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Procedimiento : 2009/0188(NLE)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

A7-0209/2010

Debates :

Votaciones :

PV 07/09/2010 - 6.7
CRE 07/09/2010 - 6.7
Explicaciones de voto
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P7_TA(2010)0297

Acta literal de los debates
Martes 7 de septiembre de 2010 - Estrasburgo Edición DO

7. Explicaciones de voto
Vídeo de las intervenciones
PV
  

Explicaciones orales de voto

 
  
  

Informe: Kurt Lechner (A7-0218/2010)

 
  
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  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Muchas gracias, señor Presidente, pedí una explicación de voto sobre el informe de propia iniciativa del señor Lechner porque creo que es de suma importancia y supongo que lo siguiente será una explicación de voto sobre el informe Lechner, puesto que usted se ha dirigido a mí. Muchas gracias.

Señorías, en pocas palabras: el informe de propia iniciativa del señor Lechner que anoche debatimos aquí es, en mi opinión, sumamente importante. Este informe propone una interconexión de los registros mercantiles o registros similares de personas físicas y jurídicas en los distintos Estados miembros, con el fin de ofrecer una fuente de información fiable y digna de confianza sobre las partes para posibles socios comerciales, consumidores y acreedores, logrando así transparencia y seguridad jurídica en las relaciones jurídicas y comerciales.

Un prerrequisito para el funcionamiento del mercado único es la creación de un conjunto básico de datos sobre toda entidad registrada y, por tanto, también la interconexión de los registros mercantiles. También he apoyado este informe porque propone la integración del sistema de los registros mercantiles europeos en el llamado proyecto e-Justicia, que garantizará una mejor aplicación de esta medida.

 
  
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  Daniel Hannan (ECR). – Señor Presidente, estoy seguro de que ustedes recordarán la maravillosa escena de la película Doctor Zhivago, donde la burguesía y los aristócratas disfrutan de champán a la luz cálida de un restaurante, mientras en el exterior, entre la oscuridad circundante, puede verse el alboroto que forma la gente. Escuchando nuestro debate de esta mañana, me vino a la cabeza ese momento cinematográfico y no fue la primera vez.

Acabamos de tener un sondeo del Eurobarómetro que demuestra que esa confianza en la UE se sitúa en unos mínimos históricos. Actualmente tan solo una minoría de los ciudadanos de la UE cree que la Unión Europea es beneficiosa. Pero hemos oído decir al señor Verhofstadt y el señor Daul, entre otros, que esto se debe a que no estamos haciendo lo suficiente, ya que ellos quieren que Europa se ocupe de más cosas. Hemos oído decir al Presidente de la Comisión que todo esto era culpa de los Estados naciones. Bueno, supongo que no corresponde a la naturaleza humana intentar culparse a usted mismo por su propia impopularidad, pero habría estado bien haber tenido algún indicio de que la crisis podría guardar relación con el euro, con los rescates, con la pura injusticia de amontonar dinero público con la arbitrariedad con la que desechamos los resultados electorales.

Permítanme acabar con las palabras de Edmund Burke, que parecen especialmente apropiadas para nuestro actual descontento: «Que media docena de saltamontes reunidos debajo de un helecho hagan vibrar todo el prado con sus molestos chirridos, mientras millares de grandes reses descansan a la sombra del roble británico, rumian el bolo y callan, no debe hacer creer ni por un instante, que aquellos alborotadores sean los únicos habitantes de la dehesa».

 
  
  

Informe: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE). (CS) El talón de Aquiles del acuerdo con Corea es el reembolso de aranceles aduaneros o la exención de aranceles, especialmente para los productos importados a Corea procedentes de China, lo cual es difícil supervisar y se espera que perjudique a la industria europea. Esto abre el mercado de una forma que no tiene precedentes y además sin ninguna ventaja recíproca para la UE. Por lo tanto, no doy mi apoyo a la firma de este acuerdo con Corea. El informe de la Comisión de Comercio Internacional intenta llamar la atención sobre estos problemas y facilitar una aplicación más sencilla de medidas de protección. El acuerdo debería modificarse en este sentido antes de que lo ratifiquemos. De lo contrario, estaremos impidiendo que crezca la industria europea, no solo el sector automovilístico. Saludo el aplazamiento de la votación; es un avance sensato.

 
  
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  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Señor Presidente, me gustaría saber con certeza si aquellas personas que deseen intervenir durante las explicaciones de voto sobre dos informes podrán hacerlo.

Me refiero al informe Binev y al informe Winkler. Puesto que hemos comenzado con los informes posteriores, quisiera estar seguro de que podría hablar, de lo contrario…

(El Presidente informa al orador de que, de conformidad con el apartado 3 del artículo 170 del Reglamento, no será posible ofrecer explicaciones de voto sobre los dos informes mencionados)

Por lo tanto, no habrá explicaciones de voto sobre estos dos informes.

 
  
  

Informe: José Bové (A7-0225/2010)

 
  
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  Paolo Bartolozzi (PPE).(IT) Gracias señor Presidente y disculpe. Con mi discurso, me gustaría destacar cómo la erosión progresiva de los ingresos de los agricultores europeos, a pesar de los crecientes márgenes de beneficios del sector agroindustrial, está dando lugar a una preocupante marginación económica de los trabajadores agrícolas, con el consecuente abandono de actividades agrícolas.

Por lo tanto, esto requiere un cambio, desde luego, que la propia Comisión Europea reconoce y que el informe que se está examinando y hemos sometido a votación en el Parlamento esta mañana —al cual me gustaría expresar mi apoyo— pone de relieve con amplias explicaciones y sugerencias sobre un nivel legislativo y departamental también.

Ciertamente debemos luchar contra la especulación global sobre los productos y garantizar la seguridad del suministro. Además, debe garantizarse una mayor transparencia de los precios, no solo para ofrecer justicia y dignidad a los agricultores, sino también para corregir los graves desequilibrios que existen con respecto al poder de negociación y a impedir prácticas abusivas entre los distintos operadores.

La agricultura debe confirmarse como sector de estabilidad económica y social y debe recuperar poder en Europa y en el contexto comercial globalizado.

 
  
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  Peter Jahr (PPE).(DE) Señor Presidente, creo que hoy hemos tomado una buena decisión, una decisión que favorece a los agricultores, a los consumidores y también a la economía europea en su conjunto. El aspecto más importante de este informe de propia iniciativa es la señal política que transmite. Es una señal a la cadena de valores de que también los agricultores, y especialmente ellos, tienen el derecho a una remuneración adecuada por su trabajo. La situación actual no puede continuar.

No tengo absolutamente nada en contra de la oferta y adquisición de alimentos de calidad a precios reducidos, pero lo importante aquí es la calidad. Sin embargo, cualquiera que venda alimentos por debajo de su valor energético, es decir, si la recuperación térmica de los alimentos aporta más dinero que su venta, entonces algo no estará funcionando bien en el sistema. En este caso, la competencia no será leal. Si la competencia no es leal, entonces la política debe intervenir. Ese es precisamente el contenido de la propuesta que hemos aprobado hoy.

 
  
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  Mairead McGuinness (PPE). – Señor Presidente, también he dado mi apoyo al informe Bové y puedo hacerme eco de las observaciones de mi colega, el señor Jahr.

Esto transmite una señal clara a todo el mundo, tanto en política como en la cadena económica, de que el Parlamento aquí va en serio. Tuvimos un debate intenso la pasada noche. No todo el mundo está de acuerdo con todos los contenidos de este informe, pero todos nosotros estamos de acuerdo en que no se puede seguir presionando a los agricultores. En este momento realmente se les está exprimiendo. Están recibiendo cada vez menos del precio final que todos pagamos por nuestros alimentos en los supermercados y esa situación tiene que acabar.

Tenemos que examinar el papel de los agentes dominantes. Necesitamos un Defensor del Pueblo para el sector alimentario y debemos considerar cómo está afectando el mercado global a nuestros productores de alimentos. Necesitamos examinar la legislación sobre la competencia. Me alegro de que este informe consiguiera el debate y el apoyo que merecía aquí en el Parlamento. Es un avance importante respaldar la retórica de los últimos tiempos.

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE). (CS) He apoyado este informe sobre una renta justa para los agricultores y me alegro mucho de que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento se interese en el funcionamiento deficiente de la cadena alimentaria y la contradicción entre los reducidos precios de compra para los agricultores y los precios elevados para los consumidores. No obstante, me gustaría destacar de nuevo aquí que se produce una discriminación inaceptable y una competencia desigual para los agricultores de la EU-12 debido a los subsidios más elevados que se reciben en la EU-15. Es difícil para los consumidores checos, por ejemplo, conseguir leche, hortalizas, huevos y otros productos de los agricultores checos, porque las cadenas multinacionales prefieren los productos más subvencionados y, por lo tanto, más baratos procedentes de los países de la EU-15. Esto debe cambiarse lo antes posible.

 
  
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  Inese Vaidere (PPE).(LV) Gracias, señor Presidente. Creo que este informe, que habla de rentas justas para los agricultores, es fundamental, especialmente porque los precios de producción agrícola y los costes han aumentado muchísimo más que la cantidad que reciben los agricultores por sus productos. En esta situación, son las grandes cadenas de distribución quienes en realidad no pierden nada mediante este proceso. Me gustaría decir que el objetivo de la Unión Europea siempre ha sido mejorar los ingresos de los agricultores, pero podemos ver que es imposible cumplir estos criterios para desarrollar el campo. Siguen aumentando los recursos aplicados a la agricultura, pero no se consigue nada. Los agricultores de algunos de los nuevos Estados miembros de la UE, incluido Letonia, salen perdiendo en comparación con los productores industriales y agricultores de otros países europeos más fuertes económicamente, los cuales pueden permitirse ofrecerles ayudas adicionales. De esta manera, también se está dificultando considerablemente la aplicación del principio de cohesión de la Unión Europea. También acojo con especial agrado que el informe mencione que deben revelarse con transparencia los beneficios que se obtienen en las cadenas de distribución y los mayoristas a costa de los agricultores. Gracias.

 
  
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  Seán Kelly (PPE). – Señor Presidente, me complace dar mi apoyo a este informe. El título «ingresos justos para los agricultores» ya lo dice todo, pues indica que los ingresos, hasta ahora y durante mucho tiempo, han sido injustos.

Afortunadamente, estamos avanzando en la dirección correcta. Los beneficios tienen que repartirse de forma justa entre productores, transformadores y distribuidores, lo cual no está pasando ahora mismo. Este informe al menos transmitirá la señal apropiada y podemos seguir adelante desde ahí.

Cuando eso se consiga, espero que podamos disponer de una PAC sólida y bien financiada que garantice la viabilidad de la agricultura familiar y la seguridad del suministro de alimentos en el futuro. Hoy hemos logrado un buen comienzo. Esperemos que podamos cumplir a su debido tiempo.

 
  
  

Informe: Miguel Portas (A7-0236/2010)

 
  
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  Romana Jordan Cizelj (PPE).(SL) He votado a favor del Informe sobre la financiación y el funcionamiento del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Para muchas personas, la solidaridad europea es un concepto abstracto, pero es un mecanismo que debería beneficiar directamente a cada uno de los ciudadanos europeos, en especial ahora que se encuentran en apuros y atraviesan una situación difícil.

Sin embargo, el fondo ha demostrado que no funciona adecuadamente y por eso espero que la Comisión se tome en serio la petición de un examen intermedio del funcionamiento del Fondo y una revisión del Reglamento.

Tengo dudas en cuanto a la independencia del Fondo; en relación con su duración ilimitada. Creo que el Fondo es una respuesta política a la situación actual y que en el futuro, la Unión Europea debería promover el empleo a través de otros instrumentos. Debe asegurar la competitividad de la economía europea. Debemos tener cuidado de no establecer un mecanismo que facilite las cosas a quienes no se adaptan a los cambios de las circunstancias globales. Ese es el contexto en el que emito mi voto.

 
  
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  Barbara Matera (PPE).(IT) Señor Presidente, como ponente alternativo para el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) sobre este informe de propia iniciativa, me gustaría, en primer lugar, agradecer al ponente la importante labor que realizó en la fase inicial, en particular junto con todos los grupos políticos.

Creo que este informe incluye algunos puntos importantes para mejorar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) a tenor de la evaluación intermedia. Estas propuestas de aplicación están en consonancia con mis propias constataciones en casos que he examinado durante 2010 en el marco de la Comisión de Presupuestos y son coherentes con la necesidad de simplificar y acelerar los procedimientos relacionados con el Fondo.

Considerando la especialmente difícil situación económica de las empresas europeas y el creciente número de peticiones de ayuda por parte de los Estados miembros, creí que era fundamental poner de relieve en el informe que las necesidades de cobertura del Fondo se amplíen hasta 2013 en el caso de los trabajadores que pierdan su trabajo a consecuencia de la crisis económica.

Por último, se está pidiendo a las instituciones europeas que transmitan una señal firme para estimular la recuperación económica y el FEAG representa un mensaje importante para nuestros ciudadanos.

 
  
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  Inese Vaidere (PPE).(LV) Gracias, señor Presidente. Si tenemos en cuenta que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se creó para reducir la amenaza del desempleo y aumentar nuevas oportunidades de empleo disponibles para las personas que padecen los efectos de la globalización, todavía preocupa que los 500 millones de euros destinados a invertirse cada año para los fines del Fondo de Adaptación a la Globalización tengan tan poco uso y que como mínimo haya nueve países que ni siquiera hayan presentado una sola solicitud. Evidentemente, debe continuar este comienzo positivo, en el que la Comisión decidió, después de que empezara la crisis, simplificar y mejorar el mecanismo para efectuar pagos desde el fondo. De cualquier modo, este trabajo debe continuar. Creo que esto es así particularmente con respecto a los nuevos Estados miembros, que tienen muchas pequeñas y medianas empresas, donde no hay mucha gente que pierda su empleo dentro de una sola empresa, sino que mucha gente pierde su trabajo en muchas empresas. Es precisamente este aspecto el que se debe seguir mejorando, de manera que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización pueda aplicarse realmente a aquellos países cuyo producto interior bruto sea inferior a la media de la Unión Europea. Gracias.

 
  
  

Informe: José Bové (A7-0225/2010)

 
  
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  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Hoy hemos aprobado un informe importante sobre ingresos justos para los agricultores y mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos en Europa. El funcionamiento eficaz de la cadena de suministro alimentario es el resultado no solo de la longitud de la ruta que siguen los productos agrícolas, desde el campo hasta la transformación, el comercio mayorista, el comercio minorista y la mesa del consumidor, sino también de su naturaleza específica y su complejidad. La producción agrícola depende, en gran medida, de las condiciones naturales y climáticas, sobre las cuales los agricultores tienen una influencia muy limitada. La industria transformadora de alimentos dicta los precios a los agricultores, mientras que los distribuidores hacen lo mismo a los transformadores y consumidores. Por eso es importante analizar los precios y supervisar su transparencia. Esto no significa infringir la ley del libre mercado, pero restringe el efecto monopolizador de los intermediarios. En la actualidad, se están introduciendo instituciones de vigilancia y control en los mercados financieros. Hay quienes desean que se eliminen la vigilancia y el control del mercado agrícola. Estas personas no tienen en cuenta que los productores son pequeños e independientes, salen perdiendo ante los poderosos intereses comerciales y están sufriendo pérdidas enormes.

 
  
  

Informe: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010)

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Señor Presidente, el informe del señor Zwiefka refleja mucha habilidad y una cantidad considerable de trabajo en la investigación de la legislación actual, las convenciones internacionales —en especial la Convención de La Haya— y la jurisprudencia, en la que ciertos aspectos, conviene decirlo, en ocasiones, son contradictorios.

No obstante, en realidad este informe resuelve sólo parte del problema. Si hay un ámbito en el que la legislación europea tiene total legitimidad, es la armonización no del Derecho sustantivo, lo cual daría lugar a la armonización de la legislación en todos los Estados miembros, sino de las normas que rigen los conflictos de jurisdicción —principalmente para saber qué tribunal tiene jurisdicción— y, en segundo lugar, de las normas que rigen los conflictos entre leyes; es decir, establecer qué ley se aplica.

¿Qué ley se aplica en el caso de los contratos, como por ejemplo cuando las personas se encuentran en distintos lugares? En el caso de la propiedad, ya se trate de bienes inmuebles, muebles o intangibles, ¿a qué se refiere la propiedad industrial? En el caso de los contratos, ¿qué pasa cuando las partes contratantes se encuentran en distintos lugares?

Todo esto debe estar regulado, señor Presidente, mediante un código europeo. Mientras no tengamos este código europeo de Derecho internacional privado, afrontaremos serias dificultades. Este informe tiene el mérito de resolver en parte en lo que respecta al exequátur.

 
  
  

Informe: Antonyia Parvanova (A7-0221/2010)

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Estoy de acuerdo con la autora del informe en que las mujeres procedentes de grupos étnicos minoritarios dentro de la UE sufren diversos tipos de discriminación y que es nuestro deber mejorar sus condiciones, en especial con respecto al acceso a la educación, el mercado laboral, la seguridad social y la atención sanitaria. No obstante, el informe también pide a la Comisión que reúna datos estadísticos clasificados por grupo étnico. La Carta de los Derechos Fundamentales prohíbe explícitamente la recogida de datos agrupados por raza.

Por eso me gustaría formular dos preguntas: ¿Puede la Comisión producir un análisis de este tipo sin infringir el Derecho internacional o con esto se intenta modificar el importante artículo de la Carta para que sea posible llevar a cabo este tipo de análisis? ¿Son conscientes, tanto la autora como toda esta asamblea, de esta situación contradictoria? A pesar de esto, he votado a favor del informe.

 
  
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  Philip Claeys (NI).(NL) Señor Presidente, he votado en contra del informe Parvanova sobre la integración social de las mujeres pertenecientes a grupos étnicos minoritarios, puesto que este informe —al igual que todas las iniciativas políticamente correctas de este tipo— son contraproducentes. Por ejemplo, los rodeos que da la ponente para evitar el uso del término «islam» roza lo ridículo. Otro ejemplo es el reconocimiento de que las mujeres procedentes de minorías étnicas sufren discriminación por parte de los hombres de esas mismas minorías. El informe afirma que no hay justificación alguna para la violencia por motivos de costumbres, tradiciones o consideraciones religiosas, pero es evidente que evita poner el dedo en la llaga y decirlo directamente: que muchos de los principios que defiende el islam no pueden integrarse en nuestra sociedad europea. Mientras nosotros, el Parlamento Europeo, no salgamos de esta fase de negación, todas las medidas orientadas a la integración de las mujeres procedentes de países islámicos estarán condenadas al fracaso desde el principio.

 
  
  

Informe: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010)

 
  
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  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Hoy en día con frecuencia se considera a las personas de edad avanzada poco eficientes y que no están en condiciones de trabajar, aunque la legislación comunitaria se oponga a la discriminación por motivos de edad. Se olvida el gran valor añadido que aportan a las economías nacionales, gracias a sus muchos años de experiencia. En este contexto, debido a la discriminación continua por motivos de sexo, las mujeres se encuentran en una situación especialmente difícil en el mercado laboral. Además, según las estadísticas, las mujeres viven más tiempo que los hombres, lo que significa que son objeto en mayor medida del problema de la pobreza y de pensiones más reducidas debido a que han recibido un salario inferior al de los hombres en los mismos puestos de trabajo. Todos estos problemas son particularmente evidentes en las zonas rurales. En relación con lo anterior, me alegro de que se elaboren resoluciones que nos recuerdan este problema y nos movilizan para no dejar de esforzarnos por mejorar la situación actual.

 
  
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  Mairead McGuinness (PPE). – Señor Presidente, apoyo este informe y, en particular, deseo llamar la atención sobre tres apartados que creo que son realmente importantes, dada la precipitación por hacer que las personas de edad avanzada reciban asistencia en lugar de cuidar de ellas en la comunidad o en sus propios hogares. Los apartados 17, 19 y 25 son especialmente esperanzadores en este sentido. Debemos asegurarnos de que se adopta un enfoque de la atención a la tercera edad que esté basado en los derechos. Es necesario que nos aseguremos de que las personas de edad avanzada puedan vivir de forma independiente en sus propios hogares y que reciban ayuda para poder hacerlo así. No deberíamos permitir que se saquen beneficios del traslado de la tercera edad al sector privado de asistencia.

También deseo hacer hincapié en el apartado 13, que hace compatible el trabajo con los cuidados. Quisiera sugerir a esta Cámara y a los numerosos diputados de toda Europa —y por supuesto más allá— que necesitamos examinar la compatibilidad del trabajo político con los cuidados. Me encantaría hacer una encuesta sobre cuántas personas de este Parlamento se encargan de cuidar a otras personas además de cumplir con su labor política. Poquísimas.

 
  
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  Erminia Mazzoni (PPE).(IT) Señor Presidente, he votado a favor de este informe porque incluye algunas declaraciones de principios muy importantes.

Lo primero es que, mientras que envejecer se suele ver de forma negativa, la gente de la tercera edad representa un recurso económico y social del que hacemos uso pero no lo reconocemos; que la crisis económica tiene consecuencias más graves para las mujeres y especialmente para las mujeres mayores; que la discriminación por motivos de edad no debería existir en relación con la inclusión; y que las mujeres corren un mayor riesgo de pobreza y, sobre todo, de pensiones reducidas, a pesar de ser los pilares del bienestar social.

Este informe propone una forma importante de ayudar a infundir vida en la Europa de las naciones y por lo tanto en la Europa de los pueblos, de todos los pueblos. El método implica el desarrollo de un planteamiento para definir evaluaciones, estadísticas y datos basándose en la concienciación respecto a las desigualdades de género en la edad avanzada, derivadas principalmente de la acumulación de desventajas basadas en el género a lo largo de toda la vida. Asimismo, considera que el camino a seguir en relación con la política sobre el envejecimiento es la adopción de un enfoque que se centre en el proceso a lo largo de toda la vida, en el que se tengan en cuenta las interrelaciones existentes ente el envejecimiento y el género.

En esta resolución se piden tres aspectos fundamentales: un mecanismo que garantice la acumulación de derechos de pensión incluso durante aquellos momentos en los que una persona se dedica a la prestación de cuidados; la consideración de la dimensión de género al reformar los sistemas de pensiones y adaptar la edad de jubilación; y la existencia de remuneración para la prestación de cuidados.

Esta es una información muy importante en la medida en que cada uno de los Estados miembros, en particular Italia, están adaptando sus sistemas nacionales de pensiones para cumplir las directrices europeas. Estas son las verdaderas directrices europeas.

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE). (CS) He votado en contra de este informe debido a la aprobación de la propuesta de que los Estados miembros tengan en cuenta la situación específica de las mujeres LBT de más edad. ¿Significa eso que ellas deberían tener un estatus superior al de otras mujeres de edad avanzada? En el debate de ayer, destaqué que el mayor riesgo de la pobreza para las mujeres en edad de jubilación se debe a que ellas cuidan de la familia y crían a los hijos y porque sus ingresos a lo largo de su vida son, por término medio, inferiores a los de los hombres y esto debe cambiar. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con su orientación sexual.

 
  
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  Seán Kelly (PPE). – Señor Presidente, me alegra haber dado mi apoyo a este informe. De quienes asistimos al debate de anoche, fui la única persona que no intervino. La razón por la que no hablé fue que creía que en algunos aspectos, el título resultaba poco apropiado. En lugar de hablar sobre el papel de la mujer en una sociedad que envejece, en realidad estábamos debatiendo el trato de las mujeres de más edad en una sociedad que está envejeciendo.

Evidentemente algunas de las puntualizaciones realizadas eran totalmente válidas, en especial la desigualdad en las pensiones entre hombres y mujeres, lo cual no es aceptable en una sociedad democrática. No obstante, es urgente que se discuta más en profundidad el papel del hombre y de la mujer en una sociedad que envejece. Es necesario tenerlo en cuenta, en especial cuando se trata de elaboración de presupuestos. No creo que esto se haya hecho en el pasado. Todavía no se han afrontado las implicaciones económicas de una sociedad que envejece. Esto debe hacerse urgentemente si no queremos que esos planes fracasen.

 
  
  

Informe: Morten Løkkegaard (A7-0223/2010)

 
  
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  Clemente Mastella (PPE).(IT) Señor Presidente, nos hemos quedado usted, yo y unos cuantos más. He votado a favor de este informe porque creo que es importante para la relación entre los políticos, en sus posiciones de responsabilidad, y el electorado, y todo esto puede servir como elemento central de nuestra democracia representativa. Creo que todo esto es un requisito importante para asegurar la participación plena, consciente y democrática de los ciudadanos en el proceso de integración de la UE.

Por desgracia, cabe señalar que las últimas elecciones europeas también tuvieron una tasa elevada de abstención y esto es bastante común en todos los países europeos, y no solo en Europa. Evidentemente, esto demuestra la poca información que reciben los ciudadanos sobre políticas y asuntos europeos y, lamentablemente, lo distantes que se sienten de nuestra institución.

En vista de que el Tratado de Lisboa introduce una nueva forma de participación ciudadana en el proceso decisorio de la Unión Europea, es importante que nos esforcemos por acortar esa distancia. De hecho, la institución debe esforzarse por conseguir el acceso gratuito y sin restricciones a toda la información pública difundida por la Comisión Europea.

Por último, debo señalar que es fundamental asegurarse de que las instituciones europeas trabajen en colaboración con los ciudadanos y las autoridades nacionales responsables para mejorar la comunicación. Además, todo esto debe lograrse instando a los Estados miembros a que adopten un papel más activo a la hora de informar a los ciudadanos sobre asuntos relacionados con nuestra Europa.

 
  
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  Morten Løkkegaard (ALDE) . – (DA) Señor Presidente, en primer lugar, me alegro de que hoy hayamos aprobado un informe sobre una mejor comunicación en la UE. También he votado a favor de la resolución conjunta con el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo y el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, puesto que se trata de un informe que nos proporciona una base sólida. Este informe incluye, en gran medida, todas las propuestas que se aprobaron en marzo en la Comisión de Asuntos Culturales. No obstante, me gustaría decir que mientras tanto, se presentaron más acuerdos, los cuales, naturalmente, había esperado mantener hasta la votación final. Eso no fue posible, puesto que fuertes grupos de presión debilitaron la resolución de determinadas partes implicadas a última hora. No obstante, tomaré nota de ello y me alegro de que estas propuestas hayan dado lugar a un debate positivo, de tal envergadura que ahora podemos avanzar con las 46 propuestas hacia una mejor comunicación en la UE.

 
  
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  Mairead McGuinness (PPE). – Señor Presidente, como antigua periodista, me alegra especialmente respaldar este informe. Conociendo ambos lados de esta cuestión —anteriormente como periodista y ahora como política— creo que es peligroso equiparar información con periodismo. Debemos tener mucho cuidado al respecto.

Lo que me preocupa ahora es que la crisis económica está dejando a muchísimos periodistas sin trabajo. Así está ocurriendo en Irlanda. Los periódicos locales y las emisoras de radio locales están despidiendo a personal y existen presiones para deshacerse de trabajadores. Esto significa que se resentirá la calidad del periodismo porque la gente no tendrá ni el tiempo ni los recursos para investigar historias y ofrecer una cobertura de calidad de las noticias.

Me temo que Europa tiende a estar en desventaja porque se cubren las historias locales y las europeas no, a menos que tengan relevancia para la población de nuestros Estados miembros. Ese es el reto para los diputados elegidos de este Parlamento: hacer que nuestra labor sea relevante en nuestros países, porque realmente lo es.

 
  
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  Oldřich Vlasák (ECR). (CS) La parte positiva de este informe reside seguramente en que reconoce en repetidas ocasiones el papel cada vez mayor de los parlamentos nacionales y hace hincapié en el principio de subsidiariedad. También incluye diversas propuestas, como por ejemplo una mayor transparencia, la publicación de información, una acreditación más sencilla para los periodistas, etc., que sin duda son dignas de recibir apoyo. Por otro lado, incluye ideas que son más que discutibles. El informe propone la creación de un grupo de corresponsales cuya misión sea cubrir el tema de la Unión Europea de una forma más edificante. Además, insta a cada Estado miembro a disponer de una oficina especializada en asuntos comunitarios, cuya función sea explicar las repercusiones de las políticas de la UE. Al mismo tiempo, propone un incremento de las asignaciones para la oficina de información del Parlamento. En mi opinión, podría lograrse un mejor resultado mejorando la eficacia e introduciendo nuevos métodos, y no mediante incrementos presupuestarios. Por lo tanto, he rechazado este informe.

 
  
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  Inese Vaidere (PPE).(LV) Gracias, señor Presidente. Acojo con especial satisfacción que este informe nos recuerde la obligación de los medios de comunicación de informar a la población de lo que sucede en la Unión Europea y que los problemas que afronta la Unión Europea se deberían incluir en los planes de estudio. En una situación en la que hay en conjunto una gran cantidad de información sobre la Unión Europea, el papel de las oficinas de información del Parlamento en los Estados miembros está siendo cada vez mayor. También quisiera destacar la necesidad de controlar lo que ocurre en estas oficinas y la eficacia con la que se invierten los fondos que estas oficinas reciben de la Unión Europea. Agradezco especialmente que el informe haga hincapié en el papel del canal de televisión Euronews. Me gustaría destacar que este canal debería retransmitir exactamente como dice el informe; la retransmisión debería ofrecerse en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea. Por ejemplo, en Letonia, recibimos información de este canal en ruso, pero no hay ninguna información disponible en letón, el idioma oficial. El periodismo independiente tiene una función especial. Me gustaría proponer que introduzcamos legislación comunitaria central que nos permita identificar los auténticos medios de comunicación de masas también en aquellos Estados donde simplemente se carece de capacidad política para introducir legislación nacional de este tipo. Gracias.

 
  
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  Emma McClarkin (ECR). – Señor Presidente, se supone que este informe y resolución que hemos votado hoy sobre periodismo y nuevos medios de comunicación debía examinar las formas en que los nuevos medios de comunicación están transformando el periodismo. Por el contrario, en realidad se ha convertido en una lista de sugerencias de los diputados que desean mejorar sus trabajos periodísticos y que desean manipular cuánto se informa sobre la UE. Entre las propuestas figuran programas europeos de formación para periodistas, más dinero para oficinas de información del Parlamento y aún más dinero para políticas de comunicación de la UE.

Creo en la libertad de expresión. Así como creo en el periodismo independiente digno de crédito. Forzar y financiar a periodistas y compañías de radio y televisión independientes públicas para que cubran asuntos de la UE con el fin de promover el ideal europeo es una propaganda descarada y por eso he votado en contra de este informe y resolución. Por deferencia a un ejercicio de vanidad, se ha perdido una oportunidad de examinar modos de fomentar el compromiso democrático a través de los medios sociales.

 
  
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
  

Informe: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0222/2010)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE), por escrito.(FR) He votado a favor del informe de mi colega polaca, la señora Geringer de Oedenberg, sobre la propuesta de codificar el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión Europea, que se modificó en 1968, 1976, 1992 y dos veces en 2004. En abril de 1987, la Comisión encargó a sus servicios que procedieran con la codificación de todos los actos legislativos, a más tardar, después de la décima modificación, mientras que, al mismo tiempo, destacó que se trataba de una norma mínima y que, en aras de la claridad y el correcto entendimiento de las disposiciones, los servicios de la Comisión debían esforzarse por codificar los textos de los que eran responsables cumpliendo con intervalos aún más cortos. A pesar de que se estableció un método de trabajo acelerado en el Acuerdo interinstitucional de 20 de diciembre de 1994, lamentablemente se han producido retrasos en la codificación de la legislación europea. Estos retrasos afectan tanto a nuestros ciudadanos como a los Estados miembros, en particular, a las administraciones públicas, a las profesiones jurídicas, a los profesores y estudiantes de derecho, entre otros. Hay muchas más disposiciones que se han modificado varias veces y que ahora están repartidas por el texto original y por sus sucesivos actos modificativos.

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. (IT) Con el afán de apoyar mi punto de vista intergubernamental y territorial sobre la política de la UE, siempre defiendo el principio de la subsidiariedad al máximo y cuestiono las costosas cargas burocráticas y administrativas que la UE impone a menudo a los Estados miembros, los ciudadanos y las empresas.

Por tanto, no puedo más que votar a favor del informe de la señora Geringer de Oedenberg, que nos recuerda la importancia de «legislar mejor». Esto puede lograrse, en parte, mediante la realización de evaluaciones de impacto más contundentes de los procedimientos legales antes de que la Comisión presente el proyecto de un acto determinado como una propuesta legislativa oficial.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) La nueva propuesta incluye una codificación del Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo relativo a la libertad de circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad. Esta propuesta conserva el contenido de los actos codificados y se esfuerza por conseguir una aclaración para aplicar normas jurídicas sobre la libertad de circulación de los trabajadores. La Unión Europea debe lograr un objetivo a largo plazo y garantizar la libertad de circulación de los trabajadores en todos los Estados miembros. Todos los trabajadores deben tener derecho a circular libremente y conseguir empleo en los Estados miembros.

La Unión Europea debe asegurarse de que la movilidad de la mano de obra sea más transparente, debe ayudar a los trabajadores a mejorar sus condiciones de vida y afianzarse en la sociedad, y por lo tanto, la discriminación por motivos de nacionalidad y condiciones laborales debe eliminarse sin excepción. Debe haber mejor cooperación entre los Estados miembros respecto a la aplicación de condiciones más flexibles de empleo.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) La libertad de circulación constituye un derecho fundamental y un medio de aumentar las posibilidades de mejorar las condiciones laborales y personales. Este deseo deben disfrutarlo los trabajadores permanentes, los temporales y los fronterizos y aquellos que desarrollan sus actividades con el fin de prestar servicios, y esto debe ser posible en cualquier Estado miembro. Voy a votar a favor de esta resolución porque reconozco su contribución al apoyo prestado por las oficinas de empleo a los nacionales de otros Estados miembros, a la igualdad de trato y al derecho a la educación general, al aprendizaje y a la formación de los hijos de los nacionales de un Estado miembro que estén o hayan estado empleados en otro Estado miembro.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) Este reglamento pretende sustituir el de 1968 relativo a la libre circulación de trabajadores, así como los diversos actos que se incluían en él. Así que este es un proceso de codificación en el que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, no se introdujo ninguna modificación sustancial. Apoyo sin reservas esta iniciativa que tiene como objetivo simplificar y aclarar la legislación de la Unión, la cual ha sido objeto de frecuentes enmiendas y está dispersa en varios actos. Sólo de esta forma podremos garantizar una mayor transparencia en la legislación de la Unión, haciéndola más accesible y fácil de comprender para los ciudadanos europeos, lo que les permitirá nuevas oportunidades y la posibilidad de beneficiarse de los derechos específicos que se les atribuyen, forjando así una Europa de los ciudadanos.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe para asegurar que los ciudadanos de un Estado miembro que trabajan en el territorio de otro reciben el mismo trato que los trabajadores naturales de ese país en lo que concierne al empleo y las condiciones laborales, así como en materia de remuneración, despidos y reincorporación al mercado laboral.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Esta resolución se restringe a la pura y simple codificación de los textos existentes sobre la libre circulación de los trabajadores en la Unión sin modificaciones sustanciales, por lo que he votado a favor de su adopción. Sin embargo, quiero mencionar que esta libertad de circulación implica una mayor integración política. Sólo un nuevo concepto de sociabilidad en la Unión Europea, que sea capaz de garantizar a cada europeo los derechos sociales mínimos, permitirá la libre circulación de trabajadores sin problemas sociales y, sobre todo, sin el dumping social.

Creo que esta libertad de circulación hace necesaria la aplicación de normas mínimas en los ámbitos de la atención sanitaria, la educación y las pensiones sociales, que deben garantizarse a escala de la UE. En términos de derechos sociales, el establecimiento de estas normas mínimas aumenta la homogeneidad de las condiciones de empleo, y sirve para regular los movimientos de las empresas de mano de obra.

 
  
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  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – Acojo con satisfacción este informe, que señala correctamente la importancia de Suiza y el EEE para los asuntos comerciales de la UE. El informe declara explícitamente que esta Cámara respeta las causas de la naturaleza específica de las relaciones entre Suiza y la UE. Yo iría más lejos y pediría encarecidamente pleno respeto por los ciudadanos de los cuatro países de la AELC al decidir las relaciones de sus propios países con la UE.

Una esfera de mutuo interés para la UE y los países del EEE que excede del marco de los acuerdos del mercado interior es la industria pesquera. En los últimos meses, Islandia ha establecido unilateralmente una cuota para las poblaciones de caballa que pueden amenazar la sostenibilidad de la pesca de caballa. Aunque apoyo firmemente el concepto de control nacional de la pesca, este debe funcionar basándose en la cooperación regional y el Derecho internacional. Insto al Gobierno islandés a que se reúna con sus vecinos para conseguir una solución responsable y mutuamente satisfactoria de esta situación.

 
  
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  Alan Kelly (S&D), por escrito. Este procedimiento preserva la libertad de circulación de los trabajadores en la Comunidad, que ha sido uno de los grandes logros de la UE.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión es uno de los principales objetivos de todos los Estados miembros y da lugar al desarrollo de las economías de todos los países de la UE. Por tanto, no puede haber discriminación de ningún tipo. Esto hace que sea muy importante que se proporcionen y codifiquen perfectamente todos los reglamentos que permitan la consecución de este objetivo. La adopción de este reglamento permite guiar a todos los Estados miembros para coordinar sus políticas de empleo. Estas son las razones de mi voto.

 
  
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  Alajos Mészáros (PPE), por escrito.(HU) La Comisión Europea concede gran importancia a la simplificación y mejora de la transparencia de la legislación comunitaria con el fin de hacer que sea de más fácil acceso para los ciudadanos de los Estados miembros. Sin embargo, este objetivo no puede lograrse mientras que sigan dispersos numerosos reglamentos que se han modificado considerablemente. De hecho, en algunas ocasiones, hacen falta investigaciones serias para determinar qué legislación está en vigor. Puesto que la Decisión del Consejo sobre el empleo en la Unión Europea también se ha modificado varias veces, también es necesario que se codifique este texto. Creo que es importante que codifiquemos esta ley y otras leyes comunitarias similares lo antes posible. Por eso he votado a favor de este Reglamento.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. − (DE) Bulgaria y Rumanía se adhirieron a la UE demasiado pronto. Las principales diferencias socioeconómicas entre los antiguos y los nuevos Estados miembros, en particular, en el caso de Bulgaria y Rumanía, están derivando en una migración masiva de la mano de obra de las regiones del Este a las regiones occidentales dentro de la UE. Justificar estos hechos sobre la base de la libre circulación de los trabajadores no es un argumento válido en este caso, pues las diferencias son tan notables que están dando lugar a problemas de mano de obra barata e integración en los mercados laborales de los antiguos Estados miembros. Por tanto, he votado en contra de este informe.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor porque este es un tema de suma importancia, sobre todo, en un momento en que la movilidad de la población romaní por la UE es objeto de debate.

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE) , por escrito. (CS) He votado a favor del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la libre circulación de los trabajadores en la UE, en la versión que tiene en cuenta las objeciones jurídicas del Parlamento Europeo. La aprobación en primera lectura acelerará la introducción de este reglamento, lo cual es importante. No obstante, debo decir que algunos Estados miembros todavía están poniendo varios obstáculos con respecto a la libre circulación de personas en la UE y lo hacen a varios niveles y con diversos pretextos y, por lo tanto, violan el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Me gustaría llamar la atención en este momento sobre el actual acoso injustificado de los conductores checos por parte de la policía alemana en las regiones fronterizas. La reunión de trabajo de ayer, entre funcionarios superiores de policía de ambos países sirvió de poco para resolver el asunto e incluso acabó en una disputa, que además retomaron los medios de comunicación. Quisiera instar a la Comisión a que empiece a ocuparse de este asunto con toda la seriedad que requiere.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Este es un informe bastante técnico pero indiscutible. Por eso cuenta con el apoyo del Grupo Verts/ALE.

 
  
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  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe, que protegerá la libre circulación de los trabajadores en la UE. El mercado interior se basa en que los trabajadores cualificados puedan pasar de unos Estados miembros a otros sin obstáculo, por lo cual he dado mi apoyo a este informe.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) La simplificación y aclaración de la legislación europea es de suma importancia para que las leyes lleguen a ser más comprensibles y accesibles para los ciudadanos. La sencilla comprensión de las leyes puede ofrecer a los ciudadanos un mejor conocimiento de los derechos de los que se benefician y que, por lo tanto, generan nuevas oportunidades.

Es necesaria la codificación de las disposiciones que están dispersas y son objeto de frecuentes enmiendas, para poder garantizar la claridad y transparencia de la legislación europea y acercarla a los ciudadanos.

Esto es aún más importante en el ámbito de la libre circulación de trabajadores, cuestión que se ha convertido en un escenario importante para construir la integración europea y ha ofrecido a los ciudadanos de los Estados miembros nuevas oportunidades porque tienen el derecho a trabajar libremente en otro Estado miembro, con igualdad de trato y con la prohibición de toda discriminación.

 
  
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  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de la propuesta de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la libre circulación de los trabajadores en la Unión porque creo que la libre circulación es un principio fundamental de la UE y el mercado interior. Pido a la Comisión Europea y al Consejo que aprovechen esta oportunidad de adoptar este reglamento y pido a los Estados miembros que levanten los obstáculos que afrontan los trabajadores rumanos y búlgaros. Los obstáculos actuales que impiden la libre circulación de trabajadores procedentes de Estados miembros que se unieron a la UE después del 1 de mayo de 2004 imponen restricciones en los derechos de los ciudadanos en estos países. También pueden dar lugar al trabajo ilegal y el dumping social. Suprimir estos obstáculos protegerá a los trabajadores migrantes y locales por igual. Lograr este objetivo también asegura la protección y el respeto por los principios fundamentales de la UE. Espero que tanto la Comisión como los Estados miembros demuestren la voluntad política necesaria.

 
  
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  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. (LT) Señorías, la libre circulación es un derecho fundamental de los trabajadores y sus familias. Este informe observa acertadamente que la circulación de la mano de obra en la Unión Europea debería ser uno de los medios por los cuales los ciudadanos de la UE puedan mejorar su vida y sus condiciones laborales. Es una cuestión tanto de libertad como de dignidad. En este sentido, la adhesión a la UE tuvo una repercusión enorme en mi país, Lituania. A excepción de algunos países, en teoría, podemos trabajar libremente en cualquiera de los Estados miembros de la UE.

Ahora estamos experimentando la edad de oro de la compañía aérea de bajo coste Ryanair, que hace que viajar sea más fácil. La gente puede volar desde los tres aeropuertos más grandes de Lituania a más de 40 ciudades europeas. Esto es al mismo tiempo una bendición y una maldición. Preocupa mucho que debido a la migración constante, en Lituania se produzca una fuga de cerebros. En la actualidad casi 60 000 lituanos residen en el Reino Unido, mientras que en 2001, había menos de 5 000.

Aproximadamente 90 000 lituanos viven en Irlanda. Somos una nación pequeña y, tras haberles proporcionado su educación e invertido en sus estudios, ahora estamos perdiendo a la mayor parte de nuestra población activa de jóvenes veinteañeros y treintañeros. Lituania y algunos Estados miembros de la UE debemos esforzarnos más si queremos detener esta tendencia peligrosa.

 
  
  

Informe: Slavi Binev (A7-0212/2010)

 
  
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  Alfredo Antoniozzi (PPE), por escrito. (IT) Como se afirma en el informe en cuestión, la falsificación del euro es una amenaza real e importante.

Precisamente por este motivo la aprobación de un reglamento específico podría contribuir considerablemente a reducir la circulación de monedas falsas, mediante la aplicación de procedimientos comunes para autentificar las monedas en circulación y de mecanismos para el control de esos procedimientos por parte de las autoridades. Por lo tanto, he votado a favor del informe del señor Binev y quiero darle las gracias por el trabajo que ha realizado.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) Esta propuesta de Reglamento define las medidas necesarias para la protección del euro contra la falsificación. Entre otras cosas, exige a las entidades de crédito y a otros operadores económicos, tales como transportistas de efectivo, que verifiquen la autenticidad de los billetes y las monedas de euros que reciben y que pretenden poner de nuevo en circulación. También les obliga a identificar las falsificaciones. Sin embargo, la ausencia de una norma común vinculante para la autenticación de las monedas ha dado lugar a la utilización de diferentes prácticas de un Estado miembro a otro, lo que significa que no somos capaces de ofrecer una protección constante de la moneda en toda la Unión. Como ponente de mi grupo, he trabajado muy estrechamente con el señor Binev en esta propuesta de Reglamento. Al igual que el señor Binev, apoyo la propuesta de la Comisión Europea y he votado en consecuencia.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La existencia de mecanismos y de un marco legislativo que garantice la verificación de todas las monedas que estén en circulación por parte de las autoridades necesarias es de vital importancia para proteger del fraude a las instituciones financieras y también a los mercados. Garantizar la validez de la moneda y de su circulación también precisa de un tratamiento adecuado que deberá garantizarse a escala nacional. En vista de ello, es importante introducir normas vinculantes que agilicen la aplicación del proceso de autentificación del euro con el control de estos procedimientos. Estos temas deben tratarlos profesionales con la cualificación adecuada que sean expertos en estas cuestiones, de modo que se pueda garantizar la eficacia de los procedimientos. Asimismo, creo que esta simplificación es fundamental si los consumidores y el mercado en su conjunto han de confiar más en la zona del euro.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) La falsificación de monedas de euros es una amenaza importante, especialmente para las denominaciones más altas de la moneda. La ausencia de un marco común obligatorio para la autentificación de la moneda puede constituir un impedimento para la protección de las monedas de metal. El Reglamento que se acaba de aprobar es un instrumento jurídicamente vinculante que permite el establecimiento de un método común para la autentificación de las monedas de euro.

Uno de los principales objetivos del Reglamento es garantizar que las instituciones garanticen que las monedas de euros que vuelvan a entrar en circulación estén sujetas a un proceso de control de autenticidad. La autentificación debe llevarse a cabo a través de los equipos de procesamiento de monedas incluidos en la lista que consta en el apartado 3 del artículo 5 o también puede encargarse de ello personal debidamente cualificado de conformidad con los métodos designados por los Estados miembros. Asimismo, debido al hecho de que la autentificación de las monedas de euros inevitablemente supone un gasto para las instituciones implicadas en el proceso, como las entidades de crédito, y otra serie de instituciones, como los transportistas de efectivo, sugiero incluir el derecho de las instituciones a retener una comisión de tramitación.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La lucha contra la falsificación de monedas y billetes de euros, así como los procedimientos para la autentificación de las monedas de euros, son la razón de la adopción de este Reglamento, de modo que se puede establecer un marco común obligatorio para la autentificación de las monedas. Esta es la razón de mi voto.

 
  
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  Claudio Morganti (EFD), por escrito. (IT) El informe aborda el problema de la circulación de monedas falsas.

Hasta ahora, los Estados miembros han aplicado distintas prácticas para retirar las monedas falsas de la circulación. En este contexto, la propuesta pretende garantizar que las autoridades apliquen con eficacia, en toda la zona del euro, procedimientos comunes para la autentificación de las monedas de euros que circulan y de los mecanismos de control para esos procedimientos. He votado a favor porque creo que los procedimientos uniformes en toda Europa son fundamentales.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) Como miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, participé de forma activa en el proceso legislativo de este informe, el cual apoyé.

La uniformidad general de los sistemas empleados en Europa para luchar contra la falsificación de monedas es algo que deseamos, especialmente después de que hayamos conseguido unos niveles excelentes de garantías en la lucha contra billetes falsos. En el marco de la propuesta que estamos a punto de aprobar, será posible controlar y supervisar la circulación y cantidad de monedas falsas en cada uno de los Estados miembros que en la actualidad no disponen de sistemas normalizados lo suficientemente seguros para este fin. De hecho, debemos luchar a toda costa contra el problema de la falsificación con instrumentos eficaces y de última generación, a fin de impedir que se impongan pesadas cargas a nuestros ciudadanos, nuestros operadores comerciales y, en última instancia, nuestros propios presupuestos nacionales.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) La falsificación de monedas de euros representa una amenaza importante, en particular para las fracciones de moneda más elevadas.

La ausencia de un marco común obligatorio para la autentificación de las monedas puede constituir en algunos Estados miembros un impedimento para que las entidades interesadas busquen falsificaciones activamente, lo que crea diferencias dentro de la UE entre los grados de protección de la moneda.

El Reglamento propuesto constituye el instrumento jurídicamente vinculante ahora necesario para establecer un método común de autentificación de las monedas de euros que aplicarán las entidades interesadas y los controles necesarios por parte de los Estados miembros. En este contexto, la presente propuesta pretende garantizar la aplicación efectiva, en toda la zona del euro, de procedimientos comunes para mejorar el control y erradicar la falsificación de monedas.

 
  
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  Oreste Rossi (EFD), por escrito. (IT) Todas las monedas falsas y monedas no aptas para la circulación deben retirarse de la circulación y enviarse a las autoridades nacionales correspondientes para que puedan ser destruidas.

Hemos votado a favor de este texto a pesar de que no incluye medidas para proteger a los ciudadanos que posean dinero falso de buena fe y que tienen que quedarse quietos y ver cómo su banco lo retira cuando ellos lo depositan. A menudo son las personas mayores quienes resultan engañadas por quienes colocan moneda falsa en circulación y por eso necesitamos que se introduzca un sistema que reembolse al menos parte del dinero que se les retira. También se necesitan medidas más severas para los falsificadores y quienes ponen las monedas falsas en circulación.

 
  
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  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe, que propone la creación de medidas comunes para asegurar una actuación eficaz contra la falsificación en los países de la zona del euro. Actualmente no existen normas de armonización para la autentificación y retirada de monedas de euros no aptas para la circulación. He dado mi apoyo a este informe porque este tipo de normas contribuirían a proteger a los consumidores de las monedas falsas.

 
  
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  Iva Zanicchi (PPE), por escrito. (IT) Señor Presidente, he votado a favor del informe del señor Binev, que pretende introducir procedimientos comunes tanto para la autentificación de monedas falsas como para la gestión de monedas no aptas para la circulación.

En la actualidad, los bancos y las instituciones responsables de la distribución de dinero están obligados a realizar controles de autenticidad en los billetes y monedas que reciben antes de ponerlos de nuevo en circulación. Cuando se identifican monedas falsas, estas deben retirarse de la circulación. Sin embargo, las prácticas para rastrear monedas falsas varían de un Estado miembro a otro: en consecuencia, me parece correcto respaldar esta iniciativa, que se propone garantizar la protección uniforme de la moneda en toda la zona del euro.

 
  
  

Informe: Iuliu Winkler (A7-0242/2010)

 
  
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  Alfredo Antoniozzi (PPE), por escrito. (IT) Estoy a favor de conceder ayuda macrofinanciera a la República de Moldova porque es uno de los países que se ha visto más perjudicado a consecuencia de la crisis económica mundial. Como se afirma en este informe, esta medida en realidad debería ayudar a cubrir las necesidades financieras exteriores del país en 2010 y 2011, pero, ante todo, impulsar la reforma en la República de Moldova al respaldar el programa económico del Gobierno y los esfuerzos de este hacia la integración en la UE. Gracias.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) Apoyo esta propuesta relativa a conceder ayuda macrofinanciera a la República de Moldova. Moldova es uno de los países de la Asociación Oriental que se han visto más seriamente afectados por la crisis financiera internacional, sufriendo una notable contracción de su producción, un deterioro de su situación presupuestaria y un aumento de sus necesidades de financiación exterior. Por lo tanto, creo que la asistencia, si se concede a tiempo, ayudará al país a hacer frente a las consecuencias de la crisis financiera con mayor rapidez y eficacia y aliviará su balanza de pagos y necesidades financieras.

También se crearán las condiciones para impulsar las reformas que se están aplicando en el país, apoyando el programa de estabilización económica del Gobierno y sus esfuerzos por avanzar hacia la integración en la UE. No obstante, a fin de asegurar la eficacia y transparencia de la ayuda prestada, es necesario reforzar el papel de supervisión y control de la Comisión Europea en este ámbito.

 
  
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  Elena Băsescu (PPE), por escrito. (RO) La crisis económica mundial ha tenido graves consecuencias para la economía de la República de Moldova. Este país tiene una de las tasas más bajas de renta per cápita entre los países de la Asociación Oriental de la Unión Europea. Teniendo en cuenta que la UE ha decidido ayudar a los países de la Asociación Oriental y que el nuevo Gobierno de la República de Moldova ha demostrado una evidente receptividad hacia la Unión Europea, creo que conceder ayuda macrofinanciera a la República de Moldova a través de una asignación de un valor de hasta 90 millones de euros es una iniciativa más que necesaria.

Debo mencionar que la asistencia que se propone es especialmente beneficiosa, puesto que la precaria situación financiera de la República de Moldova también ha empeorado debido a la grave inundación que ha padecido este verano. Cabe señalar que el acuerdo intergubernamental se firmó en abril, y basándose en él, Rumanía ha ofrecido a la República de Moldova la concesión de una ayuda financiera a fondo perdido por el valor de 100 millones de euros, asignada como apoyo a la infraestructura de la República de Moldova. Deseo acabar diciendo que la ayuda financiera procedente de la UE se utilizará para ayudar a la República de Moldova siguiendo el camino de integración política y económica en la UE.

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. (IT) He votado en contra de este informe, principalmente por motivos de realismo y viabilidad. La idea de ofrecer asistencia a la República de Moldova puede, como principio general, parecer una buena idea, en el sentido de que apoyar a los países próximos a Europa también puede ayudarnos a evitar problemas debido a la pobreza y la consiguiente inmigración que afecta a nuestro continente. Sin embargo, he votado en contra de la propuesta por dos motivos. En primer lugar, tengo grandes dudas acerca del uso sustancial y serio de los fondos que deberían asignarse a la UE. Pese a las palabras y pruebas que hemos recibido de las autoridades moldavas, sabemos que este país se ve afectado por la corrupción generalizada y su sistema económico y financiero todavía está muy anticuado. Por lo tanto, no hay suficientes garantías de que los fondos europeos se gestionen de forma racional y consciente. Además, aun cuando tuviéramos las garantías suficientes sobre el uso eficaz de los fondos, la suma propuesta todavía parecería insuficiente: No veo cómo los 90 millones de euros de los que habla el informe pueden ayudar realmente a un país a emprender el camino hacia la modernización interior y la recuperación económica y política.

 
  
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  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) La República de Moldova es uno de los Estados europeos a los que más ha afectado la crisis económica. Además, las autoridades de Chişinău han estado afrontando la incertidumbre política durante mucho más de un año, lo cual no puede sino agravar los efectos de la crisis económica, no solo en la población, sino también en las finanzas del Gobierno. Conceder a Moldova una asignación de aproximadamente 90 millones de euros, cuyo uso, que no se supervisará, se pretende que cubra exclusivamente la balanza de pagos y financie el presupuesto estatal, ayudará a que Moldova logre los objetivos macroeconómicos establecidos por el FMI, al impulsar, a medio y largo plazo, la credibilidad del país en los mercados financieros mundiales.

Saludo que el Parlamento y la Comisión vayan a imponer mecanismos de control para garantizar que la asignación de la UE llegue al destino previsto. Moldova se encuentra en una difícil situación política y es posible que surja la tentación de hacer algunos gestos políticos populistas con vistas a las elecciones que se acercan. También saludo las garantías del Primer Ministro Filat y su determinación para respetar sus compromisos, lo cual tendría un efecto positivo en la economía de Moldova. Moldova necesita una muestra de buena voluntad de la comunidad internacional porque está atravesando tiempos difíciles. La Unión Europea, por su propio bien, debe tender la mano a Moldova para poder tener un Estado estable económica y políticamente en su frontera oriental.

 
  
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  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. (EL) Me he abstenido en la votación sobre este informe relativo a la ayuda financiera para Moldova, a pesar de que creo que la UE debería conceder ayuda financiera para que Moldova pueda cumplir con sus obligaciones económicas. Sin embargo, lamentablemente, la financiación está supeditada al cumplimiento de las condiciones que ha establecido el FMI para este país. El hecho de que la UE haya vinculado la prestación de ayuda financiera a la necesidad de que el país cumpla con las políticas impuestas por el FMI resulta moral y políticamente inaceptable. Las consecuencias desastrosas del FMI son evidentes en Grecia y en otros países por los que ha pasado, o en los que todavía está presente, y nosotros nos oponemos a ello.

 
  
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  George Sabin Cutaş (S&D), por escrito. (RO) He votado a favor del proyecto de resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la concesión de ayuda macrofinanciera a la República de Moldova. Como ponente alternativo para mi grupo político, he pedido que la ayuda financiera de hasta 90 millones de euros se conceda lo antes posible. La crisis financiera y económica ha afectado mucho a la República de Moldova, un país que forma parte de la Asociación Oriental. Al mismo tiempo, ha emprendido reformas políticas importantes que necesitan consolidarse e ir acompañadas de la aplicación práctica de normas europeas. Por eso, considero que conceder esta ayuda financiera representa una forma de impulsar el ritmo del proceso de reforma.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Dada la repercusión que la actual crisis económica y financiera ha tenido en Moldova y el camino hacia la integración en la UE que el país ha intentado seguir, pienso que sería acertado que la UE optara por concederle ayuda macrofinanciera. La solidaridad con quienes se encuentran en el ámbito de la política de vecindad europea no debería usarse como una forma de deshacerse de la necesidad de la UE para ejercer control sobre la manera en que se usa su ayuda, ni tampoco de esperar responsabilidad de las autoridades locales que reciben la ayuda.

A menos que la ayuda esté sujeta a una supervisión estricta, no hará ningún bien y podría incluso tener un efecto perjudicial en países como Moldova, que están intentando estabilizar sus instituciones y fortalecer la democracia y el Estado de Derecho.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La ayuda macrofinanciera destinada a Moldova que se propone actualmente no constituye una forma de ayuda genuina y desinteresada. Por el contrario, esta ayuda depende de los requisitos y la supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), y los principios y objetivos clave de la reforma económica establecidos en el Memorando de Política Económica y Financiera, en particular: los despidos y una congelación de puestos de trabajo en el sector público; la introducción de medidas que debilitan más las relaciones laborales y reducen los derechos de los trabajadores; un aumento de la edad de jubilación; precios de la energía más altos; privatizaciones; una congelación de salarios del sector público; la reducción de ayudas para agricultores; aumento de impuestos directos e indirectos; cierre de escuelas y subordinación de universidades a la financiación privada; y desregulación y mayor liberalización de inversiones interiores y exteriores.

Estas razones son más que suficiente para que no apoyemos la concesión de ayuda macrofinanciera a Moldova. El paquete de medidas incluso acentuará el empobrecimiento de un país que hoy en día ya es una de las regiones más pobres. Con la UE y el FMI promoviendo este asalto brutal de los derechos de la población moldava, será cuestión de decir eso de «con amigos así, ¿quién necesita enemigos?».

 
  
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  Filip Kaczmarek (PPE), por escrito. – (PL) He apoyado el informe sobre conceder ayuda macrofinanciera a la República de Moldova. La ayuda para Moldova es una cuestión importante, porque puede tener una influencia considerable en el futuro de ese país como parte de Europa. Durante una visita al Parlamento Europeo la semana pasada, el Presidente de Polonia, Bronisław Komorowski, dijo que la cooperación con Moldova debería convertirse en una prioridad de nuestra política exterior.

Muchos diputados se sorprendieron un poco ante esta declaración, pero Moldova es, después de todo, un Estado europeo y es posible que algún día llegue a ser un Estado miembro de la Unión Europea. Precisamente por eso deberíamos cooperar con Moldova y pensar seriamente las ideas sobre su futuro. Espero que la actual crisis constitucional de Moldova se supere pronto y que las nuevas elecciones marquen el comienzo de un parlamento capaz de llevar a cabo cambios históricos.

 
  
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  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. – (DE) La Unión Europea disfruta de buenas relaciones políticas y económicas con la República de Moldova y es importante que estas relaciones se mantengan y amplíen. Por esta razón, es evidente que se debe apoyar la concesión la ayuda macrofinanciera a la República de Moldova, que ha resultado gravemente afectada por la crisis económica. El dinero prometido por la UE está vinculado a condiciones bien definidas y llegará a los fines oportunos. La ayuda financiera, junto con los fondos procedentes del FMI, contribuirá a estabilizar el presupuesto nacional de la República de Moldova y tendrá un efecto positivo en las negociaciones para un acuerdo de asociación con el país. Apoyo el paquete de ayuda macrofinanciera, que ayudará a estrechar lazos políticos y económicos y que finalmente beneficiará no solo a Moldova, sino también a toda la UE.

 
  
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  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. (RO) La economía de la República de Moldova se ha visto seriamente afectada por la crisis financiera global, como ha puesto de relieve el deterioro de su posición presupuestaria y su creciente necesidad de financiación externa. Debido al declive de la situación económica, la República de Moldova ha solicitado ayuda financiera a la Unión Europea. He votado a favor de conceder esta ayuda porque creo que la Unión Europea debe implicarse, junto con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones internacionales, en el alivio de la difícil situación en la que se encuentra la República de Moldova. Esta ayuda ofrecerá un apoyo adecuado al Gobierno en Chişinău en cuanto a la financiación del déficit de la balanza de pagos y otras necesidades presupuestarias. Al mismo tiempo, esta medida fortalecerá las relaciones bilaterales entre este Estado y la Unión Europea y permitirá que la UE demuestre su solidaridad a un Estado signatario de la Asociación Oriental.

 
  
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  Iosif Matula (PPE), por escrito. – (RO) He votado a favor del informe presentado por nuestro colega diputado, Iuliu Winkler, porque estoy de acuerdo con conceder ayuda macrofinanciera a la República de Moldova para ayudarle a afrontar la crisis económica. La Comisión Europea propone la asignación de 90 millones de euros en al menos tres tramos. Los fondos de la UE complementarán la ayuda financiera del FMI y el Banco Mundial que este país ha solicitado. La ayuda macrofinanciera europea pretende reforzar el ritmo del proceso de reforma en la República de Moldova respaldando el programa económico del Gobierno y sus iniciativas destinadas a unirse a la UE.

La Alianza para la Integración en Europa, presidida Mihai Ghimpu, Presidente en ejercicio, y Vlad Filat, Primer Ministro, ha ratificado su compromiso de promover reformas democráticas y aplicar normas europeas. Como rumano y miembro de la Asamblea Parlamentaria Euronest, estoy plenamente convencido de que tener países estables, prósperos y aliados como vecinos orientales es por el bien de toda la Unión Europea.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) El proceso de estabilización y recuperación de la economía de Moldova cuenta con el apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional. Para hacer frente al empeoramiento de sus perspectivas económicas, Moldova ha solicitado ayuda macrofinanciera de la Unión. El programa de ayuda macrofinanciera también es de vital importancia para mejorar la estabilidad financiera de las naciones europeas que han luchado contra la reciente crisis mundial y que han sufrido sus repercusiones con respecto a sus principales socios comerciales. Los desequilibrios financieros están relacionados con los presupuestos y con la balanza de pagos. Esta ayuda es importante para que Moldova haga frente a la crisis de la forma más coherente posible. Por tanto, la Unión Europea debe ser un espacio de solidaridad. Estas son las razones de mi voto.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) La economía de la República de Moldova se ha visto seriamente afectada por la crisis financiera internacional, sufriendo una notable contracción de su producción, un deterioro de su situación presupuestaria y un aumento de sus necesidades de financiación exterior. Puesto que este país es un vecino próximo de la UE y posee conexiones sólidas con el Estado miembro de la UE de Rumanía, también conviene mucho a los intereses de la UE estabilizar la situación en la región y acabar rápidamente con la migración a gran escala por motivos económicos.

La estabilización y recuperación económica de la República de Moldova también cuentan con la ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI). La Comisión Europea debe asegurarse de que la ayuda macrofinanciera de la Unión está jurídica y sustancialmente en consonancia con las medidas adoptadas en los distintos ámbitos de acción exterior y otras políticas comunitarias relevantes. La ayuda macrofinanciera de la Unión debería estar gestionada por la Comisión. Con el fin de garantizar que el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Financiero puedan seguir la aplicación de esta decisión, la Comisión debería informarles con regularidad sobre la ayuda y proporcionarles los documentos pertinentes. Esto debería asegurar la aplicación correcta de la decisión y la gestión prudente del dinero de los contribuyentes. Por este motivo, he votado a favor de la decisión.

 
  
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  Sławomir Witold Nitras (PPE), por escrito.(PL) Tomo nota con gran satisfacción hoy de la aprobación del informe Winkler sobre la ayuda macrofinanciera para la República de Moldova. Uno de nuestros papeles fundamentales como Estados miembros de la Unión Europea es el de apoyar a aquellos países que necesitan nuestra ayuda, empleando todos los medios posibles. Esta cuestión es importante porque parece esencial prestar más atención a nuestros socios en el este, entre ellos Moldova.

Una Europa fuerte es una Europa que habla con una sola voz, donde la solidaridad, entendida en sentido general y que incluye la solidaridad económica, es un principio fundamental. En mi opinión, una economía estable en Moldova sin duda sería un factor importante que allí contribuiría a mejorar las relaciones políticas.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Hasta ahora la política ecologista con respecto a la ayuda macrofinanciera ha consistido en comprobar si existen verdaderas razones políticas por las que dicha ayuda no deba concederse. Puesto que no existe ningún problema particular actualmente con respecto a la República de Moldova, no hay ninguna razón para denegar la ayuda macrofinanciera. Por lo tanto, el Grupo Verts/ALE hemos votado a favor en comisión y hoy hemos hecho lo mismo en el Pleno. No obstante, seguimos destacando que esperamos que la Comisión finalmente establezca un marco para esta política de ayuda macrofinanciera.

 
  
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  Oreste Rossi (EFD), por escrito. (IT) Somos muy escépticos en cuanto a que Europa asuma la carga de contribuciones financieras destinadas a países de fuera de la UE.

Una cosa es tomar medidas según el muy querido lema del partido Liga Norte —«Ayudemos a la gente en sus propios países»— con proyectos que están diseñados para ayudar a las poblaciones a través de medidas humanitarias, luchar contra la pobreza y financiar sistemas para la protección de los niños; sin embargo, otra muy distinta es ofrecer ayuda macrofinanciera a un Estado nación. Es evidente que las medidas de este tipo no proporcionan ayuda directa a la población pobre sino a un sistema estatal que ha sido incapaz de gestionar sus propias finanzas. Por lo tanto, hemos votado en contra.

 
  
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  Bogusław Sonik (PPE), por escrito.(PL) El apoyo a una política de acercamiento entre los Estados miembros de la UE y Moldova requiere el esfuerzo de toda la Unión, que debería obligar a Rusia a que permita que Moldova tome una decisión independiente con respecto a Transdniéster, que forma parte integral de la República de Moldova. Se deberían crear las condiciones para que la ayuda de la Unión Europea pueda aprovecharse con eficacia en la región.

 
  
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  Traian Ungureanu (PPE), por escrito. – En calidad de ponente alternativo del PPE del informe relativo al acuerdo de asociación con la República de Moldova, saludo la aprobación por abrumadora mayoría del paquete sobre la ayuda macrofinanciera de la UE a la República de Moldova. El Gobierno proeuropeo de la República de Moldova necesita urgentemente esta ayuda, mientras que la votación del Parlamento Europeo al respecto es una señal inequívoca del apoyo de la UE a las actuales autoridades moldavas y sus esfuerzos por mitigar las consecuencias negativas de las múltiples crisis.

Espero que, de este modo, el apoyo de la UE a las fuerzas europeas y el camino de la República de Moldova llegue a ser más evidente para su población y reitere el mensaje de que la República de Moldova seguirá disfrutando de ayudas concretas de la UE en todas sus iniciativas por aproximarse a las normas y valores de la UE, como por ejemplo, la buena gobernanza y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Por último, quiero expresar de nuevo mi pesar ante el inaceptablemente largo proceso decisorio de la UE para la concesión de ayuda macrofinanciera a la República de Moldova e insto a las instituciones comunitarias a basarse en las experiencias de este año para evitar que se produzcan este tipo de demoras en el futuro.

 
  
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  Iuliu Winkler (PPE), por escrito. – Como ponente de la propuesta de ayuda macrofinanciera a la República de Moldova, acojo con satisfacción la facilidad con que se ha aprobado en la sesión plenaria, con una mayoría importante que refleja el apoyo unánime del grupo político en el Parlamento Europeo. La República de Moldova es uno de los países de la Asociación Oriental más gravemente afectados por la crisis mundial. La ayuda contribuye a los esfuerzos de recuperación de la crisis y defiende las necesidades de financiación externa del país. Además, estoy convencido de que contribuye al fortalecimiento de las reformas moldavas y las iniciativas del país vecino hacia su integración en la Unión Europea. De acuerdo con los principales objetivos y principios del Grupo PPE, he presentado enmiendas con el fin de reforzar la eficacia, la transparencia y la responsabilidad de la ayuda, incluidos, en particular, los sistemas de gestión de la hacienda pública en la República de Moldova.

El informe estipula el deber de la Comisión Europea de informar al Parlamento Europeo con regularidad sobre la evolución de la gestión de la ayuda y proporcionarnos los documentos pertinentes. La votación en el Pleno del Parlamento Europeo se caracteriza por un profundo espíritu europeo; me gustaría señalar la unanimidad conseguida en la votación sobre este informe en la Comisión de Comercio Internacional. Asimismo, deseo dar las gracias a la Comisión de Asuntos Exteriores por su apoyo a la rápida aprobación de este informe.

 
  
  

Informe: Danuta Maria Hübner (A7-0232/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe, que pretende fortalecer la competitividad de los operadores económicos en las Azores para garantizar un empleo más estable y, de este modo, superar las desventajas económicas que surgen de su situación geográfica.

Esta suspensión temporal de los derechos aduaneros permitirá que los operadores económicos en las Azores y Madeira importen una determinada cantidad de materias primas, piezas, componentes y productos acabados libres de impuestos y abarcará ámbitos como la pesca, agricultura, industria y servicios. En una economía desfavorable, esto hará posible que aumente la competitividad y, a largo plazo, se disponga de un marco más favorable para los inversores.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito.(FR) Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo ha de desempeñar un importante papel en el proceso legislativo europeo. Ahora que se ha aprobado este informe, se notificará al Parlamento cada vez que haya una propuesta para modificar el estado de los actos delegados (artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Esta es una característica importante porque el Parlamento debe estar en condiciones de contribuir al debate sobre el hecho de que a veces es necesario realizar modificaciones técnicas en la lista de productos amparados por una suspensión temporal de derechos autónomos del arancel aduanero común sobre las importaciones de determinados productos industriales en las regiones autónomas de Madeira y las Azores.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) He votado con entusiasmo a favor del contenido de este informe. Adoptar las medidas necesarias para responder a los problemas concretos de las regiones ultraperiféricas de la Unión es de especial importancia en un momento de crisis económica. El aislamiento geográfico de las regiones autónomas de Madeira y las Azores impone notables desventajas comerciales a los agentes económicos que operan allí. Estas desventajas repercuten negativamente en las tendencias demográficas, el empleo y el desarrollo económico y social.

Las economías regionales de Madeira y las Azores dependen notoriamente del turismo, un recurso económico muy volátil, lo cual está condicionado por muchos factores además de las capacidades de control y dinamismo de las respectivas autoridades locales y del Gobierno portugués. El desarrollo económico de Madeira y las Azores, por lo tanto, padece las limitaciones resultantes.

En estas circunstancias, es muy importante apoyar a los sectores económicos que son menos dependientes del sector turístico, a fin de compensar sus fluctuaciones y, de esta forma, estabilizar el empleo de la región. Concretamente, es necesario ayudar a las pequeñas y medianas empresas y los agricultores locales a invertir y crear empleo estable en la región.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe «sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común para las importaciones de determinados productos industriales a las Regiones Autónomas de Madeira y Azores» porque, en el contexto de la crisis internacional, es urgente incrementar la competitividad de los operadores económicos locales y estabilizar el empleo en estas regiones ultraperiféricas.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Como ya dije en enero sobre este mismo tema, creo que la suspensión temporal de los derechos autónomos del arancel aduanero es fundamental para incrementar la competitividad de los operadores económicos en las regiones autónomas portuguesas de Madeira y las Azores y, de esta forma, asegurar un empleo más estable en estas islas.

La aprobación de esta excepción es crucial para el desarrollo de estas regiones autónomas portuguesas, las cuales se basan en gran medida en el sector turístico y, en consecuencia, son sumamente vulnerables a la volatilidad de este sector. Esto significa que su pleno desarrollo económico está limitado por las características de su economía local y su posición geográfica. Teniendo esto en cuenta, todo incentivo para la industria local con toda seguridad aporta la ayuda necesaria para la mejora de las condiciones de vida de la población local y abre camino a la creación de puestos de trabajo en las islas, lo cual es esencial para conservar la población y crear condiciones para el desarrollo.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) A petición de las autoridades regionales de Madeira y las Azores en agosto y diciembre de 2007, de suspender temporalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común para las importaciones de determinados productos industriales desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2019, el Parlamento aprueba el reglamento del Consejo, al tiempo que introduce la necesidad de notificar e informar a esta Cámara si se adopta un acto delegado o si el Consejo pretende formular objeciones.

Estamos de acuerdo con la suspensión que estas dos regiones han solicitado, ya que representa una medida importante para el desarrollo de las regiones, así como para sus pequeñas y medianas empresas y agricultores y productores locales, reconociendo las limitaciones inherentes a las regiones ultraperiféricas. Por eso hemos votado a favor.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) Saludo la aprobación de este informe, que está orientado a las realidades de las regiones ultraperiféricas. Estas regiones tienen economías frágiles debido a su misma naturaleza y características muy concretas que requieren respuestas especiales que se adapten a dichas características. Las medidas que se han aprobado ahora van destinadas a aumentar la competitividad de los operadores económicos locales, lo cual ayudará a las pequeñas y medianas empresas y los agricultores locales a invertir y crear empleo. Esto promoverá la estabilidad del empleo en las regiones autónomas de Madeira y las Azores. En el contexto de la crisis económica generalizada, esta es una medida concreta para estimular la actividad económica y el empleo a medio plazo y una contribución importante a la cohesión y convergencia en Europa. La suspensión de los derechos de aduana durará diez años, abarcando una amplia variedad de productos, como productos acabados para uso industrial, materias primas, piezas y componentes para su uso en la agricultura, el sector de la transformación o el mantenimiento industrial. Aunque no es posible hacer una evaluación precisa de la repercusión de estas medidas, ya que forman parte de una serie de otras medidas diseñadas para problemas específicos de estas regiones autónomas, la Comisión Europea prevé que estas medidas acordadas tengan un efecto en sus propios recursos e ingresos de alrededor del 0,12 % al año durante el periodo comprendido entre 2010 y 2019.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), escrito. (PT) He votado a favor porque están en juego los intereses vitales de dos regiones portuguesas.

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE) , por escrito. (CS) Señorías, me gustaría aprovechar esta oportunidad para señalar que la Comisión ha olvidado este proyecto de Reglamento que, después del Tratado de Lisboa, no puede evadir al Parlamento Europeo en lo que se refiere a la cooperación en la transferencia de competencias para aprobar actos de este tipo. Parece haber olvidado que el Tratado de Lisboa ahora está en vigor. Quisiera agradecer a los ponentes la modificación de artículos fundamentales como el de que la Comisión deba informar al Parlamento Europeo antes de la aprobación de actos sobre la transferencia de competencias en el ámbito de las aduanas y tener en cuenta nuestras opiniones. Creo que esto también servirá de lección a la Comisión en otros casos.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Las autoridades regionales en Madeira y las Azores solicitaron la suspensión temporal de los derechos autónomos del arancel aduanero común con objeto de fortalecer la posición competitiva de los operadores económicos locales y estabilizar el empleo en estas regiones ultraperiféricas de la Unión. Las consecuencias de esta suspensión que se propuso se limitarán a las regiones en cuestión y ayudará a las PYME y agricultores locales a invertir y generar empleo en estas regiones ultraperiféricas. En el informe inicial, la Comisión de Asuntos Regionales apoyó la propuesta. Se presentaron y aprobaron algunas enmiendas (simplificación del procedimiento, artículo 46, apartado 2, del Reglamento) que sugerían lo siguiente: la inclusión de productos adicionales a la propuesta inicial (introducción del nuevo Código NC) y una nueva fecha de comienzo para la entrada en vigor del reglamento (1 de febrero de 2010 en lugar del 1 de enero de 2010) y para que se aplique hasta el 31 de diciembre de 2019. En la votación de hoy, nosotros, el Grupo Verts/ALE, hemos votado a favor porque apoyamos una nueva consulta y la inclusión del deber de informar al Parlamento Europeo.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) La suspensión temporal de los derechos autónomos del arancel aduanero en determinados productos industriales importados a Madeira y las Azores, es una medida que pretende incrementar la competitividad de las economías locales y, por tanto, asegurar el empleo en estas dos regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. La suspensión depende del uso final de los productos y sólo beneficia a los operadores económicos de estas regiones, pretendiendo atraer la inversión mediante una perspectiva a largo plazo que permita lograr un entorno económico y social estable en estas regiones.

La propuesta no solo hará posible que la suspensión se aplique a las industrias situadas en las zonas de libre comercio, sino que permitirá que se beneficien todos los tipos de operadores económicos situados en estas regiones. También se ha ampliado la variedad de productos a fin de incluir los productos acabados para uso industrial, las materias primas y otros materiales, así como piezas y componentes para su uso en la agricultura, el sector de la transformación o el mantenimiento industrial.

Las economías de las regiones ultraperiféricas son economías frágiles con características muy concretas, que requieren respuestas especiales que se adapten a las especificidades de las regiones. Aunque resulta lamentable que el documento no vaya dirigido a una mayor cantidad de productos, ofrece un incentivo positivo a las economías de las regiones ultraperiféricas y, por consiguiente, he votado a favor.

 
  
  

Informe: László Surján (A7-0240/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Puesto que esta propuesta no implica ningún gasto adicional, más que una aclaración de los créditos para gastos administrativos y operacionales, haciendo la sección III del presupuesto más específica y precisa, acompaño al ponente expresando mi aprobación de la decisión del Consejo.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) El Tratado de Lisboa ha dado nuevas responsabilidades al Parlamento. Esta situación significa trabajo administrativo adicional, por lo que los diputados necesitan contar con personal cualificado que actúe en calidad de asesor. Esta nueva situación genera dos problemas: el aumento de los costes inherentes a la necesidad de contar con más asistentes y la necesidad de contar con más espacio para llevar a cabo sus actividades en buenas condiciones laborales. Por tanto, esta situación deriva en un aumento de los costes. Eso es difícil de explicara en este momento de crisis, pero si el trabajo del Parlamento ha de ser excelente, necesita disponer de los recursos financieros y humanos necesarios.

 
  
  

Informe: Bernhard Rapkay (A7-0244/2010)

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Defender la independencia del mandato de los miembros de esta Cámara es responsabilidad del Parlamento, y esa independencia no puede verse perjudicada. En este caso, dado que el diputado se enfrenta a acusaciones de delitos de falsedad contable en relación con la financiación de un partido político durante un periodo anterior a su elección a diputado del Parlamento Europeo, estos hechos no están relacionados con sus actividades como miembro de esta Cámara. Por tanto, en este caso, tenemos que seguir descartando su inmunidad. De ahí mi voto.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. (LV) Me he abstenido en la votación sobre la inmunidad de nuestro colega diputado, Viktor Uspaskich, porque no considero que la inmunidad sea una «cosa sin importancia». Bien tienes inmunidad o bien no la tienes. La inmunidad les da la oportunidad a los diputados de hacer su trabajo y les protege de posibles presiones. Considero que la inmunidad no puede levantarse sin una sentencia del Tribunal Europeo.

No estoy convencido de que el tribunal de Lituania actuara de forma imparcial, porque el Gobierno y el Presidente de Lituania con frecuencia han aludido al alto nivel de corrupción del país. ¿Qué garantía tenemos de que la sentencia se haya dictado objetivamente? Si hoy decidimos levantar la inmunidad de Viktor Uspaskich, entonces debemos eliminar el concepto de inmunidad del Reglamento del Parlamento.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) He votado en contra de la suspensión de la inmunidad del señor Uspaskich porque, al examinar detenidamente los documentos, es evidente que se están tomado medidas contra el señor Uspaskich con motivación política partidista. Como miembro de la minoría rusa, él y su partido en Lituania en repetidas ocasiones han sido objeto de ataques públicos por parte del Gobierno. Ahora se le acusa de haber calculado incorrectamente las finanzas del partido durante un periodo de tres años. Curiosamente, no se han presentado cargos contra el contable. Además, el señor Uspaskich era el coordinador del partido y, por lo tanto, también era el responsable, sólo durante el primer año. La forma incorrecta en la que se ha llevado este asunto en el Parlamento Europeo, donde al señor Uspaskich incluso se le denegó la oportunidad de presentar su opinión o una declaración en la Comisión de Asuntos Jurídicos, completa el cuadro. Por consiguiente, el ponente socialista parece estar claramente implicado en este proceso político. Esto debería rechazarse, ya que cada caso debe tratarse de acuerdo con los criterios del Estado de Derecho, lo cual, al menos en este asunto, no ha sido el caso.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Este tema se añadió a la orden del día para el periodo parcial de sesiones de septiembre I a última hora. La semana pasada, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió levantar la inmunidad de Uspaskich. Nuestro grupo estuvo a favor de la decisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, ya que se trata de un caso de falsedad contable en relación con la financiación de un grupo político y no está relacionado con las opiniones expresadas ni con los votos emitidos en el desempeño de sus obligaciones como diputado al Parlamento Europeo. Hoy hemos expresado esta opinión en el Pleno votando a favor de este informe.

 
  
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  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. (LT) El informe presentado por el señor Rapkay es ilegal. El Parlamento Europeo ha violado mi derecho a la defensa. Al ponente le proporcioné suficientes pruebas de persecución política, pero él se negó maliciosamente a pasar mis pruebas a otros diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

No se me permitió tener acceso al proyecto de decisión ni a hacer observaciones al respecto durante la reunión de la comisión. No se me permitió hablar sobre el hecho de que se me reconoce oficialmente como víctima de persecución política en Rusia ni hacer comentarios sobre precedentes del Parlamento Europeo. En el proyecto de decisión, el ponente ofreció una falsa versión e interpretación de la Constitución de Lituania, los diputados al Seimas (Parlamento lituano) también tienen inmunidad con respecto a las acciones llevadas a cabo antes de las elecciones. No se me permitió hablar sobre el tema durante la reunión.

Además, el Parlamento Europeo ha violado su ley relativa a los precedentes, que es de obligado cumplimiento. Nunca en la historia de la UE se ha levantado la inmunidad en una situación como la mía: primero, tengo el estatus oficial de víctima de persecución política; segundo, como el Seimas ha reconocido, el Departamento de Seguridad del Estado, que empezó el ataque, está politizado, como testificó uno de los jefes del departamento, el Presidente del Seimas dio la orden de empezar el ataque; tercero, los fiscales me prohíben reunirme con electores, es decir, viajar a otra ciudad de Lituania, pero durante las elecciones me permiten irme de vacaciones, asistir a acontecimientos deportivos y visitar lugares de importancia religiosa; y cuarto, según los precedentes asentados por Herkotz, Blumenfeld, Venelzi, Amadei, Gaibisso y Marchiani, no se puede responsabilizar a un líder político de contabilidad.

Denunciaré esta decisión ilegal ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y será revocada.

 
  
  

Recomendación: Salvatore Iacolino (A7-0209/2010)

 
  
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  Alfredo Antoniozzi (PPE), por escrito. (IT) Señor Presidente, en esta coyuntura particular en la historia, la globalización se manifiesta en todos los ámbitos de la vida diaria y eso, por desgracia, también se aplica a la delincuencia. Como bien se explica en el informe, las estadísticas sobre la cooperación judicial penal entre los Estados miembros y Japón demuestra que las autoridades europeas y japonesas necesitan cooperar unas con otras aun sin contar con un marco jurídico.

Para este fin, considero que mi deber es votar a favor de este informe y aprovecho esta oportunidad para agradecer al señor Iacolino su excelente trabajo.

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. (IT) La cooperación internacional en materia penal es hoy en día un objetivo que la UE debería perseguir con el mayor compromiso posible. El actual aumento de la delincuencia organizada que actúa a escala internacional pone a prueba a las organizaciones estatales, nacionales e internacionales hasta tal punto que necesitan establecer acuerdos que faciliten las formalidades burocráticas y administrativas y faciliten la investigación de delitos y las diligencias judiciales. El acuerdo entre Europa y Japón sobre el que debemos votar ofrece suficientes garantías de respetar la ley y los derechos individuales. Sobre todo, es una oportunidad histórica porque por primera vez autoriza legalmente la voluntad de dos entidades de lograr formas de cooperación en asuntos penales y de lucha contra la delincuencia. Así que he votado a favor del informe Iacolino.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) Este acuerdo pretende establecer una cooperación más eficaz en el ámbito de la ayuda jurídica mutua en materia penal entre los Estados miembros de la UE y Japón. Creo que la ratificación de este acuerdo es importante, no solo porque permite la creación de un marco jurídico claro y coherente para regular esta cooperación, sino también porque, hasta ahora ni siquiera habían existido acuerdos bilaterales entre Estados miembros y Japón en este ámbito. Los retos que surgen actualmente de la globalización dan pie cada vez más a la necesidad de desarrollar respuestas transnacionales: la lucha contra la delincuencia es un claro ejemplo de ello, donde la cooperación y la asistencia entre los distintos Estados de la comunidad internacional desempeñan un papel fundamental.

En el marco de este acuerdo, se puede presentar una petición formal o simplemente puede haber motivos para un intercambio espontáneo de información, por ejemplo, testimonios y declaraciones, registros, extractos de cuentas, o la localización e identificación de personas. El Estado que recibe la petición siempre tiene la posibilidad de rechazarla por alguno de los motivos «tradicionales» de denegación, pero los Estados implicados deben consultarse mutuamente antes de denegar la asistencia.

Por lo tanto, apoyo este acuerdo, que permite una asistencia jurídica más eficaz, al tiempo que salvaguarda un nivel adecuado de garantías.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La delincuencia organizada desde hace mucho tiempo se ha extendido más allá de las fronteras de cada uno de los países y ahora se extiende por muchas zonas del mundo. Esta circunstancia, propia de la época en que vivimos, requiere una respuesta uniforme común por parte de las organizaciones internacionales, los países y los pueblos que son víctimas de acciones delictivas. El acuerdo entre la Unión Europea y Japón sobre la asistencia jurídica mutua en materia penal representa otro avance en esta dirección. Los Estados en los que impera el Estado de Derecho tienen la obligación de garantizar que las fronteras que les separan según el Derecho internacional no sirvan a los delincuentes como forma de escapar de la justicia, eludiendo su condena y la compensación justa de las víctimas.

Cuanto más eficaces sean las autoridades policiales y judiciales de cada uno de los países, mayor será el intercambio de información y la adopción de buenas prácticas que sean de provecho para todos, y más nos beneficiaremos todos de la ayuda judicial mutua. Espero que esto así suceda.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) En febrero de 2009, el Consejo autorizó la apertura de negociaciones con el fin de crear un acuerdo de asistencia judicial mutua en materia penal entre la Unión Europea y Japón. El Consejo ha autorizado la firma de este acuerdo por la decisión de 30 de noviembre de 2009, en virtud de los artículos 24 y 38 del Tratado de la Unión Europea. Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento ha pedido la adopción de la decisión del Consejo, conforme a lo dispuesto en el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El acuerdo sigue el modelo de otros acuerdos de cooperación judicial celebrados con anterioridad y se refiere, en particular, a la cooperación en la realización de investigaciones o la adquisición de pruebas, así como otras actividades, tales como la notificación de las comunicaciones en el país requerido. Las disposiciones más importantes del acuerdo incluyen la recogida de testimonios o declaraciones, lo que permite celebrar audiencias por videoconferencia, la obtención de registros, documentos o extractos bancarios, e incluso la localización o identificación de personas, o la producción de artículos en posesión de las autoridades legislativas, administrativas o judiciales del Estado requerido o de sus autoridades locales.

 
  
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  Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. (FR) El reglamento de cooperación judicial en materia penal pretende facilitar las investigaciones, a fin de luchar contra la delincuencia transfronteriza eficazmente: estos son los objetivos y el propósito de los acuerdos internacionales sobre asistencia judicial mutua y, en el caso que nos ocupa, de este acuerdo entre la Unión Europea y Japón sobre asistencia judicial mutua en materia penal. Es sencillo imaginar las dificultades que tendría un investigador europeo (una autoridad judicial, policial o aduanera) al recoger pruebas en un tercer país y, hoy en día, la globalización y la delincuencia transfronteriza dan lugar a que la cooperación entre Estados, un marco jurídico y una interfaz operacional entre la Unión Europea y terceros países sean fundamentales en materia judicial. El valor añadido de este acuerdo es indiscutible: realizar investigaciones, conseguir pruebas, tomar testimonio, obtener documentos bancarios e identificar o localizar a personas son todos los ámbitos donde está prevista, de ahora en adelante, la cooperación establecida formalmente entre la Unión Europea y Japón para lograr mayor eficacia y rapidez. Por lo tanto, el Parlamento ha aprobado fácilmente la conclusión de este acuerdo internacional y me alegro mucho por ello.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. (IT) En primer lugar, quisiera felicitar al señor Iacolino por su excelente trabajo.

He votado a favor del informe porque creo que los numerosos procedimientos de cooperación judicial en materia penal entre cada uno de los Estados miembros y Japón durante los últimos años, refleja la necesidad de un único marco judicial y legislativo, sobre todo, debido a la incomprensible carencia de tratados bilaterales entre los Estados miembros de la UE y Japón.

El acuerdo sigue el modelo de otros acuerdos de cooperación judicial celebrados en el pasado y se centran, en particular, en la cooperación destinada al desarrollo de las investigaciones o a la obtención de pruebas, así como a otras actividades tales como la notificación de las comunicaciones en el país requerido. Las normas incluidas en el objeto del acuerdo tienden a hacer que la asistencia jurídica sea lo más eficaz posible y que pueda afrontar los retos actuales, con los niveles adecuados de seguridad.

En cuanto a los motivos de denegación, me gustaría señalar la importancia de la norma que protege a los Estados miembros contra la posible utilización de los acuerdos en el marco de procedimientos por delitos sancionables con la pena de muerte. Esto está en plena consonancia con la posición reafirmada en repetidas ocasiones por la Unión Europea que aboga por la abolición de la pena de muerte o, al menos, por una moratoria de su uso.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La globalización que caracteriza nuestra era no sólo se está produciendo en términos económicos, sino que también se extiende ahora a otros ámbitos, sobre todo, al ámbito de la delincuencia. Es por este motivo por el que la cooperación entre Estados en materia de penal está siempre en el orden del día. En el caso de Japón, a pesar de la ausencia de un marco jurídico, las autoridades judiciales europeas y japonesas han estado colaborando entre sí. Por tanto, es muy importante abrir negociaciones sobre la elaboración de un acuerdo de asistencia jurídica mutua en materia penal entre la Unión Europea y Japón. De ahí mi voto.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) Quisiera dar las gracias al señor Iacolino por el excelente trabajo que ha realizado en la elaboración de este informe. La base jurídica y procesal del informe es excelente y, además, representa un paso decisivo en términos de cooperación jurídica —no sólo con Japón—, y espero que se utilice como modelo para futuros informes sobre la asistencia con otros terceros países.

Los ciudadanos europeos a menudo se encuentran cometiendo un delito en el extranjero y a veces no saben que están infringiendo las leyes de su país de acogida. En cualquier caso, es esencial garantizar la asistencia jurídica y judicial, a partir de la traducción, la oportunidad de expresarse en su propio idioma y la oportunidad de obtener ayuda y asistencia en su propio idioma. Es evidente que debemos tener en cuenta determinadas dificultades relacionadas con los diferentes sistemas jurídicos, pero creo que hay que observar y respetar algunas garantías en todos los casos.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) La globalización que caracteriza el momento histórico en que vivimos se manifiesta en todos los ámbitos de la vida cotidiana, incluida la delincuencia.

Las estadísticas relativas a los procedimientos de cooperación judicial penal entre los Estados miembros y Japón muestran que, incluso en ausencia de un marco regulador, las autoridades judiciales europeas y japonesas se ven en la necesidad de cooperar entre ellas.

Dada la ausencia de tratados bilaterales entre los Estados miembros y Japón, y consciente de los beneficios de un marco normativo armónico y coherente, en febrero de 2009 el Consejo autorizó la apertura de negociaciones para la conclusión de un acuerdo sobre asistencia mutua en materia penal entre la UE y Japón.

En conclusión, los estándares de protección contemplados en el presente Acuerdo son mayores que los de los acuerdos similares, entre ellos algunos celebrados en fecha reciente. Por todo lo que antecede, la aprobación del acuerdo no plantea elementos críticos.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) Este es otro avance decisivo hacia el desarrollo de una amplia cooperación judicial con terceros países.

 
  
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  Oreste Rossi (EFD), por escrito. (IT) Es adecuado buscar la cooperación entre la Unión Europea y países que no pertenecen a la UE en la lucha contra la delincuencia, puesto que la globalización da lugar a la ampliación de las redes delictivas nacionales; basta con pensar en la mafia o las tríadas.

Reforzar y ampliar estos acuerdos para incluir países con elevadas tasas de delincuencia, también podría conducir a que se reduzca la expansión de la delincuencia por toda la Unión Europea. Así que hemos votado a favor.

 
  
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  Rui Tavares (GUE/NGL), por escrito. (FR) Según un informe de 2008 de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Japón sigue condenando a muerte a delincuentes y encarcelándoles durante décadas, en prisiones donde la clandestinidad y el aislamiento son habituales. La tasa de ejecuciones ha aumentado durante los últimos años y en especial en 2008. No se ha producido ningún nuevo juicio de un caso de pena de muerte desde 1986. El acuerdo que la UE está a punto de firmar no permite procedimientos de extradición.

Sin embargo, contempla la obtención de varias pruebas para usarse a la hora de dictar posibles sentencias. Esto incluye el traslado provisional de un detenido para prestar testimonio. El artículo 11 permite que los Estados miembros rechacen una petición de asistencia bajo determinadas condiciones pero no prohíbe la ejecución de peticiones cuando el resultado de un enjuiciamiento pueda ser la pena de muerte.

Estoy a favor de la cooperación judicial en materia penal si se muestra respeto por los derechos de la defensa, las garantías procesales y los derechos humanos. En el caso de Japón, la situación resulta como mínimo confusa. Por eso no puedo dar mi apoyo a este nuevo tratado.

 
  
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  Iva Zanicchi (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del texto presentado por el señor Iacolino porque representa un acuerdo de cooperación jurídica muy importante y un verdadero avance hacia la modernización del sistema judicial internacional, cuyo objetivo consiste en luchar contra la delincuencia organizada.

Las autoridades europeas y japonesas a menudo se ven obligadas a cooperar en la lucha contra la delincuencia organizada y este acuerdo internacional sin duda garantiza los beneficios de desarrollar un marco jurídico equilibrado y coherente sobre la asistencia judicial mutua en materia penal entre la Unión Europea y Japón.

Cabe señalar que el acuerdo entre la Unión Europea y Japón garantiza un nivel de protección superior a los que se ofrecen en acuerdos similares que se han firmado sobre cooperación judicial.

 
  
  

Informe: Kurt Lechner (A7-0218/2010)

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) He dado mi apoyo a este informe. La interconexión de los registros comerciales supone un medida adecuada para fomentar una mayor integración del espacio económico en la UE y para reforzar la seguridad jurídica de empresas y consumidores. Los registros mercantiles normalmente se administran en los niveles nacional y regional. Sin embargo, la creciente actividad económica transfronteriza hace necesaria, por motivos de seguridad jurídica y de transparencia, una mejor interconexión de los registros mercantiles; también se trata de ahorrar costes y tiempo.

La llegada de la actual crisis financiera puso de relieve otra vez la importancia de la transparencia en todos los mercados financieros. Considerando las medidas para la recuperación de la situación financiera, al aumentar las oportunidades de aprovecharse de la información oficial más reciente sobre las empresas, sería posible ayudar a restaurar la confianza en todos los mercados europeos.

En este sentido, los registros mercantiles son muy importantes, puesto que registran, examinan y almacenan información sobre una empresa respecto de asuntos tales como la forma jurídica, la sede, el capital y representantes legales y ponen dicha información a disposición del público. Por lo tanto, se crearán las condiciones para que los acreedores, los socios comerciales y los consumidores obtengan información oficial y fiable de las empresas de forma transfronteriza, con objeto de asegurar la transparencia necesaria y la seguridad jurídica en todos los mercados de la UE.

 
  
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  António Fernando Correia De Campos (S&D), por escrito. (PT) La interconexión de los registros mercantiles es fundamental, dado que la fragmentación que existe actualmente no solo perjudica al mundo empresarial, sino que también da lugar a la falta de confianza del consumidor. De especial importancia son los problemas que crea esta fragmentación para las pequeñas y medianas empresas, que forman parte de la columna vertebral de la economía europea, de la creación de empleo, del crecimiento económico y de la cohesión social en la UE y en las relaciones transfronterizas; estos dan lugar a las evidentes dificultades del mercado único de la UE.

Estoy totalmente de acuerdo con la creación de un único acceso de información, que debe estar disponible en todos los idiomas de la UE y darse a conocer adecuadamente, a fin de asegurar el acceso a información de alta calidad, fiable y actualizada sobre el registro mercantil de la UE.

En el contexto actual, en el que se están adoptando medidas de gran repercusión para salir de la crisis, este instrumento puede ser un valor añadido a la hora de reforzar la confianza de 500 millones de europeos en el mercado único y para mejorar las relaciones comerciales transfronterizas. Por eso acojo con satisfacción el informe sobre el que hemos votado hoy en esta Cámara.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Cuando hablamos de mercado interior, tenemos que entender que una de sus consecuencias es el aumento del comercio transfronterizo. Esto es conveniente y debería fomentarse, pero conlleva la necesidad de ofrecer al público información oficial y fiable sobre las empresas que se encuentran activas en la UE. La carencia de uniformidad entre los datos incluidos en distintos registros mercantiles significa que también existe inseguridad jurídica. Esto no beneficia ni a las empresas ni a los consumidores de la UE. Por lo tanto, es necesario crear un portal europeo centralizado que contenga los registros de datos para todos los Estados miembros de forma normalizada.

Esto aumentará la transparencia, la eficacia y la seguridad jurídica y reforzará la confianza de los 500 millones de consumidores europeos, lo cual es vital para que Europa se recupere de la crisis. Por último, y ciñéndome a la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, me gustaría reiterar la necesidad de impedir que el nuevo sistema o portal se convierta en una carga administrativa extra para las empresas europeas. Este sistema debería facilitar las vidas de todos los agentes del mercado y no representar otro obstáculo burocrático más que haya que superar.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) El aumento de las actividades económicas transfronterizas hace que sea necesaria una mejor interconexión de los registros de empresas por razones de seguridad jurídica y transparencia. Esto también reducirá los costes y aumentará la eficacia. La interconexión de los registros de empresas es un medio adecuado para fomentar una mayor integración del espacio económico en la UE y para mejorar la seguridad jurídica de las empresas y los consumidores.

Los registros se administran a escala nacional y regional, y se almacena sólo la información de las empresas que están registradas en el país o región para el que son responsables. En la actualidad, ya existen diversos mecanismos de interconexión de los registros de empresas: la iniciativa del Registro Europeo de Empresas (EBR, por sus siglas en inglés) y el proyecto de Interoperabilidad de los registros mercantiles de toda Europa (BRITE, por sus siglas en inglés). EBR y BRITE son proyectos voluntarios y BRITE consiste única y exclusivamente en un proyecto de investigación. Un único punto de acceso a la información empresarial relativa a todas las empresas europeas permitiría ahorrar tiempo y dinero. Por lo tanto, la participación de todos los Estados miembros debe considerarse obligatoria.

 
  
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  Edvard Kožušník (ECR), por escrito. (CS) Apoyo la iniciativa de la Comisión Europea sobre la interconexión de los registros mercantiles. Creo que la posibilidad de informar a través de las fronteras es una forma no solo de reavivar el mercado interior, sino especialmente de impulsar la credibilidad del mercado y aumentar la seguridad jurídica para todas las partes que operan en el mercado interior. Tampoco deberíamos olvidar el efecto dramático en lo que respecta a reducir la carga administrativa para las empresas. Según el grupo de reducción de la carga administrativa dirigido por Edmund Stoiber, la posibilidad de acceso electrónico transfronterizo a la información empresarial ahorraría a las empresas unos costes administrativos de hasta 160 millones de euros al año.

No obstante, quisiera instar a la Comisión a que preste mucha atención a la interoperabilidad y neutralidad técnica de la solución global al aplicar este plan. No me gustaría que, por un lado, se ahorraran 160 millones de euros en la carga administrativa, mientras que, por otro, se gastara la misma cantidad en soluciones técnicas y la aplicación de la interconexión de los registros mercantiles.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) No hay duda de que la globalización económica conduce a la necesidad de la interconexión de los registros de empresas. Por el momento, toda la información sobre las empresas sólo se administra a escala nacional y regional, por lo que la creciente demanda de acceso a la información sobre las empresas en un contexto transfronterizo hace que sea necesario extender esta cuestión a todos los Estados miembros. Es muy importante interconectar los registros de empresas con el fin de poner fin a las pérdidas económicas y los problemas que afectan a todos los interesados, ya sean las propias empresas, sus empleados, los consumidores o el público en general.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) En el mundo empresarial en particular, es fundamental que algunos datos sean de acceso público. En este sentido, parece lógico administrar los registros mercantiles a nivel nacional y regional —por un lado para garantizar la seguridad jurídica y, por otro, para cumplir con el principio de subsidiariedad— pero permitiendo el acceso transfronterizo a los datos. Debe asegurarse la interoperabilidad, en especial en el caso de las empresas que trabajen más allá de las fronteras del propio país, por ejemplo a consecuencia del traslado de una oficina registrada o una fusión. La cooperación administrativa no debe, bajo ninguna circunstancia, dar lugar a obstáculos burocráticos ni problemas relativos al idioma y siempre se debe tener en cuenta la calidad. Esto debería preparar el terreno en este sentido para la Directiva sobre servicios. Sin embargo, con respecto a los prerrequisitos profesionales en particular, la cooperación transfronteriza no es totalmente satisfactoria.

Por ejemplo, en Austria, es necesario cursar una formación intensiva y superar unos exámenes para trabajar como guía turístico, pero en otros países, esto no es así. Las equivalencias y controles prometidos para resolver este tipo de problema son muy poco adecuados. Considerando la alta calidad de la formación profesional en Austria, me he abstenido de votar.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe en cuestión.

La interconexión de los registros comerciales supone un medida adecuada para fomentar una mayor integración del espacio económico en la UE y para reforzar la seguridad jurídica de empresas y consumidores. Las informaciones que se desprenden del registro mercantil no son comparables en cualquier caso con las informaciones disponibles en la actividad económica. Su relevancia y el significado jurídico varía de un Estado miembro a otro, algo que se ha de señalar sin falta a los usuarios cuando recurran a este tipo de datos.

Debido a esta situación particular, las interconexiones de los registros y el acceso a los datos han de llevarse a cabo en un contexto específico que sea sencillo de usar y de fácil acceso. Finalmente, un auténtico éxito del proyecto presupone la participación de todos los Estados miembros de forma que este pueda adquirir un carácter obligatorio tan pronto como se hayan desarrollado plenamente las normas técnicas.

 
  
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  Evelyn Regner (S&D), por escrito. (DE) He votado a favor del informe sobre la interconexión de los registros mercantiles porque, como ponente alternativa para el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, pude llegar a un buen acuerdo con el ponente, el señor Lechner. Mis principales preocupaciones son las siguientes:

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – El informe Lechner es un informe sobre una iniciativa nada polémica que nos fue fácil apoyar.

 
  
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  Oreste Rossi (EFD), por escrito. (IT) La idea de interconectar los registros mercantiles para que las partes interesadas puedan acceder a ellos está en consonancia con las solicitudes de transparencia presentadas por asociaciones comerciales.

La globalización da lugar a que las empresas se muevan constantemente dentro y fuera de la UE y el hecho de que cualquier parte interesada pueda consultar libremente estos registros es una medida positiva. Con demasiada frecuencia, empresas fantasmas han cometido fraude precisamente aprovechándose de la posibilidad de que no se les pueda identificar con seguridad como empresa y, por lo tanto, sólo podemos ver esta iniciativa favorablemente.

 
  
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  Catherine Soullie (PPE), por escrito. (FR) Deseo felicitar al ponente por este texto tan sensato, que ha sido aprobado por amplia mayoría en esta Cámara. Como ponente de opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor sobre registros mercantiles, me gustaría subrayar la importancia de este informe. Los datos sobre el comercio dentro de la Unión Europea son decisivos para el desarrollo positivo y el crecimiento de nuestro mercado único y espero con interés las propuestas legislativas de la Comisión sobre este tema.

La participación obligatoria de todos los Estados miembros en un registro mercantil común beneficiaría a toda la Unión. No obstante, esto es posible sólo si se tiene cuidado de no imponer cargas administrativas adicionales a nuestras empresas y si los datos privados siguen siendo privados, con el fin de mantener un clima de confianza.

 
  
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  Angelika Werthmann (NI), por escrito. (DE) He votado a favor de este informe porque estoy convencida de que la interconexión de los registros mercantiles puede contribuir a mejorar la transparencia en las transacciones jurídicas y empresariales. El objetivo general de este proyecto era facilitar a los operadores del mercado el acceso a la información. Pretendía hacer posible que cualquiera descubriera quién estaba en realidad detrás de una empresa concreta, cualquiera que fuera su forma jurídica. En consecuencia, esta interconexión también favorecería al consumidor y protegería al acreedor.

 
  
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  Iva Zanicchi (PPE), por escrito. (IT) Señor Presidente, he votado a favor del informe del señor Portas sobre la interconexión de los registros mercantiles porque es buena idea considerar la integración obligatoria de los registros mercantiles europeos para todos los Estados europeos con objeto de eliminar los obstáculos actuales a la movilidad de empresas dentro de la UE.

Introducir un único portal europeo como puerta de acceso a los registros mercantiles —un portal válido y accesible en los 27 Estados miembros europeos que permita a todos los ciudadanos acceder a la información sobre empresas europeas— es definitivamente una buena forma de agilizar el desarrollo empresarial dentro de la Unión.

 
  
  

Informe: Elisabeth Schroedter (A7-0234/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor porque creo que la nueva economía sostenible debe basarse en la disponibilidad de empleo cualificado que promueva la innovación en sectores que son provechosos desde el punto de vista estratégico para el futuro de Europa, en especial la energía y la investigación. El gran valor de estas esferas de conocimiento, las posibilidades para la reubicación que ofrecen y la manera en que pueden basarse en las regiones centrales y periféricas de Europa, ofrecen un potencial enorme con respecto a las nuevas tecnologías y su capacidad para adaptarse a la nueva situación medioambiental y humana.

Será decisivo invertir en sectores que promuevan la prevención y la mitigación de los efectos del cambio climático. Las regiones marítimas desempeñarán una importante función al respecto, junto con medios alternativos de producción energética, que harán uso de los recursos naturales hallados en cada región de Europa.

El conocimiento relativo a la innovación medioambiental es el futuro de la nueva economía, ya que existe la necesidad de centrarse firmemente en la aplicación de conocimientos a los nuevos fines económicos. Es decir, el conocimiento puede proporcionar un valor añadido, pero solamente puede crear empleo a través de sinergias entre los centros de investigación, producción y distribución, que ofrecen empleo en esferas muy diversas, desde la investigación hasta los servicios y el comercio.

 
  
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  Liam Aylward (ALDE), por escrito. (GA) La inseguridad del empleo en el mercado laboral en este momento está repercutiendo considerablemente en la situación laboral de los jóvenes en la Unión. Saludo que el informe haga hincapié en el acceso al mercado laboral, en mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes y en potenciar los programas de formación para tal fin.

Los jóvenes deben poder beneficiarse del mercado de trabajo y acojo con especial satisfacción las mejoras en las relaciones entre los centros de formación, las universidades y el sector empresarial. Estas relaciones ayudarán a los jóvenes a acceder al mercado laboral por primera vez y crearán oportunidades de empleo para jóvenes titulados y cualificados.

En segundo lugar, apoyo lo que dice el informe acerca de establecer una coordinación a múltiples niveles entre los mecanismos de financiación europeos, nacionales y regionales.

Sin embargo, no apoyo que defienda la posibilidad de sustituir en mayor medida los mecanismos de apoyo directo por otros instrumentos de desarrollo rural y por la apuesta por una agricultura ecológicamente sostenible, porque los mecanismos directos son la mejor forma de proporcionar subsidios a los agricultores.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) He dado mi apoyo a este informe. Para lograr una economía sostenible para la UE, debemos garantizar un desarrollo económico y social equilibrado. Es fundamental hacer que el crecimiento económico dependa menos del consumo de recursos y energía, reducir las emisiones perjudiciales para el clima y contrarrestar así el calentamiento global. Asimismo, debemos explotar el potencial para la creación de empleos verdes en los sectores de servicios y de economía social. A fin de lograr este objetivo, la Comisión debería diseñar una estrategia para la creación de empleos verdes que deban seguir las autoridades regionales cuando adopten estrategias de desarrollo regional. La aplicación de esta estrategia debería estar financiada con fondos nacionales, regionales y comunitarios, cuya distribución debería estar muy bien coordinada. La ayuda se usaría para llevar a cabo investigación y desarrollo, adaptar innovaciones e infraestructuras y crear nuevas tecnologías en los ámbitos de la energía renovable y la eficiencia energética, por ejemplo.

 
  
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  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. (FR) La crisis financiera sigue sumergiendo a Europa y muchas regiones del mundo en el estancamiento, sin que los políticos se pregunten a sí mismos cómo puede resolverse. Lo que es más, muchos de ellos incluso piensan que simplemente aguantar la tormenta durante un tiempo basta para que la situación vuelva a lo que era antes de septiembre de 2008.

No comparto esta opinión. Si excluimos el medio ambiente de nuestros debates, las mismas causas producirán las mismas consecuencias. El medio ambiente representa una oportunidad para crear un nuevo modelo de desarrollo. El potencial de nuevos puestos de trabajo es considerable, siempre y cuando nos dotemos de los medios para liderar la economía sostenible.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) Estoy de acuerdo con este informe, porque promueve la creación de empleos sostenibles, es decir, empleos que tengan en cuenta las necesidades de la generación actual de tal forma que no corran peligro las oportunidades de futuras generaciones. También se destaca que estos empleos deben crear bienestar social, así que deben servir al ser humano y a la naturaleza. El objetivo de una nueva economía sostenible debería consistir en una sostenibilidad ecológica y social común, que cree perspectivas a largo plazo de aumentar la competitividad, el bienestar social y una mejor protección del medio ambiente. Con el aumento de contratos laborales precarios en la franja de baja cualificación, la cuestión de la calidad laboral también es de especial importancia, así que este informe promueve además la creación de buenos puestos de trabajo.

Estos empleos deben garantizar un trabajo estable y orientado socialmente, que preste especial atención a la salud y seguridad de los empleados, al trabajo digno y a las cualificaciones necesarias. Por lo tanto, insto a los Estados miembros no solo a que creen empleo en las franjas de formación superior, sino a que mejoren la situación de los empleos pertenecientes a ámbitos de formación media y baja creando buenas condiciones laborales. También estoy de acuerdo con la iniciativa de adaptar estrategias de aprendizaje permanente a las necesidades de los trabajadores de mayor edad, a fin de garantizar también una cuota de participación alta entre los trabajadores mayores de 55 años.

 
  
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  Alain Cadec (PPE), por escrito. (FR) La política de cohesión de la UE desempeña un papel decisivo en el desarrollo del potencial laboral de una economía sostenible, puesto que contribuye a eliminar las diferencias regionales e impulsa la economía. Desde esta perspectiva, los niveles regionales y locales deberían hacer un mayor uso de los Fondos Estructurales europeos para adoptar iniciativas que creen nuevos empleos sostenibles y duraderos. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ayuda a crear agrupaciones regionales uniendo la investigación, la innovación y la infraestructura localmente en el contexto de las nuevas tecnologías.

Las autoridades regionales y locales son las mejor posicionadas y más capaces de crear las condiciones necesarias para el crecimiento de estas agrupaciones, que pueden actuar como un estímulo decisivo para el desarrollo económico local y pueden crear nuevos puestos de trabajo en las regiones. Las PYME también representan un papel clave en el fomento de la innovación en Europa. Se les debería instar a que aprovechen el Fondo Social Europeo como una forma de promover actitudes y cualidades empresariales.

Sin embargo, la ausencia de coordinación entre los mecanismos de financiación comunitarios, nacionales y regionales representa un obstáculo para el logro de estos objetivos. De ahí que se necesite una mejor coordinación a todos los niveles para lograr más sinergia entre distintas políticas comunes.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe porque reconozco la importancia que representa la creación de «empleos ecológicos» para una economía que persigue la sostenibilidad. El «empleo ecológico» también debe contribuir a ahorrar energía y recursos naturales mediante la utilización de energías renovables, la conservación de los ecosistemas y la reducción del impacto provocado por la producción de residuos y la contaminación del aire. De hecho, el efecto positivo de la promoción de estos sectores es considerable y, por tanto, debe desarrollarse. Al mismo tiempo, hay que garantizar condiciones laborales adecuadas, además de la educación y formación profesionales de las personas.

 
  
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  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. (EL) He votado a favor del informe porque critica la Estrategia Europa 2020, que no hace nada por abordar el desempleo y la cohesión social, y porque pide que se introduzcan cambios en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo, para que realmente promuevan el empleo y la integración social equitativa. El informe también pretende iniciar un debate y adoptar medidas concretas para crear empleos de calidad, con plena remuneración y seguridad social, al promover un crecimiento sostenible desde el punto de vista social y medioambiental.

En este marco, el informe aboga por un papel importante para el sector público, al promover su desarrollo sostenible con servicios públicos e infraestructuras que cumplan las normas sociales y medioambientales. Asimismo, defiende una nueva política industrial, educativa y de competencias que cree una economía viable mediante la promoción de la igualdad de los sexos y un papel importante para los representantes de los trabajadores.

 
  
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  Proinsias De Rossa (S&D), por escrito. Estoy a favor de este informe, que afirma que al tiempo que se optimiza el potencial de empleo, hay que prestar especial atención al trabajo decente, así como a la salud y la seguridad de los trabajadores. Con el fin de anticipar los cambios y evitar el desempleo, resulta esencial para promover el diálogo social y los convenios colectivos (a menudo inexistentes en los nuevos sectores), junto con el fortalecimiento de la seguridad social, los sistemas de apoyo a la renta y proactivas iniciativas de formación sectoriales, la igualdad de género y una integración social del mercado de trabajo. El informe se basa en la definición que da la Organización Internacional del Trabajo al término de «empleo ecológico», que afirma que todos los trabajos que promueven el desarrollo sostenible son trabajos ecológicos. Para garantizar una transición socialmente justa, los trabajadores deben tener un papel participativo en el proceso. El informe insta a la participación de representantes de los trabajadores a cargo de la orientación ecológica del lugar de trabajo —según lo definido por la OIT— para hacer que los lugares de trabajo, las empresas y las industrias sean más sostenibles. Como uno de los objetivos promovidos, el aumento de la sostenibilidad debe introducirse en las perspectivas financieras de diversos fondos, incluidos los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión. Tenemos que colocar la creación de puestos de trabajo sostenibles en los primeros puestos de la agenda de la UE con una transición progresiva hacia la calidad y los trabajos respetuosos con el medio ambiente, destacando también la necesidad de invertir para que esto sea posible.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre «sobre el desarrollo del potencial de creación de empleo de una nueva economía sostenible» porque defiende que la creación de empleos verdes no debe obedecer a una mera apreciación numérica. Asimismo es importante saber cómo asegurar unas buenas condiciones laborales y cómo aplicar una transición hacia una economía sostenible de forma justa en el plano social.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) El número de comisiones parlamentarias que han participado en la elaboración del informe —un total de seis— demuestra la gran importancia del tema del empleo hoy en día y la forma en que el concepto de subsidiariedad ahora es un término inevitable en el discurso político. La sostenibilidad de la economía y su potencial para la creación de empleo son problemas que comparten trabajadores, empresarios y políticos, trabajadores técnicos y personas no especializadas, ecologistas y empresarios industriales, entre otros. Uno de los principales problemas que se plantea es precisamente el coste de la subsidiariedad y cómo se distribuye.

Nos preguntamos en qué medida esta necesidad, que no siempre es perceptible o lo bastante alcanzable, no estará perjudicando a la capacidad de iniciativa y organización de los mercados, o introduciendo aún más dificultades en una economía que ya se ha visto maltratada por la crisis y la incertidumbre. Actualmente existe una creciente necesidad de que la sostenibilidad sea más que un término global y, por tanto, algo difícil de lograr. Más bien, debería ser una suposición factible para cambiar la actividad humana en el mundo, incluso en términos económicos, para que pudiera beneficiar a todos, no solo a unos cuantos radicales.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) El desarrollo es sostenible cuando la satisfacción de las necesidades de la generación actual no pone en peligro la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Debemos adoptar un enfoque que combine la consideración de los intereses económicos, sociales y ecológicos, un diálogo social más intenso, una mayor responsabilidad social de las empresas, y la adopción de los principios de prevención y del contaminador responsable. Hay que pensar a largo plazo, con los objetivos de competitividad y de cohesión social, económica, territorial y ambiental. Por lo tanto, abogamos por la inversión en capital humano, social y ambiental, así como en innovación tecnológica y en nuevos servicios ecológicos.

Con este compromiso, estamos participando en la lucha contra el cambio climático. La UE se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 20 % para 2020, a cubrir el 20 % de sus necesidades energéticas con energías renovables y a aumentar la eficacia energética en un 20 %. Según un estudio del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el calentamiento global sólo puede limitarse a 2 ºC si los países industrializados reducen sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 80 %-90 % con respecto al nivel de1990 para el año 2050. Por lo tanto, abogamos por la creación de «empleo ecológico» que contribuya al crecimiento sostenible basado en la justicia social y la ecoeficiencia, así como en la promoción del empleo en las zonas rurales a fin de prevenir la desertificación.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este informe de propia iniciativa incluye aspectos positivos en varios ámbitos y ha aceptado parte de la opinión de la que yo era responsable en la Comisión de Industria, Investigación y Energía, aunque no destaca, como debería, la necesidad de mayor atención a las especificidades de cada Estado miembro. Deseo subrayar algunos aspectos positivos:

- Considera que una nueva economía sostenible debe estar en condiciones de garantizar a la Unión Europea un desarrollo económico y social equilibrado, insistiendo en la importancia del sector público.

- Pide una política industrial sostenible y ambiciosa, centrada en el uso eficiente de los recursos; y subraya que la economía ecológica debe ofrecer la perspectiva de empleos dignos y suficientemente remunerados que se comprometan con la eficiencia energética o que también contribuyan a la diversificación industrial.

- Señala que la transición a una nueva economía sostenible es un proceso complejo, en cuyo marco se deberán tener particularmente en cuenta las regiones que sufren procesos de desindustrialización, previendo el adecuado apoyo financiero, así como mecanismos e intervenciones integradas, dirigidas a fomentar el desarrollo sostenible y una economía basada en mayor medida en las innovaciones, capaz de generar empleo digno y suficientemente remunerado y con garantías jurídicas, capaz de atenuar las desigualdades sociales y de subsanar asimetrías regionales; en colaboración con los interlocutores sociales, siendo especialmente importante el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

 
  
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  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – Es adecuado que votemos sobre este informe hoy, el día en que el Gobierno escocés ha anunciado que está a medio camino de alcanzar sus objetivos de 2020 en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Un informe reciente ponía de relieve que la energía eólica por sí sola podría ofrecer unos 48 000 puestos de trabajo en Escocia y el Gobierno escocés se compromete a estar al frente de las iniciativas de la UE para crear nuevos empleos en una economía sostenible. Resulta desafortunado que el Gobierno en Westminster siga discriminando a los proveedores de energía escoceses mediante unas tarifas de la red punitivas, frenando de este modo un desarrollo importante para toda la UE. He votado a favor de lo que se pide en este informe e insto al Gobierno británico a que lo tenga en cuenta.

 
  
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  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. – (PL) El aumento del número de contratos a corto plazo con deficientes condiciones de empleo, hoy en día es algo especialmente patente entre los jóvenes. Este es un obstáculo grave que dificulta una vida estable para los ciudadanos y, en consecuencia, una economía sostenible. Las tendencias ecológicas en el desarrollo y las innovaciones industriales están destinadas a ayudar a lograr el crecimiento en el empleo, al tiempo que también contribuyen a la protección del medio ambiente.

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria sugiere que la imposición de tecnologías ecológicas como requisito en la agricultura contribuirá al crecimiento en el empleo y en los ingresos de los agricultores. Esta es una tesis interesante, que seguramente merece ser debatida y analizada en profundidad. La propuesta de realizar campañas informativas para concienciar a los ciudadanos respecto a la importancia de la ecología también es digna de apoyo.

 
  
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  Alan Kelly (S&D), por escrito. − La sostenibilidad de la energía es uno de los principales problemas a los que las sociedades se enfrentan hoy en Europa y también tiene el potencial de convertirse en una de las principales fuentes de empleo en los próximos años. Apoyo esta iniciativa porque promueve la creación de empleo y protege los derechos de los trabajadores.

 
  
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  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. (DE) La crisis económica que se aleja lentamente debería alentar a la Unión Europea a gestionar los recursos con mayor prudencia y competitividad. Esto sólo es posible con el enfoque sostenible de las empresas, lo que trae consigo una amplia gama de beneficios sociales positivos para el medio ambiente y para nuestros ciudadanos. Tenemos que crear condiciones de estabilidad general en las que el potencial de empleo en la economía verde de la UE pueda prosperar, garantizando así el desarrollo sostenido de las empresas. Voy a votar a favor de este informe porque el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y la cohesión social van de la mano y se complementan entre sí. El objetivo debe ser no sólo crear empleos «ecológicos» nuevos y sostenibles, sino también alentar a la comunidad empresarial y la sociedad en su conjunto para que participen en esta nueva forma de hacer negocios. Debemos hacer pleno uso del potencial de la economía «ecológica», contribuyendo al mismo tiempo a hacer que la imagen mundial de Europa se convierta en un modelo ejemplar en términos de unión económica progresiva, sostenible y responsable con el medio ambiente.

 
  
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  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. (RO) Como resultado de la crisis, el crecimiento económico y el empleo se han convertido en una prioridad inmediata en la Unión Europea. He votado a favor de este informe porque creo que es fundamental que se tomen medidas concretas para aumentar el nivel de empleo a través de políticas que promuevan el envejecimiento activo y la integración de los jóvenes, las personas con discapacidad, los migrantes legales y otros grupos vulnerables en el mercado laboral. Estas políticas, junto con una educación de calidad y una formación profesional adecuadas, deben complementarse con incentivos eficaces que respalden el aprendizaje permanente y proporcionen oportunidades para mejorar las cualificaciones.

Otro segmento que no podemos pasar por alto es el de los jóvenes titulados. Debemos promover una colaboración sólida entre los Estados miembros y los interlocutores sociales que ayude a estos jóvenes a encontrar su primer empleo o a recibir nuevas oportunidades para formación complementaria, como por ejemplo el aprendizaje de un oficio. En este sentido, los Estados miembros deben movilizarse y aprovechar al máximo los fondos comunitarios disponibles, en especial el Fondo Social Europeo.

 
  
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  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), por escrito. (RO) Necesitamos medidas diseñadas para crear nuevos puestos de trabajo, especialmente ahora que los Estados miembros afrontan una grave crisis económica y social. En este contexto, la política de cohesión de la UE desempeña un papel decisivo en el desarrollo del potencial para crear nuevos puestos de trabajo en una economía sostenible al reducir las diferencias regionales y crear una sociedad con pleno empleo. Debemos fomentar que las regiones utilicen los Fondos Estructurales para financiar proyectos nacionales, locales y regionales, además del Fondo Social Europeo, con el fin de crear mejores oportunidades educativas y laborales.

El Fondo Social Europeo es la solución a disposición de los Estados miembros que deseen invertir en mejorar las cualificaciones, ofrecer empleo y actividades de formación, reciclaje profesional y asesoramiento profesional para desempleados, con objeto de crear más y mejores empleos. A fin de apoyar a las comunidades y regiones de los Estados miembros, solicité a la Comisión Europea que financiara un proyecto piloto dirigido a ofrecer formación y facilitar el intercambio de modelos de buenas prácticas para aquellas personas que se ocupan directamente de gestionar e implementar los fondos europeos a escala local y regional.

 
  
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  Thomas Mann (PPE), por escrito. (DE) Hoy he votado en favor del informe de propia iniciativa de la señora Schroedter sobre el desarrollo del potencial de trabajo de una nueva economía sostenible. El informe se centra en los «empleos verdes». Estos son empleos en casi todos los sectores industriales y de servicios relevantes que contribuyen a una economía sostenible. La protección del medio ambiente puede convertirse en un impulso económico si creamos un marco de condiciones previsibles y favorables a la inversión con la suficiente antelación. La introducción de numerosos criterios de contratación adicionales va en contra del objetivo declarado de la UE de reducir la burocracia inmediatamente. Me alegro de que podamos estar de acuerdo en limitar el aumento de los criterios a unos estándares sociales mínimos. La mayoría de las empresas europeas son, sin duda, pioneras mundiales de una próspera política de protección medioambiental. Para garantizarles una competencia leal, debemos impedir que la producción se reubique fuera de la UE en terceros países con pocas normas de protección medioambiental. La Comisión Europea y los Estados miembros deben tomar medidas rápidas y contundentes para combatir esta tendencia. Mi enmienda en ese sentido hoy ha recibido el apoyo de la mayoría.

En el lugar de trabajo deben promoverse la no discriminación y la igualdad de trato. Los mecanismos sancionadores y las cuotas son el camino equivocado. Hacer que sea obligatorio un 40 % de mujeres en la junta directiva de las empresas es un requisito poco realista y, por lo tanto, esta propuesta no recibió ningún apoyo. Las mujeres no necesitan cuotas. Ellas necesitan mejores oportunidades para desarrollar su trayectoria profesional. Para ello, es necesario suprimir los obstáculos que dificultan el desarrollo profesional de la mujer.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) El concepto del empleo en una nueva economía sostenible ha sido la creación de un nuevo paradigma respecto a los presupuestos económicos, que, hasta ahora, se ha considerado fundamental para el desarrollo económico y la creación de empleo. Una economía sostenible supone grandes cambios con respecto al potencial de empleo, ya que las empresas del sector de la eficacia energética desempeñarán un papel fundamental en la creación de nuevos puestos de trabajo en todo el mundo. El ejemplo alemán a este respecto es muy ilustrativo del éxito de las empresas de este sector en la creación de nuevos puestos de trabajo. Por tanto, es esencial que otros países de la UE sigan el ejemplo alemán para que haya un efecto multiplicador sobre el empleo en una economía sostenible en toda Europa.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) De nuevo, encontramos palabras bonitas en un informe de la UE. Por ejemplo, este informe habla sobre el potencial laboral óptimo de hombres y mujeres en la nueva economía sostenible, el trabajo digno, una transformación justa en el plano social y que abarque requisitos en materia de cualificaciones. Sin embargo, al mismo tiempo, la UE debe ser consciente de que, precisamente debido a la ampliación hacia el Este, la presión sobre el mercado laboral ha aumentado considerablemente en algunos sectores, sin que haya ninguna señal de mejora. Además, durante los últimos años en particular, las condiciones laborales inseguras como por ejemplo el trabajo a través de empresas de trabajo temporal, el trabajo a media jornada, los trabajos basura y el aparente autoempleo han aumentado significativamente. En la actualidad, ni siquiera ya la formación de alta calidad te garantiza conseguir un empleo.

Mientras siga hablándose de cartas verdes para trabajadores procedentes de terceros países con el fin de abastecer al comercio y la industria con mano de obra barata, en lugar de intentar ofrecer trabajadores residentes con las cualificaciones adecuadas, todo esto seguirá siendo palabras vacías. Los requisitos suenan bien, pero ustedes pueden decir lo que deseen sobre el papel. Puesto que no puede asumirse que esto vaya seguido de las medias apropiadas que sean realmente capaces de aplicarlo, me he abstenido de votar.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe de la señora Schoedter porque estoy de acuerdo con su mensaje y su planteamiento.

El desarrollo sostenible tiene en cuenta las necesidades de la generación actual de tal modo que no se ponga en peligro la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus necesidades. Además de considerar los intereses económicos y ecológicos, las conclusiones del Consejo contemplan la inversión en el capital humano y social así como de la innovación con el objetivo de crear las condiciones para la competitividad, la riqueza y la cohesión social.

Además, otro punto muy importante del documento se refiere a la definición de los empleos verdes. Estos empleos no se limitan a los sectores de empleo que están directamente relacionados con la protección del medio ambiente, sino que incluyen todos aquellos que contribuyen a la transformación hacia la gestión sostenible al ayudar a ahorrar energía, usar energías renovables y evitar la producción de residuos.

 
  
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  Rovana Plumb (S&D), por escrito. (RO) El crecimiento sostenible debe basarse en la justicia social y la eficiencia ecológica. La transformación de las economías europeas en economías de eficiencia ecológica a todos los niveles —local, nacional, regional y europeo— dará lugar a cambios profundos en la producción, la distribución y el consumo. Apoyo los esfuerzos por organizar campañas públicas para informar y concienciar a la población que pongan de relieve que nuestra estrategia para cambiar a una economía ecológica y sostenible es justa desde el punto de vista social y contribuirá a impulsar el nivel de empleo.

Deseo destacar la necesidad de prestar especial atención a la biodiversidad en el contexto de la creación de nuevos empleos verdes en toda Europa, especialmente en la aplicación de las redes Natura 2000. Insto a la Comisión a que proponga antes de 2011 una estrategia que incluya medidas legislativas y no legislativas para promover la creación de empleos verdes que ofrezcan una fuente de crecimiento y prosperidad para todos.

Pido a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan políticas dirigidas al reciclaje profesional de trabajadores para empleos verdes en todas las demás políticas de la UE.

 
  
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  Robert Rochefort (ALDE), por escrito. (FR) El desarrollo de empleos verdes en Europa es fundamental. Por un lado, estos empleos hacen posible que se respalde el crecimiento sostenible y, por otro, influyen en el logro de los ambiciosos objetivos cuantificados que ha establecido la UE en lo que respecta a la lucha contra el cambio climático. He votado a favor del informe de mi colega diputada, la señora Schroedter, que defiende la aplicación de medidas dirigidas a promocionar este tipo de empleos. A fin de aumentar la cantidad de empleos verdes, se debería fomentar, en particular, que las empresas invirtieran en tecnologías no contaminantes; me estoy refiriendo en concreto a la aplicación de desgravaciones fiscales para las PYME. También se debería promover que las regiones aprovecharan los Fondos Estructurales europeos y el Fondo de Cohesión para crear nuevos puestos de trabajo sostenibles y duraderos. No obstante, debemos asegurar que los sistemas educativos y formativos nacionales sean idóneos para satisfacer la demanda de trabajadores cualificados, así como garantizar que aquellas personas cuyos puestos de trabajo se vean amenazados por estos cambios estructurales en la economía reciban formación para su reciclaje profesional.

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE) , por escrito. (CS) Me he abstenido de votar sobre este informe acerca del desarrollo del potencial de creación de empleo de una nueva economía sostenible porque no comparto la opinión de la ponente de que resolveremos el desempleo reduciendo las emisiones en un 90 % a lo largo de 40 años. El informe por supuesto respalda la introducción de nuevas tecnologías, pero eso no significa necesariamente empleos para los ciudadanos europeos. Formamos parte de un mercado global liberalizado que también ofrece a las empresas, las comunidades y los consumidores nueva tecnología procedente de Asia, que compite con la tecnología europea principalmente mediante precios reducidos. Esto no significa que no debamos introducir normas para mejorar el medio ambiente, sino que no finjamos que esto sea una solución para el desempleo.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Celebro que el Parlamento Europeo haya aprobado hoy un informe sobre el potencial de creación de empleo de la economía sostenible dirigido por mi colega alemana del Grupo Verts/ALE, Elisabeth Schroedter. Como ella ha dicho antes de la votación, el Grupo Verts/ALE hace mucho tiempo que defendemos que Europa se comprometa con un verdadero «New Deal» ecológico, que acelere la transición a la economía verde como la única respuesta viable a la actual crisis económica. Por lo tanto, acogemos con gran satisfacción que una amplia mayoría de diputados al Parlamento Europeo de distintos grupos políticos haya apoyado este informe, que destaca el enorme potencial para crear nuevos empleos verdes y transformar los empleos actuales en empleos verdes en toda Europa y que formula recomendaciones para este fin.

 
  
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  Oreste Rossi (EFD), por escrito. (IT) Aunque apoyamos algunos principios incluidos en este informe, hemos votado en contra.

El desarrollo de nuevos empleos en sectores ecológicos, el uso de fuentes renovables, la restauración del ecosistema y el ahorro de energía son convenientes y necesitan nuestro apoyo. Sin embargo, no podemos permitir que los costes de la transición a empleos sostenibles recaigan sobre nuestras empresas, especialmente en este momento de crisis.

Deberían existir fuentes de financiación para las empresas que estén interesadas en transformarse total o parcialmente en un sector sostenible desde el punto de vista ecológico. También es necesario simplificar los procedimientos para reemplazar los sistemas que producen altos niveles de contaminación por sistemas que perjudican menos al medio ambiente porque, como a menudo ocurre en Italia, la población los rechaza.

 
  
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  Edward Scicluna (S&D), por escrito. – Me alegro de apoyar este informe. Es importante que la crisis económica y social no disuada a los Estados miembros de avanzar hacia una economía más sostenible, con bajas emisiones de carbono y eficiente en términos de recursos. Esto hará que nuestras economías sean más resistentes, competitivas y menos dependientes de las importaciones, que cada vez son más caras. La Comisión debería hacer hincapié en los empleos verdes, especialmente porque la OCDE ha demostrado que el sector de bienes y servicios medioambientales tiene el potencial de proporcionar empleo en una amplia gama de competencias y capacidades, incluso para los trabajadores menos cualificados. Me gustaría que los Estados miembros establecieran sistemas de financiación e incentivos fiscales para dirigir a las empresas hacia políticas de empleo ecológicas. Aunque una nueva estrategia de empleo europea defina «empleos verdes» en términos generales, debería distinguirse entre cosas como el control de la contaminación, el reciclaje, la gestión de recursos hídricos, la conservación de la naturaleza, la producción de tecnologías medioambientales y de energía renovable, e I+D medioambiental. Una economía «verde» tiene el potencial de aportar crecimiento económico y tratar la inseguridad laboral que se ha desarrollado en la UE durante las últimas décadas, en particular entre los jóvenes. Para lograr esto, necesitamos programas de educación y formación adecuados. Sólo entonces podremos desarrollar el potencial de creación de empleo de una nueva economía sostenible.

 
  
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  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito.(PL) El Consejo Europeo ha definido el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones satisfagan sus propias necesidades. En el informe, se habla mucho de la creación de empleos verdes. Un hecho de suma importancia es que existe un gran potencial para la creación de nuevos empleos en el campo de las fuentes de energía renovable. En Europa, Alemania es un buen ejemplo de la búsqueda responsable de una política de este tipo. En la transición a una economía sostenible, también debemos prestar atención a la justicia social, porque esto asegurará que los ciudadanos acepten el cambio. La formación adecuada y la mejora sistemática de las cualificaciones de los trabajadores también son importantes en este sentido. El desarrollo sostenible requiere respeto, no solo por las normas medioambientales, sino también por las normas en el empleo.

 
  
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  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. (NL) Apoyo plenamente el informe sobre el desarrollo del potencial de creación de empleo de una nueva economía sostenible. La señora Schroedter menciona la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que dice que un empleo es sostenible si contribuye a la gestión sostenible y a una Europa social; por lo tanto, esta definición no abarca solo los empleos de alta tecnología en el sector de gestión energética y medioambiental a los que se refiere la Comisión. Un objetivo, por ejemplo, es una ambiciosa política industrial sostenible, que haga hincapié en la eficiencia de los recursos y también en los empleos dignos bien remunerados. Se recomienda que aumente la participación de la industria, que se inste a las autoridades regionales a disponer de un marco reglamentario, instrumentos de control de la economía de mercado, subvenciones y concesiones de contratos públicos orientados a dicho objetivo y que se ofrezca una respuesta concreta, no solo a la necesidad de nuevas cualificaciones, sino también al establecimiento del diálogo social o acuerdos laborales colectivos en los nuevos sectores.

Se presiona mucho para conseguir productividad en los nuevos sectores pero hay poca predisposición a garantizar buenas condiciones de trabajo. En consecuencia, a los trabajadores de sectores tradicionales con la tradición de una sólida protección social no es sencillo convencerles de que cambien de sector. La Unión tiene la obligación de luchar contra el cambio climático y, por tanto, se necesita una buena estrategia para una transformación justa socialmente a una economía más ecológica.

 
  
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  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe, que defiende el desarrollo de una estrategia laboral europea para lograr una economía sostenible. También respalda que dentro del Consejo se pida un examen de las subvenciones que perjudican al medio ambiente y señala la necesidad del trabajo digno.

 
  
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  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor del informe sobre el desarrollo del potencial de creación de empleo de una nueva economía sostenible porque creo que los Estados miembros deben avanzar hacia una economía competitiva, eficiente y con bajas emisiones de carbono. Por eso pido a la UE que desarrolle una política industrial sostenible e involucre al sector industrial en la innovación ecológica, con el fin de hacer que el crecimiento económico sea menos dependiente del consumo de recursos y energía y reducir las emisiones contaminantes. Creo que para poder crear empleos en una economía de eficiencia ecológica, necesitamos invertir en eficiencia energética y en el uso de fuentes de energía renovable y tecnologías ecológicas en edificios, el sector del transporte y la agricultura. Insto al desarrollo de una estrategia europea en materia de empleo para lograr una economía sostenible como parte de la Estrategia Europa 2020, al tiempo que se destaca el papel de las autoridades regionales en esto.

Asimismo, insto al desarrollo de sistemas de financiación eficaces e incentivos fiscales para ayudar a que las PYME ofrezcan innovaciones y procesos de producción ecológicos. Por último, creo que la política de empleo puede desempeñar un papel esencial en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y pido a los Estados miembros que usen el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para promover las nuevas cualificaciones necesarias para el desarrollo económico de eficiencia ecológica.

 
  
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  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. (LT) Señorías, la búsqueda de una economía sostenible no es simplemente una necesidad ecológica; también es uno de los pilares fundamentales de nuestra estrategia para una Europa social. No obstante, estos cambios sólo darán fruto si son justos socialmente y a la larga incrementarán el empleo, mejorarán las condiciones de trabajo y aumentarán la protección social.

Por lo tanto, una economía sostenible debe incluir la sostenibilidad no solo social y ecológica, sino también tecnológica y económica. Eso no debería ser una contradicción. Necesitamos más medidas creativas.

Tomemos como ejemplo la eficiencia energética. En Lituania, el sector de la construcción ha sido uno de los más perjudicados por la crisis económica. La mayor parte de los edificios antiguos de Lituania son muy poco rentables, la energía importada se usa de forma ineficaz, como demuestran las enormes facturas de calefacción de sus inquilinos.

Es probable que proyectos nacionales para proporcionar aislamiento y aumentar la eficiencia energética en los edificios reporten beneficios al mercado a través de los salarios y la inversión del sector de la construcción. Al mismo tiempo, esto permitirá que Lituania dependa menos de la energía importada.

Desde luego, esto es tan solo un ejemplo y no es necesariamente aplicable a todos los Estados miembros. No obstante, demuestra que en especial durante la crisis, debemos pensar con mayor creatividad y aunar fuerzas allí donde necesitamos poner los cimientos para un futuro sostenible.

 
  
  

Informe: Rafal Trzaskowski (A7-0216/2010)

 
  
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  Zuzana Brzobohatá (S&D), por escrito. (CS) He dado mi apoyo el informe sobre el EEE-Suiza: obstáculos para la plena realización del mercado interior, principalmente porque destaca y potencia la Comisión Europea en relación con numerosas medidas destinadas a facilitar e intensificar la cooperación económica entre la Unión Europea y Suiza. Sobre todo, el informe señala, con bastante acierto, el sistema innecesariamente complicado de 120 acuerdos bilaterales en sectores económicos concretos entre Suiza y la UE. El impulso para hacer todo lo que podamos por simplificar y aproximar la legislación es correcto, principalmente en cuanto a eliminar obstáculos que bloquean el acceso al mercado suizo para empresas de la UE y viceversa. Por ejemplo, el informe señala el requisito jurídico totalmente innecesario para las empresas que acceden al mercado suizo de proporcionar una garantía financiera. En mi opinión, este es un obstáculo superfluo que debería suprimirse y que el informe lleva razón al mencionarlo.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe porque la plena aplicación del mercado interior y su funcionamiento eficaz son tan importantes para la UE como lo son para sus socios comerciales, en particular, los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio. Suiza —el cuarto socio más importante de la UE por volumen de comercio— tiene su modelo de integración económica sin adhesión basado en acuerdos sectoriales bilaterales. Este hecho plantea problemas adicionales una vez que los acuerdos bilaterales, a diferencia del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, no incluyen ninguna disposición por la que mecanismos automáticos adapten su contenido a la evolución del acervo comunitario pertinente de la UE.

A pesar de la evolución positiva en lo que respecta al Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre los Estados miembros de la UE y Suiza, hay algunas cuestiones en cuanto a la aplicación de dicho acuerdo que merecen mayor atención. Por lo tanto, creo que se deben valorar todas las posibilidades que tengan la intención de mejorar la aplicación del Acuerdo, además de una mayor armonización de su aplicación y una mayor convergencia entre la legislación comunitaria y la legislación suiza relativas al mercado interior.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Suiza tiene una historia y unas características particulares que se reflejan no solo en la forma en que está gobernada internamente, sino también en la forma en que escoge para relacionarse con otros Estados y en las advertencias y reservas que establece en esas relaciones. La reticencia suiza a integrarse en grandes organizaciones internacionales o formar parte de tratados vinculantes con frecuencia de forma perenne que afectan a su sistema jurídico nacional, existe desde hace muchos años; tampoco es nada nuevo su trato preferencial hacia sus ciudadanos y empresas domiciliadas en el país en detrimento de la competencia extranjera, la cual a menudo sufre de modo poco racional obstáculos jurídicos o administrativos como consecuencia.

No obstante, Suiza ha sido un socio importante de la Unión Europea y ya ha firmado más de cien acuerdos bilaterales que rigen la relación entre ambas partes. Aunque la decisión suiza de quedarse fuera del Espacio Económico Europeo no contribuye a acelerar y facilitar las relaciones económicas de la UE con este país, tampoco ha impedido que estas se hayan desarrollado de forma positiva en general. Espero que se fortalezcan y se amplíen estas relaciones.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Los cuatro Estados miembros (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) constituyen los principales socios comerciales de la Unión Europea, con Suiza y Noruega, respectivamente, destacando como el cuarto y el quinto socio comercial más importante de la UE en volumen, y pertenecen a un espacio cultural común en términos de valores fundamentales compartidos, y un patrimonio cultural e histórico.

Dado que los nuevos reglamentos del Tratado de Lisboa podrían ralentizar la aplicación de la legislación del mercado interior en los Estados del Espacio Económico Europeo (EEE) y de la EFTA, estoy de acuerdo con que la Comisión necesita formalizar el proceso de notificación de nuevas normas europeas y la legislación que recae en el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo a fin de reducir la brecha entre la adopción de la nueva legislación y el potencial de adopción de los Estados del EEE y la EFTA.

También estoy de acuerdo con que los parlamentos de los Estados del EEE y la AELC deberían estar más estrechamente asociados con el proceso legislativo de la UE en cuanto a las propuestas pertinentes para el EEE. En consecuencia, propongo que la Comisión debería proporcionar a los Parlamentos nacionales de los Estados del EEE y la AELC las propuestas legislativas que se envían a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros de la UE a efectos de consulta.

 
  
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  Pat the Cope Gallagher (ALDE), por escrito. (GA) Como presidente la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Suiza y el EEE, conozco muy bien las cuestiones planteadas en este informe. La Asociación Europea de Libre Comercio se compone de cuatro Estados miembros: Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein. En 1994, con la ratificación del Acuerdo sobre el EEE, tres de esos cuatro países pasaron a formar parte del mercado interior. En un referéndum, Suiza decidió no participar en el EEE, con un 50,3 % en contra y un 49,7 % a favor. Así que Suiza ha decidido tener una relación independiente con el resto de Europa. En total, Suiza ha firmado aproximadamente 120 acuerdos bilaterales con la UE.

Estos acuerdos cubren diversas esferas, como a la libre circulación de personas, el transporte por carreteras, la aviación civil, la investigación científica, los obstáculos técnicos para el comercio, los mercados de contratación pública y asuntos agrícolas. Suiza es el segundo socio más importante de la UE y las empresas suizas emplean a más de un millón de personas en toda la UE.

 
  
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  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. (RO) He votado a favor de este informe porque acojo con satisfacción el progreso que se ha logrado al liberalizar la prestación de servicios transfronterizos entre la UE y Suiza y, en particular, los efectos positivos del Acuerdo sobre la libre circulación de personas. El constante aumento de la cantidad de trabajadores enviados y proveedores de servicios autoempleados procedentes de la UE que operan en Suiza desde 2005 a 2009 (según las estadísticas, hay alrededor de 200 000 trabajadores transfronterizos de la UE o de países de la AELC que van a Suiza cada día a trabajar) ha demostrado ser mutuamente beneficioso. Creo que en el futuro inmediato, el Gobierno suizo y las autoridades cantonales necesitan basarse en la experiencia de la UE y el EEE con la desregulación del sector de servicios mediante la transposición de la Directiva de Servicios.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Suiza, junto con Islandia, Noruega y Liechtenstein, forma parte de la Asociación Europea de Libre Comercio y es un importante socio comercial de la UE. Sin embargo, Islandia, Noruega y Liechtenstein consolidaron aún más sus relaciones comerciales con la UE cuando se adoptó el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE). Como Suiza es el cuarto socio comercial de la UE más importante en volumen, la adopción del Acuerdo EEE es de suma importancia. De ahí mi voto.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. − (DE) Este informe no presta suficiente atención a la soberanía de Suiza. Por esta razón, he votado en contra del informe.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) Es absolutamente esencial para crear un verdadero Espacio Económico Europeo, según lo establecido en el Tratado de Porto.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Nosotros, el Grupo Verts/ALE, hemos apoyado este informe, que incluye una serie de puntualizaciones acerca de los obstáculos para la aplicación de la normativa que rige el mercado interior por parte de Suiza y los Estados del EEE. En particular, formula las siguientes ideas: a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Comisión Europea debería ofrecer a los parlamentos nacionales de todos los Estados de la AELC y el EEE las propuestas legislativas que se envíen a los parlamentos nacionales de la UE para consulta. Los Estados del EEE y la AELC deberían asignar los recursos pertinentes para la aplicación de la Directiva de Servicios, en particular, para establecer puntos de contacto nacionales únicos, y los Estados del EEE y la AELC deberían aumentar su participación en los debates sobre la Directiva sobre los derechos del consumidor, entre otras propuestas.

 
  
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  Oreste Rossi (EFD), por escrito. (IT) Hemos votado a favor de este informe porque elimina los obstáculos para el libre comercio entre los países de la UE e importantes socios comerciales europeos.

Creemos que, en lo que respecta a Italia en particular, la mayor aplicación de normas sobre el mercado interior por parte de Suiza podría favorecer a nuestras empresas y nuestros trabajadores. Debemos acoger con agrado la decisión de que Suiza ya haya empezado a reducir considerablemente el secreto bancario, a fin de satisfacer la necesidad de transparencia que se requiere en la Unión Europea.

 
  
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  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe, el cual recomienda mayor cooperación e intercambio de buenas prácticas, además de asesoramiento respecto a los cambios que deben hacerse tras el Tratado de Lisboa. El informe ofrece una lectura prometedora, el déficit medio de transposición es del 0,7 %, lo que aproximadamente coincide con la media de los Estados miembros de la UE.

 
  
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  Rafał Trzaskowski (PPE), por escrito.(PL) Me alegro mucho de que el Parlamento haya aprobado este informe con una mayoría tan amplia. Espero que sus votaciones a favor de su aprobación también signifiquen que ustedes apoyan, al igual que yo, los dos objetivos básicos del informe. En primer lugar, la Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor y yo deseábamos incluir a los Estados que no pertenecen a la UE del Espacio Económico Europeo y Suiza en el orden del día de la comisión, la cual se ocupa del corazón de la UE: el mercado interior. Espero que estos socios, que después de todo son los mayores socios económicos de la Unión, se queden ahí permanentemente. El segundo objetivo era hacer frente, por fin, a los obstáculos concretos para lograr esta cooperación, en particular aquellos que existen entre Bruselas y Berna. Espero que la votación del Parlamento sobre esta cuestión persuada a ambas partes —la Comisión Europea y las autoridades de la Confederación Suiza— de revisar los mecanismos que actualmente regulan su cooperación.

 
  
  

Informe: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito.(FR) Los acuerdos de libre comercio permiten que los países signatarios se beneficien de poder comercializar una amplia variedad de productos y basarse en sus puntos fuertes. Por tanto, me complace que la Unión Europea vaya a firmar pronto el acuerdo de libre comercio con Corea del Sur. Nosotros, sin embargo, siempre tenemos que estar muy a la alerta por cuanto atañe a los términos de los acuerdos comerciales propuestos. En este caso, hay que evitar los rápidos cambios que podrían desestabilizar los flujos comerciales. De ahí la necesidad de cláusulas de salvaguardia, sobre todo para proteger a nuestra industria automovilística. En términos prácticos, me complace que el informe haya sido aprobado, ya que contiene un llamamiento de los eurodiputados para permitir que se inicie una investigación sobre la afluencia de las importaciones a petición de un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Grupo Consultivo Nacional, un persona jurídica, una asociación que actúe en nombre de la industria de la Unión y que representen al menos el 25 % de la misma, o por propia iniciativa de la Comisión. En caso de que parezca que los productores europeos están bastante afectados por un aumento espectacular de las importaciones de un producto en particular, se pueden introducir medidas de salvaguardia en forma de derechos de aduana de protección.

 
  
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  George Sabin Cutaş (S&D), por escrito. (RO) He votado a favor del informe sobre la aplicación de la cláusula bilateral de salvaguardia del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Corea. La cláusula de salvaguardia protegerá a las industrias y empleos europeos de todo perjuicio derivado de las importaciones coreanas. Supervisar de cerca el flujo de exportaciones y rectificar inmediatamente cualquier irregularidad en la observación del principio de la competencia leal son aspectos importantes. En consecuencia, creo que el Parlamento debe indicar al Consejo y la Comisión que desea aprobar este Reglamento lo antes posible.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito.(FR) El Parlamento ha aprobado las enmiendas a la cláusula de salvaguardia que se incluirán en el acuerdo de libre comercio con Corea del Sur. Sin embargo, se trata sólo de la primera votación: la votación final se ha aplazado hasta el período parcial de sesiones de 18-21 de octubre para dejarnos margen a fin de que lleguemos a un acuerdo con el Consejo en primera lectura. Todas las evaluaciones de impacto de la Comisión Europea han demostrado que Corea del Sur obtendrá más beneficios que la Unión Europea. Lo menos que podía hacer la Comisión es proporcionarnos una cláusula de salvaguardia creíble. Consideramos que nuestra demanda de medidas de salvaguardia regionales son legítimas, pues el impacto de la apertura del mercado de la UE a los productos de Corea del Sur puede variar considerablemente de un Estado miembro a otro. Es mucho más fácil predecir el impacto de las exportaciones europeas en un país con 50 millones de habitantes (frente a 500 millones). También es fundamental que el Parlamento y los sectores industriales pertinentes tengan derecho a iniciar una investigación a efectos de salvaguardia, y que el Parlamento tenga más voz y voto a la hora de aprobar o rechazar las medidas de salvaguardia.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Espero que el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Corea del Sur sea mutuamente beneficioso y que las restricciones para el libre comercio puedan ser mínimas para ambas partes. Las medidas de salvaguardia pretenden hacer frente a perjuicios graves para las industrias de la UE. Considerando el acuerdo firmado con Corea del Sur en octubre, la cláusula bilateral de salvaguardia debería detallarse más, de tal manera que los diversos aspectos de su aplicación se expongan adecuadamente y que su aplicación obedezca a un proceso transparente y que implique a la contraparte.

Como obstáculos para el libre comercio, estas cláusulas deberían limitarse a lo que es necesario para evitar mayores daños y deberían ser adecuadas y proporcionales a las situaciones para las que fueron concebidas. Espero que la industria europea demuestre ser cada vez más robusta y creativa para que no tengamos que recurrir a esta posibilidad.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Esta propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo constituye el instrumento jurídico necesario para la aplicación de la cláusula de salvaguardia en el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Corea del Sur. El 15 de octubre de 2009, se firmó un acuerdo de libre comercio entre la UE y la República de Corea. El acuerdo incluye una cláusula de salvaguardia bilateral que prevé la posibilidad de volver a imponer la tasa de la nación más favorecida cuando, como consecuencia de la liberalización del comercio, las importaciones aumenten hasta tal punto y se lleven a cabo en condiciones tales que causen, o amenacen con causar, graves daños a la industria de la UE con un producto similar o un producto directamente competente. Para que estas medidas entre en vigor, hay que incorporar la cláusula de salvaguardia a la legislación de la UE, ya que es necesario especificar no sólo los aspectos de procedimiento de la imposición de medidas de salvaguardia, sino también los derechos de las partes interesadas.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) La aprobación de esta cláusula de salvaguardia, que es un reconocimiento de las trágicas consecuencias de la liberalización y desregulación del comercio mundial, no elimina los peligros y las inquietudes que conlleva un acuerdo de libre comercio entre la UE y Corea del Sur, en lo que se refiere a diversos sectores de la actividad económica. Esto es particularmente cierto en algunos Estados miembros, como Portugal, y las regiones que más dependen de esos sectores.

Recordemos el sector textil y de la confección, contemplado especialmente en este acuerdo; recordemos el estudio de la Dirección General de Empleo y el Eurofund, que presenta escenarios de una disminución del 20 % al 25 % de los empleos de la Unión en este sector antes de 2020, pero incluso cabe la posibilidad de que llegaran a perderse el 50 % de los empleos existentes actualmente en la Unión Europea. Recordemos también otros sectores, como la electrónica y los componentes de vehículos de motor.

El fundamentalismo neoliberal de la UE sigue sacrificando el empleo y la capacidad productiva en el altar del libre comercio por los beneficios de sus multinacionales; sigue empeorando los déficits y promoviendo la dependencia exterior de los mercados extranjeros, así como las desigualdades crónicas y cada vez mayores en el comercio. Esta ideología sigue justificando los ataques a los derechos de los trabajadores, el dumping social y la ruina de millones de pequeños productores y de muchas pequeñas y medianas empresas.

 
  
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  Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. (FR) Este es el primer acuerdo comercial al que se llega tras el Tratado de Lisboa, el primer acuerdo que el Parlamento Europeo aprobará, así que es importante que el Parlamento se haga escuchar. Para afirmar las nuevas competencias del Parlamento al definir la política comercial de la UE, hemos votado a favor de las enmiendas presentadas por la Comisión de Comercio Internacional (INTA), pero hemos decidido no votar a favor del texto de la resolución en su conjunto, con el fin de llegar a un acuerdo mejor con el Consejo. Un acuerdo mejor por el que se deberían examinar algunos puntos importantes: queremos una auténtica cláusula de salvaguardia, una cláusula eficaz que haga posible abarcar las distorsiones regionales entre los diferentes Estados miembros de la UE y que, ante todo, permita prevenir situaciones en las que pueda producirse «perjuicio grave» a los productores de la Unión Europea. Y por último, la cuestión del derecho de iniciativa del Parlamento para iniciar una investigación en virtud de la cláusula de salvaguardia.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) El acuerdo de libre comercio entre la UE y Corea del Sur es de gran importancia para el desarrollo económico de los Estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, para que no haya distorsiones y para que haya equilibrio entre las importaciones y exportaciones de ambas partes, es necesario que existan cláusulas de salvaguardia bilateral. Estas cláusulas permiten evitar daños graves que podrían ser causados a la industria de la UE en el caso de un aumento exagerado de las importaciones de determinados productos. Por tanto, es necesario incorporar las medidas de salvaguardia mencionadas anteriormente a la legislación de la UE a fin de que éstas se pongan en marcha.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) En comparación con otros países con los que la Unión Europea ha negociado o ya ha firmado acuerdos de libre comercio, la antigua colonia japonesa de Corea del Sur tiene normas más estrictas en materia de derecho laboral y social. Es importante y realmente adecuado que sea posible introducir cláusulas de salvaguardia durante un periodo limitado a escala regional en cada uno de los Estados miembros de la UE. La experiencia del pasado ha demostrado que es importante, especialmente en relación con la importación y exportación de productos, poder intervenir para que sea posible adoptar cualquier ajuste estructural o medidas similares que se necesiten.

También es fundamental que se supervisen las exportaciones e importaciones en esos ámbitos en los que existe la mayor posibilidad de repercusión, con objeto de evitar que se perjudique considerablemente a los sectores industriales en la Unión. En principio, la conclusión de acuerdos comerciales promueve el crecimiento económico dentro de la UE y por eso he votado a favor del informe.

 
  
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  Cristiana Muscardini (PPE), por escrito. (IT) Apoyo plenamente el texto de la resolución que establece un reglamento por el que se pueda aplicar una cláusula de salvaguardia en los casos en que las importaciones surcoreanas amenacen con perjudicar gravemente a los fabricantes y la industria manufacturera en Europa a raíz de la aplicación del Acuerdo de Libre Comercio.

La aplicación regional de esta cláusula es fundamental para permitir que no solo los Estados miembros, sino también la industria y el Parlamento, soliciten que se emprendan investigaciones para salvaguardar las exportaciones europeas en un breve plazo de tiempo. Votar a favor de la resolución Zalba nos permite aprobar una posición clara y decisiva con respecto al Consejo para confirmar el papel del Parlamento, que en materia de políticas comerciales europeas es una parte interesada y no simplemente su ejecutor.

Nos sorprende mucho que la Presidencia belga haya incluido la propuesta de decisión relativa a la ratificación y aplicación provisional del tratado en la orden del día del próximo Consejo de Asuntos Exteriores antes de que el Parlamento haya empezado a debatir el tratado y antes de conocer el resultado de la votación del Parlamento acerca de la cláusula de salvaguardia, sin un diálogo a tres bandas oficial, aun cuando es consciente de las incógnitas que afectan al contenido final. Por lo tanto, existe la evidente necesidad de pedir a todas las instituciones que demuestren mayor respeto mutuo, como se establece en el Tratado de Lisboa.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) La Unión Europea es a la vez la zona productiva más exigente del mundo y el mercado más permeable del mundo. Esta situación genera problemas sumamente graves, sobre todo, para nuestros productores que, puesto que están obligados a cumplir con una gran variedad de leyes que representan una pesada carga para ellos, a veces sus costes de producción son más elevados que los de sus competidores en otras partes del mundo. Si estos competidores consiguen libre acceso a nuestros mercados, esto da lugar a un sistema de competencia desleal insoportable para los productores y también para los transformadores, la industria y los comerciantes; esto será muy perjudicial para la sociedad europea a medio plazo.

En este contexto, saludo con entusiasmo este informe sobre el comercio entre la Unión Europea y Corea del Sur. Puesto que el informe incluye una disposición para una cláusula bilateral de salvaguardia que impida perjuicios significativos a la industria europea en el caso de un gran volumen de importaciones, reconoce este problema crónico y comienza a tomar las medidas pertinentes para minimizarlo.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) Señor Presidente, el 23 de abril de 2007, el Consejo autorizó que la Comisión iniciara negociaciones con la República de Corea con objeto de cerrar un Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Corea.

El acuerdo se firmó el 15 de octubre de 2009. Incluye una cláusula bilateral de salvaguardia que contempla la posibilidad de volver a aplicar el tipo de nación más favorecida (NMF) si, como consecuencia de la liberalización del comercio, las importaciones aumentan de tal manera —en términos absolutos o relativos con respecto a la producción interna— y en condiciones tales que causen o amenacen con causar un perjuicio grave a la industria de la Unión que fabrica un producto similar o directamente competidor.

Para que esta medida sea operativa, la cláusula de salvaguardia debe incorporarse al Derecho de la UE, no solo por cuestiones de procedimiento relativas a su aplicación, sino también porque es necesario especificar los derechos de las partes interesadas. La propuesta adjunta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo constituye el instrumento jurídico para la aplicación de la cláusula de salvaguardia del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Corea del Sur.

 
  
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  Marit Paulsen, Olle Schmidt y Cecilia Wikström (ALDE), por escrito. (SV) El Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Corea del Sur representa un acuerdo muy importante para la Unión Europea. Como liberales, tenemos una opinión muy favorable de los acuerdos de libre comercio y creemos en sus efectos positivos para la economía y el comercio europeo. Por lo tanto, somos muy escépticos en cuanto a las cláusulas de salvaguardia regional que el Parlamento Europeo quiere incluir en el acuerdo como una forma de restringir el libre comercio. Por el contrario, nos gustaría destacar la importancia del libre comercio para el desarrollo de la UE. A fin de permitir que la UE sea un agente competitivo en el plano del comercio mundial, el Parlamento Europeo debería tomar medidas que facilitaran el comercio con el resto del mundo, y generaran oportunidades para ello, a través de acuerdos de libre comercio sin restricciones.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – En el Grupo Verts/ALE no hemos presentado enmiendas al proyecto de informe porque partimos de la propuesta de que votaremos en contra del Acuerdo de Libre Comercio con Corea como tal en el próximo procedimiento de dictamen, ya que nos oponemos a una situación en la cual el entorno industrial comunitario se vea determinado arbitrariamente por un solo Acuerdo de Libre Comercio. Asimismo, nos oponemos a la disociación negociada de la UE en el Acuerdo de Libre Comercio que permite la exportación a Corea de grandes devoradores de gasolina sin cumplir los límites y plazos respecto a las emisiones de CO2 más estrictas de Corea. Además, consideramos que la Estrategia Europa 2020 es un intento de estimular la política industrial de toda la UE, la cual debería ir acompañada por una moratoria temporal en los acuerdos de libre comercio pendientes que puedan entrar en conflicto con el establecimiento de dicha política.

No obstante, en esta situación apoyamos la formulación de salvaguardias estrictas y esta salvaguardia en concreto se convertirá en el modelo para otros acuerdos de libre comercio. También hemos apoyado al ponente al negarse a una situación en la cual la salvaguardia de Corea se diseñe únicamente en beneficio del sector automovilístico y al garantizar la consideración de todas las diversas relaciones comerciales y posibles necesidades de mecanismos de protección comercial.

 
  
  

Informe: José Bové (A7-0225/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe, en el que fui el responsable del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, porque considero necesario reequilibrar las relaciones que se establecen a lo largo de la cadena de suministro de alimentos, otorgarles transparencia y garantizar la existencia de un marco de competitividad y buenas prácticas justo y de un sistema que garantice su buen funcionamiento. Espero que la Comisión tenga en cuenta las orientaciones que se han aprobado hoy en el Parlamento y que se vean reflejadas en la propuesta legislativa que se nos presentará a finales de este año.

 
  
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  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), por escrito. (EL) El informe se limita a exponer la trágica situación de la cadena de distribución de alimentos, que empeora a diario, y a criticar las deficiencias de la comunicación de la Comisión. No obstante, apoya la comercialización de alimentos y propone una serie de soluciones relacionadas con la mejora de la competencia, la transparencia y la información en el mercado alimenticio sin atajar la principal causa de la problemática que subyace en el método de producción capitalista y en el modo en que se hace con el fruto del trabajo de las pequeñas y medianas explotaciones y el salario de sus trabajadores. En Grecia, la política antipopular de los gobiernos del PASOK, Nueva Democracia y la UE ha fomentado que los monopolios sigan controlando el mercado de los alimentos y la creación de cárteles para determinados productos alimenticios como la leche y la harina. Como consecuencia, los precios del mercado minorista se han disparado contribuyendo a engrosar aún más las ganancias de la industria alimentaria y perjudicando las familias trabajadoras de a pie que no pueden permitírselos.

Las necesidades alimentarias de los ciudadanos sólo se verán satisfechas si las clases trabajadoras, los propietarios de las pequeñas y medianas explotaciones y las clases populares se aúnan en contra de los monopolios y luchan por desbancar las políticas antipopulares y a sus agentes, darle poder al pueblo, otorgarle la propiedad de los medios de producción a la sociedad y organizar una producción agrícola planificada de acuerdo con las necesidades de las familias trabajadoras y las clases populares en el marco de una economía del pueblo.

 
  
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  Alfredo Antoniozzi (PPE), por escrito. (IT) Señor Presidente, he votado a favor de este informe porque, como bien se describe en el punto 3 del informe, ya se han conseguido todos los objetivos relacionados con la agricultura mencionados en los Tratados de Roma (aumento de la productividad, suministro suficiente de alimentos, precios al consumidor razonables, estabilización de los mercados), con la excepción del objetivo de un nivel justo de ingresos para los agricultores; pide por ello a la Comisión que tenga debidamente en cuenta lo anterior en todas las propuestas presupuestarias.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) Nuestros agricultores deben obtener unos ingresos decentes a raíz de su trabajo, pero también deben producir alimentos que cumplan con normas de calidad estrictas y que sean asequibles para los consumidores. Gracias a la labor de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, el señor Bové ha podido elaborar un informe equilibrado en el que propone una serie de soluciones a estos desafíos; entre otras, fortalecer las organizaciones de productores, ofrecer modelos de contratos en determinados sectores y fomentar la autorregulación; a mi juicio, se trata de buenas soluciones que merece la pena estudiar. Por ello, he votado a favor del informe.

 
  
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  Liam Aylward (ALDE), por escrito. (GA) El salario de los agricultores se ha reducido en un 12 % de media durante el año 2009 y los gastos de explotación han crecido un 3.6 %. En vista de las circunstancias, los agricultores pronto se verán obligados a salir de una cadena de distribución de alimentos donde los precios que pagan los consumidores han aumentado en un 3.3 % al año desde 1996.

La cadena de suministro de alimentos es una estructura muy compleja que hoy por hoy no funciona debidamente. Los agricultores no ven recompensados ni el tiempo ni el dinero que invierten en la producción de alimentos de calidad. Si la seguridad de la cadena de suministro de alimentos europea depende de los agricultores, tenemos que poner remedio a la volatilidad del mercado a las distorsiones de la cadena de suministro de alimentos. Hay que garantizar que los agricultores reciban un salario justo.

Debemos garantizar unos precios justos para los agricultores, una transparencia del mercado adecuada y unos precios del mercado minorista justos para los consumidores. La Comisión debe investigar la cadena de suministro de alimentos. En particular, apoyo la propuesta de que se haga un estudio sobre la distribución de los márgenes de beneficio para determinar en qué punto concreto se producen las distorsiones de la competencia.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) He apoyado este informe y la preocupación que expresa por la situación a la que se enfrentan los agricultores de la UE. La crisis económica y financiera mundial y la volatilidad de los precios de los alimentos y los productos básicos han provocado dificultades considerables para los productores agrícolas y, por lo tanto, los consumidores tampoco están recibiendo un trato justo. Aunque los precios de los alimentos han aumentado un 3,3 % cada año desde 1996, los precios que reciben los agricultores sólo han aumentado un 2,1 %, mientras que los costes operativos han aumentado un 3,6 %, lo que demuestra que la cadena de suministro de alimentos no está funcionando correctamente. Por otra parte, los ingresos medios de los agricultores cayeron más de un 12 % en la Unión de los 27 en el año 2009, lo que significa que los agricultores ya no pueden generar los ingresos necesarios a partir de su trabajo. Sin embargo, a pesar de ello, los agricultores y el sector agroalimentario todavía tienen que producir alimentos que cumplan normas de calidad bastante estrictas a un precio que sea asequible para los consumidores. Estoy de acuerdo en que se necesita mayor transparencia en el sector agrícola y en que la Comisión Europea debe desempeñar un papel de liderazgo y proponer la presentación de informes anuales obligatorios por parte de los principales comerciantes, procesadores, mayoristas y minoristas europeos en relación con sus cuotas de mercado.

 
  
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  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. (FR) En cada crisis agrícola tanto los agricultores como los consumidores piden siempre lo mismo: que de una vez por todas los precios y las ganancias de los agricultores sean transparentes en toda la cadena de producción agrícola. Este informe es consecuente con este deseo y por ello lo acogemos con satisfacción. No obstante, lamento que se haya rechazado por unos pocos votos la propuesta de conceder un trato preferencial a las organizaciones de productores, las cooperativas de agricultores y las PYME a la hora de adjudicar contratos públicos.

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. (IT) La transparencia, la competencia y la oferta son sólo algunos de los aspectos abordados por el señor Bové, que pide la intervención de la Comisión y el Consejo para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa.

He decidido votar a favor del informe Bové porque creo firmemente que los pasos para mejorar la eficacia de la cadena alimentaria deben incluir la eliminación de las prácticas comerciales desleales, el control de los precios y una mayor participación de los productores y los consumidores en la elaboración de criterios de calidad y el desarrollo económico local.

 
  
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  Jan Březina (PPE), por escrito. (CS) He votado a favor del informe sobre unos ingresos justos para los agricultores: mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos en Europa porque creo que se debería prestar más atención a este problema en el contexto de la UE. No obstante, también tengo mis reservas en cuanto a este informe. Creo que debería prestar más atención al poder de negociación desigual de los agricultores en comparación con el de los transformadores. Mientras que el sector de la transformación de alimentos cuenta con una gran entereza y capacidad económica, los agricultores se ven divididos y, por tanto, en peor posición en lo que respecta a las negociaciones comerciales. Sin embargo, la Comisión pretende promover una mayor integración del sector de la transformación de alimentos en el mercado interior en el marco del fomento de la competencia en la cadena de suministro de alimentos europea.

El informe no dice prácticamente nada sobre cómo se podría conseguir que los agricultores estuvieran en igualdad de condiciones en la industria alimentaria y la cadena comercial. También me inquieta la propuesta de frenar el desarrollo de regímenes nacionales y regionales de etiquetado de origen y sustituirlos por un nuevo marco para las indicaciones geográficas en el contexto de su política de calidad. En mi opinión los regímenes regionales de etiquetado deberían complementar al sistema de etiquetado europeo siempre y cuando no se restrinja la libre circulación de bienes en el mercado interior.

 
  
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  Alain Cadec (PPE), por escrito. (FR) Hoy, 7 de septiembre, se ha aprobado en el Parlamento Europeo el informe sobre el precio de los alimentos y los ingresos de los agricultores europeos que es fruto de colaboración de todos los grupos políticos, entre los que cabe destacar la importante contribución del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos).

Acojo con satisfacción las propuestas de la Comisión Europea para reforzar la posición de los productores al negociar con los distribuidores. Me sumo a la petición del ponente de que se modifique la ley de competencia de la UE para combatir los abusos de posición dominante.

Considero muy importante la propuesta de creación de contratos estándar que incorporen cláusulas referentes al volumen y a los precios que posibiliten que los agricultores reciban unos ingresos justos. Necesitamos una nueva regulación del mercado que confiera a la PAC instrumentos para enfrentarse de mejor modo a las crisis.

Al igual que en el caso de los productos de la pesca y la acuacultura, considero realmente importante la promoción de productos de calidad y la producción sostenible. Por ello considero fundamental que los productos procedentes de terceros países cumplan con los mismos requisitos que los productos europeos para impedir cualquier tipo de competencia desleal.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Dado que se han detectado problemas con la cadena alimentaria a escala europea y mundial, hay que encontrar soluciones urgentemente. Este informe presenta algunas soluciones, de entre las que quiero destacar la necesidad de promover un aumento en el valor añadido de la producción agroalimentaria europea, la importancia de considerar medidas para desalentar las prácticas abusivas, tales como la introducción de sanciones y denunciar a las compañías que no cumplan las normas, y la creación de un observatorio europeo de precios y márgenes agrícolas. También considero que es esencial promover la racionalización de la cadena alimentaria a fin de reducir el impacto ambiental del transporte de alimentos, así como para promover la comercialización de los productos alimenticios locales y el desarrollo sostenible de la economía rural.

 
  
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  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. (EL) He votado a favor del informe Bové, además de porque considero que va por el buen camino y contiene información de gran interés, porque modifica de manera significativa varios aspectos del texto original de la Comisión, que en mi opinión presentaba serias deficiencias. El informe apuesta por la diversidad de los productos, del patrimonio cultural de la agricultura y del pequeño comercio, por la venta directa por parte de los agricultores y por los puestos de trabajo y la inversión en las pequeñas y medianas explotaciones y cooperativas para garantizar la autosuficiencia alimentaria y la protección del medio ambiente. Pone de relieve la necesidad de garantizar que los agricultores perciban unos ingresos justos y por ello le pide a la Comisión que sus demandas se tengan en cuenta en todas las propuestas presupuestarias. El informe exige la mejora de un marco jurídico que cubra las etiquetas de calidad y distribución privadas, a fin de evitar su multiplicación y ofrecer a los consumidores una mayor transparencia y a los productores un mejor acceso a los mercados.

Además, el informe considera necesario prohibir la venta por debajo del precio de compra a nivel comunitario e insta a la Comisión a revisar los criterios actualmente utilizados para evaluar el comportamiento anticompetitivo porque, aunque considera que el índice Herfindahl es útil para evaluar los riesgos de monopolio, no permite determinar la verdadera medida de las prácticas anticompetitivas de carácter colusorio u oligopolístico, que, al parecer, existen, al menos en parte, en la gran distribución.

 
  
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  Lara Comi (PPE), por escrito. (IT) La política agrícola común (PAC) siempre ha tenido por objeto garantizar que los agricultores perciban unos ingresos justos. A raíz del informe de la Comisión han salido a la luz una serie de discrepancias respecto al principio inicial que no podemos pasar por alto. Nuestros agricultores están convencidos de que se menosprecia su trabajo desde el punto de vista económico.

Su paso de la primera a la segunda fase en la cadena de suministro de alimentos, donde serían los protagonistas, ya no se considera un factor determinante para establecer el precio final que pagarán los consumidores. Hay que controlar las fluctuaciones de los precios de los productos básicos, pues únicamente perjudican a los consumidores. Creo que habría que revisar el paso de los bienes por la cadena de suministro para evitar el aumento de los precios, pues no sería congruente con la distribución justa de los costes según el trabajo emprendido.

Considero que habría que comprobar si hay una mayor relación asimétrica entre el precio de un producto en las primeras y en las últimas fases de la cadena de suministro, lo cual perjudicaría a los consumidores. Correríamos el riesgo de que se vendieran productos en el mercado a un precio mayor sin tener necesariamente mejor calidad. El papel de los consumidores es fundamental para garantizar que todos los operadores de la cadena de suministro de alimentos perciban unos ingresos justos.

 
  
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  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. (RO) Teniendo en cuenta que la agricultura es uno de los sectores que más han sufrido la crisis económica, creo que la Comisión Europea tendría que ofrecer una serie de garantías que animen a los agricultores a seguir unas prácticas de producción sostenibles y éticas que compensen su inversión. Así se conseguiría restaurar el equilibrio y mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos de la UE.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) La crisis alimentaria y la consecuente inestabilidad de los precios de los alimentos y los productos básicos han puesto de manifiesto una serie de preocupaciones ya existentes en cuanto al funcionamiento de las cadenas de suministro de alimentos a nivel comunitario y mundial. También se refieren a las diferencias entre el aumento anual del precio de los alimentos en un 3,3 % y el incremento del 2,1 % de los precios que reciben los agricultores y el aumento de los gastos de explotación en un 3,6 %, lo cual refleja la falta de transparencia de los precios a lo largo de la cadena de suministro de alimentos. He votado a favor del contenido de este informe porque creo que el equilibrio de las relaciones comerciales beneficiaría al funcionamiento de la cadena de suministro y a los agricultores.

Por ello, he de reafirmar que el objetivo fundamental de la PAC debería ser el mantenimiento de la competitividad de la agricultura europea y el apoyo a las actividades agrícolas de la UE para garantizar la producción de alimentos a nivel local y un desarrollo territorial equilibrado. No obstante, no debemos pasar por alto la capacidad de garantizar que se perciban unos ingresos justos en el sector agrícola. Pues sólo conseguiremos estimular unos sistemas de producción sostenibles y éticos si los agricultores ven debidamente recompensados la inversión y los compromisos que asumen a este respecto.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito.(FR) El Parlamento ha solicitado ingresos más justos para los agricultores en el contexto de una cadena alimentaria que funcione mejor. No es aceptable que los ingresos de los agricultores caigan constantemente mientras suben los beneficios de la industria alimentaria, las multinacionales y los minoristas. Por tanto, instamos a la Comisión Europea a que introduzca algunas medidas prácticas (para combatir la posición dominante, las prácticas contractuales y comerciales abusivas, el retraso de los pagos, etc.) a fin de crear una economía eficaz y transparente en la que los productos se vendan a un precio justo y en la que los agricultores puedan ganarse la vida.

 
  
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  Anne Delvaux (PPE), por escrito. (FR) He votado a favor de este informe porque ataja el problema que representa la injusta distribución de beneficios a lo largo de la cadena de distribución de alimentos, en particular en lo que se refiere a un nivel adecuado de ingresos para los agricultores.

En el año 2009 los ingresos de los agricultores descendieron una media de un 12 % en la UE de los 27. Sin embargo, los consumidores siguen sufriendo el aumento constante del precio de los productos que compran, lo cual pone de manifiesto la falta de transparencia de los precios a lo largo de la cadena de suministro de alimentos y la creciente volatilidad del precio de los productos básicos. Debemos exigir una mayor transparencia en la cadena de suministro para evitar los abusos de las grandes superficies y de la industria transformadora.

 
  
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  Diane Dodds (NI), por escrito. – En principio apoyo este informe porque creo que ataja los problemas más importantes de la cadena de suministro de alimentos. Debemos enfrentarnos a la realidad de que actualmente hay un desequilibrio de poder en el sistema. Los minoristas ostentan demasiado poder y, como consecuencia, los productores deben aceptar los precios que les proponen en lugar de ser ellos mismos quienes los propongan. A pesar de que estoy de acuerdo en líneas generales con este informe, tengo mis reservas en los respecta a las soluciones que propone el ponente. No creo en la sobrerregulación. Más burocracia sólo conllevaría una mayor presión y mayor gasto para el sistema. Tampoco estoy de acuerdo en la creación de un mecanismo que controle todas las transacciones comerciales a nivel comunitario. El coste derivado de un organismo de este tipo sería excesivo.

Un defensor del consumidor para los supermercados a nivel comunitario podría desempeñar esta función. Si bien estoy de acuerdo con algunas de las enmiendas del Grupo ECR, tengo la sospecha de que el cambio brusco a un mercado más libre sería perjudicial para los productores de mi distrito electoral. Su negativa a acabar con el poder de los minoristas en la cadena de suministro de alimentos no garantizará que los productores sigan suministrando alimentos.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre unos ingresos justos para los agricultores: mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos en Europa porque hacen falta medidas que garanticen unos ingresos más justos para los agricultores, unos precios más transparentes para los consumidores y un mejor funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos, en concreto, mediante propuestas legislativas que pongan remedio a la injusta distribución de beneficios a lo largo de la cadena de suministro de alimentos, ofrezcan una solución a la volatilidad de los precios y reduzcan la vulnerabilidad de los agricultores.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Todos estamos de acuerdo en que los agricultores se ven particularmente expuestos a la volatilidad de los precios debido a las peculiaridades de su trabajo. El informe propone algunas buenas ideas para su protección, pero también propone otras que suscitan ciertas dudas. En primer lugar, el informe anual sobre las cuotas de mercado corre el riesgo de convertirse en un mero trámite burocrático. También tengo mis reservas en cuanto al énfasis en los abusos de posición dominante y las prácticas desleales que se comenten en la cadena de suministro de alimentos porque, si es verdad que se están produciendo dichos abusos y prácticas desleales, tendrían que ser las leyes actuales las que castigaran a los transgresores.

Por esta misma razón, no considero que exista una necesidad real de una nueva relación entre las normas de competencia y la PAC. Respecto a las marcas blancas, tenemos constancia de que confieren una mayor libertad de elección a los consumidores y de que hay estudios que demuestran que prefieren este tipo de productos. Así es como funciona el mercado. Hay, por tanto, muchos asuntos en el informe que considero merecen una reflexión más profunda.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Los agricultores deben tener ingresos justos. Es inaceptable que, desde 1996 los precios que reciben los agricultores sólo hayan aumentado en un 2,1 %, mientras que los costes operativos han aumentado un 3,6 %. Sin embargo, los precios de los alimentos han aumentado un 3,3 % por año, lo que significa que han sido los agricultores los que han sido penalizados. Cabe destacar que los ingresos medios de los agricultores cayeron más de un 12 % en la UE de los 27 en 2009.

Se han alcanzado todos los objetivos relacionados con la agricultura contemplados en el Tratado de Roma —aumento de la productividad, el suministro de una alimentación adecuada, los precios razonables de los consumidores y la estabilización del mercado—, con la excepción del objetivo de ingresos justos en la agricultura. Por consiguiente, instamos a la Comisión a que mejore el instrumento europeo de control de precios de los alimentos con el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores y los agricultores en términos de mayor transparencia en la fijación de los precios de los alimentos. También pido a la Comisión que ponga en práctica rápidamente el proyecto piloto sobre la creación del Observatorio europeo de precios y márgenes agrícolas complementado con datos sobre los precios, los márgenes y los volúmenes, para el que el Parlamento y el Consejo adoptaron un crédito de 1,5 millones de euros en el marco del presupuesto de 2010.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) El contenido del informe dista mucho de lo que se propone en su título. Al final, el texto propone poco o, en realidad, nada concreto sobre cómo podrían conseguirse unos ingresos justos para los agricultores limitándose a expresiones vagas y a menudo ambiguas que le dejan a la Comisión la labor de presentar unas propuestas cuya presentación compete al Parlamento.

Lo que se necesita, en primer lugar, para conseguir unos ingresos justos para los agricultores es una ruptura clara con las políticas de la liberalización de los mercados agrícolas que se acordaron en el marco de la reforma de la PAC y sacar a la agricultura de la OMC y los acuerdos de libre comercio, cuyos procesos han sido positivos para algunas grandes corporaciones que intervienen en la cadena de suministro de alimentos y desastrosas para las pequeñas y medianas explotaciones. Es necesaria una política de precios que tenga en cuenta el carácter sensible de esta actividad y que, entre otras medias, fije unas cantidades mínimas que habrán de pagarse a los agricultores.

Se necesita un control cuantitativo de las importaciones, implementando una preferencia por los productos de la UE y otorgando prioridad a la producción de cada país y a su soberanía alimentaria. Los supermercados deberían estar obligados a vender una cuota significativa de la producción nacional de cada país, teniendo especialmente en cuenta los niveles de dependencia agroalimentaria y la situación de la balanza comercial y la balanza agroalimentaria.

 
  
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  Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. (IT) El informe del señor Bové sobre la mejora del funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos en Europa representa un paso significativo para una redistribución más justa de los ingresos y el reconocimiento de la valía de los productores, aquellos que han sufrido en mayor medida las consecuencias de las prácticas comerciales desleales de los últimos años. Considero necesario intervenir en el sector para introducir una serie de medidas que tengan por objeto el aumento del poder de negociación de los productores. Como es también el caso de la mayoría de los productores europeos, los productores de mi región también han sufrido las tremendas consecuencias del desequilibrio de los ingresos en la cadena de suministro de alimentos y la caída de los precios de los productos agrícolas, lo cual ha afectado a muchas cosechas y al ganado. Las más de 91 000 explotaciones registradas en la región de Véneto en el año 2005 ha descendido en un 14 %. En la práctica, esta reducción se ha referido casi exclusivamente a los pequeños productores, es decir, a los de menor relevancia en el mercado. Por eso he decidido votar a favor del informe de iniciativa propia con la esperanza de que el Consejo presente una propuesta que atienda a la urgente situación de muchos productores.

 
  
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  Pat the Cope Gallagher (ALDE), por escrito. (GA) Acojo con satisfacción el informe que se ha aprobado hoy sobre la mejora del funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos.

No cabe duda de que la cadena de suministro de alimentos presenta ciertos problemas ni de que son los agricultores quienes más sufren sus consecuencias. Hay que fijar unos precios para los agricultores con claridad y franqueza. Insto a la Comisión Europea a que incluya las recomendaciones de este informe en la comunicación sobre el futuro de la política agrícola común después de 2013, una comunicación que se publicará este año.

 
  
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  Elisabetta Gardini (PPE), por escrito. (IT) Señor Presidente, el problema viene de antaño y la situación está empeorando con el aumento de poder y la concentración de la distribución.

Los pequeños y medianos productores agrícolas luchan por conseguir unos ingresos dignos mientras que los consumidores siguen encontrándose con precios cada vez mayores. No cabe duda de que son las grandes distribuidoras quienes dictan las normas de la cadena de suministro de alimentos, precisamente quienes acaparan todo el poder de negociación. Por ello debemos poner en práctica medidas directas que combatan las prácticas comerciales desleales y pongan en funcionamiento los mecanismos relativos a la transparencia de los precios que se recogen en esta directiva, por la que he votado con toda convicción. Sin embargo, únicamente con estas medidas no podremos garantizar que los agricultores reciban los justos márgenes de beneficio que persigue la PAC.

Tenemos que seguir perfeccionando el mecanismo de control de precios, ofrecer incentivos para la creación de organizaciones de productores que tengan por objeto aumentar el poder de negociación de las explotaciones individuales y mejorar la organización de la cadena de suministro de alimentos teniendo en cuenta la diversidad de dimensiones de las explotaciones y las características específicas de cada mercado.

En definitiva, para garantizar que cada eslabón de la cadena de suministro de alimentos recibe unos ingresos justos y, concretamente, si queremos garantizar la calidad y la protección de los consumidores, debemos atajar el problema de un modo más efectivo y a nivel mundial.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. (FR) El objetivo de una política agrícola no debe ser sólo garantizar que los precios sean bajos o que los consumidores puedan permitírselos. También debe garantizar unos ingresos justos para los agricultores, fomentar cadenas de suministro de alimentos cortas, animar a los consumidores, productores, transformadores y distribuidores a pensar en un sentido «local y estacional» y en la calidad de los productos y acabar con determinadas prácticas en las que incurre el sector de la distribución a gran escala o los intermediarios.

Como ya se ha dicho en multitud de ocasiones en este Parlamento, la agricultura es diferente al resto de las actividades económicas porque alimenta al pueblo, preserva el paisaje y es el fundamento de las civilizaciones.

Por ello no debería estar sujeta a las normas de competencia y en ningún caso a las normas de competencia internacionales. Resulta escandaloso que los productos agrícolas básicos de los que dependen los seres humanos se traten como si fuesen productos financieros en los mercados de especulación. El informe del señor Bové va por buen camino. Es una pena que debido a la mayoría proeuropea de esta Cámara vuelva a caer en las deficiencias del marco conceptual de la Unión Europea y sus dogmas.

 
  
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  Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. (FR) He votado con determinación a favor del texto que insta a la Comisión Europea a que tome medidas específicas para que los agricultores se puedan beneficiar de unos ingresos justos y mejore la cadena de suministro de alimentos europea. Se trata de una votación importante porque los agricultores no reciben una remuneración justa por lo que producen y a menudo son las principales víctimas de unas prácticas comerciales que suelen resultar abusivas. El texto representa el progreso porque deja claro que la posición de negociación de todas las partes ha de ser equilibrada y que ha de reinar una competencia leal en los mercados de alimentos para garantizar unos ingresos justos para los agricultores y unos precios transparentes para los consumidores. Por ello acojo con satisfacción la adopción de este texto, pues representa un avance significativo para los agricultores y los consumidores. Para mantener una agricultura dinámica y una cadena de suministro de alimentos de calidad en Europa que beneficie a los consumidores, los agricultores deben percibir más ingresos por sus productos.

 
  
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  Françoise Grossetête (PPE), por escrito. (FR) He votado a favor de este texto porque la «agricultura de contrato» impuesta por los compradores podría debilitar la posición de negociación de los agricultores.

Por ello se necesita una nueva legislación que vincule a los productores primarios más estrechamente con otros intermediarios en la cadena y que garantice la transparencia de los precios para los consumidores.

La propuesta de crear contratos estándar que incluyan cláusulas sobre volúmenes y precios mejoraría la posición de negociación de los productores de los agentes situados en los puestos más bajos de la cadena de suministro. Estos contratos estándar constituirían unos instrumentos mediante los cuales se podría evitar que se produjesen prácticas como el incumplimiento de los términos del contrato, el retraso en los pagos y la reventa a pérdida. Considero que estos contratos deberían ser obligatorios para algunos sectores.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito.(FR) He votado a favor del informe del señor Bové sobre los precios de los alimentos debido a que es necesario garantizar unos ingresos estables para los agricultores, al mismo tiempo que se protegen los precios de los consumidores. Una serie de recientes fluctuaciones en los precios de los productos alimenticios, como en el caso de la leche, han centrado la atención en la grave situación a la que muchos agricultores se enfrentan actualmente. Los precios de venta se hunden y los productores ya no pueden ganarse la vida dignamente. En el otro extremo de la cadena, los consumidores no se benefician de las caídas de los precios, si acaso las hay. Sin embargo, al mismo tiempo, cuando los precios suben, sobre todo, como resultado de la actividad especulativa, los aumentos repercuten de inmediato en el precio final. Hay una necesidad urgente de contar con mayor transparencia en relación con el papel de los intermediarios, en particular, los distribuidores a gran escala.

 
  
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  Alan Kelly (S&D), por escrito. − He votado a favor de este informe porque es repugnante ver cómo los agricultores son estafados al por mayor de la mano de múltiplos más grandes. Los beneficios deberían redistribuirse de forma justa por toda la cadena alimentaria. Espero que la Comisión actúe con rapidez y que proponga un mecanismo para abordar los problemas que esto plantea. Esta iniciativa, si llega a aplicarse, ayudaría significativamente al sustento de la comunidad agrícola en Irlanda y es por eso por lo que estoy a favor.

 
  
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  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. − (DE) Apoyo el informe del señor Bové relativo a mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos en Europa. El informe trata cuestiones clave para el futuro desarrollo del sector agrícola y, por tanto, aborda la cuestión de garantizar el suministro controlado de alimentos frescos y saludables para los ciudadanos europeos. Entre las principales preocupaciones de los agricultores destacan la transparencia de los precios, la competencia leal, la restricción del uso indebido del poder de compra, la mejora de los contratos, la mejora de la situación de las agrupaciones de productores y la limitación de la especulación en las materias primas agrícolas. El informe transmite una señal clara del Parlamento a las pequeñas explotaciones agrícolas familiares en un momento de crisis económica mundial. El informe también va dirigido a dos los agentes de la cadena alimentaria que contribuyen a los problemas de fijación de precios. Tenemos que resolver el problema de que se establezcan altos márgenes de beneficios sólo en las aguas bajas de la cadena de suministro. No podemos permitir que a los agricultores se les paguen precios de producción que estén por debajo de sus costes de producción.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La UE sólo logrará tener un fuerte sector agrícola que le permita ser autosuficiente si los agricultores son capaces de tener ingresos justos y si lo que producen se vende a un precio justo. Sin embargo, la gran presión ejercida por las principales cadenas alimentarias se ha traducido en una disminución en los precios que se pagan a los agricultores y en un aumento en el coste de los productos para los consumidores. Es necesario que el aumento de los precios de consumo se vea reflejado en el precio que se paga al agricultor, pues sólo así se lograrán relaciones comerciales equilibradas. De ahí mi voto.

 
  
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  Marine Le Pen (NI), por escrito. (FR) A pesar de que, por una parte, me siento satisfecho por las conclusiones de este informe sobre la terrible situación de la agricultura europea, por otra parte he de lamentar que la única propuesta que se nos presente sea tener aún más Europa, más normativas europeas y más intervencionismo proeuropeo y burocrático.

Teniendo en cuenta las diferencias locales, regionales y nacionales de nuestras identidades y tradiciones y las diversas prácticas y necesidades de las esferas económicas y sociológicas de los agricultores de la UE, he de cuestionar lo que han hecho los proeuropeos. La política actual ha fracasado y ha agravado la desertificación rural, el cuasimonopolio, las prácticas desleales de los grandes distribuidores y los compradores y la especulación que mina a nuestros agricultores.

Los agricultores deben, sin duda alguna, recibir el apoyo necesario para que perciban unos ingresos justos provenientes de una cadena de suministro de alimentos de calidad, segura y con mejor funcionamiento. El sentido común impondrá que se tomen estas medidas a nivel nacional. Debemos renacionalizar la política agrícola común (PAC) en vez de darle alas a los argumentos liberales e internacionalistas de la Comisión Europea.

 
  
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  Astrid Lulling (PPE), por escrito. (DE) Como no pude intervenir en el debate sobre el informe Bové ni puede explicar por qué no voy a votar a favor de este informe, me gustaría dejar claro que, por el momento, seguimos en la Unión Europea y no en la Unión Soviética.

Por ello rechazo todas las soluciones propuestas por el señor Bové por no ser compatibles con nuestro sistema económico de mercado y social.

Coincido en la identificación de las principales causas de los problemas como pueden ser el abuso de poder por parte de los compradores, el retraso en los pagos, el acceso restringido al mercado y muchos otros factores que subyacen en el deficiente funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos.

Por eso tenemos que tomar medidas y creo que estamos preparados para hacerlo. Tenemos que garantizar ingresos justos para los agricultores sin desdeñar a la industria transformadora ni el comercio internacional. En contraposición a las autoridades nacionales, la industria transformadora y el comercio tienen que enfrentarse a la economía real. No obstante, el hecho de que las ayudas que pueden recibir y con las que, sin duda alguna, cuentan los agricultores se paguen con un retraso de 12 meses es reprensible y tendrá el mismo efecto negativo en los ingresos de los agricultores que determinadas prácticas que se emplean en la industria transformadora y el comercio que deben ser revisadas.

Por tanto, no votaré a favor del informe debido a menos que se acabe también con las incongruencias intrínsecas del sistema.

 
  
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  Marisa Matias y Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. (PT) Hemos votado a favor de esta resolución porque incluye numerosas propuestas para equilibrar las relaciones de poder entre los diversos implicados en la producción de alimentos y en la cadena de suministro de alimentos. Hoy por hoy, las pequeñas y medianas explotaciones son el eslabón más débil de la cadena. Sin unos ingresos justos no se podrá combatir de manera efectiva la desertificación de las zonas rurales ni se podrá reorganizar la pequeña agricultura y la industria transformadora a la que está asociada en términos medioambientales.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. (LV) Estoy de acuerdo con las opiniones expresadas por el señor Bové en su informe. La Comisión Europea ha mantenido una actitud muy poco productiva en lo que respecta a la agricultura y se ha empeñado en aumentar los impuestos sobre la producción y el suministro, la venta y el almacenaje, lo cual podría conllevar el descenso de la proporción de producción agrícola europea entre un 30 % y un 50 % respecto al nivel actual.

En dicho caso, los ciudadanos europeos dependerían exclusivamente del suministro procedente de China, la India, Sudamérica y Rusia, donde los costes del sector son bastante menores. El informe del señor Bové deja claro a la Comisión Europa que los miembros del Parlamento Europeo no van a consentir que el señor Barroso y sus comisarios presionen a los agricultores y les priven de sus ingresos para favorecer a las finanzas públicas de la UE. Debemos darles su propia medicina a quienes quieran complicar aún más la vida de los agricultores.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) Algo va mal en la cadena de suministro de alimentos. Por un lado, el precio final no guarda relación con lo que reciben los minifundistas por su trabajo. Una vez más, vemos cómo se producen abusos de poder por parte de los compradores y prácticas desleales. Los distribuidores tienen que recurrir a sus bolsillos siempre y cuando se celebra el aniversario de algún supermercado o poner en práctica planes de reestructuración, por ejemplo. No se tienen escrúpulos a la hora de estrujar a las pequeñas empresas y las empresas recurren al etiquetado fraudulento para vender productos caducados, lo cual resulta absolutamente deplorable y cuyo máximo exponente sería el escándalo de Gammelfleisch & Co.

Si no queremos que nuestras regiones agrícolas sigan decayendo ni que disminuya el número de agricultores tenemos que dejar que dar las ayudas a los negocios agrícolas de grandes multinacionales y a los millonarios para dárselas a los que las necesitan para sobrevivir. Si no es posible debido al centralismo de la UE y al mecanismo de evasión de culpas de Bruselas, la única solución viable será la renacionalización de las ayudas a la agricultura. Este informe no consigue mejorar la situación en modo alguno, aunque algunos de sus enfoques sean los correctos. Por este motivo he decidido abstenerme en la votación.

 
  
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  Claudio Morganti (EFD), por escrito. (IT) He votado a favor del informe porque lo considero positivo para la industria alimentaria italiana.

En concreto, considero esencial que se adopten las herramientas necesarias para promover el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados de agricultores con el fin de reducir el número de intermediarios. Así se beneficiaría a los consumidores porque tendrían la posibilidad de comprar los productos a un precio más justo. También insto a que la Comisión emprenda medidas resueltas contra la competencia desleal y su consecuente efecto negativo en los pequeños productores.

 
  
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  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), por escrito. (LT) Los agricultores europeos se tienen que enfrentar a una serie de dificultades inevitables, a la recesión económica y los caprichos del tiempo. Están surgiendo importantes problemas relativos a la fluctuación de los precios de los productos básicos del sector alimentario y agrícola. La comunicación de la Comisión Europea menciona la transparencia de los precios, la competencia y la mejor calidad de los productos, pero no trata muchos aspectos importantes. De ahí, la importancia de la resolución que se ha adoptado hoy y en la que el Parlamento Europeo, al expresar su opinión, ha puesto de manifiesto los desequilibrios en el poder de negociación de los agricultores, de los que se han aprovechado diversos agentes de la cadena de suministro alterando los ingresos de los agricultores y concluyendo contratos y acuerdos de cártel injustos. He votado a favor de esta resolución porque creo que debemos garantizar la mejora del funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos y exigir unos ingresos justos para los agricultores, la transparencia de los precios a lo largo de toda la cadena de suministro de alimentos, la competitividad, la lucha contra la volatilidad de los precios y la mejora en el intercambio de información entre los socios comerciales en vista de los nuevos retos a los que nos enfrentamos como, por ejemplo, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

 
  
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  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. (RO) He votado a favor del informe Bové, que trata uno de los problemas actuales más importantes y ofrece una serie de medidas que podrían contribuir a su solución. No obstante, he votado en contra de los artículos que proponían una serie de medidas que en mi opinión sólo servían para fomentar la libertad económica y la competitividad. No debemos olvidar que no hay alternativa a una política económica justa. También hay que tener en cuenta este principio cuando se hable de la agricultura a pesar de las peculiaridades de este sector. Una vez más, me gustaría expresar mi decepción ya que no se haya hecho referencia alguna en este informe a las políticas de desarrollo rural. Espero, sin embargo, que las medidas justas y beneficiosas ocupen el lugar que se merecen en las futuras propuestas legislativas de la Comisión.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. − (DE) El informe contiene algunos elementos muy positivos e importantes, como el intento de combatir los monopolios en el sector agrícola, a fin de garantizar un ingreso seguro para los pequeños agricultores. Sin embargo, me opongo al enfoque del informe que implica solucionar problemas en el sector agrícola mediante la introducción de más reglamentos en la UE. Este es el camino equivocado. Lo que necesitamos es un cambio de competencias de gran alcance a escala nacional y regional, donde los desafíos a los que se enfrentan son más inmediatos. Por tanto, me he abstenido de votar.

 
  
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  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. (LT) He votado a favor del informe de la UE sobre unos ingresos justos para los agricultores porque considero que aún no ha conseguido uno de los objetivos primordiales de la PAC de la UE, a saber, garantizar unos ingresos justos para los agricultores. Aunque el precio de los alimentos en la UE viene aumentando en un 3,3 % al año desde 1996, los precios que se ofrecen a los agricultores sólo han aumentado en un 2,1 % mientras que los gastos de explotación han crecido en un 3,6 %, lo cual pone de manifiesto los desequilibrio existentes en la cadena de suministro de alimentos generados por la posición dominante de los distribuidores, empresas de insumos, procesadores y minoristas del sector agroalimentario. Por tanto, considero necesario fomentar el desarrollo de organizaciones económicas de agricultores y la formación de cooperativas, pues refuerzan la influencia y el poder de negociación de los agricultores. Coincido con las propuestas del informe para garantizar unos precios más transparentes en el sector alimenticio, en concreto, con aquellas que tienen por objeto la lucha contra la especulación internacional con bienes básicos, el control de la volatilidad de los precios y el establecimiento de un mejor flujo de la información entre los participantes en el mercado sobre la oferta, la demanda, los precios y la contratación. Resulta especialmente importante evitar el abuso de poder por parte de los compradores en la cadena de suministro de alimentos. Creo firmemente en la propuesta aprobada por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de introducir programas que fomenten la venta de productos en los mercados locales y de conceder un trato preferencial a las organizaciones de productores, las cooperativas de agricultores y las PYME a la hora de adjudicar contratos públicos en la cadena de suministro de alimentos. Resulta lamentable que el Parlamento haya rechazado esta propuesta.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe por las razones expuestas en su título: para garantizar unos ingresos justos para los agricultores. Aunque es uno de los objetivos de la PAC, tradicionalmente se le ha dedicado menor atención que a otros objetivos como la consecución de una mayor productividad y la competitividad internacional de la industria alimentaria europea. Soy consciente de que existen ciertos factores que interfieren en el buen funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos europea. Debido a la increíble volatilidad del precio de los productos básicos del sector agroalimentario, este hecho es ahora evidente.

Al parecer, estos problemas están estrechamente relacionados con el aumento de la concentración en los sectores de la transformación, los mayoristas, los minoristas y las cadenas de supermercados, su creciente poder en los mercados y las diversas prácticas derivadas del abuso de la posición dominante del comprador en la cadena de suministro de alimentos. Coincido con el ponente cuando dice que el mejor modo de hacer frente a estos problemas es hacer que los precios sean más transparentes en toda la cadena de suministro de alimentos con el fin de aumentar la competencia y combatir la volatilidad y mejorar la información disponible sobre la oferta y la demanda entre los socios comerciales.

 
  
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  Rovana Plumb (S&D), por escrito. (RO) He votado a favor de este informe porque ofrece propuestas concretas para mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos y garantizar unos ingresos justos para los agricultores.

La mejora del funcionamiento de las cadenas de alimentos debería contemplar los siguientes aspectos: la diferenciación y la revisión de las normas de higiene, la descentralización y simplificación de los sistemas de certificación y control; el fomento de relaciones directas entre los productores y los consumidores y el acortamiento de las cadenas de suministro, cuyos beneficios para la sostenibilidad se han documentado en varios proyectos de investigación comunitarios, así como la participación de los productores y los consumidores en la elaboración de criterios de calidad y de comercio justo, los criterios de sostenibilidad medioambiental por lo que respecta a las prácticas de aprovisionamiento de alimentos (restauración colectiva) como medio para mejorar la calidad de los mismos e impulsar el desarrollo económico local, al tiempo que se reducen la distancia recorrida por los productos y la dependencia de sustancias agroquímicas, las pérdidas extremadamente elevadas de productos a lo largo de la cadena de suministro, que en la mayoría de los Estados miembros representan hasta el 30 % de los alimentos producidos y comercializado; la gran importancia del Programa Europeo de Ayuda Alimentaria en la cadena de suministro de productos alimenticios, ya que proporciona alimento a 43 millones de personas pobres en Europa, y la revisión a la que debe someterse con el fin de mejorar el vínculo entre los productores locales y los consumidores de los alimentos.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Acojo con satisfacción la adopción del informe Bové. A pesar de que respalda las propuestas de la Comisión sobre la creación de organizaciones de productores agrícolas, también dice que la comisión insiste no obstante en que la revisión de las normas de competencia debería reflejar los diferentes niveles de competitividad existentes con respecto a los mercados y las cadenas de suministro en que se encuentran integradas. Por tanto, debería tenerse en cuenta la diversidad de minoristas locales independientes, mercados, las cadenas alimentarias locales y los sistemas alimentarios de semisubsistencia. Las normas europeas en materia de competencia deberían mejorar el poder de negociación de las organizaciones de productores de forma que puedan lograr un precio justo por su producción.

 
  
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  Daciana Octavia Sârbu (S&D), por escrito. (RO) He votado a favor del informe Bové porque debe hacer mayor transparencia en el mercado alimentario de la UE. De hecho, la cadena de suministro de alimentos no funciona como es debido y los especuladores sacan partido de sus deficiencias. Los agricultores europeos se merecen unos ingresos justos y seguros. Por eso debemos cerciorarnos de que no siempre van a tener las de perder en la cadena de suministro de alimentos. Para conseguirlo debemos garantizar una competencia justa.

 
  
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  Christel Schaldemose (S&D), por escrito.(DA) En nombre de los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo (Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Britta Thomsen y Ole Christensen). Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo consideran necesaria la claridad y la transparencia de los precios de los productos alimentarios en la UE. No obstante, pensamos que este no es el objetivo de este informe y que podría tener como consecuencia el aumento de las ayudas a la agricultura disponibles en la actualidad y un control de los precios de los alimentos aún más centralizado. Por ello hemos votado en contra de la resolución final aunque estamos de acuerdo en que los precios de los alimentos y la distribución de los ingresos del sector alimenticio deberían ser más transparentes.

 
  
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  Olga Sehnalová (S&D), por escrito. (CS) Acojo con satisfacción la iniciativa de este informe porque creo que por fin conseguirá destapar el meollo de lo que realmente ocurre con el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos europea. Mientras que por una parte los agricultores tienen que hacer frente al incesante descenso de los precios de los principales productos agrícolas, en el mercado minorista los consumidores pagan los mismos precios por el producto final, o en algunos casos un precio mayor. Sin lugar a duda hay que reforzar la posición de negociación de los productores y los consumidores y acabar de una vez por todas con los desequilibrios de poder negociador entre los diversos eslabones de la cadena de suministro de alimentos. Se debería tratar este asunto en los debates sobre la nueva política agrícola común. He votado a favor de este informe.

 
  
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  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. (NL) Apoyo con entusiasmo el informe del señor Bové sobre unos ingresos justos para los agricultores: mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos en Europa. Existe una gran diferencia entre el precio que cobran los agricultores por sus productos y el precio final que en última instancia han de pagar los consumidores. Nadie sabe qué ocurre con esta diferencia. Por eso debemos exigir una mayor transparencia, tanto para los agricultores como para los consumidores, respecto al modo en que se fijan los precios. El informe insta a la Comisión a que identifique cuáles son los auténticos gastos de producción de los agricultores y cuál el precio que cobran por sus productos para que los márgenes de beneficio de todos los eslabones de la cadena de suministro de alimentos sean más transparentes. Los agricultores no tienen por qué sufrir por que no haya transparencia en el modo en que se fijan los precios en las cadenas de supermercados.

La claridad en lo que respecta a los beneficios que obtienen los intermediarios y las cadenas de supermercados con determinados productos mejorará la posición de negociación de los agricultores. Además, una mayor transparencia del sistema pondrá freno al abuso de poder que ejercen las cadenas de supermercados a la hora de fijar los precios. En Flandes se importan tomates de España; y España los importa de Flandes. Una mayor transparencia en cuanto a los precios y los márgenes de beneficio evitará estás prácticas tan ineficientes y perjudiciales para el medioambiente.

 
  
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  Marc Tarabella (S&D), por escrito. (FR) Acojo con satisfacción la adopción del magnífico informe del señor Bové, en el que exigimos unos ingresos más justos para los agricultores y una cadena de suministro de alimentos europea más transparente y mejor. No obstante, lamento la postura mayoritaria del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) y el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo pues, refiriéndose a las enmiendas de compromiso que se negociaron hace unos meses, han rechazado determinados párrafos fundamentales. De hecho, ha quedado muy claro con su rechazo del párrafo 52 en el que se pide que la concesión de un trato preferencial a las organizaciones de productores, las cooperativas de agricultores y las PYME a la hora de adjudicar contratos públicos en la cadena de suministro de alimentos. Por lo visto, consideran más importantes los intereses de las industrias de distribución y transformadores antes que los de nuestros productores.

 
  
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  Artur Zasada (PPE), por escrito.(PL) Me ha complacido saber el resultado de la votación de hoy. Desde el punto de vista económico, las asociaciones de productores de creación voluntaria son el mejor modo de colaboración para los agricultores. Estas organizaciones contribuyen a la mejora del poder de negociación de los agricultores en el mercado, equilibran sus posibilidades de negociación con los de la industria transformadora de alimentos y optimizan su producción sin necesidad de mucha ayuda externa. Los agricultores deben luchar hombro con hombro para hacer frente a la competencia. La cooperación y la coordinación de las organizaciones de productores permite que se pongan en práctica una serie de iniciativas como la promoción de los productos regionales y las campañas de información a los consumidores además de garantizar la diversidad de la producción del mercado europeo.

Asimismo, los grupos tienen una mayor capacidad de determinar cuáles son las necesidades en el ámbito de la planificación estratégica, la racionalización de los costes, la mejora de su rendimiento y la organización de la venta de productos agrícolas. El dinero invertido por las asociaciones de productores será beneficioso para el potencial humano y de inversión y, por tanto, también para los ingresos y la situación de los agricultores en el mercado.

 
  
  

Informe: Miguel Portas (A7-0236/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre la financiación y el funcionamiento del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) por apoyar firmemente la necesidad de una mayor rapidez de movilización de este fondo, sobretodo en una época en la que es necesario responder al aumento del desempleo resultante de la crisis económica y financiera convirtiendo el FEAG en un instrumento de apoyo flexible con carácter permanente.

 
  
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  Alfredo Antoniozzi (PPE), por escrito. (IT) Señor Presidente, el FEAG ha demostrado ser un instrumento efectivo para atajar las consecuencias de la crisis financiera en la UE, especialmente en lo que respecta al empleo. El creciente número de solicitudes ayudas y las dificultades que existen en la aplicación de su procedimiento de movilización y ejecución requieren la rápida modificación de sus disposiciones presupuestarias y de procedimiento. He votado a favor de este informe con la esperanza de que el cambio llegue rápida y oportunamente.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito.(FR) El Espacio Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene por objeto apoyar a los trabajadores, en particular, a los de las regiones y sectores desfavorecidos por la nueva economía globalizada. Recibe financiación anual potencial de 500 millones de euros destinados a la reintegración laboral de los desempleados. Es imprescindible mejorar la financiación y el funcionamiento del FEAG: deben simplificarse para que el FEAG pueda movilizarse con mayor rapidez y facilidad. Eso es lo que había detrás de las enmiendas que he presentado en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios en relación a este informe. El FEAG debe ser un instrumento eficaz de una política social europea que, en ocasiones, es deficiente. Por tanto, que debe conservarse, aunque en su forma simplificada, y que estos son los motivos por los que he apoyado el informe del señor Portas.

 
  
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  Liam Aylward (ALDE), por escrito. (GA) Apoyo firmemente las declaraciones expuestas en este informe en las que se habla de reducir el tiempo que se tarda en que los trabajadores que han perdido sus empleos como consecuencia de la globalización y las crisis económicas reciban las ayudas económicas del FEAG. Para que estos trabajadores puedan beneficiarse de estas ayudas, habrán de pagarse con prontitud.

Como es natural, debería reducirse significativamente este retraso. El informe describe claramente cómo se podría reducir el tiempo que transcurre entre la entrega de una solicitud y el pago de la ayuda, lo cual mejoraría del funcionamiento del fondo.

Además, apoyo la propuesta de establecer una estructura de comunicación y administración del FEAG a escala nacional, pues de este modo todas las partes involucradas dispondrían de una información mejor sobre el estado y el resultado de sus solicitudes y sobre el proceso que ha de velar por que se entregue este dinero.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) He apoyado este informe. El propósito inicial del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización era que sirviera como recurso para contrarrestar los efectos negativos que causa la globalización a los trabajadores más vulnerables y menos cualificados en determinados sectores que pierden sus puestos de trabajo a consecuencia de los grandes cambios que experimentan los patrones comerciales a escala mundial, un hecho que causa trastornos económicos graves. Sin embargo, el 1 de junio de 2009, se amplió su alcance para incluir a los trabajadores que pierdan sus empleos como resultado directo de la crisis económica y financiera, en cuyo caso se pueden presentar solicitudes de apoyo entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 2011. A pesar de que ha aumentado el número de solicitudes presentadas, el uso del FEAG sigue siendo limitado en las regiones más pobres de la UE, donde los trabajadores despedidos son los que más ayuda necesitan. Este uso desequilibrado del FEAG está vinculado a las diferentes estrategias de los Estados miembros. Por lo que a mí respecta, apoyo las disposiciones establecidas en el documento, que abogan porque la ayuda financiera con cargo al FEAG se preste con la máxima rapidez y eficacia para poder ayudar a tantos trabajadores como sea posible. Asimismo, es necesario elaborar y aprobar nuevas medidas para que los Estados miembros puedan presentar solicitudes donde se requiera la movilización del FEAG en cuanto se anuncie algún despido colectivo y no después de que se haya producido. Estas medidas también deben estar orientadas a reducir el tiempo necesario para conceder una adjudicación.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de este informe porque debido a que el impacto de la crisis económica y financiera en el empleo y el mercado laboral europeo ha sido desastroso y a la proliferación de despidos masivos en muchos sectores económicos, el número de Estados miembros que han presentado solicitudes de asistencia financiera al FEAG ha aumentado vertiginosamente. No obstante, los procedimientos actuales de apoyo económico son demasiado complejos y se tarda mucho en conseguir ayuda financiera. En la actualidad, la entrega de ayuda financiera por parte del FEAG tarda entre doce y diecisiete meses, lo cual implica que la mayor parte de los desempleados no reciban la ayuda económica a tiempo y acaben sufriendo las consecuencias de la globalización y la crisis. Por ello resulta imprescindible que se simplifiquen los trámites del fondo. Sólo entonces se podrá reducir a la mitad el periodo para recibir ayuda financiera. Además, resulta indispensable que las instituciones de la UE garanticen que la toma de decisiones en cuanto a la entrega de ayuda financiera sea rápida y efectiva, pues el retraso en la toma de dichas decisiones agravaría la trágica situación de los trabajadores.

También insto a los Estados miembros a que intercambien experiencias y buenas prácticas y, en concreto, a que aprendan de los Estados miembros que ya cuentan con redes de información del FEAG a escala nacional, en concertación con todas las partes involucradas, especialmente los interlocutores sociales, para poder disponer de un sistema de asistencia eficaz en los casos de despidos masivos.

 
  
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  Alain Cadec (PPE), por escrito. (FR) El objetivo del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) es paliar las consecuencias negativas de la globalización para los trabajadores más vulnerables y menos cualificados de determinados sectores que han perdido su trabajo por motivos económicos. Resulta imprescindible teniendo en cuenta la crisis económica actual. El valor añadido del FEAG reside en el carácter visible, específico, puntual y temporal del apoyo financiero que ofrece a programas personalizados de recualificación y de reinserción profesional de los trabajadores.

Se ha de prorrogar hasta la expiración del Marco financiero plurianual la excepción introducida en 2009 para ayudar a los trabajadores que pierdan su puesto de trabajo a causa de la crisis económica y financiera. Para agilizar y simplificar los procedimientos, se debe garantizar una coordinación más eficaz entre la Comisión y el Parlamento Europeo, a fin de poder reducir el plazo para la toma de decisiones.

La Comisión deberá, por tanto, tener debidamente en cuenta el calendario del Parlamento Europeo e informar al mismo oportunamente sobre las dificultades y los bloqueos a los que se enfrenten a la hora de evaluar las solicitudes de los Estados miembros. Por último, se espera que la Comisión informe con más precisión sobre el recurso al FEAG transmitiendo periódicamente al Parlamento Europeo informaciones sobre la aplicación de las contribuciones financieras por parte de los Estados miembros.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con el llamamiento que se ha hecho a la Comisión Europea para que haga que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) sea más eficaz, incluyendo, entre otras cosas, un análisis de las contribuciones concedidas que tenga en cuenta el impacto del FEAG en su red de beneficiarios y en las pequeñas y medianas empresas que puedan verse afectadas por los planes de despido, cuyos empleados podrían beneficiarse de ello. También estoy de acuerdo con las propuestas de la Comisión destinadas a reducir a la mitad el tiempo requerido para la movilización del FEAG; en particular, la Comisión debe tener la capacidad de recursos humanos y técnicos, sin dejar de respetar los principios de neutralidad presupuestaria, para tramitar de forma eficaz y rápida las solicitudes presentadas por los Estados miembros.

 
  
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  Françoise Castex (S&D), por escrito. (FR) En el contexto de la revisión intermedia de los instrumentos comunitarios, he votado a favor de esta resolución porque la Comisión de Presupuestos ha redactado un informe sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), una medida que tiene por objeto la permanencia y reintegración en el mercado laboral de los trabajadores que han perdido su puesto de trabajo como consecuencia de la estrecha relación existente entre su despido y la globalización o la crisis económica.

Nosotros, los socialistas, hemos sacado en claro del estudio de este informe que la derecha y la izquierda ven las cosas desde dos puntos de vista. Los socialistas consideran fundamental la continuidad de este fondo porque, dejando a un lado la crisis económica, la globalización tiene un impacto devastador para el conjunto de nuestro tejido industrial. Por otro lado, la derecha considera que este fondo debería durar sólo por un tiempo limitado, hasta el 2013, porque cree que la globalización es positiva para una economía que ya se ha recuperado.

 
  
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  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. (EL) He votado a favor del informe de Miguel Portas, un miembro del Parlamento del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, por su correcta valoración de la importancia y significatividad del FEAG y porque en él se explica cómo se podría hacer un mejor uso del mismo para ofrecer ayuda financiera a las «víctimas» que han perdido sus puestos de trabajo debido a la globalización y la crisis económica que tanto daño han hecho a los trabajadores europeos.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre la financiación y el funcionamiento del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. El creciente número de solicitudes que ha recibido este fondo y las dificultades que existen en la aplicación de su procedimiento de movilización y ejecución requieren la rápida modificación de sus disposiciones presupuestarias y de procedimiento. Debido a la disparidad de situaciones, la Comisión Europea debería formular una propuesta destinada a una mayor flexibilidad de los criterios de intervención por Estado miembro para evitar las desigualdades en el acceso a este instrumento entre los Estados miembros.

 
  
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  Göran Färm (S&D), por escrito.(SV) Hoy, los socialdemócratas suecos hemos votado a favor del informe sobre la financiación y el funcionamiento del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. El FEAG ofrece apoyo a los trabajadores que han sido despedidos como consecuencia de la globalización y financia la formación y el reciclaje profesional de dichos trabajadores para que puedan reintegrarse en el mercado laboral con mayor facilidad.

En el informe se dan propuestas concretas para reducir a la mitad el tiempo necesario para la movilización del FEAG tanto a nivel nacional como internacional. También propone que se asocie a los interlocutores sociales desde el principio de la preparación de solicitudes y durante el proceso de aplicación de las medidas. Además, el informe propone que se prorrogue la excepción para ayudar a los trabajadores que pierdan sus puestos de trabajo a causa de la crisis económica y financiera. En nuestra opinión, se trata de un instrumento fundamental para luchar contra los efectos de la crisis financiera y evitar que los trabajadores queden irremediablemente excluidos del mercado laboral.

El párrafo 16 del informe propone que la Comisión considere la posibilidad de crear un Fondo de Adaptación a la Globalización permanente. No obstante, quisiéramos subrayar que, según está redactado el párrafo, no se especifica cuál es la posición definitiva respecto a este tema. Se limita a decir que la Comisión debería estudiar cómo nos beneficiaría un fondo permanente. También nos gustaría llamar la atención sobre el hecho de las políticas en materia laboral son competencia de los Estados miembros. Por ello, el Fondo de Adaptación a la Globalización no debe sustituir en ningún caso a las medidas nacionales, sino que debería considerarse como un instrumento complementario a las medidas que tomen los Estados miembros.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Las vicisitudes del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) ponen de manifiesto, además de las disparidades y el relativamente escaso número de solicitudes de asistencia financiera al FEAG, las deficiencias de este instrumento de apoyo a la reintegración de los trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo. Debemos analizar qué ha provocado la aplicación insuficiente del fondo e identificar el modo de agilizar su utilización por parte de los Estados miembros, en particular por parte de los más afectados por el desempleo.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Con el fin de contrarrestar los efectos negativos de la globalización en los trabajadores afectados por despidos colectivos y de mostrar su solidaridad hacia los trabajadores, la Unión Europea creó un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para proporcionar apoyo financiero a los programas personalizados para reintegrar a los trabajadores despedidos en el mercado de trabajo. El FEAG cuenta con una cantidad máxima anual de 500 millones de euros.

Dada la crisis económica y social, es sorprendente el poco uso que se ha hecho del FEAG. De hecho, desde 2007 hasta el primer semestre de 2009, sólo se habían movilizado 80 millones de euros de un total de 1 500 millones, para cubrir 18 solicitudes en nombre de 24 431 trabajadores de ocho Estados miembros. A partir de los cambios realizados en el FEAG en mayo de 2009, el número de solicitudes presentadas pasó de 18 a 46, la contribución total solicitada de 80 millones de euros a 197 millones de euros y el número de Estados miembros que habían presentado solicitudes pasó de 8 a 18. Sin embargo, nueve Estados miembros aún no han recurrido al FEAG.

Por otra parte, las regiones de la UE con el producto interior bruto más alto son las que se han beneficiado del FEAG. Es necesario realizar una evaluación de las razones de estos hechos a fin de que el FEAG pueda movilizarse con más rapidez y con más frecuencia, y también para que se convierta en un fondo independiente con sus propios créditos de compromiso y créditos de pago.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) La aplicación de este fondo ha demostrado que hicimos bien, en su primera fase, en criticar varios aspectos de su reglamento, que retomamos parcialmente en la revisión posterior que la Comisión tuvo que proponer, aceptando algunas de las críticas que habíamos hecho respecto a la versión original.

Por ese motivo estamos de acuerdo en que se debería pedir que la Comisión adelante la fecha de la evaluación intermedia al 30 de julio de 2011 y que la acompañe de una propuesta de revisión del Reglamento FEAG, con objeto de colmar las «deficiencias más evidentes» del Fondo.

Sin embargo, como ya he manifestado anteriormente en este Parlamento, no debemos olvidar las medidas de prevención que deben ser tomadas para acabar con la deslocalización de las multinacionales, combatir el desempleo y aumentar el empleo con derechos. De igual modo, resulta esencial garantizar que este fondo no se use para, de alguna forma, dar cobertura o facilitar los despidos motivados por la reestructuración de las empresas o la deslocalización de multinacionales.

Por último, insistimos en la necesidad de aumentar el porcentaje de cofinanciación del 65 % a, al menos, el 80 % para que los Estados miembros con mayores dificultades puedan acceder al fondo con mayor facilidad y para que los desempleados que precisan más ayuda reciban la asistencia rápida y oportunamente.

 
  
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  Pat the Cope Gallagher (ALDE), por escrito. (GA) Los esfuerzos del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) están surtiendo efecto a la hora de atajar los efectos de los despidos masivos en Irlanda y Europa. El FEAG se creó en 2007 para dar respuesta a los problemas y los retos de la globalización.

Esta iniciativa tiene una dotación de 500 millones de euros al año. Ofrece apoyo y asistencia a las regiones donde ha habido más de 1 000 despidos debido a la deslocalización de las empresas por los cambios en la situación internacional. La UE está haciéndose el cargo, una vez más, del problema del desempleo en Irlanda. Tanto el FEAG como el Fondo Social Europeo son fundamentales a este respecto.

 
  
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  Estelle Grelier (S&D), por escrito. (FR) He votado a favor del informe Portas. Apoyo su objetivo principal, la continuación del FEAG, porque aparte de la crisis en la que estamos inmersos, la globalización tiene un serio impacto negativo a largo plazo en el empleo industrial que el Derecho europeo se niega a reconocer. Además, yo misma he colaborado en la modificación de este texto para que las PYME y los subcontratistas pudieran hacer uso del fondo. Sus empleados son especialmente vulnerables debido a su dependencia de las multinacionales por lo que resulta esencial que el FEAG les ofrezca perspectivas reales de reciclaje profesional en caso de despidos. También me complace que se haya reconocido la necesidad de realizar estudios sobre los organismos estatales encargados de elaborar los documentos con el fin de optimizar la utilización del FEAG, pues a menudo no se conoce o no se utiliza tanto como debiera, especialmente en Francia. Teniendo en cuenta que el Derecho europeo se ha negado a prorrogar el FEAG hasta después del 2013, defenderé en el debate las próximas perspectivas financieras de la UE de que se convierta en un instrumento permanente.

 
  
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  Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. (FR) Teniendo en cuenta la necesidad de agilizar la financiación de los trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo a causa de la globalización o la crisis económica, he votado a favor de las recomendaciones para la mejora de las disposiciones presupuestarias y de procedimiento del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG). A pesar de que este fondo se fundó en el año 2006, no se han recibido muchas solicitudes, en parte, debido a la complejidad de los criterios de intervención y de cofinanciación. Por esa razón, mis colegas y yo hemos querido introducir una serie de modificaciones. Este texto representa un avance significativo, pues insta a la Comisión a que simplifique aún más el procedimiento para poner remedio a las deficiencias más evidentes y a que se reduzca el tiempo necesario para la movilización del FEAG. Además, la financiación de este fondo hasta la fecha ha provenido de diversas partidas presupuestarias. El documento propone la posibilidad de consignar una línea independiente al FEAG en el proyecto de presupuesto para 2011, lo cual es un gran avance. Por ello me complace la adopción de estas recomendaciones tan importantes, especialmente ahora que nuestros conciudadanos sufren en mayor medida las consecuencias de la crisis económica.

 
  
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  Alan Kelly (S&D), por escrito. − Con los recientes levantamientos que se han producido en el mundo financiero y las pérdidas de empleo que han tenido lugar en consecuencia, el ámbito del reciclaje y la reintegración de los trabajadores es de importancia capital para el ámbito de la creación de empleo, y acojo con beneplácito la nueva evaluación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización como un instrumento de política social importante en la UE. Sin embargo, me gustaría pedir más flexibilidad en el proceso tras haber completado la solicitud y también pido más consultas con los propios trabajadores cuando se estén elaborando los planes del FEAG. Lo que ha pasado en Irlanda con los trabajadores de Dell y Waterford Crystal no debe volver a repetirse.

 
  
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  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. (DE) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización no es sólo un instrumento importante de apoyo a quienes no han podido adaptarse a la apertura de los mercados. También es un modo de reforzar la confianza depositada en la UE, algo que considero que hay que subrayar. Así podremos demostrar que, a pesar de los cambios económicos, no hemos desatendido a quienes no han tenido suficiente capacidad de reacción ante las nuevas circunstancias. Sin embargo, también creo que cabe destacar que la confianza ha de basarse en el principio de mutualidad. Los fondos que se destinan a aquellas personas que a pesar de todos sus esfuerzos se han convertido en víctimas de los cambios del mercado deben llegar a sus verdaderos destinatarios. La entrega de fondos ha de ser transparente y comprensible y no se deben adjudicar indiscriminadamente. La situación de estas personas requiere un enfoque transfronterizo y específico para cada región y por ello la adjudicación de fondos debe ser rápida. Sólo de este modo, mediante la ayuda oportuna, podrá el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización cumplir con su cometido y reforzar la confianza en la UE. Es por ello que he votado a favor de este informe.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) Señor Presidente, Señorías, he apoyado el informe sobre la financiación y el funcionamiento del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) porque creo que este instrumento debe ser un instrumento de apoyo efectivo a los trabajadores que experimentan dificultades como consecuencia de la crisis financiera.

El fondo se fundó para ofrecer apoyo real a los trabajadores que hubieran sido despedidos debido a la deslocalización de sus empresas o la crisis económica con el fin de ayudarles a volver al mercado laboral. El informe de iniciativa que hemos votado hoy pone de manifiesto que existen determinadas deficiencias en el funcionamiento del Fondo y ofrece una serie de propuestas, tanto a la Comisión como a los Estados miembros, con el fin de que se revise el funcionamiento del fondo para conseguir un acceso al fondo más rápido y efectivo.

Me gustaría llamar su atención sobre un aspecto concreto que considero fundamental y que tiene que ver con la propuesta de que se prorrogue la excepción introducida en 2009, por la que se pudo ampliar el ámbito de aplicación del Fondo al incluir la crisis económica entre los requisitos, hasta finales del año 2013.

 
  
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  Iosif Matula (PPE), por escrito. (RO) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización ofrece apoyo a los trabajadores que han sido despedidos como consecuencia de las transformaciones de la economía internacional. Asimismo, este fondo viene ofreciendo asistencia desde el año 2009 a aquellas personas que han sido afectadas por la crisis económica, con el objetivo de reducir el índice de desempleo. Personalmente creo que el fondo debería convertirse en un instrumento permanente complementario a las políticas sociales de los Estados miembros para apoyar a los ciudadanos en la búsqueda de empleo.

Gracias a esta medida se centraría la atención en el mejor aprovechamiento del potencial de los trabajadores contrarrestando, así, las medidas de apoyo a las empresas. No debemos olvidar que aún sigue habiendo dificultades en cuanto a los procedimientos de movilización del Fondo Europeo de Adaptación al Desarrollo y los periodos de aplicación.

Teniendo en cuenta que los principales problemas a los que se enfrentan los desempleados son la formación profesional y la asistencia temporal, es imperativo que se simplifiquen los procedimientos del Fondo para movilizar la ayuda lo más rápida y efectivamente posible.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización ha sido un instrumento muy importante para ayudar a millones de personas desempleadas en la UE, que se encuentran en esta situación debido a la reubicación de las industrias en otros continentes. En el contexto de esta crisis que estamos viviendo y por el aumento del número de despidos colectivos, es necesario mejorar este instrumento y encontrar nuevas fuentes de financiación. Estas son las causas que justifican mi voto.

 
  
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  Claudio Morganti (EFD), por escrito. (IT) En Europa hay un considerable aumento estructural del desempleo debido a la crisis económica y la deslocalización.

El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) es un instrumento útil mediante el cual la UE puede mostrar su apoyo y solidaridad para con los trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo. A finales del año 2009 apenas se había hecho uso del Fondo por motivos burocráticos. Creo que la petición de que la Comisión introduzca medidas para reducir el periodo de aplicación del fondo es fundamental. Con el aumento de la flexibilidad y la accesibilidad, el FEAG se convertirá en un instrumento esencial para las políticas sociales de los Estados miembros.

Por todas estas razones, he votado a favor del informe.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) Quisiera manifestar mi apoyo al informe del señor Portas. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) es un instrumento de apoyo adicional esencial para los trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo como consecuencia de la deslocalización de sus empresas. Ha demostrado ser un instrumento aún más importante para los trabajadores al ayudarles a acceder al mercado laboral en tiempos de crisis.

El informe del señor Portas es un punto crucial; un punto que tiene por objeto la mejora y la simplificación de un recurso fundamental para los ciudadanos europeos. También es una prueba fehaciente de lo mucho que la UE está luchando por afrontar la mala situación financiera, combatir el desempleo y ofrecer apoyo a sus ciudadanos.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de la resolución porque coincido con las peticiones hechas a la Comisión de acelerar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG). Entre ellas figura la evaluación de las contribuciones concedidas, teniendo en cuenta la tasa de éxito de la reinserción y la evaluación de la mejora de las competencias de los beneficiarios, un análisis comparativo de las medidas financiadas para responder a cada solicitud de intervención del FEAG y de los resultados obtenidos sobre la base de la reinserción, y el impacto del FEAG sobre su red de beneficiarios y sobre las pequeñas y medianas empresas potencialmente afectadas por el plan de despido y cuyos trabajadores podrían beneficiarse del fondo.

También coincido con la petición de que la Comisión ponga a disposición de los Estados miembros una serie de directrices para el diseño y la aplicación de las solicitudes de financiación del FEAG, para lograr la rapidez en el procedimiento de solicitud y un amplio consenso de las partes interesadas en cuanto a la estrategia que deba aplicarse y las medidas que deban establecerse para la reinserción efectiva de los trabajadores en el mercado de trabajo.

Por último, coincido con la petición de que los Estados miembros establezcan una estructura de comunicación y administración del FEAG a escala nacional, en concertación con todas las partes involucradas, especialmente los interlocutores sociales, y que intercambien buenas prácticas a escala europea.

 
  
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  Rovana Plumb (S&D), por escrito. (RO) La asistencia que concede el FEAG debe ser dinámica y adaptable a los continuos cambios, a menudo inesperados, del mercado. El propósito de este fondo es ofrecer ayuda específica y oportuna para facilitar la formación profesional de los trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo como consecuencia de los trastornos económicos del mercado de trabajo.

Pido que los Estados miembros asocien a los interlocutores sociales y fomenten el diálogo entre los interlocutores sociales y los empresarios desde el principio de la preparación de las solicitudes al FEAG. Del mismo modo, pido que los Estados miembros hagan uso de este fondo para promover nuevas competencias a favor de los empleos existentes y empleos nuevos y verdes y que promuevan el espíritu empresarial y la formación permanente, con el fin de permitir a los trabajadores desarrollar su carrera personal y contribuir a la mejora de la competitividad de la UE en el contexto de la globalización.

También apoyo que a partir del año 2013 este fondo sea un instrumento independiente con su propia partida presupuestaria. La Comisión y los Estados miembros deben colaborar estrechamente para supervisar de forma eficaz el apoyo prestado a las empresas multinacionales e invertir decididamente en la creación de empleo con derechos, a fin de desalentar el dumping social.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con el llamamiento que se ha hecho a la Comisión Europea para que haga que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) sea más eficaz, incluyendo, entre otras cosas, un análisis de las contribuciones concedidas que tenga en cuenta la tasa de éxito en la reintegración y la evaluación de la renovación de las competencias de los beneficiarios. También estoy de acuerdo con las propuestas de la Comisión destinadas a reducir a la mitad el tiempo requerido para la movilización del FEAG; en particular, deben habilitarse todos los medios disponibles para garantizar la comunicación rápida y mejorada con los Estados miembros implicados en este proceso.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – El debate sobre este asunto no ha sido nada sencillo. Durante los últimos meses se han planteado algunas cuestiones sobre: la capacidad de reacción del Fondo (sin perder de vista el modo de atajar las causas mediante la mejora de las estrategias generales de innovación y educación de la globalización y la mejora de la orientación y de la utilización del FEAG en y por los Estados miembros); el limitado número de sectores que reciben ayudas (especialmente entonces), en concreto los sectores automovilístico y textil (15 y 13 solicitudes respectivamente), donde se han planteado cuestiones como si los despidos son consecuencia de la «globalización» o la falta de innovación en el sector; si o hasta qué punto se trata o se ha tratado de ayudas nacionales; por otra parte, la paradoja de que (sólo) se destinen 500 millones de euros al año al Fondo (procedentes de créditos no utilizados del presupuesto de la UE), mientras que, en principio, se puede presentar un número ilimitado de solicitudes si se cumple con los requisitos (en función de quién los solicite primero); el hecho de que sea más difícil que las PYME reciban las ayudas del fondo; el vínculo entre las ayudas nacionales y los impuestos. Por último, no obstante se ha adoptado una posición consensuada y hemos aprobado el informe, incluso nosotros, los verdes.

 
  
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  Joanna Senyszyn (S&D), por escrito.(PL) He votado a favor de la resolución sobre la financiación y el funcionamiento del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG). La mejora de las normas de recurso al FEAG es esencial para la eficacia de su funcionamiento. Espero que la Comisión tenga en cuenta las propuestas del Parlamento, pues gracias a ellas el periodo para la concesión de asistencia podría reducirse a la mitad. El aumento del paro desencadenado por la crisis ha contribuido a que los recursos financieros del FEAG resulten ahora especialmente relevantes, pues garantizan el apoyo individual y la reinserción en el mercado laboral de quienes han perdido sus puestos de trabajo. Los estrictos requisitos para la obtención de dicha asistencia y los tardíos procedimientos del fondo tienen como consecuencia que los Estados miembros no aprovechen todas las oportunidades de financiación que ofrece el FEAG. Por ejemplo en mi país, Polonia, sólo se han presentado tres solicitudes de ayuda financiera al FEAG. La causa principal de esta falta de interés es precisamente lo mucho que se dilatan los procedimientos.

Además de mejorar las normas de recurso al FEAG, es necesario prorrogar, al menos hasta la expiración del Marco financiero plurianual, la validez del criterio de apoyo a los trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo a causa de la crisis financiera y mantener el porcentaje de cofinanciación en el 65 %. Vamos a tener que sufrir las consecuencias de la crisis financiera en el mercado de trabajo durante muchos años más, por lo que esta asistencia es, y seguirá siendo, totalmente necesaria. Quisiera pedirles a la Comisión y los Estados miembros que intercambien buenas prácticas a nivel europeo, lo que permitirá una intervención rápida y eficaz del FEAG en caso de despidos masivos.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) Los fondos estructurales han demostrado ser un instrumento de inestimable valía para la reducción de los desequilibrios entre los territorios europeos, especialmente mediante el apoyo a los más vulnerables de las regiones ultraperiféricas. La creación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización representa la aceptación por parte de la UE de que el fenómeno de la globalización ha conllevado cambios bruscos y no siempre positivos y ha afectado de manera desigual en Europa, pues hay regiones que se han visto beneficiadas por el proceso, mientras que otras han resultado bastante perjudicadas.

Sin embargo, este fondo no ha tenido la visibilidad que se merece, a mi parecer, debido al enorme intervalo de tiempo que transcurre entre la presentación de una solicitud por parte de los Estados miembros y el pago de la contribución. Este retraso tiene graves consecuencias para las familias afectadas y está asociado a la complejidad subyacente al proceso de solicitud, movilización y aplicación de los fondos. Por ello su simplificación resulta urgente y absolutamente necesaria. Sólo de este modo se podrán alcanzar los objetivos de este fondo mediante la reintegración de los trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo a medida que van cambiando los patrones más significativos del comercio internacional. El informe que hemos votado hoy es un esfuerzo de compromiso entre los diversos grupos políticos y por eso le he prestado mi apoyo.

 
  
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  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. (RO) Según las últimas estadísticas de la UE, el número de desempleados en la UE de los 27 aumentó en 1,1 millones el año pasado debido a la crisis económica y financiera. Esto explica por qué el número de solicitudes al FEAG aumentó de 18 a 46 entre mayo de 2009 y abril de 2010. Además, aunque el número de Estados miembros que han presentado solicitudes ha aumentado de 8 a 18, nueve Estados miembros no han recurrido nunca al FEAG.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, he votado a favor de la propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre la financiación y el funcionamiento del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización porque la crisis económica podría seguir repercutiendo negativamente en el mercado laboral. Precisamente por esta razón debemos pedirle a la Comisión que adelante la presentación de su evaluación intermedia sobre el uso del FEAG y la revisión de la normativa relativa para que la duración del procedimiento de movilización del fondo se reduzca de manera significativa.

También le pediría a la Comisión que tuviese en cuenta a los trabajadores del sector público, que no pueden beneficiarse de ningún instrumento similar a pesar de que la causa directa de su despido haya sido los recortes presupuestarios motivados por la crisis económica y financiera actual.

 
  
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  Derek Vaughan (S&D), por escrito. – Quisiera manifestar mi apoyo incondicional al informe del señor Portas sobre la financiación y el funcionamiento del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Entre los muchos asuntos que trata, habla de la mejora de la eficiencia del proceso de aplicación y de la rápida movilización del fondo para poder conceder ayuda financiera a quienes hayan perdido sus puestos de trabajo. Aunque el Reino Unido no ha pedido dinero al Fondo (debido a la compensación), somos conscientes de lo útil que ha resultado este Fondo para otros Estados miembros durante la crisis económica.

Estoy a favor de la creación de un fondo permanente a partir de 2013 para prestar asistencia a quienes se hayan visto afectados por los cambios de la globalización o la crisis económica y financiera. Creo que es fundamental que la Comisión considere la posibilidad de que el FEAG se convierta en un instrumento independiente con sus propios créditos de compromiso y de pago, al amparo del próximo Marco financiero plurianual (2013-2020).

 
  
  

Informe: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010)

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) He apoyado este informe. La base del Reglamento que votamos hoy es el Convenio de Bruselas, una de las piezas más exitosas de la legislación de la UE que sentó las bases de un espacio judicial europeo. La aplicación uniforme de las normas europeas basada en la jurisprudencia promueve una mayor seguridad jurídica y la previsibilidad de las decisiones, evitando así procesos paralelos. Una de las condiciones fundamentales para el funcionamiento de un espacio judicial europeo es la libre circulación de las resoluciones judiciales. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la posición expresada en el documento de que es necesario revisar el presente Reglamento con el fin de garantizar la circulación efectiva de las resoluciones judiciales.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) El Reglamento Bruselas I sirve de base para la cooperación judicial en materia civil y mercantil. Este instrumento es uno de los actos legislativos de la UE que más éxito ha cosechado, considerando que ha sentado los cimientos de un espacio judicial europeo. Ha resultado ser muy eficaz en la resolución de litigios transfronterizos, mediante un sistema de cooperación judicial basado en normas de competencia globales, y en la coordinación de procedimientos paralelos y la circulación de decisiones judiciales. Coincido en la necesidad de introducir mejoras, como la supresión del exequátur en todos los ámbitos del Reglamento, lo cual aceleraría la libre circulación de resoluciones judiciales siempre y cuando se vean salvaguardadas todas las garantías necesarias.

Considero igualmente importante desarrollar una cultura judicial europea mediante la formación y el recurso a redes como la Red Europea de Formación Judicial y la Red Judicial Europea en Materia Civil y Mercantil, lo cual mejoraría la comunicación entre los jueces. La creación de un marco jurídico con una estructura coherente y de fácil acceso es fundamental. Deberá pasar una revisión por parte de la Comisión de la interrelación entre los distintos reglamentos que rigen la competencia judicial, la ejecución de resoluciones judiciales y la ley aplicable.

 
  
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  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic y Alf Svensson (PPE), por escrito.(SV) Hemos votado a favor de facilitar los procedimientos judiciales a los ciudadanos europeos, que cada vez tienen mayor movilidad, lo cual no implica que estemos de acuerdo en todos los aspectos ni que apoyemos sin reservas las reformas que podrían emprenderse a largo plazo a raíz del informe Zwiefka. Por ejemplo, discrepamos en cuanto a la propuesta de introducir recurso colectivo y nos gustaría subrayar que ningún cambio relativo a la cooperación civil en cuestión podrá afectar jamás a la libertad de prensa en Suecia.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Consciente de la tremenda importancia del Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y penal, reconozco, al igual que el ponente, que la revisión de este reglamento suscita importantísimas cuestiones desde el punto de vista técnico y jurídico. Me inclino a coincidir con la supresión del exequátur, como se propone en el informe, y considero muy interesantes y pragmáticas muchas de las propuestas. Este será un debate para seguir con atención.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) La resolución es sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas I) a la luz del Libro Verde de la Comisión. Este Reglamento es, con su predecesor, el Convenio de Bruselas, una de las piezas más exitosas de la legislación de la UE, ya que ha sentado las bases de un espacio judicial europeo, y ha servido bien a ciudadanos y empresas. Ha promovido la seguridad jurídica y la previsibilidad de las decisiones a través de normas europeas uniformes.

Sin embargo, necesita ser actualizado. Estoy de acuerdo con la supresión del exequátur (título ejecutivo), ya que esto agilizaría la libre circulación de resoluciones judiciales y sería un hito clave en la construcción de un espacio judicial europeo. No obstante, esta supresión debe equilibrarse con las salvaguardias apropiadas destinadas a proteger los derechos de la parte contra la que se solicita la ejecución. Creo que la Comisión debe revisar la interrelación entre los diferentes reglamentos que abordan la jurisdicción, el cumplimiento y la legislación aplicable, y también considero que el objetivo general debe ser un marco jurídico estructurado de forma coherente y de fácil acceso.

 
  
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  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), por escrito.(PL) El informe Zwiefka, que se ha votado hoy, se refiere al Libro Verde de la Comisión sobre la revisión del Reglamento Bruselas I relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. El debate sobre el Libro Verde nos prepara, en cierto modo, para la auténtica revisión del reglamento, que tendrá lugar pronto. Supondrá un importante reto, debido a la naturaleza extremadamente técnica del Reglamento. Además, por primera vez con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, el Parlamento y el Consejo tomarán una decisión conjunta sobre este asunto tan importante y delicado. En esta fase hay una disparidad de opiniones entre los diversos grupos políticos en lo que respecta a las enmiendas presentadas, por ejemplo, en cuanto al exequátur y jurisdicción concreta en materia de empleo.

Por eso, el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo ha decidido no votar a favor de este informe en su forma actual. No obstante, creo que en un futuro todos los grupos políticos colaborarán constructivamente en esta materia porque el Reglamento Bruselas I resulta fundamental para el mercado común. Con la oportuna revisión del Reglamento Bruselas I saldrá a la luz el modo en que el Parlamento hace uso de sus nuevas competencias, por las que, después de todo, tanto ha luchado.

 
  
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  Nathalie Griesbeck (ALDE), (FR) El informe que aprobamos ayer, en el periodo parcial de sesiones del Parlamento Europeo, a pesar de ser muy técnico, es muy importante en la integración cada vez mayor de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, de un espacio judicial europeo y, por lo tanto, en la consolidación del mercado interior europeo. El Reglamento de Bruselas I ha supuesto un progreso considerable en el ámbito judicial: determina los poderes judiciales competentes en materia civil y mercantil, en el caso de los litigios transfronterizos, y regula el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de otros Estados miembros. Ahora se trata de una cuestión de revisar este reglamento para modernizar sus disposiciones y «mejorar» determinados procedimientos: la comunicación entre los jueces, la cuestión de los documentos públicos, la cuestión del arbitraje y, muy especialmente, la cuestión del exequátur. Sin entrar en detalles acerca de estas cuestiones jurídicas complejas, espero con entusiasmo la modificación de este Reglamento, una modificación que proporcionará a los ciudadanos europeos una mejor protección legal: una «libre circulación» mejorada de sentencias y resoluciones judiciales, una mayor «confianza mutua» entre las jurisdicciones y los sistemas jurídicos de los distintos Estados miembros, a saber, el fortalecimiento de la seguridad jurídica en Europa y de los derechos de los ciudadanos europeos.

 
  
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  Alan Kelly (S&D), por escrito. Esta iniciativa fue instrumental en el establecimiento de una cooperación judicial en materia civil y mercantil.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) He apoyado este informe porque creo que representa un paso adelante en el sector del derecho internacional privado. Esta rama del derecho necesita ser actualizada debido al mayor nivel de interconexión entre los sistemas jurídicos.

En concreto, estoy de acuerdo con la idea de suprimir el exequátur, pero, sin embargo, creo que este paso tendrá que darse a raíz de un procedimiento excepcional, acompañado de las salvaguardias adecuadas en el caso de los deudores ejecutados. También me opongo a la abolición de la exclusión del arbitraje del ámbito de aplicación del Reglamento, pero hay que tener en cuenta que hay que prestar más atención a la relación entre los procedimientos arbitrales y judiciales, y que hasta el momento en que se hayan llevado a cabo una revisión completa y exhaustivas consultas, no debe perseguirse la idea de un jefe de jurisdicción exclusivo para los procedimientos judiciales que apoyen el arbitraje en los tribunales civiles de los Estados miembros.

También estoy de acuerdo con el ponente cuando pide con insistencia que se lleven a cabo amplias consultas y un debate político antes de emprender alguna acción a este respecto mucho más allá de las sugerencias planteadas en su proyecto de informe.

 
  
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  Evelyn Regner (S&D), por escrito. (DE) He votado en contra del informe sobre el Reglamento Bruselas I porque considero que no se han tratado determinados temas de importancia en la resolución. Considero fundamental la adopción de un enfoque holístico para mejorar el reglamento. Entre las medidas cabría destacar la protección a las partes más débiles mediante reglamentos en materia de competencia en el proceso que les resulte más favorable. En este caso me refiero a los trabajadores y los consumidores, intención que se manifiesta explícitamente en este reglamento. Ninguna de las enmiendas que propuse para mejorar la posición de las partes más débiles ha llegado a incluirse en el informe. Considero importante que se establezca una competencia jurisdiccional independiente para los conflictos laborales, con el fin de que exista una coherencia entre los reglamentos Bruselas I y Roma II. El Reglamento Roma II establece qué legislación es de aplicación en casos de huelgas con repercusiones transfronterizas. No comprendo por qué el proceso no puede tener lugar en el Estado miembro donde se celebró la huelga. Así se estaría dejando la puerta abierta a los foros de conveniencia. Tengo la intención de cerrarla en un proceso legislativo más amplio.

También estoy en contra de la introducción de los «forum non conveniens» y de las «anti-suit injunctions», pues se ha comprobado que estos instrumentos jurídicos del Derecho común son incompatibles con la distribución de poderes europea en varias resoluciones del Tribunal de Justicia Europeo.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – En relación al informe del señor Zwiefka sobre la aplicación y revisión del Reglamento Bruselas I, el Grupo PSE presentó una resolución alternativa que los verdes no apoyaron porque se trataba de un informe de aplicación sobre el que se ha debatido profusamente en la Comisión de Asuntos Jurídicos. La propuesta de resolución alternativa pone de relieve asuntos muy importantes que, sin embargo, no tienen una relevancia directa con este informe. Simplemente por esa razón hemos votado hoy a favor de la resolución que se aprobó en la Comisión de Asuntos Jurídicos.

 
  
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  Oreste Rossi (EFD), por escrito. (IT) El reglamento que hemos aprobado es equilibrado y ha sido diseñado para ofrecer certeza sobre, por ejemplo, los jueces del poder judicial europeo competentes en litigios civiles y mercantiles en conflictos con carácter internacional.

El Parlamento Europeo actuará como colegislador en caso de que se modifique de nuevo el Reglamento. Cualquier propuesta de modificación tendrá arreglo al procedimiento legislativo ordinario.

 
  
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  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe, que recomienda que la validez del Fondo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se prorrogue hasta el año 2013 y propone que se convierta en un instrumento permanente después de esa fecha. El FEAG ofrece apoyo financiero para la formación de los trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo. Esta medida resulta especialmente necesaria en estos momentos debido a la tremenda crisis económica europea. Por esa razón he votado a favor de este informe, a diferencia de los parlamentarios conservadores y liberales que quieren acabar con este tipo de financiación.

 
  
  

Informe: Antonyia Parvanova (A7-0221/2010)

 
  
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  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. (FR) Con la votación de hoy, 7 de septiembre de 2010, a favor del informe de propia iniciativa sobre la integración social de las mujeres pertenecientes a grupos étnicos minoritarios, el Parlamento Europeo llega a las entrañas del debate político actual. La integración de los grupos minoritarios en los Estados miembros es, de hecho, un asunto fundamental que merece el apoyo de las instituciones comunitarias, y más aún si se tiene en cuenta que aún quedan unos meses para que termine el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Por ello, acojo con satisfacción la adopción de este informe, que aviva el debate político a nivel comunitario y que tiene la virtud de combinar el problema de la integración de las minorías con la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) Las numerosas comunidades minoritarias que viven en la UE, y en concreto las mujeres y las niñas de dichas comunidades, son objeto de distintos tipos de discriminación y son más vulnerables a la exclusión social y a la pobreza que el resto de las mujeres de la región. Ser mujer de un grupo étnico determinado no supone una desventaja en una sociedad democrática. Por ello, la UE tiene la intención de conceder más derechos a estas mujeres y desarrollar formas innovadoras para crear conciencia sobre los derechos de la mujer. La Comisión y los Estados miembros deben garantizar la plena aplicación de la legislación vigente en materia de igualdad de género y en contra de la discriminación poniendo recursos de apoyo y programas educativos a disposición de las minorías étnicas. No obstante, aún quedan muchos asuntos por resolver en lo que respecta a la integración social de las mujeres pertenecientes a grupos étnicos minoritarios.

Aún no se ha elaborado una verdadera política de la UE sobre la integración de los migrantes, por ello le pido a la Comisión que elabore urgentemente un proyecto de directriz de la UE destinado a ayudar a los Estados miembros a permitir el acceso de las mujeres pertenecientes a minorías étnicas al sistema educativo, el sistema de salud, el sistema de cuidados a largo plazo, las prestaciones sociales y la asistencia financiera. Coincido con la posición del Parlamento respecto a la plena aplicación de la legislación vigente en materia de igualdad de género en los grupos étnicos minoritarios.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Este informe analiza la integración social de las mujeres en el ámbito de la política de la Unión Europea. También analiza el papel de la mujer en las minorías étnicas. Esta base de conocimientos es esencial para entender las dificultades a las que se enfrentan estas mujeres en términos de integración, incluidas las minorías establecidas o tradicionales y las de reciente creación, como las inmigrantes.

He votado a favor de este informe, porque creo que es esencial para satisfacer las legítimas aspiraciones de las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios. Se deben adoptar medidas específicas a escala europea, sobre todo, por cuanto atañe a la adopción de políticas orientadas a la inclusión social. Por otra parte, como bien argumenta la ponente, es esencial fomentar la participación política y social de estas mujeres en ámbitos tales como el liderazgo político, la educación y la cultura. Esto ayudará a combatir la escasa representación actual.

 
  
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  Anne Delvaux (PPE), por escrito. (FR) He votado a favor de este informe porque pone de relieve la importancia de evaluar las políticas sociales de integración de la Unión Europea para las mujeres pertenecientes a grupos étnicos minoritarios y señalar en qué casos están surtiendo efecto y en qué casos aún no se ha encontrado una solución adecuada.

Vivimos en una sociedad multicultural, que incluye distintas comunidades culturales, étnicas y religiosas. En este sentido, es importante que las políticas de integración con respecto a los nacionales de terceros países se beneficien de una perspectiva de género, que es esencial para garantizar que se tengan en cuenta las necesidades específicas de las mujeres pertenecientes a grupos étnicos minoritarios.

Se necesita un enfoque dirigido a la inclusión social de las mujeres pertenecientes a las minorías étnicas para evitar distintos tipos de discriminación, los estereotipos, la estigmatización y la segregación étnica.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe porque considero que las mujeres pertenecientes a grupos étnicos minoritarios son objeto de distintos tipos de discriminación. Por ello resulta necesario el desarrollo de formas innovadoras para crear conciencia sobre los derechos de la mujer, capacitar a las mujeres y ayudarlas a asumir funciones de liderazgo en sus comunidades, con el fin de promover los derechos humanos. A pesar de que la integración es responsabilidad de los Estados miembros, la Comisión debe tener en cuenta la perspectiva de género a la hora de decidir sobre las políticas y medidas orientadas a la inclusión social.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) En una sociedad cada vez más cultural, las políticas de integración de los grupos minoritarios resultan especialmente útiles en la lucha contra la discriminación, el racismo, la violencia, la exclusión social y la marginalización de los grupos minoritarios que les empujan a vivir apartados de la sociedad. Todos sabemos que la estigmatización y la exclusión de los grupos minoritarios sólo genera descontento y revuelo y, en última instancia, siembra las semillas de la trasgresión y la violencia.

Depende de nuestra sociedad descubrir cómo integrar a estas personas sin discriminarlas, cómo aceptarlas sin excluirlas, lo cual no implica, no obstante, que debamos aceptar sin reservas todos los aspectos de la cultura, tradición y creencias de las minorías étnicas. Esta circunstancia resulta especialmente relevante en lo que respecta a las costumbres referentes a las mujeres. Por ello debemos combatir enérgicamente toda expresión cultural basada en la discriminación sexual y toda forma de violencia contra las mujeres de determinados grupos étnicos. La integración implica la protección y, en este caso, la protección de las mujeres, especialmente de las niñas, pues suelen ser las víctimas silenciosas de unas costumbres y tradiciones que no podemos aceptar.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Esta resolución abarca las políticas europeas de inclusión social de las mujeres que pertenecen a grupos de minorías étnicas. En este ámbito, quiero destacar la necesidad de promover la escolarización, la educación y la capacitación de estas mujeres, así como de apoyar su acceso al mercado de trabajo, a fin de prevenir la exclusión social y la discriminación.

Sólo a través de la inclusión podemos luchar contra el estigma y los prejuicios causados por la segregación étnica. Cabe destacar que no existe una política jurídicamente vinculante sobre la integración social en la Unión Europea, sobre todo porque la integración es responsabilidad de los Estados miembros. Sin embargo, la política de integración ha adquirido cada vez más importancia a escala de la UE y la integración es cada vez más importante, pues los aspectos económicos y sociales subyacentes de envejecimiento de la población son cada vez más importante. Los principios y las normas de la UE se aplican, en la mayoría de los casos, sólo a los ciudadanos de la UE que son al mismo tiempo ciudadanos de los Estados miembros. Los miembros de minorías que estén asentados y que hayan adquirido la condición jurídica de ciudadano están protegidos por las normas y los principios de la Unión Europea. Sin embargo, esta protección debería extenderse a los inmigrantes que aún no son ciudadanos de ningún Estado miembro.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito.(PT) La integración social de las mujeres procedentes de grupos étnicos minoritarios es un asunto importante porque estas mujeres son más vulnerables a la exclusión social. De hecho, en la actualidad tenemos un buen ejemplo de este caso con la inaceptable expulsión del colectivo romaní de Francia.

Debemos centrar toda nuestra atención y la de las políticas de la UE en la lucha contra todo tipo de discriminación, ya sea sexual, étnica o por el color de su piel.

Ya es hora de que nos desvinculemos de las políticas macroeconómicas que sólo contribuyen a agravar el desempleo, las desigualdades sociales y la discriminación. Como dice el informe, debemos luchar por una integración social real comprometiéndonos con unos servicios públicos de calidad con carácter universal a los que puedan acceder todos los ciudadanos, hombres o mujeres, incluyendo a las familias de inmigrantes y sus hijos. Me refiero en concreto a la educación, la salud, la vivienda y la protección social.

Ya hemos oído bastantes palabras huecas y declaraciones vacías: se necesitan urgentemente medidas que fomenten la dignidad y la igualdad de las personas, que ofrezcan soluciones claras a los problemas sociales y que no se conviertan en medidas xenófobas o discriminatorias, pues son aún más reprensibles cuando es el gobierno quien las propone.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. (FR) No se puede defender «la aceptación de diferentes culturas» y la comunicación de las minorías, mujeres o no, en su lengua materna y al mismo tiempo intentar dar la impresión de lo que se pretende en la inclusión social de dichas minorías.

Resulta totalmente contradictorio, pues el requisito fundamental para que se dé la «inclusión» es que haya un mínimo de puntos en común con la sociedad de acogida, es decir, una lengua común y unos códigos de «coexistencia» básicos como el respeto de las costumbres y las normas sociales del país de acogida.

La única excepción que se admite en este informe, impregnado de esa lógica inherentemente proeuropea, es cuando se dice a medias tintas y con muchos rodeos que ningún tipo de violencia puede justificarse sobre la base de costumbres, tradiciones o consideraciones religiosas.

Abran los ojos: los europeos no son ni los violentos ni los discriminadores. La poligamia, la escisión, la infibulación y el trato a las mujeres como seres inferiores, entre otras, son algunas de las aberraciones que cometen las comunidades que se niegan a respetar nuestras leyes y costumbres y que han llegado al punto de intentar imponernos sus leyes y costumbres. Esto es lo que nos han traído las políticas de inmigración masiva que la UE viene imponiendo a nuestros conciudadanos desde hace décadas. ¡Esto tiene que acabar!

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito.(FR) He votado a favor del informe Parvanova sobre la integración social de las mujeres pertenecientes a grupos étnicos minoritarios. La discriminación es desgraciadamente un proceso acumulativo, y las mujeres pertenecientes a grupos étnicos minoritarios son las principales víctimas. El texto pide que las políticas de la Unión estudien más de cerca la discriminación de género contra las mujeres. Deben ser capaces de participar activamente en la sociedad y, para ello, deben tener acceso a la educación y al mercado de trabajo, ya que estas son las claves para su emancipación.

 
  
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  Lívia Járóka (PPE), por escrito. – En calidad de ponente de este informe, quisiera felicitar a la doctora Parvanova por la adopción de su informe, que pretende ofrecer soluciones para minimizar la situación de desventaja a la que se enfrentan las mujeres procedentes de grupos minoritarios debido a su etnia y a los roles de género. A pesar de que aún nos queda mucho por andar para conseguir la igualdad de sexos en el grupo étnico mayoritario, las mujeres romaníes, en comparación con las mujeres que no pertenecen a este colectivo, tienen una esperanza de vida menor, un nivel educativo menor, un índice de empleo considerablemente menor y un índice de pobreza mayor. Para lograr la inclusión total, las estadísticas de género, los indicadores, los puntos de referencia y las estadísticas desglosadas por género y etnia, entre otros criterios, son unos instrumentos fundamentales sin los cuales no se podrían cuantificar los avances conseguidos.

La recopilación de datos desglosados constituye un requisito previo para la protección y la promoción de los derechos humanos de las minorías étnicas que debe atenerse a las normas de los Estados miembros en materia de protección de los datos personales. Existe una relación muy estrecha entre el nivel de educación, la actividad económica y las probabilidades de que la familia al completo no caiga en la pobreza. Por eso se necesitan, en primer lugar, políticas específicas para mejorar el acceso de la población romaní a la educación y a empleos declarados.

 
  
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  Marisa Matias y Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. (PT) Hemos votado a favor de esta resolución, entre otros motivos, porque consideramos necesaria una mejor estructuración de la coordinación de las políticas comunitarias en este ámbito, con el fin de mejorar la inclusión social de las mujeres procedentes de minorías étnicas poniendo énfasis en la importancia de educar al país de acogida en la aceptación de otras culturas y alertar sobre los posibles efectos del racismo y los prejuicios. También hemos votado a favor de este informe porque alienta la participación social y política activa de las mujeres pertenecientes a grupos étnicos minoritarios en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo el liderazgo político, la educación y la cultura, a fin de luchar contra la actual infrarrepresentación.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Europa es un espacio de integración y no puede haber ninguna forma de discriminación, especialmente cuando se practica en los grupos de minorías étnicas y con más fuerza contra las mujeres pertenecientes a estos grupos. El objetivo de la política de igualdad de género en la UE es promover la igualdad entre hombres y mujeres, y esto se ha logrado cada vez más en la sociedad en general. Sin embargo, las mujeres de determinadas minorías étnicas ha sido víctimas de todo tipo de discriminación. Por tanto, es necesario aumentar la conciencia pública de estas prácticas para que las mujeres pertenecientes a grupos étnicos minoritarios se puedan integrar completamente. De ahí mi voto.

 
  
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  Miroslav Mikolášik (PPE), por escrito.(SK) Señor Presidente, Señorías, considero que la inclusión social de las mujeres procedentes de grupos étnicos minoritarios es un asunto fundamental y muy delicado en el que los Estados miembros de la UE habrán de dar prueba de su madurez y auténtica determinación de que los valores de la tolerancia y la igualdad formen parte de la vida cotidiana.

Considero inaceptable que los miembros de las minorías étnicas sean objeto de la discriminación, la exclusión social, la estigmatización y la segregación. Por ello respaldo la petición a la Comisión y, ante todo, a los Estados miembros, que son los responsables de las políticas de inclusión social, de que se garantice la plena aplicación de la legislación vigente en materia de igualdad de género y en contra de la discriminación.

Los instrumentos jurídicos deberían ser complementarios a las medidas administrativas y las campañas culturales que tengan por objeto acabar con los estereotipos y promover alternativas a la exclusión social y la pobreza.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Resulta decisivo para el mantenimiento de la paz social de los Estados que las minorías étnicas se integren en la vida pública. Sin embargo, a diferencia del informe, personalmente creo que la responsabilidad recae en las personas que quieren ser integradas. Teniendo en cuenta la compleja situación presupuestaria de Europa, no me veo en condiciones de apoyar un informe que, al parecer, propone una serie de medidas que van a requerir una gran inversión y van a reportar pocos beneficios.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) El informe llama la atención sobre un tema con el cual la opinión pública europea se está sensibilizando cada vez más, no solo por las situaciones dramáticas acontecidas fuera de la Unión Europea que claman a nuestra conciencia moral, sino por el reconocimiento de que los problemas a este nivel también requieren nuestra intervención política y cívica.

Las mujeres procedentes de grupos étnicos minoritarios suelen sufrir presión por parte de los miembros de la familia más autoritarios que prefieren mantener sus tradiciones y esclavizar a las mujeres. Por lo general, su nivel educativo es bajo y no disponen de información sobre cómo podrían imponerse ante la autoridad familiar y en la sociedad en la que se integran o en la sociedad de acogida. A este nivel, también son objeto de actitudes xenofóbicas.

El desarrollo y la aplicación de las políticas en materia de igualdad de género deberían contribuir a minimizar, de una vez por todas, las tremendas injusticias que tienen que soportar estas mujeres en todo el mundo y también en la Unión Europea.

 
  
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  Rovana Plumb (S&D), por escrito. (RO) Es bien sabido que las actitudes en contra de los romaníes son el pan de cada día en Europa, pues los romaníes son a menudo objeto de ataques racistas, discursos cargados de odio, evacuaciones y expulsiones ilegales por parte de las autoridades locales y centrales. Quisiera mencionar, en concreto, la reciente actuación de las autoridades francesas al expulsar a la población romaní.

Teniendo en cuenta los numerosos mecanismos e instrumentos disponibles en la UE para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos de origen romaní y mejorar el acceso a una educación de calidad dentro del sistema educativo convencional, al empleo, la vivienda, la sanidad y los servicios sociales y públicos, lo cual fomentaría la inclusión social, pido que los Estados miembros:

- acaben con los estereotipos y la discriminación contra las mujeres y las niñas romaníes que han sufrido numerosas formas de discriminación por su origen étnico o género, en especial en lo que respecta a su derecho a la educación, el empleo y la sanidad;

- garanticen la aplicación plena de las directivas europeas relativas a la lucha contra la discriminación y la libertad de circulación y que promuevan medidas y programas proactivos para fomentar la inclusión de la población romaní en todas las esferas sociales, económicas y educativas.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Estoy realmente satisfecho de la adopción de este informe, que pide específicamente a los Estados miembros que respeten los derechos fundamentales de todas las mujeres, incluidas las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, (punto 11); a los Estados miembros que adopten medidas para garantizar el acceso a servicios de apoyo destinados a la prevención y la protección de las mujeres contra la violencia de género, independientemente de su situación jurídica (punto 17); a la Agencia de Derechos Fundamentales que incluya la igualdad de género transversal y la perspectiva de los derechos de la mujer en todos los aspectos del marco plurianual y sus actividades posteriores, incluidas las relativas a la discriminación étnica y a los derechos fundamentales de los romaníes (punto 22); al Instituto Europeo de la Igualdad de Género que recopile de forma sistemática datos desglosados por género y etnia; a los órganos nacionales en materia de igualdad que desarrollen herramientas y cursos de formación sobre la discriminación múltiple; y, por último, un enfoque dirigido a evitar distintos tipos de discriminación, los estereotipos, la estigmatización y la segregación étnica.

 
  
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  Oreste Rossi (EFD), por escrito. (IT) Este informe nos ha dejado perplejos y vamos a votar en contra porque, aunque está bien que las mujeres de los países no pertenecientes a la UE conozcan sus derechos dentro del ámbito familiar, donde suelen ser excluidas, no nos entra en la cabeza cómo se puede ofrecer un trato mejor a quienes viven en nuestros países como invitados que a nuestros propios ciudadanos, que han vivido desde siempre en los Estados miembros y pagan sus impuestos.

Incluso hoy en día, si pensamos en el porcentaje de residentes extracomunitarios respecto al de ciudadanos europeos que se benefician de servicios sociales gratuitos como la sanidad, la educación y la vivienda, la balanza se inclina claramente a favor de los extracomunitarios. Por lo tanto las personas que viven, trabajan y pagan los impuestos de sus países salen peor parados en comparación con los que acaban de llegar a Europa.

 
  
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  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe, que tiene por objeto evaluar las políticas sociales de integración de la Unión Europea para las mujeres pertenecientes a grupos étnicos minoritarios. Gracias a él se podrán adoptar medidas concretas para alcanzar la igualdad de género entre las minorías étnicas y garantizar la plena aplicación de la legislación vigente en materia de igualdad de género y en contra de la discriminación en los Estados miembros.

 
  
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  Angelika Werthmann (NI), por escrito. (DE) Este informe plantea la cuestión de si realmente se excluye a las mujeres procedentes de minorías étnicas de las medidas comunitarias en materia de igualdad de género por su falta de integración social. Las mujeres procedentes de grupos étnicos minoritarios han sido prácticamente invisibles durante muchos años a pesar de que la mayoría están en desventaja social y económica.

 
  
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  Marina Yannakoudakis (ECR), por escrito. – El Grupo ECR es un fiel defensor de la igualdad de trato para todas las personas lo cual, evidentemente, incluye a las mujeres procedentes de grupos étnicos minoritarios. Sin embargo, nos oponemos a este informe por una serie de razones concretas.

En primer lugar, nos oponemos a seguir ampliando el presupuesto de la UE para asuntos sociales. Los gobiernos nacionales de toda Europa están haciendo serios recortes en los sectores públicos y el Grupo ECR considera que la UE debería seguir su ejemplo. En segundo lugar, nos oponemos fundamentalmente a cualquier intento de crear una política de inmigración y asilo común y tenemos la impresión de que algunas partes de este informe se refieren a las políticas de inmigración y asilo que, en nuestra opinión, deberían seguir aplicándose a nivel nacional. En tercer lugar, los servicios de cuidados de niños, la educación y la sanidad, incluida la salud reproductiva y sexual, siguen siendo competencia de los Estados miembros y no de la UE.

 
  
  

Informe: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre el papel de la mujer en una sociedad que envejece porque considero que ha llegado la hora de que la opinión pública conozca las grandes desigualdades de género en la edad avanzada, derivadas principalmente de la acumulación de desventajas basadas en el género a lo largo de toda la vida. Hoy en día todo el mundo sabe que las mujeres de edad corren un mayor riesgo de acabar su vida en la pobreza porque las mujeres reciben pensiones menores debido a la elevada diferencia salarial entre mujeres y hombres o, en otras ocasiones, porque dejaron o interrumpieron sus carreras para dedicarse a sus familias sin percibir remuneración alguna ni poder optar a la seguridad social. En estos tiempos de recesión económica, son las mujeres las que corren un mayor riesgo de caer en la pobreza.

Ya es hora de que nuestras instituciones adopten una actitud más positiva en cuanto al envejecimiento. Por ello, acojo con gran satisfacción la iniciativa de declarar a 2012 Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional. La adopción de un enfoque basado en la relación ente la edad y el género podría convertirse en un instrumento indispensable para la adopción de políticas en los ámbitos relevantes: en política social, económica, de salud pública, de derechos de los consumidores, del programa digital, de desarrollo rural y urbano, etc.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito.(FR) En este informe, la señora Pietikäinen nos recuerda que las mujeres tradicionalmente están expuestas a un riesgo mayor de pobreza y pensiones limitadas por varias razones, como una gran desigualdad de remuneración por razón de género, por el hecho de haberse tomado un descanso o haber dejado de trabajar para asumir responsabilidades familiares o el hecho de que han trabajado bajo el mando de su marido, principalmente en el sector empresarial y agrícola, sin ningún tipo de remuneración ni afiliación a la seguridad social. Sólo puedo estar de acuerdo con esta observación. En calidad de Presidenta de la Asociación Femmes au Centre (Mujeres en el centro), suelo luchar por llamar la atención sobre las desigualdades sociales que a veces se pasan por alto y, a mi juicio, esta es una de ellas. En un momento en que estamos debatiendo la reforma de nuestros sistemas de pensiones, es fundamental tener en cuenta las diferencias de trato entre mujeres y hombres.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la prohibición de la discriminación por cualquier motivo ha pasado a formar parte de las competencias legislativas de la Unión Europea. Por ello resulta fundamental difundir una imagen positiva de la vejez y ofrecer oportunidades para que los ancianos puedan vivir una vida plena.

Me complace que el Parlamento haya presentado un informe que propone medidas para una sociedad que envejece. Ante todo, se debe prestar especial atención a las mujeres de edad avanzada que viven en la pobreza, ya que generalmente cobran pensiones pequeñas debido a que los sectores de trabajo de las mujeres están peor pagados. Además, los ancianos son un grupo de consumidores muy amplio y, por ello, la demanda de servicios para los ancianos está creciendo vertiginosamente y seguirá haciéndolo en el futuro. Sin embargo, hay una serie de trabas para la obtención de unos servicios públicos y privados de fácil acceso y buena calidad y precio.

Por ello es tan importante que la Comisión que regule la accesibilidad a la multitud de servicios básicos para garantizar la calidad de vida de estas personas y evitar los abusos y malos tratos físicos, psicológicos y económicos. El envejecimiento de la población se ve en términos negativos, es decir, en términos de los retos que representa la estructura de edad de la fuerza de trabajo y la sostenibilidad de la protección social y la atención sanitaria. Las personas de edad suponen también un recurso económico y ofrecen un apoyo clave a la comunidad y la familia, por lo que debemos respetar el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) En comparación con los hombres, las mujeres se enfrentan a mayores dificultades en el mundo del trabajo. Necesitamos con urgencia erradicar la discriminación que sufren a la hora de obtener trabajo, en la progresión de sus carreras profesionales y en el derecho a una remuneración justa. Los servicios sanitarios y sociales también deben orientarse hacia las necesidades específicas de las mujeres. Todas estas dificultades se agravan con la edad, lo que demuestra la importancia de este informe. En particular, yo instaría a que se utilizara el conocimiento y la experiencia de las mujeres de edad avanzada. Por último, los mecanismos de control previsto en el informe justifican mi voto a favor.

 
  
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  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic y Alf Svensson (PPE), por escrito. (SV) Ayer, 7 de septiembre de 2010, votamos en contra del informe A7-0237/2010 sobre el papel de la mujer en una sociedad que envejece [2009/2205(INI)]. La razón principal fue que no apoyamos la propuesta de un sistema todos los ciudadanos de la UE tenga derecho a recibir una renta básica ni la petición de medidas de acción positiva que beneficien a las mujeres. También se pide a los Estados miembros que establezcan nuevos tipos de permisos que hagan posible tomar un permiso pagado por motivos de atención distintos del parental. En este caso, respetamos el principio de subsidiariedad. No obstante, por otra parte nos gustaría poner énfasis en que estamos de acuerdo en ciertas partes del informe.

 
  
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  Anne Delvaux (PPE), por escrito. (FR) He votado a favor de este informe porque el envejecimiento de la sociedad se ve en términos negativos, a pesar de que las personas de edad suponen también un recurso económico y una fuente de experiencia. Además, las personas ancianas corren más riesgo de caer en la pobreza que el resto de la población: en 2008, la cifra rondaba el 19 % para las personas de 65 años y más y en el año 2000 la cifra era del 17 %.

Estoy de acuerdo con la propuesta de adoptar un enfoque global y pluridisciplinario con respecto al envejecimiento, así como para crear oportunidades, especialmente en el ámbito de los productos y servicios adaptados a las necesidades de las personas de más edad, y de las personas que prestan cuidados de forma informal a las personas dependientes. Por eso se pide a la Comisión que presentes antes de finales del año 2011 un plan de acción que incluya todas estas medidas.

 
  
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  Robert Dušek (S&D), por escrito.(CS) Se ha dicho mucho sobre la posición de desventaja de la mujer en la sociedad. Las mujeres sufren una discriminación constante en el lugar de trabajo al recibir un salario menor que los hombres por el mismo trabajo y, a menudo, las circunstancias las obligan a interrumpir sus carreras u optar por empleos peor pagados para poder estar más cerca del hogar familiar. La razón es, en primer lugar, el nacimiento y cuidado de los hijos, después, el cuidado de los padres ancianos o de los familiares enfermos. En muchos casos las mujeres tienen que «sacrificarse» para cuidar de su familia e hijos a costa de su propio trabajo y de sus carreras. Se dice que la sociedad espera que cumplan esta función. La consecuencia es la dependencia financiera de sus compañeros, con pocos o ningún derecho a seguridad social o a pensión para la tercera edad. Por todo ello, las mujeres ancianas corren un riesgo mucho mayor que los hombres y son el grupo de la sociedad con mayor riesgo de caer en la pobreza.

La situación es aún peor si se tiene en cuenta que las mujeres siguen cuidando de sus padres y nietos en la tercera edad sin percibir salario alguno e invirtiendo en esos cuidados todos sus ingresos y ahorros. Se está desaprovechando el potencial de los ancianos. El entramado social contribuye a esta circunstancia, ya que los jóvenes y las personas mayores viven en mundos diferentes. En las «extensas familias» del pasado todos tenían su función y labor y no se excluía ni condenaba a los ancianos a vivir en la pobreza. Apoyo el informe de la señora Pietikäinen y votaré por su adopción.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre el papel de la mujer en una sociedad que envejece. Hay una diferencia de un 17 % entre el salario de las mujeres y el de los hombres de la Unión Europea. En parte por ello, y en parte porque las mujeres suelen quedarse en casa durante su vida activa para cuidar de sus hijos u otros familiares dependientes u optan por trabajar a tiempo parcial, la diferencia de salarios entre hombres y mujeres es mayor en la edad de jubilación. Los Estados miembros necesitan adoptar urgentemente medidas que tengan en cuenta la dimensión de género en la reforma de los sistemas de pensiones y en la adaptación de la edad de la reforma, en vista de las diferencias entre hombre y mujeres en los patrones de trabajo y que las mujeres ancianas corren un mayor riesgo de ser discriminadas en el mercado de trabajo.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Debemos tener en cuenta, como dice el informe, que «el género es un importante factor a la hora de examinar el envejecimiento, pues la esperanza de vida es unos seis años superior para las mujeres que para los hombres» y que Europa es una sociedad que envejece, el hecho es que el número de mujeres ancianas va a aumentar en nuestra sociedad. Tendremos que asegurarnos de que las condiciones de vida de estas mujeres son adecuadas y, en muchos casos, de que pueden llevar una vida activa.

No debemos olvidar, como bien nos recuerda el informe, que las mujeres ancianas son las más que más riesgo corren de caer en la pobreza y, por tanto, se merecen una atención especial. No obstante, más que las soluciones basadas en el estado de bienestar o social, creo que estas mujeres deberían desempeñar un papel más activo en la sociedad. Muchas de ellas son profesionales con una larga experiencia que podría utilizarse en beneficio de los más jóvenes. Otras son abuelas y bisabuelas y podrían entregarse al cuidado de su familia, con lo que las madres más jóvenes podrían aprovechar la oportunidad de compaginar su vida familiar con la profesional. Estas funciones son inestimables y nos ayudarán a animarlas, protegerlas y crear una sociedad de auténtica solidaridad entre las generaciones.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Esta resolución aborda la vulnerabilidad de las mujeres mayores en el contexto del fenómeno del envejecimiento de la población en la UE, que se considera como una carga futura para las economías nacionales, y donde el potencial de las personas de edad avanzada se ignora con frecuencia, pues se les suele considerar como objetos pasivos y no como sujetos activos. Quisiera destacar el riesgo particular a caer en la pobreza al que están expuestas las mujeres de edad avanzada, por lo que estoy de acuerdo con dar incentivos para emplear a las personas de edad avanzada, por ejemplo, compensando a los empleadores. Sin embargo, no estoy de acuerdo con los acuerdos específicos en el caso de las mujeres LBT de más edad.

Con la entrada en vigor de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la prohibición de la discriminación por cualquier motivo ha sido objeto de competencia legislativa de la Unión Europea. De conformidad con el artículo 21 de la Carta, «Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual»; por su parte, el artículo 25 establece que «La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural». Creo que la aplicación de estas directivas servirá para combatir cualquier forma de discriminación.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Aunque, en general, este informe resulta positivo, podría haber llegado más allá en muchos ámbitos, especialmente en lo que respecta al análisis de las causas de la doble discriminación que sufren millones de mujeres en la Unión Europea y que empeora a medida que envejecen: las mujeres migrantes, discapacitadas, pertenecientes a minorías y con bajas cualificaciones.

Las mujeres trabajadores que han sufrido la discriminación al recibir salarios más bajos y la devaluación de su trabajo, al que en muchos casos se ha sumado la discriminación por maternidad, perciben pensiones más bajas y viven por debajo de la línea de la pobreza. Ya es hora de poner fin a esta situación y cambiar las políticas de la Unión Europea, romper con las políticas neoliberales y apostar por el valor del trabajo, respetar los derechos humanos y garantizar el acceso a unos servicios públicos de calidad, en concreto a la sanidad, a la protección social y a unas pensiones con las que estas mujeres puedan llevar una vida digna.

Por esa razón seguiremos luchando por las políticas que valoren el papel de la mujer y respeten íntegramente sus derechos.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito.(FR) He votado a favor del informe Pietikäinen sobre el papel de la mujer en una sociedad que envejece, ya que, mientras la esperanza de vida es mayor para las mujeres que para los hombres, las mujeres están expuestas a un mayor riesgo de inseguridad a medida que envejecen. Podemos ver esto en Francia en este momento con el debate sobre las pensiones, las diferencias salariales y las mujeres que se toman un descanso o dejan de trabajar para asumir responsabilidades familiares, con la correspondiente reducción de sus pensiones. El texto nos recuerda que, ahora más que nunca, se necesita una directiva contra la discriminación de amplio alcance.

 
  
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  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. (DE) Con la entrada en vigor de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en diciembre de 2009 y del Tratado de Lisboa a principios de 2010, la UE ha asumido la competencia de prohibir la discriminación en todo el territorio comunitario por razón de clase social, raza, color de la piel o género. Sin embargo, los ciudadanos de la UE, y en concreto las mujeres mayores, siguen sufriendo la discriminación. Apoyo este informe porque creo que es absolutamente necesario que se mida a los jóvenes y las mujeres de cualquier edad por el mismo rasero. Las mujeres de edad están en desventaja en muchos ámbitos de la vida pública. Un ejemplo destacable de esta circunstancia es que dependen de los servicios públicos. Si la estructura de estos servicios es deficiente, las ancianas sufren las consecuencias directas. Además, otra de las desventajas son las bajas pensiones que pueden percibir en función de los salarios, ya que los hombres suelen tener mayores ingresos. En vez de ver a las mujeres ancianas como una carga, debería vérselas como activos de nuestra sociedad y recibir ese reconocimiento por parte de la Unión Europea.

 
  
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  Marisa Matias y Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. (PT) Hemos votado a favor de esta resolución porque estamos de acuerdo en el enfoque del envejecimiento desde el punto de vista de los derechos individuales y, en concreto, con la visión de las personas mayores como sujetos activos. Las mujeres siguen viendo sus carreras perjudicadas, lo que lleva a que los hombres se vean excesivamente representados en puestos mejores y con un salario mayor; circunstancia especialmente evidente entre los hombres y mujeres de edad avanzada. Además, las mujeres tienen que superar obstáculos insalvables a la hora de encontrar otro trabajo, pues los empresarios las infravaloran.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) El envejecimiento de la población y la disminución del crecimiento demográfico que se han venido produciendo en la UE han sido causa de preocupación en relación con la sostenibilidad de la seguridad social y los sistemas de salud. Sin embargo, lo anterior se aplica aún más al caso de las mujeres, pues las mujeres de edad avanzada sienten la desigualdad de género con una intensidad mucho mayor. Esta situación es especialmente preocupante sobre todo en lo que respecta al apoyo familiar y comunitario esencial que prestan como cuidadoras de personas dependientes. Por tanto, es muy importante combatir la discriminación basada en la edad, que afecta a las mujeres en mayor medida. Estas son las razones que justifican mi voto.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. (LV) He votado a favor de esta resolución, en concreto, para concienciar a la sociedad de la situación de las mujeres ancianas. Sus pensiones son considerablemente menores que las de los hombres. Las mujeres suelen vivir más que los hombres y tienen que sufrir la soledad en sus últimos años. Los políticos no suelen tener en cuenta que, fuera del trabajo, donde se ganan sus pensiones, prácticamente la totalidad de las mujeres ha tenido que trabajar para su familia y criar a sus hijos y nietos y que, en este sentido, hacen mucho más que los hombres.

Teniendo en cuenta que las mujeres son más débiles desde el punto de vista físico, debemos prestar especial atención a las mujeres ancianas y solitarias. Tenemos el deber de iniciar un debate sobre este tema para concienciar a la sociedad de la actitud injusta y, a menudo, indiferente que se tiene hacia «el sexo débil». He votado a favor de que se tenga en mayor consideración a nuestras madres y abuelas, a las mujeres que han dedicado sus vidas a sus hijos y nietos. No debemos dejarlas solas; no debemos olvidarlas.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) El informe sobre el papel de las mujeres en una sociedad que envejece trata muchos temas importantes que, en mi opinión, no deberían tratarse como cuestiones de género. Se deben establecer unas condiciones marco válidas para toda la población que permita que las personas que así lo deseen trabajen más años y puedan disfrutar de una vida independiente durante el mayor tiempo posible. Sin embargo, soy bastante escéptico en cuanto a la discriminación positiva. Por ello, me he abstenido en la votación.

 
  
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  Justas Vincas Paleckis (S&D), por escrito. – Desde el punto de vista humanitario, deberíamos mejorar los servicios y la asistencia sanitaria para uno de los sectores de la población que más está creciendo en los últimos años, las mujeres de edad avanzada, porque, al igual que el resto de los europeos, tienen derecho a una vida sana, digna e independiente. Desde el punto de vista económico, debemos luchar por que las mujeres de edad avanzada puedan acceder a más empleos, ya sean flexibles o a jornada parcial. Si aprovechamos esta fuente de experiencia y potencial, a menudo infravalorada, estaremos contribuyendo al crecimiento económico, la reducción de la pobreza en la tercera edad, la mejora de las condiciones de vida de los pensionistas y el fomento de la cohesión social. He votado a favor de esta resolución con la esperanza de que se solucionen estos problemas con un doble enfoque que allane el camino para hacer frente a los problemas más rudimentarios, aunque no menos importantes, de género y desigualdades laborales, la falta de cualificación de los cuidadores y, en última instancia, la preferencia arraigada en nuestra sociedad por el estilo frente al fundamento a la hora de resolver los problemas de género o relativos al envejecimiento. Nuestros seres queridos, independientemente de que sean hombre o mujer, mayores o que estén envejeciendo, deberían ser considerados recursos económicos, y no una carga.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) Estoy a favor del informe de la señora Pietikäinen por una serie de razones. La población de la Unión Europea está envejeciendo. Según las estadísticas, las mujeres viven más que los hombres. La discriminación por motivos de edad está prohibida en la legislación europea cuando se trata de la vida laboral. La legislación en vigor, sin embargo, no conduce directamente a una situación en la que la discriminación por edad ya no exista en el lugar de trabajo.

En general, las mujeres siguen teniendo dificultades para ascender en sus carreras, llevando a una situación de fuerte desequilibrio donde los hombres están excesivamente representados en los altos cargos, sobre todo, en el caso de los hombres y las mujeres de edad avanzada. Además, las mujeres suelen encontrar más dificultades a la hora de buscar un nuevo empleo y, además, mientras mayor es una mujer, menos valor suele tener a los ojos de los empleadores. Junto con la protección en el lugar de trabajo, las mujeres de edad avanzada, sin embargo, deben contar con protección en todos los ámbitos de la vida, pues la discriminación por cuestión de edad y sexo viola los derechos fundamentales.

A fin de combatir la doble discriminación a la que se enfrentan las mujeres de edad avanzada, hay que reconocer los aspectos señalados en el informe y adoptar medidas al respecto.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) Este informe pone de relieve un problema cada vez más importante en Occidente, teniendo en cuenta el trabajo adicional que vienen desempeñando las mujeres en nuestra sociedad y el hecho de que en el contexto de la pirámide demográfica invertida esta situación podría empeorar. Además de estos problemas, también cabe señalar que la esperanza de vida de las mujeres es superior a la de los hombres y que continúa aumentando. A pesar de que este hecho es, en sí, positivo, a menudo implica que cada vez más mujeres tengan que entregarse a sí mismas en los últimos años de su vida.

Hoy en día resulta habitual que una mujer adulta se encargue del cuidado de sus hijos, padres y suegros; más tarde, del cuidado de sus nietos, madre y suegra para acabar finalmente sola, viuda y con unos hijos distantes por la movilidad extrema de la sociedad contemporánea y sin que haya nadie que cuide a esa mujer que tanto ha cuidado de los demás.

He votado a favor de este informe porque pone de relieve este problema, señala una serie de medios para controlar la situación y defendiendo la intervención en este ámbito.

 
  
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  Rovana Plumb (S&D), por escrito. (RO) Las economías nacionales consideran el envejecimiento de la población una futura carga. De hecho, a menudo se subestima el potencial de las personas mayores. A medida que envejece la población, las mujeres, que también viven más que los hombres en Rumanía (la esperanza de vida en el 2008 era de 76 años para las mujeres y de 69 para los hombres), son más vulnerables, en especial por la caída de los ingresos de las familias extensas. Una mayor oferta de empleo a tiempo parcial podría ayudar a aumentar los ingresos de las mujeres de edad avanzada.

Las ancianas dependen en gran medida de los servicios públicos y privados y del sistema sanitario. Pido a los Estados miembros que desarrollen que faciliten la atención a domicilio a largo plazo, pues esta medida favorecería tanto a las mujeres como a las personas de quienes se ocupan.

La calidad de los cuidados se puede asegurar asignando los recursos adecuados a la educación en el sector de la atención sanitaria. Pido a los Estados miembros que desarrollen medidas con carácter público enfocadas a estos problemas y los recursos necesarios para reducir el impacto a largo plazo. Las iniciativas políticas deben ir acompañadas del diseño y la aplicación de programas efectivos.

 
  
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  Robert Rochefort (ALDE), por escrito. (FR) Teniendo en cuenta el hecho de que la población está envejeciendo, el equilibrio de los sistemas nacionales de pensiones y la asunción de la responsabilidad de la dependencia son algunos de los retos más importantes para la UE. Europa debe actuar con rapidez y decisión para evitar el debilitamiento de su modelo social y el aumento de la pobreza entre la población anciana, en especial entre las mujeres, pues según las estadísticas son más propensas a caer en la pobreza que los hombres.

Apoyo el informe de la señora Pietikäinen, que pide específicamente que se tomen medidas para atajar el problema de la discriminación de las personas ancianas en el trabajo y especialmente en lo que respecta a las mujeres. Además, estoy de acuerdo en apoyar la solidaridad entre las generaciones en el ámbito de la seguridad social con sistemas de pensiones, permisos para prestar cuidados y sistemas de trabajo a tiempo parcial.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Acojo con satisfacción la adopción de este informe, que incluye propuestas verdes concretas como: las medidas que tengan en cuenta la dimensión de género en la reforma de sus sistemas de pensiones; las medidas que promuevan una división más equitativa entre mujeres y hombres de los trabajos de atención y cuidados que no se pagan; el tratamiento de enfermedades a las que son especialmente propensas las mujeres de edad como el reuma y la artritis; y la integración de la perspectiva de las migrantes y de las personas LGBT de edad, entre otros aspectos.

 
  
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  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. (IT) El informe que se ha adoptado hoy trata un tema especialmente relevante al que, sin embargo, no suele prestarse la atención adecuada.

Los europeos viven cada vez más y a veces amplían el concepto de «tercera edad» muchos años más de lo acostumbrado. Pero a menudo se tiene una visión negativa de esta etapa de la vida, objeto de las ideas preconcebidas de una sociedad que subestima la experiencia de las personas mayores, considera el envejecimiento una carga y convierte a los individuos activos en objetos pasivos.

Este fenómeno tan peligroso suele afectar más a las mujeres, pues generalmente viven más años que los hombres y sufren en mayor medida las consecuencias de la crisis económica que ha reducido drásticamente los servicios dedicados a su atención. Muchas de ellas corren el riesgo de caer en la pobreza y están condenadas a vivir con una pensión insuficiente. Espero, por el bien de todas las mujeres europeas, mayores y jóvenes, que la votación de hoy ponga de relieve el papel fundamental que desempeñan en la sociedad actual.

 
  
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  Oreste Rossi (EFD), por escrito. (IT) Aunque estoy totalmente de acuerdo en que los hombres y las mujeres reciban el mismo salario por el mismo puesto de trabajo, creo que deberíamos haber puesto más énfasis en los servicios familiares porque, en la mayoría de los casos, son las mujeres las que tienen que afrontar una mayor responsabilidad en cuanto a sus hijos y las personas inválidas de la familia.

La mejora de los servicios económicos y estructurales destinados a las familias, como las guarderías, el transporte público eficiente y la atención a domicilio de personas mayores y enfermas, contribuiría a que muchas mujeres, y en especial las mujeres trabajadores, se vieran liberadas de muchas de las responsabilidades que suelen tener que afrontar. Estamos en contra de este informe porque pide que se desarrolle un plan de acción que incluya de manera específica la integración de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.

 
  
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  Joanna Senyszyn (S&D), por escrito.(PL) Apoyo el informe de la señora Pietikäinen porque trata el tema del envejecimiento de la sociedad desde una nueva perspectiva. A menudo suele presentarse una visión pesimista de este proceso. Los debates suelen centrarse en el gasto y la carga que supondrá. Como resultado, se discrimina a las personas mayores y a las mujeres en especial, pues viven más, corren un mayor riesgo de caer en la pobreza, reciben menores pensiones y tienen mayores dificultades para acceder a los servicios públicos y privados. Según las estadísticas, la proporción de la población de 65 años y más aumentará desde el 17,1 % en 2008 al 30 % en 2060, y del 4,4 % al 12,1 % para las personas de 80 años y más durante el mismo periodo. En Polonia, según la Oficina Central de Estadística, en 2030 el porcentaje de población anciana será del 26 %, lo que correspondería a diez millones de personas.

Ya es hora de que cambie la forma en que tratamos a los ancianos. Representan un gran potencial desaprovechado. Este potencial está compuesto, entre otras cosas, de una gran experiencia, un importante capital intelectual, conocimiento y buenas capacidades sociales. Cuanto antes seamos conscientes de estas cualidades, antes podremos empezar a aprovecharlas y mejor nos irá a nosotros, a nuestras economías y a las estrategias comunitarias. Por ello, acojo con satisfacción la iniciativa de la Comisión de declarar a 2012 Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional. Promovamos una «economía plateada», invirtamos en la gente mayor, luchemos contra los estereotipos. Debemos tener en cuenta que las personas mayores quieren trabajar. Se puede juzgar la sabiduría general y social de una sociedad por cómo trata a sus ancianos.

 
  
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  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito.(PL) Durante las crisis económicas las mujeres suelen ser uno de los grupos más afectados por las consecuencias. En última instancia recae sobre ellas la responsabilidad de cuadrar el presupuesto familiar en unos momentos tan complicados. La población activa es cada vez menor y el porcentaje de trabajadores está descendiendo en comparación con el de pensionistas. Las políticas a favor de las familias deberían ser la prioridad de los Estados miembros de la UE. A las mujeres les resulta difícil compaginar el cuidado de sus hijos y su vida familia con su vida profesional. Solemos oír que se discrimina a las mujeres porque tienen que asumir el cuidado de sus hijos. Esta discriminación se da tanto en el proceso de selección para un puesto determinado como en la obtención de un ascenso. La mayoría de las personas que ocupan puestos de responsabilidad en su trabajo son varones. Más tarde, esta diferencia llega a afectar al pago de las pensiones que además afecta a la calidad de vida. Otro asunto importante concierne a la edad de jubilación. Al trabajar menos años, las mujeres acumulan automáticamente menos beneficios sociales y esta circunstancia se ve reflejada en su calidad de vida, lo cual a veces lleva a la pobreza.

La diferencia en la edad de jubilación tiene un efecto devastador en sus oportunidades en el mercado laboral. Los empresarios ven de forma distinta a las mujeres y a los hombres de la misma edad porque no quieren contratar a mujeres que vayan a cumplir la edad de jubilación en un futuro próximo. Las diferencias en el pago de las pensiones también radican en los diferentes niveles de ingresos, con las que se debería acabar.

 
  
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  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe porque tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales de las mujeres de edad avanzada de la UE. Las mujeres de edad avanzada corren un riesgo mayor de caer en la pobreza debido al hecho de que han acumulado poco tiempo para el pago de sus pensiones y a que tienen que reducir su tiempo de trabajo para ocuparse de su familia. Por esa razón he decidido prestar mi apoyo a este informe.

 
  
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  Angelika Werthmann (NI), por escrito. (DE) En general, el concepto de «una sociedad que envejece» se suele comparar con una carga impredecible para el futuro de las economías nacionales. Este debate suele centrarse en las pensiones y en los servicios de atención. Como indica el informe, las mujeres tienen derecho a menores pensiones debido a sus responsabilidades familiares y por ello tienen un mayor riesgo de caer en la pobreza. Tenemos que acabar con este círculo vicioso y adoptar un enfoque global para este cambio de la sociedad que incluya medidas destinadas a la educación y al mercado laboral en particular.

 
  
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  Marina Yannakoudakis (ECR), por escrito. – A pesar de que este informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pone de relieve las dificultades prácticas que tienen que afrontar las mujeres que se ocupan del cuidado de una población europea cada vez más envejecida, el Grupo ECR no puede prestar su apoyo al informe por considerar que trata una serie de asuntos que no son competencia de la UE sino de los parlamentos nacionales. En concreto, nos oponemos a cualquier tipo de intervención por parte de la UE en relación a la sanidad, la educación, la formación, los sistemas de pensiones, la edad de jubilación o las residencias.

 
  
  

Informe: Morten Løkkegaard (A7-0223/2010)

 
  
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  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), por escrito. (EL) El Parlamento Europeo está emprendiendo iniciativas, ahora que la crisis capitalista se está agravando, para jugar con los trabajadores y organizar una serie de campañas publicitarias sobre la UE en los medios de comunicación públicos y privados, con el fin de acallar cualquier voz que se oponga a los intereses del capital y crear la imagen de un consentimiento artificial con los planes imperialistas. El informe tiene por objeto subyugar completamente a los medios de comunicación públicos a la propaganda procomunitaria y su interrelación con los monopolios privados de la comunicación. Para este fin, se ofrecen propuestas como aumentar los recursos comunitarios destinados a los medios de comunicación públicos y privados, la creación y el refuerzo de las estructuras de control centralizado y el «filtrado» de las noticias. Defiende que los periodistas sean educados para servir a los intereses del capital, la intervención del Observatorio Europeo del Sector Audiovisual en las actividades de los medios de comunicación de los Estados miembros y el apoyo a los planes comunitarios de reforzar las oficinas de información, y de propaganda, y aumentar la intervención ideológica y política en beneficio de la UE y su pútrido sistema explotador, poniendo de manifiesto una vez más que la independencia de los medios de comunicación, al igual que su pluralismo y diversidad, no son más que un flagrante intento de confundir a los trabajadores que, a pesar de todo, no puede acabar con el único camino de los intereses fundamentales: la lucha por derribarlo y disolverlo para garantizar que las necesidades fundamentales contemporáneas se vean satisfechas.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito.(FR) La creación de una esfera pública en Europa es, a mi juicio, fundamental. Este no es un debate puramente teórico, sino más bien una cuestión de democracia, en la que la legitimidad de la Unión Europea está en juego. Los medios de comunicación, así como las redes sociales nuevas, son las claves para una esfera pública europea de éxito: los diputados tenemos que informar a la opinión pública europea sobre nuestro trabajo, a través de los periodistas y también a través de nuestros sitios web, cuentas de Facebook y Twitter, y más. Una mejor comunicación sobre Europa es una prioridad hoy en día, y yo apoyo plenamente este informe, que llama la atención sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en este ámbito y también la de las instituciones europeas, que deben hacer todo lo posible para facilitar el acceso a su trabajo y para difundirlo a través de los medios de comunicación.

 
  
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  Liam Aylward (ALDE), por escrito. (GA) En virtud del Tratado de Lisboa, el Parlamento tiene ahora mucha más importancia que nunca en el día a día de los ciudadanos europeos. Por ello, es fundamental mejorar las relaciones entre el Parlamento, los miembros del Parlamento Europeo, las instituciones europeas y los ciudadanos de la UE. Los resultados de varios sondeos del Eurobarómetro indican que los ciudadanos europeos quieren saber más acerca de las cuestiones europeas y tener más información sobre Europa.

Como dice el informe, para que la ciudadanía pueda participar activamente en las cuestiones europeas, los medios de comunicación deben proporcionar suficiente información al respecto. Estoy especialmente de acuerdo con la propuesta del informe de restringir el uso de «jerga europea» y un lenguaje excesivamente técnico.

La información que las instituciones hacen llegar a los ciudadanos europeos debe ser clara, comprensible y relevante. Con este fin, apoyo la petición del informe de que la Comisión siga con su enfoque «local» actual, un enfoque dirigido a aumentar la visibilidad de la UE a nivel local.

 
  
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  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. (FR) Explicar el funcionamiento de Europa implica desmantelar el proceso sistemático y simplista del pasatiempo favorito de repetir incesantemente las palabras: «Bruselas tiene la culpa». En este contexto, cualquier intento de ofrecer una explicación será beneficioso. Los gobiernos, los partidos políticos, las instituciones educativas y los medios de comunicación públicos son fundamentales, pues contribuirían a explicar las cuestiones europeas a la opinión pública. Los nuevos medios de comunicación tienen el potencial de revolucionar la democracia europea. ¡Pongámonos manos a la obra!

 
  
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  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. (RO) Los problemas europeos no consiguen encontrar su lugar en la prensa nacional. Las noticias al respecto son más habituales en los medios de comunicación internacionales que sólo siguen una pequeña parte de la opinión pública. La indiferencia ante lo que está sucediendo en Bruselas y en Estrasburgo es evidente teniendo en cuenta la escasa tasa de participación en las últimas elecciones europeas.

Todo está sucediendo en unos momentos en los que no hay una opinión preponderante en contra de la Unión Europea. Quizás, el mejor modo de describir la actitud de los europeos hacia la Unión Europea sea de indiferencia. La paradoja de la situación es que todas las decisiones que se toman en Bruselas y en Estrasburgo influyen directamente en la vida de los ciudadanos europeos.

El Tratado de Lisboa ha situado a los ciudadanos europeos en el núcleo de la UE y con él se ha decidido que tendrán que participar en el proceso de toma de decisiones a nivel comunitario, si bien es cierto que también se ha conferido un mayor número de competencias al Parlamento, el único órgano representativo directamente electo. Además de las propuestas del informe que se ha debatido hoy en el período parcial de sesiones legislativo, le corresponde a todos los parlamentarios y políticos nacionales la labor de apoyar y explicar de forma clara y comprensible el impacto de las decisiones que se toman en la UE en cada uno de nuestros países de origen.

 
  
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  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. (EL) He votado a favor de la propuesta de resolución alternativa porque, en primer lugar, admite la falta de transparencia y democracia de las instituciones europeas y, por tanto, la necesidad de desarrollar nuevas formas de información y periodismo en línea que mantenga a los ciudadanos de la UE mejor informados y, en segundo lugar, porque reconoce la importancia de garantizar la independencia de los medios y la libertad de expresión.

 
  
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  Lara Comi (PPE), por escrito. (IT) Con el Tratado de Lisboa la Unión Europea ha adquirido nuevas competencias, en concreto en el ámbito legislativo.

El 80 % de las leyes nacionales provienen de las decisiones tomadas en el Parlamento Europeo, pero los ciudadanos no son conscientes de la influencia en su vida cotidiana. Los medios de comunicación locales no facilitan el cambio, pues reservan demasiado espacio a las noticias nacionales. Debemos ampliar el abanico lingüístico de Euronews y mejorar el intercambio de información sobre Europa entre los periodistas y la comunicación entre los miembros del Parlamento Europeo y el electorado.

Las nuevas tecnologías, si se usan correctamente y con sensatez, podrían contribuir a la difusión de noticias. Internet ha ayudado a propagar las noticias, en especial entre los jóvenes, quienes por lo general no suelen sentirse parte de la vida social. Muchos de ellos crean blogs, salas de chat y páginas web sobre la Unión Europea fomentando el debate constructivo. Los ciudadanos tienen el derecho y la obligación de desarrollar una actitud crítica siempre y cuando esté basada en hechos y no en habladurías.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) El acceso del público a la información y la comunicación entre el electorado y los responsables políticos son factores importantes en cualquier sociedad democrática, y son una condición fundamental para que los ciudadanos ejerzan el derecho a la participación en la vida pública. Consciente de la importancia de crear las bases para una esfera pública europea como «un aumento [de la presencia en los medios sociales de los Estados miembros] de las cuestiones europeas en el plano nacional, voy a votar en términos generales a favor de este informe (alternativa, con la enmiendas propuestas por mi Grupo y otros Grupos en el Parlamento). Una «esfera pública» transparente e independiente que no debe confundirse con la «manipulación de los medios de comunicación sociales» ni con el control «oculto», como ocurre en mi país en repetidas ocasiones: les recuerdo el «caso TVI» que he presentado en esta Cámara.

A partir de este informe, quiero destacar el seguimiento y la presentación posterior de informes al Parlamento del contenido de las emisiones de los Estados miembros públicos y privados por parte del Observatorio Europeo del Sector Audiovisual, así como la propuesta de integrar de forma más eficaz Europarl TV con la estrategia del Parlamento Europeo de comunicación por Internet. La primera porque es una entrada excelente para la acción política y la segunda como un elemento importante de la comunicación.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre periodismo y nuevos medios de comunicación: creación de un ámbito público en Europa, porque considero fundamental definir estrategias que acerquen a los ciudadanos europeos al proceso de toma de decisiones de la UE. Es necesario mejorar la comunicación de las instituciones europeas para fomentar una mayor transparencia y una mayor participación pública en el debate político, pues las decisiones que se toman a nivel comunitario influyen directamente en las vidas de los ciudadanos europeos.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Aunque por lo general suele resultar positiva y necesaria, la creación de un ámbito público en Europa ha caído en la indiferencia y la falta de interés de una opinión pública que no parece ser consecuente con la inversión masiva en información y divulgación que han hecho las instituciones y que, por el contrario, se distancia cada vez más del proyecto europeo, lo cual resulta alarmante. Como dice el ponente, un ámbito público de información de este tipo tendrá que empezar de cero, por el auténtico compromiso individual y público con la construcción de una realidad de la que todos formamos parte. A pesar de esta convicción, la resolución debería centrarse más en el refuerzo de los medios para este fin más que en cuál es la causa del desinterés y distanciamiento de la opinión pública.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Este informe presenta una serie de propuestas para aumentar la implicación del público europeo en cuestiones relacionadas con la Unión Europea. Es importante promover la participación pública en el proceso de integración europea, y buscar la forma de comunicarnos con ellos en lugar de limitarnos única y exclusivamente a informarlos. Informar solo con habilitar los contenidos no garantiza que se suscite interés entre los ciudadanos de los Estados miembros. Por tanto, es imperativo que el «emisor» siga los principios de la comunicación a fin de entablar un diálogo con los ciudadanos.

Hay programas, fondos y ayuda disponibles para los ciudadanos de la UE, y la mayoría ni siquiera lo sabe. Por lo tanto, destacaría la necesidad de la presencia de corresponsales de los Estados miembros que construyan un puente entre lo que se hace en Bruselas y el impacto que esto causa en sus países y regiones. Por su parte, la UE es una entidad compleja que no es fácil de explicar. No existe una solución única y sencilla para la creación de una esfera pública en Europa. Sin embargo, el marco institucional y tecnológico actual es mejor que nunca. El Tratado de Lisboa es un paso importante en la democratización de la UE, y los nuevos medios de comunicación social presentan al público las nuevas posibilidades para participar en el proceso de integración europea.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito.(FR) La tendencia a la baja en la tasa de participación en las últimas elecciones europeas mostraron, una vez más, la urgencia de duplicar los esfuerzos para cerrar la brecha entre la UE y sus ciudadanos. Además, la crisis económica a la que se enfrentan hoy en día los países de la Unión demanda, de forma similar, que los ciudadanos encuentren un verdadero apoyo y tengan confianza permanente en las instituciones europeas. En este contexto, el Tratado de Lisboa, en particular, con el lanzamiento de la iniciativa ciudadana, promueve una Unión más democrática, pero esto no puede contemplarse sin la introducción de una política de comunicación global. Por tanto, he votado a favor de esta resolución, que promueve la creación de una esfera pública en Europa. Sin duda, esto es nuestra responsabilidad, a saber, la responsabilidad de los eurodiputados, de los miembros de los parlamentos nacionales, de los partidos políticos, de los centros de enseñanza y de los servicios públicos de radiodifusión. Sin embargo, hay que hacer una advertencia, y es que comunicar más realmente significa comunicar mejor. La creación de una esfera pública europea debe basarse en información fiable, objetiva e independiente. Además de este criterio de calidad, también hay que adoptar un enfoque pedagógico en relación con la difusión de la información a fin de hacer posible que el funcionamiento de las instituciones europeas sea más comprensible y, por tanto, más atractivo.

 
  
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  Cătălin Sorin Ivan (S&D), por escrito. – (RO) Aunque el informe Løkkegaard es sólo un informe de propia iniciativa, ha arrojado una nueva perspectiva sobre el papel del periodismo y los medios de comunicación en una sociedad sujeta a cambios constantes.

Nuestro Grupo, apoyado por el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa y el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, ha presentado una resolución alternativa que retira determinadas disposiciones incluidas en el informe inicial, como el control por parte del Observatorio Europeo del Sector Audiovisual de las noticias de la UE que se difundan en canales públicos y privados de los Estados miembros o el establecimiento de un grupo de periodistas «independientes» en Bruselas. La versión final del informe, aunque menos ambiciosa que el proyecto inicial, es realista y equilibrada, por lo que he optado por apoyarla al igual que mis otros colegas.

 
  
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  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), por escrito. (RO) Quisiera felicitar al señor Løkkegaard por este informe tan contundente. La comunicación en la Unión Europea constituye un aspecto fundamental para una política europea integrada. Pero lamentablemente este sigue siendo uno de los retos de las instituciones europeas. De hecho, los ciudadanos europeos deberían ser conscientes de la influencia real de las decisiones que se toman en las instituciones europeas. Sin embargo, para conseguirlo deben tener acceso a la información sobre las implicaciones de las decisiones europeas a nivel nacional, regional y local. A este fin, la labor de los medios de comunicación locales resulta fundamental.

Además, las oficinas de información locales de las instituciones europeas deben adoptar un enfoque mucho más activo y mejor coordinado para fomentar dicha comunicación. Por eso creo que la Comisión Europea debe apoyar y fomentar a nivel institucional formas de comunicación europea que ya existen a nivel nacional. Del mismo modo, debe reforzar el vínculo con los medios de comunicación locales para garantizar que se haga un buen uso de los recursos de la Estrategia europea de comunicación. Todos sabemos que la responsabilidad de la comunicación recae en los Estados miembros. No obstante, es preciso que las instituciones europeas intervengan en su coordinación.

 
  
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  Iosif Matula (PPE), por escrito. (RO) La ventaja tecnológica de los últimos años ha contribuido a que los profesionales de muchos ámbitos se adapten a las circunstancias en lo que respecta a sus aptitudes, capacidades y a la labor que desempeñan. Los medios de comunicación de masas reciben la influencia constante de la innovación técnica. Así, la diferencia entre los periodistas y los lectores ya no está tan clara, pues se han intercambiado los roles. Precisamente por esa razón apoyo el informe sobre periodismo y nuevos medios de comunicación.

Queda patente el deseo del Parlamento Europeo de contribuir a la creación de un ámbito público en Europa y de fomentar la participación. Creo firmemente que tenemos que animar a los periodistas a que ofrezcan información sobre las instituciones de la UE regularmente. Asimismo, debemos evaluar con regularidad si los medios de comunicación están apoyando la creación de este ámbito público en Europa. También es necesaria la elaboración de un código ético para los medios de comunicación debido a la aparición de nuevas tecnologías de la información.

Del mismo modo, debemos poner más énfasis en que los planes educativos incluyan asignaturas que preparen para esta nueva forma de periodismo. De hecho, como muestra de apoyo al Parlamento Europeo, apoyo la inclusión de una sección dedicada a los nuevos medios de comunicación en los Premios de Periodismo del Parlamento Europeo que concedemos todos los años.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Es difícil para las instituciones de la UE comunicarse con el público europeo, ya que la mayoría de ellos no entienden la utilidad de las diferentes instituciones que conforman la UE. Por tanto, es el momento de presentar formas de aumentar la participación de los ciudadanos europeos en asuntos relacionados con la UE. Tenemos que encontrar formas de comunicación que logren iniciar, fomentar y ampliar el debate relativo Europeo y el flujo de información, independientemente de que esto se hace a través de debates más amplios sobre cuestiones nacionales en los medios de comunicación nacionales o a través de la esfera pública europea. Por lo tanto, la creación de una esfera pública en Europa es un paso esencial hacia una mejor comprensión de los acontecimientos europeos por parte de toda la población de los Estados miembros.

 
  
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  Marek Henryk Migalski (ECR), por escrito.(PL) En mi opinión, el informe Løkkegaard sobre periodismo y nuevos medios de comunicación: creación de un ámbito público en Europa contiene numerosas disposiciones preocupantes en el sentido de que restringen la libertad de los medios de comunicación. Concretamente, considero inaceptables los puntos 8, 14, 20, 23, 31 y 39, así como los considerandos N y O. Creo que el informe Løkkegaard afecta negativamente a la libertad de prensa. El informe hace hincapié, entre otras cosas, en que las emisoras públicas tienen la obligación de ofrecer información sobre la Unión Europea. También quisiera señalar a la atención el hecho de que este informe establece nuevas obligaciones financieras sobre la Unión Europea, proponiendo, entre otras cosas, un aumento de las partidas presupuestarias para las Oficinas de Información del Parlamento.

El informe sobre periodismo y nuevos medios de comunicación propone asimismo que la Unión Europea se incluya como asignatura en los planes de estudio. Según creo yo, las instituciones de la UE no deben involucrarse en la confección de los planes de estudio porque eso debe ser responsabilidad de los Estados miembros. No estoy de acuerdo con el ponente en lo que respecta al papel de los medios de comunicación en la Unión Europea, ni con la imposición de cargas financieras adicionales en la Unión y los Estados miembros y, por esa razón, he decidido votar en contra del informe.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. (LV) Yo voté a favor de la resolución del Parlamento Europeo relativa a una divulgación de la información más eficaz sobre las cuestiones europeas al público. La población de Letonia no aprecia la diferencia entre el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. El 99 % de la población en Letonia no entiende las funciones ni la importancia de las instituciones de la Unión Europea. Tenemos que explicar el objetivo de las actividades de la UE a los ciudadanos europeos. Si no lo hacemos pronto, la participación en las elecciones europeas será mínima y las personas acabarán desconfiando de las decisiones y las leyes que las instituciones europeas adopten.

Yo voté a favor de prestar más atención a la política de comunicaciones de la Unión Europea; a favor, por tanto, de informar al público todo lo posible respecto a cómo y con qué fin se emplean los fondos del presupuesto de la Unión. Si logramos avanzar de la mejor forma posible en ese sentido, entonces quizás inspiremos más confianza en la población, de manera que los ciudadanos de la UE adopten una actitud más considerada hacia las elecciones europeas. Si eso sucediera, el mandato del Parlamento Europeo sería mucho más profesional.

 
  
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  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. (LT) El 7 de septiembre, voté a favor de la aprobación de la propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre periodismo y nuevos medios de comunicación: creación de ámbito público en Europa (A7-0223/2010). Según los resultados de varias encuestas de Eurobarómetro, los ciudadanos no están informados adecuadamente respecto a políticas y cuestiones europeas. Sin embargo, esas mismas encuestas demuestran que dicha información es relevante para la sociedad. Los participantes en las encuestas también sostienen que esta falta de información es una de las principales razones por las que las personas deciden no votar y son reacias a confiar en las instituciones de la Unión Europea. Creo que para que estas resulten eficaces, las comunicaciones deben dejar claro que las decisiones políticas adoptadas a nivel de la Unión guardan una relación directa con la vida cotidiana de los ciudadanos europeos, que todavía consideran la Unión Europea como algo demasiado distante y que tiene poca influencia en cuanto a la solución de sus problemas reales. Además, estoy de acuerdo en que para mejorar los conocimientos de los ciudadanos en materia comunitaria, se requiere que la Unión Europea se incluya como asignatura en los planes de estudio.

 
  
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  Justas Vincas Paleckis (S&D), por escrito. (LT) Yo voté a favor de este informe porque ofrece medios para capacitar a los ciudadanos europeos y la sociedad a participar de forma más activa en la vida pública y nacional a través de la UE. Hasta ahora no se ha explicado con suficiente claridad a los ciudadanos europeos que las decisiones políticas adoptadas a nivel de la Unión Europea guardan una relación directa con sus vidas cotidianas. Hay una falta de información detallada y razonada sobre la Unión Europea en los medios de comunicación de los Estados miembros. Estoy de acuerdo con el ponente en que los Estados miembros deben incrementar el número de periodistas acreditados en las instituciones de la Unión. Lituania, por ejemplo, en la actualidad no tiene ni un solo periodista acreditado en las instituciones europeas. Debemos continuar capacitando a los periodistas y desarrollando sus conocimientos sobre el complejo procedimiento de toma de decisiones de la UE. El canal de televisión Euronews podría empezar a emitir programas en los idiomas de la mayoría de los Estados miembros de la UE y las instituciones europeas podrían elaborar informes en los medios sociales que cada vez son más populares entre los jóvenes. Apoyo concretamente la petición del ponente para que se respete la libertad de los medios de comunicación y su independencia editorial, especialmente el derecho del servicio público de radio y televisión de programar sus programas como mejor les parezca. Sin embargo, los Gobiernos de algunos Estados miembros de la Unión Europea limitan la financiación de los entes de radio y televisión de servicio público, intentando así influir en la selección del personal y el contenido de los programas.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) La comunicación es absolutamente esencial en política. Por tanto, si no se comunica la política de forma adecuada, tenemos un problema. Es en este contexto que la Unión Europea se enfrenta a un desafío difícil y arduo. Es el momento de encontrar nuevos sistemas mediante los cuales los ciudadanos europeos se impliquen más en cuestiones comunitarias.

El informe considera los medios mediante los que se pueden activar las comunicaciones y estimular el debate europeo, así como el flujo de información, ya sea mediante una discusión más amplia de las cuestiones europeas en los medios de comunicación nacionales o por medio de un ámbito público europeo. Si bien apoyo el espíritu del informe, algunos puntos y peticiones me parecen quizás excesivos.

 
  
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  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. (EL) Desde la introducción del euro, se ha establecido un conjunto coherente de medidas para proteger la moneda única contra la falsificación, entre las que se incluyen iniciativas legislativas, instrumentos técnicos y cambios institucionales, haciendo hincapié en una estrecha colaboración entre todas las agencias involucradas a nivel nacional y europeo. Según respondió a mi pregunta (E-0107/10), la Comisión toma nota de que el número de monedas falsas aún es extremadamente bajo, no representa más del 0,2 por mil de todas las monedas en circulación. Además, el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1338/2001 estipula que los datos técnicos y estadísticos relacionados con los billetes y monedas falsos descubiertos en los Estados miembros serán recogidos y catalogados por las autoridades nacionales competentes. A pesar de todo ello, la presente propuesta de regulación fortalece aún más los instrumentos para luchar contra la falsificación clarificando los procedimientos para determinar la autenticidad y para gestionar las monedas de euro que no son aptas para la circulación.

Al mismo tiempo, se ha previsto la aplicación de procedimientos conjuntos para que las autoridades nacionales establezcan mecanismos de autenticidad y control respecto a dichos procedimientos. Las propuestas en cuestión fortalecen la acción contra las falsificaciones y, por eso, he votado a favor de las disposiciones pertinentes y el informe en su conjunto.

 
  
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  Robert Rochefort (ALDE), por escrito. (FR) Yo voté a favor del informe Løkkegaard sobre el papel del periodismo y los nuevos medios de comunicación: creación de un verdadero «ámbito público en Europa». Como hemos dicho una y otra vez, se debe estrechar, con carácter urgente, la brecha entre las instituciones europeas y los ciudadanos. Recordemos en este punto el índice de participación tristemente bajo durante las elecciones europeas. Tengamos en cuenta también que todos los indicadores del nivel de confianza de los europeos en la integración europea parecen estar en rojo en este momento. La última encuesta del Eurobarómetro es especialmente reveladora en ese sentido, más de la mitad de los encuestados tienen una imagen negativa respecto a la adhesión de su país a la Unión Europea. Es interesante que, al mismo tiempo, las expectativas sean altas, puesto que más del 80 % afirma que la Unión Europea es la —y subrayo la— solución a los problemas que existen.

Con el objeto de explicar mejor lo que Europa hace, cómo y con qué medios lo hace, y generar así menos decepción, la prioridad debe ser lograr una mejor comunicación y más cobertura informativa de la Unión Europea. No obstante, insisto en que, como se ha destacado en el texto que hemos aprobado, se debe llevar a cabo este ejercicio en un clima de confianza, mostrando respeto por la independencia editorial y la libertad de prensa.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – La mayoría de las enmiendas presentadas por el Grupo Verts/ALE fueron aprobadas en la Comisión de Cultura y Educación, donde se aprobó el informe con 24 votos a favor, 3 en contra y una abstención.

La mayoría de las enmiendas del Grupo Verts/ALE se incluyeron en las enmiendas transaccionales. Así ha ocurrido en el punto 33, que indica que las instituciones de la UE deberían contribuir a descentralizar la comunicación de la UE, llevándola hacia una dimensión local y regional, y en el punto 36, que subraya que se deben examinar soluciones para crear relaciones interparlamentarias entre los parlamentos nacionales o regionales y el Parlamento Europeo.

Hoy teníamos que votar sobre una resolución alternativa propuesta por S&D y apoyada por el PPE y ALDE. El Grupo Verts/ALE apoyó las modificaciones realizadas, de manera que al final hemos respaldado el informe.

 
  
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  Oreste Rossi (EFD), por escrito. (IT) Es acertado intentar explicar a los ciudadanos europeos lo que la Unión Europea y todos sus organismos hacen y a qué obedecen.

Debemos apuntar concretamente a garantizar que los ciudadanos desempeñen un papel central, lo que también supone permitirles elegir a sus representantes. Todavía hoy, los puestos más importantes como el Alto Representante para Asuntos Exteriores, el Presidente de la Comisión y el Presidente del Consejo son nombrados sin ningún tipo de influencia por parte de los ciudadanos. Se ha de alentar a los medios de comunicación nacionales a publicar información sobre las actividades realizadas por los europarlamentarios, que son directamente elegidos por los europeos y que, por tanto, los representan.

 
  
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  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – Yo voté a favor de este informe que propone medios para incrementar la sensibilización de los ciudadanos sobre las políticas y la toma de decisiones de la UE mediante la utilización de varios instrumentos comunicativos disponibles. Como representante electa, creo que es importante para el público poder ver cómo las políticas de la UE afectan a su vida cotidiana, por esa razón he apoyado este informe.

 
  
  

Informe: Slavi Binev (A7-0212/2010, László Surján (A7-0240/2010), Salvatore Iacolino (A7-0209/2010)

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Este informe fue técnico y no conflictivo, y nosotros, los Verdes, lo hemos apoyado.

 
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