Acta literal de los debates

Martes 24 de noviembre de 2009 - Estrasburgo

5. Explicaciones de voto

Explicaciones de voto orales

- Informe: Catherine Trautmann (A7-0070/2009)

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) En mi calidad de ponente alternativa para el paquete de telecomunicaciones, me gustaría decir, tras esta votación afirmativa, que estoy muy complacida de que esta importante enmienda a la normativa sobre el mercado interior de las comunicaciones electrónicas permita un proceso justo en relación con las desconexiones de Internet. Me alegro de que el Consejo haya finalmente aceptado nuestras propuestas. Nuestras garantías permitirán que las desconexiones de Internet se apliquen a los verdaderos delincuentes, como los terroristas o los distribuidores de pornografía infantil, y no a los usuarios ordinarios.

  Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Señor Presidente, en mi opinión, este acto legislativo es necesario para avanzar hacia un mercado único de las comunicaciones electrónicas. Ya se ha decidido con arreglo al Tratado de Lisboa que éste es el camino a seguir.

Sin embargo, tengo un gran interés por que se garanticen los derechos fundamentales de los usuarios de Internet y el libre acceso a este medio. Una de mis preocupaciones es su uso ilegal y su abuso, y como sabemos, uno de los principales problemas en este momento es la piratería. La piratería aumenta constantemente y uno de los principales ámbitos en los que opera es Internet.

Espero que en el futuro nos esforcemos por garantizar que quienes producen obras creativas sean remunerados adecuadamente por ello y por que la piratería no ponga en peligro sus medios de subsistencia, como sucede actualmente en Internet cuando se descargan archivos de forma ilegal. Éste es el camino a seguir, si bien en el futuro deberíamos prestar especial atención a los derechos de los artistas creativos y a la prevención de la piratería.

- Informe: Timothy Kirkhope (A7-0065/2009)

  Daniel Hannan (ECR). – Señor Presidente, hay que ver con cuánto sigilo, con cuántos pequeños pasos, con cuánta insidia e injusticia avanzamos hacia la creación de una fuerza de policía paneuropea.

Cuando se creó Europol a principios de la década de 1990 fue presentada como una cámara de compensación, como una sucursal de Interpol, por decirlo así. Desde entonces, poco a poco, se le han concedido competencias ejecutivas y de vigilancia.

Al principio se dijo que estas competencias se limitaban exclusivamente al ámbito de las actividades antiterroristas transfronterizas. Y fue así que comenzó el FBI, y poco a poco ha ampliado su mandato y ha ido acumulando competencias hasta convertirse en una fuerza de policía federal para todo el continente.

Actualmente tiene lugar un proceso similar con Europol, que ha extendido progresivamente su mandato hasta abarcar toda una serie de delitos de índole nacional, pero con la fascinante característica de que su personal sigue gozando de inmunidad diplomática, es decir, que no tiene que responder por abusos de poder.

¿Cuándo aprobamos todo esto? ¿Cuándo acordamos crear un sistema paneuropeo de justicia penal con su propia orden de detención, su propia fuerza de policía, sus propio magisterio público y su propio fiscal paneuropeo?

Creo que deberíamos tener la amabilidad de preguntar al pueblo, a nuestros votantes, si lo aprueban.

- Informe: Vital Moreira (A7-0060/2009)

  Daniel Hannan (ECR). – Señor Presidente, lo mejor que podríamos hacer por las repúblicas de los Balcanes y del Cáucaso es admitirlas sin condiciones a la Unión Aduanera y abrir nuestros mercados a sus productos. Estos países están en óptimas condiciones de introducirse en el mercado gracias a sus precios. Cuentan con una fuerza de trabajo educada y diligente, pero tienen costes relativamente bajos y, por tanto, sus exportaciones son competitivas.

En lugar de ello hemos congelado la importación de sus productos en varios sectores clave y luego, para lavar nuestra conciencia, les concedemos asistencia financiera de gobierno a gobierno. Al hacerlo es obvio que los convertimos en dependencias, en satrapías. No sólo son los rusos los que consideran que estos países son sus «vecinos próximos». Éste es un término que, al parecer, también se aplica en ocasiones en Bruselas.

Obligamos a sus políticos y responsables a aceptar un sistema de redistribución masiva de la riqueza mediante el cual los europeizamos de antemano, porque están aprendiendo lo que sabemos muy bien en esta Cámara, que es que la principal función de la Unión Europea en esta época es actuar como un enorme dispositivo para extraer dinero a los contribuyentes y dárselo a la gente que tiene la suerte de trabajar dentro del sistema.

- Informe: Alexander Alvaro (A7-0052/2009)

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Señorías, tengo la firme convicción de que necesitamos un sistema avanzado de información para la administración civil que una a las autoridades aduaneras y policiales de los Estados miembros. Se lo debemos a los ciudadanos de la Unión para luchar con más eficacia contra las importaciones a nuestros mercados de productos falsificados y peligrosos procedentes de terceros países. A diferencia de la mayoría de Sus Señorías, creo que la propuesta de la Comisión permitirá una mayor protección de los datos personales y, al mismo tiempo, luchar más eficazmente contra la delincuencia organizada. Por ese motivo no voté a favor de los 90 proyectos de enmienda de la comisión parlamentaria ni del informe en su conjunto.

Me gustaría, desde luego, pedir a la Comisión que negocie un sistema de alerta precoz similar al RAPEX-China con otros países, como la India, Vietnam, Rusia o Turquía a fin de poder confiscar los productos peligrosos o falsificados antes de que entren en los países europeos. Observo que desde 2006 se han podido celebrar acuerdos internacionales con terceros países sobre la cooperación de los órganos de supervisión en el ámbito de la protección de los consumidores, y estoy muy decepcionada de que la Comisión no haya recurrido hasta ahora a esta opción.

Explicaciones de voto por escrito

- Informe: Catherine Trautmann (A7-0070/2009)

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Me complace que el Parlamento Europeo haya aprobado el paquete de reforma de las telecomunicaciones y haya consolidado así los derechos de los consumidores y contribuido a un mejor acceso a la información y a una mayor libertad de expresión. Para lograr los objetivos de la Estrategia de Lisboa debemos ofrecer incentivos suficientes para que se invierta en nuevas redes de alta velocidad a fin de promover la innovación de los servicios de Internet basados en los contenidos e incrementar la competitividad de la UE a nivel internacional. Es absolutamente crucial promover inversiones sostenibles en el desarrollo de estas redes, ya que de este modo se garantizará la competitividad y aumentarán las opciones de los consumidores. Para garantizar las inversiones en nuevas tecnologías en las regiones menos desarrolladas, la normativa relativa a las comunicaciones electrónicas debería coordinarse con otras políticas, como la política en materia de ayudas públicas, la política de cohesión o los objetivos de una política industrial más amplia.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor del paquete de reforma de las telecomunicaciones por considerar que Internet es un instrumento indispensable para la educación, el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información. Esta iniciativa confirma definitivamente la idea de que el acceso y uso de Internet forman parte de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Quiero dar las gracias a la señora Bastos, que fue la única diputada portuguesa que participó en este proceso. Soy partidario de la libertad en Internet, sin que ello signifique la carencia de todo tipo de regulación. Al igual que en el mundo real, el mundo virtual de Internet constituye un entorno para llevar a cabo actividades ilícitas e ilegales, como la descarga de archivos de vídeo y música, la incitación al terrorismo y la pornografía infantil. A pesar de la oposición de muchos gobiernos nacionales, el Parlamento ha logrado que todos los usuarios puedan gozar de los derechos y garantías consagrados en el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales (CEDH). Esto implica que cualquier restricción de los derechos o libertades fundamentales de los usuarios de Internet, como la suspensión de acceso, debe ajustarse al CEDH y a los principios generales de derecho, y sobre todo debe haber sido autorizada mediante una orden judicial a fin de mantener las garantías procesales, la presunción de inocencia y el derecho a la vida privada, sin prejuicio de recurrir a mecanismos concretos en aquellos casos que se consideren urgentes para la seguridad del Estado.

  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) Una orden judicial previa, eso es lo que queríamos obtener. Con esta transacción al menos hemos garantizado la mayor protección posible en estos momentos. El mensaje de la Unión Europea ahora es claro: el acceso a Internet es un derecho fundamental, y deberán seguirse procedimientos precisos y obligatorios para condenar a los usuarios de Internet por violación de derechos de autor. Ahora corresponde a los jueces nacionales y a los magistrados del Tribunal Europeo de Justicia aplicar el derecho que tienen todos los usuarios de Internet a un «procedimiento previo, justo e imparcial». La falta de claridad de numerosas disposiciones exigirá un estricto seguimiento durante el proceso de transposición y aplicación de este importante acto legislativo. Tras la ratificación del Tratado de Lisboa, ahora el Parlamento podrá, en su calidad de colegislador, seguir defendiendo la neutralidad de Internet. La votación de hoy no es más que una etapa de un largo proceso. Ahora tendremos que seguir defendiendo los derechos de los usuarios de Internet y, en particular, definirlos mejor. Asimismo deberemos abordar con carácter urgente la importante cuestión de los derechos de autor en Internet.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe de la señora Trautmann porque considero que el acuerdo vigente va más allá de lo que es posible en las primeras fases del proceso, en particular en lo relativo a los derechos de los consumidores. Creo que la introducción de medidas para proteger los derechos y garantías relativos a la libertad de expresión e información concedidos a los usuarios que utilizan líneas de telefonía fija o móvil y a los usuarios de Internet es absolutamente esencial. Es importante racionalizar el mercado interior de las telecomunicaciones por medio del estímulo de la competencia entre empresas y, al mismo tiempo, consolidar la autonomía de los organismos nacionales de regulación respecto a sus gobiernos. Asimismo es importante lograr una gestión más moderna del espectro de radiofrecuencias por medio de técnicas que permitan prestar con más facilidad estos servicios en zonas rurales.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) He acogido con beneplácito la fórmula transaccional alcanzada por el Parlamento y el Consejo para la introducción en la Directiva marco una protección adecuada de los usuarios en caso de que se les restrinja el acceso a servicios y aplicaciones a través de las redes de comunicaciones electrónicas.

Me parece que el Estado de derecho impone que el acceso a la información y el uso de las redes de comunicaciones electrónicas de las personas no pueden ser objeto de condiciones sin que ello sea estrictamente conforme al principio de presunción de inocencia, y la restricción de acceso debe ir precedida de un procedimiento anterior, previo e imparcial que garantice el derecho a ser escuchado y a una protección judicial eficaz.

Asimismo considero que es de suma importancia apoyar los mecanismos independientes de las autoridades nacionales de regulación a fin de que éstas puedan regular eficazmente el mercado y promover una competencia leal entre los operadores, así como los mecanismos de cooperación entre los diversos organismos europeos de regulación con el fin de que el mercado sea cada vez más transparente y competitivo, lo que representará un paso adelante para los usuarios en lo referente a la calidad de los servicios ofrecidos.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) A finales de octubre, el Consejo aprobó la mayoría de los textos negociados con el Parlamento relativos al denominado paquete de telecomunicaciones, con unas cuantas excepciones, que se incluyen en el informe Trautmann.

Este texto sigue siendo negociado en el Comité de Conciliación, en el que se aceptó el texto que ahora vamos a votar.

Es cierto que el texto acordado recoge algunas de las propuestas que presentó nuestro grupo para defender los derechos de los usuarios. Sin embargo, no va suficientemente lejos, pues contempla excepciones a las garantías procesales en casos urgentes, si bien dichas excepciones deben motivarse y ser conformes al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Sin embargo, el principal problema que plantea el texto es su ámbito de aplicación, pues únicamente hace referencia a las restricciones que pueden imponer los Estados miembros y no a las impuestas por las empresas privadas.

De hecho, la Unión Europea parece más interesada en crear un mercado interior de telecomunicaciones que sirva únicamente a los intereses de los grupos económicos que dominan este sector que en defender los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales. No tenemos otra opción que manifestar nuestro desacuerdo con esta actitud.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Me he abstenido en la votación de esta versión definitiva del paquete de telecomunicaciones por parecerme insatisfactoria. No obstante, es mejor eso que nada. No protege a los usuarios de Internet contra los abusos de la legislación destructora de libertades, como la primera versión de la Ley Hadopi en Francia, ni contra la ira de las autoridades administrativas que están facultadas para cometer dichos abusos. Sin embargo, concede a los usuarios de Internet medios legales para defenderse. Lamentablemente resulta alarmante que se haya llegado a este punto, es decir, que debamos confiar en la Unión Europea, a la que no le importa en absoluto lo que piensan los ciudadanos y la mayoría de cuyos actos legislativos están destinados esencialmente a satisfacer los intereses de grupos de presión de todo tipo, para brindar a los europeos un nivel mínimo de libertad de información y expresión.

  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) Aunque el sector de las telecomunicaciones atraviesa un período de desarrollo sin precedentes, me pareció sumamente importante apoyar el informe de la señora Trautmann, pues permitirá que se ofrezca a los consumidores mejores servicios a precios más justos.

Me felicito de que este texto aumente los derechos de los usuarios a los servicios universales por medio de contratos mejor definidos, un número telefónico de emergencia más accesible, una línea telefónica de atención para niños desaparecidos, una mayor consideración de los derechos de las personas con discapacidad y una garantía de portabilidad de números. Asimismo permitirá proteger mejor la vida privada y luchar contra prácticas ilegales en Internet por medio de la mejora de la seguridad e integridad de las redes de comunicaciones electrónicas.

Por último, resulta gratificante haber obtenido una buena solución jurídica que ofrezca a los ciudadanos europeos garantías procesales, como la observación del principio del procedimiento contradictorio, la presunción de inocencia y el derecho a ser escuchado, la cual obliga a los Estados miembros a respetar estas garantías antes de adoptar medidas destinadas a restringir el acceso a Internet.

  Małgorzata Handzlik (PPE), por escrito. – (PL) La aprobación del informe Trautmann implica que las disposiciones del paquete de telecomunicaciones entrarán pronto en vigor. Ésta es una buena noticia para los consumidores, cuyos derechos son reforzados por este acto legislativo. La posibilidad de trasladar un número telefónico a otra red en un solo día, el aumento de la transparencia de las tarifas y el refuerzo de la protección de los datos personales son algunos de los numerosos resultados positivos del paquete.

Y lo que es más, el Parlamento Europeo ha tomado en consideración los temores de los ciudadanos europeos a que se les impida acceder a Internet. El Parlamento Europeo defendió que el acceso a Internet es un derecho de todos los ciudadanos. En relación con ello, sólo se podrá desconectar a un ciudadano de Internet en casos motivados, respetando los principios de presunción de inocencia y derecho a la vida privada, y con arreglo a un procedimiento justo e imparcial. No cabe duda de que esta solución será del agrado de los partidarios del libre acceso a Internet.

  Jacky Hénin (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Tengo que manifestar que la propuesta de fórmula transaccional entre el Consejo y el Parlamento no ofrece garantías jurídicas adecuadas a los usuarios.

Aunque el texto sostiene que los Estados miembros no pueden imponer restricciones a los usuarios finales de Internet, este hecho allana el camino para que los proveedores de Internet restrinjan el acceso a los consumidores sin una resolución previa de un órgano judicial.

Este estado de cosas viene a socavar los derechos de las personas.

Las enmiendas presentadas por nuestro grupo para defender los derechos de los ciudadanos no han sido aprobadas.

Por último, el paquete está sometido al «derecho» del mercado interior. Por consiguiente será el Tribunal Europeo de Justicia el que decidirá en caso de que existan «conflictos de intereses». Por consiguiente es muy probable que la libertad de expresión quede sometida al derecho del mercado interior, como lo demuestra un número excesivo de ejemplos recientes.

Gracias a la fuerte presión ejercida por los usuarios y los ciudadanos se han obtenido garantías para el usuario, pero éstas siguen siendo inadecuadas en opinión de la izquierda. No podemos aceptar transacciones deshonestas en lo que se refiere a la libertad de expresión de los ciudadanos.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – He votado a favor del paquete transaccional en materia de telecomunicaciones. Si bien este paquete no es perfecto, como suele suceder con todas las transacciones, me parece que es un paso en la dirección correcta y que mejorará los derechos de los consumidores.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Un voto a favor puede justificarse simplemente por el hecho de que la nueva legislación europea para el sector de las telecomunicaciones refuerza los derechos de los usuarios de telefonía fija, telefonía móvil e Internet, y fomenta la competencia.

Las más pertinentes de estas disposiciones son el refuerzo de los derechos de los consumidores, la garantía del acceso a Internet y la protección de los datos personales, dado que la UE es cada vez más un espacio de derechos y libertades.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra de la Directiva marco relativa a las redes y a los servicios de comunicaciones electrónicas porque considero que supone un ataque a la libertad de expresión y a los derechos civiles de los ciudadanos. Con la aprobación de esta Directiva, la Unión Europea permite el corte de suministro de Internet sin necesidad de una orden judicial previa. Como defensor de los derechos civiles sólo puedo estar en contra de esta decisión que confiere poderes a las empresas privadas para introducir restricciones en el uso de la Red y que es una muestra más de la liberalización del mercado europeo de telecomunicaciones.

Asimismo, el hecho de que organismos no judiciales (cuya naturaleza y composición no han sido precisados) puedan dictar el corte del suministro de Internet ante supuestas prácticas ilegales (también sin determinar) atenta contra la presunción de inocencia de los ciudadanos y abre la puerta a que sean las operadoras quienes restrinjan los derechos de los usuarios, establezcan filtros de contenidos y otorguen más velocidad a unas páginas en detrimento de otras, acabando de facto con la neutralidad de la red.

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. – (RO) He votado a favor de este paquete debido a su incuestionable utilidad. Sin embargo, me parece que no deja claro qué se entenderá en la práctica por procedimiento justo e imparcial en los casos de restricción del acceso a Internet. Me parece que habría sido preferible que una resolución judicial previa fuera obligatoria.

  Teresa Riera Madurell (S&D), por escrito. − (ES) Mi voto ha sido afirmativo para un informe que culmina todo el trabajo desarrollado en torno al llamado paquete de las telecomunicaciones, dos directivas y un reglamento que suponen un paso fundamental en el desarrollo de la sociedad de la información y en la protección de los derechos de los usuarios.

Además, esta nueva legislación proporciona una normativa clara y la seguridad legal necesaria para potenciar nuevas inversiones que, a su vez, posibiliten ofrecer nuevos servicios y desarrollar nuevas actividades económicas. Se trata pues de una normativa con un gran impacto económico. El texto finalmente aprobado también garantiza un mayor respeto de los derechos y libertades fundamentales de acceso a la red por parte de los consumidores, al otorgar seguridad jurídica a la enmienda 138.

El compromiso aprobado apela al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, mientras que la enmienda 138 optaba por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Esta última opción tiene una clara desventaja: el Reino Unido, Polonia y ahora la República Checa han introducido un protocolo de derogación que impide al TJCE y a sus respectivos tribunales nacionales actuar en caso de incumplimiento, mientras que todos los Estados miembros son signatarios del Convenio y no hay interferencia con los ordenamientos jurídicos nacionales.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Las fuerzas de centroizquierda y centroderecha presentes en el Parlamento Europeo han votado a favor del «paquete» legislativo en materia de telecomunicaciones e Internet basándose para ello en los criterios de competencia y seguridad, en otras palabras, para garantizar los beneficios de los monopolios y limitar los derechos y libertades de los trabajadores. Estos mismos grupos políticos apoyaron las propuestas reaccionarias de la Comisión, contribuyendo así a promover los intereses del capital, al tiempo que hablan con grandilocuencia demagógica de los derechos de los usuarios y del libre acceso a Internet ante la prepotencia de los grupos empresariales monopólicos.

Esta decisión del Parlamento Europeo promueve las reestructuraciones capitalistas que permitirán a las empresas hasta alcanzar proporciones gigantescas y desarrollar una «economía ecológica» a fin de reinar con autoridad suprema a nivel europeo y mundial, y multiplicar de este modo sus beneficios en detrimento de los trabajadores y los usuarios de estos servicios.

Se concede a los monopolios derechos legales para vigilar y restringir el acceso de los usuarios a Internet. Al mismo tiempo, sus beneficios quedan garantizados gracias a la armonización del espectro de radiofrecuencias y a la «división operativa» entre los servicios de telefonía fija y de Internet, por una parte, y la infraestructura necesaria, por la otra. Hemos votado en contra de la propuesta de resolución del Consejo y el Parlamento Europeo, y nos situamos al lado de los trabajadores y usuarios de las comunicaciones electrónicas, que siguen reclamando sus derechos y libertades ante la política reaccionaria de la UE y los partidos del capital.

- Informe: Bart Staes (A7-0063/2009)

  David Casa (PPE), por escrito. – En el presente caso, la propuesta pretende crear un marco para la armonización de las normas relativas a la recogida y difusión de estadísticas sobre uso y venta de pesticidas. Se ha hecho un número importante de definiciones y aclaraciones y, por consiguiente, he decidido votar a favor de este informe.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) Me felicito del acuerdo alcanzado sobre el texto común aprobado por el Comité de Conciliación para el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas sobre plaguicidas, que permitirá la creación de un marco legal y la adopción de normas armonizadas para la recogida y difusión de estadísticas sobre la venta y uso de plaguicidas para su utilización sostenible.

  Peter Jahr (PPE), por escrito. – (DE) Acojo con satisfacción que el Reglamento relativo a las estadísticas de productos fitosanitarios completará el paquete legislativo de la política fitosanitaria europea, que de este modo podrá entrar en vigor. A fin de minimizar los riesgos para las personas y el medio ambiente que representa el uso de productos fitosanitarios, necesitamos indicadores de riesgo armonizados que se basen en información comparable y fiable procedente de todos los Estados miembros. Eso es exactamente lo que ahora se podrá hacer. No obstante, la recogida de esta información no debe generar más burocracia ni mayores cargas para nuestros agricultores y administraciones. De ser posible debería utilizarse la información ya existente y no proceder a la recogida de nuevos datos. Será nuestra responsabilidad velar por que, durante el seguimiento de la aplicación del Reglamento, los gastos administrativos se mantengan al mínimo absoluto. Por otra parte, habría preferido que se mantuviera el término «productos fitosanitarios» que figuraba en la versión original de la propuesta. En lengua alemana, el término «plaguicidas» tiene una connotación sumamente negativa y por lo general se refiere al uso incorrecto de los productos fitosanitarios. Desgraciadamente, el Reglamento ahora contribuirá a este error de interpretación.

  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. – (DE) Acojo con gran satisfacción el hecho de que el Reglamento relativo a las estadísticas de productos fitosanitarios establezca un marco legal común para la recogida y distribución de datos sobre la comercialización y uso de plaguicidas. No cabe duda alguna de que resulta prioritario minimizar los riesgos para la salud humana y proteger el medio ambiente. Ahora será posible obtener indicadores de riesgo armonizados e información fiable de todos los Estados miembros. Ahora bien, me gustaría señalar enfáticamente que nuestros agricultores no deben sufragar los gastos administrativos adicionales para la recogida de datos. Si nos abstenemos de volver a recoger información ya obtenida, podemos aprovechar sinergias que permitirán reducir la burocracia y nuevas cargas.

  Miroslav Mikolášik (PPE), por escrito. – (SK) Los plaguicidas, en particular los utilizados en la agricultura, tienen importantes efectos sobre la salud de los seres humanos y el medio ambiente, por lo que debería reducirse considerablemente su uso. La larga experiencia en la recogida de datos sobre la venta y uso de plaguicida muestra que se necesitan métodos armonizaos para recoger datos estadísticos, no sólo a nivel nacional, sino también a nivel comunitario. Este Reglamento crea, de conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, un marco común para la generación sistemática de estadísticas comunitarias sobre la comercialización y uso de plaguicidas.

Por ello considero que el texto común del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas sobre plaguicidas que ha sido aprobado por el Comité de Conciliación, constituye una medida adecuada que, a final de cuentas, contribuirá al empleo sostenible de los plaguicidas y a una enorme reducción de los riesgos para la salud y el medio ambiente, así como para la protección de las cosechas.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) Quiero hacer hincapié en que los plaguicidas deben utilizarse de una forma más sostenible, lo que implica igualmente una importante reducción de los riesgos que representan. Los plaguicidas tienen que utilizarse de una forma que sea compatible con la necesidad de proteger las cosechas. Sin embargo, para utilizar los plaguicidas sin una estrecha vigilancia de su cantidad y calidad se requiere una base de datos fiable. La disponibilidad y uso de estadísticas comunitarias armonizadas y comparables sobre la venta de plaguicidas desempeñan un importante papel en la elaboración y seguimiento de la legislación y las políticas comunitarias en el marco de la Estrategia temática sobre el uso sostenible de los plaguicidas. Estas estadísticas son necesarias para evaluar las políticas de la Unión en materia de desarrollo sostenible y para calcular indicadores significativos de los riesgos para la salud y el medio ambiente asociados al empleo de plaguicidas. Por esta razón he votado a favor de este informe.

  Oldřich Vlasák (ECR), por escrito. – (CS) He votado a favor del proyecto de resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas sobre plaguicidas aprobada por el Comité de Conciliación porque, en mi opinión, traerá consigo ventajas significativas. Armoniza y, en particular, simplifica la legislación en el ámbito de las estadísticas sobre plaguicidas. Armoniza las encuestas estadísticas y, de tal modo, permite mejorar la comparación de datos y ofrece la posibilidad de utilizar mejor y más ampliamente los recursos administrativos de los datos recogidos, lo que reducirá los costes y la carga administrativa de los agricultores y otras entidades del sector agrícola. Esta propuesta también ofrece una mayor protección de los datos confidenciales. Además, esta norma permitirá, a final de cuentas, conocer mejor los plaguicidas y sus efectos sobre la salud pública, algo que considero personalmente un aspecto clave.

- Informe: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0057/2009)

  Jean-Pierre Audy (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución legislativa sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas (versión codificada). Lamento que, en vista del desarrollo y complejidad de los textos, la Comisión no haya revisado su posición, que data del 1 de abril de 1987 y que consiste en dar instrucciones a su personal para que todos los actos legislativos se codifiquen al alcanzar como máximo diez enmiendas, haciendo hincapié en que se trata de un requisito mínimo y que los servicios deberían intentar codificar los textos de los que son responsables a intervalos más breves. En el presente caso se trata de la consolidación del Reglamento de 1999, dos Reglamentos de 2004 y un Reglamento de 2005. Considero que la política de consolidar la legislación comunitaria debería ser una de las prioridades de la Comisión Europea y que la situación actual no resulta satisfactoria, en particular para los Estados miembros, los ciudadanos y en general todos los usuarios de dicha legislación: magistrados, abogados, asesores, autoridades, etc.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (FR) He votado a favor de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas (versión codificada). Estas redes revisten una gran importancia para el desarrollo de las infraestructuras europeas de transporte. Este nuevo Reglamento regulará con claridad las condiciones y procedimientos para la concesión de ayudas financieras comunitarias, lo que ofrecerá la seguridad jurídica necesaria, en particular, para los Estados y regiones que planifican estos proyectos.

- Informe: Timothy Kirkhope (A7-0065/2009)

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Siempre he prestado especial importancia a la prevención de la delincuencia, la seguridad y la cooperación policial y reconozco la fundamental importancia de Europol para crear un espacio europeo de seguridad y prevenir la delincuencia en toda Europa, así como la necesidad de reforzar a Europol a diversos niveles, incluidos los mencionados en el informe.

Sin embargo, la principal pregunta objeto de debate es si el Parlamento debe renunciar, menos de una semana antes de que entre en vigor el Tratado de Lisboa, a sus prerrogativas institucionales en materia de prevención de la delincuencia y cooperación policial, y perder la posibilidad de desempeñar un papel en el proceso decisorio sobre todas estas cuestiones por medio del procedimiento de codecisión.

No creo que éste sea el camino a seguir. Este Parlamento debe asumir plenamente sus nuevas competencias en estas materias. En vista de ello he votado a favor de este informe en el que se pide al Consejo que retire su propuesta.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Hemos votado en contra del rechazo de esta serie de informes por parte de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, no debido al contenido de las propuestas, que se refieren a Europol y otras actividades policiales de lucha contra la delincuencia, sino por su forma. De hecho, la única razón por la que la mayoría de esta Cámara desea devolver estos informes a la comisión parlamentaria es que desea esperar a que entre en vigor el Tratado de Lisboa. Con el nuevo Tratado, estas cuestiones pasarán a formar parte del procedimiento legislativo ordinario, lo que significa que habrá igualdad entre el Parlamento y el Consejo en temas legislativos, el derecho exclusivo de iniciativa de la Comisión Europea y, peor aún, la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia.

Para nosotros resulta inaceptable. En el mundo sin fronteras que Sus Señorías han creado, del que se aprovechan los delincuentes, los inmigrantes ilegales y los traficantes, es vital la cooperación policial. Sin embargo, es crucial que esta cooperación se mantenga en el ámbito de la cooperación intergubernamental.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Esta cuestión del tercer pilar es sumamente pertinente para la seguridad del espacio europeo, por lo que estoy de acuerdo que está cuestión debería abordarse de conformidad con el Tratado de Lisboa debido a la influencia que éste ejercerá sobre la política de cooperación.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) En principio, una estrecha cooperación entre las distintas autoridades para luchar contra la delincuencia es algo positivo. Sin embargo, el acceso sin restricciones a la información para todas las autoridades no regula en absoluto la protección de datos y ni siguiera queda claro qué derechos de investigación tendrá el propuesto responsable de la protección de datos. El Acuerdo SWIFT también presenta importantes problemas de protección de datos. El Parlamento Europeo debe tener una oportunidad para poner freno a este abuso de los derechos de protección de datos en nombre de los ciudadanos europeos. Por tanto, he votado a favor de este informe.

- Informe: Sophia in ’t Veld (A7-0064/2009)

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) Apoyo la opinión de la ponente y estoy de acuerdo en que la legislación relativa a Europol sea examinada de común acuerdo por el Parlamento Europeo y el Consejo. Debería prestarse especial atención a la protección de los datos personales. De hecho, no queda suficientemente claro si existen garantías sólidas para proteger la transferencia de datos personales a terceros países. ¿No infringe esta transferencia el derecho de los ciudadanos a la vida privada y pueden éstos tener confianza en que se protegerán sus datos? Esta cuestión debería investigarse exhaustivamente. Por tanto, el Consejo debería presentar una nueva propuesta tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Siempre he prestado especial importancia a la prevención de la delincuencia, la seguridad y la cooperación policial y reconozco la fundamental importancia de Europol para crear un espacio europeo de seguridad y evitar la delincuencia en toda Europa, así como la necesidad de reforzar a Europol a diversos niveles, incluidos los mencionados en el informe.

Sin embargo, la principal pregunta objeto de debate es si el Parlamento debe renunciar, menos de una semana antes de que entre en vigor el Tratado de Lisboa, a sus prerrogativas institucionales en materia de prevención de la delincuencia y cooperación policial, y perder la posibilidad de desempeñar un papel en el proceso decisorio sobre todas estas cuestiones por medio del procedimiento de codecisión.

No creo que éste sea el camino a seguir. Este Parlamento debe asumir plenamente sus nuevas competencias en estas materias. En vista de ello he votado a favor de este informe en el que se pide al Consejo que retire su propuesta.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Sin olvidar la importancia que tiene la Oficina Europea de Policía (Europol) y a pesar del apoyo general con el que debería contar en tanto que tercer pilar, ésta es una cuestión sumamente importante para la seguridad del espacio europeo.

Por ello estoy de acuerdo que esta cuestión debe evaluarse con arreglo al Tratado de Lisboa en vista de su importancia para la política de cooperación.

- Informe: Jan Philipp Albrecht (A7-0069/2009)

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Siempre he prestado especial importancia a la prevención de la delincuencia, la seguridad y la cooperación policial y reconozco la fundamental importancia de Europol para crear un espacio europeo de seguridad y evitar la delincuencia en toda Europa, así como la necesidad de reforzar Europol a diversos niveles, incluidos los mencionados en el informe.

Sin embargo, la principal pregunta objeto de debate es si el Parlamento debe renunciar, menos de una semana antes de que entre en vigor el Tratado de Lisboa, a sus prerrogativas institucionales en materia de prevención de la delincuencia y cooperación policial, y perder la posibilidad de desempeñar un papel en el proceso decisorio sobre todas estas cuestiones por medio del procedimiento de codecisión.

No creo que éste sea el camino a seguir. Este Parlamento debe asumir plenamente sus nuevas competencias en estas materias. En vista de ello he votado a favor de este informe en el que se pide al Consejo que retire su propuesta.

  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. – (RO) El informe Albrecht pone a debate la lista de terceros Estados y organizaciones con los que Europol celebrará acuerdos. Esta lista de terceros países incluye igualmente a la República de Moldova, por ejemplo, mientras que la lista de organizaciones con las que Europol piensa celebrar acuerdos debería incluir al Centro Regional de Lucha contra la Delincuencia Transfronteriza, que tiene su sede en Bucarest y negocia actualmente con Europol la celebración de un acuerdo de cooperación. El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) ha decidido votar en contra de este informe en este Pleno a fin de poder revisar el expediente tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Es precisamente porque se trata de un tema de tanta importancia que hemos decidido prestarle una gran atención y lo debatiremos a partir del año próximo por medio del procedimiento de codecisión con el Consejo.

- Informe: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0068/2009)

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) Se nos han presentado en el marco de Europol cuatro iniciativas que pretenden introducir nuevas normas en materia de confidencialidad de la información, modalidades de ejecución relativas a la regulación de las relaciones de Europol con sus socios, incluido el intercambio de datos personales e información clasificada, la lista de terceros países y organizaciones con las que pueden celebrarse acuerdos y las normas de desarrollo para el análisis de los ficheros de trabajo.

En vista de que el Tratado de Lisboa entrará en vigor en unos cuantos días y que confiere al Parlamento nuevas prerrogativas en materia de cooperación policial, los cuatro ponentes piden el rechazo de las propuestas por motivos jurídicos. Por ello estoy de acuerdo en que no se hagan comentarios sobre el fondo de estas propuestas, que se rechacen y se pida a la Comisión y al Consejo que hagan una declaración en el Pleno en la que se comprometan una nueva Decisión en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. En la práctica cabe recordar, en relación con las disposiciones vigentes, que sólo contemplan la consulta del Parlamento, que el Consejo podrá adoptar una posición antes del año, ya que las cuatro fases para la aplicación entrarán en vigor el 1 de enero de 2010.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Siempre he prestado especial importancia a la prevención de la delincuencia, la seguridad y la cooperación policial y reconozco la fundamental importancia de Europol para crear un espacio europeo de seguridad y evitar la delincuencia en toda Europa, así como la necesidad de reforzar a Europol a diversos niveles, incluidos los mencionados en el informe.

Sin embargo, la principal pregunta objeto de debate es si el Parlamento debe renunciar, menos de una semana antes de que entre en vigor el Tratado de Lisboa, a sus prerrogativas institucionales en materia de prevención de la delincuencia y cooperación policial, y perder la posibilidad de desempeñar un papel en el proceso decisorio sobre todas estas cuestiones por medio del procedimiento de codecisión.

No creo que éste sea el camino a seguir. Este Parlamento debe asumir plenamente sus nuevas competencias en estas materias. En vista de ello he votado a favor de este informe en el que se pide a la Comisión que retire su propuesta.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Sin olvidar la importancia que tiene la Oficina Europea de Policía (Europol) y a pesar del apoyo general con el que debería contar en tanto que tercer pilar, ésta es una cuestión sumamente importante para la seguridad del espacio europeo.

Por ello estoy de acuerdo que esta cuestión debe evaluarse con arreglo al Tratado de Lisboa en vista de su futura importancia para la política de cooperación. Por ello creo que cualquier decisión sobre esta delicada cuestión sería prematura mientras no entre en vigor el Tratado, pues trata sobre la seguridad del espacio europeo.

- Informe: Sofia Alfano (A7-0072/2009)

  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. – (RO) La delincuencia no deja de aumentar en la Unión Europea. Nos enfrentamos a un gran número de redes de delincuencia organizada, así como de delitos informáticos, que se extienden cada vez más. Por ello, es necesario consolidar y reforzar la política europea de prevención de la delincuencia y los Estados miembros deben cooperar mejor y más estrechamente sobre la base de una sólida estrategia común en este ámbito. Los avances llevados a cabo por la red de prevención de la delincuencia en estos últimos años han sido más bien reducidos. De hecho, aún está lejos de alcanzar todo su potencial. La ampliación de las competencias de esta red, el establecimiento de una estructura definida, simple y eficaz y la participación de la sociedad civil, las universidades y ONG son las condiciones claves para el éxito de dicha red.

El Parlamento recibirá verdaderas competencias legislativas y podrá, junto con el Consejo, adoptar decisiones sobre medidas, con arreglo al procedimiento de codecisión para estimular y apoyar las actuaciones de los Estados miembros en el ámbito de la prevención de la delincuencia. Por este motivo apoyo la propuesta de la ponente de rechazar la iniciativa y debatir este importante expediente tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

  David Casa (PPE), por escrito. – El informe objeto de debate pide que se rechacen las modificaciones al actual sistema de la Red Europea de Prevención de la Delincuencia. Coincido con la ponente en que varios ámbitos requieren mejoras, incluso en relación con esta propuesta. No obstante, las medidas transitorias son adecuadas para llevar a cabo modificaciones importantes lo antes posible. Es por ello que he decidido votar en contra de este informe.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) La Red Europea de Prevención de la Delincuencia se creó en 2001; no obstante, hasta ahora no ha arrojado resultados particularmente positivos debido a los numerosos fallos de organización que le han impedido alcanzar todo su potencial, y ya ha sido objeto de una revisión interna en dos ocasiones. La presente iniciativa pretende abolir la decisión adoptada en 2001 y propone la reestructuración de la red, algo que considero limitado y claramente inadecuado para solucionar los problemas actuales.

En vista de todo ello necesitamos emprender una reforma de la organización de la red que sea más seria y ambiciosa. La insistencia de la Presidencia sueca para que el Parlamento adopte una decisión antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa resulta, así pues, inadmisible, no sólo porque es una mala iniciativa, sino también porque pide al Parlamento que renuncie a sus prerrogativas institucionales en materia de prevención de la delincuencia que le concede el Tratado de Lisboa a tan sólo unos días de que éste entre en vigor.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Siempre he prestado especial importancia a la prevención de la delincuencia, la seguridad y la cooperación policial y reconozco la fundamental importancia de Europol para crear un espacio europeo de seguridad y evitar la delincuencia en toda Europa, así como la necesidad de reforzar a Europol a diversos niveles, incluidos los mencionados en el informe.

Sin embargo, la principal pregunta objeto de debate es si el Parlamento debe renunciar, menos de una semana antes de que entre en vigor el Tratado de Lisboa, a sus prerrogativas institucionales en materia de prevención de la delincuencia y cooperación policial, y perder la posibilidad de desempeñar un papel en el proceso decisorio sobre todas estas cuestiones por medio del procedimiento de codecisión.

No creo que éste sea el camino a seguir. Este Parlamento debe asumir plenamente sus nuevas competencias en estas materias. Por ello he votado a favor de este informe y pido al Consejo que no adopte formalmente la iniciativa antes de la inminente entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La Red Europea de Prevención de la Delincuencia se creó en 2001 debido a la necesidad de adoptar medidas y actividades de intercambio para prevenir la delincuencia, así como para reforzar la red de autoridades nacionales encargadas de la prevención de la delincuencia.

Siete años más tarde y tras una evaluación externa de esta Red, la conclusión ha sido que queda mucho por mejorar por lo que respecta a la forma en que funciona esta institución.

El desarrollo de los distintos aspectos de la prevención de la delincuencia es de suma importancia a nivel de la UE, al igual que apoyar la prevención y lucha contra las formas de delincuencia nacional y local.

En vista de la sensibilidad que revisten las cuestiones que aborda este informe, estoy de acuerdo con la decisión de pedir una nueva propuesta al Consejo con arreglo al procedimiento de codecisión, de conformidad con el Tratado de Lisboa.

- Informe: Timothy Kirkhope (A7-0071/2009)

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Siempre he prestado especial importancia a la prevención de la delincuencia, la seguridad y la cooperación policial y reconozco la fundamental importancia de Europol para crear un espacio europeo de seguridad y evitar la delincuencia en toda Europa, así como la necesidad de reforzar a Europol a diversos niveles, incluidos los mencionados en el informe.

Sin embargo, la principal pregunta objeto de debate es si el Parlamento debe renunciar, menos de una semana antes de que entre en vigor el Tratado de Lisboa, a sus prerrogativas institucionales en materia de prevención de la delincuencia y cooperación policial, y perder la posibilidad de desempeñar un papel en el proceso decisorio sobre todas estas cuestiones por medio del procedimiento de codecisión.

No creo que éste sea el camino a seguir. Este Parlamento debe asumir plenamente sus nuevas competencias en estas materias. En vista de ello votaré a favor de este informe y pido al Reino de Suecia y al Reino de España que retiren su iniciativa.

Paquete Europol (Timothy Kirkhope (A7-0065/2009), Sophia in ’t Veld (A7-0064/2009), Jan Philipp Albrecht (A7-0069/2009), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0068/2009), Sofia Alfano (A7-0072/2009), Timothy Kirkhope (A7-0071/2009))

  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) He votado a favor de los informes in ’t Veld, Kirkhope, Albrecht y Díaz de Mera García Consuegra sobre un paquete de medidas relativas a Europol, y del informe Alfano sobre la Red Europea de Prevención de la Delincuencia en la que se pide el rechazo de las propuestas del Consejo en esta materia. El propósito del rechazo de las propuestas era defender las prerrogativas del Parlamento Europeo en cuestiones tan delicadas como la cooperación policial y judicial en materia penal. Se ha pedido al Parlamento Europeo que se pronuncie en un plazo sumamente breve sobre lo que, sin embargo, constituyen cuestiones sensibles. No obstante, nada justifica esta premura, a menos que, después del 1 de diciembre, se anulen los procedimientos llevados a cabo con arreglo al tercer pilar y tengan que ser objeto de un nuevo procedimiento con arreglo al «procedimiento legislativo ordinario». Rechazamos estas propuestas para enviar un claro mensaje al Consejo en el sentido de que estamos de acuerdo con la presión que se ejerce sobre los diputados y con el evidente deseo de eludir los nuevos procedimientos que incluyen al Parlamento Europeo en el debate legislativo.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – He votado en contra de la propuesta de decisión de acuerdo con la recomendación de la Comisión de Libertades Civiles. Con la inminente entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las decisiones correspondientes a este ámbito deberán adoptarse con arreglo a los nuevos procedimientos legislativos.

  Jörg Leichtfried (S&D), por escrito. – (DE) He votado en contra de la adopción del paquete Europol. He votado a favor de que se rechace todo el paquete por considerar que es escandaloso que la Comisión y el Consejo sigan intentando imponer este paquete antes de que el Tratado de Lisboa entre en vigor.

- Informe: Vital Moreira (A7-0060/2009)

  David Casa (PPE), por escrito. – Georgia ha sufrido una increíble recesión, sobre todo tras el conflicto de 2008 con Rusia. La Comisión ha propuesto prestar asistencia macrofinanciera a Georgia, entre otras razones, por la importancia estratégica de este país. Aunque estoy de acuerdo en que el Parlamento necesita más información al respecto, he decidido apoyar la recomendación del ponente y votar a favor del informe.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Siempre hemos defendido que es necesario que la UE conceda una ayuda solidaria a los países que la necesita y expuesto que esta ayuda se destine a proyectos que sean de auténtico interés para la población del país de que se trate.

Sin embargo, la «ayuda» que concede la UE parece tener muy poco que ver con la solidaridad. Los intereses del gran capital, ya sean económicos o financieros, y de las grandes potencias siempre sustituyen a los intereses de la solidaridad.

Esto es lo que sucede igualmente con la ayuda para Georgia, que acabamos de votar. La asistencia financiera tiene por finalidad ante todo financiar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y su política de ajuste estructural, es decir, su insistencia en las mismas políticas neoliberales que provocaron la crisis económica financiera a la que se enfrenta este país.

Nuestra abstención en la votación de los informes restantes se basa en las mismas razones. Asimismo no existen garantías de que los fondos aprobados no vayan a parar al rearme de Georgia, aunque sea de forma indirecta, tras el ataque de las tropas georgianas contra la población de las provincias de Osetia del Sur y Abjasia, que dio lugar a la guerra con Rusia.

No podemos aprobar una decisión que puede producir una mayor militarización en las relaciones entre los países de la región del Cáucaso, cuya energía, riqueza y valor estratégico resultan tan importantes para la UE y sus monopolios.

  Jacek Olgierd Kurski (ECR), por escrito. – (PL) Georgia fue objeto de un brutal ataque en agosto de 2008 por parte de los ejércitos de la Federación de Rusia, y aparte de sufrir daños a gran escala y numerosas víctimas, también ha experimentado un grave deterioro de su situación económica. La Unión Europea no puede permanecer pasiva ante los problemas económicos de Georgia y debería estar dispuesta a prestarle asistencia macrofinanciera especial para su reconstrucción tras la invasión rusa del año pasado. La asistencia financiera de Bruselas ayudará igualmente a Georgia a luchar contra los efectos de la crisis económica y financiera mundial. En vista de lo expuesto anteriormente y de la importancia estratégica que Georgia tiene para la Unión Europea en el marco de la Política Europea de Vecindad y la recién creada Asociación Europea Oriental, he votado a favor de la resolución sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se concede ayuda macrofinanciera a Georgia.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) El programa de ayuda financiera es vital para mejorar la estabilidad financiera de los países europeos que acaban de salir de un conflicto armado, cuyas vicisitudes les han provocado dificultades financieras en forma de déficit presupuestarios y en su balanza de pagos.

Esta ayuda es crucial para el proceso de reconstrucción de estos países, siempre que se lleve de forma pacífica, algo que sólo es posible con la ayuda internacional. Esta ayuda permite igualmente que estas zonas de inestabilidad no pongan en peligro la seguridad y la paz en Europa, sobre todo debido a los refugiados y personas desplazadas que generan estos conflictos.

Así pues, la UE debe ser una zona de solidaridad y combinar esta ayuda a Georgia con los aspectos antes mencionados.

- Informe: Vital Moreira (A7-0059/2009)

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) El programa de ayuda macrofinanciera también es vital para mejorar la estabilidad financiera de los países europeos que han sufrido la reciente crisis mundial y se han visto afectados por sus efectos sobre sus principales socios comerciales, en particular Rusia, en el caso de Armenia. Estos desequilibrios financieros se deben a problemas presupuestarios y de la balanza de pagos.

Esta ayuda es importante en caso de que Armenia se enfrente a una crisis más profunda, y para evitar la inestabilidad social que podría precipitar un éxodo masivo de emigrantes, lo que provocaría problemas dentro de Europa.

Así pues, la UE debe ser una zona de solidaridad y combinar esta ayuda a Armenia con los aspectos antes mencionados.

- Informe: Miloslav Ransdorf (A7-0061/2009)

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) En el caso concreto de Serbia, el programa de ayuda macrofinanciera es vital para mejorar la estabilidad financiera de este país, ya que, además de sufrir la crisis mundial, Serbia acaba de salir de un conflicto armado cuyos efectos aún se resienten.

Esta ayuda es un importante instrumento para la estabilidad financiera de Serbia y para consolidar la estabilización de la situación en toda la región de los Balcanes. Serbia y su economía desempeñan un papel de enorme importancia en el proceso de integración regional y también es indispensable su participación en la integración europea.

Así pues, la UE debe ser una zona de solidaridad y combinar esta ayuda a Serbia con los aspectos antes mencionados.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Se prevé que Serbia recibirá durante el año próximo una ayuda macrofinanciera por un valor de hasta 200 millones de euros en forma de préstamo. Estos fondos están destinados a apoyar la estabilización económica de ese país, a financiar sus necesidades en materia de balanza de pagos y a ayudarlo a hacer frente a las consecuencias de la crisis económica y financiera mundial. Considero que la ayuda macrofinanciera para Serbia, que apoyará el programa de estabilización económica del país en la actual crisis, constituye un instrumento importante para promover la estabilización de toda la región de los Balcanes. Serbia y su economía tienen que desempeñar un papel clave en la integración regional y la participación de este país en la integración europea es asimismo de gran importancia. Por estas razones he votado a favor del informe del señor Ransdorf y, por ende, a favor de que se conceda ayuda macrofinanciera a Serbia.

- Informe: Iuliu Winkler (A7-0067/2009)

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) El programa de ayuda macrofinanciera es vital para mejorar la estabilidad financiera de Bosnia y Herzegovina, y para luchar contra los efectos negativos que tiene la crisis mundial sobre la economía del país. Esta ayuda se reflejará en una mejora de la economía del país por lo que respecta al déficit presupuestario y la balanza de pagos.

Bosnia se encuentra igualmente en una región sensible, de modo que su estabilidad económica y financiera reviste una importancia especial, pues contribuirá a una mayor estabilidad en toda la región de los Balcanes.

Así pues, la UE debe ser una zona de solidaridad y combinar esta ayuda a Bosnia con los aspectos antes mencionados.

- Ayuda macrofinanciera

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) No aceptamos que los préstamos y subvenciones europeos queden sujetos a las restricciones impuestas por el FMI. Votaremos en contra de la ayuda macrofinanciera presentada hoy al Parlamento Europeo. Sus Señorías pueden ver el tipo de condiciones que se han impuestos: plazos imposibles de cumplir, falta de información... Sea como sea que se mire, estas condiciones van en contra de las exigencias democráticas que deberían caracterizar a la Unión Europea.

No obstante, mantenemos nuestro apoyo a los pueblos de Serbia, Bosnia y Herzegovina, Armenia y Georgia. No queremos que sufran más de lo que ya han sufrido a manos del sistema neoliberal obsoleto y peligroso que el FMI intenta perpetuar.

- Informe: Udo Bullmann (A7-0055/2009)

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Me parece que este informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo que pretende modificar el sistema común del impuesto sobre el valor añadido constituye un medio para lograr un sistema más simplificado y armonizado. De hecho, al combinar determinados aspectos relativos al IVA sobre el suministro de gas natural, electricidad, calefacción o refrigeración con el tratamiento fiscal de las empresas conjuntas constituidas de conformidad con el artículo 171 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea, con la identificación de determinadas consecuencias de la ampliación de la UE y con las condiciones para ejercer el derecho de deducir el IVA recibido, lograremos una mayor eficacia en la aplicación de este impuesto.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La propuesta del Consejo pretende aclarar determinadas cuestiones relacionadas con la importación y lugar de imposición del suministro de gas y electricidad a fin de incluir las enmiendas acordadas para la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la UE dentro del ámbito de aplicación de la Directiva, sí como aclarar y hacer hincapié en la norma básica de derecho relativa a la deducción, que establece que este derecho únicamente existe si los bienes y servicios son utilizados por el sujeto pasivo del impuesto y para los intereses de sus actividades comerciales.

Sin embargo, el texto que se ha aprobado hoy no se corresponde con algunas características específicas de los mercados nacionales, como el uso de gas butano y propano. En Portugal, al igual que en otros países europeos en los que los ciudadanos tienen una renta baja y cuya inclusión relativamente reciente en las redes europeas de gas natural resulta sumamente costosa, el uso de gas butano y propano en los hogares, las microempresas y las pequeñas empresas es una realidad inevitable.

Además, las personas que recurren a este tipo de energía por regla general son las más desfavorecidas, lo que significa que la Directiva sobre el IVA discrimina a este grupo y no a aquellos con mayores ingresos.

Asimismo, las enmiendas al informe parecen reducir el margen de maniobra de los Estados miembros.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – Me he abstenido en la votación del informe Bullmann. Aunque creo que el Consejo tiene la obligación de escuchar las opiniones de esta Cámara, que es la única institución electa de la UE, no considero que los regímenes de IVA deban armonizarse. El principio de subsidiariedad dicta que la fiscalidad es una materia que está mejor en manos de los Estados miembros.

- Informe: Anna Rosbach (A7-0051/2009)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre la protección del medio marino del Nordeste Atlántico (Convenio OSPAR) en relación con el almacenamiento de flujos de dióxido carbono en formaciones geológicas, porque considero que la existencia de un marco normativo y de directrices sobre dicho almacenamiento contribuirán a la protección de las zonas marítimas, tanto a corto como a largo plazo, siempre que el objetivo sea que estas formaciones conserven permanentemente el dióxido de carbono y no tengan efectos adversos sobre el medio marino, la salud humana y otros usos legítimos de las zonas marítimas europeas, en particular los de Portugal, y en especial, las Azores.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) he votado a favor del informe Rosbach sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, de las enmiendas al anexo II y al anexo III del Convenio sobre la protección del medio marino del Nordeste Atlántico (Convenio OSPAR) en relación con el almacenamiento de flujos de dióxido carbono en formaciones geológicas. Sin embargo, es importante que la tecnología de captura y almacenamiento de dióxido de carbono en formaciones geológicas, que ha sido objeto de muy pocas pruebas, se aplique de conformidad con las normas de seguridad más estrictas contempladas en la Directiva correspondiente.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El almacenamiento de dióxido de carbono en formaciones geológicas ha sido identificado como una posible solución para mitigar los efectos de un aumento de la concentración antropogénica de este gas en la atmósfera. No obstante, esta solución plantea una serie de preguntas acerca de la posibilidad de aplicarla en el futuro, en particular en vista de que el desarrollo de la tecnología necesaria se encuentra todavía en sus primeras fases, que se prevé que será costosa y de los posibles riesgos que conlleva. Resulta conveniente hacer un seguimiento de los estudios realizados sobre este tema, teniendo en cuenta que algunos de los resultados obtenidos hasta ahora son positivos a este respecto.

No obstante, cabe señalar que la realización de estudios sobre esta opción o su posible aplicación en el futuro no deben en ningún caso cuestionar el necesario cambio del modelo energético, que tiene por finalidad reducir considerablemente la actual dependencia de los combustibles fósiles. Por otra parte es necesario investigar exhaustivamente sus efectos sobre el medio ambiente y la seguridad de las tecnologías utilizadas para el almacenamiento. La resolución aprobada prevé que así se hará y es por ello que hemos votado a favor de ella.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – He votado a favor del informe Rosbach. La captura y almacenamiento de carbono puede contribuir de forma importante a los esfuerzos destinados a hacer frente al cambio climático, y mi país, Escocia, desempeñará un importante papel en el desarrollo de la tecnología necesaria para ello. Esta modificación del Convenio OSPAR implicará que la UE y Escocia se sitúen a la vanguardia en este ámbito.

- Informe: Geringer de Oedenberg (A7-0058/2009)

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Tengo que admitir que los dos informes de la señora Geringer de Oedenberg me han enseñado algo nuevo, pues he aprendido que aquellos países que opten por no participar en la cooperación judicial en materia civil perderán, a pesar de todo, su soberanía.

De hecho, Dinamarca, que pudo negociar una excepción, pero que ha intentado igualmente celebrar un tratado en su condición de país soberano con la Comunidad a fin de participar en algunos aspectos de esta cooperación, ahora está obligada a pedir permiso a la Comisión para celebrar nuevos acuerdos internacionales de este tipo con otros países. En otras palabras, ha perdido su derecho a adoptar decisiones totalmente independientes en un ámbito de sus relaciones exteriores.

Aunque puedo entender, desde un punto de vista intelectual, que se requiere congruencia dentro y fuera de la Comunidad para establecer esta cooperación, me cuesta más aceptar que la Comisión sea la única competente para celebrar este tipo de convenios internacionales.

Hemos votado a favor de estos informes únicamente porque no existen motivos para evitar que Dinamarca celebre los acuerdos que desee y existen muy pocas posibilidades para hacer lo contrario en las circunstancias actuales.

- Informe: Carmen Fraga Estévez (A7-0046/2009)

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – He votado a favor de este informe sobre un plan de recuperación del fletán negro en el marco de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental. Las organizaciones internacionales de la pesca son indispensables para gestionar los recursos marinos mundiales. Sin embargo, me parece lamentable que sea la UE la que negocie con nuestros vecinos del Atlántico del Norte. Si bien el Tratado de Lisboa ha consagrado este principio, sigo pensando que existen posibilidades para que la gestión de la pesca sea devuelta a los países pesqueros y regiones marítimas.

- Informe: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0053/2009)

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) En los últimos años se han registrado algunos avances positivos en lo relativo al transporte por ferrocarril y de larga distancia. Sin embargo, los pasajeros no deben quedar excluidos de estos avances. No basta con adoptar normas relativas a las indemnizaciones por retrasos en los servicios ferroviarios internacionales. Debemos velar por que, en el marco de la armonización, el transporte regional no quede completamente marginado y regiones enteras queden aisladas.

De igual manera, debemos velar por que el ilusorio énfasis puesto hasta ahora en la privatización no produzca enormes retrasos y fallos de seguridad como ha ocurrido en el Reino Unido. Es importante superar los obstáculos y problemas técnicos para el tráfico ferroviario transfonterizo, y no sólo por razones medioambientales. Es por ello que he votado a favor de este informe.

- Informe: Diana Wallis (A7-0062/2009)

  Miroslav Mikolášik (PPE), por escrito. – (SK) Acojo con satisfacción la decisión de la Comunidad de ratificar el Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias, porque dicho Protocolo incluye una aclaración muy necesaria y esperada desde hace mucho de las normas por las que se determina el derecho aplicable, que se complementa con el Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre el Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia.

La armonización de las normas ofrecerá seguridad jurídica a las personas que tienen derecho a percibir pensiones alimenticias y la posibilidad de incoar acciones sin estar sujeto a diferentes ordenamientos jurídicos. Gracias a estas normas especiales se limitará igualmente el incumplimiento de estas obligaciones, cuando los derechohabientes no puedan obtener satisfacción con la legislación del país en el que residen habitualmente. La posibilidad de negarse a aplicar un derecho contemplado en el Protocolo se limita exclusivamente a los casos en que los efectos sean manifiestamente contrarios al orden público del país del tribunal de que se trate. Quisiera igualmente expresar mi profundo pesar por el hecho de que el Reino Unido no participe en la Decisión del Consejo relativa a la ratificación del Protocolo por parte de la Comunidad.

- Informe: Tadeusz Zwiefka (A7-0054/2009)

  Sabine Lösing (GUE/NGL), por escrito. – El informe sobre la demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y los privilegios de Tobias Pflüger fue votado y aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) del Parlamento Europeo el 9 de noviembre de 2009.

Este informe se basa en hechos erróneos.

El aspecto más importante es que el informe menciona una sentencia en primera instancia que ha sido anulada. Esta sentencia carece de validez porque el tribunal regional de Múnich desestimo la demanda interpuesta contra Tobias Pflüger el 21 de julio de 2009 en segunda y última instancia. No hubo condena. Por este motivo, todos los cargos carecen de validez.

Desde un punto de vista político resulta inadmisible que este informe, que contiene hechos erróneos, haya sido aprobado hoy en el Pleno (24 de noviembre de 2009).

Hemos intentado que se suprimiera este informe incompleto y, por ende, incorrecto, del orden del día, pero desgraciadamente no lo hemos logrado.

Esta forma de proceder del Parlamento Europeo da la impresión de que apoya la persecución de los políticos en activo, en este caso, del Ministerio Público nº 2 de Múnich contra un antiguo diputado al Parlamento Europeo.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – El informe sobre la demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y los privilegios de Tobias Pflüger fue votado y aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) del Parlamento Europeo el 9 de noviembre de 2009.

Este informe se basa en hechos erróneos.

El aspecto más importante es que el informe menciona una sentencia en primera instancia que ha sido anulada. Esta sentencia carece de validez porque el tribunal regional de Múnich desestimo la demanda interpuesta contra Tobias Pflüger el 21 de julio de 2009 en segunda y última instancia. No hubo condena. Por este motivo, todos los cargos carecen de validez.

Desde un punto de vista político resulta inadmisible que este informe, que contiene hechos erróneos, haya sido aprobado hoy en el Pleno (24 de noviembre de 2009).

Hemos intentado que se suprimiera este informe incompleto y, por ende, incorrecto, del orden del día, pero desgraciadamente no lo hemos logrado.

Esta forma de proceder del Parlamento Europeo da la impresión de que apoya la persecución de los políticos en activo, en este caso, del Ministerio Público nº 2 de Múnich contra un antiguo diputado al Parlamento Europeo, Tobias Pflüger.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – El informe sobre la demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y los privilegios de Tobias Pflüger fue votado y aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) del Parlamento Europeo el 9 de noviembre de 2009. Este informe se basa en hechos erróneos. El aspecto más importante es que el informe menciona una sentencia en primera instancia que ha sido anulada. Esta sentencia carece de validez porque el tribunal regional de Múnich desestimo la demanda interpuesta contra Tobias Pflüger el 21 de julio de 2009 en segunda y última instancia. No hubo condena. Por este motivo, todos los cargos carecen de validez. Desde un punto de vista político resulta inadmisible que este informe, que contiene hechos erróneos, haya sido aprobado hoy en el Pleno (24 de noviembre de 2009). Hemos intentado que se suprimiera este informe incompleto y, por ende, incorrecto, del orden del día, pero desgraciadamente no lo hemos logrado. Esta forma de proceder del Parlamento Europeo da la impresión de que apoya la persecución de los políticos en activo, en este caso, del Ministerio Público nº 2 de Múnich contra un antiguo diputado al Parlamento Europeo, Tobias Pflüger.

- Informe: József Szájer (A7-0036/2009)

  Peter Skinner (S&D), por escrito. – Creo que el papel del Parlamento solamente puede resultar eficaz si puede sustanciar los efectos de la legislación. En este contexto, la aplicación de la norma relativa al «procedimiento de reglamentación con control» permite el examen previo de las propuestas legislativas. Este informe matiza el papel del Parlamento e incrementa nuestra capacidad para controlar y vigilar la aplicación de la legislación en los Estados miembros.