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Procedimiento : 2010/2767(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

RC-B7-0414/2010

Debates :

PV 08/07/2010 - 11.2
CRE 08/07/2010 - 11.2

Votaciones :

PV 08/07/2010 - 12.2

Textos aprobados :

P7_TA(2010)0289

Acta literal de los debates
Jueves 8 de julio de 2010 - Estrasburgo Edición DO

11.2. Venezuela, en particular el caso de María Lourdes Afiuni
Vídeo de las intervenciones
PV
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  Presidenta. − El siguiente punto del orden del día es el debate sobre siete propuestas de resolución sobre Venezuela, en particular el caso de María Lourdes Afiuni(1).

 
  
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  Santiago Fisas Ayxela, Autor. − Señora Presidenta, la juez Afiuni puso en libertad condicional a Eligio Cedeño, de acuerdo con la ley de Venezuela y siguiendo la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. Por esa razón, ha sido encarcelada en una prisión de máxima seguridad, en condiciones que ponen en peligro su vida. El Presidente Chávez ha pedido públicamente al fiscal que solicite la pena máxima y, a la Asamblea Nacional, que apruebe una ley para agravar su sentencia con efecto retroactivo.

Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han mostrado su gran preocupación.

Este no es un caso aislado, Señorías. Al contrario, demuestra la deriva autocrática y autoritaria de un régimen que, bajo la apariencia de elecciones democráticas, cierra los medios de comunicación adversos, ordena confiscaciones y arresta a los adversarios políticos, contraviniendo el respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho.

Por todo ello, pedimos la puesta en libertad inmediata de la juez Afiuni.

 
  
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  Renate Weber, autora. − Señora Presidenta, una vez más estamos debatiendo en este Parlamento la situación de Venezuela ―no porque queramos, sino porque debemos―.

Las cosas no han mejorado desde nuestra última resolución; más bien, al contrario. La misma idea del Estado de Derecho ahora está desapareciendo con toda la presión que se ejerce sobre los jueces y el poder judicial, y esto afecta al ejercicio de un gran número de derechos humanos, desde la libertad de expresión —especialmente la libertad de los medios de comunicación— hasta la propiedad privada.

El artículo 26 de la Constitución de Venezuela es muy claro, ya que afirma que el poder judicial es independiente y el Presidente es el encargado de garantizar esta independencia. Sin embargo, el Presidente Hugo Chávez está, cada vez más, dictando a través de sus discursos públicos a los fiscales y los jueces cómo deben actuar y decidir.

Algunos jueces se han convertido en víctimas de dicho comportamiento presidencial. Algunos han sido destituidos de su cargo, otros han abandonado el país. El caso de la jueza María Lourdes Afiuni es simplemente el más reciente y el más destacado en el sentido de que una jueza ha sido encarcelada y acusada por una decisión que tomó. ¿Cómo podrían los jueces encargados de su caso actuar de forma independiente cuando el Presidente del país, en vez de esperar al juicio y al análisis de las pruebas por parte del poder judicial, hace referencia públicamente a la jueza Afiuni como una bandida y solicita la pena máxima?

María Lourdes Afiuni ha pasado los últimos siete meses en un lugar en el que su integridad física e incluso su vida corren peligro. Está en la cárcel con más de 20 presas a las que ella ha condenado a lo largo de los años por delitos muy graves. No cabe duda de que esta medida se tomó para humillarla y asustarla.

Puesto que no espero mucho de los tribunales de Venezuela, me atrevo a pedirle al Presidente Chávez que la deje en libertad.

(ES) Presidente Chávez, la jueza Afiuni ha de recuperar inmediatamente su libertad. Ha de tener un proceso justo sin dilaciones con todas las garantías necesarias para que pueda defenderse de las acusaciones de la fiscalía. Esto sería, por su parte, no solamente justo, sino también todo un gesto humanitario.

 
  
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  Véronique De Keyser, autora. (FR) Señora Presidenta, en el caso de María Lourdes Afiuni de Venezuela, ¿se trata de un problema de lucha contra la corrupción, que es la versión oficial, o de persecución de un oponente político, que es la versión del New York Times denunciada por su corresponsal, Simon Romero?

La pregunta sin duda merece ser formulada, ya que ambas combinaciones son comunes en los regímenes extremistas. No obstante, mi grupo ha retirado su firma del compromiso y está preparado para presentar una resolución por su cuenta. Creo que ustedes querían exagerarlo, Señorías, y yo no quiero usar este caso, que creo que debe ser aclarado, para criticar a todo el régimen venezolano, que es lo que ustedes pretenden hacer.

¿Cuál es el asunto en cuestión? Utilizando un procedimiento excepcional, la jueza Afiuni concedió la libertad a un banquero acusado de robar 72 millones de dólares estadounidenses de una agencia estatal mediante el uso de un contrato de importación falso. Ella fue detenida y retenida tras dicha liberación. Es cierto que las condiciones de su encarcelamiento son absolutamente terribles, como las de todas las cárceles de Venezuela. Sin embargo, aquí no estamos manteniendo un debate urgente sobre las cárceles. Por tanto, esto no convierte a la jueza en una activista en pro de los derechos humanos —ella nunca se ha pronunciado en este sentido—.

Al igual que ustedes, exijo un juicio justo y rápido con todas las garantías asociadas de defensa, la continuación de la lucha contra la corrupción que existe dentro del aparato judicial y la separación rigurosa de la política y el poder judicial. Estoy de acuerdo con ustedes en eso, pero no en el resto.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda, Autor. − Señora Presidenta, yo estoy también en la línea de la señora De Keyser. Cuando hace unos días se nos pidió que debatiéramos este asunto como un caso urgente, yo manifesté que el caso específico de la señora Afiuni merecía atención. Quizás, no en forma de una resolución de urgencia. Quizás, en forma de una carta que pudiéramos firmar diferentes diputados y diputadas mostrando nuestra preocupación y mostrando la petición que hacíamos o que deberíamos hacer y que seguimos teniendo que hacer al Presidente venezolano para que se cumplan las garantías judiciales de cualquier proceso, también en el caso de la jueza Afiuni.

Esta fue la intención, y con esa intención ha presentado también nuestro grupo una propuesta de resolución en la que hemos planteado algunos puntos coincidentes con algunas de las opiniones que se han expresado y que creo que es importante recordar.

Sin embargo, lo que nos hemos encontrado en este proceso es que, más que una resolución sobre un caso específico de violación de los derechos humanos, o la situación particular que vive la jueza en estos momentos, ha habido más bien un alegato desde el punto de vista de la oposición venezolana.

A nadie se le escapa que tenemos unas elecciones dentro de muy poco. Y a nadie se le escapa que esta resolución va a ser utilizada políticamente, ¡políticamente!, en Venezuela.

Yo tengo muy claras mis no afinidades o simpatías políticas hacia el señor Chávez. Totalmente. Pero tampoco quiero que este Parlamento sea utilizado para hacer campaña para la oposición, que, en estos momentos, está utilizando un caso particular para desprestigiar toda una política, con la que se puede estar más o menos de acuerdo, pero que, en todo caso, se tiene que debatir políticamente. Y este no es, precisamente, el debate que estamos teniendo hoy, que hubiera tenido que tener lugar en otro contexto, pero no hoy, ni aquí, ni ahora.

La resolución sobre casos de violación de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho tiene un mandato muy específico y una finalidad muy específica y ustedes ya llevan mucho tiempo utilizando este espacio para hacer otras cosas que no tienen nada que ver con las denuncias propias y específicas de violaciones de los derechos humanos. Y esto me parece que hace tiempo que merece una reflexión de toda la Cámara, de todos los grupos y, especialmente, por el bien de los derechos humanos.

 
  
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  Charles Tannock, autor. − Señora Presidenta, la absoluta demagogia del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, parece no conocer límite. Ahora se ha fijado como objetivo la independencia del poder judicial como el próximo obstáculo para hacerse con el poder absoluto. La detención y el encarcelamiento de la jueza María Lourdes Afiuni Mora representan su intento más osado y descarado de silenciar la disconformidad y socavar la separación de poderes del Estado de Derecho.

No alcanzo a ver cómo espera esta jueza tener un juicio justo. Chávez ya la ha tachado de bandida, la ha acusado de dejarse sobornar y ha dicho que debería pasar 30 años en la cárcel. También ha dicho que Simón Bolívar habría ordenado que le pegaran un tiro, una afirmación extremadamente incendiaria en el régimen cada vez más dictatorial de Chávez y, desde mi punto de vista, una peligrosa incitación a la violencia.

Sin embargo, Chávez se sale con la suya con este comportamiento principalmente porque sigue siendo un crítico histérico de los Estados Unidos y, como tal, es popular entre muchos simpatizantes de la izquierda en Europa y en esta Cámara. Esta paradoja sigue minando los esfuerzos colectivos de la UE de sacar a la luz la alarmante tendencia al totalitarismo de Venezuela.

(Aplausos)

 
  
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  Bernd Posselt (PPE). - (DE) (Pregunta formulada al señor Romeva i iRueda con arreglo a la «tarjeta azul» en virtud del apartado 8 del artículo 149 del Reglamento) Señora Presidenta, quisiera preguntarle al señor Romeva si sabe que el Reglamento de Procedimiento no sólo menciona los derechos humanos, sino también que la democracia y el Estado de Derecho son también objeto de este debate. Además, ¿sabe que el señor Chávez representa un peligro para la democracia y el Estado de Derecho?

 
  
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  Raül Romeva i Rueda, Autor. − Señor Posselt, es una cuestión de prioridades. Hace dos meses debatimos precisamente esta cuestión aquí, con ocasión de una resolución de urgencia sobre Venezuela. Lo que estoy diciendo precisamente es que tengamos claro qué es importante y cuáles son las prioridades. Y si en la Comisión AFET tenemos que hacer un debate sobre Venezuela, hagámoslo, pero no utilicemos esta sesión para hacer cosas que no tienen que ver con la denuncia fundamental, concreta y puntual de la violación de los derechos humanos.

 
  
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  Joe Higgins, author. − Señora Presidenta, esta resolución, que pretende ser sobre los derechos humanos en Venezuela, revela una gran hipocresía por parte de los partidos de la derecha de este Parlamento. La verdadera prioridad para ellos no es defender los derechos humanos sino, de hecho, anticipar el derrocamiento del Gobierno de Hugo Chávez en Venezuela y socorrer a la oposición derechista en favor de las grandes empresas de Venezuela, que sigue controlando una gran parte de los medios de comunicación y la industria de capital privado y las tierras, e incluye a los que intentaron dar un golpe abierto hace menos de 10 años.

El Gobierno de Chávez ha llevado a cabo algunas medidas progresistas, que han mejorado las vidas de las secciones más empobrecidas de la sociedad, pero eso ha supuesto que Chávez se opusiera a las políticas económicas neoliberales que la Unión Europea y los Estados Unidos han estado imponiendo en muchos países de América Latina: políticas como la desregulación, la liberalización y la privatización de sus economías que benefician ante todo a las principales empresas transnacionales con sede en la UE y los Estados Unidos. Por eso estamos presenciando esta campaña de vilipendio.

Exijo que la jueza Afiuni y todos los presos de Venezuela sean tratados con dignidad y se les proporcione un juicio sumamente justo. Yo y mis colegas socialistas de Venezuela, por ejemplo, el Socialismo Revolucionario, no estamos de acuerdo con algunos aspectos de las políticas de Chávez: la tendencia cada vez mayor hacia la burocratización y la tendencia de tipo estalinista a tratar de abusar y desacreditar a la oposición que proviene de la izquierda de Venezuela y del movimiento obrero. Queremos ver que los principales recursos de Venezuela sean públicos pero bajo un auténtico régimen de control y gestión democrática de los trabajadores que tenga como base la riqueza y los servicios suficientes para transformar las vidas de la gran mayoría del pueblo de Venezuela, al poner fin a problemas terribles como la pobreza y el crimen, pero también al proporcionar derechos sociales y humanos a todos.

 
  
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  Bogusław Sonik, en nombre del Grupo PPE.(PL) Señora Presidenta, en esta Cámara, a menudo nosotros mismos nos hacemos una pregunta que también se nos plantea en nuestras circunscripciones: ¿cómo de efectivo es su trabajo en el área de protección de los derechos humanos? Escuchando al diputado comunista que dice que los discursos pronunciados aquí podrían tener como consecuencia el derrocamiento de un régimen, me pongo contento, y de hecho me gustaría que los regímenes dictatoriales de Belarús, Zimbabue y de cualquier parte donde sufra la gente bajo tales regímenes cayeran por lo que se dice en esta Cámara.

También me llena de tristeza la actitud de la señora De Keyser y el señor Romeva i Rueda. Hace dos meses ustedes dijeron los mismo —que este no es ni el foro ni el momento adecuado para hablar sobre Venezuela—. Sin embargo, este es el momento y es el lugar, y deberíamos proteger a esas personas sin reparar en nuestras distintas tendencias políticas. El Presidente Chávez y el aparato que controla cometen continuamente numerosos actos de persecución política y acoso hacia representantes de la oposición democrática. En este contexto, exijo la liberación de la jueza Afiuni y apelo a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad para que envíe —ya termino— una petición a las autoridades venezolanas expresando los temores de la Unión Europea en relación con las violaciones de los derechos humanos, los principios democráticos y la ley y el orden en Venezuela.

 
  
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  Anneli Jäätteenmäki, en nombre del Grupo ALDE. – Señora Presidenta, me alegro de que el Parlamento Europeo haya incluido el caso de la jueza Afiuni en su orden del día y esté alzando su voz ante las violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en Venezuela.

Es más, insto al Gobierno de Venezuela a que respete al pueblo de Venezuela, así como la carta de los derechos humanos internacionales y tome medidas de verdad para establecer una verdadera democracia en la que los derechos humanos y el Estado de Derecho sean respetados ahora y en el futuro.

El caso de la jueza Afiuni es un triste recuerdo de la actitud negativa de Venezuela hacia los derechos humanos. El encarcelamiento de la jueza Afiuni constituye una violación de sus derechos personales básicos y una amenaza muy grave a la independencia del poder judicial.

 
  
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  Eija-Riitta Korhola (PPE). - (FI) Señora Presidenta, hemos debatido aquí sobre el continuado desgaste de la democracia en Venezuela en una ocasión anterior hace seis meses. Hay un cambio visible y especialmente alarmante que son los ataques del gobierno a la prensa y a la libertad en Internet, y el cierre de periódicos, emisoras de radio, sitios web y canales de televisión. Seguramente nosotros no conozcamos todos los hechos, pero al mismo tiempo tenemos que estudiar los problemas y los principios asociados a la situación. En su persecución abierta contra Afiuni, el Presidente Chávez ha asumido el papel de atacar a la independencia del poder judicial, aunque él debería ser su principal defensor.

La separación de poderes es la base de la democracia y del Estado constitucional, y la libertad de los medios de comunicación es esencial para la democracia y el respeto de las libertades fundamentales. La expresión libre y pública de las opiniones y las ideas es garantía de participación en el proceso democrático y hace posible que se celebren elecciones libres y justas, y que haya buena gobernanza. Con suerte, no habrá nadie aquí que discuta eso.

 
  
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  Monica Luisa Macovei (PPE). - Señora Presidenta, la democracia en Venezuela corre peligro y me gustaría añadir otro caso que está relacionado con la limitación por parte del gobierno de la libertad de expresión y su control de la sociedad civil.

Una situación reciente que ha tenido consecuencias en toda la región es el intento de Venezuela en junio de 2010 de modificar una propuesta de resolución relativa a la participación de la sociedad civil en la Organización de Estados Americanos. Venezuela quería que la participación de la sociedad civil estuviera sujeta a la legislación nacional. Hay un precedente muy malo. Una cláusula similar de la Convención Interamericana contra la corrupción fue utilizada por Venezuela para impedir que las ONG informaran sobre la corrupción en ese país.

La Comisión y el Consejo deben apoyar firme y abiertamente a la sociedad civil de Venezuela y vigilar de cerca las próximas elecciones parlamentarias. La legitimidad del próximo parlamento es crucial en estos tiempos de deterioro de la democracia. Por último, quisiera unirme a las exigencias de liberación de la jueza.

 
  
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  Corina Creţu (S&D).(RO) Quisiera insistir en que la protección de los derechos humanos siempre ha sido y sigue siendo una prioridad para nosotros. Por eso es natural que nos preocupemos por las condiciones en las que se están llevando a cabo esos juicios y por el régimen de encarcelamiento.

Creo que debemos garantizar que el juicio sea justo y transparente, y cumpla con las normas fundamentales del Estado de Derecho. No obstante, por la misma razón, no creo que sea adecuado que utilicemos estos casos, con los que no siempre estamos familiarizados, como pretexto de lucha política interna.

 
  
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  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Estoy indignado ante la forma en que el Presidente Chávez está gobernando en Venezuela. Su estilo de base izquierdista recuerda a los peores gobiernos comunistas de Europa Central y Oriental del periodo anterior a la caída del muro de Berlín.

María Lourdes Afiuni ha sido encarcelada injustamente y sus derechos básicos han sido violados, al igual que su libertad para tomar decisiones como jueza. Queda claro en este caso que el poder judicial no es independiente y que Venezuela y Chávez ponen en ridículo la democracia.

 
  
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  Gabriel Mato Adrover (PPE). – Señora Presidenta, no es la primera vez que intervengo en relación con Venezuela y la vulneración de derechos que en este hermoso país se produce. Y me temo que no será la última.

En mi anterior intervención me referí a periodistas. Hoy, a jueces, como la juez Afiuni, y siempre a ciudadanos, que, como los miles de canarios que allí viven, tan solo quieren vivir en paz y en libertad; ciudadanos que aspiran a conservar sus tierras y sus cuentas sin la permanente incertidumbre del «qué pasará mañana».

Venezuela ha sido para muchos una tierra de acogida. Hoy, desgraciadamente, es un país en el que la libertad de expresión y otras libertades y derechos son recuerdos del pasado. Y aquí, hoy, estamos hablando de derechos humanos y de quienes los vulneran. Vaya, desde aquí, nuestro apoyo para la juez Afiuni y para todos los que viven en Venezuela, y nuestra esperanza de que el régimen de libertades vuelva a ser una realidad.

 
  
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  Kristalina Georgieva, Miembro de la Comisión. − Señora Presidenta, la UE está siguiendo de cerca la situación de Venezuela. En este sentido, me gustaría señalar que compartimos las preocupaciones que se han expresado aquí sobre las circunstancias de la detención y el encarcelamiento de la jueza María Lourdes Afiuni y las posteriores declaraciones con respecto a su detención hechas por las autoridades venezolanas.

Es importante señalar que el Relator especial de la Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y los abogados y el Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria calificaron la detención de la jueza María Lourdes Afiuni de golpe sumamente perturbador a la independencia judicial. Los expertos de las Naciones Unidas han ido más allá al declarar que las represalias por ejercer sus funciones garantizadas por la constitución y crear un clima de miedo entre el poder judicial y el cuerpo de abogados no servía sino para minar el Estado de Derecho y obstruir la justicia, alegando que la liberación inmediata e incondicional de la jueza Afiuni es imperativa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos promulgó una medida de protección a favor de la jueza María Lourdes Afiuni, haciendo hincapié en la responsabilidad de proteger su vida y su integridad física, y también de trasladarla a un lugar seguro. Aunque las autoridades venezolanas informaron de que se encontraba separada del resto de presos generales, como se ha mencionado aquí, ella sigue estando entre rejas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, entre cuyas internas podría haber mujeres que ella ha condenado.

En el contexto de nuestro diálogo con las autoridades venezolanas, siempre hemos destacado la importancia de respetar plenamente las obligaciones y los compromisos internacionales sobre los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, el respeto del Estado de Derecho y, especialmente, el respeto de la independencia judicial. Estas cuestiones se han planteado firmemente en el contexto de nuestro diálogo con las autoridades venezolanas y, mientras las autoridades han estado alegando que este encarcelamiento cumple con la legislación venezolana, nosotros hemos considerado que se trata de un problema, basándonos en la opinión de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en nuestra propia opinión, que nos preocupa muchísimo.

Estamos siguiendo la tendencia del resurgimiento de la polarización política en el país con preocupación. Las elecciones legislativas de septiembre son consideradas por la mayoría como un hito para el futuro del país y ahora es oportuno que la UE subraye la importancia de que estas elecciones se celebren en un ambiente pacífico, transparente y completamente democrático. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para insistir en que la UE anima a todos los actores a involucrarse en el proceso electoral con un espíritu de tolerancia, civismo y respeto por el pluralismo de opiniones.

Seguiremos de cerca los avances de Venezuela en el contexto y sobre la base del fundamento de nuestro compromiso de apoyar y reforzar la democracia y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el mundo, también en Venezuela.

(Aplausos)

 
  
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  Presidenta. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar en breve.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

 
  
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  Cristian Dan Preda (PPE), por escrito.(RO) El caso de María Lourdes Afiuni resulta absolutamente espantoso para todo aquel que defienda los valores democráticos. Hace hincapié en el hecho de que el Estado de Derecho no es más que un concepto sin sentido en Venezuela. La politización del sistema judicial ha aumentado desde que Hugo Chávez llegó al poder. Las autoridades judiciales normalmente no se atreven a hablar mal del gobierno. Cuando se da el caso, las consecuencias son drásticas. Es inaceptable que un juez que sólo hace su deber para garantizar a los ciudadanos sus derechos fundamentales pueda ser objeto de tales represalias. El Gobierno de Venezuela debe liberar a la jueza Afiuni inmediatamente y poner fin a sus ataques a la independencia del poder judicial.

Al mismo tiempo, debemos poner este caso en el contexto de las elecciones parlamentarias de septiembre. La práctica de criminalizar las acciones de quienes critican al gobierno debe terminar, al igual que todos los intentos de restringir la libertad de expresión y la prensa. La tendencia autoritaria del régimen de Chávez es extremadamente preocupante y creo que no debemos tener miedo a decirlo.

 
  

(1) Véase el Acta.

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