Acta literal de los debates

Jueves 11 de febrero de 2010 - Estrasburgo

1. Apertura de la sesión

PRESIDE: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepresidente

(Se abre la sesión a las 9.00 horas)

2. Presentación de documentos: véase el Acta

3. Propuesta de Directiva del Consejo que aplica el Acuerdo Marco para la Prevención de las Lesiones causadas por Instrumentos Cortantes y Punzantes en el Sector Hospitalario y Sanitario, celebrado por HOSPEEM y EPSU (debate)

  Presidente. − De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la propuesta de resolución presentada por Elizabeth Lynne y Pervenche Berès, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL), sobre la propuesta de Directiva del Consejo que aplica el Acuerdo Marco para la Prevención de las Lesiones causadas por Instrumentos Cortantes y Punzantes en el Sector Hospitalario y Sanitario, celebrado por HOSPEEM y EPSU (B7-0063/2010).

  Elizabeth Lynne, autora. − Señor Presidente, los trabajadores del sector hospitalario y sanitario del conjunto de la UE sufren anualmente más de un millón de lesiones evitables causadas por agujas de jeringuillas. Muchos de los afectados por las heridas y sus familias afrontan una espera angustiosa mientras se averigua si han contraído una infección de transmisión hemática como el VIH o la hepatitis C.

El riesgo de infección resultante de un accidente no es despreciable. Los expertos afirman que las posibilidades de infección son una de tres en el caso de la hepatitis B, una de treinta en la hepatitis C y una de trescientas en el VIH. Examinemos el caso de Juliet Young. Juliet era una enfermera que falleció en 2008, siete años después de haber contraído el VIH, mientras sacaba sangre a un paciente infectado en un hospital de Londres. Juliet se pinchó el pulgar con la aguja accidentalmente después de que esta se le resbalase mientras tomaba una muestra de sangre. O el caso de una enfermera de una consulta dental que trabajaba en una cárcel y que se pinchó con una aguja que se utilizaba con un interno que tenía hepatitis A, B y C y era seropositivo. Imagínense la espera agónica que soportó; ahora ha descubierto que ha contraído hepatitis C. Esta enfermera y muchas otras como ella continúan haciendo campaña sobre este asunto.

Empecé a trabajar sobre esta cuestión por primera vez en 2004, cuando visité un hospital de mi circunscripción electoral a instancias de la organización Health First Europe, y posteriormente en el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, el 1 de diciembre de aquel año, presenté junto con Stephen Hughes una exposición en este Parlamento. Nos visitaron trabajadores del sector hospitalario y sanitario de toda la Unión Europea, visitaron el Parlamento buscando desesperadamente nuestro apoyo. Sin duda alguna, aquellos de ustedes que tuvieron la ocasión de reunirse con esas enfermeras y otros trabajadores del sector sanitario se sintieron conmovidos por su grave situación, y en 2006 aprobamos una Resolución del Parlamento relativa a la protección de los trabajadores europeos de este sector frente a infecciones de transmisión hemática resultantes de heridas causadas por agujas de jeringuillas. Aquella Resolución pedía a la Comisión que presentase una propuesta legislativa para modificar en el plazo de tres meses la Directiva 2000/54/CE sobre los riesgos relacionados con los agentes biológicos. Aquella propuesta nunca llegó, pero ni Stephen Hughes ni yo nos rendimos en esta lucha.

He modificado personalmente numerosos informes y resoluciones que solicitaban la adopción de medidas, he hablado en el Pleno sobre esta cuestión una docena de veces y he presentado innumerables preguntas parlamentarias. Tras celebrar varias reuniones con el Comisario Špidla, en 2008 se nos dijo que la Comisión estaba preparando una propuesta y que estábamos a punto de conseguirlo. Sin embargo, en el último minuto se produjo un bloqueo de esta cuestión cuando los interlocutores sociales prometieron, finalmente, que intentarían alcanzar un acuerdo, con gran frustración por nuestra parte.

Finalmente, los interlocutores sociales alcanzaron durante el verano de 2009 un acuerdo exhaustivo sobre los requisitos necesarios. Mi resolución apoya el acuerdo incondicionalmente. El Consejo debe adoptar la Directiva propuesta con carácter urgente para que la Comisión pueda garantizar su aplicación efectiva y sin retraso. Los trabajadores del sector hospitalario y sanitario en toda Europa dependen de nosotros. Ya no pueden esperar y no deberían seguir estando expuestos a una situación de riesgo. Ahora es el momento de actuar con decisión.

  Stephen Hughes, autor. − Señor Presidente, este es un importante instrumento legislativo en materia de salud y seguridad. Liz ha resumido parte del contexto. Ha sido un largo recorrido en la preparación: seis años desde las primeras reuniones que mantuvimos, como ella ha mencionado. Es bueno ver al Comisario Andor aquí esta mañana, pero es una lástima, en cierto modo, que el Comisario Špidla no esté presente. A menudo le hemos criticado en esta Cámara, pero esta mañana podríamos haberle felicitado por haber tomado finalmente la iniciativa para presentar esta propuesta sobre lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes.

Nos llevó cierto tiempo convencerle para que actuase. Sus servicios administrativos eran, de hecho, los que seguían aconsejándole que no interviniese, que la Directiva acordada en 2000 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, junto con los elementos de evaluación de riesgos de la Directiva Marco de 1989, eran suficientes para evitar este tipo de lesiones, pero al final convencimos a esos servicios de que un millón de lesiones anuales demostraban que, sin duda, algo iba mal. Necesitábamos legislación específica para abordar este problema, como la que hay en Estados Unidos y en algunas zonas de España, donde funciona con mucha eficacia.

Al final, el Comisario accedió a actuar, y en 2008, como ha dicho Liz, redactó una modificación a la Directiva de 2000, pero entonces HOSPEEM, la Asociación Europea de Empleadores del Sector Hospitalario y Sanitario, y EPSU, la Federación Europea de Sindicatos de los Servicios Públicos, mostraron su deseo de formular un acuerdo. Y formularon ese acuerdo. Me alegra que lo hiciesen. Es un buen acuerdo, aunque un poco ambiguo en determinadas partes. Ese es el motivo por el cual he presentado una modificación, con la que se ha mostrado de acuerdo la Comisión de Empleo, para conseguir que la Comisión publique directrices que acompañen a la Directiva y garantizar así su incorporación fluida y uniforme a la legislación de todos los Estados miembros.

Respaldamos plenamente la propuesta de la Comisión de una Directiva y comprendemos que no puede tocarse el acuerdo de los interlocutores sociales. No podemos modificarlo. Y tampoco puede hacerlo el Consejo. Se trata de su acuerdo. Sin embargo, la parte más importante del acuerdo, la cláusula 6, que abarca la eliminación, prevención y protección, es, por desgracia, algo ambigua en lo que atañe a la evaluación del riesgo y, precisamente, con respecto a qué elementos de prevención deben aplicar los empresarios y cuándo han de hacerlo.

Si no se despeja esta ambigüedad, entonces nos arriesgamos a contemplar una dramática volubilidad en la aplicación de la Directiva. Por ese motivo solicitamos ahora que la Comisión elabore directrices de aplicación para ayudar a los empleadores a comprender los riesgos y las medidas preventivas necesarias que garanticen una puesta en práctica coherente de la Directiva.

Las heridas provocadas por agujas de jeringuillas son la forma más frecuente y peligrosa de lesiones médicas causadas por instrumentos cortantes y punzantes. Siempre que se utiliza una aguja hueca en un paciente existe el riesgo de lesión provocada por pinchazo que puede ocasionar una grave infección a la salud del trabajador sanitario, ya que tales agujas actúan como depósito para la sangre u otros fluidos corporales del paciente.

Hay una enorme cantidad de material probatorio que ha demostrado que la introducción de una mejor formación, de prácticas laborales más seguras y del uso de dispositivos médicos que incorporen mecanismos de protección con ingeniería de seguridad prevendría la mayoría de heridas causadas por agujas de jeringuillas. Todos estos factores son necesario, no solo uno o dos, sino todos ellos.

También se ha demostrado a través de estudios que el fracaso en la aplicación de cualquiera de estos tres factores tiene como consecuencia una reducción significativa de la incidencia positiva. Del mismo modo, los intentos de utilizar dispositivos médicos con ingeniería de seguridad solo en determinadas áreas o pacientes no serían ni prácticos ni efectivos.

En aquellos países en los que hay una legislación eficaz, como en los Estados Unidos, Canadá y partes de España, existe un claro mandato de que deben aplicarse estos tres elementos para prevenir las heridas ocasionadas por agujas de jeringuillas. No es casualidad que todos posean la misma actitud en este sentido. Así que esa es la ambigüedad de la cláusula 6 que estamos intentando resolver mediante la publicación de directrices.

Liz ha comentado el trauma que padecen las personas afectadas por lesiones causadas por agujas de jeringuillas. Durante los seis años que llevamos trabajando en este tema me he encontrado con personas que han sufrido lesiones de esta naturaleza, y quiero hacer hincapié en ese trauma. Me encontré con un doctor que abandonó la práctica médica a causa de una herida de aguja. También coincidí con una persona que contrajo el VIH como consecuencia de una herida similar. He conocido personas que resultaron no estar infectadas, pero únicamente tras meses de incertidumbre respecto a si lo estaban o no. También he visto operarios del servicio de recogida de basuras y funcionarios de prisiones que han sufrido lesiones provocadas por agujas. Este acuerdo no protege a estas personas. Y ese es otro de los ámbitos sobre los que tendremos que reflexionar de cara al futuro.

Aun así, se trata de un acuerdo satisfactorio, y creo que si disponemos de directrices adecuadas que lo acompañen para asegurar su puesta en práctica en toda la Unión Europea, todos nosotros habremos hecho un buen trabajo, y con un poco de suerte, podremos reducir radicalmente esa cifra de un millón de lesiones anuales causadas por agujas de jeringuillas.

  László Andor, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, quiero agradecer al Parlamento su labor en esta cuestión. En particular, quiero darle las gracias a la ponente, la señora Lynne, por su excelente trabajo en la redacción de esta propuesta de resolución sobre la propuesta de la Comisión y por los esfuerzos que ha realizado durante varios años por mejorar la salud y seguridad laborales de los trabajadores del sector hospitalario y sanitario.

Soy consciente de que esta es una preocupación nada nueva en esta Cámara. La Resolución del Parlamento, de 24 de febrero de 2005, sobre la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo instaba a una revisión de la Directiva 2000/54/CE sobre la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. De nuevo, en julio de 2006, el Parlamento aprobó una resolución en la que instaba a la Comisión a que presentase una propuesta de Directiva que modificase dicha Directiva.

En respuesta al Parlamento Europeo, la Comisión inició una consulta de dos fases a los interlocutores sociales europeos, de acuerdo con las disposiciones del Tratado. Como reacción a esta consulta, dos organizaciones sociales europeas activas en el sector hospitalario y sanitario, la Asociación Europea de Empleadores del Sector Hospitalario y Sanitario y la Federación Europea de Sindicatos de los Servicios Públicos, negociaron con éxito un Acuerdo Marco en julio de 2009. Como saben, el objetivo de la propuesta de la Comisión es llevar a la práctica ese acuerdo.

Todos sabemos que las lesiones provocadas por la agujas y otros instrumentos cortantes y punzantes constituyen uno de los riesgos más frecuentes y graves para los trabajadores del sector sanitario en Europa, en particular en determinados departamentos y actividades, como las urgencias, las unidades de cuidados intensivos y las operaciones quirúrgicas. Estoy más que satisfecho de que su Resolución reconozca que la propuesta de la Comisión incorpora los puntos fundamentales de la Resolución del Parlamento de 6 de julio de 2006. Ciertamente era deseo de la Comisión incluir esos puntos en el acuerdo.

También coincido con ustedes en que la entrada en vigor de este acuerdo supondrá una importante contribución a la protección de los trabajadores activos del sector hospitalario y sanitario. Con este acuerdo, y confiemos que con la próxima adopción por parte del Consejo de la Directiva propuesta, los trabajadores del sector hospitalario y sanitario se beneficiarán de un planteamiento integrado que establece políticas en la evaluación y prevención de riesgos, la formación, la información, la sensibilización, etc. Esas medidas, que también constituyen requisitos mínimos, no solo se acogen con gran satisfacción, sino que, por encima de todo, son absolutamente necesarias.

Permítanme concluir dándoles una vez más las gracias por su apoyo a la propuesta de la Comisión, que espero que el Consejo adopte en breve.

  Raffaele Baldassarre, en nombre del Grupo PPE. – (IT) Señor Presidente, Señorías, como ya se ha dicho, las lesiones provocadas por agujas de jeringuillas y otros instrumentos cortantes y punzantes se encuentran entre los riesgos más comunes a los que se enfrentan los trabajadores del sector sanitario europeo, y por ello suponen un grave problema tanto para ese sector como para la sociedad en general.

El objetivo de esta propuesta de la Comisión es permitir que el Consejo aplique el Acuerdo Marco firmado por la Asociación Europea de Empleadores del Sector Hospitalario y Sanitario y la Federación Europea de Sindicatos de los Servicios Públicos.

El objetivo principal del acuerdo es garantizar una mayor protección de los trabajadores frente al riesgo de lesiones causadas por todo tipo de instrumentos cortantes y punzantes empleados en medicina. En consecuencia, este acuerdo representa un importante paso adelante en la seguridad en el sector hospitalario Todos estamos de acuerdo en que las consecuencias de las heridas cortantes y punzantes pueden ser extremadamente graves y causar el contagio de enfermedades como la hepatitis vírica y el SIDA.

Dicho esto, debo destacar la necesidad de un enfoque integrado y, al mismo tiempo, realista del problema. En este sentido, considero que las trabas administrativas, financieras y legales resultantes del acuerdo no deberían ser excesivas y, por ello, no deberían ser tales como para perjudicar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas que operan en el sector sanitario, que, de lo contrario, podrían tener dificultades para cumplir las condiciones del acuerdo.

Igual de loable es, además, la opción prevista (añadiría «deseable» a «prevista») por los Estados miembros de aprobar disposiciones y medidas más efectivas que las contenidas en el acuerdo con el fin de proteger a los trabajadores.

Por último, pido a la Comisión que revise la aplicación de este acuerdo e informe regularmente al Parlamento, que trata a menudo esta cuestión, para garantizar así una supervisión apropiada del mismo y un examen exhaustivo de la necesidad de cualquier modificación futura.

  Alejandro Cercas, en nombre del Grupo S&D. – (ES) Señor Presidente, para empezar, también quiero felicitar a la colega Lynne por el excelente trabajo que ha hecho en nuestra comisión, por la capacidad de conciliar todos los puntos de vista y por la labor que ha realizado a lo largo de tanto tiempo.

Felicito al señor Comisario Andor. ¡Es su segundo día, señor Comisario; es un buen comienzo de su trabajo al frente de sus responsabilidades! Hoy, además, también tiene otra segunda directiva, que preocupó durante largo tiempo a este Parlamento, como era la relativa a las microfinanzas. También va a tener el honor de solucionar en dos días dos problemas que abren la vía de grandes esperanzas para muchísimos europeos. Recuerdo, también, al Comisario Špidla por lo que nos ha ayudado en este dossier.

Ya han sido informados, y yo no voy a perder mucho tiempo en recordar que este Acuerdo Marco es un instrumento jurídico muy importante para los trabajadores sanitarios. Son más de un millón de accidentes los que tienen, relacionados, además, con problemas de salud muy serios, como las infecciones virales, la hepatitis C, el sida, etc. Pero no solo es importante para los trabajadores sanitarios, también para los pacientes de los hospitales, para sus familias. En definitiva, millones de europeos van a estar mejor cubiertos con este instrumento.

Llegamos así, por tanto, al final de un largo camino que empezó este Parlamento llamando a las puertas de la Comisión y del Consejo; hay que recordar el excelente trabajo del señor Hughes a lo largo de esta larga andadura.

Me van a permitir que, brevemente, haga una valoración de las razones por las cuales los diputados socialistas estamos hoy muy felices. Me parece que hoy es un día, también, para decir cuatro cosas.

En primer lugar, la importancia de la salud y la seguridad en el trabajo: crear un entorno de trabajo lo más sano posible es vital para los trabajadores, para las familias, para los ciudadanos. En términos humanos, ya hemos hecho referencia a todas las implicaciones que tiene una norma de estas características, para ellos y para los ciudadanos, pero también en términos económicos. Hace pocos días en esta Cámara la Agencia de Bilbao nos presentaba alguna de las campañas que hacen para la prevención en materia de salud y seguridad y nos enseñaba, incluso, estudios económicos que demuestran que en Australia, por ejemplo, en la economía nacional los accidentes y las enfermedades representan más de seis puntos del PIB. ¿Cuál es el coste de la no seguridad social? ¿Cuál es el coste de la falta de higiene y seguridad en el trabajo? Es, por tanto, una inversión en capital humano, pero, también inversión en civilización e inversión económica.

En segundo lugar, la importancia de la prevención: es mucho más importante prevenir que curar, actuar antes de que se produzcan los fenómenos para evitarlos. La prevención, que es un tema complejo, exige sensibilización, información, formación y supervisión en relación con cada una de estas tareas.

En tercer lugar, es importante hablar hoy también aquí de la importancia de los interlocutores sociales, la importancia de los sindicatos. Sin ellos, por supuesto, no habría este Acuerdo Marco, pero sin ellos tampoco habría prevención. A veces la gente habla mal de los sindicatos y dice que son un coste para la sociedad pero olvidan los enormes beneficios que aportan ya que son ellos los que llevan hasta las terminales de los centros de trabajo políticas tan importantes como las que están en este Acuerdo Marco.

Y, por último, la importancia de este Parlamento, que hay que reivindicar ante la opinión pública y ante las otras instituciones comunitarias —sin este Parlamento, no habría este Acuerdo Marco— y la importancia de la colaboración, también, de este Parlamento con la Comisión y el Consejo, que ha sido ejemplar. Recuerdo a la Presidencia española que nos ha ayudado y espero que sea un hermoso precedente para que empiece una nueva etapa de colaboración entre nuestras instituciones.

  Elizabeth Lynne, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, yo no iba a aprovechar mi tiempo de intervención en nombre del Grupo, sino que pensé que, en realidad, podría dividirlo e intervenir más tarde, pero, al parecer, cuando se trata de una resolución no es ese el caso; así que esta mañana se me informó de que iba a intervenir ahora. En todo caso, esto me da la oportunidad de darles las gracias a todos los ponentes alternativos a quienes no pude dárselas antes; también de nuevo a Stephen Hughes porque fuimos él y yo quienes, en 2004, visitamos los hospitales, acompañados por John Bowis, un eurodiputado conservador. Fuimos los tres juntos a los hospitales, en representación de los partidos políticos, para observa la situación en persona, y creo que eso fue precisamente lo importante.

En esta Cámara debemos sentirnos motivados por las necesidades reales de la gente que trabaja allí y por lo que escuchamos de las enfermeras, los médicos y el personal sanitario; era importante tener en cuenta su punto de vista. Stephen ha mencionado las directrices de aplicación, y a mí de verdad me gustaría averiguar si ustedes saben si la Comisión piensa presentar alguna directriz de aplicación sobre esta cuestión; creo que es muy importante que dispongamos de ellas. También me preguntaba si ustedes tienen noción del calendario que maneja el Consejo, ya que es importantísimo que lo llevemos a efecto muy rápido, ya que todos los trabajadores del sector sanitario llevan esperando muchos años.

No queremos más lesiones causadas innecesariamente por agujas durante ese período de espera. Ya hemos tenido demasiadas durante los últimos años. También hay que recordar el punto que ya se ha mencionado, que aunque aquí se trata en el momento actual del sector sanitario, me gustaría que esto se hiciese extensivo a otros sectores, en particular al penitenciario. Considero muy importante que los funcionarios de prisiones también dispongan de esta protección. Son muchas las cuestiones relevantes para esos trabajadores, pero una de las fundamentales de este asunto es la de las agujas reutilizables. Junto al resto de cuestiones de la Resolución, creo que es muy importante que estos trabajadores del sector sanitario no se vean sometidos al riesgo de sufrir lesiones innecesarias causadas por agujas.

  Jean Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente, también a mí me gustaría dar las gracias a Stephen Hughes y Liz Lynne por su trabajo en este asunto y acoger con agrado esta iniciativa, si bien nos gustaría haberla visto antes. Como ya se ha indicado, los Estados Unidos tienen legislación en vigor a este respecto desde 2001. Ahora podemos ver ese tipo de normativa en determinadas zonas de la Unión Europea y, por fin, estamos recuperando el tiempo perdido, pero desde luego no antes de que mucha gente se haya visto afectada por el problema.

En cuanto al riesgo, la Organización Mundial de la Salud estima que, mientras que el 90 % de la exposición a este peligro se produce en los países en vías de desarrollo, el 90 % de las noticias sobre infecciones contraídas en el ejercicio profesional se genera en los Estados Unidos y la Unión Europea. Sabemos que hay un problema básico de minoración de la información sobre las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes: las estimaciones oscilan entre el 40 % y el 90 %, y se trata de una cifra altísima. Por eso, me parece que deberíamos acoger con agrado el hecho de que la cláusula 11 del acuerdo de los interlocutores sociales hable del deber de informar en una cultura «sin culpa».

De cualquier modo, también creo que debemos preguntarnos por qué la gente no informa de estos hechos. Probablemente, parte de la explicación es que o no entienden los riesgos o bien temen las consecuencias —sobre todo, probablemente en relación con futuros empleos— de informar sobre una lesión de este tipo. Ciertamente, disponemos de informes de algunos sitios sobre un seguimiento poco efectivo, o dicho de otro modo, incluso en los lugares donde la gente informa no ocurre gran cosa.

Es cierto que estas personas ni siquiera reciben el apoyo médico que necesitan, por no hablar del respaldo emocional o, en algunos casos, de un empleo alternativo, si se tiene en cuenta que, si han contraído una infección como el VIH, pueden suponer un riesgo para los pacientes. Tenemos estudios que demuestran que los trabajadores del sector sanitario que trabajan fuera de los hospitales son más proclives a sentirse insatisfechos con la respuesta de los empleadores.

La gente se ha pronunciado sobre el alcance de esta iniciativa. Sin lugar a dudas, abarca el sector sanitario, y estamos encantados de que el acuerdo incluya a las personas en período de formación y a los subcontratistas. No estoy del todo segura de que incluya al personal de limpieza, y agradecería alguna aclaración en este sentido. Pero, ciertamente, no incluye a los trabajadores de otras profesiones de riesgo, así que confiamos en que los Estados miembros lo tengan en cuenta.

Las obligaciones en materia de formación son extremadamente importantes y espero que los Estados miembros se lo tomen en serio: tanto la oferta como la recepción de formación deberían ser obligatorias, al igual que la iniciación para todo el personal temporal o nuevo, ya que me parece que existe la sensación de que si formas a la gente una vez, ya no será necesario hacerlo de nuevo. Actualmente hay falta de formación incluso allí donde los empleadores tienen estrategias formativas en marcha.

Se planteó una cuestión sobre los costes. Hay cálculos según los cuales las medidas de formación y preventivas, incluidos instrumentos más seguros, representan aproximadamente un tercio de los gastos que suponen el tratamiento de las lesiones producidas por instrumental cortopunzante. Esto supone un ahorro considerable en tiempos de escasez financiera, y también un aspecto importante tanto para las personas afectadas como para los empleadores, quienes bien podrían verse en riesgo de responder ante la Justicia si no adoptan las medidas necesarias para prevenir este tipo de lesiones.

  Oldřich Vlasák, en nombre del Grupo ECR. – (CS) Señorías, el acuerdo para la prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes es históricamente el primero alcanzado entre los interlocutores sociales del sector. En vista del hecho de que los casos anuales de lesiones cortantes y punzantes en los hospitales de Europa se estiman en más de un millón, no necesitamos convencer a nadie de que este es un paso en la dirección correcta, ya que debería ser posible prevenir estas lesiones por medio de una observancia adecuada del acuerdo. En la práctica, esto contribuirá a la creación de un entorno laboral seguro y a la protección de los trabajadores del sector sanitario de infecciones de transmisión hemática provocadas por lesiones cortantes y punzantes.

Si bien podemos observar algunas ambigüedades en los ejemplos o en las definiciones, considero que se tomarán todas las medidas posibles para obtener tanta información como sea posible de los interlocutores sociales, todas las disposiciones han sido aclaradas y, en consecuencia, el Consejo ha aprobado el acuerdo en su conjunto.

Me gustaría destacar en este punto que el acuerdo entre empleadores y empleados supone, a su manera, un instrumento jurídico europeo totalmente único que no tiene parangón a nivel nacional en la mayoría de Estados miembros. Esta forma de autorregulación, en la que aquellos afectados por un problema determinado acuerdan por sí mismos la forma de una regulación jurídica sobre su resolución, es, a mi parecer, un ejemplo modélico de regulación europea. No es la misma situación que con las emisiones de CO2, la armonización fiscal o la uniformización de los servicios públicos, donde las empresas y sus empleados deben cumplir pasivamente con cualquier cosa que nosotros y los Estados miembros les echemos encima, y además a un alto precio.

  Jiří Maštálka, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (CS) Señorías, quiero empezar agradeciendo a ambos ponentes el magnífico trabajo que han desarrollado en la preparación de este documento. Como doctor, también me satisface que seamos conscientes aquí, en el Parlamento Europeo, de la urgente necesidad de proteger mejor a los trabajadores del sector sanitario de las lesiones causadas por objetos cortantes y punzantes, y que la normativa responda a ello.

Por supuesto, me incomoda el lentísimo progreso de la Comisión. Ya han transcurrido cinco años desde que se informó por primera vez a la Comisión Europea sobre esta importante cuestión, y casi cuatro años desde que el Parlamento Europeo aprobó una Resolución en la que pedía una solución legislativa a la cuestión de la adecuada protección de los trabajadores del sector sanitario de la Unión Europea frente a las enfermedades de transmisión hemática.

Como miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en la anterior legislatura, trabajé junto a mis colegas Stephen Hughes, Elizabeth Lynn y otros en esta Resolución, y me decepciona que se haya producido un retraso tan largo. Recomiendo que se adopten las medidas propuestas en la Directiva lo antes posible. Deseo solicitar que se garanticen cuanto antes los máximos niveles de protección y prevención para los trabajadores del sector sanitario.

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE). – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, señora Lynne, Señorías, me gustaría decirles cuánto me alegro esta mañana de que hayamos acordado esta propuesta de Directiva para la prevención de lesiones cortantes y punzantes. Tenemos aquí un verdadero problema de salud que debemos regular sin el menor retraso. Todos conocemos la importancia y las drásticas consecuencias de este tipo de lesiones. Siento que debo confesarle, señor Comisario, que tengo confianza en que usted sea capaz de aportar una rápida solución para este acuerdo, que nos permita avanzar varios pasos en esta cuestión.

Quiero dar las gracias a la señora Lynne por su trabajo, e igualmente al señor Hughes, ya que es nuestra responsabilidad, como diputados al Parlamento Europeo, procurar que nuestros conciudadanos estén protegidos. Se trata de los profesionales del sector sanitario, desde luego, ya hemos hablado mucho de ellos. Son el personal de limpieza —usted ha mencionado a funcionarios de prisiones—, pero también me gustaría mencionar a los trabajadores del ámbito escolar, en todas las áreas de la medicina escolar. Con todo, más allá de todo esto, considero que es una cuestión de educar a todos nuestros conciudadanos, que deben renunciar a que los trabajadores del sector sanitario, o aquellos que posteriormente tengan que manejar objetos contundentes, asuman riesgos innecesarios.

Debo decir que, junto a los ponentes que se han encargado de este asunto, estamos dispuestos y deseosos aquí, en el Parlamento Europeo, de garantizar que los Estados miembros apliquen esos textos, y necesitaremos recibir actualizaciones periódicas sobre su puesta en práctica. Ese es nuestro verdadero compromiso, nuestra responsabilidad, y se trata de algo que debería conocerse y compartirse por todos.

  Sylvana Rapti (S&D). – (EL) Señor Presidente, quisiera darles las gracias a los antiguos diputados al Parlamento, puesto que este es mi primer mandato, a mis colegas el señor Hughes y la señora Lynne, y al ponente y los ponentes alternativos porque he llegado en el tramo final del trabajo en un asunto que, en cierto modo, me afecta personalmente.

Mi marido es médico, y hace unos años sufrió una infección a causa de una aguja. Así que conozco muy bien la angustia que experimenta una familia de un trabajador hospitalario lesionado por un objeto cortopunzante. Los días que duró la espera de los resultados fueron extremadamente difíciles.

Por ese motivo, quiero agradecerles una vez más el trabajo que se ha realizado y expresar mi satisfacción por el hecho de que, por primera vez, veamos una asociación de empleadores y una de trabajadores uniendo sus fuerzas y estableciendo un acuerdo, y con ello permitiéndonos llegar a esta propuesta de Resolución.

Siento que la Unión Europea está consiguiendo de verdad sus objetivos y ahora adopta decisiones con sus ciudadanos y para sus ciudadanos. Me acuerdo de algo que han repetido otros miembros de esta Cámara, pero creo que para nosotros es importante decirlo y recordarlo siempre: que se producen cada año un millón de lesiones cortantes y punzantes.

No puedo insistir más en el papel desempeñado por el Parlamento Europeo, que lleva trabajando con empeño en esta cuestión desde 2005. Por otro lado, habida cuenta de la falta de personal, una carencia particularmente grave en Grecia, destacaría que debemos asegurarnos realmente de que esta Resolución, esta Directiva sea llevada a la práctica con gran rapidez.

Esta es una decisión que también contribuirá de manera práctica a los objetivos sociales de la Unión Europea, que incluyen el aumento del empleo. Le recuerdo a esta Cámara que la Comisión Europea hace poco le dijo al Parlamento, por medio de su reelegido Presidente, que uno de los sectores en los que tiene el propósito de invertir es en el de los trabajos no manuales.

Así pues, salvemos vidas, tanto en sentido literal como metafórico, creando para ello empleos valiosos en estos tiempos tan difíciles económica y socialmente.

Para terminar, quiero desearle al nuevo Comisario todo el éxito en su trabajo y, si se me permite, decir lo siguiente: nuestro experimentado colega, el señor Cercas, dijo antes que espera que usted inicie su trabajo y proceda con el pie «derecho». Yo confío en que usted lo inicie y proceda con el pie «izquierdo», y lo digo porque el planteamiento que refleje el aspecto social de Europa en el exterior es muy importante.

Necesitamos centrar nuestro interés en los trabajadores, la gente de Europa lo necesita.

  Licia Ronzulli (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, yo también voy a compartir una experiencia personal. Trabajo desde hace 15 años en hospitales, y durante un tiempo fui de hecho una trabajadora sanitaria en un área crítica: el quirófano.

Yo misma he sufrido pinchazos de agujas e instrumentos potencialmente infecciosos. Por ese motivo, como ha dicho la señora Rapti, todavía puedo recordar la angustia que sentía a la espera de los resultados del análisis, pero por encima de todo como pasé por el llamado «período de ventana», que transcurre entre el posible contagio y la hipotética manifestación de la enfermedad.

Precisamente a raíz de esta experiencia, creo que debemos votar a favor de esta Resolución que, por fin, proporciona fuerza jurídica al acuerdo en términos de seguridad y protección, al establecer unos requisitos mínimos para todos los trabajadores del sector sanitario.

El sector sanitario representa el 10 % de la población activa de la Unión Europea y, para ser más exactos, se estima que cada año se producen 1,2 millones de casos de lesiones cortantes y punzantes accidentales, con el resultado de que los trabajadores del sector sanitario padecen una desmotivación progresiva y, con mucha frecuencia, abandonan la profesión. Además, la Organización Mundial de la Salud calcula que el 2,5 % de los casos pueden desarrollar anticuerpos del VIH y el 40 % de ellos puede hacerlo de diversas formas de hepatitis B y C.

Precisamente debido a los numerosos riesgos graves que con demasiada frecuencia se plantean a diario, la profesión sanitaria se considera poco atractiva, tanto que en los últimos años acusa una escasez de personal. Asimismo, como ya se ha comentado aquí, el coste de los servicios sanitarios individuales que tienen que tratar las situaciones de estrés a las que los trabajadores sanitarios están sometidos durante los diversos períodos de observación, y el coste de los análisis para el diagnóstico que, como protocolo, duran un mínimo de seis meses desde el instante del accidente, son considerables y a ellos se añaden los costes asociados a los profesionales que lamentablemente han contraído la enfermedad.

Para finalizar, y con el fin de no subestimar el problema, cuando se pueda evitar o reducir el riesgo de accidente es necesario y conveniente tomar cualquier medida preventiva disponible. En particular, es obligación del empleador introducir dichas medidas, y es obligación del trabajador respetarlas.

  Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Señor Presidente, estamos hablando sobre un problema que, ciertamente, ha llegado a convertirse en uno de los más significativos del sector sanitario. Voy a mencionar a este respecto algunas estadísticas. En la Unión Europea se producen anualmente cerca de un millón de este tipo de lamentables lesiones cortantes y punzantes. En los Estados Unidos se calcula que ascienden aproximadamente a 380 000, pero los mismos estadounidenses dicen que esa cifra está subestimada. Desde luego, tenemos que destacar que este problema afecta en lo básico a los trabajadores del sector sanitario, pero hay también otro aspecto a considerar: también hablamos de pacientes que a su vez están en situación de riesgo a causa de ello. En estos casos, y tenemos que ser honestos aquí, nos enfrentamos al problema de las enormes sumas de dinero que los hospitales tienen que pagar como compensación. Es evidente, y así lo han dicho ya otros oradores, que la prevención adquiere en este caso una relevancia fundamental. Y es que la prevención siempre es sustancialmente más barata que el tratamiento.

En mi opinión, la Resolución es del todo merecedora de apoyo. Es una respuesta a las expectativas manifestadas por el sector sanitario, y su importancia aumenta con el agravamiento del problema. También crece el problema de la compensación, y tanto los trabajadores sanitarios como los pacientes presentan demandas. Es bien cierto que tampoco el aspecto financiero resulta desdeñable. Mi Grupo político, en cuyo nombre estoy hablando, apoya la propuesta de Resolución. Consideramos que así es como podemos responder a lo que, de hecho, supone un desafío de nuestra época, y así también respondemos a las necesidades de los consumidores y trabajadores del sector sanitario en los países de la Unión Europea.

  Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Señor Presidente, hoy hago uso de la palabra para darles las gracias a los ponentes y a los demás que han generado este debate.

En ocasiones decimos que Europa necesita acercarse a sus ciudadanos. Con este debate, ciertamente lo hemos conseguido. Estaba hablando con un amigo de mi edad, un médico recién cualificado, y cuando le mencioné este debate me dijo, entusiasmado, que era una cuestión absolutamente esencial y que debíamos intentar explicar con precisión lo que perseguíamos a todos los ciudadanos europeos. Es importante prevenir e informar a todos los que trabajan en los hospitales sobre los riesgos que corren. Sin duda, es esencial que les expliquemos a todos que, cuando trabajan en turnos tan prolongados, cuando el espacio es, a veces, reducido, cuando el número de pacientes es muy alto, para esas personas resulta crucial que, cuando menos, adopten las medidas necesarias más importantes.

Necesitamos un personal sanitario sano en los hospitales para que los pacientes puedan, en algún momento, beneficiarse de sus cuidados y recibir el mejor tratamiento médico posible.

  Karin Kadenbach (S&D). - (DE) Señor Presidente, el objetivo de nuestra política debería ser la creación de un entorno que garantice a los ciudadanos de la Unión Europea el nivel de vida más alto posible. Un desafío fundamental al que nos enfrentamos en tiempos como estos es, por consiguiente, el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo. No obstante, no debemos descuidar nuestra obligación de garantizar que estos empleos no provoquen la enfermedad de sus beneficiarios o pongan en peligro su salud. Por ese motivo son básicas la prevención, la atención sanitaria y la seguridad laboral.

Creo firmemente que la aplicación de esta Directiva, que ya hace tiempo que llega con retraso, creará las condiciones adecuadas para mejorar la seguridad en el puesto de trabajo en todos los ámbitos del sector sanitario, donde el personal se enfrenta diariamente a este tipo de riesgos. Entiendo que es en beneficio de todos los ciudadanos europeos que consigamos hacer de esto una realidad lo antes posible.

  László Andor, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, en primer lugar me gustaría decir que me alegra que esta propuesta goce de un respaldo tan amplio en el Parlamento. Lamento que el proceso haya durado más de lo que muchos de ustedes esperaban, pero quiero decir que tengo el convencimiento absoluto de que el diálogo social debe desempeñar un papel en esta cuestión: tenemos que respetar la opinión de los interlocutores sociales. Ello no solamente otorga más legitimidad a la decisión, sino que también ayuda a su aplicación, ya que los que participan en la creación de una nueva norma están más interesados en que esta tenga éxito. Y eso es muy importante.

Ya estamos al corriente de que existe un documento de trabajo de los interlocutores sociales relativo a la aclaración del Acuerdo Marco y también a su puesta en práctica, así que confiamos, y creo que podemos hacerlo, en que ello va a desempeñar un papel significativo para la culminación en el Consejo: va a responder a algunas de las preocupaciones sobre la aplicación. Al margen de ello, también hay interés en el seguimiento a largo plazo. Ello también es muy importante para supervisar cuál será el éxito de esta nueva Directiva.

Quiero llamar su atención sobre el texto que afirma que las partes signatarias revisarán la aplicación de este acuerdo cinco años después de la fecha de la decisión del Consejo, si así lo solicita una de las partes contractuales. Dicho de otro modo, es muy importante que la supervisión de la puesta en práctica y de los cambios en la manifestación de tales lesiones sea el punto de partida, si alguna de las partes desea hacer uso de esa oportunidad.

Por último, permítanme decir en el que es el segundo día de la nueva Comisión —como algunos oradores han destacado en sus mensajes—, que realmente es muy importante que la Comisión preste mayor atención a la gente olvidada de Europa, esos grupos de edad o profesiones que no pueden expresarse fácilmente por sí mismos: en ocasiones anteriores se les ha ignorado o marginado.

El sector sanitario es claramente un sector importante, y le debemos gran parte de nuestra dedicación y atención. No solo se trata de que los trabajadores hospitalarios y sanitarios estén expuestos a lesiones cortantes y punzantes e infecciones – sabemos que sus jornadas laborales son demasiado largas. Por ello, tenemos que adoptar un modelo de enfoque exhaustivo cuando tengamos en cuenta a grupos como este, que son muy importantes, especialmente en tiempos de crisis en los que la consolidación fiscal prevista afecte a las condiciones en las que trabajan. Por ese motivo, este asunto debe ocupar un lugar preeminente en nuestro programa, como lo está en el mío propio.

  Presidente. − Gracias, señor Comisario. Estoy seguro de que todos estamos agradecidos a los iniciadores de este debate. Confiemos en que las cosas mejoren.

Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

4. Juegos de azar en línea en relación con las recientes sentencias del TJUE (debate)

  Presidente. − De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la pregunta oral a la Comisión relativa a juegos de azar en línea en relación con las recientes sentencias del TJUE, presentada por Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi y Heide Rühle, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (O-0141/2009 – B7-0235/2009).

  Malcolm Harbour , autor. − Señor Presidente, ante todo es un privilegio dar la bienvenida por primera vez, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, a nuestro nuevo Comisario, el señor Michel Barnier, a lo que estoy seguro que serán numerosos intercambios de opiniones en esta Cámara, y en especial porque en dos días se ha movido discretamente desde su sitio de allí a su sitio de aquí delante. Señor Comisario, estamos encantados de tenerle con nosotros aquí.

En segundo lugar, en nombre de la Comisión, básicamente por tener la oportunidad de dejar constancia con esta pregunta de nuestra preocupación por la evolución de los juegos de azar en línea y del sector del juego en general, y de algunas de las muchas dudas que están planteándose con respecto a todo el régimen jurídico de los juegos de azar en el mercado interior.

Sé que ya debe de tener una bandeja de entrada bien cargada, señor Comisario, pero confiamos de verdad en que este sea un asunto que ocupe un lugar de primer orden entre sus tareas, ya que se trata de un ámbito sobre el que mi Comisión se ha preocupado mucho durante los cinco últimos años. Hemos llevado a cabo una serie de estudios de iniciativa propia y formulado preguntas sobre el tema, y de hecho la autora de nuestro último informe de importancia, la señora Schaldemose, va a intervenir posteriormente, así que tenemos un interés ininterrumpido en este asunto.

Como sus Señorías saben, los Estados miembros también se han reunido periódicamente en el Consejo en varios grupos de estudio sobre cómo abordar el asunto en relación con el crecimiento de los juegos de azar en línea y con las actividades del juego en nuestros propios países. Creo que debería dejar claro antes que nada que esta cuestión en ningún caso implica una nueva liberalización de los mercados del juego, ni tampoco es necesariamente una nueva iniciativa en esa dirección. Pero el hecho sigue siendo, como todos ustedes saben, que la intensa y creciente popularidad de los juegos de azar en línea sin duda también está ejerciendo presión sobre muchos monopolios nacionales y regímenes ya existentes que pueden estar en posesión o bajo control estatal, y que generan ingentes cantidades de ingresos a los Estados miembros.

Lo que les estamos diciendo es que, junto con este trabajo en progreso, ha habido una serie de remisiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea; conocerán los detalles, y algunos colegas hablarán del tema más tarde. No voy a entrar en los detalles ahora, pero desde nuestra perspectiva vemos que las incongruencias de algunos de los planteamientos formulados ante el Tribunal de Justicia no están ayudando, sino, si acaso, haciendo la situación más compleja y oscura —si cabe— de lo que era antes. Sabemos también que sus servicios han hecho públicos una serie de casos de incumplimientos en materia de juego, no todos ellos en línea, pero muchos de ellos relacionados también con la cuestión de la libertad de los operadores, en toda su extensión, para establecerse en otros países.

Todos estos puntos indican ahora que ha llegado el momento de que la Comisión obtenga esta información, examine el proceso de procedimientos de incumplimiento, estudie los asuntos planteados por las sentencias del Tribunal de Justicia, se manifieste, en primer lugar, por medio de una clara estrategia o aclaración sobre la dirección que vamos a tomar y comience a abordar algunas de esas incongruencias.

Desde el punto de vista de la protección de los consumidores, los reguladores también necesitan conocer su posición en su relación con los juegos de azar en línea. Es evidente que este sector puede y debe ser regulado, y hay ciertamente muchos buenos ejemplos en los que los proveedores de juegos de azar en línea se muestran totalmente dispuestos a facilitar los instrumentos y los controles para abordar los problemas de la adicción al juego, etc., y, sin duda, hay cuestiones referentes al fraude y otros problemas en ese sector que también hemos debatido ampliamente en nuestra Comisión. Estamos ante un asunto relativo a la protección de los consumidores y también ante otro sobre la coherencia del mercado interior.

Por último, creo que debemos respetar a nuestros ciudadanos y el hecho de que muchos de ellos quieran acceder a los juegos de azar en línea. No me parece que haya en absoluto intención alguna de intentar prohibir algo, lo cual, de hecho, sería prácticamente imposible, pero hay incongruencias fundamentales. En algunos países, por ejemplo, aparentemente es ilegal participar en un concurso de juegos de azar en línea con una empresa fuera de tu propio país. Eso no puede estar bien.

Otra irregularidad, señalada por uno de mis electores, es que si un ciudadano británico accede en línea desde España a la lotería nacional británica y gana un premio, resulta ilegal que la lotería le abone el premio en España. Se trata de incongruencias que tenemos que abordar por el bien de nuestros ciudadanos y de los consumidores.

Señor Comisario, ese es el contexto de esta pregunta. Va usted a escuchar muchas aportaciones satisfactorias e interesantes puntos de vista de mis colegas, y yo confío en que haga de este asunto una de sus prioridades básicas en su nuevo cometido.

  Michel Barnier, Miembro de la Comisión. − (FR) Señor Presidente, Señorías, pueden ustedes imaginarse el gran placer que me produce regresar aquí apenas 48 horas después de la investidura del Colegio, por lo que les doy las gracias, y proseguir mi trabajo con usted, señor Harbour, y digo esto en especial a los miembros de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de un modo distinto, y muy probablemente en distinto lugar, pero con el mismo espíritu.

Llegado a este punto, quiero reseñar tres puntos a modo de respuesta, antes de escuchar atentamente lo que tienen que decir. Permítanme empezar con su primera pregunta. Como se ha dicho, la Comisión ha incoado procedimientos de infracción contra una serie de Estados miembros en el ámbito de la prestación transfronteriza de servicios de apuestas deportivas. La Comisión señala que en cuatro de los nueve casos de incumplimiento —a saber, Dinamarca, Francia, Italia y Hungría— se han propuesto enmiendas a la legislación nacional en respuesta a los procedimientos de infracción. La Comisión continuará su trabajo con todos los Estados miembros afectados para resolver los problemas identificados en dichos procedimientos de infracción. En general, estos procedimientos siguen abiertos, pero corresponde a la nueva Comisión decidir cómo proceder con estas cuestiones.

El segundo punto, señor Harbour, es el reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso portugués, en el que un monopolio estatal establecido hace mucho tiempo ejerce un control estricto sobre el juego. Según el análisis efectuado por los servicios jurídicos de la Comisión, esa sentencia no va a modificar sustancialmente ni el desarrollo ni la evaluación de los procedimientos de infracción en este ámbito. Se ha examinado cada caso de acuerdo con las pruebas presentadas por cada Estado miembro.

Tras las recientes sentencias del Tribunal, la Comisión observa que este siempre exige, además de conformidad con la jurisprudencia establecida, que cualquier posible restricción esté justificada, en primer lugar, por apreciaciones válidas del interés público y, en segundo lugar, que sea necesaria y proporcionada. Ello incluye la necesidad de que las restricciones sean apropiadas, coherentes y sistemáticas.

Por tanto, del caso Santa Casa no puede deducirse que el Tribunal haya dado a los Estados miembros una mayor libertad de acción para la imposición de restricciones. El Tribunal hace referencias muy precisas a los métodos operativos del monopolio portugués, a su dilatada historia y a las circunstancias específicas de ese país.

En cuanto al tercer punto de mi primera intervención, me gustaría poner de manifiesto, Señorías, que la Comisión no ha descartado alternativas a los procedimientos de infracción. Señor Presidente, Señorías, quiero iniciar un debate constructivo sobre esta pregunta con el Parlamento Europeo, pero también con los Estados miembros y las partes implicadas.

Recuerdo que no ha habido sobre esta cuestión ninguna consulta con los Estados miembros desde que estos últimos decidieron, en 2006, retirar el juego del ámbito de la Directiva sobre servicios. Escucharé, por tanto, a los Estados, y he decidido seguir de cerca la actividad del grupo de trabajo del Consejo. Sé que a iniciativa de la señora Schaldemose, el Parlamento aprobó un informe el 10 de marzo, incluso a pesar de que varios diputados apoyaban una Resolución contraria.

Por lo que a mí respecta, el trabajo del Parlamento es un buen punto de partida para la apertura de un verdadero debate sobre una posible solución europea a este complejo asunto. Debemos analizar más detenidamente las razones por las que los Estados miembros restringen los servicios de juego en línea. Sin duda, en este contexto debemos abordar los aspectos sociales, en particular los problemas de adicción asociados con el juego, y eso es lo que he decidido hacer.

Señorías, el Colegio lleva apenas dos días de servicio y no hemos aprobado todavía nuestro programa de trabajo. Quiero llevar a cabo ese trabajo de consulta que comienza hoy escuchando atentamente todo lo que cada uno de ustedes tenga que decir. Se trata, y estoy hablando de la consulta, de un trabajo en relación con el cual hay, desde luego, varias posibilidades. En particular, una de las posibilidades que estoy dispuesto a considerar es un Libro Verde sobre este asunto.

Quiero agradecerles de nuevo su interés en este importante tema y la contribución que van a hacer al trabajo de la Comisión que voy a poner en marcha.

  Andreas Schwab, en nombre del Grupo PPE. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar me gustaría expresar en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) mi satisfacción porque usted, señor Comisario, haya acabado de aclarar que no solo desea considerar un análisis específico de la jurisprudencia en el caso Liga Portuguesa, sino también plantear la cuestión de cómo puede responder apropiadamente el grupo de trabajo del Consejo a la expansión de los juegos de azar en línea. Sin duda, en el contexto de esta pregunta oral estamos concentrándonos únicamente en los juegos de azar en línea. Mi percepción de la sentencia en el caso Santa Casa es que, pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recordó a los Estados miembros que el mercado del juego es totalmente distinto a los demás, no obstante, se les exigió a estos que se pusiesen de acuerdo con respecto a las reglas que serían uniformes en toda la Unión Europea. Hasta la fecha no se ha hecho ningún intento constructivo de llevar a cabo esta tarea en el seno del Consejo, aunque de hecho el Consejo quería a toda costa abordar la cuestión por sí mismo. Por esa razón la Comisión y el Parlamento tienen que trabajar juntos para progresar en este ámbito y plantear preguntas críticas.

En segundo lugar, quiero añadir que no me convencen los argumentos expuestos por los Estados miembros en lo que concierne a la protección de los consumidores en el mercado de los juegos de azar. Los Estados miembros afirman que cuando se trata de los juegos de azar en línea (y esto también es aplicable a los casos Liga Portuguesa y Santa Casa) son capaces de cumplir los objetivos de protección del consumidor y de abordar con eficacia, por sí solos, cualquier delito asociado sin ningún tipo de participación europea. Sin embargo, si se le da la vuelta a este argumento, la conclusión lógica sería que nos encontramos en una situación en la que Europa es mucho menos capaz que los Estados miembros de encontrar soluciones apropiadas a las actividades delictivas más trágicas que ocurren en Internet y otros sucesos que se producen en línea. Esa me parece una conclusión más bien extraña y no creo que sea el caso. Mi percepción es que únicamente podremos encontrar una solución a los juegos de azar en línea si aprobamos una normativa transfronteriza que salvaguarde los intereses de los Estados miembros, surgidos en parte a lo largo de la historia, pero que también sitúe los intereses de los consumidores en el centro de nuestros esfuerzos, como el presidente de la Comisión ha señalado.

  Evelyne Gebhardt, en nombre del Grupo S&D. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, muchas gracias por la información que nos han proporcionado, pero, si les soy sincera, no estoy totalmente satisfecha. La Comisión anterior se planteó el objetivo bastante claro de la liberalización del mercado de los juegos de azar. El Parlamento Europeo ha dejado claro una y otra vez que ese no puede ser el modo de proceder adecuado porque fue el Parlamento Europeo, más que los Estados miembros, el que, por ejemplo, retiró los juegos de azar del ámbito de aplicación de la Directiva sobre servicios. Nosotros considerábamos que los juegos no son simplemente un servicio cualquiera más, sino que debemos introducir mecanismos de protección para los ciudadanos frente a la delincuencia organizada, y que para hacerlo necesitamos una normativa clara.

Pese a ello, la Comisión Europea sigue llevando a Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y ya es hora de que la Comisión abandone esa práctica, ya que sigue perdiendo todos los casos en el Tribunal. Sencillamente hay que asumir esa realidad. Por ello acogería con agrado, señor Barnier, que llevase a la práctica precisamente lo que acaba de afirmar, es decir, que es necesario un planteamiento distinto para este sector, porque no debemos proceder con las cosas como lo hemos hecho hasta ahora.

En respuesta a su punto, señor Harbour, mantengo que las sentencias del Tribunal de Justicia son bastante coherentes y en absoluto contradictorias. En sus decisiones, el Tribunal ha afirmado en todo momento que los Estados miembros tienen derecho a introducir una normativa clara, de tal modo que podamos verificar realmente si los ciudadanos están o no protegidos frente a la delincuencia, y que los Estados miembros no están obligados a abrir este mercado. Tampoco están obligados a permitir a los operadores de mercado de otros Estados miembros a operar en su territorio, mientras los Estados garanticen que sus controles son fuertes y efectivos.

Eso es lo esperamos de la Comisión Europea, que de una vez entienda el asunto y actúe en consonancia. Sin embargo, esto también significa que tenemos que prestar una atención especial a los juegos de azar en línea, porque Internet no entiende de barreras ni fronteras y porque, desde luego, nuestros ciudadanos tienen acceso a los sitios de juegos de azar. Necesitamos reflexionar sobre el modo de dar forma a los controles y normas de este sector para que nuestros ciudadanos estén protegidos.

  Jürgen Creutzmann, en nombre de ALDE. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, si lo que se está pidiendo aquí es un desarrollo y una armonización mayores del mercado interior, entonces necesitamos un conjunto de normas comunes. Hay tres aspectos de los juegos de azar en línea que se deben considerar en este debate. ¿Cuál es el mejor modo de proteger los intereses de nuestros ciudadanos y consumidores? ¿Cuál es la mejor manera de prevenir el fraude y la actividad delictiva? ¿Cuál es el mejor modo de proteger a nuestros ciudadanos frente a posibles daños? La Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2009, sobre la integridad de los juegos de azar en línea ha mostrado los métodos y vías para proceder en lo relativo a esta cuestión. Ahora, al igual que antes, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa apoya los principios relativos a la integridad de los juegos de azar en línea contenidos en la Resolución del Parlamento de 10 de marzo de 2009.

Con arreglo a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cada Estado miembro es libre, bajo determinadas condiciones, de regular por sí mismo los juegos de azar en línea, y la Resolución de 10 de marzo así lo subraya de forma explícita. Las normativas nacionales son más apropiadas para combatir el amaño de juegos, aunque este tipo de fraude no puede eliminarse por completo, como ponen de manifiesto diversos ejemplos procedentes de Alemania. Con todo, hay que decir que los mercados del juego están mucho mejor regulados a nivel nacional, en consonancia con la tradición y la cultura del país de que se trate. Se ofrece una mejor protección a los jugadores frente a la adicción, el blanqueo de capitales y el amaño de juegos si pueden participar a través de los principales proveedores de servicios de juegos de azar, que por definición, siempre operan de forma transfronteriza. No se puede regular todo con arreglo a la noción de mercado interior, y en particular lo que atañe a la prevención del acceso de los menores a los juegos o la adicción a ellos.

Los juegos de azar en línea ofrecen mayores oportunidades para las prácticas delictivas como el fraude, el amaño de juegos y las organizaciones ilícitas de apuestas, puesto que estos juegos se pueden instalar y desmantelar muy rápido. Los operadores extraterritoriales de apuestas ilegales representan un problema especial en este sentido, ya que es casi imposible someterles a regulación o control. Los beneficios de los juegos de azar en línea deben emplearse, en primer lugar, en beneficio de la sociedad para fomentar el deporte popular, entre otras cosas. Lo mejor que podemos hacer es dejar esto en manos de las administraciones nacionales. La financiación continua de la cultura y el deporte profesional y de aficionados, por ejemplo, otorga a los diferentes Estados miembros cierta legitimación para permitir los juegos de azar. No obstante, la condición previa para ello es que el riesgo de adicción al juego se destaque y combata de forma proactiva.

Como todavía no se conocen todas las repercusiones de las formas específicas de los servicios de juegos de azar ofertados en línea sobre los consumidores, necesitamos actuar urgentemente para cubrir esa laguna de información. En este contexto, es esencial que los Estados miembros cumplan plenamente sus tareas. Asimismo, resulta clave la supervisión del mercado en el ámbito de los juegos de azar en línea. Si en el Parlamento Europeo podemos acordar que los Estados miembros tienen, en virtud del principio de subsidiariedad, derecho a regular sus mercados de juegos de azar, en consonancia con sus propias tradiciones y cultura, entonces también tenemos que asegurarnos de que esto se lleve a cabo mediante el control y la supervisión del mercado.

  Heide Rühle, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, después de haber escuchado a los dos oradores anteriores, no me queda gran cosa que añadir. Simplemente me gustaría reiterar que nuestro Grupo apoya plenamente la propuesta de resolución del Parlamento, pero también queremos cuestionar la afirmación anterior de que las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo han sido ambiguas. Por el contrario, considero que las decisiones del TJUE han sido ciertamente muy claras. Asimismo, acogemos con gran satisfacción que haya dicho que desea iniciar consultas con los Estados miembros. Quizás deba añadir que una consulta sería mejor que un procedimiento de incumplimiento. La consulta es la vía adecuada para solucionar este problema, para tener en cuenta las peculiaridades nacionales y encontrar una solución para el consumidor.

  Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo ECR. – Señor Presidente, tomo la palabra en calidad de antiguo Ministro del Reino Unido responsable del control de los juegos de azar, así que cuando hablamos de una Europa del libre comercio y que se opone al proteccionismo, una Europa que abre sus mercados y derriba las barreras comerciales, sin duda estoy muy a favor de todo ello. Algunos de nuestros colegas, que se ponen de pie aquí y solicitan una Europa más abierta, son también las mismas personas que apoyan el mantenimiento de las estructuras monopolísticas para la industria de los juegos de azar.

Podría decir —o ellos dirían que yo «debería decir»— que los monopolios son mejores a la hora de controlar y abordar el problema de los juegos de azar que se ha debatido esta mañana. Es algo muy interesante porque muchos de los datos disponibles ciertamente no justifican dicho argumento. Los argumentos a favor del proteccionismo y los monopolios en el sector de los juegos de azar son interesados; más control y luego más dinero para los gobiernos nacionales. Esa no es la Europa abierta o la Europa transparente que yo quiero. Es la Europa que dice: «haz lo que digo, no lo que hago». No hay razón alguna por la cual los proveedores privados de juegos de azar, que operan bajo unos altos niveles de protección reglamentada en un Estado miembro, no deban operar en otros. No hay razón alguna por la que un mercado estrictamente reglamentado, pero abierto, no vaya a proporcionar un nivel de protección equivalente a sus ciudadanos, si no más alto, que cualquier monopolio estatal controlado con firmeza.

Mientras seguimos a la espera de ello, continúan saliendo las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. Es bien posible que en Luxemburgo estén empezando a hartarse un poco del asunto, o, si hablo como abogado, quizás no estén tan hartos de ello, pero por encima del elocuente silencio que nos ha llegado hasta ahora de la Comisión, mi impresión es que ya ha llegado la hora de intervenir. Es necesario acabar con este grado de inseguridad jurídica.

Si me lo permiten, diré simplemente que creo que es importante que el Parlamento manifieste su renovada disposición a abordar este problema y enviar un mensaje contundente al Consejo y la Comisión de que no deberíamos eludirlo. Esperamos de la nueva Comisión un impulso renovado. Tengo una gran confianza depositada en usted, señor Comisario Barnier. Espero que tome nota del consejo que se le da y comience a elaborar una estrategia para garantizar que los juegos de azar en línea puedan llegar a ser una parte legítima del mercado interior, sin duda con la adecuada normativa en vigor.

  Cornelis de Jong, en nombre del Grupo GUE/NGL. (NL) «Gokken is dokke» («jugar es soltar la pasta») es un dicho muy conocido en los Países Bajos. Significa que los jugadores suelen perder. Y además, el juego crea adicción. Para los jóvenes, en especial, representa una auténtica amenaza.

Si alguien tiene una idea romántica del juego, permítanme entonces discrepar con él. En lo básico, se trata de un negocio que mueve miles de millones de euros, asociado con demasiada frecuencia a actividades delictivas. Por eso, en los Países Bajos hay legislación en vigor para combatir los juegos de azar en espacios fácilmente accesibles frecuentados por numerosos jóvenes. Sin embargo, la participación en línea en estos juegos de azar, a menudo de naturaleza transfronteriza, ha facilitado todavía más el acceso a este tipo de actividad.

En consecuencia, en este caso concreto, más que confiar en el libre mercado, no debemos limitarnos a permitir que los Estados miembros adopten medidas restrictivas, sino que más bien debemos animarles a que lo hagan. A mi entender, la pregunta oral que ha suscitado este debate todavía confía en exceso en las fuerzas del mercado. En particular, no estoy convencido de que sea posible hablar de una participación «responsable» en los juegos de azar de Internet. Mantengo el parecer de que los juegos de azar en línea se deberían restringir al máximo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido que los Estados miembros disponen de margen de acción para actuar, así que apelo a la Comisión para que no intente reducir el nivel de protección por medio de propuestas legislativas europeas, sino para que más bien anime a los Estados miembros a establecer normas que permitan altos niveles de protección. También insto a la Comisión a que desista de llevar a los Estados miembros ante el Tribunal, como ha dicho la señora Gebhardt, sino a que fomente más bien un diálogo sobre la mejor protección posible.

  Jaroslav Paška, en nombre del Grupo EFD. – (SK) En lo que concierne al asunto de los juegos de azar en línea, me gustaría mencionar dos ámbitos en los que veo varios problemas sin resolver. Nos estamos esforzando para que las comunicaciones entre la gente sean lo más abiertas posible. Eso conlleva también un acceso libre de niños y jóvenes a Internet.

En el punto 16 de su Resolución de 10 de marzo de 2009, el Parlamento Europeo afirma que son los padres quienes asumen la responsabilidad de la protección de sus hijos menores de edad frente a los juegos de azar en línea. Señorías, les pregunto qué tipo de disparate es ese. ¿Quién crea el marco legislativo? ¿Quién crea las reglas para este tipo de negocio? ¿Son los padres o son otras personas? Nosotros somos los responsables de este tipo de negocio, nosotros creamos el marco legislativo y las leyes, así que son los gobiernos y parlamentos los responsables de la protección de los menores frente al juego.

En una época en la que la pornografía y el juego se meten en nuestros hogares en formato 3D, los padres ya no tienen la esperanza de proteger a sus hijos de esas influencias o de que se vean atraídos por estas actividades. Por eso considero que es un deber fundamental de la Comisión y del Parlamento Europeo crear un marco legislativo, y no apoyar, a causa de su inactividad, a los que operan ese tipo de negocios. Más bien, deberían apoyar a quienes les han elegido y ante los que son responsables.

Otro problema que quiero mencionar es del control del flujo de dinero. En varios países parte del dinero procedente del juego y de este tipo de actividad se destina a apoyar el deporte, la cultura y la educación. Si vamos a perder flujos de capital de los distintos países en beneficio de las Bahamas y los paraísos fiscales, entonces me gustaría preguntar si puede recuperarse parte de ese dinero para apoyar el deporte en los distintos países. Y es que si operamos y participamos en juegos de azar a través de Internet, entonces los beneficios se generan en otros lugares, y no en los países de los que proceden los jugadores. Este asunto también permanece sin resolver y sin la supervisión adecuada, y en mi opinión existe una verdadera necesidad de que la Comisión Europea despierte y comience a trabajar en normas marco para este tipo de actividad. Tenemos que crear las condiciones necesarias para que, por un lado, no pongamos en riesgo la salud y la educación de los niños y, al mismo tiempo, no perdamos los recursos económicos que se emplean en el juego.

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) El desarrollo de los juegos en línea hace posible eludir la legislación de los Estados miembros y blanquear capitales prácticamente sin ningún tipo de control. Para el mercado interior se plantea un interrogante con respecto a la posición de monopolio de las empresas dedicadas al juego, y otro más con respecto a la turbia financiación del deporte profesional, precisamente a raíz de sus conexiones con el juego. Ello aumenta el riesgo de adicción, en especial para los jóvenes.

El Tribunal de Justicia Europeo, en vista del interés público, reconoció el derecho de los gobiernos a prohibir o restringir los juegos de azar en línea. Aunque esta actividad no conoce fronteras, su regulación difiere en cada Estado miembro en cuanto a los niveles de tributación, accesibilidad, controles y responsabilidad jurídica de los operadores. Además, no es suficiente con supervisar la calidad de los juegos estatales y las empresas de lotería: también hay que controlar el flujo de dinero.

Ya no resulta posible llevar a cabo controles efectivos sin un acuerdo sobre normas comunes para los 27 Estados miembros. Por ese motivo, el año pasado pedimos a la Comisión que propusiese un reglamento marco europeo para los juegos de azar en línea. Creo firmemente que debería haber una prohibición de los anuncios de los juegos de azar en línea dirigidos a los jóvenes. La exposición de los niños al influjo de esos anuncios de juegos en línea equivale a exponerles a una oferta ilimitada de alcohol, cigarrillos, drogas u otras sustancias adictivas.

La República Checa es, por desgracia, el país más atrasado de la Unión en términos de reglamentación. No solo no restringe la publicidad de esta naturaleza, sino que también fracasa en la eliminación de los locales de juego y las casas de empeños en las proximidades de los colegios. Confío en que este informe dé a la Comisión un nuevo impulso para negociar las medidas esenciales para armonizar la reglamentación de los juegos de azar en línea en relación con interés público de los países de la UE.

  Christel Schaldemose (S&D). - (DA) Señor Presidente, bienvenido al Parlamento, señor Barnier, y mucha suerte con su trabajo.

Estoy encantada de estar hoy aquí debatiendo el asunto de los juegos de azar en línea con usted, porque durante su comparecencia en el Parlamento puso usted un énfasis especial en su punto de vista, según el cual el mercado interior debe existir para los ciudadanos, y no a la inversa. Esta es una buena oportunidad de demostrarlo en la práctica.

Permítame comenzar diciendo que apoyo las iniciativas que ha mencionado. Eran un poco vagas, pero suena sensato que se redacte un Libro Verde, que se pongan muchos estudios en marcha, que se reúnan datos y se analice este sector de una manera que nos permita obtener una visión de conjunto sobre la situación a escala europea.

Con todo, quisiera también recordarle cuáles son las realidades políticas. Si bien es verdad que también hubo una opinión minoritaria en el momento de la aprobación de mi informe en marzo, una clara mayoría en el Parlamento lo apoyó, del mismo modo que existe un gran respaldo en el Consejo para la aclaración, pero al mismo tiempo debemos asegurarnos de que sean los Estados miembros los que definan cómo quieren regular todo el sector del juego. No cabe duda de que lo que necesitamos en el sector de los juegos de azar en línea es averiguar cómo podemos proteger a nuestros ciudadanos, investigar los costes sociales del juego, etc.

No obstante, me habría gustado haber escuchado una respuesta algo más clara. Usted acaba de asumir su cargo y es todavía nuevo, pero desearía una respuesta algo más clara respecto a si su planteamiento va a ser desistir de los casos relativos a incumplimiento de tratados y entrar en un diálogo mucho más constructivo con el Parlamento y el Consejo, para que podamos determinar el modo de abordar esta cuestión. Por ello, le sugiero que no permita que sea el Tribunal de Justicia Europeo el que decida sobre los casos; permítanos tomar deciciones políticas sobre ellos. ¿Es ese el enfoque que quiere seguir o no? Esa cuestión es sobre lo que me habría gustado tener una respuesta muy clara.

  Liam Aylward (ALDE). – (GA) Señor Presidente, acojo con satisfacción este oportuno debate sobre los juegos de azar en línea y, en particular, sobre los problemas relativos a la participación de menores y los consumidores vulnerables. Redunda en interés tanto del público como de los consumidores que aquí se muestren liderazgo y una dirección clara y definida al tratar esta cuestión.

Planteé la cuestión del juego a la Comisión a comienzos del pasado mes de noviembre, y la respuesta que obtuve afirmaba que la Comisión apoya el Programa para una Internet más segura, los centros de información y las líneas de ayuda en los Estados miembros. Los Estados facilitaron información a los padres sobre los riesgos que los menores pueden encontrar en Internet, incluidos los juegos de azar en línea.

No obstante, debido a su naturaleza, los juegos de azar en línea son un problema oculto, y un problema que va en aumento.

A diferencia del juego convencional, en los juegos de azar en línea existe un problema evidente de falta de supervisión física. No hay una gerencia responsable o próxima que esté físicamente presente para garantizar que el jugador es mayor de edad y actúa conforme a la legalidad. Es posible superar los controles y procedimientos de seguridad en los sitios de juegos de azar en línea, los menores pueden usar tarjetas de crédito prestadas o robadas y también se pueden falsear las identidades. Para los consumidores vulnerables, el juego en Internet se practica habitualmente en escenarios aislados, y los expertos en este ámbito remiten al problema creciente de actuar por impulsos y del potencial para el juego descontrolado y temerario, ya que con jugadores menores de edad no están presentes los mecanismos de protección tradicionales del juego convencional.

En el caso de los juegos de azar en línea es más difícil detectar a un jugador problemático, ya que lleva tiempo, exige responsabilidad y requiere recursos identificar quién está jugando, pagando y quién tiene un problema. Se necesita una dirección clara en todos los niveles para tratar esta cuestión y así poder tomar medidas definitivas para abordar el problema de los jugadores menores de edad y garantizar la protección de los intereses de los consumidores más vulnerables.

  Peter van Dalen (ECR). – (NL) Señor Presidente, hay aproximadamente 120 000 adictos al juego en los Países Bajos, lo que supone casi el 1 % de nuestra población. La adicción al juego conlleva graves problemas sociales como hogares rotos, problemas económicos y delitos. En consecuencia, los Estados miembros deberían esforzarse al máximo para combatir con la máxima energía el juego y los problemas asociados a él.

Señor Presidente, lo que resulta llamativo es que algunos Estados miembros tengan un mercado del juego completamente legal. Además, la industria del juego quiere hacernos creer que el mercado del juego es un sector normal del mercado interior, y por ello no necesita estar sujeto a restricciones. Eso resulta inverosímil. Los Estados miembros no deberían apoyar ningún mercado que fomente la miseria social.

Lamentablemente, hay mucha gente que no puede resistirse al encanto del juego. Por ese motivo, el Gobierno de los Países Bajos ha decidido asumir la propiedad del mercado del juego y permitir únicamente un monopolio estatal en el juego. Aunque preferiría no ver la expansión de los casinos en ningún lugar de la Unión Europea, sigo pensando que esta es la menos mala de las soluciones.

Señor Presidente, el Parlamento Europeo debe hacer un llamamiento contundente a aquellos Estados miembros en los que el juego esté autorizado para desalentar enérgicamente ese mercado allí donde sea posible.

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). – (EL) Señor Presidente, la cuestión reclama indirectamente nueva legislación comunitaria. No obstante, dado que incluso el Tribunal de Justicia Europeo ha establecido los límites y condiciones previas bajo los cuales los Estados miembros pueden determinar, a través de su legislación nacional, cómo se deben regular los juegos de azar en línea, no hay necesidad de exigir legislación europea.

Además, el Tribunal falló en el caso Schindler que el juego posee determinadas connotaciones morales, religiosas y culturales, esconde un alto riesgo de delitos o fraudes y puede tener consecuencias perjudiciales sobre las personas y la sociedad. Ese es el punto más importante.

Precisamente por estos motivos de interés público, el sector debería permanecer bajo el control de los Estados miembros, que saben más sobre sus peculiaridades y cómo manejarlas. Además, este punto de vista cuenta con el apoyo tanto del estudio preparado para la Comisión por el Instituto Suizo de Derecho Comparado como por el informe de la señora Schaldemose de 2009, aprobado por el Parlamento.

Ese informe llega a la conclusión de que un enfoque que se aplique únicamente al marco del mercado interior no es apropiado en un sector altamente sensible, y pide a la Comisión que preste en esta cuestión una atención especial al punto de vista del Tribunal de Justicia Europeo.

  Lara Comi (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, me gustaría empezar con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque la posibilidad de que un Estado miembro prohíba a operadores privados ofrecer sus servicios de juegos de azar en línea destaca la necesidad de armonizar un mercado altamente rentable, pero igualmente peligroso para los consumidores.

Por tanto, ante la ausencia de toda armonización europea de actividades del juego, cada país es libre de elegir su propio nivel de protección. A menudo es imposible identificar dónde empieza y acaba la aplicación de tales restricciones. De hecho, mientras la Comisión impulsa una serie de procedimientos de incumplimiento contra algunos países, entre los cuales, tengo que indicarlo, está Italia, por haber infringido el principio de la libertad de prestación de servicios, el Tribunal de Justicia Europeo, por el contrario, ha confirmado la decisión restrictiva de Portugal.

En este contexto, las instituciones europeas tienen la tarea fundamental de guiar el sector del juego a través de un proceso de reglamentación que esté plenamente armonizado a escala europea entre los Estados miembros. Es necesario, por consiguiente, ir más allá de los intereses económicos individuales y garantizar una protección significativa de los consumidores y, en particular, de los menores, que son en estos casos las principales víctimas de los delitos y del fraude.

  António Fernando Correia De Campos (S&D). – (PT) Señor Presidente, Señorías, nos encontramos en medio de un conflicto entre dos políticas que son apreciadas por la Unión Europea: la protección de los consumidores y el orden público, de un lado, y la libertad de circulación y de prestación de servicios, de otro.

De acuerdo con la jurisprudencia en la materia del Tribunal de Justicia Europeo, los Estados miembros deben mantener su autonomía y legitimidad en la regulación de la actividad de los proveedores de juegos de azar en línea y juegos de dinero. Se trata de un ámbito sensible que interfiere con comportamientos sociales desviados asociados al juego y también con las tradiciones nacionales de canalizar las sumas resultantes de este mercado hacia la financiación de obras de carácter social.

Durante los últimos años, la jurisprudencia procedente de Luxemburgo ha formulado una corriente de pensamiento jurídico coherente y consistente que debería llevar a las instituciones europeas y a la Comisión, en particular, a asumir una posición más explícita. Esto conlleva la creación de un marco normativo que considere las preocupaciones universales de todos los Estados miembros en materia de prevención de la delincuencia organizada transfronteriza, que utiliza este tipo de juegos en línea para expandirse, y en materia de protección genuina de los consumidores vulnerables a este tipo de juegos de azar en línea.

Señor Comisario Barnier, confiamos en que la nueva Comisión, que entra ahora en funciones, aborde esta cuestión como una prioridad de su agenda.

  Oldřich Vlasák (ECR). – (CS) Señorías, como todos saben, el juego ha estado sujeto tradicionalmente a una estricta regulación en la mayoría de los países de la UE. Sin duda, la situación ha cambiado desde que Internet se ha convertido en el mayor garito de juego del mundo. Es un hecho que el desarrollo técnico relativo a las operaciones del juego ha progresado muy rápidamente en todo el mundo, y las disposiciones jurídicas relevantes, mientras tanto, son incapaces de proporcionar una respuesta suficiente.

Se han llevado distintos casos relacionados con los juegos de azar en línea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que refleja claramente la ambigüedad de la interpretación y aplicación de la legislación comunitaria en el ámbito del juego. Además, el juego en Internet se considera como una «zona gris» de la ley.

En mi opinión, debemos respetar el hecho de que cada Estado haya concedido licencias de juego en el marco de su propia jurisdicción. Al mismo tiempo, estamos de acuerdo, generalmente, en que la legislación nacional no debe exceder los principios comunitarios sobre negocios y prestación de servicios en el marco de la UE. Con todo, esto significa, paradójicamente, que la ley checa, por ejemplo, no tiene que permitir a las empresas checas la obtención de licencias para operar juegos de azar en línea, pero la República Checa no puede prohibir a las empresas extranjeras del sector del juego que operen en su territorio. No podemos aceptar esa situación, y menos aún los riesgos sociales, para la salud y la seguridad asociados con los juegos de azar en línea o las cuestiones fiscales relacionadas.

  Sari Essayah (PPE). - (FI) Señor Presidente, como usted muy bien recuerda, señor Comisario Barnier, el Parlamento Europeo fue coherente en su política cuando se opuso a la inclusión de los juegos de azar en línea en la Directiva sobre servicios, ya que esos juegos no son servicios como tales: están asociados al riesgo a la adicción y a los costes sociales que la acompañan.

La integridad del deporte es asimismo algo que el Parlamento Europeo considera merecedor de protección, en especial ahora que, con el Tratado de Lisboa, tenemos competencia para ocuparnos de esa materia. Cuanto más desregulado esté el juego, más se convertirá el deporte en un medio para acumular beneficios y mayor es su proclividad, por ejemplo, a la actividad delictiva en forma de blanqueo de capitales.

La Comisión debe proponer una solución que tenga en cuenta la coherente política del Parlamento de mantener el juego dentro del ámbito competencial de los Estados miembros, dada su especial naturaleza. Al menos una docena de casos han llegado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo, el último de ellos el de la Liga Portuguesa. Sin embargo, no es correcto que esos casos deban progresar únicamente en forma de sentencia judicial o como resultado de procedimientos de incumplimiento. Necesitamos disponer de una decisión estratégica en estas cuestiones, pero una que no dé lugar a la armonización, porque los Estados miembros son, en todo caso, responsables de los costes sociales y cualquier otra consecuencia adversa del juego.

Es necesario que haya una política lógica e integral del juego, porque los juegos de azar en línea son únicamente un servicio, y ello no significa por sí mismo que cualquier política del juego llegue a ser una política transfronteriza. El aumento de los juegos de azar en línea no es una fuerza de la naturaleza que avanza inexorablemente. Hay muchos productos que las tiendas virtuales no pueden vender a través de la fronteras, así que las empresas de juegos de azar en línea también deberían respetar la ley de los distintos Estados miembros.

Señor Comisario, desearía animarle a presentar un Libro Verde sobre el juego. Sin duda, eso también nos facilitaría los medios para luchar contra los servicios de juegos de azar en línea procedentes de fuera de Europa y los problemas ocasionados por el juego.

  Catherine Stihler (S&D). - Señor Presidente, quiero agradecerles a los anteriores oradores sus aportaciones y a mi colega, Christel Schaldemose, su trabajo en este tema.

Como los oradores anteriores han dicho, el juego no es como cualquier otro servicio normal. No se puede insistir más en las consecuencias negativas del juego, como muchos colegas han dicho esta mañana. Hay dos escalas reconocidas internacionalmente que pueden medir el problema del juego. La primera se llama Diagnostic Statistical Severity Index, y la otra Canadian Problem Gambling Severity Index. Esta última fue usada en el Reino Unido y se calcula que, solo en ese país, —y un colega neerlandés ha dicho que el uno por ciento de su población está afectado—, hay algo así como entre 236 000 y 284 000 adultos que tienen un problema relacionado con el juego.

¿Cuál sería el alcance de esta cifra en toda la Unión Europea? Cuando uno piensa en ello, si ese Libro Verde sale adelante, me gustaría ver que la Comisión ha obtenido estadísticas auténticas: un estudio de verdad relativo a los efectos del juego y los juegos de azar en línea sobre los ciudadanos comunitarios. Creo que esa sería una información muy útil para orientar nuesto debate y tenerla a nuestra disposición.

En lo que concierne al punto sobre las sentencias del TJCE, cuando uno examina las palabras «para evitar operaciones de juegos de azar a través de Internet con fines fraudulentos o delictivos», y el predominio de cárteles en el mercado único, algo que subraya el informe sobre competencia, necesitamos garantizar que las empresas de juegos de azar en línea no recurran al registro en un país diferente a aquel desde el que operan como tapadera para camuflar prácticas ilegales.

Confío en seguir escuchando al Comisario, señor Barnier. Le deseo la mejor de las suertes, señor Comisario, en su nueva tarea.

  Mairead McGuinness (PPE). - Señor Presidente, quiero añadir mis felicitaciones al Comisario, señor Barnier. Señor Comisario, no es esta la cuestión más sencilla para iniciar su andadura en la Comisión, pero me atrevo a decir que a su predecesor, el señor McCreevy, no le importaría que dijese que él disfrutó haciendo una apuesta de vez en cuando. Disfrutaba yendo a las carreras y era obviamente un hombre al que le gustaba apostar.

Resulta evidente que hay dos escuelas de pensamiento en esta materia. No obstante, la opinión del Parlamento está bastante clara en su Resolución de 10 de marzo de 2009, y creo que vale la pena citar tres líneas de esa Resolución, que afirman que «los Estados miembros tienen el interés y el derecho de regular y supervisar los mercados de juegos de azar». También afirma muy claramente que «los operadores de juegos de azar en línea deben cumplir con la legislación del Estado miembro en el que ofrecen sus servicios», y que «un enfoque basado meramente en el mercado interior no resulta adecuado en este ámbito tan sensible».

El problema para nosotros, como legisladores, y para los Estados miembros, es que el mercado va muy por delante de nosotros: el desarrollo en este ámbito ha adelantado a la legislación existente y seguirá haciéndolo. Nos agrade la idea o no, a la gente le gusta el juego. Personalmente, preferiría comprarme unos zapatos, pero otros hacen otras cosas para alcanzar sus emociones.

Coincido plenamente con los que han hablado muy claramente acerca de los problemas del juego, ya sea en línea o de otro tipo. Hay enormes problemas sociales allí donde la gente que padece una adicción va más allá de lo que debería. Pero recuerden también que los Estados miembros fomentan las loterías, y quizás esa sea una forma legalizada de estímulo de una posible adicción.

Así pues, no existe claridad en esta materia, pero, una vez más, el problema para el Parlamento Europeo, para la UE en general, es que no hay coherencia en todos los Estados miembros y, sin embargo, nuestros ciudadanos acceden a servicios fuera de su propio país, y quieren hacerlo.

El Libro Verde sería acogido con gran satisfacción: para usted representa un gran reto reunir toda la información sobre este asunto. Yo creo que el problema es que existe una laguna enorme de información y conocimiento, y depende de la Comisión ofrecer algo que trate la materia.

  Mitro Repo (S&D). - (FI) Señor Presidente, señor Comisario, se dice que la política es un juego, a veces incluso un juego de azar, pero el juego no es en realidad un negocio o servicio como tal. Se lo relaciona con un amplio número de males sociales que atraen a la delincuencia.

La adicción al juego pone a las personas, con demasiada frecuencia y facilidad, en aprietos económicos que también pueden terminar en problemas muy graves de salud mental. Haciéndome eco del mensaje de la intervención de mi colega, la señora Stihler, quiero mencionar que en 2008 se estimó que unas 40 000 personas en Finlandia tenían problemas con el juego. Si de forma proporcional hubiese el mismo número de personas a escala comunitaria, eso supondría que ahora habría más de 35 millones de europeos con un problema con el juego, y esa es una cifra descomunal. Por ello, creo que los Estados miembros deben tener en el futuro el derecho a decidir por sí mismos cómo organizar el juego para minimizar cualquier daño potencial de carácter psicológico o financiero. Necesitamos reglas rigurosas, una regulación del mercado y un seguimiento a cargo de los organismos públicos.

Para finalizar, me gustaría resaltar la importancia que tiene para nosotros tener en cuenta la protección de aquellos consumidores que son especialmente vulnerables y los peligros de la adicción al juego y del comportamiento compulsivo, y hacer un verdadero esfuerzo para luchar contra el crimen organizado, que intenta sacar provecho de esto.

PRESIDE: Isabelle DURANT
Vicepresidenta

  Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, felicidades, señor Comisario, y bienvenido.

Todos han visto cómo el mercado de juegos en línea ha explotado en los últimos años, atrayendo la atención económica y mediática. Se trata de un fenómeno que afecta a nuevos grupos sociales y que se caracteriza por el policonsumo. La tecnología facilita un acceso fácil y permite la participación de un número cada vez mayor de consumidores, con frecuencia jóvenes, que están más familiarizados con los ordenadores e Internet.

El sueño de cambiar la propia vida por medio del juego suele tener consecuencias desastrosas, y muchas familias se ven arrastradas hacia una situación negativa de la que muchas veces ya no hay vía de escape. Por añadidura, no puede subestimarse el grave daño causado por la falta de contacto e interacción sociales de los jugadores en línea. La soledad y la invisibilidad sustancial de los jugadores caracterizan una adicción generalmente inaceptable. El juego es un vicio que todavía hoy parece estar ampliamente escondido.

En mi experiencia previa como jefe ejecutivo de una autoridad pública sanitaria, abrí un departamento especializado para las patologías relativas a los juegos de azar. El modelo de intervención propuesto demostró ser válido porque el tratamiento combinaba el aspecto terapéutico con el preventivo, la investigación y rehabilitación.

Necesitamos intervenir con una posición común y garantizar que todas las adicciones estén sujetas a una forma de gobernanza sólida. Este no ha sido el caso: me refiero al abuso de las drogas, del alcohol, del tabaco, las adicciones a la comida y a Internet.

Lamento que la pregunta formulada por mí mismo y otros 42 diputados al Parlamento no haya sido presentada aún al Parlamento en sesión plenaria debido a la oposición de la izquierda. Por ese motivo, me pregunto cuánto interés se toma realmente la Comisión por las personas que tienen un problema demostrado de adicción a las drogas o de cualquier otra dependencia, y cuál es la relevancia de la lucha contra el narcotráfico en el programa de la Comisión.

  Sylvana Rapti (S&D). – (EL) Señora Presidenta, la razón por la que nos sentimos seguros en Europa, la razón por la que Europa se mantiene desde hace tanto es, en mi opinión, porque siempre ha respetado las sensibilidades nacionales. El dilema perpetuo que se plantea en cuanto a si Europa o los Estados miembros deben tener la primera y la última palabra es una cuestión fundamental, y un ejemplo perfecto es el del juego, especialmente el de los juegos de azar en línea. Internet es un lugar apasionante, pero también alberga peligros muy difíciles de controlar. Al mismo tiempo, el principio de la competitividad, que es el pilar del mercado interior, no puede ignorar aspectos básicos de respeto a los intereses públicos nacionales. Creo que lo que se necesita en este equilibrio está claramente expresado en las dos sentencias del Tribunal, que, por un lado, entiende y defiende la idea del interés público protegido por las tradiciones nacionales y, por otro, formula objeciones a las medidas desproporcionadas que funcionan en última instancia a costa del ciudadano.

Sabedores de las consultas que se están llevando a cabo en el Consejo en la actualidad, estamos a la espera de saber cómo va a trabajar la Comisión para proteger la autonomía de acción nacional y crear una base efectiva para la cooperación, de tal manera que puedan combatirse los problemas de la adicción y el fraude. Para concluir, permítame felicitarle, señor Comisario, y decir que creo en todo lo que usted ha dicho en esta Cámara. Haber escuchado que usted, en este momento, difiere en la letra, pero no en el espíritu, es algo que espero ver en la práctica. Buena suerte.

  Othmar Karas (PPE). - (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, ante todo bienvenido, señor Comisario. Es agradable verle aquí y verle sentado en ese escaño especial. Lo que estamos tratando de facto en este ámbito es, entre otras cosas, la aplicación del marco regulador de la economía social de mercado.

Nos encontramos en una situación de tensión. Por un lado, necesitamos profundizar en la vía del mercado, ya que tenemos que llevar a la práctica los principios del mercado interior. Por otro, no podemos ignorar nuestro sentido de la responsabilidad. Por esta razón tenemos que fijar determinadas limitaciones al mercado del juego. Es necesario que asumamos nuestra responsabilidad. No podemos permitirle a cualquiera que haga lo que le plazca en el mercado del juego, como en el mercado financiero, y que luego sea la sociedad la que sufra las consecuencias. Estamos tratando cuestiones de educación, blanqueo de capitales, delincuencia y libertad en el juego. Tenemos que analizar todos estos aspectos conjuntamente.

Tampoco tenemos unas definiciones claras. Todos estamos hablando sobre el juego, pero hay muchos tipos distintos de juego, y por tanto, las definiciones también son distintas. Por todo ello, me alegro de que se haya anunciado un Libro Verde, porque nos posibilitará abordar a la vez la cuestión de las definiciones, los problemas y la diversidad de hábitos culturales individuales.

Un enfoque exclusivo de mercado interior no va a llevarnos a ningún sitio en estas cuestiones. Sin embargo, tampoco deberíamos emplear un enfoque que excluya el otro. A escala europea necesitamos un marco regulador para evitar tener que debatir esto cada año. Tanto los Estados miembros como los distintos operadores están implicados. Trabajando juntos no deberíamos socavar la legislación de los Estados miembros, sino que deberíamos garantizar la seguridad jurídica en el mercado europeo.

  Pier Antonio Panzeri (S&D). – (IT) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, somos conscientes de las diferencias existentes entre los distintos marcos reglamentarios de los distintos países, y asimismo sabemos que las diversas interpretaciones de la jurisprudencia europea y nacional están ocasionando en la actualidad un amplio número de incumplimientos y controversias en los Estados miembros.

La ausencia de una política de la Unión Europea ya no resulta sostenible a la vista de los cambios que plantea la naturaleza transfronteriza de los servicios de juegos de azar en línea. Además, la rápida expansión de Internet y del comercio electrónico en los últimos años ha dado lugar al incremento en la oferta de juegos de azar en línea y a la consiguiente aparición de cuestiones transfronterizas, que permanecen sin resolver.

Por ello, estoy convencido de que las instituciones europeas deben responder a los retos comunes, como la protección de los consumidores, y más en concreto de los menores, y la prevención de la delincuencia y el fraude, pero también a los retos referentes a la lucha contra la oferta de servicios ilegales y no autorizados, a la que los gobiernos nacionales no son capaces de enfrentarse.

En consecuencia, la Comisión debe responder a las peticiones del Parlamento y esforzarse por obtener un marco reglamentario europeo. Y debe hacerlo mostrando la necesaria determinación. Señor Comisario, nadie pone en duda su buena voluntad, y por eso le digo que la consulta es una buena idea, como también lo es el Libro Verde, siempre que se emplee para identificar el marco legislativo apropiado y no se convierte en un fin en sí mismo. La anterior Comisión redactó con mucha frecuencia demasiados Libros Verdes y Blancos sin llegar a tomar decisiones. Con todo, creo que usted es consciente, señor Comisario, de que necesitamos decisiones y no solo palabras.

  Eija-Riitta Korhola (PPE). - Señora Presidenta, al examinar las posiciones que han adoptado hasta la fecha el Tribunal de Justicia Europeo, el Consejo, la Comisión y el Parlamento sobre la cuestión del juego y las apuestas, extraería las siguientes conclusiones. Prácticamente, todos los Estados miembros y el Parlamento rechazan en este ámbito especial y sensible la aplicación de los principios del país de origen y del reconocimiento mutuo. El Tribunal acepta eso, como de nuevo lo expresó de forma explícita una vez más en su sentencia el pasado septiembre. Para la Comisión esa sentencia significa que pierde uno de los argumentos clave del que se ha valido en todos los procedimientos de incumplimiento.

Los Estados miembros son libres para establecer sus propios objetivos estratégicos en materia de apuestas y juego y para delimitar en detalle el nivel de protección que estiman apropiado para sus ciudadanos. El Consejo y el Parlamento llevan trabajando juntos desde hace años. En 2006 y 2007 ambos se mostraron de acuerdo en excluir el juego y las apuestas de la Directiva sobre servicios y la Directiva de servicios de comunicación audiovisual.

El informe Schaldemose del año pasado se basó en el trabajo que había realizado el Consejo durante la Presidencia francesa, y la misma línea se ha mantenido también bajo las Presidencias sueca y española. En el informe Schaldemose yo fui responsable de la línea del PPE y comparto el punto de vista de la autora.

Señor Comisario, me gustaría preguntarle lo siguiente: ¿comparte usted la opinión de que la Comisión debería por fin empezar a apoyar a los Estados miembros en su lucha contra todas las ofertas ilegales de juego, es decir, no autorizadas, más que emplear su tiempo en preguntas que ya han sido respondidas? Si ese es el caso, ¿cómo va a hacerlo?

  Bogusław Sonik (PPE). – (PL) Señora Presidenta, no cabe duda de que el mercado de los juegos de azar en línea está desarrollándose con gran dinamismo. De hecho, más del 40 % del mercado mundial del juego se centra en Europa, generando beneficios crecientes. Durante los últimos años, esos ingresos casi se han duplicado, pasando de 6,5 a 11 millardos de euros. Estas estadísticas nos permiten afirmar que estamos ante un fenómeno que va a seguir expandiéndose, tanto a nivel supranacional como transfronterizo. El desarrollo de los servicios y del mercado de Internet y los cambios en la actitud de los consumidores exigen una reacción por parte de la Unión Europea. La carencia de una regulación comunitaria de los juegos de azar en línea es solo un ejemplo en el cual las instituciones no solo son incapaces de mantener el ritmo de los cambios sociales, sino en el que también fracasan en su reacción ante las necesidades de un mercado común europeo en evolución. El mercado del juego, que se desarrolla dinámicamente y se basa en contactos y transacciones transfronterizos, necesita una regulación común y clara para minimizar los riesgos asociados al fraude, al blanqueo de capitales, al amaño de juegos y a la adicción. Unos principios claros y transparentes deben ser la base de operaciones del mercado único, y por encima de todo debemos proteger a los consumidores europeos de dichas amenazas.

Debemos informarles de las posibles consecuencias negativas del los juegos de azar en línea. Como afirmamos en la Resolución de marzo, los jóvenes no poseen la madurez suficiente para distinguir conceptos como la suerte, el azar y la probabilidad de ganar. Es necesario que identifiquemos el riesgo de la dependencia del juego que se desarrolle en los jóvenes. Cada vez más, la Comisión se ve incapaz de mantener el ritmo, y no solo en esta materia, ante el desarrollo excepcionalmente rápido de Internet y los diversos tipos de actividades en línea. ¿No explica esto el hecho de que la Comisión esté compuesta enteramente por personas que crecieron en una época en la que este mundo virtual de empresas en línea constituía tan solo el argumento de novelas sobre el futuro?

La Comisión debe iniciar su trabajo sobre la base de un informe exhaustivo que analice todo lo relacionado con el problema de la honradez en el juego y todas las consecuencias jurídicas y sociales asociadas a esta cuestión. Lo que se necesita es un código de conducta europeo claramente definido que establezca los parámetros más altos y sea capaz de diferenciar entre lo que es honrado, la competición deportiva en los juegos y el juego sucio.

  Elena Oana Antonescu (PPE). – (RO) La regulación del mercado del juego en la Unión Europea es un asunto delicado, independientemente de que estemos hablando del juego convencional o en línea. El sector de los juegos de azar en línea se ha expandido en los últimos años y es ahora un ámbito en el que se consiguen pingües beneficios. Por un lado, están los que se expresan a favor de la prohibición del juego, mientras que otros consideran que esa prohibición tendría como resultado un aumento de tales actividades sin ningún tipo de regulación en vigor.

Tanto la Unión Europea como los Estados miembros comparten objetivos comunes en sus esfuerzos por mejorar la regulación de las actividades del juego. Quieren proteger a los menores de edad, encontrar una solución a los problemas de la dependencia, introducir medidas adecuadas de supervisión relativas a la transparencia y las reglas sobre la publicidad, por no mencionar la prevención de la adicción y el abuso en la participación en los juegos en línea.

Ante la ausencia de una legislación armonizada en este ámbito, los Estados miembros son libres para establecer sus propios objetivos estratégicos y definir el nivel de protección exigido. Aunque los fines parecen ser los mismos, la solución de la cuestión regulatoria en este sector no es nada fácil. No obstante, no podemos negar la realidad de la situación: el juego en una importante actividad económica que no cumple del todo con la normativa del mercado interior. Sin restricciones facilitadas por cualquier tipo de barrera técnica, estas actividades son accesibles a través de las fronteras y generan beneficios de miles de millones de euros.

Las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo no aproximan nada las posiciones de aquellos que sostienen puntos de vista divergentes sobre el camino correcto para hacer cumplir la normativa. La Comisión sigue afrontando la paradójica realidad existente entre la jurisdicción de los Estados miembros para regular este sector y las quejas presentadas por los proveedores de servicios de juego contra las restricciones impuestas a escala nacional.

Yo no soy una defensora de los juegos de azar en línea. Diría más bien que me opongo a esa actividad. Sin embargo, siento que necesitamos admitir la realidad de que esos juegos existen. Y por ello tenemos que elaborar una legislación armonizada que no solo regule las actividades de los operadores económicos, sino que proporcione medidas, y eso es aún más importante, para apoyar a los consumidores. Debemos garantizar que los juegos de azar en línea se utilicen de un modo responsable. Debemos proteger a los menores de edad y a las personas vulnerables. También debemos evitar la adicción y la delincuencia organizada.

  Tamás Deutsch (PPE). - (HU) En primer lugar, mi cálida bienvenida al Comisario, señor Barnier, a quien le deseo lo mejor en sus esfuerzos. Señorías, permítanme resumir en tres puntos lo que me gustaría decir.

Ante todo, en esta época, cuando los expertos dicen que nuestro mundo está dominado por los medios de comunicación de masas e Internet, uno no puede realmente debatir sobre el juego y, en especial, sobre los juegos en línea ignorando los importantes efectos sociales, culturales, sanitarios y mentales implicados. También está claro, como puso de manifiesto la decisión que aprobó el Parlamento hace un año, que los juegos de azar en línea tienen efectos perjudiciales evidentes sobre la sociedad. Basta con citar los efectos relacionados con el desarrollo de dependencias, la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales. Tampoco debemos olvidar los efectos nocivos de las apuestas deportivas, por desgracia asociados con este asunto, precisamente ahora que Europa está afectada por un terrible escándalo de amaño de juego.

En segundo lugar, en mi opinión estamos realizando una interpretación equivocada si creemos que la regulación de los juegos en línea es una cuestión relativa al libre mercado. Se trata ante todo de un asunto sobre protección de los consumidores. Y, en mi opinión, la regulación debería centrarse en la cuestión de esa protección.

Permítanme, por último, plantear dos propuestas. Se necesita una regulación común a escala europea, una regulación basada en la protección del consumidor y centrada en la prevención, para evitar el desarrollo de la adicción, la asociación de los juegos en línea con la delincuencia organizada y los escándalos de amaño de juegos que ponen en riesgo el juego limpio. Termino diciendo que la Unión Europea tiene la necesidad de iniciar una regulación que vaya más allá de las fronteras de su territorio, ya que los juegos de azar en línea constituyen una cuestión de alcance mundial, y creo que ese es un asunto que también debemos abordar.

  Jim Higgins (PPE). - Señora Presidenta, como en tantos otros ámbitos de actividad, el juego se ha aprovechado del avance de la tecnología. Hay aspectos positivos y negativos. El positivo es que le facilita las cosas al jugador y le hace más fácil aceptar y realizar apuestas. El juego es una enorme fuente de ingresos para los Estados miembros que se ha escindido en grandes ámbitos. Antes solía limitarse a las carreras y los deportes, pero ahora tenemos muchos otros ámbitos, por ejemplo el de las predicciones de tipo político. Como decimos en Irlanda, todo el mundo puede ser un jugador compulsivo. Así que observamos una progresión formidable de los ámbitos que abarca el sector del juego.

El aspecto negativo es que hay fraude, amaño de partidos, caos social y familiar, dependencia del juego, etc. Se ha calculado que solo en el Reino Unido, como afirma la asociación Gamblers Anonymous, hay cerca de 600 000 personas adictas al juego que son miembros de esa asociación. En Irlanda tenemos el mismo problema y también es algo generalizado en el resto del mundo.

Creo que tenemos que examinar las sentencias del TJUE como si fuésemos a decir que corresponde a cada Estado miembro establecer sus propias normas y reglamentos. Necesitamos una política común porque el juego traspasa las fronteras. Afecta a todo el conjunto de la Unión Europea. Considero que tenemos que retomar las excelentes recomendaciones realizadas el 10 de marzo de 2009, que vale la pena examinar de nuevo. Por ejemplo, los Estados miembros apelan a unos a otros para cooperar estrechamente con el fin de solucionar los problemas sociales y de orden público que se derivan de los juegos de azar en línea transfronterizos. En segundo lugar, necesitamos proteger a los consumidores frente al fraude, y debería haber una posición conjunta para hacerlo. En tercer lugar, se necesita una regulación común en relación con las campañas publicitarias y las disposiciones sobre los juegos de azar en línea. En último lugar, pero no menos importante, en referencia al crédito deberíamos tolerar una cantidad máxima del mismo y, ciertamente desde el punto de vista de la edad tendría que haber una restricción por edades.

El señor Panzeri ha dicho antes, y co razón, que aquí hablamos mucho sobre restricciones y recomendaciones, y todas ellas son muy encomiables, pero al fin y al cabo lo que necesitamos es trasladarlas al campo de la acción. Si no lo hacemos, se quedan en simples aspiraciones. Así que estamos hablando de pasar a la acción y sobre el calendario para hacerlo. Ese es el motivo por el que espero con impaciencia la respuesta de la Comisión.

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - (LT) Quizás nadie discutiría el hecho de que el juego, como otras formas de adicción, causa graves problemas sociales que afectan no solo al jugador, sino al conjunto de la sociedad. Estamos ante un problema complejo.

Con la rápida expansión de Internet en nuestro mundo globalizado se ha producido un aumento significativo de una nueva forma de adicción: la adicción a los juegos de azar en línea. En los catorce años que han transcurrido desde 1996, el mercado del juego ha crecido de forma espectacular. Del mismo modo que crece el mercado, también lo hacen los ingresos procedentes del juego en el mundo. Hasta que establezcamos un sistema común en la Unión para la regulación de los juegos de azar en línea, las únicas personas felices de ver esas cifras van a ser los representantes del sector del juego en línea.

El Tribunal de Justicia Europeo ha dicho que los servicios del juego se aprovechan del principio de la libre prestación y que los Estados miembros deberían regular esos servicios por sí mismos teniendo en cuenta sus valores y tradiciones. Lituania, por ejemplo, sigue siendo uno de los países de la Unión Europea en el que los juegos de azar en línea están prohibidos. Sin embargo, la libre prestación de servicios garantiza la oportunidad de jugar, de tener acceso al juego en línea, e incluso si prohibiésemos esta actividad en toda la Unión Europea, seguiríamos estando desprotegidos frente a los portales de juegos registrados en otras partes del mundo. Por ello, es necesario establecer un sistema común en la Unión Europea para la regulación del juego en línea, tomando para ello en consideración la protección de los grupos de riesgo, y prestando especial atención a los menores de edad y al control de las transacciones.

En cuanto al asunto de los menores, no solo se vuelven adictos al juego con apuestas de dinero, sino también a menudo a juegos de naturaleza agresiva y con contenido agresivo, lo cual también representa un gran problema.

Esta situación es casi idéntica a la pregunta sobre las emisiones de CO2, sobre la que con tanta frecuencia hemos debatido. Internet no conoce fronteras, así que si tenemos diferentes normativas y disposiciones sobre los juegos de azar en línea, va a pasar lo mismo que con el problema del cambio climático; muchas palabras y, lamentablemente, pocos resultados.

  Piotr Borys (PPE). – (PL) Señora Presidenta, me gustaría plantearle a la Comisión una pregunta en el contexto de las que ha formulado mi colega, el señor Nitras, quien no puede estar hoy entre nosotros debido a problemas que ha tenido para llegar a Estrasburgo. Primero, quiero preguntarle a la Comisión si podría comentar los recientes cambios legislativos en los Estados miembros en el contexto de las sentencias conjuntas del Tribunal de Justicia Europeo. Segundo, ¿prevé todavía la Comisión adoptar medidas legales para introducir marcos comunes que puedan regular las transacciones asociadas con los juegos de azar en línea, teniendo en cuenta sobre todo la protección del consumidor y la lucha contra la adicción al juego, y también la presencia creciente de la delincuencia organizada en un sistema que no está sujeto a verificación y control adecuados?

En relación con esto, ¿está de acuerdo la Comisión en que, a pesar de la regulaciones comunitarias comunes actualmente en vigor, los Estados miembros todavía no son capaces de moderar la participación de sus ciudadanos en el juego, pese a recurrir a las prohibiciones, por ejemplo? En este ámbito, parece que las regulaciones jurídicas no están adaptadas a la situación actual y al mercado en desarrollo de servicios de Internet. En relación con ello, mi pregunta es la que sigue: ¿qué medidas pretende adoptar la Comisión en este ámbito para establecer, quizás, marcos jurídicos comunes que sean iguales para todos los Estados miembros?

  Toine Manders (ALDE). – (NL) Quiero felicitar al Comisario, el señor Barnier, por su nombramiento como Miembro de la Comisión, y también darle una calurosa bienvenida aquí, ya que hay numerosos asuntos que tratar en la agenda.

La Directiva sobre servicios, o «Directiva Bolkestein», que se debatió aquí, excluye el juego de forma explícita. Eso me parece lamentable, porque significa que no nos atrevimos a reconocer que supone un problema para los consumidores, y creo que fueron los gobiernos los que lo instigaron, ya que solo pensaban en seguir viendo el juego como un monopolio de los Estados miembros. El resultado ha sido un conglomerado legislativo que en la actualidad nos arrastra a una situación de gran indefinición jurídica. Es lamentable, y detrás de ello se esconde una falta de coraje, incluyendo el nuestro propio, para abordar los problemas. Después de todo, tener un problema y no examinarlo es como esconder la cabeza bajo la arena, como hace un avestruz. Y, sin embargo, los problemas son reales, puesto que las organizaciones proveedoras de servicios de juego están constantemente al acecho en busca de nuevas oportunidades.

Nuestra legislación actual se basa en las fronteras físicas, pero ya hace tiempo que llegamos a una época en la que las fronteras son virtuales. Por ello, en mi opinión debemos garantizar un enfoque europeo para los juegos de azar en línea, introducir una legislación más clara, involucrar a los proveedores en esto y asegurar que los consumidores estén protegidos y la delincuencia organizada descartada. Pero eso también significa que debemos atrevernos a distanciarnos de la situación en la que los gobiernos mantienen el monopolio, en función de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que establece que «se permiten los monopolios siempre que se lleve a cabo un política restrictiva»; esto se nos está yendo de las manos.

El TJUE también afirma eso con frecuencia, y creo que debemos tener la valentía de adoptar legislación vinculante que elimine las excrecencias y el abuso del juego, no solo en interés de nuestros ciudadanos, sino también para erradicar la delincuencia organizada. Confío en que esto tenga éxito, señor Comisario Barnier: le aguarda a usted una tarea colosal y le deseo toda la suerte del mundo.

Quizás, y este va a ser mi comentario final, señora Presidenta, sea ya algo formidable para usted alentar al Parlamento examinando con más detalle la aplicación de la Directiva sobre servicios; después de todo, he escuchado muchos informes positivos en este sentido.

  Franz Obermayr (NI). - (DE) Señora Presidenta, en el asunto C-42/07 el Tribunal de Justicia Europeo estudió si Portugal había infringido la legislación de la UE al prohibir los juegos de azar en línea. Portugal había prohibido a las empresas la oferta de juegos de azar en Internet. Las empresas afectadas por esa prohibición, como BWin y Liga Portuguesa de Futebol Profissional, recurrieron a los tribunales y llevaron sus casos ante el TJUE. El argumento principal era que al actuar así Portugal había infringido la libertad de prestación de servicios y que, en última instancia, se debía permitir a cualquier proveedor ofrecer sus servicios a través de las fronteras. Además, cualquier ciudadano de la UE debe ser libre para recibir servicios, lo que es una forma pasiva de libertad.

Sin embargo, en cuanto a su contenido, la libertad de prestación de servicios también incluye una prohibición de discriminación, lo que significa que al Estado no se le permite poner a los proveedores de servicios extranjeros en una situación menos favorable que la de los nacionales. Por otro lado, la libertad de prestación de servicios también comprende una prohibición de restricciones, lo que supone que está prohibida cualquier medida, que no sea en sí misma discriminatoria, pero que tenga la intención de obstruir el acceso al mercado de empresas extranjeras. Curiosamente, el TJUE rechazó esa argumentación al afirmar que la libertad de prestación de servicios se puede limitar en la medida en que ponga en peligro el interés público, puesto que es necesario combatir el fraude, garantizar la protección de los consumidores y prevenir la adicción al juego.

Precisamente en la actualidad, la adicción al juego es un problema considerable. Solo en Alemania, 200 000 personas se han clasificado oficialmente como adictas al juego, y la gente joven tiende cada vez más a caer presa de esta adicción. Un estudio ha descubierto que la gente se inicia en el juego ya a la edad de 13 años. Por otro lado, y ya estamos familiarizados con este problema, los operadores privados que cumplen con requisitos estrictos y disponen de procedimientos de protección del consumidor adecuados se ven excluidos del mercado de modo categórico, mientras que, por otro lado, a los monopolios estatales del juego se les permite eludir la legislación comunitaria sobre la competencia, lo que les da una gran ventaja en el mercado.

Confío en que esta situación, muy difícil y polarizada, se tome en cuenta en la creación de un nuevo marco reglamentario y que la Comisión incorpore estas cuestiones clave que he planteado

  Giovanni Collino (PPE). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar quiero desearle al Comisario, el señor Barnier, mucho éxito en su trabajo, porque necesitamos que se haga un buen trabajo.

El juego tiene, por su propia naturaleza, implicaciones psicológicas para los jugadores particulares y afecta a los aspectos culturales y comportamentales de las diversas sociedades. Habida cuenta de los riesgos que comporta el juego, resulta razonable la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que otorga a cada Estado miembro el derecho a fijar sus propias normas para regular las apuestas y los juegos en línea.

La sentencia relativa a Liga Portuguesa confirma que la Unión Europea se rige internamente por 27 normativas diferentes, sobre cuya base cada Estado ha decidido legislar. Esa posición se opone totalmente a la aplicación de la legislación del mercado interior y va contra el sector del juego y la armonización a escala europea.

Una oferta que no esté regulada rigurosamente tendría un impacto negativo sobre las necesidades y el comportamiento de los ciudadanos de la UE, y aquí me estoy refiriendo en concreto a los grupos más vulnerables y a los jóvenes.

Le estamos pidiendo, señor Comisario Barnier, que tome medidas para crear un marco reglamentario que aclare las responsabilidades de los operadores y establezca principios comunes y un código de conducta para ellos, con el fin de proteger a todos los ciudadanos europeos cuya pasión son los juegos de azar en línea.

  Milan Zver (PPE). - (SL) Señor Comisario, le deseo todo el éxito en su nueva cartera.

El juego es una forma contemporánea de adicción. Todos nosotros lo sabemos; es una forma de escapismo para el hombre y la mujer modernos. Sin embargo, los juegos en línea son un hecho al que los políticos tienen que enfrentarse y para el cual tenemos que encontrar la mejor solución posible. Por un lado, tenemos que proteger los principios subyacentes a la Unión Europea, tales como la libre prestación de servicios y, por otro, hemos de proteger a los consumidores.

¿Pero cuál es la dirección que debemos seguir? Si ponemos unas competencias demasiado amplias en manos de la administración de los Estados miembros, me parece que no eliminaremos todos los inconvenientes del juego en línea. Como tampoco eliminaremos el blanqueo de capitales u otras formas de actividades delictivas relacionadas.

Pero, por encima de todo, fracasaremos en la eliminación de los monopolios porque los operadores del sector desde luego conseguirán justamente ese papel dentro de sus fronteras nacionales. Estoy en contra del proteccionismo cuando se trata del juego y deseo que su Libro Verde pueda resolver verdaderamente este problema en interés de todos, en interés de los consumidores y las administraciones nacionales y en interés de los principios subyacentes a la Unión Europea.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Señor Presidente, señor Comisario, estamos aquí ante un tema de la mayor importancia para la defensa de los intereses de los ciudadanos y contra los riesgos de fraude, que con comunes en el caso de los juegos de azar, incluidos los juegos en Internet.

Los Estados miembros deben mantener su autonomía y toda su legitimidad para legislar en el ámbito del control del juego, según las tradiciones de sus países, y asegurando un nivel de protección que sea más adecuado para los consumidores y los propios intereses de los ciudadanos, incluyendo inversiones en los ámbitos sociales, como ocurre en Portugal.

Por ese motivo, aquí no tiene cabida la aplicación de la normativa de la competencia y de la libertad de prestación de servicios. No estamos ante un servicio normal, estamos delante de un juego que tiene graves implicaciones en la vida de los ciudadanos. Por eso, esperamos, señor Comisario, que tenga en cuenta esta posición en las medidas que vaya a desarrollar, reconociendo a los Estados miembros toda la legitimidad para continuar legislando en este momento.

  Seán Kelly (PPE). – (GA) Señora Presidenta, gracias por darme la oportunidad de hacer algunos comentarios sobre este importante asunto internacional.

El juego, y los juegos en línea en particular, son la adicción larvada, y, al contrario de lo que ocurre con las otras grandes adicciones a las drogas y el abuso del alcohol, aquí no hay manifestaciones físicas evidentes de la enfermedad. En segundo lugar, los juegos de azar en línea constituyen la segunda generación de la adicción y están especialmente extendidos entre los jóvenes, que cuentan con una formación digital muy superior a la de sus padres y, por ello, tienen más posibilidades de pasar desapercibidos y, por consiguiente, menos de recibir la protección necesaria.

Por ello, acojo con satisfacción la publicación inminente del Libro Verde, que debe abordar tres cuestiones: en primer lugar, determinar los hechos sobre la extensión del juego. Como ejemplo citaré que hace unos años en mi ciudad de 10 000 habitantes había solo dos locales de apuestas, pero ahora hay 18. En segundo lugar, una vez determinados los hechos, necesitamos un programa educativo para jóvenes, padres y educadores y, en tercer lugar, legislación que sea aplicable a todos los países.

– GA Señor Comisario, le deseo toda la suerte del mundo en esta importante tarea.

  Andreas Mölzer (NI). - (DE) Señora Presidenta, en el debate sobre si los juegos de azar en línea deberían ser un ámbito exclusivo de los monopolios, si deberían estar sujetos a la concesión de licencias o si deberían prohibirse del todo, creo que no debemos olvidar que el aumento de la adicción al juego ha sido espectacular. Como todos sabemos, los crupieres de los casinos reciben entrenamiento psicológico para detectar a los jugadores con un comportamiento adictivo. Si resulta necesario, se les puede prohibir participar en el juego. Desde que se produjo el inmenso auge en la cantidad de ofertas de juegos de azar en línea, el problema de la adicción ha ido desplazándose cada vez más hacia Internet. Se trata de un problema que pone en peligro las relaciones de la gente, su trabajo y salud, y en un tiempo récord puede hacerle acumular deudas de miles de euros.

La protección de los jóvenes es otra cuestión relacionada con este asunto. Sin embargo, no conseguiremos nada prohibiendo a los jóvenes su participación en el juego. Un estudio ha revelado que uno de cada diez estudiantes de Hamburgo entre los 14 y 18 años juega en Internet de forma ilegal apostando dinero, ya sea en forma de póquer en línea o a través de apuestas deportivas. Tampoco debemos olvidar que, junto al trágico destino de los afectados y sus familias, este problema también implica costes para las arcas públicas.

  Presidenta. – Señor Comisario, permítame ante todo darle la bienvenida ya que no he sido yo quien ha abierto el debate, y concederle además la palabra para responder a las numerosas preguntas planteadas.

  Michel Barnier, Miembro de la Comisión. − (FR) Señora Presidenta, gracias por sus palabras de bienvenida y gracias a todos ustedes por sus buenos deseos y su ánimo. Como han entendido, y así lo he dicho ante este Parlamento, comienzo esta nueva tarea que el Presidente Barroso me ha encomendado con gran determinación y voluntad. Incluso conservaré un poco de idealismo. Yo creo que las utopías creativas existen, en particular cuando se trata del proyecto europeo.

La pregunta formulada con tanta claridad hace poco por el señor Harbour y las preguntas del señor Schwab, la señora Gebhardt, la señora Rühle y el señor de Jong, en particular, todas ellas vienen a decir lo siguiente: ¿va la Comisión Europea a mostrar determinación e iniciativa en este momento, y va a hacerlo, además, empleando métodos distintos a los procedimientos de incumplimiento?

Señorías, no se confundan. Por supuesto que llevo tan solo 48 horas en el cargo. Así que, por favor, concédannos tiempo a mis colegas y a mí mismo para trabajar y presentarles las cosas de una manera seria. Con todo, es acerca del nuevo enfoque sobre lo que en realidad deseo hablar con ustedes, y lo hago así por una razón que me resulta muy importante. Como varios de ustedes han dicho, incluido el señor Karas, la señora Gebhardt y la señora Figueiredo hace un momento, este asunto no tiene que ver con un servicio como los demás. Por ese motivo tienen ustedes razón al esperar ese nuevo planteamiento de la Comisión, empezando con la consulta que acabo de proponerles a ustedes.

En la actualidad, los Estados miembros son libres para elegir cómo quieren abordar este asunto, siempre que cumplan con el Tratado. Todos los Estados miembros creen que hay que regular el juego con cuidado, a la vista del riesgo que supone para la sociedad, un riesgo que el informe de la señora Schaldemose, que he leído con gran atención e interés, describe con todo lujo de detalles.

El trabajo del Consejo también ha revelado una considerable divergencia de opiniones, tradiciones y prácticas existentes. Lo que he observado es que desde que decidieron en 2006 la retirada del juego del ámbito de acción de la Directiva sobre servicios, la Comisión no ha consultado a los Estados miembros sobre una iniciativa europea. Es esto justamente lo que va a cambiar. Por mi parte, tanto mis equipos como yo mismo vamos a seguir muy detenidamente los esfuerzos del grupo de trabajo del Consejo. Sé también que muchos Estados miembros quieren ver limitado el alcance del proyecto de Directiva sobre los derechos de los consumidores. Confirmo que la Comisión no excluye soluciones alternativas a los procedimientos de incumplimiento.

Para encontrar la vía adecuada, voy a publicar un documento de estrategia. Yo mismo he pronunciado las palabras «Libro Verde», pero para ello tengo necesidad de verificar el contenido y la planificación del programa de trabajo de la Comisión y de hablar con mis colegas sobre ello. No obstante, publicaremos un documento de estrategia con el fin de estructurar los próximos debates sobre este tema. Esa cuestión, Señorías, es sin duda la de un nuevo y significativo modelo de coordinación europea.

Sin duda, hay una dimensión económica, pero repito que esa no es la única cuestión, en lo que a mí atañe. Hay otras graves cuestiones que plantean al interés público un reto igual de importante. Señor Creutzmann, señor Kirkhope, señor Paška, no puedo citar a cada uno de los que han intervenido, pero he tomado nota detenidamente de lo que han dicho en su nombre los diferentes coordinadores de sus Grupos.

Una de esas cuestiones, uno de esos retos, se refiere a la delincuencia transfronteriza. ¿Es posible combatir ese tipo de delincuencia sin adoptar un planteamiento europeo? Yo creo que es imposible. Lo que es más, si no adoptamos un planteamiento europeo con respecto a los juegos de azar en línea, no progresaremos en el establecimiento de un mercado interior para el comercio electrónico.

En lo que concierne a los juegos de azar en línea, lo menos que debemos hacer es reforzar la cooperación entre las autoridades nacionales reguladoras del juego en Europa. Este es, además, uno de los asuntos que está estudiando el grupo de trabajo del Consejo, motivo por el cual, en este asunto como en otros, la Comisión va a trabajar con los Estados miembros.

Considero que, además de escuchar la opinión de los Estados miembros, como voy a hacer, seguiré escuchando lo que se dice en este Parlamento, como he hecho esta mañana, incluso a pesar de haber comprendido claramente que, en los diversos bancos de esta Cámara, existen opiniones diferentes que no son siempre coherentes, pues soy consciente de cuál es la posición mayoritaria del Parlamento. Escucharé al Parlamento y a todas las partes interesadas, así como a las asociaciones en el contexto de esa consulta sobre una mejor coordinación europea. En cualquier caso, eso es lo que voy a proponer a mis colegas Comisarios en los próximos días.

He hablado de retos y pruebas, señora Presidenta, y con ellos voy a concluir. Por supuesto, entre los problemas a los que se enfrenta la sociedad se encuentra el de la adicción, que es extremadamente importante, y que ha sido destacado en su informe, y luego está la cuestión de los menores de edad. Debemos fijar límites estrictos para que los menores no puedan participar en este tipo de juegos; todos los Estados miembros están trabajando en la materia, aunque de modo descoordinado. Por eso considero que en este asunto se hace necesaria una coordinación europea.

Para hacer un buen trabajo uno debe, en primer lugar, comprender adecuadamente, y ese es también el motivo por el que acepto la petición, expresada por muchos de ustedes, de que se elabore un documento de estrategia de la Comisión que contenga datos y estadísticas fiables, de forma complementaria a las cifras referidas hasta ahora. En consecuencia, y esto es lo que han solicitado en concreto la señora Stihler y la señora McGuinness, voy a intentar garantizar que, además de orientaciones políticas claras, lo que implica no solo palabras sino también propuestas de decisiones, el documento de la Comisión incluya, ante todo, un diagnóstico lo más preciso posible de todas estas cuestiones.

Permítame realizar un último comentario, señora Presidenta, sobre un asunto asociado a la cuestión del juego: la financiación del deporte. Digo esto, además, como persona que ha dedicado 10 años de su vida a la organización de actividades deportivas. Faltan muy pocos días para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Vancouver, y tengo el honor de ser el copresidente de un comité organizador de unos Juegos Olímpicos. Sé por ello que la organización de grandes acontecimientos deportivos cuesta dinero y que, en alguna parte, las redes de financiación están asociadas al juego.

Es además por ese motivo por el que muchos Estados miembros, que financian el deporte a través del juego, también desean salvaguardar las prácticas o su legislación nacional. En la actualidad, la Comisión está llevando a cabo un estudio acerca de la financiación del deporte para comprender mejor todas estas preocupaciones. También se celebrará la próxima semana una conferencia en Bruselas, y en el documento estratégico que voy a presentarles nos referiremos también a las redes que financian esos acontecimientos y el deporte por medio del juego.

Señorías, les he escuchado con gran interés y les estoy muy agradecido por la variedad y calidad de sus intervenciones. En lo sucesivo seguiré escuchándoles. Voy a consultar, junto con el Parlamento y de manera independiente, a todas las partes interesadas. Por tanto, sobre la base de ese documento de estrategia, que probablemente sea un Libro Verde, aunque que lo sea depende del acuerdo del Colegio, voy a acordar una reunión con ustedes, como muy tarde este otoño, para que podamos alcanzar el objetivo de ser más coherentes y de establecer esa maravillosa forma de coordinación a escala europea.

  Presidenta. – Muchas gracias, señor Comisario, por su completa y alentadora respuesta.

Se cierra el debate.

Declaraciones por escrito (artículo 149)

  Sławomir Witold Nitras (PPE), por escrito. – (PL) En primer lugar, me gustaría llamar su atención sobre la importancia que tienen en el mundo actual los juegos de azar en línea. En el debate que está celebrándose ahora estamos tratando varios asuntos que, en mi opinión, deben solucionarse lo antes posible, idealmente a escala comunitaria. En su sentencia, el Tribunal de Justicia Europeo afirma que la regulación de la legislación sobre el juego es un asunto que compete a los Estados miembros y que estos están reforzando la regulación en este ámbito. No solo en Polonia, sino también en otros países, se escuchan voces que afirman que deberíamos restringir de forma significativa las oportunidades del juego en Internet. A mi juicio, ese es un paso en la dirección apropiada, y tiene el propósito de procurar la introducción de una legislación clara y uniforme, incluyendo principios para el mantenimiento de la seguridad en Internet. Por otro lado, la participación en los juegos de azar en línea suele producirse fuera del territorio de un único país. Eso conlleva graves consecuencias, no solo jurídicas, sino también financieras. La pregunta sobre cuál es la jurisdicción que debe ser aplicable y hasta qué punto debe serlo, sigue sin responderse. Mantengo la opinión de que la Unión Europea debe incorporar legislación a escala europea, ya que uno de los cometidos básicos de la Unión es la garantía de la seguridad de sus ciudadanos, y también debe asegurar su aplicación efectiva.

(La sesión, suspendida a las 11.25 horas, se reanuda a las 12:00)

PRESIDE: Libor ROUČEK
Vicepresidente

5. Declaración de la Presidencia

***

  Elizabeth Lynne (ALDE). — Señor Presidente, simplemente anunciar que la declaración escrita 0054/2009 sobre el transporte de caballos destinados al sacrificio en la Unión Europea ha logrado el número de firmas requerido. Gracias a todo el mundo por firmarla. Son noticias excelentes para nosotros.

***

  Presidente. - Queridos colegas, hoy es el vigésimo aniversario de la liberación de Nelson Mandela en Sudáfrica tras haber cumplido 27 años de la cadena perpetua que le aplicó el régimen en 1984.

(Aplausos)

Como quizás sepan, el señor Mandela fue el primer galardonado con el Premio Sájarov que instituyó el Parlamento en 1988.

En conmemoración de este vigésimo aniversario de la liberación de Nelson Mandela, Jerzy Buzek, Presidente del Parlamento Europeo, dijo: «Nelson Mandela es una inspiración y su recuerdo permanecerá en el corazón de muchas personas en Europa, África y el mundo entero. El nombre de Nelson Mandela irá siempre ligado a la lucha por la libertad, la justicia y la democracia. La fortaleza con la que Nelson Mandela ha exigido integridad en la vida democrática, respeto por los derechos humanos y la reconciliación con los antiguos adversarios, hace que sea un ejemplo ilustre a seguir y al que aspirar».

(Aplausos)

«La lucha constante y la obra benéfica de Nelson Mandela para vencer el VIH/SIDA hace que siga siendo un rayo de esperanza para millones de personas en todo el mundo».

«Veinte años después, seguimos inspirándonos en su mensaje: “está en nuestras manos”».

  Michael Cashman (S&D ), Presidente de la Delegación para las Relaciones con Sudáfrica. — Señor Presidente, seré muy breve porque la Cámara no quiere demoras.

Como bien ha dicho, hace 20 años se liberó a Nelson Mandela tras haber cumplido 27 años de prisión por motivos políticos. El mundo observaba como recorría la recta final hacia la libertad. Fue un día que cambió Sudáfrica y, posiblemente, el mundo. Fundó una nueva Sudáfrica moderna. Que lo hiciera sin ira, resentimiento o amargura, demuestra que es un dirigente de estado y que está por encima de muchos otros. Creo que es un vivo ejemplo de que nuestra historia o nos encierra o nos libera. Con su liberación liberó a un país, eliminó el apartheid de la historia y llevó a Sudáfrica a una democracia multirracial. Hoy le rendimos homenaje.

(Aplausos)

6. Turno de votaciones

  Presidente. − El siguiente punto es la votación.

(Para los resultados y otros detalles de la votación: véase el Acta.)

6.1. Modificación del Reglamento (CE) n° 1085/2006 del Consejo, de 17 de julio de 2006, por el que se establece un Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA) (A7-0003/2010, Gabriele Albertini) (votación)

6.2. Cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia (A7-0005/2010, Jiří Maštálka) (votación)

6.3. Programa comunitario para el empleo y la solidaridad social — Progress (A7-0049/2009, Kinga Göncz) (votación)

– Antes de la votación:

  Kinga Göncz, ponente. − (HU) Quisiera decir solo unas palabras. Por un lado, quiero dar las gracias por la ayuda que he recibido de los ponentes alternativos durante estas negociaciones tan difíciles, por la ayuda de la Comisión y, muy importante, por la ayuda de la Presidencia española. Cuando las negociaciones llegaron a un punto muerto, la Presidencia española consiguió reanudarlas a principios de este año.

El compromiso es, fundamentalmente, que el Consejo adoptó el texto para el instrumento microfinanciero aprobado en el Parlamento en su primera lectura, que fue importante para conseguir un rápido lanzamiento. Otra parte importante del compromiso es que se han reasignado 60 millones de euros de PROGRESS y 40 millones de euros del margen, mientras que se pueden reintegrar instrumentos financieros de hasta 20 millones de euros en PROGRESS con la recomendación de la Comisión. Quisiera pedir al Consejo que leyese el texto de la comunicación al respecto, y sería importante que lo publicásemos cuando se publique el texto del acuerdo en el Diario Oficial.

Tendremos una herramienta para gestionar la crisis muy importante en nuestras manos. Quisiera pedir a todo el mundo que se asegure de que esta información llega a todos los Estados miembros a fin de que más personas que se encuentren en dificultades puedan utilizar este instrumento para emprender negocios. Puedo prometer en mi nombre y en el de la Comisión que controlaré el lanzamiento y posterior funcionamiento del programa. De verdad esperamos que sea un éxito.

  Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión. — Señor Presidente, creo que es importante que, en nombre de la Comisión, haga la siguiente declaración a petición del Parlamento.

La contribución financiera del presupuesto comunitario al instrumento para el periodo entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013, será de 100 millones de euros, financiada parcialmente por una reducción de 60 millones de euros en el programa Progress. Cuando la Comisión presente sus proyectos de presupuesto, dejará un margen suficiente en la rúbrica 1a de límite máximo de gasto, según el cual la autoridad presupuestaria —el Consejo y el Parlamento— puede decidir aumentar la cantidad del programa Progress hasta un máximo de 20 millones de euros durante el periodo 2011-2013, de conformidad con el punto 37 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera.

6.4. Acuerdo UE/Estados Unidos de América sobre el tratamiento y transferencia de datos de mensajería financiera de la UE a los Estados Unidos a efectos del Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo (A7-0013/2010, Jeanine Hennis-Plasschaert) (votación)

– Antes de la votación:

  Joseph Daul, en nombre del Grupo PPE. – (FR) Señor Presidente, en nombre del Grupo PPE, propongo que la Cámara remita el informe de la señora Hennis-Plasschaert a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de conformidad con los artículos 63 y 175 del Reglamento. Escuchamos ayer al Consejo y a la Comisión. Ambos pedían que el Parlamento les concediera tiempo adicional para poder responder a las peticiones que personalmente formulamos en el acuerdo interino.

El Parlamento tiene derecho a pedir cuentas al Consejo, a la Comisión y a EE. UU. Es nuestra responsabilidad —y más ahora con el Tratado de Lisboa— y tenemos que asumirla. El Parlamento hace bien equiparando la seguridad personal y la privacidad, porque no puede haber una sin la otra. Cuando les pedimos que pospongan ligeramente la votación, el Grupo PPE no cuestiona las peticiones o la autoridad del Parlamento; pide que la pelota vuelva al campo de la Comisión, el Consejo y EE. UU. durante un corto espacio de tiempo.

De hecho, mi grupo propone que el Parlamento limite el tiempo concedido al Consejo y pida que nos proporcione la información requerida el mes que viene, y no en mayo como pidió el Consejo. Eso nos permitiría alcanzar una opinión definitiva en marzo. No es algo poco realista, en especial cuando ayer por la tarde nos enteramos de que la Comisaria Malmström iba a proponer un nuevo mandato de negociación para el acuerdo final la semana que viene o para la próxima minisesión plenaria en Bruselas, es decir, en 10 días. Lo que proponemos es un nuevo mandato en febrero y la votación del Parlamento en marzo.

  Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo ECR. — Señor Presidente, quisiera apoyar la propuesta del Grupo PPE de posponer la votación. Creo que es una manera lógica y racional de proceder; la Cámara quizás tenga nuevos poderes pero tenemos que utilizarlos de forma comedida y responsable. El Consejo ha intentado apaciguar al Parlamento, quizás todavía no lo suficiente, pero también se han disculpado por sus errores durante este proceso. Así que creo que ahora deberíamos tomarnos algún tiempo para cooperar y trabajar juntos a fin de avanzar también hacia un acuerdo a largo plazo. Creo que por el bien de la reputación de esta Cámara, del futuro de nuestros acuerdos internacionales y de la seguridad en Europa, deberíamos darnos ese tiempo.

  Jeanine Hennis-Plasschaert, ponente. — Señor Presidente, mi recomendación es que votemos en contra, puesto que el Consejo no ha reunido las condiciones para el aplazamiento. Esta Cámara no puede seguir faltando a sus promesas; la pelota estaba en el campo del Consejo pero no actuó de forma apropiada y efectiva. El Consejo conoce el problema desde hace dos años y no ha hecho nada en ese tiempo para solucionarlo. Que no aprobemos el acuerdo interino no va a comprometer la seguridad de los ciudadanos europeos. El intercambio de datos transatlántico seguirá siendo posible; el Estado de Derecho es extremadamente importante aunque en la actualidad se infrinja nuestra legislación, y con la aplicación provisional de este acuerdo se seguirá infringiendo. El Parlamento no debería tomar parte en esto.

Por último, si el Gobierno estadounidense propusiese al Congreso de EE. UU. algo equiparable, transferir bancos de datos de ciudadanos estadounidenses en grandes cantidades a una potencia extranjera, todos sabemos lo que diría el Congreso de EE. UU., ¿verdad?

(Aplauso de la Izquierda)

  Cecilia Malmström, Miembro de la Comisión. — Señor Presidente, la Comisión apoyará el aplazamiento de la votación. Proporcionaría a la nueva Comisión la oportunidad de dar un nuevo impulso a este informe tan difícil y también daría más tiempo al Parlamento Europeo para ver cómo tenemos previsto avanzar con esta cuestión.

La Comisión tiene un calendario muy ambicioso. Quisiera confirmar lo que ha dicho el señor Daul: la Comisión adoptará el mandato para un nuevo acuerdo a largo plazo el 24 de febrero, si acceden a posponer la votación. Estoy dispuesta a presentarles el mandato personalmente ese mismo día. El Consejo lo tendrá al día siguiente en Bruselas para estudiarlo. Estoy segura de que la Presidencia española hará todo lo posible por aceptar el mandato lo antes posible. La Comisión iniciará entonces las negociaciones con EE. UU. de inmediato para que concluyan cuanto antes.

Dentro de los límites de nuestras competencias, mantendremos plenamente informado al Parlamento Europeo durante todas las fases del proceso. Mi objetivo es lograr un nuevo acuerdo con garantías muy ambiciosas en materia de privacidad y protección de datos. Creo que podemos generar confianza a ambos lados del Atlántico para el seguimiento financiero pero, sin duda, hay que hacerlo garantizando, al mismo tiempo, la protección de las libertades civiles y derechos fundamentales.

  Martin Schulz (S&D). – (DE) Señor Presidente, tengo una pregunta complementaria para la Comisión: a ver si lo he entendido bien, señora Malmström, ¿apoya el aplazamiento de la votación del Grupo PPE en calidad de Comisaria? ¿Puedo preguntar por qué no apoyó esas peticiones durante los seis meses como Ministra de Europa de la Presidencia sueca? Si lo hubiera hecho, no tendríamos que debatir hoy el aplazamiento.

  Presidente. - ¿Quiere responder, brevemente?

(La Comisaria rehúsa responder)

(El Parlamento deniega la petición de volver a remitir el informe a la Comisión)

6.5. Propuesta de Directiva del Consejo que aplica el Acuerdo Marco para la Prevención de las Lesiones causadas por Instrumentos Cortantes y Punzantes en el Sector Hospitalario y Sanitario, celebrado por HOSPEEM y EPSU (B7-0063/2010) (votación)

7. Explicaciones de voto

Explicaciones de voto orales

Informe: Kinga Göncz (A7-0049/2009)

  Traian Ungureanu, en nombre del Grupo PPE. – (RO) Quiero dar las gracias a la ponente en especial. En nombre del Grupo PPE, celebro la votación final sobre el programa Progress. El Grupo PPE, al que he representado durante la elaboración del informe, siempre ha manifestado su apoyo a cualquier iniciativa y medida destinadas a abordar las disparidades económicas y sociales entre los Estados miembros.

El informe que hemos votado hoy cumple uno de los principales objetivos del Grupo PPE: proporcionar apoyo financiero a las microempresas, respaldado por la preocupación por la inclusión social. La votación de hoy también garantiza que no se restringirán los programas dentro de la estructura marco de Progress, logrando con ello otro objetivo fijado por el Grupo PPE. Creo que el elemento clave de la votación de hoy se encuentra en el artículo 1 del informe. En realidad refleja el enfoque equilibrado que el Grupo PPE siempre ha apoyado con respecto a las fuentes de financiación de los proyectos.

De hecho, la línea presupuestaria para el Instrumento de Europeo de Microfinanciación consta de 60 millones de euros procedentes de los fondos del programa Progress y 40 millones de euros de otras fuentes. Esta proporción coincide con el enfoque del Grupo PPE que favorece, por un lado, el rápido inicio del programa y, por otro, la prudencia que exigen las limitaciones presupuestarias a las que nos enfrentamos en este momento. Quiero darles las gracias de nuevo por la votación de hoy y por el constante apoyo que he recibido durante la elaboración del informe.

  Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Quiero decir que estoy muy satisfecho de que hayamos aceptado este programa y me alegra haber podido votar a favor, especialmente en una época en la que los países se enfrentan a la crisis económica y el desempleo ha llegado al 10 % o más en muchos de nuestros países. Este paquete será de gran ayuda para todos nosotros. Quisiera dar las gracias a la ponente y quisiera añadir también que estoy satisfecho de que se haya podido llegar a un acuerdo y de que no se destinen estos 100 millones de euros totalmente a costa del paquete de Progress. Es un acuerdo muy satisfactorio, muchas gracias, y espero que nos beneficie a todos.

  Marian Harkin (ALDE). — Señor Presidente, yo también estoy muy satisfecha de que hayamos apoyado esta iniciativa. Es una expresión tangible de un ejemplo, de una de las medidas que ha tomado la UE en respuesta a la crisis económica actual. Esta iniciativa particular está destinada a aquellos que normalmente no tendrían acceso al mercado crediticio; a aquellos los que los bancos u otras instituciones financieras dirían: «no gracias, no nos interesa tu negocio». Por ejemplo, a personas que hayan perdido su trabajo, que estén en riesgo de exclusión social. Las personas con dificultades para reinsertarse en el mercado laboral tienen ahora la oportunidad de crear sus propios negocios porque pueden acceder a préstamos hipotecarios de hasta 25 000 euros. Creo que esta iniciativa marcará la diferencia para muchas personas, y le doy las gracias a la Presidencia española por sus esfuerzos para que se firme un acuerdo y también a la ponente por su duro trabajo.

Creo que tenemos aquí un buen acuerdo en especial para aquellos que, como he dicho, están excluidos del mercado crediticio y, a título personal, también me satisface ver que las cooperativas de crédito se encuentran entre las instituciones que pueden pasar esta financiación a sus miembros.

  Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Señor Presidente, la crisis económica ha generado una crisis social; no hay otra forma de describir una situación en la que el desempleo se ha multiplicado por tres, cuatro o cinco, comparado con el periodo anterior a la crisis. El año pasado elaboramos en esta misma Cámara un plan de recuperación económica, un plan que preveía el cumplimiento y financiación de decisiones dentro del contexto del programa Progress.

Por supuesto que la situación es compleja. No se puede reducir el desempleo de repente. He apoyado las medidas adicionales de la Comisión con respecto a la financiación del microcrédito. Sin embargo, es inaceptable que quisieran tomar la salida fácil y coger dinero para la financiación del crédito de los fondos para el programa Progress. No he podido apoyar tal enfoque y, por tanto, he votado por los compromisos presentados en el informe de la señora Gönczi.

  Daniel Hannan (ECR). — Señor Presidente, la parte del PIB mundial que representaba la vieja Europa está disminuyendo seriamente. Si excluimos a los países que se unieron en la última ronda de ampliación, el PIB mundial que representaban los 15 estados veteranos hace 40 años era del 35 %, hoy es un 25 %, dentro de 15 años será del 15 %. Europa se está quedando anquilosada, artrítica por el modelo económico y social del que solíamos estar orgullosos.

Hubo un tiempo, justo después de la guerra, que parecía que funcionaba: vacaciones pagadas, baja por maternidad, —todo era positivo—, jornada laboral limitada, etc. Pero hay un momento en el que la realidad se impone y ya hemos llegado a ese momento. Ahora se necesitan cuatro trabajadores alemanes para que cubran las mismas horas al año que tres trabajadores estadounidenses; en consecuencia, el PIB mundial de EE. UU. durante los últimos 40 años ha permanecido bastante estable. Somos como una pareja de ancianos en una casa que en su día fue grande, que se está empezando a desmoronar a nuestro alrededor, sin poder ver lo que ocurre más allá de nuestra puerta. Todo nuestro continente se está volviendo estéril, anquilosado y viejo.

  Bogusław Liberadzki (S&D). – (PL) Señor Presidente, he aprobado con gran satisfacción la resolución y también todas las enmiendas. ¿Cuáles fueron los motivos de mi decisión? En primer lugar, a pesar de la crisis, conseguimos concentrarnos en el empleo y la solidaridad social; en segundo lugar, conseguimos concentrarnos a pesar de nuestras diferencias porque hubo enmiendas conjuntas que recibieron el apoyo de los socialistas, demócratas, cristiano-demócratas y liberales; en tercer y último lugar, quisiera enviar un mensaje claro a todos los Estados miembros, con respecto a esta resolución: deberían seguir el ejemplo del Parlamento Europeo.

Recomendación: Jeanine Hennis-Plasschaert (A7-0013/2010)

  Peter van Dalen (ECR). – (NL) Se ha concedido más poder al Parlamento Europeo, pero este poder no se ha utilizado de forma constructiva hoy. En el periodo previo al debate sobre SWIFT, hubo bastantes cosas que fueron mal. La Comisión y el Consejo proporcionaron muy poca información al Parlamento y demasiado tarde. Esto no se puede volver a repetir.

Sin embargo, esta no es una razón lo suficientemente buena para de repente parar un programa que ha estado funcionando razonablemente durante una serie de años, un programa que ha demostrado que protege tanto a los ciudadanos europeos como a los estadounidenses en varias ocasiones. Por tanto, he votado en contra del informe y estoy a favor de que se prorrogue nueve meses el Acuerdo SWIFT. Cuando se negocia un nuevo acuerdo, hay que dejar claras las disposiciones para que se protejan mejor los datos personales. Tenemos que evitar el intercambio de datos innecesarios y no permitir que se almacenen los datos de forma indefinida.

  Peter Jahr (PPE). – (DE) Señor Presidente, la necesidad de combatir determinantemente el terrorismo en la UE junto con la necesidad de forjar una cooperación estrecha y constructiva con EE. UU. es algo que nadie niega. No obstante, he votado en contra del acuerdo SWIFT porque aún no se han aclarado cuestiones fundamentales con respecto a la protección de datos. Asimismo, el desprecio que se mostró hacia al Parlamento mientras se negociaba el acuerdo fue bastante inaceptable. Espero, de verdad, que ahora el Parlamento tenga una participación plena y que no se repita esta situación.

Es cierto que es necesario un acuerdo internacional para regular el intercambio de datos, pero no se puede permitir que desacate abiertamente las libertades civiles y los derechos fundamentales. Siempre que se vayan a transferir datos europeos a terceros, también debemos garantizar la salvaguardia de la protección de datos de los ciudadanos europeos. Seguiré luchando por esto.

  Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Señor Presidente, ayer se celebró un debate muy breve sobre el tema SWIFT aquí en el Parlamento, y tanto el Consejo como la Comisión hicieron importantes suposiciones con respecto a los problemas existentes en el procedimiento, en especial con respecto a la tarea de informar al Parlamento de todos los parámetros de la cuestión.

Por eso precisamente he votado hoy a favor de la propuesta de aplazamiento, para que podamos obtener la información correcta en un futuro inmediato, resolver cualquier malentendido y llegar a una decisión final.

La protección de datos de los ciudadanos europeos es crucial y todos la defendemos firmemente. Nadie cuestiona que se tengan que hacer todas las previsiones. Sin embargo, al mismo tiempo, tenemos que tomar las medidas necesarias para combatir de forma preventiva la financiación ilegal de organizaciones terroristas y, de esta forma, ocuparnos de un fenómeno que azota tanto a los EE. UU. como a Europa: los atentados terroristas.

Precisamente por eso nuestra responsabilidad, en un futuro inmediato, es esencial a fin de que, en consenso, podamos resolver los malentendidos y seguir buscando una solución a esta cuestión.

  Gerard Batten (EFD). — Señor Presidente, quisiera explicar la votación del informe Hennis-Plasschaert —el llamado informe SWIFT— sobre el seguimiento de la financiación del terrorismo.

Creo que la votación fue confusa, incluso siguiendo las normas de este foro. Hemos votado, creo, no votar y después hemos votado remitir de nuevo el informe a la comisión. Quería votar en contra de la celebración del acuerdo. Sin embargo, no quería votar a favor del párrafo 2 del informe que habla de presentar recomendaciones para un acuerdo a largo plazo conforme al marco jurídico del Tratado de Lisboa.

No quiero acuerdos de ningún tipo con arreglo al Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa contraviene el Bill of Rights de 1689 y otras leyes constitucionales de Inglaterra que no se han revocado expresamente y siguen vigentes. Por eso, Inglaterra —y, por supuesto, el Reino Unido— tiene ahora un gobierno ilegalmente constituido.

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL) . – (EL) Señor Presidente, he votado en favor del informe de la señora Hennis-Plasschaert, pero quisiera explicar mi voto: el Partido Comunista Griego rechaza el «acuerdo sobre terrorismo» entre la UE y EE. UU. firmado en nombre de la lucha contra la financiación del terrorismo.

Denunciamos los esfuerzos que han hecho el centro-izquierda y centro-derecha, los partidarios de una Europa de un único sentido, por limpiar su conciencia frente a los ciudadanos con los «acuerdos sobre terrorismo» con EE. UU. Aunque la resolución del Parlamento Europeo no aprueba el acuerdo interino que ya han firmado la UE y EE. UU., pide al Consejo que firme un acuerdo permanente con EE. UU. que supuestamente respetará la protección de datos personales.

Consideramos esto una gran decepción. En nuestra opinión, no puede haber protección de datos personales mientras esté en manos de la CIA y otros servicios secretos. La UE, EE.UU. y otras fuerzas imperialistas están utilizando el terrorismo como pretexto para violar las libertades y derechos fundamentales, para acabar con los movimientos populares y para justificar sus guerras imperialistas.

No hay una «legislación sobre terrorismo» que respete las libertades fundamentales, y por eso los ciudadanos la rechazan junto con todos «los acuerdos relacionados en materia de terrorismo».

  Daniel Hannan (ECR). — Señor Presidente, se ha sopesado el tema elegantemente, y envidio la certidumbre moral que han expresado determinadas personas por ambas partes. Hubo problemas legítimos de libertad civil; preocupaciones que compartirían los ciudadanos de EE.UU. y de la UE. No obstante, creo que, a fin de cuentas, el Gobierno estadounidense cedió para responder a las preocupaciones que se expresaron a este lado del Atlántico y ha venido con una propuesta proporcionada que tiene en cuenta el equilibrio entre seguridad y libertad.

Me he posicionado en contra de muchas de las medidas que se han introducido aquí en los últimos 10 años encubiertas como medidas de seguridad que en realidad trataban simplemente de engrandecer el poder del estado. Pero, en este caso, no creo que entre en esa categoría; estamos frente a una medida que ha tenido resultados concretos en cuanto a que ha frustrado atrocidades terroristas. Me temo que no creo que algunas de las críticas en esta Cámara estuvieran realmente interesadas en las libertades civiles. Tenían otras intenciones: primero, reafirmar el poder del parlamento federal frente a los estados nacionales y, en segundo lugar, su creencia de que EE.UU. siempre se equivoca esté donde esté. Es una pena. Tras la elección de Barack Obama muchos miembros de la izquierda en esta Cámara hablaban con entusiasmo sobre una nueva relación transatlántica. Hoy podemos ver cuánto podemos confiar en sus palabras.

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) La Comisión Europea ha firmado un acuerdo con EE.UU. sobre la transferencia de datos personales de ciudadanos europeos a los nuevos servicios de EE.UU. El acuerdo es desfavorable y desigual para la UE. Creemos que no se debió aceptar este acuerdo, tal como se presentó al Parlamento Europeo, porque somos responsables de la protección de los derechos de los ciudadanos europeos y no podemos permitir que los nuevos servicios en EE.UU. traten sus datos durante un periodo de 99 años.

La estructura de este acuerdo era absurda y desigual y, en mi opinión, permitió que se hiciese un mal uso de los datos personales de los ciudadanos europeos. Por tanto, es una buena noticia que el Parlamento Europeo haya decidido rechazar el acuerdo y obligado a la Comisión Europea a empezar a trabajar en un nuevo acuerdo que sea más equilibrado y que trate por igual los derechos de los ciudadanos de EE.UU. y de la UE.

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) He votado a favor del aplazamiento de la votación sobre el acuerdo y también en contra de la propuesta de rechazar su ratificación. El hecho de que el orgullo haya vencido a la responsabilidad en esta Cámara no es una buena señal, incluso aunque el Consejo no haya actuado bien a la hora de comunicarse con el Parlamento Europeo. Sin embargo, el análisis de estos datos ha hecho posible que se detectaran a tiempo los atentados terroristas dirigidos contra los ciudadanos europeos. Los que sabotearon el acuerdo interino con la idea de que protegía mejor los datos financieros de los ciudadanos, quizás no hayan leído el acuerdo, porque proporciona un marco mejor del que se aplicaba conforme al antiguo acuerdo de 2003, incluso aunque no se conoce caso alguno de que se hayan utilizado mal estos datos. Al contrario, el acuerdo interino incluye, de hecho, más garantías nuevas, como por ejemplo que solo el Ministerio de Justicia de EE.UU. puede pedir los datos de la misma forma que la Europol y únicamente basándose en una descripción clara de la investigación para la que se utilizarán. Por tanto, no puedo entender qué ha pasado aquí. En mi opinión, el Parlamento Europeo ha adoptado una postura arrogante y sin precedentes.

  Seán Kelly (PPE). — Señor Presidente, en primer lugar, quisiera simplemente decir que acepto totalmente la decisión democrática que ha tomado la Cámara pero, con respecto a este tema, me satisface haber votado de acuerdo con nuestro grupo y la postura que definió nuestro presidente, el señor Daul. Sin embargo, creo que hubo dos factores que contribuyeron a la derrota por 15 votos: uno, no responder a la pregunta formulada por el señor Schulz, y, dos, creo que ha habido determinada confusión sobre lo que estábamos votando.

En el futuro, creo que cuando haya dos propuestas del hemiciclo hay que explicar de forma clara y detallada para todo el mundo qué es lo que estamos votando en cada momento. Puede que me equivoque o no pero es mi opinión.

Propuesta de resolución B7-0063/2010

  Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Quisiera hablar de la votación que acabamos de celebrar sobre las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario. Hay que decir que se ha infravalorado este tema durante mucho tiempo. Se producen muchas lesiones, ya sea durante las operaciones, en consultas médicas o en las consultas de especialidades, en las que la enfermera o el médico se pinchan con una aguja o bisturí que está contaminado con muestras de un paciente infectado con una enfermedad contagiosa.

Cada vez más, vemos cómo enfermeras, en particular, pueden infectarse con hepatitis pero no es raro que en un trabajo así se puedan infectar con el virus del VIH también y contraer la enfermedad del SIDA. Quisiera apoyar los esfuerzos del Parlamento Europeo y nuestros esfuerzos por proteger a los médicos y enfermeras mediante medidas preventivas y también, cuando se busque compensación, para que se reconozca este derecho.

  Marian Harkin (ALDE). — Señor Presidente, me complace el resultado de la votación de hoy, porque en 2006, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales adoptó un informe sobre la protección del personal sanitario europeo contra las infecciones de transmisión hemática resultantes de heridas causadas por agujas de jeringuillas. Por supuesto que teníamos un acuerdo marco el pasado julio entre los interlocutores sociales y hoy tenemos esta resolución. Esta resolución será muy bien acogida por parte del personal sanitario de toda la UE, porque las heridas causadas por agujas de jeringuillas y elementos cortantes son uno de los riesgos más comunes y graves que corre el personal sanitario. De hecho, se calcula que se producen aproximadamente un millón de heridas de este tipo cada año.

Ahora es esencial que las medidas definidas en la propuesta de directiva se apliquen y se aprueben con carácter urgente primero y después se apliquen. El personal sanitario ha esperado demasiado tiempo ya; no es razonable que se les pida esperar más. Su trabajo ya es lo suficientemente difícil y estresante y todo lo que podamos hacer para mejorar la situación me consta que será muy bien recibido.

Explicaciones de voto por escrito

Informe: Gabriele Albertini (A7-0003/2010)

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Islandia, que presentó su solicitud de adhesión al Consejo el 16 de julio de 2009, evidentemente no debería estar en desventaja con respecto a otros candidatos o posibles candidatos a la adhesión. En vista de esto, he votado a favor de aprobar y modificar el reglamento existente sobre la ayuda preadhesión. Como sabemos, Islandia ya es miembro del EEE y es una nación muy bien desarrollada, motivo por el cual los pagos concedidos por esta ayuda deberían estar limitados. Sin embargo, en general, se debería revisar de nuevo este instrumento preadhesión. Por ejemplo, no deja nada claro por qué los países no europeos, como Turquía, reciben miles de millones del dinero de los contribuyentes, dinero que se necesita urgentemente en Europa.

Informe: Jiří Maštálka (A7-0005/2010)

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. − (LT) He votado a favor de este informe porque el Convenio de La Haya sobre el Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia de 2007 es, en primer lugar, una medida importante para proteger a los niños puesto que la gran mayoría de las demandas de alimentos se refieren a los niños. Este Convenio pretende facilitar las reclamaciones y garantizar que se reconocen y tramitan las demandas de alimentos presentadas en al ámbito internacional de forma eficaz. Me complace que el Consejo haya consultado al Parlamento Europeo y esté a punto de tomar una decisión sobre este Convenio, puesto que debido a la posibilidad de circular libremente en los Estados miembros de la UE y otros países, y al aumento en el número de divorcios, también ha habido un aumento del número de casos internacionales de cobro de alimentos.

Quisiera destacar que cuando se haya aprobado la propuesta de la Comisión sobre el cobro de alimentos, será más fácil y simple que una persona, que viva en el territorio de uno de los estados contratantes, cobre la manutención de una persona que pertenece a la jurisdicción de otro estado contratante. De este modo, cuando se haya aprobado la decisión, se fortalecerán jurídicamente las relaciones entre los países del Convenio y los Estados miembros de la UE en este sentido y se regularán en armonía.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. − (PT) El Convenio sobre el Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia de 2007 es extremadamente importante ya sea desde un punto de vista político o práctico porque garantiza un cobro efectivo de alimentos para los niños y ayuda a resolver situaciones que a menudo son bastante complicadas. Puesto que la gran mayoría de demandas se refieren al cobro de alimentos para los niños, la Convención es, en primer lugar, una medida para proteger a los niños y establece normas claras sobre el reconocimiento y la ejecución de las obligaciones de alimentos. Esta propuesta pretende aprobar el Convenio en nombre de la Unión que tendría competencia exclusiva de todo el Convenio. Habida cuenta de la importancia de este Convenio, no puedo sino apoyar esta propuesta, pero creo que, aunque es la Unión la que tiene que comunicar cualquier declaración y excepción al Convenio, los Estados miembros deberían poder decidir internamente el significado que le dan esas excepciones y declaraciones para que puedan ajustarlas a su situación nacional.

  Proinsias De Rossa (S&D), por escrito. — Apoyo este informe que aprueba el Convenio sobre el Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia. La finalidad de este convenio es garantizar el cobro de las demandas de manutención en el ámbito internacional mediante normas sobre reconocimiento y la ejecución de las obligaciones de alimentos y gracias a los procedimientos administrativos normalizados. Mientras que ya hay un Reglamento que se ocupa de las demandas de cobro de alimentos que implica a dos Estados miembros de la UE, las demandas que implican a estados no europeos no contaban con tales garantías. Este Convenio ampliará la protección del derecho de nuestros niños al apoyo familiar, aunque la demanda venga de un país signatario no europeo.

  Robert Dušek (S&D), por escrito. – (CS) La propuesta de decisión del Consejo sobre la celebración por la Comunidad Europea del Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia es, en primer lugar, una medida para proteger a los niños dentro del marco de la UE en su conjunto y para establecer un método de aplicación de demandas internacionales, así como normas sobre el reconocimiento y la ejecución de las obligaciones de alimentos entre los Estados miembros y otro país. Puesto que la Comunidad posee autoridad para proponer convenios con validez plena para los Estados miembros en este ámbito, el procedimiento es rápido y ciertamente más eficiente que si cada Estado miembro firmara convenios similares con otros países, y apoyo plenamente el proyecto de informe.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. − (PT) He votado a favor del informe sobre propuesta de decisión del Consejo sobre la celebración por la Comunidad Europea del Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia. La aprobación de este Convenio posibilitará la creación de un conjunto de normas armonizadas dentro de la Comunidad con respecto a otros países que se convertirán en Partes contratantes del Convenio. Con estas medidas, los niños estarán mejor protegidos, dado que la gran mayoría de las demandas de alimentos se refieren a ellos.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. − (PT) La Comisión Europea pretende aprobar el Convenio de la Haya sobre el Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia, vinculando a los Estados miembros, una vez la Comunidad lo firme. La Comisión tiene competencia exterior para aprobar el Convenio.

Habida cuenta de que las cuestiones prácticas que plantea el cobro internacional de alimentos para niños carecen de respuestas específicas, la aprobación del Convenio actual garantizará una mayor eficiencia del cobro internacional de alimentos para otros miembros de la familia, protegiendo así a los niños que se benefician de tales demandas. Por este motivo, y también por la seguridad jurídica que generará, considero importante que aprobemos el presente Convenio.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − (PT) En una sociedad moderna, justa y culturalmente evolucionada, es totalmente incuestionable que hay que garantizar una nutrición adecuada y sana para todos los ciudadanos pero, en especial, para los que están en proceso de crecimiento y aprendizaje y, en particular, para los niños. La sociedad tiene que proporcionarles a ellos y a los jóvenes todo el apoyo y medidas necesarios con el objetivo de asegurar el mejor desarrollo posible de sus facultades. Los alimentos —un principio básico e inalienable de la humanidad— son un factor clave para su desarrollo físico y para el desarrollo de sus facultades mentales y cognitivas. Dado que los ciudadanos tienen que ser los principales destinatarios de las medidas de la UE, destacaría la capacidad de iniciativa y aplicación de las instituciones europeas de acuerdo con este Convenio, que ignora las fronteras para garantizar una recuperación eficaz del cobro de alimentos familiar. Se debería subrayar además que se ha creado la posibilidad de desarrollar medidas encaminadas hacia un espacio jurídico común, partiendo del principio de reconocimiento mutuo de las decisiones jurídicas.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) No tenemos dudas con respecto a la celebración de este Convenio, que es lo que propone el informe Maštálka y, por este motivo hemos votado a favor. El Convenio mencionado anteriormente trata el reconocimiento de decisiones internacionales, la transferencia de fondos y la cooperación administrativa, además de numerosas cuestiones prácticas que pueden afectar la forma en la que se tramitan las demandas internacionales.

Sin embargo, no estamos de acuerdo en que la UE deba asumir la competencia exterior exclusiva en este ámbito. Aceptamos aún menos la creación de un precedente que pueda justificar la prórroga de cualquier restricción sobre la capacidad de los Estados miembros para firmar, en concreto, acuerdos bilaterales no sólo en este ámbito sino también en otros.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), por escrito. – (PL) Cada vez se celebran más matrimonios entre personas de países y culturas diferentes. Los problemas relacionados con los litigios que surgen de la ruptura de lo que se conoce como matrimonios internacionales han sido durante años motivo frecuente de demanda ante el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, consciente de la gravedad de la naturaleza de los problemas que afectan a los niños que se ven implicados en litigios familiares producto de matrimonios internacionales, creó en 1987 el puesto de Mediador para casos de sustracción internacional de menores por parte de sus padres. Firmar el Convenio es el siguiente paso de la Comunidad para garantizar la debida protección de sus ciudadanos, y, en particular, los niños. El Convenio sobre el Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia pretende fortalecer la legislación comunitaria sobre reconocimiento y ejecución de sentencias en materia de obligaciones de alimentos y reforzar la cooperación administrativa entre las autoridades centrales mediante la creación de un conjunto de normas armonizadas en relación con terceros países que sean partes en el convenio. La entrada en vigor del Convenio, garantizará, por tanto, la asistencia completa de la autoridad central a los acreedores de alimentos en su país de residencia cuando tenga intención de cobrar la manutención del extranjero. El convenio también plantea muchos aspectos prácticos que pueden afectar la forma en que se tramita una demanda, por ejemplo: los requisitos lingüísticos, formularios estandarizados, intercambio de información sobre legislación nacional y la utilización de nuevas tecnologías para reducir costes y plazos.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. − (PT) Armonizar y mejorar la eficiencia del cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia es muy importante porque salvaguarda los derechos y la protección de los niños en la medida en que son ellos, en su gran mayoría, los beneficiarios de la manutención a la que tienen derecho cuando se separan los padres.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) El cobro de los alimentos para niños es un problema cada vez mayor, incluso dentro de los propios países. A menudo el Estado se ve obligado a intervenir y compensar el déficit de cualquier manutención impagada. Estonia incluso llega a colgar los nombres de los morosos en Internet para obligar a los padres negligentes a pagar. Es comprensible que la ejecución internacional de una decisión judicial por una demanda de manutención sea mucho más difícil. Ahora el cobro debe ser más fácil tras el acuerdo, pero la UE tiene la impresión de que sus poderes son mayores de lo que son. Por este motivo he rechazado el informe.

Informe: Kinga Göncz (A7-0049/2009)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. − (PT) He votado a favor del informe sobre la propuesta de decisión por la que se establece un programa comunitario para el empleo y la solidaridad social – Progress. Este informe modifica la propuesta de la Comisión que respaldaba previamente la financiación completa de un nuevo instrumento de microfinanciación para crear empleo —un programa de 100 millones de euros, creado como medida anticrisis y cuyo objetivo es ayudar a los desempleados estimulando su espíritu emprendedor— a partir del presupuesto existente del programa «Progress». Este programa se creó para respaldar la realización de los objetivos de la UE en materia de empleo, asuntos sociales e igualdad de oportunidades, tal y como se define en la Agenda Social así como para contribuir al logro de la Estrategia de Lisboa en los ámbitos del crecimiento y del empleo, con un porcentaje de ejecución extremadamente positivo (80 %). En una época en la que la crisis económica y financiera se está convirtiendo en una crisis social y de empleo, si aprobásemos la propuesta de la Comisión, estaríamos enviando un mensaje erróneo, puesto que «Progress» está destinado a los grupos más vulnerables. La propuesta del Parlamento, gracias a un compromiso con el Consejo, prevé que 60 millones de euros provengan del programa Progress y 40 millones de euros de partidas presupuestarias que no se hayan utilizado. El año que viene habrán de aplicarse ambos programas plenamente con la financiación adecuada.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. − (LT) Las consecuencias de la crisis económica y financiera las sufren más los ciudadanos europeos de a pie, por tanto, la principal tarea de la política comunitaria actual es frenar el aumento del desempleo, crear más trabajo y condiciones que favorezcan la recuperación económica. La crisis ha cambiado radicalmente los mercados laborales de Europa, y en consecuencia, es imprescindible garantizar que contamos con las medidas necesarias para que tantos los trabajadores como las empresas puedan adaptarse más fácilmente a un entorno cambiante. Estoy a favor de este informe porque creo que es necesario que se destine financiación adicional al programa Progress a fin de apoyar a las personas en el mercado laboral y ayudar a los pequeños negocios y a su desarrollo.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. − (LT) He votado a favor de este informe, puesto que es una iniciativa espléndida que ayudará a las personas que estén en desventaja social en Europa, incluidas las mujeres y los jóvenes que hayan perdido su trabajo o no tengan oportunidad de entrar en el mercado laboral, para que obtengan ayuda económica y se fomente su espíritu emprendedor. El programa comunitario para el empleo y la solidaridad social – Progress va dirigido a los grupos más vulnerables y les ayudará a crear empleos alternativos y asegurar su empleo, ya que el paro afecta especialmente a las personas más vulnerables de la sociedad.

Me complace que el Parlamento Europeo haya conseguido llegar a un acuerdo con el Consejo y la Comisión durante el diálogo a tres bandas sobre el objetivo de financiación y la aplicación de este programa. Quisiera subrayar la importancia de esta iniciativa porque ahora mismo, con el aumento del desempleo, también aumenta la exclusión social de los más vulnerables. Por tanto, quisiera resaltar que si implantamos el programa «Progress» de forma eficaz lograremos las prioridades sociales de la UE: crear nuevos trabajos y aumentar el nivel de empleo, proporcionar más oportunidades para acceder al mercado laboral y satisfacer las necesidades del mercado laboral.

  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) Habida cuenta de la ralentización de la actividad económica y del empeoramiento de la situación del empleo, especialmente entre los jóvenes, el Parlamento Europeo y la Comisión están poniendo en marcha un nuevo instrumento de microfinanciación llamado Progress. Las actividades de los diputados del Movimiento Democrático se centraron en conceder a las microempresas de la economía social acceso al instrumento a fin de que pudieran desarrollar servicios sociales de flanqueo para personas vulnerables que quisieran crear o desarrollar su propia microempresa. Con respecto a la financiación del instrumento, los diputados del Movimiento Democrático defendían la idea de crear una nueva partida presupuestaria que no hiciese recortes al programa Progress que financia las numerosas iniciativas para promover empleo.

Al final, la Comisión, los grupos parlamentarios y el Consejo alcanzaron un compromiso equilibrado que prevé financiación mixta (60 millones de euros del presupuesto para el programa Progress y 40 millones de las partidas presupuestarias). La entrada en vigor de este nuevo instrumento es un avance que refleja el deseo de la Unión de tomar medidas concretas en respuesta a las legítimas preocupaciones sociales de sus ciudadanos y demuestra que el Parlamento Europeo tiene interés en participar más en la toma de decisiones de Europa. Los diputados del Movimiento Democrático lo celebran.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. − (PT) He votado a favor del informe de la señora Göncz que rechaza la propuesta de la Comisión de reasignar 100 millones de euros del programa Progress al instrumento europeo de microfinanciación. En un contexto en el que la crisis económica y financiera ya está llevando a la UE a una crisis social y de empleo, retirar dinero del programa Progress que va dirigido a los grupos más vulnerables enviaría una señal muy negativa a los europeos. Desde este punto de vista, hay que realizar nuevas consultas para encontrar una solución más adecuada que garantice que el instrumento europeo de microfinanciación logra la realización de sus objetivos.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Habida cuenta de que Europa experimenta una crisis económica y financiera grave que ha causado una crisis social grave con un creciente nivel de desempleo en todos los Estados miembros, es importante que la UE establezca mecanismos eficaces para combatir la crisis y para ayudar también a los más afectados, como pueden ser los desempleados.

El instrumento europeo de microfinanciación se creó por esta razón, concretamente para hacer frente a las dificultades en términos de empleo. Este instrumento se financiará con 100 millones de euros bajo su propia partida presupuestaria en el Presupuesto 2010.

En consecuencia, la propuesta de la Comisión de reasignar dinero del programa Progress, que va dirigido a los grupos más vulnerables y a la aplicación de la agenda social en la lucha contra la discriminación, la exclusión social y la desigualdad entre hombres y mujeres parece enviar el mensaje erróneo según el punto de vista actual.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El programa Progress se estableció para respaldar la realización de los objetivos de la Unión Europea en materia de empleo, asuntos sociales e igualdad de oportunidades, expuestos en la Agenda Social, así como para contribuir al logro de la Estrategia de Lisboa en los ámbitos del crecimiento y del empleo. Estoy conforme con el Instrumento de Microfinanciación para el Empleo y la Inclusión Social, que ya ha aprobado el Parlamento. Sin embargo, no es posible estar de acuerdo con la reducción de la dotación del programa Progress. Para empezar, no se deberían financiar los programas nuevos a costa de los programas que ya se han puesto en marcha. Se debería destacar que, desde un punto de vista presupuestario, la evaluación cualitativa y cuantitativa del programa Progress en su tercer año de realización ha sido bastante buena. El porcentaje de ejecución a lo largo de los últimos dos años y medio se sitúa más allá del 80 % en compromisos y pagos. La situación actual ha llevado a la Comisión Presupuestaria, partiendo del contexto del procedimiento presupuestario 2010, a declararse claramente a favor de la financiación del nuevo instrumento financiero mediante la creación de dos líneas presupuestarias nuevas a tal efecto. Por estos motivos he votado a favor de la propuesta de resolución que supone el rechazo de la propuesta de la Comisión de transferir 100 millones de euros de Progress a la microfinanciación.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Hemos votado en contra de este informe porque, como en el caso del informe Göncz anterior sobre el establecimiento del Instrumento europeo de microfinanciación para el empleo y la inclusión social, que se votó el pasado diciembre, la mayoría en el Parlamento falta a su palabra y aprueba una propuesta que retira dinero del programa comunitario Progress.

Recordamos que los dos informes que se aprobaron en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de acuerdo con una resolución anterior del Parlamento Europeo, rechazaban la financiación de este nuevo instrumento a costa de otro que ya existía y estaba en funcionamiento.

Como alternativa, se propuso la creación de una nueva línea presupuestaria con sus propios fondos, es decir, con «nuevos» fondos. Las enmiendas que presentó nuestro grupo político seguían las mismas líneas, pero lamentablemente fueron rechazadas.

Puesto que las condiciones sociales se están deteriorando en los distintos Estados miembros, es inaceptable que se desvíen los fondos para el empleo y la inclusión social hacia otras prioridades que se han definido mientras tanto, incluso aunque se trate de microfinanciación.

  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de mi colega Kinga Göncz sobre la creación de un instrumento financiero esencial para promover el empleo en las empresas con menos de 10 empleados y la inclusión social. Con respecto a la financiación, el impedimento para las negociaciones con el Consejo, podemos estar satisfechos con una dotación de 100 millones de euros durante cuatro años. En época de crisis económica, lo más importante es apoyar las medidas de todos los que participan en la economía social que se encuentran con dificultades a la hora de acceder al mercado de crédito tradicional. Renovemos la confianza de los ciudadanos en una Europa que pueda ayudarles en sus proyectos empresariales a pesar de su precariedad.

  Iosif Matula (PPE), por escrito. – (RO) Europa se ha ocupado, mediante el programa Progress, de los considerables problemas a los que se enfrentan sus ciudadanos, contribuyendo a conseguir el empleo, la inclusión social y la igualdad de oportunidades. La introducción de un nuevo instrumento de microfinanciación es una iniciativa beneficiosa, habida cuenta de la crisis económica y financiera que atravesamos y para ocuparse de la necesidad de encaminar a las economías europeas hacia la recuperación.

Por estos motivos precisamente los programas nuevos no se deberían financiar reduciendo las prioridades actuales. La solución aprobada hoy resuelve parcialmente gran parte del problema de financiación. Incluso aunque no proporcione la mejor solución posible, he votado a favor porque es extremadamente importante que contemos con un instrumento europeo de financiación. Los 100 millones de euros, más una posible dotación más de 20 millones de euros para el periodo 2011-2013, serán una línea de crédito aparte. Este instrumento tiene que proporcionar asistencia útil a los desempleados y a las personas vulnerables que quieran crear o poner en marcha microempresas.

Creo que el instrumento europeo de microfinanciación debería tener un presupuesto aún mayor para que fuera realmente eficaz a la hora de lograr la realización de los objetivos de empleo e inclusión social.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. − (PT) El programa Progress es muy importante para la aplicación de la agenda social que apoya la lucha contra la discriminación, la integración social, el empleo y la igualdad entre hombres y mujeres. Este programa ha sido un instrumento importante y ha tenido un porcentaje de ejecución de aproximadamente el 80 % en compromisos y pagos. Sin embargo, no tiene sentido destinar fondos de este programa a combatir los nuevos problemas de desempleo causados por la crisis económica que atraviesan actualmente la UE y el mundo entero. Crear un instrumento microfinanciero para el empleo y la inclusión social es una medida positiva pero se tiene que llevar a cabo con su propia financiación y sin desviar fondos destinados para el programa Progress.

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), por escrito. – (FR) Tras varios intercambios con el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, el diálogo informal a tres bandas durante los últimos días ha facilitado el logro de un acuerdo para financiar el instrumento europeo de microfinanciación. Quisiera felicitar en especial a todas las partes de las negociaciones porque cuanto antes se tome una decisión, antes podrán utilizar los ciudadanos el instrumento europeo de microfinanciación. Hoy he votado a favor de la financiación mixta de este instrumento, que asciende a un total de 100 millones de euros: 60 millones de euros procedentes del programa Progress y 40 millones de euros de los márgenes por debajo de los umbrales. Este acuerdo permitirá, por ejemplo, que los ciudadanos europeos obtengan un préstamo, a través de un microcrédito, para comprar gafas si sus hijos tienen problemas para leer, cuando su banco habitual les deniegue el préstamo.

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE), por escrito. − (DE) En determinadas situaciones, la microfinanciación puede ayudar a que las personas creen empresas y encontrar de este modo una salida a la crisis. No obstante, mi grupo y yo hemos votado hoy en contra de que se desvíen 60 millones de euros del programa Progress a la microfinanciación. El Fondo Social Europeo ofrece en su reglamento la opción de pagar la microfinanciación. El total de sus asignaciones para el periodo 2007-2013 asciende a 76 000 millones, y se ha destinado una parte importante de esa cantidad a la microfinanciación. La financiación del FSE también hace posible que se ofrezca la microfinanciación en combinación con otras medidas. En lugar de utilizar plenamente estas opciones, se está creando ahora un nuevo instrumento de microfinanciación, con un alto nivel de gasto en burocracia y un presupuesto reducido que se va desapareciendo. Para empeorar aún más las cosas, el plan es que el nuevo instrumento está financiado por el programa comunitario más reducido, el programa de pobreza europea Progress (con una asignación total de 743 millones de euros). La idea de que se proporcionarán nuevos fondos para este programa, tal y como han sugerido sus defensores, es falsa: en realidad, se están desviando fondos de programas de apoyo para grupos sociales desfavorecidos.

Nosotros, los Verdes, no aceptaremos esta prestidigitación, porque se está extrayendo dinero de los más pobres para crear un nuevo instrumento de préstamo. Lo que necesitamos no es un nuevo instrumento que salte a los titulares financiado por un programa pobre sino el valor para proporcionar un presupuesto comunitario específico a tal efecto.

  Anna Záborská (PPE), por escrito. – (FR) La Comisión ha propuesto la creación de un nuevo instrumento europeo de microfinanciación para crear empleo. El instrumento está diseñado para ayudar a los desempleados a que puedan volver a valerse por sí mismos y hacer que las empresas estén al alcance de algunos de los grupos más vulnerables en Europa, incluidos los jóvenes, dentro del contexto más amplio del plan de recuperación económica. Todas las instituciones deberían prestar más atención a los trabajadores más pobres. ¿Tener un trabajo significa necesariamente no ser el más pobre? ¿Los trabajos y prestaciones sociales proporcionan la suficiente protección contra la soledad o debilidad que conducen a la indiferencia? Es cierto que el trabajo integra a las personas en una comunidad, pero como ha demostrado la experiencia, esto no es suficiente para convertirse en un ciudadano. Las familias que viven en la pobreza nos dicen que el trabajo significa mucho más que una fuente de ingreso. Es fácil poner en marcha programas para los desempleados, pero es más importante ayudar a los más pobres a los que están más excluidos del mercado laboral. Por eso, celebro el importante papel que ha desempeñado la IV Comisión Europea Mundial a la hora de facilitar los intercambios de opinión entre los colegas y con representantes de la sociedad civil organizada.

Informe: Jeanine Hennis-Plasschaert (A7-0013/2010)

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. − (LT) Las instituciones de la UE tienen que funcionar de forma conjunta para garantizar la coherencia e integridad de la política de la UE y la protección de los derechos de nuestros ciudadanos. El debate entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre el tratamiento y transferencia de datos de mensajería financiera ha durado el tiempo suficiente y las instituciones saben bien que el Parlamento Europeo no estará de acuerdo con un acuerdo que tiene condiciones que violan la privacidad de los datos personales y no garantizan una protección efectiva de los datos. La medida del Consejo para aprobar el acuerdo con EE.UU. justo un día antes de que entrara en vigor el Tratado de Lisboa, demostró que, hasta el momento, la confianza entre las instituciones no es más que una mera declaración. El Parlamento Europeo, como institución que representa directamente a los ciudadanos, tiene que participar en los diálogos y en la toma de decisiones que afectan directamente los derechos y libertades de nuestros ciudadanos. El propio Consejo admite que las principales cuestiones del acuerdo sobre la transferencia de datos no se han resuelto como es debido, por tanto, creo que hay que iniciar ya un diálogo abierto y detallado con todos los países implicados. Se necesita un acuerdo con EE.UU., pero uno que no viole los requisitos jurídicos europeos sobre la protección de datos personales.

  Regina Bastos, Maria Da Graça Carvalho, Carlos Coelho, Mário David y Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. − (PT) Votamos en contra del acuerdo interino porque sus términos no están de acuerdo con la legislación de la UE. Es inaceptable que la policía en Portugal sólo pueda acceder a los detalles bancarios de una persona con una orden judicial pero que millones de datos se puedan enviar a la policía estadounidense para que los interprete y analice sin ningún control judicial.

Reconocemos la necesidad de que exista una cooperación transatlántica en la lucha contra el crimen internacional y, en particular, contra el terrorismo.

Queremos hacer hincapié en que esta cooperación se establezca basándose en la confianza mutua y el respeto por los principios de reciprocidad, proporcionalidad y respeto por los derechos de los ciudadanos.

Condenamos la forma en la que se ha comportado el Consejo con respecto al Parlamento Europeo al no informarle y presentar los temas como un fait accompli. Es esencial que esto no se repita en el futuro y que se cumpla rigurosamente con el Tratado de Lisboa.

Aprobar un acuerdo mal negociado no sólo implica tener un mal acuerdo durante nueve meses; implica tener una base inapropiada para negociar el acuerdo a largo plazo y permitir la transferencia de millones de datos para que se almacenen durante muchos años. Instamos al Consejo y a la Comisión a que negocien un acuerdo más satisfactorio que respete las resoluciones del Parlamento Europeo.

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) El rechazo del acuerdo SWIFT tiene que enviar un mensaje importante a toda la comunidad internacional y al resto de organismos de la UE de que hay que consultar al poder legislativo de la UE a partir de ahora sobre las decisiones importantes que entran ahora dentro de las competencias que otorga el Tratado de Lisboa.

Es evidente tras la votación de hoy en Estrasburgo que los diputados no se oponen radicalmente a un acuerdo entre la UE y EE.UU. con respecto al seguimiento de transferencias de fondos sospechosas a través del sistema SWIFT. La prensa en el otro lado del Atlántico rápido habla de la votación de los diputados como una votación en contra del acuerdo. Los diputados han votado para proteger los datos personales de los ciudadanos y empresas de la UE. La lucha contra el terrorismo y la rápida detección de transferencias bancarias sospechosas sigue siendo, como siempre, una de las principales prioridades de la UE.

La Comisión Europea debe renegociar rápidamente los términos del acuerdo SWIFT para que cumpla con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y se pueda aplicar cuanto antes. El gobierno rumano, junto con el resto de gobiernos nacionales, apoyó la aprobación del acuerdo firmado con EE.UU. El Parlamento Europeo ha cumplido su deber como institución elegida directamente por los ciudadanos a los que tiene que proteger.

  Michael Cashman (S&D), por escrito. — He votado a favor del aplazamiento porque creo que tenemos mucho que ganar si seguimos buscando un acuerdo mejor, llevando a cabo negociaciones con EE.UU. en nombre de los 27 Estados miembros de la UE. Por las mismas razones he votado a favor del acuerdo, aunque pueda ser imperfecto e insatisfactorio porque creo que ofrece la oportunidad de negociar un nuevo acuerdo hasta finales de 2010. Cualquier fallo en la negociación podría significar que podríamos perder cualquier posibilidad de obtener un acuerdo pleno.

  Françoise Castex (S&D), por escrito. – (FR) Celebro el resultado de esta votación, porque las garantías de la propuesta del Consejo para proteger la privacidad de los ciudadanos no eran satisfactorias. La defensa de las libertades civiles es un requisito fundamental y hay que dirigir la lucha contra el terrorismo de forma que las respete. Cuando voté la propuesta de resolución del Parlamento, quise reafirmar que el acuerdo interino debía cumplir los criterios del Tratado de Lisboa, en especial con la Carta de los Derechos Fundamentales. También pido que solo se recopilen los datos con la finalidad de luchar contra el terrorismo y que los ciudadanos europeos «puedan ser objeto de los mismos mecanismos de recurso judicial que se aplicarían a los datos mantenidos en la UE, incluída la compensación en caso de tratamiento ilegal de datos personales». Celebro esta votación en la que el Parlamento Europeo demuestra que asume totalmente las responsabilidades que le otorga el Tratado de Lisboa y que puede aguantar la presión de los Estados miembros y de EE.UU. Es una señal que prueba que se ha logrado un nuevo equilibrio político dentro de la UE.

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ψήφισα, όπως και η υπόλοιπη ευρωομάδα μου, υπέρ της Έκθεσης ώστε να μην συναινέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην καταπάτηση βασικών νομικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων σχετικά με τον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών. Η συμφωνία SWIFT σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει στην πρόληψη ενάντια στην τρομοκρατία. Πρόκειται για μια συμφωνία που, σε θολό και μη ελέγξιμο πλαίσιο, θα παρέδιδε προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών στις Αρχές και τις μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ και σε όποιους άλλους αυτές επιθυμούν να τα δώσουν. Το δικαίωμα στην ασφάλεια δεν είναι σε καμία περίπτωση αντιπαραθετικό με το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η καταπολέμηση της Τρομοκρατίας δεν περνάει μέσα από τον Μεγάλο Αδελφό, την παραβίαση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών αλλά από την προώθηση της αλληλεγγύης, της ισότητας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχα την ευθύνη να διαφυλάξω τα συνταγματικά καθιερωμένα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης, που κάποιοι αφήνουν βορρά στις απαιτήσεις της Αμερικανικής Κυβέρνησης και της CIA στον υποτιθέμενο πόλεμό τους ενάντια στην τρομοκρατία.

  Proinsias De Rossa (S&D), por escrito. — Celebro con entusiasmo el rechazo del acuerdo propuesto por el Consejo y de la Comisión con EE.UU. sobre la transferencia de datos. El texto actual del acuerdo entre la UE y EE.UU. no protege los derechos de los ciudadanos y empresas europeos y, efectivamente, prevé la transferencia de grandes cantidades de información personal y comercial guardada en el sistema SWIFT a EE.UU. en contra del Derecho de la UE. Desde 2006, el Parlamento Europeo ha dejado claras nuestras preocupaciones tanto al Consejo como a la Comisión que negociaron este desafortunado acuerdo. Sin embargo, decidieron hacer caso omiso a nuestras preocupaciones creyendo que podrían celebrar el acuerdo antes de que el Parlamento Europeo adquiriese nuevos poderes una vez entrara en vigor el Tratado de Lisboa. De hecho el Consejo se apresuró a firmar el acuerdo un día antes de que entrara en vigor el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa concede al PE el derecho de veto sobre este tipo de acuerdos internacionales. Hasta ahora no se ha previsto ningún escrutinio parlamentario nacional o comunitario en este proceso tan delicado. Celebro también la decisión de la Comisión parlamentaria mixta irlandesa de Asuntos Europeos de analizar más detenidamente este propuesta. Esto indica que hay un seguimiento mucho más efectivo de las propuestas legislativas europeas que redundará en beneficio de los ciudadanos.

  Robert Dušek (S&D), por escrito. – (CS) El Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo (TFTP) debería ser una ayuda eficaz en la lucha contra el terrorismo mundial y tiene el objetivo concreto de hacer un seguimiento de la financiación del terrorismo. La transferencia de datos a EE.UU. sobre los ciudadanos europeos es ciertamente polémica e inapropiada. Nos preocupa el posible mal uso que puedan hacer, por ejemplo, las bandas organizadas, de los datos privados. Tras la revisión de los diputados, sin embargo, el tratamiento y almacenamiento de datos deberían estar suficientemente protegidos. En vista del hecho de que se ha celebrado el acuerdo de forma provisional, con validez hasta el 31 de octubre de 2010, y que se podrá retirar de otros acuerdos si se encuentran discrepancias, he decidido que votaré a favor del acuerdo interino entre la UE y EE.UU. sobre el tratamiento y transferencia de datos de mensajería financiera de la Unión Europea a los Estados Unidos.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. − (PT) He votado a favor del informe Hennis-Plasschaert porque, a pesar de la importancia de que exista un acuerdo con EE.UU. para evitar la financiación del terrorismo, creo que éste entra dentro del nuevo marco jurídico establecido en el Tratado de Lisboa y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Es un tema serio que asegura un debate intenso en el Parlamento Europeo, que debería tener acceso a toda la documentación necesaria con el objetivo de celebrar rápidamente un acuerdo a largo plazo que es más valioso en términos de seguridad pero que no puede poner en peligro el respeto de los derechos de los ciudadanos.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. − (PT) El acuerdo SWIFT permite que el Departamento del Tesoro de EE.UU. acceda a los datos relacionados con los pagos financieros con el objetivo de prevenir y combatir el terrorismo y su financiación. Sin embargo, debido a los aspectos técnicos del sistema SWIFT, no se puede limitar a la búsqueda de datos específicos relacionados con individuos sospechosos de participar en actividades delictivas. En consecuencia, el sistema tiene que transferir, al completo, información sobre las transacciones dentro de un país concreto en una fecha específica. Esta situación no pone en peligro la protección de los ciudadanos europeos y los datos de las empresas puesto que respeta los principios de proporcionalidad y necesidad.

Normalmente, la lucha contra el terrorismo implica una cooperación jurídica internacional y, en muchos casos, la transferencia de datos personales como los datos bancarios.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − (PT) Reconozco la necesidad, en cuanto al acuerdo interno, de que exista una cooperación transatlántica en la lucha contra el crimen internacional y, en particular, contra el terrorismo. Es inaceptable que la policía en Portugal sólo pueda acceder a los detalles bancarios de una persona con una orden judicial pero que millones de datos se puedan enviar a la policía estadounidense para que los interprete y analice sin ningún tipo de control judicial. Haría hincapié en que esta cooperación se estableciese basándose en la confianza mutua y el respeto por los principios de reciprocidad, proporcionalidad y respeto por los derechos de los ciudadanos. Condenamos la forma en la que se ha comportado el Consejo con respecto al Parlamento Europeo al no informarle y presentar los temas como un fait accompli. Es esencial que esto no se repita en el futuro y que se cumpla rigurosamente con el Tratado de Lisboa. Habida cuenta de lo anterior, voto a favor de la resolución que se opone al acuerdo.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Celebramos el hecho de que la mayoría en el Parlamento, de la que formamos parte, haya rechazado el llamado acuerdo SWIFT entre la UE y EE.UU..

La existencia de estas bases de datos y el intercambio o acceso a estos datos, ya sea por parte de las autoridades estadounidenses, agencias europeas o autoridades de los Estados miembros, genera mucha incertidumbre, que nos conduce a peligros que no se pueden controlar como resultado del control efectivo de las autoridades sobre los ciudadanos. Delincuentes e inocentes, sospechosos y no sospechosos, todos se verán envueltos en un proceso que no se garantiza, como se ha demostrado, que sea eficaz.

La ejecución de este acuerdo implicaría mantener las medidas imperfectas que se han tomado como parte de la llamada lucha contra el terrorismo y la colocación intencionada de este tema en los medios de comunicación con vistas a la supresión de derechos. Apoyamos la necesidad de luchar contra toda forma de delincuencia, pero se debe hacer sobre todo centrándonos en el origen y la prevención de estos fenómenos y no dando énfasis a las amplias medidas de seguridad que infringen las libertades públicas y los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, debilitando aún más nuestra democracia.

No aceptamos ningún intercambio de libertad por más seguridad porque, al final, perderemos ambas. En cambio, apoyamos una sociedad más segura con derechos y libertades democráticos más amplios.

  Christofer Fjellner y Alf Svensson (PPE), por escrito. – (SV) Hemos votado a favor del acuerdo entre la UE y EE.UU. sobre la transferencia de datos de SWIFT. No obstante, hemos propuesto que el Parlamento aplace la decisión a fin de reforzar aún más la protección de la privacidad. Lamentablemente, el Parlamento no ha aprobado esto. El acuerdo interino que hemos votado es un malabarismo entre dos objetivos: el control efectivo del terrorismo y la protección de la intimidad de nuestros ciudadanos. Se necesitan instrumentos eficaces en la lucha contra el terrorismo pero tenemos que garantizar, sobre todo, que se protegen los derechos democráticos. Creemos que esto se ha hecho hasta ahora pero nos hubiera gustado haber visto una protección mayor. Puesto que SWIFT ha movido ahora parte de sus operaciones de EE.UU., se ha consolidad de forma importante la privacidad cuando se aplican la normativa europea de protección de datos personales. Se celebrarán futuras negociaciones en octubre entre la UE y EE.UU. sobre un acuerdo a largo plazo que combine la garantía de la protección de datos de nuestros ciudadanos con la posibilidad efectiva de hacer un seguimiento de los preparativos económicos de los atentados terroristas. Aunque queda mucho por hacer para reforzar la protección del individuo, creemos que las mejoras que se han instaurado, comparadas con la situación antes de fin de año cuando no había un acuerdo, son suficientemente seguras para permitirnos votar a favor del acuerdo provisional a fin de evitar que se debilite de forma sustancial la lucha contra el terrorismo de aquí a nueve meses. Antes de que se llegue a un acuerdo final pediremos un mayor refuerzo de la protección de las personas físicas como condición para su aprobación.

  Robert Goebbels (S&D), por escrito. – (FR) He votado para rechazar el llamado acuerdo SWIFT entre la UE y EE.UU. sobre la transferencia de datos de mensajería financiera para luchar contra el terrorismo. El acuerdo SWIFT, en su forma actual, dista mucho de ser un acuerdo bien equilibrado entre la necesidad de luchar contra el terrorismo internacional y la de proteger los derechos fundamentales. Es inaceptable que se envíen millones de datos personales sin filtrar de personas inocentes a las autoridades estadounidenses. Es inaceptable que estos datos se puedan almacenar, según el Derecho estadounidense y contrario al Derecho de la UE, hasta 90 años. La debida protección de datos personales y de la privacidad, que ya he apoyado durante las dos votaciones sobre el intercambio de datos fiscales, también debería aplicarse al acuerdo SWIFT.

  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) He apoyado firmemente este informe a fin de que el Parlamento Europeo pueda expresar su claro rechazo al acuerdo SWIFT, que se negoció a escondidas, sin tener en cuenta las preocupaciones del Parlamento Europeo, al que el Consejo y la Comisión se encargaron de dejar fuera de las negociaciones. Es esencial, con respecto al principio de protección de la privacidad y la eficacia de estas transferencias de datos en la lucha contra el terrorismo, que se celebren los diálogos de forma que se vuelva a negociar un acuerdo claro. El mensaje que se desprende de esta votación es reafirmar también el papel del Parlamento Europeo, que está al servicio de los ciudadanos europeos y, como tal, su voluntad de defender sus derechos y libertades fundamentales de forma firme y eficaz, tanto en la protección de su privacidad como en la lucha contra el terrorismo.

  Monika Hohlmeier (PPE), . − (DE) Mi decisión de votar en contra del acuerdo interino SWIFT no es una decisión en contra de la cooperación con EE.UU. para combatir el terrorismo. He defendido enérgicamente que se debería crear cuanto antes un acuerdo compatible que permita a las autoridades europeas y estadounidenses colaborar estrechamente y detectar transferencias de dinero sospechosas de guardar relación con el terrorismo. Sin embargo, hay imperfecciones mayores en el acuerdo interino, incluidas las disposiciones con respecto a la eliminación de datos, derechos de objeción y acceso a la información y posterior transmisión a terceros. Además, lo que espero de una verdadera asociación entre la UE y EE.UU. es que no deje simplemente la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos dentro del marco de Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo (TFTP) en manos de EE.UU., pero que también proporcione un plazo claramente definido para el desarrollo de un TFTP europeo, en colaboración con EE.UU. dentro de la UE también.

Por este motivo, espero que se negocie un acuerdo, en un futuro próximo, que siga proporcionando una base a largo plazo para combatir conjuntamente el terrorismo mundial, para detectar las redes terroristas y sus transacciones financieras, pero que respete al mismo tiempo la privacidad de los datos de los ciudadanos.

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), por escrito. – (RO) El rechazo del acuerdo temporal sobre la transferencia de datos bancarios a EE.UU. a través de la red SWIFT debido a factores relacionados con la protección de los datos personales, la proporcionalidad y reciprocidad no se puede considerar como un ejercicio del Parlamento para utilizar sus nuevos poderes tras el Tratado de Lisboa, sino como un mensaje político de Europa. Al rechazar este acuerdo y votar a favor de la recomendación del Parlamento, hemos demostrado que no se puede tomar una decisión política importante cuando viola las disposiciones del Tratado de Lisboa y, en particular, la Carta de los Derechos Fundamentales. Cuando se haya firmado un acuerdo, esta vez a largo plazo, y cuando garantice la protección de los datos de los ciudadanos europeos, el Parlamento Europeo dará el visto bueno. La lucha contra el terrorismo sigue siendo uno de los principales retos a los que nos enfrentamos actualmente. En una situación así, se necesita un acuerdo nuevo, pero hay que negociarlo mejor para garantizar la protección de los ciudadanos europeos como es debido. Por eso, cuando redactemos un nuevo acuerdo, el Parlamento tiene que desempeñar un papel clave en un procedimiento que respete los términos del Tratado.

  Eija-Riitta Korhola (PPE), por escrito. — Hoy he votado en contra del acuerdo SWIFT para compartir los datos bancarios con EE.UU. por motivos antiterroristas. Este acuerdo no protegía los derechos de los ciudadanos de Europa suficientemente; necesita mejores garantías para la protección de datos. Por ejemplo, con este acuerdo no se necesita una orden judicial previa para obtener los datos. La protección de datos es uno de nuestros derechos fundamentales básicos. El respeto por los derechos humanos es primordial, y defenderlos forma parte de mi trabajo en el Parlamento. Al mismo tiempo, creo que tenemos que tener medidas para trabajar junto con EE.UU. en la lucha contra el terrorismo; sin embargo, esto no se puede lograr a costa de nuestra Carta de Derechos Fundamentales. Este rechazo del acuerdo SWIFT es una ocasión memorable en la historia del Parlamento Europeo. Envía un mensaje claro: el Parlamento Europeo utilizará sus recién adquiridos poderes conferidos por el Tratado de Lisboa por el bien de la democracia, defendiendo y protegiendo los derechos de sus ciudadanos. La Comisión tiene que demostrar en cualquier futuro acuerdo para compartir datos con EE.UU. que se llega al equilibrio correcto entre luchar contra el terrorismo y respetar la privacidad de nuestros ciudadanos.

  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. − (DE) Para mí no hay duda de que es necesario que exista una relación estrecha y constructiva entre la UE y EE.UU., en especial cuando se trata de combatir el terrorismo. No obstante, he votado en contra del acuerdo interno SWIFT porque no aclara cuestiones fundamentales con respecto a la protección de datos. Dejar a un lado al Parlamento Europeo durante las negociaciones también fue inaceptable y altamente problemático. Pese a que considero necesario que haya un acuerdo internacional que regule el intercambio de datos, se deben seguir protegiendo las libertades civiles y los derechos fundamentales.

  Véronique Mathieu (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor del acuerdo SWIFT porque creo que el intercambio de datos es útil. Nuestros respectivos servicios secretos han citado varios casos que demuestran su utilidad. Sí existe una amenaza terrorista que no se puede negar, y el intento de atentado en Detroit el mes pasado lo confirma. Por tanto, tenemos que demostrar que somos responsables. Es una cuestión de ayuda mutua. No se puede interpretar este acuerdo como un compromiso unilateral por parte de la UE. La Unión concederá acceso a su información pero, a cambio, las autoridades estadounidenses analizarán esos datos, análisis que no podemos hacer actualmente en Europa, puesto que no hay un programa europeo para luchar contra la financiación del terrorismo equivalente al TFTP. Este acuerdo protege nuestra seguridad, no sólo la seguridad del territorio estadounidense. Por último, se trata de un acuerdo internacional real, no como los anteriores compromisos unilaterales. Las garantías serán vinculantes, la aplicación del acuerdo estará sometida a evaluación y, si la UE considera que estas garantías no se respetan, el acuerdo contiene una disposición clara para que las partes puedan rescindirlo.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. − (PT) El tema que votamos es la renovación de un acuerdo que, mediante la detección de transacciones bancarias, ha sido muy importante en la lucha contra el terrorismo que, en los últimos años, ha escogido como blanco a las sociedades occidentales. Si se aprobase la resolución y se rechazase el acuerdo, las organizaciones terroristas podrían operar libremente sin ningún control efectivo, con las graves consecuencias que ello conllevaría. Es curioso que los miembros de la extrema izquierda que rechazan el acuerdo, basándose en que viola la confidencialidad de los datos personales, sean los mismos que, en sus país de origen, abogan porque termine el secreto bancario y la liberación de todos los datos bancarios. Para estas personas, lo que se cuestiona no es la transferencia de datos, sino el hecho de que la transferencia se haga a EE.UU., un país con el que no pueden esconder su descarada hostilidad. En consecuencia, voto en contra de la resolución y a favor del acuerdo, habida cuenta de las circunstancias tan específicas, de la necesidad de combatir el terrorismo por todos los medios y del reconocimiento del papel fundamental de EE.UU. en esta lucha.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) He votado a favor del informe de Hennis-Plasschaert para mostrar mi rechazo al acuerdo SWIFT que había sido firmado por los 27 Estados miembros para la transferencia de datos bancarios a los Estados Unidos con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Considero que la pretensión de los Estados Unidos es inaceptable y atenta contra las libertades y derechos de los ciudadanos europeos. Con su propuesta, las fuerzas más conservadoras pretendían entregarnos atados de pies y manos a los intereses estadounidenses, sin importarles la seguridad ni la privacidad de los ciudadanos. El Parlamento Europeo no puede permitir que con el pretexto de la lucha contra el terrorismo se vulneren los derechos civiles y las libertades de los europeos.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) La UE ha permitido que EE.UU. le tome el pelo durante demasiado tiempo. Ya va siendo hora de poner fin a la constante intromisión de EE.UU. en las libertades y derechos civiles y en la protección de datos en nombre de la lucha contra el terrorismo. La transferencia de datos de mensajería financiera a potencias extranjeras constituye un grave cercenamiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en especial cuando el destinatario de los datos es EE.UU. La transferencia de millones de datos bancarios no beneficia a Europa en absoluto.

Nadie sabe qué harán los servicios secretos estadounidenses con los datos recopilados, y eso deja la puerta abierta a todo tipo de abusos, incluso al espionaje económico. Que Washington utilice los datos bancarios en la lucha contra el terrorismo no es más que una cortina de humo barata. Al margen de todo, diciendo «no» al acuerdo SWIFT, la UE podría demostrar su independencia de EE.UU. No puedo más que apoyar encarecidamente el «no» al acuerdo SWIFT del Parlamento Europeo.

  Mariya Nedelcheva (PPE), por escrito. – (FR) He votado en contra del acuerdo SWIFT entre el Consejo de la UE y EE.UU. porque considero que las garantías con respecto a la protección de datos no son adecuadas. Sin cuestionar el hecho de que la lucha contra el terrorismo es indispensable, puesto que actualmente la amenaza es más que real, estoy convencida de que no podemos garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos sin garantizar al mismo tiempo el respeto pleno de sus datos personales.

Tal como están las cosas, las disposiciones del acuerdo SWIFT para casos en los que EE.UU. podría transmitir datos europeos a terceros países son demasiado imprecisas. Tiene que haber una disposición clara que regule estos intercambios de datos. En cuanto a los posibles recursos abiertos a los ciudadanos o garantías que consideren que sus datos pueden no haber sido tratados correctamente, el artículo 11 del acuerdo dista de ser adecuado.

Aunque garantiza la protección de datos cuando el tratamiento de datos tiene lugar en el territorio de la UE, ¿qué ocurre cuando los datos europeos se procesan en EE.UU.? Hay que llevar a cabo las negociaciones de forma transparente y democrática, con el pleno apoyo del Parlamento Europeo, tal y como se prevé en el Tratado de Lisboa para este tipo de acuerdos internacionales.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. − (DE) El día 11 de febrero de 2010 es una fecha memorable en el calendario del Parlamento Europeo: los diputados en representación de toda la posible variedad de convicciones políticas y de Estados miembros han votado a favor de rechazar la transferencia de mensajería financiera europea a EE.UU. No queda claro cómo podría servir la transferencia de datos a la causa de la lucha contra el terrorismo, ni el acuerdo SWIFT garantiza el nivel europeo de protección de datos. El Parlamento, como órgano que representa a los ciudadanos europeos, con su decisión ha ganado una mayor influencia y confianza en sí mismo y no ha sucumbido a la presión de EE.UU. Su respuesta constituyó un claro «no» a la reducción de derechos civiles europeos con el pretexto de combatir el terrorismo. Huelga decir que yo también he apoyado el informe por este motivo.

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de rechazar el acuerdo SWIFT con EE.UU. porque es más una amenaza para la privacidad de los ciudadanos europeos que un instrumento para combatir el terrorismo. El acuerdo que se ha firmado recientemente entre la UE y EE.UU. es un desafío al Parlamento Europeo, dado que se firmó sólo un día antes de que el Tratado de Lisboa entrara en vigor. No se consultó al Parlamento sobre este acuerdo a tiempo y ahora es demasiado tarde. He rechazado el acuerdo y esperamos que tanto EE.UU. como el Consejo se den cuenta de lo importante que es la participación del Parlamento en la toma de decisión a escala europea. Creo firmemente que se puede lograr un acuerdo mejor durante la Presidencia española.

  Renate Sommer (PPE), por escrito. − (DE) He votado a favor del aplazamiento de la votación sobre el acuerdo SWIFT. Una suspensión de cuatro semanas habría abierto el camino a futuras negociaciones. Con esta decisión hemos demostrado a la Comisión que sabemos más; podríamos haber utilizado la oportunidad para tratar las preocupaciones, justificadas, de nuestros ciudadanos y empresas con respecto a la protección de sus datos en el acuerdo interino que ya está en vigor. Es principalmente nuestra responsabilidad proteger las libertades civiles y derechos fundamentales. No obstante, cuando rechaza el aplazamiento, esta Cámara ha dejado pasar la oportunidad de utilizar sus nuevos poderes de forma responsable y de influenciar más las negociaciones. Sin embargo, por otro lado, de ninguna forma podría haber votado a favor del acuerdo SWIFT. La ruptura de la confianza que ha cometido EE.UU. como muestra, increíblemente arrogante, de su mentalidad interesada es demasiado evidente y coincidió con el desprecio que el Consejo demostró al Parlamento.

Sin embargo, ahora, lo que tenemos que hacer es negociar un nuevo acuerdo a largo plazo, rápido y seguros de nosotros mismos, con la participación del Parlamento Europeo, sin importar lo fuerte que pueda ser la amistad transatlántica. Este tipo de acuerdo tiene que reflejar los principios europeos porque también interesa a Europa el intercambio controlado de datos en la lucha internacional contra el terrorismo.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. – (NL) He votado con convicción a favor del informe y me complace que la mayoría se haya negado a ceder ante la fuerte presión política y haga que se escuche su voz con respecto a la justicia y las políticas de seguridad. Al evitar que se pase información sobre millones de transferencias europeas y transacciones bancarias a EE.UU. a través de SWIFT durante un período todavía más largo, el Parlamento demuestra que se toma en serio los derechos fundamentales recogidos en el Tratado de Lisboa.

La Presidencia de la UE y la Comisión Europea tienen que cancelar el acuerdo interino con EE.UU. y volver a la mesa de negociación equipados con los requisitos recogidos en la resolución aprobada por el Parlamento Europeo en septiembre de 2009. No obstante, primero hay que celebrar un debate abierto sobre el fundamento de la relación entre, por un lado, la política de seguridad y la lucha contra el terrorismo y, por otro, las garantías mínimas con respecto a los derechos civiles y respeto por la privacidad de millones de ciudadanos. Me complace que el chantaje y la presión política no funcionasen. Después de todo, no tiene sentido afirmar que el respeto por los derechos civiles y la privacidad es un obstáculo para la lucha contra el terrorismo. Nosotros en el Grupo Verts/ALE estamos dispuestos a cooperar en una política de seguridad eficiente, estricta pero que respete los derechos constitucionales y también preste atención a las causas de la delincuencia y del terrorismo.

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. − (PT) La lucha contra el crimen internacional, en especial mediante la cooperación transatlántica en la lucha contra el terrorismo, constituye una de las principales prioridades de la UE. Sin embargo, esta cooperación debería establecerse partiendo del principio de reciprocidad y confianza mutua. El acuerdo interino entre la UE y EE.UU. sobre el tratamiento y transferencia de mensajería financiera no garantiza a los ciudadanos y empresas europeos los mismos derechos y garantías en el Derecho estadounidense que tendrían en el territorio de la UE. El sistema de transferencia de datos no respeta los principios fundamentales de la legislación europea sobre la protección de datos, en particular los principios de proporcionalidad y necesidad. El acuerdo no prevé de forma expresa que las peticiones vayan a requerir autorización judicial o que tengan un tiempo limitado, ni define suficientemente las condiciones para compartir los datos con terceros países. También lamento el hecho de que durante las negociaciones el Consejo no compartiera apenas información con el Parlamento y que la votación sobre el acuerdo se celebrara después de que ya estuviera vigente. Por estas razones y porque los derechos y garantías de los ciudadanos europeos se merecen ser respetados, voto a favor de la propuesta de resolución que rechaza la celebración del acuerdo SWIFT.

  Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein (PPE), por escrito. – (PL) Según muchos colegas diputados, el Consejo ha cometido un error al ignorar al Parlamento Europeo durante las actuales negociaciones sobre el acuerdo con EE.UU. El discurso que realizó el presidente del grupo, Joseph Daul, no ayudó. Después de un debate en profundidad, le pidió a los diputados que se aplazara la votación. La señora Malmström insistió en que se dejara más tiempo para que la nueva Comisión pudiese averiguar más datos sobre el tema, para que se continuasen las negociaciones y para que el Parlamento pudiese debatir el asunto más detenidamente. Entiendo que la protección de datos es un tema de gran importancia, pero también tenemos que recordar que EE.UU. es nuestro mayor socio. Tenemos que generar una confianza mutua y la lucha contra el terrorismo y la seguridad de nuestros ciudadanos es nuestra responsabilidad común. He votado, de acuerdo con mi grupo, a favor del aplazamiento. Lamentablemente, hemos perdido por 15 votos. Por lo que yo sé, 35 diputados de mi grupo no estuvieron presentes durante la votación. Esta es otra prueba más de que cada voto es importante. Después, de acuerdo con la línea de mi grupo, he votado a favor del acuerdo. El Parlamento ha rechazado el acuerdo finalmente con 378 votos frente a 196, con 31 abstenciones. No me complace este resultado pero, sin duda, retomaremos en breve este tema tan importante.

  Ioannis A. Tsoukalas (PPE), por escrito. — Aunque quedan claras las normas propuestas destinadas a facilitar la lucha contra la delincuencia informática así como el terrorismo informático, la referencia explícita del articulo 8 del «Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales», teniendo en cuenta también la Decisión C317/04 del Tribunal de Justicia Europeo, ilegaliza cualquier voto positivo sobre este tema porque cada ciudadano europeo está obligado a obedecer las normas generales que se aplican en la UE, así como las resoluciones del TJE.

  Thomas Ulmer (PPE), por escrito. − (DE) He votado a favor del rechazo del acuerdo SWIFT. Este suceso ha sido el hito de la futura democratización de Europa y del ejercicio de los derechos democráticos del Parlamento conforme al Tratado de Lisboa con respecto a la protección de datos y los derechos de nuestros ciudadanos. Quisiera ver más momentos mágicos como este.

Propuesta de resolución B7-0063/2010

  Proinsias De Rossa (S&D), por escrito. — Apoyo esta propuesta de resolución que pide que se apruebe urgentemente una directiva que aplica el acuerdo marco para la prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector Hospitalario, celebrado por los interlocutores sociales europeos del sector hospitalario. Cada año se producen en la Unión Europea más de un millón de lesiones en el manejo de jeringuillas, que pueden originar la transmisión de más de 20 virus potencialmente mortales. La última cláusula del acuerdo sobre normas mínimas no excluye futuras disposiciones nacionales o comunitarias más favorables para los trabajadores. Mi grupo político en el Parlamento Europeo lleva años insistiendo en que las normas de seguridad europeas sean más estrictas en el sector sanitario y, más allá del acuerdo marco, se debe aprobar y aplicar una directiva urgentemente.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. − (PT) He votado a favor de esta propuesta de resolución porque es necesario reforzar la legislación en el ámbito de protección de los profesionales sanitarios. Lamentablemente, cada año se producen en la Unión Europea más de un millón de lesiones en el manejo de jeringuillas, que pueden originar la transmisión de virus como los de la hepatitis B, hepatitis C o VIH/SIDA. Por tanto, hay que aprobar y aplicar urgentemente el acuerdo marco para la prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector Hospitalario en los Estados miembros.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. − (PT) Se ha celebrado un acuerdo marco entre HOSPEEM (Asociación Europea de Empleadores del Sector Hospitalario y Sanitario) y la EPSU (Federación Europea de Sindicatos de los Servicios Públicos) para la prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector Hospitalario.

Este acuerdo tiene por objetivo crear las normas y reglas para proteger a los profesionales sanitarios de las lesiones cortantes y punzantes que pueden originar la transmisión de más de 20 virus potencialmente mortales y constituir, de este modo, un grave problema para la salud pública.

Teniendo en cuenta la importancia de este acuerdo marco para la protección de la salud de los profesionales sanitarios en el sector hospitalario, la Comisión tiene que tener en cuenta su aplicación y aprobar urgentemente la directiva que lo aplica.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Las lesiones causadas por agujas de jeringuillas, así como otras lesiones causadas por instrumentos médicos cortantes o punzantes, son uno de los mayores riesgos a los que se exponen los trabajadores de la salud en Europa; considerando que, a menudo, el personal de los hospitales y los profesionales de la salud corren un riesgo de infección a raíz de las lesiones que sufren en el manejo de jeringuillas u otros instrumentos cortantes o punzantes, como se menciona en la resolución, es, por tanto, necesario garantizar la máxima protección posible en el entorno laboral de los hospitales y en todos los lugares en que se dispensen cuidados de salud.

Por estas razones hemos aprobado la resolución que se refiere al acuerdo marco, que a su vez contiene una cláusula sobre normas mínimas no excluye futuras disposiciones nacionales o comunitarias más favorables para los trabajadores. Los Estados miembros y los interlocutores sociales locales deberían tener libertad para adoptar medidas adicionales en favor de los trabajadores de la zona en cuestión.

  David Martin (S&D), por escrito. — Apoyo firmemente el acuerdo marco que se ha alcanzado entre la Comisión y los interlocutores sociales europeos que representan al sector sanitario. Es de vital importancia que protejamos a los trabajadores sanitarios de lesiones y de las posibles transmisiones de virus, y me complace que esta propuesta haya contado con tanto apoyo, en especial, después del duro trabajo que ha realizado Stephen Hughes.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. − (PT) La salud de los trabajadores en el lugar de trabajo es, además de una cuestión laboral, un tema que requiere responsabilidad social, que a su vez significa que implica a todas las entidades que son responsables en este ámbito, incluido el Parlamento Europeo. El acuerdo marco celebrado hoy entre los interlocutores sociales europeos dentro del sistema hospitalario y sanitario constituye una importante contribución a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en los sectores hospitalarios.

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor de esta propuesta de resolución para proteger al personal que trabaja en las clínicas y hospitales. De hecho, hay mucho personal hospitalario y trabajadores sanitarios que siguen siendo víctimas de infecciones originadas por una lesión debido al manejo de jeringuillas e instrumentos cortantes. Como diputada, tengo que luchar por prevenirlo. Esta propuesta de resolución también pide que se mejore la formación y las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios que se enfrentan a este peligro: se necesitan instrumentos médicos más seguros, dotados de dispositivos que eviten que se produzcan lesiones en toda la UE. Teniendo en cuenta mis inclinaciones sociales y mi conocimiento del entorno hospitalario, pido la rápida aprobación y urgente aplicación de las medidas definidas en la propuesta de directiva.

  Evelyn Regner (S&D), por escrito. − (DE) He votado a favor de la propuesta de resolución del Parlamento Europeo porque defiendo los acuerdos entre los interlocutores sociales. Los interlocutores sociales europeos han alcanzado un acuerdo sobre el caso que nos ocupa y pido que el Consejo apruebe sin más demora una directiva, para incorporar este acuerdo marco inmediatamente al Derecho de la UE aplicable.

  Derek Vaughan (S&D), por escrito. — Ha sido una votación importante que pedía que la directiva europea mejorase la protección de los trabajadores que sufren lesiones por el manejo de jeringuillas. Hay que tomar medidas cuanto antes para prevenir a los que trabajan en el sector sanitario de contraer enfermedades potencialmente mortales como el VIH/SIDA y la hepatitis a través de lesiones por jeringuillas usadas. Las lesiones por el manejo de jeringuillas son uno de los riesgos mayores a que están expuestos los trabajadores de la salud en Europa; se calcula que se producen un millón de lesiones de este tipo cada año en Europa. Espero que se tomen medidas rápidamente para mejorar la formación y la seguridad de las personas que trabajan con instrumentos punzantes y cortantes a fin de que el número de lesiones se reduzca considerablemente y se limite la angustia emocional de los implicados. Además, espero que la utilización de instrumentos médicos más seguros ayude a prevenir lesiones que se pueden evitar a los trabajadores que manejan jeringuillas diariamente.

8. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

(La sesión, suspendida a las 12.50 horas, se reanuda a las 15.00)

PRESIDE: RAINER WIELAND
Vicepresidente

9. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

10. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (debate)

10.1. Venezuela

  Presidente. — De conformidad con el orden del día, el siguiente tema es el debate sobre las seis propuestas de resolución sobre Venezuela⁽¹⁾.

  Tunne Kelam, autor. — Señor Presidente, los diputados del Parlamento están tremendamente preocupados por la reciente restricción de libertad de prensa en el régimen venezolano.

Como saben, la libertad de los medios de comunicación es uno de los fundamentos de una sociedad democrática y, sin lugar a dudas, incluye el derecho a recibir información de múltiples fuentes pluralistas. El presidente Hugo Chávez ha atentado recientemente contra la libertad de los medios. En agosto del año pasado ordenó que se cerraran 34 emisoras de radio al denegar la renovación de sus licencias. El mes de enero el Presidente Chávez ordenó la retirada de la RCTV International y cinco canales más de televisión por cable y satélite que no emitieron su discurso oficial. Además, ha descrito la utilización de Twitter e Internet para pasar información antigubernamental como actividades terroristas. Protestamos por la muerte de dos estudiantes venezolanos que protestaban contra el cierre de los medios de comunicación libres…

(El Presidente interrumpe al orador)

  Renate Weber, autora. – (ES) Señor Presidente, queridos colegas, la libertad de expresión no es un derecho virtual sobre el que podamos estar de acuerdo sin relacionarlo con la realidad política y social de un país. La libertad de los medios para expresar opiniones críticas sobre un gobierno o políticos, sean presidentes, oficialistas o de la oposición, es la garantía más importante que puede tener un pueblo —esto es, acceso a una pluralidad de información— para que su derecho al voto no sea un engaño.

Lamentablemente, la realidad de Venezuela es que, después de muchos actos antidemocráticos del Gobierno del Presidente Chávez contra la oposición, parece que ha llegado la hora de acabar también con la prensa. No se trata solamente del último caso de la RCTV International, a la que la autoridad audiovisual venezolana le impuso una ley retroactiva, sino también del cierre de 34 radiodifusoras de las más populares desde julio de 2009 en Venezuela.

Por otra parte, Globovisión, que todavía mantiene una línea editorial independiente del Gobierno, está siendo presionada para que la cambie. No nos olvidemos de que la forma más perversa de eliminar los medios es provocar la autocensura.

Después del cierre de las 34 radiodifusoras, el Gobierno de Hugo Chávez anunció formalmente que existe una lista de otras radiodifusoras que también están a punto de ser cerradas; una lista que nadie conoce porque no hay procedimientos abiertos, pero con la que se mantiene la incertidumbre con el único propósito de provocar la autocensura. Y todos estos abusos se producen sin que los tribunales competentes respondan a las acciones interpuestas.

En un país donde un principio universal como el de la no retroactividad de la ley no es respetado, donde el poder judicial no da respuesta a recurso alguno mientras no reciba instrucciones del Presidente, no existe ni Estado de Derecho ni separación de poderes. Sencillamente, no existe democracia. Lamentablemente, ese país es la Venezuela de hoy en día.

  Véronique De Keyser, autora. – (FR) Señor Presidente, lo siento pero la propuesta de resolución sobre Venezuela que ha presentado principalmente el Grupo PPE es una broma improvisada a fin de provocar el debate urgente por motivos políticos e intentar desacreditar al señor Chávez.

Continuaré porque no tiene sentido perder tiempo. Hay cuatro emisoras nacionales que no han cumplido con los requisitos de inscripción que exige la ley. Se les ha suspendido de forma temporal, y actualmente cumplen estos requisitos y espero que rápidamente se regule su situación.

En la propuesta de resolución conjunta del Grupo Verts/ALE y GUE/NGL, mi grupo reitera su apoyo inequívoco a la libertad de expresión y a la pluralidad. Sin embargo, me sorprenden las opiniones tan variadas que tiene el Grupo PPE sobre la libertad de expresión. ¿No fueron ustedes los que votaron en contra de la resolución sobre la libertad de prensa en Italia en defensa de Berlusconi? Si quieren hacer el ridículo hoy, adelante. Muchos de ustedes estarán en el turno de votaciones, así que aprovéchenlo al máximo.

  Raül Romeva i Rueda, autor. − (ES) Señor Presidente, yo también, en el caso de Venezuela, tengo dos problemas: uno de forma y otro de fondo. Con relación a la forma debo decir que los colegas del PPE, que están impulsando desde hace tiempo un cierto abuso de esta sesión de debate sobre violaciones de los derechos humanos para hacer un debate político y partidista, nos están llevando a una situación compleja, complicada.

Es muy legítimo que quieran hacer partidismo; es muy legítimo. Pero este no es el lugar. Si quieren hacer declaraciones de apoyo a sus amigos o, en todo caso, criticar a gobiernos que no les gustan, háganlo en el contexto que toca.

Pero tomémonos un poco más en serio esta sesión de debate sobre violaciones de los derechos humanos y la democracia, porque, si no, vamos a perder toda la credibilidad que en estos momentos tenemos y que, claramente, nos cuesta mucho ganar a escala internacional.

Hay muchas vulneraciones flagrantes de los derechos humanos en América Latina. Seamos coherentes también. ¿Queremos hablar de derechos humanos en América Latina? ¡Hagámoslo! En Colombia, en Honduras... ¿Cómo es que estos temas nunca llegan a ser debatidos en este Pleno? ¿Cómo es que siempre tenemos ese bloqueo y, en cambio, en un caso como el de hoy, que es una cuestión meramente administrativa, tenemos este apoyo, tenemos esa presencia? ¡No puede ser! No puede ser porque perdemos —insisto— toda la credibilidad y toda la legitimidad para poder opinar en este tipo de casos.

Yo voy a ser muy claro: no soy chavista. Y estoy a favor de la libertad de expresión, incluso para aquellos que opinan radicalmente lo contrario que yo, aquí, en Italia y en Honduras. Pero este no es el debate de hoy. El problema de hoy tiene que ver con una cuestión administrativa, una cuestión de orden interno de Venezuela, una cuestión que se está resolviendo y que, además, según la información que tenemos, ya está, incluso, resuelta.

Por lo tanto, es que ni siquiera hay caso. Ni siquiera hay caso. Si queremos seguir poniendo esta sesión de debate en ridículo, sigamos por ese camino y no podremos discutir nunca de nada porque no vamos a tener ninguna credibilidad.

Por lo tanto —insisto—, señores y señoras del PPE, tomémonos un poco más en serio esta sesión de debate, o claramente no va a servir al final para nada.

  Joe Higgins, autor. — Señor Presidente, permítame destacar primero la manifiesta hipocresía de los grupos de derecha en este Parlamento que condenan al gobierno venezolano por la suspensión temporal de la radiodifusora Radio Caracas Televisión (RCTV) y fingen ser los paladines de la libertad de prensa. Estos son los mismos grupos que defienden un sistema en Europa en el que la gran mayoría de los medios está controlada por multimillonarios y grandes empresas privadas que utilizan este control para cosechar beneficios masivos por un lado, y, por otro, para lanzar propaganda a favor del capitalismo, el mercado y neoliberalismo; que, en el contexto de la crisis económica actual, vilipendian y abusan de los trabajadores del sector público, por ejemplo, promoviendo de forma enérgica y continua que es la clase trabajadora la que tiene que pagar por la crisis, y vilipendian sin cesar a las organizaciones de la clase trabajadora que se atreven a disentir.

Introducir hoy el tema de la RCTV en una resolución de carácter urgente sobre derechos humanos es un abuso importante del procedimiento. Por cierto, la mayoría de medios en Venezuela son, en realidad, de propiedad privada, incluidos los poderosos grupos mediáticos que conspiraron para derrocar a Hugo Chávez en 2002, que resulta haber sido elegido y reelegido muchas veces por los venezolanos. La realidad es que el PPE en este Parlamento tiene el mismo propósito que los maestros conspiradores: quieren derrocar al gobierno de Chávez porque este gobierno no lleva a cabo los atrevidos dictados del capitalismo mundial implantando la privatización y liberalización general, y no quieren que haya oposición a esta agenda neoliberal. Sí, en general, la clase trabajadora en Latinoamérica se opone. No, no estoy diciendo que no tenga fuertes críticas hacia el gobierno venezolano.

A pesar del apoyo masivo de la mayoría de los venezolanos, Hugo Chávez, de hecho, no ha roto rotundamente con el capitalismo y encabezó un movimiento hacia un verdadero socialismo democrático. Hay una tendencia hacia la burocracia en determinados sentidos. Por último, los que comparten mi pensamiento sobre el terreno, en el Grupo del Socialismo Revolucionario por ejemplo, luchan contra estas tendencias y luchan por los derechos de los trabajadores y por un socialismo verdadero, que supone, dicho sea de paso, que los medios de comunicación no estén controlados por los intereses capitalistas ni por los burocráticos, sino que estarían abiertos democráticamente a todos los sectores de la sociedad.

  Tomasz Piotr Poręba, autor. – (PL) Señor Presidente, es precisamente hoy, aquí, en el Parlamento, donde deberíamos hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela, donde un dictador infringe la ley, elimina a la oposición, cierra cadenas de televisión independientes, expropia negocios y cierra una variedad de instituciones. Éste es el lugar. Se han violado los derechos humanos de forma evidente.

Sin embargo, sigue habiendo otros problemas, porque su mandato no sólo está desestabilizando la situación en su propio país sino que desestabiliza la situación en la región. Las medidas para provocar a Colombia, el apoyo a las guerrillas de las FARC, son hechos que podrían generar realmente un verdadero conflicto en la región.

Colombia es un socio estratégico para nosotros. Apoyemos y estemos del lado de Colombia en este momento, cuando Chávez ataca al país de forma tan dura, y lo induce, con falsedad y provocaciones, a que intensifique el conflicto en la región. Ésta es nuestra obligación, y si esos ataques y la provocación se intensifican., la UE y el Parlamento Europeo se verán obligados a defender a Colombia, a estar del lado de Colombia y a apoyar a Colombia en un conflicto con Venezuela que me temo que, quizás, empiece pronto.

  Bogusław Sonik, en nombre del Grupo PPE. – (PL) Señor Presidente, siempre es lo mismo: se asume el poder para un futuro mejor, para eliminar las desigualdades, para liberar a los pueblos de los opresores y tiranos, para acabar con la pobreza y miseria, para utilizar la riqueza del país por el bien de la nación. Éste es el objetivo de toda resolución y también de aquéllos que, utilizando los mecanismos de la democracia, obtienen el puesto que siempre han soñado, como el de presidente, sólo un día después, para tirar a la basura sus eslóganes sobre libertad, democracia y sociedad. A partir de ese momento sólo se rigen por un lema: «una vez tengamos el poder, nunca lo cederemos». Los dictadores logran su objetivo mediante los mismos métodos: censura, policía secreta, cárcel para los que piensan de forma diferente, desintegración y división de las fuerzas de la oposición y control total de los medios. Una especie de carta fundacional, un símbolo de exactamente ese tipo de pensamiento en el siglo XX fue, por ejemplo, la supresión que hizo Lenin del levantamiento de los heroicos marineros Kronstadt. Este diagnóstico también es cierto hoy en el caso de Venezuela. La libertad de los medios es esencial para la democracia y el respeto de los valores fundamentales. La Comisión Europea debería tomar las medidas adecuadas.

  Zigmantas Balčytis, en nombre del Grupo S&D. – (LT) Algunos miembros de nuestro grupo ya han manifestado en realidad su postura y yo también estoy de acuerdo con que la cuestión de Venezuela o la libertad de expresión no sólo es importante en Latinoamérica, sino también en toda Europa y en el mundo. Si tuviéramos que analizar las violaciones de libertad de expresión en detalle, creo que nos encontraríamos con que este problema existe en algunos Estados miembros de la UE.

Apoyo definitivamente la idea de que quizás se ha añadido este tema al orden del día demasiado rápido y que tenemos problemas mucho más graves y delitos mayores no sólo en Latinoamérica sino en otros estados y, por tanto, creo que hoy se ha exagerado esta cuestión.

  Izaskun Bilbao Barandica, en nombre del Grupo ALDE. – (ES) Señor Presidente, comparto que hay problemas mucho más graves que este, pero es mi obligación, por coherencia, denunciar también lo que estamos viviendo hoy en Venezuela. Voté a favor de la iniciativa referida a Italia.

Hace unos días denunciaba desde aquí un caso que ocurrió con el cierre del único periódico en euskera, en España, en el País Vasco, y hoy estoy aquí para denunciar también el cierre, en el año 2007, de Radio Caracas y, en el año 2009, de 34 emisoras de radio.

Espero y desearía que solo fueran problemas administrativos y se restituyeran los derechos de estos medios. Pero me preocupa escuchar que el Presidente Chávez define las nuevas redes sociales como terrorismo de Estado y ver cómo Internet corre un grave riesgo.

Es mi obligación defender los derechos de las personas, defender la libertad de expresión, defender el derecho de los medios a dar una información libre y plural, porque es defender los derechos de la ciudadanía a tener una información con absoluta libertad.

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, sabemos que Venezuela es uno de los países más ricos en petróleo del mundo. Sabemos, además, que este país tiene un enorme potencial hidroeléctrico. No obstante, como todos sabemos, la población de Venezuela sufre las consecuencias de años de mala administración. Durante décadas, este país no ha podido invertir sus ingresos de petróleo en desarrollo sostenible o desarrollando infraestructuras. La vinculación de la moneda nacional al dólar estadounidense fue probablemente otro movimiento contraproducente. Últimamente, el Presidente Chávez ha intentado resolver este problema depreciando la moneda y haciéndose con el control de la deuda pública. Sin embargo, la nacionalización de los bancos, la expropiación y el cierre temporal de las tiendas de alimentos probablemente no sea suficiente para protegerse de la amenaza de la galopante inflación durante mucho tiempo.

El Presidente Chávez sigue una política económica intervencionista, una economía centralizada similar a la de otros regímenes autoritarios, que está condenada al fracaso de forma indudable e inevitable. Es probable que la situación empeore aún más en cualquier momento, que probablemente ocurrirá cuando los productores de alimentos, que se han visto obligados a producir alimentos a precios fijos y no de mercado durante años, intenten protestar en algún momento. He de criticar también el hecho de que, en una situación precaria, en la que los venezolanos sufren interrupciones en el suministro de energía, escasez de agua y una economía deplorable, el Presidente Chávez ha comprado armas para la Guardia Nacional por valor de más de 70 millones de dólares estadounidenses. Esto no augura nada bueno, especialmente con las protestas continuas, tras el cierre de una radiodifusora que era crítica con el gobierno, en las que estudiantes y miembros de la oposición tienen enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad una y otra vez.

Dado que, como todos hemos acordado, los derechos humanos preocupan especialmente a la UE, tenemos que ayudar ocupándonos de ello. Tenemos que actuar, no solo en los casos en los que se violen los derechos humanos, sino también estudiando posibilidades que puedan mejorar las condiciones en las que vive la población de Venezuela, sin intervenir directamente en los asuntos internos del país. Se requiere una habilidad y sensibilidad diplomática mayor para esta tarea. Espero que la UE esté en condiciones de hacerlo.

  Martin Kastler (PPE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, estoy algo sorprendido de que, en esta Cámara, se acuse al Grupo PPE de presionar para incluir este tema en el orden del día, que, aunque es urgente, probablemente no sea del agrado de ningún miembro de la mayoría de izquierdas de esta Cámara. Dudo de que constituyan una mayoría en esta Cámara, simplemente tenía que formular esa pregunta. Nuestro grupo, como el resto de grupos, también tiene todo el derecho a plantear este tema. Incluso aunque el señor Chávez, que está actualmente en el poder, pueda ser una especie de amigo suyo o de la anterior Presidencia española en ejercicio, simplemente tenemos que preguntar qué medidas se están tomando al respecto.

Me sorprende bastante que alguien como el señor Chávez pueda decir cosas como: «Twitter es un instrumento de terrorismo». Lo siento pero cualquiera que hoy en día describa Twitter como un instrumento terrorista vive en otro mundo, de vuelta a la Edad de Piedra. Déjenme decirles también que: nosotros, el Grupo PPE, no nos dejaremos intimidar por esta acusación. Denunciamos las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. Yo, personalmente, denuncio las violaciones de los derechos humanos en lo que a la libertad de prensa se refiere. En ese sentido, permítanme decir simplemente que a los periodistas venezolanos se les da todo mascado y se les dicta lo que tienen que decir y a los jueces se les encarcela si liberan a alguien a quien han detenido por error. Como europeos, tenemos que tener el valor de manifestarnos abiertamente en contra de este tipo de prácticas.

No permitiré que la señora de Keyser y el resto de diputados en esta Cámara cargue al Grupo PPE con esta acusación. Tenemos derecho, como el resto, a señalar las violaciones de los derechos humanos y las libertades, ya sea en Europa o en cualquier parte del mundo, como temas que merecen ser debatidos.

  Marietje Schaake (ALDE). — Señor Presidente, el Gobierno venezolano ha intentado limitar la libertad de expresión y el pluralismo de los medios y de Internet injustamente. Estos intentos desesperados de censurar la información y la libertad de expresión me recuerdan a la conducta de Mahmoud Ahmadinejad. De hecho, el presidente Hugo Chávez considera a Mahmoud Ahmadinejad como un amigo y uno se pregunta: con amigos como estos, ¿quién necesita enemigos?

Sin embargo, el hecho de que Chávez considere Twitter y los mensajes de texto como instrumentos de terrorismo, nos demuestra que considera a las personas y su libre pensamiento y oposición como enemigos. He de confesar que utilizo Twitter y los mensajes de texto, pero en Europa afortunadamente consideramos la libertad de expresión un derecho fundamental y universal, también en Internet. El limitar los medios digitales de expresión, información y el intercambio de ideas es prueba de que el Gobierno venezolano teme a sus ciudadanos y teme que pidan que termine la violencia y la opresión.

La movilización efectiva de los ciudadanos se puede considerar un ejemplo de Oscar Morales, que creó un grupo de Facebook llamado: «un millón de voces contra las FARC» con la esperanza de conseguir el apoyo de un millón de personas en la red. Pronto movilizó a 12 millones de personas para protestar en las calles de todo el mundo, pidiendo el fin de la violencia que ejercen las FARC. Este movimiento utilizó la tecnología como vehículo y los ciudadanos como motor. Intentar limitar este vehículo no sólo es injusto, también será ineficaz.

  Charles Tannock (ECR). — Señor Presidente, la libertad de prensa y un gobierno democrático libre son los pilares de la UE. Para Hugo Chávez, el pseudo-dictador de Venezuela, son simplemente obstáculos en el camino hacia el poder absoluto; es un demagogo, no un demócrata, y ha arruinado la economía venezolana.

Sin embargo, esta Cámara tiene todavía bastantes apologistas de Chávez, como el señor Higgins. Quizás porque Chávez refleja su virulento antiamericanismo y su resentimiento por el éxito del Presidente Uribe en el país vecino: Colombia. Es lamentable que otros grupos políticos de izquierda se nieguen a sumarse, junto a nosotros, a la corriente política de la Cámara que es condenar las afrentas del régimen de Chávez a las libertades fundamentales que cada vez son más arbitrarias y graves. Su respuesta a un canal de TV que era crítico con su gobierno fue simplemente retirarlo de antena.

Me recuerda a una situación similar en la RPC —China— donde el régimen comunista intentó evitar que una empresa europea emitiera programas de televisión anticomunistas. Chávez se ha identificado, por tanto, —sin vergüenza alguna— con los autoritarios y duros gobernantes de China. Sus amigos más cercanos en el panorama internacional son los dictadores Castro, Lukashenko y Ahmadinejad, lo cual dice mucho.

Mi grupo, el ECR, apoya a los venezolanos en sus esfuerzos por llevar la verdadera democracia al país.

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). — Señor Presidente, los derechos democráticos y los derechos humanos se vulneran constantemente en Venezuela y tenemos que reconocerlo. También deberíamos recordar hoy que varias organizaciones de derechos humanos han calificado a Venezuela como el país de Latinoamérica en el que la libertad de prensa goza de peor situación.

El Teniente Coronel Chávez ha fracasado a la hora de gobernar Venezuela en muchos aspectos, pero ha conseguido seguir en el poder eliminando a la oposición, haciéndose con el control de los medios y manipulando el proceso electoral. Quisiera responder a algunos diputados que ya han hablado en esta Cámara antes que yo y decir que nuestra responsabilidad, nuestra misión, es apoyar a los venezolanos y hacer frente a la persecución, a la vulneración de los derechos humanos y a las detenciones de su Presidente.

  Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) En mi opinión, Hugo Chávez ha adoptado los peores aspectos posibles del socialismo totalitario del último siglo. Con esto no me refiero a su actitud hacia las inversiones extranjeras que también es, por supuesto, totalmente aleatoria. Sin embargo, sí me refiero a su actitud hacia la libertad de prensa, y hacia lo que el pluralismo representa, porque Hugo Chávez intenta copiar el pluralismo, cerrando simplemente emisoras de radio que se niegan a emitir sus interminables discursos y creando emisoras públicas que simulan el pluralismo. Copiar el pluralismo no es lo mismo que aceptarlo, porque la democracia no puede funcionar partiendo de una caricatura del pluralismo.

Ya se han nombrado las personas cercanas a Chávez. No dista mucho de ser un dictador porque odia el pluralismo. Por tanto, creo que los socialistas no deberían defenderle. Una de las víctimas de las últimas manifestaciones fue, de hecho, un estudiante socialista.

  Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Señor Presidente, quisiera refrendar la opinión que ha presentado aquí la señora De Keyser en nombre de mi grupo. No hay duda de que no se puede tolerar ninguna violación de las libertades de los medios. Es cierto que vemos sucesos alarmantes. Sin embargo, creo que deberíamos tener cuidado de no hacer juicios inequívocos, categóricos y finales. En mi opinión, se nos debería responder a una pregunta fundamental: las emisoras que se cerraron, ¿se cerraron por motivos políticos o algunas se cerraron porque verdaderamente no reunían las condiciones jurídicas? Creo que obtener una respuesta, comprender qué es mera política y qué es un hecho jurídico, tendría una gran importancia para la postura de esta Cámara.

  Eija-Riitta Korhola (PPE). – (FI) Señor Presidente, es bastante desconcertante que algunos de mis compañeros diputados piensen que no es adecuado hablar de uno de los países más corruptos del mundo. Los oponentes del presidente Hugo Chávez siguen sentados en celdas condenados por motivos que son claramente políticos. ¿No es el caso que defender la situación suponga una humillación vergonzosa con respecto a la propia ideología de cada uno?

Además, los venezolanos tienen que aguantar interrupciones innecesarias del suministro eléctrico y de agua en el que es el país más rico en energía de Latinoamérica. El cierre de las emisoras de radio y canales de televisión y la violenta supresión de las manifestaciones estudiantiles son propios de un régimen totalitario. ¿Por qué no deberíamos actuar entonces? Del mismo modo que los medios tienen que funcionar conforme a la ley, no deberían cerrarse a menos que las autoridades no tengan otra opción y solo debe hacerse después de haber agotado todos los medios jurídicos disponibles. Las personas que han sido acusadas de algún delito también tienen que tener la oportunidad de defenderse y de apelar contra una condena.

Si el Gobierno venezolano está comprometido con el Estado de Derecho y los derechos humanos, tiene que proteger y respetar la libertad de expresión y valorar las alegrías de la esencial aportación que dan las críticas y la transparencia a un país gobernado constitucionalmente.

  Gabriel Mato Adrover (PPE). – (ES) Señor Presidente, aunque para algunos esta es una cuestión meramente administrativa, para nosotros es mucho más. Estamos hablando de libertad.

Yo sé que para algunos la libertad debe ser defendida según y cómo, según y dónde. Pero yo sé también que para algunos la libertad verdadera, su libertad, es la que administran algunos dictadores a los que defienden y, en algún caso, hasta alientan, y no la libertad de los que defendemos esa palabra en su total amplitud, los que creemos en los medios de comunicación libres, los que creemos que no se pueden arrebatar tierras por decreto, y que se lo pregunten a tantos miles de canarios que han padecido esa situación en Venezuela.

Estamos hablando de derechos, de pluralidad y de libertad. Lamentablemente, algunos todavía no creen en ello.

  Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión. — Señor Presidente, la Comisión toma nota de las propuestas de resolución presentadas por el Parlamento con respecto a la situación en Venezuela. Pueden estar seguros de que la Comisión sigue la situación muy de cerca.

A este respecto, la UE ha observado con preocupación la continua suspensión de los medios, incluida la RCTV International. Entendemos que este tema va más allá de los meros requisitos jurídicos y hay que considerarlo dentro del contexto de la cuestión de la libertad de expresión en Venezuela. Esto ha sido motivo de preocupación y se le ha dado gran notoriedad a nivel internacional en los últimos meses.

Por ejemplo, en noviembre de 2009, el relator especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas argumentó que la propuesta de ley especial contra delitos mediáticos en Venezuela —cito literalmente— «supondría serias violaciones del derecho a la libertad de opinión y expresión y restringiría la libertad de prensa en el país, si se aprueba tal y como se presenta actualmente». El ponente también pedía que Venezuela respetara los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Venezuela forma parte y que garantiza el derecho a la libertad de expresión.

Quizás también recuerden que, en 2009, la UE emitió una declaración con respecto a esos problemas, porque para nosotros la libertad de expresión y el libre acceso a la información son temas que forman parte del diálogo que mantenemos con las autoridades venezolanas. Lamentamos profundamente que dos manifestantes murieran y varias personas, miembros de las fuerzas de seguridad y manifestantes, resultaran heridos. Compartimos la evaluación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha expresado su gran preocupación por los incidentes violentos que tuvieron lugar en las manifestaciones tanto a favor como en contra del Gobierno del Presidente Chávez y ha instado al Gobierno venezolano a que controle las manifestaciones —y cito textualmente— «respetando los derechos humanos de acuerdo con los principios interamericanos».

Seguimos de cerca con preocupación la tendencia hacia la radicalización política. Comúnmente se consideran las elecciones de septiembre como un hecho clave para el futuro del país. En este sentido, la UE subraya la importancia de que estas elección se celebren en un entorno totalmente pacífico, transparente y democrático.

En el contexto del diálogo que la UE encabeza con las autoridades venezolanas, siempre hemos resaltado la importancia de respetar totalmente las obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos, incluida la libertad de expresión y de prensa, como la piedra angular de la democracia y del Estado de Derecho. Como saben, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE consagra este principio que ahora forma parte de nuestros tratados. Esto da especial relevancia a la libertad de expresión y al respeto por el pluralismo en los medios, en Europa y, también, en nuestros relaciones internacionales.

La UE, mediante el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, apoya las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en este ámbito concreto. Además, hemos apoyado continuamente todas las iniciativas destinadas a promover la tolerancia, el espacio para el diálogo y la comprensión mutua.

En nombre de la Comisión, quisiera asegurar al Parlamento que continuaremos siguiendo de cerca los sucesos que tengan lugar en Venezuela. Nuestro compromiso de apoyar y reforzar la democracia y la protección y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales se verá reflejado en nuestra política de cooperación y en las relaciones con Venezuela en el futuro como lo hizo en el pasado.

  María Muñiz De Urquiza (S&D). – (ES) Señor Presidente, para que funcione ágilmente el «catch the eye», el Presidente debería mirar en el hemiciclo para ver quién está solicitando el uso de la palabra, cosa que yo he hecho ostensiblemente para poder intervenir en el «catch the eye» del debate sobre Venezuela. Usted o sus servicios deberían mirar para ver quién quiere tomar la palabra.

  Presidente. - Señora Muñiz De Urquiza, es físicamente imposible mirar en todas direcciones a la vez. Estoy rodeado de personas muy atentas. En cualquier caso, cuando le concedí el turno al último diputado también dije: «el último diputado que tomará la palabra será el señor Mato Adrover». Si quería objetar algo, lo debería haber hecho entonces.

Se cierra el debate. La votación tendrá lugar al final del debate.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

  Monica Luisa Macovei (PPE), por escrito. – Estoy a favor de esta resolución, porque me preocupan las medidas antidemocráticas que ha adoptado el Gobierno de Venezuela, especialmente aquéllas que limitan los derechos a la libertad de prensa, de expresión y de reunión, así como el alto grado de corrupción, tal como la población de Venezuela lo percibe. El control de los medios de comunicación y de las opiniones divergentes es típico de los regímenes totalitarios. Según han informado las asociaciones de defensa de los derechos humanos, en enero de 2010, el Gobierno de Hugo Chávez amenazó con tomar medidas contra los proveedores de televisión por cable que emitieron canales que no cumplían con la exigencia del Gobierno de interrumpir la programación habitual con el fin de retransmitir las alocuciones presidenciales. En consecuencia, los proveedores de televisión por cable han dejado de emitir siete canales. En 2009 Hugo Chávez obligó a las emisoras de radio a retransmitir en vivo 141 discursos, incluido uno que duró siete horas y 34 minutos. Respecto a la corrupción, el Gobierno debe aplicar plena y efectivamente la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como otros instrumentos relevantes, también debe tomarse en serio las preocupaciones de los venezolanos en cuanto a la corrupción ―un indicador de buena gobernanza en cualquier país―.

(1) Véase el Acta

10.2. Madagascar

  Presidente. − El siguiente punto es el debate sobre las seis propuestas de resolución sobre Madagascar⁽¹⁾.

  Raül Romeva i Rueda, autor. − Señor Presidente, este es un tema que, de hecho, requiere una decisión y que debemos debatir. Hay una crisis política en Madagascar y esto nos obliga a responder también de acuerdo con las necesidades del país.

Los acuerdos de reparto de poder se han negociado bajo los auspicios de la Unión Africana entre el actual Presidente Rajoelina y el anterior Presidente Ravalomanana.

También existen la Carta de Maputo y el Acta Adicional de Addis Abeba, que siguen siendo la única solución democrática y política para la crisis actual. No debemos olvidarlo. El Acuerdo de Maputo prevé el establecimiento de un gobierno de unidad nacional con un período de transición de 15 meses.

Permítanme señalar asimismo, tras este dato, que se están produciendo situaciones específicas y locales preocupantes en cuanto a que el Gobierno va a promulgar un decreto que legaliza las exportaciones de madera sin procesar y en peligro de extinción, amenazando así la biodiversidad del país. Esto podría ocasionar numerosos problemas en el futuro, ya que podría ser una pérdida irrecuperable.

En este contexto, debemos recordar a la Comisión y a los Estados miembros que enviar una misión de observación para las elecciones a Madagascar podría ser un error. Pedimos que no se envíe una delegación a este país en las circunstancias actuales, dado que las elecciones que el Gobierno está organizando para que se celebren en marzo pasan por alto el Acuerdo de Maputo. Insisto, en este marco, en virtud de dicho consenso y sobre la base del Acuerdo de Maputo, no debemos continuar con esta misión de observación para las elecciones.

Ello también debe ir acompañado de un respeto absoluto de los derechos humanos en el país, de los principios democráticos y del Estado de Derecho. Si se cumplen estas condiciones, entonces podemos hablar sobre el tema, pero en vista de la situación y el contexto actuales, creo que sería un error.

  Renate Weber, autora. – (FR) Señor Presidente, los problemas de inestabilidad persisten en Madagascar a pesar de las iniciativas de la Unión Africana y las Naciones Unidas. El señor Rajoelina se niega a repartir el poder y está destituyendo a todo aquel que no está a su favor. Recientemente ha afirmado su intención de organizar las elecciones generales sin tener en cuenta el calendario provisto en los acuerdos de Maputo y Addis.

No es ninguna exageración decir que el régimen anticonstitucional de Andry Rajoelina ha tomado el poder de los tres estados y que está haciendo todo lo posible para asumir también el poder de los medios de comunicación.

Lamentablemente para Madagascar, las violaciones de los derechos humanos por parte del anterior régimen presidencial han continuado después de que Andry Rajoelina se autodeclarase presidente de la Alta Autoridad de Transición. Las fuerzas de seguridad, que el Presidente dirige, han intervenido con frecuencia de forma violenta para dispersar las manifestaciones de la oposición y se han producido muertes y heridos.

En su informe de 4 de febrero de 2010, Amnistía Internacional pone de manifiesto que tanto parlamentarios, senadores, abogados, como líderes de la oposición y periodistas fueron arrestados y detenidos de forma ilegal y arbitraria, y que algunos de ellos fueron sometidos a malos tratos durante su arresto, aunque las autoridades no han llevado a cabo ninguna investigación al respecto.

Desgraciadamente, una vez más, los hechos demuestran que aquellos que llegan al poder por medio de la fuerza gobiernan utilizándola.

  Véronique De Keyser, autora. – (FR) Señor Presidente, existe consenso sobre esta propuesta de resolución. El régimen ilegal de transición liderado por Andry Rajoelina está en proceso de hundir a Madagascar en el caos. Se está preparando para apoderarse de las próximas elecciones, cuya celebración ha anunciado para marzo de 2010, al final de un proceso en que la democracia brilla por su ausencia y que está teniendo lugar al margen de los acuerdos de Maputo y Addis Abeba.

Los nombramientos de personalidades políticas cuestionables, las violaciones generalizadas de los derechos humanos, así como el acoso y el arresto arbitrario de parlamentarios, líderes religiosos y civiles han molestado a la comunidad internacional y han desembocado en la imposición de sanciones. Se ha congelado la adhesión de Madagascar a la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional y la Unión Africana. Los Estados Unidos de América se niegan a incluir a Madagascar en las ventajas de la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África. Los donantes del Fondo Monetario Internacional han reducido al 50 % su presupuesto, las Naciones Unidas examinarán la situación de este país el 15 de febrero y la Unión Europea, según tengo entendido, ha suspendido la ayuda al desarrollo aunque mantiene la ayuda humanitaria.

Por tanto, la situación es trágica y catastrófica para un pueblo que vive con menos de un dólar al día. Estamos muy preocupados por esta situación, y esta propuesta de resolución común de emergencia es prueba de ello. Apoyamos los esfuerzos de mediación realizados por Joaquim Chissano, el ex Presidente de la República de Mozambique e instamos a los cuatro movimientos políticos a volver a la mesa de negociación. No puede haber otra solución. También hacemos un llamamiento a la Unión Africana y a la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional para que reanuden los contactos a fin de conducir el proceso de transición a buen puerto e instamos a la Comisión a que nos informe sobre el actual procedimiento de consulta con Madagascar, iniciado a raíz de la aplicación del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú.

  Bernd Posselt, autor. − (DE) Señor Presidente, existe preocupación en las capitales del mundo en el sentido de que esta propuesta de resolución podría dar lugar a una intensificación de la situación de Madagascar. Sin embargo, nuestro objetivo es crear las condiciones de paz para la región. Me refiero concretamente a los artículos 14 y 15, que se centran claramente en el diálogo.

Se ha hecho un llamamiento a la Unión Africana, la Unión Europea, las Naciones Unidas, los países vecinos, el grupo de contacto y, por último, pero no por ello menos importante, Francia para que colaboren a la hora de garantizar que los cuatro (como mínimo) movimientos políticos diferentes que existen en Madagascar puedan encontrar perspectivas comunes, para que dicho país no se convierta en un estado fallido, para que no se escore aún más hacia la catástrofe y para que, en su lugar, halle una solución pacífica y negociada. Con todo, esto solo puede lograrse siempre que nadie intente establecer una dictadura, nadie se retire del proceso de paz y todas las partes regresen a la mesa de negociación o, de lo contrario, este maravilloso aunque devastado país no tendrá ningún futuro.

  Marie-Christine Vergiat, autor. – (FR) Señor Presidente, Señorías, lo mismo que sucede en Madagascar sucede en otros países del mundo, hacia los que la Unión Europea ha demostrado una falta de poder político. Esto es especialmente cierto en África.

Un año después de que Andry Rajoelina asumiera ilegalmente el poder, la gran isla de Madagascar parece hundirse cada vez más en una crisis financiera, económica y social que su pueblo no necesitaba.

De hecho, este país se ha convertido en uno de los países más pobres del mundo, la gran mayoría de su población vive con menos de un dólar al día. Las violaciones de los derechos humanos están aumentando. Líderes religiosos, parlamentarios, periodistas y líderes de la sociedad civil son objeto de intimidación y acoso, y son arrestados y encarcelados.

Sin embargo, la comunidad internacional ha escatimado esfuerzos, negándose a reconocer que en realidad se trata de un golpe de estado y que el Gobierno establecido por Andry Rajoelina en Madagascar es, de hecho, un gobierno militar.

Madagascar ha sido excluido de la Unión Africana y la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional. Desde el 2 de febrero de 2009, se han realizado numerosos intentos, incluidos los de las Naciones Unidas y la UE, que han tenido como resultado los acuerdos de Maputo y Addis Abeba. Sin embargo, desde noviembre de 2009, parece que estos acuerdos se han estancado a raíz de las divisiones entre los distintos protagonistas y a la negativa de algunos de ellos a participar en la implementación de dichos acuerdos.

Nosotros en el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica consideramos que ya es hora de que el pueblo malgache se pronuncie y de que se respeten las normas democráticas.

Andry Rajoelina, el tirano del régimen, prefiere organizar las elecciones de forma unilateral, sin consultar al pueblo malgache, desafiando así los acuerdos anteriormente mencionados. Ha establecido unilateralmente una fecha inicial para las llamadas elecciones democráticas, en marzo de 2010, pero ahora parece que está pensando en una fecha aproximada entre finales de marzo y finales de 2010.

Por eso queremos que se refuerce la ayuda humanitaria, para que se instituyan los procedimientos judiciales y para que la Unión Europea ejerza toda su influencia a la hora de garantizar la participación de la sociedad civil en las medidas adoptadas.

  Charles Tannock, autor. − Señor Presidente, si la Unión Africana aspira a tener algo parecido a la autoridad y el respeto otorgado a la Unión Europea en cuestiones internacionales, entonces Madagascar es, sin duda, un caso en el que la Unión Africana debe actuar con decisión. En su lugar, hemos observado la habitual vacilación y una diplomacia poco activa tras la caída del Presidente Marc Ravalomanana, que tristemente nos recuerda la situación de Zimbabue. Ya es hora de que la Unión Africana asuma sus responsabilidades con respecto a Madagascar, donde la tensión política y el caos han sido endémicos durante algún tiempo. Si la Unión Africana por sí sola es incapaz de solucionar esta situación caótica, entonces es razonablemente justo preguntar porqué la Unión Europea debe hacerlo.

No obstante, debemos mantener nuestro compromiso con Madagascar a fin de facilitar un retorno progresivo hacia un gobierno democrático y promover la reconciliación. Es fundamental que los políticos y los oficiales del ejército que han sido citados y que han cometido abusos de los derechos humanos sean llevados ante la justicia. Las sanciones selectivas contra el régimen ilegítimo de Andry Rajoelina representan asimismo un medio efectivo para castigar a los responsables de la actual inestabilidad sin perjudicar a la inmensa mayoría de la población de Madagascar, que debe estar hastiada de las tensiones y de los episodios esporádicos de violencia en su bello país.

  Cristian Dan Preda, en nombre del Grupo PPE. – (RO) Como ya se ha destacado, la situación de incertidumbre y de inestabilidad política que reina en Madagascar se viene produciendo desde hace más de un año. Aunque ha habido algunos rayos de esperanza en algún que otro momento durante el proceso de negociación, las medidas tomadas por Andry Rajoelina solo sirven para obstaculizar el proceso, complicando la restitución del orden constitucional.

Me refiero concretamente a la destitución del Primer Ministro nombrado tras los acuerdos de Maputo, la retirada del proceso de negociación con los movimientos políticos y la reciente decisión de organizar precipitadamente las elecciones sin tener en cuenta los acuerdos anteriores.

Creo que esto es un intento de dar una apariencia de legalidad y de legitimar un régimen que ha llegado al poder tras un golpe de estado, algo que Rajoelina no puede negar. Es evidente que la única manera de restituir el orden constitucional es aplicar plenamente los acuerdos de Maputo y Addis Abeba.

  Martin Kastler (PPE). – (DE) Señor Presidente, solo quiero llamar la atención sobre el hecho de que todos los grupos apoyamos esta propuesta de resolución. Así es como debe ser, ya que este tema reviste gran importancia. A diferencia del resto de los participantes, me gustaría decir que debemos garantizar que no solo nos limitamos a fomentar la libertad de expresión y de prensa en Madagascar, sino que también las exigimos activamente, ahora que estamos examinado los diferentes medios que podrían contribuir a que las cosas avanzaran hacia unas elecciones pacíficas. Tenemos que asegurarnos de que, como europeos, establecemos la libertad de prensa en todos los ámbitos, con toda la ayuda financiera necesaria para que sea posible. Debemos además brindar pleno apoyo y todos los esfuerzos para actuar de forma conjunta con el fin de facilitar ayuda financiera, dentro del ámbito de los acuerdos que tenemos con este país.

  Eija-Riitta Korhola (PPE). – (FI) Señor Presidente, es intolerable seguir la situación de Madagascar, donde el poder está en manos de una persona que asumió el poder del país utilizando medios violentos y que gobierna de la misma manera, y cuya posición no ha sido reconocida por la comunidad internacional. Por eso utilizo la palabra «persona» y no «presidente».

La mayoría de la población de Madagascar vive por debajo del umbral de la pobreza. Siete mil niños sufren malnutrición grave y la situación no hace más que empeorar con la crisis política. Por esa razón, es fundamental que nosotros, junto con el resto de la comunidad internacional, incrementemos la ayuda humanitaria para Madagascar.

Además, es de vital importancia investigar y resolver los asesinatos políticos que han tenido lugar, y ello debe dejarse en manos de un organismo imparcial e independiente. A menos que eso ocurra, será muy difícil fomentar la confianza y adoptar medidas hacia la democracia.

Debe ser una prioridad que los cuatro movimientos políticos de Madagascar puedan sentarse a la mesa de negociación para acordar qué debe hacerse para poder celebrar elecciones democráticas este año. Asimismo, es crucial que Madagascar no firme ningún acuerdo sobre recursos naturales antes de tener un gobierno que sea la expresión de la voluntad de los ciudadanos.

  Michael Gahler (PPE). – (DE) Señor Presidente, sobre el tema de Madagascar, es muy positivo que podamos informar de que la Unión Europea no es la única que está preocupada por el cumplimiento de este país con el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, sino que la Unión Africana y la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional, como organizaciones regionales, han adoptado la posición de que otro golpe de estado en África es inaceptable. Para la Unión Africana y para las organizaciones regionales, es algo relativamente nuevo, no solo para tomar este tipo de decisiones, sino también para implementarlas y adoptar medidas.

Espero que cuando el grupo internacional de contacto se vuelva a reunir en Addis Abeba, dentro de una semana, el 18 de febrero, todas las partes participantes cumplan sus cometidos y poderes, y garanticen que todo acuerdo alcanzado en Maputo se aplique también. Este es mi llamamiento a todos los participantes.

  Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión. – (FR) Señor Presidente, quisiera empezar destacando la gran preocupación que albergamos sobre los obstáculos que han impedido implementar los acuerdos de Maputo.

Desde que se inició la crisis y a partir de las consultas con Madagascar en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, la Comisión ha apoyado activamente los esfuerzos de mediación de la comunidad internacional, que se han traducido en un progreso considerable pero que, lamentablemente, aún no han desembocado en un proceso de transición efectivo. Nos preocupa en gran medida porque, en lugar de progresar, estamos retrocediendo, y existe un riesgo claro de volver a donde empezamos en marzo de 2009.

Estarán de acuerdo en que esto naturalmente podría ocasionar un deterioro de la situación política y de los derechos humanos, e incluso en conflictos entre la población malgache. Hemos indicado claramente en numerosas ocasiones que rechazamos todo proceso unilateral que desemboque en unas elecciones organizadas precipitadamente que no procurarán una solución duradera para la crisis.

En consecuencia, respondiendo a la pregunta planteada por Su Señoría, señalaría que no estamos preparados para apoyar dicho proceso ni política ni financieramente.

La iniciativa que el Presidente de la Comisión de la Unión Africana está adoptando actualmente representa nuestra última esperanza. Estamos preparados para evaluar, junto con la comunidad internacional en el marco de un grupo de contacto internacional, la respuesta de los movimientos malgaches y, dependiendo de la situación, podríamos presentar propuestas de decisión ante el Consejo de conformidad con el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú.

En caso de que se tome una decisión negativa, esta no afectaría a los proyectos que benefician directamente a la población. Asimismo, debemos continuar y, en la medida necesaria, incrementar la ayuda humanitaria para las poblaciones vulnerables.

Por último, puedo garantizarle, señor Presidente, el compromiso activo, paciente y perseverante de la Comisión para encontrar una solución amistosa a la crisis.

  Presidente. − Se cierra el debate. La votación se celebrará al final del debate.

(1) Véase el Acta.

10.3. Birmania

  Presidente. − El siguiente punto es el debate acerca de las seis propuestas de resolución sobre Birmania ⁽¹⁾.

  Véronique De Keyser, autora. – (FR) Señor Presidente, la situación de Birmania sigue deteriorándose. ¿Es necesario que recordemos todos los abusos del Gobierno de Birmania hacia el pueblo, el encarcelamiento interminable de Aung San Suu Kyi, ganadora del Premio Sájarov y su desahucio con el falso argumento de condenar las próximas elecciones?

El Gobierno de Birmania ha prometido una transición democrática en siete etapas, que en última instancia desembocaría en elecciones. Sin embargo, si estas elecciones se celebran de acuerdo a una constitución que ha sido redactada por el ejército, lo que parecería ser el caso, solo servirán para legitimar cinco décadas de gobierno militar y otorgar al ejército el 25 % de los escaños en el parlamento. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, incluida China, la India y Rusia, a seguir aunando esfuerzos y a ejercer presión sobre el Gobierno de Birmania, a fin de detener las violaciones graves de los derechos humanos cometidas en dicho país, así como para que la transición democrática anunciada no se convierta en una farsa política.

  Filip Kaczmarek, autor. – (PL) Señor Presidente, por lo general rebosaríamos optimismo ante el anuncio de la celebración, en cualquier país, de las primeras elecciones después de 20 años. Despierta la esperanza de introducir cambios y de avanzar hacia la democratización. Por desgracia, probablemente no muchos de nosotros, ni muchos de los residentes de Birmania creemos que las elecciones que se celebrarán a finales de este año vayan a ser democráticas y justas o que vayan a provocar algún cambio real. El régimen birmano es un problema contra el que hemos luchado durante años. En esta resolución, condenamos las numerosas violaciones de los derechos humanos y de las libertades civiles que se suceden cada día en Birmania. Todavía no sabemos qué decir al pueblo birmano sobre cómo acabar con la barbarie del régimen. En mi opinión, solo la acción conjunta puede dar resultados. Cuando digo conjunta, ¿a quién tengo en mente? ¿Quién debe adoptar medidas? ¿Los países vecinos? ¿Países que realizan grandes intercambios comerciales con el régimen birmano, financiándolo indirectamente, como Rusia y China? La Unión Europea sin duda, los Estados Unidos de América y las Naciones Unidas: con este grupo de socios podemos provocar un cambio.

  Marie-Christine Vergiat, autora. – (FR) Señor Presidente, desde 1962 Birmania vive bajo el yugo de una junta militar que representa uno de los regímenes más opresivos del mundo. La última vez que se eligió a los miembros del parlamento de forma democrática fue en 1990. Todos han sido arrestados u obligados a dimitir. Hay 2 000 prisioneros políticos registrados, incluidos los más de 230 monjes budistas que participaron en las manifestaciones pacíficas de septiembre de 2008 y que llevan encarcelados desde entonces.

Varias decenas de miles —debería decir cientos de miles— de inmigrantes birmanos viven en Tailandia, la India, Bangladesh y Malasia en condiciones que a menudo son más que precarias y abiertas a la trata de seres humanos. Decenas de miles de personas han sido desplazadas en contra de su voluntad. En este tipo de situaciones, los periodistas están especialmente en peligro. Al menos 14 periodistas están actualmente encarcelados, y me gustaría destacar aquí el caso de Hla Hla Win, una joven periodista de 25 años, que ha sido condenada a 27 años de prisión por importar ilegalmente una motocicleta porque se atrevió a visitar un monasterio budista.

En efecto, la Junta ha anunciado nuevas elecciones. Al igual que la señora De Keyser, creo que el único objetivo de las elecciones es legitimar el gobierno actual. En cuanto al resultado, solo podemos mostrarnos escépticos.

Hoy vamos a condenar una vez más de manera enérgica las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Birmania e invitamos al Gobierno birmano a dialogar y a poner fin inmediatamente a las prácticas de reclutamiento de niños soldado. Vamos a solicitar de nuevo a los Gobiernos de China, la India y Rusia que ejerzan su influencia. No obstante, Comisario, le insto a que sea nuestro portavoz ante la Comisión y el Consejo, de manera que la Unión Europea mantenga medidas restrictivas contra el Gobierno de Birmania puesto que, al margen de las palabras, no tenemos ni la más mínima prueba concreta de que exista un debate democrático. Le instamos a evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y a hacer todo lo posible para garantizar que la población civil...

(El Presidente interrumpe al orador)

  Charles Tannock, autor. − Señor Presidente, he perdido la cuenta de las veces que durante años hemos debatido en esta Cámara la situación cada vez más grave de los derechos humanos en Birmania, aunque, si alguna vez nos sentimos tentados a suavizar nuestro discurso contra la cruel Junta militar, solo tenemos que observar nuestro Parlamento para recordar por qué necesitamos mantener e incrementar la presión sobre los generales. Me refiero naturalmente a Aung San Suu Kyi, líder de la oposición y Premio Nobel, cuya imagen se muestra de manera prominente en las premisas del Parlamento, tanto en Bruselas como en Estrasburgo, a la que se le ha negado sistemáticamente el derecho a expresarse, así como a sus simpatizantes. Así pues lo mínimo que podemos hacer es hablar por ellos aquí y prometerles nuestro apoyo inquebrantable respecto a su misión de impulsar un cambio democrático permanente en Birmania.

También hemos planteado la cuestión de la suerte que correrá la minoría de los rohingyas, que una vez más están siendo víctimas de una campaña maliciosa de discriminación y persecución por parte del ejército, y muchos de ellos han tenido que huir a Bangladesh. Los generales probablemente ignoren nuestras peticiones, pero eso no las hace menos valiosas ya que, como demócratas, tenemos el deber solemne de denunciar tales salvajadas dondequiera que las encontremos en todo el mundo.

  Raül Romeva i Rueda, autor. − (ES) Señor Presidente, hace unos meses tuve ocasión de visitar, en la frontera entre Tailandia y Birmania, a algunos de los miles de refugiados y refugiadas que están en estos momentos a la espera de poder volver a su casa y, en algunos casos, simplemente a la espera de pasar un día más.

En aquellos momentos nos reunimos también con algunos de los grupos de oposición, entre ellos, la Liga Nacional para la Democracia, cuya líder, como se ha dicho también, es la Premio Sájarov Aung San Suu Kyi.

En varias ocasiones se me instó a mirar con mucha cautela y a no apoyar unas elecciones fundamentadas en una reforma constitucional hecha por la propia Junta y en unas condiciones, como son las de hoy, que claramente vulneran los derechos fundamentales desde el punto de vista de la libertad de expresión y de la libertad de reunión y que son, claramente, un peligro para el cambio, para la transformación, para la reforma democrática de ese país.

Es verdad que ha habido algún cambio. Es verdad que el año pasado, en 2009, hubo una liberación de algunos centenares de presos, de los cuales, sin embargo, muy pocos eran verdaderamente presos políticos.

El gran problema es que hoy sigue habiendo más de 2 100 presas y presos políticos en Birmania. En ese contexto es imposible poder considerar unas elecciones libres, justas y democráticas.

Es, por tanto, necesario que recordemos primero que el contexto tiene que ser el adecuado para poder celebrar esas elecciones. Cualquier diálogo que nos permita avanzar en esa situación será bienvenido, pero sobre la base de la liberación incondicional de esas personas, de que se garantice que las personas refugiadas puedan volver Y a este respecto sí tengo que hacer una petición explícita a la Comisión: es muy preocupante la reducción de los fondos que se están destinando a esa zona, a esos refugiados. Hay unas necesidades urgentes. Estamos hablando de centenares de miles de personas que reclaman nuestra colaboración y, en ese sentido, creo que sería bueno no recortar estos presupuestos.

  Thomas Mann, en nombre del Grupo PPE. – (DE) Señor Presidente, la situación en materia de derechos humanos en Birmania ha sufrido un profundo deterioro: represión política acompañada de violencia militar y sexual, niños reclutados sistemáticamente como soldados, 2 000 prisioneros políticos. Las primeras elecciones, supuestamente libres, que se celebrarán en otoño este año son una farsa total. Los partidos de la oposición, con toda la razón, van a boicotearlas. La posición de los rohingyas es especialmente preocupante, ya que más de 200 000 viven en campamentos de refugiados. Muchos han huido a Bangladesh y han sido perseguidos brutalmente durante su huida.

Celebro enormemente la voluntad de Bangladesh de acoger nuestra Delegación del Parlamento Europeo para el Asia Meridional en una misión de investigación en el país. Mañana viajamos a Dhaka con el objeto de obtener información de primera mano sobre la situación en los Distritos de Cox’s Bazar y Bandarban. Con todo, queda claro que con el fin de sobrevivir, los rohingyas que sufren persecución necesitan protección internacional e integral. La Unión Europea debe insistir en sus denuncias contra el comportamiento del Gobierno de Birmania, hasta que finalmente empiecen a mostrar signos de progreso hacia la democracia.

  Justas Vincas Paleckis, en nombre del Grupo S&D. – (LT) Al igual que mi colega, el señor Charles Tannock, me gustaría decir que en esta Cámara, que lamentablemente siempre está medio vacía a estas horas, no es la primera vez que debatimos la terrible situación de los derechos humanos en Birmania. No hace mucho que hablé de ello.

Quisiera creer que tras los debates de hoy la voz del Parlamento Europeo y de la Unión Europea tendrá una mayor repercusión. ¿Por qué? Porque por primera vez aquí estamos hablando de los derechos humanos en el mundo ahora que tenemos el Tratado de Lisboa, así como los cargos que lo acompañan —entre los que se incluye, la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, cargo aprobado por el Parlamento—. La Unión Europea ahora tiene efectivamente la oportunidad de ejercer una influencia directa tanto en la situación de Birmania como en la de cualquier otro país donde los derechos humanos sean violados.

En vísperas de las elecciones en Birmania, creo que solo podremos lograr objetivos si coordinamos nuestras acciones con los grandes Estados, a saber, China, la India, los Estados Unidos de América y Rusia.

  Tomasz Piotr Poręba, en nombre del Grupo ECR. – (PL) Señor Presidente, las peticiones de la comunidad internacional respecto de los derechos humanos que deben observarse en Birmania, de hecho hasta el día de hoy, no han producido ningún resultado en absoluto. Todavía hay miles de prisioneros políticos en las cárceles de Birmania, y el ejército sigue cometiendo asesinatos, utilizando la tortura y practicando detenciones. La líder de la oposición en Birmania y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, ha estado bajo arresto domiciliario durante muchos años y también ha sido condenada a tres años de prisión. Así es como la Junta quiere evitar que se presente a las próximas elecciones.

Birmania también ostenta una posición destacada en la vergonzosa lista de países donde existe una persecución frecuente de los representantes de las minorías religiosas, como los cristianos. De acuerdo con las ideas de la Junta, el pueblo karen, que son cristianos, va a desaparecer por completo del territorio birmano. El año pasado, los refugiados karen que huían de las represiones se refugiaron en Tailandia. En la actualidad, a pesar de las protestas internacionales, el Gobierno de Tailandia se prepara para la repatriación forzada y la deportación masiva de más de 4 000 karen, que estarán expuestos en consecuencia a más humillaciones. Es nuestra obligación, aquí en el Parlamento Europeo, abogar por los derechos de las minorías religiosas, incluidos los cristianos en todo el mundo.

  Eija-Riitta Korhola (PPE). – (FI) Señor Presidente, en cuanto a derechos humanos, Birmania es uno de los países más débiles del mundo. La lista de violaciones de los derechos humanos es interminable y la situación no parece que mejore.

En nuestra resolución solo hemos suscitado algunas cuestiones. Creo que el principal objetivo es dejar claro que sabemos y que seguimos observando de cerca lo que pasa en Birmania.

Asimismo, debemos expresar nuestro agradecimiento a Tailandia, que revocó la preocupante decisión de devolver los refugiados a Birmania. La semana pasada me puse en contacto varias veces con Tailandia después de que anunciara sus planes de devolver a estas personas. Los refugiados karen han sido amenazados con ser sometidos a trabajos forzados, tortura, con la posible incorporación forzada al ejército, así como con la colocación de minas terrestres en la zona de donde huyeron. Me sentí aliviado cuando escuché que Tailandia había decidido abandonar sus planes de devolver a los refugiados, tras las conversaciones mantenidas con las organizaciones de defensa de los derechos humanos y la comunidad internacional durante el fin de semana. Espero que la Unión Europea, junto con el resto de la comunidad internacional, pueda ofrecer asistencia a Tailandia tan pronto como sea posible y busque una solución alternativa al problema de los refugiados karen.

  Marc Tarabella (S&D). – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Birmania se encuentra de nuevo en el centro de las propuestas de resolución del Parlamento Europeo en relación con las violaciones de los derechos humanos. Otra vez alzamos la voz para condenar la situación en este país, que no parece mostrar ningún progreso en la manera en que trata a sus ciudadanos y que necesita urgentemente un trato democrático hacia ellos.

Mientras que otros países han realizado progresos a lo largo de los años, Birmania sigue violando con total libertad los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Aung San Suu Kyi, la emblemática líder de la oposición, todavía se encuentra bajo arresto domiciliario, poblaciones enteras han sido desplazadas, los niños están presionados por bandas para que se conviertan en niños soldado y los opositores del régimen actual son arrestados. Hay demasiados ejemplos que mencionar aquí.

Esperamos que las próximas elecciones se celebren en libertad y que los partidos de la oposición, así como cualquiera que desee presentarse a las elecciones, pueda ejercer este derecho fundamental. Esperamos, además, que los observadores puedan verificar que estas elecciones son libres y que no quedan empañadas por ninguna ilegalidad, tal que la Junta militar utilice las urnas electorales para legitimarse.

  Monica Luisa Macovei (PPE). – Señor Presidente, la Junta militar ha gobernado el país mediante la represión y cometiendo violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Como representante elegido de los ciudadanos, abogo por unas elecciones parlamentarias libres y justas en 2010, para que haya un gobierno legítimo en Birmania. El requisito actual de tener al menos el 25 % de los escaños del parlamento ocupado por miembros del ejército seleccionados por el jefe de los servicios de defensa queda fuera de cualquier perspectiva con sentido común de lo que es un gobierno legítimo.

En segundo lugar, tomo nota de que el Gobierno de la Junta militar firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en 2005, pero no la ratificó. No obstante, la ratificación solo debe considerarse como un primer paso, la aplicación es la clave a la hora de luchar contra la corrupción. La corrupción conlleva pobreza e impunidad.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D). – (PL) Señor Presidente, si Birmania ha decidido celebrar elecciones parlamentarias por primera vez después de 20 años, esto puede significar un paso adelante en el proceso de democratización, si las elecciones planificadas para este otoño son justas. Es decir, en primer lugar deben ser generales, todo ciudadano mayor de edad debe poder votar o presentarse como candidato, incluida la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, así como los 2 000 activistas de la oposición que actualmente se encuentran encarcelados por razones políticas. En segundo lugar, las elecciones deben incluir además a los millones de birmanos que por miedo a torturas o a ser asesinados han huido a Tailandia, Bangladesh o la India. Debería ser posible para ellos votar en sus lugares de residencia originales. En tercer lugar, los miembros del ejército birmano no deberían tener garantizado el 25 % de los escaños en el parlamento, porque, de esa manera, se socava un mecanismo democrático fundamental y se distorsiona el resultado de las elecciones desde el principio. Por último, el Gobierno de Birmania debe respetar la norma del voto secreto y debe permitir que las elecciones sean supervisadas por observadores internacionales y por los medios de comunicación birmanos.

Si el Gobierno birmano ignora estas peticiones, creo que será imperativo continuar con las medidas restrictivas contra el régimen, de conformidad con el punto 16 de la resolución.

  Csaba Sógor (PPE). – (HU) La Junta militar ha prometido unas elecciones libres y democráticas para 2010. Es importante para la comunidad internacional y, por supuesto, para la Unión Europea, seguir ejerciendo presión sobre la Junta para que verdaderamente se lleve a cabo una transición democrática. Además, debemos cerciorarnos de que las numerosas minorías étnicas que viven en Birmania están debidamente representadas en las elecciones. Esto podría poner fin a los conflictos étnicos recurrentes. China probablemente se encuentre mejor situada para defender a las minorías chinas, aunque en primer lugar debería valorar a sus propias minorías, a saber, los ciudadanos de origen tibetano y uighur. La Unión Europea solamente será creíble y eficaz al ejercer presión si se asegura de que se respetan los derechos de las minorías en todos sus Estados miembros. Mientras que haya leyes lingüísticas en el territorio de la Unión Europea, y no solo me refiero a Eslovaquia, mientras que se siga reavivando la ley de la culpa colectiva en toda la Unión Europea de manera que contradiga los hechos de la Segunda Guerra Mundial, y mientras que se siga negando la existencia de minorías, de sus lenguas maternas y de sus derechos en el territorio de la Unión Europea, esta no podrá gozar de credibilidad cuando procure ejercer presión, ni tendrá ningún éxito tampoco.

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, el grave deterioro de la situación de los derechos humanos en Birmania provocado por la Junta militar está causando un derramamiento de sangre todavía más brutal. La persecución de los grupos religiosos, la limpieza y la expulsión étnicas, la captura de miles de prisioneros políticos y la tortura, el secuestro y el encarcelamiento de los opositores políticos del régimen están a la orden del día. La nueva Constitución, y ahora las pseudo-elecciones que supuestamente se van a celebrar, con toda seguridad no mejorarán la situación de ninguna manera.

De hecho, las delegaciones de la Unión Europea y las resoluciones piadosas del Parlamento tampoco conseguirán nada. Lo que deberíamos hacer, siendo realistas en términos políticos, es reunir todos los poderes de la Unión para ejercer influencia sobre China, la India y Rusia con vistas a que sumen su peso político con el objeto de presionar al Gobierno de Birmania para que mejore la situación de los derechos humanos en este país. La Unión Europea debe exhortar asimismo a los países vecinos de Birmania para que ejerzan su influencia a fin de fomentar una mejora de la situación en materia de derechos humanos.

  Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Alguien ha dicho anteriormente que ya hemos debatido el caso de Birmania en esta Cámara. Opino que debemos seguir debatiendo sobre Birmania, puesto que sigue siendo una de las sociedades más represivas y cerradas del mundo. Como ya han puesto de manifiesto varios organismos y organizaciones de las Naciones Unidas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, la violación sistemática de los derechos de las personas continúa siendo moneda corriente allí.

La tendencia actual consiste en arrestar a los ciudadanos por expresar sus opiniones políticas. También se han producido actos violentos de represión contra los opositores, tanto del movimiento estudiantil como de la comunidad de monjes budistas.

No creo que en este momento se pueda considerar la organización de elecciones ya que, ante todo, se requiere un proceso de consulta que incluya a todos los partidos políticos. De lo contrario, sin que exista un proceso libre, transparente e inclusivo, la democracia en Birmania seguirá siendo una farsa perpetuada por el ejército.

  Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión. − Señor Presidente, como los diputados han subrayado muy claramente, las violaciones de los derechos humanos se siguen sucediendo en Birmania. El Gobierno militar no ha respondido a los llamamientos internacionales para poner fin a las violaciones de los derechos humanos ni ha puesto en libertad a los prisioneros políticos, incluida Aung San Suu Kyi. Se ha incrementado la presión sobre la minoría rohingya para forzarlos a abandonar el país y las condiciones socioeconómicas continúan deteriorándose. Se estima que el 80 % de la población vive en zonas rurales y se están desarrollando problemas graves en la agricultura y la producción alimentaria.

La Unión Europea ha formulado en varias ocasiones declaraciones en las que condena las violaciones de los derechos humanos. También ha endurecido las sanciones y, de forma paralela, hemos presionado a los países vecinos de Birmania/Myanmar —ASEAN, China y la India— para que ejerzan también presión diplomática, y algunos de ellos lo están haciendo. Por otra parte, la Unión Europea ha apoyado firmemente los esfuerzos de las Naciones Unidas. Estas medidas han creado dificultades al Gobierno militar, aunque no han provocado ningún cambio en su comportamiento.

Ahora el Gobierno militar ha prometido elecciones en 2010 como una medida para dejar el poder de forma gradual. Solo podemos juzgar estas elecciones cuando se publique la ley electoral y cuando veamos si se han establecido disposiciones claras y justas para la votación. Por el momento, la Unión Europea está dispuesta a comprometerse con el actual Gobierno para convencerle de que aproveche la oportunidad que las elecciones le brindan para cambiar la situación y para empezar una etapa positiva en la historia de Birmania.

Con ello quiero dejar claro que la UE no quiere aislar a Birmania. De hecho, somos el mayor donante de ayuda humanitaria y ayuda conexa a ese país. La mayor parte de la ayuda se destina a las zonas rurales —especialmente al delta— que todavía se están recuperando del ciclón Nargis. La ayuda también se destina a los campamentos de refugiados en la frontera con Tailandia. Además, debemos saber que el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas es bastante claro en ese sentido. Brindamos nuestro apoyo al Relator Especial de las Naciones Unidas y estamos dispuestos a ayudarle.

Aunque también somos conscientes de que las actividades directas respecto a los derechos humanos en Birmania son prácticamente imposibles. Por ejemplo, la Unión Europea no estará invitada para el seguimiento de las elecciones, así que tenemos que utilizar medidas indirectas. Por eso los derechos humanos están incluidos en todos los programas de ayuda. Con vistas a promover nuestros valores —diálogo, desarrollo de los derechos humanos, etc.— es necesario tener un mensaje muy claro. En la actualidad el Parlamento unido ha logrado un mensaje muy claro y estoy seguro de que será oído. También estoy convencido de que no debemos delegar nuestro cometido de recordar a Myanmar sus obligaciones respecto a los países circundantes. Debemos seguir comprometidos. Tenemos que comprometernos directamente con nuestro programa de derechos humanos con las autoridades, y continuar haciéndolo en el futuro.

  Presidente. − Se cierra el debate. La votación se celebrará al final del debate.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Birmania sigue experimentando una situación inquietante en cuanto a los derechos humanos, puesto que las autoridades birmanas han puesto su permanencia en el poder por encima de la supervivencia de sus ciudadanos. Quiero expresar mi solidaridad con respecto al sufrimiento del pueblo birmano, oprimido como está por la Junta militar que viola constantemente los derechos humanos mediante los trabajos forzados, la trata de seres humanos, el trabajo infantil y la violencia sexual. Es esencial que los prisioneros políticos, incluida la líder de la oposición y de la Liga Nacional para la Democracia, Aung San Suu Kyi, que tiene el honor de ostentar el Premio Sájarov concedido por el Parlamento Europeo en 1990 y el Premio Nobel de la Paz en 1991, sean puestos en libertad con carácter inmediato para que contribuyan a la promoción de unas elecciones libres, justas y transparentes en 2010. Por esta razón, insto a la Unión Europea a adoptar una estrategia coherente y a desarrollar relaciones con los países vecinos, especialmente con China y la India, con vistas a promover unas elecciones transparentes en Birmania.

(1) Véase el Acta.

11. Turno de votaciones

  Presidente. − De conformidad con el orden del día, se procede al turno de votaciones.

(Para los resultados y otros detalles de la votación: véase el Acta)

11.1. Venezuela (B7-0093/2010)

11.2. Madagascar (B7-0099/2010)

11.3. Birmania (B7-0105/2010)

  Presidente. − Con esto concluye el turno de votaciones.

12. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

13. Decisiones relativas a determinados documentos: véase el Acta

14. Declaraciones por escrito que figuran en el registro (artículo 123 del Reglamento): véase el Acta

15. Transmisión de los textos aprobados por el Parlamento durante la presente sesión: véase el Acta

16. Calendario de las próximas sesiones: véase el Acta

17. Interrupción del período de sesiones

  Presidente. – Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.

(Se levanta la sesión a las 16.25 horas)

A la vista de la debacle que fueron casi las negociaciones de Copenhague sobre el clima y la falta de obligaciones claras y vinculantes derivadas de dichas negociaciones, ¿cuál es la estrategia concreta del Consejo para asegurar que México 2010 no sea una oportunidad perdida como la ha sido Copenhague 2009? ¿Cómo puede utilizar su influencia la Unión Europea para mostrar liderazgo a falta de cualquier tipo de liderazgo por parte de China y de los EE.UU.?

La Comisión Europea pide a la Unión Europea que apruebe los objetivos concretos para la reducción de las emisiones de CO2. Asimismo, pide que, de aquí a 2020, los países industrializados reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30 % en relación con el nivel de 1990. El presidente de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo afirma que Europa cree que puede alcanzar estos objetivos, y confía en que se podrá alcanzar un acuerdo global al respecto. No obstante, según parece, en el Consejo hay disparidad de opiniones en cuanto a la fijación de este objetivo. ¿Puede indicar el Consejo si se está debatiendo en estos momentos el objetivo del 30 %? ¿Qué medidas va a adoptar para garantizar la consecución de este importante y ambicioso objetivo?

A raíz de la COP-15 sobre el Cambio Climático celebrada en Copenhague, ¿qué iniciativas específicas piensa emprender el Consejo con nuestros socios internacionales, incluidos los Estados Unidos, India, China, Brasil y Rusia, para garantizar que no se pierda el impulso en la búsqueda de un ambicioso acuerdo global sobre el cambio climático?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de Preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de febrero de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La Unión Europea y sus Estados miembros están comprometidos con el objetivo de reducir, de una forma comprobable mediante mediciones independientes y en todos los sectores de la economía, en un 20 % las emisiones para el 2020 en relación con el nivel de 1990. El Consejo Europeo de diciembre de 2009, que reafirmó el compromiso de la UE con un proceso de negociación que permitiese alcanzar un acuerdo internacional legalmente vinculante para el período posterior a 2012, destacó que este objetivo podría incrementarse hasta el 30 % siempre que el resto de países desarrollados se comprometiese también a llevar a cabo reducciones de emisiones comparables y que los países en desarrollo realizasen una contribución suficiente en función de sus responsabilidades y capacidades respectivas.

Por el momento, y teniendo en cuenta el resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático celebrada en Copenhague en diciembre de 2009, conocido como el «Acuerdo de Copenhague», las condiciones fijadas por la Unión Europea para incrementar su compromiso hasta el 30 % no se han cumplido.

En este contexto, y tal y como explicaron en su carta de 28 de enero de 2010 al Secretario Ejecutivo de la CMNUCC, en la que expresaban su voluntad de asociarse al Acuerdo de Copenhague, la UE y sus Estados miembros reafirmaron su compromiso de lograr una reducción del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020 con respecto a las cifras de 1990, así como la oferta condicional de incrementar ese objetivo hasta el 30 % para 2020 en relación con 1990 siempre que los países desarrollados se comprometan a lograr reducciones de emisiones comparables y los países en desarrollo realicen una contribución suficiente en función de sus responsabilidades y capacidades respectivas.

La UE mantiene su compromiso de desempeñar una función de liderazgo en las negociaciones internacionales sobre el clima en el régimen que se establezca después de 2012.

El Consejo continúa evaluando el resultado de Copenhague. Es preciso que todos analicemos y evaluemos las recientes negociaciones e identifiquemos las formas de superar los obstáculos que han aparecido en el diálogo entre los actores principales. A este respecto, el análisis de la Comisión será una pieza fundamental para nuestra reflexión.

La continuación del diálogo con nuestros socios internacionales a todos los niveles será fundamental para mantener el impulso en las negociaciones internacionales sobre el clima.

Mantendremos informado al Parlamento Europeo en todas las fases del proceso.

En su reunión de noviembre de 2009, el Consejo no adoptó ninguna decisión sobre el eventual relanzamiento o, en su caso, la programación temporal del proceso de ratificación del Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y Belarús, cuyas negociaciones, iniciadas en 1995, se interrumpieron en 1997. Algunos Estados miembros consideran que no sería razonable relanzar un proyecto obsoleto. Otros alegan que la ratificación del acuerdo dotaría de un fundamento jurídico a la cooperación entre la Unión Europea y Belarús y daría un nuevo impulso al fortalecimiento de las relaciones entre la Unión Europea y Belarús.

¿Considera el Gobierno español, que desempeña actualmente la presidencia del Consejo, que el proceso de ratificación del acuerdo debería ser reactivado? En caso afirmativo, ¿cuándo debería ocurrir así? Si no, ¿cómo procedería la Presidencia del Consejo para crear la base jurídica necesaria para reforzar las relaciones entre la Unión Europea y Belarús?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de Preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de febrero de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

En noviembre de 2009, el Consejo revisó la situación en Belarús. Habida cuenta de la ausencia de progresos tangibles en los ámbitos definidos en las Conclusiones del Consejo de octubre de 2008, el Consejo consideró que no se daban las condiciones necesarias para levantar las medidas restrictivas contra determinados funcionarios de Belarús. Por lo tanto, decidió prorrogar hasta octubre de 2010 las medidas restrictivas establecidas por la Posición Común 2006/276/PESC, prorrogada por la Posición Común 2009/314/PESC.

No obstante, con el fin de fomentar los progresos en los ámbitos identificados por la UE, el Consejo decidió al mismo tiempo prorrogar la suspensión de la aplicación de las restricciones de desplazamiento impuestas a determinados funcionarios de Belarús.

La Unión Europea reafirmó su disposición a profundizar en sus relaciones con Belarús cuando se produzcan nuevos avances en ese país hacia la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, así como a ayudar a Belarús a lograr esos objetivos. Con la condición de que Belarús progrese en dichos ámbitos, el Consejo se muestra dispuesto a tomar medidas para mejorar las relaciones contractuales con Belarús. Mientras tanto, el Consejo invitó a la Comisión a formular una propuesta de plan conjunto provisional para establecer prioridades para las reformas, inspirado por los planes de acción desarrollados en el marco de la Política Europea de Vecindad.

Sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros en cuanto a las normas que regulan el régimen de propiedad, ¿está el Consejo informado de la gran cantidad de problemas a los que se enfrentan muchos ciudadanos de la UE en materia de derechos de propiedad en un Estado miembro distinto del suyo?

En particular, ¿qué medidas ha tomado el Consejo con respecto a la Resolución http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0192&language=ES" del Parlamento sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario?

¿Piensa el Consejo intervenir y pedir a los Estados miembros que procedan a un examen exhaustivo de la cuestión y que revisen toda la legislación que concierne a los derechos de los propietarios de bienes inmuebles, con objeto de poner fin a las violaciones de los derechos y obligaciones inscritos en el Tratado CE, en la Carta de los Derechos Fundamentales, en la CEDH y en las directivas europeas pertinentes, así como en otros convenios de los que es parte la UE?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de Preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de febrero de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Se recuerda a Su Señoría que el Consejo de la UE no tiene competencia general en materia de derechos sobre bienes inmuebles, ordenación territorial o planificación urbanística. De hecho, de acuerdo con el artículo 345 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los Tratados no prejuzgan en modo alguno el régimen de propiedad en los Estados miembros.

Por lo tanto, ahora es responsabilidad de las autoridades españolas competentes tomar las medidas necesarias para subsanar la situación a la que hace referencia Su Señoría.

En Europa hay actualmente más de 65 millones de personas con discapacidad, el 78% de las cuales no están integradas en el mercado de trabajo y no tienen ninguna posibilidad de obtener un empleo. La mayoría de estos ciudadanos dependen de las prestaciones sociales que reciben y tienen rentas sensiblemente más bajas que las de las personas que gozan de buena salud. En la actual coyuntura de crisis económica y financiera, una persona discapacitada está expuesta a un riesgo tres veces superior a perder su trabajo que una persona sin discapacidades. En su programa, la Presidencia española se ha comprometido a defender los derechos de las personas con discapacidad, pero aún no ha presentado ninguna medida o iniciativa concreta sobre su acceso al mercado de trabajo o el mantenimiento de sus empleos.

¿Cómo piensa afianzar el Consejo las posibilidades de las personas con discapacidad para encontrar trabajo o conservar el que tengan, teniendo en cuenta, en particular, que el año 2010 ha sido proclamado Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social? Con algo de ayuda, aunque fuera limitada, millones de discapacitados europeos podrían acceder al mercado de trabajo y convertirse en ciudadanos independientes, dejando así de ser víctimas de la discriminación.

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de Preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de febrero de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La política de empleo es un ámbito en el que son esenciales las medidas a largo plazo. Mediante la adopción de medidas en consonancia con las competencias definidas en los Tratados, el Consejo trata de colaborar de forma activa para garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en el mercado laboral en igualdad de condiciones con el resto.

El Consejo en particular ha subrayado en numerosas ocasiones la importancia de promover el acceso al empleo de las personas con discapacidad en el contexto de la Estrategia de Lisboa, incluidas las actuales Directrices de empleo.

En una Resolución de marzo de 2008, el Consejo invitó a los Estados miembros y a la Comisión a garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidad, entre otras medidas, mediante el aumento de su participación en el mercado laboral.

Más recientemente, en sus conclusiones del 30 de noviembre de 2009 sobre «Promover la inclusión en el mercado laboral», el Consejo reafirmó su compromiso con la integración de los grupos desfavorecidos en el mercado laboral en el contexto de la crisis económica y la próxima Estrategia UE 2020.

En el verano de 2008, el Consejo y el Parlamento Europeo decidieron conjuntamente designar el año 2010 como el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Las prioridades fijadas para este Año Europeo incluyen erradicar las desventajas en educación y formación, incluida la formación en alfabetización informática y la promoción del acceso igualitario a las TIC, prestando especial atención a las necesidades específicas de las personas con discapacidad y sus familias, así como de otros grupos o personas en situaciones de vulnerabilidad.

En la inauguración de la conferencia que tuvo lugar en Madrid el pasado mes de enero, la Presidencia española dio a conocer su compromiso de centrarse en los grupos con un mayor riesgo de exclusión, incluidas las personas con discapacidad.

Aunque el Tratado de Lisboa ha consagrado la no discriminación como uno de los objetivos de la Unión, hace ya diez años el Consejo desempeñó un activo papel en la lucha para garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones en el mercado laboral al aprobar la Directiva 2000/78/CE, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Esta Directiva prohibió la discriminación por varios motivos, incluida la discapacidad, en el ámbito del empleo y la ocupación.

Los últimos comunicados del Centro francés de tratamiento de los ataques informáticos (CERTA) y de la Oficina Federal para la Seguridad de la Información alemana (BSI) sobre la conveniencia de no utilizar Internet Explorer de Microsoft debido a las lagunas en la seguridad de los datos que circulan en la red ha producido una gran preocupación tanto entre los usuarios griegos como entre los usuarios europeos en general. Asimismo, algunas publicaciones señalan a China como pionera del movimiento de interceptación de datos personales para dañar a los ciudadanos de este país que luchan en favor de los derechos humanos. La práctica que siguen en general las grandes compañías de Internet consiste en censurar el contenido de las informaciones que circulan en la red de acuerdo con los límites y las condiciones fijados por el Gobierno chino.

¿Piensa el Consejo tomar medidas para avisar oportunamente a los ciudadanos europeos de los problemas de seguridad de las informaciones que circulan en la red?

¿Cómo va a garantizar el Consejo la confidencialidad y la seguridad de los datos personales que circulan en la red, así como un control adecuado de la seguridad de los programas informáticos, como por ejemplo Internet Explorer?

¿Cuál es la posición del Consejo con respecto a la actitud de las autoridades chinas de censurar por razones políticas los contenidos que circulan en la red, obligando a las empresas que operan en el país a seguir estas prácticas?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de Preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de febrero de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La protección de los consumidores contra las violaciones de los datos personales y las comunicaciones no solicitadas es prioritaria en la nueva normativa sobre telecomunicaciones que el Parlamento Europeo y el Consejo acordaron a finales del pasado año. Con el fin de instar a los operadores a actuar con responsabilidad en el tratamiento y almacenamiento de información personal de sus clientes, esta nueva normativa introduce las notificaciones obligatorias en caso de violaciones de datos personales, es decir, los proveedores de comunicaciones tienen la obligación de informar a las autoridades y a sus clientes sobre fallos de seguridad que afecten a sus datos personales.

El artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea consagra el derecho fundamental a la protección de los datos personales. El marco jurídico europeo en materia de protección de los datos personales está compuesto sobre todo por la Directiva de protección de datos 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, que, en lo relativo al tratamiento de datos personales en general, establece disposiciones sustantivas que imponen obligaciones a los controladores de datos y reconocen los derechos de los titulares de los mismos. La Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE, de 12 de julio de 2002, sobre la privacidad de las comunicaciones electrónicas, establece las normas y salvaguardas que deben respetarse cuando se traten datos personales, así como otra información sensible en el contexto de la prestación de servicios de comunicación electrónica. Asimismo, la Directiva contiene disposiciones relativas a la aplicación y el control destinadas a garantizar el cumplimiento de las normas. También establece sanciones y vías de recurso en casos de incumplimientos y prevé mecanismos para garantizar la aplicación efectiva.

Garantizar la seguridad de los programas de software, incluido Internet Explorer, es responsabilidad fundamentalmente de los proveedores comerciales de dichos programas. En el contexto del nuevo marco regulador de las telecomunicaciones, se invita a los Estados miembros a fomentar el suministro de información a los usuarios finales sobre las precauciones disponibles y alentarlos a tomar las medidas necesarias para proteger sus equipos terminales contra virus y programas espía.

El Consejo, en sus conclusiones de 7 de diciembre de 2009, destacó su prioridad de reforzar la acción comunitaria en materia de la relación entre libertad de expresión y nuevas tecnologías. Dentro del marco de las directrices de defensa de los derechos humanos, el Consejo ha prestado especial atención a la promoción del trabajo sobre los derechos humanos en países que mantienen restricciones injustificadas de Internet y otras nuevas tecnologías.

¿Puede exponer el Consejo si se ha logrado algún progreso en las negociaciones sobre la propuesta referente a la aplicación de los derechos del paciente en la asistencia médica transfronteriza?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de Preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de febrero de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Pese a los sustanciales avances logrados, el Consejo no alcanzó un acuerdo político sobre este tema en diciembre de 2009. Las negociaciones en el Consejo se centraron principalmente en el reembolso de los costes en lo relativo a los proveedores sanitarios no sujetos a contratos y a los pensionistas que viven en el extranjero. En la búsqueda de un compromiso, la intención era respetar plenamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas al tiempo que se preservaban los derechos de los Estados miembros a organizar sus propios sistemas sanitarios.

El programa de 18 meses de las Presidencias española, belga y húngara afirma que el trabajo en asistencia sanitaria transfronteriza continuará en el Consejo. Asimismo, la Presidencia española ya confirmó al Parlamento Europeo el 26 de enero de 2010 que mantiene su compromiso de hacer todo lo posible para lograr un acuerdo en el Consejo.

El objetivo de la Presidencia es que la Directiva sobre asistencia médica transfronteriza se base en los valores y principios comunes que el Consejo declaró en junio 2006 como pilares de los sistemas sanitarios comunitarios. Así, los pacientes que se trasladen al extranjero para recibir atención sanitaria deben tener todas las garantías sobre la calidad y la seguridad de la asistencia sanitaria que van a recibir con independencia del Estado miembro en el que se realice el tratamiento y del tipo de proveedor de atención sanitaria.

Como las anteriores Presidencias, el objetivo de la Presidencia española es encontrar soluciones que logren un equilibrio adecuado entre los derechos de los pacientes de la atención sanitaria transfronteriza y las responsabilidades de los Estados miembros sobre la organización y la prestación de servicios sanitarios y atención médica. Además, la Directiva debe complementar los derechos que ya tienen los pacientes en el ámbito comunitario en el marco de la legislación relativa a la coordinación de los regímenes de seguridad social.

Para tener éxito, el Consejo cuenta con el apoyo de la nueva Comisión a fin de alcanzar un acuerdo durante su reunión del 8 de junio de 2010. Esto debería permitir que se produjera la segunda lectura en el Parlamento Europeo a fin de poder aprobar esta Directiva lo antes posible.

El reciente terremoto de Haití ha destruido ya cientos de miles de vidas, pero para los incontables niños huérfanos o desaparecidos lo peor puede estar aún por venir. UNICEF ha informado de numerosos casos de niños evacuados de Haití sin un procedimiento regular o sin la documentación adecuada.

¿Qué medidas se propone adoptar el Consejo para garantizar que ninguno de estos niños sea víctima de la trata en la Unión Europea o a través de sus fronteras y que los niños adoptados en Europa hayan sido objeto de los procedimientos de salvaguardia habituales? ¿Qué medidas están adoptando los servicios europeos activos en Haití para ayudar al Gobierno haitiano a reforzar la vigilancia en los puntos de salida e impedir que los niños sean sacados ilegalmente de Haití? Dado que varios Estados miembros de la UE han acelerado ya la entrada legal en su territorio de huérfanos de Haití que cumplen las condiciones necesarias, ¿qué esfuerzos ha realizado el Consejo para establecer una posición común de la UE sobre las adopciones rápidas de niños de Haití e impedir que los niños que no hayan sido objeto de un procedimiento adecuado sean traídos a Europa?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de Preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de febrero de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La situación en Haití y, en particular, la extrema vulnerabilidad de los niños tras el terremoto del 12 de enero de 2010 preocupa mucho al Consejo.

Las dificultades son enormes. Incluso antes del terremoto, se calculaba que en Haití había 380 000 menores huérfanos o no acompañados. Después del devastador seísmo, el número de niños no acompañados, huérfanos de padre o madre, o de ambos, ha aumentado hasta aproximadamente un millón.

La situación de los huérfanos y otros niños vulnerables en Haití se trató en el último Consejo de Asuntos Exteriores el pasado 25 de enero. Se prestó especial atención a la necesidad de garantizar que se proporcione la ayuda necesaria a los niños, sobre todo a los que han perdido a sus padres en el desastre.

Es preciso destacar que todos menos uno de los Estados miembros son parte del Convenio de La Haya del 29 de mayo de 1993 relativo a la protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional. El objetivo de este Convenio es establecer normas mínimas en este ámbito. Aunque concede la máxima importancia a los derechos y los intereses del niño, también respeta y protege los derechos de las familias de origen y las familias adoptivas. Corresponde a los Estados miembros garantizar la correcta aplicación del Convenio en relación con los niños haitianos.

La cuestión de la adopción de niños compete principalmente a los distintos Estados miembros. Sin embargo, en los últimos tiempos se han incrementado los esfuerzos concertados de la UE para luchar contra el tráfico de seres humanos. El 30 de noviembre de 2009, el Consejo acordó un «Documento Orientado a la Acción para el refuerzo de la dimensión exterior de la acción de la Unión Europea contra la trata de seres humanos: Hacia una acción global de la Unión Europea contra la Trata de Seres Humanos»⁽¹⁾. En él se aborda la dimensión exterior de la trata reforzando las asociaciones con terceros países, regiones y organizaciones internacionales. Este Documento Orientado a la Acción proporciona un marco consolidado para la UE y sus Estados miembros en la lucha contra la trata de seres humanos, incluido un compendio integrado de acciones exteriores, así como medidas de cooperación destinadas a abordar las causas primordiales de la trata de seres humanos en los países de origen. Por lo tanto, desde luego es aplicable a la situación de Haití.

El Consejo continuará siguiendo de cerca la situación en Haití, en coordinación con las Naciones Unidas, los Estados miembros y los servicios de la Comisión que trabajan sobre el terreno.

El miércoles 27 de enero 2010 está prevista la «jura» de Porfirio Lobo Sosa, supuesto vencedor y candidato de la Junta en la parodia de elecciones celebradas en Honduras el 29 de noviembre de 2009 y que se caracterizaron por la represión, la violencia, el fraude y, sobre todo, por el boicot masivo solicitado por el Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras (FNRP), oficialmente superior al 50% y , según el FNRP, de entre el 65 y el 70%, lo que básicamente invalida los resultados. Desde el pasado miércoles se han celebrado varias manifestaciones convocadas por el FNRP para protestar contra esta parodia organizada por los autores del golpe. El objetivo de estas manifestaciones es condenar «la continuación de la dictadura de la oligarquía», representada en la figura de Porfirio Lobo. El movimiento popular ha declarado que va a continuar con su lucha pese a la represión asesina, que ha alcanzado su punto álgido en los dos últimos meses.

¿Reconoce el Consejo los resultados de la parodia de elecciones celebradas en Honduras por la Junta golpista? ¿Reconoce al golpista Porfirio Lobo Sosa y a algún tipo de gobierno de la Junta? ¿Condena la represión asesina ejercida por la Junta contra el movimiento popular? ¿Qué opina de la lucha del pueblo hondureño contra la dictadura y por el restablecimiento de sus libertades?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de Preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de febrero de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo lamenta que el Acuerdo Tegucigalpa-San José no se pusiera en práctica en su totalidad antes de las elecciones del 29 de noviembre de 2009. Esta posición se expresó claramente en una declaración hecha pública por la Presidencia en nombre de la UE el 3 de diciembre de 2009. Por otra parte, el Consejo considera que las elecciones son un significativo paso adelante para la resolución de la crisis y que se debe alentar a Honduras a continuar por ese camino.

Desde las elecciones de noviembre, la UE ha instado a todos los actores, incluido el Presidente electo Porfirio Lobo, a dialogar con el fin de lograr la reconciliación nacional y a restablecer el orden constitucional y democrático en el país, y espera que asuman toda su responsabilidad a este respecto.

La firma el 20 de enero de 2010 del Acuerdo para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras por parte del señor Lobo y del resto de los candidatos a la Presidencia, acuerdo que incorpora los principales elementos del Acuerdo Tegucigalpa-San José y prevé la solución adecuada y honorable para la situación del Presidente Zelaya que la UE había solicitado (y el propio señor Zelaya ha aceptado), es un importante primer paso adelante. Por eso, el 27 de enero, tras la jura del Presidente Lobo, la Alta Representante hizo pública una declaración en nombre de la UE en la que le instaba a poner rápidamente en práctica las iniciativas mencionadas en ese acuerdo, y especialmente el establecimiento de la Comisión de la Verdad. La UE espera que estas condiciones se cumplan rápidamente para que pueda allanarse el camino para una rápida normalización de las relaciones con Honduras.

A lo largo de este proceso, la UE ha expresado su gran preocupación por las violaciones de recursos humanos denunciadas en el país (que incluyen amenazas a defensores de los derechos humanos, detenciones arbitrarias y la represión de manifestantes pacíficos) y ha recordado al gobierno de facto sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La UE continúa insistiendo en que todos los actores deben promover y respetar el Estado de Derecho, el buen gobierno y los derechos humanos.

Tras el terremoto de Haití, la población de este país vive una tragedia sin precedentes. Más de 75 000 muertos han sido enterrados en fosas comunes, 1,5 millones de personas se han quedado sin hogar y hay 3 millones de heridos, al tiempo que, según las estimaciones, el número de muertos llegaría a 200 000. No hay electricidad ni suministro de agua. Los alimentos básicos se venden en el mercado negro a precios prohibitivos. Algunos jefes de Estado y agentes de las Naciones Unidas y de organizaciones humanitarias han acusado a los Estados Unidos de servirse de esta tragedia para imponer efectivamente la ocupación militar del país. Con el pretexto de la «ayuda humanitaria», el número de soldados estadounidenses presentes en Haití asciende a 16 000, lo que crea graves problemas para la distribución del material médico y farmacéutico, los alimentos, etc. La Unión Europea está enviando fuerzas de policía y ayuda «no humanitaria» por valor de cientos de millones de euros.

¿Tiene la Unión Europea la intención de aplicar la misma política que los Estados Unidos en Haití? ¿Condena el Consejo el uso de la «ayuda humanitaria» como pretexto para imponer la dominación política y militar a terceros países y a su población?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de Preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de febrero de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo comparte la opinión de Su Señoría en cuanto a que Haití se enfrenta a una tragedia de una magnitud sin precedentes. El terremoto del 12 de enero provocó enormes pérdidas de vidas humanas y una gran devastación, que agravan la ya de por sí frágil situación del país americano.

La UE y sus Estados miembros son conscientes de la magnitud del desastre y han reaccionado rápida y eficazmente desde los primeros días tras el seísmo. La Alta Representante de la UE, Catherine Ashton convocó el 18 de enero una sesión extraordinaria del Consejo de Asuntos Exteriores, en la que se acordó una primera respuesta de la UE, muy sustancial, que incluía significativas ayudas financieras⁽¹⁾.

El 25 de enero, el Consejo de Asuntos Exteriores acordó responder positivamente a la solicitud específica de las Naciones Unidas de ayuda adicional para el transporte y el reparto de ayuda humanitaria y para la actuación de MINUSTAH a fin de garantizar un nivel de seguridad suficiente sobre el terreno. Se trata de proporcionar expertos en ingeniería y equipos a fin de abrir rutas que faciliten la entrega de la ayuda, una capacidad logística marítima que puede operar sin instalaciones portuarias y una aportación colectiva de la UE para reforzar la capacidad policial de MINUSTAH, incluida la aportación de los Estados miembros que son parte de la Fuerza de Gendarmería Europea. Sin embargo, el Consejo no es consciente de la existencia de ningún intento de utilizar la ayuda humanitaria de la forma que ha descrito Su Señoría. Desde el comienzo, la UE ha acogido con agrado la respuesta internacional a esta crisis y ha apoyado con decisión la función central y de coordinación de las Naciones Unidas en el esfuerzo de ayuda internacional. La UE también ha recalcado que la ayuda y los posteriores trabajos de reconstrucción deben ponerse en práctica en función de las necesidades y bajo el control de las autoridades haitianas.

Los participantes de la conferencia del «Grupo de Países Amigos de Haití» celebrada en Montreal el 25 de enero, con la participación de la UE y los Estados Unidos, entre otros, reconoció el liderazgo y la soberanía del Gobierno de Haití y reiteró su compromiso de trabajar de forma coordinada, coherente y global para responder a las necesidades inmediatas y a largo plazo de Haití. Por lo que al Consejo respecta, estos principios continuarán guiando la política comunitaria.

¿Puede indicar el Consejo qué acciones específicas llevará a cabo durante los próximos seis meses para estrechar los lazos económicos entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América, teniendo en cuenta los problemas económicos internacionales a los que nos enfrentamos colectivamente?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de Preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de febrero de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La Unión Europea es el principal socio económico de los Estados Unidos, y viceversa, y la relación comercial entre ambos constituye la mayor relación comercial bilateral en todo el mundo. Esta relación genera unos 14 millones de puestos de trabajo. Dado que tanto la Unión Europea como los Estados Unidos desean volver al crecimiento sostenible, es esencial que se mantengan firmes contra el aumento del proteccionismo y que resistan la tentación de establecer barreras al comercio y la inversión, que son especialmente importantes en la actual situación económica. En el marco de este planteamiento, el Consejo se ha comprometido a poner en práctica los acuerdos alcanzados en la última Cumbre UE-EE.UU. del 3 de noviembre de 2009.

A fin de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo en el mercado transatlántico, el Consejo contribuirá a diseñar la orientación estratégica del Consejo Económico Transatlántico UE-EE.UU., en particular a través del desarrollo de planteamientos compatibles sobre la reglamentación de sectores clave como el etiquetado, la eficiencia energética y la nanotecnología; la evaluación de programas de cooperación en materia de reglamentación, incluidos acuerdos de reconocimiento mutuo; el examen del uso de normas voluntarias en apoyo de la reglamentación; la cooperación para la seguridad del comercio y sobre derechos de propiedad internacionales; y el establecimiento de un nuevo diálogo sobre innovación entre los Estados Unidos y la Unión Europea.

El Consejo continuará apoyando también la cooperación transatlántica en el ámbito de la reglamentación financiera, especialmente a través del Diálogo sobre la Reglamentación de los Mercados Financieros, que aborda reformas reglamentarias que son compatibles en lo sustancial. Asimismo, tratará de proteger la integridad del sistema financiero, promover una competencia libre y leal, establecer una protección sólida para consumidores e inversores y reducir o eliminar las oportunidades de arbitraje reglamentario. El Consejo participará tanto en negociaciones bilaterales con los Estados Unidos como en foros multinacionales, sobre todo en el G-20.

Además, el Consejo continuará trabajando para lograr cerrar el acuerdo de segunda etapa en materia de transporte aéreo entre la Unión Europea y los Estados Unidos en 2010. Este acuerdo podría generar por sí solo unos 80 000 puestos de trabajo.

Dado el progresivo empeoramiento de las condiciones meteorológicas en toda Europa a lo largo de los últimos meses y los daños que han ocasionado tanto a particulares y empresas como en el sector agrícola, el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea ha suscitado un gran interés y numerosos interrogantes.

La Comisión y el Parlamento han presentado al Consejo una propuesta de un nuevo Reglamento sobre el Fondo de Solidaridad. Uno de los principales aspectos de dicha propuesta radica en la reducción del umbral aplicable a las llamadas catástrofes graves al 0,5% de la RNB o a 1 000 millones de euros, a precios de 2007, dependiendo de cuál sea más bajo (del 0,6% de la RNB o de 3 000 millones de euros, a precios de 2002, previstos en la actualidad).

Cabe señalar, asimismo, que la propuesta prevé la posibilidad de conceder un anticipo de la ayuda destinada a un país que haya sufrido una catástrofe si este así lo solicita, lo que será de gran utilidad para las zonas afectadas durante el período inmediatamente posterior a la catástrofe.

¿Puede el Consejo indicar cuándo prevé tratar esta propuesta, especialmente en vista de la creciente importancia de este Fondo? ¿Puede el Consejo señalar si estudiará el mecanismo de concesión de anticipos?

(EN) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no se formuló oralmente durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de febrero de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo no puede indicar cuándo prevé tratar esta propuesta por dos razones:

A) La propuesta a la que hace referencia Su Señoría suscitó una serie de dudas entre los Estados miembros. De hecho, desde el mismo comienzo de las conversaciones, un gran número de delegaciones mostraron su oposición a todos los elementos significativos de la propuesta: la ampliación del alcance, la reducción de los umbrales y los criterios políticos. Parece difícil que se pueda avanzar sobre la base de la propuesta de la Comisión.

B) El 22 de julio de 2008, el Consejo adoptó conclusiones basadas en el Informe Especial del Tribunal de Cuentas nº 3/2008, que analizó la rapidez, eficacia y flexibilidad del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea entre 2002 y 2006. En estas conclusiones, el Consejo destacó que en ese momento no consideraba necesario revisar el Reglamento.

Dicho esto, la Presidencia española tiene intención de lograr la pronta adopción de la Decisión por la que se establecerán los mecanismos de aplicación de la cláusula de solidaridad que se menciona en el artículo 222 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una vez que el Consejo reciba una propuesta conjunta de la Comisión y de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, tal y como se establece en el referido artículo.

El golpe de Estado de 2009 en Honduras y la crisis constitucional posterior han sido el principal obstáculo para la finalización del Acuerdo de Asociación entre la UE y seis países de América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá). ¿Cuál es la posición de la Presidencia sobre la situación política y constitucional en Honduras después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2009? ¿Están creadas las condiciones para el pleno reconocimiento de la legitimidad del Gobierno de Honduras y se ha allanado el camino para la celebración de un Acuerdo de Asociación, que incluya un acuerdo de libre comercio con los países de América Central?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de Preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de febrero de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Como ya se indicó en la declaración hecha pública por la Presidencia en representación de la UE el 3 de diciembre de 2009, la UE lamenta que el Acuerdo Tegucigalpa-San José no se aplicara plenamente antes de las elecciones del 29 de noviembre de 2009. No obstante, la Unión Europea considera que las elecciones constituyen un significativo paso adelante para la resolución de la crisis.

La firma el 20 de enero de 2010 del Acuerdo para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras por parte del señor Lobo y del resto de los candidatos a la Presidencia es un importante primer paso. El acuerdo incorpora los principales elementos del Acuerdo Tegucigalpa-San José y prevé la solución adecuada y honorable para la situación del Presidente Zelaya que la UE había solicitado (y que el propio señor Zelaya ha aceptado). El 27 de enero, tras la jura del Presidente Lobo, la Alta Representante hizo pública una declaración en nombre de la UE en la que le instaba a poner rápidamente en práctica las iniciativas mencionadas en ese acuerdo, y especialmente el establecimiento de la Comisión de la Verdad. La UE espera que estas condiciones se cumplan rápidamente para que facilitar la rápida normalización de las relaciones con Honduras, allanando así el camino para la reanudación de las negociaciones de un Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central.

La UE mantiene su compromiso de apoyar el restablecimiento del orden constitucional y democrático en Honduras, así como el proceso de reconciliación nacional en ese país.

Habida cuenta de la preocupación suscitada en Polonia y en otros países de la nueva Europa por la sugerencia formulada por el presidente Zapatero en relación con la armonización de la política financiera y fiscal, ¿podría indicar el Consejo si esta idea constituye la posición del conjunto del Consejo? ¿O se trata por el contrario de la opinión personal del Sr. Zapatero?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de Preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de febrero de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

En lo que respecta a la política de servicios financieros, el Consejo Europeo, en su reunión de diciembre de 2009, llegó a la conclusión de que son necesarias estrategias de salida de base más amplia, basadas en un planteamiento coordinado. El Consejo también se congratuló de la intención de la Comisión de vigilar estrechamente la aplicación de principios sanos de remuneración e invitó al sector financiero a aplicar con efecto inmediato prácticas sanas de retribución.

En la actualidad se están celebrando negociaciones sobre una serie de importantes propuestas legislativas destinadas a mejorar la reglamentación y el gobierno del sector de servicios financieros. Entre ellas cabe citar una nueva estructura de supervisión financiera en Europa, modificaciones de la Directiva sobre la adecuación del capital y un proyecto de Directiva sobre gestores de fondos de inversión alternativos, que debe abordar también la cuestión de las políticas sanas de retribución. Acogemos con agrado la intención de la Comisión de presentar propuestas legislativas en 2010 destinadas a mejorar la estabilidad y la transparencia de los mercados de derivados.

En lo que respecta a la política fiscal, conviene destacar que los niveles de armonización varían mucho, desde la elevada armonización de los impuestos indirectos mediante las directivas sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido, los impuestos sobre consumos específicos (que gravan el alcohol, el tabaco y los hidrocarburos) y los impuestos sobre la energía, a una armonización menos intensiva en el caso de los impuestos directos, centrada específicamente en la eliminación de la doble imposición de los dividendos intragrupo (Directiva Matriz-Filial), los intereses y cánones (Directiva sobre intereses y cánones) y en la facilitación de las fusiones transfronterizas (Directiva sobre fusiones transfronterizas).

Además, la legislación comunitaria ha tratado de mejorar la asistencia mutua y la cooperación entre administraciones tributarias mediante directivas sobre la fiscalidad del ahorro y sobre la valoración y el cobro de créditos fiscales en el ámbito de los impuestos directos, el IVA y los impuestos sobre consumos específicos. Se presta especial atención a la cooperación entre Estados miembros en la lucha contra el fraude fiscal.

En el ámbito de los impuestos directos se continúa trabajando sobre el buen gobierno en asuntos fiscales y, en particular:

en situaciones intracomunitarias, tratando de alcanzar un acuerdo sobre las enmiendas a la Directiva sobre la fiscalidad del ahorro y sobre la Directiva de cooperación administrativa en materia fiscal;

en relaciones exteriores, mediante negociaciones para un acuerdo antifraude con Liechtenstein y dando un mandato a la Comisión para que negocie acuerdos antifraude con otros terceros países (Andorra, Mónaco, San Marino y Suiza).

En el ámbito de los impuestos indirectos y en lo que respecta a la lucha contra el fraude del IVA, el proyecto EUROFISC, una red descentralizada para el intercambio de información sobre fraude del IVA entre los Estados miembros, desempeñará una función de creciente importancia. En el caso del IVA, el Consejo está trabajando en una propuesta de Directiva sobre normas de facturación electrónica del IVA, un importante elemento para la simplificación administrativa y la reducción de costes para las empresas.

Por último, es importante que se logren avances en la modificación de un marco para la fiscalidad de productos energéticos con arreglo a criterios medioambientales y el Consejo está preparado para trabajar sobre las futuras propuestas de la Comisión en este ámbito.

Por supuesto, corresponde a la Comisión presentar propuestas al Consejo y al Parlamento Europeo en lo referente a la política financiera o fiscal a escala comunitaria, para su tramitación con arreglo a los procedimientos establecidos por el Tratado.

Esta semana, la Presidencia española ha celebrado una reunión con altos funcionarios y expertos del Foro Consultivo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y de las autoridades de sanidad alimentaria (11-12 de febrero). ¿Podría la Presidencia ofrecer detalles sobre los resultados que espera lograr en esta reunión y opina la Presidencia que es importante tomar en consideración otros dictámenes científicos de evaluación de los riesgos, además de los estudios científicos llevados a cabo por la EFSA, a la hora de establecer los niveles de ingesta máximos tolerables para los nutrientes mencionados en el anexo I de la Directiva 2002/46/CE⁽¹⁾?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de Preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de febrero de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La reunión que menciona Su Señoría afecta al Foro Consultivo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Se trata de una plataforma en la que la EFSA se coordina con las autoridades de seguridad alimentaria nacionales de los 27 Estados miembros y en la que cada uno de los Estados miembros está representado por el órgano responsable de la evaluación de riesgos. El Foro Consultivo de la EFSA se reúne periódicamente (entre cuatro y cinco veces al año), en cada ocasión en un Estado miembro distinto. La próxima reunión, la 35ª, tendrá lugar en Sevilla, los días 11 y 12 de febrero.

Conviene destacar que el orden del día de la reunión del Foro Consultivo lo elabora la propia EFSA, y no la Presidencia. Hasta donde sabemos, los complementos alimentarios no están incluidos en el orden del día de la reunión de Sevilla programada para los días 11 y 12 de febrero de 2010. Dada la naturaleza de esta reunión, en estos momentos la Presidencia no puede hacer ningún comentario sobre sus resultados.

En lo que respecta a los estudios científicos realizados por la EFSA para establecer los niveles máximos de ingesta de las vitaminas y los minerales enumerados en el anexo I de la Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios, el Parlamento y el Consejo decidieron en el artículo 5 de dicha Directiva que esos niveles se establezcan, teniendo en cuenta la evaluación científica de riesgos, mediante un procedimiento de comitología con control.

La Comisión llevó a cabo amplias consultas públicas en 2006 para elaborar una propuesta. Las opiniones de los Estados miembros y de las partes interesadas recibidas por la Comisión en respuesta a este documento de trabajo pueden consultarse en el sitio web público de la Comisión⁽²⁾.

El Consejo entiende que la Comisión está trabajando actualmente en la evaluación de efectos para finalizar el proyecto de medidas que se presentará al Comité Permanente sobre la Cadena Alimenticia y la Salud Animal y posteriormente al Parlamento Europeo y el Consejo para su análisis según lo previsto en el artículo 5a de la Decisión del Consejo de 28 de junio de 1999 por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.

El Presidente de los EE.UU. ha pedido unos impuestos especiales para los bancos rescatados, unas normas más estrictas para la distribución de las primas, nuevas normas para la limitación de las operaciones por cuenta propia y, sobre todo, la división de los bancos entre, por una parte, el negocio habitual con la clientela y, por otra, las actividades particularmente arriesgadas en el ámbito de la banca de inversión. El objetivo de estas medidas es hacer que las entidades financieras no puedan crecer hasta ser «demasiado grandes para quebrar».

¿Cómo valora el Consejo estos nuevos intentos del Gobierno de los EE.UU. para regular el sector bancario? ¿Qué propuesta planea presentar la Presidencia española del Consejo en la cumbre extraordinaria prevista el 11 de febrero de 2010?

¿En qué medida considera el Consejo necesario establecer un gobierno económico de la UE con vistas al desarrollo y la imposición de normas a escala europea para el sector bancario?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de Preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de febrero de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Su Señoría ha puesto sobre la mesa un tema de especial importancia.

El Presidente Obama ha abogado por la introducción en los Estados Unidos de una tasa de responsabilidad financiera, cuya finalidad es recuperar las ayudas proporcionadas por el Gobierno de su país a través de mecanismos de rescate durante la crisis y reforzar las finanzas públicas. Asimismo, el 21 de enero de 2010 el Presidente Obama anunció una serie de iniciativas diseñadas para limitar el alcance de las actividades de las entidades financieras y prohibir a los bancos realizar actividades que se consideran principalmente riesgos especulativos.

Esto representa un importante paso político respecto de los actuales debates en el G-20 y en el Consejo de Estabilidad Financiera, que se centran en la corrección de las deficiencias de los sistemas de regulación y supervisión.

En el Consejo no han comenzado todavía las conversaciones sobre los planes de Estados Unidos, en buena medida porque el Gobierno estadounidense, en concreto, el Tesoro, y el Congreso de ese país deben todavía dotarles de contenido.

En este contexto, no sería apropiado prejuzgar las opiniones del Consejo sobre este asunto, ni especular sobre los posibles resultados de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo de 11 de febrero. No obstante, el Consejo toma nota de las recientes iniciativas estadounidenses, todavía en una fase inicial de desarrollo, como un signo del reforzado compromiso del Gobierno Obama de abordar la acumulación de riesgos en el sistema financiero y el riesgo moral. Sin embargo, es preciso destacar que estas iniciativas se añaden a una serie más amplia de instrumentos reglamentarios que en estos momentos analizan organismos internacionales como el BCBS (Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria), el FSB (Consejo de Estabilidad Financiera) o el FMI. La UE está contribuyendo activamente a este debate internacional destinado a abordar los problemas globales de forma común y coordinada. De la misma forma, estamos trabajando para encontrar soluciones que garanticen, en primer lugar, que se eviten de forma preventiva políticas de asunción de riesgos excesivos, a fin de atajar, entre otros, el problema de las entidades financieras demasiado grandes para quebrar o la acumulación de riesgos sistémicos en determinados mercados o agentes financieros. El desarrollo de requisitos de capital reforzados o de una regulación de la liquidez más estricta son algunas de las soluciones que la UE está apoyando plenamente. En segundo lugar, la UE está también comprometida con la promoción de soluciones que garanticen que el sector financiero asuma parte del coste de la reparación financiera en caso de crisis, por ejemplo a través de fondos de gestión de crisis del sector privado o de mecanismos de seguros.

Asimismo, como sabe Su Señoría, el planteamiento del Consejo sobre la limitación del riesgo en los mercados financieros se centra también en el refuerzo del marco de supervisión financiera. El 20 de marzo de 2009 y en vista de los resultados del informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Supervisión Financiera en la UE del 25 de febrero de 2009 (el informe Larosière), el Consejo Europeo llegó a un acuerdo sobre la necesidad de mejorar la reglamentación y la supervisión de las entidades financieras en la UE y acordó que las medidas a tomar se basaran en el informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Supervisión Financiera en la UE presidido por Jacques de Larosière.

Posteriormente, la Comisión presentó cinco propuestas relativas a la creación de un nuevo mecanismo de supervisión financiera en la UE, en particular a través de supervisión financiera a nivel macro y micro, sobre las que se continúa trabajando tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo. El Consejo espera que este mismo años se apruebe el paquete de reformas de la supervisión financiera, que en estos momentos está siendo objeto de negociación entre nuestras dos instituciones con el fin de lograr un acuerdo en primera lectura.

Esta nueva legislación debe permitir que el recientemente creado Consejo de Riesgo Sistémico Europeo y las Autoridades Europeas de Supervisión impulsen la supervisión de los riesgos y su oportuna reducción mediante acciones de supervisión más coordinadas y dotadas de una mejor información.

También se están abordando otros aspectos de la hoja de ruta establecida en el informe Larosière, como la cuestión de la remuneración en la propuesta presentada por la Comisión el 13 de julio de 2009 para modificar la Directiva sobre la adecuación del capital. La finalidad de esta Directiva es, entre otras cosas, lograr que los sistemas de retribución de bancos y sociedades de inversión estén sujetos a supervisión cautelar a fin de obligar a las entidades de crédito y sociedades de inversión a tener políticas de remuneración compatibles con una gestión de riesgos eficaz El Consejo acordó un planteamiento general sobre un texto en diciembre y ahora tiene la intención de hacer todo lo que esté en su mano para lograr un acuerdo con el Parlamento Europeo que permita que esta Directiva se apruebe lo antes posible.

El Tratado de Lisboa establece que un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados. El Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán mediante reglamentos, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las disposiciones relativas a los procedimientos y condiciones preceptivos para la presentación de una iniciativa ciudadana, incluido el número mínimo de Estados miembros de los que han de proceder los ciudadanos que la presenten.

¿Qué disposiciones prevé adoptar la Comisión para regular los procedimientos y las condiciones para este tipo de iniciativas legislativas? ¿Con arreglo a qué calendario?

(EN) La Comisión acoge con sumo agrado la introducción de la iniciativa ciudadana europea, que permitirá que los ciudadanos de la Unión Europea hagan oír su voz con más fuerza, añadirá una nueva dimensión a la democracia europea y complementará el conjunto de derechos relacionados con la ciudadanía de la Unión.

Dados los problemas de carácter jurídico, administrativo y práctico que genera la nueva iniciativa ciudadana europea, introducida por el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea, y su importancia para los ciudadanos, las partes interesadas y las autoridades públicas de los Estados miembros, la Comisión publicó el 11 de noviembre de 2009 un Libro Verde con el fin de conocer la opinión de todas las partes interesadas sobre las principales cuestiones que darán forma al futuro Reglamento. Las partes interesadas tenían de plazo hasta el 31 de enero de 2010 para responder a la consulta. Las respuestas a este Libro Verde, así como la resolución del Parlamento sobre la iniciativa ciudadana adoptada en mayo de 2009, constituirán los cimientos para la elaboración de la propuesta de reglamento de la Comisión.

La Comisión está convencida de que los ciudadanos europeos deben beneficiarse de la iniciativa ciudadana europea tan pronto como sea posible. Para ello, presentará en breve una propuesta de reglamento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. A la Comisión le gustaría que el reglamento se aprobara antes del final del primer año tras la entrada en vigor del Tratado y confía en que el Parlamento Europeo y el Consejo compartan este objetivo.

Habida cuenta del artículo 153, título X, de la Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; de la sentencia del 13 de noviembre de 2008, en la cual el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sancionó a Italia; de los acuerdos que, durante estos últimos meses y años, se están celebrando en los Estados miembros entre agentes sociales y organismos privados en relación a los criterios de contratación de duración indefinida.

¿Puede indicar la Comisión qué medidas piensa tomar para evitar el riesgo de que las diferencias en los requisitos en materia de pensiones entre hombres y mujeres en determinados Estados miembros conduzcan a una discriminación de género en el lugar de trabajo?

(EN) La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a la que alude Su Señoría⁽¹⁾, además de al artículo 153 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, en lo relativo a las discriminaciones de género que pueden derivarse de las diferencias en los requisitos en materia de pensiones entre hombres y mujeres, se refiere al plan de pensiones administrado por el Istituto nazionale della previdenza per i dependenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) y afecta a las pensiones de funcionarios y otro personal que trabaja en la administración pública. Según las disposiciones contenciosas, la edad de jubilación se fijaba en 60 años para las mujeres y en 65 para los hombres. En su sentencia, el Tribunal confirmaba que una pensión pagada por un empleador (que también puede ser el Estado) a un antiguo miembro de su personal con motivo de una «relación contractual» constituye una «remuneración» de acuerdo con el uso de dicho término en el artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Tribunal confirmó por tanto que los funcionarios deben considerarse «trabajadores» en este contexto. Como consecuencia, el sistema de pensiones del INPDAP y, en concreto, las normas sobre la edad de jubilación, deben cumplir el principio de igualdad de trato. Esta jurisprudencia fue confirmada por el Tribunal recientemente en un caso sobre la diferencia de la edad de jubilación de los funcionarios griegos⁽²⁾.

En su sentencia en el Asunto C-4607, sin embargo, el Tribunal no abordó la cuestión de cómo debía subsanarse cualquier diferencia del derecho a pensión debido a una diferencia de la edad de jubilación en el pasado.

En los Asuntos C-408/92 y C-28/93⁽³⁾, el Tribunal afirmaba que una vez que se constata la existencia de discriminación en materia de retribución, «y mientras el Plan no haya adoptado medidas que restablezcan la igualdad de trato, el respeto del artículo [141] del Tratado CE sólo puede garantizarse concediendo a las personas de la categoría perjudicada las mismas ventajas de que disfrutan las personas de la categoría privilegiada».

Asimismo, afirmaba que «La aplicación de este principio […] significa que, con respecto al período comprendido entre el 17 de mayo de 1990, fecha de la sentencia Barber, y el 1 de julio de 1991, fecha en la que el Plan de Pensiones adoptó las medidas destinadas a restablecer la igualdad, los derechos de pensión de los trabajadores deberán calcularse en función de la misma edad de jubilación que la de las trabajadoras». La jurisprudencia consolidada confirma la posición del Tribunal sobre este punto.

Por lo tanto, la Comisión está siguiendo de cerca la evolución de la legislación italiana en cumplimiento de la sentencia del Tribunal y tomará medidas si Italia, o cualquier otro Estado miembro con problemas similares, no cumple dicha jurisprudencia.

En lo tocante a cualesquiera acuerdos discriminatorios celebrados por determinadas organizaciones y sindicatos de los Estados miembros como ha mencionado Su Señoría, en principio corresponde a los tribunales nacionales determinar si dichos acuerdos cumplen el Derecho comunitario. No obstante, tal como prevé el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la responsabilidad final de la correcta transposición y aplicación de la legislación comunitaria corresponde a los Estados miembros.

Miembros del Parlamento lituano han llevado a cabo una investigación parlamentaria que ha llegado a la conclusión de que, a iniciativa de servicios especiales de un Estado extranjero, se equiparon en Lituania centros de detención de presos, y de que aviones vinculados a la CIA, el servicio de inteligencia de los Estados Unidos, mencionados asimismo en el estudio del Parlamento Europeo sobre las prisiones secretas de la CIA en Europa, despegaron y aterrizaron en varias ocasiones en aeropuertos de Lituania. En la investigación llevada a cabo por la comisión del Parlamento lituano también se indica que aterrizaron en Lituania más aviones vinculados a la CIA que los que se mencionan en la investigación del Parlamento Europeo.

A la luz de las novedades que han surgido, ¿no considera la Comisión que se dispone ahora de una base jurídica suficiente para emprender una investigación especial sobre una posible violación de los correspondientes artículos de la Convención de Ginebra, de la Carta Internacional de Derechos Humanos y de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como sobre la injerencia de los servicios especiales de un Estado extranjero en los asuntos de Lituania, Estado soberano, miembro de la Unión Europea?

(EN) Tal y como la Comisión ha destacado en numerosas ocasiones, considera que las prácticas conocidas como «entregas extraordinarias», así como la detención secreta, violan derechos fundamentales garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La Comisión también ha recalcado en todo momento que corresponde a los Estados miembros afectados poner en marcha o continuar investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales para averiguar la verdad. Sólo las herramientas y medios de investigación que los Estados miembros tienen a su disposición pueden sacar todos los hechos a la luz. La Comisión no tiene ni la competencia ni los medios para reemplazar a los Estados miembros en la búsqueda de la verdad.

Por lo tanto, la Comisión acoge con satisfacción la investigación que está llevando a cabo la comisión de investigación lituana que ha mencionado Su Señoría.

En octubre de 2009, el Comisario de Justicia, Libertad y Seguridad escribió una carta al Ministro de Justicia lituano en la que expresaba la preocupación de la Comisión por las acusaciones y se congratulaba del anuncio del inicio de la investigación realizado por la Presidenta Grybauskaité durante su visita al Presidente de la Comisión.

La Comisión destaca en particular que la comisión de investigación lituana propuso una serie de recomendaciones para garantizar un control más estricto de las actividades de sus servicios secretos, así como la puesta en práctica de investigaciones penales con el fin de arrojar luz sobre las circunstancias y, en su caso, determinar responsabilidades penales. La Comisión acoge con agrado los esfuerzos de la comisión de investigación para realizar recomendaciones concretas destinadas a evitar que estos incidentes puedan reproducirse en el futuro.

¿Cuál es la posición de la Comisión con respecto al Centro de Estudios de la Energía Atómica en Mol (Bélgica) y al conocido Proyecto Myrrha de dicho Instituto? ¿Se propone la Comisión ofrecer apoyo financiero a este Instituto y/o al Proyecto Myrrha? Si no facilita su apoyo, ¿cuál es el motivo? Si facilita su apoyo, ¿cuándo lo hará y cuál será el importe de la ayuda?

(EN) El proyecto MYRRHA («Multi-purpose hybrid research reactor for high-tech applications») es, en estos momentos, una propuesta de SCK/CEN (Studiecentrum voor Kernenergie – Centre d'Etude de l'Energie nucléaire) de financiación al Gobierno belga.

Por lo tanto, no hay planes para apoyar la construcción de este proyecto a través del actual programa marco de Euratom de acciones de investigación y formación en materia nuclear (7PM de Euratom, 2007-2011), aunque se está proporcionando un apoyo limitado al diseño por medio de un proyecto en marcha seleccionado en un concurso de propuestas y evaluado por expertos independientes. MYRRHA sería una infraestructura de apoyo dentro de la Iniciativa Industrial Europea de energía nuclear sostenible del Plan Estratégico de Tecnología Energética de la UE (Plan SET). MYRRHA está siendo evaluado también actualmente por el Foro Estratégico Europeo de Infraestructuras de Investigación (ESFRI) y podría incluirse en la hoja de ruta actualizada del ESFRI para 2010.

De conformidad con la Decisión 1098/2008/CE⁽¹⁾del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, se ha decidido declarar el año 2010 como «Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social», con el objetivo de apoyar la lucha de la Unión Europea contra la exclusión social. Dicha Decisión se basa en el Documento Marco Estratégico elaborado el 1 de diciembre de 2008 por la Comisión Europea, que se ha comprometido a cumplir las grandes prioridades de la Unión Europea referentes a la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Actualmente, con la crisis económica y social, casi 80 millones de europeos viven por debajo del umbral de la pobreza. ¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para asegurar el cumplimiento de las normas sociales mínimas en toda la Unión Europea en el marco del instrumento europeo de política social europea, el cual garantiza a todos los ciudadanos de la UE la seguridad social mínima? Las normas sociales mínimas deberían ser uniformes en todo el conjunto de la Unión Europea, puesto que así se contribuiría a mejorar el nivel de protección social.

(EN) El artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece el fundamento jurídico para la propuesta de normas sociales mínimas en diversos ámbitos, pero no para la adopción de legislación que alcance el objetivo específico de luchar contra la exclusión social.

A este respecto, nos gustaría llamar la atención de Su Señoría sobre la Recomendación de la Comisión 2008/867/CE de 3 de octubre de 2008 sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral,⁽²⁾, refrendada por el Consejo el 17 de diciembre de 2008 y por el Parlamento en su resolución del 6 de mayo de 2009. La Recomendación establece principios y directrices prácticas comunes para combinar un apoyo a la renta adecuado, mercados laborales inclusivos y el acceso a servicios de calidad. Su objetivo es alcanzar un planteamiento integral eficaz para la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

En la actualidad, la Comisión está dedicando considerables esfuerzos al desarrollo de un marco de seguimiento de la Estrategia de Inclusión Activa. Esto supone trabajar, conjuntamente con representantes de los Estados miembros en el Comité de Protección Social, para identificar un conjunto adecuado de indicadores para el seguimiento de la aplicación de la Estrategia. También se ha recopilado información sobre el funcionamiento de las redes de seguridad social en los Estados miembros. El Informe conjunto sobre protección social e inclusión social 2010⁽³⁾ y el documento de apoyo⁽⁴⁾ que lo acompaña incluyen un apartado sobre programas de renta mínima para personas desfavorecidas en edad de trabajar, identificando puntos críticos en el diseño de las redes de seguridad social nacionales, principalmente en lo referente a la cobertura de la población en situación de necesidad y a situaciones en las que personas con derecho a recibir prestaciones de asistencia social no las perciben. El aprendizaje mutuo y los intercambios de buenas prácticas que conllevan proyectos y revisiones inter pares vinculadas a la inclusión activa están en marcha y continuarán bajo el método abierto de coordinación en protección social e inclusión social.

La Comisión espera que el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en 2010 incremente la sensibilización e impulse el refuerzo de la lucha contra la pobreza en toda la Unión Europea.

En un comunicado de prensa, la Comisión ha reaccionado ante la decisión del Presidente islandés y declarado que el «asunto Icesave» será evaluado en el marco del dictamen que la Comisión debe emitir en relación con los criterios económicos definidos por el Consejo Europeo de Copenhague (1993). ¿En qué medida la decisión de organizar un referéndum sobre la «ley Icesave» puede influir en la evaluación de la capacidad de Islandia de cumplir los criterios económicos enunciados por el Consejo Europeo de Copenhague?

(EN) El anuncio del Presidente de Islandia de que se celebrará un referéndum sobre el asunto IceSave da fe de la sensibilidad del problema para el país. Se trata de una cuestión sobre la que debe decidir el pueblo islandés. La Comisión está siguiendo de cerca la situación y no desea interferir en un debate nacional de ese tipo.

La Comisión considera que el acuerdo sobre IceSave, es decir, los acuerdos de préstamo entre el Reino Unido, los Países Bajos e Islandia y las condiciones de reembolso de dichos préstamos, es una cuestión bilateral entre dichos países. Por lo tanto, estos acuerdos no están vinculados al mandato de la Comisión de redactar un dictamen sobre la solicitud de adhesión de Islandia y no deben tampoco estar directamente relacionados con el proceso de adhesión de ese país.

En la actualidad la Comisión está redactando su dictamen sobre la solicitud de adhesión de Islandia a solicitud del Consejo, tratando de lograr que sea un dictamen equilibrado, objetivo y exhaustivo.

En dicho dictamen se evalúa el cumplimiento de los criterios de adhesión de Copenhague. En este contexto, cuestiones como el asunto IceSave y los controles de capital se analizarán desde el punto de vista de la capacidad de Islandia de aplicar el acervo. Cuando proceda, se harán referencias al cumplimiento por parte de Islandia de las normas del Espacio Económico Europeo, evaluado por la Autoridad de Vigilancia de la EFTA. En caso de incumplimiento, las deficiencias identificadas tendrán que subsanarse para que Islandia cumpla plenamente el acervo para la fecha de adhesión.

La Comisión desea destacar en este contexto que el dictamen sólo incluirá una fotografía inicial del nivel de aplicación del acervo por parte de Islandia. La Comisión proporcionará una evaluación más exhaustiva en una fase posterior del proceso de adhesión, por ejemplo, a través del denominado examen analítico del acervo comunitario, una vez que el Consejo haya decidido la apertura de negociaciones de adhesión.

A la luz del reciente atentado fallido contra un vuelo de la compañía aérea Northwest Airlines de Amsterdam Schipol a Detroit, así como del chocante descubrimiento de que uno de los pasajeros de un vuelo a Dublín llevaba consigo sin saberlo material explosivo, después de que faltara una prueba eslovaca de seguridad aeroportuaria, ¿podría confirmar la Comisión ante esta Asamblea que la cuestión de la seguridad en los aeropuertos sigue figurando entre sus prioridades políticas?

¿Puede confirmar que está colaborando con los Estados miembros en una revisión de las medidas de seguridad que se aplican?

¿Qué directrices rigen a escala europea en relación con los métodos de detección olfativa de explosivos? ¿Cree la Comisión que estos métodos son suficientemente seguros? ¿Considera que es preciso contar con normas comunitarias para todas las clases de medidas de seguridad en los aeropuertos?

¿Cómo enjuicia la Comisión la necesidad de aplicar medidas de seguridad más estrictas en favor de los pasajeros?

¿Qué opina la Comisión del uso de las tecnologías de formación de imágenes, que se conocen de los llamados escáneres corporales, como instrumentos para el control de pasajeros?

(EN) La Comisión dialoga de forma permanente con los Estados miembros, sus socios internacionales y organizaciones internacionales con el fin de intercambiar y desarrollar medidas de seguridad de la aviación. Preside un comité regulador permanente creado por la legislación comunitaria en materia de seguridad aérea que se reúne periódicamente varias veces al año⁽¹⁾ y, si es preciso, celebra también reuniones ad hoc para reaccionar ante cualquier asunto pendiente. Asimismo, la Comisión intercambia periódicamente puntos de vista con partes interesadas. Las actualizaciones de la legislación vigente para reaccionar ante nuevos acontecimientos son habituales y se han producido en varias ocasiones durante los últimos años.

Los aeropuertos de la UE sólo pueden utilizar los equipos de control que se enumeran y describen en la legislación comunitaria en materia de seguridad de la aviación. En principio, los equipos de control, por ejemplo, los de detección de rastros de explosivos («detección olfativa de explosivos») deben cumplir principios de funcionamiento y resultados detallados, cuando se han previsto. Para lograr que la seguridad en la UE sea uniforme, los aeropuertos deben aplicar normas de seguridad de la aviación básicas y comunes.

El fallido atentado terrorista contra el vuelto NW 253 a Detroit del pasado 25 de diciembre nos ha vuelto a confirmar que la amenaza a la aviación civil es real. A distintos niveles, la Comisión está participando en la evaluación y el posible seguimiento del incidente.

Algunos Estados miembros aplican unilateralmente medidas más estrictas permitidas por el Derecho comunitario. Sin embargo, la Comisión considera que es preciso avanzar de una forma más sostenible, con normas comunes a escala comunitaria. Añadir nuevas tecnologías de detección como la tecnología de formación de imágenes avanzada a la lista de equipo autorizado puede ser un elemento, siempre que se solucionen satisfactoriamente las dudas que plantea en cuanto a la salud de los pasajeros, su intimidad y la protección de datos. Sin embargo, también son necesarias otras medidas, como una mayor colaboración de los cuerpos de seguridad y un intercambio más eficaz de los datos disponibles.

Para más información sobre la posibilidad de introducir escáneres corporales en la lista de tecnologías de control autorizadas, la Comisión quisiera remitirles a su respuesta a la pregunta oral H-0001/10⁽²⁾.

De conformidad con el Tratado de Lisboa (artículo 8 B), es posible presentar una iniciativa ciudadana a la Comisión. Si la iniciativa la firman al menos un millón de ciudadanos de la UE «de un número significativo de Estados miembros», la Comisión habrá de dar curso a la iniciativa.

La Presidencia española, junto con los demás Estados miembros de la UE, examinó la iniciativa ciudadana el 13 de enero de 2010, en La Granja. Los Estados miembros acordaron que una tercera parte de los Estados miembros de la UE (actualmente nueve Estados miembros) se consideraba «un número significativo de Estados miembros».

La llamada iniciativa «sede única», que promueve que el Parlamento Europeo tenga una única sede en Bruselas, cumple claramente los criterios indicados (al menos un millón de firmas de al menos nueve Estados miembros). La iniciativa la han firmado ya 1,2 millones de europeos. No es razonable que los contribuyentes europeos paguen 200 millones de euros anuales por semejante trasiego de camiones entre Bruselas y Estrasburgo.

La iniciativa «sede única» sigue pendiente en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. La petición ya se presentó una vez a las instituciones de la UE, pero el Tratado de Lisboa no estaba entonces vigente y las instituciones de la UE la ignoraron totalmente. Lo tragicómico del caso es que el Parlamento Europeo compró sus edificios al ayuntamiento de Estrasburgo la misma semana en que recibió la iniciativa.

A la luz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, ¿tiene previsto la Comisión examinar la iniciativa «sede única»?

¿Qué medidas va a adoptar la Comisión respecto de la iniciativa?

(EN) La Comisión acoge con sumo agrado la introducción de la iniciativa ciudadana europea, que permitirá que los ciudadanos de la Unión Europea hagan oír su voz con más fuerza, añadirá una nueva dimensión a la democracia europea y complementará el conjunto de derechos relacionados con la ciudadanía de la Unión.

La Comisión está convencida de que los ciudadanos europeos deben beneficiarse de la iniciativa ciudadana europea tan pronto como sea posible. Para ello, presentará en breve una propuesta de reglamento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La propuesta tendrá en cuenta el resultado de la consulta pública que la Comisión puso en marcha en noviembre de 2009, a fin de conocer la opinión de ciudadanos, partes interesadas y autoridades públicas de los Estados miembros. A la Comisión le gustaría que el Reglamento se aprobara antes del final del primer año tras la entrada en vigor del Tratado y confía en que el Parlamento Europeo y el Consejo compartan este objetivo.

Una iniciativa ciudadana europea, de conformidad con el apartado 4 del artículo 11 del Tratado de la Unión Europea, puede invitar a la Comisión a presentar una propuesta únicamente dentro del marco de sus facultades y sobre un asunto en relación con el cual sea necesario un acto jurídico de la Unión para la aplicación de los Tratados.

La sede de las instituciones de la Unión se fija mediante un acuerdo de los gobiernos de los Estados miembros de conformidad con el artículo 341 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La sede del Parlamento Europeo se fija en el protocolo nº 6 anexo al nuevo Tratado.

Por lo tanto, la Comisión no tiene competencia alguna sobre la aplicación del artículo 341 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El proyecto «Rail Baltica» es un proyecto prioritario de la Unión Europea cuya realización ofrecería a los habitantes de los Países Bálticos mayores posibilidades de viajar y participar en el mercado común del transporte ferroviario de mercancías de la UE. Este proyecto reduciría asimismo el aislamiento de la región báltica, separada del resto de Europa. Debido a la crisis financiera y económica que golpea duramente a los países bálticos, los trabajos del proyecto «Rail Báltica» pueden verse frenados, incluso suspendidos, por falta de financiación. En relación con estos trabajos, Lituania ha revisado ya sus previsiones a la baja con la aprobación de la Comisión. A la luz de la difícil situación financiera de estos países, ¿ha previsto la Comisión la posibilidad de aumentar la aportación de la Unión Europea a la financiación de este proyecto recurriendo a los ahorros acumulados?

(EN) Su Señoría tiene razón cuando dice que la actual crisis económica y financiera ha afectado al proyecto «Rail Baltica», como a muchos otros importantes proyectos de infraestructuras en todos los Estados miembros de la UE. Los países bálticos se ven obligados a cubrir los requisitos de financiación de proyectos financiados en el marco de la red transeuropea de transporte (TEN-T) y los fondos no son fáciles de conseguir en un periodo caracterizado por la restricción de los presupuestos nacionales. En Lituania, la Comisión ha sugerido un sistema alternativo para aplicar el proyecto, que reduciría sus costes y aceleraría su puesta en práctica, sin socavar por ello las ventajas que supondría para los países socios la finalización del proyecto «Rail Baltica». Las autoridades lituanas dieron su beneplácito a esta modificación propuesta para el proyecto en diciembre de 2009.

En lo que respecta a la posibilidad de incrementar los fondos ya asignados al proyecto en el marco de las Perspectivas financieras 2007-2013, la Comisión realizará en 2010 una exhaustiva revisión de todos los proyectos prioritarios financiados en virtud de TEN-T para evaluar los avances y revisar los problemas. Será entonces el momento de ver si sería apropiado ajustar los actuales parámetros de gasto, incluidos los del proyecto «Rail Baltica».

El mercado de alquiler de coches en la UE está fragmentado, debido a unas normativas y estructuras de cálculo de precios diferentes en los 27 Estados miembros. Esto puede ser causa de restricciones de movilidad del turista en el lucrativo comercio turístico transfronterizo, lo que, a su vez, provoca una reducción de los ingresos en el sector turístico más amplio.

Los siguientes problemas se derivan de la actual fragmentación del mercado:

Tarifas excesivas cuando el vehículo se devuelve en un Estado miembro diferente del Estado en que se recogió.

Elevadas diferencias en las tarifas por la misma categoría de vehículo en los Estados miembros vecinos, incluso teniendo en cuenta las diferencias en el coste de la vida.

Pólizas de seguro restrictivas y diferentes condiciones en los contratos de alquiler.

¿Puede exponer la Comisión si hay planes para fomentar una mayor integración del mercado en este sector y resolver todas o algunas de las cuestiones arriba planteadas?

(EN) La Comisión es consciente de los distintos problemas de consumo que menciona Su Señoría en relación con el alquiler de vehículos.

En la actualidad, la Comisión está analizando el problema de la segmentación geográfica del mercado minorista de bienes y servicios para determinar su magnitud en la práctica. El reciente Informe de la Comisión sobre comercio electrónico transfronterizo en la UE⁽¹⁾ y la Comunicación sobre el mismo tema aprobada por la Comisión en octubre de 2009⁽²⁾ proporcionan un primer análisis de estos problemas, así como de las medidas que la Comisión prevé tomar para atajarlos. La Comisión considera que las normas armonizadas de protección de consumidores en toda la UE permitirán a los operadores (incluidas las compañías de alquiler de vehículos) contratar con los consumidores en distintos Estados miembros utilizando unas condiciones únicas. A su vez, los consumidores se beneficiarán de ofertas transfronterizas más competitivas. En el mercado del alquiler de vehículos, el aumento de la armonización de los derechos de los consumidores puede traducirse en un descenso de las tarifas que se cobran al dejar el coche.

Por esas razones, la Comisión ha presentado la propuesta de Directiva sobre derechos de los consumidores, que se está debatiendo en el Consejo y en el Parlamento. Esta propuesta revisa los principales elementos de la legislación comunitaria en materia de protección de los consumidores. Parte del principio de armonización plena, que unificará el actual mosaico de distintas legislaciones de consumo creando una normativa única y más sencilla.

Asimismo, existe ya legislación comunitaria que aborda algunos de los problemas de los consumidores que menciona Su Señoría. También ha mencionado distintas prácticas que podrían dar lugar a que el mismo proveedor de servicios de vehículos en alquiler proporcionara un trato distinto a sus clientes en función del lugar donde éstos residan.

Esas diferencias se abordan específicamente en el apartado 2 del artículo 20 de la Directiva de servicios⁽³⁾. Según esta disposición, «Los Estados miembros harán lo necesario para que las condiciones generales de acceso a un servicio que el prestador ponga a disposición del público no contengan condiciones discriminatorias basadas en la nacionalidad o el lugar de residencia del destinatario». Esta disposición también especifica que no todas las diferencias de trato están prohibidas, dado que se permitirán diferencias en las condiciones de acceso «directamente justificadas por criterios objetivos». Tal y como se aclara en el considerando 95 de la Directiva de servicios, podrían ser justificaciones objetivas, por ejemplo, los costes adicionales ocasionados por la distancia, las características técnicas de la prestación, o los riesgos adicionales derivados de normativas distintas de las del Estado miembro de establecimiento.

Los Estados miembros debían aplicar la Directiva de servicios como máximo el 28 de diciembre de 2009. Además de la aplicación de la Directiva de servicios, los comportamientos de los prestadores de servicios de alquiler de vehículos que puedan dar lugar a un trato distinto en función de la nacionalidad o el lugar de residencia de los consumidores deben analizarse a la luz de las disposiciones nacionales por las que se aplica el apartado 2 del artículo 20 de la Directiva de servicios. Las diferencias de trato sólo serán legales si los operadores demuestran que se están «directamente justificadas por criterios objetivos».

Además, la Directiva sobre las cláusulas abusivas de los contratos celebrados con consumidores⁽⁴⁾ puede ser también pertinente para algunas de las situaciones mencionadas por Su Señoría. Esta Directiva es aplicable a las condiciones generales que suelen adjuntarse a los contratos celebrados entre las compañías de alquiler de vehículos y los consumidores. Con arreglo a la Directiva, cuando las condiciones contractuales provocan desequilibrios significativos entre los derechos y las obligaciones de los consumidores, por una parte, y los de vendedores y prestadores, por otra, deben considerarse abusivas. Puede afirmarse que las condiciones contractuales restrictivas de las pólizas de seguro son injustas. Las cláusulas contractuales abusivas no son vinculantes para el consumidor.

Asimismo, la Directiva obliga al comerciante a elaborar y presentar sus condiciones generales (por ejemplo, las de la póliza de seguros) en términos claros y comprensibles. Las condiciones contractuales que no cumplan estos requisitos también pueden considerarse abusivas y, por lo tanto, no vinculantes para el consumidor.

La forma en que se ha tratado el problema del virus de la nueva gripe ha puesto de manifiesto los riesgos que entrañan las políticas de mercantilización de la salud y el bienestar. Se ha observado una presentación selectiva de datos, así como problemas en los estudios epidemiológicos, lo cual genera confusión en cuanto a la utilización de la nueva vacuna y dudas sobre la necesidad de declarar una pandemia. La falta de personal y de infraestructuras en los servicios sanitarios públicos se ha hecho aún más patente, en particular la falta de asistencia sanitaria primaria pública.

¿Qué opina la Comisión de la actuación de las multinacionales de la industria farmacéutica que, movidas por el lucro, ponen en peligro la salud pública?

(EN) La Comisión desea dar las gracias a Su Señoría por esta pregunta, que pone sobre la palestra temas como la presión sobre los sistemas sanitarios y la influencia de las compañías farmacéuticas sobre las políticas de salud pública, sobre todo en el marco de la pandemia de la gripe causada por el virus H1N1.

Garantizar la continuidad en todos los ámbitos sanitarios, pero también la adquisición de contramedidas médicas como las vacunas y los antivirales, forman parte integral de la planificación necesaria para la preparación para una pandemia. La necesidad de prepararse para cualquier pandemia y, sin embargo, tener que adaptarse posteriormente a las necesidades de una pandemia concreta, ha sido un complicado ejercicio tanto para los Estados miembros como para la UE. Evidentemente, se precisa flexibilidad y estar preparados para el peor escenario razonable. En sus directrices sobre la preparación para pandemias, la Comisión y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) recalcaron la necesidad de preparar a los servicios de atención primaria y secundaria (tanto públicos como privados) para fuertes incrementos del número de pacientes.

Los datos de vigilancia comunicados por los países a través de la Red europea de vigilancia de la gripe indican que la presión generada por la gripe como enfermedad o por infecciones respiratorias agudas en la atención primaria a escala nacional durante la pandemia no fue tan extrema como, por ejemplo, la de la gripe estacional de temporada del año pasado, aunque se produjo en fechas anteriores de la temporada, como se había advertido a los Estados miembros. En parte, esto se debió a la buena preparación de los Estados miembros Sin embargo, como se ha destacado en las evaluaciones de riesgos del ECDC, no se esperaba la presión selectiva que se produjo en los servicios de cuidados intensivos (fundamentalmente, por la necesidad de respiración asistida).

Últimamente se han vertido críticas sobre el dinero que se gastó en las vacunas para la gripe pandémica y sobre la supuesta influencia que la industria farmacéutica ejerce sobre la formulación de las políticas de salud pública. Las decisiones de los Estados miembros de comprar o no vacunas para la gripe pandémica y sobre la cantidad a comprar son competencia de los Estados miembros. La Comisión no participó en estas decisiones, ni ha sido informada de las condiciones contractuales acordadas entre los Estados miembros y los fabricantes de vacunas para la gripe pandémica. La declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue la causa de la ejecución de los contratos en vigor entre la industria farmacéutica y Estados miembros para el suministro de vacunas contra la gripe pandémica. La OMS ha confirmado en varias ocasiones que la declaración de pandemia no estuvo sesgada por ninguna influencia movida por el ánimo de lucro. De igual forma, la Comisión no tiene ninguna razón para creer que las decisiones de los Estados miembros se vieran afectadas por esa influencia. Al contrario, varios Estados miembros solicitaron a la Comisión que estableciera un mecanismo para ayudar con la adquisición conjunta de vacunas a fin de reducir costes. La Comisión y las dos agencias independientes europeas, la ECDC y la Agencia Europea de Medicamentos, han ayudado a los Estados miembros con sus conocimientos regulatorios y científicos.

Los Estados miembros se enfrentaron a una tarea muy complicada cuando tuvieron qué decidir cuántas dosis de vacunas compraban sin saber cuál sería la verdadera naturaleza de la pandemia. Cuando los Estados miembros tomaron esa decisión, su principal preocupación era proteger a sus ciudadanos de la mejor forma posible contra una pandemia potencialmente peligrosa. Por lo tanto, la Comisión considera que resulta injusto criticar a toro pasado lo acertado de esas decisiones. Por último, conviene tener en cuenta que 2 500 ciudadanos europeos murieron como consecuencia de la gripe por el virus H1N1 y que muchos otros estuvieron gravemente enfermos.

El 3 de noviembre de 2009 formulé una pregunta escrita (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2009-5405&language=ES" ) a la Comisión sobre la compatibilidad de la recuperación por parte del Estado belga de 31,8 millones de euros de Belgocontrol, una empresa gubernamental autónoma, con el acervo comunitario. En su respuesta de 9 de diciembre de 2009, la Comisión afirma que a finales de octubre de 2009 pidió por escrito a Bélgica más explicaciones con el fin de evaluar la legalidad de la medida en cuestión. ¿Ha recibido ya la Comisión una respuesta concluyente de Bélgica? En caso afirmativo, ¿puede pronunciarse la Comisión, sobre la base de esa respuesta, acerca de la legalidad de la recuperación? En caso negativo, ¿qué otras medidas se propone adoptar la Comisión para obligar a Bélgica a facilitar una respuesta rápida?

(FR) Hasta la fecha, la Comisión no ha recibido respuesta de las autoridades belgas a su carta del 27 de octubre de 2009. Por lo tanto, por el momento le es imposible tomar una decisión sobre el contexto y la legalidad de la recuperación por parte del Estado belga de 31,8 millones de euros del presupuesto de Belgocontrol.

La Comisión está siguiendo este caso muy de cerca. Si no recibe una respuesta en breve, la Comisión tomará la iniciativa de poner en marcha una investigación con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del artículo 16 del Reglamento (CE) nº 550/2004 relativo a la prestación de servicios de navegación aérea. Este reglamento establece la posibilidad de escuchar a las autoridades belgas y consultar al Comité del cielo único europeo antes de tomar una decisión⁽¹⁾ que será de aplicación al Estado miembro en cuestión.

El 21 de enero de 2010, la dirección de Opel anunció su intención de proceder al cierre completo de la planta de Amberes en el marco del plan de reestructuración de Opel en Europa. En otros países también se han previsto despidos, pero en ningún otro lugar se va a cerrar una fábrica. Afortunadamente, la Comisión ya había aclarado repetidamente en el otoño de 2009 que las ayudas ofrecidas por los Estados miembros deben respetar en todo momento las normas relativas a las ayudas estatales y que la concesión de esas ayudas debe basarse claramente en criterios económicos. Esto supone, entre otras cosas, que dichas ayudas no pueden vincularse a la condición de que no se cierren determinadas plantas y que la reestructuración debe integrarse en un plan industrial presentado por GM. ¿Ha presentado GM ya ese plan industrial a la Comisión? ¿De qué recursos dispone la Comisión para exigir ese plan? ¿Cuándo va a pedir la Comisión que se le informe del plan? ¿De qué manera va a examinar la Comisión ese plan con objeto de evaluar la legalidad de eventuales ayudas de los Estados miembros a la reestructuración?

(EN) GM presentó a la Comisión un bosquejo de su plan de reestructuración para Opel/Vauxhall a finales de noviembre de 2009. Sobre la base de la información disponible hasta ahora, nada parece indicar que el plan de GM se base en consideraciones no económicas.

La Comisión todavía no ha recibido ninguna información de los Estados miembros sobre sus planes para conceder ayudas públicas para el plan de reestructuración de GM para Opel/Vauxhall. Sin embargo, la Comisión se mantendrá alerta, a fin de garantizar que, si se producen ayudas estatales, la reestructuración de Opel/Vauxhall continúe basándose en consideraciones económicas y no se vea influenciada por condiciones no comerciales vinculadas a la financiación estatal y, en particular, que la distribución geográfica de los esfuerzos de reestructuración no se vea alterada por exigencias políticas.

Hay más periodistas presos en Eritrea que en China, a pesar de que Eritrea, en comparación es más pequeñas con tan sólo 5,6 millones de habitantes. Uno de estos presos es el periodista sueco, y por lo tanto ciudadano de la UE, Dawit Isaak, que ha estado preso sin juicio desde 2001 simplemente por ejercer su libertad de expresión.

En la audiencia de la baronesa Chatrine Ashton ante el Parlamento Europeo a principios de enero se planteó la situación en Eritrea y la posibilidad de utilizar la ayuda europea como canal para influir en esa situación. En su respuesta, la baronesa Ashton subrayó que la ayuda europea se utilizará para proteger los derechos humanos.

¿Cómo va a utilizar la Comisión concretamente la ayuda europea para proteger los derechos humanos en Eritrea?

Dawit Isaak está preso simplemente por ejercer su libertad de expresión, lo cual es un derecho fundamental de cualquier ciudadano de la UE.

¿Qué se propone hacer la Comisión en este caso concreto para obtener la liberación de Dawit Isaak?

(EN) La Comisión comparte su preocupación por la suerte de Dawit Issak y otros presos de conciencia en Eritrea y, por lo tanto, ha hablado sobre este tema periódicamente, y a través de distintos canales, con las autoridades eritreas. La Presidencia, en representación de la Unión, también realizó una declaración pública sobre presos políticos, incluidos los periodistas, el pasado mes de septiembre.

En su respuesta a la pregunta sobre Eritrea en su audiencia ante el Parlamento Europeo, la Vicepresidenta y responsable de Relaciones Exteriores destacó que es importante aunar instrumentos para promover los objetivos e intereses de la UE. Por eso, además del diálogo y las salvaguardas integrados en los programas de desarrollo, la Comisión está estudiando y aprovechando todas las oportunidades de abordar cuestiones de derechos humanos a través de los programas de desarrollo que aplica en Eritrea. La principal responsabilidad de la protección de los derechos humanos corresponde al Estado de Eritrea y, concretamente, la Comisión está trabajando con las autoridades eritreas en ámbitos en los que actualmente pueden lograrse avances, como los derechos de los trabajadores y la mejora del sistema judicial, pero también, de forma más general, en la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales básicas, y la difusión de información sobre los mismos, a la población eritrea en su conjunto. En el contexto eritreo, esas actividades únicamente pueden generar resultados si se llevan a cabo de una forma progresiva.

La Comisión se compromete a seguir explorando cualquier forma de abordar cuestiones de gobernanza y derechos humanos en Eritrea. Para lograrlo, es importante que se mantenga un diálogo sobre estas cuestiones que son motivo de preocupación.

El reciente terremoto de Haití ha destruido ya cientos de miles de vidas, pero para los incontables niños huérfanos o desaparecidos lo peor puede estar aún por venir. UNICEF ha informado de numerosos casos de niños evacuados de Haití sin un procedimiento regular o sin la documentación adecuada.

¿Qué medidas se propone adoptar la Comisión para garantizar que ninguno de estos niños sea víctima de la trata en la Unión Europea o a través de sus fronteras y que los niños adoptados en Europa hayan sido objeto de los procedimientos de salvaguardia habituales?

¿Qué medidas están adoptando los servicios europeos activos en Haití para ayudar al Gobierno haitiano a reforzar la vigilancia en los puntos de salida e impedir que los niños sean sacados ilegalmente de Haití?

Dado que varios Estados miembros de la UE han acelerado ya la entrada legal en su territorio de huérfanos de Haití que cumplen las condiciones necesarias, ¿qué esfuerzos ha realizado la Comisión para establecer una posición común de la UE sobre las adopciones rápidas de niños de Haití e impedir que los niños que no hayan sido objeto de un procedimiento adecuado sean traídos a Europa?

(EN) A la Comisión le preocupa la situación de los niños que se vieron separados de sus padres o que ya estaban viviendo en orfanatos antes del terremoto. Evitar la venta y la trata de niños debe ser una prioridad clave en los trabajos de ayuda.

Es cierto, como ha recordado UNICEF, que la cuestión de la adopción internacional es especialmente sensible en el caso de niños separados de sus padres y sus comunidades. En una situación de desastre, se debe conceder prioridad a los esfuerzos para reunir a los niños desplazados con sus padres o familiares. Deben evitarse esfuerzos prematuros o no regulados de organizar la adopción en el extranjero de un menor desplazado.

Asimismo, la salida de niños sin procedimientos adecuados puede dar lugar incluso a las peores formas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual o laboral, por lo que debe prohibirse completamente.

La Comisión no tiene competencias sobre las decisiones individuales sobre adopciones internas. Sin embargo, según la información de que dispone, parece que los niños a los que se permitió la entrada a Europa en el marco de adopciones internacionales en los días posteriores al desastre ya habían sido adoptados por una familia europea mediante una decisión de un tribunal haitiano.

Parece que ese procedimiento cumple lo previsto por UNICEF, ya que su Director Ejecutivo, el señor Veneman, afirmó que si el procedimiento previo a la adopción internacional de algunos niños haitianos se había completado antes del terremoto, acelerar su viaje a sus nuevos hogares ofrecía claras ventajas.

Un total de 26 de los 27 Estados miembros son parte del Convenio de La Haya del 29 de mayo de 1993 relativo a la protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional (todos excepto Irlanda). Este Convenio establece salvaguardas para proteger al menor y prevé un sistema de cooperación entre los Estados contratantes para evitar adopciones ilegales y la trata de menores.

Haití no es parte del Convenio de La Haya de 1993. Sin embargo, en 2000, la Conferencia de La Haya adoptó una Recomendación en virtud de la cual los Estados parte, deben, en la medida de lo posible, aplicar las normas y las salvaguardas del Convenio a los acuerdos de adopción internacional respecto de Estados que todavía no sean miembros del Convenio. Más de 80 Estados, incluidos casi todos los Estados receptores, son parte de este Convenio. Por lo tanto, incluso si Haití no es parte del Convenio de La Haya de 1993, todos los Estados receptores deben aplicar estas normas y salvaguardas (incluidos todos los Estados miembros de la UE salvo Irlanda).

En el marco de su respuesta humanitaria de emergencia, la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión ha identificado problemas de protección como punto de enfoque de su estrategia de financiación y está tratando de proporcionar ayuda financiera a organizaciones no gubernamentales, agencias y organizaciones internacionales, así como a la familia de la Cruz Roja/Media Luna Roja, que trabajan en la protección de menores en Haití. Aunque no sea posible ayudar directamente al gobierno, todas las acciones financiadas se coordinarán a través del mecanismo de clústers, que está coordinado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) en apoyo del gobierno.

El buque de crucero «Sea Diamond» sigue todavía, casi tres años después de que se hundiera el 13 de abril de 2007, en el fondo del mar de la caldera de Santorini, lo que contamina el medio marino y también tiene consecuencias en el equilibrio ecológico, la salud de los habitantes de la isla y los alrededores. Se trata de una «bomba tóxica» ya que, según estudios científicos, se observa en la zona, como consecuencia del naufragio, una importante contaminación por fibras microscópicas de plástico y elevadas concentraciones de substancia tóxicas con una alta propensión a la bioacumulación. Los habitantes de Santorini reclaman la retirada inmediata de esta «bomba tóxica» del mar de su isla, pero se están enfrentado a la negativa de los gobiernos, tanto del actual PASOK como del anterior, de la ND. Se está viendo que las promesas gubernamentales sobre el reflotamiento del buque eran falsas y hasta el momento no se han atribuido responsabilidades a la empresa propietaria del buque «Hellenic Louis Cruises», a la que incluso se indemnizó con 55 millones de dólares estadounidenses.

¿Se ha informado a la Comisión sobre la evolución y los progresos realizados en relación con el reflotamiento del «Sea Diamond»? ¿Cuál es su posición en lo que se refiere a las reivindicaciones y justas exigencias de los habitantes de Santorini?

(FR) La Comisión se remite a sus anteriores respuestas a las preguntas H-748/08, E-1944/08 y E-6685/08⁽¹⁾ y confirma que ha seguido de cerca la situación del naufragio del «Sea Diamond» junto a la costa de Santorini, a fin de garantizar que el Derecho comunitario se aplique correctamente. Tras analizar las disposiciones pertinentes de la legislación aplicable (es decir, la Directiva 2004/35/CE⁽²⁾ sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, la Directiva 2000/60/EC⁽³⁾ por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, y la Directiva 2006/12/EC⁽⁴⁾ relativa a los residuos), la Comisión ha llegado a la conclusión de que, a la luz de las circunstancias específicas, no es posible establecer que se hayan producido infracciones de las disposiciones en cuestión.

En lo que respecta a la Directiva 2004/35/CE, no es de aplicación en el caso actual dado que el accidente se produjo antes de que dicha Directiva entrara en vigor.

En cuanto a la posible infracción del artículo 4 de la Directiva 2006/12/CE, es preciso recordar que esta disposición obliga a los Estados miembros a garantizar que los residuos se eliminarán sin poner en peligro la salud del hombre y sin dañar el medio ambiente; además, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para prohibir el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada de residuos.

El artículo 4 otorga a los Estados miembros un margen de apreciación con respecto a las medidas que deben tomarse. Según la jurisprudencia del Tribunal⁽⁵⁾, la persistencia de una situación de facto, especialmente cuando suponga daños significativos para el medio ambiente, durante un periodo prolongado, sin que intervengan las autoridades competentes, puede indicar que los Estados miembros han sobrepasado el margen de apreciación que les concede esta disposición.

No fue posible establecer la existencia de esos daños medioambientales significativos durante un periodo prolongado sin la intervención de las autoridades competentes. Por una parte, las autoridades griegas tomaron las medidas necesarias para evitar la contaminación (estudio de impacto sobre contaminación, vigilancia permanente de la zona afectada). Por otra parte, el estudio del Centro Helénico de Investigación Marina concluyó que los efectos causados por el naufragio son insignificantes hasta la fecha.

Por lo tanto, no es posible afirmar que se ha infringido la legislación medioambiental comunitaria. Sin embargo, si Su Señoría dispone de nueva información que permita establecer la existencia de una infracción (por ejemplo estudios recientes y fiables que prueben que existe contaminación), la Comisión le invita a hacérsela llegar.

Además, en el futuro, la Directiva 2009/20/CE⁽⁶⁾ relativa al seguro de los propietarios de buques para las reclamaciones marítimas, que entró en vigor el 29 de mayo de 2009 y debe transponerse a la legislación de los Estados miembros antes del 1 de enero de 2012, obligará a los propietarios de buques con bandera de un Estado miembro o que entren en un puerto de un Estado miembro, a tener seguros que cubran reclamaciones marítimas sujetas a una limitación con arreglo al Convenio de 1976 sobre la limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de Derecho marítimo, adoptado por la Organización Marítima Internacional, en su versión modificada por el Protocolo de 1996; estas reclamaciones incluyen las relativas a la remoción de restos de naufragios.

La Comisión continuará siguiendo de cerca el estado de los restos del «Sea Diamond».

Las conservas de pescado procesado son ricas en proteínas y pueden conservarse durante mucho tiempo. Estos productos pueden ser suministrados rápidamente y se han utilizado eficazmente en el pasado para paliar la escasez de alimentos en situaciones de emergencia similares al terremoto de Haití.

¿Incluye la Comisión conservas de pescado transformado como ayuda alimentaria en situaciones de emergencia? En caso negativo, ¿puede la Comisión considerar la posibilidad de incluir conservas de pescado procesado como parte de la ayuda de emergencia de la Unión Europea al pueblo de Haití?

(EN) En cualquier crisis humanitaria que precisa una respuesta de ayuda alimentaria, la UE da dinero a socios especializados en la puesta en práctica de medidas de ayuda alimentaria, incluido el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Eso significa que dejamos a los expertos decidir que artículos alimentarios son más apropiados para una respuesta concreta.

Esta decisión también tiene que acordarse en el marco interagencias para la coordinación de operaciones del sector alimentario.

Sin embargo, la UE espera que esa decisión se tome teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: el valor nutricional; la conformidad con las preferencias dietéticas locales; la facilidad del transporte, el almacenamiento, así como de la manipulación y preparación; el coste; la disponibilidad de suficientes existencias; y la proximidad de las existencias a la zona de crisis.

Es cierto que el pescado enlatado puede ser un producto valioso y muy nutritivo en un paquete de ayuda alimentaria.

En algunas operaciones financiadas por la UE, los socios que se encargan de la ayuda han incluido pescado en las raciones de comida que distribuyen, tras tener en cuenta los factores mencionados.

Sin embargo, conviene destacar que, en contextos en los que no hay ninguna producción local ni regional de pescado enlatado, su coste y el esfuerzo de transportarlo le hacen perder puntos en comparación con otros productos alimentarios nutritivos (por ejemplo, judías y legumbres).

En el caso de la respuesta al terremoto de Haití, la UE está financiando el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas tanto en el caso de su respuesta inmediata como en lo tocante a las operaciones previstas para los próximos cinco meses.

Esta respuesta se basa en la distribución de raciones de alimentos ya preparados, que proporcionan en especie varios donantes, y algunos incluyen pescado enlatado.

Para la siguiente fase de la operación, cuando los beneficiarios estén en mejores condiciones para prepararse su propia comida, y cuando se puedan organizar distribuciones a granel de productos crudos para ser cocinados, se espera que las raciones pasen a ser de productos locales de bajo coste (alubias, arroz y comida mezclada fortificada) que cubran, no obstante, las necesidades de energía y micronutrientes de la población.

¿Cómo prevé la Comisión que puede actuar la estrategia UE 2020 como herramienta política para luchar contra el creciente desempleo en Europa, especialmente entre los jóvenes?

(EN) La próxima Estrategia UE 2020 fijará una visión para una economía competitiva, innovadora, sostenible e incluyente para 2020, acompañada por propuestas sobre cómo alcanzar con éxito esta visión y cómo incrementar el empleo.

La estrategia abordará los problemas del elevado y creciente desempleo, sobre todo entre los jóvenes, al tiempo que establecerá los cimientos para aprovechar nuevas fuentes de crecimiento y permitirá a la UE hacer frente a retos a largo plazo tales como el cambio demográfico, la presión sobre los recursos naturales y la energía y la amenaza del cambio climático. La Comisión está de acuerdo con Su Señoría en que la nueva estrategia debe prestar especial atención a la lucha contra los crecimientos niveles de desempleo en toda Europa, especialmente entre los jóvenes.

Las restricciones impuestas a los pasajeros, con arreglo a las cuales no se permite viajar con recipientes de líquidos, geles, pastas, lociones y productos cosméticos de más de 100 ml, siguen dificultando extremadamente los viajes y generando problemas tanto a los pasajeros como a los operadores aeroportuarios.

En muchos casos, estas restricciones dan lugar a largas colas, la pérdida de pertenencias y, en algunas ocasiones, la pérdida de compras. Con frecuencia se obliga a los pasajeros a pagar elevados precios por el agua y otras bebidas, una vez pasados los controles de seguridad.

No hay duda de que se necesitan medidas de seguridad eficaces y de que los pasajeros y la seguridad aérea siguen siendo una prioridad. Sin embargo, es necesario revisar las actuales restricciones relativas a los líquidos, puesto que tales restricciones se han venido aplicando durante varios años.

¿Tiene previsto la Comisión revisar esta normativa? ¿Se ha propuesto algún plazo para suavizar estas restricciones? ¿Puede facilitar la Comisión información adicional sobre los avances tecnológicos específicos en relación con el control de los líquidos?

(EN) Desde el mes de agosto de 2006, la UE aplica una prohibición de líquidos, aerosoles y geles a bordo de aviones⁽¹⁾, con el fin de evitar que se introduzcan en los aviones explosivos líquidos. Esta prohibición se confirmó a escala mundial mediante las recomendaciones publicadas por la Organización Internacional de la Aviación Civil (OIAC) y es aplicada por la mayoría de los más importantes socios de la UE en el ámbito de la aviación.

El reciente incidente en el vuelo NW 253 de Ámsterdam a Detroit confirmó que el nivel de las amenazas contra la aviación civil sigue siendo elevado. Por lo tanto, no es posible permitir que la prohibición de los líquidos venza sin que haya otra normativa al respecto que la sustituya. Así, la Comisión ha hecho una propuesta para permitir que se introduzcan líquidos en los aviones siempre que sean inspeccionados. Esta propuesta, que el Parlamento está estudiando en estos momentos, tiene la finalidad de lograr una solución para la introducción de líquidos en los aviones cuando esté disponible tecnología apropiada para su control.

La propuesta propone, por tanto, que, a partir del 29 de abril de 2011, se autorice la introducción en los aviones de los líquidos que lleven los pasajeros que lleguen de fuera de la UE y que conecten con otro vuelo en aeropuertos comunitarios, tras una inspección previa. Además, a partir del 29 de abril de 2013, como fecha máxima, se volverán a autorizar, previa inspección, todos los líquidos que lleven los pasajeros que salgan de aeropuertos comunitarios. Con el tiempo, las normas de funcionamiento del equipo de detección de explosivos tendrán que incrementarse para que sigan cumpliendo la legislación comunitaria

Recientemente, la UE ha concluido un acuerdo histórico en la Organización Mundial del Comercio con los países de América Latina para reducir los aranceles relativos a las importaciones de plátanos procedentes de dicha región. Este acuerdo histórico tendrá, sin embargo, unas consecuencias negativas para los productores de plátanos de la UE, dado que sufrirán una dura competencia por parte de los productores de plátanos latinoamericanos. ¿Ha previsto la Comisión tomar medidas políticas para proteger a los productores de plátanos europeos de zonas tales como las Islas Canarias o Madeira?

(EN) La Comisión es plenamente consciente de la importancia económica y social de la producción de plátanos en las Islas Canarias, Guadalupe, Martinica y Madeira, que el Tratado incluye entre las regiones ultraperiféricas y cuyas especiales desventajas reconoce. Por ello, la Comisión continúa apoyando esta producción y ayuda a competir a los productores.

En 2006, la UE reformó su organización común de mercados (OCM) del plátano. Asignó un generoso presupuesto para ayudas a los productores de plátanos de las regiones ultraperiféricas, que el 1 de enero de 2007 transfirió a los programas POSEI.

Esta reforma introdujo una gran flexibilidad en la gestión de las ayudas a la producción de plátanos. Los Estados miembros han asumido la responsabilidad de las mismas en el marco de los programas POSEI. La reforma permite a los Estados miembros definir un importe anual fijo de ayuda, en lugar de la antigua ayuda compensatoria. De esta forma, los productores tienen ahora certeza de los importes que van a recibir.

Desde la reforma, la UE ha comprometido 280 millones de euros anuales para apoyar a los productores de plátanos de Canarias, las Antillas Francesas y Madeira y, en menor medida, de las Azores. Esto supone un incremento del 47 % con respecto a los presupuestos anuales previos, que en promedio ascendieron a 190 millones de euros entre 2002 y 2006.

La reforma del plátano tuvo en cuenta las posibles consecuencias para los productores europeos de:

- los Acuerdos de Asociación Económica celebrados entre algunos países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y la UE, que todavía están pendientes de aplicación dado que entraron en vigor en 2008, y que conllevan el acceso a la UE de los plátanos ACP sin aranceles y sin limitación de cantidad mediante un sistema denominado «duty free/quota free»;

- la reducción de los aranceles que gravan a los plátanos de terceros países (América Latina y los países andinos), que se llevó a cabo mediante el Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio del Plátano, de 15 de diciembre de 2009. Aunque se trata de un resultado temprano de la Ronda de Doha, esta reducción de aranceles es definitiva: no se producirán nuevos recortes.

Por lo tanto, la reforma del plátano tuvo en cuenta las probables repercusiones de estos acuerdos internacionales para los productores europeos y se llevó a cabo incluyendo un incremento presupuestario para los productores de plátanos de las regiones ultraperiféricas citadas.

Por lo tanto, la Comisión considera que el apoyo que reciben actualmente los productores de plátanos de las regiones ultraperiféricas es suficiente para protegerles del aumento de la competencia de terceros países que exportan plátanos a la UE y que se beneficiarán el recorte progresivo de los aranceles que gravan la importación de plátanos en los próximos siete a nueve años.

Del 26 al 31 de enero de 2010 se celebra en Davos la reunión anual del Foro Económico Mundial. Numerosos gestores de entidades bancarias han anunciado ya que ejercerán presión en contra de los nuevos planes del Gobierno estadounidense para la regulación del sector bancario.

¿Qué actitud mantendrán al respecto los representantes de la Comisión en el Foro Económico Mundial?

¿Cuántos representantes prevé enviar la Comisión a esta cumbre económica, a qué departamentos pertenecen y en qué actos participarán?

¿A cuánto ascienden los gastos de la Comisión para participar en el Foro Económico Mundial?

(EN) (1) La Comisión comparte los objetivos subyacentes de las ideas propuestas por el Presidente Obama, es decir, abordar los riesgos generados por entidades financieras importantes desde el punto de vista sistémico. Para abordar este problema, la Comisión está estudiando un paquete de medidas relativas a la interconexión entre entidades y la mejora del marco de gestión de crisis, incluida la introducción de herramientas de intervención temprana y resolución para los supervisores, así como la creación de mercados de derivados más sólidos. Se parte así de medidas aprobadas y en proceso de debate para mejorar la calidad de los requisitos de capital de los bancos en particular, en lo relativo a las operaciones de la cartera de negociación y a los productos de titulización de mayor riesgo. El nuevo sistema de supervisión que ha propuesto la Comisión y que está negociándose en el Parlamento establece normas para identificar riesgos macroeconómicos y garantizar que esto se traduzca en una supervisión cotidiana eficaz y cohesionada de los bancos que operan en Europa.

En estos momentos, la Comisión espera nuevos detalles de las propuestas del Presidente Obama. Se prevé que en la próxima reunión del ECOFIN se aborde la cuestión de las entidades financieras importantes para el sistema. La Comisión debatirá también las propuestas realizadas por el Presidente Obama con otros socios internacionales en el G-20, el Consejo de Estabilidad Financiera y el Comité de Basilea. La Comisión mantiene su compromiso de poner en práctica un proceso de reforma que incluya a los socios internacionales y dé lugar a un resultado coherente en unos mercados financieros que son globales.

(2) La Comisión estuvo representada en el Foro Económico Mundial por tres Comisarios, un Comisario designado y ocho funcionarios de los distintos servicios afectados. El coste total de estas misiones ascendió a 20 590,22 euros.

¿Tiene la Comisión previsto reaccionar de algún modo ante la vulneración de los derechos de la minoría polaca en Belarús, habida cuenta del intento de este país de imponer nuevos dirigentes a la asociación de ciudadanos polacos residentes en Belarús y de incautarse del patrimonio de dicha organización?

(EN) Gracias por su pregunta oral sobre la violación de los derechos de la minoría polaca en Belarús

A la Comisión Europea le preocupan las continuas restricciones de la libertad de asociación en Belarús en general y en relación con la organización democrática de la Unión de Polacos en Belarús en particular.

La calidad de la democracia de un país se mide, entre otras cosas, por la forma en que sus autoridades tratan a las minorías.

Las acciones de las autoridades de Belarús para tratar de imponer nuevos dirigentes a la Unión de Polacos y la incautación de su patrimonio son contrarias a la Declaración de la Cumbre de la Asociación Oriental, que Belarús firmó el 7 de mayo de 2009 en Praga.

Pedimos a Belarús que se abstenga de llevar a cabo esas acciones. También recordamos nuestra oferta a Belarús de tomar medidas para mejorar nuestras relaciones contractuales siempre que se registren avances en cinco ámbitos prioritarios:

Garantizar que no hay casos de encarcelamiento por motivos políticos

Reformar la legislación electoral en consonancia con las recomendaciones de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)

Liberalizar el entorno de los medios de comunicación, garantizar la libertad de reunión y asociación

Mejorar las condiciones laborales y el marco legal y reglamentario de las ONG y los activistas por los derechos humanos

Declarar una moratoria y abolir la pena de muerte.