Acta literal de los debates

Jueves 8 de octubre de 2009 - Bruselas

8. Explicaciones de voto

- Explicaciones de voto orales:

- Informe Renate Weber (A7-0011/2009)

  Jan Březina (PPE). – (CS) Señora Presidenta, la República Checa fue una de las primeras en la iniciativa de presentar el proyecto de la Decisión marco del Consejo sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procedimientos penales, y esto demuestra que la República Checa concede una importancia considerable a la cooperación judicial. En vista de lo delicado de la cuestión, sin embargo, es necesario garantizar que esta cooperación se lleve a cabo dentro de los límites de la autoridad concedida a la Unión Europea a raíz del tratado fundador. Eso está sucediendo en este caso. El punto débil, por otra parte, es una generalidad relativamente pronunciada, por ejemplo, en la ausencia de plazos para obtener una respuesta de una autoridad competente o la falta de criterios para determinar cuál es la autoridad judicial más adecuada para cursar un procedimiento penal. Otro inconveniente es la escasa integración con Eurojust, que debería haber sido el foco de atención. Como el organismo rector de la cooperación europea en cuestiones judiciales, Eurojust tiene un potencial mucho mayor, si bien latente, del que se le ha asignado en el proyecto de la Decisión marco, que ni siquiera establece un requisito de informar a Eurojust a la hora de resolver problemas de procedimientos penales por delitos transfronterizos en un único Estado miembro.

  Philip Claeys (NI). – (NL) Señora Presidenta, he votado en contra de este informe, pero no porque me oponga al intercambio de información entre las autoridades nacionales acerca de los procedimientos penales. Es una buena idea averiguar si existen procedimientos paralelos en curso por los mismos hechos en otros Estados miembros.

No obstante, a lo que me opongo es al tono federalista de las diferentes enmiendas. Por ejemplo, véase el caso de la enmienda 3, que deniega de forma explícita a todos los Estados miembros la capacidad de decidir qué autoridades son competentes para actuar. De ninguna manera estoy en contra de Eurojust, pero no debe convertirse en una «superinstitución».

- Propuesta de resolución común: Cumbre del G-20 en Pittsburgh (24 y 25 de septiembre de 2009) (RC-B7-0082/2009)

  Zigmantas Balčytis (S&D). – Señora Presidenta, he votado a favor de la resolución. Me complace ver que tanto Europa como los países más potentes no menosprecian la gravedad de la situación en la que estamos y que no buscan un enfoque global. La crisis ha derivado de una serie de factores complejos e interrelacionados, y no resultará fácil superar esta situación.

La crisis financiera mundial también nos ha brindado la oportunidad de reconsiderar nuestras acciones y prioridades, sobre todo, en la gestión a largo plazo de la recuperación económica sostenible. Tenemos compromisos con nuestros ciudadanos y confiamos en ellos para que nuestras economías vuelvan a moverse a todo gas con el fin de garantizar el funcionamiento eficaz de los mercados de capitales y de las actividades de préstamos, apoyar y promover el empleo y proteger a las personas, prestando especial atención a los más pobres y vulnerables. No va a ser una tarea sencilla, pero creo que vamos en la dirección adecuada.

  Daniel Hannan (ECR). – Señora Presidenta, proponemos muy seriamente empeorarlo. La causa de la crisis financiera ha sido una intervención excesiva del Estado: primero en el sentido de que los tipos de interés se mantuvieron demasiado bajos durante mucho tiempo de forma deliberada, tratándose más de una decisión política que de una decisión del mercado —de la que han sido cómplices todos los bancos centrales— y, entonces, en ese sentido, justo el año pasado, las legislaturas empezaron a impulsar a los prestamistas a que vendieran los préstamos más baratos.

Por tanto, los líderes del G-20 se reúnen y dicen «¿Cuál es la solución? Más intervención estatal». Supongo, como ya observó en una ocasión Mark Twain, que si sólo se tiene un martillo, todo empieza a parecerse a un clavo. Pero lo cierto es que todas las acciones que han realizado, en el mejor de los casos, han sido inútiles y, en el peor de los casos, han deteriorado de forma activa nuestra situación: los rescates, la nacionalización, la pretensión de perseguir a los paraísos fiscales (que de hecho son países con tasas impositivas más competitivas que las suyas) y la masiva ampliación de la jurisdicción estatal con el pretexto de la «contingencia». Y ahora queremos reformar todo el sistema financiero. Voy a terminar con las palabras de un antiguo compatriota, el señor Justice Asprey: «¿Reforma? ¿Es que las cosas no van ya lo suficientemente mal?».

  Lena Ek (ALDE). – Señora Presidenta, tengo que hacer dos comentarios acerca de la reciente votación celebrada en la Cumbre del G-20 en Pittsburgh. Lamento, y es deplorable, que haya tan pocos recursos a la hora de solucionar la crisis climática en esta resolución y también en el material de la Cumbre del G-20. También se menciona el Impuesto Tobin, un impuesto que grava las transacciones financieras, que creo que puede ser una nueva forma de financiar la ayuda al desarrollo y la ayuda a los países en desarrollo cuando se planteen problemas climáticos.

El motivo por el que no he votado a favor de las enmiendas es que se han expresado de una forma muy «a la antigua usanza», como si estuviéramos celebrando un debate sobre el Impuesto Tobin veinte años atrás. La nueva forma de debatir si se trata de una nueva fuente de financiación para las Naciones Unidas apunta a algo diferente, y espero que volvamos a esta Cámara para debatir al respecto.

- Propuesta de resolución: los efectos de la crisis financiera y económica mundial en los países en desarrollo y en la cooperación al desarrollo (B7-0078/2009)

  Zigmantas Balčytis (S&D). – Señora Presidenta, he apoyado esta resolución, pues creo que ya es hora de que todos los actores asuman sus responsabilidades y de que cumplan sus compromisos con los países en desarrollo. Es cierto que la crisis financiera y económica mundial ha azotado muy duro incluso a los países más desarrollados, pero no debemos olvidar que los más afectados han sido los países más pobres. Tenemos que tener en cuenta que los países en desarrollo no son la causa de la crisis, pero ahora son los que cargan con un gran peso.

La aplicación de los Objetivos del Milenio ahora corre un grave peligro. Acojo con mucha satisfacción el reconocimiento del G-20 para asumir una responsabilidad colectiva, y espero que todas esas promesas se conviertan en acciones reales.

  Krisztina Morvai (NI). – Señora Presidenta, he respaldado este informe porque creo que se necesita un nuevo paradigma en el mundo; un nuevo paradigma en el que pasemos de una toma de decisiones centrada completamente en el beneficio y en el dinero a una toma de decisiones centrada en la comunidad y en el bienestar del ser humano, y de la lógica de la competencia a la lógica de la justicia.

Considero que este informe es, al menos, una semilla. No digo que apoye totalmente el nuevo paradigma, pero que al menos contenga las semillas de un nuevo paradigma, sobre todo, en el apartado 2, que estipula: «Cree que existe una necesidad urgente de llevar a cabo una reforma política radical para hacer frente a las causas sistémicas de la crisis alimentaria y financiera mediante el establecimiento de nuevas normas democráticas y transparentes respecto del comercio internacional, así como del sistema financiero internacional».

Confío y espero que nos tomemos esto muy en serio. Hay causas importantes de la crisis y realmente tenemos que centrarnos en dichas causas de forma sistemática y radical. Necesitamos un nuevo paradigma radicalmente.

  Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Señora Presidenta, he votado a favor de esta resolución. La crisis económica y financiera mundial ha afectado a todos los países, pero ha tenido unas consecuencias devastadoras particularmente en los países más pobres. La crisis ha influido negativamente en todas las fuentes de financiación, y estos países no pueden mantener lo que han conseguido, sin contar con ayuda en el exterior.

La crisis ha amenazado a los Objetivos del Milenio establecidos para el año 2015. Por tanto, respaldo el plan de aplicar, antes de lo previsto, los 8 800 millones de euros de ayuda al desarrollo para asistencia presupuestaria y medidas rápidas para la financiación agrícola, y la propuesta de asignar 500 millones de euros para los gastos derivados del bienestar social. No obstante, no apoyo los artículos de esta resolución relacionados con el impuesto Tobin.

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Señora Presidenta, yo he votado a favor de la resolución y también a favor de las enmiendas que establecen la tasa Tobin.

Por coherencia personal, porque ya el año 2002, siendo parlamentaria vasca, el Parlamento Vasco aprobó una resolución en la que decía que considerábamos necesario abordar el fenómeno de los movimientos internacionales de capitales, de acuerdo con el impacto social y económico en el conjunto del planeta, que debíamos introducir criterios y mecanismos que garantizaran unos mecanismos de control y aportación al desarrollo humano, a la superación de las desigualdades entre pueblos y sectores sociales y al equilibrio ambiental, y que teníamos la obligación de crear mecanismos que restringieran los movimientos especulativos.

De la misma manera, creíamos que teníamos la obligación de contribuir al desarrollo de propuestas que abordaran el control democrático y el sentido social de los movimientos internacionales de capitales y fijábamos también y aprobábamos la necesidad de establecer con carácter urgente la denominada tasa Tobin, una tasa sobre las transacciones financieras internacionales destinada a la ayuda al desarrollo, así como de establecer mecanismos democráticos de regulación del sistema internacional.

Me alegro de que, transcurridos algunos años desde que el Parlamento Vasco aprobara esta decisión, el Parlamento Europeo haya aprobado una resolución en este sentido.

  Daniel Hannan (ECR). – Señora Presidenta, quisiera darle la enhorabuena por la forma tan delicada, hábil y profesional en la que ha ejercitado las prerrogativas de la Presidencia.

Durante cincuenta años, las políticas agrícolas y comerciales europeas han estado causando una pobreza evitable en el Tercer Mundo. Al mismo tiempo, hemos excluido productos de países donde la exportación agrícola es la principal fuente de ingresos y, a su vez, hemos exportado nuestros excedentes —nos hemos deshecho de nuestros excedentes de forma ineficaz— a sus mercados. Después, hemos intentado lavar nuestra conciencia con masivos programas de ayuda que no han servido para mejorar las condiciones de dichos países sino que, por el contrario, han roto la distinción entre representación y fiscalidad, han servido para retrasar el desarrollo democrático en muchas partes del mundo.

Pero podríamos hacer algo mañana que tuviera un efecto transformador, ventajoso e inmediato en los países de los que estamos hablando: podemos abolir la política agrícola común. Lo mejor es que no nos costaría ni un céntimo. Por el contrario, nuestros agricultores estarían mejor, nuestro espacio rural saldría beneficiado, nuestros impuestos bajarían y también el precio de los alimentos, hecho que reduciría la inflación y mejoraría la situación de la economía mundial en términos generales.

Y, por si pensaban que me había olvidado, no he cambiado de idea y, por tanto, sigo pensando que necesitamos someter a referéndum el Tratado de Lisboa: Pactio Olisipiensis censenda est.

  Philip Claeys (NI). – (NL) Señora Presidenta, la hipocresía y las contradicciones de esta Cámara me siguen asombrando. Por una parte, esta resolución define claramente que es una humillación que las personas más preparadas e inteligentes estén dejando los países en desarrollo y que esa fuga de cerebros esté perjudicando su economía. Por otra parte, el espectro político de esta Cámara apoya la tarjeta azul europea y los centros de acogida europeos para la migración legal de África: la causa fundamental de esta fuga de cerebros. A fin de cuentas, la experiencia ha demostrado que los «emigrantes circulares» siguen en Europa. Hay muchas más razones por las que he votado en contra de esta resolución, como su defensa por más y más ayuda al desarrollo europeo. Si Europa va a desempeñar un papel en la cooperación al desarrollo de alguna manera, debería ejercer de coordinadora entre los Estados miembros y no de donante.

  Edward Scicluna (S&D). − (MT) La mayor parte del trabajo que este Parlamento y otros gobiernos realizan en este ámbito parece dirigido a apagar un incendio. Se hacen esfuerzos de prevención en vista del cambio climático. No obstante, también necesitamos trabajar en materia de subdesarrollo como una forma de prevención. Muchos de los problemas de inmigración con los que nos enfrentamos no son políticos, sino económicos, sobre todo, en el Mediterráneo, y por tanto tenemos que prestar ayuda a fin de evitar que este problema siga creciendo.

- Explicaciones de voto por escrito:

- Informe Reimer Böge (A7-0021/2009)

  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. – (RO) He votado a favor de la solicitud que ha hecho Italia de ayuda en lo que respecta al acceso al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para reconstruir la región de los Abruzos, una región que sufrió graves daños a raíz del terremoto de abril de 2009, basándose en consideraciones humanitarias para un país en problemas. Teniendo en cuenta la razón por la que existe este instrumento a nivel de la Unión Europea, que consiste en abordar las cuestiones relacionadas con los desastres naturales y mostrar solidaridad con las regiones afectadas por tales desastres, quisiera dirigir la atención a la necesidad de emprender procedimientos más rápidos para poner a disposición de los estados afectados los fondos necesarios.

  Louis Bontes, Barry Madlener y Laurence J.A.J. Stassen (NI), por escrito. − (NL) El Partido de la Libertad y el Progreso (PVV) holandés está a favor de la ayuda de emergencia, pero son los Estados miembros y no la Unión Europea los que deberían prestar dicha ayuda.

  David Casa (PPE), por escrito. − En abril de 2009, un terremoto azotó Italia causando graves daños. Por este motivo, la Comisión propuso la movilización del Fondo de Solidaridad Europeo para ayudar a Italia. De hecho, los acontecimientos que tuvieron lugar en Italia fueron realmente trágicos. Por tanto, estoy de acuerdo con que la movilización del Fondo de Solidaridad está justificada y, por ello, he votado a favor.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. − (PT) He votado a favor del Informe Böge sobre la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea en favor de Italia porque considero que la Unión Europea debe responder, con la máxima celeridad, a la solicitud de ayuda presentada por este país, a fin de mitigar las trágicas consecuencias del terremoto que sacudió, en abril de 2009, la región italiana de los Abruzos y se cobró la vida de trescientas personas, causando daños muy graves.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. − (PT) Como ya tuve oportunidad de manifestar anteriormente, entiendo que la solidaridad entre los Estados miembros de la Unión Europea y, en particular, el apoyo europeo a los países que han sido víctimas de catástrofes, constituyen una señal clara de que la Unión Europea ya no es meramente una zona de libre comercio. Al adoptar instrumentos de ayuda especial, como el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, la Comunidad demuestra que es capaz de permanecer unida ante la adversidad, en las situaciones que son particularmente exigentes en términos humanos y materiales. Debo por tanto celebrarlo y expresar mi apoyo, una vez más, a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea en esta ocasión para asistir a las víctimas del terremoto que sacudió la región italiana de los Abruzos en abril de 2009.

Quisiera reiterar mi deseo de que el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea no se utilice con demasiada frecuencia, ello significaría que Europa no sufre muchas más emergencias graves, pero también mi deseo de que su estructura y su disponibilidad sean progresivamente mejoradas y frecuentemente evaluadas a fin de poder hacer frente a cualquier necesidad potencial real de una forma rápida y no burocrática.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. − (PT) El texto aprueba la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea en favor de Italia después del terremoto de abril de 2009 que se cobró la vida de trescientas personas, causando daños muy graves. Se calcula que los daños directos totales ocasionados por el terremoto superan los diez millones de euros y, de acuerdo con los criterios de intervención del Fondo, esta catástrofe se ha considerado una «catástrofe natural grave» y, como tal, entra en el campo de aplicación principal del fundamento jurídico.

La Comisión propone por ello la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por un total de 493 771 159 euros. No olvidemos que sigue pendiente en el Consejo la propuesta de revisión del reglamento establecida por este Fondo, presentada por la Comisión y rechazada por el Parlamento en mayo de 2006.

A nuestro juicio, es importante, entre otras cosas, garantizar la elegibilidad de las catástrofes regionales, o incluso salvaguardar la posibilidad de que se reconozca la especificidad de las catástrofes naturales sufridas en el Mediterráneo y la adaptación de este Fondo —en términos de tiempos de respuesta y de acciones elegibles— a las necesidades específicas de las catástrofes naturales tales como la sequía y los incendios.

  Marian-Jean Marinescu (PPE), por escrito. – (RO) Hoy he votado a favor del Informe Böge sobre la movilización del Fondo de Solidaridad en favor de Italia. Aplaudo el hecho de que este informe haya sido incluido en el orden del día, a pesar de las dificultades. En el futuro, el órgano administrativo del Parlamento Europeo deberá ser capaz de prever las situaciones como la que hemos vivido hoy. No cabe alegar motivos técnicos para posponer la votación de informes que tengan repercusiones graves para los ciudadanos europeos. La Comisión Europea debe revisar los procedimientos relativos a la movilización del Fondo de Solidaridad a fin de acelerar el pago de los subsidios. Es necesario establecer un sistema de pago anticipado, sobre la base de una evaluación inicial inmediata de las pérdidas directas sufridas. El pago final se hará posteriormente sobre la base de los cálculos finales de las pérdidas directas y con pruebas justificativas las medidas de prevención adoptadas como consecuencia del desastre.

  David Martin (S&D), por escrito. − He votado a favor de la enmienda 7. Me siento muy satisfecho de que se hayan organizado los servicios con rapidez para celebrar la votación y espero que se pongan a disposición de Italia los fondos requeridos, con la mayor rapidez posible, a fin de brindar asistencia rápida y eficaz.

  Barbara Matera (PPE), por escrito. − (IT) Quisiera felicitar al Parlamento por suspender ayer, a petición mía, la votación sobre la movilización del Fondo de Solidaridad para el terremoto de la región los Abruzos, que sucedió en abril y causó pérdidas humanas y materiales muy graves. No existía realmente ninguna razón para posponer, ni siquiera durante dos semanas, una votación que tiene un impacto tan importante sobre las vidas de ciudadanos europeos que atraviesan una situación de dificultad.

La Comisión Europea realizó la investigación preliminar en muy poco tiempo y concedió a Italia la cantidad exacta solicitada, esto es, 493 771 159 euros, que bien podría ser la cantidad más elevada concedida, hasta la fecha, de este fondo. Con esta votación, el Parlamento demuestra su unidad y su solidaridad con las poblaciones afectadas. Normalmente, la movilización de este fondo suele costar alrededor de dieciocho días. En esta ocasión hemos alcanzado la fase de consulta en el Parlamento con gran rapidez, habida cuenta de que el terremoto sucedió hace sólo cinco meses. Por ello, espero sinceramente que la Comisión y el Consejo reduzcan los plazos correspondientes al resto del procedimiento tanto como sea posible y garanticen así el acceso de Italia a dichos fondos para finales de este año.

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), por escrito. − Los efectos del terremoto de los Abruzos fueron devastadores y trágicos y la financiación que hemos aprobado hoy no puede, evidentemente, compensar la terrible pérdida de vidas humanas o la destrucción física de las comunidades causadas por esta catástrofe natural. No obstante, la financiación del Fondo de Solidaridad de la UE supondrá una gran ayuda para la región y para su recuperación a largo plazo. Además, la existencia y la operación efectiva de este fondo demuestran la solidaridad entre los Estados miembros de la Unión Europea. Los programas y los mecanismos destinados a la aplicación de medidas prácticas hacen de nosotros una unión más fuerte, y más capacitada para enfrentar las crisis, ya sean situaciones de empeoramiento económico o catástrofes naturales.

  Rafał Kazimierz Trzaskowski (PPE), por escrito. – (PL) Ante una tragedia en la que algunas personas han perdido a sus seres queridos y, en muchos casos, todas sus pertenencias, y se ha destruido una hermosa ciudad de gran antigüedad, el hecho de apoyar una propuesta semejante constituye un gesto de mera decencia. El Fondo de Solidaridad de la UE es un ejemplo de actuación comunitaria común y efectiva en una situación en la que uno de sus miembros ha sido golpeado por una tragedia semejante. El Fondo de Solidaridad de la UE permite la prestación de ayuda rápida y de emergencia y transmite, sin lugar a dudas, una señal positiva a sus ciudadanos.

  Derek Vaughan (S&D), por escrito. − Acojo con satisfacción la votación positiva sobre la liberación de fondos para las víctimas del terremoto de los Abruzos. Nuestra reacción ante las catástrofes naturales, como por ejemplo la devastación que hemos visto en Italia, debe ir más allá del terreno político. El hecho de que se actúe para ayudar a las víctimas de esta catástrofe a reconstruir sus vidas, sus hogares y su futuro es sin duda algo con lo que estarán de acuerdo todos los diputados a este Parlamento con un mínimo de humanidad.

El Fondo de Solidaridad de la UE nos permite actuar como comunidad para aliviar la miseria y el sufrimiento. Desde su creación, el Fondo se ha utilizado para ayudar a personas pertenecientes a más de la mitad de los Estados miembros de la UE y en más de veinte desastres, desde inundaciones hasta incendios forestales, sequías y erupciones volcánicas. También quisiera señalar que los ciudadanos del País de Gales figuran entre los beneficiarios de esta financiación tras las terribles inundaciones de 2007.

No obstante, también hay que prestar atención a los ingresos del fondo y existen argumentos suficientes para permitir que tenga sus propios recursos de modo que la movilización del fondo no afecte a otros proyectos.

Espero que este dinero pueda servir, de alguna manera, para la reconstrucción no sólo de los edificios, sino también de las comunidades destruidas.

- Informe: Renate Weber (A7-0011/2009)

  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. – (RO) La mejora de la cooperación judicial en los procedimientos penales entre autoridades con competencias paralelas constituye una medida particularmente importante. Si las acciones que han provocado que se cometa una ofensa inciden en las competencias de dos o más Estados miembros, los procedimientos penales deberán ser tramitados de conformidad con la jurisdicción más adecuada, siendo esencial la creación de marco común y uniforme para elegir dicha jurisdicción de un modo objetivo y transparente. La aplicación fallida del principio ne bis in idem que se establece en el Convenido de aplicación del Acuerdo de Schengen constituye una violación de los derechos fundamentales y contraviene el objetivo de la UE de crear un espacio común de libertad, seguridad y justicia. El informe por el que he votado apoya la garantía del respeto de este principio a través del espacio judicial europeo en su totalidad y no sólo como parte de los procedimientos nacionales. Por eso acojo con satisfacción la adopción de este informe durante el período de sesiones de ayer.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. − (LT) He votado a favor de este informe porque los asuntos relativos a los conflictos de jurisdicción deben ser resueltos de la manera más eficaz posible intentando alcanzar el consenso. Debería alegrarnos el hecho de que se garantice el principio ne bis in idem en el ámbito de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Es de lamentar que el informe no establezca unos métodos de resolución de los conflictos de competencia, métodos que determinen qué estado debería ejercer su jurisdicción. Tampoco se define con claridad cuál es la función de Eurojust. No obstante, este informe constituye un estímulo para esforzarse por alcanzar otras decisiones importantes en el ámbito de la libertad de los ciudadanos, la justicia y los asuntos de interior.

  David Casa (PPE), por escrito. − En un mundo cada vez más globalizado y en una situación en la que existen veintisiete Estados miembros de la UE, la posibilidad de que surjan conflictos de jurisdicción es grande y podría causar dificultades. Por todo ello, he emitido un voto afirmativo.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. − (PT) Considero que es fundamental que se mejore la eficiencia de los procedimientos penales, a la vez que se garantiza una administración correcta de la justicia. Esta Decisión marco contribuirá a la prevención y a la resolución de conflictos de jurisdicción, a garantizar que los procedimientos se inicien en la jurisdicción más apropiada y a conferir mayor transparencia y objetividad a la elección de la jurisdicción penal en situaciones en las cuales los acontecimientos recaigan sobre la jurisdicción de más de un Estado miembro.

Espero que, de este modo, puedan prevenirse los procedimientos penales paralelos e innecesarios, sin que ello provoque, no obstante, una mayor burocracia cuando se aborden casos en los que se pueda acceder con rapidez a opciones más apropiadas, como es el caso de acuerdos o instrumentos más flexibles ya establecidos por los Estados miembros, los cuales deberán prevalecer. De hecho, la existencia de situaciones en las que las mismas personas puedan ser objeto de procesos penales paralelos en relación con los mismos hechos y en diferentes Estados miembros puede dar lugar a la violación del principio ne bis in idem, el cual debe aplicarse de manera eficaz en todo el espacio judicial europeo. Asimismo, apoyo una mayor participación de Eurojust desde las fases iniciales del proceso.

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson y Marita Ulvskog (S&D), por escrito. − (SV) Los socialdemócratas suecos hemos decidido abstenernos porque consideramos que son los propios Estados miembros quienes deberían decidir qué autoridades se consideran competentes mediante procedimientos de consulta. También consideramos que la participación de Eurojust debería ser complementaria y secundaria en relación con los Estados miembros y que el mandato de la agencia no debería ampliarse en modo alguno debido a esta decisión.

No obstante, varios puntos del informe del Parlamento sí que constituyen una mejora de la propuesta de Decisión marco. La existencia de plazos claros, de garantías procedimentales y de otros mecanismos de protección es importante no sólo para las autoridades nacionales sino también, y muy especialmente, para los sospechosos o imputados de un hecho delictivo.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. − (PT) Una acción coordinada por parte de los Estados miembros sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procedimientos penales resulta esencial para una justicia más eficaz en la tramitación de procedimientos de este tipo. Por consiguiente, es deseable que se concentren en un solo Estado miembro los procedimientos penales que afecten a varias jurisdicciones, de conformidad con unos criterios objetivos y en aras de la transparencia necesaria, no sólo para evitar una pérdida de tiempo y de recursos, sino también debido a los costes implicados y porque es esencial mejorar la coherencia y la eficiencia de los procedimientos.

El contacto directo entre las autoridades nacionales competentes, también con la mayor brevedad posible, resulta por ende esencial para determinar la jurisdicción competente y para el correspondiente traslado de los procedimientos. En este contexto, es importante recordar cuáles son los derechos de los imputados a lo largo de todo el proceso penal, dado que uno de los objetivos básicos de la Unión Europea consiste en ofrecer a sus ciudadanos un espacio de libertad, de seguridad y de justicia sin fronteras internas.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Hemos votado en contra de este informe debido a que pretende establecer un refuerzo de la función de Eurojust. Desde un punto de vista legal, el proyecto de Decisión marco del Consejo protege mejor la justicia de las decisiones tomadas, debido, sobre todo, a que garantiza claramente el principio ne bis in idem: nadie puede ser condenado dos veces por los mismos procedimientos penales. Si bien la ponente ha reconocido este hecho, las enmiendas introducidas refuerzan la función de Eurojust en áreas que inciden en la jurisdicción exclusiva de los Estados miembros. De este modo, y por medio de su intervención anticipada en los procedimientos, se otorga mayor autoridad a Eurojust que a los Estados miembros, ya que se les retira la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre quién tiene autoridad sobre los procedimientos.

No podemos aceptar que esto se haga para justificar «la pérdida de tiempo y de recursos». La transferencia de las jurisdicciones de los Estados miembros a la UE en términos de justicia y en otras esferas, debilita su soberanía y se está demostrando que no sirve a los intereses públicos en defensa de los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos. Éste es, en nuestra opinión, otro ejemplo de esto mismo.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) El principio ne bis in idem —según el cual una misma persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo delito— constituye un principio jurídico fundamental de la democracia. Yo mismo he sido víctima de la violación de este principio en Francia, al estar siendo procesado, por orden gubernamental, por un hecho por el que, sin embargo, ya se ha demostrado mi inocencia en el Tribunal de casación.

Se lo debo particularmente al abuso de autoridad de la señora Wallis, ponente sobre mi inmunidad, que ha permitido que se utilice todo lo habido y por haber para despojarme de la protección a la que tendría derecho si se aplicasen las reglas de la justicia, de la moralidad y de la jurisprudencia de este Parlamento.

Sin embargo, el informe de la señora Weber no pretende evitar estos casos de ne bis in idem. Para ello ya existe un convenio europeo que data del año 2000 y que al parecer funciona a satisfacción de los abogados y de conformidad con los principios del Estado de derecho.

No, el Informe Weber pretende, básicamente, otorgar a Eurojust, a quien muchos desearían ver convertida en una fiscalía europea, en un poder de control y de decisión sobre las jurisdicciones nacionales. Por este motivo hemos votado en contra.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − He votado a favor del informe Weber sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procedimientos penales. Cada vez son más las actividades delictivas graves de carácter transfronterizo y la UE tiene que desempeñar una importante función para combatirlas. La existencia de unos procedimientos más claros para el intercambio de información en los procedimientos penales mejorará la cooperación entre los Estados miembros y la capacidad individual de las naciones para combatir los delitos. Los derechos fundamentales deben respetarse siempre y, en mi opinión, el Informe Weber constituye una mejora con respecto a la propuesta de Decisión marco.

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), por escrito. − He decidido abstenerme en la votación final. Aunque en la votación conjunta fueron presentadas algunas buenas enmiendas sobre los derechos humanos (por ejemplo, las Enmiendas 6 y 15), también se presentaron enmiendas que trasladan las competencias de los Estados miembros a Eurojust (por ejemplo, las Enmiendas 3, 9, 16 y 18). Creo que los Estados miembros deberían conservar dichas competencias.

Propuesta de la Conferencia de Presidentes: Nombramientos en la Comisión Especial sobre la Crisis Financiera y Económica

  Diogo Feio (PPE), por escrito. − (PT) La constitución de la Comisión Especial sobre la Crisis Financiera y Económica puede resultar esencial para la preparación del futuro de la UE. La experiencia de sus miembros es fundamental para la ejecución de las tareas y las propuestas que va a presentar esta Comisión Especial. Creo que la lista de miembros incluye a miembros de esta Cámara respetados y con gran experiencia en las diversas áreas afectadas por el contexto de la crisis actual. Por consiguiente, también podrán participar en el debate y la presentación de las medidas relevantes destinadas a la corrección de los defectos del sistema financiero que ha provocado la situación actual y podrán realizar una importante contribución a la preparación de la posible adopción de una legislación futura mejor y debidamente justificada.

También considero que esta Comisión tendrá que mantenerse más allá de los doce meses previstos y que cabría revisar su composición a fin de permitir el seguimiento y la evaluación de las medidas que se van a adoptar en el contexto de la crisis actual.

- Propuesta de resolución común: Cumbre del G-20 en Pittsburgh (24 y 25 de septiembre de 2009) (RCB7-0082/2009)

  Regina Bastos (PPE), por escrito. − (PT) Acojo con satisfacción los acuerdos alcanzados en la Cumbre del G-20 en Pittsburgh. Estoy segura de que constituyen un paso hacia adelante. Las prioridades inmediatas deben ser asegurar un crecimiento robusto y sostenible de la economía real, garantizar el correcto funcionamiento de los mercados crediticio y de capitales, apoyar y promover el empleo y proteger a las personas de las repercusiones negativas de la crisis, dedicando una atención especial a los más pobres y vulnerables.

El rápido aumento de la deuda pública y de los déficits presupuestarios es preocupante. Es necesario reforzar la importancia de establecer unas finanzas públicas sostenibles a largo plazo para evitar sobrecargar a las generaciones futuras. No obstante, la falta de evaluación de las principales deficiencias en la reglamentación y supervisión que han provocado la crisis financiera resulta lamentable. Es prioritario comprender qué sucedió en ese ámbito y a fin de evitar que se vuelvan a cometer los mismos errores del pasado.

  Dominique Baudis (PPE), por escrito. – (FR) El mundo ha de enfrentar una contradicción muy difícil de resolver. Por un lado, la crisis económica y sus consecuencias sociales exigen medidas urgentes para restablecer el crecimiento de la creación de empleo, algo que figuraba en la agenda del G-20 en Pittsburgh. Por otro lado, y esto constituirá el reto de la conferencia de Copenhague, también es urgente luchar contra el cambio climático mediante una reducción del consumo energético. O, dicho de otro modo, debemos volver a poner en marcha la máquina y asegurarnos de que contamine menos. Además, no es posible solucionar estas cuestiones una por una: las dos son urgentes. La reactivación de actividad económica es urgente, y también lo es la limitación de las consecuencias derivadas de la actividad económica. Ayer, en el G-20, y en la conferencia sobre el cambio climático, mañana, la Unión Europea debe seguir un angosto camino entre dos amenazas igualmente importantes. Las instituciones europeas deben organizarse con la mayor rapidez posible de conformidad con el Tratado de Lisboa aprobado por los veintisiete países de la Unión. El presidente checo, el señor Klaus, tiene una gran responsabilidad con los quinientos millones de ciudadanos de la Unión por haber tratado de «ganar tiempo» para retrasar este momento.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. − (LT) La Unión Europea necesita una supervisión más estricta de los mercados financieros y el G-20 será la institución responsable de ello. Es importante garantizar una estabilidad fiscal a largo plazo para evitar que las generaciones futuras deban soportar una carga demasiado pesada y crear más empleo y proteger a las personas de las repercusiones de la crisis. Es especialmente importante dar prioridad a la creación de puestos de trabajo, a asegurar un crecimiento amplio y estable del sector de la economía real, salvaguardar adecuadamente los mercados de capital y las actividades crediticias, conservar y estimular el empleo, así como proteger a las personas de las consecuencias adversas de la crisis, dedicando una atención particular a los más pobres y a los más perjudicados. Hoy debemos reforzar el diálogo social a todos los niveles para intentar evitar la reducción salarial y garantizar que las subidas salariales sean proporcionales al crecimiento de la productividad. La creación de nuevos puestos de trabajo debe verse como el objetivo más importante.

  Pascal Canfin (Verts/ALE), por escrito. − El Grupo Verts/ALE ha votado a favor de la resolución sobre el G-20 por varios motivos, entre ellos, los siguientes: al hacer referencia a la creación de nuevos indicadores que vayan más allá del PIB, el PE muestra indicios claros de que la «recuperación económica» no debe basarse en un enfoque de mantenimiento del status quo, algo que encaja con nuestra petición de formular un «Nuevo Pacto Verde»; la resolución insiste en la necesidad de hacer frente a los desequilibrios que existen a nivel mundial, especialmente los desequilibrios en los tipos de cambio y la volatilidad de los precios de las materias primas dentro de marcos multilaterales; la resolución transmite una señal positiva con respecto a la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras, algo que no se había hecho antes; por lo que respecta a la crisis financiera, el PE hace una declaración firme acerca de la coordinación internacional destinada a evitar el arbitraje reglamentario. También subraya que la mejora de las normas prudenciales lograda en el contexto del G-20 consiste en un enfoque de «armonización mínima» que no debe impedir que la UE aplique normas más elevadas; en cuanto a la supervisión de los sectores financieros, el PE ha dado un paso muy significativo hacia un enfoque mejorado y más centralizado de la supervisión de los mercados financieros siendo el establecimiento de una autoridad de supervisión financiera única uno de sus objetivos finales.

  Maria da Graça Carvalho (PPE), por escrito. − (PT) El G-20 se ha comprometido a alcanzar un acuerdo en la Cumbre de Copenhague y es esencial que la UE siga desempeñando un papel de liderazgo en las negociaciones a fin de establecer un acuerdo ambicioso y equitativo. El acuerdo de Copenhague podría impulsar el crecimiento económico, fomentar la tecnología limpia y garantizar la creación de nuevos puestos de trabajo en los países industrializados y en desarrollo.

Para alcanzar un acuerdo firme en Copenhague, es esencial que exista consenso con respecto a la financiación y la prestación de apoyo técnico en materia de energía limpia, energía renovable y eficiencia energética en los países en desarrollo. Es importante definir un modelo concreto a fin de maximizar las posibilidades de que se llegue a un acuerdo en Copenhague. El acuerdo internacional debe garantizar la reducción colectiva de las emisiones de gases de efecto invernadero de conformidad con las recomendaciones incluidas en el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (25-40 % para 2020, con respecto a 1990) y debe fijar una reducción a largo plazo para la UE y otros países industrializados de al menos un 80 % para 2050, con respecto a 1990.

  David Casa (PPE), por escrito. − La Cumbre del G-20 celebrada en Pittsburgh los días 24 y 25 de septiembre fue exitosa en varios ámbitos tales como el debate sobre la necesidad de abordar las causas originales de las crisis financieras a fin de garantizar que no vuelvan a repetirse en el futuro. Estoy de acuerdo con ello y por eso he votado a favor de la resolución.

  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic y Alf Svensson (PPE), por escrito. − (SV) Hemos votado a favor de la resolución del G20. Sin embargo, hemos decidido votar en contra de la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras porque contrarrestaría la formación de capital de los países pobres y el crecimiento que ha sacado de la pobreza a personas y a países durante los últimos treinta años. También nos oponemos a la creación de un fondo anticíclico de puestos de trabajo a escala internacional, ya que existe el riesgo de que conserve unas estructuras antiguas y obsoletas impidiendo así el crecimiento y el desarrollo de nuevos puestos de trabajo. Se requeriría la introducción de un sistema de distribución y un impuesto internacional sin ningún control democrático y con el riesgo evidente de corrupción de todo tipo. Es importante que las personas afectadas por la crisis puedan recibir apoyo y ayuda, pero es mejor que esto se aborde a escala nacional y no a través de un sistema internacional y burocrático.

  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) La delegación de los representantes elegidos del Mouvement Démocrate (Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales para Europa – Francia) celebra la adopción de la resolución sobre las conclusiones del G-20. A través de este voto, el Parlamento Europeo reafirma que: la UE debe dotarse de un sistema de supervisión financiera y una autoridad financiera única; que tenemos que avanzar en la dirección de la estabilidad financiera a largo plazo a fin de no dañar a las generaciones futuras; que las prioridades inmediatas deben ser la creación de empleo y la protección de los ciudadanos de las repercusiones de la crisis. Hemos votado a favor de las Enmiendas 5, 8, 11, 12 y 13, y lamentamos que el Parlamento Europeo no haya avanzado más en relación con transparencia de la contabilidad, la lucha contra los paraísos fiscales y los compromisos medioambientales («Nuevo Pacto Verde»). También reiteramos nuestro compromiso con un impuesto sobre las transacciones financieras basado en el modelo del Impuesto Tobin. En este sentido, instamos al Parlamento Europeo a que inicie los debates relativos a la definición del citado impuesto.

  Frank Engel (PPE), por escrito. – (FR) Aunque estamos de acuerdo con las directrices principales de la Resolución del Parlamento Europeo sobre la Cumbre del G-20 celebrada en Pittsburgh —y por esta razón lo hemos apoyado— la delegación de Luxemburgo del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) desea manifestar sus reservas acerca de determinados elementos de dicha resolución que son insatisfactorios.

En primer lugar, las conclusiones de Pittsburgh aluden a la necesidad de que los beneficiarios de las medidas de rescate contribuyan al coste de las mismas. Esto no es lo mismo que la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras, tal y como sugiere la resolución del Parlamento. En segundo lugar, recomendamos un sistema de supervisión financiera que congregue, en el futuro, a las autoridades de supervisión nacionales y a los tres órganos europeos, cuya creación está en curso dentro del procedimiento legislativo europeo.

Por último, es importante impedir que se haga un uso generalizado del término «paraísos fiscales», extraído del G-20. Las jurisdicciones que no son en absoluto paraísos fiscales han sido incluidas de manera arbitraria en una lista «gris» mientras que los auténticos paraísos fiscales siguen escapando a todas las formas de presión ejercidas por el G-20 y por la OCDE. El hecho de denominar paraísos fiscales a los países con una tributación moderada no nos ayudará a alcanzar el final de una crisis cuyos orígenes son muy distintos.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. − (PT) He votado a favor de la Resolución del Parlamento Europeo sobre la Cumbre del G-20 celebrada en Pittsburgh los días 24 y 25 de septiembre porque considero que las dificultades económicas que estamos atravesando actualmente deben ser utilizadas como una oportunidad para fomentar los objetivos de la Estrategia de Lisboa y reiterar un compromiso de lucha contra el desempleo y el cambio climático, así como para crear una estrategia europea que se traduzca en una recuperación económica sostenible a largo plazo. No obstante, es de lamentar que no se haya aprobado la propuesta de un impuesto similar al Impuesto Tobin, ya que posibilitaría la limitación de la especulación excesiva y fomentaría la estabilidad financiera y la inversión a largo plazo.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. − (PT) En un contexto de crisis económica mundial con graves consecuencias sociales, las decisiones adoptadas por el G-20 tienen gran relevancia. Solamente con el esfuerzo coordinado de los miembros del G-20 podremos construir un sistema financiero que nos ayude a alcanzar un desarrollo económico más estable y sostenible en el futuro, evitando así crisis como la que estamos viviendo en la actualidad.

La Unión Europea no puede actuar de manera aislada ya que podría adoptar normas que no compartan otros países, algo que situaría a la economía europea en una situación de desventaja con respecto al mundo globalizado en el que vivimos.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − (PT) Aplaudo los acuerdos alcanzados en la Cumbre del G-20 en Pittsburgh. Como resultado de la globalización de capital, las acciones destinadas a combatir e impedir nuevas crisis pasan por la máxima cooperación que sea posible a escala internacional. Me complace enormemente que se haya alcanzado estos acuerdos, que toman en consideración la promoción del empleo y la regulación de los mercados, y espero que estos objetivos se materialicen «a gran escala». Por lo que respecta al impuesto sobre las transacciones financieras que permita el control de la especulación excesiva y fomente la inversión a largo plazo, sólo tendrá sentido si se aplica a escala mundial.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La resolución que se ha adoptado hoy es coherente con las posiciones que ya adoptaron varios órganos de la Unión Europea, incluido el Parlamento Europeo, en un intento por ocultar las verdaderas causas de la crisis económica y social manipulándola con el propósito de acelerar y fomentar la continuación y el desarrollo de las políticas que la provocaron. Entre otros aspectos, y con respecto a los paraísos fiscales, sólo considera que «han socavado la reglamentación financiera» mientras que se limita a recomendar que es necesario «que mejore la transparencia fiscal y el intercambio de información».

Lo que hace falta, y lo que la resolución no menciona, es la necesidad de alejarse de las políticas neoliberales de servicios de privatización y liberalización, de ataques a los derechos de los trabajadores y destrucción de la infraestructura manufacturera. Estas políticas son responsables del empeoramiento de las condiciones de vida, la deuda, el crecimiento del desempleo, la inseguridad laboral y la pobreza. Es necesario valorar el trabajo y a los trabajadores, proteger a los sectores productivos y a los servicios públicos, subordinar de un modo eficaz el poder económico al poder político, combatir y castigar la corrupción y los delitos económicos, así como poner fin a los paraísos fiscales.

  Robert Goebbels (S&D), por escrito. – (FR) He votado en contra de todas las enmiendas presentadas por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea acerca de la resolución sobre el G-20 para protestar contra la táctica del grupo de reabrir siempre los debates con enmiendas que son, por lo general, demagógicas. Los Verdes habían negociado la propuesta de resolución común y habían obtenido satisfacción en numerosas enmiendas. No obstante, no han firmado la resolución común y así pueden montar el espectáculo en la sesión plenaria.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Hemos votado en contra de la resolución sobre el G-20 por una buena razón: no cuestiona en ningún momento el sistema financiero mundial causante de la crisis. Llega incluso a afirmar que todavía necesitamos una mayor globalización, una mayor liberalización, con la denominada salvaguarda de las instituciones y los órganos multilaterales destinados a convertirse en un gobierno global.

Pero negarse a cambiar el sistema equivale a garantizar el fracaso de las pocas medidas útiles y necesarias propuestas. Intentar salvar, al precio que sea, el sistema tal y como lo conocemos hoy, con unos mercados cada vez más desconectados de la economía real, es sentar las bases de otras crisis y asegurarse de que no se alcance el objetivo declarado de creación de empleo.

La economía no constituye un fin por sí misma: es simplemente un medio al servicio de los objetivos políticos, del progreso de las sociedades y del desarrollo humano. Si nos rendimos a sus supuestos requisitos y nos dejamos llevar por las denominadas leyes invariables del mercado, nunca solucionaremos los problemas.

  Sylvie Goulard (ALDE), por escrito. – (FR) En nombre del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales para Europa, desearía explicar nuestra abstención en la votación de la enmienda del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea sobre un impuesto basado en el modelo del Impuesto Tobin. Nuestro grupo ha decidido constituir un grupo de trabajo dedicado a esta cuestión con el propósito de aclarar el objetivo y los detalles prácticos de dicho impuesto. Posteriormente, los grupos políticos, con pleno conocimiento de los hechos, podrán acordar un enfoque común para esta cuestión, un enfoque que signifique lo mismo para todos y que pueda ser defendido en los órganos internos que proceda.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − He votado a favor de la resolución sobre la Cumbre del G-20 celebrada en Pittsburgh. La crisis económica actual es auténticamente global tanto en sus causas como en sus consecuencias, y por ello, para hallar soluciones resulta esencial que exista una acción internacional coordinada. Todos los gobiernos nacionales tienen un papel que desempeñar en estas soluciones y la acción conjunta a escala de la UE garantizará que Europa se sitúe a la cabeza de la recuperación global. El Gobierno de Escocia está impulsando un programa destinado brindar apoyo a los puestos de trabajo y a las comunidades, reforzar la educación y las capacidades e invertir en innovación y en las industrias del futuro. Junto con los demás países de Europa seremos capaces de superar los retos a los que nos enfrentamos actualmente.

  Arlene McCarthy (S&D), por escrito. − Mis colegas laboristas y yo apoyamos firmemente el compromiso adquirido por el G-20 para trabajar por impuesto sobre las transacciones financieras. En vistas de los costes incurridos por los contribuyentes durante la crisis, es esencial que garanticemos que el sector financiero contribuya plena y justamente a mejorar las finanzas públicas. El Impuesto Tobin es un modelo propuesto de impuesto sobre las transacciones financieras. Nosotros no apoyamos la enmienda 8 porque debemos sopesar todas las opciones en vez de comprometernos expresamente con un impuesto «de tipo Tobin». Además, la enmienda sugiere que se considere una aplicación unilateral de dicho impuesto a escala de la UE. La industria de los servicios financieros es una industria global y nuestros esfuerzos deben permanecer orientados hacia el aseguramiento de un impuesto sobre las transacciones que sea eficaz y viable a escala global.

  David Martin (S&D), por escrito. − Me he abstenido en la votación de la enmienda 8 relativa a un impuesto sobre las transacciones financieras. Estoy a favor de dicho impuesto, pero creo que para que sea efectivo debe ser aplicado a escala global, y no a escala europea.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) La propuesta de resolución común sobre la Cumbre del G-20 en Pittsburgh contiene un gran número de elementos positivos. Por ejemplo, señala claramente cuáles son las dificultades de las medidas de estímulo de la política fiscal aplicadas en la mayoría de los estados. Se debe otorgar un papel importante a la consolidación de los presupuestos nacionales en los años venideros. También celebro que se esté intentando entender las causas de la crisis, haciendo mención a la especulación desenfrenada y a la falta de regulación en el mercado financiero. No obstante, sólo se ha hecho de forma superficial. No se ha penetrado en las reformas reales y necesarias. En vistas de la inmensa crisis en la que todavía nos encontramos y que, tristemente, todavía nos traerá más desempleo, es muy poco. Por ese motivo me he abstenido de votar.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) La propuesta de resolución sobre la Cumbre del G-20 en Pittsburgh declara explícitamente que la crisis es el resultado de los imprudentes e irresponsables riesgos asumidos por determinadas instituciones financieras además de una falta de regulación del mercado financiero. Así pues, se ha dejado la puerta abierta a la especulación. Es por tanto incluso más importante adoptar con rapidez unas normas apropiadas para los mercados. En este sentido, las ideas presentadas en la resolución son muy bien acogidas, tanto interna como externamente. Sin embargo, es lamentable que la propuesta se base en las disposiciones de Basilea II que, como sabemos por experiencia, han provocado prácticamente una deficiencia del flujo de capital dirigido a las pequeñas y medianas empresas. La abolición rigurosa del secreto bancario no es algo que yo esté en disposición de apoyar por mera cuestión de consideración hacia los pequeños clientes de los numerosos bancos, motivo por el cual he decidido abstenerme en la votación final.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) En primer lugar, aplaudo el hecho de que en la reunión del G-20 se abordaran cuestiones tan importantes como el crecimiento económico sostenible, el empleo y los fenómenos potenciales del cambio climático que podrían constituir una amenaza para la habitabilidad de nuestro planeta. Se trata de cuestiones globales de actualidad, consideradas universalmente esenciales para el proceso de crecimiento europeo.

A este respecto, acojo con satisfacción la decisión de mantener los estímulos para la recuperación económica y el compromiso manifestado con respecto a una estrategia que puede hacer viables los principios de la Agenda de Lisboa, en particular, el interés global por el Pacto Global para el Empleo. Con respecto a este punto, es importante subrayar la necesidad urgente de crear un fondo anticíclico de puestos de trabajo a escala internacional y paquetes de incentivos fiscales ambiciosos que apoyen la creación y conservación de empleo junto con políticas sociales enérgicas de apoyo a grupos vulnerables.

  Marit Paulsen, Olle Schmidt y Cecilia Wikström (ALDE), por escrito. − (SV) La crisis financiera se desencadenó en parte debido a que los bancos abusaron de la confianza depositada por sus clientes y asumieron riesgos excesivos con el dinero de sus clientes. En nuestra opinión, hace falta un debate más detallado sobre cómo abordar las transacciones financieras internacionales. No creemos que el Impuesto Tobin sea eficaz a la hora de impedir la especulación, pero acogemos con satisfacción un debate sobre el modo en que los bancos, las sociedades fiduciarias y las compañías aseguradoras pueden ayudar a crear un mercado financiero estable y saneado. La crisis financiera ha puesto de manifiesto la necesidad de soluciones internacionales para hacer frente a los problemas internacionales. Este debate debería por ende mantenerse a escala global, y no sólo dentro de la UE.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. − (PT) Quisiera aplaudir los acuerdos alcanzados en la Cumbre del G-20, los cuales me llenan de satisfacción y se han interpretado, universalmente, como un paso positivo.

Dado que han sido abordadas cuestiones tan importantes como la reglamentación y la supervisión de los mercados financieros y la sostenibilidad de las finanzas públicas, me gustaría hacer especial hincapié en la cuestión del crecimiento económico sostenible y el empleo.

Me complace que las prioridades adoptadas por el G-20 se basen en el crecimiento sostenible de la economía real, que no sólo será el motor que garantice la creación de puestos de trabajo, sino que también servirá de garantía para la protección de los ciudadanos de las repercusiones adversas de la crisis, especialmente los más pobres y vulnerables. También me complace que los líderes del G-20 se hayan comprometido a abordar la crisis del empleo a escala internacional, haciendo de la promoción del empleo el elemento central de los planes de recuperación.

Únicamente lamento que el G-20 no haya alcanzado un acuerdo con respecto a la lucha global contra el cambio climático.

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) Tras la Cumbre del G-20 en Pittsburgh era importante para el Parlamento Europeo transmitir un mensaje claro a los principales líderes mundiales. Eso es lo que se ha hecho con la resolución aprobada hoy, la cual señala que, aunque ya hayamos pasado lo peor de la crisis financiera, las consecuencias en términos presupuestarios y de empleo se seguirán notando durante mucho tiempo sin la acción conjunta de la Unión Europea, los Estados Unidos y China. Estos últimos ya han tomado decisiones relativas a la reforma del FMI, la supervisión de las compensaciones de los corredores bursátiles, las necesidades de capital y la transparencia relacionada con los productos financieros más complejos, así pues, esta reunión del G-20 no ha sido en vano.

Sin embargo, para avanzar en el control de la globalización, todavía es necesario realizar al menos tres acciones. La primera consiste en hacer frente realmente a los paraísos fiscales, todo ese dinero que falta de las arcas de los Estados. La segunda consiste en impedir que estalle una tormenta monetaria como resultado de la imposibilidad de reequilibrar los tipos de cambio y la búsqueda de devaluaciones competitivas. La tercera consiste en abordar la volatilidad de los precios de las materias primas básicas, especialmente de los alimentos, ya que ello contribuye al incremento de los desequilibrios y de la pobreza en el mundo.

  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito. – (PL) Señora Presidenta, Señorías, la Cumbre del G-20 celebrada recientemente en Pittsburgh ha confirmado la estabilización gradual de la situación económica. No obstante, todavía es necesario tener en cuenta una serie de problemas que podrían afectar a determinadas economías. La reunión constituyó una oportunidad para confirmar la determinación de los estados por reformar el sistema de reglamentación financiera. El mayor peligro, el que no podemos permitir, radica en un mayor crecimiento del desempleo, una caída de la demanda y una reducción de la producción. Los principios propuestos en Pittsburgh deberían conformar los pilares del desarrollo económico mundial común. La cumbre ha confirmado la necesidad de avanzar más en la creación de instituciones e instrumentos de inspección y vigilancia en una serie de áreas del mercado global.

  Peter Skinner (S&D), por escrito. − El Partido Laborista en el Parlamento Europeo apoya esta resolución y apoyó el progreso realizado en Pittsburgh el mes pasado. Sin compromisos de mejora de la vigilancia multilateral en el FMI y sin una mayor participación de las economías distintas de las de los miembros actuales, no es previsible que se alcancen unos resultados muy efectivos. Existen muchos motivos para recomendar esta resolución, y si se presta la debida atención, se pueden esperar grandes progresos con respecto a los problemas de la crisis financiera.

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) En primer lugar, aplaudo el hecho de que en la reunión del G-20 se abordaran cuestiones tan importantes como el crecimiento económico sostenible, el empleo y los fenómenos potenciales del cambio climático que podrían constituir una amenaza para la habitabilidad de nuestro planeta. Se trata de cuestiones globales de actualidad, consideradas universalmente esenciales para el proceso de crecimiento europeo.

A este respecto, acojo con satisfacción la decisión de mantener los estímulos para la recuperación económica y el compromiso manifestado con respecto a una estrategia que puede hacer viables los principios de la Agenda de Lisboa, en particular, el interés global por el Pacto Global para el Empleo. Con respecto a este punto, es importante subrayar la necesidad urgente de crear un fondo anticíclico de puestos de trabajo a escala internacional y paquetes de incentivos fiscales ambiciosos que apoyen la creación y conservación de empleo junto con políticas sociales enérgicas de apoyo a grupos vulnerables.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El Partido Comunista Griego ha votado en contra de la propuesta de resolución común de los conservadores, socialdemócratas y liberales, porque condensa la ambición estratégica de los monopolios de trasladar las consecuencias dolorosas de la crisis financiera y capitalista a las clases trabajadoras. Los portavoces políticos del capitalismo exhortan en su resolución a los gobiernos burgueses a que sigan brindando su apoyo a las grandes bestias monopolísticas con capital público especulativo y, al mismo tiempo, a que «establezcan unas finanzas públicas saneadas», o, lo que es lo mismo, recortes aún mayores en el gasto social, en la sanidad, en el bienestar, en la educación, etcétera, etcétera. Acogen con satisfacción la creación de «puestos de trabajo dignos» que sustituirán a los trabajos fijos a jornada completa por trabajos inseguros, flexibles y mal pagados, con los mínimos derechos posibles. Los representantes políticos de la plutocracia proponen esta «dignidad» a las clases trabajadoras. La resolución insta al refuerzo de las organizaciones imperialistas internacionales (el FMI, el Banco Mundial, la OMC) y sienta las bases de un rendimiento «ecológico» del capital con el pretexto del cambio climático y la liberalización plena del comercio internacional, que apunta hacia una penetración aún mayor de los monopolios en los mercados de los países pobres y en desarrollo y al saqueo de los recursos generadores de riqueza y de los recursos humanos.

- Propuesta de resolución: los efectos de la crisis financiera y económica mundial en los países en desarrollo y en la cooperación al desarrollo (B7-0078/2009)

  Maria da Graça Carvalho (PPE), por escrito. − (PT) Los países en desarrollo se ven gravemente afectados por sucesivas crisis tales como la crisis provocada por los precios de los alimentos y el combustible y el cambio climático. Están padeciendo las graves consecuencias de la crisis financiera y de la recesión económica. Es esencial que la UE y los Estados miembros asuman su responsabilidad como actores internacionales, cumpliendo con sus compromisos de ayuda pública al desarrollo, y que sigan contribuyendo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La UE ha adelantado 8 800 millones de euros de ayuda al desarrollo, apoyo presupuestario y financiación agrícola para que se tomen medidas inmediatas, y propone aportar 500 millones de euros para respaldar el gasto social en los países en desarrollo a través del mecanismo FLEX para los países ACP. Es importante que el apoyo presupuestario se centre en los ámbitos de la salud, el trabajo digno, la educación, los servicios sociales y el crecimiento ecológico. Se hace un llamamiento a la Comisión para que encuentre nuevas fuentes de financiación para garantizar el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), y también es importante que el FED se integre en el presupuesto comunitario. Asimismo, es necesario que exista una mayor coherencia entre las políticas de comercio internacional, presupuestarias, de cambio climático y de desarrollo de la UE.

La ayuda al desarrollo debe favorecer...

(Explicación de voto acortada de conformidad con el párrafo primero del apartado 1 del artículo 170 del Reglamento)

  David Casa (PPE), por escrito. − A pesar de que los países en desarrollo no fueron, bajo ningún concepto, los causantes de la crisis, no cabe duda de que han sido los más perjudicial y desproporcionadamente afectados por la misma.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. − (PT) Aunque la actual crisis financiera y económica tiene su origen en los Estados Unidos, sus consecuencias se han notado en todo el mundo. Ha afectado a Europa y, más gravemente, a los países en desarrollo, bien a través de costes humanos que han arrastrado a millones de personas a la pobreza extrema, o bien a través del debilitamiento de sus economías, ya débiles de por sí.

Es urgente que todas las entidades que desempeñen un papel activo en la ayuda pública al desarrollo —en particular las instituciones de Bretton Woods— respondan a esta situación con rapidez y eficacia. También es esencial que la Unión Europea y sus Estados miembros asuman las responsabilidades de actores de primera línea en la ayuda al desarrollo a través del cumplimiento de sus compromisos internacionales con estos países, con un incremento urgente de la ayuda destinada a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y con un incremento del volumen de la ayuda pública al desarrollo, que es insuficiente para que estos países puedan reaccionar a los daños colaterales de esta crisis.

También es apremiante, especialmente en vísperas de la Conferencia de Copenhague, que la UE y otros actores internacionales articulen sus políticas sobre comercio internacional, cambio climático, ayuda humanitaria y desarrollo. Por estos motivos, apoyo esta resolución.

  Corina Creţu (S&D), por escrito. – (RO) Como consecuencia de la crisis mundial, estamos viviendo una situación de emergencia relacionada con la ayuda humanitaria y al desarrollo, cuyo coste humano sigue en aumento, y más aún si tenemos en cuenta que esta recesión se produce tras la crisis generada por los precios de los alimentos y el combustible. Lamentablemente, una de las consecuencias directas de la crisis económica es la crisis de los donantes internacionales, en el contexto de un crecimiento acelerado del nivel de pobreza. Sólo en 2009, noventa millones de personas se han visto abocados a la pobreza extrema, mientras que el número de desempleados se ha incrementado en veintitrés millones. Las propuestas aprobadas para proporcionar ayuda a los países más vulnerables constituyen un rayo de esperanza para los países en desarrollo. No obstante, el alcance de estas propuestas no es lo suficientemente amplio, dado que los 6 000 millones de dólares obtenidos de la venta de reservas de oro del FMI y reservados para la ayuda a los países pobres solamente cubren el 2 % de sus necesidades actuales. Como consecuencia de ello, considero que debe ejercerse mayor presión sobre los Estados del G-20 para que asuman la responsabilidad específica y principal con respecto al desencadenamiento de la crisis mediante la movilización de recursos en concepto de apoyo frente a la crisis y destinados a los países en desarrollo. Con esta necesidad de racionalización del sistema en mente, acojo con satisfacción la crítica incluida en la resolución sobre la imposibilidad de la Cumbre de Pittsburgh de abordar la cuestión de la reforma de las instituciones financieras internacionales, habida cuenta de la lenta respuesta a la crisis de las instituciones de Bretton Woods.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. − (PT) Los países en desarrollo se han visto gravemente afectados por las consecuencias de la actual crisis financiera y económica y se teme que sufran una ralentización acusada, o incluso un grave declive, en su crecimiento y en sus índices de progreso. La UE y los Estados miembros, en su calidad de donantes significativos, deben tomar en consideración este hecho y considerar un incremento de la ayuda destinada a estos países. De lo contrario, algunos de ellos caerán de forma irremediable en unos niveles de pobreza que podrían desencadenar conflictos políticos o sociales, o agravarlos, y contribuir a los problemas de escasez de las regiones que se han esforzado, con dificultad, por alcanzar la paz y el desarrollo.

Este incremento, que debe estar orientado a la flexibilidad, la imaginación, la solidaridad y el sentido común, debe ir acompañado de una vigilancia rigurosa por parte de los donantes en lo referente al uso que se haga de la ayuda y de un seguimiento efectivo de los fondos puestos a disposición de los países beneficiarios, desde su transferencia hasta su destino final. Las sociedades civiles y los parlamentos de estos países deben participar en esta iniciativa en favor de la transparencia, y la UE debe fomentar la celebración de debates sobre el destino de la ayuda recibida.

Europa no puede, y no debe, aislarse e ignorar los problemas candentes que la rodean, ni siquiera en un contexto de empeoramiento de la situación económica.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Los países en desarrollo se han visto duramente golpeados por la actual crisis financiera y económica, causada por los bancos y otros especuladores de los Estados Unidos. Esto tiene un impacto masivo sobre las economías ya débiles de por sí y se traducirá en millones de desempleados nuevos. Los desempleados, en la medida de lo posible, buscarán su salvación en Europa, incrementando con ello todavía más la presión que ejerce la migración en este continente. Por todo ello, los europeos debemos apoyar a estos países en el fortalecimiento de sus economías. La ayuda al desarrollo en su forma actual no constituye una herramienta adecuada para este fin, puesto que son muchos los fondos que desaparecen en canales oscuros o son desviados a cuentas bancarias europeas pertenecientes a déspotas corruptos. Por este motivo, a pesar de las numerosas ideas positivas, me he abstenido de votar en la votación definitiva de la propuesta de la Comisión de Desarrollo.

  Marit Paulsen, Olle Schmidt y Cecilia Wikström (ALDE), por escrito. − (SV) La crisis financiera se desencadenó en parte debido a que los bancos abusaron de la confianza depositada por sus clientes y asumieron riesgos excesivos con el dinero de sus clientes. En nuestra opinión, hace falta un debate más detallado sobre cómo abordar las transacciones financieras internacionales. No creemos que el Impuesto Tobin sea eficaz a la hora de impedir la especulación, pero acogemos con satisfacción un debate sobre el modo en que los bancos, las sociedades fiduciarias y las compañías aseguradoras pueden ayudar a crear un mercado financiero estable y saneado. La crisis financiera ha puesto de manifiesto la necesidad de soluciones internacionales para hacer frente a los problemas internacionales. Este debate debería por ende mantenerse a escala global, y no sólo dentro de la UE.

  Sirpa Pietikäinen (PPE), por escrito. − (FI) Señora Presidenta, Señorías, tal y como pone de manifiesto la propuesta de resolución de la Comisión de Desarrollo, muy a su favor, la actual crisis financiera y económica ha golpeado más duramente a los países más pobres. Los objetivos de desarrollo alcanzados en numerosos países en desarrollo corren peligro y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio parece más difícil que nunca. A pesar de las muchas promesas de los países desarrollados, expresadas públicamente en las cumbres del G-20 y el G-8, por ejemplo, la cantidad de ayuda destinada a los países en desarrollo no se acerca ni de lejos a la comprometida. De hecho, incluso antes de que se desencadenara la crisis, la cantidad de ayuda procedente de muchos Estados miembros era muy inferior a lo que habían prometido.

La crisis también puede entrañar una nueva oportunidad. El notable crecimiento de los recursos del Fondo Monetario Internacional y los cambios realizados en el sistema de toma de decisiones de dicha organización son dos razones para pensar que podría haber desarrollos positivos. La reforma del FMI y los recursos adicionales son la respuesta a una necesidad acuciante, pero esto, por sí solo, apenas es suficiente para aliviar la situación que padecen los más pobres del mundo. Los países en desarrollo deben mantener su palabra en relación con su compromiso adquirido respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y al 0,7 % del PIB necesario para incrementar la ayuda al desarrollo. La financiación necesaria para la lucha y la adaptación al cambio climático constituye una responsabilidad adicional de la que el mundo desarrollado no puede escabullirse. El pilar fundamental sobre el que se sustenten las nuevas normas internacionales debe constituir una noción de mayor igualdad de oportunidades tanto a la hora de revisar las normas como a la hora de aplicarlas.

  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito. – (PL) Señora Presidenta, he votado a favor de la resolución porque creo que contiene una serie de observaciones muy pertinentes acerca de las causas y los efectos de la difícil situación que viven actualmente los países en desarrollo. Desearía subrayar especialmente que la crisis económica actual no es sólo el resultado del colapso de los mercados financieros, sino también de las crisis anteriores de la energía y los alimentos. Creo que resulta esencial que se adopten medidas destinadas a un uso rápido y más efectivo de los medios que han puesto a disposición los países desarrollados. Esto adquiere especial relevancia si pensamos en el hecho de que, actualmente, los países ricos están atravesando dificultades internas tales como un presupuesto insuficiente o limitaciones de carácter temporal. Vuelvo a subrayar, una vez más, que lo más importante es simplificar los procedimientos para que los fondos que sean trasladados de los países ricos a los pobres no desaparezcan en un mar de burocracia.

  Catherine Soullie (PPE), por escrito. – (FR) La prestación de ayuda a los países en desarrollo es una obligación que la Unión Europea no debe abandonar. La actual crisis financiera y económica le ha dado una nueva dimensión a la globalización. La idea de introducir un impuesto sobre las transacciones financieras era beneficiosa y el Presidente Sarkozy la ha convertido en una de sus prioridades. Al parecer, Europa ha sentado las bases y el mundo las ha seguido. Las nuevas, y saneadas, operaciones financieras internacionales tendrán que basarse en la justicia.

Por todo ello, lamento que se haya rechazado la Enmienda Striffler-Ponga, pues proponía la aplicación de un impuesto sobre las transacciones financieras en la ayuda oficial al desarrollo para que los países menos desarrollados pudieran beneficiarse de ella. Es cierto que así se incrementaría la carga fiscal de nuestras economías y nuestros sistemas financieros, pero la Unión Europea se convertiría en la propulsora de un gran movimiento solidario internacional.

Todavía podemos esperar que la resolución aprobada aquí anime a la Unión a hacer honor a sus compromisos y ayudar a los países en desarrollo a seguir el ritmo de la globalización.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. − (NL) He aprobado con convicción la resolución presentada por la Comisión de Desarrollo sobre los efectos de la crisis financiera y económica en los países en desarrollo. El PE insta justamente a la UE a la erradicación de los excesos ligados a los paraísos fiscales, la evasión fiscal y la fuga ilegal de capitales de los países en desarrollo. El FMI ha incrementado justamente los fondos destinados a combatir la crisis financiera y económica. Pero es descaradamente alarmante que, a fecha de hoy, el 82 % de dichos recursos termine en Europa y sólo el 1,6 % vaya a parar a África. Ahora se debe dar la máxima prioridad a la reducción de la pobreza. También es esencial que los acuerdos de asociación económica (AAE) sean utilizados como un medio para ofrecer a los países afectados ventajas comerciales y que estos países también puedan excluir de las negociaciones productos y sectores sensibles, tales como las inversiones y los servicios. Lamento que no se haya aceptado la enmienda que solicita a la Comisión y a los Estados miembros que presenten propuestas de mecanismos de financiación innovadores, tales como la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras para complementar la Ayuda Oficial al Desarrollo.

  Iva Zanicchi (PPE), por escrito. − (IT) He votado a favor de la propuesta de resolución pero creo que es necesario que realice algunas precisiones. La reciente crisis financiera ha causado una recesión económica mundial que, debido a sus numerosas repercusiones, ha tenido un impacto particular sobre los países en desarrollo, exacerbando la crisis alimentaria: de acuerdo con los datos facilitados por la FAO, el número de personas que pasan hambre ha superado los mil millones por primera vez en la historia y hay cien millones más de personas desnutridas que en 2008.

El impacto de la crisis financiera en la región ACP ha sido devastador, lo que ha complicado todavía más los retos medioambientales y la volatilidad de los precios de los alimentos. Estos países no son responsables de la crisis, pero han sufrido las peores consecuencias de la misma, recibiendo la mínima cantidad de ayuda. Esto ya no se puede aceptar. Por estas razones, ante una situación que se puede describir como trágica sin caer en ningún tópico, creo que es necesario mejorar la calidad de la ayuda destinada a dichos países, en vez de centrarse únicamente en la cantidad. Creo que es necesario actuar con mayor transparencia y eficacia a la hora de utilizar los fondos y creo que es necesario verificar los resultados obtenidos de una forma imparcial.

  Presidenta. − Con esto concluyen las explicaciones de voto.