Rapporti verbatim tad-dibattiti

It-Tlieta, 18 ta' Mejju 2010 - Strasburgu

13. Aspetti istituzzjonali tal-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali - Il-Konferenza ta' Analiżi dwar l-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali f'Kampala, l-Uganda (dibattitu)

  Presidente. − L'ordine del giorno reca in discussione congiunta su:

- la relazione di Ramón Jáuregui Atondo, a nome della commissione per gli affari costituzionali, sugli aspetti istituzionali dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (2009/2241(INI)) (A7-0144/2010), e

- le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla conferenza di riesame dello Statuto di Roma sulla Corte penale internazionale a Kampala, Uganda

  Ramón Jáuregui Atondo, Ponente. − Señora Presidenta, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, pienso que estamos ante un día importante. Yo sé que hay muchos días importantes en esta Casa, pero creo, sinceramente, que, desde que el Tratado de Lisboa se adoptó el primero de diciembre de 2009, el mandato para que la Unión Europea se incorpore al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales es una de las grandes noticias del proceso de integración y de construcción europea.

Creo que estamos asistiendo, por tanto, a la culminación de una vieja aspiración que forma parte del tracto histórico de la construcción europea, porque la dignidad humana, los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho, forman parte del ADN de lo que ha sido en gran parte el tracto histórico de la construcción europea.

Este informe que mañana aprobaremos viene a realizar ese mandato que la Unión Europea tiene desde que el Tratado de Lisboa nos impone esta adhesión. Y querría resumir el contenido de este informe en torno a tres grandes ideas.

De una parte, quiero recordar que no son solo los Estados miembros los que protegen los derechos humanos, sino que ahora es la Unión Europea —con su nueva personalidad jurídica en virtud del Tratado de Lisboa—, es el Derecho comunitario y es el desarrollo del Estado comunitario que puedan realizar los Estados miembros, los que se someten a los principios del Convenio Europeo y a un tribunal externo a la Unión y a los Estados miembros que garantiza, siempre y en todo lugar, el cumplimiento de esos principios.

En segundo lugar, la aportación a la ciudadanía europea, a los ciudadanos europeos, de un nuevo derecho y de un nuevo tribunal: el derecho de los ciudadanos a recurrir a este nuevo tribunal para garantizar el cumplimiento de los derechos que el Convenio establece frente a la Unión Europea o frente a los Estados miembros cuando estos desarrollan el Derecho comunitario.

Inclusive las actividades de la política exterior de la Unión Europea, de la policía, de la seguridad fuera de nuestras fronteras, de la cooperación internacional, están sometidas a los principios del Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué significa esto? Significa, en mi opinión, Señorías, un gran avance, históricamente hablando, en el proceso de integración, en la construcción de la noción más esencial de la idea europea, que —como decíamos antes— responde a las exigencias de la ciudadanía europea, de la dignidad humana.

Implica asimismo un reforzamiento del sistema europeo de protección de los derechos fundamentales, porque, junto a la Carta de los Derechos y el Tratado de Lisboa, establece un universo, un marco de protección jurídica casi perfecto y, por supuesto, el más avanzado del mundo. Y refuerza la credibilidad de la Unión frente a los terceros países, a los que, en sus relaciones bilaterales, la Unión Europea siempre estaba exigiendo el cumplimiento de los derechos humanos.

Este informe desarrolla aspectos institucionales y jurídicos que no voy a relatar. Lo que me importa es destacar que aquí, ahora, se inicia un procedimiento, puesto que la Comisión —y quiero agradecer a la señora Reding la celeridad con la que aprobaron el mandato negociador, y al Consejo Europeo, que lo hará en breves fechas— tiene ya, junto a este informe que se ha elaborado conjuntamente con la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Asuntos Exteriores —y quiero agradecer a la señora Gál y al señor Preda su colaboración desde estas comisiones—, una orientación, un marco negociador, que posibilitará una negociación que permitirá volver a este Parlamento para aprobar ese Tratado y permitirá a los países ratificar la adhesión al Convenio Europeo. Una gran noticia, creo yo, señoras y señores.

  Diego López Garrido, Presidente en ejercicio del Consejo. − Señora Presidenta, realmente, como decía el señor Jáuregui, el debate que vamos a tener a continuación —junto con el que acabamos de tener en esta Cámara— es de una extraordinaria importancia y creo que representa ese paso histórico que se da en la humanidad cuando la defensa de los derechos humanos no es solo algo competencia de los Estados —el tradicional agente político, el tradicional sujeto político de los últimos siglos—, sino que se convierte en algo que, en cuanto defensa de la humanidad, traspasa la fronteras de los Estados y establece una serie de mecanismos y de garantías institucionales para una mejor defensa de sus valores universales.

Así es que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es probablemente uno de los grandes tesoros que tiene Europa y, por otra parte, la Corte Penal Internacional, más allá de Europa, son el ejemplo de ese paso adelante que se da en nuestro tiempo hacia la globalización de los derechos humanos y la globalización de la defensa de los derechos humanos.

En relación con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, poco más que añadir a la intervención del señor Jáuregui y a su excelente informe —elaborado junto con los ponentes de opinión Cristian Dan Preda y Kinga Gál— sobre esta cuestión de la firma por la Unión Europea del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Yo quisiera reiterar muchas de las cosas que ha dicho el señor Jáuregui; destacar que efectivamente esta adhesión constituye un elemento de integración europea —por tanto, un fortalecimiento de la Unión Europea— que, además, va a unirse a esa gran novedad del Tratado de Lisboa que es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que van a trabajar en conjunto, y esa es una de las tareas —incluso técnicas, no solamente políticas sino técnicas— del Tribunal de Estrasburgo y del Tribunal de Luxemburgo, sin restarse ninguno de los dos ni un solo milímetro de competencia.

Y además, en esta iniciativa que está prevista en el Tratado de Lisboa, tenemos también un aumento de la credibilidad de la Unión Europea en la defensa de los derechos humanos, ya que nosotros les pedimos a los países, no de la Unión Europea, pero sí de Europa, que contribuyan al fortalecimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, que garanticen que esos derechos establecidos en ese Convenio se respetan y se protegen y, de esta forma, también la Unión Europea como tal, ya no solo sus miembros integrantes, se va a someter a la jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo, y eso aumenta nuestra credibilidad, como señala este informe del señor Jáuregui muy acertadamente.

En relación con la Corte Penal Internacional, creo que estamos en un momento que vamos a calificar también de «histórico» y de una significación política importantísima, porque se va a reunir dentro de unos días la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma, que es la única Conferencia obligatoria que debe reunirse para la revisión, en su caso, del Estatuto de Roma y para hacer un balance de este avance importantísimo que es una Corte Penal Internacional.

Por tanto, estamos también ante un acontecimiento de una gran relevancia que hoy mismo se está examinando en la Unión Europea en el Comité Político y de Seguridad, que mañana se va a ver en el Coreper, y respecto del cual esperemos que la semana que viene se apruebe la resolución del Consejo, para unirnos así a la valoración muy positiva que de la Corte Penal Internacional han hecho ya otros Estados, como son, por ejemplo, los Estados latinoamericanos que están dentro de la organización Unasur.

Estamos ante una Corte Penal Internacional que corresponde a un compromiso de defensa de los derechos humanos y, por tanto, de persecución de los crímenes contra la humanidad a nivel universal, un compromiso de la Unión Europea, de los Estados miembros de la Unión Europea. Y quiero recordar que hubo una posición común en el año 2003, que hubo un plan de acción en el año 2004, y que hubo también por parte de la Unión Europea un acuerdo sobre cooperación con la Corte en 2006. Y que todos los Estados miembros de la Unión Europea son hoy parte del Estatuto de Roma y, por tanto, se someten a la Corte Penal Internacional.

Y esto me parece de extremada importancia para destacar, por tanto, el papel que tiene esta Corte Penal Internacional en el mundo y el compromiso por parte de la Unión Europea para su fortalecimiento. Una Corte Penal Internacional que en estos momentos está trabajando esencialmente en el continente africano, pero la Conferencia de Kampala viene a decirles a los pueblos africanos que no estamos contra África, sino que estamos, al contrario, con África.

Por eso es por lo que es también muy importante esta Conferencia de Revisión abierta a todos los Estados, junto con la sociedad civil y organizaciones internacionales y regionales, y que nos va a permitir hacer una evaluación del estado de la justicia internacional en un momento en el que esta Corte Penal Internacional se está constituyendo como la única Corte Penal permanente internacional.

  Viviane Reding, Vice-President of the Commission. − Madam President, I agree with all the speakers and with all those Members who have been working on the subject. The accession of the EU to the European Convention on Human Rights is a step of constitutional importance. It will complete the system of protection of fundamental rights within the Union, and you know perfectly well that the Lisbon Treaty does not make this an option but a destination.

I therefore welcome the fact that Parliament takes such a great interest in this file – and has from the very beginning, by the way – which is evidenced by the resolution which Parliament has put on the table.

In particular, I would like to thank the rapporteurs of the Committee on Constitutional Rights and the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs for their excellent cooperation on the file. I would like to thank them for the hearing which was organised and which was of real help and great use in bringing this file forward.

The draft report presented by Mr Jáuregui Atondo is, to a very large extent, in line with the position of the Commission. Let me just mention three points which, in my view, are very important.

Firstly, the Commission shares the position that accession by the EU to the additional protocols of the European Convention – which, by the way, have not been ratified by all Member States – is also very desirable. Indeed, many of these protocols are of potential relevance as regards the exercise of the Union’s powers, and certain guarantees enshrined in these protocols are also reflected in the Charter. The negotiation directives should therefore mandate the Commission to negotiate a provision ensuring that the Union may accede to any of the additional protocols.

The decision then to which protocols we will de facto accede, on top of the Convention itself, will have to be taken unanimously by the Council after obtaining the consent of Parliament. In the Commission’s view, such decisions should preferably encompass all additional protocols and should be taken together with the decision concluding the accession agreement itself.

Secondly, it is important to deal with the specific situation of the Union as a distinct legal entity vested with autonomous powers that is going to become a Contracting Party to a mechanism initially designed for States only. Therefore, a number of limited and technical procedural adaptations to the Convention are necessary with regard to the specific nature of Union law.

Among those is the so-called ‘co-respondent mechanism’ to take account of the decentralised implementation of Union law by Member States. By that mechanism, the Union will receive the right to join the proceedings as a co-respondent in cases brought against Member States when Union law is at stake. I am glad to see that Parliament’s report also argues in favour of this.

Thirdly, I fully subscribe to the report which recommends participation by representatives of the Union in the bodies of the Convention on an equal footing with those of the contracting parties. Such participation is indeed a key element in the smooth integration and insertion of the Union into the system of the Convention. You have understood this now to mean in particular the presence in the Strasbourg Court of a judge elected from each contracting party.

The Commission is therefore strongly in favour of having a permanent full-time judge elected for the Union, who enjoys the same status and has the same duties as his peers. An ad hoc judge, who would intervene only in cases brought against the Union or involving Union law, would, in our opinion, not be sufficient.

As for the method of electing a Union judge, the normal procedure provided for in the Convention should apply.

This means that the Parliamentary Assembly of the Council will elect a judge from a proposal for three candidates presented by the European Union, and I agree with the draft report that an appropriate number of Members of Parliament should be allowed to participate in sessions of the Assembly when it elects the judges of the European Court.

The procedure for drawing up the list of the three candidates is not a matter for the accession agreement: it is a matter for us. We have to do this by internal legal rules, and the idea that Parliament should be involved in a way similar to that provided for by Article 255 regarding the selection of candidates for the Court of Justice is a very interesting one which deserves close examination.

Honourable Members, the Spanish Presidency attaches very high priority to this dossier, as you know, and the Spanish Presidency would like to reach an agreement before the end of June. If the Council could reach an agreement by then – which I hope it will – this will allow us to then start accession negotiations after summer. As I already said two weeks ago in Brussels, I will ensure that the Commission – as the Union’s negotiator – keeps Parliament fully informed throughout the negotiation process.

This all relates to European affairs, but we also have the question of international human rights on the agenda. As you know, 138 states took a step forward in 1998 when they adopted the Rome Statute creating for the first time in history a permanent international court to ensure that perpetrators of genocide, crimes against humanity and war crimes are brought to account. The Court started to operate in 2003 and now, seven years later, we have the Review Conference in Kampala, which invites us to conduct an early analysis of the Court’s activities, of the challenges that lie ahead and of the effectiveness of EU support.

As regards the activities of the Court, we know that the Court is fully operational, but is still in its infancy. No judicial cycle has been completed, but the ICC is considering the situation in five countries: one trial has started, another trial is going to start on 5 July and one further case is in the pre-trial stage – all for DAR and DRC.

Let us not forget that this is only a court of last resort, so the primary responsibility lies with the states themselves. In most cases, the Court acts as a catalyst for states to investigate and prosecute cases before national courts. At the same time, in its short life, the Court has been a powerful deterrent for future atrocities because perpetrators now know that justice will prevail and, in this sense, the Court faces challenges.

The ratification by Bangladesh brought the number of State Parties to the Rome Statute to 111. However, it is very clear that we have to go for universal acceptance of the Statute and of the Court. The Court needs the participation and the cooperation of all State Parties and non-Parties, as well as international and regional organisations. The Court cannot perform its functions without the states arresting those for whom an arrest warrant has been issued by the ICC; nor if the witnesses cannot be protected; nor if there are no prisons for those who have been condemned, and that is why the EU supported the Court over the last ten years to help solve these problems.

We, as the EU, have from the outset been staunch supporters of the establishment of the Court as an essential mechanism in the new international order designed to end impunity which, as you know, has seen millions of people in recent history subjected to crimes but only a handful of those responsible brought to justice.

The EU considers that an effective ICC is an indispensable instrument for the international community to combat this impunity and to promote a rule-based international order. That is why we have been supporting the Court using the various instruments at our disposal that the Minister has already mentioned. The common position was translated into an action plan. We were the first organisation to enter into a cooperation and assistance agreement with the Court in 2006, and we give the ICC full political and diplomatic support with démarches, political dialogues and statements. The inclusion of ICC clauses in international agreements is now standard practice for the European Union.

Since 2000, the European Initiative – later entitled the European Instrument for Democracy and Human Rights – has contributed EUR 29 million to support the Court directly or indirectly, notably through global civil society campaigns. The EU has also adopted several decisions in the justice, freedom and security area with a view to strengthening cooperation among Member States in the investigation and prosecution of Rome Statute crimes at national level, so we do our best in order to advance the system. The system needs further perfection, but it needs strong engagement by all nations around the globe for this to happen.

  Cristian Dan Preda, Raportor pentru aviz Comisia pentru afaceri externe. − Mă voi referi la Raportul dlui Jáuregui Atondo. Vreau în primul rând să îl felicit pentru redactarea acestui excelent raport care abordează, cred eu, într-o manieră exhaustivă atât avantajele, cât şi provocările aderării Uniunii Europene la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Din perspectiva avizului pe care l-am redactat pentru Comisia AFET, doresc să subliniez aportul principal al aderării Uniunii la CEDO. Este vorba despre un lucru care poate părea astăzi, în perioada post-Lisabona, evident, dar este un lucru care a reprezentat o speranţă reiterată periodic în ultimii treizeci de ani. Am în vedere faptul că aderarea la CEDO va spori credibilitatea Uniunii în dialogul asupra drepturilor omului cu ţările terţe, confirmând încă o dată tuturor că Uniunea este, mai presus de toate, o comunitate bazată pe drept.

Instituţiile Uniunii, asemenea celor ale statelor membre ale Consiliului Europei, vor fi astfel supuse controlului extern şi independent al Curţii de la Strasbourg, conform formulei „un standard unic în materie de drepturile omului, o singură Curte”. Din punct de vedere al existenţei unui standard unic în materie de drepturile omului, trebuie să subliniez că aderarea la CEDO este, în acelaşi timp, un prilej pentru ca Uniunea să adere şi la alte tratate din sistemul de la Strasbourg. Am în vedere, bineînţeles, protocoalele adiţionale, Carta socială europeană revizuită care, aşa cum se ştie, completează şi aprofundează această protecţie la nivel paneuropean. În plus, cred eu, o participare sporită a autorităţilor europene în organismele Consiliului Europei, specializate în protecţia drepturilor omului, reprezintă consecinţa logică a acestui standard unic de protecţie.

După cum am subliniat şi în avizul pe care l-am redactat pentru AFET, trebuie, de asemenea, găsit un echilibru între, pe de o parte, prezervarea specificităţii ordinii juridice europene şi, pe de altă parte, prezervarea sistemului jurisdicţional de la Strasbourg, care şi-a dovedit utilitatea pentru protejarea drepturilor omului la nivel paneuropean.

  Kinga Gál, Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményének előadója. − Kedves képviselőtársaim! Elsőként haddköszönjem meg az AFCO-jelentés gazdájának, Jáuregui Atondónak az együttműködést. Úgy gondolom, hogy a szorosan együttdolgozó AFCO és LIBE, illetve a munkánkat kiegészítő droit bizottság sikeresen járta körbe az egyezményhez való csatlakozásunk kérdéskörét és helyesen mutatott rá a felmerülő, még tisztázandó kérdésekre.

Jómagam a LIBE bizottság részéről elsősorban annak a szem előtt tartására szántam rá magam – és ezt erősítette meg végül is a bizottság –, hogy a csatlakozásunk valóban többletet, hozzáadott értéket jelentsen majd az uniós polgárok számára és tisztában legyenek ezekkel az értékekkel, ezekkel a lehetőségekkel, ugyanakkor kerüljük el a túlzott elvárások gerjesztését.

Számos olyan kérdés van, amit lényeges tisztázni az elkövetkező időszakban a tárgyalások során, ilyen a strasbourgi és luxembourgi bíróságok viszonya, hiszen sem a luxembourgi, sem a strasbourgi bíróság joghatóságának jelenlegi rendszere nem változik meg. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a strasbourgi bíróság működésének reformja egybeesik a csatlakozással, és ez egy lényeges szempont, és azt is szeretném hangsúlyozni, hogy akkor lesz ez a csatlakozás sikeres, ha valóban erősíti az eddig is működő intézményeket, a tagállami igazságszolgáltatási rendszereknek pedig ehhez meg kell tenniük a szükséges lépéseket. Egy egyedülálló kísérlet ez az uniós csatlakozás a konvencióhoz, de nem veszélyeztetheti azt, ami már működik az emberi jogaink érvényesítésének terén, és nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, hogy akkor lesz sikeres, ha ez erősíti az eddigi létező intézményeket, és valóban hozzáadott értéket hoz a polgáraink részére.

  Laima Liucija Andrikienė, on behalf of the PPE Group. – Madam President, the Review Conference of the International Criminal Court (ICC) is a long-awaited and important event in the evolution of the Court itself and, more broadly, international criminal justice.

The Review Conference is a good opportunity for the stakeholders to consider the existing deficiencies of the ICC and propose possible changes or directions for reform. I would like to mention several issues that EU Member States, as well as the EP delegation, should have on the agenda.

One of the issues is certainly the position of our transatlantic partners on the ICC. I would like to point out that the lack of participation of the United States in the ICC is the single most important factor reducing the relevance and authority of the ICC. It would therefore be very useful if our American partners could express more clearly their current position and commitment to the ICC.

I would also like to urge the EU to insist on discussing – and hopefully revising – Article 124, also known as the transitional provision, of the Rome Statute, which allows states to choose not to have their nationals subject to the ICC’s jurisdiction over war crimes for a seven-year period after the ratification of the Statute. This is a regrettable loophole that should be removed from the Rome Statute.

Last but not least, I would like to point out that the EU should strive for the widest ratification and implementation of the Rome Statute in relations with those countries that have not yet done so. It must be an objective of the EU during the enlargement negotiations and accession phases of the new EU Member States. It should be high on the agenda in our dealings with Russia as well, especially taking into account the fact that we are currently negotiating the modalities of the partnership agreement with our Russian partners.

  Debora Serracchiani, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il relatore per l'ottimo lavoro svolto sull'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per i diritti dell'uomo, che rappresenta un beneficio per i cittadini europei perché grazie ad essa ci sarà un nuovo tribunale, esterno all'Unione europea, per assicurare che i diritti dei cittadini europei siano sempre rispettati dall'Unione europea e dagli Stati membri.

In virtù del principio di democrazia, l'Unione europea e gli Stati membri devono avere sempre il diritto di potersi difendere, per questo credo sia fondamentale che ogni nazione che aderisce alla convenzione debba avere un giudice che spieghi il contesto di ogni ricorso, così come ritengo importante che il Parlamento europeo abbia un organo informale con lo scopo di coordinare lo scambio di informazioni fra il Parlamento e l'assemblea parlamentare del Consiglio, ed importante che il Parlamento sia inoltre consultato e coinvolto nel processo di negoziazione.

Aggiungo inoltre che i cittadini europei hanno il diritto di capire i meccanismi di questa adesione, così come hanno diritto di sapere quali sono i loro diritti. Pertanto ritengo che sia fondamentale che il Consiglio d'Europa e l'Unione europea prendano in considerazione l'elaborazione di linee guida, con una chiara spiegazione di tutti gli effetti e le implicazioni che l'adesione comporterà.

  Andrew Duff, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, the accession of the EU to the ECHR has been a long time coming. It is an essential piece of the jigsaw whose final picture is to be a superior rights regime fostered by the Court of Justice and enjoying the external supervision of the Court at Strasbourg.

It is a necessarily complex measure because it is a quid pro quo for making binding the Charter of Fundamental Rights. It signals an important fresh consensus between those like the traditional British, who have favoured the intergovernmental Council of Europe approach, and federalists such as me who have favoured the supranational approach. Such a twinning is extremely appropriate at this time of coalition politics in the UK between the British Liberal Democrat and Conservative parties.

  Barbara Lochbihler, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Die Verabschiedung des Römischen Statuts und die Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofs ist eine Erfolgsgeschichte. Dafür gibt es viele Beispiele. Aber das Entscheidende ist, dass es erstmals in der Geschichte möglich ist, hohe Repräsentanten des Staates – zivile oder militärische – dafür zur Verantwortung zu ziehen, wenn sie Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeordnet haben.

Die EU hat den Aufbau und die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs vielfach und sehr positiv unterstützt und muss diesen Gerichtshof auch zukünftig unterstützen und stärken sowie seine Unabhängigkeit schützen. Die bevorstehende Überprüfungskonferenz in Kampala wird eine Bestandsaufnahme machen: Was war erfolgreich? Was muss verbessert werden? Und bereits jetzt ist deutlich zu erkennen, dass die Staaten sich auf der jeweiligen nationalen Ebene anstrengen müssen, Gesetze zu erlassen oder bestehende Gesetze auch konsequent umzusetzen, um den Strafgerichtshof zu unterstützen.

Viele sind noch zögerlich, wenn es gilt, hochrangige Personen festzunehmen, gegen die ein Haftbefehl vorliegt. Kommissarin Reding hat darauf hingewiesen. Oft wiegt die Angst vor diplomatischen Schwierigkeiten höher als die Einsicht, dass der Strafgerichtshof diese konkrete Unterstützung braucht, um wirksam werden zu können.

Die Konferenz in Kampala muss sich mit der Definition des Begriffs Angriffskrieg beschäftigen. Eine eigens dafür eingerichtete Arbeitsgruppe der Mitgliedstaaten des Römischen Statuts hat hier erfolgreiche Vorarbeit geleistet und bereits einen geeigneten Text vorgelegt, der sich auch in unserer Entschließung wiederfindet. Wir fordern die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich intensiv für die Aufnahme dieser Definition in das Statut und damit in die Zuständigkeit des Strafgerichtshofs einzusetzen.

Dabei ist unbedingt zu beachten, dass es zu keinerlei Einschränkungen der Unabhängigkeit des Gerichtshofs kommt. Und lassen Sie mich abschließend auch die Forderung unterstreichen, wie wichtig es ist, dass die EU auf dieser Konferenz hochrangigst vertreten wird. Das ist ein Signal für die Unterstützung des Gerichtshofs, aber auch ein positives Beispiel für andere Regierungen.

  Ashley Fox, on behalf of the ECR Group. – Madam President, my group is committed to protecting human rights, but we are not convinced that allowing the EU to sign the Convention is wise. Given that every Member State is already a signatory to the Convention, what benefit is there to the EU signing as well? I should be very pleased if someone in this Chamber could give me a practical example of how the human rights of one of my constituents will be better protected as a result of the EU signing the Convention.

At present, Member States are not required to make the Convention directly applicable within their domestic law. I want to be reassured that if the EU signs the Convention that position will not change. I do not want the power of the British Parliament to change the way we decide to protect human rights to be undermined. My suspicion is that one of the motives behind this proposal is a desire to enhance the status of the EU to show it is a player on the international stage. In my view, that is a very good reason not to permit the EU to sign the Convention.

  Helmut Scholz, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Frau Präsidentin! Meine Fraktion begrüßt ausdrücklich den Beitritt der Europäischen Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Sie ist wohl das wichtigste Menschenrechtsinstrument in Europa, und die Bedeutung des Straßburger Gerichtshofs für Menschenrechte – vielleicht auch für meinen Kollegen Fox – wird dadurch deutlich, dass im Schnitt dort jährlich ca. 30 000 Beschwerden eingehen. 2009 waren es übrigens 57 000, und im Jahr 2009 verkündete das Gericht 2 000 Urteile, oder genauer, es musste diese Urteile fällen.

Nun hat die EU mit dem EuGH zwar auch einen Gerichtshof, doch anders als der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist der EuGH nicht ausschließlich für den Schutz der Grundrechte zuständig, und es ist wohl auch nicht völlig falsch, wenn hier festzustellen ist, dass der EuGH in der Vergangenheit keine exklusive Führungsrolle bei der Entfaltung europäischer Grundrechte in Anspruch genommen hat.

Sowohl der Europarat als auch die EU bezeichnen den bevorstehenden Beitritt als historisch, und ich glaube, wir stimmen dem im Plenum mehrheitlich zu. Als solcher wird er sich hoffentlich zuallererst für die Bürgerinnen und Bürger Europas erweisen, denn es wird ein Raum gültiger Menschenrechte geschaffen, an welchen nicht nur 47 Regierungen gebunden sind, sondern auch die Institutionen der Europäischen Union. Damit sendet die EU ein starkes Signal an die Bürgerinnen und Bürger Europas, dass sie, was die Menschenrechte betrifft, nicht über dem Gesetz steht und dass die Bürgerinnen und Bürger diese Menschenrechte einklagen können, sollten sie durch Gemeinschaftsinstitutionen verletzt werden.

Die konkrete Ausgestaltung des eigentlichen Beitrittsprozesses wird mit Sicherheit Probleme mit sich bringen, und deshalb ist es wichtig, dass wir hier mit Aufgeschlossenheit und Kreativität schnell und konstruktiv die besten Lösungen für die durchaus schwierigen technischen und juristischen Probleme finden.

  Morten Messerschmidt, for EFD-Gruppen. – Fru formand! Jeg kan sagtens få øje på fordelene ved, at EU tiltræder den europæiske menneskerettighedskonvention. Det er en fordel for de folk, der har været ansat i EU og bliver fyret, fordi de ikke vil skrive under på falske regnskaber og har været ”whistle blowers”. De kan indbringe sådan en sag for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol efter artikel 6. Det er en fordel for kollegaer, der her i Parlamentet bliver idømt skyhøje bøder for at sige deres frie mening og ikke har mulighed for at appellere det nogen steder hen. En sådan sag kan indbringes for Strasbourg efter artikel 10. Så jeg kan sagtens se fordelene.

Når jeg og min gruppe alligevel er modstandere af, at EU tiltræder menneskerettighedskonventionen, skyldes det, at ulemperne klart overskygger fordelene. Der er nemlig ingen tvivl om, at særlig Domstolen i Luxembourg vil bruge tiltrædelsen til endnu engang at udvide EU's magtområde. På stadig flere områder – socialområdet, udlændingepolitikken og de grundlæggende friheder – vil vi se, hvordan man vil kunne bruge tiltrædelsen af menneskerettighedskonventionen som endnu et argument for, at EU skal bestemme mere, og det betyder, at medlemslandene skal bestemme mindre. At medlemslandene ikke selv må bestemme deres udlændingepolitik, spørgsmål om deres frihedsrettigheder, ytringsfrihed og alt, hvad der ellers hører under konventionen. Det ønsker vi ikke. Det skal stadig være et nationalt anliggende, og derfor bør EU ikke gå ad denne vej.

  Nicole Sinclaire (NI). - Madam President, the rapporteur states in his report that the accession to the ECHR will afford citizens protection against the actions of the Union. I would be far more interested in protecting the residents of my constituency, the West Midlands in the UK, against the action of the Convention on Human Rights.

Of course in the UK we incorporated this into our law in 1998, allowing the ECHR to have effect in all our courts. In the manifesto of the new Conservative Government it was promised that they would repeal the Human Rights Act but, as they should have known, Lisbon made the EU a legal entity and the EU has greater powers than the electorate of the United Kingdom. We are reminded of George Orwell. The writing is on the wall and, as we know, some people are more equal than others when it comes to human rights.

Earlier this month, my constituents in Meriden and Hatton suffered invasions by so-called ‘travellers’, who have broken the peace and who are building unauthorised and possibly illegal developments on what little remains of our precious green-belt land. Thanks to the Convention on Human Rights, these travellers have special protected rights. They have priority in health care and education, all at the expense of local taxpayers!

The rapporteur wants us to involve our national courts and ministries of justice in this process. I say that the Convention on Human Rights has done enough damage already. Perhaps the rapporteur would like to visit my constituency and witness at first hand the desecration of our land. Perhaps he would like to speak to the hardworking villagers who have seen the value of their homes plummet. He can inspect the lines of police drafted in to keep the peace and of course preserve the special rights of the travellers. He could even enjoy the spectacle of 90 lorries laden with gravel churning up the country lanes where parents walk with their children. He might help residents as they rush to install security equipment in anticipation of the surge in criminal activity that often accompanies such developments.

Of course these are but small tragedies and are nothing when compared to the important political project that is the European Union, but let us consider that when we propose special rights on one group of citizens we automatically degrade the rights of others.

The Convention on Human Rights has degraded the rights of my constituents. It should not be up to unelected officials to decide who is special and who is not. We have a newly elected government in the UK which has made promises in this area. In the name of democracy let them carry out those promises!

  Íñigo Méndez de Vigo (PPE). - Señora Presidenta, hace más de 20 años –hace 23 años– tuve la fortuna de asistir en el otro palacio a la firma de un acuerdo entre el entonces Presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, y el Secretario General del Consejo de Europa, Marcelino Oreja, para que las entonces Comunidades Europeas se adhirieran al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. ¡Hace 23 años!

Eso me recuerda la respuesta que dio el poeta Heinrich Heine cuando le preguntaron: «¿Dónde le gustaría a usted morirse?». Y él contestó: «En Inglaterra, porque allí todo sucede con 100 años de retraso». Y a raíz de algunas intervenciones que hemos oído, con 200 años de retraso, señora Presidenta. Aunque yo confío en que la influencia del señor Duff en el nuevo Gobierno de coalición liberal-conservador mejore esta situación.

Por tanto, señora Presidenta, mi grupo, el Grupo del Partido Popular Europeo, está a favor de esta adhesión ya desde hace mucho tiempo y saludamos con cariño, con afecto, el gran informe que ha hecho Ramón Jáuregui —es su primer informe y estoy seguro de que no será el último—.

Y lo hacemos porque nos parece que eso es acrecentar las garantías de los ciudadanos, porque lo que estamos dando es más garantías a la gente de que la legislación de la Unión Europea aplicada por los Estados miembros, de que los actos de la Unión Europea, son conformes a esa tabla de derechos reconocida en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

Este informe abre el camino a la resolución de muchos de los problemas de técnica jurídica que se van a presentar; porque no hay que olvidar que el Convenio estaba pensado para ser ratificado y aplicado por Estados miembros. Y la Unión Europea –por mucho que hable la propaganda de algún lado de esta Cámara– no es un Estado ni un superestado, es una organización internacional, y por tanto, aclimatar una organización internacional a algo hecho para Estados tiene dificultades.

La señora Giannakou, que ha sido nuestra shadow rapporteur y que ha hecho una gran labor que agradezco vivamente, hablará de los temas concretos. Yo ahora solamente quiero hacer los mismos votos que ha hecho la Vicepresidenta Reding para que el Consejo —mi amigo Diego López Garrido seguramente velará por ello— rápidamente dé un mandato a la Comisión para negociar y pronto podamos celebrar en esta Cámara, señora Presidenta, la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). - Señora Presidenta, me sumo a la felicitación al ponente, señor Jáuregui, y a los ponentes de opinión que han trabajado en la elaboración de este informe. Y me sumo, sobre todo, para poner en valor que, del mismo modo en que nos hemos ocupado durante este año de mandato de la legislatura del Parlamento Europeo de la crisis económica en la Unión Monetaria, este es el momento de decir que Europa no se hará ni con mercado interior ni con moneda única, sino con ciudadanos.

Y refuerza los derechos de la ciudadanía la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ese Bill of Rights que debe dar cuenta de la dimensión política y ciudadana de la construcción europea.

Y refuerza los derechos de la ciudadanía el mandato contenido en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea de adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Esa adhesión no minora ninguno de los derechos fundamentales que garantizan a los ciudadanos europeos los ordenamientos de los Estados miembros por el hecho de ser ciudadanos de esos Estados miembros. Por el contrario, multiplica, refuerza y hace crecer los derechos que nos corresponden a todos juntos como partícipes y sujetos de un proyecto común.

Y quiero poner en valor, como Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que nos hemos ocupado de todos los problemas —que los habrá— de incardinación del Convenio Europeo de Derechos Humanos dentro de esa cultura compartida del refuerzo y garantía de los derechos y la ciudadanía. Hemos organizado visitas, enormemente fructíferas, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y hemos convocado una tercera conferencia para el 21 de junio en la que van a participar importantes especialistas y magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para poner en común una respuesta prefiguradora de la que deberá ser la garantía judicial de los derechos de la ciudadanía.

Un jurista británico, Hart, dejó escrito que no hay derechos sin garantía judicial, no hay garantía judicial sin jueces, del mismo modo en que no puede haber Europa sin ciudadanos y no hay ciudadanos europeos si no son conscientes de que la construcción europea nos hace crecer y refuerza los derechos fundamentales que ya nos pertenecen como miembros de los Estados miembros de la Unión Europea.

  Marietje Schaake (ALDE). - Madam President, as we review the Rome Statute of the International Criminal Court, let us be reminded that its creation truly marks a success for liberal democracy and a commitment to effective international law. With all EU Member States ratifying to comply with the Rome Statute, we set out on the next chapter of meeting our ambitions and responsibilities in the field of human rights, peace and justice.

A critical evaluation is important, but the ICC is already an important institution in ensuring that these fundamental values are not just European but universal. It is a last resort, as Commissioner Reding said, but an important one. The EU and Member States should continue their commitment to the ICC, or the principles it seeks to ensure, by adopting the EU guidelines on the ICC. It is a primary obligation to investigate and prosecute those who commit war crimes, genocide and crimes against humanity.

With the Lisbon Treaty, we are working towards an effective common foreign EU policy. The High Representative should actively promote the accession to the Rome Statute of other global players – China, India, Russia and important candidate Member States, such as Turkey – but, also, the long-term ally of the EU, the United States, should be engaged in a dialogue of contributing to global justice and should seriously consider joining its ally. As a Dutch European, I would like to reassure our citizens that the ‘Hague Invasion Act’ will never be invoked.

The EU needs to work constructively with Turkey and the US to stop impunity in Iran, which is one of the most urgent cases of aggressors and where execution, rape and torture are brought upon citizens by their own government on a daily and systematic basis. We need to work on the true globalisation or universalisation of human rights, justice and the rule of law, and the ICC is an important instrument to meet this goal. Support for this Court needs to be globalised as well. The European Parliament has been working constructively and is united on this subject.

  Gerald Häfner (Verts/ALE). - Frau Präsidentin, liebe Kollegen! Woran wir hier heute arbeiten, ist der Ausbau des Rechts auf der supranationalen Ebene. Wie wichtig das ist, zeigt neben dem Blick auf aktuelle Menschenrechtsverletzungen ein Blick in die furchtbare Geschichte meines eigenen Landes. In der Tat haben Deutsche die monströsesten Verbrechen in der Geschichte nicht begangen, indem sie Gesetze übertraten, sondern indem sie Gesetze verfasst haben, die das Unrecht zu Recht gemacht und zum Beispiel den Mord an Juden, an Kommunisten, an Christen, an Homosexuellen usw. zur Rechtspflicht erhoben haben. Wenn solche Menschen und vor allem die, die das befohlen haben, hinterher sagen, sie hätten ja nur getan, was damals Recht war, und könnten dafür hinterher nicht belangt werden, dann zeigt das eine unglaubliche Schwäche des Rechts und der Menschlichkeit.

Deshalb ist das, was wir jetzt hier mit dem ICC getan haben, ein Riesenfortschritt, nämlich dass all solche Menschen in Zukunft wissen, dass es jenseits des nationalen Rechts einen Richter gibt und sie lebenslang damit leben müssen, zur Rechenschaft gezogen zu werden. Das ist ein Riesenfortschritt, genauso wie der Beitritt der Europäischen Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention, für den wir uns und ich mich persönlich lange eingesetzt haben. Ich freue mich, dass wir das heute gemeinsam hier vollziehen können, und danke insbesondere dem Berichterstatter, Ramón Jáuregui Atondo, für den hervorragenden Bericht.

  Charles Tannock (ECR). - Madam President, my national party, the British Conservatives – for those who do not know, I am a Conservative – has expressed serious concerns in the past about the ICC and its enforcement of international criminal jurisprudence, as encapsulated in the Rome Statute, in the areas of crimes against humanity, war crimes and genocide.

However, the 10th anniversary of the Statute’s entry into force does offer us now an opportunity to make a clear assessment of the role of the ICC and, in my view, the Court has, to its credit, stuck rigidly to its brief, eschewing mischievous prosecutions and seeking to arraign only the most serious tyrants.

The Court’s Chief Prosecutor, Luis Moreno-Ocampo, has skilfully helped the Court to strengthen its impartiality globally. The aggressive pursuit of politically motivated cases has, thankfully, failed to materialise, which was one of the big worries of our American allies. Britain joined the ICC under the previous Labour administration. Perhaps the recent establishment of a Conservative-Liberal coalition in the UK last week offers us now a chance to reassess Britain’s relationship with the ICC and, at Kampala, to amend some of the disputed areas, like command responsibility.

We cannot allow the UK’s vital national interests to be compromised by the ICC, but, at the same time, we should also recognise that in certain circumstances the ICC may have a constructive role to play in ending a climate of impunity for genocidal dictators.

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). - Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Monsieur le Ministre, chers collègues, je voudrais intervenir à la fois sur l'adhésion à la CEDH et sur l'adhésion à la CPI.

Tout d'abord, je voudrais remercier nos rapporteurs pour la qualité de leurs rapports et la volonté qui a été la leur d'intégrer les propositions des uns et des autres dans un large esprit de consensus.

Au-delà de tout ce qui a été dit en faveur de cette adhésion, je voudrais insister sur deux points importants pour moi: la mise en place d'un contrôle externe à l'Union et l'extraterritorialité de la convention, c'est-à-dire son application à tous les actes de l'Union, y compris en dehors du territoire. Permettez-moi d'espérer que les clauses "droits de l'homme et démocratie" prendront alors un peu plus de sens. Il faut donc que non seulement le mandat de négociation de la Commission porte sur la convention elle-même, sur l'ensemble des protocoles et accords déjà consacrés par la Charte des droits fondamentaux mais que nous nous engagions très rapidement à adhérer à l'ensemble des instruments juridiques de la CEDH pour avoir un système de protection cohérent des droits de l'homme.

S'agissant de la CPI, je voudrais exprimer deux souhaits. D'abord, je souhaite que l'Union européenne soit particulièrement vigilante en ce qui concerne les droits des victimes et de leurs représentants légaux. Cela suppose une aide judiciaire ad hoc permettant d'avoir recours à des avocats externes spécialisés.

Et j'ai un autre souhait, Madame la Commissaire: que l'Union mette tout son poids, toute son énergie pour que l'ensemble des États membres adaptent leur droit à la justice internationale. La France, notamment, ne l'a pas encore fait. Je le regrette, tout comme je regrette que de grands États, comme les États-Unis, ne participent pas à la mise en place de cette justice internationale en matière de crimes contre l'humanité.

  Andrew Henry William Brons (NI). - Madam President, the European Union signing up to the Council of Europe’s Convention on Human Rights will be followed by legislation that will make the Convention part of European Union law, as well as being another organisation’s document as an external benchmark. That means that the EU’s Court in Luxembourg will have the jurisdiction to interpret and enforce two potentially competing documents – the EU’s Charter and the Council’s Convention.

I have asked several experts in the Committee on Constitutional Affairs and the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs what would happen if there should be a conflict between the two documents or between different sections of the same document. Which document or which section would take precedence?

I was told, first of all, that the document or section that granted the greater amount of freedom would take precedence over the one that granted the lesser amount of freedom. I later asked what would be decided if there should be two parties to a dispute and each claimed different but competing, and possibly contradictory, rights – for example the right to practise one’s religion without being offended and the right of freedom of expression involving criticism of the tenets of followers of a religion. This is not entirely theoretical as the case of the Danish cartoons illustrates.

This was the case of the dog that did not bark or rather the expert who did not venture an opinion. The silence was as deafening as it was clear for all to hear and to understand. Free speech will always be sacrificed because that is the EU’s default position. Denying free speech is what the EU does best!

We are talking about two different categories of right – the political right of freedom of expression against prosecution by the state and the right not to be offended by criticism. The right not to be offended is considered to be much more important than the right to debate a matter of public interest. Should there be no restrictions on freedom of speech? There should be restrictions on those who incite violence, but criticism that falls short of that should be free from interference from the criminal law.

  Μαριεττα Γιαννάκου (PPE). - Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τον συνάδελφο, κύριο Ramón Jáuregui, για την έκθεσή του, καθώς και την καλή συνεργασία που υπήρξε και, βεβαίως, τους συναδέλφους Preda και Gál για τη συμβολή τους, από δύο διαφορετικές επιτροπές.

Κυρία Πρόεδρε, η ένταξη στην ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και άρα και στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου απορρέει βεβαίως και από το γεγονός ότι η Ένωση απέκτησε ενιαία νομική προσωπικότητα από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Και βέβαια, ορισμένοι διερωτώνται γιατί, ενώ ενσωματώσαμε τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, είχαμε ανάγκη να προσχωρήσουμε στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου;

Κατ' αρχήν, το Δικαστήριο του Στρασβούργου, υπό την έννοια του δεδικασμένου, έχει αποκτήσει πολύ ευρύτερες δυνατότητες από αυτές που προβλέπονται στα θεμελιώδη δικαιώματα και ήδη το υπαινίχθηκαν αυτό, τόσο η Προεδρία όσο και η Επίτροπος κυρία Reding.

Δεύτερον, αυτό δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο, μία σύνδεση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα τεκταινόμενα στο σύνολο της Ευρώπης, άρα και με τις χώρες που βρίσκονται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Βεβαίως, ορισμένοι διερωτώνται αν αυτό θα δημιουργήσει εμπλοκές γενικότερες, αλλά η έκθεση τονίζει ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν διακρατικές προσφυγές, ούτε τα Δικαστήρια είναι το ένα υποκείμενο του άλλου και το άλλο υπερκείμενο. Το κάθε Δικαστήριο έχει αρμοδιότητα στις εξουσίες τις οποίες έχει και άρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου.

Θεωρώ ότι είναι ένα ουσιαστικό βήμα αυτό που γίνεται, με την προσχώρηση στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και η διαδικασία για την προσχώρηση στα Πρωτόκολλα που αφορούν σε αντίστοιχες εξουσίες, και αυτό δίνει τη δυνατότητα βέβαια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναμειχθεί ενεργά στην υπόθεση της διαπραγμάτευσης, καθώς και να συμβάλει, μέσω της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην επιλογή ενός δικαστού.

  Richard Howitt (S&D). - Madam President, I am proud to be chairing this Parliament’s delegation to the Review Conference for the International Criminal Court, to celebrate how its establishment has helped build global justice and fight impunity for crimes against humanity and to represent our European Union’s determination, in our common foreign and security policy, to work towards the Court’s universal jurisdiction.

In calling for better access to justice for victims, we should acknowledge that 15 of the 24 countries worldwide who have contributed to the Trust Fund for Victims are our own EU Member States – but we should also note with humility that that means 12 EU Members have not given such funding and that 14 of our countries have neither designated national contact points nor responded to the annual survey, as required by the Charter. Universal jurisdiction abroad starts with universal implementation here at home and, Madam President, I have to regret that one of the first decisions of the UK’s new coalition government is to go to the Review Conference to oppose jurisdiction for the crime of aggression and to resist Belgium’s proposal to include the use of prohibited weapons in internal conflict as a war crime.

Aggression, the unlawful use of force against another state, was prosecuted by the Nuremberg and Tokyo Tribunals at the end of the Second World War, and I find it hard to understand why the ICC should not be used to prosecute the war crimes of the 21st century. Meanwhile, how they justify saying that the use of poison gas or dumdum bullets is illegal if going across a border but not if staying within it, I do not understand. They are saying that when Saddam Hussein gassed the Marsh Arabs, or when demonstrators in Gaza are shot with bullets that intentionally break into shrapnel inside their bodies, the perpetrators are able to do so free from the fear of being held to account. Quite simply, they are wrong.

  Charles Goerens (ALDE). - Madame la Présidente, conçue pour juger les auteurs de génocides, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, la CPI, longtemps attendue, constitue un début de réponse aux victimes qui réclamaient trop souvent, et vainement, hélas, réparation et justice.

On était nombreux, avant la création de la Cour, à attribuer à celle-ci un rôle de prévention. En effet, un ordre international habilité à punir les auteurs de crimes aussi ignobles que ceux qui ont été perpétrés en Bosnie, au Rwanda, au Cambodge, au Darfour, ne serait-il pas de nature à dissuader l'un ou l'autre dictateur-bourreau, sachant qu'une fois ses crimes commis, il ne se sentirait plus en sécurité à l'extérieur des frontières de son pays, où il a pu agir en toute impunité?

À ce propos, j'aimerais demander à la Commission et au Conseil si, de leur point de vue, l'objectif de prévention a été atteint. La Commission pourrait-elle me faire savoir, par exemple, si le mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale contre le président Omar el-Béchir constitue, selon elle, une partie de la solution ou du problème. Personnellement, je persiste à croire que c'est une partie de la solution.

Quoi qu'il en soit, quels vont être les enseignements à tirer de la brève existence de la Cour?

La Commission, et c'est ma dernière question, forte de ces enseignements, entend-elle proposer des modifications lors de la conférence de Kampala qui sera l'occasion d'évoquer et, le cas échéant, d'adopter des modifications au texte qui constitue la base légale de la Cour?

  Konrad Szymański (ECR). - Przystępując do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka musimy za wszelką cenę uniknąć poważnych zagrożeń.

Mamy istotny problem związany z konkurencją dwóch trybunałów: tego w Strasburgu i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Kłopoty zrodzi obowiązywanie dwóch dokumentów: Karty Praw Podstawowych i Konwencji Europejskiej. Będzie bardzo trudno wytłumaczyć naszym obywatelom, który trybunał będzie właściwy dla ich skarg. Wzrośnie zatem liczba przypadków odmowy rozpoznania sprawy z powodu konfliktu właściwości sądów i podstaw prawnych. Istnieje też zagrożenie, że przystąpienie Unii do Konwencji Europejskiej będzie ograniczało poszanowanie dla tradycji konstytucyjnych państw członkowskich, które tworzą dziś ogólne zasady prawa. W szczególności przystąpienie Unii do Konwencji nie powinno służyć obchodzeniu wiążącego protokołu do traktatu lizbońskiego, który wyłącza niespodziewane działanie Karty Praw Podstawowych wobec Wielkiej Brytanii i Polski.

  Csanád Szegedi (NI). - Tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon sajnálom, hogy erre a nagyon fontos témára csupán egy percem jutott, és engedjék meg, hogy akármilyen kevés időről van szó, de tájékoztassam önöket, hogy ezekben a pillanatokban is szörnyű árvíz pusztít Észak-Magyarországon, Felvidéken, Lengyelországban. Emberek százainak az élete forog kockán és innen is biztosítsuk őket, hogy Strasbourgból, az Európai Parlamentből is szolidálunk, együtt érzünk az áldozatokkal, és kívánjuk, hogy ez a pusztító árvíz minél hamarabb levonuljon, és kérem arra az Európai Parlament vezetőségét, hogy adott esetben, hogyha erre szükség lesz, a segítségét ajánlja fel az áldozatoknak. Jelenleg is több tucat, olyan észak-magyarországi város van, amely teljes mértékben víz alatt van. Reméljük, hogy a sors és a jóisten kegyelmébe veszi ezeket a katasztrófa sújtotta területeket.

Ezzel a jelentéssel a legnagyobb probléma az, hogy az ittlévő képviselőknek, mindannyiunknak fontos az emberi jogok magasabb dimenzióba való emelése, az emberi jogok védelme, de az egyezményhez való csatlakozással nem nő az emberi jogoknak a védelme, csupán az Európai Egyesült Államoknak az eszméje emelkedik fel, amelyet nem tartunk jónak, hiszen a szuverén államok, a tagországok már csatlakoztak ehhez az egyezményhez, azt pedig ellenezzük, hogy ezzel a szimbolikus döntéssel is azt sugalmazzák, hogy egy nagy birodalom részei vagyunk.

  Carlo Casini (PPE). - Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signora Commissario, onorevoli colleghi, certamente quest'adesione è il segno di una vocazione dell'Unione europea: la vocazione a difendere e a promuovere i diritti dell'uomo.

Una vocazione che è già iscritta in tutta la sua struttura, che è raccontata dalla sua storia, dalla già avvenuta adesione dei singoli Stati membri alla convenzione del Consiglio d'Europa, dall'affermazione ripetuta che i principi generali della convenzione e quelli delle Costituzioni degli Stati membri fanno parte ormai del diritto europeo. Quindi questo gesto simbolico è estremamente importante.

Ma tradurre in regole giuridiche concrete questo aspetto ideale non è così semplice: questa relazione si riferisce soprattutto e soltanto in definitiva agli aspetti istituzionali ed è una relazione totalmente accettabile. Devo dire che ringrazio anch'io il collega Jáuregui Atondo e devo anche testimoniare che la commissione AFCO – che io presiedo – pressoché all'unanimità ha approvato questo documento. Quindi siamo soddisfatti di questo documento e non mi soffermo sui singoli aspetti perché condividiamo del tutto ciò che è stato già detto dal Presidente del Consiglio e dalla Commissaria.

Mi permetterei un solo suggerimento, siccome è rimasta un po' nel vago l'affermazione della presenza istituzionale dei parlamentari europei all'interno dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa quando si riunisce per eleggere il giudice e i giudici, mi permetterei di dire che c'è il problemino del rapporto tra la popolazione dell'Europa, dell'Unione europea, e la popolazione di altri paesi. Per fortuna peraltro già la norma che disciplina la partecipazione, la rappresentanza nell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dei singoli Stati dice che non possono essere meno di due per Stato e non più di diciotto. Forse diciotto, data l'importanza dell'Unione europea, sarebbe il limite che mi permetterei di suggerire.

Ma devo concludere e allora devo dire che questa risoluzione lascia aperto un problema, che è bene approfondire, ed è il problema già sottolineato più volte del rapporto fra le Corti e però credo che su questo bisognerà ancora riflettere un pochino, ma soprattutto c'è il problema dell'anima europea: noi siamo, noi Unione europea, abbiamo detto all'articolo 2 del trattato di Lisbona che ci fondiamo sulla dignità dell'uomo, i diritti dell'uomo e l'eguaglianza si fondano sulla dignità dell'uomo. Non siamo uniti su questo in Europa, e allora bisogna riflettere bene su questo concetto della dignità umana, sui suoi limiti e sul suo contenuto. Ma non è oggetto di questa risoluzione, di questo rapporto totalmente condivisibile. Grazie al relatore.

  Μαρία-Ελένη Κοππά (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και παραμένει ένθερμος υποστηρικτής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και του ρόλου του στην προάσπιση της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελπίδα όλων μας είναι να αποτελέσει η Διάσκεψη της Καμπάλα, η οποία θα αναθεωρήσει το καταστατικό της Ρώμης, πραγματικό σταθμό για την περαιτέρω εξέλιξη του Δικαστηρίου.

Η διεθνής κοινότητα καλείται να ενισχύσει το κύρος του θεσμού και να εξασφαλίσει την προστασία και περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης. Στα πλαίσια της αναθεωρητικής διαδικασίας, έχουν ήδη παρουσιασθεί διάφορες προτάσεις με αναμφισβήτητα πιο σημαντική αυτή που αφορά το έγκλημα της επίθεσης. Αυτό που προέχει σήμερα, ωστόσο, είναι να γίνει σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να τονίσει πως τα αποτρόπαια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν μπορούν να παραμένουν ατιμώρητα. Αυτό που θέλουμε είναι σαφήνεια δικαίου και συνεργασία από όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη της διεθνούς κοινότητας ώστε να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία μέσα από μία δίκαιη και αμερόληπτη διαδικασία.

Οι εγκληματίες πολέμου πρέπει να είναι απολύτως βέβαιοι ότι θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Είναι αυτή η βεβαιότητα της ποινής που μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή παρόμοιων πράξεων στο μέλλον αλλά και να ανοίξει τον δρόμο για τη συμφιλίωση μετά από βίαιες συγκρούσεις.

Επιβεβαιώνουμε λοιπόν την απόλυτη στήριξή μας στους σκοπούς του Δικαστηρίου και την προσήλωσή μας στα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ευχόμενοι κάθε επιτυχία στην αναθεωρητική Διάσκεψη της Ουγκάντα.

  Filip Kaczmarek (PPE). - Konferencja przeglądowa Międzynarodowego Trybunału Karnego będzie ważną okazją do zaangażowania się państw członkowskich Unii na rzecz kluczowych dla nas wartości. Na szczęście wśród Europejczyków panuje powszechne przekonanie, że największe zbrodnie muszą zostać osądzone, a sprawcy ukarani.

W tym kontekście jest dobrze, że konferencja przeglądowa odbędzie się w Afryce. To kontynent, na którym wiele zbrodni nie zostało jeszcze ukaranych. Trybunał prowadzi obecnie dochodzenia w pięciu krajach afrykańskich. Są to: Kenia, Demokratyczna Republika Konga, Sudan, Uganda i Republika Środkowo-Afrykańska.

Bezkarność tych, którzy popełniają straszne zbrodnie przeciw własnym obywatelom i innym ludziom bez względu na ich obywatelstwo, musi zostać wyeliminowana. Rola Trybunału jest w tej sprawie kluczowa. Gdyby 70 lat temu istniał trybunał, to być może nie doszło by do zbrodni katyńskiej. Już samo istnienie skutecznego trybunału może działać prewencyjnie.

Państwa europejskie powinny wzmacniać trybunał w jego podstawowych zadaniach: dochodzenia i ścigania zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości. Ważne jest, aby kolejne państwa przystępowały do Statutu Rzymskiego, albowiem skuteczność trybunału jest zależna od współpracy między państwami i organizacjami międzynarodowymi. Dlatego wszystkie państwa należące do Statutu Rzymskiego powinny angażować się w taką współpracę, bo inaczej skuteczność ta nie będzie osiągnięta.

  Ana Gomes (S&D). - A Conferência de Campala tem pontos importantes na agenda como o crime de agressão. Mas levar a julgamento o acusado Omar El Bashir é actualmente o passo mais determinante na consolidação da jurisdição universal do TPI.

Foi graças à pressão da União Europeia que o Conselho de Segurança referiu os crimes de Darfur ao TPI. Os mandatos de captura emitidos pelo Tribunal incluem o Chefe de Estado em exercício no Sudão por crimes contra a Humanidade e crimes de guerra.

A União Europeia deve agir em coerência com a avaliação feita pelos seus observadores às eleições no Sudão, que concluíram que elas não corresponderam aos padrões internacionais. Mesmo se Omar El Bashir tivesse sido eleito de forma limpa, a União Europeia deveria sempre exigir a sua entrega à justiça. A União Europeia não pode continuar a dar sinais contraditórios.

É imperativo que o Presidente Omar El Bashir seja entregue ao TPI. Esse será um sinal poderoso para desencorajar outros ditadores de violentar os seus povos. Falhar neste caso terá o efeito oposto.

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Madam President, I will speak on the Union’s accession to the European Convention on Human Rights. I want to underline that I am going to speak as a lawyer.

I would like to draw attention to the role of the Court of Justice in the construction of the European Union’s accession to the European Convention. In particular the requirement in the European Convention on Human Rights that the applicant must exhaust domestic remedies before applying to the European Court of Human Rights must be transposed into a procedure which would give the Court of Justice in every case the opportunity to decide as the last domestic remedy before the Strasbourg Court looks into the matter. I mainly refer to the cases where Member States apply EU law and Member States are sued by individual applicants following the application of that EU law. The Court in Luxembourg must first be given the possibility to apply the Convention in such cases. Let us not forget that the Court in Luxembourg has been applying the Convention for years. In relation to this, I would like to recall the European Court of Human Rights’ finding in the case of Bosphorus Airlines vs. Ireland in 2005. I quote, ‘The protection of fundamental rights by Community law can be considered to be equivalent to that of the Convention system’.

Along with my colleagues, I welcome the Union’s accession to the Convention, but at the same time I ask for a very careful analysis of the procedure we put in place, as we need to protect citizens’ interests and at the same time to preserve what is working well.

  Paulo Rangel (PPE). - Eu gostaria de sublinhar que é com grande, digamos, satisfação que o Partido Popular Europeu e que os deputados portugueses do Partido Popular Europeu vêem iniciar-se este processo de adesão, de aceder, da União Europeia à Convenção Europeia dos Direitos Humanos.

Nós, enfim, um país como Portugal, que esteve sempre na dianteira dos direitos humanos com a abolição da escravatura em Portugal logo em 1761, com o pioneirismo na abolição da pena de morte, só pode estar evidentemente interessado e apoiante deste processo de adesão.

Queria, no entanto, chamar a atenção para que consideramos muito importante que o Parlamento Europeu acompanhe, a par e passo, toda a negociação de adesão da União Europeia à Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Consideramos que esse aspecto do ponto de vista técnico, jurídico e político é fundamental porque o Parlamento é também ele uma casa dos direitos humanos e uma casa onde os direitos humanos têm grande relevância e queria agora só dar a nota de que consideramos muito importante para nós, membros do Parlamento Europeu, que estamos em contacto com muitos Estados fora da União Europeia, é muito importante, é um sinal muito bom que nós damos aos membros do Conselho da Europa (a entrada da União Europeia aos membros do Conselho da Europa) que não são membros da União Europeia.

Trata-se para esses membros do Conselho da Europa de um sinal de reforço, de um empenho da União Europeia na sua situação e nos níveis de democracia e de respeito pelos direitos fundamentais.

  Milan Zver (PPE). - Spoštovani predstavniki Komisije, Sveta, človekove pravice in svoboščine že dolgo niso več zamejene v okvir nacionalne države. Zato je tudi odveč dilema, ali naj ... ta temeljna dilema, ali naj bo Evropska unija temeljila na medvladnem dogovarjanju ali naj postane neka supranacionalna država. Jaz mislim, da je pristop Evropske unije h konvenciji korak naprej k širjenju človekove svobode, svobode posameznika, je neka dodana vrednost in naš cilj mora biti, da ustvarimo v Evropski uniji prostor, kjer bodo standardi človekove svobode najvišji na tem ... v svetu.

Toda ne mislim, da bo zaradi tega pristopa Evropske unije h konvenciji naenkrat v Evropski uniji postalo kraljestvo svobode. Nasprotno, še vedno se bodo človekove pravice in svoboščine kršile, ampak pomembno je, da se sistematično in sistemsko ne ogrožajo.

Moramo okrepiti delovanje sodišč in drugih struktur, razmejiti njihove pristojnosti in s tem tudi končujem.

  Janusz Władysław Zemke (S&D). - Chciałbym nawiązać do tematu dzisiejszych obrad. Warto przypomnieć, że niestety Afryka jest kontynentem, gdzie bardzo często dochodzi do licznych przypadków zbrodni i ludobójstwa. Unia Europejska nie może być bierna w takiej sytuacji. Na szczęście rosnącego znaczenia w działaniach przeciwko zbrodniom nabiera Międzynarodowy Trybunał Karny w Kampali. Zbrodniarze muszą wiedzieć, że nigdy i nigdzie nie będą bezkarni. Należę w związku z tym do tych, którzy zdecydowanie opowiadają się za popieraniem przez Unię działalności tegoż trybunału. Nie sądzę, że możemy dzisiaj mnożyć wątpliwości. Sądzę, że trzeba dyskutować i zastanawiać się nad tym, co robić by trybunał w Kampali działał jeszcze sprawniej i efektywniej.

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Ako už bolo povedané, pristúpenie Únie k dohovoru je predovšetkým symbolickým gestom. Napriek tomu si myslím, že predsa len posilňuje integračný proces a je ďalším krokom k politickému zjednoteniu Európskej únie.

Okrem symboliky má tento právny akt aj praktický význam v politike ľudských práv Európskej únie. Aj po formálnej stránke odstraňuje dvojitý štandard. Únia totiž doteraz nebola právne viazaná dodržiavať ľudské práva. Odteraz budú ale jej zákony podliehať externej súdnej kontrole a tá bude sledovať, či sú v súlade s dohovorom.

Ďalším praktickým prínosom pristúpenia Európskej únie k dohovoru bude záruka ochrany nielen občanom Európskej únie a iným osobám na území Únie, ale aj všetkým jednotlivcom, ktorí spadajú do pôsobnosti Únie mimo jej územia. Mňa osobne teší predstava, že cieľom Únie bude úplné dodržiavanie klauzúl dohovoru v rámci všetkých jej vonkajších vzťahov a aktivít.

Je dôležité, že predkladaná správa upozorňuje na možné technicko-administratívne komplikácie celého procesu a navrhuje, aby bol čo najmenej zložitý. Európska únia ako neštátny člen pristupujúci k dohovoru, ktorý sa koncipoval pre štáty, by mala dbať na to, aby si nenárokovala na nadbytočné zmeny dohovoru a systému jeho súdnictva. Európsky súdny dvor pre ľudské práva je už aj tak dosť vyťažený. Navyše zbytočné komplikácie by mohli ohroziť legitimitu a populárnosť procesu pristúpenia Európskej únie k dohovoru.

  Krisztina Morvai (NI). - Kedves képviselőtársaim! Lassan egy éve vagyok az Európai Parlament képviselője, és kezdem megszokni a megszokhatatlant, hogy minden egyes jelentésnek a vitája ugyanazon forgatókönyv szerint zajlik. A közel 800 képviselő közül itt ül a teremben 20 vagy 30 és vagyunk néhányan, akik még csak nem is kötelezettségünknél fogva vagyunk itt, hanem egyszerűen azért, mert nem pártfegyelem alapján akarunk szavazni, hanem belső meggyőződés és jólinformáltság alapján, ugyanazt tapasztaljuk. Kérdéseket teszünk föl és a kérdésünkre soha nem kapunk választ, legföljebb általánosságokat. Én nagyon kérem az emberi jogokért felelős biztos asszonyt, hogy most az egyszer tegyen kivételt, és adjon pontos választ arra a kérdésemre, hogy mi pluszt jelent, milyen előnyt jelent az európai polgárok szempontjából, hogy csatlakozik az Európai Unió ahhoz az európai emberi jogi egyezményhez, amelynek már minden egyes EU-tagállam részese. Kérem, hogy egyetlen egy példán legyen kedves bemutatni, hogy mi újat fog hozni az emberi jogok védelme szempontjából Európa polgárainak ez a csatlakozás. Előre is hálásan köszönöm, hogy végre egyszer kivételt tesznek a főszabály alól.

  Barbara Matera (PPE). - Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, l'adesione alla Corte europea dei diritti dell'uomo rappresenta un passaggio fondamentale per la crescita dell'Unione: i due sistemi di garanzia si troveranno così a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali degli individui, sia all'interno dei nostri ventisette paesi che all'esterno, se pensiamo a tutti i paesi membri del Consiglio d'Europa. Ecco quindi un'occasione da non perdere e che noi aspettavamo da molti anni.

La dottrina e la giurisprudenza sia della Corte di giustizia che della Corte di Strasburgo, hanno già, da tempo, anticipato questo momento o meglio posto le basi per questo traguardo, perché per me è un traguardo, per tutti noi è un traguardo. Non posso non menzionare quindi l'importanza che l'adesione rappresenta per tutti i cittadini dell'Unione, che potranno così adire la Corte di Strasburgo avverso un'istituzione europea o uno Stato membro, vedendo ancora più ampliata la propria tutela.

Concludo, consapevole che l'autonomia delle due corti resta immutata, così come chiaramente esposto e sancito nella relazione – anzi complimenti al collega per questa relazione – e dalla volontà di tutti quanti noi, salvo ovviamente anche la cooperazione fra le due istituzioni, che rispettano le proprie competenze.

  Íñigo Méndez de Vigo (PPE). - Señora Presidenta, dos precisiones. Primero, los artículos contenidos en la Carta de Derechos Fundamentales que también están en el Convenio Europeo de Derechos Humanos son los mismos y significan lo mismo: artículos 52 y 53 de la Carta; por lo tanto, no hay contradicción alguna.

Segundo, la jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo es supranacional. Por tanto, si alguien quiere acudir a este Tribunal por una decisión de la Unión Europea o de la aplicación del Derecho comunitario, previamente tendrá que acudir al Tribunal de Luxemburgo por la vía prejudicial.

Yo comprendo que los eurófobos quieren votar siempre contra Europa, pero que lean, por lo menos por cortesía parlamentaria, el informe del señor Jáuregui, donde todo está claramente establecido.

  Diego López Garrido, Presidente en ejercicio del Consejo. − Señora Presidenta, en relación con el primer punto sobre el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, quiero reiterar la felicitación a los ponentes, así como a la Comisión por el modo en que, de forma muy rápida, ha presentado el proyecto de mandato para la negociación y, también, saludar la intervención del diputado Andrew Duff, que ha dicho con toda claridad que el Gobierno que se ha establecido en el Reino Unido entre conservadores y liberales es absolutamente favorable a la firma del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte de la Unión Europea y, por tanto, al cumplimiento del Tratado de Lisboa.

Pero ha habido otros compatriotas del señor Duff que han dicho exactamente lo contrario: representantes del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos y el representante del Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia —en este caso, no es británico—, así como la señora Sinclaire y, posteriormente, la señora Morvai, que ha dicho con toda claridad: «¿Para qué necesita firmar el Convenio Europeo de Derechos Humanos la Unión Europea si los Estados miembros ya son parte?».

Pero resulta que los Estados miembros han transferido algunas de sus competencias y poderes a la Unión Europea —no los ejercen esos Estados, los ejerce la Unión Europea— y la Unión Europea podría, teóricamente, vulnerar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Salvo que se considere que la Unión Europea no tiene ningún poder, ninguna competencia en absoluto. Pero es que sí tiene poderes y competencias que han sido transferidos por los Estados. Luego, no basta con que los Estados miembros hayan firmado el Convenio, hace falta que la Unión lo firme también para culminar esa protección de los derechos humanos en el conjunto de la Unión Europea.

Yo no entiendo cómo personas, como los representantes de estos dos Grupos que he señalado y que han mostrado su euroescepticismo evidente, se niegan a que haya un control supranacional sobre la Unión Europea. Es absolutamente contradictorio que alguien que quiere que la Unión Europea esté controlada o considera que todo lo que hace la Unión Europea es malo o que hay unos malditos burócratas que lo hacen todo muy mal se niegue a que haya un control supranacional sobre la Unión Europea. Es algo absolutamente contradictorio. Habrá otras razones que tienen que ver con los derechos humanos o que tienen que ver con que una organización internacional que defiende los derechos humanos es más legítima, es más fuerte, es más sólida. Otras razones, pero no esas que plantean.

Creo que es muy clara la necesidad de esa firma, y además con esta celeridad que ha empezado ya a mostrar la Comisión. Y como ha dicho el señor Méndez de Vigo: la Comisión se ha dado prisa y el Consejo tiene, también, que darse prisa. Habrá —estoy seguro— una aprobación del mandato para empezar la negociación el 4 de junio en la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior en Bruselas y, por tanto, en ese sentido, puede estar tranquilo.

En cuanto al tema de la Corte Penal Internacional, me parece que la Conferencia de Revisión es una reunión muy importante. Es una reunión muy importante en la que la Presidencia —en este caso, yo hablo en nombre de la Presidencia en ejercicio del Consejo— va a estar presente y va a establecer y reafirmar con toda claridad que los Estados miembros tienen que colaborar con la Corte Penal Internacional, que los Estados miembros, naturalmente sobre la base del principio de complementariedad, que es un principio básico del funcionamiento de la Corte Penal, van a trabajar en esa línea.

Coincido con uno de los objetivos importantes de esa Conferencia, que es la introducción del delito de agresión, también con que desaparezca del Estatuto de Roma la posibilidad de dilatar siete años la entrega de posibles o hipotéticos criminales de guerra y también con el hecho de que se debata —es una propuesta que ha hecho Bélgica concretamente—si la utilización de determinadas armas en conflictos puede constituir en sí misma un crimen de guerra.

En todo caso, la Presidencia hará una declaración apoyando a la Corte Penal y hará una evaluación, también, de lo que ha supuesto esta Corte Penal. Además, muchos miembros —imagino— del Parlamento Europeo van a estar en la Conferencia de Kampala en estos debates. Creo que, por tanto, esta es una Conferencia muy relevante, con un gran significado político, simbólico, jurídico y legal; habrá decisiones que afectarán a textos legales.

Y, desde luego, es muy de agradecer que el Parlamento Europeo haya planteado este debate de hoy, que nos ha permitido reafirmar nuestros valores comunes, que nos ha permitido además recordar que, en definitiva, cuando hablamos de la Corte Penal Internacional, estamos hablando de personas que han sufrido las atrocidades que quiere perseguir el Estatuto de Roma y que, en última instancia, se trata de luchar contra la impunidad, dejar claro que en el siglo XXI no existe lugar para la impunidad.

  Viviane Reding, Vice-President of the Commission. − Madam President, the Charter of Fundamental Rights and the Convention on Human Rights are extraordinary texts. They are the basis of the values on which we have been building our society and our European Union. I think they are much too important and much too historical to give way to party political polemics. I must say that I am very proud indeed that, at this moment in the construction of the European Union, we can go ahead by putting the Charter of Fundamental Rights into practice and by acceding to the Convention on Human Rights.

When I hear what your rapporteur, Diego López Garrido, and your co-rapporteurs, Cristian Dan Preda and Kinga Gál, have said in your name in this Parliament, I know that you are also very conscious about the historical task which is now in our hands. The added value of the accession has been very well explained in those texts and in the contributions of many of the Members.

The Member States have all signed up to the Convention but they have also – as the Minister-in-Office of the Council just explained – transferred substantial competences to the European Union. It is therefore normal that the European Union, when it acts as a European Union, will be subject to the same external control of the specialised Court on Human Rights as are the Member States.

To give one very concrete example, there could be a decision of the European Commission against an industry in the area of competition law which could be potentially challenged directly before the Court in Strasbourg, which is something that is difficult to do today. As you have already pointed out, there will be a lot of very concrete examples: concrete examples which will help the citizens because – and this is something new – they will now have a double guarantee. The European Court of Justice in Luxembourg will judge on the basis of the Charter of Fundamental Rights, which by the way is binding for all Member States. That should be clearly stated once and for all.

I cannot understand how somebody who has an elected mandate and has been elected by citizens can call into question the rights of those citizens. It is better for citizens to have twice the rights than to have zero rights. Here we are giving them twice the rights, and that is what Europe is about. Europe is about rights for European citizens and I am very proud that this House is standing for those rights. Yes, we will now have the bills of rights where the citizens will know that they can go to the courts in order to have their rights taken seriously.

The question of whether or not we shall now be part of the Convention on Human Rights is not a question anymore because Article 6 of the Treaty obliges the EU to accede to the European Convention on Human Rights. So I do not think we should discuss this any further because that is simply done.

We should also know that this accession will leave the position of the individual Member States, vis-à-vis the Convention, completely unaffected as long as there is no European law at stake. This will continue to be the case. The individual relationship between a Member State and the Convention will stay exactly the same as it is. Now there will be supplementary guarantees concerning the EU law.

Of course the issue of the risk of conflicting jurisprudence has to be analysed. It is being analysed and I am grateful to the rapporteur who has taken this issue on board. We have so far seen that these conflicts are considered to be minimal because the Convention is already part of the norms which the European Court of Justice in Luxembourg takes into account today and the Convention will operate as a minimum standard. The Commission expects case-law of Strasbourg and of Luxembourg to develop harmoniously and converge in the coming years.

I now move to more specific questions.

On litigation: that is not an issue for the European Court of Human Rights or of the European Court of Justice. For the moment that is an issue for the British system of litigation, and I have already started to discuss this with the British Government to see if they could review this system of litigation, which can, in certain cases, when it comes to the freedom of the press for instance, become very harmful indeed.

The European Parliament has so far, under the leadership of its rapporteurs, done very good work. I count on Parliament to continue to participate in a process which will certainly be a difficult process, a long process, where we have to solve the technical problems – and technical problems can become very political indeed – so I count on Parliament to continue to participate in this very difficult task.

As for relations between the European Parliament and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, I leave that in the hands of Parliament. If you need a helping hand I will be there to help you in that respect, but it is a matter for the parliamentarians themselves to see that they find a common ground and I believe that it should not be that difficult.

Concerning the ICC, this Parliament has already received the Prosecutor Mr Moreno-Ocampo and the President of the Court, Mr Song. I think this was a very strong political signal from the European Parliament that Parliament is taking seriously human rights not only within Europe, but also outside Europe.

We also believe that the Kampala Conference is the most important international conference devoted to international justice in a decade. We have to make it count. There again I count on Parliament also because I know that Members will be present and will be speaking up in Kampala.

We know that the EU has played and will play an important role by integrating the outcomes of the conference into its policies on international justice, on its assistance to third states and, most of all, into all the negotiations which will take place in the coming months and years. In particular, we will continue to support national capacity-building in order to strengthen and enable national jurisdictions to conduct credible and effective national investigations and trials of Rome Statute crimes.

Our policy in this respect remains unchanged and undiminished, but we now have a new tool, and the new tool is the Lisbon Treaty, which gives us a new capacity to be more consistent and more effective in our support to the Court. In line with the encouragement by Parliament and expressed in the resolution and during the debate, the High Representative/Vice-President and her services will continue resolutely to promote universal accession to the Rome Statute. We will do that systematically in all our discussions with partners outside of Europe.

There were two very specific questions which I would like to answer briefly.

The first was whether an arrest warrant against President al-Bashir is a part of the solution or part of the problem. The Commission clearly sees this as part of a long-term solution because this arrest warrant shows that, with the establishment of the Court, justice has become imminent. Whoever the person is, even if this person is a Head of State, and even if this arrest warrant is not immediately enforced it will not disappear because the ICC is a permanent court, so let me assure you that the EU will continue to call on Sudan to cooperate fully with the Court.

On the question of whether the Commission will present amendments in the Kampala meeting, here the answer is ‘no’ because the EU, as such, is not a party – it is the Member States who will negotiate the amendments. However, the Commission will play an active role in the stock-taking part of the conference, and we count fully on the Spanish Presidency to lead the European nations so that their voice will make a big difference in this conference.

  Ramón Jáuregui Atondo, Ponente. − Señora Presidenta, quería expresar mi agradecimiento a todos los que han intervenido, porque todos ellos, en su gran mayoría, casi por unanimidad, han manifestado una posición muy favorable al Acuerdo de adhesión que vamos a votar mañana.

Quiero agradecer especialmente a la señora Reding que nos dé la oportunidad de seguir trabajando juntos puesto que, efectivamente, viene una negociación muy compleja y creo que este Parlamento tiene que estar muy cerca de esa negociación.

Me gustaría responder a algunas preguntas y hacer algunas precisiones muy rápidamente. La adhesión no es un acto simbólico, Señorías: tiene valor jurídico. Se preguntan algunos para qué sirve, qué añade. Voy a ponerles un ejemplo.

Pongamos que un concurso de funcionarios de la Unión Europea discrimina a los abogados de Hungría, pongamos por caso, por alguna razón técnica o por lo que fuera. ¿A dónde recurren los abogados de Hungría? Al Tribunal de Justicia. ¿Qué añade la adhesión? La posibilidad de que esos abogados puedan recurrir, si su derecho a la igualdad no ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia, al Tribunal de Estrasburgo. Es un nuevo tribunal, es una nueva oportunidad para garantizar derechos humanos fundamentales, por ejemplo, el de la igualdad. Por tanto, queda clara la aportación no simbólica, sino jurídica, de este hecho.

Dos precisiones, Señorías. Los miembros del Parlamento han expresado su deseo de que la negociación no se limite a la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, sino que se incorporen los protocolos que dicho Convenio ha ido construyendo a lo largo de los años, especialmente los que se refieren a los derechos reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales, puesto que esto dará, efectivamente, una equivalencia entre ambos documentos.

Y, por último, se reclama también por parte del Parlamento la adhesión a organismos e instancias del Convenio y del Consejo de Europa, porque esto permitirá un reconocimiento del sistema universal de protección de los derechos humanos, incluida la Carta Social Europea de Turín.

  Presidente. − Comunico di aver ricevuto una proposta di risoluzione⁽¹⁾ a conclusione della discussione.

La discussione congiunta è chiusa.

La votazione si svolgerà mercoledì 19 maggio 2010.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. – Intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona creează cadrul juridic pentru aderarea Uniunii Europene la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), UE devenind astfel cea de-a 48-a parte semnatară la Convenţie. Aderarea UE la CEDO va completa nivelul de protecţie instituit de Tratatul de la Lisabona prin Carta drepturilor fundamentale care are forţă juridică obligatorie.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg va dobândi competenţa de a exercita un control judiciar asupra actelor instituţiilor, organismelor şi agenţiilor UE inclusiv asupra hotărârilor Curţii Europene de Justiţie, în privinţa respectării Convenţiei, creându-se în acest fel un control judiciar suplimentar în domeniul drepturilor fundamentale în cadrul UE. În urma aderării Convenţia va constitui standardul minim de protecţie a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în Europa şi se va aplica în mod obligatoriu în special în situaţiile în care protecţia acordată de UE este inferioară celei oferite în cadrul Convenţiei.

Consider că atât statele membre cât şi Comisia vor trebui să elaboreze programe de informare care să conţină explicaţii referitoare la toate implicaţiile şi efectele aderării pentru ca cetăţenii Uniunii să fie pe deplin conştienţi de semnificaţia acestui proces.

  Corina Creţu (S&D), în scris. – Aderarea Uniunii Europene la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale este un pas logic în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi stimulează aprofundarea integrării şi construirii unui spaţiu politic comun. Aderarea UE la CEDO va introduce mai multă coerenţă între Uniune şi ţările care aparţin Consiliului Europei şi sistemul său paneuropean în materie de drepturile omului.

Din punctul meu de vedere, cea mai importantă consecinţă a aderării la CEDO este că va asigura cetăţenilor o protecţie faţă de acţiunile Uniunii, similară cu aceea de care beneficiază faţă de acţiunile tuturor statelor membre. Este o evoluţie de substanţă, având în vedere că statele membre au transferat Uniunii competenţe importante. Este logic să existe posibilitatea apelului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în legătură cu decizii ale Uniunii, în ansamblul său. De vreme ce vorbim despre cetăţenie europeană, trebuie să i se dea acesteia şi un conţinut concret, inclusiv prin această posibilitate.

Sper ca acest instrument suplimentar pus la îndemâna cetăţenilor europeni să poată fi accesat fără complicaţii, mai ales că decizia de aderare va contribui la crearea unui cadru mai coerent în materie de drepturi ale omului în interiorul Uniunii Europene.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. – W związku z mającymi się niedługo rozpocząć negocjacjami w sprawie przystąpienia Unii do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i podstawowych wolności, chciałabym zwrócić uwagę na aspekt dotyczący stosunków zewnętrznych. Jest to dziedzina, która w sposób szczególny zostanie naznaczona akcesją Unii do Konwencji. Dlaczego? Po pierwsze, pozwolę sobie przypomnieć, że zgodnie z Traktatem z Lizbony Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma bardzo ograniczone kompetencje w dziedzinie polityki zagranicznej. Przystąpienie do Konwencji zrekompensuje częściowo te ograniczenia poprzez zapewnienie zewnętrznej kontroli sądowej wszystkich aspektów działalności Unii. Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zyska prawo do oceniania tego, jak Unia przestrzega praw podstawowych we wszystkich dziedzinach wchodzących w zakres jej działań, a więc również w polityce zagranicznej. Po drugie, nie trzeba przypominać jak często dyskurs na temat konieczności przestrzegania praw człowieka pojawia się w stosunkach Unii z państwami trzecimi, również na forum PE. Przystąpienie do Konwencji nada więc Unii wiarygodności w dialogu o prawach człowieka z krajami trzecimi. Niewątpliwie, poddając się kontroli Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Unia ma szanse wzmocnić aspekt dotyczący praw człowieka w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, a tym samym bardziej skutecznie promować tę ideę na świecie... o ile sama poważnie potraktuje swoje zobowiązania. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie.

  Jarosław Kalinowski (PPE). - Przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności to z pewnością krok w dobrym kierunku na drodze do zapewnienia naszym obywatelom równych i sprawiedliwych przywilejów. Musimy zadbać o to, aby we wszystkich Państwach Członkowskich przestrzegano jej zasad. Poprawi to także spójność legislacyjną pomiędzy Wspólnotą a krajami Rady Europy oraz zwiększy ilość instytucji, do których będą mogli odwoływać się obywatele w przypadku naruszenia ich praw. Podniesie także znaczenie i wiarygodność licznych inicjatyw Parlamentu Europejskiego w zakresie obrony podstawowych wolności, jakie przysługują każdemu człowiekowi. Nie zapominajmy jednak, iż obok stania na straży szanowania praw mieszkańców krajów trzecich, Unia powinna najpierw dopilnować, aby nie dochodziło do ich łamania w Państwach Członkowskich.

  Alexander Mirsky (S&D), rakstiski. – Eiropas Savienībā ir valsts, kurā gandrīz 20 gadus tiek pārkāptas aptuveni 20% iedzīvotāju cilvēktiesības un pamatbrīvības. Neskatoties uz šo faktu, Latvija 2004. gadā tika pieņemta Eiropas Savienībā. Laikā, kad tika vestas sarunas par Latvijas pievienošanos ES, Latvijas valdība apsolīja toreizējam ES paplašināšanās Komisāram Ginteram Verhoigenam atrisināt nepilsoņu problēmu, bet līdz šīm brīdim, neskatoties uz solījumiem, jautājums nav atrisināts. Rezultātā ES teritorijā dzīvo aptuveni 340 000 nepilsoņu. Latvijā tie ir otrās šķiras cilvēki, viņi nedrīkst strādāt valsts sektorā, ieņemt valsts amatus pat rajonos, kur dzīvo vairāk, nekā 60 % nepilsoņu. Latvijā ir pilsēta Daugavpils, kur dzīvo vairāk, nekā 90 % krieviski runājošo iedzīvotāju. Neskatoties uz šo faktu, pilsētā ir aizliegts oficiāli lietot krievu valodu, un 30 % iedzīvotājiem nav tiesību balsot pašvaldību vēlēšanās. Pašvaldību deputātiem, ievēlētiem krieviski runājošajā pilsētā, ir aizliegts lietot dzimto valodu sanāksmēs. Jocīgi, bet līdz šīm brīdim Eiropas Komisija neatrada nepieciešamos argumentus un laiku ietekmēt Latvijas valdību, lai novērstu diskrimināciju pēc valodas principa. Ir nepieciešams nekavējoties izveidot darba grupu situācijas izmeklēšanai Latvijā, savādāk es nesaredzu jēgu ES pievienošanai Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai. Ir skaidri un viennozīmīgi jāpaziņo, ka ES teritorijā ir valsts, kur ciniski daudzu gadu garumā tiek pārkāptas vairāk, nekā 25 % iedzīvotāju tiesības.

  Rafał Trzaskowski (PPE), na piśmie. – Kiedy mówimy o przystąpieniu Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw człowieka, to mówimy o już dziesięcioletniej pracy i o wielu obawach dotyczących m.in. konkurencji pomiędzy ETS a Trybunałem Praw Człowieka. Z całą pewnością dojdzie do problemów w zakresie orzecznictwa i autonomii ETS. Myślę jednak, że to co udało się osiągnąć po tych 10 latach może oznaczać komplementarność obu tych systemów, odejdźmy więc może od tak hierarchicznego myślenia. ETS już od dawna śledzi prace Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i na odwrót. Oba te systemy współistnieją i nie ma między nimi konkurencji, może wic te obawy są nieuzasadnione. Potrzebujemy przystąpienia do Konwencji ze względów symbolicznych, ale przede wszystkim, potrzebujemy Konwencji, ponieważ uzupełni ona system ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej i nada mu więcej wiarygodności w oczach jej obywateli. Zyskają oni bowiem ochronę przed Unią Europejską i jej instytucjami, a nie tylko państwami członkowskimi, jak do tej pory. Tak, więc cieszmy się, że system ten zostanie wzmocniony. Potrzebujemy jednak pewnej lojalności, by nie podważać wiarygodności tego systemu. Dlatego postulujemy, by państwa członkowskie nie oskarżały się nawzajem, gdy w grę wchodzi prawo unijnem, korzystając z możliwości, którą nadaje im Konwencja.

(1) Vedasi processo verbale.