Acta literal de los debates

Martes 9 de marzo de 2010 - Estrasburgo

1. Apertura del periodo de sesiones

PRESIDE: Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

  Presidente. – Declaro abierto el periodo de sesiones 2010-2011 del Parlamento Europeo.

2. Apertura de la sesión

(Se abre la sesión a las 09.00 horas)

3. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (anuncio de las propuestas de resolución presentadas): véase el Acta

4. Cuadro de indicadores del mercado interior - Protección de los consumidores - SOLVIT (debate)

  Presidente. – El primer punto en el orden del día es el muy importante debate conjunto sobre tres informes que tratan del mercado interior y la protección del consumidor:

- el informe de Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre el Cuadro de indicadores del mercado interior (SEC (2009)/1007 - 2009/2141(INI)) (A7-0084/2009),

- el informe de Anna Hedh, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre la protección de los consumidores (2009/2137(INI)) (A7-0024/2010), y

- el informe de Cristian Silviu Buşoi, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre SOLVIT (2009/2138(INI)) (A7-0027/2010).

  Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, ponente. – (PL) Me complace poder presentar el 19º Cuadro de indicadores del mercado interior, que fue elaborado en julio del año pasado. Este documento demuestra que los Estados miembros están mejorando la transposición del Derecho comunitario. Vuelvo a repetir que se ha alcanzado el objetivo —el objetivo que establecieron los propios Jefes de Estado o de Gobierno, de manera que el déficit medio de transposición no superara el 1 %—. No obstante, el número de directivas que no se han transpuesto todavía en las legislaciones de uno o más Estados miembros, es decir, la fragmentación del mercado, es aún demasiado elevada. Existen más de 100 directivas relativas al mercado interior. Además, dos años después de que haya vencido el plazo de transposición, aún existen 22 directivas que no se han transpuesto a las legislaciones nacionales. Los Estados miembros deben esforzarse más si cabe para que el mercado interior se convierta en algo de lo que se beneficien todos los ciudadanos europeos.

Ahora, mientras les presento este informe, tengo en la mano el próximo Cuadro de indicadores, con el que alcanzamos el número redondo de veinte ediciones, lo que demuestra que se ha progresado en la transposición de la legislación comunitaria. El déficit de transposición ha caído al 0,7 %, un porcentaje significativamente más bajo que el del objetivo marcado, lo que supone el mejor resultado alcanzado hasta la fecha. Resulta evidente que la labor de la Comisión Europea, que ha dado lugar a esta publicación, contribuye a movilizar a los Estados miembros. Podemos felicitar calurosamente a la Comisión por el duro trabajo realizado, que ha sido tan productivo.

Otra buena noticia es que la fragmentación del mercado ha caído del 6 al 5 %. No obstante, aún no se han transpuesto 74 directivas a la legislación de uno o más Estados miembros de la Unión Europea, lo que significa que todavía existen barreras, barreras muy perjudiciales, que siguen obstaculizando la libertad de acción de ciudadanos y empresarios en el mercado interior. Entre todos debemos suprimir estas barreras.

Con este propósito, el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor propone una colaboración más estrecha entre todas las instituciones encargadas conjuntamente de la transposición y las partes interesadas. Proponemos la celebración anual de un Foro del Mercado Interior, que congregaría a las instituciones europeas, además de a los Estados miembros, diputados de parlamentos nacionales y representantes de empresas y consumidores. Un Foro de esta naturaleza representará una oportunidad para intercambiar experiencias y mejores prácticas por lo que se refiere a la transposición de la legislación comunitaria, así como para elaborar estrategias que nos ayuden a encarar los retos que aún tenemos por delante.

A fin de suprimir estas barreras perjudiciales pedimos a la Comisión Europea que someta a toda nueva legislación comunitaria a una «prueba del mercado interior» para garantizar que las nuevas medidas no socavan las cuatro libertades de la Unión Europea. Es, además, extremadamente importante facilitar a los ciudadanos información comprensible sobre cómo funciona el mercado interior, teniendo en cuenta que, precisamente en su beneficio, hace 20 años se creó el mercado interior.

Al objeto de ofrecer una visión más completa del desarrollo del mercado interior, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide que se publiquen al mismo tiempo el Cuadro de indicadores del mercado interior, el informe SOLVIT, el Servicio de Orientación a los Ciudadanos y el Cuadro de indicadores de los mercados de consumo.

Para finalizar, quisiera dar las gracias a todas las personas que han trabajado en este informe, así como pedir a Sus Señorías que voten a favor, porque estoy segura de que servirá para que en el futuro la legislación comunitaria se trasponga con mayor rapidez y de una forma adecuada al ordenamiento jurídico de los Estados miembros, gracias a lo cual, los ciudadanos europeos tendrán que superar menos barreras en el mercado interior. No cabe la menor duda de que se trata de una cuestión fundamental para el desarrollo de la economía europea, así como de la identidad europea.

  Anna Hedh, ponente. – (SV) Señor Presidente, antes de nada quisiera comenzar agradeciendo a los ponentes alternativos, así como al resto de personas que han participado en la elaboración del Cuadro de indicadores de los mercados de consumo, su gran colaboración que además hemos disfrutado durante el tiempo que hemos estado trabajando en el Cuadro. Me complace una vez más que hayamos elaborado un informe que cuenta con el respaldo de una amplia mayoría de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor.

Siempre he sostenido que en la UE necesitamos consumidores seguros y satisfechos si queremos que el mercado interior funcione correctamente. Supuso una gran satisfacción que en 2007 se nombrase una Comisaria con competencias específicas en cuestiones de consumo. En parte como resultado de la gran apertura de miras y del firme compromiso personal de la señora Kuneva, las políticas en materia de protección del consumidor y las cuestiones relacionadas con el consumo han experimentado avances. El Cuadro de indicadores de los mercados de consumo también es obra de la señora Kuneva.

Pese a la inquietud que suscita el hecho de que dos Comisarios compartan las competencias en materia de consumo, esperamos que esta labor siga avanzando y dando resultados, y que la atención no se desvíe de los consumidores a consecuencia de la nueva Comisión. En ese momento la responsabilidad es, de hecho, incluso mayor, ya que el artículo 12 del Tratado de Lisboa dispone que se tendrán en cuenta tener las exigencias de la protección de los consumidores al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones de la Unión. Se trata de una importante medida para los consumidores que no pienso permitir que nadie olvide durante el tiempo que dure mi carrera política.

Acojo con gran satisfacción la segunda edición del Cuadro de indicadores de los mercados de consumo. Se trata de uno más entre una serie de instrumentos con los que contamos para mejorar el mercado interior y considero que el punto de vista en el que se basa es especialmente interesante, ya que afecta a las expectativas y a los problemas de los ciudadanos y porque la mejora del mercado interior que impulsa va dirigida específicamente a los consumidores. El cuadro ha analizado el mercado de consumo según los mismos indicadores utilizados anteriormente —concretamente, precio, seguridad, cambio de proveedores, reclamaciones y satisfacción del cliente—.

No cabe la menor duda de que con el tiempo será necesario desarrollar y mejorar estos indicadores, así como introducir indicadores nuevos. Sin embargo, soy de la opinión de que en este momento ofrecen una base adecuada para establecer prioridades y sacar conclusiones relativas a los análisis adicionales que es necesario realizar. Es extremadamente importante que seamos pacientes y demos tiempo a que se desarrolle el Cuadro de indicadores, que se encuentra todavía en fase incipiente.

En el segundo Cuadro de indicadores de los mercados de consumo, hemos observado, entre otras cosas, claros indicios de que a los consumidores les ocasionan más problemas los servicios que los productos, y que los precios aumentan con menos frecuencia en sectores en los que los consumidores cambian frecuentemente de proveedor. Asimismo, el comercio electrónico transfronterizo se está desarrollando con mayor lentitud a causa de obstáculos fronterizos que causan preocupación en los consumidores y les hacen perder la confianza. Por otro lado, podemos observar que para que el mercado funcione correctamente es fundamental una aplicación eficaz de la legislación y de los mecanismos reales de recurso.

Los datos también muestran que existen grandes diferencias entre Estados miembros y que, por lo que respecta a los mecanismos de recurso, aún se puede mejorar. Pido, por lo tanto, a la Comisión que lleven a cabo un seguimiento del Libro Verde sobre recurso colectivo de los consumidores.

Una aplicación y vigilancia efectivas de las disposiciones comunitarias en materia de protección de los consumidores son esenciales si queremos incrementar la confianza de los consumidores. Sin embargo, en la UE la vigilancia dista mucho de ser uniforme y, según las estadísticas, existen diferencias sustanciales entre los Estados miembros en cuanto a los presupuestos destinados a la vigilancia de los mercados y al número de inspectores de trabajo. Tanto la Comisión como las autoridades nacionales de vigilancia deben, por consiguiente, intensificar sus esfuerzos si queremos conseguir el objetivo de proteger adecuadamente a los consumidores y garantizar que se sientan lo suficientemente seguros como para aprovechar todas las oportunidades que les ofrece el mercado interior.

Es extremadamente importante que reforcemos los mecanismos para vigilancia y revisión de los mercados a fin de incrementar la confianza de los consumidores. Después de todo, el consumo será un factor decisivo en la recuperación económica de Europa.

  Cristian Silviu Buşoi, ponente. – (RO) Quisiera comenzar dando las gracias a todas las personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar en la elaboración del informe SOLVIT, a la Secretaría de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, .a todos los ponentes alternativos y al resto de mis colegas diputados que han mostrado interés en este informe y cuya contribución al resultado final ha sido importante.

SOLVIT es una red que ofrece soluciones fuera de los cauces convencionales a problemas que pueden surgir a causa de una aplicación inapropiada de la legislación sobre mercado interior. Se trata de una innovación que resulta especialmente útil a los consumidores europeos, así como a las empresas que trabajan en la Unión Europea, en cuanto a que permite beneficiarse de las ventajas que conlleva la legislación europea. Solemos tener problemas al aplicar la legislación europea sobre el mercado interior. En mi opinión, SOLVIT es una alternativa viable a la vía judicial, que ayudará a no sobrecargar aún más a tribunales ya de por si congestionados por la cantidad de casos de índole diversa que deben resolver.

No podemos pasar por alto el hecho de que SOLVIT se enfrenta a un volumen de casos cada vez mayor y, desde este punto de vista, es en cierta medida víctima de su propio éxito. Aunque SOLVIT puede ofrecer asistencia de gran calidad a ciudadanos y a empresas de la Unión Europea, los centros SOLVIT que carecen del personal necesario deben recibir personal adicional.

El personal adicional se debe proveer con lógica y de manera controlada, teniendo en cuenta el número de habitantes del país y el número de casos de los que se ha encargado el centro con anterioridad. Este análisis se debe realizar con vistas a procurar personal adicional sólo a aquellos centros donde exista una necesidad real. Procurar personal adicional a la red SOLVIT conlleva también, como es evidente, determinados gastos. En el informe se exhorta a los Estados miembros a hacer uso de todos los recursos disponibles al objeto de disponer de los fondos necesarios para sufragar los gastos que ocasione el personal adicional, incluidos métodos alternativos de financiación.

Otro tema central que se trata en este informe es la promoción de la red SOLVIT, que yo, personalmente, considero sumamente importante, y en lo que creo que todos ustedes coincidirán conmigo. Recurriendo a los servicios de SOLVIT, las PYME pueden ahorrar grandes cantidades de dinero que pueden invertir en áreas que contribuyan realmente al crecimiento económico y que resultan más beneficiosas para su progreso que la asistencia legal que necesitarían para solucionar problemas. Por lo que respecta a los consumidores particulares, SOLVIT puede ayudarles a evitar procesos judiciales largos y costosos.

Sin embargo, para disfrutar de los beneficios que ofrece la red SOLVIT, ciudadanos y empresas necesitan, en primer lugar, conocer la eficacia de la red. Es por este motivo por lo que creo que deberíamos animar a participar activamente en la promoción de SOLVIT a las autoridades nacionales y a la Comisión Europea, así como a los diputados de este Parlamento. Existen infinidad de formas de conseguir este objetivo, desde que los Estados miembros organicen campañas informativas institucionales y en los medios de comunicación, hasta la creación de un único portal SOLVIT. Además, los servicios públicos que participan en la aplicación de la legislación europea que rige el mercado interior podrían nombrar a una persona que se encargará de las comunicaciones relativas a SOLVIT, lo que impulsaría la eficacia de la red y contribuiría a su promoción. En calidad de diputados podemos, a título personal, tomar la iniciativa de promocionar la red SOLVIT y ayudar a sensibilizar sobre esta cuestión a nuestros colegas diputados en los parlamentos nacionales.

Otra medida por cuya aplicación se aboga decididamente en este informe es el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros por lo que respecta a la promoción de SOLVIT y a la resolución de los problemas operativos de esta red. De hecho, las buenas ideas se pueden difundir y aplicar a nivel europeo en beneficio de todos.

Por último, no podemos pasar por alto el hecho de que SOLVIT se enfrenta muy a menudo con casos que no son de su competencia o que son especialmente complejos, para cuya resolución es necesario utilizar métodos alternativos. Las peticiones enviadas a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pueden ser la solución para los casos, que debido a su gran complejidad, no se pueden resolver recurriendo a SOLVIT. Es por este motivo que una de las propuestas que se plantea en este informe es que el portal de SOLVIT remita los casos de esta índole al sitio web de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, así como las comisiones especializadas de los parlamentos nacionales.

Las ideas presentadas son sólo algunas de las ideas en las que se basa el informe SOLVIT. Considero que estas propuestas pueden mejorar el funcionamiento de la red por lo que respecta a ofrecer asistencia de gran calidad a consumidores y empresas. SOLVIT tiene un gran potencial y debemos analizar continuamente su rendimiento con objeto de sacarle el máximo partido a su potencial.

  Michel Barnier, Miembro de la Comisión. – (FR) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, creo que es muy importante que contemos con el respaldo de mi colega, el señor Dalli, para contestar a sus preguntas e informarles sobre la aplicación de los diversos textos e instrumentos.

A lo largo de mi carrera política, Señorías, a menudo he considerado que el efecto que produce la vigilancia es al menos tan importante como el que produce el anuncio. Por lo tanto, creo que, cuando se es diputado de un parlamento nacional o del Parlamento Europeo, o cuando se forma parte de la Comisión, es sumamente importante disponer de instrumentos para verificar y evaluar la aplicación real y concreta de los textos por los que votamos. También soy de la opinión de que para actuar correctamente es necesario entender correctamente, y es precisamente en este punto en el que con gran habilidad y atención se han centrado los ponentes.

Quisiera dar las gracias de todo corazón a la señora Thun Und Hohenstein y al señor Buşoi por las cuestiones que me atañen más directamente, así como a la señora Hedh, por la calidad de sus informes.

¿De qué estamos hablando? Hablamos del mercado interior. Como dije a última hora de la tarde de ayer en esta Cámara, en este momento de crisis y dificultades económicas, no nos podemos permitir el lujo de desaprovechar las capacidades. Si el mercado interior —el gran mercado europeo— funcionara con normalidad, como tendrá que funcionar, podríamos conseguir por nuestros propios medios, entre nosotros, un crecimiento adicional de entre el 0,5 y el 1,5 %.

Ahora no podemos permitirnos el lujo de desaprovechar esta oportunidad. El mercado interior debe, por lo tanto, funcionar a pleno rendimiento en todos los aspectos y ésta es, desde luego, la tarea que me ha encomendado el Presidente Barroso, bajo su control. Es por esta razón que concedo importancia tanto al cuadro de indicadores como al instrumento SOLVIT, y a su correcto funcionamiento. Creo que el señor Dalli dirá exactamente lo mismo con respecto al importante asunto de los consumidores.

La señora Thun Und Hohenstein acaba de hablar sobre las buenas noticias y las no tan buenas del Cuadro de indicadores. De lo que estamos hablando aquí es de que existen 1 521 directivas o textos que permiten que el mercado interior funcione, y eso ya es un gran avance. Actualmente existe un déficit de transposición que, tal y como usted ha comentado, ha alcanzado el nivel más bajo registrado hasta la fecha. Son buenas noticias y debemos dar las gracias a todos los que, a nivel estatal, y en ocasiones, a nivel regional, son responsables de la aplicación de esta Directiva. Quisiera hacer extensivo mi agradecimiento a mis colegas de la Dirección General de Mercado Interior.

Hay otra noticia, aunque en este caso no tan buena, y es que la calidad de la transposición, la calidad de la aplicación, es deficiente. Debemos, por lo tanto, trabajar unidos, con el Parlamento Europeo, con los parlamentos nacionales, con las autoridades de cada Estado miembro. Éste es el propósito, como ya les expliqué cuando intervine ante el Parlamento, de las visitas que voy a realizar a partir de este momento —aunque ya he comenzado— a cada una de las veintisiete capitales para conocer en persona, bajo la autoridad de los ministros competentes, a los funcionarios encargados de aplicar las directivas sobre el mercado interior, así como para elaborar los elementos de este cuadro de indicadores y conseguir que SOLVIT funcione, como ha dejado bien claro el señor Buşoi.

Es por esto por lo que le he dicho también a la señora Thun Und Hohenstein que estoy de acuerdo con su idea de celebrar un foro, es una muy buena idea. Necesitamos unir a las personas y debemos hacerlo juntos, aquí en el Parlamento, con la Comisión, los parlamentos nacionales y todas aquellas personas encargadas en cada uno de los Estados miembros de compartir, evaluar e intercambiar buenas prácticas. Creo básicamente en el beneficio que se consigue al reunir a quienes tiene la responsabilidad: acuerdos antes que imposiciones, acordar primero, confianza mutua y trabajo en común.

Por lo que respecta a SOLVIT, el señor Buşoi ha señalado la importancia de este instrumento, que comienza a funcionar bien. En la actualidad, tenemos 1 500 casos —básicamente de ciudadanos, aunque también de un gran número de empresas— que se han solucionado por medio de la colaboración, la resolución, la mediación. Como el señor Buşoi ha señalado muy acertadamente, esto nos permite ahorrar tiempo y dinero y, de esta manera, ciudadanos, consumidores y empresas vuelven a ocupar el lugar que les corresponde en el centro del mercado único en lugar de tener que iniciar procedimientos excesivamente engorrosos para poder encontrar una solución a sus problemas, incluirla y disponer que se aplique en esta o aquella disposición relativa al mercado interior que les concierne.

Es, hasta cierto punto, este mismo espíritu el que impulsa el Plan de acción relativo a los servicios de asistencia del mercado único —el plan SMAS— cuyo objetivo es mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos y a las empresas. También en esto se han realizado avances. Este plan ha permitido agrupar en un mismo entorno distintos servicios y formularios en línea comunes a SOLVIT y al Servicio de Orientación a los Ciudadanos.

Puesto que ya lo han recomendado los ponentes, creo que, con la supervisión del señor Dalli, podríamos hacer un esfuerzo, debemos hacer un esfuerzo por presentar al mismo tiempo todos estos documentos, todos estos resultados, todas estas comunicaciones a fin de agruparlos y coordinar mejor los distintos instrumentos en los que se describe la aplicación de directivas o textos relativos al mercado interior.

En cualquier caso, estoy a favor de esta mejora de la colaboración y reitero mi compromiso personal de hacer un buen uso de los diversos instrumentos de que disponemos para evaluar y vigilar las mil quinientas directivas relacionadas con el funcionamiento del mercado interior.

  John Dalli, Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, me referiré al informe sobre estas dos políticas europeas fundamentales —el Cuadro de indicadores de los mercados de consumo y el Paquete de Medidas para la ejecución de la legislación en materia de consumo— presentado por la señora Hedh, a la que quisiera dar las gracias por el excelente trabajo que ha realizado como ponente.

La política de los consumidores radica en el centro mismo de los desafíos sociales y económicos que debemos afrontar actualmente. Se trata principalmente de las personas. Consumidores informados y con poder de decisión impulsan la innovación y la competitividad, aunque tal vez lo más importante sea que hacer que el mercado interior funcione en beneficio de los consumidores es nuestra baza para volver a conectar con los ciudadanos. El papel central que desempeña la política de los consumidores se ve reflejado en una serie de carteras. De hecho, los miembros del Colegio trabajarán juntos en estrecha colaboración para garantizar que la normativa adoptada se traduzca en la práctica en un beneficio para los consumidores. En el día de hoy me acompaña mi amigo Michel Barnier, como señal de que es así como trabajaremos: en estrecha colaboración. Éste será nuestro sistema de trabajo.

La faceta relativa a la protección de los consumidores se desarrollará en todas las carteras y se adoptarán criterios de referencia en toda la Comisión con objeto de medir los progresos o, por el contrario, de comprobar que no se ha producido ninguno. El Cuadro de indicadores de los mercados de consumo sirve de sistema de alarma que nos advierte incluso de cuando el mercado interior defrauda las expectativas de los consumidores. El cuadro sirve asimismo para vigilar los progresos al integrar el aspecto minorista del mercado interior en beneficio de consumidores, PYME y otros comerciantes minoristas. Ayuda también a mostrar si los Estados miembros están haciendo todo lo necesario para velar por el cumplimiento de la nueva legislación sobre consumo, así como para informar, educar y capacitar a los consumidores.

Volviendo a la cuestión de la ejecución de la legislación, me complace comprobar que el Parlamento comparte la opinión de la Comisión sobre la importancia de que se permita a los ciudadanos disfrutar en la práctica de los derechos que les reconoce la ley. Todavía nos queda un largo camino por recorrer por lo que respecta a esta cuestión. El propósito de la comunicación de julio de 2009 era determinar maneras de hacer que la ejecución de la legislación sobre consumo sea más efectiva, eficiente y uniforme en toda la Unión Europea. Todo esto necesita traducirse ahora en acciones concretas. Será una prioridad aunar esfuerzos para aumentar la eficiencia y la eficacia de nuestras redes transfronterizas, que deben transmitir a los comerciantes el mensaje rotundo de que no existen en la UE lugares seguros en los que esconderse para eludir la acción de la justicia. Esto mismo se debe aplicar a la colaboración con las autoridades de terceros países. A fin de lograr este objetivo, es necesario dotar a las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley con personal y recursos suficientes. En momentos en los que la situación económica es difícil, todos los servicios públicos se encuentran sometidos a mucha presión, pero recortar los presupuestos destinados a velar por el respeto de los derechos de los consumidores puede parecer una buena manera de recortar gastos, pero a la larga saldrá caro. Mercados libres, abiertos y controlados estimulan la competencia en calidad y precio e impulsan la competitividad, lo que no sólo reporta beneficios a los consumidores, sino también a la economía de la UE en su conjunto. La Comisión y el Parlamento deben trabajar unidos para garantizar que este mensaje se escuche alto y claro en los Estados miembros.

Pretendemos asimismo seguir trabajando aplicadamente para establecer una ejecución coordinada a nivel europeo —lo que se denomina acciones de barrido—. No obstante, los barridos han demostrado que, en ocasiones, aunar esfuerzos a nivel nacional no es suficiente. Se necesitan soluciones a nivel europeo. Por lo tanto, acepto con mucho gusto su invitación para buscar el fundamento jurídico en el Tratado con vistas a reforzar la protección de los consumidores, concretamente, mejorando las capacidades de la Comisión. Sin embargo, para que esto se lleve a cabo y recorramos este camino, debemos convencernos primero de que aportará valor a la tarea a nivel nacional.

Con respecto a la cuestión del recurso, coincido en que mecanismos extrajudiciales de resolución de litigios pueden ofrecer a los consumidores una manera barata sencilla y rápida de obtener una compensación, al tiempo que se protege el buen nombre de las empresas. Un elemento de esta estrategia está relacionado con la tramitación de las demandas colectivas. Por lo que respecta a este punto, tengo la intención de asegurarme, conjuntamente con los Vicepresidentes Almunia y Reding, de que la Comisión avanza de manera coordinada.

Finalmente, confío en su apoyo para garantizar que después de 2013, que es cuando vence el actual programa de protección de los consumidores, podamos disponer de suficientes fondos para sostener la ambiciosa política en materia de consumo, por no hablar de la entrega continuada de un cuadro de indicadores mejorado. Confío en que, juntos, podremos afrontar los complejos desafíos del presente y del futuro y trabajar conjuntamente para garantizar que todos los ciudadanos aprovechan plenamente el potencial que tiene el mercado interior.

  Simon Busuttil, ponente de opinión de la Comisión de Peticiones. – (MT) En nombre de la Comisión de Peticiones, he redactado un documento en el que se expone su opinión sobre la red SOLVIT, que yo comparto plenamente, pues se trata de una manera de asistir a los ciudadanos que se topan con problemas. No obstante, quisiera destacar un punto importante que desarrollaré ampliamente: la necesidad de total colaboración entre todas las instituciones a las que los ciudadanos dirigen sus consultas. ¿Qué opciones tienen a su disposición los ciudadanos que se topan con un problema? Tienen la posibilidad de presentar una petición ante el Parlamento Europeo, al que el artículo 194 del Tratado le otorga esta atribución; puede presentar una reclamación ante la Comisión Europea o ante SOLVIT. Además, los ciudadanos pueden solicitar compensaciones dirigiendo una reclamación al Defensor del Pueblo europeo. Esta situación crea, sin embargo, una gran confusión, lo que da lugar a que los ciudadanos no sepan exactamente dónde dirigirse para solicitar compensación y ayuda. Por lo tanto, en mi opinión, y en nombre de la Comisión de Peticiones, hago un llamamiento a una mayor colaboración entre todas las instituciones implicadas, de manera que la ciudadanía sepa exactamente dónde debe dirigirse para solicitar compensaciones.

  Zuzana Roithová, en nombre del Grupo PPE. – (CS) Señor Comisario, Señorías, el servicio en Internet SOLVIT lleva ocho años funcionando y ha resuelto satisfactoriamente el 83 % de las reclamaciones presentadas por ciudadanos y empresas a causa de la incorrecta aplicación de la legislación comunitaria en los Estados miembros, y ha conseguido hacerlo en un plazo de 10 días. En 2008 se ahorraron 32 millones de euros en litigios judiciales y en indemnizaciones por daños y perjuicios gracias a que SOLVIT ofreció soluciones que evitaron tener que recurrir a los tribunales.

El problema que ponen de manifiesto estos tres informes tiene dos niveles. En primer lugar, el retraso de una serie de Estados miembros en aplicar en la práctica nacional la legislación comunitaria, lo que afecta a cien directivas que aún no han entrado plenamente en vigor en relación con el mercado interior. Aunque sé que es un porcentaje pequeño, se trata de un porcentaje importante. En segundo lugar, considero que se da una infrautilización de SOLVIT como instrumento práctico. Por poner un ejemplo, en la República Checa, es bien conocido entre los profesionales, mientras que sólo el 7 % de los empresarios registrados saben algo sobre el servicio. En Francia la situación es mucho peor. Según las estadísticas, se ocupa de SOLVIT sólo una persona en prácticas.

Me complace que nuestra comisión haya respaldado también las propuestas que he presentado en calidad de ponente alternativa, como por ejemplo, la medida para incrementar el personal profesional administrativo de la red SOLVIT en los Estados miembros. No obstante, es cuestión principalmente de promocionar la red entre empresarios, expatriados, asociaciones diversas y parlamentos nacionales, así como en este Parlamento. Quisiera mencionar la necesidad de conectar SOLVIT con las ventanillas únicas y los servicios de asesoramiento gestionados por la Comisión, y naturalmente es importante que la Comisión informe oportunamente a todos los países sobre los asuntos resueltos a través de la red SOLVIT. La Comisión debería presentar estos análisis en informes anuales, ya que, de esta manera, podríamos, sin lugar a dudas, mejorar la utilidad de la red SOLVIT.

Estoy encantada de que nuestra comisión haya dado su respaldo a los tres informes hasta tal punto a lo largo de todo el espectro político y espero que también reciban el respaldo del Pleno. Quisiera dar las gracias a todos los ponentes por la labor que han realizado.

  Evelyne Gebhardt, en nombre del Grupo S&D. – (DE) Señor Presidente, Comisario Barnier, Comisario Dalli, Señorías, en el día de hoy estamos debatiendo sobre el mercado interior, la protección de los consumidores y la movilidad de las personas dentro de la Unión Europea, asuntos fundamentales cuando se debate sobre estos tres instrumentos, y son estos asuntos en concreto los que quiero abordar.

Unir estos tres temas en el día de hoy nos ofrece una gran ventaja, porque la economía y los derechos de los trabajadores y consumidores no son conceptos intrínsecamente enfrentados; es necesario que los hagamos converger de alguna manera. Es algo en lo que necesitamos avanzar de cara al futuro. Es por esta razón que resulta positivo el hecho de que hoy estemos manteniendo este debate conjunto.

Para que esto se convierta en realidad, necesitamos, sobre todo, poner de relieve tres principios políticos. En primer lugar —y es algo que el Comisario Barnier ha explicado muy bien antes— necesitamos prescindir del proteccionismo, que sigue siendo una práctica manifiesta en los gobiernos nacionales de los Estados miembros. Es algo que de todas formas necesitamos hacer y que está incluido en la agenda.

El segundo principio político consiste en que debemos garantizar un alto nivel de protección a los derechos, tanto de consumidores como de trabajadores. Dicho de otra manera, el mercado interior no implica la abolición de los derechos, ni tampoco la desregulación. Implica garantizar que mantenemos nuestro elevado nivel de derechos comunes en estos ámbitos. Es por esto que no estamos de acuerdo con uno de los párrafos del informe de la señora Von Thun Und Hohenstein, el que atañe al denominado Cuadro de indicadores del mercado interior o prueba del mercado interior. Se trata de un enfoque equivocado. Da la impresión de que lo único importante es cómo funciona el mercado. No es el caso. Necesitamos preguntarnos cómo afectará la legislación de la Unión Europea a los derechos de los trabajadores y de los consumidores. Por tanto, rechazamos este concepto, porque es el concepto equivocado.

En tercer lugar, necesitamos una buena ejecución de estos derechos a nivel europeo, para lo cual necesitamos un sistema de recurso colectivo, de manera que los consumidores no se encuentren solos en el mercado interior, sino que también puedan hacer valer realmente sus derechos.

  Robert Rochefort, en nombre del Grupo ALDE. – (FR) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar permítanme decirles que estoy encantado de comprobar que se haya incluido en el orden de día de esta mañana como debate prioritario este intercambio con respecto al mercado interior y a la protección de los consumidores.

En el contexto de una crisis económica, señor Barnier, el mercado interior es un recurso que realmente debemos desarrollar. En el seno de este mercado interior, naturalmente, es el consumo quizás el factor dinamizador más importante que es necesario estimular a corto plazo. Aunque no cualquier clase de consumo. Necesitamos la clase de consumo que nos prepara para el futuro, que está en consonancia con los desafíos del desarrollo sostenible, un consumo responsable que no siempre trata de promocionar productos con descuento que se supone que mejoran el poder adquisitivo de las familias pero que, de hecho, suelen ser de baja calidad y proceden de la deslocalización casi sistemática de su producción fuera de la Unión. Sabemos quiénes son sus principales víctimas: los consumidores con los ingresos más bajos, los consumidores más vulnerables.

En resumen, debemos restablecer la confianza entre consumidores y empresas, especialmente empresas de distribución, a fin de fortalecer y estimular el desarrollo del mercado interior de la UE. Quisiera enviar un mensaje muy claro a la Comisión. Sí, señor Dalli, contarán con nuestro respaldo, pero experimentamos ese malestar fruto del riesgo asociado a la distribución de competencias entre ustedes. Tememos que esta circunstancia conduzca a la fragmentación de sus responsabilidades. Al mismo tiempo, estaremos sumamente atentos para comprobar que realmente trabajan unidos de forma coordinada. Esperamos que los intereses de los consumidores se tengan verdaderamente en cuenta en todas las políticas de la Unión Europea, de conformidad con el Tratado de Lisboa.

Le daré de inmediato un ejemplo que une, no sólo a los señores Barnier y Dalli, sino también a la señora Reding. Es hora de llevar a cabo el seguimiento del Libro Verde sobre recurso colectivo. Esperamos que consigan avances en este asunto. Puesto que se ha referido a ello, por cierto, señor Dalli, quisiera preguntarle si ya ha elaborado un calendario sobre este asunto. Esperamos asimismo que proponga un nuevo formulario europeo específico para que el recurso colectivo evite los abusos tan sobradamente conocidos del sistema estadounidense, de modo que hagamos alguna propuesta de la que se pueda beneficiar todo el mundo, que no enfrente los intereses de un parte a los de la otra.

Quisiera felicitar a nuestra colega, la señora Hedh, por el informe tan completo que ha elaborado. Me gustaría prestar especial atención al énfasis que hace en su informe, muy acertadamente, sobre la educación de los consumidores, que es fundamental y debe prolongarse durante toda la vida, pues no es cuestión únicamente de los niños pequeños, sino también de los consumidores, teniendo en cuenta hasta qué punto cambian los productos y las fuerzas del marketing se vuelven más sofisticadas.

(El Presidente interrumpe al orador)

En conclusión, quisiera decirle tan solo que los indicadores, los cuadros, están muy bien —y se lo dice un ex economista y estadístico—, pero no sustituyen a la voluntad política, que es lo que realmente debe incitarnos a actuar.

  Heide Rühle, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, quisiera continuar a partir de lo que dijo el señor Barnier al principio del debate sobre la considerable importancia del mercado interior en la crisis actual. Una vez más se ha demostrado con toda claridad esta idea. Sin embargo, es evidente que el mercado interior requiere la confianza de los ciudadanos. Sólo entonces funcionará como debe. Esto es lo que aún se echa faltar en muchos niveles. En los debates que se mantienen en nuestros propios países, sobre todo, nosotros los parlamentarios observamos con mucha frecuencia que estos temores relativos al mercado interior siguen muy vigentes todavía entre la opinión pública y que temas como el proteccionismo son, lamentablemente, bien recibidos, porque no sólo los gobiernos proponen esta clase de cosas, sino que también cuentan con el apoyo de muchos ciudadanos. Resulta, por lo tanto, sumamente importante que nosotros en el Parlamento nos esforcemos al máximo por estimular la confianza en el mercado interior. La política de los consumidores es, sin lugar a dudas, un elemento clave para alcanzar este objetivo. Esta política, que ofrece a los consumidores un alto nivel de protección, puede aumentar y proteger la confianza de los ciudadanos en el mercado interior. Necesitamos, por lo tanto, trabajar más duramente en este ámbito.

Me alegra sobremanera que en el día de hoy contemos con la presencia en esta Cámara de ambos Comisarios. Como ustedes ya sabrán, naturalmente, nuestro Grupo fue uno de los que criticó el hecho de que ya no haya un único comisario responsable de la política de los consumidores porque la figura de la señora Kuneva transmitió un mensaje muy positivo. Por lo tanto, acogemos con satisfacción el hecho de que nos estén indicando tan claramente que desean colaborar en este ámbito. Nos preocupaba asimismo que, al repartir las responsabilidades entre distintos comisarios, la protección de los consumidores no recibiera a la larga suficiente atención. Espero, sin embargo, que no se trate de un hecho aislado y que colaboren estrechamente con nosotros en esta cuestión, pues tenemos algunos asuntos muy importantes que abordar. Por ejemplo, todavía tenemos que terminar de debatir los temas de la legislación sobre acciones colectivas y el recurso colectivo, respecto a lo cual es necesario que se consigan avances. Esto desempeñará, desde luego, un papel muy importante a la hora de aumentar la confianza de los ciudadanos.

Necesitamos más instrumentos que evidencien que en el mercado interior los ciudadanos se encuentran protegidos. En este sentido, SOLVIT es un instrumento sumamente importante. Por lo tanto, apoyamos incondicionalmente el informe del señor Buşoi. SOLVIT, que ofrece la oportunidad de llegar a acuerdos extrajudiciales, crea confianza en el mercado interior y aporta a los consumidores un mejor conocimiento del mismo, y esto es algo a lo que con demasiada frecuencia las autoridades de los Estados miembros no prestan suficiente atención. SOLVIT puede resultar decisivo para subsanar esta carencia. Este año actúo en calidad de ponente para el presupuesto y puedo asegurar al señor Dalli que vigilaremos atentamente las cuestiones presupuestarias y la asignación de recursos en el ámbito de la política de los consumidores. Ya nos hemos dirigido a la Comisión de Presupuestos y hemos hecho hincapié en que, naturalmente, queremos que se siga concediendo financiación y que se emplee el dinero adecuado. En este sentido, puede contar con nuestro apoyo.

Resumiendo nuevamente, creo que, por encima de todo, estos informes transmiten un mensaje muy importante y positivo. Aunque cuentan con nuestro apoyo, hay algo con lo que no estamos de acuerdo. Es lo que se refiere a la prueba de mercado interior, que en nuestra opinión, es bastante parcial. Si vamos a revisar las directivas, es necesario hacerlo desde distintos puntos de vista. La sostenibilidad tiene una gran importancia en este contexto, al igual que las cuestiones sociales. La revisión, si es que se lleva a cabo, no se debe centrar exclusivamente en el aspecto único del mercado interior. Debe tratarse de una revisión exhaustiva. En este sentido también debe considerarse adecuadamente el tema de la subsidiariedad. Por tanto, lamentamos que se haya dado un enfoque parcial a la cuestión de la prueba de mercado interior. En principio, no obstante, apoyamos el enfoque del ponente, también por lo que se refiere a la prueba de mercado interior, y votaremos a favor del informe.

  Adam Bielan, en nombre del Grupo ECR. – (PL). Señor Presidente, el proceso de creación del mercado común basado en las cuatro libertades —la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios— es aún un proceso inacabado, especialmente, si pensamos en la cuarta libertad, la libre circulación de servicios, por lo que aún queda mucho por hacer. Es un proceso extremadamente importante, especialmente, en un momento de desaceleración de la economía y en vista de la crisis económica que sufre Europa. En efecto, es en momentos de desaceleración de la economía cuando debemos hablar de los méritos del mercado común y, tal vez entonces, veremos la voluntad política a la que apelaba el señor Rochefort.

Por este motivo, quisiera felicitar a la Mesa del Parlamento Europeo por darse cuenta de la importancia de esta cuestión y por haber decidido convertir en prioritario el debate sobre estos tres informes en esta sesión del Parlamento. También debo dar las gracias y felicitar al señor Harbour, Presidente de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, por la eficacia de sus esfuerzos en este sentido. Quisiera felicitar, además, a los tres ponentes por estos tres informes tan importantes. No puedo por menos que advertir que se da una circunstancia ciertamente absurda. En el Pleno de hoy, debatimos sobre el informe de la señora Thun —un informe excelente, si se me permite añadir—, pero se trata de un informe sobre el Cuadro de indicadores del mercado interior correspondiente al año 2008. Sin embargo, hace algunos días, la Comisión publicó el Cuadro de indicadores del mercado interior correspondiente al año 2009. He aquí otro motivo más que justifica que, en el futuro, la Comisión publique a la vez los cuatros importantes informes que velan por el mercado interior. Después de todo, el Cuadro de indicadores del mercado interior, el Cuadro de indicadores de los mercados de consumo, el informe SOLVIT y el Servicio de Orientación a los Ciudadanos tratan, de hecho, las mismas cuestiones, y deberíamos recibirlos al mismo tiempo.

Para finalizar, quisiera expresar mi apoyo a las dos principales propuestas contenidas en el informe Thun. Doy todo mi apoyo a la propuesta de celebrar anualmente un Foro del Mercado Interior y, más especialmente, a la propuesta de disponer de una prueba obligatoria, la «prueba del mercado interior», que debería acompañar a todas las propuestas de la Comisión Europea en el futuro.

  Kyriacos Triantaphyllides, en nombre del grupo GUE/NGL. – (EL) Señor Presidente, existe en este momento la opinión preponderante, confirmada en el Tratado de Lisboa, así como por la postura asumida por la propia Comisión, de que es necesario que la política relativa a la protección de los consumidores se centre en defender un mercado próspero en el que los consumidores puedan actuar con seguridad y confianza.

Este razonamiento se basa en la idea de que, si los consumidores se sienten cómodos y confían en el mercado, y se fomenta el comercio transfronterizo, la competitividad aumentará y los consumidores tendrán a su disposición una selección más amplia de productos y servicios a precios más competitivos.

No estamos de acuerdo ni con la postura ni con la opinión de que mercados de consumo más eficientes y flexibles sean factores fundamentales para garantizar la competitividad y la prosperidad de los ciudadanos. La crisis económica demuestra que necesitamos que nos guíen las condiciones específicas que rigen en cada Estado, no la aplicación dogmática de una única norma, concretamente, la referida a la competencia pura. Consideramos que la competitividad y la prosperidad de los ciudadanos no están entrelazadas, pues tiende a favorecer a las empresas, dado que, hasta la fecha, ha quedado patente que las reducciones globales de precios no benefician a los consumidores.

Necesitamos controlar los precios de los productos básicos, por el bien de las clases más pobres y de la sociedad en su conjunto. La única política que puede consolidar y elevar el nivel de protección de los consumidores es una que gire en torno al hombre y su prosperidad, no una cuyo principal objetivo sea aumentar la competencia.

En este sentido, estamos de acuerdo con un cuadro de indicadores para registrar y evaluar la satisfacción del consumidor europeo con el funcionamiento fluido del mercado, pero, por otro lado, no deberíamos alejarnos de la esencia y el objetivo, que no es otro que gestionar un mercado interior orientado a las personas que gira en torno a la prosperidad de los ciudadanos, en vez de en torno a las cifras. Consideramos el cuadro de indicadores del consumo como un instrumento para registrar el alcance de la satisfacción de los consumidores dentro de un contexto específico y en un momento concreto del tiempo. Sin embargo, una evaluación y unos registros no pueden por sí solos procurar mayor prosperidad a los ciudadanos simplemente porque, por lo visto, darán a los consumidores una mayor confianza en sí mismos y una mayor seguridad.

Además, para hacer cualquier evaluación es necesario basarse en objetivos sociales cuantificables. También observamos que, como el principal objetivo del cuadro de indicadores es dejar constancia de las reclamaciones de los consumidores, es necesario hacer especial hincapié en las medidas que es necesario tomar para impedir la especulación.

  Oreste Rossi, en nombre del Grupo EFD. – (IT) Señor Presidente, Señorías, hoy estamos debatiendo tres medidas relacionadas con la salud y la protección de los consumidores, a favor de las cuales hemos votado ya en comisión y a favor de las cuales votaremos ahora en el Pleno.

Estamos del lado de los ciudadanos, quienes con demasiada frecuencia resultan perjudicados por las decisiones que toman los órganos europeos. Me viene a la memoria la decisión tomada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de negar la libertad de mostrar el crucifijo en público; la incapacidad de abordar con eficacia la inmigración ilegal; el incesante flujo de personas procedentes de terceros países que quitan el trabajo a nuestros ciudadanos; la reticencia a facilitar a los consumidores información verdadera sobre lo que compran o el lugar de procedencia de los productos alimenticios.

El informe concede gran importancia al punto de vista de los ciudadanos europeos, quienes experimentan a diario las ventajas y los inconvenientes del mercado interior, y hace hincapié en que fue todo un acierto nombrar, en 2007, una Comisaria de Protección de los Consumidores. El informe también señala la necesidad de armonizar las estructuras de vigilancia y control de los Estados miembros, así como las de terceros países.

El informe Thun Und Hohenstein critica determinadas actitudes adoptadas en el pasado y pide que la responsabilidad se reparta entre los Estados miembros y la Comisión.

El informe Buşoi trata sobre la red SOLVIT, creada por la Comisión Europea para prestar ayuda de forma gratuita a ciudadanos y negocios a la hora de hacer valer sus derechos en el seno de la Unión, especialmente en caso de litigio. También critica determinadas ineficiencias de la red y aboga por mejorar la información que se facilita a ciudadanos y empresas, quienes suelen ignorar que existe este servicio. Como legisladores, nuestra principal preocupación deben ser los ciudadanos y los consumidores.

  Angelika Werthmann (NI). – (DE) Señor Presidente, Señorías, SOLVIT puede y debería contribuir considerablemente a que exista una mayor transparencia a la hora de ejecutar y hacer valer los derechos civiles y personales en el mercado interior. La red en línea de resolución de problemas SOLVIT se basa en un enfoque funcional, del que se beneficiarán ciudadanos y empresas al simplificar los trámites burocráticos.

Sin embargo, el informe correspondiente al año 2009 también revela que casi el 40 % de las preguntas formuladas por los ciudadanos hacían referencia a las condiciones de residencia en otro país de la UE, lo que plantea la duda de si aún no se aplican de forma transparente los derechos de residencia.

  Tiziano Motti (PPE) . – (IT) Señor Presidente, Señorías, en el día de hoy votaremos el informe de propia iniciativa sobre protección de los consumidores, un instrumento sumamente importante, por el que, entre otras cosas, debo dar las gracias a la ponente, la señora Hedh, así como al resto de ponentes por el excelente ambiente en el que hemos conseguido trabajar unidos.

Ha habido muchos puntos en los que hemos estado totalmente de acuerdo, en cuanto a otros, espero que podamos dedicarles trabajo en el futuro, sobre todo, en lo que se refiere al cuadro europeo de indicadores del consumo auspiciado por la Comisión Europea, un instrumento muy importante que, no obstante, a mi modo de ver, aún no ofrece datos homogéneos que permitan tomar decisiones con serenidad. Si fuésemos una empresa y tuviésemos que decidir sobre su futuro basándonos en datos inexactos, podríamos acabar quebrando. Es por este motivo que espero que, en el futuro, podamos trabajar sobre una base de datos que permita tomar decisiones serenas.

También debemos meditar, a lo que se hace referencia en este informe, sobre la gran responsabilidad con que se carga a los consumidores, por lo que, en mi opinión y en nombre del Grupo, creo que es necesario conseguir un mejor equilibrio en el futuro, ya que los ciudadanos europeos no son tan sólo consumidores, sino que también trabajan en las empresas que desarrollan su actividad en el mercado interior. Debemos, por lo tanto, considerar siempre el equilibrio que debe existir entre quienes ofrecen servicios y productos y los propios consumidores, pues éste es nuestro objetivo.

Un consumidor informado es un consumidor libre —por lo que se agradece toda iniciativa para facilitar información adicional—, pero hemos rechazado los programas escolares porque no debemos usurpar el lugar del consumidor cuando se trata de ejercer su propia libertad de elección, y creemos que los padres deberían ser el primer referente de los niños por lo que respecta a cuál debería ser su educación en materia de consumo. Por otra parte, son también los padres los que controlan el consumo de sus hijos, especialmente cuando son pequeños.

Por lo que se refiere a los adultos, es verdad que en ocasiones los consumidores tienen problemas para proteger sus derechos por medio de los canales judiciales apropiados, motivo por el cual estamos a favor del recurso extrajudicial, pero creemos que podría hacerse un mayor esfuerzo, especialmente en tiempos de crisis, para hacer que funcione lo que ya existe, en vez de tratar de aumentar el número de defensores de los consumidores.

Acabaré refiriéndome a los servicios prestados por la administración pública. Lamento que no se haya considerado debidamente el hecho de que la administración pública, los municipios, los organismos, las provincias, e incluso los Estados, son también un referente para el consumidor. Espero que en el futuro podamos hacer más, porque se debe poder proteger también a los consumidores de los servicios prestados por la administración pública que no funcionan.

  Liem Hoang Ngoc (S&D). – (FR) Señor Presidente, Señora Presidenta, doy las gracias a la señora Thun Und Hohenstein por la meticulosidad con que desempeña su labor, así como por la calidad global de su informe.

En calidad de ponente alternativo del Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, me complace que la votación en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor haya permitido incluir en el informe definitivo una seria de ideas que deseábamos que surgiesen.

La primera es la necesidad de adoptar un enfoque más cualitativo por lo que respecta a la aplicación del Cuadro de indicadores del mercado interior, que permita identificar las causas del déficit de transposición. No subestimamos la utilidad de los datos estadísticos y la presión que se deriva de estimular a los buenos y malos alumnos de la UE, pero, en nuestra opinión, la Comisión debería demostrar mayor ambición y tratar de hacer de este cuadro de indicadores un instrumento destinado a comprender las dificultades con las que se tropiezan los Estados miembros en el contexto del proceso de transposición. Tanto más cuanto que todos sabemos que en ocasiones el déficit de transposición puede deberse, no a mala fe por parte de los Estados miembros, sino a la mala calidad de la legislación europea que ha de transponerse.

El segundo aspecto en el que me gustaría centrarme es en la necesidad de fortalecer el diálogo entre la Comisión y los Estados miembros durante todo el proceso de transposición. Cuanto mayor sea el intercambio de información en las etapas previas al proceso, mayor será la posibilidad de evitar el peligro de que la transposición no se realice o de que se realice de forma incorrecta.

El informe, no obstante, plantea un problema que tiene que ver con el punto 10, que no estaba incluido inicialmente en el proyecto de informe de la señora Thun Und Hohenstein. En este punto se propone la creación de una «prueba del mercado interior» para toda la nueva legislación comunitaria propuesta. Nos oponemos rotundamente a esta idea, pues nos parece que una prueba de esta índole sería, en el mejor de los casos, inútil, y en el peor, peligrosa.

De hecho, en los estudios de impacto que lleva a cabo la Comisión Europea con cada nueva propuesta legislativa ya se examinan las barreras que pudieran existir para acceder al mercado interior. No quisiéramos que esta prueba de mercado interior sirviese de excusa para atentar contra los avances sociales o medioambientales conseguidos. No podríamos estar de acuerdo con ello en esas circunstancias.

  Jürgen Creutzmann (ALDE). – (DE) Señor Presidente, Comisario Barnier, Comisario Dalli, el hecho de que estemos hoy manteniendo un debate sobre tres informes de propia iniciativa sobre protección de los consumidores y el mercado interior demuestra que, pese a todos los resultados satisfactorios obtenidos en estos ámbitos, hay todavía muchas cosas que necesitan mejorar. Admitámoslo, en general la transposición de la directivas sobre el mercado interior a las legislaciones nacionales de los Estados miembros ha mejorado mucho, pero hay siete Estados miembros que no han alcanzado el objetivo establecido por la Comisión de reducir al 1 % el déficit de transposición de las directivas sobre el mercado interior.

El principal problema, sin embargo, tiene más que ver con la aplicación de la legislación comunitaria que con su transposición. Así, en el caso de que los Estados miembros incumplan el Tratado, tardan, de media, 18 meses —lo que es todavía un plazo demasiado largo— en acatar la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este hecho se puede apreciar en el actual Cuadro de indicadores del mercado interior, y para el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa es inadmisible. Este déficit creará problemas a ciudadanos y empresas, en especial a las PYME, que dependen de normas armonizadas en el mercado interior, pero que se topan con inesperadas trabas burocráticas, que lleva mucho tiempo sortear, cuando desean desarrollar su actividad empresarial atravesando fronteras.

Es por este motivo que es importante que SOLVIT siga desarrollándose. SOLVIT es la red en línea de resolución de problemas en la cual trabajan conjuntamente de manera pragmática los Estados miembros con objeto de resolver los problemas que surgen de la aplicación indebida por parte de las autoridades públicas de la normativa sobre el mercado interior. Todos los Estados miembros son responsables en última instancia de dotar a los centros SOLVIT con los recursos económicos necesarios y el personal con la formación adecuada. El Grupo ALDE pide vehementemente que se organicen campañas informativas en los Estados miembros para dar a conocer mejor a la ciudadanía la red SOLVIT a fin de fomentar la venta transfronteriza de sus productos y servicios. Con esta finalidad, es tan necesaria la participación de las asociaciones pertinentes en campañas informativas a gran escala, como contar con un portal en Internet, fácil de entender y de encontrar, en el que recibir toda clase de reclamaciones.

  Malcolm Harbour (ECR). – Señor Presidente, en calidad de Presidente de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, me complace enormemente manifestar, en primer lugar, lo mucho que apreciamos que participen en el debate de hoy los Comisarios Barnier y Dally, como ya han comentado varios de mis colegas; y, en segundo lugar, señalar además que creo se trata de una ocasión excepcional para el Parlamento.

Tenemos una comisión que ha elaborado tres informes de iniciativa propia que se centran en el control y la aplicación de instrumentos legislativos fundamentales y, como bien ha dicho usted, Comisario Barnier, a la hora de juzgar parte de su éxito no sólo se tendrá en cuenta el número de propuestas legislativas que ha presentado, sino lo bien que funcionan.

Creo que se trata de un avance realmente significativo con el que es necesario que se comprometan todas las comisiones de este Parlamento. Quisiera dar las gracias especialmente a todos los coordinadores de la comisión que han trabajado conmigo para conseguir avances en la labor que tenemos entre manos, así como para implicar a los parlamentos nacionales, celebrar foros de parlamentos nacionales.

Espero de todo corazón, como han señalado los dos señores Comisarios, que celebremos un Foro del Mercado Interior más amplio, pero quisiéramos recopilar sus informes para que este Foro dedicado a un tema tan importante pueda celebrarse anualmente en el Parlamento.

Creo que es significativo —si echamos un vistazo a la Estrategia Europa 2020— que la finalización del mercado único quede ahora relegada a un párrafo en el que se habla de eslabones perdidos y de finalizar redes. Espero que todos mis colegas coincidan conmigo en que es totalmente inaceptable. La iniciativa UE 2020 pide su contribución a los Estados miembros, y hemos escuchado de boca de los propios ponentes (a los que agradezco enormemente sus informes) que es necesario que los Estados miembros contribuyan a la finalización del mercado único.

Debe tratarse de una iniciativa con entidad propia, no ocupar un lugar marginal en la iniciativa UE 2020, y tengo la esperanza de que ustedes dos nos ayuden a asegurarnos de que esto sucede durante las próximas semanas.

  Trevor Colman (EFD). – Señor Presidente, la primera nota discordante de la mañana: estos informes apoyan incondicionalmente la aplicación de la legislación comunitaria a la protección de los consumidores en los Estados miembros y la vigilancia del proceso de integración de los mercados, sobre el que se informará mediante la presentación de un informe anual.

Una de las principales recomendaciones es establecer un Cuadro de indicadores de los mercados de consumo que se refiera a cuestiones como reclamaciones, precios, satisfacción de los consumidores, cambios de proveedor y seguridad, junto con todo un sinfín de otros indicadores a largo plazo. La Comisión pretende realizar un análisis exhaustivo de todos los supuestos sectores problemáticos identificados en el Cuadro de indicadores de los mercados de consumo.

Esta maraña burocrática de ejecuciones interconectadas y de regulación que se autoperpetúa hará por el comercio minorista de pequeñas empresas en Gran Bretaña lo que ha hecho por la industria pesquera británica la política pesquera común: acabar con él.

Una vez más, la interferencia burocrática y el exceso de regulación afectan negativamente al pequeño empresario y lo perjudican. Por muy buenas intenciones que tengan estas propuestas —y estoy seguro de que así es—, repito, esta solución de la UE es una solución que busca desesperadamente un problema que resolver.

  Andreas Schwab (PPE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, apoyo incondicionalmente las sensatas aportaciones de mis colegas diputados —a excepción de la última— y quisiera, por lo tanto, pasar sin más preámbulos a tratar los puntos más importantes.

El informe de la señora Von Thun es un ejemplo muy positivo que cómo nosotros, como Parlamento Europeo, podemos demostrar que estamos resueltos a aplicar realmente aquello que hemos decidido junto con el Consejo, y que esta aplicación es tarea de los Estados miembros. Nosotros, como Parlamento, junto con la Comisión, debemos aumentar la vigilancia en los próximos años a fin de garantizar que la aplicación resulte todo un éxito.

La segunda cosa que demuestra el informe es que la división por la que apuestan claramente los socialistas, concretamente, que ellos se encarguen de las buenas acciones, de la protección de los consumidores y de los trabajadores, mientras la Comisión mantiene bajo control el mercado interior, no funcionará.

Por lo tanto, nuestra propuesta, que en el informe aparece junto con la prueba de mercado interior, es que reunamos todos los elementos fundamentales que valoramos del mercado interior, los que desean los consumidores y los que necesitan las empresas, y efectuemos una valoración clara.

No queremos arrasar con los derechos de los trabajadores, sino que queremos que los trabajadores también puedan comprar los productos que valoran. No queremos ocasionar problemas a las estructuras sociales de los Estados miembros, sino que esas estructuras sociales se adapten a los nuevos tiempos. Esto requiere un equilibrio, que el Parlamento necesita encontrar en colaboración con la Comisión. No puede ser que se culpe a la Comisión de los problemas, mientras el Parlamento promete llevar a cabo actuaciones con las que se gana el favor de la ciudadanía.

En segundo lugar, el informe elaborado por la señora Hedh, al que, como a todos los demás informes que estamos sometiendo a debate en el día de hoy, han contribuido de forma soberbia los ponentes alternativos, demuestra que necesitamos conceder tanta importancia a la confianza de los consumidores como a la de los empresarios. Será una tarea de futuro, para la que sólo se podrá encontrar una solución centrándose a largo plazo en el objetivo del mercado interior, acabando con la fragmentación en direcciones generales separadas y distintos enfoques políticos, y considerando realmente el mercado interior, al que no hemos dedicado la atención suficiente durante los últimos años, como el gran objetivo del proyecto europeo.

Me complace sobremanera, señores Comisarios, su presencia en esta Cámara en el día de hoy y que sigan demostrando la misma motivación en la Comisión durante los próximos cinco años.

  Catherine Stihler (S&D). – Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento a los señores Comisarios y a los ponentes. He actuado en calidad de ponente alternativa en SOLVIT y, en nombre de mi grupo, el Grupo Socialista, es en esto en lo que me gustaría centrarme.

SOLVIT es una gran idea y creo que el Comisario Dalli lo ha resumido diciendo que se trata en el fondo de las personas. Se centra en los ciudadanos y trata de ayudar a quienes se topan con obstáculos y problemas creados por la UE a resolverlos en un plazo de diez semanas. Soy consciente de que algunas personas rechazarían la idea: «pertenezco al gobierno y estoy aquí para ayudar», pero SOLVIT es, en esencia, una red que funciona en los veintisiete Estados miembros y cuya razón de ser es exactamente esa: ayudar.

Quisiera tener un recuerdo y hacer un homenaje a todas las personas que trabajan en los centros SOLVIT en los Estados miembros. El año pasado me reuní con el pequeño equipo que dirige el centro SOLVIT en el Reino Unido. El sistema de trabajo del centro SOLVIT del Reino Unido es un modelo de buena práctica porque trata de utilizar el modelo SOLVIT+, que da un paso más en el propósito de ayudar a empresas y particulares que los contactan con un problema. El equipo forma parte del Departamento de Empresa e Industria que depende de la Sección de Normativa Europea. Con una de las muchas enmiendas que he presentado pretendía asegurarme de que todos los centros de la UE, sin excepciones, dispongan del personal adecuado.

Comisario Barnier, en el mes de diciembre, planteé la cuestión de SOLVIT en la Cámara hallándose usted presente y mencioné que en otoño en la comisión, nos habían informado de que en el Estado miembro del que usted proviene el centro SOLVIT estaba a cargo de una persona que se encontraba en periodo de prácticas, lo que dejó atónitos a los miembros de la comisión. ¿Puedo preguntarle, como ya hice en diciembre, si la situación ha cambiado? Si no puede facilitar a la Cámara esta información, ¿puedo pedirle que lo aclare? Es importante que todos los centros SOLVIT cuenten con el personal adecuado.

El mercado interior está en el centro de lo que nos mantiene unidos. Es importante que los Estados miembros puedan interpretar claramente y con facilidad nuestra legislación, de manera que el mercado interior funcione sin sobresaltos y los consumidores puedan beneficiarse de los mejores precios y de la más alta calidad.

En conclusión, ¿por qué no se celebra en el Parlamento Europeo el Día SOLVIT? ¿Por qué no hay colgado un cartel en el que se promocione la red SOLVIT en cada una de las ventanas de la sede de nuestra circunscripción electoral? ¿Qué podemos hacer para informar a todos los políticos nacionales y a las sedes de sus partidos de los beneficios que reporta SOLVIT? Confío en que sigamos prestando nuestro apoyo a SOLVIT y ayudando a los ciudadanos a quienes representamos en esta Cámara.

  Morten Løkkegaard (ALDE) . – (DA) Señor Presidente, actúo en calidad de ponente alternativo en el informe sobre el Cuadro de indicadores del mercado interior y, como no podía ser de otra manera, me centraré en esta cuestión. A este respecto, hoy es un día de regocijo. Es un día en el que todos podemos estar de acuerdo en que estos cuadros de indicadores funcionan estupendamente bien. Han supuesto un gran éxito a un nivel fundamental y, por lo tanto, me imagino que todos coincidimos en que se debería hacer un esfuerzo mayor para promocionarlos. Me complace advertir además que, por lo visto, los socialdemócratas han caído en la cuenta de que, de cualquier modo, no es una buena idea votar en contra. Con respecto a la famosa prueba que se ha propuesto, nosotros el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa apoyamos, naturalmente, esta propuesta; lo que es más, nos cuesta un poco comprender de qué va realmente el argumento ligeramente defensivo en su contra. No obstante, podemos volver a esta cuestión más adelante. Señalaré sencillamente, como observación general, que es estupendo que exista un amplio consenso sobre las propuestas y el informe en estas circunstancias.

Me centraré en un par de cuestiones que se han incluido en el informe que creo que son positivas. En primer lugar, hemos logrado centrarnos en la necesidad de conceder mayores competencias a las administraciones de los Estados miembros, no sólo a nivel nacional, sino también a nivel regional y local. A mi modo de ver, uno de los problemas de los cuadros de indicadores es que todavía faltan algunas competencias con respecto a la manera como hacemos que las cosas funcionen. Es positivo, por lo tanto, que se haya incluido en el informe.

Otro punto positiva es la atención que se dedica a la ejecución de las directivas. Los centros SOLVIT han recibido infinidad de elogios, a los que me uno sin reservas. Como ha mencionado la última oradora que ha intervenido, podríamos ciertamente promover la celebración del Día SOLVIT en el Parlamento. Creo que actualmente el principal problema de SOLVIT es que no se conoce bien. Es realmente necesario dar a conocer SOLVIT en mayor medida de lo que se ha dado a conocer hasta ahora —lo que me lleva al último punto, que se refiere a la necesidad de hacer hincapié en que se trata de un problema de comunicación, como se pone igualmente de manifiesto en el informe—. Debemos asegurarnos realmente de que lo anunciamos a bombo y platillo ante la prensa y el resto de la opinión pública y de que se dedica mucha más atención a temas como SOLVIT y los cuadros de indicadores.

En general, quisiera decir, en nombre de mi grupo, que nos complace enormemente poder prestar nuestro apoyo incondicional a este informe y espero naturalmente que la Comisión…

(El Presidente interrumpe al orador)

  Edvard Kožušník (ECR). – (CS) Señor Presidente, Señorías, quisiera comenzar por decir algo que nadie ha dicho todavía en esta Cámara, y es que deberíamos dar las gracias, sin ninguna duda, a la Comisaria Kuneva. Como al resto de los diputados, me alegra contar en el día de hoy con la presencia en esta Cámara de los dos Comisarios, el señor Dalli y el señor Barnier, quien fue miembro de nuestra comisión antes de que lo nombraran comisario.

He conocido personalmente a las personas a cuyo cargo se encuentra el centro SOLVIT en la República Checa, y debe decir que se trata de una muy buena oportunidad para el mercado interior, si bien es necesario mencionar las diferencias de enfoque que se perciben en varios países. Es evidente que se necesita contar con un elemento transfronterizo y espero que ambos Comisarios contribuyan a abrir el mercado de consumo transfronterizo, pero especialmente a derribar barreras aplicando diversas exenciones nacionales, con lo que lograremos la armonización total del mercado de consumo.

Personalmente, creo que abrir el mercado transfronterizo aumentará la competencia y, en última instancia, constituirá un instrumento eficaz para luchar contra la crisis económica que sufrimos actualmente.

  Othmar Karas (PPE). – (DE) Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, retomemos la declaración formulada por el Comisario Barnier en su intervención ante la Cámara y congraciémonos con el mercado interior. Si nos vamos a tomar en serio esta tarea, necesitamos convertir el mercado interior en un mercado nacional. Si convertimos el mercado interior en un mercado nacional, lo convertiremos en un lugar en el que los ciudadanos de la Unión Europea puedan vivir. Nosotros somos Europa. Transformarla en un lugar para vivir, que no en una patria, es una cosa totalmente distinta.

Aún no se ha finalizado la creación del mercado interior. Tiene todavía un gran potencial de desarrollo. La Comisión debe poner de relieve todas las trabas y proponer medidas para eliminarlas. El euro y el mercado interior constituyen la respuesta más eficaz a los retos, tanto internos como externos, de la globalización. La fortaleza del mercado interior es la preparación de los ciudadanos europeos y de las pequeñas y medianas empresas, que representan el 90 % de la economía. Necesitamos, por lo tanto, transponer la «Small Business Act» a la legislación nacional de todos los Estados miembros con la mayor rapidez posible. Convirtamos esta ley en el distintivo del mercado interior. No obstante, el 80 % de la economía de la Unión Europea se financia mediante créditos, mientras que sólo el 20 % recibe financiación del mercado de capitales, algo que debemos tener presente al acometer la nueva regulación del mercado financiero.

La tercera fortaleza es la competitiva industria de la exportación, respecto de la cual también existen algunos problemas que resolver, como el enfoque horizontal frente a preocupaciones sectoriales; las cuatro libertades frente a las distintas realidades sociales; el desequilibrio técnico, principalmente, en los ámbitos de la fiscalidad, la educación y la investigación, y la puesta en marcha, pendiente aún, de la economía social de mercado sostenible. Necesitamos una ventanilla única de información sobre la protección de consumidores y empresas concerniente al mercado interior.

Celebrar cada año el mismo día el Foro del Mercado Interior y un debate conjunto sobre estos tres informes nos dará la oportunidad de hacernos todas estas preguntas y convertir el mercado interior en un mercado nacional en beneficio de todos los ciudadanos.

  Bernadette Vergnaud (S&D). – (FR) Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, me complace tener la oportunidad de referirme en un debate prioritario a estos tres informes que afectan a la vida diaria de los ciudadanos. Quisiera, además, felicitar a los ponentes por su trabajo y hacer referencia, más concretamente, a la red SOLVIT.

La red lleva en funcionamiento ocho años, ha resuelto muchos problemas con eficacia, y, sin embargo, es totalmente desconocida. En cuántas ocasiones he tenido que remitir a esta red personas que ni se imaginaban que existiera, aunque se trata de un instrumento que podría contribuir a reforzar la idea de una Europa que protege los derechos de sus ciudadanos.

Debo reconocer —y me complace enormemente contar con la presencia del señor Barnier— que soy consciente de que el Gobierno de mi país no la promociona realmente. Un aumento del número de casos resultaría, consiguientemente, muy complicado de gestionar para el único trabajador en prácticas que, actualmente en 2010, está al frente de la red SOLVIT en Francia, un país que, es cierto, tiene 60 millones de habitantes y ha sido el segundo Estado miembro de la UE en número de consultas en 2009.

En realidad, la tasa de resolución es sorprendentemente buena, lo que no puede decirse de los plazos, que son pésimos. Se tarda una media de quince semanas en resolver los casos, lo que excede en cinco semanas el plazo máximo permitido.

Pido, por lo tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que concedan recursos humanos y económicos reales y que organicen campañas informativas a gran escala, dirigidas especialmente a las empresas, que no efectuaron más consultas en el año 2009 que en 2004.

  Olle Schmidt (ALDE). – (SV) Señor Presidente, señores Comisarios, quisiera expresar mi agradecimiento por su constructiva labor a los ponentes que han intervenido. Pese a sus deficiencias, el mercado interior de la UE ha resultado un gran éxito y me cuesta entender las críticas vertidas por el señor Colman. El objetivo del mercado interior es ofrecer a los consumidores una amplia variedad de productos y servicios de alta calidad a buenos precios, a la vez que garantiza una protección adecuada a los consumidores. Considero, por lo tanto, que deberíamos trabajar por la consecución de la total armonización de los derechos de los consumidores con un elevado nivel de protección, de manera que los consumidores puedan aprovecharse de verdad de las ventajas que ofrece el mercado interior, lo que adquiere suma importancia con el aumento de las operaciones comerciales transfronterizas y electrónicas.

Estoy convencido de que las acciones colectivas constituirían una manera eficaz de fortalecer a los consumidores europeos —basándose, no en un modelo estadounidense, sino en un europeo—. En este sentido, debemos acabar con las dudas y ponernos, finalmente, manos a la obra. Me complace que el Comisario Dalli se esté encargando de esta cuestión.

Todos sabemos que en los días que corren, la mayoría de empleos se crean en el sector de los servicios. Por lo tanto, es importante que la UE cuente con un sector servicios verdaderamente europeo en el que empresarios y consumidores puedan funcionar libremente, no sólo a nivel nacional, sino en el mercado interior. Necesitamos un mercado de servicios de asistencia sanitaria que funcione. En caso de ser así, se traducirá en una mejor atención, mayor libertad de elección y listas de espera más cortas. Actualmente, la situación que tenemos se caracteriza por una gran falta de regulación y confío en que el Comisario Dalli se ocupe de ello.

Otro sector al que debemos prestar una mayor atención es el de los servicios financieros, en el que sabemos que aún existen problemas. Precisamos, por lo tanto, de una normativa comprensible y aceptable, entre otras cosas, por la tormenta económica desencadenada, y el Comisario Barnier estará a la altura de este desafío. Es positivo para los consumidores contar con una normativa equilibrada, razonable y correcta.

  Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Resulta positivo que el Parlamento haya elaborado un informe sobre SOLVIT en el que se han incluido recomendaciones formuladas por la Comisión Europea, así como por los Estados miembros.

En calidad de ponente alternativo para el informe de los Conservadores y Reformistas Europeos, hice hincapié, mientras el informe se encontraba todavía en comisión, en la importancia de promocionar la red SOLVIT entre los habitantes de la UE, especialmente, la posibilidad de los ciudadanos y, en concreto, de las empresas de hacer valer sus derechos. Probablemente todos coincidimos en que es fundamental organizar una campaña informativa para dar a conocer la red SOLVIT como mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos, a fin de que la información sobre su existencia llegue a las partes interesadas. Internet juega un papel fundamental en la consecución de este objetivo, por lo que sería positivo que la Comisión escuchara las recomendaciones del Parlamento y pusiera en marcha la creación de una única dirección de Internet, con el nombre de dominio solvit.eu, para todos los centros SOLVIT nacionales, y que los Estados miembros que aún no lo hayan hecho creen sitios web con dominios nacionales enlazados al portal europeo SOLVIT.

Naturalmente, la promoción no lo es todo. También es importante aumentar la eficacia de los centros SOLVIT nacionales, facilitándoles funcionarios competentes y subvencionando la red a nivel europeo.

  Sławomir Witold Nitras (PPE). – (PL) Felicito de todo corazón a los ponentes, porque los informes que se han encargado de elaborar tienen dos cualidades muy importantes. En primer lugar, defienden realmente de manera sistemática el mercado interior, señalando las deficiencias por lo que respecta al grado de conocimiento de la ciudadanía, pero, defendiéndolo al mismo tiempo sistemáticamente. La segunda gran cualidad de estos informes es que en general, han tenido una buena acogida. Quiero decir que nos encontramos en una coyuntura en la que todo el Parlamento Europeo, incluidos los diputados que no creen en el libre mercado, defienden en general el mercado interior y sus valores —lo que demuestra la gran calidad de estos informes.

Quisiera llamar la atención sobre varias cuestiones concretas. En cuanto a SOLVIT, nos encontramos en la paradójica situación, como ha señalado el señor Kurski, de que el instrumento que, supuestamente, nivela las diferencias, funciona en distintos países con distintos niveles de eficacia. A mi modo de ver, se requiere cierta clase de colaboración, pues debe ser un sistema coherente que no sólo funcione bien, sino que funcione de la misma manera en todas partes. Un punto del informe de la señora Thun que resulta especialmente importante es la fórmula que debe encontrar la Comisión, de manera que a la larga se pueda desarrollar un modelo que garantice que ninguna de las leyes que aprobemos sea incompatible con el libre mercado interior. Según parece, esta cuestión tendría una importancia crucial en el informe. Si consiguiéramos crear un mecanismo de esta índole, no necesitaríamos preocuparnos del futuro del nuevo mercado.

  Barbara Weiler (S&D). – (DE) Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, el debate conjunto de esta mañana y la gran calidad de los tres informes presentados indican la gran prioridad que se otorga en Europa al mercado interior y a la política de los consumidores. Quisiera dar las gracias a los tres ponentes, así como a todos los ponentes alternativos y a los colegas diputados que han contribuido a este trabajo común.

Desearía centrarme en dos puntos fundamentales. El primero es que nosotros, o sea, la Comisión y quienes nos encontramos en esta Cámara, suponemos que todo funciona con relativa armonía en el mercado interior y que hemos informado a consumidores y proveedores justos, lo cual suele ser así, aunque no siempre. Hay proveedores irresponsables a los que sólo les importan las ganancias a corto plazo, por lo que resulta imprescindible fortalecer la vigilancia y la supervisión del mercado. No obstante, también existen consumidores poco informados. Necesitamos mejorar la información. No es suficiente con que el prospecto sea legible, precisamos información continua.

Alguien acaba de mencionar que necesitamos confianza. Sin embargo, la confianza surge del conocimiento. He escuchado que en Alemania, sólo uno de entre cada dos jóvenes de entre 14 y 15 años comprende el significado del término inflación. No me quiero ni imaginar cuál fue el resultado de la encuesta en el caso de términos como «deflación». Necesitamos que los colegios estén mejor conectados, además de disponer de información sobre el enfrentamiento entre los intereses de los proveedores y los de los consumidores, idea que mis colegas diputados mencionan en los informes...

(El Presidente interrumpe a la oradora)

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE) . – (RO) En el mercado único, es un derecho fundamental de los ciudadanos europeos que, cuando deseen adquirir un producto o contratar un servicio, se les ofrezcan los mismos precios o tarifas, con independencia del Estado miembro en el que se encuentren, y que reciban una explicación si existen discrepancias.

Pienso que es preciso que nos centremos más en los problemas del sector de servicios bancarios y financieros, puesto que, actualmente, en el mercado único existen grandes diferencias con respecto a las tarifas que se pagan por estos servicios. Si se encuentra en Rumania, por poner un ejemplo, y desea contratar un servicio bancario ofrecido por un banco —los mismos bancos que operan en Rumania, Francia, Italia y Austria— tendrá que pagar más tarifas y a tasas mucho más elevadas. Es una situación injusta y creo que los ciudadanos, no sólo los rumanos, sino también los de otros Estados miembros, tienen derecho a esperar que las instituciones europeas desempeñen un papel más activo a la hora de aclarar estas discrepancias. Quiero insistir en que me refiero a las tarifas, no a los intereses bancarios.

Gracias.

  Alan Kelly (S&D). – Señor Presidente, deseo, especialmente, felicitar a todos los colegas de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor que han trabajado en el futuro del Cuadro de indicadores del mercado interior. Es una cuestión que me toca muy de cerca, pues ofrece una excelente herramienta de comunicación sobre la manera como los Estados miembros aplican las directivas comunitarias.

También me toca muy de cerca porque oigo constantemente comentarios sobre el excesivo celo regulador de la UE, especialmente, en mi país de origen, Irlanda, lo que es necesario asimilar. Un vistazo rápido al cuadro de indicadores muestra que Irlanda ha aplicado indebidamente las directivas comunitarias en no menos de sesenta y siete ocasiones y corre el peligro de quedar excluido del objetivo del 1 % de déficit de transposición acordado.

Esto plantea una pregunta: ¿de quién es la culpa de este supuesto exceso de celo regulador? Si un Estado miembro no transpone correctamente a su propia legislación la legislación comunitaria o añade más regulación a las directivas, entonces, ¿es culpa de la UE o del Estado miembro? Yo creo que, posiblemente y con toda probabilidad, es culpa de éste último.

Una idea para el cuadro de indicadores que tal vez podría considerarse en el futuro sería abordar directamente la cuestión de la sobrerregulación o «gold plating», como se conoce. Creo que se obtendría un resultado positivo.

  Seán Kelly (PPE). – Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar a la persona a la que se le ocurrió el nombre «SOLVIT». Es sencillo, claro y, como se suele decir, «le va como anillo al dedo».

Desde que SOLVIT fue creada en 2002, su carga de trabajo ha aumentado exponencialmente año tras año, tanto es así que en el año 2008, los casos aumentaron un 22 % con respecto a años anteriores, con lo que el número de casos llegó a los mil con un porcentaje de resolución del 88 %, que supuso un ahorro de 32,6 millones de euros. Aunque son unos datos excelentes, el inconveniente es que se pasó, de media, de necesitar 53 días para solucionar los problemas a necesitar 69, lo que nos lleva a las soluciones que se precisan.

Es evidente que existe falta de personal, a lo que se debe poner remedio. Debemos contar con los recursos adecuados. Existe una necesidad de formación continua en consonancia con la Estrategia Europa 2020 sobre la formación a lo largo de toda la vida, así como un intercambio de buenas prácticas. Es importante, además, reunirse con regularidad. También recomendaría que, puesto que muchos de los problemas son locales, se aplicase un enfoque local para atender las consultas en una primera etapa.

También es necesario que los consumidores tengan un mayor conocimiento. Pienso que una dirección de Internet conseguiría este propósito y aumentaría la confianza. Creo que es importante, como ha señalado un orador que ha intervenido antes, que se observe muy de cerca lo que sucede en los distintos Estados con la transposición de los reglamentos comunitarios.

Para finalizar, un orador anterior ha manifestado que se trataba de una «solución que busca desesperadamente un problema que resolver»; yo diría más bien que se trata de un problema de la UE que ha encontrado una solución satisfactoria.

  Sylvana Rapti (S&D). – (EL) Señor Presidente, felicidades y gracias a todos los ponentes, así como a los ponentes alternativos que han participado en la elaboración de estos tres informes. El hecho de que exista acuerdo me hace ser optimista por lo que se refiere al futuro del mercado interior.

Quisiera poner de relieve dos cuestiones: la primera tiene que ver con el punto 10 del informe Thun. Lo considero fundamental y, a mi parecer, lo mejor que podría suceder sería que pudiésemos dejar claro que los derechos de los trabajadores, los derechos sociales y la protección del medio ambiente no son trabas que impiden el progreso en el mercado interior.

La segunda cuestión se refiere a SOLVIT. Se trata de un instrumento extraordinario, pero aún necesita de mucha ayuda. A decir verdad, pensaba en presionar a mi gobierno en Grecia para que hiciera algo respecto a esta cuestión, porque sólo tenemos dos empleados, pero después de escuchar que Francia cuenta tan sólo con un trabajador en prácticas, he pensado que esperaré a que el señor Barnier presione antes al suyo.

  Pascale Gruny (PPE). – (FR) Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, la nueva red en línea de resolución de problemas relativos a casos de aplicación incorrecta de la legislación relativa al mercado interior, conocida como SOLVIT, es un sistema muy exitoso en la medida en que resuelve problemas, sin procedimiento formal alguno, en un plazo de aproximadamente diez semanas.

Dicha red, creada en 2002, vio aumentada su carga de trabajo en un 22 % en 2008. Aun cuando la tasa de resolución sigue siendo alta, del 83 %, el número de casos solucionados está disminuyendo. Transcurridos ocho años desde su creación, parece que es el momento oportuno de considerar el reforzamiento de esta institución, aportándole medios para que funcione de manera eficaz.

Las nuevas medidas harían posible asistir a los ciudadanos y empresas europeos para hacer valer sus derechos, sobre todo en lo relativo al reconocimiento de cualificaciones y a los derechos sociales y de residencia.

Apoyo por tanto la idea de que no sólo hay que aumentar el personal de SOLVIT en los Estados miembros, sino también proporcionar medidas de apoyo y de formación de modo que dicho personal pueda ser lo más eficaz posible.

Considero fundamental que los gobiernos y nosotros mismos, en tanto que representantes electos por nuestras respectivas circunscripciones, debemos promover la red SOLVIT, que supuso un ahorro de costes de 32,6 millones de euros en 2008. Además, promover esta nueva herramienta supondría limitar el recurso excesivo al sistema judicial. Insto por tanto a todos los Estados miembros a que transpongan todas las directivas europeas y a que conciencien a sus ciudadanos y empresas de cuáles son sus derechos en el mercado interior a través de los medios de comunicación nacionales y mediante campañas informativas.

Para concluir, en nombre de mi grupo político en la Comisión de Peticiones, espero que la cooperación entre SOLVIT y nuestra comisión parlamentaria se estreche a fin de facilitar la labor de ambos órganos.

  Małgorzata Handzlik (PPE). – (PL) Señor Presidente, quisiera felicitar a los ponentes por sus excelentes informes. En los últimos tiempos, hemos hablado mucho sobre la necesidad de reavivar el mercado interior. El señor Comisario lo mencionó también en su alocución ante la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. Ocurrirá lo mismo con el informe del Profesor Monti, que estamos aguardando. En mi opinión, no se habla lo suficiente del mercado interior en la Estrategia Europa 2020. Necesitamos el mercado interior. No obstante, no necesitamos un mercado interior sólo sobre el papel, sino un mercado interior que sea realmente operativo, algo que no podemos decir que tengamos en estos momentos. Existen demasiadas barreras a la libre circulación de las cuatro libertades, lo que limita el potencial del mercado, mientras que las políticas proteccionistas de los Estados miembros no son consistentes con los principios del mercado interior. Por una parte, necesitamos que los Estados miembros apliquen correctamente la ley e instrumentos de apoyo que funcionen bien, como por ejemplo SOLVIT, pero también necesitamos más (…).

(El presidente interrumpe a la oradora)

  Marc Tarabella (S&D). – (FR) Señor Presidente, no puedo sino respaldar las conclusiones del informe elaborado por nuestra colega, la señora Hedh, especialmente en relación con la necesidad de contar con una política de los consumidores activa, dirigida de manera específica a la protección de los consumidores vulnerables y de los que cuentan con bajos ingresos.

Quisiera hacer mención también de otros puntos clave de esta política. Efectivamente, el Cuadro de indicadores del mercado interior es una importante herramienta estadística, pero totalmente inadecuada, ya que se concentra de forma exclusiva en el funcionamiento del sector de los consumidores, pero sin tratar de resolver los problemas que tienen los consumidores de la UE en dicho mercado.

El Cuadro de indicadores del mercado interior no debería centrarse únicamente en la demanda del mercado y en los consumidores en tanto que receptores pasivos al final de la cadena. Cada vez está más claro que los consumidores, a partir de ahora, deben desempeñar un papel activo y responsable mediante su implicación en un consumo sostenible, ético, socialmente responsable y ecológico. Por tanto, se debería revisar el Cuadro e incorporar en él indicadores relativos a los aspectos sociales y medioambientales de esas opciones, que revisten cada vez mayor importancia.

Por último, las leyes sobre consumo energético, transporte, medioambiente, tecnología digital, etc. deben formar parte de la revisión del acervo.

(El presidente interrumpe al orador)

  Franz Obermayr (NI). – (DE) Señor Presidente, quisiera hablar de las propuestas relativas a la protección de los consumidores y quisiera comenzar desde luego haciendo mención de los aspectos positivos: los medios para informar y capacitar a los consumidores mediante una mayor información a todos los niveles, desde las esferas municipal, local y regional hasta las consideraciones transfronterizas de la UE, el fomento del consumidor, tal y como hacemos en Austria con la ley antimonopolio, y por supuesto, con penalizaciones más duras para aquellos bancos negligentes que conceden créditos sin mayor consideración. Contar con una fórmula crediticia normalizada es también un avance realmente positivo.

No obstante, quisiera hacer referencia también a algunas cuestiones problemáticas, fundamentalmente el grave prejuicio legal con respecto a las garantías y las cláusulas contractuales inadecuadas, que están penadas de forma más severa en lugares como Austria. Quisiera proponer que el principio de favor se aplique de forma que, en aquellos casos en el que la normativa nacional ofrece una mejor protección de los consumidores, dicha normativa se aplique según corresponda.

  Mairead McGuinness (PPE). – Señor Presidente, todos estamos a favor de la protección de los consumidores. El problema es que algunos Estados miembros hacen caso omiso del mecanismo SOLVIT, tal y como han dicho otros oradores. Es algo que debe considerarse de forma que el personal sea el adecuado.

Puedo hablarle de ejemplos prácticos de problemas de consumidores que acuden a mi oficina. Esta mañana, precisamente, recibí uno relacionado con transacciones de propiedad en la Unión Europea. Sé que la UE no tiene competencias en este ámbito, pero sí le pediría a los Estados miembros que, donde se plantee un problema, traten a los ciudadanos como tratarían a los suyos propios, cuestión ésta sobre la que creo que debemos tomar medidas.

El segundo se refiere a los directorios empresariales. El caso de «European City Guides» causó un enorme dolor de cabeza en el Parlamento y sigue operativa porque reciben cierto nivel de protección del Estado miembro donde está implantada. Debemos abordarlo, ya que la actitud de los ciudadanos ante el mercado interior se ve afectada por su experiencia en estas cuestiones, aun cuando la Unión Europea no tenga competencia sobre ellas.

  Christel Schaldemose (S&D). – (DA) Señor Presidente, le agradezco el buen debate que estamos manteniendo hoy aquí. Me satisface el apoyo que brindan el señor Barnier y el señor Dalli a la necesidad de considerar a los consumidores en el mercado interior. De todos modos, quisiera llamar la atención sobre un párrafo concreto del informe de la señora Hedh, el punto 40, en el que se propone la creación de una Agencia europea de los consumidores. Me imagino perfectamente que a usted le gustaría trabajar en pro de ello. Una agencia de ese tipo sería útil para recabar datos, elaborar estudios sobre el comportamiento de los consumidores y, por supuesto, podría servir de organismo de control sobre la labor de la Comisión y del Parlamento en cuestiones relacionadas con los consumidores. Quisiera por tanto conocer su opinión al respecto, si es algo que le gustaría impulsar. En lo que a mí se refiere, sería sencillo instaurar una agencia de ese tipo en Malta o en Francia si ello agiliza el proceso.

  Michel Barnier, Miembro de la Comisión. – (FR) Señor Presidente, la señora Schaldemose acaba de subrayar la calidad de este debate, en concreto con respecto a la cuestión específica de una agencia de los consumidores que, si no me equivoco, ya existe en Canadá, y el señor Dalli nos hablará del estado de la cuestión en la actualidad. Estoy de acuerdo con esa valoración sobre la calidad del debate y de todas las intervenciones y propuestas constructivas y críticas que se han realizado sobre la aplicación y evaluación de esas 1 500, insisto, para todos aquellos que nos escuchan, 1 500 directivas o textos que regulan este amplio mercado europeo. Debo añadir que no estoy seguro de si prefiero hablar del amplio mercado europeo en lugar del mercado interior, ya que estaría más claro para los ciudadanos y los consumidores.

Bajo la supervisión del Presidente, el señor Harbour, quien me escuchó decir esto en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, y en respuesta a la intervención del señor Triantaphyllides, quisiera recordarles el principio que subyace en la acción que emprenderé en el seno de la Comisión durante los cinco próximos años.

Señorías, mi objetivo, día tras día, ley tras ley, es garantizar que el mercado europeo está de nuevo al servicio de los hombres y mujeres que viven en nuestro Continente. Tengo un segundo objetivo, que consiste en garantizar que los mercados, ya que también soy responsable de reglamentación y supervisión, garantizar que los mercados financieros, sobre los que tanto se ha hablado en los últimos meses, están de nuevo al servicio de la economía real, al servicio de los hombres y las mujeres.

Quiero que los ciudadanos, los consumidores y las pequeñas empresas se impliquen de nuevo en este mercado. En torno a ello girarán las acciones que tengo el honor de dirigir en el Colegio. Es una cuestión de confianza, por emplear el término que acaban de usar el señor Rochefort y la señora Rühle, de confianza mutua. Por ello, le doy las gracias una vez más a la señora Thun Und Hohenstein por su estupendo informe sobre el Cuadro publicado por la Comisión Europea.

Hay muchas ideas, en este informe y en todo lo que he escuchado, que vale la pena adoptar o examinar. El señor Bielan apoya la idea de contar con indicadores sobre la aplicación de las normas citadas en el informe de la señora Thun Und Hohenstein. La señora Gebhardt ha mencionado también la evaluación económica y social de las directivas y de los estudios de impacto. A estas alturas, tal vez deba responder a la crítica constructiva del señor Harbour relativa a la Estrategia Europa 2020. Además, he oído a la señora Handzlik decir que no estamos hablando lo suficiente sobre el mercado interior.

A decir verdad, al leer la Estrategia Europa 2020 que la Comisión publicó la semana pasada, se ve que el mercado interior es central en este enfoque y está presente en todas partes: crecimiento inteligente mediante patentes y otras herramientas; crecimiento ecológico mediante un uso adecuado de la contratación pública; crecimiento inclusivo, equitativo y justo. El mercado interior es omnipresente, debe serlo, pero, señor Harbour, el texto de 2020 no pretende referirse a todo. Por ejemplo, no habla de política exterior ni de política de defensa, ni tampoco pretende eximir a la Comisión de su tarea, que consiste en ejecutar, supervisar y vigilar adecuadamente la aplicación de todos los textos. Ruego crean que no me considero dispensado de la necesidad de revisar y tomar medidas, en ocasiones incluso mediante procedimientos de infracción, a fin de garantizar un funcionamiento correcto del mercado interior. Sin embargo, insisto en que yo siempre daré prioridad al acuerdo, la confianza y las explicaciones y no a la coacción.

El informe de la señora Thun Und Hohenstein contiene más ideas buenas: la colaboración con los Estados miembros y la creación de un Foro del Mercado Interior, que yo respaldo. El caso es que tal vez podamos integrar hoy otras iniciativas que se refieren también a algunas de las cuestiones que estamos tratando con el señor Dalli, tales como la aplicación o el impulso y promoción de la red SOLVIT, de forma que podamos hacerlo todo al mismo tiempo.

He hablado sobre la necesidad de dar la misma importancia a la repercusión de la supervisión y a la repercusión del anuncio. Es mi forma de hacer política y, desde ese punto de vista, considero que el Cuadro, la evaluación, no sólo nos debe permitir efectuar una evaluación cuantitativa, cuántas directivas se transponen, sino también una cualitativa.

Creo que el señor Hoang Ngoc mencionó, y de forma muy clara además, la calidad de la aplicación de las leyes, la calidad de la transposición y, como usted decía, la calidad de las leyes en sí que, para un legislador o un comisario, es un buen ejercicio de claridad. En todo caso, todas estas ideas valen la pena, tal y como acaban de decir el señor Schwab y la señora Roithová.

Con respecto a SOLVIT, para finalizar con unos breves comentarios, respaldo la idea, la buena idea, que mencionó alguien de crear la página web SOLVIT.EU. Difundirá información o remitirá al usuario a páginas nacionales. Vamos a trabajar rápidamente sobre esta página SOLVIT.EU con mis departamentos, junto con otro proyecto relacionado con la página Tu Europa. Como dijeron usted y el señor Kelly, en todo caso, el término SOLVIT es al menos claro y simple y estoy de acuerdo con esa valoración positiva.

SOLVIT funciona bien, pero podría funcionar mejor. Hay demasiados ciudadanos y empresas que siguen sin saber cuáles son sus derechos y las maneras en que pueden hacerlos valer y apoyo el comentario de la señora Werthmann cuando pide más transparencia. También creo que algunos de ustedes, señora Vergnaud, señor Rossi, señora Stihler, señora Rapti, se han referido a los recursos inadecuados con los que cuenta SOLVIT, no sólo en Francia, por cierto, aun cuando oí perfectamente lo que ustedes dijeron. No se está dirigiendo a ustedes un ministro francés, aun cuando soy ex ministro francés, y les ruego confíen en que voy a estudiar muy de cerca qué es lo que está sucediendo en ese país, del que sigo siendo ciudadano, para que funcione correctamente, al igual que haré con el resto de países.

De hecho, vamos a necesitar recursos adecuados y esenciales, lo que comprobaré con motivo de mis visitas in situ. Una vez más, estas herramientas son indispensables para verificar correctamente cómo funciona el mercado interior, un mercado, lo digo a mi vez, que no es pleno. Debemos relanzarlo y seguir desarrollándolo, son muchos los que lo han mencionado, el señor Stolojan, la señora Gebhardt, el señor Karas, el señor Kožušník, desde una perspectiva transfronteriza e incluso en el ámbito de cada país. Debemos derribar las barreras y ése es el motivo, señor Harbour, por el que es importante determinar dónde hay cuestiones pendientes, que es algo sobre lo que tal vez no se ha insistido lo suficiente, pero que en todo caso contempla la Estrategia Europa 2020. Para ello, haré todo lo que esté en mi mano, junto con mis doce o quince colegas del Colegio que son responsables, de una manera u otra, de aplicar las directivas sobre el mercado interior.

Señor Presidente, concluyo haciendo mención a tres cuestiones específicas. Sí a una mayor cooperación, fue el señor Busuttil quien planteó este tema, entre SOLVIT, el Defensor del Pueblo y la labor de la Comisión de Peticiones. Es ése el enfoque que voy a darle yo.

Les doy las gracias a la señora Rühle y a los otros miembros de la Comisión de Presupuestos por su disposición a la hora de defender el presupuesto de SOLVIT. Respaldo la idea de la señora Gruny de organizar consultas y seminarios. Para este año ya hay programados uno o dos, si bien voy a verificar si son suficientes, entre todos los funcionarios de los Estados miembros, también incluso los de las regiones, que se

Por último, con respecto a la cuestión criticada por varios miembros del Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, básicamente el examen del mercado interior, sin querer dramatizar este tema, les recuerdo, Señorías, que toda propuesta legislativa debe respetar el Tratado, eso es lo que quiere decir el ponente. En otras palabras, debe ser objeto de un examen de compatibilidad con los principios del mercado interior. Esa es una de las cuestiones, y también voy a prestar atención a varios criterios sociales, medioambientales y económicos, puesto que me comprometo a que todas las leyes se evalúen con antelación.

Son éstas las obligaciones anteriores y posteriores requeridas en toda legislación, si lo que pretendemos es establecer el mejor cuerpo legislativo posible para atender a los ciudadanos, consumidores y empresas que trabajan y viven en territorio europeo.

PRESIDE: Libor ROUČEK
Vicepresidente

  John Dalli, Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, al igual que mi colega, Michel Barnier, me resulta alentador formar parte de este debate tan entusiasta y escuchar las opiniones de los expertos sobre temas relacionados con los consumidores. Es un buen augurio para nuestra labor conjunta con un verdadero espíritu de colaboración y para lograr nuestro objetivo de que los consumidores sean los protagonistas.

Si me lo permite, voy a repetir algo que mencioné en mi intervención inicial. Además de los argumentos económicos para contar con una política de los consumidores robusta, eficaz y aplicada de forma adecuada, deberíamos mantener nuestra atención centrada firmemente en el papel clave que ésta puede tener para conectar de nuevo a Europa con sus ciudadanos, tal vez sea ésa la mayor de las recompensas. Sé que una de mis principales tareas consiste en coordinar ese esfuerzo en la Comisión y que ustedes estén pendientes será más que bienvenido y reconfortante.

El Cuadro de indicadores de los mercados de consumo es una herramienta que nos permite detectar fallos en el mercado y proceder a un estudio sobre cómo abordar dichos fallos. Considero que se trata de un mecanismo crucial al servicio de un propósito totalmente real y que podemos beneficiarnos mucho si se elabora y refuerza más.

El Cuadro hará las veces de nuestros ojos y oídos para alertarnos de problemas candentes. Tener más en cuenta el punto de vista del consumidor en las políticas de la UE y nuestro compromiso conjunto para ejecutarlas de forma efectiva dará paso a un consumidor de la UE con más poder, y con ello los subsecuentes beneficios económicos.

Tras celebrar una consulta pública el año pasado, la Comisión está evaluando los comentarios sobre una reparación colectiva y trata de encontrar una solución que satisfaga las necesidades de los consumidores europeos sin tener que importar prácticas estadounidenses. La resolución alternativa de disputas va a ser nuestra principal baza en este sentido.

Mi amigo, Michel Barnier, ya ha explicado que el mercado interior ocupa una posición central en la Estrategia Europa 2020 de la UE. Si estudian el texto con atención, verán que se deja claro además que el mercado interior debe girar en torno a los consumidores, que son el motor del mercado único, posición que pretendemos seguir consolidando.

Entiendo que la cuestión de la educación de los consumidores es fundamental para su capacitación. Por supuesto estamos estudiando la manera de impulsar más nuestro Programa Dolcetta a fin de que abarque nuevos ámbitos.

En cuanto al último punto planteado, relativo a una Agencia europea de los consumidores, cabe señalar que su ejecución es una obligación exclusiva de los Estados miembros y que son éstos los que deben proporcionar los recursos adecuados para su correcto funcionamiento. No obstante, el Tratado no contempla base legal alguna para que la Unión apoye y complemente tales esfuerzos. Debe evaluarse cuidadosamente en qué áreas puede complementar la UE la ejecución pública nacional y cuál es la estructura institucional adecuada a tal efecto. La Comisión va a analizar con atención todas las opciones.

Espero lograr avances significativos y sostenidos junto con ustedes durante el tiempo que yo sea responsable de este sector.

  Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, ponente. – (PL) Antes de nada, quisiera dar las gracias a todos por este fascinante debate, por las reacciones emotivas y las serias reflexiones. La presencia y declaraciones de ambos Comisarios y la asistencia de numeroso personal de la Comisión demuestran que este nuevo Parlamento y la nueva Comisión van a colaborar estrecha y adecuadamente en torno a la cuestión de un mayor avance del mercado interior.

El mercado común es uno de los mayores logros de la Unión Europea, y quisiera expresar mi agradecimiento por las reacciones positivas a las propuestas que he incluido en mi informe. A aquellas Señorías que son socialistas y están preocupadas por el punto 10, la «prueba del mercado interior», me gustaría recordarles que, en primer lugar, no es nada nuevo. Esta propuesta la adoptó la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor ya en 2003 y forma parte de la estrategia del mercado interior. No deberíamos tener temor alguno. El examen no pone en peligro ningún logro social de la Unión Europea. Al fin y al cabo, hace un momento escuchábamos al Comisario decir que la Comisión Europa evalúa las nuevas directivas desde un punto de vista social, económico y ecológico y por tanto no hay nada que temer. Lo que nos preocupa a todos es que el mercado común debería seguir desarrollándose y también la manera de garantizar que el proteccionismo no se instala en la Unión Europea.

La integración europea sólo se afianzará cuando los ciudadanos sean conscientes y activos y las instituciones públicas sean competentes, eficaces y estén más adaptadas al ciudadano. En este informe, propongo una serie de soluciones de forma que ustedes, Señorías, puedan involucrar a su electorado de forma efectiva y adecuada en el proceso de la integración europea y, en tal caso, mediante el robustecimiento del mercado común, el aumento de su participación en el mercado común, todo un éxito de la Unión Europea. Debemos seguir elaborando instrumentos que nos asistan en el desarrollo del mercado común. La publicación simultánea de los cuatro informes es un elemento muy importante, al igual que lo es una mejor coordinación y una mayor transposición de la legislación. No deberíamos reaccionar negativamente ante el término «mercado». En la parte del mundo de la que yo procedo, no pudimos emplear dicho mercado durante varias décadas y sabemos a qué dio lugar.

Por último, estamos recordando a los ciudadanos que el mercado común gira en torno a las cuatro libertades, algo sobre lo que insiste mi informe. Es absolutamente importante no limitar las libertades de este mercado, ayudar a los ciudadanos a que empleen más y mejor dichas libertades y desarrollarlas, en lugar de echar a perder lo que hemos logrado hasta ahora.

  Anna Hedh, ponente. – (SV) Señor Presidente, he escuchado con atención todas las aportaciones inteligentes e interesantes a este debate. Me satisface además que los dos Comisarios responsables prometan aunar esfuerzos para desarrollar y mejorar la política de los consumidores de la UE. Por mi parte, quisiera añadir una serie de consideraciones.

Las organizaciones de consumidores tienen un papel extremadamente importante que desempeñar para llamar la atención de las autoridades sobre los problemas cotidianos que afrontan los consumidores. Así, los instrumentos con los que cuentan las organizaciones de consumidores deberían mejorarse a fin de que se les facilite una actuación eficaz a nivel nacional y de la UE.

Además, debemos exhortar a los Estados miembros a que consulten con las organizaciones de consumidores, en la medida de lo posible, en todos los niveles del proceso de toma de decisiones que afecten a la política de los consumidores. Me satisface también que el Comisario Dalli haya planteado la cuestión de la importancia que revisten los Estados miembros a la hora de garantizar que hay una financiación adecuada y personal disponible para seguir desarrollando el Cuadro.

Por último, el Cuadro no sólo debería emplearse para lograr una mejor política de los consumidores, sino que debe más bien influir en todos los ámbitos de políticas que sean significativos para los consumidores y garantizar que las cuestiones relacionadas con los consumidores se integran de forma más amplia en todas las políticas de la UE. Además, el Cuadro debería estimular un debate de índole más general sobre temas de política de los consumidores, tanto a nivel de la UE como a nivel nacional. Espero poder celebrar otro debate sobre el mercado interior y la protección del consumidor en esta Cámara dentro de un año.

  Cristian Silviu Buşoi, ponente. – (RO) Quisiera dar las gracias al Comisario Barnier y a las Señorías que han hecho aportaciones positivas, no sólo sobre mi primer informe, sino también sobre la red SOLVIT en sí. Considero que SOLVIT supone una solución práctica para los consumidores y por este motivo creo que nosotros y los Estados miembros debemos mejorarla y promocionarla, de forma que el mayor número posible de ciudadanos europeos conozcan la existencia de SOLVIT y puedan defender sus derechos recurriendo a la asistencia de SOLVIT.

Considero que el resultado que hemos alcanzado, tanto en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor como en la Comisión de Peticiones es satisfactorio. SOLVIT es una red que ya funciona bien, si bien necesitamos soluciones para una serie de problemas que se les plantean a quienes usan los servicios de SOLVIT y a su personal. El informe incluye algunas de esas soluciones, mientras que otras han sido objeto de discusión en este debate.

Además del hecho de que el número de personal con el que cuentan algunos centros SOLVIT debe aumentarse para garantizar su eficacia, el personal debe estar debidamente cualificado y recibir formación sobre la regulación del mercado interior. Otro factor igualmente importante consiste en que el personal de SOLVIT pueda recibir asistencia jurídica, tanto de los funcionarios que trabajan en las administraciones públicas como de la Comisión Europea, teniendo en cuenta el grado de complejidad de los casos que se le plantean a SOLVIT. La Comisión Europea tarda a veces en responder a las solicitudes de asistencia jurídica presentadas por el personal de SOLVIT, lo que da lugar a cierta demora en todo el proceso de resolución de casos.

Quisiera agradecer al Comisario Barnier su compromiso ante el Parlamento Europeo de poner en marcha la página web http://http://www.solvit.eu" lo antes posible.

Creo firmemente, Señorías, que este informe supone un paso importante hacia la mejora de la operatividad de SOLVIT. Por ello solicito a todos los grupos su voto a favor de este informe.

Gracias.

  Presidente. – Se cierra el debate conjunto.

La votación tendrá lugar en breve.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

  John Attard-Montalto (S&D), por escrito. – Es increíble que en dos áreas esenciales como son la protección de la salud y de los consumidores, en Malta y en Gozo, las estructuras oficiales se muestren completamente pasivas a pesar de las transgresiones flagrantes.

En las Islas de Malta, los medicamentos son mucho más caros que en otros países de la UE, como Bélgica. Estos son algunos ejemplos:

Galvus 50 mg (pastillas para la diabetes)

Precio en Malta de una caja de 28: 27,84 euros

Precio en Bruselas de una caja de 180: 135,13 euros

Por 180 pastillas, el precio en Malta es de 178,97 euros, en comparación con 135,13 euros en Bruselas.

Tegretol 200 mg

Precio en Malta de una caja de 50: 17,00 euros

Precio en Bruselas de una caja de 50: 7,08 euros

Zocor 20 mg

Precio en Malta de una caja de 28: 34,94 euros

Precio en Bruselas de una caja de 84: 21,71 euros

Por 84 pastillas, el precio en Malta es de 104,82 euros, en comparación con 21,71 euros en Bruselas.

Son sólo algunos ejemplos de una situación que contribuye a las dificultades que sufre la mayoría de familias maltesas. La UE hace gala de su protección de la salud y de los consumidores, mientras que en las islas de Malta el precio de los medicamentos se ha disparado sin justificación alguna.

  Robert Dušek (S&D), por escrito. – (CS) El funcionamiento eficaz del mercado interior es un prerrequisito para garantizar de forma adecuada los derechos consagrados en un tratado con respecto al libre movimiento de personas, servicios, bienes y capitales en el seno de la Comunidad. En época de crisis, también puede ser un apoyo para crear un entorno económico estable y próspero. No obstante, el mercado interior no puede cumplir plenamente su función sin una aplicación y ejecución adecuadas de la legislación. Los Estados miembros tienen la obligación de aplicar las leyes a tiempo, si se han comprometido a hacerlo bajo un acuerdo. Un déficit de aplicación del 1 % tal vez parezca reducido, pero si incluimos el número de directivas vencidas o no aplicadas, el efecto sobre el funcionamiento del mercado interior es significativo. Surgen dudas continuamente con respecto a ciertos Estados miembros. Apoyo la disposición de información más detallada en la página web de la Comisión relativa a aquellas directivas que todavía no se han aplicado. Esta información debería contribuir a una mayor concienciación entre el público en general y los órganos constitucionales de los Estados miembros. Acojo con agrado el reto planteado a los Estados miembros a fin de que adopten medidas esenciales, tales como la adjudicación de recursos para afianzar el funcionamiento de redes transfronterizas de sistemas de información electrónica para obtener un intercambio oportuno de información, especialmente en el caso de productos no alimentarios peligrosos (RAPEX) y de alimentos y forrajes (RASFF), o la red para la cooperación en el ámbito de la protección del consumidor (CPC). Estos sistemas todavía no funcionan correctamente y no son fiables en todos los Estados miembros. Hay que prestar atención también a la aplicación cabal de las directivas, que se puede lograr mediante la cooperación eficaz entre los órganos a nivel nacional, regional y local.

  Louis Grech (S&D), por escrito. – Hay que considerar seriamente los mecanismos de recurso como SOLVIT que existen en toda la Unión. Esta vía alternativa de recurso está infrautilizada debido a la falta de conocimiento de su existencia por parte de los ciudadanos, consumidores y empresas y también a causa de la inadecuación de recursos a nivel nacional. Los centros SOLVIT que hay en la actualidad en todos los Estados miembros (y en Noruega, Islandia y Liechtenstein) tienen escasez de personal y de fondos, por lo que se debe intensificar la formación del personal y la provisión de fondos para mejorar la capacidad administrativa de dichos centros. Exhorto a la Comisión a que ultime el proyecto de servicios de asistencia del mercado único (SMAS) como cuestión prioritaria. Propongo que la Comisión considere la posibilidad de incluir en el Cuadro de indicadores de los mercados de consumo un balance detallado del progreso, logros y carencias de SOLVIT. Además, en aras de mejorar la concienciación, los Estados miembros deben promover SOLVIT como un mecanismo alternativo de resolución de disputas conveniente y accesible, mediante campañas informativas en el ámbito nacional. Por último, debe haber una clara mejora por parte de la Comisión y los Estados miembros a la hora de sensibilizar sobre las oportunidades que brinda el Mercado Único a los ciudadanos, consumidores y empresas.

  Danuta Jazłowiecka (PPE), por escrito. – (PL) Una sociedad que hace un uso libre de las posibilidades que ofrece el mercado único es la base del éxito del proceso de integración europea. No lograremos una Unión Europea verdaderamente unificada si la gente no está convencida de que toda Europa es su hogar. Esta finalidad puede conseguirse sobre todo mediante SOLVIT. Puede decirse que el establecimiento del sistema SOLVIT en 2002 constituyó uno de esos acontecimientos en la historia de Europa en tanto que continente unido que pasan desapercibidos pero que, al transcurrir el tiempo, brindan resultados inesperados. La idea del sistema reside directamente en las fuentes de la integración europea o, en otras palabras, en el hecho de que su fin principal consiste en servir a los ciudadanos de la Unión y no a determinados Estados miembros o gobiernos.

¿Puede haber algo mejor que ofrecerles a los ciudadanos de a pie un instrumento que les permite resolver problemas que restringen su libertad de actividad en el mercado único? De todos modos, la experiencia de casi una década demuestra que existen numerosas barreras que impiden que la gente haga un uso pleno de las posibilidades que ofrece el sistema. Por tanto, deberíamos estar de acuerdo con las propuestas del informe elaborado por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. Por encima de todo, deberíamos centrarnos en la promoción de SOLVIT en los Estados miembros, entre los ciudadanos, pues apenas saben nada de él. Aportar más recursos financieros y de personal y ofrecer formación adicional, o nombrar un oficial de enlace de SOLVIT, no servirá de nada si la gente no sabe que tiene ese instrumento a su disposición. En mi opinión, por tanto, todas las medidas que tomemos deberían comenzar por ahí, si bien no debemos renunciar al resto de ideas.

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), por escrito. – (RO) Señor Presidente, Señorías, el funcionamiento óptimo del mercado interior debe seguir siendo una prioridad para el Parlamento Europeo, mediante servicios que, como SOLVIT, son esenciales para garantizar que así sea. El informe pone esto de manifiesto y se centra en los problemas que afronta este servicio. Si bien todos nosotros somos conscientes de que aspectos tales como la comunicación y la mayor presencia del servicio SOLVIT en los medios de comunicación son de enorme importancia, seguimos comprobando que éstos siguen siendo algunos de los problemas recurrentes que el servicio viene afrontando ya desde los primeros años. Los Estados miembros y la Comisión Europea deben garantizar que los ciudadanos europeos, el sector empresarial y, en especial, las pequeñas y medianas empresas que necesitan apoyo pueden hacer uso plenamente de todas las facilidades que ofrece el mercado interior, acceder a los recursos que brindan información y una solución rápida. Además, los centros SOLVIT requieren recursos adicionales. Me refiero al personal cualificado y, por extensión, a los cursos de formación que se están llevando a cabo para ellos. Los Estados miembros deben comprender la enorme importancia que revisten estos centros y su utilidad a la hora de garantizar la correcta aplicación de las regulaciones en materia de mercado interior. Creo que los beneficios que puede suponer este servicio tanto para los ciudadanos como para el sector empresarial están lejos de ser aprovechados en su totalidad.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) La protección de los consumidores en la Unión Europea debe diseñarse de tal modo que los ciudadanos obtengan provecho, en el mercado interior, de una amplia gama de productos y servicios de alta calidad, mientras que al mismo tiempo confían en que sus derechos como consumidores están protegidos y pueden ejercerlos de forma efectiva de ser necesario. Huelga decir que, para ello, también es necesario que los consumidores sean plenamente conscientes de sus derechos y obligaciones en función del derecho aplicable. Las iniciativas que se mencionan en el informe para brindar aclaraciones e información a los ciudadanos de la UE son por tanto importantes y deben aplicarse cuanto antes. La complejidad creciente del sector servicios, en concreto, plantea un problema enorme, ya que para los consumidores es cada vez más difícil tomar una decisión con conocimiento de causa cuando adquieren bienes o servicios. Las instituciones de la UE deben tener en cuenta, en su elaboración de políticas y jurisprudencia, los conocimientos, así como las necesidades, de los consumidores, que también se exponen en el barómetro del consumidor. Nuestro objetivo debe ser una mayor armonización de los reglamentos sobre protección de los consumidores, y me refiero con ello a un ajuste al alza, a juzgar por el mayor uso transfronterizo de los servicios. No obstante, en todos nuestros intentos de mejorar el mercado interior, no debemos olvidar las numerosas importaciones procedentes de terceros países. En este sentido, se necesita una mayor cooperación entre las autoridades aduaneras y las autoridades de protección de los consumidores en los Estados miembros a fin de protegerlos de importaciones poco seguras.

  Siiri Oviir (ALDE), por escrito. – (ET) En el transcurso de los años, el ámbito de la política de protección de los consumidores en la UE ha cambiado para incluir los cambios en las necesidades y expectativas de la gente. Con casi 500 millones de consumidores, el mercado interior de la UE desempeña un papel significativo para alcanzar los objetivos del Plan de acción de Lisboa (crecimiento económico, empleo y mayor competitividad), ya que el gasto de los consumidores aporta riqueza a la UE. Sobre todo, y debido al rápido desarrollo del comercio electrónico, la dimensión transfronteriza de los mercados de consumo en la UE ha aumentado significativamente, por lo que es más importante contar con una protección de alto nivel para los consumidores. Lamentablemente, sin embargo, la aplicación y ejecución de los reglamentos en materia de protección de los consumidores que hay en la actualidad en la UE no tienen el mismo alcance en todos los Estados miembros. En mi opinión, para mejorar la confianza de los consumidores es esencial ejercer una mayor supervisión del mercado y de los mecanismos de ejecución, junto con una aplicación eficaz e integral. En este sentido, apoyo las sugerencias del ponente de que la Comisión Europea observe de cerca la adopción y aplicación de los derechos del consumidor de la UE en todos los Estados miembros y los apoye para ello en todos los sentidos. Creo que la Unión Europea debería considerar la posibilidad de crear una oficina europea de protección del consumidor que funcione como oficina central de coordinación para tratar específicamente la resolución de incidentes transfronterizos, para así apoyar y complementar a las oficinas correspondientes de protección de los consumidores en los Estados miembros a la hora de aplicar y ejecutar las regulaciones de protección de los consumidores. Considero que los reglamentos de la UE no supondrán beneficio alguno si no se adoptan, aplican y ejecutan adecuadamente a nivel nacional.

5. Circulación de personas con visados de larga duración (debate)

  Presidente. – El siguiente punto es el informe de Carlos Coelho, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y el Reglamento (CE) nº 562/2006 por lo que se refiere a la circulación de personas con visados de larga duración [COM(2009)0091 – C6-0076/2009 – 2009/0028(COD)] (A7-0015/2010).

  Carlos Coelho, ponente. – (PT) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, hablamos hoy de situaciones absurdas como la de un estudiante que obtiene un visado para realizar un curso en Bélgica. Al no ser objeto de la Directiva 2004/114/CE, no podrá viajar a los Países Bajos para recabar información de una biblioteca especializada a fin de escribir su tesis ni tampoco disfrutar de un fin de semana para conocer Barcelona, ya que en el país que emitió el visado será detenido.

El Convenio de Schengen estipula que los titulares de un visado de larga duración únicamente pueden residir en el territorio del Estado miembro que expidió el visado. No pueden viajar a otros Estados miembros ni transitar por otros Estados miembros al regresar a su país de origen.

Schengen es sinónimo de libertad de movimiento. Toda persona que reside legalmente en un Estado miembro debería poder moverse libremente en un ámbito en el que no hay fronteras internas. La solución ideal sería que los Estados miembros cumpliesen con su obligación de conceder un permiso de residencia a los nacionales de terceros países que cuentan con este tipo de visado. Sin embargo, esto no ocurre en la gran mayoría de Estados miembros.

Los Estados miembros han sorteado temporalmente esta situación con la emisión de visados de tipo «D+C», que permite al titular de un visado de larga duración moverse libremente por el territorio Schengen durante los tres primeros meses. Este tipo de visado será abolido a partir de abril de 2010, con la entrada en vigor del Código comunitario sobre visados, lo que implica que encontrar una solución a este problema revista todavía más urgencia.

Las enmiendas que he propuesto y que cuentan con el respaldo de la mayoría de miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior contribuyen a la resolución de dicho problema sin que disminuya la seguridad en el territorio Schengen.

La obligación de consultar el Sistema de Información de Schengen durante el proceso de solicitud de un visado de larga duración es el mismo procedimiento que el que ya existe para los nacionales de terceros países que disponen de un permiso de residencia. En este sentido, respondemos a todo temor sobre la disminución de la seguridad.

Lo cierto es que varios Estados miembros han concedido visados de larga duración y, por tanto, permisos de residencia, sin consultar previamente el SIS, en particular, con respecto a los requisitos del artículo 96 sobre los efectos que tiene una denegación de la admisión.

Esta práctica debilita la seguridad del territorio Schengen y crea problemas en las fronteras exteriores en aquellos casos en los que se registra en el SIS a personas que tienen un visado válido. Esto crea situaciones complicadas e innecesarias para las personas y guardias transfronterizos que deben tratar de discernir si los visados están falsificados, si una referencia que aparece en el sistema SIS es incorrecta y debe eliminarse o si el visado no debería haberse concedido en ningún caso.

La iniciativa que vamos a votar permitirá a los titulares de visados de larga duración moverse libremente durante un período de tres meses por cada seis meses. Se trata del mismo período del que disfrutan quienes cuentan con un permiso de residencia y, al mismo tiempo, compromete a los Estados miembros con su obligación de conceder el permiso de residencia en aquellos casos en que se ha autorizado una estancia superior a un año.

También reconoce la necesidad de reforzar el nivel de protección de datos que se contempla en el Acuerdo de Schengen y recomienda que la Comisión presente las iniciativas necesarias en caso de que el SIS II no esté operativo antes de 2012.

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las dos propuestas iniciales se unificaron y se aportó una nueva base jurídica. El texto que vamos a votar en esta sesión plenaria es el resultado de las negociaciones que continuaron bajo las presidencias sueca y española, que dieron lugar a un acuerdo en primera lectura y por tanto a que este reglamento se adopte antes de la entrada en vigor del Código sobre visados.

Señor Presidente, me gustaría haber invitado a la Presidencia española, que está ausente en este debate, a que garantizase al Parlamento que el reglamento puede entrar en vigor antes del 5 de abril de 2010. Es esencial que así sea a fin de evitar toda omisión en la ley.

Felicito a la Comisión Europea por esta iniciativa oportuna. Estoy agradecido por la leal colaboración del Consejo, en particular de las presidencias sueca y española y por la cooperación de los ponentes alternativos, lo que ha hecho posible que haya un amplio consenso en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Con esta medida podemos resolver un problema crítico que afrontan miles de ciudadanos de terceros países y hacerlo bien, reforzando con ello tanto la libertad como la seguridad.

  Cecilia Malmström, Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, tal y como ha señalado el ponente, el objetivo de esta propuesta consiste en facilitar el desplazamiento en el territorio Schengen a los nacionales de terceros países que residen legalmente en uno de los Estados miembros mediante un visado de larga duración o de tipo «D». Según el acervo actual de Schengen, los nacionales de terceros países que posean un permiso de residencia pueden moverse libremente por el territorio Schengen, ya que el permiso de residencia equivale a un visado.

No obstante, los Estados miembros tienden últimamente a no convertir los visados de larga duración en permisos de residencia tras la llegada. Es ése el motivo de que celebremos este debate hoy aquí; evidentemente, la Comisión, el Consejo y el Parlamento deben hallar una solución al problema. La situación legal y práctica tiene considerables consecuencias negativas para los nacionales de terceros países que se encuentran legalmente en nuestros Estados miembros con un visado de tipo «D». Estas personas no pueden desplazarse legalmente a otro país ni transitar por el territorio de otro país cuando desean regresar a su país de origen. Lo absurdo de esta situación lo ilustra el ejemplo citado por el ponente, el señor Coelho.

La mejor solución sería, por supuesto, que todos los Estados miembros emitan los permisos de residencia necesarios y que lo hagan a tiempo. Lamentablemente, no es ésa la situación actual y por tanto contamos con esta propuesta, que pretende ampliar el principio de equivalencia entre un permiso de residencia y los visados de corta duración a los visados de larga duración de tipo «D». Un nacional de un tercer país que dispone de un visado de larga duración de tipo «D» emitido por un Estado miembro podrá por tanto viajar al resto de Estados miembros durante tres meses en un período de medio año con las mismas condiciones que quien posee un permiso de residencia. Esto restauraría la filosofía básica por la que se crea un espacio sin fronteras interiores, es decir, que una persona puede moverse por el territorio Schengen para estancias breves con los documentos con los que se encuentra legalmente en un Estado miembro.

Me agradó mucho saber que el señor Coelho expresó su apoyo a esta propuesta desde el principio y que el ponente, junto con la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Asuntos Jurídicos, haya entendido que se deben tomar medidas a fin de facilitar la vida de los nacionales de terceros países, ya que queremos alentar a la gente que reside legalmente en nuestro espacio. Quiero dar las gracias al ponente por su enfoque constructivo ante esta cuestión.

No tengo que recordarles que debemos encontrar una solución rápidamente, sobre todo debido al Código de visados, que será de aplicación a partir del 5 de abril de este año, y que supondrá la abolición de los denominados visados de tipo «D» + «C», con los que se pretendía remediar parcialmente la situación de los titulares de visados de tipo «D». Creo que el texto final del proyecto de Reglamento satisfizo a todas las partes ya que el texto de compromiso fue convenido entre todas las instituciones. A fin de abordar algunas de las preocupaciones expresadas por el Parlamento Europeo y por los Estados miembros, por ejemplo en materia de seguridad, se introdujeron varias enmiendas al texto inicial.

Por citar algunos ejemplos, la propuesta acorta el período de validez de los visados de larga duración, con un período de validez que no debería superar un año. Transcurrido ese período de un año, la propuesta establece la obligación para los Estados miembros de expedir un permiso de residencia.

También se refuerza el requisito de comprobar sistemáticamente el Sistema de Información de Schengen (SIS). En caso de que un Estado miembro considere la posibilidad de emitir un permiso de residencia o un visado de tipo «D», la autoridad responsable debería efectuar una búsqueda de manera sistemática en el Sistema de Información de Schengen, para así evitar situaciones en las que existe una alerta y al mismo tiempo un visado de larga duración.

Para dar respuesta a las inquietudes en materia de seguridad relacionadas con la biometría, y se trata por supuesto de una cuestión importante para muchos Estados miembros, se ha incorporado, como saben, una declaración política al proyecto de Reglamento, en la que se invita a la Comisión a estudiar la posibilidad de emplear identificadores biométricos cuando se trata de visados de larga duración y a presentar los resultados del estudio a este pleno y al Consejo el 21 de julio de 2011. La Comisión acepta también que en el proyecto de Reglamento sobre su aplicación se haya incluido la obligación de notificar.

Para concluir, se ha acordado una declaración conjunta de forma que se cuente con una respuesta de compromiso a la principal preocupación del Parlamento Europeo con respecto a la garantía de máxima protección de los datos en aquellos casos en los que se haya emitido una alerta en el SIS. El Consejo y el Parlamento Europeo invitan a la Comisión a presentar las propuestas legislativas necesarias que enmienden la disposición pertinente sobre protección de datos en el Convenio de Schengen si sigue habiendo demoras sustanciales en la aplicación del SIS II más allá de 2012. Con estas modificaciones, considero que hemos alcanzado una solución razonable y equilibrada que facilitará considerablemente la vida de los nacionales de terceros países que residen legalmente en nuestros países. También se corresponde plenamente con la filosofía de una Europa sin fronteras internas.

Quiero dar las gracias una vez más a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, a la Comisión de Asuntos Jurídicos y al ponente por su enfoque absolutamente constructivo en este asunto.

  Cecilia Wikström, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. – (SV) Señor Presidente, la cooperación de la UE se basa en los valores, y el más fundamental de todos ellos es la libertad. El tema de nuestro debate de hoy es la posibilidad de la gente de moverse libremente. En mi UE, no hay restricciones en este sentido. Es ahí donde considero yo que reside la grandeza de la UE. Todos los que vivimos aquí disfrutamos de la libertad de movimiento, pero también debería aplicarse a quienes vienen para residir aquí durante un largo período.

En el Convenio de Schengen, el titular de un visado de larga duración no puede disfrutar por el momento de libertad de movimiento sino que, como decía el señor Coelho, tan sólo puede permanecer en el Estado miembro que expidió el visado. Como resultado de ello, por ejemplo, un profesor visitante de la India que vive y trabaja en mi ciudad de origen, Uppsala, en Suecia, no puede viajar a París para asistir a una conferencia sin antes solicitar un visado para visitar Francia, y un estudiante de China no puede viajar a Alemania para visitar a un amigo durante el fin de semana si no solicita antes un visado.

Este tipo de barrera a la libertad de movimiento no debe existir en la UE y es algo que ahora vamos a cambiar. El objetivo de la presente propuesta es garantizar la libertad de movimiento en todo el territorio Schengen para los nacionales de terceros países que son residentes en un Estado miembro por un período prolongado.

Quisiera dar las gracias al señor Coelho, quien ha desempeñado la muy delicada tarea de ponente y ha tenido en cuenta las opiniones que yo planteé en el dictamen que redacté en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos así como las opiniones de otros ponentes alternativos. Y he aquí el resultado: se trata de una propuesta positiva que establece otro vínculo para garantizar la libertad de movimiento en la UE, también para los nacionales de terceros países. Supone una evolución y ésa es la UE en la que estoy orgullosa de vivir y trabajar para ella.

  Kinga Gál, en nombre del Grupo PPE. – (HU) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, acojo con agrado la oportunidad de aprobar una resolución en el Parlamento que facilite la movilidad a los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de la Unión Europea y felicito a mi colega, el señor Coelho, por el excelente trabajo que ha desempeñado en el Parlamento con respecto a esta cuestión. Esta propuesta facilita de manera tangible que los nacionales de terceros países que poseen un visado de larga duración de tipo «D» emitido por un Estado miembro puedan desplazarse por la Unión Europea. Se trata de proporcionar una solución para aquellas situaciones en las que, por una razón u otra, algunos Estados miembros no pueden o no quieren expedir un permiso de residencia a tiempo para los nacionales de terceros países que residen en su territorio. Es decir, no hacen un uso adecuado del marco previsto en las regulaciones de Schengen. Y me satisface que podamos dar un paso adelante con respecto a esta cuestión.

Nuestro objetivo consiste en evitar que los nacionales de terceros países que llegan a la Unión Europea tengan la sensación de entrar en una fortaleza inexpugnable. La gestión integrada de las fronteras y la política de visados deberían servir para este propósito. Como parlamentario húngaro, insto a que las fronteras de la Unión Europea sean permeables para aquellas personas que se desplazan de buena fe. No se debería restringir el contacto entre los ciudadanos que viven a los dos lados de la frontera. Es de interés para los nacionales de terceros países que viven en países vecinos de la UE, también los miembros de la minoría húngara, poder residir legalmente en el ámbito de la Unión Europea sin necesidad de efectuar trámites burocráticos o administrativos. Para ello se necesitan leyes apropiadas, tanto a nivel comunitario como en los Estados miembros, que no se contrarresten entre sí sino que refuercen mutuamente sus objetivos.

Espero que en lugar de seguir siendo una idea altisonante, la nueva legislación comunitaria proporcione efectivamente apoyo práctico en especial a los jóvenes, a los estudiantes que desean estudiar en los Estados miembros. Ellos deberían ser los principales beneficiarios de este reglamento. En este sentido, no puedo sino estar de acuerdo en que la Comisión debería presentar un informe sobre la ejecución de este reglamento a más tardar en abril de 2012 y, de ser necesario, una propuesta de enmienda del reglamento a fin de alcanzar los objetivos.

  Vilija Blinkevičiūtė, en nombre del Grupo S&D. – (LT) Felicito al ponente, señor Coelho, por la elaboración de este informe, y también estoy de acuerdo en que es importante garantizar cuanto antes el libre movimiento en el territorio Schengen a los nacionales de terceros países titulares de un visado de larga duración y presentes legalmente en un Estado miembro. Según la práctica actual de los Estados miembros, por varias razones, se demora bastante el reemplazo de un visado de larga duración por un permiso de residencia para los nacionales de terceros países. Podría citar numerosos ejemplos de los Estados miembros de la Unión Europea, también de mi propio país, Lituania, donde, por ejemplo, un camionero que realiza trayectos de larga distancia y al que se le ha concedido un visado de tipo «D» no puede desempeñar su principal trabajo. La práctica que se ha venido desarrollando en este ámbito socava las expectativas legítimas de los nacionales de terceros países que han venido a trabajar o a estudiar a la Unión Europea. Los Estados miembros deberían tomar las medidas adecuadas para simplificar el procedimiento de emisión de visados. Un visado de larga duración debería suponer lo mismo que un permiso de residencia para el desplazamiento de una persona en el territorio Schengen, sin fronteras internas. El aspecto más importante de todo ello no es la duración de las visitas que puede efectuar el titular de un visado de tipo «D» a otro Estado miembro, sino la oportunidad en si misma de satisfacer mejor sus necesidades en el territorio Schengen. Por tanto, estoy de acuerdo con la propuesta de que un nacional de un tercer país que posea un visado de larga duración expedido por un Estado miembro pueda permanecer en otro Estado miembro durante tres meses a lo largo de un período cualquiera de seis meses, con las mismas condiciones de quien cuenta con un permiso de residencia. Al mismo tiempo, es muy importante garantizar que el desplazamiento simplificado de nacionales de terceros países en el territorio Schengen no plantea una amenaza adicional a la seguridad de los Estados miembros. Por tanto, les pido que se adopte inmediatamente este reglamento parcialmente enmendado.

  Nathalie Griesbeck, en nombre del grupo ALDE. – (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, entre tantas dificultades, las cosas van solucionándose. Es el caso de este texto, que acaban de explicar muy bien todos mis colegas, de todas las tendencias, y que hace referencia a todos los nacionales de terceros países que viven legalmente, quisiera insistir en ello, en Europa.

De hecho, ya es hora de que se adopte este texto, de que se establezca en la UE la libertad de movimiento para los nacionales de terceros países, y me alegro de haber llegado a un punto en el que depositamos otro ladrillo en la construcción de la Europa de las libertades, en un ámbito que queremos que sea cada vez más seguro.

Supone tanto un hecho evidente como un paso adelante. Un hecho evidente, tal y como se ha mencionado: no hay prácticamente ninguna controversia importante con respecto a este texto y las escasas enmiendas demuestran que todos nosotros queremos construir una Europa donde nadie esté bloqueado en un Estado miembro sin la posibilidad de conocer el resto del entorno europeo. Y es además un paso adelante ya que supone un derecho para los nacionales de terceros Estados: estudiantes, investigadores o cualquiera que viva en el territorio de la UE.

Por último, para concluir, esto alentará desde luego a la gente de otros lugares a considerar Europa como una única región, una Europa unida, un espacio común, lo que forjará la cultura e identidad europeas más allá de nuestras fronteras.

  Rui Tavares, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (PT) Señor Presidente, quisiera en primer lugar dar las gracias al ponente, señor Coelho, cuya propuesta respaldo, al igual que el resto de ponentes alternativos de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.

Ya he tenido oportunidad de decir aquí que el señor Coelho ha hecho un gran servicio al principio de la libertad de movimiento en la Unión Europea, a los derechos de los ciudadanos, ya se trate de ciudadanos europeos o de otros países, y a la democracia europea propiamente dicha. Esto no hace referencia únicamente a sus propios ciudadanos, sino también a su confianza en la contribución de miles y miles o incluso millones de ciudadanos de terceros países que transitan por territorio europeo, que residen aquí y que vienen aquí por períodos largos o breves para trabajar y estudiar.

El señor Coelho, con lo aportado por los ponentes alternativos, ha trabajado en un ambiente excelente de cooperación y voluntad de facilitar información. Más que nada, lo ha hecho a tiempo, siendo el aspecto del tiempo algo crucial, ya que nos estamos refiriendo a la vida de las personas.

Al igual que otros oradores que me precedieron, podría dar ejemplos de estudiantes, investigadores y científicos que llegan a Europa porque se ha reconocido la calidad de su trabajo, pero que posteriormente no pueden cruzar nuestras fronteras, que de hecho están totalmente cerradas para algunas personas de otros continentes. En dos horas, un investigador puede abandonar Portugal, entrar en España y dirigirse a la frontera de otro Estado miembro o bien no puede hacerlo si dispone, como ocurre en algunos casos, de un visado para estudiar un máster de dos años de duración que no le permite abandonar el país para compartir su trabajo o investigar en otro Estado miembro.

Nosotros mismos incluso hemos tenido que abordar este tipo de casos en algunas ocasiones cuando, por ejemplo queremos escuchar la opinión de alguien en un debate que se celebra en Bruselas.

Cabe señalar que no se trata únicamente de un contratiempo innecesario e injusto para el ciudadano de un tercer país en cuestión, es también un derroche en términos de nuestra competitividad cuando comparamos, por ejemplo, la movilidad de la que disfruta este tipo de ciudadano extranjero en los Estados Unidos, por ejemplo, o en China, la India o Brasil y vemos a continuación cuáles son los obstáculos a su movilidad en la Unión Europea. Es un derroche en términos de movilidad de nuestra mano de obra, de nuestra comunidad científica, mientras reconocemos que esta movilidad creciente es muy importante en períodos de crisis, como el que estamos atravesando ahora, y es también un derroche para la sociedad del conocimiento.

Ha llegado por tanto el momento de que el Consejo aplique estas propuestas, antes de que el Código de visados entre en vigor en abril y traiga consigo más obstáculos innecesarios a la movilidad de esas personas. Por tanto, no me queda sino decir, en nombre de nuestro grupo, que respaldamos la propuesta del ponente y que vamos a votar a favor.

  Gerard Batten, en nombre del Grupo EFD. – Señor Presidente, el informe propone que los Estados miembros puedan expedir visados de larga duración de hasta doce meses para nacionales de terceros países, que se reconocerán en otros Estados del grupo Schengen.

Gran Bretaña no es miembro del grupo Schengen, por lo que no se vería afectada directamente. No obstante, la propuesta facilitaría a los ciudadanos de países que no pertenecen a la UE y que entran en un Estado miembro viajar a otros países de la UE.

Gran Bretaña tiene un enorme problema con la inmigración ilegal, con al menos un millón de inmigrantes ilegales. Con estas propuestas, aquellas personas que pretendan migrar a Gran Bretaña de forma ilegal pueden llegar a otro país de la UE de forma totalmente legal, obtener un visado de larga duración por el que puedan acceder a Francia, por ejemplo, desde donde pueden entrar ilegalmente en Gran Bretaña.

Los europarlamentarios del Partido por la Independencia del Reino Unido votarán por tanto en contra de este informe en aras de la protección de nuestras fronteras frente a un incremento de la inmigración ilegal.

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, en este informe he visto lo que sin duda es el ejemplo más extraño de por qué debemos relajar totalmente las normas en este sentido, me refiero al estudiante extranjero al que se le ha concedido un visado para estudiar en Bélgica y, como resultado de la nueva disposición, ahora puede buscar información en una biblioteca neerlandesa y después proseguir el viaje hasta Barcelona. ¡No está nada mal!

Pero en realidad no se trata de eso, por supuesto. En la práctica, Schengen, y la política europea de visados en su conjunto, supone algo distinto a la libertad de viajar para los estudiantes. Supone la demolición completa de nuestras fronteras, dando rienda suelta al crimen organizado y a la inmigración ilegal sin que haya fronteras externas impermeables, que se suponía eran la piedra angular del conjunto del sistema, que puedan controlar esto. Uno de los resultados directos de Schengen, por ejemplo, es que las masas de inmigrantes ilegales regularizados en España tiene libertad para desplazarse a los otros Estados miembros.

En mi opinión, este Parlamento haría mejor en considerar de una vez por todas el impacto que tienen tales decisiones en los europeos de a pie en lugar de pensar en las preocupaciones cotidianas de índole práctica de los estudiantes extranjeros.

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). – (ES) Señor Presidente, empiezo felicitando a Carlos Coelho por el excelente trabajo y, sobre todo, por el alto nivel de consenso conseguido con el Consejo, con la Comisión y con los diferentes grupos de esta Cámara. Aquí vamos a encontrarnos, gracias a su trabajo, con pocas discrepancias.

En la Unión Europea existe el mayor espacio de libertad conocido. Deben eliminarse todos aquellos obstáculos que impidan la libre circulación tanto a los ciudadanos europeos como a aquellos nacionales de terceros países que residen de forma legal en un Estado miembro. Las absurdas situaciones a las que, con frecuencia, deben enfrentarse los titulares de visados de larga duración de tipo «D» deben, definitivamente, terminar.

Como saben, los visados de larga duración autorizan a sus titulares a residir en un Estado miembro que lo haya expedido. Sin embargo, los titulares de dichos visados no pueden transitar libremente por la Unión, excepto para dirigirse al Estado emisor de dicho documento. Paradójicamente se dan con mucha frecuencia las situaciones que ya han sido descritas como ejemplo. Yo diré una más: el estudiante que prepara su tesis doctoral en Lisboa sobre Historia de América y no puede ir a consultar los legajos y documentos en el Archivo de Indias de Sevilla, que está a una hora de avión.

En definitiva, lo que se pretende con la propuesta es que los visados de larga duración tengan los mismos efectos que los derivados de un permiso de residencia. Se trata de facilitar, señoras y señores diputados, en definitiva, el principio de movilidad: movilidad a efectos fundamentalmente laborales y movilidad a efectos científicos y de estudios.

Finalizaré pidiendo a todos mis estimados colegas el apoyo al informe del señor Coelho –petición absolutamente innecesaria por lo que se está viendo–, no solo por su extraordinaria calidad sino también porque él es una garantía más en favor del gran espacio de libertad de tránsito que defendemos. Apoyo igualmente, querido Carlos, el calendario que has propuesto.

  Iliana Malinova Iotova (S&D). – (FR) Señor Presidente, quisiera en primer lugar dar las gracias al ponente, señor Coelho, por su labor, y alabar la cooperación que ha habido entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión durante la consolidación de ambos informes y la primera lectura, que debería además ser la última.

Es crucial que este informe se adopte antes de finales de abril de 2010 de forma que pueda aplicarse al mismo tiempo que el Código de visados. Es absolutamente importante que todos los residentes en la Unión Europea puedan desplazarse por todos los Estados miembros. De esa manera, podemos resolver el problema conjunto de la aplicación de los visados de tipo «C+D» y la normativa para los permisos de residencia.

Gracias a este informe, todos los nacionales de terceros países que son titulares de un visado de larga duración tendrán derecho a desplazarse a cualquier lugar de Europa durante seis meses al año. Todas las personas concernidas deberían recibir la información necesaria cuando se les entregue el visado y, sobre todo, se les debería informar de que su visado se convertirá automáticamente en un permiso de residencia antes de que expire su validez de un año.

Por último, es importante hacer hincapié en que, por motivos de seguridad, toda persona que solicite un visado de tipo «D» será objeto de una investigación pero no de registro en el SIS. La parte contratante debe tomar debida cuenta de toda información que ya haya incluido en el SIS otra parte contratante.

Además, en caso de que el SIS II no se aplique a partir de finales de 2012, exhortamos a la Comisión y al Consejo a que presenten la legislación correspondiente de forma que se proporcione el mismo nivel de protección de datos que el previsto en el SIS II.

  Mario Borghezio (EFD). – (IT) Señor Presidente, Señorías, estas propuestas pretenden facilitar a los nacionales de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro su circulación por el territorio Schengen mediante los visados de larga duración de tipo «D».

Básicamente, lo que pretenden es ampliar, y esto nos afecta a todos, el actual principio de equivalencia entre un permiso de residencia y los visados de corta duración de tipo «C» con los visados de larga duración. Un visado de larga duración tendrá por tanto los mismos efectos que un permiso de residencia en los que se refiere a la circulación por el territorio Schengen. Es decir, quiere hacer posible que todo titular de un documento que demuestre que reside legalmente en un Estado miembro se mueva libremente por el territorio Schengen por períodos breves no superiores a tres meses en el plazo de medio año.

Deberíamos indicar a la Comisión y al Consejo los problemas de seguridad que pueden surgir de esa libertad de movimiento. Ya es muy difícil efectuar controles en un Estado miembro: debemos ser conscientes de los riesgos que corremos si aplicamos de repente este principio.

  Franz Obermayr (NI). – (DE) Señor Presidente, hace unos meses no sólo había un ambiente festivo en esta Cámara sino también una sensación de júbilo para la mayoría de los aquí presentes, debido a que la regulación en materia de visados se estaba suavizando en muchos países de Europa.

Y bien, ¿cuál es la realidad? Al eliminar la obligación de visado para los ciudadanos de Montenegro, Macedonia y Serbia en diciembre de 2009, hubo una ola de personas que se trasladaron desde los Balcanes, vía Austria, hasta Europa Central e incluso hasta Escandinavia. ¡Toda una migración de pueblos! En tan sólo siete semanas, aproximadamente 150 000 macedonios aprovecharon esta nueva libertad de viaje, según el Ministerio del Interior. Dos terceras partes de esas personas no realizan el viaje de regreso a casa. En muchos pueblos, en particular los albano-macedonios, hay cinco autobuses diarios que realizan la ruta hacia Europa Central u Occidental, mediante visados de turista, que prohíben expresamente el empleo remunerado. Esto significa, por tanto, que transcurridos noventa días, esa gente se encuentra en situación irregular y los supuestos turistas se encuentran de nuevo en el mercado laboral mal pagado y con dumping salarial. Ésa es la diferencia entre la realidad de la situación y el sueño imposible que alberga el Parlamento Europeo.

Las consecuencias de esto las tendrán que asumir nuestros países, tendrán que sufrir las consecuencias de lo que decida la mayoría en esta Cámara. Tendrán que afrontar una inmigración ilegal apenas controlable, la ilegalidad y el trabajo no declarado que lleva consigo.

  Simon Busuttil (PPE). – (MT) También quiero felicitar a mi colega, Carlos Coelho, por su informe sobre esta iniciativa, que otorga a los ciudadanos de terceros países la posibilidad de disfrutar de mayor libertad de movimiento dentro de la zona franca Europea. Sin embargo, señor Presidente, debo señalar una ironía que ha surgido en este debate, a saber: mientras estamos concediendo más derechos a los ciudadanos de terceros países, en este mismo momento, la Unión Europea y sus ciudadanos se enfrentan a graves problemas a la hora de viajar a un país como Libia, por ejemplo. La causa de esta situación es el problema que existe actualmente entre Suiza y Libia, por el que Libia ha bloqueado la entrada de todos los ciudadanos europeos que deseen viajar a Libia, no sólo a los suecos. Por tanto, mientras estamos otorgando más derechos a los ciudadanos de terceros países, se están concediendo menos derechos a nuestros propios ciudadanos para viajar a terceros países, como en el caso de Libia. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son muy graves. Hay trabajadores que no pueden ir a trabajar a Libia, a las empresas que han invertido en Libia se les impide el envío de más trabajadores, mientras que otros trabajadores se encuentran actualmente en Libia y deben permanecer allí hasta que permitan la entrada de sus reemplazos. Esta es una situación precaria, y hago un llamamiento a la Comisaria Malmström para que intervenga en esta cuestión con urgencia. Entiendo que este es un problema diplomático entre dos países que ni siquiera son miembros de la Unión Europea, pero tiene graves repercusiones en los ciudadanos de la Unión, quienes desean viajar a Libia para poder ganarse la vida.

  Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Tanto el informe de mi colega, el señor Coelho, como el proyecto de Reglamento, están relacionados con la libre circulación de personas, que es un elemento esencial de la democracia en la Unión Europea, por lo que es inaceptable que las personas que posean visados para estancias de larga duración en un Estado miembro de la Unión Europea no puedan viajar libremente por toda la Unión.

Hay varias razones para apoyar las iniciativas mencionadas. La primera es el respeto y la defensa de los derechos humanos fundamentales que, sin duda, engloban la libertad de circulación. Si un Estado miembro legaliza la estancia de un nacional de un tercer país, no hay ninguna razón por la que dicha persona no pueda moverse libremente en el espacio Schengen. Naturalmente, deberían elaborarse los detalles relacionados con no degradar el nivel de seguridad dentro del espacio Schengen.

También se ha hablado aquí sobre los estudiantes y científicos que no pudieron viajar a otro Estado miembro. Me gustaría que este grupo se ampliara para incluir a los empresarios, porque de lo contrario, reduciremos la competitividad de la Unión Europea. Así que, por tanto, creo que esta propuesta contará con el apoyo suficiente y, por ello, quisiera felicitar al ponente.

  Piotr Borys (PPE). – (PL) Señor Presidente, quisiera mostrar mi más sincero agradecimiento al señor Coelho. También quisiera destacar que mi opinión se ha incorporado al reglamento y que también he tenido la oportunidad de trabajar en el propio reglamento. Me gustaría decir que la naturaleza del informe del señor Coelho no es sólo importante y urgente, sino también simbólica. Hoy, en calidad de representante de uno de los nuevos Estados miembros, puedo decir con orgullo que podemos cambiar las normas para permitir la libre circulación en el espacio Schengen, donde, hasta hace poco, algunos de los actuales países de la Unión Europea se han enfrentado a dificultades similares. Creo que el carácter simbólico de estos cambios es, hoy en día, algo que no se puede sobrevalorar, y espero que el consenso que se ha alcanzado en esta Cámara resulte ser un gran éxito para todos nosotros.

En segundo lugar, quisiera decir que la supresión de los «visados D + C» y el hecho de que los Estados miembros no puedan expedir permisos de residencia nos obligan a tomar medidas muy urgentes. Citaré sólo algunos ejemplos de cuestiones que hoy se han mencionado en esta Cámara. Dos estudiantes de Ucrania, durante un viaje que realizaron el año pasado desde Wroclaw a Berlín, fueron detenidos justo cuando estaban cruzando la frontera, principalmente porque los jóvenes no conocían las normas, y ellos sólo querían hacer uso de nuestros recursos intelectuales. Creo que la votación de hoy será muy significativa e importante para nosotros.

Me gustaría dirigir la atención a la última cuestión —la cuestión de la seguridad—. Hoy en día, deberíamos contar con un buen sistema para el intercambio de la información recopilada en el espacio Schengen, sin duda debemos trabajar en el Sistema de Información de Schengen de segunda generación y en el Sistema de Información de Visados y, sobre todo, tal vez también debamos realizar revisiones y elaborar informes con más frecuencia. A este respecto, me gustaría apelar fuertemente a la señora Malmström para que garantice que la coordinación entre los Estados miembros en materia de seguridad será tan buena como lo ha sido hasta ahora, y una vez más, quisiera mostrar mi más sincero agradecimiento al señor Coelho por la elaboración de este magnífico informe.

  Kinga Göncz (S&D). – (HU) Señor Presidente, me gustaría decir que estoy bastante de acuerdo con el ponente y también quisiera manifestarle mi apoyo. Lo mismo me gustaría transmitir a la Comisaria Malmström para que encuentre una solución a este problema que está en consonancia con el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, la protección de datos y, por supuesto, con las consideraciones de seguridad. Se han manifestado muchas preocupaciones. Me gustaría señalar algunas cuestiones. Para que este reglamento funcione, en primer lugar, tenemos que estudiar y aprender más acerca de las prácticas de cada Estado miembro. Somos conscientes de que algunos Estados miembros pueden emitir los permisos de residencia a su debido tiempo. Estas buenas prácticas pueden ser muy importantes para nosotros. Tenemos que coordinar las prácticas de los Estados miembros a fin de aumentar la confianza. Todos los Estados miembros deberían utilizar el Sistema de Información de Schengen (SIS) —sabemos que no todos lo hacen actualmente— y, además, la introducción del SIS II y la gestión de los Sistemas de Información de Visados (VIS) son tareas de máxima urgencia, ya que estos sistemas prestarán garantías a largo plazo. A Europa le interesa que los nacionales de terceros países que residen aquí —estudiantes, empresarios e investigadores, entre otros— puedan moverse libremente.

  Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Señor Presidente, yo también quisiera empezar por dar las gracias al señor Coelho por el excelente trabajo que ha hecho con este informe y también quisiera manifestar lo siguiente:

En primer lugar, el acervo de Schengen es exactamente eso: libertad de circulación dentro de las fronteras del espacio Schengen. Por lo tanto, en este debate, tenemos que sacar la primera conclusión básica y simple, a saber, que este fundamento es vital para el desarrollo de este reglamento. El ejemplo de los estudiantes es una prueba de ello; de hecho, cualquier persona con un visado para una estancia de larga duración debería tener derecho a moverse con libertad.

El problema que se plantea es —y esto es lo que me gustaría destacar— si esto facilitará la inmigración ilegal, aunque sea indirectamente, si se van a plantear problemas de seguridad, y si una persona que ejerza este derecho no tendrá, al mismo tiempo, los medios para moverse, que es algo que los Estados miembros deben tener en cuenta.

Obviamente, cada Estado miembro deberá prestar mucha atención a la hora de expedir los visados. En este punto, como se indica en el informe, se plantea una cuestión muy importante, la cuestión más importante de todas, a saber, que el procesamiento de los datos será de carácter obligatorio en el Sistema de Información de Schengen antes de expedir visados para estancias de larga duración. De esta forma, en el análisis final, no sólo vamos a proteger el acervo de Schengen, sino también el fortalecimiento de la seguridad en torno a eso precisamente.

Como tal, todos debemos ser positivos con respecto a estas perspectivas, y el sistema SIS II, que es una necesidad, debe, pase lo que pase, avanzar rápidamente. Por último, mediante la colaboración con los Estados miembros y los servicios de los Estados miembros, no sólo debemos facilitar el acervo de Schengen y fortalecerlo, sino también reforzar la seguridad al mismo tiempo, que es el elemento necesario para cada Estado miembro, tanto para todos nosotros como para el acervo de Schengen.

(Aplausos)

  Tanja Fajon (S&D). – (SL) La libertad de circulación y la eliminación de las fronteras interiores son dos de los factores más importantes de la integración europea. Tenemos que facilitar el movimiento en el espacio Schengen a los ciudadanos de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro. Es inaceptable que, a causa de la burocracia, tengamos que restringir la circulación de estudiantes, investigadores y empresas en el ámbito europeo.

Del mismo modo, tenemos que permitir la libertad de circulación tan pronto como sea posible para los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina y Albania, y para el pueblo de Kosovo, que, paradójicamente, tienen menos derechos para viajar libremente hoy en día que hace años. Obviamente, las condiciones tienen que ser idóneas para que esto sea posible y no debemos dejarnos llevar por los datos sobre la inmigración ilegal masiva.

Los ciudadanos de los Balcanes Occidentales han estado aislados por el régimen de visados durante demasiado tiempo. Tienen que intensificar sus contactos con los ciudadanos de la Unión, pero, por lo general, el rechazo de sus solicitudes de visado les impide hacerlo. No corramos el riesgo de engendrar un sentimiento aún más fuerte de aislamiento y discriminación, sobre todo, entre los jóvenes, que es posible que nunca hayan tenido la oportunidad de conocer la Unión Europea. Por tanto, no perdamos tiempo después de que Bosnia y Herzegovina o Albania cumplan con los criterios establecidos para la liberalización de visados.

Cualquier acción que emprendamos para facilitar los viajes en el espacio Schengen será un paso adelante y también jugará a favor de la Unión Europea.

  Zbigniew Ziobro (ECR). – (PL) Señor Presidente, la propuesta objeto de debate se refiere a uno de los principios fundamentales de la función de la Unión Europea —la supresión de las fronteras interiores y la libre circulación de personas—. Por esta razón, merece una atención especial. Es incomprensible y, en consecuencia, inaceptable, que los titulares de visados de larga duración tengan menos libertad de movimiento dentro del espacio Schengen que las personas que tienen visados de corta duración. Por esta razón, simpatizo con la propuesta de la Comisión Europea. Creo, sin embargo, que debemos hacer enmiendas a la propuesta para garantizar la seguridad. Por lo tanto, apoyo la propuesta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que consiste en que, como parte del Sistema de Información de Schengen, debe haber un flujo de información entre los Estados miembros acerca de las personas no gratas. La Comisión Europea también debe estar obligada a presentar un informe sobre la aplicación del Reglamento, a más tardar, el 5 de abril de 2012. Es necesario reflexionar profundamente sobre las enmiendas que se han elaborado y —en la mayoría de los casos— apoyarlas.

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – (PL) Señor Presidente, no sólo son los ciudadanos de terceros países los que desean que sea más fácil para la gente de esos países moverse dentro del espacio Schengen; nosotros, los residentes de la Unión Europea, también esperamos que así sea. Es paradójico que el titular de un visado de corta duración tenga hoy una mayor libertad de movimiento que el titular de un visado de larga duración, y una persona de un tercer país que cuente con un permiso legal para una estancia a largo plazo, por ejemplo, en Polonia, no pueden viajar a Alemania o Francia. La libertad de circulación no debe aplicarse únicamente a los residentes de la Unión Europea. Los investigadores, estudiantes, escolares y las personas de negocio procedentes de terceros países deben tener la capacidad de moverse libremente, de visitar amigos y de aprender las tradiciones, las costumbres y la cultura de otros países. Ellos serán buenos embajadores de la idea de la Unión Europea, y nosotros, los residentes de la Unión Europea, daremos un paso para conseguir que la idea de una Unión sin fronteras se convierta en realidad.

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, el sistema de visados de los países de Schengen es aparentemente tan complicado que los empleados de los consulados ya no saben lo que están haciendo y están permitiendo que los viajeros honestos que cuentan con visados caigan en la trampa de los visados. Resulta bastante extraño que el personal consular no conozca las categorías de visado «D» y «C». Resulta francamente negligente que alguien omita alguna verificación del sistema de Información de Schengen con la intención de facilitar el trabajo. Es evidente que esto plateará numerosos e innecesarios problemas en las fronteras exteriores, y es necesario que esta situación cambie con carácter urgente. A este respecto, no tiene mucho sentido debatir acerca de las listas de alertas de visados nacionales si el sistema de alerta de la UE y los reglamentos de la UE en materia de alertas ni siquiera se aplican de forma coherente.

La liberalización de los visados para los países de los Balcanes va de la mano con un aumento de las solicitudes de asilo inútiles por parte de estos países. Habida cuenta de la relajación de los reglamentos en materia de visados para los Balcanes, ahora es especialmente importante exigir la aplicación de los reglamentos en materia de regulación de visados, ante la existencia de una amenaza real de una ola de inmigración, cuando, en un plazo de siete semanas, casi 150 000 personas de Macedonia han hecho uso de su nueva libertad para viajar y, según estimaciones, casi dos tercios de ellos probablemente no hará el viaje de regreso.

  Krisztina Morvai (NI). – (HU) Como diputados del Parlamento húngaro, nos encontramos en una posición especial a la hora de votar y decidir si permitir que los nacionales de terceros países se muevan con más libertad en el ámbito europeo o si, por el contrario, es más conveniente impedirlo. Debido a la tragedia de Trianon, Hungría perdió una gran parte de su territorio, y hay un gran número de compatriotas húngaros que viven fuera de las fronteras de la actual Hungría y, por tanto, fuera de las fronteras actuales de la Unión Europea, en el sur de la antigua región y en Subcarpacia. Nuestros compatriotas se encuentran en una situación muy humillante cuando estudian o trabajan en el ámbito de la investigación o en otros ámbitos en su propio país truncado, y no se les permite abandonar el territorio de Hungría. Se trata de una situación sumamente pobre e intolerable contra la que tenemos que luchar. Por eso, los miembros del Parlamento húngaro con sentimiento húngaro, vamos a votar a favor de esta propuesta para poner fin a esta ridícula situación.

  Andrew Henry William Brons (NI). – Señor Presidente, esta propuesta se basa en la suposición de que todas las personas procedentes de terceros países que entran en la UE son personas de buena fe y que, si dicen que vienen aquí a estudiar, esa es la verdadera finalidad. La UE es rica en falsos colegios, e incluso los colegios legales, con frecuencia, tienen en sus libros a estudiantes que nunca llegan a aparecer por clase. Si se facilita su movimiento a otros países, será mucho más difícil comprobar la autenticidad de su condición y más difícil de encontrarlos cuando se compruebe que su condición no es cierta.

Aunque el Reino Unido no forma parte del espacio Schengen, la UE tiene un historial de regularización de inmigrantes ilegales. Aquellos que hoy posean un visado para estancias de larga duración o un permiso de residencia, mañana podrían convertirse en inmigrantes ilegales, y al día siguiente, en un ciudadano de la UE con plena libertad de circulación.

  Cecilia Malmström, Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, han surgido dos cuestiones que no están particularmente relacionadas con este asunto, pero me gustaría aprovechar la oportunidad para comentarlas brevemente.

El señor Busuttil ha planteado la cuestión de Libia. Puedo asegurarle que se trata de un tema muy complicado, pero estamos dialogando de forma activa con Libia, Suiza y los Estados miembros con el fin de encontrar una solución a este complicado problema antes de que se intensifique aún más. Así que, espero poder estar aquí de nuevo dentro de poco para hablarles sobre la evolución del asunto.

Señora Fajon, quisiera decirle que, por supuesto, la situación de Albania, y Bosnia y Herzegovina sigue otro camino y, en estos momentos, estamos ultimando una misión allí para evaluar cómo han evolucionado estos dos países con respecto a los criterios establecidos. Muy pronto, la Comisión, previa consulta con los expertos y los Estados miembros, va a elaborar un informe a ese respecto y la evaluación de dicho informe se compartirá con los miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior antes de incorporar una posible propuesta a la agenda.

Con respecto a esta propuesta, puedo asegurar a los diputados y al ponente que la Comisión está muy entregada a este trabajo, y haremos todo lo posible para garantizar la aplicación del reglamento. Puede parecer un problema técnico, pero no lo es. Compete a todos los ciudadanos y queremos animar a la gente a venir aquí legalmente con todos sus papeles en regla, ya sean estudiantes, investigadores, expertos o científicos. Es bueno para ellos y también para nosotros. También forma parte de la filosofía de la Unión Europea contar con un territorio en el que no existan fronteras interiores. Por lo tanto, no hay necesidad de complicar la vida a estas personas.

Creo que, en el seno de esta propuesta, hemos encontrado un buen equilibrio. Hemos logrado tener en cuenta las consideraciones en materia de seguridad de forma satisfactoria y podemos sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Esta es la Unión que trabaja de la mejor forma con tres instituciones que tratan de identificar un problema y de encontrar una solución concreta que beneficie a los ciudadanos.

Por tanto, señor Coelho, quisiera darle las gracias por su trabajo y también quisiera mostrar mi agradecimiento por haber celebrado un debate tan positivo en esta sesión plenaria.

  Carlos Coelho, ponente. – (PT) Señor Presidente, quisiera hacer cuatro puntualizaciones finales. La primera es que es lamentable que el escaño del Consejo esté vacío durante este debate. En segundo lugar, quisiera dar las gracias a la Comisaria Malmström por haber hecho observaciones favorables y, además, quisiera pedir a la Comisión, y también al Consejo, que garantice la entrada en vigor del Reglamento el 5 de abril. De lo contrario, tendremos un vacío legal, con consecuencias para la gente de a pie.

El tercer punto es que es lamentable que los diputados que han participado en este debate y que han planteado la cuestión de los problemas de seguridad no hayan sido capaces de reconocer las mejoras que el Parlamento ha introducido a través de este Reglamento, en particular, la obligación de consultar el Sistema de Información de Schengen de antemano.

Como señalé en mi intervención inicial, creo que el Parlamento ha desempeñado bien su función, ya que ha fortalecido la libertad de circulación y la seguridad. Si no se reconoce esto, significa que están considerando este asunto desde una perspectiva unilateral, sin pararse a observar la imagen completa.

Para terminar, señor Presidente, quisiera mostrar mi agradecimiento a todos aquellos que han trabajado juntos para lograr este objetivo, a saber, a aquellos que nos han permitido llegar a un acuerdo en la primera lectura, en particular, a la Comisión y al Consejo, pero también a todos los grupos políticos de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Justicia que han hecho posible conseguir este amplio consenso. Yo creo que, cuando participamos en la búsqueda de una solución de esta forma, estamos realizando nuestro trabajo de la mejor manera posible.

  Presidente. – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar en breve.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. – (RO) Apoyo los esfuerzos realizados en el marco de este informe para ampliar de forma satisfactoria la libertad de circulación de los titulares de visados de larga duración de la misma manera que para los titulares de permisos y visados de corta duración. Los acuerdos que se encuentran en vigor actualmente han entrañado numerosos inconvenientes para los nacionales de terceros países que residen legalmente en alguno de los Estados miembros y que desean viajar por la Unión Europea por razones diversas. Existen discrepancias entre los Estados miembros en relación con el tiempo necesario, el método y los criterios utilizados para la concesión de visados. Lo que se ha observado en la práctica es que los solicitantes de visado a los que se les rechaza su solicitud en un Estado prueban «suerte» en otro Estado miembro. Esto se debe a que algunos Estados son más exigentes, mientras que otros son más flexibles cuando se trata de la concesión de visados y permisos de residencia. Para evitar la creación de una afluencia de solicitudes de visado por parte de algunos Estados que adopten una política más liberal para la concesión de visados, propongo uniformar los controles y el método para la aprobación de las solicitudes de visado entre todos los Estados miembros. Este procedimiento garantizará un enfoque estándar para todas las solicitudes, eliminando así el riesgo de que aparezcan «puertas de enlace» a la zona Schengen.

(La sesión, suspendida a las 11.50 horas a la espera del turno de votaciones, se reanuda a las 12.05 horas).

PRESIDE: Diana WALLIS
Vicepresidenta

6. Turno de votaciones

  Presidenta. – El punto siguiente es la votación.

(Para ver los resultados y otros detalles de las votaciones: véase el Acta).

6.1. Asignación de servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) para la determinación de la renta nacional bruta (RNB) (A7-0022/2010, Jean-Luc Dehaene) (votación)

6.2. Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Alemania - despidos (A7-0020/2010, Reimer Böge) (votación)

6.3. Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Lituania - despidos (A7-0021/2010, Reimer Böge) (votación)

6.4. Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Lituania - construcción de edificios (A7-0019/2010, Reimer Böge) (votación)

6.5. Protocolo adicional relativo al Acuerdo de cooperación para la protección de las costas y de las aguas del Atlántico del Nordeste contra la polución (A7-0009/2010) (votación)

- Antes de la votación:

  Anna Rosbach , ponente. – (DA) Señora Presidenta, he solicitado el uso de la palabra porque el tiempo disponible para este protocolo adicional tan importante no permitía la celebración de un debate —ni en comisión ni en sesión plenaria—. El objeto de este protocolo adicional permitirá a los Estados miembros luchar de forma conjunta para combatir la contaminación del Atlántico. El acuerdo forma parte de una red de acuerdos marítimos regionales que la UE ha suscrito con una serie de Estados miembros y terceros países vecinos. Cada uno de estos acuerdos abarca diversas partes del mar que rodea a los Estados miembros de la UE y los objetivos de los mismos consisten en la intervención individual y/o colectiva por parte de las partes suscritas al acuerdo en caso de contaminación o de amenaza de contaminación de las aguas o costas. Tengo que reconocer que espero profundamente que este protocolo adicional permita combatir la gran variedad de formas posibles de contaminación del Atlántico. Se trata, a fin de cuentas, de un protocolo cuya elaboración ha llevado demasiado tiempo. Se ha tardado 20 años debido a las diferencias existentes entre Marruecos y España con respecto al Sáhara Occidental. Son 20 años perdidos. El medio marino no puede recuperar esos 20 años perdidos, pero eso sólo hace hincapié en la importancia de no prolongar más el proceso en esta Cámara. Por ello, espero que, al igual que cuando nos ocupamos de este asunto en comisión, haya un amplio respaldo entre los diputados de esta Cámara y les estoy muy agradecida por su apoyo.

6.6. Protección de los consumidores (A7-0024/2010, Anna Hedh) (votación)

6.7. SOLVIT (A7-0027/2010, Cristian Silviu Buşoi) (votación)

6.8. Normas zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial (A7-0082/2009, Bairbre de Brún) (votación)

6.9. Circulación de personas con visados de larga duración (A7-0015/2010, Carlos Coelho) (votación)

- Antes de la votación:

  Carlos Coelho, ponente. – (PT) Señora Presidenta, el motivo de esta breve intervención es recordarle que el Código Comunitario sobre visados entrará en vigor el 5 de abril —es decir, el próximo mes— y, por tanto, es fundamental que este nuevo reglamento entre en vigor antes de dicha fecha.

Dada la ausencia del Consejo, hay que dejar constancia en el informe de que estos son los deseos del Parlamento si, eso espero, va a permitir la aplicación de mi informe.

  Presidenta. – La ausencia del Consejo es evidente y lamentable.

6.10. Informe sobre la política de competencia 2008 (A7-0025/2010, Sophia in 't Veld) (votación)

6.11. Cuadro de indicadores del mercado interior (A7-0084/2009, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein) (votación)

7. Explicaciones de voto

Explicaciones de voto orales

Informe: Anna Hedh (A7-0024/2010)

  Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Con el paso de los años, el ámbito de la política de protección de los consumidores de la Unión Europea se ha desarrollado en gran medida para reflejar los cambios en las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Ante todo, debido al rápido desarrollo del comercio electrónico, la dimensión transfronteriza de los mercados de consumo de la Unión Europea ha crecido de forma significativa, lo que hace aún más importante contar con la protección del consumidor y, en concreto, con un nivel elevado de protección de los consumidores.

En mi opinión, una supervisión más exhaustiva del mercado y los mecanismos de ejecución, así como su aplicación efectiva e integral, son esenciales para aumentar la confianza de los consumidores. Por lo tanto, he apoyado la adopción del informe y también sus propuestas de cambio.

  Zigmantas Balčytis (S&D). – Señora Presidenta, he apoyado este informe. Una política eficaz de aplicación de la legislación en materia de consumidores es esencial para el funcionamiento del mercado único.

Necesitamos contar con un mercado interior real y que funcione bien y que, a su vez, disponga de un alto nivel de protección de los consumidores, que, lamentablemente, no es el caso hoy en día. Contamos con la legislación pertinente, pero no se aplica correctamente en los Estados miembros. Lo más importante es que nuestros consumidores no se sienten seguros porque no conocen las normas y, en muchos casos, los mecanismos de compensación no funcionan como deberían.

La Comisión debería aumentar sus esfuerzos, asegurando que los Estados miembros apliquen las directivas correctamente y que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y, sobre todo, que sean capaces de ejercer esos derechos en la práctica.

Informe: Cristian Silviu Buşoi (A7-0027/2010)

  Viktor Uspaskich (ALDE). – (LT) Ponente, Señorías, estoy totalmente de acuerdo con esta iniciativa. En particular, estoy a favor del fortalecimiento de la red SOLVIT y la ampliación de sus actividades. No se deben escatimar gastos en tener información sobre las actividades de esta estructura europea y las oportunidades de difusión en los medios nacionales, en Internet o en programas de televisión. Sin embargo, puedo decirles que hay un doble rasero; la legislación no se aplica de manera uniforme e incluso existen sanciones diferentes para las mismas actividades. Gracias, eso es exactamente lo que quería destacar.

  Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, he votado a favor del informe Buşoi porque creo que el servicio prestado por la red SOLVIT es de importancia capital en términos de una relación clara y transparente entre las instituciones, los ciudadanos y las empresas, que es uno de los pilares de la Unión Europea.

SOLVIT ha demostrado ser una herramienta importante para resolver los problemas de los ciudadanos y las empresas que quieren aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece el mercado interior. Muchos países de la Unión Europea aún se enfrentan a obstáculos en su legislación nacional, y es necesario eliminarlos. Por ello, considero que debemos apoyar la asignación de más fondos, la contratación de personal especializado adicional y la mejora de la visibilidad de este servicio, incluso a nivel de las autoridades locales, donde estos factores podrían ser más útiles.

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Como ponente alternativo, quisiera dar las gracias a todos los diputados por el hecho de que nuestro informe sobre la red SOLVIT haya sido aprobado por el Parlamento con una mayoría tan absoluta. De esta forma, se transmite un mensaje claro al Consejo y a la Comisión para que se tomen en serio nuestras recomendaciones, que deben garantizar una mejor explotación de este instrumento útil para los ciudadanos y empresarios. Todo lo que se requiere es que los empresarios y los ciudadanos en realidad conozcan este instrumento. Me gustaría creer que, el próximo año, la Comisión va a presentar al Parlamento un informe anual de pleno derecho, donde el público podrá conocer las quejas sobre la negación de los derechos que se supone que garantiza la legislación europea.

Informe: Bairbre de Brún (A7-0082/2009)

  Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Señora Presidenta, me gustaría justificar la forma en que he votado el informe Brún. Muchas gracias por haber elaborado este documento. Contar con requisitos para el transporte de animales significa que no sólo estamos protegiendo a los animales sino que, sobre todo, estamos velando por la salud y la seguridad de las personas. Me gustaría expresar mi apoyo a las medidas destinadas a prolongar el régimen de transición y, en consecuencia, para poner fin al problema de la rabia en la Unión Europea. Por supuesto, debemos tener cuidado y ser razonables con respecto a la cuestión de la libre circulación de animales domésticos en la Unión y, además, también deben tenerse en cuenta las opiniones de los expertos de los centros de investigación.

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) He votado a favor de una prórroga del período transitorio durante el cual algunos Estados pueden aplicar exenciones, ya que estos Estados se han comprometido a no solicitar en el futuro una nueva prórroga de las exenciones en relación con las condiciones veterinarias. Comprendo las preocupaciones de Irlanda, Malta, Suecia y el Reino Unido, ya que tienen unos requisitos más estrictos en materia de documentación para los animales domésticos que viajan con sus propietarios a sus países de origen. Los principales riesgos son la rabia, la equinococosis y las enfermedades transmitidas por garrapatas. Hay que decir, por supuesto, que la incoherencia de permitir que algunos Estados cuenten con un período de transición es algo que tenemos que eliminar en el futuro y, para ello, es esencial que actuemos de forma conjunta y que dispongamos de una legislación armonizada.

  Peter Jahr (PPE). – (DE) Señora Presidenta, por una parte, puedo entender que los Estados miembros tengan interés en insistir en una prórroga de los acuerdos especiales en relación con la importación de animales domésticos. Por otro lado, sin embargo, siempre debemos prestar atención para garantizar que el gasto sea proporcional a los beneficios. En este caso, no hemos logrado hacerlo de manera satisfactoria. Por eso me he abstenido de votar. Lo que necesitamos es sobre todo, por una parte, la protección exterior adecuada y eficaz con respecto a las importaciones en la Unión Europea, y también, por el contrario, aumentar la armonización en la Unión Europea, ya que también beneficia a los consumidores que, hasta cierto punto, pueden experimentar bastantes pérdidas si se aplican diferentes condiciones en términos de importación entre el país A y el B.

  Nicole Sinclaire (NI). – Señora Presidenta, he votado en contra de la propuesta, sobre todo, porque vengo del Reino Unido y creo que allí contamos con buenas leyes en vigor para hacer frente a esto ya, pues no queremos que la amenaza de la rabia azote a nuestra isla.

También estoy bastante sorprendida por el hecho de que en esta propuesta sólo se haga referencia a los perros, gatos y hurones, y yo también haría la observación de que un tal Screaming Lord Sutch propuso esto hace 25 años y hoy debe estar muy contento al mirar hacia abajo.

Pero entonces, muchos de mis electores de la región de West Midlands del Reino Unido van a pensar que muchas de las políticas provenientes de esta Cámara son políticas propias del partido Monster Raving Loony, es decir, políticas insensatas.

  Daniel Hannan (ECR). – Señora Presidenta, es un placer verle de nuevo en su escaño.

De forma ocasional, la Comisión nos transmite el mensaje de que la UE está haciendo lo suficiente. La cuestión es que debería hacer menos y mejor, es decir, concentrarse en las cosas que realmente importan.

Y luego tenemos todos estos movimientos sobre cosas como qué animales domésticos podemos llevar a un determinado lugar. Creo que esta es una cuestión de proporcionalidad, ¿no? Los países tienen diferentes condiciones nacionales. Nuestro país es una isla sin fronteras terrestres y somos perfectamente capaces de llegar a acuerdos sensatos y proporcionales con los demás, tanto de carácter bilateral como multilateral.

¿Realmente creemos que sería mejor crear una nueva burocracia administrativa en manos de los mismos genios de la política agrícola común, la política pesquera común, los presupuestos no auditados y todos los demás instrumentos del Derecho adquirido de la UE? Seguramente esto es algo que se podría dejar bajo la responsabilidad los Estados miembros.

Informe: Carlos Coelho (A7-0015/2010)

  Siiri Oviir (ALDE). – (ET) El objetivo del espacio Schengen es la libertad de movimiento. No es lógico que muchos titulares de los visados de larga duración tengan mucha menos libertad de movimiento en el espacio Schengen que los que tienen visados de corta duración. El Código Comunitario sobre visados debería entrar en vigor dentro de un mes, aunque, según revela el análisis de las medidas adoptadas por los Estados miembros sobre visados para estancias de larga duración y la concesión de permisos de residencia, se están aplicando diferentes versiones y aplicaciones, dando lugar así a que se violen los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Con la ayuda de las propuestas de la Comisión, se evitarían los problemas prácticos y retrasos en la concesión de permisos de residencia, que —como ya he mencionado— son hechos que, hasta ahora, se han observado en muchos Estados miembros. Este es un asunto muy urgente: el Código de visados debe entrar en vigor muy pronto y, por ello, he respaldado las propuestas contempladas en el informe.

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) He apoyado este reglamento, que facilitará el movimiento de las personas con visados para estancias de larga duración en el espacio Schengen. Es lógico que los estudiantes, investigadores y empresarios de terceros países deban tener el derecho a circular por toda la Unión si han adquirido un visado en cualquier Estado miembro.

Sin embargo, me gustaría hacer un nuevo llamamiento a otros países para que muestren su solidaridad con la República Checa, que lucha en vano contra la introducción de requisitos relacionados con los visados por parte de Canadá. Esto equivale a una diferencia sin precedentes entre los ciudadanos de la Unión Europea. Canadá está considerando la introducción de visados para otros países, por ejemplo, Hungría, y no podemos darnos por vencidos. La culpa de esta situación la tienen las condiciones sumamente generosas y tentadoras con las que se encuentran los solicitantes de asilo. Estos literalmente provocan abusos del sistema. Canadá ha prometido enmendarlas, pero no está haciendo nada. Me gustaría pedir disculpas por volver a aprovechar la ocasión para llamar la atención sobre esta cuestión.

  Kinga Gál (PPE). – (HU) Como hemos escuchado durante el debate, la propuesta es facilitar los viajes dentro de la Unión Europea para nacionales de terceros países titulares de un visado para estancias de larga duración tipo D expedido por un Estado miembro. Se trata de ofrecer una solución a situaciones en las que, por una razón u otra, algunos Estados miembros no puedan o no quieran expedir un permiso de residencia para nacionales de terceros países de forma oportuna, o en casos en que no apliquen correctamente el marco previsto por la normativa de Schengen. La delegación húngara Fidesz se ha abstenido en la votación final de esta ley porque, hasta ahora, Hungría ha sido capaz de transponer la legislación correctamente, no se han experimentado problemas, y utilizando las posibilidades que ofrece Schengen, hemos llevado esto a cabo de forma más eficiente. Al mismo tiempo, nos gustaría destacar que, a las minorías húngaras que viven como nacionales de terceros países en la vecindad de la Unión Europea, les interesa residir legalmente en los territorios de la Unión Europea sin que haya excesos de burocracia. Esto requiere leyes tanto a nivel comunitario como a nivel de los Estados miembros, que no se anulan entre sí, sino que refuerzan nuestros objetivos.

Informe: Sophia in ’t Veld (A7-0025/2010)

  Marian Harkin (ALDE). – Señora Presidenta, este informe recoge un montón de aspectos positivos, pero yo simplemente no puedo apoyar el apartado 35, que aboga por la introducción de una base imponible consolidada común para el impuesto de sociedades (BICCIS).

Una de las cosas que nos transmite sobre la BICCIS es que va a ser más eficaz y que va a simplificar las cosas. Pero, dado que, en su estado actual, las empresas tienen la opción de elegir, acabaríamos con 28 bases imponibles en lugar de las 27 actuales, y eso difícilmente significa simplificar.

Además, como se propone actualmente, la BICCIS significaría la redistribución de los beneficios europeos por toda la UE, por lo que un país como el mío, Irlanda, que exporta mucho de lo que produce, se vería penalizado porque los beneficios, por supuesto, se encontrarían en el punto de venta. Parece un poco extraño, ya que, en el núcleo de la UE, se encuentra la libre circulación de mercancías; por lo tanto, si utilizamos la BICCIS, acabaríamos por penalizar a los países exportadores.

Por último, también creo que su introducción perjudicaría la capacidad de Europa para atraer la inversión extranjera directa, ya que las normas, como tal, no serían aplicables al Estado miembro en el que se encuentra, sino que se haría por alguna referencia a una fórmula complicada que sólo se pudiera calcular de forma retrospectiva, por lo que creo que, sin duda, sería perjudicial para nuestra capacidad de atraer inversión extranjera directa.

Informe: Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein (A7-0084/2009)

  Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Señora Presidenta, en primer lugar, quisiera dar las gracias a mi colega por la elaboración de este informe, un documento que es significativo para el crecimiento económico. Apoyo plenamente las observaciones de la autora y los comentarios acerca de la introducción y aplicación del Derecho comunitario en los Estados miembros. Un único mercado interior que funcione con eficacia es un elemento indispensable de una economía estable, algo que es muy necesario en tiempos de crisis. El uso eficaz del potencial de este mercado depende de la cooperación eficaz entre las instituciones a nivel nacional y europeo. La reducción de la carga administrativa, la comunicación eficiente entre las oficinas pertinentes, la simplificación de los procedimientos y la armonización de la legislación darán lugar a la transposición rápida y efectiva de las directivas en los Estados miembros. Además, la publicación de los datos actuales e informar a los ciudadanos y empresarios de forma efectiva sobre sus derechos y la situación en el mercado son dos elementos que ayudarán a mejorar la función del mercado y que mejorarán la transparencia de sus principios, garantizando así igualdad de condiciones para la competencia.

  Viktor Uspaskich (ALDE). – (LT) Señora Presidenta, señora ponente, Señorías, estoy de acuerdo con la iniciativa y confío en que puede ayudar a las personas y empresas a nivel nacional. Sin embargo, sin un seguimiento claro y regulado de forma estricta de la situación del sistema jurídico y el mercado interior, dudo que sea posible guardar de forma eficaz estos agentes de mercado, independientemente de su tamaño y de los servicios utilizados. Se deben aplicar sanciones estrictas si, tras un análisis, se detectan violaciones evidentes. Es absolutamente necesario considerar las prácticas a la hora de investigar reclamaciones a escala internacional y para establecer criterios. Lamentablemente, las tristes estadísticas de mi Estado revelan que, en ocho de cada diez casos internacionales cuya investigación está en curso actualmente, se comprueba que los tribunales o las instituciones estatales han actuado de forma inadecuada. Por lo tanto, creo que, sin la regulación clara de las sanciones, será imposible lograr el resultado deseado. Me gustaría dirigir la atención a esta cuestión.

  Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Con el fin de crear un entorno económico estable e innovador, es absolutamente necesario contar con un mercado interior que funcione correctamente. El mercado interior no podrá funcionar correctamente, sin embargo, a menos que todos los Estados miembros adopten las disposiciones de la Unión que afectan a su funcionamiento. A su vez, su adopción sólo puede tener éxito si los parlamentos de los Estados miembros se implican en el proceso de adopción de la legislación. Su adopción es también esencial desde el punto de vista del control parlamentario. Teniendo en cuenta que el informe también refleja estas opiniones, he apoyado la adopción del mismo sin ninguna reserva.

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) El Parlamento, como se esperaba, ha aprobado los tres informes sobre el funcionamiento del mercado interior. En el caso del informe de la condesa Von Thun Und Hohenstein, sin embargo, los socialistas y los verdes han hecho una excepción a la propuesta para la realización de controles periódicos sobre el funcionamiento del mercado interior. Sostienen que podría perjudicar a las normas acordadas en términos sociales y medioambientales. Todos sabemos, sin embargo, que estas normas tienen un precio, y también sabemos que hacen posible una mayor calidad de vida en la Unión Europea. La izquierda no ha explicado en el debate de hoy por qué tienen tanto miedo a la cuantificación de este valor. He votado a favor de todos.

Explicaciones de voto por escrito

Informe: Jean-Luc Dehaene (A7-0022/2010)

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) La propuesta de la Comisión se refiere a la asignación de los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) para el establecimiento de la renta nacional bruta (RNB) que los Estados miembros han utilizado a los efectos del presupuesto de la Unión Europea y sus propios recursos.

Los SIFMI constituyen una parte del producto de las entidades financieras que no proviene de la venta directa de servicios a un precio fijo, sino más bien mediante el cobro de un tipo de interés sobre los préstamos que es más alto que el que se aplica a los depósitos.

La Comisión propone que se proceda a la asignación de los SIFMI para el establecimiento de la RNB, y considera que deberá aplicarse con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2005, fecha de la entrada en vigor del Reglamento (CE) n° 1889/2002. Sin embargo, la propuesta de aplicación retroactiva a partir del 1 de enero 2005 plantea problemas para el alcance exacto de esta retroactividad.

Por lo tanto, estamos de acuerdo con la posición del ponente, abogando que la asignación de los SIFMI para el establecimiento de la RNB no debería ponerse en marcha hasta el 1 de enero de 2010. Esto asegura que la asignación de los SIFMI se realice correctamente a partir de 2010, dando lugar a un cálculo más preciso de la RNB.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La asignación de los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) para el establecimiento de la renta nacional bruta (RNB) que los Estados miembros han utilizado a los efectos del presupuesto de la Unión Europea y sus propios recursos ya es agua pasada y debería haberse aplicado en 2005. Sin embargo, la necesidad de probar este método a fin de evaluar su precisión y valorar si realmente está ofreciendo resultados fiables para la evaluación correcta de la actividad económica en cuestión ha retrasado su aplicación. Estoy de acuerdo en que la aplicación de este método no debe tener ningún efecto retroactivo, a fin de evitar conflictos entre los Estados miembros y posibles acciones legales.

Informe: Reimer Böge (A7-0020/2010)

  Alfredo Antoniozzi (PPE), por escrito. – (IT) La utilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización como un instrumento útil para hacer frente a las consecuencias de la crisis económica y financiera es una iniciativa muy valiosa que supone una respuesta práctica en términos de ayuda financiera. Es importante señalar que la movilización de este fondo debe ser un incentivo para reorientar a los trabajadores despedidos.

Espero que también se aborden las solicitudes de otros países, como Italia, que se ven obligados a pedir la intervención de este fondo especial para apoyar a los empleados de aquellas empresas que están pagando el precio de la crisis y que se ven obligadas a hacer recortes. A este respecto, sin embargo, quisiera pedir a la Comisión que sea más flexible a la hora de evaluar los criterios de admisibilidad para el fondo, que también debe activarse en caso de problemas estructurales en las zonas industriales locales de pequeñas y medianas empresas.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para proporcionar ayuda adicional a los trabajadores afectados por las consecuencias de los cambios importantes en la estructura del comercio internacional. El mandato del FEAG se aumentó para los beneficiarios potenciales nominados a partir del 1 de mayo de 2009, de modo que ahora incluye, y de forma correcta, ayuda a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de la crisis financiera y económica mundial.

Apoyo la propuesta actual que consiste en movilizar a la suma de 6 199 341 de euros para ayudar a Alemania, como respuesta a la solicitud formulada por Alemania el 13 de agosto de 2009, con la intención de prestar asistencia a los trabajadores despedidos del Grupo Karmann, una empresa de automoción.

En 2008, las tres instituciones confirmaron la importancia de garantizar que habría un procedimiento rápido para aprobar decisiones de movilización del Fondo, con el objetivo de poder ayudar a las personas dentro de un período de tiempo útil. Siete meses fueron necesarios para adoptar esta decisión. Espero que el procedimiento para activar el Fondo de Solidaridad se lleve a cabo con mayor rapidez, con el fin de poder hacer frente a situaciones calamitosas que requieren una respuesta inmediata, como es el caso reciente y trágico de Madeira.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) El grupo alemán Karmann, que una vez fue una empresa próspera y competitiva, ha estado luchando contra la crisis en el sector del automóvil y se ha declarado en bancarrota, después de haber sido objeto recientemente de una compra parcial por parte de Volkswagen. La movilización de 6 199 341 euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se necesita para apoyar y ayudar a los 1 793 trabajadores despedidos de ese grupo.

Según la Comisión, los criterios de elegibilidad para la movilización de este fondo se han cumplido, lo que significa que la Unión Europea tiene razones totalmente justificadas para ofrecer asistencia con rapidez a los trabajadores que están experimentando dificultades.

Espero que este período difícil en la vida de los trabajadores despedidos les permita mejorar sus habilidades y competencias, y que estas mejoras les permitan reintegrarse en el mercado laboral rápidamente.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para proporcionar ayuda adicional a los trabajadores despedidos como consecuencia de cambios significativos en la estructura del comercio internacional. De esta manera, se buscan soluciones para su reinserción en el mercado laboral.

El acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006 permite la movilización del FEAG en el límite máximo anual de 500 millones de euros. La presente propuesta se refiere a la movilización de un importe total de 6 199 341 de euros del FEAG para ayudar a Alemania, con la intención de prestar asistencia a los trabajadores despedidos del Grupo Karmann, una empresa de automoción.

Según el artículo 6 del Reglamento del FEAG, debemos asegurarnos de que este fondo apoya la reinserción individual de los trabajadores despedidos en nuevas empresas. El FEAG no es un remplazo para las acciones que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o los convenios colectivos, ni tampoco sirve para financiar la restructuración de empresas o sectores.

Hay que destacar una vez más que, en el marco de intervención del FEAG, la Comisión no debe transferir sistemáticamente las subvenciones para los pagos con cargo al Fondo Social Europeo, pues el FEAG fue creado como un instrumento independiente, con sus propios objetivos y prerrogativas.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Las solicitudes de intervención de este fondo han tenido éxito. Esta instancia implicaba responder a una solicitud de asistencia por parte de Alemania como consecuencia de despidos en la industria del automóvil, en concreto, en el Grupo Karmann.

Antes de decir cualquier otra cosa, es importante señalar que este fondo sólo puede aliviar parcialmente algunas de las consecuencias de la grave crisis económica y financiera, habida cuenta de las restricciones presupuestarias impuestas (que se limitan a 500 millones de euros al año) y de los estrictos criterios de elegibilidad con los que opera. Ya ha pasado algún tiempo desde que el número de trabajadores despedidos como consecuencia de las llamadas «reestructuraciones» superó con creces las estimaciones iniciales de la Comisión sobre el número de trabajadores que solicitarían beneficiarse del fondo.

Lo que se necesita es una clara ruptura con las políticas neoliberales que están provocando un desastre económico y social en los países de la Unión Europea ante nuestros ojos. Obviamente, la respuesta a este desastre también debe ser más que simplemente paliativa. Tampoco podemos dejar de señalar la injusticia de un reglamento que beneficie a los países con mayores ingresos en mayor medida, especialmente aquellos con mayores niveles de salarios y de apoyo por desempleo.

Hacemos hincapié en la necesidad urgente de un plan real para apoyar la producción y creación de empleo con derechos en los países de la Unión Europea.

  Peter Jahr (PPE), por escrito. – (DE) Me complace mucho que el Parlamento Europeo haya decidido hoy conceder 6,2 millones de euros en ayudas a los trabajadores despedidos del proveedor automotriz Karmann. La Unión Europea está contribuyendo de este modo con el 65 % de un total de 9 millones de euros disponibles. Estos fondos se van a usar para ofrecer a unas 1 800 personas medidas para formación y reciclaje a fin de que puedan volver a encontrar trabajo tan pronto como sea posible. Se trata de una aportación tangible de la Unión Europea para ayudar a las personas durante la crisis. De esta manera, la UE está mostrando muy claramente que está dispuesta y es capaz de prestar apoyo a las personas, incluso en situaciones de crisis. Lo importante ahora es que el dinero se ponga a disposición sin problemas y de inmediato para permitir que estas personas puedan regresar al mercado laboral rápidamente. Sin embargo, además de la ayuda individual para los trabajadores afectados, la Unión Europea también tiene que tomar medidas adicionales para hacer frente a los efectos de la crisis financiera. La globalización en el sentido de la división del trabajo a nivel internacional (puesta en común de la prosperidad) es conveniente e importante. Sin embargo, la Comisión, el Parlamento Europeo y los Estados miembros deben trabajar más para promover condiciones de competencia leal en sus relaciones económicas internacionales a fin de evitar desventajas para determinados países o sectores.

  Alan Kelly (S&D), por escrito. – Esta propuesta en nombre de la movilización del FEAG para los trabajadores alemanes —así como la propuesta del sector de la refrigeración de Lituania—iba a estar entre los primeros beneficiarios del fondo en 2010. Ambos son dignos de solicitar ayuda. Acojo con satisfacción el compromiso de la nueva Comisión para continuar con este fondo que echa una mano a las personas en lugar de desanimarlas después de un despido. Mi propia circunscripción se ha beneficiado de este fondo y espero que siga haciéndolo en el futuro. La recesión mundial ha reducido drásticamente la demanda de artículos de lujo y, aunque esto hace que los problemas actuales de la industria del automóvil sean comprensibles, no los hace menos tristes. La situación en Alemania es particularmente difícil debido a la enorme cantidad de despidos; 2 476 despidos se concentran en la misma zona, alrededor de la misma industria. Espero que los 6 199 millones de euros ayuden a producir de manera satisfactoria para superar la crisis para los trabajadores, sus familias y la zona.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La UE es un espacio de solidaridad, y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) forma parte de dicho espacio.

Este apoyo es esencial para ayudar a los desempleados y víctimas de las deslocalizaciones que se producen en un contexto globalizado. Un número creciente de empresas se están trasladando, aprovechando la reducción de los costes laborales en diversos países, sobre todo, en China y la India, a menudo en detrimento de los países en que se respetan los derechos de los trabajadores.

El FEAG tiene por objeto ayudar a los trabajadores que son víctimas de la deslocalización de empresas, y es fundamental para ayudarles a tener acceso a un nuevo empleo en el futuro. Otros países de la UE ya han utilizado en el pasado el FEAG, en concreto, Portugal y España, así que ahora debemos conceder esta ayuda a Alemania.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) He votado a favor del informe sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. En este caso, Alemania ha solicitado ayuda en relación con los despidos en la industria automotriz —específicamente en el Grupo de Karmann—. A este respecto, es importante mencionar que el dinero del fondo se utiliza para la reintegración en el mercado laboral de cada uno de los trabajadores que han sido despedidos y no para compensar las medidas de reestructuración necesarias para las empresas o sectores. Por solidaridad con nuestro país vecino y con los trabajadores, el dinero que es, por desgracia, exigido por la constante globalización y la crisis económica y financiera causada por los especuladores en ambos lados del Atlántico, debería, en mi opinión, habilitarse inmediatamente.

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo sobre la movilización del FEAG para apoyar a las 2 476 personas despedidas en la industria del automóvil de Alemania. Las autoridades alemanas utilizarán el período de desempleo para mejorar los niveles de competencia en términos generales, no sólo en lo que respecta a la formación profesional y la educación superior, sino también para que migrantes y trabajadores poco calificados puedan alcanzar las competencias básicas para ayudarles a reintegrarse en la el mercado laboral.

A nivel europeo, en Suecia nos estamos enfrentando a situaciones similares en la industria de fabricación del automóvil, donde 2 258 trabajadores han sido despedidos; en Austria, se han realizado 774 despidos en empresas de fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques; y en Bélgica, la industria ha realizado más de 2 500 despidos. En toda Europa, más de 8 000 puestos de trabajo se perderán debido a la reestructuración de la industria de fabricación de automóviles.

La ayuda financiera ofrecida a los trabajadores despedidos debería estar disponible de la forma más rápida y eficaz posible. Sin embargo, esta es una medida a corto plazo que no resolverá el problema de la desaparición de puestos de trabajo. La UE necesita una política industrial fuerte en la industria de fabricación de automóviles con el fin de mantener los puestos de trabajo existentes e incluso para crear otros nuevos.

Informe: Reimer Böge (A7-0021/2010)

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) Hoy en día, hemos votado sobre tres solicitudes de ayuda del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. He apoyado las tres solicitudes, ya que creo que la asistencia prestada por este fondo es especialmente necesaria para nuestro pueblo en este momento. En mayo de 2009, la Comisión Europea permitió la desviación de las disposiciones del Reglamento en circunstancias excepcionales y, teniendo en cuenta la situación que ha surgido durante la crisis económica y financiera, permitió dirigir la asistencia a los desempleados.

Lamento mucho que algunos Estados miembros donde el desempleo es muy elevado, y el nivel de pobreza es muy alto, no pudieran solicitar ayuda a tiempo y beneficiarse de las oportunidades que ofrece este fondo y para ofrecer asistencia a los desempleados. Creo que la Comisión Europea también debe explicar si la asistencia prestada con cargo a este fondo se utiliza con eficacia y si esta ayuda aporta un valor añadido real a las personas a quienes va destinado.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe porque la ayuda financiera del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización ayudará a los trabajadores despedidos a volver a integrarse en el mercado laboral. Durante la crisis financiera y económica, el nivel de desempleo aumentó considerablemente en Lituania en 12 meses, por lo que es necesario adaptarse a los efectos de la crisis y garantizar al menos asistencia financiera temporal a fin de proporcionar puestos de trabajo para los trabajadores despedidos de la empresa Snaigė. En este caso, no estamos hablando de unos pocos trabajadores despedidos por la empresa, sino de un gran número de personas, alrededor de 651 trabajadores, con una edad comprendida entre los 25 y 54 años. Me alegro de que la votación prevista sobre la asignación de ayuda financiera temporal haya tenido lugar hoy, ya que, esta delicada cuestión relativa a la empresa lituana y sus trabajadores despedidos se retrasó y algunos de los trabajadores de la empresa en cuestión perdieron sus puestos de trabajo ya en noviembre de 2008. Espero que los fondos aprobados por la votación de hoy se asignen con determinación y eficacia.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Una de las características del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización es que se trata de promover el espíritu empresarial. Esta promoción debe ser entendida por las instituciones europeas y los gobiernos nacionales como un elemento crucial para superar los desafíos a los que se enfrenta el sector productivo europeo.

Reconozco que la acción pública debería tener lugar no sólo a través de esta forma de promoción, sino también, y fundamentalmente, mediante la eliminación de obstáculos artificiales y burocráticos a la actividad empresarial. Todavía queda mucho por hacer a este respecto.

Es cierto que deben existir medidas que busquen poner a prueba, reasignar y reciclar a los que han quedado desempleados como consecuencia de la globalización, por ejemplo, los trabajadores del sector de la refrigeración de Lituania, en particular, en la empresa AB Snaigė y dos de sus proveedores. Sin embargo, no es menos acertado que deban existir medidas que, mediante la preservación de la justicia y la sana competencia, traten de fortalecer a las empresas y sus trabajadores en el contexto de una economía que cada vez es más abierta y competitiva.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La UE es un espacio de solidaridad, y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) forma parte de dicho espacio.

Este apoyo es esencial para ayudar a los desempleados y víctimas de las deslocalizaciones que se producen en un contexto globalizado. Un número creciente de empresas se están trasladando, aprovechando la reducción de los costes laborales en diversos países, sobre todo, en China y la India, a menudo en detrimento de los países en que se respetan los derechos de los trabajadores.

El FEAG tiene por objeto ayudar a los trabajadores que son víctimas de la deslocalización de empresas, y es fundamental para ayudarles a tener acceso a un nuevo empleo en el futuro. Otros países de la UE ya han utilizado en el pasado el FEAG, en concreto, Portugal y España, así que ahora debemos conceder esta ayuda a Lituania.

  Vilja Savisaar (ALDE), por escrito. – (ET) La resolución de hoy de que la Unión Europea apoya el uso del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización con tres informes, de los que dos se refieren a Lituania y uno a Alemania, es positiva en todos los sentidos, y demuestra concretamente que la Unión Europea puede aliviar directamente la situación de personas que han sido despedidas, y que puede ayudar con su nueva formación. En Estonia, más de 30 000 personas en el sector de la construcción han perdido sus empleos en los últimos dieciocho meses, y por lo tanto, solicito al Gobierno de Estonia y al Ministerio de Asuntos Sociales que pidan ayuda audazmente con cargo a los fondos de la Unión Europea, que se habían previsto para este tipo de situaciones. Vale la pena señalar que, aunque hoy, Alemania y Lituania reciban apoyo, según datos de Eurostat, el desempleo es mayor en España, Letonia y Estonia, que también podrían pensar en cómo la Unión Europea podría prestarles ayuda directa.

  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. – (LT) Señor Reimer, Señorías, acojo con beneplácito esta iniciativa de apoyo a los trabajadores de empresas que han sufrido el proceso de globalización. La apoyo de todo corazón y me complace que, en este caso, las personas en Lituania reciban ayuda. En general, creo que el total de este fondo se debería aumentar en varias ocasiones, mediante la reducción de las asignaciones en otras partes. Estoy convencido de que ese fondo también englobará a los propietarios de empresas. A menudo, sufren tanto, que más tarde, son incapaces de ponerse de pie y emprender un nuevo negocio. En muchos casos, los empresarios sufren más que sus trabajadores: asumir riesgos al hacer negocios, crear empleos y pagar impuestos; ellos no sólo ponen sus acciones, sino también sus activos personales. Por lo tanto, sería beneficioso que —considerando cada caso de forma individual— analizáramos la posibilidad de proporcionar asistencia a los propietarios de empresas, que han sufrido de la globalización y la crisis económica mundial.

Informe: Reimer Böge (A7-0019/2010)

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) Me alegro de que hoy hayamos tenido una votación sobre la asignación de fondos del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), con el objetivo de destinar 1 118 893 de euros en términos de asistencia financiera a los trabajadores despedidos de 128 empresas del sector de la construcción en Lituania. El sector de la construcción en Lituania está pasando por momentos difíciles, ya que ha habido un gran descenso en la demanda de la construcción debido a la crisis financiera y económica, y en la recesión, es muy difícil para los ciudadanos lituanos obtener préstamos para construir o comprar una casa. He votado a favor de este informe, ya que esta ayuda financiera de la UE ayudará a las personas que han sido víctimas de la globalización a encontrar trabajo y volver al mercado laboral y los ayudará a escapar de las garras de la recesión. Por lo tanto, en esta situación, debemos mostrar solidaridad con los trabajadores que han sido despedidos, precisamente debido a los cambios en la economía global y a la reducción de puestos de trabajo en determinados sectores por la crisis financiera.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) El hecho de que más y más países europeos hayan buscado la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) deja claro que los efectos de este fenómeno se han sentido por todos lados, lo que justifica en sí mismo el nombre que se le ha dado al fondo.

Si bien la globalización ha demostrado ser beneficiosas en el plano mundial, no obstante, conviene prestar atención a las ocasiones en que, debido a sus efectos, los sectores menos competitivos se ven afectados. Uno de estos casos es el del sector de la construcción de Lituania.

El hecho de que el fondo sea una forma de asistencia rápida, específica y de tiempo limitado requiere que todos aquellos que toman decisiones políticas, los líderes empresariales y los trabajadores desarrollen nuevas formas de restaurar la competividad perdida y de acceder a nuevos mercados. De lo contrario, la asistencia, como la del FEAG, será meramente paliativa y acabará por demostrar que es insuficiente.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para proporcionar ayuda adicional a los trabajadores despedidos como consecuencia de cambios significativos en la estructura del comercio internacional. De esta manera, se buscan soluciones para su reinserción en el mercado laboral.

La Unión Europea debe usar todas las medidas posibles para reaccionar a las consecuencias de la crisis económica y financiera mundial, y en este contexto, el FEAG puede desempeñar una función crucial a la hora de ayudar a la reintegración de los trabajadores despedidos.

El acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006 permite la movilización del FEAG en el límite máximo anual de 500 millones de euros. La presente propuesta se refiere a la movilización de un importe total de 1 118 893 de euros del FEAG para ayudar a Lituania, con la intención de prestar asistencia a los trabajadores despedidos en las 128 empresas dedicadas al sector de la construcción civil.

Hay que destacar una vez más que, en el marco de intervención del FEAG, la Comisión no debe transferir sistemáticamente las subvenciones para los pagos con cargo al Fondo Social Europeo, pues el FEAG fue creado como un instrumento independiente, con sus propios objetivos y prerrogativas.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Las solicitudes de intervención de este fondo han tenido éxito. Esta instancia implicaba responder a una solicitud de asistencia por parte de Lituania como consecuencia de despidos en 128 empresas activas dedicadas al sector de la construcción civil.

Antes de decir cualquier otra cosa, es importante señalar que este fondo sólo puede aliviar parcialmente algunas de las consecuencias de la grave crisis económica y financiera, habida cuenta de las restricciones presupuestarias impuestas (que se limitan a 500 millones de euros al año) y de los estrictos criterios de elegibilidad con los que opera. Ya ha pasado algún tiempo desde que el número de trabajadores despedidos como consecuencia de las llamadas «reestructuraciones» superó con creces las estimaciones iniciales de la Comisión sobre el número de trabajadores que solicitarían beneficiarse del fondo.

Lo que se necesita es una clara ruptura con las políticas neoliberales que están provocando un desastre económico y social en los países de la Unión Europea ante nuestros ojos. Obviamente, la respuesta a este desastre también debe ser más que simplemente paliativa. Tampoco podemos dejar de señalar la injusticia de un reglamento que beneficie a los países con mayores ingresos en mayor medida, especialmente aquellos con mayores niveles de salarios y de apoyo por desempleo.

Hacemos hincapié en la necesidad urgente de un plan real para apoyar la producción y creación de empleo con derechos en los países de la Unión Europea.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La UE es un espacio de solidaridad, y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) forma parte de dicho espacio.

Este apoyo es esencial para ayudar a los desempleados y víctimas de las deslocalizaciones que se producen en un contexto globalizado. En este caso concreto, el objetivo consiste en ayudar a las personas despedidas por más de 120 empresas de la construcción civil obligadas a cerrar sus puestas como consecuencia de la grave crisis que afecta al sector.

El FEAG tiene por objeto ayudar a los trabajadores que son víctimas de la deslocalización de empresas, y es fundamental para ayudarles a tener acceso a un nuevo empleo en el futuro. Otros países de la UE ya han utilizado en el pasado el FEAG, en concreto, Portugal y España, así que ahora debemos conceder esta ayuda a Lituania.

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. – (RO) En septiembre de 2009, Lituania presentó una solicitud de asistencia para utilizar el FEAG en relación con los despidos que se realizaron en 128 empresas en el sector de la construcción civil. He votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo sobre la movilización del FEAG para la construcción en Lituania.

Creo que una economía eco-eficiente y la construcción de edificios energéticamente eficientes pueden contribuir a la recuperación económica de la UE. Se estima que estos sectores puedan crear alrededor de 2 millones de empleos en toda Europa para 2020.

En 2006, había aproximadamente 2,9 millones de empresas que operaban en el sector de la construcción, generando 510 000 millones de euros y ofreciendo empleo a más de 14,1 millones de personas en los 27 Estados miembros. Como resultado de la crisis económica y financiera, durante el primer y segundo trimestre de 2009, el volumen de actividad en el sector de la construcción en Lituania se redujo en 42,81 % y 48,04 % respectivamente, en comparación con la primera parte de 2008. Esto está teniendo un impacto adverso sobre Lituania en un momento en que tiene una de las tasas de desempleo más elevadas de la UE. El sector de la construcción ha sido especialmente afectado, lo que representa la pérdida de casi el 10 % de los empleos en Lituania sólo en 2008.

  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. – (LT) Apoyo incondicionalmente esta iniciativa y voto a favor de la ayuda a los trabajadores de las constructoras, que se han visto afectados por la actual crisis internacional y el proceso de globalización. Estoy seguro de que todos nosotros somos mucho más que culpables de la imposibilidad de detener la burbuja creada por los agentes inmobiliarios y las organizaciones de la construcción. Era obvio que desembocaría en una crisis. La obligación de los políticos es servir a la población y prevenir las desgracias. Por tanto, a la hora de votar en relación a este proyecto, propongo y pido que se aumente la asistencia financiera, ya que un millón de euros solo supone una gota en el océano para las cientos de empresas que se han visto afectadas y que dan empleo a decenas de miles de trabajadores. Hablando con personas que trabajan precisamente en dichas empresas, he oído que la gente ya no cree ni en su propio Estado ni en la Unión Europea. De este modo, incrementando este tipo de asistencia, mejoraríamos la imagen de la propia Unión Europea y reforzaríamos la confianza en los Estados nacionales.

Informes: Reimer Böge (A7-0021/2010), (A7-0019/2010)

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – Apoyo plenamente los dos informes de Reimer Böge que han sido aprobados por el Parlamento sobre la asistencia financiera a los trabajadores despedidos en Lituania del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, y le estoy muy agradecida a los colegas que los han apoyado. Por desgracia, he llegado tarde a esta votación porque cuando venía al hemiciclo no funcionaba el ascensor.

Ambos informes ―sobre la situación del sector de la construcción y la empresa Snaigė― representan los casos más graves de desempleo en Lituania. La asistencia financiera de la UE aliviará los apuros que están pasando los trabajadores lituanos.

El sector de la construcción es uno de los más afectados en Lituania. Ya hay más de cien empresas que han quebrado. Los 1,1 millones de euros llegarán a casi 1 000 trabajadores de este sensible y fuertemente afectado sector.

La situación es muy parecida en el caso de Snaigė ―la ayuda de 258 000 euros del FEAG recaerá en 650 despidos en una ciudad que tiene una de las tasas de desempleo más altas, cercana ya al 20 %―.

Aunque esto podría ser solo la punta del iceberg del problema del desempleo en Lituania, el apoyo financiero ayudará a los que más lo necesitan.

Informes: Reimer Böge (A7-0020/2010), (A7-0021/2010), (A7-0019/2010)

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó en 2006 para proporcionar asistencia adicional a los trabajadores afectados por las consecuencias de los importantes cambios que se estaban produciendo en la estructura del comercio internacional y para ayudar a su reinserción en el mercado laboral.

Desde el 1 de mayo de 2009, el cometido del FEAG se ha ampliado y ahora incluye la asistencia a los trabajadores que han sido despedidos como consecuencia directa de la crisis económica y financiera. En este momento en que nos enfrentamos a esta grave crisis económica y financiera, una de las principales consecuencias es el aumento del desempleo. La UE debe utilizar todos los medios que tiene a su disposición para responder a las consecuencias de la crisis, sobre todo a la hora de proporcionar asistencia a aquellos que se enfrentan a la realidad del desempleo cada día.

Por estos motivos, he votado a favor de la presente propuesta relativa a la movilización del FEAG para ayudar a Lituania, con el objetivo de apoyar a los trabajadores despedidos de las 128 empresas que operan en el sector de la construcción civil.

  Andrew Henry William Brons (NI), por escrito. – Aunque nos oponemos a la pertenencia a la UE y, por tanto, a la financiación de la UE, el dinero de ese fondo ya ha sido asignado y no es, por tanto, dinero «nuevo».

Preferiríamos que la ayuda a los trabajadores despedidos estuviera financiada por los gobiernos nacionales. Sin embargo, ya que la UE es la autoridad competente, la ayuda a los trabajadores desempleados debe, según parece, venir de ese fondo.

En el Reino Unido habrá quien critique que este dinero se pague a trabajadores alemanes y lituanos. Sin embargo, si se propusiera proporcionar fondos para (por ejemplo) nuestros trabajadores de la siderurgia de Corus, no podríamos oponernos a dicha contribución. Así pues, no podemos lógicamente oponernos a estas contribuciones.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Señor Presidente, Señorías, hemos votado a favor de los informes del señor Böge sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización pensando, sobre todo, en los trabajadores que están siendo despedidos. No obstante, al hacerlo, también hemos sentido cierto malestar. Porque, realmente, este fondo no es más que una tirita en una pata de palo en vista de las consecuencias sociales de gran alcance que está teniendo su irresponsable y excesivamente libre política de mercado.

A veces me da la impresión, aunque lo nieguen, de que se está usando el dinero de los contribuyentes europeos para financiar políticas destinadas a trasladar y reestructurar grandes empresas, mientras al mismo tiempo se da a la Europa de Bruselas la opción barata de declararse «en solidaridad con» los desempleados que está creando. Otro motivo de nuestro malestar: los umbrales impuestos para poder recibir estas ayudas, especialmente en cuanto al número de despidos. Porque son principalmente y, una vez más, salvo en casos excepcionales, las grandes empresas las que se benefician de ellas. Parece que los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, los pequeños empresarios y empresarias que están cerrando sus negocios, se han pasado por alto una vez más en lo que respecta a la política económica y social.

Informe: Anna Rosbach (A7-0009/2010)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Hemos votado a favor de esta resolución a fin de asegurar la sostenibilidad medioambiental de las regiones atlánticas, en concreto las islas de la Unión Europea. Estas constituyen una parte esencial de su zona marítima y están haciendo frente a problemas y necesidades específicas, tales como problemas medioambientales.

Cabe señalar el caso de las Azores, ya que tiene la mayor zona económica exclusiva de la Unión Europea. En el ámbito de este debate, es necesario asegurar la vigilancia medioambiental de las aguas del Atlántico, ya que la población de estas islas depende de las buenas condiciones medioambientales de sus aguas marinas. Por tanto, es importante definir claramente los objetivos mínimos de calidad medioambiental así como programas de supervisión que garanticen estas buenas condiciones medioambientales.

También es necesario abordar los casos mencionados por la ponente, como los accidentes de navegación o las bolsas de plástico, que pueden tener consecuencias devastadoras para la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las regiones atlánticas. Esto pasa por la aplicación medidas específicas que se adecuen a la realidad medioambiental y socioeconómica de los ecosistemas marinos del Atlántico.

Por eso la firma de dichos acuerdos es importante para el desarrollo sostenible de las poblaciones que dependen del Atlántico.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Acojo con satisfacción la firma de este protocolo adicional para resolver un conflicto político que ha impedido que España y Marruecos ratificaran el Acuerdo de cooperación para la protección de las costas y de las aguas del Atlántico del Nordeste contra la polución (Acuerdo de Lisboa). La protección de las costas y las aguas tiene una importancia estratégica para el bienestar socioeconómico de las comunidades costeras, el desarrollo local, el empleo y el mantenimiento y la creación de la actividad económica. Hay que asegurar que todas las aguas marinas de la Unión Europea se mantienen en buenas condiciones medioambientales para garantizar el desarrollo sostenible. El presente protocolo está directamente relacionado con problemas como la protección medioambiental, el cambio climático, la seguridad, la salud pública, el desarrollo regional, las relaciones con terceros países y la cooperación al desarrollo. Este protocolo, que permitirá combatir distintas formas de contaminación en el Atlántico, es crucial para garantizar la lucha contra la contaminación o el riesgo de contaminación de mares o costas, mediante un mecanismo para asegurar la cooperación entre las partes contratantes en caso de accidentes que causen contaminación, y que las obliga a establecer y aplicar sus propios planes y estructuras de emergencia.

  Diane Dodds (NI), por escrito. – He votado en contra de este informe y, al hacerlo, he tenido presente una buena noticia relativa a nuestro medio ambiente marino. La ponente menciona la «sopa de plástico», la masa de plástico y goma a la deriva en el Océano Pacífico, y señala lo que se describe como un problema cada vez mayor en el Océano Atlántico de redes de pesca perdidas. A este respecto, conviene mencionar la labor de KIMO International y su proyecto «Pescar los deshechos». Iniciado en un principio en marzo de 2000 por el Gobierno neerlandés y los pescadores neerlandeses, el proyecto tenía como objetivo limpiar de basura el Mar del Norte, utilizando redes de pesca. Desde entonces, KIMO International ha ampliado este proyecto a puertos del Reino Unido, Suecia y Dinamarca, con la asistencia financiera de la UE.

Desde 2001, los pescadores de la UE han extraído cientos de toneladas de basura de nuestros mares y la han devuelto a tierra, donde se recoge y se tira de forma responsable. Todos los pescadores de la UE involucrados en este proyecto han de ser aplaudidos por su dedicación, al extraer residuos de forma permanente del mar, beneficiando así a la industria pesquera, la fauna y el medio ambiente.

  Robert Dušek (S&D), por escrito. – (CS) La UE ha firmado una serie de acuerdos marítimos con algunos Estados miembros y terceros países vecinos, entre ellos, el Convenio de Helsinki, el Acuerdo de Bonn, el Convenio de Barcelona y el llamado Acuerdo de Lisboa. El objetivo de estos acuerdos es garantizar medidas individuales y colectivas en caso de amenaza de contaminación o contaminación que ya se esté produciendo en el mar o las zonas costeras. Aunque el Acuerdo de Lisboa se firmó en 1990, nunca llegó a entrar en vigor debido a una disputa territorial entre España y Marruecos. En 2008 todos los signatarios firmaron un protocolo suplementario que resolvía esta disputa y, por tanto, ya nada debía impedir la aprobación del Acuerdo de Lisboa. La ponente menciona en el informe dos problemas persistentes y cada vez mayores relacionados con la contaminación del mar y las zonas costeras, el primero de los cuales es la enorme masa flotante de artículos de plástico y goma que hay en el Océano Pacífico, la cual abarca una superficie 34 veces mayor que un Estado de tamaño medio como los Países Bajos. El segundo problema persistente que menciona Anna Rosbach, y para el que busca una solución, es la cantidad de redes de pesca viejas, abandonadas o perdidas. Este informe es un ejemplo de labor constructiva dirigida a resolver los principales problemas en materia de contaminación marítima y costera, y por eso lo apoyo con mi voto.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Veinte años después de su firma, el Acuerdo de cooperación para la protección de las costas y de las aguas del Atlántico del Nordeste contra la polución, acordado entre Portugal, España, Francia, Marruecos y la UE, ya está listo para entrar en vigor, tras la ratificación de todas las partes contratantes. El Consejo ahora propone concertar, en nombre de la Unión Europea, un protocolo adicional que permita finalmente que el acuerdo entre en vigor.

Este acuerdo es de suma importancia para Portugal, teniendo en cuenta la longitud de su litoral y la importancia del mar para su economía nacional, sin olvidar los desastres del Erika y del Prestige. Así pues, felicito al Consejo y a los Estados miembros por la celebración de este protocolo adicional y espero que se produzca una pronta y eficaz entrada en vigor del acuerdo, ya que proporcionará a nuestro litoral una mayor protección frente a los desastres medioambientales como los que, desgraciadamente, han arruinado nuestras costas en los últimos tiempos.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Acojo encantado la aprobación de este informe ya que permitirá la entrada en vigor de una red de acuerdos regionales en materia de contaminación marina que se han firmado entre la UE y algunos Estados miembros y terceros países vecinos.

En este caso, tenemos el Acuerdo de Lisboa, que fue firmado en octubre de 1990 pero que no entró en vigor debido a una disputa territorial entre España y Marruecos, dos de las partes contratantes, acerca de la frontera meridional (Sáhara Occidental) a la que se hace referencia en el artículo 3, letra c), del Acuerdo.

El protocolo adicional, que encontró una solución al conflicto y una redacción aceptable para el artículo 3, letra c), no fue firmado hasta mayo de 2008 por Portugal, España, Francia y Marruecos.

Con la celebración de este protocolo adicional, el Acuerdo de Lisboa puede entrar en vigor veinte años después de haberse firmado. Además de sus aspectos sobre seguridad, este protocolo trata la protección medioambiental. Todos somos conscientes de los desastres ecológicos que han amenazado las costas de nuestros países en los últimos años. Se espera que estas normas ayuden a evitar accidentes como el del Erika y el del Prestige, ya que el mar no tiene fronteras físicas ni políticas y requiere que se compartan esfuerzos y medidas coordinadas.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La Comunidad Europea ha participado en distintos acuerdos regionales sobre contaminación marítima que favorecen la asistencia mutua y la cooperación entre los Estados miembros. Esta red de acuerdos aparece en el Acuerdo de cooperación para la protección de las costas y de las aguas del Atlántico del Nordeste contra la polución (Acuerdo de Lisboa), promovido por Portugal, que no ha entrado en vigor debido a una disputa territorial entre España y Marruecos. Creo que, en nombre de las normas medioambientales promovidas por la UE, y una vez que se ha alcanzado un acuerdo sobre el protocolo adicional, se puede finalmente poner en práctica el Acuerdo de Lisboa.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) El Protocolo adicional relativo al Acuerdo de cooperación para la protección de las costas y de las aguas del Atlántico del Nordeste contra la polución forma parte de la red de acuerdos regionales sobre la protección del medio ambiente marino que ha firmado la UE con varios Estados miembros y terceros países vecinos. La protección de nuestros océanos, que sirven de fuente de alimento a millones de europeos, también es una tarea importante para la UE, motivo por el que he votado sin reservas a favor de este informe. A este respecto, se debería señalar que, además del Acuerdo de Lisboa, que se aborda en este caso, están también el Convenio de Helsinki, el Acuerdo de Bonn y el Convenio de Barcelona.

Cada uno de estos acuerdos cubre distintas partes de los mares que rodean a los Estados miembros de la UE y pretende permitir la intervención individual o colectiva de las partes contratantes en caso de contaminación o amenaza de contaminación de los mares o las costas a causa de un accidente. El Acuerdo de Lisboa se firmó en octubre de 1990, pero no entró en vigor debido a una disputa territorial entre dos de las partes contratantes, España y Marruecos, acerca de las «fronteras meridionales» (Sáhara Occidental). El protocolo adicional, en el que se resolvió la disputa y se encontró una forma adecuada de redactarlo, no fue firmado hasta mayo de 2008 por Portugal, España, Francia y Marruecos, y finalmente, el 25 de marzo de 2009, también fue firmado por la Unión Europea.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) Casi el 50 % de la población de la Unión Europea vive en regiones costeras, y este hecho en sí mismo exige redoblar la atención prestada a la conservación y la gestión integradas de estas regiones. En vista de ello, es vital que la gestión integrada de las zonas costeras esté asegurada dentro de la UE, como recomienda la Comisión Europea en un comunicado publicado sobre este asunto.

También es importante señalar que el 80 % de la basura y la contaminación del mar se origina en la tierra, y por eso hace falta una estrategia coordinada que también implique luchar contra este problema en la tierra.

Aparte de los problemas medioambientales, la contaminación oceánica y la degradación de las costas europeas suponen un problema económico. Esto se debe a que en algunos países, como Portugal, la práctica del turismo orientado a actividades marítimas como el avistamiento de ballenas, el submarinismo y demás, constituye una fuente importante de ingresos para algunas regiones, entre ellas, las Azores, Madeira y el Algarve.

Al igual que está ocurriendo con la pesca abusiva, la contaminación de las aguas ha contribuido sustancialmente al estado actual de agotamiento de algunas poblaciones de especies que son recursos pesqueros importantes. Por tanto, la Directiva sobre la estrategia marina, pilar ambiental de la estrategia para la política marítima integrada, debe ser aplicada íntegramente.

Los océanos y las zonas costeras deben ser una prioridad estratégica para Europa, y por este motivo, apoyo plenamente este informe del Parlamento.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de este informe con el fin de ayudar a que entre en vigor del Protocolo adicional relativo al Acuerdo de Lisboa. Este acuerdo crea un mecanismo para asegurar la cooperación entre las partes contratantes en caso de accidentes que causen contaminación y las obliga a establecer y aplicar sus propios planes y estructuras de emergencia.

Este acuerdo forma parte de una red de acuerdos marítimos regionales que ha firmado la UE con algunos Estados miembros y terceros países vecinos. La red consta del Convenio de Helsinki, el Acuerdo de Bonn, el Convenio de Barcelona y, en este caso, el Acuerdo de Lisboa, cada uno de los cuales cubre partes distintas de los mares que rodean a los países de la UE, con el objetivo de que se produzca una intervención individual o colectiva de las partes contratantes en caso de contaminación o amenaza de contaminación de las aguas o las costas, a fin de proteger el medio ambiente y la salud de los ciudadanos.

Informe: Anna Hedh (A7-0024/2010)

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) La política de protección de los consumidores está dirigida a promover la salud, la seguridad y los intereses económicos y jurídicos de los consumidores, así como su derecho a la información. La protección de los consumidores es una política global y fundamental de la Unión Europea, que se centra en garantizar unos mercados sanos donde los consumidores puedan desenvolverse con seguridad y confianza, y se fomente la innovación y el comercio transfronterizo.

He votado a favor del presente informe, ya que lo considero esencial para reforzar la política europea de protección de los consumidores y para hacerla más eficaz y significativa para la población. Unos consumidores seguros de sí mismos, bien informados y capaces de tomar decisiones son una condición esencial para el funcionamiento eficiente del mercado interior. Debe centrarse en proporcionar a los consumidores una amplia gama de productos y servicios de alta calidad a precios competitivos, ofreciendo al mismo tiempo un alto nivel de protección, desempeñando así un papel fundamental a la hora de hacer que la UE sea competitiva, dinámica e innovadora a nivel mundial.

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) El mercado interior de la Unión Europea se ha ampliado considerablemente en los últimos años, y actualmente abarca cerca de 500 millones de consumidores en 27 Estados miembros. La estandarización de los principios y normas de la protección de los consumidores a nivel de la Unión Europea y la mejora de los mecanismos que apoyan su aplicación es un objetivo alcanzable, sin suponer que los productos y servicios ofrecidos en los 27 Estados miembros alcancen el mismo nivel de calidad a corto o medio plazo.

La difícil situación económica actual por la que atraviesa toda Europa se destaca por una caída de los ingresos y una subida del desempleo, lo cual queda reflejado en la Comunidad en la necesidad real de gestionar mejor la compra diaria. La actitud de los consumidores europeos, que se ve directamente afectada por la recesión económica, es especialmente evidente en lo que se refiere a los bienes y servicios que compran y quieren que sean de buena calidad, de forma que luego puedan consumir tantos artículos de ese tipo como les sea posible. Como consecuencia, las medidas de protección de los consumidores están adquiriendo cada vez más importancia. La consolidación de las estructuras de supervisión del mercado en todos los Estados miembros para asegurar que los productos que se venden cumplen los estándares más altos de seguridad es una solución que se adapta a la situación actual.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Los consumidores de la UE tienen un papel esencial en el aumento del crecimiento, el empleo y la competitividad, y sus intereses son una prioridad fundamental a la hora de elaborar políticas clave como las de sanidad, economía e industria, medio ambiente y energía y transporte, entre otras. En lo que respecta a la energía, el mercado interior no puede funcionar de forma correcta y competitiva debido a la existencia de las llamadas «islas energéticas», como la región báltica, que se encuentra aislada del resto de Europa desde el punto de vista energético, y depende de un único proveedor externo. La existencia de una red eléctrica y un gasoducto que cubra todo el territorio europeo ha de ser una prioridad, ya que Europa depende en gran parte de las importaciones de energía. El mercado de la electricidad también debe adoptar una serie de medidas para que se produzca una gran apertura en beneficio de los consumidores europeos. Hay que crear condiciones favorables para que exista una competencia seria y justa y se cree un mercado único real. Los Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias para cumplir unos objetivos claros, en concreto la protección de los consumidores vulnerables, la protección de los derechos básicos de los consumidores y la cohesión económica y social.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) La promoción de los derechos y el bienestar de los consumidores es un aspecto fundamental de la Unión Europea. Apoyo todos los esfuerzos que se han hecho en este sentido, que están devolviendo la confianza de la población en los mercados. La protección de los consumidores es cada vez más importante en el contexto de la crisis económica, que ha aumentado la presión sobre los consumidores menos protegidos —aquellos con bajos niveles de ingresos—. Hay que iniciar un acercamiento coordinado que permita a los consumidores ejercer sus derechos con confianza. En vista de ello, destaco la necesidad de: en primer lugar, promover políticas para informar y educar a los consumidores (por parte de la UE y los Estados miembros) a través de campañas, puntos de información y aumentando los recursos de los centros europeos del consumidor; en segundo lugar, aplicar las normas que ya existen de forma efectiva, reforzando la supervisión del mercado y los mecanismos de regulación y presionando a los Estados miembros para que se produzca una correcta recaudación de los recursos de la Comunidad.

Repito que solo así los consumidores podrán obrar con conocimiento de causa y sin ser objeto de todo tipo de presiones por parte de los productores. Esto refuerza su confianza en el mercado, genera una mayor la competencia, mejora la calidad de los productos y servicios, y aumenta el consumo (un factor importante para la recuperación económica).

  Lara Comi (PPE), por escrito. – (IT) La protección de los consumidores está muy unida a la capacidad del mercado de ofrecer una amplia gama de productos y servicios de alta calidad a precios competitivos. Está claro que una mayor confianza, concienciación y responsabilidad de los consumidores exige que los bienes y servicios sean cada vez mejores, lo cual, a su vez, hace aumentar la competencia entre los proveedores, que se sienten motivados para mejorar sus productos, al mismo tiempo que mantienen unos precios competitivos.

Estoy de acuerdo en cuanto a la importancia que han atribuido la Comisión y los Estados miembros al lanzamiento de una estrategia de comunicación sobre los derechos de los consumidores a través de portales web, campañas de concienciación y puntos de información, al mismo tiempo que se promociona el uso del sitio web «eYouGuide» y se garantiza la seriedad, credibilidad e imparcialidad de las organizaciones responsables de la gestión y la organización.

Asimismo, los cinco indicadores del Cuadro de indicadores de los mercados de consumo identificados en la resolución —aunque no son exhaustivos— permitirán seguramente que la población obtenga información útil para mejorar, si fuese necesario, el marco regulador de referencia, con tal de que la información proporcionada por los Estados miembros sea exhaustiva y se pueda recopilar de una forma fácilmente comparable. He votado a favor del informe aunque me desconcierta el nombramiento del Defensor del consumidor y los medios de reparación colectiva.

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. – (RO) Creo que tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y durante la actual crisis económica, los intereses y la protección de los consumidores deben estar sólidamente garantizados. Los consumidores deben disponer de instrumentos específicos para asegurar que sus intereses estén integrados de forma efectiva en todas las políticas de la Unión Europea.

  Robert Dušek (S&D), por escrito. – (CS) La ponente toma como punto de partida los resultados del Cuadro de indicadores de los mercados de consumo, que es un planteamiento lógico y pragmático. Tanto la satisfacción como los problemas de los consumidores se pueden deducir de los informes estadísticos que se centran en el asunto. Un mayor desarrollo de la base de datos confidencial sobre los problemas de los consumidores es esencial para la identificación de los mercados. No obstante, hay que mejorar la recopilación de datos de tal forma que se tengan en cuenta las diferencias entre los distintos sistemas de los Estados miembros que, debido a la diversidad existente, a veces son enormes. En mi opinión, la cuestión más problemática es la aplicabilidad de la legislación y de las obligaciones contractuales. En el caso del comercio en mercados transfronterizos en concreto, la aplicabilidad de la ley es inexistente. El establecimiento de normas para proteger a los consumidores en la UE no tendrá ningún efecto si no se implementan correctamente en la legislación nacional y se aplican y se hacen cumplir a nivel de los Estados miembros. La ponente ha retomado la cuestión de la protección de los consumidores en base a los cuadros de indicadores de una forma aceptable. Sin embargo, yo acogería más propuestas concretas para la mejora de la situación actual. Pese a esta reserva, el informe favorece la protección de los consumidores en la UE y por tanto votaré a favor de su aprobación.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La política de consumo de la Unión Europea es un componente fundamental a la hora de consolidar el mercado interior. Por esta razón, dicha política debe permitir a los consumidores europeos y al público general tener acceso a productos y servicios de gran calidad a precios competitivos, mientras al mismo tiempo se benefician de un alto nivel de protección de sus derechos.

El aumento de la educación y la concienciación en relación a sus derechos y obligaciones, así como una actitud responsable por parte de las empresas, favorecerá una forma más dinámica de comercio transfronterizo y, como consecuencia, la integración final del mercado interior, teniendo un impacto sobre la competitividad europea.

También se debe alcanzar el equilibrio adecuado entre los derechos y obligaciones de los consumidores y el impacto de la legislación pertinente aprobada en relación con los derechos y obligaciones de las empresas y proveedores de servicios.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El Tratado de Lisboa hace referencia a la protección de los consumidores como una política global y fundamental de la Unión Europea, que establece que se deben tener en cuenta requisitos para la protección de los consumidores.

A este respecto, es esencial reforzar la política europea de protección de los consumidores y hacerla más eficaz y significativa para el público. Es vital responder a las necesidades y los problemas de la población europea.

En este sentido, están justificados los instrumentos para la supervisión del mercado, como el Cuadro de indicadores de los mercados de consumo. Una buena política de consumo debe garantizar unos mercados sanos y seguridad y confianza, para estimular a partir de ahí el comercio transfronterizo y la innovación.

Soy partidario de una política transparente en la que sea obligatorio mostrar el nombre de la marca de origen. La protección de los consumidores es importante de cara a los productos importados peligrosos, y esto requiere una mayor cooperación entre las autoridades que supervisan los mercados y las autoridades aduaneras.

La seguridad de los productos que circulan por el mercado nacional requiere una combinación de esfuerzos con las autoridades de terceros países, y por tanto, justifica la iniciativa de la Comisión de intensificar la colaboración internacional y firmar acuerdos formales con las autoridades pertinentes de terceros países, en particular China, los Estados Unidos y Japón.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – He votado a favor del informe Hedth. A Escocia actualmente le falta una voz en lo que respecta a los consumidores de la UE: no tenemos representación independiente en el Consejo y la legislación en materia de consumo se reserva en su mayoría para Londres. Dada la separación de nuestras instituciones jurídicas, es esencial que estas competencias sean devueltas al parlamento escocés para que Escocia pueda desempeñar un papel completo en el presente debate de la UE sobre estos asuntos.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La protección de los consumidores es, y siempre ha sido, unas de las prioridades de la UE y se consolidó tras la aprobación del Tratado de Lisboa. Los consumidores que conocen bien sus derechos y obligaciones favorecen un mercado más transparente y competitivo.

Ante la actual crisis económica, es vital proteger a los consumidores más vulnerables y a aquellos con bajo nivel de ingresos. La creciente complejidad de los mercados de venta al por menor, especialmente los relacionados con los servicios, está dificultado a los consumidores el poder tomar decisiones con conocimiento de causa.

Para evaluar de forma efectiva los mercados y adoptar políticas que den los mejores resultados posibles para los consumidores, se requieren instrumentos de supervisión de los mercados. Por esta razón, el Cuadro de indicadores de los mercados de consumo es muy importante.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) Para garantizar que disponemos de una protección eficaz de los consumidores es importante aumentar la formación y la información que se proporciona a los consumidores. El objetivo es tener unos «consumidores con conocimiento de causa» en el mercado interior. Sin embargo, el informe no aborda de forma adecuada los problemas relacionados con el mercado que no está reglamentado. Los estándares europeos no siempre se cumplen, ya sean estándares de calidad y seguridad o incluso de medio ambiente y sanidad. Por tanto, me he abstenido de votar.

  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito. – (PL) La protección de los consumidores es una cuestión extremadamente importante que debe abordar la Comisión. Aplicar simplemente medidas efectivas en esta material obviamente no será suficiente si no hay una implicación por parte de los consumidores. Los consumidores deben tener conciencia de sus derechos. Hacer un uso máximo de las posibilidades del mercado único europeo es un reto enorme para la Comisión. Con el fin de alcanzar este reto, la protección eficaz de los consumidores debe ser una de las prioridades de la UE. Creo que el uso de los Cuadros de indicadores de los mercados de consumo, que son una herramienta para supervisar los mercados, no podría ser más beneficioso desde el punto de vista del consumidor. Los cuadros de indicadores muestran claramente qué mercados no están cumpliendo lo suficiente las necesidades de los consumidores. Analizándolos, podemos determinar, entre otras cosas, que los consumidores están experimentando problemas concretos en el mercado de los servicios, y que el comercio a través de Internet entre algunos Estados miembros está restringido en gran parte por barreras transfronterizas. Me alegra el hecho de que se estén planeando nuevos cuadros de indicadores. Asimismo, espero que nos proporcionen información aún más detallada que antes. Gracias a estas herramientas, resulta mucho más fácil comprender los problemas de los consumidores y responder a sus necesidades. No cabe duda de que la introducción de normativas de la UE relativas a la protección de los consumidores en algunos países de la UE es beneficiosa para nuestros ciudadanos.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. – (NL) He votado a favor del informe de la señora Hedth sobre la protección de los consumidores. Este informe de iniciativa propia reconoce con acierto el papel crucial que desempeñan las organizaciones de consumidores, que son las organizaciones idóneas para alertar a las autoridades públicas sobre los problemas que experimentan los consumidores en la vida diaria. Naturalmente, también apoyo el requisito de los Estados miembros de consultar de forma adecuada a las organizaciones de consumidores en todas las fases del proceso de toma de decisiones y de la transposición y aplicación de la legislación en materia de consumo. También es muy importante la cuestión de incluir en los Cuadros de indicadores de los mercados de consumo otros indicadores a largo plazo como los relacionados con las cuotas de mercado, calidad, publicidad, transparencia y comparabilidad de la oferta, indicadores sobre medidas de ejecución y capacitación de los consumidores, indicadores de tipo social, medioambiental y ético, así como indicadores que permitan medir los perjuicios causados al consumidor y los medios de reparación.

Los dos únicos inconvenientes de este informe, desde mi punto de vista, son no adoptar la enmienda presentada por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea para aprender de la crisis del mercado del sector energético, y nuestra enmienda que solicita una revisión de la Directiva sobre la seguridad de los juguetes. El hecho de que esta enmienda no haya prevalecido es lamentable. No obstante, quiero felicitar a la ponente y a sus colegas de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor por este sólido informe.

  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – Acojo satisfactoriamente esta contribución del Parlamento al Cuadro de indicadores de los mercados de consumo. El Cuadro de indicadores de los mercados de consumo es un indicador importante de lo efectivo y eficaces que están siendo los Estados miembros a la hora de aplicar la legislación de la UE. Acojo favorablemente las peticiones de la ponente de que haya una mayor transparencia y visibilidad de las medidas de supervivencia y también apoyo su petición de mejorar los mecanismos de reparación colectiva de la UE.

  Alf Svensson (PPE) , por escrito. – (SV) El mercado libre dentro de la UE convierte a la Unión en un actor fuerte, pero también significa que los consumidores deben recibir información buena y clara sobre la gama de productos disponibles en el mercado. La posición de los consumidores ha de ser reforzada. Por eso hoy he votado a favor del informe sobre la protección de los consumidores. No obstante, el informe tiene una redacción que a veces resulta problemática. Existe el riesgo de que la consulta a las organizaciones de consumidores en todas las fases del proceso de toma de decisiones prolongue bastante el proceso en el tiempo. La sociedad civil tiene un papel importante a la hora de conseguir una protección de los consumidores pertinente, pero esto podría adquirir diferentes formas en distintos países sin que ello tenga un efecto negativo en el resultado. El principio de subsidiariedad debe aplicarse en la institución de autoridades para la protección de los consumidores y un Defensor del consumidor, así como en la redacción relativa al currículo de las escuelas. La UE debe establecer unos niveles y unos objetivos mínimos en cuanto a la política común de consumo, pero no debe decidir en cada detalles cómo deben alcanzar exactamente estos objetivos los Estados miembros. El informe exige que todos los Estados miembros recopilen y registren información sobre accidentes y lesiones en una base de datos común. Dicha base de datos no debe dar lugar a una necesidad de excesivo trabajo administrativo. Su gestión debe ser razonable y proporcional al beneficio de los ciudadanos. Sin embargo, los derechos de los consumidores y su protección en el mercado interior son tan importantes que he votado a favor del informe pese a las preocupaciones que acabo de señalar.

  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. – (LT) Ponente, Señorías, me alegra que estemos intentando tratar seriamente el tema de la protección de los derechos de los consumidores. No obstante, ya llevamos en ello varios años y aún no somos capaces de crear un mecanismo idóneo y reforzar las condiciones obligatorias llevando a cabo estas tareas a nivel nacional. A veces esto llega a parecer un juego o hipocresía. Hasta que no regulemos de forma estricta las actividades de los monopolios, de cualquier área, para que sus beneficios se vean claramente limitados, y los gastos de explotación, los salarios y las bonificaciones estén controlados de forma estricta —es decir, el suministro de materias primas, la fabricación, el abastecimiento de productos—, será difícil imaginar que los consumidores reciban bienes o servicios baratos y de alta calidad. Puesto que tengo una experiencia importante en este campo, estoy dispuesto a colaborar en este asunto.

  Derek Vaughan (S&D), por escrito. – Me alegra que se haya aprobado este informe. Creo que es importante que protejamos a los consumidores y que nos centremos más en reforzar la vigilancia del mercado, de tal forma que los productos destinados a los ciudadanos cumplan con los estándares más elevados posibles. Valoro positivamente el movimiento para hacer avanzar la cooperación internacional en los productos de seguridad y para llegar a acuerdos formales con las autoridades ejecutivas de terceros países. Apoyo las peticiones de que se cree un Defensor de los consumidores especial para la resolución extrajudicial de las disputas y opino que unos mecanismos de cooperación transfronteriza más eficaces ayudarán a mejorar la protección de los consumidores en toda la UE.

  Anna Záborská (PPE), por escrito. – (FR) El artículo 12 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reafirma que al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones de la Unión se tendrán en cuenta las exigencias de la protección de los consumidores. La Comisión debe garantizar que los intereses de los consumidores están realmente integrados en todas las políticas y debe examinar en sus estudios de impacto los posibles efectos de cualquier nueva medida legislativa y de las políticas que afecten, directa o indirectamente, a los consumidores. Aunque las quejas de los consumidores son un indicador importante de las carencias del mercado, su ausencia no siempre significa que los mercados funcionen correctamente, ya que en ocasiones los consumidores tienden a quejarse menos, debido a diferentes tradiciones de consumo o a su percepción de la probabilidad de que su queja sea tenida en cuenta. Las organizaciones de consumidores deben desempeñar un papel fundamental a la hora de alertar a las autoridades públicas sobre los problemas a los que se enfrentan los consumidores. Hay que optimizar los instrumentos, de tal forma que puedan funcionar de forma más eficaz a todos los niveles. Le pido a los Estados miembros que garanticen que se consulta a las organizaciones de consumidores en cada fase del proceso de toma de decisiones y durante la adaptación al Derecho nacional y la ejecución de la legislación sobre el consumo.

Informe: Cristian Silviu Buşoi (A7-0027/2010)

  Liam Aylward (ALDE), por escrito. – (GA) He votado a favor de este informe sobre SOLVIT. Los consumidores europeos deberían conocer perfectamente sus derechos y esta red de resolución de problemas debería ser de fácil acceso para todos.

En la Unión Europea en su conjunto, el número de personas que se ponen en contacto con SOLVIT para pedir consejo y ayuda está creciendo y, a partir de este hecho, cabe entender que la importancia de SOLVIT en tanto que herramienta de resolución de problemas para los ciudadanos y las empresas europeas también está creciendo.

Apoyo totalmente la petición del informe de que se anuncien mejor y más los servicios de SOLVIT y estoy de acuerdo con que hay que aclarar la información sobre los derechos de los ciudadanos y las empresas en el mercado interior para que todo el mundo pueda sacar provecho de estos derechos en el día a día.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – Para disfrutar de los beneficios del mercado interior, los consumidores deben tener medios eficaces para corregir la aplicación errónea del derecho del mercado interior. La red SOLVIT se creó para garantizar una reparación rápida sin tener que recurrir a la vía judicial. Creo que esta red podría ser de gran utilidad pero, por el momento, no funciona de forma eficaz y no usa totalmente su potencial. Muchos de nuestros ciudadanos y nuestras pequeñas empresas no saben que existe esta red. Por ello, creo que los Estados miembros deberían esforzarse más y poner más medios para promocionar a SOLVIT y para aumentar el conocimiento de su existencia entre ciudadanos y empresas. Es más, algunos centros de SOLVIT reciben más casos de los que pueden resolver porque no cuentan con suficiente personal. Creo que los Estados miembros tienen que reforzar el papel de los centros nacionales de SOLVIT asegurando la cooperación entre las autoridades nacionales, regionales y locales y que implicarse en un intercambio activo de opiniones y mejores prácticas con otros Estados miembros para sacar el mayor provecho al potencial de la red SOLVIT.

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) En funcionamiento desde 2002, SOLVIT es una red en línea para la solución de problemas en la que los Estados miembros de la UE trabajan conjuntamente con el objetivo de ofrecer una respuesta pragmática a las dificultades que se plantean a raíz de la aplicación incorrecta de la legislación comunitaria por parte de las autoridades públicas.

Aunque el mercado interior funciona en la actualidad relativamente bien, también es cierto que, de vez en cuando, se plantean errores o problemas de interpretación con respecto a los derechos de los miembros del público y de las empresas que intentan sacar el mayor partido a las ventajas que ofrece el mercado interior.

He votado a favor de este informe porque la red SOLVIT ha demostrado tener una gran importancia en la resolución de todo tipo de problemas, desde el miembro del público que busca otro Estado miembro en el que estudiar, trabajar o reunirse con su pareja, hasta las empresas que se han encontrado con problemas con las autoridades públicas, por ejemplo con la devolución del IVA u otros. La red SOLVIT pretende ofrecer a los miembros del público y a las empresas un alto nivel de servicio, en base a importantes criterios de calidad y rendimiento.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Valoro positivamente el informe Buşoi sobre SOLVIT. Esta red informal de resolución de problemas relacionados con el mercado interior ha sido crucial a la hora de ofrecer asistencia gratuita tanto a miembros del público como a empresas para resolver problemas específicos con las autoridades públicas. Su importancia se refleja en el creciente número de casos presentados el año pasado. Sin embargo, vistos los problemas transversales identificados a escala nacional, es fundamental considerar varias medidas para mejorar la eficacia de estos centros. Por ello, opino que los Estados miembros deben intensificar sus esfuerzos para ofrecer información a los miembros del público y a las empresas sobre los derechos que les corresponden en el mercado interior, haciendo uso del aumento de los recursos financieros y humanos y de la formación de los empleados en la red SOLVIT sobre las normas del mercado interior. También es importante que sus empleados tengan un buen nivel de inglés, además de su idioma materno. Le pido a los Estados miembros y a la Comisión que promuevan un mayor acceso a la red SOLVIT por parte de los miembros del público y de las empresas, con vistas a la aplicación eficaz de las normas del mercado interior.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) El mercado interior no es, ni debería ser, una simple estructura burocrática. Para sacarle verdaderamente provecho a sus obvias ventajas, las empresas y el público europeo deben poder ejercer sus derechos en la práctica a través de mecanismos rápidos, eficientes y que respondan. Sobre esta base, la red SOLVIT asume una importancia fundamental.

Si tenemos en cuenta el aumento del número de casos en los que los centros SOLVIT han participado durante el último año, considero que es esencial por el bien de los consumidores que avancemos hacia una serie de reformas y mejoras que ha propuesto el Parlamento con esto en mente. Por ejemplo, el reforzamiento del control de la Comisión sobre la aplicación eficaz de las normas del mercado interior; incrementos claros en los recursos asignados a los centros SOLVIT (la puesta en servicio de expertos sobre los elementos del mercado interior, un aumento de los fondos de los centros nacionales, una formación especializada y actualizada del personal especializado existente, enlaces en línea coordinados entre los centros locales y los servicios de la Comisión); y una inversión importante en la promoción y difusión de la red SOLVIT por parte de los Estados miembros y la Comisión a través de todos los métodos de comunicación social, promoviendo un elevado nivel de conexión con el público y las empresas. Por estas tres razones, apoyo el informe Buşoi sobre SOLVIT.

  Lara Comi (PPE), por escrito. – (IT) La red SOLVIT ha demostrado que es un instrumento muy útil para resolver los problemas —sin llegar a la vía judicial— con que se encuentran los ciudadanos y las empresas como consecuencia de la aplicación incorrecta del derecho del mercado interior por parte de las autoridades públicas. Por tanto, debería apoyársele a través de diferentes medios y a través de una mejor cooperación entre la Comisión, el Parlamento y los Estados miembros. Ante todo, es necesario promocionar mejor su existencia entre los ciudadanos y las empresas y reforzar la cooperación entre las autoridades nacionales, regionales y locales. También se debería conceder mayor importancia a la formación de los funcionarios que trabajen en este terreno, como la formación del personal de la red SOLVIT, que, como subrayaba el comunicado de la Comisión, también debería desarrollarse a través del Fondo Social Europeo.

He votado a favor del informe porque creo que la consolidación de la red SOLVIT puede ayudar realmente a mejorar el marco jurídico del mercado interior que, con tanto esfuerzo, estamos intentando construir. La promoción de la transparencia de los datos con una base de datos en línea interactiva aumenta el conocimiento de los estándares, permite una resolución más rápida de los problemas e incrementa la confianza en los operadores.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La Comisión y los Estados miembros crearon la red SOLVIT para resolver, sin llegar a la vía judicial, los problemas que los miembros del público y las empresas afrontan debido a la aplicación incorrecta de la legislación relativa al mercado interior.

Esta red ha demostrado ser eficaz en la resolución de problemas, pero sigue siendo poco utilizada por el público en general. Por esta razón, la Comisión pretende promover la aplicación rápida y completa de la red SOLVIT, aumentando la transparencia para superar los obstáculos a la libertad de circulación y ofreciendo al público información sobre sus derechos, de tal forma que se aproveche todo el potencial del mercado interior.

Con esto en mente, la Comisión anima a los Estados miembros a promocionar como es debido la red SOLVIT entre el público y las empresas, teniendo presente sus capacidades y el valor añadido que representa.

Puesto que muchos de los problemas que se podrían abordar a través de la red SOLVIT se resuelven en la actualidad por vía judicial, aumentando el tiempo y el dinero gastados por los miembros del público y por las empresas, y puesto que la red SOLVIT podría ofrecer una solución alternativa y más rápida y eficaz a las disputas legales, creo que lograr una operatividad completa de la red SOLVIT beneficiaría la evolución del mercado interior y la protección de los intereses y derechos de los miembros del público y de las empresas.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) La red SOLVIT entró en funcionamiento en julio de 2002, tras haber sido creada por la Comisión y los Estados miembros con el objetivo de resolver los problemas que estaban experimentando los miembros del público y las empresas como consecuencia de la aplicación incorrecta de la legislación del mercado interior, permitiendo una respuesta rápida, gratuita y eficaz sin recurrir a los tribunales.

Todos los Estados miembros de la UE, junto a Noruega, Islandia y Liechtenstein, han creado centros SOLVIT a escala nacional, en general integrados en sus respectivos ministerios de economía o asuntos exteriores. Estos centros cooperan directamente a través de una base de datos electrónica para encontrar soluciones rápidas y pragmáticas a los problemas presentados por miembros del público y empresas.

Los Estados miembros deben intensificar sus esfuerzos para ofrecer información a los miembros del público y a las empresas sobre los derechos que les corresponden en el mercado interior, permitiéndoles en consecuencia ejercerlos. Los servicios ofrecidos por SOLVIT deben darse a conocer al gran público y a las empresas de forma eficaz.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La red SOLVIT, que tiene como objetivo ser una solución eficaz a los problemas del mercado interior, ha logrado en la mayoría de los casos resolver estos problemas. La red SOLVIT se creó en 2002 para resolver los problemas que los miembros del público y las empresas afrontan debido a la aplicación incorrecta de la legislación europea relativa al mercado interior.

La red SOLVIT sustituye a los tribunales de una forma más eficaz y menos burocrática, encontrando soluciones en 10 semanas. Sin embargo, el mayor flujo de casos de SOLVIT ha supuesto varias deficiencias en su respuesta. Esto significa que es muy importante que se haga un esfuerzo por aumentar sus recursos humanos y financieros, además de adecuar la formación de los funcionarios de la red SOLVIT, de tal forma que puedan mejorar su eficacia a la hora de abordar el creciente número de casos que se les presentan.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) El mercado interior ofrece a los ciudadanos y a las empresas numerosas oportunidades y funciona bien, en general. Sin embargo, en ocasiones se pueden producir errores.

SOLVIT es una red de resolución de problemas en la que los Estados miembros de la UE cooperan para solucionar, sin recurrir a la vía judicial, los problemas planteados a raíz de una aplicación inadecuada de la legislación del mercado interior por parte de las autoridades públicas. Existe un centro SOLVIT en cada Estado miembro de la Unión Europea (además de en Noruega, Islandia y Liechtenstein).

He votado a favor de este informe para dar un espaldarazo a los centros SOLVIT a la hora de resolver las quejas presentadas por ciudadanos y empresas.

  Robert Rochefort (ALDE), por escrito. – (FR) El mercado interior, con más de 1 500 documentos a menudo complejos, resulta para los europeos un «gran artefacto» bastante incomprensible que, por si fuera poco, no siempre se aplica correctamente en los Estados miembros (estoy pensando, concretamente, en el reconocimiento de las cualificaciones profesionales). En consecuencia, SOLVIT está demostrando ser una herramienta inestimable: un verdadero servicio de asistencia a los consumidores y a las empresas en cuestiones relacionadas con el mercado único; esta red cooperativa ha trabajado, durante varios años, para resolver, con carácter informal, los problemas que tienen que ver con la aplicación incorrecta de la legislación del mercado interior por parte de las autoridades públicas. He votado a favor del informe sobre SOLVIT.

No obstante, a pesar de sus excelentes porcentajes de éxito (más del 80 % de los casos se resuelven satisfactoriamente) y a pesar de que supone una solución rápida, extrajudicial y gratuita al problema de la obtención de una reparación, SOLVIT todavía es relativamente poco conocida entre el gran público. Debemos hacer más por darla a conocer. Por último, lamento que en determinados Estados miembros, incluido el mío, el centro SOLVIT cuente con tan pocos medios, tanto presupuestarios como de personal. Creo que ha llegado el momento de que los Estados miembros valoren lo útiles que resultan estos centros y les ofrezcan los medios para que funcionen correctamente.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. – (NL) El informe del señor Buşoi sobre SOLVIT es muy importante. En el desempeño de mis obligaciones parlamentarias, muchas veces por semana se ponen en contacto conmigo ciudadanos que me hacen preguntas con frecuencia muy personales y específicas sobre el funcionamiento del derecho comunitario. A menudo soy capaz de ayudarles con prontitud redirigiéndoles a SOLVIT.

El informe que aprobamos hoy describe claramente los beneficios de este instrumento. Es un trabajo muy equilibrado en cuanto a que establece de forma cristalina qué acciones hay que adoptar para mejorar esta herramienta. Sin duda, hace falta una buena estrategia mediática para incrementar el nivel de conocimiento de SOLVIT. La asignación de una dirección única en Internet puede contribuir a ello.

Está claro que hay que aumentar la eficacia de SOLVIT. Esto se puede lograr a través de una mayor cooperación entre los funcionarios con un conocimiento suficientemente elevado. También es fundamental la recomendación a los Estados miembros de que aumenten el personal de los centros SOLVIT para dotar de capacidad administrativa a los diversos ministerios a escala nacional. El objetivo debe ser que todos los centros SOLVIT respondan a las preguntas rápidamente y con verdaderas soluciones; a fin de cuentas, este es el propósito con que se creó SOLVIT.

  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. – (LT) Señor ponente, señorías, apoyo esta iniciativa y estoy totalmente de acuerdo con el reforzamiento de la red SOLVIT y la ampliación de sus actividades. No habría que reparar en gastos a la hora de difundir la información sobre las actividades y oportunidades de esta estructura europea en los medios de comunicación nacionales, en Internet y en programas televisivos. Sin embargo, puedo decirles que existen dobles raseros: la legislación no se aplica de forma uniforme y existen incluso penalizaciones diferentes para las mismas actividades.

  Anna Záborská (PPE), por escrito. – (FR) SOLVIT se creó para resolver los problemas que se les presentan a los ciudadanos y a las empresas como resultado de una aplicación incorrecta de la legislación sobre el mercado interior. Todos los Estados miembros, además de Noruega, Islandia y Liechtenstein, han establecido un centro nacional SOLVIT. Estos centros cooperan directamente para ofrecer soluciones rápidas y pragmáticas a los problemas presentados por ciudadanos y empresas. Los centros necesitan un buen asesoramiento jurídico sobre la base legal de los problemas planteados y de las soluciones propuestas. Tienen acceso al asesoramiento legal tanto de su centro como de la administración correspondiente. Cuando existen diferencias de opinión jurídica en casos que se tratan de forma conjunta, problemas legales complejos o, sencillamente, la falta de un acceso adecuado a la asesoría legal en su país, los centros SOLVIT recurren a menudo a la Comisión en busca de asesoramiento. Los Estados miembros deberían asegurarse de que los centros tienen un acceso adecuado al asesoramiento legal dentro de su administración. La Comisión debería acelerar la entrega de evaluaciones legales informales a los centros que las soliciten. Me alegra el compromiso de los Estados miembros con la supervisión de la legislación europea y su aplicación. No basta con que los colegisladores europeos tengan que aplicar unas leyes que crean más problemas de los que resuelven.

Informe: Bairbre de Brún (A7-0082/2009)

  Liam Aylward (ALDE), por escrito. – (GA) En Irlanda tenemos unos estándares muy elevados para los requisitos de sanidad animal y, en consecuencia, he votado a favor de este importante informe, que protegerá la salud de los animales irlandeses. La recomendación del informe con respecto a la ampliación del sistema transitorio para el desplazamiento de animales hasta finales de diciembre de 2011 es necesaria y oportuna.

Estas normas establecen un sistema general para identificar a los animales de compañía (gatos, perros y hurones) que viajen entre Estados miembros y todos los animales tendrán que contar con pasaportes que demuestren que han sido vacunados contra la rabia.

Estas medidas de protección son necesarias puesto que los estándares sanitarios en Irlanda son muy elevados en la actualidad y, como consecuencia, el país está libre de la rabia, de determinadas garrapatas y de la tenia, que podrían poner en peligro la salud tanto de las personas como de los animales.

  Jan Březina (PPE), por escrito. – (CS) Señora Presidenta, he votado a favor del informe sobre la resolución propuesta por el Parlamento Europeo y el Consejo relativa a las condiciones veterinarias de los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial, incluso aunque no esté de acuerdo con todo el texto de la propuesta. Me preocupa especialmente que establezca una extensión del período transitorio durante el que la importación de perros y gatos a Irlanda, Malta, Finlandia, Suecia y el Reino Unido estará sujeta a unos requisitos más estrictos. Por ejemplo, Malta, Irlanda y el Reino Unido solicitan que los perros y gatos de compañía estén sujetos a exploraciones adicionales en busca de garrapatas, algo que también debe confirmarse en sus pasaportes de animales. Esta es ya la segunda ampliación consecutiva del período transitorio, lo que considero muy irregular desde el punto de vista de la práctica normativa de la UE. La Comisión debería estudiar, cuanto antes, la posibilidad de extender el régimen general a los Estados miembros a los que en la actualidad se les aplica el régimen transitorio, para lo que debería encargar la redacción de un dictamen consultivo a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Creo firmemente que las ampliaciones repetidas del período transitorio no defienden los intereses de los ciudadanos europeos. Las diferencias existentes en las medidas protectoras de los Estados miembros previamente mencionados, al igual que los diferentes límites temporales para las inoculaciones y las exploraciones serológicas y las diferentes fechas límite para las exploraciones antiparasitarias, hacen más difícil y más caro el viajar con animales de compañía en la UE.

  Robert Dušek (S&D), por escrito. – (CS) La legislación comunitaria regula los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial dentro de la Comunidad, en el marco de la cual se ha establecido el conocido como régimen general, que establece que los perros, los gatos y los hurones que se llevan a otros Estados miembros de la UE deben estar acompañados por unos documentos de identificación y por información sobre sus vacunaciones obligatorias contra la rabia y sobre las enfermedades que hayan tenido. El Reglamento (CE) n.º 998/2003 también establece un denominado régimen transitorio que permite a Estados miembros aplicar requisitos más estrictos a la entrada y el desplazamiento de estos animales en su territorio. Gran Bretaña, concretamente, está haciendo un uso considerable de esta derogación. La Comisión propone extender el régimen transitorio diseñado hasta el 31 de diciembre de 2011 y la ponente, la señora De Brún, apoya esta medida. Teniendo en cuenta que se ha alcanzado un acuerdo tanto en el Consejo como en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, del que forma parte este informe, he votado a favor de su aprobación.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) El Reglamento (CE) 998/2003, que la Comisión propone modificar, establece unas normas armonizadas con respecto a los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial dentro de la Unión Europea, así como su entrada en ella. Sin embargo, prevé un sistema temporal por el que algunos Estados miembros pueden imponer unas condiciones más restrictivas en el caso de determinadas enfermedades como la rabia, la equinococosis y la infestación con garrapatas.

Pese a la importancia del libre desplazamiento de los animales de compañía dentro de la zona de la Unión Europea, reitero mi convicción de que es fundamental que esos animales de compañía cumplan con todos los criterios sanitarios, de tal forma que no supongan un riesgo para la salud de las personas o los animales.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Este informe establece las normas del desplazamiento de los animales de compañía dentro del área europea y de cómo debe realizarse en virtud de los objetivos de prevención de la propagación de enfermedades, concretamente, de la rabia.

La libertad de desplazamiento es uno de los pilares clave del mercado único europeo. Esta cuestión es especialmente pertinente para los ciudadanos de una Europa sin fronteras, en la que hemos observado unos desplazamiento cada vez mayores de animales de compañía entre los Estados miembros.

Todos estamos de acuerdo en que se tiene que poder viajar con los animales de compañía, pero también estamos de acuerdo en que esto debe hacerse de conformidad con los criterios sobre sanidad pública establecidos para garantizar un mayor nivel de protección de la salud de las personas y los animales.

Por tanto, valoro positivamente el sistema general de pasaportes, que armonizará las medidas higiénicas, y los controles, que facilitarán el libre desplazamiento de los animales de compañía.

El informe también establece una disposición transitoria hasta finales de 2011, de tal forma que algunos países se puedan preparar para crear las infraestructuras necesarias.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – He votado a favor del informe de la señora De Brún. La libertad de desplazamiento que inspira el mercado único significa que este es un problema de mayor importancia para muchos ciudadanos europeos. Las cuestiones de sanidad pública y animal son también de vital importancia y considero que la ponente ha realizado un buen trabajo al lograr un equilibrio.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Las condiciones sanitarias de los animales que se deben establecer en los desplazamientos trasfronterizos de animales domésticos sin ánimo comercial tienen como objetivo garantizar tanto un mayor grado de protección de la salud de personas y animales, como una mayor facilidad de desplazamiento para los animales de compañía acompañados de sus respectivos dueños. De esta forma, si se respetan las normas pertinentes y se lleva un certificado de vacunación contra la rabia y un análisis de la reacción del sistema inmunitario a esta vacuna, realizado por un veterinario autorizado, durante los viajes dentro del área comunitaria, se facilitarán los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. - (ES) He votado a favor de este importante informe puesto que con él apoyamos la propuesta de la Comisión relativa a la prórroga del régimen transitorio en relación con la rabia, haciendo que este régimen finalice coincidiendo mejor con el período en que la Comisión Europea espera concluir la financiación comunitaria de programas de vacunación orientados a erradicar en algunos Estados miembros la rabia selvática, que constituye el principal problema de rabia en la UE. Además, la Comisión ha optado por un enfoque precautorio prudente, en el que se hace hincapié en la prevención y en consideraciones sanitarias adicionales relacionadas con el mercado interior y la libre circulación de animales de compañía. La Comisión ha comparado y examinado las distintas opciones políticas, teniendo en cuenta los distintos dictámenes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). La fecha propuesta para el final de los regímenes transitorios permitirá la conversión de las infraestructuras y el reciclaje profesional gradual así como la adaptación del personal in situ a la nueva situación.

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), por escrito. – Valoro positivamente este informe, que va a permitir que los Estados miembros mantengan medidas de protección contra la propagación de la rabia, pero que también conllevará unos desplazamientos libres y seguros de los animales de compañía por Europa a partir de 2011. La ampliación de la derogación para determinados países hasta 2011 les va a permitir seguir con las pruebas y las comprobaciones sanitarias para enfermedades como la rabia. Este período transitorio es un paso importante hacia el eventual desplazamiento libre y seguro de los animales de compañía en la Unión Europea.

Me gustaría felicitar a aquellos que han trabajado para garantizar el acuerdo sobre el nuevo procedimiento comitológico. Es un buen compromiso que va a permitir una respuesta eficaz si los Estados miembros tienen temores justificados sobre la propagación de otras enfermedades. También garantiza que, cuando se utilicen los poderes delegados, la Comisión consultará a una serie de expertos: expertos de la Comisión, expertos del Estado miembro, expertos no gubernamentales y expertos del Parlamento. Debemos asegurarnos de que se cumple este compromiso. En un contexto más amplio, hemos recibido garantías por escrito de que este informe no sentará un precedente para el futuro uso de los poderes delegados. Así se tienen en cuenta los temores del Parlamento con respecto a que se siente un precedente para el nuevo procedimiento comitológico en virtud del Tratado de Lisboa.

Informe: Carlos Coelho (A7-0015/2010)

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) La estrategia 2020 de la UE es un documento que ofrece mucha esperanza. Recientemente, se han mantenido muchas conversaciones sobre la recuperación de la economía de la UE, pero la mayoría de los Estados miembros todavía tienen que ver el final de la crisis. En público, el debate sobre la crisis se limita al estado de las finanzas públicas, aunque el rápido aumento del desempleo en algunos Estados miembros ya ha alcanzado un nivel crítico. Es extraño escuchar a altos cargos de la UE alabando a gobiernos por su excelente trabajo, cuando cada mes, el número de parados en esos países crece a un ritmo catastrófico, las garantías sociales se reducen y el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza aumenta. Cada vez resulta más difícil para los ciudadanos de esos países entender si la Unión Europea está aplicando una política de reducción de la pobreza o, en realidad, aumentando la pobreza en el área social. En mi opinión, los gobiernos que no han logrado ni siquiera resolver los problemas de estabilización del paro, no deberían recibir elogios inmerecidos. La Comisión Europea debería asumir una mayor responsabilidad y supervisar, de forma responsable, la aplicación de los planes de gestión de la crisis de los Gobiernos nacionales, además de evaluar claramente los efectos de dichas reformas en las personas.

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) El Acuerdo de Schengen es un tratado entre los países europeos sobre la política de libertad de circulación de las personas dentro del espacio Schengen. Cualquier persona que esté en posesión de un documento que demuestre que reside legalmente en un Estado miembro debería poder moverse libremente dentro de este espacio sin fronteras interiores.

Sin embargo, no todos los países cumplen aún con su obligación de entregar un permiso de residencia a los ciudadanos de terceros países que ostentan esta forma de visado para estancias de larga duración. Por esta razón, es incoherente que un estudiante que ha obtenido un visado para asistir a un curso en Portugal no tenga la opción de, por ejemplo, ir a Bélgica para recopilar información de una biblioteca especializada para escribir su tesis.

Por esta razón, he votado a favor de este informe, teniendo presente que es importante facilitar la libertad de circulación dentro del espacio Schengen de los ciudadanos de terceros países que residen legalmente en uno de los Estados miembros en base a un visado de larga duración de tipo «D» concedido por ese Estado miembro. Felicito al ponente, el señor Coelho, por lograr una vez más un acuerdo en primera lectura, que permitirá que esta situación se resuelva antes de que entre en vigor el código de visados el mes que viene.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de las nuevas enmiendas a este reglamento ya que hasta la fecha, los ciudadanos de terceros países con visados para estancias de larga duración han encontrado problemas con la restricción de la libre circulación. No han podido viajar libremente de un Estado miembro de la Unión Europea a otro e incluso han tenido dificultades para volver a su país de origen. Este Reglamento amplía el principio de equivalencia entre permisos de residencia y los visados para estancias de corta duración emitidos por los Estados miembros, aplicando plenamente el acervo comunitario de Schengen a los visados para estancias de larga duración. Debe subrayarse que un visado para estancias de larga duración deberá cumplir los mismos efectos que un permiso de residencia en lo que se refiere a la libre circulación en el espacio Schengen sin fronteras interiores. Me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que es muy importante que, una vez simplificada la circulación de ciudadanos de terceros países en el espacio Schengen, no se infrinjan las garantías de seguridad en los Estados miembros. La aplicación de este reglamento no debería reducir la seguridad, ya que establece el deber de los Estados de comprobar los datos de una persona en el Sistema de Información de Schengen antes de conceder un visado para estancias de larga duración y, si fuese necesario, preguntar a otros Estados miembros de la UE por esa persona. Hasta la fecha, esto solo se ha hecho al conceder permisos de residencia.

  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) Valoro positivamente la aprobación de este reglamento con una mayoría muy amplia –562 votos frente a 29, 51 abstenciones. A partir de ahora, cualquier ciudadano de un tercer país con un visado para estancias de larga duración concedido por un Estado miembro podrá viajar a los demás Estados miembros durante tres meses en un período de seis meses, bajo las mismas condiciones que una persona con permiso de residencia. Esta ha sido una medida esperada por muchos estudiantes e investigadores, como aquellos que participan en los programas de intercambio europeos (Erasmus Mundus). Es un paso adelante en lo que se refiere a convertir a la Unión en un destino más atractivo para los estudiantes, los académicos y los investigadores de terceros países. Es más, puede ser visto como un recordatorio de la petición del Parlamento Europeo para que los Estados miembros avancen hacia la futura introducción de un visado previsto específicamente para estudiantes que participan en programas de intercambio. No obstante, hay algo que lamento: el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca no han aprobado este reglamento y no estarán sujetos a su aplicación, y ello a pesar de que estos países atraen a un gran número de los estudiantes e investigadores extranjeros presentes en el espacio Schengen.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La creación a través del Acuerdo de Schengen de un espacio europeo sin controles fronterizos fue un paso importante para la construcción de un mercado interior abierto con libre circulación de personas y mercancías.

Por esta misma razón, el crucial objetivo en que se basa el acuerdo es permitir la libre circulación de personas dentro de un espacio en el que no existen fronteras interiores. En consecuencia, nos parece absurdo que ciudadanos que vienen de fuera de la UE pero que poseen visados para estancias de larga duración concedidos por uno de los Estados que forman parte del Acuerdo de Schengen no puedan moverse libremente dentro de dicho espacio.

Los ejemplos ofrecidos por el ponente nos parece que demuestran lo absurdo que es este sistema en la práctica. Por este motivo, estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión, con la redacción sugerida por el Parlamento, de tratar a los visados para estancias de larga duración como permisos de residencia, asegurando así la libertad de circulación de sus titulares.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) En primer lugar, valoro positivamente la excelente calidad de este informe. De conformidad con la legislación comunitaria en vigor, los ciudadanos de terceros países que sean titulares de un visado para estancias de larga duración (un visado para una estancia de más de tres meses) no están autorizados a viajar a otros Estados miembros durante su estancia o a viajar a través de otros Estados miembros cuando regresan a su país de origen, ya que esto no se recogía en el Convenio de Schengen.

Las nuevas normas propuestas suponen que un visado para estancias de larga duración surtirá el mismo efecto que un permiso de residencia en lo que se refiere a la libre circulación dentro del espacio Schengen, sin fronteras interiores, o a que una persona con un visado para estancias de larga duración concedido por un Estado miembro estará autorizada a viajar a los demás Estados miembros durante tres meses en un período de seis meses, bajo las mismas condiciones que una persona con permiso de residencia.

Para que este sistema funcione, deben existir controles que sean equivalentes a aquellos que ya existen en otros campos, para garantizar la buena comunicación entre los Estados miembros y la coherencia entre la concesión de visados para estancias de larga duración, de permisos de residencia y de alertas en el Sistema de Información de Schengen.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Es algo positivo que un extranjero con un visado para estancias de larga duración concedido por un Estado miembro esté autorizado a viajar a otros Estados miembros durante tres meses en un período de seis meses, bajo las mismas condiciones que una persona con permiso de residencia. Puesto que esta es la principal cuestión tratada en el reglamento al que hace referencia este informe, hemos votado a favor.

Como sabemos, en la actualidad y de conformidad con la legislación comunitaria en vigor, los ciudadanos de terceros países con visados para estancias de larga duración que puedan ser, por ejemplo, estudiantes que desean hacer un viaje de estudios a otro Estado miembro, científicos, académicos, parientes de ciudadanos de terceros países y ciudadanos de la UE, no pueden viajar a otros Estados miembros durante su estancia o pasar por otros Estados miembros cuando regresan a su país de origen, una situación que no se recoge en el Acuerdo de Schengen.

Las nuevas normas propuestas que se acaban de aprobar supondrán que una persona con un visado para estancias de larga duración (un visado para una estancia superior a tres meses o un visado de tipo «D») tendrá los mismos derechos que el titular de un permiso de residencia en lo que se refiere a la libertad de circulación dentro del espacio Schengen.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Señor Presidente, señorías, hemos votado en contra del informe del señor Coelho. Sin duda, permitir que los titulares de visados para estancias de larga duración, o lo que es lo mismo, los que duran más de seis meses, se beneficien automáticamente de la libertad de circulación por todos los Estados del espacio Schengen, como si fuesen titulares de un permiso de residencia, es irresponsable. Sus ejemplos son tergiversadores. No importa si estamos hablando de estudiantes que desean visitar las capitales de Europa (con la excepción de Londres, Dublín y Copenhague, que están fuera del espacio Schengen), investigadores cuya investigación debe durar menos de un año o expatriados sin los correspondientes permisos de residencia y trabajo; todo eso carece de importancia y es un simple pretexto.

De hecho, esta medida es una negación más del derecho soberano de los Estados a decidir quién puede y quién no, bajo qué condiciones y durante cuánto tiempo, entrar en su territorio. Estandarizar los derechos supone, en última estancia, hacer que carezcan de sentido los visados para estancias de larga duración para promover una especie de estatus automático de residente, uno que se concede desde el momento en que una persona desea venir a Europa durante más de tres meses y con un propósito distinto del turismo. Es inaceptable.

  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) He apoyado el informe Coelho sobre la libertad de circulación de las personas con un visado para estancias de larga duración porque, tras cuestiones relacionadas con formalidades administrativas, creo que es importante, por ejemplo, que los jóvenes extranjeros que vienen a estudiar a nuestros países no se vean confinados a vivir en un país, sino que puedan tener libertad para viajar de un país a otro, ya sea para estudiar o para descubrir la diversidad y riqueza de la cultura europea. Al contrario que aquellos que amenazan con el fantasma de la seguridad y de la lucha contra la inmigración ilegal, debemos defender aquí la necesidad de desarrollar una sociedad basada en el conocimiento en Europa, y en todo el mundo.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – Me he abstenido al votar sobre el informe Coelho porque aborda aspectos de Schengen que no son aplicables en Escocia.

  Véronique Mathieu (PPE), por escrito. – (FR) En primer lugar, me gustaría dar las gracias al señor Coelho por la calidad de su informe y por la verdadera pericia que aporta a todo su trabajo sobre la política de visados. La aprobación de este reglamento es una necesidad y una cuestión urgente. Es una necesidad porque, debido a una práctica muy polémica aplicada por los Estados miembros, que ya no convierten los visados para estancias de larga duración en permisos de residencia, hemos acabado en situaciones absurdas en las que a un ciudadano de un tercer país que reside legalmente en el territorio de la UE gracias a un visado tipo «D» se le prohíbe viajar a otro Estado miembro del espacio Schengen. Esta práctica crea obstáculos innecesarios a la circulación dentro del espacio Schengen y va en dirección opuesta a la mismísima filosofía del acervo comunitario de Schengen. La aprobación de este texto también es urgente a la vista de la inminente entrada en vigor del código comunitario de visados, que abole los visados «D + C». Además de mantener un elevado nivel de seguridad en el espacio Schengen, gracias a la obligación de consultar el Sistema de Información de Schengen cuando se tramiten las solicitudes de visados «D», este informe ofrece una solución justa y equilibrada para situaciones que ya no deberían plantearse en el futuro.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La anterior legislación, que no permitía que un ciudadano de un tercer país con un visado para estancias de larga duración concedido por un Estado miembro viajase a otros Estados miembros, no respondía a las necesidades de movilidad de la mayoría de estos ciudadanos. Estamos hablando de estudiantes, científicos, académicos y otros que, como parte de su trabajo profesional y/o académico, tienen que viajar entre varios Estados miembros y no podían hacerlo con la legislación existente.

Por tanto, estos cambios rectifican esta situación anómala pero sin dejar de defender las normas de seguridad sobre la circulación de ciudadanos de terceros países dentro de la UE.

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. – (RO) He votado a favor de este reglamento porque considero que es una mejora bienvenida con respecto a la medida anterior, que restringía los derechos de los titulares de visados para estancias de larga duración en un Estado miembro. Al igual que la sociedad está en un estado de flujo, la legislación europea tampoco debe quedarse quieta, porque estamos afrontando nuevos problemas y desafíos. Al mismo tiempo, se nos conceden nuevos instrumentos para abordar problemas relacionados, por ejemplo, con la libre circulación.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) Este informe tiene como objetivo hacer que resulte mucho más fácil para los ciudadanos de terceros países con un visado D para estancias de larga duración el moverse libremente por la Comunidad. Al hacerlo, ignora totalmente el hecho de que debería ser competencia de los Estados miembros el decidir si y a qué ciudadanos de terceros países se les permite la entrada en el país y quién debería rechazar la entrada. Por esta razón he votado en contra del informe.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – He votado, al igual que mi grupo, a favor de este informe porque señala que las propuestas realizadas en este marco buscan facilitar el movimiento dentro del espacio Schengen, en base a un visado «D» para estancias de larga duración concedido por un Estado miembro, de los ciudadanos de terceros países que residen legalmente en ese Estado miembro. Su objetivo es ofrecer una respuesta a situaciones en las que los Estados miembros no pueden, por diversas razones, conceder permisos de residencia a tiempo a ciudadanos de terceros países que residen en su territorio, ampliando el principio de equivalencia existente entre un permiso de residencia y los visados «C» para estancias de corta duración y «D» para estancias de larga duración.

Así, un visado para estancias de larga duración deberá surtir los mismos efectos que un permiso de residencia en lo que se refiere a la circulación en el espacio Schengen. Esto hará posible que cualquier persona que posea un documento que demuestre que es un residente legal en un Estado miembro se pueda mover libremente por el espacio Schengen durante períodos cortos de tiempo que no superen los tres meses en medio año.

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) La libre circulación de personas es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea, y el espacio Schengen se creó para llevar este objetivo a la práctica de una forma eficaz. El Grupo del Partido Popular Europeo, al que pertenezco, siempre ha defendido el principio de la libertad de circulación de las personas, aplicando el principio de que las normas y los procedimientos habituales relativos a los visados, los permisos de residencia y el control fronterizo deben formar parte del concepto global de Schengen.

En este contexto, apoyo las nuevas medidas que se han aprobado, teniendo en cuenta que la libre circulación de ciudadanos de terceros países, es decir, residentes en un Estado miembro con un visado para estancias de larga duración de tipo «D» que viajan a otros Estados miembros dentro del espacio Schengen, se vuelve en ocasiones difícil como resultado de un retraso en la conversión de su visado en un permiso de residencia.

De conformidad con el documento, el principio de equivalencia entre permisos de residencia y los visados para estancias de corta duración se aplicará ahora a los visados para estancias de larga duración. Por estas razones, y puesto que las medidas aprobadas no solo dejan las cuestiones relativas a la concesión de visados como estaban, incluidas aquellas relativas a las cuestiones de seguridad, sino que también suponen un avance natural y necesario del concepto de Schengen, he votado a favor del documento.

Informe: Sophia in ’t Veld (A7-0025/2010)

  Liam Aylward y Pat the Cope Gallagher (ALDE), por escrito. – (GA) Los miembros de Fianna Fáil en el Parlamento Europeo, Pat the Cope Gallagher y Liam Aylward, se oponen categóricamente a lo que se propone en este informe en relación a la introducción de una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS).

El Centro Europeo de Estudios Económicos realizó un estudio recientemente sobre lo práctico que resultaría introducir la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades en Europa y quedó claro en las conclusiones del estudio que ese sistema impositivo no sería factible, práctico ni deseable desde un punto de vista político.

Una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades en Europa no mejoraría la competitividad de la Unión Europea ni el funcionamiento del mercado único, y además la BICCIS podría interferir con pequeñas economías abiertas como la de Irlanda. La cuestión de la fiscalidad es competencia de cada Estado miembro y el Gobierno irlandés tiene derecho a usar su capacidad de veto en relación con cualquier medida impositiva, incluida la BICCIS. Este derecho está consagrado en los tratados, incluido el Tratado de Lisboa.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Una competencia eficaz en el suministro de bienes y servicios reduce los precios, mejora la calidad y permite una mayor variedad de elección a los consumidores. También permite que avance la innovación tecnológica. La investigación en el sector energético es fundamental, junto a la inversión en infraestructuras, especialmente en la interconexión de las redes de gas y electricidad, para promover la competencia. La garantía de suministro y la verdadera competencia en el mercado energético depende de la interconexión y del funcionamiento fluido de las infraestructuras energéticas. Una competitividad sólida también es importante dentro del sector de las telecomunicaciones con medidas que promuevan la competitividad entre las tarifas preferenciales. Para lograr todo esto, es importante analizar el mercado correspondiente. Remarcaría incluso la importancia de controlar el comportamiento competitivo de los mercados de combustibles dentro de la Unión Europea. Enfatizaría que mecanismos de apoyo como las ayudas estatales no se deben utilizar para proteger las industrias nacionales a expensas del mercado interior y de los consumidores europeos, y que esos mecanismos deberían utilizarse con el objetivo de restablecer una economía sostenible basada en el conocimiento.

  Lara Comi (PPE), por escrito. – (IT) El informe sobre la política de la competencia muestra cómo reforzar el funcionamiento de los mercados en beneficio de los consumidores y las empresas europeas. Se presta especial atención a las cuestiones relativas a los cárteles y los consumidores. La lucha entre cárteles es fundamental para garantizar que los beneficios de un sistema competitivo llegan al consumidor final. De hecho, los cárteles suponen una de las violaciones más graves de la legislación de la competencia: se permite a los operadores que suban los precios, limiten la producción y se repartan el mercado entre ellos. La Comisión tiene una capacidad sancionadora, evitando así los comportamientos anticompetitivos, e impone multas a los miembros de cárteles, desanimando a las empresas de caer o continuar con ese comportamiento anticompetitivo.

Durante una crisis económica existe el riesgo de aumentar el nivel de proteccionismo. Por ello, es necesario evitar la intervención pública que modificaría las condiciones de la competencia en el mercado interior, pero, al mismo tiempo, también hace falta reconocer que las ayudas estatales son en ocasiones fundamentales para abordar la crisis. He votado a favor, ya que las condiciones anticompetitivas fomentan los abusos de posiciones dominantes en detrimento de las PYME y, en consecuencia, es fundamental que Europa haga todo lo posible por ofrecer mayores garantías y protección de los bienes.

  Derk Jan Eppink, en nombre del Grupo ECR, por escrito. – El Grupo ECR es un firme defensor de una política de competencia sólida y eficaz como herramienta para proteger al consumidor e incentivar un acceso justo a los mercados. Nos complace haber apoyado las acciones adoptadas por la Comisión en los últimos años para lograr estos objetivos y, concretamente, sus acciones contra las ayudas estatales injustas.

Por ello, vemos con consternación que el informe, que inicialmente estaba bien redactado, se ha vuelto menos eficaz con los añadidos irrelevantes e inoportunos de los párrafos que reemplazan al resultado de las negociaciones sobre la estructura de supervisión financiera, que piden una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades y que atacan el derecho de las empresas a usar personal contratado.

Los miembros de nuestro grupo han votado, en el pasado, a favor de informes sobre la política de la competencia de la Comisión y esperamos que esos informes vuelvan a salir, en el futuro, en mejores condiciones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Nuestra abstención refleja nuestra preocupación y reiteramos en esta explicación de voto nuestro apoyo al buen trabajo constante de la Comisión en el terreno de la competencia.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Una mayor competencia significa más elección para el público europeo y un entorno más competitivo para las empresas. Por ello, no debería existir separación entre las políticas de la UE sobre competencia y aquellas relativas a los consumidores. Así, es fundamental que la comisión actúe para garantizar un entorno competitivo eficaz en el centro del mercado interior si queremos asegurarnos de que se logran estos objetivos, aunque pueda cuestionar los poderes absolutos conferidos a esa institución.

Durante la crisis de los últimos meses, la autorización de las ayudas estatales, justificadas por los hechos recientes, ha sido fundamental para la recuperación económica. Es más, la lucha contra los cárteles y el abuso de una posición dominante por parte de las empresas es básico si queremos garantizar la supervivencia de una competencia justa dentro del mercado interior, permitiendo que los diferentes actores económicos se beneficien de las condiciones que favorecen la consecución de sus actividades.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) La crisis económica, cuyos efectos todavía sufrimos, exige medidas excepcionales, como las ayudas estatales. Sin embargo, debe garantizarse que esto no supone una distorsión excesiva de la competencia ni aumenta el déficit presupuestario o la deuda pública. Teniendo esto en cuenta, su aplicación debería suponer una consideración serena.

El nivel de deuda pública, que aumenta rápidamente, será una carga para las generaciones futuras y un obstáculo para la recuperación y el crecimiento económicos. Una deuda y unos déficits presupuestarios excesivos no solo comprometen la estabilidad del euro, sino que también conllevan graves restricciones en el gasto público en sectores prioritarios como la educación, la sanidad, la innovación y el medio ambiente.

En este contexto, debemos realizar una evaluación rigurosa del conjunto de medidas de rescate y recuperación y de la eficacia de las ayudas estatales. Hay que evitar el proteccionismo y la fragmentación del mercado único, ya que debilitan la posición de Europa en la economía mundial.

Un mercado único que funciona correctamente es la clave para una economía sana y, sin duda, para la recuperación económica. Por último, las políticas económicas deben lograr una mayor legitimidad a través de una mayor intervención del Parlamento en virtud del proceso de codecisión.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Las políticas y las normas eficaces relativas a la competencia siempre han sido fundamentales para la coexistencia sana de todos los operadores económicos en la zona del euro. Aunque la UE se ha visto muy afectada por la reciente crisis económica mundial, la verdad es que una moneda fuerte, un mercado único coherente, unas finanzas públicas sensatas y un buen sistema de protección social han contribuido en gran medida a ayudarnos a sobrellevar los efectos de la crisis.

Sin embargo, las ayudas públicas distribuidas en varios Estados miembros sin preocuparse por el bien de la Unión Europea en su conjunto podrían provocar importantes distorsiones de la competencia. Por ello, es crucial que se evalúen todas las medidas aprobadas por cada Estado miembro para combatir la crisis, de tal forma que en el futuro la UE tenga la capacidad de reaccionar de forma conjunta y armonizada para evitar el proteccionismo y la fragmentación del mercado único. Dichas situaciones solo consiguen hacer daño a Europa, que quiere ser fuerte en la economía global.

  Sławomir Witold Nitras (PPE), por escrito. – (PL) La política sobre la competencia es una de las más importantes de la Comunidad y fue una de las primeras que se acordó. La legitimidad y la necesidad de su introducción hacen referencia directamente a uno de los principales objetivos de las Comunidades Europeas: el establecimiento de un mercado único en los Estados miembros. La política de competencia pretende ofrecer una garantía de que no se van a sustituir las barreras al comercio interior, que se suprimieron con el mercado único, por otras medidas por parte de empresas o gobiernos, ya que esto provocaría una distorsión de la competencia. La política de competencia se preocupa, principalmente, por los intereses de los consumidores e intenta garantizarles un fácil acceso a los productos y servicios que se ofrecen en el mercado único a precios lo más similares posibles en toda la Unión. Me gustaría tan solo llamar su atención hacia la grave crisis que ha afectado a Europa y decir que un mercado interior que funciona bien es la clave para una economía sana y, sin duda, es la clave para afrontar el trabajo de reconstrucción que nos espera en el futuro inmediato.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) Este informe contiene algunas propuestas sensatas, como el diferente trato, dentro de la legislación sobre competencia, de las preocupaciones de las multinacionales, por un lado, y de las pequeñas y medianas empresas, por otro. Sin embargo, no creo que sea correcto desregular, o no regular, los precios finales en el sector de las telecomunicaciones. En general, considero que el tenor del informe, que asume la eficacia absoluta del mercado libre, es tergiversador. Por esta razón he votado en contra de este informe.

  Robert Rochefort (ALDE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de la señora in ‘t Veld, que valora positivamente el informe de 2008 de la Comisión sobre la política de competencia. Desde luego, comparto su opinión positiva: debe remarcarse este cambio en el enfoque de la Comisión.

De hecho, en este informe, la Comisión explica que pone las preocupaciones de los consumidores en el centro de sus actividades en lo que se refiere a la competencia, y que considera que el principal objetivo de la política de competencia es la optimización del bienestar de los consumidores. Me alegra. ¿Puede ser que la Comisión por fin actúe totalmente de conformidad con el artículo 12 del Tratado de Lisboa, que estipula que al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones de la Unión se tendrán en cuenta las exigencias de la protección de los consumidores?

También animo a la Comisión a proseguir con el compromiso en torno al diálogo frecuente que ha decidido crear entre sus servicios, los consumidores y las asociaciones que los representan. A este respecto, es algo positivo que, en 2008, se crease una unidad para gestionar las relaciones con los consumidores en la Dirección General de Competencia. Ahora solicitamos un informe completo sobre las actividades de esta unidad, para que podamos hacernos una mejor idea de lo útil que resulta.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Yo, al igual que mi Grupo, los Verts/ALE, he votado a favor del informe in ‘t Ved sobre el informe anual sobre la Política de Competencia (2008) porque ofrece una oportunidad para que el Parlamento determine sus prioridades y su evaluación sobre cómo la Comisión lleva a cabo su política de competencia. Me alegra que, en línea con la votación en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el informe in ‘t Veld se haya aprobado (como se esperaba) por una amplia mayoría (los Verdes a favor, al igual que los principales grupos políticos).

  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito. – (PL) Europa, golpeada por la crisis económica, ha sabido reaccionar con rapidez y mitigar los efectos de la crisis gracias a su moneda común, a su sólido mercado interior y a su sistema estable de protección social. Esto no significa que no existan repercusiones perceptibles, pero se pueden ver indicios de mejora de la situación. Por desgracia, los consumidores siguen luchando con problemas relacionados con sacar provecho a los beneficios de la competencia. Hay que proteger sus derechos, pero tienen que ser más conscientes y tener un mejor conocimiento. El funcionamiento correcto y la competitividad del mercado europeo suponen que el consumidor puede utilizar el sistema de la competencia al elegir productos, servicios y precios más bajos. Sin embargo, en la actualidad estamos viendo una competencia insuficiente, especialmente en los sectores farmacéutico y de las telecomunicaciones. La ausencia de competencia va directamente en detrimento de los consumidores y de la economía. Existe también la necesidad de supervisar los comportamientos competitivos en el mercado de combustibles de la UE. Se deben aplicar sanciones por incumplir la ley sobre la protección de la competencia que sean proporcionales al incumplimiento y hay que utilizar medidas más disuasorias en caso de reincidencia. Sin embargo, ante todo, la crisis ha mostrado la debilidad de la economía europea y ha indicado cuales son aquellas áreas que hay que reforzar. Todas las estrategias de la política económica deben seguir sujetas al control democrático y deben aplicarse teniendo presentes el bien común y el respeto a los derechos de los ciudadanos europeos.

Informe: Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein (A7-0084/2009)

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe. Un mercado interior que funcione de forma eficaz es fundamental para crear un entorno económico estable e innovador. Sin embargo, el mercado interior no puede funcionar de forma eficaz sin unas normas comunitarias incorporadas, aplicadas y ejecutadas correctamente. Por desgracia, el número de expedientes precontenciosos sigue siendo demasiado elevado en los Estados miembros.

Esa situación distorsiona el mercado interior y deja a los clientes sin una protección adecuada. El Parlamento Europeo le pidió a la Comisión en 2008 que ofreciese una información más detallada sobre las directivas que no se han aplicado en los Estados miembros y espero sinceramente que la Comisión sea capaz de presentar dicha información muy pronto.

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) En 1997, la Comisión publicó el trabajo del primer Cuadro de indicadores del mercado interior, que se centró en la aplicación de las normas del mercado interior por parte de los Estados miembros, ya que importantes retrasos estaban impidiendo que los miembros del público y las empresas sacasen el mayor provecho del mercado interior.

A través de la evaluación y publicación de los avances relativos a la aplicación, el grupo de expertos de la evaluación han contribuido a reducir el nivel de no aplicación de las directivas en los Estados miembros. He votado a favor de este informe porque considero que es imperativo que los Estados miembros incorporen la legislación sobre el mercado interior a su legislación nacional a un ritmo oportuno, ya que el mercado interior sólo puede funcionar correctamente si las normativas de la UE sobre su funcionamiento se ejecutan y aplican correctamente y si se realizan comprobaciones sobre su cumplimiento.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) A pesar de que los Estados miembros han logrado los estándares más elevados en términos de tiempo utilizado para incorporar las normativas del mercado interior a sus legislaciones nacionales, no creo que los datos ofrecidos por el Cuadro de indicadores más reciente del mercado interior sean satisfactorios. La creación de un mercado interior estable e innovador, que satisfaga las necesidades de los consumidores y en el que las empresas puedan maximizar la creación de nuevos puestos de trabajo, no puede coexistir con los retrasos sistemáticos en la ejecución de la legislación comunitaria y con la no aplicación de las directivas.

Son las personas y las empresas las que más sufren por el retraso en la ejecución de las políticas relativas al mercado interior a través de los costes que conlleva la capacidad de elección reducida, una menor competencia y unos mercados menos abiertos. Con esto en mente, creo que es importante que el Parlamento presione en cuanto a la ejecución de las normativas del mercado interior. Son los Estados miembros los que determinaron los plazos de ejecución de estas directivas. Al menos, se les debe exigir que respeten los objetivos que ellos mismos se marcaron. Este es un objetivo fundamental para lograr un mercado interior en un período de crisis económica.

  Lara Comi (PPE), por escrito. – (IT) Una vez mejorado el déficit de la adaptación al Derecho nacional de las directivas, que está en el 1 %, sigue siendo esencial centrarse en mejorar la actual ejecución de la legislación del mercado interior en los sistemas legales nacionales. La Comisión, el Parlamento y los Estados miembros deben esforzarse más a este respecto y colaborar entre ellos.

Por su parte, la Comisión debe hacer más por apoyar a los Estados miembros durante el período de adaptación al Derecho nacional, a través del diálogo y del intercambio de información para resolver los problemas antes de que se cumpla el plazo para la adaptación. También debería organizar un Foro del Mercado Interior anual y buscar nuevas formas de eliminar las barreras que todavía persisten para completar el mercado interior, incluida la simplificación de la legislación.

Nosotros, los miembros del Parlamento Europeo, en tanto que representantes de los ciudadanos, debemos aprovechar cualquier oportunidad posible para informarles acerca de la legislación europea, promoviendo estudios, talleres, convenciones y vistas. Los parlamentos nacionales, por otra parte, deben participar estrechamente en los avances legislativos europeos para conocer las medidas propuestas a tiempo y mejorar la cooperación entre las autoridades nacionales, regionales y locales. A este respecto, el Tratado de Lisboa ofrece a las asambleas electas un papel más relevante, al que deben sacar el mayor partido. Por todas estas razones, que se explican claramente en el informe, he votado a favor.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Tras la publicación más reciente (marzo de 2010) de los resultados del Cuadro de indicadores del mercado interior, se ha demostrado que el porcentaje de directivas sobre el mercado interior que no se han incorporado a la legislación nacional es del 0,7 %, un resultado inferior al presentado en julio de 2009, que, como indicó la ponente, era del 1,0 %.

La ejecución a tiempo y de forma apropiada de la legislación comunitaria es fundamental para lograr una mayor integración del mercado interior en relación con su impacto directo en la seguridad jurídica y en la confianza del público europeo. Por esta razón, los Estados miembros deben adoptar una actitud responsable en la aplicación de esta legislación, de tal forma que en el futuro no haya una falta de ejecución, sino una mayor seguridad jurídica y la oportunidad de que el público se beneficie de unas condiciones equitativas dentro del mercado interior.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El mercado interior no puede funcionar correctamente si las normas comunitarias relativas a su funcionamiento no se incorporan y ejecutan y si no se verifica su cumplimiento. Por tanto, es imperativo que los Estados miembros incorporen al Derecho nacional la legislación sobre el mercado interior en los plazos previstos.

Hay 22 directivas cuyos plazos de adaptación al Derecho nacional se cumplieron hace más de dos años. Es más, el 6 % de las directivas no son adaptadas por todos los Estados miembros, lo que supone que 100 directivas sobre el mercado interior no son todo lo eficaces que podrían en la UE.

Los Estados miembros y la Comisión deben actuar de forma decidida ante esta situación. Apruebo la opinión de que la Comisión debería publicar las directivas que no se ejecutan en cada Estado miembro en su página web, para que esta situación se haga pública. Parece ser que el número de casos de infracción sigue siendo demasiado elevado; algunos Estados miembros tienen un número de casos muy por encima de la media de la UE (47).

También se pide a los Estados miembros que garanticen el funcionamiento de las redes trasfronterizas de los sistemas de información electrónica creados por la Comisión.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Contrariamente a lo que afirma el informe, hoy está claro que el proceso de liberalización de los mercados y privatización de los servicios públicos, que sigue su curso, no ha aportado beneficios apreciables en términos de precios, calidad del servicio o reducción del gasto público. Por el contrario, las organizaciones protectoras de los consumidores y los usuarios de los servicios públicos informan de subidas de precios, reducciones en la calidad del servicio y aumentos en el coste de la provisión de servicios. De hecho, la liberalización ha contribuido a la pérdida de puestos de trabajo y a la creación de monopolios, que ponen en peligro los derechos de los trabajadores, los usuarios de los servicios públicos y los consumidores, como claramente ha ocurrido con las telecomunicaciones, el transporte, la electricidad y los servicios postales. Esta situación ha servido, por su parte, para empeorar la crisis económica y social.

Por estas razones, continuar con esta política es defender un mayor empeoramiento de la situación socioeconómica de millones de personas. Supone defender el despilfarro de los servicios públicos, que son un recurso público, y su trasferencia a grupos privados. Supone defender la inseguridad, el desempleo y la pobreza. Supone defender que aumente la distancia entre los más ricos y los más pobres. Supone defender una sociedad más injusta. Por eso no hemos votado a favor.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Señor Presidente, Señorías, hemos votado en contra del informe de la señora Thun Und Hohenstein. Este Parlamento está obsesionado con el número de directivas incorporadas al Derecho nacional, el famoso Cuadro de indicadores del mercado interior. Nadie cuestiona nunca la calidad intrínseca de esta legislación, ni siquiera la verdadera necesidad o relevancia de 90 000 páginas de texto, que representan lo que ustedes denominan «acervo comunitario», o de las aproximadamente 1 700 directivas relativas al mercado interior. Por cierto, lo mismo sucede con la preocupación por averiguar si se han alcanzado los objetivos marcados cuando se aprobaron estos textos, si el impacto de los análisis se ha demostrado acertado o si se han respetado los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

Se dice que todas las deficiencias son responsabilidad de los Estados miembros, que, no obstante, tienen cada vez menos margen de maniobra para adaptar estos documentos a las circunstancias nacionales, ya que el más mínimo detalle está fijado, mientras que los tratados indican una obligación de lograr resultados pero no de ofrecer recursos. A las instituciones europeas les vendría bien aplicarse un poco de autoanálisis y autocrítica.

  Małgorzata Handzlik (PPE), por escrito. – (PL) El Cuadro de indicadores del mercado interior es un instrumento muy importante que ofrece información sobre el estado de la adaptación al Derecho nacional de la legislación europea por parte de los Estados miembros. A pesar de sus obligaciones, los Estados miembros están retrasando la adaptación al Derecho nacional y también la están realizando de forma incorrecta. El Cuadro de indicadores muestra que los Estados miembros se las arreglan cada vez mejor con la ejecución de la legislación, aunque un gran número de ellos todavía no hayan alcanzado el objetivo marcado. Necesitamos una obligación clara para que los Estados miembros mejoren estos indicadores. Recientemente, hemos hablado mucho en el Parlamento Europeo sobre la necesidad de reforzar el mercado interior. Sin embargo, el mercado interior no funcionará correctamente si la legislación que es la base de un mercado interior que funciona adecuadamente no se incorpora al Derecho nacional como es debido y a tiempo.

El mercado interior también debe lograr el apoyo de nuestros ciudadanos. Por tanto, apoyo la sugerencia de la ponente de celebrar un Foro del Mercado Interior anual, así como la sugerencia de una «prueba del mercado interior», que sugiere comprobar la legislación desde el punto de vista de las cuatro libertades del mercado interior: libre circulación de capitales, de bienes, de servicios y de personas.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – El Cuadro de indicadores del mercado interior ofrece una práctica visión general de la aplicación de las reglas de la Comunidad en ámbitos de vital importancia para los consumidores y los negocios europeos. Por desgracia, hasta ahora Escocia no figura como un país independiente en este Cuadro de indicadores. Me parece esencial que el Parlamento escocés adquiera plenos poderes en los ámbitos que están en la actualidad reservados a Londres. Cuando eso suceda, estoy seguro de que Escocia figurará entre los Estados miembros que ponen en práctica medidas para el beneficio de los consumidores y los negocios.

  Alan Kelly (S&D), por escrito. – Ofrezco mi respaldo absoluto al concepto de usar el Cuadro de indicadores del mercado interior como una herramienta para medir el éxito del mercado único. Esta es una herramienta esencial para expresar el modo en el que los Estados miembros tratan la ley europea. También muestra que la carga de la regulación excesiva, que a menudo empaña la imagen de la UE, no es siempre culpa de alguna institución de la UE, sino del propio Estado miembro. Tenemos que aprender una lección de esto. Además, necesitamos una mayor transparencia en el futuro.

  Eija-Riitta Korhola (PPE), por escrito. – (FI) Señor Presidente, un mercado interior que funciona de forma eficaz se basa en consumidores que tienen confianza en él. Los consumidores europeos son de una importancia vital a medida que pasamos de la recesión al crecimiento. Los informes que hemos aprobado plantean cuestiones importantes en cuanto a la mejora de la protección del consumidor y al funcionamiento del mercado interior y he respaldado estas cuestiones durante las deliberaciones del Comité y en la votación celebrada hoy. Voy a mencionar tres de ellas. En primer lugar, el Cuadro de indicadores del mercado interior es una herramienta bien acogida. Sus cinco indicadores principales son sin duda cruciales para evaluar el modo en el que está funcionando el mercado interior en general y desde el punto de vista de los consumidores. Creo que deberíamos apoyar la idea de que, en el futuro, el Cuadro de indicadores debería incorporar información sobre la puesta en práctica de la legislación del mercado interior en Estados miembros que aún tienen carencias. Tenemos que prescindir de esa mentalidad de escoger a nuestro gusto. En segundo lugar, me sorprende la actitud tan negativa del Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo hacia la prueba propuesta para el mercado interior. Probablemente se deba a una conclusión equivocada, ya que la prueba también podría servir para promover objetivos sociales y ambientales concretos. Esto es, a buen seguro, de lo que trata todo el proceso de integración: la economía y un mercado interior viables se han concebido para atender objetivos más generales. La historia ha demostrado la cordura de la Declaración Schuman. En tercer lugar, me gustaría expresar mi apoyo al desarrollo de remedios que garanticen la protección legal de los consumidores. En Finlandia, nuestro sistema para la solución extrajudicial de litigios de consumidores y la institución del defensor del consumidor funcionan muy bien. La Comisión tiene que mantener un diálogo exhaustivo con las autoridades de los Estados miembros para garantizar la propagación las de buenas prácticas. No obstante, tenemos que recordar que si se van a reforzar la protección del consumidor y el mercado interior, los consumidores informados y activos son más importantes que la supervisión oficial y la protección legal.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Un mercado interior sano es fundamental para que exista una competencia sana y para su consiguiente crecimiento económico. Sin embargo, si esto se va a hacer realidad, las directivas de la Comunidad tienen que adoptarlas todos los Estados miembros de la misma manera, sin excepciones.

El Cuadro de indicadores del mercado interior y el Panel de consumidores desempeñan una función crucial en la mejora del funcionamiento del mercado interior. Aunque vamos por el buen camino, aún estamos lejos de lograr todos los objetivos establecidos para un mercado interior más eficaz. Por eso, todos tenemos que hacer un esfuerzo, incluidos los Parlamentos nacionales, que tendrán un papel muy importante y decisivo.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Finalmente he decidido votar en contra del informe porque no se ha eliminado el artículo 10 del texto. El mantenimiento de este artículo es esencial puesto que exige el establecimiento de pruebas sistemáticas de mercado interior a fin de verificar de antemano si las propuestas de la UE cumplen todas las reglas del mercado interior.

Informes: Jean-Luc Dehaene (A7-0022/2010), Reimer Böge (A7-0020/2010), (A7-0021/2010), (A7-0019/2010), Anna Rosbach (A7-0009/2010), Anna Hedh (A7-0024/2010), Cristian Silviu Buşoi (A7-0027/2010), Bairbre de Brún (A7-0082/2009), Carlos Coelho (A7-0015/2010), Sophia in ’t Veld (A7-0025/2010), Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein (A7-0084/2009)

  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D), por escrito. – (PT) Debido a un problema con el dispositivo de votación, mi voto no se ha registrado.

Por lo tanto, declaro que he votado a favor de todos los puntos que se han sometido a votación en el presente periodo de sesiones.

8. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

(La sesión, suspendida a las 12.35 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

PRESIDE: Jerzy BUZEK
Presidente

9. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

10. Turno de preguntas al Presidente de la Comisión

  Presidente. – El siguiente punto es el turno de preguntas al Presidente de la Comisión.

  Joseph Daul, en nombre del Grupo PPE. – (FR) Señor Presidente, Presidente Barroso, si mi Grupo y la mayoría de los presentes han trabajado sin cesar durante años por los intereses del Tratado de Lisboa y si este ha entrado en vigor —y ya lleva en vigor más de tres meses— ha sido para que Europa pudiera disponer de una política digna de su nombre a escala internacional.

¿Vamos por el buen camino a este respecto? Le hago esta pregunta a usted, señor Presidente. ¿Cómo podemos asegurarnos de que las voces de 500 millones de europeos se oigan altas y claras? Han estado pidiéndolo durante años y ya es hora de que Europa haga valer sus ideales y valores en el grado más alto.

Finalmente, el Servicio de Acción Exterior estipulado por el Tratado de Lisboa debería formarse en los próximos meses o semanas, y este Parlamento pretende estar muy involucrado en su creación.

Como autoridad presupuestaria con los mismos derechos que el Consejo, el Parlamento Europeo tendrá, en cualquier caso, competencia para la toma de decisiones conjunta en cuanto a la modificación del estatuto de los funcionarios pertinente y del Reglamento financiero.

Señor Presidente, mi grupo concede una especial importancia al requisito de que este Servicio de Acción Exterior tenga una responsabilidad política y presupuestaria plena. Me gustaría escuchar su opinión sobre este asunto.

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – (FR) Señor Daul, como sabe, la creación del Servicio de Acción Exterior es una innovación muy significativa del Tratado de Lisboa. Este servicio desempeñará un papel esencial de respaldo de la Alta Representante en su labor de asegurar la coherencia de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). Los objetivos son reforzar la Unión permitiendo que los Estados miembros tengan una mayor participación y aunar progresivamente sus actuales esfuerzos independientes en relación con la PESC. Por lo tanto, no se trata de poner los poderes europeos en un marco intergubernamental, más bien al contrario.

Como sabe, la Comisión debe aprobar la decisión del Consejo sobre la creación de este servicio. El jueves, celebraremos una reunión especial del Colegio sobre este asunto. Por mi parte, estoy a favor de un servicio fuerte, de un verdadero servicio europeo que represente un instrumento de coordinación estratégica y una interfaz valiosa entre los Estados miembros y las instituciones europeas en el campo de la política externa.

Para cumplir su misión, el servicio tiene que encontrar su lugar en la arquitectura de la Unión Europea, bajo el liderazgo de la Alta Representante que, como Vicepresidenta de la Comisión, es completamente responsable ante este Parlamento y tiene la responsabilidad de coordinar otros aspectos la acción externa de la Unión en la Comisión.

  Martin Schulz, en nombre del Grupo S&D. – (DE) Señor Presidente, señor Barroso, la crisis del euro la desencadenaron las cifras incorrectas que facilitó Grecia. Me gustaría preguntarles si pueden confirmar que ni ustedes ni los departamentos de la Comisión tuvieron conocimiento en ningún momento de las cifras verdaderas antes de que el Gobierno de Grecia presentara las cifras más recientes sobre su déficit presupuestario.

En segundo lugar, ¿pueden confirmar que el Director General de Eurostat, el señor Rademacher, expresó ya en 2004 y 2005 considerables dudas sobre los datos procedentes de Atenas? ¿Qué han hecho ustedes para ayudar a Eurostat a recopilar los datos?

En tercer lugar, ¿es cierto que los auditores de Eurostat les informaron de que tenían serias dudas sobre los datos que facilitó Atenas?

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – Señor Schulz, precisamente porque teníamos dudas sobre las cifras de Grecia —el Comisario Almunia se encargó de este expediente durante los últimos cinco años con gran competencia, imparcialidad y objetividad— no solo planteamos la cuestión varias veces a las autoridades griegas, sino que también sugerimos un reglamento en el Consejo para proponer que se concedieran competencias de auditoría a Eurostat. Por desgracia, los Estados miembros lo rechazaron; no querían otorgar a Eurostat y a la Comisión Europea más poderes para examinar a fondo las cuentas nacionales griegas.

Me complace decirle que la primera decisión de la nueva Comisión fue proponer de nuevo ese reglamento y que la información que yo tengo es que al menos algunos países votaron en contra del reglamento ya me han dicho que votarán esta voz a favor de una mayor transparencia.

  Martin Schulz, en nombre del Grupo S&D. – (DE) Comprendo, el señor Almunia era el Comisario competente. No obstante, yo preguntaba por las intervenciones por su parte; de modo que ¿puede decirnos otra vez que hizo usted?

¿Le he entendido bien, señor Barroso, en cuanto a que la culpa de la crisis griega hay que achacársela a los Estados miembros porque se negaron a aceptar sus propuestas? ¿Podría decirnos de qué jefes de Gobierno y de qué Estados miembros está hablando?

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – En primer lugar, si me pregunta por la culpa —no suelo usar esta palabra— le diré que la tienen en primer lugar de las autoridades griegas que no respetaron el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es por eso por lo que tenemos un gran problema.

En cuanto a la Comisión, Comisario Almunia, con todo mi apoyo y el apoyo del Colegio, ha llevado a cabo su trabajo de una forma excepcionalmente competente. Este asunto de las cuentas griegas se abordó varias veces en reuniones de la zona del euro.

Respecto a la lista de Estados miembros que votaron en contra de este asunto, no me viene ahora mismo a la mente con exactitud, pero sé, por ejemplo, que Alemania votó en contra y también Alemania que me dijo que votaría a favor esta vez.

  Guy Verhofstadt, en nombre del Grupo ALDE. – (FR) Señor Presidente, existe hoy un amplio consenso sobre la necesidad de una firme gobernanza económica en la Unión Europea. Esto en sí mismo es un cambio enorme frente a los últimos años.

El domingo pasado, el señor Schäuble dijo que, en este contexto, estaba a favor de un Fondo Monetario Europeo y también de otras propuestas y opciones como la creación de una agencia de gestión de la deuda europea, de los eurobonos e incluso de una agencia europea de calificación.

Según un portavoz de la Comisión, señor Barroso, las cosas se están moviendo con rapidez. Tengo tres preguntas muy específicas. Primero: ¿es cierto que la Comisión está trabajando en la actualidad en una propuesta para crear este Fondo Monetario Europeo? Segundo: ¿es cierto, como dice la señora Merkel —y tengo mis dudas al respecto— que eso requiere una modificación del tratado? Tercero: ¿estaría de acuerdo en que este fondo no sería otra cosa que un primer paso hacia una auténtica tesorería europea, que necesitamos con la unión monetaria y económica?

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – En primer lugar, en cuanto a la propuesta de un FME, esta idea la planteó el Ministro de Finanzas alemán sin dar ningún detalle sobre este tipo de institución. Parece, no obstante, una contribución interesante al debate actual sobre la zona del euro. El FME es, sin embargo, una propuesta a largo plazo que muy bien puede requerir un cambio del tratado.

En lo que estamos trabajando es en la preparación de algunas iniciativas destinadas a reforzar la coordinación de la política económica y la vigilancia de los países. En este momento, no podemos decirles cuál será su formato exacto.

Por supuesto, en términos generales, como ha dicho, apoyamos todas las medidas encaminadas a una mayor gobernanza económica, pero no tenemos que ver los detalles exactos y hacer la propuesta en el momento adecuado.

Dicho esto, el asunto del FME no podría resolver la cuestión urgente de Grecia. Es un tema separado que requiere más análisis, y lo requiere a más largo plazo.

  Guy Verhofstadt, en nombre del Grupo ALDE. – (FR) En primer lugar, me gustaría agradecer al Presidente de la Comisión su respuesta. Estoy de acuerdo con él cuando dice que el fondo como tal no puede resolver todos los problemas en seguida. Por eso pido que se presenten las distintas opciones durante las deliberaciones de la Comisión.

Esta el Fondo Monetario Europeo, que es un proyecto a largo plazo; están los eurobonos, otra idea que puede, por supuesto, ayudar con el problema griego; está la agencia de calificación del Presidente del Grupo del euro, que es imprescindible si no queremos depender para siempre de las agencias de calificación extranjeras; y luego está la idea de una agencia de gestión de la deuda europea.

Por lo tanto, mi petición es que reunamos todas estas ideas a fin de llegar a una idea coherente que proceda de la Comisión en lugar de de uno de los Estados miembros.

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – (FR) La razón por la que no deseamos apresurarnos es precisamente para evitar lo que está pasando en la actualidad: cada uno propone una idea diferente y a veces hay dos ideas diferentes del mismo gobierno. Queremos prepararnos y, como ya ha declarado públicamente del Comisario Rehn, estamos en proceso de preparación de una comunicación sobre la coordinación y supervisión de la política económica reforzada por país en la zona del euro y posiblemente incluso en la Unión Europea.

Esto es lo que estamos preparando y no podemos presentar una propuesta nueva cada día. Estamos trabajando de forma objetiva y responsable en este asunto y, de este modo, podemos lograr los mejores resultados.

  Rebecca Harms, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) En vista de que en la actualidad no hay un verdadero mercado en la Unión Europea y de que no hay necesidad de cultivar patatas feculentas modificadas genéticamente —disponemos de alternativas—, me gustaría preguntarle por qué ha ejercido tanta presión para que se aprobase la patata modificada genéticamente Amflora en un procedimiento tan rápido y breve. Puesto que no hay necesidad de ello, me gustaría escuchar una explicación de por qué ha animado al nuevo Comisario de Salud a ignorar sin más las inquietudes de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a las pruebas de alimentación y por qué no ha esperado a que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) haya presentado las nuevas directrices que ha elaborado precisamente con objeto de evaluar los riesgos totales para la biodiversidad y la biosfera que plantean los organismos modificados genéticamente y, de paso, por qué ha ampliado el límite de contaminación de las patatas como pienso o alimento hasta 0,9 %. Me parece una estrategia arriesgada que nuestros ciudadanos no encontrarán aceptable.

  Presidente. – A mí también me gustaría dar las gracias a mis colegas diputados. Tomamos nota de su protesta. Muchas gracias.

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – La Comisión ha decidido por unanimidad avanzar con la autorización de este organismo modificado genéticamente de acuerdo con las disposiciones de la ley europea. Tenemos un ambiente institucional que tenemos que respetar y teníamos que adoptar una posición: «sí» o «no».

Ha transcurrido un periodo de tiempo considerable desde que presentaron su solicitud y eso se debe a que la EFSA, nuestra agencia independiente en términos de seguridad alimentaria, ha sometido esta autorización a un escrutinio minucioso. Queríamos que todas las inquietudes con respecto a la posible presencia de un gen marcador de resistencia a antibióticos se examinaran a conciencia.

Después de una revisión exhaustiva y completa de estos expedientes no resueltos, resultó evidente que no hay nuevas cuestiones científicas que merezcan más exámenes, según la opinión de nuestra agencia competente —que es independiente de la Comisión.

Por lo tanto, creemos que todas las cuestiones científicas se han abordado con detenimiento.

De hecho, estaba esperando una palabra de agradecimiento por su parte...

(Protestas)

...porque he anunciado que la Comisión tiene la intención de proponer que los Estados miembros tengan la oportunidad de elegir si desean cultivar organismos modificados genéticamente.

Esta es, creo, una posición razonable teniendo en cuenta que hay profundas diferencias entre nuestros Estados miembros —algunos completamente a favor y otros totalmente en contra.

  Rebecca Harms, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) En primer lugar, señor Barroso, aún no he recibido una respuesta a la pregunta sobre la necesidad de estas patatas modificadas genéticamente, que solo se destinan a producir almidón industrial. Hay alternativas disponibles, entonces, ¿por qué correr el riesgo?

En segundo lugar, está el límite de contaminación. ¿Por qué se cambia de repente a 0,9 %? Hasta ahora hemos hablado acerca del límite de detección a este respecto, y para pienso y alimento en concreto, y en el caso de una patata resistente a los antibióticos, creo que es un enfoque muy arriesgado. No ha dicho nada de esto.

También me gustaría saber si, en un futuro cercano, tiene previsto conceder más aprobaciones sin que se encuentren disponibles las directrices y recomendaciones de la EFSA —para arroz y maíz importados, por ejemplo.

(Aplausos)

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – Visto el entusiasmo de su grupo —me gustaría felicitarles por esa manifestación— tienen una posición firme contra cualquier organismo modificado genéticamente. Eso está claro; tienen ese derecho. Yo no tengo ninguna postura a favor o en contra; depende de la opinión que me transmitan los expertos de la EFSA. No tengo ningún prejuicio a favor o en contra de los organismos modificados genéticamente.

La Comisión tiene una postura que consiste en realizar un seguimiento de estos asuntos. No veo a la Comisión manteniendo discusiones ideológicas acerca de cada organismo modificado genéticamente y de lo que debería hacer en cuanto a cada uno. La Comisión toma una postura basada en la evaluación independiente que se nos da, no porque un organismo modificado genéticamente sea necesario, pero si no hay indicios de que suponga un riesgo para la salud pública o el entorno, nos sentimos obligados a aceptarlo, también de acuerdo con las obligaciones que tenemos con la OMS, si no hay nada que nos impida —científicamente— hacerlo.

(Protestas)

Dicho esto, respetamos en gran medida el principio de subsidiaridad en la Unión Europea.

(El Presidente corta al orador.)

  Ivo Strejček, en nombre del Grupo ECR. – (CS) Señor Presidente, le aseguro que voy a introducir un tema más sencillo que el de los organismos modificados genéticamente. En mi opinión, es apropiado y adecuado que la crisis económica actual se debata en el Parlamento Europeo y estoy seguro de que los ciudadanos de la Unión Europea y los Estados miembros están sin duda mucho más interesados en el empleo y el trabajo que en las patatas genéticamente modificadas.

Por un lado, los oradores presentes en esta Cámara defienden la existencia de un gobierno grande, central y fuerte y, por otro lado —y hablo ahora como conservador europeo— creemos que los gobiernos fuertes no crean oportunidades laborales. Son las empresas las que crean oportunidades laborales.

Me gustaría hacerle tres preguntas específicas: en primer lugar, ¿qué grado de independencia deja la Comisión Europea a los Estados miembros individuales? En segundo lugar, ¿puede prometer una reducción significativa en la legislación europea, que está ralentizando el crecimiento económico considerablemente? En tercer lugar, ¿está de acuerdo con nosotros en que una menor regulación, un menor control centralizado y una menor armonización es el enfoque más adecuado para solucionar los problemas económicos de la Unión Europea?

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – En primer lugar, respetamos totalmente la diversidad de nuestros Estados miembros. Esa es la razón por la que presentamos esa idea con claridad en la Estrategia Europa 2020 y por la que abordamos el asunto de la diversidad de forma muy precisa con instrumentos como las políticas de cohesión económica y social.

El hecho es que nuestros Estados miembros no son todos iguales. Al mismo tiempo, necesitamos —como se ha dicho antes— una gobernanza económica más fuerte, porque no tiene sentido no coordinar la zona del euro y la Unión Europea en su conjunto. Si los Estados miembros afrontan estas políticas por sí mismos, no contarán con la influencia en igualdad de condiciones para los debates sobre, por ejemplo, los grandes desafíos que ahora tenemos internacionalmente con los Estados Unidos y China. De este modo, debemos tener un enfoque común pero, al mismo tiempo, diseñar medidas específicas para diferentes Estados miembros.

En cuanto al asunto de reducir la carga administrativa, eso ha sido un punto muy importante en el programa. Creemos que deberíamos continuar considerando de forma práctica dónde se necesita legislación europea y evitarla cuando simplemente no se la necesite.

  Lothar Bisky, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Barroso, la semana pasada presentó su propuesta de una estrategia económica, que contiene objetivos importantes. El Consejo ha impuesto ahora un programa de austeridad a Grecia, que, en mi opinión, hace imposible el logro de estos objetivos, ya que un Estado cuenta con el 3 % del producto interior bruto de la UE. No obstante, usted sigue insistiendo en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Al mismo tiempo, varios Estados miembros demandan un Fondo Monetario Europeo o incluso una gobernanza económica.

Mis preguntas son las siguientes: ¿va a revisar de nuevo la propuesta de la Estrategia Europea 2020 para integrar la idea del fondo monetario y de la gobernanza económica con el fin de iniciar un movimiento que se aleje del dumping fiscal y tributario? ¿Va a tomar medidas de inmediato junto con los Estados miembros, para prohibir la especulación contra el euro por parte de los mismos bancos que se ha sacado de apuros con el dinero de los contribuyentes?

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – En cuanto a la situación de Grecia, creemos que Grecia ha tomado las medidas necesarias para reducir el déficit del Gobierno este año. Estas medidas muestran la determinación del Gobierno griego por afrontar sus problemas estructurales.

Al mismo tiempo, estamos haciendo lo necesario por asegurar la estabilidad financiera de la zona del euro en su conjunto. La Comisión ha estado trabajando de forma activa con los Estados miembros de la zona del euro para diseñar un mecanismo que Grecia pudiera usar en caso de necesidad. Este tipo de mecanismo estaría de acuerdo con el Tratado de Lisboa actual y, en concreto con el principio de no corresponsabilidad financiera. Incluiría una rigurosa condicionalidad.

La Comisión está lista para proponer un marco europeo de asistencia coordinada que requeriría el apoyo de los Estados miembros de la zona del euro. Esta es la razón por la que puedo hablarles de Grecia y de nuestra respuesta para la estabilidad de la zona del euro.

En cuanto a las propuestas de la Estrategia Europea 2020, no vemos la necesidad de cambiarlas. Hemos sugerido estas propuestas. Ahora van a debatirlas el Consejo Europeo y el Parlamento, y esperamos que este sea un debate muy fructífero.

  Lothar Bisky, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) No estoy totalmente satisfecho. La cuestión es que se está usando el dinero de los contribuyentes para especular contra el Estado griego. Parte de este dinero de los contribuyentes procede de bancos alemanes y también lo han prestado bancos alemanes. A pesar de eso, aunque se nos repite que se va a tomar algún tipo de medida, en realidad no sucede nada. En consecuencia, estoy bastante decepcionado de que se haya hecho tan poco para prohibir simplemente determinadas cosas en la UE, de manera que se ponga fin a este tipo de especulación y, de una vez, podamos concentrarnos en el crecimiento y el empleo.

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – En cuanto a la especulación, seamos claros: los problemas actuales de Grecia no los ha causado la especulación. Se deben ante todo al gasto excesivo y a no respetar el marco europeo desde el punto de vista del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, a saber, la deuda excesiva, pero puede que más tarde los especuladores actúen contra la deuda pública de ese país.

Esto muestra también la importancia de una reforma fundamental del mercado de derivados y la pertinencia de la medida que ya ha tomado la Comisión. El 20 de octubre de 2009, la Comisión inició un programa de acción a favor de los mercados de derivados eficaces y estables. Las propuestas legislativas que el Comisario Barnier presentará antes de verano, y también las relativas a la directiva sobre el abuso del mercado que el Comisario Barnier presentará antes de que termine el año, aumentarán la transparencia del mercado y limitarán los riesgos.

Más allá de esta respuesta sistémica, se necesita una nueva reflexión específica sobre las permutas de cobertura por incumplimiento crediticio relativas a la deuda pública, y el problema de las prácticas en descubierto requiere una atención especial en este contexto. No está justificado que se adquieran seguros por medio de intervenciones ocultas sobre un riesgo de forma puramente especulativa. A corto plazo, debemos lograr la coordinación necesaria para asegurar que los Estados miembros actúen con organización, especialmente para las prácticas en descubierto. En este contexto, la Comisión examinará en detalle la conveniencia de prohibir ventas en descubierto puramente especulativas de las permutas de cobertura por incumplimiento crediticio para la deuda pública.

Al mismo tiempo, ejerceremos presión para conseguir coordinación internacional. Puesto que estos mercados son opacos, vamos a llevar este asunto al G20 y también tenemos que plantear algunas de estas cuestiones en nuestros contactos bilaterales, en especial con los Estados Unidos.

  Niki Tzavela, en nombre del Grupo EFD. – (EL) Señor Presidente, qué suerte que haya anticipado mi pregunta. En primer lugar, permítame, como diputada griega al Parlamento, decirle que Grecia lo conseguirá. El período de experimentación que estamos atravesando en la actualidad, y por el que tenemos que rendir cuentas, es una prueba excepcional de resistencia y disciplina para Grecia.

Me ha encantado que se haya referido al G20 como un grupo en el que planteará la cuestión de las permutas. Aparte de sus propios errores, Grecia se ha visto muy afectada por la especulación del mercado.

¿Tiene la intención —y me gustaría que planteará esto al G20— de introducir iniciativas para adoptar reglas claras que controlen las ventas en descubierto y abiertas y las permutas de cobertura por incumplimiento crediticio?

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – Como he dicho antes, el problema básico en cuanto a Grecia —y es importante decirlo— proviene de la deuda excesiva. Es cierto que probablemente hubiera también ataques especulativos, pero eso se debe a que vieron una oportunidad ahí.

Ahora tenemos que apoyar a Grecia, y Grecia ha anunciado hoy medidas muy importantes. Apoyamos plenamente esas medidas. Al mismo tiempo tenemos que fijarnos en un asunto más amplio. Ya he dicho que examinaremos con detenimiento la pertinencia de prohibir ventas en descubierto puramente especulativas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio de la deuda pública. La cuestión de la transparencia entre entes reguladores —en particular en el acceso a la información sobre estas prácticas —debería plantearse también en el G20 y en otros foros, así como a escala bilateral.

El viernes pasado, el Comisario Barnier organizó una reunión en Bruselas con los entes reguladores nacionales precisamente para averiguar lo que sabemos de la acción de algunos de estos especuladores contra la deuda pública. Tenemos que continuar con un análisis en profundidad de los mercados de las permutas de cobertura por incumplimiento crediticio con el objeto de determinar mejor el funcionamiento de estos mercados y si son objeto de prácticas cuestionables. Si es necesario, la Comisión también usará sus poderes competitivos en este asunto.

  Niki Tzavela, en nombre del Grupo EFD. – (EL) Señor Presidente, ¿existe un calendario para todo esto, para el mecanismo destinado a combatir la especulación? Díganos si hay algún tipo de calendario para que sepa, cuando pidamos un préstamo al mercado internacional, si tendremos alguna ayuda de este mecanismo.

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – Ya lo dicho, pero lo puedo repetir.

El Comisario Barnier presentará algunas propuestas legislativas con respecto a la Directiva sobre derivados antes de verano y también presentará una propuesta legislativa antes de que acabe el año relativa a la Directiva sobre el abuso del mercado. Creemos que estas propuestas aumentarán la transparencia del mercado y limitarán los riesgos.

Nuestra intención es presentar el asunto de las permutas de cobertura por incumplimiento crediticio al G20 en junio.

  Daniël van der Stoep (NI). – (NL) Señor Presidente, Presidente de la Comisión Barroso, la sinceridad y la transparencia son valores fundamentales de cualquier democracia que se precie. Si los ciudadanos no tienen modo de controlar el gasto de sus administradores, se puede producir un ambiente de avaricia y autoenriquecimiento; vimos un ejemplo de ello el año pasado en el Reino Unido. De acuerdo con los informes de la prensa holandesa, el Presidente Barroso declaró la cantidad de 730 000 euros en 2009. Esta no es solo una cantidad absurdamente alta sino además otra hazaña notable: ser capaz de declarar 2 000 euros al día. Nos quitamos el sombrero ante el Presidente Barroso.

En un tono más serio, el escrutinio democrático de estas declaraciones es, por supuesto, lamentable. Una auditoría interna y unas pocas personas que cuentan con aprobación previa pueden conceder su sello de aprobación. Insisto en que esta Comisión, y el Presidente Barroso en concreto, deben salir de esta conspiración de silencio y publicar sus declaraciones de forma sincera y transparente en Internet para que todos los ciudadanos europeos puedan verlas. Espero escuchar su respuesta a esto.

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. –Estoy algo sorprendido por este tipo de comentario.

De hecho, los llamados gastos de representación son gastos incurridos en servicio de la Unión Europea, en particular de viajes que hemos realizado otros miembros de la Comisión y yo.

De hecho, si compara estas cantidades con lo que gastan los gobiernos o jefes de Estado, se dará cuenta de que en comparación estos importes son muy pequeños.

El presupuesto del Colegio lo fija cada año la autoridad presupuestaria. Usted forma parte de ella y este presupuesto ha sido el mismo durante cinco años, solo se ha adaptado a la inflación.

En cuanto a este gasto, creemos que es razonable y proporcionado para el bien público al que trata de servir. Estamos, por supuesto, ofreciendo una total transparencia. Proporcionamos a la autoridad presupuestaria y al Tribunal de Cuentas toda la información que nos piden.

  Daniël van der Stoep (NI). – (NL) El Presidente Barroso afirma que el Parlamento tiene acceso a las declaraciones, pero, por supuesto, eso es un disparate. Todo sucede a puerta cerrada, todo se oculta bajo la alfombra. Si el Presidente Barroso quiere en realidad rendir cuentas publicará estos ingresos y si no lo desea debería ser honrado y decirlo. Presidente Barroso, si se ha limitado a acatar todas las normas, no alcanzo a entender que no publique sus ingresos en Internet, a no ser que le preocupe cómo reaccionará el público. Hágalos públicos sin más.

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – En un sistema de ley, respetamos el Estado de Derecho, y analizar las intenciones de la gente es, como mínimo, injusto. No me pueden atribuir a mí ni a la Comisión ninguna intención oculta tras el respeto del Estado de Derecho. De nuevo, creo que tenemos que hacer una distinción entre las obligaciones de la Comisión Europea —o cualquier organismo público— en cuanto al Estado de Derecho y el hecho de doblegarse ante los ataques demagógicos de las instituciones europeas.

La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y las instituciones europeas en general siguen las normas más exigentes en términos de transparencia. De modo que no acepto esta clase de crítica fácil que es populista y demagógica.

  Presidente. –Hemos finalizado el primer turno de preguntas que consistía en preguntas libres sobre diversos temas. Ahora nos concentraremos en el tema de la aplicación del nuevo Tratado y el respeto de los derechos fundamentales.

  Alf Svensson (PPE). – (SV) Señor Presidente, espero no desviarme de las preguntas que se van a plantear ahora. Estoy absolutamente convencido de que el señor Barroso y yo coincidimos en que el respeto por las libertades civiles y los derechos humanos son lo más importante para la Unión Europea y para los contactos entre la Unión Europea y otros países. El hecho es que la Unión Europea ofrece ayuda Eritrea y que se presupuestaron un total de 122 millones de euros para Eritrea para el período de 2009 a 2013.

No le estoy pidiendo que sepa para qué se usaron esos fondos, pero valdría la pena escuchar la posición del señor Barroso en cuanto al Estado de Eritrea. A menudo, cuando se habla de países con un régimen totalitario, no se menciona Eritrea, en su lugar se menciona a muchos otros países. Por lo tanto podría ser útil escuchar el punto de vista del señor Barroso sobre el Estado de Eritrea en particular.

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – Gracias por reconocer que la Comisión defiende los derechos fundamentales. Por supuesto que los defendemos, no sólo en la Unión Europea, sino también en nuestras relaciones externas.

Esto no significa que sólo podamos tener relaciones con países que respeten los derechos fundamentales. Por desgracia, hay muchos países en el mundo que no respetan los derechos fundamentales y tenemos que mantener relaciones con ellos.

El caso de Eritrea suscita preocupación desde el punto de vista del respeto por los derechos fundamentales en ese país y también por la situación extremadamente difícil en la que está inmerso. Según algunos comentaristas, se puede considerar un Estado fallido —un Estado en el que no hay Estado de Derecho, debido al conflicto civil y a la violencia generalizada. Hay muchas áreas en este país en las que las autoridades no pueden ejercer un poder democrático legítimo.

  Artur Zasada (PPE). – (PL) En relación al debate de hoy, me gustaría llamar la atención sobre el asunto de los escáneres en los aeropuertos europeos.

Uno de los papeles más obvios de la política europea es proteger la vida, la salud y las libertades fundamentales de los ciudadanos de la Unión europea. Por eso, no debe darse el caso de que, a cambio de un sentido de seguridad ilusorio, renunciemos al respeto por la dignidad, al derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales de los residentes de la Comunidad.

Tengo la impresión de que la situación con los escáneres es muy similar a la de la epidemia de la gripe A. Actuamos bajo presión e invertimos enormes sumas en vacunas, lo que, como ahora sabemos, era irracional e injustificado. En mi opinión, los escáneres son una medicina bastante poco efectiva, para la que se está tratando de encontrar una enfermedad adecuada.

Señor Barroso, me gustaría escuchar con claridad su opinión sobre este asunto. ¿Está usted a favor o en contra de los escáneres?

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. –Estaré a favor de ellos si los Estados miembros están de acuerdo, porque creo que debería ser posible armonizar las reglas de seguridad en los aeropuertos.

Lo que sucede ahora es que algunos de nuestros Estados miembros están instalando escáneres corporales en sus aeropuertos; y otros no. Como sabe, hace algún tiempo la Comisión presentó una propuesta relativa a los escáneres corporales que fue rechazada.

Esto, por supuesto, suscita inquietud pero deberíamos intentar encontrar, si es posible, una posición armonizada en cuanto a la utilización de cualquier dispositivo de seguridad en los aeropuertos europeos.

De lo contrario, tendremos una especie de discriminación en la evaluación de la seguridad en nuestros aeropuertos.

  Derek Vaughan (S&D). – El Tratado respeta los derechos de las regiones y autoridades locales de Europa, y eso será un factor importante cuando inicie los debates sobre la futura política de cohesión, por ejemplo. Me pregunto si usted podría asegurarnos que cuando comience esos debates —por ejemplo, sobre el quinto informe de cohesión— mantendrá esos debates con las regiones y autoridades locales sobre la futura política de cohesión—y, por supuesto, con este Parlamento.

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – Esta no es una pregunta sobre derechos fundamentales, pero, por supuesto, debatiremos estos asuntos con las autoridades locales y regionales.

Usted sabe lo importante que es la cohesión social, económica y territorial para nosotros. Ahora esto lo reconoce también el Tratado de Lisboa como uno de los objetivos de la Unión Europea. En la nueva Estrategia 2020 que presenté hace algún tiempo, dejábamos claro que la cohesión seguirá siendo una característica central de nuestras propuestas y que queremos que la cohesión se tenga en cuenta siempre en las futuras políticas. Esto es parte de nuestro diálogo con las autoridades regionales y de la política.

También he mencionado la decisión de consultar al Comité de las Regiones, por ejemplo, en el documento al que acabo de hacer referencia.

  Catherine Stihler (S&D). – Me gustaría plantear un caso sobre derechos fundamentales. Hace poco visité la escuela primaria Cairneyhill Primary School situada cerca de Dunfermline, Escocia, y un chico llamado Douglas se acercó a mí; quería denunciar el caso de una chica de Eritrea llamada Rima Andmariam. Esto guarda relación con lo que ha dicho el primer orador sobre Eritrea.

La familia de Rima había sido perseguida y asesinada en Eritrea por ser cristiana. La persecución de cristianos en Eritrea es un tema con el que sé que está familiarizado. Rima consiguió escapar a Italia y luego a Glasgow, Escocia, donde Alison y Robert Swinfin la acogieron, se ocuparon de ella y la cuidaron como si fuera su propia hija.

Rima tiene en la actualidad 17 años. Tiene que hacer frente ahora a la deportación a Italia, donde buscó asilo en primer lugar, y estamos haciendo todo lo que podemos por denunciar el caso de Rima a fin de recurrir a todo aquel que pueda ayudarla. Necesita seguir al cuidado de Alison y Robert.

De su caso se está ocupando la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos e iglesias de toda Escocia. Incluso se mencionó en Thought for the Day, en Radio Scotland. ¿Qué puede hacer la Comisión para proteger los derechos fundamentales de Rima?

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – Lo siento, pero no sé nada acerca de este caso concreto de Escocia.

Me gustaría hacer una observación general. En estos debates políticos, no pueden esperar que el Presidente de la Comisión, aunque sea una persona relativamente diligente, conozca todos los casos —que son extremadamente delicados y serios— que tienen lugar en Europa.

Por supuesto, comprendo su preocupación y puedo expresar nuestra solidaridad con cualquier persona que sufra la violación de sus derechos humanos, pero en lo que respecta a este caso concreto, no dispongo aquí de suficiente información. No obstante, estaré encantado de responder por escrito a la pregunta que acaba de plantear.

  Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, hablo en nombre del Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, mi Grupo político. El 5 marzo, el Presidente de la República italiana, Giorgio Napolitano, firmó un Decreto-ley interpretativo, conocido como Decreto-ley «salva-listas».

De hecho, este Decreto permite que se cambien las reglas del juego después de que haya comenzado la campaña electoral. En el sitio web del Palacio del Quirinal, el propio Giorgio Napolitano afirma que, a diferencia del proyecto de Decreto que le propuso el Gobierno en una tensa reunión celebrada el jueves por la tarde, en su opinión, el texto redactado más tarde por el Ministerio del Interior y el Primer Ministro no presentaba un defectos obvios de una naturaleza inconstitucional.

El artículo 87, apartado 5, de la Constitución italiana determina que el Presidente de la República de Italia promulgará leyes y dictará decretos con fuerza de ley, así como reglamentos. El Presidente de la República no puede de ningún modo participar en la elaboración de procedimientos o decretos-ley. El predecesor del Presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi, considera que eso es una distorsión aberrante de nuestro sistema democrático. Es evidente que el Gobierno está haciendo lo que prohíbe la Constitución. Este Decreto, señor Presidente, ha cambiado las reglas del juego para una competencia electoral que ya ha comenzado y permite presentarse a aquellos que han violado la ley, ya que se los acaba de readmitir en la competencia electoral.

Me pregunto por qué el Parlamento siempre está listo para adoptar una postura firme contra los países que violan las leyes pero no admite que hay un país entre los 27 Estados miembros que está violando las leyes.

(El Presidente corta a la oradora.)

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – (FR) Señora Alfano, una vez más les repito que no me pidan que debata cuestiones relativas a la política nacional. La Comisión se encarga de los derechos fundamentales en los casos en los que se pone en práctica la ley europea, ya sea por parte de las instituciones europeas o de los Estados miembros.

Parece que en el caso que ha mencionado, no es la situación de la legislación de la Unión Europea lo que está en tela de juicio. Por lo que entiendo de su discurso, este es un problema característico que concierne al debate político interno, con quizás una dimensión relativa a la ley o al Estado de Derecho, pero la Comisión Europea no tiene derecho a interferir en los conflictos entre las distintas fuerzas políticas o personalidades políticas de cada uno de sus Estados miembros.

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, señor Barroso, la Carta de los Derechos Fundamentales es, hasta ahora, el único documento internacional que prohíbe la discriminación por motivo de la orientación sexual. En otras partes del mundo se ve incluso con orgullo el hecho de que Europa haya logrado esto y desearían lo mismo para ellos.

En la UE, contamos con el problema de que tres Estados, es decir, el Reino Unido Polonia y la República Checa no consideran la Carta de los Derechos Fundamentales como parte de su propio sistema legislativo. Me interesa mucho saber qué está haciendo la Comisión —qué pretende hacer— para imponer el cumplimiento de los hechos fundamentales de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales en toda la Unión Europea a fin de dejar claro que la homofobia y la discriminación por motivo de la orientación sexual ya no son aceptables, no sólo en el ámbito del empleo —en el que, por supuesto, que tenemos una directiva—, sino en todos los ámbitos, de modo que los ciudadanos puedan vivir y elegir sus relaciones sexuales sin miedo.

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – Eso son dos preguntas; no sé si puedo responderlas en un minuto.

En primer lugar, en cuanto a la discriminación por la orientación sexual, usted sabe que la Comisión anterior propuso una Directiva contra cualquier tipo de discriminación, incluida la que se basa en la orientación sexual en ámbitos ajenos al empleo. Estamos comprometidos a garantizar que la legislación europea y las medidas de ejecución de los Estados miembros respeten por completo a la prohibición de discriminación por motivo de la orientación sexual. Estos principios de no discriminación, como sabe y ha dicho, están consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En cuanto a Polonia y al Reino Unido, el Protocolo aclara la aplicación de la Carta en relación con la legislación y la acción administrativa de Polonia y el Reino Unido y la posibilidad de acogerse a ella ente los tribunales de estos Estados miembros.

Establece, en particular, que la Carta no amplía la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni de ningún otro tribunal o juzgado de Polonia o del Reino Unido en cuanto a la consideración de que las leyes y los reglamentos o las disposiciones de la iniciativa, las prácticas o las acciones de estos Estados miembros sean inconsecuentes con los derechos fundamentales, las libertades y los principios que esta reafirma.

De modo que aún hay que ver cómo interpretará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el Protocolo de estos dos Estados miembros.

  Ashley Fox (ECR). – Presidente Barroso, muchos países de todo el mundo han redactado declaraciones de derechos precisas en sus Constituciones. Son menos los que pueden permitirse proporcionar una verdadera protección de sus ciudadanos. ¿Está de acuerdo en que lo que importa no es la estructura de la protección de derechos si no cómo se lleva a la práctica esa protección?

En el Reino Unido, celebraremos elecciones generales en tres meses. Si sale elegido, el Partido Conservador revocará la Human Rights Act y la reemplazará por nuestra propia declaración de derechos. Eso significaría que el Convenio Europeo de Derechos Humanos ya no sería directamente aplicable a la ley nacional del Reino Unido.

(Exclamación en la sala: «¡No pueden hacer eso!»)

Presidente Barroso, ¿puede explicar hasta qué punto los planes de que la UE firme el Convenio Europeo de Derechos Humanos tendrán en cuenta las posiciones discrepantes de los Estados miembros?

Mi partido también tratará de cambiar el tratado para garantizar que la Carta de los Derechos Fundamentales no afecte al Reino Unido. ¿Cómo asegurará que la UE no interfiera con el derecho del Reino Unido de excluirse voluntariamente de estas estructuras en las que no deseamos participar?

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. –Ya he contestado en parte a su pregunta al responder a la pregunta anterior.

El Reino Unido y otros países disponen de un protocolo en cuanto a la Carta de los Derechos Fundamentales. Tienen ese derecho. Se negoció y tenemos un tratado intergubernamental que lo reconoce.

Dicho esto, preferiría, por supuesto, de todos los Estados miembros aceptaran la Carta de los Derechos Fundamentales, porque creo que esta carta es una brújula básica para todas las políticas de la Unión Europea.

Ahora también estamos listos para sumarnos al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto completará el sistema de protección de los derechos fundamentales de la Unión Europea.

Como es natural, respeto mucho al Reino Unido como democracia y como un país del Estado de Derecho. De hecho, es uno de los países que, durante siglos, ha hecho una contribución muy importante a la democracia. Por eso, lamento profundamente que el Reino Unido no desee que estar con todos sus socios en primera línea en cuanto a los derechos humanos, no sólo a nivel nacional sino también como un proyecto europeo.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Señor Presidente, Presidente de la Comisión, los derechos de las mujeres y el derecho a vivir con dignidad son derechos humanos fundamentales que la Unión Europea tiene que promover.

Por esta razón, en vista de las desigualdades manifiestas que persisten y empeoran, como la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, la pobreza y el empleo inseguro —todos problemas que afectan predominantemente a la mujer—, no basta con publicar una carta de los derechos de la mujer que es en esencia vaga e imprecisa y que no viene precedida por un debate con las organizaciones de mujeres o con el propio Parlamento.

Por consiguiente, pregunto si la Comisión Europea está preparada para dar prioridad a este tipo de cuestiones sobre la protección de los derechos de la mujer por medio de medidas concretas, en particular a través del desarrollo de la nueva estrategia de igualdad que el propio Parlamento está preparando; un informe que espero que se tenga en cuenta.

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – (PT) El viernes pasado, presenté, junto con la Comisaria Reding, una carta de los derechos de la mujer que reafirma el compromiso de la Comisión con la igualdad de géneros y reafirma también nuestra disposición a trabajar y realizar progresos en este ámbito.

En septiembre, a la carta que hemos anunciado hoy le seguirá una nueva estrategia de igualdad de género. Eso nos proporcionará un marco de acción general y bastante completo por parte de la Comisión en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres en los ámbitos que mi colega diputado acaba de mencionar, desde el empleo hasta el resto de maneras en las que es importante asegurar y garantizar este tipo de igualdad.

La Carta no ha surgido de la nada. La carta también ha surgido en conmemoración de los 15 años transcurridos desde la Plataforma de Acción de Pekín, ha sucedido tras muchas consultas que he realizado, en especial con el grupo de miembros de esta Cámara que se dedican a la causa de la mujer. De hecho, voy a mantener otra reunión de este tipo mañana por la mañana. Cada año, mantengo al menos una reunión con los miembros que han hecho de esta una de sus mayores prioridades.

  John Bufton (EFD). – Presidente Barroso, la pregunta que me gustaría plantear hoy atañe a la situación financiera de Grecia. Por primera vez, el artículo 121 del Tratado de Lisboa se usa para que se aprueben reformas estructurales en ese país. Los nobles ciudadanos de Grecia se encuentran ahora entre la espada y la pared ya que es evidente que son ustedes los que están dirigiendo los asuntos de ese país y no su gobierno electo.

¿Significa esto que, ya que han enviado a sus funcionarios a aclarar la situación financiera de Grecia, que ahora podemos dirigirnos a usted no solo como el Presidente de la Comisión sino también como el Gobernador de Grecia? Si las medidas que sus funcionarios implantaran en Grecia no funcionan ¿tiene un plan B? Si eso sucede, ¿debe Grecia abandonar la zona del euro? Finalmente, ¿tiene intención de mandar a sus funcionarios a otros países que atraviesan dificultades financieras, como por ejemplo, Portugal, España e Italia?

  Presidente. – Señor Bufton, el tema es la puesta en práctica del nuevo tratado y el respeto de los derechos fundamentales, así que aténganse a este tema.

Presidente Barroso, ¿está preparado para dar una respuesta?

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – Señor Presidente, siempre trato de estar listo para las demandas de los diputados a este Parlamento.

Su pregunta, distinguido diputado al Parlamento, se basa en una asunción que no es correcta, en particular de que la razón de que Grecia tenga algunos problemas es que forme parte de la zona del euro. De hecho, hay países fuera de la zona del euro que tienen problemas similares —en algunos casos, incluso más graves— tanto la en la Unión Europea como fuera de ella. Permítame que le recuerde, por ejemplo, la grave situación de Islandia, que ahora está solicitando unirse a la Unión Europea precisamente porque espera poder formar parte también del euro.

Así que, de hecho, es un error pensar que los problemas de Grecia son el resultado de que Grecia esté en el euro. Precisamente el hecho de que Grecia no haya respetado las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es la razón por la que tiene que hacer frente a dificultades. Tendrá, por supuesto, que pagar los costes del difícil ajuste que tiene que hacer

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Barroso, me gustaría hacerle una pregunta relativa al problema del almacenamiento de datos, puesto que a principios de este mes el Tribunal Constitucional Federal alemán ha declarado nulo el almacenamiento general de todos los datos de telecomunicaciones a principios de este mes. La medida en la que el almacenamiento ilimitado e incontrolado de datos o de este tipo de acceso a los datos es compatible con los derechos fundamentales sigue siendo polémica. Aquí, en el Parlamento, dijimos un «no» claro al acuerdo sobre SWIFT. En mi opinión, la Directiva sobre la conservación de datos de la UE probablemente necesite también evaluarse a tenor de la lista de derechos fundamentales que contiene el Tratado de Lisboa. ¿Pretende usted o la Comisión llevar a cabo algún tipo d revisión en este respecto para ver la relación de la lista de derechos fundamentales con el almacenamiento de datos?

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – La protección de datos personales es un derecho fundamental que se reconoce de forma explícita en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea.

Gracias al Tratado de Lisboa, ahora podemos establecer un marco completo y coherente para la protección de datos personales. Esto resulta esencial para proteger la privacidad de nuestros ciudadanos, para asegurar un enfoque común para todas las actividades de procesamiento de datos en la Unión Europea, y el Parlamento estará, por supuesto, totalmente involucrado en la reforma del marco legal actual ya que el procedimiento de codecisión también se aplica a los ámbitos del antiguo tercer pilar.

También debemos asegurar que los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos continúen protegiéndose cuando los datos personales salgan de la Unión. En este contexto, sería importante establecer un acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos sobre la protección de datos personales y estamos trabajando para lograrlo.

En la actualidad, estamos llevando a cabo consultas para asegurar la transparencia y recopilar los puntos de vista de los accionistas y los ciudadanos.

La Comisión tiene previsto presentar un proyecto de recomendación para autorizar las negociaciones son los Estados Unidos.

  Sarah Ludford (ALDE). – Durante la última década, la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo se ha complicado debido a la preocupación por los derechos humanos, en particular las prácticas del Gobierno de los Estados Unidos de América.

Esperábamos dejar atrás esas prácticas con la elección del Presidente Obama. Lamentablemente, ha llegado a nuestro conocimiento que las injustas comisiones militares y las detenciones indefinidas sin juicio previo continuarán, incluso aunque se clausure Guantánamo.

Este alejamiento de las normas jurídicas nacionales e internacionales hace que los proyectos de intercambio transatlántico de datos sean aún más problemáticos de lo habitual.

¿Qué manifestaciones está realizando la Comisión ante el Gobierno de los Estados Unidos de América para defender unos juicios justos y advertirle de que la ausencia de los mismos perjudicará la cooperación? Espero que en la actualidad, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, no exista el riesgo de que la Unión Europea o sus Estados miembros vayan a tolerar esas graves violaciones de los derechos fundamentales en la lucha contra el terrorismo.

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – Me siento orgulloso de que la Unión Europea haya sido la primera, hasta donde puedo recordar, en plantear a un Presidente de los Estados Unidos —un ex Presidente— la cuestión de la necesidad de respetar los derechos fundamentales y el Estado de Derecho también al abordar el terrorismo, concretamente con respecto al asunto de Guantánamo. Junto al entonces Presidente del Consejo Europeo, señor Schüssel, por entonces Primer Ministro de Austria, yo mismo planteé la cuestión. Ese asunto siempre ha sido un problema en el diálogo con nuestros socios americanos. Puedo asegurarle que este asunto figurará entre los primeros en el orden del día.

Con respecto a la protección de datos, creemos que debemos trabajar conjuntamente con los Estados Unidos para lograr un marco adecuado, como ya había mencionado en una respuesta anterior. Al mismo tiempo, tenemos que disponer de un marco para luchar juntos contra el terrorismo. De modo que la cuestión consiste en encontrar el modo correcto de responder a dos necesidades importantes: la necesidad de libertad y de respeto en la protección de los datos, pero también la necesidad de seguridad, porque sin seguridad, no existe ninguna posibilidad de libertad.

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE). – Señor Presidente, una de las cuestiones clave del nuevo Tratado de Lisboa es el papel cada vez más destacado de la Unión Europea en el mundo.

Con esta nueva política exterior fortalecida, debemos ser más activos, como Unión, en la promoción y defensa de los derechos humanos y los derechos fundamentales en terceros países.

¿Tienen la señora Ashton y usted algún plan previsto para reforzar la política de la Unión Europea con respecto a la promoción de la democracia? En segundo lugar, ¿apoyarán ustedes un incremento de la financiación del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos en el próximo presupuesto?

Los derechos humanos siempre parecen ocupar el segundo o el tercer lugar en nuestros diálogos. Creo que sería necesario dedicar más tiempo y dinero a la promoción de la democracia y proveer una significativa dotación europea para la democracia. Me gustaría escuchar su opinión sobre estas cuestiones.

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – Las disposiciones del Tratado tienen por objeto promover los derechos humanos en todo el mundo. La Unión Europea ha aprobado unas directrices en materia de derechos humanos que abarcan desde la pena de muerte a la prevención de la tortura y apoya a los defensores de los derechos humanos.

Según estas directrices, la Unión Europea lleva a cabo una amplia gama de acciones, desde declaraciones públicas o gestiones diplomáticas hasta observaciones de juicios. Personalmente, he planteado la cuestión de los derechos humanos en cumbres con Jefes de Estado o de Gobierno de terceros países. Recientemente, en la cumbre celebrada la semana pasada en Marruecos, hicimos hincapié en la cuestión de los derechos fundamentales.

La Unión Europea ha iniciado unos 40 diálogos sobre los derechos humanos con países asociados de todo el mundo, que sirven como foros especializados para la realización de debates a fondo sobre esta cuestión. En el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, la Comisión programa alrededor de 150 millones de euros cada año para apoyar a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en todo el mundo. También procuramos introducir una cláusula de derechos humanos en cada acuerdo marco que formalizamos con terceros países.

  Simon Busuttil (PPE). – (MT) Uno de los principios fundamentales es la libre circulación. Señor Presidente, como consecuencia del actual problema entre Libia y Suiza, se está impidiendo la entrada de cientos de ciudadanos y trabajadores de la Unión Europea a Libia para trabajar. Mi pregunta es: ¿qué está haciendo la Comisión Europea para encontrar una solución a este problema con carácter urgente? Y, ¿considera el Presidente de la Comisión Europea aceptable que un país, concretamente Suiza, adopte una decisión unilateral que afecta a todos los ciudadanos de la zona Schengen, especialmente a los trabajadores que necesitan entrar en Libia para poder ganarse el sustento diario?

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – Estamos muy preocupados con este asunto. La Comisaria Malmström ya ha dicho que la suspensión por parte de Libia de visados para los ciudadanos de la zona Schengen es una medida desproporcionada. Además, esta situación no es coherente con la tendencia positiva de las relaciones entre Libia y la Unión Europea.

Se están realizando intensas gestiones diplomáticas para encontrar una solución a la crisis y, por el momento, uno de los dos ciudadanos suizos ya ha abandonado Libia, lo que representa un paso positivo.

Los Ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia de la Unión Europea debatieron el asunto el 22 de febrero y el 25 de febrero, respectivamente, y apoyaron la continuación de las gestiones diplomáticas.

Creo que es esencial mantener el diálogo abierto e intentar comprender las posiciones de cada una de las partes con el fin de encontrar una solución lo antes posible.

  Olle Ludvigsson (S&D). – (SV) Señor Presidente, la ratificación del Tratado de Lisboa ha fortalecido el respeto por los derechos humanos básicos y los derechos sindicales. Sin embargo, en los últimos años, los fallos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas han puesto de relieve la necesidad de reforzar algo más la protección de los derechos sindicales fundamentales. En los asuntos Laval, Rüffert, Viking y Luxemburgo, el Tribunal de Justicia ha rebajado continuamente el valor de los derechos sindicales.

Estos fallos hacen que resulte imposible garantizar la igualdad de trato de los trabajadores con independencia de su nacionalidad. Ya no es posible que los sindicatos garanticen el mismo trato con respecto al salario y las condiciones de trabajo a los trabajadores desplazados que a los trabajadores del Estado miembro en el que realizan el trabajo. Por lo tanto, yo también agradezco la promesa efectuada por el señor Barroso en esta Cámara antes de su reelección como Presidente de la Comisión.

Ahora mi pregunta para el señor Barroso es la siguiente: ¿podemos esperar que la Comisión someta a debate una propuesta legislativa para abordar los problemas derivados de los fallos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas? ¿Puede el Presidente de la Comisión facilitarnos hoy mismo esta información?

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – Cuando se hicieron públicos estos fallos, nosotros expresamos muy claramente nuestra posición. Yo mismo dejé claro, al igual que el Comisario Špidla, que es el responsable de empleo y asuntos sociales, que en nuestra opinión esos fallos no podían cuestionar derechos fundamentales como el derecho a la huelga, el derecho a afiliarse a un sindicato y los aspectos específicos de algunos mecanismos de relaciones laborales en nuestros países.

Estamos trabajando en algunas propuestas para abordar esta cuestión, pero me temo que ahora mismo no puedo darle una fecha concreta ya que no esperaba esta pregunta. No obstante, puedo decirle, como ya he dicho antes, durante la elección de esta Comisión —y el Comisario responsable también lo ha manifestado— que abordaremos esta cuestión en breve.

  Bogusław Liberadzki (S&D). – (PL) señor Barroso, me gustaría preguntarle acerca de los derechos fundamentales y el nuevo tratado, en particular sobre la acción exterior. Según la investigación realizada por la Comisión de Control Presupuestario, el 43 % de las transacciones financieras eran incorrectas. ¿Se puede decir que el nuevo tratado y las nuevas soluciones, en el contexto de nuestra labor para lograr el respeto de los derechos fundamentales en todo el mundo, ayudarán a lograr una reducción radical del nivel de errores en la elaboración, ejecución y presentación del presupuesto? Deseo hacer hincapié en el hecho de que el nivel estimado de errores financieros es del 43 %.

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – Como usted sabe, llevamos años trabajando para reducir los errores financieros en las cuentas de la Unión Europea y, como también sabe, muchos de esos errores son responsabilidad de los Estados miembros, en la aplicación de numerosos programas europeos.

Me anima el reciente dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo reconociendo el progreso realizado hasta la fecha, pero creo que no debemos ser autocomplacientes en este ámbito. Estamos en condiciones de trabajar para reducir todo tipo de errores en la ejecución del presupuesto de la Unión Europea.

  David Casa (PPE). – (MT) El tratado establece los principios para la protección de los derechos humanos fundamentales, y aquellos países que aspiran a ser miembros de la Unión Europea deben garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Unión Europea, como hizo Malta, y como hicieron todos los demás países que se han convertido en miembros a la vez. Con respecto a Turquía, ¿no cree el Presidente que aún le queda mucho por hacer en la esfera de los derechos humanos? Es más, ¿qué está haciendo la Comisión para asegurarse de que antes de centrarse en la economía de Turquía, y antes de plantear otras exigencias, lo primordial es prestar atención a los derechos humanos fundamentales? Creo que estos derechos son una prioridad, aunque lamento decir que en Turquía son inexistentes.

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. – Hablando con franqueza, yo no diría «inexistentes». Turquía ha realizado avances con respecto al Estado de Derecho. Sin embargo, aún no creemos que sean compatibles —en cuanto al grado de respeto de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho— con las normas europeas. Este ha sido, precisamente, parte del trabajo que venimos desarrollando con Turquía en los últimos años.

Debido a que Turquía es un país candidato a la Unión Europea, cada año la Comisión evalúa en términos muy objetivos las reformas realizadas por Turquía en cuanto al Estado de Derecho y todos los asuntos relacionados con los derechos fundamentales.

Para ser justos, se han logrado avances en algunas esferas, aunque quedan otras en las que estamos pidiendo un mayor esfuerzo a las autoridades de Turquía.

Creo que mantener este diálogo —y, de hecho, estas negociaciones— para la adhesión de Turquía es, sin duda, el camino correcto para lograr avances en la cuestión del respeto por los derechos fundamentales y, en términos generales, el Estado de Derecho y las reformas democráticas en Turquía.

  Presidente. – Presidente Barroso, le agradecemos sinceramente este debate tan interesante. Este ha sido el cuarto turno de preguntas del Pleno. El próximo tendrá lugar dentro de un mes en el siguiente período parcial de sesiones de Estrasburgo.

Queda cerrado este punto del orden del día.

PRESIDE: Silvana KOCH-MEHRIN
Vicepresidenta

  David-Maria Sassoli (S&D). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, hace unos momentos se ha pronunciado en esta Cámara un vergonzoso discurso contra el Presidente de la República Italiana. Creo que la Mesa de esta Cámara no debería permitir que se planteen en ella asuntos políticos nacionales, especialmente cuando se refieren a cuestiones institucionales y políticas de gran importancia.

Quisiera recordarle— y recordar a todos los demás miembros— que la República Italiana no está en venta, y que el Presidente de la República, Giorgio Napolitano, es el guardián de la Constitución Italiana. En nombre de la delegación italiana del Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, deseo instar a la Mesa de esta Cámara a mostrarse más vigilante con respecto a los temas debatidos y los discursos que se pronuncian.

Lamento que el Presidente Buzek no interviniese para frenar un discurso que atacaba al Presidente de la República, quien, hace apenas una semana, visitó el Parlamento Europeo.

(Aplausos)

  Presidenta. – Tanto el comentario al que se refiere Su Señoría como sus declaraciones quedarán registrados en las Actas e intentaré tener en cuenta sus peticiones durante el punto del orden del día que actualmente presido. Espero tener éxito.

11. Política Internacional en materia de cambio climático después de Copenhague: relanzamiento de las negociaciones internacionales mediante una actuación inmediata

  Presidenta. – El siguiente punto es la declaración efectuada por la Comisión sobre la Política Internacional en materia de cambio climático después de Copenhague: relanzamiento de las negociaciones internacionales mediante una actuación inmediata.

  Connie Hedegaard, Miembro de la Comisión. – Señora Presidenta, esta es la primera vez que me dirijo a esta Cámara y me complace que, menos de cuatro semanas después de haber tomado posesión de mi cargo, pueda presentarles la comunicación sobre la política internacional en materia de cambio climático después de Copenhague— una comunicación que la Comisión ha aprobado en su reunión de hoy.

La comunicación se titula «Una intervención inmediata para reactivar la lucha global contra el cambio climático», y eso es exactamente lo que nos proponemos hacer. Naturalmente, al redactar la comunicación, hemos tenido muy en cuenta la resolución del Parlamento, de 10 de febrero, sobre los resultados de la Conferencia de Copenhague sobre el Cambio Climático (COP 15).

Copenhague ha sido un paso adelante mucho más pequeño de lo que deseaba la Unión Europea pero, no obstante, ha sido un paso adelante. Ciento nueve países— naciones industrializadas y en desarrollo por igual, que son responsables colectivamente de más del 80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo— han incluido ahora oficialmente sus objetivos y actuaciones en materia de reducción de emisiones en el Acuerdo. En otras palabras, la oportunidad ya está ahí para que podamos construir sobre esa determinación y canalizarla en una actuación internacional. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para que nos ayude a recobrar el impulso de alcanzar un acuerdo sólido y jurídicamente vinculante sobre el clima mundial para el período posterior a 2012 que, desde luego, sigue siendo nuestro objetivo.

El punto de partida de la Comisión es que la Unión Europea debe seguir asumiendo el liderazgo. Creemos que la manera más convincente para que Europa pueda lograrlo es realizando una actuación tangible y concreta en los ámbitos nacionales que le permita convertirse en la región más respetuosa del medio ambiente del mundo. Debemos hacerlo como parte de la «Estrategia Europa 2020» presentada la semana pasada. Y permítame decir esto en voz alta y clara: es en interés de Europa. ¿Por qué? Bueno, porque— si lo hacemos de forma inteligente— mejorará nuestra competitividad, reforzará nuestra seguridad energética y estimulará un crecimiento económico y una innovación más ecológicos, creando así nuevos puestos de trabajo. Por lo tanto, la Comisión emprenderá a partir de ahora la labor de trazar el camino hasta 2050 para la transición de la Unión Europea hacia una economía de baja emisión de carbono.

Esto implicará reducir nuestras emisiones entre un 80 y un 95 % en 2050, como ya se ha acordado, y— como muy bien sabe esta Cámara— la UE se ha comprometido a reducir sus emisiones como mínimo un 20 % por debajo de los niveles de 1990 para 2020 y aumentar gradualmente esta reducción hasta el 30 % si se dan las condiciones para ello. Comparto plenamente el deseo expresado por este Parlamento de que la UE avance hacia un objetivo superior al 20 %. Tenemos que lograr que nuestra reducción se aproxime más a lo que la ciencia nos indica que se requiere para cumplir el objetivo del Acuerdo de Copenhague de mantener el calentamiento global por debajo de 2º C. Como también se afirma en la resolución, la crisis ha facilitado la consecución de los objetivos. Si hoy queremos ser tan ambiciosos como estábamos dispuestos a serlo cuando aprobamos el conjunto de medidas relativas al cambio climático y la energía en 2007 y 2008, tendríamos que superar el 20 %. Por lo tanto, me complace anunciarles que la Comisión preparará, antes del Consejo Europeo de junio, un análisis de las políticas prácticas que se requieren para aplicar una reducción de las emisiones del 30 % para 2020. La Comisión también se encargará de desarrollar un análisis de las etapas en nuestro camino hacia 2050, incluidos los escenarios necesarios para alcanzar el nivel de ambición en 2030. Esto exige el establecimiento de unas estrategias adecuadas para los principales sectores emisores, que sean coherentes con la «Estrategia Europa 2020». En línea con el plazo acordado en la Directiva sobre el régimen de comercio de derechos de emisión, la Comisión también iniciará su análisis de la situación relativa a las industrias grandes consumidoras de energía en caso de fuga de carbono.

En paralelo con este trabajo, la UE debe iniciar la aplicación del Acuerdo de Copenhague. Esto significa elaborar un marco contable internacional sólido y transparente para las emisiones y los resultados. También significa movilizar rápidamente los 7 200 millones de euros en una financiación rápidamente disponible para los países en desarrollo con los que se ha comprometido Europa para el período 2010-2012. Esto es especialmente importante para nuestra credibilidad, así como para contribuir a garantizar una financiación a largo plazo. La Comisión está lista para ayudar a garantizar que la asistencia de la UE esté bien coordinada.

Finalmente, esta comunicación propone una hoja de ruta para los pasos siguientes en el proceso impulsado por las Naciones Unidas, que se acordará en Bonn esta primavera, cuando se reanuden las negociaciones. Las reuniones técnicas en Bonn deben poner en marcha el proceso de integrar la orientación política prevista en el Acuerdo de Copenhague en el texto de negociación de las Naciones Unidas y abordar las deficiencias más destacadas. Y sobre todo, creo que es muy importante ver cuáles pueden ser los entregables específicos para Cancún. Lograr introducir los objetivos de los países desarrollados y las actuaciones de los países en desarrollo presentados en virtud del Acuerdo, así como la orientación política sobre seguimiento, notificación y verificación en el proceso de negociación formal de las Naciones Unidas será crucial, pero también las decisiones sobre cuestiones que fueron ignoradas en el Acuerdo, como la evolución del mercado internacional de carbono, la reducción de emisiones de la navegación marítima y la aviación internacional a través de la OACI y de EIMO, la agricultura y otras cosas. En las negociaciones formales, de hecho se produjo un avance importante en Copenhague con respecto al marco de adaptación, el marco tecnológico, los bosques, que también podrían incluirse entre los entregables específicos para México.

Nadie se sentiría mejor que yo si en Cancún también se alcanzase un acuerdo mundial jurídicamente vinculante y se resolviese también allí la cuestión jurídica— y no se equivoquen, la Unión Europea está preparada. No obstante, debemos reconocer que las diferencias que aún subsisten entre las partes pueden demorar el acuerdo sobre todo esto hasta el próximo año. Por lo tanto, tenemos que gestionar las expectativas con cuidado. Creo que todos ustedes saben que unas elevadas expectativas para México sin unos entregables específicos implican un riesgo muy alto de que el final el proceso no llegue a buen puerto. De modo que para todos los que consideramos muy importante lograr un acuerdo internacional, creo que también es igualmente importante proseguir este enfoque gradual e intentar hacer todo lo que podamos para asegurarnos de que el mundo alcance un acuerdo jurídicamente vinculante antes de 2012.

Finalmente, sólo unas palabras sobre la integridad medioambiental. La integridad medioambiental debe ser nuestra consigna en las negociaciones y me consta que esta es una preocupación que el Parlamento comparte. Por lo tanto, es necesario abordar las deficiencias del Protocolo de Kyoto. Con esto me refiero al limitado número de países que incluye— correspondiente solamente al 30 % de las emisiones actuales— y las graves deficiencias que contiene, tales como las normas contables para las emisiones de la silvicultura y la gestión del superávit de derechos de emisión de cada país para el período 2008-2012, que también se destacan en la resolución del Parlamento del mes de febrero.

Por último, Europa debe realizar un acercamiento para promover el apoyo al proceso de las Naciones Unidas y restaurar la confianza en que es posible alcanzar un acuerdo mundial. Tenemos que lograr una mejor comprensión de la posición que mantienen nuestros socios sobre cuestiones clave, además de explicar lo que la Unión Europea exige de un acuerdo mundial. La Comisión emprenderá el acercamiento en estrecha colaboración con el Consejo y la Presidencia del Consejo. Este mes mantendré conversaciones en Washington y México y tengo previsto visitar, entre otros lugares, la India, las Maldivas, China y el Japón en abril.

También nos gustaría instar al Parlamento Europeo a contribuir, comprometiéndose con sus colegas parlamentarios de todo el mundo. Personalmente, he tenido ocasión de conocer a algunos representantes de sus delegaciones parlamentarias en terceros países importantes y me reuniré con otros muy pronto para debatir el mejor modo de que podamos unir nuestros esfuerzos y realizar juntos un acercamiento, así como la manera de que la Comisión pueda ayudarles en esta importante tarea.

La comunicación de la Comisión establece una estrategia para ayudar a conservar el impulso de los esfuerzos mundiales para abordar el cambio climático expresado mediante el creciente apoyo al Acuerdo de Copenhague. El liderazgo de la UE en este proceso será absolutamente vital para el éxito. Espero que podamos contar con el apoyo del Parlamento.

  Richard Seeber (PPE). – (DE) Me gustaría felicitar a la nueva Comisaria por su primer discurso. La Comunicación que nos ha presentado también es muy interesante. Sin embargo, quisiera mencionar ahora un par de deficiencias.

Habría sido oportuno que usted misma hubiese analizado algo más el proceso de las Naciones en esta comunicación inicial, y también que formulara una crítica de las esferas donde existen verdaderas deficiencias. Como todos sabemos, el panel 2, en particular, no ha empleado exactamente una meticulosidad científica.

En segundo lugar, el objetivo de 2º C que hemos fijado debería contar con más pruebas científicas que lo respalden, y ahora usted debería aumentar sus esfuerzos para que podamos intensificar nuestra investigación con el fin de determinar si aún es posible o si— como diversas personas ya dicen— deberíamos distanciarnos claramente de esta idea.

En tercer lugar —y probablemente más importante— lo que necesitamos en este momento en concreto es abordar la crisis de confianza que estamos observando en todo el mundo y especialmente aquí en Europa. Como usted sabe, hay encuestas que indican que sólo el 30 % de los ciudadanos europeos cree que el CO2 afecta al clima. Cada proyecto que no toma esto en consideración está abocado al fracaso.

  Marita Ulvskog (S&D). – (SV) Señora Presidenta, la Comisaria Hedegaard ha realizado una serie de declaraciones positivas, pero también ha dicho dos cosas muy preocupantes: ella prefiere hablar sobre el 2050 en lugar de hacerlo sobre el 2010, lo que me parece preocupante, y también habla más acerca de cómo debemos rebajar nuestras expectativas que de continuar impulsando el avance de las cosas para que nuestros objetivos y expectativas sean los más altos posibles en las reuniones que ya están programadas.

Me gustaría preguntar lo siguiente: ¿la Comisión va a trabajar hacia un acuerdo ambicioso y jurídicamente vinculante sobre el cambio climático para que se firme en Cancún en diciembre, o continuará promoviendo un proceso en el que Cancún sería meramente un paso en el camino hacia un acuerdo que podría firmarse en Sudáfrica, o tal vez en algún otro país más lejano en el tiempo: en 2011, 2012, 2020 o, en el peor de los casos, incluso más tarde de esa fecha?

  Chris Davies (ALDE). – Señora Presidenta, después de Copenhague, algunos de nosotros nos sentimos como los restos de un ejército derrotado, dispersado y desmoralizado, así que me complace que haya elevado el listón y haya lanzado un contraataque.

Pero, si bien se la ve optimista y positiva, en la práctica, mucho de lo que ha dicho se basa en un deseo. En gran medida, dependemos de otros para realizar progresos.

Observo que ha hablado de reconsiderar la idea de elevar nuestro propio objetivo a una reducción del 30 %. ¿Estoy en lo cierto al decir que ha sugerido una fórmula nueva y más subjetiva para aplicarla? El documento dice «si se dan las condiciones para ello». Me parece que eso es nuevo.

¿Por qué no se dice nada en el documento sobre los motivos del fracaso de Copenhague y sugiere lecciones a extraer? ¿Por qué no hay nada que señale el problema de la negación del cambio climático, que es lo que está minando la voluntad política? Y, por último, ¿por qué no se dice nada acerca de la necesidad de involucrar a más empresas?

Hay muchas empresas en Europa que desean colaborar con nosotros en esto y, francamente, si bien le deseo lo mejor, y todos nosotros le deseamos lo mejor, va a necesitar todos los amigos que pueda conseguir.

  Connie Hedegaard, Miembro de la Comisión. – Señora Presidenta, primero deseo responder al señor Seeber, sobre el IPCC y por qué no lo hemos criticado o lo que deberíamos haber incluido en este documento: debo decir que si bien considero que es crucial para el IPCC tomarse seriamente las críticas e intentar corregir las cosas que necesitan corrección, hasta la fecha no he visto nada que cambie mi profunda convicción de que, sin duda, tenemos que abordar el cambio climático. Existen datos, correos electrónicos filtrados y todo este tipo de cosas, pero no he visto nada realmente serio que me haga cambiar de actitud y creo que eso vale también para muchas otras personas. Me parece que todo es bastante intencionado, y que el propio IPCC debería ocuparse ahora de restaurar la confianza en todo lo que sale del IPCC.

Estoy totalmente de acuerdo con el punto que prácticamente no ha tenido usted ocasión de plantear— la cuestión de la confianza— y ese también es el motivo por el que necesitamos un acercamiento sustancial, algo que es crucial para la Unión Europea.

Señora Ulvskog, usted ha mencionado que he hablado más de 2050 que de 2010. Esta es una estrategia para el camino hacia 2012. Para el momento actual, 2010, ya tenemos una política en la Unión Europea, de modo que esta es una estrategia de cara al futuro. Por eso digo que una de las nuevas cuestiones a las que debemos prestar atención es que debemos comenzar a definir las vías entre 2020 y 2050, y por eso presentaré algunas ideas sobre lo que debemos lograr para 2030.

El año 2020 está solamente a 10 años vista. En este período de la Comisión, también debemos establecer el camino por el que vamos a llegar a 2030, de modo que eso está muy claro y es uno de los nuevos aspectos de este asunto.

Definitivamente no deseo rebajar las expectativas pero tendría mucho cuidado de no elevarlas tanto como para que aquellos que no desean que las negociaciones internacionales tengan éxito puedan acabar con el proceso después de México si no logramos nada. Por este motivo debemos ser prácticos. Defenderé ante cualquiera que, hasta Copenhague, era correcto mantener unas expectativas elevadas, mantener la presión y colocar este punto como prioritario en el orden del día de los Jefes de Estado. Esto les hizo responsables; hizo que las economías emergentes y los Estados Unidos fijaran objetivos nacionales; y esto era algo importante. Pero algo así sólo se puede hacer una vez si no se logra plenamente. Mi temor es que no podríamos hacerlo dos veces.

Entonces, ¿por qué no elaborar un programa de trabajo en Bonn, que asegure que no se pierde el impulso? Esa es la idea.

Finalmente, al señor Chris Davies le digo que tiene razón. Dependemos de los demás para realizar progresos, y ese es también el motivo por el que debemos hacer lo correcto e intentar analizar la información que obtenemos. ¿Qué está pasando en Beijing? ¿Qué está pasando en Delhi? ¿Qué está pasando en Washington? ¿Qué sucede en el Congreso de los Estados Unidos? Y luego podemos comprobar si, tomando todo esto en consideración, podemos garantizar, al mismo tiempo, que seguimos cumpliendo nuestro objetivo, concretamente un acuerdo internacional que sea de verdad jurídicamente vinculante.

Usted ha mencionado el 30 %, si se dan las condiciones para ello— tiene usted razón, esta es una nueva manera de plantearlo. También hay notas al pie en la estrategia para 2020 que hacen referencia a las políticas hasta la fecha, siempre que las demás naciones..., y así sucesivamente, pero creo que si se dan las condiciones para ello y si, tal vez, lo hacemos de forma inteligente, también podrían beneficiar a la propia Europa. Es necesario incluir también este aspecto en nuestras diferentes estrategias y documentos.

Ya sé que este es un ámbito en el que no existe consenso en Europa en este momento. Creo que es importante tenerlo en cuenta. Digamos, por ejemplo, que China no acepta un acuerdo internacional, ¿nos quedaremos entonces para siempre en el 20 %? ¿Cómo podría beneficiar eso a nuestra economía, nuestra innovación, nuestro crecimiento? ¿No estaríamos arriesgando perder los mercados de China y otras regiones que también están actuando en base a esta agenda, sin que importe cuándo lograríamos, si lo hacemos, un acuerdo internacional?

Esta es sólo una exposición para debatir, diciendo que efectivamente existen monedas de cambio en las negociaciones internacionales, pero no debemos olvidar que también hay un aspecto nacional en las mismas. ¿De dónde procederá nuestro crecimiento en el futuro? Por eso, debemos tener cuidado de no ser demasiado ambiciosos.

  Satu Hassi (Verts/ALE). – (FI) Señorías, señora Comisaria, me parece excelente comprobar que ha leído usted la resolución del Parlamento y que considera necesario hacer referencia a la misma. Esa es una buena señal, cuando comienza en su nuevo cargo.

Si la UE realmente desea conservar su liderazgo en la cuestión del cambio climático, deberíamos elevar nuestro objetivo al menos al -30 %, una cuestión de la que usted ya ha hablado. Deseo añadir que los cambios que la recesión ha aportado a la situación significan que una reducción del 20 % no es, en realidad, una gran diferencia con respecto al escenario «de costumbre». Si queremos ser ambiciosos, tenemos que fijar unos objetivos más rigurosos y elevar la reducción al menos al 30 % y, preferiblemente, al 40 %.

En segundo lugar, como el Parlamento en su último debate, unánimemente...

(La Presidenta interrumpe a la oradora)

  Martin Callanan (ECR). – Señora Presidenta, quisiera agradecer a la señora Comisaria su declaración y darle la bienvenida a esta Cámara.

En su declaración, la señora Comisaria ha hablado de incrementar nuestro objetivo al 30 % si se dan las condiciones para ello.

¿Qué pruebas tiene de que, si lo elevamos, esto ayudará a persuadir a los Estados Unidos, la India y China, o a otros países, para que firmen un acuerdo mundial jurídicamente vinculante?

A falta de un acuerdo mundial jurídicamente vinculante, ¿no considera que existe un gran riesgo de que nuestra industria se vuelva menos competitiva, y carguemos a nuestros consumidores con unos recibos de electricidad aún más elevados, sin ningún beneficio neto en absoluto para el medio ambiente, debido a que esas reducciones en emisiones quedarían, por supuesto, anuladas por los incrementos en la India, China, los Estados Unidos, etc.?

  Bairbre de Brún (GUE/NGL). – (GA) Señora Presidenta, la UE debe comprometerse a reducir las emisiones en un 40 % para 2020 de acuerdo con la información científica más reciente disponible. Este tipo de compromiso no puede asumirse dependiendo de las actuaciones de otros.

¿Qué medidas establecerá la Comisión para garantizar que el compromiso de reducir las emisiones de la UE se incrementará hasta el 40 %? Con respecto a la necesaria financiación disponible para que los países en desarrollo puedan luchar contra el cambio climático y sus consecuencias, ¿quién proporcionará exactamente esa financiación a los países en desarrollo? ¿Cuánto aportará cada país en desarrollo? ¿Cómo y cuándo se proporcionará?

La Comisaria también ha hablado de un ambicioso acuerdo jurídicamente vinculante. ¿Qué medidas adoptará la Comisión para lograr un acuerdo que reconozca la cuota de responsabilidad común, aunque diferente, de los países industrializados y los países en desarrollo, sobre la base de una emisión histórica de gases de efecto invernadero a la atmósfera y de los recursos disponibles para abordar los retos que implican la reducción de emisiones y las consecuencias del cambio climático?

  Connie Hedegaard, Miembro de la Comisión. – Señora Presidenta, si he entendido correctamente el último punto, se refiere a cómo podemos poner en práctica lo que hayamos acordado. Esto es, desde luego, una cuestión esencial.

La otra pregunta era cuánto debe entregarse a los países en desarrollo, según he podido entender. Los criterios no se han fijado aún, pero creo que es muy importante que no exijamos demasiadas condiciones en ese sentido. Esa fue la promesa hecha en Copenhague, que la financiación rápidamente disponible, esto es, la financiación aquí y ahora, se concedería a los países menos adelantados y a los más vulnerables, en parte para la adaptación, y en parte para la mitigación.

Asimismo, creo que lo lógico es defender el hecho de que debe realizarse a través de los cauces existentes. No podemos permitirnos, por cuestiones de tiempo, inventar nuevos sistemas o cauces de regulación para poner ese dinero a trabajar, porque tenemos que ponerlo a trabajar lo antes posible.

Diría que la UE está preparada para que en Bonn se conceda una financiación rápidamente disponible y que, a más tardar en México, el mundo debe estar preparado para cumplir las promesas de Copenhague sobre la financiación rápidamente disponible y establecer los diferentes criterios y el modo exacto en que se llevará a cabo.

A la señora Hassi, que el punto de vista es la necesidad de ceñirse al 30 % y, en muchos aspectos, también guarda relación con lo manifestado por el señor Callanan.

No resulta fácil decidir cuándo exactamente debemos proceder al 30 % y qué se exigiría exactamente para alcanzar ese 30 %. Por ese motivo, en esta comunicación, decimos que, antes del Consejo Europeo de junio, proporcionaremos un análisis exacto de la forma inteligente en que podríamos llegar al 30 %. ¿Qué se nos exigiría?

Por supuesto, no debemos ser ingenuos. Es obvio que debemos ocuparnos de nuestro propio sector industrial. Tenemos que saber lo que vamos a hacer y no debemos ser ingenuos al respecto. Mi opinión es sencillamente que considero que, si lo hacemos de una manera inteligente y coherente, podremos elegir los instrumentos que beneficiarían, al mismo tiempo, al cambio climático y la reducción de emisiones, la eficiencia energética, la seguridad energética, así como la innovación y la creación de empleo. Este será nuestro objetivo y no quiero decir que vaya a ser fácil. No podemos pensar que alcanzar el 30 % será fácil, aunque debemos saber cuál será el potencial y cuáles las implicaciones, y en eso consistirá el análisis que voy a presentar antes de la reunión del Consejo Europeo de junio. Posteriormente, más adelante este año, podremos disponer del análisis sobre los caminos hacia 2050, incluida esta perspectiva para 2030 en la que creo que debemos comenzar a pensar, por el motivo expuesto de que nos hemos comprometido a reducir la emisiones entre un 80 % y un 95 % para 2050. Si no comenzamos ahora, será extraordinariamente difícil lograrlo en las dos últimas décadas, antes de llegar al 2050.

  Paul Nuttall (EFD). – Señora Presidenta, al contrario de lo que opina la Comisión, el debate sobre el cambio climático provocado por el hombre está lejos de haber concluido.

Sólo el mes pasado tuvimos el escándalo de la Universidad de East Anglia; a continuación hemos tenido la debacle con respecto a los glaciares del Himalaya y ahora, tenemos dudas sobre el efecto que tendrá el cambio climático sobre la flora y fauna del Amazonas.

La investigación ha demostrado que al menos 20 puntos del informe del IPCC citan como fuentes fidedignas informes no homologados del Fondo Mundial para la Naturaleza o de Greenpeace. Eso no es ciencia. Necesitamos unas pruebas científicas sólidas, evaluadas por homólogos, no el trabajo de unos grupos de presión que utilizan el cambio climático para favorecer sus propias agendas, o de políticos que usan el cambio climático para justificar la existencia de la Unión Europea.

Me gustaría saber si ahora es el momento de hacer una pausa, hacer un repaso de la situación, y estudiar las ramificaciones de continuar con unas políticas que podrían dañar las economías, ocasionar la pérdida de puestos de trabajo o, posiblemente, provocar un caos energético.

  Andrew Henry William Brons (NI). – Usted es consciente de que los correos electrónicos filtrados desde la Universidad de East Anglia revelan que los cambios de temperatura históricos han sido manipulados por quienes apoyan la hipótesis del cambio climático provocado por el hombre, al seleccionar de forma subjetiva los años de base. Este truco se ha utilizado para camuflar los recientes descensos de temperatura y limitar el problema del Período Cálido Medieval. Los correos electrónicos también revelan que los científicos que se han mostrado escépticos ante esa hipótesis han sido eliminados de los procesos de examen por homólogos para evitar que los errores de la investigación se sometieran al escrutinio público.

¿Es posible que una hipótesis que depende de la manipulación de los datos se considere como base adecuada para justificar semejante gasto y el cierre de fábricas como la planta de Corus en Middlesbrough? La Unión Europea paga enormes subvenciones a los grupos de presión ambientales y ellos se ponen de acuerdo para aconsejar a la UE que siga una política con la que ya está comprometida. ¿Resulta adecuado que la Unión Europea utilice fondos públicos para subvencionar a grupos de presión? Esto es despilfarrar el dinero público, proporcionar un falso apoyo a las políticas de la Unión Europea y comprometer la independencia de las organizaciones que hacen campaña.

  Karl-Heinz Florenz (PPE). – (DE) Deseo darle una calurosa bienvenida a esta Cámara. La pérdida de confianza en Copenhague fue, según mi opinión, uno de los principales problemas. En teoría, esto podría continuar en todo el mundo, pero también dentro de la Unión Europea. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué sucede con los instrumentos que aprobamos el año pasado? El régimen de comercio de derechos de emisión es lo que me preocupa, porque no estoy totalmente seguro de que la Comisión esté haciendo algo en la actualidad a la luz de la decisión de Copenhague, por ejemplo, con respecto a los parámetros de referencia, pero también con respecto a la fuga de carbono.

Mi segunda pregunta es la siguiente: ¿ha presentado el Gobierno francés una propuesta para incorporar a los importadores de los países en desarrollo en el régimen de comercio de derechos de emisión para que el mercado sea más grande y permita a esos países participar en este régimen? ¿Tiene usted alguna opinión al respecto?

  Connie Hedegaard, Miembro de la Comisión. – Señora Presidenta, primero me dirigiré a los dos señores que han planteado las preguntas relativas al IPCC.

En primer lugar, no estoy aquí para representar al IPCC. Estoy segura de que son perfectamente capaces de hablar por sí mismos.

Cuando escucho si «es el momento de hacer una pausa», debo decir que las negociaciones internacionales sobre el clima se han visto suspendidas de muchas maneras durante bastante tiempo. Aún necesitamos, o al menos eso creo, un avance sustancial en ese ámbito. Sencillamente no comprendo por qué, debido a unas cuantas filtraciones, alguien desea trasladar el escepticismo a todo el proyecto. Ese no es mi planteamiento. No soy una política. No puedo juzgar la labor de los científicos, pero puedo utilizar mi sentido común y puedo leer las principales conclusiones y ver como son los hechos que hay sobre la mesa. A continuación, yo misma puedo sopesar si deseo correr el riesgo de no hacer nada, con las graves implicaciones que puede tener— o, en cambio, puedo intentar responder al reto.

Lo que no logro entender es por qué los que son escépticos con respecto a esta cuestión del clima no ven que siempre será bueno para un planeta cuya población se aproxima a los nueve mil millones de personas, o incluso más a mediados de este siglo, ser más eficientes en cuanto a la energía y mucho más en cuanto a los recursos.

Ahí es donde debemos encontrar un terreno común cuando se trata de los instrumentos, porque en cualquier caso beneficiará a nuestro entorno, beneficiará a nuestros ciudadanos y beneficiará a nuestras economías. También beneficiará a las empresas energéticamente eficientes, en un futuro en el que la energía será cada vez más cara. Así compensarán los resultados, en un mundo donde se producirá una lucha por los recursos. De modo que realmente no comprendo por qué no podemos seguir una agenda similar desde ese punto de vista.

Al señor Florenz, ¿que qué hacemos con instrumentos como el régimen de comercio de derechos de emisión? Bien, como ha mencionado, dispondremos de un análisis sobre la fuga de carbono antes del verano y, en cuanto a los parámetros de referencia, continuaremos trabajando con ellos. Aún queda mucho por hacer con respecto al régimen de comercio de derechos de emisión. También creo que debemos seguir trabajando con todos los países del mundo que están planeando algún tipo de régimen de comercio de derechos.

Aún sigo pensando que esa será la manera más eficaz de intentar regularlo, pero por supuesto, es muy importante contar con nuestros propios regímenes establecidos y en funcionamiento, trabajando del modo más eficaz y favorable para las empresas que sea posible, para que podamos ver si de verdad funcionan y que, en última instancia, también benefician nuestra posibilidad de proporcionar innovación.

  Jo Leinen (S&D). – (DE) Señora Comisaria, mi más cálida bienvenida al Parlamento. Le envié una carta al Presidente del Parlamento para informarle de que todas las delegaciones de esta Cámara tienen la protección del clima en el orden del día de los debates con nuestros socios en todo el mundo. Tenemos que encontrar otro mecanismo que permita relacionar esta información y estos resultados con sus viajes alrededor del mundo, de modo que tanto en Bruselas como en Estrasburgo sepamos exactamente donde estamos.

Hasta cierto punto me preocupa que las negociaciones sobre el clima puedan tener el mismo destino que las negociaciones de Doha, que se posponen continuamente año tras año. Por lo tanto, mi pregunta es: ¿cuál es su plan B para poder obtener posibles resultados en parte de algunos sectores? También tengo una pregunta en relación con el Protocolo de Kyoto. Un error estratégico que cometimos en Bangkok fue dar la impresión de que lo abandonaríamos. ¿Qué sucedería si no aprobamos algo hasta 2011 o 2012? ¿Cuál es el futuro del Protocolo de Kyoto?

  Frédérique Ries (ALDE). – (FR) Señora Presidenta, quisiera dar la bienvenida a nuestra Cámara a la señora Hedegaard. Señora Comisaria, me complace darle la bienvenida a su primera participación y repetirle lo que le dije en su audiencia, además de felicitarla por el entusiasmo que inspira a nuestros debates, siendo la persona que representa la diplomacia climática, con el apoyo constante, naturalmente, de nuestro Parlamento.

Estoy convencido de que Europa debe adoptar una posición más ofensiva, que debe mostrar sus armas en lugar de sus intenciones. Mi pregunta, que será fácil de responder, es algo similar a la del Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, puesto que yo también estoy convencido de que Europa debe garantizar que, en lo sucesivo, siempre incluirá esta dimensión climática en todos sus acuerdos comerciales con terceros países, con un impuesto europeo sobre el carbono, si ese es el único lenguaje que entienden quienes se niegan a darse cuenta de la magnitud del reto.

Tengo otra pregunta que tal vez sea algo más iconoclasta por mi parte, una propuesta que, en cualquier caso, requiere una respuesta de usted: ¿no podrían al Parlamento Europeo, la Comisión y las instituciones dar también ejemplo declarándose «carbono neutrales»? En otras palabras, ¿compensar sus emisiones de CO2 a fin de satisfacer al menos —aunque este sea sólo un aspecto— los costes ambientales de nuestros viajes a Estrasburgo?

  Claude Turmes (Verts/ALE). – Señora Presidenta, en primer lugar creo que todos esperamos con gran interés esa evaluación de impacto. Realmente estamos más o menos seguros de que el 30 % será bueno para la economía europea y también para la carrera en pro de tecnologías ecológicas.

Señora Comisaria, tengo dos preguntas, una es sobre la financiación rápidamente disponible. ¿Cómo establecerá la relación con el señor Piebalgs para asegurarse de que esta financiación se destina realmente a la eficiencia energética, a las energías renovables y, de una manera descentralizada, a la producción de energía descentralizada, combinándola a la vez con la pobreza energética? La segunda pregunta es, ¿cómo va a lograr que las grandes ciudades europeas y las regiones desarrolladas participen también en el juego a nivel internacional? Me decepcionó mucho que en el documento sobre la Estrategia Europa 2020 de la semana pasada, las ciudades y regiones prácticamente no existan. ¿Cómo podemos atrevernos siquiera a pensar que lograremos hacer avanzar a Europa si ignoramos las regiones de los ciudadanos de Europa y el impacto que pueden tener a nivel internacional?

  Connie Hedegaard, Miembro de la Comisión. – Señora Presidenta, en primer lugar quiero decirle al señor Leinen que creo que es una idea estupenda que, siempre que las delegaciones viajen, ustedes también concedan tiempo y otorguen prioridad a la cuestión del clima en el orden del día. Esto es muy importante y puede resultar muy útil para comparar notas, de modo que, cuando ustedes obtengan alguna información de un país y yo la obtenga un mes más tarde, podríamos reunirnos en algún momento y comparar notas y continuar a partir de la información que cada uno haya recibido.

El riesgo de acabar en un proceso similar al de Doha es justamente el motivo de que hayamos aplicado tanta presión en Copenhague; queríamos hacer el máximo esfuerzo y tratar de evitar esa situación. También tiene usted razón en que ahora es peligroso: si no lo logramos en Copenhague, ¿podría la cuestión eternizarse? Por eso me gustaría ver una hoja de ruta concreta con los entregables exactos para cada evento, y una fecha exacta en la que debamos concluirlos. Creo que es un punto muy interesante.

La última pregunta era acerca del Protocolo de Kyoto y la continuación del mismo. Todos sabemos que existen problemas con el Protocolo de Kyoto, y también sabemos que hay varios países que no desean formar parte del mismo y de todos esos retos. Al final, también es un reto para la Unión Europea. No podemos quedarnos solos en el Protocolo de Kyoto. Creo que es muy importante que Europa no asuma la culpa cuando no la tiene.

Nosotros no somos el problema frente al Protocolo de Kyoto. Lo suscribimos antes que nadie. Hemos cumplido y hemos estado a la altura de nuestras promesas formales durante el primer período de 2008 a 2012. Cumpliremos todo lo que hemos prometido y también estamos preparados para continuar el Protocolo de Kyoto. En este contexto, la UE no es el problema. El problema son las otras partes, que tendrán que decidir si desean una alternativa, en caso de que exista, o de qué manera pretenden abordar la continuación, el segundo período de compromiso.

Por eso esta es una cuestión abierta que debemos debatir pero, como ha dicho Chris Davies, dependemos de lo que hagan las otras partes. Debemos tener cuidado. ¿Por qué íbamos nosotros a poner fin al Protocolo de Kyoto? Nosotros hemos estado a la altura de nuestras promesas en el Protocolo de Kyoto, de modo que más vale que Europa no se apresure a asumir la culpa cuando son otros los culpables.

Sobre la propuesta relativa a las instituciones, puedo decir que ya he planteado la cuestión en mi propio gabinete. Creo que es algo natural. Me gustaría mucho trabajar con el Parlamento. Si usted puede trabajar con el Parlamento, entonces yo trabajaré con la Comisión. Creo que es algo lógico frente a los ciudadanos.

Al señor Claude Turmes quiero decirle, con respecto a la financiación rápidamente disponible y la forma de estar en contacto con el Comisario Piebalgs, que tal vez haya observado que esta comunicación ha sido elaborada conjuntamente con el señor Piebalgs, que es el cofirmante, porque sabemos lo importante que es trabajar juntos también en su propuesta y el modo de utilizarla de la forma más positiva. Entre nosotros dos ya mantenemos esta clase de debate.

Entiendo su planteamiento sobre las grandes ciudades. Creo que la iniciativa C40, al igual que otras muchas, es muy buena, y también tiene usted razón en que la mayor parte de las emisiones estarán relacionadas con las ciudades y el estilo de vida de las ciudades. Aquí, el reto consisten en que la mayoría de los instrumentos de planificación y de otra índole que realmente pueden abordar estas cuestiones, habitualmente son responsabilidad de los Estados miembros, pero estoy de acuerdo con usted, y también hemos trabajado con algunas de las principales ciudades antes de Copenhague. Ese es un aspecto que debemos tener presente e intentar ver cómo podemos desarrollarlo más. Además, por ejemplo, cuando se trata del transporte y la descarbonatación del transporte, no hace falta decir que las principales ciudades serán esenciales para encontrar soluciones al respecto.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE). – (PT) Señora Comisaria, la conferencia de Copenhague ha demostrado que es necesario prepararse para la próxima Conferencia de las Partes (COP) no sólo a nivel interno, mundial y técnico, sino también a nivel político. Internamente, Europa tiene la tarea de aplicar el conjunto de medidas relativas al cambio climático y la energía y la inversión en tecnologías limpias, la investigación científica y la eficiencia energética.

Predicar con el ejemplo es un requisito necesario, pero no suficiente, tal como ha quedado demostrado en Copenhague. Por lo tanto es esencial desarrollar y promover el aspecto diplomático y hacer uso de las opciones previstas en el Tratado de Lisboa para preparar el camino hacia la siguiente Conferencia de las Partes con ambición, hablando con una sola voz y creando alianzas estratégicas con nuestros aliados potenciales sobre este tema como, por ejemplo, los países de África, el Caribe y el Pacífico.

También es importante introducir el tema del cambio climático en todas las cumbres y reuniones de alto nivel. Quisiera preguntar a la Comisión y a la Comisaria qué progresos se han realizado en estas negociaciones políticas.

  Dan Jørgensen (S&D). – (DA) Señora Presidenta, bienvenida, señora Hedegaard. Usted ha dicho muchas cosas buenas, y hay muchas cosas buenas en la comunicación, pero voy a centrarme en aquellas con las que no estoy de acuerdo.

No estoy de acuerdo en gran medida con una estrategia que se basa en aceptar en una etapa tan temprana que no lograremos un acuerdo en México. Por lo tanto, mi pregunta para usted es si se trata de algo que simplemente ha decidido usted, o si es un mandato que le han dado— y de ser así, ¿quién le dio ese mandato?, ¿han sido los Jefes de Estado?, ¿o ha sido el procedimiento de codecisión?, ¿quién ha sido? Espero que esta estrategia pueda revisarse. ¿Qué bien puede hacer preguntarnos qué pasaría si se crea un gran impulso y unas elevadas expectativas y luego todo se queda en nada?, ¿cómo vamos a explicar dos fiascos semejantes? Mire, esto no es algo de lo que deba preocuparse. Los Estados Unidos y China, además de otros países, probablemente se asegurarán de que no haya grandes expectativas en México. La función de la UE no debe ser la de rebajar las expectativas, sino la de elevarlas. Si decimos incluso antes de que comience la cumbre que estamos dispuestos a aceptar que no habrá un acuerdo particularmente amplio, etc., y luego eliminamos cualquier oportunidad de éxito antes de empezar, establecemos un punto de partida totalmente nuevo y, como consecuencia, el acuerdo sólo puede ser peor.

  Holger Krahmer (ALDE). – (DE) Señora Comisaria, tengo dos preguntas concretas para usted.

En primer lugar, en su documento no veo ningún análisis de la posición negociadora europea a nivel internacional. ¿Realmente hemos tomado nota del hecho de que la influencia de Europa en la política relativa al clima ha disminuido? ¿Acaso hemos tomado nota del hecho de que el peso político y económico en este mundo ha cambiado drásticamente en la dirección de Asia? ¿Es posible que hayamos sobreestimado totalmente nuestra influencia en este ámbito?

En segundo lugar, su documento es sorprendente. En las doce páginas que ha llenado completamente no existe una sola referencia al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. ¿Existe algún intento sutil de distanciarse de este organismo? Quisiera recordarle que este panel ha constituido la base de todas las decisiones políticas en relación con las directivas que hemos elaborado en los últimos años. ¿No cree que es un buen momento para solicitar un amplio dictamen científico que nos proporcione auténticas afirmaciones científicas, en lugar de políticas?

  Connie Hedegaard, Miembro de la Comisión. – Señora Presidenta, definitivamente es un «no» rotundo al último punto sobre el IPCC. Si me quisiera distanciar de todo lo que no contiene este documento, entonces me distanciaría de muchas cosas. Esta es una manera de dar por sentado que nos enfrentamos a un reto, que tenemos que resolverlo, y que la UE debe asumir el liderazgo en cuanto al modo de resolverlo. Esa es la idea que sustenta este documento.

No estoy de acuerdo en que la UE no tiene una gran influencia en las negociaciones internacionales. Tiene usted mucha razón al decir que no tenemos toda la influencia que quisiéramos tener para poder decir simplemente lo que está pasando y lo que hay que hacer. Dependemos de otros.

Sin embargo, hemos visto algo totalmente nuevo en Copenhague: mientras, en el pasado, la UE con frecuencia sólo contaba con unos pocos socios cuando acudía a las negociaciones internacionales e intentaba que las cosas se hicieran, esta vez los dirigentes que representan más del 80 % de las emisiones mundiales han prometido en Copenhague que, a partir de ahora, ellos también seguirán el camino correcto. Eso cambia sustancialmente toda la dinámica. Me permito recordarles que conseguir que las economías emergentes se adhieran y sean corresponsables ha sido una prioridad europea durante años, y finalmente se logró en Copenhague.

A la señora Carvalho: sí, estoy totalmente de acuerdo en que debemos prepararnos técnica y políticamente, y que debemos hacerlo mejor para que cuando lleguemos a la mesa de negociaciones no nos limitemos a decir lo que queremos y luego, cuando el resto del mundo exprese su disconformidad, no sepamos realmente qué hacer porque hemos gastado todas nuestras energías intentando ponernos de acuerdo en una posición muy firme y detalladamente formulada. Debemos ser más flexibles en nuestra manera de negociar esta cuestión.

(DA)… y finalmente a Dan Jørgensen: naturalmente que no creo que no vayamos a alcanzar un acuerdo en México. Lo que se debate es si creemos que podremos concluir todos los detalles, incluida la forma del acuerdo, en México. Eso es lo que me preocupa. Visto de esa manera, creo que aumentaremos la presión sobre los Estados Unidos y China, y sobre otros países, diciendo precisamente que debemos contar con unos entregables muy específicos y que deben lograrse unos resultados específicos en Cancún. No podemos limitarnos a aplazarlo.

Estoy intentando que les resulte difícil no comprometerse en México. Creo que si queremos alcanzar un acuerdo, tenemos que cerciorarnos de no centrarnos demasiado en la forma jurídica, porque eso podría obstaculizar lo que se pudiera lograr sobre el contenido actual. Hay muchos factores a tener en cuenta, por ejemplo, «¿Qué pensamos? ¿Qué estamos oyendo? ¿En qué creemos que los Estados Unidos podrían estar de acuerdo sólo tres semanas después de haber celebrado sus elecciones de mitad de período?» Aquí entran en juego muchos factores, pero creo que el señor Jørgensen me conoce lo suficiente como para saber que no es porque yo piense que no debemos ser ambiciosos en México. Sencillamente debemos intentar definir qué es lo máximo que podemos obtener en México. Este es el punto crucial de la estrategia que he intentado presentarles hoy aquí.

  Presidenta. – Señorías, hay más miembros que no han tenido oportunidad de hablar, pero no ha habido suficiente tiempo. Espero que lo comprendan. Les agradezco a todos este disciplinado debate. Gracias, señora Comisaria. Espero que nos veamos más a menudo en el Pleno. Estoy segura de que así será.

Se cierra el debate.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) La UE tiene una clara oportunidad de mostrar el camino para reducir las emisiones de CO2. La Cumbre de Copenhague tal vez haya dejado a muchos con una sensación decepcionante debido a que algunos de los participantes eludieron comprometerse con unos objetivos claros para la prevención del cambio climático. Recientemente, la India y China han enviado mensajes a las Naciones Unidas indicando su determinación de cumplir los objetivos a los que se comprometieron en el Acuerdo de Copenhague, por poco precisos que fueran. Esta es una señal importante y la UE puede aferrarse a esa iniciativa a nivel mundial y llevar a todos los Estados de nuevo a la misma mesa, especialmente los Estados de Asia cuya capacidad industrial aumenta cada mes. El cambio climático es una certeza, al igual que es una certeza que la contaminación acelera ese cambio. Esto justifica las ambiciones de la UE de establecer como ejemplo sus actuaciones para reducir la contaminación. Sin duda, nuestro objetivo de ser la región menos contaminada del mundo sólo puede beneficiarnos. Los beneficios incluyen algo más que el beneficio inmediato de un entorno más limpio. Reconducir a Europa hacia una economía y una industria más ecológicas creará empleos, abrirá nuevos caminos a la investigación y, en última instancia aunque no menos importante, reducirá el gasto de cada Estado.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Si bien preservar la atmósfera de la tierra debe ser una responsabilidad compartida por diferentes países, también está claro que la influencia que cada uno de esos países ha ejercido sobre la atmósfera a lo largo de la historia y el impacto que ejerce hoy son dos cosas muy distintas, lo que significa que sus responsabilidades deben diferenciarse, por razones de justicia elemental. Además, la definición de responsabilidad de cada país en el esfuerzo mundial para reducir las emisiones debe tomar en consideración sus respectivas poblaciones, por las mismas razones de justicia. Las emisiones per cápita de China son en la actualidad cuatro veces inferiores a las de los Estados Unidos y, aproximadamente, la mitad de la media de las emisiones de la UE. Las emisiones de la India equivalen aproximadamente a una décima de la media de la UE y son veinte veces inferiores a las de los Estados Unidos. En la actualidad en la India hay unos 500 millones de personas (aproximadamente la población de la UE) sin acceso a la electricidad. Por este motivo, los intentos de culpar a estos países del fracaso de Copenhague son poco razonables e injustos, por no mencionar una ridícula acusación contra los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América en una resolución de esta Cámara. Esta posición sólo se justifica por un faccionalismo político, que socava y desvirtúa lo que realmente sucedió en Copenhague.

  Adam Gierek (S&D), por escrito. – (PL) La promoción tan persistente de la Comisión Europea y su Presidente sobre la cuestión de una política «ambiciosa» con respecto al clima y la energía, que ha continuado durante años, no es más que un intento de destruir la industria de la Unión Europea. Esta política es el resultado bien de una ignorancia aumentada por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático o, simplemente, de la estupidez, o también puede ser el resultado de un excesivo cinismo que conduce al sabotaje económico. Es una pena que los miembros de la izquierda no se hayan dado cuenta de que esto no es más que otra trampa para ellos, porque el mayor número de partidarios del comercio de derechos de emisión se reclutan entre quienes ya han provocado una crisis. Sin embargo, esta vez la «burbuja financiera» será significativamente más grande. El daño que ya ha causado esa política suicida es enorme, especialmente en mi país, Polonia. No necesitamos una guerra. Es más fácil arruinar un país que reconstruirlo. Insto a la Comisión a que recupere el sentido común porque lo que está haciendo no sólo va en contra de Europa, va en contra del humanitarismo. Lo que se necesita es una revisión inmediata del conjunto de medidas relativas al cambio climático y la energía. Pongámonos a trabajar en eso y dejemos de persuadir a otros para que cometan un suicidio económico. Una economía ecológica— sí, pero eso, naturalmente, significa reciclado de materiales y energía, cogeneración, termo-modernización, energía sostenible donde no exista ninguna otra fuente, reutilización de residuos, energía nuclear, mayor economía energética, mayor eficiencia energética y otras cosas. ¿Tienen entonces las emisiones de CO2 alguna relación con una economía «ecológica» como esta? Sí, la tienen, pero paradójicamente, cuando las emisiones aumentan... así que eso es bueno.

  Eija-Riitta Korhola (PPE), por escrito. – (FI) Señora Presidenta, le agradezco a la Comisaria Hedegaard por indicarnos que comprende el dilema básico de la política relativa al clima: la UE no puede efectuar reducciones por su cuenta, porque no sólo nuestros resultados serían inútiles, sino que crearíamos el riesgo de dañar el entorno. Si la producción no puede continuar en Europa debido al desorbitado coste del comercio de derechos de emisión y si, como consecuencia, el acero o el papel, por ejemplo, se producen en lugares donde las emisiones subsiguientes son mayores que en Europa, las emisiones aumentarán en general. La ambición unilateral no es ambición: sólo cuando actuemos conjuntamente y según las mismas reglas será posible apretarnos el cinturón sustancialmente. La base para ello debe ser alguna estrategia climática: una reducción constante de determinadas emisiones. Eso constituye un sistema de descarbonatación que es independiente del ciclo de actividad comercial y que siempre recompensa a la parte que realiza reducciones, a diferencia del actual régimen de comercio de derechos de emisión. China, el Japón y los Estados Unidos de América, entre otros, están interesados en un régimen así, y la UE también debe actualizar su propia estrategia para reflejar la situación actual. También quisiera preguntar si tiene algún sentido atenerse al régimen de comercio de derechos de emisión después de 2012, ya que aparentemente no surgirá ningún tipo de régimen semejante a nivel mundial que pudiera vincularse al nuestro. A menos que la especificación y la asignación de los derechos de emisión sean proporcionales, será imposible evitar la distorsión de la competencia. Cuando hace sólo 10 años, comenzamos a redactar la Directiva sobre el régimen de comercio de derechos de emisión, todo el régimen se nos vendió como un medio de prepararnos para el comercio de derechos de emisión a escala mundial. Adquirimos los conocimientos técnicos y la experiencia, pero esa experiencia definitivamente nos ha costado cara, y el beneficio para el medio ambiente no es en modo alguno evidente. Las reducciones de emisiones se pueden hacer de manera que resulten menos expuestas al fracaso y la especulación del mercado. ¿Considera la Comisión que existen buenos motivos para seguir adelante por nuestra cuenta?

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), por escrito. – (PL) Señora Presidenta, señora Hedegaard, la Cumbre de Copenhague, a la que asistimos como líderes del cambio climático, fue una derrota, y demostró que únicamente Europa está interesada en limitar las emisiones de CO2. La señora Hedegaard ha anunciado que, a pesar de este fiasco, la lucha contra el calentamiento global seguirá estando en el centro de la política europea. Ahora estamos elaborando una nueva estrategia antes de la Cumbre de México, de modo que tenemos que responder a la pregunta sobre dónde nos equivocamos y examinar nuestros puntos de vista y expectativas, porque el mundo no está preparado actualmente para aceptar unas restricciones tan grandes. Por lo tanto, tengo tres preguntas para la señora Hedegaard. En primer lugar, ¿cómo vamos a negociar y qué objetivos nos fijaremos, para que la Cumbre de México no acabe como la de Copenhague? En segundo lugar, ¿ha verificado la Comisión Europea la información sobre el calentamiento global y el deshielo de los icebergs en el contexto de una información engañosa y falsa proporcionada por algunos científicos? Y, en tercer lugar, ¿está de acuerdo con mi conclusión de que sin el consentimiento a unas reducciones de emisiones significativas por parte de los Estados Unidos, China, Rusia y la India, los esfuerzos de la Unión Europea, y los costes en los que estamos incurriendo se desperdiciarán?

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), por escrito. – (PL) El reto fundamental para la Unión Europea después de la Cumbre de Copenhague es trazar, lo más rápidamente posible, algo que es esencial: un programa de trabajo colectivo para la cumbre COP 16 de México. Copenhague nos ha hecho darnos cuenta de que las buenas intenciones no son suficientes. Como consecuencia de Copenhague, podemos llegar a las cuatro conclusiones siguientes. En primer lugar, la Unión Europea no será plenamente eficaz si sólo establece los marcos a seguir. Europa debe proporcionar a los países en desarrollo un auténtico apoyo que favorezca los ambiciosos objetivos de la Comunidad en materia de emisiones. En segundo lugar, la Unión Europea debe reanudar los debates con los Estados Unidos, como parte de un liderazgo transatlántico, y con las otras potencias mundiales. En tercer lugar, la Unión Europea debe adoptar un enfoque más racional de la estrategia de reducción de emisiones de CO2, con vistas a reducir las emisiones mientras evita los elevados costes de adaptación. En cuarto lugar, la Unión Europea debe intensificar sus esfuerzos para lograr una economía eficiente de baja emisión de carbono. Señora Hedegaard, la pregunta es sencilla: ¿existe en Europa un clima propicio para ese cambio?

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. – (RO) Me congratulo por el lugar destacado que se ha concedido al cambio climático en la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020 – Una Estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador».

Hay dos aspectos que merece la pena destacar. En primer lugar, invertir en tecnologías verdes, con menores emisiones de carbono es un instrumento importante. Estas inversiones protegerán el medio ambiente, y a la vez crearán nuevas oportunidades empresariales y nuevos empleos. La Unión Europea puede desempeñar un papel importante en este sector en el mercado mundial. El segundo aspecto es la importancia de la iniciativa emblemática «Una Europa que utilice eficazmente los recursos». La petición formulada por la Comisión a los Estados miembros de utilizar los Fondos Estructurales para invertir en la eficacia energética de los edificios públicos sin duda proporciona parte de la solución. Sin embargo, creo que tenemos que dedicar al menos la misa atención al sector residencial, más concretamente a los edificios residenciales colectivos construidos en el pasado que eran grandes consumidores de energía en algunos Estados miembros, especialmente en los de Europa Oriental.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) Creo que hemos aprendido del fracaso de Copenhague. Como prueba de ello, debemos revisar nuestra estrategia para que podamos alcanzar un acuerdo jurídicamente vinculante en México.

Se requiere una acción rápida para traducir el acuerdo político alcanzado en actuaciones, así como para poner a funcionar los 7,2 mil millones de euros asignados para la financiación rápidamente disponible de los países en desarrollo.

La UE ha manifestado su deseo de quedar asociada al Acuerdo y ha realizado, a título informativo, un compromiso unilateral de reducción de las emisiones globales de la UE en un 20 % sobre los niveles de 1990 y una oferta condicional de elevar este porcentaje de reducción al 30 %, si los demás productores de emisiones también acceden a contribuir en una proporción equivalente a los esfuerzos generales para reducir las emisiones.

Desde el 18 de febrero, 40 Estados han dado a conocer sus planes de reducción y 100 han firmado el Acuerdo, pero esto no es suficiente.

Insto a la Alta Representante y a la señora Comisaria para el Cambio Climático a presentarnos urgentemente una estrategia de diplomacia climática, y a la UE y los Estados miembros a incluir políticas relativas al cambio climático en todos los acuerdos estratégicos de colaboración bilaterales y multilaterales a fin de lograr este importante objetivo.

Los acuerdos estratégicos de colaboración para combatir el cambio climático deben incluir a las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil.

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), por escrito. – A pesar de la decepción de Copenhague, se ha logrado un buen avance, incluida la financiación a corto plazo que hemos asegurado para los países en desarrollo. Esto no sólo proporcionará una ayuda concreta sobre el terreno, sino que también ayudará a aumentar la confianza entre los socios que estuvieron divididos en Copenhague.

En los próximos meses y años, tenemos que demostrar al mundo en desarrollo que cumplimos nuestro compromiso de financiar la adaptación y la mitigación, y tenemos que asegurarnos de que los fondos se gastan de la mejor manera posible para poder lograr sus objetivos.

También se ha logrado un avance esencial en Copenhague con respecto al seguimiento, la notificación y la verificación. Esto enlaza directamente con el aumento de la confianza, porque dicho sistema nos permitirá ver que todos cumplen su parte, así como determinar la eficacia de nuestras políticas y la manera de adaptarlas en el futuro. La Unión Europea necesita continuar aplicando su régimen de comercio de derechos de emisión y otras iniciativas, como las reducciones de energía en los edificios. Tenemos que cumplir nuestros objetivos de emisiones y demostrar que todos podemos beneficiarnos del ahorro energético. La mejor manera de convencer a otros para que nos sigan es ofrecerles un ejemplo de una política de reducción de emisiones de éxito que se traduzca en beneficios para la gente corriente.

12. II Cumbre Europea sobre Población Gitana (debate)

  Presidenta. – El siguiente punto se refiere a las preguntas orales al Consejo y a la Comisión con respecto a la II Cumbre Europea sobre la Población Gitana. (B7-0013/2010; B7-0014/2010; B7-0202/2010; B7-0203/2010).

  Monika Flašíková Beňová, autora. – (SK) Todas las preguntas parlamentarias presentadas a la Comisión y al Consejo con ocasión de la próxima cumbre europea sobre la población gitana están vinculadas por varios denominadores comunes.

El primero se refiere a la insatisfacción con la situación actual de la mayoría de la población gitana en la Unión Europea. Esta cuestión también está estrechamente relacionada con la insatisfacción con respecto al gasto o al nivel de gasto de los fondos para la preadhesión o de los Fondos Estructurales que tienen por finalidad la integración de la población gitana en el resto de la sociedad, así como su rehabilitación social. Otro punto importante es la implicación de la sociedad civil, incluidas las organizaciones romaníes, en la solución del problema.

Ambos puntos son importantes, pero me gustaría sugerir que es muy importante saber cómo se resolverán estos problemas. Seamos sinceros, tras muchos años de ambiguas declaraciones políticas e inactividad, varios de nosotros sentimos la fuerte necesidad de avanzar finalmente con actuaciones concretas. Soy un defensor inquebrantable de los derechos humanos y todas mis declaraciones en el hemiciclo del Parlamento Europeo durante los últimos seis años han sido siempre en este contexto. En estos seis años, he escuchado varios debates acerca de la discriminación contra la etnia gitana y la necesidad de encontrar soluciones a los problemas de la población gitana. A pesar de los numerosos debates, no hemos sido capaces de adoptar medidas para encontrar una solución concreta y creo que esto se debe principalmente a que nos estamos centrando formalmente en el término técnico discriminación, en lugar de abordar los auténticos motivos que son la causa de la situación actual, en la cual viven nuestros conciudadanos romaníes.

Por lo tanto, si realmente queremos abordar el problema de la población gitana, tendremos que centrarnos principalmente en el cumplimiento de los tratados internacionales y las legislaciones nacionales, así como en las convenciones internacionales. En particular, estoy pensando en la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyas disposiciones están siendo violadas por muchas familias gitanas. Estoy hablando de la República Eslovaca, donde existen disposiciones para la atención gratuita y escuelas de enseñanza primaria y secundaria gratuitas. Todo esto lo proporciona y lo financia el Estado. Sin embargo, ni siquiera en estas dos políticas se respetan los derechos básicos del niño.

Si realmente desean hablar objetivamente acerca del modo de resolver los problemas de la población gitana, entonces debemos abordar los motivos y las causas que conducen a la discriminación.

PRESIDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

  Hélène Flautre, autor. – (FR) Señor Presidente, la Agencia de los Derechos Fundamentales informa que la población gitana sufre todo tipo de discriminación en todos los ámbitos, ya sea en relación con el acceso al empleo, la atención sanitaria, la educación o la vivienda. Por lo tanto es la minoría más discriminada en Europa.

En 2009, por ejemplo, como promedio, uno de cada cuatro romaníes ha sido víctima de un delito contra la persona —específicamente agresiones, amenazas y hostigamiento grave— al menos en una ocasión durante los 12 meses anteriores, mientras que, al mismo tiempo, uno de cada tres romaníes era interrogado por la policía, como promedio, cuatro veces en el transcurso de los 12 meses anteriores. Su situación marginal se agrava debido a su desconocimiento de sus derechos.

Esta situación, que afecta a casi 10 millones de personas en el corazón de la Unión Europea, que ahora está dotada con la Carta de los Derechos Fundamentales y pronto será uno de los firmantes del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, suscita serias dudas sobre la política de no discriminación y la eficacia de los derechos tanto a nivel de la UE como de los Estados miembros. Fue necesaria la violencia racista que se produjo en Italia en diciembre de 2007 para que una movilización europea a gran escala y de alto nivel finalmente diera como resultado la organización de la primera cumbre europea en septiembre de 2008.

Sin embargo, la decisión de elaborar una estrategia marco para la integración de la población gitana, incluida una directiva sobre la integración de la población gitana, aún no ha visto la luz del día. Algunos Estados miembros —como Francia, y también otros— que mantienen medidas provisionales para el acceso a sus mercados de los búlgaros y rumanos, están penalizando principalmente a la población gitana y deben eliminar esas medidas lo antes posible como señal de buena voluntad política.

Los Estados miembros deben abandonar finalmente la negociación de acuerdos bilaterales de readmisión con Kosovo, que están provocando que la población gitana sea devuelta a campamentos contaminados por plomo en la parte septentrional de Mitrovica, como ha podido demostrar el señor Hammarberg, Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

Con respecto a la Comisión Europea, deseo recordarle la resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2009, sobre la situación social de los romaníes. En este año de lucha contra la pobreza, creo que finalmente podemos decidir el mejor modo de utilizar nuestros instrumentos y nuestros Fondos Estructurales con vistas a resolver esta grave situación.

  Diego López Garrido, Presidente en ejercicio del Consejo. – (ES) Señor Presidente, voy a contestar a las preguntas planteadas por la señora Flašíková Beňová y la señora Flautre, en relación con un asunto que afecta directamente a los derechos humanos, que nos afecta a todos nosotros y que afecta a una importante población. Porque la población gitana, como es sabido, es la primera minoría étnica que vive en la Unión Europea, y no precisamente al mismo nivel que la media de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión.

Para ser concreto en relación con las preguntas que me han hecho, hay una primera que habla de la aplicación de los Fondos Estructurales en este ámbito y debo decirles que las conclusiones que la Presidencia española pretende adoptar en el Consejo incluyen esos diez principios básicos, entre los cuales está la revisión o modificación de los actuales programas operativos de los Fondos Estructurales, así como los futuros reglamentos a partir de 2014.

Se insiste en que se haga pleno uso de los Fondos Estructurales para promover la integración de la población romaní y, en concreto, proponemos que se pongan en marcha acciones integrales, tanto en las zonas rurales como urbanas, a partir de la reciente modificación del artículo 7 del FEDER. Y esto persigue una promoción integral de las comunidades romaníes a partir de la mejora de su situación de vivienda y entorno.

La segunda pregunta se refiere a la acción de las autoridades locales. Nosotros entendemos que, para que los Fondos Estructurales sean accesibles a la población romaní, es necesario que se impliquen activamente las autoridades locales, así como las organizaciones romaníes, incluida la propia población romaní, en todas las fases del proceso, es decir, la planificación, la gestión, el seguimiento y la evaluación de los fondos europeos.

También va a proponer el Consejo en sus conclusiones que la Comisión Europea preste apoyo técnico y orientación a los Estados miembros y las autoridades locales, y que se facilite una coordinación horizontal entre Estados y vertical entre el nivel europeo, el nacional, el regional y el local.

Una tercera pregunta se refiere a si el Trío de Presidencias tiene una propuesta estratégica, una agenda estratégica, a ese respecto. Tengo que decirles que, en el programa del Trío de Presidencias, se habla explícitamente de la integración social y económica de los gitanos. Es una expresión que está en el programa aprobado por el Consejo de Asuntos Generales de forma unánime y que, por tanto, se corresponde con la estrategia para el próximo año y medio, que es al que se extiende el programa del Trío de Presidencias.

Nosotros entendemos que hay que apostar por medidas a corto plazo y largo plazo. En el corto plazo tenemos que priorizar los instrumentos a los que me he referido anteriormente y adoptar además un plan de trabajo para que se aborden inmediatamente problemas como el de los alumnos que van a escuelas especiales, en algunos casos mayoritariamente, o solamente, para gitanos –con lo que hay, por tanto, una desagregación evidente–, o problemas en relación con la vivienda –de los que se ha hablado anteriormente–, así como en el campo de la salud y en el acceso al empleo por cuenta ajena, para corregir las desigualdades.

Y en el largo plazo queremos también que haya un enfoque horizontal, mainstreaming, de los asuntos romaníes en todas las políticas de la Unión Europea, y que habrá de hacerse en el marco del llamado método abierto de coordinación y en campos como los derechos fundamentales, la lucha contra la discriminación, el desarrollo regional, la educación, el acceso a los empleos públicos y a los servicios públicos.

Y, por último, en cuanto a los temas de no discriminación, es sabido que la Presidencia española intenta promover a lo largo de su semestre, y el Trío de Presidencias también, la aprobación de una directiva que lleva tiempo en la Unión Europea sin poder aprobarse, sin llegar a sus últimas consecuencias, que es la directiva integral de la lucha contra la discriminación y por la igualdad de trato, que es esencial precisamente para aquellos colectivos que sufren especialmente discriminación y, por tanto, en concreto, la comunidad romaní.

  Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión. – Señor Presidente, quiero dar las gracias al señor Swoboda y a sus colegas por haber presentado esta pregunta oral relativa a la Cumbre Europea sobre la Población Gitana. Esto le permite a la Comisión expresar su compromiso de garantizar la protección de los derechos fundamentales, por una parte, y la plena integración social y económica en nuestras sociedades, por la otra. Acabamos de escuchar la intervención del representante del Consejo haciendo un verdadero llamamiento a los Estados miembros sobre la manera de avanzar, colocando esta cuestión en el centro de sus políticas.

Como saben, este debate se produce sólo algunas semanas antes de la II Cumbre sobre la Población Gitana que tendrá lugar en Córdoba los días 8 y 9 de abril, organizada por la Presidencia española. La Comisión acoge con satisfacción y apoya activamente esta iniciativa. Creo que esta iniciativa brindará el momento adecuado para hacer un inventario de estos avances a nivel nacional, europeo e internacional desde 2008. Esto nos ayudará a contribuir a una perspectiva común de cara al futuro.

Hace dos años que se celebró la primera cumbre. ¿Hasta dónde hemos llegado? Podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Por supuesto, se han producido mejoras significativas, pero también hay importantes deficiencias. Su pregunta destaca correctamente el papel central de los instrumentos y las políticas de la Unión Europea y la importancia de reforzar la cooperación entre todos los principales actores: los Estados miembros, las instituciones a nivel europeo, las organizaciones internacionales y la sociedad civil.

La Comisión se ha comprometido a aplicar una directiva que prohíbe la discriminación por motivos de raza u origen étnico, y la discriminación contra los romaníes está plenamente contemplada en esta directiva. Ahora contamos con una legislación a nivel europeo y la decisión marco sobre el racismo y la xenofobia, que será una herramienta esencial para hacer frente al racismo que sufre la población gitana.

En noviembre de este año, todos los Estados miembros deberán haber establecido sanciones penales para los delitos racistas y xenófobos, como se estipula en la decisión marco. Como he anunciado, me he comprometido a supervisar la aplicación de esta decisión marco lo más estrechamente posible.

La Comisión es plenamente consciente de que esto no es suficiente y que una legislación enérgica tiene que complementarse con información y una concienciación acerca de los derechos y obligaciones. Con ese fin, la Comisión está abordando las cuestiones de la población gitana en el contexto de la campaña de la UE «Por la diversidad, contra la discriminación» y una formación específica para los abogados.

Correctamente se han subrayado los fondos estructurales, los fondos de ayuda al desarrollo rural y los instrumentos de preadhesión como importantes palancas de cambio, porque permiten a los Estados miembros aplicar ambiciosos programas que están dirigidos a los romaníes. Es evidente que estos programas deben ser muy sencillos y pragmáticos, basados en pruebas, y deben abordar las condiciones de vida de los romaníes en toda su complejidad.

Este no es una cuestión que se pueda resolver con un simple lema. Requiere mucho trabajo específico. Es por eso que la Comisión insta a los Estados miembros a utilizar todo el potencial de esos fondos para apoyar la integración de la población gitana. Con ese fin, hemos iniciado una serie de visitas bilaterales de alto nivel a los Estados miembros con importantes poblaciones romaníes. Estos Estados deben liderar los compromisos específicos con objetivos acordados. El primer evento tuvo lugar en octubre de 2009 en Hungría con la plena cooperación del gobierno. En el futuro se organizarán otros eventos.

Otro ejemplo concreto del compromiso de la Comisión de utilizar los Fondos Estructurales para hacer frente a la exclusión de los romaníes es la enmienda que se ha propuesto al apartado 2 del artículo 7 del Reglamento sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una gran mayoría de esta Cámara votó a favor del informe de su colega, el señor van Nistelrooij, a principios del mes pasado: una medida que abre nuevas oportunidades políticas y de financiación para la vivienda en beneficio de las comunidades marginadas entre las que podemos señalar específicamente a los romaníes, aunque no exclusivamente.

Finalmente, gracias al Parlamento Europeo, existe un proyecto piloto para la integración de la población gitana, con un presupuesto de 5 millones de euros durante dos años. Este proyecto piloto aborda la educación en la primera infancia, el empleo por cuenta propia a través de microcréditos y la sensibilización del público. La evaluación de este proyecto piloto será realizada conjuntamente por el PNUD y el Banco Mundial. Estoy aguardando con sumo interés esta evaluación porque nos aportará información acerca de lo que hemos hecho bien y dónde están las deficiencias, para que podemos continuar a partir de ahí con una acción muy definida.

La Plataforma europea para la integración de la población gitana se lanzó como una iniciativa conjunta de la Comisión y la Presidencia checa en abril de 2009. Su objetivo es reunir a las partes pertinentes a nivel europeo, nacional e internacional, así como a miembros de la sociedad civil, y hacer de las políticas actuales un conjunto mucho más coherente. Esta plataforma ha conducido a la elaboración de los principios básicos comunes para la integración de la población gitana, que se adjunta a las conclusiones del Consejo sobre la integración de la población gitana aprobadas en junio de pasado año. Estas conclusiones invitan a la Comisión a tener en cuenta los 10 principios básicos comunes para la integración de la población gitana a la hora de diseñar y aplicar políticas. Se prevé la organización de nuevas reuniones de la plataforma auspiciadas por la Presidencia española y la Presidencia belga, para que no se quede en una acción aislada, sino que tenga una continuidad. Agradezco el sólido compromiso del Trío de Presidencias con este objetivo, porque necesitamos facilitarnos las cosas los unos a los otros para poder avanzar. La Comisión continuará contribuyendo a las acciones del Trío de Presidencias a través de sus políticas e instrumentos, en estrecha colaboración, naturalmente, con los Estados miembros y la sociedad civil.

Antes de la Cumbre sobre la población gitana, quiero informar a esta Cámara que mi colega, el Comisario Andor, y yo publicaremos una comunicación sobre la integración de la población gitana, analizando los retos que nos aguardan y describiendo la contribución de la Unión Europea para afrontar este reto. A continuación, esta comunicación constituirá la base del debate en Córdoba.

  Lívia Járóka, en nombre del Grupo PPE. – (HU) Además de una aplicación más eficaz de las leyes internacionales y nacionales contra la discriminación, como acabamos de escuchar a la Comisaria Reding, se debe hacer especial hincapié en Córdoba en el aspecto económico de la integración de la población gitana, porque su integración en el mundo del trabajo y la educación es de un interés económico clave para los Estados miembros. En los últimos años, una serie de organizaciones internacionales han desarrollado planes con visión de futuro, pero no se han aplicado a nivel de los Estados miembros debido a la falta de un poder vinculante, la perspectiva de posibles sanciones y las adecuadas asignaciones presupuestarias.

La Unión Europea es capaz de garantizar el desarrollo, una aplicación eficaz y una evaluación basada en indicadores claros de una estrategia comunitaria no obligatoria que vaya más allá de medidas de «derecho indicativo». Como ponente del Parlamento Europeo sobre la estrategia europea para la inclusión de los gitanos, creo que es especialmente importante para la estrategia definir las áreas críticas, dentro de los Estados miembros, que requieren una intervención inmediata. Las desventajas sociales están distribuidas de manera desigual por todas las regiones geográficas, con la extrema pobreza y la exclusión social concentradas en determinadas microrregiones densamente pobladas por gitanos y otros grupos minoritarios. Esto crea serios obstáculos para el avance del desarrollo social en Europa. Estas regiones deben apartarse de una competencia que es injusta para ellas, y su desarrollo debe iniciarse utilizando programas intensivos ajustados a sus necesidades específicas.

De conformidad con el principio de subsidiariedad, el control y la supervisión de la estrategia deben ser responsabilidad de las organizaciones locales, También sugiero realizar amplias encuestas sobre las necesidades de los grupos destinatarios locales, similares a los proyectos agrícolas de Irlanda. Con el fin de poder evaluar los resultados del programa, también es indispensable recopilar datos estadísticos desglosados por grupos étnicos y evaluarlos de manera independiente. Según el Partido Popular Europeo, estas son cuestiones esenciales que deben abordarse en la Cumbre de Córdoba.

  Claude Moraes, en nombre del Grupo S&D. – Señor Presidente, como ha manifestado el ponente anterior y también la señora Comisaria, este es un problema profundamente complejo, de modo que la pregunta oral que planteamos hoy es una oferta de nuestro grupo, desde luego, y creo poder afirmar con seguridad que de todos los grupos, para renovar y actualizar el debate sobre la cuestión de la población gitana.

Las comunidades romaníes siguen afrontando un nivel inaceptable de prejuicios y, en muchos casos, de violencia. Sin embargo, como podemos observar en la iniciativa de la Década para la inclusión de la población gitana, existe un deseo auténtico en esta Cámara de lograr en enfoque integral.

Sin embargo, ya hemos hablado con anterioridad sobre este enfoque integral. Es necesario que esta Cámara se replantee lo que hemos hecho, desde la cuestión de los microcréditos hasta abordar la violencia racial, y para todas estas cuestiones complejas, debemos contar con una estrategia integral.

Existe una cantidad creciente de pruebas de que la situación sobre el terreno no está mejorando suficientemente. El Open Society Institute dice que los prejuicios y la violencia que afrontan las comunidades romaníes en toda Europa no disminuyen. Además, la encuesta sobre la discriminación de la Agencia de los Derechos Fundamentales detectó que los gitanos son discriminados más que cualquier otro grupo estudiado.

Esta Cámara se merece que la legislación existente —la Directiva relativa a la igualdad racial, el marco del Consejo para abordar la violencia— se aplique realmente, y nuestra estrategia integral se merece, como se ha dicho antes, que consideremos esta cuestión como un problema complejo, pero un problema que requiere una acción, un enfoque integral, global.

Así que, dejemos que esta pregunta oral sea una oferta para actualizar este debate, aportar nuevas soluciones y aplicar las leyes que ya existen y que deberían estar ayudando a las comunidades romaníes.

  Renate Weber, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, en vista de la II Cumbre Europea sobre la Población Gitana, me gustaría compartir con ustedes un par de ideas que espero que se lleven a efecto lo antes posible.

En primer lugar, creo firmemente que necesitamos una estrategia amplia y coherente sobre la inclusión de la población gitana, y también necesitamos un plan de acción con referencias claras y un presupuesto adecuado. En mi opinión, debe ser una estrategia no sólo para los Estados miembros de la UE, sino también para los demás países donde viven comunidades romaníes y que son candidatos al proceso de ampliación o bien forman parte de la Política de Vecindad, permitiendo así que la Unión Europea utilice las herramientas más adecuadas de que dispone sobre las políticas relativas a la población gitana.

En segundo lugar, estoy convencida de que debemos aplicar las lecciones aprendidas de la política en materia de igualdad de género, concretamente la integración. La «integración de la población gitana» debería convertirse en el planteamiento de trabajo de todas las instituciones de la Unión Europea.

En tercer lugar, cuando se trata de los conocimientos sobre los romaníes, debemos tomar en consideración algunas acciones afirmativas, en particular mediante la contratación de expertos en asuntos de la población gitana del Consejo, la Comisión y el Parlamento. Sobre este particular he redactado unas cartas al Presidente Van Rompuy y al Presidente Barroso recomendándoles que den ejemplo y contraten asesores en cuestiones relativas a la población gitana.

  Jean Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente, quisiera hacerme eco de los llamamientos que se han realizado aquí para aplicar una estrategia integral.

Como se ha señalado, nos encontramos en el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, aunque sabemos que es difícil en estos tiempos de recesión, y por eso hemos solicitado la condicionalidad social de los paquetes de rescate, de manera que no empeore la situación de quienes sufren una mayor exclusión.

Ya hemos escuchado como se amplían las diferencias, y por eso nuestra «Estrategia Europa 2020» también debe tomar en consideración la necesidad de reducir las diferencias entre ricos y pobres.

Los cambios en los fondos de desarrollo regional son importantes. Tendemos a estar de acuerdo con el Consejo en que las autoridades locales son importantes, porque a menudo es ahí donde más se nota la discriminación, en la vivienda y las necesidades específicas de la población gitana en ese ámbito, en la educación, y en la policía, cuyo trabajo consiste en proteger y no simplemente en penalizar, como parece ser lo habitual en algunos Estados miembros.

Y desearíamos contar con unos servicios públicos de alta calidad. El Consejo recordará su recomendación sobre la integración activa de quienes están más alejados del mercado de trabajo, para lo cual se consideran esenciales unos servicios públicos de calidad.

Nos interesa saber si el Consejo y la Comisión están satisfechos con la tasa de absorción que demuestran los fondos por ahora.

También acogería con agrado el cambio de contexto que expuso la Comisión en cuanto a la lucha contra el racismo y la xenofobia, y espero que todos los gobiernos de los Estados miembros se comprometan con esos ideales.

  Peter van Dalen, en nombre del Grupo ECR. – (NL) Señor Presidente, es bueno y necesario que esta Cámara se preocupe por el destino de la población gitana. En los últimos siglos, la discriminación ha sido posiblemente el menor de los males que les han sobrevenido. Es necesario utilizar los fondos europeos y las directivas europeas para promover la integración de la población gitana y eliminar su posición de desventaja. También considero importante desarrollar una buena estrategia para garantizar que los millones europeos lleguen realmente a las personas que los necesitan. El énfasis debe ponerse en la educación. Debemos enseñar a los niños gitanos, para romper el ciclo negativo que es una lamentable realidad.

No obstante, me gustaría añadir dos elementos al debate de hoy. En primer lugar, no creo que sea bueno que muchos romaníes sigan aferrados a su papel de víctimas. Ellos también deben emprender acciones para eliminar los numerosos abusos de sus comunidades.

En segundo lugar, la integración de los romaníes no se puede realizar a través de los fondos europeos y la legislación europea. En última instancia, aquellos Estados miembros en los que viven los romaníes, y donde han vivido durante muchas generaciones, tendrán que asumir la función de liderazgo para abordar la cuestión de la integración de la población gitana en sus propios países. Este es un reto sin duda mucho más social que político o financiero. Los fondos europeos pueden y, como máximo, deben prestar ayuda.

  Cornelia Ernst, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, en diciembre de 2009, cuando me encontraba en Pristina y Mitrovica y pude ver cómo vive la gente en Mahala y, en particular, en los campamentos contaminados con plomo, me quedé muy impresionada, especialmente por la grave situación de los niños. En casi todas las conversaciones se me dijo que, no sólo en Kosovo, sino también en muchos países europeos, la situación es alarmante para uno de los grupos de población más antiguos de Europa, concretamente la población romaní. Me reuní con Bekim Syla del centro de documentación de las etnias romaní y askalí en Pristina, quien me recibió con las palabras «Estamos cansados de hablar».

Es necesario emprender acciones y, de ahí, nuestra mayor expectativa en relación con la Cumbre de Córdoba es que haya algo más que simples palabras y que se emprendan acciones inmediatamente. Una acción inmediata significa no dormirse en los laureles tras las directivas de la UE por las que se aplica el principio de la igualdad de trato, de la igualdad de trato de las personas con independencia de la raza o el origen étnico, y también la Directiva marco de empleo, porque no sería nada bueno. La acción inmediata requiere el reconocimiento y la suposición de que estas directivas no son suficientes para proteger a la población gitana de la Unión Europea de un trato degradante y discriminatorio y —lo más importante— para permitir su integración permanente. Por lo tanto, lo que necesitamos es una estrategia europea para la población gitana que sea un componente de todas las áreas políticas, un componente integral de todas las políticas.

Sin embargo, la mayoría de los gobiernos aplican proyectos que son medidas meramente esporádicas. Lo que necesitamos son iniciativas a medio y largo plazo. Necesitamos urgentemente medidas para el desarrollo económico de las comunidades romaníes. La UE no debe esperar hasta 2014 para que su financiación estructural y regional sea más flexible; debe hacerlo ahora, para que los romaníes también puedan beneficiarse de ella. Estos préstamos incluyen microcréditos, que deben concederse con la menor burocracia posible, por ejemplo, para la reconstrucción de los asentamientos gitanos. Incluye medidas muy específicas para la promoción de la salud y para la educación, la formación y el desarrollo del mercado de trabajo. Me gustaría dejar muy claro que ningún niño debe fracasar debido a barreras educativas o lingüísticas. El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica no desea escuelas para romaníes, sino escuelas para todos, donde los romaníes también puedan vivir y aprender.

Me gustaría añadir que no se trata sólo de dinero, sino también de tomar medidas decisivas para contrarrestar el racismo. El antiziganismo no se debe considerar ni permanecer como una infracción insignificante, sino que debe castigarse como un delito. La UE tiene mucha responsabilidad en la magnitud del éxito que, esperamos, se pueda lograr pronto para llevar la justicia a los más de 10 millones de romaníes de Europa, porque se empieza por la justicia y se continúa por la igualdad. Para ello, necesitamos un «sí» político muy claro y una estrategia marco europea decidida y fuerte, y —con franqueza— también necesitamos nuestro compromiso apasionado, como diputados al Parlamento europeo y como personas, para estos grupos de población: los romaníes y los sinti. Emprendamos acciones ahora.

  Jaroslav Paška, en nombre del Grupo EFD. – (SK) La II Cumbre de la Unión Europea sobre la Población Gitana seguramente será una gran oportunidad para los participantes de compartir sus experiencias con los resultados de las numerosas medidas adoptadas para fomentar la integración con éxito de la población gitana en la sociedad.

Los historiadores dicen que los romaníes llegaron a Europa entre los siglos V y IX d.C., y muchas naciones europeas están buscando desde entonces un modo de convivir con la población romaní de la mejor manera posible. Objetivamente hay que reconocer que incluso después de mil años buscando ese modelo, no hemos logrado encontrar la manera de integrar adecuadamente a la población romaní en nuestra sociedad. No sé si la causa de los problemas persistentes reside en nosotros o en la otra parte, pero tras las experiencias de mi país, estoy seguro de que ayudarles simplemente dándoles cosas no tiene sentido.

Nuestro gobierno ha recaudado fondos considerables de los impuestos de toda la población trabajadora y se la ha entregado a los ciudadanos romaníes para que puedan avanzar hacia una vida digna. Se han construido y se les han entregado modernos pisos, los mismos que otras personas tienen que comprar. Nuestro gobierno les proporcionó acceso al trabajo, asistencia médica y educación en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. Se brinda el mismo apoyo y las mismas prestaciones sociales a los romaníes desempleados que a los demás ciudadanos.

¿Y cuál es el resultado? Las modernas viviendas han sido destrozadas mientras que se desmontaban y robaban las instalaciones sanitarias y demás mobiliario. Las personas que ocupan estos pisos tiran las aguas residuales y la basura por la ventana directamente a la calle. No quieren trabajar, aunque el gobierno local se lo ofrece. El personal médico que les ha estado proporcionando protección contra las enfermedades infecciosas es perseguido y expulsado de los poblados gitanos. Los niños están abandonados, hambrientos y con frecuencia no asisten a la escuela. Por lo tanto, estoy convencido de que si realmente queremos ayudar a la población gitana, tendremos que esforzarnos ante todo en enseñar a los niños gitanos una forma de vida civilizada, culta y decente.

  Zoltán Balczó (NI). – (HU) Dado que voy a hablar en húngaro, mi lengua materna, en vez de la palabra romaní usaré gitano, que en mi idioma no tiene un sentido peyorativo y se usa también en nuestra Constitución.

El punto en la agenda es la acción contra la exclusión y la discriminación de los gitanos. La precondición fundamental para la solución es la integración social de la población gitana. La escuela es una importante herramienta de cara a ello. En muchos casos, hay motivos para el trato separado, o la discriminación positiva si lo prefieren, para eliminar desventajas. Cuando oyen esto, los activistas por los derechos de las minorías inmediatamente claman que se trata de segregación, incluso aunque el objetivo sea una rápida inclusión.

Generaciones de gitanos en determinadas regiones de Hungría se han criado en familias que vivían de subsidios más que de ganarse la vida. No hay salida sin la creación de empleo. Es por ello que debemos romper con las políticas económicas neoliberales. Ni siquiera la difícil situación social puede justificar la violación de la ley. En Hungría, los gitanos están involucrados en un alto porcentaje de crímenes. Tenemos que actuar contra esto no sólo para beneficiar a la mayoría de la sociedad, sino también por el bien de los gitanos honestos. Nunca hemos sostenido argumentos genéticos o étnicos. De modo que no hay ni rastro de racismo, sólo mencionamos circunstancias socio-culturales especiales como contexto. Si por ello estigmatizamos por norma a personas considerándolas como racistas, sólo estamos siguiendo la política del avestruz.

Necesitamos hallar una salida juntos. Para ello, es imperativo que los gitanos tengan líderes reconocidos por sus comunidades y por la sociedad en su conjunto. De hecho, necesitamos una estrategia común europea, pero esta debería encarar todos los aspectos del tema e intentar encontrar una solución examinándolos honestamente.

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). – (ES) Señor Presidente, empiezo mi intervención felicitando a Lívia Járóka por la defensa que viene desarrollando ante las instituciones europeas en favor de la población romaní. Es obligado recordar que ella y el PPE han diseñado la primera estrategia europea sobre la integración de la minoría romaní, proponiendo acciones comunitarias concretas en favor de más de nueve millones de ciudadanos que viven en la Unión Europea. La situación de la población romaní es diferente a la de otras minorías nacionales de Europa, razón por la que se deben adoptar medidas específicas en favor de la misma.

La celebración en Córdoba de la II Cumbre sobre la población romaní debe servir de foro donde abordar los problemas de esta comunidad de forma valiente y concretar los instrumentos específicos, tanto financieros como jurídico-legales, en favor de una minoría que tiene que ser la protagonista indispensable del diseño de su futuro, olvidándonos de políticas de tinte paternalista. Comparto que nadie tiene legitimidad ni derecho para hacer publicidad política a su costa.

Sólo una acción multidisciplinar y coordinada entre la Comisión, el Consejo y los Estados miembros puede dar resultados positivos en favor de la población romaní. Es preciso que los distintos Comisarios europeos coimplicados coordinen su acción con el objeto de acabar con toda conducta excluyente y discriminatoria. El Consejo, con los Estados miembros, debe promover la plena integración de la población romaní.

Por último, los Estados tienen la responsabilidad de promover medidas contra la discriminación a la que con frecuencia se ve sometida esta población. El acceso a la sanidad, a una educación de calidad, a la formación continua y al reciclaje profesional son objetivos imprescindibles para acceder, también, a un empleo digno y a la plena participación en la sociedad civil. Y es indispensable, en este sentido, la participación de las entidades locales —sé muy bien de lo que hablo—. «Todo por ellos pero nada sin ellos», y aquí en esta Cámara, señor Presidente, existen excelentes diputados romaníes.

  Kinga Göncz (S&D). – (HU) Considero que la II Cumbre sobre Población Gitana en Córdoba ofrece una excelente oportunidad para hacer inventario de lo que se ha conseguido en los últimos años en lo referente a la integración de la mayor y más vulnerable minoría étnica de Europa, los romaníes. En primer lugar, quisiera hacer hincapié en que hemos dado pasos muy importantes para hacer de éste un asunto europeo. No se trata sólo de un asunto del centro y del este de Europa, sino de toda Europa. Para ser capaces de encontrar soluciones tenemos que emplear ese mismo enfoque en lo sucesivo. Se han dado importantes pasos en el Parlamento Europeo mediante la aprobación de una resolución sobre la necesidad de la estrategia romaní. Por desgracia, ésta aún no ha sido adoptada, esperamos sinceramente que se den más pasos importantes durante el mandato del Trío de Presidencias y esta Comisión. El informe del Parlamento Europeo de 2009 sobre la situación social y laboral de los romaníes fue un hito importante y nos encontramos a mediados de la Decenio de la Inclusión Romaní, que también es un programa importante. Para que nuestra estrategia tenga éxito, necesitamos fijarnos en el alcance de los Fondos Estructurales y de Cohesión empleados y cómo y en qué circunstancias han contribuido a la integración social de la población romaní. Necesitamos datos, aunque somos conscientes de que los datos sobre la procedencia étnica son siempre sensibles y que debemos ser cautos al recogerlos y manejarlos. Aunque se han dado numerosos pasos positivos, también señalamos que la entrada en vigor de acuerdos de readmisión ha puesto sobre la mesa numerosos problemas. Ya se ha hecho mención de Kosovo. Espero sinceramente que la Cumbre contribuya a resolver estas cuestiones.

  Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE). – (FR) Señor Presidente, la cuestión romaní está muy presente en mi región, el oeste de Francia. En Nantes, alrededor de 1 000 gitanos son trasladados de un lado para otro debido a la falta de lugares regulados por el gobierno para asentarlos. Los escasos municipios con instalaciones para acoger a romaníes, como Rezé e Indre, en la periferia de Nantes, se ven desbordados y carecen de apoyo por parte de los poderes públicos. Los alcaldes más voluntariosos y abiertos se enfrentan por tanto a numerosas dificultades. Las respuestas no pueden ser locales. Deben ser globales. La inclusión de la población romaní debe incorporarse a toda política de la Unión Europea para poner fin a la discriminación que sufren estos ciudadanos europeos.

Nos gustaría también llamar la atención sobre la situación específica de la mujer. Los problemas con los que se enfrentan las mujeres romaníes son particularmente graves, por ejemplo en lo relativo a la violencia doméstica o los embarazos no deseados. En Francia, según Médicos del Mundo, una de cada dos mujeres romaníes, el 43 % de ellas, antes de llegar a los 22 años ha tenido un aborto. La edad media del primer embarazo es de 17 años. Sólo el 10 % de las mujeres romaníes usan anticonceptivos. La Unión Europea, por lo tanto, debe incluir la perspectiva de género en todos los estudios y leyes que se refieran a la población romaní. La educación debe ser una prioridad. Debemos actuar de manera urgente para informar a las comunidades romaníes de sus derechos fundamentales y facilitarlas el acceso a los servicios públicos.

Espero que en la II Cumbre Europea sobre la Inclusión Gitana la Unión Europea muestre su determinación para abordar la cuestión romaní de modo global.

  Lorenzo Fontana (EFD). – (IT) Señor Presidente, Señorías, la cuestión romaní se está volviendo cada vez más compleja y requiere de respuestas efectivas e inmediatas. Sus representantes, las instituciones, las asociaciones y un sector de la sociedad civil están llamando a su inclusión en el tejido socio-económico, pero este raramente es el punto principal sobre el que se debate: que la integración es un proceso histórico y cultural bilateral.

Sin una voluntad auténtica por parte de algunos romaníes de aceptar las leyes y la cultura de los países en los que viven y sin prescindir de cualquier comportamiento incompatible con la convivencia social, su inclusión nunca tendrá lugar: en este caso, continuaremos presentando proyectos y destinando fondos, pero no veremos resultados apreciables.

No podemos afrontar el reto con demagogia: llamamos a que la cuestión sea abordada con el adecuado pragmatismo y teniendo en cuenta que la preocupante situación económica y del empleo será un factor que haga que la inclusión de la población romaní en el mercado de trabajo sea más difícil. Pensamos que, como siglos de historia nos enseñan, esta integración problemática no puede ser atribuida únicamente a los países de acogida y que la responsabilidad de la actual falta de integración debe atribuirse al menos a ambas partes.

  Simon Busuttil (PPE). – (MT) Quisiera expresar mi apoyo, en particular, a la diputada Lívia Járóka, que ha trabajado incansablemente en esta materia tan sensible e importante. Señor Presidente, como dijo mi compañera, la situación de la población romaní en Europa no afecta solamente a un número limitado de países. Es una situación que afecta a toda la Unión Europea dado que la comunidad romaní es la minoría étnica más grande de Europa. Dado lo cual, es necesario que examinemos lo que la Unión Europea está haciendo actualmente para ver cómo podríamos hacer las cosas mejor. Escuché con agrado la completa explicación sobre este asunto de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding. Y es un buen momento para ello en puertas de la Cumbre sobre Población Gitana que tendrá lugar en Córdoba el mes que viene. Lo cierto es que no podemos dejar la situación tal y como está porque no se resolverá por sí sola y si no damos los pasos necesarios esta gente continuará marginada y atrapada en una espiral de pobreza. Debemos adoptar por tanto una política de integración que permita a la población romaní acceder plenamente a las oportunidades que otros tienen. En particular, debe ofrecérseles la oportunidad de trabajar, de desarrollar sus capacidades y de vivir una vida digna y tener éxito. De ese modo, no sólo serán capaces de ayudarse a sí mismos sino también de contribuir a las sociedades en las que viven. Sin embargo, para lograrlo, debemos dar los pasos necesarios para eliminar los obstáculos que hay. Espero que nuestro mensaje en esta Cámara, en este Parlamento, nuestro mensaje de solidaridad con la población romaní, sea recibido con vistas a la Cumbre del próximo mes.

  María Muñiz De Urquiza (S&D). – (ES) Señor Presidente, los diez millones de gitanos en Europa constituirían un Estado de tamaño medio en la Unión Europea si fueran un Estado. Pero no lo son. El pueblo gitano siempre antepuso su europeísmo por encima de cualquier frontera. De hecho son ciudadanos de segunda categoría por la discriminación que han sufrido históricamente, no solamente en los temas de educación, de sanidad o de vivienda, sino también como migrantes, lo que, precisamente, es su esencia.

El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha dicho que los migrantes gitanos no reciben en ciertos países de la Unión Europea el mismo trato que otros migrantes europeos, en una flagrante violación del derecho a la libre circulación.

Los Socialistas apostamos por una Europa donde se reconozca y se respete a las minorías étnicas y culturales, donde avancemos hacia una ciudadanía europea inclusiva y un espacio de igualdad, de libertad y de convivencia en la diversidad, por lo que damos la bienvenida a la directiva sobre no discriminación en todos los ámbitos, una directiva que no todos los grupos han apoyado siempre en esta Cámara.

Y damos también la bienvenida al programa de la Presidencia española en este terreno, que nos parece que es necesario porque no puede haber más retrasos en impulsar iniciativas en el ámbito europeo que reconozcan y apoyen al pueblo gitano.

La Cumbre de Córdoba, bajo la Presidencia española, es una gran oportunidad para poner en marcha un proyecto integral para el pueblo romaní, que deje atrás años de silencio y de racismo.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). – Señor Presidente, hay muy poco que añadir, sólo una súplica. Como se ha dicho, no nos olvidemos de que la Cumbre sobre Población Gitana fue una iniciativa de este Parlamento y que fue presentada durante la Presidencia eslovena, con el objetivo de agrupar a todos los Gobiernos de la UE para trabajar juntos sobre las cuestiones relacionadas con la población romaní.

Hay otra razón para que este Parlamento se implique activamente en esta cuestión. Los Verdes discrepan, sin embargo, y no estaremos orgullosos hasta que todos los Estados miembros admitan que podemos hacerlo mejor en lo que respecta a la cuestión romaní. Cuestiones como esta tienen que formar parte de un llamamiento conjunto a una estrategia europea para la inclusión romaní. Necesitamos esta estrategia; necesitamos esta estrategia porque la Unión Europea también está perdiendo credibilidad a nivel internacional. Muchos países nos están dando de lado por culpa de este asunto. Es importante también porque, incluso en el pasado, entendimos que esto es algo relacionado con los derechos humanos y la inclusión social.

Entendemos también que se trata de una cuestión de políticas. Es en el marco del debate político donde tenemos que comprender que hay que encontrar necesariamente una solución.

  Elena Băsescu (PPE). – (RO) Debido a que es una de las minorías más grandes y todavía de las más vulnerables, la población romaní debe constar aún más como un punto de la agenda europea. El desempleo, la pobreza, los abusos, la discriminación y, por último, pero no menos importante, un reducido acceso a la educación, son problemas con los que la minoría romaní se encuentra con frecuencia y que la conducen en último extremo a la exclusión social. Considero que, teniendo en cuenta que se mueven libremente, es necesario un programa integral europeo adaptado a su cultura y valores.

Los niños suponen un 46 % de la población romaní, debido al efecto conjunto de una alta tasa de natalidad y, por desgracia, una baja esperanza de vida. El acceso a la educación les ofrecería oportunidades reales. Aunque el acceso y el derecho a la educación están garantizados por las leyes europeas, la mayoría de los niños de las comunidades romaníes pobres no van a la escuela o la abandonan. Una medida concreta sería incluir a estos niños y adolescentes en el sistema de enseñanza obligatorio, evitando que abandonen la escuela. En el año académico 2009-2010 el Ministro de Educación rumano asignó 7 483 plazas especiales en las escuelas de secundaria, para las que se registraron sólo 2 460 alumnos, de los cuales se admitieron a 2 246.

Sin embargo, los esfuerzos deben llevarse a cabo por ambas partes. La minoría romaní debe actuar con responsabilidad para mejorar su nivel de vida. La falta de educación impide que los romaníes sean parte activa en la vida social, económica o política del país en el que viven. La Unión Europea apoya la integración romaní a la sociedad a través de diferentes programas de financiación, tales como el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, así como los programas PROGRESS y Juventud en Acción.

Gracias.

  Emine Bozkurt (S&D). – Señor Presidente, la población romaní, la minoría más grande de Europa, sufre discriminación institucional, antigitanismo, extraordinarios niveles de pobreza y de exclusión social y segregación en el alojamiento, la educación y la asistencia social. Las soluciones a corto plazo no son una respuesta ante la amplitud y la profundidad de los problemas a los que se enfrentan la población romaní. Necesitamos examinar las buenas prácticas existentes así como los efectos negativos de las políticas actuales para la población romaní.

Un ejemplo sería la separación de niños romaníes de sus familias y su colocación en internados diferentes. Estas medidas no resuelven los problemas: llevan, por el contrario, a más segregación, y repercuten negativa y profundamente en las vidas de las familias romaníes. Europa precisa de una estrategia romaní a largo plazo. Esta Cumbre nos ofrece una nueva oportunidad para la acción efectiva, a diferencia de la I Cumbre sobre Población Gitana, que no adoptó compromisos políticos reales para la UE. La Unión Europea debería empezar por dar un buen ejemplo ofreciendo más puestos a la población romaní e incluyendo a los propios romaníes y a la sociedad civil en la estrategia.

  Danuta Maria Hübner (PPE). – Señor Presidente, la Cumbre de Córdoba será una prueba para todos nosotros, tanto para las instituciones europeas como para los Estados miembros. Debe mostrar el claro compromiso europeo de plantearse una estrategia política y operativa de verdad que, enfocándose hacia las cuestiones que afectan a los romaníes, vaya más allá de la obvia perspectiva de los derechos humanos, aunque sea fundamental, y se dirija hacia una inclusión económica y social real.

Necesitamos una estrategia integral y un plan de acción que toquen todos los campos importantes para la inclusión económica y social. Se ha hecho y se ha conseguido mucho, pero, sin ninguna duda, queda aún un largo camino por delante. Necesitamos que la Comisión, el Parlamento, los Estados miembros y también, como dijo el Ministro López Garrido, las autoridades locales y regionales, trabajen codo a codo.

Esperamos de la Comisión un reparto claro de responsabilidades para este tema y una coordinación efectiva entre todos los servicios pertinentes. Esperamos que el proyecto piloto por un valor de 5 millones de euros ejecutado actualmente por la Comisión abra el camino a soluciones eficientes y efectivas en los campos que más preocupan: la educación infantil y la inclusión económica, y aporte avances en la política de aprendizaje y de evaluación.

Apreciamos los esfuerzos de la Comisión, en especial los de la Dirección General de Política Regional, y animamos a la Comisión a aumentar la participación local y regional en la acción práctica, estimulando la inclusión económica de la población romaní.

En el Parlamento, muchos diputados de los diferentes grupos políticos ya han mostrado su implicación, pero nuestro deber es poner un mayor énfasis político en esta cuestión.

La integración de la población romaní nos ofrecería una oportunidad de avanzar hacia un mercado de trabajo europeo verdaderamente inclusivo. Nos daría la oportunidad de avanzar en la respuesta a los desafíos demográficos europeos.

Déjenme por tanto terminar diciendo que debemos considerar la Cumbre de Córdoba como un último aviso para la integración real de la población gitana.

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Como promotor del primer programa gubernamental a medio plazo para Europa sobre la cuestión romaní y ponente del informe sobre la cuestión romaní elaborado por el Consejo de Europa en 2002, estoy de acuerdo con quienes afirman que esta es una de las cuestiones más complejas en la Europa de hoy. No envidio el puesto de la Comisaria Reding, ya que esta es en la actualidad la cuestión más compleja de Europa. Evidentemente, los romaníes no son simplemente una minoría étnica y nacional, sino también una minoría social desaventajada por muchas razones. Sin embargo, el reparto de responsabilidades entre la mayoría y la minoría no está tan claro. La responsabilidad social está distribuida asimétricamente entre la mayoría y la minoría, dado que la mayoría tiene mucha más responsabilidad, pero la minoría, en este caso la población romaní, también tiene su propia responsabilidad. El cuarto punto, de particular importancia, es que necesitamos integrar sin asimilar.

Por último, no se trata sólo de un asunto presupuestario y no depende simplemente de los recursos. Se trata de que haya la gente y los mecanismos, tanto en la mayoría de la sociedad como entre la población romaní. Como antiguo Secretario de Estado, debo decir que se lograron resultados en las regiones donde hubo líderes locales de la mayoría comprometidos con esta cuestión y líderes locales de la minoría capaces de motivarla y apoyados por ONG. No es cuestión de fondos. Necesitamos del nivel europeo, pero el éxito ha de ser alcanzado a nivel de Estado miembro y a nivel local. Es por ello que apoyo la estrategia de la Unión.

  Elena Oana Antonescu (PPE). – (RO) El desarrollo económico y social de la minoría romaní es uno de los asuntos más delicados y controvertidos al que se enfrentan los Estados del centro y el este de Europa. No tenemos estimaciones exactas del número actual de romaníes en la UE. Sin embargo, sabemos que la minoría romaní es la minoría étnica transfronteriza más numerosa y la más pobre.

La Unión Europea necesita dotarse de un enfoque coherente a largo plazo porque las políticas nacionales son inadecuadas para transformar la realidad de la población romaní. Cada Estado tiene la responsabilidad de mejorar las condiciones de vida de la población romaní. Sin embargo, el éxito de este proceso descansa, a largo plazo, en tomar este asunto en su conjunto a través de acciones coordinadas.

Bajo mi punto de vista, la falta de perspectivas para la gente joven es uno de los mayores problemas con que nos enfrentamos. La población romaní es joven, con un porcentaje importante por debajo de los 20 años. En la sociedad basada en el conocimiento y en la innovación que Europa quiere desarrollar, si no somos capaces de tomar medidas inmediatas, el abismo entre los jóvenes romaníes y el resto de la población crecerá cada vez más. Los niños y los jóvenes están incluidos en pocas de las políticas y estrategias actuales, sin embargo el gran número de ellos dentro de la población romaní les convierte en la generación del cambio. El proceso de desarrollo sostenible debe empezar a partir de una generación de niños que tengan acceso a la educación, la asistencia médica y todas las oportunidades de las que disfrutan los niños de la mayoría de la población.

Es por ello que me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que la propuesta de la Comisión para Estrategia Europa 2020 no contiene ningún objetivo para resolver los problemas de la población romaní. Si no tomamos medidas concretas y no cambiamos significativamente el enfoque, millones de jóvenes romaníes continuarán afrontando la exclusión social y la marginación durante toda su vida. La falta de esperanza convertirá a dichas comunidades en áreas de inseguridad para sus habitantes y para el resto de la población. Debemos ofrecer a la comunidad romaní una oportunidad real de cambiar sus perspectivas. La solidaridad es el valor fundamental en el corazón del proyecto europeo. Es por ello que debemos pasar de la voluntad política para tomar medidas a ponerlas efectivamente en práctica.

PRESIDE: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepresidente

  Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Señorías, de acuerdo a un reciente sondeo de opinión, el 76 % de los checos no quiere a los romaníes en su vecindario. Durante los últimos 10 años o más, me he encontrado en mi vida política diaria como alcaldesa con problemas de convivencia entre ciudadanos romaníes y no romaníes en mi localidad. A consecuencia de ello, creo firmemente que las soluciones financieras no son la respuesta, lo que de todas formas queda claro por los pobres resultados globales hasta la fecha de los proyectos financiados por la UE destinados a mejorar la situación socio-económica de la población romaní.

En la opinión, la solución sólo puede descansar sobre la cohesión de las comunidades locales en los pueblos y ciudades, que debe aceptar a los romaníes como ciudadanos de pleno derecho lo quieran o no. Eso sí, lo mismo vale en sentido contrario. Los romaníes deben tener también un sentido de pertenencia a su comunidad y aceptar sus leyes y sus normas. Sus propios ejemplos positivos y sus modelos son enormemente importantes para las relaciones con la comunidad mayoritaria y para un trabajo efectivo en el seno de la comunidad romaní. Es fundamental, sin embargo, mantener una lucha firme e intransigente contra la xenofobia y el racismo en el conjunto de la sociedad. Dejemos absolutamente claro a través de todos los recursos, medidas concretas y declaraciones posibles, que eso es para nosotros completamente inaceptable. Debemos hacer un esfuerzo común en esta dirección en lo sucesivo.

  Daciana Octavia Sârbu (S&D). – (RO) Quisiera expresar, para empezar, mi esperanza en que la Cumbre de Córdoba sobre Población Gitana sea crucial para adoptar una estrategia común enfocada a la integración romaní.

Las condiciones de vida de esta comunidad siguen siendo intolerables y la discriminación contra ella va en aumento, a pesar del hecho de que las sumas destinadas en años recientes a proyectos para mejorar su situación se acercaran a los 500 millones de euros. Pienso que ha llegado el momento de pasar de las buenas intenciones a los hechos.

Por desgracia, la Comisión Europea aún no ha demostrado tener el suficiente interés en coordinar las acciones para mejorar el nivel de vida y la integración social de la población romaní y en combatir las acciones racistas dirigidas contra ella. Pienso que la cuestión romaní debe ser una tarea especial, claramente destinada al Comisario de Asuntos Sociales. Sería también extremadamente útil que los expertos de la Comisión encargados de esta cuestión incluyeran a expertos de origen romaní.

También creo que necesitamos tener un enfoque social y cultural para evitar aumentar las desigualdades ya existentes en términos tanto de niveles de alfabetización como de empleo. Con esto en mente, llamo a la Comisión a estimular los programas de acceso al mercado de trabajo para migrantes romaníes y la cooperación entre las autoridades locales y las comunidades romaníes, y a plantearse una colaboración más estrecha con organizaciones no gubernamentales.

  Milan Zver (PPE). – (SL) Señor Presidente, señor Comisario, señor López Garrido, en primer lugar, me gustaría felicitar a España por añadir esta Cumbre a su lista de prioridades. Al mismo tiempo, permítanme también felicitar a la Comisión por decidirse a preparar un informe integral sobre la situación de la población romaní en Europa. Es una muestra de que somos conscientes de lo recurrente que es este tema. Sin embargo, sólo se ha convertido en recurrente en los últimos años, con la ampliación de la Unión Europea.

Otra cosa que me agrada observar es que prácticamente la totalidad de los grupos parlamentarios, o la mayoría de ellos, han abordado con seriedad la resolución de esta cuestión. El Tratado de Lisboa nos ha dotado de una base legal adicional, lo que nos ha permitido acercarnos con mayor rigurosidad al desarrollo de una estrategia convincente e integral para la resolución de la cuestión romaní, en el marco de lo que se suele llamar «derecho indicativo».

Está claro que no estamos en condiciones de desarrollar una política conjunta a nivel europeo, porque las competencias principales en este asunto corresponden a los Estados miembros. Sin embargo, podemos desarrollar algunos indicadores y una base de datos común; podemos intercambiar buenas prácticas y, en este punto, los Estados miembros pueden ser de gran ayuda entre sí.

Provengo de Eslovenia, donde, por ejemplo, hemos creado la categoría del «asistente de clase romaní», cuyo trabajo es mediar entre la escuela y los padres y que es de gran ayuda en la introducción de los niños romaníes en el sistema educativo.

  Corina Creţu (S&D). – (RO) La I Cumbre Europea sobre Población Gitana reconoció de hecho el fracaso individual de los Estados miembros en garantizar los derechos de los romaníes y su integración, y supuso un primer paso hacia la adopción de una estrategia común a largo plazo a nivel europeo.

Por desgracia persiste una enorme distancia entre los planes y los estudios y su puesta en práctica para mejorar sustancialmente la vida de la comunidad romaní, que sigue siendo el grupo étnico más vulnerable de Europa, en un tiempo en el que están afrontando el nivel más alto de pobreza y de exclusión social. De hecho, sus perspectivas no son para nada halagüeñas si tenemos en cuenta que la mitad escasa de la población romaní es menor de edad debido a la alta tasa de natalidad y la baja esperanza de vida.

Pienso que el primer paso hacia una estrategia de integración coherente debe ser garantizar a las jóvenes generaciones romaníes un acceso no discriminatorio a la educación. Esta es la única medida que puede jugar un papel crucial en facilitar el cambio que haga que los romaníes puedan integrarse en el mercado laboral y escapar del círculo vicioso de la exclusión social.

  Iosif Matula (PPE). – (RO) Los romaníes son una etnia transfronteriza y una comunidad cultural con más de 10 millones de integrantes en toda Europa. Los problemas sociales que afectan a los romaníes precisan de una acción concertada y a largo plazo, con la participación de la Unión Europea y de los Estados miembros.

Se han lanzado iniciativas importantes en este campo, pero creo que necesitamos ir más allá. Necesitamos adoptar una estrategia europea para los romaníes adecuada, basada en acciones con objetivos claros y una evaluación regular de su impacto.

Provengo de un país con una gran comunidad romaní y celebro el hecho de que hoy estemos reconociendo que la cuestión romaní debe ser abordada por toda Europa. Hay una estrategia en vigor en Rumanía, desde antes de que el país se uniera a la UE, que tiene como objetivo mejorar la situación de los romaníes. Se les ofrecen plazas especiales gratuitas en las universidades públicas, lo que está ayudando enormemente a aumentar el nivel educativo y cultural entre los miembros de esta comunidad. Las autoridades públicas a nivel local y regional se esfuerzan para promover la inclusión social de los romaníes e integrarlos en el mercado de trabajo a fin de combatir la pobreza extrema y proveerles de acceso a los servicios de atención médica. Sin embargo, se precisa de un firme apoyo financiero por parte de Europa para conseguir los resultados deseados.

  Krisztina Morvai (NI). – (HU) Para los niños gitanos, para los niños romaníes, la única forma de salir de su situación es asistiendo a la escuela de manera regular. Por desgracia, frecuentemente escuchamos, como una manifestación de corrección política, que se excusa de diversos modos a los padres que no envían o que incluso evitan que sus hijos vayan a la escuela. En este punto las niñas, las niñas gitanas, están particularmente afectadas y sufren de discriminación, ya que sus irresponsables padres a menudo las cargan con el cuidado de sus numerosos hermanos y con las tareas domésticas en vez de mandarlas a la escuela. El único enfoque en sintonía con las normas internacionales sobre derechos humanos es que el gobierno asuma la obligación de intervenir en estos casos y defienda los derechos de los niños a través de penas, sanciones o, si fuera necesario, retirando los beneficios familiares u otras formas de asistencia para hacer que los padres respeten los derechos de los niños.

  Monika Smolková (S&D). – (SK) El grupo humano más pobre de la Unión Europea es sin duda el romaní. Por tanto, soy partidaria de usar todas las vías para integrar a los romaníes en las actividades sociales y económicas. Sobre todo, contemplo como solución la educación de los niños y de los jóvenes.

También estoy de acuerdo en que es necesario eliminar la discriminación patente, y la oculta, de los romaníes. Sin embargo, también estoy a favor de hablar con franqueza sobre cómo se conculcan los derechos de los niños romaníes por parte de sus propios padres. Todo el mundo tiene el derecho a una vida digna. La mayoría de los niños romaníes no la tienen. En la próxima Cumbre hablemos sobre cómo los mismos romaníes, sobre todo, deben implicarse en la resolución de sus propios problemas; en primer lugar, en lo que respecta a la educación de sus niños, pero también en su participación personal en el proceso de mejorar sus condiciones de vida. Y dado que no quiero ser Comisario en un futuro, quiero decir aquí, en esta sala, que deberíamos hablar también en la próxima Cumbre sobre cómo apoyar a los gitanos de los que abusan los propios gitanos.

  Diego López Garrido, Presidente en ejercicio del Consejo. – (ES) Señor Presidente, el debate que hemos tenido sobre la población gitana, sobre la próxima Cumbre de Córdoba, pone de manifiesto claramente una vez más que la integración social y económica de los gitanos es un problema de dimensión europea y que, por tanto, requiere una estrategia europea. Y eso es lo que pretendemos hacer, precisamente, después de algunos avances que se han producido, no suficientes, en la Cumbre de Córdoba tantas veces citada.

Una estrategia que tiene que basarse en un plan de trabajo que el Consejo pretende seguir y que debe hacer pensando en el conjunto del programa previsto del Trío —programa que tiene, por tanto, largo alcance—, un programa de acción, de trabajo, que tiene que tener como una de sus herramientas esenciales, sin duda, los Fondos Estructurales —es la herramienta más potente que tiene Europa para la cohesión social— y que tiene que proyectarse en acciones determinadas.

Algunas de estas acciones, desde mi punto de vista, deben ser acciones que se proyecten sobre problemas específicos de la población gitana —problemas de discriminación que sufre la población gitana en cuanto tal—, por ejemplo, el problema de acceso a los servicios públicos o al empleo. O el problema de las mujeres gitanas, que sufren especialmente la pobreza, que sufren problemas de acceso a la vivienda y problemas de discriminación o de violencia. O el caso de los jóvenes gitanos a quienes, en estos momentos, con la crisis económica, su falta de cualificación les hace todavía más difícil el acceso al empleo. O el problema de los niños: los niños gitanos —se ha dicho— tienen una esperanza de vida diez años menor que la que tiene la media del conjunto de los niños europeos.

Pero, a su vez, también hay que actuar desde un punto de vista general con acciones que favorezcan a la población gitana en sí misma, porque al ser una de las poblaciones más discriminadas, todo lo que sea una política antidiscriminación les va a favorecer. Es el caso de la acción contra la violencia de género, —por eso es tan importante tener lo antes posible esa directiva, la de la orden de protección contra la violencia de género—, que favorecerá especialmente a las mujeres gitanas, o el caso de la directiva sobre no discriminación, que favorecerá especialmente a la población gitana.

Y todo ello siempre con una orientación en absoluto paternalista, porque lo primero que hay que tener respecto de la población gitana es respeto a su identidad y respeto a sus características culturales.

  Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión. – Señor Presidente, me gustaría agradecerle a la Cámara las múltiples sugerencias y propuestas que ha hecho. Serán tomadas en cuenta por el Comisario Andor y por mí misma cuando presentemos nuestra comunicación antes de la Cumbre. En dicha comunicación también se dejará muy claro que la Comisión no acepta ni aceptará que los romaníes sean discriminados y excluidos de nuestra sociedad a causa de su etnia.

Ahora, tenemos instrumentos; tenemos políticas. La pregunta es ¿cómo los utilizamos? ¿Cómo reflejamos la cuestión y los problemas de la comunidad romaní en dichos instrumentos y políticas? Creo que no necesitamos una Directiva Romaní o un Fondo Romaní. Lo que necesitamos es tomarnos en serio los asuntos romaníes cuando aplicamos la legislación de la UE y cuando ejecutamos los fondos europeos. La clave —muchos de ustedes lo han dicho— es la asociación y la cooperación de todos los interlocutores principales. La Comisión mantiene este punto de vista en la plataforma europea para la inclusión romaní y en sus procedimientos internos.

Pero también me gustaría subrayar muy claramente que aunque por supuesto la exclusión romaní tiene mucho que ver con los derechos fundamentales, principalmente es un asunto social y económico. Por ejemplo, me gustaría citar el estudio del Banco Mundial sobre el coste económico de la exclusión romaní, se trata de una prueba muy importante que muestra la necesidad de encontrar soluciones por el bien del conjunto de nuestra sociedad. De modo que aplicar los instrumentos que tenemos del modo más efectivo posible precisará, por supuesto, de una orientación estratégica amplia, como algunos de ustedes han dicho. Esta orientación se basa en la cooperación, en la movilización de los recursos necesarios y en una estrategia que aprenda tanto de los aciertos como de los errores.

Lo que debemos evitar es trazar una estrategia que exista sólo sobre el papel. Se necesitan resultados; resultados que conduzcan a la integración de los romaníes en las escuelas. He escuchado a muchos de ustedes hablar sobre escolarización. Estoy deseando ver los detalles de nuestra acción sobre la pre-escolarización, de cómo ha funcionado. Mi colega, el señor Andor, va a precisar objetivos a perseguir en el campo del mercado de trabajo, y en el conjunto de la sociedad, lo cual es obligación de todas nuestras políticas.

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Señor Presidente, tenemos un problema técnico. Acabo de darme cuenta de que mi ordenador me ha clonado, porque mi nombre, Tabajdi, les aparece a mis colegas que tenían las tarjetas insertadas. Me he dado cuenta de que le ha pasado a la señora Gómez, y a más gente. De modo que debe haber un problema con el ordenador. A mi colega, la señora Göncz, también le aparece el nombre Tabajdi en la tarjeta. Por favor revisen esto, porque no quiero tantos clones míos en el Parlamento Europeo. Por favor informen al servicio técnico. Gracias. Zoli, ¿le pasa lo mismo?

  Presidente. – Gracias. Los servicios técnicos se harán cargo de ello.

Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar durante el próximo período parcial de sesiones.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) Me gustaría subrayar que, al compartir la responsabilidad en la prevención de la discriminación de los romaníes y al ayudar a su integración en la sociedad, la cuestión romaní ha entrado a formar parte de la política europea de derechos humanos. Por tanto, ya que nos acercamos a la II Cumbre sobre la Población Gitana, en Córdoba, debemos debatir acerca de los problemas sociales a los que se enfrentan los romaníes y sobre los medios para resolver dichos problemas. Me alegra que la Presidencia española acoja esta Cumbre, ya que debemos plantear y reconocer la existencia de la cuestión romaní. Quisiera destacar que en una sociedad libre y democrática es inaceptable que un grupo de gente esté aislado de la sociedad y que los derechos fundamentales y las libertades de dicha gente sean violados flagrantemente. Los integrantes de la comunidad romaní sufren de ataques racistas, de un acceso desigual a los servicios públicos y a la asistencia social y de una gran segregación habitacional y educativa. Además, debemos prestar atención al hecho de que los romaníes no sólo experimentan una discriminación directa, sino también una implícita, indirecta, por ejemplo la falta de empleo para los romaníes y, al mismo tiempo, su no integración en la vida social. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que debemos pedir a la Comisión Europea que anime a los Gobiernos de los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales a ejecutar los proyectos de la UE respetando a la comunidad romaní. También pido a la Comisión que adopte iniciativas y medidas concretas para combatir la discriminación directa e indirecta contra los núcleos romaníes en Europa.

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), por escrito. – Las estadísticas muestran que por desgracia los romaníes son la minoría étnica más odiada y discriminada de Europa. Hemos visto las dificultades que tienen varios Estados miembros, incluido el mío, en lo relativo a la inclusión social de la población romaní. Lo cual muestra claramente que se trata de una cuestión de toda Europa que debemos afrontar juntos. Para evitar la tendencia de los romaníes a elegir métodos más fáciles pero dañinos de ganar dinero, es crucial que tengan un mejor acceso a la educación y el empleo. Necesitamos aplicar plenamente a la población romaní la legislación anti-discriminación y emprender otras iniciativas para integrarles en nuestra sociedad. Hasta ahora, no nos hemos dotado de una estrategia coherente. Espero que esta II Cumbre Europea sobre Población Gitana dé lugar a una verdadera estrategia de la UE para la población romaní. Los fondos estructurales y de preadhesión deberían emplearse de manera más eficiente para financiar dichas iniciativas. Me gustaría insistir en que dicha estrategia debería ser una herramienta de coordinación y de impulso para los Estados miembros. Las iniciativas deben tomarse a nivel local y enriquecerse con el saber hacer de ONG locales y de los mismos romaníes, que conocen cuáles son las principales dificultades, para que así esta estrategia responda realmente a las necesidades de la población romaní.

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. – La población romaní siguen siendo una de las minorías más postergadas de toda Europa y objeto de una discriminación muy extendida en todas las áreas de la vida.

Durante la última década la Unión Europea y sus Estados miembros han prestado atención y destinado recursos a mejorar la situación de la población romaní. En colaboración con el movimiento por los derechos de los romaníes, algunos Estados miembros han empezado a aplicar políticas destinadas a asegurar un acceso igualitario a una educación de calidad para los niños romaníes. La máxima prioridad en los próximos años debería ser continuar los esfuerzos en este campo.

Las políticas deben ser integrales para conseguir el máximo impacto global en llenar el abismo entre los romaníes y los no romaníes en todos los campos: la educación, el empleo, la vivienda y la salud. La Unión Europea y los Estados miembros deben continuar examinando las políticas dirigidas a los romaníes hasta la fecha y buscar el modo de eliminar cualquier rastro de enfoque paternalista de la cuestión romaní, que trate a los romaníes como sujetos dependientes y beneficiarios pasivos de las políticas.

Debe establecerse también un sistema de prácticas para jóvenes romaníes que eleven su capacitación profesional a través de programas en los departamentos de la Comisión y en instituciones gubernamentales apropiadas.

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), por escrito. – (RO) Estamos a mitad del periodo de diez años (2005-2015) dedicado a la inclusión romaní. Lo que podemos decir es que se ha hablado mucho sobre la minoría romaní y que se están creando varios programas y plataformas, pero que los resultados son limitados. Los problemas asociados con la educación, el empleo, el desarrollo regional, etc. Persisten y están empeorando en algunos Estados miembros. La II Cumbre sobre Población Gitana, que este año tendrá lugar en Córdoba, tiene como objetivo revitalizar la acción europea y encontrar nuevas vías de trabajo. Estoy de acuerdo en que hay que redefinir los principios, pero creo que deberíamos concebir una estrategia transversal, horizontal, que aborde los problemas de esta minoría de manera integral, no excluyente. Lo más importante es que se usen correctamente los fondos de preadhesión y los Fondos Estructurales y que den el resultado que esperamos como responsables políticos, que espera la sociedad civil y, sobre todo, que espera la minoría romaní.

  Marian-Jean Marinescu (PPE), por escrito. – (RO) La I Cumbre sobre Población Gitana tuvo al menos un resultado positivo: la conclusión alcanzada a nivel comunitario de que la población romaní necesita la educación como primer paso hacia la integración social. A este respecto, también saludo el segundo encuentro de la Plataforma Europea para la Inclusión de los Gitanos, destinado exclusivamente a tratar la cuestión de la educación de los romaníes en Europa. El proceso de reforma educativa no sólo precisa la implicación de las instituciones del Estado, sino también de organizaciones no gubernamentales, que no necesitan tener como principal objetivo identificar actos de discriminación, sino educar a grupos étnicos. Reducir el analfabetismo, garantizar que los niños completen su escolarización y la enseñanza vocacional y el reciclaje profesional ofrecen oportunidades de acceder al mercado de trabajo así como formas de inclusión social. Está claro que necesitamos urgentemente avances positivos de esta minoría, pero es algo de lo que tienen la responsabilidad tanto las autoridades como la misma comunidad romaní. La II Cumbre sobre Población Gitana debe animar lo suficiente a la Comisión Europea como para presentar proyectos de ley destinados a conseguir objetivos tangibles en este campo. La Comisión Europea debe también revisar el Fondo Social y proponer un aumento de la financiación a proyectos dirigidos a mejorar la situación socio-económica de la minoría más grande de la Unión Europea.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) La Cumbre de Córdoba sobre Población Gitana tiene como objetivo ser una oportunidad para hablar con franqueza sobre las sociedades paralelas en Europa y eso debería hacerse sobre la base de una integración eficiente a todos los niveles. Debería promoverse tanto a nivel nacional como europeo. Sin embargo, hay algo que no podemos olvidar al hablar de este tema, y es que, para una integración efectiva, es necesario que ambas partes trabajen juntas. La población romaní debe también aportar su grano de arena a la integración y trabajar desde dentro para prevenir la creación de sociedades paralelas. A este respecto, estoy particularmente preocupado acerca de la enseñanza escolar de los niños y, en especial, de las niñas. En Europa no puede darse el caso de que haya niños que apenas estén, o no estén en absoluto, integrados dentro del sistema escolar existente y que abandonen la escuela prematuramente en gran número. Como resultado, su posición futura en el mercado de trabajo corre un considerable peligro y después se refugian aún más en los márgenes de la sociedad, quedando aislados. Los problemas relativos a la seguridad social y a sus condiciones de vida, por tanto, están predeterminadas así y el círculo vicioso se cierra. Por tanto es crucial hacer un llamado a los núcleos romaníes de Europa a cambiar su actitud arcaica respecto a la educación escolar y a los derechos de la mujer para combatir activamente su propia exclusión y para trabajar por su integración en la sociedad, y en particular en el mercado laboral.

  Csaba Sógor (PPE), por escrito. – (HU) Aunque los Estados miembros han gastado ya considerables recursos nacionales y europeos en la creación de puestos de trabajo para desempleados romaníes de larga duración, no se ha hallado una solución coherente a nivel europeo: los Estados miembros afrontan la cuestión de diferentes maneras y con diferentes intensidades. Considero que es importante elaborar una estrategia coherente y eficiente para solucionar la cuestión romaní, que ha permanecido sin resolver hasta el día de hoy y supone un problema común para la Unión Europea como entidad y para sus Estados miembros. El tema principal de la Cumbre Europea sobre Población Gitana, que tendrá lugar el 8 de abril en Córdoba, debería ser el planteamiento de los principios de la estrategia a nivel europeo, para evitar cualquier «deriva» posterior de la cuestión romaní y permitir a todos los Estados miembros hallar una solución basada en una estrategia común europea. Estoy convencido de que la herramienta básica para ello es la educación. Considero que es necesario desarrollar un programa integral que promueva y estimule la vuelta de jóvenes intelectuales romaníes a la comunidad y su trabajo en el marco de la comunidad y para la comunidad. Para ello puede ser de gran ayuda estrechar lazos entre las diferentes organizaciones de defensa de los núcleos romaníes, las instituciones del Estado que correspondan, la sociedad civil y las instituciones de la UE que colaboren. Debe darse un papel más relevante a la concesión de financiación por medio de microcréditos o préstamos con intereses por parte del Estado. El acceso de las comunidades romaníes a las condiciones necesarias para ganarse la vida debería ser un objetivo importante en el marco de los subsidios agrícolas. La situación es más grave de lo que parece: el porcentaje de desempleados romaníes de larga duración ha crecido a pasos agigantados y cada vez más de ellos quedan en la marginación.

13. Turno de preguntas (preguntas a la Comisión)

  Presidente. – El siguiente punto es el turno de preguntas (B7-0017/2010). Esta tarde será algo más corto de lo habitual porque el debate anterior terminó 25 minutos tarde debido a retrasos acumulados. Lo lamento. Terminaremos poco después de las 19.30 horas. Procuremos ser escuetos. Quienes vayan a hablar desde los escaños tienen 30 segundos.

Las siguientes preguntas van dirigidas a la Comisión.

Primera parte

Pregunta 28 formulada por Vilija Blinkeviciute (H-0063/10)

Asunto: Regulación de los fondos privados de pensiones

En los últimos años, el valor de los activos de los fondos privados de pensiones ha registrado un descenso importante. El Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre la supervisión financiera, presidido por Jacques de Larosière, ha hecho hincapié en la necesidad de regular el sector con mayor rigor.

La crisis financiera ha puesto de relieve el grado de vulnerabilidad de los Estados miembros con respecto a una amplia gama de peligros. Estos riesgos inciden directamente sobre los inversores en este tipo de fondos, así como sobre la estabilidad y la integridad de los mercados financieros europeos, y tienen repercusiones graves sobre los operadores en los mercados financieros. En este período de incertidumbre económica, son muchos los ciudadanos europeos que han perdido la confianza en la regulación del sistema de fondos privados de pensiones.

¿No considera la Comisión que debería presentar una propuesta jurídica de carácter global que fije las normas de control con vistas a la regulación de los fondos privados de pensiones?

  Michel Barnier, Miembro de la Comisión. – (FR) La señora Blinkevičiūtė ha señalado una cuestión muy importante relativa a la reforma de las pensiones, un asunto clave durante los próximos años a la vista de los retos que tenemos que afrontar conjuntamente: en particular el envejecimiento demográfico, la viabilidad de las cuentas públicas y la movilidad de los trabajadores. Además, los fondos de pensiones son importantes inversores institucionales.

La crisis financiera ha dejado al descubierto la fragilidad de algunos sistemas de pensiones y, Señorías, a raíz del informe de Larosière vamos a tomar varias iniciativas. El Presidente Barroso ha anunciado al Parlamento Europeo algunas orientaciones políticas sobre esta materia.

A lo largo de 2010 presentaremos un Libro Verde sobre las pensiones que esperamos que estimule un debate riguroso sobre la regulación de los fondos privados de pensiones. En este contexto, debería preverse una revisión de la directiva sobre actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo. La Comisión sigue comprometida a fortalecer el mercado interior en el área de los fondos de pensiones. Esta revisión de la directiva incluiría también normas de solvencia para los fondos de pensiones. Además, señor Presidente, daría satisfacción a una demanda del Parlamento Europeo durante las negociaciones de la Directiva Solvencia II.

Para evitar cualquier tipo de ambigüedad sobre esta importante cuestión que afecta a los ciudadanos, añadiría que, en nombre de la subsidiaridad, la Comisión será muy cuidadosa en el respeto de las decisiones que han tomado muchos de los Estados miembros respecto al sistema de pensiones por reparto.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D). – (LT) Gracias, señor Comisario, por su respuesta, esperamos sinceramente que la Comisión Europea presente un Libro Verde lo antes posible ya que, en la mayoría de Estados miembros de la Unión Europea, es un asunto particularmente urgente. En algunos Estados miembros, como mi país, Lituania, las pequeñas pensiones se han reducido aún más, debido a la actual situación económica y financiera. Sin embargo, Comisario, también me gustaría preguntarle si me puede usted decir por qué, en la Estrategia Europa 2020, la Comisión Europea ha dedicado tan poca atención a la seguridad y estabilidad de las pensiones y a la garantía de las pensiones, dado que tenemos que tener en cuenta la actual situación del mercado de trabajo, la actual situación demográfica y, de hecho, esta es una de las cuestiones más importantes, qué tipo de pensiones recibirá la gente dentro de 10 años.

  Michel Barnier, Miembro de la Comisión. – (FR) Señora Blinkevičiūtė, es evidente que el documento sobre la Estrategia Europa 2020 fue un documento para el crecimiento verde, para un crecimiento inteligente, equitativo e incluyente, por mencionar algunos de sus aspectos. Es por ello que tenemos otros instrumentos, otras ocasiones y otros marcos para cumplir con nuestro deber de abordar cuestiones fundamentales como la de las pensiones y la dependencia de los ciudadanos europeos.

Acabo de decir, señora Blinkevičiūtė, que los fondos de pensiones son importantes inversores institucionales. Los diversos tipos de sistemas de pensiones que funcionan sobre la base de una capitalización estatutaria, sea laboral o voluntaria, juegan a día de hoy un papel cada vez mayor en el conjunto de los sistemas de pensiones de muchos Estados miembros.

Repito que trabajaremos respetando, en nombre de la subsidiariedad, el compromiso y la vinculación de muchos países —y estoy muy familiarizado con alguno de ellos— con el sistema de pensiones por reparto y que, sobre esta base, trabajaremos en este Libro Verde, que estará listo en las próximas semanas o meses como muy tarde. Me gustaría mantener un debate lo más amplio posible con usted y con otros diputados que tengan interés en ello.

  Franz Obermayr (NI). – (DE) Señor Presidente, mi país, Austria, financia los planes de pensiones privados hasta un máximo de 210 euros al año, aunque la especulación con las pensiones se ha mostrado como una de las causas del batacazo financiero en los Estados Unidos.

Pienso que la Comisión debe preguntarse a sí misma si las pensiones no son a día de hoy la tarea fundamental del Estado y si no deberíamos mantener en esta materia un estricto control sobre los turbios especuladores financieros. También está la cuestión de si, en opinión de la Comisión, es corto de miras o incluso negligente aportar ayudas estatales a fondos de pensiones privados sin normas de calidad si hay un riesgo de que, tras estas enormes pérdidas, los perceptores de pensiones estén necesitados de un apoyo aún mayor por parte del Estado.

  Michel Barnier, Miembro de la Comisión. – (FR) El señor Barroso tuvo la oportunidad de responder en esta Cámara, un poco antes, a varias preguntas sobre las cuestiones fundamentales relativas a los movimientos financieros.

Usted habló de especulación, señor Obermayr. Como Comisario Europeo de Mercado Interior y Servicios con responsabilidad en la regulación y en la supervisión, puedo decir que ningún producto, mercado o territorio quedará excluido o será inmune a una supervisión inteligente y una regulación efectiva.

Por tanto, todo el mundo en dichos mercados, con sus diversos productos, será afectado por la labor que vamos a llevar a cabo, labor que ya ha comenzado en forma del paquete de supervisión, que ya está a debate, y mediante la revisión de varias directivas, en particular la Directiva relativa a la mejora de portabilidad de los derechos de pensión, vamos a establecer estrictas normas de inversión.

Confirmo que no excluiremos a nadie de dichos productos o mercados del requisito de transparencia supervisada y de una regulación inteligente y efectiva.

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Creo que es preciso un pensamiento estratégico a largo plazo en lo que respecta a la reforma del sistema de pensiones, tanto en el sector público como en el privado. Me estoy refiriendo concretamente a que la tasa de natalidad se disparó en los años setenta. En unos 30 años estas personas se estarán jubilando y, en el momento presente, la tasa de natalidad es muy baja. Quienes nacen ahora sustituirán a la fuerza de trabajo dentro de 30 años y entonces no serán capaces de aportar los recursos necesarios para los fondos de pensiones.

Es por ello que me gustaría preguntarle: ¿Qué medidas tiene previsto adoptar la Comisión para llevar a cabo una reforma adecuada del sistema de pensiones a largo plazo, de manera sostenible y en beneficio de los ciudadanos europeos?

  Michel Barnier, Miembro de la Comisión. – (FR) Señora Ţicău, en la primera parte de mi intervención, que fue bastante corta debido a las normas, mencioné uno de los grandes desafíos, además de la movilidad, que es el demográfico. Además, aunque la cuestión de las políticas familiares o demográficas no entra dentro de las principales áreas sobre las que tiene responsabilidad Europa, pienso que todos nos beneficiaríamos de un debate y de hacer comparaciones sobre esta materia, que afecta, en mayor o menor grado, a todos los países europeos. Nuestro continente es probablemente uno de los pocos que verá un descenso de su población, si no mejoran las tasas de natalidad.

Es en este contexto extremadamente serio, señora Ţicău, más allá del propio asunto de las jubilaciones, donde tenemos que trabajar la cuestión de las pensiones y la cuestión de hacernos responsables de las personas dependientes. Es por ello que creo que este Libro Verde es una buena herramienta que llega en el momento adecuado. No tendrá que esperar mucho tiempo. Estamos trabajando en el tema y vamos a darle los toques finales para responder a todas estas preguntas, al tiempo que se tiene muy en cuenta lo que queda bajo responsabilidad nacional en lo relativo a los sistemas de pensiones y de lo que se puede hacer a nivel europeo, especialmente en relación a todos esos fondos privados de pensiones y a su proliferación en los mercados europeos.

En cualquier caso, todas estas cuestiones —ninguna de ellas quedará fuera— las vamos a tener en cuenta, a la vez que propondremos vías de acción u orientaciones en el Libro Verde que he mencionado, que será publicado en unos meses.

  Presidente. – Pregunta 29 formulada por Seán Kelly (H-0068/10)

Asunto: Régimen de seguros contra inundaciones en la UE

Las recientes inundaciones registradas en Irlanda han causado daños a las infraestructuras privadas y públicas por un importe estimado en 500 millones de euros, aproximadamente. El Gobierno irlandés ha solicitado al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea que cubra una parte de los perjuicios provocados a las infraestructuras públicas.

No obstante, en muchas ocasiones los usuarios particulares y las empresas no reciben ningún tipo de compensación debido al coste prohibitivo de los seguros privados contra las inundaciones. Cabe señalar que uno de los factores que provocaron estas inundaciones sin precedente fue la falta de coordinación de los proyectos de desarrollo que, en algunos casos, incluían llanuras aluviales y que algunas empresas de seguros se niegan a asegurar a determinados usuarios particulares y empresas.

En este contexto, ¿podría señalar la Comisión si tiene intención de presentar propuestas legislativas para armonizar las disposiciones en materia de seguros contra las inundaciones en la UE teniendo en cuenta que el mercado no brinda una protección adecuada en algunos Estados miembros? En caso contrario, ¿podría comentar la Comisión qué programas ha desarrollado para que los Estados miembros intercambien las mejores prácticas en este ámbito?

  Michel Barnier, Miembro de la Comisión. – (FR) Señor Presidente, Señorías, el señor Kelly formula una pregunta relativa a un reciente acontecimiento trágico, que ha golpeado a Madeira y a la costa atlántica, en particular a mí país, causando docenas de muertos. Al hablar sobre ello, me gustaría expresar una vez más nuestra solidaridad con todas las víctimas, y decir que mi colega, el Comisario Hahn, ha estado en ambos lugares de los hechos que he mencionado.

También en este caso debemos hacer frente al desafío global impuesto por el cambio climático: veremos un creciente número de desastres naturales, al tiempo que seguiremos viendo, además, desastres que no son naturales y tienen consecuencias serias para la vida humana, la naturaleza y la economía. Por ejemplo, estoy pensando en los desastres industriales, en los incendios y en los desastres en el mar.

Este es un tema al que me he dedicado personalmente durante muchísimo tiempo. En esta Cámara, en 1999, recién nombrado Comisario de Política Regional, tuve que responder a diputados griegos preocupados por las consecuencias del terremoto que acababa de sacudir su país.

Entonces propuse, en primer lugar, la creación de un fondo de solidaridad y, en segundo, la creación de una fuerza europea de protección civil. Tuvimos que esperar hasta 2002 y la gran inundación que afectó a Alemania, Austria y Eslovaquia para que la Comisión pudiera crear, en un plazo de tres meses, con la ayuda del Parlamento y del Consejo, el Fondo de Solidaridad que intervendría en Madeira y en la costa atlántica, como ha intervenido en varios grandes desastres desde 2002.

Mi colega, la señora Georgieva, está trabajando con la Baronesa Ashton en la creación de la Fuerza Europea de Protección Civil, y espero que no tengamos que esperar a que suceda otro desastre para aunar nuestras respuestas y nuestros esfuerzos humanitarios bajo la bandera europea en desastres como el de Haití o el del tsunami.

La pregunta formulada hace referencia a los seguros, ya que no todo entra dentro de la propiedad pública no asegurable que puede ser cubierta por el Fondo de Solidaridad. Creo que debemos avanzar en materia de los riesgos que pueden cubrirse por los seguros.

El Libro Blanco de 2009 sobre adaptación al cambio climático sugiere que haya sistemas de seguro con apoyo público donde no se tenga seguro. Con base en este Libro Blanco, quisiera examinar el papel que los seguros pueden jugar en complementar dichas medidas. He empezado tomando un punto de referencia: le he pedido a mis servicios que examinen lo que hay en los diversos Estados miembros. Para situaciones en las que pueda haber un impacto transfronterizo, puede ser apropiado incluso promover sistemas de seguro a nivel europeo más que nacional.

Soy muy consciente de la complejidad de esta materia, señor Kelly. Desarrollaré esta labor en colaboración con todos los interlocutores, con las compañías de seguros, con los Estados miembros y con los expertos, para intercambiar las mejores prácticas y establecer prioridades al nivel correcto. Estoy convencido de que podemos mejorar la protección de los ciudadanos europeos frente al creciente número de desastres naturales. Es por ello que quiero asumir esta tarea sumamente práctica de analizar y comparar los diversos sistemas de seguro existentes frente a los desastres naturales en los 27 Estados miembros.

  Seán Kelly (PPE). – Obviamente que estuvimos muy preocupados acerca de Madeira y de Francia. En mi país por suerte no murió nadie pero el problema de los seguros se manifestó muy pronto. Numerosos dueños de viviendas no pueden conseguir ahora un seguro y en una ciudad, Clonmel, donde hubo una inundación hace unos años, los precios de los seguros se han sextuplicado. Obviamente, se trata de un asunto candente y celebro que el señor Comisario lo esté examinando.

Asimismo me gustaría preguntarle acerca de los países y gobiernos que no aplican la Directiva sobre inundaciones. ¿Estudiará también sanciones de algún tipo contra ellos?

  Michel Barnier, Miembro de la Comisión. – (FR) Esta Directiva sobre inundaciones data de 2007. Hubo también una comunicación de la Comisión en 2009 sobre la prevención de desastres naturales o desastres causados por el ser humano en general.

Señor Kelly, usted se está refiriendo a directivas muy recientes pero lo mismo vale para estas directivas y todas las demás, tan pronto como entran en vigor: la Comisión debe verificar y verificará si los Estados miembros están aplicando o no dichas directivas y cómo lo están haciendo. Cuando hablamos de inundaciones, como se ha demostrado claramente en Francia y en su propio país, las consecuencias de la gestión de la tierra por la falta de medidas de prevención y de la construcción en zonas aluviales son obvias. La Comisión actuará en este campo, como en todos los demás, examinando lo que los Estados miembros están haciendo o no y tomando las medidas apropiadas, incluida la acción contra las infracciones, para garantizar la aplicación de estas directivas.

  Jim Higgins (PPE). – En relación a lo planteado por el señor Kelly, que es la aplicación de la Directiva sobre inundaciones: como usted sabe, tiene que ser transpuesta a las leyes nacionales durante este año, 2010, en el conjunto de los 27 Estados miembros. A lo que instaría a la Comisión sería a estar atenta a su aplicación por parte de las autoridades nacionales. En 1995 fui el ministro en Irlanda con responsabilidad acerca de las inundaciones. Encargamos un informe que establecía que no deberían construirse más viviendas en zonas aluviales. Y sin embargo muchas de las viviendas en busca de indemnizaciones en diversas regiones de Irlanda se construyeron con posterioridad a él.

De modo que necesitamos aplicar la Directiva sobre inundaciones de manera muy estricta y castigar al gobierno irlandés, a las autoridades locales y a cualquiera que incumpla las cláusulas de la Directiva sobre inundaciones.

  Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Señor Barnier, me gustaría preguntarle sobre algo. Estamos hablando sobre seguros, pero creo que cuando se trata de desastres se necesitan dos medidas de otro tipo. En relación a ello, me gustaría preguntarle lo siguiente: ¿No podría crearse un centro de intervención rápida en Europa? No tenemos un sólo centro que pueda actuar ante situaciones de desastre. En segundo lugar, ¿no podríamos esforzarnos más en ampliar las capacidades civiles? Por ejemplo, no contamos con aviones de transporte. En otras palabras, aparte de los seguros, necesitamos un centro y mayor capacidad de prestar ayuda.

  Michel Barnier, Miembro de la Comisión. – (FR) Se han planteado dos preguntas diferentes. La primera, sobre la cuestión de las inundaciones, vine aquí como Comisario de Mercado Interior y Servicios, señor Kelly, para responder a una pregunta concreta, que fue la siguiente: ¿Cómo pueden mejorarse las políticas de seguros, en concreto para indemnizar a gente que ha visto afectadas sus propiedades particulares? Voy a trabajar sobre esta fotografía de los diversos sistemas de seguros, más o menos sofisticados, donde algunos países apenas cuentan con cobertura para este tipo de desastres y otros, como Francia, tienen un sistema que paga una compensación del 100 % en caso de desastre natural.

Las inundaciones, señor Kelly, no son una materia sobre la que tenga responsabilidad. Voy a preguntarle al señor Potočnik, mi colega con responsabilidad sobre el medio ambiente, para darle una respuesta escrita informándole acerca de cómo esta directiva sobre inundaciones se está aplicando o no. Sin embargo, usted está en lo cierto en que la clave está en las autoridades nacionales e incluso regionales en lo que respecta a las zonas donde se construye o donde se permite que se construya. Uno no puede remitirse a Bruselas para todo, aunque la norma general es obvia: hay zonas donde no debe construirse o seguirse construyendo. Incluso presenté en mi país una ley para trasladar viviendas y fábricas situadas en zonas afectadas de manera regular por inundaciones. Aprobamos esa ley en 1995 y se indemnizó a la gente que se marchó antes de que ocurriera otro desastre.

Estas son las ideas que me gustaría agrupar antes de volver a presentarme ante ustedes con propuestas sobre la cuestión de los seguros.

Me gustaría decir una última palabra sobre la cuestión de la protección civil, aunque sea competencia de otros colegas. Es una materia sobre la que estuve trabajando —como ustedes saben— cuando fue apoyada por el Parlamento Europeo, a petición del Presidente Barroso, en 2006. Este trabajo me condujo a proponer la creación de una fuerza europea de protección civil a la que aportaran voluntariamente los Estados miembros. Podríamos mejorar la cooperación, empezando desde abajo, para estar acostumbrados a preparar nuestras respuestas. Cuando hay un tsumani o una tragedia en Haití nunca nos falta buena voluntad, pero sí coordinación. Se salvarían vidas humanas, se ahorraría tiempo, se ahorraría dinero y, al mismo tiempo, se aumentaría la visibilidad si los voluntarios europeos prepararan sus intervenciones frente a los diversos tipos de catástrofes.

Naturalmente, las respuestas no pueden ser las mismas ante una catástrofe industrial, un desastre como el del Erika, las inundaciones de Alemania o Francia, los incendios de Grecia, un tsunami, grandes pandemias o incluso un ataque terrorista como el del 11 de septiembre, que por desgracia todavía puede tener lugar en Europa.

El objetivo de esta idea sobre la que mis colegas están trabajando —volveremos ante ustedes con propuestas concretas— es preparar una respuesta conjunta y planificada. En cualquier caso, sigo ligado a esta idea a la que he dedicado mucho trabajo con el apoyo del Parlamento Europeo.

  Presidente. – Pregunta 30 formulada por Silvia-Adriana Ticau (H-0109/10)

Asunto: Medidas europeas de lucha contra la pobreza

Según Eurostat, en 2008 estaban expuestos a riesgo de pobreza aproximadamente 85 millones de ciudadanos europeos, el 20 % de los niños y el 19 %, de las personas de más de 65 años. A nivel de la UE, el 8 % de la población activa y el 44 % de los parados tenían unos ingresos inferiores al umbral de pobreza, pues tener un puesto de trabajo ya no basta para garantizar un nivel de vida digno. Las medidas de protección social de los Estados miembros han reducido en un 32 % el riesgo de pobreza que afecta a la población de la UE. La crisis económica ha dado lugar a un aumento de las tasas de paro de aproximadamente un 10 %, agravando con ello las diferencias sociales.

¿Podría indicar la Comisión cuáles son las medidas que está tomando en consideración para crear y mantener puestos de trabajo en la UE y para garantizar una vida digna a todos los ciudadanos de la UE mediante un sistema adecuado de protección social?

  László Andor, Miembro de la Comisión. – Comparto ampliamente las preocupaciones expresadas en esta pregunta acerca del bienestar de los europeos y de las cuestiones del empleo, de la protección social y de la lucha contra la pobreza.

Como usted sabe, 2010 es el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, para sensibilizar sobre dichos problemas sociales. Ojalá este año sirva no sólo para debatir acerca de la pobreza sino también para comprometernos en luchar contra ella y para renovar este compromiso político a nivel europeo y entre los Estados miembros.

Para abrir una oportunidad para esta renovación del compromiso, la Comisión Europea ha incluido en la nueva estrategia Europa 2020 un objetivo principal relativo a la reducción de la pobreza, reflejo de nuestra preocupación y de las lecciones aprendidas en las últimas décadas. Ahora el objetivo de reducción de la pobreza es de un 25 % para 2020.

La lucha contra la pobreza requiere de prosperidad, de empleos de buena calidad para quienes pueden trabajar y mantenerse a sí mismos y de solidaridad para los necesitados. Estos elementos están presentes en la Estrategia Europa 2020. La consecución del objetivo principal sobre la pobreza estará apoyada principalmente por una iniciativa llamada Plataforma Europea contra la Pobreza. Hay instrumentos concretos para mantener y crear empleos a nivel europeo a través del Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y también la reciente iniciativa de micro-créditos.

Las medidas adoptadas individualmente por los Estados miembros son especialmente importantes. Es necesario, para empezar, hacer aún más para garantizar que haya empleos de calidad al alcance de todos, pero la reducción de la pobreza tiene que ir más allá de la cuestión del empleo. Como se reconoce en la Comunicación de la UE de 2010, para prevenir la pobreza y tratar la pobreza y la exclusión es indispensable una protección social bien diseñada y efectiva.

Los Estados miembros son los responsables de financiar y organizar los sistemas de protección social, con el apoyo de la Comisión en esta tarea. Como socio clave en el método social abierto de coordinación, la Comisión ayuda a identificar y promover prioridades políticas claras, ofrece un marco de supervisión y facilita el aprendizaje mutuo. Un buen ejemplo hasta el momento incluye el marco de inclusión activa, el estudio comparativo sobre pobreza infantil y la supervisión del impacto social de la crisis.

Trabajaremos muy estrechamente con las dos Presidencias del año: la española y la belga. Ambas presentan iniciativas importantes: la primera fase de la Cumbre sobre Población Gitana, sobre la que se debatió hace unos minutos en esta Cámara y que tiene un fortísimo impacto en la reducción de la pobreza, en tanto que junto a la Presidencia belga estamos preparando una iniciativa para la reducción de la pobreza infantil.

Pero no sólo trabajamos con gobiernos, sino también con ONG. Sin las ONG no podríamos desarrollar programas plenamente exitosos. Apoyamos con el Fondo para el Progreso a las ONG que tratan la cuestión de la pobreza y de la protección social en general.

Estas son las principales cuestiones, que abarcan varios campos en los que la Comisión actúa para reducir la pobreza.

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Gracias por su respuesta. Sin embargo, también nos habría gustado debatir brevemente sobre el proceso de desindustrialización que está teniendo lugar en muchos Estados miembros y que es una de las causas de la crisis social y económica por la que estamos atravesando.

Una política industrial europea ambiciosa e inteligente no sólo reforzaría la competitividad de la Unión Europea, sino que, sobre todo, crearía nuevos puestos de trabajo. Por tanto, ¿qué medidas relativas a la política industrial europea que sean capaces de aumentar la competitividad de la Unión Europea y, sobre todo, de crear nuevos puestos de trabajo, garantizando así una vida digna para los ciudadanos europeos, se incluirán en el actual programa de trabajo de la Comisión?

Gracias.

  László Andor, Miembro de la Comisión. – De hecho, la creación de más y mejores puestos de trabajo también está incluida en la Estrategia Europa2020. Me gustaría llamar su atención sobre dos iniciativas principales. Ya he mencionado la que se centra en la pobreza, pero en lo relativo a la cantidad y la calidad del empleo en Europa tenemos la iniciativa principal sobre «nuevas habilidades en el empleo»; y, bajo el principio central de la sostenibilidad de Europa 2020, se enmarca la iniciativa sobre política industrial.

Creo que este es un punto clave dentro del contexto de esta cuestión, ya que hay que reconocer que los instrumentos de la Unión Europea no deberían centrarse únicamente en el impacto de las empresas que abandonan Europa, como el Fondo de Adaptación a la Globalización. Esto juega un importante papel en la reducción de la pobreza, en la prevención de la pérdida de ingresos y de la pérdida de capacidades cuando las empresas deciden irse de Europa; y por primera vez en mucho tiempo va a haber una iniciativa principal sobre política industrial para una economía sostenible.

Creo que así se abordarán muchas de las cuestiones que afectan al desarrollo industrial y la cuestión de la deslocalización. Estoy totalmente de acuerdo con lo que hay en juego en este tema, y es que sin una política económica y una política de empleo integrales no podremos luchar con éxito contra la pobreza.

  Franz Obermayr (NI). – (DE) El riesgo de fraude a la seguridad social es especialmente alto durante una crisis económica. ¿Es consciente la Comisión de que, en Europa Central, hay un fraude a la seguridad social a gran escala en Estados con amplias diferencias sociales? Por ejemplo, ciudadanos de nueve Estados miembros reclamaron fraudulentamente compensaciones por pensiones mínimas, excediendo dichas compensaciones las pensiones reales.

Mi pregunta es: ¿Tiene previsto la Comisión aportar a los Estados miembros herramientas para evitar dicho fraude a gran escala a la seguridad social?

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL). – (EL) Señor Presidente, señor Comisario, en Grecia, más del 20 % de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. De ellos, el 34 % son desempleados y el 14 % trabajadores pobres.

Tanto el problema de la pobreza que mi colega mencionó en su pregunta en relación con Europa como las estadísticas que le he dado sobre Grecia muestran, bajo mi punto de vista, el fracaso del modelo económico neoliberal propugnado por el Tratado de Lisboa e incluido en el texto de la Estrategia Europa 2020.

Me gustaría preguntarle: ¿Es posible luchar contra el aumento del porcentaje de gente que vive en la pobreza con medidas fragmentarias con trazas de caridad? ¿O necesitamos de una política económica diferente, que gire en torno al empleo a tiempo completo, y por tanto hay que replantear la Estrategia Europa 2020?

  László Andor, Miembro de la Comisión. – Empezando por la segunda pregunta, si no le importa, le diré en realidad es muy importante contar con un entorno macro-económico más estable.

En la respuesta anterior hice alusión a la importancia de una política económica integral de cara a crear un entorno más estable, y de hecho hay que revisar lo que se mencionó como la «tendencia neoliberal» de las últimas décadas. La Estretegia Europa 2020 tiene un buen número de iniciativas y quisiera referirme en particular al capítulo sobre la regulación financiera. Se trata de un cambio sustancial en comparación con el sistema anterior y tiene como objetivo estabilizar el entorno macro-económico para relajar la presión sobre los sistemas fiscales, que deben ser el pilar de los sistemas de protección social y las políticas de empleo.

En lo relativo al abuso y a la efectividad de los sistemas de protección social, la crisis es, de hecho, una prueba en este sentido. Lo que puede hacer la Comisión es usar el método abierto de coordinación y la capacidad de análisis y de información a su alcance para ayudar a los Estados miembros a enfocar mejor sus medidas de protección social.

El reto en tiempos de crisis, como se ha mencionado en la pregunta, pero también en lo sucesivo, cuando varios Estados miembros tendrán que afrontar la necesidad de consolidación fiscal, será verdaderamente una prueba, y no podemos encontrar fácilmente más recursos para luchar contra la pobreza. Es por ello que necesitamos compartir experiencias acerca de cómo usar nuestros instrumentos con mayor efectividad y cómo llegar mejor a los grupos vulnerables.

  Presidente. – Pregunta 31 formulada por Georgios Papanikolaou (H-0089/10)

Asunto: Evaluación del Programa «Cultura» 2007-2013

En el contexto de la promoción y la valorización de la cultura europea, la Comisión adoptó en 2007 el programa «Cultura», que concluirá en 2013 y cuenta con un presupuesto total aproximado de 400 millones de euros.

Entre los objetivos del programa se encuentra el aumento de la sensibilización sobre aspectos culturales de importancia para Europa y la promoción de la movilidad entre países de los trabajadores del sector de la cultura.

¿Cuál es la evaluación de la Comisión de los progresos realizados hasta ahora en la consecución de los objetivos mencionados?

¿Los Estados miembros han mostrado interés y han participado en el programa «Cultura», o piensa la Comisión que es necesario tomar nuevas y más dinámicas iniciativas para conseguir los objetivos de aquí a 2013?

  Androulla Vassiliou, Miembro de la Comisión. – (EL) Señor Presidente, como ha dicho el señor Papanikolaou, el objetivo del Programa «Cultura» es enriquecer el patrimonio cultural de los ciudadanos europeos promoviendo nuestra herencia cultural común. La Comisión está promoviendo la colaboración cultural entre autores, los trabajadores del sector cultural y las instituciones de los países que participan del programa con vistas a estimular el surgimiento de una nacionalidad europea.

Los objetivos del Programa «Cultura» son, en particular, promover la movilidad entre países de las obras y los productos artísticos y culturales y apoyar el diálogo intercultural. Por ejemplo, en 2009 en el marco del Programa «Cultura» se presentaron 749 solicitudes y se seleccionaron 256 proyectos para financiarlos, el principal objetivo de 127 de ellos era la movilidad de los trabajadores del sector cultural.

De acuerdo a las bases legales, el Programa precisa de una evaluación regular externa e independiente. En julio de 2009 la Comisión invitó a un auditor independiente para evaluar los tres primeros años, 2007-2009, de aplicación del Programa «Cultura» y, lo más importante, la consistencia de sus objetivos, los resultados iniciales y el impacto inicial del programa.

El auditor llevó a cabo la evaluación sobre la base de los datos de los resultados de los proyectos, de recientes evaluaciones individuales y de la investigación y las entrevistas con beneficiarios de los proyectos y personas interesadas que trabajan en el sector cultural. Su informe final se presentará durante la segunda mitad de este año. Sobre esa base, la Comisión elaborará un estudio sobre la aplicación del programa y lo presentará al Parlamento Europeo como muy tarde el 31 de diciembre de 2010.

Recuerde que el programa no se dirige primordialmente a las autoridades nacionales; se dirige a la gente que trabaja en el sector cultural. La participación de los trabajadores del sector cultural en los proyectos está bastante bien distribuida entre los Estados miembros. Las autoridades nacionales participan en grupos de expertos a nivel europeo para formular las líneas de desarrollo del programa.

Tras dos rondas de estudios piloto sobre la movilidad de artistas desarrollados por el Parlamento Europeo durante 2008 y 2009, y teniendo en mente las conversaciones mantenidas en el marco del método abierto de coordinación, la Comisión está estudiando los progresos hechos hasta la fecha y buscando el modo de mejorar la aplicación del programa actual.

Más adelante, antes de que termine el año, la Comisión iniciará un proceso de consulta pública para abrir paso al nuevo Programa «Cultura», de 2014 en adelante.

  Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Gracias, señora Comisaria, por su respuesta. Creo que es la primera vez que usted ha estado aquí durante este proceso. Le deseo mucho acierto en su labor y bon courage.

De hecho es vital sensibilizar a los ciudadanos europeos sobre los elementos culturales importantes para Europa y que constituyen puntos de referencia para nuestra cultura europea y nuestros valores comunes. Creo que este punto ha llegado a ser extremadamente importante en los últimos años también para Grecia, en especial —por aportar un asunto para el debate— por el uso de monumentos culturales para propósitos no relacionados con la cultura, para burlarse de mi país. Me refiero a un artículo en la revista alemana Focus con una imagen retocada de la Venus de Milo, me refiero a artículos de Internet que describen la Acrópolis como una ruina.

Temo que estás prácticas dejen de ser la excepción y por tanto le pregunto, señora Comisaria, si usted condena dichas prácticas y si, en el marco del Programa sobre el cual estamos debatiendo, pero no sólo en él, la Comisión tiene pensado adoptar una política más decisiva, más agresiva —por llamarla de algún modo— para promover la cultura...

(El Presidente interrumpe al orador)

  Androulla Vassiliou, Miembro de la Comisión. – (EL) Si a usted no le importa, no haré comentarios en este momento sobre los artículos de diversas publicaciones, porque no creo que saquemos nada en claro respondiendo a artículos como ese.

Lo que diría es que los monumentos culturales, tales como la Acrópolis y otros monumentos de Grecia y de otros Estados miembros, son una fuente de inspiración y una riqueza transcultural y que justamente hoy la Comisión Europea ha adoptado un nuevo sistema para catalogar los grandes monumentos culturales de la Unión Europea, incluida la Acrópolis.

Creo que ese hecho habla por sí solo acerca de lo que Europa piensa sobre dichos monumentos.

  Presidente. – Pregunta 32 formulada por Liam Aylward (H-0090/10)

Asunto: Refuerzo y financiación de las organizaciones de deporte de base en la UE

Las organizaciones de deporte de base realizan una importante contribución a la sociedad y la cultura europeas y a la salud de los ciudadanos europeos; sin embargo, en la situación económica actual, muchas organizaciones de deporte de base están sufriendo dificultades financieras. ¿Qué medidas tiene previsto adoptar la Comisión para reforzar los deportes de base y promover su desarrollo en los Estados miembros?

La Comisión ha concluido recientemente su consulta pública sobre la financiación de los deportes de base. ¿Puede facilitar la Comisión información adicional sobre los objetivos de esta consulta pública e indicar cuándo habrá más información disponible sobre los resultados de la misma?

  Androulla Vassiliou, Miembro de la Comisión. – La Comisión reconoce plenamente el importante papel del deporte de base en la sociedad europea.

El Libro Blanco sobre el Deporte de 2007, por ello, se enfocó en los aspectos sociales del deporte y propuso diversas medidas, entre ellas la promoción de la actividad física saludable o el papel educativo del deporte, la inclusión social a través del deporte y el voluntariado en el deporte, que han sido, o están siendo, aplicadas.

Asimismo, la nueva competencia europea sobre el deporte recogida en el artículo 165 señala la naturaleza específica del sector, su función social y educativa y sus estructuras basadas en la actividad voluntaria.

Aporta por tanto el marco para las sucesivas medidas de la UE y se orienta a la promoción del deporte en la UE y en el desarrollo de la dimensión europea del deporte.

La Comisión piensa proponer iniciativas para aplicar el Tratado de Lisboa en el campo del deporte a últimos de año. Tendrán en cuenta la necesidad de fortalecer el sector del deporte de base.

Su Señoría también señala acertadamente que las organizaciones de deporte de base afrontan los retos del clima económico actual. El estudio en marcha de la UE sobre las barreras en el mercado interior para la financiación de los deportes, que fueron señaladas por el Libro Blanco y que se concentran en la financiación del deporte de base, se orienta a dichos retos. El estudio tiene como objetivo describir las fuentes principales de financiación, comparar los distintos modelos de financiación en los Estados miembros y en las diferentes disciplinas deportivas y analizar el marco regulador de la UE y las políticas nacionales que tienen impacto en la financiación de los deportes.

Por último, el estudio debería delinear modelos de negocio eficientes que también sean capaces de afrontar nuevos retos, como el impacto de la crisis económica en los presupuestos del sector público o en los patrocinios, e identificar formas de fortalecer el desarrollo del deporte de base a lo largo de la Unión Europea.

Las consultas sobre la financiación del deporte de base a las que se refiere Su Señoría se llevaron a cabo en el marco de este estudio. Los resultados iniciales de estas consultas fueron presentados a las partes interesadas en una conferencia sobre modelos de financiación sostenibles para el deporte de base en el mercado interior, organizada por el asesor del estudio el 16 de febrero en Bruselas.

Pronto se publicarán los resultados de la conferencia en la página web de la Dirección General de Mercado Interior y Servicios.

  Liam Aylward (ALDE). – Me gustaría dar las gracias a la señora Comisaria por su respuesta. Saludo el compromiso que ha manifestado con el desarrollo del deporte a nivel de base.

Celebro el hecho de que la Unión Europea ahora tenga competencias en el área del deporte, con apoyo presupuestario, gracias a la ratificación del Tratado de Lisboa. En primer lugar, ¿podría manifestar la Comisión cómo quiere configurar el programa de deportes de la Unión Europea? Y, en segundo, ¿cuándo tendrá lugar la primera comunicación de la Comisión sobre esta materia?

  Androulla Vassiliou, Miembro de la Comisión. – Queremos contar con la comunicación sobre el deporte este verano. Por lo que traeremos la comunicación antes del receso veraniego. Ofrecerá el marco para una mejora de la colaboración, una nueva agenda para el deporte a nivel europeo y también un borrador para un programa de deportes de la UE bianual, para 2012 y 2013.

Por supuesto, entretanto, como usted sabe, tenemos las medidas en marcha para 2009, 2010 y 2011, orientadas hacia el deporte de base y la vertiente social del deporte. Las medidas para 2009 ya han sido aprobadas y se aplicarán este año. Estamos a punto de aprobar las medidas para 2010, estarán listas en un par de meses.

Por supuesto, como usted sabe, por desgracia el presupuesto para 2010 ha sido recortado, de 6 millones a 3 millones de euros. De acuerdo al presupuesto que tenemos para 2011, hay nuevas medidas y nuevo material de pruebas para formular nuestro programa para 2012 y 2013.

  Piotr Borys (PPE). – (PL) Señor Presidente, señora Vassiliou, me gustaría agradecer enormemente la declaración sobre el establecimiento de una nueva agenda para el deporte, pero también quisiera presentar, en relación a ella, una idea, sobre la que también está hablando la Comisión de Cultura y Educación. Tiene que ver con las nuevas competencias claves, a las que hoy pueden añadirse las habilidades para el deporte, el conocimiento de la cultura y el conocimiento sobre la Unión Europea. Señora Vassiliou, ¿tiene usted previsto sumarse al debate sobre el tema novedoso y muy importante de las competencias clave para los jóvenes de la Unión Europea, de manera que se haga hincapié y se destaquen las cuestiones del deporte, del conocimiento sobre la Unión Europea y el conocimiento de la cultura, que son tan importantes para construir una identidad europea?

  Androulla Vassiliou, Miembro de la Comisión. – Ciertamente, cuando hablo sobre el papel social del deporte, los aspectos relativos a la educación y el aprendizaje son muy importantes, y creo que dicha educación es incluso más importante de cara a nuestra identidad común europea. Esto será tenido en cuenta, a buen seguro, cuando formulemos de manera más estable nuestro programa para el deporte.

  Presidente. – Pregunta 33 formulada por Jim Higgins (H-0072/10)

Asunto: Muertes en carretera

¿Podría explicar brevemente la Comisión la manera en que pretende luchar contra las tres causas principales de las muertes en carretera, a saber la velocidad, la conducción bajo los efectos de las drogas o el alcohol y una infraestructura vial inadecuada?

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. – Dentro del marco del tercer Programa de Acción Europeo de Seguridad Vial de 2010, se pusieron en marcha una serie de medidas para luchar contra la velocidad, la conducción bajo los efectos de las drogas y el alcohol y para mejorar las infraestructuras viales. En muchas de estas medidas ha participado el Parlamento Europeo mediante el procedimiento de codecisión. Pero, por supuesto, hay que seguir esforzándose.

La Comisión actualmente está trabajando en la Estrategia Europea de Seguridad Vial para la próxima década. Además, hará hincapié en la importancia de una coerción y unas sanciones adecuadas para los comportamientos de riesgo, en particular para la conducción bajo los efectos del alcohol y para la velocidad excesiva. Los ciudadanos de los Estados miembros no comprenden por qué otros ciudadanos de la UE no son sancionados cuando incumplen la ley. Por este motivo, es urgente retomar los debates sobre las propuestas para una directiva sobre medidas penales internacionales que recibió pleno apoyo por parte del Parlamento Europeo pero que fue bloqueada por el Consejo. La Comisión está decidida a avanzar en esta propuesta.

Junto al control y las sanciones, la educación y la sensibilización son áreas sobre las que la Comisión hará mucho énfasis. Deben proponerse medidas concretas relativas al alcohol y a la velocidad, tales como bloqueos para el alcohol en determinados vehículos o exigencias más estrictas para los conductores noveles. La conducción bajo los efectos de las drogas es un problema que va en aumento. La Comisión espera que el proyecto de investigación DRUID, ya en marcha, aporte ideas para medidas concretas. En lo referente a las infraestructuras, el Parlamento Europeo y el Consejo han adoptado una legislación relativa a la gestión segura y a las exigencias de seguridad para las carreteras y los túneles de la red transeuropea.

La Comisión, por supuesto, seguirá muy de cerca su correcta aplicación por parte de los Estados miembros. Pero la seguridad de la infraestructura vial no se limita a las grandes carreteras de dicha red; el 56 % de las muertes ocurren en carreteras rurales. Por ello la Comisión estudiará la ampliación de la legislación actual sobre gestión segura a la red de carreteras secundarias de los Estados miembros. Finalmente, la Comisión también verificará que los proyectos de infraestructuras que reciban financiación o préstamos europeos tengan en cuenta las exigencias sobre seguridad vial.

También debo destacar que la seguridad vial es una responsabilidad compartida entre las instituciones de la UE, los Estados miembros, los organismos locales y regionales, las asociaciones y, por supuesto, los ciudadanos. Para que alcancen el máximo de eficacia, las soluciones deben responder a problemas concretos sobre el terreno. La próxima Estrategia Europea de Seguridad Vial propondrá una serie de medidas basadas en este principio. Su principal objetivo será establecer un área común europea de seguridad vial que formará parte de una sola área de transportes europea, beneficiándose todos los ciudadanos de la UE de un mismo nivel de seguridad para toda Europa.

  Jim Higgins (PPE). – (GA) Señor Presidente, también a mí me gustaría darle las gracias al señor Comisario. Escuchándole, queda claro que se ha trabajado mucho en lo referente a la responsabilidad de la velocidad y del alcohol en los accidentes de tráfico. No obstante, queda claro que no estamos investigando el efecto de las drogas en estos casos. La conducción bajo los efectos de las drogas es la principal causa de casi el 25 % de los accidentes de tráfico en la Unión Europea cada año. 10 000 personas mueren cada año a causa de estos accidentes.

Debemos hacer más en relación a las drogas, dado que está claro que son una importante causa de accidentes de tráfico y de la muerte de personas en la carretera. Propongo al señor Comisario que hagamos mucho más.

Celebro la investigación pero debemos hacer mucho más con respecto a hacerla efectiva.

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. – Por supuesto, no puedo más que compartir su preocupación. El problema con las drogas, como usted sabe, es que, aunque tenemos tecnología relativamente avanzada para descubrir a los conductores que conducen bajo los efectos del alcohol, es mucho más difícil detectar la influencia de las drogas. Realmente debemos llevar a cabo investigaciones para encontrar la tecnología precisa porque, a día de hoy, se usa sólo la observación visual de la policía, que luego envía a la gente a una prueba médica, y sólo entonces queda claro si se trataba de drogas. Por supuesto, necesitamos de algo más.

  Zigmantas Balčytis (S&D). – (LT) Gracias por las propuestas presentadas para resolver el problema. Me gustaría preguntarle si está de acuerdo con los estudios que muestran que el uso del teléfono móvil mientras se conduce puede provocar tanta reducción del tiempo de reacción del conductor como el alcohol o las drogas. Mi otra pregunta se refiere a los vehículos pesados de transportes. Suponen un riesgo elevado, especialmente durante las horas de oscuridad y, como usted sabe, los vehículos pesados de transportes dañan el estado de las carreteras, lo cual también contribuye al número de accidentes. ¿Piensa que debemos aumentar y mejorar las políticas para transferir los bienes de las carreteras a las vías férreas?

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL). – (EL) Señor Comisario, la materia sobre la que estamos debatiendo y que mi colega tocó en su pregunta es muy seria. Lo que llamamos «accidentes de tráfico» son, en mi opinión, colisiones que se deben a numerosas causas y el motivo real de numerosas desgracias de Europa.

Por tanto, me gustaría hacerle dos preguntas concretas:

La primera sería que, dado que la mayoría de dichas colisiones tienen lugar en población y que la mayoría de víctimas son peatones y ciclistas, ¿qué iniciativas piensa usted que deben desarrollarse para seguir una política de «tolerancia cero», es decir, para que no haya víctimas en las poblaciones, prestando especial atención a las escuelas, los carriles-bici y demás?

Mi segunda pregunta es: ¿Qué tiene previsto hacer para que la justicia actúe en beneficio de las víctimas y de sus familiares dentro del marco de esta perspectiva, de modo que podamos emplearla para conseguir la prevención de accidentes?

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. – Por supuesto, el cambio de modalidad, preferir el transporte de mercancías por tren, también es compartido claramente por la Comisión, pero se trata de un deseo desde hace décadas. Ahora debemos encontrar y eliminar los cuellos de botella que nos impiden aprovechar a fondo las vías férreas. Hay muchas cosas que deben hacerse y pienso que, durante el período de mandato de esta Comisión, podemos avanzar un poco.

Debo decir que el uso de teléfonos móviles mientras se conduce, al menos en algunos países —incluido el mío— está prohibido.

En lo relativo a las medidas para hacer frente a los daños y las muertes en accidentes de tráfico, esta Comisión se marcó, durante este plan de acción, el ambicioso objetivo de reducir el número de muertes en un 50 %. No se consiguió, pero la reducción del número de muertes fue sustancial .

Eso fue consecuencia, por supuesto, del esfuerzo conjunto de las instituciones europeas pero, sobre todo, de los Estados miembros. En mi propio país, por ejemplo, la reducción del número de muertes ha sido incluso mayor durante esta década —en casi tres veces. Tenemos pegas y, aunque nunca podremos alcanzar los cero accidentes, podemos hacer mucho para reducir el número de víctimas. Se trata, por supuesto, de una cuestión muy compleja que incluye sobriedad, mejores carreteras, mejor estado de las mismas, educación, aprendizaje, todas esas cosas.

  Presidente. – Dado que tratan sobre el mismo asunto, las siguientes preguntas se presentan juntas:

Pregunta 34 formulada por Ivo Belet (H-0077/10)

Asunto: Accidente ferroviario de Buizingen y sistemas electrónicos de seguridad

El grave accidente ferroviario ocurrido en Buizingen (Bélgica) el 15 de febrero de 2010 se relaciona con la ausencia de un sistema electrónico de seguridad, que frena automáticamente un tren que haya rebasado una señal de paro.

Además de los sistemas nacionales de protección automática de trenes (ATP) que existen desde hace varios años en determinados Estados miembros de la UE, se está trabajando plenamente en Europa en la introducción del Sistema de Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo (ERTMS).

¿En qué medida y desde cuándo los diferentes Estados miembros han equipado sus red ferroviaria y sus trenes de sistemas nacionales de protección automática de trenes?

¿En qué fase se encuentra la introducción del sistema ERTMS en los diferentes Estados miembros (por lo que se refiere tanto a los trenes como a las líneas ferroviarias)?

En el caso de los Estados miembros que aún no dispongan de sistemas nacionales de protección de trenes, ¿tiene sentido invertir en tales sistemas, vistos la inminente introducción del sistema ERTMS y los considerables costes que conlleva el cambio de sistema?

¿De qué manera se puede evitar que la infraestructura ferroviaria sea equipada del sistema ERTMS sin que los sean los trenes, o viceversa?

¿Se produce ese problema hoy día, por ejemplo, para el tráfico ferroviario IC en la línea Lieja-Aquisgrán?

En su caso, ¿qué enseñanzas hemos de extraer de ello en relación con la liberación del tráfico ferroviario en Europa?

Pregunta 35 formulada por Frieda Brepoels (H-0091/10)

Asunto: Causas del terrible accidente ferroviario ocurrido el lunes 15 de febrero de 2010 en Buizingen

¿Puede indicar la Comisión si la liberalización del mercado ha tenido un impacto en la seguridad?

En junio de 2008, la Comisión requirió a Bélgica por la compleja estructura triangular de la compañía ferroviaria nacional NMBS. ¿Ha procedido Bélgica entretanto a las correspondientes medidas exigidas por la Comisión? ¿De qué medidas se trata concretamente?

¿Desde cuándo se dispone del Sistema de Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo (ERTMS)? ¿Ha habido un retraso frente a la fecha prevista para su introducción? En caso afirmativo, ¿cuáles son las causas de tal retraso? ¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para remediarlo?

¿Ha impedido la discusión sobre la norma europea que los ferrocarriles crearan un sistema propio para garantizar la seguridad en las líneas interiores? ¿Desde cuándo se dispone de las especificaciones para tales sistemas nacionales? De los 27 Estados miembros de la UE, ¿cuántos disponen de un sistema nacional, y desde cuándo? ¿Qué países obtienen los mejores resultados?

¿Qué lugar ocupa Bélgica en la lista de los 27 Estados miembros por lo que se refiere a la seguridad de la red ferroviaria?

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. – El accidente de tren en Buizingen el lunes 15 de febrero fue una tragedia estremecedora y, después de este grave accidente, pueden plantearse varias cuestiones técnicas y políticas relativas a la seguridad ferroviaria.

No se conocen aún totalmente las causas del accidente y se ha iniciado la investigación técnica de acuerdo a lo previsto a la Directiva de Seguridad de la UE. El organismo de investigación belga tiene la responsabilidad de llevarla a cabo. Dos investigadores de la Agencia Ferroviaria Europea se sumaron al equipo belga a cargo de la investigación tan sólo unas pocas horas después de que tuviera lugar el accidente.

Me gustaría destacar que, dado que no están claras las causas del accidente, no es apropiado extraer conclusiones.

Como sucede con demasiada frecuencia cuando tienen lugar accidentes ferroviarios, se esgrime la existencia de una relación entre las normas o las regulaciones europeas y los accidentes. En primer lugar quisiera ser muy claro en lo relativo a la liberalización. Junto a la liberalización del sector del transporte por ferrocarril y el establecimiento de exigencias de separación entre los administradores de las infraestructuras y las empresas ferroviarias, se introdujo un estricto marco regulador cubriendo la seguridad ferroviaria y la interoperabilidad. Hemos supervisado cuidadosamente esta liberalización del sector ferroviario para garantizar que no tenga un impacto negativo sobre la seguridad ferroviaria, y los indicadores muestran claramente que no ha habido tal impacto.

Tampoco veo la relación entre el accidente y el dictamen motivado que enviamos a Bélgica en 2008 en relación a la falta de independencia entre los administradores de las infraestructuras y las empresas ferroviarias.

Cualquier propuesta de relacionar los niveles de seguridad ferroviarios con la liberalización del sector es, bajo mi punto de vista, tan sólo una excusa para desviar el debate de las verdaderas causas del accidente.

La cuestión de la coexistencia de sistemas de control ferroviario nacionales y europeos puede ir en ese sentido. A día de hoy se usan en Europa más de 20 sistemas nacionales diferentes para garantizar el desplazamiento seguro de los trenes. La incompatibilidad de los diferentes sistemas nacionales supone un gran problema para los trenes internacionales porque hay que cambiar de locomotora en cada frontera o porque tienen que estar equipadas con varios sistemas de a bordo.

Por este motivo se ha diseñado y desarrollado un único sistema para su uso a nivel europeo y se está instalando actualmente en las grandes líneas y trenes internacionales de Europa. El sistema es conocido como ERTMS, el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario.

Por lo que respecta a los tiempos, la mayoría de sistemas nacionales fueron desarrollados a principios de los años ochenta, pero su instalación es un proceso largo y costoso. En la mayoría de países donde existen estos sistemas sólo una parte de las redes nacionales y de las locomotoras han sido equipadas hasta la fecha, y esta instalación parcial de los equipos llevó aproximadamente 20 años.

Las especificaciones del ERTMS han estado disponibles desde 2000. Entre 2000 y 2005 se llevaron a cabo una serie de proyectos piloto. Desde 2005 han entrado en servicio varias líneas equipadas con ERTMS.

En la actualidad, 10 Estados miembros tienen líneas con ERTMS y hay proyectos en curso en casi todos los Estados miembros. En Bélgica, por ejemplo, está equipada la línea entre Aquisgrán y Lieja, como lo están los trenes interurbanos que funcionan en esa línea.

El ERTMS, por tanto, probablemente coexistirá con los sistemas nacionales durante 20 años. Algunos Estados miembros se beneficiaran antes que otros del sistema europeo. Vemos, por ejemplo, que las redes de alta velocidad de Italia y de España están equipadas casi por completo y que la red convencional de Luxemburgo también, mientras que en 15 Estados miembros hay sólo líneas o proyectos piloto.

Hay que señalar también que los sistemas de protección automática de trenes son sólo un elemento más que contribuye a la seguridad de la red. Una formación adecuada, un mantenimiento correcto y una mejor protección de los pasos a nivel son otros componentes importantes de la seguridad.

Si tomamos un amplio rango de indicadores de seguridad, los datos globales muestran que las normas de seguridad ferroviarias en Europa son generalmente muy altas.

  Ivo Belet (PPE). – (NL) Señor Presidente, señor Comisario, las lecciones que debemos extraer de esta tragedia lo son en realidad para el responsable del servicio: el Gobierno belga. De hecho, una comisión especial de investigación del Parlamento belga empezará en breve a trabajar sobre ello.

Tengo una pregunta más para usted, señor Comisario. ¿Cuál es su punto de vista sobre el aspecto social, el de la carga de trabajo del personal ferroviario y de los maquinistas en particular? Quizás deberíamos reparar en ello también y puede que hicieran falta normas europeas, especialmente dado que la liberalización del transporte de pasajeros se va incluso a incrementar en los próximos años.

  Frieda Brepoels (Verts/ALE). – (NL) Me gustaría expresar un afectuoso agradecimiento al señor Comisario por sus respuestas a una serie de preguntas muy concretas. Hubo una de mis preguntas que no respondió, la referida al dictamen motivado enviado por la Comisión a Bélgica en 2008. En 2009 se demostró una vez más la falta de independencia del administrador de infraestructuras del ferrocarril belga (Infrabel) respecto a la Compañía Ferroviaria Nacional de Bélgica (NMBS) y la compañía responsable. Me gustaría saber cuánto tiempo le va a dar la Comisión a la NMBS para llevar a cabo las operaciones de restructuración necesarias.

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. – En primer lugar, sobre los operadores y las cuestiones sociales. Podemos examinar este asunto en profundidad y analizar la situación dado que, por supuesto, si hubiera más competencia y un tráfico más intenso, deberíamos tratar muy seriamente también estos aspectos sociales. Ya tenemos varias regulaciones en vigor concernientes, por ejemplo, a los pilotos de aviación. Usted conoce bien la Directiva sobre el tiempo de trabajo en el transporte por carretera, y deben aplicarse otros controles similares sobre el tiempo de conducción a todos los conductores, incluidos los maquinistas.

Por ello creo que debemos estudiar cuidadosamente este tema. Asimismo siempre hay legislación nacional, y estas son cuestiones en primer lugar para la legislación nacional, pero sin duda es una cuestión que debemos examinar.

Ya en 2008 dije que la Comisión envió a Bélgica un dictamen motivado sobre la falta de garantías para asegurar la independencia del administrador de las infraestructuras de las empresas ferroviarias en el ejercicio de funciones esenciales, asignación de vías y carga. Las autoridades belgas han respondido y los servicios de la Comisión están estudiando esta respuesta con vistas a proponer un seguimiento.

Pero, volviendo al accidente de tren, fue un acontecimiento trágico que podría haberse evitado, pero nunca jamás habrá cero accidentes. Esta es una cuestión muy compleja. Supongo que la investigación nos dará respuestas concretas a cuáles fueron las causas del accidente y, en muchos casos, suelen ser una combinación de varios factores, incluidos factores humanos. Desde el siglo XIX en adelante ha estado claro que una luz roja significa detenerse. Eso no quiere decir que podamos encontrar una respuesta muy simple a por qué sucedió este accidente.

  Piotr Borys (PPE). – (PL) Señor Kallas, creo que debemos extraer conclusiones de esta tragedia. Por supuesto, un proceso muy detallado explicará si hubo que lamentar un fallo humano o si, quizás, fue una cuestión de equipamiento o la falta de un sistema. En su opinión, ¿cuánto falta para que el ERTMS entre en funcionamiento? y ¿no piensa usted que, con la liberalización tanto del transporte ferroviario de pasajeros como del de mercancías, el sistema de verificación de la calidad del servicio y del equipamiento debería separarse de los sistemas nacionales?

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. – El plan consiste en desplegar el sistema ERTMS en las principales redes ferroviarias europeas antes de 2015, de manera que hay una fecha en la que pensamos que este plan de instalación estará ejecutado, pero eso no quiere decir que todas las líneas, especialmente las regionales, vayan a estar equipadas con esta tecnología de alto nivel, de modo que deberá haber también otros sistemas. Este plan de instalación existe, pero es una operación costosa y una gran inversión.

Es una buena idea la de un sistema europeo de medición de la calidad. Cuando hablo acerca de la idea de desarrollar el transporte en su conjunto como una entidad de Europa, bajo el posible nombre de área única de transporte europea, esto obviamente quiere decir que debemos armonizar las exigencias de calidad y que la calidad de los servicios debe mantenerse a un muy alto nivel.

  Presidente. – Pregunta 36 formulada por Jacek Wlosowicz (H-0103/10)

Asunto: El cambio de hora invierno/verano

¿Podría indicar la Comisión si se dispone en la actualidad de estudios que justifiquen el cambio de hora que se efectúa dos veces al año, y que trae consigo numerosos inconvenientes para los ciudadanos europeos en su vida cotidiana?

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. – Por supuesto, hemos tenido una directiva desde enero de 2001, cuando el Consejo y el Parlamento adoptaron la actual directiva sobre el cambio de hora en la Unión Europea. Esta directiva armoniza el calendario de aplicación del cambio de hora en la UE. Esta es la novena Directiva sobre la materia desde 1980, cuando se adoptó la primera Directiva sobre el cambio de hora.

De acuerdo con las directivas antedichas, en 2007, la Comisión presentó un informe sobre el impacto del actual sistema del cambio de hora. El informe concluye que, sobre la base de la información puesta a disposición de la Comisión, el sistema del cambio de hora no tiene ningún impacto negativo y genera ahorro energético. Las disposiciones actuales no constituyen un motivo de preocupación para ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea. Desde que se publicó el informe ningún Estado miembro ha solicitado ni siquiera una modificación de las disposiciones actuales.

Su Señoría no podría encontrar a alguien más adecuado que yo para responder a esta pregunta, no porque sea responsable de transportes, sino porque formaba parte del gobierno estonio que hizo exactamente lo que motiva su pregunta. Primero, en 1999, abolimos desde 2000 el cambio de hora. Cambiamos este sistema y mantuvimos un sistema sin cambio de horario. En 2002 dimos vuelta atrás y restablecimos el cambio de hora. De modo que tengo una experiencia muy directa en esto.

Sucedieron dos cosas desagradables, que fueron las que hicieron que este paso dado en 2000 fuera muy impopular. Una fue que la luz del sol se iba temprano en la tarde. Las mañanas eran muy luminosas pero no tenías nada que hacer con esos rayos de luz en la mañana. Por la tarde, si anochece muy temprano y acabas de volver del trabajo y quieres hacer algo de ejercicio o salir con los niños, ya está oscuro. A la gente no le gusta eso en absoluto.

La segunda, por supuesto, fue una confusión total de horarios y de calendario —como puede imaginarse— relativa a todos los planes de viaje a otros países. De modo que restablecimos el sistema de cambio de hora actual, cambiando el reloj dos veces al año. La gente está contenta y esta cuestión no ha vuelto a suscitarse de nuevo.

  Jacek Włosowicz (ECR). – (PL) Señor Presidente, señor Kallas, tengo una duda relativa al hecho de que algunos países de Europa, por ejemplo el Reino Unido, usan un horario diferente al de la Europa Continental, y esta falta de cambio no les causa problemas. Después de todo, ¿no se daría el caso de que la normalización del tiempo en toda Europa a una zona horaria sería beneficiosa justamente desde el punto de vista del transporte?

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. – Como ya dije, tengo experiencia personal y no veo ninguna razón para empezar a cambiar el sistema de nuevo o para hacerle algunos cambios. Se podría volver más complicado.

  Presidente. – Pregunta 37 formulada por Gay Mitchell (H-0071/10)

Asunto: Equilibrio entre libertad y seguridad

En muchos de los países de la Unión Europea el alarmismo provocado por el terrorismo mundial ha desembocado en una escalofriante erosión de las libertades civiles. Uno de los principios fundamentales que sustentan el contrato social es aquel según el cual un gobierno tiene que justificar toda restricción de los derechos de los ciudadanos demostrando clara e irrefutablemente la necesidad de adoptar dicha restricción en aras de la seguridad general de la nación en cuestión. Se diría que la carga de la prueba se ha transformado dejando de recaer en las autoridades que aplican las medidas en materia de seguridad para pasar a recaer en los habitantes a los que se aplican dichas medidas.

¿Está de acuerdo la Comisión con este análisis? ¿Cómo contrarrestará la Comisión el desequilibrio entre seguridad y libertad?

  Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión. – La protección y la promoción de los derechos fundamentales no deberían percibirse como opuestas a las medidas destinadas a la continua amenaza del terrorismo: deberían ir de la mano. Las actividades antiterroristas deben llevarse a cabo respetando plenamente el principio del estado de derecho y los derechos fundamentales tal y como se recogen a nivel de la Unión Europea en la Carta de los Derechos Fundamentales.

No es una cuestión de compromiso o de equilibrar una exigencia frente a la otra; es cuestión de cumplir ambas, pero sin comprometer los derechos fundamentales, por supuesto.

Cumplir con los derechos fundamentales no está reñido con la adopción de medidas de seguridad efectivas, y eso por cierto se reconoce en el Programa de Estocolmo, que llama a las instituciones europeas a garantizar que todas las herramientas usadas para luchar contra el terrorismo respeten plenamente los derechos fundamentales. Por tanto, creo que esta es una cuestión de equilibrio y no una cuestión de equilibrar a la una contra la otra.

  Gay Mitchell (PPE). – Por lo que a mí respecta, leña a los terroristas y leña a los criminales. No tengo ningún problema con ello en absoluto, pero lo que me preocupa es que nosotros, como parlamentarios, no estemos haciendo hincapié lo suficiente, ni en el Parlamento Europeo ni en los Estados miembros, en que esperamos que se haga de tal manera que se proteja a la gente, en vez de atacarla, a ella o a su privacidad, que se protejan los datos, que se proteja la privacidad de los ciudadanos y que el Estado no se entrometa en la vida de los ciudadanos que sean inocentes y respetuosos con la ley. Es imperativo que esto se incluya.

  Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión. – No podría estar más de acuerdo con Su Señoría. Usted sabe, por habérmelo oído y también por mis medidas cuando era Comisaria de Telecomunicaciones, que la protección de datos está en los primeros puestos de la agenda.

He solicitado la reforma de la Directiva de protección de datos de 1995 para adaptarla al moderno mundo de la tecnología, pero también he dejado claro que no porque tengamos que proteger a la sociedad vamos a exponer los datos. Los datos privados de los individuos no pueden estar bajo amenaza por otras medidas.

He visto cómo el Parlamento debatía y votaba sobre la cuestión SWIFT. La Comisión tomará en cuenta los puntos de vista del Parlamento cuando desarrolle un nuevo mandato para firmar un nuevo acuerdo SWIFT con nuestros socios norteamericanos: uno donde estén equilibrados el derecho a la privacidad y la necesidad de luchar contra el terrorismo.

  Presidente. –Pregunta 38 formulada por Marian Harkin (H-0087/10)

Asunto: Libro Verde sobre el Voluntariado

Para incrementar la conciencia pública sobre el valor del voluntariado en la UE, ¿piensa la Comisión considerar la posibilidad de desarrollar, en conjunción con las iniciativas propuestas de celebrar el Año Europeo del Voluntariado, un Libro Verde general sobre el Voluntariado que facilite, reconozca y valorice el voluntariado?

Como complemento al desarrollo de dicho Libro Verde, ¿se propone la Comisión dar importancia a la construcción de sinergias con otras organizaciones internacionales, como la OIT y las Naciones Unidas, en relación con el proyecto de medición del voluntariado puesto en marcha por la John Hopkins University, en unión con la OIT , y el manual de entidades no lucrativas de las Naciones Unidas?

  Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión. – Lo siento mucho, no tengo esta pregunta. Tengo muchas preguntas aquí, pero no ésta.

(El Presidente propone que se responda a la pregunta por escrito)

  Marian Harkin (ALDE). – Estaré completamente satisfecha si recibo la respuesta de la señora Comisaria por escrito.

  Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión. – Lo siento. Algo debe haber fallado en la organización.

  Marian Harkin (ALDE). – Espero que la señora Comisaria examine con detenimiento lo que he sugerido, dadas las posibilidades de 2011 como Año Europeo del Voluntariado, y quizás también viendo la posibilidad de un Libro Verde después, tras consultarlo con grupos de voluntarios, etc. También espero que usted tenga en cuenta la importancia de usar tanto el manual de la Organización Internacional del Trabajo, como el manual de las Naciones Unidas para medir el voluntariado en los Estados miembros.

  Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión. – Le puedo asegurar a Su Señoría que recibirá las respuestas oportunas a lo que ha planteado sobre el voluntariado, que es una cuestión muy importante sobre la que está trabajando la Comisión.

  Presidente. – Pregunta 39 formulada por Bernd Posselt (H-0088/10)

Asunto: Minorías históricamente sedentarias

¿Considera la Comisión que, en el marco del Tratado de Lisboa y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, es posible desarrollar una estrategia para proteger y apoyar a los pueblos y minorías históricamente sedentarias y qué medidas concretas pueden preverse al respecto?

  Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión. – Usted sabe que uno de los valores sobre los que se asienta la Unión Europea es el respeto de los derechos de las personas pertenecientes a minorías, y con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, esto se menciona explícitamente en el artículo 2 de dicho tratado. El artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales prohíbe explícitamente toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de lengua o pertenencia a una minoría nacional. La Comisión garantizará, en el ámbito de su mandato, que dichos derechos fundamentales se respeten en la legislación de la UE, también cuando los Estados miembros apliquen dicha legislación.

Hay también una serie de artículos de la legislación europea y de programas de la UE que pueden contribuir a mejorar la situación de las personas pertenecientes a minorías; la Comisión pretende combinar dichos instrumentos para abordar las dificultades, incluidos los actos de discriminación, que puedan afectar a las personas pertenecientes a minorías.

Como usted también sabe, hay una legislación europea contra la discriminación, que se empleará para garantizar un tratamiento igualitario de las personas pertenecientes a minorías, y la Comisión ha adoptado una propuesta para una nueva Directiva, actualmente a debate, que ampliaría la protección contra la discriminación en lo relativo a la religión y las creencias, las discapacidades, la edad y la orientación sexual, a otros campos además de a los del empleo y la ocupación.

La decisión marco del Consejo de combatir determinadas formas y manifestaciones de racismo y de xenofobia por medio de las leyes penales también tiene como objetivo garantizar que el discurso del odio sobre la raza, el color, la religión, el origen o los grupos nacionales o étnicos y los crímenes del odio sean castigados en todos los Estados miembros. En este momento la Comisión está siguiendo muy de cerca la aplicación de esta decisión marco y se ha creado un grupo de expertos a nivel nacional con este fin.

También está la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales, que juega un papel clave en ayudar a la Comisión a cumplir su tarea, una Carta del Consejo de Europa sobre las lenguas minoritarias y regionales y el convenio marco para la protección de las minorías nacionales.

Quisiera decirle a Su Señoría que espero que más Estados miembros sigan el ejemplo de aquellos que ya han firmado y ratificado estos importantes acuerdos.

  Bernd Posselt (PPE). – (DE) Señora Comisaria, eso último tiene que ver precisamente con lo que me preocupa. Quisiera preguntar una vez más: ¿Existen instrumentos de discriminación positiva a favor de las minorías históricamente sedentarias? Deberíamos desarrollar estrategias para estas poblaciones del mismo modo que lo hacemos para otras.

En segundo lugar, ¿también tiene responsabilidades en ello la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales de Viena? ¿Cómo establece sus contactos con la sociedad civil? Eso está en marcha en este momento, por supuesto, pero ¿están las minorías históricas incluidas? No hay nada tan injusto como tratar del mismo modo a grupos diferentes.

  Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión. – Estoy de acuerdo con Su Señoría. No hay nada tan injusto como tratar del mismo modo a grupos diferentes.

Realmente tenemos que valorar la utilización de los escasos recursos de los que disponemos de una forma muy activa e inteligente.

La Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales persigue, por supuesto, determinados objetivos, pero, si el Parlamento o la Comisión solicitan a la Agencia que cumpla una tarea determinada, la Agencia a buen seguro lo hará.

Por tanto, le pediría a Su Señoría que me entregara las preguntas que le gustaría hacerle a la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales para que las abordara y veré qué se puede hacer en ese sentido.

  Marc Tarabella (S&D). – (FR) Señor Presidente, comprendo plenamente las exigencias del tiempo. Sólo quería subrayar la necesidad de un año especial dedicado a la violencia contra las mujeres, debido a los tabús que aún existen con frecuencia respecto al tema.

Demasiadas mujeres son víctimas de la violencia, que a menudo es física, por supuesto, pero que también puede ser verbal y psicológica. Además, esto ocurre a menudo en el entorno familiar y a dichas mujeres les avergüenza reconocerlo. Lo cierto es que un año dedicado a este problema ayudaría a garantizar que disminuyera este fenómeno, que aún constituye un tabú, y a combatir así con mayor efectividad la violencia contra las mujeres.

  Presidente. – Las preguntas a las que no se ha contestado por falta de tiempo recibirán respuesta por escrito (véase el anexo).

Aquí termina el turno de preguntas.

(La sesión, suspendida a las 19.50 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

PRESIDE: Pál SCHMITT
Vicepresidente

14. Aplicación de las Directivas del primer paquete ferroviario (debate)

  Presidente. – El siguiente punto es el debate sobre la pregunta oral (O-0030/2010) presentada por Brian Simpson, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, a la Comisión sobre la aplicación de las Directivas del primer paquete ferroviario (2001/12/CE, 2001/13/CE y 2001/14/EC) (B7-0204/2010)

  Brian Simpson, autor. – Señor Presidente, esta noche no seré benévolo en esta pregunta oral sobre la aplicación del primer paquete ferroviario. Usted estará al corriente, señor Comisario, de que las tres Directivas que componen el primer paquete ferroviario fueron adoptadas en 2001, con un plazo hasta marzo de 2006 para su transposición a las leyes nacionales. Es mi obligación, como presidente de la Comisión de Transportes, exponer ahora este tema mediante esta cuestión oral.

Aquí estamos, nueve años después, debatiendo sobre el hecho de que 21 Estados miembros no habían aplicado estas directivas a la altura de octubre de 2009 y ahora les hemos enviado dictámenes motivados a causa de ello. Va más allá de toda lógica que, cuando nos acercamos a la revisión del primer paquete ferroviario, una serie de Estados —incluidos Estados de los llamados influyentes, incluidos Estados a los que les gusta alardear de credenciales pro-europeas— no hayan aplicado este importante texto legislativo europeo. Dichos Estados miembros deberían avergonzarse y recordar y cumplir con las obligaciones que contrajeron en este Parlamento en 2001.

Es uno de los hechos políticos más desconcertantes que podamos establecer un mercado único en diversos campos en toda la Unión Europea y no podamos hacerlo en el sector ferroviario. No es un fracaso de este Parlamento. Es un fracaso de los Estados miembros, a menudo apoyados por sectores de la industria ferroviaria y, francamente, se está empezando a agotar la paciencia del Parlamento.

Esta pregunta oral nace de una frustración, la frustración de que la ley esté siendo desobedecida deliberadamente y que hasta el momento la Comisión no haya sancionado a los Estados miembros. Ahora estamos pidiendo saber qué aspectos de la directiva no se han aplicado en cada Estado miembro incumplidor. Necesitamos saber por qué determinados Estados miembros no han aplicado correctamente estas directivas. Necesitamos saber qué Estados miembros se están resistiendo aún a la idea de una competencia leal en el sector ferroviario y protegiendo deliberadamente sus propias compañías nacionales.

Tenemos preocupaciones en lo relativo a las competencias y a la independencia de los reguladores y de los administradores de infraestructuras en algunos de dichos Estados miembros. Creemos que la falta de transparencia y de armonización en los impuestos por el uso de infraestructuras está llevando a una práctica proteccionista y actuando como un freno al establecimiento del mercado único en el sector ferroviario, así como asfixiando la actividad entre países. Si a eso le añadimos diversas medidas nacionales tales como impuestos sobre el material rodante, habría que cuestionarse si determinados Estados miembros han intentado siquiera aplicar dichas Directivas.

Hoy necesitamos saber muchas cosas. Necesitamos saber cómo hará la Comisión para facilitar, mediante la refundición, la plena aplicación de todo el paquete ferroviario. Hoy necesitamos saber qué está haciendo la Comisión para hacer cumplir la legislación europea en esta materia. Hoy necesitamos saber por qué se ha tardado tanto en actuar contra los Estados miembros incumplidores.

Desde la Comisión de Transportes a menudo señalamos la necesidad de una interoperabilidad efectiva en el sector ferroviario. Sin ella, y sin la liberalización de la infraestructura nacional, el transporte ferroviario de mercancías está condenado. Se asfixiará a los trenes de pasajeros transfronterizos europeos. Nunca se establecerá el mercado único y el ERTMS nunca entrará en vigor.

Ha llegado la hora de desarrollar una verdadera perspectiva europea para nuestra red ferroviaria, y el primer paso para dicho desarrollo es el primer paquete ferroviario. Sin dar ese primer paso, no habrá otros. Necesitamos acción directa y la necesitamos ya. Señalemos con el dedo a aquellos Estados miembros que están incumpliendo y actuemos contra ellos ahora.

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. – Señor Presidente, quisiera darle las gracias al señor Simpson y a la Comisión de Transporte y Turismo por iniciar este debate y promover la competitividad y la apertura en el sector ferroviario. Siempre he encontrado un fuerte apoyo en el Parlamento y espero que eso continúe.

El informe sobre el seguimiento del mercado ferroviario publicado por la Comisión a finales de 2009 muestra que el declive progresivo del ferrocarril desde los años setenta ha sido frenado en todos los segmentos significativos del mercado tras la liberalización y la adopción del primer paquete. De modo que también hay algunas señales positivas.

Sin embargo, la crisis económica ha tenido un grave impacto sobre el ferrocarril, con los operadores de transporte de mercancías perdiendo más del 30% de su negocio; esta crisis ha puesto sobre el tapete y aumentado los problemas estructurales presentes en el sector ferroviario.

Dichos problemas están, por un lado, ligados a las economías del ferrocarril y a la persistente debilidad financiera de algunos de sus actores. Una serie de Estados miembros aún no ha conseguido garantizar el suficiente presupuesto para los administradores de infraestructuras. Esto tiene como consecuencia no sólo la falta de inversión que reduce la calidad y el rendimiento de la red ferroviaria, sino también la creación de deudas.

Por otra parte, aún quedan barreras económicas y técnicas para la entrada del mercado. Muy a menudo, los nuevos actores se ven discriminados, en particular allí donde los operadores titulares de la vía también tienen un control indirecto sobre las provisiones y el uso de la infraestructura ferroviaria.

Los organismos de regulación recientemente establecidos no tienen las competencias ni la independencia necesarias para garantizar unas condiciones de mercado libres y transparentes. La Comisión adoptó un enfoque en dos niveles para abordar estos problemas: procedimientos de infracción para tratar la aplicación incorrecta de las normas y cambio de las mismas cuando no sean lo suficientemente claras o precisas.

El primer nivel del enfoque, los procedimientos de infracción, requería de un análisis detallado de la situación legal en los 25 Estados miembros que tienen sistemas ferroviarios, y terminó con el envío de los dictámenes motivados en 2009. Los principales problemas son, en primer lugar, la aplicación insuficiente de las disposiciones de la directiva sobre tasas de utilización de vías férreas; en segundo, la falta de independencia del administrador de las infraestructuras en relación a los operadores ferroviarios y la falta de garantía de la suficiente independencia, recursos y competencias para el organismo regulador.

El segundo nivel del enfoque fue aprovechar el anunciado proceso de refundición de los paquetes ferroviarios existentes para proponer mejoras a las normas actuales sobre acceso al mercado ferroviario.

En paralelo, propondremos un enfoque holístico con vistas a conseguir un verdadero mercado interior para el ferrocarril. Continuaremos promoviendo, junto a la Agencia Ferroviaria Europea, la armonización técnica del ferrocarril.

  Mathieu Grosch, en nombre del Grupo PPE. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, si el pintor belga Magritte hubiera pintado las directivas del primer paquete ferroviario habría escrito debajo: «estas no son Directivas». De hecho, todo el debate que hemos tenido me parece casi surrealista. En 2003, decidimos que la transposición debería estar completa en 2006 y ahora, en 2010, nos estamos preguntando por qué 21 países no están haciendo lo que ellos mismos firmaron.

La liberalización se pensó para permitir entrar a nuevos actores en el mercado. Esa fue la teoría. En la práctica, las cosas parecen ser diferentes. Hoy estamos en una posición en la que, estemos a favor o en contra de la liberalización de este sector, tenemos que evaluar esta liberalización y nos enfrentamos con el problema de que en gran medida no se ha transpuesto. Las propias compañías, como ha pasado en varios países, han tomado, escudándose en la liberalización, decisiones relativas al personal y a la tecnología no siempre agradables, incluso aunque no se hubiera transpuesto dicha liberalización.

A la luz de esto, hemos concluido que, visto así, los beneficiarios históricos de los ferrocarriles aún tienen en sus manos las llaves de la apertura del mercado, como acceso a las vías, interoperabilidad técnica, capacitación y acreditación, por citar tan sólo unos ejemplos. Con dichas llaves, pueden abrir la puerta a un mercado libre, pero también pueden cerrarla. Ese ha sido el caso, y sigue siéndolo, en la mayoría de los países.

Por tanto, las propuestas que usted ha hecho aquí y que ya hemos examinado brevemente, representan un primer paso. En mi opinión, para evaluar correctamente la liberalización, es importante que desarrollemos con rapidez la aplicación o la impongamos usando los medios al alcance de la Comisión, o los medios de que necesite dotarse.

  Saïd El Khadraoui, en nombre del Grupo S&D. – (NL) Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría empezar señalando que la cuota de mercado del transporte de mercancías por ferrocarril cayó, de aproximadamente el 13 % en 1995, al 10,5 % en 2002, y luego se estabilizó, mientras que en el caso del transporte de pasajeros, donde la liberalización tampoco ha tenido éxito o no se ha aplicado, hemos visto un aumento en los últimos años.

Con esto quiero decir que la apertura del mercado es tan sólo un instrumento y que un mercado único ferroviario exitoso requiere una combinación de medidas. Entre ellas medidas relativas a las fuerzas de mercado, por supuesto, pero también normas en el terreno social, aspectos de recursos humanos, interoperabilidad más avanzada —en lo cual creo que tenemos mucho por hacer— e instrumentos suficientes para financiar proyectos de infraestructuras. Sólo si abordamos este tema de forma coherente y sólida podremos lograr nuestro objetivo.

Tengo una pregunta más para el señor Comisario. Hemos escuchado que está en camino una revisión del primer paquete ferroviario. Mi pregunta es: ¿Para cuándo esa revisión, y cuál sería su objetivo principal, según la Comisión?

  Gesine Meissner, en nombre del Grupo ALDE. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, en la comparecencia en la Comisión de Transporte y Turismo me alegró escucharle que el mayor logro que habíamos conseguido en Europa era la movilidad y la libertad de movimiento para las personas. Con respecto a la libertad de movimiento así como del mercado interior, usted mencionó también que es esencial que no sólo la gente pueda moverse de A a B, sino que también deben poder hacerlo las mercancías. En 1992, el Parlamento Europeo adoptó de hecho el mercado interior y, con el primer paquete ferroviario de 2001 creamos las condiciones para el libre mercado interior en el sector ferroviario. Ya se ha dicho que estamos en 2010 y todavía no se ha puesto en marcha. Es una verdadera vergüenza que 21 Estados aún estén colocando obstáculos. Eso es proteccionismo —también se ha dicho ya— y es aún más lamentable que sea así.

Por supuesto, ahora necesitamos reflexionar sobre el porqué. Usted habló de los diferentes sistemas ferroviarios, señor Comisario, pero esa no puede ser la única razón. De hecho, hay todavía muchos países que piensan que pueden evitar esto tratando de volver a los viejos tiempos, diciendo que cualquier cosa que implique la separación entre infraestructuras y servicios no debe tomarse demasiado en serio. Ese es un camino completamente errado.

También estoy impaciente por saber cuándo llevarán ustedes a cabo esa revisión de la directiva. También quisiera animarles específicamente —y ya lo han hecho algunos oradores previamente— a ser estrictos con los Estados miembros. Nosotros, por supuesto, venimos de distintos Estados miembros pero, en el sector del transporte, estamos todos de acuerdo en que es muy importante poner aquí, por fin, un poco de orden. Usted es un nuevo Comisario de modo que a usted no le van a culpar por lo que se ha hecho, o no, en el pasado. Por tanto usted tiene ahora una oportunidad única de avanzar relativamente rápido en el sector ferroviario y hacer progresar realmente el mercado interior y, con él, a todos los ciudadanos europeos también. Cuento con ello y ya estoy deseando ver lo que usted va a hacer en lo sucesivo.

  Isabelle Durant, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, la idea del primer paquete ferroviario surgió hace casi 15 años. En aquel momento el objetivo prioritario, que por supuesto comparto, era aumentar la cuota de mercado del transporte ferroviario. La liberalización, que era una de las vías para conseguirlo, está mostrando resultados ambivalentes y no siempre muy concluyentes. Ya se ha dicho que la cuota de mercado del transporte ferroviario de mercancías se está estancando al tiempo que el transporte por carretera está ganando cuota de mercado.

Al mismo tiempo, el número de viajeros ha aumentado considerablemente, incluso sin ningún proceso de liberalización, y la red de ferrocarriles de alta velocidad, que se está construyendo sobre la base de la cooperación más que de la competencia, es todo un éxito.

Además, usted ha mencionado a los recién llegados. Hay muy poquitos de esos recién llegados y muchos de ellos han sido absorbidos por grandes empresas. Dicho de otra manera, no me parece que el monopolio de grandes empresas fuera el fin que se pretendía.

En lo que respecta a la aplicación, si tenemos en cuenta el número de procedimientos de infracción, hay, hablando con objetividad, un problema bien conocido, en otras palabras, una falta de independencia de los organismos reguladores y de apelación, incluso cuando hay una separación de funciones o institucional, y esta separación también entraña otras cuestiones y costes relativos a la coordinación interna.

Al tiempo que espero sus respuestas, señor Comisario, lo animo a adoptar una actitud prudente, que no fuerce las cosas, que asuma ese enfoque holístico que usted mencionaba, que evalúe plena y objetivamente los paquetes previos, pero que efectúe una evaluación plena antes de dar el siguiente paso. Dicha evaluación debe ser por tanto exhaustiva e incluir las condiciones de trabajo, de seguridad y de higiene, las obligaciones de servicio público y la falta de internalización de los costes externos, antes de que se avance más en el proceso de liberalización.

Por tanto me interesaría saber cuáles son sus prioridades en relación a esta materia, dado que se han hecho algunos avances —hay que reconocerlo y otros han hablado sobre ello—, por ejemplo la mejora de la transparencia en los informes de cuentas, el progreso en la interoperabilidad, la armonización de la capacitación y de las licencias y la mejora en la señalización y la seguridad. No obstante, queda mucho por hacer, y debo insistir en la necesidad de una evaluación prudente y exhaustiva libre de tabús, de modo que no avancemos tan rápidamente a otros escenarios.

  Oldřich Vlasák, en nombre del Grupo ECR. – (CS) Señorías, cuando se aprobó el marco regulador ferroviario europeo todos esperamos que condujera a una mayor transparencia en la financiación de este sector de la economía y que se crearan nuevas oportunidades para la implicación de nuevos actores. Parecía que el sector ferroviario europeo estaba en el alba de una nueva era. Sin embargo, la esperada liberalización no se materializó. Como todos sabemos, en 21 Estados miembros, incluida la República Checa, no ha habido una correcta aplicación del primer paquete ferroviario, dado que hay temas que permanecen sin resolver, sobre todo en lo relativo a la apertura de los mercados ferroviarios a la competencia económica.

La situación en la República Checa es una muestra de que hay un problema real. Aunque el Estado ha dado ahora los primeros pasos, permitiendo la entrada de otros operadores ferroviarios en el mercado, en realidad falta la voluntad política para permitir la competencia real en los ferrocarriles. Lo confirma el comportamiento de los líderes socialistas de varias regiones que, a fines de este año, firmaron acuerdos por diez años con la empresa ferroviaria checa, České dráhy, con opción de cinco años más, para la provisión de servicios de ferrocarril regionales, y todo ello sin ningún tipo de concurso público. Los líderes locales, que obtuvieron un mandato de cuatro años en las elecciones, han cerrado por tanto el mercado ferroviario por un período de 15 años. La compañía monopolista, České dráhy, no será obligada a mejorar sus servicios de ningún modo y eso tendrá consecuencias graves para los ferrocarriles.

En este contexto, hay otra cuestión más, y es si el actual debate sobre los impuestos sobre los rendimientos del trabajo, que los sindicalistas han abierto en la República Checa, con la consiguiente amenaza de huelgas, sólo sirve en realidad para distraer la atención de los problemas reales. El resultado es que el transporte ferroviario está quedando relegado cada vez más a la periferia del interés social y económico, al tiempo que, por el contrario, el transporte por carretera, tan duramente criticado por los Verdes, lógicamente está creciendo en popularidad. Por tanto me gustaría animar a la Comisión Europea a aumentar sus esfuerzos para promover una genuina liberalización del sector ferroviario y a estudiar con detenimiento si el comportamiento antimercado de varios actores es conforme a las leyes europeas.

  Jaromír Kohlíček, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (CS) Quisiera comenzar diciendo que estoy en completo desacuerdo con el señor Vlasák, cuyo gobierno ha participado en lo que él mismo está criticando. Ahora entrando en materia. Dado que el objetivo de este paquete ferroviario era abrir el mercado ferroviario separando las infraestructuras, el transporte de viajeros y el transporte de mercancías, es posible saber con relativa facilidad si los Estados miembros, tras periodos de transición de duración variable, han cumplido con los requisitos formales de la directiva. Lo que no es fácil de saber, y lo que no aborda la directiva, son las distintas normativas de seguridad de los diversos Estados, la precariedad de las condiciones de trabajo del personal que maneja los trenes y de los trabajadores de las infraestructuras y las numerosas diferencias en las normativas técnicas. El ERTMS se considera una fórmula mágica que debería unificar técnicamente la infraestructura y el material rodante. Por tanto estoy buscando una respuesta clara sobre la compatibilidad de la red ferroviaria de la UE con el ERTMS. Aún no la he escuchado.

Quizás esta cuestión esté relacionada lógicamente con cómo están siendo explotados actualmente por empresas nacionales y extranjeras los mercados ferroviarios liberalizados en los distintos países. No estoy interesado, por supuesto, en las entidades de propiedad múltiple que ofrecen servicios de transporte regionales sobre una base formalmente independiente en países como Alemania, por ejemplo, sino en operadores independientes en el mercado.

Quisiera terminar haciendo hincapié en que ni el primer paquete ferroviario ni el que venga después resolverá las condiciones sociales de los empleados. Esto puede convertirse pronto en un gran problema para la apertura del mercado ferroviario. No es de recibo adoptar las peores condiciones posibles como solución.

  Mike Nattrass, en nombre del Grupo EFD. – Señor Presidente, para desgracia del Reino Unido, su Gobierno ha aplicado el paquete ferroviario de la Unión Europea. Esto se debe principalmente a que, a día de hoy, la coalición liberal-laborista-conservadora domina Westminster y le gusta que le digan qué hacer, habiendo cedido el control a la Unión Europea.

La separación de los operadores de trenes y la separación de la red ferroviaria está ocasionando grandes problemas, gracias a la Unión Europea. Menos mal que 21 países son lo bastante inteligentes y no se dejan atrapar en una red ferroviaria europea que te lleva al caos en todas las estaciones hasta Bruselas.

No soy un socialista, pero si se necesita un sistema de transporte integrado, entonces lo mejor es la propiedad estatal, no la separación en múltiples partes privadas. Tener seis compañías diferentes en la red entre Birmingham y Berlín creará todo un «dog’s breakfast», o quizás debería decir un «Dachshunds Frühstück».

Cuando el Eurorail se fragmente para permitir que las plusvalías lleguen a diferentes empresas, entonces no tendremos material rodante, sino sólo material hilarante.

Brian Simpson, que tiene la culpa de este debate, es un miembro del Partido Laborista. Dicho Partido, que en sus tiempos fue socialista, fue elegido por gente que aún piensa que los laboristas son socialistas. Pues aquí está, atrincherado en la UE, lejos de sus confiados partidarios. Peor aún; está abogando por un modelo de Unión Europea que no funciona y va contra los deseos de sus propios votantes.

Es, de hecho, el «Fat Controller», creando grandes paquetes de pagos para peces gordos. De lo único de lo que podemos estar seguros es de que hay muchas posibilidades de que esta Directiva de la UE sea aceptada, descarrilando la red ferroviaria de la Unión Europea.

  Georges Bach (PPE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, celebro la revisión de la transposición del primer paquete ferroviario y la refundición prevista. Creo que esta revisión es una necesidad perentoria. No obstante, lamento el hecho de que la Comisión no esté recibiendo información, o lo esté haciendo de manera insuficiente, por parte de los Estados miembros. Eso hace que sea extremadamente difícil una labor de evaluación eficiente y honesta. Sin embargo, no sólo es necesario hacer una evaluación. Necesitamos animar a los Estados miembros a dar realmente los pasos necesarios.

En cualquier evaluación es esencial que se le otorgue importancia a la cuestión de la seguridad. ¿Hemos aprendido de las experiencias negativas recientes y las tendremos en cuenta? Esa es mi pregunta. Sobre este tema, la Comisión es demasiado reservada hacia la opinión pública, que está extremadamente preocupada. Eso tiene que ver también con la calidad. Quisiera pedirle a la Comisión que se planteara cómo establecer criterios de calidad vinculantes. Se ha hablado mucho sobre la calidad inadecuada, pero no es posible medirla de forma fiable. También hay que lamentar, como usted ya ha dicho, señor Comisario, la falta de inversiones. A pesar de la cofinanciación de los Fondos de Cohesión en la mayoría de países, la inversión en las carreteras es todavía significativamente más alta que en el sistema ferroviario. Me gustaría, en este contexto, hacer mención del ERTMS, pues este sistema debe ser introducido en la red de toda Europa, y no sólo en la red, también en el material rodante, para mejorar la seguridad.

Quisiera alertar contra más pasos en la dirección de la liberalización prevista del transporte nacional de pasajeros. Las iniciativas que ya se han tomado en este sentido han mostrado que todavía hay muchos obstáculos que superar y que la Comisión haría bien llevando a cabo, en primer lugar, una completa armonización técnica y garantizando una transposición rigurosa de las directivas adoptadas.

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) El transporte ferroviario debe ser una prioridad en la política de transportes europea para 2020, apoyando unos objetivos tales como la apertura a la competencia, la mejora de la interoperabilidad de las redes nacionales y la seguridad y el desarrollo de la infraestructura ferroviaria.

No obstante, el aumento de la competencia no debe ir en detrimento de la seguridad o de la calidad de los servicios ferroviarios. Creo que la revisión del primer paquete ferroviario debe señalar los problemas a los que se enfrentan los Estados miembros que han recibido dictámenes motivados de la Comisión y establecer un método para resolverlos.

Quisiera atraer su atención al hecho de que, a consecuencia de la crisis, ha habido miles de despidos en el sector ferroviario, que pueden tener un impacto negativo sobre el transporte ferroviario europeo. El ERTMS se aplicaba a fines del año pasado en aproximadamente 2 700 kilómetros de líneas férreas de la Unión Europea y se aplicará en 24 000 kilómetros más en 2020. Esto quiere decir que hace falta una enorme inversión y estamos esperando, señor Comisario, nuevas soluciones e instrumentos financieros capaces de aportar la financiación necesaria, así como las inversiones en una modernización apropiada del material rodante.

  Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) En mi país tenemos un dicho, un proverbio, que afirma que si una persona te dice que estás borracho, no tienes que preocuparte, pero si cinco personas te dicen que estás borracho, mejor te vas a la cama, te tumbas y te duermes.

Si sólo uno o dos de los Estados miembros no hubieran aplicado el primer paquete, podríamos imponerles hoy sanciones y machacarlos en esta Cámara, pero si más de veinte Estados miembros no lo han hecho, entonces es que quizás el paquete no es el mejor, por decirlo suavemente. Quizás la razón está aquí, o el problema es este. Tras escuchar duras críticas hace un momento por parte de un colega del Reino Unido, un país que de hecho ha aplicado el paquete, uno puede preguntarse si el uso del paquete es completamente apropiado.

Tenemos, por supuesto, la otra cara de la moneda, en el contexto de accidentes del que también hemos hablado aquí hace dos horas, durante el turno de preguntas con la Comisión. Me refiero a la cuestión de la seguridad. Desde este punto de vista la seguridad, de hecho, se incrementa. El vicepresidente de la Comisión, el señor Kallas, señaló un problema importante cuando dijo que una serie de Estados miembros no están invirtiendo en infraestructuras y que las posibilidades de inversión en infraestructuras no están siendo aprovechadas. Uno de dichos países es el mío, Polonia, donde, en los últimos dos años, ha habido una especie de colapso en la financiación ferroviaria, con todo lo que eso conlleva.

Finalmente, creo que las descripciones y las recetas muy simples son, por definición, sospechosas.

  Jacky Hénin (GUE/NGL). – (FR) Señor Presidente, alguna gente aquí se está lamentando de las dificultades y del lento avance en la aplicación de las directivas del primer paquete ferroviario. Por lo que a mí respecta, eso me alegra. En mi país, en mi región, estamos luchando junto a los sindicatos ferroviarios y los comités de usuarios para garantizar que estas perniciosas directivas no se apliquen y sean condenadas al basurero de la historia.

En Francia, uno de los retos de las elecciones regionales es precisamente el hecho de que los consejos regionales están bloqueando la aplicación de la regulación de las Obligaciones de Servicio Público (OSP) sobre la apertura a la competencia del transporte ferroviario regional. No queremos un ferrocarril a dos velocidades en el que las empresas privadas tengan el mercado de los trenes de negocios rápidos y cómodos cuyas tarifas sólo puedan permitirse los ricos, mientras que el sistema público tenga trenes de segunda clase poco seguros, incómodos y anticuados para los pobres.

Cada día que pasa lo prueba: la separación de la infraestructura de los negocios del transporte impuesta por las directivas, que permite que el sistema se abra a una competencia brutal, es un sinsentido técnico y organizativo que es caro tanto para los contribuyentes como para los usuarios. A la vez que es muy útil para las grandes empresas, está dislocando el transporte público y es el responsable del estado decadente de la red y de la seguridad. Las directivas citadas también destruyen puestos de trabajo y constituyen un robo de propiedad pública a beneficio de intereses privados.

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Con la adopción de tres series de directivas regulando el tráfico ferroviario, la Comisión Europea ha asumido una responsabilidad compartida en la organización del transporte ferroviario en la Unión Europea.

No hay duda de que la transposición de las nuevas normas ferroviarias a las diferentes leyes nacionales podría ocasionar determinados problemas y aumento de precios. No obstante, en definitiva es nuestro interés común tener una estructura ferroviaria bien organizada y operativa como alternativa sólida, en particular, al transporte por carretera, que indudablemente supone una carga muy significativa para nuestro medio ambiente. Por tanto, está bien hablar con franqueza sobre los problemas que han estado dificultando un desarrollo más rápido del transporte ferroviario. Deben interesarnos no sólo las normas, sino también tener una perspectiva de futuro.

Los ferrocarriles europeos en tres puntos cardinales acaban en puertos costeros, mientras que en dirección Este las líneas férreas siguen hasta el Pacífico. Unas buenas conexiones entre las líneas férreas europeas en la frontera oriental de la UE abrirían a las empresas europeas nuevas oportunidades en el transporte de mercancías. Por tanto, si se pudieran ampliar con éxito las líneas de alta velocidad de París a Viena y a Bratislava en un futuro próximo y, al mismo tiempo, se pudiera extender una línea de vía ancha desde Čierna y Tisou en la frontera ucraniana hasta Bratislava y Viena, entonces tres sistemas ferroviarios diferentes —el ferrocarril clásico, el de alta velocidad y el de vía ancha— se encontrarían entre Bratislava y Viena. Junto a dos aeropuertos —Bratislava y Viena—, dos puertos en el río Danubio —también Bratislava y Viena— y cruces de autovías, se crearía un nuevo e importante centro logístico y de transportes justo en el centro de Europa.

No hay duda sobre ello, además de mantener y concretar las normas, aún tenemos reservas importantes hacia el aumento efectivo de las dinámicas del transporte ferroviario. Sólo hay que dirigir nuestra atención a las oportunidades de inversión y posiblemente al establecimiento de unas reglas más precisas, así como a la inversión en nuevos proyectos para apoyar el transporte ferroviario de modo que llegue a ser esté más rentable y más preparado para servir a los ciudadanos de Europa.

  Antonio Cancian (PPE ). – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en este periodo hemos estado hablando muchísimo sobre planificación del transporte y lo seguiremos haciendo en el próximo periodo también. Creo que es desalentador empezar con la revisión del primer paquete, en vistas de lo que ha pasado hasta el momento. Necesitamos ser más audaces para intentar revertir la situación. Creo que todo puede resumirse y gira en torno a tres puntos principales.

El primer punto, en mi opinión, es la liberalización del sector ferroviario para crear competencia y estimular la competitividad, obviamente con reglas claras y transparentes para todos, como ya se ha mencionado. El segundo punto clave es la interoperabilidad entre los Estados miembros y entre los diversos modelos internos de transporte ferroviario. El tercer punto es, por supuesto, la seguridad, y el certificado de seguridad tiene que ser un requisito previo para obtener una licencia para operar. También en el campo de la seguridad, y en consonancia con el mercado común, no es suficiente con sancionar la ineficiencia de los Estados en lo relativo a los organismos reguladores: hay que ampliar las competencias de la Agencia Ferroviaria Europea, incluyendo mayores competencias en la inspección y el control.

Creo que estos son los esfuerzos que tenemos que hacer en el próximo periodo, así como trabajar por un futuro sostenible del transporte, por la revisión de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) y del transporte de mercancías, que ya está en camino en nuestra comisión y, no es una cuestión menor, esta revisión debemos asumirla y llevarla a cabo para variar el rumbo que se ha seguido hasta este momento.

  Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Señor Presidente, sí, mi país, como otros veinte, aparece en el aviso remitido en octubre de 2009, y puedo asegurar que se ha puesto, desde entonces, las pilas.

No en balde España lidera la lista de crecimiento de transporte ferroviario de viajeros en la Unión Europea en 2007-2008. Pero otra cosa son las mercancías.

Pero yo le pregunto, señor Comisario: en un país periférico separado del resto de Europa por una muralla montañosa de más de 500 kilómetros —los Pirineos—, que sólo puede cruzarse ferroviariamente por los dos extremos y que necesita un cambio de ejes de cada uno de los trenes que cruzan la frontera debido al diferente ancho de vías que nos legó una larga historia de autarquías, ¿qué incentivo pueden tener otros operadores para cruzar con tantos obstáculos la frontera con Francia? Incluso DB acaba de comprar o ha comprado Transfesa pero lo sigue teniendo también muy difícil.

Por eso creo sinceramente que, además de los avisos y sanciones que le piden mis compañeros, necesitamos también el incentivo de las infraestructuras de ambición europea. Urgen las redes transeuropeas.

De ahí la urgencia de dar un impulso definitivo a proyectos ferroviarios transfronterizos de envergadura como la travesía central del Pirineo, con un túnel de baja cota dedicado al transporte de mercancías. Ello obligará a los Estados miembros más proteccionistas o reticentes a unirse al flujo ferroviario Norte-Sur y este-oeste que necesita Europa para su Estrategia EU 2020.

  Brian Simpson, autor. – Señor Presidente, he sido mencionado por uno de los diputados de la oposición. El señor Nattrass hizo algunas apreciaciones muy personales en mi contra antes de escabullirse de la Cámara sin escuchar el debate. Por supuesto, se trata de un hombre que no distinguiría una locomotora de otra y cuyo conocimiento en la materia se reduce a la serie infantil «Thomas y sus amigos».

Puedo entender que el UKIP no tenga ni idea respecto a las formas y a los procedimientos parlamentarios, eso fue evidente hace poco en Bruselas. No obstante, como demócrata partidario de los principios y de los procedimientos democráticos, presenté esta pregunta oral en nombre de la Comisión de Transporte y Turismo en calidad de Presidente suyo, como es mi deber, un deber del cual me enorgullezco. Es por ello que la presenté, así que no creo que merezca que se me insulte desde el otro lado de la Cámara por parte de ese grupo de necios.

Como nota al margen, sólo quisiera añadir de pasada que con el Gobierno laborista en el Reino Unido, el patrocinio ferroviario ha aumentado en un 20 % en los últimos años, ¡incluso en la ruta entre Londres y Birmingham!

  Herbert Dorfmann (PPE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, déjenme hablarles simplemente desde mi experiencia personal. Vivo en una importante ruta ferroviaria, la que va por el paso de Brenner hacia Verona. Los ferrocarriles nacionales italianos han estado descuidando durante años tanto el transporte de viajeros como el de mercancías. Los ferrocarriles austriacos ahora hacen esta ruta cinco veces al día. Sin embargo, no se ofrecen sus horarios en las estaciones de tren italianas, ni se venden sus billetes. Ahora se está estudiando la reconstrucción de esta ruta con un coste aproximado de 20 000 millones de euros y la Unión Europea ha invertido también mucho dinero en ello. Es una muestra de qué cosas tan absurdas pasan a veces en este sector. No son siempre las grandes cosas las que complican la cuestión, a menudo son las pequeñas.

Por este motivo, señor Comisario, le animo a que tome medidas decisivas para imponer sanciones y garantizar que se cumplan las directivas de la Comisión.

  João Ferreira (GUE/NGL). – (PT) Señor Presidente, ahora queda claro cuál ha sido el verdadero objetivo del llamado paquete ferroviario, que se presentó con el objetivo declarado, muy loable, de establecer puntos de transferencia modal que aseguraran la interoperabilidad. La intención real, que nosotros denunciamos en su momento, fue abrir el transporte ferroviario, en particular el de mercancías, a la competencia y los intereses privados, como primer paso hacia la completa liberalización del sector a nivel comunitario.

Como en otros casos de liberalización, el proceso comienza por usar lo que funciona mal en un determinado momento, ocultando los verdaderos motivos de ello, en particular en años de persistentes políticas de desmantelamiento y disminución del sector público, para justificar medidas liberalizadoras y encaminarse hacia dicha competencia como solución para todos los males, sin ninguna reflexión real sobre cómo lo hará. La experiencia, como ya lo hemos escuchado aquí hoy, nos muestra lo contrario: la liberalización es la causa, y no la solución, de los principales problemas del sector, entre los que destacan la calidad y la accesibilidad de los servicios y los derechos de los trabajadores.

No hay duda de que la inversión pública en el sector ferroviario reviste una naturaleza estratégica por motivos energéticos y medioambientales, pero no debe ser aprovechada para servir a la ambición de beneficios de los grandes intereses privados, que intentan hacerse con el control de este sector público vital de todos los países mediante su liberalización a nivel del mercado interior de la Unión Europea.

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Me gustaría referirme de nuevo a la situación a la que se enfrenta, en tiempos de crisis, un personal ferroviario formado y acreditado.

En Rumanía habrá más de 6 000 despidos en el sector ferroviario durante este periodo. El Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización seguro que se movilizarán para apoyar a los afectados, pero sólo se trata de soluciones temporales. Es por ello, señor Comisario, que espero que podamos desarrollar juntos una estrategia para promover el desarrollo sostenible del transporte ferroviario de tal forma que podamos aportar seguridad, servicios de buena calidad y empleo cualificado en el sector ferroviario.

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. – Señor Presidente, quisiera agradecerle a Sus Señorías sus apreciaciones. Tendremos oportunidad de debatirlas durante la refundición del primer paquete ferroviario. Únicamente me gustaría responder a algunas apreciaciones.

En primer lugar, la información sobre los 21 Estados miembros y las razones por las que se les envió un dictamen motivado es de carácter público, así que quien quiera puede obtenerla.

Este primer paquete ferroviario tiene muy buenas intenciones: eliminar barreras y mejorar las condiciones para un mejor funcionamiento del transporte. Buscaremos el mismo objetivo con la refundición del paquete. El problema no es que el paquete fuera malo, sino que su aplicación fue insuficiente. Las barreras aún existen y la resistencia a derribarlas es todavía muy fuerte. Debemos cambiar el viejo sistema de monopolios de propiedad estatal con grandes privilegios y sin interoperabilidad. Debemos cambiar ese sistema y mejorar la interoperabilidad. Ese es el propósito de esta reforma del sistema ferroviario.

El problema precisamente es que esto no se ha completado. Siempre debemos, por supuesto, combinar todos los pasos que demos con un control de calidad. Eso es algo sobre lo que el paquete ferroviario también tiene ideas, por ejemplo sobre cómo fortalecer el papel de las agencias reguladoras. El problema es que las agencias reguladoras siguen estando muy relacionadas con los intereses de las compañías estatales. Así no puede esperarse un alto nivel de control de calidad.

Dichas cuestiones deben tratarse, y así será, en la refundición del paquete ferroviario, y quizás también en otros documentos estratégicos. Encontrar una financiación adecuada sigue siendo un problema importante, necesitamos encontrar fórmulas innovadoras para financiar los cuellos de botella. Muchos diputados se refirieron a la necesidad de inversiones. Debemos combinar todas las herramientas a nuestro alcance y encontrar otras nuevas para movilizar recursos hacia la inversión en los ferrocarriles, incluyendo modernos sistemas de gestión del tráfico, sistemas de embarque para comprar billetes del mismo modo que en el transporte aéreo y también para conectar la Europa del Este con Europa Occidental, lo cual es otro problema importante.

La lista completa de todos los elementos en el proceso de preparación de esta refundición del paquete ferroviario es muy larga. Me alegraría volver ante ustedes con propuestas concretas una vez que tengamos los documentos legislativos concretos.

  Presidente. –Se cierra el debate.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

  Ádám Kósa (PPE), por escrito. – (HU) Celebro el hecho de que, mediante el anuncio del primer paquete ferroviario, la Comisión Europea diera inicio a un proceso que puede considerarse como el primer paso hacia la armonización de los servicios ferroviarios en Europa. No obstante, el hecho de que la transposición de las tres directivas incluidas en el paquete supusiera serios problemas para 21 Estados miembros creó una grave complicación que puede dificultar la adecuada transposición de futuros paquetes. Quisiera señalar a la Comisión Europea la existencia de una contradicción entre, por un lado, el alto nivel de exigencias económicas y de eficiencia para los sistemas ferroviarios europeos y el efecto positivo del ferrocarril para el desarrollo regional, mejorando la movilidad de las poblaciones rurales y de las personas con discapacidades, y por otro lado el medio ambiente. Sugiero que la Comisión resuelva esta contradicción hallando un equilibrio apropiado y una solución de compromiso, teniendo en mente la aclaración del principio del coste compartido entre los Estados miembros y la Unión Europea, y la importancia de establecer un transporte armonizado dentro de la UE. Debería desarrollarse una competencia sana que involucrara a todos los participantes en el sector en donde ahora hay una competencia entre transporte público y particular en vez de entre distintos modos de transporte público.

  Artur Zasada (PPE), por escrito. – (PL) La financiación inadecuada de los ferrocarriles o, en otras palabras, la falta de medios suficientes para mantener las infraestructuras ferroviarias, es un problema para el buen funcionamiento del mercado ferroviario en los nuevos Estados miembros y, a su vez, un factor que restringe la liberalización del mercado. Esto tiene como consecuencia unos precios elevados, lo que limita la competitividad de este sector de la industria del transporte a causa de sus altos costes. Un problema añadido es la poca inversión en los servicios de carácter público, lo que redunda en deudas para las compañías que operan en el sector del transporte de pasajeros. Esto limita las posibilidades de inversión, por ejemplo, en nuevo material rodante. En el marco de una regulación correcta del mercado ferroviario europeo, es esencial fortalecer los reguladores de mercado nacionales. Con fortalecerles me refiero a aumentar su independencia y efectividad, a mejorar la calidad del personal, etc. Sería lógico también establecer un regulador de mercado europeo que hiciera un seguimiento de la ejecución adecuada de las funciones asignadas a los reguladores nacionales e informara directamente a la Comisión Europea de cualquier irregularidad que encontrara.

15. Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) (debate)

  Presidente. – El siguiente punto es el debate sobre la pregunta oral (O-0026/2010) presentada por Carl Schlyter, en nombre del Grupo Verts/ALE, Daniel Caspary, en nombre del Grupo PPE, Kader Arif, en nombre del Grupo S&D, Niccolò Rinaldi, en nombre del Grupo ALDE, Helmut Scholz, en nombre del Grupo GUE/NGL y Syed Kamall, en nombre del Grupo ECR, a la Comisión sobre la transparencia y el estado de las negociaciones del ACTA (Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación) (B7-0020/2010)

  Carl Schlyter, autor. – (SV) Señor Presidente, cada institución debe defender su papel. El Parlamento es la voz de las personas de la UE y debe luchar por los intereses de sus ciudadanos. La Comisión se llama a sí misma la guardiana del tratado pero, en este caso, son los principios de transparencia, derechos humanos y derechos parlamentarios los que debe defender. Si no se nos permite acceder a los documentos, ninguna de las instituciones de la UE estará cumpliendo con las expectativas de los ciudadanos.

Algunos Comisarios hicieron hincapié en sus comparecencias en que el Parlamento debía tener acceso a los documentos del mismo modo que el Consejo de Ministros, y el Parlamento espera que la Comisión mantenga sus promesas. Muchos de nuestros ciudadanos están preocupados de que se les conculquen sus libertades y derechos mediante continuos torrentes de legislación invasora, como la legislación sobre retención de datos, Ipred 1, Ipred 2, SWIFT y demás. La UE no puede seguir negociando el ACTA a menos que sus ciudadanos tengan la oportunidad de participar en el proceso.

El principal asunto hoy es la transparencia, aunque por supuesto que su contenido también es un asunto sensible. La UE debe indicar claramente que nuestros principios en la negociación del ACTA son la transparencia y la defensa de la libertad y de los derechos humanos. Sólo una vez que hemos afirmado los derechos inalienables que existen en una sociedad libre y abierta podemos, en el marco de dichos derechos, luchar contra el crimen y debatir acerca de la manera en que hay que tomar los diversos acuerdos.

Es una situación completamente absurda e inaceptable que tengamos que pedir a la Comisión a puerta cerrada el contenido de los acuerdos sobre los que espera que tomemos decisiones. Nuestros ciudadanos quieren garantías de que no se registrarán en las fronteras sus aparatos electrónicos, que los podrán conectar y que no se les castigará con sanciones criminales. Esperamos que hoy nos prometan una plena participación en el ACTA, de lo contrario tendré que terminar con la clásica respuesta: nos veremos en los tribunales.

  Daniel Caspary, autor. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la falsificación, el contrabando y la violación de los derechos de propiedad intelectual sin duda constituyen un gran problema, en primer lugar para nosotros como ciudadanos de la Unión Europea en su conjunto, pero también para muchos Estados miembros. Es un problema para los empresarios, para los trabajadores y para los consumidores que más y más productos falsificados estén entrando en el mercado interior europeo. Estimamos que a día de hoy están inundando nuestro mercado bienes falsificados por una suma de 250 000 millones de euros. En el mejor escenario posible, si una medicina como la píldora anticonceptiva no funciona —como se ha dicho recientemente en un acto—, simplemente una mujer puede quedar embarazada. Sin embargo, en el peor escenario posible, si la medicina no funciona, puede ser un caso de vida o muerte, y eso no nos interesa.

Necesitamos hacer algo urgentemente en relación a la violación de los derechos de propiedad intelectual, el contrabando y la falsificación. Es inaceptable que, en 2008, confiscáramos 178 millones de artículos falsificados en nuestras fronteras, 20 millones de los cuales eran peligrosos, con más del 50 % de dichos productos con origen en China. Por tanto, debemos tomar medidas al respecto. El problema está claro: el Tratado de Lisboa entró en vigor el 1 de diciembre. Las negociaciones sobre el ACTA empezaron hace tres años y por tanto nosotros, el Parlamento Europeo, no estuvimos implicados en el pasado, ni de lejos, como necesitamos estarlo en el futuro.

Por tanto espero que, en las próximas semanas o meses, logremos definitivamente una mayor transparencia en este campo. Necesitamos acceder a datos que nos muestren en cada momento lo que está pasando en las negociaciones y qué posición está adoptando la Comisión Europea. Las negociaciones deben continuar. Necesitamos que se cierre con éxito un acuerdo adecuado. Los puntos que critican los diversos grupos son bien conocidos en esta Cámara. Por el bien de los trabajadores, de los empresarios, de la industria y de los consumidores, espero que alcancemos una conclusión positiva y que, en tanto lo hacemos, tengamos en cuenta en las negociaciones la existencia de un acervo comunitario y no vayamos más allá de él.

  Bernd Lange, suplente del autor. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, tengo tres preguntas en mente. La primera es: ¿Por qué se mantiene esa falta de transparencia si el Tratado de Lisboa lleva en vigor desde el 1 de diciembre y firmamos un acuerdo interinstitucional con la Comisión el 10 de febrero? No puedo entender por qué todavía el Consejo se sienta en la mesa de negociaciones como observador, el Parlamento no está presente y los documentos no son de acceso público. ¿Por qué pasa esto, señor Comisario?

La segunda pregunta que me interesa es la siguiente: ¿Quién está negociando actualmente el acuerdo ACTA? No se está negociando como una especie de acuerdo que sustituya a los ADPIC dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio. Únicamente se está negociando por parte de Estados individuales y —como oímos decir a los Estados Unidos— también por poderosos intereses económicos. Me pregunto si, de hecho, no se estarán estableciendo normas que en último extremo se aplicarán a todo el mundo aunque no todo el mundo esté representado en la mesa de negociaciones.

La tercera cuestión que me preocupa, señor Comisario, es esta: ¿Cuál es en realidad el contenido de las negociaciones? En su comparecencia usted respondió a mi pregunta y me aseguró que el acervo comunitario se encontraba a salvo. No obstante, cuando miro los papeles que se han filtrado, por desgracia tengo mis dudas al respecto. Entiendo que se está en negociaciones, que los bloqueos de Internet serían posibles, que los proveedores estarían ahí para ser usados, por decirlo así, para ayudar a vigilar Internet con fines económicos, que en ocasiones se podrían imponer restricciones a la investigación y a la ciencia y que alguna gente estaba intentando incluso introducir sistemas de vigilancia general. Por tanto, yo me pregunto ¿dónde está ahí el acervo comunitario?

También tenemos la cuestión de la compensación. El hecho de que la inclusión de los beneficios perdidos en la compensación se esté negociando no forma parte de nuestra política.

Por supuesto, mi tercera pregunta, señor Comisario, es ¿cuál es la relación real entre online y offline? Cuando leo que ambas componen el mundo digital, ¿eso quiere decir que también va a haber restricciones y búsquedas de portátiles, iPods y reproductores de MP3 en las fronteras? ¿Podría usted responder a estas tres preguntas?

  Niccolò Rinaldi, autor. – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, creo que hay un pecado original en el asunto sobre el cual estamos debatiendo esta tarde, y es el secretismo con el que han llevado a cabo las negociaciones hasta la fecha. Este secretismo se ha exacerbado probablemente debido a un desequilibrio, de ser cierto que las industrias norteamericanas, a diferencia de las instituciones y la opinión pública europeas, han tenido acceso a una serie de recursos informativos sobre la base de un pacto de confidencialidad. La falta de transparencia de las negociaciones es un problema que afrontamos también en otros casos —nos referimos a ello en el contexto del acuerdo con Corea—y es algo que, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, debe terminarse.

Me parece que este pecado original es también el resultado de un abuso: el que resulta del uso de la lucha contra la falsificación para librar otras batallas, como si fuera algún tipo de palabra mágica en cuyo nombre todo está permitido. Además, hay ciertamente una batalla increíblemente importante por una potencia comercial como es la Unión Europea. Señor Comisario, soy de Venecia, una ciudad en la que, como usted sabe, las regulaciones sobre productos falsificados —estoy pensando, por ejemplo, en el cristal de Murano— solían ser muy duras, incluso llegando a la pena de muerte. Por tanto, esto es sin duda alguna algo que debemos tener muy en cuenta en una economía cada vez más global como la nuestra.

No obstante, este acuerdo está dando lugar a graves amenazas, que alarman a la opinión pública, y la Comisión debe, por supuesto, ser consciente de ello. De hecho, este asunto, que en realidad debería ser específico de la Comisión de Comercio Internacional, cada vez tiene menos que ver con eso, al tiempo que dicha comisión está, cada vez más haciendo la labor de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.

Nos preocupamos por cuestiones relativas a la libertad de expresión y de información vía Internet, el derecho a la privacidad y las posibles consecuencias civiles y criminales para los proveedores de servicios por Internet. Hay una especie de línea roja que no debemos atravesar, y le pediría a la Comisión que actuara con mucha cautela en esta materia.

Desde un punto de vista más estrictamente comercial, quisiera pedirle al Comisario que me confirmara que el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) no podrá ser usado para dificultar la venta de medicinas disponibles a precios más competitivos, de medicinas seguras y genéricas que no infringen los derechos de propiedad intelectual y cuyo único crimen es ser producidas en países emergentes como India y Brasil y poner en aprietos a las industrias farmacéuticas occidentales.

  Helmut Scholz, autor. – (DE) Señor Presidente, Señorías, Comisario De Gucht, si usted se reúne a escondidas con representantes de diez gobiernos para tomar un acuerdo sobre vigilancia global con enunciados como «cumplimiento de la ley» y «medidas penales en relación con los controles de fronteras e Internet», difícilmente puede sorprenderse si surgen los rumores y si se plantean preguntas sobre las que los ciudadanos quieren, con razón, respuestas.

Estoy completamente de acuerdo con las críticas de mis colegas. Sin embargo, usted debe ser consciente de las preocupaciones que se hallan detrás de las preguntas presentadas por la Comisión de Comercio Internacional, donde tienen presencia varios grupos, que son que un acuerdo que en un principio se suponía que iba a ser para la protección de los avances técnicos y de las patentes se esté adentrando ahora en el terreno de los derechos civiles, de la democracia en la comunicación, del poder descentralizado de innovación y creación cultural y de la protección de datos personales. No obstante, los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales también rigen para sus negociaciones y se lo recordaremos constantemente.

Dicho acuerdo afectará a todo el mundo. Sin embargo, ustedes están excluyendo de las negociaciones a las economías emergentes y los países en desarrollo, así como a las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y los parlamentos nacionales: para decirlo llanamente, ustedes están excluyendo al público en general, a cuyo servicio y bajo cuyo control se supone que están. Ustedes están negociando sin el mandato del Parlamento Europeo. Ustedes nos continúan engatusando con resúmenes de dos páginas con los resultados de rondas enteras de negociaciones. Ustedes se niegan a cumplir la nueva ley y desclasificarnos los mismos documentos que reciben los Estados miembros sobre estas negociaciones. Si ustedes aducen ahora que las preocupaciones de mi grupo no tienen fundamento, pruébenlo. Pongan sobre la mesa los documentos de las negociaciones. Si ustedes sueñan con recibir algún día la aprobación de este Parlamento para el resultado de sus negociaciones, entonces deberían extraer las lecciones oportunas de la experiencia de la decisión democrática tomada contra el acuerdo SWIFT. Todo lo que puedo decirles es bienvenidos a la democracia. Este Parlamento no va a seguir permitiendo debates y decisiones a puerta cerrada.

  Syed Kamall, autor. – Señor Presidente, creo que el señor Comisario percibe la fuerza del sentir del Parlamento, de todos los grupos parlamentarios que, por encima de nuestras diferencias acerca de diferentes aspectos del ACTA, del comercio con falsificaciones y sobre los derechos de propiedad intelectual, estamos de acuerdo en abogar por la necesidad de una mayor transparencia. Espero que haya quedado lo suficientemente claro.

Comisario, todos nosotros estamos preocupados de que usted esté en negociaciones donde no hay la suficiente transparencia —no sabemos cuáles son los principios y cuál es nuestra posición de negociación en dichas conversaciones—, por lo que hay un vacío y, cuando se crea un vacío, todos sabemos que aparecen rumores para llenarlo. Hemos visto que se han tomado filtraciones por documentos oficiales. No hay manera de saber si en realidad son documentos oficiales o si son falsos, pero eso sólo muestra lo que pasa cuando no hay la suficiente transparencia y no se comparte la información.

Creo que algunos de nosotros entendemos realmente la necesidad, a veces, de un poco de confidencialidad. A buen seguro, cuando estamos en negociaciones, no queremos revelar todas nuestras posiciones de negociación, todas nuestras cartas.

Pero lo que estamos pidiendo es una transparencia razonable. ¿Por qué no podemos tener acceso a esos documentos? ¿Por qué no podemos tener acceso a los textos? Y si usted considera que, por motivos de transparencia o para las negociaciones, usted no puede proporcionárnoslos, entonces al menos entréguenos un resumen de las posturas y díganos cuáles son nuestros principios básicos en dichas negociaciones.

Por ejemplo, si vamos a apoyar propuestas que parecen estar sobre la mesa, de acuerdo a lo que hay en la blogosfera, de que puedan confiscarse en las fronteras ordenadores portátiles y reproductores de MP3. ¿Habrá sanciones criminales? ¿La UE las está apoyando? Creo que debemos saber, y creo que el hecho de que hayamos sido capaces de acudir unidos sobre la base de un amplio compromiso, aunque podamos tener aquí ligeras diferencias y matices, para acordar un texto común, muestra la fuerza del sentir de este Parlamento.

Por ello, señor Comisario, está en su mano demostrar transparencia y demostrar que usted comparte la fiscalización democrática que todos nosotros buscamos.

  Karel De Gucht, Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, comprendo las preocupaciones de Sus Señorías acerca de las negociaciones del ACTA.

En primer lugar, permítanme que recuerde que estamos negociando este acuerdo para mejorar la protección de la innovación «made in Europe» en todas las áreas en las que se pueden infringir los derechos de propiedad intelectual. Si queremos seguir siendo una economía competitiva, tendremos que confiar en la innovación, la creatividad y la exclusividad de nuestras marcas. Esa es una de nuestras principales ventajas competitivas en el mercado mundial. De modo que necesitamos de herramientas para garantizar que esta ventaja competitiva sea adecuadamente protegida en nuestros principales mercados de exportación.

Hemos intentado instalar esta cuestión durante varios años en las organizaciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Dichos intentos han sido sistemáticamente bloqueados por otros países. De ahí que, a pesar de que prefiramos una solución verdaderamente global, no hemos tenido otra elección que coaligarnos con quienes tienen la voluntad de encontrarla.

El acuerdo final sólo será vinculante para aquellos países que lo firmen, aunque nosotros, por supuesto, estaríamos muy contentos si más países, especialmente las economías emergentes, se adhirieran a él.

Como dije durante mi comparecencia, dichas negociaciones internacionales son confidenciales. No es algo inusual. En las negociaciones se trata de encontrar un acuerdo y requieren un mínimo de confidencialidad para que cada parte se sienta cómoda para hacer concesiones y/o barajar diversas opciones antes de firmar finalmente un acuerdo.

Por otra parte, estoy de acuerdo en que hay que informar al Parlamento adecuadamente de la marcha de las negociaciones. Lo estamos haciendo lo mejor que podemos en dos campos: informar al Parlamento y convencer a nuestros socios de negociación en que estén de acuerdo en una mayor transparencia. En primer lugar, en lo que respecta a la información al Parlamento, les hemos ofrecido a ustedes las directrices de las negociaciones, informes completos sobre las rondas de negociación y, en general, todos los documentos relevantes creados por la Dirección General de Comercio que han sido compartidos con los Estados miembros a través de la Comisión de Política Comercial. Lo hemos hecho en conformidad con el acuerdo marco. El ACTA también se ha debatido varias veces en la Comisión de Comercio Internacional durante los últimos tres años.

Añadiré que la Comisión organizó dos conferencias de interlocutores sobre el ACTA en junio de 2008 y abril de 2009, que estuvieron abiertas a todos los ciudadanos, la industria, las ONG y los medios de comunicación. El 22 de marzo tendrá lugar en Bruselas otra conferencia pública.

Entiendo que puedan sentir que no es suficiente para ustedes tener una imagen clara del punto en el que estamos en dichas negociaciones. He dado instrucciones a mis servicios para que manden resúmenes especiales sobre todos los aspectos de las negociaciones a los diputados interesados. Estarán a su disposición para el debate antes y después de cada ronda de negociaciones.

En segundo lugar, soy consciente de que la mejor manera de que estuvieran informados de lo que está pasando en las negociaciones sería que leyeran el borrador del texto a negociar. Eso les daría una imagen muy clara del punto exacto en el que nos encontráramos en esas negociaciones. Como ustedes seguramente saben, hay un acuerdo entre las partes del ACTA de que el texto a negociar sólo puede ser hecho público si todas las partes están conformes. La Comisión está a favor de publicar los documentos de la negociación lo antes posible. Sin embargo, algunas partes que negocian del ACTA se siguen oponiendo a la publicación anticipada. Estoy fuertemente en desacuerdo con su punto de vista, pero no puedo romper unilateralmente un compromiso de confidencialidad. Mi credibilidad como negociador está en juego.

Dicho lo cual, intentaré que la Comisión, en la próxima ronda de negociaciones que tendrá lugar en abril, presione firmemente a las partes negociadoras para hacer público el texto, y expondré las preocupaciones del Parlamento bilateralmente con las partes del ACTA, como los EE.UU., con quienes me tengo que reunir antes. Es de interés común que todos tengan una idea clara de lo que van exactamente estas negociaciones y, todavía más importante, también de lo que no van.

Finalmente, en lo que respecta a sus preocupaciones sobre el contenido, quisiera recordar los principales principios por los que la Comisión se está rigiendo en la negociación de este acuerdo.

En primer lugar, el objetivo es hacer frente a las vulneraciones a gran escala de los derechos de propiedad intelectual, lo cual tiene un importante impacto comercial. No conducirá a una limitación de libertades civiles o un perjuicio para los consumidores.

En segundo, el ACTA trata únicamente sobre el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. No incluirá apartados que modifiquen las leyes de propiedad intelectual, como la creación de nuevos derechos, el ámbito de protección o la duración. No obstante, establecerá unas reglas mínimas sobre cómo los creadores podrán hacer valer sus derechos en los tribunales, en las fronteras o en Internet. Por ejemplo, un diseñador de moda europeo, cuando se enfrente a una falsificación de sus creaciones fuera de Europa, podrá garantizar que sus derechos sean oportunamente salvaguardados.

En tercero, el ACTA deberá estar en consonancia con el acervo comunitario, y lo estará, con el actual nivel de armonización del cumplimiento de los IPRED, con la Directiva sobre comercio electrónico, con el marco regulador de las telecomunicaciones y, por último pero no menos importante, con la legislación de la UE sobre protección de datos y piratería. No habrá armonización ni cambios a hurtadillas de la legislación de la UE.

En este sentido, el ACTA no tendrá ningún impacto sobre los ciudadanos europeos, dado que no creará nuevas obligaciones para la UE y no necesitará poner en marcha ninguna legislación. Por el contrario, aportará a nuestros innovadores un incremento de protección en el mercado exterior.

Soy consciente de las preocupaciones expresadas por algunos de ustedes acerca de la introducción de la obligatoriedad del procedimiento de los «tres avisos», o de respuesta graduada, para luchar contra las infracciones de los derechos de propiedad intelectual o la piratería por Internet. Déjenme que sea lo bastante claro en esto para no dejar espacio para ninguna clase de ambigüedad. El procedimiento de los «tres avisosos», o de respuesta graduada, no es obligatorio en Europa. Los diferentes países de la UE tienen enfoques diferentes y queremos que esa diversidad se mantenga respetando plenamente los derechos fundamentales, las garantías y las libertades civiles. La UE no apoya, y no aceptará, que el ACTA establezca la obligación de desconectar a gente de Internet por descargas ilegales.

De igual manera, nos aseguraremos de que el ACTA no obstaculice el acceso a los medicamentos genéricos. Sé que ha habido alguna controversia sobre el impacto de la legislación de aduanas de la UE sobre el comercio de medicamentos genéricos. Como ya les dije en mi comparecencia, este problema se abordará en la próxima revisión de nuestra legislación aduanera.

Por último, ustedes preguntaban acerca de una evaluación de impacto del ACTA. De hecho, teniendo en cuenta que la Comisión no irá más allá del acervo comunitario, tomamos como base los estudios hechos para la directiva de 2004 sobre cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual y para la propuesta de 2005 para una directiva para garantizar el respeto de los IPRED (que no fue adoptada).

También tuvimos en cuenta las conclusiones del estudio de 2008 de la OCDE sobre el impacto económico de la falsificación y la piratería. Dicho estudio estima en 250 000 millones de dólares estadounidenses el valor de las falsificaciones físicas en el mercado internacional, que es lo mismo que decir más que el PIB individual de 150 países. También incluye un análisis exhaustivo de la piratería de contenidos digitales.

Resumiendo, tomo nota de sus preocupaciones y las defenderé lo mejor que pueda. Su confianza y apoyo me ayudarán a cumplir con este importante cometido.

  Tokia Saïfi, en nombre del Grupo PPE. – (FR) Señor Presidente, Comisario, desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa hemos tenido nuevas competencias que desearíamos que se respetaran. Por tanto, le hemos escuchado y le pedimos que introduzca un proceso de consulta transparente y constante del Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) que asegure que el Parlamento Europeo y los ciudadanos a los que representa estén informados de manera regular y completa del progreso de las negociaciones, al tiempo que se respetan las cláusulas de confidencialidad que, como usted nos ha indicado previamente, están ligadas al acuerdo. Hoy nos gustaría tener acceso al texto y al resumen de las negociaciones de modo que nos pudiéramos implicar plenamente en las negociaciones.

Además, tanto mi grupo como yo le animamos a proseguir las negociaciones para conseguir un tratado multilateral que mejore los niveles de aplicación y de respeto de los derechos de propiedad intelectual al cual, finalmente, puedan adherirse economías emergentes como China. La falsificación es una lacra, una actividad sumergida y un tipo de competencia desleal que, además de ser un daño para el cuerpo, la sociedad y la economía, es un daño para la mente.

Privando a los autores y a las empresas de los frutos de su trabajo, que han invertido muchos años en investigar y desarrollar, se desincentiva a otros a que continúen esforzándose en innovar y crear. Sin embargo, sabemos que es aquí donde está el núcleo de la competitividad de la Unión Europea.

Por último, creo que no podemos negar que, con el desarrollo de nuestro entorno digital, la falsificación se ha hecho intangible. De ahí que esté convencida de que es posible hacer responsables a los usuarios de Internet, especialmente a aquellos que infringen los derechos de autor, sin poner en peligro el respeto a los derechos fundamentales y las libertades civiles.

Trabajemos juntos para encontrar ese equilibrio entre derechos y responsabilidades.

  David Martin, en nombre del Grupo S&D. – Señor Presidente, agradezco al señor Comisario su contribución. Señor Comisario, usted ha dicho al final de su intervención que ha escuchado nuestras preocupaciones y que está respondiendo ante ellas. Bueno, creo que, como se suele decir, «hasta determinado punto». No estoy convencido de que usted haya comprendido del todo nuestras preocupaciones acerca del ACTA. Es cierto que hay una zona de entendimiento entre nosotros tanto en lo relativo a que los creadores merecen que se respeten sus derechos como en que los bienes falsificados pueden llegar a poner en peligro la salud humana.

Por eso, como usted, nosotros no estamos en contra de la colaboración internacional para afrontar la piratería y la falsificación y para tratar otras vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual. Pero, repetimos, tiene que basarse en el acervo comunitario existente. Si usted nos lo garantiza completamente, entonces lo aceptamos, pero usted dijo que no lo iba a hacer a hurtadillas —lo que me parece que la da la oportunidad de hacerlo de frente—, pero si usted está diciendo que no se apartará en absoluto del acervo comunitario, entonces me complace escucharlo y acepto su palabra.

De igual modo, usted dijo que no se procesaría a los individuos por hacer descargas desde Internet, pero luego habló sobre las fronteras exteriores de la Comunidad y de lo que podría pasar con la gente que saliera, más que entrara, de la UE, por lo que, de nuevo, le digo que no queremos nada en el ACTA que criminalice a nadie por el uso individual. Incluso aunque desaprobemos esas prácticas, nadie debería ser procesado por el uso personal de material con derechos de autor.

Por supuesto, cualquier medida a través del ACTA tiene que ser proporcional a sus fines. No es un cheque en blanco para los propietarios de derechos de autor. El problema, como otros diputados han dicho, es que no sabemos cuál es la situación debido al secretismo que rodea este asunto.

Celebro el hecho de que usted haya declarado su firme compromiso de poner a nuestra disposición el borrador del texto a negociar y que presionará en ese sentido a las otras partes. Creo que usted le tiene que decir a las otras partes, además, que eso no le fortalecerá a usted como negociador: le debilitará como negociador si no puede publicar el borrador, porque usted no tendrá —como se ha comprobado claramente esta noche— el apoyo de esta Cámara si no podemos ver el borrador del texto sobre el que ustedes están trabajando.

Por último, como nota positiva, celebro sus comentarios sobre los medicamentos genéricos y estoy deseando ver la revisión del reglamento de aduanas.

  Sophia in 't Veld, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, mientras me preparaba para este debate sobre copyright, derechos de propiedad intelectual y sobre cómo queremos proteger los esfuerzos intelectuales y creativos y a nuestros conciudadanos, tuve que retrotraerme al robo, un par de años atrás, de un camión cargado con los nuevos libros de Harry Potter, pocos días antes de su publicación. A día de hoy, el ladrón no se molestaría en robar un camión, simplemente se lo descargaría ilegalmente en su portátil o en su reproductor de MP3 y se lo llevaría fuera del país.

Celebro el compromiso del señor Comisario con la transparencia pero, de acuerdo a la breve nota remitida amablemente por sus servicios, la afirmación de que se exigió a los negociadores que firmaran un pacto de confidencialidad es incorrecta. Usted acaba de decir que firmó, o que la Comisión anterior firmó, dicho pacto y que por tanto usted estaba atado por él. Me gustaría saber cuál de las dos afirmaciones es cierta. Si no existe una cláusula de confidencialidad, todos los documentos importantes deben ser puestos inmediatamente a disposición pública.

Si, por el contrario, existe dicha cláusula, necesitamos escuchar al señor Comisario que trabajará para garantizar la plena transparencia e información para el público, no sólo para esta Cámara, porque el acceso restringido y confidencial a los diputados del Parlamento no es suficiente. Los ciudadanos europeos tienen el derecho a conocer las decisiones que afectan profundamente a sus derechos y libertades. En cualquier caso, dichos acuerdos de confidencialidad deberían ser cosa del pasado. La UE debería, en lo sucesivo, insistir en que se aplicaran las normas europeas de transparencia.

La legitimidad democrática de estas negociaciones es débil. No ha habido ningún debate para establecer los principios y las finalidades de la UE. El mandato no ha recibido aprobación parlamentaria. Usted puede esgrimir que no había la obligación legal, pero no se trata de eso porque, si 27 individuos —los ministros nacionales— consideran que pueden darse a sí mismos un mandato para negociar en secreto sobre los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos europeos, lo único que puedo pensar es que su concepto de democracia es muy diferente del mío.

El Parlamento habla en serio. Ni sistema de «los tres avisos y fuera», ni registros sin orden judicial, ni confiscación de portátiles o teléfonos móviles. El Parlamento necesita contar con garantías plenas de que dichas cláusulas no se introducirán por la puerta trasera de un acuerdo internacional.

Por último, le deseo un excelente viaje a Nueva Zelanda el mes que viene y, por favor, ¡asegúrese de que su iPod no contiene ningún material descargado ilegalmente!

  Christian Engström, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente, en primer lugar, permítame felicitar a la Comisión por haber conseguido al fin algo sobre lo que los líderes de la UE llevan décadas hablando. Han conseguido que los ciudadanos de a pie se interesen por la política de la UE.

El Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) es una cuestión que suscita un gran interés entre las personas de la red. Pero, dicho esto, también considero necesario criticar el método utilizado por la Comisión. La razón por la que tantos ciudadanos se interesan por la cuestión del ACTA es porque están enfadados. Les enfurecen las propuestas que tienen por objeto limitar su libertad e invadir su intimidad simplemente porque algunas grandes empresas lo soliciten.

Están enfadados porque ven cómo se miden sus libertades civiles fundamentales frente a los intereses de la industria y salen perdiendo. Les indigna la completa falta de transparencia. Esto no debería ser posible en una democracia.

Mañana someteremos a votación una resolución en la que se insta a la Comisión a que esté a la altura del tratado y ponga todos los documentos del ACTA sobre la mesa. Espero que se apruebe la resolución por una mayoría aplastante. El derecho a la intimidad, a la libertad de información y a un juicio justo y apropiado son las piedras angulares de una sociedad libre y abierta.

Mañana, demostraremos que este es un parlamento preparado para defender esos derechos en la era de la información. Exigiremos la información que es a la vez nuestro derecho y nuestro deber como representantes electos, y recordaremos respetuosamente a la Comisión que esto es el Parlamento, no un felpudo.

  Edvard Kožušník, en nombre del Grupo ECR. – (CS) Señor Presidente, en un principio mi intención era expresar mi agradecimiento al Comisario Karl De Gucht por romper con el enfoque adoptado por su predecesor, que eludió al Parlamento Europeo como única institución europea elegida directamente y no facilitó información sobre el proceso de negociación de este acuerdo, pero me siento un tanto avergonzado porque siempre he intentado mostrar respeto por las personas importantes y me ha desconcertado bastante ver al señor De Gucht limpiando ostentosamente sus gafas mientras mi colega el señor Kamall realizaba su intervención. No obstante, ahora hablaré de la cuestión que nos ocupa.

Personalmente, me complace el hecho de que este acuerdo vaya a ver la luz, dado que la propiedad intelectual merece más protección de la que goza actualmente. A pesar de esto, me preocupa que entre los signatarios del acuerdo no figuren Rusia ni China, que constituyen una fuente principal de violaciones de los derechos de propiedad intelectual. También albergo mis reservas respecto de la eficacia real de este acuerdo. Habida cuenta de que una especie de neblina envuelve siempre el contenido de este acuerdo, como muchos Miembros han mencionado hoy aquí, me gustaría hacer un llamamiento a la Comisión, que está negociando el acuerdo en nombre de los Estados miembros, para garantizar que no sirva como instrumento para exportar la guillotina digital francesa a otros Estados y, al mismo tiempo, no se convierta en importador de patentes de software a la Unión Europea.

  Eva-Britt Svensson, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (SV) Señor Presidente, señor Comisario, me sorprende y preocupa enormemente que la Comisión defienda la celebración de negociaciones confidenciales relativas a la legislación sobre las libertades, los derechos fundamentales y la privacidad de nuestros ciudadanos. Que la Comisión no facilite información sobre esas negociaciones es indefendible.

Exijo la interrupción inmediata de las negociaciones. Podemos reanudarlas cuando las partes en el ACTA convengan en que las negociaciones se celebrarán de manera transparente y democrática. Quiero que se pongan todos los documentos sobre la mesa, y para todos los ciudadanos. La transparencia y la información figuran entre los principios más fundamentales de una democracia, en particular en relación con las libertades fundamentales y los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, solicitamos que se pongan todos los documentos sobre la mesa y para todos los ciudadanos, dado que esto es, obviamente, lo mínimo que se espera de una democracia.

  Laurence J.A.J. Stassen (NI) . – (NL) Señor Presidente, cuando se elaboran documentos a puerta cerrada, empiezan a sonar las alarmas en mi grupo. El Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) es uno de esos documentos. Muchas personas en mi país se preguntaron por qué el Partido Holandés por la Libertad y el Progreso (PVV) tuvo que ser elegido miembro del Parlamento Europeo, y he aquí la razón. Lo hicimos para poder oponernos a la cocina de la UE, que está preparada y acechante para elaborar todo tipo de brebajes insípidos a puerta cerrada, a escondidas del público, que no tiene ni voz ni voto.

Esta vez, todavía ni sabemos qué surgirá de esta cocina de la UE; se espera que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre algo que todavía no ha sido desvelado. ¿Hay algo más ridículo que eso? Esto muestra un desprecio total por el Parlamento y el público. Hasta ahora, la información que se ha dado a conocer sobre este tribunal del ACTA es muy desalentadora. El consumidor sería la víctima, con la posibilidad de excluir a los ciudadanos de Internet: una cuestión muy grave.

Desde siempre, Europa ha sido el continente donde la libertad de las personas de acumular conocimientos tiene el orgullo de existir. Esta libertad sería ahora objeto de una grave amenaza, que no puede ni debe ocurrir. Además, estamos ante una violación del principio de subsidiariedad. Los Estados miembros ya no pueden expresar su parecer en este documento. Mi grupo aboga por la transparencia y se opone firmemente a la penalización de los ciudadanos. El ACTA alimenta una cultura de vigilancia e imputación sofocantes; el Estado te está observando. El ACTA elude todos los organismos internacionales existentes, como la Organización Mundial del Comercio (OMC).

¿Qué se trae entre manos la Comisión en esa cocina secreta? ¿Por qué son casi de manera exclusiva empresas estadounidenses las que participan en las consultas; qué están haciendo ahí? ¿Están ahí para salvaguardar sus intereses comerciales? Y ¿qué hay de los intereses de los ciudadanos europeos? ¿Será tal vez que son menos importantes? Aquí es donde la importancia del PVV se hace evidente. Luchamos por los intereses del ciudadano allí donde acechen el secretismo y las políticas de cuarto trasero.

Deseo simplemente que conste en acta que el PPV se opone a la falsificación de medicamentos y productos. Pero el debate no trata sobre eso; sino sobre el hecho de que los Miembros de esta Cámara no pueden expresar una opinión adecuada sobre este documento simple y llanamente porque se ha mantenido en secreto y desconocemos su contenido. No podemos imaginar una violación más flagrante de la legislatura parlamentaria. En lo que a nosotros respecta, debería cerrarse esta apestosa cocina secreta y colgarse en la puerta un cartel que rece «Cerrado debido al incumplimiento de las normas».

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Señor Comisario, Señorías, somos conscientes de que la globalización, y, en particular, la entrada de China en la OMC han creado un problema de enorme envergadura. Europa está llena de productos falsificados que entrañan grandes riesgos para la salud humana y representan enormes pérdidas económicas para las empresas. Los ciudadanos y las empresas no simpatizan con el hecho de que los mecanismos de control de los Estados miembros sean completamente insuficientes, y exigen, con razón, medidas más eficaces a nivel europeo, que incluyan duras sanciones para los falsificadores. Este acuerdo debería mejorar radicalmente la cooperación en la detección de falsificadores, pero no creo que nuestro objetivo deba ser procesar a estudiantes de enseñanza secundaria que descargan videojuegos de Internet. El contenido de este acuerdo objeto de negociaciones durante dos años es secreto, y por lo tanto, la información relativa a los artículos controvertidos que podrían afectar a los derechos que los europeos disfrutan actualmente, su intimidad y sus datos personales, simplemente se escurre. Nosotros no le concedimos a la Comisión este mandato.

Por lo tanto, temo que el Parlamento Europeo rechace la ratificación de este acuerdo tan necesario como ya ocurrió con el acuerdo SWIFT, a menos que la Comisión informe periódicamente al Parlamento sobre la estructura y los límites del acuerdo negociado. No quiero que nos enfrentemos de nuevo a un artículo cerrado, es decir, una ley que debamos aprobar o rechazar, sin posibilidad de debatir su contenido detenidamente y disipar las preocupaciones de nuestros ciudadanos.

También considero un error estratégico que no se invitara a China, que constituye la mayor fuente de falsificaciones, a las negociaciones sobre este acuerdo. Por lo tanto, me gustaría pedirle, señor Comisario, que nos explicara las tácticas implicadas y que nos dijera si mantiene conversaciones con los chinos sobre la firma de China del acuerdo en una fecha ulterior. ¿De veras cree que esto va a ocurrir?

  Gianluca Susta (S&D). – (IT) Señor Presidente, Señorías, la ambición europea de seguir siendo la mayor economía del mundo debe estar cada vez más vinculada al resurgimiento de su competitividad, a la calidad de su sistema de manufactura y a su capacidad para conquistar nuevos mercados.

La lucha contra la falsificación y la infracción comercial desempeña un papel esencial en este contexto. No obstante, la protección de las marcas, las patentes y la propiedad intelectual no son únicamente instrumentos no financieros que aumentan la competitividad del sistema; constituyen también un ejemplo tangible de la aplicación en el ámbito de la economía industrial de los principios de una cultura democrática legal basada en el respeto por esas normas, por esas normas que en los últimos años se han incumplido al abrigo de la especulación financiera internacional.

El Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación es un instrumento esencial para combatir la falsificación, un fenómeno que genera unos ingresos sin precedentes de 500 000 millones de dólares estadounidenses al año, que tiene vínculos con el crimen organizado y que afecta —de hecho entraña una amenaza— a los derechos humanos fundamentales como la salud, si sólo tenemos en cuenta la falsificación de medicamentos. A la hora de evaluar la necesidad del ACTA, debemos tener presente este contexto internacional.

Por otra parte, debemos exigir que este tratado respete determinados principios básicos y fundamentales de coexistencia inspirados en el respeto por las normas. No podemos disimular nuestra preocupación por la base jurídica del tratado, por el mandato de negociación y su transparencia. Debe informarse de manera oficial, y no confidencial, a aquellas personas que representan a 500 millones de ciudadanos, como este Parlamento. Los negociadores de la Comisión deben informar a esta Cámara sobre el estado de los avances del trabajo, y debe facilitarse el acceso a los documentos y a la información para que podamos expresar una opinión detallada.

La difícil pero fructífera cooperación entre el Parlamento y la Comisión puede ayudar a la Unión Europea a desarrollar al máximo su potencial de la mejor forma posible. La resolución es acorde con estos delineamientos y, como tal, merece nuestro voto.

  Alexander Alvaro (ALDE). – (DE) Señor Presidente, Comisario De Gucht, ha heredado usted un importante legado y si la cuestión objeto de debate no fuera tan grave, casi podría esgrimir una sonrisa ante la especulación desencadenada por el ACTA. Sin embargo, existen dos razones que me impiden hacerlo. En primer lugar, la falsificación y las violaciones del derecho de autor y marca ponen en peligro la integridad de la economía y la salud de las personas.

Se calcula que sólo en 2007 la falsificación y las violaciones del derecho de autor y marca provocaron pérdidas económicas por valor de 185 000 millones de euros en todo el mundo. Esta cifra supera con creces el presupuesto de la Unión Europea. Esto hace peligrar nuestras empresas, fomenta la delincuencia y destruye puestos de trabajo. No cabe duda de que eso no nos beneficia.

Además, los medicamentos falsificados pueden poner en peligro la vida de las personas que toman esos medicamentos sin saber que son falsificados. También este es un riesgo inaceptable.

Huelga decir también que, por nuestro bien, debemos tomar medidas a este respecto. En segundo lugar, sin duda debe quedar claro que el mandato de negociación de la Comisión Europea debería limitarse estrictamente al marco del acervo comunitario para garantizar que la sigla ACTA no signifique, en el futuro, «another crazy treaty agreed» («otro descabellado tratado acordado»).

Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, esto incluye la facilitación de información ad hoc y exhaustiva al Parlamento Europeo relativa al actual estado de las negociaciones sobre el acuerdo. Después de todo, nos van a pedir nuestra aprobación. Dicho de otro modo, el Parlamento Europeo espera que haya transparencia total y se publiquen los documentos de negociación así como el resto de documentos pertinentes. En mi opinión, si la Comisión desea evitar más rumores y suposiciones en torno al ACTA, la única opción es que facilite información detallada al público interesado.

Tengo tres preguntas importantes a ese respecto. En primer lugar —aunque ya se haya abordado esta cuestión— ¿puede garantizar la Comisión que no se introducirá la norma sobre la desconexión al tercer aviso? Evidentemente, eso iría en contravención de la nueva Directiva marco de comunicaciones electrónicas.

En segundo lugar, ¿puede garantizar la Comisión que no se responsabilizará a terceros de parte de los proveedores de servicios de Internet por el contenido que transmiten? Evidentemente, eso sería contrario a la Directiva sobre el comercio electrónico.

En tercer lugar, ¿puede garantizar la Comisión que, en el marco del ACTA, no se introducirán medidas penales que no pertenecen al ámbito de competencias de la Unión Europea?, y soy muy consciente de que serán los Estados miembros los que asumirán la responsabilidad en este sentido. No obstante, supongo que, en su condición de guardianes de los tratados, harán lo que se espera de ustedes.

  Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, señor De Gucht, hace más de un año, el Parlamento Europeo exigió claramente a la Comisión transparencia en las negociaciones sobre el acuerdo ACTA en el futuro y que contara con la participación del público y los parlamentos en esas negociaciones. También nosotros les exhortamos para que siguieran centrando la atención en la lucha contra la falsificación, tal y como indica el título del acuerdo. ¿Qué han hecho desde entonces? Nada, absolutamente nada. Por el contrario, junto con su denominada malvada coalición de las naciones dispuestas, en particular, las naciones ricas industrializadas, están negociando un acuerdo utilizando una diplomacia secreta sumamente antidemocrática, e incluso ilegal, y en muchos ámbitos, este acuerdo va más allá de los reglamentos vigentes para hacer cumplir la ley en materia de propiedad intelectual en Europa. Evidentemente, no podemos estar seguros de esto porque no hemos recibido ninguna información de su parte.

Sin embargo, el verdadero escándalo está aún por llegar. Desde el 1 de diciembre del año pasado, en muchas esferas, ya no pueden ignorarnos y llevar a cabo sus políticas de cuarto trasero con el Consejo, porque los ciudadanos —representados por su Parlamento —han puesto fin, con razón, a este comportamiento a través del Tratado de Lisboa. Por lo tanto, me pregunto qué están haciendo realmente a este respecto. Como Comisión, ustedes son los guardianes de los tratados. Por lo tanto, sobre ustedes recae la responsabilidad de garantizar el cumplimiento real del Tratado de la UE claramente formulado. En caso de que no puedan garantizar el pleno cumplimiento del tratado, recibirán una vez más un «no» de esta Cámara. Si creen que no pueden garantizar el cumplimiento de los tratados en estas negociaciones, por favor interrumpan las negociaciones hasta que estén seguros de que pueden hacerlo. Por lo tanto, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea dice: actúen ya. ¡Actúen en el ACTA!

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) . – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, todos los aquí presentes nos oponemos a la falsificación y la piratería. No obstante, señor Comisario, acaba de contarnos un cuento de hadas para justificar el hecho de que está debatiendo un acuerdo internacional a espaldas de los ciudadanos y a espaldas de sus representantes.

Le recuerdo, señor Comisario, que el artículo 218 del Tratado de Lisboa establece que, y cito textualmente: «Se informará cumplida e inmediatamente al Parlamento Europeo en todas las fases del procedimiento» en el marco de la negociación o concertación de acuerdos internacionales. Precisamente, el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) es uno de esos casos, por lo tanto, ¡cumplan su palabra y las disposiciones de su tratado! No podemos evitar preocuparnos por las libertades fundamentales. De hecho, parece ser que en el futuro ya no se delegará la interpretación de un delito —la piratería— y su castigo en una autoridad judicial sino en los proveedores de acceso a Internet.

Es más, en el futuro, los servicios aduaneros de los países signatarios del acuerdo recibirán al parecer permiso para registrar teléfonos, ordenadores portátiles y equipos de música personales con el pretexto de combatir la piratería, en consonancia con el acuerdo de la Sociedad de telecomunicaciones financieras interbancarias mundiales (SWIFT), diseñado para combatir el terrorismo. Aunque recuerde, señor Comisario, que el Parlamento le derrotó en el caso del acuerdo SWIFT y le derrotará en este caso si es necesario.

Por lo tanto, uno desearía mezclar la lucha contra la falsificación y la piratería, la violación de la intimidad y de la propiedad intelectual e incluso, en el caso de los medicamentos, la violación del derecho a la salud. Señor Comisario, ponga este acuerdo sobre el tapete inmediatamente.

  Cristiana Muscardini (PPE). – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) es esencial para lograr la plena armonización de las medidas para proteger el comercio europeo de la falsificación y la piratería. Las negociaciones del ACTA hacen referencia a delicadas cuestiones legislativas europeas como la garantía de la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, la transmisión de datos y la protección de datos, y es por esto por lo que solicitamos una vez más mayor transparencia.

La Comisión debe comprometerse plenamente, de conformidad con el nivel de confidencialidad. El Parlamento debe disponer de los documentos de negociación actuales para poder supervisar los acuerdos y posiblemente ofrecer propuestas a los participantes del ACTA. Las palabras del señor Comisario nos ofrecen esperanza, pero queremos que se lleven a la práctica.

El Parlamento siempre ha luchado por proteger a los consumidores y fabricantes europeos de la falsificación y las medidas que violan la intimidad de Internet. Por eso es sumamente importante que la Comisión continúe desempeñando un papel activo en las actuales negociaciones, atrayendo a un mayor número de participantes; lamentablemente, sólo hay doce actualmente. Esperamos que un mayor número de países —tanto países en desarrollo como países emergentes— caigan en la tentación de participar en las negociaciones y firmen el acuerdo definitivo, facilitando de esa forma una perspectiva más amplia con respecto a las cuestiones abordadas.

Los países deben respetar y atenerse a sus obligaciones compartidas para combatir la falsificación y la piratería de manera más eficaz. Esta lacra está destruyendo muchos sectores manufactureros que trabajan en cumplimiento de las normas. Por lo tanto, deben proporcionarse normas claras a los consumidores, cuya salud se expone a grandes peligros también, porque, señor Comisario, en ausencia de normas claras y aplicadas, incluido para la utilización de Internet, esta última dejará de representar una oportunidad y tendrá, por el contrario, un efecto bumerán. Todos debemos comprometernos a evitar que esto ocurra, porque no se trata únicamente de una cuestión de privacidad individual; se trata también de una cuestión de seguridad para nuestros países.

  Emine Bozkurt (S&D). – (NL) Señor Presidente, señor Comisario, un acuerdo a puerta cerrada no es algo que el público europeo merezca o desee. La Unión Europea está negociando actualmente un acuerdo comercial de suma importancia, el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA), y una vez más, se está haciendo a escondidas. Los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo no han tenido ni una sola oportunidad de realizar un examen democrático del fondo o el ámbito de las negociaciones, dado que las partes negociantes han firmado una cláusula de confidencialidad.

Por lo tanto, se ha vuelto a relegar a un segundo plano al Parlamento Europeo y al público europeo, erosionando, una vez más, la confianza depositada en Europa. Esta vez, la cuestión gira en torno a los intereses comerciales en lugar de a la lucha contra el terrorismo. No me malinterpreten; debe estimularse la economía europea, y la propiedad intelectual constituye un aspecto importante en este sentido. Sin embargo, la incertidumbre creada en estos momentos por la confidencialidad de los documentos de negociación ha originado la aparición de muchos rumores.

Me gustaría saber cómo funciona la comunicación entre el Comisario de Comercio y la Comisaria de Derechos Fundamentales a ese respecto. ¿Tiene intención el Comisario De Gucht de informar a sus compañeros sobre el fondo del acuerdo en algún momento? ¿Planea la Comisaria Reding pedirle en algún momento a su colega, el Comisario de Comercio, que ofrezca transparencia? El Parlamento Europeo exige esa transparencia, y ahora es el momento de ofrecerla, antes de que nuestra institución tenga que respaldar este acuerdo comercial.

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, durante las audiencias de los nuevos comisarios, la palabra transparencia fue una de las más utilizadas. Usted ha vuelto a declarar aquí que todo es ya transparente y abierto. Para ser franco, le diré que, lamentablemente, no coincido con esta definición de transparencia. Claramente, muchos de los Miembros de esta Cámara comparten mi opinión. La transparencia no consiste en lanzar pequeños trozos de información y decir «Bueno, lamentablemente, no podemos facilitar más información porque hemos prometido a alguien que todo seguirá siendo confidencial». La transparencia es mucho más que eso.

Hemos entrado en una nueva era. Ya no es posible recurrir a los tratados internacionales para celebrar acuerdos ciegos con asociados comerciales que afectarán a la legislación europea en el futuro. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, eso ya no es posible. Eso significa que los acuerdos ciegos, así como el secretismo y la falta de transparencia, deben detenerse a las puertas del Parlamento Europeo. Necesitamos credibilidad para la protección de la innovación que está usted esgrimiendo como principal argumento. Sin embargo, no logrará usted credibilidad si negocia todo a puerta cerrada y posteriormente intenta consolar a las personas diciendo que no será tan malo después de todo. Ese, señor Comisario, es el camino equivocado.

  Catherine Trautmann (S&D). – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, seamos claros: el Parlamento Europeo considera inaceptable la manera en que se están llevando a cabo las negociaciones sobre el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación.

Como nuevo colegislador en esta cuestión, el Tratado de Lisboa nos garantiza ahora el derecho a ser informados plenamente al mismo tiempo que el Consejo. Los documentos que se han «filtrado» hasta ahora nos han demostrado que, en lo que respecta a la forma, se ha incumplido esa garantía de manera flagrante.

¿Qué podemos decir del contenido? El negocio del necio que parecen haber ofrecido a los proveedores de acceso a Internet es el siguiente: si deciden cooperar en la supervisión sistemática del contenido que ofrecen sus redes, se mantendrá la ausencia de responsabilidad legal por ese contenido de que disfrutan actualmente. De lo contrario, se expondrán a acciones legales por titulares de derechos y serán penalizados automáticamente.

Personalmente, encuentro este giro extremadamente peligroso, dado que pondría en tela de juicio el acervo comunitario, no sólo el principio de mera transmisión —conocido en francés como simple transport— en la Directiva sobre comercio electrónico, sino también en relación con el respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuestión planteada recientemente en nuestro debate sobre el paquete Telecom.

Para concluir, les recordaré que nuestra Cámara ya ha demostrado su compromiso con estos principios al rechazar el acuerdo de la Sociedad de telecomunicaciones financieras interbancarias mundiales (SWIFT). No dudo de la capacidad de la misma para comenzar de nuevo. Por lo tanto, deseo hacer hincapié en la importancia de la resolución que se está debatiendo hoy aquí. Acojo con beneplácito la labor realizada por nuestro coordinador, el señor Arif, y por todos los negociadores de la Comisión de Comercio Internacional, que han velado por que el mensaje que el Parlamento Europeo transmita mañana sea sumamente simbólico porque es unánime.

  Georgios Papastamkos (PPE). – (EL) Señor Presidente, los productos falsificados no sólo menoscaban la competitividad de las iniciativas europeas, sino que también entraña un peligro para la salud humana. La respuesta es reforzar la aplicación de los derechos de propiedad intelectual a nivel mundial.

Necesitamos la participación del mayor número posible de asociados para el comercio en el acuerdo multilateral objeto de debate. El acuerdo que se está debatiendo debe ajustarse plenamente al acervo comunitario pertinente, debe respetar las libertades fundamentales y proteger los datos personales, debe salvaguardar la libre circulación de información y no debe suponer una carga injustificada para el comercio multilateral.

Por último, el Parlamento debería disponer de gran cantidad de información en todas las etapas de la negociación, teniendo en la debida consideración la confidencialidad dentro de un límite razonable.

  João Ferreira (GUE/NGL). – (PT) Señor Presidente, señor Comisario, del oscuro proceso ha surgido algo relativamente claro que ha declarado la Comisión Europea, a saber, la intención de ampliar el ámbito y aumentar los costes de los derechos de propiedad intelectual, que da lugar a ingresos aún mayores para las grandes empresas.

Cuando ha sido necesario lograr este objetivo, se han obviado las normas básicas sobre procedimientos democráticos y transparentes, y se ha ocultado información, que ha escapado al escrutinio y el control democráticos. Cuando ha sido necesario lograr este objetivo, se ha restringido el acceso mundial a bienes esenciales como medicamentos seguros, incluidas versiones genéricas, se han violado los derechos a la intimidad y a la confidencialidad de la correspondencia, así como a la protección de información personal.

La omnipresencia del mercado y la defensa de los intereses económicos destinados a lograr sus propios objetivos dentro de sus sectores no son compatibles con la defensa y la salvaguardia del bien común. Los resultados de esta política saltan ahora a la vista.

  Karel De Gucht, Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, debo decir que, escuchando a los ponentes que me han sucedido en el turno de palabra, sólo me queda pensar que no han escuchado bien lo que dicho, porque he dejado claro que íbamos a respetar el acervo comunitario, que intentaré garantizar que las otras partes en el acuerdo den su visto bueno a la divulgación del documento que se está negociando actualmente; he dejado claro que sólo se aplicará al incumplimiento comercial de los derechos de propiedad intelectual, y podría seguir así un rato. Por lo tanto, no voy a responder de nuevo a todas estas preguntas que se han formulado porque, francamente, creo que ya lo he hecho en mi primera intervención.

David Martin ha formulado una pregunta muy interesante, ¿qué ocurre cuando alguien abandona no sólo la Unión Europea sino un país que es parte en el acuerdo ACTA? Obviamente, dependerá de dónde vaya esa persona. Si se dirige a un país que no es parte en el acuerdo ACTA, dependerá de las autoridades aduaneras y de la policía del país en cuestión, pero eso está fuera de nuestro alcance. En lo que respecta a lo que sí está en nuestro alcance, velaremos porque esto no ocurra, pero, obviamente, no podemos responder por los demás.

No acabo de coincidir con el planteamiento de la señora in ’t Veld sobre la aprobación parlamentaria y el control parlamentario, pero permítanme expresar mi opinión claramente sobre el caso en el Tratado de Lisboa. El caso es que el Consejo concede un mandato a la Comisión, y la Comisión negocia, y el Consejo ha decidido un mandato con arreglo a su propio reglamento. Si un ministro del Consejo de Ministros necesita o no la aprobación previa de su parlamento nacional no es una cuestión de legislación nacional, y eso difiere de un país a otro. Soy consciente de que en su país, por ejemplo, para muchas cuestiones de esa índole, necesitan la aprobación previa del Parlamento —de acuerdo, pero existen otros países en los que ese no es el caso. No deberíamos, en mi opinión, juzgar la manera en que el Consejo adopta una decisión. En la medida en que el Consejo respete el tratado y su propio reglamento, creo que es asunto suyo y no directamente nuestro.

Hasta cierto punto, me estaba protegiendo al negarse al registro de mi iPod. No tengo iPod, así que por el momento no hay problema. Bueno, en realidad tengo uno desde ayer, pero aún no lo he usado y no voy a ir a Nueva Zelanda. Queda un poco lejos. Para eso, necesita oficiales que dispongan de un poco más de tiempo para ir allí.

(NL) Dejaré la cuestión de la cocina para la señora Stassen...

Y, ¿qué hay de China? Ineresante pregunta. Bien, China no es, como usted sabe señora Roithová, parte en las presentes negociaciones. China representa un grave problema porque, como usted bien ha dicho, es la principal fuente de falsificaciones.

Actualmente celebramos negociaciones y debates con ese país, junto con el diálogo de alto nivel sobre economía. Hacemos hincapié reiteradamente en los derechos sobre propiedad intelectual, que constituyen uno de los principales problemas, no sólo dentro del comercio en Internet, sino también en un gran número de actividades. Una vez concluya el ACTA, todos los países podrán firmarlo, y espero que China llegue a la conclusión de que, también por su propia industria, convendría que se protegieran mejor los derechos de propiedad intelectual, y tarde o temprano, eso llegará. Fíjense en otros países donde esto también ocurrió en el pasado: ahora muestran más interés en los derechos de propiedad intelectual.

No estoy del todo de acuerdo con la interpretación del señor Le Hyaric y la señora Trautmann relativa al artículo 218. Lo que este artículo establece es que debe informarse al Parlamento de todas las etapas del procedimiento; bien, pues se le ha informado, y muy bien. Lo que ofrecemos a modo de información va más allá de lo establecido en el artículo 218, mucho más, pero no tengo ningún problema con eso. En mi declaración introductoria he dejado claro que insistiremos para que las demás partes coincidan en que estamos en posición de presentar el borrador del documento, pero no es correcto que no respetaremos el artículo 218.

Antes de que se me olvide, permítanme recordarle a la señora in ’t Veld que le enviamos el anexo 16 a la declaración acordada por todos los participantes en el ACTA en el que se informaba del mantenimiento de la confidencialidad de los documentos. Se lo envió el Director General, el señor David O’Sullivan, el 21 de enero de 2009. Obviamente, eso fue en el Parlamento anterior, pero la persona que se lo envió es la misma. El señor O’Sullivan es el mismo y la señora in ’t Veld es la misma, así que tiene el anexo. Por lo tanto, me cuesta entender a qué vienen todas esas preguntas.

Por último, permítanme decir claramente que debe tenerse muy en cuenta lo que he dicho y lo que dije en la audiencia. Haré todo lo que esté en mi mano para que las partes contratantes convengan en informarles plenamente. Hasta entonces, no puedo mostrarles los borradores del acuerdo porque estaría incumpliendo el acuerdo de confidencialidad y dicho incumplimiento tendría efectos que no se limitan a las negociaciones del ACTA, sino que salpicarían a muchas otras negociaciones que mantenemos con los países implicados. Incumpliría la confidencialidad como tal y eso dificulta, si no imposibilita, las negociaciones, pero haré todo lo que pueda para que obtengan lo que piden.

  Presidente. – He recibido cinco propuestas de resolución⁽¹⁾ presentadas de conformidad con el apartado 5 del artículo 115 del Reglamento.

Se cierra el debate.

La votación se celebrará el miércoles 10 de marzo de 2010.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

  Françoise Castex (S&D), por escrito. – (FR) Si bien el Parlamento lleva meses solicitando el acceso a los documentos, el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) se ha negociado en el secretismo más absoluto a espaldas de los ciudadanos y de sus representantes, y eso es inaceptable. La propia Comisión no entiende nada. Nos dice que ya ha enviado los documentos y, al mismo tiempo, que solicitará al Consejo que publique todo: ¿De quién intenta mofarse?

Más allá de la cuestión de la transparencia, deseamos recordar a la Comisión y al Consejo que necesitarán obtener el permiso del Parlamento al final de las negociaciones. De la poca información que nos ha llegado, se desprende que tenemos un caballo de Troya: so pretexto de una lucha totalmente legítima contra la falsificación, los Estados miembros, con el Gobierno de Francia a la cabeza, desean someter a votación un documento que socavaría el acceso a los medicamentos, la libertad de expresión, la neutralidad de Internet y la responsabilidad jurídica de sus intermediarios.

El hecho es que el Parlamento se opondrá a cualquier intento de socavar el acervo comunitario. Si la Comisión y el Consejo no cambian su estrategia, protegeremos las libertades individuales de nuestros ciudadanos rechazando el ACTA, como rechazamos en su día el acuerdo de la Sociedad de telecomunicaciones financieras interbancarias mundiales (SWIFT).

  Ioan Enciu (S&D), por escrito. – (RO) Acojo con satisfacción la pregunta presentada a la Comisión relativa a la transparencia y el estado de las negociaciones sobre el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA). En mi opinión, deben tomarse medidas urgentes para resolver la situación en la que nos encontramos. Es inaceptable que la Comisión excluya al Parlamento Europeo de las negociaciones sobre la elaboración del ACTA, habida cuenta de que hemos aprobado las disposiciones de este Tratado. Como ya se ha dicho, la Comisión debe hacer públicas lo antes posible todas las negociaciones que hayan tenido lugar en relación con el ACTA, así como las perspectivas previstas para la reunión que se celebrará en abril. Cuestiones como obligar a los proveedores de Internet a supervisar el tráfico e imponer restricciones en sus redes podrían tener un impacto negativo en la población, desde el punto de vista del respeto por su derecho a la intimidad y debido a los costes adicionales en que incurran los usuarios. Una cuestión de este tipo debe debatirse abiertamente y debe consultarse a la opinión pública sobre la misma. Debe conocerse y respetarse la posición adoptada por los ciudadanos y la industria europeos respecto de estas medidas para poder evitar cualquier tipo de comportamiento abusivo y antidemocrático.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), por escrito. – (PL) Señorías, el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación, que la Comisión Europea está negociando actualmente, va más allá del principio de proporcionalidad, consagrado en el derecho de la UE. Este principio establece que la Unión no debe adoptar más medidas de las estrictamente necesarias para lograr los objetivos del tratado. El capítulo relativo a Internet suscita especial preocupación. Se está diciendo que el acuerdo contiene normativas que podrían restringir la libertad de expresión en Internet, por un lado, y la actividad comercial, por otro. Este será el resultado de lo que se dice ha sido propuesto en lo referente a dotar de responsabilidad jurídica a los proveedores de Internet por el contenido de la información enviada, así como sanciones penales por la descarga de archivos para uso privado. Y digo que todo esto se está diciendo, porque la información sobre el contenido del acuerdo no procede de fuentes oficiales, sino sólo de rumores y filtraciones, dado que la Comisión no mantiene informado al Parlamento sobre los avances en las negociaciones. No obstante, ahora el Tratado de Lisboa sí estipula este tipo de procedimiento. Además, la aprobación del Parlamento, expresada por mayoría de votos, es esencial para que el Consejo celebre cualquier acuerdo. El nuevo Tratado también introduce una competencia que permite la adopción de medidas en la esfera de la propiedad intelectual, y esto pertenece por igual al Parlamento y al Consejo. Por lo tanto, me uno a los Miembros que exigen mayor transparencia en las actuales negociaciones, y creo que la cooperación interinstitucional en la cuestión del ACTA debería demostrar que todas las instituciones tratan seriamente el nuevo tratado, que ya ha entrado en vigor. En este momento, ese no es el caso.

  Alan Kelly (S&D), por escrito. – El Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación tiene un mandato que es vital para la protección de los derechos de propiedad intelectual. En situaciones posteriores a una crisis, debe existir un incentivo para que los intelectuales y artistas utilicen su creatividad y publiquen, sin miedo, nuevos materiales en línea. Es necesario equilibrar este derecho frente al derecho de una persona a acceder a información y, además, las sanciones deberían ir dirigidas únicamente a los grandes explotadores comerciales de material de derechos de autor. Sin embargo, esa es una cuestión para otro día. Ahora mismo, lo que más me preocupa es el nivel de información que se está facilitando a esta Cámara sobre las negociaciones. En virtud del Tratado de Lisboa, este acuerdo requiere la aprobación de esta Cámara y las intervenciones de mis compañeros me hacen pensar que, tal y como se está llevando a cabo este acuerdo, tendrá un recibimiento bastante frío. Las negociaciones en torno al ACTA deben ser más abiertas, y la Comisión y el Consejo deben demostrar su voluntad de que así sea garantizando un mayor acceso del Parlamento a los documentos sobre la cuestión.

  Stavros Lambrinidis (S&D), por escrito. – Espero que la declaración por escrito sobre el ACTA que presenté hace dos semanas junto con mis compañeros, Castex, Alvaro y Roithová, y el debate de hoy sirvan como llamada de atención tardía al Comité y la Comisión. Este Parlamento no se quedará de brazos cruzados ni en silencio mientras se negocian a puerta cerrada los derechos fundamentales de millones de ciudadanos. Nos oponemos a cualquier «blanqueo de legislación» a escala internacional de lo que sería muy difícil de superar en la mayoría de legislaturas nacionales, y mucho más el Parlamento Europeo. Obviamente, me refiero a las infames leyes de «los tres avisos». Este Parlamento cree firmemente en la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual, pero no otorgando a las empresas privadas amplios derechos para vigilar indiscriminadamente las actividades de los ciudadanos en Internet, nos negamos a permitir esto, ni nuestra policía puede hacerlo en el contexto de la lucha contra el terrorismo, y en ningún caso mediante la pena desproporcionada de cortar la conexión a Internet en los hogares. El acceso a Internet constituye en sí mismo un derecho fundamental. Debe tratarse y protegerse como tal.

  Michael Theurer (ALDE), por escrito. – (DE) Las negociaciones de la Comisión Europea relativas al Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) han planteado varias cuestiones. Si bien en el acuerdo se abordan preocupaciones justificadas, en particular la lucha contra la falsificación y el contrabando de productos y marcas, éste debe basarse más firmemente en nuestros principios europeos. No debe llevar a la armonización de la legislación en materia de derechos de autor, la ley de patentes o la ley de marcas en la UE; por el contrario, el principio de subsidiariedad debe seguir siendo nuestro principio más importante. Debe evitarse el uso inapropiado de acuerdos comerciales destinados a limitar los derechos y las libertades fundamentales de las personas. Antes de que el Parlamento pueda dar la aprobación que se requiere para la ratificación de este acuerdo, todavía es necesario realizar importantes mejoras, y no sólo en términos de contenido. Es necesaria una mayor participación del Parlamento en las negociaciones y se debe poner a nuestra disposición todos los documentos de negociación.

(1) Véase el Acta.

16. Reglamento por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas (debate)

  Presidente. – El siguiente punto es el debate sobre la pregunta oral (O-0022/2010) presentada por Daniel Caspary, en nombre del Grupo PPE, Kader Arif, en nombre del Grupo S&D, Niccolò Rinaldi, en nombre del Grupo ALDE, Yannick Jadot, en nombre del Grupo Verts/ALE, Joe Higgins, en nombre del Grupo GUE/NGL, y Robert Sturdy, en nombre del Grupo ECR, a la Comisión sobre el Reglamento relativo al plan plurianual de preferencias arancelarias generalizadas (B7-0018/2010)

  Daniel Caspary, autor. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, con el sistema de preferencias generalizadas, la Unión Europea garantiza actualmente el acceso al mercado mediante la reducción de los derechos de importación a 176 países en desarrollo. Estos son ventajas que nosotros como Unión Europea ofrecemos sin esperar nada a cambio de nuestros asociados. También existe el sistema de preferencias generalizadas SPG Plus para determinados países que se enfrentan a retos especiales y para aquellos que cumplen unas condiciones especiales.

¿Cuál es nuestro punto de partida? Necesitaremos un nuevo reglamento del 1 de enero de 2012 en adelante porque el antiguo habrá expirado. Necesitamos tiempo para diseñar un procedimiento adecuado que nos permita realizar dos lecturas. En nombre de mi grupo, espero que la Comisión presente una nueva propuesta lo antes posible. Como acabo de decir, necesitamos el tiempo suficiente para un procedimiento que permita dos lecturas y sería inaceptable que nosotros, como Parlamento Europeo, tuviéramos que tomar dudosas decisiones bajo presión. También necesitamos una evaluación del sistema actual. Espero que pronto nos envíen datos y cifras que pongan de manifiesto el éxito que ha tenido el sistema existente en la práctica. ¿Ha facilitado realmente el sistema actual el comercio para los Estados que se benefician del mismo? ¿Han aumentado también las cifras de exportación? ¿Se están beneficiando de este sistema los países adecuados? Lanzaré esta pregunta a todos los aquí presentes: ¿está todo en orden con el sistema actual? Por ejemplo, si se incluye a países como Qatar, cuyos ingresos per cápita son superiores a los de 25 Estados miembros de la Unión Europea, en el sistema de preferencias arancelarias generalizadas, estoy seguro de que debemos examinar esto de un modo crítico a la hora de revisar el sistema en su conjunto.

Me gustaría hacer una petición a los Miembros de todos los grupos en relación con la votación que se celebrará mañana: la resolución debería ser muy general, tal y como acordamos en el borrador original. Estaría muy agradecido a los Miembros si no mencionáramos en la resolución los casos específicos que se han debatido.

  David Martin, suplente del autor. – Señor Presidente, al igual que el señor Caspary, acojo con beneplácito los tres regímenes de preferencias que ofrece el sistema de preferencias generalizadas; Todo menos armas, SPG y SPG Plus.

Es cierto que los 49 países más pobres del mundo deberían disfrutar de acceso pleno a nuestros mercados para cualquier producto excepto para sus armas. Es cierto, como ha declarado el señor Caspary, que debería concederse a los 176 países en desarrollo acceso preferente a nuestro mercado. También es cierto que 16 países deberían disfrutar de un acceso aún mayor a nuestro mercado, a través del SPG Plus, a cambio de que establezcan y apliquen 27 convenios internacionales en materia de derechos humanos, principales normas laborales, desarrollo sostenible y buena gobernanza.

No obstante, también es cierto que esperamos que esos 16 países beneficiarios cumplan y respeten sus compromisos en virtud de esos convenios.

Si permitimos que los países incumplan sus compromisos o las leyes establecidas en esos convenios, perdemos el incentivo que se supone ofrece el SPG Plus. Y eso no es todo, dado que nosotros en la práctica castigamos al resto de países beneficiarios del sistema de preferencias generalizadas erosionando sus preferencias y dando preferencias a los 16 países que no respeten sus derechos.

Por esta razón, acojo con beneplácito la investigación de Sri Lanka ordenada por la Comisión, que también ha propuesto adoptar medidas contra ese país. Es por eso también por lo que estoy convencido de que la Comisión debería investigar si Colombia respeta o no los 27 convenios. Eso no quiere decir que adoptaremos medidas contra Colombia. Significa simplemente que lo investigaremos, como ocurrió en el caso de El Salvador, que fue investigado pero decidimos que no era necesario adoptar medidas.

Tengo tres preguntas para el señor Comisario.

¿Acepta la Comisión que, en el futuro, se conceda al Parlamento el derecho a solicitar una investigación en virtud del sistema de preferencias generalizadas+?

En segundo lugar, entretanto, ¿presentará la Comisión al Parlamento el informe solicitado sobre la situación de la ratificación y aplicación de los convenios por los beneficiarios actuales del SPG Plus?

Por último, ¿cuándo tiene previsto la Comisión transmitir al Parlamento el Reglamento revisado para la siguiente etapa del sistema de preferencias generalizadas? Nos prometió que la fecha límite sería junio y me gustaría que cumpliera su palabra.

  Niccolò Rinaldi, autor. – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, poco después de que se votara este Parlamento, nos enfrentamos inmediatamente con la cuestión de suspender el SPG Plus, en particular, en lo relativo a aplicar o no aplicar este mecanismo a Sri Lanka y Colombia.

En el primer caso, fuimos testigos de una serie de errores, algunos de ellos graves, cometidos por Sri Lanka, país que cuenta con la circunstancia atenuante de haber salido de una larguísima guerra civil contra una terrible organización terrorista. En mi opinión, la Comisión actuó de forma algo precipitada en este caso, y rápidamente esto condujo a la propuesta de suspender el SPG Plus. Sin embargo, Sri Lanka no contaba con «guardianes», si se les puede llamar así, en el Consejo, y por tanto la decisión fue tomada. En lo respecta al Parlamento Europeo, no tenía ninguna función que desempeñar: nadie nos pidió nuestra opinión.

En el segundo caso, tenemos un país que tiene que combatir terribles guerras internas de guerrillas y donde se han cometido graves violaciones de los derechos humanos, que incluyen frecuentes asesinatos de sindicalistas. Hasta ahora, la Comisión no se ha pronunciado sobre la oportunidad de abrir una investigación y, en la práctica, ha continuado en el camino del acuerdo de libre comercio, con el que personalmente coincido. En el Consejo, sabemos que existen gobiernos que trabajan muy activamente en la protección de los intereses de las autoridades colombianas y, una vez más, el papel del Parlamento Europeo ha sido inexistente: nadie ha pedido la opinión del Parlamento, a pesar del hecho de que nosotros debemos escuchar las opiniones de los demás casi a diario.

En ambos casos, no se han realizado estudios sobre las consecuencias ocupacionales y económicas de la posible suspensión. No obstante, entre todas las incoherencias, hay un elemento común: el papel marginal del Parlamento Europeo. Y estas decisiones son eminentemente políticas, no técnicas, y lo considero inaceptable. Por lo tanto, necesitamos una nueva regulación, aprovechando la fecha de vencimiento de 2011, y creo que estos dos ejemplos concretos lo demuestran. Entretanto, sin embargo, convendría debatir lo que viene ocurriendo en los últimos meses en estos países en particular.

Por ejemplo, sería interesante saber cuál es el umbral de violaciones de los derechos humanos que la Comisión considera que debe superarse para iniciar una investigación en Colombia o en otro país, y qué medidas concretas debería adoptar el Gobierno de Sri Lanka, por ejemplo, mediante la suspensión de la ley marcial, para detener la suspensión.

Señor Comisario, pedimos lo siguiente: una nueva propuesta, si es posible para junio; criterios de idoneidad claros para los países beneficiarios, teniendo en cuenta que el sistema de preferencias generalizadas es un instrumento de desarrollo y que tenemos algunos países en la lista que no son realmente países en desarrollo; la firma y aplicación de los 27 convenios de la Organización Internacional del Trabajo en los países beneficiarios; transparencia de las normas sobre su conducta; un sistema para evaluar el impacto del sistema de preferencias generalizadas; y una comunicación al Parlamento. Como también ha señalado el señor Martin, el Parlamento debe participar plenamente en el caso de que tenga lugar la suspensión, dado que se trata, repito, de una decisión eminentemente política.

  Nicole Kiil-Nielsen, suplente del autor. – (FR) Señor Presidente, el debate de hoy está motivado por tres aspectos relativos al sistema de preferencias arancelarias generalizadas.

En primer lugar, el reglamento actual vence el 31 de diciembre de 2011. Para permitir al Parlamento ejercer las facultades que posee en virtud del Tratado de Lisboa, la Comisión debe ofrecernos un nuevo proyecto de reglamento en junio de 2010, como fecha límite.

En segundo lugar, la manera en que opera el SPG Plus opera es de todo menos perfecta. ¿Quién decide la lista de países beneficiarios y con arreglo a qué criterios? ¡Es asombroso! ¿Quién supervisa la aplicación de los 27 convenios internacionales sobre cuestiones sociales y medioambientales que constituyen un requisito para ser beneficiario de un SPG Plus? No lo sabemos.

¿Cuáles son los resultados del sistema de preferencias generalizadas? ¿Ha facilitado el desarrollo sostenible, la diversificación de la producción y creación de empleo respetable, o más bien la proliferación de contratos de corta duración, el aumento del número de granjas abandonadas y la concentración de amplias extensiones de tierra destinadas a la exportación? No tenemos ni idea.

Por lo tanto, es necesario llevar a cabo una reforma a fondo del Reglamento para velar por el control democrático y garantizar que las medidas adoptadas alcancen verdaderamente los objetivos deseados.

No obstante, la verdadera razón por la que se está celebrando este debate hoy es para debatir el lamentable caso de Colombia. Hasta hoy, la Comisión se ha negado a iniciar una investigación sobre las gravísimas violaciones de los derechos humanos que se cometen en ese país. Sin embargo, el Reglamento contempla dicha investigación.

No se puede concebir, teniendo en cuenta los valores que promueve la Unión Europea, que, en la búsqueda de beneficios en los sectores de productos lácteos, automovilístico, farmacéutico, de telecomunicaciones, y bancario para nuestras propias multinacionales, la UE abandone la condicionalidad del sistema de preferencias generalizadas y, en los últimos años, se haya precipitado en la celebración de un acuerdo de comercio libre con Colombia. Este representa un golpe mortal para los sindicatos, pequeños agrícolas y consumidores colombianos y para la producción industrial de ese país.

  Joe Higgins, autor. – Señor Presidente, el sistema mediante el cual la UE concede un trato preferencial en el comercio a algunos países está en vigor desde 1971. Se supone que es un mecanismo destinado a corregir los desequilibrios comerciales entre los países capitalistas y los países pobres del mundo y a contribuir al desarrollo sostenible.

Señor Comisario, ¿está usted de acuerdo en que, en ese sentido, ha sido un fracaso total y que las principales beneficiarias de los acuerdos comerciales de la UE han sido las empresas transnacionales con base en la UE que utilizan sus recursos superiores para vapulear a los pequeños productores locales en muchos países más pobres, causando graves perturbaciones, incluidas la pérdida de empleo local y la destrucción medioambiental? ¿No es ese el verdadero significado del documento de estrategia de la Comisión de la UE «Europa global: competir en el mundo», publicado hace tan sólo tres años?

Y, señor Comisario, dígame qué esperanza pueden albergar los trabajadores de África, Asia y América Latina cuando su Comisión, hace tan sólo unas semanas, se arrodilló pusilánimemente ante la especulación delictiva de los comerciantes filibusteros de fondos de cobertura buscando enormes ganancias rápidas a través de la infame especulación contra el euro y Grecia en particular. Y pusieron en manos de estos parásitos (en realidad delincuentes) a la clase trabajadora de Grecia y a los pobres de Grecia. ¿Qué esperanza les queda a los pobres y a los trabajadores fuera de las fronteras europeas en vista de esta situación?

Ahora me gustaría preguntar cómo evalúa la Comisión de la UE si los Estados que disfrutan de acuerdos comerciales preferenciales protegen los derechos de los trabajadores y los derechos humanos. Por favor díganoslo.

Y podría explicarnos también por qué sigue manteniendo relaciones con el Gobierno de Colombia, país en el que, claramente, organismos controlados por la administración pública, en particular el ejército, son autores reincidentes de los crímenes más atroces, como ha puesto de manifiesto recientemente el descubrimiento de la fosa común de víctimas inocentes de asesinato en La Macarena.

Por último, ¿cuál es la opinión actual de la Comisión con respecto a mantener el SPG Plus con Sri Lanka?, sobre todo teniendo en cuenta que, tras las elecciones, las políticas del Gobierno del señor Rajapaksa siguen incumpliendo los derechos humanos y los derechos de los trabajadores en ese país.

  Syed Kamall, suplente del autor. – Señor Presidente, creo que todos entendemos que uno de los objetivos del sistema de preferencias generalizadas era integrar a los países más pobres en el sistema comercial mundial. La concesión de trato preferencial era considerada una medida positiva para corregir algunos de los desequilibrios comerciales entre los países ricos y los países pobres.

Yo, que tengo muchos amigos y familiares en muchos de esos países pobres, creo que basta con mirar a los gobiernos de muchos de esos países: una gobernanza deficiente; monopolios estatales y gobiernos corruptos que impiden a los emprendedores de esos países crear riquezas; el hecho de que les resulte difícil importar materiales que necesitan para añadir valor y crear riqueza; también el hecho de que se niegue el acceso a muchos ciudadanos de esos países a bienes y servicios que aquí en la UE y en muchos países ricos damos por hecho.

Reconozcamos que la mejor forma de ayudar a las personas a salir de la pobreza es ayudando a los emprendedores. Los emprendedores crearán puestos de trabajo, crearán la riqueza y sacarán a los pobres de la pobreza.

Durante las recientes negociaciones sobre los acuerdos de asociación económica, muchos Miembros procedentes de todo el espectro político expresaron su preocupación sobre el enfoque único de la Comisión a los acuerdos de asociación económica (AAE).

En un caso en el que estuve implicado, al interrogarse en comité al oficial de la Comisión, éste declaró que los acuerdos de asociación económica no sólo abordan el comercio, sino también la integración regional y la exportación del modelo de la UE. Pero cuando se le preguntó si podía ofrecerse a algunos de los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) que tenían preocupaciones especiales la alternativa del sistema de preferencias generalizadas, la respuesta fue que era imposible porque estos contravienen algunos de los convenios y, por lo tanto, no cumplen los requisitos para poder beneficiarse del SPG Plus.

Para avanzar, sin duda deberíamos intentar ser más flexibles en nuestra aplicación del SPG Plus, tal vez como alternativa a los acuerdos de asociación económica. Esto puede hacerse de diversas formas. O bien imponiendo sanciones a los países que no cumplan las normas, o entablando un diálogo continuo para garantizar que se mejoren las condiciones en estos países, y entender que, al igual que Roma no se construyó en un día, tampoco se construyeron en un día las estrictas normas de Europa. Ha llegado el momento de comprometerse y ayudar a los emprendedores de los países en desarrollo en lugar de politizar excesivamente la cuestión.

  Karel De Gucht, Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, el actual plan del sistema de preferencias generalizadas finaliza el 31 de diciembre de 2011. La Comisión ya está trabajando en una actualización y revisión de fondo del actual plan. A medida que avance el mes, iniciaré una amplia consulta pública sobre las posibles mejoras y cambios seguido de una nueva evaluación exhaustiva de los efectos. Por lo tanto, cabe esperar que la propuesta de la Comisión sobre el reglamento esté lista para el primer trimestre de 2011. Obviamente, esta propuesta estará sujeta al procedimiento legislativo ordinario, cuya duración puede superar la fecha de vencimiento del plan actual, el 31 de diciembre de 2011.

Todos los aquí presentes estarán de acuerdo conmigo en que debemos evitar una situación en la que los beneficiarios del sistema de preferencias generalizadas pierdan todas sus preferencias el 1 de enero de 2012. Por lo tanto, presentaremos, en paralelo con el inicio de este trabajo preparatorio esencial para un nuevo plan de sistema de preferencias generalizadas, una propuesta para ampliar el reglamento actual garantizando la continuidad hasta la puesta en marcha del nuevo plan. Esto les dará tiempo para trabajar concienzudamente en la elaboración de un nuevo plan garantizando al mismo tiempo que los beneficiarios del sistema de preferencias generalizadas no se queden fuera. Se prevé que reciban este documento en abril.

He tomado nota de las preguntas sobre todas las preocupaciones expresadas relativas a la forma en que la Comisión supervisa el cumplimiento de los países beneficiarios con los criterios actuales para el trato de SPG Plus. El criterio básico para este sistema es la ratificación y aplicación efectiva de 27 convenios internacionales en materia de derechos humanos, principales normas laborales, desarrollo sostenible y buena gobernanza. La Comisión vigila de cerca el cumplimiento de estos criterios por todos los países beneficiarios.

La Comisión tiene la obligación y está decidida a operar el sistema de preferencias generalizadas de forma justa y objetiva. A este respecto, nuestra supervisión y evaluación de la aplicación efectiva de los acuerdos del sistema de preferencias generalizadas se basan en la medida de lo posible en los resultados e informes de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos pertinentes, así como en los mecanismos de vigilancia previstos en los propios convenios.

Esto permite realizar un proceso de revisión imparcial e inequívoca. La vigilancia también está respaldada por el diálogo bilateral que mantiene la Comisión con los países del SPG Plus sobre cuestiones relativas a la aplicación. Si esos informes revelan que no se están cumpliendo plenamente los criterios del sistema de preferencias generalizadas, el reglamento de este sistema permite a la Comisión la posibilidad de llevar a cabo una investigación para esclarecer la situación real y proponer las medidas que estime oportunas.

Esta herramienta de investigación es un instrumento muy serio que puede desplegarse cuando la situación lo justifique, pero iniciar una investigación no es un paso que debe tomarse a la ligera dado que podría tener efectos de mayor alcance en nuestra relación con los países asociados. Piensen, por ejemplo, en el reciente caso de Sri Lanka.

Habida cuenta de que el objetivo del plan del SPG Plus es alentar a los países que se ajusten a las normas internacionales de buena gobernanza, ante todo debería ofrecerse a los países beneficiarios de ese sistema la oportunidad de demostrar su compromiso con los objetivos del sistema, su voluntad de cooperar con los órganos internacionales de supervisión y de corregir las deficiencias identificadas.

Este enfoque da crédito a las medidas ya adoptadas por esos países y está en consonancia con el enfoque general basado en el incentivo que sustenta el SPG Plus.

Tengo mucho interés en entablar un debate con ustedes sobre el futuro del plan del sistema de preferencias generalizadas y del SPG Plus en particular. A la hora de preparar la revisión del plan actual, que también tendrá en cuenta los criterios del SPG Plus y la vigilancia del cumplimiento, se examinarán seriamente las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo.

Dado que este examen seguirá ahora el proceso legislativo ordinario, el Parlamento Europeo estará en igualdad de condiciones que el Consejo para determinar la forma final del plan del sistema de preferencias generalizadas.

  Laima Liucija Andrikienė, en nombre del Grupo PPE. – Señor Presidente, continuando en la línea de lo que ya ha dicho nuestro colega el señor Daniel Caspary, a quien apoyo plenamente, me gustaría hacer hincapié en una serie de puntos. En primer lugar, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa redefine de muchas maneras el papel desempeñado por el Parlamento en la formulación de la política comercial de la UE. El sistema de preferencias generalizadas es una de esas esferas en las que el Parlamento tendrá una mayor participación e influencia.

Señor Comisario, también me gustaría instarle a tenga muy en cuenta las funciones ampliadas del Parlamento en el ámbito que usted supervisa. Por lo tanto, le insto a que consulte al Parlamento en lo relativo a la conclusión o el examen de la lista de beneficiarios del Sistema de preferencias Generalizadas y del SPG Plus.

En tercer lugar, también debería permitirse al Parlamento participar en el proceso de vigilar si los beneficiarios del sistema de preferencias generalizadas respetan —no sólo ratifica sino que también aplican de manera efectiva —los 27 convenios de la Organización Internacional del Trabajo y de las Naciones Unidas. La Comisión debería, al menos, consultar al Parlamento sobre esta cuestión y es, obviamente, nuestro deber en el Parlamento garantizar el desarrollo de mecanismos dentro de nuestros organismos pertinentes, nuestros comités, para contribuir a esa vigilancia. Como apunte final, me gustaría reiterar el llamamiento expresado en el proyecto de resolución que someteremos a votación mañana. La Comisión debería redactar el nuevo reglamento sobre el sistema de preferencias generalizadas lo más pronto posible.

Por último y no por ello menos importante, deseo expresar mi desacuerdo con lo que han declarado algunos compañeros sobre Colombia. Colombia es un país como muchos otros de la región y no podemos pasar por alto los desarrollos positivos, los avances alcanzados en la esfera de los derechos humanos y en la situación de los defensores de los derechos humanos en ese país. No veo la necesidad de nombrar y avergonzar a este país en concreto, dado que nuestra resolución trata sobre el nuevo reglamento y la necesidad de elaborar uno nuevo.

  Vital Moreira, en nombre del Grupo S&D. – (PT) Señor Presidente, señor Comisario, me complace escuchar al Comisario De Gucht asegurando que, en breve, la Comisión enviará al Parlamento la iniciativa legislativa que tiene como objetivo examinar el plan de preferencias generalizadas, de manera que el proceso legislativo disponga de tiempo suficiente para que no expire el actual plan de preferencias generalizadas, que expira a finales del año que viene.

Es necesario revisar este sistema. En primer lugar, es un instrumento de ayuda al desarrollo, que proporciona a los países un acceso privilegiado al mercado europeo, sin reciprocidad alguna. En segundo lugar, este plan es también un instrumento destinado a mejorar la situación en el ámbito de los derechos humanos y la buena gobernanza en estos mismos países, dado que su concesión está sujeta a condiciones que los países beneficiarios deben cumplir.

Por estos dos motivos, la Unión Europea debe renovar el uso de este instrumento, que pone el comercio al servicio del desarrollo y los derechos humanos. No obstante, la renovación debe hace uso de una evaluación de los resultados del periodo anterior.

Por otro lado, el nuevo reglamento debe tener en cuenta los siguientes requisitos, que se basan en la práctica hasta el momento. En primer lugar, se debe mantener el carácter temporal de la concesión del plan de preferencias generalizadas para poder retirarla cuando ya no sea necesaria. En segundo lugar, es preciso intensificar y perfeccionar los métodos de diferenciación y selección de los países beneficiarios, basados en el nivel de desarrollo de cada uno y su competitividad exterior. En tercer y último lugar, se deben mejorar los mecanismos de control del cumplimiento de las condiciones en relación con el plan de preferencias generalizadas, en particular en lo que respecta a la observancia de los derechos humanos.

Por último, señor Comisario, el hecho de que la opinión del Parlamento se haya tenido en cuenta desde el comienzo del proceso legislativo ha resultado muy positivo.

  Georgios Papastamkos (PPE). – (EL) Señor Presidente, debemos centrarnos en el tratamiento que deriva del sistema de preferencias generalizadas, como excepción al principio de la OMC de la nación más favorecida; en otras palabras, los países en desarrollo deben aceptarlo, ya que son ellos los que tienen mayor necesidad. La nueva lista de países beneficiarios debe reflejar la verdadera situación económica y competitividad de los países en desarrollo.

Además, la falta de diferenciación entre los países en desarrollo perjudica en última instancia a los países menos desarrollados. Resulta lógico que la revisión propuesta esté precedida por una evaluación del impacto que el sistema ha tenido en los países beneficiarios durante el periodo de aplicación anterior.

La política comercial, especialmente la condicionalidad comercial, puede, sin duda alguna, contribuir a una gobernanza mundial más efectiva a través del ejercicio del poder de persuasión. Puede contribuir, gracias a la concesión de incentivos, a promover la dimensión social de la globalización en el sentido amplio: el trabajo decente, el desarrollo viable y la rendición de cuentas democrática.

El Parlamento Europeo debe poder participar de manera creativa en el marco del nuevo sistema revisado y supervisar de manera eficaz la aplicación de los contratos por parte de los países beneficiarios.

  Bernd Lange (S&D). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, todos sabemos que el sistema de preferencias generalizadas es un buen sistema y que el SPG Plus es un muy buen sistema. También necesitamos garantizar su ampliación, y necesitamos su propuesta para que podamos celebrar un debate apropiado en el Parlamento. Por lo tanto, señor Comisario, haga el favor de agilizar el proceso.

Incluso en el caso del SPG Plus, podríamos introducir algunas mejoras. En este sentido, hay cinco puntos que me gustaría mencionar con respecto a las esferas en las que podríamos realizar dichas mejoras. En primer lugar, ¿quién determina cómo ejecutar realmente, no sólo reconocer en la práctica, sino aplicar formalmente, los 27 convenios? ¿Esa tarea recae únicamente en la OIT, o necesitamos un comité de evaluación que proporcione un apoyo específico durante dicha aplicación?

En segundo lugar, ¿qué participación se está ofreciendo a la sociedad civil? Me gustaría ver reflejada la coordinación de la sociedad civil del país en cuestión en la evaluación de la aplicación del SPG Plus, como acabamos de pactar en el acuerdo celebrado con Corea del Sur.

En tercer lugar, ¿quién inicia verdaderamente la investigación si se detecta algún problema? El Parlamento tiene que participar a este respecto, porque me da la impresión de que, en el Consejo, entran en juego otros intereses distintos al de llevar a cabo una investigación. El Parlamento debe también iniciar una investigación en este sentido.

Además, definitivamente necesitamos estructuras claras para los próximos pasos que estamos a punto de dar, así como estructuras más precisas para la retirada, pero quizá podamos hablar sobre esto con más detalle en otra ocasión.

  Thomas Mann (PPE). – (DE) Señor Presidente, principalmente el sistema de preferencias generalizadas concede privilegios comerciales a los países en desarrollo y a economías emergentes. Esta moderna modalidad de ayuda al desarrollo desde las reducciones arancelarias a las desgravaciones arancelarias en los mercados de las naciones industrializadas ha tenido resultados muy positivos. El régimen especial del SPG Plus está diseñado para promover la aplicación de normas sociales y medioambientales. También explica el aumento de países signatarios de convenciones de las Naciones Unidad y de la Organización Internacional del Trabajo.

Sin embargo, señor Comisario, ¿cómo controla la Comisión la aplicación de esos criterios? ¿Se lleva a cabo de manera rigurosa la retirada de privilegios cuando se exportan mercancías que se han producido gracias a trabajos forzados o de esclavos, cuando se descubren prácticas mercantiles deshonestas y cuando no se garantiza el control de los productos originarios? Además, ¿no debería también incluir la mejora en materia de derechos humanos que se pretende alcanzar a través del SPG Plus en última instancia a Estados más grandes? Pienso en el caso de China, por ejemplo. Ni todas nuestras resoluciones, ni las manifestaciones, ni las negociaciones bilaterales entre la UE y China han causado mejora alguna de la situación en el ámbito de los derechos humanos. Por ello, cientos de miles de personas se lanzarán a la calle mañana, con motivo del Día Internacional en Memoria del Tíbet, y se izarán las banderas tibetanas en diez mil ciudades y comunidades de la Unión Europea. Expresaremos nuestra solidaridad con aquellas personas que están luchando por su autonomía cultural, lingüística y religiosa

Señor Comisario, ¿está de acuerdo en que las normas en materia de derechos humanos y las normas sociales y medioambientales tienen que desaparecer de las medidas especiales para incorporarse a la lista de criterios del sistema de preferencias generalizadas? La cooperación con nuestros socios comerciales no debe restringirse a asuntos puramente económicos.

  Gianluca Susta (S&D). – (IT) Señor Presidente, Señorías, estamos ante una oportunidad vital para reafirmar, ante todo, la importancia del sistema de preferencias generalizadas. Tanto el sistema de preferencias generalizadas básico como el SPG Plus, ambos ligados a la iniciativa «Todo menos armas», contribuyen a reducir la pobreza, de conformidad con la obligación fundamental de garantizar el respeto por los derechos humanos. Precisamente, la violación de dichos principios básicos de coexistencia llevó recientemente a la Unión Europea a retirar los beneficios del arancel preferencial a Sri Lanka tras una investigación detallada realizada por la Comisión.

El nuevo marco institucional debe, sin embargo, incluir plenamente al Parlamento en el proceso legislativo que pretende modificar la legislación vigente. Por lo tanto, esperamos que incluya una revisión completa del reglamento, de conformidad con los procedimientos ordinarios, ya que tiene muchas deficiencias, incluyendo deficiencias en el propio ámbito de las investigaciones. El siguiente paso será la resolución conjunta.

La efectividad del reglamento depende de su credibilidad, la objetividad de los criterios sobre los que se basa y la rigurosidad con la que se aplique. En una Europa donde la inmensa mayoría de ciudadanos no están dispuestos a exportar la democracia a punta de pistola, el comercio y la ayuda relacionada con éste son vehículos esenciales para diseminar los principios de coexistencia basados en el respeto a los derechos humanos fundamentales. Es nuestro deber no caer en la indiferencia —que sería un error— pero también evitar realizar juicios precipitados sobre algunas partes, juicios que parecen sentencias irrevocables, como es el caso de Colombia.

Por este motivo, me siento incapaz de apoyar actitudes inflexibles casi unilaterales hacia un país u otro, pero apoyo firmemente la necesidad de mejorar el control de todas las situaciones problemáticas, al amparo de la legislación vigente y de acuerdo con los principios del Reglamento sobre el que queremos basar la revisión legislativa que estamos exigiendo.

  Christofer Fjellner (PPE). – (SV) Señor Presidente, el sistema de preferencias generalizadas que se está debatiendo hoy es un instrumento excelente y esencial, porque facilita la exportación y el comercio con Europa a algunos de los que quizás sean los países más pobres del mundo. Muchos de los países de Europa han construido su riqueza de este modo, y por ello nos parece tan importante tratar de extenderlo a otros países.

En un debate como el de hoy y en el trabajo venidero de revisar el sistema de preferencias generalizadas, tenemos que pensar y centrarnos en la tarea básica y en el objetivo básico de este sistema, que es combatir la pobreza. El comercio es, por un amplio margen, la manera más eficaz de combatir la pobreza y generar crecimiento económico, y es importante no olvidar este aspecto.

Por supuesto, el sistema de preferencias generalizadas también es una buena manera de ejercer presión en países para conseguir que acaten acuerdos internacionales y convenciones, así como compromisos en materia de derechos humanos, etc. No debemos olvidar, sin embargo, que el objetivo es el desarrollo. Naturalmente, la UE debe ser capaz de denegar o retirar este trato preferencial a países que no cumplan sus compromisos, pero es importante también recordar que caminamos sobre una línea muy delgada. Para un país al que se priva de una mayor libertad para comerciar y nuevas oportunidades de exportación será difícil cumplir los compromisos y las exigencias que pedimos.

Existe una relación: la corrupción, unas condiciones de trabajo precarias y la falta de respeto a los derechos humanos contribuyen a la pobreza, pero la pobreza también dificulta la lucha contra la corrupción, los problemas en el ámbito de los derechos humanos y las condiciones de trabajo precarias. Me gustaría conocer la opinión del señor Comisario sobre el párrafo 22; en otras palabras, el riesgo de que la retirada de preferencias comerciales limite la capacidad de los países para erradicar situaciones como las precarias condiciones de trabajo.

Del mismo modo, me gustaría señalar que en este momento estamos pidiendo a un número de países que ratifiquen 27 convenios de la Organización Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas y las apliquen en su totalidad. Me gustaría ver un análisis documentado sobre si los Estados miembros de la UE han aplicado en su totalidad y ratificado todos estos convenios de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo. Creo que es al menos improbable que se hayan aplicado todos de manera rigurosa, y es importante que tengamos en cuenta esta situación antes de exigir nada a los demás.

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE). – (RO) Tengo una pregunta sencilla para el señor Comisario. Según el Reglamento (CE) nº 732/2008, los Estados que deseen obtener términos preferenciales como parte del SPG Plus tienen la posibilidad de presentar sus solicitudes hasta finales de abril de este año. Dado que se aproxima la fecha límite, me gustaría preguntar al señor Comisario, si dispone de esta información, qué Estados lo han solicitado hasta ahora y si concederemos términos preferenciales a algunos Estados nuevos cuando nos dispongamos a cambiar los criterios necesarios. También me gustaría unirme a los Miembros que han destacado que la aplicación del sistema de preferencias generalizadas debe consultarse al Parlamento Europeo.

Gracias.

  Karel De Gucht, Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, se han formulado varias preguntas sobre Sri Lanka y sobre Colombia, y sobre por qué, en un caso, hemos decidido hacer averiguaciones y tomar una decisión y en el otro no.

En el caso de Sri Lanka, la atención de la Comisión se centró en informes disponibles al público y en declaraciones de las Naciones Unidas, así como otras fuentes pertinentes, incluidas organizaciones no gubernamentales, que indicaban que Sri Lanka no estaba aplicando de manera eficaz varias convenciones de derechos humanos, en particular, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, y la Convención de los Derechos del Niño.

Sin embargo, a diferencia de Colombia, la postura generalizada de Sri Lanka fue la de negar la existencia de cualquier problema y no cooperar con la Comisión en ninguna etapa de la investigación.

En el caso de Colombia, los resultados de la vigilancia de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo desvelan interrogantes en el nivel de aplicación efectiva de algunas convenciones de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, pero también es indudable que Colombia está comprometida con la Organización Internacional del Trabajo y los organismos de las Naciones Unidas, que ha realizado cambios sustanciales en su sistema jurídico, y que el Gobierno está tomando medidas para enmendar la legislación y mejorar la aplicación sobre el terreno. Existen conversaciones en curso en cooperación con las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. Se está entablando un diálogo en cooperación con las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo.

En relación con la pregunta formulada por el señor Moreira, me gustaría decir que en la revisión del reglamento del sistema de preferencias generalizadas, estamos trabajando para encontrar un equilibrio entre las distintas peticiones que se han realizado aquí. Se nos ha pedido que lo hagamos con la mayor brevedad posible, y así será. Se nos pidió la realización de una evaluación de impacto y recibiremos los datos sobre el sistema de preferencias generalizadas de 2009 en julio este año, al que sucederá, por supuesto, la consulta del Parlamento.

También me gustaría recordar el compromiso que realicé a la Comisión de Comercio Internacional durante mi audiencia y seguidamente establecer un calendario para nuestras propuestas legislativas que se presentará a esa Comisión en los próximos meses. Como sabrán, está previsto que nos reunamos mañana. Intentaremos estudiar la manera de conseguir que el Parlamento pueda debatir con toda libertad los distintos documentos, incluido el nuevo reglamento del sistema de preferencias generalizadas y el sistema de renovación, que presentaremos ya en abril.

  Presidente. – He recibido dos propuestas de resolución⁽¹⁾ presentadas de conformidad con el apartado 5 del artículo 115 del Reglamento.

Se cierra el debate.

La votación se celebrará el miércoles 10 de marzo de 2010.

(1) Véase el Acta.

17. Orden del día de la próxima sesión: véase el Acta

18. Cierre de la sesión

(Se levanta la sesión a las 23.40 horas)