15. Libre circulación de trabajadores - Restricciones temporales aplicadas a los ciudadanos rumanos y búlgaros en el mercado de trabajo de la Unión Europea (debate)
Presidente. – El siguiente punto es el debate sobre la pregunta oral a la Comisión sobre la libre circulación de los trabajadores – Restricciones temporales aplicadas a los ciudadanos rumanos y búlgaros en el mercado de trabajo de la Unión Europea, de Rovana Plumb, Iliana Malinova Iotova, Pervenche Berès, Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Gianni Pittella y Jutta Steinruck, en nombre del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo (O-0096/2010 - B7-0455/2010).
Rovana Plumb (S&D). – (RO) Durante su discurso sobre el Estado de la Unión, el Presidente de la Comisión, el señor Barroso, ha subrayado que el empleo en Europa constituía una prioridad.
Además, todos hemos asumido el compromiso de conseguir los objetivos de la estrategia de la Unión Europea para los próximos 10 años de incrementar el nivel de empleo y reducir la pobreza. Hoy, el plenario del Parlamento ha adoptado las orientaciones en materia de empleo y hemos pedido al Consejo que las tenga en cuenta.
Si realmente deseamos conseguir los objetivos a los que nos hemos comprometido, si realmente deseamos que Europa vaya a la cabeza en materia de competitividad y si realmente deseamos una Europa equitativa que garantice el bienestar de sus ciudadanos, debe respetarse el derecho a la libre circulación de trabajadores.
La libre circulación de trabajadores constituye uno de los derechos fundamentales de la UE. Solamente se puede lograr un mercado interior fuerte mediante la total apertura del mercado laboral.
Según la Comunicación de la Comisión de noviembre de 2008, los flujos de movilidad han tenido repercusiones muy positivas sobre el crecimiento económico de la Unión Europea. La movilidad de la mano de obra de Rumanía y Bulgaria ha tenido efectos beneficiosos sobre las economías de los Estados miembros receptores sin afectar significativamente a los salarios y empleos de los ciudadanos de ese país.
La crisis económica ya no puede utilizarse como excusa para imponer y mantener estas restricciones del mercado laboral. Seguir aplicando estas restricciones constituye una medida que está disuadiendo a los trabajadores de Rumanía y Bulgaria de dedicarse a un empleo remunerado dentro de los Estados miembros relevantes. Este factor consigue que los trabajadores eludan los reglamentos legales relacionados con la obligación de obtener un permiso de trabajo, aumentando, por tanto, la incidencia del trabajo ilegal. El resultado directo del trabajo ilegal es el bloqueo del acceso a los derechos que se derivan del sistema europeo para la coordinación de planes de seguridad social.
Rumanía y Bulgaria consideran que, en el marco del actual clima económico europeo, eliminar las barreras que impiden la libre circulación de trabajadores en toda la UE contribuirá enormemente a impulsar la capacidad de la Unión Europea para responder a nuevos retos.
Señor Comisario, quiero formularle la siguiente pregunta porque deseo que esta Comisión Europea sea nuestra aliada y ofrezca una asistencia institucional total: ¿qué medidas tomarán ustedes para alentar a los Estados miembros que todavía aplican estas restricciones a abrir complemente su mercado de trabajo?
John Dalli, Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, la libre circulación de trabajadores es un principio fundamental en la UE. Junto a la libre circulación de mercancías, servicios y capital, constituye un pilar del mercado único y ha contribuido a que la integración europea sea un éxito.
Como bien saben ustedes, durante los primeros siete años de adhesión a la UE de Bulgaria y Rumanía, los trabajadores búlgaros y rumanos no se pueden beneficiar plenamente de la libre circulación de trabajadores. Esto se debe a la aplicación de las disposiciones transitorias en marcha, previstas en los Tratados de Adhesión, que permiten a los otros Estados miembros postergar la aplicación de la legislación de la UE con respecto a la libre circulación de trabajadores búlgaros y rumanos durante un periodo máximo de siete años.
Cuando Bulgaria y Rumanía se incorporaron a la UE en 2007, ya 10 de los 25 Estados miembros decidieron abrir sus mercados laborales a los trabajadores búlgaros y rumanos. Hoy este número se ha incrementado hasta 15 y solamente diez Estados miembros continúan aplicando restricciones. Cabe destacar que, de entre los diez Estados miembros, varios de ellos aplican condiciones o procedimientos menos estrictos en comparación con los vigentes antes de que Bulgaria y Rumanía se unieran a la UE.
Resulta importante tener en cuenta que la decisión en cuanto a la aplicación de las disposiciones transitorias y la restricción del acceso al mercado laboral es responsabilidad exclusiva del Estado miembro afectado. La Comisión no desempeña ningún papel a la hora de poner fin a las restricciones.
Sin embargo, la Comisión está a favor, como cuestión de principios, de aplicar la libre circulación de trabajadores. Además, la Comisión siempre se ha esforzado por garantizar que los Estados miembros que aplican las restricciones lo hagan con arreglo a las condiciones establecidas en el Tratado de Adhesión.
La Comisión también ha puesto de relieve en reiteradas ocasiones que las disposiciones transitorias son, por definición, temporales, y que los Estados miembros deberían abrir gradualmente sus mercados laborales, en lugar de postergar la aplicación de la libre circulación de trabajadores hasta acabar el periodo de siete años.
Los informes de la Comisión de 2006 y 2008 sobre el funcionamiento de las disposiciones transitorias revelan que la movilidad de los trabajadores tras las ampliaciones de 2004 y 2007, ha tenido un efecto positivo en la economía y ha contribuido a cubrir la demanda de trabajadores. Estas conclusiones siguen manteniendo su validez incluso en la crisis económica actual. La Comisión continuará alentando a los Estados miembros a reexaminar su posición en cuanto al acceso al mercado laboral, incluyendo la referencia a las conclusiones de los informes.
No existe información pormenorizada en lo referente al número o situación social de los trabajadores irregulares procedentes de los Estados miembros que se acaban de incorporar recientemente a la UE. Esto se debe precisamente al carácter oculto de su presencia en los Estados miembros en cuestión.
En los informes de 2006 y 2008, la Comisión subrayó que las restricciones a la libre circulación de trabajadores no tienen necesariamente como consecuencia la protección del mercado laboral nacional y pueden demorar los ajustes en este mercado. Es más, las disposiciones transitorias pueden agravar la incidencia del trabajo no declarado. Se ha demostrado que la ampliación ha contribuido a traer hasta la superficie parte de la economía sumergida compuesta por trabajadores no declarados anteriores procedentes de los nuevos Estados miembros.
También hay pruebas muy convincentes de que los trabajadores nacionales de los nuevos Estados miembros poseen empleos no declarados debido a las restricciones a las que se enfrentan al acceder al mercado laboral de los Estados miembros más «antiguos». Esto se corresponde con las conclusiones de que los flujos de movilidad obedecen principalmente a factores relacionados con las condiciones de suministro y demanda, y que las restricciones a la libre circulación de trabajadores retrasan los ajustes del mercado laboral.
La Comisión no pretende elaborar un estudio específico sobre las condiciones de vida y trabajo de la mano de obra irregular de Bulgaria y Rumanía o sobre su repercusión sobre los mercados laborales nacionales, sobre todo por la falta de información y las dificultades que entraña la recopilación de tales datos. Sin embargo, la cuestión de los «trabajadores irregulares» procedentes de Bulgaria y Rumanía quedará cubierta, en la medida de lo posible, en cualquier análisis que la Comisión desarrolle en el futuro acerca del funcionamiento de las disposiciones transitorias en Bulgaria y Rumanía si, según prevén las disposiciones transitorias, uno de los dos países lo solicita. Además, la Comisión continuará fomentando actividades específicas a fin de combatir el trabajo no declarado en cooperación con los Estados miembros.
La Comisión entiende que pueda percibirse como discriminación el hecho de que los trabajadores búlgaros y rumanos todavía se enfrenten a restricciones.
Quisiera subrayar que las disposiciones transitorias en el ámbito de la libre circulación de trabajadores se aplicaron en la mayoría de las adhesiones anteriores. Además, las disposiciones transitorias se aplican no solo a trabajadores búlgaros y rumanos, sino también a trabajadores procedentes de ocho de los diez Estados miembros que se incorporaron a la UE en 2004.
Asimismo, cabe señalar que las disposiciones transitorias actuales ofrecen más flexibilidad a los Estados miembros, permitiéndoles decidir cuándo comenzar a aplicar el Derecho de la UE en la libre circulación de trabajadores durante el periodo de siete años a tenor de la situación de su mercado laboral (las disposiciones transitorias anteriores simplemente postergaban la introducción del Derecho de la UE en la libre circulación de trabajadores durante algunos años).
Sin embargo, la discriminación que perciben los trabajadores búlgaros y rumanos, quienes no pueden trabajar libremente en los diez Estados miembros que todavía aplican restricciones, no constituye discriminación en el sentido legal del término. A pesar de que el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe la discriminación basada en la nacionalidad, lo hace de conformidad con disposiciones específicas contempladas en los otros tratados de la UE. Las disposiciones transitorias establecidas en el Tratado de Adhesión constituyen tales disposiciones.
Restringir temporalmente el acceso al mercado laboral a los trabajadores búlgaros y rumanos sobre la base de disposiciones transitorias no va en contra, por tanto, del Derecho de la UE.
Thomas Mann, en nombre del Grupo PPE. – (DE) Señor Presidente, amparados por la regla del 2+3+2, Alemania y Austria están haciendo pleno uso del periodo de transición de siete años antes de que los trabajadores de los Estados miembros que se incorporaron en 2004 gocen de total libertad de circulación. En el caso de Bulgaria y Rumanía, Alemania también está haciendo uso de la totalidad del periodo permitido durante la segunda fase de 2009 a 2011.
El señor Dalli ha manifestado que hay 10 Estados miembros todavía sujetos a restricciones. Hay una razón válida para esto, porque los Estados miembros han tenido experiencias distintas. Estas restricciones nunca son de carácter discriminatorio —en este sentido, usted ha hecho referencia correcta al artículo 18— y poseen plazos específicos. Tener la oportunidad de acostumbrarse al cambio de forma gradual constituye una elección importante y fundamental a nivel político. Según nuestra experiencia, permitir la libertad de circulación de trabajadores en una fase demasiado temprana expone al mercado laboral a riesgos muy importantes. Esto afecta a diferentes grupos destinatarios, como a personas largamente desempleadas, así como a trabajadores de baja cualificación y, en mi país, por ejemplo, afecta a las regiones de la zona este de Alemania. Tendremos que continuar regulando el acceso al empleo en la UE, como consecuencia de las diferentes experiencias que las distintas zonas han tenido, pero esto conducirá, desde luego, a cambios en el futuro próximo. No obstante, aún no estamos adecuadamente preparados para estos cambios.
Instar a la Comisión a llevar a cabo un estudio de la denominada influencia positiva de los trabajadores ilegales procedentes de Bulgaria y Rumanía, constituye un enfoque totalmente equivocado. Cuando los trabajadores ilegales están infringiendo la ley, no se le puede restar importancia recurriendo a estadísticas, por muy positivas que estas puedan parecer. Sigo estando a favor de los controles estrictos que nos permitan luchar contra el trabajo ilegal. Se lo debemos a aquellas personas que se encuentran contratadas legalmente.
Existe otra tarea importante en la que debemos seguir colaborando y se trata de examinar con detalle la plena libertad de circulación de 2012 en adelante. Esto implica tanto oportunidades como riesgos. Únicamente cuando los diferenciemos y tratemos con hechos y tan solo cuando mantengamos un debate informado y detallado, podremos impedir que la política de salón llegue a esta situación, así como evitar la exclusión y asegurarnos de que no estamos, de repente, trabajando unos contra otros en lugar de unos junto a otros. Esta es la posición del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos).
Ya en diciembre de 2009, pregunté a la Comisión si existía alguna información disponible que se pudiera utilizar sobre los efectos de la plena libertad de circulación para los trabajadores. La respuesta fue que la libre circulación de trabajadores posee un efecto positivo sobre la economía y ningún efecto secundario negativo en el mercado laboral. Lo lamento, señor Dalli, pero no eso no basta. Usted no se encontraba en el cargo en ese momento, pero eso hace aún más importante, si cabe, que su departamento comprenda los temores de los ciudadanos y que contribuya aportando gran cantidad de información al debate que necesitamos mantener sobre el cambio y fundamento a los argumentos en los Estados miembros antiguos y nuevos.
Ivailo Kalfin, en nombre del Grupo S&D. – (BG) Señor Comisario, quisiera que aprovecháramos este debate para instar a los gobiernos de los Estados miembros en los que los ciudadanos búlgaros y rumanos continúan enfrentándose a diversas restricciones en el mercado laboral, a que levanten dichas restricciones tan pronto como sea posible. Las razones para esto no se encuentran únicamente ligadas a los principios de la Unión Europea, uno de los cuales es la libre circulación de personas.
Desde una perspectiva económica, la apertura del mercado laboral asegura mucho valor añadido. Por un lado, porque proporciona una mayor oferta de especialistas en ámbitos en los que no existen candidatos suficientes en el mercado nacional. Puedo facilitarles el ejemplo de los doctores búlgaros y los trabajadores sanitarios que están trabajando en regiones en las que los Estados miembros sencillamente no pueden disponer de su propio personal. Esto genera un problema en las regiones remotas de Bulgaria, pero resuelve los problemas en las regiones de Reino Unido y Francia, por ejemplo. Significa reducir costes y mejorar los servicios públicos ofrecidos a los contribuyentes. En el sector económico, los empleados de los nuevos Estados miembros suelen ser o bien especialistas altamente cualificados que cualquier economía querría tener a su disposición o trabajadores que completan carencias existentes en el mercado laboral, aumentando la competitividad y evitando que las empresas se trasladen fuera de la Unión Europea.
La suposición de que los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea reemplazan a trabajadores locales con bajos salarios es absolutamente infundada y populista. Un ciudadano búlgaro que va a trabajar a otro país necesita dinero y alojamiento para mantener a su familia y enviar a sus hijos a la escuela. También trata de ahorrar dinero con la perspectiva de volver algún día a su casa. A esto se le suma además el problema de la barrera del idioma. Los informes sobre a cambio de qué salario mínimo trabajaría este ciudadano son una leyenda urbana para el consumo nacional. Esto también queda confirmado por los datos de la Comisión Europea, según los cuales la cantidad de trabajadores inmigrantes procedentes de los nuevos Estados miembros ha incrementado de un 0,2 % a un 0,5 % la población de los antiguos Estados miembros tras la ampliación de la Unión Europea. Obviamente no se trata de una ola migratoria. Por otro lado, el problema radica en que existen muchos menos trabajadores inmigrantes procedentes de los Estados miembros que de terceros países.
Las restricciones del mercado laboral no se pueden justificar con argumentos objetivos. El acceso igualitario a los mercados tiene como resultado una transparencia mucho mayor, produce ganancias económicas y posee un efecto beneficioso sobre los sistemas sociales de los Estados miembros. Comisario, esperamos que la Comisión vigile muy de cerca los procesos e informe a los Estados miembros de los beneficios de la apertura del mercado.
Adina-Ioana Vălean, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, estoy un tanto complacida por el hecho de que el señor Barroso anunciara el martes que el desarrollo del mercado único encabeza su agenda. Veinticuatro años después del Acta Única Europea y dieciocho años después de su fecha de finalización prevista, el mercado único todavía no es una realidad completamente desarrollada. Para citar al señor Barroso: «Sólo el 8 % de las 20 millones de PYME europeas se dedican al comercio transfronterizo».
El informe Monti identifica 150 fronteras en el seno de la Unión que impiden la libre circulación de personas, mercancías, capital y servicios. ¡Este denominado «mercado único» a mí me parece más un queso gruyer francés!
El señor Barroso ahora nos está vendiendo la idea de un acta de mercado único y está pidiendo un relanzamiento de la idea europea del señor Delors. Permítanme refrescarnos la memoria con respecto a la historia europea: si deseamos crear un mercado único eficazmente basado en el principio de la libre circulación de personas, mercancías, capitales y servicios; si queremos evitar el nacionalismo económico como revulsivo contra la crisis; y si queremos ser la economía más competitiva e impulsar la competitividad y crear más empleos y crecimiento, entonces, nuestra primera y principal prioridad debería consistir en levantar estas injustificables barreras a la libre circulación de trabajadores impuestas en Rumanía, Bulgaria y los diez nuevos Estados miembros, basadas en miedos irracionales que no han demostrado estar justificados.
La Comisión debe ser sumamente estricta con los Estados miembros que eligen mantener las restricciones transitorias. Estas deberán justificarse basándose en datos económicos sólidos. La presunta vulnerabilidad o las graves alteraciones de los mercados de trabajo nacionales tendrán que demostrarse argumentando cifras racionales y deberán ser examinadas sobre la base de estadísticas y hechos.
Si el señor Barroso desea relanzar el mercado único, en ese caso ha llegado el momento de que actuemos de forma acorde con nuestras palabras. Ha llegado el momento de derribar estas vergonzosas murallas de proteccionismo económico y nacionalismo.
Rui Tavares, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (PT) Esta semana hemos asistido a muchos debates en el Parlamento sobre la libertad de circulación, particularmente de Rumanía y Bulgaria, no solo en lo que concierne al tema de los trabajadores, sino también, ayer, en lo que respecta la cuestión de la minoría Roma o gitana. A menudo nos perdemos en los detalles jurídicos de este asunto y nos olvidamos de que la ley no debería ser más que un marco básico para el espíritu de la Unión Europea, un espíritu que gira en torno a la libertad de circulación.
La ley constituye el umbral mínimo para la libertad de circulación. En la actualidad, los gobiernos de los diversos Estados miembros están recurriendo a la ley como vía para ir en contra del espíritu constitucional de la UE. En el Parlamento, también estamos enredados en el análisis legal, olvidando que somos una Cámara política, no una consultoría jurídica.
Debemos ser los portadores de una visión para Europa y debemos poner más énfasis Al hacer hincapié en que la libertad de circulación constituye el objetivo de la UE. De la misma manera, considero que la Comisión dista mucho de alcanzar este ideal. El papel de la Comisión ha cambiado recientemente. El señor Comisario nos dice que los Estados miembros tienen derecho a imponer restricciones, y que la Comisión no puede hacer nada al respecto. ¡Pero sí puede! La Comisión es el guardián de los tratados y considero que tiene que ser mucho más enfática y apasionada en la defensa de la libertad de circulación. Sabemos que grandes unidades regionales como la de EE .UU. y Brasil, o aquellos de nuestros competidores que, como estos dos países, poseen libre circulación interna, responden mucho mejor a las crisis, porque su población activa puede buscar trabajo allí donde se encuentre. Nosotros, en Europa, hemos tenido dificultad desde el principio para poder reaccionar con rapidez a esta crisis.
Al actuar con egoísmo nacional en este terreno, los Estados miembros se están olvidando del interés público. Cuando actúan así con el mercado de capitales, la Comisión se expresa convincentemente, ¿luego, por qué no puede hacer lo mismo cuando ocurre con la libertad de los trabajadores?
Gerard Batten, en nombre del Grupo EFD. – Señor Presidente, la siguiente pregunta se introduce con una declaración de que la libre circulación de trabajadores resulta beneficiosa para las economías de los Estados miembros y no posee efectos colaterales negativos en sus mercados laborales.
El economista estadounidense, Profesor George Borjas, no está de acuerdo. Él declara que «no existe ganancia con la inmigración si el salario nacional no se ve reducido por ella». En 2003, un estudio publicado por el Gobierno holandés declaró que «el PIB aumentará pero este aumento redundará en gran parte en los inmigrantes en forma de salarios. El beneficio neto global en los ingresos de los residentes posiblemente sea pequeño e incluso podría ser negativo». Un informe de 2008 del Comité Selecto de Asuntos Económicos de la House of Lords expone que «aunque resulta posible en teoría, no hemos encontrado ningún indicio empírico sistemático que sugiera que la inmigración neta genere importantes beneficios dinámicos para la población residente del Reino Unido».
La inmigración descontrolada y sin restricción al Reino Unido ha hecho bajar los salarios de los trabajadores nativos, mientras que los costes de vida han subido por el aumento en la demanda de viviendas. Las personas que se encuentran al final de la escala económica han experimentado esto directamente.
La inmigración masiva de mano de obra barata podría beneficiar a una economía en desarrollo y expansión en un país con enormes reservas de recursos naturales sin explotar, como la América del siglo XIX, pero tendrá el efecto contrario en una economía postindustrial desarrollada como Gran Bretaña, como ha demostrado ser el caso.
Los gobiernos deberían proteger los intereses de sus propios ciudadanos primero y después ayudar a otros países a desarrollar sus economías por medio de la adopción de políticas razonables en materia de comercio internacional, tal y como Gran Bretaña solía hacer antes de que nos incorporáramos a la Unión Europea. Por este motivo, la única política razonable para Gran Bretaña es la del Partido por la Independencia del Reino Unido, que consiste en abandonar la Unión Europea.
Traian Ungureanu (PPE). – Señor Presidente, la actual crisis económica requiere una acción resuelta hacia el eficaz desarrollo del mercado interior. Si no estamos preparados para abrir nuestros mercados, incluyendo el mercado laboral, a todos los ciudadanos europeos, las pérdidas serán mayores que las ganancias. Los estudios recientes llevados a cabo por la Comisión Europea han demostrado que la apertura de nuestro mercado laboral será beneficiosa y que las inquietudes con relación a las pérdidas de empleos por causa de la inmigración laboral están totalmente infundadas.
Este tipo de alarmismo ha demostrado ser incorrecto una y otra vez. En 2006, expertos británicos calcularon que 300 000 rumanos entrarían en tropel en Gran Bretaña en búsqueda de empleos. Aún están buscándoles. No ha ocurrido nada parecido. La verdad es que no existe motivo racional para mantener la barrera laboral hacia los trabajadores rumanos y búlgaros. La experiencia pasada nos demuestra que los trabajadores procedentes de los Estados miembros del este cubren un vacío en el mercado laboral y aceptan empleos que no se desean o que no quedan completamente cubiertos por la población activa local.
Además, los rumanos y los búlgaros de ningún modo van a llegar a Europa occidental para aprovecharse de su generoso sistema de asistencia social. Tanto Rumanía como Bulgaria tienen unos elevados niveles de matriculación en educación secundaria y superior. Ambos países poseen una población activa resistente y altamente cualificada. Si la UE desea aprovechar plenamente sus recursos en estos tiempos de crisis, debería establecerse una debida confianza política y apertura económica entre los Estados miembros. Para citar al Presidente Barroso en su discurso de hace dos días en esta Cámara, «o nadamos juntos, o nos ahogamos por separado». Parafraseando: o trabajamos juntos, o nos quedamos sin trabajo por separado.
Evgeni Kirilov (S&D). – Señor Presidente, el informe de la Comisión señala claramente que la oferta y la demanda laboral determinan el volumen y la dirección de los trabajadores más bien cualquier tipo de restricciones impuestas sobre el mercado laboral. Es más, afirma que es muy poco probable que se produzcan flujos de inmigración futuros a la UE desde Bulgaria y Rumanía.
Estas restricciones estimulan la creación de malas prácticas, debido a la vulnerabilidad de los trabajadores ilegales, que resultan fácilmente explotables. Como ha dicho el Comisario De Gucht, este flujo de personas no cambiaría si se hiciera oficial, pero como resultado pagarían cotizaciones sociales e impuestos.
Los flujos producidos de forma posterior a la ampliación, procedentes de Bulgaria y Rumanía también se han visto significativamente superados en número por la reciente inmigración procedente de ciudadanos de países no europeos. Obviamente, la no discriminación y la libertad de circulación constituyen derechos fundamentales para cualquier trabajador comunitario, y resulta lamentable que algunos Estados miembros, según señala el informe, hayan decidido incumplir estos principios básicos.
Quisiera destacar algo bastante importante: tolerar una ciudadanía europea de segunda clase pone en tela de juicio la integridad de la Unión en su totalidad.
Antonyia Parvanova (ALDE). – (BG) Señor Comisario, Señorías, cuando hablamos de una Unión Europea única y un mercado europeo único, no podemos respaldar restricciones artificialmente impuestas a todo ciudadano de la Unión Europea que ejercite su derecho garantizado a trabajar en otros Estados miembros sin ser discriminado por su ciudadanía, puesto que constituiría una flagrante violación con respecto a los ciudadanos búlgaros y rumanos que se encuentran en el mercado laboral. En virtud de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debemos impedir que se cree una categoría separada, como también han mencionado el señor Kirilov, dado que no queremos ser ciudadanos de segunda clase de la Unión Europea. Para conseguir esto, debemos levantar las restricciones temporales sobre la libre circulación de trabajadores búlgaros y rumanos.
Teniendo esto presente, pido a la Comisión que proponga medidas concretas a fin de permitir que se realice un progreso significativo encaminado a conseguir que los Estados miembros concedan un mayor acceso a sus mercados laborales a los trabajadores regulares de Bulgaria y Rumanía, sin infringir las disposiciones locales en materia de derecho laboral de los Estados europeos pertinentes.
Los últimos acontecimientos en Europa relacionados con la inmigración de la minoría Roma procedentes de nuestros dos países, que aprovechan la oportunidad de la libertad de circulación para encontrar un futuro mejor, pone claramente de relieve que es momento de que la Comisión actúe. Teniendo en cuenta el probado impacto positivo de la movilidad tras la ampliación de la UE y a fin de asegurar que el mercado interior funcione de modo más eficaz, pido a la Comisión que proponga un paquete de medidas creíbles orientadas a alentar a los Estados miembros a que modifiquen su política en materia de mercado laboral y a que consigan que los gobiernos nacionales asuman el compromiso de no prolongar las actuales restricciones impuestas a los ciudadanos búlgaros y rumanos.
Deseo concluir haciendo hincapié en debe eliminarse cualquier fundamento de discriminación en las relaciones laborales a fin de mantener en marcha la más poderosa fuerza impulsora de la integración europea, es decir, los ciudadanos europeos.
Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). – (FR) Señor Presidente, Francia es, desgraciadamente, uno de los 10 Estados miembros que han impuesto restricciones a la libre circulación de los trabajadores rumanos y búlgaros. Si mi información es correcta, incluso fue Francia quien pidió que las medidas aplicadas en el momento de adhesión de los primeros ocho países de Europa oriental se ampliaran a Rumanía y Bulgaria. Es preciso manifestar que el Gobierno francés en ese momento no difería mucho del que actualmente ocupa el poder y era especialmente receloso de los ciudadanos procedentes de estos dos países. En aquel momento se aprobó una enorme cantidad de legislación a fin de prevenir la entrada de ciudadanos procedentes de esos dos países porque, en lo que concierne a las autoridades francesas, detrás de los rumanos y detrás de los búlgaros, hay ciudadanos romaníes.
Como usted nos ha dicho, señor Comisario, la libertad de circulación constituye un principio fundamental de la UE. En esta Cámara, con frecuencia hablamos de nuestros valores comunes, de nuestro compromiso con los derechos humanos. ¿Por qué entonces, señor Comisario, se trata a hombres y mujeres de forma menos favorable que al capital y a los productos?
Nos dice usted que la movilidad del trabajador posee efectos positivos sobre la economía y que esto sigue siendo cierto incluso en las circunstancias económicas actuales. ¿Por qué entonces, señor Comisario, la Comisión no destina la misma energía que destina a otros ámbitos económicos a convencer a los Estados de que estas restricciones deben eliminarse?
Por último, señor Comisario, usted nos dice: «no son los Estados los que discriminan a estos trabajadores». Como francesa, francamente ahí no puedo estar de acuerdo con usted.
Iliana Ivanova (PPE). – (BG) Señorías, el Parlamento Europeo siempre ha puesto de relieve en su trabajo su función de expresar los intereses de los ciudadanos europeos. Creo que la mayoría de nosotros estará de acuerdo en que la discriminación, cualesquiera sea el motivo, no tiene cabida en el tipo de Unión Europea que queremos ver y en la que deseamos que crezcan nuestros hijos. Las restricciones aplicadas a los trabajadores procedentes de Bulgaria y Rumanía, aunque estén jurídicamente corroboradas por los tratados de adhesión de ambos países, son fundamentalmente discriminatorias sobre la base de la nacionalidad. No podemos hablar de un trato injusto hacia la población romaní mientras, al mismo tiempo, miramos hacia otro lado ante el distinto trato demostrado hacia trabajadores procedentes de dos Estados miembros de pleno derecho de la UE.
Apoyo lo que han dicho Sus Señorías. La investigación y recomendaciones realizadas por la Comisión Europa demuestran realmente que la ampliación de los mercados laborales, ha repercutido positivamente y ha propiciado el desarrollo general del mercado interior único europeo. Sin embargo, el hecho sigue siendo que los 10 Estados miembros continúan manteniendo la restricción del acceso a sus mercados laborales hasta 2013.
Señorías, Europa está en una encrucijada y debemos elegir ahora en qué dirección ir: hacia una mayor o menor integración. Desde mi punto de vista, sin duda solamente existe una dirección: una Europa fuerte y unida. No obstante, este camino también implica que todos nosotros demostremos un claro deseo de respetar los valores europeos fundamentales, lo que significa la libre circulación de personas y trabajadores. Sinceramente, espero que no prevalezca el proteccionismo cuando se preparen las políticas nacionales, porque seremos mucho más fuertes si nos enfrentamos al mundo juntos, que divididos. Quiero pedir a la Comisión, con el apoyo, desde luego, del Parlamento Europeo también, que coopere de verdad de forma más activa y contundente con los países que todavía están imponiendo restricciones para que puedan levantarlas pronto. Creo que también ayudará a la economía europea a recuperarse con más rapidez de la recesión, de manera que podamos mirar directamente a los ojos de nuestros ciudadanos con la conciencia tranquila y decirles que no existe discriminación en la Unión Europea del siglo XXI.
Iliana Malinova Iotova (S&D). – (BG) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, Bulgaria y Rumanía se han enfrentado obviamente a los temores de los europeos a que enormes flujos de trabajadores puedan amenazar sus mercados laborales. Las estadísticas de la Comisión Europea han demostrado que menos del 1 % de los búlgaros están buscando empleo en los antiguos Estados miembros. Incluso con una grave crisis económica y financiera como telón de fondo y con nuevos temores a que se dispare el desempleo, la tendencia no ha cambiado. Los trabajadores evidentemente emigrarían allí donde exista demanda de empleo, pero las cifras denotan que el desempleo alcanza cotas más elevadas en algunos de estos 10 países que en Bulgaria y en Rumanía.
Mantener las restricciones fomenta la economía sumergida y el trabajo no declarado. Me pregunto si son ustedes conscientes de que sólo en los Países Bajos la proporción de búlgaros y rumanos que trabajan en el mercado negro se ha incrementado un 8 %. Los empleadores y los holandeses toleran esta situación porque reduce sus costes. Eso por no mencionar a los temporeros sin contratos de trabajo ni derechos sociales. Las restricciones no resolverán el problema del desempleo en Europa.
Estoy segura, señor Comisario, de que la Comisión Europea dispone de mecanismos para ejercer presión sobre los 10 países a fin de que reconsideren las restricciones que afectan a los trabajadores búlgaros y rumanos. Hizo usted referencia, efectivamente, a los tratados, como corresponde. Sin embargo, no olvidemos que los tratados se firmaron en circunstancias diferentes. Ahora existen nuevas circunstancias, que son conocidas por el nombre de «recesión». Ya es hora de mantener un nuevo debate sobre esta cuestión también en el Consejo, debate que podrían ustedes iniciar. Esperamos que ustedes no solamente sean nuestros aliados, sino que también propongan acciones concretas. Son ustedes el guardián de los tratados de la UE y no deben permitir que se aplique una política de doble rasero a Bulgaria y a Rumanía, independientemente de las inclinaciones que, obviamente, existen y que incluso se están escuchando en esta Cámara.
Renate Weber (ALDE). – Señor Presidente, confieso que estaría más cómodo hablando en mi propio idioma, pero al escuchar la respuesta del señor Comisario, he decidido olvidarme de mis notas preparadas y hablar en inglés. Hago esto en primer lugar porque pienso que al Comisario le gustaría entendernos directamente, en lugar de a través de intérpretes; y en segundo lugar, porque de lo contrario supongo que estaremos escuchando búlgaro y rumano la mayor parte del tiempo durante este último debate esta noche en la Cámara.
Señor Comisario, usted ha mencionado que diversos estudios han demostrado que después de la adhesión de los países procedentes de Europa Oriental y Central, los problemas no residían en los países donde se aceptaba a los trabajadores. De hecho, ha sido todo lo contrario: han tenido realmente un impacto positivo y el PIB aumentó, así que no existe temor a una afluencia de trabajadores procedentes de estos países. El hecho de que usted también mencionara a otros países aparte de Rumanía y Bulgaria es lo que no nos consuela en absoluto. De hecho, ocurre todo lo contrario: demuestra que existe discriminación contra todavía más ciudadanos de la UE.
Tengo que confesar que me ha sorprendido cuando usted ha dicho que eso depende de los Estados miembros. Si no podemos hablar de un mercado único sin mencionar el mercado laboral, y si todos nosotros admitimos que se trata de un derecho fundamental, entonces ¿cómo puede depender de los Estados miembros? Sabemos que la aplicación de los derechos fundamentales forma parte del ámbito de responsabilidad de la Unión Europea, así que el principio de subsidiariedad no se aplica.
Así pues, francamente considero que la Comisión debería hacer mucho más para persuadir a los Estados miembros de que levanten estas restricciones, que desacreditan a la Unión Europea.
Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) La libre circulación de personas constituye uno de los principios fundamentales de la UE. Conseguir el mercado interior se basa en la libre circulación de trabajadores y la movilidad laboral constituye un requisito esencial para la reducción del desempleo en la UE.
La crisis económica no debe emplearse como excusa para continuar imponiendo medidas temporales que restrinjan la libre circulación de trabajadores rumanos y búlgaros. También deseo poner de relieve el hecho de que los Estados miembros deben conceder prioridad a los ciudadanos procedentes de la UE por encima de la mano de obra procedente de países fuera de la UE.
Las actuales barreras que impiden la libre circulación de trabajadores rumanos y búlgaros pueden conducir al trabajo no declarado y al dumping social. Al alzar estas barreras se estará protegiendo por igual tanto a los inmigrantes como a los trabajadores locales.
Habida cuenta de que en los países en los que se aplican estas barreras se han realizado incluso peticiones por parte de la comunidad empresarial para la total apertura del mercado laboral, esto indica que tanto las patronales como los sindicatos se han dado cuenta de que levantar estas barreras significa iguales ingresos por igual trabajo y conocimientos. Sobre todo, significa que cada trabajador, no solo pagará servicios e impuestos, sino que también contribuirá a la seguridad social y al sistema de asistencia sanitaria.
La Unión Europea trata, ante todo, de sus 500 millones de ciudadanos europeos y del respeto de sus derechos. Pido a la Comisión y a los Estados miembros que demuestren la voluntad política necesaria para alzar las barreras que impiden la libre circulación de trabajadores.
Cătălin Sorin Ivan (S&D). – (RO) Esta noche estamos debatiendo una cuestión, una solución y una actitud de la Comisión que encuentro difícil de entender.
La escasez de mano de obra en Europa occidental y el envejecimiento de la población se compensan, por así decirlo, con la mano de obra procedente de Europa oriental. Estas personas son ciudadanos de la Unión Europea que viajan miles de kilómetros para llegar a su destino y trabajan, aunque sólo sea durante un breve periodo, en países occidentales.
Existen trabajos que los ciudadanos españoles, italianos o franceses no quieren desempeñar y que realizan estos trabajadores. En términos prácticos, los problemas de Europa occidental quedan resueltos por los trabajadores que provienen de países de Europa oriental. Sin embargo, resulta difícil comprender la actitud de la Comisión porque estas cuestiones deberían estar reguladas y se deberían respetar los derechos de estos ciudadanos.
En este momento, nadie tiene muy claro cuál es la situación, por ejemplo, en lo referente a las contribuciones realizadas por aquellos que están trabajando en España o Italia tras su regreso a su país de origen.
Corina Creţu (S&D). – (RO) Como ha se ha mencionado en esta Cámara, casi cuatro años después de incorporarnos a la Unión Europea, estamos siendo testigos de esta línea divisoria que representa un desafío no solo para el proyecto de integración, sino también para una realidad resumida en la Recomendación de la Comisión Europea que, tan solo hace dos años, ponía de relieve el positivo impacto de la movilidad del mercado laboral tras la adhesión de Rumanía y Bulgaria.
La libre circulación de trabajadores constituye un principio fundamental y la situación actual únicamente contribuye a confirmar lo absurda que resulta la restricción que se ha impuesto sobre rumanos y búlgaros. La economía europea está notando el impacto del envejecimiento de la población y la escasez de mano de obra en determinadas áreas, lo que convierte, por consiguiente, la inmigración de trabajadores en una solución necesaria.
Al mismo tiempo, hemos debatido la crisis de los romaníes en Francia esta semana, que podría haberse evitado si estos ciudadanos europeos pudieran haber encontrado un empleo y no se les hubiese mantenido marginados, incluidas estas prohibiciones en materia de empleo. Desgraciadamente, en lugar de tratar las causas, algunas personas imaginan que pueden resolver las cosas aplicando medidas policiales a los efectos. Esto demuestra una falta de realismo, decepcionantemente ligada a la hipocresía de la aplicación de un doble rasero.
La prostitución, la mendicidad y el delito también son consecuencias de la pobreza, agravada por la ausencia de oportunidades laborales. La única solución viable radica en un trato equitativo y no discriminatorio para todos los ciudadanos de la Unión Europea.
Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Muchos informes y estadísticas demuestran que la libre circulación de trabajadores resulta beneficiosa para la economía y no posee efectos colaterales serios en los mercados laborales. Personalmente, considero que disponer del mayor grado de libertad de circulación posible, incluyendo la posibilidad de trabajar en otro Estado miembro —lo que se aplica a todas las personas que se hallan dentro de las fronteras interiores de la Unión— constituye un requisito previo esencial para el funcionamiento óptimo y homogéneo del mercado interior.
Teniendo presenta la igualdad de todos los ciudadanos de la Unión Europea, apoyo la apertura de los mercados laborales a la mano de obra procedente de todos los Estados miembros, y por tanto también para los ciudadanos europeos procedentes de Rumanía y Bulgaria, y pido a la Comisión que no permita una prolongación innecesaria de las medidas existentes con respecto a estos trabajadores. Un paso semejante no se correspondería, en mi opinión, con el espíritu y los objetivos del Tratado de la Unión Europea ni el Tratado de Funcionamiento de la UE, o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, legalmente vinculante, que establece claramente en el artículo 45 que todo ciudadano tiene derecho a circular y residir libremente dentro del territorio de los Estados miembros.
Elena Băsescu (PPE). – (RO) Espero sinceramente que las restricciones que impiden el acceso al mercado laboral europeo de los trabajadores rumanos y búlgaros no se mantengan también después de 2011.
No creo que debamos permitir que determinados miedos carentes de justificación económica y social sean políticamente explotados y terminen restringiendo la libre circulación de trabajadores.
La inmigración laboral procedente de los nuevos Estados miembros ha impulsado el crecimiento económico en la UE y ha tenido un impacto limitado sobre los salarios y el desempleo en los mercados desregulados. Por añadidura, durante la crisis los trabajadores móviles se han visto aún más seriamente afectados que los trabajadores de los países receptores, puesto que han sido los primeros en quedar despedidos por reducción de plantilla.
Finalmente, con los debates sobre el problema romaní en Francia como telón de fondo, considero que es necesario llevar a cabo un análisis acerca del nivel de integración de los trabajadores inmigrantes procedentes de los nuevos Estados miembros. También debe vigilarse la adaptación de estos trabajadores a las regulaciones locales allí donde el mercado laboral ha sido desregulado.
Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). – (RO) Resulta absolutamente imperativo que las políticas en materia de libre circulación de los trabajadores de la Unión Europea reconozcan los derechos sociales fundamentales de los ciudadanos europeos y de los ciudadanos que se han incorporado recientemente a la UE, tanto en sus países de origen como en países receptores.
La Unión Europea debe adoptar de forma inmediata un marco común de estándares que regule la admisión de trabajadores procedentes de los nuevos Estados miembros al mercado laboral.
Mientras las políticas sociales no ofrezcan ninguna garantía en estas áreas, a un amplio número de ciudadanos y trabajadores de toda la UE les resultará difícil aceptar cualquier propuesta legislativa orientada a fomentar canales legales que apoyen la libre circulación de trabajadores en Europa.
La Comisión debe hacer respetar de manera uniforme los derechos y obligaciones derivados del estatus de ser un ciudadano de la Unión Europea, tanto en Estados miembros nuevos como viejos. Me estoy refiriendo en este caso al derecho de los trabajadores rumanos y búlgaros a la libertad de circulación.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Las recientes expulsiones colectivas de ciudadanos rumanos y búlgaros llevadas a cabo por el Gobierno francés demuestran las graves consecuencias de las restricciones temporales, que están afectando a los ciudadanos de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea. Aparte de la gravedad del racismo y la xenofobia a nivel de Estado, que está afectando a los ciudadanos romaníes o gitanos de un modo inadmisible, lo que los gobiernos de Francia y de otros Estados miembros de la UE están tratando de ocultar con estas medidas es, también, el fracaso de sus políticas neoliberales, que están provocando desempleo y pobreza.
La cuestión clave aquí, por lo tanto, consiste en determinar si la Comisión Europea, el Consejo y los gobiernos nacionales están preparados para apostar por una política de crecimiento de empleo con derechos y progreso social, que pueda asegurar bienestar para todos y que acabe con la discriminación entre ciudadanos que también son europeos. Ese es el reto al que nos enfrentamos, señor Comisario.
Seán Kelly (PPE). – Señor Presidente, este es un tema interesante. La libertad de circulación debería ser un derecho fundamental para todos los europeos. Muchos trabajadores procedentes de toda la Unión se han beneficiado de esa libertad y muchos países se han beneficiado en consecuencia.
En mi propio país, durante los años del Tigre Celta, nos hemos beneficiado enormemente de la afluencia de mano de obra, especialmente procedente de países orientales. Ellos realizaron una gran contribución y ayudaron a crear el Tigre Celta, pero ahora el Tigre Celta ha muerto y se ve a Irlanda como a un país negativo. Muchas personas están abandonando el país y, en especial, mucha gente joven no puede encontrar empleo.
Considerándolo desde una perspectiva a largo plazo, la única manera de garantizar verdadera libertad de movimiento de trabajadores sería disponer de tasas de remuneración comunes en toda la Unión Europea y de beneficios sociales comunes. Esto queda muy lejos y, especialmente en estos tiempos de recesión, resulta casi ridículo estar hablando sobre ello. En última instancia, esa es la manera de garantizar la situación y de asegurar la libertad que anhelamos alcanzar.
Peter Jahr (PPE). – (DE) Señor Presidente, es cierto que la libre circulación de trabajadores en el seno de la Unión Europea representa un importante indicador del perfeccionamiento interno de la UE. También es cierto que en un futuro próximo, la libre circulación de trabajadores será algo que llegaremos a dar por sentado.
No obstante, allí donde existan diferencias muy importantes entre los niveles de ingresos y, en particular, entre los sistemas regulatorios de los Estados miembros, es necesario que implementemos plazos de transición adecuados. Todo esto se trata de generar confianza entre las personas. Los plazos de transición constituyen medios esenciales para posibilitar que las personas se acerquen más de una forma amistosa. Sin embargo, los plazos de transición tienen una duración determinada. Estamos a favor de esto, pero también necesitamos mantener un debate informado sobre la prolongación de estos periodos.
John Dalli, Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, para concluir, las disposiciones transitorias están ahí para ayudar a los Estados miembros a evitar alteraciones del mercado laboral tras la adhesión de nuevos Estados miembros y no simplemente para postergar la aplicación de la libre circulación de trabajadores a esos nacionales hasta el final del plazo de transición.
Como ha indicado la señora Parvanova, el principal recurso que poseemos son nuestros ciudadanos, y debemos seguir insistiendo en la libre circulación a fin de poder conseguir un mercado único eficaz en el sector laboral.
El señor Kalfin también mencionó a los trabajadores sanitarios como ejemplo de la circulación de trabajadores. Debo decir, en este punto, que estamos viendo cómo los países que están manteniendo estas restricciones están privando furtivamente a los nuevos países de trabajadores sanitarios y esto en ocasiones va en detrimento de los nuevos Estados miembros. Por consiguiente, estoy de acuerdo con el señor Kalfin en que deberíamos instar a los Estados miembros a levantar las restricciones tan pronto como sea posible.
La Comisión no solo continuará vigilando la forma en que los Estados miembros aplican estas disposiciones transitorias, sino que también continuará fomentando actividades específicas a fin de luchar contra el trabajo no declarado en cooperación con los Estados miembros.
Lo que es más importante, continuará alentando a los Estados miembros a volver a examinar sus decisiones relativas a la restricción del acceso al mercado laboral de los trabajadores búlgaros y rumanos a la luz de la situación de sus mercados laborales.
Presidente. –Se cierra el debate.
Ioan Enciu (S&D), por escrito – (RO) El informe de la Comisión de noviembre de 2008 indica que los flujos de movilidad tras la ampliación de la UE en 2007 tuvieron, en conjunto, un impacto positivo. En la actualidad, los Estados miembros que conservan restricciones relativas al acceso al mercado interno de trabajo deberían revisar su posición. Aunque, de acuerdo con las disposiciones transitorias contempladas en el Tratado de Adhesión firmado por Rumanía y Bulgaria, restringir el derecho al trabajo no constituye un acto de discriminación, ahora que ha transcurrido tanto tiempo desde la adhesión, no es normal ni moral que dichas restricciones se mantengan en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia. Es hora de que la Comisión actúe para convencer a los Estados miembros que aún mantienen restricciones de retirarlas. ¿De qué modo podemos explicar a los ciudadanos rumanos y búlgaros de la UE que, en esta Cámara nosotros, como representantes electos, podemos ofrecer igualdad de derechos laborales a todos los inmigrantes legales, pero no podemos hacer nada por ellos? La Comisión y los Estados miembros deben actuar dentro del espíritu de la UE e implementar la libre circulación de sus ciudadanos.
Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), por escrito. – (CS) La libre circulación de trabajadores es una cuestión eternamente peliaguda en la Unión Europea. ¿Por qué debería la Comisión tener que considerar medidas para la apertura del mercado expresamente en el caso de Bulgaria y Rumanía? En medio de la actual crisis económica, seguramente sería mucho mejor encontrar excusas que «justifiquen» la apertura del mercado laboral.
Es un hecho de sobra conocido que todos los denominados nuevos Estados miembros de la UE están poblados por ciudadanos de segunda clase. La pregunta para la Comisión más bien sería: ¿Qué tiene previsto hacer al respecto? Por cierto, en cuanto a la contratación de personal para encargarse de la parte técnica del funcionamiento de las instituciones de la UE, el requisito sigue siendo el dominio de dos de los 11 idiomas de los 15 originales. ¿O se ha cambiado esta norma ahora? Si echamos un vistazo, Señorías, a nuestros pases parlamentarios, todavía vemos —más de seis años después de que la UE se ampliara para incluir a los países de Europa Central— solamente 11 idiomas de los «antiguos» 15. ¿No constituye eso también discriminación en contra de los nuevos Estados miembros? Además, ¿respeta el Tratado de Lisboa y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?