guantánamo. Su Parlamento, el Parlamento Europeo, ha pedido su cierre sin cesar, porque la lucha contra el terrorismo se ha de realizar de conformidad con el Derecho internacional. En esta lucha es importante respetar los derechos humanos no solamente como una cuestión de principio, sino también para hacer frente a la radicalización en todo el mundo. En nuestra opinión, se deberían respetar los derechos que otorga a todos los detenidos el Derecho internacional. Salvo en el caso de un conflicto armado, no se debería detener a los individuos de forma arbitraria, sino que deberían tener derecho a un juicio justo y legal. Hemos planteado estas cuestiones en el marco del diálogo político con los Estados Unidos. El Parlamento Europeo ha desempeñado una importante función informativa en este sentido.

Quiero añadir, haciéndome eco una vez más de las palabras del señor Vondra, que las autoridades norteamericanas deberían revisar los casos de cada uno de los detenidos de Guantánamo. Un grupo de trabajo, presidido por el Ministro de Justicia y compuesto por el Secretario de Estado de Defensa y la de Seguridad Nacional, así como por funcionarios de alto nivel, acaba de empezar a trabajar.

El Presidente Obama ha anunciado que se realizarán nuevos esfuerzos diplomáticos para hallar una solución al problema de Guantánamo.

En el último Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores del 26 de enero, como la señora Ferrero-Waldner habría informado, se produjo un breve debate acerca de Guantánamo. Varios Estados miembros han expresado su deseo de establecer un marco común para un planteamiento coordinado de la Unión Europea, a pesar de que en primera instancia, señor Vondra, le corresponde a los Estados miembros decidir, caso por caso, con respecto a la respuesta a cualquier petición de los Estados Unidos.

Hemos propuesto, en estrecha colaboración con la Secretaría del Consejo, que se investiguen estas cuestiones más de cerca. Nosotros estamos analizando cómo los terceros países podrían acoger antiguos detenidos. Aún cuando los detenidos liberados debieran, en principio, regresar a sus países de origen, algunos de los que podrían ser liberados tras una revisión, no podrían regresar a sus países por miedo a la persecución, la tortura o el maltrato.

Queremos examinar estrechamente, conjuntamente con los Estados Unidos, lo que podría hacer la Unión Europea para ayudar a reasentar a esas personas en un lugar seguro. No obstante, estos casos en particular plantearán cuestiones delicadas y complicadas que deberán ser analizadas con antelación. El principio nunca cambia: deberíamos hacer todo lo necesario para garantizar un respeto absoluto de los derechos humanos. En todos los casos, queremos adoptar una actitud positiva y constructiva con la nueva Administración estadounidense. Al mismo tiempo, debemos tomar todas las medidas para garantizar que el planteamiento de la Unión Europea cumpla nuestras obligaciones en materia de derechos humanos y nuestra propia legislación.

Este planteamiento no será rápido ni sencillo. Nos enfrentaremos a cuestiones complicadas que exigirán una coordinación de las acciones de los Estados miembros para llegar a una respuesta coherente de la Unión Europea. Haremos todo lo posible para contribuir al debate sobre las medidas prácticas que se deberían tomar en el ámbito comunitario.

Por el momento los Estados Unidos no han realizado ninguna petición formal. Como dice repetidamente la señora Ferrero-Waldner, se necesita una cooperación positiva. Tenemos que trabajar con los Estados miembros para conseguirla.

En el próximo Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del 26 de febrero, pediremos a los Estados miembros que adopten un planteamiento coordinado y también deberíamos aplicar el precedente de la solución utilizada cuando los palestinos fueron traídos a Europa tras los acontecimientos de la Basílica de la Natividad de 2002.

Por supuesto, la Comisión desea ayudar a los Estados miembros que decidan aceptar antiguos presos de Guantánamo en su territorio. Sin embargo, obviamente le corresponde a esos Estados miembros definir el estatuto de los antiguos presos que también son ciudadanos de terceros países y que podrían ser transferidos a su territorio.

Cada caso será analizado individualmente, teniendo en cuenta la situación de cada individuo, factores humanitarios e implicaciones en materia de seguridad. La decisión de acoger y definir un estatuto es competencia, en definitiva, de cada uno de los Estados miembros. Sin embargo, este planteamiento debe formar parte de un marco conjunto en la medida de lo posible.

Señor Presidente, eso es lo que tengo que decir en mi propio nombre y en nombre de la señora Ferrero-Waldner. Me pregunto si debería realizar ahora la declaración acerca del transporte y la detención ilegal de presos en el espacio europeo. Por lo tanto, voy a continuar haciendo una declaración que, aunque bastante breve, responderá a muchas preguntas del Parlamento.

Se refiere al uso de países europeos por parte de la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos. La línea adoptada por la Comisión desde el comienzo gira en torno a tres ideas: la primera es que la guerra contra el terrorismo se debe llevar a cabo respetando plenamente los derechos fundamentales; la segunda es que se debe averiguar la verdad, sea cual sea; la tercera y, en mi opinión, la más importante, es que se deben evitar estos actos en el futuro.

La Comisión ha expresado repetidamente su opinión de que las prácticas referidas como una entrega extraordinaria y una detención secreta constituyen una violación de los derechos fundamentales garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La Comisión también ha afirmado que es fundamental que los Estados miembros implicados realicen investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales para averiguar la verdad, sea cual sea. Se trata de una obligación positiva resultante del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Cabe decir que las investigaciones han comenzado en varios Estados miembros.

Con respecto a las supuestas detenciones secretas en Polonia, la Comisión ha escrito a las autoridades polacas en varias ocasiones. Dado que se me ha nombrado responsable en materia de «justicia, libertad y seguridad», yo mismo escribí a las autoridades polacas el 28 de mayo de 2008 para destacar la importancia de realizar unas investigaciones apropiadas.

Tras esta carta, en agosto de 2008, el ayudante del Fiscal General me informó de que finalmente se había iniciado una investigación penal y que me informaría de los resultados. Creo que esto supone un importante avance.

También he planteado a Rumanía esta cuestión de las detenciones secretas. En junio de 2008, el Primer Ministro rumano me envió el informe de la comisión de investigación del Senado de su país. Tras otros contactos, las autoridades rumanas decidieron realizar nuevas investigaciones para examinar la información incluida en el segundo informe del señor Marty, que precisamente ha sido elegido ponente por el Consejo Europeo.

Solamente este planteamiento, que subraya la necesidad de realizar unas investigaciones apropiadas en el plano nacional, nos permitirá avanzar. La Unión y la Comisión no tienen las competencias ni los recursos necesarios para sustituir a los Estados miembros en esta tarea de descubrir la verdad. Solamente los recursos e instrumentos de investigación de los Estados miembros serán suficientes para la tarea.

Obviamente la Comisión, y aquí me voy a comprometer con ustedes, espera que estas investigaciones se completen y que permitan, cuando resulte apropiado, determinar quién fue responsable y, cuando resulte apropiado, garantizar la compensación de las víctimas.

Además de las peticiones a los Estados miembros para que realicen investigaciones, una de las aportaciones prácticas de la Comisión, tras la resolución del Parlamento Europeo de 2 de febrero de 2007, fue que se aclarase la definición de «vuelo de Estado» y, cuando yo era Comisario de Transporte, presenté una comunicación sobre aviación comercial y civil que aclaraba las cosas.

El Parlamento también ha solicitado una evaluación de la legislación antiterrorista nacional. Para obtener una visión de conjunto de la situación actual, la Comisión ha enviado un cuestionario a los Estados miembros acerca de la efectividad de las medidas para combatir el terrorismo y sobre su relación con los derechos fundamentales. La Comisión ha obtenido respuestas de los 27 Estados miembros y en el próximo semestre se publicará un documento que recogerá todas ellas. Ahora existe la necesidad de arrojar verdadera luz sobre todas estas respuestas.

Eso es todo, señor Presidente. He ocupado bastante tiempo, Señorías, pero es cierto que, a pesar de que se trata de un ámbito en el que la Unión tiene competencias limitadas, la Comisión se ha esforzado para que la verdad salga a la luz y promover el respeto de los derechos fundamentales. Solamente puedo decir una cosa, y de este modo asumo un compromiso personal. Sin duda, continuaré garantizando que se averigüe toda la verdad, sobre todo, para que podamos estar seguros de que no se repitan estas acciones tan lamentables.

 
  
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  Alexandr Vondra , Presidente en ejercicio del Consejo. − Señor Presidente, yo esperaba dos cuestiones inconexas: Guantánamo, por una parte, y las detenciones secretas y entregas, por la otra. Como todos sabemos, durante sus primeros días como Presidente, Obama tomó tres decisiones. De la primera ya les he hablado, es decir Guantánamo, pero también hubo otras dos importantes.

En primer lugar, puso fin al programa de detenciones secretas de la CIA. Ordenó que en el futuro todos los detenidos de los Estados Unidos deberían registrarse en el CICR. Con esta decisión, abordó un tema que ha preocupado tanto al Consejo como al Parlamento Europeo. Esta es la razón por la que el Consejo también ha acogido con satisfacción esta decisión. Estoy seguro de que este Parlamento la acoge con igual satisfacción.

El Presidente Obama también ha puesto fin al uso de técnicas de interrogatorio «mejoradas» por parte de la CIA. Los investigadores estadounidenses ya no pueden confiar en las opiniones legales asociadas con la tortura y otras técnicas de interrogatorio adoptadas desde los atentados del 11 de septiembre. Esta decisión es importante. La Unión Europea mantiene el compromiso de una prohibición absoluta de la tortura y de un trato cruel, inhumano y degradante.

Con respecto a la tercera decisión, el Presidente Obama también ha ordenado una revisión de las políticas de transferencia o entrega para garantizar que cumplan las obligaciones estadounidenses en virtud del Derecho internacional. En el futuro, las políticas no deberán —y cito— «contemplar la transferencia de individuos a otros países para que sean torturados o de otro modo para el fin de, o con el efecto de, socavar o incumplir los compromisos u obligaciones de los Estados Unidos de garantizar un trato humano a los individuos bajo su custodia y control».

Creemos que estas decisiones, junto a la de cerrar Guantánamo que ya he mencionado, reforzarán la cooperación con los Estados Unidos en materia de la lucha contra el terrorismo. Creo que también pueden restablecer un mejor clima en las relaciones transatlánticas y responder a sentimientos que se expresaron de forma muy rotunda en este Parlamento, y también entre una parte importante de la opinión pública europea.

En mi opinión, todos podemos estar de acuerdo en un punto desde el comienzo: en que el contexto del debate de hoy ha cambiado de forma inconmensurable. También soy consciente de que el supuesto uso de países europeos por parte de la CIA para el transporte y la detención ilegal de prisioneros ha sido motivo de una gran preocupación entre muchos diputados de este Parlamento. Han seguido estas cuestiones muy de cerca, sobre todo a través de las actividades de la comisión temporal.

La postura de este Parlamento se expresó claramente en su resolución de febrero de 2007. Quiero subrayar que el Consejo siempre ha reiterado su compromiso de combatir el terrorismo de forma efectiva, utilizando todos los medios legales disponibles, porque el propio terrorismo es una amenaza para un sistema de valores basado en el Estado de Derecho.

El Consejo también ha señalado repetidamente que la existencia de centros de detención secretos, en los que las personas detenidas se mantienen en un vacío legal, incumple el Derecho internacional en materia de derechos humanos y humanitarios. Esa sigue siendo nuestra opinión hoy en día y mantenemos nuestro compromiso al respecto, pero el cambio de contexto provocado por los acontecimientos actuales en los Estados Unidos hace que también quiera concentrarme fundamentalmente en el futuro. Debemos mirar al futuro y no hacia atrás. El Consejo acoge con gran satisfacción la reciente decisión del Presidente estadounidense con respecto a este tema.

La comunidad transatlántica ha sido una comunidad de valores compartidos y debe continuar así, si queremos ser capaces de defender nuestros intereses en el mundo global. No cabe duda de que los derechos humanos y el respaldo al Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo pertenecen a este patrimonio compartido.

 
  
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  Hartmut Nassauer, en nombre del Grupo del PPE-DE.(DE) Señor Presidente, Señorías ¿deberían los presos de Guantánamo ser acogidos en la Unión Europea? Esta es la pregunta que hoy nos debemos hacer a nosotros mismos. La respuesta dependerá de los factores que decidamos tener en cuenta.

Algunos alegan que los prisioneros han sido torturados. Esta es una razón para acogerlos, según los dictados de la humanidad. No cabe duda de que la tortura es la práctica más inhumana y degradante. Si esas personas han sido torturadas, entonces tienen derecho a nuestra compasión, independientemente de las acusaciones individuales que pesen en su contra. Sin embargo, ¿es ese el único aspecto que debemos tener en cuenta?

Por ejemplo, muchas de las personas que están o han estado presas en Guantánamo fueron a campos de entrenamiento para terroristas en Afganistán después del 11 de septiembre. No eran turistas que querían comprobar la belleza del país, sino terroristas potenciales. Tenemos la obligación de proteger a los ciudadanos europeos frente a los terroristas potenciales.

Lamentablemente, la tortura se produce en todo el mundo y nosotros la condenamos sin cesar. Todavía no hemos ido tan lejos como para decir que cualquiera que haya sido torturado tiene derecho a ser acogido en Europa. Todavía no lo hemos hecho y con razón. En lugar de esto hemos sopesado este factor frente a la necesidad de seguridad en la Unión Europea. También debemos obrar así en este caso. Debemos asegurarnos de que los terroristas potenciales no lleguen a Europa y, por lo tanto, para evaluar este problema, me gustaría que se concediese máxima prioridad a la necesidad de seguridad sobre todas las demás consideraciones.

 
  
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  Martin Schulz, en nombre del Grupo del PSE.(DE) Señor Presidente, Señorías, mi colega Claudio Fava hablará en nombre de nuestro grupo sobre cuestiones relacionadas con los vuelos de la CIA y esa parte del debate. Yo me concentraré en las cuestiones relacionadas con el cierre de Guantánamo y comenzaré respondiendo a Hartmut Nassauer.

Es cierto que las necesidades de seguridad del pueblo en la Unión Europea representan un nivel con el que debemos medir nuestras acciones. No obstante, me gustaría comenzar con la siguiente pregunta: ¿qué causa más daño a nuestra seguridad? ¿Es el temor a acoger presos de Guantánamo aquí porque se considera que suponen un riesgo para la seguridad tras su liberación? O, lo que es más probable, ¿es el hecho de que la existencia de este centro, que funciona en contra del Derecho internacional y viola los derechos humanos, es la razón básica que explica la oleada de ira aplastante que sienten millones de personas de todo el mundo? Esto se debe a que el denominado mundo occidental, que es verdad que fue provocado de una forma sin precedentes mediante los acontecimientos del 11 de septiembre, fue, en cierta medida, incapaz de influir en lo que sucedió y, por lo tanto, tiene que aceptar el hecho de que un presidente de los Estados Unidos de América hiciese caso omiso de los derechos humanos fundamentales al considerar que se trataba de una respuesta apropiada a esta provocación.

Creo que esto ha contribuido mucho más a aumentar la inseguridad en el mundo que si afirmásemos ahora, cuando otro presidente quiere devolver su país a su anterior grandeza, convirtiendo a los Estados Unidos de América en un símbolo del respeto de los derechos fundamentales en todo el mundo, si nosotros los europeos dijésemos ahora que no queremos tener nada que ver con esto y que debe pensar él mismo qué hacer al respecto.

Enviaríamos el mensaje de que una confederación de Estados como la Unión Europea, que se considera —y, en efecto, es— una comunidad regida por el Derecho, quiere evadir sus responsabilidades utilizando este pretexto en un momento en el que se está acabando con una situación ilegal. No podemos esperar que nuestros ciudadanos acepten que eso es un riesgo para la seguridad. Ese es el mensaje equivocado. Es desastroso, porque nuestro comportamiento es peor que el de aquellas personas que, como Barack Obama, llegan y dicen que a pesar de todos los riesgos que están asumiendo, a pesar de la oposición entre los militares, a pesar de la oposición en los Estados Unidos, porque el pueblo allí también dice «déjenlos en Guantánamo, no los traigan aquí, porque aquí representan un mayor riesgo», que dicen que a pesar de toda esta oposición, hay un poder simbólico que resulta del hecho de que un nuevo presidente está retomando el respeto de los derechos humanos y fundamentales, incluyendo los derechos de aquellos que no han demostrado ningún respeto por los derechos humanos y fundamentales. El hecho de no ayudarlo en esta situación sería un error e iría en contra de la que al menos mi grupo entiende que es la misión de la Unión Europea, consistente en garantizar que la comunidad regida por el Derecho que hemos creado internamente se exporte como un aspecto de la política internacional.

Solamente podremos hacer esto cuando contribuyamos de una forma creíble dentro de nuestras propias fronteras para garantizar que los derechos fundamentales de todos los individuos tengan prioridad. Guantánamo es un lugar de deshonra. Es un lugar de tortura. Por esta razón, es también un símbolo del hecho de que la confederación de Estados occidentales no puede afirmar que practica lo que predica de que lo más importante de todo es que la dignidad humana es inviolable. Este es el primer artículo de nuestra Carta de los Derechos Fundamentales. La Carta no dice que esta inviolabilidad se puede reducir. Nuestra sensación de superioridad con respecto a la filosofía terrorista tiene algo que ver con el hecho de que nosotros decimos que respetaremos incluso los derechos fundamentales de aquellas personas que quieren desprender de esos derechos a otros mediante sus acciones.

Por esta razón, creo que podemos hacer una contribución mayor a la seguridad del mundo cerrando Guantánamo, apoyando a Barack Obama y jugando un papel activo si la Administración estadounidense nos lo pide y si podemos trabajar con el gobierno para que establezca un proceso para acoger a estas personas, que predicando un falso concepto de seguridad que, señor Nassauer, solamente se podría aplicar si la policía y los servicios secretos hiciesen su trabajo. Cuando la gente sale de Guantánamo, no se puede trasladar de un sitio a otro libremente y sin ser observada. El aspecto de la seguridad es importante, pero, en este caso, hay que dar una mayor prioridad a los derechos fundamentales.

(Aplausos)

 
  
  

PRESIDE: MAREK SIWIEC
Vicepresidente

 
  
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  Graham Watson, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, cuando el Senador Obama se convirtió en Presidente Obama, todos tuvimos una sensación de alivio. El eje del mal, el cambio de régimen, la lucha contra el terror: los ciudadanos europeos anhelan ver cómo esos eufemismos pasan a la historia, junto con las personas que los inventaron.

Sin embargo, romper con el pasado y regresar al Estado de Derecho cuesta mucho trabajo, por lo que felicito al nuevo Presidente. Ha hecho bien en condenar el «submarino» como técnica de tortura, en pedir el fin de los juicios militares defectuosos en la Bahía de Guantánamo y en señalar su determinación de cerrar definitivamente el centro en el plazo de un año. Acojo con satisfacción el hecho de que la Presidencia del Consejo haya asegurado hoy que los Estados Unidos ya han abandonado todas las prácticas viles que han deslustrado a su Gobierno en los últimos años, incluyendo la tortura en terceros países y las entregas extraordinarias, al objeto de poner fin al eje de ilegalidad.

No obstante, Europa no puede mantenerse al margen, encogerse de hombros y decir que Norteamérica tiene que resolver sola estas cosas. Carecemos de un debate abierto y del cambio colectivo de voluntad que la democracia norteamericana permite. Sin embargo, con mucha frecuencia, los Estados miembros de nuestra Unión fueron cómplices de las actuaciones de la Administración Bush. Si el 43º Presidente nos enseñó algo, es lo siguiente: que en la administración de la justicia internacional, la mentalidad de «hacer las cosas por su cuenta» conduce al callejón sin salida del fracaso.

Por lo tanto, el desafío de Guantánamo, el problema que suponen 245 sospechosos fuera de los límites del sistema judicial, no es solamente un problema de Norteamérica. Es un enigma que debemos resolver juntos. Los Estados Unidos deben procesar a los sospechosos, cuando existan pruebas sólidas y de acuerdo con el Estado de Derecho. Por otra parte, deben liberar a los sospechosos contra los que no existan pruebas suficientes y defenderlos si es probable que se enfrenten a torturas en su país de origen.

Pero, ¿qué ocurre con los liberados, que no suponen ninguna amenaza, pero que no desean permanecer en un país que los ha encarcelado injustamente? Si se le pide, ¿no debería Europa ofrecer a esos pocos ciudadanos los derechos y las libertades que ningún otro país les ofrecerá? No podemos equilibrar para siempre la afirmación del Consejo de que le corresponde decidir a los Estados miembros con el deseo expresado por el Consejo de una postura europea coordinada. Europa tiene que hablar con una sola voz y cumplir su parte para poner fin a esta afrenta a la justicia. Muchos de nosotros hemos criticado a Norteamérica en el pasado porque no ha trabajado con los demás. Teníamos razón al hacerlo, pero ahora puede que necesiten nuestra ayuda y nos equivocaríamos si se la negásemos.

 
  
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  Konrad Szymański, en nombre del Grupo UEN.(PL) Señor Presidente, la interpretación conservadora estándar del Derecho internacional exige el cierre inmediato e incondicional de Guantánamo. No obstante, después del 11 de septiembre, ya no hay nada estándar. Esa es la razón por la que incluso el Presidente Obama, que anhela tanto el cambio, se enfrenta a un grave problema sobre lo que hay que hacer con las personas detenidas actualmente en Guantánamo. No se trata de presos ordinarios. Uno de cada nueve presos liberados de Guantánamo ha reanudado de inmediato las actividades terroristas. Por lo tanto, yo recomendaría precaución a la hora de dar consejos a los Estados Unidos y a los Estados miembros de la Unión Europea.

Con respecto a esta cuestión hay tres cosas que son absolutamente ciertas. Sin duda tenemos que sacar a nuestros ciudadanos y residentes del centro. También tenemos que aislar efectivamente a los individuos que representan una amenaza grave. Por otra parte, deberíamos revisar la Convención de Ginebra con vistas a encontrar una respuesta apropiada para el problema de los ejércitos terroristas apátridas. Lamentablemente en el proyecto de resolución no se ha abordado convenientemente ninguna de estas cuestiones.

 
  
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  Kathalijne Maria Buitenweg, en nombre del Grupo Verts/ALE.(NL) Señor Presidente, mi grupo acoge con satisfacción las observaciones del Ministro Vondra acerca de la Bahía de Guantánamo. Parece que, en principio, la Unión Europea está buscando una respuesta común, y la Presidencia checa nos ayudará en esto. El lugar exacto al que se trasladará a los presos sigue siendo una cuestión de acuerdo nacional, pero se informa de que Europa, en principio, reaccionará positivamente a la petición de los Estados Unidos. Esto satisfará al Parlamento, porque ya pedimos en 2006 a los Estados miembros de la Unión Europea que insistiesen proactivamente en el reasentamiento de los antiguos presos, incluso en la Unión Europea.

Mi pregunta al Consejo es: ¿están dispuestos a hacer esto de forma proactiva? ¿Preguntarían ahora a los Estados Unidos quiénes son los presos? ¿Preguntarán acerca de sus antecedentes y de qué les ocurrirá, para que podamos alcanzar los acuerdos necesarios? Sin embargo, me satisface esta actitud positiva, que cabe esperar que acabe con las violaciones de derechos humanos a las que han estado sometidas estas personas.

Señor Presidente, a pesar de que esto es maravilloso para la Bahía de Guantánamo, que es un símbolo, no debemos olvidar que también hay otras prisiones acerca de las que deberíamos expresar una opinión. Me viene a la mente Bagram, cerca de Kabul, por ejemplo, en la que hay entre 600 y 700 presos. Quiero pedir al Consejo y a la Comisión que se aseguren de que también se cerrarán esas prisiones.

A pesar de acoger con satisfacción las observaciones sobre la Bahía de Guantánamo, estoy algo consternada con el tema de la CIA. Entiendo que, sobre todo, el Consejo quiere mirar hacia el futuro y no hacia atrás. Lo puedo entender muy bien, porque al mirar atrás se ve mucho desorden. Sería demasiado simplista decir que desde que los Estados Unidos tienen un nuevo Presidente, ya podemos volver a aplicar las mismas normas para todos nosotros, y olvidarnos de escuchar a nuestros propios corazones y pasar por alto la ayuda que hemos prestado a un gobierno del que ahora dicen que ha actuado de forma incorrecta.

 
  
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  Gabriele Zimmer, en nombre del Grupo GUE/NGL.(DE) Señor Presidente, mi grupo, el Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica, ha exigido el cierre del centro de detención estadounidense de Guantánamo desde el principio. En contra de todos los acuerdos internacionales y principios jurídicos fundamentales aplicables, esas personas han estado cautivas y han sido torturadas durante años, y se les ha negado un juicio justo. No se han respetado sus derechos humanos fundamentales. La misma potencia que intenta defender los derechos humanos, la democracia y la libertad en todo el mundo ha violado derechos fundamentales en este caso y ha creado su propia zona al margen de la ley para su lucha contra el terror. ¡Eso es inaceptable!

Ha sido importante que el Parlamento Europeo repitiera sin cesar su petición del cierre de Guantánamo durante mucho tiempo. No obstante, ahora que un nuevo Gobierno ha dicho que va a cambiar su política, los europeos estamos comenzando a poner en duda lo que nosotros mismos hemos pedido. Estamos vacilando y comenzando un vergonzoso período de tira y afloja. Me parece un planteamiento cínico.

¿Qué ha pasado con nuestro llamamiento para la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos? Realmente no podemos decir que queremos predicar una cosa y hacer otra. No puede ser verdad que, en cierto modo, queramos justificar y aceptar este vergonzoso centro. No podemos considerar la defensa de los derechos humanos solamente como un principio importante cuando se lo exigimos a los demás y no hacer nada para promoverlos nosotros mismos.

Quiero pedir a los Estados miembros que expongan su postura claramente, pero también digo en nombre de mi grupo que el cierre del centro de detención de Guantánamo solamente representa el primer paso. También se debe eliminar la base militar estadounidense de Guantánamo.

 
  
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  Nils Lundgren, en nombre del Grupo IND/DEM. – (SV) Probablemente todos tenemos una gran sensación de alivio por lo que ha ocurrido en los Estados Unidos. Es algo similar a la situación que se produjo a comienzos de los cincuenta, cuando el pueblo y el sistema norteamericanos demostraron su capacidad para deshacerse del macartismo. Ahora está demostrando la misma capacidad al elegir a un nuevo Presidente, que, en su primer día de mandato, declaró que se debería cerrar Guantánamo. ¡Menos mal!

El problema de Guantánamo, por supuesto, fue la detención de sospechosos de terrorismo u otros delitos. Deberían haber sido juzgados y absueltos o condenados, liberados o castigados. Los que no son condenados deberían ser tratados como inocentes. Si todavía seguimos sospechando de ellos, es la función de los servicios de seguridad realizar un seguimiento en una fecha posterior. Me resulta difícil entender por qué aquellas personas a las que no se ha podido condenar no pueden permanecer en los Estados Unidos, pero los países europeos deberían, por supuesto, estar dispuestos a acoger a estas personas... Gracias por esta oportunidad de intervenir.

 
  
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  Koenraad Dillen (NI). - (NL) Cualquiera que manipula los principios del Estado de Derecho utiliza los métodos de aquellos a los que el Estado de Derecho afirma combatir. El cierre de la prisión de Guantánamo, donde no se garantizaron los derechos de defensa, tal y como los conocemos en nuestro mundo occidental, es algo positivo. No es necesario extenderse en este tema, dado que esto ya lo han subrayado muchos de los que han intervenido antes que yo. El hecho de que el señor Bush, a través de su rígida política, haya conseguido proteger al pueblo norteamericano contra un segundo 11 de septiembre no cambia mucho las cosas.

Una democracia debería respetar el Estado de Derecho en todo momento y en todo el mundo, pero la democracia también debería considerar métodos firmes con los que poder protegerse frente a los extremistas religiosos que quieren destruir nuestra sociedad abierta. Este es un punto a destacar que no encuentro en el proyecto de documento que tenemos ante nosotros.

Finalmente, no nos deberíamos obsesionar con Guantánamo. La propia Cuba, que es donde se encuentra el enclave estadounidense de Guantánamo, es una gran prisión en la que miles de prisioneros políticos inocentes continúan sin tener ninguna perspectiva de un juicio rápido o justo. Lo mismo se puede decir de nuestro importante socio comercial China, al que perdonamos una y otra vez en materia de derechos humanos.

 
  
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  Nils Lundgren (IND/DEM). – Señor Presidente, solamente quería preguntar por qué al señor Schulz se le ha permitido superar con mucho su tiempo de uso de la palabra y al resto de nosotros no. ¿Por qué?

 
  
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  Presidente. - El Presidente el Parlamento Europeo, el señor Pöttering, era el que presidía la sesión cuando habló el señor Schulz y, por lo tanto, esta pregunta debería ser para el señor Pöttering. No creo que tenga ninguna relación con el hecho de que yo esté presidiendo. Debería plantear el tema de nuevo cuando presida el señor Pöttering.

 
  
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  Urszula Gacek (PPE-DE). – Señor Presidente, ¿qué vamos a hacer con los antiguos presos de la Bahía de Guantánamo? ¿Cómo podemos conseguir un equilibrio adecuado entre garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos y encontrar un lugar para reasentar a los antiguos presos?

En primer lugar, permítanme dejar claro que yo, por mi parte, no voy a hablar de los prisioneros considerados peligrosos pero a los que no es adecuado someter a juicio en los tribunales de los Estados Unidos, y por favor recuerden que todavía existe un grupo considerable de este tipo. Pero incluso aquellos libres de cargos y no considerados peligrosos en absoluto suponen, en mi opinión, un riesgo.

Tenemos temores legítimos, porque, según el Pentágono, ahora se informa de que 61 de los antiguos presos libres de todo cargo y posteriormente liberados participan en actividades terroristas. Uno de ellos es el número dos de Al Qaeda en Yemen y otro se ha hecho explotar a sí mismo.

Ayer el Presidente Obama afirmó en la televisión pública que no puede estar seguro de que los presos libres de cargos y liberados no supondrán una amenaza para la seguridad. ¿Se nos puede pedir que asumamos ese riesgo en la Unión Europea? Bueno, creo que se nos puede pedir, pero debemos tener derecho a decidir si ese riesgo resulta aceptable para nosotros o no.

Los Estados miembros han demostrado diferentes grados de voluntad de acoger a antiguos presos. Yo quiero señalar que la decisión de acoger a los presos debe ser soberana de cada Estado miembro. No puede ser impuesta por la Unión Europea a ningún Estado miembro, pero tampoco se puede tomar de forma aislada. Dada la libre circulación de la que disfrutamos en Europa, especialmente en la Europa sin fronteras del espacio de Schengen, las decisiones de los Estados miembros de permitir a los presos de Guantánamo asentarse en su país tienen implicaciones en materia de seguridad no solamente para ese Estado miembro, sino también para sus vecinos. Por lo tanto, exijo —y exigimos— que estas decisiones sean consultadas con otros miembros de la Unión Europea.

 
  
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  Claudio Fava (PSE). - (IT) Señor Presidente, Señorías, el cierre de Guantánamo nos permite rectificar una violación que ha deshonrado al Derecho internacional y, sobre todo, que no ha hecho ningún servicio a la lucha contra el terrorismo.

Hoy, sin embargo, no basta con acoger con satisfacción la decisión del Presidente Obama. Ahora es el momento de asumir responsabilidades y la responsabilidad también afecta a Europa y a los Estados miembros. Guantánamo es, en parte, la consecuencia del silencio de Europa y la colaboración de muchos de nuestros gobiernos en el sistema de entregas. En los últimos años lo que ha ocurrido es que nuestros gobiernos decían, por una parte, que se debía cerrar Guantánamo, mientras que, por la otra, enviaban a sus agentes de policía allí para interrogar a los detenidos. Estamos hablando de responsabilidades que se negaron cuando este Parlamento investigó la cuestión pero que han sido reconocidas y verificadas en los dos últimos años.

Febrero de 2008: Londres pide disculpas por los vuelos de la CIA; algunos aviones han utilizado bases británicas, afirmó el Ministro de Asuntos Exteriores, Miliband, contradiciendo lo que Tony Blair había dicho tres años antes, al mantener que no había ocurrido nada ilegal en territorio británico. Diciembre de 2008: el Gobierno español del señor Aznar sabía que muchos vuelos de la CIA habían sobrevolado el espacio aéreo español y utilizado aeropuertos españoles. Esto se sacó de un documento secreto publicado por el diario El País que resultó ser auténtico. El entonces Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, que reconoció el uso de aeropuertos españoles, afirmó que no sabía lo que ocurría posteriormente en Guantánamo. Tal vez pensó que se trataba de un parque de atracciones. En octubre de 2008, supimos que en Portugal, el Ministro de Asuntos Exteriores, el señor Amado, admitió que el antiguo gobierno de centro-derecha del señor Barroso había ofrecido conscientemente el espacio aéreo y los aeropuertos portugueses para los vuelos ilegales de la CIA. El señor Amado afirmó: «No hablé de ello para no alterar la serenidad de las instituciones europeas». Nosotros preguntamos: ¿y qué ocurre con el derecho de los ciudadanos a ser informados? ¿O esperan que imaginemos que ni siquiera el señor Barroso sabía el tipo de obscenidad civil y jurídica que era y sigue siendo Guantánamo?

Esa es la cuestión, señor Presidente, y ya termino: en los últimos años hemos demostrado mucha buena voluntad y mucha hipocresía, sobre todo por lo que el Consejo ha dejado sin decir durante estos años. Hace dos años, el Parlamento presentó 46 recomendaciones al Consejo. Habríamos esperado que al menos algunas de estas recomendaciones hubiesen sido debidamente examinadas y que se les hubiese prestado la debida atención; que finalmente al menos algunas de las recomendaciones hubiesen obtenido una respuesta. Por esta razón, pensamos que ofrecer cierta ayuda para el cierre de Guantánamo y asumir nuestra responsabilidad colectiva, como Europa y como los 27 Estados miembros que la componen, sería una contribución, aunque pequeña, para expiar nuestro silencio colectivo.

 
  
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  Sarah Ludford (ALDE). – Señor Presidente, sin duda el principal responsable del cierre de la Bahía de Guantánamo y del reasentamiento de los detenidos es el Gobierno estadounidense. No obstante, Europa necesita reconocer la realidad política de que los Estados Unidos no pueden conseguirlo sin ayuda. Hemos expresado mucha buena voluntad hacia el Presidente Obama y nuestro compromiso con las relaciones transatlánticas. Eso debe implicar una oferta de ayuda práctica.

También hay otras razones para que los Estados miembros de la Unión Europea cooperen en el cierre de la prisión. En primer lugar, el argumento humanitario, en el que casi no tengo que insistir, para rescatar a esos hombres del infierno que algunos de ellos han sufrido durante siete años. En segundo lugar, la credibilidad de Europa: hemos pedido a los Estados Unidos que cierren Guantánamo y ahora tenemos que ayudar a que esto se haga realidad. En tercer lugar, nuestro propio interés por poner fin a un potente símbolo que actúa como pretexto para el reclutamiento de terroristas y la radicalización, y finalmente la responsabilidad moral de la que hablaba Claudio Fava.

No obstante, creo que nos ocuparemos de la entrega y la conspiración por parte de los gobiernos europeos en una segunda propuesta de resolución en el plazo de dos semanas. Así pues, acojo con gran satisfacción la resolución conjunta que hemos acordado entre los grupos y entre todo el espectro político, y espero realmente que mañana votemos con firmeza. Suponiendo que el Grupo ALDE acepte mi consejo, no presentaremos ni apoyaremos ninguna enmienda a esta resolución.

Solamente quiero abordar un par de cosas. En primer lugar, las alegaciones sobre los 61 detenidos liberados implicados en actos de terrorismo: hemos oído decir a los abogados que saben de estas cosas que en gran medida esto carece de toda base. Sabemos de dos que han estado implicados en actos de terrorismo. Otros incluyen a quienes, como las ocho personas de Albania, concedieron entrevistas a los medios; los denominados «Los tres de Tipton», ciudadanos británicos que hicieron una película criticando Guantánamo. Eso no es «regresar al terrorismo».

Finalmente, con respecto a las cuestiones de seguridad: necesitamos debatirlas, pero se están planteando soluciones plausibles y podemos implicar a los abogados en eso.

 
  
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  Mirosław Mariusz Piotrowski (UEN).(PL) Señor Presidente, después de la elección de Barack Obama como Presidente de los Estados Unidos de América y de su firma del documento sobre el futuro cierre del centro de detención de Guantánamo se sintió una emoción poco sana en esta Cámara. Los diputados de la ya disuelta comisión temporal para los asuntos de la CIA tomaron la palabra. Quiero recordar a la Cámara que la mencionada comisión no logró establecer nada, aunque se esforzó al máximo por expresar su indignación y por condenar las denominadas entregas extraordinarias.

Ya sabemos que el nuevo Presidente comprende la grave naturaleza del problema. Ha modificado su postura desde la campaña electoral y poco después de jurar el cargo, al publicar un reglamento por el que se amplía el plazo en el que se pueden utilizar los métodos empleados hasta la fecha para tratar a los terroristas.

Somos conscientes de que a muchos Estados miembros de la Unión Europea, incluyendo Polonia, les resulta imposible acoger a terroristas detenidos. Sin embargo, los Estados miembros de la Unión y nuestro Parlamento, en lugar de criticar y debilitar el frente en la lucha contra el terror, deberían cooperar con los Estados Unidos y asumir parte de la responsabilidad para combatir este fenómeno. Debo recordar a la Cámara una vez más que el terrorismo es una amenaza mundial que también afecta a los ciudadanos de la Unión.

 
  
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  Cem Özdemir (Verts/ALE).(DE) Señor Presidente, Señorías, el centro de prisioneros de Guantánamo se ha convertido en un símbolo del desprecio hacia los derechos humanos y el Estado de Derecho. El nuevo Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha enviado un mensaje igualmente potente y esencial al ordenar el fin de los tribunales militares en Guantánamo y prometer el cierre del centro de detención en el plazo de un año.

No obstante, no son solamente los Estados Unidos de América los que han perdido credibilidad como resultado de su desprecio por los derechos humanos en la lucha contra el terror. Nuestros gobiernos europeos no pueden negar su responsabilidad, como estableció la comisión temporal del Parlamento Europeo sobre el supuesto uso de países europeos por parte de la CIA para el transporte y la detención ilegal de prisioneros en su informe de febrero de 2007. Este pone de manifiesto los dobles raseros de muchos países de la Unión Europea, que exigen con acierto que los países candidatos respeten los derechos humanos, al tiempo que ellos mismos los pisotean dentro de la Unión Europea.

La Unión Europea también tiene la responsabilidad de jugar un papel activo para encontrar una solución conjunta para todos los prisioneros que ya no se encuentran bajo sospecha y que no pueden regresar a sus países de origen. Esto se aplica específicamente a Alemania, que puede —y debe— ayudar a que la acogida de refugiados resulte posible. No debemos repetir el error que cometimos en el caso del turco-alemán de Bremen, Murat Kurnaz, que pasó injustamente cuatro años en la Bahía de Guantánamo.

El nuevo comienzo en Washington es una oportunidad para que enviemos una clara señal de que los derechos humanos no se deben ver afectados en la guerra contra el terror.

 
  
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  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL).(ES) Señor Presidente, espero y deseo que el anuncio del Presidente Obama sobre el cierre de la prisión de Guantánamo sea el anuncio de un cambio en la política exterior norteamericana.

El abandono de aquélla que devolvía el terror con terror, aquélla que devolvía el crimen con crimen, aquélla, que, en definitiva, hizo saltar el Derecho internacional por los aires.

Espero y deseo que así sea. El problema de la Unión Europea es que ha habido muchos Estados europeos comprometidos con la vieja política de Bush, que respondía al crimen con crimen, a la tortura con tortura. Y han sido cómplices de esa política. Y, por eso, la comisión de investigación de los vuelos de la CIA no pudo llegar hasta el final, porque había Gobiernos europeos que ocultaban sus vergüenzas, las vergüenzas de la política de Bush. Y, por eso, hay que exigir responsabilidades. El pueblo americano lo ha hecho, a través de las urnas.

Yo espero también que Obama sea valiente y lleve a los tribunales a aquellos funcionarios que han torturado, a aquellos funcionarios que han detenido de forma ilegal, porque, Señorías, para los presos de Guantánamo solamente hay una solución desde el Derecho. Si hay pruebas contra alguno, que se le procese. Si no hay pruebas, en libertad. Y la responsabilidad por esas personas que han sido detenidas de forma ilegal tiene que recaer sobre los funcionarios de la Administración.

Eso pasa en mi país, eso pasa en cualquier país democrático que se base fundamentalmente en las garantías democráticas. Muchas gracias.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Señor Presidente, creo que no nos corresponde a nosotros actuar como una válvula de escape para la política arbitraria que lamentablemente los Estados Unidos de América han venido aplicando de forma deliberada en este ámbito. La política va en contra de nuestros principios occidentales comunes y se está aplicando en un ámbito cínicamente seleccionado que es un vestigio de los tiempos coloniales. No hay ningún Estado de Derecho aquí: ni la legislación cubana, que, como el señor Dillen ha dicho con acierto, no ofrece ninguna protección al individuo; ni la legislación estadounidense; ni nuestro patrimonio común del Derecho internacional.

En términos jurídicos, creo que la cuestión está clara. Si existen cargos penales en virtud del derecho consuetudinario contra algunos de los prisioneros, deberían ser juzgados mediante los procedimientos jurídicos debidos. Si son sospechosos, por ejemplo, de haber organizado los atentados del 11 de septiembre, se les debería haber informado hace siete años de los cargos a los que se enfrentan, deberían haber tenido acceso a abogados y haber comparecido ante los tribunales norteamericanos. En los Estados Unidos de América no faltan precisamente tribunales.

Si otros son considerados prisioneros de guerra tras la intervención de los aliados en Afganistán, deberían estar detenidos en las condiciones contempladas por el Derecho de guerra hasta el cese oficial de las hostilidades.

Si hay detenidos que no corresponden a ninguna de estas dos categorías, deberían ser liberados y enviados a casa.

Me han dicho que algunos son potencialmente peligrosos, pero si yo personalmente hubiese estado detenido durante siete años en una situación de completo aislamiento, aunque puede que no fuese potencialmente peligroso al principio, seguro que habría sido potencialmente peligroso al final. Creo que eso es lo que le ocurre a la mayoría de la gente en este caso.

Si algunos no desean irse a casa, pueden pedir asilo político a sus carceleros. Eso es todo lo que tengo que decir y, de paso, quiero dar las gracias al señor Barrot por su trabajo de investigación. El tiempo demostrará que ha sido el mejor análisis de estas transferencias ilegales de prisioneros.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE-DE).(PT) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Barrot, Señorías, esta cámara ha solicitado varias veces el cierre de la prisión de la bahía de Guantánamo. Esta solicitud contó con el apoyo de las otras dos instituciones: la Comisión y el Consejo. Ahora que se ha tomado la decisión, no nos equivoquemos respecto a nuestra posición. Felicitamos efusivamente al Presidente Obama por su decisión, la cual justificó por la necesidad de volver a investir a Estados Unidos con la autoridad moral con la que antes contaba en el mundo.

Seamos claros: la decisión de la administración Bush de abrir la prisión de la bahía de Guantánamo, así como el programa de «entregas extraordinarias», fue un paso atrás para dicha autoridad moral. Los fines no justifican los medios. No resulta aceptable que se incumpla el Derecho internacional, que se practique la tortura, que se abran prisiones secretas ni que se haga desaparecer a los prisioneros. En los Estados de Derecho, los prisioneros son llevados ante la justifica y tienen derecho a defenderse. La Administración Bush cometió un error al cometer estos abusos, como también lo hicieron quienes lo apoyaron tanto con aplausos como con su avergonzado silencio.

Si Estados Unidos solicita la ayuda de la Unión Europea, esta no debe negársele (que es justo lo que afirmó el señor Barrot), a la vez que mantenemos presente la seguridad de nuestros ciudadanos pero sin utilizar esto mismo como excusa para no colaborar. También necesitamos la colaboración de Estados Unidos para conocer los abusos que se cometieron en Europa, para determinar quiénes fueron los responsables y para asegurarnos de que estos delitos no vuelvan a repetirse. Por otra parte, deberemos preguntarles a los Estados miembros y a las instituciones europeas lo que han hecho para aplicar las recomendaciones que adoptó este Parlamento en febrero de 2007 y, en su caso, cómo explican que no lo hayan hecho.

Dado que el señor Fava ha citado aquí al Presidente Barroso, quiero destacar que creo que tenemos mucho que agradecerle: al contrario de lo que sucedió en el Consejo, que se enfrentó, le mintió y le ocultó información a esta cámara, la Comisión Europea se ha comportado de forma leal y colaborado completamente durante nuestras investigaciones.

 
  
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  Jan Marinus Wiersma (PSE). (NL) El Presidente Obama ha mantenido su palabra. Una de sus primeras medidas políticas fue el cierre de la prisión de Guantánamo, algo ante lo que sin duda estamos encantados. A decir verdad, más bien se trató del anuncio del cierre de la prisión de Guantánamo, ya que el nuevo Gobierno estadounidense se enfrenta a la difícil tarea de encontrar una solución para los presos que siguen allí.

En primer lugar, debería identificarse su situación y determinar si pueden ser puestos en libertad sin que esto suponga un riesgo. Fueron encarcelados de forma ilegal por la administración Bush, lo que claramente infringió el Derecho internacional. Por consiguiente, este es principalmente un problema estadounidense que deberá ser solucionado por Washington. Todavía no está claro si EE. UU. les pedirá ayuda a los países europeos y a la Unión Europea, y adelantarse demasiado a los acontecimientos sería demasiado especular.

También lamento discrepar con los demás parlamentarios que consideran que deberíamos comprometernos ya, basándose en el supuesto de que la Unión Europea está moralmente obligada a hacerlo, dado que algunos países podrían haber participado en el transporte de los presos hasta Guantánamo. Esto solamente se basa en suposiciones. No hemos sido capaces de demostrar que hubiese algo de cierto en todo esto, ni sabemos qué países participaron supuestamente en dicho transporte, por lo que basar en esto nuestro argumento para recibir presos es algo prematuro, en mi opinión, y estoy satisfecho de que no se haya incluido en la resolución.

Obviamente, no debemos descartar la posibilidad de que EE. UU nos haga esta petición, y comparto la opinión del presidente de mi grupo sobre este asunto. Si recibimos esta solicitud, sin duda tendremos que actuar de forma positiva teniendo en consideración el Derecho internacional, así como también la necesidad de la Unión Europea de actuar de forma humanitaria en una situación como esta.

 
  
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  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). (ES) Señor Presidente, Guantánamo es un problema que no ha creado la Unión Europea. Es un problema que, ciertamente, no existiría si a tantas declaraciones de condena de la Unión Europea se hubiera añadido una verdadera actitud de rechazo y no una colaboración pasiva y, a veces, activa, con la propia existencia de ese agujero negro del Derecho internacional. Pero es obvio que no lo hemos creado nosotros. Pero nosotros tenemos, ciertamente, la responsabilidad de cooperar para poner fin a esa situación. Una responsabilidad clara que deberíamos ejercer.

Sin duda, hay que distinguir caso por caso. No se puede tratar a los prisioneros de Guantánamo como si fueran un rebaño indefinido. Son personas con sus derechos, pero también con todo su propio historial. Hay criminales que deben ser juzgados como tales, hay inocentes y hay personas, sin duda, potencialmente peligrosas.

La Unión Europea puede, a la altura de sus valores y de sus principios, pero también a la altura de su generosidad, implicarse y adoptar una respuesta común que contribuya a resolver ahora ese problema respetando nuestras propias reglas.

 
  
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  Hélène Flautre (Verts/ALE). (FR) Señor Presidente, de acuerdo con los datos de la CIA y las ONG, 728 prisioneros atravesaron territorio portugués entre 2002 y 2006 de camino a Guantánamo. ¿Cuáles son los datos de España, Italia y otros Estados miembros?

Tras no haberse puesto a la cabeza de la oposición a este incumplimiento del Derecho internacional en la lucha contra el terrorismo, la Unión intenta ahora ir de la mano del señor Obama en lo que respecta a estos compromisos.

Esto explica por qué asistimos a lo que todavía es una tímida petición de algunos miembros solicitando a los Estados miembros que reciban a los prisioneros inocentes que no pueden regresar a sus propios países por miedo a ser torturados. Esto no se hace por solidaridad, por caridad y ni siquiera por generosidad, sino únicamente para cumplir nuestros compromisos internacionales.

Tras el mensaje enviado por el señor Obama, ¿será Europa capaz de actuar? ¿Será capaz no solo de investigar, definir y asumir sus responsabilidades sino también de poner fin a su complicidad ilegal en lo que respecta a las entregas extraordinarias? ¿Será capaz Europa de reformar el control de sus propios servicios secretos? ¿Será capaz la Unión de reinsertar a las víctimas mediante procesos legales y compensaciones?

Aplaudo la declaración del señor Barrot sobre sus intenciones a este respecto. No obstante, tengo que decir que mientras averiguamos cada vez más cosas sobre lo que ocultó el antiguo primer ministro de Portugal entre 2002 y 2004, los resultados de sus iniciativas como dirigente de la Comisión Europea para sacar a la Unión de esta área oscura de alegalidad siguen siendo completamente desconocidos para nosotros.

(El Presidente le retira la palabra al orador)

 
  
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  Jas Gawronski (PPE-DE). (IT) Señor Presidente, Señorías, estoy encantado de que se reconozca la adecuación de que los países europeos acojan a prisioneros de Guantánamo, una idea que extrañamente no estaba presente en la resolución original de mi grupo. Estoy completamente de acuerdo con los señores Schulz y Watson.

En el primer punto de la resolución se mencionan los cambios importantes en la política de Estados Unidos relativa al derecho humanitario. Veo algunos cambios, especialmente en el tono, pero también una considerable continuidad con la política del «detestado» Bush, dado que el Presidente Obama no ha abandonado el programa de entregas extraordinarias y prisiones de la CIA en países extranjeros. Digo esto a la atención de la Presidencia checa, que parece tener una idea distinta. Espero que los entusiastas de Obama no sufran una decepción prematura.

La propaganda anti estadounidense, ya activa en el comité de la CIA hace dos años, ha regresado en la pregunta oral sobre los vuelos de la CIA en Europa. Les daré un ejemplo sencillo: en un artículo preliminar se expuso la existencia de una organización secreta de la CIA en Polonia. El hecho de que exista una estructura de la CIA en un país como Polonia no debería ser una gran sorpresa (lo extraño sería lo contrario), pero creo que los signatarios de la pregunta están contrariados porque esta organización sea secreta. Les gustaría que los servicios secretos actuasen sin secreto, de forma abierta, y que los aviones de la CIA llevasen un cartel que les identificase como tales, como si fueran British Airways o Air France. Una vez más, creo que se van a sentir defraudados: ni siquiera Obama iría tan lejos.

 
  
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  Stavros Lambrinidis (PSE). (EL) Señor Presidente, la inhumana prisión de Guantánamo nunca debería haberse abierto. Al menos ahora parece que va a cerrarse, pero las felicitaciones al Presidente Obama deberán atenuarse si los informes de la prensa estadounidense sobre el mantenimiento de la práctica inaceptable de secuestros secretos, interrogatorios y encarcelación en terceros países resultan ser ciertos. Desafortunadamente, Europa, por su parte, también tiene una responsabilidad obvia en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo. Una causa muy seria de preocupación es el hecho de que el único parlamento nacional que ha invitado al Parlamento Europeo a que presente las conclusiones y recomendaciones de su comité sobre la CIA sea el Congreso de los Estados Unidos. Ningún gobierno o parlamento nacional europeo nos ha invitado. Esperemos que lo hagan ahora y que este tipo de práctica ilegal no se repita jamás.

 
  
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  Marco Cappato (ALDE). (IT) Señor Presidente, Señorías, Estados Unidos creó el problema de Guantánamo y un presidente estadounidense está preparándose para solucionarlo. Necesitamos saber si la Unión Europea tendrá el poder y las competencias necesarios para participar en esta labor.

La Unión Europea deberá colaborar. Nuestros Estados miembros deberán recibir a los prisioneros, como los uigur, sin ceder ante la presión de China. De lo contrario, corremos el riesgo de ser irrelevantes durante el proceso de cierre de Guantánamo.

Este podría ser el inicio de un nuevo trabajo para revelar la verdad, las responsabilidades de nuestros gobiernos nacionales (por ejemplo el Gobierno portugués del Presidente Barroso) y nuestras responsabilidades relativas por haber desestimado la propuesta de exilio de Saddam Hussein. Esta propuesta era la única alternativa a la guerra y nuestros gobiernos, incluido el de Estados Unidos, la desestimaron.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). (ES) Señor Presidente, la existencia de Guantánamo, efectivamente, ha sido posible, entre otros motivos, por la connivencia y la complicidad de muchos países europeos, entre ellos, España. No vale ahora decir que ese problema no nos incumbe. Todavía vale menos decir que el cierre de Guantánamo y sus consecuencias son un problema exclusivo del Gobierno estadounidense.

Durante años, los aviones de los servicios secretos estadounidenses han estado viajando impunemente por Europa, transportando presos, mientras nosotros mirábamos hacia otro lugar. Debemos, por tanto, asumir nuestras responsabilidades y no sólo exigir el cierre inmediato sino acoger también a algunos de los prisioneros que, no pudiendo volver a su país ni pudiéndose quedar, efectivamente, en los Estados Unidos, reclaman que otros países, entre ellos países europeos, les puedan acoger.

Portugal ya se ha comprometido a ello, y creo que, en parte, se debe a cierto sentimiento de responsabilidad y de culpa. La que tiene España es, al menos, igual de importante y, por tanto, aprovecho aquí para hacer un llamamiento al Gobierno español para que acoja, para que se comprometa también, como ha hecho Portugal, a acoger a algunas de esas personas, tal y como nos han pedido numerosas organizaciones, algo que, insisto, no solamente es un deber moral sino también una responsabilidad política.

 
  
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  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) . – (RO) Luchar contra el terrorismo es la principal prioridad de la sociedad moderna. Sin embargo, se han cometido errores y se han tomado decisiones controvertidas en nombre de este objetivo deseado. El cierre del centro de detención de Guantánamo, que ha sido una mancha en la imagen del mundo civilizado durante la última década, es una decisión justa y de la máxima importancia. El siguiente paso lógico tras esta medida sería que Estados Unidos resolviese la situación de las personas que se encuentran detenidas en la actualidad. La Unión Europea y Estados Unidos han defendido y siguen defendiendo el respeto por la dignidad y los derechos humanos, por lo que deben colaborar para corregir los errores que se han cometido.

Creo que antes de plantearse aceptar a los presos en Europa es absolutamente necesario conocer toda la información sobre las posibles actividades terroristas en las que estos hayan podido estar implicados o sobre su posible pertenencia a un grupo terrorista. Deberá comprobarse detenidamente esta información y evaluarse de forma objetiva las posibles repercusiones de permitir que los presos regresen a sus países de residencia. Es absolutamente necesario que Estados Unidos realice una solicitud oficial y creo que la decisión de aceptar presos en Europa debe quedan en manos de los Estados miembros, si bien quienes tomen la decisión deben tener en cuenta que estarán asumiendo estas responsabilidades en representación de la Unión Europea.

En lo que respecta a la referencia del Comisario Barrot a Rumanía, se han realizado acusaciones en el pasado sin ninguna base. Sin embargo, Rumanía ha respondido a todas las consultas de las instituciones europeas, ha recibido al comité de la CIA y ha suministrado toda la información relevante. El parlamento rumano ha llevado a cabo una investigación y les ha facilitado los resultados a las partes interesadas. Considero que esto es totalmente adecuado. Por otra parte, creo que Rumanía ha respondido adecuadamente a las acusaciones sin fundamento alguno de las que ha sido objeto.

 
  
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  Wolfgang Kreissl-Dörfler, (PSE).(DE) Señor Presidente, no cabe duda de que la responsabilidad de Guantánamo es de Estados Unidos. Sin embargo, es un acto de solidaridad ayudar y apoyar a Barack Obama a regresar a la senda del Derecho internacional cuando nos lo pide. Estoy pensando, por ejemplo, en los uigur que no pueden regresar a China. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta a las personas que han pasado cinco o siete años en Guantánamo. No podemos decidir si desean vivir en EE. UU. o no; esa es su elección. Por ejemplo, la ciudad de Múnich y los uigur que viven allí estarían dispuestos a aceptar a esos uigur, a apoyarlos y cuidarlos para que pudiesen poner fin a sus traumáticas experiencias.

No obstante, hay que dejar clara una cosa. No es aceptable que el Ministro del Interior de Baviera, Joachim Hermann, afirme: «Todos los que están retenidos en Guantánamo deben de haber cometido algún delito». En este caso debe aplicarse el derecho a la presunción de inocencia. Como jefe de las fuerzas policiales, este ministro debería abandonar su cargo. Precisamente estamos enseñando a los cuerpos de policía de otros países a introducir el derecho a la presunción de inocencia en su trabajo y a no apresurarse en dar la orden de disparar. Deberíamos pensar sobre esto con detenimiento.

 
  
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  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). (FI) Señor Presidente, para empezar, Guantánamo y sus prisiones secretas nunca deberían haber llegado a crearse. Estados Unidos es quien tiene la principal responsabilidad de cerrar la prisión y a continuación ocuparse de los prisioneros, pero su recepción por parte de los Estados miembros está avalada por motivos humanitarios y por consideraciones relativas a los derechos humanos. Cada Estado miembro decidirá si los recibe o no de acuerdo con sus propias leyes.

Por otra parte, me gustaría recordarle a esta Cámara los millones de refugiados que hay en todo el mundo y los campos de refugiados donde muchas personas han vivido durante años. Nos damos la vuelta y miramos hacia otro lado. Desgraciadamente, el pensamiento proactivo acerca de los derechos humanos es selectivo en la UE.

 
  
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  Elmar Brok (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, Presidente en ejercicio del Consejo, en mayo de 2006 visité Guantánamo con los señores Mann y Elles. Dejamos muy claro que la creación de Guantánamo representaba un incumplimiento del Derecho internacional y una violación de los derechos humanos.

La recientemente elegida Canciller alemana, la señora Merkel, afirmó esto mismo ante el Presidente Bush durante su primera visita a Washington, y también solicitó la liberación del señor Kurnaz. Creo que la decisión del Presidente Obama es acertada y que ayudará a recuperar la credibilidad de los Estados Unidos de América y del mundo Occidental en su conjunto. Por este motivo, queremos insistir en la gran importancia política de la cuestión de la credibilidad.

Del mismo modo, es necesario dejar claro que quienes se encuentren allí como prisioneros no deben ser considerados como pacíficos defensores de los derechos humanos y que deben ser juzgados a partir de esta base. Durante este debate he tenido una impresión bastante diferente en algunos momentos. Debemos asegurarnos de que Estados Unidos asuma la responsabilidad principal en este caso y que explique por qué no puede aceptar a muchos de estos prisioneros. Los países de origen de estas personas también deben explicar por qué no desean aceptarlos o bien los prisioneros deben demostrar que no pueden regresar a sus países de origen porque se verían expuestos a una intensa persecución.

Cuando se haya hecho todo esto, podremos comenzar a considerar si la Unión Europea debería aceptar a algunos de estos prisioneros. No obstante, esto solamente será posible cuando hayamos investigado en cada caso particular el grado de riesgo que representa cada persona. La investigación no solo deberá realizarse a escala nacional, dado que la apertura de fronteras en el seno de la Comunidad Europea significa que debemos aplicar estándares europeos a la evaluación del riesgo para la seguridad que puedan representar estas personas.

Alguien ha hablado hoy sobre refugiados, pero estos no son refugiados. Se trata de prisioneros y tenemos que comprobar que no representan un peligro, a no ser que queramos afrontar riesgos de forma irresponsable. Creo que debemos asegurarnos de que las personas que mantengan algún vínculo con nuestros Estados miembros sean aceptados, como el señor Kurnaz en Alemania o las nueve personas, creo, en el Reino Unido. En total, creo que la Unión Europea ya ha acogido a 60 personas, y tampoco debemos olvidar esto.

 
  
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  Ana Maria Gomes (PSE). – Señor Presidente, Portugal instó a la UE a que alcanzase un acuerdo para acoger a personas de Guantánamo, y esto tiene importancia estratégica para la solidaridad transatlántica así como para realizar un gesto humanitario con las personas libres de sospecha que hayan sido detenidas, torturadas y a las que se les haya negado la justicia. No obstante, esto es también una tarea de los catorce Estados miembros de la UE que colaboraron con la Administración Bush subcontratando la tortura en Guantánamo y otras prisiones secretas, tal y como ha destacado este Parlamento. No podemos olvidar la responsabilidad europea por las infracciones del Estado de Derecho y de los derechos humanos.

El Presidente Barroso ha negado tener conocimiento de la cooperación proporcionada por su gobierno para el traslado de prisioneros a Guantánamo y prisiones secretas, si bien nadie se cree que su cuerpo militar, policial, de inteligencia y administrativo sea tan incompetente como para haber permitido que EE. UU. haya abusado sistemáticamente del espacio aéreo, marítimo y terrestre portugués.

Para aclarar esto pregunto: ¿hará públicas el señor Barroso las actas de las reuniones entre sus asesores diplomáticos y la señora Condoleezza Rice mientras él era Primer Ministro? ¿Hará pública el señor Barroso la opinión jurídica que le solicitó a su asesor legal, el señor Carlos Blanco de Morais, para imponer normas especiales de navegación a las embarcaciones que se aproximasen a barcos militares estadounidenses que transportasen prisioneros a través de aguas portuguesas?

 
  
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  Panayiotis Demetriou (PPE-DE). (EL) Señor Presidente, la posición del Parlamento Europeo respecto a Guantánamo quedó establecida en la resolución especial de 2006. La prisión de Guantánamo no debió haberse creado nunca y era necesario cerrarla. La postura del Parlamento Europeo ante el terrorismo es igualmente clara. Queremos luchar contra el terrorismo con todos los medios legales que están a nuestro alcance, pero no queremos hacerlo infringiendo los derechos humanos ni el Derecho internacional. Es un hecho que Estados Unidos ha soportado la mayor carga en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, también han cometido errores muy importantes. La creación de Guantánamo fue un error enorme, como también lo fue tratar y transportar a los detenidos como lo hicieron. Todo esto se ha dicho ya en el Parlamento. Lo importante hoy es que el Presidente Obama ha tomado la decisión correcta de cerrar la prisión de la vergüenza, una decisión que habla a favor de Estados Unidos y que quedará en la historia de Estados Unidos y de la comunidad internacional en general.

¿En qué medida está implicada la Unión Europea? La Unión Europea está implicada por el hecho de que desea apoyar y ayudar al Presidente Obama a poner en práctica esta decisión correcta. No obstante, la Unión Europea debería hacer esto con una condición: que no se ponga en riesgo la seguridad de sus ciudadanos. Este es un requisito básico, y todas las decisiones por parte de los Estados miembros deberán tomarse a partir de esta base.

 
  
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  Javier Moreno Sánchez (PSE). (ES) Señor Romeva, el Gobierno español –no se preocupe– cooperará, como lo ha hecho siempre. Le recuerdo que en este asunto el Ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, fue el primero en comparecer ante la comisión de investigación y el que contestó a todas las preguntas, incluidas las suyas.

En esta Cámara llevamos tiempo denunciando la tortura y los tratos inhumanos y vejatorios que se estaban cometiendo en la base militar de Guantánamo en nombre de la lucha contra el terrorismo internacional. Por ello aplaudimos la decisión de Obama de suspender durante cuatro meses los juicios y su objetivo de cerrar definitivamente la prisión en un plazo de un año.

Ahora bien, pese a que la responsabilidad recae en el Gobierno norteamericano, la Unión no puede mirar hacia otro lado y debe ofrecer su cooperación para lograr el cierre del centro de detención.

Debemos valorar también la posibilidad de acoger a aquellos prisioneros que proceden de países en los que no está garantizado el respeto de los derechos humanos si Estados Unidos nos lo pide.

Entonces tendremos que dar una respuesta europea común, en la que participará el Gobierno español, en el respeto del marco jurídico internacional y con el análisis, caso por caso, de la situación jurídica de cada ciudadano, de cada detenido –el origen y la detención y su situación.

 
  
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  Bogusław Sonik (PPE-DE).(PL) Señor Presidente, los terroristas han declarado una guerra cruel, sangrienta e intransigente contra nuestra civilización. Desean destruir nuestro mundo, que se cimienta sobre el respeto de los derechos humanos y la devoción por la libertad. El ataque del 11 de septiembre demostró que los terroristas están preparados para emplear cualquier medio. Estados Unidos se comprometió a defender al mundo libre en nombre de todos nosotros. La estrecha cooperación entre Europa y Estados Unidos representa la única esperanza de éxito y destrucción de los grupos terroristas. Europa necesita sentirse responsable de su papel en la lucha contra el terrorismo mundial.

Me parece acertado que los defensores de los derechos humanos hayan llamado la atención sobre la violación de estos derechos y sobre el uso de métodos humillantes durante los interrogatorios de Guantánamo. A menudo, estos métodos llegaban hasta el punto de la tortura. También fue correcta la llamada de atención sobre las detenciones sin juicio ni derecho a recibir asesoramiento legal. No debe utilizarse ningún medio considerado como inadmisible por las convenciones internacionales firmadas.

El recientemente elegido como Presidente de Estados Unidos ya ha puesto en marcha una normativa que prohíbe la utilización de la tortura durante los interrogatorios a sospechosos de terrorismo. Considero que es justo y adecuado interpretar esto como una victoria de todos los que levantaron las alarmas sobre este asunto. Sin embargo, de conformidad con esta normativa, seguirá siendo posible secuestrar a terroristas y mantenerlos durante cortos periodos en países de tránsito. En resumidas cuentas, ha aumentado el respeto de la dignidad de los prisioneros, pero a la vez es necesario seguir siendo capaces de detener de manera eficaz la actividad terrorista, ya que de lo contrario correríamos el riesgo de quedar totalmente indefensos.

También me gustaría llamar la atención de la Cámara sobre el hecho de que en la misma isla en la que se encuentra el centro de detención de Guantánamo, se está reteniendo a prisioneros políticos en unas condiciones que infringen cualquier estándar concebible. Estas personas han sido condenadas a muchos años de prisión porque se atrevieron a oponerse a la propaganda comunista del tirano Fidel Castro.

La nación chechena fue aniquilada frente a nuestros ojos. Que yo sepa, el Parlamento Europeo no creó un comité especial para tratar esta cuestión. Estados Unidos ha reconocido que el uso de la tortura es inadmisible, como lo es también la existencia de prisiones secretas. Esto debería acabar con el debate sobre las prisiones secretas y los vuelos en tránsito.

 
  
  

PRESIDE: MARIO MAURO
Vicepresidente

 
  
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  Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE). (NL) Señor Presidente, la lucha contra el terrorismo debe constituir un esfuerzo conjunto al que contribuyan todas las democracias. Esto no solo significa Europa, sino también Estados Unidos así como otros países.

Guantánamo no se corresponde con lo que entendemos por estado constitucional, ya que en un estado constitucional cualquier sospechoso, incluso un terrorista, tiene derecho a protección y a un juicio justo de acuerdo con los valores que compartimos.

Aprecio la decisión del Presidente Obama de cerrar Guantánamo, pero esto no puede significar, y de hecho no debería hacerlo, que el problema pase a situarse en primera instancia a las puertas de Europa. Al fin y al cabo, las personas que están en Guantánamo son prisioneros, y esto no es algo con lo que se pueda jugar. Podemos ayudar, pero esto únicamente será posible a partir de una decisión a nivel europeo sobre los estándares que tendremos que aplicar de forma conjunta. Debemos ser totalmente conscientes de que este sigue siendo un problema estadounidense en el que podemos ayudar, aunque solo sea porque los derechos humanos son fundamentales para nosotros.

 
  
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  Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE). (EL) Señor Presidente, la decisión del nuevo Presidente de Estados Unidos de cerrar la presión de Guantánamo ha sido una de sus medidas más importantes y positivas, por lo que la considero muy oportuna. Sin embargo, el Presidente Obama no ha revocado el derecho de la CIA a arrestar a sospechosos de terrorismo en suelo extranjero y llevarlos a centros de detención provisional. Esto es especialmente preocupante, por lo que deberemos dejar constancia esta preocupación en una resolución conjunta. No obstante, en la resolución conjunta de los dos principales partidos del Parlamento Europeo no se dice nada sobre esto, por lo que me veo obligado a votar en contra de ella.

 
  
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  Genowefa Grabowska (PSE). (PL) Señor Presidente, estoy convencida de que nuestra resolución profundamente humanitaria ayudará a reducir la enemistad entre Europa y el mundo islámico. Espero que se adopte, teniendo también en cuenta la situación de mi conciudadano, que ha sido víctima de la guerra contra el terrorismo, la guerra del «ojo por ojo, diente por diente». Me refiero a un ciudadano polaco de 42 años que fue secuestrado. Fue arrestado en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Era un geólogo que estaba trabajando allí y al que se ha mantenido retenido en esa zona desde entonces. Su familia ha afirmado que saben que Piotr no es una figura importante en la política de alto nivel, pero que confían en que se hará todo lo posible para garantizar su liberación.

Quiero apelar a que esta mejora de las relaciones con el mundo islámico se explote también para proteger y defender a nuestros ciudadanos. Hagamos un acto de solidaridad y actuemos a favor de los ciudadanos de la Unión Europea que han sido maltratados, detenidos, secuestrados o retenidos en los campos de detención.

 
  
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  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE).(FR) Señor Presidente, todos hemos luchado a favor del cierre de Guantánamo y por ello aplaudimos la decisión del Presidente Obama de cerrar esta prisión de la vergüenza.

Ahora, no debería ser necesario que nos pidiesen que aceptásemos a los detenidos en Guantánamo. Como europeos, fieles a los valores de defensa de los derechos humanos, tenemos que afrontar nuestras responsabilidades, nuestra obligación de aceptar a estos antiguos detenidos.

Se ha publicado en la prensa, y me dirijo al Consejo en este sentido, que algunos Estados miembros no se muestran a favor de recibirlos. Por ello, insto al Consejo, y en particular a los Estados miembros que se muestran reticentes, a que acepten la llegada de esos detenidos a sus territorios.

También les diría, Señorías, que lo peor que podríamos hacer es dejar que el impulso que significa el cierre de Guantánamo se evaporase porque Europa no estuviese preparada para levantarse y que se la tenga en cuenta.

 
  
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  Colm Burke (PPE-DE). – Señor Presidente, dado que muchos Estados miembros de la UE fueron cómplices en el proceso de entregas extraordinarias, creo que los países de la UE, Irlanda incluida, tienen la responsabilidad colectiva de acoger en su territorio a algunos detenidos de Guantánamo de bajo riesgo.

El Ministro de Justicia irlandés, Dermot Ahern, ha condicionado esta aceptación a recibir la aprobación de la UE, pero no es necesario que Irlanda espere a una directiva de la UE para aceptar a los detenidos de Guantánamo. Podemos optar por firmar un acuerdo bilateral con Estados Unidos, tal y como ha hecho ya Portugal.

Los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores de Irlanda no han seguido las mismas pautas en este tema, y parece claramente que el Ministro Ahern no está preparado para ir tan lejos como el Ministro Martin en lo que respecta a la acogida de detenidos. En este sentido, es necesario que el Gobierno irlandés ejerza un liderazgo agrupador. Con un espíritu de cooperación transatlántica y de participar en la lucha contra el terrorismo internacional, Irlanda debería ayudar a la nueva administración estadounidense en el cierre de Guantánamo.

 
  
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  Ioan Mircea Paşcu (PSE). – Señor Presidente, la UE lleva mucho tiempo solicitando el cierre de Guantánamo. Hoy la nueva administración estadounidense ha tomado la decisión, y se espera que los países de la UE hagan una muestra de solidaridad aceptando a esos prisioneros. Sin embargo, algunos piensan que quienes deberían demostrar principalmente esta solidaridad son los países que según la prensa albergaron centros secretos de detención de la CIA.

Me gustaría hacer hincapié una vez más en el hecho de que esas acusaciones no se han visto apoyadas por pruebas desde que se hicieron hasta ahora. Esto también es aplicable al señor Mate, que no ha sido capaz de aportar pruebas que respalden sus acusaciones a esta Cámara. Además, las investigaciones internas que se han realizado tampoco apoyan estas acusaciones. Explotar la posibilidad de que el público no recuerde que no se han aportado pruebas no hace que esté demostrado ahora. Al final, no es más que una manipulación cínica con fines oscuros.

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Señor Presidente, todo el mundo aplaude el plan de Barack Obama de cerrar Guantánamo porque este es un símbolo del tratamiento despiadado de la gente, por mucho que pueda tratarse de terroristas implacables o que se sospechase que hubiesen cometido los crímenes más graves. Contra alguno de ellos ni siquiera se presentaron cargos ni fueron debidamente juzgados. Obama hizo un gesto popular y ahora está decidiendo qué hacer con ellos. Lo más importante que deberíamos hacer es convencer al Congreso para que cambiase la legislación de manera que se pudiese trasladar a los prisioneros a territorio estadounidense y darles una nueva identidad a algunos de ellos. Este es un problema especialmente sensible: tras su liberación, 60 prisioneros de Guantánamo regresaron a la actividad terrorista, por lo que es necesario evaluar detenidamente cada caso. Las negociaciones de la Presidencia checa para alcanzar una solución para Guantánamo representan una oportunidad para hacer hincapié en la idea de que el diálogo entre Estados Unidos, Europa y Cuba sobre los cambios en la «isla de la libertad» totalitaria comienzan con los derechos humanos, y no solo con los derechos humanos de los prisioneros de la base estadounidense. Principalmente, este diálogo debería implicar la liberación de los presos políticos de Cuba y la libertad de opinión y movimiento para los ciudadanos cubanos inocentes.

 
  
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  Armando França (PSE). (PT) Nos parece obvio que debemos aplaudir la decisión del Presidente Obama: la decisión de cerrar la prisión de la bahía de Guantánamo, de prohibir la tortura y los interrogatorios ilegales así como de suspender los juicios militares.

Sin embargo, puedo garantizarle a mi compañero, que ya no está presente, que Portugal y el gobierno socialista de Portugal no se sienten culpables. El Gobierno socialista de Portugal no colaboró con la Administración Bush, sino más bien todo lo contrario. La Administración portuguesa (el Gobierno portugués), gracias a la iniciativa del señor Amado, acaba de abrir la posibilidad y la obligación por parte de la Unión Europea y de otros países democráticos de aceptar y recibir a los prisioneros de Guantánamo contra los que no se han presentado cargos. Esto es lo realmente importante y lo que debe destacarse como un ejemplo a seguir por parte de los demás Estados miembros de la UE. También es importante que todas las partes que forman esta Cámara apoyen la resolución que se adoptará mañana para que esta decisión se vea respaldada por la unidad.

 
  
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  Charles Tannock (PPE-DE). – Señor Presidente, la prisión de la bahía de Guantánamo es algo que Estados Unidos se vio obligado a crear en aquel momento, y su cierre es ahora un problema de Estados Unidos. Me opongo a que los Estados miembros de la UE se involucren en las inevitables complicaciones legales y la carga que implicará para nuestros sistemas de seguridad aceptar a prisioneros no procedentes de la UE a los que anteriormente se considerase como enemigos.

No me arrepiento de que se haya detenido a los terroristas más peligrosos que tenían la intención de destruir nuestra forma de vida en caso de que esto se haya demostrado. No obstante, uno de los principales inconvenientes de Guantánamo fue que no se realizaron procedimientos penales normales contra los que están allí detenidos. En última instancia, los juicios penales normales constituyen la única manera de determinar la situación de los prisioneros de Guantánamo que no sean ciudadanos de la UE.

Dado que los presos de Guantánamo fueron arrestados por Estados Unidos, es su responsabilidad juzgarlos en sus propios tribunales o devolverlos a sus países de origen si se considera que son inocentes. Si el Presidente Obama realmente quiere cerrar Guantánamo, lo cual espero, así como proteger a Estados Unidos y a sus aliados, esta debería ser su política.

 
  
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  Alexandru Nazare (PPE-DE) . – (RO) En primer lugar, al margen de la esencia y el resultado de los debates sobre las prisiones de la CIA, me gustaría alabar la preocupación mostrada por representantes del Parlamento Europeo y de los ciudadanos europeos por el respeto escrupuloso de los derechos humanos, independientemente de cuál sea el contexto.

La tortura es inaceptable, y no existen circunstancias excepcionales que cambien esto. Sin embargo, considero que es necesario realizar algunas puntuaciones, ya que se sigue haciendo referencia a Rumanía en este contexto. Me gustaría recordarles que hasta ahora se han realizado acusaciones hacia nosotros que no estaban respaldadas por ninguna prueba. El informe de Martin es el mejor ejemplo de esto, ya que contiene acusaciones hacia Rumanía que son a la vez controvertidas e infundadas.

También me gustaría destacar este precedente por la forma en la que se han hecho acusaciones contra Rumanía, ya que esto puede afectar también a la imagen de otros países europeos. Quiero reiterar que resulta inaceptable que Estados miembros como Rumanía se vean impune y constantemente maltratados en el contexto de este debate.

 
  
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  Reinhard Rack (PPE-DE). (DE) Señor Presidente, me gustaría mostrar mi acuerdo con todos los ponentes que desean asegurarse de que Europa cumpla sus obligaciones humanitarias apoyando, en particular, a las personas que han sido denunciadas pese al hecho de que no se hayan encontrado pruebas contra ellos. Estos son casos típicos de asilo político.

Sin embargo, también quiero pedirles a los Estados miembros que no intenten hacerlo por sí solos, y me gustaría hacer especial hincapié sobre esto. Europa tiene que aprender a hablar con una sola voz y a emprender acciones de forma conjunta. Esto nos permitiría cumplir las peticiones de la nueva Administración estadounidense y crear nuestra imagen propia como una Unión Europea con valores conjuntos, y que esto nos lleve a actuar de forma unida.

 
  
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  Ville Itälä (PPE-DE). - (FI) Señor Presidente, compartimos el deseo común de cerrar el centro de detención de Guantánamo y ahora estamos ante una oportunidad magnífica para hacerlo, ya que el nuevo presidente de Estados Unidos ha manifestado el mismo deseo.

Obviamente, Estados Unidos es quien tiene la responsabilidad principal, pero espero que la UE pueda crear un frente unido y que los Estados miembros se muestren solidarios y flexibles trasladando a estos prisioneros a sus propias prisiones cuando esto sea posible y se haga de acuerdo con las condiciones que establezcan.

Nos unimos a la lucha contra el terrorismo para defender los derechos humanos, y ahora tenemos que ayudar a Estados Unidos en esta tarea.

 
  
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  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). - (PL) Señorías, hay dos formas de ver este problema. Por un lado, está la situación legal. Creo que los ciudadanos de un país deberían ser readmitidos en sus países de origen. Probablemente podría crearse algún tipo de programa humanitario para los casos en los que exista algún tipo de impedimento, como por ejemplo la persecución política. También me gustaría dejar lo suficientemente claro que incluso aunque Portugal o cualquier otro país acepten acoger a 20 de estos prisioneros, esto no quiere decir que estas personas vayan a querer quedarse en Portugal o en cualquier otro país. La Unión es ahora mismo eso, una unidad, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Por último, deberían utilizarse los procedimientos necesarios para que no se siga estigmatizando a estas personas como sospechosas o peligrosas. Si no los liberamos de este estigma, nadie querrá aceptarlos. Este es un problema grave que merece ser tenido en consideración. Para concluir, quiero decir que este es un problema que afecta principalmente a Estados Unidos.

 
  
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  Alexandr Vondra, Presidente en ejercicio del Consejo. - Señor Presidente, en primer lugar me gustaría darle las gracias por este debate. Creo que ha resultado muy útil. Si escucharon el debate de la cena de la última reunión del Consejo, habrán sido testigos de una voluntad similar de solucionar el problema, pero también de una apreciación sobre la complejidad de los problemas que estamos tratando. Esto tiene una dimensión moral y política, pero también jurídica y de seguridad.

Todos estamos de acuerdo en que la decisión del Presidente Obama de cerrar Guantánamo ha sido importante y acertada, una decisión que prácticamente todos los que estamos aquí apreciamos y aplaudimos. Pero ahora estamos debatiendo sobre las consecuencias y lo que podemos hacer para expresar nuestra solidaridad, y nuestro interés aquí es actuar en armonía transatlántica. Ahora, obviamente, vemos que este es un problema complejo. Martin Shulz ha afirmado que no podemos luchar contra el terrorismo y entrar a la vez en conflicto con los derechos fundamentales. Creo que está totalmente en lo cierto, pero Hartmut Nassauer ha afirmado que existen dos dimensiones: la moral y la relativa a la seguridad. También él tiene razón, y este es precisamente el motivo por el cual los ministros de Justicia e Interior tienen que debatir también este asunto. Desde la perspectiva política, no se trata tan solo de flexionar los músculos morales, ni tampoco deberíamos afrontar este problema exclusivamente desde el sentimiento de culpa. Sin duda, todo esto es mucho más complejo.

Graham Watson ha hablado sobre la necesidad de hablar con una sola voz. Una vez más, está en lo cierto, pero a la vez (debido a que esto es también un problema legal y surge la cuestión de las competencias), no podemos forzar a los Estados miembros a que inviten a los detenidos de Guantánamo a demanda. Si tuviesen que solucionar este problema decidiendo invitar a esos detenidos a sus casas (imagínense estar en el lugar de los ministros de Interior) sin duda se pensarían dos veces cómo afrontar este problema. Creo que el Consejo y los Estados miembros no deberían afrontar esta cuestión en absoluto como un simple tira y afloja. No se trata de lavarse evitando mojarse. El núcleo del problema es simplemente el hecho de que la decisión de Guantánamo es principalmente, sin duda, responsabilidad de Estados Unidos, el país que creó estas instalaciones. Sin embargo, tenemos (y tenemos que tener) la voluntad de expresar nuestra solidaridad y colaborar para solucionar este problema.

También está la cuestión del debate táctico. ¿Debemos ofrecer esto ahora en una bandeja de plata o bien esperar a que se nos pida? Pero si recibimos una solicitud, tenemos que estar preparados para actuar. Por ello, el Consejo comenzó a debatir seriamente esta cuestión al día siguiente de que el Presidente Obama anunciase su decisión. Creo que no debemos desestimar el problema de la seguridad, tal y como han destacado, ya que se ha demostrado que algunos de los presos que fueron liberados retomaron la actividad terrorista. De hecho, uno de esos hombres, el señor Said al-Shihri, es ahora el jefe adjunto de Al Qaida en Yemen. Por ello, Estados Unidos tiene la difícil tarea de determinar quiénes son esas personas y tenemos que ayudarles.

Desde el punto de vista legal, creo que tenemos que ser conscientes de que la decisión de admitir a ciudadanos extranjeros en los Estados miembros de la UE es una competencia nacional de los distintos Estados. Este es un primer nivel. Sin embargo, en un segundo nivel, todos coincidimos en que debemos trabajar de cara a un marco europeo en el que integremos la decisión nacional. Los acuerdos de Schengen y de Dublín apuestan por un enfoque europeo dado que la seguridad de todos los miembros de Schengen se verá afectada en cierto modo por las decisiones de cada uno de los Estados miembros. Por ello, existe el imperativo interno de establecer un enfoque coordinado.

Además, la UE está explorando la posibilidad de ayudar a EE. UU. a reasentar y rehabilitar a los antiguos detenidos en terceros países.

Algunos de ustedes han planteado la cuestión de la velocidad: ¿podemos actuar más rápidamente de lo que lo estamos haciendo ahora? Creo que tenemos que ser conscientes de que el debate no ha hecho más que empezar. Tan solo ha transcurrido una semana. Las cuestiones que deben plantearse son realmente complejas y necesitarán algún tiempo, si bien el propio Presidente Obama ha solicitado que se revisen los historiales de los prisioneros a la vez que definía un plazo de un año para el cierre de Guantánamo. No debería esperarse que el Consejo estuviese preparado para solucionar todos estos problemas complejos en tan solo unos días.

Además, hay que tener en cuenta que la responsabilidad principal sobre Guantánamo recae sobre Estados Unidos. Pese a que los Estados miembros expresen su voluntad de trabajar de cara a un enfoque coordinado, esta cuestión tiene una dimensión bilateral y otra multilateral. Los respectivos Estados miembros todavía no han establecido claramente su posición relativa a la acogida de detenidos. En este sentido será muy útil la reunión de los ministros de Justicia e Interior que tendrá lugar este mes. Entre tanto, el coordinador de la lucha contra el terrorismo, Gilles de Kerchove, también está trabajando sobre varios documentos de opciones.

Y este es mi resumen sobre Guantánamo, que es lo que ha ocupado la mayor parte del tiempo. En lo que respecta al tema de las detenciones ilegales, que es el tema favorito del señor Fava, me limitaré a repetir lo que ya han dicho varias veces mis predecesores: la acusación se refería a la implicación de servicios de inteligencia nacionales, y la supervisión de esos servicios es una responsabilidad propia de los Estados miembros, por lo que el Consejo no tiene el poder necesario de hacer más de lo que ya ha hecho.

 
  
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  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. - (FR) Señor Presidente, la Comisión comparte en gran medida las opiniones expresadas por el señor Vondra.

Dicho esto, me gustaría decir que tras este largo debate, nos encontramos ante un importante punto de inflexión. Este es un punto de inflexión fundamental en la lucha contra el terrorismo. En lo sucesivo, tenemos que intentar retomar esta lucha con una autoridad moral recuperada por parte de toda la comunidad Occidental, retomar esta lucha a la vez que respetamos los valores y derechos fundamentales.

Entonces, Europa debe dirigir a toda la comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo defendiendo esos mismos valores fundamentales que dieron lugar a la lucha en un primer momento. Este es un punto de inflexión fundamental y la declaración del Parlamento resulta en este sentido extremadamente útil, ya que asume que todos los Estados miembros comparten la voluntad de participar en este importante reto.

Sin embargo, no deja de ser cierto que la responsabilidad inicial recae sobre Estados Unidos. Es necesario que verifiquen el estado de cada detenido antes de solicitar oficialmente un traslado a un Estado miembro de la UE. Esta es realmente la condición fundamental. Estados Unidos debe enviar una solicitud clara y razonada en cada caso específico. Esto es absolutamente fundamental.

Por supuesto, al final será cada Estado miembro quien deba decidir si está dispuesto a recibir a un antiguo detenido de Guantánamo, pero este debate ha demostrado que la cooperación a escala europea es sin duda muy, muy deseable.

La coordinación resultará beneficiosa para determinar la situación legal de los antiguos detenidos, y también será necesaria para proteger a los Estados miembros en caso que los países de origen de estos detenidos realicen solicitudes diplomáticas o de otro tipo. Esta coordinación será necesaria para tranquilizar a los Estados miembros y, en particular, retomando lo que afirmó el señor Nassauer, a aquellos con preocupaciones acerca del orden público y la seguridad.

Un enfoque coordinado a escala europea podría por fin darnos un mayor poder en las negociaciones con Estados Unidos sobre el acceso a los documentos y procesos de traslado. Entonces, podríamos añadir una asistencia financiera para facilitar la recepción en algunos Estados miembros.

Me gustaría decir en presencia del señor Vondra que naturalmente trabajaremos estrechamente con la Presidencia checa. También estamos redactando con el señor de Kerchove el documento de estudio que servirá como base del debate que tendrá lugar durante el Consejo de Ministros de Justicia e Interior del 26 de febrero.

También quiero añadir que sin duda utilizaremos nuestra visita a Washington junto con el señor Langer, el Presidente del Consejo de Ministros de Interior, para debatir todos los asuntos relativos y consecuentes del cierre de Guantánamo con nuestros compañeros estadounidenses.

Ahora tenemos que tratar muy seriamente este asunto y realizar los preparativos legales necesarios para responder caso por caso a la solicitud de Estados Unidos. Tenemos que tomarnos esto muy en serio y por supuesto tener en cuenta el deseo de cooperación positiva en esta nueva lucha contra el terrorismo, que incluirá el cumplimiento de los valores fundamentales que nos unen y que tienen que unir a toda la comunidad mundial.

Gracias a todos.

 
  
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  Presidente. - De conformidad con el artículo 103(3) del Reglamento, he recibido tres mociones de resolución(1) sobre Guantánamo. La moción de resolución sobre la presunta colaboración de países europeos con la CIA para el transporte y la detención ilegal de prisioneros se notificará más adelante.

El debate queda cerrado.

La votación sobre Guantánamo tendrá lugar el miércoles 4 de febrero de 2009, mientras que el voto sobre la presunta colaboración de países europeos con la CIA para el traslado y la detención ilegal de prisioneros tendrá lugar durante la próxima sesión.

 
  
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  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), por escrito. (RO) La decisión tomada por el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de cerrar el centro de detención de Guantánamo tiene una gran importancia simbólica para el mundo democrático en su conjunto. Este gesto subraya que durante la lucha que se está llevando a cabo contra el terrorismo para defender los valores democráticos, lo que no debe hacer Occidente es precisamente olvidar estos valores.

El terrorismo debe combatirse con rigor, pero esto no significa que no deban respetarse los derechos humanos. Incluso los sospechosos de haber cometido delitos graves tienen derecho a ser juzgados siguiendo los procedimientos correctos por un tribunal objetivo, sobre una base legal clara y a recibir un castigo acorde con sus delitos.

La especulación que relaciona a Rumanía con las prisiones secretas de la CIA es completamente infundada. Nadie ha sido capaz de demostrar su existencia en Rumanía. Rumanía es un fiel aliado de EE. UU. y la OTAN, y participa en la lucha contra el terrorismo, principalmente en Afganistán. Las autoridades rumanas y la opinión pública apuestan claramente por el respeto de los derechos humanos. Tras haber sufrido los abusos de la ocupación soviética y de la dictadura comunista, los ciudadanos rumanos desaprueban cualquier violación de los derechos humanos.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Las recientes decisiones del Gobierno de Estados Unidos simplemente han confirmado (como si fuera necesario) lo que lleva mucho tiempo denunciándose: la existencia de una red de detenciones ilegales, secuestro y tortura promovida por EE. UU.

Estas decisiones no deben servir para encubrir la responsabilidad de Estados Unidos y de los gobiernos de ciertos países de la Unión Europea por las violaciones sistemáticas del Derecho internacional y de los derechos humanos más básicos.

Igual que antes, debemos exigir que se detengan completamente estas prácticas poco éticas y que se investigue la verdad, incluyendo la culpabilidad de los gobiernos de la UE en lo que respecta a la utilización de su territorio y espacio aéreo para detener y trasladar ilegalmente a los prisioneros detenidos a, por ejemplo, la base militar estadounidense de la bahía de Guantánamo. Esto es más necesario todavía a la luz de los informes sobre operaciones clandestinas de EE. UU. denominadas «entregas extraordinarias» (en otras palabras, la detención y traslado ilegal de ciudadanos) no han sido puestas en tela de juicio por la nueva administración estadounidense.

En consecuencia, nos enfrentamos a un acuerdo entre estados o entre Estados Unidos y la UE relativo al «traslado de prisioneros» detenidos en Guantánamo. Esto no significa que las decisiones y solicitudes expresadas libremente por los individuos, especialmente de asilo en Portugal, no puedan ser consideradas en un marco de respeto por la soberanía nacional, la Constitución de Portugal y el Derecho internacional, incluido el derecho a recibir asilo.

 
  
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  Esko Seppänen (GUE/NGL), por escrito. (FI) La Unión Europea se mostró como una comunidad incomprensiblemente displicente al no emprender ninguna acción diplomática firme en el contexto de las organizaciones internacionales para condenar, basándose en los derechos humanos, la actividad ilegal que estaba llevando a cabo Estados Unidos.

Esta acción emprendida por el nuevo Presidente demuestra que la actividad se considera ilegal e intolerable o falta de ética y de justificación moral. Todo esto se debe al compromiso de la UE con el comportamiento ilícito de EE. UU. mientras se encontraba bajo el mando del antiguo Presidente, y a la vista de los ciudadanos libres de la UE, esto significa que la UE perdió la perspectiva y el respeto. La UE debería estar avergonzada por su inacción.

 
  

(1) Véanse las Actas.


12. Preocupante situación en los centros de retención para inmigrantes, en particular en las islas Mayotte y Lampedusa (debate)
Vídeo de las intervenciones
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  Presidente. - La siguiente cuestión son las afirmaciones del Consejo y la Comisión sobre la preocupante situación en los centros de retención para inmigrantes, especialmente en las islas de Mayotte y Lampedusa.

 
  
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  Alexandr Vondra, Presidente en ejercicio del Consejo. – Señor presidente, agradezco la oportunidad de dirigirme a usted en relación con la situación de los centros de inmigración y retención situados en la Unión Europea, de los que ha destacado dos en particular: Mayotte y Lampedusa. Soy muy consciente del claro interés que ha mostrado por estos centros, de las diversas visitas que ha realizado y de la preocupación que ha expresado sobre las condiciones de alguno de ellos.

Me gustaría comenzar destacando dos principios fundamentales que forman el núcleo del debate de hoy. El primero es la necesidad, en el caso de los ciudadanos de terceros países que requieran protección internacional, de que se respeten completamente los compromisos adoptados y que se han consagrado en diversos instrumentos internacionales. El segundo es que respetamos completamente los derechos humanos y la dignidad de los inmigrantes y sus familiares.

Todos somos plenamente conscientes de la presión que implica la entrada de inmigrantes en la Unión Europea así como de quienes buscan asilo aquí. Esta presión es especialmente importante en las fronteras del Sur y el Este de la Unión.

Durante los 10 últimos años hemos respondido desarrollando una política comunitaria de asilo e inmigración eficaz. No obstante, el significativo aumento de las llegadas destaca la importancia de fortalecer y seguir desarrollando esta política.

Debemos hacer esto internamente para establecer nuestros propios estándares y reglas comunes en torno a la cuestión del asilo y la inmigración, pero también tenemos que actuar externamente, en colaboración con los países de origen y tránsito, para poder gestionar los flujos migratorios de manera más eficaz.

Con este enfoque saldrán ganando todas las partes. El desarrollo y la definición de una política comunitaria de asilo y migración dependen también de sus apreciaciones. Le estoy agradecido al Parlamento por su contribución positiva, y estoy seguro de que podemos trabajar de forma constructiva para seguir desarrollando esta importante área política.

Han planteado específicamente la situación de las islas de Mayotte y Lampedusa. Debemos distinguir entre los dos tipos de flujos migratorios en estos casos. Los flujos migratorios que afectan a Lampedusa y Mayotte pueden considerarse como mixtos: algunos de los ciudadanos de terceros países han solicitado protección internacional, mientras que otros se enmarcan en la categoría de inmigrantes económicos.

En lo que respecta a la primera categoría, los que solicitan protección internacional, me gustaría llamar su atención sobre la existencia de estándares mínimos para la protección de solicitantes de asilo, establecidos en la Directiva 2003/9/CE, que se adoptó en 2003. Esta Directiva ya se ha trasladado a la legislación nacional de los Estados miembros, y la Comisión deberá asegurarse de que se apliquen completa y correctamente las disposiciones establecidas en esta Directiva.

En diciembre de 2008, la Comisión presentó ante el Parlamento Europeo y el Consejo una propuesta para enmendar y actualizar esta directiva. Dado que aquí se aplica el procedimiento de codecisión, el Parlamento Europeo se implicará completamente en las negociaciones sobre esta nueva propuesta. El Consejo comenzará a considerar próximamente esta nueva propuesta y espera poder trabajar estrechamente con ustedes.

Los honorables parlamentarios son conscientes de que, en el caso específico del territorio francés de ultramar de Mayotte, la legislación comunitaria no es aplicable.

En cuanto a la segunda categoría (otros ciudadanos de terceros países que hayan entrado ilegalmente en el territorio de un Estado miembro), las autoridades competentes de los Estados miembros tienen derecho a detener a quienes se encuadren en esta categoría antes de tomar la decisión de repatriarlos, y/o con el fin de facilitar esta acción. La detención puede resultar la única opción en los casos en los que sea necesario identificar a los ciudadanos de terceros países que no lleven documentación.

Hasta ahora, la legislación y las prácticas relativas a la detención en los Estados miembros han variado considerablemente. La Directiva del Consejo recientemente adoptada por el Parlamento Europeo acerca de los estándares y procedimientos comunes para repatriar a ciudadanos ilegales de terceros países ha introducido reglas de detención y principios específicos, y esto constituye un primer paso para establecer un marco legal común en este ámbito.

Esta directiva establece claramente que la detención para fines de traslado solamente podrá utilizarse cuando no puedan aplicarse medidas menos coactivas en un caso específico y solamente en situaciones muy concretas y limitadas. Esta directiva establece también que la detención deberá realizarse durante el periodo de tiempo más corto que sea posible, requerirá una decisión por escrito con fundamentos de hecho y de derecho, y que se someterá a una revisión judicial a intervalos regulares. También cabe destacar que la directiva establece unos límites máximos de detención y las situaciones en las cuales, en casos limitados y específicos, puede prolongarse un periodo de detención, pero no más allá de un plazo máximo.

En lo que respecta a las condiciones de la detención, la directiva deja claro que esta deberá realizarse como norma en centros de detención especializados (o, en cualquier caso, al margen de prisioneros comunes) y que deberán respetarse los derechos de los detenidos, especialmente en el caso de las personas más vulnerables, como niños y familias.

En cuanto a la repatriación de los inmigrantes ilegales, ya está en vigor la Directiva recientemente adoptada por el Consejo y el Parlamento Europeo sobre los estándares y procedimientos comunes para repatriar a ciudadanos ilegales de terceros países. Estas disposiciones deberán trasladarse a la legislación nacional de los Estados miembros dentro de un plazo de dos años.

Este marco jurídico global destaca nuestro sólido compromiso de garantizar que los ciudadanos de terceros países que se mantengan detenidos para su traslado sean tratados de forma humanitaria y digna, así como que se respeten completamente sus derechos fundamentales. Además, a través de la legislación más reciente, establece estándares comúnmente acordados sobre la política de repatriaciones.

Este marco no solo es acorde con los principios que mencioné al comienzo de mi declaración, sino que también los reviste de validez jurídica. Por consiguiente, nuestra política de asilo y migración se basa en el Estado de Derecho y garantiza el respeto de los derechos humanos y de la dignidad de las personas.

 
  
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  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. - (FR) Señor Presidente, tal y como ha señalado del señor Vondra, actualmente disponemos de un marco jurídico que comienza a afirmarse. Ha hecho notar su presencia primero mediante la Directiva de repatriación, que es el primer documento horizontal que armoniza los estándares de repatriación en los Estados miembros. Trae a la legislación comunitaria las disposiciones aplicables de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, y su puesta en práctica permitirá que se apliquen mecanismos de control comunitarios para comprobar el cumplimiento del acervo comunitario.

No obstante, soy plenamente consciente de que muchos de ustedes considerarán que esta directiva resulta insuficiente. En cambio, para mí, constituye un recurso de control comunitario que puede utilizarse para comprobar la conformidad con el acervo comunitario. Por supuesto, al supervisar su aplicación (permítanme recordarles que el plazo límite para la adaptación al Derecho nacional es el 24 de diciembre de 2010), la Comisión garantizará el cumplimiento estricto de los principios fundamentales en lo relativo al respeto de los derechos de los inmigrantes y evaluará, en particular, el impacto de las disposiciones sobre la detención.

Yo mismo he declarado que supervisaré estrechamente la adaptación al Derecho nacional para asegurarme de que ningún Estado miembro utilice esto como pretexto para ampliar los periodos de detención que utilizan en la actualidad. En otros casos, donde hasta ahora la detención es ilimitada, es de esperar que se cumplan los límites establecidos en la directiva.

El segundo texto en el cual basaremos nuestras acciones es el que adoptaron los miembros de la Comisión el 3 de diciembre de 2008 sobre las condiciones de alojamiento de los solicitantes de asilo. Espero, señor Deprez, que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior examine próximamente este texto para que podamos progresar con esta nueva política sobre el asilo.

Me gustaría destacar que este texto incluye normas claras sobre la detención de total conformidad con los derechos fundamentales así como límites a la detención en casos excepcionales. Por supuesto, estamos hablando de los solicitantes de asilo. En segundo lugar, tiene más en cuenta las necesidades de los solicitantes de asilo vulnerables y hará que tengan más facilidades para acceder al mercado laboral. Por consiguiente, ahora disponemos de un marco legal que por supuesto debemos utilizar.

A continuación paso a comentar las preguntas que el Parlamento deseaba plantear durante este debate. La Comisión es consciente de la difícil situación que afrontan las autoridades italianas con la llegada en masa de inmigrantes ilegales y solicitantes de asilo en las citadas costas del sur, y en Lampedusa en particular. Hasta ahora, Italia ha sido capaz de facilitar el acceso a su territorio, lo que ha salvado la vida de muchos inmigrantes, a la vez que ha introducido un procedimiento que puede utilizarse para evaluar las solicitudes de asilo en condiciones adecuadas. La Comisión también observa que Italia ha reconocido la necesidad de protección internacional en la mitad de los casos particulares, lo que muestra que en estos flujos existen solicitantes de asilo junto con inmigrantes ilegales.

Durante varios años, la Comisión ha buscado los recursos financieros necesarios para apoyar a algunos Estados miembros, entre los que se encuentra Italia. Este es el caso del proyecto Praesidium y de las medidas de emergencia del Fondo Europeo para los Refugiados. Además, hace unas semanas, la comisión aprobó una serie ayudas de emergencia por valor de 7 millones de euros.

Si Italia considera que esto es necesario, la Comisión está dispuesta a evaluar una nueva solicitud de ayuda de emergencia con cargo al presupuesto de 2009 para mejorar las estructuras de recepción de Lampedusa, de Sicilia y del territorio peninsular, que permita mejorar la capacidad de las autoridades italianas para analizar las situaciones particulares de los inmigrantes en condiciones adecuadas. Próximamente visitaré Lampedusa y Malta para evaluar la situación sobre el terreno.

También soy plenamente consciente de que una de las claves de la situación es el establecimiento de un marco sólido de cooperación con Libia, el principal país de tránsito de las rutas migratorias desde África Oriental. Confío en los esfuerzos de los señores Ferrero y Waldner para conseguir unos resultados rápidos en las negociaciones actuales. Esta es de hecho una de las claves y, a no ser que se complete esta negociación, será muy difícil afrontar todos los problemas a los que nos enfrentamos.

Ahora quisiera regresar a la cuestión de Mayotte. Si bien la Directiva de repatriación incluye normas específicas sobre las condiciones de detención, haciendo especial hincapié en los menores y las familias, estas normas comunitarias no se aplican en la actualidad en el territorio de Mayotte. La Unión Europea reconoce el territorio de Mayotte como francés, pero tiene la consideración de país o territorio de ultramar, no de región ultraperiférica. Por consiguiente, no es aplicable el derecho privado, si bien es cierto que Francia tiene que tener en cuenta las observaciones y solicitudes del Consejo de Europa y tengo entendido que las autoridades francesas están evaluando actualmente otras condiciones de recepción en Mayotte. Dicho esto, es cierto que la legislación europea no es totalmente aplicable, dado que el derecho comunitario no es directamente aplicable en un territorio que no tenga la consideración de región ultraperiférica.

Estas son las observaciones que quería realizar. Una vez más, quiero manifestarle al Parlamento que las condiciones para recibir a inmigrantes ilegales, especialmente a los solicitantes de asilo, están recibiendo toda mi atención y que constituyen una prioridad para mí. Por este motivo realizaré estas visitas para ver sobre el terreno cómo se están haciendo las cosas.

En cualquier caso, quiero mostrar mi agradecimiento al Parlamento por haber iniciado este debate.

 
  
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  Margie Sudre, en nombre del grupo PPE-DE.(FR) Señor Presidente, Comisario, señor Vondra, Señorías, nuestro Parlamento se enorgullece de su incesante defensa del respeto de la dignidad humana en todas las circunstancias, incluidas, por supuesto, las condiciones en las que se retiene a los inmigrantes ilegales.

Me centraré en el caso del centro de internamiento de Mayotte, con cuya problemática estoy muy familiarizada. Las diferencias en los niveles de vida y en el desarrollo económico y social entre las islas de este archipiélago del Océano Índico incitan a muchos comorenses a cruzar los 70 kilómetros que los separan de Mayotte, que tal y como ha afirmado, señor Barrot, es un departamento francés considerado como territorio de ultramar y no como territorio europeo.

Las personas que residen ilegalmente en la isla de Mayotte representan el 30 % de la población; sí, han oído bien: el 30 %. Esta es una proporción desconocida en nuestros países Europeos, gracias a Dios. Obviamente, esto tiene un importante impacto sobre la sociedad mahorésa, y representa una fuente de importantes dificultades para las infraestructuras y servicios públicos, los niveles de criminalidad y la mano de obra ilegal.

Las autoridades francesas son plenamente conscientes de estas dificultades. Acaban de finalizarse los trabajos de renovación del centro de detención actual, lo cual mejorará significativamente las condiciones en las que viven los detenidos. Además de estas medidas temporales, el Gobierno francés también ha decidido crear un nuevo centro de retención que cuente con una capacidad más adecuada y que esté a la altura de los estándares nacionales. Se prevé que esté abierto para junio de 2011.

Europa acaba de adoptar normas comunes para poder acoger su cuota mundial de inmigración mundial, pero no deberíamos olvidar el hecho de que algunas regiones se enfrentan a situaciones extremas. Estigmatizar el centro de retención de Mayotte no ofrecerá una solución más rápida ni más eficaz, dado que la presión de la inmigración ya está sometiendo a la isla a esa tensión.

Dado que Mayotte está a punto de tomar decisiones de una importancia histórica para su futuro, con el objetivo de convertirse en un departamento de ultramar francés y convertirse así en territorio comunitario al pasar a considerarse una región ultraperiférica de la Unión, creo que los mahoreses necesitan mucho más nuestra ayuda que nuestras críticas.

 
  
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  Claudio Fava, en nombre del grupo PSE. (IT) Señor Presidente, Señorías, «Para impedir la inmigración ilegal, es necesario ser inclementes. Los inmigrantes vienen porque les resulta fácil llegar aquí y nadie los echa, pero precisamente por este motivo hemos decidido cambiar el tono». Estas son las palabras del Ministro de Interior italiano, el señor Maroni. Esto que parece una parodia política es realmente la política del Gobierno italiano. Tengo claro que esta política demuestra un profundo desdén inherente por lo que estamos debatiendo aquí y por las normas que establece la Unión Europea.

Hoy hemos hablado sobre el cierre de Guantánamo. Creo que necesitamos hablar urgentemente sobre el cierre del Centro de asistencia y estancia temporal de Lampedusa, ya que durante los últimos meses se ha calificado fundamentalmente como una prisión abierta. La Presidencia ha recordado acertadamente el marco legal, al que también ha hecho referencia el señor Barrot (el uso de la coerción solamente en circunstancias excepcionales, detención solo en casos absolutamente claros y durante el mínimo tiempo posible), un marco legal que se incumple de forma sustancial y formal cada día en Lampedusa.

La mayoría de las personas que se encuentran en Lampedusa son solicitantes de asilo. El Consejo ha recordado los estándares mínimos previstos por una Directiva sobre solicitantes de asilo que se adoptó en 2003; estas normas se están incumpliendo de forma sustancial y formal. A menudo las detenciones llegan a los 180 días, incluso en el caso de las personas que huyen de una persecución política o de la guerra. Por supuesto, estos actos constituyen ejemplos de barbarie legal que, sin embargo, se miden con las cifras que nos dan los periódicos. En 2008, 1 200 personas murieron mientras intentaban cruzar el Mediterráneo. De los supervivientes, muchos fueron torturados en Lampedusa.

Por ello, señor Vicepresidente, le invito a que visite Lampedusa, tal y como ha prometido, a que lo haga pronto y (si me permite realizar una sugerencia) a que anuncie en el último momento que va a ir a este lugar. De lo contrario, mejorarán rápidamente el aspecto para su visita y se irá con la idea equivocada de lo que es el centro de detención del que estamos hablando hoy.

 
  
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  Jeanine Hennis-Plasschaert, en nombre del grupo ALDE. (NL) Los informes sobre las tragedias que se producen en nuestras fronteras exteriores son totalmente claros. Hace tiempo que es urgente encontrar una solución Esto es también algo que el Consejo ha destacado varias veces, pero solo sobre el papel. Con el debido respeto, Presidente en ejercicio del Consejo, por supuesto le agradecemos su contribución, pero ya hemos vivido esto antes. Son todo palabras vacías y ninguna acción. Por otra parte, resulta irónico que también votaremos el informe Roure. Este informe contiene nuestras conclusiones de las visitas que realizamos a los puntos calientes, como Lampedusa. La Unión Europea se está quedando corta, y no solo un poco.

Lo que nos gustaría saber, Presidente en ejercicio del Consejo, es si se ha molestado en leer nuestros informes provisionales. Tampere, el programa de la Haya, el Pacto francés sobre la inmigración y el asilo, y próximamente el programa de Estocolmo: todas esas bellas palabras contrastan completamente con la realidad. Al fin y al cabo, esta realidad nos demuestra que a la Unión Europea todavía le queda mucho camino que recorrer en lo que respecta a asumir su responsabilidad. La falta de solidaridad es impactante. Nadie, ni una sola persona de este Parlamento, está sugiriendo que esta sea una tarea sencilla. Por supuesto que resulta difícil gestionar adecuadamente las grandes oleadas de inmigrantes y solicitantes de asilo, pero esto no es nada nuevo.

Todavía no se ha iniciado la revisión de los instrumentos existentes, pero ya tengo dudas de que esto vaya a proporcionar los resultados deseados. La experiencia nos ha enseñado que el Consejo tiende a echarse atrás en los momentos cruciales. El hecho es que mientras que, en teoría, los Estados miembros desean alcanzar una armonización ambiciosa, en la práctica toman decisiones que tienen el efecto opuesto. De repente, el máximo denominador común parece ser el mínimo más tarde, o al menos esta ha sido mi experiencia durante los cinco últimos años. Y esto es bastante distinto de la aplicación.

Tal y como ya se ha afirmado anteriormente en un debate distinto, está claro que ni la Comisión Europea ni el Parlamento Europeo disponen del bastón de mando porque al final son el Consejo y los Estados miembros los que toman la iniciativa en este ámbito.

 
  
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  Cristiana Muscardini, en nombre del grupo UEN.(IT) Señor Presidente, Señorías, me temo que señor Fava se ha visto obligado por motivos electorales a afirmar una serie de cosas que no son ciertas. Se las recordaré una vez que haya finalizado la campaña electoral. Sin embargo, tiene tanto interés por el problema de Lampedusa que ya ha abandonado la Cámara, una Cámara que debería expresar su gratitud por la generosa bienvenida que le han dado durante los últimos años los ciudadanos de Lampedusa.

Por el contrario, deberíamos subrayar la demora de la Unión Europea a la hora de solucionar los diversos problemas vinculados a la inmigración ilegal o de apoyar y ayudar a los países en situación de riesgo por formar nuestras fronteras externas. Algunos países no han proporcionado la acogida ofrecida por Italia a miles de personas desesperadas que se arriesgaron a morir ahogadas en el mar, debido a los traficantes de personas y a la inercia de muchos gobiernos no europeos que no han respetado ni firmado los acuerdos de control de la inmigración ilegal. Demandamos que se les proporcione ayuda financiera directamente a las personas que viven en zonas fronterizas y que se encuentran más expuestas geográficamente a la llegada de inmigrantes ilegales. También podrían proporcionarse ayudas para crear zonas francas que pudiesen dar lugar a la inversión de recursos y a exenciones tributarias, que no fuesen tenidas en cuenta en los acuerdos del Pacto de Estabilidad.

 
  
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  Monica Frassoni, en nombre del grupo Verts/ALE.(IT) Señor Presidente, Señorías, Comisario, está claro por sus intervenciones que el Derecho comunitario e internacional están siendo incumplidos a diario en Lampedusa. Sin embargo, todas sus declaraciones se muestran formales y reflejan voluntades que no se verán acompañadas de acciones. Me temo que esto es especialmente aplicable a su intervención, señor Vondra.

Me pregunto si la Unión Europea dispone de medios para poner fin a esta situación: se producen detenciones ilegales, las aberrantes condiciones de retención son obvias y existe el riesgo de que se elimine prácticamente el derecho de asilo. La Unión Europea es la única organización, y el señor Barrot es muy consciente de esto, que puede sacar a Italia y a otros países de esta situación.

Este es el motivo, señor Comisario, por el cual estoy muy preocupada por el anuncio de la concesión de más fondos a Italia sin condiciones. ¿Cómo se gastará? ¿Es consciente el Comisario de que la tan criticada supervisión (en otras palabras, catalogación) de la etnia gitana el año pasado contó con el apoyo financiero de Europa? Esto es algo que está incluido en sus notas de prensa. Por consiguiente, ¿hasta qué punto podemos confiar en las acciones de este tipo?

 
  
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  Giusto Catania, en nombre del grupo GUE/NGL.(IT) Señor Presidente, Señorías, ayer el señor Maroni anunció que había que tratar mal a los inmigrantes ilegales, pero durante días y meses el señor Maroni ha estado tratando mal a los inmigrantes cuya situación era irregular.

Me refiero con esto a la conocida como emergencia de Lampedusa, que cumple 10 años (por lo que me parece un pleonasmo seguir hablando de emergencia), que fue deseada y creada por el Gobierno italiano. De hecho, al seleccionar al señor Maroni, el Gobierno tomó la decisión de impedir que más inmigrantes abandonasen Lampedusa. El Centro de estancia temporal tiene encerradas a un mínimo de 1 800 personas sin que el gobierno haya tomado medidas para trasladar a ninguna de ellas. Están encerradas en unas condiciones tan inhumanas y degradantes que actualmente se vive una verdadera emergencia democrática en dicho centro.

Creo que esta es la verdadera emergencia de Lampedusa, la necesidad de establecer una especie de zona franca judicial, un lugar en el que los inmigrantes entren y sean deportados sin que se examine cada caso individualmente. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados afirma que al menos el 75 % de quienes llegan por mar a Italia y consiguen el derecho de asilo lo solicitan. Así, si se aplicasen las prácticas del señor Maroni, los inmigrantes probablemente no tendrían el derecho de asilo porque serían deportados directamente desde Lampedusa siguiendo los designios del Gobierno italiano.

Por consiguiente, existe una verdadera emergencia debido a la política del Gobierno italiano. Los ciudadanos de Lampedusa son conscientes de ello, señora Muscardini. De hecho, han organizado una huelga general contra el gobierno y contra su política de inmigración para evitar que se abra el centro de expulsión inmediata de ese lugar, el centro de identificación y expulsión. También le han pedido al Gobierno italiano que cambie su planteamiento del Centro de estancia temporal.

Me parece acertado que el Comisario Barrot visite Lampedusa durante los próximos días, es una medida que aprecio. He elaborado un informe y se lo remitiré al señor Barrot. Durante los próximos días, mi grupo también designará una delegación para que visite Lampedusa.

 
  
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  Johannes Blokland, en nombre del grupo IND/DEM.(NL) Hace ahora dos o tres años, en 2005 y 2006, una delegación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior visitó varios centros de refugiados. Además de Lampedusa, se visitaron lugares como las Islas Canarias, los Países Bajos y Polonia. Los informes de estas visitas dieron lugar a acalorados debates, y este Parlamento instó al Consejo y a la Comisión a que emprendiesen medidas.

Esta mañana, debatimos la propuesta de luchar contra el empleo ilegal en ausencia del Consejo. Los Estados miembros tendrán que adaptar al Derecho nacional estas directivas en un plazo de dos años. El problema de la inmigración es urgente, por lo que un periodo de dos años es excesivo. Llevamos tres años debatiendo sobre Lampedusa, y en cada ocasión decidimos aplicar medidas que reducen la inmigración ilegal. Sin embargo, tras una breve reducción con motivo de cada una de estas medidas, termina produciéndose un aumento del número de inmigrantes. Resulta llamativo que tengamos que volver a debatir de esta manera la situación de recepción de Lampedusa. Los informes del Parlamento relativos a la situación de recepción parecen ser completamente ineficaces. Por ello, quiero pedirle a la Presidencia del Consejo que haga de esto una prioridad.

Tengo entendido que en 2007 más de 12 000 inmigrantes llegaron a Lampedusa, una cifra que ascendió a más de 30 000 en 2008. El centro de detención no está preparado para recibir a tanta gente y eso es algo que sabemos desde hace tres años. Se está reformando la antigua base de la OTAN para albergar a más inmigrantes, pero esta no es una solución adecuada. Me gustaría que el Consejo indicase qué va a hacer para apoyar las iniciativas italianas encaminadas a disponer de unas instalaciones de recepción más adecuadas. ¿Es esto algo que podría hacer la Frontex? ¿Están los demás Estados miembros dispuestos a facilitarle a Italia ayuda financiera y de equipamiento?

Ayer, en las noticias de las ocho, los habitantes de los Países Bajos fueron testigos de cómo es la situación de Lampedusa, pero ahora se les ha vuelto a cerrar la puerta a los periodistas y a las ONG. Quiero pedirle a Italia que se muestre abierta y transparente en lo que se refiere al tratamiento de los inmigrantes en Lampedusa.

 
  
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  Koenraad Dillen (NI). (NL) Todos somos conscientes desde hace años de los problemas que rodean a Lampedusa. Durante los últimos años ha sido algo habitual el naufragio ante las cosas europeas con desafortunados solicitantes de asilo. Decenas de miles de personas intentan llegar a Europa impulsados por traficantes de humanos sin escrúpulos que están dispuestos, a cambio de grandes sumas de dinero, a llevar a Europa a quienes buscan mejorar aquí su situación.

No quiero parecer presuntuoso cuando digo que la difícil situación de Lampedusa es ante todo el resultado del fracaso de la política europea de inmigración y que no debería atribuirse a las autoridades locales italianas ni a los habitantes de Lampedusa. Europa debería tratar de enviar mensajes claros, los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Deberíamos mostrarnos inflexibles ante los traficantes de personas, y sus castigos nunca serán lo suficientemente duros. De forma paralela, debería mantenerse una estricta política de asilo que le demostrase al resto del mundo que Europa está decidida a proteger sus fronteras.

Europa debería seguir el ejemplo de Suiza, que hace dos años decidió endurecer los requisitos legales para la inmigración y el asilo. Esta es la única manera de enviarles a los traficantes de personas y a quienes buscan mejorar su situación económica de que Europa está dispuesta a proteger sus fronteras para evitar que se produzcan catástrofes sociales. Solo así en un futuro resultará innecesario un debate como el que estamos manteniendo hoy aquí.

 
  
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  Stefano Zappalà (PPE-DE). (IT) Señor presidente, Señorías, nada puede sorprenderme ya en esta Cámara. Sin embargo, alguien declaró en julio del año pasado respecto a este mismo tema que le avergonzaba ser un ciudadano italiano que no tenía otra opción que hacer las afirmaciones que el señor Fava acaba de hacer. Siento que no esté aquí hoy. Sería interesante saber cuántos votos consigue en su ciudad y a cuántos electores representa.

Sin embargo, señor Presidente, en esta ocasión ciertas personas han dicho cosas estúpidas y que muestran su ignorancia. Espero que el Comisario Barrot realmente visite pronto Malta, Lampedusa y otros lugares y que observe hasta qué punto se equivoca al afirmar que la Unión Europea no dispone de una política sobre este asunto, porque la verdad, señores Barrot y Vondra, es precisamente esa: no existe ninguna política comunitaria. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que algunas personas estúpidas e ignorantes pueden atacar lo que de hecho son las trágicas realidades que viven los ciudadanos, las personas y, sobre todo, los gobiernos nacionales.

Creo que es importante que les proporcione algunos datos. En 2007, unos 11 000 inmigrantes llegaron a Lampedusa. En 2008 llegaron tres veces más, unos 31 000. No es verdad que el número de solicitantes de asilo se correspondiese con el número total, sino que representaban aproximadamente el 10 % del total. Dos mil inmigrantes llegaron tan solo entre el 26 y el 28 de diciembre, esto es, justo después de Navidad. Se evaluaron 76 solicitudes en 3 días. De estas 76 solicitudes de asilo, 36 tuvieron una respuesta positiva, 3 se suspendieron, y el resto… Casi he acabado, señor Presidente. Sea paciente tras las afirmaciones que se han hecho. Posteriormente el señor Frassoni responderá cuando usted lo desee, cuando le parezca oportuno y en cualquier circunstancia; no hay ningún problema.

Pasemos ahora a los hechos: Lampedusa, Malta y otras regiones soportan una carga enorme. Los ciudadanos no están irritados con el Gobierno italiano. Están enfadados porque ya no pueden seguir soportando esta situación. Por ello, en lugar de acusar a las autoridades, que están haciendo lo que pueden, este Parlamento debería intentar hacer que la Unión Europea cumpliese con sus obligaciones.

 
  
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  Martine Roure (PSE). (FR) Señor Presidente, desde 2005 estamos consternados por la catastrófica situación de los inmigrantes retenidos en la isla de Lampedusa, cuyo número está muy por encima de su capacidad de acogida real.

La situación resulta complicada para esta pequeña isla que, solo en 2008, tuvo que afrontar la llegada de unos 31 700 inmigrantes. Los flujos masivos se han conseguido controlar durante los últimos años al enviar a estos inmigrantes a otros centros de la península italiana.

Estas transferencias se interrumpieron tras la decisión tomada por el Ministro de Interior, por lo que estamos asistiendo a un grave deterioro de la situación. No obstante, el proyecto Praesidium, que es gestionado de forma conjunta por el Ministro de Interior, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Cruz Roja italiana y que es financiado en parte por la Unión, se ha convertido en un ejemplo de gestión correcta de la recepción de inmigrantes. La decisión de detener los traslados a Italia está creando un verdadero problema de acceso en los procedimientos de asilo.

En lo que respecta a Mayotte, desde 2007 sabemos que se ha superado la capacidad nominal del centro de Pamadzi. Se sabe que 204 personas, en su mayoría menores, están siendo acogidas allí, mientras que la capacidad máxima es de 60 personas.

Las condiciones actuales son catastróficas: los hombres duermen en el suelo, no se distribuye ropa de cama ni productos de aseo, y los hombres, mujeres y niños tienen que compartir los mismos aseos. Las condiciones de detención están empeorando y constituyen una afrenta a la dignidad humana.

De hecho, en estos territorios es más patente la presión migratoria, pero debe garantizarse la dignidad de todas las personas e investigarse de acuerdo con la ley cada caso. Ya se ha afirmado que es absolutamente necesaria una política europea real sobre el asilo y la inmigración, así como que la Unión en su conjunto muestre su solidaridad.

Llevamos años solicitándole esto al Parlamento Europeo, y ahora a quien apelamos es al Consejo.

 
  
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  Roberta Angelilli (UEN). (IT) Señor Presidente, Señorías, Comisario, ustedes son personas sensibles, por lo que les invito al igual que otros parlamentarios a que vayan a Lampedusa. Les ruego que lo hagan sin avisar previamente para que puedan comprobar personalmente lo difícil que resulta gestionar esta situación.

Esta es la situación de una isla de tan solo unos pocos kilómetros cuadrados en la que llevan años desembarcando miles y miles de personas. Quisiera añadir que durante este periodo a habido gobiernos de izquierdas y de derechas. Algunas de estas personas mueren durante el viaje debido a las condiciones inhumanas a las que se ven sometidos por traficantes de personas sin escrúpulos. ¿Qué debería hacerse? ¿Hacer caso omiso de las normas? Para poder proceder a una posible repatriación o comprobar si estas personas tienen la consideración de refugiados políticos o si necesitan que se les conceda asilo político, es necesario identificarlas, algo que obviamente lleva tiempo. ¡Basta de demagogia! Italia está pagando el precio de una enorme responsabilidad que no es acorde con el grado de asistencia, tanto financiera como legislativa, que le está facilitando la Unión Europea.

 
  
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  Nils Lundgren (IND/DEM). – (SV) Desafortunadamente, ningún país del mundo puede evitar imponer restricciones sobre la inmigración. Las diferencias entre los distintos países son demasiado grandes, y esto es lo que explica los problemas sobre los que estamos hablando ahora. Los que vienen se presentan normalmente como solicitantes de asilo. Cuando esto sucede, debemos preservar el Estado de Derecho. Debemos tratar a estas personas como ciudadanos libres y con respeto. Debemos proteger sus derechos humanos hasta haber determinado si realmente se trata de solicitantes de asilo o no. La cuestión que estamos debatiendo ahora me parece muy extraña.

¿Por qué se iba a obligar a permanecer allí para siempre a quienes llegan a la isla de Lampedusa? Tal y como ha dicho un ponente anteriormente, si fuese llegando gente a un pequeño pueblo del sur de Suecia, por ejemplo, no esperaríamos que se quedasen allí. Obviamente, se les reubicaría en distintas partes del país a la espera de que se evaluase legalmente su situación. Esto mismo es lo que hay que hacer en Italia.

 
  
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  Maddalena Calia (PPE-DE).(IT) Señor Presidente, Señorías, la lucha contra la inmigración ilegal, dado su alcance y consecuencias, debe resolverse a escala comunitaria, ya que solo la Unión Europea cuenta con el peso político necesario para encontrar soluciones eficaces y controlar este fenómeno. Ningún estado puede por sí solo conseguir los resultados requeridos.

Mientras espera a que Europa ponga en práctica sus estrategias, el Gobierno Italiano está trabajando tanto con el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, adoptado por el Consejo Europeo en octubre de 2008, y la Directiva de repatriación de diciembre de 2008. Este es un trabajo importante tanto a escala nacional como internacional.

A escala nacional se han hecho muchas críticas, en mi opinión injustas, a la propuesta del Ministro del Interior Maroni de crear un centro de identificación y expulsión en la isla para aplicar, en casos concretos, una política de repatriación directa. Esta opción no infringe los derechos fundamentales de los inmigrantes ilegales, los refugiados y los solicitantes de asilo, como han afirmado varios intervinientes. Para demostrarlo, voy a citar algunos datos que ya se han publicado sobre Lampedusa: en enero de 2009 se evaluaron 76 solicitudes; de estas 36 se aprobaron, 3 se suspendieron y 37 fueron rechazadas. Por el contrario, todos los solicitantes de asilo fueron trasladados de la isla a centros en Trapani, Bari y Crotone. Esto quiere decir que quienes cumplen los requisitos necesarios sí que son aceptados.

A escala internacional, el Parlamento italiano ratifica hoy el acuerdo con Libia, en cuyo artículo 19 se afirma expresamente que debe establecerse un sistema de control más eficaz en las fronteras terrestres libias para impedir la inmigración ilegal. Además, los ministros Maroni y Frattini se reunieron la semana pasada con las autoridades tunecinas para tratar de alcanzar un acuerdo de readmisión con ese país, una condición fundamental para una repatriación sostenible. El concepto que tenemos que aceptar aquí en el Parlamento, tal y como ha afirmado también el Vicepresidente Barrot, es que debemos mostrarnos completamente firmes respecto a la inmigración ilegal y, a la vez, acoger y ayudar a quien se integre y contribuya al desarrollo económico y social de nuestros países.

 
  
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  Wolfgang Kreissl-Dörfler, (PSE).(DE) Señor Presidente, señor Barrot, me complace que desee visitar Lampedusa, pero le recomiendo que vaya pronto y sin avisar previamente, ya que de lo contrario se le presentará una mera farsa. Cuando fuimos allí, el campo había sido vaciado y los detenidos habían sido sustituidos por marionetas. Asimismo, debería ir rápidamente, antes de que los señores Berlusconi y Maroni conviertan Lampedusa en el nuevo Alcatraz europeo y sigan manteniendo a ciudadanos allí cautivos.

Por supuesto, la Unión Europea debe mostrar su solidaridad. Debemos establecer cuotas para los refugiados que se distribuyen entre los distintos Estados miembros y que incluyan también a los refugiados que llegan a través de la frontera natural terrestre. Estas representan una cifra bastante significativa.

Lo que está sucediendo aquí (y hemos visitado muchos campos) es vergonzoso y completamente inhumano. El señor Berlusconi afirma que pueden salir y tomarse una cerveza donde quieran. Esto muestra el grado de inteligencia que tiene este hombre: ninguno. Quiero dejar esto muy claro.

Es gente como el señor Maroni, que afirma que tenemos que mostrarnos duros y aplicar todo el peso de la ley para luego ir los domingos a arrodillarse en el Vaticano y decir que son buenos católicos. Este planteamiento de dos caras ya no es aceptable. Debemos apoyar a los demás Estados miembros, como Malta, Grecia e Italia, pero no a estos hipócritas. No debemos ayudarlos.

 
  
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  Mario Borghezio (UEN). (IT) Señor Presidente, Señorías, Europa tiene que decidirse: ¿quiere una inmigración regulada o la invasión y la explotación criminal de los inmigrantes ilegales? El Gobierno italiano ha tomado la decisión acertada: detener a los inmigrantes ilegales de Lampedusa y, a la vez, renegociar los acuerdos de repatriación con los países de origen.

Sin embargo, para esto es necesario disponer de los medios adecuados, por lo que Europa no debe limitarse a debatir, criticar y ver el problema desde la distancia. Europa tiene que venir a Lampedusa y ayudar a nuestro país y a quienes mantienen la línea de Maroni respecto a este problema. Hoy, 120 inmigrantes regresan a Túnez desde Lampedusa, algo que no hicieron los gobiernos anteriores porque había que llevar de vuelta a los inmigrantes, lo que supone un golpe para los explotadores criminales de las mafias que organizan estos viajes y posteriormente explotan a estas personas.

Un profesional de la lucha contra la mafia como el señor Fava debería poder comprenderlo, no es tan difícil. La línea de Maroni ha sido aprobada por Malta, Grecia y Chipre, así como por quienes viven cerca de la frontera sureña de nuestro país. Todos los solicitantes de asilo y los menores han sido trasladados ya a centros adecuados. Lo que se ha dicho es falso. Si la señora Roure desea ir a Lampedusa mañana por la mañana, no encontrará a ni un solo menor. Si lee la prensa italiana, descubrirá que fue el señor Maroni quien sacó a la luz el tráfico de órganos: los niños solían desaparecer de Lampedusa cuando teníamos un gobierno de Izquierda en nuestro país. Maroni fue quien puso esto de manifiesto. En fin, el mensaje es claro: la gente solamente debe entrar en Europa legalmente, no mediante las embarcaciones de la mafia y los traficantes de personas.

 
  
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  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Señor Presidente, Comisario, Señorías, debemos darle prioridad al correcto tratamiento de los refugiados. En Europa todos estamos familiarizados con el concepto de escolarización obligatoria. Deberíamos comenzar permitiéndoles a las personas que están aquí retenidas que reciban una educación adecuada. Existe una necesidad urgente de enseñanza de idiomas y formación profesional, además de la oportunidad de aprender acerca de la cultura europea para que estas personas no malgasten el tiempo que pasen en los campos de detención y podamos ayudarlas a valerse por sí mismas. Este debería ser nuestro principal objetivo.

Incluso podríamos incluir una medida preparatoria en el presupuesto que nos permitiese ofrecer a estas personas oportunidades educativas. Han venido a Europa desesperados y deberíamos ser capaces de ofrecerles una formación básica que les permitiese tener éxito en sus países de origen y promover de forma activa la democracia y la libertad.

 
  
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  Simon Busuttil (PPE-DE), – (MT). Estoy encantado de escuchar al Comisario Barrot afirmar que tiene previsto visitar Malta, y le garantizo que no tendrá problemas para encontrar a los inmigrantes en centros de Malta por la sencilla razón de que Malta no puede simplemente llevarse a estos inmigrantes y desplazarlos o transferirlos a otro lugar, y este es en parte el motivo por el que la situación de mi país es tan complicada. Señor Presidente, el domingo pasado llegó a nuestras costas una embarcación con 260 inmigrantes. Para que le quede más claro al Comisario, esto es el equivalente a la llegada de 39 000 inmigrantes a Francia o Italia en un solo día. Para ponérselo más claro al Ministro Vondra, esto es el equivalente a que 7 000 inmigrantes lleguen a la República Checa en un día. Los 2 000 inmigrantes que llegaron a Lampedusa durante las Navidades no son nada comparado con esto. Por ello, lo que se necesita en un caso tan sensible como este no es criticar a las autoridades nacionales sino una muestra de solidaridad para poner fin a este flujo y reducir la carga que supone. Gracias.

 
  
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  Roberto Fiore (NI). - (IT) Señor Presidente, Señorías, me gustaría recordarles lo que desean los habitantes de Lampedusa. En este momento, los habitantes de Lampedusa están protestando y casi todos se manifestaron hace unos días por las calles de la isla porque no quieren ni el centro de estancia temporal ni el centro de identificación y expulsión, que es la última propuesta. Este último se propone crearlo en una isla que, permítanme recordárselo, tiene once kilómetros de largo y tres kilómetros de ancho: una superficie ridícula si se compara con los miles de inmigrantes que llegarán allí durante los próximos meses.

Hace unos días, justo cuando se produjo la escapada repentina e inesperada de 1 000 inmigrantes del centro de estancia temporal, me encontraba en la isla y pude observar la consternación y el miedo de las personas que viven allí y que no quieren seguir viviendo este tipo de experiencias. Esta es una isla que vive del turismo y la pesca, y que no quiere ver destruida su economía por una política de inmigración corta de miras.

 
  
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  Reinhard Rack (PPE-DE). (DE) Señor Presidente, he seguido muy atentamente este debate y he estado aquí de principio a fin, al contrario de lo que han hecho muchos otros participantes.

Me ha llamado la atención una cosa, y es que más de la mitad del debate se ha dedicado a la política interna italiana. Esta es una preocupación legítima, pero sugiero que ese debate se celebre principalmente en Roma y no aquí en el Parlamento Europeo. Aquí estamos hablando sobre un problema europeo, y creo que deberíamos añadir un tema de debate adicional. En casi todas las intervenciones se ha hecho referencia al hecho de que este problema no solo afecta a los refugiados, a los solicitantes de asilo y a los inmigrantes económicos que van a Europa, sino que también se refiere en buena medida a poner fin al crimen organizado.

Ninguna de las personas que vienen a Lampedusa o a Malta han organizado por sí solas el desplazamiento en una embarcación. Vienen atraídas por organizaciones de crimen organizado y para venir han tenido que pagar grandes sumas de dinero.

 
  
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  Alexandr Vondra, Presidente en ejercicio del Consejo. - Señor Presidente, me gustaría darle las gracias por este debate tan útil y constructivo. Hay cosas que el Consejo puede hacer, mientras que hay otras que no está obligado a hacer o que no se encuentran entre sus competencias.

Comenzaré con los aspectos negativos: las limitaciones. Tal y como ya se ha indicado, no es competencia del Consejo supervisar la aplicación del derecho comunitario por parte de los Estados miembros; esto es competencia de la Comisión, y tal y como ya ha indicado mi compañero el Comisario Barrot, estamos colaborando estrechamente con la Comisión en muchas cuestiones.

Tampoco es competencia del Consejo aplicar las disposiciones nacionales de los Estados miembros. Durante este debate en particular se ha dicho mucho sobre los países más afectados: Italia y Francia. Por otra parte, claramente contamos con la voluntad y los instrumentos necesarios para actuar, y el Consejo está dispuesto a hacerlo en el futuro. Creo que todos estaremos de acuerdo (he estado escuchando atentamente porque se ha comentado la necesidad de potenciar la acción de la UE en el área de la política de inmigración y asilo) en que se han realizado importantes avances durante el año pasado, y creo que todos le estamos agradecidos a la Presidencia francesa por tomar la iniciativa de promover el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, en el que se mencionan específicamente algunos instrumentos de solidaridad. Ahora es el momento de irlo poniendo en práctica paso a paso. Es evidente que el Parlamento, el Consejo y la Comisión tienen la posibilidad de colaborar en este ámbito. Solo puedo prometer que nuestra Presidencia, así como la próxima (ya que este asunto no se resolverá durante las próximas semanas) trabajaran intensamente sobre esta cuestión.

Existen cuestiones estratégicas. También existen problemas que han requerido acciones más inmediatas, como reducir el riesgo de que se produjese una crisis humanitaria y su impacto negativo. Vengo de la República Checa, que no se encuentra bajo el foco de los medios de comunicación, pero también tenemos nuestras propias experiencias: tras la división de Checoslovaquia en 1992 se produjo un enorme flujo interno (cientos de miles) de gitanos desde la República Eslovaca al territorio checo. Quizás no haya sido como la situación de Malta, que por lo que entiendo es especialmente complicada, pero creo que todos los miembros de la UE han tenido alguna experiencia de este tipo, por lo que sin duda es necesario que trabajemos juntos en esta cuestión.

 
  
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  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. - (FR) Señor Presidente y señor Vondra, el Viceprimer Ministro ha afirmado que la Comisión debe asegurarse de que se apliquen las normas. Sin embargo, señor Vondra, los Estados miembros también deben cooperar, y creo que con el Pacto sobre Inmigración y Asilo y el dinamismo de su Presidencia, juntos seremos capaces de hacer un buen trabajo.

He notado la impaciencia de los parlamentarios durante este debate, pero hay que destacar que nos encontramos en los primeros días de la aplicación del pacto y que, tal y como acabo de decir, el marco jurídico que está empezando a formarse puede utilizarse como apoyo. Ahora, obviamente, debemos utilizar esto para conseguir una política comunitaria sobre el asilo y una política comunitaria sobre la inmigración.

Europa necesita demostrar una mayor solidaridad Acabo de escuchar al señor Busuttil y es cierto que, ante la afluencia de inmigrantes y solicitantes de asilo, los Estados miembros como Malta se encuentran en situaciones extremadamente difíciles. Europa tiene que decidir qué tipo de solidaridad es necesaria. Esto es absolutamente fundamental.

También me gustaría destacar que estamos intentando ofrecer toda la ayuda que podemos a través del Fondo Europeo para los Refugiados. Sin embargo, también le digo a la señora Frassoni que probablemente haya un error, ya que el Fondo Europeo de Repatriación no puede utilizarse en ningún caso para el registro de la población de etnia gitana. Esto no es posible, ya que no es esa la finalidad de este fondo. En cualquier caso, cuando vaya a Lampedusa y a Malta, observaré cómo se están utilizando los fondos que se le están entregando a los Estados miembros.

Por ello, quiero decirles que vamos a estar muy atentos. Por fin contamos con un marco jurídico sólido que nos permitirá actuar mucho más que hasta ahora en lo que respecta a las condiciones de la recepción. También espero que una Europa más unida permita mejorar la situación de estos inmigrantes, especialmente en el caso de los solicitantes de asilo que merecen nuestra total atención.

Me gustaría responderle a la señora Sudre, ya que ha ofrecido una explicación muy buena sobre la situación extremadamente preocupante de Mayotte. Lo que ha dicho es correcto: las autoridades francesas nos han informado de que en 2010 se abrirá un nuevo centro con 140 plazas. Además, estas autoridades están negociando actualmente con las autoridades comorenses para alcanzar un acuerdo sobre el desplazamiento y la inmigración, dado que es necesario reducir de forma duradera la presión migratoria que soporta esa isla.

En términos generales, debo decir que necesitamos una política de colaboración con los países de origen. Señor Vondra, esta es la condición que debemos cumplir si queremos reducir en alguna medida la elevadísima presión migratoria que soportan y que está causando problemas a algunos Estados miembros. Sin embargo, creo que si la Unión Europea es capaz de actuar muy unida, podremos encontrar una respuesta a la necesidad de gestionar con mayor coordinación los flujos migratorios. Obviamente, esto beneficiará a estos hombres y mujeres, a quienes no debemos olvidar, que están viviendo situaciones muy complicadas.

 
  
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  Presidente. - El debate queda cerrado.

 
  
  

PRESIDE: DIANA WALLIS
Vicepresidenta

 

13. Turno de preguntas (preguntas a la Comisión)
Vídeo de las intervenciones
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  Presidente. - El siguiente punto es el turno de preguntas (B6-0006/09).

Se le formulan las siguientes preguntas a la Comisión.

 
  
  

Primera parte

 
  
  

Pregunta nº 33 formulada por Amando França (H-1067/08)

Asunto: Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras, de suministro y de servicios en los ámbitos de la defensa y la seguridad

Los mercados europeos de armamento se caracterizan por su elevado grado de fragmentación. La desventaja económica que se deriva de esta situación es notable, resintiéndose con particular fuerza desde la década de los años 90. En los últimos 20 años, el gasto de defensa se ha reducido a la mitad; simultáneamente se ha registrado un descenso de las ventas, una pérdida de puestos de trabajo y una contracción de la inversión en investigación y tecnología. En estas condiciones, incluso los Estados miembros grandes tienen problemas para hacer frente al gasto ligado al desarrollo de nuevos sistemas de armamento. La aparición de nuevas estructuras en las fuerzas armadas a partir del final de la guerra fría ha traído consigo una disminución del número de equipamientos de defensa tradicionales y plantea nuevas exigencias de calidad.

¿No considera la Comisión que para países que son ante todo adquirientes de material militar, como Portugal, el hecho de que la propuesta en candelero no legitime a escala de la UE el sistema de compensaciones, de acuerdo con el cual los Estados miembros obtienen contrapartidas industriales, de naturaleza civil o militar, a la hora de adquirir material o bienes de equipo de defensa, representa de hecho una desventaja comparativa? ¿Está la CE dispuesta a aceptar la instauración de un sistema compensatorio?

 
  
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  Charlie McCreevy, Miembro de la Comisión. - Hace un mes, el Parlamento adoptó una resolución sobre la propuesta de una directiva para los contratos públicos de equipamiento de defensa y seguridad. Esto significa que la propuesta ha pasado satisfactoriamente la primera lectura y que próximamente será adoptada por el Consejo.

La nueva directiva constituye un importante paso de cara al establecimiento de un mercado de defensa europeo común. Introducirá normas justas y transparentes para los contratos públicos que serán aplicables en toda la Unión. Esto potenciará la apertura de los mercados de defensa entre los Estados miembros, lo que resultará beneficioso para todos. Las industrias europeas obtendrán un mercado interior mucho mayor y se harán más competitivas; nuestras fuerzas armadas obtendrán un mayor valor de su inversión, lo que ayudará a mejorar la capacidad de defensa de Europa; por último, pero no por ello menos importantes, los contribuyentes disfrutarán de un gasto público más eficiente.

Uno de los aspectos controvertidos durante el debate de la directiva fueron las correcciones, esto es, la compensación económica por las compras de defensa a proveedores extranjeros. Algunos Estados miembros propusieron incluir en la directiva un sistema de compensación que les permitiese garantizar esta rentabilidad industrial de las inversiones en defensa.

Las compensaciones tienen como finalidad impulsar la industria de los Estados miembros que compran equipamiento de defensa en el extranjero. Esto puede dar lugar a distorsión del mercado interior y supone una discriminación hacia las empresas de otros Estados miembros en función de la nacionalidad del proveedor. El Tratado de Roma prohíbe la discriminación en función de la nacionalidad, y una directiva, al tratarse de Derecho derivado, tiene que cumplir los términos del Tratado.

El Servicio jurídico del Consejo confirmó en su opinión del 28 de octubre de 2008 que, y cito: «las medidas restrictivas de los contratos públicos que hayan sido diseñadas para promover la industria nacional incumplen los principios generales del Tratado de Roma». Como consecuencia, las compensaciones en los contratos públicos de defensa solamente pueden permitirse cuando sean necesarias para la protección de los intereses de seguridad fundamentales o estén justificadas por un requisito primordial de interés general. Por el contrario, los intereses económicos no son suficientes. La gran mayoría de los Estados miembros y el Parlamento se mostraron de acuerdo con esta evaluación.

En consecuencia, no solamente existe una obligación legal, sino que también existe un consenso político acerca de no aceptar en la directiva compensaciones orientadas a favorecer a las industrias nacionales. Así, ni la Comisión en su propuesta ni los colegisladores, esto es, el Consejo y el Parlamento Europeo, incluyeron normas específicas sobre las compensaciones en el texto de la Directiva de defensa.

No obstante, la Directiva de defensa ofrece alternativas a las compensaciones. Los Estados miembros que fundamentalmente son compradores de equipamiento de defensa tratan de justificar su deseo de disponer de compensaciones bien por las necesidades de garantía de suministro o bien por la necesidad de abrir mercados de defensa para sus PYME. La Directiva sobre contratos públicos de defensa satisfará estas preocupaciones. Por un lado, les permite a las autoridades contratantes pedirles a los licitantes compromisos específicos para satisfacer sus requisitos de garantía de suministro. Por un lado, contiene disposiciones relativas a la subcontratación que permiten requerirles a los licitantes que abran sus cadenas de suministro a la competencia de toda la UE y que faciliten al acceso para las PYME, ya que esto contribuirá a reconciliar los legítimos intereses económicos y de seguridad de los Estados miembros que son compradores y evitará la necesidad de tener que recurrir a compensaciones o correcciones.

 
  
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  Armando França (PSE). (PT) Le estoy agradecido al Comisario por la respuesta tan completa que me ha dado. Sin embargo, quiero subrayar mi preocupación, que se refiere tanto a la situación de crisis que, como sabemos, vivimos en la actualidad, como al hecho de que nos encontramos en un año de elecciones, lo que podría, en gran medida, contribuir a que se enfriase el interés y perdiese el entusiasmo en este ámbito.

Sin embargo, Comisario, me siento obligado a decirle que no debemos perder de vista lo que desde nuestro punto de vista es la cuestión fundamental: evitar que los países compradores, como Portugal y otros, se vean potencialmente en una situación de desventaja.

 
  
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  Charlie McCreevy, Miembro de la Comisión. - Sin duda puedo reconocer las consecuencias políticas, y destaco la frase de que nos encontramos en año de elecciones. Sin embargo, tal y como sabrá su Señoría, en esta directiva en particular, que ha pasado por todo el sistema, se tuvieron en consideración esas cuestiones y se llegó al consenso entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo de no ir por esta vía en particular.

Se debatió profundamente en los distintos grupos de trabajo, pero el consenso, por los motivos que he indicado en mi respuesta forma, fue no ir por la vía que su Señoría ha sugerido. Por los motivos que he indicado anteriormente, me parece muy positivo lo que hemos conseguido en estos compromisos, que van en el mejor interés de todas las economías de Europa.

 
  
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  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Aprovecho la oportunidad para continuar con la primera parte de esta pregunta y plantear la cuestión de los contratos públicos en general y de las licitaciones restringidas, que muchos consideran que representan o que tienen como resultado una baja rentabilidad de la inversión. Quizás la Comisión pueda en algún momento, quizás no ahora, abordar esta cuestión, especialmente ante la complicada situación económica a la que se enfrentan muchos de nuestros Estados miembros, y volver a plantear el tema de los contratos y las licitaciones, especialmente en el caso de las licitaciones restringidas.

 
  
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  Charlie McCreevy, Miembro de la Comisión. - Como sabrá la señora McGuinness, durante la reunión del Consejo Europeo del pasado diciembre, los Jefes de Estado y de Gobierno europeos acordaron la aplicación de un periodo más corto para realizar las licitaciones en 2009 y 2010. En realidad, esto es conforme con la flexibilidad que ofrecen las directivas existentes porque, ante las difíciles circunstancias económicas ante las cuales se encuentran todas las economías europeas, los Jefes de Estado y de Gobierno consideraron que esto resultaba adecuado y permitido por las directivas existentes.

Soy consciente de las cuestiones que su Señoría planteó en relación con las licitaciones restringidas, pero revisamos nuestras directivas de contratos públicos periódicamente y me aseguraré de que los comentarios de la señora McGuinness se incorporen al sistema.

 
  
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  Presidente. - Pregunta nº 34 formulada por David Martin (H-0013/09)

Asunto: Relaciones comerciales entre la UE e Israel

A la luz de la intervención militar en curso en Gaza, del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por Israel y de las miles de víctimas civiles y de la matanza de ciudadanos palestinos inocentes, ¿de qué manera planea la Comisión reconsiderar sus relaciones comerciales con Israel?

 
  
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  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. - La Comisión ha condenado tajantemente la violencia en Gaza. Esta crisis vuelve a demostrar que el conflicto entre Israel y Palestina no tiene una solución militar y que solo a través de las negociaciones con el total compromiso de las partes puede alcanzarse una solución duradera.

La Comisión está satisfecha por el reciente cese de las hostilidades en Gaza. Es fundamental que todas las partes hagan permanente el actual alto el fuego poniendo totalmente en práctica la resolución 1860 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es necesario evaluar urgentemente diversas cuestiones, en particular la reapertura de todos los pasos hacia y desde Gaza, la detención permanente de los ataques con cohetes contra Israel y una forma eficaz de evitar el tráfico de armas con Gaza.

Ahora que parecen haberse detenido las hostilidades, es importante retomar las conversaciones encaminadas a alcanzar la paz lo antes posible. La UE ha solicitado la ayuda de sus socios para impulsar el proceso de paz. La prioridad inmediata de la Comisión es aliviar el sufrimiento humano de la población de Gaza. Se mantendrán las relaciones comerciales entre la UE e Israel. El aislamiento, las sanciones y otras formas de boicot obstaculizarían las conversaciones y las negociaciones encaminadas a alcanzar una solución sostenible para este conflicto. Además, al dirigirse estas medidas contra intereses israelíes, también resultarían perjudiciales para el territorio palestino ocupado, que depende económicamente de Israel, que es el principal destino de sus exportaciones y de empleo de su mano de obra.

 
  
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  David Martin (PSE). – Quiero darle las gracias al Comisario por su respuesta y mostrar mi satisfacción por que haya repetido la condena de la Comisión de la acción israelí. Sin embargo, Comisario, todos nuestros acuerdos comerciales incluyen una cláusula sobre derechos humanos. Al igual que muchos de mis votantes, no consigo entender por qué cuando un país admite que está aplicando medidas militares desproporcionadas contra la población civil (al atacar de forma deliberada colegios, está atacando de forma deliberada los edificios de organizaciones internacionales pacíficas y neutrales) no consideramos que ha incumplido las cláusulas de derechos humanos. ¿Cuándo consideraremos entonces que se ha producido una violación de los derechos humanos?

 
  
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  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. - Debo decir que toda nuestra política durante este periodo en particular de conflicto entre Israel y Palestina es que la Comisión se está centrando en las labores humanitarias y en ayudar a las personas de Gaza, dejando para más adelante todas las demás cuestiones. No se producirán cambios en nuestra política comercial, y los próximos acontecimientos dependerán de las circunstancias.

Sé, por supuesto, que pueden disponer de información detallada sobre las investigaciones que se han estado realizando y la posible violación de los derechos humanos y los crímenes cometidos durante este conflicto. La Comisión está siguiendo de cerca estas investigaciones y, una vez que finalicen, las evaluará, seguirá los desarrollos y tomará las siguientes decisiones.

 
  
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  Presidente. - Muchas personas han solicitado plantear preguntas complementarias a esta cuestión. De acuerdo con las normas, solamente puedo aceptar dos, y utilizaré como criterio quién preguntó, cuándo y el equilibrio político. Por consiguiente, aceptaré las preguntas complementarias de los señores Allister y Rack.

 
  
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  Jim Allister (NI). – Comisario, considero un motivo de alegría la garantía de que se mantendrán las relaciones comerciales y quisiera animarlo a que no se deje intimidar por el aluvión de propaganda anti israelí y pedirle a la Comisión que recuerde que, al ser Israel una de las pocas democracias de la región, es importante no aislar ni alienar este país, algo que en absoluto promovería la paz. Por otra parte, una acción como esta no sería coherente con la tolerancia que la UE ha mostrado con muchos regímenes muy despóticos en todo el mundo.

 
  
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  Reinhard Rack (PPE-DE). (DE) Es para mí motivo de satisfacción que la Unión Europea mantenga el compromiso humanitario de ayudar a quienes están sufriendo en la Franja de Gaza. También estoy a favor de que se haya condenado lo que probablemente haya sido una reacción desproporcionada por parte de Israel y que se haya indicado con toda la razón que esta no es la forma de garantizar la paz, ya que al contrario lo que hace es ponerla en peligro. Sin embargo, también deberíamos explicar en nombre de la Unión Europea que los habitantes de la Franja de Gaza han cometido actos violentos e ilegales que tienen un impacto directo y mortal sobre los residentes de Israel. Me gustaría que la Unión Europea ofreciese una respuesta imparcial a esta cuestión.

 
  
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  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. - Puedo garantizarle que la Comisión intenta mostrarse siempre imparcial. Dado que mis compañeros, los Comisarios Michel y Ferrero-Waldner, también han condenado los ataques sobre Israel, lo que han hecho ha sido condenar el uso de la violencia por las dos partes. Intentamos ser imparciales y tener en consideración todos los aspectos de este conflicto tan complejo.

 
  
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  Presidente. - Pregunta nº 35 formulada por Boguslaw Sonik (H-0029/09)

Asunto: Programa «Internet más seguro»

La Decisión n.º 1351/2008/CE(1) del Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de diciembre de 2008, estableció un programa comunitario plurianual sobre la protección de los niños en el uso de Internet y de otras tecnologías de la comunicación. En virtud de esta Decisión, la Comisión debe elaborar programas de trabajo anuales en el marco del programa «Internet más seguro». El objetivo de este programa es promover un uso más seguro de Internet y de las nuevas tecnologías de la comunicación. Dados los riesgos que entraña un acceso sin restricciones a todas estas tecnologías e informaciones, debe protegerse especialmente a los niños y a los jóvenes. La dotación financiera asignada para la ejecución del programa entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2013 asciende a 55 millones de euros.

¿Cuáles son exactamente las medidas previstas y cuáles los costes de ejecución del programa «Internet más seguro» en los años siguientes? ¿Quiénes pueden participar en el programa? ¿De qué manera y para qué acciones puede obtenerse financiación en el marco del mismo?