Acta literal de los debates

Jueves 21 de enero de 2010 - Estrasburgo

1. Apertura de la sesión

PRESIDE: Sr. SCHMITT
Vicepresidente

(Se abre la sesión a las 10.00 horas)

2. Relaciones UE/Túnez (debate)

  Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la declaración de la Comisión sobre las relaciones UE/Túnez.

  Neelie Kroes, Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Parlamento por haberme invitado a tomar parte en el debate sobre Túnez.

Las relaciones UE/Túnez se rigen por un acuerdo de asociación firmado en el año 1995. De hecho, Túnez fue el primer país mediterráneo que suscribió un acuerdo de este tipo y desde entonces ha realizado avances significativos.

En las relaciones internacionales, Túnez es un socio cercano y fiable para la Unión Europea. Las opiniones que expresa y las posiciones que toma en el seno de las organizaciones internacionales y en otros foros son moderadas y equilibradas. Coopera en cuestiones tales como la seguridad y la migración y mantiene buenas relaciones con sus vecinos de la región meridional del Mediterráneo. Además, siempre ha desempeñado un papel constructivo en la integración regional del Magreb.

Túnez forma parte activa de la Política Europea de Vecindad y los informes periódicos de la Comisión sobre la aplicación en Túnez del Plan de Acción de la Política Europa de Vecindad son claros en su evaluación: Túnez ha avanzado en una serie de ámbitos de cooperación entre los que cabe mencionar el plan de acción.

Las reformas económicas han avanzado, permitiendo un crecimiento continuo de la economía tunecina así como del volumen de los intercambios comerciales con la UE. Se han logrado importantes resultados en el ámbito social, por ejemplo, en las esferas de la asistencia sanitaria, la educación, la lucha contra la pobreza y la protección de los derechos de la mujer.

Por otra parte, los informes también ponen de relieve carencias, en particular, en las esferas de la justicia y de la libertad de expresión y de asociación.

El diálogo político con Túnez ha sido continuo en todos los temas que figuran en el plan de acción, que son abordados en el seno 10 subcomités y en grupos de trabajo. El Consejo de Asociación UE-Túnez ya se ha reunido en varias ocasiones y la próxima reunión está prevista para los próximos meses.

El 1 de enero de 2008, Túnez se convirtió en el primer país del sur del Mediterráneo que cuenta con una zona de libre comercio con la Unión Europea para los productos industriales, dos años antes de la fecha prevista. La UE es el primer socio comercial de Túnez, dado que el 72,5% de sus importaciones proceden de la UE y la UE es el destino del 75% de sus exportaciones. La cooperación financiera de la UE alcanza aproximadamente entre 75 y 80 millones de euros anuales, para los que Túnez ha demostrado tener una buena capacidad de absorción.

También se han iniciado negociaciones sobre la liberalización gradual del comercio de servicios y el derecho de establecimiento, así como sobre los productos agrícolas y pesqueros. La conclusión de estas negociaciones, sumada a una aproximación de la legislación pertinente, marcará el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre la UE y Túnez y el avance hacia la integración de la economía tunecina en el mercado único de la UE.

Túnez ha solicitado que se dé un nuevo impulso a sus relaciones con la Unión Europea mediante un estatuto avanzado. Consideramos que este empeño redunda en el interés de la UE y también esperamos que Túnez demuestre un impulso real de las reformas más democráticas y la libertad de expresión. Si no se registran avances en el importante ámbito de los derechos humanos, los grandes logros mencionados conseguidos por el país se percibirán en cierto modo, a pesar de su trascendencia, en particular a nivel regional, como incompletos.

Para concluir, quisiera decir que consideramos que las relaciones entre la UE y Túnez son sólidas y amistosas y creemos que, efectivamente, es posible reforzarlas aún más.

  Presidente. El siguiento punto son las intervenciones de los grupos políticos.

  Ioannis Kasoulides, en nombre del Grupo del PPE. – (FR) Señor Presidente, Túnez contribuye a la estabilidad en la región en su papel de socio de la Unión por el Mediterráneo, en tanto que primer país que ha suscrito el acuerdo de asociación y que cuenta con un plan de acción para la aplicación de la Política de Vecindad. Túnez se encuentra en una posición comparativamente adelantada en lo que respecta a la igualdad de género y a la protección de los niños y de la familia, y ahora está a la espera de entablar negociaciones sobre la concesión del estatuto de socio avanzado.

En los mencionados acuerdos figuran cláusulas relativas a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Hay planes para celebrar conversaciones que nos ayuden a progresar en cuestiones que son muy sensibles y relevantes para el Parlamento Europeo. Si queremos resultados tangibles y no deseamos alcanzarlos necesariamente mediante la controversia y la crítica, debemos cuidarnos mucho de evitar actitudes condescendientes, al objeto de demostrar que estamos hablando como iguales, no como superiores o inspectores, y de mostrar que también estamos dispuestos a interesarnos por las preocupaciones y sensibilidades de nuestros socios.

En este contexto, estoy seguro de que el Gobierno de Túnez responderá con pasos concretos para avanzar en los ámbitos objeto de debate.

  Pier Antonio Panzeri, en nombre del Grupo S&D. – (IT) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, si tuviésemos que dar una opinión sobre las relaciones existentes entre la Unión Europea y Túnez, sólo podría ser positiva, inclusive con respecto a la estabilización de la región.

Es cierto que se han registrado importantes avances en el ámbito económico y que también hay indicios alentadores desde un punto de vista social. No obstante, en la esfera política, tras las elecciones presidenciales del 25 de octubre, nos enfrentamos al problema de apoyar el avance hacia las reformas democráticas con acciones más concretas. Como sabemos, el objetivo de la Unión Europea en la consecución de su política exterior es desarrollar y consolidar la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Túnez ha asumido importantes compromisos, en el contexto del Plan de Acción de la Política de Vecindad, en materia de democracia, gobernanza y derechos humanos. El plan de acción establece una serie de prioridades y, entre ellas, se debe prestar especial atención a la aplicación y consolidación de las reformas y al reforzamiento del diálogo político y la cooperación, en particular en relación con la democracia y los derechos humanos, la política exterior y la seguridad.

Es este marco deben reforzarse las instituciones, ya que éstas permiten una mayor participación en la vida política de los diversos miembros de la sociedad tunecina, una mayor evolución del papel de la sociedad civil, el apoyo constante a los partidos políticos para ampliar su participación en el proceso democrático y un mayor respecto por la libertad de asociación, la libertad de expresión y el pluralismo de los medios de comunicación.

Estamos convencidos de que estos objetivos se pueden alcanzar y es razonable esperar que se produzcan progresos tangibles. Nuestro compromiso consiste en salvaguardar la amistad que une a la Unión Europea y Túnez, a la vez que se consolida la relación existente, inclusive con respecto al conflicto que podría surgir en relación con la aplicación del concepto de estatuto avanzado para dicho país. No obstante, es imprescindible que Túnez dé pasos concretos.

  Louis Michel, en nombre del Grupo ALDE. – (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quisiera comenzar agradeciendo y felicitando a la señora Comisaria por la posición adoptada por la Comisión con respecto a este asunto. Estoy plenamente de acuerdo con esa posición, ya que parece mucho más razonable que la posición adoptada por quienes solicitaron el debate de hoy, y no estoy seguro de quién lo propuso exactamente.

Tal y como se ha dicho, Túnez fue el primer país euromediterráneo que suscribió un acuerdo de asociación y es un socio activo de la Política Europea de Vecindad. Cabe señalar, tal y como lo ha hecho el señor Kasoulides, que, con fecha de 1 de enero de 2008, Túnez se convirtió en el único país mediterráneo que mantiene una relación de libre comercio con la Unión Europea. Esta cooperación está funcionando muy bien y Túnez está demostrando tener una excelente capacidad de absorción. El país ha realizado un avance sustancial, que ha dado lugar a un nivel muy alto de desarrollo, y sus resultados socioeconómicos han sido reconocidos por las instituciones internacionales. Desde el punto de vista económico, Túnez consiguió una tasa de crecimiento media del 4,6% entre los años 2002 y 2008 y, además, ha logrado reducir su carga de la deuda.

En el plano social, no sería justo ignorar el progreso logrado, sobre todo a favor de las mujeres. Los indicadores hablan por si solos: el 59% de los estudiantes en la enseñanza superior son mujeres. La enseñanza es obligatoria para las mujeres de edades comprendidas entre los 6 y los 16 años, y las mujeres representan casi un 25% de la población activa de Túnez.

Debo admitir que, por supuesto, estos resultados no pueden ocultar la necesidad urgente de alentar a las autoridades tunecinas a que sigan avanzando en los ámbitos de los derechos humanos y la gobernanza; somos plenamente conscientes de que todavía queda trabajo por hacer. Al igual que otros oradores, me preocupa esta cuestión en aras de los valores democráticos que defendemos. No obstante, también es importante recordar que nosotros no somos los únicos que defendemos dichos valores. Éstos también se encuentran inscritos en la sociedad tunecina, que es una sociedad dinámica y pro europea.

Por estos motivos, debemos apoyar la petición de Túnez de que se le conceda un estatuto avanzado en su asociación con la Unión Europea. También creo que mediante este diálogo encontraremos el marco adecuado para alentar a nuestros socios a seguir avanzando en el ámbito de la gobernanza.

Debemos dialogar con nuestros socios sin complacencia, eso es evidente, pero también sin recurrir al tipo de dogmatismo moralista en el que Europa se especializa demasiado a menudo y que, además, es con frecuencia contraproducente.

Por supuesto, no me quedo impasible ante algunos casos concretos que se han planteado. Tenemos desde luego derecho a preguntar a nuestros socios sobre circunstancias que consideramos son inaceptables, pero quisiera finalizar poniendo de relieve el éxito de Túnez a la hora de establecer un sistema político basado en el principio de separación entre la Iglesia y el Estado.

La autoridades públicas de Túnez tienen la capacidad de suministrar a la población un paquete de servicios básicos, servicios que otros países de la región todavía no han sido capaces de implantar, y considero que también es importante señalar este logro. Por eso, soy extremadamente optimista con respecto al futuro de las relaciones entre Túnez y la UE, ya que se están forjando con el telón de fondo del respeto mutuo entre socios que se respetan entre sí y comprenden cuáles son las cuestiones fundamentales.

  Hélène Flautre, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señor Presidente, me inquietan los discursos que acabo de escuchar, tanto el de la señora Comisaria como el de mis colegas. Creo que nuestra tarea consiste realmente en comprender de manera exacta y objetiva cuál es la situación actual en Túnez.

A decir verdad, cuando los escucho, tengo la sensación de que estoy escuchando a intelectuales occidentales conversando animadamente, hace ya muchas décadas, sobre el éxito económico y social de los países de la URSS, totalmente incapaces de comprobar qué lugar ocupan en esos países los valores que nosotros compartimos. ¿Qué valores compartimos nosotros, señor Michel? Los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho.

Ustedes han señalado acertadamente que Túnez fue el primero de nuestros socios que firmó un acuerdo de asociación. Eso es cierto y precisamente por ese motivo todo esto resulta muy preocupante, ya que no estamos hablando aquí de carencias, señora Comisaria, ni de pequeños pasos. No. En Túnez hay actualmente un enorme declive en los derechos humanos y la democracia. ¿Puede usted citar un solo periódico, partido o sindicato que haya sido autorizado en los últimos 20 años? No puede.

Lo cierto es que las libertades fundamentales se soslayan de forma sistemática y, con ellas, nuestros propios compromisos. No se trata de moralizar, se trata de respetar los valores de la Unión Europea y los compromisos que asumimos al suscribir el acuerdo de asociación.

Por eso, pido que al menos se realice un análisis compartido de este asunto. Creo que hemos trabajado con ahínco para celebrar este debate, pero desde luego emplearíamos mejor el tiempo si organizásemos una delegación que vaya allí y se reúna con la sociedad civil de Túnez y con los diversos miembros de esa sociedad, con el fin de evaluar el continuo acoso del que son objeto los defensores de los derechos humanos, los estudiantes, los sindicalistas, los trabajadores y los abogados. Prácticamente todas las asociaciones que mostraron un cierto grado de autonomía frente a las autoridades han sufrido contratiempos y, por eso, considero que están ustedes totalmente equivocados con respecto a esta cuestión.

Tras escuchar sus intervenciones entiendo perfectamente por qué no quieren ver cuál es la situación real en Túnez. No quieren verla porque creen que hay intereses económicos en juego y porque piensan que hay intereses en juego relacionados con la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal. Han expresado ustedes todo esto de forma absolutamente clara, insistiendo en los avances con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres y a la familia, avances que se remontan a la época de Bourguiba. Insisto: estos avances se remontan a la época de Bourguiba. Desde entonces no se ha registrado progreso alguno.

Por eso creo que, por respeto a nosotros mismos, a los acuerdos que firmamos, a la Política de Vecindad o a los valores de la UE, no podemos de ningún modo proponer un estatuto avanzado para Túnez. Por tanto, se lo digo claramente: si lo proponen y renuncian a todos los requisitos y compromisos relacionados con los derechos humanos y la democracia suscritos con todos los países del Mediterráneo, ese resultado está garantizado.

  Charles Tannock, en nombre del Grupo ECR. – Señor Presidente, Túnez es un país amigo y aliado de la Unión Europea, una sociedad secular próspera, progresista, moderna y meritocrática, única en el mundo árabe. Túnez también adopta un acertado planteamiento intransigente frente al extremismo jihadista islamista.

En Túnez se está conformando con rápidez un sistema político pluripartidista, en un país en el que las mujeres son miembros de la sociedad dotados de plena igualdad de derechos. Entonces ¿por qué nos empeñamos en alienar a Túnez y a sus 10 millones de habitantes? Tal vez porque estamos celosos de su éxito o tal vez porque es un país pequeño y no posee petróleo, así que no, no está a la altura económica de la UE, a diferencia de Libia o Arabia Saudí.

En mi opinión, quienes han tramado este debate están realizando un esfuerzo deliberado por sabotear en gran medida los avances en las relaciones UE-Túnez registrados en los últimos años. Resulta especialmente ofensivo que este debate esté teniendo lugar mientras unos parlamentarios tunecinos visitan Estrasburgo y que están, según creo, presenciando este debate.

Túnez necesita nuestro apoyo, ánimo y diálogo, y no una sarta continua de invectivas sin sentido. Es una amarga ironía que la izquierda, que se proclama tan a favor de los derechos de las mujeres, ataque a Túnez a pesar de que este país brinda a las mujeres oportunidades y libertades sin precedentes en cualquier otro lugar del mundo árabe.

El hecho de que las autoridades de Túnez prohíban el uso del hijab en los lugares públicos indica su determinación de proteger los valores tunecinos del secularismo, la tolerancia y la libertad. Deberíamos respetar a Túnez en tanto que nuestro socio avanzado euromediterráneo.

  Presidente. Aunque no me dijeron que estuviese presente una delegación tunecina, saludaron cuando usted la mencionó. Quisiera darles la bienvenida a la tribuna.

  Marie-Christine Vergiat, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (FR) Señor Presidente, Señorías, personalmente, estoy encantada de que estemos celebrando este debate sobre la situación de los derechos humanos en Túnez. El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica  fue decisivo en la organización del debate. En todo momento he defendido los derechos humanos, pero los derechos humanos son los mismos en todo el mundo.

Lamento que este debate no vaya a ir acompañado por una votación sobre una resolución. Las palabras van y vienen, sólo la palabra escrita permanece. En su calidad de socio más antiguo de la Unión Europea, Túnez recibe la mayor cantidad de ayuda per cápita de todos los países del Sur y participa con entusiasmo en el establecimiento de una zona de libre comercio en la Cuenca Mediterránea. Tan entusiasta, de hecho, que sus dirigentes están comenzando a reclamar sus dividendos y a exigir las ventajas de un estatuto avanzado.

Apoyo plenamente las observaciones de la señora Flautre y comparto su inquietud con respecto a algunos de los comentarios que se han hecho. Los acuerdos de asociación de la UE incluyen cláusulas sobre democracia y derechos humanos, las cuales deben examinarse con la misma atención que las económicas. La cuestión es, señora Comisaria, que el informe de la Comisión sobre la aplicación de la Política de Vecindad es insatisfactorio en ese sentido; se trata de un caso claro de utilización de una doble vara de medir.

El 25 de octubre, el señor Ben Ali fue reelegido para un quinto mandato, obteniendo más del 89% de los votos. Esta cifra revela por si sola la situación de la democracia en el país. Se trata de una democracia bloqueada, en la que los defensores de los derechos humanos, los magistrados, abogados, periodistas, es decir, todo aquel que se atreve a desafiar el régimen, son acosados, encarcelados y, en algunos casos, incluso torturados.

Desde el pasado mes de septiembre, se ha registrado una auténtica deriva hacia un estado policial autoritario, como lo demuestra el caso de Taoufik Ben Brik, que será juzgado el próximo sábado. No obstante, cabe mencionar también a Zouhair Makhlouf y Fahem Boukadous, uno de los cuales fue sentenciado por hablar de la situación medioambiental en su país y el otro por participar en manifestaciones de trabajadores en su país.

Pues sí, ésa es la situación social en Túnez. Los defensores de los derechos humanos, como Kamel Jendoubi, Sihem Bensedrine, Sana Ben Achour y Kemais Chamari, son víctimas de una lamentable campaña de prensa. Sadok Chourou se ha estado pudriendo en la cárcel durante los últimos 16 años y a Radhia Nasraoui, que ejerce como su abogada, la han arrastrado por el barro y su carrera se ha visto dañada para siempre.

Los estudiantes, entre otros, son arrestados y condenados de forma arbitraria. Se requisan sus pasaportes, o no se les renuevan, y a algunos activistas de derechos humanos se les deniega la salida del territorio para actuar como testigos. Están prohibidas las reuniones de asociaciones independientes del poder dirigente, se sigue a sus visitantes y no dispongo de tiempo suficiente para ofrecerles una imagen real de la realidad de la política social de Túnez.

¿Por qué el Gobierno de Túnez se está demorando tanto en responder al informe de las Naciones Unidas? ¿Por qué se negó a recibir a observadores de la Unión Europea si las elecciones son tan democráticas como dice que son? Los hechos están ahí y están saliendo cada vez más a la luz en los periódicos de nuestros países.

La Comisión y el Consejo deben tener esto en cuenta. Túnez debe cumplir sus compromisos en relación con la democracia y los derechos humanos. En realidad es inaceptable seguir adelante con el estatuto avanzado. ¡Sí, estoy a favor de asociaciones igualitarias! Sí, todos los países del mundo deben recibir el mismo trato, pero siempre y cuando cumplan sus compromisos. Con esto finalizo, señor Presidente.

  Gerard Batten, en nombre del Grupo EFD. – Señor Presidente, la situación general de Túnez parece ser positiva. Tienen la sociedad más estable del Norte de África. Tienen lo que técnicamente se conoce por democracia, si bien tal vez sea sólo una semidemocracia según los criterios occidentales, pero no deberíamos criticarlos por eso, dados los importantes avances que han realizado. Existe una política oficial de trabajar en pro de una democracia plena y Túnez es una sociedad estable que cuenta con un alto nivel de seguridad personal. Ello se ha logrado mediante la supresión de los extremistas islamistas y los comunistas, que es un precio que bien vale la pena pagar. Su política oficial es la búsqueda de la unidad cultural, es decir, la creación de una nación. Se trata de una lección que muchos países europeos, incluido el mío, el Reino Unido, podrían aprender.

Desde el punto de vista económico están progresando. Sólo el 7% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Tiene uno de los mejores niveles de salud de los países del Norte de África, con una esperanza de vida relativamente alta. En el plano político, su Constitución limita el número de escaños que puede ocupar un partido en la Cámara de Diputados y el 20% de los escaños se reserva a los partidos minoritarios. Estos hechos parecen positivamente progresistas si se comparan con el sistema electoral de «votación mayoritaria relativa» que se emplea en el Reino Unido y que, en mi opinión, es una conspiración contra el elector a fin de mantener dentro a los partidos Conservador y Laborista y al resto fuera. Así que tal vez tengamos algo que aprender de los tunecinos.

Hablando del Reino Unido, mi partido, el Partido Independentista del Reino Unido, fue objeto de críticas por parte de algunos extremistas islámicos y supuestamente de las filas liberales la semana pasada, cuando propusimos que toda persona debería descubrirse el rostro en los edificios públicos, y en los edificios privados en caso de que los afectados pretendan imponer dicha condición. Pero fíjense en lo que hizo Túnez. La ley nº 108 prohíbe el hijab, lo que va mucho más lejos de lo que han propuesto los demás. Boubaker El Akhzouri, Ministro de Asuntos Religiosos, ha tachado al hijab de ir contra el «legado cultural», considerando la vestimenta islámica como «un fenómeno foráneo» en la sociedad. Pues bien, eso es muy interesante tratándose de un país islámico. Cuanto más sé de Túnez, más positiva es la impresión que me produce. Pero he visto algunas cifras que indican que se van a destinar 70 millones de euros a proyectos clave del programa de vecindad de la UE. Mis electores, que se encuentran entre los más pobres de Londres, no se pueden permitir ese tipo de gasto. Queremos comercio, amistad y cooperación con Túnez, pero no a un precio que suponga robar al contribuyente del Reino Unido. Ayudémosles a impulsar su democracia y su prosperidad y, si quieren un consejo gratis, que se mantengan a buen recaudo de la Unión Europea y conserven su libertad e independencia.

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, las relaciones comerciales entre la UE y Túnez son estrechas y polifacéticas. Túnez, que recibe 80 millones de euros anuales en ayuda financiera, es un excelente ejemplo de política de desarrollo acertada. En su calidad de economía emergente, el país ocupa una posición de liderazgo en el Magreb, fue el primer país mediterráneo que creó una zona de libre comercio con la UE y está cosechando los beneficios con un gran crecimiento económico. Por tanto, cabe esperar que la República de Túnez desempeñe un papel constructivo en las deliberaciones relativas a la hoja de ruta euromediterránea para el comercio después de 2010 y a la cooperación con los países del Magreb.

Ahora se nos podría perdonar que veamos todo de color de rosa si no fuera por la presencia de ese párrafo que vincula la ayuda europea conectada al acuerdo de asociación con el respeto de los derechos humanos. Es precisamente ahí donde tropezamos con una contradicción, ya que el dinero que se emplea para estimular la economía tunecina se utiliza también para financiar y apoyar unas estructuras dictatoriales y antidemocráticas. Se trata de un problema común en lo que respecta a nuestra ayuda al desarrollo y a la asociación. Hay que hacer algo al respecto, ya que la UE no puede fomentar la violación de los derechos humanos, aunque sea de forma indirecta, ni en Túnez, ni en el Congo ni, por supuesto, en Turquía, que es un país candidato.

  Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, Túnez, al igual que toda la región del Magreb, es una importante zona estratégica. Tiene un enorme potencial de crecimiento y es una región atractiva con fuertes intereses, no sólo económicos sino, sobre todo, europeos.

También se han puesto en marcha recientemente programas con la Unión Europea para la promoción de la cooperación transfronteriza. Por eso, ahora es el momento de reavivar, si es que alguna vez lo vamos a hacer, las relaciones establecidas por la Unión Europea con los países africanos próximos a nuestras fronteras, comenzando por Túnez, mejorando plenamente el potencial de esa región y manteniendo su desarrollo social y económico conexo, pero en un marco de libertad y seguridad.

La relación entre los países del Mediterráneo es el factor determinante que confiere cohesión y solidez a un ambicioso programa de desarrollo económico y social. Desde el punto de vista político, cabría afirmar que Túnez es un país con una democracia relativamente joven; no obstante, el plan de acción establecido parece estar en línea con las expectativas de la Unión Europea.

La emergencia de nuevos partidos y una presencia razonable de mujeres en el Parlamento tras las elecciones celebradas a finales del mes de octubre de 2009 confirman el gran avance realizado en relación con la participación democrática. En todo caso, la libertad de prensa debe mejorar y protegerse, y también la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y, de forma más general, los derechos humanos fundamentales.

En este contexto podemos ayudar a Túnez a concluir los esfuerzos que ha realizado eliminando todas las posibles barreras al pleno desarrollo del ser humano en ese país, todo ello en el marco de un estatuto más avanzado.

El papel central que Túnez desempeña en el Mediterráneo y el proceso de modernización que tiene lugar en dicho país requieren un planteamiento serio y equilibrado que dé lugar a la afirmación incondicional de los valores que ampara la Unión Europea. Ahora, más que nunca, el Parlamento Europeo no puede permitir que se cometa error alguno en el camino hacia la democracia.

El diálogo constructivo y una diplomacia atenta pueden consolidar aún más una relación que debe reforzarse en un país que, en determinados sectores, como la justicia y la libertad de asociación, necesita asistencia para crecer, pero un país, repito, que es totalmente clave y fundamental para la política de estabilidad en el Mediterráneo.

  Carmen Romero López (S&D). Respetar a Túnez es también respetar a su oposición democrática, la que intenta articularse y la que es reprimida, a su sociedad civil, que es también la oposición del futuro. Por eso, yo quiero saludar a los parlamentarios que están aquí ahora, que nos acompañan en esta sesión, pero también quiero saludar a los parlamentarios que lo pueden ser en el futuro y que hoy son amenazados o que pueden ser encarcelados. Por eso, nos parece que es muy importante que esa sociedad se articule y que su oposición democrática se respete también, a pesar de que no esté articulada en el presente. Hemos conocido nosotros en España –puedo decirlo yo, como eurodiputada española– una sociedad en la que a su oposición democrática se la torturaba en épocas de dictadura y se la reprimía. La oposición, cuando no es terrorista, cuando es democrática, tiene unos valores, que son los valores del futuro. Por lo tanto, a esa oposición que hoy no está articulada, pero que es democrática y que lucha por esos valores de la transición tunecina y de la consolidación de esos valores, hay que ayudarle, también en su articulación. Hay que ayudarle también, para que sean los líderes y los protagonistas del futuro, posiblemente en la oposición, o en el Gobierno, pero la alternancia es fundamental en una sociedad democrática. Por eso, esa escalada de violencia que contemplamos en el presente, y que puede agudizarse en el futuro, no es la mejor tarjeta de presentación para un estatuto avanzado.

Nosotros sabemos que Túnez ha sido un socio de la asociación mediterránea, con vocación mediterránea y con vocación democrática, y por eso queremos que también en este periodo contribuya a esa consolidación democrática y se pueda articular, para que realmente pueda ser un socio leal y un socio que contribuya a que el Mediterráneo sea una zona emergente y una zona con valores democráticos.Ése es nuestro deseo de futuro y eso es lo que deseamos para Túnez.

  Tomasz Piotr Poręba (ECR). – (PL) Señor Presidente, no cabe duda de que Túnez es un socio con el que la Unión Europea debería mantener relaciones bilaterales y en nombre de la región mediterránea. No obstante, mientras repasamos las cuestiones económicas, nosotros, en tanto que Unión Europea, deberíamos insistir en la transparencia de los procedimientos democráticos y el Estado de Derecho en ese país.

A pesar de que Túnez es un país estable, lamentablemente no es un país en el que se salvaguarden todas las normas democráticas. Las organizaciones no gubernamentales internacionales dicen que las fuerzas de seguridad del país torturan a los reclusos y actúan impunemente, ya que están protegidas por oficiales de alto rango. La libertad de prensa y la libertad de expresión están sujetas a drásticas limitaciones y se dice que la situación de los periodistas es una de las peores entre todos los países árabes. La represión tiene a menudo un trasfondo religioso. La persecución de la minoría cristiana es cada vez más conflictiva. El gobierno de Túnez no tolera expresiones de protesta ni la existencia de una oposición independiente.

Al recordar que Túnez fue el primer país mediterráneo que suscribió un acuerdo de asociación con la Unión Europea, debemos insistir con resolución en que se cumplan los términos del acuerdo. El respeto de los derechos humanos y las normas democráticas en Túnez debe ser una condición para estrechar la cooperación con ese país.

  Dominique Baudis (PPE). – (FR) Señor Presidente, Señorías, para evitar exageraciones -hemos escuchado una o dos este mañana- quisiera mencionar algunos hechos objetivos relativos a Túnez, un país socio de la Unión Europea.

La situación social ha evolucionado de forma muy favorable, con un aumento espectacular de la renta media per cápita, y en la actualidad la gran mayoría de los tunecinos cumplen los criterios que definen la pertenencia a la clase media. Más del 90% de los tunecinos disfrutan de cobertura social y más de una cuarta parte del presupuesto de Túnez se destina a educación, gracias a lo cual el país es uno de los primeros que ha alcanzado los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el ámbito de la enseñanza primaria.

Por último, tal y como ha puesto de relieve el señor Michel hace un momento, se reconocen y garantizan los derechos de las mujeres. El número de mujeres que cursan estudios universitarios supera al de los hombres y el 40% de los docentes son mujeres. Un 25% de políticos, funcionarios locales y periodistas son mujeres. Muchos países envidiarían estas estadísticas.

  Sylvie Guillaume (S&D). – (FR) Señor Presidente, por mi parte, quisiera unir mi voz a la de quienes han hablado ya para denunciar la situación especialmente preocupante en la que se encuentra el periodista y escritor Taoufik Ben Brik en Túnez.

Tras numerosas detenciones de periodistas y sindicalistas, que sufrieron violencia y malos tratos, y la negativa a permitir la entrada a periodistas extranjeros durante las elecciones presidenciales, continúa la represión contra los opositores políticos y los activistas de derechos humanos. Tras un juicio fraudulento y su encarcelamiento lejos de su familia, lo que dificulta las visitas, Taoufik Ben Brik presenta un estado de salud que hace temer por su vida.

¿Cómo podemos no considerar que esta situación es un ataque feroz contra alguien que mantiene una actitud crítica? Por este motivo, no deberíamos utilizar el comercio simplemente como una respuesta a todo. Por el contrario, creo que es esencial que la UE reaccione rápida y firmemente y exija la liberación de Taoufik Ben Brik y otros presos de conciencia.

La situación de los derechos humanos en Túnez ha empeorado de forma alarmante. Está afectando a la cooperación de Europa con el país, y una mejora tangible en este ámbito representa una de las condiciones para la apertura de negociaciones sobre el estatuto avanzando para la asociación UE-Túnez.

  Michael Gahler (PPE). – (DE) Señor Presidente, tenemos buenas razones para cooperar con Túnez. Se ha mencionado el acuerdo de asociación y el acuerdo de libre comercio. La señora Kroes ha dicho que estamos hablando de integrar la economía tunecina en el mercado único. Esto es lo más lejos que podemos llegar con un país no perteneciente a la Unión Europea y por eso se trata de una razón estable. Túnez es un socio sólido y amigable con el que es posible seguir reforzando nuestras relaciones, por citar de nuevo a la señora Kroes.

Precisamente debido a estas relaciones estrechas podemos hablar con nuestros colegas sobre todas las cuestiones que pueden constituir un motivo de preocupación para nosotros. Yo, personalmente, estoy manteniendo conversaciones con nuestros colegas, aquí presentes en la tribuna, y me da la sensación de que deberíamos hablar de todo.

No obstante, a este respecto, deberíamos separar el grano de la paja. En Túnez se da también una situación en la que el país, un país árabe que quiere desarrollarse por la vía secular, se ve amenazado por los extremistas. Yo apoyo a todo aquel que toma medidas contra los extremistas islámicos.

No obstante, con respecto a otros asuntos, creo que avanzaremos en las conversaciones que mantenemos actualmente. Podemos hablar de cualquier tema con Túnez, ya que se trata de un socio de fiar y por eso espero que nuestro diálogo siga adelante.

  Cristian Dan Preda (PPE). – (FR) Señor Presidente, como ya se ha puesto de relieve, Túnez es un socio importante para la UE, y también se ha mencionado el importantísimo papel que desempeña el ámbito social en Túnez. Quisiera añadir a ello una serie de aspectos políticos significativos, porque, como ya se ha dicho, Túnez es una sociedad que practica una política pluripartidista, si bien de forma limitada, con una cuota para la oposición, sin lugar a dudas, pero en todo caso una política pluripartidista. También se ha mencionado la cuestión de la igualdad de género.

En todos nuestros países, en los países de Europa, todas las opiniones políticas coexisten con la libertad de prensa y ahí es donde reside la diferencia, en realidad, porque en Túnez tal libertad existe, pero es limitada, y de hecho hay periodistas que tienen problemas.

Y surge la siguiente pregunta: ¿podría un rapprochement a la Union Europea aumentar esa libertad o no? En mi opinión, un rapprochement a la UE ayudaría a Túnez a complementar el progreso social alcanzado con avances políticos extremadamente importantes.

  Harlem Désir (S&D). – (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, usted ha expresado la esperanza de que Túnez avance en los ámbitos de la reforma democrática y la libertad de expresión. Tiene razón al hacerlo, ya que ello es acorde con el acuerdo de asociación y los compromisos que Túnez ha asumido ante la Unión Europea.

Por esto, me sorprenden mucho los comentarios tanto del señor Baudis como del señor Michel, que parecen animarla a usted a ignorar ese aspecto de nuestra relación y cooperación con Túnez y, en último término, a abandonar el artículo 2 del acuerdo de asociación.

Además, queda un largo trecho por recorrer antes de que se cumplan dichos compromisos, a juzgar por la situación, que ya ha mencionado mi colega, señora Guillaume, del periodista independiente Taoufik Ben Brik, que está en la cárcel desde el pasado mes de octubre, tras un juicio en el que sus abogados y el procedimiento violaron totalmente la ley. Además de esa denegación inaceptable de libertad, su salud se está deteriorando y su régimen de visitas se ha restringido.

Por eso le pregunto, señora Comisaria si la Comisión tiene la intención de intervenir en el marco del Consejo de Asociación para solicitar la inmediata puesta en libertad del señor Ben Brik y garantizar que su situación y estado de salud se tengan en cuenta, al menos por motivos humanitarios?

  Malika Benarab-Attou (Verts/ALE). – (FR) Señor Presidente, el 14 de enero me reuní con miembros de la delegación de Túnez y mantuvimos una conversación franca y debatimos nuestras opiniones respectivas.

Como franco-argelina, estoy comprometida con el Magreb y hago campaña por un Magreb unido, pluralista y democrático. Para mí, la cuestión de los derechos humanos reviste una importancia crucial y es uno de los valores fundamentales de la Unión Europea. El debate sobre esta cuestión, tal como se ve en Túnez, es crucial y relevante.

Ayer por la mañana, estuve con la esposa del señor Ben Brik, que está en huelga de hambre, y también con activistas de la Red Euromediterránea de Derechos Humanos, y estoy preocupada. Parece que la vida del señor Ben Brik corre peligro debido a su enfermedad y a las condiciones de su detención. Estoy segura de que son ustedes conscientes de que si este temor llegara a convertirse en realidad, la responsabilidad recaería plenamente sobre los hombros de las autoridades tunecinas.

Además de las relaciones comerciales, debemos tener en cuenta las cuestiones sociales. El fenómeno de los jóvenes tunecinos que se arrojan al Mediterráneo es resultado de una sociedad cerrada que no ofrece perspectiva alguna a los jóvenes. La protección frente al fundamentalismo y los imperativos económicos no deberían servir de pretexto para ignorar los derechos humanos. Ahora es crucial que se realicen verdaderos avances en el ámbito de los derechos humanos. No estamos hablando aquí de dogmatismo moralista sino de una situación urgente que la Unión Europea debe ayudar a solucionar.

  Alf Svensson (PPE). – (SV) A los países del Norte de África se les mete a menudo en el mismo saco y eso, a mi modo de ver, le hace un flaco favor a Túnez.

Se ha mencionado la igualdad. En comparación con muchos otros países árabes, Túnez es una excepción al contar con una legislación que protege a los niños y también a las mujeres. Como ya se ha señalado, en las universidades tunecinas hay más mujeres que hombres y el nivel de vida ha mejorado. La infraestructura del país está en buenas condiciones. Desde las elecciones, el Parlamento ha elegido, o designado, un comité de derechos humanos.

La voluntad de Túnez de cooperar con la UE es una oportunidad que deberíamos recibir con los brazos abiertos. Ahora que una delegación de Túnes visita Bruselas y Estrasburgo y solicita apoyo en su labor de promoción de los derechos humanos y para mejorar y profundizar su relación con la UE, considero que sería contrario a los principios comunitarios no dar una respuesta positiva a esas peticiones y no estrechar las relaciones.

  Rosario Crocetta (S&D). – (IT) Señor Presidente, Señorías, yo que visito Túnez dos o tres veces al año desde 1982 y que, como católico, fue a misa el 6 de enero, como hago habitualmente, me resulta muy difícil pensar que Túnez es un país que coarta la libertad religiosa.

Claro que hay problemas pero, por amor de Dios, no observemos a estos países, países que tratan de avanzar, a través del prisma de los países occidentales, ya que si aplicáramos ese parámetro, un parámetro que alguien está aplicando esta mañana con respecto a Túnez, algunos países europeos verían probablemente denegado su ingreso en la Unión Europea, ya que la violencia y denegación de libertad que existe en ellos es mucho mayor que en Túnez.

Por tanto, la cuestión se plantea como resultado de un hecho concreto, y es que estamos ante un país que ha abolido el fundamentalismo islámico, que se está esforzando por desarrollar una política de cooperación y de paz con Europa, que está tratando de evolucionar. Naturalmente hay problemas, pero yo creo que la manera de resolverlos es reforzando el diálogo y la amistad y ayudando a esos países a avanzar.

  Neelie Kroes, Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, doy gracias a Sus Señorías por ser tan abiertos y directos y por hacer sus comentarios de tal forma que, a pesar de que determinados grupos tienen planteamientos diferentes, todos insisten en cómo podemos encontrar una solución.

Dicho esto, para empezar quiero hacer una observación en respuesta a la declaración del señor Désir con respecto a una observación de Louis Michel. Estoy segura de que Louis Michel puede hablar por si mismo, pero estuvimos en el mismo equipo en una vida anterior, por así decirlo, así que sé cuál es su posición sobre esta cuestión. Si el señor Désir dice que la propuesta es que no hagamos nada, no es esa la impresión que yo tengo, y espero sinceramente que mi observación inicial tampoco les haya dado a ustedes esa impresión.

Efectivamente, hay una diferencia de enfoque. Algunos simplemente piden un diálogo en pie de igualdad, como hace el señor Kasoulides. Ha habido llamamientos al establecimiento de vínculos de amistad. Todos esos planteamientos implican sentarse a una mesa y debatir, tratando de llegar a un entendimiento mutuo en torno a la forma de resolver un par de cuestiones sobre las que todos estamos de acuerdo. No hay duda alguna al respecto, ya que los derechos humanos y la libertad de expresión son, desde luego, una parte esencial y muy importante de todo acuerdo.

Dicho esto, quisiera abordar un par de cuestiones que se han planteado. En primer lugar, el refuerzo de las instituciones. Lo que tratamos de fomentar y alentar en todas las reuniones que se celebran o están previstas para los próximos meses es el establecimiento de un diálogo periódico como medio de lograr avances esenciales en los ámbitos de los derechos humanos y la democracia.

A lo largo de los dos próximes meses se va a reunir la Subcomisión de Derechos Humanos y pueden ustedes estar seguros de que el diálogo será sustancial y se plantearán cuestiones que a todos nos preocupan y la forma de abordarlas.

En cuanto a la violación de los derechos humanos en Túnez, los oradores se han referido varias veces al hecho de que Túnez ha sido criticado por su trayectoria en la esfera de los derechos humanos. Desde las elecciones presidenciales y legislativas celebradas en el mes de octubre del pasado año, se ha recrudecido la represión contra los partidos de la oposición, los periodistas y los activistas de derechos humanos. La comunidad internacional ha dejado muy claro que ese tipo de comportamiento de las autoridades es inaceptable y contrario a los compromisos internacionales de Túnez. Así pues, para reiterar lo que ya he dicho, dentro de la Unión Europea no debería haber malentendido alguno: los compromisos son los compromisos y debemos mantenernos en esa línea.

Efectivamente, Túnez debe mostrar un compromiso más sólido con valores comunes fundamentales, como el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Además, debería respetar también sus propios compromisos internacionales en ese ámbito. La Comisión seguirá adelante con su política de compromiso y diálogo en torno a esas cuestiones, en particular en el marco de los órganos creados en virtud del acuerdo de asociación.

Al mismo tiempo, la Unión Europea está brindando apoyo con el fin de mejorar la gobernanza y fomentar las reformas en el ámbito de la justicia, mediante la cooperación y la asistencia técnica. Nuestra prioridad consiste en avanzar con Túnez en ese ámbito, por ejemplo, mediante la promoción activa de los activistas de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos.

También se están realizando esfuerzos en el ámbito de la cooperación judicial. La UE destina 17,5 millones de euros para financiar un proyecto de asistencia técnica destinado a modernizar el poder judicial. Algunos diputados de esta Cámara lo han criticado, ya que financia el sistema judicial del Presidente de Túnez.

El proyecto tiene diversos componentes. Incluye la formación de jueces y abogados, asistencia técnica a los tribunales, infraestructura y mejora de la información a los ciudadanos. Una vez que finalice el proyecto, evaluaremos los resultados. Desde luego estoy de acuerdo en que la labor en ese ámbito nos expone a determinados riesgos políticos. No obstante, si queremos fomentar las reformas, tenemos que actuar, ya que, de lo contrario, la cooperación de la UE quedará limitada únicamente al sector económico. Todos estamos de acuerdo en que ése no es el planteamiento adecuado, y seríamos incoherentes con los objetivos de nuestra propia política general en lo que respecta a las relaciones con Túnez.

En cuanto a la cuestión que plantearon la señora Flautre y la señora Vergiat, el estatuto avanzado de Túnez, considero que se debería dar prioridad a la continuación y al refuerzo del diálogo con Túnez. Somos conscientes de que es un aliado importante de la UE en la región y de que ha realizado avances importantes en cuanto a la modernización económica y social. Tal vez todo dependa de cómo vemos la botella, si medio llena o medio vacía. Dicho esto, consideramos que tenemos que proseguir con nuestra política de apoyo a las fuerzas de Túnez que trabajan para lograr la modernización política, económica y social del país. Estamos a favor de las propuestas de Túnez con miras a reforzar la relación entre ambos socios. El Consejo y la Comisión analizarán detenidamente estas cuestiones y estoy dispuesta a informarles de todas las novedades que se produzcan.

Por otra parte, aunque reforzar las relaciones con Túnez va en interés de la UE, creo que conceder el estatuto avanzado debería entrañar un fuerte compromiso por parte de Túnez con respecto a los derechos humanos y la gobernanza, así que no habrá «barra libre».

  Presidente. – Se cierra el debate.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

  Edward Scicluna (S&D), por escrito. – Este debate me parece inoportuno, en un momento en que se está reanudando el diálogo entre Túnez y la Unión Europea tanto en la Comisión como en el Parlamento. El diálogo con la Comisión incluye la programación de numerosas reuniones de subcomisiones en el marco del Acuerdo de Asociación Túnez/UE (entre ellas la Subcomisión de Derechos Humanos y Democracia), mientras que el diálogo en el seno del Parlamento Europeo se materializó en la reciente visita a Bruselas de una importante delegación parlamentaria tunecina constituida por los cuatro partidos políticos con representación en la Cámara de Diputados de Túnez y en la Reunión Interparlamentaria Túnez/PE prevista para el mes de marzo de 2010 en Bruselas. En un momento en que se reanuda un diálogo importante y constructivo entre Túnez y la UE, me parece poco apropiado celebrar un debate que podría socavar los avances. Debemos garantizar que Tunez y otros estados no pertenecientes a la UE cumplan las normas comunitarias en la esfera económica, social o política. Pero debemos hacerlo mediante un diálogo bien planificado y estructurado.

3. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho

3.1. Ataques recientes contra las minorías religiosas en Egipto y en Malasia

  Presidente. - De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la propuesta de resolución relativa a los ataques recientes contra las minorías religiosas en Egipto y en Malasia⁽¹⁾.

  Marietje Schaake, autora. – Señor Presidente, durante la semana de la Navidad ortodoxa egipcia, se produjo un ataque en el que resultaron muertos y heridos veinte egipcios coptos. Si bien el ataque puede considerarse un acto criminal perpetrado por personas, hay una serie de incidentes preocupantes que exigen que prestemos atención al respeto de todas las minorías de Egipto.

La violencia y el odio no se pueden aceptar en nombre de la religión. Toda persona tiene el derecho universal a la libertad de religión y también a la libertad frente a la religión. La diversidad étnica y religiosa exige una sociedad vigilante que sea capaz de reconciliar las diferencias mediante un debate abierto, una sociedad en la que las personas de cualquier procedencia o convicción sepan que sus libertades están garantizadas.

Una sociedad abierta puede lograrse únicamente cuando la separación de la religión y el Estado está consagrada en la constitución y se aplica a todo el conjunto del sistema de gobierno. Las medidas de seguridad no pueden ser el único medio de administrar una sociedad pluralista. Aun así, las leyes sobre el estado de emergencia están en vigor en Egipto desde hace 28 años. Tal vez un debate libre sea la medicina más poderosa contra el extremismo y la violencia. Por ello, la libertad de expresión, tanto en línea como fuera de línea, puede considerarse la mejor herramienta del Gobierno egipcio para resolver las tensiones que hay en la sociedad.

Por ello, es muy difícil entender o aceptar que unos 30 activistas, políticos y blogueros fuesen detenidos por las fuerzas gubernamentales cuando viajaban hacia la ciudad de Nag Hammadi, al sur de Egipto, para expresar su pésame a las familias de los asesinados durante las violencias sectarias. Las detenciones son un ejemplo especialmente revelador de lo que se ha convertido en una pauta de la interferencia del Gobierno egipcio en el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos.

Algo funciona francamente mal cuando se trata a las personas como criminales simplemente por tratar de mostrar compasión y solidaridad con sus compatriotas. En demasiados casos se abusa del argumento de mantener el orden público. Desde 2008, los egipcios no pueden tener una línea telefónica no registrada, si bien el control no es total. Ahora hay nuevas normas en vigor, según las cuales los usuarios de Wi-Fi deben pagar por la conexión, para lo que deben facilitar una dirección de correo electrónico a la que se les pueda enviar una contraseña y un nombre de usuario. Esto permite al Gobierno ejercer un control activo sobre los usuarios. Además, se está debatiendo en el Parlamento un proyecto de ley sobre la regulación de la red, por la que se prevén penas de cárcel por «publicación de contenidos multimedia sin el permiso del gobierno».

Sin embargo, la Constitución de Egipto dice: «la libertad de expresión u opinión está garantizada. Toda persona tiene derecho a expresar su opinión y a hacerla pública oralmente o por escrito, mediante fotografías o por otros medios, dentro de los límites de la ley». La autocrítica y la crítica constructiva son una garantía de seguridad para la estructura nacional.

Insto al Gobierno de Egipto a abstenerse de aplicar leyes de emergencia que limiten las libertades fundamentales a la luz de las tensiones sectarias existentes. La única medida apropiada ante los crímenes cometidos en nombre de la religión es una respuesta adecuada. No obstante, ello no debería constituir un motivo para reprimir a toda la población con leyes que limiten la libertad de opinión y de expresión. Sólo cuando las libertades fundamentales estén consagradas en la Constitución y todos los estratos legislativos sean libres será posible que haya una sociedad abierta en Egipto. El Gobierno egipcio debería guiar a sus ciudadanos por la senda de la libertad y Europa debería ser su principal socio a este respecto.

  Fiorello Provera, autor. – (IT) Señor Presidente, Señorías, la resolución por mí presentada responde a los trágicos eventos acaecidos recientemente en Egipto y en otros países del mundo –ayer precisamente en Nigeria– y pretende llamar la atención de esta Cámara sobre la persecución y los asesinatos de los que son víctimas los miembros de la comunidad cristiana, que crean una situación grave e intolerable.

No se trata de una resolución contra el Gobierno de Egipto, que ha actuado para que los responsables sean juzgados, sino que es una ocasión para reflexionar sobre un problema generalizado y alarmante. Todos los años, miles de cristianos son asesinados en todo el mundo: Vietnam, Corea del Norte, Nigeria o Malasia. Y varios millones son perseguidos a diario de las formas más diversas a causa de su fe. Dichos ataques están aumentando en número y en virulencia, entre el silencio o la indiferencia, lo que exige una acción urgente.

En primer lugar, todo el mundo debe comprometerse a cambiar el clima de odio religioso que se está extendiendo y a fomentar la tolerancia y la aceptación de la diversidad. Europa conoce bien la tragedia de las guerras en las que, durante siglos, católicos y protestantes se enfrentaron entre sí, por no mencionar el Holocausto judío. Precisamente por su historia, Europa debe comprometerse en este frente.

Otra iniciativa consistiría en examinar las leyes nacionales en cuyo contexto hallemos normas que persiguen a los cristianos o a otras minorías religiosas. La cooperación de las organizaciones no gubernamentales podría ser muy útil en dicho proyecto, pero se debe prestar atención también para garantizar que, en los casos en los que existe el derecho a la libertad religiosa, éste se aplique efectivamente.

Este debate podría ser la oportunidad de presentar una propuesta de elaboración de un informe del Parlamento Europeo sobre la libertad religiosa en el mundo.

  Mario Mauro , autor. – (IT) Señor Presidente, Señorías, la libertad religiosa es, de hecho, el tema de esta resolución. No es, por lo tanto, una cruzada de identidad o un intento de causar problemas a este o a aquel gobierno, sino una denuncia del hecho de que, en el mundo de hoy, hay personas que mueren porque creen en Cristo o que están discriminadas porque su fe es distinta de la de otras personas.

Por ello, todos los grupos políticos están de acuerdo en que hay un problema en relación con la libertad religiosa que debe abordarse con seriedad y firmeza por parte de la comunidad internacional.

Por ello, instamos al Consejo y a la Comisión y, sobre todo, a la Alta Representante para Asuntos Exteriores, a prestar especial atención a la situación de las minorías, incluida la minoría cristiana, de forma que se apoyen y se lleven a cabo iniciativas cuyo objetivo sea fomentar el diálogo y el respeto entre comunidades, exhortando a todas las autoridades religiosas a que promuevan la tolerancia e impidan los episodios de odio y violencia.

  Véronique De Keyser, autora. – (FR) Señor Presidente, el incidente ocurrido en Egipto podría haber ocurrido sin lugar a dudas en cualquier otro lugar. Un coche pasa por delante de la puerta de una iglesia copta y se dispara a la multitud. El resultado: siete muertes (seis coptos y un policía). Las autoridades egipcias reaccionan con rapidez. El fiscal decide, y cito, que los tres acusados por los sucesos de Nag Hammadi sean juzgados ante el Tribunal Estatal de Seguridad de Emergencia por cargos de asesinato premeditado.

En Malasia, las comunidades cristiana y musulmana discuten sobre el nombre de Alá, una disputa que da lugar a saqueos y pillajes en las iglesias.

Estas nuevas historias, que podrían describirse como algo habitual, tienen impacto en otros lugares, en todo el mundo, incluida Europa. El aumento de la intolerancia y el fanatismo religiosos pone en peligro una libertad fundamental: la libertad religiosa de todos, ya se trate de creyentes o de agnósticos. En todo el mundo se perpetran crímenes contra las minorías, ya sean cristianas, judías o musulmanas. También en todo el mundo, los hombres y mujeres que no son religiosos son asesinados o encarcelados porque no respetan los ritos, los dogmas o las prácticas religiosas de los que se han liberado.

En mi calidad de persona no religiosa, apoyo firmemente esta resolución, que es un llamamiento a la tolerancia y no una estigmatización de Egipto o de Malasia. No obstante, dejando de lado los casos que se han mencionado, quisiera referirme a la responsabilidad de un Estado que es consciente del derecho a la libertad de expresión de sus ciudadanos. Considero que un Estado secular, en virtud de su estructura, es la mayor garantía del espacio que se requiere para la diversidad de creencias. Es ésta la forma en que un Estado puede proteger mejor a sus ciudadanos y promover el diálogo entre sus comunidades.

PRESIDE: Sr. VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

  Ryszard Antoni Legutko, autor. – Señor Presidente, la información sobre la violencia contra los cristianos en Egipto y en Malasia es tan sólo la punta del iceberg. Quisiera tratar tres puntos.

En primer lugar, los cristianos se han convertido en víctimas de una violencia brutal en muchos países del mundo, no sólo en dos. En segundo lugar, los cristianos se han convertido en el grupo religioso más perseguido del mundo. Las cifras son apabullantes: se trata de millones, no de miles o cientos de miles. En tercer lugar, la reacción de las sociedades europeas, de los gobiernos europeos y de la Unión Europea ha sido, por el momento, insatisfactoria: tímida, endeble, pusilánime, políticamente correcta o, en algunos casos, no ha habido reacción alguna.

Debemos actuar con resolución, o, si no, quienes persiguen a los cristianos creerán que tienen nuestra bendición tácita. ¿De verdad es eso lo que queremos?

  Heidi Hautala, autora. – (FI) Señor Presidente, es lamentable que en el mundo haya tanta variedad de conflictos ocultos bajo el disfraz de la religión. En ese sentido, cabe decir que en el mundo hay numerosas tendencias fundamentalistas relacionadas con el cristianismo, el islam y otras religiones. Personalmente, yo he visto menos aspiraciones fundamentalistas de ese tipo en el budismo. En todo caso, es importante que el Parlamento Europeo adopte una posición cuando tenga lugar ese tipo de episodios violentos entre religiones.

No obstante, quisiera decir que ayer se llamó la atención del Parlamento sobre la detención arbitraria de 33 defensores de derechos humanos cuando trataban de apoyar a los cristianos coptos que se mencionan en esta resolución y que sufrieron actos de violencia. Quisiera decir ahora a las autoridades egipcias que deben tomar medidas para que no se impida de esa manera a las personas defender a otros. Debemos insistir en que no se encarcele o se trate injustamente a los defensores de derechos humanos si se dieran otras situaciones de este tipo. En este caso, es un hecho innegable que a estos 33 defensores de los coptos se les trató de forma inhumana en la cárcel. Se les mantuvo en condiciones inhumanas.

Espero que en el futuro el Parlamento preste siempre atención a aquellos casos en que se ejerce violencia contra grupos religiosos, sin centrarse únicamente en la persecución de los cristianos.

(Aplausos)

  Bernd Posselt, en nombre del Grupo del PPE. – (DE) Señor Presidente, Túnez, Egipto y Malasia tienen una larga tradición de tolerancia. Buena prueba de ello son nombres como Tunku Abdul Rahman, el fundador del Estado independiente de Malasia, o el Presidente Sadat, cuyo discurso aquí, en el Parlamento Europeo, fue como una Carta Magna de la coexistencia cristiano-islámica.

Precisamente por ese motivo debemos apoyar a los gobiernos de esos países en su lucha contra el extremismo islámico y los ataques anticristianos. Por supuesto, nosotros, en Europa, en tanto que continente mayoritariamente cristiano, tenemos una obligación especial de defender a los cristianos en todo el mundo porque, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?

No obstante, se trata evidentemente de la libertad religiosa en sí y yo quisiera, por ejemplo, agradecer al Gobierno de Malasia que Su Majestad, el Yang di-Pertuan Agong, y el Primer Ministro, aclarasen su posición sobre este tema el 9 de enero. Les deseamos éxito en su lucha en pro de la tolerancia religiosa, por la que este país fue y sigue siendo un ejemplo revelador, algo que, como socios que podemos hablar abiertamente sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos, debemos preservar en Egipto, Túnez y Malasia.

  Peter van Dalen, en nombre del Grupo ECR. – (NL) Señor Presidente, la libertad religiosa es un elemento esencial de los derechos humanos. Lamentablemente, lo que vemos es que los cristianos están teniendo verdaderos problemas en muchos países donde reina la fe del islam. Es el caso, entre otros, de Egipto. Los cristianos coptos ortodoxos, pero también los católicos romanos, los cristianos protestantes y los judíos están en una situación de desventaja institucionalizada en Egipto. Por ejemplo, los musulmanes que se convierten al cristianismo son objeto de opresión. Esto se puede ver en sus documentos de identidad, que siguen indicando que son musulmanes, ya que la baja religiosa está prohibida por ley.

Concretamente, en los últimos 10 a 20 años, la violencia contra los coptos ha aumentado considerablemente. Hay documentados más de 100 ataques, con miles de víctimas. La actitud del Gobierno egipcio es, en mi opinión, débil. Hay tres hombres detenidos pero, en términos generales, la violencia contra los cristianos se tolera. Insto al Consejo y a la Comisión a que entablen directamente un diálogo con Egipto con el fin de lograr que su Gobierno cambie de perspectiva. Si El Cairo se niega a hacerlo, creo esta negativa debería tener consecuencias en nuestras relaciones bilaterales con Egipto.

  Joe Higgins, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señor Presidente, toda persona comprometida con los derechos democráticos y la libertad de expresión religiosa condenará abiertamente el asesinato de cristianos en Egipto y también los ataques con bombas a iglesias cristianas en Malasia. También deberíamos tener en cuenta el creciente número de ataques cometidos contra minorías religiosas en la propia Europa y condenarlos igualmente.

En Malasia, la táctica de divide y vencerás en cuestiones raciales y religiosas lleva tiempo empleándose en algunas esferas de las élites económicas y dirigentes. El actual Gobierno del Frente Nacional es culpable de hipocresía en ese sentido; mientras que públicamente proclama la política de «una Malasia», que pretende abarcar a todas las religiones y minorías, actúa entre bastidores, aprovechando las divisiones religiosas y raciales para tratar de reforzar su propia posición entre la población malasia de mayoría musulmana, tal y como hizo en relación con la sentencia sobre el término «Alá».

En Malasia las diferencias económicas son también enormes. Es la sociedad más desigual del Sudeste Asiático. La actual administración gobierna basándose en el capitalismo entre amigos. Este es el resultado: explotación en el lugar de trabajo y derechos sindicales gravemente limitados. El mejor telón de fondo para la libertad religiosa y la democracia en Egipto, en Malasia y en todos los lugares es, efectivamente, la justicia económica y la democracia, donde la riqueza y el poder están en manos de una gran mayoría de trabajadores y de pobres, lejos de las grandes empresas y del amiguismo entre capitalistas.

  Daniël van der Stoep (NI). – (NL) Señor Presidente, ayer comenzó en los Países Bajos un terrible juicio político contra el líder de nuestro partido, Geert Wilders. El señor Wilders, como parlamentario neerlandés y líder del Partido de la Libertad en el Parlamento de los Países Bajos, es perseguido por expresar su opinión. La élite de izquierdas persigue al señor Wilders por advertir a los Países Bajos, a Europa y al mundo de la amenaza de una ideología fascita que tiene por nombre islam. ¡Es una situación intolerable!

Señor Presidente, la islamización de los Países Bajos y de Europa amenaza la cultura judeocristiana y humanista de Europa, y mientras que muchos, también en esta Cámara, se doblegan y permiten que el tsunami de la islamización los arrastre, el Partido de la Libertad lucha por la cultura europea. Señor Presidente, la barbarie que ha tenido lugar en Malasia, en Egipto, y en muchos otros países, como esta misma semana en Nigeria, es el resultado de la ideología intolerante y fascista conocida como islam. En los países islámicos, quienes no son musulmanes son humillados y asesinados sistemáticamente. Lo sucedido en Malasia y en Egipto no se puede considerar como incidentes aislados, sino que tiene su origen en una ideología que exige respeto pero no lo otorga. Este Parlamento puede garantizar que esos hechos terribles jamás vuelvan a ocurrir en Europa si participa en la lucha, junto con el Partido de la Libertad, contra la islamización de Europa. Les pedimos a todos ustedes que así sea.

  Filip Kaczmarek (PPE). – (PL) Señor Presidente, a menudo hablamos en el Parlamento de fobias diversas y de sus efectos sociales perjudiciales. Me refiero a la xenofobia y la homofobia. Lamentablemente, esos dos casos no agotan la lista. Hay también un fenómeno denominado «cristianofobia», fobia hacia la cristiandad. Igual que ocurre con otras fobias, los efectos sociales en este caso también son perjudiciales y en ocasiones trágicos, y precisamente por ese motivo deberíamos considerar los casos de violación de los derechos de los cristianos en diversas partes del mundo.

Tenemos en cuenta casos en los que están implicados seguidores de diferentes religiones e incluso personas que no profesan ninguna religión. También los cristianos merecen nuestra atención. Actuamos así porque la libertad religiosa es uno de los valores fundamentales de la Unión Europea. Y precisamente por esa razón condenamos y condenaremos todas las formas de violencia, discriminación e intolerancia contra los líderes o seguidores de una religión. La violencia que se ejerce en función de las creencias de la víctima es abominable y no cabe duda de que merece nuestras críticas.

  Konrad Szymański (ECR). – (PL) Señor Presidente, la libertad religiosa es un derecho reconocido en los convenios internacionales y europeos de derechos humanos desde hace más de 50 años. Al mismo tiempo, llevamos muchos años asistiendo a un incremento del odio religioso, que, por regla general, afecta a los cristianos de todo el mundo. El lugar del comunismo anticristiano lo ocupa hoy principalmente el islam militante. Egipto y Malasia garantizan constitucionalmente la libertad religiosa pero, bajo la presión de los círculos islámicos radicales, la libertad religiosa de los cristianos no está suficientemente protegida por sus Gobiernos.

La Unión Europea, que cuenta con nuevos instrumentos de política exterior, debe implicarse en mayor grado y oponerse a la cristianofobia, que es motivo de palizas, saqueos y asesinatos. Es simplemente el prejuicio ideológico lo que hace que la Unión Europea actúe hoy con vacilación. Nuestra credibilidad está en juego.

  Bogusław Sonik (PPE). – (PL) Señor Presidente, quisiera respaldar la idea de mi colega, señor Provera, cuando dice que se debería elaborar un informe sobre la libertad religiosa. Me gustaría recordarles a todos que en la anterior legislatura, el señor Mauro y yo presentamos una propuesta de elaboración de un informe sobre la situación de los cristianos en países donde son una minoría, en países donde el islam es la religión dominante. Lamentablemente, la Mesa no aprobó la propuesta, pero tal vez valga la pena redactar un informe así. Hoy reitero aquí la propuesta.

La resolución que vamos a aprobar hoy debería transmitir un mensaje claro. La minoría copta representa el 10% de la población egipcia, pero aun cuando sólo fuera el 0,5%, el papel del Parlamento Europeo consiste en reaccionar, sobre todo en una situación en la que los derechos humanos se están violando de forma brutal.

He leído con atención la carta que el Presidente de la Asamblea del Pueblo envió al señor Buzek. En la carta, le asegura que los sucesos que yo he mencionado son incidentes aislados. Me resulta difícil creerlo. En Egipto se persigue a los coptos desde hace muchos años. En esta ocasión, debemos garantizar que nuestra ayuda a esta minoría oprimida no acabe en declaraciones vacías.

  Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Señor Presidente, no es sólo Egipto, no es sólo Malasia, sino también Sudán, Nigeria y muchos otros países de África, muchos países de Asia y numerosas sociedades, los que tratan a los cristianos como un mal necesario y en ocasiones como un enemigo. No debemos ocultar esos hechos, no debemos actuar como un avestruz que esconde la cabeza en la arena. Se trata de un problema real, y el Parlamento de una Europa cristiana, de unas tradiciones y herencias cristianas, debe pronunciarse sobre ello.

No obstante, también nosotros deberíamos entonar el mea culpa. Hace un momento, el diputado que me precedió ha hablado oportunamente de los pecados de omisión cometidos por el Parlamento en la anterior legislatura. Recuerdo el debate que mantuvimos hace unas semanas, en el que acertadamente condenamos los ataques y la opresión que padece la minoría musulmana Uighur en China. No obstante, en aquel momento, determinados grupos políticos rechazaron enmiendas con las que se pretendía poner de relieve que los cristianos también están sufriendo en China y que son víctimas de discriminación. No podemos permitir una situación en la que defendemos a algunas minorías religiosas pero a otras las defendemos menos o no lo hacemos en absoluto.

  Eija-Riitta Korhola (PPE). - (FI) Señor Presidente, hemos escuchado de varias fuentes noticias preocupantes sobre crímenes cometidos contra cristianos en Egipto y en Malasia. Con respecto a Malasia, quisiera decir en primer lugar que nos preocupan profundamente los ataques a las iglesias en un país que tradicionalmente ha sido tolerante y moderado.

En segundo lugar, me gustaría mencionar la labor ejemplar de las organizaciones no gubernamentales islámicas en nombre de la tolerancia religiosa. Las declaraciones del Primer Ministro de Malasia sobre el uso del nombre de Alá provocaron una demostración de descontento público hacia las comunidades cristianas. Sin embargo, la actitud ejemplar de las ONG islámicas y la postura pública de firmeza ante las declaraciones del Primer Ministro calmaron la situación. Es de lamentar que no lo hayamos reflejado en nuestra resolución definitiva, ya que, en mi opinión, apenas prestamos atención a situaciones positivas. ¿Acaso no deberían ser alabados los musulmanes cuando hay motivos para ello?

La tolerancia religiosa debe ser fomentada tanto por quienes ostentan el poder político como por la comunidad. Es igualmente importante ser conscientes de que se han cometido errores, como también lo es reconocer el progreso realizado y prestar apoyo para seguir avanzando.

  Dominique Baudis (PPE). – (FR) Señor Presidente, los actos cometidos por criminales fanáticos, que han asesinado a varios cristianos en Egipto, no pueden atribuirse a toda una población y a su Gobierno. Sería injusto considerar responsable a Egipto y a los egipcios de esta masacre terrible, cuyos autores serán juzgados.

¡No debemos confundir los actos de un criminal con la política de un país entero! No debemos medir por el mismo rasero a los fánaticos y a una población entera. Por último, al tratar de interponernos entre los cristianos cristianos y sus compatriotas musulmanes, estamos echando más leña al fuego de los extremistas, quienes desean presentar a los cristianos orientales como agentes de Occidente.

  László Tőkés (PPE). - (HU) Hay una noticia muy reciente sobre la detención hace unos días, a manos del régimen egipcio, de varios activistas de los derechos de los coptos, que viajaban hacia el lugar de los crímenes que ocurrieron en el asentamiento de Nag Hammadi, para defender y apoyar a las comunidades cristianas coptas del lugar, que vieron como asesinaban a varios de sus miembros el día de Navidad. Las autoridades egipcias, que mantienen una actitud parcial a favor de la mayoría musulmana, están tratando de restar importancia a los actos violentos cometidos contra la minoría copta y están bloqueando el derecho legítimo de los cristianos, manifestando con ello un sesgo discriminatorio hacia una de las partes involucradas. La administración de los Estados Unidos se ha pronunciado de manera inequívoca en contra de esta actitud. Sabiendo que la comunidad cristiana copta, considerada nativa de Egipto, ha sido sometida a menudo, durante más de 1 500 años, a una cruel opresión, la Unión Europea debería defenderla con más vigor y sin las ambigüedades que caracterizan a su posición actual.

  Anna Záborská (PPE). – (SK) Gracias por prestar atención de nuevo a las violaciones de la libertad religiosa en determinados países, como ocurrió en 2007 y 2008. Me pregunto si es la debilidad o la indeferencia de la UE lo que le impide fomentar de manera más sistemática el respeto de los derechos humanos en esa zona. Seguimos escuchando las mismas quejas y proponiendo las mismas medidas.

Egipto y Malasia son dos de los países en los que los cristianos viven en condiciones extremadamente peligrosas, soportan persecuciones, son expulsados de sus hogares, son objeto de desapariciones y asesinatos, y sus iglesias se clausuran. Esto ocurre tanto en el Magreb como en Irán, la India, China, Pakistán y otros muchos países. Normalmente los cristianos son perseguidos por grupos extremistas. Ahora bien, esta persecución representa un peligro para todos: cristianos, judíos y musulmanes. Solicito a los representantes de la UE y a las delegaciones del Parlamento Europeo que aprovechen todas las oportunidades para mejorar el diálogo, la tolerancia religiosa y el respeto y la coexistencia de culturas diferentes.

  Mitro Repo (S&D). - (FI) Señor Presidente, me preocupa especialmente la situación en Egipto, debido a su trasfondo histórico, étnico y político. En realidad, los cristianos coptos siguen siendo una minoría considerable. En Egipto, aproximadamente el 10% de la población, ocho millones, son cristianos coptos y precisamente por ese motivo se trata de una antigua mayoría. Ellos están orgullosos de ello y de su tradición cristiana oriental. Por eso, la provocación que tuvo lugar durante la celebración de la Navidad el pasado mes de enero fue especialmente flagrante y premeditada. Además, muchos coptos han sido presionados con violencia para cambiar sus creencias y ha habido casos de violación y otros delitos.

La situación en Egipto es un ejemplo nocivo para otros países donde existe la posibilidad de que ocurra la misma espiral de venganza, y precisamente por ese motivo la UE debe estar vigilante, intervenir inmediatamente cuando haya problemas y subrayar la importancia del diálogo pacífico entre grupos religiosos.

  Ivo Vajgl (ALDE). - (SL) Cuando se comete un asesinato, especialmente por motivos religiosos, desde luego no nos queda otro remedio que rechazarlo horrorizados y condenarlo.

No obstante, este nuevo incidente, este nuevo crimen en Oriente Medio es, en realidad, una prueba de la situación en general, de la actual intolerancia ante la libertad religiosa y la falta de respeto hacia los que son diferentes. Es decir, hay muchos lugares en los que no se respetan los valores religiosos.

El motivo por el que el Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa ha propuesto aplazar este debate o, más bien, que los debates sobre el respeto de los derechos humanos y las libertades religiosas en Egipto y en Malasia se celebren por separado, es porque hay que tratar este tema con mucho cuidado y considerar cada país por separado. Egipto no es desde luego uno de los peores ejemplos de intolerancia religiosa. Antes bien al contrario.

  Charles Tannock (ECR). - Señor Presidente, desgraciadamente, en el mundo islámico hay un clima general de creciente militancia jihadista en contra sobre todo de las comunidades no musulmanas, lo que sobre todo y más frecuentemente se refiere a los cristianos.

Los coptos, que representan a una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo, cuentan con una nutrida diáspora en Londres, a la que yo represento. Sus líderes se han dirigido a mí para quejarse del lamentable empeoramiento de la situación en Egipto, orquestada por los Hermanos Musulmanes. A pesar de los enormes esfuerzos realizados por el gobierno del Presidente Mubarak para protegerlos, la situación se ha deteriorado.

Asistimos a historias similares en el caso de los cristianos asirios en Irak, los cristianos de Palestina y Pakistán y ahora, por vez primera, incluso en Malasia.

Esta Cámara ha ignorado –durante demasiado tiempo, creo yo– los derechos de la minoría cristiana en el resto del mundo, si bien ellos acuden a la Unión Europea y a los Estados Unidos en busca de protección. Por tanto, me satisface esta resolución.

  Gerard Batten (EFD). - Señor Presidente, la persecución de los cristianos y de otras minorías religiosas está aumentando en los países islámicos. A los cristianos, que viven en países como Egipto y en la zona del Mediterráneo desde hace casi dos mil años, cada vez se les persigue más y se les expulsa de sus patrias ancestrales. Esto se debe al poder creciente del fundamentalismo intolerante y de la ideología islámica extremista: el islamofascismo.

La persecución de las minorías cristianas y otras en el mundo islámico reciben escasa atención en los medios de comunicación occidentales. Los medios de comunicación no sólo deberían informar de los casos de persecución cuando suceden sino que también deberían explicar al público en general los motivos por los que suceden. Deberían explicar quiénes son sus autores: básicamente, musulmanes fanáticos; y por qué lo hacen: a causa de los rasgos de intolerancia y violencia que a veces pueden detectarse en la ideología islámica.

Los gobiernos democráticos de todo el mundo deberían ejercer la máxima presión diplomática posible sobre países como Egipto a fin de eliminar esa persecución intolerable.

  Neelie Kroes, Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, la Comisión está profundamente conmocionada y apenada por lo ocurrido en la víspera de la Navidad copta en Nag Hammadi, al sur de Egipto: la trágica muerte de seis coptos y un policía musulmán en un tiroteo perpetrado desde un coche.

Estamos convencidos de que las autoridades trataron inmediatamente de encontrar y detener a los sospechosos de cometer ese crimen horrible y de que una investigación exhaustiva y el enjuiciamiento de los responsables van a transmitir una clara señal de que la violencia basada en la influencia religiosa no es aceptable en la sociedad egipcia.

La Constitución egipcia garantiza la libertad de pensamiento y de prácticas religiosas. No obstante, nos llegan quejas de discriminación contra los coptos y otras minorías religiosas, tales como los bahá’í, en el lugar de trabajo y por parte del sistema judicial. Somos conscientes de los problemas a los que han tenido que hacer frente varios cristianos conversos, como Maher El-Gohary y Mohammed Hegazy, en los tribunales egipcios. Hemos planteado esas cuestiones durante nuestro diálogo político habitual con Egipto.

Entendemos que el Gobierno está tratando de abordar algunos de los agravios infringidos a los coptos, eliminando, por ejemplo, los obstáculos que demoran y limitan la construcción y remodelación de las iglesias. Acogemos con beneplácito y apoyamos esas medidas y exhortamos al Gobierno a identificar y combatir las causas originarias de las tensiones religiosas que hay en la sociedad egipcia, y a poner fin a todas las formas de discriminación contra todos aquellos que profesan otras religiones.

Los actos de vandalismo hacia algunas iglesias de Malasia después de que el Tribunal Supremo emitiese una sentencia sobre el uso del término «Alá» da pie a serias preocupaciones. El Gobierno, así como la oposición, incluido el Partido Islámico Panmalasio y 130 organizaciones no gubernamentales musulmanas, han condenado vehementemente estos ataques. El Gobierno ha reforzado las medidas de seguridad a fin de proteger los lugares de culto y también ha confirmado de nuevo su compromiso de proteger la armonía social y religiosa de Malasia y una cultura de diversidad religiosa y étnica.

La Constitución Federal de Malasia estipula que el islam es la religión de la Federación, si bien se pueden practicar otras religiones en paz y armonía en cualquier lugar de la Federación.

Alentamos a las autoridades a que entablen a la mayor brevedad un diálogo inclusivo entre religiones, que dé cabida a todas las creencias religiosas, para promover la comprensión mutua, de forma que Malasia pueda proseguir su desarrollo pacífico en armonía étnica y social. En ese sentido, el Ministerio del Interior malasio tiene la responsabilidad específica de explicar de forma exhaustiva y objetiva esta cuestión a sus ciudadanos.

Condenamos enérgicamente todo acto de intolerancia ejercida contra una persona por motivo de su religión o creencia, allá donde ocurra. Lamentablemente, no hay ningún país inmune a esta intolerancia. Exhortamos a las autoridades públicas a que protejan plenamente a todas las comunidades religiosas, incluidos los cristianos, de la discriminación y la represión.

La Comisión concede una gran prioridad a la libertad de religión o de pensamiento, en tanto que principios centrales de la política de derechos humanos de la Unión Europea, planteando la cuestión en su diálogo político con aquellos países donde persiste el problema, apoyando proyectos locales de derechos humanos y fomentando activamente la libertad de religión o de pensamiento en los foros de las Naciones Unidas.

  Presidente. – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

  Carlo Casini (PPE), por escrito. – (IT) Señor Presidente, Señorías, al votar a favor de la resolución conjunta, quiero poner de relieve la especial gravedad que reviste la violencia ejercida en Malasia como respuesta a una cuestión exclusivamente nominalista.

Efectivamente, es cierto que tanto los cristianos como los musulmanes creen en un único Dios, que es el Dios de todas las personas, creyentes o no creyentes. El hecho de que se haga referencia a Él empleando nombres diversos es totalmente secundario. Pretender que el Dios musulmán es únicamente musulmán y por ello sólo pueden invocarlo los musulmanes, utilizando un nombre tradicionalmente musulmán, supone retroceder a una visión ancestral y tribal de que hay un Dios para cada grupo de seres humanos. En otras palabras, supone contradecir la idea monoteísta que hace de las religiones universales que, como el cristianismo y el islam, se oponen a la idolatría y el politeísmo, grandes religiones cercanas a las personas.

No es menos grave la persecución de los coptos en Egipto. Fue en las costas del Mediterráneo donde surgieron las religiones monoteístas, que dicen ser, y son, fuerzas para el fomento de la hermandad y la paz. No obstante, cabe señalar que es precisamente en las costas del Mediterráneo, en Jerusalén, una ciudad santa para quienes creen en Dios, Alá y Jehová, donde está el principal caldo de cultivo para el conflicto.

Precisamente es en Egipto, que es el país más poderoso de la zona, donde cristianos y musulmanes deben coexistir pacíficamente para poder desempeñar un papel de forjadores de la paz en toda la región del sur del Mediterráneo.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) Apoyo la propuesta conjunta de resolución sobre los recientes ataques contra las comunidades cristianas, puesto que condena enérgicamente todo tipo de violencia, discriminación o intolerancia basada en la religión o las creencias. Creo vital apoyar toda iniciativa que tenga por objeto fomentar el diálogo y el respeto mutuo entre comunidades y que pretenda proteger los derechos fundamentales, tales como la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Hay hombres y mujeres en todo el mundo que siguen sufriendo las formas más brutales de persecución simplemente porque creen en Dios de la misma manera en que se le venera desde el Atlántico a los Urales. Tras las declaraciones de China, la India, Irak, Pakistán, Turquía y Vietnam, entre otros, el Parlamento condena hoy el acoso a los cristianos en Egipto y en Malasia.

Europa contempla todo esto con relativa indiferencia. Hay incluso quienes defienden esta inacción invocando el respeto de la cultura y la libertad de culto de otros pueblos. El silencio de Europa sobre esta cuestión, realmente sorprendente en una región cuyos orígenes, cultura y tradiciones están imbuidos de la fe cristiana, amenaza con convertirse en ensordecedor.

Esto trae a colación el comentario del Cardenal Arzobispo de Bolonia a propósito de persecuciones anteriores, que ilustra adecuamente el espíritu de nuestros tiempos, cuando señala que las personas se preocupan antes por la suerte de los osos polares que por los miles de cristianos que viven amenazados.

  Jacek Olgierd Kurski (ECR), por escrito. – (PL) Un año más, 2010, que comienza con la persecución sangrienta de los cristianos en muchas partes del mundo. No podemos, como Parlamento Europeo, quedarnos de brazos cruzados ante estos crímenes y actos violentos. La situación de los cristianos es igualmente dramática en países que no se mencionan en la resolución de hoy, tales como Corea del Norte, Irak, la India y Sudán. Los ataques a los católicos están aumentando en Vietnam. Como diputado de Polonia, un país con una tradición cristiana muy enraizada y un país donde existe una larga tradición de respeto y en el que conviven numerosas comunidades religiosas, quisiera expresar mi solidaridad con las familias de las víctimas. Las autoridades egipcias y malayas deben garantizar a los cristianos y a los miembros de otras comunidades y minorías religiosas la posibilidad de disfrutar de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, o bien afrontar sanciones de la Unión Europea. Por este motivo, deberíamos respaldar la resolución sobre los recientes ataques a comunidades cristianas.

  Csaba Sógor (PPE), por escrito. – (HU) Los recientes ataques contra comunidades cristianas de Egipto y de Malasia puede verse desde dos perspectivas distintas. En primer lugar, debemos hacer hincapié en que la Unión Europea, como comunidad de Estados europeos que han alcanzado un alto nivel en los ámbitos de la democracia y el Estado de Derecho, no debe, en aras de la tolerancia religiosa y el respeto de los derechos humanos y de las minorías, permanecer callada ante esos sucesos, ocurran donde ocurran. Debemos dejar muy claro a los gobiernos que pretendan seguir manteniendo unas buenas relaciones con nosotros, que Europa exije a sus socios que respeten las normas generalmente aceptadas de los derechos humanos universales y que la evolución futura de las relaciones puede verse afectada por problemas relacionados con los derechos humanos. Al mismo tiempo, no debemos olvidar las infracciones de derechos humanos que tienen lugar en el territorio de la Unión Europea.

En algunos casos, la tolerancia religiosa, los derechos humanos y de las minorías, incluidos los de los miembros de iglesias minoritarias, también tienen que mejorar en los Estados miembros de la UE. Si Europa quiere dar ejemplo al mundo, no puede permitir que nadie en su territorio sufra discriminación a causa de sus convicciones religiosas, origen étnico o pertenencia a una minoría nacional. Podemos ver que la legislación en vigor en Egipto garantiza de forma parecida la libertad religiosa pero, en la práctica, la experiencia de los cristianos nos dice que ocurre lo contrario. Lamentablemente, también podemos encontrar ejemplos similares de discrepancia entre la ley y la práctica diaria en Estados miembros de la UE.

(1) véase el Acta

3.2. Violaciones de los derechos humanos en China, especialmente el caso de Liu Xiaobao

  Presidente. - El punto siguiente es el debate sobre siete propuestas de resolución relativas a violaciones de los derechos humanos en China, especialmente el caso de Liu Xiaobao⁽¹⁾.

  Renate Weber, autora. – Señor Presidente, el pasado mes, el señor Liu Xiaobao, un escrito y activista político muy conocido, fue condenado a 11 años de carcel por «incitar a la subversión contra el poder del Estado». Fue detenido hace más de un año tras redactar la Carta 08, que firmaron más de 10 000 ciudadanos chinos de a pie y en la que se solicitaban las cosas más normales en una sociedad democrática, a saber, derecho a la libertad de expresión, elecciones abiertas y Estado de Derecho.

El procesamiento del señor Liu Xiaobao, basado únicamente en sus iniciativas pacíficas, y el acoso judicial que afrontó son sin lugar a dudas incompatibles con las normas de derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas internacionalmente. Por ello, deberíamos solicitar firmemente la puesta en libertad incondicional inmediata del señor Liu Xiaobao.

En los últimos años, las relaciones entre la Unión Europea y China se han centrado prioritariamente en la dimensión económica, lo que ha eclipsado la trayectoria democrática del país y las flagrantes violaciones de los derechos humanos que, de forma sistemática, han tenido lugar en China.

Hace unos días, por vez primera, un policía reconoció que el famoso abogado de derechos humanos y nominado al Premio Nobel de la Paz en 2008, Gao Zhisheng, está en paradero desconocido tras estar un año custodiado por las autoridades chinas. Muchas personas temen que esté muerto. Hace unas semanas, el Gobierno chino desatendió un llamamiento de la UE para que no ejecutase a un ciudadano británico.

Es particularmente alarmante ver cómo el Gobierno chino ignora sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Cabe preguntarse por qué, en esas circunstancias, China presentó su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: ¿se trataba simplemente de legitimar la forma en que reprime los derechos humanos?

En abril de 2009, el Gobierno chino hizo público un plan nacional de derechos humanos, un extenso documento que parece haberse quedado en papel mojado. No debe haber la menor duda. Esta Cámara, el Parlamento Europeo, tiene la obligación de evaluar íntegramente los resultados del diálogo UE-China sobre derechos humanos.

  Tunne Kelam, autor. – Señor Presidente, China ha experimentado un impresionante crecimiento económico. No obstante, parte de ese progreso se ha logrado mediante el uso de métodos que violan flagrantemente los normas humanas aceptadas universalmente. Las esperanzas de que eventos como los Juegos Olímpicos motivarían a las autoridades chinas a mostrar más respeto por las normas democráticas han resultado ser vanas. Antes al contrario, los actos de represión han aumentado y debemos extraer conclusiones de ese hecho.

Hoy, el Parlamento Europeo expresa su preocupación sobre el paradero del prominente activista de derechos humanos y académico, Liu Xiaobao, firmante de la Carta 08, en la que se exhorta a una reforma constitucional y a la protección de los derechos humanos. Dicha Carta la han firmado valientemente más de 10 000 ciudadanos chinos. El mes pasado, Liu Xiaobao fue condenado a 11 años de cárcel. Hoy exigimos su puesta en libertad inmediata e incondicional. Expresamos nuestra solidaridad con las acciones pacíficas de los ciudadanos chinos a favor de las reformas democráticas y la protección de los derechos humanos, a las que se comprometió el propio Gobierno chino.

  Véronique De Keyser, autora. – (FR) Señor Presidente, las resoluciones urgentes son siempre un ejercicio difícil, ya que muy a menudo reflejan más la impotencia política que la urgencia humanitaria. La estrategia de nombrar y reprender que empleamos todos los meses es un último recurso. Significa, claramente, que el resto de medios para dialogar o para ejercer presión han resultado ineficaces y que, ante la imposibilidad de actuar, condenamos.

En el caso de China, no estoy segura de que aumentar el número de resoluciones urgentes, tal y como venimos haciendo, en marzo de 2009, en noviembre de 2009, en enero de 2010 y en marzo de 2010 con otra resolución en proyecto, sea productivo. No es que subestime las dificultades que tiene China a la hora de gestionar su transición hacia la democracia; es porque creo que cuando se está constantemente a la ofensiva no falla el objetivo, sino la estrategia. Hay otras herramientas políticas más convincentes.

Fui la primera persona que solicitó resoluciones sobre los Uighures y que albergó la tristemente vana esperanza de que de ese modo se evitaría la pena capital. En nombre de nuestro Grupo, quisiera brindar mi apoyo a Liu Xiaobao, el disidente de Tiananmen recientemente encarcelado y cuyo único delito es su pasión por la democracia. No obstante, me niego a poner en evidencia a China cada dos meses, simplemente porque no se va a lograr que ceda. Al contrario, es en realidad porque este socio comercial clave, este país que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que está registrando un crecimiento importante y que está en plena transición democrática, que necesitamos para combatir el cambio climático, porque este país debe ser un socio al que se le dicen verdades incómodas pero al que se respeta por los esfuerzos que realiza. Es ese respeto lo que falta en esta resolución.

Por esas razones políticas mi Grupo ha retirado su firma. No obstante, a fin de garantizar que no haya ambigüedades en torno a la cuestión de los derechos humanos, que valoro por lo menos tanto como ustedes, mi Grupo sí votará a favor de todas las enmiendas. En cuanto al resultado final de la votación, todo dependerá de las enmiendas presentadas.

  Marie-Christine Vergiat, autora. – (FR) Señor Presidente, China es un país extenso, con una larga historia y un enorme potencial de crecimiento. La celebración de los Juegos Olímpicos en Pekín el año pasado no obtuvo los resultados que algunos esperaban.

La relación que la Unión Europea puede mantener con China reviste especial importancia. Nuestra tarea como eurodiputados es decir alto y claro lo que consideramos importante y lo que es inaceptable.

El hecho es que la situación de los derechos humanos en China es inaceptable. El caso de Liu Xiaobao, declarado culpable de pedir reformas democráticas en su país, junto con más de 10 000 compatriotas suyos, es prueba de ello. Me atrevería a decir que, en mi opinión, hacer que semejante movilización sea posible en ese país es un logro más que un delito.

Debemos exigir la puesta en libertad del señor Xiaobao y de todos los hombres y mujeres que, como él, son acosados y encarcelados por haber cometido un único delito, el de defender los derechos humanos y, de forma más específica, uno de los más fundamentales, concretamente el derecho a la libertad de expresión.

Como decía uno de mis colegas, recientemente fue ejecutado un ciudadano británico, a pesar de que padecía una enfermedad mental. Es la primera vez en más de 50 años que se ejecuta a un europeo en China. En realidad, la libertad de expresión se menoscaba cada día más, como nos confirmó hace poco Google, que, no obstante, tiene fama de ser el operador que ofrece, si no la mejor protección, sí al menos la protección menos mala para los usuarios de internet.

Es sabido que, al establecerse en China, los operadores deben cumplir con el requisito de las autoridades chinas de instalar filtros de software, que incluso Google ha acabado por aceptar. No podemos aceptar un Gobierno involucrado en la piratería en internet y que niega la libertad de expresión a los usuarios de la red.

Las instituciones europeas deben aunar esfuerzos y tomar medidas al respecto. Los usuarios chinos de internet deben poder acceder a la información sin censuras. La Unión Europea tiene la obligación de apoyar a las empresas en internet que se niegan a colaborar con las autoridades chinas para censurar los contenidos de la red o, peor todavía, para detener a defensores de los derechos humanos, demócratas o incluso periodistas, tal y como ocurrió con el señor Xiaobao en abril de 2005.

Por último, Señorías, no puedo finalizar mi intervención sin pedirles que recuerden las muertes en la Plaza de Tiananmen; cientos de jóvenes chinos encontraron la muerte la noche del 3 de junio de 1989. Se cumplen ahora 20 años, es un triste aniversario que deberíamos conmemorar rindiendo homenaje a esas jóvenes víctimas. No obstante, no todos los acontecimientos de 1989 han merecido la misma atención.

  Charles Tannock, autor. – Señor Presidente, el hecho de que, una vez más, debatamos en esta Cámara sobre las violaciones de los derechos humanos en China indica que los autoritarios dirigentes comunistas de Pekín siguen dispuestos a suprimir toda disensión política.

No obstante, ese hecho no debería impedir que planteemos esas cuestiones en el Parlamento. No sólo creo que tenemos el deber de hacerlo, sino que se lo debemos a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos en China, como Liu Xiaobao, a quienes en su mayoría se les ha denegado la posibilidad de expresarse. Por ese motivo hoy estamos debatiendo de nuevo sobre ese tema.

En realidad, la concesión del Premio Sájarov en 2008 a Hu Jia mostró al mundo en qué medida los eurodiputados nos tomamos en serio la cuestión de los derechos humanos en China. Nos la tomamos en serio porque China tiene una enorme importancia. Por su enorme tamaño y alcance mundial, su potencia militar y su poder económico, la Unión Europea se siente obligada a buscar una alianza estratégica basada en el respeto mutuo y la seguridad.

Tal vez nuestra relación con China acabe basándose también en los valores que compartimos: democracia, derechos humanos y Estado de Derecho. Debemos confiar en ello. Sin embargo, creo que todos nosotros esperamos ver el día en que realmente esto se dé en la práctica en la República Popular de China. Se ha sugerido que tales ideales son en cierto modo ajenos a Asia. Yo siempre me fijo en la democracia de Taiwán y en la vastísima India, con sus tradiciones democráticas seculares, que florecen en una sociedad libre, para rechazar simplemente la idea de que la República Popular de China no puede ser democrática.

  Heidi Hautala, autora. – (FI) Señor Presidente, lo significativo del caso Liu Xiaobao es que ahora 10 000 personas nada más y nada menos le han brindado abiertamente su apoyo. Considero que el Parlamento Europeo debería reconocer y elogiar la valentía de estas personas.

Al mismo tiempo, debemos recordarnos a nosotros mismos que la propia China ha prometido mejorar la situación de los derechos humanos. China trató de formar parte del Consejo de Derechos Humanos diciendo que se comprometería a promover y proteger los derechos humanos y que mantendría el más alto nivel en este ámbito. Así pues, se trata de las propias promesas de China ante las Naciones Unidas, y a estas promesas es a las que nosotros deberíamos referirnos.

Esta resolución habla también de diálogos sobre los derechos humanos entre la UE y China y, por muy optimistas que queramos ser, el resultado final es que apenas han servido de algo. Las instituciones de la Unión Europea también deben plantearse la manera de mejorar sus propias estrategias y lograr que China entienda que sus compromisos en materia de derechos humanos también son asunto nuestro y que el futuro de la cooperación entre ambos depende totalmente de ellos.

Por último, deberíamos preguntarnos por qué la política de la Unión Europea hacia China es tan incoherente e inconsistente y qué es lo que podemos hacer al respecto. El Parlamento Europeo, por su parte, apoyará desde luego a la Comisión en un esfuerzo combinado por establecer una nueva estrategia con China.

  Cristian Dan Preda, en nombre del Grupo del PPE. – (RO) «Deberíamos poner fin a la práctica de considerar las palabras como delitos». Esto es lo que Liu Xiaobao decía en la Carta 08, el manifiesto político que publicó y que recibió el apoyo, como ya se ha dicho, de miles de ciudadanos chinos. Liu Xiaobao fue condenado a 11 años de cárcel y se verá privado de sus derechos políticos durante dos años más por realizar semejante declaración y por apoyar de forma sistemática los derechos humanos. Yo creo que este castigo es sintomático de la intensificación por parte de las autoridades chinas de la campaña contra los activistas de derechos humanos. Otra prueba manifiesta de ello es el anuncio este domingo de que Tzu Yong Jun, uno de los líderes del movimiento de la Plaza de Tiananmen, también ha sido condenado a nueve años de cárcel.

Como resultado de ello, considero vital plantear el tema de los derechos humanos en la próxima Cumbre entre la Unión Europea y China, tal y como se especifica en el artículo 9 de la resolución.

Creo, al igual que sugería antes la señora Hautala, que el diálogo no es suficiente para los derechos humanos. Hay que plantear la cuestión de los derechos humanos en las reuniones en la cumbre, ya que el diálogo no ha arrojado resultado alguno por el momento.

  Zigmantas Balčytis, en nombre del Grupo S&D. – Señor Presidente, la Unión Europea está negociando en la actualidad un nuevo acuerdo marco con China, lo que abrirá una nueva vía para el desarrollo de las relaciones económicas con el país.

Esas relaciones son muy estrechas, pero no debemos cerrar los ojos ante las continuas violaciones de los derechos humanos y del Estado de Derecho.

La Unión Europea debe reforzar el diálogo UE-China sobre derechos humanos. Dicho diálogo, establecido en 2000, resultó ineficaz. La UE, y especialmente la Alta Representante, deberían garantizar que la política exterior común de la UE hacia China es coordinada y eficaz. El respeto de los derechos humanos debe servir de base para dicha política.

  Helga Trüpel, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, cuando China fue elegida sede de los Juegos Olímpicos, yo esperé al principio, tras todas las promesas de China de que mejoraría la situación de los derechos humanos, que tal vez podría ocurrir realmente.

No obstante, lamentablemente, durante los Juegos Olímpicos y después de los mismos, tuvimos que reconocer que los derechos humanos no sólo no habían mejorado, sino que la situación más bien había empeorado. Ahora, tras la sentencia dictada contra Liu Xiaobao, vemos incluso cómo la policía ha prohibido una fiesta homosexual, lo que claramente amenaza con convertirse en una edad de hielo política para los disidentes, los defensores de los derechos humanos y los homosexuales chinos.

Por tal motivo, exigimos la inmediata puesta en libertad de Liu Xiaobao y otros defensores de los derechos humanos e instamos a China en particular, si quiere ser un socio reconocido por la comunidad internacional, a que ponga fin a sus histéricas medidas de censura y a sus métodos de vigilancia.

Eso evidentemente se refiere sobre todo a internet. No podemos aceptar un filtro político de internet. Uno de los elementos esenciales de los derechos fundamentales es que la libertad de expresión debe defenderse en todas las naciones del mundo. Los derechos humanos son universales e indivisibles, ya sea en Europa, en los Estados Unidos, en Sudán o en China. La República Popular China tendrá que acostumbrarse a eso si realmente quiere desempeñar un papel diferente.

Estoy plenamente convencida de que nosotros, como europeos, debemos decir claramente a China, en el marco de nuestra relación oficial en las cumbres y porque precisamente estamos interesados en cooperar en los ámbitos de la política de protección del clima, la política medioambiental y la regulación de los mercados financieros, que debe cambiar urgentemente su política de derechos humanos.

  Lorenzo Fontana, en nombre del Grupo EFD. – (IT) Señor Presidente, Señorías, uno de los problemas más significativos en relación con los derechos humanos en China es la existencia del trabajo forzoso en los laogai, los campos de concentración chinos.

Esta cuestión, además de ser una auténtica forma de esclavitud moderna, afecta particularmente a la economía europea. Es cierto, de hecho, que una gran cantidad de productos procedentes del mercado chino son elaborados por detenidos en los laogai, con una caída evidente de los costes laborales que da lugar a competencia desleal con respecto a los productos europeos.

Considerando también la experiencia de los Estados Unidos, que ya han aprobado una serie de leyes que prohíben la importación de productos chinos elaborados en los laogai, Europa puede y debe hacer todo lo posible para evitar la entrada de productos producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso.

En primer lugar, se debería organizar una campaña de concienciación pública sobre esta cuestión y, en segundo lugar, los mismos parámetros de higiene y seguridad que se exigen a los productos europeos deberían exigirse a todos los productos que importa Europa, además de aplicar una legislación sobre el etiquetado que garantice la trazabilidad de los productos.

Además, se debe pedir a los empresarios que invierten en China que respeten estrictamente las normas relativas a los derechos de los trabajadores. Por último, hay que establecer normas y, sobre todo, garantizar que se respeten, de forma que se prohíba totalmente la importación de productos producidos mediante trabajo forzoso.

Estoy convencido de que ésta es la única manera que tenemos de ayudar realmente al pueblo chino en su lucha por los derechos humanos. Si esto no es así, seremos cómplices de quienes deniegan la libertad a esas personas.

  Edward McMillan-Scott (NI). - Señor Presidente, tengo el honor de ser el Vicepresidente del Parlamento Europeo responsable de la democracia y los derechos humanos. Ciertamente, la resolución se centra en Liu Xiaobao, el autor principal de la Carta 08. Hay disponible una versión en inglés en mi página web: charter08.eu.

Tras mi última visita a Pekín en mayo de 2006, todos los disidentes con los que tuve contacto fueron detenidos, encarcelados y, en algunos casos, torturados. Por ejemplo, Hu Jia, que sigue en la cárcel y necesita tratamiento médico. En particular Gao Zhisheng, que según se ha informado, ha desaparecido tras permanecer tres años y medio en la cárcel, en arresto domiciliario y sometido a tortura, lo que hizo que en dos ocasiones tratase de suicidarse. Las cartas abiertas de Gao al régimen en 2005 sentaron las bases para la Carta 08. Su investigación de la persecución del grupo espiritual budista, Falun Gong, recibió un apoyo generalizado en toda China. Yo creo que las autoridades deberían mostrar ahora a Gao Zhisheng y ponerlo en libertad.

Nadie debería albergar ninguna duda de que el Parlamento Europeo no va a renunciar a las reformas en China y, por supuesto, en el Tíbet.

  Eija-Riitta Korhola (PPE). - (FI) Señor Presidente, es intolerable que los intereses comerciales se lleven la palma en las relaciones entre la Unión Europea y China y que la insistencia en el respeto de los derechos humanos y el desarrollo democrático no haya ido mucho más allá de los saludos cordiales.

He seguido con interés la audacia manifestada por Google, la empresa creadora del motor de búsqueda, y sus planes de poner fin a la cooperación con las autoridades chinas, en relación con la filtración de páginas web en internet y la censura, e incluso de abandonar el país. Al mismo tiempo, Google está solicitando de forma visible la libertad de expresión para los usuarios chinos de internet.

Comparto la preocupación de mis colegas con respecto al trato dado a Liu Xiaobao y a otros presos de conciencia chinos, y espero que el Consejo y la Comisión consideren el caso de Xiaobao en la próxima reunión en la cumbre que celebren la Unión Europea y China. Los acuerdos que se están negociando en este momento deberían dejar claro que el desarrollo futuro de las relaciones comerciales con China se vinculará de forma más efectiva al diálogo político y al respeto de los derechos humanos.

  Gesine Meissner (ALDE). – (DE) Señor Presidente, hemos hablado de cuestiones diferentes tratando de determinar cuál sería la forma más adecuada de dirigirnos a China y presionarla, ya que está claro que hay muy pocas cosas que impresionen demasiado a este país. La señora De Keyser ha dicho que, por ese motivo, su Grupo retiraba su firma. No creo que sea ésa la manera de avanzar. Como ciudadanos de la UE, que ha consagrado los derechos humanos en la Carta de los Derechos Fundamentales y en el Tratado de Lisboa, somos los más indicados para llamar la atención sobre las violaciones de los derechos humanos fundamentales. En este momento es la única opción. Cuando tengamos algo mejor, seré la primera en brindar mi apoyo.

No obstante, no se trata sólo de Liu Xiaobao, sino también de Gao Zhisheng, que está en paradero desconocido y, según lo que escuchamos ahora, parece ser que se ha suicidado. Todos suponemos que probablemente lo hayan asesinado de forma atroz. Eso es algo inaceptable. En cuanto a los Juegos Olímpicos, descubrimos que si vamos a China y establecemos contactos allí no cambia nada con respecto a la situación de los derechos humanos. Todos esperábamos que así sería, pero no funcionó. Por ello, no deberíamos cesar en nuestros llamamientos urgentes.

  Neelie Kroes, Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, la UE ha expresado claramente su profunda preocupación por la desproporcionada sentencia de 11 años de cárcel, dictada contra el conocido defensor de los derechos humanos, Liu Xiaobao por su papel como autor de la Carta 08, un modelo para la reforma democrática, basada en los derechos, de China, y por publicar varios ensayos relacionados con temas de derechos humanos en internet.

Concedemos una gran importancia a la libertad de pensamiento y de expresión, piedras angulares, como bien sabemos, de nuestro sistema democrático. El veredicto contra el señor Liu es totalmente incompatible con el derecho a la libertad de expresión consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que China ha suscrito. También prestamos atención a la protección del derecho a la expresión y orientación sexuales, tal y como mencionaba la señora Trüpel.

La UE trató de presenciar el juicio y lamentamos profundamente que a nuestros observadores se les prohibiese acceder a la sala. Los detalles del juicio, que, sin embargo, sí hemos podido conocer, indican claramente que al señor Liu no se le concedió la oportunidad de contar con una defensa adecuada y que no tuvo un juicio justo. La UE seguirá exhortando al Gobierno chino a que ponga en libertad incondicional al señor Liu y a que finalice el acoso y la detención de otros firmantes de la Carta 2008.

Nuestra política general hacia China se basa en un compromiso constructivo en el marco de nuestra alianza estratégica. En el pasado, en varias ocasiones hemos acogido con satisfacción el avance de China con respecto a los derechos sociales y económicos, así como al reciente lanzamiento del plan de acción sobre los derechos humanos de China, si bien, por otra parte, hay motivos de preocupación muy graves en relación con los derechos civiles y políticos y con varios acontecimientos recientes, como los mencionados por Sus distinguidas Señorías en el proyecto de resolución.

La UE transmite su compromiso con los derechos humanos durante los contactos políticos que mantiene habitualmente con las autoridades chinas y, en particular, en el marco del diálogo sobre derechos humanos. La última sesión, como sabrán ustedes, tuvo lugar el 20 de noviembre del pasado año en Pekín. La solidez de nuestra relación nos permite debatir sobre esos temas con franqueza. El año pasado, durante la 12ª Cumbre UE-China de Nanjing, se abordaron los derechos humanos, tanto en los debates como en la conferencia de prensa.

La señora Vergiat y la señora Korhola han mencionado los ciberataques contra Google. La Comisión considera que se trata de otro hecho preocupante en el contexto de la libertad de expresión en China. Evidentemente estamos siguiendo la situación de cerca. Tenemos entendido que se están celebrando consultas entre la empresa y las autoridades chinas. Permaneceremos atentos en caso de que haya ataques similares contra empresas comunitarias.

Permítanme garantizar a esta Cámara que seguiremos abordando esas cuestiones, también al más alto nivel, recordando cuáles son las obligaciones internacionales de la República Popular China en materia de derechos humanos. Recordamos también las garantías constitucionales de China con respecto a la libertad de expresión. Todos nosotros compartimos el objetivo de una China más abierta y transparente, que se adhiera a las normas internacionales de derechos humanos y que colabore para hacer frente conjuntamente a los desafíos globales. Para lograrlo, debemos seguir trabajando en el desarrollo de nuestra alianza estratégica.

Quisiera responder a una pregunta de la señora De Keyser. En relación con la ejecución del ciudadano británico Akmal Shaikh, la Unión Europea la condenó de la forma más enérgica. Lamenta profundamente que China no prestase atención a los repetidos llamamientos de la Unión Europea y de uno de sus Estados miembros para que conmutase la pena de muerte a la que fue condenado el señor Shaikh.

  Presidente. – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), por escrito. – (RO) El derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento son la columna vertebral de la integración europea y de nuestra visión del mundo. Cuando uno de nuestros socios, en este caso China, viola repetidamente esos derechos, nos vemos obligados a responder. No obstante, no debemos hacerlo señalando con el dedo, acusando a China e ignorando las diferencias de cultura y civilización que nos separan. Esta resolución que hace referencia a la violación de los derechos humanos en China, en particular en el caso de Liu Xiaobao, es una prueba del enfoque simplista que aplica la sociedad china a los problemas que se le plantean. Desde luego nosotros no adoptamos nuestra posición en contra del principio de inviolabilidad de los derechos humanos subyacente en la resolución, que subscribimos plenamente. En realidad tuvo que ver con la forma en que se presentó. Para lograr el resultado que queremos, debemos mantener una atmósfera libre de conflictos entre nosotros y China. Es la única manera que tenemos de contribuir a la evolución de China hacia una sociedad que otorgue gran importancia al respeto de los derechos humanos.

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), por escrito. – «No seas malvado» es el conocido lema de Google. Se ha criticado en el transcurso de los años su política hacia China, poniendo en entredicho su lema. Los grupos de derechos humanos han acusado a Google de ayudar al Gobierno chino a reprimir a sus ciudadanos y en especial a los activistas de derechos humanos. Parece ser que Google no será tan malvado en el futuro. Su decisión de comenzar a operar un motor de búsqueda sin filtros en China merece nuestra más cordial enhorabuena. Al anunciar su cambio de política en China, Google pone en riesgo sus beneficios en el mayor mercado de internet del mundo y abandona potencialmente a unos 400 millones de usuarios. En este caso concreto, Google ha demostrado que una gran empresa multinacional puede realmente ser fiel a su política ética. Con sus fundadores todavía al mando de la empresa, Google tiene todas las posibilidades de reflejar sus principales valores y creencias en todas y cada una de sus actuaciones en el futuro. Y, si Google sigue prosperando, demostrará que se puede ganar dinero y, al mismo tiempo, actuar de forma sostenible y humana.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) En China se han violado repetidamente los derechos humanos y no podemos dejar de condenarlo. El hecho de que la Unión Europea sea uno de los principales socios económicos de China acentúa nuestra responsabilidad a la hora de condenar todas aquellas acciones que violan los derechos de los ciudadanos, sobre todo de quienes defienden la libertad de expresión y los derechos humanos en el país. Es crucial que la República Popular China respete y cumpla los compromisos asumidos ante el Consejo de Derechos Humanos.

  Alajos Mészáros (PPE), por escrito. – (SK) Cuanto más grande es un país geográficamente y cuanto más independiente es económicamente, más difícil resulta exigirle que respete los derechos humanos. Considero inaceptable que, en sus relaciones con China, la Unión Europea siga anteponiendo los intereses económicos. En casi todas las reuniones diplomáticas a alto nivel, todo lo que somos capaces de hacer es recordar tímidamente la cuestión de la violación de los derechos humanos en este país. En Europa, lamentablemente, tenemos numerosas experiencias negativas de las prácticas de los regímenes comunistas en relación con la supresión de los derechos humanos. Por ello, estoy convencido de que el número real de violaciones de los derechos humanos es mucho mayor de lo que nuestra información nos hace creer. Por este motivo, debemos lograr urgentemente que China respete los derechos humanos incluso a costa de sacrificios económicos y políticos. De lo contrario, lo que suceda en China puede tener un impacto negativo en la situación política de Asia, con el consiguiente impacto en la economía y en la política mundial en general.

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), por escrito. – (PL) He votado a favor de la resolución que condena la violación de los derechos humanos, puesto que no debemos tolerar o consentir que se incumplan, ya sea como pueblo o como ciudadanos. Toda conducta perjudicial para las personas, su libertad y sus derechos, tal y como se definieron hace muchos años, es contraria a los fundamentos en que se basan las democracias occidentales. El diálogo que iniciaron la Unión Europea y China en 2000 no ha dado los resultados esperados. Por ello, deberíamos preguntarnos si hemos hecho todo lo que podíamos y, si la respuesta es negativa, deberíamos aplicar lo dispuesto en las resoluciones sobre la eficacia de la cooperación económica. Los derechos humanos deberían ser la base del diálogo entre la Unión y China, y los intereses de las personas deberían prevalecer sobre los intereses económicos.

La detención y condena del defensor de la paz y activista en pro de los derechos humanos, Liu Xiaobao, que pedía más democracia en China, es una clara señal de que nuestras medidas actuales no son eficaces. Por tanto, vale la pena dar otros pasos, además de las resoluciones, que hagan posible que se respete más aquello por lo está luchando Liu Xiaobao, junto con miles de ciudadanos chinos y muchas otras personas en todo el mundo.

Hace 30 años, China inició reformas que mostraron al mundo que algo estaba cambiando, que podía hacer algo en beneficio de la sociedad. Hoy esperamos lo mismo. Hoy, queremos tener un socio que respete los principios que para nosotros son fundamentales.

(1) véase el Acta

3.3. Filipinas

  Presidente. - El punto siguiente es el debate sobre seis propuestas de resolución relativas a Filipinas⁽¹⁾.

  Fiorello Provera, autor. – (IT) Señor Presidente, Señorías, los asesinatos que tienen lugar en todo el mundo por motivos políticos, religiosos y otros motivos son ahora, por desgracia, una realidad cotidiana, pero me sorprende la crueldad con la que fueron asesinadas 57 personas mientras guardaban cola en un mitin político para apoyar a un candidato a la presidencia de Filipinas.

Fue una masacre a sangre fría y sin sentido cometida por un grupo armado en nombre de una revolución. Además, esta matanza no es un incidente aislado en este país, en el que, en algunas regiones, como la de Mindanao, hay levantamientos armados, también por motivos religiosos, desde hace años.

Además de expresar debidamente nuestras condolencias por estos sucesos sangrientos, creo que debemos brindar nuestro pleno apoyo al Gobierno de Filipinas a fin de establecer la manera en que Europa puede contribuir a resolver los graves conflictos armados y la oposición que está tiñendo de sangre este desafortunado país.

  Martin Kastler, autor. – (DE) Señor Presidente, Señorías, la masacre acaecida el 23 de noviembre del pasado año en la provincia de Maguindanao, en Filipinas, supuso un día aciago para los derechos humanos y un acto terrorista brutal. Fueron asesinadas 57 personas, hubo mujeres violadas y personas heridas: se trata de un mensaje sangriento. Como periodista, me llamó especialmente la atención que entre los asesinados hubiese 30 periodistas. Según el prestigioso International Crisis Group, no hay constancia de ningún otro caso en que se haya asesinado a tantos periodistas al mismo tiempo. Por ese motivo, conviene que el Parlamento Europeo haga una declaración clara, tal y como estamos haciendo hoy con este proyecto de resolución.

No obstante, como Grupo del Partido Popular Europeo (demócrata-cristianos), solicitamos que el presente texto se atenúe en tres de sus puntos, mediante una votación por partes, ya que, en lugar de acusar al Gobierno de Filipinas, deberíamos apoyarlo en su lucha contra el terrorismo y la violencia. Por ello, en nombre del Grupo del PPE, solicito un voto por separado sobre el considerando F, en el que se dice que Filipinas muestra todos los signos de un sistema jurídico disfuncional.

En el párrafo 2, quisiéramos suprimir la mención de los retrasos iniciales en la investigación.

Por último, en el párrafo 6, se afirma que hay personas desaparecidas retenidas en las cárceles filipinas. Una vez más, se trata de una insinuación no probada y, en nuestra opinión, debería eliminarse.

  Charles Tannock, autor. – Señor Presidente, no cabe duda de que este horrible crimen de Maguindanao merece nuestra condena más enérgica. Pone de manifiesto hasta qué punto el caos ha arraigado en algunas partes de Filipinas.

Existen numerosas razones para esta fatídica evolución: el carácter disperso de las islas del archipiélago de Filipinas, la debilidad del Gobierno central, la corrupción, la pobreza y la actual insurgencia terrorista islamista apoyada por Al Qaeda en el sur.

Este crimen, cometido aparentemente por motivos políticos, debe considerarse en un contexto social e histórico más amplio. No deberíamos obviar los esfuerzos realizados por el Gobierno de Filipinas para forjar una cultura política más democrática en lo últimos 25 años, tras la caída del dictador cleptocrático Ferdinand Marcos. Tampoco deberíamos subestimar la amenaza existencialista que plantean los terroristas de Abu Sayyaf y la manera en la que están desestabilizando al conjunto de la sociedad que conforma el Estado filipino.

El compromiso constructivo y una asistencia con objetivos concretos son la mejor manera de ayudar a Filipinas, un país que comparte nuestros valores comunes en muchos sentidos, para que pueda implantar el Estado de Derecho en el Gobierno central y local.

  Marc Tarabella, autor. – (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el pasado mes de noviembre tuve la oportunidad de recibir a la señora Edita Burgos, la madre de Jonas Burgos, en el Parlamento Europeo. Ese joven filipino fue secuestrado por hombres armados en un concurrido centro comercial de Manila el 28 de abril de 2007. Desde ese día, ni su familia ni sus seres queridos han vuelto a tener noticias de él. Jonas Burgos es uno de los cientos de personas que han desaparecido o han sido asesinadas en Filipinas. Los asesinatos se cometen con total impunidad y muy raras veces se juzga a los autores de los mismos.

De cara a las próximas elecciones de mayo de 2010, tememos que aumenten los asesinatos y los secuestros de todos los que se opongan al Gobierno en el poder. Así pues, condenamos la masacre de Maguindanao del pasado 23 de diciembre y esperamos que se arroje luz sobre el asesinato y la tortura que sufrió la comitiva de Ismael Mangudadatu.

  Rui Tavares, autor. – (PT) Señor Presidente, hace algo más de dos décadas, los filipinos sembraron la esperanza en todo el mundo al inaugurar una oleada democrática en Asia. Esto nos hizo albergar esperanzas en relación con los derechos humanos en la región, el fomento de los derechos de los trabajadores, los derechos de los estudiantes, los derechos de la población y la normalidad electoral y democrática en esos países.

Ahora que la atención del mundo se dirige hacia otros lugares no podemos permitir que la situación democrática en Filipinas se deteriore. En los últimos años ha habido algunos ejemplos inquietantes de corrupción y, en particular, de violencia y hostigamiento hacia la oposición durante las elecciones.

El suceso más alarmante, y el tema de nuestra resolución, es la masacre de Maguindanao, el asesinato de 46 personas que seguían la comitiva electoral del candidato de la oposición, señor Mangudadatu. Parece ser que fueron asesinados por un grupo vinculado al clan dominante en la provincia de Maguindanao: el clan Ampatuan.

Entre otras cosas, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que en esa masacre fueron asesinados 30 periodistas, lo que la convierte en la mayor matanza de periodistas de la historia.

Parece que la propia Cámara distrae su atención del tema que se está debatiendo aquí, lo cual es lamentable, pero no podemos permitir que la falta de atención del mundo haga que Filipinas caiga en una situación en la que pase de ser el mejor ejemplo de democracia a ser considerado el peor, tan sólo dos décadas y media después.

Hay que investigar esta matanza y exigir que la Presidenta Gloria Arroyo, que pertenece al clan Ampatuan, inicie las investigaciones hasta llegar al final, con carácter de urgencia. También es importante que Filipinas sepa que Europa está al tanto y que sigue con atención los acontecimientos del país.

  Barbara Lochbihler, autora. – (DE) Señor Presidente, el motivo de esta urgencia es el brutal asesinato de 57 personas que acompañaban a un político que iba a presentar su candidatura a las elecciones para elegir al gobernador provincial. Los responsables pertenecen a una milicia local, y hay varios policías locales implicados.

Este brutal ataque es un ejemplo extremo del aumento amenazador de ejecuciones extrajudiciales por motivos políticos y de la desaparición forzosa de personas, unos delitos muy graves que ocurren desde hace años sin que jamás se investiguen.

El Gobierno no ha mostrado un voluntad clara de tomar medidas decisivas para combatir esta situación. De los cientos de casos, sólo se investigaron dos y no se ha juzgado a ningún alto funcionario en relación con los mismos. En 2008, el Relator especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales escribió: «con esas muertes se ha eliminado a dirigentes de la sociedad civil, incluidos defensores de los derechos humanos, sindicalistas y partidarios de la reforma agraria, se ha intimidado a un gran número de agentes de la sociedad civil y se ha restringido el discurso político en el país».

En este clima Filipinas se prepara para las elecciones de mayo. Existe el riesgo de que haya más asesinatos políticos Por ello, es urgente que el Gobierno filipino tome medidas eficaces para poner fin a esta situación.

Quisiera proponer una enmienda oral. El párrafo 6 dice: «liberar a todas las personas desaparecidos que siguen retenidas». Proponemos reemplazarlo por el texto siguiente: «hacer todo lo posible para que los desaparecidos sean devueltos sanos y salvos a sus familias».

  Justas Vincas Paleckis, en nombre del Grupo S&D. – (LT) Si a un ciudadano de Europa Central se le preguntase qué está ocurriendo en Filipinas, probablemente no sabría qué responder y diría que en la televisión no se dice nada, por lo que lo más seguro es que la situación allí esté tranquila. No obstante, los asesinatos políticos, la guerra entre clanes, las personas quemadas vivas, las masacres en cadena, el estado de guerra son sucesos cotidianos en Filipinas. Recientemente, 57 personas fueron asesinadas, la mitad de ellas periodistas. Es el número más alto de asesinatos de periodistas jamas registrado en el mundo. Instamos al Gobierno a que frene de forma inmediata tales sucesos, disuelva las milicias privadas y ponga fin definitivamente a la impunidad. Esto revestirá una particular importancia en las próximas elecciones.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D). – (PL) Señor Presidente, las elecciones presidenciales y locales están previstas para el 10 de mayo en Filipinas. Ahora es el momento de hacer lo posible para garantizar que sean unas elecciones justas. En primer lugar, hay que averiguar quién es responsable del asesinato, en noviembre, de 57 periodistas, familiares y colegas de Ismael Mangudadatu, candidato a gobernador de la provincia de Mindanao. De momento, las fuerzas y cuerpos de seguridad locales no han mostrado la menor determinación para localizar a los autores de esa matanza. Se han cometido tantos errores en la investigación que prácticamente se autoriza el uso de la fuerza en política. El Gobierno de Filipinas debe hacer frente a quienes en el entorno criminal aprovecharon la oportunidad brindada por las recientes campañas electorales para cometer secuestros por motivos políticos y que ahora han asesinado a más de 100 candidatos.

Además, Filipinas debería tomar medidas para hacer un uso eficaz de los medios que tiene a su disposición en el programa UE-Filipinas de apoyo a la justicia, puesto en marcha para reforzar el sistema judicial y establecer una sociedad civil. Por tanto, las elecciones de mayo no sólo servirán para comprobar la eficacia de las autoridades filipinas, sino también la eficacia de nuestros instrumentos de ayuda.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). – (ES) Muy brevemente. Simplemente quisiera recordar que estamos en un año nuevo, con un Tratado nuevo, pero con las mismas malas costumbres de antaño. Seguimos echando en falta la presencia del Consejo en este tipo de debates de urgencias y seguimos echando en falta también este diálogo interinstitucional que nos debería permitir dar respuestas a ese tipo de casos.

En el caso concreto de Filipinas, debo recordar, una vez más, que –a pesar de que no se trata de una situación con el impacto que tienen otras, como el caso de Haití– el hecho de que, en la última década, haya habido casi mil personas desaparecidas o muertas señala que hay un problema estructural y que requiere medidas estructurales.

No podemos estar actuando siempre en base a los titulares. Tenemos que responder en base a los problemas, y el hecho de que, en estos momentos, los principales afectados sean defensores de derechos humanos y periodistas significa no solamente que no podemos silenciar estas situaciones, sino también que hay que actuar de una forma contundente ante las mismas.

  Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Señor Presidente, la defensa de los derechos humanos es la marca de identidad de la Unión Europea. Lamento profundamente que esa marca no sea importante para la Presidencia española y que no haya representantes del Consejo aquí en este momento. Se trata de una situación inquietante y a todas luces escandalosa. Estamos hablando de derechos humanos, queremos defenderlos, pero aquí no hay nadie del Consejo ni ningún representante del país que va a dirigir la Unión Europea durante los próximos seis meses. Es desde luego una situación absolutamente inaceptable.

Seré muy breve, ya que queremos votar. Filipinas es un país de tradición cristiana que se remonta a una cultura que es, en parte, europea. En ese país en especial se deberían respetar los derechos humanos, ya que a menudo no se respetan en ese continente. Debemos hablar abiertamente sobre esto y manifestar nuestra solidaridad con todos aquellos que sufren discriminación en Filipinas. El Parlamento Europeo tiene la obligación de hablar sobre esta cuestión.

  Neelie Kroes, Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, represento a la Alta Representante y a la Comisión.

La masacre de Maguindanao, en la isla de Mindanao, el 23 de noviembre del pasado año, en la que fueron asesinadas 57 personas, pone de relieve la existencia de problemas persistentes en el ámbito de los derechos humanos en Filipinas, por lo que se refiere a la desaparición o al asesinato no resuelto de ciudadanos y a la impunidad efectiva de los autores de los mismos en el pasado.

En esta ocasión, el Gobierno ha actuado con prontitud y ha dado pasos decisivos para juzgar a los autores de estos crímenes. Acogemos con satisfacción estas medidas. Es importante acabar con la cultura de impunidad en torno a esos asesinatos y poner fin a los mismos.

El Gobierno ha dado pasos importantes para reforzar los derechos humanos. La administración actual de la Presidenta Arroyo ha abolido la pena de muerte y, en el seno de la ASEAN, promovió la inclusión de disposiciones sobre derechos humanos en la Carta de la ASEAN recientemente aprobada.

Un objetivo todavía pendiente es dar por terminado el conflicto, que ya dura 40 años, con los rebeldes musulmanes de Mindanao mediante un acuerdo de paz que sea justo para todas las partes. Parece ser que se han registrado avances en este sentido y se espera que se alcance un acuerdo a finales de año. Cabe señalar que la masacre de Maguindanao tuvo lugar entre familias políticas, todas musulmanas, por cierto, y que, como tal, no tuvo que ver con conflictos intercomunitarios.

La Unión Europea mantiene un diálogo consolidado con el Gobierno de Filipinas, en el que ambas partes debaten sobre una amplia gama de cuestiones, también sobre derechos humanos. También estamos negociando un ACC con Filipinas en el que se incluirán compromisos importantes en materia de derechos humanos. Apoyamos activamente al Gobierno en sus esfuerzos por mejorar el respeto de los derechos humanos.

De acuerdo con el Gobierno, hemos lanzado una «Misión de Asistencia Judicial UE-Filipinas». Es una medida puntual destinada a mejorar las capacidades de las autoridades judiciales de Filipinas y del personal policial y militar, para ayudarles a investigar los casos de ejecuciones sumarias y juzgar a los culpables de asesinato. También vamos a poner en marcha un sistema de supervisión para fomentar la confianza. El EPJUST está financiado por el Instrumento de Estabilidad y tiene una duración inicial de 18 meses, aunque puede ampliarse. Además, estamos llevando a cabo proyectos a nivel local para promover el respeto de los derechos humanos. Entre otros, la supervisión de la aplicación de los compromisos internacionales, medidas de apoyo a la ratificación del Estatuto de Roma de la CPI y la educación del electorado.

La UE también contribuye al proceso de paz de Mindanao, sobre todo prestando apoyo a los servicios sociales y a las actividades de fomento de la confianza, si bien estamos dispuestos a hacer más en caso de que el proceso avance.

  Presidente. – Se cierra el debate. La votación tendrá lugar a continuación.

Recuerdo a la señora Lochbihler que no olvide presentar su enmienda oral en el momento apropiado, durante la votación.

PRESIDE: Sr. PITTELLA
Vicepresidente

(1) véase el Acta

4. Comunicación de la Presidencia: véase el Acta

5. Calendario de los periodos parciales de sesiones: véase el Acta

6. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

7. Turno de votaciones

7.1. Ataques recientes contra las minorías religiosas en Egipto y en Malasia (votación)

7.2. Violaciones de los derechos humanos en China, especialmente el caso de Liu Xiaobao (votación)

7.3. Filipinas (votación)

  Barbara Lochbihler, autora. – Señor Presidente, quisiéramos reemplazar la frase del párrafo 6 que dice: «liberar a todas las personas desaparecidas que siguen retenidas».

En su lugar, proponemos el texto siguiente: «hacer todo lo posible para que los desaparecidos sean devueltos sanos y salvos a sus familias».

(Se acepta la enmienda oral)

7.4. Estrategia europea para la región del Danubio (votación)

(Se rechaza la segunda parte)

8. Explicaciones de voto

Explicaciones orales de voto

Propuesta de resolución B7-0031/2010

  Filip Kaczmarek (PPE). – (PL) Señor Presidente, he votado a favor de la resolución sobre la Estrategia europea para la región del Danubio porque creo que la Unión Europea necesita ese tipo de estrategias. Estoy convencido de que aplicar ese tipo de estrategias puede tener una influencia muy positiva en el desarrollo regional y, en consecuencia, puede influir en la vida de los habitantes de la región y mejorar su calidad de vida. Evidentemente, son los habitantes de la Unión Europea el objetivo de nuestras actuaciones: las del Parlamento y las de la Unión Europea. Por ese motivo he votado a favor de la aprobación de la resolución.

  Bernd Posselt (PPE). – (DE) Señor Presidente, acojo con agrado la Estrategia del Danubio como una iniciativa profundamente europea. Conecta a un miembro fundador de la UE, a saber, Alemania, con sus dos miembros más recientes: Bulgaria y Rumanía. También conecta al próximo país candidato, Croacia, con un país que trata de obtener la condición de candidato, esto es, Serbia. Me congratula de que también exista la intención de incluir a la República Checa, Montenegro y otros países que, histórica y geográficamente, pertenecen a este grupo, aunque no estén directamente situados a orillas del Danubio.

No obstante, quisiera pedir que no se deje de lado a Baviera en esta iniciativa. Si fuese independiente, Baviera sería el segundo país más grande por el que pasa el Danubio, después de Rumanía. Baviera tiene un interés especial en la Estrategia del Danubio. Por ello, estoy agradecido y satisfecho de que estemos impulsando ahora dicha Estrategia.

***

  Daniel Hannan (ECR). - Señor Presidente, una vez más, vemos cómo la Unión Europea antepone la apariencia a la sustancia, los motivos a los resultados. Acabamos de votar una serie de resoluciones que condenan los abusos de los derechos humanos en China. ¿Pero qué hace la Unión Europea en el mundo real? Estamos aislando a Taiwan; hemos acordado en principio la venta de armas al régimen comunista de Pekín y colaboramos con él para crear un rival al sistema estadounidense del GPS, al que el Presidente Chirac se refiere como «imperialismo tecnológico».

¡Y así es cómo hemos convertido la hipocresía en un principio de gobierno! Nos quejamos de los derechos humanos y canalizamos dinero hacia Hamás. Nos negamos a tratar con los disidentes anticastristas de Cuba, despreciamos la democracia dentro de nuestras propias fronteras cuando los referendums no salen bien, pero estamos convencidos de que seguimos siendo los buenos: ¡fíjense en el texto de nuestra resolución sobre los derechos humanos!

Ahora vamos a ofrecer el extraordinario espectáculo de enviar a la Baronesa Ashton como nuestra representante exterior a Irán y a Cuba, y a esos sitios, para decirles que su democracia no es adecuada, cuando ella jamás en toda su carrera política se ha sometido a un proceso electoral ni ha invitado a sus compatriotas a votar a favor o en contra de ella.

Finalizaré, si me lo permiten, felicitando a los ciudadanos de Massachusetts por oponerse al exceso de impuestos y de gobierno. Fue el pueblo de Massachusetts el que inició una revolución con el fin de rechazar la idea de que se pueden recaudar impuestos sin el consentimiento popular. Aquí en Europa necesitamos otra vez una revolución así.

  Mirosław Piotrowski (ECR). – (PL) Señor Presidente, quisiera expresar mi satisfacción por la aprobación por el Parlamento Europeo de la resolución sobre los ataques a las minorías cristianas. Los diputados del Parlamento Europeo no deben permanecer en silencio ante los ataques que sufren las minorías cristianas en todo el mundo, ya que esta cuestión afecta a las raíces y fundamentos de las naciones de la Unión Europea. Para que nuestra voz sea creíble, hoy tendríamos que haber aprobado dos enmiendas presentadas por el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos a fin de distanciarnos de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a propósito de las cruces. Lamento que no haya sido así, puesto que debemos recordar el papel fundamental que ha desempeñado el cristianismo en la conformación de la identidad histórica y cultural de Europa y promover y proteger estos valores en el mundo así como en el seno de la Unión Europea.

  Presidente. – Señor Piotrowski, le permití hacer uso de la palabra, aunque usted no tuviese derecho a ello, porque las explicaciones de voto se admiten únicamente para la Estrategia para la región del Danubio y no para las resoluciones urgentes. No obstante, dado que usted ha hecho ahora uso de la palabra, para tenerlo en cuenta en el futuro, dejaré claro que no se permiten explicaciones de voto sobre resoluciones urgentes. Por tanto, diré también, en beneficio de los oradores que se han registrado, que las explicaciones de voto tan sólo se pueden referir a la Estrategia europea para la región del Danubio.

***

Explicaciones orales de voto

Propuesta de resolución B7-0031/2010

  Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Señor Presidente, yo también quisiera hablar sobre la discriminación que sufren los cristianos en África y en Asia, pero voy a hablar, por supuesto, sobre nuestra estrategia en relación con una cuestión extremadamente importante. Hay que recordar que el Danubio es el segundo río más largo de Europa, después del Volga. El Danubio atraviesa 10 Estados europeos y son 17 los que se encuentran en su cuenca. Se trata, por supuesto, de una cuestión de bastante responsabilidad, un desafío, para la Unión Europea, ya que, además, algunos de esos países se ven afectados ahora por la gravedad de la crisis. Me refiero también a Estados miembros de la Unión Europea. La Unión Europea demuestra solidaridad en este sentido. Espero que así sea también en otros casos.

  Bogusław Liberadzki (S&D). – (PL) Señor Presidente, he votado a favor de la resolución sobre la Estrategia para la región del Danubio. ¿Por qué? Porque demuestra que la Unión Europea está abierta a regiones específicas, regiones que tienen una característica en común como, por ejemplo, un largo río que fluye a través de su territorio. Quisiera también expresar mi satisfacción por el hecho de que no se hayan aprobado las enmiendas presentadas por el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos. Gracias a ello nuestra resolución es más clara. Me gustaría que tras esta resolución se prestara atención a otras regiones que también son características, como tal vez el corredor del Óder.

Explicaciones escritas de voto

Propuesta de resolución B7-0031/2010

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Acojo con beneplácito las conclusiones del Consejo Europeo de los días 18 y 19 de junio, en las que se pide a la Comisión Europea que elabore una estrategia europea para la región del Danubio para 2011. Voto a favor de la propuesta de resolución aquí presentada. La región del Danubio afronta varios desafíos y una estrategia para dicha región mejorará las conexiones y los sistemas de comunicación, conservará el medio ambiente y fomentará el crecimiento, la creación de empleo y la seguridad. Es importante que la Comisión obtenga el mayor provecho posible de la experiencia operativa que adquirió con la estrategia para el Mar Báltico y que su estrategia se base en la determinación de los gobiernos y los ciudadanos de los Estados miembros y de las regiones de hacer frente a los retos comunes inmediatos. También es importante armonizar esta estrategia con la estrategia UE 2020 y con el informe de la Comisión titulado «Regiones 2020», a fin de abordar los principales desafíos que afronta ahora Europa, como la globalización, las tendencias demográficas, el cambio climático y el uso y el suministro energético. También quisiera instar al Parlamento a que lleve a cabo un proceso de reflexión sobre el futuro de la política europea de cohesión y que prevea nuevas estrategias posibles para otras regiones que les permita adaptarse a los cambios y presiones de un mundo globalizado.

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. – (RO) Yo creo que la importancia de reforzar la estrategia de la Unión Europea para la región del Danubio facilitará las actuaciones externas de la UE de cara a sus vecinos más próximos, poniendo de relieve el papel que puede desempeñar a la hora de contribuir a la estabilidad de las regiones sudorientales y orientales de Europa mediante la ejecución de proyectos específicos que promuevan el desarrollo económico y social de dichas regiones. El hecho de que los Estados miembros ribereños del Danubio hayan asumido su responsabilidad para fomentar en la UE la propuesta de creación de esta estrategia para la región del Danubio confirma su capacidad de contribuir de forma concreta a la promoción de iniciativas importantes capaces de garantizar la continuidad del proceso europeo de integración.

  Ioan Enciu (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de la resolución conjunta del Parlamento Europeo sobre el Danubio, por la que se propone que se establezca una estrategia europea para esta región con carácter de urgencia. Esta estrategia impulsará considerablemente la cooperación interregional, con los siguientes objetivos: el desarrollo y la modernización del transporte fluvial en la vía navegable Rhin/Meuse-Main-Danubio, así como el transporte viario y ferroviario en la región del Danubio; el desarrollo y uso eficiente de los recursos energéticos renovables con la idea de reducir las emisiones de carbono y aumentar la seguridad energética; la protección del medio ambiente mediante la puesta en marcha de proyectos destinados a restaurar y proteger los ecosistemas de la región; el empleo eficaz de los fondos comunitarios y la atracción de inversiones, y la promoción del turismo, todos los cuales están incluidos en la estrategia UE 2020.

Esta estrategia tendrá un impacto beneficioso para Rumanía, en particular para las conexiones del país con las redes europeas de transporte, la protección del patrimonio nacional del Delta, así como el desarrollo socioeconómico de las localidades de la cuenca del Danubio y de otras regiones.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Creo firmemente que el pleno desarrollo de la Unión Europea tan sólo puede alcanzarse si hay políticas de desarrollo adecuadas para todas las regiones de la UE, que respeten sus diferencias, necesidades y características concretas.

Considero que la cohesión territorial supone crear estrategias diferentes para las diversas regiones, fomentando el desarrollo sostenible en un contexto de respeto por el medio ambiente y la explotación económica de su potencial.

Soy consciente de que el objetivo de las estrategias macrorregionales es fomentar un desarrollo regional equilibrado en el seno de la UE basado en los recursos existentes.

Por último, reconozco la importancia estratégica, territorial, medioambiental y cultural del Danubio en Europa Central. Por todos estos motivos, voto a favor de esta propuesta de resolución en pro de una estrategia comunitaria para la región del Danubio.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Esta resolución respalda una estrategia para la región del Danubio con un enfoque coherente y de base territorial para este importante río y posibilita el desarrollo sostenible e integrado de una región que se extiende por más de 14 países europeos.

La estrategia propuesta hará posible una política coordinada e integrada capaz de lograr efectos sinérgicos, promover la cohesión e impulsar el crecimiento económico y la competitividad, a la vez que se protege el medio ambiente.

Los objetivos que se deben alcanzar y armonizar incluyen la modernización de los puertos, la mejora de la navegabilidad del río (con corredores de carga, interconexiones e intermodalidad con el Mar del Norte), la mejora de la calidad del agua, la protección de toda la cuenca del Danubio y también la protección de los ecosistemas pertenecientes a la Red Natura 2000.

Por ello, la Comisión debería iniciar en breve un proceso de consultas con todos los países que recorre el Danubio, con vistas a elaborar la estrategia en cuestión para finales de este año y adaptarla al próximo marco financiero plurianual.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Estamos de acuerdo en la creación de una estrategia para la región del Danubio que se base en consultas previas y en la cooperación entre los países y regiones ribereños. Dicha estrategia fomentará la cohesión económica y social en esas regiones y promoverá la cohesión territorial sin poner en peligro ninguna de ellas. La estrategia pretende mejorar la situación ecológica del Danubio, además de elaborar un plan exhaustivo de conservación y restauración de las reservas naturales.

Además, resulta ser una estrategia positiva por su propuesta de mejorar el entorno multicultural del Danubio, el diálogo cultural y la protección de su patrimonio cultural e histórico. Tal y como se afirmaba en el informe, consideramos que la aplicación de esta estrategia no debe menoscabar las responsabilidades del gobierno regional y local, que debe basarse en todo caso en la cooperación entre los países y las zonas de esta región.

  Jacek Olgierd Kurski (ECR), por escrito. – (PL) La estrategia para la región del Danubio que hemos elaborado y que hemos votado hoy hace posible fomentar la cooperación regional y transfronteriza. La cuenca del río Danubio agrupa actualmente a 10 países europeos: Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Bulgaria, Rumanía, Moldavia y Ucrania; la mayoría son Estados miembros de la Unión Europea o países aspirantes a serlo. Por este motivo, la región del Danubio es un factor significativo que aúna diferentes programas en el marco de la política de cohesión de la UE, así como programas para los países candidatos y países incluidos en la Política Europea de Vecindad. Lo que hemos aprobado hoy es algo parecido a un plan director de apoyo a la región de la cuenca del Danubio, pero que el programa se quede en el papel o que al modelo se le dé un contenido concreto depende de si hay medios adicionales que no afecten, o no reduzcan, los recursos destinados a la política de cohesión en cada uno de los países. Espero que una estrategia cohesiva para la región del Danubio contribuya a incrementar la prosperidad y el desarrollo sostenible y duradero, a generar nuevos empleos y seguridad en la región.

  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. – (RO) He votado a favor de la elaboración de una estrategia de desarrollo para el Danubio que nos va a permitir solicitar a la Comisión que redacte el documento cuanto antes, teniendo en cuenta las consultas específicas con expertos del sector y de las regiones pertinentes, a la vez que se determinan los recursos financieros disponibles y se incluye a países no pertenecientes a la UE. Esta estrategia debe centrarse en aquellos aspectos relacionados con la protección medioambiental y la calidad del agua, el potencial económico y las redes transeuropeas de transporte. La resolución sobre la Estrategia europea para la región del Danubio pone de manifiesto la importancia de celebrar amplias consultas con los actores locales, que la Comisión Europea debe organizar a fin de que los intereses de los ciudadanos puedan estar representados de la mejor manera posible.

Además, la resolución dice que toda estrategia relacionada con las macrorregiones debe incorporarse en la política de cohesión, que es la política de coordinación en la Unión Europea. Además, es necesario realizar un análisis sobre el valor añadido de esta estrategia en términos de cohesión territorial europea. Creo que es necesario vincular la estrategia RTE-T (red transeuropea de transporte), en la que el Danubio aparece en el punto 18, con la nueva estrategia de desarrollo territorial y económico, de forma que el desarrollo se produzca de manera cohesiva.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Teniendo en cuenta la importancia estratégica de la región del Danubio, debido a su emplazamiento, es crucial que haya una relación más estrecha entre todos los países de la región, en especial los que todavía no pertenecen a la UE. Esto facilitará la integración en caso de que haya una ampliación de la UE en el futuro. Así pues, la aplicación de todas las recomendaciones que se aprueben en esta propuesta de resolución es clave si queremos que haya una estrategia comunitaria propuesta para la región del Danubio a finales de 2010.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) La estrategia para la región del Danubio es un modelo razonable para la coordinación de las medidas de la UE en esa región contigua. Además de las cuestiones relacionadas con el río en si, como por ejemplo, la mejora de la calidad del agua y de la situación ecológica, el programa que debe elaborar la Comisión también podría dar lugar a sinergias económicas y en la administración. El informe presentado exponía algunas propuestas valiosas en ese sentido y por eso yo he votado a favor.

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), por escrito. – (PL) He apoyado la resolución sobre la Estrategia europea para la región del Danubio. La cohesión territorial se menciona en el Tratado de Lisboa como una de las prioridades de la Unión Europea. Aplicar la Estrategia para la región del Danubio incumbe a varios ámbitos de apoyo, como la política social, la cultura y la educación, la protección medioambiental, la infraestrucutra y el desarrollo económico duradero. El mero hecho de que la estrategia y sus soluciones tengan un enorme impacto en esos ámbitos demuestra que se deberían establecer y aplicar estrategias regionales. La región del Danubio necesita una estrategia, necesita apoyo y necesita nuestra intervención, ya que es un tema que atañe a varios países europeos. Seis de ellos son Estados miembros de la UE y el resto son candidatos potenciales. La influencia de la región también es importante para otros países que no están directamente asociados a ella.

La idea de crear regiones funcionales, macrorregiones, se inició con la Estrategia para la región del Mar Báltico. La Estrategia del Danubio, al igual que otras estrategias comunitarias macrorregionales, tiene como objetivo principal reforzar la integración a través de la cooperación a nivel regional y local. Es absolutamente importante que los gobiernos, los gobiernos locales, las organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos trabajen conjuntamente con la Unión Europea en el desarrollo y ejecución de las soluciones que se adopten, ya que, con nosotros, constituyen la Unión Europea.

  Artur Zasada (PPE), por escrito. – (PL) Se debe prestar apoyo a todas las iniciativas de la UE cuyo objetivo sea coordinar y fortalecer las iniciativas regionales y que contribuyan a aumentar la cooperación económica, mejorar la infraestructura de transporte y mejorar la protección medioambiental. La Estrategia para la región del Danubio viene a confirmar la trascendencia del enfoque macrorregional en la política regional de la Unión Europea. Gracias al documento que se ha aprobado hoy se estrechará la relación entre los antiguos, nuevos y tal vez futuros Estados miembros de la UE, por una parte, y Europa Central y la región del Mar Negro, por otra parte. Creo que en un futuro no muy lejano, se dará un visto bueno similar al concepto de corredor basado en el trazado del Óder. Uniría el Mar Báltico con el Adriático y recorrería Suecia hasta Croacia, pasando por Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría.

  Presidente. – Eso no es posible, señor Zasada. Ya he aclarado que no se pueden dar explicaciones de voto sobre resoluciones de emergencia. Las explicaciones de voto tan sólo se pueden referir a la Estrategia europea para la región del Danubio. Lo lamento, pero no lo he decidido yo.

9. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

10. Medidas de ejecución (artículo 88 del Reglamento): véase el Acta

11. Decisiones relativas a determinados documentos: véase el Acta

12. Declaraciones por escrito que figuran en el registro (artículo 123 del Reglamento): véase el Acta

13. Transmisión de los textos aprobados por el Parlamento durante la presente sesión: véase el Acta

14. Calendario de las próximas sesiones: véase el Acta

15. Interrupción del período de sesiones

(La sesión se levanta a las 12.45 horas)

¿Qué aconseja el Consejo a los miles de ciudadanos europeos que son víctimas de empresas que elaboran directorios profesionales engañosos, como la European City Guide, que opera desde España, y otras?

¿Puede el Consejo dar garantías al Parlamento Europeo del compromiso de la UE de poner fin a las prácticas de publicidad engañosa entre empresas?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de enero de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Su Señoría puede confiar plenamente en el compromiso asumido por el Consejo de combatir las prácticas prohibidas de la publicidad engañosa, ya sea en transacciones entre empresas o entre empresas y consumidores y, en particular, de insistir en la plena y efectiva aplicación de la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales 2005/29/CE (que abarca las relaciones de las empresas con los consumidores) y la Directiva sobre publicidad engañosa 2006/114/CE, que abarca las transacciones entre empresas y que se aplicaría a los casos planteados por su Señoría.

No obstante, es responsabilidad de las autoridades y los tribunales nacionales aplicar de forma estricta y efectiva estas disposiciones.

Por lo tanto, no compete al Consejo hacer comentarios sobre las acusaciones de prácticas desleales en casos individuales.

Por último, también queremos llamar la atención de su Señoría sobre el artículo 9 de la Directiva 2006/114/CE, que exige a los Estados miembros que comuniquen a la Comisión todas las medidas que adopten con vistas a la aplicación de la Directiva. Hasta el momento la Comisión no ha indicado al Consejo que haya ningún problema o deficiencia por lo que respecta a la aplicación de la Directiva en ningún Estado miembro, y la Comisión no ha presentado ninguna propuesta para adoptar nuevas medidas jurídicas.

El Consejo de Ministros de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, de 17 y 18 de diciembre de 2009, incluyó en sus conclusiones la necesidad de elaborar una nueva agenda digital para la Unión Europea que dé continuidad a la estrategia i2010. De este modo, el Consejo de la UE subrayó la importancia de desarrollar soluciones que permitan la identificación electrónica de los usuarios de medios y servicios electrónicos, con el fin de garantizar la protección tanto de los datos de carácter personal como de la vida privada.

¿Qué medidas tiene previsto incluir el Consejo en la futura agenda digital de la UE para el período que va hasta 2020, en particular para proteger las infraestructuras de comunicación electrónica y desarrollar soluciones que permitan la identificación electrónica de los usuarios de medios y servicios electrónicos, con el fin de garantizar la protección tanto de los datos de carácter personal como de la vida privada?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de enero de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Ya se está trabajando en el ámbito de la identidad electrónica. Dentro del Séptimo Programa Marco de investigación se pusieron en marcha varios proyectos nuevos relacionados con la gestión de la identidad, además de otros proyectos cofinanciados por la Unión Europea en virtud del Programa de Apoyo a la Política en materia de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), dentro del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad. La reciente revisión del marco reglamentario para las comunicaciones y los servicios electrónicos también mejora la situación por lo que respecta a los derechos de los ciudadanos a la intimidad.

Su Señoría también recordará el trabajo realizado por la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA), creada para mejorar la capacidad de la UE, de los Estados miembros y de la comunidad empresarial para prevenir y abordar los problemas de seguridad de las redes y de la información y para responder a los mismos.

El 18 de diciembre de 2009, el Consejo adoptó una serie de conclusiones acerca de la «Estrategia post i2010 – hacia una sociedad del conocimiento abierta, verde y competitiva», en la que subrayaba la importancia de desarrollar soluciones para la identificación electrónica que garanticen la protección de los datos y respeten la intimidad de los ciudadanos y un mejor control por parte de éstos sobre su información personal en línea. Además, el Consejo adoptó una resolución sobre un planteamiento europeo de colaboración en materia de seguridad de las redes y de la información, en la que se subraya la importancia de desarrollar una estrategia europea holística y mejorada para la seguridad en este ámbito.

En sus conclusiones y en la resolución, el Consejo invita a la Comisión a que presente propuestas. Está previsto contar para la próxima primavera con una nueva agenda digital, a la que contribuyeron las conclusiones de diciembre.

El Consejo está dispuesto a trabajar para reforzar la seguridad de la red. El futuro desarrollo de Internet y de nuevos y atractivos servicios depende en gran medida de estas cuestiones. Examinaremos toda nueva propuesta de la Comisión con gran atención.

Muchos inversores de Irlanda han perdido cantidades importantes de dinero en un dudoso plan de inversiones lanzado por una empresa española ubicada en Fuengirola. ¿Qué medidas se pueden adoptar, bien a nivel nacional o bien a nivel de la UE, para ayudar a estos inversores a recuperar sus inversiones, pues muchos de ellos han perdido los ahorros de toda una vida?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de enero de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Entendemos las inquietudes de todos los inversores que han perdido sus ahorros y también las de quienes invirtieron bajo los auspicios de la empresa mencionada por su Señoría.

Dicho esto, ahora corresponde a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados por esta u otras situaciones similares adoptar las medidas necesarias a fin de proceder a su investigación y, en última instancia, ayudar a los inversores perjudicados.

De hecho, las autoridades españolas han iniciado investigaciones penales en este ámbito, pero no compete a la Presidencia del Consejo hacer comentarios al respecto.

El Consejo ha retenido una propuesta para simplificar y mejorar el Fondo de Solidaridad de la UE (2005/0033) desde la aprobación por el Parlamento Europeo de su primera lectura en 2006. Europa ha sufrido con más frecuencia los rigores del clima durante estos últimos años. Por ejemplo, las recientes inundaciones han causado en Irlanda daños considerables a muchos hogares, empresas, explotaciones agrícolas, carreteras e instalaciones de abastecimiento de agua. Es esencial que se dé prioridad a la reforma del Fondo de Solidaridad de la UE.

¿Qué medidas proyecta adoptar la Presidencia entrante con el fin de desbloquear la situación en el Consejo?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de enero de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Fondo de Solidaridad de la UE se creó en respuesta a la extraordinaria catástrofe que supusieron las inundaciones que afectaron a Europa Central durante el verano de 2002. El 6 de abril de 2005, la Comisión presentó al Consejo una Propuesta de revisión del Reglamento, destinada, en particular, a ampliar el ámbito de aplicación a las catástrofes no naturales, reducir el umbral para los daños sufridos como consecuencia de la catástrofe e incluir un nuevo criterio político. En su opinión de mayo de 2006, el Parlamento aprobó esta propuesta con algunas enmiendas.

No obstante, después de examinar esta propuesta y tras los debates mantenidos en el seno del Consejo, se llegó a la conclusión de que no existía suficiente apoyo para la revisión del Reglamento propuesta por la Comisión.

¿Se ha apercibido el Consejo de los importantes cambios que se están produciendo en la estructura demográfica de los Estados miembros de la UE? Al progresivo envejecimiento de la población de los 27 Estados miembros se añade un importante incremento de la inmigración procedente de países extraeuropeos.

¿Está pensando el Consejo en la elaboración de un proyecto para una política de fomento de la natalidad y de la familia en el territorio de la UE, a fin de invertir estas tendencias?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de enero de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El desafío demográfico es uno de los principales desafíos a largo plazo de la Unión. En efecto, está estrechamente vinculado a las cuestiones relativas a la familia señaladas por su Señoría.

Dicho esto, los Estados miembros siguen siendo responsables de la elaboración y aplicación de sus decisiones específicas en el ámbito de las políticas relativas a la familia. Por lo que respecta a la política social, de conformidad con los Tratados, la Unión puede apoyar y complementar las actividades de los Estados miembros «mediante iniciativas para mejorar los conocimientos, desarrollar el intercambio de información y de buenas prácticas, promover fórmulas innovadoras y experiencias de evaluación»⁽¹⁾.

No obstante, las cuestiones sociales y demográficas, entre las que se incluyen las cuestiones familiares cuando se considera oportuno, siguen formando parte de la agenda del Consejo. El 30 de noviembre de 2009, el Consejo aprobó las Opiniones elaboradas por el Comité de Protección Social y por los Comités de Empleo sobre la futura Agenda de la Unión Europea después de 2010, teniendo en cuenta que la prolongación de la vida laboral y el fomento de la conciliación de la vida laboral y la vida privada continuarán siendo esenciales⁽²⁾ para la Estrategia de la Unión después de 2010 y que el envejecimiento y la globalización siguen estando entre los principales desafíos de la Estrategia Europea de Empleo⁽³⁾.

Además, en sus Conclusiones⁽⁴⁾, el Consejo reconoció que «debido a los cambios demográficos, se prevé que la proporción de población en edad laboral descienda en las próximas décadas y que Europa pase de cuatro personas en edad laboral por cada persona de edad a tan sólo dos. En este contexto, las políticas encaminadas a reforzar la igualdad de género y a mejorar la conciliación de la vida laboral, familiar y privada son fundamentales para alcanzar objetivos comunes de incrementar las tasas de empleo, así como para cumplir los objetivos de crecimiento económico y cohesión social en la Unión Europea».

Por último, en sus programas en el ámbito del empleo y el ámbito social⁽⁵⁾, la Presidencia española reconoce que el envejecimiento de la población está empezando a abordarse en Europa no solamente como un desafío, sino también como una oportunidad para las políticas sociales.

Considera que ha llegado el momento de que la UE adopte una iniciativa para la promoción del envejecimiento activo; por ejemplo, apoya la posible decisión de la Comisión de declarar 2012 como Año Europeo del Envejecimiento Activo y las Relaciones Intergeneracionales. Por otra parte, organizará una Conferencia sobre el Envejecimiento Activo en La Rioja (29 y 30 de abril de 2010).

La Presidencia española también fomentará el trabajo conjunto de los Estados miembros para responder mejor a los importantes cambios sociales y demográficos a los que se enfrentan los Estados miembros, por ejemplo a través de un intercambio más intenso de información, aprendizaje mutuo y mejores prácticas. La atención se concentrará tanto en diversas iniciativas para la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar, como en medidas para aumentar los niveles de empleo, especialmente de los trabajadores de edad.

Una de las principales prioridades de la Presidencia española son las relaciones entre la UE y América Latina.

¿Qué le gustaría lograr a la Presidencia española en el ámbito del comercio internacional con América Latina?

¿Se concluirá un tratado de libre comercio con países como Colombia y Perú durante la Presidencia española? ¿Cuáles son los problemas más importantes que restan por resolver?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de enero de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

En efecto, una de las principales prioridades de la Presidencia española es reforzar las relaciones entre la UE y América Latina.

En el proyecto del programa de 18 meses⁽¹⁾ de la Presidencia española y de las futuras Presidencias belga y húngara, la Presidencia en trío subrayaba que se debería prestar especial atención a la conclusión de los acuerdos de asociación con la región de América Central, el acuerdo comercial multilateral con los países andinos, así como a la reanudación y el el avance de las negociaciones del Acuerdo de Asociación con Mercosur.

Con respecto a las negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación con América Central, se está debatiendo con los países de la región un calendario provisional para la reanudación de las negociaciones, con vistas a su conclusión para abril de este año. En este sentido, tenemos que observar sobre todo cómo evoluciona la situación en Honduras en los próximos meses, tras los recientes acontecimientos que han tenido lugar en el país.

Por lo que respecta específicamente al «acuerdo comercial multilateral» (tratado de libre comercio) con Colombia y Perú, las negociaciones están muy avanzadas y la Presidencia española hará todo lo posible para concluirlas durante el primer semestre de 2010. La próxima ronda tendrá lugar en Lima esta semana. Todavía quedan varias cuestiones pendientes de resolver, como por ejemplo, las relativas al comercio (el acceso a los mercados, las normas de origen o las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual) y la introducción de las denominadas «cláusulas políticas» (sobre derechos humanos y armas de destrucción masiva). Sin embargo, dado que tanto Colombia como Perú han demostrado su voluntad de alcanzar un compromiso, las perspectivas de obtener un resultado satisfactorio en las negociaciones son positivas. Si se alcanza un acuerdo en un futuro próximo, se pondrán en marcha los procedimientos para que se firme al margen de la Cumbre UE-LAC, que se celebrará en Madrid los días 17 y 18 de mayo.

La función del Parlamento Europeo en el proceso que debe conducir a la conclusión y entrada en vigor de los mencionados acuerdos internacionales viene determinado por las nuevas disposiciones del Tratado de Lisboa, de conformidad con la base jurídica del acuerdo.

Cuando se suspendieron las negociaciones con Mercosur en 2004, ya se habían realizado avances importantes en el diálogo político y la cooperación. La Unión Europea en su conjunto y la Presidencia española en particular conceden gran importancia a la reactivación de las negociaciones, que podrían reanudarse si se dan las condiciones propicias para ello. Antes de tomar la decisión de reanudar las negociaciones, la UE deberá tener esto muy en cuenta.

El 18 de diciembre, pocas horas antes de que el Gobierno de Georgia procediera a la demolición de un monumento antifascista en la ciudad de Kutaísi, se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución para condenar los intentos de justificación del nazismo a que proceden algunos países europeos, algunos de ellos miembros de la Unión Europea, como los países bálticos, que aplauden como héroes a los miembros de bandas fascistas como las «Waffen SS»; al mismo tiempo, los gobiernos aprueban decisiones para la demolición y destrucción de monumentos que conmemoran la resistencia antifascista y la victoria de los pueblos. La gran mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas (127) votó a favor de esta resolución, con el único voto en contra de los Estados Unidos, con el apoyo de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, que se abstuvieron.

¿Puede manifestar el Consejo si la abstención de la UE en la votación de esta resolución puede considerarse como la aprobación y el apoyo para la justificación y la apología de las bandas fascistas y los colaboradores de los criminales de guerra nazis en algunos Estados miembros y otros países de Europa? ¿Aprueban la Comisión Europea y el Consejo la demolición de los monumentos que conmemoran la victoria antifascista en los Estados miembros de la UE y otros países? ¿Forma parte la negativa de la UE de condenar la apología de los crímenes fascistas contra la humanidad del intento de reconstruir la historia, equiparando al nazismo con el comunismo?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de enero de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La Unión Europea siempre ha expresado claramente su firme compromiso con la lucha mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia. Este compromiso se reiteró en la declaración realizada por la Presidencia sueca, en nombre de la UE, para explicar su decisión de abstenerse en la votación en el 64º período de sesiones de la Tercera Comisión de la Asamblea General sobre la resolución relativa a la «Inadmisibilidad de ciertas prácticas que contribuyen a exacerbar las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia».

Como se indicaba en esta declaración, a lo largo de las negociaciones sobre el texto, la UE expresó su firme disposición a buscar maneras de garantizar que la resolución ofreciese una respuesta real y seria a las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.

Sin embargo, lamentablemente no se tuvieron en cuenta algunas de las inquietudes más serias expresadas por la Unión Europea y otras delegaciones. Como en años anteriores, en lugar de abordar de forma exhaustiva las preocupaciones suscitadas en el ámbito de los derechos humanos por el racismo y la discriminación racial, entre las cuales cabe mencionar en particular el resurgimiento de la violencia racista y xenófoba, el proyecto del texto adoptó un planteamiento selectivo, ignorando estas graves inquietudes y, en efecto, desviando la atención de las mismas.

Un ejemplo particularmente lamentable de las deficiencias que presenta el texto es la utilización de citas imprecisas de la Sentencia del Tribunal de Nuremberg.

Es especialmente grave el hecho de que el texto no refleje la consideración fundamental de que la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia debe ser compatible con las disposiciones de los artículos 4 y 5 de la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, y no socavar otros derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos.

Por último, el texto de la resolución intentaba limitar la libertad del Relator Especial de las Naciones Unidas de informar al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General acerca de todos los aspectos de las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y xenofobia.

Por todas estas razones la UE decidió abstenerse.

El 29 de diciembre una granada de mano fue lanzada contra el domicilio del alcalde de Nazaret, Ramez Jeraisi, que colabora con el Partido Comunista de Israel en el Frente Democrático para la Igualdad y la Paz.

Este ataque coincide con el aniversario de la agresión criminal de Israel contra Gaza, con un aumento de la agresividad del Estado de Israel y con la multiplicación de episodios de ataques anticomunistas y antidemocráticos. Al mismo tiempo, se prohíben las manifestaciones públicas y Muhammad Barahek, diputado a la Knesset y miembro del Comité Central del Partido Comunista, se ve procesado por sus actividades pacifistas.

¿Condena el Consejo estas acciones anticomunistas y antidemocráticas de Israel?

Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de enero de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Quiero dar las gracias a su Señoría por esta pregunta.

Los ataques violentos contra los ciudadanos, sean funcionarios o no e independientemente de sus opiniones políticas, constituyen actos delictivos que deben investigarse y someterse a los procedimientos judiciales adecuados. Además, todo ataque violento por motivos políticos es irreconciliable con los valores democráticos básicos de la Unión Europea, concretamente la libertad de expresión y de orientación política, la no discriminación y el Estado de Derecho, y esto se aplica igualmente en los casos en los que los ciudadanos son perseguidos por motivos políticos por sus gobiernos o por los servicios del aparato del Estado.

Con respecto a los incidentes a los que se refiere su Señoría, no existen pruebas de motivación política ni en el ataque con una granada de mano contra la casa del alcalde de Nazaret, sobre el que la policía israelí ha iniciado una investigación penal, ni en el procesamiento del diputado a la Knesset, Muhammad Barakeh, el cual ha decidido no recurrir a su inmunidad parlamentaria. A comienzos del año 2009, el conflicto en Gaza fue objeto de una serie de declaraciones de la UE, entre ellas del Consejo, que insistían, entre otras cosas, en que todos los partidos tenían que respetar los derechos humanos y cumplir las normas del derecho internacional en materia humanitaria.

Quiero garantizarle, Señoría, que el Consejo concede especial importancia a los principios y valores democráticos, y que está dispuesto a condenar las violaciones a los mismos siempre que resulte oportuno y existan pruebas sólidas al respecto.

A la luz de las últimas preocupaciones por la seguridad de los niños que han suscitado determinados cochecitos para niños y juguetes vendidos en la Unión Europea, ¿qué medidas está adoptando la Comisión para garantizar que los consumidores europeos, en particular los niños, se encuentran protegidos y que no aumente la necesidad de retirar productos del mercado?

Además, ¿qué puede hacer la Comisión para garantizar que las retiradas de productos defectuosos o no seguros se lleven a cabo de la forma más segura y rápida posible para minimizar en lo posible las molestias a los consumidores?

Los juguetes y los productos para niños no son como otros productos de consumo. La seguridad de los juguetes y de los productos para niños es una de nuestras principales prioridades con respecto a la seguridad de los productos de consumo.

La Comisión ha emprendido recientemente una amplia serie de actividades destinadas a aumentar el nivel de seguridad de los juguetes y productos para niños en Europa. Ha promovido leyes y normas, ha prestado apoyo económico a las iniciativas de vigilancia del mercado transfronterizo y ha cooperado con el sector de los juguetes y con nuestros socios internacionales.

La nueva Directiva sobre la seguridad de los juguetes 2009/48/CE⁽¹⁾ se aprobó el 18 de junio de 2009. Gracias a nuestros debates constructivos, la Directiva contiene ahora requisitos más exigentes en materia de seguridad y está abierta a una rápida adaptación a los riesgos que se vayan identificando, en particular con respecto a los productos químicos.

La seguridad de los artículos utilizados para el cuidado general de los niños, como los cochecitos y cunas, se rigen por la Directiva relativa a la seguridad general de los productos 2001/95/CE⁽²⁾. La Directiva establece la obligación general para todos los operadores de la cadena de abastecimiento de comercializar solamente productos seguros. La seguridad de los niños es también una preocupación fundamental a la hora de aplicar esta legislación.

Varias normativas europeas establecen la referencia. La normativa aplicable a la seguridad de los juguetes deberá ser objeto de revisión para armonizarla con la nueva Directiva sobre la seguridad de los juguetes. Recientemente se realizó una evaluación de varios artículos para el cuidado de los niños, que, por lo general, se utilizan para la alimentación, el sueño, el baño o la relajación de los bebés y niños de corta edad. Como resultado, la Comisión solicitará de forma inminente la adopción de la nueva normativa europea en materia de seguridad para los artículos de baño, tales como las bañeras o los anillos de baño, y para los productos que acompañan al sueño del bebé, como parte de una actuación más amplia en este ámbito.

La Comisión ha dedicado medio millón de euros a fomentar iniciativas de vigilancia coordinadas centradas en los juguetes para niños de corta edad desde finales de 2008. Autoridades de 15 países europeos ya han realizado pruebas con 200 muestras de juguetes para comprobar el riesgo de que contengan piezas pequeñas (incluyendo imanes) y metales pesados. Los juguetes que no se ajustan a la normativa y resultan peligrosos se retiran del mercado.

La Comisión también ha solicitado a la industria del juguete que intensifique las medidas al objeto de garantizar que solamente se fabriquen y comercialicen juguetes seguros en el mercado europeo. En virtud de dos acuerdos voluntarios con la industria europea del juguete y con representantes de minoristas e importadores, las empresas del sector se han comprometido a realizar una serie de actividades, como por ejemplo, proporcionar educación y formación sobre la elaboración de directrices que ayuden a las empresas a establecer sistemas adecuados de control de la seguridad.

En el ámbito de las actividades internacionales, la cooperación con China ya ha provocado el bloqueo en las fronteras chinas de cientos de artículos para el cuidado de los niños y juguetes peligrosos y la retirada de numerosas de licencias de exportación por parte de las autoridades chinas. Los expertos en seguridad de los juguetes de la Unión, China y también los Estados Unidos debaten periódicamente acerca de la seguridad de los juguetes, preocupaciones comunes, posibles acciones y alcance de la convergencia de los respectivos requisitos.

Dado que los operadores comerciales son los principales responsables de la seguridad de sus productos, deben adoptar siempre un planteamiento proactivo para identificar posibles cuestiones problemáticas en la fase de producción. Cuando ocurran incidentes, deben existir unos procedimientos apropiados para organizar rápidamente una retirada de los productos concretos que los hayan provocado. Muchas empresas se toman en serio sus responsabilidades derivadas de la legislación sobre la seguridad de los productos y actúan con rapidez. Sin embargo, habida cuenta de que determinados actores no son capaces de realizar una gestión de los riesgos apropiada, las autoridades policiales y aduaneras nacionales deben contar con los recursos necesarios para controlar sus actuaciones y ordenar medidas restrictivas adicionales cuando se considere que las medidas voluntarias se han tomado demasiado tarde o resultan insuficientes para hacer frente a todos los riesgos. Por esta razón la Comisión acoge con satisfacción el gran interés y liderazgo demostrado por la Comisión IMCO en el debate sobre el refuerzo de la vigilancia del mercado para aumentar la seguridad del consumidor.

En 2007, la Comisión colaboró con un grupo de expertos, representantes de bancos y empresas, y con los organismos de normalización para identificar los obstáculos existentes y desarrollar un marco europeo destinado a facilitar la transición a la facturación electrónica.

En 2008, la Comisión estableció un grupo de trabajo para definir, antes del final de 2009, un marco europeo para la facturación electrónica. Dados los beneficios que este marco europeo aportaría a las empresas y a las administraciones financieras y fiscales, ¿podría la Comisión indicar cuáles han sido los resultados del trabajo del grupo de expertos encargado, en 2008, de establecer ese marco y, sobre todo, podría especificar qué medidas se propone adoptar, y con qué calendario de ejecución, para el desarrollo y la aplicación de un marco europeo para la facturación electrónica?

En comparación con las facturas en papel, las facturas electrónicas ofrecen importantes ventajas económicas a las empresas de todos los tamaños. Sin embargo, todavía no se ha explotado gran parte del potencial que ofrece la facturación electrónica, especialmente entre las PYME, debido a los continuos obstáculos reguladores y técnicos a su pleno desarrollo. A finales de 2007, la Comisión estableció un grupo de expertos independiente para que se encargara de proponer un marco europeo de factuación electrónica que sustentara la prestación de tales servicios de forma abierta e interoperable en toda Europa.

El grupo de expertos ha finalizado su trabajo y aprobó su informe final, incorporando el marco europeo de facturación electrónica propuesto, en noviembre de 2009. Entre los principales obstáculos que dificultan la aceptación de la facturación electrónica se encuentran, según el grupo de expertos: unos requisitos reguladores incoherentes para las facturas electrónicas entre los distintos Estados miembros, en particular con respecto a la aceptación de facturas electrónicas por parte de las autoridades fiscales a efectos del IVA, una interoperabilidad técnica insuficiente entre las soluciones de facturación electrónica existentes y la ausencia de una norma común sobre el contenido de las facturas electrónicas. Para abordar estas cuestiones, el marco europeo de facturación electrónica propuesto incluye un código de prácticas para la conformidad jurídica y fiscal armonizado con la Directiva sobre el IVA revisada, propuesta por la Comisión. Por otra parte, el marco europeo de facturación electrónica contiene un conjunto de recomendaciones sobre interoperabilidad y orientaciones relativas a las normas sobre el contenido. El marco se basa en un conjunto de requisitos comerciales, centrados especialmente en las PYME.

La Comisión Europea ha publicado el informe del grupo de expertos en el sitio web de Europa y sus recomendaciones son actualmente objeto de una consulta pública abierta para todas las partes interesadas hasta finales febrero de 2010⁽¹⁾. Los resultados de la consulta pública y las recomendaciones del grupo de expertos también se debatirán en una conferencia de alto nivel sobre la facturación electrónica, que está prevista para abril de 2010 bajo los auspicios de la Presidencia española.

Basándose en el informe del grupo de expertos y en la consulta pública, la Comisión Europea evaluará si es necesario poner en marcha nuevas iniciativas, especialmente para eliminar los obstáculos en el plano de la Unión Europea, a fin de aprovechar las ventajas competitivas del paso a la facturación electrónica en toda Europa. Sobre la base de los resultados de esta evaluación, la Comisión estudiará qué otros pasos se deben tomar para promover la aceptación de la facturación electrónica para otoño de 2010. Por otra parte, la Comisión desea recordar su propuesta relativa a la revisión de la Directiva sobre el IVA, en particular por lo que respecta a la aceptación de la facturación electrónica que los colegisladores están debatiendo en estos momentos.

¿Qué medidas adopta la Comisión para aumentar la importancia de la formación profesional con respecto a la formación universitaria en la UE? ¿Qué perspectivas de futuro tiene el intercambio transfronterizo de jóvenes en el ámbito de la formación profesional?

La Comisión fomenta la participación en la educación y formación, tanto generales como profesionales, especialmente teniendo en cuenta las crecientes necesidades de formación de la sociedad tras la crisis y como resultado del envejecimiento de la población.

En el marco del denominado proceso de Copenhague, la Comisión, junto con los Estados miembros, ha trabajado mucho para aumentar la calidad y el atractivo de la educación y formación profesionales (VET).

Una parte central del proceso es el desarrollo http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc40_en.htm" para mejorar la confianza mutua, la transparencia, el reconocimiento y la calidad de las cualificaciones, facilitando la movilidad de los estudiantes entre distintos países y sistemas educativos.

Entre estos instrumentos cabe destacar el http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm", http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc46_en.htm" , el http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc50_en.htm" y el http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1134_en.htm".

El capítulo relativo a la iniciativa Leonardo da Vinci (LdV) del http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm"ofrece un importante apoyo económico para la aplicación de las políticas de educación y formación profesionales, así como para la movilidad transfronteriza de estudiantes y profesores de esta modalidad educativa. En 2008, 67 740 personas se beneficiaron de un período de movilidad gracias al programa LdV. No obstante, como esta cifra representa sólo alrededor del 1 % de la población destinataria en total, también se necesita un sólido apoyo por parte de los actores y partes interesadas locales, regionales y nacionales, para hacer de la movilidad la norma en lugar de la excepción. En el marco de la iniciativa UE 2020, la Comisión reflexiona sobre una nueva iniciativa ambiciosa denominada «Juventud en Acción», con la que se pretende impulsar la movilidad de los jóvenes estudiantes en todos los niveles educativos.

Un informe de la Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas (UEFA) ha descubierto un escándalo de partidos de fútbol amañados en la temporada de competición del año pasado. Es evidente que estos hechos dan un mal ejemplo a la juventud, al prevenir el concepto de deporte, desfigurado por las enormes sumas que se trafican en los «juegos» y apuestas.

Teniendo en cuenta el artículo 165, apartado 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que el objetivo de la acción de la Unión es «... desarrollar la dimensión europea del deporte, promoviendo la equidad y la apertura en las competiciones deportivas y la cooperación entre los organismos responsables del deporte, y protegiendo la integridad física y moral de los deportistas, especialmente la de los más jóvenes», ¿puede responder la Comisión a las siguientes preguntas?

¿Ha investigado el asunto? ¿Cuáles son sus comentarios? ¿Qué medidas piensa la Comisión que debe tomar la UEFA en relación con las federaciones, los equipos, los agentes y los deportistas implicados en el escándalo? A la vista de las enormes sumas que se «juegan» cada año en apuestas legales e ilegales y que son invariablemente el incentivo para amañar eventos deportivos, ¿qué medidas piensa tomar la Comisión?

Los partidos amañados socavan la función social y educativa del deporte. Distorsionan la ética de los deportistas profesionales y aficionados y representan una amenaza directa para la integridad de las competiciones deportivas. Los casos de partidos amañados suelen estar asociados con apuestas ilícitas y corrupción, y normalmente hay redes de delincuencia internacionales implicadas en los mismos.

Debido a la popularidad mundial del deporte y la naturaleza transfronteriza de las imágenes de eventos deportivos y de las apuestas, a menudo la dimensión del problema supera la competencia de las autoridades nacionales. De acuerdo con el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que la acción de la Unión debe promover la equidad de las competiciones deportivas y la cooperación entre los organismos responsables del deporte, y a petición de las partes interesadas en el ámbito del deporte, la Comisión abordará la cuestión de los partidos amañados, dado que amenaza con socavar el valor del deporte en Europa.

En este contexto, la Comisión ha consultado a la UEFA con respecto al reciente escándalo relacionado con partidos amañados que están investigando las autoridades alemanas. La Comisión ha ofrecido su apoyo a la UEFA para sensibilizar a la opinión pública acerca de los problemas relacionados con los partidos amañados a nivel europeo.

Con respecto a las apuestas ilícitas, la Comisión no ha sido informada de ninguna acusación de partidos amañados contra operadores europeos reputados. Sus servicios, en el contexto de su labor relativa al mercado interior de los servicios de apuestas deportivas transfronterizas lícitas, está investigando a una serie de organismos reguladores de los Estados miembros que están trabajando estrechamente con proveedores de servicios de apuestas deportivas lícitas en línea para detectar actividades ilegales. Por otra parte, los propios corredores de apuestas, para atraer clientes, han establecido sistemas de alerta rápida autorreguladores con las federaciones deportivas para detectar las actividades fraudulentas que se producen en algunos acontecimientos deportivos.

Con respecto al problema más amplio de la corrupción, la Comisión va a establecer un mecanismo para controlar los esfuerzos de los Estados miembros encaminados a combatir la corrupción, tanto en el sector público como en el privado.

La Comisión apoyará al movimiento deportivo y a otras partes interesadas pertinentes (como las empresas de apuestas y los medios de comunicación) en sus esfuerzos por acabar con los casos de partidos amañados a nivel europeo. En este sentido, la Comisión apoya los tipos de asociación en los que las partes interesadas en el ámbito del deporte han trabajado con las empresas de apuestas para desarrollar sistemas de alerta rápida destinados a prevenir el fraude y los escándalos de partidos amañados en el deporte. Son un ejemplo de buena gobernanza en la esfera de las apuestas deportivas.

La Comisión también fomentará la cooperación entre el sector privado y el público, a fin de buscar las formas más eficaces de hacer frente a los partidos amañados y otras formas de corrupción y delitos financieros en el deporte europeo.

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el deporte ha pasado a ser un ámbito de competencias de la Unión Europea.

¿Qué acciones de apoyo, coordinación o complemento de las medidas de los Estados miembros piensa adoptar la Comisión en este ámbito en los próximos doce meses?

Con respecto a la aplicación de las nuevas disposiciones en materia de deporte, la Comisión tiene la función de proponer acciones adecuadas que permitan alcanzar los objetivos recogidos en el Tratado. El principio rector de la Comisión consistirá en garantizar el valor añadido para la Unión Europea de cualquiera de las acciones propuestas. La nueva Comisión entrante decidirá acciones individuales más específicas.

Antes de elaborar sus propuestas, probablemente la Comisión organizará una amplia consulta pública en el primer semestre de 2010, la cual incluirá un debate sobre el temas con los Estados miembros y el movimiento deportivo. Cabe esperar futuras propuestas que reflejen los resultados de la consulta y el debate y que también se beneficien de la experiencia adquirida con la aplicación del Libro blanco sobre el deporte de 2007⁽¹⁾ sobre temas sociales, económicos y de gobernanza. Sobre esta base, las propuestas de la Comisión relativas a la acción de la UE indudablemente tendrán por objeto, entre otras cosas, la promoción de la buena gobernanza y de las funciones sociales, sanitarias y educativas del deporte.

La aplicación de las acciones preparatorias en el ámbito del deporte en 2009 y 2010 propuestas por el Parlamento Europeo ya aporta ayuda del presupuesto de la Unión para la organización de actividades multiagente en ámbitos como la salud, la educación, la igualdad de oportunidades, la lucha contra el dopaje y el voluntariado, e indudablemente ayudará a la Comisión a proponer temas apropiados para el programa en favor del deporte.

La Comisión cooperará estrechamente con el Parlamento y el Consejo para garantizar la aplicación coherente de estas nuevas competencias.

El Gobierno turco amenaza con prohibir a toda una delegación de parlamentarios neerladeses la entrada en su territorio si Geert Wilders, del Partido de la Libertad, participa en la visita que está prevista para enero de 2010.

El autor de la pregunta considera grotesca esta amenaza teniendo en cuenta que la delegación neerlandesa visita un país que desea la adhesión a la UE y que, por lo tanto, se espera que haga suyos valores fundamentales como son la democracia y la libertad de expresión.

Además, esta amenaza emana del Ministro turco de Asuntos Exteriores, que pertenece al partido gubernamental de orientación islámica.

¿Considera la Comisión que la amenaza del Gobierno turco de prohibir a un político neerlandés la entrada en su territorio refleja el espíritu ilustrado y democrático que supuestamente constituye uno de los pilares fundamentales de todo país que aspira a la adhesión a la UE? Por otra parte, ¿considera la Comisión que esta declaración es compatible con los criterios de Copenhague en materia de democracia, Estado de derecho y derechos humanos?

Se invita a la Comisión a leer el artículo «Tyrkiet truer Wilders med indrejseforbud» («Turquía amenaza con prohibir a Wilders la entrada en su territorio») publicado en Jyllands-Posten el 26.11.2009.

En diciembre de 2009 una delegación de diputados de la Cámara Baja del Parlamento neerlandés canceló una visita prevista a Turquía.

La razón dada para la cancelación fue la declaración de un portavoz del Gobierno turco sobre la participación prevista de Geert Wilders, diputado de la Cámara Baja del Parlamento neerlandés. Con motivo de esta declaración, la delegación había concluido que no serían recibidos por el Gobierno turco.

Posteriormente el Presidente del Comité para la Armonización de la UE de la Gran Asamblea Nacional turca declaró que los parlamentarios turcos lamentaban la cancelación de la visita.

La Comisión no tiene noticias de que Turquía tuviese previsto denegar el acceso a su territorio a los diputados del Parlamento neerlandés.

Además, la Comisión no ve que exista ninguna relación entre la mencionada cancelación y los criterios de Copenhague.

Vista la tasa de paro particularmente elevada entre jóvenes graduados (en toda Europa), ¿ha considerado la Comisión la creación de una red paneuropea de formación y apoyo a dichos jóvenes? Las ventajas de dicha red serían numerosas: permitiría a los graduados adquirir una experiencia profesional que es la necesaria, adaptando sus conocimientos a la vida profesional, evitaría la «fuga de cerebros» y les permitiría contribuir a la sociedad mientras ponen en práctica su formación.

La Comisión, mucho antes de la crisis, venía dando prioridad a la reducción del desempleo entre los jóvenes en virtud de la Estrategia de Lisboa y de la Estrategia Europea de Empleo. La Comisión ha identificado desafíos fundamentales en colaboración con los Estados miembros que se comprometieron a intensificar las acciones para fomentar la integración en el mercado laboral de los jóvenes como parte del Pacto Europeo para la Juventud en 2005. En este contexto, se debe prestar especial atención a la mejora de la transición de la educación al mercado laboral, por ejemplo reforzando los vínculos entre los sistemas educativos y el mercado laboral, y al desarrollo de formación práctica en empresas (períodos de prácticas).

Ya antes del azote de la crisis y a pesar de que los Estados miembros han comenzado a emprender acciones en este ámbito, muchos jóvenes graduados han encontrado dificultades para acceder al mercado laboral. Como consecuencia de la crisis, el desempleo entre los jóvenes ha aumentado drásticamente y en mayor grado que en cualquier otro grupo del mercado laboral.

Se debe prestar especial atención a la mejora del acceso de los jóvenes al mercado laboral y a la creación de nuevos puestos de trabajo durante la elaboración de la principal agenda política de la Unión Europea para el futuro («UE2020»). Por otra parte, se deben mejorar los mecanismos para garantizar una aplicación efectiva de las políticas. La Comisión identificó una serie de ámbitos de acción fundamentales en el documento de consulta sobre la UE 2020, de 24 de noviembre de 2009, entre los que cabe mencionar la promoción de la adquisición de nuevas capacidades, el fomento de la creatividad y la innovación, y el desarrollo del espíritu empresarial. La estrategia UE 2020 también intensificará la cooperación política de la Unión en los ámbitos de la política de educación y juventud, a través de los programas de trabajo «Educación y Formación 2020» y «Juventud 2010-2018».

La Unión ha creado una serie de instrumentos para ayudar a los jóvenes que buscan trabajo, también bajo la iniciativa EURES: una sección del portal web de EURES está dedicada a las oportunidades de empleo para graduados⁽¹⁾. Por otra parte, los Estados miembros pueden utilizar el Fondo Social Europeo (FSE) para llevar a cabo reformas en sus sistemas educativos y de formación. Para el período 2007-2013 se han asignado 9,4 millones de euros para promover el desarrollo de sistemas de formación permanente y otros 12 400 millones de euros para aumentar la participación en la educación y formación durante todo el ciclo vital.

En el contexto de la iniciativa presentada por la Comisión para desarrollar y reforzar el diálogo y la cooperación entre la enseñanza superior y el mundo laboral (COM(2009) 158 final: Una nueva asociación para la modernización de las universidades: el Foro de la UE para el diálogo entre las universidades y las empresas), la Comisión, en colaboración con el Ministerio de Educación, Juventud y Deporte de la República Checa y con la Universidad de Masaryk, va a organizar un Foro temático en Brno los días 2 y 3 de febrero de 2010, en el que se presentarán y debatirán las iniciativas existentes y posibles, puestas en marcha en cooperación con instituciones de enseñanza superior, empresas y autoridades públicas en respuesta a la actual crisis.

Teniendo en cuenta que el 1 de diciembre de 2009 ha entrado en vigor el Tratado de Lisboa, primero en su género que contempla y regula una política común de seguridad energética y de solidaridad entre los Estados miembros en dicho ámbito, ¿podría exponer la Comisión cuál es su visión y su estrategia con respecto a esta política a la luz del nuevo Tratado?

¿Podría indicar qué medidas de seguridad tiene previsto aplicar para proteger a los Estados miembros contra eventuales interrupciones en los suministros de gas procedentes de terceros países? ¿Cuál es, por otra parte, su programa de inversiones en infraestructura energética, elemento fundamental en una estrategia de seguridad? ¿Dispone la Comisión de planes para un desarrollo Norte-Sur de dicha infraestructura?

Hasta ahora la política energética de la Unión Europea se ha desarrollado sobre la base de varios artículos de diferentes Tratados. El Tratado de Lisboa ofrece, por primera vez, un marco integral para el futuro desarrollo de la política energética comunitaria. La seguridad del suministro se recoge claramente como uno de los objetivos y la política se desarrollará y aplicará con un espíritu de solidaridad.

El planteamiento para la seguridad energética, definido en la Segunda Revisión Estratégica del Sector de la Energía, ha sido respaldado por los Estados miembros. De este modo, la reducción de la vulnerabilidad a las interrupciones en el suministro de gas a través de la cooperación y la construcción de interconexiones en Europa deberían permitir que la UE tenga un mayor peso en los acuerdos energéticos externos. La cooperación dentro de Europa se produce principalmente a través de un mercado energético interior eficaz con normas comunes e infraestructuras adecuadas, como se propone en el Reglamento relativo a las medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas. Con respecto a la solidaridad, ésta debe estar establecida mucho antes de que se produzca alguna crisis entre los Estados miembros y entre las posibles empresas implicadas. Los Estados miembros deben trabajar juntos con antelación en las evaluaciones de riesgos y las acciones preventivas, como la construcción de infraestructuras y los planes de emergencia. La cooperación regional es particularmente importante en la gestión de las crisis. El papel de la Comisión consistirá fundamentalmente en ayudar y coordinar; puede evaluar la situación, declarar una situación de emergencia en la Unión, desplegar rápidamente al grupo operativo de seguimiento, convocar al Grupo de Coordinación del Gas, activar el mecanismo de protección civil y, sobre todo, mediar con los países terceros. La Comisión espera que se alcance pronto un acuerdo sobre la propuesta de Reglamento.

Es necesario invertir en infraestructuras energéticas, en particular para garantizar la seguridad del suministro. Las disposiciones del tercer paquete sobre el mercado interior de la energía ya están mejorando la planificación de la infraestructura en Europa, incluida su dimensión de seguridad energética. En el Reglamento propuesto sobre las medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas se propone una norma para la infraestructura y el Programa Energético Europeo para la Recuperación va a asignar ayuda financiera a proyectos de infraestructura energética, incluidos unos 1 440 millones de euros en interconexiones de gas, terminales de gas natural licuado (GNL), almacenamiento y flujos bidireccionales. El programa de redes transeuropeas en el sector de la energía se revisará durante 2010 para garantizar que se concentre convenientemente en la infraestructura energética de la Unión, a fin de responder a las necesidades del mercado interior y de mejorar la seguridad del suministro.

En la Segunda Revisión Estratégica del Sector de la Energía se otorgó a las interconexiones norte-sur en Europa Central y Oriental una importancia prioritaria para la seguridad energética. Esta labor se está realizando, también en el contexto del Tratado de la Comunidad de la Energía. Las interconexiones norte-sur también son importantes en el plan de interconexión del mercado báltico de la energía, acordado por los Estados miembros pertinentes y que se está aplicando en estos momentos.

Habida cuenta del artículo 87, apartado 1, y del artículo 87, apartado 3, letra e), del Tratado de la Unión Europea⁽¹⁾, del apartado 37 de la Resolución del Parlamento Europeo 2005/2165 (INI)⁽²⁾; y de la sentencia C-88/03⁽³⁾ del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; ¿puede indicar la Comisión si piensa superar definitivamente la postura rígida de que la fiscalidad ventajosa a nivel regional y local es incompatible con la prohibición comunitaria de ayudas concedidas por los Estados, sobre todo en relación con la modalidad de verificación del criterio de selectividad territorial, autorizando la concesión de ayudas de naturaleza fiscal, cuando estas estén destinadas a facilitar el desarrollo de ciertas actividades o regiones económicas?

¿Considera que este cambio de interpretación puede ser aceptado si se introduce en el Reglamento (CE) nº 1083/2006⁽⁴⁾ la posibilidad de considerar la fiscalidad ventajosa compatible con las reglas del equilibrio de mercado?

La Comisión recuerda a su Señoría que, de acuerdo con el artículo 107, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la UE, antiguo artículo 87 TCE, la Comisión puede declarar compatibles las «ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo», así como las «ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades y de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común».

A tal efecto, de acuerdo con las «Directrices relativas a las ayudas estatales de finalidad regional para el período 2007-2013», la Comisión ya ha aprobado el mapa de ayudas regionales, que indica qué regiones son en efecto susceptibles de obtener ayuda regional en virtud del artículo 107, apartado 3 del Tratado de Funcionamiento de la UE⁽⁵⁾.

Con respecto a la pregunta de si la Comisión piensa «superar definitivamente la postura rígida de que la fiscalidad ventajosa a nivel regional y local es incompatible con la prohibición comunitaria de ayudas concedidas por los Estados, sobre todo en relación con la modalidad de verificación del criterio de selectividad territorial», la Comisión quisiera recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia reciente de los asuntos de las Azores⁽⁶⁾ y del País Vasco⁽⁷⁾, una región se considera «autónoma» de conformidad con la normativa de las ayudas estatales cuando se cumplen los tres criterios relativos a la autonomía institucional, procedimental, y económica y financiera. Por otra parte, como se recoge en la jurisprudencia, las regiones que son autónomas conforme al significado de la mencionada jurisprudencia, pueden adoptar medidas fiscales de naturaleza general sin infligir por ello la normativa en materia de ayuda estatal. Ahora queda por ver qué regiones son autónomas desde el punto de vista institucional, procedimental, económico y financiero.

Dicho esto, la Comisión quisera señalar que todo reglamento fiscal específico de algunas regiones probablemente constituya ayuda estatal conforme al significado del artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Por otra parte, en opinión de la Comisión, el artículo 107, apartado 3, letra e), del Tratado de Funcionamiento de la UE mencionado por su Señoría no ofrece un fundamento jurídico específico para fomentar el desarrollo regional. La Comisión considera, por el contrario, que ya existen medidas apropiadas que tienen en cuenta las necesidades de las regiones menos desarrolladas o que se pueden poner en marcha sobre la base del reglamento relativo a la exención por categorías vigente en materia de ayudas estatales o que se pueden notificar sobre la base del artículo 108, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo artículo 88 del TCE) y evaluar en virtud del artículo 107, apartado 3, letras a) ó c) de dicho Tratado.

Con respecto al Reglamento del Consejo (CE) nº 1083/2006⁽⁸⁾, en el artículo 54, apartado 4, se afirma que «por lo que respecta a las ayudas públicas a las empresas en el sentido del artículo 87 del Tratado, la ayuda pública concedida en el marco de los programas operativos deberá observar los límites máximos fijados en materia de ayudas públicas». Por tanto, con respecto a toda medida fiscal que pueda constituir ayuda estatal, la autoridad responsable garantizará su compatibilidad en virtud de la normativa que rige la ayuda estatal conforme al artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE. La Comisión recuerda a su Señoría que el Reglamento (CE) nº 1083/2006⁽⁹⁾ tiene por objeto establecer disposiciones generales sobre los fondos estructurales y no determinar la compatibilidad de las medidas de ayuda estatal.

Como territorio insular alejado que cuenta con una población de tan sólo 22 000 personas, las Islas Shetland tienen un único punto de entrada y, en la actualidad, un veterinario examina todos los ovinos y bovinos que llegan a las islas; asimismo, se registra su identidad y se los somete a un análisis de sangre. De esta manera, las Islas Shetland ya están correctamente equipadas para seguir los movimientos de los animales de forma rápida y eficaz. Por tanto, el registro de los movimientos de cada oveja mediante el sistema de identificación electrónica de ovinos (SIE) en su territorio supondría una pesada carga para los productores y no reportaría ningún beneficio adicional en cuanto al control de enfermedades en el Reino Unido ni en el resto de Europa. La aplicación del SIE sólo servirá para que los pocos productores de ganado ovino que quedan en las Islas Shetland, productores cuyos rebaños se hallan en muchos casos en las zonas más remotas y que, por consiguiente, deberían sufragar los costes de ajuste más elevados, se vean obligados a abandonar su actividad laboral.

Habida cuenta de estas disposiciones adecuadas sobre sanidad animal relativas al rastreo y al control de enfermedades, así como del aislamiento geográfico de estas islas, ¿estaría la Comisión dispuesta a conceder una excepción al Reglamento por el que se establece un sistema de identificación electrónica de ovinos para las Islas Shetland?

El Reglamento del Consejo (CE) nº 21/2004⁽¹⁾ introdujo el principio de la trazabilidad individual de los animales de las especies ovina y caprina utilizando un planteamiento gradual. Sin embargo, la Comisión ya ha introducido diversas medidas, mediante comitología, para facilitar la aplicación de los requisitos en materia de identificación electrónica que se aplicarán a los animales nacidos después del 31 de diciembre de 2009.

En particular, las medidas adoptadas por la Comisión en agosto de 2009 reducirán notablemente los costes, en particular para los poseedores de pequeños rebaños. Ahora es posible identificar a los animales en los puntos de control críticos (como el mercado, el matadero o el centro de concentración) en lugar de en la explotación de origen. Esta reciente enmienda fue acogida con especial satisfacción por el sector ovino del Reino Unido.

Sin embargo, las normas vigentes no permiten a la Comisión establecer excepciones a las disposiciones básicas del Reglamento, como las solicitadas por su Señoría.

El período de adaptación y posterior integración de los inmigrantes en la sociedad depende en gran medida del aprendizaje de la lengua del país en el que residen. El conocimiento de la lengua es un instrumento esencial para la integración laboral y social de los inmigrantes, contribuye a disminuir la marginación y el aislamiento y puede redundar en beneficio tanto de los inmigrantes como de los países de acogida.

¿Puede indicar la Comisión si los Estados miembros de la Unión Europea cuentan con programas de enseñanza de la lengua del país de acogida de los inmigrantes y, en caso afirmativo, cuántos de estos programas reciben financiación comunitaria? ¿De qué datos dispone la Comisión sobre la aplicación de estos programas en Grecia?

¿Dispone de datos cuantitativos sobre este tipo de programas, como por ejemplo el número de inmigrantes que se benefician de los mismos y su grado de eficacia?

¿Considera que deben intensificarse los esfuerzos en este sentido y, en tal caso, de qué manera?

De conformidad con el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la UE, los Estados miembros son plenamente responsables de los contenidos de la enseñanza y de la organización de sus sistemas educativos y su diversidad cultural y lingüística. Los programas nacionales para inmigrantes son competencia de las autoridades nacionales y, por lo tanto, es a ellas a las que se les deben pedir los datos relativos a esos programas⁽¹⁾.

De acuerdo con los datos recopilados por Eurydice, el apoyo lingüístico para niños no nativos está previsto en los sistemas educativos de todos los Estados miembros.⁽²⁾ Además, dos tercios de los informes nacionales de 2009 sobre la aplicación del programa Educación y Formación 2010⁽³⁾ mencionan medidas específicas para apoyar el desarrollo lingüístico de niños y jóvenes inmigrantes, y 12 informes nacionales mencionan cursos de lenguas obligatorios para adultos inmigrantes.

En materia de educación y formación, la misión de la Unión Europea consiste en contribuir al desarrollo de una educación de calidad, fomentando la cooperación entre Estados miembros y, en caso necesario, respaldando y complementando las medidas adoptadas por ellos. La promoción del aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística es un objetivo general del Programa de Aprendizaje Permanente para el período 2007-2013. A pesar de que el Programa está abierto prácticamente para todas las personas y organismos relacionados con la educación o formación, son cada uno de los países participantes en el mismo los que determinan las condiciones para la participación de personas no nacionales de estos países en sus iniciativas y proyectos. En la actualidad, las siguientes actividades orientadas al aprendizaje de lenguas pueden formar parte del Programa de Aprendizaje Permanente, ya sea como uno de los componentes de un proyecto o como su tema principal: asociaciones entre escuelas y regiones (en el subprograma Comenius) o entre organizaciones de educación de adultos (subprograma Grundtvig); lectorados para futuros profesores y formación de profesores en servicio (Comenius); preparación lingüística para la movilidad en Europa (Erasmus y Leonardo); intercambios de estudiantes (Erasmus); talleres de aprendizaje de lenguas para adultos (Grundtvig); proyectos multilaterales, redes y conferencias (Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig y la actividad clave «Lenguas».

La Comisión también respaldó el aprendizaje de la lengua del país de acogida para los inmigrantes adultos en el pasado a través de otros canales, como el Fondo Social Europeo (FSE). El informe nacional de Grecia de 2009 sobre la aplicación del programa Educación y Formación 2010 se refiere al programa de enseñanza «Aprendizaje del griego como segunda lengua para los trabajadores inmigrantes», organizado por el Instituto de Formación Continua para Adultos (IDEKE), en cuyo marco se impartieron clases de griego a 15 873 personas durante el período 2004 a 2008. Del mismo modo, el informe de 2009 sobre la aplicación del Programa Nacional de Reforma para el Crecimiento y el Empleo menciona un programa en curso para aprender griego en centros de formación profesional homologados destinado a 8 400 inmigrantes y repatriados desempleados.

La Comisión considera que los esfuerzos para enseñar las lenguas de los países de acogida a los inmigrantes se deben intensificar a nivel nacional. En su reciente Libro Verde «Inmigración y movilidad: retos y oportunidades de los sistemas educativos de la UE»⁽⁴⁾, la Comisión señala la importancia del aprendizaje de lenguas para la integración y la inclusión social. En sus Conclusiones sobre la educación de niños inmigrantes,⁽⁵⁾ el Consejo invita a los Estados miembros a desarrollar políticas adecuadas para la enseñanza de la lengua del país de acogida, así como a estudiar las posibilidades de los estudiantes inmigrantes de mantener y desarrollar su lengua materna.

La lucha contra la discriminación constituye uno de los objetivos fundamentales de la UE. La discriminación de determinados grupos de población puede, en efecto, provocar movimientos migratorios en el interior de la Unión. Éste es precisamente el problema que debe afrontar la ciudad de Gante, que en los últimos tres años ha registrado un flujo de refugiados, especialmente de etnia romaní, que ha pasado a constituir poco menos del 2,5 % de la población total.

Esta situación supone un problema para los servicios sociales de la ciudad, tal como se exponía en la carta remitida a la Comisión el pasado mes de noviembre (2009-2174-01).

¿Puede ofrecer la UE ayuda destinada a acoger los movimientos migratorios en el interior de la Unión? ¿Qué actuaciones se propone emprender la Comisión para afrontar y prevenir este tipo de situaciones en el futuro?

La Unión Europea desempeña un importante papel en la lucha contra la discriminación del pueblo romaní, a través de una amplia gama de instrumentos legislativos, políticos y financieros a su disposición.

En primer lugar, la Directiva 2000/43/CE⁽¹⁾ prohíbe la discriminación por motivos de origen racial o étnico en el ámbito del empleo, la educación, protección social (incluida la asistencia sanitaria) y el acceso a bienes y servicios. La Comisión garantiza que la Directiva se aplique de forma correcta y efectiva en los Estados miembros.

En segundo lugar, la Comisión promueve la coordinación política entre Estados miembros en materia de protección social e inclusión social, a través del denominado Método Abierto de Coordinación (MAC Social). El MAC social se basa en objetivos comunes para todos los Estados miembros de la UE y en un conjunto de indicadores para medir el progreso. La Comisión y el Consejo evalúan regularmente e informan de los avances realizados mediante los Informes Conjuntos sobre Protección Social e Inclusión Social. El proyecto de Informe Conjunto sobre Protección Social e Inclusión Social de 2010 de la Comisión se aprobará en breve y se presentará al Consejo de Ministros en marzo de 2010, bajo los auspicios de la Presidencia española del Consejo.

En tercer lugar, los fondos estructurales de la UE, en particular el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ofrecen ayuda financiera para los proyectos que combaten la exclusión del pueblo romaní. En respuesta a una petición del Consejo Europeo, en julio de 2008 la Comisión presentó un documento de trabajo de los servicios de la Comisión en el que se recoge una descripción general de las políticas e instrumentos comunitarios para la inclusión de la población romaní⁽²⁾. Se presentará un informe de seguimiento antes de la Segunda Cumbre Europea sobre la Población Romaní, que se celebrará en Córdoba el 8 de abril de 2010.

Con respecto a Flandes, la Comisión señala que tanto el FSE como el FEDER pueden apoyar proyectos destinados a promover la integración de la población romaní. En el marco del programa para el período 2007-2013, la segunda prioridad del programa operativo del FSE para Flandes se concentra en el fomento de la inclusión social de los grupos desfavorecidos a través de una asistencia personalizada. Entre las medidas se incluyen formación y orientación personalizadas, validación de competencias y aptitudes, experiencia laboral y formación en el lugar de trabajo. En el marco de la cuarta prioridad del programa FEDER en Flandes, se pueden financiar proyectos urbanos a pequeña escala, en vecindarios o distritos, en Amberes y Gante.

Cabe señalar que la selección de los proyectos cofinanciados por el FSE o el FEDER corresponde, en virtud del principio de subsidiariedad, a los Estados miembros o a las autoridades responsables competentes según las condiciones establecidas en los programas operativos. Así pues, la Comisión invita a su Señoría a que se ponga en contacto con las autoridades responsables competentes de Flandes para obtener información más detallada.

Siempre que la población romaní llegada a Bélgica proceda de países no pertenecientes a la Unión Europea y solicite asilo o se le conceda el estatuto de refugiado o de beneficiario de protección subsidiaria, Bélgica también podrá obtener ayuda de la Unión en virtud del Fondo Europeo para los Refugiados (FER)⁽³⁾. Uno de los objetivos fundamentales del FER consiste en apoyar y fomentar los esfuerzos realizados por los Estados miembros para acoger y hacer frente a las consecuencias de la acogida de refugiados y personas desplazadas. Se puede conceder ayuda financiera, por ejemplo, a proyectos nacionales que tengan por objeto mejorar la infraestructura de alojamiento o los servicios para quienes solicitan asilo o son beneficiarios de una protección internacional.

La opinión pública búlgara está profundamente preocupada por el requerimiento a Bulgaria de acoger presos procedentes del campo de prisioneros estadounidense de Guantánamo. Esto es lo solicitado oficialmente por EE.UU. al Gobierno búlgaro. La preocupación guarda relación con el hecho de que se carece de información sobre posibles acuerdos entre EE.UU. y la UE sobre los criterios y las medidas adoptadas para llevar a cabo este proceso.

Consideramos que una decisión de estas características entraña el peligro de ataques terroristas contra Bulgaria y contra todo Estado miembro de la UE que acoja presos procedentes de Guantánamo.

¿Qué obligaciones concretas ha contraído la Comisión en este contexto en relación con la acogida y el alojamiento de presos procedentes del campo de prisioneros estadounidense de Guantánamo en países de la Unión Europea, tras el cierre de este campo?

¿No considera necesario la Comisión publicar un comunicado sobre qué pasos deberán darse exactamente en este proceso y bajo qué condiciones, en caso de que hubiera contraído obligaciones de este tipo?

La Unión Europea, y concretamente la Comisión, ha pedido de manera reiterada el cierre del campo de prisioneros de Guantánamo. A través de las Conclusiones del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 4 de junio de 2009 y del mecanismo de intercambio de información conexo, y a través de la Declaración Conjunta de la Unión Europea y sus Estados miembros y los Estados Unidos de América sobre el Cierre del Campo de Prisioneros de Guantánamo y la Futura Cooperación Contra el Terrorismo de 15 de junio de 2009, la Unión estableció un marco para apoyar el cierre de Guantánamo.

Ambos acuerdos recogen claramente que las decisiones sobre la acogida de presos y la determinación de su situación jurídica son competencia y responsabilidad exclusivas del Estado miembro o país asociado al espacio Schengen de acogida. La Comisión no ha asumido ningún compromiso con respecto a la acogida y el alojamiento en países de la UE de presos de Guantánamo después de su cierre.

Un número cada vez mayor de empresas y plantas industriales europeas en crisis han recibido ayudas de la UE para la reconversión y formación de sus trabajadores. Sin embargo, después de haberse beneficiado de las contribuciones del FSE, algunas industrias han incumplido sus compromisos anteriores. Es el caso de la fábrica Videocon de Anagni, que actualmente emplea a unos 1 400 trabajadores que, a falta de una asunción de responsabilidades por parte de los propietarios, el 21 de diciembre próximo pasarán a una situación de suspensión temporal del contrato de trabajo y podrían ser despedidos en 2010.

¿Qué medidas inmediatas piensa adoptar la Comisión para evitar el cierre de la fábrica de Anagni y otros establecimientos sujetos a reconversión que, a pesar de haber recibido ayuda financiera de la UE, no han producido resultados tangibles en términos de recuperación económica?

La Comisión es consciente del impacto de la crisis económica sin precedentes que está azotando a los Estados miembros, incluida Italia, donde se encuentra la fábrica de Anagni.

La Comisión ha propuesto una serie de medidas destinadas a limitar el impacto de la crisis sobre la situación social y laboral en la Unión Europea. En este sentido, en virtud del Plan Europeo de Recuperación Económica⁽¹⁾, la Comisión ha propuesto, entre otras cosas, modificar la normativa del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización⁽²⁾. Por otra parte, la Comisión ha propuesto modificar el Reglamento 1083/2006 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión con respecto a determinadas disposiciones relacionadas con la gestión financiera.

La Comisión recuerda que no tiene competencia para impedir o interferir en las decisiones de reestructuración de las empresas, salvo en los casos en los que dichas decisiones infrinjan el Derecho comunitario. El marco jurídico comunitario contiene varias directivas comunitarias que establecen procedimientos de información y consulta a los representantes de los trabajadores y que pueden aplicarse en caso de cierre de empresas, en particular la Directiva del Consejo 98/59/CE⁽³⁾, la Directiva 2009/38/CE⁽⁴⁾ y la Directiva 2002/14/CE⁽⁵⁾.

La información facilitada por su Señoría no permite a la Comisión evaluar si se ha producido una infracción del Derecho comunitario en este caso. En cualquier caso, la Comisión recuerda que le corresponde a las autoridades nacionales competentes, concretamente a los tribunales, garantizar la aplicación correcta y efectiva de los reglamentos por lo que se transponen estas Directivas a los ordenamientos jurídicos nacionales, a la luz de las circunstancias específicas de cada caso, y velar por que los empresarios cumplan sus obligaciones en este sentido.

Por lo que respecta a las contribuciones recibidas del Fondo Social Europeo, la Comisión evaluará si se cumplen las condiciones para intervenir a través de las autoridades regionales o nacionales competentes con vistas a recuperar los importes concedidos.

Por último, no está claro si el caso mencionado por su Señoría cumple los requisitos del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG). La Comisión tampoco ha recibido una petición de ayuda del FEAG relativa a este caso ni ha mantenido conversaciones oficiosas con las autoridades italianas acerca de esta petición.

Solamente cuando haya recibido una petición, la Comisión podrá analizar el caso y proponer una contribución que deberá ser aceptada por la Autoridad Presupuestaria. En todo caso, la ayuda del FEAG está estrictamente dirigida a los trabajadores afectados y, en ninguna circunstancia, puede beneficiar a la empresa ni influir en su decisión relativa al posible cierre de la fábrica.

¿Puede indicar la Comisión qué medidas ha llevado a cabo en respuesta a la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2008, sobre la situación en el sector de la apicultura (P6_TA(2008)0567)? ¿Qué piensa del estudio de la EFSA sobre la moralidad de las abejas, publicado el 3 de diciembre de 2009? ¿Tiene la intención de actuar a corto plazo de acuerdo con las recomendaciones del informe?

La Comisión es consciente de los problemas del sector de la apicultura señalados en la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2008 [B6-0579/2008/P6_TA-PROV(2008)0567].

La Comisión ya ha emprendido varias acciones con respecto a la salud de las abejas y en particular:

ha revisado el reglamento sobre los límites de la utilización de medicamentos de uso veterinario en los productos alimenticios; ello debería contribuir a aumentar la disponibilidad de medicamentos de uso veterinario para las abejas.

ha propuesto un nuevo Reglamento relativo a la comercialización de productos para la protección de las plantas en el que, entre otras cosas, se han reforzado todavía más los criterios aplicables a la aceptabilidad por lo que respecta a la exposición a las abejas productoras de miel, recogidos en la Directiva 91/414. Entretanto, ese Reglamento ha sido aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo.

para los insecticidas pertinentes ya aprobados, ha condicionado la autorización con estrictas medidas de mitigación de riesgos que deberán ser aplicadas por los Estados miembros.

ha apoyado varios proyectos de investigación, por un importe total de unos cinco millones de euros.

La Comisión también ha establecido una plataforma de coordinación interna para garantizar las sinergias y el aprovechamiento óptimo de los recursos.

A petición de la Comisión, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado recientemente un estudio sobre la mortalidad de las abejas y sus causas en la Unión Europea. Según el estudio de la EFSA, hay múltiples factores, como los agentes causantes de enfermedades, el cambio climático, el uso de plaguicidas y los medicamentos de uso veterinario, que influyen en la pérdida de las colonias. Sin embargo, no está clara la pertinencia de muchos de los factores implicados. Se espera que el proyecto de investigación BEE DOC, que comienza en marzo de 2010, ofrezca más información sobre esta cuestión. El informe de la EFSA también pone de manifiesto que los Estados miembros disponen de sistemas de vigilancia muy diferentes para las enfermedades y la mortalidad de las abejas, y que esto impide conocer mejor los problemas de salud que afectan a las abejas.

En este sentido, en los próximos meses la Comisión tiene previsto debatir con expertos, partes interesadas y autoridades competentes de los Estados miembros acerca de la creación de un laboratorio de referencia de la UE y de una red comunitaria con vistas a una vigilancia más armonizada de la salud de las abejas.

La Comisión tiene previsto mantener la población de abejas y de otros polinizadores mediante el fomento de la conectividad del hábitat y de la integración de la biodiversidad en otros ámbitos de las políticas. Los programas de desarrollo rural establecen varias medidas que también son pertinentes para los apicultores, entre las que se incluyen servicios de asesoramiento, formación, apoyo para la modernización de las explotaciones y diferentes tipos de medidas agroambientales favorables para las abejas.

Como se ha explicado anteriormente, la Comisión ya ha emprendido varias acciones y continuará haciéndolo para hacer frente a los problemas de salud de las abejas, teniendo en cuenta la nueva información científica de la que se dispondrá.

¿Estudiará la Comisión Europea la posibilidad de elaborar un programa de alcance comunitario para ayudar a los profesionales médicos que sufren adicciones o enfermedades relacionadas con el estrés?

En efecto, el estrés, las adicciones, entre las que se incluye el abuso del alcohol, y los problemas de salud mental se han convertido en uno de los principales desafíos en los lugares de trabajo de la UE. El estrés puede provocar trastornos mentales, como agotamiento y depresión, que puede reducir notablemente la capacidad de las personas para trabajar, a menudo durante períodos prolongados. El estrés es la segunda causa más importante de los problemas de salud de origen laboral en la UE, después del dolor de espalda.

En algunos Estados miembros, los trastornos mentales se han convertido en la principal causa de incapacidad laboral y jubilación anticipada. Las pérdidas de productividad causadas por los trastornos mentales son enormes. Se ha calculado que representaron 136 000 millones de euros en 2007.

Existen pruebas de que el estrés, la adicción y el agotamiento están también extendidos entre los profesionales sanitarios. De hecho, al parecer, los profesionales sanitarios sufren un mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental que los profesionales de otros sectores. La alta presión de los lugares de trabajo, el escaso reconocimiento de su labor y la falta de apoyo psicológico pueden contribuir a ello.

El sector sanitario es uno de los mayores empleadores en la UE. En una sociedad que envejece, la disponibilidad de un personal sanitario sostenible, que goce de buena salud, reviste una importancia cada vez mayor.

Por consiguiente, la Comisión coincide en la importancia de ayudar a los profesionales médicos a atajar las adicciones, el estrés y otros problemas de salud mental.

Sin embargo, la Comisión no tiene competencia ni los recursos necesarios para crear un programa de asistencia a nivel comunitario, específicamente destinado a los profesionales sanitarios.

En lugar de ello, el papel de la UE debe concentrarse en los ámbitos siguientes:

- sensibilizar a la opinión pública sobre el buen sentido económico de los lugares de trabajo saludables;

- sensibilizar e informar acerca de los desafíos para la salud a los que se enfrentan los profesionales sanitarios;

- destacar las buenas prácticas y elaborar guías para responder a las mismas;

- alentar a los interlocutores sociales del sector de la atención sanitaria a que realicen la evaluación de riesgos obligatoria del lugar de trabajo en virtud de la Directiva marco 89/391/CEE⁽¹⁾ y a que apliquen los acuerdos marco sociales en la Unión Europea relativos al estrés laboral (de 2004) y a la violencia y el acoso (de 2007).

De hecho, ya se han realizado numerosas actividades pertinentes, o están en marcha o previstas. Entre ellas cabe señalar las mencionadas iniciativas en materia de política social, así como las actividades de la Agencia de Bilbao y la Fundación de Dublín.

Durante 2010, la Comisión estudiará las conclusiones incluidas en el informe de la consulta relativa al Libro Verde sobre el personal sanitario europeo, publicado en el sitio web sobre salud pública de la Comisión en diciembre de 2009. La Comisión reflexionará sobre los resultados de esta consulta pública para ver cómo puede ayudar la UE a afrontar los desafíos a los que se enfrenta el personal sanitario europeo y, a comienzos de 2011, organizará una conferencia sobre «Salud mental en el entorno laboral» en el marco del Pacto europeo para la salud mental y el bienestar.

A través de estas iniciativas y actividades, la UE transmite importantes señales y presta un importante apoyo a todos los actores en el lugar de trabajo, incluidos los profesionales del sector sanitario y las organizaciones de interlocutores sociales que los representan.

¿Cuándo proyecta la Comisión que se adopte la modificación del Reglamento (CE) nº 1542/2007⁽¹⁾ de la Comisión sobre métodos de desembarque y pesaje del arenque, la caballa y el jurel a fin de incluir las zonas VIII a, b, c, d, e, IX y X en el ámbito de dicho Reglamento, y a partir de qué fecha se pretende que sea aplicable?

A la luz del dictamen científico del CIEM que indica que el componente meridional de la caballa ha sido, durante los últimos años, objeto de una sobrepesca constante por parte de España que ha superado por lo menos dos veces su cuota, ¿qué medidas de control y qué procedimientos de investigación proyecta poner en práctica la Comisión para garantizar que esta práctica no continúe, y va a establecerse un sistema de restitución?

La Comisión abordará con carácter de urgencia la enmienda del Reglamento de la Comisión (CE) nº 1542/2007 sobre métodos de desembarque y pesaje del arenque, la caballa y el jurel, tan pronto como el nuevo Colegio de Comisarios entre en funciones.

Por otra parte, la Comisión tiene la satisfacción de informar a su Señoría de que las acusaciones relativas a una posible sobrepesca han sido objeto de contactos de alto nivel entre la Comisión y España. La Comisión ha expresado sus profundas preocupaciones con respecto a la supuesta sobrepesca y se ha instado a España a que trate este asunto con seriedad.

España ha reaccionado de forma positiva a las preocupaciones de la Comisión y, el pasado año, inició la veda de la pesca de caballa el 10 de junio de 2009. El Reglamento de la Comisión (CE) nº 624/2009, de 15 de julio de 2009, por el que se prohíbe la pesca de caballa en las zonas VIIIc, IX y X; aguas de la CE de Copace 34.1.1 por parte de los buques que enarbolan pabellón de España ha consagrado la veda en el Derecho de la UE. Las cifras provisionales de capturas comunicadas a la Comisión por España no indicaban la necesidad de iniciar un procedimiento de restitución.

La Comisión asegura a su Señoría que realizará otras investigaciones sobre este asunto y que hará todo lo posible para evitar una futura sobrepesca de la población de caballa.

El 18 de diciembre de 2009, el Banco Central Europeo publicó su informe semestral sobre la estabilidad financiera en la zona del euro, en el que indicaba que en el año 2010, los bancos de la zona del euro deberán constituir reservas por un valor de 187 000 millones de euros; el informe señalaba que uno de los dos principales motivos de esta necesidad reside en las pérdidas motivadas por la situación económica desfavorable reinante en la Europa central y oriental. En este contexto, el artículo sobre el informe del BCE publicado por el Wall Street Journal alude explícitamente a la sociedad Unicredit.

¿No considera la Comisión que la conducta comercial y la práctica contable del Grupo Unicredit pueden contribuir a ocultar pérdidas financieras reales del grupo, lo que a medio o largo plazo podría convertirse en una amenaza para la estabilidad del sistema financiero de la UE? Estoy pensando en el posible mantenimiento artificial de los resultados económicos y niveles de liquidez de Unicredit Ucrania por el Banco Pekao SA, por medio de la recompra de deuda insegura y una permanente expansión del volumen de financiaciones, lo que suscita mi preocupación por la estabilidad del mercado financiero en Polonia, en el que Pekao SA aún no ha constituido las reservas correspondientes a sus inversiones en Ucrania, de conformidad con lo establecido por el Derecho comunitario.

¿Es conforme con el Derecho comunitario el trasvase de liquidez de la filial Pekao SA a la sociedad matriz Unicredit? La readjudicación, en el marco del llamado proyecto Chopin (Polonia, Rumania y Bulgaria), de contratos no ventajosos de la sociedad Pirelli Real Estate SpA, tutelada por Unicredit, a otras sociedades filiales, en el contexto de un manifiesto conflicto de intereses que afecta al Presidente de Unicredit, Alessandro Profumo (quien en el momento de la firma de los contratos desempeñó una función en el Consejo de dirección de una sociedad del grupo Pirelli), ¿no vulnera las normas de competencia de la UE?

Uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea consiste en crear un marco jurídico común para el sector financiero de la UE, a fin de garantizar una supervisión prudencial sólida, transparencia y una buena gobernanza de los participantes en el mercado. Una estructura jurídica común resulta fundamental para la estabilidad financiera y la competencia justa del sector financiero europeo.

En consecuencia, la Unión Europea ha aprobado varios actos legislativos, tales como: "La Directiva sobre los requisitos de capital" (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0048:EN:NOT" E⁽¹⁾) que establece normas sobre [el acceso y el ejercicio de] las actividades de las entidades de crédito y su supervisión prudencial; el Reglamento sobre las Normas internacionales de contabilidad (NIC) (Reglamento 1606/2002/CE⁽²⁾), que obliga a las empresas que cotizan en bolsa a aplicar las Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para sus informes financieros consolidados y la Directiva 2006/43/CE⁽³⁾ que exige que los informes financieros sean auditados por auditores externos autorizados.

Como consecuencia de la crisis financiera, la Comisión ha intensificado notablemente sus esfuerzos por mejorar la estabilidad financiera, también a través de su presencia en el Consejo de Estabilidad Financiera y, más específicamente, a través de numerosas propuestas importantes nuevas relativas, por ejemplo, a las agencias de calificación crediticia, la titulización, la supervisión de grupos bancarios transfronterizos y una revisión general de la arquitectura de supervisión de la UE basada en el informe De Larosière. Muchas de las propuestas de la Comisión ya se han aprobado en primera lectura, gracias a la estrecha y constructiva cooperación entre el Parlamento y el Consejo.

Por otra parte, la Comisión también está trabajando en otras iniciativas que mejorarán la capacidad del sector bancario para absorber las perturbaciones económicas. Por ejemplo, la Comisión consultará en breve acerca del endurecimiento de la calidad del capital regulatorio, nuevos requisitos de liquidez, así como mecanismos contracíclicos para los bancos.

A pesar de que la Comisión está controlando de cerca la correcta y oportuna aplicación de la legislación comunitaria por parte de los Estados miembros, la aplicación de dichas leyes y la supervisión del comportamiento del mercado de las instituciones financieras individuales son competencia exclusiva de las autoridades nacionales.

Con respecto a las posibles repercusiones de la práctica contable del Grupo Unicredit sobre la estabilidad financiera del mercado en Polonia, la Comisión, sin adoptar una postura sobre este caso específico, quiere señalar que:

a pesar de que el Banco Pekao SA forma parte (como filial) del Grupo Unicredit, está supervisado por la Autoridad de Supervisión Financiera polaca (KNF). Por otra parte, como banco polaco, siempre debe cumplir los requisitos mínimos de solvencia de la UE como entidad autónoma.

con respecto a la estabilidad del sector bancario, Polonia ha creado un Comité especifico para garantizar la Estabilidad Financiera, compuesto por el Ministro de Economía, el Gobernador del Banco Nacional de Polonia y el Presidente de la Autoridad de Supervisión Financiera polaca;

El Grupo Unicredit está sujeto a la supervisión de las autoridades italianas (Banca d’Italia y Consob);

UniCredit, como banco italiano y al igual que todos los demás bancos europeos cotizados en bolsa, está obligado a elaborar sus informes financieros consolidados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por la Unión Europea en virtud del Reglamento 1606/2002/CE, que prevé un elevado nivel de transparencia.

Desde el punto de vista del derecho de sociedades, cabe señalar que no existe ninguna norma en la legislación de la UE que prohíba las transferencias de activos entre una filial y su empresa matriz ni que establezca condiciones específicas para tales transacciones. En concreto, el proyecto de la denominada novena Directiva relativa al Derecho de sociedades⁽⁴⁾, que tenía por objeto regular las relaciones dentro de un grupo de empresas transfronterizo, fue finalmente abandonado en el contexto del Plan de Acción sobre el Derecho de sociedades de 2003⁽⁵⁾, en vista de la falta de apoyo de los Estados miembros y de las comunidades empresariales, que no vieron la necesidad de un marco tan exhaustivo. Sin embargo, las transacciones entre una empresa matriz y sus filiales se consideran transacciones entre partes vinculadas y, por ello, están sujetas a las obligaciones de publicación de información. Por lo tanto, estas transacciones se tienen que reflejar en los estados financieros de las empresas, de conformidad con la Norma internacional de contabilidad (NIC) nº 24, que establece la obligación de las entidades de divulgar la naturaleza de su relación con las partes con las que están vinculadas, así como la información acerca de las transacciones y balances pendientes que sea necesaria para comprender los posibles efectos de dicha relación en los estados financieros.

Aparte de estas obligaciones de publicación de información, las normas de la denominada segunda Directiva sobre el derecho de sociedades⁽⁶⁾ relativa a la distribución a los accionistas se aplican a todas las sociedades anónimas, independientemente de que formen parte del mismo grupo de empresas o no. El artículo 15 de la Directiva exige, entre otras cosas, que la distribución no provoque una reducción de los activos netos de la empresa por debajo del importe del capital registrado más las reservas obligatorias, protegiendo de esta forma la estabilidad financiera de la empresa.

Con respecto a la sugerencia de que UniCredit se estaba beneficiando de un «trasvase de liquidez» de su filial polaca, la Comisión no tiene constancia de ningún problema concreto en este sentido. Según las estadísticas disponibles, en efecto, los bancos internacionales redujeron en cierta medida su riesgo en el sector bancario polaco durante el segundo semestre de 2008 y a comienzos de 2009, pero posteriormente la aumentaron de nuevo en el segundo trimestre de 2009. Esto indica que la reducción del riesgo —posiblemente incluida la relación entre UniCredit y Pekao— ha sido temporal y ha estado asociada al descenso del crédito. La Comisión continuará pendiente de las novedades en este ámbito.

Para terminar, concretamente con respecto a la preocupación planteada acerca de la posibilidad de que el comportamiento de UniCredit pudiera «no vulnerar las normas de competencia de la UE», de la información que se aporta en la pregunta cabe deducir que las normas de competencia de la UE, en concreto las normas destinadas a prevenir las prácticas restrictivas de la competencia, no son los instrumentos apropiados para abordar las cuestiones planteadas en la pregunta ni las supuestas prácticas de UniCredit o de sus ejecutivos. De hecho, estas cuestiones no están relacionadas con una colusión ni con un acuerdo anticompetitivo entre empresas ni con abuso alguno de una posición dominante.

Las autoridades neerlandesas van a proceder al uso de escaneadores por onda milimétrica (escaneadores corporales) a partir de enero de 2010 en el aeropuerto de Schiphol, concretamente para los vuelos hacia los Estados Unidos. Los escaneadores son necesarios porque son capaces de detectar materias y líquidos peligrosos.

¿Opina la Comisión que está justificada la decisión de las autoridades neerlandesas porque prevalece la seguridad de los pasajeros sobre su derecho inalienable a la privacidad?

En opinión de la Comisión, ¿en qué condiciones son aceptables los escaneadores? ¿Es suficiente que las imágenes de las partes del cuerpo escaneadas no se puedan almacenar ni transmitir?

¿Qué iniciativas adicionales prevé la Comisión a corto plazo para garantizar la seguridad de los pasajeros, concretamente en los vuelos hacia los Estados Unidos? ¿Está dispuesta la Comisión a proponer en las próximas semanas una reglamentación sobre los escaneadores corporales?

No se ha adoptado ninguna norma europea relativa al uso de escaneadores personales como posible método para registrar a los pasajeros antes del embarque. Legalmente, los Estados miembros tienen derecho a introducir escaneadores corporales para realizar pruebas o como una medida de seguridad más estricta⁽¹⁾.

La seguridad solamente se puede conseguir a través de un planteamiento multinivel. Los escaneadores corporales, dada su eficacia, podrían formar parte de este planteamiento multinivel, siempre que se cumplan los requisitos en materia de privacidad, protección de datos y salud. La seguridad de la aviación también está integrada en un planteamiento más amplio, porque las medidas de seguridad de los aeropuertos son solamente la última línea de defensa.

La Comisión está estudiando, en estrecha colaboración con el Parlamento y el Consejo, la necesidad de un planteamiento europeo que garantice que la introducción de escaneadores corporales cumpla los requisitos en materia de privacidad, protección de datos y salud.

Las normas operativas para los escaneadores corporales deben elaborarse de forma que sean compatibles con los requisitos de los derechos fundamentales incorporados en la legislación de la Unión, incluida la protección de datos. Toda intrusión en la privacidad de los pasajeros debe ser proporcionada y estar justificada, lo que implica una valoración detenida. Las medidas adoptadas se deben ser estrictamente las mínimas necesarias para hacer frente a un riesgo de amenaza identificado. Las condiciones podrían ser las siguientes: servicios de almacenamiento limitados que excluyan estrictamente el uso o la recuperación de la imagen una vez que el pasajero se haya marchado; baja resolución de las zonas corporales que no puedan contener posibles artículos peligrosos, o revisión totalmente remota y sin ningún contacto con el operador del escáner salvo el contacto automático predeterminado. La opción de utilizar escaneadores corporales en los aeropuertos puede conllevar la obligación de hacer uso de la última tecnología disponible para proteger al máximo la privacidad. Por otra parte, el uso de escaneadores corporales deberá ir acompañada de una información exhaustiva a los pasajeros. Por último, ninguna tecnología que se vaya a utilizar podrá suponer un riesgo para la salud. En este contexto, cabe señalar que existen estas tecnologías.

En las próximas semanas y meses, la Comisión Continuará elaborando sus consideraciones y evaluaciones relativas a las posibles medidas de seguridad nuevas y su compatibilidad con los requisitos de los derechos fundamentales, y valorará la eficacia de las medidas e instrumentos ya disponibles. Sólo sobre la base de esta valoración la Comisión podría proponer medidas en la UE relativas al uso de escaneadores corporales.

Por tanto, no es probable que la Comisión proponga legislación sobre los escaneadores corporales en las próximas semanas.

La Estrategia para el Mar Báltico fue una de las principales prioridades de la Presidencia sueca de la UE.

¿Cómo continuará la Comisión la aplicación de dicha Estrategia bajo el nuevo trío de presidencias (España, Bélgica y Hungría) durante los próximos dieciocho meses?

¿Qué medidas pretende adoptar la Comisión en el futuro próximo y a más largo plazo con el objetivo de establecer unas bases sólidas para la aplicación de la Estrategia para el Mar Báltico?

La Comisión mantiene el compromiso de continuar con la aplicación de la Estrategia comunitaria para el Mar Báltico, en estrecha asociación con los Estados miembros.

El Consejo de la Unión Europea —Consejo de Asuntos Generales— sigue siendo responsable de garantizar la dirección política general de la Estrategia. Esta responsabilidad implica la realización de recomendaciones sobre la base de los informes de la Comisión a los Estados miembros y las partes interesadas. Otras formaciones del Consejo pueden tratar cuestiones específicas de la Estrategia, y el Consejo Europeo será informado periódicamente del progreso realizado en este ámbito.

La Comisión se encargará de la preparación y revisión de los debates del Consejo de Asuntos Generales, de acuerdo con sus responsabilidades de control, coordinación y presentación de informes en lo relativo a la Estrategia. A fin de garantizar que la Comisión disponga de toda la información pertinente acerca del progreso y la evolución de la Estrategia, será necesario crear determinadas estructuras y procedimientos con la participación de los Estados miembros y otras partes interesadas.

En particular, la Comisión convocará a un Grupo de Trabajo de Alto Nivel compuesto por altos funcionarios de todos los Estados miembros para realizar consultas acerca del progreso de la Estrategia. Este Grupo podrá invitar a otros miembros cuando lo considere oportuno, tanto de las principales partes interesadas, como de organizaciones intergubernamentales, o de ministerios responsables de las políticas. El Grupo asesorará a la Comisión sobre el contenido del informe periódico que se elaborará acerca de la Estrategia y sobre las recomendaciones en caso de que sea necesario adaptar el contenido de la misma y su Plan de Acción.

El trabajo de campo para la aplicación de la Estrategia será responsabilidad de los 15 coordinadores de los ámbitos prioritarios y los 80 responsables de los proyectos «bandera». Los coordinadores de los ámbitos prioritarios proceden principalmente de los ministerios de los Estados miembros, mientras que los responsables de los proyectos «bandera» también pueden proceder de regiones, universidades, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG). Su misión consistirá en garantizar que la Estrategia pase de las palabras a las acciones. La Comisión ofrecerá la ayuda necesaria para que estos actores principales puedan cumplir sus misiones.

La Comisión también organizará un foro anual ya en 2010 para mantener la elevada visibilidad y el impulso de la Estrategia. En el foro participará la Comisión y otras instituciones de la Unión, los Estados miembros, autoridades locales y regionales y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, y está previsto que se abra al público. Este primer foro permitirá a la Comisión comprobar si las estructuras creadas están funcionando con eficacia o si es necesario introducir cambios.

Nueve trabajadores del mar murieron de forma trágica el día de Navidad, debido a un incendio que se declaró a bordo del Aegean Wind, un buque de 26 años de edad, con pabellón griego. Este nuevo «accidente» en el mar se añade a la lista de los que ya se han cobrado numerosas vidas humanas, como el de ferry Express Samina, los cargueros Dystos e Iron Antonis, el Erika, el Prestige, etc. Los Estados miembros y la UE adaptan su política marítima a las exigencias de los armadores en materia de competitividad y rentabilidad, haciendo caso omiso de las justas reivindicaciones de los trabajadores del mar, con lo que permiten que naveguen buques viejos y en mal estado, aumentan la carga de trabajo de los trabajadores del mar, reducen las tripulaciones e imponen horarios agotadores de 16 ó 18 horas diarias, con terribles consecuencias para la seguridad de la vida en la mar.

¿Sabe la Comisión si el Aegean Wind cumplía las normas básicas de seguridad que hubieran impedido la pérdida de las vidas de estos marinos, si el buque contaba con los sistemas necesarios de protección contra el fuego, de lucha contra incendios y de extinción y si éstos funcionaban de forma correcta? ¿Existe algún informe o evaluación de la AESM sobre las causas de la muerte de estos marinos?

El carguero Aegean Wind se incendió en el Mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, el 25 de diciembre de 2009. El accidente se cobró nueve vidas y en el mismo resultaron heridos cinco de los 24 miembros de la tripulación. La Comisión lamenta la pérdida de vidas y las lesiones y felicita a las autoridades venezolanas por su asistencia, en particular, a los miembros de la tripulación heridos.

Dado que las autoridades griegas se están encargando de la investigación del accidente, la Comisión no está en condiciones de realizar ninguna declaración acerca del origen del accidente. No obstante, todos los certificados de clasificación se emitieron en la última revisión especial de 2007 y son válidos hasta 2012, después de haber sido confirmados recientemente, en junio de 2009. Del mismo modo, las revisiones para la emisión de los certificados reglamentarios a bordo del buque se realizaron en junio de 2009, confirmando la validez de todos los certificados reglamentarios exigidos en virtud del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL). Finalmente, el buque obtuvo un nuevo certificado de gestión de la seguridad en marzo de 2008, cuya validez es habitualmente de cinco años. Por otra parte, cabe señalar que el buque era inspeccionado regularmente por los Estados rectores del puerto y que nunca había sido retenido al menos durante los 10 últimos años. La última inspección, realizada el 14 de octubre de 2009 en Texas por la Guardia Costera de los Estados Unidos no reveló ninguna deficiencia.

En la actualidad, la legislación internacional obliga a los Estados miembros a investigar los accidentes, por si se puede averiguar algo. El accidente al que se refiere su Señoría ha de considerarse un siniestro muy grave conforme al significado del artículo 3 de la Directiva 2009/18/CE⁽¹⁾ por la que se establecen los principios fundamentales que rigen la investigación de accidentes en el sector del transporte marítimo, y que forma parte del tercer paquete de seguridad marítima. Para estos siniestros, la Directiva prevé la obligación de los Estados miembros de encargar a una organización independiente que realice una investigación sobre seguridad, al objeto de determinar las causas del accidente y de definir posibles medidas destinadas para prevenir acontecimientos similares en el futuro. El Estado miembro tendrá que publicar el informe correspondiente en el plazo de un año. El período de transposición de esta Directiva concluye el 17 de junio de 2011. A pesar de que la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) no tiene ninguna función en la investigación de los siniestros marítimos, recopila la información sobre estos siniestros que le facilitan los Estados miembros y la obtenida de fuentes comerciales. Tras la transposición de la Directiva 2009/18/CE, los Estados miembros tendrán que notificar todos los incidentes y siniestros marítimos a través de la Plataforma Europea de Información sobre Accidentes Marítimos (EMCIP) gestionada por la AESM.

Con respecto al horario de trabajo a bordo de los buques, la Comisión quisiera señalar que la Directiva 1999/63/CE⁽²⁾ sobre la ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar establece tanto un número máximo de horas de trabajo, 14 horas por cada período de 24 horas y 72 horas por cada período de 7 días, como un número mínimo de horas de descanso, 10 horas por cada período de 24 horas y 77 horas por cada período de 7 días.

Dos días después de que la Unión Europea felicitara al Gobierno de Turquía por los avances logrados en la «democratización» del país y en resolver los problemas con la comunidad kurda, el Tribunal Constitucional de Turquía decidió ilegalizar al Partido de la Sociedad Democrática (DTP). Además, el Tribunal Constitucional ha impuesto la inhabilitación política por cinco años a 37 dirigentes del citado partido y retirado el acta de diputados al presidente del mismo, Ahmet Türk, y a Aysel Tugluk. Por otra parte, según denuncia el alcalde de Diyarbakir, tras una operación concertada de las autoridades turcas, 81 miembros del partido, entre los cuales figuran nueve alcaldes democráticamente elegidos, fueron arrestados y permanecen detenidos.

¿Condena la Comisión semejantes acciones, encaminadas a sembrar el terror y a impedir la actividad política vulnerando brutalmente los derechos democráticos fundamentales de los ciudadanos turcos?

La Comisión ha expresado su profunda preocupación tras los recientes acontecimientos, como los atentados terroristas del sureste del país, la ilegalización del Partido de la Sociedad Democrática (DTP) y el arresto de los miembros de este partido, entre ellos varios alcaldes. La Comisión considera que estos acontecimientos no generan las condiciones adecuadas para la efectiva aplicación de la apertura democrática que el Gobierno turco puso en marcha en el verano de 2009.

El sureste de Turquía necesita paz, democracia y estabilidad para poder impulsar una desarrollo económico, social y cultural. La apertura democrática tiene por objeto aumentar el nivel de vida y de democracia de todos los ciudadanos turcos. Genera la esperanza de que, tras décadas de violencia, el problema kurdo se pueda resolver a través del diálogo y dentro del marco de las instituciones democráticas turcas. El éxito de esta iniciativa exige la participación y el apoyo de todos los partidos políticos y todos los segmentos de la sociedad.

Al mismo tiempo, la Comisión condena el terrorismo en los términos más firmes. La Comisión también invita a todos los partidos implicados a que hagan lo mismo y a que trabajen dentro del marco de las instituciones democráticas turcas para mejorar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos turcos, independientemente de su origen étnico, lingüístico, religioso o cultural.

La Comisión seguirá de cerca la situación, sobre la base de las disposiciones aplicables del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa relativas a la práctica y el marco legislativo turco en materia de ilegalización de partidos políticos. En este sentido, la Comisión reitera que la legislación turca sobre partidos políticos debe armonizarse con las normativas europeas.