Acta literal de los debates

Miércoles 20 de enero de 2010 - Estrasburgo

7. Explicaciones de voto

Explicaciones de voto orales

Elección del Defensor del Pueblo Europeo

  Vito Bonsignore (PPE). – (IT) Con esta votación, el Parlamento Europeo ha expresado la confianza depositada en el Defensor del Pueblo Europeo, cuyo mandato durará hasta que finalice nuestra legislatura.

Debo señalar que se trata de una votación positiva para todos nosotros, para todos los ciudadanos de la Unión Europea. El Defensor de Pueblo Europeo se encargará de tratar todas la quejas de los ciudadanos relacionadas con la mala administración de nuestras instituciones. El Defensor de Pueblo ha respondido ante el Parlamento, ha respondido a las preguntas relacionadas con cómo hacer que su labor sea más transparente, cómo mejorar la cooperación entre el Parlamento y el equipo que trabaja para el Defensor del Pueblo, así como la comunicación con el público.

Su papel será sumamente importante para defender a los ciudadanos europeos, ayudarlos en sus contactos con la administración pública y, quizá, también a la hora de hacer que los europeos sientan que forman parte de una Europa común. Todos tenemos que luchar por conseguir el objetivo de lo que, a veces, es una barrera poco productiva de burocracia.

La Unión Europea podría llegar a ser incluso más política si lograra situar a los ciudadanos en el centro de sus acciones. Por esta razón, espero que el nuevo Defensor del Pueblo pueda aplicar las experiencias del pasado para mejorar aún más las relaciones positivas con los ciudadanos de la Unión Europea.

- Informe: Eva Joly (A7-0086/2010)

  Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, creo que nuestra ponente, la señora Joly, así como todos los grupos políticos, han hecho un excelente trabajo en la elaboración de este informe, que cuenta tanto con mi respaldo como con el de mis colegas del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos).

En particular, quisiera expresar mi apoyo a la parte del informe en la que se destaca que las negociaciones sobre la revisión del Acuerdo de Cotonú deberían tener en cuenta, por una parte, las consecuencias de la crisis financiera y, por otra, la migración y, sobre todo, la necesidad de reprimir la inmigración ilegal.

Esto, de hecho, tiene una repercusión muy negativa, tanto para las economías de los países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) —que, como consecuencia de la inmigración, están perdiendo mano de obra y trabajadores cualificados que son necesarios para el desarrollo— como para las de los países de la Unión Europea, que son los más afectados por la inmigración ilegal, países como Italia, cuya capacidad de absorber a los inmigrantes tiene límites económicos y profesionales que no pueden superarse si quiere evitarse un declive social.

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, he votado en contra del informe Joly aunque crea que todos estamos de acuerdo en uno de sus principales argumentos, a saber, en que necesitamos dirigir una política centrada en la promoción del desarrollo económico de los países africanos a fin de combatir la fuga de cerebros y permitir que los países africanos, por fin, utilicen su fuerza de trabajo cualificada para su propio desarrollo. Entiendo este argumento y lo respaldo. ¿Por qué, entonces, el mismo informe se declara constantemente a favor de una política de nueva emigración desde los países africanos y de nueva inmigración a Europa? A fin de cuentas, esto en realidad promueve la fuga de cerebros de los africanos más emprendedores, dinámicos y cualificados. Mantengo que la tarjeta azul es un desastre para Europa y, sobre todo, perjudicial para África y los africanos. Por último, pero no menos importante, la «migración circular» mencionada es un sueño, pues estos inmigrantes no vuelven a sus países y, por tanto, se genera un caldo de cultivo para la inmigración ilegal.

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  Daniel Hannan (ECR). – Señor Presidente, el programa de esta semana y, sobre todo, el de hoy, ha sido reducido, escueto y se ha visto truncado. Todos sabemos el motivo. Esta semana se han hecho maniobras de trastienda. Yo diría maniobras en salas llenas de humo, pero, tratándose de Bruselas, diré espacios sin humo.

Hemos escuchado esta tontería de las audiencias. Ha dado lugar a candidatos sobre los que tengo que decir que no he escuchado a ningún diputado de esta Cámara que piense que estamos a punto de designar a los 27 hombres y mujeres mejor cualificados de toda la Unión Europea para las importantes competencias concentradas en manos de la Comisión Europea. Ellos no solo tendrán competencias ejecutivas, sino que también tendrán derecho a iniciar leyes —una concentración de poderes que es extraordinaria en cualquier contexto, pero sobre todo si tenemos en cuenta no son directamente responsables ante el electorado—. Se trata del electorado más exclusivo de Europa: un total de 736 diputados decidiendo quién va a gobernar al continente.

No es necesario ser euroescéptico para pensar que esto es censurable. Me parece extraordinario que este continente, que ha exportado la idea de la democracia parlamentaria y del gobierno representativo, que ha sembrado las semillas de la democracia en países lejanos en los que han encontrado tierra fértil, ahora vaya a talar el árbol ancestral de Europa. Todos estamos consternados por dicho proceso.

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- Informe: Eva Joly (A7-0086/2009)

  Syed Kamall (ECR). – Señor Presidente, al considerar las relaciones ACP-UE, evidentemente, el primer principio debería ser cómo podemos ayudar a las personas a salir de la pobreza en muchos de estos países.

Cuando hablo con los empresarios de estos países, se lamentan porque, muchos de ellos incluso 40 años después de conseguir la independencia, han sufrido los problemas de 40 años de socialismo, donde todavía dependen de economías primarias y, además, dependen excesivamente de las ayudas.

Los empresarios de estos países me comentan asimismo que las barreras comerciales realmente perjudican a estos países y hacen que las importaciones de alimentos y medicamentos sean más caras para los ciudadanos más pobres. Se quejan de los aranceles de la Unión Europea y las barreras no arancelarias, y me complace que las relaciones ACP-UE, de alguna manera, vayan a tratar de solucionar la cuestión de las barreras arancelarias, si no las barreras no arancelarias.

También me complace que la Comisión haya instaurado, de hecho, una unidad que ayude a los empresarios de los países en desarrollo a exportar a la Unión Europea. Debemos recordar que el primer principio consiste en que la mejor forma de ayudar a los más pobres a salir de la pobreza es fomentar más las prácticas comerciales y ayudar a los empresarios de los países más pobres.

  Philip Claeys (NI). – (NL) Señor Presidente, solo el apartado 31, en el que se pide a la Comisión que incluya el principio de la migración circular y su facilitación mediante la concesión de visados circulares, era una razón suficiente para votar en contra del informe Joly. La «migración circular» es una ilusión. Se trata de algo que existe en los documentos oficiales de la Unión Europea y de un deseo, pero no —salvo algunas excepciones— de una realidad. Lo que se concluye de la migración circular es que a un inmigrante se le otorga un permiso de residencia limitada, pero, cuando este caduca, el inmigrante sigue en Europa y pasa a ser clandestino. Esta es la realidad de la pretendida migración circular. La migración circular es la fuerza motriz de la inmigración ilegal; la Comisión y el Parlamento son conscientes de ello. Sin embargo, este término se utiliza constantemente para hacer creer a los demás que, más adelante, los inmigrantes vuelven a sus países de origen. Por tanto, deberíamos dejar de disfrazar la realidad lo antes posible.

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  Seán Kelly (PPE). – Señor Presidente, con su permiso, quisiera hacer una puntualización con respecto al tiempo de uso de la palabra, porque, con demasiada frecuencia en esta Cámara, demasiados colegas exceden el tiempo que tienen asignado —y se les permite hacerlo—. Algunos llegan incluso a duplicar su turno. Pediría al Presidente y a los Vicepresidentes hagan uso del martillo a este respecto, a fin de que se respete el tiempo que se les asigna y de que aquellos que deseen intervenir conforme al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra o de otro modo tengan la oportunidad de hacerlo.

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Explicaciones de voto por escrito

Elección del Defensor del Pueblo Europeo

  Alfredo Antoniozzi (PPE), por escrito. – (IT) Señor Presidente, el papel del Defensor del Pueblo Europeo en representación de todos los ciudadanos tiene una importancia fundamental para la transparencia y el buen funcionamiento de las instituciones europeas, que representan a los 27 Estados miembros y a casi 500 millones de ciudadanos. En esta Cámara, quisiera centrarme en la importancia del papel que tiene el Defensor del Pueblo en la protección de los idiomas de la Unión Europea, habida cuenta de las numerosas quejas recibidas en los últimos años en relación con la discriminación lingüística, quejas que también están relacionadas con el idioma italiano. Por tanto, me complace que se haya llevado a cabo la reasignación del Defensor del Pueblo Europeo y, además de desearle lo mejor en su labor como tal, lo invito a que preste a la protección lingüística la atención que se merece.

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. – (RO) Me complace que se haya vuelto a designar a Nikiforos Diamandouros para que asuma el cargo de Defensor del Pueblo Europeo para otra legislatura, es decir, hasta 2014. También respaldo al Defensor del Pueblo en los siguientes objetivos principales: garantizar que los ciudadanos de la Unión Europea disfruten de los beneficios y los recursos del Tratado de Lisboa y conseguir una mejor cooperación con los Defensores del Pueblo regionales y nacionales, garantizando así una mayor transparencia en las actividades que se lleven a cabo en el ámbito europeo.

  Proinsias De Rossa (S&D), por escrito. – Apoyo plenamente la reelección del señor Diamandouros para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo Europeo. El Defensor del Pueblo Europeo se encarga de investigar las quejas que los ciudadanos plantean contra las instituciones y los organismos de la Unión Europea. Asimismo, esta figura debe ser una agente público imparcial, no partidista e independiente. El señor Diamandouros ha demostrado ser un gran profesional y un defensor eficiente de los ciudadanos. No ha tenido miedo de criticar a las instituciones europeas, incluido el Parlamento Europeo, cuando ha sido necesario. Ahora que la Carta de los Derechos Fundamentales cuenta con el mismo valor jurídico que los tratados, confío en que la carta y, en especial, el derecho a una buena administración ocupen un lugar central en la labor del señor Diamandouros como Defensor del Pueblo.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) En una Europa que desea estar más cerca de los ciudadanos y más al servicio de los pueblos de Europa, es fundamental que estos puedan ejercer un control efectivo de las instituciones y organismos de la Unión Europea. En este contexto es precisamente donde el papel del Defensor del Pueblo Europeo resulta indispensable, ya que los ciudadanos le informan de cualquier irregularidad administrativa, discriminación, abuso de poder o ausencia, o de la negativa a responder a alguna cuestión específica planteada a algún organismo o institución de la Unión Europea.

A este respecto, quisiera destacar que acojo con beneplácito la elección del nuevo Defensor del Pueblo Europeo para los próximos cinco años, y espero que, en su mandato, se guíe por los valores fundadores de la Unión Europea —libertad y justicia—. De esta forma, se garantizará que los ciudadanos europeos cuenten con mejores instituciones y con un control eficaz de su funcionamiento, para lograr una Unión Europea sea más fuerte, más justa y más solidaria.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El Defensor del Pueblo Europeo actúa, ya sea de oficio o a raíz de alguna queja, para abordar casos de mala administración por parte de las instituciones y los organismos comunitarios. De esta forma, el Defensor del Pueblo está ayudando a construir una Europa de los ciudadanos, ahora que el Tratado de Lisboa ha entrado en vigor y que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europa ha pasado a ser un documento jurídicamente vinculante. Es necesario destacar que el derecho a una buena administración es un derecho fundamental de los ciudadanos europeos, contemplado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En 2001, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el código de buena conducta administrativa, que deben respetar todas las instituciones y todos los organismos de la Unión Europea. Quisiera destacar que este código debería convertirse en una ley europea, lo que aportaría una mayor coherencia legislativa a la Unión Europea y garantizaría que todas las instituciones aplicaran esos mismos principios básicos en su trato con los ciudadanos. Es fundamental que los ciudadanos europeos conozcan sus derechos y sepan cómo deben actuar para protegerlos y para restablecerlos en caso de que se violen.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), por escrito. – (PL) Señor Presidente, en el Parlamento Europeo, de hecho, hemos evaluado todos los años el trabajo realizado por el señor Diamandouros en su calidad de Defensor del Pueblo, cuando debatimos los informes que ha presentado, y siempre ha recibido buenas valoraciones. En el desempeño de su labor durante los dos mandatos que ha asumido, el señor Diamandouros ha emprendido numerosas iniciativas para sensibilizar a la opinión pública sobre la labor del Defensor del Pueblo, lo que significa que cada vez hay más ciudadanos que recurren a su ayuda. Las últimas cifras, que se refieren a 2008, revelan que se presentaron 3 406 quejas en comparación con las 3 211 quejas recibidas el año anterior. Merece la pena señalar que el Defensor del Pueblo no se ha limitado a examinar las quejas que se han presentado oficialmente, sino que, además, ha facilitado información sobre la posibilidad de reclamar derechos en el caso de quejas que, en realidad, no entraban dentro de sus competencias.

Asimismo, el señor Diamandouros ha puesto en marcha una relación de cooperación muy importante entre los Defensores del Pueblo de cada uno de los Estados miembros, lo que ha permitido un flujo de intercambio de información y buenas prácticas. Con respecto a esta iniciativa, se han nombrado funcionarios de enlace en las oficinas de los Defensores del Pueblo nacionales y, además, se publica información sobre la ejecución y aplicación de la legislación de la Unión Europea en el «boletín del Defensor del Pueblo». Por tanto, felicito sinceramente al señor Diamandouros por sus logros y por haber sido reelegido como Defensor del Pueblo Europeo, y cuento con que desarrolle una cooperación fructífera durante la actual legislatura del Parlamento Europeo.

  Alan Kelly (S&D), por escrito. – Estimados colegas, hoy quisiera rendir homenaje al trabajo del Defensor del Pueblo, el señor Diamandouros. Ha cumplido con sus obligaciones en consonancia con todas las normas y, además, lo ha hecho con independencia e integridad. Es una persona que defiende el principio de que las instituciones de la Unión Europea tienen que ser transparentes. Seamos sinceros, queridos colegas; nuestros ciudadanos no están tan implicados en los asuntos europeos como nos gustaría que estuvieran. Por tanto, es necesario que nuestras instituciones europeas trabajen como si estuvieran tras una luna de cristal. Hasta ahora, este Defensor del Pueblo ha demostrado la capacidad de funcionar de acuerdo con este principio, por lo que acojo con satisfacción que haya sido reelegido en su cargo. Muchas gracias.

  David Martin (S&D), por escrito. – Acojo con gran satisfacción que el señor Diamandouros haya sido elegido de nuevo Defensor del Pueblo Europeo. Ha sido un muy buen defensor de los derechos de los ciudadanos, y me complace que pueda seguir con su labor.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) En la votación para elegir al Defensor del Pueblo, voté por Pierre-Yves Monette. Era la única persona que se tomó la molestia de presentarse a los diputados no inscritos del Parlamento Europeo y responder a sus preguntas.

  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito. – (PL) Hoy hemos tomado una decisión en la elección del Defensor del Pueblo Europeo. Esta elección es de suma importancia para los ciudadanos de la Unión Europea, pues el Defensor del Pueblo Europeo vela por la protección de los derechos humanos. Analiza las quejas que presentan los ciudadanos de la Unión Europea sobre las improcedencias de las instituciones europeas. De esta forma, los europeos tienen un determinado control de cada organismo, oficina, institución y agencia de la Unión.

Por tanto, es sumamente importante que nuestros ciudadanos conozcan sus derechos. Necesitan saber que, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, ha aumentado su influencia en el funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea. Además, según el nuevo Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo Europeo va a trabajar más de cerca con otras instituciones europeas. También es interesante que los ciudadanos de los nuevos Estados miembros estén haciendo uso de su posibilidad de presentar quejas, hecho que se justifica por el número relativamente elevado de quejas registradas en años anteriores. Esto demuestra que los residentes de los nuevos Estados miembros están interesados en cuestiones relacionadas con la Unión Europea y que la Unión Europea no les causa indiferencia.

- Informe: Danuta Maria Hübner (A7-0001/2010)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre la suspensión temporal de los derechos autónomos del arancel aduanero común para las importaciones de determinados productos industriales a las Regiones Autónomas de Madeira y Azores, pues pretende aumentar la competitividad de los operadores económicos de las Azores (fabricantes, distribuidores, mayoristas y minoristas). Esto garantizaría una situación de empleo más estable en las Azores y, por tanto, se superarían las desventajas económicas existentes a causa de la situación geográfica de las islas.

Esta suspensión temporal de los derechos, que permitiría a los operadores económicos locales de las Azores y Madeira importar una cantidad determinada de materias primas, piezas, componentes y productos acabados libres de impuestos, y abarcaría ámbitos como la pesca, la agricultura, la industria y los servicios, ofrece condiciones favorables para la inversión a largo plazo.

Estas medidas también servirán para ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a los agricultores locales, permitiéndoles generar empleo e invertir en las regiones ultraperiféricas. En el contexto de la crisis económica actual, hay una gran necesidad de contar con medidas específicas para estimular la actividad económica y estabilizar los puestos de trabajo.

  Jean-Pierre Audy (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución sobre la propuesta del Consejo por el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común para las importaciones de determinados productos industriales a las Regiones Autónomas de Madeira y Azores sobre la base del informe de mi querida colega polaca, la señora Hübner. Las autoridades regionales de Madeira y Azores, en consonancia con el Gobierno de su Estado miembro, Portugal, han solicitado la suspensión temporal de los derechos autónomos del arancel aduanero común con el fin de promocionar la competitividad de los operadores económicos locales y de estabilizar el empleo en estas regiones ultraperiféricas de la Unión. Estoy completamente a favor de que la Unión respalde estas características especiales de los territorios ultraperiféricos, siempre que dicha tolerancia no fomente la especulación ni se desvíe de su objetivo.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) Apoyo la propuesta de la Comisión sobre la suspensión temporal de los derechos autónomos del arancel aduanero común, pues creo que la Unión Europea debe demostrar, y no solo declarar, su solidaridad con las regiones que están sufriendo las consecuencias de la crisis económica. Creo que esta medida se encuentra coordinada por el Plan Europeo de Recuperación Económica, porque la crisis económica ha afectado a diferentes Estados miembros y regiones de la Unión Europea de formas diversas y, por tanto, debemos asegurarnos de que contamos con las medidas adecuadas para responder a las necesidades económicas específicas de cada Estado miembro o región.

Dado que estas islas dependen del turismo, y que el turismo va en declive, existe una creciente amenaza de desempleo y de colapso de las pequeñas y medianas empresas, y ello también afectaría duramente a los habitantes de estas lejanas islas. Al aplicar las exenciones arancelarias, la Comunidad también debe garantizar que esta medida garantice el objetivo básico —promocionar los negocios locales y ayudar a los agricultores y a las pequeñas y medianas empresas también locales a sobrevivir a este difícil periodo— y que estos principios se apliquen a los demás Estados miembros de la Unión Europea.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) El desarrollo de las regiones ultraperiféricas se ve gravemente perjudicado por factores como la estructura de la sociedad y la economía, la extrema lejanía e insularidad, su pequeño tamaño, un clima y un suelo complicados y su dependencia económica. Por eso es fundamental que la Unión Europea siga prestando especial atención a estas regiones, identificando problemas y ámbitos potenciales, estudiando sus diferencias y debilidades, con objeto de que se puedan aplicar políticas y medidas que sean adecuadas para su desarrollo económico y social. Acojo con satisfacción la propuesta del reglamento del Consejo, pues representa un incentivo para el desarrollo sostenible y la integración de las regiones ultraperiféricas en la economía mundial. La suspensión temporal de los derechos autónomos del arancel aduanero común permitirá a las Regiones Autónomas de Madeira y Azores superar las desavenencias económicas derivadas de su ubicación geográfica y, al mismo tiempo, abordar los efectos concretos que están experimentando como consecuencia de la crisis económica. Aplaudo la iniciativa de las autoridades regionales de Madeira y Azores, así como su compromiso de contribuir a una estrategia de desarrollo para sus regiones, lo que, al mismo tiempo, contribuye a una Unión Europea más competitiva y capaz de conseguir un desarrollo económico sostenible.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre la suspensión temporal de los derechos autónomos del arancel aduanero común para las importaciones de determinados productos industriales a las Regiones Autónomas de Madeira y Azores. Dicha suspensión ayudará a fortalecer la competitividad de los operadores económicos locales y, además, contribuirá a crear y mantener los puestos de trabajo en las regiones ultraperiféricas, lo que ayudará a contrarrestar las desventajas económicas debidas a su situación geográfica, sin afectar a la consolidación de mercado interno ni al principio de la libre competencia en el marco de la Unión Europea.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Creo que la suspensión temporal de los derechos autónomos del arancel aduanero común es esencial para fortalecer la competitividad de los operadores económicos en las Regiones Autónomas portuguesas de Madeira y Azores, con el fin de garantizar unas condiciones de empleo más estables en estas islas.

Dicha suspensión permitirá a los operadores económicos locales de Madeira y Azores importar materias primas, piezas, componentes y productos acabados libres de impuestos, ya que estos productos se van a utilizar en el ámbito local para las actividades de transformación o de fabricación.

La aprobación de esta excepción es fundamental para el desarrollo de estas Regiones Autónomas portuguesas, ambas muy dependientes del sector del turismo y, por tanto, muy vulnerables a la volatilidad de este sector. Esto significa que el pleno desarrollo económico está limitado por las características de su economía local y por su situación geográfica.

En este contexto, sin duda, cualquier incentivo para la industria local ofrece el soporte necesario para mejorar las condiciones de vida para los ciudadanos de estas regiones y, además, abre las puertas a la creación de empleo en las islas, algo que es fundamental para retener a los habitantes y para propiciar las condiciones adecuadas para el desarrollo.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) La suspensión temporal de los derechos autónomos del arancel aduanero común permitirá a los operadores económicos de las Regiones Autónomas de Madeira y Azores importar determinadas cuotas de materias primas, piezas, componentes y productos acabados libres de impuestos. Estas materias primas se utilizarán con fines agrícolas o para transformación industrial y mantenimiento de las Regiones Autónomas.

Esta suspensión será efectiva hasta el 31 de diciembre de 2019, y se prevé aplicar las medidas adecuadas para impedir que se produzcan situaciones de competencia desleal. De esta forma, se reforzará la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y de los agricultores en nuestras Regiones Autónomas de Madeira y Azores.

Esta medida atiende a las necesidades específicas de estas regiones ultraperiféricas, y estimulará la actividad económica, ayudando así a estabilizar el empleo. Las economías locales de Madeira y Azores dependen en gran medida del turismo nacional e internacional, un sector al que ha afectado duramente la crisis económica actual. Así, esta suspensión está más que justificada, y se espera que tenga un efecto positivo en el desarrollo económico de estas regiones.

Quisiera pedir que actuemos con más rapidez a la hora de analizar este tipo de procesos y también cuando tengamos que tomar las medidas oportunas al respecto, de forma que podamos responder a estas situaciones de manera más oportuna y eficaz.

Por todo lo anterior, he votado a favor.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Las autoridades regionales de Madeira y Azores han solicitado la introducción de la suspensión de los derechos autónomos del arancel aduanero común para las importaciones de determinados productos industriales, con el objetivo de fortalecer y garantizar una productividad y empleo más estables en estas regiones ultraperiféricas.

Estamos de acuerdo con el contenido de las propuestas contempladas en el documento. No obstante, creemos que también componentes que no están relacionados con los fines agrícolas estipulados en el reglamento también podrían considerarse como componentes para fines industriales, en particular en el ámbito de la energía y el medio ambiente, como las piezas y los componentes para la industria energética, y en especial las denominadas «energías limpias» (la energía eólica, la energía solar, etc.).

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La suspensión de los derechos autónomos del arancel aduanero común para las importaciones de determinados productos industriales a las Regiones Autónomas de Madeira y Azores hasta 2019 es muy importante para estas regiones ultraperiféricas de la Unión Europea en estos momentos en los que atravesamos una crisis económica mundial. Es fundamental para ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a los agricultores locales, pues fortalecerá la competitividad de los operadores económicos locales y garantizará un empleo más estable en estas regiones.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Las autoridades regionales de Madeira y Azores han solicitado la suspensión temporal de los derechos autónomos del arancel aduanero común con objeto de incrementar la competitividad de los operadores económicos locales y estabilizar el empleo en estas regiones ultraperiféricas de la Unión. A fin de asegurar que los productos importados, ya sean materias primas o productos acabados, no distorsionan la competencia, dichos productos estarán sujetos a controles que aseguren que son utilizados en las islas, por empresas locales, durante un periodo de al menos dos años antes de que puedan venderse libremente a empresas ubicadas en otras partes de la Unión. ¿Cómo se van a poner en práctica estas medidas? Dado que no se ha proporcionado ninguna aclaración plausible, me he abstenido en la votación.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) Acojo con beneplácito la decisión de la Comisión sobre la suspensión por un periodo de diez años de los derechos autónomos del arancel aduanero común para las importaciones de determinados productos industriales a las Regiones Autónomas de Madeira y Azores, así como el informe de la señora Hübner, que, conjuntamente:

1. Establecen una discriminación positiva a favor de las regiones ultraperiféricas de Azores y Madeira, y reconocen que las limitaciones estructurales que afectan a estas regiones son de carácter permanente.

2. Crean unas condiciones para estimular la actividad económica y el empleo en los archipiélagos, y de este modo contribuyen también a la estabilidad demográfica de las islas.

Este es un ejemplo de la cohesión que puede conseguir la Unión Europea basándose en el principio de la solidaridad.

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) El desarrollo de las regiones ultraperiféricas se ve limitado por su lejanía, su insularidad, su clima, unas condiciones geográficas difíciles y por la dependencia económica de un escaso número de bienes y servicios.

El reglamento por el que votamos hoy hará posible que las regiones de Madeira y Azores puedan importar diferentes tipos de productos acabados para uso agrícola, comercial o industrial, así como de materias primas, piezas y componentes para la agricultura, la transformación y el mantenimiento industrial, con la ventaja de no tener que pagar los derechos autónomos del arancel aduanero hasta finales de 2019.

Asimismo, esta exención se ampliará a todo el territorio que abarcan ambas regiones, no solo en las zonas libres de impuestos, beneficiando así a todos los tipos de operadores económicos locales.

Recuerdo que esta cuestión ha estado sujeta a un proceso legislativo simplificado con el fin de agilizar la situación. La Presidenta de la Comisión de Desarrollo Regional era la ponente de la propuesta, que se ha presentado en una sesión plenaria sin haber sido sometida a ningún debate.

Estoy sumamente satisfecho con el resultado final, que incorpora las enmiendas que he propuesto y, de este modo, abarca una serie de productos para abastecer a la zona franca de Madeira, contemplados en el Reglamento de 2000, pero que dejó de estar en vigor en 2008, junto con solicitudes adicionales presentadas en 2008 y 2009, que no estaban contempladas en la propuesta inicial de la Comisión.

Propuesta de resolución: B7-0042/2010

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Cabe acoger con satisfacción la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo en la que se propone el nombramiento de Ana Palacio Vallelersundi como miembro del comité previsto por el artículo 255 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Sin embargo, desde un punto de vista institucional, no se concibe por qué un comité independiente compuesto de siete personas debería presentar propuestas vinculantes para los gobiernos nacionales. Por este motivo, he votado en contra de esta propuesta.

  Evelyn Regner (S&D), por escrito. – (DE) En la votación de hoy relacionada con el nombramiento de Ana Palacio Vallelersundi como miembro del comité encargado de evaluar la idoneidad de los candidatos para ejercer las funciones de los jueces o abogados generales del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, he votado en contra de la propuesta, pues, además de las competencias legales de primera clase de los candidatos, espero que la persona designada por el Parlamento Europeo también examine su idoneidad social, así como sus competencias. A este respecto, la señora Palacio no me inspira confianza, porque me temo que no tendría en cuenta la disposición de los valores sociales y el conocimiento de la naturaleza humana a la hora de evaluar a los jueces y abogados generales. Particularmente, en vista del establecimiento de los objetivos y valores contemplados en el Tratado de Lisboa —y a este respecto se ha mencionado la economía de mercado social— y de la consagración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el derecho primario, esto sería absolutamente esencial a la hora de seleccionar en el futuro a los jueces y los abogados generales.

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), por escrito. – (RO) Se prevé que la suspensión temporal de los derechos autónomos del arancel aduanero común para las importaciones de determinados productos industriales en Madeira y Azores aporte una perspectiva a largo plazo para los inversores y que permita a los operadores económicos alcanzar un determinado nivel de actividades comerciales e industriales. Como socialista, creo que estas medidas deberían mantenerse mientras estas regiones se estén enfrentando a problemas económicos importantes. Acojo con beneplácito la propuesta de la Comisión porque la adopción de esta medida aportará estabilidad al empleo a medio plazo y a la economía y al entorno social en las regiones ultraperiféricas de Europa que se enfrentan a problemas específicos. Sin embargo, no puedo llamar su atención sobre los riesgos que supone la suspensión temporal de los derechos autónomos del arancel aduanero común para los productos procedentes de estos países. Por esta razón tenemos que supervisar muy de cerca las repercusiones que esta medida pueda llegar a tener en materia de competencia.

  Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein (PPE), por escrito. – (PL) De conformidad con el artículo 255 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Parlamento Europeo es una de las instituciones que proponen candidatos para formar parte del comité encargado de emitir un dictamen sobre la idoneidad de los candidatos para ejercer las funciones de los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En vista de que el comité está compuesto únicamente por siete miembros y de que su tarea implica una gran responsabilidad, es importante que se trate de personas con una reputación impecable y con altas competencias. Como diputada al Parlamento Europeo y gracias a las nuevas competencias acordadas por el Tratado de Lisboa, tengo influencia a la hora de elegir a uno de los siete miembros del comité, y me complace que una de las candidatas sea la señora Palacio Vallelersundi, pues fue diputada al Parlamento Europeo durante ocho años y fue elegida en dos ocasiones como miembro de la Conferencia de Presidentes de Comisión.

También fue Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y de la Comisión de Justicia y Asuntos de Interior. Asimismo, sus logros profesionales, como ocupar el cargo de Consejera principal del Banco Mundial y ser la primera mujer en España en asumir el cargo de Ministra de Asuntos Exteriores, no deja lugar a dudas de que será la persona adecuada para el puesto adecuado.

- Informe: Eva Joly (A7-0086/2009)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre la revisión del Acuerdo de Asociación ACP-UE porque creo que este texto contiene los elementos clave que deben tenerse en cuenta en las negociaciones en curso.

La coherencia de las diferentes políticas europeas —ya sea en materia de comercio, de desarrollo, de agricultura o de pesca— debería constituir el principio para nuestras relaciones con este bloque de países en desarrollo.

La nueva realidad que representan los acuerdos de asociación estratégica debe tenerse en cuenta. Estos acuerdos, que son fundamentalmente acuerdos comerciales, crean nuevas plataformas para el diálogo parlamentario y deben respetarse. Los nuevos desafíos a los que nos estamos enfrentando, como el cambio climático y la crisis económica, deberían obtener respuestas que se contemplen en el Acuerdo de Cotonú, que está previsto finalizar en marzo.

También es importante que la estrategia europea para las relaciones con los países ACP tenga en cuenta la proximidad y los contactos que las regiones ultraperiféricas tienen con estos países. Las regiones ultraperiféricas pueden actuar como intermediarios principales de la Unión Europea en los acuerdos de asociación económica. Las regiones ultraperiféricas conceden una especial importancia a la acción exterior de la Unión Europea, participando así en el desarrollo de una verdadera política de vecindad más amplia.

  Jean-Pierre Audy (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de mi colega francesa, la señora Joly, sobre la segunda revisión del Acuerdo de Asociación ACP-CE («Acuerdo de Cotonú»). Comparto los puntos de este informe sobre la necesidad de adaptar el uso de este instrumento especial con los países ACP a la vista de las crisis actuales, entre las que figuran el cambio climático, la fuerte subida de los precios de los alimentos y del combustible, la crisis financiera y la pobreza extrema en África. Los países ACP son asociados de la Unión Europea, y debemos nutrir esta asociación con el fin de contar con aliados en las importantes negociaciones previstas en materia de gobernanza mundial.

  Liam Aylward (ALDE), por escrito. – (GA) He votado a favor del informe sobre la segunda revisión del Acuerdo de Asociación ACP-CE («Acuerdo de Cotonú»). Se trata de un informe oportuno, y resulta pertinente debatir de forma continuada la cuestión del Acuerdo de Asociación Económica. Los objetivos principales del Acuerdo de Cotonú son acabar con la pobreza, respaldar el desarrollo sostenible y ayudar a los países ACP a integrarse en la economía mundial.

Los acuerdos y las negociaciones comerciales que están teniendo lugar actualmente, y los que tengan lugar en el futuro, deben celebrarse con el objetivo de cumplir y fortalecer las disposiciones de la Unión Europea y sus de asociados en relación con el trabajo infantil.

El artículo 50 del Acuerdo de Cotonú se refiere a la promoción de normas de trabajo justas y a la mejora de las medidas internacionales para erradicar el trabajo infantil. Es necesario dar la máxima prioridad a las cuestiones relacionadas con el trabajo infantil en los acuerdos comerciales de la Unión Europea.

Como tal, acojo con satisfacción los artículos del informe que solicitan que la Unión Europea y los países ACP empiecen a debatir sobre el futuro de las relaciones ACP-UE después de 2020 y que recomiendan dar más competencias en este proceso a organismos independientes, es decir, a organizaciones que no sean estatales ni gubernamentales.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – La segunda revisión del Acuerdo de Cotonú se está llevando a cabo en un entorno sumamente difícil, con una economía mundial confrontada a una situación de crisis. Creo que la revisión del acuerdo permitirá que se renueven y se refuercen los principios más importantes de cooperación entre la Unión Europea y los países ACP. La situación ha cambiado desde la primera vez que se firmó el acuerdo y, además, han surgido nuevos desafíos y problemas. Las negociaciones sobre el acuerdo deben abarcar aspectos sumamente importantes como la lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo, el uso práctico de la enorme cantidad de recursos en energías renovables, la crisis alimentaria y la adquisición de suelo cultivable.

Sería necesario prestar una gran atención a los problemas relacionados con la migración. En los últimos años, hemos sido testigos de centenares de jóvenes africanos ahogados frente a las costas de la Unión Europea. La inmigración masiva es el resultado de economías fracasadas, del empobrecimiento de las personas, de las violaciones de derechos humanos y de otros muchos factores. Estos aspectos deben abordarse con claridad en el acuerdo revisado.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – Voy a votar a favor del proyecto de informe sobre la segunda revisión del Acuerdo de Cotonú, que presenta aspectos fundamentales para el desarrollo sostenible y la integración progresiva de los países ACP en la economía mundial. Las cuestiones como el cambio climático, la seguridad energética, la formación y la cooperación en materia de educación son fundamentales para el desarrollo social y económico de los países ACP. El calentamiento mundial, que afecta sobre todo a los países en desarrollo, también puede brindarnos una oportunidad. Los recursos energéticos renovables con los que cuentan estos países son fundamentales para su desarrollo económico y social, y les permite avanzar hacia una situación de independencia energética para, de ese modo, hacer frente a la crisis económica. Asimismo, la inversión en educación y formación es importante para combatir la pobreza, el desempleo, la inmigración ilegal y la fuga de cerebros, y de este modo contribuye al desarrollo de los países ACP y los ayuda a construir sus propias economías.

  Proinsias De Rossa (S&D), por escrito. – Apoyo este informe, que afirma que la segunda revisión del Acuerdo de Asociación ACP-CE debe ser coherente con la crisis mundial que atravesamos actualmente y que debe realizarse de conformidad con una asociación en pie de igualdad. Esta segunda revisión ofrece una gran oportunidad para abordar las causas de las crisis relacionadas con la situación financiera, el cambio climático, los alimentos y la energía, y para aprender de los errores del pasado, y de este modo aportan importantes cambios al marco del Acuerdo de Cotonú y fomenta la unidad, la cohesión y la solidaridad entre los países ACP. En el informe se pide un mayor fortalecimiento de las cláusulas sobre derechos humanos y las sanciones. Asimismo, en el informe manifiesta nuestro pesar por el hecho de que los Estados miembros no hayan consultado a los Parlamentos (Parlamento Europeo, APP y Parlamentos nacionales de los Estados ACP) ni estos hayan participado en el proceso de toma de decisiones destinado a definir los ámbitos y artículos objeto de revisión y al establecimiento del mandato de negociación. El objetivo principal del Acuerdo de Cotonú es la reducción y, con el tiempo, la erradicación de la pobreza de un modo coherente con los objetivos del desarrollo sostenible y la integración paulatina de los países ACP en la economía mundial.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre la segunda revisión del Acuerdo de Asociación ACP-UE, por defender la necesidad de que se produzcan cambios que nos permitan abordar los grandes desafíos a los que nos estamos enfrentando actualmente, tales como el cambio climático, la crisis financiera y la crisis alimentaria.

Me complace el apoyo que ha brindado el Parlamento a los países ACP, que desean que se aborde la cuestión del cambio climático como una cuestión transversal en la segunda revisión de la versión del Acuerdo de Cotonú. Sin embargo, lamento que los Parlamentos (el Parlamento Europeo, el Parlamento Panafricano y los Parlamentos nacionales de los Estados ACP) no hayan tenido la oportunidad de aportar propuestas ni de participar activamente con los Estados miembros en el proceso de toma de decisiones para la revisión de este acuerdo tan importante.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Espero que la versión resultante de la segunda revisión del Acuerdo de Cotonú contribuya a promover el desarrollo sostenible en los países ACP, pues de esta forma sería posible facilitar la cohesión social y la lucha contra la pobreza.

Las repercusiones de la crisis, relacionadas con el cambio climático, se han hecho notar con dureza en los países ACP y cada vez son más graves. En este contexto, la cuestión de la soberanía alimentaria es un factor de vital importancia. Los recursos naturales deben utilizarse de forma adecuada y también es necesario impulsar el desarrollo de las energías renovables.

Debemos garantizar que todos los países ACP se beneficien de un marco comercial que sea, como mínimo, equivalente a la situación anterior. También quisiera destacar que el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), que poya la política de cooperación para el desarrollo en el marco de este acuerdo, debería incorporar los poderes presupuestarios del Parlamento.

Por estas razones, he votado a favor del informe.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Al igual que la ponente, nosotros consideramos que la segunda revisión del Acuerdo de Cotonú ofrece una buena oportunidad para hacer enmiendas.

El informe establece principios que, en caso de aplicarse, supondrían un paso adelante en la mejora del acuerdo, como pone de manifiesto la defensa de la soberanía alimentaria y la seguridad de los países ACP, además de la lucha contra los paraísos fiscales.

Asimismo, condeno algunos aspectos importantes, como el intento de avanzar hacia una mayor regionalización en las relaciones ACP-UE, debido a la amenaza que esto supone para la coherencia y la fortaleza del grupo de Estados ACP.

En algunos otros aspectos, el informe se queda corto en lo que respecta a las necesidades. La relación de dependencia y de subordinación a la que los países ACP están sujetos y la función que han desempeñado las políticas actuales en materia de cooperación y desarrollo en el establecimiento de dicha relación —lo que constituye una cuestión fundamental— no se han abordado de forma adecuada. Tampoco se abordan las consecuencias que pueden derivar de la aplicación de los acuerdos de asociación económica propuestos por la Unión Europea en este contexto.

Las reservas y las objeciones formuladas por varios países ACP deberían tener cabida en este informe, así como las prioridades relacionadas, por ejemplo, con el Fondo Europeo de Desarrollo.

  Alan Kelly (S&D), por escrito. – Queridos colegas, hoy asisto a este Parlamento con satisfacción porque hemos avanzado hacia una función más equilibrada en la relación entre los países más ricos y los más pobres y, al mismo tiempo, hemos reforzado los derechos humanos. La revisión de este acuerdo debe ser coherente con las necesidades de este nuevo mundo en el que vivimos y, además, debe fundamentarse en una asociación entre iguales. Se trata de un nuevo mundo con una nueva economía donde la distribución justa de la riqueza y la lucha contra el cambio climático constituyen nuevas prioridades. Quisiera alabar el trabajo de mi propio grupo en el Parlamento Europeo, que ha introducido los aspectos relacionados con la erradicación de la pobreza en esta revisión.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Indiscutiblemente este informe contiene algunas propuestas muy interesantes y, en ocasiones, intenciones admirables. La prioridad que se concede a las energías renovables, la obligación de las multinacionales que operan en los países ACP de declarar sus beneficios y sus impuestos, la incorporación del concepto de la soberanía alimentaria y la crítica de la externalización de Europa de la gestión de los flujos migratorios son propuestas que acogemos favorablemente. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que este informe no modifica en nada el Acuerdo de Cotonú.

Este acuerdo es un símbolo de la completa adhesión de la Unión Europea a la lógica ultraliberal de la Organización Mundial del Comercio. No nos engañemos: el «desarrollo» al que se hace referencia no es sino un camuflaje de las motivaciones egoístas que han dominado el desmantelamiento de los acuerdos de Lomé. Denunciamos la aplicación de los acuerdos de asociación económica propuestos en dicho acuerdo, el chantaje que ejerce la Comisión en forma de ayuda humanitaria para celebrarlos y, como consecuencia, el saqueo de las economías de los países ACP. Vamos a votar en contra de este texto, pues no respaldamos la falta de interés de la Unión Europea por el único instrumento de cooperación económica que no se rige por la obsesión de una competencia libre y sin distorsión o por su inclinación por las exigencias de los Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La reciente tragedia acaecida en Haití es una prueba de que los acuerdos de asociación no son adecuados para resolver problemas. Por tanto, esta segunda revisión del Acuerdo de Cotonú brinda una excelente oportunidad para realizar los ajustes relacionados con los desafíos actuales, entre los que figuran el cambio climático, la fuerte subida de los precios de los alimentos y del petróleo, la crisis financiera y la pobreza extrema existente en varios países ACP. Así pues, ha llegado el momento de adoptar diseñar medidas que solucionen de forma eficaz los diferentes problemas que siguen afectando a la gran mayoría de los países afectados.

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. – (IT) Señor Presidente, Señorías, quisiera felicitar a la ponente y a los diferentes grupos políticos por el excelente trabajo que han realizado con este informe, un informe que apoyo plenamente.

En el informe, quisiera centrar mi atención concretamente en las negociaciones sobre la segunda revisión del Acuerdo de Cotonú. De hecho, tales acuerdos deberían tener en cuenta una serie de aspectos críticos, tales como los efectos de la crisis financiera, el aumento de los flujos migratorios y, sobre todo, la inmigración ilegal.

Estoy convencido de que solo una evaluación adecuada de la cooperación económica permitiría controlar las repercusiones negativas de la crisis y sus consecuencias, tanto para la economía de los países ACP, que están perdiendo mano de obra y profesionales cualificados necesarios para el desarrollo, como para los países de la Unión Europea, que son los más afectados por inmigración ilegal.

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), por escrito. – Es importante que se revisen todos los aspectos del Acuerdo de Cotonú a la luz de los recientes acontecimientos que están teniendo importantes repercusiones en los países ACP. Pero particularmente quisiera sumarme a las preocupaciones sobre la integración regional, que no solo es relevante para los países ACP, sino también para los países de América Latina y, especialmente, para la Comunidad Andina. Las consecuencias de algunos acuerdos comerciales (acuerdos que, según los funcionarios de la Comisión, pretenden fomentar el desarrollo) pueden llegar a perjudicar las relaciones comerciales entre países en una región determinada y, por tanto, funcionar en contra del objetivo de desarrollo que consiste en promover la integración regional. La Unión Europea debe reevaluar constantemente sus políticas comerciales y las repercusiones que estas tienen a este respecto. En caso de no hacerlo o de actuar de forma inapropiada, existe el riesgo de que se produzcan efectos negativos en el desarrollo a largo plazo.

  Brian Simpson (S&D), por escrito. – Voy a votar a favor de este informe, pero debo puntualizar que determinadas organizaciones a las que apoya la Comisión, habida cuenta de la responsabilidad de los proyectos presentados en el marco de la asociación UE-ACP, se han visto implicadas en casos de corrupción y han utilizado una campaña de discriminación y persecución de los miembros del personal que sacaron a la luz dicha corrupción.

Por supuesto, me refiero a la organización conocida como el Centro para el Desarrollo de la Empresa (CDE), que, con el apoyo de la Comisión, ha destituido a los denunciantes de sus cargos y ha hecho poco por corregir los fallos de gobernanza y alta dirección de esta organización.

Cuando la investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) descubrió que había habido corrupción y que la Comisión no había actuado con diligencia en su calidad de miembro del Consejo de Administración del CDE en el momento en que se estaba cometiendo el fraude, esperábamos que se adoptaran medidas y que los denunciantes implicados contaran con la protección adecuada. Nada de esto ocurrió, lo cual es una auténtica vergüenza para la Comisión Europea.

Aunque hoy he votado a favor del informe, me pregunto si existe una necesidad urgente en el futuro de examinar de forma más detallada lo que parece ser una incapacidad, por parte de la representación comunitaria de estas asociaciones, de llevar a cabo una supervisión financiera adecuada.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. – (NL) El Acuerdo de Cotonú, que data del año 2000 y regula la cooperación entre la Unión Europea y los países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP), se revisa cada cinco años. Sus objetivos son la erradicación de la pobreza y la integración paulatina de los países de ACP en la economía mundial, al mismo tiempo que se adhiere al objetivo del desarrollo sostenible. Esta revisión se está llevando a cabo en un escenario de crisis financiera mundial, de un rápido cambio climático, de tensión en materia de alimentos y precios de la energía y de debate sobre el uso del suelo y la sostenibilidad de la inversión extranjera.

Ya es hora de que fortalezcamos el control parlamentario de las estrategias de los países y del Fondo Europeo de Desarrollo, y de que luchemos por la coherencia de nuestras políticas de comercio, de desarrollo y de asuntos exteriores. Ya es hora de que adoptemos un enfoque integral con respecto a la energía renovable. Es el momento de que combatamos el flujo de financiación ilegal de los países en desarrollo y de que reformemos la política del Banco Europeo de Inversiones (BEI) con el fin de conseguir una mayor transparencia en relación con los paraísos fiscales. Ya es hora de que reconozcamos que la propiedad de la tierra y el agua limpia son derechos fundamentales. También es hora de que admitamos que el acceso justo a los recursos naturales realmente puede ayudar a las personas a salir de la pobreza. El informe hace hincapié en este aspecto y, por tanto, cuenta con mi apoyo.

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Me he abstenido en relación con el informe de la señora Joly sobre la segunda revisión del Acuerdo de Asociación ACP-CE.

Este informe contiene numerosas propuestas sobre la renegociación de este acuerdo —más conocido como el Acuerdo de Cotonú—, que cuenta con mi apoyo.

Por ejemplo, la necesidad de tener en cuenta la situación de los países más pobres del mundo, en vista de sus características especiales con respecto al cambio climático, la democracia, los derechos humanos, la fuga de cerebros, la corrupción y las características especiales de su economía y, en particular, de la economía agrícola.

Sin embargo, las enmiendas que ha presentado el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) adoptadas en la sesión plenaria alteran el informe completamente. Un ejemplo particular es la enmienda 3, que deniega a las poblaciones el derecho a definir sus propias políticas agrarias.

  Iva Zanicchi (PPE), por escrito. – (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor de la segunda revisión del Acuerdo de Asociación ACP-CE («Acuerdo de Cotonú»). Este acuerdo, que regula las relaciones de cooperación en materia de desarrollo, comercio y política entre la Unión Europea y los 77 países ACP y se refiere al periodo 2000-2020, ya se revisó en 2005.

En las disposiciones que fueron objeto de la segunda revisión, se pide, y con razón, que se incluyan disposiciones ad hoc relativas al cambio climático, que se revisen las disposiciones relativas a las energías renovables, que se mejoren las disposiciones relativas al desarrollo rural y la seguridad alimentaria y que se hagan mayores esfuerzos para reprimir los paraísos fiscales y los flujos financieros ilegales.

Estoy segura de que esta revisión fortalecerá las relaciones de asociación entre la Unión Europea y los países ACP y garantizará una mayor sinergia y cooperación en vista de los objetivos comunes que se pretenden conseguir.