Acta literal de los debates

Jueves 11 de marzo de 2010 - Estrasburgo

1. Apertura de la sesión

PRESIDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepresidenta

(Se abre la sesión a las 9.05 horas)

2. Inversión en tecnologías con baja emisión de carbono (debate)

  Presidenta. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral al Consejo y la Comisión (O-0015/2010 – B7-0011/2010) formulada por Herbert Reul sobre la inversión en el desarrollo de tecnologías con baja emisión de carbono.

  Herbert Reul, autor. – (DE) Señora Presidenta, Comisario, Presidente en ejercicio del Consejo, esta pregunta está relacionada con el hecho de que en 2007 la Comisión presentó un plan con el objetivo de promover tecnologías con baja emisión de carbono en el ámbito energético a fin de que se utilizasen rápidamente. Se hicieron propuestas de medidas muy concretas: iniciativas industriales europeas, sobre todo en los ámbitos de la energía eólica, la energía solar, la bioenergía, la captura y el almacenamiento del carbono, las redes eléctricas y la fisión nuclear, la creación de una Alianza europea para la investigación en el sector energético, la conversión sostenible de la infraestructura energética europea, sistemas europeos de tecnología energética que se modernicen constantemente y el establecimiento de un grupo director sobre tecnologías energéticas estratégicas.

En ese momento, quedó sin responder una pregunta esencial: la financiación. El Séptimo Programa Marco de Investigación prevé que se destinen 886 millones de euros anuales a la investigación energética. Sin embargo, es obvio que esto no es suficiente. En 2009, la Comisión presentó su comunicación sobre la financiación de las tecnologías energéticas con baja emisión de carbono, en la que describía la necesidad de triplicar la financiación de la investigación energética durante los próximos 10 años. Esto significaría que habría que invertir 50 000 millones de euros. La comunicación detallaba cómo se distribuiría el dinero para las tecnologías con baja emisión de carbono más importantes a fin de que Europa pudiera pasar de su fuerte dependencia de los combustibles fósiles a una reducción mayor de las emisiones de CO2. El plan definitivo prevé 6 000 millones de euros para la investigación de la energía eólica, que, según la Comisión, podría constituir la quinta parte del suministro energético de la UE para 2020, 16 000 millones de euros para la energía solar, con vistas a desarrollar conceptos fotovoltaicos nuevos y una mayor concentración industrial de instalaciones de energía solar, 9 000 millones de euros para la investigación de la bioenergía a fin de cubrir el 14 % de las necesidades energéticas de la UE. Las redes eléctricas recibirán 2 000 millones de euros para integrar las fuentes de energía renovable en el mercado energético de modo que la mitad de las redes pueda funcionar según el principio de «red inteligente». Al margen de las fuentes de energía renovable, se prevén 13 000 millones de euros más para un máximo de 12 proyectos en el ámbito de la captura y el almacenamiento del carbono, mientras que la investigación nuclear recibiría 7 000 millones de euros. La propuesta de financiación también prevé 11 000 millones de euros más para el programa «ciudades inteligentes», con el fin de poder encontrar respuestas adecuadas también en este ámbito.

La Comisión sugirió entonces que las asociaciones público-privadas son la forma más creíble de financiar la investigación energética, pero fue incapaz de detallar precisamente cómo se distribuirá la carga de la financiación entre ambas partes en este tipo de acuerdos. En la actualidad, la distribución en el ámbito de la investigación energética es un 70 % privada y un 30 % pública, sin incluir la investigación nuclear. La UE sostiene que debe incrementarse la financiación pública de forma considerable. Según declaró la Comisión, en los proyectos en los que los riesgos sean mayores, la financiación pública debería tener un papel protagonista. A fin de optimizar el nivel de intervención, la Comisión solicitó la creación de programas de la UE, especialmente en ámbitos en los que hay un claro valor añadido a escala europea, como ocurre cuando los programas son demasiado caros para que los Estados miembros los asuman individualmente. En la actualidad, se financia a escala nacional el 80 % de la inversión pública en investigación energética no nuclear. Esta comunicación también deja finalmente abierta la cuestión de la procedencia de los fondos. La Comisión calcula que se necesitan entre 75 000 y 80 000 millones de euros más.

Por ese motivo nos hemos centrado, en nuestra comisión, en aclarar un poco más algunas cuestiones sobre este ámbito de financiación. Permítanme recordarles las preguntas. En primer lugar, ¿qué prioridades prevé establecer el Consejo para que el Plan de trabajo de 2010-2020 contribuya a la financiación de las tecnologías con bajas emisiones de carbono?, ¿cuándo se introducirán iniciativas políticas industriales a tal efecto?; en segundo lugar, ¿cómo pretende el Consejo facilitar recursos adicionales del presupuesto de la UE? Más concretamente, ¿cómo se compromete el Consejo a velar por que empiecen a fluir fondos como anticipo a los recursos que se destinarán a estas tecnologías a partir del VIII Programa Marco?, ¿se compromete el Consejo a respetar los presupuestos que se han fijado para diversas iniciativas industriales? Por último, pero no por ello menos importante, ¿cómo facilitará la Comisión —y esto, sin lugar a dudas, también se aplica también al Consejo— recursos adicionales del presupuesto de la UE para la financiación de alternativas tecnológicas distintas de las que se contemplan en la comunicación, incluidas las tecnologías de almacenamiento, la energía mareomotriz, etc. No es necesario que las lea todas en alto; hemos formulado aquí las preguntas y pedimos respuestas al Consejo y a la Comisión.

  Pedro Luis Marín Uribe, Presidente en ejercicio del Consejo. − (ES) Señor Presidente, Señorías, me gustaría iniciar mi intervención subrayando la importancia del plan estratégico de energía y su necesaria contribución para acelerar el desarrollo y la aplicación de tecnologías de energía limpia, sostenible y eficiente.

Sin este plan no será posible alcanzar los objetivos para el año 2020 que hemos asumido, ni tampoco llevar a cabo la transición hacia una economía con baja emisión de carbono en la dimensión deseada para el año 2050.

Me alegra ver que existe una amplia coincidencia entre el Parlamento y el Consejo en la importancia y necesidad, tanto de los objetivos del plan, como de los medios que hay que poner a su disposición.

El Consejo de Energía tiene la intención de adoptar unas conclusiones sobre el Plan EETE en su reunión de este viernes 12 de marzo. Las mismas constituirán una referencia importante para el Consejo Europeo de primavera de 25 de marzo, dado que el tema del cambio climático figura en su agenda.

La propuesta de conclusiones que se debatirá en el Consejo incorpora el tema de la financiación, aunque de una manera debidamente prudente. Nuestro objetivo es no prejuzgar las negociaciones que tendrán que desarrollarse sobre este tema en el contexto del próximo marco financiero.

Los principales elementos que figuran en esta propuesta de conclusiones son los siguientes. Primero, ha llegado el momento de pasar de las hojas de ruta tecnológicas a la puesta en marcha operativa de las iniciativas industriales europeas. Debemos hacerlo paso a paso, pero tan rápidamente como sea posible.

Segundo, la manera de proseguir de cara a la futura cooperación en investigación energética en Europa debe pasar por la utilización de los recursos públicos de manera efectiva y por crear asociaciones flexibles de carácter público-privado con la industria. Se invita así a la Comisión a establecer una plataforma que incluya a todas las organizaciones financieras interesadas, de manera que puedan intercambiar, tanto información como mejores prácticas, al tiempo que, en su caso, puedan coordinar sus acciones como sea necesario.

Tercero, dada la magnitud de la financiación público-privada necesaria a medio plazo para, en particular, apoyar grandes proyectos de demostración, puede ser necesario un incremento en la proporción de la inversión pública a escala de la Unión Europea. Es preciso, pues, tomar esta cuestión debidamente en consideración, tanto en la revisión del presupuesto como en las negociaciones para el próximo marco financiero.

Cuarto, debe animarse y apoyarse a las autoridades de los Estados miembros para que ofrezcan incentivos adecuados y den señales consistentes para poner en marcha esta política. Si fuera necesario, deberían asimismo incrementar de manera significativa la financiación pública para el desarrollo de tecnologías con baja emisión de carbono.

En quinto lugar, la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones están ya trabajando conjuntamente para mejorar la coordinación y la continuidad de la financiación de proyectos de demostración en el sector de la energía con alto riesgo tecnológico. Asimismo, están trabajando para movilizar y poner a disposición otras fuentes de financiación, tanto públicas como privadas.

Por último, la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones están intentando evaluar los paquetes de financiación óptima para grandes proyectos de demostración, por lo que también se invita a la Comisión a examinar nuevas formas de combinar recursos de orígenes diversos y desarrollar un instrumento ad hoc para la financiación del lanzamiento comercial de tecnologías con baja emisión de carbono.

Señorías, todos estos elementos constituyen un mensaje claro sobre inversiones futuras para el desarrollo de tecnologías con baja emisión de carbono. A pesar de las fuertes restricciones presupuestarias actuales, el mensaje que el Consejo emitirá en su reunión de este viernes será un mensaje de compromiso, un mensaje positivo en términos, tanto de la importancia de esta cuestión a escala europea, como del enorme valor de que cada Estado miembro invierta en el desarrollo de tecnologías con baja emisión de carbono.

  Janez Potočnik, Miembro de la Comisión. – Señora Presidenta, aunque hoy ocupo el lugar de mi compañero Günther Oettinger, es para mí un verdadero placer debatir con ustedes el futuro de las tecnologías con baja emisión de carbono.

He participado personalmente en el desarrollo del Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Plan EETE) en la última Comisión, y creo firmemente que el desarrollo de estas tecnologías es una de las piedras angulares de la política energética que tenemos que desarrollar juntos en los años venideros.

El informe del Parlamento sobre el Plan EETE de junio de 2008 fue muy claro a la hora de proponer un nivel de ambición adecuado. Ahora no debemos reducir esta ambición. Hoy ha formulado tres preguntas muy claras y las responderé una a una.

En primer lugar, con respecto a nuestras prioridades para el período 2010-2020 y al lanzamiento de iniciativas industriales europeas, estas seis iniciativas coinciden realmente con nuestras prioridades: la energía eólica, la energía solar, la bioenergía, la fisión sostenible, las redes inteligentes y la captura y el almacenamiento del carbono son prioridades que el Parlamento y el Consejo respaldaron con firmeza.

Tal como pidió, también hemos otorgado prioridad a la eficiencia energética mediante el desarrollo de una nueva iniciativa específica —«Ciudades Inteligentes»— para aprovechar el potencial de mercado de las tecnologías energéticas eficientes en las ciudades y regiones. A fin de dar prioridad a las actividades que se inscriben en esta iniciativa, la Comisión ha desarrollado junto con las partes interesadas hojas de ruta tecnológicas para el período 2010-2020. Estas hojas de ruta establecen objetivos concretos y las actividades necesarias para lograrlos. Se prevé que las iniciativas comiencen este año, 2010, y las Ciudades Inteligentes lo hagan el próximo año.

Su segunda pregunta tiene que ver con la necesidad de presupuestos previsibles, estables y adecuados para el Plan EETE en el período financiero actual y posterior a 2014. Calculamos que se necesita una inversión pública y privada para el desarrollo de tecnologías con baja emisión de carbono de 8 000 millones de euros anuales. Hoy en día se invierten 3 000 millones de euros al año en la UE, lo que significa que se necesitan 50 000 millones de euros más para el período 2010-2020. Salvar esta distancia debería ser uno de los principales debates institucionales de los próximos años. Debemos centrar nuestros esfuerzos donde la intervención sea más eficiente, evitando repeticiones innecesarias y fomentando el mayor impacto potencial en el mercado.

Es evidente que las inversiones a escala europea —vengan del Séptimo Programa Marco o del Programa Energético Europeo para la Recuperación — no serán suficiente, y tampoco lo serán los posibles fondos de 300 millones del comercio de los derechos de emisión destinados a la demostración de la captura y almacenamiento del carbono y las energías renovables innovadoras. Según los precios actuales, esta cantidad asciende aproximadamente a 4 000 millones de euros. Por tanto, se requieren esfuerzos mayores tanto por parte del sector privado como del público. El sector público incluye tanto a la UE como, por supuesto, a los Estados miembros. Para serles sincero, tendremos que sacar el dinero de donde lo haya.

En tercer lugar, ha preguntado si la Comisión pretende financiar otras alternativas tecnológicas y proponer iniciativas industriales adicionales. Con el tiempo, sin duda surgirán otras tecnologías que requerirán intervención a escala europea, de modo que el Plan EETE debe mantener su flexibilidad, como ya hemos demostrado con la nueva iniciativa sobre eficiencia energética —Ciudades Inteligentes— que esperamos poner en marcha, como ya he dicho, en 2011. Vigilaremos muy de cerca las tecnologías más prometedoras a través del sistema de información del Plan EETE. SETIS, como así se llama, ya funciona en materia de tecnologías de almacenamiento y energía mareomotriz para evaluar su potencial e identificar las mejores oportunidades de intervención para la UE. También hemos promovido la creación de una nueva plataforma tecnológica sobre energías renovables, calefacción y refrigeración que debería ayudar a los sectores implicados a definir mejor su transferencia tecnológica.

Me complace mucho ver que este documento recibe el apoyo que merece. Se trata de un documento clave para el logro de los objetivos de nuestra política energética, un documento clave para Europa y para nuestro futuro.

  Jean-Pierre Audy, en nombre del Grupo PPE. – (FR) Señora  Presidenta, señor Ministro, Comisario, estoy encantado de volverle a ver aquí, señor Potočnik, en calidad de Comisario de Medio Ambiente. Está sustituyendo a nuestro Comisario de Industria, y le doy las gracias por eso y también por su discurso.

Acojo favorablemente la pregunta formulada por mi compañero, el señor Reul, que tiene razón al preguntarle, Comisario, qué opina la Comisión sobre este tema crucial de las energías con baja emisión de carbono y de la financiación de nuevas tecnologías. La población mundial está creciendo. Necesitaremos un 40 % más de energía en 2030, y añadiría que un 80 % de esta demanda de consumo procederá de países fuera de la OCDE.

En vista de estas grandes dificultades, la solución no es adoptar la ideología de disminuir el consumo de energía o refugiarnos en ideologías del pasado. La Unión Europea tiene, por tanto, el deber de intervenir y quisiera decir algo sobre un tema que quizás nos divida dentro de nuestros grupos políticos: la energía nuclear.

En lo que respecta a la energía nuclear, tenemos Estados miembros con una dilatada tradición en este asunto. Esto no convierte a la UE en una entidad privilegiada, pero sí hace que tengamos el deber de contribuir al debate y a la financiación. Como sabemos, la energía nuclear es una energía con baja emisión de carbono y necesitamos financiación, Comisario, y en particular, la financiación derivada de los créditos del carbono, para invertir en investigación, desarrollo y formación en todos estos ámbitos.

Le proponemos algunas enmiendas con el objetivo concreto de mejorar las resoluciones que se han presentado, y terminaré con unas palabras sobre los derivados nucleares que son fuente de gran preocupación entre nuestros ciudadanos. Hay dos opciones en el mundo: almacenamiento a largo plazo, que es la opción elegida por los Estados Unidos, y una opción distinta, la de la UE, donde hemos optado por un enfoque diferente, que es la recuperación por medio del reciclaje. Ésta es la opción elegida por Rusia, Japón y Francia.

En este contexto, nosotros, que somos responsables de la seguridad, tenemos que depositar nuestra fe en la ciencia y en el conocimiento en lo que respecta a todos estos temas.

  Teresa Riera Madurell, en nombre del Grupo S&D. – (ES) Señora Presidenta, querido Secretario de Estado y Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, todos somos conscientes de que comienza a existir ya un claro consenso en torno a la idea de que, cuanto antes lleguemos a una economía verde, antes saldremos de la crisis económica.

En diversos estudios se calcula que la promoción del objetivo del 20 % de penetración de las energías renovables dará lugar a que 2,8 millones de trabajadores europeos estén empleados en este sector para el año 2020. Además, se calcula que dos tercios del empleo creado surgirán de las pequeñas y medianas empresas. Y la clave, Señorías, está en el desarrollo de las tecnologías verdes.

Para que ello sea efectivamente así, mi grupo defiende tres grandes objetivos. En primer lugar, un compromiso real para dotar de nuevos fondos al Plan EETE. No es suficiente con reagrupar y renombrar los programas de apoyo que ya tenemos. Coincidimos en que es necesario traducir nuestro objetivo en un claro incremento de las dotaciones destinadas a la investigación en materia de energías renovables y eficiencia energética. Y necesitamos hacerlo ya, en la próxima revisión de las perspectivas financieras y, desde luego, en la negociación de las nuevas.

En segundo lugar, si deseamos que se creen los puestos de trabajo que nuestra economía necesita para salir de la crisis, es vital impulsar la fase de demostración de las tecnologías innovadoras y debemos facilitar su adopción por parte del mercado.

Y, por último, no podemos dar cauce al potencial de creación de empleo verde si no tenemos una mano de obra altamente cualificada. Necesitamos invertir en educación e información para reforzar los lazos entre el mundo laboral y el mundo educativo, y debemos fomentar las cualificaciones de excelencia en I+D e innovación para estar en condiciones de cubrir las deficiencias potenciales que existen en el mercado de trabajo del sector de las energías renovables.

  Fiona Hall, en nombre del Grupo ALDE. – Señora Presidenta, podemos fijar todos los objetivos que queramos para abordar el cambio climático pero no los lograremos, en especial los objetivos a largo plazo para 2050, a menos que invirtamos de forma contundente y sistemática en el desarrollo y mejora de las tecnologías sostenibles con baja emisión de carbono.

Con toda razón se critica a los Estados Unidos por no firmar los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero la UE no se acerca ni de lejos al nivel actual de inversión de los Estados Unidos. Sin la debida inversión, el programa de inversión en tecnologías sostenibles bajas en carbono se estancará y esto significa que, sin inversión, millones de empleos que se podrían crear aquí en la UE y en regiones como la mía —el noreste de Inglaterra—, que ya están empezando a transformarse en economías bajas en carbono, se crearán en cualquier parte de los Estados Unidos o China.

Me ha decepcionado que la Comisión retirase el borrador anterior del Plan EETE, donde se indicaban claramente las fuentes de inversión necesarias. ¿Será la Comisión más explícita ahora, en particular con respecto al déficit de 1 000 millones de euros anuales que el Comisario acaba de mencionar?

Por último, sin duda es importante que mejoremos la tecnología nuclear, en especial con respecto a la seguridad del funcionamiento y la gestión de los residuos, pero mi Grupo opina que la «fisión nuclear sostenible» es un concepto contradictorio. ¿Cambiará el Comisario la denominación de la sexta iniciativa industrial europea simplemente a «iniciativa de energía nuclear»?

  Claude Turmes, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señora Presidenta, creo que este Plan EETE es, básicamente, una caja vacía, porque no hay dinero dentro. Debemos ponernos a pensar de dónde podría venir el dinero. Y aún peor, los instrumentos que tenía la Comisión —los NER300, el Plan de Recuperación y determinados fondos disponibles hoy en el BEI— tienen como prioridad las llamadas tecnologías bajas en carbono, que son las menos eficientes y las que presentan los riesgos más altos.

En 2008 y 2009, más del 70 % de la totalidad de las inversiones en el mercado en Europa ya eran en energías renovables: eólica, solar y biomasa. De modo que, ¿cómo puede ser que estemos diseñando un Plan EETE —dinero que se destina a escala europea— que básicamente proporciona una dotación inferior a las energías renovables que la respuesta que ya da el mercado hoy en día mientras desviamos el dinero a la captura del carbono y a la fisión nuclear, que no se trata en este documento pero que recibe, con mucho, la mayor parte de los fondos de la UE?

Nuestro problema es que, debido a determinados grupos de presión, no tenemos valor para fijar las prioridades correctas, y creo que incluso la AIE, que no es una organización de base ecológica, es extremadamente clara sobre las prioridades. El 55 % de todas las reducciones de CO2 provendrán de la eficiencia energética. ¿Por qué destinamos cero euros a la eficiencia energética en el paquete de recuperación de la UE? Entre el 30 % y el 35 % de las reducciones de gas de efecto invernadero se deberán a las energías renovables, mientras que, como mucho, el 10 % procederá de la captura del carbono y 10 % de la energía nuclear. Esto es según la AIE, que no es una organización de base ecológica. De modo que, incluso en Europa, estamos por detrás de lo que la AIE dice a los gobiernos en cuanto al modo de asignar los fondos.

La única solución es definir claramente las prioridades. Número uno: eficiencia energética; número dos, energías renovables, porque reducen el carbono sin plantear ningún riesgo, y después el resto de tecnologías.

  Giles Chichester, en nombre del Grupo ECR. – Señora Presidenta, tengo que decir que lamento la obsesión de la izquierda de este Parlamento con la energía nuclear, que ha supuesto que hoy tengamos en esta Cámara dos resoluciones cuya mayor parte del contenido tiene mucho en común, excepto por la cuestión de la energía nuclear, especialmente cuando es la única tecnología que ha demostrado suministrar grandes cantidades de electricidad muy baja en carbono en Europa.

Si queremos dejar de utilizar los combustibles fósiles —en especial, el petróleo y el carbón— necesitaremos todas las tecnologías energéticas bajas en carbono que podamos conseguir. Muchas de ellas todavía son más potenciales que productivas, y tenemos que ser realistas sobre hasta qué punto hemos tenido éxito al lograr los objetivos energéticos gracias a las fuentes renovables. El historial de la UE refleja el establecimiento de objetivos muy ambiciosos y un 100 % de ocasiones en las que no los ha logrado. Tenemos que hacerlo mejor.

Entre tanto, no podemos perder tiempo aumentando la cantidad de electricidad europea suministrada por la energía nuclear. Esta energía ya produce la mayor parte de la electricidad, pero a medida que nos adaptemos y desarrollemos tecnologías alternativas y nuevas, necesitaremos una electricidad de carga base para mantener las luces encendidas y, por ejemplo, para poner en marcha vehículos eléctricos.

Hay un gran potencial en las nuevas tecnologías ecológicas, como la termosolar del Sáhara y los parques eólicos del Mar del Norte, por no mencionar la captura y el almacenamiento del carbono y las mejoras fundamentales en la eficiencia energética, donde —al menos en este punto— coincido con mi colega de los Verdes al otro lado del hemiciclo, pero todo esto requiere una inversión masiva y ésta es la clave de las preguntas hoy.

  Marisa Matias, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (PT) Señora Presidenta, Comisario, Presidente en ejercicio del Consejo, estamos aquí para debatir la reinvención de un sistema energético europeo mediante la inversión en tecnologías con baja emisión de carbono.

Creo que es uno de los retos más importantes, como ya se menciona en la comunicación. Es uno de los retos en los que tenemos que centrarnos, pero necesita una explicación, de modo que es importante que formulemos estas preguntas y busquemos una aclaración al respecto. Parece que no sólo no hay una explicación financiera, sino que tampoco hay una política.

Hablamos de eficiencia energética, de captura del carbono, de energía nuclear, biocombustibles, energía solar e incluso hablamos de la eficiencia energética como la forma más barata de reducir las emisiones. Me parece que hay otras formas mucho más baratas de reducir las emisiones de carbono que ni siquiera se mencionan en la comunicación, como por ejemplo, reducir el consumo de energía, la microgeneración, la distribución y las distintas formas de distribución, los distintos proyectos, que no deben limitarse a las grandes estructuras y al acceso a la energía. Creo que así contribuiríamos sin duda alguna a que hubiera una mayor claridad financiera para seleccionar el plan más económico.

Por tanto, como parte de esta aclaración política y financiera, tenemos que debatir lo que, en mi opinión, es un asunto extremadamente importante, que es que siempre se destacan las asociaciones público-privadas como si fueran la solución a todos los males.

Cuando preguntamos de dónde se sacará el dinero, la Comisión nos dice que de donde lo haya. Confieso que el hecho de que me digan que el dinero se sacará de donde lo haya, sin decirme exactamente de dónde, no me aclara nada.

Por tanto, en cuanto a recurrir a las asociaciones público-privadas, que es lo que ocurre sistemáticamente cuando hablamos de tecnologías con baja emisión de carbono, hay una cosa cierta: el no saber de dónde se sacará el dinero y que hay asociaciones público-privadas, hace que, desde el principio, sepamos quién va a pagar. Son los contribuyentes los que pagarán al principio; consumidores que, casualmente, son también contribuyentes en última instancia. También sabemos que los que menos pagan son las instituciones y las organizaciones privadas; sabemos que son las que realizan las inversiones y que se les paga por ello, pero al final se quedan con los beneficios.

Sin esta aclaración me parece que, una vez más, dejamos sistemáticamente que sean las futuras generaciones las que paguen el cambio de modelo energético de Europa.

  Christian Ehler (PPE). – (DE) Señora Presidenta, Señorías, en principio todos coincidimos en que hay que acoger favorablemente el Plan EETE. Estamos de acuerdo en gran parte del contenido, pero tenemos dos problemas. Por un lado, no podremos —y en este punto me dirijo sobre todo al señor Turmes— ejercer una presión conjunta sobre los Estados miembros y la Comisión si seguimos manteniendo un debate ideológico cuando el tema es la energía nuclear. Éste es el escollo de la votación de hoy. Hemos llegado a un compromiso sobre el Plan EETE y ese compromiso es que hemos concretado los criterios según los cuales queremos respaldar esta cuestión, y dichos criterios están claramente definidos: sostenibilidad, competitividad y seguridad de suministro. Hemos dicho que queremos trabajar sin limitarnos a tecnologías concretas y de nuevo estamos manteniendo un debate ideológico sobre la energía nuclear, que es un debate que se puede celebrar, pero que en última instancia no tiene sentido en el contexto del Plan EETE.

Le doy la razón con respecto a la pregunta de qué puede lograr realmente el Plan EETE. ¿Se ha resuelto realmente la pregunta de hasta qué punto están preparados los Estados miembros para encontrar un enfoque coherente con respecto a la política energética? Lo que el Consejo ha presentado hoy es una serie de perogrulladas. En realidad, los problemas no son tanto lo que hemos recogido en el Plan EETE, sino cómo interactúan los fondos destinados a la investigación, innovación y el dinero del Plan EETE, la cuestión de las instalaciones de demostración y la transposición de las directivas europeas a escala nacional. Actualmente estamos en un punto en el que tenemos que decir claramente que podemos producir otro Plan EETE y que podemos aprobar otro Plan EETE, pero lo que necesitamos son medidas tangibles. Siendo este el caso, no deberíamos debatir siempre los detalles. Deberíamos ejercer más presión sobre la Comisión y los Estados miembros para que hagan algo en cuanto a la aplicación.

  Marita Ulvskog (S&D). – (SV) Señora Presidenta, las buenas intenciones no son suficiente para cambiar a fuentes de energía sostenibles y renovables y a una sociedad respetuosa con el clima; también se necesita una inversión sustancial. El sector privado tiene que compartir en gran medida la responsabilidad de financiar la investigación básica, y el compromiso de los Estados miembros también debe ser mayor. Además, hay que proporcionar más dinero del presupuesto de la UE.

Simplemente hay que adaptar el presupuesto para que se ajuste a las prioridades políticas relacionadas con la energía solar, eólica, la eficiencia energética, etc. Tenemos que volver a determinar las prioridades y redistribuir los fondos dentro del presupuesto de la UE. Es la única forma de que el Plan EETE y los Estados miembros puedan mantener su credibilidad.

  Chris Davies (ALDE). – Señora Presidenta, hace tres años que el Consejo se fijó el objetivo de tener hasta 12 proyectos de demostración CAC en funcionamiento para 2015, y aún no tenemos mucho que mostrar.

Sí, hemos identificado una fuente de financiación y ahora contamos con una propuesta de decisión de la Comisión que espera la confirmación del Parlamento con respecto a la utilización de esa financiación, pero hasta finales del año que viene no podremos identificar un proyecto que pueda recibir dicha financiación. Así pues, el plazo es muy justo, y llegar a este objetivo en 2015 es cada vez más difícil. A cada paso hay un resbalón en el camino.

Le pido a la Comisión que considere estas cuestiones. En primer lugar, hay que analizar el calendario. ¿Se pueden recortar días, semanas de algún modo? Y, en concreto, ¿podemos presionar todo lo posible al Banco Europeo de Inversiones para que mantenga la dotación que se le ha asignado en la propuesta de decisión?

En segundo lugar, una vez concluido el procedimiento de comitología del Parlamento, la Comisión debe anunciar el calendario. Debería publicarlo. Eso ayudaría a garantizar que el resbalón sea mínimo y mantendría a todos trabajando para conseguir una serie de plazos fijados.

Por último, recuerden que el factor de retraso individual más grande probablemente sea la solicitud que tienen que llevar a cabo los promotores de los proyectos para obtener el permiso de urbanismo para los conductos, etc. para eliminar el CO2. Podría ser un proceso largo y arrojar totalmente por la borda el plazo.

De modo que, pido a la Comisión que haga una declaración en la que insista en que los promotores que busquen financiación europea empiecen a solicitar ya el permiso de urbanismo. Déjenles obrar conforme a sus opiniones.

  Konrad Szymański (ECR). – (PL) Señora Presidenta, la resolución que se ha presentado ilustra muy bien el dominio de la política relativa el cambio climático sobre la seguridad energética en la UE. También ilustra claramente el prejuicio antinuclear de esta Cámara. Lo cierto es que la energía nuclear es la única fuente de energía baja en carbono que ha demostrado ser rentable pero, a pesar de esto, se la critica duramente en la resolución. Los recursos financieros limitados de la UE se van a invertir en fuentes de energía selectas sólo porque son sostenibles, y esto representa una fuerte intervención del mercado. Sin duda alguna, esta política limitará el gasto en grandes proyectos estratégicos de infraestructuras que ya son necesarios actualmente y el apoyo económico a los interconectores. Sencillamente no habrá dinero suficiente para la seguridad energética. Por este motivo no podemos aprobar esta resolución hoy.

  Arturs Krišjānis Kariņš (PPE). – (LV) Señora Presidenta, señor Ministro, Comisario, todos sabemos muy bien que los drogadictos son muy peligrosos porque no se detienen ante nada para conseguir su próxima dosis. De hecho, sabemos que cualquier forma de adicción es un fenómeno desagradable que hay que erradicar. En la UE nuestra economía es adicta, posee una adicción que alimenta con petróleo y gas importado. Ésta es la situación que tenemos que cambiar. Tenemos que invertir más en tecnologías que incrementen directamente el uso y la explotación de la energía solar, eólica, mareomotriz y biomasa en la UE. Además, hay varios argumentos contundentes por los que deben ser estas energías en particular. Primero, si no invertimos en estas tecnologías, nuestra adicción al petróleo y al gas sólo crecerá y la situación empeorará, ya que estos recursos serán cada vez más escasos en todo el mundo, y los precios se incrementarán aún más; en segundo lugar, al realizar estas inversiones podremos fomentar al mismo tiempo las PYME en particular, si les concedemos determinadas ventajas a la hora de solicitar recursos y fondos financieros; en tercer lugar, al invertir en nuevas tecnologías superaremos directamente los obstáculos actuales para equilibrar las redes eléctricas con las cantidades variables de electricidad que generan el sol y el viento. Señorías, es hora de actuar. Tenemos que reducir nuestra adicción al petróleo y gas importado y tenemos que apoyar la inversión precisamente en las tecnologías que aumenten y fomenten un uso mayor de los recursos de la energía solar, eólica, mareomotriz y biomasa.

Gracias por su atención.

  Britta Thomsen (S&D). – (DA) Señora Presidenta, con razón nos complace el Plan EETE. Sin los 59 000 millones de euros que se están invirtiendo actualmente en proyectos energéticos sólidos, no alcanzaremos nuestro objetivo, con respecto a la energía renovable, del 20 % para 2020. La inversión en energía renovable real y sostenible supone dos tercios de los fondos del Plan EETE. Esto se aplica, por ejemplo, a las instalaciones fotovoltaicas, las turbinas eólicas y la biomasa. Sin embargo, el Plan EETE no sólo es importante y acertado porque nos garantiza una energía más limpia. El Plan EETE también es decisivo en nuestros intentos de dejar atrás la crisis social y económica. Con estas inversiones masivas en tecnología energética moderna podremos crear millones de empleos ecológicos nuevos. Además, podremos hacer de la UE un centro de conocimiento en lo que a tecnología ecológica y sostenible se refiere. Sin embargo, no olvidemos que estas inversiones tienen una responsabilidad: la responsabilidad de garantizar que muchas de las personas que actualmente están empleadas en el sector energético tienen la posibilidad de reciclarse y mejorar. Por eso la inversión en tecnología tiene que ir acompañada de inversión en capital humano.

  Liam Aylward (ALDE). – Señora Presidenta, hay dos cuestiones que quiero comentar brevemente. La primera está relacionada con la importancia de invertir en tecnologías con baja emisión de carbono y la segunda con la captura de carbono en la agricultura.

En primer lugar, en términos realistas, es esencial que la UE centre su atención y su presupuesto en el Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética. Para que la UE logre sus objetivos para 2020, no cabe duda de que es esencial que incremente la inversión en tecnologías con baja emisión de carbono.

En segundo lugar, hay que aumentar la investigación y la inversión en la captura y el almacenamiento de carbono como una forma práctica de combatir el cambio climático. En este punto, la agricultura puede desempeñar un papel clave a la hora de capturar el carbono y puede contribuir al logro de los objetivos de 2020.

Las biomasas del suelo y el hundimiento del carbono natural —carbono en el suelo— podrían proporcionar beneficios añadidos a los agricultores mediante la reducción de la erosión y el uso de fertilizantes. Se requiere más investigación e inversión a fin de utilizar plenamente la agricultura y el suelo agrícola para capturar carbono y contribuir al logro de los objetivos de 2020.

Para que haya resultados apreciables hay que apoyar la innovación y la investigación en tecnologías con baja emisión de carbono de forma adecuada y eficaz.

  Vicky Ford (ECR). – Señora Presidenta, acojo favorablemente la iniciativa de hablar sobre la inversión en tecnologías con baja emisión de carbono, pero más concretamente sobre el ahorro de energía y la provisión de suministros energéticos más seguros y diversificados. Quisiera analizar la utilización de los fondos comunitarios en particular.

La región a la que represento ya cuenta con un fondo de la UE de más de 250 millones de euros para el crecimiento económico bajo en carbono. Aunque sus ambiciones merecen la pena, el rendimiento de este fondo a la hora de realizar inversiones realmente significativas es muy inferior a las expectativas.

El Este de Inglaterra, incluida la Universidad de Cambridge, también alberga instalaciones de investigación de vanguardia, y se han firmado más de 250 contratos en mi región para optar a subvenciones del Séptimo Programa Marco. He visto algunas investigaciones innovadoras excelentes, pero hay grandes problemas de complejidad —en especial para las PYME—, burocracia e inflexibilidad cuando se trata de la adaptación a los avances y la ciencia. En algunos casos hay historias asombrosas sobre retrasos en los pagos por parte de la propia UE.

A la hora de considerar cómo se invierte el dinero de los contribuyentes en el futuro, deberíamos aprender la lección teniendo en cuenta lo que ya ha ocurrido y asegurarnos de que lo gastamos mejor en el futuro.

  Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) El logro de los objetivos del clima fijados por la UE depende de que ideemos una estrategia que respalde la transición gradual a la industria con bajas emisiones de carbono y la utilización de energía sostenible.

La utilización de tecnologías nuevas puede reducir el consumo de energía en los edificios hasta un 17 % y las emisiones de carbono del transporte hasta un 27 %, mientras que la introducción de contadores inteligentes podría reducir el consumo de energía hasta un 10 %. Se requiere una metodología estándar para medir el consumo de energía y las emisiones de carbono a fin de lograr un consumo de energía óptimo público y privado. Teniendo esto en cuenta, debemos establecer unos requisitos funcionales comunes mínimos y redes inteligentes interoperables a escala europea.

La Comisión tiene que cofinanciar tantos proyectos a gran escala como sea posible, a fin de facilitar la utilización de contadores inteligentes y redes inteligentes como norma, también en los Estados miembros que aún no cuentan con estas tecnologías.

Quiero preguntar si la Comisión pretende en este momento proporcionar recursos adicionales del presupuesto de la UE para fomentar que el desarrollo de tecnologías que produzcan energía sostenible y con baja emisión de carbono por parte de las PYME.

Gracias.

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Necesitamos una política industrial ambiciosa e inteligente que permita a la UE mantener tanto su competitividad global como sus empleos y la producción en el territorio de la UE. Las inversiones en el desarrollo de tecnología con baja emisión de carbono ayudarán a que la UE supere la crisis económica y pueden crear aproximadamente 2,7 millones de puestos de trabajo para 2020.

La UE tiene que invertir en iniciativas europeas mediante el fomento de las fuentes de energía renovables y su introducción dentro de la red eléctrica europea, así como en los biocombustibles y el transporte ecológico. Se pueden obtener resultados rápidos mediante la inversión en ciudades inteligentes y en la eficiencia energética de los edificios, en especial de los hogares.

Insto a la Comisión y a los Estados miembros a que aumenten los presupuestos destinados a la eficiencia energética residencial y, cuando se lleve a cabo la revisión a medio plazo de la utilización de los Fondos Estructurales, a que adopten las medidas necesarias para garantizar una mejor utilización de la cuota del FEDER del 4 % para la eficiencia energética residencial. Esto haría posible aumentar ese porcentaje en el período 2014-2020.

Gracias.

  Zbigniew Ziobro (ECR). – (PL) El debate sobre la inversión en tecnologías con baja emisión de carbono es un debate sobre los métodos para adaptar las economías de los Estados miembros a los requisitos para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, independientemente del modo en que el clima y las condiciones meteorológicas de nuestro continente de los últimos meses han proporcionado argumentos a aquellos científicos que cuestionan la influencia del hombre en el cambio climático a través de las emisiones de CO2, deberíamos plantear la siguiente pregunta al hablar de tecnologías con baja emisión de carbono en este contexto: ¿cómo pueden garantizarse los medios necesarios para desarrollar tecnologías limpias a fin de lograr el efecto máximo en el menor tiempo posible?

Creo que el sistema que se está creando en apoyo de la investigación y el desarrollo debe ser lo más flexible posible para facilitar la gestión de los recursos de forma que se adecue a la dinámica de la investigación científica. La cuestión que se plantea es si se prevé la creación de mecanismos de apoyo adecuados para invertir en tecnologías con baja emisión de carbono y de qué forma.

Por último, también quisiera añadir que no importa los argumentos que se encuentren a favor de la inversión en el desarrollo de tecnologías con baja emisión de carbono: no debe ser a costa de la política de cohesión.

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE). – (PL) Señora Presidenta, en la Comunicación de la Comisión de 23 de enero de 2008, titulada «Producción sostenible de electricidad a partir de combustibles fósiles», que forma parte del paquete clima-energía, se manifestaba que la UE apoyaría la construcción de 10 a 12 plantas de demostración para la captura y el almacenamiento del dióxido de carbono. A finales de 2008, el Parlamento Europeo abordó este asunto también en una resolución. El punto 11 de este documento manifestaba que las medidas que había revelado la Comisión no eran suficientes para proporcionar los incentivos necesarios para construir al menos 12 plantas de demostración para 2015, mientras que en el punto 18 se consideraba imprescindible que al menos 12 plantas de demostración destinadas a la ayuda cubrieran todas las combinaciones posibles de las tres tecnologías de captura y almacenamiento de dióxido de carbono.

Sin embargo, se supone que los recursos financieros proceden de la venta de 300 millones de derechos de emisión de CO2 en la reserva para los nuevos entrantes o lo que se conoce como los NER300. En consecuencia, la cantidad destinada a apoyar la construcción de las plantas de demostración va a depender del precio de mercado de los derechos de emisión. Se calcula que será entre 7 000 y 12 000 millones de euros. De las decisiones propuestas por la Comisión que se recogen en la propuesta se puede deducir que el apoyo económico de los NER300 abarcará seis proyectos de captura y almacenamiento de dióxido de carbono en la generación de energía y dos en la industria.

¿Quiere el Consejo, junto con la Comisión, apoyar la construcción de dos a cuatro plantas más? Si es así, ¿de qué manera?

  Roger Helmer (ECR). – Señora Presidenta, hoy hemos escuchado muchos disparates sobre los trabajos ecológicos. El hecho es que nuestra obsesión con las energías renovables ya está incrementando el coste de la electricidad y obligando a los ciudadanos europeos a vivir la escasez de combustible. Que los precios de la energía sean más elevados significa que las empresas con un consumo energético elevado en Europa van a rendirse y trasladarse a jurisdicciones más favorables. Que los precios de la energía sean más elevados supone un crecimiento menor y un desempleo mayor y cuesta puestos de trabajo. Sólo he visto un estudio oficial sobre el tema de los trabajos ecológicos. Se llevo a cabo en España y demostró que, por cada empleo nuevo que se creaba en el sector ecológico se perdían 2,2 puestos de trabajo en cualquier otro sector.

Si de verdad nos tomamos en serio la electricidad con baja emisión de carbono sólo hay una solución, y es la energía nuclear. Por toda Europa se empieza a hablar de una nueva capacidad nuclear, y eso es positivo. Si queremos seguir encendiendo las luces necesitamos un renacimiento nuclear y lo necesitamos cuanto antes.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE). – (PT) La investigación y la tecnología desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de una sociedad baja en carbono. Es esencial que invirtamos en un cambio social radical basado en la sostenibilidad de las ciudades, la producción descentralizada de energía y la competitividad de la industria. Ésta es una política esencial para una sociedad próspera y sostenible que está preparada para los retos que plantean el cambio climático, la seguridad energética y la globalización, y que es líder mundial en el ámbito de las tecnologías limpias.

El Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética pretende contribuir precisamente a este fin. Acojo favorablemente las orientaciones fundamentales presentadas en la comunicación sobre el modo de organizar la lógica de intervención entre los sectores públicos y privados, entre la financiación comunitaria, nacional y regional.

No obstante, es crucial que incrementemos la financiación pública de la investigación científica en el ámbito de las tecnologías limpias. Europa también necesita crear las condiciones que fomenten una mayor inversión privada en este ámbito. Necesitamos pasar de las palabras a los hechos urgentemente.

Las prioridades de las futuras perspectivas financieras de la UE y del Octavo Programa Marco para Acciones de Investigación y Desarrollo Tecnológico tendrán que ser la seguridad energética, la lucha contra el cambio climático y el medio ambiente. Es la única forma de mantener la competitividad de nuestra industria, promover el crecimiento económico y generar empleo.

  Patrizia Toia (S&D). – (IT) Señora  Presidenta, Señorías, éste no es sólo un debate rutinario, sino que se supone que es muy concreto y que plantea preguntas claras y precisas —qué recursos hay y dónde conseguirlos—, y espero que el Parlamento espere la misma claridad y precisión en las respuestas de hoy y de los próximos Consejos de 12 y 25 de marzo.

Queremos decir firmemente a la Comisión y al Consejo que la UE, que ha sido abanderada de la lucha contra las emisiones atmosféricas y el cambio climático ante el mundo, ahora tiene que ser coherente si no quiere perder credibilidad. Tiene que hacer todo lo posible para lograr estos objetivos. Tenemos que ser muy conscientes de que hablar de una economía baja en carbono supone una especie de revolución copernicana para el sistema de producción; supone cambiar muchas cosas, tener claras las prioridades y tener voluntad política pero, sobre todo, recursos e instrumentos suficientes.

También sabemos que esta revolución copernicana es vital para que nuestro sistema de producción y la industria europea sigan siendo competitivos. En muchos países, en muchos centros de investigación y en muchas universidades, ya están listos los recursos intelectuales, el potencial está ahí y la voluntad también: ahora es momento de ponerlo en marcha. Todo el mundo tiene que hacerlo, como bien han dicho el Comisario y el Consejo: los Estados miembros, los empresarios y el sector privado tienen que hacerlo. Sin embargo, creo que la tarea esencial de reunir esta compleja asociación es de la UE.

  Mairead McGuinness (PPE). – Señora Presidenta, todos estamos de acuerdo en que la eficiencia energética es el primer eslabón de la cadena, pero con mi intervención quiero llamar su atención sobre la confusión política y la preocupación que rodea a la bioenergía.

Creo que esta Cámara en particular y la Comisión y Europa en general, huyeron de partes de la bioenergía cuando subieron los precios de los alimentos en 2007 y 2008. Somos pocos los que hablamos sobre la realidad de la mayoría de los agricultores de Europa actualmente, que es una crisis de confianza porque los precios se han hundido. Sin embargo, no se les envía un mensaje político coherente sobre la utilización del suelo y la utilización de su suelo para la producción de energía.

Concretamente en Irlanda, tenemos un Gobierno que elude este ámbito. Miren, lo que la industria necesita es seguridad política; lo que los políticos no generan es esa seguridad, y hemos recogido la recompensa de ello.

Si hablamos de invertir en investigación y no se aprovechan los resultados de la investigación porque no vamos a tomar las decisiones políticas adecuadas, estamos perdiendo el tiempo.

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Señora Presidenta, Comisario, financiar el cambio a tecnologías ecológicas con baja emisión de carbono será especialmente difícil en el caso de los nuevos Estados miembros. Una fuente potencial y muy importante para los Estados centroeuropeos y bálticos sería la utilización de los créditos de emisión acumulados conforme al sistema de comercio de emisiones del Protocolo de Kyoto, obteniendo así beneficio de los recursos climáticos de estos países. La condición para hacerlo, evidentemente, sería la creación de un sistema posterior a Kyoto o contar con el apoyo del Consejo Europeo y la Comisión en nuestro esfuerzo por obtener el valor adecuado para los recursos climáticos que nos quedan. Como ponente de biogas, soy muy consciente del coste de las nuevas tecnologías y de que el desarrollo tecnológico sería muy importante. Es muy importante que continuemos con este punto dentro del marco de la PAC, modificando, por ejemplo, la composición de piensos para el ganado, mediante la introducción de métodos de arar diferentes a los del arado de desfonde y tecnologías nuevas e innovadoras.

  Bogusław Sonik (PPE). – (PL) Una de las prioridades más importantes que se recogen en la estrategia a largo plazo de la UE debe ser la creación de una economía innovadora, por ejemplo, mediante la transformación del sistema energético actual, utilizando un modelo con emisiones bajas en carbono basado en tecnologías limpias. En torno a un 80 % de la energía primaria utilizada en la UE procede de combustibles fósiles. Durante las últimas décadas, se han perfeccionado las redes y cadenas de suministro en cuanto al suministro a la sociedad de energía procedente de estas mismas fuentes. Se ha basado el crecimiento económico y la prosperidad en el petróleo, el carbón y el gas, y es difícil cambiar esto de un día para otro.

El Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética, que constituye el pilar de la política de la UE en materia de energía y clima, es un avance positivo hacia el cambio a una economía innovadora, evidentemente, siempre y cuando tenga en cuenta la financiación de las tecnologías con baja emisión de carbono. Si Europa quiere lograr objetivos de reducción de emisiones ambiciosos en términos económicos, es esencial que aumente el gasto en investigación en el ámbito de las tecnologías energéticas limpias, sostenibles y eficientes y la coordinación de la combinación de fuerzas, potencial y recursos, tanto en el sector público como en el privado.

Las revoluciones industriales en el pasado han demostrado que la tecnología puede cambiar nuestro modo de vida de forma permanente. En la actualidad tenemos una oportunidad factible e irrepetible de cambiar nuestro modelo de producción de energía. Sin embargo, la inversión en el desarrollo y la promoción de fuentes de energía limpias y renovables sólo se podrá llevar a cabo si la Comunidad Europea garantiza un nivel suficiente de financiación e incluye estas inversiones en la lista de objetivos estratégicos de la UE.

  Fiorello Provera, en nombre del Grupo EFD. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, en el debate sobre las alternativas energéticas de la UE hay una cosa cierta: la fuente de energía más importante, más barata y más sostenible de que disponemos es el ahorro de energía. Por razones naturales, históricas, culturales y económicas, las regiones montañosas son un modelo para reducir el consumo de energía en línea con las demandas de la vida moderna, y se prestan a experimentos a gran escala con la utilización de fuentes de energía renovables con bajas emisiones de carbono.

Las regiones montañosas producen casi toda la energía hidroeléctrica de Europa. Por citar un ejemplo, la provincia de la que provengo en Italia produce por sí sola el 12 % de la energía hidroeléctrica de todo el país. Además, en las zonas montañosas ya hay experiencia a la hora de construir edificios que son más eficientes en cuanto al ahorro de energía. Hemos conseguido construir hogares que son completamente autosuficientes en lo que a electricidad y calefacción se refiere y que incluso suministran más energía de la que utilizan, obviamente empleando tecnologías avanzadas. Las montañas suelen ser zonas de prueba, y por tanto, constituyen el entorno ideal para experimentar con un mejor uso de la biomasa, la energía solar, la energía geotermal, los compresores y, sobre todo, para poner a punto los sistemas de distribución de energía.

Comisario, las montañas están llenas de energía, energía limpia: sólo tenemos que cogerla. Por eso pedimos a la Comisión que incluya las regiones montañosas en su estrategia, que analice detenidamente la experiencia y reconozca su derecho a recibir una compensación justa por toda la energía renovable que ya nos han suministrado estas regiones. El artículo 174 del Tratado de Lisboa reconoce el papel que desempeñan las montañas, que es el motivo por el que esperamos ansiosamente una iniciativa de la Comisión para llevar a la práctica este artículo y una política para las zonas de montaña también en el ámbito de la energía.

Por tanto, pido a la Comisión que siga las recomendaciones del informe Durnwalder en el Comité de las Regiones e incluya en la evaluación de los territorios europeos la cuestión de la energía y la capacidad de producción de las regiones montañosas en cuanto a la energía renovable y la construcción pasiva.

Las montañas, que forman el 40 % del territorio europeo y albergan a 90 millones de personas han sido consideradas hasta la fecha como zonas desfavorecidas. Con la aplicación de políticas energéticas innovadoras y coherentes, estas regiones pueden superar este obstáculo y proporcionar un estímulo vital para lograr los objetivos fijados en la estrategia 20-20-20, demostrando que la autosuficiencia energética es posible a un coste aceptable si hay una voluntad política firme.

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE). – (RO) A menudo se culpa a la agricultura europea por ser una fuente importante de calentamiento global. Por supuesto que esta percepción no es del todo correcta. Por un lado, no podemos ignorar la contribución que la agricultura puede hacer a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono.

Es cierto que otros diputados ya han planteado este tema. El almacenamiento de carbono, biomasa, y las inversiones para reducir la cantidad de fertilizantes que se utilizan son sólo algunos ejemplos de la forma en la que este problema afecta la agricultura. Por eso, en el contexto de los debates sobre inversión en tecnologías con baja emisión de carbono, creo que la agricultura tiene que figurar entre las prioridades y no debe ignorarse completamente, como ha ocurrido, por ejemplo, en otra estrategia europea. Me refiero a la Estrategia UE 2020.

Gracias.

  Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Señora Presidenta, Comisario, Presidente en ejercicio del Consejo, intervengo a título personal, y quiero decirle algo personalmente a mi homólogo: en mi opinión, la tecnología nuclear no es la solución y, por lo que yo sé, tampoco es una fuente de energía renovable.

Nuestra tarea en este foro es poner en marcha medidas que beneficien a nuestros hijos y nuestro futuro a largo plazo. Por tanto, es muy importante que reduzcamos las emisiones de CO2, aunque esta reducción no puede hacerse a costa del medio ambiente. En otras palabras, tenemos que prestar mucha atención a qué medidas financiamos y en qué medidas invertimos. No podemos almacenar CO2 y, al mismo tiempo, destruir el medio ambiente.

El 2010 es el Año de la Biodiversidad, y es muy importante que también dejemos constancia en estos documentos de que hay que considerar todas las inversiones, todas las medidas, teniendo en cuenta la conservación del medio ambiente para nuestros hijos, para nuestro futuro y por la biodiversidad.

  João Ferreira (GUE/NGL). – (PT) Señora Presidenta, Comisario, el debate sobre la transición a una economía con emisiones bajas en carbono no puede hacer que olvidemos este hecho. La transición difícilmente será un proceso sencillo. En pocos años nos enfrentaremos a los efectos del déficit y reducción progresiva de la primera fuente de energía de la que dependemos: los combustibles fósiles. Estos combustibles sirven también como materia prima para numerosas industrias extremadamente importantes, como la química y la farmacéutica.

Es absolutamente necesario para el ser humano que se administren las reservas mundiales de petróleo que quedan de forma sensata, es decir, en primer lugar, con moderación.

En este contexto, la aprobación del plan llamado Protocolo sobre el agotamiento del petróleo, presentado en Uppsala en 2002 y en Lisboa en 2005 por un grupo de científicos y especialistas de varios países, que forman parte de la Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo y del Gas (ASPO), sería crucial a la hora de introducir un plan que diera prioridad a una gestión satisfactoria y justa de estos recursos, a la mitigación del déficit y a una transición controlada a otras fuentes primarias de energía.

  Alajos Mészáros (PPE). – (HU) En mi opinión, la energía nuclear no ha recibido el lugar que se merece en este informe. Las soluciones pretendían desarrollar alternativas; la bioenergía, la energía eólica y la energía solar son duraderas, pero no es nada seguro que finalmente produzcan resultados. Sin embargo, tenemos que ser rápidos con la estrategia energética si recordamos los efectos de la crisis del gas del año pasado y la amenaza de cambios climáticos. La energía nuclear es la fuente de energía libre de carbono más abundante dentro de la UE, y en la actualidad proporciona un tercio de la electricidad que necesitamos. Es simplemente inevitable que se siga desarrollando de forma segura. Ayudaría mucho que nos diéramos cuenta de ello.

  Seán Kelly (PPE). – (GA) Señora Presidenta, he escuchado el debate y ha sido muy interesante. He leído todo lo que he podido sobre este tema.

Sólo quiero comentar dos cosas. Primero: se ha preguntado de dónde vendrá la financiación; segundo, ¿cómo se va a coordinar la investigación y el desarrollo?

Me parece que las tres instituciones de la UE —los expertos del Parlamento, el Consejo y la Comisión— tienen la posibilidad de aunarse como grupo director. Primero, para distribuir la financiación que se necesita en las asociaciones público-privadas con posibles objetivos para cada país y, segundo, para supervisar y coordinar la investigación. Debería ser I+D+P —investigación, demostración y producción—, y parte de la financiación debe supeditarse, sin duda, al éxito del resultado, de lo contrario cada profesor de Europa intentará dedicarse a investigar y al final no habrá coordinación alguna.

  Zoltán Balczó (NI). – (HU) Hemos escuchado las hermosas palabras del representante del Consejo y de la Comisión sobre las tecnologías con baja emisión de carbono, pero no ha abordado la cuestión principal: ¿de dónde se obtendrá la financiación? Un grupo concreto de Estados miembros no tiene una fuente preparada: los antiguos países socialistas han superado, con mucho, los compromisos de Kyoto. Por eso la UE pudo mantener la cabeza alta en la conferencia de Copenhague. Estos países tienen derecho a cobrar sus cuotas de dióxido de carbono. Sin embargo, la Comisión y los 15 Estados miembros originales quieren impedir que lo hagan. En el caso de Hungría, asciende a varios miles de millones florines húngaros. En Copenhague, Hungría y Polonia acordaron usar estas cantidades para infraestructuras ecológicas. De modo que éstas son entonces las fuentes. Hasta el momento, se ha hecho oídos sordos a esta proposición, haciendo ver que, después de todo, es cierto: los nuevos Estados miembros sí se consideran miembros de segunda clase en la UE.

  Elena Băsescu (PPE). – (RO) Uno de los principales objetivos de la UE es desarrollar una economía baja en carbono. La intención es que el 20 % de la cantidad total de la energía producida se base en fuentes renovables para 2020.

Rumanía tiene un objetivo más ambicioso: un 24 %. Según los estudios, la región de Dobrogea en el sureste de Rumanía es la segunda zona de Europa en cuanto a potencial de energía eólica después del norte de Alemania. El parque eólico más grande de Europa se ha desarrollado aquí, tendrá 240 turbinas eólicas y generará 600 MW de energía renovable. La primera fase de este proyecto se completará durante este año, cuando se pongan en funcionamiento las 139 instalaciones. El proyecto se completará en 2011 en las zonas de Fântânele y Cogealac del Condado de Constanza.

La aplicación de este proyecto es importante para la seguridad energética de Rumanía, puesto que ayudará a reducir las importaciones de recursos energéticos.

Gracias.

  Antonio Cancian (PPE). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, creo que estamos totalmente de acuerdo en un par de puntos, en vista de lo que he escuchado esta mañana: eficiencia, ahorro, energías renovables y nuevas tecnologías. Sin embargo, no es suficiente, Señorías, si no tratamos con determinación otros dos temas.

El primero es la energía nuclear: sólo la palabra que hace referencia al tema nos asusta. Investiguemos e intentemos ser responsables en esta investigación. El segundo es la financiación: tememos hablar de asociaciones público-privadas, como ya hemos visto esta mañana. El mero hecho de que el sector privado pueda participar con el sector público en cualquier iniciativa se considera como algo extraño, vergonzoso y sospechoso.

Es inevitable, Señorías, con los recursos financieros a los que tenemos que recurrir. Además, es importante que el sector público interactúe con el privado, puesto que el público tiene que aprender a actuar de forma eficiente y conforme a una política sostenible.

  Christian Ehler (PPE). – (DE) Señora Presidenta, mi pregunta será breve. En los grupos ya hemos trillado los debates sobre temas ideológicos en el contexto de las tecnologías —pero los justificados—. De modo que, por una vez, formulemos una pregunta que el Consejo y la Comisión tengan que responder. Hemos debatido el Plan EETE durante mucho tiempo. ¿Cuáles son los instrumentos para aplicarlo? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son los compromisos de los Estados miembros?

  Claude Turmes (Verts/ALE). – (DE) Señora Presidenta, no voy a tratar el tema de la ideología a estas alturas —se puede hacer en otro momento— pero sí pienso que los ideólogos realmente están al otro lado de esta Cámara.

La Comisión tendrá dos instrumentos tangibles a su disposición durante las próximas semanas. El primero es el Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido, que aún dispone de algún dinero que se podría utilizar ahora para dar un nuevo impulso a las energías renovables y a la eficiencia energética. Me han dicho que la Dirección General de Investigación de la Comisión está bloqueando el dinero —no quiere gastarlo en energía pero sí en las TIC y otros ámbitos—. Quizás el Comisario tenga algo que decir al respecto.

El segundo instrumento está formado por —al menos— el 15 % de los fondos que aparentemente aún quedan del Plan de Recuperación Económica y nosotros, como Parlamento, hemos determinado que este dinero hay que gastarlo en eficiencia energética, en concreto en las Ciudades Inteligentes. ¿Me podría decir algo también sobre este tema, señor Comisario?

  Iosif Matula (PPE). – (RO) El hecho de que hoy celebremos un debate en el Parlamento Europeo sobre las inversiones en tecnología con baja emisión de carbono pone de relieve que la UE quiere confirmar su liderazgo no sólo a la hora de reducir el consumo de energía y hacerlo más eficiente, sino también a la hora de garantizar un medio ambiente saludable. Creo que nuestra función ahora consiste en promover ámbitos como la investigación y la innovación, a fin de identificar soluciones que nos proporcionen las bases para crear un sistema energético europeo sostenible. Por tanto, tenemos que establecer los requisitos básicos en este ámbito con el objetivo de incrementar la competitividad mundial de la UE.

Creo que es fundamental que nos centremos en el potencial específico de la energía ecológica a escala regional y local. Mi región en Rumanía ofrece un gran potencial para la energía geotermal que, por el momento, no se utiliza lo suficiente. Son varias las razones, pero creo que tenemos que conceder a las autoridades locales un papel importante para alentarlas a que desarrollen asociaciones público-privadas.

Gracias.

  Pedro Luis Marín Uribe, Presidente en ejercicio del Consejo. − (ES) Señora Presidenta, he tomado nota de la sesión de esta mañana y me complace comprobar que buena parte de las inquietudes del Parlamento son compartidas por el Consejo. Confío, en este sentido, en que las conclusiones que mañana adoptaremos permitirán constituir una base sólida que dé respuesta a las preocupaciones que hoy se han manifestado y sirva para dar un paso adelante de forma inmediata en el lanzamiento de las iniciativas industriales.

Unas iniciativas respecto de las cuales creo que existe un consenso claro de que son fundamentales para reducir nuestra dependencia energética, para mejorar nuestra eficiencia, para poder seguir avanzando en el camino tecnológico, dando un nuevo empuje tecnológico a la Unión Europea y, desde luego, para afrontar los retos del cambio climático.

Unas iniciativas que también son necesarias para mantener la competitividad europea y para crear empleo. Creo que el señor Helmer puede estar tranquilo: existen otros estudios aparte del que él ha leído —algunos de la propia Comisión—, que demuestran el efecto positivo sobre el empleo, que todavía va a ser mucho mayor en el largo plazo.

Por todo ello, proponemos que se aplique un conjunto de principios y de prácticas comunes, que orienten las iniciativas industriales existentes. Esto supone, entre otras cosas, sin duda, la determinación de unos instrumentos financieros y de unos criterios de intervención pública que tienen que apoyar el desarrollo de estas tecnologías.

Se ha insistido mucho en los aspectos financieros y hay una preocupación compartida también con el Consejo. Ahora bien, este no puede comprometerse a reasignar los fondos sin respetar el derecho de iniciativa que asiste a la Comisión y las competencias compartidas en esta materia con el propio Parlamento. Por lo tanto, entre tanto, se tendrá que aplicar la actual financiación.

Sin embargo, hemos de insistir en la necesidad de aumentar los presupuestos para el desarrollo de estas tecnologías, y en que su priorización y este último aspecto tienen que ser un elemento fundamental en las futuras discusiones dentro del seno de las instituciones europeas, y en particular de este mismo Parlamento.

Tengan la seguridad de que el Consejo ha hecho y hará todo lo que sea posible para garantizar que las iniciativas del Plan EETE gocen de una buena financiación, tanto en el contexto del actual marco financiero como en los próximos.

Tampoco quiero dejar de recordar —como ha hecho la Comisión— que, en términos generales, también tienen un importante papel que jugar las iniciativas privadas —las fuentes privadas de financiación— y esta es un área en la que tenemos que trabajar conjuntamente para que el impacto de las fuentes públicas de financiación sea el máximo. Para que exista un impacto multiplicador de gran importancia que pueda poner en marcha de forma exitosa estas iniciativas tan importantes para nuestro futuro europeo.

  Janez Potočnik, Miembro de la Comisión. – Señora Presidenta, en primer lugar, quisiera darle las gracias por este debate. Lo he seguido muy de cerca y hay muchas cosas que ciertamente tendremos en cuenta en nuestros futuros trabajos.

Permítame empezar con una pequeña historia. Tras la crisis del petróleo de 1970 vimos cómo el entusiasmo por la innovación añadía competitividad, incluso respetando el medio ambiente, a una escala sin precedentes pero esto duró poco. Después de que los precios del crudo se redujesen constantemente durante bastante tiempo, disminuyó la inversión en I+D y su utilización, se eliminaron del mercado las nuevas tecnologías, cambiando los hábitos de consumo, y nos vimos inmersos en un período de engañosa comodidad donde dependíamos de la energía barata del extranjero. Fue un período en el que se soñaba con la sostenibilidad.

Por cierto, la inversión en investigación y desarrollo de energía inmediatamente después de la crisis del petróleo fue aproximadamente cuatro veces superior a las cifras actuales o a las de hace algunos años.

¿Y dónde estamos hoy, después de ese período de desarrollo renuente e irresponsable sin un enfoque proactivo? Respondiendo al cambio climático e intentando resolver la dependencia energética, de modo que creo que una visión proactiva es un enfoque realista y necesario y no un sueño.

En este contexto —los puntos subrayados en el documento que aprobamos hace unos días: la Estrategia UE 2020— no vemos alternativa al crecimiento ecológico. Necesitamos industrias más limpias, no más industrias de limpieza. Necesitamos incentivos, precios, costes y las señales adecuadas. Tenemos que centrarnos en la eficiencia energética, tenemos que centrarnos, si quieren, en la eficiencia de los recursos, que es uno de lo puntos importantes que se incluyen en la UE 2020.

Quisiera pasar ahora al segundo punto, que es el Plan EETE que estamos debatiendo. Todos los cálculos presentados en el Plan EETE con respecto a la financiación que se requiere, se basan en las hojas de ruta tecnológicas. Ha sido un trabajo muy serio. Si analizan las propuestas, lo que prevemos, cómo calculamos la financiación necesaria para el futuro, encontrarán las siguientes cifras: eólica: 6; solar: 16; bioenergía: 19; CAC: 13; nuclear: 7; redes inteligentes: 2; pilas de combustible e hidrógeno: 5; Ciudades Inteligentes: 11; Alianza Europea para la Investigación en el Sector Energético: 5, e investigación básica: 1. Si lo suman, el resultado es 75.

Les recordaré que la cifra nuclear es 7. Tengo que ser justo; no se incluye la fisión, y la fisión es, de nuevo, una cifra importante que debería aparecer, pero si analizamos la situación, creo que el mensaje que enviamos desde la Comisión, con respecto a los ámbitos que deberían recibir el grueso de nuestra inversión, es bastante claro.

El siguiente punto son las fuentes de financiación y los planes de trabajo. Las principales fuentes, como dije al principio en mi declaración, se obtendrán de donde estén las principales fuentes, que es de la industria y de los Estados miembros: el presupuesto de la Unión Europea, las perspectivas financieras actuales y futuras, el Programa Energético Europeo para la Recuperación, el Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión y, por supuesto, la utilización del resto de instrumentos que existen y, en este sentido, se debería considerar especialmente el Banco Europeo de Inversiones.

Hay un problema serio con respecto a la estructura de la inversión para las distintas iniciativas propuestas. Creo que es obvio que la estructura interna de la inversión pública y privada no será la misma debido a la proximidad del mercado, debido al funcionamiento incorrecto del mercado que afrontan en los diferentes tipos de tecnologías y del que tendrán que ocuparse, pero creo que lo que tienen delante de ustedes es un problema serio, en especial cuando empiecen a debatir la próxima perspectiva financiera, y que tenemos que reconsiderar cuáles son nuestras prioridades y cómo deberíamos invertir en el futuro.

El siguiente punto que quiero mencionar es que comenzaremos con todas las iniciativas menos una —las Ciudades Inteligentes, que aparecía posteriormente en su iniciativa y que habla principalmente de la eficiencia de los recursos— durante 2010, pero no piensen que los temas de los que hablamos no están ya en marcha: sí lo están, en especial la investigación. La Alianza para la investigación lleva trabajando varios años en este tema.

El último punto que quiero comentar es que, con el Plan EETE, estamos iniciando algo muy concreto a escala europea. Saben que, durante mi anterior mandato, luché mucho por que hubiera un ámbito europeo de investigación. A escala europea, nos ocupamos de aproximadamente el 5 % de los fondos destinados a la investigación, de modo que a menos que aunemos fuerzas a escala de la UE —es decir, a escala europea— y evitemos la repetición innecesaria de medidas, no podremos obtener un verdadero éxito. No miren sólo el presupuesto europeo. Debemos reunir el dinero necesario para aumentar nuestra capacidad de investigación.

El Plan EETE es el mejor ejemplo que tenemos actualmente de programación conjunta a escala de la UE. También aparecerán nuevas actividades. Y con razón, pero creo que no debemos subestimar lo que ocurre aquí. Estamos hablando de asociaciones público-privadas que son muy necesarias, y uno de los temas a los que quisiera que prestaran atención en el futuro. Está, además, el debate del Reglamento financiero. Hay que compartir el riesgo si verdaderamente queremos ocuparnos de estas cuestiones.

Creo que estamos detrás de uno de los nuevos avances más importantes en Europa cuando hablamos del Plan EETE, de la programación conjunta que está detrás de esto. Tenemos la Alianza Europea para la Investigación en el Sector Energético —la mejor organización de investigación abierta al exterior—, que en la actualidad trabaja conjuntamente en todos estos temas importantes.

Mi mensaje final es que creo que es nuestro deber principal apoyar políticamente este programa.

  Presidenta. – He recibido dos propuestas de resolución presentadas de conformidad con el artículo 115, apartado 5, del Reglamento, para cerrar el debate.

– Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar el jueves, 11 de marzo de 2010, a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Aunque reconozco que la comunicación de esta Comisión pretende intensificar el desarrollo de nuevas tecnologías con un potencial más alto para producir emisiones bajas en carbono mediante una mayor eficiencia energética y la utilización de energías renovables, lamento que las regiones europeas sigan sin tener un papel definido en esta estrategia.

Es necesario que garanticemos a las autoridades regionales que tendrán la financiación adecuada para asegurar, por ejemplo, la financiación durante la fase de prueba de los proyectos piloto o la inversión durante la fase de investigación y prueba de los proyectos de energía renovable.

Creo que es importante que incluyamos, por ejemplo, la energía geotermal, que es una fuente de energía renovable con gran potencial de expansión en las regiones volcánicas y es especialmente importante para las regiones remotas e insulares de la Unión, para las que no se han fijado objetivos.

En este contexto, hay que aumentar la inversión pública y privada mediante el desarrollo de tecnologías energéticas para alcanzar los objetivos deseados de una economía baja en carbono y también para contribuir a superar el mal funcionamiento del mercado al que se refiere el paquete clima-energía.

  András Gyürk (PPE) , por escrito. – (HU) Creo que es significativo que la Comisión Europea tuviera en cuenta, cuando redactó su Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética, la cantidad de apoyo económico necesaria para la inversión y desarrollo de tecnologías ecológicas. Esto es muy cierto porque, en la fase actual, la energía solar, la bioenergía y la tecnología del hidrógeno en la mayoría de los casos todavía no generan beneficios comerciales. Como muy bien señaló Steven Chu, Ministro de Energía de los Estados Unidos, se necesitan avances en la investigación del calibre de Premio Nobel para hacer que las tecnologías ecológicas puedan competir con las tecnologías tradicionales de los combustibles fósiles. Sin embargo, el gran defecto del plan tecnológico ecológico es que no tenemos idea de qué fondos de la UE se utilizarán para llevarlo a cabo. Si analizamos el coste de 16 000 millones de euros necesarios para la investigación de la energía solar o los 5 000 millones de euros que se calculan para la tecnología relacionada con el hidrógeno, no puede ser una consideración menor. A estas alturas, no hay indicio alguno de que el siguiente marco financiero de siete años nos proporcione más recursos para la investigación en tecnologías ecológicas. Somos muy conscientes de que el apoyo de los fondos públicos no puede sustituir los esfuerzos de los inversores privados. No obstante, la UE y los Estados miembros tienen que impulsar los fondos destinados a la investigación de las tecnologías ecológicas. Los ingresos finales del régimen de comercio de los derechos de emisiones pueden servir como una buena base al respecto. Los intereses no son despreciables. No podemos dejar que los planes para la política energética y la protección del clima corran la misma suerte que la Estrategia de Lisboa con sus resultados contradictorios.

  Jim Higgins (PPE), por escrito. – Para hacer que la Tecnología del carbono sea una realidad práctica, tenemos que ocuparnos de la escasez de ingenieros y de personal altamente cualificado que diseñan y producen las tecnologías avanzadas. Podemos hacerlo estableciendo o intensificando los sistemas de formación o las becas para garantizar que las aptitudes de los trabajadores mejoran a tiempo para la recuperación económica. Tenemos que asegurar la oferta de personal altamente cualificado y bien formado con la debida combinación de conocimientos teóricos y prácticos. Asimismo, tenemos que abordar las barreras que aún quedan con respecto a la movilidad dentro de la UE, en especial para los investigadores y personas altamente cualificadas y ocuparnos de que se convaliden las titulaciones de los ingenieros en toda Europa. Los mercados e instituciones financieros tienden a ser precavidos a la hora de invertir, en particular, por lo que respecta a las PYME, en el número de sistemas de la UE que respaldan la innovación, aunque tienen que estar mejor sincronizados y coordinados tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. Tenemos que facilitar la cooperación entre las PYME y los institutos de investigación, promover los derechos de la propiedad intelectual (DPI) y la transferencia de tecnología. Las propias empresas de la industria de energía eléctrica necesitan mostrarse más activas a la hora de apoyar las iniciativas de las agrupaciones empresariales y sumarse a estas. Además, tenemos que estimular la investigación y la innovación mediante incentivos fiscales o vales de innovación, y mejorando las condiciones para la inversión de capital-riesgo, por ejemplo en el caso de los ángeles empresariales o del capital-riesgo transfronterizo.

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), por escrito. – (PL) Es un hecho que el calentamiento global lo ha causado la actividad humana. Ahora es necesario combatir este proceso y sus efectos negativos. Una forma de abordar estos problemas es utilizar fuentes de energías limpias y renovables. Sin embargo, para que estas fuentes de energía desempeñen un papel importante en el sistema energético europeo, tienen que reunir dos condiciones. En primer lugar, necesitamos un incremento de la financiación disponible para la investigación en el desarrollo de dichas fuentes de energía. En segundo lugar, necesitamos un incremento de la financiación de las inversiones que aplican las últimas tecnologías con emisiones bajas en carbono. Desde el punto de vista de toda la UE, es importante que invirtamos en el desarrollo de tecnologías con baja emisión de carbono tal y como se recoge en el Plan EETE. No obstante, es especialmente importante para aquellos países cuya industria energética —por motivos históricos— emite grandes cantidades de CO2. Uno de esos países es Polonia. Mejorar y desarrollar tecnologías para la captura y el almacenamiento del carbono (CAC) es un asunto de vital importancia para toda la economía polaca.

3. Efectos del temporal Xynthia en Europa (debate)

  Presidenta. – De conformidad con el orden del día, el siguiente punto es la declaración de la Comisión sobre los efectos del temporal Xynthia en Europa.

  Janez Potočnik, Miembro de la Comisión. – Señora Presidenta, tan sólo dos semanas después de la terrible catástrofe acaecida en Madeira, la Comisión quedó conmocionada y apenada por las muertes y la devastación que ha causado el temporal Xynthia en Francia y en otros países europeos.

Quisiera expresar mis condolencias a todos los que sufren las consecuencias de esta catástrofe. Las condolencias de la Comisión se dirigen especialmente a las familias y amigos de aquéllos que han perdido la vida.

A través del centro de control e información para la población civil, la Comisión ha seguido de cerca los sucesos que ha ocasionado el temporal Xynthia y ha ofrecido poner en marcha un mecanismo de ayuda de la UE. Afortunadamente, los servicios de rescate franceses pudieron responder ante la catástrofe con sus propios medios y no solicitaron la activación del mecanismo.

Junto con las autoridades pertinentes de los Estados miembros, la Comisión está analizando ahora todas las posibilidades e instrumentos que podría facilitar a escala europea para ayudar económicamente a que se supere esta catástrofe y se vuelva a las condiciones de vida normales cuanto antes.

Hace dos días, el Presidente de la Comisión, el señor Barroso, se reunió con el Presidente francés para debatir la situación. Ayer se reunió también con una serie de diputados de distintos países de esta Cámara. Hace una semana, mi compañero, el señor Hahn, Comisario responsable de la política regional y del Fondo de Solidaridad, visitó las zonas más afectadas de Francia —La Rochelle y l’Aiguillon-sur-Mer— y se reunió con las autoridades nacionales y regionales.

En Madeira, devastada por esta catástrofe hace dos semanas, las autoridades y los servicios de rescate han podido realizar enormes progresos a la hora de combatir los efectos del desastre causado por la inundación. El Comisario Hahn visitó Madeira la semana pasada para obtener una impresión de primera mano y debatir con las autoridades locales una salida.

El Fondo de Solidaridad de la UE se creó en 2002 específicamente como instrumento europeo para ayudar a los Estados miembros de la UE afectados por catástrofes naturales importantes, si se reúnen determinadas condiciones. Francia ya ha declarado su intención de solicitar la ayuda del Fondo de Solidaridad. Debería señalar que el Reglamento por el que se regula el Fondo de Solidaridad normalmente permite su movilización sólo para las denominadas «catástrofes graves», cuando el daño a escala nacional excede el umbral de 0,6 % de la renta nacional bruta, o 3 000 millones de euros según los precios de 2002. Para Francia esto significa que actualmente el daño tendría que haber superado aproximadamente 34 747 000 millones de euros, según los precios actuales.

Sin embargo, en circunstancias excepcionales y si se reúnen los criterios específicos, el fondo también puede utilizarse para «catástrofes regionales de carácter extraordinario» de menor magnitud, en particular cuando afectan a regiones tan remotas como Madeira.

Las autoridades francesas están llevando a cabo una evaluación del daño y de sus repercusiones para la economía y las condiciones de vida de la población.

Estos son los elementos esenciales para la solicitud que tiene que llegar a la Comisión en un período de 10 semanas tras la catástrofe, es decir, antes del 9 de mayo. Una vez se reciba, la Comisión la examinará tan rápido como sea posible. Los servicios de la Comisión, en especial la DG de Política Regional, conceden toda la ayuda posible y proporcionan orientación a la hora de preparar la solicitud. Se mantiene un contacto sólido con las autoridades francesas a nivel de expertos, permitiendo así un progreso efectivo.

Sin embargo, les ruego que sean conscientes de que la ayuda del Fondo de Solidaridad no se puede abonar inmediatamente. No se debe malinterpretar el Fondo de Solidaridad como un instrumento de emergencia. Es un instrumento financiero para ayudar a soportar la carga financiera de las operaciones de emergencia. Como tal, se podría usar retroactivamente una posible ayuda para las operaciones de emergencia desde el primer día en el que se produce la catástrofe.

La financiación para el Fondo de Solidaridad se obtiene del esfuerzo adicional de los Estados miembros fuera del presupuesto habitual de la Unión Europea. El Parlamento y el Consejo tienen que aprobarlo a través de la enmienda del procedimiento presupuestario.

Como saben, la totalidad del procedimiento —desde que se solicita hasta que se concede la subvención— tarda inevitablemente varios meses. Sin embargo, la Comisión hace todo lo que puede para que reducir al máximo el período de tiempo.

Con respecto a los Fondos Estructurales, en especial el FEDER, desde luego no se puede utilizar para operaciones de emergencia inmediata. Sin embargo, Francia y la Comisión han empezado a debatir las opciones y las posibles modificaciones que el programa necesita que podrían ser instrumentales para la reconstrucción a largo plazo y para la inversión en los negocios afectados por la inundación.

Y el último punto ya lo plantearon los diputados de esta Cámara durante el debate sobre Madeira hace dos semanas. La Comisión utilizará el impulso político actual para intentar aprovechar al máximo la propuesta de modificación del reglamento del Fondo de Solidaridad en el Consejo. El Parlamento ha apoyado ampliamente esta propuesta, y creo que es el momento adecuado para tomar medidas comunes con respecto al Consejo una vez más.

  Elisabeth Morin-Chartier, en nombre del Grupo PPE. – (FR) Señora Presidenta, Comisario, durante la tarde del 27 al 28 de febrero, el temporal Xynthia asoló fuertemente las costas de Charente-Maritime y Vendée, mi región. Cincuenta y tres personas murieron, una docena desaparecieron y cientos de ellas perdieron sus hogares.

Éstas son pérdidas significativas que aumentan con los graves problemas relacionados con la infraestructura. Me refiero a los embalses en particular, a las líneas de ferrocarril, los suministros de aguas residuales, a las redes eléctricas, a las redes de comunicación y a todo el sistema de PYME, especialmente en el sector marítimo, en el sector de la acuicultura y en el agrícola, con 45 000 hectáreas sumergidas por agua salada, dado que fue una inundación que se originó en el mar.

Se trata de un daño de una magnitud considerable. Sus consecuencias se harán sentir durante algún tiempo, puesto que algunos suelos de cultivo no podrán utilizarse durante varios años.

Por tanto, pido a la UE que demuestre su solidaridad y, por supuesto, que se facilite este Fondo de Solidaridad europeo en las mejores condiciones posibles y cuanto antes, porque no podemos decir a nuestros ciudadanos que los fondos esperarán y que no se pueden solucionar los problemas aquí y ahora. Tras la visita del Comisario — a quien le agradezco sinceramente que haya ido y visto por el mismo la magnitud de la catástrofe y sé que él también está muy afectado— debemos aunar esfuerzos conjuntos para mejorar la utilización de este fondo a fin de que se pueda progresar más rápidamente. Siempre nos estamos quejando de que Europa está demasiado separada de nuestros ciudadanos; demostrémosles hoy que somos capaces de reaccionar con rapidez. Lamento que el Consejo no esté aquí para ayudarnos con la modificación del reglamento. En cualquier caso, huelga asegurar que la necesitamos y que nuestros ciudadanos la esperan.

PRESIDE: Libor ROUČEK
Vicepresidente

  Edite Estrela, en nombre del Grupo S&D. – (PT) Señor Presidente, en nombre del Grupo S&D del Parlamento Europeo, quisiera expresar nuestras más sinceras condolencias a las familias de las víctimas de las catástrofes naturales que han asolado Portugal, Madeira, Francia y España.

La semana pasada, una delegación de mi Grupo se desplazó a Madeira, visitó las zonas más afectadas por la catástrofe y se reunió con las autoridades y empresas regionales y locales, y con las asociaciones industriales, comerciales y de agricultores.

Recordamos imágenes y mensajes asombrosos de lo que vimos y oímos; familias enteras que murieron en sus propias casas, testimonios terribles sobre personas que desaparecían arrastradas por el agua y no se volvieron a ver nunca. Casas enteras que se movían de un lado a otro de la calle y coches con pasajeros dentro arrastrados de las calles al mar.

Sin embargo, el valor de los ciudadanos de Madeira para sobreponerse a la adversidad fue igualmente asombroso. Nunca olvidaré la determinación con la que las personas, a pesar de haber perdido sus negocios, sus casas y sus posesiones, se negaban a rendirse. Al contrario, en seguida se pusieron a trabajar y a empezar desde cero. En tan sólo unos pocos días, se retiraron toneladas y toneladas de piedra, tierra y otros escombros del centro de la ciudad de Funchal.

Las autoridades nacionales, regionales y locales aunaron esfuerzos para que la vida en la isla pudiera volver a la normalidad Por tanto, es importante anunciar a los turistas que pueden volver a Madeira. La belleza natural y el cariño de su gente nos esperan.

Los ciudadanos de Madeira también esperan la solidaridad de las instituciones europeas para poder reconstruir las calles, puentes y edificios públicos que han sido destruidos. Los comerciantes, industriales y agricultores también necesitan nuestro apoyo para reconstruir sus vidas y contribuir al desarrollo económico de la región.

Me complace mucho, señor Comisario, escuchar que la Comisión, así como el Parlamento y el Consejo, está decidida a aprovechar al máximo el Fondo de Cohesión —la nueva propuesta que ya ha aprobado el Parlamento—a fin de que se puedan poner en práctica las nuevas normas que se adaptan mejor a las necesidades del público.

Como sabe, Comisario, también es necesario que se reestructuren y reorienten el resto de fondos estructurales a las zonas más afectadas, porque situaciones especiales requieren soluciones especiales.

  Giommaria Uggias, en nombre del Grupo ALDE. – (IT) Señor Presidente, Señorías, el Grupo ALDE también quiere expresar sus condolencias a las víctimas del temporal Xynthia, que ha afectado varias zonas de Europa. Tenemos que tomar medidas y, en este sentido, agradezco las declaraciones que ha hecho hoy el Comisario Potočnik, cuya experiencia valoro y cuyo compromiso tengo que reconocer. En este sentido, le pido que realice las modificaciones necesarias al Fondo de Solidaridad, aunque le recuerdo que la medida ya fue aprobada por el Parlamento en 2006 por una gran mayoría. Habida cuenta de estas situaciones y de estos fallecimientos, sólo podemos reiterar lo imprescindible que es que aprobemos medidas como ésta.

No obstante, al mismo tiempo, señor Presidente, tenemos que actuar en varios frentes y, en primer lugar, revisar todos los programas de planificación regional y desarrollo y actualizarlos en vista de su impacto medioambiental, incluyendo también una evaluación de los efectos sobre el terreno. Asimismo, tenemos que invertir sumas considerables para establecer las medidas a largo plazo destinadas a poner en práctica una estrategia de prevención de catástrofes. Ésta no es una elección opcional o descabellada, sino una opción necesaria si queremos que catástrofes como éstas no tengan consecuencias tan trágicas.

Sin embargo, también hay razones económicas, si queremos limitarnos únicamente a este aspecto, que obligan a las instituciones a tomar medidas en materia de prevención. Mientras que en la resolución afirmamos que hay que invertir cantidades sustanciales de dinero para reparar el daño, tenemos que redirigir nuestra atención y nuestras medidas a las inversiones e iniciativas destinadas a la protección y reforestación del medio ambiente y a la protección de la vegetación, habida cuenta de que reducirán los costes de reparación del daño medioambiental.

Tenemos que aprender de las catástrofes de este tipo —el hombre moderno tiene que aprender de ellas— que no todo se puede controlar, pero que todo se puede limitar si se toman las precauciones adecuadas. Tenemos que hacerlo, señor Presidente, también en memoria de las víctimas como las que en los últimos días y semanas han protagonizado, lamentablemente, la realidad de nuestras regiones en toda Europa.

  Raül Romeva i Rueda, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (IT) Señor Presidente, también quisiera expresar mi más sentido pésame —el mío y el de mi Grupo— y mi solidaridad con las zonas afectadas, a la vez que lamento las graves consecuencias económicas de estas catástrofes y expreso en particular mis condolencias a las familias de las víctimas. Es importante, además, que hagamos hincapié en la necesidad de que las autoridades nacionales, regionales y locales se centren en idear políticas de prevención eficaces y presten más atención a las debidas prácticas y legislación relacionadas con la utilización del suelo.

Precisamente por este motivo hemos presentado dos enmiendas como grupo, porque, en nuestra opinión, no aparecen en la resolución conjunta. La primera dice: considerando que en Francia se ha autorizado la construcción en llanuras fluviales y en pantanos naturales; considerando que la especulación constructiva ha fomentado la construcción de edificios en zonas vulnerables. Para nosotros éste es un aspecto vital para avanzar.

La segunda enmienda solicita la cofinanciación de los fondos de la UE para aplicar estos planes, en especial que los Fondos Estructurales, los FEADER, el Fondo de Cohesión y el Fondo de Solidaridad de la UE estén sujetos a medidas de sostenibilidad. Para nosotros es vital para decidir finalmente si votaremos o no a favor de la resolución.

  João Ferreira, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (PT) Señor Presidente, nuestras primeras palabras no pueden ser otras que de condolencia y solidaridad para con las familias de las víctimas de esta catástrofe. Acogemos favorablemente las palabras de solidaridad de la UE hacia las regiones y ciudades afectadas. Ahora es importante que convirtamos esta solidaridad en algo tangible, movilizando rápidamente los medios y recursos necesarios para aliviar el daño causado por el mal tiempo.

En los últimos años, un número considerable de catástrofes han azotado los Estados miembros de la Unión, como demuestran las 62 peticiones para movilizar el Fondo de Solidaridad realizadas por un total de 21 países sólo en sus primeros seis años de existencia.

El daño que han causado estas catástrofes es difícil de evaluar, especialmente por la pérdida de vidas humanas. En cualquier caso, los costes económicos y sociales son casi siempre muy importantes.

En este contexto, la prevención tendrá que desempeñar un papel social más importante y convertirse cada vez más en una fase importante en el proceso de gestión de catástrofes. Es importante que desarrollemos la cooperación y solidaridad en esta ámbito en el territorio de la UE. En primer lugar, mediante la creación de un marco financiero adecuado para la prevención que apoyará la aplicación de medidas de protección para el público, el medio ambiente y el clima por parte de los Estados miembros.

Los destinatarios de la ayuda especial tienen que ser, entre otros, acciones como la corrección de situaciones potencialmente peligrosas, la protección de las zonas más propensas al riesgo, el refuerzo de los sistemas de alerta rápida en los Estados miembros y el establecimiento y consolidación de las conexiones entre los diferentes sistemas de alerta rápida.

Como ya se ha dicho aquí, la utilización sensata del suelo, el desarrollo económico y social que está en armonía con la naturaleza y una cohesión reforzada en la UE son también factores vitales para la prevención de catástrofes.

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Señor Presidente, Señorías, varias regiones europeas se han visto azotadas por fenómenos meteorológicos naturales extraordinarios que han tenido como consecuencia enormes daños materiales, económicos, agrícolas y medioambientales, y que lamentablemente se han llevado también demasiadas vidas humanas.

Me atrevo a esperar, señor Comisario, que más allá de las debidas condolencias, el Fondo de Solidaridad de la UE, una actividad europea que en este caso es útil, podrá aplicarse de forma rápida y flexible tanto en Francia como en Madeira, tal como se ha hecho —como alguien dijo— en otros países europeos para ayudar a mis compatriotas en Vendée y Charente-Maritime a restaurar su infraestructura y servicios vitales.

Entiendo, por lo que ha dicho, que el Gobierno francés aún no le ha consultado el tema, y me sorprende mucho. No obstante, tengo que decir que hay algunos aspectos con respecto a la forma en la que determinadas personas explotan estos sucesos que considero bastante intolerables.

En primer lugar, esta necesidad compulsiva de relacionar las catástrofes naturales que padecemos con el llamado calentamiento global. No importa con qué afirmaciones políticas o pseudocientíficas se nos alimente, no dictarán el tiempo y las mareas del mismo modo que tampoco prevendrán los terremotos.

El segundo es la búsqueda sistemática de culpables y chivos expiatorios. La catástrofe de Xynthia en el oeste de Francia se debe a la rara combinación de dos sucesos: la tormenta en sí, por supuesto, y algunas mareas anormalmente altas que llevaron al derrumbamiento de las presas.

Se ha generado controversia sobre las licencias de construcción que concedieron los alcaldes, a los que se ha hecho personalmente responsable de las muertes que han tenido lugar en sus municipios. Sin embargo, nadie —ni el département, ni la región, los servicios públicos, los urbanistas o los arquitectos— se opuso a estas licencias solicitadas por particulares.

Los representantes electos de la región y, en particular, los pequeños municipios gozan, con razón, de gran prestigio entre sus ciudadanos. Asumen gran parte de la responsabilidad a cambio de casi nada, tienen un sentido del interés general notable, se hacen cargo de deberes más complejos que nunca, de los que Europa es, en parte, responsable, y se han visto completamente abandonados por las autoridades públicas. Estaba deseando señalar esta cuestión aquí.

  Lambert van Nistelrooij (PPE). – (NL) Señor Presidente, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) aprueba la resolución y defiende que transmitamos las debidas expresiones de condolencia y solidaridad y tomemos medidas directas. Hay unos puntos que quisiera añadir a esto. En primer lugar, creo que es excelente que la Comisión haya llenado el hueco y que el señor Hahn también considere cómo podría modificar sus programas operativos. Esto también es una buena señal a corto plazo.

Sin embargo, el verdadero problema reside en el Fondo de Solidaridad. ¿Cómo ha podido el Consejo retrasar durante años las medidas del Parlamento para hacer que el Fondo de Solidaridad sea más flexible? En mi opinión, que el señor Potočnik haya sido tan inequívoco sobre el hecho de que la Comisión tomará ahora la iniciativa es algo realmente positivo. La Presidencia española debería estar aquí hoy para confirmarlo. Ahora es momento de actuar, y el Parlamento está extremadamente descontento con este retraso.

Sin embargo, este tema también tiene una segunda dimensión. La mayoría de los Países Bajos está por debajo del nivel del mar. Dado que la inundación que tuvo lugar en la primavera de 1953 sigue aún viva en nuestra memoria, sabemos que es imprescindible mirar hacia el futuro. Sabemos que la seguridad y las medidas preventivas tienen que ir acompañadas del desarrollo en estas regiones, es decir, del desarrollo de cualquier actividad que afecte a la costa. Y esto es, en definitiva, un objetivo que puede lograrse. En los Países Bajos hemos ideado un plan, un plan delta, para reforzar nuestras defensas costeras, y también estamos analizando otras cuestiones donde es imprescindible que unamos la seguridad al desarrollo económico.

Para terminar, permítanme añadir que en 2008 se tomó la iniciativa en la ciudad costera francesa de Saint Malo para reunir a todas las regiones costeras auspiciadas por Naciones Unidas junto con la OCDE. Ahora las Naciones Unidas cuentan con un plan de prevención de catástrofes para las regiones costeras, y es esa perspectiva mundial la que es tan importante. El Parlamento Europeo tiene un proyecto piloto para el período 2009-2010, y hemos respaldado la participación de nuestras regiones mediante la provisión de financiación, entre otros medios. La dimensión mundial es algo que tenemos que tratar aquí en el orden del día del próximo período.

  Bernadette Vergnaud (S&D). – (FR) Señor Presidente, Comisario, Señorías, quisiera empezar expresando mis más sinceras condolencias y solidaridad con las víctimas de las inundaciones de Madeira y del temporal Xynthia.

Hay que plantear las preguntas necesarias sobre el preocupante aumento de fenómenos meteorológicos destructivos, el papel que desempeña el cambio climático y la apremiante necesidad de encontrar soluciones. Por ahora se trata de ofrecer soluciones urgentes a las poblaciones sacudidas por estos desastres. Sin duda, las aseguradoras públicas y privadas tienen que responder, pero, por lo que respecta a la infraestructura destruida y a la reconstrucción de las zonas afectadas, tenemos que expresar solidaridad desde Europa.

Por eso el Gobierno francés ha solicitado la ayuda del Fondo de Solidaridad de la UE, creado en 2002, que espero que se conceda de forma rápida y notoria. Éste es el núcleo de las dos cartas que he enviado a la Comisión desde el 1 de marzo en calidad de representante electo por la región francesa occidental y que tuve la oportunidad de debatir el pasado jueves en La Rochelle con el Comisario Hahn, a quien le agradezco sinceramente que haya sido tan receptivo.

El Comisario Hahn coincidió en que el mecanismo era complejo y difícil de aplicar. Bien, tenemos que concluir que podría haber sido más flexible si el Consejo no hubiera bloqueado incomprensiblemente la revisión del funcionamiento de este fondo, como aprobó la gran mayoría de los diputados al PE en mayo de 2006. Por tanto, espero que la Presidencia española ponga fin al punto muerto en el que se encuentra este texto para que se pueda hacer más efectivo el sistema.

En un plazo más inmediato, pido a la Comisión que autorice un aumento único de la cofinanciación a través del FEDER, el FSE y los fondos regionales para proyectos en las regiones afectadas dentro de un plazo que permita que sus economías se recuperen de aquí al verano.

Por último, esta ayuda no debe utilizarse para reconstruir de forma que se repitan los mismos trágicos errores medioambientales y de urbanismo, sino que se debe utilizar de forma considerada a fin de prevenir en la medida de lo posible que se repitan estas tragedias.

  François Alfonsi (Verts/ALE). – (FR) Señor Presidente, tras la catástrofe que ha sacudido la costa francesa sólo unas semanas después de Madeira, nuestro grupo ha presentado algunas enmiendas para que nuestro Parlamento exprese su solidaridad al tiempo que denuncia a los responsables. Porque los ciudadanos europeos no han muerto, y otros no lo han perdido todo en estas catástrofes por un simple desencadenamiento de elementos. Esto ocurrió también porque se cometieron algunos errores muy graves a la hora de permitir que las costas y las riberas pasaran a ser zonas de construcción. Estos errores son culpa de los Estados miembros; de sus legislaciones, que son muy inadecuadas; de sus autoridades, que son muy laxas y de sus gobiernos, que son demasiado irresponsables.

Haber permitido la construcción en zonas fluviales no es menos grave que permitir y fomentar el consumo de tabaco o amianto durante años, incluso aunque murieran personas, y estaba muy claro que ésa era la razón. Antes de Xynthia fue Madeira y antes de Madeira, Sicilia; mañana habrá otras catástrofes. Si el Parlamento Europeo no alza la voz, será, a su vez, responsable de las catástrofes futuras. La UE tiene que mostrar su solidaridad, pero tiene que demostrar también sentido de la responsabilidad.

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) . – (FR) Señor Presidente, Comisario, como todos los presentes, pensamos en primer lugar en las poblaciones, en las familias que han perdido a sus seres queridos y en los que han perdido todo a raíz del temporal Xynthia.

Una de las lecciones que hay que aprender de esta catástrofe sería, de nuevo, la utilidad de los servicios de los Estados miembros, de los municipios, de los departamentos, de las regiones, incluidos los servicios públicos y los servicios de protección civil, que han demostrado su eficiencia. Todos coincidimos en que hoy tenemos que ayudar urgentemente a las familias a reparar y reconstruir, pero tenemos que reconstruir de forma distinta, teniendo en cuenta la naturaleza y los seres humanos. Para ello tenemos que alentar a las empresas aseguradoras, que nadan en la opulencia, a que reembolsen a las personas por los daños causados.

Por otro lado, habida cuenta de la naturaleza excepcional de la catástrofe que ha sacudido estas regiones, la UE, junto con los Estados miembros, tiene que tomar medidas a una escala mayor y más rápidamente y, sobre todo, aprovechar el Fondo de Solidaridad de la UE, y debe hacerlo de manera más flexible que la que acaba de describir, señor Comisario. De hecho, la destrucción de hogares y negocios y la esterilización del suelo agrícola probablemente sean imposibles de cuantificar utilizando nuestros criterios tradicionales.

Por otro lado, también tendremos que combinar los fondos regionales y el FSE para ayudar a que las regiones puedan volver a valerse por sí mismas. A partir de ahí es importante que aprendamos todas las lecciones de lo que acaba de ocurrir y tomemos medidas para prevenir estas catástrofes o limitar el daño de estos fenómenos climáticos. Hay que volver a examinar por completo la construcción en zonas fluviales y la lucha contra la especulación inmobiliaria a lo largo de la costa en relación con el equilibrio entre la naturaleza, las actividades agrícolas, la acuicultura, la cría y pesca de ostras que las políticas europeas destruyen con demasiada frecuencia.

Por ese motivo propongo que la UE, en cooperación con los Estados miembros y las regiones, establezca un plan de reconstrucción y desarrollo sostenible que tenga en cuenta la geografía, el medio ambiente, la biodiversidad y las actividades a lo largo de la costa.

Por último, debe haber una posibilidad de establecer un sistema común de prevención, seguimiento y alerta mediante el que pueda proporcionarse asistencia rápida y solidaria a las poblaciones.

  Maurice Ponga (PPE). – (FR) Señor Presidente, Comisario, Señorías, como ha dicho mi colega la señora Morin-Chartier y el resto de diputados, el 27 y 28 de febrero el violento temporal Xynthia sacudió varias regiones francesas, llevándose 53 vidas y causando enormes daños materiales.

El temporal fue excepcionalmente intenso. Ocasionó inundaciones devastadoras a lo largo de la costa francesa. Después de Madeira, Europa se ha visto afectada de nuevo. Bretaña, la región de mi colega y amigo, el señor Cadec, se ha visto gravemente afectada. Por tanto, se ha declarado el estado de catástrofe natural en tres regiones de Francia: Bretaña, Poitou-Charentes y Países del Loira.

En vista de estas catástrofes, la UE debe demostrar su capacidad de respuesta y expresar su solidaridad. No podremos apoyar a las víctimas de estas catástrofes únicamente con palabras y una resolución; también tenemos que proporcionar, sobre todo, ayuda económica.

Por tanto, pido a la Comisión Europea —y mi compañero, el señor Béchu, apoya mi petición— que libere rápidamente el Fondo de Solidaridad de la UE a fin de ayudar a que las zonas afectadas puedan ocuparse de los daños causados.

Esta catástrofe demuestra que la propuesta del señor Barnier de crear una fuerza de protección civil europea es importante. Los europeos deben actuar juntos, dado que cada vez ocurren más catástrofes que afectan a los territorios europeos y, en particular, a nuestras regiones más aisladas y vulnerables, como las islas del Océano Índico y el Caribe.

  Ricardo Cortés Lastra (S&D). – (ES) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quisiera trasladar mi solidaridad a todas las familias de las víctimas de la tormenta Xynthia.

La semana pasada tuve la oportunidad de visitar Madeira con una delegación socialista de la Comisión de Desarrollo Regional. Ha sido la primera vez que una delegación europea ha tenido la ocasión de estar sobre el terreno y contactar con las autoridades y la sociedad civil de la isla.

El temporal que azotó Madeira provocó la muerte de más de cuarenta personas y centenares de heridos y desalojados. Se calcula que las pérdidas alcanzan los cien millones de euros, con novecientas empresas y más de tres mil quinientos trabajadores afectados directamente.

Ahora la prioridad es reconstruir las infraestructuras, recuperar la normalidad y recuperar, sobre todo, la imagen de Madeira en el exterior y la confianza en sus servicios turísticos, con el fin de reactivar su economía y su desarrollo.

Varios fenómenos meteorológicos, especialmente la tormenta Xynthia, han afectado también a España, principalmente a las regiones de Andalucía y Canarias, así como al oeste de Francia y otros países.

Estas catástrofes, de gran magnitud, han causado enormes daños económicos y necesitan una respuesta urgente, rápida y eficaz por parte de la Unión Europea, por lo que hay que movilizar los instrumentos necesarios para afrontar este tipo de catástrofes.

Ante situaciones extraordinarias, señor Comisario, medidas extraordinarias.

  Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) El índice y la magnitud de las calamidades y catástrofes naturales a los que nos hemos enfrentado recientemente son alarmantes. Ha llegado el momento de llevar a la práctica la propuesta realizada en 2006 por Michel Barnier relativa a la creación de una fuerza de protección civil europea.

También necesitamos encontrar urgentemente una solución para dar impulso a la revisión del Reglamento del Fondo de Solidaridad de la UE. Partiendo de su postura en 2006, el Parlamento ha aprobado la enmienda al reglamento con el objetivo de crear la posibilidad de una respuesta rápida y efectiva cuando los Estados miembros presentan una solicitud. La reducción del umbral para movilizar el Fondo y la provisión de un pago rápido basado en la evaluación preliminar son medidas extremadamente importantes que se incluyen en el Reglamento revisado.

Por tanto, pido al Consejo que aproveche al máximo el expediente de la revisión del Reglamento del Fondo de Solidaridad de la UE, que solicite su revisión inmediata y que no rechace el nuevo reglamento.

Gracias.

  Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Señor Presidente, Comisario, en octubre del año pasado tuve la oportunidad, como parte de una delegación del Comité de Desarrollo Regional, de ver todas las cosas maravillosas que se están haciendo con los fondos de la UE en Madeira, dado que yo también me siento muy afectada por esta catástrofe. Quiero trasladar mis condolencias a los miembros de las familias afectadas, pero también a los que, en el trascurso de unas cuantas horas, perdieron todo lo que habían conseguido a lo largo de sus vidas.

En este momento en particular, se mira a la UE con microscopio, y el Fondo de Solidaridad de la UE se creó precisamente para este tipo de situaciones difíciles, ya que los ciudadanos de Madeira y de Francia ahora necesitan no sólo nuestras condolencias, sino también, más que nada, nuestra asistencia económica.

La catástrofe en Francia y Madeira también se ha intensificado por el hecho de que quizás las personas sean demasiado ambiguas en sus intentos de controlar el mundo natural y han intentado conducir sus vidas rechazando las leyes de la naturaleza. El hecho de que esto no es posible a largo plazo ha quedado demostrado una vez más de forma muy dolorosa.

Lo que esto significa es que hay que utilizar todos los fondos de forma que garanticen la seguridad, prevención y sostenibilidad, y tenemos que prestar especial atención a esta cuestión.

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). – (ES) Señor Presidente, mis primeras palabras son de solidaridad y de pesar para Francia y para Portugal: para La Rochelle y también para Madeira; y mis segundas palabras son de solidaridad para mi país: para Andalucía y para Canarias, afectadas por la enorme tormenta. Pero he de hacer una crítica dura contra el Fondo de Solidaridad.

El Fondo de Solidaridad está obsoleto y no ha tomado en consideración la opinión de este Parlamento del año 2006. Ya no sirve ni por defecto ni por exceso. El 0,6 % del PIB y 3 000 millones de euros son cifras que no corresponden a las necesidades, no ya de emergencia, sino de reconstrucción. Por eso, pedimos a la Presidencia española, en la que confiamos, el impulso necesario para la reforma del Fondo de Solidaridad.

  Nuno Teixeira (PPE). – (PT) Señor Presidente, empezaré trasladando mis más sinceras condolencias a todas las familias de las víctimas de Xynthia, en especial en Francia y España. Nadie habría esperado que justo una semana después de lo sucedido en Madeira, esta tormenta sacudiera las costas de Francia, España y, en especial, las islas Canarias con tanta violencia.

El pasado sábado tuve la oportunidad de acompañar al señor Hahn, que estuvo en Madeira visitando las zonas más afectadas y fue capaz de ver por el mismo el nivel de destrucción sobre el terreno. Mañana el Presidente de la Comisión, el señor Barroso, hará lo mismo. El hecho de que hagan esto y presencien personalmente el nivel de destrucción, les hace testigos privilegiados de lo ocurrido y centra la atención en lo que ahora es más importante: ayuda urgente.

Es esencial que el Parlamento pueda comprometerse a trabajar rápidamente para revisar la estructura del Fondo de Solidaridad, simplificándolo y enviando ayuda con mayor rapidez a fin de poder proporcionar asistencia rápidamente a personas a las que no podemos pedir más tiempo.

  Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Acojo favorablemente la iniciativa que apoya la resolución del Parlamento Europeo sobre las graves catástrofes naturales que han tenido lugar en la región autónoma de Madeira y los efectos del temporal Xynthia en Europa. Permítanme expresar mis condolencias a todos los afectados y mi gratitud a todos los que han facilitado la intervención tras estas catástrofes.

Creo que las regiones de Europa deben recibir mucha más ayuda financiera para que puedan aplicar las medidas para prevenir estas catástrofes. La UE puede mejorar y desarrollar sistemas complejos para analizar las causas de las catástrofes a fin de idear las medidas más efectivas para prevenirlas. Creo que se pueden incluir las medidas específicamente destinadas a ello para cada macrorregión de Europa. Me refiero, aunque no se menciona explícitamente en esta resolución, a la estrategia del Danubio, dado que este río ha sido origen de catástrofes naturales en un pasado reciente: en 2002 y  2004.

Además, el uso complementario de todos los recursos disponibles de la manera más accesible facilitará el establecimiento de una cohesión económica, social y territorial, proporcionando así una plataforma para actos de solidaridad en caso de que ocurran tales catástrofes.

Gracias.

  Janez Potočnik, Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, vengo de un pueblo pequeño de aproximadamente 500 habitantes que fue gravemente azotado por las inundaciones hace tan sólo dos años. Realmente fue un milagro —o si lo prefieren, una suerte— que no hubiera fallecidos. En ese momento nos beneficiamos en gran medida del mismo Fondo de Solidaridad del que hablamos. Comprendo totalmente los sentimientos de las personas allí. También buscan la solidaridad de toda la UE, de una solidaridad que sea rápida y eficiente.

Por eso creo que lo principal es que nos centremos en el Reglamento del Fondo de Solidaridad. Como saben, la propuesta de la Comisión de modificar el Reglamento del Fondo de Solidaridad de la UE se remonta a 2005. Esta propuesta se refiere en su mayor parte a la ampliación de este fondo a catástrofes que no sean naturales. Sin embargo, también incluye elementos que también podrían haber sido importantes en el caso de Xynthia; la propuesta de reducir los umbrales y la posibilidad de pagar por adelantado la ayuda esperada.

Últimamente ha habido indicios de varios Estados miembros —incluida Francia— de que quizás reconsideren su postura negativa. La Comisión, junto con el Parlamento, pretende tomar una nueva iniciativa muy pronto con respecto al Consejo y su Presidencia española para desbloquear el expediente.

Además, estoy de acuerdo con el comentario de que debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para estar mejor preparados. La frecuencia e intensidad de las catástrofes está aumentando claramente, y eso es preocupante. Así que creo que es primordial estar mejor preparado. En este contexto, los Fondos de Cohesión y los Fondos Estructurales también deben desempeñar un papel. También hay otras posibilidades que pueden examinarse. Ya he mencionado los Fondos Estructurales y los Fondos de Cohesión. También el Fondo de Desarrollo Rural se puede reasignar, pero por supuesto sólo a petición del Estado miembro.

Quisiera darles las gracias por su apoyo y también quisiera darles las gracias en nombre de mi colega, Johannes Hahn, que es responsable de este ámbito.

  Presidente. — Se cierra el debate.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

  Alain Cadec (PPE), por escrito. – (FR) El 27 y 28 de febrero, la violencia de la tormenta de Xynthia azotó varias regiones francesas. Se llevó 53 vidas y causó un daño material enorme, incluida especialmente la grave inundación. Tras la catástrofe de Madeira, Europa se vio sacudida de nuevo. Mi región, Bretaña, se ha visto gravemente afectada y se ha declarado el estado de catástrofe natural en tres departamentos, tal como ha sucedido en la región de Poitou-Charentes y Países del Loira. Quisiera expresar mi más sincera solidaridad para con las familias afectadas y víctimas de la catástrofe. La UE, en su conjunto, tiene que demostrar su capacidad de respuesta y su solidaridad por medio del paquete de ayuda financiera y de medidas de apoyo destinadas a la reconstrucción. El señor Béchu se suma a la petición de ayuda de emergencia. Hoy los recursos económicos del Fondo de Solidaridad parecen difíciles de poner en marcha. Hay que reconocer que el Parlamento lleva solicitando una utilización más efectiva y rápida del Fondo de Solidaridad de la UE desde 2005. La Comisión y el Consejo tienen que facilitar la rápida liberación de este fondo para las zonas afectadas. La catástrofe demuestra que el informe Barnier sobre la creación de una fuerza de protección civil europea —Europe aid— tiene mucho sentido y nos permitiría responder de forma más eficiente ante las catástrofes.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) En las últimas semanas, dos catástrofes naturales de trágicas proporciones sacudieron Europa y sus Estados miembros, dejando atrás fallecidos y destruyendo todo a su paso, causando un daño valorado en decenas de miles de euros.

No olvidaremos las dramáticas imágenes de Madeira a finales de febrero que observé con especial tristeza porque fue una tragedia que afecta a un isla que conozco bien, o el dramático informe del paso de Xynthia por varias zonas de Europa.

En esta ocasión, al margen de expresar mi preocupación por todos los afectados por estas tragedias, insto a la Comisión a que actúe rápidamente para ayudar a las zonas más afectadas. Esto hay que hacerlo no sólo movilizando el Fondo de Solidaridad de la UE de la forma más urgente y flexible, y con la mayor financiación posible, sino también utilizando todos los instrumentos y mecanismos que facilita el Fondo de Cohesión para ayudar a las zonas afectadas a superar esta terrible tragedia.

También quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mi solidaridad con todos los esfuerzos que han realizado las autoridades locales de Madeira y su población.

  Veronica Lope Fontagné (PPE), por escrito. – (ES) Señor Presidente, Señorías, desgraciadamente, una vez más debemos abordar esta triste y ya tradicional cuestión. Quiero presentar mi respeto y agradecimiento a todos los profesionales y voluntarios que han ayudado en la labor de búsqueda y reconstrucción de las áreas afectadas, y un recuerdo muy especial a los familiares de las víctimas. Debemos ser capaces de ayudar a los damnificados y sentar las bases para la pronta recuperación de las áreas afectadas. Hay que seguir trabajando intensamente en el ámbito de la prevención. Por último y con carácter prioritario, me gustaría pedir al Gobierno español que, aprovechando la Presidencia de la Unión, impulse la modificación del Reglamento en vigor sobre el Fondo de Solidaridad, ya demandada en varias ocasiones por el Parlamento Europeo, para conseguir un acceso más flexible, rápido y eficaz al mismo.

  Iosif Matula (PPE), por escrito. – (RO) El índice de catástrofes naturales es alarmante. Hoy podemos ver las consecuencias de nuestros actos irresponsables en el pasado, dado que nos enfrentamos a un nuevo reto: combatir los efectos del cambio climático.

Huelga decir que el coste de las operaciones para reconstruir las zonas afectadas por las catástrofes naturales son incomparablemente elevados en relación con los esfuerzos que requiere la prevención. A escala de la UE tenemos instrumentos disponibles para tratar estas situaciones que complementan a los proyectos llevados a cabo por las regiones. Por ejemplo, en la región occidental de Rumanía, a la que represento, se está promocionando un proyecto para mejorar la capacidad y la calidad del sistema de intervención empleado en las situaciones de emergencia. Hay que revisar los instrumentos financieros disponibles, incluidos los Fondos Estructurales y de Cohesión, así como el Fondo de Desarrollo Rural para que ofrezcan una mayor flexibilidad en las emergencias.

Con respecto al Fondo de Solidaridad, el descenso del umbral para movilizar el fondo y la posibilidad de realizar pagos por adelantado de las cantidades pertinentes aceleraría la intervención y los esfuerzos de reconstrucción y contribuiría a su eficacia.

Por último, pero no por ello menos importante, tendremos que prestar la debida atención a una iniciativa más antigua: la fuerza de reacción rápida que abarcará todo el territorio de la UE, ya que los fenómenos naturales afectan a las regiones vecinas, y ello crea las condiciones ideales para una acción solidaria y transfronteriza.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE) , por escrito. – (PT) Quisiera unirme a todas las declaraciones de solidaridad para con las víctimas de las lluvias torrenciales que azotaron Madeira el 20  de febrero, así como para todos los que sufren el dolor de la pérdida de familiares y amigos y la pérdida de posesiones. Quisiera poner de relieve, además, la necesidad constante de consolidar la capacidad de la UE para ofrecer ayuda a las poblaciones afectadas por las catástrofes naturales. La pérdida de propiedades, como sus hogares, de sus vidas y empleos puede conducir a estas poblaciones a una situación de desesperación. En estos casos, la justicia social sólo se logra mediante la solidaridad, sin olvidar que toda la sociedad se beneficia de que sus ciudadanos vivan en condiciones decentes. Por tanto, insistir en la necesidad de ampliar el Fondo de Solidaridad de la UE y hacerlo más flexible, no es demasiado. En este contexto, quisiera manifestar todo mi apoyo a la resolución sobre Madeira que hoy ha aprobado el Parlamento Europeo.

  Richard Seeber (PPE), por escrito. – (DE) Las últimas tormentas que sacudieron Madeira, partes de España y Francia se saldaron con más de 40 muertes en Madeira, otras 60 en Francia, innumerables desaparecidos y grandes daños materiales. La gestión de las catástrofes naturales es una oportunidad para que Europa demuestre su valor añadido. Se requiere una cooperación rápida y fácil entre los socios europeos para enfrentarse a las dramáticas consecuencias del temporal Xynthia y las devastadoras lluvias torrenciales. El Fondo de Solidaridad y otros instrumentos financieros de la UE pueden, al menos, hacer posible que se aborde el daño económico de la catástrofe de forma más rápida. Sin embargo, la organización de la prevención de catástrofes siempre debe permanecer en manos de los Estados miembros, que están en mejor situación para ocuparse de las circunstancias nacionales y reaccionar así de forma más rápida ante las emergencias. Para prevenir el futuro daño de los temporales, la Comisión debería apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos por producir planes de emergencia y clasificaciones de riesgos eficientes. Con el rumbo del cambio climático y el trastorno de los ciclos de agua que ello promueve, no será posible esquivar completamente incluso las tormentas más intensas en el futuro. Sin embargo, el daño que causan estas tormentas sí se puede reducir con una planificación previa mejor.

  Dominique Vlasto (PPE), por escrito. – (FR) El temporal Xynthia es otra demostración trágica y dolorosa de los trastornos climáticos que están intensificando la violencia y frecuencia de lo que son, sin embargo, fenómenos naturales. Hoy en día, la UE se enfrenta demasiado a menudo a este tipo de catástrofes naturales para contentarse con las políticas existentes, y creo que debería reforzar tres ámbitos de intervención para proteger mejor a sus ciudadanos: prevención, que se aborda en el Libro Blanco de 2009 sobre la adaptación al cambio climático, del que fui ponente de opinión y que destaca específicamente la vulnerabilidad de las zonas costeras y de montaña; la rápida intervención, mediante la creación financiera de esta fuerza de protección civil europea sobre la que no hemos hecho nada más que hablar y que únicamente necesita una propuesta para hacerse realidad; y reparación, permitiendo la movilización de emergencia de los Fondos Estructurales —si es necesario fuera del marco regional de las áreas de intervención establecidas— y del Fondo de Solidaridad, cuya reglamento hay que modificar a fin de acelerar y simplificar su movilización. Queda claro entonces que apruebo esta resolución, pero lamento que nuestra Cámara se vea obligada una vez más a pedir medidas que se podrían haber propuesto tras una de las numerosas catástrofes naturales que han puesto a Europa de luto en los últimos años.

4. Graves catástrofes naturales acaecidas en la Región Autónoma de Madeira y efectos del temporal Xynthia en Europa (propuestas de resolución presentadas): véase el Acta

5. Situación en Chile y estrategia de ayuda humanitaria de la UE (debate)

  Presidente. – De conformidad con el orden del día, el siguiente punto es la declaración de la Comisión sobre la situación en Chile y la estrategia de ayuda humanitaria de la UE.

  Janez Potočnik, Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, hago esta declaración en nombre de mi compañera, Kristalina Georgieva, Comisaria de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis. ¿Por qué yo y no ella? Es bastante claro y evidente. La Comisaria Georgieva llegó ayer, 10 de marzo, a Chile para visitar las zonas afectadas por el último terremoto y hacer un seguimiento del trabajo sobre el terreno de los activistas humanitarios europeos y expertos en protección civil.

Inmediatamente después de llegar a Santiago, la capital de Chile, la Comisaria Georgieva viajó a la zona más afectada por el terremoto y el tsunami, incluida la zona costera que rodea Constitución, Talca y Concepción.

Durante su evaluación sobre el terreno se reunió con los representantes de los socios de la Oficina europea de ayuda humanitaria de urgencia (ECHO) que trabajaban en la zona, visitó los centros de control e información (CCI) en Penco y tuvo contacto bilateral con las autoridades chilenas de la región.

La Comisaria Georgieva también representará al Presidente Barroso durante la investidura del presidente Sebastián Piñera en Valparaíso que tendrá lugar más tarde.

El terremoto masivo y el posterior tsunami que asoló Chile en las primeras horas del sábado 27 de febrero fueron una tragedia terrible. Las últimas cifras oficiales indican que al menos 528 personas han muerto, y se espera que la cifra aumente. Hay más de dos millones de afectados. El daño sufrido por las infraestructuras ha sido enorme, y medio millón de hogares han sufrido daños graves.

La Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión, Cathy Ashton, llamó al Ministro de Asuntos Exteriores de Chile, Mariano Fernández, el mismo día para trasladar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y manifestar que estamos dispuestos a proporcionar asistencia y apoyo.

Tan pronto como tuvimos noticias del terremoto, se movilizó el sistema de respuesta de emergencia de ECHO. El mecanismo de protección civil de la UE emitió inmediatamente un mensaje prealerta a los estados participantes. El centro de crisis del CCI operó durante la primera semana, obtuvo informes sobre la escala y el impacto del terremoto, e identificó los recursos de protección civil que se podrían facilitar para su rápida utilización. La Comisaria Georgieva se desplazó al centro de crisis durante el día para dirigir las operaciones.

Una serie de Estados miembros de la UE han notificado al CCI la asistencia empleada u ofrecida. Esto incluye el personal y equipo que ya se ha enviado a Concepción desde España, Alemania, Francia y el Reino Unido, donativos desde Finlandia, Reino Unido y los Países Bajos y ofertas de puentes, tiendas y cocinas de campaña y generadores desde Bulgaria, Eslovaquia, Suecia y Austria.

Las autoridades chilenas han aceptado las ofertas de ayuda de los Estados miembros de la UE.

El sistema de respuesta humanitaria de emergencia de la Comisión se activó simultáneamente en Bruselas y en la oficina regional de ECHO en Managua que se ocupa de Latinoamérica.

Se contactó con los posibles socios con capacidad de proporcionar ayuda inmediata para obtener financiación de urgencia y se movilizó a los expertos de ECHO para que viajaran a la zona del terremoto en cuanto tuvieran oportunidad. Se adoptó una primera decisión de emergencia por valor de tres millones el domingo por la mañana temprano. Los acuerdos de subvenciones humanitarias se han firmado ahora con cuatro agencias partícipes: Telecom Sans Frontières de Francia para proporcionar servicios de telecomunicación de emergencia, la Organización Panamericana de la Salud y la Cruz Roja española para ayudar a reestablecer los servicios sanitarios, y la Cruz Roja alemana para proporcionar refugio, agua potable y artículos domésticos básicos.

ECHO desplegó un equipo formado por dos expertos en ayuda humanitaria que llegaron a Chile el lunes 1 de marzo por la mañana, para evaluar las necesidades y reunirse con las autoridades y posibles asociados en la ejecución. Al día siguiente llegaron dos miembros más del equipo, a los que se sumaron cinco más unos días después.

También se encuentra ahora en Chile un mecanismo de protección civil de la UE formado por un equipo de seis expertos. Cuatro están trabajando en la zona del terremoto cerca de Concepción, mientras que dos están actualmente en Santiago, hacen de enlace con las autoridades y coordinan la respuesta de los Estados miembros de la UE.

Los expertos humanitarios de ECHO y el equipo de protección civil de la UE están llevando a cabo evaluaciones conjuntas con la OCAH y varias agencias de las Naciones Unidas en las zonas más afectadas.

  Michèle Striffler, en nombre del Grupo PPE. – (FR) Señor Presidente, Comisario, Señorías, como ya se ha dicho previamente, el terremoto en Chile, que fue más intenso que el que sufrieron los haitianos y al que también siguió un tsunami, fue, sin embargo, menos mortal gracias al servicio de alerta rápida que funcionó, a poblaciones que estaban mejor preparadas para las catástrofes y a un estado sólido capaz de reaccionar.

Acojo favorablemente la rápida reacción de la Comisión Europea y de los Estados miembros. El Centro de Control e Información de la UE se activo de forma inmediata, se adoptó una decisión humanitaria urgente para destinar tres millones de euros para responder a las necesidades inmediatas y se empleó a los expertos de la Dirección General para Ayuda Humanitaria (DG ECHO) en las zonas afectadas por la catástrofe para que valorasen las necesidades existentes.

Quiero aplaudir en particular la reacción pública inmediata de la Comisaria Georgieva, que llegó ayer a Santiago para visitar las zonas afectadas.

La mayoría de las catástrofes son sucesos inesperados. Para poder proteger la vida de los que viven en las zonas vulnerables a las catástrofes naturales, es de vital importancia que reduzcamos los riesgos estando mejor preparados y contando con edificios que contribuyan a la causa. También es importante que garanticemos que la cooperación de desarrollo incorpora una reducción del riesgo de catástrofe, es decir, preparación frente a las catástrofes, mitigación de sus efectos y, sobre todo, su prevención.

  María Muñiz De Urquiza, en nombre del Grupo S&D. – (ES) Señor Presidente, en primer lugar, quiero expresar en nombre de la Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile, nuestra solidaridad con el pueblo, el Parlamento y el Gobierno chilenos ante la catástrofe que ha supuesto el terremoto del día 27 de febrero y las réplicas —más de doscientas— que han tenido lugar hasta ayer mismo.

Al menos quinientas personas, entre ellas dos europeas, han muerto y dos millones de chilenos se encuentran afectados por los terremotos. El terremoto ha afectado más gravemente a los pueblos mapuches, cuyos territorios se encuentran en tres de las cuatro regiones del sur del país.

Quiero también expresar nuestro reconocimiento a todas las personas que han colaborado desinteresadamente y a los profesionales que atendieron a las víctimas. La sociedad chilena ha sabido estar a la altura de las circunstancias en una situación muy complicada. Quiero felicitar a la Presidenta Bachelet por los esfuerzos inmediatos desplegados por su Gobierno para atajar la situación de un terrible terremoto que ha destruido viviendas e infraestructuras.

A la rápida acción del Gobierno y la demostración de seriedad y responsabilidad a la hora de identificar las necesidades concretas en las que se precisaba apoyo, se ha unido la solidaridad internacional, muestra de las excelentes relaciones de Chile con sus vecinos y con sus socios estratégicos.

Y quiero felicitar al nuevo Gobierno de Sebastián Piñera que hoy mismo toma posesión, y animarle en los esfuerzos de reconstrucción para los que, espero, contará con todo el apoyo de la Unión Europea.

Chile, además de un país amigo, socio de la Unión Europea, es un país desarrollado miembro de la OCDE, pero el coste de la reconstrucción será alto: se calcula que alcanzará los 20 millones de dólares, el 15 % del PIB chileno. Por eso pido desde aquí que la Unión Europea ponga a disposición de las autoridades chilenas todos los instrumentos con los que cuenta para contribuir a la reconstrucción. El país necesitará créditos internacionales y el Banco Europeo de Inversiones, con el que Chile acaba de suscribir un acuerdo, debería participar en la financiación de los proyectos de reconstrucción.

La Unión Europea, bajo Presidencia española, ha establecido un mecanismo de coordinación de ayuda humanitaria con las Naciones Unidas y una célula posterremoto, y está prevista la visita de la Comisaria de Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria en los próximos días. Esperamos que la Comisión, sin olvidar otros compromisos igualmente urgentes como Haití, esté también a la altura de las expectativas que se han despertado en Chile.

  Izaskun Bilbao Barandica, en nombre del Grupo ALDE. – (ES) Señor Presidente, la solidaridad con un país después de una catástrofe, como ocurre en Chile, ha de demostrarse con algo más que palabras, como hemos podido escuchar hoy de boca del responsable de la Comisión.

Chile ha sido, para nosotros y nosotras, un país de acogida y asilo. Allí vive, por ejemplo, una nutrida colonia vasca que emigró hacia esas tierras en el siglo XIX por razones económicas y en el siglo XX por razones políticas.

Por eso, las palabras, en este caso, deben ir acompañadas de actuaciones y me alegro, por ello, de la rápida actuación de la Unión, que envió de inmediato una ayuda de tres millones de euros para financiar operaciones, y también me congratulo por la reacción de la Alta Representante, la señora Ashton, y felicito a la Comisaria, que tuvo una reacción inmediata y desde ayer está dando ánimos y viendo cuáles son las necesidades in situ.

Me alegro también del funcionamiento del nuevo sistema de protección civil ECHO, de la asistencia que hemos podido otorgar desde las instituciones europeas, así como de la colaboración establecida a través de las diferentes agencias.

Europa ha tenido y está teniendo la oportunidad de consolidar su papel como actor destacado en la escena internacional en estas ocasiones, colaborando de manera directa con los afectados y cooperando en la coordinación de las ayudas que se organicen desde los Estados y también desde las regiones.

Quiero destacar la actuación de la Presidenta Bachelet que ha demostrado, una vez más, la manera de hacer política, derrochando humanidad, colaborando con el que va a ser desde hoy el nuevo Presidente, el señor Piñera, al que también quiero felicitar y que ha sido un ejemplo de cómo desterrar la política para estar a la altura de la circunstancia que el país necesita.

Deseo expresar, en nombre de mi grupo, mi solidaridad, mi apoyo a todas las operaciones realizadas, mis condolencias a las familias de los 528 fallecidos y otros tantos desaparecidos, y a las personas que se han quedado sin hogar.

Recientemente, en una misión de observación preelectoral de la Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile, visitamos ese territorio. Tuvimos ocasión de comprobar sobre el terreno cuáles eran sus proyectos y vimos que era un país modelo de desarrollo económico y social en el Cono Sur de América.

Tenemos que empeñarnos en que este terremoto no interrumpa ese camino de desarrollo económico y también de desarrollo social.

  Raül Romeva i Rueda, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (ES) Señor Presidente, quiero empezar suscribiendo las palabras de mis colegas Muñiz y Bilbao porque, efectivamente, creo que lo primero que hay que hacer es mostrar la solidaridad europea con el pueblo chileno y con las instituciones chilenas, muy bien representadas por las figuras de la Presidenta Bachelet y el Presidente electo Piñera.

En segundo lugar, creo que es importante también recordar que, efectivamente, como suele ocurrir en estos casos, los desastres que tienen una causa natural son indiscriminados y no tienen en ningún momento conocimiento de quiénes son ricos y pobres: castigan por igual. Pero es verdad también que a los pobres los castiga especialmente y hace mucho más difícil que la recuperación de estos lugares sea posible.

Por ello, creo que es importante plantear no solamente las necesarias medidas de recuperación y de reconstrucción poscatástrofe, sino también replantear en muchos casos lo que son algunos elementos estructurales, y aquí viene mi pregunta. Si me lo permite el señor Comisario, quisiera interesarme por una cuestión muy específica en el marco del Country Strategy Paper que la Unión Europea tiene con Chile.

De los 41 millones de euros que están previstos para el período 2007-2013, ¿cuántos van a ir precisamente destinados a fortalecer las infraestructuras en términos de carreteras, transportes, etc.? ¿Cuántos van a ir a mejorar la construcción de las viviendas para poder garantizar que, en posibles y no deseables eventos futuros, haya una mejor preparación para una situación como esta? Y, por último, ¿cuántos de estos recursos han sido ya destinados a estos fines?

  Tomasz Piotr Poręba, en nombre del Grupo ECR. – (PL) El terremoto de Chile se llevó las vidas de varios cientos de víctimas, y más de un millón y medio de personas han perdido sus hogares. No obstante, demostremos nuestra solidaridad con Chile hoy y recordemos que las personas que están allí siguen sufriendo por la falta de suministros higiénicos y la falta de acceso a agua potable, así como de alimentos, medicinas y mantas. Además, se ven acosadas por grupos delictivos que saquean las tiendas y las casas abandonadas.

Nosotros, como UE, tenemos que hacer todo lo posible para impedir que los que han perdido todas sus posesiones, y en muchos casos a miembros de su familia, sean víctimas de ladrones que se aprovechan de su sufrimiento.

Es positivo que hayamos decidido enviar tres millones de euros para necesidades inmediatas. Sin embargo, debemos recordar que todavía hay lugares en Chile a los que la ayuda no ha llegado debido a los daños que han sufrido las carreteras y puentes. Los últimos sucesos en Chile y Haití demuestran que, además de la ayuda económica de la UE, hay que mejorar los mecanismos de concesión de ayuda a los países sacudidos por las catástrofes.

La solidaridad con Chile es algo muy hermoso, y es bueno que la UE demuestre esa solidaridad. Sin embargo, acordémonos de no quedarnos sólo en la solidaridad, sino de apoyar a Chile también en el futuro.

  Fiorello Provera, en nombre del Grupo EFD. – (IT) Señor Presidente, espero que se recupere pronto. En primer lugar, quiero trasladar mi solidaridad a todos los que se han visto afectados por esta catástrofe natural. Lamentablemente, las tragedias siguen ocurriendo debido a grandes terremotos. En situaciones como estas, con edificios e infraestructuras destruidos por todas partes y con miles de muertos, es importante que se mejore constantemente la coordinación de la protección civil y las autoridades de emergencia para evitar que se solapen los esfuerzos y se desperdicien los recursos. La UE intervino con rapidez en Chile, pero tiene que colaborar con las autoridades locales para identificar las necesidades y coordinar la ayuda de forma eficiente.

La prensa anunciaba esta mañana que la mitad de la ayuda proporcionada por las Naciones Unidas a Somalia ha sido robada por los socios locales, por algunos funcionarios de Naciones Unidas y por los militantes islámicos. Así pues, un aspecto que hay que considerar es la transparencia en la recaudación de donaciones públicas y privadas y la distribución eficiente de la ayuda proporcionada a las poblaciones. No se puede traicionar la generosidad, y hay que crear un sistema de control para evitar que el dinero se despilfarre o se robe, en especial cuando se envía a países muy lejanos cuyas instituciones pueden verse debilitadas por las crisis.

  Diane Dodds (NI). – Señor Presidente, nuestros ciudadanos se animarán al oír que se han tomado medidas positivas para ayudar a la población de Chile. A todos nos ha conmovido su difícil situación.

Sin embargo, hoy quiero comentar temas más generales sobre la estrategia de ayuda humanitaria. Con gran orgullo, la Comisión Europea se declara a sí misma como uno de los mayores donantes de ayuda humanitaria del mundo. Su función, declara, es salvar y proteger vidas, encontrar refugio para los desplazados y ayudar a que el mundo esté preparado para las catástrofes naturales. Estas son verdaderamente aspiraciones que merecen la pena. Sin embargo, no es el dinero de la Comisión el que se dona. Es británico, francés, alemán, es, de hecho, el dinero de 27 naciones. En tiempos de crisis económica, se debe reconocer el valioso esfuerzo de estas naciones. Quizás la Comisión debería reflejar esto en sus documentos y reconocer los esfuerzos realizados por los que se sacrifican realmente. No es la élite política ni los burócratas del Berlemont, sino personas corrientes de comunidades corrientes.

Aunque es cierto que los países en vías de desarrollo necesitan ayuda, también es cierto que necesitan nuestro apoyo a la hora de establecer y mantener estructuras democráticas creíbles. Necesitan nuestra ayuda para construir una sociedad cívica sólida y sin restricciones. También necesitan nuestra ayuda —y, más importante aún, nuestra sinceridad— a la hora de señalar fechorías de los regímenes políticos que se aseguran de que las personas corrientes sigan viviendo en condiciones de pobreza y necesidad.

  Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Señor Presidente, el último terremoto catastrófico que tuvo lugar en Chile, poco después del desastre en Haití, se llevó la vida de cientos de personas y causó un daño masivo a las estructuras del país, en especial en la zona de Concepción.

Tenemos que estar de lado de las víctimas y sus familias y hacer una declaración sincera de solidaridad. Tenemos que estar del lado de un país con el que mantenemos vínculos cercanos y amistosos y que representa una de las economías más fuertes de la región y un ejemplo de desarrollo para los países vecinos. Esto se ha establecido dentro del marco de la Comisión Parlamentaria Mixta.

Les recordaré que la UE y Chile firmaron un Acuerdo de Asociación que entró en vigor en 2005 y que prevé la cooperación política y económica y la acción conjunta a escala mundial. Además, como ya se ha manifestado, la Comisión Europea ha adoptado un plan de desarrollo estratégico para 2007-2013, que prevé que este país latinoamericano pueda solicitar recursos de la UE para programas regionales y sectoriales de los que se haga cargo el último gobierno elegido del país.

Es alentador el anuncio inmediato de apoyo financiero y de todos los aspectos mencionados por la Comisión hoy. Sin embargo, quiero destacar que tenemos que facilitar la liberación de recursos destinados, conforme al marco estratégico UE-Chile mencionado anteriormente, tan pronto como sea posible para que se puedan abordar rápidamente las consecuencias en la infraestructura del país de este último terremoto y para el futuro desarrollo del país.

  Enrique Guerrero Salom (S&D). – (ES) Señor Presidente, quisiera empezar expresando mi solidaridad con el pueblo de Chile, esa solidaridad que hemos expresado también con el pueblo de Haití, de Turquía y de Perú, que han sufrido también desastres naturales recientes.

La solidaridad es un signo distintivo de la identidad europea y tenemos que reforzar esa solidaridad de cara al futuro.

Por fortuna, Chile es un país que tiene una amplia capacidad de respuesta ante estas situaciones de desastres naturales, pero esa capacidad no la tienen en amplias partes del mundo.

Por eso quería referirme, fundamentalmente, a la estrategia europea de ayuda humanitaria. Nuestra respuesta puede ser todavía más eficaz, puede ser todavía más rápida y más efectiva siempre que caminemos en una dirección apropiada. ¿En qué dirección? En mi opinión, en primer lugar, hacia una mayor coordinación entre los Estados miembros, sus respectivas agencias humanitarias y las instituciones de la Unión.

En segundo lugar, hacia una mayor coordinación entre la Unión Europea y otras organizaciones internacionales de ayuda humanitaria, fundamentalmente, las Naciones Unidas.

En tercer lugar, hacia una mayor coordinación entre los actores militares y humanitarios. Tenemos que preservar la seguridad de la población civil y de los actores humanitarios, pero también la independencia, la neutralidad y la imparcialidad de la ayuda humanitaria y el respeto del Derecho internacional.

Y dentro de nuestro propio campo, si queremos que la ayuda humanitaria y la respuesta a la crisis sean un eje fundamental de nuestra acción exterior, necesitamos más recursos humanos y económicos.

Podemos aprovechar el informe Barnier para crear el cuerpo de voluntariado europeo y, puesto que está aquí el Comisario Piebalgs, estrechar y coordinar mejor el link entre la ayuda humanitaria y las políticas de reconstrucción y desarrollo.

  Jim Higgins (PPE). – Señor Presidente, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el señor Guerrero Salom en relación con nuestra respuesta. Debo decir que me quedé conmocionado en un principio cuando escuché que la Unión Europea —la Baronesa Ashton— iba a realizar una donación en torno a los tres millones de euros. Tres millones de euros no es nada con respecto a las consecuencias, las secuelas y la devastación causada.

La última vez que estuvimos aquí —hace cuatro semanas — debatimos el tema de Haití. Esta mañana debatimos el temporal de Xynthia en Europa y también debatimos las secuelas del terremoto chileno que tuvo lugar hace sólo dos semanas. Después tuvieron una réplica de 6.6, que fue de por sí totalmente devastadora.

La secuela está ahí; las consecuencias están ahí y las estadísticas están ahí. Hablamos de 500 000 —medio millón— casas destruidas que hay que reconstruir, y aquí es donde tenemos que ofrecer ayuda práctica. Hay aproximadamente 540 fallecidos y aún hay más entre los escombros. Es una verdadera catástrofe natural. Pero hablamos de una factura total de 22 000 millones de euros. Realmente tenemos que aumentar nuestra aportación particular en este sentido.

Uno de los mayores atractivos en relación con el Tratado de Lisboa —y sabemos que en Irlanda rechazamos el Tratado I— era que íbamos a tener una respuesta humanitaria inmediata a las catástrofes naturales. Tengo que decir que ya sea Haití, el sur de Europa o desde el punto de vista de la situación en Chile, no hemos respondido. Sé que son los primeros días, pero realmente tenemos que aunar esfuerzos. Lo que necesitamos sobre todo es ayuda práctica: a) dinero, b) agua pura, c) restaurar el suministro eléctrico y d) poner en marcha la economía cuanto antes.

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). – (ES) Señor Presidente, ayer hablé con el senador Jorge Pizarro —desde hace unas horas Presidente del Senado de Chile—. El señor Pizarro impondrá hoy la banda presidencial al Presidente Piñera. Quiero expresar mi esperanza de que el Presidente Piñera acometerá con eficacia las tareas de reconstrucción y quiero felicitar a la Presidencia Bachelet por la gestión de la crisis.

Expreso, señor Presidente, mi solidaridad y afecto fraternal al pueblo de Chile por los durísimos terremotos y tsunami padecidos en Concepción, en Bio Bio, en Temuco o en Valparaíso. Sé, señor Presidente, que el heroico pueblo de Chile podrá superar, como otras veces, esta dramática situación. Reitero mi afecto, mi cariño y mi profunda solidaridad.

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, en vista de las devastadoras consecuencias del terremoto de magnitud 8,8 en Chile, tiene que reconocer al alcalde de Concepción que 24 horas es una eternidad para cualquiera que esté enterrado bajo los escombros. Incluso aunque las autoridades y los servicios de rescate en este país latinoamericano están indudablemente bien preparados para los posibles terremotos, la ayuda para los más de dos millones de personas afectadas no llega a todas las zonas afectadas lo suficientemente pronto debido a problemas logísticos. Las tropas que ya llegaban tarde se vieron inmersas en el caos. La población se vio obligada a huir a sus tejados y establecer controles de carretera no sólo por el miedo a que hubiera réplicas, sino también por temor a los delincuentes. Quizás Chile sea lo suficientemente próspero para ocuparse de los afectados por el terremoto él mismo pero, gracias a dios, se tragó su orgullo y pidió ayuda, también a la UE.

Sin embargo, habrá lecciones que también nosotros tengamos que aprender de esto, por ejemplo que en las emergencias enseguida desaparece el sentido de civilización y que 24 horas puede ser demasiado tiempo. En este sentido, los planes de emergencia y la coordinación de los esfuerzos de asistencia deben ser más efectivos, también en el territorio de la UE.

  Janez Potočnik, Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, todos nos quedamos conmocionados por la magnitud de la catástrofe natural y humana. A través de la rápida movilización del sistema de respuesta de emergencia de ECHO y del mecanismo de protección civil de la UE, pudimos ofrecer ayuda coordinada y práctica rápidamente después del terremoto.

Como ya he mencionado, también fue importante la asistencia ofrecida por una serie de Estados miembros de la UE.

Además de las acciones humanitarias y otras que ya he descrito, merece la pena mencionar que el martes en Luxemburgo, el Banco Europeo de Inversiones y Chile —esto lo mencionó el honorable diputado— firmaron un acuerdo marco para permitir que el banco operara en Chile.

Este avance pone de relieve las excelentes relaciones que mantienen la UE y Chile y nuestro compromiso compartido para continuar ampliando y profundizando nuestra relación. También es extremadamente oportuno, porque el BEI puede ser una herramienta adicional para que la UE trabaje junto con Chile en la reconstrucción, que ya se ha iniciado, a medio y largo plazo.

Con respecto a la cuestión de la estrategia de ayuda para Chile y los 41 millones de euros destinados: 25 millones de euros se gastaron en el primer tramo; quedan 15,6 millones de euros para el segundo. Normalmente se debería dividir el 50 % para la cohesión social y el 50 % para la innovación y competitividad. Hemos ofrecido destinar esta cantidad a la reconstrucción sometida a revisión. Aún no hay peticiones por parte de las autoridades chilenas, pero desde luego se podría destinar bajo ambos títulos a la reconstrucción.

Las autoridades chilenas aún no han hecho ninguna petición concreta para que la UE ayude en la reconstrucción. Como ya he mencionado, el Presidente Piñera toma hoy posesión de su cargo. Seguro que concederá la máxima prioridad a la evaluación y cuantificación del daño y a la planificación de las medidas masivas que se necesitarán.

La Comisión está dispuesta a considerar cualquier petición en el futuro. Como ya he mencionado anteriormente, el hecho de que el BEI pueda operar ahora en Chile proporciona un instrumento adicional para elegir entre los que ya están a nuestra disposición.

También cabe recordar lo que han mencionado también algunas de sus Señorías, y es que Chile es un buen ejemplo de desarrollo. Es realmente un acreedor neto, a diferencia de la mayoría de países latinoamericanos. El actual Ministro de Finanzas destacó el pasado viernes el hecho de que, a diferencia de lo que había ocurrido con otras tragedias sufridas por la población chilena, esta vez el estado chileno y la población chilena también tenían sus propios recursos.

De modo que, para finalizar, la Unión Europea —los ciudadanos, regiones y países de la Unión— está con Chile hombro con hombro para enfrentarse a esta catástrofe, y así es como debe ser en un mundo civilizado y humano.

  Presidente. – Se cierra el debate.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

  António Fernando Correia De Campos (S&D), por escrito. – (PT) Tras el terremoto de Haití, nos enfrentamos de nuevo a una catástrofe terrible, con 800 víctimas confirmadas y un daño total que asciende a aproximadamente el 15 % del PIB de Chile. Según la Presidenta chilena, la señora Bachelet, el 80 % de la población se vio afectada, y la infraestructura del país resultó gravemente dañada.

Una vez más, la UE ha asumido sus responsabilidades como socio comercial privilegiado que es de ese país del que es el primer socio comercial y el primer mercado para las exportaciones chilenas. La respuesta de la UE fue proporcionar los tres millones de euros de ayuda de emergencia mientras los expertos de protección civil evalúan sobre el terreno las necesidades inmediatas.

Las catástrofes naturales que han asolado el mundo, como los terremotos y los temporales mortales que se han vivido recientemente en la UE, nos hacen reconsiderar el paradigma de ayuda humanitaria y de emergencias, que requiere una respuesta rápida, ágil y coordinada.

La UE ha demostrado su eficiencia y su capacidad para reaccionar. El Parlamento, además de expresar sus más sinceras condolencias a Chile, también demuestra mediante este debate su compromiso para ayudar a reconstruir el país, que se ha visto tan severamente perjudicado por el terremoto del 27 de febrero.

(La sesión, suspendida a las 11.40 horas a la espera del turno de votaciones, se reanuda a las 12.00 horas)

PRESIDE: Gianni PITTELLA
Vicepresidente

6. Declaración de la Presidencia

  Presidente. – Señorías, antes de proceder con la votación, quisiera hacer un breve anuncio porque hoy conmemoramos el 6º Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

Hoy rendimos homenaje a las más de 5 000 víctimas en Europa y expresamos nuestra solidaridad con los innumerables heridos víctimas de las atrocidades del terrorismo.

Los atentados que tuvieron lugar hace seis años en Madrid, el 11 de marzo de 2004, que mataron a 191 personas de 17 países y las bombas detonadas en Londres el 7 de julio de 2005, son los peores actos de terrorismo perpetrados en suelo europeo.

El terrorismo es un ataque contra todos nosotros: ataca la propia estructura de nuestra sociedad democrática.

Por eso Europa siempre estará unida en la lucha contra el terrorismo, ya sea separatista, religiosa o política.

El terrorismo nunca puede justificarse de ninguna forma y por ninguna razón. Estos días europeos nos brindan la oportunidad de demostrar que ningún terrorista ni acto terrorista podrá nunca destruir nuestra fe en los valores principales: en los derechos humanos fundamentales y la democracia.

(Aplausos)

7. Calendario de los períodos parciales de sesiones: véase el Acta

8. Turno de votaciones

  Presidente. — El siguiente punto son las votaciones.

(Para ver los resultados detallados de las votaciones: véase el Acta)

  Robert Goebbels (S&D). – (FR) Señor Presidente, le pediría que esperase un poco más, porque muchos diputados siguen esperando en los ascensores. Alguien tuvo la extraordinaria idea de reparar los ascensores durante una de las semanas del mes en las que estamos en Estrasburgo cuando se podría haber hecho durante las tres restantes.

  Presidente. – Señor Goebbels, ya son más de las 12.00 horas. Ya hemos esperado cinco minutos. Creo que podemos proceder con la votación.

(Aplausos)

8.1. Cuba (B7-0169/2010) (votación)

8.2. Inversión en tecnologías con baja emisión de carbono (votación)

8.3. Graves catástrofes naturales acaecidas en la Región Autónoma de Madeira y efectos del temporal Xynthia en Europa (B7-0139/2010) (votación)

9. Explicaciones de voto

Explicaciones de voto orales

Propuesta de resolución RC-B7-0169/2010

  Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Según los archivos del gobierno y la bibliografía disponible, el régimen comunista en Eslovaquia condenó a 71 168 personas durante los años 1948 a 1989 por presuntos delitos políticos.

No hay mejor forma de honrar la memoria de esos presos políticos y presos de conciencia que trabajar de forma activa para promover la libertad y la democracia allí donde se consideran un lujo inalcanzable. Los llamamientos de la UE no han obtenido respuesta hasta el momento. Sin embargo, estoy profundamente preocupado por la situación de los presos en Cuba y, por tanto, insto al Consejo y a la Comisión a que tomen las medidas efectivas necesarias para que se libere a los presos políticos y se apoye y asegure su trabajo como protectores de los derechos humanos. A los ciudadanos de Cuba...

(El Presidente interrumpe al orador)

  Filip Kaczmarek (PPE). – (PL) Señor Presidente, aprobé la adopción de la propuesta de resolución sobre Cuba. Sinceramente, no entiendo por qué los amigos europeos de Fidel Castro defienden con tanta obstinación la idea de bancarrota y de revolución desmoralizada. ¿Es que sólo las víctimas mortales del que se considera a sí mismo un régimen progresista concienciarán a la población de la necesidad de que haya un cambio en Cuba? A veces los sacrificios individuales contribuyen a cambios históricos. Espero que esta vez sea también el caso. Al mismo tiempo, no quisiera que hubiera más víctimas debido al dogmatismo de las autoridades o a su incapacidad para analizar su propia postura y cambiar.

Tampoco puedo aceptar el hecho de que muchos de los países de ACP adoptan una opinión totalmente ciega del carácter y la importancia del sistema social y político que se ha formado en Cuba. Estoy totalmente convencido de que ésta es una concepción de solidaridad errónea. Sería más honrado reconocer lo que se ha logrado en Cuba pero, al mismo tiempo, condenar que lo que no ha sido un éxito y es antisocial, inhumano y destructivo.

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D). – (ES) Señor Presidente, quería hablar en nombre de la señora Muñiz para explicar por qué la delegación española de nuestro grupo ha votado en contra de la enmienda nº 2 del Grupo GUE/NGL, a pesar de que en ella se pedía el apoyo a la Presidencia española en sus gestiones con Cuba.

En primer lugar, quiero recordar que no podemos suscribir las enmiendas de un grupo que se ha apartado del conjunto de la Resolución y que nuestro compromiso con el conjunto de los grupos que han suscrito la Resolución no nos permitía suscribir una enmienda parcial a ese documento.

Y, en segundo lugar, esa enmienda nº 2 del Grupo GUE/NGL no responde literalmente a la posición de la Presidencia española, que busca un consenso en la Unión Europea para renovar el marco de relaciones con Cuba, pero no una ruptura absoluta de la Posición Común, como dice literalmente esa enmienda.

Esa es la razón de nuestro rechazo a esa enmienda.

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Ha sido un honor para mí apoyar hoy la resolución sobre los presos de conciencia de Cuba, no sólo como diputada de un antiguo estado totalitario y comunista, sino también porque he conocido personalmente a disidentes cubanos en el pasado, concretamente a un físico, el Dr. Darsí Ferrer, que lleva encarcelado junto a otros desde julio del año pasado.

Tras mi regreso, informé al Parlamento sobre la lamentable situación del sector sanitario, y quisiera destacar de nuevo que aquellos que no son miembros del Partido Comunista y que no tienen dólares, no tienen acceso a los medicamentos. El Dr. Darsí Ferrer fue una personalidad importante en La Habana, que ayudaba a los disidentes a obtener medicamentos. Ahora está entre rejas.

Me complace ver que hemos aprobado esta resolución, que es una resolución contundente que claramente reta a las autoridades europeas a continuar con sus esfuerzos para que se produzca un cambio democrático en Cuba.

  Daniel Hannan (ECR). – Señor Presidente, quién hubiera pensado hace 20 años, cuando el aire de Europa se volvía denso con el polvo de ladrillo de los muros que se derribaban y los gritos de libertad, que la bandera roja seguiría ondeando hoy en La Habana y que Fidel Castro estaría muriendo tranquilamente en su cama en esa sofocante isla caribeña.

Sola mors tyrannicida est, dice mi compatriota, Thomas More: la muerte es la única forma de deshacerse de los tiranos.

Hay dos cosas que han mantenido el régimen comunista en Cuba: la primera, la mala gestión del bloqueo estadounidense, que ha permitido que Castro y su régimen echasen toda la culpa de todas las privaciones que sufrían sus compatriotas al imperialismo extranjero en lugar de a la mala administración económica del comunismo y, segundo, la indulgencia de algunos europeos, incluidas algunas personas de esta Cámara, que aplican un doble rasero lamentable con el que excusan los abusos de los derechos humanos y la negación de la democracia en Cuba basándose en que es una gran cuna de médicos y bailarines.

Espero que esta Cámara madure y que algunos diputados vean más allá de sus días como estudiantes en los que llevaban camisetas del Che Guevara. Ha llegado el momento de comprometerse constructivamente con las fuerzas democráticas en Cuba. La historia nos absolverá.

  Philip Claeys (NI). – (NL) Señor Presidente, he votado a favor de la resolución sobre Cuba porque, en general, es bastante crítica con el régimen totalitario de La Habana. Al mismo tiempo, quiero aprovechar esta oportunidad para pedir al Consejo que ponga fin a los intentos de normalizar sus relaciones con Cuba mientras seguimos tratando con una dictadura comunista que viola los derechos humanos de manera flagrante.

También instaré a la nueva Alta Representante para que no siga la línea adoptada por la Comisión en la legislación anterior. Con esto me refiero, por ejemplo, al señor Louis Michel, que ha visitado Cuba en repetidas ocasiones sin hacer acusaciones de ningún tipo con respecto al estado de los derechos humanos y la democracia allí. Es totalmente inaceptable que la UE trate de congraciarse con el régimen comunista de Cuba.

Propuesta de resolución B7-0148/2010

  Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Señor Presidente, al aprobar la propuesta de resolución, quería expresar mi apoyo a la inversión en el desarrollo de tecnologías con baja emisión de carbono. El Plan EETE sólo puede ser efectivo y creíble si se financia adecuadamente, y esto incluye la financiación de fuentes privadas. Los argumentos a favor de estas medidas son, principalmente, la situación económica actual en la que se encuentra Europa, unos cambios climáticos peligrosos y las amenazas a la seguridad energética. Gracias a las últimas investigaciones y tecnologías, ha surgido la posibilidad de superar la crisis, que al mismo tiempo respalda las medidas relacionadas con el cambio climático. También es una oportunidad para la agricultura europea, una forma de crear nuevos trabajos en zonas rurales en el sector no agrícola, en especial en la creación de fuentes de energía renovables.

  Jan Březina (PPE). – (CS) Yo también he votado a favor de la propuesta de resolución sobre la inversión en el desarrollo de tecnologías con baja emisión en carbono (el Plan EETE) porque, en mi opinión, es un instrumento clave para transformar la Unión en una economía innovadora, capaz de cumplir con objetivos ambiciosos. En este sentido, considero esencial que la Comisión, en estrecha cooperación con el BEI, presente una propuesta general sobre un instrumento para invertir en la energía procedente de fuentes renovables, en proyectos de eficiencia energética y en el desarrollo de redes inteligentes no más tarde de 2011. De la mano de ello debe ir un refuerzo del papel del BEI a la hora de financiar proyectos en el ámbito energético y, en especial, proyectos con altos niveles de riesgo.

Rechazo rotundamente la explotación del tema de las tecnologías con baja emisión de carbono y los golpes bajos a la energía nuclear en las presentaciones de los diputados de la izquierda del panorama político. Mantengo que la energía nuclear es una energía limpia que contribuye al desarrollo sostenible.

  Marek Józef Gróbarczyk (ECR). – (PL) No podría apoyar la resolución, aunque es extremadamente importante para la economía europea. Cabe observar que la resolución prevé una enorme concentración de dinero únicamente en determinados ámbitos, únicamente en determinadas ramas de la industria energética: las áreas ecológicas. Esto entra en conflicto con la concepción de solidaridad energética con países que dependen principalmente del carbón. Las necesidades energéticas de Polonia se basan en el carbón, de modo que para nosotros es muy importante que la transición a una economía ecológica sea poco conflictiva. Como resultado de estas medidas, en Polonia, en lugar de crear empleos tendríamos que eliminarlos, algo que es extremadamente difícil durante una crisis y sería perjudicial para Polonia.

Propuesta de resolución RC-B7-0139/2010

  Sophie Auconie (PPE). – (FR) Señor Presidente, Señorías, el 27 y 28 de febrero el temporal Xynthia asoló Francia. Casi 60 personas murieron y cientos de miles de personas sufrieron daños considerables.

La UE tiene que servir de ejemplo ante esta tragedia. Por eso yo, personalmente, he participado en la redacción de esta resolución y he pedido a la Comisión Europea que sea extremadamente receptiva. Esperamos que proporcione ayuda económica a las zonas afectadas por el desastre a través del Fondo de Solidaridad de la UE.

Si a raíz de esta tragedia las regiones de Poitou-Charentes, Charente-Maritime, y Países del Loira y Bretaña solicitan una modificación de las asignaciones de su gasto cofinanciado por el FEDER y el FSE, la Comisión Europea tendrá que analizar estas peticiones favorablemente y con gran rapidez.

Dejando al margen esta resolución, yo, al igual mis compañeros de la mayoría presidencial de la Unión, estoy convencida de que es momento de crear una verdadera fuerza de protección civil europea que por sí sola podrá proporcionar ayuda adicional esencial en catástrofes como ésta.

  Presidente. – Señor Kelly, aunque no se haya inscrito para hablar antes de la primera explicación de voto, puede hacerlo como excepción. La próxima vez le ruego que recuerde inscribirse.

Propuesta de resolución B7-0148/2010

  Seán Kelly (PPE). – Señor Presidente, sólo quiero decir que es momento de que contemos con un documento decisivo sobre energía nuclear para definir el progreso y las medidas de seguridad que se han aplicado y el modo en que se transpondrá a la investigación en un futuro para que los ciudadanos puedan decidirse.

Hay mucho escepticismo al respecto —muchas dudas—y hay que aclararlo, lo que eliminaría muchas dificultades de este debate sobre tecnologías con baja emisión de carbono.

Por último, permítanme decir, en el aniversario de la declaración de independencia de Lituania y Estonia, que felicito a esos países por sus 20 años de independencia.

Explicaciones de voto por escrito

Propuesta de resolución RC-B7-0169/2010

  John Stuart Agnew, Marta Andreasen, Gerard Batten, John Bufton y Mike Nattrass (EFD), por escrito. — Aunque reconocemos que Cuba es una tiranía comunista y queremos ver cómo Cuba se transforma en un estado democrático y pacífico, no reconocemos a la UE en este proceso.

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La resolución del Parlamento Europeo, el pretexto de la muerte del preso cubano Orlando Zapata Tamayo, que murió tras una huelga de hambre, a pesar de los esfuerzos de los servicios sanitarios cubanos por devolverle la salud, es una provocación inaceptable al gobierno socialista y a la población de Cuba, y forma parte de una estrategia anticomunista dirigida por la UE y encabezada por el Parlamento Europeo en una puja por derrocar al régimen socialista. Condenamos la hipocresía y la provocación por parte del centro derecha, centro izquierda y los representantes de los Verdes del capital en el Parlamento Europeo por aprovecharse de este suceso.

El Partido Comunista Griego condena y vota en contra de la resolución del Parlamento Europeo. Pide que las personas expresen su solidaridad con el Gobierno y la población de Cuba; que se revoque la posición común contra Cuba; que se condenen los esfuerzos de la UE por utilizar los derechos humanos como pretexto para ejercer presión y coacción imperialista sobre los ciudadanos de Cuba y su Gobierno; que se exija el levantamiento del embargo estadounidense a Cuba inmediatamente y la inmediata liberación de 5 cubanos que se encuentran en cárceles estadounidenses. Pide que se defienda a la Cuba socialista.

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) La UE es la estructura más democrática del mundo, y el valor fundamental que la sustenta es el respeto de los derechos humanos. Por eso creo que es loable y alentador que todos los grupos del Parlamento se hayan unido a la hora de condenar los abusos cometidos por las autoridades cubanas contra los derechos humanos, por no mencionar el enfoque constructivo, receptivo al diálogo, que la UE ha decidido adoptar hacia Cuba.

Vivimos en el siglo XXI, y se deberían eliminar los delitos de opinión y conciencia de los valores de todos los Estados del mundo, sin importar lo larga que sea la historia de su totalitarismo y su dictadura. Entablar un diálogo internacional en lugar de imponer sanciones puede ser útil para cambiar actitudes a fin de que nadie que esté en desacuerdo con sus propias autoridades sufra los abusos e injusticias propias de regímenes que no respetan los derechos humanos.

Tragedias como la que ha ocurrido con el disidente cubano Orlando Zapata Tamayo, «culpable» de un delito de conciencia, no pueden repetirse nunca. Ahora hay también otros presos políticos en Cuba que están en peligro. Como defensora del respeto por los derechos humanos, la UE tiene que implicarse y tomar medidas rápidas y diplomáticas a fin de que la tragedia de Zapata no se repita nunca ni en Cuba ni en ningún otro lugar del mundo por este tema.

  Andrew Henry William Brons (NI), por escrito. – Condeno rotundamente el maltrato a la población en Cuba (o en cualquier otro lugar). No obstante, me abstengo de votar esta resolución, en general, contra Cuba. Un motivo es que la resolución pretende dar autoridad a la UE y a sus funcionarios para que hablen y actúen en nombre de los Estados miembros. La otra es que muchos Estados miembros de la UE procesan y encarcelan a personas por ejercer una libertad de expresión no violenta, por mantener opiniones heréticas o tomar parte en actividades disidentes. Es completamente hipócrita que los partidos que favorecen la represión política en Europa señalen con el dedo a estados como Cuba, que comparten sus opiniones y actividades represivas y antidemocráticas.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. − (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución sobre la situación de los presos políticos y de conciencia en Cuba. Reiteramos la necesidad de que se libere de forma inmediata a todos los prisioneros políticos y de conciencia. Creemos que la detención de disidentes cubanos por sus ideales y por su actividad política pacífica constituye una violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog y Åsa Westlund (S&D), por escrito. − (SV) Los Demócratas socialistas suecos compartimos la opinión presentada en la enmienda de que debe levantarse el bloqueo contra Cuba. Sin embargo, no creemos que la declaración deba incluirse en esta propuesta de resolución, puesto que concierne a presos de conciencia.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. − (PT) Orlando Zapata Tamayo murió de inanición porque pedía ser tratado como lo que era: un preso político perseguido por un régimen que, a pesar de cambiar de líder, sigue gobernando a sus ciudadanos con puño de hierro y les prohíbe asociarse o expresarse con libertad.

A todos deberían avergonzarnos las trágicas circunstancias de su muerte. En especial a los políticos, que, siguiendo la línea del señor Zapatero y del embajador Moratinos, han cambiado la política europea hacia Cuba.

Todo lo que ha logrado la UE con su tentativa de apaciguar ha sido aumentar la sensación de impunidad, mientras hacía que los demócratas —que se merecían mucho más de nosotros— se sintieran más aislados.

Espero que volvamos a la política democrática firme que acaba de suavizarse recientemente. Quiero que la UE reconozca finalmente que este cambio de política ha sido un rotundo fracaso. También quiero que Oswaldo Payá y las Damas de Blanco puedan viajar a Europa libremente para revelar las circunstancias que rodean los sucesos que acontecen en Cuba.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Hemos votado en contra de esta resolución debido a la explotación política que ha hecho la mayoría en el Parlamento de la muerte del señor Zapata Tamayo, tras una huelga de hambre en una prisión cubana, a pesar de haber recibido tratamiento médico. Quieren frustrar las intenciones que ha expresado públicamente la Presidencia española de poner fin a la posición común sobre Cuba. Una vez más, atacan a Cuba y a sus ciudadanos buscando inmiscuirse en su independencia y su soberanía, en sus éxitos económicos y sociales y en su solidaridad internacionalista ejemplar.

El capitalismo no es el futuro de la humanidad. Cuba sigue siendo un ejemplo de que es posible construir una sociedad sin explotadores ni explotados, una sociedad socialista. Los representantes del capitalismo en el Parlamento Europeo no aceptan ese hecho. Intentan evitar el diálogo político con el Gobierno cubano basándose en los mismos criterios que la UE aplica a todos los países con los que tiene relaciones.

No condenan el embargo estadounidense a Cuba, cuyo levantamiento inmediato ha solicitado en 18 ocasiones la Asamblea General de Naciones Unidas. No dicen nada sobre la situación de los cinco cubanos encarcelados en los Estados Unidos desde 1998 sin un juicio justo e ignoran que los Estados Unidos siguen dando refugio al cubano que fue el instigador del atentado contra una aerolínea en la que perecieron 76 personas.

  Jacek Olgierd Kurski (ECR), por escrito. – (PL) En la votación de hoy he aprobado la resolución sobre la situación de los presos políticos y de conciencia en Cuba. Como Parlamento Europeo, tenemos que condenar de forma inequívoca las prácticas del régimen en La Habana y defender los derechos de los periodistas independientes, disidentes pacíficos y defensores de los derechos humanos. En la resolución que se ha aprobado, hemos expresado nuestra profunda solidaridad con todos los cubanos y sus esfuerzos por lograr una democracia, así como el respeto y la protección de los derechos fundamentales. Vengo de un país en el que surgió un movimiento popular que se oponía al régimen comunista: el movimiento de Solidaridad. Aunque Polonia y otros países de Europa Central y del Este, que hoy pertenecen a la UE, han dejado atrás sus dolorosas experiencias con los regímenes comunistas, no podemos olvidar de ningún modo a los que están en prisión o son perseguidos porque quieren la democracia y la libertad de expresión con todas sus fuerzas.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La UE no puede tener una visión romántica de un régimen político en Cuba que es una verdadera dictadura comunista basada en la lógica de un único partido que viola los derechos humanos, oprime a sus ciudadanos, persigue y elimina a sus adversarios políticos y encarcela a innumerables personas, simplemente por el delito de tener una opinión.

La muerte de Orlando Zapata fue sólo un caso más que conmocionó al mundo, que el Parlamento Europeo tiene que condenar con firmeza, sin dudas y falsas justificaciones. Por eso rechazo los intentos por parte de algunos diputados de extrema izquierda de disfrazar estos delitos atroces con términos políticos, que sólo intentan legitimar un régimen que no es tolerable ni aceptable.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) He votado en contra de la resolución RC-B7-0169/2010 sobre Cuba porque considero que es un acto de injerencia que contraviene la legislación internacional. Con mi voto he querido denunciar este ejercicio de manipulación política que tiene como único objetivo condenar al gobierno de Cuba. Los mismos diputados que han votado a favor de este texto son quienes una y otra vez se han negado a presentar una resolución ante este Parlamento condenando el golpe de Estado en Honduras. Esta resolución insta a la UE a que apoye sin reservas el cambio de régimen político de la República de Cuba y pretende además, utilizar los mecanismos europeos de ayuda a la cooperación para ello, lo que supone un acto de injerencia inaceptable que contraviene la legislación internacional. Desde hace más de 50 años EEUU mantienen sobre Cuba un bloqueo económico, comercial y financiero en flagrante violación del derecho internacional que tiene severas consecuencias sobre la economía y las condiciones de vida de los cubanos. A pesar de ello, el gobierno cubano ha seguido garantizando sus ciudadanos el acceso universal a la salud y a la educación.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) He votado a favor de la propuesta de resolución sobre Cuba, ya que también es importante que la UE exprese claramente la idea de que la democratización del país, que sigue bajo el yugo comunista, es urgente. La encarcelación de disidentes y adversarios políticos es una característica típica de los estados comunistas, pero en Cuba se practica en exceso. El hecho de que las autoridades no permitan a la familia de un prisionero que ha muerto como resultado de una huelga de hambre organizar un funeral es un escándalo.

Se espera lograr el cambio de sistema político de la isla cuanto antes. No obstante, al margen de esta cuestión, es importante que la UE y también los Estados Unidos apliquen los mismos criterios en todos sitios. Es inaceptable que EE UU conceda «asilo político» a los cubanos que se han visto implicados en atentados con bombas. Sólo puedes ser efectivamente crítico si tú mismo cumples los criterios estipulados.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − (ES) He votado a favor de la propuesta de resolución común sobre Cuba (RC-B7-0169/2010) porque, tal y como expresé ayer durante el debate, indiferentemente de la postura de cada uno con relación a Cuba, la muerte de Orlando Zapata es un hecho lamentable en sí mismo.

Asimismo, insisto en la necesidad de exigir la libertad de todos los presos políticos y de conciencia, de Cuba y del mundo, y advierto, no obstante, del riesgo de apostar por vías que han demostrado ser un fracaso a la hora de avanzar hacia la democratización y apertura de la isla, como son el embargo y el bloqueo. Urgen cambios en la isla, sin duda, y la UE debe acompañarlos para que la transición se haga en favor del pueblo cubano.

  Alf Svensson (PPE) , por escrito. − (SV) Los Estados Unidos han ejercido un embargo comercial contra Cuba durante 48 años. El embargo afecta a la población cubana y sirve de excusa constante y recurrente para las deficiencias del régimen de Castro. Se dice que todo es culpa del embargo estadounidense y, en consecuencia, la población de Cuba no puede culpar claramente al régimen comunista y distanciarse de él. La oposición democrática de Cuba quiere que se levante el embargo. El 29 de octubre de 2009, 187 de los Estados miembros de Naciones Unidas votaron a favor de que se levantara el embargo; tres a favor de que no se levantara y dos se abstuvieron. Ninguno de los Estados miembros de la UE votó a favor de mantener el embargo. En el pasado, el Parlamento Europeo ha condenado el embargo contra Cuba y ha pedido que finalizase de inmediato, en línea con las demandas de la Asamblea General de Naciones Unidas en numerosas ocasiones (P5_TA(2003)0374). El Parlamento Europeo también ha manifestado que el embargo arruina su propio objetivo (P6_TA(2004)0061). La resolución actual RC-B7-0169/2010 hace referencia a la situación de los presos políticos y de conciencia de Cuba. Durante el debate anterior a la votación, he presentado la propuesta de que se debería dar un ultimátum a Cuba. Se levantará el embargo y dentro de seis meses tendrán que liberar a todos los presos de conciencia e introducir reformas. Si el régimen no cumple con estas condiciones, los Estados Unidos, la UE y Canadá introducirán sanciones nuevas y más inteligentes dirigidas al Gobierno cubano, como es la prohibición de viajar al país y la congelación de los activos cubanos y de las inversiones extranjeras.

Propuesta de resolución B7-0148/2010

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) La UE se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 %, el consumo de energía un 20 % y a generar al menos un 20 % de la energía consumida con fuentes de energía renovables para el 2020. Además, la UE pretende ser un ejemplo mundial en cuanto al ahorro de recursos y a la protección del medio ambiente.

Estos ambiciosos objetivos sólo pueden lograrse si toda la UE y cada uno de los Estados miembros se comprometen individualmente con los plazos. Las inversiones en tecnologías con baja emisión de carbono son claves para cumplir los objetivos propuestos para 2020, que no están tan lejos como parece. Alcanzar estos objetivos requiere un esfuerzo financiero considerable: 58 000 millones de euros, según algunos cálculos meticulosos tanto de fuentes públicas como privadas.

No obstante, este esfuerzo financiero, logístico y administrativo convertirá a la UE en un líder mundial en innovación y tendrá un efecto positivo en su economía mediante la creación de empleos y la apertura de nuevas perspectivas en el ámbito de la investigación, que durante décadas ha contado con un presupuesto insuficiente de forma injustificada. Las inversiones en fuentes de energía con baja emisión de carbono producirán resultados a medio y largo plazo, y tendrán un efecto positivo en toda la UE.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Es esencial insistir en un cambio radical de la sociedad basado en la sostenibilidad de las ciudades, la descentralización de la producción energética y la competitividad industrial. Ésta es una política esencial para una sociedad próspera y sostenible que está preparada para enfrentarse a las dificultades del cambio climático, del suministro seguro de energía y de la globalización, con un liderazgo mundial en el ámbito de las tecnologías limpias. El Plan EETE pretende contribuir concretamente al desarrollo de tecnologías limpias. Acojo favorablemente las orientaciones fundamentales que presenta la comunicación sobre cómo organizar la lógica de la intervención entre los sectores público y privado y entre la financiación comunitaria, nacional y regional. Sin embargo, es esencial que aumentemos la financiación pública de la investigación científica en el ámbito de las tecnologías limpias. Europa todavía tiene que crear las condiciones para que haya más inversión privada en investigación científica, en desarrollo tecnológico y en demostración en el ámbito energético. Es vital que pasemos de las palabras a la acción. La próxima perspectiva financiera de la UE y el Octavo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico deben dar prioridad a la seguridad energética, a la lucha contra el cambio climático y al medio ambiente. Sólo de esta forma podremos mantener la competitividad de nuestra industria y fomentar el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo sobre la inversión en el desarrollo de tecnologías con baja emisión de carbono (Plan EETE), porque para abordar la crisis económica de forma eficaz, debe ser prioritario invertir en esas nuevas tecnologías que tienen el mayor potencial para crear empleo. Creo que estas inversiones podrían crear nuevas oportunidades para el desarrollo de la economía y competitividad de la UE.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) El Plan EETE que ha presentado la Comisión propone la inversión en I+D para desarrollar tecnologías limpias con vistas a obtener energía de forma eficaz y sostenible con bajas emisiones en carbono, posibilitando la reducción de las emisiones sin poner en peligro a las industrias europeas, contrayendo así un compromiso, que consideramos serio, con el desarrollo sostenible.

Las nuevas políticas energéticas, en el contexto de la crisis general en particular, no pueden perder de vista la eficiencia económica y no pueden de ningún modo poner en peligro la sostenibilidad económica de las naciones europeas sin que ello suponga un comportamiento medioambiental más deficiente.

Por esta razón insto a que se conceda un nuevo enfoque a la política energética, uno basado en la energía limpia, en una utilización más eficiente de los recursos naturales que están a nuestra disposición, en grandes inversiones en investigación y tecnologías más respetuosas con el medio ambiente a fin de que podamos mantener la competitividad europea y permitir que se creen empleos dentro del marco de una economía innovadora y sostenible.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Acojo favorablemente los objetivos del Plan EETE (Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética), que insiste en el desarrollo de una sociedad baja en carbono. El Plan EETE pretende acelerar el desarrollo y extensión de las tecnologías con baja emisión de carbono. Este plan incluye medidas relacionadas con la planificación, la aplicación, los recursos y la cooperación internacional en el ámbito de las tecnologías innovadoras en el sector energético. Varios estudios calculan que promover el objetivo europeo del 20 % de energía renovable tendrá como resultado millones de nuevos empleos para el 2020. Además, aproximadamente dos tercios de estos trabajos se crearán en las PYME. La solución requiere el desarrollo de tecnologías ecológicas. Por tanto, necesitamos más financiación para el Plan EETE, que pienso que se debería proporcionarse en la siguiente revisión de la perspectiva financiera. También tenemos que promover las tecnologías limpias y la mano de obra altamente cualificada mediante la inversión en educación e investigación. Cuanto antes empecemos a lograr una sociedad baja en carbono, antes saldremos de la crisis.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El desarrollo y la aplicación de tecnologías con baja emisión en carbono es extremadamente importante, no sólo por motivos medioambientales —entre los que se encuentra la necesidad de reducir las emisiones atmosféricas de dióxido de carbono— sino también por razones energéticas, considerando el inevitable déficit gradual y el agotamiento de las reservas de combustibles fósiles de las que la humanidad depende en gran medida.

Lamentablemente, tanto el Plan EETE como la resolución que se acaba de aprobar no sólo ofrecen un enfoque incompleto del problema — tanto con respecto a las tecnologías y fuentes de energía que hay que considerar como a la necesidad de reducir el consumo— sino que, sobre todo, siguen considerando esta inversión como otra oportunidad comercial positiva (en la que algunos, unos pocos seleccionados, ganarán bastante en detrimento de muchos) en lugar de como un imperativo medioambiental y energético para proteger el bien común de la humanidad.

Resulta significativo y revelador que en la votación de las enmiendas a la resolución, en lugar de promover «objetivos de reducción ambiciosos» de las emisiones de dióxido de carbono, se optara por «promover el comercio mundial de las emisiones de carbono».

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La utilización de tecnologías con baja emisión de carbono que obviamente producen menos dióxido de carbono es positiva y conveniente.

Sin embargo, no podemos aceptar que, a costa del desarrollo tecnológico y el fortalecimiento del llamado Plan EETE, se busque otra excusa para debilitar las políticas energéticas nacionales.

La lectura de las palabras de la Comisión de que «el Plan EETE es el pilar tecnológico de la política energética y climática de la UE» no deja duda de que la verdadera intención de la Comisión Europea es debilitar la soberanía de los Estados miembros en un ámbito tan importante como son las estrategias energéticas nacionales.

La propuesta de resolución contiene aspectos más detallados con los que no podemos estar de acuerdo, en particular la promoción del «comercio de emisiones de carbono a nivel mundial», dado que esta solución ya ha demostrado que no ofrece ventajas a la hora de reducir las emisiones de carbono, así como la creación de más asociaciones público-privadas que hacen hincapié en un «incremento sustancial de la proporción de inversión», utilizando así dinero público para servir a los intereses y beneficios privados.

Por tanto, nuestro grupo ha votado en contra.

  Eija-Riitta Korhola (PPE), por escrito. – Señor Presidente, las tecnologías bajas en carbono sostenibles y efectivas son esenciales en la gran descarbonización a la que nosotros, en la UE, y el mundo nos enfrentamos. Ha sido por este motivo por el que he acogido favorablemente el rápido proceso por el que el Parlamento redactó una resolución sobre el tema, dando un claro indicio a la Comisión y al Consejo de que el Plan EETE es oportuno e importante. Si somos serios en nuestro cometido, es evidente que necesitamos todo tipo de tecnologías bajas en carbono, incluida la energía nuclear sostenible. Por tanto, me complace que hayamos conseguido eliminar los términos del considerando i, que es un intento más de dar a la energía nuclear una imagen que hoy en día no merece. Este considerando puede tener implicaciones negativas para el concepto de «tecnologías sostenibles con baja emisión de carbono» sugiriendo que la nuclear no forma parte de ellas. Sin embargo, el hecho es que en la UE no nos podemos permitir no utilizarla si queremos tomarnos el cambio climático en serio. Hasta que las energías renovables puedan realmente producir resultados eficaces y un flujo de energía constante y seguro, es en estas tecnologías bajas en carbono en las que tendremos que confiar.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La inversión en tecnologías bajas en carbono tiene que ser una prioridad, puesto que constituye una de las maneras más efectivas de abordar el cambio climático y preparar a la UE para una economía ecológica. Por tanto, las soluciones inteligentes bajas en carbono deberían recibir una atención especial, sobre todo con respecto a su financiación procedente de la UE, para lograr los objetivos medioambientales fijados por la UE para 2020.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Me he abstenido de votar la propuesta de resolución sobre la inversión en el desarrollo de tecnologías con baja emisión de carbono porque, aunque contiene una serie de propuestas razonables, apoya el desarrollo de la energía nuclear, que es algo que rechazo porque entraña riesgos importantes. La propuesta de resolución señala muy bien que la investigación ha recibido muy poca financiación hasta ahora. Sin embargo, para que Europa siga siendo competitiva con respecto a otros actores mundiales, la financiación de proyectos de investigación tiene que ampliarse masivamente, en especial en el ámbito de las energías nuevas. El desarrollo de tecnologías nuevas, bajas en carbono en el sector energético no sólo protegerá, espero, los trabajos existentes, sino que también creará muchos puestos de trabajo adicionales de alta cualificación. Sin embargo, creo que, en este sentido, la inversión debería hacerse en el campo de la energía solar y la captura y almacenamiento del carbono. Habida cuenta de la posibilidad de que haya consecuencias graves, hay que reconsiderar y dar un nuevo destino a las inversiones en energía nuclear. Este nuevo enfoque de la política en cuestiones energéticas también mejorará la seguridad del suministro eléctrico en el territorio de la UE y creará una independencia más sólida de los proveedores extranjeros.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − (ES) He votado en contra de la propuesta de resolución (B7-0148/2010) sobre la inversión en el desarrollo de tecnologías con baja emisión de carbono, igual que mi grupo, Verts/ALE, por varios motivos, pero de forma especial por el hecho de que haya prosperado la enmienda en la que se solicitaba eliminar un párrafo clave para nosotros, el considerando I, donde se pedía que se cambiara la denominación de la sexta iniciativa industrial europea, de «Energía Nuclear Sostenible» a, simplemente, «Energía Nuclear». Entendemos que el concepto de «energía nuclear sostenible» no tiene sentido, habida cuenta de que, en el mejor de los casos, es posible reducir los peligros para el medio ambiente y para la salud y los riesgos de proliferación derivados del desarrollo y el uso de la energía nuclear, pero no eliminarlos.

Propuesta de resolución RC-B7-0139/2010

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de esta propuesta de resolución para expresar mi pésame por las víctimas y mi solidaridad con sus familias y amigos por las dos catástrofes naturales que afectaron gravemente a varios Estados miembros y regiones.

Por tanto, manifestaré que es imprescindible que Europa proporcione una respuesta rápida a estos sucesos, más concretamente, que active el Fondo de Solidaridad de la UE, demostrando así la solidaridad de la UE con todos los afectados.

En este momento, es importante que tengamos especialmente en cuenta a la isla y a las regiones más remotas que, además de los obstáculos permanentes que ya tienen, se enfrentan ahora a infraestructuras y propiedades personales, comerciales y agrícolas devastadas y, en muchos casos, sin poder reanudar sus actividades cotidianas de forma inmediata, especialmente en las regiones que dependen casi exclusivamente del turismo, puesto que la imagen mediática de los sucesos podría disuadir a los posibles turistas.

Por tanto, es necesario que la Comisión y el Consejo tomen medidas cuanto antes a fin de que el Consejo vuelva a evaluar la propuesta para aplicar el Fondo de Solidaridad de forma más sencilla, rápida y flexible.

Del mismo modo, es importante que revisemos con los respectivos Estados miembros los programas europeos y los fondos estructurales, agrícolas y sociales a fin de mejorar la respuesta a las necesidades que se derivan de estas catástrofes.

  Elena Băsescu (PPE), por escrito. – (RO) He votado a favor de la propuesta de resolución sobre las graves catástrofes naturales acaecidas en la Región Autónoma de Madeira y los efectos del temporal Xynthia en Europa. Creo que la UE debe demostrar su solidaridad con los que sufren como resultado de estas catástrofes naturales. Han asolado regiones de Portugal, el oeste de Francia, varias regiones de España, en especial las Islas Canarias y Andalucía, y zonas de Bélgica, Alemania y los Países Bajos. En el oeste de Francia, la tormenta ha causado la muerte de aproximadamente 60 personas y la desaparición de otras, por no mencionar la destrucción de millones de hogares. La Comisión Europea puede proporcionar ayuda económica a las zonas afectadas a través del Fondo de Solidaridad de la UE. Es primordial que exista un sentimiento de solidaridad entre los Estados miembros cuando se producen graves catástrofes naturales. Tiene que haber coordinación entre las autoridades a escala local, nacional y europea en sus esfuerzos por reconstruir las zonas afectadas. Las políticas de prevención efectivas tampoco pueden pasarse por alto. Tenemos que garantizar que, tanto en este caso como en el futuro, los fondos europeos lleguen a las zonas afectadas tan pronto como sea posible para ayudar a las personas afectadas por las catástrofes naturales.

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) El 20 de febrero tuvo lugar un fenómeno meteorológico único en Madeira que causó al menos 42 fallecidos, 32 desaparecidos, aproximadamente 70 heridos y 370 desplazados.

El 27 y 28 de febrero, en el oeste de Francia, en la costa atlántica (Poitou-Charentes y Países del Loira), otro fenómeno causó 60 fallecidos, 10 desaparecidos y 2 000 desplazados. Esta tormenta aisló también a varias regiones en España, en particular a las Islas Canarias y a Andalucía.

Al margen del sufrimiento humano y psicológico, estos fenómenos meteorológicos causaron una escena de destrucción masiva y tuvieron un impacto social y económico extremadamente grave en las actividades de estas regiones, ya que muchas personas perdieron todo lo que tenían.

He votado a favor de esta propuesta de resolución que pide a la Comisión que tome todas las medidas necesarias para movilizar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea de la forma más urgente y flexible y en la mayor medida posible para ayudar a las víctimas.

Quisiera hacer hincapié en la necesidad de redactar un nuevo reglamento para el Fondo que se base en la propuesta de la Comisión para tratar los problemas causados por las catástrofes naturales de la forma más flexible y efectiva.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) La tormenta que devastó Madeira el 20 de febrero ocasionó pérdidas humanas y materiales enormes en la zona de Madeira. El papel de la UE es vital, puesto que tiene mecanismos e instrumentos a su disposición como el Fondo de Solidaridad, los Fondos Estructurales —el FEDER y el FSE— y el Fondo de Cohesión, que hay que activar y aplicar de forma rápida, flexible y simple. Acojo favorablemente la propuesta de resolución en la que se pide a la Comisión Europea que, tan pronto como reciba la petición del Gobierno portugués, adopte con diligencia todas las medidas necesarias para movilizar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) con carácter urgente, de manera flexible y en la mayor medida posible. Apelo a la solidaridad de las instituciones de la UE para que apliquen de forma rápida y flexible el Fondo de Cohesión teniendo en cuenta el estatus especial de Madeira como isla y región remota de la UE. Apelo a la buena voluntad de la Comisión Europea con respecto a la negociación de la revisión de los programas operativos regionales INTERVIR+ (FEDER) y RUMOS (FSE) así como la parte correspondiente a Madeira del Programa operativo temático de valorización del territorio, financiado por el Fondo de Cohesión.

  Nessa Childers (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe y me complace enormemente que el Parlamento lo haya aprobado. Tras haber visto circunstancias meteorológicas similares, si bien menos graves, que tuvieron lugar en Irlanda con inundaciones y nieve recientemente, me consta cuánto afectan estas tragedias a las familias y ciudadanos de la UE, y es importante que esta Cámara actúe para ayudar de la forma que pueda.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) La catástrofe natural que afectó a Madeira el 20 de febrero ha dejado una escena desoladora, sufrimiento humano y una destrucción masiva, con devastadoras consecuencias para las respectivas estructuras económicas y de producción.

Una semana después, otra catástrofe natural —el temporal Xynthia— tuvo consecuencias devastadoras en una región del oeste de Francia y varias regiones de España.

Quiero expresar también mi pésame y solidaridad con todos los afectados por esta tragedia, por las pérdidas humanas y materiales.

Es vital que proporcionemos ayuda a la población, además de reconstruir la infraestructura, las instalaciones públicas y los servicios esenciales.

Es cierto que los fondos del Fondo de Solidaridad sólo pueden pagarse después de haber completado los procedimientos para movilizar el Fondo y haber recibido la respectiva aprobación por parte del Consejo y el Parlamento. Sin embargo, en la situación actual es muy difícil pedir a las personas que se enfrentan a dificultades inmensas para poder reanudar su vida normal que esperen. Por tanto, pedimos que se faciliten los fondos con la mayor urgencia y flexibilidad y se tomen medidas excepcionales para ayudar a Madeira.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − (PT) El 20 de febrero de este año se produjo una tragedia en Madeira, caracterizada por lluvias torrenciales sin precedentes, vientos huracanados y olas de tamaño muy grande, que se saldaron en Madeira con al menos 42 fallecidos, varios desaparecidos, cientos de desplazados y docenas de heridos. Quisiera destacar los esfuerzos inmediatos del Gobierno regional de Madeira y sus instituciones por su coordinada y rápida respuesta a esta tragedia. El 27 y 28 de febrero de 2010 en el oeste de Francia —en especial en las regiones de Poitou-Charentes y Países del Loira— tuvo lugar una fuerte y destructiva tormenta, apodada Xynthia. Dejó más de 60 fallecidos, varios desaparecidos y miles de desplazados. En vista de estas tragedias, quisiera expresar mi profundo pesar, trasladar mi solidaridad a todas las zonas afectadas y mis condolencias a las familias de las víctimas y rendir homenaje a los equipos de búsqueda y rescate. Pido a la Comisión que empiece a tomar medidas, tan pronto como el Estado miembro en cuestión lo solicite, para movilizar el FSUE en la mayor medida posible. Cuando evalúe estas peticiones, la Comisión deberá tener en cuenta la naturaleza específica de cada región, en especial la fragilidad de las regiones aisladas y periféricas.

  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) Apruebo esta propuesta de resolución sobre las medidas que deben tomarse tras el devastador y mortal paso del temporal Xynthia por nuestro territorio porque, más allá de intentar buscar culpables, sobre todo tenemos que demostrar solidaridad europea para apoyar a las víctimas de este desastre, que azotó a varios países europeos. No sólo tenemos que aprovechar el FSUE, sino que la ayuda también tiene que proceder del Fondo de Cohesión, del FEDER, el FSE y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Por último, tenemos que animar a las empresas aseguradoras a que intervengan cuanto antes y posteriormente aprender la lección tras los sucesos acaecidos en lo relativo a la emisión de licencias de urbanismo.

  Filip Kaczmarek (PPE), por escrito. – (PL) Señorías, apruebo la propuesta de resolución sobre las graves catástrofes naturales acaecidas en la Región Autónoma de Madeira y los efectos del temporal Xynthia en Europa. Concentrémonos en Madeira, porque fue allí donde la catástrofe causó el mayor número de víctimas. Estamos creando una comunidad grande y fuerte por muchas razones, pero también para ayudarnos en tiempos de necesidad. Hoy, Madeira y otras regiones nos necesitan porque se han visto azotadas duramente por los efectos del temporal. Es nuestro deber ayudar a los que nos necesitan. Espero que la propuesta de resolución contribuya a eliminar de forma eficaz los efectos de la tragedia. Comprendo muy bien a las víctimas y a sus familias. Gracias.

  Véronique Mathieu (PPE), por escrito. – (FR) En las últimas semanas, varias regiones de la UE se han visto azotadas por catástrofes naturales: Madeira, después el oeste de Francia y varias regiones de España. Las consecuencias humanas y materiales ocasionadas por la violencia de este fenómeno meteorológico nos han impresionado profundamente como diputados. Esto explica la propuesta de resolución sobre catástrofes naturales que hemos votado hoy en el Parlamento Europeo; expresa nuestro «profundo pésame» y «solidaridad» con las víctimas de las regiones devastadas. La solidaridad europea debe reflejarse en términos financieros mediante la movilización de la FSUE y por medio de proyectos con financiación europea. Sin embargo, por lo que se refiere al Fondo de Solidaridad, tengo que señalar que el reglamento actual no permite una respuesta lo suficientemente rápida y flexible; existe la oportunidad de modificar este reglamento, y ahora es decisión del Consejo Europeo avanzar a este respecto. También he votado a favor de la enmienda que apoya la propuesta realizada por el señor Barnier en 2006 de crear una fuerza de protección civil europea. Lamento que no se haya aprobado; la aplicación de esta propuesta mejoraría la capacidad de respuesta de la UE ante la crisis.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La última tragedia natural que ocurrió en Madeira ha sumido a la isla en el caos. Otras regiones de Europa se han visto igualmente devastadas por el impacto del temporal Xynthia. La UE debería ayudar sin reservas y de forma conjunta, a movilizar el FSUE a tal efecto. El FSUE se estableció con el objetivo de prestar ayuda financiera urgente a los Estados miembros afectados por las catástrofes naturales.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) El 20 de febrero, una grave catástrofe natural con lluvias torrenciales sin precedentes, junto con una poderosa tormenta y olas de gran tamaño azotó Madeira, matando al menos 42 personas, muchas de ellas aún desaparecidas. Además, cientos de personas se han quedado sin hogar. Unos días después, el devastador temporal Xynthia pasó por la costa atlántica francesa causando casi 60 fallecidos, en particular en las regiones de Poitou-Charentes, Países del Loira y Bretaña. Allí también hay muchas personas desaparecidas.

Miles de personas también se han quedado sin hogar. Por tanto, apoyo las medidas propuestas en la propuesta de resolución común de que la UE ayude a estos países y regiones económicamente, y por ello he votado a favor de la propuesta de resolución. En concreto, debemos asegurarnos de que se moviliza el FSUE de forma rápida y flexible.

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), por escrito. – (PL) He votado a favor de la propuesta de resolución del Parlamento Europeo RC-B7-0139/2010. Las catástrofes ecológicas y naturales forman cada vez más una parte común de nuestras vidas. Los peligros de los cambios en el medio ambiente han aumentado durante las últimas décadas, y debemos hacer todo lo posible por prevenirlos.

La UE, que está formada por 27 Estados miembros y 500 000 millones de habitantes, tiene que ocuparse no sólo de la emergencia del cambio climático, sino también de cuidar a sus ciudadanos y garantizarles las mejores condiciones de supervivencia tras una crisis. Sin embargo, nuestros esfuerzos no pueden concentrarse en proporcionar ayuda después del suceso. Una razón fundamental de que exista la UE es dar seguridad a los ciudadanos. A este respecto, las instituciones de la UE correspondientes tienen que tomar medidas concretas para supervisar a las regiones y sus capacidades para hacerse cargo de la prevención.

Para abordar lo más rápido posible los efectos del temporal «Xynthia», debemos movilizar el FSUE y ayudar a todos los que han sufrido pérdidas en relación con esta catástrofe. Los sucesos adversos y dolorosos que afectan a otros deberían impulsarnos siempre a tomar medidas efectivas en solidaridad con los que han sufrido. Demostremos que es así en esta ocasión.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Me he abstenido de votar la resolución sobre las graves catástrofes naturales acaecidas en la Región Autónoma de Madeira y los efectos del temporal Xynthia en Europa (RC-B7-0139/2010) porque se rechazaron nuestras dos enmiendas principales. Más concretamente, la que hace referencia al hecho de que en Francia se permitió que se construyeran edificios en riberas y pantanos naturales y que la especulación de la vivienda causó la construcción de edificios en zonas vulnerables, y la que exponía que todos los fondos de la UE para la aplicación de estos planes, en especial de los Fondos Estructurales, el FEADER, el Fondo de Cohesión y el FSUE, tenían que estar condicionados a las medidas de sostenibilidad.

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), por escrito. – (RO) Quiero empezar expresando mi solidaridad con las familias de las víctimas de las catástrofes naturales en Madeira y de las víctimas del temporal Xynthia. En la actualidad, las catástrofes naturales son más frecuentes que nunca debido al cambio climático. Por eso tenemos que asegurarnos de que la UE está preparada para responder de la forma más rápida y eficaz posible.

He votado a favor de la propuesta de resolución del Parlamento Europeo que solicita a la Comisión que considere la posibilidad de incrementar el índice de cofinanciación de la UE para los programas operativos regionales. Ningún Estado miembro es capaz de hacerse cargo por sí solo de las catástrofes naturales de gran magnitud. Por eso la Comisión Europea tiene que adaptar el FSUE para garantizar que los Estados miembros azotados por las catástrofes pueden acceder a este fondo de forma más rápida y eficiente.

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) Esta propuesta de resolución expresa la necesidad de proporcionar ayuda a las regiones europeas que han sido recientemente escenario de catástrofes naturales como la de la Región Autónoma de Madeira. Las fuertes lluvias que tuvieron lugar en Madeira el 20 de febrero tienen, además de graves consecuencias humanas, con 42 fallecidos, varios heridos y desplazados, innumerables repercusiones y han causado daños materiales importantes.

En este contexto, es vital que movilicemos la asistencia para las regiones afectadas a fin de que se recuperen de las consecuencias económicas y sociales de las catástrofes. Quisiera destacar especialmente la fragilidad de las regiones insulares y remotas, como es el caso de Madeira, donde la naturaleza específica de su situación económica y social hace aún más vital que se le proporcione la mejor ayuda posible.

Repito, es necesario que pidamos a la Comisión Europea que movilice el FSUE de forma flexible y que revise los programas regionales financiados por el Fondo de Cohesión con vistas a adaptarlos a los requisitos derivados de esta tragedia.

También sería igualmente acertado revisar la financiación prevista para 2010 destinada a proyectos específicos, conforme a las normas generales de los Fondos Estructurales para 2007-2013.

En vista de la magnitud de la catástrofe natural en Madeira, de sus consecuencias indelebles y del efecto del temporal Xynthia, he votado a favor del documento presentado.

10. Correcciones e intenciones de voto: Véase el Acta

(La sesión, suspendida a las 12.30, se reanuda a las 15.00 horas)

PRESIDE: Rainer WIELAND
Vicepresidente

11. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

12. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (debate)

12.1. El caso de Gilad Shalit

  Presidente. — De conformidad con el orden del día, el siguiente punto es el debate sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (artículo 122 del Reglamento), en primer lugar el caso de Gilad Shalit (cuatro⁽¹⁾propuestas de resolución).

  Bastiaan Belder (IND/DEM), autor. − (NL) Señor Presidente, sobre las 8 en punto de la mañana, he visitado aquí en el Parlamento la página web dedicada a Gilad Shalit y un doloroso hecho ha captado inmediatamente mi atención: a Gilad, que ha sido secuestrado, se le negó cualquier contacto con su padre, madre y hermana durante 1355 días, 3 horas, 12 minutos y 37 segundos. Sin embargo, en la misma página web también me encontré con un pasaje del Libro de Jeremías: «y hay esperanza para tu porvenir, declara el Señor. Los hijos volverán a su territorio». Noam Shalit, que estuvo aquí hoy, deposita su esperanza y confianza en ustedes, así como en el Dios de Israel, para obtener la liberación de su querido hijo.

Señor Presidente, Señorías, hoy debatimos el caso de Gilad Shalit. Durante una reunión especial con la delegación israelí ayer, ya aseguré a Noam Shalit que su causa —la liberación de Gilad Shalit— es también nuestra causa. Que este debate y esta resolución sean claros indicios de lo que obviamente requiere el seguimiento de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores. Ayer por la mañana hablé con la Baronesa Ashton personalmente sobre el tema. El caso de Shalit es nuestra causa, una causa europea.

Señorías, les ruego que sigan siendo fieles a esta causa también en el próximo período . Cuento con ustedes. Que Europa marque la diferencia en Oriente Próximo. Esperamos junto con Noam Shalit y su familia que se cumpla la oración rabínica por Shalit, salmo 126, verso 1: «Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan».

  Frédérique Ries, autor. − (FR) Señor Presidente, Comisario, Gilad Shalit tenía 19 años cuando fue secuestrado en un atentado de Hamás cerca de Gaza. No en Gaza sino en Israel, en un kibutz en el que su unidad estaba estacionada.

Durante casi cuatro años, este joven ha estado viviendo en una celda; no tiene derecho a recibir visitas, ni médicos, ni abogados, ni correo, ni juicio, ni Convención de Ginebra para Gilad, nada. Él, a quién se conoce —de hecho por error— como el soldado Gilad Shalit, realizaba su servicio militar como todos los jóvenes en su país.

Es más bien un hombre tímido —como su padre, con quien me he reunido en varias ocasiones y a quien tengo el placer de dar la bienvenida hoy de nuevo a esta Cámara—, un joven que amaba las matemáticas, que amaba el fútbol y que sin duda habría vuelto a la vida civilizada sino hubiera estado viviendo, hace ahora cuatro años, en un agujero, aislado del mundo, aislado de su familia.

Comisario, no quiero hablarle de política esta tarde; no quiero hablarle de Oriente Próximo, de conflictos, negociaciones o intercambio de prisioneros. Nuestro Parlamento es unánime hoy y le pide que ayude a este joven —a un joven israelí, un joven francés, a un joven europeo— a volver a casa.

Por eso yo, junto a mis colegas, autores de esta resolución y miembros de seis grupos políticos, la señora Essayah, el señor Cohn­Bendit, el señor Howitt, el señor Tannock y el señor Belder, que acaba de intervenir , escribo hoy a la Baronesa Ashton.

Pedimos firmemente que la Baronesa Ashton, que viajará a Israel y Gaza el próximo miércoles, ejerza toda su influencia para pedir la liberación de Gilad Shalit, la influencia que le confiere el mandato de nuestra resolución hoy, la influencia de 500 millones de ciudadanos europeos a los que representamos en esta Cámara.

(Aplausos)

  Proinsias De Rossa, autor. − Señor Presidente, acojo favorablemente esta resolución de múltiples partidos que solicita la liberación del soldado israelí Gilad Shalit, que lleva secuestrado desde 2006 por el brazo militar de Hamás. Estoy de acuerdo con el padre de Gilad, que ha preguntado si el caso de su hijo se tratará como una cuestión humanitaria y no se convertirá en un partido entre políticos. En el toma y daca del debate político nunca podemos perder de vista el sufrimiento tanto de las familias israelíes como palestinas, cuyos seres queridos les han sido arrebatados en este conflicto.

Las Convenciones de Ginebra tienen que respetarse en ambos bandos. Es totalmente inaceptable que a Gilad Shalit se le hayan negado sus derechos como prisionero de guerra, a los que tiene derecho, según declara categóricamente el informe. Su familia no tiene información sobre su estado de salud, ni física ni mental.

Al mismo tiempo entre los 7 200 prisioneros palestinos que hay en las cárceles israelíes, también cautivos en violación de los Convenios de Ginebra, 1 500 están encarcelados por un período de tiempo indefinido, y 13 ya han cumplido 25 años de condena. Cuarenta y cuatro son niños, y hay 23 miembros del Consejo Legislativo Palestino detenidos como represalia por la captura de Gilad Shalit. De nuevo, el informe Goldstone es claro: estas detenciones de miembros del CLP van en contra del Derecho internacional.

Plantearé estas cuestiones en la Asamblea Parlamentaria Euromed en Jordania este fin de semana. Insto a Catherine Ashton a que, durante su próxima visita a la región, presione a las autoridades israelíes y palestinas, incluidas las de Gaza, para que liberen a Gilad Shalit y a los niños palestinos y miembros del CLP y a que garantice que vuelvan con sus familias pronto sanos y salvos.

  Charles Tannock, autor. − Señor Presidente, el sargento Gilad Shalit lleva ya como rehén de los fanáticos yihadíes de Hamás más de tres años. Hamás afirma ser un actor legal que cumple los Convenios de Ginebra y, por tanto, es un prisionero de guerra, pero Israel, en mi opinión, lo considera como secuestrado desde el momento en el que le capturaron. Con independencia de su estatus jurídico y del Derecho internacional, se le ha mantenido cruelmente incomunicado en Gaza, privado de cualquier contacto con el mundo exterior y se le ha negado incluso el acceso a la Cruz Roja, exigido por los Convenios de Ginebra. Su familia no tiene información sobre su bienestar más allá de un video y un indicio esporádico de Hamás de que sigue vivo y bien.

Si Hamás quiere que la Comunidad Internacional se tome en serio sus afirmaciones, al menos debería demostrar de forma inequívoca que cumple con las condiciones de encarcelación del Derecho internacional humanitario.

Pero pedimos más que eso. Pedimos su liberación inmediata e incondicional. No oculto mi oposición al diálogo con los terroristas de Hamás, una organización dedicada a la aniquilación de Israel, pero si en algún momento tenemos que negociar con Hamás, tendrá que ser únicamente después de que Gilad Shalit haya sido liberado de su miserable cautiverio.

  Sari Essayah, autor. − Señor Presidente, normalmente cuando esta Cámara elabora una resolución que tiene una mínima relación con la situación en Oriente Próximo, es difícil llegar a un entendimiento mutuo. No es este el caso, gracias a mis colegas que lo han hecho posible.

La situación de Gilad Shalit es una cuestión humanitaria, y nuestra propuesta de resolución conjunta subraya el hecho de que, puesto que lleva retenido como rehén desde hace casi cuatro años, se le ha retenido en un lugar desconocido en Gaza, donde no goza de los derechos básicos según los criterios humanitarios, incluido el III Convenio de Ginebra. Por tanto, pedimos desde la perspectiva humanitaria la liberación inmediata de Gilad Shalit. Mientras tanto, el requisito mínimo es que la Cruz Roja y los padres de Shalit puedan estar en contacto con él.

No se puede medir el valor de una persona humana. Es inconmensurable. Gilad Shalit no debería ser utilizado como baza en las negociaciones por parte de la organización terrorista de Hamás, sino que debe ser liberado de inmediato. Éste es el mensaje que queremos que la Alta Representante, la Baronesa Ashton, lleve a Gaza durante su próxima visita.

  Takis Hadjigeorgiou , autor. – (EL) Señor Presidente, ayer otros diputados y yo mismo asistimos a una reunión en la que el padre de Shalit estaba presente, y quiero decir que es imposible no sentirse afectado por la tragedia de su familia. Por eso nuestra postura es que Gilad Shalit, un miembro de las fuerzas armadas israelíes arrestado en territorio israelí el 24 de junio de 2006, reúne los criterios para que se le considere prisionero de guerra según el III Convenio de Ginebra.

Como tal, debería recibir trato humanitario y se le debería permitir comunicarse. Se debería permitir a la Cruz Roja Internacional que le visite y su familia debería tener todo el derecho a estar informada sobre su situación y, por supuesto, a visitarle. Al mismo tiempo, expresamos nuestra creencia y nuestro deseo de que sea liberado.

Sin embargo, sin ánimo alguno de retractarme de lo que he dicho hasta el momento, creo que nuestra postura de que este tema se puede diferenciar del encarcelamiento de otros palestinos es apolítica en cierto modo. Que estén en cárceles es también una cuestión humanitaria. Creo que estamos dando falsas esperanzas a esta familia si pensamos que, como Parlamento, centrándonos únicamente en la liberación de esta persona en particular, que repito, exigimos que sea liberada, lograremos algo.

El hecho de que docenas de niños palestinos de 16 años estén en la cárcel, ¿no es una cuestión humanitaria?, ¿cómo pueden diferenciar estos dos temas? No podemos, por no mencionar el hecho de que Gaza en sí —como alguien dijo anteriormente que él vivía en una casucha y de hecho vive en una casucha— que Gaza en sí, repito, es una inmensa casucha . Un millón y medio de palestinos viven allí en una comuna. Hay 7 200 palestinos en cárceles israelíes; entre ellos 270 niños entre 16 y 18 años y 44 menores de 16. Setecientos cincuenta mil palestinos han sido arrestados y encarcelados desde 1967.

De modo que pedimos la liberación de Shalit, pero nuestra postura es que creemos que si logramos esto separándolo del panorama general en Palestina será una cuestión apolítica.

Para terminar, quisiera añadir que la única zona del mundo con un Ministro para los prisioneros es Palestina. Quisiera expresar, una vez más, nuestro afecto y nuestras condolencias a la familia, y confío en que este problema se resuelva pronto.

  Nicole Kiil-Nielsen, autora. − (FR) Señor Presidente, la resolución sobre el cabo Gilad Shalit, que analizamos hoy, complementa las numerosas resoluciones que el Parlamento Europeo ha aprobado con anterioridad sobre la situación de los derechos humanos en Oriente Próximo.

El cabo Gilad Shalit, que lleva retenido 1 355 días, debe ser liberado cuanto antes. Pedimos y esperamos sinceramente que sea liberado. El joven franco-palestino, Salah Hamouri, que lleva detenido por las autoridades israelíes desde el 13 de marzo de 2005, debe ser liberado. Los niños encarcelados en Israel, en violación de las disposiciones del Derecho internacional y los Convenios sobre los derechos del niño, tienen que ser liberados. Los militantes de la resistencia popular no violenta contra la ocupación, como Abdallah Abu Rahmah de Bil’in, tienen que ser liberados. Los representantes electos, los miembros del CLP —incluido Marwan Barghouti— deben ser liberados.

Es momento de que la UE insista firmemente en el respeto de los derechos humanos y el Derecho internacional en Oriente Próximo. Las soluciones no se encuentran en una situación de superioridad, ejercida en condiciones represivas y violentas, y un ejemplo de ello fue el asesinato de un líder de Hamás en Dubai, que condenamos, cuanto menos porque hace que asegurar la liberación de Gilad Shalit sea aún más difícil.

  Elena Băsescu, en nombre del Grupo PPE. – (RO) Esta es la segunda ocasión en dos semanas que hablo de Gilad Shalit en el pleno, y me complace que los esfuerzos de mis compañeros diputados hayan tenido como resultado esta resolución. «El caso de Gilad Shalit» demuestra la especial preocupación de la UE por la situación humanitaria en Gaza. Los derechos de Gilad, que se recogen en el Convenio de Ginebra, no deberían estar supeditados al conflicto palestino-israelí. De hecho, Noam, el padre de Gilad Shalit, ha confirmado en repetidas ocasiones que ni él ni su familia están metidos en política. No han elegido estar en esta situación en este momento. El escenario ideal para nosotros, los europeos, sería que dos estados coexistieran en paz y seguridad.

Las negociaciones para la liberación de Gilad han ido bien desde 2006 por medio de diferentes intermediarios, logrando, de hecho, una propuesta muy controvertida que se sacó adelante para que se le entregara a cambio de 1 000 prisioneros palestinos. Gilad y su familia necesitan nuestra ayuda.

Muchas gracias.

  Olga Sehnalová, en nombre del Grupo S&D. – (CS) El caso de Gilad Shalit se ha convertido en un símbolo de eterna desesperación y frustración en Oriente Próximo. Esto es así tanto para las personas que viven allí como para la comunidad internacional aquí. Gilad Shalit es un rehén con nombre, cuyo destino seguimos con solidaridad y preocupación. La población de Oriente Próximo son los rehenes anónimos de este eterno conflicto. Ojo por ojo, diente por diente. ¿O hay otra esperanza para Gilad y el resto de víctimas?

Todos los criterios del Derecho internacional no compensarán lo poco que tan desesperadamente escuchamos en este conflicto: un llamamiento a la humanidad. Intentar abandonar el punto de vista geopolítico en el que se manipula a los seres humanos y sus destinos como si de un juego de naipes se tratara. Intentar ponernos en la postura de las familias de las víctimas y de todos los inocentes detenidos e indigentes.

¿Qué impide entonces la liberación de Gilad Shalit y de todos aquéllos cuya culpa no se ha demostrado ante los tribunales? Por no mencionar el valor de los que quieren vivir en paz. La clave para lograr la paz es la confianza, el compromiso y el valor de defender la paz frente a todos los que son implacables. Quisiera pedirles que den el primer paso.

  Margrete Auken, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DA) Señor Presidente, la finalidad de este debate hoy es, con toda sinceridad, poner nombre y cara al sufrimiento humano, y de esta forma extender nuestra compasión y empatía. En este sentido, sin duda es muy valioso que hayamos elegido a Gilad Shalit como tema de nuestro debate hoy. Esto nos conducirá a extender nuestras condolencias a otros a fin de que podamos identificarnos con su sufrimiento y el de sus familias. Hay miles de palestinos detenidos en condiciones totalmente inaceptables, algo que es contrario al Derecho internacional en todos los aspectos, cuya situación es tan difícil para ellos como lo es para Gilad Shalit y su familia. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para tomarnos este problema en serio, y la sensación que tengo es que todos en esta Cámara están dispuestos a hacerlo. No se trata sólo de un prisionero, sino de miles de prisioneros que son víctimas de este conflicto de gran envergadura.

También quisiera añadir algo más: es importante que nos enfrentemos directamente a este sufrimiento y que nos demos cuenta de que, si no hacemos algo, no sólo con respecto al asedio de Gaza, sino también con respecto a la ocupación de Palestina en general, y si no creamos una solución para los dos estados, que creo que todos pedimos y queremos, no habrá futuro para estas personas. Creo que es una forma realmente productiva de proceder, encontrar una solución común y espero que la Baronesa Ashton ponga sitúe a la UE en una posición en la que no sólo tenga que pagar, pagar y pagar, sino que también pueda hacer que se escuche su opinión de vez en cuando.

  Louis Bontes (NI). – (NL) Señor Presidente, el 25 de junio de 2006 hicieron prisionero a un recluta del ejército israelí, el cabo Gilad Shalit, tras una incursión terrorista desde la Franja de Gaza. Desde entonces Hamás lo ha tomado como rehén y ha mantenido a Shalit totalmente aislado del mundo exterior. Lo ha encarcelado en la más profunda oscuridad y ni siquiera a la Cruz Roja se le permite llegar hasta él.

El caso de Shalit demuestra una vez más que Europa e Israel están del mismo lado. Las brutales fuerzas islámicas están librando una guerra generalizada contra la civilización occidental, e Israel se halla en primera línea de fuego. En Israel y Europa toda vida humana importa. Para los terroristas islámicos, la vida humana no vale nada, o, mejor dicho, una vida humana vale mil vidas, ya que Hamás exige que a cambio de Shalit Israel libere a mil prisioneros, incluido un elevado número de asesinos terroristas.

Es importante que obtengamos la liberación de Shalit, pero sin que Israel tenga que liberar a terroristas a cambio. Al fin y al cabo, ya hemos visto en el pasado a dónde lleva este tipo de intercambios: a la euforia de la victoria para los terroristas, sus seguidores y líderes, e indefectiblemente a más terror. No podemos permitir que la gente obtenga beneficios del terrorismo, y sería irresponsable alentar a Israel a que respondiera a esta toma de rehenes con un intercambio, puesto que el siguiente rehén de Hamás podría ser alguien de París, Amsterdam o Bruselas. ¿Y qué postura adoptaremos entonces?

Se deben invertir inmediatamente los papeles; es Hamás, no Israel, quien debe pagar por tomar como rehén a Gilad Shalit, un europeo, y el precio debería ser tan alto que lo liberaran por voluntad propia. Por consiguiente, pedimos que se prohíba totalmente viajar a Europa y desplazarse por territorio europeo a todos los cargos del régimen de Hamás, incluidos aquellos que no están oficialmente aliados al régimen o no figuran en la lista europea de terroristas.

  Tunne Kelam (PPE). – Señor Presidente, a este joven lo han retenido en cautiverio durante casi mil cuatrocientos días, vulnerando completamente todas las normas internacionales y sin que ni siquiera la Cruz Roja pueda verlo. A mi parecer, este caso se ha de contemplar y resolver únicamente como una tragedia humanitaria. Me alegra ver el amplio apoyo mostrado en este debate en el Parlamento Europeo y la calurosa acogida que nuestros colegas brindaron ayer al padre de Shalit.

El caso de Shalit no debe convertirse en moneda de cambio. Si Hamás quiere ganar legitimidad en el proceso de paz, liberarlo redundará en el propio interés de Hamás. Por último, la mejor prueba de su credibilidad sería que liberasen a Gilad Shalit de forma incondicional y se abstuvieran de llevar a cabo más secuestros.

  Filip Kaczmarek (PPE). – (PL) La resolución que hoy estamos debatiendo no es de carácter político. No estamos intentando resolver el conflicto de Oriente Próximo; lo único que queremos es que a un hijo inocente se le permita volver con su padre y su familia. No sé si los colegas diputados conocen la existencia de una organización llamada Círculo de Padres. Se trata de una organización de familias israelíes y palestinas que han perdido a familiares en el conflicto. Hoy estamos hablando de un caso individual precisamente porque no queremos que el padre de Gilad Shalit se sume a aquellos que han perdido a sus seres queridos más cercanos: sus propios hijos.

Estamos pidiendo la liberación de un rehén porque no estamos de acuerdo con la idea de que el fin justifica los medios. La lucha por una causa justa no exculpa de acciones universalmente consideradas erróneas ni de actos terroristas. Las organizaciones que quieran contar con nuestra aprobación y respeto no deben tomar rehenes.

(Aplausos)

  Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Yo también quiero prestar mi apoyo a quienes, tanto hoy como ayer, han pedido en esta Cámara la liberación de Gilad Shalit, y deseo asimismo expresar mi solidaridad con su familia.

En esta intervención me gustaría dirigirme a quienes tal vez se estén preguntando: «¿Por qué una resolución sobre el caso de Gilad Shalit y por qué ahora?» Otros colegas diputados nos han recordado que pronto hará cuatro años que el joven Gilad Shalit lleva retenido como rehén en condiciones brutales, infringiéndose las normas internacionales establecidas en el III Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Como todos podemos imaginar, cada día que pasa en cautiverio supone un terrible sufrimiento para Shalit y su familia.

Daré una razón más para apoyar esta resolución, y es que Gilad Shalit es un ciudadano europeo, una víctima europea del terrorismo, y en este día, el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, no se me ocurre un gesto más significativo que esta resolución.

  Ana Gomes (S&D). – Señor Presidente, en primer lugar me gustaría encomiar el esfuerzo que ha realizado la familia de Gilad Shalit para lograr su liberación, la cual apoyamos firmemente. Este es el mensaje que queremos transmitir con esta resolución. Creemos que, a tenor de lo que señala el informe Goldstone, se le debe atribuir la condición de prisionero de guerra, al igual que a los prisioneros que retiene Israel, entre los que se cuentan numerosos niños.

Queremos que se libere a todos y cada uno de ellos; que se libere a Gilad Shalit y a todos los jóvenes palestinos y jóvenes palestinas. En realidad, esta es la única vía posible para conseguir la paz en la región. Instamos a la baronesa Ashton a que no escatime esfuerzos para ejercer presión a fin de liberar a Gilad Shalit y a todos los palestinos prisioneros de guerra, especialmente a los jóvenes que padecen este cautiverio.

  Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) El caso de Gilad Shalit tiene para mí una connotación personal. Se trata de la trágica situación de un hombre muy joven de la misma edad que mi hijo, y de la trágica situación de su familia. No obstante, no finjamos que carece además un trasfondo político más amplio. De hecho, nos hace darnos cuenta de que la película en blanco y negro sumamente unilateral que a menudo se presenta sobre la situación, inclusive en esta Cámara, la película que habla de víctimas sólo del lado palestino, no es en realidad muy objetiva.

Creo que en este día debemos exigir con gran firmeza la liberación de este joven, pero recordemos asimismo que aquellos que están lanzando misiles a Sderot son responsables de que siga prisionero.

  Eija-Riitta Korhola (PPE). – (FI) Señor Presidente, como sabemos, tras esta resolución hay una serie de circunstancias muy delicadas desde el punto de vista político, pero ello no ha de impedirnos aprobar una resolución claramente humanitaria que no esté socavada por observaciones políticas generales sobre el conjunto de la situación.

Me alegra que esta resolución se ciña al tema en cuestión, y mi intención es votar a favor. Hace hincapié en la idea de que todas las partes implicadas en la crisis de Oriente Próximo deben cumplir con el Derecho internacional humanitario y la legislación sobre derechos humanos. Espero que reciba el firme apoyo de esta Cámara.

(Aplausos)

  Janez Potočnik, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, el caso del soldado israelí secuestrado, Gilad Shalit, preocupa sobremanera a la Unión Europea.

Mi antigua colega, la Comisaria Ferrero-Waldner ya pidió la inmediata liberación del señor Shalit en esta misma Cámara el 5 de julio de 2006, menos de dos semanas después de su secuestro. A lo largo de estos años, y en una serie de situaciones, incluidos el último Consejo de Asociación con Israel el pasado junio y las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de diciembre de 2009, la UE no ha dejado de hacer llamamientos a quienes retienen al señor Shalit para que lo liberen lo antes posible. Por consiguiente, nos sumamos a las propuestas de resolución del Parlamento del día de hoy exigiendo su liberación.

A nuestro parecer, y al hilo de la valoración de numerosas organizaciones de derechos humanos, las condiciones de la retención del señor Shalit contravienen el Derecho internacional humanitario. Por tanto, instamos a sus captores a que respeten dichas obligaciones, y especialmente a que permitan que lo visiten los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja. Por último, somos conscientes de la continuidad de las labores de mediación encaminadas a la liberación de Gilad Shalit. Animamos a que se hagan todos los esfuerzos posibles en este sentido y manifestamos nuestra esperanza de que pronto den sus frutos. Asimismo, transmitiré personalmente a mi colega Cathy Ashton un claro mensaje de su parte.

Sin duda, nuestros pensamientos están con la familia de Gilad Shalit. Sé que su padre ha estado en esta Cámara esta semana, y soy consciente de que en este momento está aquí sentado con nosotros.

(Aplausos)

Quiero garantizarle que nuestros pensamientos y esfuerzos están con él y, por supuesto, con todas las personas que también sufren las consecuencias de este prolongado conflicto.

(Aplausos)

  Presidente. – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar al final del debate.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

  Indrek Tarand (Verts/ALE), . – Me gustaría manifestar mi pesar por la reclusión de Gilad Shalit. Su secuestro, así como el del resto de prisioneros en la zona, es inadmisible. Se ha de poner remedio a esta situación lo antes posible. En mi opinión, la liberación de Shalit contribuiría al proceso general de paz en Oriente Próximo.

(FR) Por otro lado, Francia acaba de decidir vender a Rusia un buque de guerra Mistral; creemos que lamentará profundamente esta operación.

(1) Cf. Acta.

12.2. Escalada de violencia en México

  Presidente. – El siguiente punto del orden del día es el debate de siete⁽¹⁾ propuestas de resolución sobre la escalada de violencia en México.

  Ramón Jáuregui Atondo, Autor. − (ES) Señor Presidente, quiero empezar por decir que México es una gran democracia, es una democracia que ha evolucionado progresivamente en los últimos veinte años. Es un país amigo de la Unión Europea con el que tenemos un Acuerdo de Asociación Estratégica, y quiero decir también que México está librando una durísima batalla contra el crimen organizado en el narcotráfico.

Pero hoy, aquí en el Parlamento Europeo hablamos de México en el capítulo de los derechos humanos porque ha habido y está habiendo un incremento notable de la violencia, que sufre, principalmente, el pueblo de México y porque hay denuncias reiteradas y graves sobre violación de los derechos humanos.

La Resolución que los grupos mayoritarios de esta Cámara vamos a aprobar hoy aquí está construida desde el respeto, está construida en el consenso y, desde luego, reconoce este contexto que acabo de describir y anima a México a seguir por el camino de la construcción de un Estado de Derecho y de una democracia perfecta.

Pero también le pide cuatro cosas muy importantes: que asegure el ejercicio del derecho a una prensa libre, porque hay agresiones a los periodistas; que asegure la protección de las asociaciones que defienden los derechos humanos, porque hay agresiones y amenazas a las asociaciones que defienden los derechos humanos; que asegure la protección de las mujeres que sufren la violencia, porque hay feminicidios; y que evite la impunidad y los abusos de poder de sus fuerzas de seguridad. Eso le pide a México este Parlamento desde la amistad que reclama una relación favorable con México.

  Renate Weber, Autora. − (ES) Señor Presidente, Señorías, esta semana se celebró el Día Internacional de la Mujer. En este Parlamento tuvimos muchos pósteres en todas las lenguas de la Unión Europea diciendo que sí se puede acabar con la violencia contra las mujeres. Hoy estamos hablando sobre la violencia en México y me parece normal reconocer que las mujeres mexicanas, indígenas y no indígenas, son las víctimas menos protegidas por parte de las autoridades locales y federales.

Las mujeres mexicanas son víctimas de toda clase de violencia, desde la violencia familiar hasta la violencia sexual y tortura perpetradas por miembros del Ejército o de la policía, y también víctimas de homicidio. Lamentablemente, hasta ahora, las respuestas de las autoridades mexicanas han sido ineficaces y por eso es correcto hablar de una impunidad casi absoluta.

Nuestra Resolución pide al Gobierno mexicano que combata los feminicidios —una palabra dura, pero correcta cuando vemos que la casi totalidad de los asesinatos cometidos contra las mujeres permanecen en la impunidad—. Un ejemplo: en México, en los últimos cuatro años fueron condenados solamente el 11 % de los criminales que asesinaron a casi setecientas mujeres.

Al mismo tiempo, parece que las mujeres son las víctimas preferidas del sistema judicial. No hay otra forma de explicar cómo fue posible que dos mujeres indígenas —Alberta Alcántara y Teresa González– fueran condenadas a veintiún años de prisión y hayan pasado hasta ahora más de tres años en la cárcel por secuestrar, ellas solitas, durante un incidente en un mercado a seis hombres de la Agencia Federal de Investigación. ¡Ojalá el juez que decidirá dentro de una semana el recurso de este caso se dé cuenta de la ridiculez e injusticia de la situación!

Pero la violencia contra las mujeres empieza en la familia. Espero que los legisladores mexicanos mejoren muy pronto la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para que se definan los tipos de violencia y los mecanismos que hagan operativas las normas. Igualmente sería normal establecer que la violencia familiar y la violación en el matrimonio son delitos penales.

Además, para que la sociedad mexicana cambie y rechace la violencia contra las mujeres, es importante que en las escuelas este tema se convierta en un asunto primordial de la educación de los jóvenes.

  Adam Bielan, Autor. – (PL) Las autoridades mexicanas, y ante todo el Presidente Felipe Calderón, llevan varios años librando una cruenta guerra contra los narcotraficantes. En ella han intervenido más de 40 000 soldados y se han logrado varias cosas, entre las que sin duda se cuentan la detención de los líderes de los cárteles de Sinaloa y Juárez, la destrucción de más de 23 000 hectáreas de cultivos de opio y 38 000 hectáreas de marihuana, el cierre de más de 50 laboratorios clandestinos en los que se elaboraban estupefacientes y la detención de más de 45 000 personas implicadas en esta actividad.

Tenemos que ser conscientes de que los cárteles de la droga mexicanos generan ingresos anuales de muchos miles de millones de dólares, una cantidad incomparablemente superior a la que el Gobierno mexicano destina a abordar el problema de los estupefacientes. De modo que las bandas se están gastando ingentes sumas en sobornar a políticos, jueces y policías, y precisamente por eso las autoridades están perdiendo la guerra. Casi 15 000 personas han sido asesinadas desde 2006, y más de 6 000 de ellas desde el pasado octubre. Los periodistas se encuentran especialmente en peligro, ya que han asesinado a más de 60, incluido, recientemente, Jorge Ochoa Martínez.

Tenemos que entender que sin el compromiso internacional, México no ganará la guerra.

(Aplausos)

  Santiago Fisas Ayxela, Autor. − (ES) Señor Presidente, Señorías, en México existe un importante problema de narcotráfico que genera violencia. Y ante esta situación, el Gobierno del Presidente Calderón ha adoptado una posición contundente para su erradicación, por lo que ha decidido, temporalmente, hacer uso de las Fuerzas Armadas, con resultados importantes en el número de detenidos, en la destrucción de drogas y en la confiscación de armas. El Ejército ha aceptado la totalidad de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, incluyendo las que se refieren a investigar las quejas sobre su actuación.

El Gobierno reconoce también que debe realizar importantes cambios en materia de seguridad y justicia y ha puesto en marcha una ambiciosa reforma de la justicia para que sea transparente y castigue a los responsables de los crímenes, respetando los derechos humanos.

Desde el Partido Popular Europeo queremos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo mexicano en la lucha contra el narcotráfico y apoyamos al Presidente Calderón en su voluntad de combatir el crimen organizado.

Por último, quiero mostrar mi satisfacción por este acuerdo que une a los principales grupos de la Cámara.

  Marie-Christine Vergiat, Autora. − (FR) Señor Presidente, Señorías, desde 2007 las violaciones de los derechos humanos en México han seguido incrementándose.

De acuerdo con las ONG y los medios de comunicación mexicanos, sólo en 2009 se han registrado más de 6 500 asesinatos atribuibles a los cárteles de la droga, la inmensa mayoría en el estado de Chihuahua. El Gobierno del Presidente Calderón ha enviado miles de soldados a las zonas más afectadas.

Desde entonces, los actos violentos cometidos por las fuerzas armadas, así como por los cuerpos de policía, se han multiplicado con toda impunidad. Las ONG están elaborando muchos más informes y hablan de crímenes de estado. Los periodistas, las comunidades indígenas y sobre todo las mujeres, indígenas y no indígenas, se ven especialmente afectados. Tuve ocasión de reunirme con algunas mujeres de San Salvador Atenco que habían sido violadas y torturadas por policías, y sus testimonios me horrorizaron. Los responsables de estos actos cometidos en mayo de 2006 siguen gozando de total impunidad.

Así las cosas, no podemos compartir las preocupaciones de las autoridades mexicanas, cuyos agentes violan periódicamente los derechos humanos. En consecuencia, no vamos a apoyar la resolución común y presentaremos…

(El Presidente interrumpe a la oradora)

  Barbara Lochbihler, Autora. – (DE) Señor Presidente, a través de los medios de comunicación nos llegan con frecuencia imágenes de la violencia brutal que se emplea en plena calle en la llamada guerra contra la droga en México. El asesinato de cientos de mujeres en el norte del país, la mayoría trabajadoras, está llenando titulares de prensa y ha dado origen al término «feminicidio». El Parlamento Europeo ha elaborado su propio informe al respecto. A pesar de ser consciente del importante aumento de las violaciones graves de los derechos humanos, el Gobierno mexicano parece no ser capaz o no estar dispuesto a hacer algo para atajarlo. Señalar que en la lucha contra los narcotraficantes se requiere implacabilidad no exime de la consecuente intervención del Gobierno. La notable ampliación de la presencia y el poder militares, el hecho de que los delitos cometidos por soldados sean competencia de los tribunales militares, la impunidad casi total - éstas son las causas reales de la escalada de violencia en el país. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha documentado en repetidas ocasiones el incremento de delitos violentos cometidos por militares.

El propio Gobierno no quiere reconocer la situación. Además, silencia constantemente los delitos. Ayer, por ejemplo, recorría los medios de comunicación la noticia de que el Ministerio de Defensa había pagado una impresionante suma de dinero a las familias de las víctimas de la violencia a fin de comprar su silencio. ¿Quiénes son los autores de esta violencia? Soldados. La UE debe abordar la lucha contra la impunidad en todas las relaciones que mantiene con México. En vista de la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, es absolutamente necesario que la UE no actualice el acuerdo global con México. No debe hacerlo hasta que la situación de los derechos humanos en ese país mejore sustancialmente.

  Cristian Dan Preda, en nombre del Grupo PPE. – (RO) La escalada de violencia en los estados mexicanos de la zona limítrofe con los Estados Unidos, especialmente en Ciudad Juárez, resulta ciertamente inquietante. Los sucesos de los últimos meses han sido especialmente sangrientos, ya que la intervención de las autoridades federales en dicha región se ha visto acompañada de un significativo aumento del número de delitos relacionados con el tráfico de drogas. Por tanto, la guerra contra los narcotraficantes viene a sumarse a la guerra entre bandas criminales rivales, y esto se traduce en una serie de asesinatos de extraordinaria brutalidad.

Creo que México es un caso extremo que pone de relieve la gran dificultad que entraña adoptar medidas firmes contra la delincuencia a fin de salvaguardar la seguridad nacional. Resulta de suma importancia que aquí, en el Parlamento Europeo, enviemos un mensaje claro de apoyo a los esfuerzos del Gobierno mexicano por erradicar el crimen, y con ello mejorar la situación de la población civil.

Del mismo modo, tenemos que alentar a las autoridades mexicanas a que sigan haciendo reformas fundamentales en materia de consolidación del Estado de Derecho, especialmente en lo que respecta a los sistemas judicial y penal.

Gracias.

  Ana Gomes, en nombre del Grupo S&D. – (PT) La violencia en México está ligada al narcotráfico y las desigualdades sociales agravadas por la crisis económica. La lucha contra la impunidad resulta esencial. Es vital invertir en el sistema judicial para juzgar y castigar a los criminales y garantizar la protección de los testigos y las víctimas, en muchos casos jóvenes trabajadoras atrapadas en la ola de violencia de los narcotraficantes.

Sorprende que Juárez sea la capital mundial del feminicidio, pero sorprende aún más la cultura machista que explica la inacción de las autoridades a la hora de enjuiciar a los responsables de estos crímenes y proteger a los defensores de los derechos humanos, incluidos los periodistas.

Europa debe hacer uso de la Asociación Estratégica con México para apoyar constructivamente a todos aquellos que luchan por los derechos humanos, que son los mismos que luchan por la defensa del Estado de Derecho y la democracia. Sin derechos humanos no hay Estado de Derecho ni democracia.

  Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo ECR. – (PL) Señor Presidente, hace un momento he escuchado en esta Cámara un llamamiento a no firmar el acuerdo con las autoridades mexicanas. No entiendo esta propuesta, ya que, al fin y al cabo, encomiamos al Presidente de México, y quienes han intervenido antes que yo hace un momento también lo han hecho, por su firmeza en la lucha contra los magnates de la droga y la mafia. Así pues, tenemos que aplaudir a las autoridades mexicanas por su actuación, pero, por supuesto, señalar al mismo tiempo que no han de tirar el grano con la paja y que en esta lucha también deben velar por el respeto de los derechos humanos. Es evidente. Tenemos que comprender la situación de un país que lleva décadas lidiando con enormes grupos de delincuencia organizada y con la mafia. Si el Presidente del país declara la guerra en la zona, hay que apoyarle sin reservas. Sin embargo, claro está, aquí hemos hablado de los periodistas y hemos hablado de otras víctimas, y hay que hacer hincapié en que estas personas no deben sufrir discriminación.

  Rui Tavares, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (PT) Señorías, esta misma mañana fuerzas policiales de entre cien y doscientos policías han rodeado el Sindicato Mexicano de Electricistas, el mismo sindicato que, después de anunciar una huelga general el próximo día 16, ha visto cómo uno de sus dirigentes, Domingo Aguilar Vázquez, era detenido bajo acusaciones falsas.

Este ataque a la libertad sindical en México a manos del Gobierno sorprende más todavía por lo que estamos hablando aquí, porque el Gobierno Federal mexicano no castiga delitos que cometen, por ejemplo, sus propios militares y no es eficaz en la lucha contra el narcotráfico.

Así es, la situación es complicada. El ejército está protagonizando ataques contra los narcotraficantes, pero también contra los sindicatos. Lo que ocurre es que, en un contexto de ineficacia, impunidad y aumento del autoritarismo, una democracia como la mexicana pierde el control.

Este Parlamento debe condenar más enérgicamente y, sobre todo, pedir al Gobierno mexicano que ponga fin de una vez por todas a su ineficacia en lo que respecta a los criminales y a su aparente autoritarismo por ejemplo con los sindicatos, trabajadores y movimientos de la sociedad civil.

  Eija-Riitta Korhola (PPE). – (FI) Señor Presidente, me gustaría destacar dos cuestiones en lo que tocante a la resolución sobre México.

En primer lugar, como hemos escuchado, este año ha aumentado la violencia. México está en manos de grandes cárteles de la droga y se estima que la violencia de estos ya se ha cobrado la vida de 15 000 personas. La situación es especialmente grave cerca de la frontera entre México y los Estados Unidos de América. El Gobierno mexicano está intentando controlar la situación por medio de una operación militar y policial masiva. Esta estrategia también ha sido objeto de numerosas críticas. Evidentemente, la responsabilidad del tráfico de estupefacientes, el blanqueo de dinero y los problemas que estos generan se extiende asimismo a otros países, y se debe ofrecer asistencia y cooperación a México.

En segundo lugar, deseo hacer referencia a los informes publicados recientemente por Amnistía Internacional sobre la falta de voluntad por parte de las autoridades de proteger a los defensores de los derechos humanos. Quienes salen en defensa de los pueblos indígenas y las comunidades pobres están especialmente amenazados. Cuando fomentar los derechos humanos se vuelve peligroso, muchos activistas han de plantearse los riesgos que implica el trabajo que realizan, y entonces aquellos en cuyo nombre trabajan pierden la esperanza.

Estas cuestiones, los temas relacionados con el tráfico de estupefacientes y los derechos humanos, también han de abordarse en mayo, cuando pensemos en planes de cooperación en el marco de la próxima cumbre UE-México.

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) El Gobierno mexicano ha de comprometerse firmemente a combatir el narcotráfico y respetar los derechos humanos y el Estado de Derecho.

El narcotráfico ha traído consigo actos violentos que tienen como resultado la pérdida de vidas humanas. Las ciudades de Tijuana y Ciudad Juárez se incluyeron entre las diez ciudades más peligrosas del mundo en 2009. Desde 2007 se han cometido 15 000 asesinatos en el marco de la guerra contra la droga y la cifra correspondiente a 2009 asciende a 7 724.

Los jóvenes y las mujeres son los más afectados por el tráfico y el consumo de drogas. En México la crisis económica puede tornarse en un conflicto social, y la pobreza y la falta de formación son algunos de los factores que pueden llevar a la gente joven a convertirse en víctimas del consumo de drogas. En 2010 hay aproximadamente siete millones y medio de jóvenes mexicanos que no tienen la posibilidad de matricularse en el sistema de educación formal, lo que implica asimismo que no tengan esperanzas de ganarse la vida dignamente.

En suma, el diálogo entre la Unión Europea y México debe reforzarse, con vistas a fomentar el desarrollo económico y social, así como el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho.

Gracias.

  Bernd Posselt (PPE). – (DE) Señor Presidente, en esta Cámara hablamos con frecuencia de dictaduras. México no es una dictadura, sino una democracia. Estamos hablando de casos concretos de violaciones graves de los derechos humanos, pero esta no es la cuestión por lo que a México se refiere; lo esencial es el hecho de que esta gran democracia, socia estratégica nuestra, lleva décadas padeciendo una enfermedad grave, tal vez incluso mortal.

Por consiguiente, necesita el tratamiento y el médico apropiados. El Presidente Calderón y sus compañeros de armas son ese médico. Eso no significa que sean capaces de aplicar cualquier tratamiento, ni que estén autorizados a hacerlo, pero debemos prestarles nuestro apoyo.

Por eso considero tan importante el apartado 12 de la resolución, en el que declaramos que queremos hacer un mayor uso de nuestro instrumento financiero para reforzar la buena gobernanza, el Estado de Derecho y las estructuras del Estado de Derecho frente a la desintegración del Estado, al crimen organizado y a la impunidad, que ha sido objeto de críticas justificadas. No obstante, no podemos hacerlo dejando que nuestros contactos se estanquen en un punto muerto o interrumpiéndolos, sino que debemos fortalecerlos.

  Francisco José Millán Mon (PPE). – (ES) Señor Presidente, a todos nos preocupa el incremento de violencia en Ciudad Juárez, pero yo confío en las amplias medidas que las autoridades mexicanas han puesto en marcha para afrontar con eficacia esta situación tan compleja. También apoyo la vigorosa lucha que el Presidente Calderón está llevando a cabo contra el narcotráfico, esa gravísima amenaza global que a todos nos afecta. Por eso, todos debemos ayudar en este combate tan duro a las instituciones mexicanas.

Señorías, en los últimos diez años, México ha experimentado un proceso muy positivo de modernización política y de gobierno. Se trata de reformas que el Presidente Calderón está impulsando con firmeza. México ha adoptado además una línea de mayor asunción de responsabilidades en el plano internacional y participa activamente, por ejemplo, en las Naciones Unidas y en el G-20.

Yo siempre he apoyado en este Parlamento, desde mis modestas posibilidades, el establecimiento de una asociación estratégica de la Unión con México, que finalmente hemos logrado en el año 2008. Espero que en la cumbre de mayo en Madrid se apruebe un ambicioso plan o programa de actuación conjunta, porque la Unión Europea y México tenemos que hacer juntos muchas cosas, tanto en el plano bilateral como en los foros multilaterales, para afrontar conjuntamente desafíos y amenazas, incluidos el narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada

  Charles Tannock (ECR). – Señor Presidente, durante mucho tiempo México ha sido un canal básico de acceso al mayor mercado mundial de estupefacientes ilegales: los Estados Unidos. Así, México ha quedado marcado por la brutalidad y la violencia que el narcotráfico trae consigo. Asimismo, México, un país de cien millones de habitantes y socio estratégico fundamental de la UE, se ha ido convirtiendo, por desgracia, en un mercado cada vez mayor de cocaína. Preocupa especialmente el aumento del consumo entre la gente joven.

La violencia relacionada con las drogas sólo parece empeorar en México, ya que aumentan los espantosos asesinatos, y los periodistas que informan sobre estos sucesos son víctimas de ellos. La extensión del desempleo y la pobreza tampoco parece ayudar, y genera un clima de ausencia de ley en algunas zonas del país. El Presidente Calderón se enfrenta a enormes dificultades, pero está decidido a abordarlas de frente, y la UE debe apoyarlo con firmeza. Concretamente, debemos apoyar los esfuerzos que hace para reformar y reestructurar la policía y el sistema de justicia penal a fin de romper los vínculos de corrupción que existen entre los cárteles de la droga y las fuerzas de seguridad. Considero que también está totalmente justificada la necesidad de utilizar el ejército como medida temporal de urgencia.

  Janez Potočnik, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, el aumento sin precedentes de la violencia ha generado en México una sensación de absoluta inseguridad entre la población. Sin duda alguna, esta situación preocupa sumamente a la Comisión. Sabemos que las autoridades mexicanas se lo están tomando en serio y han adoptado numerosas medidas para hacer frente al problema.

La prioridad es la guerra que el Presidente Calderón ha declarado a la delincuencia organizada. Además de desplegarse militares por todo el país para combatir la delincuencia organizada, en México se está haciendo un esfuerzo extraordinario para reforzar los cuerpos de seguridad y el sistema judicial.

En agosto de 2008 se aprobó un paquete de medidas de seguridad con el objetivo de reorganizar los cuerpos de seguridad y el sistema judicial mexicanos. La reforma judicial aprobada por el Congreso mexicano en 2008 tiene el potencial para abordar los principales problemas sistémicos a los que se enfrenta la justicia penal en México, si bien somos conscientes de que la aplicación de esta reforma exigirá un compromiso a largo plazo.

México también está haciendo un esfuerzo muy importante por dar respuesta a las inquietudes en cuanto a las violaciones de los derechos humanos, especialmente en lo que se refiere al impacto de los grupos de delincuencia organizada y a los intereses propios de la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión que organizaciones de la sociedad civil han comunicado a la UE. A este respecto, el Gobierno mexicano designó en 2006 un fiscal especial para delitos cometidos contra periodistas.

Este país está realizando notables esfuerzos para hacer frente a otras lagunas, como se ha podido ver con la aprobación de una Ley Federal para erradicar la violencia contra las mujeres y la designación de un fiscal especial para atender a esta cuestión, así como con la nueva Ley Federal para combatir el tráfico de seres humanos.

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, México se comprometió a adoptar una política nacional en materia de derechos humanos y a estar abierto a colaborar a escala internacional en este mismo ámbito. La cuestión de la protección de los derechos humanos en el marco de la lucha contra el crimen organizado y de la integridad física de los defensores de los derechos humanos se refleja en las recomendaciones aceptadas por México a raíz de su participación en el Examen Periódico Universal de la ONU.

México ha demostrado interés y buena disposición a la hora de tratar todas estas cuestiones con la Unión Europea, como hizo recientemente con motivo de la reunión del Consejo Conjunto UE-México celebrada en Bruselas los días 26 y 27 de noviembre de 2009. De hecho, este tema es objeto de colaboración específica.

Los días 3 y 4 de diciembre de 2009 la UE y México organizaron conjuntamente en Cancún un seminario internacional sobre «El uso legítimo de la fuerza y la protección de los derechos humanos». El seminario proporcionó un entorno en el que se pudo consultar con expertos un proyecto de documento de orientación sobre la responsabilidad de los cuerpos de policía local en materia de derechos humanos.

Tras el seminario, el proyecto de documento de orientación fue presentado ante el Congreso local de Quintana Roo. Esta iniciativa complementa a la Ley Federal relativa a la reforma del sistema judicial aprobada recientemente y podría ampliarse a otros estados federales.

Creemos que la Asociación Estratégica UE-México proporciona el mejor marco posible para que la UE apoye a México en materia de seguridad pública y Estado de Derecho. El documento ejecutivo de asociación estratégica, actualmente en proceso de negociación, prevé establecer un diálogo oficial entre la UE y México sobre normas de actuación en cuestiones de seguridad, así como ampliar la colaboración con agencias pertinentes de la UE, tales como CEPOL, Europol, Eurojust y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT).

En la Comisión ya estamos apoyando un proyecto del período 2004-2007 para reforzar la administración de la justicia en México. Se prevé un incremento de la cooperación en este sentido en el periodo 2011-2013.

En definitiva, es evidente que México se está enfrentando a importantes retos en el ámbito de la seguridad pública y el respeto de los derechos humanos. No resulta sencillo, y la situación dista sobremanera de ser la ideal, pero también es justo afirmar que México está demostrando su voluntad y determinación de garantizar la compatibilidad entre una política de seguridad pública eficaz y el respeto de los derechos humanos. Seguiremos apoyando a México en sus esfuerzos.

  Presidente. – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar al final de los debates.

(1) Véase el Acta.

12.3. Corea del Sur - Pena de muerte declarada legal

  Presidente. – El siguiente punto del orden del día es el debate de cinco⁽¹⁾ propuestas de resolución sobre Corea del Sur - Pena de muerte declarada legal.

  Renate Weber, Autora. − Señor Presidente, después de trece años sin que haya tenido lugar una sola ejecución en Corea del Sur, resulta sumamente desalentador que su Tribunal Constitucional se pronunciara hace algunas semanas en favor de la pena de muerte. La sentencia declara que la pena de muerte constituye una pena legal que puede disuadir de cometer delitos en aras del bien común. Este argumento se escucha a menudo, si bien solamente responde a situaciones patéticas que se dan en países y momentos determinados.

Significa en realidad que la pena capital se considera una medida de prevención y que se espera que los delincuentes, sabiendo de su existencia, se lo piensen dos veces antes de actuar. Todos sabemos que numerosos estudios han tirado por tierra esta idea.

Todavía más relevante es el hecho de que una ejecución es irreversible, no hay vuelta atrás. En tiempos de Justiniano, el Derecho romano señalaba que era preferible dejar sin castigo a un culpable que privar de la vida a una persona inocente. De esto hace quince siglos. Teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional de la República de Corea reconoció que la pena de muerte podía ser objeto de errores y abusos, las inquietudes que hoy presentamos podrían incentivar en las instituciones democráticas de la República de Corea la idea de que esta forma de castigo ha de abolirse de una vez por todas.

Dado que la República de Corea se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1990 y es signataria de la mayoría de los principales tratados sobre derechos humanos, dar pasos atrás perjudicaría gravemente su reputación internacional.

  David Martin, Autor. − Señor Presidente, la Unión Europea en general y este Parlamento en particular cuentan con un muy meritorio historial de oposición a la pena de muerte, una honorable tradición,. Por lo tanto no podemos hacer otra cosa que lamentar que el Tribunal Constitucional de la República de Corea haya decidido que la pena de muerte no vulnera la Constitución del país.

No obstante, considero que debemos valorar este hecho en su justa medida. Los jueces aprobaron la sentencia con un reducido margen de cinco votos a favor y cuatro en contra. La última vez que la votaron fueron siete los votos a favor y dos en contra. No han instado a aplicar la pena de muerte ni la han dado por buena, sino que han solicitado una decisión política, que el Parlamento de la República de Corea tome una decisión sobre la futura abolición de la pena de muerte en el país.

Tenemos que señalar asimismo que Corea del Sur es de facto un país abolicionista. No se han practicado ejecuciones desde febrero de 1998 y en 2007 Amnistía Internacional concedió a Corea del Sur la categoría de país que ha abolido la pena capital en la práctica.

No obstante, la gravedad de este tema recupera importancia cuando reparamos en que el líder del Gran Partido Nacional de Corea del Sur afirmó recientemente que debía ponerse fin a esta moratoria de facto de la pena capital y se debía ejecutar rápidamente a determinados presos. Espero que esta desafortunada y oportunista declaración se ignore en el país y que éste modifique su legislación y deje atrás la moratoria de facto para pasar a ser un país con una moratoria de iure.

  Martin Kastler, Autor. – (DE) Señor Presidente, Señorías, es lamentable que una serie de Estados de todo el mundo continúen a día de hoy aplicando o consintiendo esta forma inhumana de castigar a los peores delincuentes. En mi opinión nadie tiene derecho a decidir sobre la vida o la muerte de otra persona, ya sea sobre el comienzo o el fin de esa vida, y de ningún modo cuando se trate de castigar un acto delictivo. Este atroz castigo, la ejecución, no tiene cabida en el mundo actual.

El inolvidable gran Papa Juan Pablo II señaló que por encima de todo debe existir la posibilidad de la expiación, de la reconciliación. Con un acto irreversible como la pena de muerte eso no es posible. Esa es la razón por la que, como grupos parlamentarios, estamos uniendo nuestras fuerzas para pedir a nuestro colegas de Corea del Sur que aborden esta cuestión en su Parlamento y se unan a nosotros, los europeos, en la campaña por la abolición de la pena de muerte, como símbolo de humanidad. Me gustaría hacer un llamamiento a todos los diputados para que apoyen unánimemente esta propuesta de resolución común.

  Marie-Christine Vergiat, Autora. − (FR) Señor Presidente, en el IV Congreso mundial contra la pena de muerte celebrado en Ginebra a finales de febrero, el movimiento abolicionista acogió con satisfacción el creciente número de países en los que se ha abolido o suspendido la pena de muerte. Corea del Sur parecía haber adoptado un compromiso en este sentido, ya que desde diciembre de 1997 no se han practicado ejecuciones en este país.

La reciente decisión del Tribunal Constitucional de la República de Corea nos inquieta y sólo podemos lamentarla. Por consiguiente, deseamos que la Comisión y el Consejo consideren la abolición de la pena de muerte, una violación del derecho a la vida y un delito de Estado, como un elemento fundamental de las relaciones de la Unión Europea con terceros países.

Deseamos que pidan al Gobierno y al Presidente de la República de Corea, quien estuvo sentenciado a muerte en 1981, que se comprometan firmemente a abolir la pena de muerte, que adopten una moratoria conforme a la decisión de las Naciones Unidas, que se preocupen por la situación de 59 personas, incluidos determinados presos políticos, condenadas a muerte en ese país y que exijan que se conmute su pena de muerte.

  Barbara Lochbihler, Autora. – (DE) Señor Presidente, la política de abolición de la pena de muerte es una parte de la política exterior europea que da buenos resultados, como puede constatarse en las negociaciones de adhesión, las conversaciones bilaterales y en las Naciones Unidas, donde cada vez más Estados de la comunidad internacional deciden pronunciarse en favor de una moratoria o abolir completamente la pena de muerte. Hasta hace poco la República de Corea formaba parte de esos Estados que en la práctica no seguían aplicando esta degradante y vejatoria pena.

La resolución de hoy pone de manifiesto que, con la decisión del Tribunal Constitucional de la República de Corea que determina que las ejecuciones son legalmente compatibles con la Constitución, nos preocupa que se haya creado una situación que haga efectivamente posible la reanudación de la aplicación de la pena de muerte. En consecuencia, pedimos al Gobierno de Corea del Sur que haga todo lo que esté en su mano, en primer lugar para adoptar una moratoria jurídicamente vinculante que prohíba que se lleven a cabo ejecuciones; al fin y al cabo, hay más de cincuenta y cinco personas en el corredor de la muerte. Y en segundo lugar, a partir de ese punto, el Parlamento de Corea del Sur debería aprobar una ley de abolición de la pena de muerte.

Resulta muy alentador comprobar que en el seno de la sociedad de Corea del Sur también ha surgido un movimiento que está haciendo campaña para conseguir finalmente una ley de abolición de la pena de muerte. Ese movimiento debe contar con el apoyo de esta Cámara.

  Jarosław Leszek Wałęsa, en nombre del Grupo PPE. – (PL) Señor Presidente, en un momento en que el número de países que renuncian a dictar condenas a muerte va en aumento, la decisión del Tribunal Constitucional de la República de Corea ha de ser recibida, cuando menos, con sorpresa.

La pena de muerte constituye una clara violación de los derechos humanos porque, a fin de cuentas, la vida humana es un valor por el que la ley debe velar. Un ordenamiento jurídico que permite la pena capital arremete contra sus propios fundamentos y constituye una particular forma de hipocresía. Existen muchos argumentos en contra de esta manera de administrar justicia. El más importante para mí es la irreversibilidad. Con todo lo que se pueda decir al respecto, la pena capital es, ante todo, definitiva. Priva a las personas del bien más preciado que poseen. Por otra parte, quienes llevan a cabo este acto arrastran una responsabilidad moral, pues siempre existe el riesgo de que se ejecute a una persona inocente.

La decisión del Tribunal Constitucional también es decepcionante, porque sabemos que en Corea del Sur no se practican ejecuciones desde hace años. Espero que esta decisión no influya en el número de condenas que se dictan. Es más, hago un llamamiento para que en Corea del Sur se ponga fin de una vez por todas a las condenas a muerte.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, en nombre del Grupo S&D. – (PL) Corea del Sur es uno de los principales socios comerciales de la Unión Europea. Además, la Comisión Europea ha concluido con este país las negociaciones de un acuerdo de libre comercio que dota a cada parte de un acceso muy amplio al mercado de la otra. Teniendo en cuenta tan estrechas relaciones económicas, me sorprende que la UE y Corea del Sur difieran de tal modo en lo que a derechos humanos se refiere.

Todos los Estados miembros de la Unión Europea han ratificado el Protocolo nº 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que prohíbe la pena de muerte. Además, en los foros internacionales la Unión declara que se ha marcado el objetivo de trabajar en favor de la abolición universal de la pena de muerte. Con arreglo a dicha afirmación, la Unión debe manifestar un claro apoyo al movimiento que trabaja en Corea del Sur en favor de la abolición de la pena capital. Esperemos, en primer lugar, que se establezca una moratoria de la aplicación de las ejecuciones, y en segundo lugar, que el Gobierno de la República de Corea se implique activamente en los esfuerzos que se están realizando en las Naciones Unidas para abolir la pena de muerte.

Al amparo de las nuevas competencias en materia de política comercial, como Parlamento Europeo tenemos el derecho y la obligación de exigir la abolición de la pena capital en todos los países asociados a la Unión Europea.

  Zbigniew Ziobro, en nombre del Grupo ECR. – (PL) Señor Presidente, si las opiniones de hoy en día en relación con la pena capital hubieran estado vigentes cuando tuvo lugar el Juicio de Nuremberg, ninguno de los criminales nazis juzgados por el tribunal, responsables de la cruel muerte de millones de personas inocentes, habría sido condenado a muerte. No he oído que nadie en Europa haya criticado el Juicio de Nuremberg por la injusticia de sus sentencias.

Europa se está alejando más que nunca de la esencia de una pena justa como respuesta proporcional al perjuicio ocasionado y la culpa contraída. Cuando hablamos del asesinato, del homicidio, de mucha gente, por ejemplo en un acto terrorista, o cuando hablamos del genocidio y la muerte de millones de personas, y a fin de cuentas esto es lo que ha ocurrido en Europa, se plantea la cuestión de determinar una sanción proporcional. No obstante, es cierto que en círculos académicos, tanto en Europa como fuera de ella, hay abierto un debate sobre la efectividad de esta pena, su efecto disuasorio y la protección de seres humanos inocentes. Pero aquí probablemente no sea esa la cuestión.

A día de hoy, Europa ha renunciado a la pena de muerte. Es una elección democrática y queremos que se respete. Así pues, nosotros debemos de igual forma respetar las elecciones de otros, y por eso estoy a favor del debate sobre este tema, incluido el debate con Corea del Sur, un Estado y un país democráticos.

  Marek Henryk Migalski (ECR). – (PL) Hay al menos dos razones por las que creo que no debemos pronunciarnos sobre esta cuestión ni interferir en ella. En primer lugar, porque Corea del Sur es un país democrático y la sentencia del Tribunal Constitucional es la sentencia de un órgano legítimo de ese Estado. Por eso no hay riesgo de que la pena de muerte se aplique en casos políticos o triviales; se dictará cuando se trate de criminales y asesinos. En segundo lugar, la pena capital es una medida disuasoria. Evidentemente, no se puede demostrar empíricamente, pero, como silogismo, si asumimos la certeza de que una pena más severa constituye un método más disuasorio, entonces la pena más severa disuadirá en mayor medida, y eso significa que la condena a muerte es el método más disuasorio. Siendo así, al aplicar la pena de muerte, en realidad estamos salvando la vida de personas inocentes. En conclusión, ni la Unión Europea ni el Parlamento Europeo deberían interferir con las autoridades de la República de Corea en esta cuestión.

  Bogusław Sonik (PPE). – (PL) Señor Presidente, la decisión del Tribunal Constitucional de la República de Corea de que la pena de muerte no vulnera la Constitución debe acogerse con tristeza. Esa decisión supone un paso atrás si se tiene en cuenta la trayectoria de Corea del Sur, donde la condena a muerte lleva una década sin aplicarse. La última ejecución tuvo lugar hace trece años. En la actualidad hay cincuenta y siete presos en el corredor de la muerte a la espera de su ejecución. Se ha de adoptar una postura crítica con respecto a la sentencia del tribunal de Corea del Sur. Este país es un líder económico en la región y, como tal, debería dar ejemplo en el respeto del derecho de todas las personas a la vida. La pena capital es incompatible con un sistema de justicia penal moderno y, pese a lo que suele pensarse, no conduce en modo alguno a un descenso del número de delitos.

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) La pena de muerte es un tema que perdurará lo que perduren los monstruos y los asesinos viviendo con la conciencia de que pueden torturar, violar y asesinar a personas y permanecer ocultos en la sociedad, porque una sociedad débil e impotente es incapaz de hacer frente a su comportamiento brutal.

Cada una de las víctimas de estos monstruos tenía el mismo derecho a la vida que todos nosotros, hasta el momento en que se cruzó en su camino uno de ellos, un delincuente que, a fin de satisfacer un gozo perverso, decidió su destino sin darles derecho alguno a la compasión ni a la defensa. El Tribunal Constitucional de la República de Corea ha emitido un dictamen por el que afirma que la pena de muerte no contraviene la Constitución del país. De esta manera se ha determinado en la práctica el estatuto jurídico. Que las élites políticas europeas, en nuestro nombre, hayan renunciado a esta vía no significa que nos hayamos convertido en mejores personas ni que nuestra sociedad sea más humanitaria. No. En Europa, al igual que en Corea del Sur, los terribles y brutales homicidios de personas inocentes a manos de estos monstruos no han cesado. La única diferencia radica en que los monstruos europeos no tienen que preocuparse por la pena capital.

Señorías, yo respeto nuestro modelo basado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero considero que antes de imponerlo en otras partes del mundo deberíamos asegurarnos de que verdaderamente existe una solución mejor para las personas honradas y que…

(El Presidente interrumpe al orador)

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). – (PL) Me gustaría decir que la decisión del Tribunal Constitucional de la República de Corea es desalentadora e inquietante. A pesar de que las últimas ejecuciones en Corea del Sur se remontan a 1997, el 25 de febrero ese tribunal decidió que la condena a muerte es una forma de sanción que no vulnera el derecho constitucional a la vida. Se trata de la segunda sentencia de este tribunal en el mismo sentido. La primera se dictó en 1996, cuando el tribunal afirmó que la opinión pública no era partidaria de abolir la pena de muerte. Por consiguiente, se puede concluir que la opinión pública en Corea del Sur sigue siendo la misma, y es una pena, porque un país líder económico debería ser un ejemplo para otros países a la hora de respetar el derecho a la vida, un derecho humano fundamental.

(Aplausos)

  Janez Potočnik, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, la lucha contra la pena de muerte es un elemento esencial de las políticas de la UE en materia de derechos humanos. La UE considera que la pena capital es una sanción cruel e inhumana que no disuade del comportamiento delictivo, mientras que la abolición de la pena capital contribuye a fortalecer la dignidad humana.

Recientemente hemos tenido ocasión de acoger favorablemente una serie de avances positivos en la lucha contra la pena de muerte. En enero de este año, Mongolia anunció una moratoria de la pena de muerte. A lo largo del año 2009 Burundi, Togo y el estado norteamericano de Nuevo México abolieron la pena de muerte. En 2007 la Asamblea General de la ONU aprobó por primera vez una resolución en la que instaba a los Estados a establecer una moratoria de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte. Este llamamiento quedaba confirmado con otra resolución de 2008.

A la luz de estos avances, la UE lamentó naturalmente la sentencia de 25 de febrero del Tribunal Constitucional de la República de Corea, aprobada por una dividida votación con cinco votos a favor y cuatro en contra, que determinaba que la pena de muerte se ceñía a lo dispuesto en la Constitución. No obstante, hay que destacar que esta sentencia giraba en torno a la interpretación de la Constitución de Corea del Sur, pero no se trataba de una decisión política sobre el mantenimiento de la pena de muerte. Hay que destacar asimismo las opiniones manifestadas por tres de los cinco jueces que concluyeron que la pena de muerte estaba en consonancia con la Constitución. El juez Lee Kang-Kook y el juez Min Hyung-Ki dejaron clara la necesidad de limitar la aplicación de la pena de muerte y reducir el número de delitos castigados con ella, y el juez Song Doo-hwan sostuvo que cualquier decisión con respecto a la pena de muerte debía someterse a debate público y ser objeto de la intervención del legislador.

A pesar de que sus tribunales siguen condenando a muerte, la República de Corea ha mantenido una moratoria de las ejecuciones desde 1997. En el presente no existe indicio alguno de que la sentencia del Tribunal Constitucional vaya a afectar a esta moratoria. Acogemos con satisfacción la determinación de Corea del Sur para mantener la moratoria de la aplicación de ejecuciones.

Por otro lado, como ha señalado la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución, una moratoria no debe considerarse un fin en sí mismo, sino un paso en el camino hacia la abolición total. En consonancia, la UE insta a la Asamblea Nacional de la República de Corea a que tome medidas lo antes posible para abolir la pena de muerte. Durante mucho tiempo, la República de Corea ha sido un adalid en materia de derechos humanos en la región asiática y, por tanto, la abolición de la pena de muerte sólo vendría a confirmar el compromiso de la República de Corea con la protección y el fomento de los derechos humanos.

  Presidente. – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar al final del debate.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

  Gerard Batten (EFD), por escrito. – Mi enhorabuena al Tribunal Constitucional de la República de Corea por apoyar la pena de muerte. Con ello tratan de mantener la pena de muerte para los peores delincuentes. Por ejemplo, para el señor Kang Ho-soon, que al parecer ha confesado haber matado a siete mujeres. Recientemente el Ministerio de Justicia ha publicado cifras que ponen de manifiesto un apoyo superior al 60 % en favor de la pena de muerte. Si se hiciera la misma pregunta en Gran Bretaña, el resultado sería, como mínimo, el mismo. En las cárceles británicas tenemos una gran variedad de asesinos en serie, violadores, pedófilos asesinos de niños, necrófilos y caníbales cumpliendo cadena perpetua. El último caso, de la pasada semana sin ir más lejos, fue el del pervertido Peter Chapman, que engañó a una víctima inocente de diecisiete años, Ashleigh Hall, y la condujo a la muerte, por lo que fue condenado a treinta y cinco años. Esta sentencia es inadecuada. Tanto él como la gente de su condición deberían ser ejecutados, lo que además supondría un ahorro de millones de libras que actualmente se malgastan cada año manteniendo a delincuentes como este en la cárcel de por vida y que en el mejor de los casos podrían destinarse a los ancianos y enfermos. Así que, bien hecho, Corea del Sur: seguid ejecutando a vuestros peores delincuentes.

  Monica Luisa Macovei (PPE), por escrito. – «Toda persona tendrá derecho a la vida. De lo contrario, el asesino obtiene involuntariamente una victoria final moral retorcida convirtiendo al Estado en asesino también y reduciendo así la aversión social a la ejecución deliberada del ser humano» (Amnistía Internacional, 1998). La moralidad, la disuasión y la justicia son elementos clave en el debate sobre la pena de muerte. El enfoque «control de la delincuencia» busca la represión de la conducta delictiva, mientras que el modelo «derechos humanos/juicio justo» hace hincapié en los derechos individuales. El primero considera que la pena de muerte es moral porque el acusado se ha cobrado una vida (retribución), que es una medida disuasoria, porque aquellos que podrían matar se reprimen cuando temen por su vida, y que la justicia es irrelevante o no queda probada. El segundo modelo defiende que la pena de muerte es inmoral porque el Estado no debe cobrarse una vida, que no es disuasoria (como demuestran las estadísticas) y que se administra de manera injusta, puesto que en ocasiones las personas que se encuentran en el corredor de la muerte son inocentes y en sus juicios se dan irregularidades. Yo creo en el modelo de los derechos humanos, que se pone de manifiesto en el hard law y soft law de la comunidad internacional, así como en el creciente número de países en los que es abolida la pena de muerte. Insto a la República de Corea a que demuestre una voluntad política clara con respecto a la abolición de la pena de muerte, y a que, hasta entonces, establezca de inmediato una moratoria de su aplicación.

  Cristian Dan Preda (PPE), por escrito. – (RO) Las directrices europeas sobre la pena de muerte datan de 1998, el mismo año en el que comenzó el período de la moratoria no oficial de la pena de muerte en Corea del Sur. Desde entonces, en el Parlamento de la República de Corea se han debatido tres propuestas de abolición de la pena de muerte. El mes pasado el Tribunal Constitucional del país confirmó por una reducida mayoría la constitucionalidad de la pena de muerte.

Lamento esta decisión y confío en que el Parlamento de la República de Corea presente una resolución que prohíba la pena de muerte.

Sumándose a las filas de los países abolicionistas, Corea del Sur transmitiría un enérgico mensaje a todo el continente asiático.

(1) Véase el Acta.

13. Turno de votaciones

  Presidente. − El siguiente punto es la votación.

(Para los resultados y otros detalles de la votación: véase el Acta)

13.1. El caso de Gilad Shalit (B7-0171/2010)

13.2. Escalada de violencia en México (B7-0188/2010)

13.3. Corea del Sur - Pena de muerte declarada legal (B7-0191/2010)

14. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

15. Posiciones del Consejo en primera lectura: véase el Acta

16. Decisiones relativas a determinados documentos: véase el Acta

17. Presentación de documentos: véase el Acta

18. Declaraciones por escrito que figuran en el registro (artículo 123 del Reglamento): véase el Acta

19. Transmisión de los textos aprobados por el Parlamento durante la presente sesión: véase el Acta

20. Calendario de las próximas sesiones: véase el Acta

21. Interrupción del periodo de sesiones

  Presidente. – Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo.

(Se levanta la sesión a las 16.30 horas)

Se ha proyectado la construcción de una central nuclear en Bielorrusia y otra en el distrito de Kaliningrado, en la Federación Rusa. Las ubicaciones donde está prevista la construcción de ambas centrales se encuentran a menos de 100 kilómetros de dos Estados miembros, Lituania y Polonia. Además, tanto el uno como el otro están proyectando sus propias centrales nucleares.

¿Cuál es la opinión del Consejo sobre la concentración nuclear en la frontera oriental de la UE? Habida cuenta de los planes del programa de la Presidencia española para promover el desarrollo de una relación estratégica con Rusia, ¿qué iniciativas concretas pretende poner en práctica el Consejo para establecer una cooperación con Rusia y Bielorrusia en lo relativo a las consecuencias para el medio ambiente de las centrales nucleares proyectadas en el territorio de dichos Estados?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de marzo de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo ha destacado constantemente la importancia de unos criterios estrictos en lo tocante a seguridad nuclear y de un alto grado de protección medioambiental. Con regularidad, el Consejo subraya su apoyo a un alto grado de seguridad nuclear y protección medioambiental en toda la Unión Europea y en terceros países.

La responsabilidad nacional de la seguridad nuclear la confirman las convenciones internacionales de la OIEA, como por ejemplo la Convención sobre Seguridad Nuclear (CSN), de la que forman parte Bielorrusia y Rusia, así como Euratom y la mayoría de los Estados miembros. Sin embargo, la conferencia de examen en virtud de la CSN ofrece la oportunidad de ejercer presión entre homólogos sobre otras partes en cuanto a la seguridad de sus instalaciones y la manera en que aplican las disposiciones pertinentes de la Convención.

El Consejo desearía señalar en particular que, de acuerdo con la CNS, se debe consultar a las Partes Contratantes en las inmediaciones de una determinada instalación nuclear que haya sido propuesta, en la medida en que puedan resultar afectadas por esa instalación.

Además, el Acuerdo entre Rusia y Euratom acerca de los usos pacíficos de la energía nuclear que actualmente se está negociando tiene la intención de incluir disposiciones sobre requisitos verificables para la seguridad nuclear y la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores.

El Consejo también recuerda que esta cuestión se retoma con regularidad en el marco del diálogo energético entre la UE y Rusia y en los consejos permanentes de colaboración en materia de energía. Cabe destacar en este sentido que el último (el décimo) informe sobre los progresos realizados en el diálogo establece que:

«Las partes (Rusia y la UE) señalan que la diversificación de los recursos energéticos y la infraestructura de transportes representan un imperativo de nuestro tiempo. En este marco, apoyan el desarrollo del comercio de la energía eléctrica entre la UE y Rusia teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el mayor grado posible de seguridad nuclear.»

En cuanto a la evaluación del impacto en un contexto internacional, el Consejo indica que Bielorrusia es uno del os firmantes del Convenio de Espoo sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo, el cual incluye obligaciones vinculantes destinadas a evaluar y a minimizar el impacto ambiental y el peligro potencial para el medio ambiente. El Consejo subraya que la responsabilidad de la evaluación ambiental reside en gran medida en los promotores de estos proyectos.

La Federación Rusa no es una «Parte Contratante» de pleno derecho del Convenio de Espoo. No obstante, la UE insta a Rusia a aplicar el Convenio de Espoo de forma voluntaria. Se ha presentado esta idea a Rusia durante mucho tiempo, incluso en lo relativo a las centrales nucleares ya existentes.

De conformidad con el Tratado de Lisboa, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, el Parlamento Europeo se compone de 750 diputados, más el Presidente. Esta cifra supone un incremento de 18 escaños con respecto a las condiciones fijadas por el Tratado de Niza, que se aplicaban antes del 1 de diciembre de 2009.

En noviembre de 2009, el Parlamento Europeo aprobó su informe relativo al estatuto jurídico de los nuevos diputados. En él se confirma que los nuevos diputados complementarios asumirán sus funciones tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y una vez que todos los Estados miembros hayan ratificado un nuevo protocolo sobre el aumento del número de diputados. Sin embargo, ese nuevo protocolo aún no ha sido firmado por los Jefes de Estado de la UE, y es difícil saber cuándo tendrá lugar esa firma. En tanto no se convoque la correspondiente conferencia intergubernamental, los nuevos diputados no podrán asumir sus funciones.

Habida cuenta de los hechos arriba expuestos, ¿puede indicar el Consejo cómo piensa proceder a fin de que se adopten a la mayor brevedad las disposiciones que permitan a los nuevos diputados asumir sus funciones de conformidad con lo establecido por el Tratado de Lisboa? ¿Cabe esperar una solución del problema durante la Presidencia española?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de marzo de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Como su Señoría ha señalado correctamente, según el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea (TUE), como establece el Tratado de Lisboa, el número de diputados al Parlamento Europeo no debe superar los 750, más el Presidente. Puesto que las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2009 se celebraron partiendo del Tratado anterior (es decir, se eligieron 736 diputados al Parlamento), los días 18 y 19 de junio de 2009, el Consejo Europeo acordó que se añadieran dieciocho escaños adicionales a los 736 escaños ocupados en las elecciones de junio, en el caso de que el Tratado de Lisboa entrara en vigor⁽¹⁾. La aplicación de este acuerdo del Consejo Europeo exige que los veintisiete Estados miembros adopten y ratifiquen un Protocolo que modifique el artículo 2 del Protocolo (36) sobre medidas de transición anejo al Tratado de Lisboa, en virtud del procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo 48 del TUE. El 4 de diciembre de 2009, el Gobierno español presentó una propuesta para que se modificaran los Tratados a tal efecto.

El Consejo Europeo decidió los días 10 y 11 de diciembre de 2009⁽²⁾ consultarlo con el Parlamento Europeo y la Comisión con vistas a examinar esta propuesta. En atención al segundo subapartado del apartado 3 del artículo 48 del TUE, el Consejo Europeo especificó que no tenía intención de convocar una Convención (compuesta por representantes de parlamentos nacionales, los Jefes de Estado o Gobierno de los Estados miembros, el Parlamento Europeo y la Comisión) antes de la conferencia de representantes de gobiernos de los Estados miembros, puesto que en opinión del Consejo Europeo, esto no se hallaba justificado por el alcance de las enmiendas propuestas. Por lo tanto, los representantes del Consejo Europeo solicitaron el consentimiento del Parlamento Europeo a tal efecto, conforme al apartado 3 del artículo 48 del TUE.

El calendario estimado para el inicio de la conferencia de representantes de los gobiernos de los Estados miembros depende de la recepción de la posición del Parlamento Europeo respecto a estas dos cuestiones.

La estrategia para el Mar Báltico es un proceso que reviste una importancia estratégica y un significado histórico para la región de los países bálticos. El éxito de su desarrollo reforzará la unidad del conjunto de la Unión Europea, porque millones de personas que viven en regiones geográficamente próximas, pero que por causa de circunstancias históricas tradicionales apenas han colaborado entre ellas, concentrarán sus esfuerzos en la realización de proyectos comunes. Como representante de esta región, estoy preocupado por el programa de actividades del Consejo de dieciocho meses elaborado por los países del trío de la Presidencia de la UE, donde se hace hincapié en la estrategia de la UE para la región del Danubio, pero no se menciona la estrategia para la región del Mar Báltico.

¿No piensa el Consejo que, dado que la fase inicial de ejecución de la estrategia para el Mar Báltico acaba apenas de comenzar, es demasiado pronto para considerar el proyecto consumado y concederle menor atención institucional? ¿Opina el Consejo que la estrategia para el Mar Báltico debe inscribirse en el programa de dieciocho meses del trío de la Presidencia de la UE y que es necesario prever un mecanismo de seguimiento de un proyecto viable, que garantice que los proyectos previstos se realicen en los plazos previstos?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de marzo de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

En diciembre de 2007, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a preparar una estrategia de la Unión Europea para la región del Mar Báltico, que la Comisión presentó en junio de 2009 al Parlamento, el Consejo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones.

La Estrategia de la región del Mar Báltico tiene como objetivo coordinar la actuación de los Estados miembros, las regiones, la UE, las organizaciones panbálticas, las instituciones de financiación y los órganos no gubernamentales a fin de promover un desarrollo más equilibrado del Mar Báltico, y va acompañada de un plan de acción organizado en torno a cuatro pilares: entorno marino, prosperidad, transporte y energía, seguridad y protección.

El Consejo Europeo de octubre de 2009 declaró que la Estrategia de la región del Mar Báltico representaba una contribución importante al éxito económico de la región y a su cohesión social y territorial, así como a la competitividad de la UE, e instó a todos los agentes pertinentes a actuar con rapidez y garantizar la plena aplicación de la Estrategia de la región del Mar Báltico.

La estrategia en sí misma se basa en los instrumentos, fondos, políticas y programas existentes de la UE.

En este sentido, como se establece en sus conclusiones del 26 de octubre de 2009, el papel del Consejo consiste en la formulación de políticas ya que recibe informes periódicos y propuestas para recomendaciones de la Comisión, mientras que la Comisión se encarga de la coordinación, la supervisión, la presentación de informes, la facilitación de la aplicación y el seguimiento.

Además, el Consejo solicitó a la Comisión que presentara un informe sobre los progresos realizados antes de junio de 2011 y, por lo tanto, más allá del plazo del programa de dieciocho meses de las presidencias.

Hasta entonces, el Consejo sólo se involucraría si la Comisión decidiera modificar la estrategia, dado que, en ese caso, se debería pedir el respaldo del Consejo en la modificación propuesta.

La gravedad que reviste la situación en algunos Estados miembros requiere medidas urgentes en varios ámbitos, especialmente presupuestarias y monetarias, con el fin de luchar eficazmente contra el desempleo y la pobreza, dar prioridad a la solución del problema del desempleo, apoyar la producción y la creación de empleo con derechos y garantizar la cohesión económica y social.

Considerando lo que antecede, ¿puede informar el Consejo de si, habida cuenta de la solidaridad entre los Estados miembros, está dispuesto a apoyar la transferencia de fondos comunitarios a que tienen derecho los países con graves problemas sociales y financieros con objeto de que puedan usarlos sin que sea necesaria una contrapartida nacional? ¿Está dispuesto a analizar conjuntamente con el BCE medidas de ayuda financiera, especialmente la concesión de préstamos en condiciones favorables?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de marzo de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Desde diciembre de 2008, para hacer frente a la crisis, la UE y sus Estados miembros, han aplicado una gran variedad de medidas extraordinarias, como el Plan Europeo de Recuperación Económica, basadas en la solidaridad y la justicia social. Como parte de ese Plan, en 2009 se revisó el Reglamento por el que se establece el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), a fin de permitir que el Fondo cubriera los despidos ocasionados por el impacto de la crisis financiera y económica mundial.

Además, durante el período comprendido entre 2010 y 2013 debería entrar en funcionamiento un nuevo instrumento de microfinanciación. Este instrumento está destinado a aumentar el acceso a préstamos y, de esta forma, reducir el desempleo y la pobreza que la crisis ha provocado. El Consejo considera que el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo, en primera lectura, sobre un nuevo instrumento de microfinanciación representa una contribución positiva en este sentido.

En el ámbito de los Fondos Estructurales, se necesitan medidas adicionales para aliviar el impacto de la crisis económica en aquellos Estados miembros que han resultado perjudicados de manera más grave. Por lo tanto, el Consejo prevé medidas para simplificar el pago de anticipos a los beneficiarios de ayuda pública. Asimismo, el Consejo prevé un plazo adicional de cuotas de prefinanciación para 2010, a fin de permitir un flujo de caja regular y facilitar los pagos a los beneficiarios durante la ejecución del programa.

En lo que concierne a la ayuda financiera, las relaciones entre los Estados miembros deberían basarse en la responsabilidad y la solidaridad.

Aunque la Unión Económica y Monetaria por su propia existencia ofrece un elemento de estabilidad y protección contra las turbulencias del mercado, los miembros de la zona euro comparten una responsabilidad común por la estabilidad en la zona euro, y sus políticas económicas son una cuestión de interés común.

Cuando los Estados miembros fuera de la zona euro afrontan dificultades o se ven seriamente amenazados con dificultades en cuanto a los pagos exteriores, el Consejo puede conceder ayuda financiera.

La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea así como toda la zona euro han salido de la recesión e intentan mantener el crecimiento. Con estos rayos de esperanza brillando en diferentes partes de Europa y del mundo, ¿qué medidas específicas ha adoptado el Consejo para favorecer la recuperación económica y asegurar que el crecimiento se consolida?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de marzo de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Tras las primeras señales favorables de reducción de la crisis el pasado otoño, el crecimiento económico en la UE fue positivo durante el tercer trimestre del año pasado.

Mientras tanto, con objeto de superar la crisis económica, los Estados miembros y la UE han realizado grandes intervenciones fiscales para ayudar al sector financiero y la economía real, en particular en el marco del Plan Europeo de Recuperación Económica acordado en diciembre de 2008 en respuesta a la crisis financiera mundial y la desaceleración económica.

No obstante, en la actualidad veinte Estados miembros tienen déficits excesivos, que deberían reducirse hasta quedar por debajo del valor de referencia en los próximos años. La carencia de políticas presupuestarias sólidas y un sector financiero débil podrían poner en grave peligro la recuperación y socavar la credibilidad de las políticas macroeconómicas de la Unión Europea.

Sin embargo, aunque por un lado es necesario eliminar progresivamente las medidas financieras que son insostenibles para los Estados miembros, por otro lado el momento oportuno de la eliminación debería ser compatible con una recuperación económica que se sostenga por sí misma.

Desde esta perspectiva, las políticas de la Unión deberían volver a centrarse en las reformas a largo plazo en una nueva estrategia ambiciosa y actualizada, a fin de mejorar aún más la competitividad y aumentar el potencial de crecimiento sostenible de la UE.

Basándose en la comunicación de la Comisión Estrategia Europa 2020 del 3 de marzo de 2010, la Comisión ha propuesto que el Consejo Europeo de primavera se ponga de acuerdo en el objetivo de esta estrategia, establezca las metas cuantitativas y finalice la estructura de gobernanza; y que en junio el Consejo Europeo apoye las directrices integradas para ejecutar la estrategia y las metas cuantitativas específicas de cada país.

El Tratado CE consagra la igualdad de género como un principio fundamental de la Unión Europea y como uno de los objetivos y cometidos de la Comunidad. La igualdad entre mujeres y hombres se ha integrado en todos los ámbitos políticos. Los asuntos de igualdad de género son importantes para el crecimiento sostenible y para la competitividad, para abordar el desafío demográfico y para la cohesión económica y social en la UE.

Mantener las cuestiones de igualdad de género como una prioridad en estos tiempos de recesión económica es un desafío, y mantener la visibilidad de las cuestiones de igualdad de género es un medio para conseguirlo. En las conclusiones del Consejo aprobadas el 30 de noviembre de 2009, se invitaba a la Presidencia y a la Comisión a incluir una sección sobre género en los mensajes clave que debía adoptar el Consejo EPSCO y presentar en el Consejo Europeo de primavera de 2010.

¿Se incluirá una clave de género en EPSCO y se presentará en el Consejo Europeo de primavera?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de marzo de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Como ha observado su Señoría, la igualdad de género tiene una importancia transversal y fundamental en la UE. La igualdad entre hombres y mujeres se afirma con rotundidad en las disposiciones de los Tratados de la UE. El artículo 3 del Tratado de la Unión Europea establece que la Unión promoverá la igualdad entre hombres y mujeres y el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea especifica que se debe perseguir este objetivo en todas las actividades de la Unión. El Consejo Europeo de los días 23 y 24 de marzo de 2006, al aprobar el Pacto Europeo para la Igualdad de Genero⁽¹⁾, también reconoció explícitamente que las políticas de igualdad de género son vitales para el crecimiento económico, la prosperidad y la competitividad.

El 30 de noviembre de 2009, el Consejo aprobó Conclusiones precisamente sobre este tema⁽²⁾, que pedían que se remitieran mensajes importantes sobre cuestiones de género al Consejo Europeo.

En estas Conclusiones, el Consejo afirmaba en concreto alguna de las ideas que su Señoría también ha planteado. En particular, el Consejo consideró que «la igualdad de los sexos es crucial para cumplir los objetivos de la UE de cohesión económica y social y de un alto nivel de empleo, así como para garantizar el crecimiento sostenible y la competitividad, y para abordar el desafío demográfico»⁽³⁾.

El tema de la igualdad entre los sexos también se aborda en la Estrategia UE 2020, adoptada por la Comisión el 3 de marzo. El Consejo intercambió opiniones acerca de este tema general en su reunión el 8 de marzo y la Presidencia se ha comprometido a transmitir el resultado de estas conversaciones al Consejo Europeo. Este procedimiento dará a los Estados miembros y a la Presidencia la oportunidad esencial de afirmar las inquietudes y la perspectiva positiva que el Consejo expresó en sus Conclusiones en noviembre.

Cabe señalar que la actual Presidencia española de la Unión Europea se muestra muy activa en el ámbito de la igualdad de género y ya celebró el Foro Europeo de Mujeres Pekín+15 los días 4 y 5 de febrero, tras la Cumbre Europea de las Mujeres en el Poder celebrada el 3 de febrero, que reunió a representantes de gobiernos de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo, países candidatos, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y las principales asociaciones europeas de mujeres que trabajan por la igualdad de género.

Los próximos 25 y 26 de marzo la Presidencia española organizará la reunión informal de los Ministros encargados de la igualdad que se centrará en la igualdad como base del crecimiento y el empleo.

¿Cuál es la posición del Consejo en lo que se refiere a las prácticas comerciales desleales en la cadena de abastecimiento de alimentos? Como lo ha mencionado la Comisión en su Comunicación (COM(2009)0591), la reducción del precio de los alimentos para los productores no ha repercutido de manera significativa en los consumidores, mientras que estos mismos precios elevados de los alimentos han debilitado la demanda de productos alimentarios europeos hasta el punto de que la mayor parte de los agricultores venden sus productos por debajo de los costes de producción.

Muchos trabajadores del sector de la venta al por menor han mencionado casos en que los grandes distribuidores ha pedido dinero a los proveedores simplemente por almacenar sus productos.

A la vista de esta situación, ¿considera el Consejo que es necesario realizar una investigación a escala de la UE por razones de competencia? ¿Considera el Consejo que existe una relación de fuerzas desigual entre los minoristas y los proveedores/productores y que esta relación desigual corre el peligro de ser explotada, dado que el número de productores/abastecedores de alimentos es mucho mayor que el de minoristas?

¿Cómo se propone el Consejo abordar este problema? ¿Emitirá el Consejo próximamente una comunicación al respecto?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de marzo de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Como señaló la Presidencia española durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura el 27 de enero, la introducción de mejoras en el funcionamiento de la cadena de abastecimiento alimentario es de vital importancia, como parte de una agricultura y una industria agroalimentaria eficaces y competitivas, lo cual es una de sus prioridades.

En particular, el Consejo estudia actualmente la comunicación de la Comisión titulada «Mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa» (COM(2009) 591 final). En este sentido, el Consejo celebró en enero un intercambio de opiniones sobre este tema basándose en una encuesta elaborada por la Presidencia y ahora está trabajando en el proyecto de conclusiones del Consejo acerca de esta comunicación.

Se han desarrollado cinco ideas fundamentales en el actual proyecto de conclusiones, sin prejuicio del texto final. La mayoría de estas ideas figuran en su pregunta:

Mejorar la estructura y la consolidación de la industria agroalimentaria a fin de ayudar a lograr la escala necesaria para una mayor capacidad de negociación al tratar con grandes minoristas.

Aumentar la transparencia en toda la cadena alimentaria. Una mayor transparencia permitirá realizar un seguimiento de la evolución y los niveles de precios y aumentar la presión sobre las partes interesadas para acelerar la transmisión de precios. Esto es fundamental para la distribución justa del valor añadido a lo largo de la cadena de aprovisionamiento alimentario.

Combatir las prácticas comerciales desleales. La Comisión propone que se evalúen estas prácticas en el mercado interior y se propongan las medidas comunitarias necesarias para hacer frente a estas prácticas.

Fomentar iniciativas de autorregulación. La Comisión propone que se trabaje junto con las partes interesadas de la cadena de aprovisionamiento alimentario para preparar conjuntos de contratos estándar. También se prevé la adopción de códigos de buenas prácticas comerciales en la cadena de suministro de alimentos.

Estudiar la competencia en la cadena de aprovisionamiento alimentario. La Comisión propone que se trabaje con la Red Europea de la Competencia con objeto de desarrollar un enfoque común de las cuestiones importantes relativas a la competencia para el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos. El Consejo está reflexionando sobre la interacción entre la actual competencia y las normas de la PAC.

La Presidencia espera que el Consejo apruebe estas conclusiones en su sesión de marzo.

Por último pero no menos importante, el Consejo está trabajando actualmente, junto con el Parlamento Europeo, en una propuesta de la Comisión para reformular la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000 sobre la lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales.

La profunda crisis que atraviesa Grecia en el plano financiero, y los desequilibrios que acusan también otros Estados miembros de la zona euro evocan la cuestión de la estática, la dinámica y la viabilidad de la construcción de la UEM. No cabe duda de que el saneamiento de las finanzas públicas de un Estado miembro de la eurozona supone un duro esfuerzo para el Estado en cuestión. Por otro lado es innegable que la crisis financiera ha puesto al descubierto la falta de correlación entre, por un lado, la unión monetaria integral e uniforme y, por otro, la imperfecta unión económica que se ha instaurado en la UE.

¿Estaría dispuesto el Consejo a proponer la concepción y creación de un Fondo monetario europeo dotado de los recursos y capacidades de intervención necesarios para cubrir las carencias estructurales de la UEM y reflejar una gobernanza económica europea más formal y coordenada?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de marzo de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Al tiempo que la Unión Económica y Monetaria por su propia existencia proporciona un elemento de estabilidad y protección contra las turbulencias del mercado, los miembros de la zona euro comparten una responsabilidad común por la estabilidad en la zona euro y sus políticas económicas son una cuestión de interés común. Están obligados a llevar a cabo políticas nacionales sólidas en consonancia con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y las orientaciones generales de las políticas económicas.

La reciente crisis económica y la evolución actual de los acontecimientos en los mercados financieros han demostrado la importancia de una coordinación estrecha de las políticas económicas. Los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, en su reunión informal del 11 de febrero, declararon que los Estados miembros de la zona euro tomarán medidas decididas y coordinadas, si es necesario, para salvaguardar la estabilidad financiera en la zona euro en su conjunto. Hasta ahora, ningún Estado miembro de la zona euro ha pedido ayuda.

El 16 de febrero, el Consejo, a raíz de la invitación de los Jefes de Estado y de Gobierno, se centró en la situación relativa al déficit y la deuda del Gobierno en Grecia y aprobó:

- un dictamen sobre una actualización por parte de Grecia de su programa de estabilidad, que establece planes para reducir su déficit por debajo del 3 % del producto interior bruto ante de 2012;

- una Decisión en la que se emplaza a Grecia a que corrija su déficit excesivo antes de 2012, y en la que se fijan medidas presupuestarias de consolidación con arreglo a un calendario específico, incluidos los plazos para informar sobre las medidas adoptadas;

- una Recomendación a Grecia para que ajuste sus políticas económicas a las orientaciones generales de la política económica de la UE.

Sobre la base de la coordinación y supervisión económica en la zona euro más generalmente, la Comisión tiene intención de presentar esta primavera una propuesta conforme al artículo 136 del Tratado al Consejo partiendo de las disposiciones del Tratado de Lisboa. El Consejo examinará la propuesta de la Comisión cuando la reciba. Hasta ahora, el Consejo no ha recibido ninguna propuesta de este tipo y, en particular, no ha recibido ni debatido ninguna propuesta relativa a un Fondo Monetario Europeo.

¿Podría pronunciarse el Consejo sobre las sugerencias relativas a una mayor ascendencia de los Estados miembros de la eurozona sobre la forma en que se gestionan las economías de los países de reciente incorporación a dicha zona? De acuerdo con un anuncio reciente de la Comisión, ésta propondrá de aquí a junio un sistema que reforzará la coordinación y el control mutuo de las políticas económicas, con arreglo a las nuevas competencias instauradas por el Tratado de Lisboa. ¿Cuenta esta propuesta, relativa a una coordinación económica más estrecha, con el respaldo del Consejo? ¿Cree el Consejo que el nuevo sistema contribuirá a fortalecer la eurozona?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de marzo de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La reciente crisis económica y la evolución actual de los acontecimientos en los mercados financieros han demostrado la importancia de la estrecha coordinación de las políticas económicas, como confirmaron los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE y el Presidente del Consejo Europeo con motivo de su reunión informal del 11 de febrero.

La principal responsabilidad de sus políticas económicas reside en los propios Estados miembros. La UE los supervisa y coordina, en particular en el contexto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y las orientaciones generales de las políticas económicas. Mientras que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se centra principalmente en reforzar y mantener la disciplina fiscal, las orientaciones generales de las políticas económicas tienen como objetivo garantizar la supervisión multilateral de las tendencias económicas en los Estados miembros. Las políticas estructurales, en especial con miras a incrementar la competitividad, que conducen a un nivel más elevado de crecimiento y empleo se coordinan en el marco de la Estrategia de Lisboa, la cual se reactivará esta primavera como Estrategia UE 2020.

Todos estos instrumentos se basan en la colaboración y la cooperación entre los Estados miembros. El Tratado de Lisboa proporciona a la zona euro un marco jurídico adicional a fin de asegurar el funcionamiento adecuado de la Unión Económica y Monetaria. La existencia del Eurogrupo se encuentra reconocida formalmente en el artículo 137 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el Protocolo 1 (Nº 14) sobre el Eurogrupo. Además el artículo 136 del TFUE permite la adopción de medidas adicionales aplicables solamente a la zona euro, dirigidas a fortalecer la coordinación y la supervisión de la disciplina presupuestaria de los Estados miembros de la zona euro o establecer orientaciones de política económica para estos Estados miembros. Dichas medidas se adoptan de conformidad con el procedimiento pertinente de entre aquellos mencionados en los artículos 121 y 126 del TFUE, con la excepción del procedimiento establecido en el apartado 14 del artículo 126 del TFUE.

La Comisión tiene intención de presentar esta primavera una propuesta al Consejo para reforzar la coordinación y la supervisión de las políticas económicas basándose en las disposiciones del Tratado de Lisboa. El Consejo examinará la propuesta de la Comisión cuando la reciba.

Hoy tenemos pruebas suficientes de cómo los flujos financieros ilícitos llegan a tener consecuencias negativas para los países en desarrollo. Aunque los flujos financieros ilícitos transfronterizos son en gran medida ocultos y difíciles de medir, las estimaciones se pueden estimar razonablemente entre 1 billón de dólares y 3 billones de dólares anuales. El Banco Mundial cita cifras de entre 1 billón de dólares y 1,6 billones de dólares anuales, la mitad de los cuales —de 500 000 a 800 000 millones de dólares al año— se estima que salen de los países en desarrollo. La estimación de 500 000 a 800 000 millones de dólares al año de dinero ilícito que sale de los países en desarrollo es la situación económica que más perjudica a los pobres. Drena reservas de divisas, aumenta la inflación y reduce la recaudación de impuestos, junto con muchas otras consecuencias que socavan las oportunidades de los países en desarrollo.

¿Qué esfuerzos e iniciativas ha puesto o va a poner en práctica la UE en los próximos meses para combatir la evasión fiscal y la fuga de capitales en los países en desarrollo y desde éstos? ¿Cómo podemos fortalecer la capacidad de gestión fiscal de los países en vías de desarrollo?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de marzo de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La evasión fiscal, la fuga de capitales y los flujos financieros ilícitos son sin duda un reto importante para el desarrollo, especialmente en los países en desarrollo, y la Declaración de Doha sobre Financiación para el Desarrollo de 2008 los define como obstáculos importantes para la movilización de ingresos internos para el desarrollo.

En mayo de 2008, el Consejo aprobó unas Conclusiones⁽¹⁾ que subrayan que la buena gobernanza en la esfera fiscal, que comprende los principios de transparencia, el intercambio de información y la competencia fiscal leal, es una manera fundamental para luchar contra el fraude y la evasión fiscal transfronteriza y para fortalecer la lucha contra el blanqueo de dinero, la corrupción y la financiación del terrorismo.

La UE promociona activamente estos principios en varios contextos:

La política europea de vecindad incluye, en varios de sus planes de acción para terceros países concretos, una referencia general a la cooperación en temas fiscales y a los principios de transparencia, intercambio de información y al Código de Conducta para la fiscalidad de las empresas. Estos planes de acción son instrumentos para la cooperación económica y política entre la UE y los países asociados.

La política de cooperación para el desarrollo de la UE hace posible la ayuda adicional a los países en desarrollo que desean comprometerse con los principios de buena gobernanza, incluido el ámbito fiscal, mediante el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación y la iniciativa a favor de la gobernanza del décimo Fondo Europeo de Desarrollo.

Asimismo, la reciente y amplia aceptación internacional de las normas fiscales de la OCDE, incluso por parte de muchos países en desarrollo, ha cambiado sustancialmente el ambiente internacional hacia una mayor transparencia en las cuestiones fiscales y ha avanzado el debate en la UE. El 28 de abril de 2009, la Comisión emitió una Comunicación sobre el Fomento de la Buena Gobernanza en el Ámbito Fiscal⁽²⁾, en la cual plantea varias ideas sobre cómo promover la buena gobernanza en temas fiscales con terceros países.

En sus Conclusiones de 18 de mayo de 2009, el Consejo invitó a la Comisión a que formulara propuestas para medidas concretas de la UE sobre la ayuda a los países en desarrollo y el diálogo con éstos en relación con el fomento de la buena gobernanza en el ámbito fiscal y una mayor eficacia en los sistemas fiscales nacionales para lograr los objetivos de desarrollo.

El Consejo volvió a debatir este tema en el marco de sus Conclusiones de 17 de noviembre de 2009 sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo. Esta cuestión se incluyó en la selección inicial de cinco cuestiones prioritarias que deberían ser tratadas en el programa de trabajo de la coherencia de las políticas de desarrollo (CPD) que se presentará al Consejo este año. Las Conclusiones afirman la necesidad de mejorar la transparencia y prevenir los flujos ilícitos y la evasión fiscal a través de las fronteras «reconociendo que tienen repercusiones graves para la movilización de los recursos interiores en los países en desarrollo».

Basándose en los logros anteriores, la Presidencia española del Consejo ha incluido este tema como una de sus prioridades en el programa de desarrollo de este semestre.

Por lo tanto, en su reunión informal celebrada en La Granja (España) el 17 y 18 de febrero de 2010, que contó con la participación del Presidente de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, los Ministros de Desarrollo de la UE mantuvieron un intenso intercambio de opiniones sobre temas de fiscalidad y buena gobernanza para el desarrollo y mecanismos innovadores para la financiación.

El Consejo continuará con este debate durante los próximos meses y espera con interés la próxima Comunicación sobre el fomento de la buena gobernanza en el ámbito fiscal en el contexto de la cooperación para el desarrollo, que se espera que se presente al Consejo como parte del llamado «paquete de abril».

El Consejo Europeo del 11 de febrero y la reunión del Eurogrupo del 16 de febrero tomaron decisiones históricas. Por primera vez, un Estado miembro (Grecia) se encuentra bajo vigilancia tripartita, por primera vez el Consejo prohíbe oficialmente la adopción de medidas especificas en relación con los salarios, el sistema de salud, las pensiones, la administración pública, los mercados, etc. Llama la atención que hasta ahora el Consejo no haya hecho referencia alguna a la mala situación de las economías de los demás países de la UE, como España, con un déficit del 11,2 % y un crecimiento de la deuda del 20 %, Francia, con un déficit del 8,3 % y un crecimiento de la deuda del 10 %, Italia, con un déficit del 5,3 % y una deuda del 114 % del PIB, Portugal, con un déficit del 8,7 % y un ritmo de crecimiento de la deuda del 10 % y el Reino Unido, con un 12 %, igual que Grecia, y con un ritmo de crecimiento de la deuda del 20 %, a la vez que la deuda total de los Países Bajos se eleva al 234 % del PIB, la de Irlanda al 222 %, la de Bélgica al 219 %, la de España al 207 % y la de Grecia al 179 %.

A la vista de lo anterior, está claro que el Pacto de Estabilidad ha sido abandonado en la práctica. ¿Podría reconocerlo el Consejo? ¿Podría el Consejo explicar si los enormes déficits en la UE se deben a los distintos paquetes «ilegales» de ayuda a los bancos y las empresas? ¿Constituyen las medidas contra los trabajadores griegos un adelanto de «recomendaciones» similares para los trabajadores de toda la zona euro? ¿Es Grecia un conejillo de indias, como sostiene el Primer Ministro griego?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de marzo de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento sigue siendo el principal instrumento para mantener la estabilidad financiera en la UE en su conjunto y en la zona euro. Se aplica de forma sistemática y equitativa en todos los Estados miembros y en la actualidad se está aplicando con la flexibilidad introducida en su revisión de 2005. Por lo tanto, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento está muy lejos de ser abandonado.

A fin de superar la crisis económica mundial más grave desde 1929, los Estados miembros y la UE han realizado grandes intervenciones fiscales para ayudar al sector financiero y la economía real durante los últimos dos años, lo que naturalmente provocó un aumento de los déficits públicos. Estas intervenciones han sido necesarias y apropiadas y han representado un papel sumamente importante a la hora de evitar una crisis incluso más grave, de estabilizar la economía y de prevenir una recesión más drástica. En este período difícil, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha demostrado el valor de su flexibilidad.

Cuando se confirme la recuperación económica, se deberán retirar las medidas extraordinarias. El Consejo ya se ha puesto de acuerdo respecto de los principios más importantes de las estrategias de salida. En el ámbito fiscal, éstas se están aplicando en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En 2009 y 2010 el Consejo aprobó recomendaciones con objeto de reducir su déficit público por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB a los veinte Estados miembros, incluidos Bélgica, España, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Portugal y el Reino Unido. Las orientaciones para corregir el déficit varían desde 2011 hasta el año fiscal 2014/ 2015 dependiendo de la situación concreta en cada uno de los Estados miembros.

Entre los Estados miembros actualmente sujetos a un procedimiento de déficit excesivo, Grecia es el único Estado miembro que no ha tomado medidas eficaces en cuanto a la recomendación del Consejo aprobada en abril de 2009. Además, como demostró la actualización de datos presupuestarios de octubre de 2009, las cifras presentadas por las autoridades griegas no eran fiables. El Consejo seguirá supervisando de cerca la situación en todos los Estados miembros con un déficit público que supere el valor de referencia y, si cualquiera de ellos no cumple con las recomendaciones, el Consejo tomará las medidas necesarias.

Las recomendaciones a Grecia o a cualquier otro Estado miembro van dirigidas a ayudar a las autoridades a mantener una política fiscal sólida, éstas no se aprueban «en contra» de ningún grupo de ciudadanos. Algunos Estados miembros han permitido una evolución de sus finanzas públicas que no es sostenible y, por lo tanto, deben tomar medidas correctoras, este es el único camino correcto y sostenible hacia una firme recuperación económica. A largo plazo, la carencia de disciplina fiscal conduciría a déficits presupuestarios y deudas públicas insostenibles, lo cual tendría consecuencias perjudiciales para la economía de la UE en su conjunto y de los Estados miembros afectados.

El Consejo ECOFIN invitó a Grecia, mediante su decisión/recomendación del 16 de febrero, a adoptar una serie de medidas con miras a reducir los gastos y a aumentar los ingresos, especialmente, la reducción de costes salariales, el aumento del IVA y de los impuestos sobre los automóviles particulares y sobre la energía. Teniendo en cuenta que la mayor parte de las medidas que ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno griego ya buscan la reducción de los costes salariales y el aumento de los ingresos mediante el incremento de la imposición directa e indirecta:

¿No considera la Presidencia que estas medidas, que van dirigidas hacia una política austera en materia de recaudación y de ingresos, podrían por ellas mismas reducir aún más la demanda de inversión y de consumo en la economía griega, con lo que minarían los esfuerzos de recuperación y de saneamiento presupuestario en Grecia? ¿Tiene previsto ofrecer al Gobierno griego también medidas que fomenten el crecimiento para recuperar la productividad de la economía griega y combatir el desempleo creciente?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de marzo de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El deterioro de las finanzas públicas de Grecia, junto con grandes desequilibrios macroeconómicos y la pérdida de competitividad de la economía griega durante los últimos años, ha llevado a la difícil situación económica que este Estado miembro afronta en la actualidad. Las autoridades griegas se han comprometido a tomar las medidas necesarias para hacer frente a esta situación y el Consejo se ha comprometido a apoyar las iniciativas de Grecia.

El Consejo ha señalado en repetidas ocasiones los problemas estructurales de la economía griega a largo plazo en varios ejercicios multilaterales de supervisión. En relación con la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, el Consejo, en su Recomendación sobre la actualización de 2009 de las orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros, señaló que «El entorno internacional adverso obliga a intensificar los esfuerzos para resolver los desequilibrios macroeconómicos y las debilidades estructurales de la economía griega». Recomendó a Grecia que aumentara la competencia en los servicios profesionales y las inversiones en investigación y desarrollo, que utilizara los Fondos Estructurales con más eficacia, que reformara la administración pública y que adoptara una amplia variedad de medidas para el mercado laboral dentro de un enfoque integrado que se base en la flexiguridad.

El 16 de febrero, el Consejo, a raíz de la invitación de los Jefes de Estado y de Gobierno, se centró en la situación relativa al déficit y la deuda del Gobierno en Grecia y aprobó:

- un dictamen sobre una actualización por parte de Grecia de su programa de estabilidad, que establece planes para reducir su déficit del Gobierno por debajo del 3 % del producto interior bruto ante de 2012;

- una Decisión en la que se emplaza a Grecia a que corrija su déficit excesivo antes de 2012, y por la que se fijan medidas presupuestarias de consolidación con arreglo a un calendario específico, incluidos los plazos para informar sobre las medidas adoptadas;

- una Recomendación a Grecia para que ajuste sus políticas económicas a las orientaciones generales de la política económica de la UE.

En el contexto de las medidas mencionadas, el Consejo emplazó a Grecia a aplicar un amplio paquete de medidas a fin de mejorar el funcionamiento del mercado de bienes y el entorno empresarial, respaldar la productividad y el crecimiento del empleo y aumentar la eficacia y el ritmo de absorción de los Fondos Estructurales de la UE, así como a corregir su excesivo déficit presupuestario y ocuparse de la sostenibilidad a largo plazo de sus finanzas públicas. A fin de impulsar el incremento de la productividad y el empleo, se recomendó a Grecia:

- adoptar medidas inmediatas de lucha contra el trabajo no declarado;

- revisar la reglamentación del mercado laboral, incluida la legislación en materia de protección del empleo, con vistas a incrementar la oferta de mano de obra;

- apoyar la demanda de mano de obra, incrementando las reducciones selectivas de costes laborales;

- realizar reformas del sistema educativo orientadas a mejorar la capacitación de la población activa y la receptividad ante las necesidades del mercado laboral.

Ante el reto de mejorar la productividad, especialmente a través de estrategias de priorización de las inversiones públicas, Grecia debe adoptar cuantas medidas resulten necesarias para potenciar la eficiencia y el ritmo de absorción de los fondos estructurales de la UE. Al acometer tal labor, es preciso que se preste particular atención a la rápida y eficiente aplicación de los programas operativos relativos a la reforma administrativa y la convergencia digital, ya que redundan a favor de reformas esenciales en la Administración Pública, que son fundamentales para la estrategia de reforma presentada en la actualización de enero de 2010 del programa de estabilidad.

Se espera que Grecia presente el primer informe de la aplicación de estas medidas antes del 16 de marzo, el segundo en mayo y, posteriormente, informes trimestrales. El Consejo supervisará de cerca la situación y seguirá tomando medidas, según sea conveniente, a fin de ayudar a las autoridades griegas a impulsar el crecimiento económico y a mantener una política fiscal sólida.

¿Va a actuar el Consejo de alguna forma contra la discriminación de que son objeto las minorías nacionales en Bielorrusia, en particular, la minoría polaca? El problema se ha agudizado en las últimas semanas. Se producen numerosas y repetidas detenciones de dirigentes de organizaciones polacas, y se embargan bienes, como los edificios en los que se reúnen círculos y asociaciones polacas.

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de marzo de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

A la UE le preocupa el reciente deterioro de la situación en Bielorrusia y el aumento de las violaciones de los derechos humanos. La UE considera que la situación en torno a la Unión de los Polacos forma parte de una tendencia hacia el deterioro de la situación, de la cual la ausencia de libertad de expresión y reunión, el aumento del control de los medios de comunicación y la presión sobre periodistas, la nueva ley que restringe el uso de Internet y el acoso de activistas de la oposición son señales aún más preocupantes.

En su declaración del 16 de febrero, la Alta Representante Ashton expresó su inquietud acerca de la situación de la minoría polaca en Bielorrusia y, en especial, de las medidas policiales adoptadas para expulsar a los representantes de las propiedades de la comunidad, las detenciones policiales de miembros de la comunidad y los intentos por parte de Minsk de imponer un liderazgo comunitario. Estas preocupaciones también han sido transmitidas a través de vías diplomáticas a las autoridades de Bielorrusia.

El Consejo intercambió opiniones brevemente sobre este asunto el 22 de febrero y volverá a debatirlo en profundidad durante los próximos meses.

Al reunirse brevemente con el Ministro de Asuntos Exteriores Martynov con ocasión de la investidura del Presidente ucraniano Yanukovich en Kiev el 25 de febrero, la Alta Representante Ashton le transmitió sus preocupaciones acerca de las violaciones de los derechos humanos y señaló que la situación en torno a la Unión de los Polacos no era un «asunto interno» de Bielorrusia.

El Consejo pretende continuar con la política de compromiso condicionado de la UE y esto también cuenta con el apoyo de destacados líderes belarusos prodemocráticos y proeuropeos, como Aliaksandr Milinkevich.

Al mismo tiempo, es de suma importancia que Bielorrusia se atenga a sus compromisos internacionales y de la OSCE, incluso en cuanto a la protección y promoción de los derechos de las minorías. En beneficio de la UE es necesario mantener relaciones con Bielorrusia para fomentar valores y principios comunes. La UE seguirá vigilando la situación de los derechos humanos en Bielorrusia y dará prioridad a este asunto en la agenda de diálogo político con ese país.

En el asesinato del líder de Hamas en Dubai el pasado mes de enero fueron utilizados pasaportes europeos falsificados, entre los que se incluían pasaportes irlandeses. ¿Puede el Consejo informar sobre las medidas que ha adoptado hasta ahora para responder a las inquietudes de los ciudadanos de la UE respecto a la utilización fraudulenta de pasaportes europeos?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de marzo de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

En una declaración que hizo pública el Consejo el 22 de febrero, se subrayaba que el asesinato de Mahmoud al-Mabhouh en Dubai el 20 de enero planteaba cuestiones profundamente inquietantes para la Unión Europea.

El Consejo consideró que ése fue un acto que no puede favorecer la paz y la estabilidad en Oriente Próximo. La UE condenó firmemente que las personas involucradas en ese acto hubieran utilizado pasaportes falsos de Estados miembros de la UE, así como tarjetas de crédito fraudulentas, que obtuvieron usurpando la identidad de ciudadanos de la UE.

La UE acoge favorablemente la investigación emprendida por las autoridades de Dubai y pide a todos los países que cooperen con ella. Los propios países afectados de la UE están llevando a cabo investigaciones minuciosas sobre el uso fraudulento de sus pasaportes.

La Unión Europea se compromete a garantizar que tanto los ciudadanos de la UE como los países de todo el mundo continúen teniendo confianza en la integridad de los pasaportes de los Estados miembros de la UE. En este sentido, la UE adoptó en 2004 normas para las medidas de seguridad y datos biométricos en los pasaportes y documentos de viaje emitidos por los Estados miembros. Esta legislación se actualizó en 2009 y pretende hacer que los documentos sean más seguros y establecer un vínculo más fiable entre la persona titular y el documento.

El Tribunal Supremo de Bostwana decidió en 2006 que la expulsión de los bosquimanos del Kalahari era ilegal e inconstitucional. A pesar de ello, el Gobierno de Bostwana sigue impidiendo a los bosquimanos del Kalahari regresar a sus tierras tradicionales cortándoles el suministro de agua. ¿Puede el Consejo investigar la situación en Bostwana con el fin de evaluar la magnitud del acoso que sufren los bosquimanos del Kalahari?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de marzo de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La política del Gobierno de Botswana y su programa de reubicación de los san de la reserva de caza del Kalahari central han llamado especialmente la atención y han suscitado problemas en la comunidad internacional que se ocupa de la situación de los derechos humanos, incluidos el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

La UE, por su parte, a través de jefes de misión locales, ha debatido con regularidad el tema de los san o bosquimanos en Botswana con el Gobierno de Botswana. Estos debates tienen lugar en el contexto del diálogo del artículo 8 en virtud del Acuerdo de Cotonú, que establece un diálogo sistemático y formal en relación con los tres elementos esenciales del Acuerdo de Cotonú, es decir, respecto a los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho. En estas reuniones el Gobierno ha informado a la UE sobre el seguimiento del fallo del Tribunal Supremo. Según nuestra información, en diciembre los san o bosquimanos nombraron a sus representantes, a quienes se les ha asignado la tarea de debatir con el Gobierno la cuestión de la reserva de caza del Kalahari Central. Con objeto de encontrar una solución al problema de la reubicación de la reserva de caza del Kalahari Central, dicha tribu y el gobierno han iniciado contactos.

El Consejo seguirá de cerca la situación de los san o bosquimanos en Botswana.

La OTAN, con el apoyo activo de la Unión Europea y de la PESC, ha lanzado en Afganistán la mayor ofensiva desde el inicio de la intervención militar de los Estados Unidos y sus aliados, la operación «Mustarak», en el marco de la «estrategia renovada» de los EEUU establecida por su Presidente, Barack Obama, galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Pocos días después de su inicio, esta operación ya ha provocado al menos quince muertes entre la población civil de la región de Marjah. Las fuerzas de la OTAN alegan que se trató de un error, mientras que las autoridades afganas admiten que el objetivo había sido elegido pero atribuyen la responsabilidad a los talibanes. Estas víctimas mortales se suman a los 2 412 civiles que, según las Naciones Unidas, han sido asesinados por las fuerzas de ocupación de la OTAN en Afganistán solo en 2009.

¿Condena el Consejo esta nueva matanza perpetrada contra el pueblo afgano? ¿Atenderá la petición de los grupos pacifistas para retirar de Afganistán a todos los ejércitos extranjeros?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de marzo de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El marco para la participación de la UE en Afganistán se estipula en el plan de acción de la UE para Afganistán y Pakistán, aprobado por el Consejo el 27 de octubre de 2009. De acuerdo con este marco, en Afganistán la UE centra sus esfuerzos en la población civil. La UE no participa en la operación Mustarak ni en ninguna operación militar.

Las iniciativas de la UE se concentran en el fortalecimiento de la capacidad del Estado afgano y sus instituciones para promover la buena gobernanza, los derechos humanos y la eficacia de la administración pública, en especial a escala subnacional. El apoyo al crecimiento económico, en particular mediante el desarrollo rural y el progreso social, también es una prioridad importante.

Asimismo, la UE centra sus esfuerzos en el fortalecimiento del Estado de Derecho, esto es, colaborando en la creación de un cuerpo de policía civil mediante EUPOL Afganistán, la Misión de Policía de la Unión Europea en Afganistán lanzada por la Unión Europea en junio de 2007, y el apoyo a la aplicación del Programa de Justicia Nacional.

Estas iniciativas también están en consonancia con las prioridades estratégicas presentadas por el Gobierno de Afganistán.

El Consejo ha destacado que la ayuda internacional debe ser una estrategia de transición, que se centre en permitir que el Gobierno afgano asuma plena responsabilidad, mientras que la comunidad internacional adopta poco a poco una función más de apoyo.

La UE lamenta profundamente todas las muertes de civiles en Afganistán.

Se multiplican las provocaciones de Israel contra los palestinos en territorio palestino. El Ejército israelí irrumpió en las oficinas del Partido del Pueblo Palestino, provocó importantes daños materiales y detuvo a las personas que se encontraban allí. Dicha irrupción se produjo en el marco de diez incursiones israelíes en Ramala y en Cisjordania, durante las cuales fueron practicadas centenares de detenciones por «alteración del orden público». Al mismo tiempo, Israel prosigue su política de «ejecuciones extrajudiciales» y los asesinatos de dirigentes de organizaciones palestinas bajo la protección informal de los Estados Unidos, la UE y la OTAN.

¿Condena el Consejo la política de Israel contra el pueblo palestino y contra la paz en la región por medio de ataques militares asesinos? ¿Condena igualmente la negativa de dicho país a reconocer la existencia de un Estado palestino independiente en los territorios de 1967 con Jerusalén Este como capital?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de marzo de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La persecución de una población civil por un poder estatal, ya sea dirigido contra los propios ciudadanos de un Estado o al contrario, contraviene el Estado de Derecho y los principios democráticos en general. Por extensión, este tipo de actos es irreconciliable con los valores básicos de la Unión Europea, en particular con el derecho a vivir con seguridad. Es imperativo que las acusaciones de estos actos sean sometidas a una investigación minuciosa.

En lo que respecta a los distintos incidentes entre los servicios de seguridad israelíes y los palestinos y a las políticas israelíes a raíz del régimen de ocupación, el Consejo siempre ha insistido en que ambas partes deberían respetar el Derecho internacional y el Derecho humanitario internacional. Estos son principios a los que se ha referido el Consejo en sus conclusiones sobre el proceso de paz en el Oriente Próximo, más recientemente en diciembre de 2009.

Me gustaría asegurar a su Señoría que el Consejo sigue concediendo especial importancia a los derechos humanos de las personas, de acuerdo con los principios jurídicos que he mencionado, y está dispuesto a condenar su violación, cuando proceda y basándose en pruebas sólidas.

La Presidencia española de la Unión Europea se ha comprometido de modo prioritario a reforzar el diálogo transatlántico entre la Unión Europea, por un lado, y los Estados Unidos de América y Canadá, por el otro lado. Dos de los componentes de este diálogo entre la Unión Europea y Canadá son la adopción de una decisión del Consejo y de los representantes de los Estados miembros de la Unión Europea sobre la firma y la aplicación provisional del Acuerdo sobre transporte aéreo y la adopción de una decisión del Consejo sobre la firma de un acuerdo entre la Unión Europea y Canadá sobre seguridad en la aviación civil.

Habida cuenta de la importancia de la firma de estos acuerdos para la cooperación entre la Unión Europea y Canadá, ¿podría indicar el Consejo en qué fase se encuentra la adopción de estas decisiones?

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de marzo de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo adoptó su Decisión sobre la firma y la aplicación provisional del Acuerdo de transporte aéreo entre la UE y Canadá el 30 de noviembre de 2009 y el Acuerdo se firmó el 17 y 18 de diciembre de 2009.

Según las disposiciones del Acuerdo, a la espera de su entrada en vigor, el presente Acuerdo será aplicado con carácter provisional por la Comunidad y los Estados miembros, de conformidad con la aplicación del Derecho nacional, a partir del primer día del mes siguiente a la fecha en que las Partes se notifiquen la finalización de los procedimientos necesarios para la aplicación provisional del Acuerdo. El Consejo todavía no ha recibido ninguna notificación de este tipo.

No obstante, con vistas a prepararse para la conclusión del Acuerdo, los órganos preparatorios del Consejo comenzarán, a su debido tiempo, a realizar las adaptaciones necesarias al Tratado de Lisboa y, a partir de entonces, tomarán una decisión para remitir el proyecto de Decisión del Consejo y el texto del Acuerdo al Parlamento Europeo para su aprobación.

En cuanto al Acuerdo sobre seguridad de la aviación civil entre la UE y Canadá, el Consejo adoptó su Decisión sobre la firma el 30 de marzo de 2009 y el Acuerdo se firmó en Praga el 6 de mayo de 2009.

Este Acuerdo no se ha aplicado de forma provisional, el Acuerdo debe ser firmado antes de entrar en vigor. Por lo tanto, los órganos preparatorios del Consejo han empezado a disponer las adaptaciones necesarias para el Tratado de Lisboa con miras a preparar una decisión para remitir el proyecto de Decisión del Consejo sobre la conclusión y el texto del Acuerdo al Parlamento Europeo para su aprobación.

Para incrementar la conciencia pública sobre el valor del voluntariado en la UE, ¿piensa la Comisión considerar la posibilidad de desarrollar, en conjunción con las iniciativas propuestas de celebrar el Año Europeo del Voluntariado, un Libro Verde general sobre el Voluntariado que facilite, reconozca y valorice el voluntariado?

Como complemento al desarrollo de dicho Libro Verde, ¿se propone la Comisión dar importancia a la construcción de sinergias con otras organizaciones internacionales, como la OIT y las Naciones Unidas, en relación con el proyecto de medición del voluntariado puesto en marcha por la John Hopkins University, en unión con la OIT, y el manual de entidades no lucrativas de las Naciones Unidas?

(EN) La Comisión Europea saluda el interés constante del Parlamento Europeo en la cuestión del voluntariado.

El Año Europeo del Voluntariado 2011 se centrará en los cuatro objetivos siguientes: en primer lugar, crear un entorno que favorezca el voluntariado; en segundo lugar, ofrecer medios de actuación a las organizaciones de voluntarios; en tercer lugar, sensibilizar sobre el valor y la importancia del voluntariado; y en cuarto lugar, recompensar y reconocer las actividades de voluntariado. Por lo tanto, el Año Europeo hará partícipes a todas las partes interesadas, en especial las organizaciones de la sociedad civil, a escala nacional, regional, local y comunitaria. La Comisión también espera con interés la participación constante del Parlamento durante la preparación del Año.

La Comisión desea asegurar a su Señoría que su prioridad es garantizar que la actuación sobre esta cuestión del voluntariado continúe tras acabar el Año Europeo. Su influencia debería reflejarse en iniciativas de políticas y el diálogo constante con las partes interesadas de la sociedad civil, las empresas y las instituciones internacionales, puesto que todo ello asegurará resultados tangibles y beneficiosos para el sector del voluntariado y la sociedad europea en general, en años posteriores. Sin embargo, la Comisión considera que en la etapa actual de preparación del Año Europeo del Voluntariado 2011, es demasiado pronto para evaluar si un Libro Verde sobre el Voluntariado resultaría apropiado para facilitar, reconocer y aumentar el valor del voluntariado.

Un estudio de la Comisión sobre el voluntariado en la Unión Europea que se finalizó a principios de 2010⁽¹⁾ ofrece por primera vez investigaciones y perspectivas sobre la situación actual del voluntariado en la Unión Europea. Aunque este estudio ha comparado y utilizado una gran variedad de fuentes para recopilar la mayor información posible en el plano del voluntariado en la Unión Europea, todavía no ha sido posible ofrecer una comparación precisa de toda Europa desde el punto de vista estadístico y todavía se carece de datos comparables entre los Estados miembros. Por consiguiente, la Comisión saluda las iniciativas destinadas a incrementar la comprensión del sector voluntario y pretende explorar las posibles sinergias con Eurostat y otras instituciones internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas, como ha sugerido su Señoría.

El Parlamento Europeo acaba de adoptar por amplia mayoría una resolución sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea en 2009 (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0021&language=ES" ). En mi calidad de ponente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género presenté la propuesta de instaurar un Año Europeo contra la Violencia hacia las Mujeres, propuesta que fue aprobada por 591 votos a favor, 30 en contra y 15 abstenciones. En abril del año pasado, 408 diputados firmaron la declaración escrita de Eva-Britt Svensson, concerniente igualmente a la proclamación de un Año oficial de esta índole.

¿Podría indicar la Comisión qué curso piensa dar esta propuesta, tras la importante y sostenida movilización del Parlamento Europeo en la materia?

También fue aprobada, por 558 votos a favor, 85 en contra y 22 abstenciones, nuestra petición a la Comisión Europea para que «inicie los trabajos (relativos a la elaboración de) una propuesta de Directiva general relativa a la prevención y la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la trata de mujeres».

¿Podría indicar la Comisión qué medidas piensa adoptar para dar curso a esta reivindicación?

(EN) Combatir la violencia contra la mujer constituye una prioridad política para la Comisión. La Comisión saluda la aprobación por parte del Parlamento Europeo de la resolución sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea (P7_TA(2010)0021) así como la aprobación de la propuesta para la creación de un Año Europeo de lucha contra la violencia contra los niños, los jóvenes y las mujeres.

La Comisión está decidida a usar su competencia y recursos políticos, legislativos y financieros para ayudar a erradicar la violencia contra las mujeres dentro y fuera de Europa. La Comisión hace frente a este problema mediante iniciativas legislativas y políticas y medidas en las esferas de la protección de los derechos fundamentales, la igualdad de género y otras políticas sociales y de empleo, las políticas de lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual, la cooperación en el cumplimiento de la ley y la justicia penal, las políticas de asilo e inmigración, la salud pública, el desarrollo, la investigación y la educación.

Recientemente la Comisión ha adoptado varias iniciativas en el ámbito de la lucha contra la violencia.

En la actualidad se está elaborando una estrategia a medio plazo para la igualdad entre hombres y mujeres, que se adoptará a mediados de 2010, para realizar un seguimiento del marco actual. Está previsto que la violencia contra la mujer siga siendo una esfera de prioridad específica en la que se centre la Comisión.

En el plano de la justicia penal, la Comisión presentará en breve una propuesta sobre la trata de seres humanos. Asimismo, apoya el proyecto de la Presidencia española de crear una orden de protección europea que también va dirigida a una mejor protección de las mujeres víctimas de violencia doméstica.

El programa Daphne III, que representa la iniciativa más específica y completa en el ámbito de la lucha contra la violencia, ha iniciado recientemente un estudio sobre prácticas tradicionales perjudiciales que estará finalizado a principios de abril de 2010. Además, el programa ha iniciado una encuesta del Eurobarómetro sobre la percepción que tienen los ciudadanos de la UE de la violencia contra la mujer, que permitirá comparar los cambios en la percepción de la violencia en la UE durante los últimos diez años. Los resultados de esta encuesta del Eurobarómetro deberían estar disponibles a mediados de 2010.

Además, el programa Daphne III ha lanzado una medida preparatoria a raíz de una iniciativa del Parlamento Europeo, sobre la estandarización de las legislaciones nacionales relativas a la violencia de género y la violencia contra los niños. El objetivo es que este estudio ayude a la Comisión a determinar el alcance de sus futuras medidas, incluida la posibilidad de proponer legislación en este tema. Este estudio examinará la posibilidad de una armonización a escala europea de la legislación sobre la violencia de género que pudiera contribuir a reducir la violencia de género en la Unión Europea. El estudio se encuentra actualmente en curso y se espera el informe final para finales de septiembre de 2010. Los resultados de este estudio se presentarán en una conferencia a finales de 2010. Esto dará a la Comisión la oportunidad de presentar sus medidas para una política sólida en la lucha contra la violencia.

A tenor de las iniciativas mencionadas, la Comisión toma nota de la petición del Parlamento a la Comisión en lo relativo a establecer una estrategia de ámbito comunitario sobre la lucha contra la violencia contra la mujer, y a preparar instrumentos jurídicos vinculantes destinados a eliminar la violencia contra la mujer y una campaña de concienciación europea sobre la violencia contra la mujer. Actualmente, la Comisión examina estas posibilidades y reflexiona sobre la mejor forma de responder a estas peticiones.

El comercio ilegal de drogas sigue teniendo un impacto devastador en las personas, las familias y las comunidades en Europa. ¿Se propone la Comisión mejorar la eficacia de la estrategia antidroga de la Unión Europea con el fin de luchar de manera adecuada contra el tráfico transfronterizo y la oferta de drogas ilícitas?

(EN) El Consejo Europeo aprobó la estrategia antidroga de la Unión Europea 2005-2012 en 2004. Se trata de una estrategia y no de un instrumento jurídico formal. Su aplicación depende en gran medida de los Estados miembros.

El papel de la Comisión al respecto consiste en proponer un plan de acción de cuatro años para la aplicación de la estrategia y supervisar estos instrumentos. Los informes del seguimiento se presentan al Consejo y al Parlamento Europeo a través de Comunicaciones.

Tanzania y Zambia desean obtener en la reunión CITES de marzo permiso para vender sus reservas de marfil. Proponen hacerlo mediante la supresión de sus poblaciones de elefantes del Apéndice 1 del Convenio CITES, que prohíbe cualquier forma de comercio, y su inclusión en el Apéndice 2, que permite un comercio controlado.

Otros países africanos, unidos en la Coalición para el elefante africano, se oponen firmemente a esa petición, y han presentado una contrapropuesta para dicha reunión CITES, en la que se pide una moratoria efectiva de toda forma de comercio de marfil.

¿Piensan la Unión Europea y sus Estados miembros respaldar plenamente la petición de moratoria y negar el permiso para una nueva ronda de ventas de marfil?

(EN) La Unión Europea todavía no ha finalizado su posición sobre las distintas propuestas relativas a los elefantes que se debatirán en la Conferencia de las Partes en la CITES que comienza el 13 de marzo de 2010. Esta posición se establecerá cuando se disponga de toda la información pertinente, en particular el informe del grupo de expertos nombrados por el Comité Permanente de la CITES para evaluar las propuestas de Tanzania y Zambia.

No obstante, es muy poco probable que la UE apoye ninguna decisión que permita la reanudación del comercio de marfil. La evaluación de todo vínculo posible entre anteriores ventas excepcionales de marfil y actividades ilegales está sujeta a un estudio constante. A la espera de esto, es muy difícil ver cómo podría la Unión Europea ponerse de acuerdo con respecto a la reanudación del comercio de marfil, en especial en el contexto actual, con elevados grados de caza furtiva y de comercio ilegal de marfil.

El programa nacional chino para la acreditación de productos autóctonos innovadores (Comunicación nº 618 de 15 de noviembre de 2009) tiene como objetivo proteger a las empresas chinas que optan a contratos públicos. Dicho programa restringe evidentemente las posibilidades de las empresas no chinas ―incluso de las que tienen filiales en China― de fabricar para el mercado chino y de comercializar en el mercado chino productos que forman parte del programa.

¿Qué medidas tiene previsto emprender la Comisión después de que el 14 de diciembre de 2009, en una carta dirigida a las autoridades chinas pertinentes, el Presidente de la Cámara de Comercio de la UE en Pekín, Jörg Wuttke, expresara claramente su preocupación y formulara una serie de preguntas en relación con el contenido del programa y sus posibles consecuencias?

¿Cuál es la posición de la Comisión con respecto a la nueva política china de protección de sus empresas con vistas a las negociaciones sobre la adhesión de China al Acuerdo de la OMC sobre contratación pública?

¿Qué otras medidas adoptará la Comisión ante la situación actual?

(EN) El 17 de noviembre de 2009 las autoridades chinas emitieron una circular en la que anunciaban medidas para crear un sistema en sectores «innovadores» donde el acceso a la contratación pública se basa en un sistema de cualificación previa (acreditación). Desde entonces, la Comisión ha estado en estrecho contacto con empresas europeas en China y en Europa así como con socios internacionales para evaluar el impacto de esta circular.

La Comisión ha planteado esta cuestión en repetidas ocasiones en numerosos contactos bilaterales en varias esferas con el Gobierno chino para expresarle sus preocupaciones respecto a estas medidas e invitar al Gobierno chino a que dé una explicación. Al mismo tiempo, varios socios internacionales y numerosas organizaciones empresariales nacionales e internacionales han hecho lo mismo.

La Comisión considera —al igual que muchos de sus socios internacionales— que las autoridades chinas no han ofrecido una explicación satisfactoria de estas nuevas medidas. Todavía quedan por responder algunas preguntas importantes. La Comisión pretende profundizar en esta cuestión con las autoridades chinas a todos los niveles pertinentes con objeto de aclarar la situación y garantizar la defensa de los intereses de las empresas europeas en el mercado chino de contratación pública.

China no forma parte del Acuerdo de la OMC sobre Contratación Pública, aunque las negociaciones están en curso. Cuando China se adhiera al Acuerdo, tendrá que atenerse a las disciplinas acordadas internacionalmente que contribuirán positivamente a abordar este tipo de cuestiones. No obstante, entretanto, la Comisión prosigue los debates en la OMC sobre la forma de hacer frente a las distorsiones comerciales que surgen de las subvenciones que afectan al comercio de servicios, como se establece en el artículo XV del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, que es vinculante para China.

Después del éxito de la ronda de Lima sobre el acuerdo multilateral de comercio entre la UE con Colombia, podría decirse que el acuerdo está prácticamente cerrado. Sin embargo, algunos diputados ejercen presión para que no se firme alegando asesinatos de sindicalistas, a pesar de las incuestionables mejoras en cuanto al respeto de los derechos humanos introducidas por el Gobierno de Colombia, reconocidas por la OIT en la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo. Además, el Presidente Obama señaló recientemente que los EEUU reforzarán las relaciones comerciales con Colombia.

¿Cómo se encuentran las negociaciones con Colombia y cuándo espera la Comisión que se firme este acuerdo comercial?

(EN) El 1 de marzo de 2010, la Comisión concluyó las negociaciones técnicas con Perú y Colombia acerca de un acuerdo comercial multilateral entre la UE y los países andinos. Ahora es necesario que el texto pase por una fase de depuración jurídica antes de que pueda iniciarse y entonces se enviará una propuesta al Consejo con objeto de autorizar la ratificación oficial del acuerdo, tras la cual se pedirá al Parlamento su aprobación. Como prometió el miembro de la Comisión responsable de Comercio, también se celebrará un debate político en la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo antes de iniciar este acuerdo. Todo el procedimiento llevará varios meses y sería razonable esperar que la firma pueda tener lugar tras el verano.

El Tratado de Lisboa ha dado un estatuto jurídico a un nuevo modelo de democracia participativa conocido como «iniciativa ciudadana». ¿Puede indicar la Comisión si está dispuesta a considerar la posibilidad de poner a disposición dicho modelo en un entorno en línea que permita una recogida de firmas eficiente y accesible?

Hoy en día, Internet constituye el principal medio de comunicación de masas de los ciudadanos europeos, además de ser una herramienta particularmente efectiva para la democracia participativa. Todo el mundo ha sido testigo de las campañas a favor de iniciativas políticas a través de MySpace y Facebook, y de hasta qué punto han participado los ciudadanos en el intento de llevar a cabo cambios democráticos.

Dado el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, debería ser posible verificar las firmas en línea, y si la Comisión incorporase un elemento en línea a la iniciativa ciudadana abriría el camino a una verdadera democracia participativa que permitiría recoger firmas de una manera más barata y sencilla, además de facilitar el debate en una esfera pública europea.

¿Puede indicar la Comisión si cree que esto puede ser posible, teniendo en cuenta al mismo tiempo el derecho de aquellos que no usan Internet a participar en la iniciativa ciudadana a través de firmas tradicionales?

(EN) La Comisión cree que debería permitirse la recogida en línea de declaraciones de apoyo para una Iniciativa Ciudadana Europea. Actualmente está estudiando esta cuestión al preparar su propuesta legislativa sobre este tema.

La gravedad que reviste la situación en algunos países de la UE requiere medidas urgentes a varios niveles, especialmente presupuestarias y monetarias, con el fin de luchar eficazmente contra el desempleo, que afecta a más de 23 millones de personas, y de poner fin a la situación de pobreza en la que viven más de 85 millones.

Resulta fundamental apostar por el progreso social, para dar prioridad a la solución del problema del desempleo y la pobreza, apoyar la producción y la creación de empleo con derechos, garantizar la cohesión económica y social y arbitrar medidas de apoyo presupuestario a los países en situación más grave, especialmente anticipando fondos sin necesidad de contrapartidas nacionales.

¿Puede informar la Comisión si está dispuesta a transferir con la máxima urgencia posible los fondos comunitarios a que tienen derecho a los países con graves problemas sociales y financieros, con objeto de que puedan usarlos sin que sea necesaria una contrapartida nacional?

(EN) En sus Comunicaciones «Un Plan Europeo de Recuperación Económica» ⁽¹⁾ y «Un compromiso compartido en favor del empleo»⁽²⁾ la Comisión asumió el firme compromiso de tomar medidas eficaces para ayudar a los Estados miembros a superar las consecuencias de la crisis acelerando la aplicación de programas operativos cofinanciados por los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión.

En abril y mayo de 2009, con arreglo al Plan Europeo de Recuperación Económica, se adoptó un primer conjunto de medidas, que incluyen la simplificación de las normas sobre subvenciones y un anticipo adicional sobre programas operativos. Los Estados miembros recibieron 4 500 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y 1 800 millones de euros del Fondo Social Europeo (FSE) a fin de respaldar operaciones urgentes necesarias para hacer frente a la crisis (el total de los anticipos pagados a los Estados miembros en 2009 ascendió a 11 300 millones de euros).

La Comisión también instó a los Estados miembros a utilizar la flexibilidad inherente de los programas operativos para canalizar la financiación de los Fondos Estructurales en operaciones para responder a la crisis y, cuando sea necesario, modificar los programas operativos. También señaló que algunas operaciones podrían financiarse solamente mediante los Fondos Estructurales, al evaluarse el cumplimiento del principio de cofinanciación en relación con el promedio de la prioridad durante el período de programación. Esto significa que este tipo de operaciones podrían ser financiadas totalmente por los Fondos, siempre y cuando se compensaran con otras que fueran financiadas totalmente por fondos nacionales antes de finales de 2015.

La Comunicación titulada «Un compromiso compartido en favor del empleo» y las medidas relacionadas eran necesarias para impulsar la creación de empleo y contrarrestar la repercusión de la crisis en los puestos de trabajo en un momento en que la economía real y el mercado laboral comenzaban a sentir su impacto. Dicha Comunicación iba acompañada de propuestas para que se modificara el Reglamento General sobre los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión.

Una enmienda fundamental hizo posible una excepción de dos años (durante 2009 y 2010) de las normas sobre el cálculo de los reembolsos de pagos provisionales realizados en conexión con programas operativos del FSE y habría significado que, de haber deseado un Estado miembro aplicar esa opción, se habría reembolsado el 100 % de la contribución pública a una prioridad cubierta por reclamaciones del pago provisional hasta finales de 2010. En consecuencia, aunque los programas operativos habrían tenido que respetar la cofinanciación durante todo el período, éstos habrían reflejado lo que es posible en el ámbito de las operaciones. Dada la naturaleza del FSE, que es el principal instrumento de la UE para invertir en la población (ayuda a nueve millones de personas cada año), esta disposición obviamente intentaba acelerar las operaciones en favor de la población, y en particular de aquellas personas que más lo necesitan, los desempleados o aquellos que corren el riesgo de quedarse sin empleo, con un flujo de caja de 6 600 millones de euros.

El Consejo llegó a un acuerdo de compromiso, que implicaba el pago de un anticipo adicional de 775 millones de euros del FSE y el Fondo de Cohesión a los cinco Estados miembros más afectados por la crisis (Estonia, Hungría, Lituania, Letonia y Rumanía). Además se propuso una mayor flexibilidad con respecto a la liberación automática del compromiso de 2007.

La Comisión se opuso a ese compromiso, que parecía no ofrecer suficiente apoyo a las personas afectadas por la crisis. La propuesta se encuentra actualmente ante el Parlamento.

La propuesta de la Comisión para una nueva Estrategia Europa 2020 conlleva varias propuestas de iniciativas emblemáticas para crear o reforzar instrumentos existentes de la UE que hagan frente directa o indirectamente al creciente desempleo. La iniciativa emblemática «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos» se propone facilitar y promover la movilidad laboral en el interior de la UE y adaptar mejor la oferta laboral a la demanda con un apoyo financiero apropiado de los fondos estructurales, especialmente el FSE. La iniciativa emblemática «Unión por la innovación» se propone fortalecer el papel de los Fondos Estructurales, los Fondos de Desarrollo Rural y el Programa Marco de I+D en su apoyo a la innovación. La iniciativa emblemática «Una agenda digital para Europa» se propone facilitar el uso de los fondos estructurales de la UE para alcanzar estos objetivos.

La reaparición de la amenaza que se cierne sobre el elefante africano pone de relieve el peligro que encierra convertir en objetos de consumo algunas de las especies más raras que habitan en la Tierra y que están expuestas a mayores peligros. La amenaza que pesa sobre este animal es un síntoma de la actitud que coloca las demandas de la economía por delante de la necesidad de proteger nuestro ecosistema y la multitud de especies animales a las que da cobijo.

Un segundo ejemplo de lo expuesto puede verse en el documento de la Comisión que ha sido objeto de una filtración en fechas recientes y que revela que la Institución se propone reclasificar las plantaciones de palmeras como «bosques» con el fin de permitir la utilización de aceite de palma como biocarburante.

La reclasificación por la Comisión de las plantaciones de palmeras para aceite da carta blanca a las industrias de producción de aceite de palma, madera y papel para deforestar, destruir y matar. Numerosas organizaciones de todo el mundo luchan por la supervivencia de especies que la agresiva proliferación de estas industrias lleva al borde de la extinción.

En el actual Año de la Biodiversidad proclamado por las Naciones Unidas, ¿qué medidas adicionales se propone adoptar la Comisión para proteger las numerosas especies vulnerables expuestas a la explotación y sacrificadas al beneficio económico?

(EN) La Comisión comparte la preocupación de que muchos recursos naturales se explotan de forma insostenible. La Comisión trabaja de varias formas para hacer frente a este problema y asegurar una mejor conservación de la biodiversidad tanto dentro como fuera de la UE.

La Comisión, junto con Alemania y otros países, apoya un amplio estudio independiente sobre «La economía de los ecosistemas y la biodiversidad» (TEEB)⁽¹⁾. El estudio TEEB fue publicado por los Ministros de Medio Ambiente del G8 en 2007 y hasta ahora ha presentado tres informes que destacan la importancia de calcular el valor económico de la biodiversidad y las consecuencias económicas de su pérdida constante. Este trabajo es importante, porque mientras siga sin contabilizarse el valor de la naturaleza, el interés económico por explotarla seguirá prevaleciendo sobre los esfuerzos por conservarla. El objetivo consiste en asegurar que los descubrimientos y las recomendaciones del estudio TEEB se reflejan en todas las decisiones y políticas y se ponen al mismo nivel que otras consideraciones económicas (por ejemplo, integrando esta valoración en los procedimientos convencionales de contabilidad), no solamente en la UE sino en todo el mundo. El informe final del estudio TEEB se presentará en la 10ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP10 CDB) en Nagoya (Japón), en octubre de 2010.

Este año, que las Naciones Unidas ha declarado Año Internacional de la Diversidad Biológica, será testigo de la negociación de un nuevo marco normativo mundial sobre biodiversidad dentro del marco del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB). La décima Conferencia de las Partes del CDB, que se celebrará en Nagoya en octubre de 2010, adoptará un Plan Estratégico revisado y actualizado para el Convenio, que establecerá una visión mundial para la biodiversidad a largo plazo, una misión o meta principal y un conjunto de objetivos y fines secundarios para alcanzar esa misión o meta. La Comisión intentará asegurar que la protección de especies vulnerables se refleje en el marco mundial posterior a 2010 y mejorar el grado de conservación de las especies amenazadas.

La UE también desempeñará un papel importante en la Conferencia de las Partes de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) en marzo de 2010. En particular, propondrá la adopción de medidas para la protección de la biodiversidad marina, por medio de la regulación del comercio internacional en las especies marinas sometidas a la explotación excesiva. La UE también se opondrá a la adopción de toda medida que provoque la reanudación del comercio de marfil en las actuales circunstancias y ayudará a los Estados africanos a desarrollar un plan de acción para la mejor conservación de los elefantes.

La Comisión también continuará esforzándose por garantizar que su consumo de madera y productos de madera no contribuyan a la tala de árboles ilegal, que a menudo repercute negativamente en la biodiversidad. Esta cuestión se aborda a través del Plan de acción sobre la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT) y, además, el reglamento de «diligencia debida» propuesto establece las obligaciones de los operadores que colocan madera y productos de madera en el mercado, que actualmente se halla en el proceso de codecisión.

En el marco del Proyecto Chopin del grupo Unicredit, al que pertenece el banco Pekao en Polonia, se ha producido una violación de los principios de competencia y de circulación de capitales en la UE. Se trata de una situación de colusión y de abuso de posición dominante por parte de Unicredit. En junio de 2005, Unicredit y el fabricante Pirelli —que operan conjuntamente en el marco de un acuerdo— firmaron con Pekao SA el llamado «Acuerdo Chopin» sin informar de ello al mercado ni a las autoridades de control financiero, pese a tener obligación legal en este sentido. Como resultado, en abril de 2006, Unicredit, propietario dominante, obligó a Pekao a firmar con Pirelli un acuerdo de accionariado desfavorable. Pirelli y Unicredit están vinculadas por su participación en la sociedad Olimpia, en la cual Alessandro Profumo, presidente de Unicredit ejerce funciones ejecutivas. Paralelamente, en Olimpia se ha realizado una operación asimétrica como es la compra por Pirelli a Unicredit de opciones sin valor a acciones de Telecom Italia.

En referencia a mi pregunta anterior (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=QT&reference=H-2009-0506&language=ES" ), ¿tiene la Comisión intención de intervenir en este asunto, dado que se trata de entidades que operan en dos Estados miembros de la UE?

(FR) En primer lugar, cabe señalar que la dimensión comunitaria de un caso no queda necesaria o únicamente demostrada por el simple hecho de que las empresas implicadas se encuentren en dos Estados miembros. En este sentido, el Tribunal de Justicia, con arreglo a la jurisprudencia establecida, ha indicado que la dimensión y el interés comunitario de un caso se determina partiendo de sus consecuencias en el comercio intracomunitario y de si las prácticas en cuestión ejercen una influencia sobre los flujos comerciales entre los Estados miembros de alguna forma que pueda perjudicar al logro de los objetivos de un mercado único (véase en particular STJCE, AEPI c. Comisión, Asunto C-425/07P, en concreto el apartado 42). De la información proporcionada por su Señoría se deduce que el caso en cuestión guarda relación con un acuerdo comercial excepcional entre dos empresas y que este acuerdo no parece ser en beneficio de la Comunidad.

Asimismo, la jurisprudencia también establece que el Derecho de la competencia, en particular las normas sobre el abuso de una posición dominante, no se aplican en el caso de las relaciones entre una filial y su empresa matriz (véase en particular la sentencia del STJCE, Viho Europe BV c. Comisión, Asunto C-73/95). Por consiguiente, el Derecho de la competencia no puede aplicarse en este caso.

En vista de los puntos mencionados, la Comisión no pretende intervenir en el caso sobre el que ha preguntado su Señoría.

La profunda crisis que atraviesa Grecia en el plano financiero, y los desequilibrios que acusan también otros Estados miembros de la zona euro evocan la cuestión de la estática, la dinámica y la viabilidad de la construcción de la UEM. No cabe duda de que el saneamiento de las finanzas públicas de un Estado miembro de la eurozona supone un duro esfuerzo para el Estado en cuestión. Por otro lado es innegable que la crisis financiera ha dejado al descubierto la falta de correlación entre, por un lado, la unión monetaria integral e uniforme y, por otro, la imperfecta unión económica que se ha instaurado en la UE.

¿Estaría dispuesta la Comisión a proponer la concepción y creación de un fondo monetario europeo dotado de los recursos y capacidades de intervención necesarios para cubrir las carencias estructurales de la UEM y reflejar una gobernanza económica europea más formal y coordenada?

(EN) El marco normativo de la UEM como se establece en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento está destinado a garantizar unas condiciones económicas y presupuestarias adecuadas. En algunos casos, los Estados miembros de la zona euro por desgracia no promulgan políticas acertadas durante los buenos tiempos y desarrollan desequilibrios y vulnerabilidades que se cobran un alto precio durante las crisis en cuanto a crecimiento, empleo y las elevadas primas de riesgo soberano. Estos países afrontan graves retos económicos y fiscales, que requieren medidas correctoras inmediatas y decisivas. La Comisión les apoya en este esfuerzo con su vigilancia y su labor de asesoramiento de políticas.

Con respecto a Grecia en particular, el 3 de febrero la Comisión adoptó un amplio y ambicioso paquete de recomendaciones específicas que abarcaban políticas fiscales y una recopilación de estadísticas (recomendación al Consejo de avisar de que se tomen medidas conforme al apartado 9 del artículo 126: procedimiento de déficit excesivo), una propuesta de un dictamen del Consejo en relación con el Programa de estabilidad y reformas estructurales (recomendación del Consejo en virtud del apartado 4 del artículo 121: inconsistencia con las grandes orientaciones de política económica y riesgo de poner en peligro el funcionamiento adecuado de la unión económica y monetaria). El Consejo Ecofin aprobó los documentos respectivos el 16 de febrero y solicitó una primera recogida de datos sobre la medida de apoyo para salvaguardar el objetivo de déficit de 2010 antes del 16 de marzo a más tardar.

Tanto los Jefes de Estado y de Gobierno como la Comisión han instado al Gobierno griego a hacer cuanto sea necesario, incluida la adopción de medidas complementarias, para asegurarse de que se cumplen los ambiciosos objetivos establecidos en el programa de estabilidad actualizado, en especial la reducción del 4 % del déficit presupuestario del PIB en 2010. El 3 de marzo, el Primer Ministro griego anunció medidas de consolidación fiscal adicionales que aproximadamente equivalían al 2 % del PIB. La Comisión acogió con satisfacción estas medidas, que confirman el compromiso del Gobierno griego a tomar cuantas medidas sean necesarias para cumplir los objetivos del programa de estabilidad y, en particular, garantizar que se logra el objetivo de reducir en un 4 % el déficit del PIB. Al mismo tiempo, la Comisión destacó que es primordial la plena aplicación a tiempo de medidas fiscales junto con reformas estructurales decisivas de conformidad con la decisión del Consejo. La Comisión supervisa la situación de cerca y sigue en estrecho contacto con las autoridades griegas. La Comisión preparará una evaluación más exhaustiva de las medidas a tiempo para el Consejo Ecofin de mediados de marzo, basada también la presentación de informes prevista por las autoridades griegas.

Como ya han subrayado los Jefes de Estado y de Gobierno, los miembros de la zona euro comparten la responsabilidad común de la estabilidad del euro. Nuestras políticas económicas son una cuestión de interés común. Lo importante que aprendemos de esta crisis es que necesitamos urgentemente una supervisión más amplia y profunda de las políticas económicas, que incluya la detección temprana y la resolución de desequilibrios, con objeto de proteger mejor la estabilidad macrofinanciera en la zona euro. La Comisión pretende ofrecer en breve algunas propuestas para reforzar aún más la coordinación y la supervisión de políticas económicas nacionales dentro de la zona euro.

Desde que comenzó la crisis financiera a finales de 2008, Rusia ha adoptado aranceles «temporales» de protección en relación con una serie de productos de importación, como los productos cárnicos y lácteos, los muebles, algunos productos siderúrgicos, los camiones, los televisores, etc. Por otra parte, el 1 de enero de 2010 entrará en vigor la Unión aduanera entre Rusia, Bielorrusia y Kazajistán. Los aranceles exteriores comunes sobre los que se han puesto de acuerdo estos tres países están basados sobre todo en los derechos arancelarios del Estado ruso. Resulta que las nuevas tarifas incrementadas afectan al 30 % de las categorías de productos que la UE exporta a Rusia.

Como se sabe, el principal problema que se plantea a la UE es que Rusia no es miembro de la OMC y, por consiguiente, no está obligada a aplicar las normas de la OMC, que restringen las posibilidades de incrementar unilateralmente aranceles de importación o de aplicar otras medidas comerciales restrictivas.

¿Cómo valora la Comisión los actuales problemas comerciales de la UE con Rusia, y cómo piensa reaccionar? ¿Tiene la UE alguna estrategia particular sobre la forma de abordar la cuestión de la adhesión de Rusia a la OMC?

(EN) Desde finales de 2008, Rusia ha seguido una política de aumentar los aranceles de importación en una gran variedad de productos como presunta respuesta a la crisis económica actual. De hecho, Rusia es el país del G-20 que adoptó el mayor número de medidas proteccionistas durante el año pasado. Estas medidas afectan directamente a los intereses económicos de la UE por ser el mayor socio comercial de Rusia.

Al principio estas medidas proteccionistas se introdujeron de forma provisional. Sin embargo, han sido permanentes de acuerdo con la Unión Aduanera creada recientemente con Bielorrusia y Kazajistán. El nuevo arancel exterior común de la Unión Aduanera, en vigor desde el 1 de enero de 2010, ha consolidado la mayoría de las subidas de los aranceles de importación «provisionales» de Rusia y también lo ha ampliado a los otros dos miembros de la Unión Aduanera.

Durante los últimos meses, la Comisión ha centrado sus esfuerzos en evaluar e intentar mitigar el impacto de este nuevo régimen comercial. La Comisión ha instado a Rusia a reducir los aranceles a los niveles anteriores, en una gran cantidad de productos cuya exportación interesa especialmente a la UE. También ha solicitado a Rusia en repetidas ocasiones que realice consultas formales como se establece en el Acuerdo de Colaboración y Cooperación.

Hasta ahora, Rusia todavía prosigue con subidas de aranceles. Cabe destacar que de conformidad con los actuales acuerdos bilaterales entre la UE y Rusia, este país no tiene ninguna obligación jurídica concreta de respetar una «paralización» en los derechos de importación. No obstante, esta paralización, aunque no es exigible desde el punto de vista jurídico, generalmente puede esperarse de cualquier país que desee unirse a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La Comisión sigue participando en el proceso de adhesión de Rusia a la OMC. Se están realizando serias consultas entre altos funcionarios para aclarar la nueva situación. La Comisión sigue trabajando a fondo para que el proceso de adhesión siga adelante e insta a Rusia a mejorar y estabilizar su régimen comercial con objeto de respetar los compromisos negociados de adhesión.

La Directiva 2001/18/CE⁽¹⁾del Parlamento Europeo y del Consejo no garantiza la protección contra la posible transmisión horizontal de virus del material genético de los OMG a otros cultivos, ni prevé la constitución de zonas agrícolas libres de OMG con objeto de proteger la producción ecológica o tradicional.

¿Qué gestiones piensa emprender la Comisión para que la Directiva 2001/18/CE ofrezca a cada Estado miembro la posibilidad de establecer, si lo desea, limitaciones adicionales a la liberación al medio natural de OMG de variedades modificadas de semillas que sean importantes para la agricultura del país, y para constituir asimismo zonas libres de OMG, con el objeto de garantizar la preservación de una agricultura ecológica y tradicional y proteger la biodiversidad?

(EN) La Directiva prevé concretamente la evaluación de todas las consecuencias perjudiciales para el medio ambiente y la salud que puede provocar la liberación de OMG en el medio ambiente. Dicha evaluación incluye la posible transferencia de material genético desde un virus a otros organismos.

Respecto a la creación de zonas libres de OMG, la Comisión quisiera recordar que en septiembre 2009 el Presidente de la Comisión indicó que en la esfera de los OMG sería posible combinar un sistema comunitario de autorización, basado en datos científicos, con la libertad para los Estados miembros a la hora de decidir si quieren cultivos modificados genéticamente en su territorio.

El 2 de marzo de 2010, la Comisión publicó un análisis con objeto de evaluar si los Estados miembros pueden contar con esa libertad basándose en la legislación existente y, de no ser así, presentar una propuesta jurídica antes del verano.

El artículo 11, apartado 8, del Reglamento de la Comisión (CE) n° 1857/2006⁽¹⁾sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas establece que a partir del 1 de enero de 2010, las indemnizaciones que se pagan a los agricultores en caso de malas cosechas debidas a condiciones meteorológicas adversas estarán supeditadas a que el agricultor posea una póliza de seguro que cubra como mínimo el 50 % de su producción, o el 50 % de sus ingresos anuales por este concepto. A los agricultores que carezcan de seguro, la indemnización se recortará en un 50 %. ¿Cuál es la conducta jurídica del artículo 11, apartado 8, en aquellos países en que las compañías de seguros no ofrecen pólizas sobre cosechas?

¿Puede ofrecer la Comisión alguna información sobre los instrumentos de evaluación de riesgo que existen en los Estados miembros, y más concretamente en aquellos en que se ofrecen seguros a los agricultores? ¿Qué niveles de cobertura prevén estos seguros y cómo se financian, es decir: son sufragados por el Estado, por los agricultores o con arreglo a fórmulas mixtas?

(EN) Si, en un determinado Estado miembro, ninguna empresa aseguradora propone contratos de seguros que cubran los daños ocasionados por los fenómenos climáticos más frecuentes estadísticamente, no se aplicará el apartado 8 del artículo 11 del Reglamento (CE) nº 1857/2006 pero el sistema de subvenciones establece que la compensación por pérdidas no podrá beneficiarse de una exención de notificación de acuerdo con el mismo Reglamento. En tal caso, el Estado miembro podría notificar el sistema de subvenciones a la Comisión con arreglo al apartado 3 del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y demostrar en la notificación que, a pesar de todos los esfuerzos razonables, no se disponía de ningún seguro asequible que cubriera los riesgos climáticos más frecuentes desde el punto de vista estadístico en el Estado miembro o la región afectada en el momento en que se produjeron los daños. Si se proporcionan estas pruebas, no se aplicará la reducción del 50 %.

Actualmente en los Estados miembros se dispone de distintos instrumentos de gestión de riesgos. Respecto a los seguros, los sistemas de seguros clásicos en su mayoría se encuentran disponibles en la UE (principalmente los seguros de un solo riesgo y mixtos, pero también los seguros del rendimiento de las cosechas) y estos por lo general son privados. En muchos Estados miembros solo opera un limitado número de empresas aseguradoras. El nivel de desarrollo de los seguros agrícolas en cada país está relacionado principalmente con dos factores decisivos:

- Las necesidades que afronta cada país (nivel de riesgo);

- El apoyo económico a los sistemas de seguros que proporciona cada Estado miembro.

Algunos gobiernos subvencionan los seguros mientras que otros ofrecen ayudas a posteriori de forma puntual mediante sistemas de compensación o fondos para desastres, lo que puede estar financiado en parte por las partes interesadas del sector agrícola de forma voluntaria u obligatoria.

El informe sobre sistemas de seguros agrícolas (Agricultural insurance schemes)⁽²⁾, que fue financiado por la Comisión y se actualizó por última vez en 2008, presenta los distintos instrumentos de gestión de riesgos existentes de los que disponen los agricultores en la UE. Esto ayuda a entender mejor la evolución de los sistemas de seguros en Europa, puesto que el desarrollo de estos sistemas está muy relacionado con la presencia de otros instrumentos de gestión de riesgos y con el papel del sector público, en particular las medidas de ayuda puntuales.

En declaraciones similares hechas el 11 de febrero de 2010, las compañías aéreas Olympic Air y Aegean han confirmado sus negociaciones con vistas a una «futura cooperación», mientras que en la prensa se habla de su inminente fusión. Este supuesto, que conduciría a un monopolio privado y a la pérdida de 2 500 puestos de trabajo, ha suscitado fuertes reacciones entre las organizaciones de protección de los consumidores. Considerando que las dos compañías controlan prácticamente todo el transporte interior de pasajeros, que Grecia, debido a su situación geográfica, es el Estado miembro que cuenta con el mayor número de aeropuertos y que se espera que ello acarree un aumento del transporte interior, así como de la importancia y número de los itinerarios subvencionados:

¿puede indicar la Comisión si el hecho de que estas dos compañías controlen el 97 % del transporte interior de pasajeros constituye un motivo para que la comisión griega de competencia no apruebe su fusión? ¿Puede el Estado griego negarse a conceder el nombre y el logotipo de Olympic a la nueva compañía que resulte de la fusión e imponer tarifas máximas para los vuelos interiores, dado que la nueva compañía dispondrá del 97 % del transporte interior de pasajeros?

(EN) La Comisión ha sido informada por declaraciones de empresas sobre los planes de fusión entre Olympic Air y Aegean Airlines.

Por lo pronto, no se puede determinar si la operación exigirá o no una notificación a la Comisión Europea o a las autoridades griegas responsables de la competencia.

Según el Reglamento del Consejo (CE) nº 139/2004 («el Reglamento de concentraciones»)⁽¹⁾, la Comisión es competente para evaluar la compatibilidad con el Mercado Común de las concentraciones que tienen una «dimensión comunitaria», atendiendo a los requisitos del volumen de negocios establecidos en el Reglamento de concentraciones.

El principal objetivo de la evaluación de una concentración que realiza la Comisión consiste en mantener una competencia eficaz dentro del mercado común y evitar consecuencias perjudiciales para la competencia y, a la larga, para los consumidores. En su análisis la Comisión tiene en cuenta, entre otras cosas, la posición en el mercado y el poder de las empresas afectadas.

Puesto que la concentración prevista todavía no ha sido objeto de una notificación formal a la Comisión conforme al Reglamento de concentraciones, actualmente la Comisión no está en posición de formular más observaciones sobre la transacción a la que se refiere su Señoría.

El nombre y el logotipo de Olympic constituyen activos que pertenecen a Olympic Air a raíz de la privatización de Olympic Airlines.

En febrero, el Consejo ECOFIN invitó a Grecia a aplicar medidas especiales de ajuste presupuestario. El señor Juncker hizo hincapié en que la Comisión Europea ofrecerá a Grecia un paquete de medidas posibles con miras a reducir los costes e incrementar los ingresos, entre las cuales citó indicativamente la reducción de los costes salariales, el aumento del IVA y de los impuestos sobre los automóviles particulares y sobre la energía. Teniendo en cuenta que la mayor parte de las medidas que ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno griego ya buscan la reducción de los costes salariales y el aumento de los ingresos mediante el incremento de los impuestos directos e indirectos:

¿No considera la Comisión que estas medidas, que van hacia una política austera en materia de recaudación y de ingresos, podrían por ellas mismas reducir aún más la demanda de inversión y de consumo en la economía griega, con lo que minarían los esfuerzos de recuperación y de saneamiento presupuestario en Grecia? ¿Tiene previsto ofrecer al Gobierno griego también medidas de fomento del crecimiento, adaptadas a la realidad griega, con el fin de recuperar la productividad de la economía?

(EN) Los niveles elevados de déficit y deuda tienen un considerable impacto negativo en la capacidad de un país para crecer, dadas las consecuencias en los mercados financieros, los tipos de interés y las condiciones crediticias. Por lo tanto, la consolidación fiscal es también necesaria para el crecimiento. Aunque las condiciones de crecimiento en 2010 sean favorables en Grecia, posponer la consolidación fiscal desde luego provocará peores resultados en cuanto al crecimiento. De conformidad con las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, Grecia presentó en enero de 2010 un programa de estabilidad actualizado que supone un esfuerzo considerable para la consolidación fiscal, con la reducción del déficit desde el 12,7 % del PIB en 2009 hasta por debajo del 3 % del PIB a partir de 2012. Este año se logrará una primera parte del ajuste, equivalente al 4 % del PIB. La Comisión y el Consejo han apoyado el programa de estabilidad griego y consideran que los dos objetivos y las medidas subyacentes son adecuados.

En la medida en que se materialicen los riesgos relacionados con el límite máximo del déficit y la deuda, es necesario tomar medidas complementarias para mantener los objetivos presupuestarios en la dirección correcta. La Comisión saluda el anuncio por parte del Gobierno griego del 3 de marzo de 2010 de introducir un conjunto de medidas de consolidación adicionales que equivalen al 2 % del PIB. Este anuncio confirma el compromiso del Gobierno griego de tomar todas las medidas necesarias para cumplir los objetivos del programa y, en particular, asegurarse de que se cumpla el objetivo de una reducción del 4 % del déficit del PIB durante 2010. Las medidas adicionales incluyen adecuadamente recortes de gastos y, en particular, ahorro en la masa salarial del sector público, que resultan fundamentales para lograr efectos de consolidación fiscal permanentes y restaurar la competitividad. Las anunciadas medidas de aumento de los ingresos también contribuyen a la consolidación fiscal. La aplicación plena y oportuna de medidas fiscales, junto con reformas estructurales decisivas, de conformidad con la decisión del Consejo es de vital importancia. Esto es en interés de la población griega, que se beneficiará de finanzas públicas más sólidas, mejores perspectivas de crecimiento y oportunidades de empleo. Y también es importante para la estabilidad financiera en general de la zona euro.

Más del 50 % de los adolescentes europeos facilitan datos de carácter personal que cualquiera puede ver a través de Internet. ¿Tiene la Comisión la intención de proponer nuevas medidas en favor de la seguridad de los jóvenes, sobre todo con respecto a los portales sociales de Internet?

(EN) En respuesta a la pregunta de su Señoría, la Comisión considera que mejorar la seguridad infantil en Internet y, en especial, en los sitios de redes sociales es una importante responsabilidad común de las autoridades públicas, los padres, las escuelas y la industria de Internet.

En el marco del Programa para el fomento de un uso más seguro de Internet (Safer Internet Programme)⁽¹⁾ , en 2009 la Comisión estableció un acuerdo autorregulador, los «Principios de la UE para unas Redes Sociales Más Seguras»⁽²⁾ , que firmaron veinte empresas: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google, Hyves, Microsoft Europe, MySpace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Piczo, Rate.ee, Skyrock, Tuenti, Sulake, VZnet Netzwerk Ltd., Yahoo!Europe y Zap.lu. Estas empresas reconocieron su responsabilidad e identificaron los riesgos potenciales de sus sitios para los menores de 18 años, como el ciberacoso, la manipulación psicológica en línea con fines de abuso sexual y las conductas peligrosas como revelar información personal. Intentan limitar estos riesgos mediante varias medidas concretas.

La Comisión está supervisando muy de cerca la aplicación de este acuerdo. El 9 de febrero de 2010, la Comisión publicó un informe de evaluación de la aplicación de los Principios de la UE para unas Redes Sociales Más Seguras basado en un análisis de las políticas de seguridad de las empresas y la inspección de sus respectivos sitios por parte de expertos independientes. Este informe demuestra que la mayoría de estas empresas han tomado medidas y han dado facultades a los menores facilitando el cambio de la configuración de privacidad, el bloqueo de usuarios o la eliminación de comentarios y contenidos no deseados. Todavía queda mucho por hacer porque solo el 40 % de las empresas hacen perfiles para usuarios menores de dieciocho años que sean, por defecto, visibles únicamente para sus amigos y solamente una tercera parte respondió a las comunicaciones de los usuarios que pedían ayuda.

La Comisión analizará con detalle los resultados particulares de cada signatario y realizará un seguimiento de cada empresa en la que se necesiten más medidas para aplicar plenamente las partes concretas de los principios para redes sociales. Como se prevé en los Principios de la UE para unas Redes Sociales Más Seguras firmados por las empresas, el Grupo de trabajo europeo sobre redes sociales⁽³⁾ se reunirá de nuevo este año, para debatir más posibilidades de mejorar la seguridad en Internet de los menores de 18 años que son usuarios de sitios de redes sociales.

Además, la Comisión está revisando la normativa europea actual sobre protección de datos y privacidad. Para ello, la Comisión realizó una consulta pública sobre la revisión de la Directiva relativa a la protección de los datos⁽⁴⁾, que finalizó en diciembre de 2009. Sus resultados demuestran que muchos ciudadanos desean requisitos de consentimiento más rigurosos en relación con los menores en Internet.

Asimismo, el tema del Día Internacional de la Internet Segura celebrado el 9 de febrero de este año fue «Piense antes de colgarlo» para animar a los jóvenes en particular a que presten atención a la información personal que cuelgan en Internet.

En la tienda online de la compañía Apple conocida como iTunes la oferta de productos de vídeo y audio se dirige únicamente a los ciudadanos de determinados Estados miembros (así, por ejemplo, los usuarios de Polonia están excluidos). Se trata de una práctica discriminatoria y por ende contraria al Derecho comunitario. Por otra parte, contribuye a difundir el fenómeno de la llamada piratería informática.

Especial preocupación suscita el hecho de que en las ventas en línea, un ciudadano, por ejemplo, de Polonia, no pueda comprar los productos ofrecidos vía Internet en otro país, debido a las restricciones técnicas, introducidas ex profeso, en el uso de tarjetas de crédito.

Al margen de la inquietud ya manifestada el año pasado por la Comisión respecto a esta cuestión, ¿se han adoptado medidas reales destinadas a la eliminación de esta práctica discriminatoria?

¿La discriminación de los consumidores de algunos Estados miembros en las ventas en línea va a ser objeto de medidas de la Comisión destinadas a establecer una igualdad de derechos de todos los consumidores en el mercado comunitario?

(EN) Como indicó la Comisión en su respuesta a la pregunta E-5058/09, las diferencias en el trato aplicado por los proveedores de servicios según la nacionalidad o el lugar de residencia de sus clientes (como por ejemplo las restricciones del uso de tarjetas de crédito para impedir que los clientes de un Estado miembro tengan acceso a los servicios ofrecidos desde una tienda de Internet en otro Estado miembro) se tratan específicamente en la cláusula de no discriminación en el apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 123/2006/CE relativa a los servicios en el mercado interior (la «Directiva de servicios»). Esta disposición, al tiempo que prohíbe la discriminación, también especifica que no están prohibidas todas las diferencias en el trato, ya que se permitirán diferencias en las condiciones de acceso cuando estén «directamente justificadas por criterios objetivos».

La ejecución de la legislación nacional que aplica esta disposición reside principalmente en la responsabilidad de las autoridades y los tribunales nacionales. La Comisión no tiene competencia para emprender procedimientos por infracción contra una parte privada basándose en el apartado 2 del artículo 20 de la Directiva de servicios. Sin embargo, ofrece ayuda a los Estados miembros para asegurarse de que las autoridades y los tribunales nacionales aplican y hacen cumplir a nivel nacional las disposiciones nacionales adaptadas al apartado 2 del artículo 20 de la Directiva de servicios. En particular, en este contexto, la Comisión ha publicado recientemente un estudio sobre las prácticas comerciales susceptibles de entrar en el apartado 2 del artículo 20 y sobre los posibles motivos de las mismas. Los consumidores que hayan padecido casos de posible discriminación también pueden pedir reparación contactando con órganos de asistencia en sus países, como por ejemplo órganos que pertenezcan a la Red CEC (Centros Europeos de los Consumidores).

Al aplicar estas disposiciones, las autoridades y los tribunales nacionales deberán tener en cuenta los criterios objetivos que pueden justificar la diferencia de trato.

Además, como es posible que sepa su Señoría, también es necesario señalar que los derechos de autor y los derechos afines a los derechos de autor, como por ejemplo los derechos de los productores de discos y los intérpretes en grabaciones de música que se encuentran en las tiendas en línea obtienen la licencia de comercialización a nivel nacional. Sin embargo, la Comisión no posee información que sugiera que la necesidad de obtener permisos de reproducción para ofrecer servicios en Polonia explique porqué la tienda en línea de iTunes no esté disponible en ese Estado miembro.

Además de la aplicación de la mencionada cláusula de no discriminación en el apartado 2 del artículo 20 de la Directiva de servicios, es necesario evaluar las decisiones autónomas de las empresas principales conforme al artículo 102 del TFUE que prohíbe, por ser incompatible con el mercado común, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros.

La Comisión prosigue sus esfuerzos por lograr la eliminación de los obstáculos que todavía impiden el desarrollo de servicios legítimos de música para toda Europa y permitir que los consumidores compren desde cualquier tienda en línea en la UE, independientemente de su lugar de residencia. La eliminación de los obstáculos identificados, junto con la aplicación eficaz del apartado 2 del artículo 20 de la Directiva de Servicios en los Estados miembros, será de fundamental importancia para lograr estos objetivos.

Según informaciones de la policía danesa, el año pasado se efectuaron 203 detenciones de personas que habían violado una prohibición de entrada en el país. Las mismas fuentes piensan que esto puede no ser más que la punta del iceberg. La profesora danesa del Centro Jean Monnet, Marlene Wind, opina que, gracias a las fronteras abiertas, los delincuentes expulsados pueden fácilmente volver y cometer nuevos delitos.

¿Qué consideraciones se plantea por lo tanto la Comisión con respecto a la delincuencia tan extendida a través de las fronteras de la UE? ¿Y qué opina de la falta de medidas suficientes para combatir la delincuencia en Bulgaria y Rumanía en relación con los planes que existen de eliminar también ahí el control en las fronteras a finales de año?

(EN) La creación de un área sin control fronterizo interno va acompañada de medidas adicionales, entre ellas una cooperación policial y judicial eficaz. Teniendo esto presente, se han creado agencias encargadas de la aplicación de la ley en la UE, como Europol y Eurojust, y se han adoptado varios instrumentos jurídicos para permitir que los Estados miembros luchen contra la delincuencia transfronteriza, como por ejemplo una Decisión de 2008 sobre la intensificación de la cooperación transfronteriza, especialmente en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza. Las disposiciones se refieren en particular el intercambio automatizado de información en relación con acontecimientos importantes y con el objetivo de luchar contra el terrorismo, así como respecto a otras formas de cooperación policial transfronteriza.

En lo que respecta a las prohibiciones de entrada, se señala a la atención de su Señoría la Directiva 2008/115/CE relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (a la que los Estados miembros adaptarán su legislación antes de diciembre de 2010), la cual estipula una normativa armonizada de prohibición de entrada para toda la UE. Esta prohibición de entrada tiene efectos preventivos y fomenta la credibilidad de una política de retorno europea enviando el claro mensaje de que no se permitirá que vuelvan a entrar en ningún Estado miembro de la UE durante un período específico a aquellas personas que no tengan derecho a quedarse y hagan caso omiso de las normas de migración en los Estados miembros de la UE.

En cuanto a Bulgaria y Rumanía, de conformidad con el Acta de Adhesión, el levantamiento de los controles en las fronteras interiores va precedido de un proceso de evaluación específico para verificar si se cumplen todos los prerrequisitos para la aplicación del acervo de Schengen.

Esta evaluación abarca los ámbitos de las fronteras exteriores, los visados, la cooperación policial, el sistema de información de Schengen y la protección de datos. Bulgaria y Rumanía establecieron su plazo para levantar el control en las fronteras interiores para marzo de 2011. Las evaluaciones comenzaron en 2009 y seguirán a lo largo de 2010.

La conclusión sobre si se cumplen o no todas las condiciones previas y la decisión sobre el levantamiento de los controles en las fronteras interiores constituyen plena responsabilidad de los Estados miembros.

El éxito del espacio Schengen depende de la confianza mutua entre los Estados miembros y su capacidad para aplicar plenamente esas medidas adicionales que permiten el levantamiento de controles en las fronteras interiores. La lucha eficaz contra la corrupción y el fortalecimiento de la cooperación policial y judicial son factores importantes que resultan vitales para desarrollar esta confianza. La Comisión promueve esfuerzos y sigue de cerca la evolución de los acontecimientos al respecto en Bulgaria y Rumanía. En el marco del mecanismo de cooperación y de verificación, la Comisión evalúa la reforma de la judicatura y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. El control de la delincuencia transfronteriza representa un factor importante de la evaluación. La Comisión basa su evaluación en varias fuentes, como la información procedente de los Estados miembros, y formula recomendaciones en sus informes de verano sobre cómo mejorar la situación.

La privatización de los astilleros de Skaramanga, que han impuesto los sucesivos gobiernos griegos, ha tenido repercusiones dolorosas para los trabajadores, pues se han perdido centenares de puestos de trabajo. La empresa Thyssen Krupp, propietaria de los astilleros, los vende ahora después de haber percibido 3 000 millones de euros para la construcción de submarinos, haber roto los contratos con el Estado griego y no haber entregado el trabajo. Los astilleros se han dividido y se ha creado una empresa independiente de material rodante. Los 160 trabajadores llevan casi diez meses sin cobrar. La prensa habla de nuevos centenares de despidos y de mercadeo por la propiedad de los astilleros entre las multinacionales y con el Gobierno para que conceda a los nuevos propietarios varios miles de millones de euros del programa armamentístico 2010-2011.

¿Considera la Comisión que la liberalización de los mercados y la aplicación de las normas de competencia en la industria naval, decididas por la UE y los Gobiernos nacionales, han conducido a una devaluación de este sector en Grecia, un país marítimo por excelencia, a la reducción del empleo y a la violación de los derechos de los trabajadores, en beneficio de las ganancias de sociedades monopolísticas?

(EN) La aplicación de las leyes de competencia están destinadas a asegurar la competencia leal y eficaz en beneficio de Europa y sus ciudadanos, puesto que la competencia reduce los precios, aumenta la calidad, amplía la elección de los clientes, promueve la innovación tecnológica y, en consecuencia, impulsa la economía europea. Las normas de competencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea incluyen una prohibición general de la ayuda pública, salvo en circunstancias justificadas excepcionales, a fin de asegurar que las intervenciones del gobierno no distorsionan la competencia y el comercio dentro de la UE. La Comisión puede, en determinadas circunstancias, autorizar la ayuda para la reestructuración de una empresa en dificultades, incluido el sector de la construcción naval. No obstante, las autoridades públicas tienen la responsabilidad de garantizar que la ayuda se aplica adecuadamente.

En 1997, la Comisión le dio a Grecia la oportunidad de financiar la reestructuración de las actividades comerciales civiles de la compañía Hellenic Shipyards autorizando una ayuda de 160 millones de euros⁽¹⁾. Por desgracia, no se han cumplido algunas condiciones cruciales que acompañaban a la aprobación. Además, hasta 2002 Grecia proporcionó en repetidas ocasiones financiación ilegal e incompatible a las actividades civiles del astillero que generaron pérdidas.

La Comisión tiene una función supervisora para asegurar que los Estados miembros aplican correctamente las normas de ayuda pública. Debido a las infracciones de las condiciones y la ayuda ilegal proporcionada posteriormente al astillero, la Comisión, en julio de 2008, a raíz de una investigación en profundidad conforme a las normas de ayuda pública del Tratado CE, solicitó a Grecia que recuperara más de 230 millones de euros⁽²⁾.

La Comisión desea señalar que en lo que concierne a la venta de los astilleros o cualquier otra decisión relativa a su reorganización, el dueño de los astilleros es el único responsable de estas decisiones. Las competencias de la Comisión se limitan al control de las intervenciones del Estado en la economía; no pueden interferir en las decisiones industriales de una empresa.

Con el objetivo de proteger a los empleados, el marco jurídico de la UE establece varias directivas que podrían ser de particular interés en el contexto de la reestructuración de la industria de la construcción naval en la UE, en especial la Directiva 98/59/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 relativa a los despidos colectivos⁽³⁾, la Directiva 94/45/CE sobre los comités de empresa europeos⁽⁴⁾, la Directiva 2002/14/CE que establece un marco general relativo a la información y la consulta de trabajadores en la CE⁽⁵⁾, la Directiva 2001/23/CE del Consejo sobre el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad⁽⁶⁾ y la Directiva 2008/94/CE relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario⁽⁷⁾.

La responsabilidad de las directivas a las que Grecia haya adaptado su legislación corresponde a las autoridades nacionales competentes, en particular a los tribunales, para asegurar la aplicación adecuada y eficaz de las disposiciones nacionales adaptadas atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso y con miras al cumplimiento de los deberes de todo empleador en este sentido.