Acta literal de los debates

Jueves 26 de noviembre de 2009 - Estrasburgo

1. Apertura de la sesión

PRESIDE: Rainer WIELAND
Vicepresidente

(Se abre la sesión a las 09.0 0horas)

2. Presentación de documentos: véase el Acta

3. Presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas – Año 2008 (debate)

  Presidente. − El siguiente punto es la presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas.

  Vítor Manuel da Silva Caldeira Presidente del Tribunal de Cuentas.- Señor Presidente, Señorías, damas y caballeros, es un honor para mí tener la oportunidad de participar en el debate de hoy sobre el informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo relativo a la aplicación del presupuesto para el ejercicio 2008, el cual ya le presenté a usted, señor Presidente, y a la Comisión de Control Presupuestario, el día 10 de noviembre.

El informe de este año tenemos cuatro mensajes clave.

En primer lugar, el Tribunal emite una opinión sin reservas sobre las cuentas por segundo año consecutivo. La conclusión del Tribunal es que las cuentas presentan, de un modo imparcial y en todos los sentidos materiales, la posición financiera, los resultados y los flujos materiales de la Unión Europea al finalizar el año. Es decir, el balance final para 2008 presenta una imagen fiel y veraz, aunque debe prestarse la debida atención a señalados puntos débiles en los sistemas de un gran número de Direcciones Generales de la Comisión.

Respecto a la legalidad y a la regularidad de las transacciones subyacentes, el segundo mensaje es que en los últimos años se ha producido un descenso global en el nivel de irregularidad. No obstante, el nivel de irregularidad continúa siendo demasiado alto en algunas áreas.

Al igual que ha hecho en años anteriores, el Tribunal emite una opinión sin reservas sobre ingresos y compromisos para 2008. Sin embargo, la situación de los pagos sigue siendo desigual.

En cuanto a Administración y otros gastos, el Tribunal emite una opinión sin reservas, como en años anteriores, el Tribunal emite una opinión sin reservas sobre educación y ciudadanía, y estima que la tasa de error ha descendido hasta situarse por debajo del 2 %.Este resultado se debe principalmente a una proporción elevada de pagos anticipados en 2008, los cuales tienen un menor riesgo de error que los pagos provisionales y definitivos. No obstante, los sistemas en este ámbito siguen considerándose efectivos solamente en parte.

En el caso de la agricultura y recursos naturales, el Tribunal llega a la conclusión de que, exceptuando en el desarrollo rural, los pagos fueron, en todos los sentidos materiales, legales y regulares. Esta es la primera vez que el Tribunal emite una opinión con reservas y no una opinión negativa. La tasa de error global para esta política se sitúa por debajo del 2 %, lo que supone un descenso con respecto a años anteriores. Las deficiencias en los sistemas de supervisión y control relacionados con el desarrollo rural contribuyeron de forma significativa a que el Tribunal considerase que, en general, los sistemas solamente son efectivos en parte.

El Tribunal también emite una opinión con reservas sobre el grupo político Asuntos Económicos y Financieros, debido a los errores encontrados en aquellas transacciones relacionadas con el sexto programa marco para acciones de investigación y desarrollo tecnológico.

En lo que se refiere a los grupos de políticas correspondientes a «Cohesión», «Investigación, energía y transporte», y «Ayuda exterior, desarrollo y ampliación», el Tribunal continúa emitiendo opiniones negativas y concluye en que estos se ven afectados por un error material, aunque a diferentes niveles.

El ámbito de la Cohesión sigue siendo el más afectado por la tasa de error. El Tribunal estima que al menos el 11 % del total de los 24 800 millones de euros desembolsados durante 2008 con respecto al periodo de programación 2000-2006 no debería haberse desembolsado.

La Comisión ha afirmado que los mecanismos de corrección y de recuperación mitigan los efectos de los errores. Sin embargo, el Tribunal considera que los Estados miembros no facilitan información suficientemente completa y fidedigna sobre correcciones financieras que respalden esta afirmación. Además, el Tribunal descubrió casos de Estados miembros que reemplazaron gastos no subvencionables rechazados por la Comisión con nuevos gastos que también eran no subvencionables.

En lo que respecta al periodo de programación 2007-2013, casi todos los pagos son anticipados, para los cuales existen relativamente pocas condiciones. Por lo tanto, es demasiado pronto para decir si los cambios en las normas o en los sistemas han reducido el nivel de errores. Sin embargo, la tardanza a la hora de aprobar las descripciones de los sistemas de los Estados miembros, las valoraciones de cumplimiento y las estrategias de fiscalización han ralentizado la ejecución presupuestaria y pueden aumentar el riesgo de que los sistemas de control no puedan evitar o detectar errores en la fase de inicio.

A pesar de que sigue habiendo un nivel material de error en «Investigación, energía y transporte», las medidas correctivas adoptadas por la Comisión han contribuido a reducirlo. No obstante, las obligaciones legales siguen siendo complejas y los sistemas de control continúan siendo efectivos solamente en parte. Los pagos destinados a ayuda exterior, desarrollo y ampliación también siguen viéndose materialmente afectados por los errores, con puntos débiles en los sistemas de ayuda exterior, desarrollo y ampliación, principalmente a nivel de los organismos y delegaciones de ejecución.

En general, las tasas de error parecen estar disminuyendo pero los marcos jurídicos continúan siendo complejos, y aún hay problemas en algunos sistemas de control. Seguir reduciendo el nivel de pagos irregulares requerirá, por tanto, la mejora continuada de los sistemas de supervisión y control y, cuando proceda, la simplificación de las normas y reglamentos.

El tercer mensaje clave del informe anual es que las recomendaciones del Tribunal de años anteriores sobre la mejora de los sistemas de supervisión y control siguen siendo válidas, ya que las medidas relevantes forman parte de un proceso en marcha, en el que se necesitará tiempo antes de que dichas recomendaciones se consideren efectivas.

La prioridad sigue siendo abordar los puntos débiles específicos que el Tribunal ha encontrado en aquellos ámbitos donde se han detectado más problemas, muchos de los cuales acabo de subrayar.

También debería prestarse especial atención a la mejora de los mecanismos de corrección y recuperación financieras a cuenta del cierre del periodo de programación 2000-2006.

Además, la Comisión debería seguir observando la efectividad de los sistemas e identificar de cuál de los controles del gasto se puede obtener más, o dónde sería apropiado considerar llevar a cabo una revisión de los programas o planes implicados.

En el contexto de dichas revisiones, las autoridades legislativas y la Comisión deberían considerar en establecer el nivel de riesgo residual de irregularidad que el sistema debería lograr, es decir, el riesgo tolerable de error, en lugar de especificar el número de controles que es necesario emprender, como es el caso ahora.

Sin embargo, existe un límite en la reducción del nivel de irregularidad que se puede lograr mediante la mejora de la efectividad de los sistemas de supervisión y control.

Esto me lleva al cuarto y último mensaje clave de este informe anual. La simplificación continúa siendo una prioridad si se logran unas reducciones más significativas y sostenibles en cuanto al nivel de pagos irregulares. Los ámbitos en los que el Tribunal encuentra unos niveles demasiado altos de errores son aquellos en los cuales existen obligaciones legales complicadas y poco claras, tales como los criterios de admisibilidad. La agricultura, el ámbito más importante en cuanto a mejoras, es un ejemplo de sector en el que se han desarrollado importantes esfuerzos por simplificar los planes de gasto.

El Tribunal también mantiene la opinión de que una serie de normas y reglamentos bien elaborados que resulten fáciles de interpretar y sencillos de aplicar no sólo disminuyen el riesgo de error sino que también reducen los gastos en controles.

Sin embargo, es necesario aplicar con precaución la simplificación con el fin de encontrar el equilibrio correcto entre la ésta última y el establecimiento de objetivos políticos, evitando efectos secundarios imprevistos, como puede ser el gasto menos enfocado.

Además, tal y como el Tribunal ha resaltado, a la hora de revisar o reformar los acuerdos para los gastos de la Unión Europea, debería aplicarse la simplificación junto con los principios de claridad de objetivos, realismo, transparencia y responsabilidad.

Las propuestas previstas en cuanto a la revisión de la regulación financiera, así como un nuevo marco financiero y una reforma del presupuesto proporcionarán oportunidades para hacer esto durante el mandato de la nueva Comisión.

Asimismo, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa supondrá una serie de cambios en la administración de los fondos de la Unión Europea y en el control de su uso, reforzando el papel de este Parlamento. Dichos cambios tendrán implicaciones importantes para el trabajo del Tribunal y deberán servir para reforzar la responsabilidad y la transparencia, contribuyendo por tanto a fomentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la Unión Europea.

Señor Presidente, Señorías, este es un momento importante de renovación para la Unión Europea, y las reformas previstas suponen una gran oportunidad para seguir mejorando la administración financiera de la Unión Europea. No obstante, en épocas de renovación y reforma, también es importante recordar las lecciones del pasado. Considero que el Tribunal desempeña un papel vital en dichas circunstancias, puesto que proporciona informes y opiniones que no sólo identifican problemas ya existentes sino que además hacen recomendaciones para el futuro. Por tanto, el Tribunal espera con ansia seguir trabajando junto a sus instituciones homólogas con el fin de obtener el máximo provecho posible de las oportunidades que existen actualmente para continuar mejorando la administración financiera de la Unión Europea.

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. – Señor Presidente, la Comisión acoge con satisfacción el informe anual del Tribunal para el ejercicio 2008. Ya he tenido la oportunidad de dar las gracias al Tribunal por la buena colaboración de la que hemos disfrutado este año. Hemos tenido un diálogo muy fructífero y el informe es muy constructivo.

Como acaban ustedes de escuchar en la declaración del Presidente Caldeira, el nivel de irregularidad ha disminuido en general en los últimos años. Las cosas empezaron a mejorar de verdad hace cinco años y, desde 2004, el «área roja», que es el ámbito en el que el Tribunal halla el mayor número de errores y por los cuales penaliza con una «tarjeta roja», se ha reducido a la mitad.

Para el ejercicio 2008, el informe muestra una opinión completamente limpia acerca de las cuentas por segundo año consecutivo, como resultado del importante logro conseguido mediante una meticulosa reforma y la transición hacia la contabilidad de devengo.

En segundo lugar, por primera vez, la agricultura, en conjunto, es ahora «limpia y ecológica». Ciertamente esto puede atribuirse a los importantes esfuerzos de simplificación realizados en los últimos años. En tercer lugar, el grupo de política titulado «educación y ciudadanía» también es ahora ecológico.

En cuanto a la investigación en general, las cosas están mejorando y el Tribunal señala que las irregularidades están vinculadas esencialmente al sexto programa marco, que permite esperar que las normas del mejorado y simplificado séptimo programa marco traerán un mejor resultado.

De nuevo, al igual que ocurriera el año pasado, el Tribunal no ha encontrado luz roja para los sistemas de administración y control. Además, el Tribunal considera que todos los informes anuales de actividades realizados por los servicios de la Comisión ofrecen garantías razonables, con o sin cualificación, de que los sistemas de control interno aseguran la legalidad y regularidad de las transacciones subyacentes. El Tribunal dijo que el informe hace un seguimiento del trabajo que aún es necesario realizar.

El «área roja» representa ahora alrededor del 30 %, y corresponde al gasto en Cohesión, que es el único ámbito en el que el Tribunal no ha encontrado aún ningún progreso significativo en el nivel de irregularidades. Esto es algo que quizá se esperaba, dado que en 2008, el Tribunal no revisó los pagos realizados bajo los sistemas mejorados y creados para el nuevo periodo de programación 2007-2013. A este respecto, la Comisión observa que los descubrimientos del Tribunal en cuanto a Cohesión coinciden en gran parte con nuestra propia evaluación general.

En cuanto a los Fondos Estructurales, la Comisión tuvo reservas en 2008 debido a las deficiencias en los sistemas de control de Bélgica, Alemania, Italia, España, Bulgaria, Reino Unido, Francia, Polonia y Luxemburgo. La Comisión no vacila en cuanto a la transparencia en aquellas áreas en que hay problemas sistémicos. Los nombres de estos Estados miembros fueron publicados en junio en el informe resumido de la Comisión.

Asimismo, el Tribunal nos recuerda el papel esencial de la información completa y fidedigna por parte de todos los Estados miembros en cuanto a correcciones financieras. Necesitamos esto para demostrar que los sistemas de control plurianuales funcionan, y para mitigar los efectos de los errores detectados.

El Tribunal también recomienda que la Comisión debe continuar esforzándose por obtener garantías de los sumarios anuales de todos los Estados miembros, así como de las iniciativas voluntarias por parte de determinados Estados miembros, en forma de declaraciones nacionales, o mediante entidades fiscalizadoras superiores.

La Comisión está de acuerdo en que es obvio que necesitamos poder contar con informes de calidad por parte de los Estados miembros. Vemos mejoras pero también estamos considerando reforzar la base jurídica para acelerar el proceso.

Por último, la Comisión hace hincapié en la importancia de tener unos objetivos claros, unas normas transparentes y fáciles de comprender, así como un control efectivo. Esto reduce el riesgo de error y los costes de control. Sin embargo, esto no es algo que se logre de un día para otro y, por supuesto, las próximas revisiones presupuestarias, el marco financiero y la regulación financiera ofrecen unas oportunidades que no se pueden dejar escapar.

Lo que necesitamos hacer ahora es mejorar las garantías obtenidas de los Estados miembros para los Fondos Estructurales, esforzándonos por lograr una mayor simplificación, lo cual requerirá cada vez más cambios en la legislación que regula los diferentes programas. La revisión del Reglamento Financiero se halla actualmente en proceso de consulta, y la Comisión hará sus propuestas en la primavera de 2010. También necesitamos definir todos juntos lo que es una relación aceptable entre riesgo y costes: el llamado «riesgo tolerable de error».

En el pasado, el Parlamento Europeo ha apoyado firmemente los esfuerzos de la Comisión por conseguir una declaración de fiabilidad positiva. Ahora que se están apreciando nuestros esfuerzos, espero poder contar el respaldo del Parlamento para seguir avanzando.

El procedimiento de aprobación de la gestión de 2008 comenzará en los últimos días de la actual Comisión y se espera que finalice durante los primeros meses de la próxima Comisión. A pesar de que esto concierne al presupuesto del pasado año, hagamos de ello un procedimiento que mire hacia al futuro.

  Ingeborg Gräßle , en nombre del Grupo PPE. – (DE) Señor Presidente, Presidente del Tribunal de Cuentas, señor Comisario, hoy es un día de éxito para el Tribunal de Cuentas, pero también para la Comisión de Control Presupuestario, para la Comisión y, sobre todo, para usted, señor Kallas. Tiene usted un historial muy exitoso y eso es algo que no todos sus colegas de la Comisión pueden decir de sí mismos.

En los últimos años, hemos visto una clara mejora en cuanto a la gestión presupuestaria y financiera, y dicha mejora se debe al consejo y al asesoramiento proporcionados por el Tribunal de Cuentas. Por esta razón, me gustaría dar un caluroso agradecimiento al Tribunal de Cuentas y felicitarle por elaborar informes que cada vez son más fáciles de comprender. El sistema de los semáforos es una buena solución, ya que emite unos mensajes muy claros. Hemos tenido éxito a la hora de aumentar las aspiraciones de todas aquellas personas involucradas en el uso de este sistema. También me gustaría dar las gracias a las oficinas pertinentes de la Comisión por su buen trabajo y por haberse dado cuenta de que es necesario hacer algo en estos ámbitos. Sin embargo, el 31 % del presupuesto sigue estando en color rojo. Definitivamente, nos centraremos en esto en los próximos años.

Según la clasificación del Tribunal de Auditores, hay algunos ámbitos que se encuentran en una posición mejor, como es el caso de la ayuda exterior. No obstante, también sabemos, por supuesto, que la ayuda exterior se halla en una posición mejor solamente porque no es posible controlar la ayuda con cargo al presupuesto y porque el uso de los fondos, por ejemplo, a través de las Naciones Unidas, es objeto de quejas por parte del Director General pertinente, pero ni siquiera una reserva en su informe anual. Nuestra atención se centrará en el próximo procedimiento de aprobación de la gestión de 2008 para los Fondos Estructurales y la ayuda exterior. Existen más de 5 000 puestos de ayuda exterior en las delegaciones, y más de 2 000 en la Dirección General de Relaciones Exteriores y en el departamento de ayuda al desarrollo en Bruselas. Estaría bien debatir acerca de esto con el nuevo Comisario de Relaciones Exteriores.

En el caso de los Fondos Estructurales, hemos hecho buenos progresos al nombrar y avergonzar a aquellas personas involucradas en ello, pero definitivamente aún no hemos llegado al final del camino. Debemos abordar los problemas en este ámbito desde la raíz. Usted ha mencionado a algunos de nuestros Estados miembros y considero que la Comisión debe aumentar considerablemente sus esfuerzos con respecto a nuestros dos miembros más nuevos, Rumanía y Bulgaria o, si no, tendremos allí problemas duraderos. La falta de estrategia de la Comisión en cuanto a estos dos países está provocando una preocupación considerable. Estos países necesitan más apoyo. Si no, la Unión Europea, como comunidad basada en el Estado de Derecho, corre el riesgo de dejar de existir.

Me gustaría felicitarles y decirles que pueden ustedes confiar en la solidaridad y en la altamente constructiva colaboración del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) en el procedimiento de aprobación de la gestión del presupuesto.

(Aplausos)

  Bogusław Liberadzki, en nombre del Grupo S&D. – (PL) Señor Presidente, permítame comenzar de una forma similar a como lo ha hecho la señora Gräßle, expresando una gran estima por el señor Kallas y por el Tribunal de Cuentas por su colaboración, la cual ha significado tanto año tras año. Cuando observamos las estadísticas, vemos una clara mejora en la gestión del presupuesto, información, informes anuales y evaluaciones. También vemos los esfuerzos que se han llevado a cabo en estos ámbitos para garantizar que nuestros procedimientos presupuestarios son correctos en todos los sentidos. En segundo lugar, vemos los esfuerzos que se realizan por alcanzar un acuerdo en aquellos ámbitos que necesitan mejoras, y observamos que, posteriormente, se producen mejoras en dichos ámbitos, empezando por los procedimientos y terminando en la gestión, seguimiento, control y la forma del informe final.

Nos preocupan mucho los ámbitos en los que no se ha observado ninguna mejora significativa. El señor Caldeira ha mencionado estos ámbitos en su discurso. Me gustaría volver a referirme a dos de ellos, que parecen ser de especial importancia. El primero de estos ámbitos es el de los Fondos de Cohesión y los fondos relacionados con la política regional. Desde nuestro punto de vista, algo que resulta extremadamente importante es que obtenemos respuestas a dos preguntas. En primer lugar, ¿por qué razón no han hecho ningún progreso los programas planeados y declarados por la Comisión para la recuperación de fondos que se han gastado de forma incorrecta o, al menos, para aclarar dichas situaciones? En segundo lugar, se declaró que el ejercicio 2008 definitivamente sería mejor. Sin embargo, 2008 fue igual que 2007, así que aquellas declaraciones se han quedado en nada.

Hay una pregunta que nos gustaría hacer durante la audiencia de los Comisarios: ¿fueron las medidas previstas, adecuadamente previstas?, y ¿son aún válidas las declaraciones que se hicieron correctamente?

Aunque acogemos con satisfacción cualquier tipo de simplificación, no lo haremos si esto significa aceptar disposiciones que resultan primitivas. Acogemos con agrado la fórmula del pago anticipado, porque así los países beneficiarios lo tienen más fácil a la hora de emplear los fondos. Después de todo, el objetivo era bastante simple: conseguir los fondos para el usuario, obtener los beneficios previstos y obtenerlos a tiempo. No obstante, parece que, quizás en especial durante los dos últimos años, algunos fondos han sido utilizados por países beneficiarios para mejorar el resultado actual en el aspecto presupuestario, y no para su aplicación de conformidad con el ámbito previsto para la ayuda financiera. Por lo tanto, aunque valoramos positivamente la dirección hacia la que nos movemos, tenemos determinadas reservas en cuanto a algunos ámbitos, sobre los cuales nos encantará debatir durante la audiencia a los Comisarios.

  Luigi de Magistris, en nombre del Grupo ALDE. – (IT) Señor Presidente, Señorías, me gustaría dar la bienvenida y las gracias al Presidente del Tribunal de Cuentas, con quien hemos trabajado de manera muy productiva durante este periodo.

Como Presidente de la Comisión de Control Presupuestario, siempre he mantenido que el papel que desempeña el Tribunal de Cuentas es fundamental porque el Tribunal actúa en un sector muy delicado que se observa con gran interés y con ojo crítico en toda la Unión Europea; un sector en el que la transparencia, la exactitud y la legalidad de los gastos y de la gestión de los fondos públicos participan.

Considero que hoy es necesario reiterar que al Tribunal siempre se le debe garantizar independencia y autonomía a la hora de desempeñar su trabajo, puesto que esto es fundamental si somos capaces de tomar buenas decisiones y de hacer evaluaciones de forma apropiada. Asimismo, pedimos al Tribunal que ponga al Parlamento y a la Comisión de Control Presupuestario en una posición que les permita desempeñar su propio trabajo de la forma más productiva posible. Debemos encontrar el equilibrio correcto que permita que los fondos públicos se utilicen de manera eficaz y eficiente, ya que dichos fondos están destinados a importantes objetivos tales como el desarrollo económico y la creación de empleo. Al mismo tiempo, deben castigarse con severidad las irregularidades y los errores graves, algo que el Tribunal también ha destapado en el último ejercicio financiero, a la vez que deben intentarse evitar las formalidades innecesarias y los excesivos procedimientos administrativos. Como decía también el señor Kallas, el Parlamento debe esforzarse por encontrar un equilibrio en el riesgo de error tolerable.

El informe, que hemos leído con gran interés, proporciona información, pero también incluye muchas zonas grises. Debemos esforzarnos por conseguir los mejores resultados en cuanto a dichas zonas grises.

Como han mencionado también mis colegas diputados, los principales problemas conciernen fundamentalmente a los Fondos Estructurales y de Cohesión. Es cierto que el Tribunal, a la hora de hacer su trabajo, señala errores e irregularidades en relación con dichos fondos. Sin embargo, aquellos que son capaces de observar en profundidad y de analizar los problemas pueden ver que, tras los errores subrayados, existen asuntos aún más serios, tal y como ha demostrado la experiencia judicial en algunos países en los últimos años. Puede que haya fraude, puede que haya engaño. Concretamente, me refiero a uno o dos errores que se han desvelado, como la contravención de normas en contratación pública, sobrefacturación, etc. Debemos esforzarnos por hacer mejoras en este ámbito.

Creo que la Comisión debe estimular a los Estados miembros que actúan de manera virtuosa, y castigar y penalizar a los Estados miembros que no cumplen con las normas. Además, creo que es importante que la OLAF utilice las sugerencias del Tribunal de Cuentas como punto de partida, y para seguir mejorando su trabajo, dado que es de interés para todos que así lo haga. Creo que solamente mediante la colaboración entre diferentes instituciones, a saber, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Cuentas y la OLAF, es como conseguiremos proteger los intereses financieros de todos los ciudadanos de la Unión Europea.

  Bart Staes , en nombre del Grupo Verts/ALE. – (NL) Ciertamente hoy hay muchas cosas positivas que decir. Por segunda vez consecutiva, podemos hablar de una opinión sin reservas sobre las cuentas. El nivel de las irregularidades está disminuyendo. El sistema de los semáforos, cuyas luces solían estar todas en rojo, poco a poco se está mostrando de color ámbar, amarillo y, en particular, verde. Todos estos aspectos son positivos.

Un aspecto positivo es la agricultura, que solía ser una verdadera fuente de preocupación. Durante años, hemos considerado el SIGC (el sistema que garantiza la gestión común del gasto en agricultura) como un buen sistema. Vemos visto a Estados miembros como Grecia fracasar a la hora de participar. Todas estas son, obviamente, cosas que se están moviendo en la dirección correcta.

De todas formas, existen fuentes de preocupación, entre las que se incluyen la «Cohesión», «Investigación, energía y transporte», y todo el ámbito de «Ayuda exterior, desarrollo y ampliación». Por lo tanto, en mi opinión, debemos intentar seleccionar una serie de asuntos de la aprobación de la gestión que estamos tratando hoy y dedicarles una mayor atención. La Cohesión será uno de dichos asuntos. Me gustaría recordarle a esta Cámara el conocido comentario del apartado 6.17, según el cual, hasta el 11 % del gasto dedicado a los Fondos Estructurales, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo. En mi opinión, debemos hacerles a los Comisarios competentes muchas presuntas sobre esto y fijarnos en el estado exacto de la situación.

Después está la ayuda exterior, el desarrollo y la ampliación; el paquete entero de fondos que canalizamos a las Naciones Unidas. Una vez más, he leído en el informe anual del Tribunal de Cuentas que (al igual que otras organizaciones) el Tribunal tiene un acceso limitado o nulo a las cuentas de las Naciones Unidas, lo que significa que, en verdad, no se pueden controlar adecuadamente grandes cantidades de fondos europeos encauzados a esta organización.

Un tercer asunto que hay que tratar es el del sistema entero de coadministración. Como ha señalado el ponente general, actualmente el 80 % de todos los fondos europeos son utilizados por los Estados miembros y la Comisión dentro del marco de coadministración. Una vez más, debemos ejercer presión en los Ministros de Finanzas de los Estados miembros con el fin de garantizar, en particular, que se ocupan de sus responsabilidades y que emitan una declaración en la que afirmen que han realizado su trabajo adecuadamente, que su administración ha utilizado correctamente los fondos, y que ello ha estado sometido a controles.

Yo mismo soy responsable de los recursos propios de la Comisión de Control Presupuestario. Todo el expediente sobre el IVA continúa preocupándome. Hemos publicado varios informes a este respecto, incluso en la anterior legislatura. Según las estimaciones el fraude en cuanto al IVA en toda Europa asciende hasta los 80 000 o 100 000 millones de euros. También el Tribunal de Cuentas ha hecho un gran número de observaciones sobre este punto. Por tanto, me gustaría dedicarle especial atención a este asunto durante la presente aprobación de la gestión.

Me gustaría terminar mencionando la aprobación de la gestión de otras instituciones. Yo mismo soy ponente de la aprobación de la gestión del Parlamento. En mi opinión, los temas clave a este respecto deben incluir los procedimientos de contratación pública, que es donde los problemas son aparentes. Por último, en cuanto a la aprobación de la gestión del Consejo, la aprobamos a comienzos de esta semana. El presente informe del Tribunal de Cuentas también plantea algunos puntos muy negativos sobre el Consejo. En mi opinión, debemos ejercer presión de forma continuada sobre el Consejo con el fin de obtener acceso a sus cuentas y así poder, por ejemplo, permitir al Parlamento que controle adecuadamente este tipo de... (El orador se aleja del micrófono) también.

  Ryszard Czarnecki , en nombre del Grupo ECR. – (PL) Señor Presidente, el debate de hoy es uno de los debates más importantes en el Parlamento Europeo, porque nuestro votantes, contribuyentes y ciudadanos de los Estados miembros de la UE están muy interesados en que haya transparencia en la actuación de las instituciones europeas y, en particular, de la Comisión Europea. Por un lado, este es un argumento para los euroescépticos, mientras que por otro, sí sabemos que en los últimos años se han producido numerosas irregularidades en este ámbito. Les recordaré la situación que había a finales de 1999 y principios de 2000, cuando el Tribunal de Cuentas publicó una crítica devastadora de la Comisión Europea y que estaba, en aquel momento, absolutamente justificada. Actualmente observamos un progreso claro en este ámbito, pero estoy llamando la atención sobre la importancia de este debate, porque si buscamos fuentes de mayor autoridad para la Unión Europea y las instituciones de la UE, entonces estos principios de transparencia son extremadamente importantes. Si, la semana pasada, esa autoridad se vio debilitada por la forma en que los principales líderes de la Unión Europea fueron elegidos, es gracias a debates como el de hoy la forma en que se puede recuperar dicha autoridad.

Me gustaría resaltar que, ciertamente, estaría bien si el señor Caldeira pudiera extenderse un poco sobre algo. Este ha hablado de seis países que devuelven información de forma incorrecta, y ha mencionado a dos grandes países, Polonia y Gran Bretaña. Está sin duda justificado que queramos oír detalles de estas incorrecciones.

Me gustaría hacer hincapié en que los pagos anticipados suponen un desarrollo muy positivo, aunque también tienen una determinada desventaja porque, de hecho, a menudo los gobiernos utilizan este dinero para fines electorales.

  Søren Bo Søndergaard, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DA) Señor Presidente, me gustaría comenzar expresando mi satisfacción porque parece que se ha producido un gran progreso con respecto a los pagos irregulares provenientes del presupuesto de la UE. Por supuesto, esto es algo positivo. No obstante, al mismo tiempo también se ha observado que existen enormes problemas en lo que se refiere a Cohesión (y la Cohesión es la segunda área más grande del presupuesto, aumentando hasta los 36 000 millones de euros en 2008). El hecho de que, al menos, el 11 % de la cantidad total autorizada no debería haberse pagado, supone un enorme problema para los contribuyentes normales de la UE. Este es un enorme problema. ¿Cómo se supone que debemos explicar que, año tras año (y realmente se trata de un año tras otro en este ámbito) se hayan pagado miles de millones de coronas en contravención de las normas o quizás incluso de una forma directamente fraudulenta?

En sus recomendaciones, el Tribunal de Cuentas se centra en la mejora de los mecanismos de control y en la simplificación de las normas, y eso es algo positivo. Sin embargo, la cuestión es si realmente se puede reducir este gasto a una escala masiva solamente mediante el seguimiento y la simplificación de las normas, o si es con defectos estructurales básicos con lo que nos enfrentamos. Nuestro grupo cree en la solidaridad. Nosotros apoyamos la redistribución del dinero desde las regiones y países más ricos hasta los más pobres, tanto dentro como fuera de la UE pero, si leen ustedes el informe, la cuestión es la UE ha encontrado la forma correcta de hacerlo. ¿Es una manera eficaz de trabajar que todos los países contribuyan a un sistema que después garantiza subvenciones a las partes más remotas de cada uno de los países, teniendo en cuenta el hecho de que dichas subvenciones las pagan los más ricos? Todo el mundo sabe que, cuanto más larga es una línea, mayor es el riesgo de perder algo en algún lugar del camino. Por ello, es necesario que tengamos un importante debate sobre todo el asunto de los flujos de tesorería en la UE.

  Marta Andreasen, en nombre del Grupo EFD - Señor Presidente, lamento estar en desacuerdo pero, como contable experimentada, no comparto el optimismo de mis colegas en cuanto a la opinión de los auditores.

El informe anual del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas del ejercicio 2008 no muestra una mejora importante. Diez años después de la dimisión de la Comisión Santer, y de numerosas promesas de reforma, los fondos de la UE siguen estando descontrolados. Los auditores declaran que las cuentas están limpias pero fallan al declarar que son ciertas, y en verdad es difícil decir que son ciertas cuando siguen expresando preocupación por la calidad de la información financiera.

El informe revela que, diez años después del inicio de la reforma administrativa, la Comisión Europea no funcionan con arreglo a un sistema contable, y que las direcciones introducen transacciones en sus sistemas locales, algunas de las cuales no han sido aprobadas por el jefe de contabilidad de la Comisión Europea. Además, en cuanto a la legalidad y la regularidad de los gastos de la UE, los auditores solamente han podido aclarar el 9 % de los gastos para el ejercicio 2008, un porcentaje similar al del pasado. Los auditores dan una opinión adversa en cuanto al 43 % del presupuesto, es decir, la parte correspondiente a las políticas de «Cohesión», «Investigación, energía y transporte» y «Ayuda exterior, desarrollo y ampliación». En cuanto al 48 % restante, dan una opinión con reservas.

Un informe así exigiría la dimisión del comité de auditores de cualquier empresa y su posterior liquidación, pero aquí nadie está preocupado. Los auditores incluso identificaron una cantidad de 1 500 millones de euros que, según sus propias palabras, no debería haberse pagado.

El primer argumento que oirán ustedes es que los auditores no dicen que esto sea fraude, sino solamente errores. Los auditores dirán que el fraude requiere intención delictiva, y que necesitamos demostrar esto, y entonces tendremos que llamar a la policía.

El segundo argumento que oirán ustedes es que las normas son demasiado complejas. Los auditores llevan años diciendo esto pero las normas no han cambiado. Entonces, ¿deberíamos culpar a la Comisión Europea por mantener normas complejas que fomentan los errores?

El tercer argumento es que es a los países miembros a quienes habría que culpar de los errores, los tratados especifican claramente que la Comisión Europea es responsable de la gestión de los fondos de la Unión Europea y, de hecho, es la única institución con potestad para detener los pagos cuando no recibe pruebas suficientes de que los fondos se utilizan correctamente.

El hecho es que estos errores se traducen en un abuso del dinero de los contribuyentes. Pero, para ser sensatos, a nadie le importa esto. No es más que el dinero de los contribuyentes con lo que estamos tratando. Sólo es el dinero de personas que ahora están luchando por pagar sus hipotecas y educar a sus hijos. Pero todo esto no es suficiente. Por encima de los pagos de 116 000 millones de euros para el ejercicio 2008 auditados por el Tribunal de Cuentas, otros 40 000 millones de euros más se han salido de las arcas de la Unión Europea. El 35 % del presupuesto se halla ahora escondido en la cuenta de balance bajo el nombre de «Prefinanciación» y los auditores no pueden decir a los contribuyentes europeos si este dinero se ha utilizado correctamente.

Estos pagos anticipados complementarios han sido realizados precisamente en aquellos ámbitos en los que el Tribunal de Cuentas ha encontrado el mayor número de errores. ¿Durante cuánto tiempo va a consentir este Parlamento que se abuse del dinero de los contribuyentes?

  Daniël van der Stoep (NI). - (NL) Señor Presidente, en nombre del Partido por la Libertad, me gustaría dar las gracias al Presidente del Tribunal de Cuentas por el informe anual de 2008 de la institución.

Después de todo, este informe nos ha hecho darnos cuenta de que aproximadamente el 11 % del Fondo de Cohesión para 2008 nunca debería haberse utilizado. Esto significa que hay 4 000 millones de euros que han sido ocultados. En cuanto a este asunto, el Consejo, la Comisión y (con algunas excepciones) el Parlamento también, están deseosos de permanecer callados. Mi partido considera que esto es vergonzoso.

También me gustaría saber qué piensa hacer la Comisión al respecto. ¿Cómo garantizará que esos 4 000 millones de euros serán devueltos? ¿Está preparada, por ejemplo, para pedir a aquellos países que nunca debieron haber utilizado el dinero, que lo devuelvan? De no ser así, ¿puede explicar la Comisión por qué razón?

Además, me gustaría oír de boca del Tribunal de Cuentas Europeo si, en interés de la transparencia en el gasto de la Comisión, el Tribunal también examina todas las declaraciones emitidas por los Miembros de la Comisión Europea. Si es así, ¿puede el Tribunal enviar esas declaraciones al Parlamento? Y de no ser así, ¿por qué no? Me gustaría oír una respuesta a este respecto por parte del Tribunal de Cuentas Europeo.

  Jan Olbrycht (PPE). - (PL) Señor Presidente, el debate sobre la aprobación del presupuesto cada año es más interesante, a medida que los diputados al Parlamento Europeo sondean cada vez más profundamente en detalles. En este debate es importante, en primer lugar, establecer los hechos; en segundo lugar, explicar las causas de esos hechos y, en tercer lugar, sacar conclusiones.

En lo que a los hechos respecta, entonces es muy interesante para nosotros, como diputados al Parlamento Europeo, señalar los métodos empleados por el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, aún más interesante es el hecho de que en la sección de resultados, la Comisión Europea no está de acuerdo con el diagnóstico hecho por el Tribunal de Cuentas. Durante el debate, nos gustaría aclarar las diferencias de opinión entre la Comisión y el Tribunal de Cuentas. En segundo lugar, es muy importante establecer si estamos tratando con errores, si estamos tratando con incorrecciones, o si estamos tratando con delitos. Juntarlo todo hace borrosa la imagen y crea confusión en cuanto al tema de si lo que necesitamos es corregir errores o llamar a la policía.

En cuanto a explicar los motivos, me gustaría llamar la atención de todo el mundo hacia el hecho de que el documento que tenemos ante nosotros demuestra que existen incorrecciones muy graves en el sistema de contratación pública. En relación a esto, el problema no es sólo una cuestión de movimientos financieros, sino que es también una cuestión de explicar y simplificar los temas relacionados con la contratación pública.

El último tema se refiere a las conclusiones. Puede que haya muy diferentes tipos de conclusiones. En primer lugar, hay conclusiones concernientes a los métodos de control, otras concernientes a la responsabilidad, pero también conclusiones concernientes a la política futura. Estas son las más fáciles. Es muy fácil sacar la conclusión de que, dado que el dinero se está utilizando de forma incorrecta y que aún tenemos dudas en cuanto a este ámbito, entonces lo mejor es reducir los gastos en esa política comunitaria. Deberíamos tener cuidado con este tipo de conclusiones, ya que el seguimiento financiero es una cosa, el seguimiento de la efectividad política es otra, y una decisión sobre las futuras orientaciones de la actividad de la UE es otra

  Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer, al señor da Silva Caldeira especialmente, la presentación de este informe del Tribunal de Cuentas, que ha pasado de ser un ejercicio de escándalo y llamamiento a la eurofobia a ser un ejercicio verdaderamente constructivo, con claros mensajes de motivación para la capacidad de mejora, tanto de las Instituciones europeas, como de los Estados miembros, sugiriéndoles, precisamente, los instrumentos necesarios para esa mejora.

Y todo ello sin perder ni un ápice del creciente rigor y profesionalidad del Tribunal, que, además, ha sido el primero en aplicarse todos los principios que tan precisamente ha enunciado el señor da Silva Caldeira. Desde el momento histórico que me ha tocado vivir en la COCOBU, le agradezco los cambios introducidos, pues nos son de gran ayuda.

Deseo felicitar también, por supuesto, al señor Kallas, porque también ha sabido escuchar las exigencias del Parlamento Europeo desde la COCOBU, en una tarea que no era fácil. El sistema de control de la gestión va haciendo su camino y sólo esperamos que se extienda y profundice.

Apoyo la declaración que ha hecho no hace mucho de que ha conseguido la mejor DAS de la historia, pero, aun siendo una historia de éxito de las tres Instituciones que estamos aquí, el Tribunal de Cuentas, la Comisión y el Parlamento, queda todavía mucho camino por recorrer.

Por ejemplo, nos siguen preocupando las evidentes contradicciones que persisten en el informe, entre el Tribunal de Cuentas y la Comisión, en un ámbito tan importante como el del apoyo presupuestario y la adecuación a los planes de reforma nacionales.

También es muy preocupante este año el control del tercer pilar del FED, la gestión conjunta con organismos - ya lo han dicho también mis colegas de las Naciones Unidas, la Unión Africana, etc.– que supone entre el 6 y el 7 % del FED y que, desde luego, requiere utilizar o conseguir encontrar fórmulas eficientes para acabar con esta intolerable opacidad.

En cuanto al personal, de nuevo existe una excesiva rotación y temporalidad, que hace que se pierda la memoria histórica, tan necesaria en este tipo de programas. Y falta también la sistematización de los controles que proceden de las delegaciones. Hay también –y así lo dice el Tribunal– errores significativos y una elevada incidencia de errores no cuantificables, lo que habría que mejorar.

Nos anima, por otro lado, el camino que la Comisión y el Tribunal de Cuentas han emprendido conjuntamente para llegar a una definición del margen de error tolerable, que nos parece un buen camino.

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE). – (DE) Señor Presidente, señor Kallas, señor Caldeira, puedo ver tanto aspectos positivos como aspectos negativos en la presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas sobre el presupuesto de la UE. En primer lugar, deseo dar las gracias al Tribunal de Cuentas por un informe más claro, más audaz y más político, que es más fácil de entender para nosotros.

Los aspectos positivos incluyen la gestión del presupuesto en su totalidad. En contraste con los últimos años, esto ha mejorado. Esto es, por encima de todo, el resultado de una mejor gestión de los fondos en el ámbito de « agricultura y recursos naturales», que ha sido nuestro mayor quebradero de cabeza durante los últimos años.

Por primera vez, señor Caldeira, no da usted una opinión desfavorable en su informe y eso es una buena noticia. El informe subraya el hecho de que, cuando la propia UE controla y gestiona los fondos, la gestión del presupuesto se hace correctamente. Si la gestión es eficaz, esa es otra cuestión. El mérito es suyo y es durante su cargo como comisario cuando se ha producido una mejora visible. ¡Felicidades!

Sin embargo, ahora es responsabilidad de los Estados miembros en particular mejorar sus sistemas de control. Si hay una causa continuada para las críticas a la gestión del presupuesto en la UE, no es a nivel de la UE (como hemos visto ahora) sino a nivel de los Estados miembros. Ahí es donde está el problema. Por ejemplo, la política de Cohesión, que es aplicada por los Estados miembros y que recibe alrededor de un tercio de los fondos, es el área de problemas más graves. Ustedes dicen que el 11 % corresponde a irregularidades y el diputado no inscrito ha dicho que la cifra era de 4 000 millones de euros. Eso no es correcto. Es más de 2 500 millones de euros, cantidad que usted ha declarado explícitamente que es un dinero de los contribuyentes que no debería haberse utilizado. Debemos decir esto muy claramente e introducir controles claros.

Sin embargo, la consecuencia es que la Comisión Europea debe continuar ejerciendo presión en los Estados miembros y nosotros les apoyaremos en esto, señor Kallas. Debemos poner en práctica una política de nombrar y señalar con el dedo. Debemos señalar con el dedo a los Estados miembros despilfarradores, algo que sigue existiendo, y describir la situación con más claridad.

En general, la conclusión es que es necesario simplificar las regulaciones. Deseamos prestarle nuestro apoyo a este respecto y nos gustaría añadir una petición más. Es necesario que nos centremos más, no solamente en el aspecto de la regularidad sino también en el de la eficiencia, para garantizar que el dinero de los contribuyentes se utiliza correctamente.

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE). - (DE) Señor Presidente, Señorías, me gustaría hacer una referencia al capítulo 7 del informe del Tribunal de Cuentas, el cual concierne a «Investigación, energía y transporte».

En primer lugar, me gustaría expresar mi considerable gratitud al Tribunal de Cuentas por su riguroso trabajo. Sin embargo, se deduce claramente de este capítulo que el Tribunal de Cuentas no puede darle una buena nota a este ámbito en su informe anual. Este es un ámbito en el que el gasto asciende a más de 9 000 millones de euros. Según la evaluación del Tribunal de Cuentas, la tasa de error se sitúa entre el 2 y el 5 %. Es decir, sobre la base de este cálculo, entre 180 y 450 millones de euros se han utilizado incorrectamente. La conclusión del Tribunal de Cuentas es que esto es «parcialmente efectivo» y, utilizando un término escolar, veo que esto merece, como máximo, una C-. En mi opinión, resulta extraño que la Comisión no considere necesario dar su opinión sobre esto. Para mí, el silencio de la Comisión parece muy elocuente.

En su recomendación, el Tribunal de Cuentas dice que la Comisión debería continuar con su trabajo de simplificación de las regulaciones financieras. La comisión competente había mantenido debates en la misma línea. Sin embargo, no estoy de acuerdo con que la Comisión, al dar su opinión sobre la recomendación del Tribunal de Cuentas, ataque esta recomendación en su cúpula. El Tribunal de Cuentas dice que el objetivo de simplificar las regulaciones debe combinarse con el objetivo de realizar un control efectivo en cuanto al coste, que sea suficiente para garantizar que el dinero se utiliza correctamente. En cambio, la Comisión dice que quiere un control rentable y sugiere que existe un riesgo de error tolerable, que debe tenerse en cuenta desde el principio. Esta no es una forma razonable de ocuparse del dinero de los contribuyentes. La Comisión debería reconsiderar lo que ha dicho y el Parlamento debería apoyar al Tribunal de Cuentas en sus actividades críticas.

  Kay Swinburne (ECR). - Señor Presidente, acojo con satisfacción el informe del Tribunal de Cuentas y agradezco que, por primera vez, haya un conjunto de cuentas limpio de la UE y que el informe sobre las mismas no sea adverso, especialmente después de tantos años de contradicción de este importante proceso y una misión que habría hecho que cualquier empresa privada infringiera múltiples directivas de la UE.

No obstante, me gustaría concentrarme en un ámbito en el que existen continuos importantes puntos débiles, es decir, el ámbito de los Fondos Estructurales y de Cohesión. Mientras que la Comisión considera que es un logro que solamente el 11 % de las partes más grandes del presupuesto (los gastos de Cohesión) contengan errores, yo considero un hecho impactante que se haya determinado que casi 5 000 millones de euros de un presupuesto de 46 000 millones de euros no deberían haberse pagado nunca, tal y como ha descrito el Tribunal de Cuentas.

Tengo que decir que mi región, Gales, que todavía se beneficia de los Fondos Estructurales procedentes de esos 46 000 millones de euros, podría felizmente haber utilizado y justificado el gasto de esos 5 000 millones de euros adicionales. Gales no ha tenido que devolver ningún fondo por malgasto, a pesar de que Reino Unido en su conjunto no haya recibido el visto bueno.

Parece que los errores son a nivel de las instituciones encargadas de ejecutar el presupuesto y, por tanto, pido al Parlamento Europeo y a la Comisión que exijan a cada uno de los Estados miembros que proporcionen una auditoría minuciosa de todos los fondos recibidos. En Gales, el Gobierno de la Asamblea, a través de diferentes instituciones, gestiona los Fondos Estructurales y de Cohesión de la UE y, por tanto, llevar a cabo una auditoría formal no sería demasiado pesado.

No obstante, actualmente, los proyectos que fueron financiados hace unos siete años por la UE solamente ahora es cuando están siendo sometidos a una auditoría financiera por parte del Tribunal de Cuentas. No estoy segura de qué se consigue con esto. Necesitamos una aprobación contemporánea anual que pueda identificar errores y garantizar un estricto cumplimiento.

Cuando está en juego el dinero de los contribuyentes, como sucede en toda Europa en el caso del presupuesto regional, el nivel exigido en cuanto a la contabilidad nunca puede ser demasiado estricto.

  Cornelis de Jong (GUE/NGL). - (NL) Me gustaría decir algunas cosas sobre los gastos de la Comisión Europea en el marco de las relaciones exteriores. Según el Tribunal de Cuentas, en este ámbito se cometieron más errores en 2008 que en 2007; y dichos errores se encontraron en todas las áreas de la política exterior. Me parece escandaloso que estén ocurriendo numerosos errores en la contratación en relación con los proyectos. La Comisión vigila con atención los procedimientos de adjudicación de contratos en los Estados miembros, y yo recibo con regularidad gritos de ayuda de nuestros representantes en los municipios y provincias en relación con procedimientos complicados y oscuros.

El miedo a hacer las cosas mal delante de la Comisión es grande. Pero, ¿quién es la Comisión para vigilar a nuestras autoridades locales cuando ella misma comete errores una vez tras otra en cuanto a la adjudicación de contratos concernientes a sus propios proyectos? ¿Cuál es la propia opinión de la Comisión respecto a esto?

A la Comisión le gusta presentarse a sí misma como el vigésimo octavo donante. Me pregunto cuán efectivo es esto y encuentro lamentable, en sí mismo, que el informe hecho por el Tribunal de Cuentas no incluya información detallada sobre la efectividad, y que este tema solamente se plantee a propósito en informes separados. ¿Podría incluirse en el futuro información sobre la efectividad de la política?

Para dar un ejemplo, he leído en el informe que, en relación con el apoyo presupuestario, no hay controles suficientes en cuanto al cumplimiento de las condiciones de pago. Dicho de otro modo, la Comisión ha estado pasándoles a los países una bolsa de dinero sin haber aplicado suficientes controles. Pero, ¿qué condiciones impone en verdad la Comisión? Y, ¿hasta qué punto calcula la Comisión que el apoyo presupuestario contribuye de verdad al desarrollo de los países? En efecto, no encuentro nada de esto en el informe, ni puede haber nada, en vista de la postura adoptada.

De una forma más general, cuando leo la forma tan descuidada con que la Comisión utiliza los fondos destinados al gasto en desarrollo, realmente me pregunto si tal vez haríamos mejor en dejar el gasto en desarrollo en manos de los propios Estados miembros. Está claro que la Comisión ha hecho poco caso de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, y por eso deseo preguntarle al Presidente del Tribunal si no es desalentador encontrar, año tras año, que la Comisión no ha logrado poner sus asuntos en orden a este respecto.

  Bastiaan Belder (EFD). - (NL) En relación al ejercicio 2008, el Tribunal de Cuentas Europeo ha encontrado numerosos errores concernientes a los Fondos Estructurales, el desarrollo regional y el programa de investigación. Esto se debe a que las subvenciones son demasiadas en número y demasiado complicadas.

El Tribunal de Cuentas Europeo subraya correctamente la importancia de simplificar las normas. En octubre, las autoridades de cuatro Estados miembros presentaron al Presidente de la Comisión Europea una opinión relativa a reducir la presión de las normas de la UE. Estos recomendaron el establecimiento de una comisión externa e independiente para reducir la presión de los normas a nivel de la UE. Esto representa un paso en la dirección correcta en el contexto de una estrategia de legislar mejor. ¿En qué posición se encuentra la Comisión al respecto?

No obstante, los esfuerzos por mejorar la gestión financiera no deben limitarse a la simplificación de las normas. También se necesita realizar un aumento de la supervisión y del control. La Comisión Europea y los Estados miembros deben preparar un plan de acción con este fin. Para empezar, declaraciones nacionales de gestión, que deben posteriormente conducir a una declaración de fiabilidad positiva por parte de Europa. ¿Considera el Tribunal de Cuentas Europeo que este plan de acción es un instrumento útil de mejora de la gestión financiera? En mi opinión, un plan de acción así contribuiría a proporcionar a la gestión financiera la prioridad política que tanto necesita. Después de todo, señor Presidente, Señorías, el objetivo es garantizar que el gasto de la UE termina en el lugar adecuado y en el momento adecuado.

  Philip Claeys (NI). - (NL) El último informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo proporciona de nuevo perspectivas desconcertantes en cuanto a la forma en que la Unión Europea maneja el dinero de los contribuyentes europeos. El Tribunal de Cuentas ha averiguado, sobre la base de ejemplos realistas, que en el periodo 2000-2006, un porcentaje estimado del 11 % de la cantidad total de los 36 600 millones de euros del Fondo de Cohesión no deberían haberse desembolsado. Esto significa que más de 4 000 millones de euros en subvenciones han sido repartidos erróneamente.

Observando la situación en Bélgica, el Tribunal de Cuentas, también, dice que una gran proporción de los fondos utilizados en Valonia (Hainaut, en particular) fue malgastada En realidad, esto confirma lo que uno de nuestros colegas diputados dijo en esta Cámara unos meses antes de las últimas elecciones al Parlamente Europeo, es decir, que las subvenciones europeas no habían conducido a los resultados deseados en Valonia, particularmente en comparación con otras regiones europeas, y que no era solamente Valonia en sí misma, sino también la Unión Europea, las responsables de la aprobación en última instancia de estos proyectos.

Actualmente, la mayoría de las transferencias financieras son muy indirectas, ya que pasan por numerosas paradas. Tratar este problema debe ser una prioridad y, al mismo tiempo, por supuesto, los mecanismos de control existentes necesitan mejorarse.

  Jean-Pierre Audy (PPE). - (FR) Señor Presidente, Presidente del Tribunal de Cuentas, señor Vicepresidente de la Comisión, gracias Presidente Caldeira por este informe de tan alta calidad, gracias señor Kallas por todo el trabajo que ha hecho, y le felicito por su nuevo nombramiento dentro de nuestra Comisión Europea. Acogemos este hecho con satisfacción.

El informe revela que, diez años después del inicio de la reforma administrativa, la Comisión Europea no funcionan con arreglo a un sistema contable, y que las direcciones introducen transacciones en sus sistemas locales, algunas de las cuales no han sido aprobadas por el jefe de contabilidad de la Comisión Europea. Además, en cuanto a la legalidad y la regularidad de los gastos de la UE, los auditores solamente han podido aclarar el 9 % de los gastos para el ejercicio 2008, un porcentaje similar al del pasado. Los auditores dan una opinión adversa en cuanto al 43 % del presupuesto, es decir, la parte correspondiente a los grupos de políticas de «Cohesión», «Investigación, energía y transporte» y «Ayuda exterior, desarrollo» y ampliación». En cuanto al 48 % restante, dan una opinión con reservas.

En cuanto a las transacciones subyacentes, Presidente Caldeira, ¿podría usted aclarar al Parlamento si el Tribunal va a emitir una declaración de fiabilidad positiva o negativa? La opinión del Tribunal se divide en cinco párrafos que enumeran las opiniones por grupos políticos, y yo tengo dificultades al distinguir esto de la declaración de fiabilidad, tal y como se establece en el artículo 248 del tratado, el cual también establece que el Tribunal puede llevar a cabo evaluaciones específicas para cada ámbito importante de la actividad de la Comunidad.

En relación al contenido, aparte del gasto en Cohesión, las observaciones son positivas. En cuanto a los gastos en Cohesión, hay demasiados errores. Me gustaría también preguntarle si piensa que el número de cuentas (por ejemplo, 49 para el Fondo Social, que representa miles de transacciones) es suficiente para que pueda usted hacerse una opinión. Sin embargo, el principal problema aún está en el ámbito de la gestión compartida con los Estados miembros y en el hecho de que demasiados errores se deben a la forman tan compleja en que funcionan nuestras finanzas europeas.

Deseo finalizar hablando sobre la gestión y la serie de auditorías, y reiterar mi propuesta de incluir más a los tribunales de cuentas nacionales en el proceso, dado que, de conformidad con la Decisión del Consejo, nunca tendremos declaraciones nacionales por parte de los gobiernos. El apartado 3 del artículo 287 del Tratado de Lisboa les da a ustedes la potestad de acercase a los tribunales de cuentas nacionales, Presidente Caldeira. Me gustaría reiterar esta propuesta.

  Jens Geier (S&D). - (DE) Señor Presidente, señor Kallas, señor Caldeira, Señorías, me gustaría en primer lugar darle las gracias, señor Caldeira, por su introducción y deseo darle las gracias a usted y a los miembros del Tribunal de Cuentas por su informe. El Parlamento investigará con detenimiento la información que han facilitado ustedes y actuará sobre ello en los próximos meses. Me complace que la anterior tasa de error de la política agrícola común, que era inaceptable, haya descendido. No obstante, después de haber leído el informe del Tribunal de Cuentas, tengo la impresión de que un Estado miembro, Rumanía, es responsable de la mayoría de las irregularidades que quedan. Parece que en el futuro debemos hacer un mayor hincapié en la formación del personal e implementar correctamente los sistemas de control en los nuevos Estados miembros, si es posible, antes de su adhesión.

Los Fondos Estructurales europeos, que ya han mencionado muchos de mis colegas diputados, representan otra causa de preocupación. Es cierto que el número de pagos irregulares ha descendido en comparación con el año anterior, pero aún quedan enormes problemas en cuanto a garantizar que la financiación de ayuda se maneje sin que se produzcan irregularidades. Me gustaría decir a las partes euroescépticas de esta Cámara que estamos hablando de aproximadamente el 11 % de los pagos en total y no del 11 % del presupuesto. Esta cantidad asciende a 2 700 millones de euros y no a 5 000 millones de euros. Admito que estos 2 700 millones de euros siguen siendo demasiado dinero, pero debemos ser precisos por el bien de la honradez.

Estas irregularidades se refieren principalmente a pagos excesivos y a un uso inadecuado de los fondos. Por ejemplo, si el dinero del Fondo Social Europeo (FSE) se utiliza para pagar el sueldo de un administrador público o si el dinero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) se utiliza para comprar una parcela edificable, entonces las personas en cuestión obviamente no tienen suficiente información sobre el uso correcto de la financiación de ayuda, o los Estados miembros no poseen la voluntad o la habilidad para gestionar las ayudas financieras correctamente, o quizás ambas cosas.

Cuando revisemos el procedimiento de solicitud, debemos introducir normas claras y transparentes que sean más fáciles de comprender. Los Estados miembros deben garantizar que las solicitudes sean controladas con un mayor detenimiento a nivel nacional.

Es obvio que cualquier malgasto o irregularidad en relación con el dinero de los contribuyentes es demasiado. Sin embargo, cualquiera que mire con imparcialidad la UE y este informe del Tribunal de Cuentas Europeo encontrará pocos motivos para que haya una infracción. Ello ofrece un gran número de puntos de partida para nuestro trabajo, que consiste en hacer que Europa sea mejor y más eficiente cada día. Sobre esta base aplicaremos el procedimiento de aprobación de la gestión para la Comisión Europea.

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). - (NL) Me gustaría dar las gracias al Tribunal de Cuentas por su informe anual, que es claro como el agua, y deseo dar las gracias particularmente al Comisario Kallas por el esfuerzo que ha realizado en los últimos años. En mi opinión, puede afirmar con toda la razón que ha hecho un gran progreso durante este tiempo.

Me gustaría hacer hincapié en tres aspectos del presente informe anual. El primero es el hecho de que los mayores problemas aún están en los Estados miembros. Muchos de mis colegas diputados ya han puesto como ejemplo la política regional, algo que solamente puedo subrayar. Por lo tanto, me gustaría hacerle a la Comisión la siguiente pregunta en relación con las declaraciones nacionales que existen en algunos Estados miembros: ¿podría tal vez la Comisión presentar sin demora una propuesta específica para hacer que estas fueran obligatorias para todos los Estados miembros de la Unión Europea?

El segundo aspecto sobre el que deseo hacer hincapié es el volumen y la complejidad de las normas europeas: otro asunto que ya han planteado numerosos colegas diputados. ¿Podríamos comenzar un debate fundamental sobre la forma en que deseamos utilizar nuestros fondos y las normas subyacentes? En mi opinión, actualmente todo esto se basa demasiado en la sospecha y muy poco en la confianza y, cuando se dice y se hace todo, ello solo trae más irregularidades.

El último aspecto es el de la agricultura. Desde luego, es excelente que todo el sector agrícola haya recibido luz verde por primera vez, pero no deberíamos echar las campanas al vuelo. El desarrollo rural es el ámbito con los mayores problemas, y es la única área dentro de la agricultura en donde observamos un importante desarrollo en los próximos años. Asimismo, lo importante no es sólo la legitimidad sino también la eficiencia como, en relación con los fondos agrícolas, estamos bajando mucho el rendimiento en el logro de nuestros objetivos medioambientales y naturales.

  Vicky Ford (ECR). - Señor Presidente, las finanzas europeas preocupan mucho tanto a mis electores como al pueblo de Gran Bretaña. Después de todo, Reino Unido es el segundo mayor contribuidor, en términos netos, del presupuesto europeo, así que otros Estados miembros harían bien en recordar, cuando debaten sobre este dinero, que una gran parte de este proviene del bolsillo de los contribuyentes británicos.

Si existe un solo asunto que separe al pueblo británico de Bruselas, ese es una percepción de que su dinero puede estar siendo utilizado frívolamente dentro de la UE. Esto pasa también en otros países. Este no es sólo un debate sobre un conjunto de cuentas, sino también una ruptura de la confianza entre las instituciones representadas aquí y las personas a las que representamos.

Debemos tener en cuenta la opinión de este auditor. Es cierto que el informe es mejor que el de años anteriores pero, al igual que un hombre de negocios se lo piensa dos veces antes de hacer cualquier intercambio con una empresa que tenga de cualquier manera una opinión reservada, nuestros residentes se pensarán mejor su relación con la UE mientras siga habiendo reservas.

No podemos fingir que esto es culpa del auditor. Los auditores no gastan dinero: las burocracias y los gobiernos sí, tanto aquí como en nuestros países de origen. Debemos limpiar sus actos.

No obstante, ni siquiera una opinión de auditoría limpia en sí misma es suficiente. Llevo recibiendo extractos mensuales de mi banco desde que tenía 18 años. Se van sumando los números. La opinión de la auditoría sería limpia. Pero sé que no siempre he utilizado sabiamente mi dinero.

Si queremos merecer una pizca de respecto de nuestros contribuyentes, entonces en estos tiempos nefastos para la economía, debemos tratar su dinero con respeto. Mi mensaje para los políticos tanto de nuestros países en toda la UE como los de esta innecesaria y cara segunda cámara de Estrasburgo, es que tenemos que dejar de gastar el dinero de los contribuyentes.

  Hans-Peter Martin (NI). - (DE) ¡Necesitamos una revolución democrática! Señor Presidente, señor Comisario, bienvenidos al nuevo mundo del Tratado de Lisboa. Esto representa una oportunidad para ustedes. Durante once años, he estado siguiendo sus informes en esta Cámara, y antes de eso como periodista, y cuando se refiere a este tema, son todos los informes muy similares. Sin embargo, ahora tienen ustedes la oportunidad de mirar hacia el futuro. Hagan uso de la competencia profesional de esta Cámara (hoy no estamos aquí reunidos solamente por casualidad; puedo ver al señor Søndergaard y al señor Chatzimarkakis, al señor Staes y, a nuestro lado, mi colega, el señor Ehrenhauser) y reestructuren el trabajo del Tribunal de Cuentas. Echen un vistazo a lo que sí funciona en otros lugares, por ejemplo en Alemania, en donde es posible evaluar la rentabilidad y la importancia del gasto y, en Austria, y desarrollar un concepto, quizás como parte de un informe de iniciativa del Parlamento, que describe cómo hacer las cosas mejor, para poder cumplir verdaderamente con las obligaciones.

  Tamás Deutsch (PPE). - (HU) Señor Presidente, Señorías, en mi opinión, nosotros, los diputados al Parlamento, le debemos a todos los ciudadanos europeos contribuyentes vigilar con la atención apropiada el uso correcto, justificado y legal de sus impuestos en la Unión Europea. Le debemos esto a todos los ciudadanos europeos contribuyentes, sin importar cual sea su nacionalidad.

Colegas diputados, considero que el Tribunal de Cuentas Europeo ha realizado un trabajo meticuloso y profesional en la elaboración de su informe del ejercicio 2008. Por ello, me gustaría dar las gracias al Presidente Caldeira y a todos los miembros del Tribunal de Cuentas. También creo que se ha desarrollado una colaboración técnica adecuada entre el Tribunal de Cuentas Europeo y la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, garantizando de este modo que el Parlamento pueda llevar a cabo sus tareas de control de una forma apropiada. El mérito es también del Comisario Kallas por la mejora definitiva que se ha podido observar en los últimos años en lo que se refiere a las actividades de gestión financiera de la Comisión Europea.

Al mismo tiempo, estoy de acuerdo con aquellos colegas diputados que dicen que el informe del Tribunal de Cuentas no solamente contiene puntos positivos, sino también puntos absolutamente pésimos y alarmantes. Aquellos temas que definitivamente debemos mencionar incluyen el hecho de que el Tribunal de Cuentas tuviera que declarar que la tasa de error para el uso de los Fondos de Cohesión fue de un 11 %. Desde mi punto de vista, con el fin de rectificar los errores, debemos establecer sin falta exactamente quién fue el responsable de las omisiones, cuándo y dónde, para que podamos garantizar que rectificaremos estos errores para la próxima vez.

  Edit Herczog (S&D). - Señor Presidente, cuando me encuentro con mis votantes a menudo describo a esta institución como un ordenador en el que los Estados miembros proporcionan el hardware, la Comisión el software, el Parlamente es probablemente el teclado en el que se puede uno relacionar y, en ese sentido, el control que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas corresponde ciertamente al panel de control del ordenador. Nadie compra nunca un ordenador solamente por su panel de control, pero ningún ordenador puede funcionar durante mucho tiempo sin un sistema de panel de control apropiado en su interior.

Me gustaría felicitar al Tribunal de Cuentas por ser un panel de control apropiado para esta institución y por mejorar, año tras año, su propio trabajo, pero también por recordarnos que cumplamos con nuestros deberes en cuanto a la mejora.

Lo que he aprendido de los informes del Tribunal de Cuentas después de seis años aquí es a menudo cometemos errores y que deberíamos intentar recordar a nuestros colegas en los Estados miembros lo que tienen que hacer. Pero, para mí, el mensaje más importante es que, cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa, necesitaremos reducir la complejidad, facilitar unas condiciones mejores para nuestros gastos a nivel local y conseguir el dinero a tiempo para aquellos que lo soliciten en nuestros países, tanto si son pequeñas y medianas empresas, como si son investigadores o agricultores.

El mensaje para nosotros es que tenemos que mejorar nuestras habilidades a nivel local. Debemos seguir reduciendo la complejidad a nivel europeo. Debemos conseguir una mejor colaboración entre los sistemas de auditoría de los Estados miembros y tenemos que trabajar juntos en el futuro. Gracias por estos últimos cinco años de colaboración.

(El Presidente interrumpe al orador)

  Olle Schmidt (ALDE). - Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al Tribunal de Cuentas por su excelente trabajo y al señor Kallas; me alegro de que siga usted en la Comisión. Oír a los diputados británicos expresar sus críticas es tanto bueno como malo, pero por lo que he visto en los periódicos, muchos políticos británicos no han sido precisamente honrados con su dinero. Por supuesto, esto no significa que no podamos mejorar, pero aún queda por ver si realmente la situación en los Estados miembros es mejor que en la UE.

En aquellos ámbitos en que la UE es directamente responsable del presupuesto, los errores son menores. Los defectos tienen que ver con los Estados miembros. Desde luego, 2 700 millones de euros es una cantidad muy grande. Es una cantidad irracionalmente grande y resulta completamente inaceptable. Es una parte importante del presupuesto de la UE y los Estados miembros son claramente responsables de ello. Como ya han dicho algunos de mis colegas diputados, creo que la Comisión debería garantizar que aquellos países que se niegan a hacer públicas sus cuentas financieras y a presentar un informe de auditoría, lo hagan. Como Comisario (por supuesto, usted no sabe qué responsabilidad tendrá en el futuro), o bien la Comisión, debería garantizar que dichos países realmente hagan mejoras para que pueda reunirse la información y pueda continuarse con la supervisión. Los contribuyentes europeos lo necesitan. Asimismo, es necesario llevar a cado un sistema de control mejor y más eficaz mediante el cual sea posible resaltar aquellos ejemplos de buenas prácticas.

El señor Søndergaard ha sugerido una cosa al final de su discurso que, no obstante, podría ser el camino a seguir, es decir, proponer un sistema presupuestario completamente nuevo que dé a los Estados miembros un control mejor de los flujos de tesorería.

(Aplausos)

  Esther de Lange (PPE). - (NL) Señor Presidente, ¿conoce usted la película El día de la marmota, que trata de un hombre que se despierta en el mismo día una y otra vez? Aunque este es solamente mi tercer año como diputada al Parlamento Europeo, ya me siento como la protagonista de esa película. Cada año, el Tribunal de Cuentas viene aquí a contarnos que, desgraciadamente, es incapaz de proporcionarnos una declaración de fiabilidad y, cada año, la Comisión Europea se encarga de hacer hincapié en que mejorará su labor.

La verdad es que se ha progresado, como en el ámbito de la agricultura, pero los problemas subyacentes permanecen. Por supuesto, puede usted aumentar la tasa de error permitida, como propone la Comisión Europea, pero eso es lo mismo que ensanchar una portería. Si los jugadores fallan al marcar, su entrenador no va y ensancha la portería, sino que ve si los jugadores pueden hacerlo mejor. Esto es algo que requiere trabajo en equipo. Efectivamente, solamente puede obtenerse una declaración positiva trabajando en equipo (entre los auditores europeos y nacionales) y a través de las declaraciones de gestión nacionales, como ya se ha dicho.

Desgraciadamente, el hecho es que algunos países aún tienen más libertad en cuanto al uso del dinero europeo que con sus propios fondos nacionales; es más fácil ir de compras con la tarjeta de crédito de otro que con la propia. Aún así, tendrá usted que hacer frente a la factura, señor Comisario. Si ustedes y sus sucesores no consiguen que las actividades de control se hagan correctamente, esto será perjudicial no sólo para el control presupuestario en la Unión Europea y para ustedes, la Comisión Europea, sino también para la legitimidad de todos nosotros y de nuestro trabajo.

Por tanto, puede usted estar seguro, señor Comisario, de que el Parlamento vigilará muy de cerca a ustedes y a sus sucesores a este respecto.

  Barbara Weiler (S&D). - (DE) Señor Presidente, señor Comisario, señor Caldeira, Señorías, me gustaría comenzar dándole las gracias al señor Caldeira y a su equipo. Su informe nos será muy útil en nuestras deliberaciones para la aprobación de la gestión.

Tengo una sensación de déjà vu porque, hasta donde puedo decir, una vez más el Consejo brilla por su ausencia, igual que el año pasado. Yo estoy siendo muy crítica porque el Consejo, siendo una de nuestras cuatro principales instituciones comunitarias, no puede y no debe quedar al margen del presente debate.

Esperamos, con toda la razón, que todos los Estados miembros proporcionen control y transparencia, pero también esperamos esto de nuestras propias instituciones, y el Consejo es responsable de forma conjunta de lo que ocurra o deje de ocurrir en los Estados miembros.

Por supuesto, las irregularidades en los presupuestos no afectan al presupuesto del Consejo tan gravemente como al presupuesto del sector agrícola, pero aun así, tendremos también preguntas acerca de la contratación pública, demoras en los pagos o pagos vencidos y pagos vencidos repetidos. Debatiremos sobre todo ello con el Consejo en las próximas semanas.

Es cierto que no es lo mismo errores que fraude y que la devolución de cantidades percibidas es una herramienta útil. Otro instrumento útil es el proceso de nombrar y señalar con el dedo en el ámbito de la política agrícola, algo que ha demostrado ser válido en Baviera y en el resto de Alemania. Creo que deberíamos seguir utilizando este método, ya que se ha hecho evidente que los Estados miembros y las empresas implicadas reaccionan a esto.

Esperamos que la Presidencia sueca esté preparada para debatir sobre esto en los próximos días y también…

(El Presidente interrumpe al orador)

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - (FI) Señor Presidente, señor Caldeira, señor Comisario, deseo dar las gracias al Tribunal de Cuentas Europeo por su admirable trabajo en beneficio del contribuyente europeo.

Las cuentas de la UE permiten un 2 % de margen de error. Yo diría que son los salarios así como ostros gastos administrativos en particular con lo que es necesario tratar con mayor precisión. En lo que se refiere a esto, no podemos permitir ningún tipo de duda.

No obstante, hay otros grupos de gastos en los que parece difícil, o incluso imposible, lograr un margen de error del 2 %. Según el Tribunal de Cuentas, hasta un 11 % de las sumas totales utilizadas en política de Cohesión corresponde a sumas que nunca debieron haberse utilizado. La situación fue igual en los dos años anteriores.

Dado que la situación no permite que se alcance un umbral del 2 %, me gustaría preguntar si la Comisión o el Tribunal de Cuentas han pensado en revisar esta cifra, para que año tras año, no tengamos que decir que no hay manera de que consigamos dicho umbral este año y que tampoco lo haremos el próximo año. En el futuro, tendremos que ser más cuidadosos y actuar de una manera más rentable que ahora. Asimismo, habrá que simplificar el procedimiento de solicitud.

  Czesław Adam Siekierski (PPE). - (PL) Señor Presidente, el análisis del informe anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2008 nos lleva a la conclusión de que la situación es mejor que en años anteriores. Es especialmente satisfactorio el hecho de que ha sido posible extender de forma muy significativa una correcta gestión del presupuesto. Hemos observado una mejora excepcionalmente clara en el caso del gasto en «Agricultura» y «Desarrollo rural», que representa más del 40 % del presupuesto de la UE. Este es un cambio crucial en comparación con informes anteriores. Es el resultado de la reforma y la simplificación de la PAC. Ahora gastamos fondos que sólo necesitan de unos simples requisitos técnicos.

Por otra parte, los auditores revelan algunos ámbitos de disputa, puesto que descubrieron que, entre las solicitudes de fondos hechas por los Estados miembros en el ámbito de la política de Cohesión, un 11 % contenía errores. Hago hincapié en que estoy hablando de solicitudes. A muchas personas puede parecerle que este dato desfavorable es el resultado de un descuido por parte de la Comisión o los Estados miembros. Efectivamente, hay algo de verdad en esto, pero creo que el problema está en otra parte. La razón principal de que haya tal cantidad de deficiencias financieras en el ámbito de la Cohesión y la política de desarrollo regional es la existencia de reglamentos legales complejos y extremadamente complicados, algo que, efectivamente, los auditores admiten en su informe.

Animo al Tribunal de Cuentas a que siga intensificando la colaboración con sus homólogos en los Estados miembros. Por último, me gustaría decir que debemos dedicar más atención al problema de la educación y al de dar una información mejor a los beneficiarios de la UE y de las políticas institucionales que se encargan de implementar y gestionar programas específicos.

En conclusión, en mi opinión, la Comisión debería hacer el máximo esfuerzo posible, sobre todo, por simplificar los reglamentos financieros a la vez que se mantienen mecanismos básicos de seguimiento para prevenir el abuso. Sin embargo, muy a menudo los beneficiarios de algunos fondos europeos en particular se enfrentan a un cúmulo de reglamentos que no están completamente claros y que, en la práctica, hacen imposible elaborar unas cuentas que satisfagan por completo a los auditores. Esto debería cambiar, y recalco: simplificación e información, pero también seguimiento.

  Georgios Stavrakakis (S&D). - (EL) Señor Presidente, yo también quisiera felicitar al Tribunal de Cuentas por su excelente trabajo, así como a la Comisión Europea, y digo que estoy muy satisfecho porque observo que la situación en general ha mejorado. Me gustaría hacer hincapié en particular que esta es la primera vez que el gasto agrícola ya no está en números rojos. En general las cosas van bien, pero aún hay problemas en cuanto al gasto en política de Cohesión, algo a lo que ya se han referido algunos de mis honorables colegas. No obstante, soy bastante optimista en cuanto al futuro.

También tenemos que fijarnos en las buenas noticias. El sistema de recuperación de fondos de la UE funciona: en 2008, se recuperaron 1 600 millones de euros y hay más recuperaciones en camino, prueba de que el sistema funciona correctamente. El porcentaje de fraudes destapados es extremadamente bajo y solamente se ha identificado en unos pocos casos aislados. Sólo existen problemas en unos pocos Estados miembros, prueba de que el sistema en su conjunto funciona bien y de que los objetivos de la política de Cohesión se están logrando.

A largo plazo, habrá que revisar el sistema de gestión conjunta y transferir una parte mayor de la responsabilidad final a los Estados miembros, ayudando de este modo a simplificar las normas. De conformidad con el artículo 310 del Tratado de Lisboa, se permite la colaboración a la hora de ejecutar el presupuesto entre la Unión Europea y los Estados miembros, en contraposición con la responsabilidad exclusiva que posee hasta la fecha la Comisión.

Por último, me gustaría señalar que el mensaje del Tribunal de Cuentas sobre la necesidad de simplificar las normas ha llegado hasta el Consejo y la Comisión, y yo sinceramente que los cambios…

(El Presidente interrumpe al orador)

  Lambert van Nistelrooij (PPE). - (NL) El informe del ejercicio 2008 da, una vez más, motivos para adentrarse en el análisis y en la acción, incluso en la parte del Parlamento Europeo. Les doy las gracias por este informe. Esta postura (esta colaboración) ha desembocado en mejoras demostrables en los últimos años.

En nombre del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos), quisiera hacer algunos comentarios sobre política regional en particular. ¿Es verdad que la tasa de error del 11 % en política regional se basa en esos tres Estados miembros?, y ¿qué tiene esto que ver con sus pronósticos? ¿Es verdad que la mayoría de las deficiencias se encontraron en los procedimientos de contratación? ¿Es verdad que era demasiado pronto para que el informe reflejara las mejoras en cuanto al gasto bajo la nueva regulación actual 2007-2013? Como saben, se han realizado numerosas mejoras al respecto durante el último año. Si ese es el caso, y en vista de esos cambios (aquellas mejoras en la legislación actual) podemos seguir trabajando en la línea de esa tendencia al alza de las mejoras en el período comprendido hasta 2013.

También es importante que estas mejoras en la transposición de la legislación europea se implementen mucho más tajantemente en las normas de contratación, y que se hagan mejoras en los poderes para superar los obstáculos así como en la aplicación, particularmente en los Estados miembros. Después de todo, aquí hay una fuerte fricción en la relación entre los niveles europeo y nacional. Por lo tanto, es necesario que nombremos a los países en cuestión.

Esta cifra del 11 % podrá entonces cambiar de rojo (que es inaceptable) a amarillo, y finalmente a verde. Por eso los ciudadanos nos han elegido, para obtener más resultados y una mayor claridad en este ámbito. Asimismo, me satisface adoptar las sugerencias de simplificación que aparecen en su informe.

  Christel Schaldemose (S&D). - (DA) Señor Presidente, le doy mis más sinceras gracias al Tribunal de Cuentas por un informe tan útil y sensible. Al escuchar hoy aquí este debate, me ha venido a la cabeza un dicho danés, en donde se habla acerca de si el vaso está medio lleno o medio vacío. Dicho de otro modo, esta es una cuestión de ser optimista o pesimista. Me parece que quizás hay aquí hoy demasiadas personas que han sido excesivamente optimistas. El señor Comisario también ha sido demasiado optimista. Simplemente, no creo que esto sea lo suficientemente bueno. Si un Ministro de Finanzas danés fuera responsable de este presupuesto, en el que puede aceptarse como libre de errores menos de la mitad de éste, y en el que menos de la mitad (47 %) es verde, el ministro en cuestión, de hecho, estaría fuera del cargo.

Me parece muy lamentable que aún haya tantas cosas que hacer, y me parece muy lamentable que las cosas estén avanzando tan lentamente. Me doy cuenta de que es difícil y me doy cuenta de que las normas pueden ser muy complicadas. También me doy cuenta que se han hecho progresos, pero esto no es suficiente. Viendo la velocidad a la que hemos mejorado la parte verde del presupuesto, se puede observar que las cosas están avanzando demasiado lentamente. Apelo a la Comisión para que acepte su parte de responsabilidad. Ustedes tienen las herramientas. Necesitan reaccionar con más rapidez.

  Monika Hohlmeier (PPE). - (DE) Señor Presidente, Señorías, hasta ahora el centro de atención ha sido el Fondo de Cohesión y esto está ciertamente justificado debido a su tamaño dentro del presupuesto. No obstante, ahora me gustaría llamar la atención sobre un ámbito en el que solamente se utilizaron 2 700 millones de euros el año pasado, pero que es causa de importantes problemas.

El Tribunal de Cuentas Europeo, al que me gustaría dar un caluroso agradecimiento en este momento, ha realizado casi una obra maestra, ya que ha aportado con éxito transparencia a la fragmentada administración en el ámbito de la ayuda al desarrollo, y ha identificado claramente cuáles son los problemas que siguen ocurriendo. No quisiera tampoco decir que dicho ámbito no posee principios universales ni estructuras transparentes, pero sí que plantea considerables problemas.

Se han producido mejoras, por ejemplo, en los pagos para la realización de proyectos, pero aun así, el caso es que todavía no se pueden llevar a cabo auditorías de algunos de los proyectos porque faltan los recibos, por no mencionar el hecho de que, para empezar, algunos recibos no se dan, o que no hay oportunidades para realizar auditorías de seguimiento. Una vez más, el objeto de la ayuda con cargo al presupuesto implica problemas particulares, ya que no es posible seguir o rastrear el dinero y el uso que se hace de este. En mi opinión, deberíamos considerar cuidadosamente el integrar finalmente el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) en el presupuesto general, por razones de transparencia, trazabilidad y manejabilidad. Esto nos permitiría combinar y coordinar el FED con otros ámbitos, como son la ayuda al desarrollo, la política exterior, la política de vecindad y otras políticas del mismo ámbito, para poder obtener una visión general completa y transparente.

  Andrea Cozzolino (S&D). - (IT) Señor Presidente, Señorías, como ya se ha dicho, el informe del ejercicio 2008 del Tribunal de Cuentas Europeo ante todo nos da algunas noticias positivas: el porcentaje del gasto de la UE, caracterizado por unos niveles altos de irregularidad, ha descendido desde el 60 % en 2005 hasta el 31 % en 2008. Este es un resultado significativo, pues señala un enfoque positivo con el que debemos continuar.

En cuanto a los Fondos Estructurales, y más en concreto las políticas de Cohesión, sigue habiendo problemas y dificultades. Creo que deberíamos centrar nuestra atención en estos ámbitos en los próximos meses y años.

En lo que respecta a los Fondos Estructurales, en comparación con el análisis del Tribunal del periodo 2000-2006, los sistemas de gestión y seguimiento para el periodo 2007-2013 están dando lugar a unas regulaciones más estrictas y a una mayor fiabilidad y transparencia en cuanto al gasto, así como a una mayor responsabilidad por parte de los Estados miembros.

El Tribunal de Cuentas hace un fuerte hincapié en la necesidad de una mayor simplificación. Por lo tanto, es necesario trabajar mucho para seguir simplificando las normas.

La calidad del crecimiento económico y la transparencia en el uso de los recursos comunitarios son los dos retos a los es necesitarlo que nos enfrentemos. Creo que tenemos que lograr esto haciendo que nuestros debates sobre nosotros mismos y, sobre todo, sobre los ciudadanos, sean más públicos.

Las políticas de Cohesión, los Fondos Estructurales y las políticas regionales son, y seguirán siendo, un elemento crucial del proyecto europeo. Le han dado sustancia a los valores fundamentales de la Unión Europea. Debemos trabajar juntos para garantizar eficiencia y transparencia en los próximos años.

  Mairead McGuinness (PPE). - Señor Presidente, doy las gracias en particular al Tribunal de Cuentas por proponer esta mañana, y de una forma muy clara, los contenidos de un enorme informe que muestra tanto los aspectos positivos como los negativos, y que afortunadamente no muestra los aspectos feos ya que, hasta cierto punto, hemos aclarado los peores aspectos de nuestras prácticas contables.

Quiero centrarme en concreto en la agricultura, a la cual, puesto que se le ha dado relativamente el visto bueno, ha sido virtualmente sobreseído en este debate. Me centro en este tema porque quiero advertir de que es posible que estemos de nuevo avanzando hacia el futuro.

Merece la pena recordar esta mañana que la agricultura ha mejorado, dado que hemos desvinculado, en gran medida, los pagos de la producción. Estamos dando los pagos directamente a los agricultores en activo y, en consecuencia, se ha reducido en gran medida la posibilidad de errores.

No obstante, mediante la modulación, ahora cogemos el dinero y lo utilizamos en el ámbito del desarrollo rural, sobre el cual se han expresado serias preocupaciones, de ahí mis comentarios sobre la posibilidad de que de nuevo estemos avanzando hacia el futuro.

Asimismo, me pregunto cómo podemos responder de temas como la gestión del agua, el cambio climático y la biodiversidad. Piensen en la complejidad de las normas que marcarán todas estas cosas (y con razón lo hacen) si el dinero público se está utilizando en esa dirección, así como en las dificultades y el coste del cumplimiento de esas normas particulares.

Estamos viendo un examen del presupuesto de la Unión Europea gracias al antiguo Primer Ministro británico, Tony Blair, cuyo gobierno no tiene documentos especialmente limpios en lo que se refiere a sus propios conjuntos de cuentas.

Nuevamente, con dicho resumen, trataremos de utilizar el dinero en aquellos ámbitos sobre los que el Tribunal de Cuentas tiene claras preocupaciones, especialmente en el ámbito de la investigación e innovación. Debemos por ello poner mucho cuidado en que el buen trabajo que hemos hecho no lo deshagamos con lo que vamos a hacer.

  Peter Jahr (PPE). - (DE) Señor Presidente, Señorías, cuando estaba en el colegio, los profesores solían decir: la confianza es buena, el control es mejor.

(El orador accede a responder a la pregunta de otro diputado, de conformidad con el Artículo 149(8) del Reglamento de Procedimiento)

  Ingeborg Gräßle (PPE). - (DE) Señor Presidente, quería preguntarle si se ha dado cuenta de que, durante el transcurso del presente debate, el señor Martin, que nos ha proporcionado a todos numerosos consejos, ha entrado en la Cámara a las 10.00 horas, ha hablado a las 10.09 horas y se ha ido a las 10.12 horas.

  Peter Jahr (PPE). - (DE) Me vienen a la cabeza dos reglas básicas de mi infancia. Una vez me dijeron: cuando alguien te habla, deja que termine de hablar. Si haces una pregunta, entonces espera al menos la respuesta». Siguiendo ese principio, estaría bien que el señor Martin se hubiera quedado en la Cámara, para que hubiera podido seguir en el debate del Parlamento. Esa es mi opinión.

Las mejoras y controles sugeridos por el Tribunal de Cuentas suponen una importante contribución a un uso más efectivo y más económico de los fondos de la UE. Como diputado interesado en la agricultura, me satisface especialmente el hecho de que el uso de fondos en el ámbito de la agricultura haya recibido una evaluación positiva y que, por término medio, no se hayan encontrado irregularidades significativas. Sin embargo, esto es en término medio y ahí es precisamente donde está el problema. Hay un dicho en la agricultura que dice que el lago tenía medio metro de profundidad pero, aún así, la vaca se ahogó. Dicho de otro modo, cuando, por término medio, todo está correcto y cuando la inmensa mayoría de los países son capaces de aplicar correctamente los reglamentos administrativos, es entonces cuando debemos tratar en concreto el caso de aquellos países que no se atienen a las instrucciones, es decir, los malos. Es importante identificar los nombres de estos países en cuestión. Señor Presidente, no se dé por vencido, por favor. Si es usted más específico en lo que dice, el Parlamento le prestará su apoyo.

La situación relativa a la tasa de error en desarrollo rural es bastante diferente. A pesar de que la tasa de error es menor que en años anteriores, aún es significativamente más alta en cuanto al gasto agrícola. No obstante, debo decir en este momento que la mayoría de los problemas identificados se deben a la aplicación incorrecta y a la falta de comprensión de los complejos reglamentos de la UE. Esto no significa necesariamente que el dinero se esté malgastando. Debemos trabajar todos juntos con el fin de modificar y mejorar los reglamentos de la UE, para que los Estados miembros puedan aplicarlos más fácilmente.

PRESIDE: Isabelle DURANT
Vicepresidenta

  Sophie Briard Auconie (PPE). - (FR) Señora Presidenta, Señorías, el informe del Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2008 concluye con que se ha producido una mejora general en cuando a la legalidad y la regularidad de las transacciones presupuestarias de la Unión Europea. Sin embargo, el informe dice que el gasto asociado a la política de Cohesión es aún problemático, puesto que este contiene la mayoría de los errores.

Los fondos disponibles para la política de Cohesión representan casi un tercio del presupuesto europeo. Esta es una de las políticas más importantes y más simbólicas de la integración europea y del principio de solidaridad que ocupa su punto central.

En este sentido, tenemos que ser exigentes y garantizar que los procedimientos se apliquen adecuadamente. No obstante, necesitamos tener en cuenta que las características específicas de la política de Cohesión, que está ampliamente descentralizada y, por ello, gestionada por las autoridades regionales de los Estados miembros. Los errores que ha observado el Tribunal de Cuentas no son resultado de intentos de fraude por parte de los promotores de proyectos, sino resultado de la complejidad de los requisitos de elegibilidad.

Según mi punto de vista, la solución no es, por tanto, hacer más engorrosos los procedimientos, sino simplificarlas, tanto a nivel comunitario como en los Estados miembros. A nivel comunitario, las medidas de simplificación se están debatiendo en el Consejo y en el Parlamento. A nivel nacional, personalmente estoy trabajando para lograr simplificar los procedimientos franceses, en estrecha colaboración con los representantes elegidos y con los responsables nacionales y locales de la toma de decisiones.

En esta etapa de desaceleración económica, resultaría especialmente desafortunado que los promotores de proyectos, de los que hay muchos, tuvieran dificultades para acceder a la financiación europea disponible para ellos.

  Ville Itälä (PPE). - (FI) Señora Presidenta, estamos abordando un asunto importante y quisiera, en primer lugar, decir que la gestión del presupuesto ha mejorado mucho. No obstante, hay problemas y yo quiero mencionar algunos de ellos.

El primero de ellos es la política de las instituciones en cuanto a la construcción y la propiedad. Cuando estaba elaborando el presupuesto de 2008 para el Parlamento y otras instituciones, me di cuenta de que las cosas no iban realmente bien en este ámbito. Espero que podamos lanzar una rigurosa investigación para saber por qué el precio que se paga por las propiedades y la construcción de las instituciones es mayor que el precio medio de mercado. Cuando se haya completado el estudio, sabremos si hay algo dudoso en todo esto o si, por el contrario, todo está bien.

El segundo problema sobre el cual quiero llamar su atención es la situación de Rumanía y Bulgaria, algo que ya se ha mencionado aquí. Sabemos cuáles son los problemas, y tenemos que encontrar formas de ayudar a Rumanía y Bulgaria, para que las cosas puedan resolverse. Esto es también un tema político. Después de todo, ¿de qué sirve la ampliación si aceptamos como miembros a países que no pueden organizar la gestión de sus presupuestos adecuadamente?

El tercer problema se refiere en particular a acciones exteriores vinculadas a las Naciones Unidas aunque, en cualquier caso, debemos ser capaces de llevar a cabo inspecciones para garantizar que el público sepa que todo está en orden.

No obstante, por encima de todo, debemos darnos cuenta de que ha aumentado el número de ámbitos libres de errores, algo que debemos agradecer al Comisario Kallas y al Tribunal de Cuentas Europeo.

(Aplausos)

  Seán Kelly (PPE). - Señora Presidenta, querría hacerle una pregunta sencilla. Se ha afirmado que muchos de los casos de incumplimiento de las normas se deben a una falta de comprensión de los procedimientos y reglamentos.

¿Corrobora usted esto? Y, si es así, ¿qué porcentaje de casos de incumplimiento se debe a dicha desafortunada situación, y no a un incumplimiento deliberado de las normas?

  Ivaylo Kalfin (S&D). - (BG) Yo también quisiera, en primer lugar, felicitar a los representantes del Tribunal de Cuentas Europeo por el informe que han presentado, y al Comisario Kallas por su claro esfuerzo por mejorar la situación de la Comisión Europea en relación con el gasto de los fondos europeos. Como soy de Bulgaria, puedo ver de primera mano que la Comisión es extremadamente estricta en lo que se refiere al uso de los fondos, y que sus acciones definitivamente tienen un impacto. Me gustaría plantear un asunto relacionado con el hecho de que este es el último informe del Tribunal de Cuentas Europeo realizado bajo los tratados vigentes. El informe del año que viene se basará en el Tratado de Lisboa. El presente informe contiene una gran cantidad de cuestiones que se han planteado y que aún no han recibido una respuesta adecuadamente explicada, incluidas aquellas cuestiones relativas a la elaboración del presupuesto y a los procedimientos de utilización del presupuesto. Creo que todas las instituciones, incluido el Parlamento Europeo, junto con el Consejo y la Comisión Europea, por supuesto (por no mencionar la activa participación del Tribunal de Cuentas Europeo) deben hacer todo lo posible para hallar una respuesta a dichas cuestiones para que pensemos sobre ellas de la misma manera.

  Jean-Pierre Audy (PPE). - (FR) Señora Presidenta, no voy a tomar la palabra en virtud del procedimiento de «solicitud incidental de intervención»; simplemente deseo lamentar el hecho de que el asiento del Consejo esté completamente vacío. El Consejo es una autoridad presupuestaria, y también observamos que tenemos numerosos problemas en los Estados miembros. Señora Presidenta, solo quería lamentar este hecho.

  Bart Staes (Verts/ALE). - (NL) He estado presente a lo largo del debate. Una de las cuestiones más cruciales que he escuchado, y le pediría explícitamente al señor Caldeira que explicara esto detenidamente, es la siguiente: ¿cuál es la situación de ese 11 % en política de Cohesión que no debería haberse desembolsado? Durante el presente debate se han dado diferentes explicaciones. Unos han dicho 4 000 millones de euros, otros han dicho 2 000 millones de euros, etc. Considero que, para que pueda comenzar el procedimiento de aprobación de la gestión, es excepcionalmente importante que nos explique de forma clara e inequívoca, qué hay realmente involucrado aquí. Igualmente, me gustaría dar las gracias especialmente al Comisario Kallas por el trabajo que ha realizado en los últimos años. Considero que la Comisión de Control Presupuestario siempre ha experimentado una colaboración muy constructiva con usted. No siempre hemos estado de acuerdo, pero probablemente será usted reelegido para la nueva Comisión, con un nuevo cargo, y yo le deseo todo lo mejor.

  Presidenta. - Me gustaría decir al señor Martin que he visto que estaba pidiendo la palabra en un asunto personal, y que se la concederé pero, de conformidad con el Reglamento, lo haré al final del debate y después de que hable la Comisión.

  Edit Herczog (S&D). - (HU) Señora Presidenta, estoy completamente de acuerdo con el señor Audy. El Consejo llama la atención por su ausencia, y lo mismo ocurre con los líderes de los partidos políticos. Como vicepresidenta del Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, creo que los presidentes de los demás grupos tampoco han considerado importante el presente debate. No obstante, la ausencia más llamativa es la del Consejo.

  Vítor Manuel da Silva Caldeira, Presidente del Tribunal de Cuentas. – (FR) Señora Presidenta, en primer lugar me gustaría dar las gracias a todos los miembros del Parlamento que han participado. Sus comentarios serán, sin duda, de gran ayuda para todos aquellos que trabajan en el Tribunal de Cuentas y para los que están detrás del informe que hoy se ha presentado.

En el tiempo que se me ha asignado en este debate tan intenso e interesante, resulta un poco difícil responder a todas las preguntas que se me han hecho directamente a mí. En primer lugar, me gustaría responder al señor de Jong, quien me ha preguntado si me siento desalentado por no estar en posición, como Presidente del Tribunal de Cuentas, de dar una declaración de fiabilidad positiva. Mi respuesta sería que, como auditor, me encantaría dar una opinión así cuando fuera el caso, pero el trabajo de los auditores no es estar felices con las opiniones que dan. Los auditores deben tener una base sólida para sus opiniones, es decir, deben tener pruebas verdaderas.

Para ser franco, como auditor, yo prefiero dar una opinión como la que hemos dado este año. No le voy a decir al señor Audy si esta es una opinión positiva o negativa, sino que es una opinión realista que hace hincapié en aquellos aspectos en donde se ha progresado. Hemos observado que se ha producido una fuerte caída en el número de errores en algunos ámbitos, especialmente en el ámbito de la agricultura, pero también hay ámbitos de los que es necesario preocuparse más. Por lo tanto, en lugar de ser optimista o pesimista, yo, como auditor, prefiero ser realista.

Considero que así es como debe entenderse nuestro mensaje en lo que concierne a los pronósticos para el futuro. Algunos diputados al Parlamento Europeo han preguntado qué se puede hacer para resolver estos problemas. El Tribunal de Cuentas ha contribuido, tanto en el presente informe como en los anteriores, señalando que son importantes sus recomendaciones relativas a la mejora en los sistemas de supervisión y control en los Estados miembros, y afirmando, en lo que respecta a la Comisión, que es igualmente importante simplificar el marco regulador, lo cual significa no hacer las cosas más complicadas de lo necesario. No podemos pasar de una situación en la que queremos hacerlo todo y controlarlo todo (algo que requiere excesivos controles) a una situación en la que no haya ningún tipo de supervisión. Si no, no podremos hallar el equilibrio adecuado que nos permita lograr los objetivos de las políticas.

Algunos de ustedes han dicho que este informe no habla acerca de la eficiencia con que se utilizan los fondos. ¿Acaso los pocos errores o irregularidades identificados han impedido que se completen los proyectos? Obviamente, se supone que el Tribunal de Cuentas debe dar en sus informes una opinión referente a los estados financieros, la cual es una opinión claramente positiva, así como de las transacciones subyacentes de estas cuentas. Se trata de si las transacciones cumplen las normas que se supone que deben seguir.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas también les proporciona a ustedes y, en particular, a las comisiones parlamentarias competentes, la Comisión de Control Presupuestario, todos aquellos informes relativos a la eficacia de las políticas, así como respuestas a la pregunta de si se utilizan correctamente los fondos en los diferentes ámbitos. Espero que encuentren información significativa en esos informes en cuanto a qué podría mejorarse en el contexto de estas políticas. No obstante, tal y como pone en nuestro informe (y en mi discurso he hecho hincapié en esto) es importante aprovechar esta oportunidad que nos ofrecen para el futuro la reforma del reglamento financiero y el nuevo marco para las perspectivas financieras, así como la oportunidad que nos proporciona la reforma presupuestaria para considerar algunos temas fundamentales.

Permítame concluir, señora Presidenta, diciendo que nuestra metodología cumple con las normas internacionales de auditorías. Consideramos nuestros ejemplos apropiados para sacar nuestras conclusiones. El señor Audy ha hecho la siguiente pregunta: ¿Son sus ejemplos lo suficientemente importantes? La respuesta es sí. Obviamente, si dispusiéramos de más recursos, posiblemente podríamos trabajar más, pero nuestros recursos son limitados y se supone que debemos gestionar cuidadosamente nuestros recursos.

Por último, un comentario sobre el papel que pueden desempeñar en el futuro el Tribunal de Cuentas y los tribunales de cuentas de los Estados miembros. Siempre trabajamos con los tribunales de cuentas de los Estados miembros y con los auditores nacionales a través de la colaboración y la confianza de unos en otros. Este enfoque aparece estipulado en el tratado (y reafirmado por el Tratado de Lisboa) y, al seguirla, estamos haciendo todo lo posible por garantizar que, en general, podemos traer un valor añadido al papel de la auditoría externa en la Unión Europea).

Esos son mis últimos y muy breves comentarios finales, señora Presidenta, ya que no quería robarle demasiado tiempo.

(Aplausos)

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. − Señora Presidenta, gracias por este debate y por las buenas palabras que se han dirigido a la Comisión. Quiero comentar dos puntos relacionados con el pasado, de 2008 y de los últimos años. En primer lugar, se ha subrayado algo muy importante: la transparencia. Quiero recordarles que juntos hemos logrado un gran paso adelante. Toda aquella información relativa a los beneficiarios de los fondos de la UE es ahora pública y esto ha sido también uno de los principales cambios que se han hecho durante este periodo.

El segundo hecho relacionado con el pasado es que hemos debatido acerca de cuánto dinero se ha perdido y cuánto dinero habría que recuperar, entre otras cosas. Yo quisiera, a modo de ilustración, poner de manifiesto una cifra; el título es muy complicado. Este número aparece en el anexo VI de nuestro informe resumido y es el «resumen de anulaciones de recuperaciones», que en verdad significa que una suma de dinero está completa e irreversiblemente perdida. En el informe resumido del ejercicio 2008, esta suma era de 18 380 363, 22 euros, lo cual supone menos de un 0,01 % del presupuesto de la UE. Este dinero se ha perdido. Hemos debatido acerca de todos estos miles de millones que no se han gestionado adecuadamente en los Fondos Estructurales, pero al final, algo sí se ha recuperado. El proceso no es perfecto y debemos trabajar mucho en esto. Además, algunas veces los errores se corrigen. Es un proceso largo y debemos tomárnoslo muy en serio.

Ahora quisiera hablar de algunos temas sobre el futuro. En un futuro muy próximo, comenzaremos los debates sobre el nuevo Reglamento Financiero y las nuevas perspectivas presupuestarias. Hay demasiadas cosas vinculadas con este proceso. Las declaraciones nacionales y la participación de los Estados miembros necesitan una base jurídica más fuerte. Podemos claramente seguir adelante con esta simplificación, sobre la que tanto y tantas veces se ha debatido aquí. Como ya ha dicho el Presidente Caldeira, los objetivos aparecen definidos en más de 500 programas aceptados por la Comisión, el Parlamento y el Consejo. Todo programa tiene su propia base jurídica, sus propios objetivos, y todo debe medirse, incluido el dinero que se ha utilizado de conformidad con estos objetivos. Esa es una cuestión clave.

En la última sesión plenaria en la que discutimos la aprobación de la gestión para el año 2007, una idea era reducir el número de programas, y contar con mayores proyectos y mayores programas que sean mucho más fáciles de examinar. Esta es una cuestión clave y, como un Estado miembro dijo que este era el caso de lo que ocurre con el desarrollo rural, no pueden medirse los objetivos (especialmente en cuanto a acciones exteriores, en donde hay objetivos muy políticos) y decir que esos objetivos se están logrando. Este es un tema clave, pero que se encuentra dentro del marco de los debates futuros sobre reglamentos financieros.

En cuanto al diálogo, que se ha subrayado aquí como importante, debo decir que hemos hecho todo lo posible por mantener un diálogo bueno con el Parlamento, con la Comisión de Control Presupuestario y con el Tribunal de Cuentas. Por mi parte, a mí me gustaría debatir sobre todos los temas con personas que tengan diferentes opiniones, diferentes actitudes y diferentes juicios. Así ocurre en la vida normal. Lo que no me gusta es que algunas personas utilicen deliberada y constantemente hechos incorrectos. No se puede mantener un diálogo cuando los hechos no son correctos. Podemos tener juicios diferentes, interpretaciones diferentes y puntos de vista diferentes, siempre y cuando los hechos sean correctos. Deseo firmemente que en nuestro diálogo futuro, este principio también se respete.

(Aplausos)

  Presidenta. - Señor Martin, ¿desea hablar al final de este debate?

  Hans-Peter Martin (NI). - (DE) Señora Presidenta, siento tener que aprovechar esta oportunidad para hacer un comentario personal para el cual, según el orden del día, me han dado tres minutos, aunque no necesitaré los tres minutos.

He adoptado una postura muy constructiva en mis discursos y he señalado de una forma muy constructiva en este debate lo que puede hacerse actualmente sobre esta nueva base. Con el fin de poder llegar a esta evaluación, esta mañana he seguido muy de cerca el debate. He llegado a la Cámara mucho antes de lo que mi compañera diputada ha afirmado, me he ido más tarde y ahora estoy aquí otra vez. Creo que es realmente una lástima que la señora Gräßle obviamente considere necesario hacer ataques personales que en verdad son injustos. Me gustaría que la señora Gräßle fuese constructiva y desearía ver menos historias incorrectas escritas por ella en el periódico alemán Bild Zeitung. Preferiría escuchar sugerencias constructivas acerca de cómo podemos salvar la situación y sobre cómo se le puede dar al Tribunal de Cuentas la habilidad para hacerlo. Además, es una verdadera lástima que la señora Gräßle, en particular, sea la persona que haga innecesariamente más difícil el trabajo de los diputados no inscritos, que nos discrimine, que nos impida acceder a información, que no nos dé la oportunidad de trabajar con empleados y que luego considere que vale la pena atacarnos sobre la base de hechos incorrectos. Debería usted aprender sobre democracia, señora Gräßle.

  Presidenta. - Aquí lo dejamos. Se cierra el debate

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. – (DE) Es cierto que aún hay deficiencias significativas en algunos ámbitos, particularmente en el caso de la política de Cohesión, pero el descenso en la tasa de error en el ámbito de la agricultura y recursos naturales hasta situarse en menos del 2 % me da motivos para mirar el futuro con optimismo. Puesto que este ámbito en particular representa la mayor parte del gasto de la Unión Europea, la relativamente baja tasa de error del 2 % puede considerarse satisfactoria. En el futuro, deberíamos centrar todos nuestros esfuerzos en dos ámbitos. El primero de ellos es la colaboración entre la Comisión y los Estados miembros. El objetivo aquí es identificar aquellos datos que sean inexactos e incorrectos en todos los diferentes ámbitos de gasto, y corregir los errores. El segundo ámbito implica la mejora de los métodos de la UE para pagar el dinero comunitario a los Estados miembros y recuperarlo.

  Véronique Mathieu (PPE), por escrito. – (FR) Quisiera felicitar al Tribunal de Cuentas por su informe anual sobre la ejecución del presupuesto de la UE relativo al ejercicio 2008. Me gustaría llamar la atención sobre el párrafo concerniente a las agencias de la Unión Europea, en el que el Tribunal de Cuentas afirma que ha emitido una opinión sin reservas para todas las agencias auditadas, a excepción de la Escuela Europea de Policía.

En esta fase, resulta relevante recordar que nos enfrentamos a una situación similar a la de la aprobación de la gestión para 2007. El Tribunal de Cuentas ha publicado un informe que contiene una declaración de fiabilidad con reservas concerniente a las cuentas y a las transacciones subyacentes de CEPOL, y en el que indica en particular que se utilizaron créditos para financiar gasto privado. El ponente ha pedido que se posponga la aprobación de la gestión para CEPOL, seguida de la Comisión de Control Presupuestario. No obstante, la votación en el Pleno el 23 de abril de 2009 rechazó esta propuesta por 226 votos a favor y 230 en contra, con una movilización masiva del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea.

Dado que el Tribunal de Cuentas ha hablado hoy de más problemas concernientes a CEPOL, es fundamental que reconozcamos el error obvio que se cometió en la aprobación de la gestión en abril al votar en contra de la opinión del ponente y de la de la comisión competente.

4. Proyecto de Google para digitalizar el patrimonio bibliográfico mundial (debate)

  Presidenta. – El siguiente tema del orden del día es el debate sobre la pregunta oral formulada por Klaus-Heiner Lehne, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, a la Comisión sobre el proyecto de Google para digitalizar el patrimonio bibliográfico mundial (O-0101/2009 – B7-0224/2009)

  Angelika Niebler, en representación del autor. − (DE) Señora Presidenta, Presidente en funciones del Consejo, señor Comisario, Señorías, todos ustedes estarán familiarizados con Google, el motor de búsqueda de Internet. Probablemente también conocerán el nuevo proyecto Google Books, sobre el cual todo el mundo ha estado hablando durante los últimos meses. El objetivo de este proyecto es escanear los libros de las bibliotecas y hacer que estén disponibles en Internet, para que los lectores tengan un acceso rápido y fácil a una gran número de trabajos en la red.

Desde la perspectiva de los lectores y los usuarios de Internet, esta es una idea maravillosa. Pero, ¿qué significa esto para los autores, los creativos, los artistas y las editoriales? Debemos pensar detalladamente en estas cuestiones durante los próximos meses. Puede que ustedes ya sepan que las casas editoriales y los autores en EE.UU. han emprendido acciones judiciales contra Google con respecto a la digitalización y publicación de trabajos en la red. Hasta donde yo sé, el contencioso jurídico ya se ha solucionado y las partes han resuelto la disputa. No obstante, las cuestiones siguen sin tener respuesta y no solamente se refieren a la situación con Google, puesto que seguramente se producirán casos similares en el futuro. Debemos abordar estas cuestiones lo más rápidamente posible.

¿Necesitan los derechos de autor ser adaptados en la era digital? ¿Necesitamos cambiar las estructuras existentes? En este sentido, me refiero concretamente al papel de las sociedades de gestión colectiva, sobre el que hemos debatido en el Parlamento en muchas ocasiones. ¿Se están creando nuevos monopolios en la red? ¿Cómo deberíamos reaccionar ante esto? ¿Cómo cambiará esto las estructuras en nuestros países, por ejemplo, en lo que se refiere a las librerías en las regiones? ¿Cuáles son los intereses contrarios en este caso y cómo podemos encontrar un equilibrio adecuado entre ellos?

Los autores y las casas editoriales quieren recibir una compensación financiera por su trabajo. Obviamente, esto también se aplica cuando sus trabajos se ponen a disposición del público en Internet. Las bibliotecas quieren poner sus archivos en la web sin tener que firmar primero un acuerdo de licencia con todos los titulares de derechos de autor. Está claro cuáles son los intereses de los consumidores. Les encantaría tener un acceso rápido y fácil al contenido de la web. Aún no hemos podido alcanzar un punto en el que seamos capaces de debatir posibles soluciones, pero tenemos que hacernos muchas preguntas, y ese es el objetivo de la pregunta por escrito presentada a la Comisión por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

Para poder resolver el tema de los derechos de autor, ¿deberíamos hacer distinciones, por ejemplo, en cuanto al contenido? Si es así, ¿qué distinciones deberían hacerse? La Comisión parece estar moviéndose en esta dirección, puesto que antes de nada se está centrando en la situación de las existencias de las bibliotecas. ¿Debería haber en el futuro un proceso de digitalización en masa, o nuestro sistema actual de licencias es suficiente para resolver el problema? ¿Cómo puede simplificarse la autorización de derechos de autor en la era digital? Como ya saben, los derechos de autor son fundamentalmente un derecho nacional y, en este sentido, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Es esta una postura moderna? ¿Qué tendremos que hacer en el futuro con las obras huérfanas, es decir, aquellos libros cuyo titular de derechos de autor no se puede identificar o localizar? ¿Deberíamos, tal vez, distinguir entre obras literarias y obras científicas o académicas? Por ejemplo, los autores de novelas se ganan la vida con la publicación de sus libros pero, cuando los científicos ponen sus trabajos en la web, su principal interés es hacerse un nombre en el campo de la investigación, y no dependen tanto del dinero que les proporciona su trabajo. Hay numerosas preguntas que debemos plantearnos, y me satisface poder discutirlas con ustedes.

Me gustaría tener en cuenta un último e importante aspecto y que es, una vez más, el tema de las sociedades de gestión colectiva. Fíjense en lo fácil que es hoy en día descargar música de Internet. Solo hay que ir a iTunes y comprar canciones por 20, 30, 40 o 50 céntimos. ¿Cuáles son las implicaciones para las sociedades de gestión colectiva? ¿Aún las necesitamos? Me gustaría que la Comisión pudiera, una vez más, darnos una idea de cuál es la situación actual.

En el Parlamento, llevamos años preguntándole a la Comisión que eche un vistazo a las sociedades de gestión colectiva. Por decirlo de un modo bastante impreciso, las sociedades de gestión colectiva son también organismos monopolísticos, que han estado establecidos durante décadas. Me interesaría saber qué planea hacer la Comisión. Mi último comentario es que, si cogemos una plataforma como Google, que pone todo a disposición de forma gratuita, esto desembocará en la creación de un monopolio en la web. Tenemos que pensar en cómo deberíamos abordar la situación, con el fin de garantizar que no terminaremos con un sólo proveedor, quien decidiría entonces las condiciones de acceso al contenido en la web. Estoy deseando tener un debate con ustedes en las próximas semanas y meses, y escucharé con interés la respuesta de la Comisión a la primera pregunta de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. − Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias a la Comisión de Asuntos Jurídicos por plantear estas preguntas. Las preguntas que han planteado son tan relevantes que, sin duda, será necesario debatirlas en los próximos meses. Este tema es definitivamente intenso, interesante, emocionante y está muy orientado hacia el futuro. Antes de nada, daré una visión general relativa a esta pregunta en concreto.

En primer lugar, el proyecto de Google Books. Se trata esencialmente de una iniciativa encaminada a facilitar una herramienta para buscar, encontrar y comprar libros para una amplia audiencia de usuarios. Para los titulares de derechos de autor, esto puede significar un canal adicional de comercio, y por tanto, una fuente adicional de ingresos. Déjenme añadir que en Europa, el proyecto «Búsqueda de libros de Google» se hace en colaboración con bibliotecas y concierne únicamente a los libros de dominio público. Los libros con derechos de autor solamente se incluyen en este proyecto a través de Google Partner Programme, dirigido a aquellas editoriales que deseen llegar a acuerdos con Google.

La creación de acciones de grupo de Google Books concierne al proyecto en los Estados Unidos y busca concluir un procedimiento contencioso que empezó hace más de cuatro años. Si se aprueba, no sólo proporcionará una fuente adicional de ingresos para los titulares de derecho de autor sino que, lo que es más importante, hará que aquellas obras huérfanas hasta ahora no disponibles y agotadas, que puedan estar disponibles para los usuarios de EE.UU. a través de la búsqueda y acceso en Internet. Además, sus incentivos financieros podrían sacar a la luz aquellos titulares de derechos de obras huérfanas.

Ahora, en lo que se refiere al proyecto «Búsqueda de libros de Google», la Comisión ve la iniciativa de Google como una prueba de que se están desarrollando nuevos modelos de negocio con el fin de facilitar un acceso casi instantáneo a un gran número de trabajos a un número cada vez mayor de consumidores. Puesto que la Comisión Europea favorece la digitalización de libros en las bibliotecas europeas y aún más que eso, y como la digitalización de libros es una tarea de proporciones hercúleas, en donde hace falta el apoyo del sector privado, la Comisión favorece iniciativas como el proyecto «Búsqueda de libros de Google» siempre y cuando éstas respeten los derechos de propiedad intelectual y no conduzcan a una distorsión de la competencia.

En cuanto a la creación de Google Books, la Comisión se ha involucrado muy activamente en consultas con editoriales europeas y con Google. En septiembre de 2009, la Comisión organizó una audiencia pública en la que reunió a las partes europeas implicadas, así como a las partes implicadas en el acuerdo con el fin de intercambiar opiniones y buscar una mayor claridad sobre los diferentes elementos del acuerdo.

Pero entretanto, han tenido lugar cambios importantes. Debido a las numerosas objeciones que, con respecto al acuerdo inicial, plantearon los competidores de Google, gobiernos extranjeros (Francia y Alemania) y el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, las condiciones del acuerdo fueron revisadas y dichas revisiones fueron enviadas al Tribunal de los Estados Unidos el 13 de noviembre de 2009.

En primer lugar, el acuerdo revisado tiene un ámbito de aplicación significativamente más limitado. Ahora, el acuerdo solamente cubre a aquellos libros que estén registrados en la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos o que estén publicados en Reino Unido, Australia o Canadá a fecha de 5 de enero de 2009. El resto de libros se halla fuera del ámbito de aplicación del acuerdo. En consecuencia, solamente los autores y editores de los Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Canadá estarán, en el futuro, representados en la junta del Registro de los Derechos de Libros, el organismo que gestiona las condiciones del acuerdo.

En segundo lugar, las editoriales de países que no sean los Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá ahora tendrán que negociar individualmente para formar parte del servicio de Google Books en los Estados Unidos.

La nueva versión del acuerdo sugiere dos comentarios. En primer lugar, estar fuera del acuerdo no siempre es una ventaja. Cuando estás fuera, ya no puedes controlar lo que hace Google con las copias que ha escaneado hasta ahora.

En segundo lugar, las editoriales de los Estados miembros de la UE (aparte de las de Reino Unido) ya no participarán más en una importante transformación del mercado de los libros. En los Estados Unidos, el proyecto Google Books recibirá un gran impulso hacia delante, y las. A pesar de que los servicios negociados bajo este acuerdo solamente estarán disponibles para los usuarios de los Estados Unidos, esta ausencia podría ser perjudicial para la diversidad cultural.

A este respecto, la Comisión ha estado apelando, y lo seguirá haciendo repetidamente, a los Estados miembros: primero, para intensificar sus políticas de digitalización; segundo, para explorar las posibilidades de una cooperación entre el sector público y el privado para la digitalización; y, tercero, para garantizar que todo el material digitalizado esté disponible a través de Europeana. Si los Estados miembros hacen esto, el acuerdo de Google Books podría convertirse en un catalizador, en lugar de en una amenaza, para las iniciativas de Europa en el ámbito del acceso a la cultura digitalizada.

Esto me lleva a su segunda pregunta. El debate sobre el acuerdo de Google Books ha puesto de manifiesto que Europa no se puede permitir quedarse atrás en lo que se refiere a la frontera digital. Europa tiene que actuar con rapidez. Con este fin, la Comisión está plenamente comprometida a trabajar en un marco de derechos de autor que facilite una digitalización a gran escala de las colecciones de las bibliotecas europeas.

Creemos que las normas en cuanto a derechos de autor deben ser lo suficientemente flexibles con el fin de que no compliquen demasiado la creación de bibliotecas en Internet.

  Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, en nombre del Grupo PPE. − (PL) Señora Presidenta, me gustaría darle las gracias por su declaración, a la Comisión de Asuntos Jurídicos por su pregunta, a la señora Niebler por sus comentarios y al Comisario por su respuesta. Estas son también cuestiones extremadamente importantes para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. El proceso de digitalización de libros ofrece nuevas oportunidades, pero debe (y hago hincapié en esto) servir a los intereses de las editoriales y de los lectores, es decir, a los negocios y consumidores europeos.

La anterior versión del acuerdo con Google amenazaba con la monopolización de toda la producción literaria por parte de una sola firma privada, una amenaza que aún no ha sido del todo eliminada. Ha sido Google quien ha escaneado millones de títulos con derechos de autor en todo el mundo. Hasta la fecha, ha hecho uso de estos escáneres de forma ilegal, aplicando sólo el principio estadounidense del uso leal, sin pedir permiso ni a los autores ni a las editoriales.

El nuevo acuerdo sigue desobedeciendo un principio básico del Convenio de Berna, según el cual hay que pedir permiso a los titulares de derechos de autor antes de utilizar sus trabajos, en lugar de simplemente darles la opción de decidir participar, lo cual supondría que el autor tendría que cargar con la responsabilidad, el esfuerzo y los costes. Este acuerdo se aplica a los libros de todo el mundo publicados en inglés en aquellos países que cubre el Convenio.

Cuando Google escaneó los libros, utilizó las categorías de obras agotadas y obras huérfanas. Ambos términos no están claramente definidos. En muchas ocasiones es posible encontrar a los autores de obras huérfanas si se piensa en ello. Los libros agotados son a menudo trabajos cuyos autores o editoriales han querido agotarlos deliberadamente. ¿No conlleva esto el peligro de que Google pueda estar privando a las editoriales de la libertad de establecer su propia política editorial, y de ingresos potenciales a los autores?

En cuanto al tema de los consumidores: puede que a largo plaza la industria editorial se vea minada por el proyecto de Google si a los titulares de derechos de autor no se les pagan los cánones que se les deben. Para poder permitirles que sigan siendo competitivos, las editoriales dejarán de producir valiosos y costosos libros examinados por expertos. Para los consumidores, esto supondrá, efectivamente, que las publicaciones de gran calidad serán sustituidas por publicaciones baratas, sin verificar y faltas de imaginación, acompañadas además de una publicidad omnipresente.

Por tanto, espero que la Comisión Europea idee una política que permita el desarrollo de una mayor digitalización, pero que no tenga un impacto negativo en la creatividad y en los intereses del mercado y de los lectores en Europa.

  Sergio Gaetano Cofferati, en nombre del grupo S&D. − (IT) Señora Presidenta, Señorías, creo que el acuerdo entre Google y las editoriales de los Estados Unidos contiene algunos elementos indudablemente interesantes, así como algunas perspectivas importantes para nosotros. Sin embargo, aparte de estos aspectos positivos, es importante evaluar los asuntos problemáticos que también contiene este acuerdo.

Para que el acuerdo sea positivo, es necesario que cambiemos la forma en que consideramos todo el complicado asunto de los derechos de autor, para que así podamos superar el conflicto entre la demanda de libertad de acceso a la cultura en Internet y la protección exclusiva, sin excepción, de los derechos de autor.

Es cierto que el sistema ideado por Google daría a los usuarios en conjunto una gran oportunidad de acceder a obras, especialmente a aquellas que están agotadas o que son difíciles de encontrar bibliográficamente. Al mismo tiempo, supondría para los autores y las editoriales la oportunidad de renovar su propia oferta cultural y de expandir la lectura de sus obras. Sin embargo, también es cierto que, debido al hecho de que el acuerdo solamente cubre libros y obras registrados en la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos o publicados en Reino Unido, Canadá o Australia, mientras que no se prevé ninguna medida específica para las obras europeas o para las del resto del mundo (además, hasta el momento, simplemente ha declarado su voluntad en general por alcanzar acuerdos similares también con otros países). En virtud de ese acuerdo, Google se encuentra en una situación de monopolio, sobre todo a causa de los enormes recursos publicitarios que se utilizarán para el nuevo sistema.

El impacto también tendrá consecuencias para las industrias culturales europeas, ante todo, por el retraso con que se encontraría Europa en cuanto al proyecto entero de digitalización de las bibliotecas. Además, desde los años 80, se han registrado un gran número de libros europeos en la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos. Como resultado, estos libros estarían sometidos a las nuevas normas de acceso al sistema Google, que además ha ofrecido la posibilidad de digitalizar su propio catálogo a muchas más obras europeas que se encuentran en bibliotecas de los Estados Unidos.

La Comisión Europea ha lanzado un proyecto europeo, que hasta la fecha ha tenido un menor impacto que el que se espera que tenga Google Books. El acuerdo entre Google y las industrias culturales de los Estados Unidos plantea, por tanto, el tema de la necesidad de una síntesis entre protección de los derechos de autor, y producción y accesibilidad para los usuarios, sobre todo en vista de las revoluciones tecnológicas de la última década. El riesgo es que Europa se quede atrás en lo que se refiere al desarrollo de este potencial nuevo modelo.

Se lo diré directamente, señor Comisario. No me parece que las propuestas que se han hecho aquí sean adecuadas para resolver el problema que nos ocupa. Necesitamos una solución que unifique a los países de Europa y que no haga que la carga de la responsabilidad de actuar sea asumida por los Estados miembros.

  Liam Aylward, en nombre del Grupo ALDE. − Señora Presidenta, acojo con agrado la acción de la Comisión de Asuntos Jurídicos al hacerle esta oportuna pregunta a la Comisión. El proyecto de digitalización de libros tiene un impacto en algunos ámbitos políticos tanto europeos como de los Estados miembros, como son los derechos de autor, la competencia, la digitalización de las bibliotecas y la cultura y, como tal, ello exige tanto un debate como una consideración moderada.

La digitalización de libros tiene muchos beneficios claros tanto en lo que concierne a la cultura como a la economía. Ello contribuirá a la diseminación del conocimiento y la cultura. Los estudiantes, los académicos y los universitarios tendrán un mayor acceso a la información y la investigación.

Para que Europa esté a la cabeza de una economía exitosa basada en el conocimiento, debemos avanzar con las nuevas tecnologías y estar por delante en la carrera por el conocimiento. Mi propio Estado miembro, Irlanda, era conocido como la isla de los santos y los eruditos, con una gran tradición en producción literaria, así que el fomento y la promoción de la lectura y la literatura siempre es bien recibido. Desgraciadamente, tengo que decir que la mayoría de los santos ya no están. Sin embargo, el proyecto de digitalización no debe llevarse a cabo a expensas de situar el proceso creativo por detrás de la literatura, y no se debe perjudicar el sustento de numerosas partes implicadas. Es importante resaltar que solamente se puede aceptar la digitalización una vez que los derechos de las partes implicadas, incluyendo autores, editoriales, ilustradores, diseñadores gráficos y traductores literarios, se representen y protejan.

Dada la potencial amenaza de la digitalización para el mercado de los libros impresos, es fundamental que se garantice que los derechos de los titulares se remuneren de una forma justa. Este es un tema que le planteé directamente a la Comisión el pasado octubre. En su respuesta, observo que la Comisión ya ha lanzado una consulta pública y ya ha celebrado audiencias para intercambiar opiniones con las partes implicadas. Acojo con satisfacción estos pasos positivos y, si se adopta la legislación de la Unión Europea sobre derechos de autor, debe haber un aumento de la relación con las partes implicadas para que el cambio refleje sus intereses mientras que a la vez, se facilite una economía basada en el conocimiento.

  Eva Lichtenberger, en nombre del Grupo Verts/ALE. − (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, como resultado de las actividades de Google Books, la estrategia europea de adoptar un enfoque lento y encaminado a un fin, y de subrayar las numerosas preocupaciones que se han expresado durante el transcurso de esta estrategia, simplemente se ha dado de lleno con la realidad. Nos enfrentamos a una exhaustiva digitalización de libros por parte de Google, incluyendo libros de autores europeos, que no han dado su consentimiento y que ahora están sorprendidos y molestos por verse en Google Books, en donde no quieren estar.

En este sentido, me gustaría decir en primer lugar que, cuando hablamos de derechos de autor, no se trata simplemente de una cuestión de dinero. Se trata también de la soberanía de los autores, quienes deberían también tener derecho a implicarse en decisiones sobre si, cómo y de qué forma se digitalizan y usan sus libros. Esta es una cuestión fundamental y una necesidad muy importante. En relación con este tema tenemos la altamente crítica cuestión de las llamadas obras huérfanas, cuyos autores no se pueden localizar. Necesitamos encontrar una solución práctica y eficaz a este problema.

Todos y cada uno de nosotros hemos experimentado lo que es prestar un libro al que apreciamos mucho, que no nos lo devuelvan y no poder comprarlo en ningún sitio porque está agotado. Desde luego, Google Books sería una solución muy buena en casos como este, ya que preservaría tesoros del mundo literario y de otros ámbitos relacionados, que de otra forma desaparecerían de nuestro patrimonio cultural. No obstante, la solución debe diseñarse de tal forma que todo tenga sentido. Google Books sencillamente no puede ignorar todos los temas sobre la base de una suposición. Debe intentarse encontrar al autor y proteger sus derechos. Aquí es donde entran en acción las sociedades de gestión colectiva y me gustaría que se introdujera una solución justa. Como ha dicho la señora Niebler, necesitamos debatir acerca del papel de las sociedades de gestión colectiva en este contexto.

Todo el mundo tiene derecho a rechazar nuevas tecnologías pero, por supuesto, también deben vivir con las consecuencias, y puede que en el futuro no formen parte del campo de conocimiento que se ha creado. Este el tema central de hoy. Tal vez se necesiten excepciones legales con el fin de facilitar una solución relativamente efectiva al problema.

  Emma McClarkin, en nombre del Grupo ECR. – Señora Presidenta, para los amantes de los libros en mí circunscripción de los Midlands del Este y en toda la UE, estas son buenas noticias. Considero que esta es una revolución de los libros a punto de empezar, y acojo con satisfacción la declaración de la Comisión.

La iniciativa de Google es un paso lógico e inevitable hacia delante, dado el avance de la economía digital con las nuevas tendencias del mercado y las nuevas demandas de los consumidores. Creo que este tipo de innovación del sector privado debería acogerse con satisfacción siempre y cuando deje espacio para la competencia en el futuro, así como una protección leal.

Las bibliotecas, a la vez de ser un importante acervo de información, son recursos enormemente en desuso. A nueve de cada diez libros no se accede, y existen miles de libros que no se encuentran disponibles para los consumidores debido a que están agotados o cuya publicación no es viable.

Los libros en Internet brindarán a los autores la oportunidad de obtener un poco de reconocimiento, así como dinero por sus trabajos.

No obstante, el hecho de que este tipo de acuerdo que facilita la digitalización en masa de libros no se pueda aplicar a la UE es uno de los ejemplos más ilustrativos de las fragmentadas leyes de derechos de autor que tiene la UE. Debemos crear un marco europeo de derechos de autor que se adecúe a este fin en el siglo XXI. Europa debe aprovechar la oportunidad de tomar el mando y garantizar que se facilite la digitalización de libros en Europa, pero también el acuerdo de Google Books debe tener en cuenta la legislación europea de derechos de autor.

Deberíamos alentar a los europeos implicados en este ámbito así como en diferentes lenguas y géneros. Para aquellos como yo a los que les gusta sentir el tacto de las hojas entre los dedos, esto no sustituirá la necesidad de que haya fabulosas librerías como las que hay en mi circunscripción de los Midlands del Este. En verdad, lejos de acabar con las librerías, la habilidad de acceder a los libros en Internet nos proporciona toda una nueva forma de aprender y acceder a la cultura. Lejos de destruir nuestras bibliotecas, esto contribuirá a que estas estén archivadas y protegidas, y a que faciliten a nuestros consumidores un mayor número de opciones sobre cómo pueden acceder a libros, por educación y por placer.

Es una oportunidad para que los autores amplíen su mercado y su público. Creo que esto es el comienzo de una etapa de redescubrimiento de grandes obras y de descubrimiento de una explosión cultural. Es algo que deberíamos acoger con satisfacción y alentar positivamente.

  Patrick Le Hyaric, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (FR) Señora Presidenta, Señorías, muchos de nosotros hemos dicho que Google es prácticamente un monopolio global, que está intentando apropiarse del patrimonio cultural, literario y periodístico de todo el mundo. Europa no debería permitir que Google la controlase. Además, la estrategia de Google de ofrecer este servicio gratuitamente no es más que una fachada, puesto que obtiene bienes de las obras intelectuales a cambio de más de 23 000 millones de dólares cada año en beneficios por publicidad.

Como usted ha dicho, señor Kallas, Europa necesita emprender un programa de digitalización. Sin embargo, las acciones emprendidas por autores en los Estados Unidos contra Google Books por el plagio de sus obras no significa que se tenga que crear aquí un modelo de digitalización que también obtenga bienes de obras literarias originales, periodísticas o científicas.

Desde este punto de vista, nos gustaría saber exactamente qué quiere decir la Comisión con el término «licencia colectiva», tan frecuentemente utilizado. La idea de crear un mercado europeo para derechos de autores nos preocupa enormemente desde este punto de vista. No deberíamos confundir las obras intelectuales, que son patrimonio común, con el espíritu de hacer negocios, que implica convertir la cultura en una mercancía.

En nuestra opinión, la Unión Europea, junto con los Estados miembros, deberían por ello garantizar los derechos de los autores, y los derechos de propiedad intelectual de los escritores, los periodistas y los científicos. Los sistemas de digitalización pública que se han lanzado en un gran número de Estados miembros deberían ser apoyados y combinados con el proyecto europeo, Europeana, con el fin de impedir la apropiación privada de la propiedad cultural pública.

Antes de tomar cualquier decisión, creo que el Parlamento debería iniciar una conferencia estratégica europea que reúna a las instituciones europeas, a los Estados miembros, a sindicatos de autores, bibliotecas e incluso a operadores de telecomunicaciones públicas, con el fin de crear un modelo europeo de digitalización pública que respete a los autores y sus trabajos, y que los haga accesible al mayor número posible de personas.

Este proyecto, junto con Europeana, debería trabajar de la mano de otros sistemas que existen en el mundo.

  Bruno Gollnisch (NI). - (FR) Señora Presidenta, los trabajos de digitalización del patrimonio literario de Europa con el objetivo no sólo de preservarlo y recordarlo, sino también de distribuirlo y fomentar su influencia, y de facilitar a los europeos el acceso a su fantástica cultura, son importantes retos en los que las autoridades públicas deberían involucrarse.

Actualmente, Google se encuentra en la línea de fuego porque su estrategia comercial implica un intento por obtener un margen crucial y a largo plazo mediante el establecimiento de un monopolio, no sobre el contenido de una biblioteca virtual global, sino sobre el acceso a dicho contenido, y también mediante el pago por este proceso de digitalización a cambio.

Me uno a mis colegas de los partidos europeos de derechas al oponerme totalmente a cualquier situación exclusiva que resulte en un monopolio. Podemos superar los demás temas fundamentales que conciernen a la propiedad intelectual y al cumplimiento de los derechos de autor para las obras agotadas o huérfanas. La legislación puede adaptarse para acomodar esto.

Sin embargo, la pregunta verdadera es esta: ¿Qué alternativas existen en Europa? Europeana, que lleva funcionando unos pocos meses, tan sólo posee el 5 % de las obras europeas en Internet. La mitad de su contenido proviene de fuentes facilitadas por Francia que, por una vez, está liderando el camino con Gallica, el portal de la Biblioteca Nacional de Francia, y con INA (Instituto Nacional del Audiovisual).

No obstante, la financiación proporcionada es una miseria en relación con lo que se necesita. Google está preparado para invertir 15 millones de euros al año en digitalizar rápidamente y hacer disponibles hasta 20 millones de obras en diez años. ¿Cuánto dinero tenemos nosotros preparado para poner encima de la mesa? Si no podemos responder a esta pregunta, entonces me temo que Google será el único agente capaz de satisfacer las necesidades de las propias bibliotecas.

  Tadeusz Zwiefka (PPE). - Señora Presidenta, los potenciales beneficios y posibilidades que el proyecto Google Books ofrece a la mayoría de editoriales y de autores para la preservación del patrimonio cultural es incuestionable. No obstante, ahora debemos abordar las consecuencias legales con indulgencia, y es sobre estas, como representante de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre las que me gustaría centrarme.

En primer lugar, las condiciones que hay que cumplir son, por supuesto, obvias. Estoy pensando en la necesidad de respetar los derechos de autor y en la creación de un sistema adecuado de pago de cánones a los autores. Desgraciadamente, el proyecto Google se basa en un sistema jurídico anglosajón y en realidades del mercado norteamericano que son completamente inadecuadas para el sistema de la Unión Europea. En relación a esto, la actividad de Google en la Unión Europea se topa con obstáculos, no solamente de naturaleza jurídica, sino también de naturaleza ética. Google supone que un titular de derechos de autor que no quiera formar parte de un acuerdo está obligado a informar de ello a Google. Desde luego, esto no es acorde con nuestra legislación, la cual supone que antes de escanear un libro y hacer que esté disponible, es necesario obtener el consentimiento del autor y pagar la suma apropiada.

Otra cuestión tiene que ver con lo que se conoce como «obras huérfanas», es decir, obras para las cuales no ha sido posible identificar al titular de los derechos de autor. En la mayoría de los Estados miembros, las sociedades de gestión colectiva representan los intereses de los titulares de los derechos de autor conocidos, y también de titulares de derechos de autor actualmente inidentificados, por ejemplo, garantizando beneficios resultantes de las ventas durante un determinado periodo en caso de que en un futuro se encuentre al titular de los derechos de autor.

Asimismo, quisiera señalar la necesidad de adaptar las disposiciones legales europeas en el ámbito de los derechos de autor a los retos de la era digital. Al mismo tiempo, respaldo por completo la opinión de la señora Reding y del señor McCreevy, así como lo que ha dicho hoy aquí el señor Kallas, es decir, que la digitalización de obras protegidas por derechos de autor debe respetar completamente el principio de los derechos de autor y la justa remuneración de los autores, para que estos puedan beneficiarse al máximo nivel del acceso de sus trabajos a un público europeo más amplio. Por ello, no debemos desaprovechar esta oportunidad en Europa.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D). - (PL) Señora Presidenta, las oportunidades que ofrece Internet han inspirado a Google para hacer revivir en el ciberespacio libros que ya no se publican, que se han olvidados o que han desaparecido con el tiempo. No obstante, la gran idea de crear un homólogo moderno de la Biblioteca de Alejandría ha hecho que surjan disputas en cuanto al tema de los derechos de autor.

El acuerdo alcanzado hace dos semanas satisfizo al Gremio de Autores y a la Asociación de Editores de Estados Unidos y a algunos de sus homólogos europeos. Este permite que títulos publicados en cuatro países sean escaneados y estén disponibles contra pago. Estos países son Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá. Los usuarios de Internet de estos países podrán leer el 20 % de los libros electrónicos gratuitamente (los gastos los cubren los anunciantes) y tendrán que pagar por leer el 80 % restante.

Desde el punto de vista del autor y el editor, esto supondrá un beneficio doble. En primer lugar, generará un pago extraordinario por parte de Google desde 60 hasta 300 dólares estadounidenses por el derecho a escanear el libro y, en segundo lugar, el 63 % de los beneficios generados del libro electrónico a través del servicio Google Books. Dicho de otro modo, los autores obtendrán dinero de la publicación en Internet de incluso una sola página de sus propios libros.

Aun así, pocas personas tienen en cuenta el hecho de que los usuarios europeos no británicos de Google Books, como los usuarios belgas o polacos de Internet, ni siquiera tendrán acceso a ese 20 % de libros electrónicos. El servicio cubre principalmente títulos en lengua inglesa, y cualquier editor o autor europeo que desee unirse al programa tendrá que tratar él mismo con Google. Los europeos solamente tendrán acceso gratuito a las categorías menos atractivas de libros, es decir, títulos que están en el dominio público y cuyos derechos de autor hace tiempo que expiraron, como por ejemplo libros de la Biblioteca Nacional de Francia que no han sido sacados en 200 años. Esto no conducirá a la construcción de una biblioteca electrónica completa de títulos europeos.

Además de determinadas reservas concernientes al Proyecto Google, tales como el monopolio de la empresa en cuanto a la preparación y distribución de libros electrónicos, y la necesidad de pagarle una parte de los beneficios y la publicidad, creo que la falta de un sistema unificado de derechos de autor en la Unión Europea hará que esto resulte insuficiente. Este alboroto jurídico que rodea a Google ha puesto de manifiesto las consecuencias de la falta de una legislación uniforme sobre derechos de autor en la Unión Europea, así como la imposibilidad de dar una respuesta unificada a la iniciativa de Google Books. Está claro para todos que la armonización de los derechos de autor en la Unión Europea se ha convertido en una necesidad urgente.

  Nessa Childers (S&D). - Señora Presidenta, Google es una empresa estadounidense que todos conocemos bien, que facilita servicios en Internet que muchos de nosotros utilizamos diariamente. Puesto que su sede europea se encuentra en Irlanda, sé que Google es una empresa excelente y un verdadero líder en tecnología avanzada de Internet.

La digitalización de libros, como es el caso del proyecto «Búsqueda de libros en Google», tiene el potencial de abrir enormes volúmenes del conocimiento colectivo y del patrimonio cultural mundial. Deberíamos apoyar aquellos esfuerzos que contribuyan a hacer que los libros sean fáciles de buscar, leer y descargar. Todos estamos de acuerdo en que una biblioteca digital del alcance que Google propone se traducirá en verdaderos beneficios. Esto es especialmente cierto en el caso de nuestras bibliotecas en Europa, que almacenan libros que datan de hasta el siglo XVII. Pocas personas son capaces de acceder a esos libros, pero ponerlos en Internet permitirá al mundo estudiarlos y disfrutar de sus contenidos.

No obstante, la pregunta que, como europeos, debemos hacer es si esa vasta selección de conocimiento y cultura debería estar monopolizada por una única empresa privada estadounidense. No me cabe la menor duda de que Google desea defender su famoso lema «No hagas el mal». Sin embargo, ¿qué garantía tendríamos de que Google no utilizaría su poder de monopolio para ponerle un precio a estos libros que esté por encima de las posibilidades de los ciudadanos normales? El acceso público a semejantes recursos es de suma importancia.

De hecho, debemos hacer todo lo que podamos por apoyar nuestra propia biblioteca digital. Europeana pone a disposición del público casi cinco millones de objetos. Su misión es ofrecer el acceso al público más amplio posible a las colecciones culturales de toda Europa. Lamento que hasta ahora solamente Francia haya contribuido seriamente y que los demás, incluida Irlanda, haya contribuido poco. Dado que mi propio país tiene una historia literaria tan rica e impresionante, apelo al Gobierno irlandés a que participe más plenamente en el proyecto Europeana.

Debemos apreciar el acceso del público a la cultura y el patrimonio europeos que compartimos. El mensaje que debe llegar a todas las instituciones culturales europeas debe ser digitalizar y digitalizar ahora.

  Georgios Papanikolaou (PPE). - (EL) Señora Presidenta, es una cuestión de principios el que debamos fomentar el acceso a la información y a la educación. Al mismo tiempo, también deberíamos facilitar el acceso a la cultura europea y mundial, en la que la palabra escrita realmente ocupa un lugar especial. En este sentido, la digitalización de libros y el acceso gratuito a estos es algo deseable, pero solamente con la condición de aquello sobre lo que estamos debatiendo hoy, es decir, la protección absoluta de la propiedad intelectual.

No obstante, contamos con instrumentos institucionalizados similares en la Unión Europea. Me refiero, en particular, a Europeana, que debemos seguir potenciando y fomentando. Europeana es una biblioteca, escuela, filmoteca y archivo musical todo en uno y, por supuesto, respeta los derechos de propiedad intelectual y ofrece un acceso gratuito a todos los ciudadanos. Por lo tanto, los medios existen. La cuestión es cómo podemos utilizar nuestros poderes, como la Unión Europea, para convertirnos en pioneros en vez de hacer simplemente un seguimiento de los desarrollos en el sector privado.

  Edit Herczog (S&D). - (HU) Este es otro ejemplo de nuestra migración desde la galaxia de Gutenberg a la era digital. El lento ritmo del proceso legislativo es la razón por la cual el mundo de los negocios nos ha superado. El proceso legislativo debe acelerarse. Necesitamos evitar la anarquía y necesitamos prevenir la formación de monopolios. Debemos garantizar libertad a los lectores, escritores y minoristas por igual. Asimismo, debemos garantizar la diversidad cultural y la igualdad para las lenguas. Tenemos que hacer todo lo posible por eliminar el analfabetismo digital. Esto es lo que tenemos que hacer, y no es una tarea fácil.

  Helga Trüpel (Verts/ALE). - Señora Presidenta, soy responsable del nuevo informe sobre Europeana, y estoy convencida de que debemos encontrar un buen equilibrio para respetar, por un lado, los derechos de propiedad intelectual y, por otro, proporcionar un acceso fácil a todos nuestros usuarios.

Esto significa que necesitamos unas definiciones muy claras sobre cómo reformar los derechos de autor y por tanto, necesitamos que la Comisión investigue qué tipo de uso leal europeo queremos y que aclare las definiciones sobre qué son las obras huérfanas. Me gustaría saber de la Comisión si, si realmente no queremos quedarnos detrás de Estados Unidos, deberíamos entonces financiar la digitalización de las obras de arte europeas y financiar en gran medida Europeana desde la nueva Estrategia de Lisboa. Si no, se le dejaremos a Google, y esa no sería la mejor solución para evitar la estructura de monopolio que ya tenemos.

  Rui Tavares (GUE/NGL). - (PT) Señora Presidenta, esto es muy irónico, ¿no? Lo que ha hecho Google, es decir, coger la propiedad intelectual y reproducirla para uso privado, era claramente ilegal desde el principio, según las conclusiones a las que ha llegado el propio Ministerio de Justicia de los Estados Unidos. A una escala menor, esto es lo que llamamos piratería. ¿Por qué debería haber ninguna diferencia entre los usuarios individuales que hacen esto y una empresa enorme como Google?

Por tanto, nuestro primer principio debería ser que a os principales actores no se les debería conceder ningún privilegio especial.

Nuestro segundo principio es que no podemos depender de la buena voluntad de un monopolio. Como muchos de los aquí presentes, me parece que Google es una empresa interesante. Opino que su idea es buena e innovadora. Sin embargo, ¿qué ocurre si más tarde sube los precios tal y como, dice, así lo hacen las editoriales de las revistas académicas, al multiplicar los precios por cien? ¿Qué pasa si restringen el acceso a determinados libros? Tienen una cuota del 15 % para libros que pueden ser censurados.

Necesitamos una biblioteca digital que sea realmente global, regulada por un consorcio global, incluidas las universidades, con el fin de garantizar que no se deje atrás la calidad, así como las bibliotecas nacionales: un consorcio en el que Europa, por supuesto, tendrá un poder mucho mayor de liderazgo y de toma de decisiones del que tiene en este momento. Ahora son los libros; lo próximo serán obras de arte de los museos europeos. Europa no puede permitirse perder el tren en esta cuestión.

  Zoltán Balczó (NI). - (HU) Mientras hablamos ahora sobre la digitalización del patrimonio bibliográfico mundial por parte de una empresa privada, en este caso, Google, parece como si solamente estuviésemos tratando con el presente. En un discurso se ha afirmado que los que estamos aquí seguiremos utilizando, por lo menos, libros impresos. No obstante, cualquier opción que escojamos ofrecerá a las generaciones futuras tanto una oportunidad como una desventaja con la que obviamente debemos tratar. Por lo tanto, el principal tema aquí no es solamente, como se ha dicho, que esto afectará a la industria cultural de Europa. No, una decisión así influirá en la cultura europea. En realidad, supone un peligro extremo el hecho de que una empresa posea el patrimonio cultural mundial o, mirando hacia el futuro, su presente cultural. Es por ello que es imperativo que Europa conciba su propia estrategia clara en este ámbito.

  Piotr Borys (PPE). - (PL) Señora Presidenta, en primer lugar, la digitalización supone una gran oportunidad para hacer que nuestro patrimonio cultural, tanto europeo como mundial, esté disponible al mayor número posible de europeos. Esto encaja realmente con los objetivos de la nueva Estrategia de Lisboa.

Sin embargo, parece que, antes de nada, esto exige la normalización de toda la cuestión de las obras huérfanas. Lo más importante en cuanto a este ámbito es que deberíamos haber armonizado las soluciones europeas para la gestión de los ingresos derivados de las obras huérfanas. En este sentido, los Estados miembros ofrecen diferentes soluciones.

En segundo lugar, la publicación de ediciones agotadas requiere una supervisión especial. En mi opinión, la cuestión de las ediciones agotadas debería armonizarse. No podemos permitir que surja una situación en la que no exista una estricta regulación en cuanto a las ediciones agotadas. En tercer lugar, no podemos aceptar el método «opt-out» en el sistema jurídico europeo, ya que esto le permite a Google digitalizar libros sin el consentimiento del autor.

Creo que deberíamos adoptar medidas más amplias para la Unión Europea en este ámbito. Creo también que si queremos competir con Google, en el sentido positivo de la palabra, o también colaborar con la empresa, realmente deberíamos acelerar el trabajo referente a Europeana y, en particular, provocar una aceleración del trabajo en este ámbito en los Estados miembros.

  Seán Kelly (PPE). - Señora Presidenta, deseo contar una pequeña historia que ilustra mi punto de vista.

Probablemente, el primer caso de derechos de autor en la historia del mundo ocurrió en Irlanda hace 1 500 años, cuando un monje llamado Finian invitó a otro monje llamado Columcille a su monasterio. En aquel momento, Finian estaba escribiendo un manuscrito. Columcille lo descubrió y se levantaba cada noche para copiarlo.

A Finian esto no le gustó y le pidió a Columcille que se lo devolviera. No lo recuperó, así que apeló al Gran Rey. El Gran Rey escuchó el caso dictó sentencia, que fue (y primero lo diré en irlandés) do gach bó a lao, do gach leabhar a chóip o «a cada vaca su ternero, a cada libro su copia».

Hoy en día, esto es tan relevante como lo era hace 1 500 años, puesto que los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual deben garantizarse. Así que yo digo: «A cada vaca su ternero, a cada libro su copia», y a cada autor y a cada artista sus derechos de autor y sus derechos de propiedad intelectual.

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. − Señora Presidenta, la Comisión está haciendo todo lo posible por desarrollar el ámbito digital en nuestra sociedad. Me da la impresión de que Google, y en particular su proyecto sobre los libros, se ha presentado como un factor integrante para la Unión Europea porque, como ustedes saben bien, y esto es algo que aparece en todos los documentos, hasta ahora los derechos de autor han estado en manos de los Estados miembros y de la legislación nacional.

Lo que necesitamos ahora es algún tipo de postura común, para la que la Comisión está muy satisfecha de poder facilitar propuestas. La próxima Comisión definitivamente se tomará todas estas cuestiones muy seriamente y esto será considerado como una alta prioridad. Todos coincidimos en que es necesario que los libros se encuentren en Internet, y que lo hagan rápido. Lo harán de todos modos, queramos o no. Lo más importante es que es necesario pagar a los autores por los libros que aparezcan en Internet. Estamos planeando una directiva marco sobre estas cuestiones, incluyendo a las sociedades de gestión colectiva, las cuales necesitan ser transparentes y responsables ante sus miembros. La directiva marco aparecerá en cualquier momento entre el otoño de 2010 y la primavera de 2011.

No debemos quedarnos atrás, y estamos proponiendo unas sencillas normas europeas sobre las obras huérfanas y también sobre las ediciones agotadas. La propuesta de la UE garantizará que los libros sean digitalizados solamente previo consentimiento, y que se llevará a cabo una búsqueda seria de obras huérfanas

Continuemos con este debate. Una vez más, deseamos darle las gracias a la Comisión sobre Asuntos Jurídicos, a y Sus Señorías la señora Niebler y el señor Lehne, por su iniciativa al comenzar este interesante debate

  Presidenta. - Se cierra el debate.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

  Bogusław Sonik (PPE) por escrito. – (PL) Google Books, el nuevo servicio ofrecido por Google, ha dado lugar a un gran número de polémicas recientemente. Este proyecto se basa en el acceso gratis a un gran número de libros digitalizados, en el que 4 millones de los libros escaneados pertenecen a autores europeos. Esta situación plantea cuestiones relativas a la limitación de la libertad en Internet y sobre los retos a los que se enfrentan los legisladores como resultado de una sociedad de la información dinámica y en desarrollo.

Como señala correctamente la Comisión Europea, la digitalización de libros con derechos de autor respeta plenamente el principio de los derechos de autor y recompensa adecuadamente a los autores, que son quienes más se benefician de un público más amplio con acceso a sus obras. No obstante, al mismo tiempo, la Comisión ha planteado la pregunta de la idoneidad del sistema europeo de derechos de autor en cuanto al cumplimiento de los retos que plantea la era digital: ¿permite el presente acervo a los consumidores europeos acceder a las versiones digitalizadas de los libros? ¿garantiza el pago a sus autores?

El proyecto «Búsqueda de libros en Google» permite que los libros estén disponibles a un mayor número de lectores en comparación con una biblioteca convencional. Sin embargo, la distribución gratuita de libros en Internet se enfrenta a unas restricciones similares a las que han aparecido en el ámbito musical. La legislación no se ha mantenido al mismo ritmo que el desarrollo de las comunicaciones digitales, por lo que es necesario crear un nuevo marco jurídico que haga posible regular una realidad que es cambiante. También es necesario que haya un compromiso entre los beneficios de proyectos como Google Books y los derechos de los autores en cuanto a que sean recompensados por sus obras.

(La sesión, suspendida a las 11.50 horas, se reanuda a las 12:00 horas)

PRESIDE: Diana WALLIS
Vicepresidenta

5. Firma de actos adoptados en codecisión: véase el Acta

6. Turno de votaciones

  Presidenta. – El siguiente punto es el turno de votaciones.

(Para más información sobre los resultados y otros detalles sobre la votación: véase el Acta)

6.1. Año Europeo del Voluntariado (2011) (A7-0077/2009, Marco Scurria) (votación)

- Antes de la votación:

  Marco Scurria, ponente. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, me gustaría muy rápidamente dar las gracias al Parlamento, a todas las Comisiones, a los ponentes y a los ponentes alternativos por el trabajo que han dedicado a este informe.

Hemos preparado un informe que habla del perfil del sector del voluntariado. Hay 100 millones de personas en toda Europa que trabajan en este ámbito, y cada día dan altruistamente una parte de su tiempo por el bien de los demás y de nuestra comunidad.

Este es el trabajo que hemos realizado, incrementando el presupuesto, y mejorado las actividades locales y las actividades en toda la UE en beneficio de las asociaciones.

Me gustaría dar las gracias al señor Šefčovič y a la Presidencia sueca por el excelente trabajo que hemos llevado conjuntamente.

Creo que este año marcará el comienzo del Parlamento en cuanto a la muestra de un verdadero interés en este ámbito, que alguien denominó la columna de nuestra sociedad.

Una vez más, me gustaría dar las gracias a todos aquellos que han trabajado en este importante informe.

6.2. Acuerdo de cooperación científica y tecnológica CE/Ucrania (A7-0074/2009, Herbert Reul) (votación) (vote)

6.3. Mandato para la Asociación Internacional de Cooperación para la Eficiencia Energética (IPEEC) y Protocolo sobre la acogida, por parte de la Agencia Internacional de la Energía, de la sede de la Asociación Internacional de Cooperación para la Eficiencia Energética (A7-0075/2009, Herbert Reul) (votación)

6.4. Estrategia de la ampliación 2009 relativa a los países de los Balcanes occidentales, Islandia y Turquía (votación)

7. Bienvenida

  Presidenta. − Compañeros, ahora debo anunciar algo que quizás resulte muy apropiado, ya que acabamos de votar sobre nuestro informe relativo a la estrategia de la ampliación 2009.

Me complace mucho informarles de que hoy tenemos aquí con nosotros una delegación de miembros del Sabor, Parlamento croata.

(Aplausos)

Esta delegación, encabezada por Mario Zubović, acaba de concluir la décima reunión de la Comisión Parlamentaria Conjunta UE-Croacia.

Estimados diputados del Sabor, les damos la bienvenida a nuestro Parlamento Europeo, aquí en Estrasburgo. Como pueden ver, esta semana hemos debatido sobre la ampliación y deseamos que Croacia se una a la Unión Europea lo antes posible.

(Aplausos)

Por supuesto, ustedes se están enfrentando a las últimas y exigentes rondas de negociaciones, y nosotros les apoyamos calurosamente a que aumenten sus esfuerzos de preparación.

Estimados colegas, estamos impacientes por dar la bienvenida muy pronto a los observadores croatas en el Parlamento Europeo y estamos deseando sentarnos con ustedes en esta Cámara en el transcurso de la presente legislatura parlamentaria.

Muchas gracias por su visita.

8. Turno de votaciones (continuación)

8.1. Eliminación de la violencia contra la mujer (votación)

8.2. Por una solución política de cara a la piratería a lo largo de las costas de Somalia (votación)

8.3. Espacios sin humo (votación)

8.4. Ratificación y ampliación de los convenios actualizados de la OIT (votación)

8.5. Cumbre mundial de la FAO sobre seguridad alimentaria - Erradicar el hambre de la superficie de la tierra (votación)

9. Explicaciones de voto

Explicaciones orales de voto

- Propuesta de resolución: Estrategia de la ampliación 2009 relativa a los países de los Balcanes occidentales, Islandia y Turquía (votación)

  Cristian Dan Preda (PPE). - (RO) Quería subrayar, ante todo, la calidad de los esfuerzos realizados por Gabriele Albertini en cuanto a la redacción de la propuesta. Quisiera también decir que he votado a favor de esta propuesta dado que la ampliación supone un importante gesto político para la UE. Asimismo, quiero señalar que he votado de forma diferente a mi grupo político en cuanto a algunos temas, relacionados fundamentalmente con Kosovo, ya que mi opinión sobre Kosovo es diferente a la de la mayoría de los países europeos. Es por ello que he votado de forma diferente en cuanto a la enmienda 17 en el artículo 19, la enmienda 22, la enmienda 24, y también tras el visto 4 en el apartado 10.

Aún considero que la ampliación es muy importante, pero también creo que las diferencias expresadas por cinco de los Estados miembros deben tenerse en cuenta.

  María Muñiz De Urquiza (S&D). - (ES) Señora Presidenta, los votos de la delegación socialista española en relación con Kosovo ratifican el no reconocimiento internacional de la declaración unilateral de Kosovo como Estado independiente.

  Dimitar Stoyanov (NI). - (BG) He votado en contra de la resolución de la estrategia de ampliación porque esta contiene numerosas palabras favorecedoras sobre el progreso que está haciendo Turquía en cuanto a los criterios de Copenhague. Yo no veo ningún signo de progreso. Compañeros, por favor, entiendan de una vez por todas que Turquía es un país que, hace menos de 100 años, cometió un genocidio contra pueblos dentro de sus fronteras y contra pueblos que recientemente se han liberado del dominio turco. Hoy en día, Turquía continúa cometiendo un genocidio, y tanto su población como su clase política se sienten orgullosas de estas acciones cometidas por su país. Hace veinte años, Turquía apoyó a organizaciones terroristas y exportó el terrorismo. Incluso hoy en día, Turquía sigue fomentando unos vínculos estrechos con organizaciones terroristas. Si queremos que forme parte de la Unión Europea un país que aún se enorgullece del genocidio y que apoya el terrorismo, entonces adelante y aceptémoslo. Pero yo definitivamente me opongo a ello.

PRESIDE: Rainer WIELAND
Vicepresiente

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Señor Presidente, he votado a favor de este informe, pero me gustaría plantear un importante tema al respecto.

En mi opinión, en el Parlamento Europeo y en la Unión Europea necesitamos garantizar que todos aquellos países que aspiren a formar parte de la Unión Europea deben demostrar que cumplen con los criterios de Copenhague. Es muy importante asegurarnos de que se implementen los derechos humanos, la libertad de expresión y el Estado de Derecho.

Hoy también hemos votado sobre los derechos de la mujer y a favor de mujeres que tienen derecho a una vida en la que no tengan que encontrarse con la violencia. Creo que, en este sentido, es muy importante garantizar que se apliquen los derechos de las mujeres y de los niños en cualquier país que desee unirse a la Unión Europea.

A este respecto, me refiero principalmente a Turquía. Turquía tiene que aplicar reformas y cambios rápidos si está preparada para adherirse a la Unión Europea, aunque yo mismo no comparto la creencia de que esto llegue a ocurrir. No obstante, es de suma importancia que en la Unión Europea nos adhiramos conjuntamente a las normas acordadas, es decir, los criterios de Copenhague.

  Martin Kastler (PPE). - (DE) Señor Presidente, Señorías, yo también he votado en contra, porque soy de la opinión de que Turquía debe primero cumplir todos los criterios antes de que podamos hacer aquí una declaración tan positiva. En particular, me gustaría resaltar la disputa fronteriza entre Chipre y Turquía, que aún no está finalizada, así como la ocupación ilegal de Chipre, que aún no ha llegado a su fin. Sin embargo, no he querido votar en contra del resto de candidatos a la adhesión. En particular, haría una excepción en el caso de los Estados balcánicos, a los que me gustaría dar la bienvenida a esta Cámara lo antes posible.

- Propuesta de resolución: Eliminación de la violencia contra la mujer (B7-0139/2009)

  Filip Kaczmarek (PPE). - (PL) Señor Presidente, me he abstenido de votar sobre esta Resolución, aunque la cuestión sea importante, muy importante incluso. No obstante, no veo por qué la cuestión de combatir la violencia contra la mujer deba relacionarse con el tema de la elección reproductiva. Durante el debate de ayer sobre este tema, algunos de los oradores estaban diciendo tonterías. La señora Senyszyn acusó a la Iglesia Católica de oprimir a las mujeres.

Sería difícil decir algo más absurdo. En Polonia no hay asesinatos de honor, la circuncisión de las niñas no es una práctica generalizada, no hay aborto selectivo, no hay matrimonios temporales, y a las personas no se las lapida por adulterio real o supuesto. Las mujeres no sufren discriminación por parte de la legislación en ningún sentido, y todos los casos de violencia contra la mujer son condenados universalmente, tanto por los ciudadanos como por la Iglesia Católica. Afortunadamente, las declaraciones extremas de este tipo no encontraron ningún hueco en la resolución, así que me he abstenido.

  Tiziano Motti (PPE). - (IT) Señor Presidente, he votado a favor de la propuesta de resolución sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Dedico mi voto a las casi siete millones de italianas que se encuentran sometidas a la violencia machista cada año. Por supuesto, también dedico mi voto a todas aquellas europeas que se encuentren en la misma situación.

Hay veces que nos sentimos tentados de pensar que éste es un fenómeno marginal de nuestra sociedad cuando, en verdad, la violencia contra la mujer se produce sobre todo dentro del hogar. Por tanto, se trata de un fenómeno que nos afecta de forma directa.

Las mujeres mayores tienen muchas dificultades para protegerse a sí mismas. Es por ello que no podemos olvidarnos de ellas, porque la violencia no es solamente física; es también cultural. También puede significar el negarle a una persona su libertad de movimiento.

Además, antes de alcanzar la edad adulta, las mujeres son chicas jóvenes, y la violencia contra una chica joven impedirá para siempre que esta disfrute de la vida.

Por tanto, espero que de ahora en adelante, el Parlamento adopte medidas concretas para garantizar que esto no se quede simplemente en una declaración de buenas intenciones.

  Lena Ek (ALDE). - (SV) Señor Presidente, la violencia contra la mujer es un problema extendido en toda Europa y, en realidad, en todo el mundo. Solamente en Suecia, con una población de 9 millones, se abusa de 380 mujeres cada día. Una quinta parte de la población femenina es objeto de violencia y el 45 % de todas las mujeres con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años han sido, en algún momento de sus vidas, víctimas de actos violentos. Esto es algo absolutamente atroz. Ser objeto de violencia en el hogar es una violación horrenda de la integridad personal. Los hombres y las mujeres deberían tener las mismas posibilidades en cuanto a integridad física.

La violencia que sigue produciéndose en todo nuestro continente es prueba de que a la tarea de promover la igualdad en Europa aún le queda un largo trecho por recorrer. La UE no puede seguir ignorando estos hechos. Por ello, acojo son satisfacción la Resolución sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y apelo a la nueva Comisión y al Consejo a que también asuman su parte de la responsabilidad en este asunto. Trato de garantizar que la Comisión se vea obligada a presentar una propuesta de mejora de la situación relativa a la violencia contra la mujer.

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Señor Presidente, he votado entusiásticamente a favor de esta resolución ya que creo que todos los grupos políticos necesitamos unir nuestras fuerzas para lograr un objetivo común: denunciar, concienciar y combatir todas las formas de violencia contra la mujer.

Yo estoy especialmente sensibilizada con las mujeres en dificultades ya que compartí, ayudé y viví, durante todo el conflicto en Bosnia y Herzegovina, y también parcialmente con la Cruz Roja en Darfur. Considero que ahora, con el programa de Estocolmo, tenemos un fantástico instrumento que nos permitirá pasar de la teoría a la acción. Quisiera dar las gracias a la Presidencia sueca por haber incluido la potenciación del papel de la mujer y la lucha contra la violencia contra la mujer en el programa de Estocolmo. Definitivamente me esforzaré porque, en la implementación del programa de Estocolmo, la lucha contra la violencia contra la mujer sea una prioridad.

  Zbigniew Ziobro (ECR). - (PL) Señor Presidente, me gustaría hacer hincapié en que el tema de la violencia contra la mujer es extremadamente importante, y estoy muy satisfecho de que el Parlamento Europeo se ocupe de este problema. Merece especial atención el problema de los crímenes sexuales más agresivos y brutales que se cometen contra las mujeres pero que no siempre encuentran la reacción adecuada por parte del sistema de justicia en algunos países europeos. Las sentencias dictadas por los tribunales en casos así a menudo resultan extremadamente indulgentes, lo que provoca que en algunos casos las mujeres se sientan motivadas para informar de los drásticos incidentes que les han ocurrido a los servicios de seguridad. Esto desemboca en la existencia de estadísticas criminales invisibles. Es por ello que, en estos casos de crímenes tan drásticos y graves contra las mujeres, en los que se hace uso de la violencia y que son de carácter sexual, deberíamos prestar una mayor atención a los esfuerzos de normalización de las sentencias, dar una sensación de seguridad, así como un determinado sentimiento de justicia y de satisfacción moral a aquellas mujeres que se han visto afectadas de una forma tan cruel.

Quisiera hacer hincapié en que no he podido votar a favor del texto final de la resolución debido a su actitud ideológica y radical en relación a la cuestión del aborto, una actitud que entra en conflicto con los valores cristianos.

  Janusz Wojciechowski (ECR). - (PL) Señor Presidente, me gustaría dar una explicación sobre la votación relativa a la cuestión de la lucha contra el tabaco, si es posible. Una declaración muy breve.

  Presidente. − Señor Wojciechowski, el Reglamento establece que debemos ocuparnos de los temas uno por uno. Acabamos de debatir acerca del tema de la eliminación de la violencia contra la mujer y ahora pasaremos al tema de una solución política de cara a la piratería a lo largo de las costas de Somalia. ¡Cada cosa a su tiempo!

- Propuesta de resolución: Por una solución política de cara a la piratería a lo largo de las costas de Somalia (RC-B7-0158/2009)

  Louis Bontes (NI). - (NL) El Partido por la Libertad (PVV) ha votado en contra de la propuesta de resolución sobre Somalia, y me gustaría explicar por qué.

El PVV opina que la vigilancia de naves a lo largo de las costas de Somalia no es una tarea de la UE, sino que se trata de una tarea de la que es responsable al 100 % la OTAN. Europa no tiene ejército, ni es competencia suya estar ahí. Esta tarea es una responsabilidad al 100 % de la OTAN.

Asimismo, el PVV opina que los marines deberían estar presentes en los barcos mercantes para que sea posible resistir ataques directos de los piratas. Reitero, entonces, que debe acabarse con la piratería a lo largo de toda la costa de Somalia, pero no de esta forma.

- Propuesta de resolución: espacios sin humo (B7-0164/2009)

  Anna Záborská (PPE). – (SK) Las recomendaciones del Consejo sobre los espacios sin humo tienen por objetivo ayudar a los Estados miembros en su labor para proteger de un modo más eficaz a las personas del humo del tabaco. Ello va en consonancia con las obligaciones internacionales derivadas del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.

Apoyo estas recomendaciones. El hábito de fumar sigue siendo la causa más frecuente de enfermedades que provocan una muerte prematura. Entre ellas, se pueden mencionar enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas y, en menor medida, una reducción de la fertilidad en hombres y mujeres jóvenes.

En estos momentos de crisis demográfica y de desarrollo de nuevos métodos de fertilización costosos, deberíamos centrarnos en concienciar al público. Hay que empezar por la familia, para proteger a nuestros hijos de los efectos nocivos del tabaco.

Quisiera concluir con una petición importante: que se lleve a cabo una labor de control coherente que incluya respuestas a las actividades de la industria del tabaco que pretenden echar por tierra las medidas de lucha contra el tabaco.

  Axel Voss (PPE). – (DE) Señor Presidente, quisiera hablar de dos aspectos relacionados con los espacios sin humo. En primer lugar, he votado a favor de que en este ámbito se confiera autoridad a los Estados miembros, debido, por un lado, al concepto de subsidiariedad y, por otro, a que no tenemos autoridad alguna. Pese a que estoy muy a favor de los espacios sin humo, creo que en este caso hay que hacer las cosas como es debido.

El segundo aspecto es que me parece una contrariedad que la UE subvencione el cultivo del tabaco. Este se irá suprimiendo progresivamente, y también he votado a favor de esto, porque no me cuadra con la otra idea, la de que, al mismo tiempo, se prohíba fumar. Así pues, debemos ser coherentes. Si queremos luchar contra el tabaco, no podemos subvencionar el cultivo del tabaco.

  Anja Weisgerber (PPE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, el grupo conservador alemán (CSU) quiere que se introduzcan en toda Europa normas claras y prácticas para proteger a los no fumadores. No obstante, en mi opinión, la expresión «en toda Europa» no significa necesariamente «desde dentro de Europa». Muchos Estados miembros ya han adoptado reglamentos para la protección de los no fumadores, y otros están en pleno proceso de elaboración de normas de este tipo.

No considero —al igual que la mayoría de los diputados del Parlamento Europeo, de lo que me congratulo— que en Bruselas debamos imponer normas para la protección de los no fumadores ni que podamos hacerlo de forma más eficaz. La UE no tiene competencia en este ámbito. Sólo somos responsables en materia de salud y seguridad en el trabajo. Y en esto radica el problema, porque lo más importante es proteger a los niños y los jóvenes, y este grupo, que necesita una protección específica, no queda cubierto por reglamentos que abarquen únicamente a la salud y la seguridad en el trabajo.

Así pues, los Estados miembros deben adoptar medidas en este ámbito. He votado a favor, y celebro que se haya aceptado esta enmienda.

  Marian Harkin (ALDE). – Señor Presidente, vengo de un país que ha introducido la prohibición de fumar en el lugar de trabajo. De hecho, yo era en esa época diputada al Parlamento de Irlanda y apoyé plenamente la prohibición.

No obstante, en el Parlamento Europeo nos encontramos en una situación algo diferente, ya que hay que tener en cuenta el principio de subsidiariedad. Aunque, efectivamente, se puede plantear un problema en relación con la protección de la salud de los trabajadores —ya contamos con legislación en este ámbito, como la relativa a la exposición a la radiación electromagnética—, no podemos pedir, como hemos hecho en el apartado 7, que los Estados miembros, en los que ya existe la prohibición de fumar, respeten el principio de igualdad entre los diferentes tipos de establecimientos en el sector de la hostelería. Ayer votamos el papel de los parlamentos nacionales y sus competencias en relación con la propuesta de legislación de la UE en el ámbito de la subsidiariedad en virtud del nuevo Tratado de Lisboa, de modo que debemos tener mucho cuidado de ser coherentes con el sentido de nuestros votos.

Por último, al principio del debate estaba hablando con un colega y me he perdido la votación sobre el Año Europeo del Voluntariado. Quiero decir que apoyo plenamente la propuesta del Parlamento en relación con ese Año, puesto que dirigí durante la última legislatura la campaña en favor de que se designara 2011.

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Señor Presidente, siento un relativa emoción en esta explicación de voto, pues mi propia madre nació en la fábrica de tabaco de esta misma ciudad, Estrasburgo, en la que trabajaba mi abuelo. Fábrica de tabaco que acaba de cerrar.

Cuando el servicio francés de explotación industrial de tabacos y fósforos, que en aquella época era un servicio público, pasó a ser una sociedad anónima, se aseguró a sus empleados que no habría consecuencia alguna para sus puestos de trabajo. De hecho, hoy comprendemos la preocupación de otros servicios públicos que se enfrentan a los mismos problemas.

Sin duda, la lucha contra el tabaco es comprensible y legítima, dados sus efectos nocivos sobre la salud. Pero, por desgracia, la producción francesa de tabaco ha desaparecido. La fábrica de tabaco de Estrasburgo ha cerrado, pero las personas siguen fumando. Siguen fumando tabaco importado del extranjero.

Por esta razón, personalmente apoyo los precios establecidos para las plantaciones de tabaco europeas, al menos mientras se siga consumiendo tabaco. Prefiero que se produzca aquí antes que importarlo de cualquier otro lugar.

  Janusz Wojciechowski (ECR). – (PL) Señor Presidente, gracias por cederme la palabra. Apoyo las medidas que está adoptando la UE para reducir el consumo de tabaco, pero no creo que estas medidas deban basarse en la reducción de las ayudas a los productores de tabaco. La producción de tabaco no está relacionada con su consumo. Si reducimos o eliminamos la producción, o si retiramos el apoyo a los agricultores productores de tabaco, seguirá habiendo consumo de tabaco, solo que será un consumo de tabaco importado. Luchar contra los productores de tabaco no es el mejor modo de reducir el hábito de fumar. Más bien sería como intentar reducir el consumo de cerveza arremetiendo contra los productores de lúpulo. Por esta razón, respaldo con mi voto la opinión de que la producción de tabaco no incide en su consumo.

- Propuesta de resolución: Cumbre mundial de la FAO sobre seguridad alimentaria - Erradicar el hambre de la superficie de la tierra (RC-B7-0168/2009)

  Anna Záborská (PPE). – (SK) La crisis alimentaria no es sólo un problema económico y humanitario, sino también una cuestión relacionada con la paz y seguridad mundial.

Con gran satisfacción he apoyado la resolución aprobada, aunque tengo algunas reservas en cuanto a la solución del problema del hambre en el mundo. La celebración de la Cumbre mundial sobre la Seguridad Alimentaria no tomó la dirección que los organizadores deseaban. Pese a que la lucha contra el hambre es un problema de dimensiones socioeconómicas, financieras y culturales, los debates de la Cumbre se limitaron a los aspectos técnicos. El propio Director General de la FAO, Jacques Diouf, quedó decepcionado con la reunión y con el hecho de que los representantes de los países occidentales no participaran en la Cumbre. Los representantes del mundo desarrollado no asumieron obligaciones concretas.

No puedo evitar considerar la cuestión de resolver el hambre y la pobreza como un tema que se aborda en los medios de comunicación más que como un problema concreto que requiere una solución urgente. La solidaridad se basa en la voluntad de asumir responsabilidades reales al conocer a otras personas que se encuentran en situación de necesidad.

Explicaciones de voto por escrito

- Informe: Marco Scurria (A7-0077/2009)

  John Stuart Agnew, Marta Andreasen, Gerard Batten, John Bufton, Derek Roland Clark, Trevor Colman, Nigel Farage, Mike Nattrass y Nicole Sinclaire (EFD), por escrito. – El UKIP siente admiración por el voluntariado y reconoce la contribución que hace a la sociedad. No obstante, este informe defiende una clara politización del voluntariado en el marco de los objetivos de la UE y propone que se utilice el dinero de los contribuyentes británicos para lograr dicha politización. Por este motivo, no podemos apoyar la propuesta.

  David Casa (PPE), por escrito. – El concepto de voluntariado es fundamental en las sociedades modernas. Es algo que surge de la voluntad de la persona y que puede tener unas repercusiones tremendamente positivas en las vidas de muchos. El Año Europeo del Voluntariado constituye, pues, una importante iniciativa. Estoy de acuerdo con el ponente. Por estos motivos he decidido votar a favor del informe.

  Diane Dodds (NI), por escrito. – He votado a favor de esta propuesta en reconocimiento de los numerosos voluntarios que realizan un trabajo de incalculable valor sin recibir a cambio el reconocimiento que merecen. Sin su contribución a la sociedad, por la que no reciben ninguna remuneración económica, el Reino Unido sería un lugar peor. Aunque estoy en contra del principio de ciudadanía europea, reconozco el valor de los servicios que ofrecen los voluntarios. Por estos motivos he apoyado la propuesta.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe del señor Scurria sobre el Año Europeo del Voluntariado (2011), que defiende un mayor apoyo de las instituciones de la UE a este sector, en el que participan millones de ciudadanos europeos y que es fundamental para la promoción de la solidaridad y la inclusión social. Considero que es necesario aumentar tanto el presupuesto como la coordinación a escala comunitaria, para que se refuercen las iniciativas que forman parte del Año Europeo del Voluntariado, como las campañas de sensibilización y de intercambio transnacional de ideas y de buenas prácticas.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) El voluntariado es, en su definición más básica, buena voluntad en acción. Es gratuito, es generoso, libre y sin compromisos. Constituye, además, un pilar fundamental de toda sociedad, ya que el trabajo de miles de voluntarios, jóvenes y no tan jóvenes, que actúan a título oficial o no oficial, en los ámbitos de la salud, la asistencia, la educación, el medio ambiente o la cultura, cambia todos los días las vidas de miles de personas.

Por eso mismo debemos acoger con beneplácito la iniciativa de la creación del Año Europeo del Voluntariado, que dará el debido protagonismo a los rostros anónimos de estos voluntarios, nos sensibilizará a todos de su ingente labor y procurará crear condiciones más favorables para que puedan llevar a cabo sus actividades.

Esta idea está en consonancia con las del Centro Democrático y Social/Partido Popular, el primero y el único partido político portugués que tiene en cuenta la cuestión del voluntariado y que hace propuestas concretas para ayudar a los voluntarios y otorgarles la dignidad y el reconocimiento que merecen.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Hemos votado a favor de este informe, a pesar de que contiene algunas contradicciones y algunos aspectos con los que no estamos de acuerdo.

El voluntariado debe, indudablemente, desempeñar un papel de primer orden en la sociedad, promoviendo los valores de la solidaridad y la ayuda mutua fomentando la integración social y la superación de las opiniones discriminatorias, entre otros aspectos.

El informe aborda aspectos fundamentales, como el apoyo social al voluntariado, al centrarse en cuestiones como la salud, la seguridad y la formación, y la distinción entre el trabajo remunerado y las actividades de voluntariado.

No obstante, consideramos que es necesario garantizar que el voluntariado no sustituya la acción de los Estados miembros, y que no debe utilizarse como un medio para responder a necesidades que son competencia de los servicios sociales. Defendemos la necesidad de fomentar las actividades de las organizaciones sin fines de lucro mediante un apoyo eficaz y suficiente. Entre dichas organizaciones, cabe mencionar los grupos cooperativos, las colectividades y sociedades locales, las asociaciones de residentes locales y las organizaciones deportivas, de esparcimiento, culturales, juveniles o dirigidas a la infancia.

Además, debemos hacer hincapié en que el voluntariado depende, asimismo, de la existencia de tiempo libre de los trabajadores, y en que la práctica del voluntariado es incompatible con las situaciones de explotación, los horarios laborales no regulados o excesivos, los bajos salarios y la precariedad laboral.

  Seán Kelly (PPE), por escrito. – He votado, con gran satisfacción, a favor de que se designe 2011 como Año Europeo del Voluntariado. Es un regalo caído del cielo para las numerosas organizaciones de voluntariado de todos los Estados miembros de la UE. Me gustaría destacar que las organizaciones deportivas desempeñan un papel central en el voluntariado, y hay que reconocer este hecho, aunque el texto legislativo no lo recoja de forma explícita. De hecho, la asociación de voluntarios más grande de Irlanda es la Asociación Atlética Gaélica. Es necesario reconocer y encomiar los esfuerzos de todos aquellos que participan en esta gran institución.

  Barbara Matera (PPE), por escrito. – (IT) El voluntariado representa la expresión de valores sociales europeos como la solidaridad y la no discriminación. Al tiempo que, por un lado, contribuye al desarrollo personal de los voluntarios, por otro crea cohesión social. Por consiguiente, requiere el debido reconocimiento y apoyo de las instituciones europeas, de los Estados miembros, de las autoridades locales y regionales y de los diversos miembros de la sociedad civil, cada uno de ellos en función de su experiencia.

El Año Europeo del Voluntariado (2011) permitirá que las actividades organizadas en este ámbito adquieran una dimensión europea, y se espera, por lo tanto, que tengan una mayor repercusión en la sociedad civil.

Los cerca de 3 millones de euros destinados a acciones preparatorias en 2010, el aumento de los créditos aprobados por el Parlamento Europeo a 8 millones de euros para 2011 y un alto porcentaje de cofinanciación de los proyectos —concretamente, el 1,8 %—, permitirán, sin duda, que se cumplan los objetivos fijados, con todos los niveles trabajando conjuntamente.

Por último, merece la pena recordar que la función del voluntariado, si recibe el apoyo adecuado, puede tener un papel importante para los trabajadores jubilados, habida cuenta del envejecimiento cada vez mayor de la sociedad civil.

  Iosif Matula (PPE), por escrito. – (RO) He votado a favor del proyecto de informe sobre el Año Europeo del Voluntariado por varias razones. Es sabido que las actividades de voluntariado ofrecen un doble beneficio: a las personas y a la sociedad. Por un lado, el voluntariado brinda a los ciudadanos la oportunidad de aprender, de adquirir nuevas competencias y de desarrollarse en el plano personal. Por otro, cumple, además, una función social, ya que contribuye a la creación de un sentido de la solidaridad y de pertenencia al grupo. Tener presente la interdependencia cada vez mayor de las comunidades locales en un mundo globalizado y, al mismo tiempo, la proporción cada vez mayor del comportamiento individualista se está convirtiendo en un factor fundamental para fomentar la participación de los ciudadanos en la sociedad. Me refiero en esta Cámara a actividades en las que participan tanto los jóvenes como los no tan jóvenes. Además, creo que el intercambio de experiencias de primera mano entre organizaciones de voluntariado de todos los rincones de la UE tiene unas repercusiones muy importantes, dado que los valores que las impulsan son los mismos. Su objetivo es idéntico: aumentar el nivel de vida y mejorar la calidad de vida, asegurar un alto nivel de empleo, mejorar la cohesión social y luchar contra la exclusión. En otras palabras, son precisamente los valores en los que se basa la UE.

  Emma McClarkin (ECR), por escrito. – A pesar de la petición de aumentar el presupuesto, a la que me he opuesto y contra la que he votado en la comisión, apoyo plenamente el informe sobre el Año Europeo del Voluntariado en general. Con frecuencia, los voluntarios son héroes desconocidos. Tienen un impacto inconmensurable en sus comunidades y en las vidas de las personas. En tiempos de dificultad económica como el actual, el voluntariado cobra una extraordinaria importancia, y por eso yo misma y otros que han propuesto este informe estamos a favor de que se conciencie sobre los beneficios del voluntariado, pero también de que se cree un Año Europeo en el que, mediante iniciativas que cuenten con una dotación financiera suficiente, se ofrezca a las organizaciones de voluntariado la oportunidad de alentar a otras personas a involucrarse en esta actividad.

Debemos asegurar que el Año Europeo del Voluntariado se utilice como plataforma para el reconocimiento de la contribución que los voluntarios hacen a nuestras comunidades, pero también que se utilice como una oportunidad para comprender mejor las barreras al voluntariado y las medidas que podemos adoptar para eliminarlas y para impulsar el voluntariado. He aquí un ejemplo de lo que debería hacer la UE: intercambiar buenas prácticas en ámbitos como el voluntariado, en vez de crear cada vez más burocracia innecesaria.

  Robert Rochefort (ALDE), por escrito. – (FR) He apoyado el informe sobre el Año Europeo del Voluntariado en 2011, destinado a promover el diálogo y el intercambio de buenas prácticas relacionadas con el voluntariado entre las autoridades y las partes interesadas de nuestros Estados miembros. En los últimos años, con el aumento del individualismo, la búsqueda de nuevos modos de expresión individual o incluso los cambios demográficos, la participación cívica ha experimentado cambios importantes.

Por eso, el voluntariado debe adaptarse, para permitir que un mayor número de personas participen en el voluntariado de diversos modos y en diversos momentos de su vida. Ello puede implicar explotar el potencial que ofrecen las personas mayores y definir las formas de compromiso con una mayor flexibilidad en cuanto a la duración y a los modos de participación.

Europa, que tiene a sus espaldas una larga tradición de voluntariado, debe contribuir a liberar las posibilidades que este ofrece. El voluntariado proporciona a sus miembros un canal de aprendizaje (es evidente que la participación en actividades benéficas proporciona a los ciudadanos nuevas competencias, contribuye a su desarrollo personal y aumenta su sentido de pertenencia a la sociedad). Además, el voluntariado encarna valores europeos como la solidaridad, la participación cívica y la no discriminación, en sectores tan variados como la educación, la cultura, el medio ambiente, la ayuda social y la salud.

  Joanna Senyszyn (S&D), por escrito. – (PL) He apoyado el informe sobre el Año Europeo del Voluntariado (2011). Los Estados miembros de la UE deben conceder una mayor importancia a la cuestión del voluntariado y deben programar una acción política que apoye la labor de los voluntarios. Las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo introducen numerosos e importantes cambios a la propuesta de la Comisión, y el Consejo debería incluirlos. El importe del presupuesto destinado al logro de los objetivos del Año Europeo del Voluntariado (2011), que asciende a 6 millones de euros, no es suficiente (a modo de comparación, para el Año Europeo de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social el importe es de casi el triple).

El voluntariado es una actividad gratuita y no remunerada, lo que no significa, sin embargo, que no genere gastos. El voluntariado requiere apoyo político y financiero de todas las partes interesadas: las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos, los órganos administrativos del gobierno local y nacional y las empresas. El compromiso político debería traducirse en una política favorable que apoye el desarrollo y la infraestructura del voluntariado. Esta cuestión reviste una especial importancia para Polonia, que ocupará la Presidencia de la UE en 2011. Quisiera pedir al Gobierno de Polonia que siga el ejemplo del Parlamento Europeo y emprenda acciones para incrementar el apoyo financiero para el Año Europeo del Voluntariado. Apoyo plenamente la propuesta de que se asignen medios financieros a la creación de una base de datos interactiva de voluntarios y de organizaciones de voluntariado, a la que deberían tener acceso todas las partes interesadas y que debería seguir funcionando después de 2011.

  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito. – (PL) El año 2011 será el Año Europeo del Voluntariado, y pretende rendir homenaje y distinguir a los voluntarios y a la contribución que hacen a la sociedad. Es una propuesta maravillosa. El voluntariado tiene lugar de muy diversas formas en toda Europa, pero en todas partes, sea cual sea el lugar, se caracteriza por el hecho de que la gente quiere ayudar a los demás sin recibir remuneración, o está dispuesta a participar en la protección del medio ambiente o a trabajar para asegurar que todo ciudadano pueda vivir con dignidad.

Merece la pena insistir en que el voluntariado ejerce, indiscutiblemente, una influencia positiva en el desarrollo de la identidad de Europa, que tiene sus raíces en estos valores y constituye una buena base para desarrollar el entendimiento entre los ciudadanos de diferentes grupos sociales y países de toda la sociedad europea. Además, el voluntariado reviste una gran importancia para la integración, la política social y la educación. Debemos recordar, además, que tiene una gran importancia para el diálogo intercultural y el diálogo entre generaciones y que contribuye al desarrollo de la responsabilidad social.

El voluntariado posee, asimismo, un valor económico, y no debemos olvidar este aspecto. Es, de hecho, una actividad no remunerada y gratuita, lo que no significa, sin embargo, que no implique ningún desembolso financiero. Por eso, es importante que el voluntariado reciba apoyo de la Comunidad Europea. El voluntariado necesita una política basada en las relaciones amistosas, que apoyarán su desarrollo y su infraestructura. Creo que apoyar la recompensa y el reconocimiento de las actividades de voluntariado mediante el uso de determinados medios financieros alentará a las personas, a las empresas y a las organizaciones.

  Oldřich Vlasák (ECR), por escrito. – (CS) Me gustaría explicar mi voto en relación con el informe de Marco Scurria sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre el Año Europeo del Voluntariado. Personalmente, considero que las actividades de voluntariado no remuneradas constituyen una parte importante de nuestra sociedad. En mi propio país, la República Checa, las organizaciones de voluntariado más numerosas y más asentadas son las de bomberos voluntarios. Sus tradiciones se remontan a un período lejano en el que la necesidad de prevenir desastres elementales como los incendios reunía siempre a unas pocas decenas de voluntarios cuyo objetivo era proteger sus propiedades y las de sus vecinos y otras personas con las que vivían. Entre las organizaciones más extendidas y más antiguas implicadas en el trabajo voluntario se encuentran también la Cruz Roja checa, el Club de Turistas Checos, la asociación de gimnasia Sokol, la organización de scouts Junák y el servicio voluntario de salvavidas en zonas de montaña. Todas estas personas que ayudan en los colegios, hospitales y clubes deportivos o en las zonas de montaña, o que viajan al extranjero para ofrecer su ayuda, merecen reconocimiento. En este sentido, sin duda será muy beneficioso dedicar el año 2011 a este tema. Por esta razón, he votado a favor del informe.

- Informe: Herbert Reul (A7-0074/2009)

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), por escrito. – (CS) En términos generales, cabe acoger con satisfacción cualquier acuerdo que mejore la cooperación con los Estados vecinos de la UE. Si comparamos la posición de los Estados vecinos de la UE, vemos que, después de Rusia, el asociado más importante es Ucrania. El intercambio de información en los ámbitos de la ciencia y la tecnología, la aplicación conjunta de programas, los intercambios de trabajadores y la experiencia compartida en materia de dirección de instituciones científicas y de investigación son objetivos que, sin duda alguna, deben apoyarse.

Sin embargo, me gustaría plantear una reserva concreta en relación con el modo de evaluar el acuerdo. Si los autores introducen indicadores de resultados como el «número de misiones y reuniones », o incluso el «número de ámbitos en los que se desarrollen actividades de cooperación», me asaltan serias dudas en cuanto al conocimiento que de la cuestión tenga el autor del informe. La sección 7, «Medidas antifraude», da una impresión bastante desesperada, mientras que el apartado 8.2.2 hace que tenga serias dudas sobre mi cordura. En la era de las comunicaciones electrónicas, no comprendo por qué un «informe» sobre un acuerdo necesita misiones y la asistencia a reuniones por parte de funcionarios y expertos de la UE y de Ucrania. En conclusión, me alegro de apoyar este acuerdo marco porque sé que en el Sexto Programa Marco ya se integraban, activamente y con resultados realmente positivos, avances de la ciencia y la investigación. Pese a las reservas anteriormente mencionadas, el Grupo GUE/NGL apoya la decisión del Consejo.

- Informe: Herbert Reul (A7-0075/2009)

  John Stuart Agnew, Marta Andreasen, Gerard Batten, John Bufton, Derek Roland Clark, Trevor Colman, Nigel Farage, Mike Nattrass y Nicole Sinclaire (EFD), por escrito. – El UKIP no se opone a la cooperación en el ámbito de la eficiencia energética, pero insiste en que dicha cooperación deben llevarla a cabo gobiernos elegidos democráticamente y no sus oscuros apoderados en una organización supranacional antidemocrática como es la UE.

- Propuesta de resolución: Estrategia de la ampliación 2009 relativa a los países de los Balcanes occidentales, Islandia y Turquía (B7-0185/2009)

  Anne Delvaux (PPE), por escrito. – (FR) Ante las numerosas solicitudes de adhesión a la UE, la aprobación de esta resolución llega en el momento oportuno. La UE es un pilar de estabilidad en el continente. No puede seguir siendo un club cerrado a los otros Estados europeos, pero tampoco puede abrir sus puertas ilimitadamente. La UE debe, antes que nada, concluir con éxito las ampliaciones que ya ha puesto en marcha con los nuevos Estados miembros. Para los otros Estados que llaman a su puerta, el requisito previo a cualquier apertura de negociaciones de adhesión sigue siendo el riguroso cumplimiento de los criterios de Copenhague (democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, igualdad de género, economía de mercado, etc.), además del respeto incondicional del derecho internacional. Las negociaciones de adhesión con los países candidatos deben basarse en criterios objetivamente mensurables, como el respeto de los derechos y los criterios económicos, y evitar toda referencia de carácter subjetivo basada en los valores, la religión o la cultura. Por lo tanto, en mi opinión lo importante es, a saber: confirmar la vocación europea de los Balcanes, recordar que ampliación y consolidación son indisociables; en el caso de Turquía, insistir en el respeto de los criterios de adhesión y, en caso de que fracasen las negociaciones, proponer un acuerdo de asociación especial.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Pese a todas las críticas que se hayan podido hacer, la realidad demuestra de manera indiscutible que muchos países desean fervientemente adherirse a la UE. Las historias brutales y turbulentas de algunos de ellos, en particular en los Balcanes, ha reforzado su convicción de que, si se cobijaban bajo «paraguas protector» de la UE, se verían libres tanto de las tendencias expansionistas de sus vecinos como de la influencia de Rusia.

Si observamos a los países de la lista, resulta relativamente fácil intuir la desigualdad entre los diferentes Estados en cuanto a sus ganas y en cuanto a las condiciones para adherirse a la UE. En mi opinión, Islandia parece sobresalir del grupo, ya que su tradición democrática, las elevadas condiciones de vida de sus ciudadanos y su respeto por el acervo comunitario la sitúan en primera línea del proceso de adhesión.

Consciente de la necesidad de cumplir escrupulosamente los criterios de Copenhague, y de cumplir los compromisos derivados de él, la UE no debería, con ciega obstinación, negarse a acoger en su seno a quienes demuestran que están preparados para hacer lo mismo.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Esta resolución es un ejemplo más de que, en relación con la ampliación y la comunicación publicada por la Comisión Europea, titulada «Estrategia y retos principales de la ampliación (2009-2010)», la mayoría del Parlamento quiere reconocer a Kosovo, incluso diciendo que «acoge favorablemente la intención de la Comisión de reforzar las relaciones con Kosovo, incluyendo la valoración de la posibilidad de que Kosovo participe en programas comunitarios».

De este modo, incentiva la futura adhesión de un territorio que se ha autoproclamado independiente en flagrante violación del derecho internacional, ignorando que un Estado producto de una guerra ilegal, un Estado que funciona sobre la base de un estatuto ilegal que no ha sido reconocido por las Naciones Unidas.

Tampoco se aborda adecuadamente la cuestión de Turquía, dado que el país sigue ocupando militarmente un Estado miembro de la UE —la parte norte de Chipre— y no respeta como debería los derechos del pueblo kurdo.

Teniendo en cuenta lo expuesto, aunque consideramos que la cuestión de la ampliación de la UE es una decisión que incumbe, en primera instancia, al pueblo de cada uno de los países que desean adherirse, hemos votado en contra del informe en su redacción actual, por los aspectos negativos de la estrategia que pretende seguir, pese a que no tenga ningún valor jurídico.

  Tunne Kelam (PPE), por escrito. – He votado a favor de la enmienda 4. Creo realmente que debemos subrayar que, cuando decimos «no musulmanes», nos referimos ante todo a los cristianos, por lo que habría que mencionar explícitamente a los cristianos junto a otras comunidades religiosas. En Turquía todavía se persigue a los cristianos, lo que sigue constituyendo uno de nuestros principales motivos de preocupación. Los cristianos y sus comunidades todavía no pueden ejercer sus creencias libremente, como deberían poder hacerlo en un Estado democrático. Tengo el convencimiento de que Turquía estará preparada para la adhesión a la UE cuando en ese país resulte fácil construir una iglesia cristiana, igual que lo es construir una mezquita en Bruselas.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) El proceso de ampliación de la UE debería estudiarse siempre con detenimiento, y toda nueva adhesión debería respetar siempre los puntos de referencia comunes de los países que componen la UE.

Entiendo que la adhesión de Turquía deba considerarse un motivo suficiente para celebrar un debate preliminar, lo que indica que existen dudas que, como mínimo, justifican dicho debate. El debate abordaría cuestiones como la de saber si, desde un punto de vista geográfico, Turquía se considera parte integrante de Europa, si su laicismo no será un mero resultado de un ejército que se encarga de garantizarlo, si tiene sentido una UE con fronteras que lleguen hasta el Kurdistán iraquí y si, dado su enorme peso demográfico, la adhesión de Turquía no descompensaría el equilibrio de la UE.

Además, existe una obligación innegociable de respetar los criterios de Copenhague, el primero de los cuales está relacionado con los derechos humanos.

  Francisco José Millán Mon y José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), por escrito. – (ES) En relación con la Resolución sobre el Documento de Estrategia de la Comisión del 2009 respecto de la Ampliación, queremos dejar claro, en nombre de la Delegación española del PPE, que el hecho de que globalmente la hayamos apoyado no significa en modo alguno que estemos de acuerdo con el reconocimiento de Kosovo como Estado independiente. Para nosotros, Kosovo es un caso singular y recordamos que no ha sido reconocido por España ni por otros cuatro Estados Miembros.

Por todo ello, tanto en la Comisión AFET como hoy en el Pleno, hemos apoyado las enmiendas coherentes con nuestro punto de vista.

Nuestro voto a favor de la Resolución obedece al hecho de que no queremos que nuestra posición sobre Kosovo pueda entenderse como una actitud negativa respecto del proceso de ampliación que afecta ahora a los países de los Balcanes Occidentales, Turquía e Islandia.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) Me opongo enérgicamente a la estrategia de ampliación de la Comisión en relación con Turquía. La gran mayoría de los ciudadanos de la UE está en contra de la adhesión de Turquía a la UE y, pese a ello, deben contribuir a financiar el pago de miles de millones de euros a Turquía en su calidad de candidata oficial. Turquía no es un país europeo, ni desde el punto de vista geográfico, ni desde el punto de vista cultural, ni en lo que respecta a la salvaguarda de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. La estrategia de ampliación no tiene prácticamente en cuenta las preocupaciones de los ciudadanos de Europa. Todo lo contrario: representa los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos. Además, los conflictos pendientes en las fronteras de Turquía pasarán a ser un problema de la UE si Turquía se adhiere. Lamento que toda la estrategia de ampliación, que, además de Turquía, incluye a Islandia y los países de los Balcanes occidentales, se haya debatido en conjunto y haya imposibilitado la celebración de un debate apropiado, selectivo y diferente. La arrogancia con la que se ha abordado el tema de la adhesión de Turquía ha quedado reflejada en este proceso. Se están desatendiendo ampliamente las mal recibidas voces de quienes se oponen a la adhesión, que representan a la mayoría de la población.

  Justas Vincas Paleckis (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo sobre el documento de estrategia de ampliación de 2009, presentado por la Comisión, relativo a los países de los Balcanes occidentales, Islandia y Turquía, ya que hace 6-15 años que Lituania, junto con los Estados bálticos y otros países de Europa Central y Oriental, se encontraba en una situación similar a la de los países candidatos. La adhesión a la UE brindó numerosas oportunidades a mi país y a otros nuevos Estados miembros de la UE y a sus ciudadanos, y contribuyó a impulsar la economía y a reforzar la democracia y los derechos humanos. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la UE tendrá un motor nuevo y más potente que llevará nuestro barco a buen puerto en el mar de la crisis financiera y económica, y nos conducirá a una nueva fase de la ampliación de la UE. Solo una vez que se hayan adherido a la UE, los países de los Balcanes, ese infame «polvorín» de Europa, en el que se desencadenaron las guerras mundiales, podrán eliminar las barreras a la cooperación entre los ciudadanos, las estructuras empresariales y los expertos culturales y científicos de los diversos Estados que han surgido allí en los últimos años. Es importante que no se cierre la puerta a Turquía, que puede considerarse como el lazo que une a Europa con el mundo musulmán. El acercamiento de Turquía a la UE está transformando este país de un modo muy positivo, y hay pruebas de que ha dado muchos pasos positivos para reforzar la democracia y los derechos humanos. Aunque no estemos debatiendo todavía de un modo concreto la adhesión de Ucrania, Moldova o los países del Cáucaso Meridional a la UE, dicha perspectiva puede aportar estabilidad, fortalecimiento económico, menos corrupción y la consolidación del Estado de Derecho en estos países.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) El proceso de ampliación de la UE se está llevando a cabo de momento en el contexto de una recesión severa y de gran envergadura, que ha afectado tanto a la UE como a los países que participan en el proceso de ampliación. Acojo positivamente los progresos realizados por Turquía para cumplir los criterios de adhesión a la UE, y en especial el hecho de que este país haya firmado el Acuerdo Intergubernamental sobre el gasoducto Nabuco.

La aplicación de este acuerdo sigue siendo una de las principales prioridades en el ámbito de la seguridad energética de la UE. Apoyo la petición hecha al Gobierno de Turquía de que prosiga sus reformas de las políticas sociales, mejore el diálogo social sobre el mercado de trabajo e intensifique sus esfuerzos en el ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad de género, en particular en lo que respecta a la lucha contra la violencia de género.

  Nikolaos Salavrakos (EFD), por escrito. – Votamos en contra de la propuesta de resolución «Documento de estrategia de ampliación de 2009, presentado por la Comisión, relativo a los países de los Balcanes occidentales, Islandia y Turquía», de Gabriele Albertini, porque creemos que ni Turquía ni la Antigua República Yugoslava de Macedonia están realizando progreso alguno en el cumplimiento de los criterios de Copenhague, ni demuestran un verdadero comportamiento político que permita que se unan a los miembros de la UE. Esperamos que redoblen sus esfuerzos para cumplir los criterios de adhesión, hecho que se examinará en el futuro. En cualquier caso, no deseamos votar a favor de una propuesta de resolución que ofrecerá vanas esperanzas y que se usará únicamente para uso interno.

  Renate Sommer (PPE), por escrito. – (DE) La propuesta de resolución sobre la actual estrategia de ampliación de la Comisión Europea es sumamente equilibrada. Premia los progresos realizados por los candidatos a la adhesión, pero, al mismo tiempo, señala de forma clara los problemas. Turquía, en particular, ha dado un importante paso atrás. Así pues, acojo favorablemente las críticas explícitas a las graves amenazas y a las limitaciones reales a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. La multa fiscal que se ha impuesto al grupo editorial Dogan, perteneciente a la oposición, es totalmente desproporcionada y constituye un ataque selectivo contra quienes critican al Gobierno. Se han puesto objeciones, y de manera legítima, a la discriminación de las minorías religiosas y a la negativa de Turquía de aplicar el Protocolo de Ankara. Además, es importante que examinemos con detenimiento la política exterior de Turquía. Hasta el momento, su apertura hacia Armenia y los kurdos no ha sido más que una política meramente simbólica, a la que se han opuesto el Parlamento turco y amplios sectores de la población. Las declaraciones del Primer Ministro de Turquía también ponen en entredicho el esperado papel de Turquía como mediadora entre Oriente y Occidente. Las lisonjas de Turquía hacia el presidente de Irán, la invitación al Presidente de Sudán, perseguido por genocidio, para que asista a una conferencia, y sus contactos con Israel parecen indicar que se está alejando de Occidente. Así pues, nuestro llamamiento al Gobierno de Turquía para que refuerce la coordinación de su política exterior con la UE y para que retire sus objeciones a la cooperación entre la OTAN y la UE es, sencillamente, una cuestión de coherencia.

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), por escrito. – Estoy a favor de que la UE se mantenga abierta a países que cumplen los criterios de adhesión. Me preocupa que esta resolución presente la ampliación como una obligación para los países interesados y para la UE. No concibe la posibilidad de que tal vez redunde en beneficio de los países interesados mantenerse fuera de la UE por diversas razones, sociales, económicas o de otro tipo. La adhesión a la UE es un gran paso para los países interesados y merece un debate y una consulta más amplios en los que participen los ciudadanos de esos países. Por esa razón me he abstenido.

- Propuesta de resolución: Eliminación de la violencia contra la mujer (B7-0139/2009)

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer constituye un incentivo de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa para debatir y dar una mayor visibilidad a las víctimas de la violencia doméstica y de otras formas de maltrato.

La situación de esta cuestión en Portugal es preocupante. El número de delitos de violencia doméstica registrados por la Asociación Portuguesa de Apoyo a las Víctimas (APAV) ha aumentado en un 9 % con respecto al mismo período en 2008. Según la APAV, el maltrato físico y psicológico, las amenazas y los delitos sexuales han registrado un importante aumento frente a las cifras de 2008. Este año, en Portugal, ya han muerto 26 mujeres víctimas de la violencia doméstica. Pero la inmensa mayoría de actos de violencia no se denuncian, debido al miedo y a la vergüenza.

La UE debe intensificar sus esfuerzos para luchar contra este problema. Estoy de acuerdo con la necesidad de incentivar a los Estados miembros para que elaboren planes de acción nacionales de lucha contra la violencia contra las mujeres. Apoyamos todas las iniciativas que puedan contribuir a cambiar las mentalidades, junto con la organización de un Año Europeo de la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer, para denunciar y alertar a las autoridades y a la sociedad de esta preocupante situación.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres porque considero necesario que la Comisión y el Consejo refuercen la acción de la UE en este ámbito. Es urgente dotar a la UE de una política más amplia en materia de lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres, en concreto mediante la elaboración por parte de la Comisión de un proyecto de directiva que constituya una base jurídica sólida para luchar contra todas las formas de violencia ejercida contra las mujeres, incluida la trata. Hay que reconocer y aplaudir el hecho de que la Presidencia española considere prioritario este asunto en su programa de acción.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) En una semana en que las escalofriantes cifras de casos de violencia doméstica han vuelto a ser noticia en Portugal, creo que la violencia contra las mujeres y los niños es un tema que merece reflexión y verdadera acción por parte de los gobiernos.

Condeno todas las formas de violencia, pero en especial la que se practica contra quienes se encuentran en una situación vulnerable —desde un punto de vista social, económico o emocional—, como es el caso de los niños y, con frecuencia, de las mujeres. Los Estados miembros deberían, por tanto, eliminar todas las formas de violencia ejercida contra las mujeres y los niños, en especial la trata con fines de explotación sexual, los ataques por motivos sexuales y la violencia doméstica.

El respeto de la vida y de la dignidad del hombre no es coherente con los delitos de que son víctimas muchas mujeres y niños de Europa, razón que justifica la adopción de políticas firmes en materia de prevención de la violencia y de castigo a los agresores.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, queremos crear conciencia sobre este grave problema social, económico y político que socava los derechos de las mujeres en muy diversos ámbitos, como el trabajo, la familia y la sociedad en general. La violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y un obstáculo a su participación en la vida social y política, en la vida pública y profesional, y les impide realizarse como ciudadanas de pleno derechos.

Aunque las numerosas formas de violencia varían en función de la cultura y las tradiciones, las crisis económicas y sociales del capitalismo aumentan la vulnerabilidad de la mujer, tanto colectiva como individualmente, agravan su explotación y las arrastran hacia la pobreza y la marginación, lo que también favorece la trata de mujeres y la prostitución.

Así pues, es necesario mejorar los medios financieros y las políticas destinadas realmente a reforzar el papel de las mujeres en la sociedad mediante la promoción de la igualdad de derechos, tanto en el plano comunitario como en el plano nacional, y mediante la aplicación de verdaderos planes de lucha contra todas las formas de violencia ejercida contra las mujeres, acompañados de la eliminación de las discriminaciones que persisten y de la protección y el apoyo a las víctimas.

  Marine Le Pen (NI), por escrito. – (FR) Con motivo del décimo aniversario del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es necesario constatar que las medidas de prevención adoptadas a tal fin no han logrado los resultados esperados. ¿Cómo explicar este fenómeno? A juzgar por los debates celebrados en esta Cámara, podemos ponerle un nombre: desigualdad entre los géneros.

Si esta desigualdad fuera la causa fundamental de dicho fenómeno, los países del norte de Europa, conocidos por su cultura y sus costumbres sumamente progresistas, deberían reflejar los mejores resultados. Pero no es esto lo que ocurre, sino más bien todo lo contrario. Según el diario noruego Aftenposten, el 6 % de las jóvenes suecas de edades comprendidas entre los 15 y los 25 años han sido víctimas de una violación en un año.

Hay que tener el valor de decir que el aumento de las violencias cometidas contra las mujeres coincide con la llegada en masa de una inmigración de fuera de Europa cuya cultura y tradiciones son radicalmente opuestas a las nuestras. El burka, los matrimonios forzosos, la poligamia, la mutilación genital femenina, los delitos de honor y otros comportamientos propios de épocas pasadas son intolerables.

Así pues, resulta completamente absurdo seguir favoreciendo esta inmigración y pretender luchar contra la violencia cometida contra la mujer.

  Astrid Lulling (PPE), por escrito. – (FR) Es perfectamente sensato que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género nos recuerde, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que, pese a los numerosos instrumentos jurídicos y declaraciones de las Naciones Unidas, pese a las numerosas resoluciones de este Parlamento aprobadas a lo largo de decenios, estamos todavía muy lejos de la tolerancia cero en lo que respecta a la violencia contra la mujer. Es indudable que la violencia machista contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y, como tal, debe castigarse.

Por tanto, este Parlamento debe recordar a los Estados miembros las obligaciones que les incumben de reforzar sus legislaciones y sus políticas para combatir eficazmente todas las formas de violencia contra la mujer.

Lamentablemente, en la resolución que estamos estudiando, hemos vuelto a cargar las tintas y, en particular, hemos ignorado el principio de subsidiariedad.

Pedir al Consejo y a la Comisión que creen una base jurídica para la lucha contra todas las formas de violencia ejercida contra la mujer es el colmo de la ignorancia de los tratados. No se puede crear una base jurídica. Existe o no existe.

Pedir una conferencia de alto nivel suplementaria no hará más que generar unos gastos que sería mejor dedicar a la adopción de medidas concretas.

  Véronique Mathieu (PPE), por escrito. – (FR) Me congratulo de que se haya aprobado en el Parlamento Europeo la resolución sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La proclamación de este día por las Naciones Unidas en 1999 y la aprobación de esta resolución hoy constituyen valiosos instrumentos para recordar a los gobiernos nacionales sus obligaciones derivadas de los tratados internacionales en relación con la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Por este motivo, apoyo esta resolución, y insto a los Estados miembros a que mejoren sus legislaciones y políticas nacionales destinadas a combatir todas las formas de violencia contra la mujer. En el ámbito de la UE, es particularmente importante garantizar el derecho a la ayuda y la asistencia para todas las víctimas de violencia y, en particular, de la trata de seres humanos, independientemente de su nacionalidad, y que garantice la protección de las mujeres víctimas de la violencia doméstica cuya situación legal podría depender de su pareja.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, estamos debatiendo algo que es una realidad patente en todos los Estados miembros, ya que una de cada cuatro mujeres es víctima de la violencia.

En una UE que se arroga un papel de defensora de los derechos y las libertades de todos sus ciudadanos, debemos desplegar los máximos esfuerzos para poner fin a este azote. La adopción de este proyecto de resolución constituye un paso muy importante para encontrar nuevas soluciones, de ahí el sentido de mi voto.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de esta resolución porque la violencia contra la mujer sigue siendo un problema de gran importancia en Rumanía y en todo el mundo, que requiere la adopción de medidas urgentes para luchar contra este azote. La legislación ya no es el problema, sino su aplicación en circunstancias en las que muchas mujeres son reacias a denunciar ante las autoridades los actos de violencia cometidos contra ellas y prefieren llevar su sufrimiento en silencio.

Creo que es necesaria una potente campaña en toda la sociedad, que se base en actividades continuadas y a largo plazo, destinadas a influenciar las actitudes para que todo el mundo se dé cuenta de que la violencia contra las mujeres no puede permitirse ni excusarse. Estoy de acuerdo con que, al mismo tiempo, también se necesita una acción coordinada de las autoridades y de la sociedad civil con el fin de apoyar a las víctimas de la violencia doméstica.

  Peter Skinner (S&D), por escrito. – Acojo con agrado el compromiso del Parlamento en esta causa. En particular, es de vital importancia garantizar que se incluya dentro de esta ayuda a las mujeres en algunas de las situaciones más vulnerables, como la trata de mujeres.

Estoy consternado por el hecho de que el Grupo ECR, al que pertenecen los conservadores británicos, haya presentado una enmienda a esta propuesta para reducir su alcance. Señalaré que muchas víctimas son personas que viven en condiciones de pobreza o inmigrantes o pertenecen a grupos minoritarios de nuestras poblaciones. Retirar a estas mujeres de la asistencia destinada a ayudar a estas personas tan sumamente vulnerables carece de toda lógica y de humanidad.

Me consterna, asimismo, que los Verdes estén en desacuerdo y defiendan la supresión de texto referente a la tolerancia de la prostitución, ámbito en el que es evidente que se ejerce una gran violencia contra la mujer.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Las mujeres son víctimas fáciles de cualquier forma de violencia debido a su situación de desigualdad en todas las sociedades de clases, en las que están expuestas a la opresión de clase y de género.

El maltrato físico, la violación, la trata y otros males constituyen formas de violencia que ponen de relieve la dimensión de género que hay en el aspecto clasista de la desigualdad femenina.

Pero la violencia es un fenómeno social que tiene causas concretas económicas, políticas y sociales. Dichas causas, que proceden de las relaciones capitalistas de producción, no pueden eliminarse mientras existan tales relaciones. Los movimientos populares deben exigir medidas para prevenir y aliviar a las víctimas, mujeres y niños, y pedir cambios radicales en favor del pueblo en el ámbito social y político.

Estamos radicalmente en desacuerdo con la creación, por parte de las organizaciones no gubernamentales y de las personas privadas, de centros y agencias de asesoramiento para apoyar a las mujeres maltratadas. El Estado debe ser el único responsable de este tipo de centros.

Las medidas propuestas en la resolución no sólo son incapaces de eliminar el problema, ya que no atacan sus causas, sino que, además, pretenden gestionar y, por lo tanto, perpetuar el problema.

  Marina Yannakoudakis (en nombre del Grupo ECR), por escrito. – El Grupo ECR apoya plenamente e insiste en la gran necesidad de aumentar la concienciación y la acción para luchar contra la violencia ejercida contra la mujer. No obstante, no apoyamos los llamamientos para crear una base jurídica de la UE y para elaborar más directivas (como se pide en los apartados 10, 11 y 27) con el fin de abordar el problema.

Pese a que reconocemos que todavía queda mucha labor por hacer en este ámbito, creemos que sobre esta cuestión incumbe legislar a las naciones. Además, el Grupo ECR considera que las cuestiones de la elección sexual y reproductiva y los derechos de la salud son una cuestión de conciencia que corresponde decidir a cada Estado individual y a cada Estado miembro. Por estas razones, el Grupo ECR ha decidido abstenerse.

- Propuesta de resolución: Por una solución política de cara a la piratería a lo largo de las costas de Somalia (RC-B7-0158/2009)

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Somalia es uno de los casos más patentes del total derrumbamiento del poder central y de la vuelta a un modo de vida beligerante y tribal, ya que ese país es un epicentro de violencia y de inestabilidad que se expande más allá de sus propias fronteras. Las costas de Somalia se han visto constantemente amenazadas por grupos armados que no sólo luchan por el control de las zonas costeras, sino que, además, cometen terribles actos de piratería contra otros buques, en especial barcos comerciales, de transporte de mercancías, de pesca, de ayuda humanitaria y de recreo.

La gravedad y la frecuencia de estos actos requieren una respuesta enérgica por parte de toda la comunidad internacional, incluida la UE. Esta debe comprometerse a luchar contra la piratería y hacer cuanto esté en su mano, no sólo para analizar sus causas y sus consecuencias, sino también para movilizar a todas las fuerzas, somalíes e internacionales, que estén disponibles para hacerle frente.

También debo encomiar a toda la tripulación de la fragata portuguesa Corte-Real, en la persona de su comandante, que se ha distinguido en la lucha contra este mal y recientemente ha sido objeto de un homenaje por parte de la Organización Marítima Internacional.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) En el debate sobre el problema de Somalia, debemos recordar que no puede haber una solución militar a la crisis en este país y que es necesario tener en cuenta su falta de recursos financieros, causada por la crisis de la deuda en el ámbito internacional, que ha creado un vacío que se ha explotado con la pesca ilegal en sus aguas territoriales, y que ha sido una de principales razones por las que los pescadores somalíes han perdido sus medios de subsistencia, dado que el Gobierno de Somalia se ha visto obligado a suspender su guarda costera por falta de recursos.

Por tanto, una de las cuestiones esenciales es asegurar el apoyo técnico y financiero, incluido el apoyo a un proceso de concienciación y de mediación entre las partes implicadas en la guerra civil.

Así pues, la Comisión y el Consejo deberían revisar su estrategia con respecto a Somalia, incluida la Operación EU-NAVFOR Atalanta, y deberían centrarse en la situación que se vive en el país de un modo general, en particular en la necesidad de hacer frente a la situación humanitaria sobre el terreno, y contribuir a erradicar las causas reales de una situación catastrófica que provoca el sufrimiento de millones de somalíes.

Por último, nos gustaría insistir en que los recursos destinados a la ayuda al desarrollo, o sea, el Fondo Europeo de Desarrollo, no deberían usarse con fines militares.

  Richard Howitt (S&D), por escrito. – Me siento profundamente orgulloso de ver que el Reino Unido está dirigiendo la labor de la primera misión naval de la UE en el marco de la Política Europea de Seguridad y Defensa, la Operación Atalanta, que dirige un comandante británico y cuya sede operativa se encuentra en el Reino Unido. La labor de Atalanta en la protección de buques que llevan la ayuda alimentaria hasta las personas desplazadas en Somalia, así como en la protección de buques vulnerables frente a las costas somalíes, es de vital importancia.

Los diputados laboristas del Parlamento Europeo hacen un llamamiento para que se libere incondicionalmente a todos los rehenes retenidos por los piratas somalíes, incluidos los dos británicos, Paul y Rachel Chandler, de Kent. Seguimos teniendo presente a su familia, y elogiamos los continuos esfuerzos del Foreign Office del Reino Unido, que está utilizando todos los contactos posibles en África Oriental para negociar la pronta liberación de la pareja.

Por último, en cuanto al alcance de la misión Atalanta, observamos que debería estudiarse la ampliación de algunos llamamientos de la resolución. No obstante, quiero señalar que consideramos que en este momento no está previsto hacerlo y subrayar que debemos centrarnos en el éxito continuado de la actual misión tal y como está planeada.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La situación actual de las costas de Somalia es condenable a todos los respectos y afecta de forma transversal a todos los países.

Por tanto, considero de vital importancia que, mientras no se encuentre una solución política al problema de Somalia y mientras siga habiendo inestabilidad en la región, se mantenga la estrategia de seguridad reforzada de la Operación Atalanta, y que incluso se refuercen los medios de acción de las fuerzas desplegadas en la operación.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) He votado en contra de la resolución RC-B7-0158/2009 porque considero que la piratería no es un problema militar sino un problema de desarrollo. Por ello, considero que debe atacarse la raíz del problema, y que la solución no puede ser militar, ni por mar ni por tierra. El propio responsable de la Operación Atalanta declaró que una solución marítima a la piratería es imposible, que hay que estabilizar la situación en la zona. Considero que hay que abordar el problema de la gobernanza, de la estabilidad de las instituciones y del desarrollo económico de la región. Por más parches que pongamos, el problema persistirá. Asimismo, con mi voto negativo quiero denunciar la privatización de las acciones que corresponden a las fuerzas armadas, puesto que en España se permite a compañías privadas de seguridad ir en barcos con armamento de guerra. Además, considero que es necesario acabar con los piratas en Somalia, pero también hay que acabar con los piratas extranjeros que esquilman las aguas somalíes.

  Charles Tannock (ECR), por escrito. – El relativo éxito de la Operación Atalanta, que hoy se ha renovado por un año, pone de manifiesto que, aunque la Política Europea de Seguridad y Defensa tenga posibilidades para obtener resultados de peso para los Estados miembros, todavía no está claro por qué no ha podido lograrlos la OTAN por sí sola y, con ello, evitar una duplicación. Pero la piratería sigue siendo un peligro evidente y presente en los mares del Cuerno de África. Debemos redoblar esfuerzos para vencer esta amenaza, no sólo con el fin de proteger nuestra flota, sino también de enviar un claro mensaje de nuestra determinación a los agentes de Al-Qaeda que actualmente encuentran un refugio seguro en Somalia.

La seguridad nacional no acaba en las fronteras nacionales. Dejar sin control el azote de la piratería incrementará a largo plazo las preocupaciones de la UE en materia de seguridad. También insto a la Comisión a que vuelva a plantearse que un mayor apoyo político al antiguo territorio británico de Somalilandia, relativamente estable, próspero y disidente democrático, contribuiría a poner fin a la amenaza de la piratería en la región.

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo sobre una solución política al problema de la piratería frente a las costas de Somalia porque la piratería en el mar es y seguirá siendo un verdadero problema frente a las costas de Somalia. La UE debe proteger los buques marítimos que navegan por esta región por medio de negociaciones internacionales y medidas de protección. Una parte de la solución requiere apoyo internacional para traer estabilidad a Somalia. La otra parte de la solución es la Operación Atalanta, que la UE ha lanzado recientemente con el fin de poner fin a la piratería frente a las costas de Somalia. Seis fragatas, tres aviones de vigilancia marítima y 1 200 miembros de personal del Reino Unido, Francia y Grecia participarán en la operación. Otros Estados contribuirán a la operación en el futuro. La Operación Atalanta ha logrado proteger a los buques de carga de alto riesgo ofreciéndoles escolta. Se han interceptado 36 buques piratas y se han impedido 14 asaltos directos. No obstante, para poder beneficiarse de esta escolta, los órganos nacionales responsables y los buques marítimos deben informar a la Operación Atalanta y solicitar protección. Es fundamental que los buques marítimos procuren no exponerse a riesgos innecesarios y soliciten, de manera oficial y con tiempo suficiente, protección de la Operación Atalanta.

  Geoffrey Van Orden (ECR), por escrito. – Estamos a favor de una acción internacional enérgica que aborde la piratería y no tenemos ninguna duda de que la Royal Navy y las marinas aliadas de los Estados Unidos y de otras naciones europeas harán un gran trabajo. No obstante, no vemos razón alguna para que la UE enarbole su pabellón en una operación naval. Nos oponemos a que la UE injiera en asuntos de defensa en calidad de institución. Ello no aporta ninguna capacidad militar adicional y no hace más que duplicar o añadir complejidad a los acuerdos celebrados en el marco de la OTAN, que han dado muestras de gran eficacia. La Operación Atalanta se concibió como una oportunidad política para añadir una dimensión marítima a la Política Europea de Seguridad y Defensa durante la Presidencia francesa. Pese a la presencia en las aguas frente al Cuerno de África de la fuerza marítima «Combined Task Force 151» y de un grupo marítimo de la OTAN, se decidió crear otra flota y establecer otra cadena de mando. También nos preocupan profundamente la propuesta de enviar a Somalia una misión de formación en el marco de la Política Europea de Seguridad y Defensa, precisamente cuando la misión EUPOL en Afganistán ha sido un fracaso y muchos países europeos se han mostrado en contra de enviar tropas y policía a misiones de formación urgentes en Afganistán. Por otra parte, no reconocemos la terminología «embarcaciones pesqueras de la UE».

- Propuesta de resolución: espacios sin humo (B7-0164/2009)

  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. – (RO) Acojo con satisfacción esta Resolución, que permite al Parlamento apoyar la política antitabaco de la Comisión, sumamente voluntaria. La exposición al humo de tabaco es una de las principales causas de muerte y de enfermedad en Europa, y, además, el tabaco impone una pesada carga a los sistemas sanitarios. Espero que las medidas de la Comisión vayan más allá y que en los próximos años tengamos derecho a un entorno saludable en todos los espacios cerrados y en el lugar de trabajo. Debo señalar también que en Europa todavía tenemos una política hipócrita. Queremos reducir los problemas de salud provocados por el tabaco, pero apoyamos que se mantengan las subvenciones a los fabricantes de cigarrillos, si bien se están reduciendo progresivamente. Creo que debería definirse la política agrícola común para premiar los productos que contribuyan a mantener y a mejorar el estado de salud de las personas, en vez de ponerlo en peligro. Espero que en la reunión de diciembre del Consejo se debata la protección de los niños, en especial en los casos en que se ven expuestos al tabaco de los adultos en los coches privados y en otros espacios cerrados. Creo que los adultos tienen una responsabilidad a este respecto, y, allí donde el legislador pueda intervenir, debe hacerlo.

  Anne Delvaux (PPE), por escrito. – (FR) Considero que hay que proteger a los no fumadores del tabaquismo pasivo, pero también que es necesario concienciar a los fumadores de los efectos que su dependencia tiene para ellos mismos y para los demás. A este respecto no cabe ninguna duda. En Bélgica, también llevamos la delantera en esta cuestión, porque nuestro país ya se ha pronunciado a favor de una prohibición total de fumar en el sector de la hostelería y en todos los lugares de trabajo de aquí a 2012.

No obstante, quisiera expresar dos preocupaciones. En primer lugar, ¿nos estamos dirigiendo hacia una sociedad que impone prohibiciones generalizadas? ¿Qué hacemos con la responsabilidad individual? No me agrada la idea de una sociedad que se parezca a la descrita por George Orwell en su novela 1984. En segundo lugar, si se va a obligar a los fumadores a abandonar sus hábitos, nocivos para ellos mismos y para los demás, debería hacerse con el mayor de los respetos. El tabaco es una droga. Prohibirlo completamente equivaldría a negar el hecho de que la mayoría de los fumadores están en un proceso de dependencia. Una prohibición total podría percibirse como un acto de exclusión, y eso resulta contraproducente. Por tanto, ¿por qué no se ha previsto la posibilidad de reservar para ellos espacios específicos?

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Aunque voto en consonancia con el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos), debo expresar algunas preocupaciones en relación con la presente propuesta de resolución.

En primer lugar, creo que corresponde a los Estados miembros decidir las políticas antitabaco y que la función de las instituciones europeas deben respetar el principio de subsidiariedad y, por tanto, limitarse a la formulación de recomendaciones no vinculantes. Por otro lado, también creo que los Estados deben promover políticas antitabaco, pero no imponer restricciones a la libertad de elección de los operadores, en particular en el sector de la hostelería, en el que los propietarios deberían tener la opción de que sus establecimientos sean fumadores o no fumadores. En este contexto, la ley recientemente aprobada en Portugal resulta equilibrada.

Mi segunda preocupación se refiere a la propuesta de poner fin a las subvenciones relacionadas con la producción de tabaco. Dado que Portugal es un país productor de tabaco, creo que este tipo de política debe analizarse con sumo cuidado; de lo contrario, podría causar graves perjuicios a los agricultores, a los que se impide que continúen su producción, pero sin ofrecerles una alternativa viable. Esta es mi opinión en relación con el punto 9 de esta resolución.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La protección de la salud humana y la calidad de vida de los trabajadores en sus lugares de trabajo y de la población en general constituye la base de esta resolución, y por eso he votado a favor.

Es necesario aumentar la protección de los no fumadores y evitar la exposición pasiva, pero también deben crearse las condiciones necesarias para supervisar y alentar a los fumadores a que abandonen su hábito. La política de prohibición debe aplicarse en situaciones en que resulte necesaria.

Con respecto a las subvenciones vinculadas a la producción, defendemos los incentivos a la reconversión de las producciones de tabaco. No obstante, consideramos que no deben crearse condiciones para promover las importaciones de tabaco de fuera de la UE y beneficiar, de ese modo, el gran negocio de las tabacaleras multinacionales.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de que se suprima el apartado 13 del texto original, que dice: «Pide a la Comisión que presente al Parlamento y al Consejo una propuesta legislativa sobre la prohibición de fumar para 2011 en todos los lugares de trabajo cerrados, incluidas todas las instalaciones y medios de transporte públicos de la UE, en el ámbito de la protección de la salud de los trabajadores». La supresión se ha aprobado, y de este modo se respeta el principio de subsidiariedad en esta materia.

Considero que cada Estado miembro tiene todavía un largo camino por recorrer en la creación de espacios sin humo, en la promoción de acciones de sensibilización eficaces y en la concreción de buenas prácticas para la aplicación del artículo 14 (medidas de reducción de demanda relativas a la dependencia y al abandono del hábito de fumar).

Pero creo que corresponde aplicar estas acciones, en primer lugar, a cada Estado miembro. El texto original de la resolución mezclaba y confundía la producción de tabaco con su consumo. Por consiguiente, celebro que se haya aprobado la enmienda del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos), que suprime parte del apartado 9 del texto original y elimina las referencias a la producción de tabaco. Estos dos cambios han mejorado la resolución final. Considero positivos los puntos restantes, por lo que he votado a favor.

  Robert Goebbels (S&D), por escrito. – (FR) Me he abstenido con respecto a la resolución sobre el tabaco. No he fumado nunca en mi vida, pero encuentro liberticida esta persecución constante de los fumadores. Las prohibiciones existentes son más que suficientes.

Me distancio de este acoso constante y contraproducente. Querer eliminar las plantaciones de tabaco de Europa conllevará un aumento de las importaciones de terceros países.

  Elisabeth Jeggle (PPE), por escrito. – (DE) La política de salud y, por consiguiente, la protección de los no fumadores recae incontestablemente dentro de la competencia de los Estados miembros y no debería ser objeto de reglamentos centrales. Los Estados miembros deben ser libres para establecer en qué medida quieren proteger a los no fumadores. Debe señalarse de manera clara que la UE no tiene competencia en este ámbito. Por esta razón, he votado a favor de la resolución del Parlamento para la cumbre de ministros de Sanidad de la UE que tendrá lugar la semana próxima.

  Eija-Riitta Korhola (PPE), por escrito. – (FI) He votado a favor, aunque me habría gustado que la resolución fuera más severa. El hábito de fumar es la principal causa de muerte prematura en Europa. El humo de tabaco es un contaminante del medio ambiente que contiene más de cien componentes nocivos para la salud. No obstante, algunas partes de Europa consienten que se expongan a él no sólo los consumidores de tabaco, sino también las personas que están a su alrededor. El tabaquismo pasivo constituye un problema moral, porque no se deja otra elección a quienes lo sufren. Es necesario, en particular, proteger a los niños.

Según algunos estudios, un hijo de fumador en realidad «fuma» uno de cada cuatro cigarrillos consumidos por su padre o madre. Todos los años, el hábito de fumar provoca la muerte prematura de casi 100 000 europeos. Muchos Estados miembros ya han aplicado algunas excelentes medidas. Cuando Finlandia, por fin, también prohibió fumar en los restaurantes y los bares, hubo una gran protesta. Hoy, dos años después, la gente no está sino agradecida. Ello refleja la naturaleza de la política de sanidad pública: los resultados duraderos deberían lograrse mediante la prevención y la concienciación, pero requiere la tenacidad de los legisladores para hacer frente a la resistencia. No estoy de acuerdo con otros diputados de este Parlamento en cuanto a la afirmación de que la Comunidad no necesita una legislación vinculante relativa a la salud en el trabajo. Hay que reconocer que las recomendaciones no han sido suficientes en todas partes. Apoyo el apartado 13 de la resolución, en el que se pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa sobre la prohibición de fumar en los lugares de trabajo cerrados y también en los medios de transporte públicos.

El hábito de fumar le sale caro a la sociedad, y, además, el 70 % de los europeos que no fuman terminan pagando la factura. Así pues, coincido con la opinión que expresó el Parlamento en 2007 de que el texto de la Directiva sobre los productos del tabaco debe ser más riguroso y debe incorporar la responsabilidad de los productores por los costes de atención sanitaria que conlleva el consumo de tabaco. La UE debería ver la viga en su propio ojo. Ya es hora de que el proceso de eliminación progresiva de las subvenciones a los cultivos de tabaco llegue por fin a término.

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución que apoya los espacios sin humo porque, en mi opinión, es primordial supervisar los avances realizados hacia la generalización de los espacios sin humo en la UE y facilitar, entre los Estados miembros, el intercambio de buenas prácticas y la coordinación de la política de protección de los ciudadanos frente a los riesgos del tabaco. También he votado a favor de que se mantenga el apartado 9, que prevé el fin, en 2010, de las subvenciones del cultivo del tabaco vinculadas directamente a la producción, por sus implicaciones para las cuestiones de salud. Asimismo, apoyo a mis colegas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, que nos han recordado que el tabaco sigue siendo la primera causa identificada de muerte y de enfermedad en la UE.

  Mariya Nedelcheva (PPE), por escrito. – (BG) He votado a favor de que se elimine la referencia explícita al año 2010 del apartado 9 de la propuesta de resolución. En mi país, el cultivo de tabaco es una industria fundamental y de vital importancia para una gran parte de la población en regiones en las que constituye su único medio de subsistencia. Una de ellas es Blagoevgrad, la región de la que procedo.

Mi país fue uno de los ocho principales productores de tabaco de Europa que, hace un año, pedían que se ampliaran las subvenciones hasta 2013, pese al acuerdo por el que se establecía que la relación entre el importe de los recursos asignados y el volumen de producción debía terminar a más tardar en 2010. Cada vez que nos reunimos con los productores de tabaco, una de las preguntas que plantean con más frecuencia es: ¿qué va a ser de nosotros?

No puedo prometerles milagros, pero estamos trabajando en colaboración con nuestro Gobierno para diseñar medidas que no los dejen sin alternativa, al haber perdido su principal medio de subsistencia. Señorías, comprendo los argumentos de quienes hacen campaña contra el tabaco. No obstante, insto a sus Señorías a que no mezclemos la lucha contra el tabaco con el riesgo de destruir el cultivo del tabaco en Europa. Les pido que, en estos momentos de crisis económica, mantengamos la prudencia y la sensatez.

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. – (RO) Estoy de acuerdo con todas las medidas razonables destinadas a la lucha contra el tabaco y a la protección de los no fumadores, y por esa razón he votado a favor de esta resolución. No obstante, tengo algunas dudas sobre las consecuencias que pueda tener cualquier tipo de medida dirigida contra los productores de tabaco. Actualmente, Rumanía cuenta con cerca de 1 600 hectáreas de plantaciones de tabaco, que proporcionan una producción de apenas 3 000 toneladas. No obstante, en Rumanía se produce un reducido volumen de tabaco, frente a la cantidad necesaria para los productores rumanos, que es de aproximadamente 30 000 toneladas.

Esta diferencia de cantidad, de unas 27 000 toneladas, se completa con importaciones, procedentes en su mayoría de regiones de África o Asia. Si desincentivamos la producción de tabaco en los Estados miembros, lo único que haremos será incentivar aún más las importaciones de terceros países, en detrimento de los productores europeos.

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) Es una resolución voluntarista y ambiciosa. Sin embargo, estoy atónita por el voto de una mayoría de mis colegas, en particular los demócrata-cristianos, que, tras una intensa actividad de los grupos de interés y de las partes interesadas, han rechazado el artículo 13.

Consideran, por lo tanto, que Europa no tiene voz en este debate ni aporta ventaja alguna cuando se trata de garantizar a los ciudadanos europeos espacios saludables en todos los lugares públicos, en el trabajo y en el transporte público. Dicho de otro modo, no tienen ningún reparo con que se genere discriminación entre los trabajadores de Europa. Por citar un ejemplo, los irlandeses estarán perfectamente protegidos por una ley nacional, mientras que cabe preguntarse si algún día los griegos o los checos tendrán la misma oportunidad o, mejor dicho, el mismo derecho.

Como prueba más de su «intoxicación» por los grupos de presión, también han rechazado, en el artículo 9, la simple mención de una de las reformas de la PAC, que, sin embargo, ya estaba decidida y que pone término, en 2010, a las subvenciones directamente vinculadas a la producción de tabaco.

  Vilja Savisaar (ALDE), por escrito. – (ET) La propuesta en la resolución sobre los espacios sin humo preveía un cambio considerable: la obligación de la prohibición de fumar en las instituciones públicas y los espacios públicos de toda Europa. La resolución pretendía encargar a la Comisión la preparación de la legislación necesaria, que entraría en vigor en 2011. Aunque muchos diputados, incluida yo misma, han votado a favor de una prohibición de fumar en los espacios cerrados públicos (en particular, en los lugares de trabajo), lamentablemente el Partido Popular ha adoptado una posición contraria. La mayoría del Parlamento no ha demostrado ninguna consideración para proteger la salud de todos los ciudadanos europeos y, en particular, de las personas que no fuman pero que se ven obligadas a respirar humo en los espacios públicos y que, en consecuencia, también sufren problemas de salud. Espero que este tema no caiga en el olvido, y también que se incluya en el actual programa una vez más, dado que hasta ahora muchos de los Estados miembros no han impuesto una prohibición de fumar en los espacios públicos, pese a que han tenido ocasión de hacerlo.

  Marc Tarabella (S&D), por escrito. – (FR) Con esta resolución, hago mía la preocupación por avanzar en la lucha contra el tabaquismo pasivo impuesto a los no fumadores. Pero algunas personas aprovechan la ocasión para introducir en esta resolución una disposición contra las subvenciones concedidas a los productores de tabaco. Personalmente, estoy a favor de que se apoye a estos artesanos en vías de extinción. Hay que tener en cuenta que el tabaco representa menos del 10 % de los componentes de los cigarrillos. ¿Acaso se plantean las mismas preguntas acerca de los aditivos, que representan más del 90 % de su contenido, y sobre su nocividad?

- Propuesta de resolución: Cumbre mundial de la FAO sobre seguridad alimentaria - Erradicar el hambre de la superficie de la tierra (RC-B7-0168/2009)

  Liam Aylward (ALDE), por escrito. – Dado que más de 40 millones de personas mueren de hambre y pobreza cada año, incluido un niño cada seis segundos, y que la crisis alimentaria mundial es una de las grandes amenazas para la paz y la seguridad en el mundo, he votado a favor de esta pertinente resolución. La resolución pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación completa del impacto de las políticas y los programas de la UE en los sectores de la agricultura, el desarrollo y el comercio, a fin de garantizar un enfoque político coherente y sostenible con respecto a la seguridad alimentaria mundial. Dado que la resolución dispone que toda persona tiene derecho a tener acceso a alimentos seguros, suficientes y nutritivos, la UE debe tomar medidas para garantizar que estas políticas proporcionen una seguridad alimentaria sostenible.

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose y Britta Thomsen (S&D), por escrito. – (DA) Los socialdemócratas daneses creemos en la retirada paulatina de las ayudas agrícolas de la UE. Hoy, hemos apoyado la resolución sobre la «Cumbre mundial de la FAO sobre la seguridad alimentaria» —una resolución que se centra en los importantes desafíos a los que nos estamos enfrentando para erradicar el hambre y para ofrecer en el futuro mejores oportunidades a los países en desarrollo—, pero rechazamos enérgicamente las grandilocuentes declaraciones que hace la resolución sobre la política agrícola y la ayuda en los apartados 3, 9 y 14, entre otros.

  Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE), por escrito. – (SV) Los conservadores suecos hemos votado hoy en contra de la resolución (B7-0168/2009) sobre la Cumbre mundial de la FAO sobre la seguridad alimentaria. Nos preocupa el hambre en el mundo y consideramos que es importante prestar atención a la seguridad alimentaria. No obstante, a diferencia de la resolución, los conservadores suecos creemos que la política agrícola común (PAC) forma parte del problema, en vez de ser la solución, y que debe reformarse.

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt y Cecilia Wikström (ALDE), por escrito. – (SV) Hoy se da en el mundo una extraña situación: mil millones de personas padecen obesidad, pero, al mismo tiempo, mil millones de personas son víctimas del hambre. Esta situación es catastrófica y requiere medidas eficaces, en particular por parte de la próspera UE. No obstante, no consideramos que la PAC de la UE, en su situación actual, sea la solución. Nuestra política agrícola ha sido un éxito en el pasado, pero no tiene cabida en el futuro. Dado que esta resolución se opone a la revisión del actual sistema europeo de ayudas agrícolas (algo que podría ser beneficioso para el clima, para los pobres del mundo y para los agricultores de Europa), no hemos tenido más remedio que abstenernos de votar.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución conjunta sobre la Cumbre mundial de la FAO sobre la seguridad alimentaria – Erradicar el hambre de la superficie de la tierra, porque considero que es necesario adoptar medidas urgente para poner fin a este azote, que afecta a la sexta parte de la población mundial. Teniendo en cuanta los impactos del cambio climático en la agricultura, en particular la disminución de la productividad debido a la escasez de agua, sobre todo en países que se enfrentan ya con estas dificultades, debemos garantizar el desarrollo de políticas agrícolas coherentes con la protección del clima y la lucha contra el hambre.

  Göran Färm (S&D), por escrito. – (SV) Los socialdemócratas suecos hemos decidido hoy votar a favor de la propuesta de resolución conjunta sobre la Cumbre mundial de la FAO sobre la seguridad alimentaria. En la actualidad, más de mil millones de personas sufren hambre. Las oscilaciones extremas de los precios y el impresionante aumento de los precios de los alimentos en el mercado mundial han causado también una crisis alimentaria mundial, que ha hecho aún más difícil que las personas pobres del mundo tengan acceso a los alimentos.

Pero nos gustaría señalar que no compartimos la opinión del Parlamento de que no deben reducirse las medidas de apoyo al mercado y los pagos de apoyo a los agricultores en el marco de la política agrícola común de la UE. No creemos que estas medidas de apoyo y estos pagos contribuyan a aportar una mayor seguridad al abastecimiento alimentario a los países en desarrollo a largo plazo. Al revés, estas medidas tendrán el efecto contrario. Los alimentos baratos y subvencionados europeos se están exportando a los países en desarrollo y, debido a sus precios competitivos, con frecuencia expulsan del mercado la propia producción alimentaria de esos países y, de ese modo, les niega la oportunidad de autoabastecerse más a largo plazo.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Nadie puede quedarse indiferente ante este problema mundial sabiendo que al año mueren de hambre más de 40 millones de personas y que cada seis segundos muere un niño de malnutrición.

La UE es el mayor donante de ayuda al desarrollo y de ayuda humanitaria, pero sólo una pequeña parte de esa ayuda se dirige al sector agrícola, que podría responder a las carencias de miles de personas que siguen sufriendo desnutrición. Por consiguiente, la UE debe revisar urgentemente sus políticas de ayuda al desarrollo y dar prioridad al apoyo a la agricultura en los países en desarrollo, un sector que constituye la fuente de ingresos de más del 70 % de la población activa.

En el plano interno, la PAC también debe adaptarse a la crisis que estamos atravesando, con un aumento de los costes de producción para los agricultores europeos, y debe abstenerse de desmantelar las medidas de apoyo al mercado y/o de reducir las subvenciones a la agricultura, y prestar especial atención al apoyo de los pequeños y medianos agricultores y a su acceso al crédito, de forma que puedan mantener sus niveles de producción, a pesar de la subida de los precios de los materiales de producción.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Aunque no estamos de acuerdo con todos los puntos planteados, hemos decidido apoyar esta resolución, ya que reafirma la importancia de principios que nos parecen fundamentales para una verdadera lucha contra el hambre en el mundo, en concreto:

– Pone de relieve que «la lucha contra el hambre debe basarse en el reconocimiento del derecho a la soberanía alimentaria»,

– Reconoce «el derecho de la población autóctona de cada país a controlar las tierras agrícolas y otros recursos naturales vitales para su seguridad alimentaria».

Además, la resolución llama la atención sobre la importancia de la agricultura en la lucha contra el hombre e insiste en la importancia de los ingresos de los agricultores. Queda por ver si, en el futuro, este Parlamento será coherente con lo que ha aprobado hoy o si, como suele ocurrir, plantea estos puntos tan acertados, pero luego, a la hora de llevarlos realmente a la práctica, se desdice y aprueba una legislación que viola estos principios.

No debemos olvidar que las sucesivas reformas de la PAC, que obedecen a la liberalización de los mercados agrícolas llevada a cabo en el marco de la Organización Mundial del Comercio y atienden únicamente a los intereses de las grandes empresas de la industria agroalimentaria, han contribuido al empobrecimiento del sector de la agricultura mundial. La producción agrícola debe servir antes que nada para alimentar a las personas, no para favorecer los monocultivos para la exportación.

  Anne E. Jensen y Jens Rohde (ALDE), por escrito. – (DA) Los diputados al Parlamento Europeo del Partido Liberal danés hemos votado a favor de la resolución sobre la seguridad alimentaria, ya que deseamos hacer hincapié en la importancia de que la UE asuma una responsabilidad mundial en la lucha contra el hambre y la pobreza. No obstante, rechazamos el apartado 9 de la resolución, que plantea algunos interrogantes en cuanto a la continua liberalización de la política agrícola de la UE. El Partido Liberal danés defiende la eliminación paulatina de la ayuda agrícola y, además, el establecimiento de normas comunes que garanticen a los agricultores de Europa la igualdad de condiciones de competencia.

  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. – (DE) La seguridad alimentaria a largo plazo es uno de los retos principales de la PAC. En especial, ante la escasez de alimentos, debemos poner de relieve la importancia de una PAC sólida que asuma un papel principal en el futuro para superar los desafíos mundiales. Esto significa que es necesaria una financiación suficiente a largo plazo. La PAC es un elemento importante de la política de seguridad alimentaria de la UE, ahora y después de 2013, y que debe desempeñar un cometido importante en las políticas de desarrollo, prestando especial atención a la política exterior de seguridad alimentaria.

Por consiguiente, un sistema ecológico perfectamente operativo, unos suelos fértiles, unos recursos hídricos estables y una economía rural polivalente son las principales prioridades. La cooperación y la solidaridad internacionales, así como la celebración de acuerdos comerciales equilibrados que fomenten la seguridad alimentaria, en vez de perjudicarla, constituyen un elemento fundamental de la seguridad alimentaria en el mundo, y aquí es donde una PAC sólida puede hacer una importante contribución. Los países importadores netos de productos alimenticios son los más afectados por el alza de precios de los alimentos, aunque muchos de estos países se encuentran entre los menos desarrollados del mundo. La UE debe adoptar medidas para contrarrestar esto.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) El fenómeno del hambre es un azote que afecta a un número cada vez mayor de personas. Dado que la UE es un espacio de solidaridad, debe estar en la primera línea de la lucha contra este problema cada vez mayor. Dado que la crisis alimentaria mundial constituye una de las principales amenazas para la paz y la seguridad en el mundo, es necesario intensificar todas las políticas europeas y mundiales de seguridad alimentaria.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Los autores de esta resolución, aunque se han visto obligados a poner de relieve el problema del hambre y los problemas planteados durante la Cumbre sobre seguridad alimentaria en general, sin embargo han encubierto la causa fundamental del problema, que es, concretamente, el sistema capitalista de explotación y la estrategia que la UE también pone lealmente al servicio del capital. La producción de alimentos y las multinacionales de distribución están provocando el abandono de la tierra por los agricultores y la concentración de la tierra, y propinando un duro revés a los agricultores pobres y medianos. Para la clase trabajadora y la clase popular, incluso en los países capitalistas desarrollados, resulta cada vez más difícil salvaguardar una alimentación sana y segura, mientras que las multinacionales alimentarias acumulan beneficios en masa y compran inmensas extensiones de tierra, en especial en África, calculando que la producción alimentaria debe duplicarse de aquí a 2050. La UE allana el camino a la liberalización y a la privatización de todos los factores de producción alimentaria —agua, energía, transporte y tecnología— e impone lo mismo en terceros países por medio de acuerdos bilaterales y de acuerdos en el marco de la OMC.

La PAC refuerza la política de desarraigar a los pequeños y medianos agricultores y de apoyar a los monopolios y sus beneficios. Los agricultores y los trabajadores están luchando contra esta política, luchando por acabar con este sistema de explotación y garantizar alimentos seguros, suficientes y nutritivos para todos.

10. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

(La sesión, suspendida a las 12.55 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

PRESIDE: Libor ROUČEK
Vicepresidente

11. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

12. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (debate)

12.1. Nicaragua

  Presidente. – El siguiente punto del orden del día son las tres propuestas de resolución sobre Nicaragua⁽¹⁾.

  Bogusław Sonik, autor. – (PL) Señor Presidente, la política del actual Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, demuestra la pertinencia de la vieja máxima comunista: «Una vez en el poder, nunca lo soltaremos». En los años ochenta, los sandinistas fueron incapaces de mantener una dictadura militar y, obligados por la opinión internacional, tuvieron que aceptar las normas del juego democrático.

Ortega fue elegido presidente en las elecciones de 2006 y los sandinistas volvieron al poder. Desde el primer momento, empezó a usar métodos de probada eficacia para intimidar y eliminar cualquier tipo de competencia política, esgrimiendo todo tipo de pretextos pseudojurídicos. El aparato sandinista empezó a duplicar el aparato del Estado, siguiendo el ejemplo de los Comités de defensa de la Revolución cubanos. En diciembre de 2008, el Parlamento Europeo llamó la atención sobre la campaña de acoso que estaban llevando a cabo las autoridades estatales; los partidos y el pueblo se asociaron con los sandinistas en contra de las organizaciones de derechos humanos y de sus miembros, de los periodistas y de los representantes de los medios de comunicación. Amnistía Internacional escribió sobre la violencia que siguió a las elecciones de las autoridades locales. Se multiplicaron los ataques y las palizas a periodistas.

Hoy, con la manipulación de la Corte Suprema, Ortega está intentando introducir cambios en la Constitución para poder presentarse de nuevo a las elecciones. Podemos pronosticar, con un alto grado de certeza, que el próximo paso será que se autoproclame presidente vitalicio, puesto que Fidel Castro es el modelo de los populistas de Managua y de Caracas, y con Castro nunca ha habido elecciones libres.

Hago un llamamiento a la Comisión Europea para que extraiga conclusiones de esta situación y compruebe, en esta situación en que se están violando las normas internacionales de derechos humanos, si es necesario replantearse los actuales acuerdos de cooperación con este país, para que las cláusulas de derechos humanos no se conviertan en palabras huecas.

  Adam Bielan, autor. – (PL) Señor Presidente, el sábado pasado, en respuesta a un llamamiento de los políticos de la oposición, decenas de miles de ciudadanos nicaragüenses se manifestaron en contra de la política del Presidente Daniel Ortega, una política que está llevando directamente a la introducción de un régimen dictatorial en Nicaragua.

Recordaré que, el 19 de octubre, la Corte Suprema decidió eliminar los obstáculos constitucionales que impedían que el Presidente Ortega permaneciera en el poder otra legislatura más. Por sí mismo, este cambio no es escandaloso, porque, desde luego, en muchos países europeos no existe este tipo de disposición; lo que, en cambio, resulta indignante es el modo en el que se tomó esa decisión. Como sabemos, el Presidente Ortega no cuenta con las dos terceras partes de la mayoría del Parlamento, de modo que tuvo que violar la Constitución con el fin de eliminar la prohibición de ser reelegido. Si permitimos que Daniel Ortega vuelva a ser elegido presidente en 2011, puede que nos encontremos con una situación en la que Nicaragua se vea controlada por una auténtica dictadura.

Por consiguiente, quisiera pedir a la Comisión Europea que llame la atención sobre este problema durante sus próximas negociaciones sobre el acuerdo de asociación entre la UE y Centroamérica, y use todos los medios posibles para lograr que el Presidente Ortega dé marcha atrás.

  Johannes Cornelis van Baalen, autor. – Señor Presidente, agradezco el apoyo de este Parlamento a la delegación de la Internacional Liberal que dirigí en Managua. Llegamos en son de paz por invitación de una mayoría parlamentaria para hablar de la Constitución, las elecciones, la campaña electoral y los derechos humanos y las libertades civiles. Nos insultaron, nos llamaron piratas y todo tipo de cosas. Nos amenazaron con expulsarnos del país, con declararnos persona non grata, y se dijo que estábamos maquinando un golpe de Estado, un coup d’état.

Pero, sobre todo, insultaron a mi país y oprimen a su propio pueblo. Creo que la UE debería supervisar lo que sucede, enviar observadores a las elecciones de 2011 y apoyar a la oposición democrática. También espero que hagamos lo mismo y que seamos objetivos en relación con los resultados de las elecciones en Honduras. Vamos a ver si las elecciones del domingo son libres e imparciales, y ya tomaremos una decisión en ese momento. Podría ocurrir que, si reconocemos los resultados de las elecciones, se ponga fin la crisis constitucional de ese país.

  Tunne Kelam, en nombre del Grupo PPE. – Señor Presidente, existe una tendencia alarmante en la actual América Latina de consolidar los regímenes populistas con la ampliación de los mandatos de los actuales presidentes, a ser posible de por vida. Este fue el camino que llevó a Hitler al poder. El de Lenin fue el de la indiferencia, pero los resultados fueron exactamente los mismos.

Estos presidentes con amplios poderes no han sido capaces o no han estado dispuestos a mejorar la calidad de vida de sus súbditos. Cuba es un ejemplo turbio y doloroso de cómo las vidas de personas corrientes se han visto mutiladas y arruinadas durante décadas. En Nicaragua, tenemos un ejemplo premonitorio de que ese tipo de gobernantes nunca cambia. Regresan al poder sólo para volver a despilfarrarlo.

Por tanto, hoy tenemos el deber de condenar enérgicamente estas violaciones de la Constitución de Nicaragua y de vincular esta cuestión a un control mucho más eficaz del uso de los fondos al desarrollo concedidos a Nicaragua. Es sumamente decepcionante que la Organización de Estados Americanos no haya reaccionado a estas graves violaciones de la Constitución de uno de sus Estados miembros.

  Véronique De Keyser, en nombre del Grupo S&D. – (FR) Señor Presidente, me alegro de ver que el señor van Baalen ha vuelto a Europa sano y salvo y que sólo ha sido expulsado cuando ya estaba en el avión.

Dicho esto, y ya más en serio, me gustaría, en nombre de mi grupo, que no nos prestemos a ese juego. Me refiero a que, mientras que el Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) nos ha negado un debate urgente sobre Uganda, en relación con las leyes contra los homosexuales, y otro debate urgente sobre Irán, en relación con las ejecuciones que se están llevando a cabo en ese país, ahora quieren que entremos en el juego de declararnos a favor o en contra de Ortega, con las manifestaciones que se están produciendo allá.

¡Pues no! No creo que los debates urgentes celebrados en este Parlamento, cuyo objetivo es, en realidad, prestar ayuda a personas o a causas en situación de dificultad, deban servir los intereses políticos privados de nuestros diputados. Por lo tanto, mi grupo ha decidido que no sólo no va a firmar esta resolución, sino que, además, no va a votar y se va a oponer a lo que está sucediendo aquí. Es un desprestigio para el Parlamento Europeo.

  Raül Romeva i Rueda, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (ES) Señor Presidente, en la misma línea, creo que es no solamente triste sino claramente vergonzoso, que una sesión tan importante como ésta, la de las sesiones de urgencia, se manipule de la forma en la que se está haciendo, y por eso me sorprende no solamente que el tema, hoy, sea éste, el de Nicaragua, sino que en otras ocasiones en las que teníamos que haber hablado de cosas mucho más serias no se haya hecho. Hoy, además, tenemos el añadido de que otros temas que estaban en la agenda han caído precisamente porque se ha incorporado éste, que es absolutamente improcedente desde el punto de vista del contenido de los debates sobre urgencias.

Podíamos y debíamos haber hablado, por ejemplo, del Sáhara Occidental. Debíamos haber hablado de la situación que están viviendo en estos momentos personas como Aminatou Haidar, que sufre en estos momentos una situación de clara vulneración y privación de sus derechos más fundamentales, o de las tantas y tantas personas que están en los campos de refugiados, o en las zonas ocupadas en Marruecos, precisamente en un contexto en el que se necesita un posicionamiento claro.

Todo esto hubiera podido ser el objeto del debate de hoy y no lo es, porque desde el Partido Popular se nos hace hablar de un tema que claramente creo que ni merece ni tiene el interés que se le tiene que conceder en este tipo de sesiones.

  Ilda Figueiredo, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (PT) Señor Presidente, este es un debate lamentable sobre una falsa urgencia que lo único que hace es desprestigiar al Parlamento Europeo.

Urgente habría sido debatir la reciente catástrofe causada por el huracán Ida en su paso por El Salvador, a principios de noviembre. Este huracán provocó la muerte y desaparición de más de 200 personas, destruyó infraestructuras y equipos esenciales, en particular en los ámbitos de la salud, la educación, el agua y el saneamiento, y agravó la situación de pobreza en el país.

Urgente habría sido estar aquí para debatir la disposición de fondos extraordinarios y la reorientación de los fondos disponibles de la UE para la situación de emergencia y para poner en marcha un plan de reconstrucción y de reducción de riesgos y apoyar a la población de El Salvador.

Urgente habría sido que este Parlamento condenara el golpe militar en Honduras y exigiera la restitución del poder al Presidente Zelaya, que había sido legalmente elegido por el pueblo de Honduras.

Urgente habría sido exigir el respeto de los derechos fundamentales del pueblo del Sáhara Occidental.

Por desgracia, nada de esto ha sido posible, debido a la oposición del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos). Por consiguiente, como ya han declarado mis colegas, nos negamos a participar en esta falsa urgencia, que es una vergüenza para el Parlamento Europeo.

  Jürgen Klute (GUE/NGL). – (DE) Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con los anteriores oradores. Quisiera recordar a sus Señorías que el Presidente de Colombia también ha llegado al término de su mandato en violación del actual derecho colombiano y que, por lo tanto, este asunto también debería haberse abordado.

Sobre todo, me gustaría subrayar, no obstante, que la Fundación Friedrich-Naumann de Alemania, una fundación estrechamente relacionada con el Partido Liberal Democrático alemán, participó en el golpe de Estado de Honduras. Se celebró un debate sobre este tema en Alemania. Los becarios de la fundación se distanciaron de esta política en una carta abierta. No hay que olvidar que el señor van Baalen es el presidente de la Internacional Liberal, y, en el sitio web de la Fundación Friedrich-Naumann, se afirma que el señor van Baalen habló sobre la posibilidad de un golpe militar en Nicaragua. Considero apropiado que, en tales circunstancias —y nadie ha dicho lo contrario—, un país como Nicaragua tenga el arrojo suficiente para expulsar a un político de esta clase. Francamente, hay que reconocer que la situación habría sido exactamente la misma en Europa.

Lo que está ocurriendo aquí no es más que un claro intento de desprestigiar y de acusar públicamente a esos países, Estados y gobiernos de América Latina que están intentando introducir políticas más sociales. En nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, me gustaría decir claramente, una vez más, que no apoyaremos esto.

  Ioannis Kasoulides (PPE). – Señor Presidente, no comprendo la reacción de nuestros queridos colegas sentados a mi derecha en este hemiciclo en relación con la elección de los temas que se están debatiendo hoy.

No veo por qué no es urgente hacer uso del tiempo de palabra, debatir la cuestión del trato que ha recibido uno de los diputados de este Parlamento, que ha visitado un país, ejerciendo un derecho que le corresponde en su calidad de presidente de la Internacional Liberal. No entiendo por qué no podemos intervenir y comentar esta cuestión, y hablar también de esta nueva tendencia que se está produciendo en América Latina de intentar cambiar de manera arbitraria la Constitución del país y poner fin a la tradición que siempre ha imperado de que el Jefe de Estado del país sólo tenga uno o dos mandatos.

Nuestros queridos colegas ya han hablado sobre otros cuatro temas, y me gustaría saber cuándo vamos a debatir el asunto que nos ocupa, dado que sólo hay tres temas en el orden del día.

(El Presidente interrumpe al orador)

  Justas Vincas Paleckis (S&D). – (LT) Hago mía sin reservas la opinión de mi grupo de que este asunto no debería haberse incluido en el orden del día, puesto que hay en el mundo problemas mucho más importantes y mucho más urgentes. Si vamos a debatir sobre Nicaragua, deberíamos, en primer lugar, comentar que se trata de un país con la deuda más alta del mundo y que es uno de los países más pobres de América Latina. El experimento comunista no fue una buena respuesta en el país, pero tampoco lo fue el experimento neoliberal. Es un país en el que ha habido demasiadas injerencias de las superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y por eso se encuentra permanentemente al borde de la guerra civil. Es comprensible que existan en él tendencias de mano dura, y deben ser condenadas. No obstante, no olvidemos que también en Europa tenemos tendencias de mano dura. Por consiguiente, centrémonos en asuntos más importantes.

  Gesine Meissner (ALDE). – (DE) Señor Presidente, se han dicho ya varias cosas sobre este asunto. Un orador ha explicado que este no era un tema adecuado para el debate, porque hay cuestiones más urgentes que implican violaciones más importantes de los derechos humanos. Puede que sea verdad, pero creo que los europeos, que trabajamos para asegurar que los valores como los derechos humanos y las libertades —por ejemplo, la libertad de prensa— se respeten en todas partes, debemos defender esta libertad cuando sepamos que está en peligro.

También se ha dicho, por ejemplo, que la Fundación Friedrich-Naumann ha participado en el golpe. En calidad de miembro de la fundación, rechazo categóricamente esta acusación. Son rumores que se han extendido y que carecen totalmente de fundamento.

El tercer punto que deseo abordar es que se ha dicho que el señor van Baalen ha sido acusado de hablar sobre la posibilidad de un golpe de Estado, y que por eso ha sido expulsado del país. Si uno no puede debatir abiertamente todo tipo de cuestiones —para nosotros esta posibilidad entra dentro de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, dos libertades que tenemos y a las que concedemos un gran valor—, ¿de verdad constituye un motivo para expulsar a alguien de un país simplemente el hecho de hablar de un tema cualquiera? El hecho de que ocurra algo así en público no justifica que se expulse a alguien del país, simplemente porque haya tenido lugar un debate. Es un enfoque totalmente equivocado.

  Charles Tannock (ECR). – Señor Presidente, Nicaragua sigue siendo uno de los países más pobres de América. El hecho de que el Presidente Daniel Ortega no haya mejorado la situación de su país, pese a las innumerables y utópicas promesas socialistas realizadas cuando ocupó el cargo, sugiere que Nicaragua necesita un cambio de gobernante ya.

La Constitución del país permite que los Jefes de Estado tengan un único mandato, y a veces esta es una sabia política, en una región propensa a la inestabilidad, pero Ortega está demostrando una vez más su desprecio por la democracia parlamentaria y por el Estado de Derecho y está burlando los poderes de la Sala Constitucional.

A este respecto, no se diferencia en nada de su colega izquierdista Hugo Chávez, de Venezuela. Ambos se han forjado una reputación denunciando a los caudillos, pero ellos mismos se están convirtiendo en caudillos de la izquierda y, como tales, representan una auténtica amenaza para la estabilidad democrática regional, especialmente teniendo en cuenta el caos que reina en la vecina Honduras. Daniel Ortega ha defraudado a su pueblo y a su país en numerosas ocasiones. Si de verdad creemos en la democracia y en la libertad, no podemos ignorar las dificultades que están pasando los ciudadanos de Nicaragua.

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, una cosa ha quedado patente en este debate relativamente complicado. La diputada del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa ha confirmado directamente que la cuestión de un golpe de Estado ha sido realmente un tema de esos debates. Ha defendido lo ocurrido esgrimiendo que debe permitirse hablar de cualquier cosa, incluso de un golpe de Estado. Se trata de un asombroso resultado que ha surgido de este debate y que contribuye a aclarar la situación, y le estoy agradecido por ello.

  Karel De Gucht, Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, Señorías, como saben, la UE mantiene con este país un espinoso diálogo con el fin de preservar la democracia y de devolver la confianza a sus ciudadanos en las instituciones democráticas del país.

Al mismo tiempo, la UE está intentando mantener el equilibrio con nuestro compromiso duradero para apoyar el desarrollo y la estabilidad de este país en desarrollo y, de un modo más general, a la región de América Central.

Desde la celebración de las elecciones municipales en noviembre de 2008, que se vieron tiznadas con acusaciones de fraude generalizado, la confianza de los donantes internacionales en el actual Gobierno ha caído a mínimos históricos. La vulneración de los principios democráticos fundamentales, como unas elecciones libres y justas, ha llevado a la comunidad de donantes a revisar sistemáticamente sus programas de cooperación y, en algunas instancias, a reorientar o suspender las actividades de cooperación hasta que mejoren las condiciones.

La Comisaria Ferrero-Waldner tomó la decisión de suspender todas las ayudas presupuestarias a Nicaragua el 1 de enero de 2009. Esta decisión se tomó previo debate con los Estados miembros en el Consejo.

Tras numerosos contactos con las autoridades de Nicaragua, que anunciaron un compromiso verosímil de que se tomarían medidas correctivas, la Comisión realizó a principios de octubre un único pago de 10 millones de euros en el marco de su programa de apoyo presupuestario para el sector de la educación. Esta suma representa una pequeña parte de los fondos que se han suspendido, que ascienden a otros 46 millones de euros adicionales.

La semana pasada el Consejo de Desarrollo criticó el hecho de que no se celebrara previamente un debate sobre este tema con los Estados miembros. Sin entrar en detalle, creo que es muy importante que, cuando tomemos una decisión de este tipo, contemos con algún tipo de procedimiento por el que, al menos, intentemos asegurarnos de que la Comisión Europea y los Estados miembros vayan en la misma línea con respecto a los Estados individuales. Si, al final, ello no es posible, entonces se permitirá, desde luego, que cada uno haga lo que considere necesario.

El Gobierno de Nicaragua ha anunciado que las próximas elecciones regionales, que se celebrarán en 2010, y las elecciones generales de 2011 contarán con equipos de observación nacionales e internacionales. El Gobierno ya ha invitado oficialmente a la UE a enviar una misión de observación. Además, el Gobierno se ha comprometido, entre otras cosas, a mejorar su registro civil y su censo electoral con el apoyo de un proyecto de la Comunidad Europea, así como a nombrar autoridades electorales profesionales y fiables para el próximo año.

Por otro lado, acontecimientos recientes, como el fallo la Sala Constitucional, sin duda arrojan una sombra sobre la seriedad del Gobierno de Nicaragua a la hora de cumplir sus compromisos. En numerosas ocasiones, la UE ha expresado —la última vez lo ha hecho por conducto de una Troika local el lunes 21 de noviembre—, su preocupación en relación con este hecho.

A la larga, el cumplimiento de estos compromisos será fundamental para la reanudación progresiva de nuestros programas de apoyo presupuestario. Seguimos trabajando en estrecha cooperación con los Estados miembros y con el Parlamento Europeo, tal y como se desprende de este debate. Que resulte o no oportuno es una cuestión que, desde luego, debe analizar el propio Parlamento.

  Presidente. – Queda cerrado este punto del orden del día.

La votación tendrá lugar al término del debate.

(1) Véase el Acta.

12.2. Laos y Vietnam

  Presidente. – El siguiente punto del orden del día son las cuatro propuestas de resolución sobre Laos y Vietnam⁽¹⁾.

  Véronique De Keyser, autora. – (FR) Señor Presidente, de nuevo tenemos una urgencia sobre Vietnam y Laos. Es verdad que hemos celebrado otros debates similares en el Parlamento Europeo, pero de verdad no podemos permitir que este quede en papel mojado.

Estamos realmente muy preocupados. Desde 2006, cuando se retiró a Vietnam de la lista negra elaborada por los Estados Unidos en relación con la represión y las violaciones de los derechos humanos, aumentó el nivel de represión contra los activistas de derechos humanos.

Me gustaría mencionar tan solo un caso que en mi opinión es emblemático, y es el de Tran Khai Thanh Thuy. Esta escritora, blogger, periodista y militante se encuentra actualmente en la cárcel por razones oscuras, probablemente por defender la libertad de expresión y los derechos humanos en su país. Es diabética y tiene una salud muy frágil. Tememos por su vida y exigimos no sólo que se le brinde en la cárcel la atención médica necesaria, sino que sea liberada inmediatamente.

Me encanta Vietnam. Vietnam es un gran país y en 2010 asumirá la presidencia de la ASEAN. Creo que el hecho de que adoptara medidas que estuvieran más en consonancia con las normas democráticas internacionales contribuiría a fortalecer aún más su autoridad moral.

  Thomas Mann, autor. – (DE) Señor Presidente, la situación de los derechos humanos en Vietnam es preocupante. La persecución religiosa, en particular de cristianos y budistas, está a la orden del día. Se intimida y se pone sistemáticamente bajo vigilancia a cualquier persona que hable en favor de la libertad y de los derechos humanos. A finales de septiembre, cientos de monjes del monasterio de Bat Nha fueron atacados. Se causaron graves daños a todo el recinto del monasterio, mientras la policía se quedaba cruzada de brazos contemplando el espectáculo. Los monjes que buscaron refugio en el templo vecino de Phuoc Hue fueron golpeados. Esta clase de abusos no debe tolerarse. Es indignante que los numerosos llamamientos de la UE y de otras partes del mundo para que mejore la situación de los derechos humanos se hayan ignorado sin más. Existen cientos de razones para que de una vez se introduzcan cambios, en particular teniendo en cuenta que el año próximo Vietnam asumirá la presidencia de la ASEAN.

La situación de Laos también deja bastante que desear. A principios de noviembre, más de 300 manifestantes pacíficos que pedían un mayor pluralismo y más democracia recibieron brutales palizas por parte de la policía secreta. El único partido gobernante echa por tierra todos los esfuerzos para instaurar un diálogo político en el país.

Los 5 000 refugiados de etnia hmong que actualmente están viviendo en campamentos al norte de Tailandia y que son una minoría perseguida también se encuentran en una situación deplorable. No se les ha concedido el estatuto de refugiado. La organización Médicos sin Fronteras, que esta semana ha estado representada en el Parlamento, ha dicho que le resulta prácticamente imposible llevar ayuda humanitaria a los campamentos, porque se realizan constantes detenciones, por lo general de manera completamente arbitraria, y se obliga a las personas a volver a Laos. Las afirmaciones de que esas personas regresan de forma voluntaria no son ciertas.

Los diputados al Parlamento hacemos un llamamiento a la Comisión y al Consejo para que nos transmitan información exacta sobre qué acuerdos sobre derechos humanos y democracia de los celebrados con estos dos países se están cumpliendo. ¿Qué acuerdos se han bloqueado constantemente? En nombre de los ciudadanos de Vietnam y de Laos, es necesario poder presionar a los gobiernos de estos dos países.

(Aplausos)

  Heidi Hautala, autora. – (FI) Señor Presidente, es una buena noticia que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático haya creado una Comisión de Derechos Humanos. En este contexto, es estremecedor conocer a monjes vietnamitas que han sido víctimas de ataques violentos. En el Subcomité de Derechos Humanos hemos tenido el honor de conocerlos recientemente.

Parece que la posición de las comunidades religiosas es cada vez más difícil en Vietnam. Realmente, debemos condenar el hecho de que más de 300 monjes y monjas de dos monasterios tuvieran que huir como consecuencia de la violencia y que se esté acosando constantemente a las comunidades religiosas estén siendo. Es importante que Vietnam tome nota de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que propone, por ejemplo, que se invite al país a los Relatores Especiales de las Naciones Unidas para que supervisen el respeto de la libertad de opinión y de la libertad religiosa, entre otros derechos humanos básicos.

  Cristian Dan Preda, en nombre del Grupo PPE. – (RO) En Vietnam, hay cientos de personas detenidas por sus creencias políticas y religiosas. De hecho, creo que el violento ataque cometido contra los monjes budistas a finales de septiembre muestra claramente que Vietnam se niega a mejorar la situación de los derechos humanos en su territorio.

En Laos, un país en régimen de dictadura militar, los dirigentes del movimiento iniciado por estudiantes y profesores hace diez años permanecen en prisiones secretas. La policía secreta ha reprimido las recientes manifestaciones pacíficas celebradas en apoyo del respeto de los derechos humanos, mientras que se sigue persiguiendo a la comunidad hmong.

Tanto Laos como Vietnam deben cumplir plenamente las normas internacionales de protección de los derechos humanos. Deben poner fin a la persecución de miembros de comunidades religiosas, de minorías y, en general, de ciudadanos que lo único que hacen es defender sus derechos políticos.

La UE tiene el deber de supervisar de cerca la evolución de los derechos humanos y de ejercer toda su influencia para invertir esta tendencia negativa.

(Aplausos)

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, en nombre del Grupo S&D. – (PL) Señor Presidente, las negociaciones en curso sobre el nuevo Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la UE y Vietnam deben incluir el respeto de los derechos humanos y las libertades civiles. La información que nos llega muestra que la situación de Vietnam a este respecto es sumamente preocupante, en especial en relación a la represión que hace de los usuarios de Internet. Internet es un medio basado en el libre intercambio de información y de opiniones sobre cualquier tema, a escala mundial. Al mismo tiempo, las leyes vietnamitas sobre el uso de Internet penalizan la libertad de expresión en ámbitos que se consideran sensibles, como los derechos humanos y la propagación de la democracia.

Las normas promulgadas en 2008 en relación con los blogs exigen que se limite su contenido a asuntos personales y prohíben la difusión de contenidos contrarios al Gobierno y de información que ponga en peligro la seguridad nacional.

(El Presidente pide a la oradora que hable más despacio)

Las organizaciones no gubernamentales extranjeras denuncian que los bloggers que abordan temas políticos son encarcelados. Las instituciones de la UE no deben quedarse indiferentes ante estos preocupantes hechos que se producen en Vietnam y, además de una acción política, es también necesaria una acción jurídica. Por consiguiente, hago un llamamiento para que se incluya en el nuevo acuerdo entre la UE y Vietnam una cláusula vinculante relativa a la cuestión de los derechos humanos.

  Johannes Cornelis van Baalen, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, el Grupo ALDE sostiene la opinión de que Laos y Vietnam no son democracias. Los derechos humanos no se garantizan en ninguno de esos países, ni tampoco los derechos religiosos ni de otro tipo. Esto significa que apoyamos sin reservas esta resolución, y pedimos al Consejo y a la Comisión que hagan lo mismo.

  Ryszard Antoni Legutko, en nombre del Grupo ECR. – (PL) Señor Presidente, una vez más, quisiera insistir en la dramática situación de los cristianos de Laos y de Vietnam. En ambos países, toda la estructura del Estado y el aparato de represión se han dirigido contra la destrucción del cristianismo, tanto de la Iglesia católica como de los grupos protestantes.

En Laos, esto es resultado de un programa del partido comunista gobernante, que trata el cristianismo como una religión que representa el imperialismo occidental. En Vietnam lo que está sucediendo se está cometiendo en violación del derecho oficial vigente. La represión adquiere diversas formas: detenciones, tortura, privación de la libertad, intimidación y reclusión en instituciones psiquiátricas.

No debe permitirse que tales prácticas queden sin una enérgica respuesta de las instituciones europeas. Aunque en Europa muchas personas están luchando contra el cristianismo con medios legales, es nuestro deber, el deber de todos nosotros, adoptar medidas contra la barbarie que estamos presenciando en algunos países de Asia.

  Eija-Riitta Korhola (PPE). – (FI) Señor Presidente, en septiembre, Laos ha dado un importante paso hacia la mejora de los derechos humanos con la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Pacto abarca ámbitos como la religión, la asociación y la expresión, y reconoce el derecho de las personas a expresar sus opiniones políticas.

No obstante, en ocasiones teoría y práctica están muy alejadas la una de la otra, y el viaje de la primera a la segunda puede ser muy largo. Una vez más, se necesita una gran cantidad de voluntad política. Los dirigentes del Movimiento Estudiantil detenidos durante las manifestaciones de octubre de 1999 y otros presos de conciencia deben ser liberados inmediatamente, junto con las personas detenidas en la manifestación pacífica celebrada el 2 de noviembre de este año.

Es particularmente importante que las autoridades laosianas demuestren su voluntad democrática elaborando y aplicando reformas legislativas sin demora. La legislación nacional debe ser coherente con los acuerdos internacionales que Laos ha ratificado. Solo una reforma legislativa y unas elecciones pluripartidistas podrán traer la democracia y, al mismo tiempo, el respeto de los derechos humanos a la República Democrática Popular de Laos.

  Marc Tarabella (S&D). – (FR) Señor Presidente, en julio de 2007, celebraba ante esta misma Cámara que el año 2006 fuera el año de la apertura política a Vietnam. Hacía un llamamiento a Vietnam para que tuviera en cuenta todas las religiones representadas en su territorio y permitiera que su población pudiera elegir su culto libremente.

Más de dos años después, constato que la situación no ha evolucionado en la buena dirección. La libertad de culto no es todavía una realidad en Vietnam, y aumentan los casos de detenciones de monjes budistas, por citar un ejemplo.

Precisamente ahora que Vietnam está a punto de ocupar la presidencia de la ASEAN —y debo encomiar ante este Parlamento los esfuerzos que ha realizado en los ámbitos de la salud, la educación y de reducción de la desigualdad—, con esta resolución queremos recordar al país la importancia de los derechos humanos y pedirle que, en calidad de futuro presidente de la ASEAN, dé ejemplo.

Asimismo, acojo con satisfacción que el Gobierno de Laos haya ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por eso deseo que este pacto pueda respetarse plenamente, sobre todo en lo que respecta a la libertad de expresión y de reunión.

Por último, pedimos al Gobierno de Laos que haga cuanto esté en su mano para liberar a todas las personas detenidas el 2 de noviembre de 2009 durante la tentativa de manifestación pacífica, así como a los dirigentes del Movimiento Estudiantil del 26 de octubre de 1999.

  Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Señor Presidente, ya hemos hablado de Vietnam en este Parlamento, en la anterior legislatura, en particular en el contexto de la persecución religiosa de los budistas. Hoy ha llegado el momento de hablar una vez más de la violación de derechos religiosos en ambos países, esta vez contra los cristianos. Por desgracia, es un rasgo permanente de la realidad política de estos dos países. El Parlamento Europeo, que es muy sensible a las violaciones de los derechos humanos y de los derechos de las minorías, debe hacer una declaración al respecto.

Una cosa más: hoy he venido aquí no sólo como político, sino también como blogger, y un blogger bastante conocido, de hecho, en Polonia. Como blogger, me gustaría protestar por la persecución de nuestros colegas bloggers y usuarios de Internet de Vietnam. Debemos defenderlos enérgicamente.

  Mario Mauro (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, la persecución y la discriminación por motivos religiosos no son nada nuevo en Vietnam. Llevan produciéndose no un día o un mes, sino 50 años.

Me limitaré a mencionar los episodios más recientes, como la demolición de la catedral de la ciudad de Vinh Long, que ha sido sustituida por un parque público, o el despliegue de la policía antidisturbios y de bulldozers para retirar la estatua de la Virgen María del cementerio católico de Hanoi. Es más, un sacerdote y sus parroquianos han sido denunciados por llevar a la comisaría a una persona que había amenazado a un sacerdote. Así, los cristianos, de ser víctimas, están pasando a ser delincuentes.

El aumento del autoritarismo está alcanzando dimensiones preocupantes. De hecho, el Gobierno de Hanoi ha exigido que, por razones de seguridad y para luchar contra los movimientos que se oponen al partido, se bloqueen 10 sitios de Internet que habitualmente difunden contenido político peligroso.

La situación es también muy preocupante en Laos, donde se persigue a los cristianos implacablemente por medio de detenciones y amenazas, hasta el punto de que incluso en ocasiones se les expulsa de sus pueblos.

Señor Presidente, la libertad religiosa es un derecho natural de todas y cada una de las personas. No es un favor concedido por nadie que detente un poder. Por consiguiente, nuestra intervención y nuestro compromiso son de vital importancia.

  Zbigniew Ziobro (ECR). – (PL) Señor Presidente, debemos tomar nota con satisfacción de todas las medidas destinadas a insistir en la importancia de los derechos humanos y a poner de relieve los casos en los que no se respetan, en algunas partes del mundo, en países en los que se violan los derechos fundamentales de las personas. No obstante, cuando prestamos atención a la violación de estos derechos, debemos centrarnos en las situaciones de países concretos en los que se pisotean los derechos de las personas de diferentes religiones y su derecho de profesar libremente su fe y sus preferencias en el ámbito de la libertad religiosa, y expresar sus convicciones en esta esfera. Así pues, debemos alzar la voz de alarma ante cada caso de violación grave en este ámbito.

También hay que recordar que Europa debe dar siempre ejemplo de lugar en el mundo que sigue siendo un modelo de gran tradición, libertad y respeto de otras religiones. Por eso, con un relativo malestar he observado una cosa. Es algo que, por supuesto, no es comparable con los hechos mencionados en esta Cámara. Me refiero a la tendencia que está surgiendo en las decisiones judiciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que parece extralimitarse en el ámbito de la libertad religiosa y de las tradiciones de países determinados, en este caso, la declaración relativa a Italia y las cruces. Creo que este tipo de declaraciones de también pueden crear una atmósfera turbia, en la que algunos símbolos y algunas orientaciones se prestan a una mala interpretación.

En resumen, todos los gestos y las acciones destinados a reforzar la importancia de los derechos humanos son importantes, y deberíamos hablar abiertamente sobre este tema, especialmente en el caso de países en los que se violan los derechos humanos básicos.

  Charles Tannock (ECR). – Señor Presidente, lamentablemente Vietnam y Laos siguen siendo los únicos vestigios, junto con Cuba y la República Popular China, de dictaduras comunistas monopartidistas, en las que la democracia parlamentaria, el debate plural —incluida la libertad de los medios de comunicación y los blogs— y la práctica pacífica de la religión son conceptos ajenos.

En Vietnam, el Gobierno de Hanoi no tolera a los monjes budistas ni a los católicos declarados, y en Laos se persigue al pueblo hmong, muchos de cuyos miembros han huido a Tailandia. Comparto la opinión de que, ni con la mejor voluntad del mundo, y a pesar de los infinitos compromisos internacionales y de las Naciones Unidas, incluidos los compromisos más recientes de la UE en los acuerdos de comercio, las dictaduras comunistas nunca podrán ser democracias liberales.

  Karel De Gucht, Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, la Comisión sostiene que en los últimos años se ha registrado una considerable mejora de la situación política general en Laos, y coincide con el Parlamento en que la ratificación por parte de Laos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es una medida loable hacia el respeto de las libertades religiosa, de asociación, de expresión y de prensa. Además, la Comisión acoge con beneplácito la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.

En abril, el Gobierno de Laos aprobó un decreto en el que permitía la formación y la inscripción en el registro de organizaciones nacionales de la sociedad civil. Ello supone un paso importante hacia la consecución de la libertad de asociación y hacia el reconocimiento de que la sociedad civil cumple un importante papel en el desarrollo del país.

No obstante, compartimos las preocupaciones del Parlamento en relación con los presos políticos. En lo que respecta a las tres personas mencionadas por el Parlamento, las autoridades reiteraron en octubre de 2009 las declaraciones anteriormente realizadas a nuestra delegación en Vientián, en concreto que el señor Keochay ya había sido liberado en 2002. Se informó de que dos de las otras tres personas, el señor Seng-Aloun Phengphanh y el señor Tongpaseuth Keuakaoun, gozaban de buena salud. Las autoridades afirman no tener conocimiento del señor Bouvanh Chanmanivong.

La Comisión ha consultado a los diplomáticos residentes y a otros acerca de las supuestas detenciones de varios cientos de manifestantes a principios de diciembre de 2009. Sin embargo, no hemos podido confirmar esta información.

La Comisión comparte la opinión del Parlamento de que la detención de 158 personas retenidas en Nongkhai requiere una solución urgente. La Comisión hace un llamamiento a los Gobiernos de Laos y de Tailandia para que permitan a los prisioneros establecerse en terceros países que les han ofrecido asilo.

Por lo que se refiere a los hmong de Laos refugiados en campamentos en Tailandia, debería realizarse un estudio adecuado para establecer la situación de los delitos.

Volviendo a Vietnam, la Comisión hace suyas las preocupaciones sobre las recientes muestras de un recrudecimiento de actitud por parte del Gobierno de Vietnam en relación con los derechos humanos. Las recientes detenciones y juicios de bloggers y defensores de derechos humanos pacíficos, así como las tensiones con grupos religiosos como la pacífica comunidad budista y el monasterio de Batna, han constituido un justificado motivo de preocupación en Europa.

Instamos a Vietnam, en su condición de parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a que cumpla sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y libere a todos los prisioneros mencionados, en particular, al abogado de derechos humanos Le Cong Dinh, abogado defensor de la democracia y escritor, a Tran Khai Thanh Thuy y al padre Nguyen Van Ly, sacerdote católico, que actualmente se encuentran detenidos por haber expresado sus opiniones de forma pacífica.

Asimismo, estamos de acuerdo con que unos medios de comunicación más independientes cumplirían una función más útil para canalizar de forma pacífica el descontento social en épocas de presión económica. Por eso alentamos a Vietnam a que adopte una ley de prensa que esté en consonancia con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo a la libertad de expresión.

No obstante, confiamos en nuestro maduro diálogo sobre derechos humanos y en la cooperación con Vietnam. Creemos en un compromiso constructivo. Pero, con el fin de que dicho compromiso siga siendo una opción sostenible, es necesario que el diálogo y la cooperación logren resultados tangibles.

No habrá prueba más palpable de que el diálogo es la mejor opción que la actuación del propio Vietnam.

  Presidente. – Queda cerrado este punto del orden del día.

La votación tendrá lugar al término del debate.

(1) Véase el Acta.

12.3. China: derechos de las minorías y aplicación de la pena de muerte

  Presidente. – El siguiente punto del orden del día son las cinco propuestas de resolución sobre China: derechos de las minorías y aplicación de la pena de muerte⁽¹⁾.

  Véronique De Keyser, autora. – (FR) Señor Presidente, mi grupo ha retirado su firma de la resolución «China». ¿Por qué? No porque consideremos que los derechos humanos sean algo secundario y subordinado a los intereses comerciales —hemos presentado una resolución del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo sin concesiones, que pone de manifiesto nuestro compromiso—, sino porque, para lograr un cambio de comportamiento por parte de China, hay que dialogar, y esta resolución, errática y desprovista de estructura, echa por tierra toda oportunidad de diálogo. En ella se incluye absolutamente todo: el Tíbet, el Dalai Lama y su sucesión, la cruzada religiosa e incluso, por si se nos olvidaba algo, una crítica de todo régimen comunista presente, pasado y futuro.

¿Es así como se abren puertas? No. Lo más trágico es que las puertas volverán a cerrarse a los mismos a los que hoy queremos salvar, es decir, los uigures y los tibetanos sobre los que pesa la amenaza de la pena de muerte.

Insto a China a que deje de tener miedo de la libertad de expresión, para que se abra al mundo, no sólo mediante el comercio y la cultura, sino también compartiendo valores fundamentales.

Exijo que introduzca en el orden del día de la próxima Cumbre UE-China de 30 de noviembre de 2009 la cuestión de la abolición de la pena de muerte. También pido a la Comisión y al Consejo que continúen en su empeño de incluir en el nuevo acuerdo de asociación y cooperación que se está negociando actualmente una cláusula sobre el respeto de los derechos humanos en China.

  Joe Higgins, autor. – Señor Presidente, apoyo los llamamientos para que se ponga término a la pena de muerte en China, y más especialmente cuando la pena de muerte se aplica para aterrorizar a los grupos y naciones de minorías étnicas dentro del Estado de China.

Sin embargo, la UE, los Estados Unidos y otras potencias mundiales, son demasiado blandos en sus críticas de las violaciones de derechos humanos que se cometen en China. En el caso de las violaciones de los derechos de los trabajadores, sus críticas son prácticamente inexistentes. Ello se debe a que desean crear lazos comerciales con las empresas chinas y con la burocracia que controla el Estado para poder aprovecharse de la dramática explotación de los trabajadores de China.

China es una gigantesca fábrica de explotación de obreros. Por ejemplo, decenas de millones de trabajadores migrantes llevan vidas de infame miseria, y sus hijos sufren las consecuencias de las deplorables condiciones en las que viven. Las multinacionales establecidas en la UE y en los Estados Unidos participan en esta explotación para obtener inmensos beneficios.

El régimen chino está intensificando su represión, y la represión ha aumentado desde que los estalinistas chinos han decidido apostar por el mercado capitalista como medio de desarrollo de la economía. Se ejerce una represión masiva de periodistas y de personas que hacen campaña a favor de la justicia, las comunidades y los trabajadores.

Recientemente, un colega mío socialista ha sido expulsado de China. Laurence Coates, un socialista que escribe con el nombre de Vincent Kolo y es editor de «chinaworker.info», fue detenido en la frontera y expulsado de China. «Chinaworker.info» hace campaña a favor de los derechos de los trabajadores y de la libertad sindical. Deberíamos apoyar a los trabajadores de China. Debería hacerse campaña a favor de unos sindicatos independientes y democráticos y del derecho a la huelga, así como a favor de la liberación de todos los presos políticos y los trabajadores activistas detenidos.

Hay que hacer un llamamiento a favor de la libertad de expresión y de reunión y a favor de la solidaridad internacional con los trabajadores de China para luchar contra el abominable régimen burocrático, muchos de cuyos miembros aspiran, obviamente, a convertirse en oligarcas, igual que hicieron anteriormente con el mismo sistema en Rusia.

  Laima Liucija Andrikienė, autora. – Señor Presidente, aunque nos estemos permitiendo un acercamiento a China en materia de cooperación comercial y medioambiental, y pese a que China fue la anfitriona de los maravillosos Juegos Olímpicos del año pasado, China está reincidiendo claramente en lo que respecta a la garantía de los derechos humanos de sus ciudadanos.

La respuesta de las autoridades chinas a las protestas pacíficas en el Tíbet el año pasado y en Xinjiang este año fue completamente desproporcionada, por decirlo de forma suave. Las personas de todas partes del mundo deberían tener el derecho de protestar contra las políticas gubernamentales que no les gustan. En cambio, asistimos a una respuesta brutal y violenta de las autoridades chinas contra los protestantes y a la muerte de cientos de personas.

Otras nueve personas, en su mayoría uigures, han sido ejecutadas sin perdón, en una demostración de que toda voz disidente será acallada con fuerzas brutales y letales por el aparato del Estado de China.

Aunque admiramos la cultura china y avanzamos en el intercambio de mercancías y de inversiones, tenemos el deber de hablar alto y claro y de condenar las muertes y las ejecuciones. Por lo tanto, reiteramos, una vez más, nuestro llamamiento al Gobierno de China para que imponga una moratoria sobre la pena de muerte y conceda más libertad a las provincias que piden una mayor autonomía y que, al mismo tiempo, respetan el principio de «una sola China».

  Barbara Lochbihler, autora. – (DE) Señor Presidente, en los últimos años, China ha registrado un enorme crecimiento económico. La calidad de vida de muchos chinos ha mejorado. Lamentablemente, no se han realizado los mismos avances en la salvaguarda y el respeto de los derechos humanos en China, y esto afecta a todos sus ciudadanos, con independencia de su religión o de su grupo étnico.

Todo lo contrario, las medidas de opresión adoptadas contra los uigures y los tibetanos han aumentado. En lo que respecta a la pena de muerte, es una señal positiva que el Tribunal Supremo de China haya revisado, una vez más, todas las sentencias desde 2007, y suponemos que se revocarán algunas sentencias de muerte.

No obstante, China ostenta el triste título de líder mundial en lo que a ejecuciones se refiere. Tan solo en 2008, se ejecutó al menos a 1 718 personas. Y se calcula que el número de casos que no se han denunciado es mucho mayor. Incluso la cifra más baja indica que China es responsable de más del 70 % de la totalidad de ejecuciones del mundo. Además, China ha ampliado el número de delitos que pueden castigarse con la pena de muerte. Esto significa que el pueblo chino puede ser ejecutado por la comisión de más de 68 delitos. Por eso en esta resolución hacemos un llamamiento a China para que suspenda las ejecuciones que tiene previstas y adopte de forma inmediata una moratoria sobre la pena de muerte.

(Aplausos)

  Crescenzio Rivellini, en nombre del Grupo PPE. – (IT) Señor Presidente, Señorías, mi posición en relación con esta propuesta de resolución es similar a las ideas de un hombre que pertenece a esas minorías que han sido víctimas de discriminación, un hombre que ha ganado el Premio Nobel de la Paz y que preside la primera potencia mundial: Barack Obama.

Comparto los principios de esta resolución. Sin embargo, considero que no debemos repetir, bajo ningún concepto, los errores de los partidos de izquierda, que pretenden declamar derechos en vez de realmente ganárselos.

Es necesario defender a las minorías en China y en cualquier lugar del mundo, pero, antes de presentar una resolución tan exigente, debemos dotarnos de una estrategia, una coordinación de todas las fuerzas y de todo el Parlamento, para no retrasar ni perjudicar las negociaciones con el Gobierno de China.

No creemos que se puedan resolver los problemas relacionados con las minorías y con la pena de muerte en China sin tener en cuenta al Gobierno de China. Es imposible. A este respecto, el Presidente Obama ha actuado bien; no ha hecho concesiones de ningún tipo, pero sigue manteniendo una buena relación con el Gobierno de China, que, reconozcámoslo, está intentando iniciar un diálogo más apropiado en todas las negociaciones con el mundo occidental.

Me pregunto: ¿por qué presentar una resolución —por muy digna de elogio que sea— justo unos días antes de la Cumbre de Nanjing sin coordinar, como medida de precaución, a todos los que participan en ella? ¿Por qué presentar una resolución que ya se ha presentado otras muchas veces justo cuando, afortunadamente, se abre una esperanza con el Gobierno de China? ¿Por qué presentar una resolución que podría estropear los inicios de una nueva relación con el Gobierno de China?

Por estas razones, aunque apoyo los principios de la resolución, que coinciden con los míos, me abstendré en la votación, porque, desde un punto de vista estratégico, considero que puede dañar, en vez de ayudar, el nuevo camino que estamos emprendiendo con el Gobierno de China.

  Bernd Posselt (PPE). – (DE) Señor Presidente, según se ha dicho, esta era una intervención en nombre de nuestro grupo. Tras una amplia consulta la semana pasada, nuestro grupo propuso en la Conferencia de Presidentes que se incluyera este punto en el orden del día. Queremos debatirlo y queremos que se someta a votación. La intervención expresaba la opinión personal de mi colega y no la opinión del grupo.

  Presidente. – Señor Posselt, lo comprendo, pero hemos acordado una cantidad de tiempo determinada, y cada grupo dispone de un minuto de tiempo de uso de la palabra.

  Ana Gomes, en nombre del Grupo S&D. – (PT) En China, se sigue reprimiendo a todos aquellos que tratan de ejercer sus derechos laborales, sociales, civiles y políticos básicos. Esta represión es más cruel e indiscriminada cuando se ejerce contra minorías étnicas como los uigures y los tibetanos, pero tampoco se libran los de etnia han, como el ganador del Premio Sájarov, Hu Jia, ni los abogados y activistas a los que se está persiguiendo tras la visita del Presidente Obama a Pekín.

La detención administrativa de cientos de miles de personas, la tortura sistemática en las prisiones, la represión religiosa y política y las ejecuciones son, todos ellos, métodos incompatibles con las obligaciones de la República Popular China en su condición de miembro de las Naciones Unidas. Además, son métodos ineficaces que no lograrán silenciar ni contener a quienes luchan por la libertad y por los derechos humanos. Y ello es así tanto en China como en el resto del mundo, pues los chinos no son marcianos, no son diferentes del resto de la humanidad.

  Johannes Cornelis van Baalen, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, los liberales estamos en contra de la pena de muerte de un modo general, pero la pena de muerte en China se utiliza para oprimir a las minorías, como los tibetanos, los uigures y otras. Además, China no es una democracia. No se respetan los derechos humanos. China mantiene una severa política contra Taiwán. Debería presionarse a China. Es difícil, lo sé. Constituye un inmenso mercado, pero deberíamos luchar por nuestros principios. Por tanto, apoyamos esta resolución.

  Heidi Hautala, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FI) Señor Presidente, alguien ha preguntado en el debate por qué se ha propuesto esta resolución que pretende promover el diálogo. Se ha propuesto precisamente porque en este momento se están acometiendo los preparativos de la Cumbre UE-China, y el diálogo sobre los derechos humanos es una condición previa.

Nuestro deber en el Parlamento Europeo y en el Subcomité de Derechos Humanos es recordar al Consejo y a la Comisión que los resultados de los diálogos sobre derechos humanos también tienen un papel protagonista en las cumbres.

Lamento que el Comisario de Gucht ni siquiera esté escuchando mis palabras y prefiera hablar con su colega.

Es importante que la UE y China entablen un diálogo, y creo que también China se dará cuenta de que únicamente logrará progresar si hace más transparentes sus procesos de toma de decisiones y si garantiza a sus ciudadanos el derecho a expresar su opinión.

De hecho, no cabe imaginar que China actúe a este respecto de un modo distinto a como lo haría cualquier otra nación que haya tenido que reconocer que, para desarrollar su sociedad, necesita todas esas fuerzas creativas que hoy oprime y tiraniza. Si consideramos que los derechos humanos son universales, realmente no podemos hacer una excepción con China, tal y como ha señalado la señora Gomes, y estoy muy de acuerdo con ella. Así pues, apliquemos a China el mismo rasero que aplicamos a otros países.

  Charles Tannock, en nombre del Grupo ECR. – Señor Presidente, durante mucho tiempo criticado ante esta Cámara la ausencia de derechos humanos en la República Popular China. He criticado la intimidación ejercida contra el pacífico Taiwán para excluir a este país de todas las organizaciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud. He criticado la represión de la pacífica cultura tibetana, la persecución de la secta Falun Gong y de otras minorías religiosas y la práctica de la censura generalizada en China, incluso con los medios de comunicación, Internet y Google.

Condeno, asimismo, el uso brutal y generalizado de las condenas a muerte por delitos menores, tales como la subversión económica y el proxenetismo, aunque cueste creerlo. Con todo, mi grupo, el Grupo ECR, considera que es un asunto de conciencia personal el de creer que la pena de muerte está o no justificada en los delitos más graves de terrorismo y asesinato. De lo que no cabe duda es de que, en los recientes disturbios ocurridos en la provincia de Xinjiang, muchos chinos han inocentes han sido brutalmente asesinados.

No obstante, hoy acogemos, desde luego, con agrado el deseo expresado por la República Popular China de mantener unas relaciones mucho más positivas y armoniosas con sus minorías étnicas y, en particular, con los uigures y otras minorías musulmanas. Por supuesto, al igual que todos los miembros de mi grupo, exijo juicios justos para todas las personas detenidas.

  Filip Kaczmarek (PPE). – (PL) Señor Presidente, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) respalda este proyecto de resolución. Debo confesar que me han sorprendido las propuestas de algunos de mis colegas diputados, miembros de diversos grupos, de que hoy no debería debatirse el tema de que se estén cometiendo aún más violaciones de derechos humanos o del uso generalizado de la pena capital en China. Uno de los argumentos que se han avanzado a favor de ello era la próxima Cumbre UE-China.

Señorías, no deberíamos caer en la tentación de aplicar un doble rasero o una conspiración de silencio solo porque estemos tratando con un país que es un importante asociado comercial de la UE. Estoy seguro de que una de los principales cometidos del Parlamento Europeo es defender los derechos humanos. Y lo es con independencia de que estemos ante una potencia mundial o ante pequeños países como Laos y Vietnam.

La República Popular China es el país que más ejecuciones lleva a cabo en el mundo. No respeta un mínimo de derechos humanos: los reconocidos en las normas jurídicas internacionales, entre ellos el derecho a la defensa y a un juicio imparcial. Hace varios días, celebramos el vigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín. De no haber sido por el valor de criticar el comunismo, de no haber sido por el valor de decir la verdad, Europa hoy sería diferente.

  Justas Vincas Paleckis (S&D). – (LT) Espero que, en el siglo XXI, la pena de muerte sea abolida y que los instrumentos de la pena de muerte solo puedan encontrarse en un museo. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer hasta que eso ocurra, y espero que China siga con determinación ese camino. Durante varios decenios, China ha estado a la cabeza en lo que respecta al índice de crecimiento económico, pero, por desgracia, también en lo referente a las estadísticas de ejecuciones. Por supuesto, Pekín diría que, en un país de tales proporciones, no hay más remedio, y que ni siquiera los Estados Unidos han abolido la pena capital. No obstante, a pesar de ello, si vamos a plantearnos seriamente una asociación estratégica entre la UE y China, que revestiría una enorme importancia para ambas partes, entonces Pekín sí que debería cambiar, sin duda, su política de aplicación de la pena de muerte, así como su política sobre el diálogo entre las minorías étnicas, en aras de su coexistencia armoniosa.

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, la cuestión de los derechos humanos y del respeto de los derechos de las minorías lleva años, si no decenios, constituyendo una fuente constante de conflictos en la relación entre la UE y la República Popular China. La situación de las minorías, en particular, ha empeorado tras finalizar los Juegos Olímpicos, y los tibetanos y los uigures han sido objeto de fuertes presiones en los últimos meses. Por esta razón, no comprendo por qué mis colegas diputados no quieren que se incluya el apartado 9 en la resolución, porque ello fomentaría el diálogo pacífico en vez de la opresión reinante.

China es un poderoso actor en la escena mundial. Además, para ser reconocido como actor en la escena mundial, China debe garantizar el respeto de los derechos humanos. Y esto no sólo debe incluirse en la Constitución, sino que también debe llevarse a la práctica. Esto, y no otra cosa, es lo que piden los tibetanos, los uigures y los grupos de derechos humanos en China.

(Aplausos)

  Bernd Posselt (PPE). – (DE) Señor Presidente, ya he mencionado en esta Cámara que el Congreso Mundial uigur, la organización central de los uigures libres, está ubicada en Múnich, por la misma razón que, afortunadamente, muchos checos y otros muchos pueblos viven en Múnich: porque Radio Free Europe y Radio Liberty también estaban ubicadas allí. La ciudad conserva hoy intacto el mismo espíritu de libertad. Al mismo tiempo, Franz-Josef Strauß, que siempre defendió estas emisoras de la libertad frente a las peticiones para que se cerraran, también procuró que entabláramos una relación con China muy pronto. Las dos cosas no se excluyen mutuamente, sino que son complementarias: unos contactos positivos con China, pero una defensa inequívoca de la libertad religiosa y de los derechos humanos.

Esta semana la policía ha registrado varios hogares en Múnich durante una redada, y se ha detenido a agentes chinos que no hacen sino aterrorizar y espiar a los uigures. Esto muestra el tipo de métodos que emplea China. Son métodos inaceptables. Van desde aterrorizar al pueblo en Múnich hasta aplicar penas de muerte en Ürümqi. Por eso debemos expresar muy claramente nuestras opiniones a este respecto.

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, doy por sentado que el Parlamento Europeo intervendrá, cuando le sea posible hacerlo, para salvar a las personas de la ejecución, por lo que apoyo el llamamiento para una moratoria sobre la pena de muerte.

Sin embargo, el proceso de defensa de los derechos humanos no debe desvirtuarse para dar lecciones a China desde una posición de superioridad moral, poniendo en entredicho la integridad de China o creando una caricatura ridícula de la realidad de la vida en China. Ello no ayuda a las personas chinas que trabajan en favor de los derechos humanos, la libertad y la armonía social. Nuestro objetivo debe ser ayudar a esas personas, y no autoalimentar la petulancia europea.

También me opongo a que en una resolución urgente se incluya una referencia positiva al «Memorándum sobre una autonomía genuina para el pueblo tibetano». Ese tema no es importante ni guarda ninguna relación directa con los derechos humanos. Además, no es una posición aceptable en general. Me gustaría que en el futuro se celebrara un debate de amplio alcance antes de la Cumbre UE-China sobre la relación entre China y la UE, que abarque todos los temas.

  Martin Schulz (S&D). – (DE) Señor Presidente, quisiera hacer mías las palabras de Reinhard Bütikofer. En su día mi grupo propuso que se debatieran las inminentes ejecuciones de los uigures en China y de los participantes en las manifestaciones de protesta contra las elecciones fraudulentas en Irán que habían sido condenados a muerte, porque hay dos países en los que es probable que, muy pronto, se lleven a cabo ejecuciones y, por tanto, es necesario un debate urgente. Es cierto que los chinos ostentan el récord mundial de ejecuciones, como Su Señoría ha señalado, y que el régimen chino es injusto, pues no respeta los derechos humanos. Me gustaría declarar de manera explícita que estamos ante una situación intolerable.

No obstante, en la Conferencia de Presidentes pedimos que las dos cuestiones se trataran por separado: las cuestiones urgentes que estamos debatiendo ahora, es decir, las ejecuciones inminentes, y la cuestión de la relación entre la UE y China en los aspectos económicos, culturales, políticos y de defensa, así como en otros ámbitos. Queremos debatir esto en la Cumbre UE-China y plasmarlo en una resolución. Por eso, el «amasijo» que ha resultado de todo esto no tiene nada que ver con una urgencia. Y por eso nuestro grupo insiste en una votación de la urgencia que habíamos propuesto y no el «batiburrillo» que ustedes han presentado.

  László Tőkés (PPE). – (HU) Señor Presidente, es importante que esta cuestión se haya incluido como una urgencia en el orden del día hoy. El grupo de diputados húngaros de Transilvania también ha propuesto esta cuestión para el debate. Queremos dar las gracias a algunos de los grupos por su participación y su apoyo, pero nos sorprende que el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo retire su firma de esta propuesta de decisión. Lamento que en la reunión de hace dos días se suprimieran algunas secciones del conjunto del borrador, en concreto las referentes a las críticas de los regímenes comunistas y a la protección de las comunidades minoritarias. La UE debería de una vez plantar cara con honestidad y franqueza al legado comunista y a los regímenes comunistas que sobreviven hoy, y entre los que se encuentra China.

  Gesine Meissner (ALDE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, nos oponemos enérgicamente a la pena de muerte en cualquier parte del mundo donde se aplique. También nos oponemos a la opresión de las minorías étnicas y religiosas, y, por desgracia, estas dos cosas están ocurriendo en China.

Muchas personas esperaban que China mostrara un mayor respeto por los derechos humanos como consecuencia de los Juegos Olímpicos y también que, dado que los chinos son conscientes de que el mundo tiene los ojos puestos en ellos, cometieran menos abusos de derechos humanos. Lamentablemente, no ha sido así. Las ejecuciones han seguido su curso, por lo que es muy importante que debatamos este tema hoy, tras las ejecuciones en noviembre de nueve uigures, de las que mucha gente en el mundo no ha tenido noticia, y, antes de estas, las de dos tibetanos.

No falta mucho para la celebración de la cumbre entre la UE y China, y, como varios oradores han mencionado anteriormente, China es un importante asociado comercial. Por eso resulta tan difícil plantear repetidamente la cuestión de las violaciones de los derechos humanos, pero por eso es especialmente importante que debatamos este tema hoy, la víspera de la cumbre. Nos gustaría que la pena de muerte fuera abolida en todas partes. Es un punto positivo que el Parlamento introdujera una moratoria sobre la pena de muerte en 2007, y debemos hacer cuanto esté en nuestra mano para que todo el mundo tenga presente este tema mientras la pena de muerte siga vigente.

  Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Señor Presidente, en calidad de polaco, siempre se me acelera el corazón cuando se habla de los derechos humanos en China. El 4 de junio de 1989, los polacos recuperaron su libertad votando en las primeras elecciones libres, en las que elegimos a un Primer Ministro no comunista. El mismo día, 4 de junio de 1989, el régimen de China reprimía con sus tanques en la plaza de Tiananmen a los estudiantes que se manifestaban. El mundo libre había encontrado una solución para superar el comunismo soviético, pero ninguna para superar el comunismo chino.

La primacía de la economía sigue cantando victoria sobre los valores y los derechos humanos. Esto quedó patente el año pasado, cuando los poderosos del mundo declararon ostentosamente que boicotearían la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín, pero luego todos siguieron sus intereses económicos y desfilaron en primera línea, sordos a los gritos del oprimido pueblo tibetano.

Temo que si aplazamos la aprobación de una resolución, estaremos restringiendo indebidamente este asunto. Por supuesto, el abuso de la pena de muerte es un delito horrible, pero también están las detenciones. Se mata a personas en campos de trabajo en China, se las golpea con porras, se las encarcela, se ahoga la libertad de expresión y se practica la censura. Todo ello debería figurar en esta resolución. Es bueno que se haya puesto sobre la mesa la resolución, pero lo que cuenta sobre todo es que la primacía de los valores de derechos humanos venza sobre los valores económicos. Eso es lo que deseo para todo el mundo.

  Karel De Gucht, Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, quisiera destacar en primer lugar el estado de las relaciones entre la UE y China. Nuestra política con China es la de un compromiso constructivo. En nuestra condición de actores principales de la escena mundial, nuestra asociación estratégica se centra cada vez más en abordar los desafíos mundiales. Un objetivo fundamental de la XII Cumbre UE-China, que se va a celebrar el 30 de noviembre en Nanjing, será precisamente que colaboremos para lograr el éxito de la cumbre de Copenhague sobre el clima y abordar las relaciones UE-China, incluidos los derechos humanos, la crisis financiera y económica y otras cuestiones internacionales.

Pero una asociación estratégica no consiste en tener la misma opinión sobre todas y cada una de las cuestiones. Es cierto que Europa y China pueden no estar de acuerdo y mantener opiniones diferentes sobre algunas cuestiones, como los derechos humanos y la democracia. La solidez de nuestra relación hace que podamos debatir estas cuestiones con total apertura. Las cuestiones de derechos humanos, incluida la pena de muerte y el respeto de las minorías étnicas, se plantean de forma sistemática durante nuestros contactos políticos habituales y, en particular, durante nuestro diálogo sobre derechos humanos con las autoridades chinas.

Así ha ocurrido recientemente durante la XXVIII ronda de 20 de noviembre celebrada en Pekín, donde mantuvimos un abierto debate sobre estas cuestiones. El rechazo de principio de la UE de la pena de muerte y el llamamiento para que sea abolida en China se transmiten de manera enérgica en todas las ocasiones. Lo mismo ocurre con el respeto de los derechos de las minorías étnicas. Les aseguro que seguiremos planteando estas cuestiones también en otros foros, incluso al más alto nivel.

Mi colega, la Comisaria Ferrero-Waldner, mantuvo con Sus Señorías, en marzo, un extenso debate sobre el Tíbet, en el que expuso la posición de la UE. Me gustaría recordar algunos de los aspectos fundamentales que forman la posición de la UE. Siempre hemos apoyado el diálogo entre las autoridades chinas y los representantes del Dalai Lama. Para la UE, los derechos humanos son universales, y la situación en el Tíbet constituye un legítimo motivo de preocupación de la comunidad internacional. La situación del Tíbet se ha enfocado siempre desde esa perspectiva. Continuamente hemos transmitido este mensaje a nuestros interlocutores chinos y hemos escuchado con atención sus opiniones.

La Comisaria Ashton también tuvo ocasión de expresar ante esta Cámara, en julio, su preocupación en relación con los disturbios de Xinjiang, de lamentar la pérdida de vida y expresar sus condolencias y su solidaridad con las familias de las víctimas. La UE apoya cualquier esfuerzo que contribuya a la reconciliación en la región.

La UE respeta el derecho de China de llevar ante la justicia a los responsables de actos violentos, pero reafirma su oposición universal y duradera del uso de la pena de muerte, en toda circunstancia, así como la importancia que concede al derecho a un juicio justo. La UE ha planteado estas preocupaciones en repetidas ocasiones a las autoridades chinas y reitera sus preocupaciones en las dos declaraciones publicadas el 29 de octubre y el 13 de noviembre, como siempre hace en tales situaciones. En las declaraciones se pide a China que conmute todas las penas de muerte pronunciadas en relación con los disturbios en el Tíbet y en Xinjiang. Además, la UE seguirá ejerciendo todos los medios de presión necesarios para que se le permita observar otros juicios relacionados con los disturbios del Tíbet y de Xinjiang.

Todos nosotros compartimos el objetivo de una China más abierta y transparente, que se adhiera a las normas internacionales de derechos humanos y que colabore en la solución de los desafíos mundiales. Todos nosotros esperábamos que los Juegos Olímpicos fueran el inicio de una mayor flexibilidad de China con el respeto de los derechos humanos de las personas. Hasta el momento, este deseo no se ha cumplido. Debemos proseguir nuestra labor para desarrollar nuestra asociación estratégica y para que el respeto de los derechos humanos sea un elemento integrante de nuestro diálogo continuado. La XII Cumbre UE-China en Pekín es una ocasión única de lograrlo, en esta importante fase de nuestra respectiva evolución.

  Presidente. – El debate queda cerrado.

Ahora procederemos a la votación.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), por escrito. – (FI) China ha despedido recientemente al Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y pronto recibirá al Presidente del Consejo Europeo, Fredrik Reinfeldt. Pero debemos ver más acciones que no sean meros gestos diplomáticos. China ha declarado a su propio pueblo y al mundo su compromiso con los derechos humanos, incluidos los de las minorías que residen en el interior de sus fronteras. No obstante, su récord dice otra cosa muy distinta. Últimamente, se han producido una serie de disturbios que han conllevado ejecuciones tras juicios dudosos y celebrados con una celeridad poco habitual. Estas actividades se llevaron en secreto. También está el grave caso de las minorías uigur, a las que el Gobierno de China está aplicando políticas de control de nacimientos que están eliminando progresivamente el grupo. Puesto que la UE se pronuncia en favor de los derechos de las minorías y rechaza taxativamente la pena de muerte, instamos al Gobierno de China a que abra los procesos por los que se juzga y se condena a muerte a los ciudadanos, y a que conmute las sentencias de quienes no han tenido juicios imparciales y públicos. Instamos a las autoridades chinas a que respeten los derechos de las minorías que viven en el interior de sus fronteras, derivados tanto las resoluciones de las Naciones Unidas como de su propia Constitución. Asimismo, instamos a China a que mejore sus derechos humanos, con el apoyo de la comunidad internacional.

  Eija-Riitta Korhola (PPE), por escrito. – (FI) Señor Presidente, comprendo la decepción que han sentido algunos de los diputados de esta Cámara por el hecho de que nuestra resolución sobre China se haya aplazado a una fecha posterior a la visita de la delegación de China y, por lo tanto, dé tal vez la impresión de que la jornada ha sido un fracaso, aunque en realidad la atmósfera fuera excelente.

Todo el mundo desea que la cooperación continúe en un ambiente positivo, pero sin olvidar los hechos. La diplomacia no puede ignorar los derechos humanos, pero para promoverlos necesitamos a la diplomacia y ser conscientes de la situación.

Hace poco visité Pakistán, donde me reuní con el Presidente, el Primer Ministro y otros ministros importantes para hablar sobre los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo. Diría que, a veces, en nuestras resoluciones sobre los derechos humanos, también deberíamos mencionar los aspectos positivos. Y hay motivo para hacerlo en este momento. Hace un año, el Gobierno de Pakistán, elegido democráticamente, nombró al primer ministro para las minorías, quien, además, representaba a la minoría cristiana. Los logros del Gobierno en este ámbito han sido importantes: el país ha aprobado una cuota del 5 % de cargos públicos reservados a las minorías, se han hecho oficiales festividades religiosas para minorías, las minorías contarán con su propio día de celebración el 11 de agosto, y el Senado prevé imponer la misma cuota del 5 % para esa institución.

El proyecto más importante se refiere a la reducción de los casos de violencia. Las minorías y los musulmanes están formando comités locales de «armonía interreligiosa», cuyo objetivo será mitigar tensiones y mejorar el diálogo entre los diversos grupos. Habrá un comité en 112 zonas locales. Si todo va bien, también impedirá eficazmente el reclutamiento por los talibanes. Pakistán es el país más importante en cuanto a seguridad mundial. Si el Gobierno logra eliminar el terrorismo con medios pacíficos como estos, merecerá la pena seguir su ejemplo. Será interesante hacer un seguimiento de la situación.

(1) Véase el Acta.

13. Turno de votaciones

  Presidente. – El siguiente punto es la votación.

(Para los resultados y otros detalles de la votación: véase el Acta)

13.1. Nicaragua (votación)

- Antes de la votación:

  Véronique De Keyser, en nombre del Grupo S&D. – (FR) Señor Presidente, me gustaría recordarle que mi grupo ha decidido no participar en la votación, por las razones que he expuesto anteriormente.

Así pues, no nos abstendremos, pero tampoco participaremos.

  Eija-Riitta Korhola (PPE). – (FI) Señor Presidente, en mi opinión, en el último debate se ha permitido que demasiados diputados excedan su tiempo de uso de la palabra, algunos por casi el doble de tiempo. Le ruego que, por favor, recuerde a todos que, si hace falta, podrá desconectarse el micrófono. Tal vez sería necesario que no perdamos el tiempo de uso de la palabra que se nos concede.

  Presidente. – Sí, a algunas de sus Señorías se les ha concedido dos veces el uso de la palabra, pero no en el mismo tema. En cuanto a las desconexiones, hoy he sido generoso con todos y no he apagado el micrófono a nadie, pero la próxima vez lo haré.

  Raül Romeva i Rueda, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señor Presidente, deseo insistir en el hecho de que nuestro grupo está presente, pero, por la misma razón que el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, hemos decidido no participar en la votación, para marcar nuestra oposición al hecho de que se hayan celebrado este debate y las votaciones.

  Ilda Figueiredo, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (PT) Señor Presidente, nuestra intervención va exactamente en el mismo sentido. Por las razones que también hemos explicado durante nuestra intervención, no vamos a participar en este debate..., en esta votación. Hemos participado en el debate, pero no vamos a participar en esta votación, que es una falsa urgencia, como ya hemos explicado.

  Presidente. – Señorías, debo llamar su atención sobre un pequeño error técnico del apartado 6. Las palabras «criminal» y «disciplinary» se suprimirán de este apartado.

13.2. Laos y Vietnam (votación)

13.3. China: derechos de las minorías y aplicación de la pena de muerte (votación)

- Antes de la votación:

  Bernd Posselt (PPE). – (DE) Señor Presidente, disculpe, pero hay un error en el apartado 3 de la versión alemana y me gustaría pedirle que lo corrigiera en esta versión y, si fuera necesario, en las versiones de los otros idiomas. La versión alemana dice: «Condena la ejecución de dos tibetanos, así como de otros nueve uigures». Lógicamente es un error. Los uigures no son otros tibetanos ni los tibetanos son otros uigures. Me gustaría pedirle que lo corrigiera en todas las versiones.

  Presidente. – Gracias, señor Posselt, se corregirá.

  Presidente. – Con esto concluye el turno de votaciones.

14. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

15. Decisiones relativas a determinados documentos: véase el Acta

16. Declaraciones por escrito que figuran en el registro (artículo 123 del Reglamento): véase el Acta

17. Transmisión de los textos aprobados por el Parlamento durante la presente sesión: véase el Acta

18. Calendario de las próximas sesiones: véase el Acta

19. Interrupción del período de sesiones

  Presidente. – Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.

(Se levanta la sesión a las 16.25 horas).

¿Cuál es el calendario del Consejo para la conclusión de las negociaciones de adhesión con Croacia? ¿Prevé el Consejo fijar todavía este año una fecha para el inicio de las negociaciones de adhesión al otro país candidato de la Europa Sudoriental, la antigua República yugoslava de Macedonia?

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2009 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(EN) Las negociaciones de adhesión con Croacia están avanzando bien, y se están acercando a su etapa final. La octava reunión de la Conferencia Intergubernamental con Croacia de 2 de octubre abordó en total once capítulos y supone un paso crucial en el proceso de adhesión de Croacia. Se abrieron seis capítulos y se cerraron, de manera provisional, cinco, lo que significa que, desde el comienzo de las negociaciones, se han abierto un total de veintiocho capítulos, de los cuales se han cerrado, de manera provisional, doce. La firma de un acuerdo de arbitraje por parte de Eslovenia y Croacia en Estocolmo el 4 de noviembre permitirá a las partes resolver el contencioso fronterizo aún pendiente que ha estado entorpeciendo el avance formal de las negociaciones durante 2009. El acuerdo supone un logro fundamental, y demuestra un compromiso con los principios y valores de la cooperación europea.

No obstante, la Presidencia desea subrayar que las negociaciones de adhesión son un proceso complejo, tanto desde el punto de vista político como técnico. Por tanto, no es apropiado fijar un calendario para la conclusión de este proceso. El avance en las negociaciones se guía principalmente por los esfuerzos realizados por Croacia para prepararse para la adhesión, para abordar los valores de referencia de apertura y cierre, así como para satisfacer los requisitos del marco de negociación y para cumplir sus obligaciones con arreglo al Acuerdo de Estabilización y Asociación. La Presidencia sueca se compromete totalmente a seguir progresando en este proceso y tiene la intención, si se cumplen las condiciones, de convocar al menos una reunión más de la conferencia antes de que finalice este trimestre a fin de abrir y provisionalmente cerrar tantos capítulos como sea posible.

En cuanto al posible comienzo de las negociaciones de adhesión con la antigua República yugoslava de Macedonia, la Presidencia señala la recomendación de la Comisión en la Estrategia de ampliación de este año de iniciar las negociaciones de adhesión. El Consejo no tiene todavía una opinión sobre esta cuestión. No sería adecuado que la Presidencia prejuzgara la posición del Consejo en este asunto.

En la reunión informal del Consejo Ecofin de octubre se debatió la necesidad de establecer «estrategias de salida de carácter fiscal» para reducir y suprimir las medidas extraordinarias adoptadas con el fin de hacer frente a la crisis financiera. Se acordaron medidas de carácter general entre las que se incluía la necesidad de «retirar las medidas extraordinarias a su debido tiempo».

¿Cuál es la estrategia del Consejo para asegurar que esta retirada se produce en el momento oportuno? ¿Qué medidas se han adoptado para asegurar que la retirada del estímulo no sea ni demasiado temprana, lo que prolongaría la crisis, ni demasiado tardía, lo que retrasaría la vuelta a condiciones financieras normales?

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2009 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(EN) Las conclusiones del Consejo (ECOFIN) de 20 de octubre incluyen el compromiso de diseñar una estrategia de salida de carácter fiscal, global y coordinada. La estrategia de salida se diseñará para llegar a un equilibrio entre la estabilización y la sostenibilidad y tener en cuenta las interacciones entre los diferentes instrumentos de política, así como las deliberaciones a nivel mundial. El Consejo desarrollará los detalles de la estrategia de salida en otras reuniones. Una medida importante con respecto a esto serán las recomendaciones a los países que se encuentren en un procedimiento de déficit excesivo, que aprobará el Consejo el 2 de diciembre.

El Consejo ha dispuesto en sus Conclusiones que si la Comisión predice en noviembre de 2009, y la primera mitad de 2010 confirma, que se está llegando a una recuperación económica autosostenida, el punto de partida adecuado para la retirada de las medidas sería el año 2011. Sin embargo, no todos los Estados miembros están afectados de la misma manera, por lo tanto, se deberá aplicar una diferenciación entre ellos cuando se determine el inicio de la consolidación fiscal. La diferenciación se realizará según varios criterios objetivos que tienen en cuenta los aspectos que influyen en los ingresos, gastos y crecimiento futuros de cada uno de los Estados miembros.

Por consiguiente, puede que algunos Estados miembros deseen iniciar la retirada de las medidas de estímulo fiscal antes de 2011.

El Consejo Europeo del 29 y 30 de octubre puso de relieve de hecho que no hay lugar para la autocomplacencia, aunque existan signos de mejora en la economía mundial.

El 10 de noviembre, el Consejo mantuvo un intercambio de opiniones sobre la estrategia de salida en cuanto a las medidas adoptadas por los Estados miembros para apoyar el sector financiero, que se centra en los métodos y la fecha para la retirada progresiva de los sistemas de garantía bancarios que se establecieron durante la crisis financiera.

Pidió al Comité Económico y Financiero que siguiera trabajando en los principios y en plazo provisional para la retirada coordinada de las medidas de apoyo, si bien teniendo en cuenta la situación de cada uno de los Estados miembros, y que presentara un informe lo antes posible.

Además, el Consejo destacó que es necesario regresar a unas posiciones fiscales sostenibles, comenzando por la aplicación de los principios acordados para la estrategia de salida aprobada en octubre de 2009, desplazándose a continuación hacia los objetivos presupuestarios a medio plazo.

La reducción de las tasas de endeudamiento tendrá que derivarse de una combinación de la consolidación fiscal y las reformas estructurales adoptadas para apoyar el posible crecimiento.

¿Puede comentar el Consejo los avances en las negociaciones con miras a la próxima Cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que se celebrará en Copenhague? ¿Cuáles son, según el Consejo, las probabilidades de alcanzar un acuerdo global que permita avanzar a la UE en su conjunto hacia el objetivo de un 30 % de reducción de las emisiones de aquí a 2020?

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2009 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(EN) La UE sigue estando segura de que en Copenhague se puede alcanzar un acuerdo global y amplio a fin de que el aumento de la temperatura global pueda mantenerse por debajo de los 2º C por encima del nivel preindustrial. La ciencia y la economía del cambio climático son claras: cada año de retraso en la adopción de medidas significa que será más difícil y costoso alcanzar nuestro objetivo global. Se ha estado desarrollando el impulso durante los últimos años y la percepción de la urgencia del asunto es mayor que nunca.

El Consejo Europeo del 29 y 30 de noviembre de 2009 confirmó la determinación de la UE de desempeñar un papel destacado y de contribuir a alcanzar un acuerdo jurídicamente vinculante para el período que comienza el 1 de enero de 2013. El Consejo Europeo pidió a la Presidencia que mantuviera una posición de negociación firme durante el proceso y acordó que estudiaría la situación en su reunión de diciembre.

Para garantizar que se alcance un acuerdo ambicioso en Copenhague se requerirá la convergencia sobre los siguientes principios esenciales:

compromisos fuertes y ambiciosos por parte de los países desarrollados de reducción de emisiones para 2020, entre los que se incluyen una visión compartida hasta 2050;

medidas cuantificables, comunicables y verificables llevadas a cabo por los países en desarrollo que den lugar a una limitación del aumento de sus emisiones y a un punto máximo de las mismas lo antes posible;

un marco para la adaptación al cambio climático, así como para el apoyo a la tecnología y a la capacitación;

financiación para los países en desarrollo en el marco de un sistema de gobernanza justo y equitativo.

Ya nos estamos acercando al inicio de la conferencia de Copenhague y se pueden percibir algunos signos positivos y alentadores de los países desarrollados y en desarrollo. Noruega y Japón han incrementado sus compromisos de reducción de emisiones al -40 % y al -25 % respectivamente para el 2020 en comparación con 1990. China y la India están debatiendo de forma constructiva.

Sin embargo, nos espera mucho trabajo. Y lo que es más importante, tenemos que seguir presionando a dos de los interlocutores más importantes en las negociaciones, los EE.UU. y China. La cumbre con los EE.UU. se celebró el 3 de noviembre; la cumbre UE-China está prevista para el 30 de noviembre de 2009.

En resumen, será arduo pero todavía es posible llegar a un acuerdo político ambicioso y coherente en Copenhague. Aunque no podamos resolver los últimos puntos de un documento jurídicamente vinculante, creo que un acuerdo político vinculante con compromisos concretos relativos a la mitigación y la financiación proporciona una base sólida para actuar de forma inmediata en los próximos años. Cuanto más sólido sea nuestro acuerdo político en Copenhague, más rápido avanzaremos hacia un nuevo régimen global sobre el clima, jurídicamente vinculante.

¿Puede el Consejo ofrecer una valoración actualizada de los progresos en las conversaciones en relación con la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Copenhague?

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2009 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(EN) Tal y como señalé ayer durante el debate sobre esta cuestión, la UE sigue estando segura de que se puede lograr un resultado positivo en Copenhague para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2º C por encima del nivel preindustrial. La UE está decidida a desempeñar un papel destacado en ese proceso así como a contribuir a alcanzar finalmente un acuerdo jurídicamente vinculante para el período que comienza el 1 de enero de 2013.

En este contexto, para garantizar que se alcance un acuerdo ambicioso en Copenhague se requerirá la convergencia sobre los siguientes principios esenciales:

compromisos fuertes y ambiciosos por parte de los países desarrollados de reducción de emisiones para 2020, entre los que se incluyen una visión compartida hasta 2050. Algunos países, como, por ejemplo, Japón y Noruega, han elevado sus compromisos. Pero está claro que lo que actualmente está sobre la mesa no constituye lo que la ciencia considera que es necesario para que sea posible mantener el objetivo de los 2º C. En este contexto, la UE reiterará sus peticiones a los otros países desarrollados para asumir objetivos ambiciosos y comparables;

medidas cuantificables, comunicables y verificables llevadas a cabo por los países en desarrollo que den lugar a una limitación del aumento de sus emisiones y a un punto máximo de las mismas lo antes posible. En este contexto, la UE pedirá a los países en desarrollo, que todavía no lo hayan hecho, que presenten sus planes para un crecimiento bajo en carbono y, de ese modo, cuantificar en qué medida esas medidas llevarían a una limitación de sus emisiones. Como ustedes saben, Indonesia, Brasil y Corea del Sur ya han hecho importantes aportaciones;

un marco para la adaptación al cambio climático, así como para la tecnología y la capacitación;

financiación en el marco de un sistema de gobernanza justo y equitativo para la mitigación, la adaptación, la capacitación y la tecnología en los países en desarrollo. En este contexto, será importante acordar ya la cantidad de financiación inmediata que necesitarán los países en desarrollo a fin de crear las condiciones y el marco necesarios para sentar las bases para la aplicación de un acuerdo después de 2012;

En Copenhague, la Presidencia espera —con su apoyo incondicional— alcanzar un acuerdo sobre todos los elementos que acabo de esbozar.

¿Qué medidas ha adoptado el Consejo para asegurar el respeto de las disposiciones en materia de derechos humanos del Acuerdo de asociación UE-Israel?

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2009 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(EN) El Consejo atribuye la máxima importancia al respeto de los derechos humanos en todas sus relaciones con terceros países, entre los que se incluye Israel. De conformidad con el acuerdo euromediterráneo que establece una asociación entre las Comunidades Europeas y el Estado de Israel, sus relaciones se basarán en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos, que guían la política interna e internacional y constituyen un elemento esencial del acuerdo.

El Consejo participa de manera activa en el diálogo regular sobre los derechos humanos con el Estado de Israel a través del grupo de trabajo informal sobre derechos humanos, la última vez, el 3 de septiembre de 2009. El diálogo está caracterizado por un clima abierto y aborda cuestiones que incluyen a las minorías, los derechos de los niños, la detención gubernativa y la libertad de expresión.

Dentro del marco de la Política Europea de Vecindad, las relaciones entre la UE e Israel se guían por el plan de acción. En este plan de acción, tanto la UE como Israel se han comprometido a fomentar los derechos humanos.

Con respecto al proceso de paz en Oriente Medio, el Consejo resaltó en sus conclusiones de 15 de junio de 2009 que todas las partes deben garantizar el respeto al Derecho internacional humanitario.

¿Podría indicar el Consejo en ejercicio si la Presidencia sueca estaría a favor de pedir a Eurostat que recomiende la puesta en práctica del Manual de la ONU sobre las instituciones sin fines de lucro en el Sistema de Cuentas Nacionales teniendo en cuenta que se trata de un área del sistema estadístico que afecta a los ciudadanos europeos de manera directa y, por lo tanto, valida la participación de estos en actividades voluntarias al darles por primera vez visibilidad explícita en el sistema estadístico?

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2009 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(EN) El Consejo sólo puede examinar esta cuestión en función de una propuesta de la Comisión. Hasta ahora, no se ha presentado tal propuesta.

El déficit presupuestario griego se mantuvo, según los datos revisados, de 1997 a 2003 constantemente por encima del criterio de estabilidad del 3 % del Producto Interior Bruto. Grecia no cumplía, por lo tanto, los criterios para su adhesión a la zona del euro.

¿Qué conclusiones se han extraído del hecho de que Grecia se adhiriera a la zona del euro sobre la base de datos erróneos y cómo se va a impedir que esto suceda de nuevo con otro país o con qué consecuencias deberá contarse en ese caso?

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2009 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(EN) El Consejo examina detenidamente todas las cuestiones relativas a la presentación de datos relacionados con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya que estos datos representan la base para su correcta aplicación. En este sentido, las decisiones sobre la adopción del euro se toman después de un examen muy cuidadoso de los criterios pertinentes, de acuerdo con las disposiciones del Tratado. El Consejo abordó la cuestión de la revisión de los datos de Grecia durante el período 1997-2003 en sus Conclusiones de 21 de octubre de 2004 y acogió favorablemente la iniciativa de la Comisión de obtener un informe detallado sobre los datos de déficit y deuda de Grecia de 1997 con miras a extraer las conclusiones necesarias para que no vuelvan a producirse revisiones de tal magnitud.

El Consejo es plenamente consciente de la cuestión pendiente de la calidad de los datos en Grecia y lamenta los problemas reiterados en las notificaciones de dicho país durante el presente año y los anteriores. Abordará la cuestión en una de sus próximas reuniones, de acuerdo con la valoración general que realice la Comisión. El 10 de noviembre, el Consejo pidió a la Comisión que llevara a cabo un informe para finales de 2009 y que propusiera las medidas adecuadas que hay que adoptar en esta situación. Asimismo, acogió favorablemente el compromiso del Gobierno griego de abordar la cuestión sin dilación.

Para evitar que se volviesen a repetir revisiones importantes de datos, el Consejo modificó el Reglamento (CE) nº 3605/93 del Consejo relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea en diciembre de 2005. La modificación reafirma la responsabilidad de los Estados miembros de proporcionar datos correctos dentro del plazo fijado y permite a la Comisión Europea supervisar mejor la calidad de los datos presentados por los Estados miembros. Si fuera necesario, la Comisión puede informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre sus conclusiones.

El Consejo y el Alto Representante para la PESC, en lo que respecta a la instalación del escudo antimisiles estadounidense en Polonia y en la República Checa, se adhirieron a la posición de la administración Bush y de los servicios de seguridad de los EE.UU., que dividió de nuevo a Europa, bien por negarse a asumir una posición al respecto bien por remitir el asunto a las autoridades nacionales o a la OTAN. El 17 de septiembre de 2009, el nuevo presidente de los EE.UU., Barak Obama, anunció la renuncia al escudo antimisiles, poniendo en duda la exactitud de los datos en que se basaba la decisión de instalar el escudo antimisiles en la Europa Oriental.

¿Puede el Consejo adoptar una posición sobre el cambio de la política estadounidense en relación con la instalación del escudo antimisiles en Europa? ¿Puede declarar expresamente que la renuncia a la instalación del escudo constituye un paso positivo en el camino común de los pueblos de Europa?

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2009 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(EN) La instalación del escudo antimisiles estadounidense en los Estados miembros de la UE, que es una cuestión relacionada con la defensa territorial, entra dentro de la competencia de dichos Estados. El Consejo no ha entablado, por lo tanto, deliberaciones formales sobre la decisión de instalar un escudo antimisiles estadounidense en Europa anteriormente, ni esta cuestión ha figurado en el orden del día de ninguna de sus reuniones.

Por motivos similares, la UE no ha planteado la cuestión de un sistema estratégico de defensa antimisiles como tal en sus deliberaciones formales con los EE.UU.

Por consiguiente, el Consejo no tiene intención en este momento de analizar el anuncio del Presidente de los EE.UU., Barak Obama, sobre esta cuestión.

El proveedor de servicios por satélite francés Eutelsat sigue difundiendo las emisiones del canal televisivo Al-Aqsa a pesar de que el contenido de sus programas constituye una violación directa del artículo 3 ter de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual (2007/65/CE⁽¹⁾). Asimismo, dichos espacios contribuyen al incremento de la radicalización en Europa, lo cual supone una amenaza para la seguridad continental. Al-Aqsa es propiedad de Hamás, grupo que figura en la lista de organizaciones terroristas de la UE y que también financia y controla el canal. En diciembre de 2008, el Consejo Superior del Audiovisual (CSA), la autoridad de radiodifusión francesa, comunicó a Eutelsat que los contenidos de Al-Aqsa conculcaban el artículo 15 de la ley francesa relativa a la libertad de comunicación, de 30 de septiembre de 1986, que prohíbe cualquier forma de incitación al odio o a la violencia por motivos de raza, religión o nacionalidad. A pesar de la comunicación del CSA, Al-Aqsa, cuyos programas siguen violando la legislación audiovisual francesa y europea, aún forma parte de la oferta de Eutelsat.

¿Ha informado el Consejo del asunto al Gobierno francés? ¿Qué medidas piensa tomar el Consejo para poner fin a la difusión de Al-Aqsa a través de Eutelsat?

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2009 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(EN) El Consejo comparte la preocupación de Su Señoría sobre la utilización de los medios de comunicación para incitar al odio o la violencia.

Como ya ha dicho la Presidencia en anteriores respuestas al Parlamento Europeo sobre cuestiones similares, la emisión de programas de televisión que contengan cualquier incitación al odio racial o religioso es incompatible con los valores que son la base de nuestras democracias, y es totalmente intolerable.

Como usted sabe, el Consejo, junto con el Parlamento Europeo como colegislador, aprobó el 18 de diciembre de 2007 la Directiva de servicios de comunicación audiovisual. Esta directiva actualiza el marco jurídico de la emisión televisiva y los servicios de comunicación audiovisual en la UE. El artículo 3 ter de esta directiva prohíbe las emisiones que inciten al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad.

El ámbito de esta directiva y su consiguiente jurisdicción puede incluir programas difundidos por organizaciones establecidas fuera de la UE, como, por ejemplo, Al-Aqsa, pero sólo si utilizan las instalaciones de satélite «correspondientes a un Estado miembro». Incumbe al Estado miembro asumir la responsabilidad de la correcta aplicación de la directiva bajo la supervisión de la Comisión. Por lo tanto, con arreglo a la directiva anteriormente mencionada, corresponde a las autoridades nacionales considerar detenidamente la cuestión planteada por Su Señoría. El Consejo tiene entendido que la autoridad normativa de Francia emitió un requerimiento («mise en demeure») en diciembre de 2008 con respecto a la difusión de Al-Aqsa en Eutelsat, y ahora está pensando adoptar otras medidas.

La Unión Europea está llevando a cabo, desde el 8 de diciembre de 2008, una misión militar en el marco de la PESD para luchar contra la piratería y los robos a mano armada.

En la audiencia celebrada el 3 de septiembre de 2009 en la Subcomisión de Seguridad y Defensa, el General Henri Bentégeat, Presidente del Comité Militar de la UE, declaró que en el último año se ha detenido y trasladado a Kenia a 68 piratas.

¿Por qué motivo se traslada a los detenidos a Kenia?

¿En virtud de qué fundamento jurídico es posible realizar tales detenciones?

¿Pueden realizar detenciones todos los buques que participan en la operación Atalanta?

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2009 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(EN) Se entregaron los detenidos a Kenia de conformidad con el artículo 12 de la Acción Común del Consejo relativa a la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, a la prevención y a la represión de los actos de piratería y el robo a mano armada frente a las costas de Somalia.

Esta Acción Conjunta establece que aquellas personas que hayan cometido actos de piratería se trasladarán a las autoridades competentes del Estado miembro del pabellón o de un tercer Estado que participe en la operación, del buque que las capturó, o a un Estado miembro o a un tercer Estado que desee ejercer su jurisdicción sobre las personas mencionadas.

Puesto que, en estos casos, ni aquellos Estados que participan en la operación y capturaron a los piratas, ni otros Estados miembros de la UE, eran competentes para ejercer su jurisdicción sobre los presuntos piratas, o no estaban dispuestos a ejercerla, se trasladaron a la República de Kenia.

De acuerdo con la Acción Común del Consejo, no se podrá trasladar a ninguna persona a un tercer Estado a no ser que se hayan acordado las condiciones para el traslado con dicho Estado de conformidad con el Derecho internacional pertinente. En aquel momento, Kenia era el único país con el que la Unión Europea había llegado a un acuerdo sobre las condiciones de traslado de personas sospechosas de cometer actos de piratería.

El fundamento jurídico para la detención es el artículo 105 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esta convención establece que en alta mar, o en cualquier otro lugar fuera de la jurisdicción de cualquier Estado, todos los Estados podrán tomar un barco o un avión pirata y detener a las personas y embargar los bienes que se encuentren a bordo.

Los Estados miembros de la UE, que son parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, autorizaron, de conformidad con la Acción Común del Consejo ya mencionada, que la Fuerza Naval de la UE aplicara las potestades otorgadas con arreglo al artículo 15 de dicha Convención. En virtud de la Resolución 1816 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y resoluciones posteriores, dichas potestades se pueden ejercer con respecto a los autores de robos a mano armada dentro de las aguas territoriales de Somalia.

En cuanto a si todos los barcos que intervienen en la operación Atalanta son competentes para realizar detenciones, puedo confirmar que la Acción Común es aplicable a todos los Estados miembros de la UE que participan en la operación.

Las modalidades de detención se establecen en los documentos de planificación acordados por el Consejo y se aplican a todos los barcos que participan en la operación, a no ser que sus normas nacionales les impidan hacerlo.

La recesión económica afecta a los distintos países de la UE de diferentes maneras. Algunos conseguirán superar la crisis rápida y fácilmente, en tanto que otros tendrán que pagar un precio más alto. Lo que resulta más penoso es que ese precio lo pagarán las personas con ingresos más bajos. Esto puede agravar aún más la pobreza y la exclusión social. Lituania es uno de los países en los que el desempleo está aumentando más bruscamente, en tanto que las pensiones, las prestaciones sociales y los programas sociales se están reduciendo. Los gobiernos están instando a todo el mundo a apretarse el cinturón y a resolver los problemas con un espíritu de solidaridad, pero las capacidades intrínsecas de los Estados miembros son limitadas. El principio de solidaridad debería aplicarse también en la Unión Europea. La autora de la pregunta no tiene duda de que se pueden encontrar formas de apoyar a aquellos Estados miembros más afectados por la crisis. Un ejemplo sería el Fondo Social Europeo (FSE). Si se suspendiera temporalmente la cofinanciación nacional de los proyectos del FSE, los recursos que quedasen disponibles podrían utilizarse para hacer frente al desempleo y a los problemas sociales.

¿Qué opina el Consejo sobre la posibilidad de suspender temporalmente la cofinanciación nacional de los proyectos del FSE? ¿Qué otras medidas propone el Consejo para atenuar el deterioro social en los Estados miembros?

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2009 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(EN) El Consejo comparte la preocupación de Su Señoría con respecto a la gravedad de la actual crisis económica y financiera y su efecto sobre los grupos vulnerables de la población de la UE.

Como muy bien saben los diputados, la Comisión presentó al Consejo en julio una propuesta de modificación del Reglamento General relativo a los Fondos Estructurales. Entre otras cosas, la Comisión proponía una opción temporal para que los Estados miembros soliciten durante 2009 y 2010 pagos provisionales efectuados por la Comisión sin necesidad de fijar una cofinanciación nacional para programas que sean pertinentes con arreglo al Fondo Social Europeo.

Sin embargo, ha quedado claro que esta propuesta no tiene el apoyo suficiente entre los Estados miembros, en particular, porque varios consideran que la cofinanciación nacional es uno de los principios básicos de la política estructural de la UE, y no hay que desviarse de él.

Por otra parte, el Consejo cree firmemente que son necesarias las medidas adicionales para paliar los efectos de la crisis económica en aquellos Estados miembros más afectados. Por consiguiente, el Consejo está examinando actualmente sistemas alternativos —que estarían mucho mejor dirigidos a aquellos Estados miembros que más los necesitan— de utilizar los Fondos Estructurales para este fin. Cualquier solución que adopte el Consejo se enviará, por supuesto, al Parlamento para su aprobación.

Otra medida cuyo objetivo es paliar el efecto de la crisis es el Reglamento modificado por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Este Reglamento se reformó en 2009, como parte del Plan Europeo de Recuperación Económica, para permitir al Fondo reaccionar con mayor eficacia en apoyo de los trabajadores despedidos como consecuencia de la globalización, ampliar su ámbito de manera temporal para abarcar los despidos producidos por el efecto de la crisis económica y financiera mundial, y armonizar aún más el funcionamiento del Fondo con su objetivo solidario.

Además, actualmente se está debatiendo, en el Consejo y en el Parlamento Europeo, un nuevo instrumento de microfinanciación, que se gestionaría conjuntamente con las instituciones financieras internacionales, y cuyo objetivo es aumentar el acceso a los microcréditos para los grupos vulnerables de ciudadanos para permitirles emprender sus propios nuevos negocios, así como para las microempresas, y, por consiguiente, reducir el desempleo y la pobreza que se deriva de la actual crisis económica y financiera.

Para el funcionamiento del instrumento, se podrían utilizar las actuales estructuras del FSE así como las medidas de apoyo de otras iniciativas comunitarias, como, por ejemplo, JEREMIE y JASMINE. Se supone que la cuantía inicial de 100 millones de euros que se redistribuiría desde el programa Progress, tal y como propuso la Comisión, podría tener un efecto palanca de más de 500 millones de euros y, por lo tanto, contribuiría a la recuperación de las economías de cada uno de los Estados miembros.

La Unión Europea es el más importante socio institucional del Consejo de Europa, tanto a nivel político como técnico. Sus objetivos comunes son reforzar el espacio jurídico común europeo y crear un sistema coherente de protección de los derechos humanos fundamentales, centrado en valores de referencia para los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia en la totalidad del continente europeo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una de las instituciones establecidas para poner en práctica esos objetivos comunes, especialmente dedicada a proteger los derechos humanos de los ciudadanos de todos los Estados miembros del Consejo de Europa.

Lamentablemente, se observan deficiencias en el trabajo del Tribunal. Se encuentran pendientes ante dicho Tribunal alrededor de 100.000 asuntos, 60 000 de los cuales proceden de Rumanía, Ucrania, Turquía y Rusia (unos 20 000 procesos provienen únicamente de este país). A esto se añaden cada mes 2 000 asuntos pendientes, con lo cual la duración de un proceso en el Tribunal ha llegado a los siete años. Por consiguiente, los demandantes que han sufrido violaciones de los derechos humanos en sus países se ven obligados a esperar casi 10 años para obtener justicia. La lentitud de los procedimientos en el Tribunal crea una situación que infringe el derecho de los demandantes a un juicio rápido y equitativo. Algunos expertos opinan que la situación es crítica. Si no se encuentra una solución en un futuro próximo, el Tribunal corre el riesgo de desacreditarse.

¿Cómo valora el Consejo esta situación? ¿Qué medidas se propone adoptar con el fin de mejorar o de facilitar el trabajo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Qué acciones podrían llevar a cabo los Estados miembros de la Unión Europea en este ámbito?

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2009 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(EN) El Consejo es plenamente consciente de las dificultades que ha destacado Su Señoría y está especialmente preocupado por las consecuencias de esta situación, provocada sobre todo por la no ratificación de Rusia del Protocolo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre la eficacia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Protocolo 14, que establece la simplificación de los procedimientos del Tribunal e intenta ayudarle a abordar la acumulación de asuntos, sólo podrá entrar en vigor cuando lo ratifiquen todos los miembros del Consejo de Europa.

La Unión Europea trata regularmente la cuestión de la ratificación del Protocolo 14 a todos los niveles en su diálogo político con Rusia. Su respuesta, en relación a las posibilidades de ratificación por el Parlamento ruso del citado Protocolo, ha sido recientemente más positiva. Según algunas señales, podría ser posible la ratificación a finales de 2009.

Los Estados miembros de la UE siguen haciendo todo lo posible por ayudar al Tribunal, incluso mediante la aprobación, como medida provisional, del Protocolo nº 14 bis y de un acuerdo sobre la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Protocolo nº 14. El Protocolo nº 14 bis se aplica a aquellos Estados miembros del Consejo de Europa que lo hayan ratificado y el acuerdo a aquellos Estados miembros que hayan declarado estar dispuestos a obligarse en virtud del mismo. El Protocolo nº 14 bis y el acuerdo sobre la aplicación provisional establecen las dos mismas medidas de carácter procesal referentes al número de jueces que examinan las demandas y deciden sobre su admisibilidad y fundamentos de derecho. Estas medidas ya se incluían en el Protocolo nº 14 y su objetivo es otorgar más competencia al Tribunal para la tramitación de asuntos. Ciertamente, deberían ayudar al Tribunal a hacer frente a la cada vez mayor afluencia de nuevas demandas y al constante aumento de acumulación de asuntos.

No obstante, los Estados miembros y otros Estados reconocen de manera generalizada que es necesario hacer más a este respecto. Para este fin, la UE acoge favorablemente la conferencia de alto nivel sobre el futuro del Tribunal que se celebrará en Interlaken en febrero del próximo año durante la presidencia suiza del Comité de Ministros del Consejo de Europa. La UE toma parte activa en los preparativos de la conferencia y lo ve como una prioridad para el Consejo de Europa.

Rusia y otros 50 países firmaron en 1994 el Tratado sobre la Carta de la Energía y los documentos con él relacionados, pero, hasta el momento, Moscú no ha ratificado la Carta. En agosto, Rusia rechazó oficialmente la ratificación de este Tratado y de su Protocolo sobre la eficacia energética y los aspectos medioambientales relacionados. Belarús y Noruega tampoco han ratificado la Carta de la Energía.

Desde el año 2000, la UE viene esforzándose en vano para que Rusia, una vez haya ratificado la Carta, prevea las inversiones necesarias para el desarrollo de tecnología energética, elimine los monopolios en la distribución de energía y liberalice las inversiones relacionadas con el mercado de la energía.

A nivel comunitario se ha subrayado en reiteradas ocasiones la importancia del Tratado sobre la Carta de la Energía así como el hecho de que todos los países que lo han firmado cumplan sus obligaciones.

¿Qué medidas adicionales considera el Consejo que se pueden adoptar para garantizar que estas disposiciones se ponen realmente en práctica?

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2009 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(EN) La Presidencia quiere recordar la posición comunitaria de acuerdo con la cual Rusia debería ratificar el Tratado sobre la Carta de la Energía sin renegociación. Esta posición se ha reiterado en cada una de las reuniones del Diálogo UE-Rusia sobre energía. La UE lamenta que Rusia decidiera cambiar de rumbo y retirarse como firmante de dicho tratado.

La Comunidad Europea está abierta a estudiar la manera adecuada de animar a Rusia a intervenir en el Proceso de la Carta de la Energía. Con ese objetivo, la Comunidad Europea seguirá fomentando la aplicación de las disposiciones a las que ha hecho referencia Su Señoría —así como de los principios básicos del Tratado sobre la Carta de la Energía— en el contexto de las negociaciones en curso sobre el nuevo Acuerdo de Colaboración y Cooperación UE-Rusia y, asimismo, en el marco del Diálogo UE-Rusia sobre energía.

En cuanto a los otros países que tampoco lo han ratificado y que ha mencionado Su Señoría, el Consejo subraya que en el caso concreto de Noruega, su pertenencia al Espacio Económico Europeo garantiza su aplicación del acervo comunitario sobre energía.

Con respecto a Belarús, el Consejo recuerda que es uno de los países que pertenecen a la Asociación Oriental en la que se debaten las disposiciones a las que ha hecho referencia Su Señoría, especialmente en su Plataforma sobre seguridad energética.

¿Afectará la adopción del Tratado de Lisboa a la competencia de control presupuestario en relación con el presupuesto para armamento («fondo inicial»)? Tradicionalmente esta competencia corresponde al Parlamento.

El artículo 41, apartado 3 del Tratado consolidado permite garantizar el acceso rápido a los créditos del presupuesto de la UE. ¿Es aplicable ya a los créditos presupuestarios en curso?

¿Es cierto que, tras la entrada en vigor del Tratado, el Consejo podrá decidir por mayoría cualificada sobre la cuantía y el uso del fondo inicial y que, por tanto, el Parlamento ya no podrá ejercer el control presupuestario? (artículo 41, apartado 3, del Tratado UE)

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2009 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(EN) El artículo 41, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, modificado por el Tratado de Lisboa, establece un fondo inicial para financiar los «preparativos de las misiones contempladas en el apartado 1 del artículo 42 y en el artículo 43 que no se imputen al presupuesto de la Unión». Este fondo se constituirá por contribuciones de los Estados miembros.

Asimismo, este artículo dispone que el Consejo adoptará por mayoría cualificada las decisiones que establezcan las modalidades de constitución y de financiación del fondo, en particular los importes financieros asignados al mismo, así como las modalidades de gestión del fondo y de control financiero.

Los créditos presupuestarios en curso de la UE contienen algunos elementos relativos a los preparativos de las acciones emprendidas en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común. No obstante, no existen disposiciones concretas sobre el acceso rápido a los créditos dentro de las normas financieras que actualmente están en vigor.

La propuesta de la Presidencia sueca de un programa plurianual para un espacio de libertad, seguridad y justicia (Programa de Estocolmo) no hace ninguna referencia al desarrollo de una estrategia de la UE de defensa de los derechos del niño, mencionada específicamente en la lista de prioridades para promover los derechos de los ciudadanos de la Comunicación de la Comisión (COM(2009) 262). Esta prioridad constituye un factor clave para asegurar la aplicación del artículo 2.3.2 propuesto y del artículo 3, apartado 3, del Tratado de Lisboa, según el cual la UE «fomentará [...] la protección de los derechos del niño». ¿Puede indicar el Consejo si hay una razón en particular por la que no se ha incluido dicha prioridad, y si considerará incluirla para asegurar que los compromisos con los derechos del niño se apliquen correctamente?

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2009 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(EN) El Consejo está de acuerdo con Su Señoría en subrayar la importancia de promover los derechos del niño. Por lo tanto, llama la atención de Su Señoría sobre el hecho de que los «derechos del niño» y la Estrategia sobre Derechos del Niño de la UE están incluidos en el Proyecto del programa plurianual para un espacio de libertad, seguridad y justicia (programa de Estocolmo).

El capítulo 2.3.2 está totalmente dedicado a los derechos del niño y pone de relieve que estos incumben a todas las políticas de la UE. Los derechos del niño deben tenerse en cuenta de manera sistemática y esencial y la Comunicación de la Comisión «Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia» (2006) refleja importantes consideraciones a este respecto. Deben recibir especial atención los niños que se encuentren en situaciones particularmente vulnerables, sobre todo los menores no acompañados en el contexto de la política de inmigración, niños que son víctimas de la trata, la explotación sexual y el abuso.

No obstante, hay que resaltar que los órganos del Consejo todavía están debatiendo la propuesta antes mencionada de un programa plurianual y el Consejo no puede adelantarse a su texto final antes de la conclusión de los trabajos.

Habida cuenta de que, en su última reunión, el Consejo declaró que la asignación de financiación de la lucha contra el cambio climático no debería dificultar el avance hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿puede dar más detalles sobre cómo puede la «financiación innovadora» favorecer la consecución de los ODM y contribuir a la financiación de la lucha contra el cambio climático?

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2009 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(EN) El cambio climático se ha convertido en un desafío mundial. Sus consecuencias ya se pueden ver hoy y, por lo tanto, es necesaria una acción inmediata. En la reunión del Consejo Europeo de octubre, los Jefes de Estado o de Gobierno establecieron la posición de la UE con respecto a la próxima conferencia de Copenhague. El Consejo Europeo reiteró su determinación de desempeñar un papel destacado y de contribuir a alcanzar un acuerdo global, ambicioso y amplio. Aunque la UE está preparada para asumir su parte de responsabilidad en Copenhague, su sola acción no será suficiente y una parte esencial del acuerdo que allí se alcance será el pacto sobre la financiación. Asimismo, hemos reconocido la necesidad de elaborar acuerdos para utilizar mejor los nuevos flujos financieros y de inversión sostenibles procedentes de diversas fuentes, entre las que se incluyen las formas innovadoras de financiación. Con carácter más general, el Consejo Europeo de octubre señaló que la «financiación innovadora pude ayudar a garantizar los flujos previsibles de financiación para el desarrollo sostenible, especialmente hacia los países más pobres y vulnerables».

Toda la comunidad internacional es ahora consciente de que el efecto del cambio climático hace posible que se invierta el avance hacia la consecución de los ODM. Por esa razón, el cambio climático es al mismo tiempo una cuestión sobre desarrollo y medio ambiente. Aunque se incluya el cambio climático en el ODM 7, está claro que está interrelacionado con otras cuestiones relativas al desarrollo, especialmente la pobreza y el hambre. Por lo tanto, el hecho de abordar el efecto negativo del cambio climático tendría también beneficios en cuanto a la mejora la seguridad alimentaria y reducción de la pobreza, tal y como señala el ODM 1.

El Consejo Europeo de octubre señaló claramente que «junto con la asignación de financiación de la lucha contra el cambio climático, todas las partes internacionales deberían comprometerse a que dicha financiación no socave o ponga en peligro la lucha contra la pobreza y el avance continuo hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En especial, las actividades emprendidas en respuesta al cambio climático tienen que estar orientadas en función de la situación de cada país y deben basarse claramente en las necesidades, opiniones y prioridades de los países socios. Deben tenerse en cuenta (en su caso) las estrategias sobre desarrollo sostenible, las estrategias relativas a la reducción de la pobreza y las políticas y los instrumentos sobre cambio climático con ellas relacionadas que existan a nivel nacional.

Los países en desarrollo deben establecer y aplicar sus estrategias nacionales sobre cambio climático y garantizar su total integración en las políticas, planes y programas en todos los sectores pertinentes (p. ej. agricultura y desarrollo rural, gestíon de los recursos hídricos, etc.). Por supuesto, desde el punto de vista de los donantes, estos deben ser acordes con los principios de la coherencia política para el desarrollo (CPD), así como con los de la eficacia de la ayuda.

Por lo tanto, todos los países tienen que comprometerse a mejorar el nexo entre el cambio climático y la planificación del desarrollo y a maximizar las sinergias entre la reducción de la pobreza y la mitigación y adaptación del cambio climático.

¿Está el Consejo preocupado por la hemorragia de puestos de trabajo desde la UE a países del Extremo Oriente, China y la India? ¿Puede indicar si existe alguna política para implantar una estrategia coherente destinada a establecer un entorno más competitivo y atractivo para la creación de empleo en la UE?

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2009 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(EN) Su Señoría ha formulado una pregunta muy oportuna relativa a una estrategia coherente destinada a establecer un entorno más competitivo y atractivo para la creación de empleo en la UE en una economía globalizada.

El Consejo desea reiterar que en su opinión la economía global abierta ofrece la oportunidad de estimular el crecimiento y la competitividad también en Europa⁽¹⁾. En este contexto, el Consejo desea, en particular, recordar su compromiso de llevar a cabo las políticas internas y exteriores de la UE de forma coherente, contribuyendo así a maximizar los beneficios y minimizar los costos de la globalización⁽²⁾.

El artículo 125 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea estipula que los Estados miembros y la Comunidad trabajarán para desarrollar una estrategia coordinada para el empleo y especialmente, para promover una mano de obra competente, cualificada y adaptable y mercados laborales receptivos al cambio económico. Para responder a este requisito del Tratado, la Unión ha desarrollado desde 1997 la Estrategia europea para el empleo que, a lo largo de los años, se ha integrado cada vez más plenamente con otras estrategias de la Unión y que, en 2000, pasó a formar parte del Tratado de Lisboa. Una parte importante de la Estrategia europea para el empleo son las denominadas directrices integradas que el Consejo redacta de conformidad con el artículo 128, apartado 2, del TCE y que los Estados miembros tienen que tener en cuenta en sus políticas de empleo.

Las actuales directrices integradas estarán en vigor hasta 2010, e incluyen aspectos macroeconómicos, microeconómicos y de empleo. Aunque el objetivo general del crecimiento y el empleo es intrínsico a todas ellas, se puede considerar que determinadas directrices abordan de una manera más detallada el establecimiento de un entorno más competitivo y atractivo para la creación de empleo en la UE, como, por ejemplo, el fomento de una asignación de recursos eficiente y orientada hacia el crecimiento y el empleo, la inversión en I+D, la ayuda a todas las formas de innovación, la consolidación de las ventajas competitivas del tejido industrial de la UE, más cultura empresarial y la creación de un entorno de apoyo a las PYME, el funcionamiento de los mercados laborales, así como la evolución de los costes laborales y el establecimiento de mecanismos de fijación de salarios.

Se espera una comunicación de la Comisión con respecto a la futura estrategia.

Concretamente, con respecto a la Estrategia europea para el empleo después de 2010, se prevé que, el 30 de noviembre de 2009, el Consejo celebre un debate político sobre la «Recuperación de la crisis y preparación para la Estrategia de Lisboa después de 2010». Para preparar el debate del Consejo, el Comité de Empleo ha presentado ya un dictamen sobre la estrategia europea para el empleo en el Programa de Lisboa para después de 2010⁽³⁾. En este dictamen, el Comité de Empleo considera que las reformas del mercado laboral en el ámbito de la oferta y la demanda deberían impulsar la creación de más y mejores empleos para todos.

¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo ante los informes recientes de diversas organizaciones de periodistas que califican a Rusia como uno de los países más inseguros del mundo para el desempeño de esta profesión, a la vista especialmente de las numerosas agresiones violentas y homicidios de los últimos años?

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2009 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(EN) El compromiso de la UE con los derechos humanos es bien conocido. En sus relaciones exteriores, insiste de manera constante en la necesidad de respetar totalmente los derechos humanos. La Presidencia es plenamente consciente de la preocupación de muchos miembros de este Parlamento por la situación de los derechos humanos en Rusia, y como señalamos durante el reciente debate en este Pleno sobre la Cumbre UE-Rusia, compartimos totalmente sus preocupaciones. De hecho, el Consejo está informado de los recientes informes elaborados por la Federación Internacional de Periodistas, y el Comité para la Protección de los Periodistas, así como por otras organizaciones no gubernamentales internacionales, en relación con los peligros y la violencia a la que se enfrentan los periodistas y los defensores de los derechos humanos en Rusia, en especial, en el Cáucaso septentrional.

Como ya señaló la Presidencia en la OSCE del 3 de septiembre, compartimos la valoración de que mientras estos delitos permanezcan sin resolver, seguirá prevaleciendo un clima de impunidad en Rusia y los autores creerán que pueden seguir llevando a cabo dichos actos. Las agresiones contra los periodistas y los defensores de los derechos humanos suponen una especial amenaza para la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho.

La Presidencia, en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea, condenaron pública y resueltamente los casos recurrentes de amenazas, agresiones y homicidios contra periodistas y defensores de los derechos humanos que se produjeron en Rusia, en especial, en el Cáucaso septentrional, e instó a las autoridades rusas a investigar sin dilación y de manera exhaustiva esos casos y a entregar a los responsables a la justicia.

Con frecuencia, la Unión Europea plantea sus preocupaciones sobre la seguridad de los defensores de los derechos humanos y el clima de impunidad a Rusia, tanto en encuentros bilaterales como en foros multilaterales. En la Cumbre UE-Rusia de Estocolmo, la Presidencia planteó su cada vez mayor preocupación sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Rusia. Las recientes consultas con éste país a propósito de los derechos humanos, que tuvieron lugar el 4 y 5 de noviembre de 2009 en Estocolmo, se centraron principalmente en la libertad de expresión y la situación de los defensores de los derechos humanos, en especial, en el Cáucaso septentrional. En el contexto del diálogo político UE-Rusia, la Unión Europea solicitó información sobre la investigación en los casos concretos de homicidios de periodistas y defensores de los derechos humanos. La Unión Europea seguirá haciendo un seguimiento de los juicios de destacados defensores de los derechos humanos y periodistas que se celebren en Rusia.

Además, la Presidencia organizó varias reuniones con Rusia y ONG internacionales para abordar el reciente aumento de la violencia contra los defensores de los derechos humanos en el Cáucaso septentrional, y asistió a la conferencia de las ONG que se celebró en Estocolmo el 27 y 28 de octubre de 2009 en la que formularon recomendaciones para la acción de la UE.

La Unión Europea propuso cooperar con Rusia en proyectos concretos para mejorar la situación de los periodistas y los defensores de derechos humanos. Puedo asegurar a Su Señoría que el Consejo se compromete a continuar sus acciones con el objetivo de mejorar la situación de los derechos humanos en Rusia.

Desearía pedir a la Presidencia sueca que examine la posibilidad de introducir modificaciones en la Estrategia de la UE para la región del mar Báltico y en el Plan de acción que lo acompaña. ¿Sería posible apartarse del principio con arreglo al cual sólo se pueden apoyar los proyectos que ya han sido aprobados y que están en curso, teniendo en cuenta que este principio no se estableció en concertación con las partes interesadas en la Estrategia? En mi opinión, el proyecto más emblemático sobre la infraestructura de transporte debería incluir la ruta 65 del corredor de transporte centroeuropeo (CETC) que enlaza Escandinavia, a través del mar Báltico, así como las regiones que participan en la iniciativa CETC en Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Croacia, con el mar Adriático.

A la vista de todo lo expuesto, ¿qué opina la Presidencia sueca de la inclusión de dicho corredor de transporte centroeuropeo en el documento de referencia? ¿Qué medidas piensa tomar a este respecto?

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2009 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(EN) En su reunión del 26 de octubre de 2009, el Consejo aprobó las Conclusiones sobre la Estrategia de la UE para la región del mar Báltico. El Consejo Europeo del 29 y 30 de octubre aprobó esta estrategia, y, asimismo, apoyo las conclusiones del Consejo y pidió a la Comisión que presentara a éste un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de esta estrategia en junio de 2011.

En sus Conclusiones, el Consejo, entre otras cosas, pidió a la Comisión que revisara la Estrategia y la modificara, según proceda, regularmente, y que efectuara las necesarias actualizaciones del Plan de acción, que forma parte de la misma.

El Plan de acción es un documento vivo, los proyectos se marcarán con una señal de visto bueno después de su aplicación exitosa, y se desarrollaran y añadirán nuevos proyectos.

Las sugerencias relativas a la incorporación de proyectos al Plan de acción vigente deberán dirigirse a la Comisión, que las procesará como corresponde.

Actualmente, la Comisión está organizando un grupo de alto nivel de funcionarios procedentes de todos los Estados miembros de la UE al que se consultará sobre las modificaciones de la Estrategia y el Plan de acción. Además, un foro anual salvaguardará la intervención de las partes interesadas afectadas procedentes de todos los niveles de la región. Con respecto al proyecto mencionado, por el momento, la Presidencia no tiene una opinión sobre esta cuestión.

¿Podría ofrecer el Consejo una evaluación actualizada del estado en que se encuentra el proceso de paz en el Oriente Próximo?

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2009 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(EN) La reanudación de las negociaciones de paz palestino-israelí sigue siendo clave. El Consejo ha instado a ambas partes a adoptar medidas inmediatas para reanudar las negociaciones de paz, respetando anteriores acuerdos y pactos, y les ha pedido que apliquen sus obligaciones con arreglo a la hoja de ruta. El Consejo considera que todos los interlocutores deben contribuir a un entorno favorable para reanudar las negociaciones y sigue apoyando los esfuerzos de EE.UU. a tal efecto.

El Consejo continúa profundamente preocupado por las actividades de asentamiento, las demoliciones de casas y los desahucios que se producen en los territorios palestinos ocupados, incluido Jerusalén Oriental. Insta al Gobierno de Israel a finalizar de inmediato sus actividades de asentamiento, incluido Jerusalén Oriental e incluido el crecimiento natural, y a desmantelar todos los enclaves construidos desde marzo de 2001. En opinión del Consejo, los asentamientos son ilegales con arreglo al Derecho internacional y supone un obstáculo para la paz. Asimismo, el Consejo ha instado a la Autoridad Palestina a seguir haciendo todo lo posible para restablecer el orden público.

La Unión Europea continúa preocupada por la situación humanitaria en Gaza y pide la apertura inmediata e incondicional de sus pasos fronterizos para permitir el flujo de ayuda humanitaria, mercancías y personas. Se tiene que permitir la reconstrucción y la recuperación económica. Pide a aquellos que retienen al soldado israelí secuestrado, Gilad Shalit, que lo liberen de inmediato.

El Consejo ha expresado su continuo apoyo al Presidente Mahmoud Abbas y a los esfuerzos de mediación llevados a cabo por Egipto y la Liga de Estados Árabes. La superación de las divisiones entre palestinos ayudaría a evitar una mayor división entre Cisjordania y Gaza y a preservar las oportunidades de restaurar la unidad del futuro Estado palestino. El Consejo pide a todos los palestinos que hallen un terreno común, basado en la no violencia, a fin de mejorar la situación en Gaza y en la organización de elecciones.

La UE ha instado a los países árabes y otros socios a asistir, política y financieramente, a la Autoridad Palestina, de conformidad con las disposiciones de la hoja de ruta. La UE subraya la importancia de la Iniciativa Árabe de Paz y pide a Israel y todos los países árabes que adopten medidas de fomento de la confianza a fin de superar el mutuo recelo y crear una atmósfera favorable para la resolución del conflicto.

Al mismo tiempo, se deben buscar soluciones para los diferentes conflictos, incluido un acuerdo duradero para los conflictos que existen entre Israel y Siria y entre Israel y el Líbano, creando procesos que se refuercen mutuamente. A este respecto, la UE espera que Siria e Israel reanuden las negociaciones de paz.

El 3 de noviembre de 2009 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aceptó el recurso presentado por una ciudadana italofinlandesa para que se retiren los crucifijos de las escuelas. Hechos similares se han producido en España, Alemania, Francia e Italia, país en el que en 1988 el Consejo de Estado observó que el crucifijo no es sólo símbolo de la religión cristiana, sino que también tiene un valor independiente con respecto a la confesión en cuestión. ¿No piensa el Consejo que el principio enunciado por el Tribunal de Estrasburgo puede cuestionar la exhibición en lugares públicos de los símbolos religiosos y culturales, incluida la bandera europea, que se inspira en la simbología católica mariana?

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2009 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(EN) Su Señoría se refiere a una sentencia dictada por Tribunal de Estrasburgo. No le corresponde al Consejo hacer comentarios sobre las sentencias emitidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

No obstante, en este contexto, quisiera citar la descripción simbólica que el Consejo de Europa ha dado de la bandera europea:

«En el cielo azul de occidente, las estrellas representan a los ciudadanos de Europa en un círculo, un símbolo de unidad. Siempre habrá doce, el símbolo de la integridad y la perfección, como los doce signos del zodiaco representan todo el universo, las doce estrellas doradas simbolizan a todos los ciudadanos de Europa —incluidos aquellos que todavía no pueden participar en la construcción de Europa en unidad y paz—.»

¿Puede indicar el Consejo exactamente de qué competencias de supervisión dispone actualmente la Unión Europea en lo que se refiere al sector bancario, cómo están estructuradas dichas competencias y si considera que esta estructura funciona? ¿Qué otras competencias, de haber alguna, considera el Consejo necesarias para la supervisión del sector bancario?

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2009 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(EN) La misión de contribuir a la buena gestión de las políticas que buscan las autoridades competentes en relación a la supervisión prudencial de las instituciones de crédito mediante el artículo 105, apartado 5, del TCE se atribuye al sistema europeo de Bancos Centrales. Si hubiera que otorgarle al Banco Central Europeo más competencias de supervisión, habría que recurrir a la cláusula de habilitación incluida en el apartado 6 de ese mismo artículo. Por lo tanto, hasta ahora, la supervisión del sector bancario la han seguido realizando, esencialmente, los Estados miembros.

En este contexto, el Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CEBS) aconseja a la Comisión Europea sobre aspectos normativos relacionados con la supervisión bancaria y fomenta la cooperación y la convergencia de las prácticas supervisoras en la Unión Europea. No obstante, ni el SEBC (Sistema Europeo de Bancos Centrales), incluido el BCE, ni el CEBS, ejercen ninguna competencia supervisora directa del sector bancario.

En junio de 2009, el Consejo Europeo señaló que la crisis financiera había demostrado claramente la necesidad de mejorar la regulación y supervisión de las instituciones financieras, tanto a nivel europeo como mundial.

En esa misma ocasión, el Consejo Europeo recomendó también que se creara un Sistema Europeo de Supervisores Financieros (SESF), que comprendiera tres nuevas Comisiones Europeas de Supervisión (CES), cuyo objetivo sería actualizar la calidad y coherencia de la supervisión nacional, consolidar la supervisión de grupos transfronterizos mediante la creación de colegios de supervisores y elaborar un código normativo único europeo aplicable a todas las instituciones financieras del mercado único. Además, el Consejo Europeo acordó «que el Sistema Europeo de Supervisores Financieros debe tener competencias decisorias vinculantes y proporcionales con respecto a si los supervisores están cumpliendo sus requisitos con arreglo a un código normativo único y la legislación comunitaria pertinente y en caso de discrepancia entre los supervisores del Estado de origen y del Estado anfitrión, e incluso en el seno del colegios de supervisores. Las CES deben, asimismo, tener competencias de supervisión en relación a las agencias de calificación crediticia.»

La Comisión ya ha presentado al Consejo y la Parlamento en septiembre de este año —como parte de la totalidad del paquete legislativo relativo a una nueva arquitectura de supervisión financiera para la UE— una propuesta para crear una Autoridad Bancaria Europea.

El objetivo de la propuesta, que actualmente se está examinando en el Parlamento y en el Consejo, es consolidar los acuerdos de supervisión en el sector bancario con arreglo a las recomendaciones del grupo de expertos de alto nivel, presidido por el señor de Larosière.

Como las propuestas legislativas están sometidas al procedimiento de codecisión, el Consejo cooperará de manera estrecha con el Parlamento para lograr un acuerdo sobre las mismas en primera lectura, lo antes posible.

Las autoridades danesas, en su esfuerzo por evitar cualquier protesta durante la Conferencia Internacional sobre el cambio climático, promueven medidas de represión aún más duras que violan de manera flagrante algunos derechos democráticos básicos.

De conformidad con las propuestas del Gobierno, se prevé la posibilidad de una detención de 12 horas, de penas de prisión de 40 días por «obstrucción de la labor policial» y multas de hasta 1 000 euros por «conducta desordenada» y «participación en concentraciones consideradas sospechosas por la policía». Se prevén además penas de prisión de hasta 50 días por alteración del orden público y daños materiales. Finalmente se prevé reforzar el equipamiento de la policía mediante cámaras de vídeo y de vigilancia para zonas donde, según la policía, puedan producirse incidentes. Se está debatiendo asimismo prohibir la entrada a Copenhague de activistas extranjeros y su participación en las manifestaciones.

¿Conoce el Consejo la existencia de estas u otras medidas? ¿Sabe si se han coordinado la policía u otras fuerzas de investigación y represión de los Estados miembros de la UE y de terceros países? ¿De qué manera han intervenido los organismos comunitarios en la planificación y en la aplicación de dichas medidas?

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2009 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(EN) El Consejo no está informado de las medidas propuestas por el Gobierno danés que menciona Su Señoría. Además, en virtud del artículo 33 del Tratado de la Unión Europea (artículo 72 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de 1 de diciembre de 2009), las medidas relativas al mantenimiento del orden público y la protección de la seguridad interna son competencia nacional de cada uno de los Estados miembros. Por lo tanto, el Consejo opina que no tiene competencia para adoptar una posición en cuanto a las posibles medidas policiales tomadas por el Gobierno danés en este ámbito.

No obstante, quisiera recordar que, en consideración al objetivo de la Unión Europea de proporcionar a los ciudadanos un alto grado de seguridad dentro de un espacio de libertad, seguridad y justicia mediante el desarrollo de una acción común entre los Estados miembros en el ámbito de la cooperación policial, el Consejo aprobó en diciembre de 2007 una Recomendación⁽¹⁾ sobre un Manual para las autoridades de policía y seguridad relativo a la cooperación en grandes acontecimientos de dimensión internacional. El Consejo recomendó que los Estados miembros, entre otras cosas, reforzaran la cooperación, en particular, la cooperación práctica y el intercambio de información.

En este sentido, en el marco de la reunión de la Unidad Operativa de Jefes de Policía de 19 de octubre de 2009, Dinamarca pidió el apoyo de los Estados miembros en cuanto al intercambio de información y el despliegue de agentes. Dicha cooperación es una práctica habitual para las autoridades de los Estados miembros en el caso de grandes eventos. El Consejo no interviene en la planificación ni aplicación de dichas medidas.

La reciente iniciativa de la Comisión de fomentar el espíritu empresarial entre las mujeres es una excelente oportunidad para fortalecer el papel de la mujer en la sociedad e incorporar activamente a más mujeres al mercado de trabajo. Sin embargo, en muchos casos, las nuevas empresarias tienen dificultades a la hora de obtener financiación de las instituciones financieras tradicionales, especialmente dada la actual coyuntura económica, lo que supone uno de los principales obstáculos para las potenciales empresarias. Aparte de fomentar el espíritu empresarial a través de iniciativas como la red de empresarias-embajadoras, ¿qué medidas ha adoptado la Comisión para garantizar que se contemplen adecuadamente en sus iniciativas las necesidades prácticas que conlleva abrir un negocio, como el acceso a la financiación? Asimismo, ¿dispone la Comisión de un sistema de información que le permita evaluar la capacidad de las nuevas empresarias para acceder al crédito?

(EN) Es importante mejorar el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas (las PYME) para la iniciativa empresarial, la competitividad, la innovación y el crecimiento. Por lo tanto, la Comisión ha reconocido, durante años, la importancia del acceso al crédito, también para los nuevos empresarios.

Una cuestión importante, en este contexto, es mejorar la disponibilidad de capital de riesgo, especialmente para las nuevas PYME con un alto potencial de crecimiento.

Existen muchas lagunas en la oferta que hay que abordar —atraer más inversiones en fondos de capital riesgo, impulsar más inversiones mediante estos fondos e inversores providenciales o business angels, ofrecer una variedad de posibilidades de salida—. Por otra parte, hay cuestiones referentes a la demanda que impiden que las empresas alcancen todo su potencial —por ejemplo, la disposición de los empresarios a invertir—.

Los instrumentos financieros del Programa marco para la innovación y la competitividad contribuyen a abordar la falta de recursos de financiación privados, en especial, en las fases inicial y de puesta en marcha del desarrollo empresarial. Se asignarán más de 1 000 millones de euros durante el período 2007-2013, y el efecto multiplicador de esta financiación debería tener como resultado que unas 400 000 PYME se beneficien del préstamo o la inversión de cartera que de otra forma no estaría disponible. De conformidad con la política de cohesión de la UE, los recursos europeos conjuntos para las microempresas y las medianas empresas (JEREMIE) se están dirigiendo a la mejora del acceso al crédito para las PYME y la creación de nuevas empresas. Se han destinado legalmente, hasta ahora, unos 3 100 millones de euros desde programas operativos cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para su inversión en las PYME con arreglo a JEREMIE. El Banco Europeo de Inversiones ha aumentado también sus préstamos a las PYME a 30 000 millones de euros para el período 2008-2011 para estimular su acceso al crédito y contrarrestar así la crisis económica y financiera.

La «Small Business Act» (SBA) de junio de 2008 incluye las políticas clave de la Comisión de apoyo a las PYME y empresarios, entre las que se incluyen mejorar el acceso al crédito bancario y acelerar las reformas. Su objetivo es mejorar el enfoque general para la iniciativa empresarial, consolidar el principio «pensar primero a pequeña escala» en las iniciativas y la configuración de políticas de la Comisión y los Estados miembros, y ayudar a las PYME a abordar los demás problemas que obstaculizan su desarrollo.

La SBA incluye medidas sobre la disposición de los empresarios a invertir, que aumentan la capacidad de una PYME o de un empresario para percibir las dudas de los bancos, los inversores providenciales o business angels o los fondos de capital riesgo —proveedores de financiación externa. Un seminario sobre la disposición a invertir para empresarias, celebrado en septiembre de 2009, identificó una variedad de servicios de apoyo en dicho ámbito para las empresarias europeas y debatió sobre cómo podían adaptarse los sistemas de disposición a invertir existentes a sus necesidades.

Asimismo, la igualdad entre hombres y mujeres es un objetivo específico de la política de cohesión de la UE. Este objetivo se aplica mediante un doble planteamiento:

Con la cofinanciación del FEDER y el FSE (Fondo Social Europeo), los Estados miembros y las regiones desarrollan muchos proyectos dirigidos a la mujer para estimular su integración en el mercado de trabajo. Incluyen medidas y proyectos cuyo objetivo es facilitar el acceso al crédito para las empresarias y estimular y apoyar financieramente su capacidad de iniciativa y creatividad empresarial.

El diseño de los programas operativos de la política de cohesión tiene en cuenta el efecto que producen en la igualdad de género, así como en otros grupos objetivo específicos.

Además, en el marco de la reducción de la carga administrativa, la Comisión está también trabajando en la reducción de los costos y los plazos para crear una empresa. En 2006, se estableció un límite concreto de tiempo para crear una empresa en Europa —una semana o menos—. La Comisión está realizando un seguimiento del progreso y apoyando a los Estados miembros en su intento por lograr este objetivo: en 2007, el plazo medio fue 12 días y el coste de 485 euros; en 2009, bajó a 8 días y a 417 euros.

La Comisión sigue vigilando estrechamente el progreso en la política relativa a las PYME en el contexto de la Asociación de Lisboa para el crecimiento y el empleo.

Pronto presentará un informe sobre la aplicación de la SBA.

El crecimiento económico es uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea. Su logro depende de numerosos factores, entre los cuales figura el buen funcionamiento del mercado laboral en la Unión Europea. Conectar la inmigración con la demanda del mercado de trabajo es uno de los requisitos de la política comunitaria de inmigración que, de cumplirse, podría constituir un motor esencial de crecimiento. Esta conexión no haría sino redundar en beneficio tanto de los Estados miembros sometidos a presiones migratorias como de los propios migrantes que, de hecho, se encuentran en desventaja por lo que respecta al acceso al mercado laboral, a la vez que volvería probablemente más atractiva la inmigración legal y reduciría el fenómeno de la inmigración irregular.

¿Qué acciones ha emprendido la Comisión para contribuir concretamente a conectar las necesidades del mercado laboral con la política de inmigración?

¿Qué medidas piensa adoptar en un futuro próximo?

(EN) Durante la pasada década, ha aumentado la importancia de la inmigración laboral para el empleo en Europa. En la próxima década, la Unión se enfrentará al rápido envejecimiento y descenso de la mano de obra. La población de la UE en edad laboral, que creció durante la última década, empezaría a descender a un promedio de más de millón al año en el período 2010 a 2020. A falta de entradas de inmigración, esta tendencia se aceleraría de manera espectacular. Por lo tanto, cada vez es más importante gestionar la inmigración de manera satisfactoria en las reformas estructurales necesarias para abordar los desafíos del envejecimiento de la población y del crecimiento económico sostenido.

A pesar de la importante contribución de la inmigración al empleo y el crecimiento, existen varias cuestiones relativas a la gestión de la mano de obra inmigrante en la UE. Las tasas de empleo de los inmigrantes, y, en particular, de determinadas categorías de inmigrantes con bajas cualificaciones profesionales, las mujeres inmigrantes y los llegados recientemente, están por debajo de la media. Asimismo, la inmigración a menudo conlleva el denominado «desperdicio de cerebros», en el caso de trabajadores cualificados que trabajan en empleos poco cualificados. Además, hay signos de que está aumentando la discriminación y la xenofobia en la actual crisis del empleo.

La estrategia después de 2010 tendrá que abordar estas cuestiones complementando las últimas iniciativas políticas de la Comisión sobre las normas de admisión y la contratación irregular con la acción política para obtener todo el potencial de los flujos de inmigración laboral para el empleo y el crecimiento. La acción comunitaria debe incluir iniciativas destinadas a que los inmigrantes ocupen un empleo y a apoyar la infraestructura del mercado laboral para satisfacer las frecuentes necesidades específicas de los trabajadores inmigrantes. El Fondo Social Europeo podría apoyar estas prioridades. Aunque el enfoque puede variar de unos países a otros, se debe prestar especial atención a la dimensión de género y la lucha contra la discriminación y la xenofobia en toda la UE.

¿Qué balance hace la Comisión respecto de sus actividades en el ámbito de la demografía, en particular, en lo que a la toma en consideración de la vida familiar y el cuidado de los niños se refiere, y qué Estados miembros se destacan en este sentido de acuerdo con los estudios de la Comisión? ¿Se han analizado también en este contexto las posibilidades y los efectos de un salario para educación que permitiera a uno de los dos progenitores quedarse en casa?

(EN) Como el cambio demográfico es un desafío común a todos los Estados miembros de la UE, la Comisión se ha centrado en el fomento de una estrategia compartida a largo plazo. En su Comunicación de 2006 «El futuro demográfico de Europa: transformar un reto en una oportunidad»⁽¹⁾, la Comisión consideró cinco respuestas políticas clave para el envejecimiento: (1) renovación demográfica, (2) más empleo y de mejor calidad, (3) aumento de la productividad, (4) migración e integración y (5) finanzas públicas sostenibles. Estos cinco objetivos políticos siguen siendo pertinentes y se han confirmado en la reciente Comunicación «Abordar los efectos del envejecimiento de la población de la UE»⁽²⁾.

El objetivo de la Comisión es ayudar a los Estados miembros, que tengan la responsabilidad de aplicar las políticas necesarias en respuesta al cambio demográfico, a tratar los efectos de este fenómeno de la mejor manera posible. La Estrategia de Lisboa proporciona el marco general para ello. Además, la Comisión fomenta el debate europeo sobre el cambio demográfico, y proporciona una plataforma para el intercambio de experiencia y el aprendizaje mutuo, a través del Foro Demográfico Europeo y el Informe sobre la demografía europea⁽³⁾, que tienen lugar cada dos años. Además, la Comisión nombró en 2007 un grupo consultivo de expertos gubernamentales sobre cuestiones demográficas.

Aunque la política sobre familia es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros, la Comisión puede desempeñar un papel útil. Con esta idea, apoya la Alianza Europea de las Familias que creó el Consejo Europeo en la primavera de 2007. Dicha alianza sirve como plataforma para el intercambio de conocimiento y buenas prácticas en relación con la toma en consideración de la vida familiar en los Estados miembros. La Comisión ha iniciado varias iniciativas para facilitar el intercambio entre los Estados miembros, como, por ejemplo, la creación de un portal de Internet, la organización de seminarios sobre las mejores prácticas, la creación de una red de expertos universitarios, la publicación de un folleto sobre cómo financiar proyectos relativos al trato favorable a la familia a través de los Fondos Estructurales de la UE, y la cooperación con la OCDE en relación a una base de datos sobre la familia.

Es difícil determinar las políticas relativas a la familia más efectivas de Europa ya que los Estados miembros persiguen diferentes objetivos políticos. En algunos, la prioridad es aumentar la tasa nacional de nacimiento ayudando a las parejas a lograr sus planes de familia. En otros, el apoyo a la vida familiar forma parte de un proyecto más amplio que fomenta la igualdad entre el hombre y la mujer. Algunos países consideran que el mejor enfoque son las medidas para luchar contra la pobreza infantil, o reducir las desigualdades en los ingresos. Se puede encontrar información sobre cómo los Estados miembros consiguen estos objetivos diferentes en distintos informes que la Comisión realiza regularmente (p.ej. el Informe sobre la igualdad entre hombres y mujeres⁽⁴⁾, el Informe conjunto sobre protección social e inclusión social⁽⁵⁾, el Informe sobre la situación social⁽⁶⁾, y el Informe sobre la demografía europea).

Por último, la Comisión informa a Su Señoría que no ha encargado un estudio específico sobre las posibilidades y los efectos de un salario para educación.

El principal tema de debate hoy en día es cómo conseguir reactivar la economía, reforzando al mismo tiempo el empleo y reduciendo el paro.

¿Cómo se pueden combinar los cambios estructurales y el saneamiento de las finanzas públicas con una política financiera expansionista, que muchos consideran indispensable para el crecimiento del empleo? ¿Cree la Comisión que las medidas que ha propuesto recientemente, como los cambios en el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y el nuevo instrumento de microfinanciación, son suficientes para reforzar el empleo en Europa, o considera que se necesita una nueva estrategia europea global en materia de empleo? ¿Piensa tomar nuevas iniciativas a este respecto, o, en su opinión, esto es responsabilidad de los Gobiernos de los Estados miembros? ¿Cómo se va a garantizar la cohesión de las diferentes políticas nacionales en el sector del empleo para salvaguardar la integridad del mercado común europeo y la cohesión social a nivel europeo?

(EN) La Comisión adoptó en junio una Comunicación titulada «Un compromiso compartido en favor del empleo» como respuesta al efecto de la crisis sobre la situación del empleo. La Comunicación establece tres prioridades clave: mantener el empleo, crear puestos de trabajo y promover la movilidad; mejorar las competencias y satisfacer las necesidades del mercado de trabajo; e incrementar el acceso al empleo, que el Consejo Europeo de junio apoyó. Asimismo, la Comunicación propone movilizar los instrumentos financieros de la UE para así ayudar a la recuperación de los Estados miembros, es decir, los Fondos Estructurales europeos y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG).

El objetivo del FEAG es solidarizarse con los trabajadores despedidos como consecuencia de los cambios estructurales importantes que se produzcan en los modelos comerciales mundiales o (hasta finales de 2011) como consecuencia de la crisis económica y financiera mundial, y apoyarles. La reciente modificación del Reglamento FEAG facilita a los Estados miembros el acceso al Fondo y la asistencia a un mayor número de trabajadores durante un período más largo.

Además, la Comisión ha sugerido un nuevo instrumento de microfinanciación a fin de conceder microcréditos y garantías a aquellos que hayan perdido su puesto de trabajo y deseen crear su propia empresa.

Parece que ya ha pasado lo peor de la crisis. Los indicadores muestran que se ha estabilizado la reducción del PIB y que los mercados de valores se están recuperando. Sin embargo, la situación del mercado laboral sigue siendo mala, ya que se prevé que el desempleo aumente aún más. Ya han comenzado los debates sobre las posibles estrategias de salida, que sacarán a las economías de la UE de la recesión. Es esencial que dichas estrategias se apliquen de la manera y en el momento oportunos para no poner en peligro la recuperación de los mercados laborales. Como la economía empieza a mejorar, el mercado laboral se centrará principalmente en garantizar que las medidas de crisis aborden las necesidades relativas a las reformas estructurales a un plazo más largo, y no obstaculicen la necesaria reestructuración. En el contexto de las actuales y futuras restricciones presupuestarias, es especialmente importante evaluar y, en caso necesario, mejorar la eficacia de las medidas relativas al mercado laboral.

El papel de la Comisión es coordinar las medidas de recuperación y las estrategias de salida en toda Europa, dado que muchas de las medidas adoptadas por los Estados miembros es probable que tengan repercusiones. Van a tener una importancia crucial las reformas estructurales que fomenten el crecimiento mediante una mayor productividad y un mejor uso de la población activa.

Las estrategias de salida para las políticas relativas al mercado laboral tienen que cambiar de enfoque desde unas medidas a corto plazo cuyo objetivo es evitar que se produzcan más despidos de trabajadores, hacia medidas estructurales de carácter productivo. Este cambio se dirigirá a estimular la creación de empleo y el crecimiento mediante un aumento de la oferta de mano de obra, facilitando las transiciones sustanciales en el mercado laboral, y a evitar que se arraigue el desempleo de larga duración.

Las estrategias de salida de los Estados miembros tendrán que reflejarse en la Estrategia de Lisboa y la Estrategia europea para el empleo después de 2010. La necesidad de una reforma estructural será primordial para la futura estrategia, teniendo en cuenta la situación macroeconómica de cada Estado miembro. A este respecto, la Comisión subraya que la actual crisis ha requerido el apoyo extraordinario de las políticas macroeconómicas, entre las que se incluyen las políticas presupuestarias. Sin embrago, la eficacia de dicho apoyo depende de su temporalidad. De lo contrario, las expectativas de futuros aumentos de los impuestos provocarán un aumento del nivel de ahorro. Además, a falta de suficientes márgenes fiscales, puede resultar insostenible continuar con las políticas presupuestarias expansionistas. Por consiguiente, el Consejo acordó el 20 de octubre de 2009 que es necesario retirar el estímulo fiscal a su debido tiempo. Siempre que las previsiones de la Comisión sigan indicando que la recuperación se está consolidando y está llegando a ser autosostenida, la consolidación fiscal en todos los Estados miembros de la UE debería iniciarse en 2011 como muy tarde. Deben tenerse en cuenta las particularidades de la situación de cada país, y, por tanto, algunos tienen que iniciar la consolidación antes.

La Comisión aprobó un documento el 24 de noviembre de 2009 en el que presenta sus reflexiones iniciales relativas a las orientaciones generales sobre política para la futura estrategia «UE 2020» y pide las opiniones de todas las partes interesadas pertinentes. La Comisión tiene la intención de presentar sus propuestas para dicha estrategia a comienzos de 2010 a tiempo para el Consejo Europeo de primavera.

Los expertos sostienen que en Lituania se ha superado ya la peor fase de la recesión. En septiembre, la Comisión valoró de manera positiva las medidas aplicadas en Lituania para la recuperación económica. Sin embargo, el producto interior bruto del país descendió en el tercer trimestre de este año en torno a un 14,3 % con respecto al mismo trimestre del año pasado. Se prevé que el retroceso del PIB en Lituania se eleve este año hasta el 20 %. Así pues, no se observa en Lituania ningún indicio de estabilización económica como ocurre en el resto de Europa.

¿Cómo piensa ayudar la Comisión a los países de la Unión Europea, entre ellos Lituania, sacudidos por la crisis? ¿Qué medidas adicionales propone la Comisión para conservar y crear puestos de trabajo en la industria y en las actividades de transformación?

(EN) Las respuestas a la crisis, en especial a sus consecuencias sobre el empleo, son, ante todo, responsabilidad de los Estados miembros. No obstante, la Comisión ha adoptado varias iniciativas para contrarrestar el efecto de la crisis económica y financiera sobre el mercado laboral desde que ésta empezó en otoño de 2008.

En noviembre de 2008, la Comisión adoptó el Plan Europeo de Recuperación Económica (PERE). El Plan exige la acción coordinada en todos los Estados miembros e inversiones «inteligentes» que produzcan beneficios duraderos para la Unión. Asimismo, destaca la importancia de aplicar políticas de flexiguridad integradas a fin de proteger a los ciudadanos europeos de los efectos adversos de la crisis económica.

Los últimos indicadores muestran que se ha estabilizado la reducción del producto interior bruto (PIB) y que los mercados de valores se están recuperando. Sin embargo, la situación del mercado laboral sigue siendo desoladora, ya que se prevé que el desempleo aumente aún más. Los Estados miembros y la Comisión han comenzado, por tanto, a debatir posibles estrategias de salida que sacarán a las economías de la recesión. Es esencial, sin embargo, que dichas estrategias se apliquen en un momento en el que no pongan en peligro la recuperación de los mercados laborales.

El papel de la Comisión es coordinar las medidas de recuperación y las estrategias de salida en toda Europa, dado que muchas de las medidas adoptadas por los Estados miembros es probable que tengan repercusiones. Las actuales medidas a corto plazo tienen que sustituirse por nuevas medidas para abordar los retos estructurales. Para lograrlo, será esencial fomentar la creación de empleo y mantener a los ciudadanos dentro de la población activa.

El PERE destaca la importancia del Fondo Social Europeo (FSE) para paliar los efectos de la crisis. La UE ha introducido importantes cambios a fin de facilitar el acceso al FSE, entre los que se incluyen:

- ampliar la fecha de subvencionabilidad para los programas 2000-2006 al 30 de junio de 2009, lo que hace posible que los Estados miembros utilicen fondos no gastados de 7 000 millones de euros;

- aumentar los anticipos para los programas 2007-2013, que incluye 1 760 millones de euros adicionales del FSE para los Estados miembros. En total, se les asignaron más de 6 100 millones de euros en anticipos entre 2007 y 2009;

- a fin de empezar a aplicar los programas del FSE lo más rápido posible, se informó a los Estados miembros que el FSE satisfaría el 100 % de los gastos para crear posibles proyectos si no se podía disponer inmediatamente de la financiación nacional, siempre y cuando pudieran seguir financiando los proyectos al final de la programación;

- se amplió la posibilidad de utilizar los pagos a tarifa única, beneficiando así a los proyectos muy pequeños que podrían recibir un pago a suma alzada de hasta 50 000 de euros.

Entre 2007 y 2013, Lituania debe recibir una asignación del Fondo Estructural de 5 900 millones de euros, de los que 1 000 millones se obtendrán directamente del FSE. Este apoyo financiero le ayudará a abordar las consecuencias negativas de la crisis y a prepararse para la recuperación.

En julio de 2009, a petición de las autoridades lituanas, la Comisión modificó el Programa operativo del FSE de Lituania para el desarrollo de los recursos humanos. Se redujo la financiación nacional al mínimo del 15 % exigido por los reglamentos relativos a los Fondos estructurales y se concedió apoyo financiero para la creación de nuevas empresas. Esta medida es especialmente importante para Lituania ya que es difícil el acceso a la financiación por parte de las empresas, sobre todo las pequeñas.

Además, Lituania ha solicitado una contribución con cargo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para luchar contra las grandes oleadas de despidos. La Autoridad Presupuestaria aprobó, en 2008, la solicitud relativa a Alytaus Tekstile. Actualmente, la Comisión está examinando otras cuatro solicitudes de Lituania.

Habida cuenta de que los miembros más vulnerables de la sociedad son los más perjudicados por la actual crisis económica, ¿qué propone la Comisión para reducir la pobreza en la Unión Europea y, en particular, disminuir el número de personas sin hogar en los Estados miembros? ¿De qué forma va a asegurarse de que el Fondo Social Europeo (FSE) se utilice de la forma más eficaz para resolver estos problemas? ¿De qué indicadores dispone para valorar el éxito de dicho fondo en los ámbitos normativos que procedan?

(EN) La concepción y la aplicación de las respuestas a la crisis, en especial a sus consecuencias sobre el empleo y la situación social, son, ante todo, responsabilidad de los Estados miembros. La Comisión recuerda que de media, los Estados miembros dedican el 27 % de su producto interior bruto (PIB) a las políticas de protección social. Por lo tanto, la UE puede desempeñar un papel importante en la ayuda a los Estados miembros en su esfuerzo por abordar los efectos adversos de la crisis mediante las coordinación de las políticas y la movilización de los instrumentos financieros de la UE.

El método abierto de coordinación sobre protección social e inclusión social (MAC social) apoya a los esfuerzos de los Estados miembros mediante el aprendizaje mutuo y la puesta en red de actividades, el desarrollo de herramientas e indicadores estadísticos y la mejora de la base de conocimientos para la concepción de políticas. En respuesta a la actual situación, se han organizado intercambios voluntarios de información sobre la situación social y las respuestas políticas dentro del Comité de Protección Social. Además, la Comisión y dicho Comité publican regularmente las actualizaciones en forma de evaluaciones conjuntas. La segunda evaluación conjunta se presentará al Consejo de Ministros el 30 de noviembre de 2009.

La actual crisis exige estrategias rápidas de inclusión social que se centren en proporcionar unos ingresos mínimos adecuados, consolidar los nexos con el mercado laboral y el acceso a servicios de calidad. El Comité de Protección Social es el responsable de supervisar la aplicación de las estrategias de inclusión social en los Estados miembros. Además, como parte del control del progreso realizado con arreglo al MAC social, la Comisión está finalizando el proyecto de informe conjunto sobre protección social e inclusión social de 2010 que se centrará en la vivienda y las personas sin hogar. El informe proporcionará información sobre el progreso logrado hasta la fecha y estudiará los mensajes para el futuro trabajo político en estos ámbitos.

La UE reconoce la importancia de luchar contra la pobreza y la exclusión social, y ha dedicado una financiación considerable procedente del Fondo Social Europeo (FSE) a esta causa. El FSE beneficia a aquellos que ya están padeciendo exclusión social y apoya las acciones destinadas a evitar y reducir la pobreza mediante una intervención precoz. Dichas medidas incluyen el desarrollo de las aptitudes y el conocimiento, el fomento de la adaptabilidad de los trabajadores y la lucha contra el abandono prematuro de la escuela.

Los programas operativos llevados a cabo con arreglo al FSE se decidieron antes del inicio de la crisis. No obstante, los Estados miembros tienen la posibilidad de pedir a la Comisión que acuerde modificar dichos programas. Algunos lo han hecho así mientras que otros han podido utilizar los programas operativos vigentes para responder a los efectos adversos de la crisis.

La Comisión recuerda que los Estados miembros son totalmente responsables de la aplicación de las políticas y del logro de los objetivos de los programas. La evaluación sobre si se han cumplido estos objetivos se lleva acabo de acuerdo con la orientación proporcionada por los Reglamentos de la Comisión que son de aplicación a los Fondos Estructurales. Por ejemplo, se puede dividir a los beneficiarios del FSE en dos grupos diferentes según la vulnerabilidad como, por ejemplo, los migrantes o los discapacitados, o por su situación dentro del mercado laboral como desempleados de larga duración o ciudadanos inactivos. Cada Estado miembro puede añadir más criterios que reflejen sus propias circunstancias.

En septiembre de este año, la Comisión anunció que se concedería un paquete de ayuda de 14,8 millones de euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización a los trabajadores de Dell que habían sido despedidos. Habida cuenta de que en el paquete se establece que se ofrecerán formación y reconversión profesional, orientación laboral y asignaciones para estudios a los trabajadores, ¿podría la Comisión indicar en qué estado se encuentra el paquete actualmente?

(EN) La Autoridad Presupuestaria de la UE está actualmente examinando la contribución propuesta con cargo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para un paquete de medidas activas del mercado de trabajo concebidas para reintegrar a los trabajadores despedidos de Dell y a algunos de sus proveedores en el mercado laboral. Si dicha Autoridad aprueba la contribución, el pago se efectuará a Irlanda lo antes posible.

Mientras tanto, ya se están ofreciendo a los trabajadores afectados, las acciones que el FEAG puede cofinanciar. Las autoridades irlandesas reaccionaron de inmediato al anuncio de los despidos por parte de Dell y pusieron en práctica un paquete de medidas para apoyar a los trabajadores. Los gastos en los que se incurrieron con respecto a estas medidas, que se iniciaron el 3 de febrero de 2009, podrán optar a cofinanciación por parte del FEAG, si la Autoridad Presupuestaria de la UE aprueba la contribución.

El desempleo en los 27 Estados miembros de la UE aumentó en 5 011 000 personas entre septiembre de 2008 y septiembre de 2009, con lo que alcanzó un total de 22 123 000 parados, y con la previsión de que se dispare hasta el 12 % en 2010. La UE y los Gobiernos de los Estados miembros han generalizado con su política de «flexiguridad» las relaciones laborales elásticas, el «alquiler de trabajadores». Bajo la cobertura de «contratos de aprendizaje», las famosas prácticas, adquiere una enorme extensión el trabajo temporal, elástico e inseguro, incluso en las propias instituciones de la UE (Comisión, Parlamento Europeo, otros organismos comunitarios). En Grecia, el Gobierno del PASOK, con la excusa de la consolidación de la «igualdad de derechos» anunció miles de despidos de trabajadores en prácticas en el sector público, sin afectar al sector privado.

¿Cómo valora la Comisión las medidas del Gobierno griego? ¿Cuál es su posición frente al problema fundamental de garantizar el derecho al pleno empleo y al trabajo estable, teniendo en cuenta que su política va en contra de las propuestas de los trabajadores para un empleo estable y permanente para todos, la supresión de todas las formas de empleo flexible, tanto en el sector público como en el privado, y la contratación permanente de todos los trabajadores en prácticas sin reservas ni condiciones previas?

(EN) La Comisión señala que el objetivo subyacente de la flexiguridad es encontrar el correcto equilibrio entre la seguridad y la flexibilidad, ambas indispensables para el apoyo efectivo de los trabajadores y para facilitar la adaptación de las empresas.

La flexiguridad implica una combinación de medidas cuyo objetivo es mantener el empleo y ayudar a aquellos que han perdido su puesto de trabajo a volver al mercado laboral, mediante la garantía de que cualquier transición a un nuevo empleo se produzca de la forma más adecuada posible, y de que la propia transición es una medida que mejora las perspectivas del trabajador.

Los principios comunes de la flexiguridad aprobados por los Estados miembros en diciembre de 2007 ponen de relieve que la suficiente flexibilidad contractual debe ir acompañada de transiciones seguras de un empleo a otro. La flexiguridad debe fomentar mercados laborales más abiertos, receptivos e inclusivos, y evitar su segmentación. Hay que proporcionar a aquellos que tengan un empleo inestable o se encuentren al margen del mercado de trabajo mejores oportunidades, incentivos económicos y medidas de apoyo para facilitar su acceso al trabajo.

La Comisión cree que la flexiguridad es un aspecto importante de la política del mercado laboral que ayudará a hacer frente a la actual crisis y los retos sociales. El Consejo Europeo confirmó recientemente la importancia de la flexiguridad en la recuperación económica y la reducción del desempleo.

La Directiva 1999/70/CE del Consejo⁽¹⁾ exige crear a los Estados miembros un marco para evitar el abuso que se derive del uso de contratos o relaciones laborales de duración determinada sucesivos. Grecia ha utilizado la opción que se establece en el artículo 2, apartado 2, del anexo a esta directiva y ha excluido de la legislación nacional que la adapta, los contratos o relaciones laborales celebrados con arreglo a un programa especial de formación, integración y recualificación profesional apoyado por la Oficina de empleo de mano de obra (OAED). Tal y como se señala en la respuesta a la pregunta escrita P-5452/09 formulada por el señor Tzavela⁽²⁾, la Comisión ha escrito a las autoridades griegas solicitando información y una aclaración sobre el funcionamiento de dichos programas. Hasta la fecha, no ha recibido una respuesta.

La Comisión señala, asimismo, que ha estado en contacto con el Ministerio de Trabajo griego en relación al tema del aprendizaje en el sector público. A este respecto, la Comisión ha señalado que la experiencia laboral puede facilitar la transición del mundo de la formación al laboral, pero, asimismo, ha puesto de relieve que estos programas necesitaban una planificación cuidadosa, rigurosos procedimientos de selección y un control minucioso a fin de garantizar que el proyecto en cuestión mejore las perspectivas de empleo de los participantes y beneficie a las personas que lo necesitan.

¿Tiene la Comisión previsto volver a evaluar el estado de las armas químicas enterradas en el Mar Báltico? ¿Se efectúan controles regulares de cómo la concentración de sustancias peligrosas en el Mar Báltico afecta a los organismos que viven en este medio y de si esta concentración plantea algún riesgo para la salud pública a través del consumo de pescado procedente del Mar Báltico?

(EN) Cerca de 40 000 toneladas de armas químicas se vertieron en el Mar Báltico tras la Segunda Guerra Mundial —sobre todo en la zona que se encuentra al este de Bornholm, al sudeste de Gotland y al sur del Pequeño Belt—. La Comisión es parte contratante de la Comisión de Helsinki (HELCOM)⁽¹⁾ que ha realizado el control y la evaluación relativa al vertido de armas químicas en el Mar Báltico. La HELCOM publicó un informe sobre las zonas de vertido y la cantidad y la calidad de las armas químicas ya en 1994. Entre sus partes contratantes, Dinamarca es la responsable de realizar un seguimiento anual sobre el número de incidentes e informar sobre ellos a la HELCOM. Desde 1995, se ha informado sobre un total de 101 incidentes. Entre 1995 y 1999, se informó sobre una media de 7 incidentes por año. El número de incidentes sobre los que se informó aumentó en los años siguientes y se produjeron 14 por año, de media, entre 2000 y 2003. Sin embargo, desde 2004, ha vuelto a descender: de media, se informó sobre 3 incidentes por año durante 2004 a 2007, mientras que en 2008, no se informó sobre ningún incidente. Los incidentes se debieron a actividades pesqueras. Estas variaciones se deben probablemente a una combinación de factores como, por ejemplo, la intensidad de las actividades pesqueras en las zonas cercanas a las armas químicas vertidas y las Recomendaciones emitidas por la HELCOM y las autoridades locales. Las zonas de vertido están marcadas como contaminadas, con una advertencia que reza «no recomendado anclar y pescar», en las cartas náuticas. Sin embargo, no está prohibida la pesca en estas aguas y se sigue realizando con carácter comercial. La HELCOM facilita una amplia información en su sitio de Internet⁽²⁾, incluida aquella relativa a qué hacer cuando los pescadores cogen en la red armas químicas.

Además, existe un proyecto de investigación financiado de la UE denominado «Planificación de los riesgos ecológicos relativos a las armas químicas vertidas en el mar» (MERCW). El principal objetivo del proyecto es llevar a cabo investigación focalizada y desarrollos tecnológicos a fin de planificar las vías de transporte y la dispersión de la migración de agentes tóxicos en los sedimentos y el entorno marinos. La meta final es evaluar la seguridad ecológica para el ecosistema y los efectos en la salud de los habitantes de los Estados ribereños cercanos a las zonas de vertido. El primer informe público⁽³⁾ del proyecto MERCW incluye un análisis minucioso y detallado de las diferentes zonas de vertido y constituye el punto de partida para todas las demás actividades que se desarrollan dentro del proyecto. El proyecto de investigación informa regularmente sobre sus resultados a la HELCOM. Las presentes conclusiones son que las armas químicas vertidas suponen un riesgo muy bajo para el entorno marino a causa de la fuga de sustancias tóxicas procedentes de las armas vertidas, y no hay indicios de que puedan constituir un riesgo para la salud pública a través del consumo de pescado.

En general, los programas marco de investigación de la UE han financiado un gran número de proyectos de investigación sobre los efectos en la salud humana de las sustancias químicas⁽⁴⁾. Algunos proyectos como, por ejemplo, COMPARE⁽⁵⁾, incluyeron estudios sobre la población que vive alrededor del Mar Báltico.

El 29 de octubre de 2009, la Comisión presentó una propuesta al Parlamento y la Consejo para llevar a cabo un Programa Conjunto de Investigación y Desarrollo sobre el Mar Báltico (BONUS-169). Esta iniciativa reúne a los 8 Estados miembros de la UE que rodean el Mar Báltico en el desarrollo de una agenda estratégica de investigación y de tipo político y en la aplicación de un programa conjunto de investigación totalmente integrado. Durante la primera fase del Programa Conjunto de Investigación, se redactará una Agenda Estratégica de Investigación, que se basará en los resultados de una consulta amplia y de carácter general a las partes interesadas, entre las que se incluyen aquellas procedentes de otras ciencias naturales pertinentes que no son las ciencias marinas, las ciencias económicas y sociales y las procedentes de otras áreas geográficas. Los problemas complejos relativos al vertido de armas en la región del Mar Báltico pueden ser una de las cuestiones que se debatan con miras a financiar las solicitudes específicas de propuestas de investigación durante la fase de aplicación de la iniciativa.

De acuerdo con el trabajo de supervisión llevado a cabo hasta ahora por la HELCOM y el proyecto MERCW, la estrategia de la Unión Europea para la región del mar Báltico⁽⁶⁾ incluye un proyecto emblemático concreto cuyo objetivo es «valorar la necesidad de limpiar los restos de naufragios y las armas químicas contaminados». Este proyecto, que coordinará Polonia, incluirá actividades que abarcan la identificación de las actuales amenazas prioritarias y el establecimiento de los costos y los beneficios de cualquier posible acción mediante programas de investigación acordados, y se basará en el conocimiento y cartografía existentes del Mar Báltico.

Además, el objetivo de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina de la UE⁽⁷⁾ es que las aguas marinas europeas tengan un buen estado medioambiental en 2020. Para alcanzar este objetivo, todos los Estados miembros están obligados a evaluar y controlar las concentraciones de contaminantes, todos los elementos de las cadenas alimentarias marinas, los contaminantes presentes en el pescado y otros productos de la pesca, etc. En particular, la aplicación de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina tendrá que basarse en la cooperación y coordinación de los Estados miembros situados en las cuencas de una región o subregión marina como, por ejemplo, el Mar Báltico, y, en la medida de lo posible, se fundamentará en los programas y actividades existentes desarrollados dentro de los acuerdos internacionales como, por ejemplo, la HELCOM. Los niveles para el buen estado medioambiental tendrán que coordinarse regionalmente, y decidirse en 2012, y en 2014, todos los Estados miembros tendrán en vigor sus programas de seguimiento.

Al cesar en sus funciones, los Comisarios tienen derecho, de conformidad con el Reglamento nº 422/67/CEE⁽¹⁾, a recuperar sus gastos de instalación por un importe de un mes de sueldo base mensual.

Durante tres años se les abona una indemnización transitoria mensual. El nivel de dicho pago depende de la duración de sus funciones y fluctúa entre el 40 y el 65 % de su último sueldo base mensual.

Visto que los tres nuevos Comisarios Algirdas Semeta, Pavel Samecki y Karel De Gucht sólo ocuparán probablemente su cargo durante un tiempo muy breve y ya han podido beneficiarse de dos sueldos mensuales para su instalación, ¿proyectan los mismos volver a beneficiarse de esta indemnización también cuando cesen en sus funciones?

¿Cuánto tiempo debe, por lo menos, ocupar su cargo un Comisario para tener derecho a recibir la indemnización transitoria mensual y se procede entonces a dicho pago, si se cumplen las condiciones, durante todo el período de tres años?

(EN) La Comisión no está de acuerdo con la premisa de la pregunta, es decir, con que los tres nuevos Comisarios Algirdas Šemeta, Pawel Samecki y Karel De Gucht sólo ocuparán probablemente su cargo durante un tiempo muy breve.

La Comisión sólo podrá responder la primera pregunta en el momento en que, de hecho, uno de los tres Comisarios mencionados reclame los gastos de instalación cuando cese en sus funciones. No obstante, puede confirmar que los gastos de instalación se pagarán a partir de la marcha si el antiguo Comisario tiene que cambiar de residencia y no tiene derecho a una indemnización similar por el mismo motivo en sus nuevas actividades.

Con respecto a la segunda pregunta, la Comisión desea señalar que de acuerdo con el Reglamento 422/67/CEE, no existe un plazo mínimo de mandato para recibir la indemnización transitoria. Si el mandato es menor a dos años, tendrá derecho a dicha indemnización durante 3 años. La indemnización transitoria está ahí como contrapartida a los límites impuestos (con arreglo al artículo 213 CE) a las actividades que un Comisario puede aceptar inmediatamente después de abandonar su cargo, y evitar así el conflicto de intereses. El deber de reserva en cuanto al futuro empleo se aplica de la misma manera tanto si el Comisario ha permanecido en sus funciones tres semanas o diez años.

La empresa «Astilleros Navales Griegos SA», ubicada en Skaramanga, y la empresa alemana HDW (ambas pertenecientes al grupo alemán «ThyssenKrupp Marine Systems») han anunciado que van a poner fin a sus contratos con el Estado griego para la construcción de cuatro submarinos y el mantenimiento de otros tres, debido a una deuda de 524 millones de euros del Estado griego con respecto a la empresa. Ahora bien, el Ministerio de Defensa griego se ha negado a pagar la cantidad debida y a aceptar el primero de los submarinos, debido a problemas reales de estabilidad. También hay que señalar que el Estado griego ya ha pagado el 80 % de la cantidad total debida por los siete submarinos. La técnica utilizada por la empresa alemana se define como chantaje, ya que la rescisión de los contratos sería un verdadero revés para las actividades de los astilleros, pues dejaría sin trabajo a los 2 000 empleados de la empresa «Astilleros Navales Griegos SA» de Skaramanga. ¿Puede indicar la Comisión qué medidas pueden adoptar los Estados miembros contra las multinacionales que no dudan en presentar demandas excesivas y volver sobre los términos de los contratos con la amenaza de suprimir puestos de trabajo? ¿Cómo podría contribuir la Comisión al mantenimiento de los puestos de trabajo?

(EN) De la información proporcionada en la pregunta oral, se deduce que la cuestión planteada por Su Señoría se refiere a un contrato celebrado por el Estado griego y una empresa privada para la construcción de cuatro submarinos y el mantenimiento de otros tres.

La cuestión planteada por Su Señoría se refiere a la ejecución del contrato, y más concretamente, a los motivos para su rescisión por el contratista y no a la adjudicación del contrato público en cuestión. De acuerdo con la poca información proporcionada por Su Señoría, este asunto no plantea una cuestión de Derecho comunitario sobre la contratación pública y, por lo tanto, entra dentro del ámbito de las normas nacionales de los Estados miembros. Por consiguiente, la Comisión pediría a Su Señoría que se dirija a las autoridades nacionales competentes sobre este punto.

El organismo neerlandés «Borgstellingsfond» permite a las empresas del sector de invernaderos obtener una garantía estatal correspondiente al 85% de su préstamo para inversión hasta un importe máximo de 2,5 millones de euros. ¿Puede la Comisión explicar las razones que la han llevado a aprobar este dispositivo?

Además de este régimen de préstamos, los horticultores se benefician de diversos sistemas de subvenciones. ¿Podría la Comisión precisar, en este contexto, si el número y los importes de las acciones anteriores serán tenidas en cuenta a la hora de pronunciarse sobre la eventual conformidad de una nueva iniciativa con las normas aplicables en materia de ayudas estatales?

(EN) Su Señoría pregunta a la Comisión su opinión sobre las garantías concedidas al sector de invernaderos neerlandés.

El sistema neerlandés ofrece la posibilidad de que el Fondo de Garantía conceda ayuda estatal en forma de una garantía correspondiente a un máximo del 80 % del préstamo garantizado. Las garantías, cuya cuantía máxima es 2,5 millones de euros, se conceden para garantizar los préstamos para inversión en el sector de invernaderos, y beneficia a las PYME.

Este sistema se aprobó mediante una Decisión de la Comisión de 23 de abril de 2009⁽¹⁾. La Comisión evaluó la medida a la luz de las normas sobre ayuda estatal aplicables relativas a las garantías y a la ayuda a la inversión en el sector agrícola, y concluyó que el sistema propuesto es compatible con dichas normas.

Por lo que se refiere a las subvenciones que los horticultores pueden obtener además de los sistemas de garantías anteriormente mencionados, la Comisión quisiera señalar que no está prohibida la ayuda adicional con arreglo a otros sistemas vigentes, siempre que se respeten las intensidades máximas establecidas en las directrices agrarias. Las autoridades neerlandesas se han comprometido a respetar estas normas de acumulación para no rebasar la intensidad máxima de la ayuda aplicable.

El proveedor de servicios por satélite francés Eutelsat sigue difundiendo las emisiones del canal televisivo Al-Aqsa a pesar de que el contenido de sus programas constituye una violación directa del artículo 3 ter de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual (2007/65/CE⁽¹⁾). Asimismo, dichos espacios contribuyen al incremento de la radicalización en Europa, lo cual supone una amenaza para la seguridad continental. Al-Aqsa es propiedad de Hamás, grupo que figura en la lista de organizaciones terroristas de la UE y que también financia y controla el canal. En diciembre de 2008, el Consejo Superior del Audiovisual (CSA), la autoridad de radiodifusión francesa, comunicó a Eutelsat que los contenidos de Al-Aqsa conculcaban el artículo 15 de la ley francesa relativa a la libertad de comunicación, de 30 de septiembre de 1986, que prohíbe cualquier forma de incitación al odio o a la violencia por motivos de raza, religión o nacionalidad. A pesar de la comunicación del CSA, Al-Aqsa, cuyos programas siguen violando la legislación audiovisual francesa y europea, aún forma parte de la oferta de Eutelsat.

¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para poner fin a la difusión de Al-Aqsa a través de un proveedor de servicios por satélite europeo? ¿Ha planteado oficialmente la Comisión esta cuestión a las autoridades francesas? ¿Cómo piensa garantizar la Comisión el cumplimiento de la legislación audiovisual europea?

(EN) La Comisión comparte la preocupación de Su Señoría con respecto a que programas que contienen incitación al odio sean competencia de un Estado miembro, y coopera de manera estrecha y activa con los Estados miembros, y fomenta la cooperación entre los mismos, a fin de garantizar la total aplicación del Derecho comunitario en este área especialmente sensible.

La Comisión sabe que el canal televisivo Al-Aqsa se trasmite a través de Atlantic Bird 4 que pertenece al operador de servicios por satélite francés Eutelsat. Se puede acceder a los servicios trasmitidos a través de Atlantic Bird 4, sobre todo, en los países de Oriente Medio. Dentro de la Unión Europea, los ciudadanos del sur de Italia, Chipre, Malta y Grecia son los únicos que pueden acceder a este canal con un equipo estándar. En otros países de la UE, se necesitarían antenas parabólicas para la recepción de los programas del canal televisivo Al-Aqsa. Asimismo, hay que señalar que la Comisión no ha recibido hasta ahora ninguna denuncia formal con respecto a los programas emitidos por dicho canal.

Aunque el artículo 22 de la Directiva 89/552/CEE del Consejo prohíbe las difusiones que inciten al odio por motivo de raza, sexo, religión o nacionalidad, el derecho a la libertad de expresión es una de las piedras angulares de una sociedad democrática y pluralista. A veces, existe una línea muy delgada entre la libertad de expresión y la incitación al odio. A este respecto, una prohibición total sobre un canal de televisión es una medida muy radical y debe seguir siendo excepcional.

La Comisión escribió formalmente a la autoridad de radiodifusión francesa, el Consejo Superior del Audiovisual (CSA), con respecto al canal televisivo Al-Aqsa en septiembre de 2008. Tras esta consulta, y teniendo en cuenta la intención de dicho canal de dirigirse a todos los países de la Unión Europea a través de Eurobird 9, un satélite europeo de telecomunicaciones gestionado por Eutelsat, el CSA emitió un apercibimiento (mise en garde) contra Eutelsat en diciembre de 2008. Como consecuencia, el CSA garantizó que el canal televisivo Al-Aqsa no materializara su intención de dirigirse a toda la audiencia de la Unión Europea. El 23 de octubre de 2009, la Comisión escribió a las autoridades francesas para solicitar el seguimiento de la decisión de 2008 del CSA.

En general, la Comisión, como guardiana de los Tratados, puede iniciar procedimientos de infracción contra cualquier Estado miembro si valora que no cumple el Derecho comunitario. Con respecto a la forma de abordar la cuestión del canal televisivo Al-Aqsa por parte de Francia, la Comisión podrá utilizar esta posibilidad dependiendo de la respuesta a la carta anteriormente mencionada.

Además, la Comisión plantea regularmente el tema de las difusiones de Al-Aqsa y de otros canales en un diálogo político con los países pertinentes, sea el país de origen de estos canales, el país en el que se ubica el enlace ascendente al satélite, o un país cuya capacidad de satélite se utiliza para estas difusiones.

¿Es, en opinión de la Comisión, admisible con arreglo al Derecho irlandés y europeo en vigor llevar a cabo actividades de información en un referéndum?

¿Hubo en las actividades de información financiadas por la Comisión (por ejemplo, folletos) un equilibrio entre los argumentos a favor y en contra de la ratificación del Tratado de Lisboa?

¿Qué argumentos críticos con el Tratado de Lisboa se mencionaron?

(EN) La Comisión Europea tiene que contribuir a un debate informado sobre la Unión Europea, proporcionando a los ciudadanos una información fidedigna, veraz y clara. Esto incluye información sobre el Tratado de Lisboa, que firmaron todos los Estados miembros y apoyó el Parlamento Europeo.

La Comisión ha ofrecido en la web Europa (http://europa.eu/lisbon_treaty/index_es.htm) información sobre el Tratado de Lisboa, incluidas preguntas y respuestas, y el texto consolidado del nuevo Tratado. Además, elaboró un resumen del nuevo Tratado para los ciudadanos titulado «Su guía sobre el Tratado de Lisboa», que indica en unos términos simples y precisos los cambios producidos con arreglo al Tratado de Lisboa. La Guía es una publicación dirigida a los ciudadanos de todos los Estados miembros y se puede encontrar en los 23 idiomas oficiales de la Unión Europea.

Los resultados de la investigación y las conclusiones del informe del subcomité del Oireachtas (el Parlamento irlandés) de noviembre de 2008 sobre el futuro de Irlanda en la Unión Europea, demostraron la existencia de una falta de información significativa sobre la UE en Irlanda.

En respuesta a la demanda de una información fidedigna sobre la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea firmaron un Memorando de Acuerdo de tres años relativo a Comunicar sobre Europa en asociación con el Gobierno irlandés en enero de 2009.

En el marco de este memorando, y en estrecha cooperación con el Gobierno irlandés y la Oficina del Parlamento Europeo en Irlanda, se han llevado a cabo una amplia variedad de actividades con el objetivo de fomentar una mayor comprensión pública de la UE en Irlanda.

La Comisión organizó actividades como, por ejemplo, once debates públicos sobre la UE en toda Irlanda, una iniciativa publicitaria a nivel nacional que mostraba lo que la UE hace por los consumidores, un concurso de redacciones de escuelas de enseñanza media y actividades en Internet, como una nueva web interactiva y redes sociales en Internet. En el marco de la iniciativa denominada «Vuelta a la escuela», que implica que los funcionarios que trabajan en las instituciones europeas visiten sus antiguos institutos de enseñanza secundaria, unos 87 funcionarios irlandeses visitaron 101 institutos de 24 países.

Asimismo, la Comisión organizó, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores irlandés, varias reuniones informativas, tituladas «Los datos sobre el Tratado de Lisboa», para las organizaciones interesadas, incluidas las ONG y las autoridades regionales. Asimismo, tuvieron lugar, en 2009, seis acontecimientos dirigidos a escuchar a los ciudadanos organizados junto con las principales organizaciones de mujeres de Irlanda.

En su Resolución de 7 de mayo de 2009, el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión que presentase sin demora, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, una propuesta de Reglamento relativo a la iniciativa ciudadana (P6_TA(2009)0389).

¿Ha preparado la Comisión tal propuesta? ¿Tiene previsto la Comisión presentar una propuesta de Reglamento en cuanto entre en vigor el Tratado de Lisboa? ¿Va a seguir el trazado expuesto en el mencionado informe del Parlamento Europeo?

(EN) La Comisión acoge favorablemente la introducción de la iniciativa ciudadana que permitirá oír mejor a los ciudadanos de la Unión Europea, dará una nueva dimensión a la democracia europea y complementará el conjunto de derechos relacionados con la ciudadanía de la Unión.

La Comisión está convencida de que los ciudadanos europeos deben beneficiarse de este nuevo derecho lo antes posible una vez que entre en vigor el Tratado de Lisboa. Para ese fin, presentará una propuesta de Reglamento con arreglo al artículo 24 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea tras la entrada en vigor del Tratado. La Comisión desearía que el Reglamento se adoptase antes de que termine el primer año posterior a la entrada en vigor del Tratado y confía en que el Parlamento y el Consejo Europeos compartan este objetivo.

Dada la importancia que reviste la futura propuesta para los ciudadanos, la sociedad civil organizada, las partes interesadas y las autoridades públicas de los Estados miembros, se debe brindar también a los ciudadanos y a todas las partes interesadas la oportunidad de expresar su opinión sobre el modo en que debe funcionar dicha iniciativa.

Por lo tanto, la Comisión adoptó el 11 de noviembre un Libro Verde⁽¹⁾ a fin de recabar las opiniones de todas las partes interesadas sobre las cuestiones clave que perfilarán el futuro Reglamento. La Comisión espera obtener respuestas sumamente variadas a la consulta. Sus resultados servirán de base para la elaboración de su propuesta.

La Comisión acoge favorablemente la Resolución del Parlamento sobre la iniciativa ciudadana, aprobada en mayo de 2009, como valiosa contribución a este debate, y comparte la mayoría de sus sugerencias.

En la perspectiva de la entrada en vigor de la identificación electrónica obligatoria a partir del 31 de diciembre de 2009, en virtud del Reglamento (CE) no 1560/2007⁽¹⁾, ¿podría la Comisión considerar la posibilidad de aplazar dicha identificación electrónica obligatoria, dado que los aparatos empleados para escanear o leer las etiquetas no son muy precisos, lo cual acarreará graves problemas a los ganaderos?

En vista de lo anterior, ¿introducirá la Comisión el sistema únicamente con carácter voluntario a partir del 31 de diciembre de 2009?

(EN) La causa de que se establecieran las normas comunitarias vigentes sobre la identificación y trazabilidad individual de ovinos y caprinos fue la crisis de la fiebre aftosa que se produjo en el Reino Unido (UK) en 2001, y los posteriores informes del Parlamento, el Tribunal de Cuentas y el denominado «informe Anderson» que se realizó para la Cámara de los Comunes de UK que señalaron que el sistema existente de trazabilidad e identificación de los «lotes» era poco fiable. En aquel momento, las principales partes interesadas, como la National Farmers Union (Unión Nacional de Agricultores NFU), no sólo pidieron la introducción de la trazabilidad individual y la identificación electrónica sino también «actuar por delante del resto de la UE».

Por esta razón, el Reglamento (CE) nº 21/2004 del Consejo estableció el sistema de identificación electrónica de los pequeños rumiantes que será obligatorio a partir de enero de 2010.

La identificación electrónica voluntaria significaría de hecho, la trazabilidad voluntaria. Un sistema voluntario significaría, asimismo, una desigualdad de condiciones ya que varios Estados miembros ya están muy avanzados en el proceso de introducción de la identificación electrónica.

La tecnología ya está consolidada y preparada para su uso en las condiciones prácticas de la explotación ganadera.

El Parlamento y el Consejo no han puesto nunca en tela de juicio las disposiciones básicas del Reglamento.

No obstante, la Comisión ha facilitado la introducción uniforme del nuevo sistema en la medida de lo posible a fin de reducir los costes y las cargas de los operadores, sin poner en tela de juicio los principios del Reglamento.

Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del 29 de septiembre de 2009, la Comisaria Nelly Kroes hizo referencia a su propuesta de facilitar a las personas perjudicadas por los cárteles más recursos jurídicos para reclamar una indemnización. En su opinión, se trataba de una propuesta «de gran importancia», en la que había puesto mucho interés. La propuesta tenía que haberse presentado al Colegio de Comisarios el 7 de octubre.

Sin embargo, la reunión extraordinaria del gabinete, prevista para el 2 de octubre, fue anulada tras una intervención del gabinete del Presidente, y la propuesta desapareció misteriosamente de escena.

¿Por qué razón desapareció la propuesta del orden del día del Colegio, cuando la Comisaria Kroes había manifestado ante la Comisión ECON que el Colegio adoptaría rápidamente una decisión?

Según el diario alemán FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) del 20 de octubre de 2009, el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que al mismo tiempo es socio de un bufete de abogados alemán especializado en asuntos de cárteles, habría presionado a la Comisión Europea para que se aplazara la propuesta. ¿Son exactas estas informaciones?

¿Qué opinión le merece a la Comisión este posible conflicto de intereses que afecta al presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, al que hace referencia el artículo del FAZ?

¿Para cuándo cabe esperar que se presente la propuesta de referencia?

(EN) Es cierto que la Comisión está considerando realizar un seguimiento legislativo de su Libro Blanco de abril de 2008, como sugería el Parlamento Europeo en su Resolución de marzo de 2009 sobre el Libro Blanco. Sin embargo, por el momento, la Comisión no ha adoptado todavía una decisión final sobre esta cuestión, pero Su Señoría puede estar seguro que la Comisión sigue estando comprometida con los objetivos y las sugerencias establecidas en su Libro Blanco.

En septiembre de 2009 presenté mi pregunta escrita E-4313/09 relativa a los estudios sobre los camiones gigaliner, elaborados por encargo de la Comisión Europea. He tenido que comprobar que, lamentablemente, la Comisión, en su respuesta, se abstiene de entrar en el análisis de las cuestiones concretas que planteé. Una serie de organizaciones no gubernamentales ya ha expresado públicamente su escepticismo sobre los resultados y la calidad de los estudios que se han presentado. El tenor de la reacción de la Comisión Europea a mi pregunta escrita suscita en mí nuevas dudas con respecto a la solidez de dichos estudios.

¿Tendría la Comisión la amabilidad de contestar, con ocasión del próximo turno de preguntas, a las preguntas concretas que formulé?

(FR) En respuesta a esta pregunta, que se deriva de la pregunta escrita (E-4313/09) presentada en octubre de 2009 relativa a los dos estudios encargados por la Comisión sobre el impacto que en potencia podría tener la autorización de vehículos de transporte de mercancías más largos y pesados (LHVs) en el tráfico intraeuropeo, la Comisión desea señalar a Su Señoría que su respuesta fue tan concreta como era posible dados los datos de los que se disponía en aquel momento.

El primer estudio realizado a petición de la Comisión por «Transport & Mobility Leuven» (T&ML) en noviembre de 2008 concluyó, en términos generales, que una utilización mayor de vehículos más largos y pesados tendría, sin duda, un efecto positivo en la eficiencia general del sector del transporte europeo gracias a las mejoras previstas en cuanto a seguridad y comportamiento medioambiental del trasporte por carretera.

Sin embargo, desde su publicación, las partes interesadas han criticado enérgicamente los resultados de este estudio, no sólo desde el punto de vista de los parámetros utilizados en relación con la elasticidad de la demanda del transporte, sino también por las posibles repercusiones que una mayor utilización de estos vehículos podría tener en cuanto a la seguridad de las carreteras y la distribución modal del transporte.

Por esta razón, la Comisión consideró que era necesario un análisis más minucioso del tema, y, en este contexto, el Centro Común de Investigación-Instituto de Prospectiva Tecnológica (JRC-IPTS), con sede en Sevilla, ha llevado a cabo un nuevo estudio. Aunque sus conclusiones son mucho menos tajantes que las del informe elaborado por T&ML, este nuevo estudio concluye que una mayor utilización de vehículos más largos y pesados en el tráfico intraeuropeo reduciría el número de viajes necesarios en este momento con la flota existente que es más pequeña y ligera.

Es importante subrayar que todavía no se ha probado la hipótesis en la práctica. Por lo tanto, la Comisión cree que hay que ser prudentes a la hora de elaborar conclusiones que, hasta ahora, han tenido que ser provisionales a la espera de los resultados de investigaciones adicionales. De hecho, la cautela con la que han procedido los autores de estos dos estudios es coherente con aquella que mostraron, en la elaboración de otros informes, grupos de interés o Estados miembros.

A fin de tener plenamente en cuenta las diferentes opiniones reflejadas en la pregunta de Su Señoría, relativas a temas como, por ejemplo, la elasticidad de la demanda, la distribución modal del transporte, la proporción estimada de utilización de vehículos más largos y pesados y el efecto sobre los costes de infraestructuras, la Comisión ya ha reunido un grupo director que incluye a representantes de las partes involucradas en el análisis de estas cuestiones. Dicho grupo celebró su primera reunión a comienzos de noviembre de 2009 y se encuentra en el proceso de proponer una serie de parámetros económicos aprobados para otro estudio, que está previsto que se inicie a comienzos del 2010 (y para el que se están valorando las propuestas, que se han presentado recientemente a la Comisión).

La Comisión desea señalar a Su Señoría que las cuestiones planteadas se examinarán más minuciosamente como parte del nuevo estudio. Por último, tal y como ya ha indicado en varias ocasiones, la Comisión decidirá sobre la necesidad de reformar la legislación en vigor sólo tras haber examinado todas las consecuencias que se pueden derivar de modificar las normas sobre pesos y dimensiones de los vehículos más largos y pesados, tal y como se establece en la Directiva 96/53/CE⁽¹⁾ del Consejo.

En su respuesta a la pregunta escrita E-4200/09, de 25 de agosto de 2009, la Comisión reconoce que el Gobierno ruso aplica desde finales de 2008 toda una serie de medidas proteccionistas. Este aumento de los aranceles tiene importantes consecuencias para muchos productos exportados por la UE, como cosechadoras, automóviles, muebles y numerosos productos agrícolas. Por otra parte, se abusa de los aranceles a la importación para obligar a las empresas europeas a crear empresas conjuntas, como la empresa conjunta formada recientemente por Case New Holland y la empresa rusa Kamaz. En consecuencia, la UE debe seguir intentando que se supriman los aranceles a la importación para todos estos productos. En este contexto se plantean las siguientes preguntas a la Comisión:

¿Qué otras medidas ha adoptado la Comisión en el intervalo de tiempo transcurrido?

¿Qué resultados se han obtenido a este respecto en la Cumbre UE-Rusia celebrada los días 18 y 19 de noviembre de 2009?

Al parecer, el Gobierno ruso tiene la intención de revisar todas las subidas provisionales de aranceles. ¿Se conoce ya el resultado definitivo?

¿Está dispuesto el Gobierno ruso a iniciar un proceso de consultas formales en el marco del artículo 16 del Acuerdo UE-Rusia?

¿Qué estrategia se propone seguir la Comisión en el futuro?

(EN) Desde que se respondió a la pregunta escrita E-4200/09 de Su Señoría⁽¹⁾, la Comisión ha seguido presionando al Gobierno ruso respecto a las medidas proteccionistas que ha establecido en respuesta a la crisis económica mundial. La principal preocupación de la Comisión es que se tenga la intención de convertir en permanentes los incrementos de los aranceles a la importación con arreglo al nuevo arancel exterior común de la unión aduanera de Rusia, Belarús y Kazajstán, que debería entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2010.

Por lo tanto, el principal enfoque de las actividades de la Comisión en las últimas semanas ha sido plantear la preocupación de la UE a los tres miembros de la unión aduanera y pedir que se tenga en cuenta cuando los tres Jefes de Estado adopten una decisión final sobre el nuevo arancel exterior común el 27 de noviembre de 2009. La Comisión ha señalado como prioritarias las consecuencias para los automóviles y las cosechadoras, así como para una lista de otros productos. Las conversaciones continuaron la semana pasada y el Presidente de la Comisión planteó la cuestión en la Cumbre UE-Rusia celebrada en Estocolmo el 18 de noviembre de 2009. Asimismo, la Comisaria de Comercio debatió la cuestión en una reunión bilateral con el Ministro de Economía ruso Nabiullina que tuvo lugar al margen de la cumbre.

Aunque constituyó una señal prometedora que el propio Presidente Medvedev señalara en la cumbre que se había demostrado que las actuales medidas proteccionistas de Rusia eran ineficaces, también quedó claro que la propuesta de arancel exterior común entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2010 sin modificación alguna. Únicamente se prometió a la Comisión que los recientes incrementos arancelarios no serán permanentes y que se revisarán tras la creación de la unión aduanera.

El Gobierno ruso todavía no ha accedido a mantener consultas formales con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del Acuerdo de colaboración y cooperación UE-Rusia, a pesar de que la Comisión lo ha solicitado repetidamente.

En numerosos Estados miembros de la Unión Europea, los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que lucharon contra el nazismo y el fascismo disfrutan de un estatuto específico de combatiente de la coalición antihitleriana.

¿Cómo se prevé hacer extensivo el estatuto de combatiente de la coalición antihitleriana a la totalidad de la Unión?

(FR) La Comisión no tiene jurisdicción en cuanto al estatuto de antiguos combatientes. La responsabilidad sobre esta cuestión recae en los Estados miembros.

La suspensión de varios tenistas por un año por no haber cumplimentado correctamente su formulario de notificación de paradero ha causado una gran consternación en Bélgica.

El cumplimiento de los requisitos de paradero constituye ya de por sí una medida radical para los deportistas «inocentes» y plantea numerosos interrogantes sobre la posible intrusión en la vida privada de los atletas.

La condena de los deportistas a un año de suspensión por incorrecta comunicación de su paradero no es en modo alguno conforme al principio de proporcionalidad, puesto que los deportistas en cuestión no han recurrido en absoluto al dopaje.

El hecho de que sólo se pueda presentar recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) no facilita a los deportistas la utilización de esta vía.

¿Cómo evalúa la Comisión esta situación a la luz de las sanciones impuestas en el asunto Meca Medina?

¿Conviene la Comisión en la necesidad de coordinar mejor a nivel europeo e internacional tanto la severidad de las penas impuestas por infracciones relacionadas con el paradero como el procedimiento de recurso?

¿Está dispuesta la Comisión a tomar iniciativas en este sentido?

(EN) La Comisión se compromete totalmente a luchar contra el dopaje en el deporte y apoya el establecimiento de medidas antidopaje eficaces de conformidad con las disposiciones del Derecho comunitario sobre los derechos y libertades fundamentales.

La Comisión está regularmente en contacto con las instituciones y organizaciones pertinentes, sobre todo con el Parlamento Europeo, los Estados miembros, el Consejo de Europa y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) para debatir asuntos relacionados con la lucha contra el dopaje. La protección de datos y de la vida privada de los deportistas es uno de temas más importantes y delicados. En este contexto, la Comisión, a raíz del dictamen adoptado en abril de 2009 por el «Grupo de Trabajo del Artículo 29» creado con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de datos personales, ha solicitado a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que revise la Norma Internacional pertinente para la protección de la vida privada y de los datos personales. La AMA ha procedido, por consiguiente, a modificar de manera sustancial la Norma a fin de cumplir la legislación de la UE. Sin embargo, se siguen debatiendo varias cuestiones, sobre todo la relativa a la proporcionalidad con respecto a la «norma sobre el paradero», en especial a la luz de otras normas y prácticas de la AMA.

A este respecto, la Comisión reconoce que la lucha contra el dopaje en el deporte de alto nivel justifica la aplicación de controles de dopaje a los atletas de elite sin notificación y fuera de las competiciones deportivas. Sin embargo, los controles deben seguir siendo proporcionados y su aplicación respetuosa con los derechos individuales de los atletas.

La Comisión proseguirá su cooperación estrecha con las instituciones y organizaciones pertinentes, entre las que se incluyen el Grupo de Expertos del Consejo de Europa sobre el Antidopaje y la Protección de Datos. La labor de este grupo de expertos ayudará, sin duda, a reforzar el diálogo con la AMA sobre las directrices para la aplicación de la «norma sobre el paradero», e incluso sobre las cuestiones planteadas por Su Señoría como, por ejemplo, el recurso de los atletas contra las decisiones adoptadas a nivel nacional y la proporcionalidad de las medidas disciplinarias.

La reciente incautación de 120 millones de cigarrillos en el puerto de Greenore, condado de Louth, Irlanda ha sido descrita como la mayor incautación de mercancía de contrabando de la historia de la Unión Europea.

Está muy extendida la opinión de que estaba implicado un grupo terrorista disidente de Irlanda del Norte, en connivencia con grupos de la delincuencia organizada. El éxito de esta operación se debió a la excelente cooperación entre la Policía, la Marina y las autoridades aduaneras y fiscales tanto británicas como irlandesas.

¿Animará la Comisión a otros Estados miembros a adoptar esta estrategia como modelo para alcanzar una mejor cooperación en la UE contra el contrabando de drogas y de tabaco, y contra la delincuencia organizada en general?

(EN) El caso al que hace referencia Su Señoría supuso ciertamente la mayor incautación aislada de contrabando de tabaco jamás realizada en la UE y fue el resultado de una exitosa operación internacional entre organismos coordinada por la autoridad aduanera y fiscal irlandesa y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que, asimismo, está coordinando los aspectos internacionales de las investigaciones de seguimiento.

El caso en cuestión demuestra claramente la importancia y las ventajas de una cooperación internacional estrecha y la Comisión seguirá apoyando e impulsando las acciones dirigidas a garantizar las sinergias y un enfoque multiinstitucional y multidisciplinar para luchar contra la delincuencia transfronteriza.

En relación con los cigarrillos, durante los últimos 14 años, la OLAF ha celebrado una conferencia anual para que los investigadores y el personal de inteligencia que trabajan en el sector del tabaco intercambien información sobre las amenazas actuales y las emergentes y fortalezcan las relaciones en el ámbito operativo entre los Estados miembros, los terceros países clave y las organizaciones internacionales.

A fin de estimular el tipo de cooperación al que hace referencia Su Señoría, la Comunidad ofrece apoyo financiero en forma de subvenciones dentro del marco del programa de la UE «Prevención y lucha contra la delincuencia», gestionado por la Dirección general de justicia, libertad y seguridad. El presupuesto total para este programa previsto para el año 2010 es 85,88 millones de euros. El programa Hércules II, gestionado por la OLAF, apoya proyectos que fomentan la protección de los intereses financieros de la Comunidad, y su objetivo es impulsar la cooperación transnacional y multidisciplinaria y la creación de redes en los Estados miembros, los países adherentes y los países candidatos. El contrabando de tabaco es uno de los ámbitos a los que se dirige el programa Hércules II que tiene un presupuesto de 98,5 millones de euros para el período 2007-2013.

¿Cómo piensa proceder la Comisión Europea para que el Gobierno lituano ponga fin a la discriminación de la minoría polaca en el país? En los últimos meses se ha asistido a una intensificación de ciertas prácticas que se venían observando desde hace una serie de años. La disminución del número de escuelas y aulas polacas, la lituanización forzosa de apellidos, la desestimación de solicitudes de devolución de fincas que fueron expropiadas hace decenios por las autoridades soviéticas, (frente al número muy superior de reprivatizaciones en favor de nacionales lituanos), la prohibición de utilizar topónimos y nombres de calles en polaco en zonas habitadas por la minoría polaca, en contra de los estándares europeos, y los intentos de desprestigiar los mandatos de los diputados que representan a la minoría polaca en el parlamento lituano son prácticas que la Comisión no puede pasar por alto. ¿Estaría la Comisión dispuesta a ocuparse de estas cuestiones con carácter de urgencia, como asuntos que requieren una intervención inmediata?

(EN) El respeto por los derechos de las personas que pertenecen a una minoría, que incluye el respeto por el principio de no discriminación, es uno de los principios sobre los que se fundamenta la Unión Europea y al que de manera expresa ahora se hace referencia en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, modificado por el Tratado de Lisboa cuya fecha de entrada en vigor es el 1 de diciembre de 2009. Dicho artículo incluye el respeto de los derechos de las personas que pertenecen a una minoría entre los valores en los que se fundamenta la Unión Europea.

Sin embargo, la Comisión únicamente puede actuar en áreas en las que la UE tiene competencia, como, por ejemplo, en aquellas en las que la Directiva 2000/43/CE⁽¹⁾ aplica el principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico.

Las cuestiones planteadas por Su Señoría entran dentro de la competencia de los Estados miembros que deben garantizar la protección de los derechos fundamentales mediante la aplicación de su propia legislación y sus obligaciones internacionales. Dichas cuestiones pueden interponerse ante los tribunales en los Estados miembros y, una vez que se agoten los recursos a nivel nacional, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El pasado mes de abril el Parlamento Europeo aprobó el tercer paquete legislativo sobre los mercados del gas y la electricidad en la Unión Europea. Uno de los principales objetivos de dicho paquete legislativo consiste en proteger a los consumidores europeos de energía frente a los grandes monopolios de este sector garantizando la separación entre la explotación de los gaseoductos y las redes eléctricas y las actividades de suministro de gas o producción de energía eléctrica. ¿Para cuándo está prevista la plena implantación del tercer paquete energético, es decir, que todos los Estados miembros hayan elegido un modelo de separación (entre la separación completa, el gestor de red independiente y el gestor de transporte independiente) y aplicado sus respectivas disposiciones? ¿Sabe la Comisión cuántos Estados miembros han optado por el modelo de separación «más flexible», a saber, el gestor de transporte independiente? ¿Qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión para proteger los intereses de los consumidores europeos de energía si los mercados energéticos de diferentes Estados miembros siguen en manos de los grandes monopolios de este sector?

(EN) Las directivas del tercer paquete legislativo entraron en vigor el 3 de septiembre de 2009. Los Estados miembros tienen que tener adaptada su legislación nacional el 3 de marzo de 2011, y tienen que aplicar las normas sobre separación incluidas en las mismas a partir del 3 de marzo de 2012, y en algunos casos concretos, a partir del 3 de marzo de 2013.

De conformidad con las disposiciones del tercer paquete legislativo, los Estados miembros pueden elegir entre tres modelos de separación: la separación de la propiedad, el gestor de red independiente y el gestor de transporte independiente. Aunque los tres modelos proporcionan diferentes grados de separación estructural de la explotación de las redes y las actividades de suministro, cada uno de ellos debería ser eficaz en la eliminación de cualquier conflicto de intereses entre productores, proveedores y gestores de la red. En esta primera etapa de la adaptación de la legislación nacional, la Comisión no tiene hasta ahora una visión con respecto a cuántos Estados miembros elegirán el modelo de gestor de transporte independiente para la separación.

A fin de proteger los intereses de los consumidores frente a cualquier comportamiento abusivo en el mercado de las empresas energéticas de los Estados miembros, la Comisión procurará por todos los medios garantizar que estos apliquen las disposiciones del tercer paquete legislativo correctamente y a su debido tiempo, mediante la creación de un marco reglamentario que sea realmente capaz de proteger dichos intereses.

De conformidad con la ley polaca por la que se establece un procedimiento de compensación aplicable a elementos patrimoniales de particular importancia para el sector astillero polaco, el Ministro de Hacienda de Polonia nombró, entre una serie de candidatos autorizados por la Comisión Europea, a un observador para el proceso de compensación. Su misión consistía en supervisar la aplicación del procedimiento de compensación, en particular, las tareas relativas a la preparación y ejecución de la venta de parcelas de propiedad inmobiliaria, y le incumbía transmitir a la Comisión Europea informes mensuales sobre la supervisión de este proceso.

¿Podría indicar la Comisión si se han observado irregularidades en el proceso de compensación, si el observador participó o continúa participando en estos procedimientos, y si los mismos se efectúan con arreglo a lo dispuesto en la Decisión de la Comisión Europea de 6 de noviembre de 2008 sobre las ayudas estatales otorgadas por Polonia a los astilleros de Szczecin y Gdynia?

(EN) Los administradores encargados de la supervisión desempeñan un papel esencial en la aplicación de las Decisiones de la Comisión de 6 de noviembre de 2008 relativas a los astilleros de Szczecin y Gdynia⁽¹⁾.

Existe un administrador para cada astillero, cuyo papel es mantener informada a la Comisión de los avances en el proceso de venta de parcelas de propiedad inmobiliaria y de cualquier dificultad con la que se encuentre. Para lograr este objetivo, los administradores proporcionan a la Comisión informes mensuales sobre los avances. Los administradores encargados de la supervisión han proporcionado estos informes desde el inicio del proceso de venta y han seguido haciéndolo hasta la fecha. Su intervención en el proceso se limita a esta función de supervisión y no participan de manera activa en la realización y/o gestión del proceso de venta como tal.

Los administradores encargados de la supervisión han ofrecido, en diferentes ocasiones, a la Comisión una valiosa información sobre el proceso y le han permitido abordar varias dificultades técnicas directamente con el Gobierno polaco.

Las Decisiones de la Comisión del 6 de noviembre de 2008 preveían que su aplicación concluiría a principios de junio de 2009. Tras la adopción de las dos decisiones, los astilleros cesaron su actividad económica, que podrán reiniciar los inversores que adquieran las parcelas de propiedad inmobiliaria de los astilleros en cuanto se perfeccione la venta. Dado que, en una fase relativamente tardía del proceso de venta, el inversor elegido no completó la adquisición de amplias partes de los astilleros, este plazo inicial tuvo que ampliarse de manera significativa.

El papel de la Comisión en relación con el proceso de venta es supervisar la aplicación de sus dos Decisiones del 6 de noviembre de 2008 y de las condiciones en ellas incluidas. Sólo una vez que haya concluido el proceso de venta, la Comisión podrá pronunciarse sobre el cumplimiento por parte de Polonia de estas condiciones.

La Comisión no tiene competencia para decidir, en el contexto del proceso de venta, si se produjeron otras irregularidades con arreglo a lo dispuesto en las normas nacionales aplicables.

El 3 de noviembre de 2009, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió el recurso de una ciudadana ítalo-finlandesa destinado a retirar los crucifijos de las escuelas. En otros países sucedieron episodios similares, como en España, Alemania, Francia e Italia, país en el que, en 1988, el Consejo de Estado señaló que el crucifijo no sólo es el símbolo de la religión cristiana sino que tiene un valor independiente de la religión. ¿No cree la Comisión que el principio enunciado por el Tribunal de Estrasburgo puede cuestionar la exposición en lugares públicos de símbolos religiosos y culturales, incluida la bandera europea que está basada en la simbología católica mariana?

(FR) La Comisión desea señalar que las legislaciones nacionales sobre los símbolos religiosos en edificios públicos están sujetas al sistema jurídico interno.

Asimismo, la Comisión desea señalar que la responsabilidad de la aplicación de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recae en el Consejo de Europa.

El actual ordenamiento institucional prevé que la cuestión de la seguridad alimentaria global se incluye entre las competencias de diferentes comisarios. ¿Puede la Comisión confirmar cuándo fue la última vez que una reunión de su Colegio examinó el asunto de la seguridad alimentaria global? ¿Cuál fue el orden del día del debate y el resultado de las conversaciones?

¿Considera la Comisión que la cuestión de la futura seguridad alimentaria a escala global es una cuestión que requiere un enfoque holístico y, en caso afirmativo, qué propuestas va a presentar para proporcionar un enfoque más estratégico a nivel de la UE?

(EN) Como la seguridad alimentaria es una cuestión polifacética, responder a ese desafío exige una contribución coordinada de varias políticas e instrumentos. Además de las acciones sectoriales específicas llevadas a cabo por los diferentes comisarios implicados, el Colegio de Comisarios ha evaluado regularmente la situación de la seguridad alimentaria global y, en particular, desde las subidas de precios de los productos básicos agrícolas de 2008.

El Colegio de Comisarios abordó las cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria en el momento de la adopción de la Comunicación titulada «Hacer frente al reto del alza de precios de los productos alimenticios - Orientaciones para la acción» de mayo de 2008. La Comunicación establecía el orden del día de las posteriores acciones de la Comisión en diferentes áreas, dentro de la UE y a nivel global.

En julio de 2008, la Comisión asistió a una conferencia de alto nivel organizada por la Presidencia francesa en el Parlamento Europeo («¿Quién alimentará al mundo?»). Posteriormente en julio, el Colegio tuvo la oportunidad de volver al tema de la seguridad alimentaria en el debate de los resultados de la Cumbre de los líderes del G8 celebrada en Hokkaido Toyako. En ese contexto, se hizo referencia al «instrumento alimentario» de la UE y su contribución para fomentar la producción agrícola en los países en desarrollo.

Más recientemente, se debatió, en la reunión del 14 de julio de 2009, los avances logrados en los esfuerzos globales dirigidos a luchar contra la inseguridad alimentaria durante el debate del Colegio sobre los resultados de la Cumbre del G8 celebrada en L’Aquila del 8 al 10 de julio. En esa ocasión, el Presidente Barroso puso de relieve la importancia de pasar del concepto de la ayuda alimentaria al de asistencia alimentaria y de las significativas contribuciones financieras y conceptuales de la UE, y acogió positivamente el impulso generado por la Cumbre del G8.

El 26 de septiembre de 2009, la Comisión fue uno de los principales oradores de la mesa redonda «Asociación para la seguridad alimentaria» organizada por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, y la Secretaria de Estado de los EE.UU., Hillary Clinton. En el evento, organizado al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión reafirmó los principios y promesas acordados en la Cumbre del G8 celebrada en L’Aquila en julio.

La semana pasada, el Presidente de la Comisión, la Comisaria de Agricultura y el Comisario responsable de Desarrollo y Ayuda Humanitaria participaron en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación convocada por la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en Roma, lo que confirma una vez más la importancia que otorga la Comisión a la seguridad alimentaria global en los foros internacionales. La FAO acogió positivamente el instrumento alimentario como una respuesta rápida de la UE a la crisis alimentaria de 2007-2008.

En relación con las futuras propuestas estratégicas, la Comisión acaba de iniciar el 16 de noviembre de 2009 una amplia consulta en la web relativa a un «documento sobre cuestiones» para recopilar orientaciones y opiniones de las partes interesadas pertinentes con respecto a las propuestas del fundamento, el ámbito, los objetivos estratégicos, el enfoque y la aplicación de un marco político revisado sobre seguridad alimentaria para la UE (http://ec.europa.eu/development/how/consultation/index.cfm?action=viewcons&id=4785&lng=en). Tal y como demostraron los debates celebrados durante la Cumbre de la FAO de Roma, es crucial un enfoque holístico de la seguridad alimentaria, que a nivel de la UE, se garantizará a través del proceso de coherencia de las políticas de desarrollo (CPD).

En relación con la situación de la seguridad alimentaria de la propia Unión, ésta ha respondido a los recientes desafíos mediante el proceso de reforma de la política agrícola común (PAC), que ha sido continuo durante los últimos 15 años. Nos hemos centrado en varias políticas, como, por ejemplo, la transición de la ayuda a los productos a la ayuda a los productores, vinculada al respeto de las normas básicas de gestión de la tierra, la creación de una red de seguridad para el mercado mediante la intervención y el fortalecimiento del desarrollo rural con más recursos, que han estimulado el potencial de producción de la agricultura europea al tiempo que respetan su necesario equilibrio territorial y medioambiental. Los análisis indican que el nivel estimado de productividad y competitividad agrícola en la UE deberían permitir a dicho sector responder a la creciente demanda interna.

¿Podría la Comisión informar de los fondos que han sido asignados con arreglo al Reglamento (CE) nº 2236/95⁽¹⁾ desglosados por Estado miembro?

(EN) De conformidad con Reglamento (CE) nº 680/2007 (perspectivas financieras 2007-2013), que es posterior al Reglamento (CE) nº 2236/95 (perspectivas financieras 2000-2006), la Comisión apoyó 63 proyectos de transporte que ascendían a 185 millones de euros con arreglo a las convocatorias anual y plurianual de 2008 en los ámbitos de los servicios de información fluvial, las autopistas marítimas y la gestión del tráfico aéreo.

El desglose de los fondos por Estado miembro se refleja en el siguiente cuadro:

Estado miembro

Financiación total RTE-T / Estado miembro (€)

%

Número de proyectos

* Unión Europea

43 603 757

23,5 %

14

Bélgica

2 339 298

1,3 %

2

Bulgaria

1 200 000

0,6 %

1

República Checa y Eslovaquia

5 000 000

2,7 %

1

Alemania

22 168 000

12,0 %

5

Grecia

6 715 000

3,6 %

2

España

30 705 958

16,6 %

8

Finlandia

17 190 000

9,3 %

3

Francia

11 120 000

6,0 %

3

Italia

16 574 000

8,9 %

6

Luxemburgo

237 540

0,1 %

1

Letonia

820 000

0,4 %

1

Países Bajos

3 564 000

1,9 %

2

Polonia

2 947 500

1,6 %

3

Portugal

2 160 000

1,2 %

1

Suecia

15 688 000

8,5 %

5

Eslovenia

700 000

0,4 %

2

Eslovaquia

1 055 383

0,6 %

2

Reino Unido

1 580 000

0,9 %

1

TOTAL

185 368 436

100 %

63

* proyectos en los que intervienen varios Estados miembros: Austria, Dinamarca, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Eslovaquia, Alemania, Estonia, Grecia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Malta, Países Bajos, Polonia, Rumania, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Reino Unido.

En el municipio de Viannos, en la provincia de Irakleio, funciona una cantera que infringe las disposiciones acerca del respeto de la distancia respecto a zonas habitadas, acerca del peligro para la seguridad de la vida y de la salud de los trabajadores, de los habitantes de la región y de personas en tránsito, y aquellas relativas a los daños causados al medio ambiente. Asimismo, para la aprobación del estudio de impacto ambiental, no se tomó en consideración el hecho de que la zona de extracción denominada «Vachos» quedaba dentro del área protegida NATURA (GR 4310006).

El funcionamiento de la cantera presenta graves repercusiones para la salud y para la seguridad de los habitantes, así como para el desarrollo de la región y para el medio ambiente.

¿Qué posición adopta la Comisión para hacer frente a este grave problema ecológico y a las repercusiones sobre la vida de los trabajadores y de los habitantes de la región y, de manera más general, para el restablecimiento del equilibrio ecológico de la región, que ha sido perturbado por la contaminación?

(EN) Corresponde al Gobierno griego garantizar que el funcionamiento de la cantera a la que hace referencia Su Señoría cumpla totalmente la legislación nacional y comunitaria aplicable.

En particular, por lo que se refiere al espacio Natura 2000 en cuestión («Dikti: Omalos Viannou (Symi-Omalos)» GR4310006), la autorización y el posterior funcionamiento de la cantera debe estar en consonancia con los valores ecológicos del espacio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE⁽¹⁾ (Directiva sobre los hábitats). En particular, de conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva, cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a un espacio Natura 2000, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se tiene que someter a una adecuada evaluación a la luz de los objetivos de conservación del espacio y sólo se podrá autorizar si no afecta a la integridad del mismo.

De acuerdo con la información proporcionada por Su Señoría, así como con el contexto de la pregunta escrita E-4788/09 relativa a la misma cuestión, la Comisión contactará con el Gobierno griego a fin de obtener información sobre la aplicación de las disposiciones anteriormente mencionadas.

Debe ponerse de relieve que la Directiva 85/337/CEE⁽²⁾del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente no establece ninguna norma comunitaria en cuanto a la distancia a la que tienen que estar los proyectos de las zonas habitadas.

En cuanto a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en el sector de la extracción, se considera desde hace tiempo que es un ámbito que merece particular consideración. Como tal, existe un cuerpo de legislación comunitaria que establece los requisitos mínimos para la protección de los trabajadores, que se pueden encontrar en la Directiva marco 89/391/CEE⁽³⁾ que establece las disposiciones básicas para que todos los trabajadores promuevan la mejora de su seguridad y salud en el trabajo. Se pueden encontrar disposiciones más concretas en la Directiva 92/104/CEE⁽⁴⁾ relativa a las disposiciones mínimas destinadas a mejorar la protección en materia de seguridad y de salud de los trabajadores de las industrias extractivas a cielo abierto o subterráneas. Los Estados miembros tienen que adaptar su legislación interna a estas directivas y las autoridades nacionales competentes serán las que hagan cumplir dicha legislación.

En cuanto a la cuestión de la salud pública, las disposiciones del Tratado limitan la competencia de la Comunidad Europea en este ámbito. Por tanto, es el Gobierno griego el que tiene competencia para garantizar que la salud y la seguridad de sus ciudadanos no se vean amenazadas.

La propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen para 2010 las posibilidades de pesca y las condiciones a ellas asociadas aplicables en el Mar Negro a determinadas poblaciones de peces, doc. n° 14074/09 PECH 262, tiene máxima importancia para el sector pesquero en Bulgaria y Rumania. La adopción de la propuesta de la Comisión Europea repercutirá negativamente sobre este sector. La cuestión en candelero es el efecto ecológico de la disminución de cuotas que se propone. La posición de todos los grupos de trabajo en este momento es que la situación de los bancos de rodaballo en el Mar Negro es estable.

¿En qué datos se basa el Comité científico-técnico en materia pesquera para reclasificar el rodaballo de la sexta a la décima categoría?

¿Se ha tomado en consideración el parecer del subgrupo de expertos, en el que participan científicos búlgaros y rumanos, para la redacción del dictamen definitivo?

¿A qué se debe la importante divergencia de pareceres entre dicho grupo de trabajo y el Comité científico, técnico y económico de pesca (CCTEP)?

¿Se derivan de la disminución de la cuota relativa a la cuenca del Mar Negro efectos ecológicos?

¿Sería posible proceder a una revisión de las cuotas fijadas para el próximo año con arreglo a la aplicación conjunta de una metodología común por Bulgaria y Rumania?

(EN) En su propuesta de posibilidades de pesca para el Mar Negro en 2010⁽¹⁾, la Comisión propuso disminuir los TAC comunitarios para el rodaballo en un 24 % en comparación con el año 2009. Esta disminución es acorde con lo que aconseja el Comité científico, técnico y económico de pesca (CCTEP) y los criterios de la Comunicación de la Comisión sobre las posibilidades de pesca para 2010⁽²⁾.

Expertos científicos búlgaros, rumanos, turcos y ucranianos que participan en el grupo de trabajo para el Mar Negro señalaron de manera categórica en su informe para el CCTEP de julio de 2009⁽³⁾ que «la actual biomasa del rodaballo es mucho menor en comparación con los niveles históricos. La caída en la abundancia es coherente con los descensos en las CPUE (capturas por unidad de esfuerzo) y los desembarques. Desde 2002 ha aumentado el reclutamiento, y esto ha influido positivamente en la SSB⁽⁴⁾, pero dado que la industria pesquera captura rodaballos muy pequeños e inmaduros, dicha influencia positiva no podrá propagarse en los próximos años. La mortalidad por pesca del rodaballo es alta».

Con respecto a la afirmación de Su Señoría de que existe una «importante divergencia de pareceres entre dicho grupo de trabajo y el CCTEP», es cierto que este último consideró que «los resultados de la evaluación más reciente realizada durante la reunión del grupo de trabajo CCTEP-SGRST en Brest en julio de 2009 no son suficientemente fiables como para fundamentar el dictamen para la gestión cuantitativa sobre las posibilidades de pesca para 2010». Por lo tanto, de conformidad con la opinión dada en el informe del Pleno del CCTEP de abril de 2009, éste señaló que la explotación de rodaballo en el Mar Negro debía mantenerse en el nivel más bajo posible a fin de permitir la recuperación de la población.

De acuerdo con esto, el CCTEP recomendó que se redujeran los TAC al menos un 25 % y que se aplicaran medidas de recuperación, entre las que se incluían reducciones del esfuerzo y la introducción de artes de pesca más selectivas.

El 20 de noviembre de 2009, el Consejo alcanzó un acuerdo político sobre los TAC del Mar Negro para 2010, con una disminución de los TAC comunitarios, para dicho año, a 96 toneladas. En este contexto, no está autorizada la pesca de rodaballo antes del 15 de febrero de 2010. Para esta fecha, Bulgaria y Rumania tendrán, asimismo, que presentar a la Comisión unos planes globales de gestión y control a fin de garantizar la gestión sostenible de la pesquería. Las cuotas respectivas disminuirán a 38 toneladas, con la correspondiente disminución de los TAC a 76 toneladas, a no ser que la Comisión acepte estos planes. No obstante, la Comisión confirmó también su buena disposición para cooperar de manera activa con las autoridades de estos Estados miembros para lograr el objetivo de una pesquería sostenible.