Acta literal de los debates

Viernes 24 de abril de 2009 - Estrasburgo

2. 25º informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2007) (debate)

  Presidenta — De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0256/2009) presentado por Monica Frassoni, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre el vigésimo quinto informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2007) (2008/2337(INI)).

  Monica Frassoni, ponente. − (IT) Señora Presidenta, señoras y señores, éste es mi tercer informe sobre la aplicación del derecho comunitario y tengo que decir —con todo el respeto por la gran cantidad de trabajo que hemos realizado junto con la Comisión— que no podemos decir que estamos especialmente satisfechos. Creo que, en esencia, existen tres problemas, que me gustaría mencionar y que destacamos en nuestro informe a la atención de Sus Señorías y sobre todo de la Comisión.

En comparación con el inicio de la legislatura puedo observar una tendencia por parte de la Comisión consistente en prestar menos atención a lo que hace y pide el Parlamento, ya que a diferencia de lo sucedido anteriormente, casi no hemos recibido respuestas a las preguntas que hemos formulado durante los dos informes anteriores. Tengo que decir que ello me provoca una cierta frustración, pues todos habíamos acordado que la cuestión de la aplicación del Derecho comunitario era prioritaria en el programa de «Legislar mejor».

Nos hemos topado con los siguientes problemas: las tres cuestiones fundamentales que abordamos con la Comisión fueron la transparencia, los recursos y la duración de los procedimientos.

En relación con el nuevo punto que hemos desarrollado conjuntamente, es decir, la cuestión de la transparencia, podemos observar que los avances han sido más bien lentos y, de hecho, con los nuevos reglamentos en materia de acceso a los documentos, la oportunidad para aquellos que llevan a cabo procedimientos de infracción o que desean la apertura de dichos procedimientos para saber por qué se han cerrado o abierto ha disminuido en términos absolutos.

En segundo lugar, me gustaría hablar sobre la definición de prioridades: la definición de prioridades, el respeto y realización de los procedimientos de infracción implica, como es lógico, la toma de decisiones que no son meramente técnicas, sino que también son políticas, y en este aspecto, tras los tres o cuatro años que llevamos trabajando sobre esta cuestión, desgraciadamente tenemos un problema con el seguimiento y el mecanismo de transparencia, y no solamente a nivel interno, es decir, dentro de la Comisión, sino también a nivel externo.

Me gustaría mencionar un par de ejemplos, en particular en relación con el Derecho comunitario en materia de medio ambiente. Sabemos que éste es el principal problema de la aplicación del Derecho comunitario y, sin embargo, seguimos sumamente atrasados, tanto desde el punto de vista de los recursos, como desde la perspectiva de la prioridad concedida a este sector.

Uno de los aspectos más interesantes y que ha sido objeto de un debate muy positivo con la Comisión, fue el de la reducción de la duración de los procedimientos, mediante una serie de mecanismos que se han presentado y, en parte, acordado con la Comisión. Sin embargo, también en este punto, hemos quedado en un punto muerto debido a una cierta inercia que espero se resuelva en el futuro.

Otra cuestión sobre la que deliberamos ampliamente con la Comisión fue el «EU PILOT»; se trata de un proyecto mediante el cual, cuando un ciudadano presenta una denuncia a la Comisión, la denuncia se transmite al Estado miembro para que dé algún tipo de respuesta. La evaluación que han hecho algunos Estados miembros, en particular nuestro Comisario, el Sr. Tajani, sobre el funcionamiento de este proyecto piloto, resulta relativamente poco satisfactoria; el hecho de que la Comisión ya no se dirija por escrito a quienes han sido acusados de una presunta infracción reduce considerablemente la motivación para responder de una administración que es culpable, digamos, de dicha presunta infracción.

Las cosas siempre son así: si el departamento de un ministerio italiano escribe a una región, esta carta será, sin duda, menos eficaz que si procediera directamente de la Comisión. Éste es el tipo de críticas que se han hecho al proyecto piloto, pero desgraciadamente la Comisión no ha dado demasiadas respuestas. Señora Presidenta, me reservo el derecho a intervenir en la segunda parte del debate para responder a los comentarios que, estoy segura, formulará el Vicepresidente Tajani.

  Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión. – (FR) Señora Presidenta, me encuentro aquí en representación del Presidente Barroso, quien me pidió que expresara su pesar por no poder asistir al debate del informe anual sobre la aplicación del Derecho comunitario de 2007.

La Comisión está satisfecha con el apoyo que el Parlamento dio a la propuesta aprobada en su comunicación de 2007 «Una Europa de resultados – la aplicación del Derecho comunitario».

La Comisión de Barroso concede una gran importancia a la correcta aplicación del Derecho comunitario, que considera una prioridad absoluta. Es por esa razón que la Comisión ha hecho un esfuerzo especial para mejorar sus métodos de trabajo en beneficio de los ciudadanos y las empresas, como se explica en la comunicación de 2007.

Algunas resoluciones anteriores del Parlamento han dado lugar a un número considerable de iniciativas que se presentan en la comunicación. En primer lugar, el pasado enero introdujimos una toma de decisiones más frecuente en los procedimientos de infracción con el ánimo de acelerar los casos; en segundo lugar, el pasado mes de abril pusimos en marcha el proyecto «EU PILOT» en 15 Estados miembros para poner a prueba un nuevo método destinado a mejorar la resolución de problemas y la disponibilidad de información; en tercer lugar, el principal objetivo de esta iniciativa, que responde a los intereses del Parlamento, es servir mejor a los intereses de los ciudadanos y empresas en relación con las preguntas y problemas que se presentan en la aplicación del Derecho comunitario, incluyendo la infracción de dicho Derecho; en cuarto lugar, la Comisión seguirá tomando la decisión de iniciar acciones judiciales en caso de inconformidad con el marco del proyecto «EU PILOT», en particular por medio de procedimientos de infracción, y en quinto lugar, el Presidente Barroso escribió en diciembre de 2008 al Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, Sr. Gargani, para informarle sobre los resultados del proyecto piloto. En esta carta se confirma igualmente la intención de la Comisión de remitir al Parlamento un informe detallado sobre el primer año de funcionamiento del proyecto, cuyos trabajos preparatorios ya han comenzado.

Como consecuencia de esta comunicación, la Comisión aprobó igualmente un informe anual con un carácter más político que, si bien menciona el trabajo realizado durante el año pasado, también intenta definir prioridades para la aplicación del Derecho comunitario y un programa para poner en práctica dichas prioridades.

Este informe constituye una importante declaración estratégica de la Comisión sobre un aspecto clave del programa «Legislar mejor». Una de las metas de esta iniciativa es facilitar al Parlamento información más útil para establecer un mejor marco para los posteriores debates interinstitucionales.

El Parlamento acogió favorablemente las prioridades que figuran en el informe anual de 2008, en particular aquellas relacionadas con los derechos fundamentales y la calidad de vida. Por primera vez, la Comisión ha utilizado su informe anual para establecer prioridades más precisas para diversos sectores. Nuestro objetivo sigue siendo centrar nuestro trabajo en acciones que generen mejores resultados en beneficio de todos los ciudadanos y empresas.

Las medidas adoptadas en relación con las prioridades definidas el año pasado y los avances logrados aparecerán en el informe anual de este año, al igual que las nuevas prioridades para el período 2009-2010.

Gracias. Me interesa mucho escuchar las intervenciones de los diputados y, al final del debate, daré algunas respuestas a la Sra. Frassoni.

  Diana Wallis, ponente de opinión de la Comisión de Peticiones. — Señora Presidenta, me gustaría felicitar a la Sra. Frassoni por su informe. Creo que tanto ella como yo hemos disfrutado trabajando durante dos o tres años en este informe en nombre del Parlamento. He disfrutado de esa cooperación, en cambio no me parece bien que cada año acabemos repitiendo las mismas cosas y tengo la sensación de que caminamos en círculos.

Todo esto debería ser bastante sencillo, ya que se trata de que nuestros ciudadanos puedan ver lo que es el Derecho comunitario; poder ver cuál es el proceso de aplicación de ese derecho y, en última instancia, el resultado de dicha aplicación. Pero al parecer tenemos que seguir inventando constantemente nuevos mecanismos para un proceso que ya existe, pero que no es obvio ni transparente.

Hemos hecho algunos avances, pues la Comisión ha aceptado el principio del proceso, es decir, hacer el Derecho comunitario más comprensible, y me complace ver con cierta frecuencia los denominados resúmenes dirigidos a los ciudadanos en el prefacio de los actos legislativos, a fin de que todos nosotros podamos —y todas las personas que representamos puedan— ver hacia dónde deberíamos dirigirnos y lo que debería lograr la legislación.

Pero cuando se trata del proceso de aplicación, al parecer seguimos en una situación en la que la decisión de aplicar o no aplicar la legislación resulta menos obvia —por qué dicha decisión puede o no tomarse— y a menudo los ciudadanos se quedan sin respuesta. Hace poco recibimos una carta de una persona que había intentado aplicar un texto legislativo y ahora está tan indignada con el entorno europeo que, tras defender siempre a la UE, se ha pasado a un partido antieuropeísta.

Esta es la cuestión: si no corregimos esta situación, haremos que el Derecho comunitario en su conjunto y todas nuestras instituciones caigan en el descrédito. Es así de grave. Todos nosotros, diputadas y diputados, en estos últimos días de la legislatura dedicamos nuestro tiempo a ir de un diálogo tripartito a otro, de un acuerdo en primera lectura a otro, debatiendo las palabras y contenidos de las frases de la legislación. Y me parece muy bien, pero, a fin de cuentas, si no se aplica como nuestros ciudadanos esperan, podríamos preguntarnos: ¿qué sentido tiene?

Todas nuestras instituciones tienen una responsabilidad en relación con el seguimiento del Derecho comunitario. Usted, la Comisión, son los principales responsables, y espero que el debate de cada año no sea del mismo estilo.

  Tadeusz Zwiefka, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (PL) Señora Presidenta, uno de los principios clave que rigen el funcionamiento de la Unión Europea es que los Estados miembros acepten la obligación de transponer y aplicar el Derecho comunitario. En este principio se basa el proceso de integración. No cabe duda de que es necesaria una cooperación continua y activa por parte de la Comisión y los Estados miembros par obtener respuestas rápidas y eficaces a las dudas planteadas por los ciudadanos, y para criticar y rectificar los incumplimientos en la aplicación del Derecho comunitario. Acojo con satisfacción la declaración de la Comisión sobre una cooperación más estrecha con el Parlamento Europeo en el ámbito de los informes y la aplicación del Derecho comunitario.

Los tribunales nacionales desempeñan un papel fundamental en la aplicación del Derecho comunitario, y por ello apoyo plenamente los esfuerzos de la Comisión para especificar cursos de formación complementarios para los jueces, la profesión jurídica y los funcionarios de los Estados miembros. Sin embargo, la aplicación eficaz del Derecho comunitario se enfrenta a graves retos, entre ellos, los grandes retrasos en la transposición de las directivas.

Uno de los mecanismos más importantes que nos permiten determinar cómo se aplica en realidad el Derecho comunitario es el sistema de petición de decisión prejudicial, cuyo objetivo es dar a los tribunales nacionales la oportunidad de obtener una interpretación y aplicación uniformes de la legislación europea en todos los Estados miembros.

Un problema fundamental del sistema de petición de decisión prejudicial es el tiempo requerido para recibir una respuesta del Tribunal de Justicia, que desgraciadamente aún es de unos 20 meses. La razón es siempre la misma: la traducción de los expedientes a todas las lenguas de la UE, que tarda alrededor de nueve meses. Desde luego, estas traducciones son de extrema importancia, porque permiten un amplio acceso a las resoluciones europeas más recientes e importantes, y aumentan la confianza en el sistema jurídico de la Unión Europea. No obstante, el éxito o fracaso de la introducción del Derecho comunitario dependerá, en última instancia, del modelo institucional que se considere apropiado. Tener el conocimiento y los medios no lo es todo. También se necesita la voluntad para actuar.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg , en nombre del Grupo del PSE. – (PL) Señora Presidenta, al igual que en años anteriores, la Comisión no ha respondido a las cuestiones planteadas en la resolución del año pasado sobre el seguimiento de la aplicación del Derecho comunitario, de la que fui autora. A este respecto, existen tres cuestiones fundamentales en las que la falta de mejora sigue siendo motivo de preocupación: la transparencia, los recursos y la duración de los procedimientos.

De los nuevos casos de infracción registrados en 2007, 1 196 se referían a la falta de notificación de las medidas nacionales relativas a la transposición de directivas comunitarias. Resulta inadmisible que la Comisión se conceda doce meses para tramitar estas simples infracciones que, aparte de la necesidad de una respuesta rápida, no requieren análisis ni evaluación. El proyecto «EU PILOT», puesto en marcha hace un año en 15 Estados miembros para poner a prueba el nuevo método de respuesta a las denuncias, podría extenderse a los demás Estados miembros, pero la falta de información sobre la evaluación de su funcionamiento no permite, desgraciadamente, al Parlamento hacer comentarios sobre esta cuestión.

Lamento tener que decir que durante esta legislatura no se han hecho avances significativos en relación con el papel que el Parlamento debería desempeñar en el seguimiento de la aplicación del Derecho comunitario. En este aspecto debería hacerse un llamamiento para la rápida aplicación de las correspondientes reformas propuestas por el Grupo de trabajo sobre reforma, que incrementan la capacidad del Parlamento para hacer un seguimiento de la aplicación del Derecho comunitario en los Estados miembros.

  Manuel Medina Ortega (PSE). - (ES) Señora Presidenta, por una vez me alegro de que no esté el titular, de que haya venido el señor Tajani, porque el señor Tajani tiene la ventaja de haber sido parlamentario europeo. Y, como parlamentario europeo, sé que ha experimentado la frustración que tenemos los parlamentarios europeos con respecto a la aplicación del Derecho comunitario.

Ahora bien, en el Parlamento tendemos a meternos con la Comisión, y yo creo que le estamos pidiendo a la Comisión una misión imposible, porque todo el Derecho comunitario y toda la aplicación del Derecho comunitario se basan en la aplicación indirecta.

Es decir, la Comisión no tiene sino unos pocos funcionarios en la sede central donde le llegan algunas quejas y tiene algunas posibilidades de actuación pero, en este momento además, la tendencia es a limitar las facultades presupuestarias, con lo cual la Comisión no va a tener la posibilidad de hacerlo.

Todo el Derecho comunitario, toda la aplicación del Derecho comunitario se basa en la actuación de las autoridades nacionales: Parlamentos nacionales, jueces nacionales, funcionarios nacionales.

Y aquí, en este aspecto, yo no creo que podamos exigirle demasiado a la Comisión. Lo que tenemos que hacer es ayudar a la Comisión, y creo que en el informe de la señora Frassoni hay algunos puntos que pueden ser útiles para conseguir esta aplicación. Me refiero a aquellos relativos a la correlación de directivas, la colaboración de los Parlamentos nacionales y la actuación de los tribunales nacionales.

  Christopher Beazley (PPE-DE). - Señora Presidenta, me pregunto si el Comisario Tajani estaría de acuerdo en que, en cierto modo, el mayor obstáculo para el correcto cumplimiento del Derecho comunitario son, de hecho, nuestros gobiernos nacionales.

Daré sólo un ejemplo. Hace veinte años acordamos la introducción de las cuatro libertades en toda la Unión Europea. En mi circunscripción viven muchas personas de origen italiano, una de las cuales es un profesor y, como es lógico, habla perfectamente italiano. Al regresar a Italia con su familia se le prohibió enseñar en el país porque se había formado en Inglaterra. Eso no puede ser cierto, pero no podemos hacer nada al respecto, porque las autoridades italianas dicen —por cualquier motivo— que esa profesión está reservada para los ciudadanos italianos.

El comportamiento del Gobierno británico en los aeropuertos me parece una flagrante violación de la mayoría de los acuerdos europeos. ¿Hay algo que pueda hacer la Comisión, por ejemplo, una petición en el próximo Consejo Europeo, para que nuestros gobiernos nacionales muestren un poco de solidaridad europea?

  David Hammerstein (Verts/ALE). — (ES) Señora Presidenta, durante los últimos cinco años, como eurodiputado miembro de la Comisión de Peticiones, he examinado centenares y centenares de peticiones, quejas y preguntas sobre el medio ambiente, y he constatado la muy escasa colaboración por parte de las autoridades nacionales, incluso una verdadera rebelión, un estado de rebelión de algunos Estados miembros en contra de la aplicación de la Directiva sobre los hábitats naturales y otras directivas medioambientales.

Vemos cuán inadecuados son los servicios de la Comisión, que no tienen bastantes recursos ni la voluntad política para aplicar el Derecho comunitario en casos clamorosos. Todo dura tantos años que, en la mayoría de los casos, cuando un procedimiento de infracción llega al Tribunal Europeo, actuamos in articulo mortis, y entonces el Derecho, en el medio ambiente, en situaciones irreversibles, ya no sirve para nada.

  Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión. – (FR) Señora Presidenta, señoras y señores, los proyectos de resolución que debatimos hoy conceden especial importancia a los intereses de los ciudadanos y, más concretamente, a los denunciantes, en la aplicación del Derecho comunitario.

Dentro de las limitaciones de sus obligaciones en materia de confidencialidad, la Comisión trabaja en aras de una mayor transparencia y para publicar más información en su informe anual en la página Europa y en su correspondencia.

La Comisión trabaja actualmente en el desarrollo de un portal conjunto de la Unión Europea destinado a ayudar a los ciudadanos. Estudia la mejor manera de presentar información útil para los ciudadanos y de dirigirlos hacia la información que mejor corresponda a sus intereses.

La Comisión está ultimando sus trabajos para explicar el principio de responsabilidad del Estado por la infracción del Derecho comunitario, lo que podría ayudar a los ciudadanos a obtener indemnización en los tribunales nacionales.

Por lo que respecta a las denuncias, la Comisión confirma la importancia que concede a las formalidades, a una tramitación eficiente de las denuncias y a mantener a los denunciantes informados acerca del curso de sus denuncias. Asimismo confirma que desea encontrar soluciones tan pronto como sea posible.

Por último me gustaría destacar, como bien han hecho la Sra. Wallis y el Sr. Medina Ortega, la importancia que revisten los tribunales nacionales para la aplicación del Derecho comunitario. La Comisión trabaja en varios contextos con magistrados nacionales, como ha señalado el Sr. Zwiefka, para sensibilizarlos acerca de los distintos aspectos del Derecho comunitario y asegurarse de que tengan todos los instrumentos que necesitan para acceder a la información pertinente.

En relación con el nuevo método «EU PILOT», no se trata de una fase adicional del procedimiento. Este método nos permite examinar rápidamente si puede encontrarse una solución de forma directa y rápida con las partes interesadas de un Estado miembro. Fue elaborado basándose en la vasta experiencia de la Comisión, añadiendo un mayor compromiso por parte de la Comisión y los Estados miembros que participan con respecto a la organización de la toma de contacto y la fijación de objetivos.

En el proyecto de informe que debatimos hoy se plantea un gran número de cuestiones concretas. La Comisión explicará, en su respuesta a la resolución, los aspectos a los que no pueda contestar yo hoy.

Ahora bien, en relación con las infraestructuras, que forman parte de mi ámbito de responsabilidades, no puedo sino apoyar la invitación del Parlamento Europeo para que se resuelvan los procedimientos de infracción y, en su caso, se cierren, ya que impiden que los Estados miembros inviertan en infraestructuras que podrían influir sobre la ejecución del Plan Europeo de Recuperación Económica.

Señora Presidenta, señoras y señores, acogemos con satisfacción el interés común que muestran el Parlamento y la Comisión en una aplicación adecuada y correcta del Derecho comunitario en interés de los ciudadanos y las empresas.

Confirmamos nuestra evaluación conjunta de la vital importancia de este aspecto del programa «Legislar mejor».

  Monica Frassoni, ponente. − (IT) Señora Presidenta, señoras y señores, quiero dar las gracias a la Presidenta. Resulta muy interesante que el Comisario haya elegido, dentro de la resolución, el punto con el que menos de acuerdo estoy en mi calidad de ponente; no obstante, tomo nota de todo lo que ha dicho y de los compromisos que ha asumido en nombre de la Comisión.

También deseo aprovechar esta oportunidad para señalar unos cuantos problemas que espero que la Comisión resuelva. El primero es una reducción gradual de la independencia de las Direcciones Generales, resultado del efecto combinado de un servicio jurídico cada vez más reacio a acudir al Tribunal y una Secretaría General que cada vez anima menos a los Estados miembros a hacerlo; los ejemplos que podría citar son desgraciadamente numerosos.

La ineficacia del control del Derecho comunitario también se debe a la falta de recursos: señora Presidenta, en relación con una directiva que hemos examinado exhaustivamente, la Directiva 2004/38/CE, que ha recibido 1500 denuncias. Se trata de la Directiva relativa a la libre circulación de los ciudadanos, se han presentado 1500 denuncias, pero sólo se han iniciado 19 procedimientos de infracción.

A continuación, en relación con el proyecto piloto, ya he señalado el problema que representaría una reducción de la fuerza de persuasión y el hecho de que los plazos no siempre pueden recortarse. Resulta evidente que, cuando en el proyecto piloto se tratan cuestiones como una contaminación ya confirmada o normas de caza que contravienen de forma obvia y abierta las normas comunitarias, no puede afirmarse que los Estados miembros actúen, porque ello sólo sirve para retrasar aún más los procedimientos.

Por último, señora Presidenta, tenemos un problema que considero preocupante y que es relativamente reciente, me refiero al efecto combinado de la extrema formalidad, que sigue aumentando, de las respuestas que da la Comisión y la creciente arbitrariedad de las decisiones. Hace poco se cerró un procedimiento de infracción por motivos de conveniencia política; me refiero al proyecto MoSE. Resulta evidente que cuando la conveniencia política interviene en un proceso de seguimiento que debería ser ante todo de carácter jurídico, las cosas pueden complicarse.

Por último, dentro de nuestra propia institución, el Parlamento, nos enfrentamos a un problema muy grave, porque las reformas que vamos a debatir y votar en mayo incluyen propuestas para reducir de forma considerable las competencias de la Comisión de Peticiones. Este sería un error sumamente grave, porque una reducción de los poderes de las peticiones implica una reducción del poder de los ciudadanos, de las denuncias y de la tramitación de las infracciones del Derecho comunitario.

  Presidenta. - Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy.