Acta literal de los debates

Lunes 23 de noviembre de 2009 - Estrasburgo

18. Creación de una Red Europea de Prevención de la Delincuencia (REPD) - Normas sobre confidencialidad de la información de Europol - Normas de desarrollo que rigen las relaciones de Europol con los socios, incluido el intercambio de datos personales y de información clasificada - Lista de terceros Estados y organizaciones con los que Europol celebrará acuerdos - Normas de desarrollo aplicables a los ficheros de trabajo de análisis de Europol - Acreditación de actividades de laboratorios forenses (debate)

  Presidente. – El siguiente punto del día es el debate conjunto sobre los siguientes informes:

- A7-0065/2009 por Timothy Kirkhope, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se adoptan las normas sobre confidencialidad de la información de Europol [11943/2009 - C7-0105/2009 - 2009/0807(CNS)];

- A7-0064/2009 por Sophia in ’t Veld, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se adoptan las normas de desarrollo que rigen las relaciones de Europol con los socios, incluido el intercambio de datos personales y de información clasificada [11944/2009 - C7-0106/2009 - 2009/0808(CNS)];

- A7-0069/2009 por Jan Philipp Albrecht, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se determina la lista de terceros Estados y organizaciones con los que Europol celebrará acuerdos [11946/2009 - C7-0107/2009 - 2009/0809(CNS)];

- A7-0068/2009 por Agustín Díaz de Mera García Consuegra, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se adoptan las normas de desarrollo aplicables a los ficheros de trabajo de análisis de Europol [11947/2009 - C7-0108/2009 - 2009/0810(CNS)];

- A7-0072/2009 por Sonia Alfano, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la iniciativa del Reino de Bélgica, la República Checa, la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, la República de Hungría, el Reino de los Países Bajos, la República Eslovaca, la República de Finlandia, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con vistas a la adopción de una Decisión del Consejo por la que se crea una Red Europea de Prevención de la Delincuencia (REPD) y se deroga la Decisión 2001/427/JHA [11421/2009 - C7-0109/2009 - 2009/0812(CNS)] y

- A7-0071/2009 por Timothy Kirkhope, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la iniciativa del Reino de Suecia y del Reino de España con vistas a la adopción de la Decisión marco del Consejo sobre acreditación de actividades de laboratorios forenses [11419/2009 - C7-0100/2009 - 2009/0806(CNS)].

  James Nicholson, suplente del autor. – Señor Presidente, por una vez en mi vida, —eso sí que es oportunidad— tengo la ocasión, en primer lugar, de disculparme por mi compañero, Timothy Kirkhope, que no ha podido estar aquí. Lo que voy a hacer ahora es leer son exactamente las sabias palabras que él mismo ha reflexionado y ha puesto sobre el papel. Les leeré sus opiniones como ponente, ya que él es ponente de dos de los informes de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.

En primer lugar, quisiera centrarme en el informe de Timothy sobre el proyecto de decisión del Consejo por la que se adoptan las normas sobre confidencialidad de la información de Europol. Las normas que se establecerán aplicarán medidas de seguridad a toda la información procesada por o a través de Europol: en otras palabras, una normativa común para la protección de la información que circule por los canales de comunicación entre Europol y las unidades nacionales de los Estados miembros.

El señor Timothy y sus compañeros ponentes para el paquete Europol han superado una dura etapa negociando el plazo y la legalidad del proyecto de decisión del Consejo. Tras la firma del Presidente Klaus y la aprobación, por tanto, del Tratado de Lisboa, las negociaciones con el Consejo y con la Comisión han quedado obsoletas. Este informe, junto con los informes de sus compañeros, reclama el rechazo del texto del Consejo.

El señor Timothy quisiera dejar claro que apoya el objetivo de la decisión del Consejo, ya que estamos a favor de un mejor intercambio de información y reconocemos los beneficios que Europol proporciona a los Estados miembros en relación con el cumplimiento de la ley y la lucha contra el crimen.

Quisiéramos que el área de acción y el alcance de Europol continuara siendo pequeño y específico para hacer la agencia lo más eficaz posible. También necesitamos reconocer que los estados soberanos tienen una función que cumplir en el control de sus fuerzas policiales y servicios de seguridad nacionales. Sin embargo, sin prejuicio para el apoyo global a la Oficina Europea de Policía, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y sus efectos en cuanto a cooperación policial, el ponente y el resto de los ponentes de la Comisión LIBE consideran que no deberían introducirse enmiendas a las medidas que aplican la decisión de Europol hasta que dichas medidas puedan ser adoptadas a la luz del nuevo marco legal aportado por el Tratado de Lisboa.

Por lo tanto, instamos al Consejo para que retire su propuesta y, como se afirma en el informe, instamos al Consejo o a la Comisión para que realicen una declaración en sesión plenaria sobre la propuesta de un nuevo proyecto de Decisión sobre Europol, que se enviará seis meses después de la fecha de entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

Ahora quisiera ocuparme del segundo informe sobre la iniciativa del Reino de Suecia y del Reino de España con vistas a la adopción de la Decisión marco del Consejo sobre acreditación de actividades de laboratorios forenses. Esta es una iniciativa de Suecia y España para avalar que las actividades de los laboratorios están acreditadas por el organismo de acreditación con el fin de luchar contra el crimen a través de una colaboración más estrecha entre las autoridades policiales de los Estados miembros. Durante los últimos dos años, el intercambio de información en el área de cooperación para garantizar el cumplimiento de la ley se ha convertido en una gran prioridad para la Unión Europea y sus Estados miembros en las posibilidades de prevención y lucha contra el crimen.

El objetivo de este proyecto de Decisión marco es garantizar que los resultados de las actividades de laboratorio en un Estado miembro se aceptan como equivalentes a los resultados de las actividades de un laboratorio en otro Estado miembro, de modo que se garantice la seguridad legal a los sospechosos y una mejora de la cooperación judicial cuando se utilice una prueba de un Estado miembro en el proceso de otro Estado miembro.

Este propósito se consigue asegurando que las actividades de laboratorio son acreditadas por el organismo de acreditación y cumplen con las normas internacionales. La Decisión marco podría aplicarse a las actividades de laboratorio relacionadas con ADN y huellas dactilares y cada Estado miembro se aseguraría de que los resultados de un laboratorio acreditado obtenidos en otros Estados miembros son aceptados como equivalentes a los resultados de las actividades de laboratorios nacionales. Sin embargo y sin lugar a dudas, la valoración de cualquier prueba, forense o no, de acuerdo con la propia legislación nacional siempre seguirá siendo responsabilidad de cada una de las autoridades judiciales.

De nuevo, me gustaría enfatizar que apoyamos las metas de la Decisión marco del Consejo. No obstante, de nuevo, existen problemas referentes a la base jurídica de la iniciativa con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Por esta razón, el informe exige el rechazo de la iniciativa del Reino de Suecia y el Reino de España. La aclaración legal en relación con los informes LIBE no es clara a la luz de la ratificación del Tratado de Lisboa. Este informe se enviará más adelante sobre una base jurídica que esté clara. Sugerimos que esto permitiría analizar más detalladamente este importante asunto ya que, de nuevo, el calendario impuesto fue muy corto y no permitió al Parlamento el tiempo que hubiera deseado tener para un tema tan importante.

PRESIDE: Pál SCHMITT
Vicepresidente

  Sophia in 't Veld, ponente. – Señor Presidente, seré muy breve para compensar con James Nicholson y asegurarnos de que no nos retrasamos.

El Tratado de Lisboa entrará en vigor —si mis cálculos son correctos— dentro de siete días y cinco horas. Debo decir que, a tenor de este hecho, la urgencia del Consejo por adoptar toda una serie de medidas es un poco vergonzosa. También me ha parecido lamentable que haya un escaño vacío aquí, donde me hubiera gustado ver al Consejo para que pudiéramos realmente intercambiar puntos de vista.

Básicamente me adhiero a las propuestas realizadas por el orador anterior. Por supuesto apoyamos el desarrollo de Europol. Queremos una Europol fuerte, una Europol capaz de trabajar y luchar contra el crimen, pero también queremos una Europol que esté sujeta a un control democrático. Por lo tanto me sumo a la propuesta planteada por el orador anterior para pedir al Consejo que retire las propuestas sobre Europol y presente una nueva propuesta en un máximo de seis meses —y preferiblemente antes— bajo el Tratado de Lisboa.

Finalmente, en lo que concierne al tema concreto del que soy ponente —Europol y la transferencia de datos personales y documentos confidenciales a terceras partes— quisiera escuchar de parte del Consejo, que se encuentra ausente, su opinión sobre el análisis llevado a cabo por los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo sobre el hecho de que la base jurídica elegida para esta propuesta en particular es incorrecta. No sé quién va a responder por el Consejo, pero quizás pueda volver sobre esto y envíe a alguien que nos pueda proporcionar una respuesta.

  Jan Philipp Albrecht , ponente. – (DE) Señor Presidente, coincido con los oradores anteriores ya que considero que sólo sería sensato que el Consejo presentara sus propuestas en relación con Europol al Parlamento Europeo si lo hace sobre la base del Tratado de Lisboa.

Lo correcto y necesario es que la cooperación judicial y policial europea sea debatida y codecidida por el Parlamento. Solamente así el trabajo de Europol disfrutará de la legitimidad necesaria. El rechazo conjunto y decisivo de las disposiciones propuestas por el Consejo relativas al trabajo de Europol por parte del Parlamento Europeo es una clara señal de que se deben aplicar enmiendas a la base jurídica.

Lo que es más, existen todas las razones para hacerlo. Durante mucho tiempo, la aplicación de la política de seguridad y de la política interna europea ha sido tarea reservada exclusivamente al poder ejecutivo, llevada a cabo a puerta cerrada. Se ha aprobado un montón de legislación sobre seguridad —no sólo en el contexto de las medidas antiterroristas adoptadas tras los ataques del 11 de septiembre de 2001— cuya necesidad, eficacia e idoneidad en muchos casos no han sido valoradas con detenimiento o ni tan siquiera debatidas. El alejamiento político del tercer pilar de la Unión Europea ha permitido a los gobiernos imponer grandes y polémicas restricciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Esto ha provocado un desequilibrio muy peligroso en un área particular. Aunque ahora existe una cooperación más estrecha entre las fuerzas de seguridad de todo el mundo, no existe un consenso sobre las normas mínimas en relación con la protección jurídica y los derechos fundamentales. Este vacío entre las competencias de los gobiernos y los derechos civiles se está volviendo cada vez más pronunciado, especialmente en lo que concierne al intercambio de datos personales entre la UE y terceros países. Las agencias de seguridad europeas como Europol, Eurojust o Frontex, así como sistemas de información como Schengen, Eurodac o el banco de datos de visados y aduanas están siendo utilizados para almacenar un volumen de datos personales cada vez mayor y la conexión y el análisis de estos datos para diferentes propósitos está aumentando rápidamente. Incluso dentro de Europa, se está volviendo más confuso quién tiene permiso para recoger, poseer, analizar o transmitir qué tipo de datos y las condiciones para estas actividades. Por esta razón, el asunto de la protección jurídica siempre se pasa de largo, a la vista de los principios que gobiernan el sistema actual.

Sin embargo, ¿qué pasaría si todos estos datos se transmitieran a terceros países? No estamos hablando sencillamente de países como Noruega o Suiza, sino de los Estados Unidos, Rusia o incluso Marruecos o China. Me pregunto quién garantizaría que estos datos son protegidos del abuso de acciones arbitrarias por parte de los estados como ha ocurrido hasta ahora. Este Parlamento tiene el derecho y el deber de utilizar la nueva base jurídica que procura el tratado para comenzar un proceso en el que se tengan que respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, sin ninguna limitación, ni siquiera en el contexto de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen y el terrorismo. Se deben poner en marcha unas normas comunes mínimas, en especial en lo referente a la protección de los datos personales antes de que, como Unión Europea, firmemos más acuerdos sobre intercambio de datos con terceros países.

Esto atañe a la información obtenida por Europol, los datos bancarios del sistema SWIFT o los datos de pasajeros de vuelos intercambiados con las autoridades estadounidenses. Antes de seguir tomando medidas, necesitamos normas claras de protección de datos, una amplia valoración de la proporcionalidad y una protección jurídica eficaz.

Estoy satisfecho de que hayamos podido lograr llegar a este nivel de consenso dentro del rango político de la legislación sobre Europol y lo veo como una buena señal para los debates venideros para ampliar la protección de los derechos fundamentales en Europa, que es precisamente lo que los ciudadanos esperan de nosotros.

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ponente. – (ES) Señor Presidente, señor Vicepresidente, el paquete Europol lo constituyen cuatro proyectos de Decisión que pretenden desarrollar la Decisión del Consejo de 6 de abril de 2009.

Para empezar, señor Presidente, pido —como mis colegas— la retirada de la propuesta del Consejo. Queremos un Parlamento mucho más visible y un Tratado de Lisboa que decida con referencia al paquete Europol. Queremos que el Parlamento y el Consejo estén en posición de igualdad y en posición de equilibrio.

Para entender mejor las razones de mi rechazo, diré algo sobre el objeto de mi informe. Entre las tareas principales encomendadas a la Oficina Europea de Policía destaca la función de recoger, almacenar, tratar, analizar e intercambiar información y datos. Para desempeñar tan importante misión, es preciso que las autoridades competentes de los Estados miembros transmitan a Europol información completa, actualizada y exacta. Sólo así podrá desplegar Europol sus plenas capacidades analíticas.

El ámbito de aplicación de la propuesta de Decisión del Consejo se circunscribe, tal y como se define en su artículo 2, al tratamiento de datos con fines de análisis, dando con ello cumplimiento al mandato recogido en el artículo 14, apartado 1, de la Decisión. A tales fines, Europol cuenta en la actualidad con diecinueve tipos de archivos de trabajo de análisis. Cada fichero de trabajo es una base de datos distinta, ligada cada una de ellas a un tipo de actividad criminal concreta. Por tanto, cada base de datos está estrechamente vinculada a la forma específica de apoyo operacional que Europol puede ofrecer en relación con las competencias que le son propias.

Hoy por hoy, los ficheros de trabajo de análisis constituyen la única herramienta legal, a nivel europeo, para almacenar, procesar y analizar información, ya sea información de campo o de inteligencia, incluidos los datos de carácter personal.

También contiene la propuesta reglas y principios generales relativos tanto a medidas técnicas como a normas para su utilización. La necesidad de recabar y tratar información exige la creación de un instrumento jurídico que garantice el pleno respeto de los derechos fundamentales —subrayo, el pleno respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos— y, a su vez, el pleno desarrollo de las funciones encomendadas a Europol. Y a este respecto, también —como Sophie in 't Veld— pregunto si es correcta o no la base jurídica que se pretende aplicar.

En este ámbito, señor Presidente, el papel del Parlamento Europeo como Cámara de representación de los ciudadanos es irrenunciable. Irrenunciable es, señor Presidente, el obligado control del Parlamento Europeo. Por tal razón, es imprescindible que, a la vista de la inmediata entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento participe en el proceso legislativo en condiciones de igualdad con respecto al Consejo. Ningún criterio de urgencia puede pesar más que la defensa de las libertades civiles y la seguridad de los europeos.

En su virtud pido a mis estimados colegas que, sin menoscabar nuestro apoyo —que se lo damos— a la Oficina Europea de Policía, rechacemos los instrumentos propuestos, hasta el momento en que el Consejo dé cabida a este Parlamento en el proceso de decisión, y que pidamos a la Comisión y al Consejo que retiren la propuesta y que presenten una nueva de conformidad con las competencias previstas en el Tratado de Lisboa.

Señor Presidente, daré después, en mi siguiente turno de intervención, una explicación más contundente y más clarificadora de mi posición. Nada más.

  Sonia Alfano, ponente. – (IT) Señor Presidente, Señorías, me gustaría hablar acerca de la Red Europea de Prevención de la Delincuencia.

Esta red se creó en 2001 mediante la Decisión 2001/427/JAI del Consejo. Sus objetivos eran facilitar la cooperación y los intercambios de información y experiencias a escala europea; recoger información relevante con el fin de intercambiar mejores prácticas; organizar conferencias, seminarios, reuniones, e iniciativas con el objetivo de facilitar el intercambio de experiencias y mejores prácticas; y poner su competencia a disposición del Consejo y de la Comisión en lo relativo a prevención de la delincuencia.

La Decisión planeó basar la estructura en los puntos de contacto asignados por la Comisión y los Estados miembros; estos puntos de contacto consistían en incluir al menos un representante de las autoridades nacionales y el resto de puntos de contacto podrían ser investigadores o universitarios especializados en este campo. En todo caso, se pidió a los Estados miembros que incluyeran a investigadores, universitarios, ONG y a la sociedad civil. Incluso Europol y el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías participaron como organismos expertos.

En 2005, la red experimentó su primera reforma estructural interna y se establecieron dos comisiones permanentes —una para el programa de trabajo y otra para la investigación— a la vez que se transfirió el funcionamiento del sitio web de la Comisión Europea al Reino Unido, que lo sigue manteniendo actualizado.

En 2007 se llevó a cabo otra revisión, que puso de manifiesto la necesidad concreta de reforzar la secretaría y subrayó la necesidad de hacer frente al problema de los recursos para las comisiones permanentes y los representantes nacionales.

En marzo de 2009, se publicó una evaluación externa acerca del funcionamiento de la red. Esta evaluación se centró en la importancia de los objetivos puestos en la red pero, al mismo tiempo, destacó de manera lamentable la crisis organizativa que había impedido la consecución de estos mismos resultados.

Los problemas sacados a relucir y que han llevado al colapso de la red han sido la falta de recursos adecuados, una secretaría ineficiente, una falta de compromiso por parte de los representantes nacionales y un programa de trabajo muy pobre.

La evaluación también consideraba la posibilidad del desmantelamiento de la red. En consecuencia, la red nombró un grupo de trabajo para estudiar las recomendaciones sugeridas en marzo de 2009 y consideró que debían realizarse ciertas modificaciones en la ley que creó la red. Concretamente, se propuso una secretaría externa con financiación procedente de programas comunitarios.

Aunque algunos Estados miembros han retomado la idea del desmantelamiento de la red, otros sugieren una reforma. La Presidencia sueca del Consejo Europeo coincidió con esta postura, hasta el punto de convertirla en una de las prioridades de sus meses de mandato. Llegado este momento, debo recalcar la vergüenza que me produce ver estos escaños vacíos, dado que fue la propia Presidencia sueca la que realizó estas propuestas.

La propuesta plantea que la red debería componerse de una secretaría, de puntos de contacto designados por cada Estado miembro y de un consejo de administración. Este consejo de administración debería estar compuesto por representantes nacionales nombrados por los Estados miembros y estar presidido por un presidente responsable de un comité ejecutivo.

Creo que existe cierta confusión a este respecto entre puntos de contacto y representantes nacionales. La sociedad civil, el mundo universitario, el de la experiencia y, por ende, los expertos, se están dejando completamente de lado en la red. Este es un problema muy grave. Los vínculos entre la red y el resto de instituciones y organismos comunitarios relacionados con la delincuencia y su prevención han sido totalmente eliminados.

La Decisión no plantea ninguna forma de cooperación con el Parlamento Europeo y se ha obviado el requisito de conocimiento de idiomas, a pesar de que anteriormente se requería.

Hablando como ponente, estimo que esta propuesta es completamente ineficaz e incapaz de afrontar la prevención de la delincuencia por varias razones. En primer lugar, ha sido incapaz de cumplir los objetivos para los que fue creada; por otro lado, no ha habido cooperación entre la Comisión, el Consejo y los Estados miembros y considero que debemos ver esto como una especie de sabotaje hacia la propia red.

La prevención de la delincuencia no se puede reducir a un intercambio de mejores prácticas. Lamentablemente hemos presenciado lo que podría considerarse casi una especie de turismo por parte de algunos funcionarios que han visitado diversos países y ni siquiera fueron capaces de hablar entre sí porque no había intérpretes. El fracaso de no haber implicado a la sociedad civil y las ONG o haber desarrollado materiales sobre la prevención como libros para los colegios hace que esta red sea completamente inútil. Para que la red funcione, se deberían reforzar sus competencias e incorporar la lucha contra el crimen y la prevención del crimen organizado.

En consecuencia propongo que rechacemos esta propuesta que podríamos haber aceptado sólo si el Consejo hubiera presentado algo verdaderamente ambicioso, lo cual, desgraciadamente, no ha sucedido.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. – (FR) Señor Presidente, he escuchado con tremendo interés los discursos de James Nicholson, Sophia in ´t Veld, Jan Philip Albrecht y Sonia Alfano. En este debate han surgido problemas tanto de procedimiento como de fondo.

En lo concerniente al procedimiento, entiendo completamente la posición del Parlamento. El Tratado de Lisboa está a punto de entrar en vigor, por lo tanto, valoro las cuestiones que las decisiones del Consejo puedan suscitar en el Parlamento. También es cierto que la Comisión, de alguna manera, lamenta esta situación. Sin embargo, ahora quisiera arrojar algo de luz sobre los beneficios de estos tres expedientes para el Parlamento.

Como todos saben, Europol —a través de una Decisión del Consejo que reemplazará al convenio intergubernamental— va a ser sometida a un nuevo marco legal y convertirse en una agencia europea el 1 de enero de 2010. Esta Decisión del Consejo viene precedida de largas negociaciones y se están llevando a cabo los preparativos para su aplicación.

Entiendo las preocupaciones del Parlamento; yo mismo estoy deseando ver en funcionamiento este nuevo marco legal, ya que abrirá la puerta a un mayor control democrático sobre la Oficina Europea de Policía. Deberíamos sacar lecciones de la aplicación inicial de la Decisión del Consejo existente de modo que contemos con una base sólida para elaborar la próxima legislación. Para ello, sería interesante involucrar al Parlamento y a otras partes interesadas en la elaboración del futuro reglamento sobre Europol, sobre todo en lo que concierne al control que este Parlamento y los parlamentos nacionales tendrán sobre las actividades de Europol.

Sin embargo, señor Presidente, lamento que el Parlamento haya rechazado los proyectos de Decisión del Consejo. Se trata de disposiciones que rigen aspectos fundamentales en el trabajo de Europol, sin los cuales no puede funcionar.

Ahora trataré el tema de los laboratorios forenses. De nuevo, comprendo que el Parlamento desea una base diferente para esta Decisión marco sobre la acreditación de la actividad de los laboratorios forenses. La Comisión está a favor de utilizar la acreditación ya que fomenta una mayor calidad en el trabajo de estos laboratorios, especialmente en lo que se refiere a técnicas sensibles relacionadas con muestras de huellas dactilares o ADN. Una acreditación más estricta se traducirá en una mayor confianza pública.

De nuevo, soy consciente de los problemas de base jurídica. Al igual que el Parlamento, la Comisión cree que la Decisión marco, en la medida en la que se refiere a servicios incluidos en el artículo 50 del tratado de fundación de la Comunidad Europea, debería tener este artículo 50 como base jurídica. En el seno de la Comisión hemos realizado una declaración incluida en las actas de la reunión del consejo JHA del 23 de octubre de 2009. En dicha declaración, la Comisión se reserva el derecho de tomar las medidas que considere oportunas en el futuro.

Debo añadir que, de acuerdo con las disposiciones del reglamento financiero la Comisión está preparada para ofrecer apoyo financiero para las actividades de los Estados miembros que permitan la acreditación de los laboratorios de policía científica. Por fin, la Comisión está dispuesta para evaluar la aplicación y la puesta en marcha de este instrumento para el 1 de julio de 2018, como se dispone en el apartado 4 del artículo 7 (nuevo).

Sobre esta acreditación, aunque comprendo la postura del Parlamento, también pienso que va fundamentalmente en la dirección correcta y respeta todos los puntos de vista expresados en esta Cámara.

Ahora pasaré a la Red Europea de Prevención de la Delincuencia. Por supuesto creemos que se debe prevenir la delincuencia. Las medidas de presión no son suficientes para atajar la delincuencia y el crimen organizado. La prevención es crucial, ya sea a nivel local o transfronterizo. Además, en las propuestas que he llevado a cabo recientemente sobre el tráfico de seres humanos y la pornografía infantil, he previsto medidas de prevención.

Señora Alfano, usted ha destacado las debilidades de la red. Es cierto que una evaluación reciente ha llegado a la conclusión de que existe una necesidad bien real de cooperación Europea en la lucha contra el crimen organizado y también soy consciente de que los organismos públicos, las organizaciones y el sector privado desearían un enfoque multidisciplinar con la intención de compartir experiencias, métodos e instrumentos dentro de Europa.

Sin lugar a dudas, la Red Europea de Prevención de la Delincuencia ha sufrido problemas organizativos, políticos y estratégicos. La Comisión es consciente de ello y, a corto plazo, hemos aumentado la ayuda financiera a la red de la secretaría.

En el Programa de Estocolmo hemos priorizado la cooperación policial y la necesidad de poder gestionarla de manera comunitaria a partir de ahora, conforme al Tratado de Lisboa. Es cierto que esta red puede cumplir una serie de tareas de las que usted ha mencionado y entre las que se encuentran algunos ejemplos interesantes.

También podemos esperar ver proyectos comunes entre las instituciones sociales y educativas que impliquen escuelas, formación continua, y cursos universitarios. Estamos sin lugar a dudas en el comienzo de una nueva e importante política de prevención contra la delincuencia.

Es evidente que debería aumentarse el papel de la sociedad civil y el Parlamento. De hecho la cooperación policial ahora entra dentro de la codecisión. Por esta razón considero que podemos cooperar más estrechamente que nunca dentro del marco de esta nueva base jurídica por el interés de todos los ciudadanos afectados por problemas de seguridad en su vida diaria.

Naturalmente, lamento un poco que este debate se haya centrado tanto en el procedimiento a seguir y no en el fondo. No obstante, considero que, a partir de ahora, con la aplicación del Tratado de Lisboa y siguiendo con el Programa de Estocolmo, podremos hacerlo mucho mejor. El Parlamento ocupará completamente su puesto en esta nueva estrategia contra el crimen organizado y cualquier forma de delincuencia.

  Wim van de Camp, en nombre del Grupo PPE. – (NL) Quisiera agradecer a Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión por las respuestas que nos ha dado y por sus puntos de vista acerca de varios temas.

La cooperación judicial en la Unión Europea es un asunto de tremenda importancia. Cuando hablamos de una Europa de los ciudadanos, en realidad, estamos hablando de cooperación judicial. En este sentido, combatir la delincuencia es nuestra prioridad más apremiante. En primer lugar porque la delincuencia está traspasando cada vez más las fronteras. La delincuencia transfronteriza a gran escala es a menudo la más preocupante, al lado de la cual la delincuencia nacional no parece más que vandalismo sin importancia.

A este respecto, el Grupo del Partido Popular Europeo está totalmente a favor de reforzar no sólo a Europol, sino también a Eurodac. Me refiero a nuestra red de laboratorios forenses.

Un importante elemento para la lucha contra el crimen organizado es el control democrático de quienes están combatiendo la delincuencia. Naturalmente que no quiero restarle mérito en ningún sentido, pero les pediría que tuvieran en cuenta las posturas de las víctimas y que sigan haciéndolo mientras debatimos las propuestas durante los próximos meses. Luchar contra la delincuencia implica a menudo tener en cuenta los derechos de los sospechosos, lo cual es correcto, ya que la privacidad del sospechoso es muy importante en la situación de los procesos penales. Sin embargo, durante los próximos cinco años, quisiera que pusieran más atención en el lado de la víctima. Señor Presidente, los derechos fundamentales no son absolutos; siempre han de ejercerse en un contexto o, como dice la constitución neerlandesa: «sujeto a la interpretación que se haga de la ley». Esto vale tanto para los sospechosos como para las víctimas.

Puedo entender perfectamente y estoy de acuerdo que por el momento, el Parlamento tenga que decir: «¡Esperen un momento!» en cuanto a estos cuatro expedientes. Esperemos hasta el 1 de diciembre cuando tengamos nuevas propuestas y entonces tendremos que hacer un ejercicio de reflexión: uno que pida la participación real del Parlamento Europeo.

  Ramón Jáuregui Atondo, en nombre del Grupo S&D. – Señor Presidente, tenemos un problema, porque toda la Cámara está pidiendo que la Comisión renueve el paquete legislativo de estas materias y el señor Barrot, muy amablemente, como siempre, nos ha dicho que esto viene de lejos, que se ha discutido mucho y que el 1 de enero echará a andar. Ésta es la realidad: estamos ante un problema.

Yo ya le adelanto, señor Barrot, que usted debería anunciar a su sucesor, porque usted –yo lo entiendo– no puede respondernos, que, cuando venga a las audiencias, le vamos a preguntar si tiene la intención de elaborar un paquete legislativo sobre esta materia, porque toda la Cámara lo está pidiendo y no es un problema de un prurito legislativo.

No se trata de que esta Cámara diga «yo quiero intervenir», es que debe intervenir. Debe intervenir porque tendrá esa función legislativa dentro de unos días, y porque este asunto no es ya un problema de control parlamentario, es que queremos establecer otras propuestas. Por ejemplo, aprecio, en muchas de las directivas o decisiones que vienen aquí, muchas lagunas, muchas deficiencias, mucha inseguridad jurídica. Aquí querríamos reformar esas normas.

A mí me parece bien que Europol trabaje con ellas. Comprendo que Europol ya trabaje con ellas y quiero que lo siga haciendo, porque yo quiero que Europol avance. Pero, por favor, también quiero que respeten el derecho de esta Cámara a poder decir qué opinamos de esas normas, porque son sus funciones legislativas y las queremos ejercer.

Por eso, ya le anuncio que, cuando venga el próximo Comisario aquí, le vamos a pedir que se comprometa a elaborar unas propuestas legislativas en esta materia para que este Parlamento legisle. Punto, no hay más.

  Nathalie Griesbeck, en nombre del Grupo ALDE. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, mi discurso será breve. Trata en primer lugar del fondo y en segundo lugar del procedimiento y repetiré cosas que ya han sido muy bien expresadas por todos los partidos políticos.

Construir un área de seguridad, justicia y libertad dentro de la Unión Europea es crucial para todos nosotros y, sin lugar a dudas, un ejemplo para la Europa democrática que estamos construyendo y muchos de nosotros creemos que Europol debe ser un instrumento adaptable. A pesar de todo esto, todos consideramos extremadamente importante el hecho de que el intercambio de recursos —sobre todo los recursos humanos pero también los recursos técnicos para luchar contra el crimen organizado y contra todo tipo de tráfico ilegal— debería controlarse con unas garantías máximas de seguridad legal, ya que nos movemos por el centro mismo de nuestra competencia: los derechos y libertades de los ciudadanos europeos.

En relación con el procedimiento, a riesgo de sonar repetitiva, quisiera asegurar al señor Comisario, en nombre del Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, que no todo el trabajo realizado ha sido en vano. Sin embargo, nuestros ciudadanos no entenderían o malinterpretarían las cosas por completo si, después de esperar tanto tiempo para poner en marcha las instituciones relacionadas con el Tratado de Lisboa, no tuviéramos la paciencia de esperar unas horas o días más para ejercer el poder colegislativo que tanto valoramos.

Por una vez en Europa, es crucial que esperemos unas semanas antes de tener un texto que respete nuestro marco procedimental y, como ha dicho Sophie in ´t Veld, lamento no ver al Consejo aquí con nosotros porque este es en primer lugar un asunto del Consejo. En nombre de mi comisión, considero que deberíamos tener una nueva propuesta legislativa.

  Raül Romeva i Rueda, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señor Presidente, para continuar en el mismo tono, quisiera tomar la palabra como coordinador del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea en materia de libertad, para insistir precisamente en este punto.

Sería incomprensible, si desaprovecháramos la ocasión que tenemos de llevar a cabo un trabajo colegislativo con el Parlamento Europeo. Todos coincidimos en este punto. En todo caso, necesitaremos esperar y ver cómo evoluciona este asunto, pero francamente sería un problema si no pudiéramos participar tal y como venimos reclamando legítimamente.

También quería mencionar otro pequeño apunte acerca del informe sobre laboratorios forenses —ya que este es el asunto que he estado siguiendo— y debo decir de la manera más clara que, si debatimos la necesidad de coordinación, también debemos estudiar detalladamente la cuestión de la descentralización. No olvidemos que, en determinados Estados miembros, no hay sólo un centro para el estudio forense sino varios, teniendo en cuenta la distribución del territorio, los cuerpos policiales existentes y los sistemas jurídicos. Tal es el caso de España. Tenemos que ser bien conscientes de esto porque si debemos coordinar con éxito este tema, tenemos que considerar tanto la coordinación entre Estados miembros sino también la coordinación entre regiones con circunstancias distintivas que puede que no sean válidas a nivel nacional.

  Marie-Christine Vergiat, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (FR) Señor Presidente, Señorías, voy a repetir mucho de lo que ya han dicho varios colegas.

Antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se pidió al Parlamento Europeo, bajo el procedimiento de urgencia, a examinar cuatro textos sobre Europol y la cuestión de la protección de la confidencialidad de los datos que transmite Europol, incluidos los terceros países. En este Parlamento condenamos unánimemente el modo en que se ha reclamado el examen de estos documentos, ya que conciernen asuntos que casi con total seguridad serán sujetos a codecisión cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa.

Muchos de nosotros consideramos que nuestros ciudadanos tienen derecho a la seguridad y que la lucha contra el terrorismo es una prioridad. Debe hacerse todo lo posible para que nuestros ciudadanos no vivan en constante miedo de convertirse en víctimas de ataques terroristas. Es por tanto muy importante que hagamos todo lo posible por reforzar la cooperación policial, sin embargo no podemos hacerlo a cualquier precio y especialmente no en detrimento del derecho público fundamental a la privacidad, a la libre circulación y a la libertad de expresión.

También añadiría que la prevención de la delincuencia no debería significar más —y únicamente más— medidas de presión. Es un privilegio para nuestras democracias proteger nuestra libertad en todo momento y no debilitarla a menos que sea estrictamente necesario. La cooperación policial debería transcurrir por tanto dentro un marco legal específico que asegure la confidencialidad de la información transmitida y el correcto equilibrio entre la información y los objetivos de seguridad mencionados.

Por esta razón el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, junto con otros Grupos, insta al Consejo y a la Comisión a retirar estas propuestas. Asimismo, lamento que el Consejo no esté presente hoy.

  Gerard Batten, en nombre del Grupo EFD. – Señor Presidente, estos informes sientan las reglas de la recogida e intercambio de Europol entre la UE y los Estados miembros —y, de hecho, terceros países— de los datos de tipo más personal sobre los ciudadanos de la UE.

Es de destacar que hablan sobre la revelación sin autorización de ese tipo de información sin desfavorecer, perjudicar o afectar a los intereses de Europol. No dice nada de proteger los intereses de los desafortunados ciudadanos inocentes que puedan verse atrapados en la pesadilla de ser investigados por Europol.

Se podría recabar la información más personal como preferencias sexuales o la información bancaria. Esto podría compartirse con terceros países incluidos aquellos con credenciales democráticas tan destacadas como Albania, Perú o la Federación de Rusia.

Europol es totalmente innecesario desde un punto de vista objetivo, pero desde el punto de vista subjetivo de la UE es algo esencial tener otra característica para un estado policial: su propia fuerza policial.

¿Cuántos ciudadanos recelosos de la UE saben que sus funcionarios tienen inmunidad para acusarlo por cualquier cosa que hagan o digan en el transcurso de sus tareas? Para aquellos de ustedes que acaben de salir de estados policiales puede que esto no sea muy importante, pero la inmunidad de estos funcionarios para aplicar la ley es un concepto desconocido en la legislación inglesa.

A medida que la UE crea su propio sistema jurídico con instrumentos como la orden de detención europea y los juicios en rebeldía y ahora su propia fuerza policial, nosotros en Gran Bretaña estamos contemplando la destrucción de nuestras libertades más básicas y preciadas que nos han protegido hasta ahora.

Todos y cada uno de los ponentes al menos han tenido el decoro de decir que estas propuestas deberían ser rechazadas hasta que se ponga en vigor el Tratado de Lisboa. Si la UE tuviera algo de integridad, se sometería a referéndum el Tratado de Lisboa y nada de esto entraría en vigor.

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, en el pasado reciente las acciones de Europol han vuelto a lograr con éxito acabar con bandas de trata de seres humanos que explotaban a inmigrantes ilegales, lo cual es loable. En el futuro, será igual de loable que Europol participe en el combate contra todo tipo de delincuencia internacional. Por supuesto, la cooperación entre varias autoridades en la lucha contra la delincuencia es, en principio, algo positivo.

Sin embargo, la cuestión de la protección de los datos no se ha resuelto en lo que concierne a los planes para conceder a todas las autoridades acceso ilimitado a los datos. Nos han estado mareando con un Supervisor Europeo de Protección de Datos cuando ni siquiera están claros los poderes de supervisión que tendría. Los funcionarios de protección de datos de los Estados se están dando cuenta rápidamente de los límites de su ámbito de acción y no tienen apenas poder para intervenir y su impacto real es escaso. Esto es lo que ocurrirá probablemente a nivel de la UE.

En los últimos diez años, las libertades civiles se han venido reduciendo en nombre de la lucha antiterrorista. Si, especialmente ahora, antes de que el Tratado de Lisboa conceda estos derechos de codecisión al Parlamento Europeo, los Ministros de Justicia y Asuntos de Interior quieren conseguir que se apruebe rápidamente un acuerdo sobre transacciones financieras, es sólo porque saben las cuestiones de protección de datos masivos que llevan asociadas y que no saldrían indemnes en el caso del acuerdo SWIFT. Teniendo en cuenta que ni siquiera las autoridades nacionales encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley disfrutan de este derecho bajo sus respectivas constituciones, ¿por qué debería Europol y, por la puerta de atrás de la UE, los Estados Unidos en particular, conceder este tipo de derechos sin límite? En mi opinión, deberíamos detener este ataque sobre la protección de datos.

  Simon Busuttil (PPE). – (FR) Señor Presidente, permítame primero expresar mis felicitaciones y agradecimientos al Vicepresidente de la Comisión por todo lo que ha hecho como responsable de esta área.

Espero que los dos Comisarios que le sigan —no uno sino dos— se inspiren en su visión política, su compromiso y su trabajo. Gracias, señor Vicepresidente.

– (MT) Permítanme ahora ir al grano acerca de la excelente oportunidad que he tenido de visitar la oficina de mi país encargada de Europol así como del espacio Schengen. En esta oficina, hay una serie de policías que llevan a cabo una excelente labor en este campo en colaboración con policías de otros Estados miembros de la UE. Debo aplaudir sus esfuerzos y quiero añadir que esta visita me ha dado la oportunidad de apreciar la enorme importancia del la agencia Europol. He tenido la ocasión de verlo de cerca; la importancia de la lucha contra la delincuencia, especialmente desde que vivimos en un espacio de libertad y de libre circulación dentro de la Unión Europea y dentro de muchos países de la Unión.

Naturalmente, la razón por la que votaré en contra de estas propuestas no es que tenga nada en contra de Europol, sino por el hecho de que nosotros, como Parlamento Europeo, queremos contribuir al fortalecimiento de esta oficina que el año que viene se convertirá en una agencia, para que pueda acometer realmente su objetivo de combatir la delincuencia de una manera verdaderamente eficaz.

  Rosario Crocetta (S&D). – (IT) Señor Presidente, Señorías, en relación con la petición del Consejo de que aprobemos la propuesta para los intercambios de información entre Europol y sus socios, incluidos terceros países, se puede ver a donde nos llevaría esto: la propuesta, de ser aprobada, crearía la ridícula situación de estar regulando, entre otras cosas, el intercambio de información entre Europol y terceros países sin que el Parlamento haya aprobado aún la lista de dichos países.

Esta propuesta, al describir el tratamiento de los datos personales, parece dar paso a la creación de una base de datos absolutamente ilimitada que podría ser puesta a disposición de terceros países que todavía no han sido detallados por el Parlamento.

El apartado 2 del artículo 15 de la propuesta del Consejo afirma que en casos de absoluta necesidad, incluso aunque no haya indicios de que ya se ha cometido un delito, se podrían transmitir los datos que revelan la raza de una persona, origen étnico, postura política y creencias filosóficas y religiosas, afiliación a sindicatos, etc., sin que se especifique que se entiende por necesidad absoluta y, peor aún, apoyando la idea de que existen los llamados grupos raciales.

Sería interesante que el Consejo aclarara qué es un grupo racial y qué grupos raciales existen. Hasta donde yo sé, me parece que sólo hay una raza: la raza humana.

Por estas razones, pero también para mantener la independencia del Parlamento, que debe trabajar dentro de sus límites de tiempo necesarios, estimo que la propuesta del Consejo en su forma actual debe ser rechazada en la fecha propuesta del 30 de noviembre.

  Alexander Alvaro (ALDE). – (DE) Señor Presidente, quisiera sumarme a los agradecimientos de Simon Busuttil hacia el Vicepresidente de la Comisión, el Comisario Barrot, por el trabajo que ha llevado a cabo. Ciertamente no ha aceptado un expediente legislativo sencillo y ha debido luchar contra viento y marea pero, créame, hubiera encontrado un excelente paraguas para estas situaciones en el Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas para Europa. En todo caso, se ha dicho mucho sobre Europol así que no creo que necesite repetir lo que Sus Señorías ya han dicho. En particular que parece sorprendente que, antes del 30 de noviembre, es decir, antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se espere que aprobemos esto en el Parlamento. A este respecto, la reacción natural del Parlamento es rechazar estas propuestas.

También es lamentable que el Consejo no nos haya honrado con su presencia hoy para que pueda tener estos comentarios sobre la mesa, que estoy seguro de que tendrán en cuenta. Quisiera, por encima de todo, comentar el informe de Timothy Kirkhope sobre los laboratorios forenses y las normas, diciendo que deberíamos comenzar teniendo en cuenta los detalles, a saber, qué datos serán transmitidos y cómo y si estos datos son realmente comparables, especialmente en el caso de los laboratorios forenses. La comparación de los datos de ADN no es posible si se obtienen de diferentes maneras, por lo que se estará haciendo más mal que bien a la persona afectada. Quizás alguien deba tener en mente estas consideraciones.

  Ernst Strasser (PPE). – (DE) Señor Presidente, Vicepresidente Barrot, gracias por su comprensión de la clara postura del Parlamento en relación con las cuestiones procedimentales. No estamos rechazando las propuestas del Consejo y de la Comisión. Más bien, queremos participar en el proceso de toma de decisiones. Esta es la clave que explica nuestro voto.

Está bastante claro que Europol es uno de los casos de más éxito de la Unión Europea. Especialmente en la lucha contra el narcotráfico, la trata de seres humanos, la financiación del terrorismo o la falsificación de dinero, Europol se encuentra en el centro de esta lucha en términos de intercambio de información y constituye un eje para las redes de cooperación policial existentes. Es de suma importancia que sus funciones se amplíen aún más. Por recibimos gratamente la idea de que la agencia tenga esa nueva base. Ahí es donde necesitaremos un intercambio de datos y vínculos externos con las fuerzas de policía de la Unión Europea. Lo necesitaremos para poder combatir con éxito el terrorismo y la delincuencia y lo necesitaremos también —y quiero dejarlo igualmente claro— para defender los derechos de los ciudadanos europeos.

Esta es una actitud europea, con claros valores europeos que se reforzaron aquí, en el Parlamento, por una amplia mayoría en la Decisión sobre los códigos SWIFT a mediados de septiembre. Tenemos que exigir una cosa al Consejo y a la Comisión: este principio fundamental, estas directrices, ahora deben aplicarse en las negociaciones con los Estados Unidos. Tenemos que hacerlo para asegurar la seguridad de los ciudadanos europeos.

  Kinga Göncz (S&D). – (HU) Personalmente también me complace saber que el Consejo se ha comprometido a desarrollar más profundamente y reformar la Red Europea de Prevención de la Delincuencia. A tenor de esto, es una verdadera pena —como han mencionado ya varias personas— que los representantes del Consejo no se encuentren presentes durante este debate.

Asimismo me gustaría separar mis observaciones sobre el proceso de las observaciones sobre el contenido real. La decisión de que esta red era necesaria se tomó diez años antes. La evaluación actual de la red ha mostrado que no se ha sacado el máximo partido a las oportunidades que podría haber ofrecido. Sin embargo también ha quedado claro que necesitamos una red como esta y necesitamos desarrollarla más, involucrar a la población civil y a los investigadores y cooperar con los servicios policiales. De igual manera, quisiera decir que el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo considera muy importante el trabajo de la red y su posterior desarrollo. El Parlamento Europeo está rechazando esta iniciativa precisamente para reforzar su legitimidad bajo el Tratado de Lisboa y para que podamos involucrarnos de manera más activa en ella.

  Cecilia Wikström (ALDE). – (SV) Señor Presidente, el mayor fallo en Europa hoy es que aún no podemos poner punto final a la trata de personas que está teniendo lugar delante de nuestros propios ojos. Se venden mujeres y niños como si fueran mercancías asequibles a través de nuestros Estados miembros. Una estimación conservadora de Europol sugiere que medio millón de mujeres serán compradas y vendidas en Europa en 2009. Tenemos hablar de esta cuestión abiertamente y tenemos que crear estrategias para erradicarla.

Dentro de la UE existen instituciones cuya meta es combatir la trata de personas y el crimen organizado, pero tienen muchos defectos, a la vista del panorama. La cooperación entre los Estados miembros, la Comisión, el Consejo y el Parlamento necesita mejorar drásticamente para que podamos atajar seriamente la delincuencia de una vez por todas, incluidos también el crimen organizado, las actividades de la mafia y la trata de personas.

En unos días, entrará en vigor el Tratado de Lisboa y creo que podremos respirar algo más tranquilos porque tendremos por fin la esperanza de una cooperación más intensa para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos a través de los Estados miembros. Pronto podremos ver un Europol más fuerte y existirá una cooperación eficaz entre Europol y Eurojust. Entonces seremos al fin capaces de afrontar la lucha contra el crimen organizado en Europa, incluidos los sindicatos criminales de tipo mafioso y la trata de personas. Así podremos decir en 2009 podremos decir, de una vez por todas, que en la actualidad la trata de personas es despreciable en Europa.

  Birgit Sippel (S&D). – (DE) Señor Presidente, Señorías, deberíamos discutir el debate de hoy y particularmente las decisiones relativas no a la forma, sino al contenido político.

Sin duda las normas uniformes para el trabajo de laboratorios son importantes para la cooperación entre la policía y el poder judicial basada en la confianza. No obstante, hay muchos aspectos de este asunto que no tenemos tiempo de debatir. Sin embargo, la cuestión fundamental es totalmente diferente, a saber, ¿en qué medida se toman en serio los diferentes actores políticos el Tratado de Lisboa, los derechos del Parlamento y de los ciudadanos, así como la fidedigna cooperación del Consejo y el Parlamento?

Quisiera citar tres ejemplos: el Tratado de Lisboa describe al Alto Representante como un portavoz fuerte para Europa y es una verdadera vergüenza que los Estados miembros hayan aplicado diferentes criterios en este caso. El acuerdo en los códigos SWIFT, que es polémico en muchos aspectos, podría volver a ser cuidadosamente examinado por el Parlamento Europeo el próximo lunes. En su lugar, se va a borrar rápidamente de la lista unas horas antes y se firmará con los Estados Unidos.

Con estos temas tratados aquí encaramos la misma situación. Poco antes de que el Tratado de Lisboa entre en vigor, se nos pide aprobar decisiones que incluyen disposiciones que limitarán nuestro ámbito de acción en el futuro o lo limitarán sensiblemente. Tenemos que preguntarnos por qué en este caso, ya que hubiera sido posible remitir nuevas propuestas sobre otros temas.

La postura del Consejo y de la Comisión les ha hecho perder la oportunidad de enviar un claro mensaje a los europeos, una señal de compromiso para aplicar el tratado, una señal de una Europa de los ciudadanos, democrática. Nosotros, como Parlamento Europeo, sólo tenemos una opción: debemos rechazar estas propuestas, ya que queremos un debate público más amplio y queremos utilizar nuestros mayores derechos para apoyar a los ciudadanos ahora más que en el futuro, a corto o a largo plazo.

  Luigi de Magistris (ALDE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, el interesantísimo debate de esta tarde nos ha ayudado a comprender algunas cuestiones muy importantes en relación con la Red Europea de Prevención de la Delincuencia.

En primer lugar, ahora que tenemos el Tratado de Lisboa, el papel del Parlamento en el marco del procedimiento de codecisión ha de ser cada vez más importante, en dos direcciones. La primera es la de la cultura: el crimen organizado y las mafias pueden ser eliminadas sobre todo con información y concienciación. Un gran juez italiano, Giovanni Falcone, que fue asesinado por la mafia, solía decir que ésta era un fenómeno que tuvo un principio y un final. El final debe consistir en una fuerte movilización a nivel cultural y debe comenzar en Europa y en el Parlamento.

Un segundo punto es el crimen organizado, que debe ser combatido de manera más eficaz, sobre todo con la introducción de la fiscalía europea y con la inclusión de una serie de crímenes muy graves, previstos sólo en determinados Estados miembros. Estoy pensando, por ejemplo, en la mafia.

Debemos comprender que la crisis de la mafia compete a toda Europa, ya que las organizaciones mafiosas tienen la capacidad de penetrar incluso en las instituciones. Existe una relación muy estrecha entre las organizaciones mafiosas y la corrupción, como han subrayado informes recientes, y el fraude en la Unión Europea, como también ha advertido recientemente el Tribunal de Cuentas Europeo.

  Debora Serracchiani (S&D). – (IT) Señor Presidente, Señorías, como ponente alternativa de uno de los expedientes de Europol, sólo puedo reiterar lo que han dicho ya los diputados que han hablado antes que yo.

Europol facilita las investigaciones en los Estados miembros gracias a su labor de recogida, análisis e información y por esto se ha convertido en una importante herramienta para combatir la delincuencia.

Necesitamos más eficacia en la lucha contra el crimen, pero al mismo tiempo, debemos afirmar con resolución la autoridad de este Parlamento.

El Consejo ha decidido que, de cualquier manera, adoptará los textos del paquete Europol el 30 de noviembre sin esperar a que el Parlamento obtenga el poder de codecisión el 1 de diciembre, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

El objetivo de rechazar las propuestas no es interponernos en el camino de Europol, que asumirá su nuevo papel como agencia europea, sino ampliar los poderes de este Parlamento, el Parlamento Europeo, especialmente acerca de importantes asuntos relacionados con la libertad, la seguridad y la justicia.

Finalmente, considero que es correcto proporcionar al Parlamento más capacidad de análisis para comprobar que el tratamiento de los datos llevado a cabo por Europol no viola los derechos de los ciudadanos europeos.

  Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) El área de la medicina forense ha ganado popularidad en los últimos años, debido principalmente a su mayor relevancia en la lucha contra el crimen y la delincuencia.

A este respecto, un alto nivel de cooperación entre los países puede ayudar a mejorar la eficacia en la lucha contra la delincuencia. La experiencia práctica nos muestra claramente que dicha cooperación no es suficiente en sí misma y que es esencial crear un marco legal y disponer de normas para las actividades de los laboratorios forenses, así como una red de laboratorios altamente cualificados a lo largo de toda la Unión Europea.

El hecho de que no exista un acuerdo a través del cual se puedan aplicar unas normas comunes de acreditación para el análisis de pruebas científicas es un grave defecto a corregir. Por esta razón, espero que el Consejo fomente iniciativas lo antes posible y produzca un nuevo documento cuanto antes en el que el Parlamento Europeo tenga una participación considerable.

A pesar de que quería hablar más acerca de los laboratorios forenses, señor Presidente, quisiera decir a modo de conclusión, que no es en absoluto mi deseo exagerar la importancia del Parlamento Europeo, pero considero un hecho absolutamente sin precedentes el que ningún representante del Consejo haya podido encontrar tiempo para venir y escuchar nuestros puntos de vista.

  Artur Zasada (PPE). – (PL) Señor Presidente, hablando como graduado en Derecho y antiguo policía, quisiera subrayar la importancia de la Decisión marco del Consejo, cuyo objetivo es obligar a todos los laboratorios forenses que proporcionan resultados de análisis genéticos y de huellas dactilares a seguir la norma internacional ISO 17025. Esta decisión de increíble importancia está dirigida a reforzar la credibilidad y fiabilidad de los procedimientos probatorios y, de este modo, aumentar la confianza de la sociedad en los servicios policiales y en el sistema judicial.

  Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Señor Presidente, seguramente volveremos a retomar este tema dentro de seis meses, cuando nos encontremos de nuevo frente a los mismos problemas. Por un lado, será importante para nosotros que la policía y Europol trabajen del modo más eficaz posible. Por otro lado, debemos recordar en todo momento que aquí estamos tratando asuntos que tocan cuestiones de derechos humanos y, a menudo, cuestiones de datos personales.

El mismo trabajo estará esperándonos y, a este respecto, me gustaría llamar la atención sobre el artículo 15 de la Decisión del Consejo que sienta las normas de aplicación que rigen las relaciones de Europol con sus socios, incluido el intercambio de datos personales e información clasificada. El hecho que quería destacar es que aquí estamos hablando de información muy personal y estamos diciendo que la transmisión de dicha información no se permitirá si no es estrictamente necesario. Hemos de pensar sobre quién debe decidir qué es «estrictamente necesario», ya que es una cuestión sumamente importante.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. – (FR) Señor Presidente, mi tarea no ha sido fácil dada la ausencia del Consejo. Incluso así, quisiera mencionar algunas de las razones que han llevado a su Comisión a aceptar la presentación de estos textos de todos modos.

En primer lugar en lo referente a Europol, sería difícil interrumpir su transformación en una agencia. Habrá más textos sobre Europol y el Parlamento será, sin lugar a dudas, colegislador. Sería muy difícil detener el trabajo de Europol. Debo precisar que Europol está ahora dirigida por un hombre de origen británico de mucha calidad. Sería una pena interrumpir de alguna manera el trabajo de Europol.

En cuanto a los otros dos textos, hace falta reconocer que son el resultado de una iniciativa del Consejo y los Estados miembros. Aún así, es un avance que algunos de ellos hayan aceptado la idea de la acreditación de los laboratorios con el fin de recoger datos fiables. Es un resultado positivo y un paso adelante.

En cuanto a la red de prevención —y aquí es donde las observaciones del Parlamento están más justificadas— seguramente se hará necesario reforzarla y otorgarle otras tareas en el futuro. Entiendo perfectamente y agradezco a Simon Busuttil y a Ernst Strasser —y al Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que también estuvo aquí antes— por haber comprendido que yo también creo firmemente que el Parlamento debería haber tenido más participación. Todo lo que he hecho en estos últimos cinco años ha sido gracias al apoyo del Parlamento. Por lo tanto, como saben, tengo de veras mucho interés en que el Parlamento participe.

Además, quisiera añadir que la Comisión cree que necesitamos un análisis en profundidad, caso a caso, para determinar si debemos o no cambiar el acervo del tercer pilar. Es importante comprender que nos encontramos en un periodo de transición de un enfoque intergubernamental a un enfoque comunitario y me alegro por la Comisión de Justicia y Asuntos de Interior.

También soy consciente del hecho de que todos están interesados en participar en la formación de una cooperación policial que respete los derechos humanos y sea respetuosa con los valores de la Unión Europea. ¡Naturalmente! Considero que el papel del Parlamento tendrá un impacto positivo en los próximos textos que nos permitirán llevar más allá la cooperación policial, una vez más conforme a los derechos y valores de los ciudadanos.

Sin embargo, estamos en un periodo de transición y aunque comprendo vuestro deseo de participar en la preparación de estos textos, repito que la Comisión cree que se deberían revisar los textos del acervo del tercer pilar analizándolos en profundidad y caso a caso. Si los instrumentos existentes se vuelven obsoletos o hace falta complementarlos o actualizarlos, entonces seremos capaces de realizar propuestas. Mis sucesores sugerirán propuestas que permitan al Parlamento mejorar los textos, ya que al fin será colegislador.

En este sentido, señor Presidente, repito que al final de mi mandato estaré muy atento a todas las propuestas que me haga el Parlamento Europeo. Permítanme subrayar, sin embargo, que somos muy conscientes de que hará falta proporcionar una nueva base a una serie de textos para la cooperación judicial y policial y permitiremos así al Parlamento actuar como colegislador.

Entre tanto, espero que entiendan porque he intentado explicar nuestras razones para querer que Europol se convierta en una agencia el 1 de enero y que continúe su trabajo y hemos tomado nota que los Estados miembros han hecho voluntariamente en materia de acreditación de laboratorio y la red de prevención de la delincuencia.

Una vez más, entiendo la postura del Parlamento y estén seguros que en las semanas venideras seré, tanto como me sea posible, el defensor de este gran espacio de libertad y seguridad que, a partir de ahora, los Estados miembros tendrán que construir con la ayuda activa del Parlamento.

  James Nicholson, suplente del autor. – Señor Presidente, creo que hemos disfrutado de un debate muy bueno esta tarde. Considero que la Presidencia resulta inculpada esta noche por su ausencia. No han estado aquí y por tanto creo que deben aguantar el oprobio.

Solamente quiero hacer un par de observaciones. Estoy completamente de acuerdo con Sophia in ´t Veld. Naturalmente queremos una Europol fuerte a largo plazo e incluso una mejor y mayor cooperación cuando sea necesario. Para darnos cuenta de esta necesidad sólo tenemos que echar un vistazo a los muchos problemas a los que se enfrentan nuestras fronteras hoy en día: drogas, trata de personas, crimen internacional y terrorismo, por nombrar sólo algunos.

Creo que ha sido el portavoz del Grupo PPE el que ha tocado un punto que me parece de suma importancia cuando ha hablado sobre los derechos de las víctimas sopesados frente a los de los delincuentes. Creo que esto es algo sobre lo que debemos reflexionar muy seriamente.

Tristemente a menudo despiertan más simpatía los que cometen el delito que las víctimas, que son las perjudicadas finalmente. Este fenómeno se ha podido ver en muchas áreas. Esto no es de ninguna manera aceptable. Considero que debemos dar más apoyo a las víctimas y pienso que eso es lo que identifica a la víctima. De ningún modo se puede ofrecer el mismo tratamiento a los que perpetran los crímenes que a las víctimas.

Cualquiera que piense que en la sociedad actual podemos sobrevivir sin cooperar vive en las nubes. Esa es la realidad tal y como yo la veo. Hemos tenido un ejemplo muy claro en mi tierra natal —en Irlanda del Norte— durante las últimas semanas en las que la cooperación del Servicio de Policía de Irlanda del Norte y la Garda Síochána en el sur ha hecho posible incautarse de millones y millones de cigarrillos, detenerlos y evitar su entrada en el mercado. ¿Realmente creen que esto habría sido posible si no hubiera habido cooperación —no sólo entre ellos, sino cooperación hasta Extremo Oriente—?

Sí, amigos, tenemos que conseguir una Europol fuerte; sí, tenemos que trabajar juntos para lograrlo y sí, debemos tratar de cooperar donde haga falta en el mejor interés de todos.

  Sophia in 't Veld, ponente. – Señor Presidente, antes de comenzar mi intervención yo también querría expresar mi gratitud hacia el Comisario Barrot. Sólo puedo decir que ha puesto el listón muy alto para su sucesor.

No hablaré de cuestiones de fondo ya que creo que deberíamos tener ese debate más tarde. Sin embargo, volveré brevemente sobre el procedimiento porque quisiera aclarar una cosa.

He oído indirectamente, digamos que desde el escaño vacío de ahí, que existe una muy buena razón para la premura del Consejo y es que no se quiere detener el trabajo de Europol. Tiene que convertirse en una agencia el 1 de enero.

Pero si el Consejo tuviera de verdad interés en la opinión del Parlamento Europeo habría estado aquí. Podría haber iniciado el procedimiento mucho antes que a finales de julio. Podría incluso haber aceptado la oferta del Parlamento Europeo para trabajar muy aprisa, porque el Parlamento siempre acepta sus responsabilidades y, si es necesario, trabajamos muy rápido.

Hemos ofrecido al Consejo un procedimiento que estaría al menos en consonancia con el espíritu de Lisboa. Hemos solicitado una prórroga de un mes pero el consejo sencillamente no ha querido dárnosla. Además el hecho de que el Consejo no esté hoy presente ni haya estado interesado en hablar al Parlamento Europeo demuestra que sencillamente no desea la participación del Parlamento Europeo y demuestra su falta de sinceridad.

Lo lamento porque, a esta hora, sólo faltan siete días, tres horas y cuarenta minutos para que tengamos que trabajar juntos. Quisiera resaltar que, como ha dicho uno de mis colegas, no se trata de nuestros egos. No se trata de que el Parlamento Europeo se sienta marginado. Ni siquiera porque se marginen los parlamentos nacionales. Se trata de rendir cuentas ante los ciudadanos, ya que se afecta a decisiones muy importantes.

Estamos hablando de la transmisión de datos personales y documentos confidenciales a terceras partes, de los datos y la información confidencial de nuestros ciudadanos, la gente a la que representamos. Ellos son los únicos de los que el Consejo es responsable, más que nosotros.

Finalmente, he oído lo que ha dicho el Comisario pero me gustaría ver una declaración del Consejo Europeo en la que se prometa —dado que se han apresurado a lo largo de todo el paquete— que retirarán o revisarán la decisión lo más rápido posible, dentro de un plazo máximo de seis meses y que, entonces, el Parlamento Europeo participará completamente en un procedimiento de codecisión.

  Jan Philipp Albrecht, ponente. – (DE) Señor Presidente, antes de nada, quisiera agradecer el trabajo de la Comisión en relación con Europol y volver a repetir que no se pretende obstaculizar la transformación de Europol en una agencia de la UE.

No obstante, la cuestión de qué cometidos se dan en términos de la relación entre el Estado y los ciudadanos es, sin duda, fundamental ya que es delicada y debería ser discutida aquí, en el Parlamento. En un sistema democrático, es una decisión que debe tomar el Parlamento y que debe debatirse en profundidad para otorgar la suficiente legitimidad al resultado.

Encuentro muy preocupante que, como ha dicho Sophia in ´t Veld, el Consejo no esté ni siquiera presente para escuchar nuestras críticas, algo que considero una parte esencial de cualquier democracia. Espero que, finalmente, el gobierno asuma la crítica del Parlamento en relación al trabajo efectuado hasta la fecha en el área de política de seguridad.

Hace falta un debate sobre los derechos de los ciudadanos a nivel parlamentario por toda Europa, así como un debate sobre la eficacia de nuestra policía. El Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales deben desempeñar un papel más importante en ambos debates.

Me gustaría agradecer a los ponentes por la señal que juntos hemos dado y espero que sea meridianamente clara y que el Consejo responda a ella.

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ponente. − Señor Presidente, expreso mi profundo respeto a la Oficina Europea de Policía, a la que apoyo decididamente y para la que deseo que, cuanto antes, pueda disponer de todos los medios necesarios —jurídicos, humanos y materiales— que le permitan alcanzar sus objetivos y desplegar plenamente todas sus capacidades, al amparo del Tratado de Lisboa.

Resumiendo mucho, ¿qué es la Oficina Europea de Policía, la nueva Oficina?

Deja de ser intergubernamental para ser comunitaria, con un presupuesto comunitario y con control del Parlamento Europeo. Pero ¿qué es lo menos definido? ¿Qué es lo más frágil?

Lo más frágil de la Decisión es el control del Parlamento Europeo. Por eso, no entendemos, señor Presidente —y no podemos aceptar— prisas que nadie justifica con solvencia y que lo que hacen, en definitiva, es limitar el papel del control del Parlamento Europeo. Ésa es la «a» de este abecedario, señor Presidente. Por eso, tampoco podemos aceptar que el Consejo se vaya de rositas. Mañana, a la hora de votar, pediremos al Consejo una declaración en los términos que aquí ya se han dicho: una declaración que indique que se compromete a presentar un nuevo paquete legislativo, al amparo del Tratado de Lisboa, antes de seis meses.

Y por último, señor Presidente, no es razonable ni de recibo que nosotros contribuyamos a fomentar lo que criticamos. Un ejemplo: no se pueden debatir seis informes en poco más de hora y media, en una tarde, sobre temas tan importantes. Estamos hablando, en primer lugar, de la red de prevención de la delincuencia; en segundo lugar, de los laboratorios forenses y también estamos hablando de cuatro informes sobre Europol. No es de razón.

Se ha visto la importancia del debate, pero no hemos podido profundizar porque la propia Cámara y sus servicios han hecho imposible que podamos profundizar en este debate, tratando en coincidencia temporal nada menos que seis informes.

Así que, señor Presidente, espero que en el futuro tengamos un mayor componente de racionalidad para producir con la necesaria prudencia y la necesaria eficacia los debates que tanto nos conciernen y tanto nos ocupan. Mañana preguntaremos al Consejo.

  Sonia Alfano, ponente. – (IT) Señor Presidente, Señorías, quisiera dar las gracias a los diputados que han participado en este debate. También me gustaría agradecer especialmente a Jacques Barrot por haberse hecho cargo de nuestras preocupaciones.

Nuestra propuestas de rechazo no están injustificadas: no pretenden ser un simple «no» al Consejo. Al contrario, querríamos participar, dado que el Tratado de Lisboa entrará en vigor en unos días y considero que el papel del Parlamento como colegislador tiene una importancia fundamental.

Personalmente había solicitado al Consejo que presentara una propuesta mucho más ambiciosa acerca de la Red Europea de Prevención de la Delincuencia inmediatamente después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Esta propuesta no fue presentada, por lo tanto creo necesario rechazar la propuesta porque considero que el Parlamento tiene el derecho de actuar, sobre la base de la codecisión, especialmente en lo que atañe a asuntos tan importantes como este.

Quiero agradecer a James Nicholson lo que ha dicho en relación con los papeles de las víctimas y los delincuentes, papeles que muchas veces se invierten. En los pocos meses que llevo en el Parlamento, he notado que el Parlamento y la Unión Europea han concedido un alto grado de importancia a la lucha contra el terrorismo mientras que, tristemente, hay una falta de voluntad para afrontar no sólo la lucha contra el crimen, sino el crimen organizado que está en la raíz de éste.

No se puede imaginar la lucha contra el crimen sin considerar la posibilidad de ejecutar una operación mucho mayor calibre para contener y evitar el crimen organizado y la mafia —como ha dicho Luigi De Magistris, citando las notables palabras del Juez Falcone, que fue asesinado por la mafia—.

Dicho esto, me gustaría hacer un pequeño inciso ya que alguien que conozco desafortunadamente ha tenido experiencia de primera mano en estos asuntos. Con demasiada frecuencia, no sólo existe confusión entre la víctima y el delincuente, sino que hay gobiernos —y lamentablemente el Gobierno italiano no ha prestado mucha atención a este tema— que ponen a víctimas del mismo tipo de crimen a una altura diferente. Así, las víctimas del terrorismo son tratadas de un modo y las de la mafia de otro.

Desde mi punto de vista, estas diferencias y formas de discriminación no pueden seguir existiendo ya que tal tipo de diferencias no caben en una Europa que tiene por objetivo basar su política en la innovación.

  Presidente. – Permítanme sumarme a aquellos que han felicitado a Jacques Barrot por su serio y excelente trabajo y agradecer el trabajo de los ponentes.

Se cierra el debate conjunto. La votación tendrá lugar el jueves 24 de noviembre de 2009.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

  Raffaele Baldassarre (PPE), por escrito. – (IT) El Tratado de Lisboa cambia sustancialmente el equilibrio institucional que nos dibujaba el Tratado de Maastricht en lo referente a la cooperación policial y judicial en asuntos de delincuencia al incluir, aunque con excepciones sustanciales, el procedimiento legislativo ordinario relativo al área de libertad, seguridad y justicia.

Por lo tanto, cualquier modificación de las medidas llevadas a cabo por la decisión Europol necesita ser adoptada bajo el nuevo marco legislativo previsto por el Tratado de Lisboa. No se puede reforzar Europol a menos que el Parlamento se pueda expresar sobre los reglamentos cuyas medidas no son técnicas sino políticas, como la transferencia de datos personales.

Permítanme añadir una reflexión en relación con la postura cada vez más abierta al exterior de la Unión Europea y la sinergia cada vez mayor entre seguridad interna y defensa. Aunque este tratado no tenga un efecto inmediato en el desarrollo de los mercados de defensa y seguridad, abre la puerta para la construcción de un mercado de seguridad más integrado y sólido, que requeriría acciones legislativas coordinadas y, por tanto, interinstitucionales. Por esta razón, sería aún más incoherente, por no decir perjudicial, adoptar modificaciones «políticas» a las medidas tomadas por la decisión Europol, decisión que no sigue el procedimiento legislativo previsto por el Tratado de Lisboa