Acta literal de los debates

Martes 9 de marzo de 2010 - Estrasburgo

7. Explicaciones de voto

Explicaciones de voto orales

Informe: Anna Hedh (A7-0024/2010)

  Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Con el paso de los años, el ámbito de la política de protección de los consumidores de la Unión Europea se ha desarrollado en gran medida para reflejar los cambios en las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Ante todo, debido al rápido desarrollo del comercio electrónico, la dimensión transfronteriza de los mercados de consumo de la Unión Europea ha crecido de forma significativa, lo que hace aún más importante contar con la protección del consumidor y, en concreto, con un nivel elevado de protección de los consumidores.

En mi opinión, una supervisión más exhaustiva del mercado y los mecanismos de ejecución, así como su aplicación efectiva e integral, son esenciales para aumentar la confianza de los consumidores. Por lo tanto, he apoyado la adopción del informe y también sus propuestas de cambio.

  Zigmantas Balčytis (S&D). – Señora Presidenta, he apoyado este informe. Una política eficaz de aplicación de la legislación en materia de consumidores es esencial para el funcionamiento del mercado único.

Necesitamos contar con un mercado interior real y que funcione bien y que, a su vez, disponga de un alto nivel de protección de los consumidores, que, lamentablemente, no es el caso hoy en día. Contamos con la legislación pertinente, pero no se aplica correctamente en los Estados miembros. Lo más importante es que nuestros consumidores no se sienten seguros porque no conocen las normas y, en muchos casos, los mecanismos de compensación no funcionan como deberían.

La Comisión debería aumentar sus esfuerzos, asegurando que los Estados miembros apliquen las directivas correctamente y que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y, sobre todo, que sean capaces de ejercer esos derechos en la práctica.

Informe: Cristian Silviu Buşoi (A7-0027/2010)

  Viktor Uspaskich (ALDE). – (LT) Ponente, Señorías, estoy totalmente de acuerdo con esta iniciativa. En particular, estoy a favor del fortalecimiento de la red SOLVIT y la ampliación de sus actividades. No se deben escatimar gastos en tener información sobre las actividades de esta estructura europea y las oportunidades de difusión en los medios nacionales, en Internet o en programas de televisión. Sin embargo, puedo decirles que hay un doble rasero; la legislación no se aplica de manera uniforme e incluso existen sanciones diferentes para las mismas actividades. Gracias, eso es exactamente lo que quería destacar.

  Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, he votado a favor del informe Buşoi porque creo que el servicio prestado por la red SOLVIT es de importancia capital en términos de una relación clara y transparente entre las instituciones, los ciudadanos y las empresas, que es uno de los pilares de la Unión Europea.

SOLVIT ha demostrado ser una herramienta importante para resolver los problemas de los ciudadanos y las empresas que quieren aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece el mercado interior. Muchos países de la Unión Europea aún se enfrentan a obstáculos en su legislación nacional, y es necesario eliminarlos. Por ello, considero que debemos apoyar la asignación de más fondos, la contratación de personal especializado adicional y la mejora de la visibilidad de este servicio, incluso a nivel de las autoridades locales, donde estos factores podrían ser más útiles.

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Como ponente alternativo, quisiera dar las gracias a todos los diputados por el hecho de que nuestro informe sobre la red SOLVIT haya sido aprobado por el Parlamento con una mayoría tan absoluta. De esta forma, se transmite un mensaje claro al Consejo y a la Comisión para que se tomen en serio nuestras recomendaciones, que deben garantizar una mejor explotación de este instrumento útil para los ciudadanos y empresarios. Todo lo que se requiere es que los empresarios y los ciudadanos en realidad conozcan este instrumento. Me gustaría creer que, el próximo año, la Comisión va a presentar al Parlamento un informe anual de pleno derecho, donde el público podrá conocer las quejas sobre la negación de los derechos que se supone que garantiza la legislación europea.

Informe: Bairbre de Brún (A7-0082/2009)

  Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Señora Presidenta, me gustaría justificar la forma en que he votado el informe Brún. Muchas gracias por haber elaborado este documento. Contar con requisitos para el transporte de animales significa que no sólo estamos protegiendo a los animales sino que, sobre todo, estamos velando por la salud y la seguridad de las personas. Me gustaría expresar mi apoyo a las medidas destinadas a prolongar el régimen de transición y, en consecuencia, para poner fin al problema de la rabia en la Unión Europea. Por supuesto, debemos tener cuidado y ser razonables con respecto a la cuestión de la libre circulación de animales domésticos en la Unión y, además, también deben tenerse en cuenta las opiniones de los expertos de los centros de investigación.

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) He votado a favor de una prórroga del período transitorio durante el cual algunos Estados pueden aplicar exenciones, ya que estos Estados se han comprometido a no solicitar en el futuro una nueva prórroga de las exenciones en relación con las condiciones veterinarias. Comprendo las preocupaciones de Irlanda, Malta, Suecia y el Reino Unido, ya que tienen unos requisitos más estrictos en materia de documentación para los animales domésticos que viajan con sus propietarios a sus países de origen. Los principales riesgos son la rabia, la equinococosis y las enfermedades transmitidas por garrapatas. Hay que decir, por supuesto, que la incoherencia de permitir que algunos Estados cuenten con un período de transición es algo que tenemos que eliminar en el futuro y, para ello, es esencial que actuemos de forma conjunta y que dispongamos de una legislación armonizada.

  Peter Jahr (PPE). – (DE) Señora Presidenta, por una parte, puedo entender que los Estados miembros tengan interés en insistir en una prórroga de los acuerdos especiales en relación con la importación de animales domésticos. Por otro lado, sin embargo, siempre debemos prestar atención para garantizar que el gasto sea proporcional a los beneficios. En este caso, no hemos logrado hacerlo de manera satisfactoria. Por eso me he abstenido de votar. Lo que necesitamos es sobre todo, por una parte, la protección exterior adecuada y eficaz con respecto a las importaciones en la Unión Europea, y también, por el contrario, aumentar la armonización en la Unión Europea, ya que también beneficia a los consumidores que, hasta cierto punto, pueden experimentar bastantes pérdidas si se aplican diferentes condiciones en términos de importación entre el país A y el B.

  Nicole Sinclaire (NI). – Señora Presidenta, he votado en contra de la propuesta, sobre todo, porque vengo del Reino Unido y creo que allí contamos con buenas leyes en vigor para hacer frente a esto ya, pues no queremos que la amenaza de la rabia azote a nuestra isla.

También estoy bastante sorprendida por el hecho de que en esta propuesta sólo se haga referencia a los perros, gatos y hurones, y yo también haría la observación de que un tal Screaming Lord Sutch propuso esto hace 25 años y hoy debe estar muy contento al mirar hacia abajo.

Pero entonces, muchos de mis electores de la región de West Midlands del Reino Unido van a pensar que muchas de las políticas provenientes de esta Cámara son políticas propias del partido Monster Raving Loony, es decir, políticas insensatas.

  Daniel Hannan (ECR). – Señora Presidenta, es un placer verle de nuevo en su escaño.

De forma ocasional, la Comisión nos transmite el mensaje de que la UE está haciendo lo suficiente. La cuestión es que debería hacer menos y mejor, es decir, concentrarse en las cosas que realmente importan.

Y luego tenemos todos estos movimientos sobre cosas como qué animales domésticos podemos llevar a un determinado lugar. Creo que esta es una cuestión de proporcionalidad, ¿no? Los países tienen diferentes condiciones nacionales. Nuestro país es una isla sin fronteras terrestres y somos perfectamente capaces de llegar a acuerdos sensatos y proporcionales con los demás, tanto de carácter bilateral como multilateral.

¿Realmente creemos que sería mejor crear una nueva burocracia administrativa en manos de los mismos genios de la política agrícola común, la política pesquera común, los presupuestos no auditados y todos los demás instrumentos del Derecho adquirido de la UE? Seguramente esto es algo que se podría dejar bajo la responsabilidad los Estados miembros.

Informe: Carlos Coelho (A7-0015/2010)

  Siiri Oviir (ALDE). – (ET) El objetivo del espacio Schengen es la libertad de movimiento. No es lógico que muchos titulares de los visados de larga duración tengan mucha menos libertad de movimiento en el espacio Schengen que los que tienen visados de corta duración. El Código Comunitario sobre visados debería entrar en vigor dentro de un mes, aunque, según revela el análisis de las medidas adoptadas por los Estados miembros sobre visados para estancias de larga duración y la concesión de permisos de residencia, se están aplicando diferentes versiones y aplicaciones, dando lugar así a que se violen los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Con la ayuda de las propuestas de la Comisión, se evitarían los problemas prácticos y retrasos en la concesión de permisos de residencia, que —como ya he mencionado— son hechos que, hasta ahora, se han observado en muchos Estados miembros. Este es un asunto muy urgente: el Código de visados debe entrar en vigor muy pronto y, por ello, he respaldado las propuestas contempladas en el informe.

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) He apoyado este reglamento, que facilitará el movimiento de las personas con visados para estancias de larga duración en el espacio Schengen. Es lógico que los estudiantes, investigadores y empresarios de terceros países deban tener el derecho a circular por toda la Unión si han adquirido un visado en cualquier Estado miembro.

Sin embargo, me gustaría hacer un nuevo llamamiento a otros países para que muestren su solidaridad con la República Checa, que lucha en vano contra la introducción de requisitos relacionados con los visados por parte de Canadá. Esto equivale a una diferencia sin precedentes entre los ciudadanos de la Unión Europea. Canadá está considerando la introducción de visados para otros países, por ejemplo, Hungría, y no podemos darnos por vencidos. La culpa de esta situación la tienen las condiciones sumamente generosas y tentadoras con las que se encuentran los solicitantes de asilo. Estos literalmente provocan abusos del sistema. Canadá ha prometido enmendarlas, pero no está haciendo nada. Me gustaría pedir disculpas por volver a aprovechar la ocasión para llamar la atención sobre esta cuestión.

  Kinga Gál (PPE). – (HU) Como hemos escuchado durante el debate, la propuesta es facilitar los viajes dentro de la Unión Europea para nacionales de terceros países titulares de un visado para estancias de larga duración tipo D expedido por un Estado miembro. Se trata de ofrecer una solución a situaciones en las que, por una razón u otra, algunos Estados miembros no puedan o no quieran expedir un permiso de residencia para nacionales de terceros países de forma oportuna, o en casos en que no apliquen correctamente el marco previsto por la normativa de Schengen. La delegación húngara Fidesz se ha abstenido en la votación final de esta ley porque, hasta ahora, Hungría ha sido capaz de transponer la legislación correctamente, no se han experimentado problemas, y utilizando las posibilidades que ofrece Schengen, hemos llevado esto a cabo de forma más eficiente. Al mismo tiempo, nos gustaría destacar que, a las minorías húngaras que viven como nacionales de terceros países en la vecindad de la Unión Europea, les interesa residir legalmente en los territorios de la Unión Europea sin que haya excesos de burocracia. Esto requiere leyes tanto a nivel comunitario como a nivel de los Estados miembros, que no se anulan entre sí, sino que refuerzan nuestros objetivos.

Informe: Sophia in ’t Veld (A7-0025/2010)

  Marian Harkin (ALDE). – Señora Presidenta, este informe recoge un montón de aspectos positivos, pero yo simplemente no puedo apoyar el apartado 35, que aboga por la introducción de una base imponible consolidada común para el impuesto de sociedades (BICCIS).

Una de las cosas que nos transmite sobre la BICCIS es que va a ser más eficaz y que va a simplificar las cosas. Pero, dado que, en su estado actual, las empresas tienen la opción de elegir, acabaríamos con 28 bases imponibles en lugar de las 27 actuales, y eso difícilmente significa simplificar.

Además, como se propone actualmente, la BICCIS significaría la redistribución de los beneficios europeos por toda la UE, por lo que un país como el mío, Irlanda, que exporta mucho de lo que produce, se vería penalizado porque los beneficios, por supuesto, se encontrarían en el punto de venta. Parece un poco extraño, ya que, en el núcleo de la UE, se encuentra la libre circulación de mercancías; por lo tanto, si utilizamos la BICCIS, acabaríamos por penalizar a los países exportadores.

Por último, también creo que su introducción perjudicaría la capacidad de Europa para atraer la inversión extranjera directa, ya que las normas, como tal, no serían aplicables al Estado miembro en el que se encuentra, sino que se haría por alguna referencia a una fórmula complicada que sólo se pudiera calcular de forma retrospectiva, por lo que creo que, sin duda, sería perjudicial para nuestra capacidad de atraer inversión extranjera directa.

Informe: Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein (A7-0084/2009)

  Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Señora Presidenta, en primer lugar, quisiera dar las gracias a mi colega por la elaboración de este informe, un documento que es significativo para el crecimiento económico. Apoyo plenamente las observaciones de la autora y los comentarios acerca de la introducción y aplicación del Derecho comunitario en los Estados miembros. Un único mercado interior que funcione con eficacia es un elemento indispensable de una economía estable, algo que es muy necesario en tiempos de crisis. El uso eficaz del potencial de este mercado depende de la cooperación eficaz entre las instituciones a nivel nacional y europeo. La reducción de la carga administrativa, la comunicación eficiente entre las oficinas pertinentes, la simplificación de los procedimientos y la armonización de la legislación darán lugar a la transposición rápida y efectiva de las directivas en los Estados miembros. Además, la publicación de los datos actuales e informar a los ciudadanos y empresarios de forma efectiva sobre sus derechos y la situación en el mercado son dos elementos que ayudarán a mejorar la función del mercado y que mejorarán la transparencia de sus principios, garantizando así igualdad de condiciones para la competencia.

  Viktor Uspaskich (ALDE). – (LT) Señora Presidenta, señora ponente, Señorías, estoy de acuerdo con la iniciativa y confío en que puede ayudar a las personas y empresas a nivel nacional. Sin embargo, sin un seguimiento claro y regulado de forma estricta de la situación del sistema jurídico y el mercado interior, dudo que sea posible guardar de forma eficaz estos agentes de mercado, independientemente de su tamaño y de los servicios utilizados. Se deben aplicar sanciones estrictas si, tras un análisis, se detectan violaciones evidentes. Es absolutamente necesario considerar las prácticas a la hora de investigar reclamaciones a escala internacional y para establecer criterios. Lamentablemente, las tristes estadísticas de mi Estado revelan que, en ocho de cada diez casos internacionales cuya investigación está en curso actualmente, se comprueba que los tribunales o las instituciones estatales han actuado de forma inadecuada. Por lo tanto, creo que, sin la regulación clara de las sanciones, será imposible lograr el resultado deseado. Me gustaría dirigir la atención a esta cuestión.

  Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Con el fin de crear un entorno económico estable e innovador, es absolutamente necesario contar con un mercado interior que funcione correctamente. El mercado interior no podrá funcionar correctamente, sin embargo, a menos que todos los Estados miembros adopten las disposiciones de la Unión que afectan a su funcionamiento. A su vez, su adopción sólo puede tener éxito si los parlamentos de los Estados miembros se implican en el proceso de adopción de la legislación. Su adopción es también esencial desde el punto de vista del control parlamentario. Teniendo en cuenta que el informe también refleja estas opiniones, he apoyado la adopción del mismo sin ninguna reserva.

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) El Parlamento, como se esperaba, ha aprobado los tres informes sobre el funcionamiento del mercado interior. En el caso del informe de la condesa Von Thun Und Hohenstein, sin embargo, los socialistas y los verdes han hecho una excepción a la propuesta para la realización de controles periódicos sobre el funcionamiento del mercado interior. Sostienen que podría perjudicar a las normas acordadas en términos sociales y medioambientales. Todos sabemos, sin embargo, que estas normas tienen un precio, y también sabemos que hacen posible una mayor calidad de vida en la Unión Europea. La izquierda no ha explicado en el debate de hoy por qué tienen tanto miedo a la cuantificación de este valor. He votado a favor de todos.

Explicaciones de voto por escrito

Informe: Jean-Luc Dehaene (A7-0022/2010)

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) La propuesta de la Comisión se refiere a la asignación de los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) para el establecimiento de la renta nacional bruta (RNB) que los Estados miembros han utilizado a los efectos del presupuesto de la Unión Europea y sus propios recursos.

Los SIFMI constituyen una parte del producto de las entidades financieras que no proviene de la venta directa de servicios a un precio fijo, sino más bien mediante el cobro de un tipo de interés sobre los préstamos que es más alto que el que se aplica a los depósitos.

La Comisión propone que se proceda a la asignación de los SIFMI para el establecimiento de la RNB, y considera que deberá aplicarse con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2005, fecha de la entrada en vigor del Reglamento (CE) n° 1889/2002. Sin embargo, la propuesta de aplicación retroactiva a partir del 1 de enero 2005 plantea problemas para el alcance exacto de esta retroactividad.

Por lo tanto, estamos de acuerdo con la posición del ponente, abogando que la asignación de los SIFMI para el establecimiento de la RNB no debería ponerse en marcha hasta el 1 de enero de 2010. Esto asegura que la asignación de los SIFMI se realice correctamente a partir de 2010, dando lugar a un cálculo más preciso de la RNB.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La asignación de los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) para el establecimiento de la renta nacional bruta (RNB) que los Estados miembros han utilizado a los efectos del presupuesto de la Unión Europea y sus propios recursos ya es agua pasada y debería haberse aplicado en 2005. Sin embargo, la necesidad de probar este método a fin de evaluar su precisión y valorar si realmente está ofreciendo resultados fiables para la evaluación correcta de la actividad económica en cuestión ha retrasado su aplicación. Estoy de acuerdo en que la aplicación de este método no debe tener ningún efecto retroactivo, a fin de evitar conflictos entre los Estados miembros y posibles acciones legales.

Informe: Reimer Böge (A7-0020/2010)

  Alfredo Antoniozzi (PPE), por escrito. – (IT) La utilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización como un instrumento útil para hacer frente a las consecuencias de la crisis económica y financiera es una iniciativa muy valiosa que supone una respuesta práctica en términos de ayuda financiera. Es importante señalar que la movilización de este fondo debe ser un incentivo para reorientar a los trabajadores despedidos.

Espero que también se aborden las solicitudes de otros países, como Italia, que se ven obligados a pedir la intervención de este fondo especial para apoyar a los empleados de aquellas empresas que están pagando el precio de la crisis y que se ven obligadas a hacer recortes. A este respecto, sin embargo, quisiera pedir a la Comisión que sea más flexible a la hora de evaluar los criterios de admisibilidad para el fondo, que también debe activarse en caso de problemas estructurales en las zonas industriales locales de pequeñas y medianas empresas.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para proporcionar ayuda adicional a los trabajadores afectados por las consecuencias de los cambios importantes en la estructura del comercio internacional. El mandato del FEAG se aumentó para los beneficiarios potenciales nominados a partir del 1 de mayo de 2009, de modo que ahora incluye, y de forma correcta, ayuda a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de la crisis financiera y económica mundial.

Apoyo la propuesta actual que consiste en movilizar a la suma de 6 199 341 de euros para ayudar a Alemania, como respuesta a la solicitud formulada por Alemania el 13 de agosto de 2009, con la intención de prestar asistencia a los trabajadores despedidos del Grupo Karmann, una empresa de automoción.

En 2008, las tres instituciones confirmaron la importancia de garantizar que habría un procedimiento rápido para aprobar decisiones de movilización del Fondo, con el objetivo de poder ayudar a las personas dentro de un período de tiempo útil. Siete meses fueron necesarios para adoptar esta decisión. Espero que el procedimiento para activar el Fondo de Solidaridad se lleve a cabo con mayor rapidez, con el fin de poder hacer frente a situaciones calamitosas que requieren una respuesta inmediata, como es el caso reciente y trágico de Madeira.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) El grupo alemán Karmann, que una vez fue una empresa próspera y competitiva, ha estado luchando contra la crisis en el sector del automóvil y se ha declarado en bancarrota, después de haber sido objeto recientemente de una compra parcial por parte de Volkswagen. La movilización de 6 199 341 euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se necesita para apoyar y ayudar a los 1 793 trabajadores despedidos de ese grupo.

Según la Comisión, los criterios de elegibilidad para la movilización de este fondo se han cumplido, lo que significa que la Unión Europea tiene razones totalmente justificadas para ofrecer asistencia con rapidez a los trabajadores que están experimentando dificultades.

Espero que este período difícil en la vida de los trabajadores despedidos les permita mejorar sus habilidades y competencias, y que estas mejoras les permitan reintegrarse en el mercado laboral rápidamente.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para proporcionar ayuda adicional a los trabajadores despedidos como consecuencia de cambios significativos en la estructura del comercio internacional. De esta manera, se buscan soluciones para su reinserción en el mercado laboral.

El acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006 permite la movilización del FEAG en el límite máximo anual de 500 millones de euros. La presente propuesta se refiere a la movilización de un importe total de 6 199 341 de euros del FEAG para ayudar a Alemania, con la intención de prestar asistencia a los trabajadores despedidos del Grupo Karmann, una empresa de automoción.

Según el artículo 6 del Reglamento del FEAG, debemos asegurarnos de que este fondo apoya la reinserción individual de los trabajadores despedidos en nuevas empresas. El FEAG no es un remplazo para las acciones que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o los convenios colectivos, ni tampoco sirve para financiar la restructuración de empresas o sectores.

Hay que destacar una vez más que, en el marco de intervención del FEAG, la Comisión no debe transferir sistemáticamente las subvenciones para los pagos con cargo al Fondo Social Europeo, pues el FEAG fue creado como un instrumento independiente, con sus propios objetivos y prerrogativas.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Las solicitudes de intervención de este fondo han tenido éxito. Esta instancia implicaba responder a una solicitud de asistencia por parte de Alemania como consecuencia de despidos en la industria del automóvil, en concreto, en el Grupo Karmann.

Antes de decir cualquier otra cosa, es importante señalar que este fondo sólo puede aliviar parcialmente algunas de las consecuencias de la grave crisis económica y financiera, habida cuenta de las restricciones presupuestarias impuestas (que se limitan a 500 millones de euros al año) y de los estrictos criterios de elegibilidad con los que opera. Ya ha pasado algún tiempo desde que el número de trabajadores despedidos como consecuencia de las llamadas «reestructuraciones» superó con creces las estimaciones iniciales de la Comisión sobre el número de trabajadores que solicitarían beneficiarse del fondo.

Lo que se necesita es una clara ruptura con las políticas neoliberales que están provocando un desastre económico y social en los países de la Unión Europea ante nuestros ojos. Obviamente, la respuesta a este desastre también debe ser más que simplemente paliativa. Tampoco podemos dejar de señalar la injusticia de un reglamento que beneficie a los países con mayores ingresos en mayor medida, especialmente aquellos con mayores niveles de salarios y de apoyo por desempleo.

Hacemos hincapié en la necesidad urgente de un plan real para apoyar la producción y creación de empleo con derechos en los países de la Unión Europea.

  Peter Jahr (PPE), por escrito. – (DE) Me complace mucho que el Parlamento Europeo haya decidido hoy conceder 6,2 millones de euros en ayudas a los trabajadores despedidos del proveedor automotriz Karmann. La Unión Europea está contribuyendo de este modo con el 65 % de un total de 9 millones de euros disponibles. Estos fondos se van a usar para ofrecer a unas 1 800 personas medidas para formación y reciclaje a fin de que puedan volver a encontrar trabajo tan pronto como sea posible. Se trata de una aportación tangible de la Unión Europea para ayudar a las personas durante la crisis. De esta manera, la UE está mostrando muy claramente que está dispuesta y es capaz de prestar apoyo a las personas, incluso en situaciones de crisis. Lo importante ahora es que el dinero se ponga a disposición sin problemas y de inmediato para permitir que estas personas puedan regresar al mercado laboral rápidamente. Sin embargo, además de la ayuda individual para los trabajadores afectados, la Unión Europea también tiene que tomar medidas adicionales para hacer frente a los efectos de la crisis financiera. La globalización en el sentido de la división del trabajo a nivel internacional (puesta en común de la prosperidad) es conveniente e importante. Sin embargo, la Comisión, el Parlamento Europeo y los Estados miembros deben trabajar más para promover condiciones de competencia leal en sus relaciones económicas internacionales a fin de evitar desventajas para determinados países o sectores.

  Alan Kelly (S&D), por escrito. – Esta propuesta en nombre de la movilización del FEAG para los trabajadores alemanes —así como la propuesta del sector de la refrigeración de Lituania—iba a estar entre los primeros beneficiarios del fondo en 2010. Ambos son dignos de solicitar ayuda. Acojo con satisfacción el compromiso de la nueva Comisión para continuar con este fondo que echa una mano a las personas en lugar de desanimarlas después de un despido. Mi propia circunscripción se ha beneficiado de este fondo y espero que siga haciéndolo en el futuro. La recesión mundial ha reducido drásticamente la demanda de artículos de lujo y, aunque esto hace que los problemas actuales de la industria del automóvil sean comprensibles, no los hace menos tristes. La situación en Alemania es particularmente difícil debido a la enorme cantidad de despidos; 2 476 despidos se concentran en la misma zona, alrededor de la misma industria. Espero que los 6 199 millones de euros ayuden a producir de manera satisfactoria para superar la crisis para los trabajadores, sus familias y la zona.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La UE es un espacio de solidaridad, y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) forma parte de dicho espacio.

Este apoyo es esencial para ayudar a los desempleados y víctimas de las deslocalizaciones que se producen en un contexto globalizado. Un número creciente de empresas se están trasladando, aprovechando la reducción de los costes laborales en diversos países, sobre todo, en China y la India, a menudo en detrimento de los países en que se respetan los derechos de los trabajadores.

El FEAG tiene por objeto ayudar a los trabajadores que son víctimas de la deslocalización de empresas, y es fundamental para ayudarles a tener acceso a un nuevo empleo en el futuro. Otros países de la UE ya han utilizado en el pasado el FEAG, en concreto, Portugal y España, así que ahora debemos conceder esta ayuda a Alemania.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) He votado a favor del informe sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. En este caso, Alemania ha solicitado ayuda en relación con los despidos en la industria automotriz —específicamente en el Grupo de Karmann—. A este respecto, es importante mencionar que el dinero del fondo se utiliza para la reintegración en el mercado laboral de cada uno de los trabajadores que han sido despedidos y no para compensar las medidas de reestructuración necesarias para las empresas o sectores. Por solidaridad con nuestro país vecino y con los trabajadores, el dinero que es, por desgracia, exigido por la constante globalización y la crisis económica y financiera causada por los especuladores en ambos lados del Atlántico, debería, en mi opinión, habilitarse inmediatamente.

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo sobre la movilización del FEAG para apoyar a las 2 476 personas despedidas en la industria del automóvil de Alemania. Las autoridades alemanas utilizarán el período de desempleo para mejorar los niveles de competencia en términos generales, no sólo en lo que respecta a la formación profesional y la educación superior, sino también para que migrantes y trabajadores poco calificados puedan alcanzar las competencias básicas para ayudarles a reintegrarse en la el mercado laboral.

A nivel europeo, en Suecia nos estamos enfrentando a situaciones similares en la industria de fabricación del automóvil, donde 2 258 trabajadores han sido despedidos; en Austria, se han realizado 774 despidos en empresas de fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques; y en Bélgica, la industria ha realizado más de 2 500 despidos. En toda Europa, más de 8 000 puestos de trabajo se perderán debido a la reestructuración de la industria de fabricación de automóviles.

La ayuda financiera ofrecida a los trabajadores despedidos debería estar disponible de la forma más rápida y eficaz posible. Sin embargo, esta es una medida a corto plazo que no resolverá el problema de la desaparición de puestos de trabajo. La UE necesita una política industrial fuerte en la industria de fabricación de automóviles con el fin de mantener los puestos de trabajo existentes e incluso para crear otros nuevos.

Informe: Reimer Böge (A7-0021/2010)

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) Hoy en día, hemos votado sobre tres solicitudes de ayuda del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. He apoyado las tres solicitudes, ya que creo que la asistencia prestada por este fondo es especialmente necesaria para nuestro pueblo en este momento. En mayo de 2009, la Comisión Europea permitió la desviación de las disposiciones del Reglamento en circunstancias excepcionales y, teniendo en cuenta la situación que ha surgido durante la crisis económica y financiera, permitió dirigir la asistencia a los desempleados.

Lamento mucho que algunos Estados miembros donde el desempleo es muy elevado, y el nivel de pobreza es muy alto, no pudieran solicitar ayuda a tiempo y beneficiarse de las oportunidades que ofrece este fondo y para ofrecer asistencia a los desempleados. Creo que la Comisión Europea también debe explicar si la asistencia prestada con cargo a este fondo se utiliza con eficacia y si esta ayuda aporta un valor añadido real a las personas a quienes va destinado.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe porque la ayuda financiera del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización ayudará a los trabajadores despedidos a volver a integrarse en el mercado laboral. Durante la crisis financiera y económica, el nivel de desempleo aumentó considerablemente en Lituania en 12 meses, por lo que es necesario adaptarse a los efectos de la crisis y garantizar al menos asistencia financiera temporal a fin de proporcionar puestos de trabajo para los trabajadores despedidos de la empresa Snaigė. En este caso, no estamos hablando de unos pocos trabajadores despedidos por la empresa, sino de un gran número de personas, alrededor de 651 trabajadores, con una edad comprendida entre los 25 y 54 años. Me alegro de que la votación prevista sobre la asignación de ayuda financiera temporal haya tenido lugar hoy, ya que, esta delicada cuestión relativa a la empresa lituana y sus trabajadores despedidos se retrasó y algunos de los trabajadores de la empresa en cuestión perdieron sus puestos de trabajo ya en noviembre de 2008. Espero que los fondos aprobados por la votación de hoy se asignen con determinación y eficacia.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Una de las características del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización es que se trata de promover el espíritu empresarial. Esta promoción debe ser entendida por las instituciones europeas y los gobiernos nacionales como un elemento crucial para superar los desafíos a los que se enfrenta el sector productivo europeo.

Reconozco que la acción pública debería tener lugar no sólo a través de esta forma de promoción, sino también, y fundamentalmente, mediante la eliminación de obstáculos artificiales y burocráticos a la actividad empresarial. Todavía queda mucho por hacer a este respecto.

Es cierto que deben existir medidas que busquen poner a prueba, reasignar y reciclar a los que han quedado desempleados como consecuencia de la globalización, por ejemplo, los trabajadores del sector de la refrigeración de Lituania, en particular, en la empresa AB Snaigė y dos de sus proveedores. Sin embargo, no es menos acertado que deban existir medidas que, mediante la preservación de la justicia y la sana competencia, traten de fortalecer a las empresas y sus trabajadores en el contexto de una economía que cada vez es más abierta y competitiva.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La UE es un espacio de solidaridad, y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) forma parte de dicho espacio.

Este apoyo es esencial para ayudar a los desempleados y víctimas de las deslocalizaciones que se producen en un contexto globalizado. Un número creciente de empresas se están trasladando, aprovechando la reducción de los costes laborales en diversos países, sobre todo, en China y la India, a menudo en detrimento de los países en que se respetan los derechos de los trabajadores.

El FEAG tiene por objeto ayudar a los trabajadores que son víctimas de la deslocalización de empresas, y es fundamental para ayudarles a tener acceso a un nuevo empleo en el futuro. Otros países de la UE ya han utilizado en el pasado el FEAG, en concreto, Portugal y España, así que ahora debemos conceder esta ayuda a Lituania.

  Vilja Savisaar (ALDE), por escrito. – (ET) La resolución de hoy de que la Unión Europea apoya el uso del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización con tres informes, de los que dos se refieren a Lituania y uno a Alemania, es positiva en todos los sentidos, y demuestra concretamente que la Unión Europea puede aliviar directamente la situación de personas que han sido despedidas, y que puede ayudar con su nueva formación. En Estonia, más de 30 000 personas en el sector de la construcción han perdido sus empleos en los últimos dieciocho meses, y por lo tanto, solicito al Gobierno de Estonia y al Ministerio de Asuntos Sociales que pidan ayuda audazmente con cargo a los fondos de la Unión Europea, que se habían previsto para este tipo de situaciones. Vale la pena señalar que, aunque hoy, Alemania y Lituania reciban apoyo, según datos de Eurostat, el desempleo es mayor en España, Letonia y Estonia, que también podrían pensar en cómo la Unión Europea podría prestarles ayuda directa.

  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. – (LT) Señor Reimer, Señorías, acojo con beneplácito esta iniciativa de apoyo a los trabajadores de empresas que han sufrido el proceso de globalización. La apoyo de todo corazón y me complace que, en este caso, las personas en Lituania reciban ayuda. En general, creo que el total de este fondo se debería aumentar en varias ocasiones, mediante la reducción de las asignaciones en otras partes. Estoy convencido de que ese fondo también englobará a los propietarios de empresas. A menudo, sufren tanto, que más tarde, son incapaces de ponerse de pie y emprender un nuevo negocio. En muchos casos, los empresarios sufren más que sus trabajadores: asumir riesgos al hacer negocios, crear empleos y pagar impuestos; ellos no sólo ponen sus acciones, sino también sus activos personales. Por lo tanto, sería beneficioso que —considerando cada caso de forma individual— analizáramos la posibilidad de proporcionar asistencia a los propietarios de empresas, que han sufrido de la globalización y la crisis económica mundial.

Informe: Reimer Böge (A7-0019/2010)

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) Me alegro de que hoy hayamos tenido una votación sobre la asignación de fondos del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), con el objetivo de destinar 1 118 893 de euros en términos de asistencia financiera a los trabajadores despedidos de 128 empresas del sector de la construcción en Lituania. El sector de la construcción en Lituania está pasando por momentos difíciles, ya que ha habido un gran descenso en la demanda de la construcción debido a la crisis financiera y económica, y en la recesión, es muy difícil para los ciudadanos lituanos obtener préstamos para construir o comprar una casa. He votado a favor de este informe, ya que esta ayuda financiera de la UE ayudará a las personas que han sido víctimas de la globalización a encontrar trabajo y volver al mercado laboral y los ayudará a escapar de las garras de la recesión. Por lo tanto, en esta situación, debemos mostrar solidaridad con los trabajadores que han sido despedidos, precisamente debido a los cambios en la economía global y a la reducción de puestos de trabajo en determinados sectores por la crisis financiera.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) El hecho de que más y más países europeos hayan buscado la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) deja claro que los efectos de este fenómeno se han sentido por todos lados, lo que justifica en sí mismo el nombre que se le ha dado al fondo.

Si bien la globalización ha demostrado ser beneficiosas en el plano mundial, no obstante, conviene prestar atención a las ocasiones en que, debido a sus efectos, los sectores menos competitivos se ven afectados. Uno de estos casos es el del sector de la construcción de Lituania.

El hecho de que el fondo sea una forma de asistencia rápida, específica y de tiempo limitado requiere que todos aquellos que toman decisiones políticas, los líderes empresariales y los trabajadores desarrollen nuevas formas de restaurar la competividad perdida y de acceder a nuevos mercados. De lo contrario, la asistencia, como la del FEAG, será meramente paliativa y acabará por demostrar que es insuficiente.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para proporcionar ayuda adicional a los trabajadores despedidos como consecuencia de cambios significativos en la estructura del comercio internacional. De esta manera, se buscan soluciones para su reinserción en el mercado laboral.

La Unión Europea debe usar todas las medidas posibles para reaccionar a las consecuencias de la crisis económica y financiera mundial, y en este contexto, el FEAG puede desempeñar una función crucial a la hora de ayudar a la reintegración de los trabajadores despedidos.

El acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006 permite la movilización del FEAG en el límite máximo anual de 500 millones de euros. La presente propuesta se refiere a la movilización de un importe total de 1 118 893 de euros del FEAG para ayudar a Lituania, con la intención de prestar asistencia a los trabajadores despedidos en las 128 empresas dedicadas al sector de la construcción civil.

Hay que destacar una vez más que, en el marco de intervención del FEAG, la Comisión no debe transferir sistemáticamente las subvenciones para los pagos con cargo al Fondo Social Europeo, pues el FEAG fue creado como un instrumento independiente, con sus propios objetivos y prerrogativas.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Las solicitudes de intervención de este fondo han tenido éxito. Esta instancia implicaba responder a una solicitud de asistencia por parte de Lituania como consecuencia de despidos en 128 empresas activas dedicadas al sector de la construcción civil.

Antes de decir cualquier otra cosa, es importante señalar que este fondo sólo puede aliviar parcialmente algunas de las consecuencias de la grave crisis económica y financiera, habida cuenta de las restricciones presupuestarias impuestas (que se limitan a 500 millones de euros al año) y de los estrictos criterios de elegibilidad con los que opera. Ya ha pasado algún tiempo desde que el número de trabajadores despedidos como consecuencia de las llamadas «reestructuraciones» superó con creces las estimaciones iniciales de la Comisión sobre el número de trabajadores que solicitarían beneficiarse del fondo.

Lo que se necesita es una clara ruptura con las políticas neoliberales que están provocando un desastre económico y social en los países de la Unión Europea ante nuestros ojos. Obviamente, la respuesta a este desastre también debe ser más que simplemente paliativa. Tampoco podemos dejar de señalar la injusticia de un reglamento que beneficie a los países con mayores ingresos en mayor medida, especialmente aquellos con mayores niveles de salarios y de apoyo por desempleo.

Hacemos hincapié en la necesidad urgente de un plan real para apoyar la producción y creación de empleo con derechos en los países de la Unión Europea.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La UE es un espacio de solidaridad, y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) forma parte de dicho espacio.

Este apoyo es esencial para ayudar a los desempleados y víctimas de las deslocalizaciones que se producen en un contexto globalizado. En este caso concreto, el objetivo consiste en ayudar a las personas despedidas por más de 120 empresas de la construcción civil obligadas a cerrar sus puestas como consecuencia de la grave crisis que afecta al sector.

El FEAG tiene por objeto ayudar a los trabajadores que son víctimas de la deslocalización de empresas, y es fundamental para ayudarles a tener acceso a un nuevo empleo en el futuro. Otros países de la UE ya han utilizado en el pasado el FEAG, en concreto, Portugal y España, así que ahora debemos conceder esta ayuda a Lituania.

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. – (RO) En septiembre de 2009, Lituania presentó una solicitud de asistencia para utilizar el FEAG en relación con los despidos que se realizaron en 128 empresas en el sector de la construcción civil. He votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo sobre la movilización del FEAG para la construcción en Lituania.

Creo que una economía eco-eficiente y la construcción de edificios energéticamente eficientes pueden contribuir a la recuperación económica de la UE. Se estima que estos sectores puedan crear alrededor de 2 millones de empleos en toda Europa para 2020.

En 2006, había aproximadamente 2,9 millones de empresas que operaban en el sector de la construcción, generando 510 000 millones de euros y ofreciendo empleo a más de 14,1 millones de personas en los 27 Estados miembros. Como resultado de la crisis económica y financiera, durante el primer y segundo trimestre de 2009, el volumen de actividad en el sector de la construcción en Lituania se redujo en 42,81 % y 48,04 % respectivamente, en comparación con la primera parte de 2008. Esto está teniendo un impacto adverso sobre Lituania en un momento en que tiene una de las tasas de desempleo más elevadas de la UE. El sector de la construcción ha sido especialmente afectado, lo que representa la pérdida de casi el 10 % de los empleos en Lituania sólo en 2008.

  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. – (LT) Apoyo incondicionalmente esta iniciativa y voto a favor de la ayuda a los trabajadores de las constructoras, que se han visto afectados por la actual crisis internacional y el proceso de globalización. Estoy seguro de que todos nosotros somos mucho más que culpables de la imposibilidad de detener la burbuja creada por los agentes inmobiliarios y las organizaciones de la construcción. Era obvio que desembocaría en una crisis. La obligación de los políticos es servir a la población y prevenir las desgracias. Por tanto, a la hora de votar en relación a este proyecto, propongo y pido que se aumente la asistencia financiera, ya que un millón de euros solo supone una gota en el océano para las cientos de empresas que se han visto afectadas y que dan empleo a decenas de miles de trabajadores. Hablando con personas que trabajan precisamente en dichas empresas, he oído que la gente ya no cree ni en su propio Estado ni en la Unión Europea. De este modo, incrementando este tipo de asistencia, mejoraríamos la imagen de la propia Unión Europea y reforzaríamos la confianza en los Estados nacionales.

Informes: Reimer Böge (A7-0021/2010), (A7-0019/2010)

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – Apoyo plenamente los dos informes de Reimer Böge que han sido aprobados por el Parlamento sobre la asistencia financiera a los trabajadores despedidos en Lituania del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, y le estoy muy agradecida a los colegas que los han apoyado. Por desgracia, he llegado tarde a esta votación porque cuando venía al hemiciclo no funcionaba el ascensor.

Ambos informes ―sobre la situación del sector de la construcción y la empresa Snaigė― representan los casos más graves de desempleo en Lituania. La asistencia financiera de la UE aliviará los apuros que están pasando los trabajadores lituanos.

El sector de la construcción es uno de los más afectados en Lituania. Ya hay más de cien empresas que han quebrado. Los 1,1 millones de euros llegarán a casi 1 000 trabajadores de este sensible y fuertemente afectado sector.

La situación es muy parecida en el caso de Snaigė ―la ayuda de 258 000 euros del FEAG recaerá en 650 despidos en una ciudad que tiene una de las tasas de desempleo más altas, cercana ya al 20 %―.

Aunque esto podría ser solo la punta del iceberg del problema del desempleo en Lituania, el apoyo financiero ayudará a los que más lo necesitan.

Informes: Reimer Böge (A7-0020/2010), (A7-0021/2010), (A7-0019/2010)

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó en 2006 para proporcionar asistencia adicional a los trabajadores afectados por las consecuencias de los importantes cambios que se estaban produciendo en la estructura del comercio internacional y para ayudar a su reinserción en el mercado laboral.

Desde el 1 de mayo de 2009, el cometido del FEAG se ha ampliado y ahora incluye la asistencia a los trabajadores que han sido despedidos como consecuencia directa de la crisis económica y financiera. En este momento en que nos enfrentamos a esta grave crisis económica y financiera, una de las principales consecuencias es el aumento del desempleo. La UE debe utilizar todos los medios que tiene a su disposición para responder a las consecuencias de la crisis, sobre todo a la hora de proporcionar asistencia a aquellos que se enfrentan a la realidad del desempleo cada día.

Por estos motivos, he votado a favor de la presente propuesta relativa a la movilización del FEAG para ayudar a Lituania, con el objetivo de apoyar a los trabajadores despedidos de las 128 empresas que operan en el sector de la construcción civil.

  Andrew Henry William Brons (NI), por escrito. – Aunque nos oponemos a la pertenencia a la UE y, por tanto, a la financiación de la UE, el dinero de ese fondo ya ha sido asignado y no es, por tanto, dinero «nuevo».

Preferiríamos que la ayuda a los trabajadores despedidos estuviera financiada por los gobiernos nacionales. Sin embargo, ya que la UE es la autoridad competente, la ayuda a los trabajadores desempleados debe, según parece, venir de ese fondo.

En el Reino Unido habrá quien critique que este dinero se pague a trabajadores alemanes y lituanos. Sin embargo, si se propusiera proporcionar fondos para (por ejemplo) nuestros trabajadores de la siderurgia de Corus, no podríamos oponernos a dicha contribución. Así pues, no podemos lógicamente oponernos a estas contribuciones.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Señor Presidente, Señorías, hemos votado a favor de los informes del señor Böge sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización pensando, sobre todo, en los trabajadores que están siendo despedidos. No obstante, al hacerlo, también hemos sentido cierto malestar. Porque, realmente, este fondo no es más que una tirita en una pata de palo en vista de las consecuencias sociales de gran alcance que está teniendo su irresponsable y excesivamente libre política de mercado.

A veces me da la impresión, aunque lo nieguen, de que se está usando el dinero de los contribuyentes europeos para financiar políticas destinadas a trasladar y reestructurar grandes empresas, mientras al mismo tiempo se da a la Europa de Bruselas la opción barata de declararse «en solidaridad con» los desempleados que está creando. Otro motivo de nuestro malestar: los umbrales impuestos para poder recibir estas ayudas, especialmente en cuanto al número de despidos. Porque son principalmente y, una vez más, salvo en casos excepcionales, las grandes empresas las que se benefician de ellas. Parece que los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, los pequeños empresarios y empresarias que están cerrando sus negocios, se han pasado por alto una vez más en lo que respecta a la política económica y social.

Informe: Anna Rosbach (A7-0009/2010)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Hemos votado a favor de esta resolución a fin de asegurar la sostenibilidad medioambiental de las regiones atlánticas, en concreto las islas de la Unión Europea. Estas constituyen una parte esencial de su zona marítima y están haciendo frente a problemas y necesidades específicas, tales como problemas medioambientales.

Cabe señalar el caso de las Azores, ya que tiene la mayor zona económica exclusiva de la Unión Europea. En el ámbito de este debate, es necesario asegurar la vigilancia medioambiental de las aguas del Atlántico, ya que la población de estas islas depende de las buenas condiciones medioambientales de sus aguas marinas. Por tanto, es importante definir claramente los objetivos mínimos de calidad medioambiental así como programas de supervisión que garanticen estas buenas condiciones medioambientales.

También es necesario abordar los casos mencionados por la ponente, como los accidentes de navegación o las bolsas de plástico, que pueden tener consecuencias devastadoras para la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las regiones atlánticas. Esto pasa por la aplicación medidas específicas que se adecuen a la realidad medioambiental y socioeconómica de los ecosistemas marinos del Atlántico.

Por eso la firma de dichos acuerdos es importante para el desarrollo sostenible de las poblaciones que dependen del Atlántico.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Acojo con satisfacción la firma de este protocolo adicional para resolver un conflicto político que ha impedido que España y Marruecos ratificaran el Acuerdo de cooperación para la protección de las costas y de las aguas del Atlántico del Nordeste contra la polución (Acuerdo de Lisboa). La protección de las costas y las aguas tiene una importancia estratégica para el bienestar socioeconómico de las comunidades costeras, el desarrollo local, el empleo y el mantenimiento y la creación de la actividad económica. Hay que asegurar que todas las aguas marinas de la Unión Europea se mantienen en buenas condiciones medioambientales para garantizar el desarrollo sostenible. El presente protocolo está directamente relacionado con problemas como la protección medioambiental, el cambio climático, la seguridad, la salud pública, el desarrollo regional, las relaciones con terceros países y la cooperación al desarrollo. Este protocolo, que permitirá combatir distintas formas de contaminación en el Atlántico, es crucial para garantizar la lucha contra la contaminación o el riesgo de contaminación de mares o costas, mediante un mecanismo para asegurar la cooperación entre las partes contratantes en caso de accidentes que causen contaminación, y que las obliga a establecer y aplicar sus propios planes y estructuras de emergencia.

  Diane Dodds (NI), por escrito. – He votado en contra de este informe y, al hacerlo, he tenido presente una buena noticia relativa a nuestro medio ambiente marino. La ponente menciona la «sopa de plástico», la masa de plástico y goma a la deriva en el Océano Pacífico, y señala lo que se describe como un problema cada vez mayor en el Océano Atlántico de redes de pesca perdidas. A este respecto, conviene mencionar la labor de KIMO International y su proyecto «Pescar los deshechos». Iniciado en un principio en marzo de 2000 por el Gobierno neerlandés y los pescadores neerlandeses, el proyecto tenía como objetivo limpiar de basura el Mar del Norte, utilizando redes de pesca. Desde entonces, KIMO International ha ampliado este proyecto a puertos del Reino Unido, Suecia y Dinamarca, con la asistencia financiera de la UE.

Desde 2001, los pescadores de la UE han extraído cientos de toneladas de basura de nuestros mares y la han devuelto a tierra, donde se recoge y se tira de forma responsable. Todos los pescadores de la UE involucrados en este proyecto han de ser aplaudidos por su dedicación, al extraer residuos de forma permanente del mar, beneficiando así a la industria pesquera, la fauna y el medio ambiente.

  Robert Dušek (S&D), por escrito. – (CS) La UE ha firmado una serie de acuerdos marítimos con algunos Estados miembros y terceros países vecinos, entre ellos, el Convenio de Helsinki, el Acuerdo de Bonn, el Convenio de Barcelona y el llamado Acuerdo de Lisboa. El objetivo de estos acuerdos es garantizar medidas individuales y colectivas en caso de amenaza de contaminación o contaminación que ya se esté produciendo en el mar o las zonas costeras. Aunque el Acuerdo de Lisboa se firmó en 1990, nunca llegó a entrar en vigor debido a una disputa territorial entre España y Marruecos. En 2008 todos los signatarios firmaron un protocolo suplementario que resolvía esta disputa y, por tanto, ya nada debía impedir la aprobación del Acuerdo de Lisboa. La ponente menciona en el informe dos problemas persistentes y cada vez mayores relacionados con la contaminación del mar y las zonas costeras, el primero de los cuales es la enorme masa flotante de artículos de plástico y goma que hay en el Océano Pacífico, la cual abarca una superficie 34 veces mayor que un Estado de tamaño medio como los Países Bajos. El segundo problema persistente que menciona Anna Rosbach, y para el que busca una solución, es la cantidad de redes de pesca viejas, abandonadas o perdidas. Este informe es un ejemplo de labor constructiva dirigida a resolver los principales problemas en materia de contaminación marítima y costera, y por eso lo apoyo con mi voto.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Veinte años después de su firma, el Acuerdo de cooperación para la protección de las costas y de las aguas del Atlántico del Nordeste contra la polución, acordado entre Portugal, España, Francia, Marruecos y la UE, ya está listo para entrar en vigor, tras la ratificación de todas las partes contratantes. El Consejo ahora propone concertar, en nombre de la Unión Europea, un protocolo adicional que permita finalmente que el acuerdo entre en vigor.

Este acuerdo es de suma importancia para Portugal, teniendo en cuenta la longitud de su litoral y la importancia del mar para su economía nacional, sin olvidar los desastres del Erika y del Prestige. Así pues, felicito al Consejo y a los Estados miembros por la celebración de este protocolo adicional y espero que se produzca una pronta y eficaz entrada en vigor del acuerdo, ya que proporcionará a nuestro litoral una mayor protección frente a los desastres medioambientales como los que, desgraciadamente, han arruinado nuestras costas en los últimos tiempos.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Acojo encantado la aprobación de este informe ya que permitirá la entrada en vigor de una red de acuerdos regionales en materia de contaminación marina que se han firmado entre la UE y algunos Estados miembros y terceros países vecinos.

En este caso, tenemos el Acuerdo de Lisboa, que fue firmado en octubre de 1990 pero que no entró en vigor debido a una disputa territorial entre España y Marruecos, dos de las partes contratantes, acerca de la frontera meridional (Sáhara Occidental) a la que se hace referencia en el artículo 3, letra c), del Acuerdo.

El protocolo adicional, que encontró una solución al conflicto y una redacción aceptable para el artículo 3, letra c), no fue firmado hasta mayo de 2008 por Portugal, España, Francia y Marruecos.

Con la celebración de este protocolo adicional, el Acuerdo de Lisboa puede entrar en vigor veinte años después de haberse firmado. Además de sus aspectos sobre seguridad, este protocolo trata la protección medioambiental. Todos somos conscientes de los desastres ecológicos que han amenazado las costas de nuestros países en los últimos años. Se espera que estas normas ayuden a evitar accidentes como el del Erika y el del Prestige, ya que el mar no tiene fronteras físicas ni políticas y requiere que se compartan esfuerzos y medidas coordinadas.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La Comunidad Europea ha participado en distintos acuerdos regionales sobre contaminación marítima que favorecen la asistencia mutua y la cooperación entre los Estados miembros. Esta red de acuerdos aparece en el Acuerdo de cooperación para la protección de las costas y de las aguas del Atlántico del Nordeste contra la polución (Acuerdo de Lisboa), promovido por Portugal, que no ha entrado en vigor debido a una disputa territorial entre España y Marruecos. Creo que, en nombre de las normas medioambientales promovidas por la UE, y una vez que se ha alcanzado un acuerdo sobre el protocolo adicional, se puede finalmente poner en práctica el Acuerdo de Lisboa.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) El Protocolo adicional relativo al Acuerdo de cooperación para la protección de las costas y de las aguas del Atlántico del Nordeste contra la polución forma parte de la red de acuerdos regionales sobre la protección del medio ambiente marino que ha firmado la UE con varios Estados miembros y terceros países vecinos. La protección de nuestros océanos, que sirven de fuente de alimento a millones de europeos, también es una tarea importante para la UE, motivo por el que he votado sin reservas a favor de este informe. A este respecto, se debería señalar que, además del Acuerdo de Lisboa, que se aborda en este caso, están también el Convenio de Helsinki, el Acuerdo de Bonn y el Convenio de Barcelona.

Cada uno de estos acuerdos cubre distintas partes de los mares que rodean a los Estados miembros de la UE y pretende permitir la intervención individual o colectiva de las partes contratantes en caso de contaminación o amenaza de contaminación de los mares o las costas a causa de un accidente. El Acuerdo de Lisboa se firmó en octubre de 1990, pero no entró en vigor debido a una disputa territorial entre dos de las partes contratantes, España y Marruecos, acerca de las «fronteras meridionales» (Sáhara Occidental). El protocolo adicional, en el que se resolvió la disputa y se encontró una forma adecuada de redactarlo, no fue firmado hasta mayo de 2008 por Portugal, España, Francia y Marruecos, y finalmente, el 25 de marzo de 2009, también fue firmado por la Unión Europea.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) Casi el 50 % de la población de la Unión Europea vive en regiones costeras, y este hecho en sí mismo exige redoblar la atención prestada a la conservación y la gestión integradas de estas regiones. En vista de ello, es vital que la gestión integrada de las zonas costeras esté asegurada dentro de la UE, como recomienda la Comisión Europea en un comunicado publicado sobre este asunto.

También es importante señalar que el 80 % de la basura y la contaminación del mar se origina en la tierra, y por eso hace falta una estrategia coordinada que también implique luchar contra este problema en la tierra.

Aparte de los problemas medioambientales, la contaminación oceánica y la degradación de las costas europeas suponen un problema económico. Esto se debe a que en algunos países, como Portugal, la práctica del turismo orientado a actividades marítimas como el avistamiento de ballenas, el submarinismo y demás, constituye una fuente importante de ingresos para algunas regiones, entre ellas, las Azores, Madeira y el Algarve.

Al igual que está ocurriendo con la pesca abusiva, la contaminación de las aguas ha contribuido sustancialmente al estado actual de agotamiento de algunas poblaciones de especies que son recursos pesqueros importantes. Por tanto, la Directiva sobre la estrategia marina, pilar ambiental de la estrategia para la política marítima integrada, debe ser aplicada íntegramente.

Los océanos y las zonas costeras deben ser una prioridad estratégica para Europa, y por este motivo, apoyo plenamente este informe del Parlamento.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de este informe con el fin de ayudar a que entre en vigor del Protocolo adicional relativo al Acuerdo de Lisboa. Este acuerdo crea un mecanismo para asegurar la cooperación entre las partes contratantes en caso de accidentes que causen contaminación y las obliga a establecer y aplicar sus propios planes y estructuras de emergencia.

Este acuerdo forma parte de una red de acuerdos marítimos regionales que ha firmado la UE con algunos Estados miembros y terceros países vecinos. La red consta del Convenio de Helsinki, el Acuerdo de Bonn, el Convenio de Barcelona y, en este caso, el Acuerdo de Lisboa, cada uno de los cuales cubre partes distintas de los mares que rodean a los países de la UE, con el objetivo de que se produzca una intervención individual o colectiva de las partes contratantes en caso de contaminación o amenaza de contaminación de las aguas o las costas, a fin de proteger el medio ambiente y la salud de los ciudadanos.

Informe: Anna Hedh (A7-0024/2010)

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) La política de protección de los consumidores está dirigida a promover la salud, la seguridad y los intereses económicos y jurídicos de los consumidores, así como su derecho a la información. La protección de los consumidores es una política global y fundamental de la Unión Europea, que se centra en garantizar unos mercados sanos donde los consumidores puedan desenvolverse con seguridad y confianza, y se fomente la innovación y el comercio transfronterizo.

He votado a favor del presente informe, ya que lo considero esencial para reforzar la política europea de protección de los consumidores y para hacerla más eficaz y significativa para la población. Unos consumidores seguros de sí mismos, bien informados y capaces de tomar decisiones son una condición esencial para el funcionamiento eficiente del mercado interior. Debe centrarse en proporcionar a los consumidores una amplia gama de productos y servicios de alta calidad a precios competitivos, ofreciendo al mismo tiempo un alto nivel de protección, desempeñando así un papel fundamental a la hora de hacer que la UE sea competitiva, dinámica e innovadora a nivel mundial.

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) El mercado interior de la Unión Europea se ha ampliado considerablemente en los últimos años, y actualmente abarca cerca de 500 millones de consumidores en 27 Estados miembros. La estandarización de los principios y normas de la protección de los consumidores a nivel de la Unión Europea y la mejora de los mecanismos que apoyan su aplicación es un objetivo alcanzable, sin suponer que los productos y servicios ofrecidos en los 27 Estados miembros alcancen el mismo nivel de calidad a corto o medio plazo.

La difícil situación económica actual por la que atraviesa toda Europa se destaca por una caída de los ingresos y una subida del desempleo, lo cual queda reflejado en la Comunidad en la necesidad real de gestionar mejor la compra diaria. La actitud de los consumidores europeos, que se ve directamente afectada por la recesión económica, es especialmente evidente en lo que se refiere a los bienes y servicios que compran y quieren que sean de buena calidad, de forma que luego puedan consumir tantos artículos de ese tipo como les sea posible. Como consecuencia, las medidas de protección de los consumidores están adquiriendo cada vez más importancia. La consolidación de las estructuras de supervisión del mercado en todos los Estados miembros para asegurar que los productos que se venden cumplen los estándares más altos de seguridad es una solución que se adapta a la situación actual.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Los consumidores de la UE tienen un papel esencial en el aumento del crecimiento, el empleo y la competitividad, y sus intereses son una prioridad fundamental a la hora de elaborar políticas clave como las de sanidad, economía e industria, medio ambiente y energía y transporte, entre otras. En lo que respecta a la energía, el mercado interior no puede funcionar de forma correcta y competitiva debido a la existencia de las llamadas «islas energéticas», como la región báltica, que se encuentra aislada del resto de Europa desde el punto de vista energético, y depende de un único proveedor externo. La existencia de una red eléctrica y un gasoducto que cubra todo el territorio europeo ha de ser una prioridad, ya que Europa depende en gran parte de las importaciones de energía. El mercado de la electricidad también debe adoptar una serie de medidas para que se produzca una gran apertura en beneficio de los consumidores europeos. Hay que crear condiciones favorables para que exista una competencia seria y justa y se cree un mercado único real. Los Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias para cumplir unos objetivos claros, en concreto la protección de los consumidores vulnerables, la protección de los derechos básicos de los consumidores y la cohesión económica y social.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) La promoción de los derechos y el bienestar de los consumidores es un aspecto fundamental de la Unión Europea. Apoyo todos los esfuerzos que se han hecho en este sentido, que están devolviendo la confianza de la población en los mercados. La protección de los consumidores es cada vez más importante en el contexto de la crisis económica, que ha aumentado la presión sobre los consumidores menos protegidos —aquellos con bajos niveles de ingresos—. Hay que iniciar un acercamiento coordinado que permita a los consumidores ejercer sus derechos con confianza. En vista de ello, destaco la necesidad de: en primer lugar, promover políticas para informar y educar a los consumidores (por parte de la UE y los Estados miembros) a través de campañas, puntos de información y aumentando los recursos de los centros europeos del consumidor; en segundo lugar, aplicar las normas que ya existen de forma efectiva, reforzando la supervisión del mercado y los mecanismos de regulación y presionando a los Estados miembros para que se produzca una correcta recaudación de los recursos de la Comunidad.

Repito que solo así los consumidores podrán obrar con conocimiento de causa y sin ser objeto de todo tipo de presiones por parte de los productores. Esto refuerza su confianza en el mercado, genera una mayor la competencia, mejora la calidad de los productos y servicios, y aumenta el consumo (un factor importante para la recuperación económica).

  Lara Comi (PPE), por escrito. – (IT) La protección de los consumidores está muy unida a la capacidad del mercado de ofrecer una amplia gama de productos y servicios de alta calidad a precios competitivos. Está claro que una mayor confianza, concienciación y responsabilidad de los consumidores exige que los bienes y servicios sean cada vez mejores, lo cual, a su vez, hace aumentar la competencia entre los proveedores, que se sienten motivados para mejorar sus productos, al mismo tiempo que mantienen unos precios competitivos.

Estoy de acuerdo en cuanto a la importancia que han atribuido la Comisión y los Estados miembros al lanzamiento de una estrategia de comunicación sobre los derechos de los consumidores a través de portales web, campañas de concienciación y puntos de información, al mismo tiempo que se promociona el uso del sitio web «eYouGuide» y se garantiza la seriedad, credibilidad e imparcialidad de las organizaciones responsables de la gestión y la organización.

Asimismo, los cinco indicadores del Cuadro de indicadores de los mercados de consumo identificados en la resolución —aunque no son exhaustivos— permitirán seguramente que la población obtenga información útil para mejorar, si fuese necesario, el marco regulador de referencia, con tal de que la información proporcionada por los Estados miembros sea exhaustiva y se pueda recopilar de una forma fácilmente comparable. He votado a favor del informe aunque me desconcierta el nombramiento del Defensor del consumidor y los medios de reparación colectiva.

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. – (RO) Creo que tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y durante la actual crisis económica, los intereses y la protección de los consumidores deben estar sólidamente garantizados. Los consumidores deben disponer de instrumentos específicos para asegurar que sus intereses estén integrados de forma efectiva en todas las políticas de la Unión Europea.

  Robert Dušek (S&D), por escrito. – (CS) La ponente toma como punto de partida los resultados del Cuadro de indicadores de los mercados de consumo, que es un planteamiento lógico y pragmático. Tanto la satisfacción como los problemas de los consumidores se pueden deducir de los informes estadísticos que se centran en el asunto. Un mayor desarrollo de la base de datos confidencial sobre los problemas de los consumidores es esencial para la identificación de los mercados. No obstante, hay que mejorar la recopilación de datos de tal forma que se tengan en cuenta las diferencias entre los distintos sistemas de los Estados miembros que, debido a la diversidad existente, a veces son enormes. En mi opinión, la cuestión más problemática es la aplicabilidad de la legislación y de las obligaciones contractuales. En el caso del comercio en mercados transfronterizos en concreto, la aplicabilidad de la ley es inexistente. El establecimiento de normas para proteger a los consumidores en la UE no tendrá ningún efecto si no se implementan correctamente en la legislación nacional y se aplican y se hacen cumplir a nivel de los Estados miembros. La ponente ha retomado la cuestión de la protección de los consumidores en base a los cuadros de indicadores de una forma aceptable. Sin embargo, yo acogería más propuestas concretas para la mejora de la situación actual. Pese a esta reserva, el informe favorece la protección de los consumidores en la UE y por tanto votaré a favor de su aprobación.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La política de consumo de la Unión Europea es un componente fundamental a la hora de consolidar el mercado interior. Por esta razón, dicha política debe permitir a los consumidores europeos y al público general tener acceso a productos y servicios de gran calidad a precios competitivos, mientras al mismo tiempo se benefician de un alto nivel de protección de sus derechos.

El aumento de la educación y la concienciación en relación a sus derechos y obligaciones, así como una actitud responsable por parte de las empresas, favorecerá una forma más dinámica de comercio transfronterizo y, como consecuencia, la integración final del mercado interior, teniendo un impacto sobre la competitividad europea.

También se debe alcanzar el equilibrio adecuado entre los derechos y obligaciones de los consumidores y el impacto de la legislación pertinente aprobada en relación con los derechos y obligaciones de las empresas y proveedores de servicios.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El Tratado de Lisboa hace referencia a la protección de los consumidores como una política global y fundamental de la Unión Europea, que establece que se deben tener en cuenta requisitos para la protección de los consumidores.

A este respecto, es esencial reforzar la política europea de protección de los consumidores y hacerla más eficaz y significativa para el público. Es vital responder a las necesidades y los problemas de la población europea.

En este sentido, están justificados los instrumentos para la supervisión del mercado, como el Cuadro de indicadores de los mercados de consumo. Una buena política de consumo debe garantizar unos mercados sanos y seguridad y confianza, para estimular a partir de ahí el comercio transfronterizo y la innovación.

Soy partidario de una política transparente en la que sea obligatorio mostrar el nombre de la marca de origen. La protección de los consumidores es importante de cara a los productos importados peligrosos, y esto requiere una mayor cooperación entre las autoridades que supervisan los mercados y las autoridades aduaneras.

La seguridad de los productos que circulan por el mercado nacional requiere una combinación de esfuerzos con las autoridades de terceros países, y por tanto, justifica la iniciativa de la Comisión de intensificar la colaboración internacional y firmar acuerdos formales con las autoridades pertinentes de terceros países, en particular China, los Estados Unidos y Japón.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – He votado a favor del informe Hedth. A Escocia actualmente le falta una voz en lo que respecta a los consumidores de la UE: no tenemos representación independiente en el Consejo y la legislación en materia de consumo se reserva en su mayoría para Londres. Dada la separación de nuestras instituciones jurídicas, es esencial que estas competencias sean devueltas al parlamento escocés para que Escocia pueda desempeñar un papel completo en el presente debate de la UE sobre estos asuntos.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La protección de los consumidores es, y siempre ha sido, unas de las prioridades de la UE y se consolidó tras la aprobación del Tratado de Lisboa. Los consumidores que conocen bien sus derechos y obligaciones favorecen un mercado más transparente y competitivo.

Ante la actual crisis económica, es vital proteger a los consumidores más vulnerables y a aquellos con bajo nivel de ingresos. La creciente complejidad de los mercados de venta al por menor, especialmente los relacionados con los servicios, está dificultado a los consumidores el poder tomar decisiones con conocimiento de causa.

Para evaluar de forma efectiva los mercados y adoptar políticas que den los mejores resultados posibles para los consumidores, se requieren instrumentos de supervisión de los mercados. Por esta razón, el Cuadro de indicadores de los mercados de consumo es muy importante.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) Para garantizar que disponemos de una protección eficaz de los consumidores es importante aumentar la formación y la información que se proporciona a los consumidores. El objetivo es tener unos «consumidores con conocimiento de causa» en el mercado interior. Sin embargo, el informe no aborda de forma adecuada los problemas relacionados con el mercado que no está reglamentado. Los estándares europeos no siempre se cumplen, ya sean estándares de calidad y seguridad o incluso de medio ambiente y sanidad. Por tanto, me he abstenido de votar.

  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito. – (PL) La protección de los consumidores es una cuestión extremadamente importante que debe abordar la Comisión. Aplicar simplemente medidas efectivas en esta material obviamente no será suficiente si no hay una implicación por parte de los consumidores. Los consumidores deben tener conciencia de sus derechos. Hacer un uso máximo de las posibilidades del mercado único europeo es un reto enorme para la Comisión. Con el fin de alcanzar este reto, la protección eficaz de los consumidores debe ser una de las prioridades de la UE. Creo que el uso de los Cuadros de indicadores de los mercados de consumo, que son una herramienta para supervisar los mercados, no podría ser más beneficioso desde el punto de vista del consumidor. Los cuadros de indicadores muestran claramente qué mercados no están cumpliendo lo suficiente las necesidades de los consumidores. Analizándolos, podemos determinar, entre otras cosas, que los consumidores están experimentando problemas concretos en el mercado de los servicios, y que el comercio a través de Internet entre algunos Estados miembros está restringido en gran parte por barreras transfronterizas. Me alegra el hecho de que se estén planeando nuevos cuadros de indicadores. Asimismo, espero que nos proporcionen información aún más detallada que antes. Gracias a estas herramientas, resulta mucho más fácil comprender los problemas de los consumidores y responder a sus necesidades. No cabe duda de que la introducción de normativas de la UE relativas a la protección de los consumidores en algunos países de la UE es beneficiosa para nuestros ciudadanos.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. – (NL) He votado a favor del informe de la señora Hedth sobre la protección de los consumidores. Este informe de iniciativa propia reconoce con acierto el papel crucial que desempeñan las organizaciones de consumidores, que son las organizaciones idóneas para alertar a las autoridades públicas sobre los problemas que experimentan los consumidores en la vida diaria. Naturalmente, también apoyo el requisito de los Estados miembros de consultar de forma adecuada a las organizaciones de consumidores en todas las fases del proceso de toma de decisiones y de la transposición y aplicación de la legislación en materia de consumo. También es muy importante la cuestión de incluir en los Cuadros de indicadores de los mercados de consumo otros indicadores a largo plazo como los relacionados con las cuotas de mercado, calidad, publicidad, transparencia y comparabilidad de la oferta, indicadores sobre medidas de ejecución y capacitación de los consumidores, indicadores de tipo social, medioambiental y ético, así como indicadores que permitan medir los perjuicios causados al consumidor y los medios de reparación.

Los dos únicos inconvenientes de este informe, desde mi punto de vista, son no adoptar la enmienda presentada por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea para aprender de la crisis del mercado del sector energético, y nuestra enmienda que solicita una revisión de la Directiva sobre la seguridad de los juguetes. El hecho de que esta enmienda no haya prevalecido es lamentable. No obstante, quiero felicitar a la ponente y a sus colegas de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor por este sólido informe.

  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – Acojo satisfactoriamente esta contribución del Parlamento al Cuadro de indicadores de los mercados de consumo. El Cuadro de indicadores de los mercados de consumo es un indicador importante de lo efectivo y eficaces que están siendo los Estados miembros a la hora de aplicar la legislación de la UE. Acojo favorablemente las peticiones de la ponente de que haya una mayor transparencia y visibilidad de las medidas de supervivencia y también apoyo su petición de mejorar los mecanismos de reparación colectiva de la UE.

  Alf Svensson (PPE) , por escrito. – (SV) El mercado libre dentro de la UE convierte a la Unión en un actor fuerte, pero también significa que los consumidores deben recibir información buena y clara sobre la gama de productos disponibles en el mercado. La posición de los consumidores ha de ser reforzada. Por eso hoy he votado a favor del informe sobre la protección de los consumidores. No obstante, el informe tiene una redacción que a veces resulta problemática. Existe el riesgo de que la consulta a las organizaciones de consumidores en todas las fases del proceso de toma de decisiones prolongue bastante el proceso en el tiempo. La sociedad civil tiene un papel importante a la hora de conseguir una protección de los consumidores pertinente, pero esto podría adquirir diferentes formas en distintos países sin que ello tenga un efecto negativo en el resultado. El principio de subsidiariedad debe aplicarse en la institución de autoridades para la protección de los consumidores y un Defensor del consumidor, así como en la redacción relativa al currículo de las escuelas. La UE debe establecer unos niveles y unos objetivos mínimos en cuanto a la política común de consumo, pero no debe decidir en cada detalles cómo deben alcanzar exactamente estos objetivos los Estados miembros. El informe exige que todos los Estados miembros recopilen y registren información sobre accidentes y lesiones en una base de datos común. Dicha base de datos no debe dar lugar a una necesidad de excesivo trabajo administrativo. Su gestión debe ser razonable y proporcional al beneficio de los ciudadanos. Sin embargo, los derechos de los consumidores y su protección en el mercado interior son tan importantes que he votado a favor del informe pese a las preocupaciones que acabo de señalar.

  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. – (LT) Ponente, Señorías, me alegra que estemos intentando tratar seriamente el tema de la protección de los derechos de los consumidores. No obstante, ya llevamos en ello varios años y aún no somos capaces de crear un mecanismo idóneo y reforzar las condiciones obligatorias llevando a cabo estas tareas a nivel nacional. A veces esto llega a parecer un juego o hipocresía. Hasta que no regulemos de forma estricta las actividades de los monopolios, de cualquier área, para que sus beneficios se vean claramente limitados, y los gastos de explotación, los salarios y las bonificaciones estén controlados de forma estricta —es decir, el suministro de materias primas, la fabricación, el abastecimiento de productos—, será difícil imaginar que los consumidores reciban bienes o servicios baratos y de alta calidad. Puesto que tengo una experiencia importante en este campo, estoy dispuesto a colaborar en este asunto.

  Derek Vaughan (S&D), por escrito. – Me alegra que se haya aprobado este informe. Creo que es importante que protejamos a los consumidores y que nos centremos más en reforzar la vigilancia del mercado, de tal forma que los productos destinados a los ciudadanos cumplan con los estándares más elevados posibles. Valoro positivamente el movimiento para hacer avanzar la cooperación internacional en los productos de seguridad y para llegar a acuerdos formales con las autoridades ejecutivas de terceros países. Apoyo las peticiones de que se cree un Defensor de los consumidores especial para la resolución extrajudicial de las disputas y opino que unos mecanismos de cooperación transfronteriza más eficaces ayudarán a mejorar la protección de los consumidores en toda la UE.

  Anna Záborská (PPE), por escrito. – (FR) El artículo 12 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reafirma que al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones de la Unión se tendrán en cuenta las exigencias de la protección de los consumidores. La Comisión debe garantizar que los intereses de los consumidores están realmente integrados en todas las políticas y debe examinar en sus estudios de impacto los posibles efectos de cualquier nueva medida legislativa y de las políticas que afecten, directa o indirectamente, a los consumidores. Aunque las quejas de los consumidores son un indicador importante de las carencias del mercado, su ausencia no siempre significa que los mercados funcionen correctamente, ya que en ocasiones los consumidores tienden a quejarse menos, debido a diferentes tradiciones de consumo o a su percepción de la probabilidad de que su queja sea tenida en cuenta. Las organizaciones de consumidores deben desempeñar un papel fundamental a la hora de alertar a las autoridades públicas sobre los problemas a los que se enfrentan los consumidores. Hay que optimizar los instrumentos, de tal forma que puedan funcionar de forma más eficaz a todos los niveles. Le pido a los Estados miembros que garanticen que se consulta a las organizaciones de consumidores en cada fase del proceso de toma de decisiones y durante la adaptación al Derecho nacional y la ejecución de la legislación sobre el consumo.

Informe: Cristian Silviu Buşoi (A7-0027/2010)

  Liam Aylward (ALDE), por escrito. – (GA) He votado a favor de este informe sobre SOLVIT. Los consumidores europeos deberían conocer perfectamente sus derechos y esta red de resolución de problemas debería ser de fácil acceso para todos.

En la Unión Europea en su conjunto, el número de personas que se ponen en contacto con SOLVIT para pedir consejo y ayuda está creciendo y, a partir de este hecho, cabe entender que la importancia de SOLVIT en tanto que herramienta de resolución de problemas para los ciudadanos y las empresas europeas también está creciendo.

Apoyo totalmente la petición del informe de que se anuncien mejor y más los servicios de SOLVIT y estoy de acuerdo con que hay que aclarar la información sobre los derechos de los ciudadanos y las empresas en el mercado interior para que todo el mundo pueda sacar provecho de estos derechos en el día a día.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – Para disfrutar de los beneficios del mercado interior, los consumidores deben tener medios eficaces para corregir la aplicación errónea del derecho del mercado interior. La red SOLVIT se creó para garantizar una reparación rápida sin tener que recurrir a la vía judicial. Creo que esta red podría ser de gran utilidad pero, por el momento, no funciona de forma eficaz y no usa totalmente su potencial. Muchos de nuestros ciudadanos y nuestras pequeñas empresas no saben que existe esta red. Por ello, creo que los Estados miembros deberían esforzarse más y poner más medios para promocionar a SOLVIT y para aumentar el conocimiento de su existencia entre ciudadanos y empresas. Es más, algunos centros de SOLVIT reciben más casos de los que pueden resolver porque no cuentan con suficiente personal. Creo que los Estados miembros tienen que reforzar el papel de los centros nacionales de SOLVIT asegurando la cooperación entre las autoridades nacionales, regionales y locales y que implicarse en un intercambio activo de opiniones y mejores prácticas con otros Estados miembros para sacar el mayor provecho al potencial de la red SOLVIT.

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) En funcionamiento desde 2002, SOLVIT es una red en línea para la solución de problemas en la que los Estados miembros de la UE trabajan conjuntamente con el objetivo de ofrecer una respuesta pragmática a las dificultades que se plantean a raíz de la aplicación incorrecta de la legislación comunitaria por parte de las autoridades públicas.

Aunque el mercado interior funciona en la actualidad relativamente bien, también es cierto que, de vez en cuando, se plantean errores o problemas de interpretación con respecto a los derechos de los miembros del público y de las empresas que intentan sacar el mayor partido a las ventajas que ofrece el mercado interior.

He votado a favor de este informe porque la red SOLVIT ha demostrado tener una gran importancia en la resolución de todo tipo de problemas, desde el miembro del público que busca otro Estado miembro en el que estudiar, trabajar o reunirse con su pareja, hasta las empresas que se han encontrado con problemas con las autoridades públicas, por ejemplo con la devolución del IVA u otros. La red SOLVIT pretende ofrecer a los miembros del público y a las empresas un alto nivel de servicio, en base a importantes criterios de calidad y rendimiento.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Valoro positivamente el informe Buşoi sobre SOLVIT. Esta red informal de resolución de problemas relacionados con el mercado interior ha sido crucial a la hora de ofrecer asistencia gratuita tanto a miembros del público como a empresas para resolver problemas específicos con las autoridades públicas. Su importancia se refleja en el creciente número de casos presentados el año pasado. Sin embargo, vistos los problemas transversales identificados a escala nacional, es fundamental considerar varias medidas para mejorar la eficacia de estos centros. Por ello, opino que los Estados miembros deben intensificar sus esfuerzos para ofrecer información a los miembros del público y a las empresas sobre los derechos que les corresponden en el mercado interior, haciendo uso del aumento de los recursos financieros y humanos y de la formación de los empleados en la red SOLVIT sobre las normas del mercado interior. También es importante que sus empleados tengan un buen nivel de inglés, además de su idioma materno. Le pido a los Estados miembros y a la Comisión que promuevan un mayor acceso a la red SOLVIT por parte de los miembros del público y de las empresas, con vistas a la aplicación eficaz de las normas del mercado interior.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) El mercado interior no es, ni debería ser, una simple estructura burocrática. Para sacarle verdaderamente provecho a sus obvias ventajas, las empresas y el público europeo deben poder ejercer sus derechos en la práctica a través de mecanismos rápidos, eficientes y que respondan. Sobre esta base, la red SOLVIT asume una importancia fundamental.

Si tenemos en cuenta el aumento del número de casos en los que los centros SOLVIT han participado durante el último año, considero que es esencial por el bien de los consumidores que avancemos hacia una serie de reformas y mejoras que ha propuesto el Parlamento con esto en mente. Por ejemplo, el reforzamiento del control de la Comisión sobre la aplicación eficaz de las normas del mercado interior; incrementos claros en los recursos asignados a los centros SOLVIT (la puesta en servicio de expertos sobre los elementos del mercado interior, un aumento de los fondos de los centros nacionales, una formación especializada y actualizada del personal especializado existente, enlaces en línea coordinados entre los centros locales y los servicios de la Comisión); y una inversión importante en la promoción y difusión de la red SOLVIT por parte de los Estados miembros y la Comisión a través de todos los métodos de comunicación social, promoviendo un elevado nivel de conexión con el público y las empresas. Por estas tres razones, apoyo el informe Buşoi sobre SOLVIT.

  Lara Comi (PPE), por escrito. – (IT) La red SOLVIT ha demostrado que es un instrumento muy útil para resolver los problemas —sin llegar a la vía judicial— con que se encuentran los ciudadanos y las empresas como consecuencia de la aplicación incorrecta del derecho del mercado interior por parte de las autoridades públicas. Por tanto, debería apoyársele a través de diferentes medios y a través de una mejor cooperación entre la Comisión, el Parlamento y los Estados miembros. Ante todo, es necesario promocionar mejor su existencia entre los ciudadanos y las empresas y reforzar la cooperación entre las autoridades nacionales, regionales y locales. También se debería conceder mayor importancia a la formación de los funcionarios que trabajen en este terreno, como la formación del personal de la red SOLVIT, que, como subrayaba el comunicado de la Comisión, también debería desarrollarse a través del Fondo Social Europeo.

He votado a favor del informe porque creo que la consolidación de la red SOLVIT puede ayudar realmente a mejorar el marco jurídico del mercado interior que, con tanto esfuerzo, estamos intentando construir. La promoción de la transparencia de los datos con una base de datos en línea interactiva aumenta el conocimiento de los estándares, permite una resolución más rápida de los problemas e incrementa la confianza en los operadores.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La Comisión y los Estados miembros crearon la red SOLVIT para resolver, sin llegar a la vía judicial, los problemas que los miembros del público y las empresas afrontan debido a la aplicación incorrecta de la legislación relativa al mercado interior.

Esta red ha demostrado ser eficaz en la resolución de problemas, pero sigue siendo poco utilizada por el público en general. Por esta razón, la Comisión pretende promover la aplicación rápida y completa de la red SOLVIT, aumentando la transparencia para superar los obstáculos a la libertad de circulación y ofreciendo al público información sobre sus derechos, de tal forma que se aproveche todo el potencial del mercado interior.

Con esto en mente, la Comisión anima a los Estados miembros a promocionar como es debido la red SOLVIT entre el público y las empresas, teniendo presente sus capacidades y el valor añadido que representa.

Puesto que muchos de los problemas que se podrían abordar a través de la red SOLVIT se resuelven en la actualidad por vía judicial, aumentando el tiempo y el dinero gastados por los miembros del público y por las empresas, y puesto que la red SOLVIT podría ofrecer una solución alternativa y más rápida y eficaz a las disputas legales, creo que lograr una operatividad completa de la red SOLVIT beneficiaría la evolución del mercado interior y la protección de los intereses y derechos de los miembros del público y de las empresas.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) La red SOLVIT entró en funcionamiento en julio de 2002, tras haber sido creada por la Comisión y los Estados miembros con el objetivo de resolver los problemas que estaban experimentando los miembros del público y las empresas como consecuencia de la aplicación incorrecta de la legislación del mercado interior, permitiendo una respuesta rápida, gratuita y eficaz sin recurrir a los tribunales.

Todos los Estados miembros de la UE, junto a Noruega, Islandia y Liechtenstein, han creado centros SOLVIT a escala nacional, en general integrados en sus respectivos ministerios de economía o asuntos exteriores. Estos centros cooperan directamente a través de una base de datos electrónica para encontrar soluciones rápidas y pragmáticas a los problemas presentados por miembros del público y empresas.

Los Estados miembros deben intensificar sus esfuerzos para ofrecer información a los miembros del público y a las empresas sobre los derechos que les corresponden en el mercado interior, permitiéndoles en consecuencia ejercerlos. Los servicios ofrecidos por SOLVIT deben darse a conocer al gran público y a las empresas de forma eficaz.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La red SOLVIT, que tiene como objetivo ser una solución eficaz a los problemas del mercado interior, ha logrado en la mayoría de los casos resolver estos problemas. La red SOLVIT se creó en 2002 para resolver los problemas que los miembros del público y las empresas afrontan debido a la aplicación incorrecta de la legislación europea relativa al mercado interior.

La red SOLVIT sustituye a los tribunales de una forma más eficaz y menos burocrática, encontrando soluciones en 10 semanas. Sin embargo, el mayor flujo de casos de SOLVIT ha supuesto varias deficiencias en su respuesta. Esto significa que es muy importante que se haga un esfuerzo por aumentar sus recursos humanos y financieros, además de adecuar la formación de los funcionarios de la red SOLVIT, de tal forma que puedan mejorar su eficacia a la hora de abordar el creciente número de casos que se les presentan.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) El mercado interior ofrece a los ciudadanos y a las empresas numerosas oportunidades y funciona bien, en general. Sin embargo, en ocasiones se pueden producir errores.

SOLVIT es una red de resolución de problemas en la que los Estados miembros de la UE cooperan para solucionar, sin recurrir a la vía judicial, los problemas planteados a raíz de una aplicación inadecuada de la legislación del mercado interior por parte de las autoridades públicas. Existe un centro SOLVIT en cada Estado miembro de la Unión Europea (además de en Noruega, Islandia y Liechtenstein).

He votado a favor de este informe para dar un espaldarazo a los centros SOLVIT a la hora de resolver las quejas presentadas por ciudadanos y empresas.

  Robert Rochefort (ALDE), por escrito. – (FR) El mercado interior, con más de 1 500 documentos a menudo complejos, resulta para los europeos un «gran artefacto» bastante incomprensible que, por si fuera poco, no siempre se aplica correctamente en los Estados miembros (estoy pensando, concretamente, en el reconocimiento de las cualificaciones profesionales). En consecuencia, SOLVIT está demostrando ser una herramienta inestimable: un verdadero servicio de asistencia a los consumidores y a las empresas en cuestiones relacionadas con el mercado único; esta red cooperativa ha trabajado, durante varios años, para resolver, con carácter informal, los problemas que tienen que ver con la aplicación incorrecta de la legislación del mercado interior por parte de las autoridades públicas. He votado a favor del informe sobre SOLVIT.

No obstante, a pesar de sus excelentes porcentajes de éxito (más del 80 % de los casos se resuelven satisfactoriamente) y a pesar de que supone una solución rápida, extrajudicial y gratuita al problema de la obtención de una reparación, SOLVIT todavía es relativamente poco conocida entre el gran público. Debemos hacer más por darla a conocer. Por último, lamento que en determinados Estados miembros, incluido el mío, el centro SOLVIT cuente con tan pocos medios, tanto presupuestarios como de personal. Creo que ha llegado el momento de que los Estados miembros valoren lo útiles que resultan estos centros y les ofrezcan los medios para que funcionen correctamente.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. – (NL) El informe del señor Buşoi sobre SOLVIT es muy importante. En el desempeño de mis obligaciones parlamentarias, muchas veces por semana se ponen en contacto conmigo ciudadanos que me hacen preguntas con frecuencia muy personales y específicas sobre el funcionamiento del derecho comunitario. A menudo soy capaz de ayudarles con prontitud redirigiéndoles a SOLVIT.

El informe que aprobamos hoy describe claramente los beneficios de este instrumento. Es un trabajo muy equilibrado en cuanto a que establece de forma cristalina qué acciones hay que adoptar para mejorar esta herramienta. Sin duda, hace falta una buena estrategia mediática para incrementar el nivel de conocimiento de SOLVIT. La asignación de una dirección única en Internet puede contribuir a ello.

Está claro que hay que aumentar la eficacia de SOLVIT. Esto se puede lograr a través de una mayor cooperación entre los funcionarios con un conocimiento suficientemente elevado. También es fundamental la recomendación a los Estados miembros de que aumenten el personal de los centros SOLVIT para dotar de capacidad administrativa a los diversos ministerios a escala nacional. El objetivo debe ser que todos los centros SOLVIT respondan a las preguntas rápidamente y con verdaderas soluciones; a fin de cuentas, este es el propósito con que se creó SOLVIT.

  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. – (LT) Señor ponente, señorías, apoyo esta iniciativa y estoy totalmente de acuerdo con el reforzamiento de la red SOLVIT y la ampliación de sus actividades. No habría que reparar en gastos a la hora de difundir la información sobre las actividades y oportunidades de esta estructura europea en los medios de comunicación nacionales, en Internet y en programas televisivos. Sin embargo, puedo decirles que existen dobles raseros: la legislación no se aplica de forma uniforme y existen incluso penalizaciones diferentes para las mismas actividades.

  Anna Záborská (PPE), por escrito. – (FR) SOLVIT se creó para resolver los problemas que se les presentan a los ciudadanos y a las empresas como resultado de una aplicación incorrecta de la legislación sobre el mercado interior. Todos los Estados miembros, además de Noruega, Islandia y Liechtenstein, han establecido un centro nacional SOLVIT. Estos centros cooperan directamente para ofrecer soluciones rápidas y pragmáticas a los problemas presentados por ciudadanos y empresas. Los centros necesitan un buen asesoramiento jurídico sobre la base legal de los problemas planteados y de las soluciones propuestas. Tienen acceso al asesoramiento legal tanto de su centro como de la administración correspondiente. Cuando existen diferencias de opinión jurídica en casos que se tratan de forma conjunta, problemas legales complejos o, sencillamente, la falta de un acceso adecuado a la asesoría legal en su país, los centros SOLVIT recurren a menudo a la Comisión en busca de asesoramiento. Los Estados miembros deberían asegurarse de que los centros tienen un acceso adecuado al asesoramiento legal dentro de su administración. La Comisión debería acelerar la entrega de evaluaciones legales informales a los centros que las soliciten. Me alegra el compromiso de los Estados miembros con la supervisión de la legislación europea y su aplicación. No basta con que los colegisladores europeos tengan que aplicar unas leyes que crean más problemas de los que resuelven.

Informe: Bairbre de Brún (A7-0082/2009)

  Liam Aylward (ALDE), por escrito. – (GA) En Irlanda tenemos unos estándares muy elevados para los requisitos de sanidad animal y, en consecuencia, he votado a favor de este importante informe, que protegerá la salud de los animales irlandeses. La recomendación del informe con respecto a la ampliación del sistema transitorio para el desplazamiento de animales hasta finales de diciembre de 2011 es necesaria y oportuna.

Estas normas establecen un sistema general para identificar a los animales de compañía (gatos, perros y hurones) que viajen entre Estados miembros y todos los animales tendrán que contar con pasaportes que demuestren que han sido vacunados contra la rabia.

Estas medidas de protección son necesarias puesto que los estándares sanitarios en Irlanda son muy elevados en la actualidad y, como consecuencia, el país está libre de la rabia, de determinadas garrapatas y de la tenia, que podrían poner en peligro la salud tanto de las personas como de los animales.

  Jan Březina (PPE), por escrito. – (CS) Señora Presidenta, he votado a favor del informe sobre la resolución propuesta por el Parlamento Europeo y el Consejo relativa a las condiciones veterinarias de los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial, incluso aunque no esté de acuerdo con todo el texto de la propuesta. Me preocupa especialmente que establezca una extensión del período transitorio durante el que la importación de perros y gatos a Irlanda, Malta, Finlandia, Suecia y el Reino Unido estará sujeta a unos requisitos más estrictos. Por ejemplo, Malta, Irlanda y el Reino Unido solicitan que los perros y gatos de compañía estén sujetos a exploraciones adicionales en busca de garrapatas, algo que también debe confirmarse en sus pasaportes de animales. Esta es ya la segunda ampliación consecutiva del período transitorio, lo que considero muy irregular desde el punto de vista de la práctica normativa de la UE. La Comisión debería estudiar, cuanto antes, la posibilidad de extender el régimen general a los Estados miembros a los que en la actualidad se les aplica el régimen transitorio, para lo que debería encargar la redacción de un dictamen consultivo a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Creo firmemente que las ampliaciones repetidas del período transitorio no defienden los intereses de los ciudadanos europeos. Las diferencias existentes en las medidas protectoras de los Estados miembros previamente mencionados, al igual que los diferentes límites temporales para las inoculaciones y las exploraciones serológicas y las diferentes fechas límite para las exploraciones antiparasitarias, hacen más difícil y más caro el viajar con animales de compañía en la UE.

  Robert Dušek (S&D), por escrito. – (CS) La legislación comunitaria regula los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial dentro de la Comunidad, en el marco de la cual se ha establecido el conocido como régimen general, que establece que los perros, los gatos y los hurones que se llevan a otros Estados miembros de la UE deben estar acompañados por unos documentos de identificación y por información sobre sus vacunaciones obligatorias contra la rabia y sobre las enfermedades que hayan tenido. El Reglamento (CE) n.º 998/2003 también establece un denominado régimen transitorio que permite a Estados miembros aplicar requisitos más estrictos a la entrada y el desplazamiento de estos animales en su territorio. Gran Bretaña, concretamente, está haciendo un uso considerable de esta derogación. La Comisión propone extender el régimen transitorio diseñado hasta el 31 de diciembre de 2011 y la ponente, la señora De Brún, apoya esta medida. Teniendo en cuenta que se ha alcanzado un acuerdo tanto en el Consejo como en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, del que forma parte este informe, he votado a favor de su aprobación.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) El Reglamento (CE) 998/2003, que la Comisión propone modificar, establece unas normas armonizadas con respecto a los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial dentro de la Unión Europea, así como su entrada en ella. Sin embargo, prevé un sistema temporal por el que algunos Estados miembros pueden imponer unas condiciones más restrictivas en el caso de determinadas enfermedades como la rabia, la equinococosis y la infestación con garrapatas.

Pese a la importancia del libre desplazamiento de los animales de compañía dentro de la zona de la Unión Europea, reitero mi convicción de que es fundamental que esos animales de compañía cumplan con todos los criterios sanitarios, de tal forma que no supongan un riesgo para la salud de las personas o los animales.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Este informe establece las normas del desplazamiento de los animales de compañía dentro del área europea y de cómo debe realizarse en virtud de los objetivos de prevención de la propagación de enfermedades, concretamente, de la rabia.

La libertad de desplazamiento es uno de los pilares clave del mercado único europeo. Esta cuestión es especialmente pertinente para los ciudadanos de una Europa sin fronteras, en la que hemos observado unos desplazamiento cada vez mayores de animales de compañía entre los Estados miembros.

Todos estamos de acuerdo en que se tiene que poder viajar con los animales de compañía, pero también estamos de acuerdo en que esto debe hacerse de conformidad con los criterios sobre sanidad pública establecidos para garantizar un mayor nivel de protección de la salud de las personas y los animales.

Por tanto, valoro positivamente el sistema general de pasaportes, que armonizará las medidas higiénicas, y los controles, que facilitarán el libre desplazamiento de los animales de compañía.

El informe también establece una disposición transitoria hasta finales de 2011, de tal forma que algunos países se puedan preparar para crear las infraestructuras necesarias.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – He votado a favor del informe de la señora De Brún. La libertad de desplazamiento que inspira el mercado único significa que este es un problema de mayor importancia para muchos ciudadanos europeos. Las cuestiones de sanidad pública y animal son también de vital importancia y considero que la ponente ha realizado un buen trabajo al lograr un equilibrio.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Las condiciones sanitarias de los animales que se deben establecer en los desplazamientos trasfronterizos de animales domésticos sin ánimo comercial tienen como objetivo garantizar tanto un mayor grado de protección de la salud de personas y animales, como una mayor facilidad de desplazamiento para los animales de compañía acompañados de sus respectivos dueños. De esta forma, si se respetan las normas pertinentes y se lleva un certificado de vacunación contra la rabia y un análisis de la reacción del sistema inmunitario a esta vacuna, realizado por un veterinario autorizado, durante los viajes dentro del área comunitaria, se facilitarán los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. - (ES) He votado a favor de este importante informe puesto que con él apoyamos la propuesta de la Comisión relativa a la prórroga del régimen transitorio en relación con la rabia, haciendo que este régimen finalice coincidiendo mejor con el período en que la Comisión Europea espera concluir la financiación comunitaria de programas de vacunación orientados a erradicar en algunos Estados miembros la rabia selvática, que constituye el principal problema de rabia en la UE. Además, la Comisión ha optado por un enfoque precautorio prudente, en el que se hace hincapié en la prevención y en consideraciones sanitarias adicionales relacionadas con el mercado interior y la libre circulación de animales de compañía. La Comisión ha comparado y examinado las distintas opciones políticas, teniendo en cuenta los distintos dictámenes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). La fecha propuesta para el final de los regímenes transitorios permitirá la conversión de las infraestructuras y el reciclaje profesional gradual así como la adaptación del personal in situ a la nueva situación.

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), por escrito. – Valoro positivamente este informe, que va a permitir que los Estados miembros mantengan medidas de protección contra la propagación de la rabia, pero que también conllevará unos desplazamientos libres y seguros de los animales de compañía por Europa a partir de 2011. La ampliación de la derogación para determinados países hasta 2011 les va a permitir seguir con las pruebas y las comprobaciones sanitarias para enfermedades como la rabia. Este período transitorio es un paso importante hacia el eventual desplazamiento libre y seguro de los animales de compañía en la Unión Europea.

Me gustaría felicitar a aquellos que han trabajado para garantizar el acuerdo sobre el nuevo procedimiento comitológico. Es un buen compromiso que va a permitir una respuesta eficaz si los Estados miembros tienen temores justificados sobre la propagación de otras enfermedades. También garantiza que, cuando se utilicen los poderes delegados, la Comisión consultará a una serie de expertos: expertos de la Comisión, expertos del Estado miembro, expertos no gubernamentales y expertos del Parlamento. Debemos asegurarnos de que se cumple este compromiso. En un contexto más amplio, hemos recibido garantías por escrito de que este informe no sentará un precedente para el futuro uso de los poderes delegados. Así se tienen en cuenta los temores del Parlamento con respecto a que se siente un precedente para el nuevo procedimiento comitológico en virtud del Tratado de Lisboa.

Informe: Carlos Coelho (A7-0015/2010)

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) La estrategia 2020 de la UE es un documento que ofrece mucha esperanza. Recientemente, se han mantenido muchas conversaciones sobre la recuperación de la economía de la UE, pero la mayoría de los Estados miembros todavía tienen que ver el final de la crisis. En público, el debate sobre la crisis se limita al estado de las finanzas públicas, aunque el rápido aumento del desempleo en algunos Estados miembros ya ha alcanzado un nivel crítico. Es extraño escuchar a altos cargos de la UE alabando a gobiernos por su excelente trabajo, cuando cada mes, el número de parados en esos países crece a un ritmo catastrófico, las garantías sociales se reducen y el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza aumenta. Cada vez resulta más difícil para los ciudadanos de esos países entender si la Unión Europea está aplicando una política de reducción de la pobreza o, en realidad, aumentando la pobreza en el área social. En mi opinión, los gobiernos que no han logrado ni siquiera resolver los problemas de estabilización del paro, no deberían recibir elogios inmerecidos. La Comisión Europea debería asumir una mayor responsabilidad y supervisar, de forma responsable, la aplicación de los planes de gestión de la crisis de los Gobiernos nacionales, además de evaluar claramente los efectos de dichas reformas en las personas.

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) El Acuerdo de Schengen es un tratado entre los países europeos sobre la política de libertad de circulación de las personas dentro del espacio Schengen. Cualquier persona que esté en posesión de un documento que demuestre que reside legalmente en un Estado miembro debería poder moverse libremente dentro de este espacio sin fronteras interiores.

Sin embargo, no todos los países cumplen aún con su obligación de entregar un permiso de residencia a los ciudadanos de terceros países que ostentan esta forma de visado para estancias de larga duración. Por esta razón, es incoherente que un estudiante que ha obtenido un visado para asistir a un curso en Portugal no tenga la opción de, por ejemplo, ir a Bélgica para recopilar información de una biblioteca especializada para escribir su tesis.

Por esta razón, he votado a favor de este informe, teniendo presente que es importante facilitar la libertad de circulación dentro del espacio Schengen de los ciudadanos de terceros países que residen legalmente en uno de los Estados miembros en base a un visado de larga duración de tipo «D» concedido por ese Estado miembro. Felicito al ponente, el señor Coelho, por lograr una vez más un acuerdo en primera lectura, que permitirá que esta situación se resuelva antes de que entre en vigor el código de visados el mes que viene.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de las nuevas enmiendas a este reglamento ya que hasta la fecha, los ciudadanos de terceros países con visados para estancias de larga duración han encontrado problemas con la restricción de la libre circulación. No han podido viajar libremente de un Estado miembro de la Unión Europea a otro e incluso han tenido dificultades para volver a su país de origen. Este Reglamento amplía el principio de equivalencia entre permisos de residencia y los visados para estancias de corta duración emitidos por los Estados miembros, aplicando plenamente el acervo comunitario de Schengen a los visados para estancias de larga duración. Debe subrayarse que un visado para estancias de larga duración deberá cumplir los mismos efectos que un permiso de residencia en lo que se refiere a la libre circulación en el espacio Schengen sin fronteras interiores. Me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que es muy importante que, una vez simplificada la circulación de ciudadanos de terceros países en el espacio Schengen, no se infrinjan las garantías de seguridad en los Estados miembros. La aplicación de este reglamento no debería reducir la seguridad, ya que establece el deber de los Estados de comprobar los datos de una persona en el Sistema de Información de Schengen antes de conceder un visado para estancias de larga duración y, si fuese necesario, preguntar a otros Estados miembros de la UE por esa persona. Hasta la fecha, esto solo se ha hecho al conceder permisos de residencia.

  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) Valoro positivamente la aprobación de este reglamento con una mayoría muy amplia –562 votos frente a 29, 51 abstenciones. A partir de ahora, cualquier ciudadano de un tercer país con un visado para estancias de larga duración concedido por un Estado miembro podrá viajar a los demás Estados miembros durante tres meses en un período de seis meses, bajo las mismas condiciones que una persona con permiso de residencia. Esta ha sido una medida esperada por muchos estudiantes e investigadores, como aquellos que participan en los programas de intercambio europeos (Erasmus Mundus). Es un paso adelante en lo que se refiere a convertir a la Unión en un destino más atractivo para los estudiantes, los académicos y los investigadores de terceros países. Es más, puede ser visto como un recordatorio de la petición del Parlamento Europeo para que los Estados miembros avancen hacia la futura introducción de un visado previsto específicamente para estudiantes que participan en programas de intercambio. No obstante, hay algo que lamento: el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca no han aprobado este reglamento y no estarán sujetos a su aplicación, y ello a pesar de que estos países atraen a un gran número de los estudiantes e investigadores extranjeros presentes en el espacio Schengen.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La creación a través del Acuerdo de Schengen de un espacio europeo sin controles fronterizos fue un paso importante para la construcción de un mercado interior abierto con libre circulación de personas y mercancías.

Por esta misma razón, el crucial objetivo en que se basa el acuerdo es permitir la libre circulación de personas dentro de un espacio en el que no existen fronteras interiores. En consecuencia, nos parece absurdo que ciudadanos que vienen de fuera de la UE pero que poseen visados para estancias de larga duración concedidos por uno de los Estados que forman parte del Acuerdo de Schengen no puedan moverse libremente dentro de dicho espacio.

Los ejemplos ofrecidos por el ponente nos parece que demuestran lo absurdo que es este sistema en la práctica. Por este motivo, estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión, con la redacción sugerida por el Parlamento, de tratar a los visados para estancias de larga duración como permisos de residencia, asegurando así la libertad de circulación de sus titulares.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) En primer lugar, valoro positivamente la excelente calidad de este informe. De conformidad con la legislación comunitaria en vigor, los ciudadanos de terceros países que sean titulares de un visado para estancias de larga duración (un visado para una estancia de más de tres meses) no están autorizados a viajar a otros Estados miembros durante su estancia o a viajar a través de otros Estados miembros cuando regresan a su país de origen, ya que esto no se recogía en el Convenio de Schengen.

Las nuevas normas propuestas suponen que un visado para estancias de larga duración surtirá el mismo efecto que un permiso de residencia en lo que se refiere a la libre circulación dentro del espacio Schengen, sin fronteras interiores, o a que una persona con un visado para estancias de larga duración concedido por un Estado miembro estará autorizada a viajar a los demás Estados miembros durante tres meses en un período de seis meses, bajo las mismas condiciones que una persona con permiso de residencia.

Para que este sistema funcione, deben existir controles que sean equivalentes a aquellos que ya existen en otros campos, para garantizar la buena comunicación entre los Estados miembros y la coherencia entre la concesión de visados para estancias de larga duración, de permisos de residencia y de alertas en el Sistema de Información de Schengen.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Es algo positivo que un extranjero con un visado para estancias de larga duración concedido por un Estado miembro esté autorizado a viajar a otros Estados miembros durante tres meses en un período de seis meses, bajo las mismas condiciones que una persona con permiso de residencia. Puesto que esta es la principal cuestión tratada en el reglamento al que hace referencia este informe, hemos votado a favor.

Como sabemos, en la actualidad y de conformidad con la legislación comunitaria en vigor, los ciudadanos de terceros países con visados para estancias de larga duración que puedan ser, por ejemplo, estudiantes que desean hacer un viaje de estudios a otro Estado miembro, científicos, académicos, parientes de ciudadanos de terceros países y ciudadanos de la UE, no pueden viajar a otros Estados miembros durante su estancia o pasar por otros Estados miembros cuando regresan a su país de origen, una situación que no se recoge en el Acuerdo de Schengen.

Las nuevas normas propuestas que se acaban de aprobar supondrán que una persona con un visado para estancias de larga duración (un visado para una estancia superior a tres meses o un visado de tipo «D») tendrá los mismos derechos que el titular de un permiso de residencia en lo que se refiere a la libertad de circulación dentro del espacio Schengen.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Señor Presidente, señorías, hemos votado en contra del informe del señor Coelho. Sin duda, permitir que los titulares de visados para estancias de larga duración, o lo que es lo mismo, los que duran más de seis meses, se beneficien automáticamente de la libertad de circulación por todos los Estados del espacio Schengen, como si fuesen titulares de un permiso de residencia, es irresponsable. Sus ejemplos son tergiversadores. No importa si estamos hablando de estudiantes que desean visitar las capitales de Europa (con la excepción de Londres, Dublín y Copenhague, que están fuera del espacio Schengen), investigadores cuya investigación debe durar menos de un año o expatriados sin los correspondientes permisos de residencia y trabajo; todo eso carece de importancia y es un simple pretexto.

De hecho, esta medida es una negación más del derecho soberano de los Estados a decidir quién puede y quién no, bajo qué condiciones y durante cuánto tiempo, entrar en su territorio. Estandarizar los derechos supone, en última estancia, hacer que carezcan de sentido los visados para estancias de larga duración para promover una especie de estatus automático de residente, uno que se concede desde el momento en que una persona desea venir a Europa durante más de tres meses y con un propósito distinto del turismo. Es inaceptable.

  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) He apoyado el informe Coelho sobre la libertad de circulación de las personas con un visado para estancias de larga duración porque, tras cuestiones relacionadas con formalidades administrativas, creo que es importante, por ejemplo, que los jóvenes extranjeros que vienen a estudiar a nuestros países no se vean confinados a vivir en un país, sino que puedan tener libertad para viajar de un país a otro, ya sea para estudiar o para descubrir la diversidad y riqueza de la cultura europea. Al contrario que aquellos que amenazan con el fantasma de la seguridad y de la lucha contra la inmigración ilegal, debemos defender aquí la necesidad de desarrollar una sociedad basada en el conocimiento en Europa, y en todo el mundo.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – Me he abstenido al votar sobre el informe Coelho porque aborda aspectos de Schengen que no son aplicables en Escocia.

  Véronique Mathieu (PPE), por escrito. – (FR) En primer lugar, me gustaría dar las gracias al señor Coelho por la calidad de su informe y por la verdadera pericia que aporta a todo su trabajo sobre la política de visados. La aprobación de este reglamento es una necesidad y una cuestión urgente. Es una necesidad porque, debido a una práctica muy polémica aplicada por los Estados miembros, que ya no convierten los visados para estancias de larga duración en permisos de residencia, hemos acabado en situaciones absurdas en las que a un ciudadano de un tercer país que reside legalmente en el territorio de la UE gracias a un visado tipo «D» se le prohíbe viajar a otro Estado miembro del espacio Schengen. Esta práctica crea obstáculos innecesarios a la circulación dentro del espacio Schengen y va en dirección opuesta a la mismísima filosofía del acervo comunitario de Schengen. La aprobación de este texto también es urgente a la vista de la inminente entrada en vigor del código comunitario de visados, que abole los visados «D + C». Además de mantener un elevado nivel de seguridad en el espacio Schengen, gracias a la obligación de consultar el Sistema de Información de Schengen cuando se tramiten las solicitudes de visados «D», este informe ofrece una solución justa y equilibrada para situaciones que ya no deberían plantearse en el futuro.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La anterior legislación, que no permitía que un ciudadano de un tercer país con un visado para estancias de larga duración concedido por un Estado miembro viajase a otros Estados miembros, no respondía a las necesidades de movilidad de la mayoría de estos ciudadanos. Estamos hablando de estudiantes, científicos, académicos y otros que, como parte de su trabajo profesional y/o académico, tienen que viajar entre varios Estados miembros y no podían hacerlo con la legislación existente.

Por tanto, estos cambios rectifican esta situación anómala pero sin dejar de defender las normas de seguridad sobre la circulación de ciudadanos de terceros países dentro de la UE.

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. – (RO) He votado a favor de este reglamento porque considero que es una mejora bienvenida con respecto a la medida anterior, que restringía los derechos de los titulares de visados para estancias de larga duración en un Estado miembro. Al igual que la sociedad está en un estado de flujo, la legislación europea tampoco debe quedarse quieta, porque estamos afrontando nuevos problemas y desafíos. Al mismo tiempo, se nos conceden nuevos instrumentos para abordar problemas relacionados, por ejemplo, con la libre circulación.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) Este informe tiene como objetivo hacer que resulte mucho más fácil para los ciudadanos de terceros países con un visado D para estancias de larga duración el moverse libremente por la Comunidad. Al hacerlo, ignora totalmente el hecho de que debería ser competencia de los Estados miembros el decidir si y a qué ciudadanos de terceros países se les permite la entrada en el país y quién debería rechazar la entrada. Por esta razón he votado en contra del informe.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – He votado, al igual que mi grupo, a favor de este informe porque señala que las propuestas realizadas en este marco buscan facilitar el movimiento dentro del espacio Schengen, en base a un visado «D» para estancias de larga duración concedido por un Estado miembro, de los ciudadanos de terceros países que residen legalmente en ese Estado miembro. Su objetivo es ofrecer una respuesta a situaciones en las que los Estados miembros no pueden, por diversas razones, conceder permisos de residencia a tiempo a ciudadanos de terceros países que residen en su territorio, ampliando el principio de equivalencia existente entre un permiso de residencia y los visados «C» para estancias de corta duración y «D» para estancias de larga duración.

Así, un visado para estancias de larga duración deberá surtir los mismos efectos que un permiso de residencia en lo que se refiere a la circulación en el espacio Schengen. Esto hará posible que cualquier persona que posea un documento que demuestre que es un residente legal en un Estado miembro se pueda mover libremente por el espacio Schengen durante períodos cortos de tiempo que no superen los tres meses en medio año.

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) La libre circulación de personas es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea, y el espacio Schengen se creó para llevar este objetivo a la práctica de una forma eficaz. El Grupo del Partido Popular Europeo, al que pertenezco, siempre ha defendido el principio de la libertad de circulación de las personas, aplicando el principio de que las normas y los procedimientos habituales relativos a los visados, los permisos de residencia y el control fronterizo deben formar parte del concepto global de Schengen.

En este contexto, apoyo las nuevas medidas que se han aprobado, teniendo en cuenta que la libre circulación de ciudadanos de terceros países, es decir, residentes en un Estado miembro con un visado para estancias de larga duración de tipo «D» que viajan a otros Estados miembros dentro del espacio Schengen, se vuelve en ocasiones difícil como resultado de un retraso en la conversión de su visado en un permiso de residencia.

De conformidad con el documento, el principio de equivalencia entre permisos de residencia y los visados para estancias de corta duración se aplicará ahora a los visados para estancias de larga duración. Por estas razones, y puesto que las medidas aprobadas no solo dejan las cuestiones relativas a la concesión de visados como estaban, incluidas aquellas relativas a las cuestiones de seguridad, sino que también suponen un avance natural y necesario del concepto de Schengen, he votado a favor del documento.

Informe: Sophia in ’t Veld (A7-0025/2010)

  Liam Aylward y Pat the Cope Gallagher (ALDE), por escrito. – (GA) Los miembros de Fianna Fáil en el Parlamento Europeo, Pat the Cope Gallagher y Liam Aylward, se oponen categóricamente a lo que se propone en este informe en relación a la introducción de una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS).

El Centro Europeo de Estudios Económicos realizó un estudio recientemente sobre lo práctico que resultaría introducir la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades en Europa y quedó claro en las conclusiones del estudio que ese sistema impositivo no sería factible, práctico ni deseable desde un punto de vista político.

Una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades en Europa no mejoraría la competitividad de la Unión Europea ni el funcionamiento del mercado único, y además la BICCIS podría interferir con pequeñas economías abiertas como la de Irlanda. La cuestión de la fiscalidad es competencia de cada Estado miembro y el Gobierno irlandés tiene derecho a usar su capacidad de veto en relación con cualquier medida impositiva, incluida la BICCIS. Este derecho está consagrado en los tratados, incluido el Tratado de Lisboa.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Una competencia eficaz en el suministro de bienes y servicios reduce los precios, mejora la calidad y permite una mayor variedad de elección a los consumidores. También permite que avance la innovación tecnológica. La investigación en el sector energético es fundamental, junto a la inversión en infraestructuras, especialmente en la interconexión de las redes de gas y electricidad, para promover la competencia. La garantía de suministro y la verdadera competencia en el mercado energético depende de la interconexión y del funcionamiento fluido de las infraestructuras energéticas. Una competitividad sólida también es importante dentro del sector de las telecomunicaciones con medidas que promuevan la competitividad entre las tarifas preferenciales. Para lograr todo esto, es importante analizar el mercado correspondiente. Remarcaría incluso la importancia de controlar el comportamiento competitivo de los mercados de combustibles dentro de la Unión Europea. Enfatizaría que mecanismos de apoyo como las ayudas estatales no se deben utilizar para proteger las industrias nacionales a expensas del mercado interior y de los consumidores europeos, y que esos mecanismos deberían utilizarse con el objetivo de restablecer una economía sostenible basada en el conocimiento.

  Lara Comi (PPE), por escrito. – (IT) El informe sobre la política de la competencia muestra cómo reforzar el funcionamiento de los mercados en beneficio de los consumidores y las empresas europeas. Se presta especial atención a las cuestiones relativas a los cárteles y los consumidores. La lucha entre cárteles es fundamental para garantizar que los beneficios de un sistema competitivo llegan al consumidor final. De hecho, los cárteles suponen una de las violaciones más graves de la legislación de la competencia: se permite a los operadores que suban los precios, limiten la producción y se repartan el mercado entre ellos. La Comisión tiene una capacidad sancionadora, evitando así los comportamientos anticompetitivos, e impone multas a los miembros de cárteles, desanimando a las empresas de caer o continuar con ese comportamiento anticompetitivo.

Durante una crisis económica existe el riesgo de aumentar el nivel de proteccionismo. Por ello, es necesario evitar la intervención pública que modificaría las condiciones de la competencia en el mercado interior, pero, al mismo tiempo, también hace falta reconocer que las ayudas estatales son en ocasiones fundamentales para abordar la crisis. He votado a favor, ya que las condiciones anticompetitivas fomentan los abusos de posiciones dominantes en detrimento de las PYME y, en consecuencia, es fundamental que Europa haga todo lo posible por ofrecer mayores garantías y protección de los bienes.

  Derk Jan Eppink, en nombre del Grupo ECR, por escrito. – El Grupo ECR es un firme defensor de una política de competencia sólida y eficaz como herramienta para proteger al consumidor e incentivar un acceso justo a los mercados. Nos complace haber apoyado las acciones adoptadas por la Comisión en los últimos años para lograr estos objetivos y, concretamente, sus acciones contra las ayudas estatales injustas.

Por ello, vemos con consternación que el informe, que inicialmente estaba bien redactado, se ha vuelto menos eficaz con los añadidos irrelevantes e inoportunos de los párrafos que reemplazan al resultado de las negociaciones sobre la estructura de supervisión financiera, que piden una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades y que atacan el derecho de las empresas a usar personal contratado.

Los miembros de nuestro grupo han votado, en el pasado, a favor de informes sobre la política de la competencia de la Comisión y esperamos que esos informes vuelvan a salir, en el futuro, en mejores condiciones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Nuestra abstención refleja nuestra preocupación y reiteramos en esta explicación de voto nuestro apoyo al buen trabajo constante de la Comisión en el terreno de la competencia.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Una mayor competencia significa más elección para el público europeo y un entorno más competitivo para las empresas. Por ello, no debería existir separación entre las políticas de la UE sobre competencia y aquellas relativas a los consumidores. Así, es fundamental que la comisión actúe para garantizar un entorno competitivo eficaz en el centro del mercado interior si queremos asegurarnos de que se logran estos objetivos, aunque pueda cuestionar los poderes absolutos conferidos a esa institución.

Durante la crisis de los últimos meses, la autorización de las ayudas estatales, justificadas por los hechos recientes, ha sido fundamental para la recuperación económica. Es más, la lucha contra los cárteles y el abuso de una posición dominante por parte de las empresas es básico si queremos garantizar la supervivencia de una competencia justa dentro del mercado interior, permitiendo que los diferentes actores económicos se beneficien de las condiciones que favorecen la consecución de sus actividades.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) La crisis económica, cuyos efectos todavía sufrimos, exige medidas excepcionales, como las ayudas estatales. Sin embargo, debe garantizarse que esto no supone una distorsión excesiva de la competencia ni aumenta el déficit presupuestario o la deuda pública. Teniendo esto en cuenta, su aplicación debería suponer una consideración serena.

El nivel de deuda pública, que aumenta rápidamente, será una carga para las generaciones futuras y un obstáculo para la recuperación y el crecimiento económicos. Una deuda y unos déficits presupuestarios excesivos no solo comprometen la estabilidad del euro, sino que también conllevan graves restricciones en el gasto público en sectores prioritarios como la educación, la sanidad, la innovación y el medio ambiente.

En este contexto, debemos realizar una evaluación rigurosa del conjunto de medidas de rescate y recuperación y de la eficacia de las ayudas estatales. Hay que evitar el proteccionismo y la fragmentación del mercado único, ya que debilitan la posición de Europa en la economía mundial.

Un mercado único que funciona correctamente es la clave para una economía sana y, sin duda, para la recuperación económica. Por último, las políticas económicas deben lograr una mayor legitimidad a través de una mayor intervención del Parlamento en virtud del proceso de codecisión.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Las políticas y las normas eficaces relativas a la competencia siempre han sido fundamentales para la coexistencia sana de todos los operadores económicos en la zona del euro. Aunque la UE se ha visto muy afectada por la reciente crisis económica mundial, la verdad es que una moneda fuerte, un mercado único coherente, unas finanzas públicas sensatas y un buen sistema de protección social han contribuido en gran medida a ayudarnos a sobrellevar los efectos de la crisis.

Sin embargo, las ayudas públicas distribuidas en varios Estados miembros sin preocuparse por el bien de la Unión Europea en su conjunto podrían provocar importantes distorsiones de la competencia. Por ello, es crucial que se evalúen todas las medidas aprobadas por cada Estado miembro para combatir la crisis, de tal forma que en el futuro la UE tenga la capacidad de reaccionar de forma conjunta y armonizada para evitar el proteccionismo y la fragmentación del mercado único. Dichas situaciones solo consiguen hacer daño a Europa, que quiere ser fuerte en la economía global.

  Sławomir Witold Nitras (PPE), por escrito. – (PL) La política sobre la competencia es una de las más importantes de la Comunidad y fue una de las primeras que se acordó. La legitimidad y la necesidad de su introducción hacen referencia directamente a uno de los principales objetivos de las Comunidades Europeas: el establecimiento de un mercado único en los Estados miembros. La política de competencia pretende ofrecer una garantía de que no se van a sustituir las barreras al comercio interior, que se suprimieron con el mercado único, por otras medidas por parte de empresas o gobiernos, ya que esto provocaría una distorsión de la competencia. La política de competencia se preocupa, principalmente, por los intereses de los consumidores e intenta garantizarles un fácil acceso a los productos y servicios que se ofrecen en el mercado único a precios lo más similares posibles en toda la Unión. Me gustaría tan solo llamar su atención hacia la grave crisis que ha afectado a Europa y decir que un mercado interior que funciona bien es la clave para una economía sana y, sin duda, es la clave para afrontar el trabajo de reconstrucción que nos espera en el futuro inmediato.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) Este informe contiene algunas propuestas sensatas, como el diferente trato, dentro de la legislación sobre competencia, de las preocupaciones de las multinacionales, por un lado, y de las pequeñas y medianas empresas, por otro. Sin embargo, no creo que sea correcto desregular, o no regular, los precios finales en el sector de las telecomunicaciones. En general, considero que el tenor del informe, que asume la eficacia absoluta del mercado libre, es tergiversador. Por esta razón he votado en contra de este informe.

  Robert Rochefort (ALDE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de la señora in ‘t Veld, que valora positivamente el informe de 2008 de la Comisión sobre la política de competencia. Desde luego, comparto su opinión positiva: debe remarcarse este cambio en el enfoque de la Comisión.

De hecho, en este informe, la Comisión explica que pone las preocupaciones de los consumidores en el centro de sus actividades en lo que se refiere a la competencia, y que considera que el principal objetivo de la política de competencia es la optimización del bienestar de los consumidores. Me alegra. ¿Puede ser que la Comisión por fin actúe totalmente de conformidad con el artículo 12 del Tratado de Lisboa, que estipula que al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones de la Unión se tendrán en cuenta las exigencias de la protección de los consumidores?

También animo a la Comisión a proseguir con el compromiso en torno al diálogo frecuente que ha decidido crear entre sus servicios, los consumidores y las asociaciones que los representan. A este respecto, es algo positivo que, en 2008, se crease una unidad para gestionar las relaciones con los consumidores en la Dirección General de Competencia. Ahora solicitamos un informe completo sobre las actividades de esta unidad, para que podamos hacernos una mejor idea de lo útil que resulta.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Yo, al igual que mi Grupo, los Verts/ALE, he votado a favor del informe in ‘t Ved sobre el informe anual sobre la Política de Competencia (2008) porque ofrece una oportunidad para que el Parlamento determine sus prioridades y su evaluación sobre cómo la Comisión lleva a cabo su política de competencia. Me alegra que, en línea con la votación en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el informe in ‘t Veld se haya aprobado (como se esperaba) por una amplia mayoría (los Verdes a favor, al igual que los principales grupos políticos).

  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito. – (PL) Europa, golpeada por la crisis económica, ha sabido reaccionar con rapidez y mitigar los efectos de la crisis gracias a su moneda común, a su sólido mercado interior y a su sistema estable de protección social. Esto no significa que no existan repercusiones perceptibles, pero se pueden ver indicios de mejora de la situación. Por desgracia, los consumidores siguen luchando con problemas relacionados con sacar provecho a los beneficios de la competencia. Hay que proteger sus derechos, pero tienen que ser más conscientes y tener un mejor conocimiento. El funcionamiento correcto y la competitividad del mercado europeo suponen que el consumidor puede utilizar el sistema de la competencia al elegir productos, servicios y precios más bajos. Sin embargo, en la actualidad estamos viendo una competencia insuficiente, especialmente en los sectores farmacéutico y de las telecomunicaciones. La ausencia de competencia va directamente en detrimento de los consumidores y de la economía. Existe también la necesidad de supervisar los comportamientos competitivos en el mercado de combustibles de la UE. Se deben aplicar sanciones por incumplir la ley sobre la protección de la competencia que sean proporcionales al incumplimiento y hay que utilizar medidas más disuasorias en caso de reincidencia. Sin embargo, ante todo, la crisis ha mostrado la debilidad de la economía europea y ha indicado cuales son aquellas áreas que hay que reforzar. Todas las estrategias de la política económica deben seguir sujetas al control democrático y deben aplicarse teniendo presentes el bien común y el respeto a los derechos de los ciudadanos europeos.

Informe: Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein (A7-0084/2009)

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe. Un mercado interior que funcione de forma eficaz es fundamental para crear un entorno económico estable e innovador. Sin embargo, el mercado interior no puede funcionar de forma eficaz sin unas normas comunitarias incorporadas, aplicadas y ejecutadas correctamente. Por desgracia, el número de expedientes precontenciosos sigue siendo demasiado elevado en los Estados miembros.

Esa situación distorsiona el mercado interior y deja a los clientes sin una protección adecuada. El Parlamento Europeo le pidió a la Comisión en 2008 que ofreciese una información más detallada sobre las directivas que no se han aplicado en los Estados miembros y espero sinceramente que la Comisión sea capaz de presentar dicha información muy pronto.

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) En 1997, la Comisión publicó el trabajo del primer Cuadro de indicadores del mercado interior, que se centró en la aplicación de las normas del mercado interior por parte de los Estados miembros, ya que importantes retrasos estaban impidiendo que los miembros del público y las empresas sacasen el mayor provecho del mercado interior.

A través de la evaluación y publicación de los avances relativos a la aplicación, el grupo de expertos de la evaluación han contribuido a reducir el nivel de no aplicación de las directivas en los Estados miembros. He votado a favor de este informe porque considero que es imperativo que los Estados miembros incorporen la legislación sobre el mercado interior a su legislación nacional a un ritmo oportuno, ya que el mercado interior sólo puede funcionar correctamente si las normativas de la UE sobre su funcionamiento se ejecutan y aplican correctamente y si se realizan comprobaciones sobre su cumplimiento.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) A pesar de que los Estados miembros han logrado los estándares más elevados en términos de tiempo utilizado para incorporar las normativas del mercado interior a sus legislaciones nacionales, no creo que los datos ofrecidos por el Cuadro de indicadores más reciente del mercado interior sean satisfactorios. La creación de un mercado interior estable e innovador, que satisfaga las necesidades de los consumidores y en el que las empresas puedan maximizar la creación de nuevos puestos de trabajo, no puede coexistir con los retrasos sistemáticos en la ejecución de la legislación comunitaria y con la no aplicación de las directivas.

Son las personas y las empresas las que más sufren por el retraso en la ejecución de las políticas relativas al mercado interior a través de los costes que conlleva la capacidad de elección reducida, una menor competencia y unos mercados menos abiertos. Con esto en mente, creo que es importante que el Parlamento presione en cuanto a la ejecución de las normativas del mercado interior. Son los Estados miembros los que determinaron los plazos de ejecución de estas directivas. Al menos, se les debe exigir que respeten los objetivos que ellos mismos se marcaron. Este es un objetivo fundamental para lograr un mercado interior en un período de crisis económica.

  Lara Comi (PPE), por escrito. – (IT) Una vez mejorado el déficit de la adaptación al Derecho nacional de las directivas, que está en el 1 %, sigue siendo esencial centrarse en mejorar la actual ejecución de la legislación del mercado interior en los sistemas legales nacionales. La Comisión, el Parlamento y los Estados miembros deben esforzarse más a este respecto y colaborar entre ellos.

Por su parte, la Comisión debe hacer más por apoyar a los Estados miembros durante el período de adaptación al Derecho nacional, a través del diálogo y del intercambio de información para resolver los problemas antes de que se cumpla el plazo para la adaptación. También debería organizar un Foro del Mercado Interior anual y buscar nuevas formas de eliminar las barreras que todavía persisten para completar el mercado interior, incluida la simplificación de la legislación.

Nosotros, los miembros del Parlamento Europeo, en tanto que representantes de los ciudadanos, debemos aprovechar cualquier oportunidad posible para informarles acerca de la legislación europea, promoviendo estudios, talleres, convenciones y vistas. Los parlamentos nacionales, por otra parte, deben participar estrechamente en los avances legislativos europeos para conocer las medidas propuestas a tiempo y mejorar la cooperación entre las autoridades nacionales, regionales y locales. A este respecto, el Tratado de Lisboa ofrece a las asambleas electas un papel más relevante, al que deben sacar el mayor partido. Por todas estas razones, que se explican claramente en el informe, he votado a favor.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Tras la publicación más reciente (marzo de 2010) de los resultados del Cuadro de indicadores del mercado interior, se ha demostrado que el porcentaje de directivas sobre el mercado interior que no se han incorporado a la legislación nacional es del 0,7 %, un resultado inferior al presentado en julio de 2009, que, como indicó la ponente, era del 1,0 %.

La ejecución a tiempo y de forma apropiada de la legislación comunitaria es fundamental para lograr una mayor integración del mercado interior en relación con su impacto directo en la seguridad jurídica y en la confianza del público europeo. Por esta razón, los Estados miembros deben adoptar una actitud responsable en la aplicación de esta legislación, de tal forma que en el futuro no haya una falta de ejecución, sino una mayor seguridad jurídica y la oportunidad de que el público se beneficie de unas condiciones equitativas dentro del mercado interior.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El mercado interior no puede funcionar correctamente si las normas comunitarias relativas a su funcionamiento no se incorporan y ejecutan y si no se verifica su cumplimiento. Por tanto, es imperativo que los Estados miembros incorporen al Derecho nacional la legislación sobre el mercado interior en los plazos previstos.

Hay 22 directivas cuyos plazos de adaptación al Derecho nacional se cumplieron hace más de dos años. Es más, el 6 % de las directivas no son adaptadas por todos los Estados miembros, lo que supone que 100 directivas sobre el mercado interior no son todo lo eficaces que podrían en la UE.

Los Estados miembros y la Comisión deben actuar de forma decidida ante esta situación. Apruebo la opinión de que la Comisión debería publicar las directivas que no se ejecutan en cada Estado miembro en su página web, para que esta situación se haga pública. Parece ser que el número de casos de infracción sigue siendo demasiado elevado; algunos Estados miembros tienen un número de casos muy por encima de la media de la UE (47).

También se pide a los Estados miembros que garanticen el funcionamiento de las redes trasfronterizas de los sistemas de información electrónica creados por la Comisión.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Contrariamente a lo que afirma el informe, hoy está claro que el proceso de liberalización de los mercados y privatización de los servicios públicos, que sigue su curso, no ha aportado beneficios apreciables en términos de precios, calidad del servicio o reducción del gasto público. Por el contrario, las organizaciones protectoras de los consumidores y los usuarios de los servicios públicos informan de subidas de precios, reducciones en la calidad del servicio y aumentos en el coste de la provisión de servicios. De hecho, la liberalización ha contribuido a la pérdida de puestos de trabajo y a la creación de monopolios, que ponen en peligro los derechos de los trabajadores, los usuarios de los servicios públicos y los consumidores, como claramente ha ocurrido con las telecomunicaciones, el transporte, la electricidad y los servicios postales. Esta situación ha servido, por su parte, para empeorar la crisis económica y social.

Por estas razones, continuar con esta política es defender un mayor empeoramiento de la situación socioeconómica de millones de personas. Supone defender el despilfarro de los servicios públicos, que son un recurso público, y su trasferencia a grupos privados. Supone defender la inseguridad, el desempleo y la pobreza. Supone defender que aumente la distancia entre los más ricos y los más pobres. Supone defender una sociedad más injusta. Por eso no hemos votado a favor.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Señor Presidente, Señorías, hemos votado en contra del informe de la señora Thun Und Hohenstein. Este Parlamento está obsesionado con el número de directivas incorporadas al Derecho nacional, el famoso Cuadro de indicadores del mercado interior. Nadie cuestiona nunca la calidad intrínseca de esta legislación, ni siquiera la verdadera necesidad o relevancia de 90 000 páginas de texto, que representan lo que ustedes denominan «acervo comunitario», o de las aproximadamente 1 700 directivas relativas al mercado interior. Por cierto, lo mismo sucede con la preocupación por averiguar si se han alcanzado los objetivos marcados cuando se aprobaron estos textos, si el impacto de los análisis se ha demostrado acertado o si se han respetado los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

Se dice que todas las deficiencias son responsabilidad de los Estados miembros, que, no obstante, tienen cada vez menos margen de maniobra para adaptar estos documentos a las circunstancias nacionales, ya que el más mínimo detalle está fijado, mientras que los tratados indican una obligación de lograr resultados pero no de ofrecer recursos. A las instituciones europeas les vendría bien aplicarse un poco de autoanálisis y autocrítica.

  Małgorzata Handzlik (PPE), por escrito. – (PL) El Cuadro de indicadores del mercado interior es un instrumento muy importante que ofrece información sobre el estado de la adaptación al Derecho nacional de la legislación europea por parte de los Estados miembros. A pesar de sus obligaciones, los Estados miembros están retrasando la adaptación al Derecho nacional y también la están realizando de forma incorrecta. El Cuadro de indicadores muestra que los Estados miembros se las arreglan cada vez mejor con la ejecución de la legislación, aunque un gran número de ellos todavía no hayan alcanzado el objetivo marcado. Necesitamos una obligación clara para que los Estados miembros mejoren estos indicadores. Recientemente, hemos hablado mucho en el Parlamento Europeo sobre la necesidad de reforzar el mercado interior. Sin embargo, el mercado interior no funcionará correctamente si la legislación que es la base de un mercado interior que funciona adecuadamente no se incorpora al Derecho nacional como es debido y a tiempo.

El mercado interior también debe lograr el apoyo de nuestros ciudadanos. Por tanto, apoyo la sugerencia de la ponente de celebrar un Foro del Mercado Interior anual, así como la sugerencia de una «prueba del mercado interior», que sugiere comprobar la legislación desde el punto de vista de las cuatro libertades del mercado interior: libre circulación de capitales, de bienes, de servicios y de personas.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – El Cuadro de indicadores del mercado interior ofrece una práctica visión general de la aplicación de las reglas de la Comunidad en ámbitos de vital importancia para los consumidores y los negocios europeos. Por desgracia, hasta ahora Escocia no figura como un país independiente en este Cuadro de indicadores. Me parece esencial que el Parlamento escocés adquiera plenos poderes en los ámbitos que están en la actualidad reservados a Londres. Cuando eso suceda, estoy seguro de que Escocia figurará entre los Estados miembros que ponen en práctica medidas para el beneficio de los consumidores y los negocios.

  Alan Kelly (S&D), por escrito. – Ofrezco mi respaldo absoluto al concepto de usar el Cuadro de indicadores del mercado interior como una herramienta para medir el éxito del mercado único. Esta es una herramienta esencial para expresar el modo en el que los Estados miembros tratan la ley europea. También muestra que la carga de la regulación excesiva, que a menudo empaña la imagen de la UE, no es siempre culpa de alguna institución de la UE, sino del propio Estado miembro. Tenemos que aprender una lección de esto. Además, necesitamos una mayor transparencia en el futuro.

  Eija-Riitta Korhola (PPE), por escrito. – (FI) Señor Presidente, un mercado interior que funciona de forma eficaz se basa en consumidores que tienen confianza en él. Los consumidores europeos son de una importancia vital a medida que pasamos de la recesión al crecimiento. Los informes que hemos aprobado plantean cuestiones importantes en cuanto a la mejora de la protección del consumidor y al funcionamiento del mercado interior y he respaldado estas cuestiones durante las deliberaciones del Comité y en la votación celebrada hoy. Voy a mencionar tres de ellas. En primer lugar, el Cuadro de indicadores del mercado interior es una herramienta bien acogida. Sus cinco indicadores principales son sin duda cruciales para evaluar el modo en el que está funcionando el mercado interior en general y desde el punto de vista de los consumidores. Creo que deberíamos apoyar la idea de que, en el futuro, el Cuadro de indicadores debería incorporar información sobre la puesta en práctica de la legislación del mercado interior en Estados miembros que aún tienen carencias. Tenemos que prescindir de esa mentalidad de escoger a nuestro gusto. En segundo lugar, me sorprende la actitud tan negativa del Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo hacia la prueba propuesta para el mercado interior. Probablemente se deba a una conclusión equivocada, ya que la prueba también podría servir para promover objetivos sociales y ambientales concretos. Esto es, a buen seguro, de lo que trata todo el proceso de integración: la economía y un mercado interior viables se han concebido para atender objetivos más generales. La historia ha demostrado la cordura de la Declaración Schuman. En tercer lugar, me gustaría expresar mi apoyo al desarrollo de remedios que garanticen la protección legal de los consumidores. En Finlandia, nuestro sistema para la solución extrajudicial de litigios de consumidores y la institución del defensor del consumidor funcionan muy bien. La Comisión tiene que mantener un diálogo exhaustivo con las autoridades de los Estados miembros para garantizar la propagación las de buenas prácticas. No obstante, tenemos que recordar que si se van a reforzar la protección del consumidor y el mercado interior, los consumidores informados y activos son más importantes que la supervisión oficial y la protección legal.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Un mercado interior sano es fundamental para que exista una competencia sana y para su consiguiente crecimiento económico. Sin embargo, si esto se va a hacer realidad, las directivas de la Comunidad tienen que adoptarlas todos los Estados miembros de la misma manera, sin excepciones.

El Cuadro de indicadores del mercado interior y el Panel de consumidores desempeñan una función crucial en la mejora del funcionamiento del mercado interior. Aunque vamos por el buen camino, aún estamos lejos de lograr todos los objetivos establecidos para un mercado interior más eficaz. Por eso, todos tenemos que hacer un esfuerzo, incluidos los Parlamentos nacionales, que tendrán un papel muy importante y decisivo.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Finalmente he decidido votar en contra del informe porque no se ha eliminado el artículo 10 del texto. El mantenimiento de este artículo es esencial puesto que exige el establecimiento de pruebas sistemáticas de mercado interior a fin de verificar de antemano si las propuestas de la UE cumplen todas las reglas del mercado interior.

Informes: Jean-Luc Dehaene (A7-0022/2010), Reimer Böge (A7-0020/2010), (A7-0021/2010), (A7-0019/2010), Anna Rosbach (A7-0009/2010), Anna Hedh (A7-0024/2010), Cristian Silviu Buşoi (A7-0027/2010), Bairbre de Brún (A7-0082/2009), Carlos Coelho (A7-0015/2010), Sophia in ’t Veld (A7-0025/2010), Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein (A7-0084/2009)

  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D), por escrito. – (PT) Debido a un problema con el dispositivo de votación, mi voto no se ha registrado.

Por lo tanto, declaro que he votado a favor de todos los puntos que se han sometido a votación en el presente periodo de sesiones.