Acta literal de los debates

Jueves 9 de septiembre de 2010 - Estrasburgo

2. Legislar mejor

  Presidente. – (ES) El primer punto es el informe de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre «Legislar mejor» - XV Informe anual de la Comisión Europea de conformidad con el artículo 9 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (2009/2142(INI)).

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ponente. – (PL) Señor Presidente, de conformidad con el principio de subsidiariedad, creamos Derecho comunitario cuando es necesario. Esta legislación debe ser aplicada de manera correcta en los sistemas jurídicos de los Estados miembros, y debe ser clara, transparente y comprensible para los ciudadanos. No obstante, en la práctica las cosas no son tan sencillas. El Derecho comunitario a menudo se considerada confuso, impreciso y con tendencia a dejar demasiados aspectos abiertos a la interpretación.

Los retrasos generales relativos a la transposición del Derecho dieron lugar al artículo 260 del Tratado de Lisboa, una disposición que permite a la Comisión Europea castigar a los Estados miembros por no aplicar el Derecho comunitario de manera adecuada o dentro del plazo establecido. En relación con esto, escuché con gran interés la idea de la «normativa inteligente», que el señor Barroso presentó en sus orientaciones políticas el año pasado. Al tiempo que animo a la Comisión a poner en práctica la agenda de la «normativa inteligente», y aprovechando la oportunidad que supone la presencia hoy aquí del representante de la Comisión, quiero preguntarle qué sucede con esto. ¿Cuál es la actitud de la Comisión ante esta idea? Espero que no se limite a un mero eslogan tecnocrático de moda. Algo más que el señor Barroso prometió fueron las evaluaciones ex post. Coincido en que es necesario seguir de cerca lo que sucede con la legislación comunitaria una vez adoptada. ¿Es aplicada de manera correcta? Y, en caso contrario, ¿cuál es el motivo de los retrasos en su aplicación? ¿Es la nueva legislación algo que los ciudadanos pueden comprender? Si la legislación europea no tiene un efecto beneficioso en la economía, el medio ambiente y la sociedad, todo nuestro trabajo pierde su razón de ser. Lo que explica que formule la siguiente pregunta a la Comisión: ¿qué está sucediendo con las evaluaciones ex post? ¿En qué se diferencian de los mecanismos existentes usados para vigilar la aplicación de la legislación? Otra cuestión más es la de la evaluación del impacto que acompaña la propuesta de una nueva ley.

En repetidas ocasiones, el Parlamento ha llamado la atención sobre el hecho de que la Comisión, cuando propone nuevos actos legislativos, debe llevar a cabo un análisis detallado de su implementación, basándose en datos creíbles.

En el informe, he abordado el problema de las evaluaciones de impacto desde dos puntos de vista: en primer lugar, el contenido, o qué consecuencias de los actos legislativos propuestos debería examinar la Comisión. Hago un llamamiento a la Comisión para dar una importancia especial a la exploración de los efectos sociales de sus iniciativas. En el contexto de una crisis económica, las respuestas a preguntas como cuál es el efecto que tendría una propuesta legislativa concreta sobre el mercado laboral europeo y sobre el empleo en grupos de edad específicos, son particularmente importantes. Creo que este aspecto no ha sido aún objeto de suficiente análisis. Por otra parte, quiero plantear la cuestión de la independencia de las evaluaciones de impacto, que está directamente relacionada con el problema de legislar mejor.

En el informe destaco la necesidad de garantizar una independencia plena y unos recursos adecuados para el organismo que vigila la calidad de las evaluaciones de impacto, y que, como saben, fue creado atendiendo a las peticiones del Parlamento. Me refiero al Comité de Evaluación de Impacto compuesto por los representantes más destacados de la Comisión, y que informa al Presidente de la Comisión.

Al mismo tiempo, soy muy cauteloso en mi enfoque sobre la cuestión de contratar a expertos externos para llevar a cabo las evaluaciones de impacto, porque el Parlamento no está de hecho en condiciones de confirmar su independencia. En el informe también abordo el Programa de Reducción de Cargas Administrativas. La opinión pública a menudo asocia la Unión Europea a una burocracia innecesaria. Por tanto, aplaudo el hecho de que la Comisión planee reducir dichas cargas hasta en un 33 % para 2012. Sin embargo, algunos informes afirman que en algunos casos la exención de las obligaciones administrativas para las empresas ha llevado a una reducción de los estándares, por ejemplo en relación con la seguridad laboral. No debemos llevar a cabo recortes de costes administrativos en perjuicio de una reducción de los estándares sociales en la Unión Europea.

En el informe, también abordo el trabajo del Grupo de Alto Nivel de Partes Implicadas Independientes sobre Cargas Administrativas, dirigido por el señor Stoiber. Creo que el trabajo del Grupo de alto Nivel ha sido muy eficaz hasta la fecha, y aplaudo las noticias de que sus términos de referencia van a ser ampliados hasta 2013. Espero que se mantenga informado al Parlamento sobre cómo evalúa el grupo la realización del Programa para la Reducción de las Cargas Administrativas en el ámbito de la Unión Europea.

Finalmente, quiero referirme a las cuestiones relacionadas a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, y en concreto a cómo serán en la práctica el refuerzo de los contactos con los parlamentos nacionales y la plasmación de las iniciativas ciudadanas. Espero que la cooperación entre los parlamentos no sólo se amplíe a las cuestiones relacionadas con la supervisión del principio de subsidiariedad, sino que también contribuya a una transposición mejorada de la legislación europea. En cuanto a las iniciativas ciudadanas, creo que hay millones de ciudadanos pendientes de que el Parlamento haga pública su posición sobre este tema. Sé que la Comisión de Asuntos Constitucionales está trabajando en esto de manera intensa, y espero que la primera lectura de este documento tenga lugar antes de final de año. Espero que tengamos un debate provechoso.

  Maroš Šefčovič, Vicepresidente de la Comisión. − Señor Presidente, permítame comenzar dando las gracias a la señora Geringer de Oedenberg por su excelente informe. De mis comentarios iniciales se desprenderá que la Comisión está completamente de acuerdo con la mayor parte del documento. Agradecemos enormemente el trabajo y el gran énfasis que el Parlamento Europeo ha puesto en la normativa inteligente, porque está claro que se trata del camino a seguir.

Me complace mucho anunciarles hoy que el martes la Comisión adoptó las últimas medidas para retirar 59 propuestas pendientes que figuraban en los programas de trabajo de 2010, propuestas que no llevaremos a cabo pues entendemos que están obsoletas o que han superado su propósito inicial. De este modo también cumplimos el compromiso que adquirimos en nuestras negociaciones del acuerdo marco.

Por otra parte, les confirmo que la Comisión adoptará una comunicación sobre normativa inteligente el 6 de octubre, así como el informe anual sobre legislar mejor, en el que trataremos de manera detallada la cuestión de la subsidiariedad. Considero que esos documentos abordarán en profundidad los puntos planteados por la señora Geringer de Oedenberg en su informe, por lo que voy a limitarme a algunos puntos fundamentales.

El primero, en el que creo que todos estamos de acuerdo, y la crisis financiera es una muestra evidente de ello, es que la normativa tiene una función necesaria y positiva en lo tocante a garantizar que los mercados nos procuran a todos una prosperidad sostenible. Al mismo tiempo, coincido plenamente con la señora Geringer de Oedenberg en que debemos ser muy cuidadosos, y especialmente las PYME, con las cargas administrativas innecesarios. Estamos esforzándonos al máximo para reducir las cargas administrativas en la legislación vigente y también en la que tenemos en preparación.

Vamos a trabajar muy en serio para trabajar en las cuatro actividades relacionadas con la normativa inteligente. Vamos a seguir adelante con las evaluaciones de impacto. Vamos a hacer todo lo posible para mejorar aún más la calidad. Vamos a simplificar la legislación que ya está en vigor. Vamos a mantener nuestros esfuerzos para reducir las cargas administrativas para las empresas, y también vamos a evaluar las normativas que ya están en vigor con el objetivo de comprobar qué grado de eficacia tiene esa legislación.

Debo decir que existen algunos desacuerdos y me limitaré a dos cuestiones. La primera tiene que ver con el organismo independiente responsable ante el Parlamento. Nos satisface que las evaluaciones de impacto estén siendo realizadas dentro de la Comisión. Esta, como saben muy bien, responde ante el parlamento Europeo, por lo que este es el organismo legislador que en última instancia controla la calidad de la legislación.

La segunda cuestión es la refundición. Saben que los intercambios de opinión entre la Comisión y el Parlamento aparecen reflejados en el cruce de cartas entre nuestros presidentes, en las que vemos que la situación actual que se genera tras los cambios en el Reglamento del Parlamento Europeo ha planteado dudas sobre el uso de la técnica de refundición. A la larga, si esta situación persiste, el uso de la refundición para las iniciativas de simplificación y para modificar la legislación existente ya no tendrá sentido.

De otra manera, creo que hemos alcanzado un acuerdo muy sólido sobre otras cuestiones, y nuestro objetivo mutuo es legislar inteligente y eficazmente, de una manera que resulte positiva para los ciudadanos y para nuestra actividad.

  Tadeusz Zwiefka, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. – (PL) Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la ponente y darle las gracias por el trabajo excelente realizado durante la preparación de este informe. También me satisface que mi opinión, preparada en la Comisión de Asuntos Constitucionales, haya sido incorporada ampliamente a la versión final de este documento. Durante los años de funcionamiento de las Comunidades Europeas, primero, y posteriormente de la Unión Europea, hemos aprendido que una normativa comunitaria única para todos los Estados miembros resulta más eficaz en el mundo de la libre circulación de bienes, servicios y personas que la legislación a escala de los veintisiete Estados miembros, intrincada y con frecuencia extremadamente complicada.

Sin embargo la legislación nueva y existente no debe crear obstáculos adicionales para los ciudadanos que recurren a ella. Debe regular áreas de la vida, pero no impedir la actuación. La idea básica es simplificar la legislación comunitaria y crear un entorno normativo amigable cuyo objetivo es facilitar las cosas a los ciudadanos en la jungla normativa europea. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia debe esto llevar a la reducción de los estándares existentes en este ámbito; sino que por el contrario debe conseguir que esos estándares mejoren. El informe de este año se centra en una serie de cambios que el Tratado de Lisboa ha traído a la Unión, los cuales van a tener un efecto significativo en todo el proceso de legislación europea.

El incremento de las funciones del Parlamento Europeo, así como la iniciativa legislativa europea y las futuras reducciones de las cargas administrativas para las pequeñas y medianas empresas centrarán la atención de los ciudadanos europeos, de una manera natural, en el proceso en sí y en su calidad y eficacia. Por supuesto, la creciente participación del Parlamento en el proceso legislativo comunitario conlleva una responsabilidad mayor. Por tanto, los ciudadanos percibirán al Parlamento como una institución que tiene una influencia real en la legislación que es creada y, en consecuencia, observarán con mayor atención nuestro trabajo como europarlamentarios. Así pues, otra cuestión importante es la de garantizar unas evaluaciones de impacto independientes y exhaustivas. En la Comisión tenemos una visión del asunto que difiere en este aspecto de la de la ponente. Sin embargo, lo que todos queremos es tener a nuestra disposición una base objetiva y fiable que nos permita trazar nuestro rumbo y tomar decisiones sobre la legislación futura. También debemos recordar que una legislación buena es una de las garantías de la implementación eficaz y de la subsiguiente aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario en los Estados miembros, algo que por desgracia sigue siendo un problema bastante grave en toda la Unión Europea.

  Raffaele Baldassarre, en nombre del Grupo PPE. – (IT) Señor Presidente, Señorías, el informe de la señora Geringer de Oedenberg destaca un aspecto fundamental para el proceso de integración de la UE: la necesidad de promulgar leyes más sencillas y más claras que los ciudadanos europeos puedan entender.

No puedo por menos que estar de acuerdo con los objetivos claves señalados por la ponente, en especial el respecto por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y con la importancia concedida a las evaluaciones de impacto y a la reducción de cargas administrativas.

Con respecto a las evaluaciones de impacto, deseo poner de manifiesto que la Comisión de Asuntos Jurídicos está trabajando de manera activa para que la Comisión Europea pueda desarrollar unos mecanismos que ofrezcan garantías y que aseguren la independencia de los análisis llevados a cabo. Este es un asunto fundamental: garantizar unos estándares más elevados para la imparcialidad de las evaluaciones otorgaría una mayor credibilidad a las propuestas legislativas de la UE, y simplificaría el proceso para su adopción.

Además, considero vital trabajar hacia una reducción nítida de las cargas administrativas derivadas de la legislación de la UE. La Comisión Europea pretende reducir esas cargas en un 25 % para 2012, lo que acarrearía un crecimiento del PIB de la UE en un 1,4 %, lo que equivaldría a 150 000 millones de euros.

Una parte sustancial de las cargas administrativas de la UE se debe, de hecho, a la ineficiencia y a la ineficacia de los procedimientos administrativos puestos en práctica a escala nacional. Por ejemplo: 72 actos legislativos de la UE han impuesto 486 obligaciones de informar, que a su vez han llevado a la adopción en los Estados miembros de más de 10 000 actos de ejecución

Pese a que por un lado es necesaria una mayor supervisión durante la transposición del Derecho comunitario, por otra parte resulta esencial que se produzca la colaboración del Consejo y de los Estados miembros individuales.

Para terminar, creo que, dejando de lado los asuntos referentes al principio de subsidiariedad, una colaboración más estrecha con los parlamentos nacionales puede suponer una contribución decisiva para hacer más eficaz la legislación comunitaria y, en última instancia, para acercarlas a las necesidades de los ciudadanos de la UE.

  Evelyn Regner, en nombre del Grupo S&D. – (DE) Señor Presidente, nuestra ponente, la señora Geringer de Oedenberg, ha presentado un informe ambicioso. Si todas las personas implicadas en el proceso de creación de la legislación europea se atienen a él, será mucho lo que habremos conseguido. En última instancia, trata sobre la credibilidad del Derecho europeo. La intención es mejorar significativamente el entorno normativo. Se trata de obtener una transparencia, una coherencia y una eficacia mayores del Derecho comunitario.

Dos elementos del informe adquieren una importancia particular. La simplificación del Derecho —legislar mejor— no debe conducir a un descenso de los estándares europeos establecidos en la legislación actual. A este respecto, el hecho de legislar mejor debe ser considerado en asociación con otra iniciativa, la de la normativa inteligente o mejor. Cada iniciativa legislativa debería incluir una consulta adecuada a las partes interesadas, en especial si va a tener efecto en las políticas de empleo o sociales.

Además, en mi opinión, que es la misma de todos quienes han trabajado en este informe, resulta de particular importancia contar con un sistema de evaluaciones de impacto excelente. Necesitamos un sistema que garantice la independencia y la credibilidad de las medidas aplicadas. Después de todo, en el pasado hemos tenido experiencias muy desagradables. Recuerdo la Directiva de Servicios y la evaluación unilateral de impacto que se realizó en aquel momento, particularmente por parte de la Comisión.

El Tratado de Lisboa contiene una cláusula social horizontal. A mi modo de ver, esto es también la base para el hecho de que, en el sistema de evaluaciones de impacto, prestemos una atención especial —como ya he mencionado anteriormente— a asegurarnos de que se realiza una consulta meticulosa a los agentes sociales con respecto al impacto en el ámbito del empleo y de los asuntos sociales.

  Alexandra Thein, en nombre del Grupo ALDE. – (DE) Señor Presidente, ¿qué significa legislar mejor? Queremos promulgar leyes sencillas y transparentes que puedan ser entendidas por los ciudadanos y las empresas de la UE. A este respecto, es importante que por encima de todo respetemos los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Queremos establecer normativas a escala europea sólo para aquellos aspectos que no puedan ser regulados a escala nacional o local.

Un elemento importante de legislar mejor es, por encima de todo, tener una idea clara del impacto de las normativas planeadas. Sólo así podemos obtener los mejores efectos a nuestro alcance y, al mismo tiempo, minimizar cualquier posible impacto negativo. Por tanto, la evaluación de impacto debe ser preparada por la Comisión con la mayor meticulosidad posible. Así pues, me parece correcto que, bajo presión del Parlamento Europeo, se crease un comité independiente para supervisar la calidad de las evaluaciones de impacto. Sin embargo, este comité debe responder ante al Parlamento Europeo.

Para las empresas, las autoridades y los ciudadanos, las normativas se asocian a costes, tanto si es en relación con proporcionar información, etiquetar productos o ajustarse a las obligaciones de supervisión. Si los costes son demasiado altos, la utilidad de una política queda anulada. Por tanto debemos plantearnos el objetivo ambicioso, que al mismo tiempo es correcto, de reducir los costes administrativos disminuyendo la burocracia en un 25 % para 2012. Con el fin de alcanzar este objetivo, necesitamos actuar a escala europea, y las posibilidades de lograrlo son elevadas. Con todo, aquí también debemos señalar que un cerca de una tercera parte —algunos hablan de dos tercios— de las cargas administrativas que se derivan de la UE se debe al hecho de que los Estados miembros sencillamente promulgan demasiadas normativas administrativas y burocráticas al transponer el Derecho comunitario. Los organismos y los Estados miembros de la UE deben así trabajar juntos de manera activa para evitar la burocracia innecesaria. La transposición del Derecho comunitario también debe ser examinada profunda y activamente. Ante todo, los parlamentos nacionales deben cumplir asimismo su obligación de implicarse de conformidad con el Tratado de Lisboa.

  Eva Lichtenberger, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, si veintisiete sistemas jurídicos colisionan entre sí y pretenden trabajar juntos, lo único que se puede esperar es que haya dificultades. Por eso se producen tantas críticas en torno a la legislación comunitaria, a las que debemos responder. Esta respuesta debe incluir elementos esenciales, como unas evaluaciones de impacto que sean genuinamente independientes y que tengan en cuenta a todas las partes interesadas, no sólo a la economía, la industria y los grupos de presión. Considero que esto es de vital importancia.

La segunda cuestión, y esto ha sido objeto de una crítica particularmente feroz, es la implementación del Derecho comunitario a escala nacional. Se han registrado muchas dificultades precisamente en esta fase de la transposición, o tal vez de la falta de transposición, del Derecho comunitario en legislación nacional. Por tanto, es aquí, en especial, en esta fase de transposición, donde debemos registrar nuevas mejoras y responder a las preocupaciones de los ciudadanos de manera eficaz, transparente y clara. Las quejas de los ciudadanos suponen el mejor impulso para la innovación en el Derecho comunitario.

  Sajjad Karim, en nombre del Grupo ECR. – Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a mi colega la ponente por su informe y por todo lo que ha incluido en él.

El hecho de legislar mejor es un reto de vital importancia para el futuro de una UE que sea competente para los ciudadanos de nuestros Estados miembros. Sin embargo y por desgracia, gran parte de la legislación que promulgamos en esta Cámara queda anulada en primer lugar por u n gran número de normativas completamente innecesarias que se mantienen en nuestros códigos civiles y por las cargas administrativas que soporta la columna vertebral de nuestra economía, esto es, las pyme. Me complace comprobar que la Comisión ha reconocido esto hoy en esta Cámara. En segundo lugar, hay algunas iniciativas absolutamente disparatadas que con las que la Comisión suele presentarse ante nosotros de vez en cuando, lo que tan sólo sirve para hacer que nuestro trabajo real sea ignorado y para que esas ideas alocadas sean desechadas con toda razón.

No obstante, dejando atrás el Tratado de Lisboa, es importante que nos concentremos en muchas de las cuestiones planteadas por mi colega. En primer lugar, como ponente permanente sobre supervisión de la subsidiariedad y la proporcionalidad, y diré que en efecto es muy importante que nuestros parlamentos nacionales desempeñen la función que les corresponde en el proceso de legislación, aunque sin los servicios de traducción adecuados, esa parte de nuestro trabajo no puede ser realizada de la mejor manera posible.

Aplaudo el desarrollo de las evaluaciones de impacto. La consulta con todas las partes interesadas y la adecuación con la subsidiariedad también deben ser comprobadas. Aplaudo la petición del informe de que se establezca una normativa inteligente. Las evaluaciones de impacto deben ser presentadas al comité en un primer momento, de manera que el Parlamento pueda compartir su opinión con la Comisión antes de que se lleve a cabo una evaluación

En pocas palabras, mi grupo apoya el hecho de que sigamos avanzando apoyándonos en las bases siguientes: las instituciones europeas deben respetar los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad; todos los proyectos de ley deben incluir razones para llegar a la conclusión de que este nivel es el mejor que podemos presentar con esa normativa; todas las propuestas legislativas deben ir acompañadas por una evaluación de impacto con un alto grado de independencia, la Comisión debe presentar todas las evaluaciones de impacto al comité ya en un primer momento; y debemos asegurarnos de que las decisiones son adoptadas de la manera más cercana posible al ciudadano.

  Morten Messerschmidt, en nombre del Grupo EFD. – (DA) Señor Presidente, mi agradecimiento a la ponente por un trabajo excelente que contiene muchos puntos importantes. Estoy especialmente agradecido por el hecho de que se haya prestado mucha atención a los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Por desgracia hemos de lamentar el hecho de que con lo que la Comisión propone no se cumplirán, ni tan siquiera remotamente, las intenciones establecidas por el Tratado de Lisboa. Resulta lamentable ver que el artículo entero sobre el control parlamentario nacional, directamente relacionado con el principio de proporcionalidad, haya sido retirado; y también es lamentable que con el Tratado de Lisboa no hayamos ido hasta el final, haciendo posible que si una mayoría significativa de los parlamentos desea paralizar un documento legislativo porque vulnera el principio de subsidiariedad, por supuesto debe tener la oportunidad de hacerlo. Lo único que hemos sido capaces de producir son tarjetas amarillas y naranjas, algo que en realidad es completamente ineficaz y que, en lo que respecta a la soberanía y a la autonomía de los parlamentos nacionales, se antoja más una broma que un instrumento jurídico.

Esto es lamentable, pero creo que resulta gratificante que hayamos iniciado este debate, que nos hayamos centrado en estos elementos importantes y que, a lo largo del proceso al que acaba de dar comienzo la Comisión, podamos llegar a una situación en la que los Estados miembros sean tratados con auténtico respeto y en la que no nos limitemos a señalar que se ha producido una violación de principio de subsidiariedad, sino que nos detengamos y pensemos que, en tal caso, es preciso encontrar otra vía.

  Dimitar Stoyanov (NI). – (BG) Quiero continuar con los puntos mencionados por los dos colegas que han intervenido antes que yo, especialmente en los tocantes a los poderes nuevos que los parlamentos nacionales han recibido en virtud del Tratado de Lisboa para intervenir cuando piensen que un acto concreto no respecta específicamente el principio de subsidiariedad. Este fue uno de los aspectos positivos del Tratado de Lisboa y obtuvo una publicidad significativa. Sin embargo, ha llegado la hora de que comprobemos si se trataba de una mera concesión populista dirigida a obtener el apoyo del gran público para el Tratado de Lisboa.

Si realmente ha sido honesto cuando ha dicho que los parlamentos nacionales deben desempeñar su función a la hora de determinar si un acto concreto respeta el principio de subsidiariedad, se debe redactar de inmediato un procedimiento que permita a los parlamentos nacionales unir sus fuerzas y emprender una acción conjunta. Por eso el requisito de los dos tercios de los parlamentos nacionales para adoptar una decisión contra un acto determinado porque no se ajusta a la subsidiariedad significa que se exige una mayoría bastante considerable. En estos momentos, con el fin de garantizar que este principio realmente puede ser aplicado, es verdaderamente preciso crear un procedimiento uniforme al que deberán ajustarse todos los parlamentos nacionales. Solamente entonces será verdaderamente posible aplicar esta normativa. Por este motivo pido a la Presidencia belga, que será la anfitriona de la COSAC (Conferencia de Organismos Especializados en Asuntos Comunitarios) de los parlamentos nacionales, que adopte las medidas necesarias en este sentido.

  Antonio Masip Hidalgo (S&D). – (ES) Señor Presidente, este es un tema sobre el que de forma cansina y recurrente, de una u otra manera, venimos perorando año tras año. Y recuerdo el esfuerzo que ya hicieron Monica Frassoni y Medina Ortega en legislaturas anteriores.

Pero yo creo que del informe de Lidia Geringer —que está estupendamente y la felicito por ello—, lo que hay que tomar no sólo es la letra —que es muy importante— y los objetivos, sino también el espíritu con el que está hecho este informe, que debe impregnar a todos los actores de la Unión Europea. De lo contrario, caeremos otra vez de nuevo en esa recurrente y cansina peroración sobre lo que está ocurriendo y lo mal que están ocurriendo algunas cosas.

Por eso hoy yo creo que las palabras del Comisario no solo demuestran voluntarismo, sino que tienen credibilidad. Yo le creo, señor Comisario, y creo que de este informe y de su esfuerzo se pueden sacar muchos beneficios para esos objetivos del 25 %, y otros que están en el informe muy bien escritos, y muy bien inscritos dentro de ese espíritu.

  Martin Ehrenhauser (NI). – (DE) Señor Presidente, quiero decir unas palabras sobre el principio de subsidiariedad. Por supuesto, como cuestión de principios, es preciso que las políticas sean llevadas a cabo a escala regional o local. Sólo en ese ámbito las políticas son verdaderamente comprensibles para los ciudadanos, y ese instrumento importante de democracia directa sólo puede ser aplicado de manera adecuada a esta escala. De eso trata en esencia el principio de subsidiariedad y precisamente también por eso este principio plantea el requisito del dictamen motivado. De este modo, debemos aportar argumentos basados en indicadores cuantitativos y cualitativos para que una política sea llevada a cabo a escala de la UE y no en el ámbito local.

Sin embargo, actualmente sucede —y es algo a lo que quiero referirme— que este mismo requisito del dictamen motivado es ignorado de manera continua. En algunos casos es posible encontrar información en el informe de la Comisión para indicar que estas tareas han sido ejecutadas a escala nacional. Así, se presentan argumentos insuficientes para indicar por qué es mejor llevar a cabo esta normativa a escala de la UE.

En mi opinión, el derecho a controlar la subsidiariedad que acaba de ser introducido con el Tratado de Lisboa es poco adecuado; los parlamentos nacionales no tienen poder suficiente y en última instancia este derecho de control es una farsa. Por tanto pido a la Comisión en particular que proceda de un modo mucho más riguroso de acuerdo con el principio de subsidiariedad y, por encima de todo, que se ajuste adecuadamente al requisito del dictamen motivado.

  Edvard Kožušník (ECR). – (CS) Doy las gracias a la ponente por un informe de calidad. Permítanme realizar algunos comentarios sobre él. En los últimos años, la Comisión ha adoptado una serie de medidas que llevan a la mejora de la normativa jurídica, y personalmente estoy francamente a favor de esto. Incluso a pesar del hecho de que veo, con mis propios ojos, que no siempre funciona como sería deseable. En ocasiones tengo la sensación en esta venerable institución de que el hemisferio derecho ve el contenido de «legislar mejor» de manera por completo diferente a como lo hace el hemisferio izquierdo. También quiero referirme a los resultados del trabajo del Grupo de Alto Nivel de Partes Implicadas Independientes sobre Cargas Administrativas, dirigido por el señor Stoiber.

Estoy en desacuerdo con el informe en un aspecto: con la petición de incrementar el número de empleados del Comité de Evaluaciones de Impacto. En mi opinión, sería mejor pensar cómo ayudar al Comité en este asunto. Por ejemplo, dentro del marco de las capacidades actuales aquí en el Parlamento Europeo, podríamos crear un comité para la retirada de las cargas administrativas que, en el ámbito de su actividad, juzgaría las evaluaciones de impacto, del mismo modo que evaluaría la reducción de las cargas administrativas de las normas jurídicas propuestas. La actividad de este comité aliviaría la difícil tarea de la Comisión, sin que esto repercutiera en los gastos de funcionamiento del Parlamento.

  Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Quiero felicitar a la ponente y asimismo dar las gracias al señor Comisario por su apoyo. Como resultado del Tratado de Lisboa, ha dado comienzo una nueva era para la cooperación europea, y para el Parlamento. Nuestra función ha ganado en importancia, pero esto implica un incremento de la responsabilidad. Es fundamental aprovechar al máximo cada oportunidad de efectuar recomendaciones para mejorar la calidad de la legislación. Los puntos del informe que piden una inclusión más eficaz de las pyme en las evaluaciones de impacto son de especial relevancia. El apoyo a las empresas implica la disposición de un marco normativo razonable y de una administración sencilla. En cuanto a los resúmenes de las evaluaciones de impacto, ayudan al Parlamento en su trabajo. La legislación de la UE va en la dirección correcta, otorgando una importancia especial a la cooperación eficaz entre las instituciones y los parlamentos nacionales. Nuestra resolución aprobada en febrero garantiza una información legislativa exhaustiva y equitativa para el Parlamento Europeo.

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Señor Presidente, señor Comisario, queremos legislar mejor, pero el protocolo de subsidiariedad no funciona: no se ha hecho realidad la participación de los Parlamentos regionales ni la de los estatales.

Desde que entró en funcionamiento el Tratado, la Comisión –según sus propios datos— ha remitido 26 iniciativas legislativas a los Parlamentos estatales de los 27 Estados miembros que tenemos en la Unión. Sin embargo, solamente se han recibido 52 respuestas de las 702 posibles (algo más del 7 %).

De los 52 dictámenes recibidos, 10 son austríacos; 2 del Senado checo; 1 del Congreso español; 1 del Senado francés; 18 del Senado de la República Italiana; 3 de la Cámara de los Diputados italiana; 2 del Senado polaco; y 15 de la Asamblea de la República Portuguesa.

La Comisión, además, no tiene ninguna información de la implicación de los Parlamentos regionales en la elaboración y adopción de estos dictámenes, posibilidad que está recogida en el propio Tratado de Lisboa.

  Alfreds Rubiks (GUE/NGL) . – (LV) Gracias, señor Presidente. En general, me complace apoyar el contenido del informe, ya que, si el Parlamento y la Unión Europea como tales defienden la observancia de los derechos humanos y de los derechos de los ciudadanos fuera de la Unión Europea, es aún más importante que hagamos lo propio con respecto a nosotros mismos. En mi opinión, a menudo se produce una falta de supervisión del modo en que estos documentos para toda Europa, incluidos aquellos pertenecientes al ámbito de los derechos humanos son aplicados en la práctica. Voy a referirme a un solo hecho. En Letonia, país al que represento aquí, las elecciones al Parlamento se celebran el 2 de octubre. El derecho de voto en estos comicios va a ser negado a más de...

(El Presidente retira la palabra al orador, ya que ha excedido el tiempo asignado.)

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) A modo de introducción, me gustaría aplaudir el hecho de que la Comisión Europea, junto con las comisiones pertinentes del Parlamento Europeo —la Comisión de Asuntos Jurídicos y a la Comisión de Asuntos Constitucionales— han advertido que el entorno jurídico de la Unión Europea es tremendamente complejo, en muchas ocasiones hasta el extremo de resultar opaco, y que es necesario adoptar medidas radicales para mejorarlo y simplificarlo. Soy consciente de la naturaleza exigente de esta tarea, toda vez que las diferencias entre los sistemas administrativos y judiciales de los distintos Estados miembros crean estructuras altamente heterogéneas y frecuentemente incompatibles. Sin embargo, esta situación no debe perjudicar en modo alguno la seguridad jurídica para nuestros ciudadanos, o interferir con su derecho a una resolución justa y competente de sus problemas.

En beneficio de una mejor comprensión de la interdependencia de los entornos jurídicos europeos y nacionales, la Unión Europea debe hacer un esfuerzo mayor para garantizar que el proceso de creación de leyes y la subsiguiente implementación de reglamentos y normativas sea sencilla, transparente e inteligible para los ciudadanos de todos los países de la Unión Europea.

Otra tarea importante es garantizar también la creación de redes de instituciones acreditadas de alta calidad, la formación especializada de expertos, etc.

  Andrew Henry William Brons (NI). - Señor Presidente, el proceso legislativo tal y como es llevado a cabo por este Parlamento parece estar diseñado para evitar que los diputados individuales juzguen de manera individual.

Las propuestas y las enmiendas legislativas son reescritas o reasignadas a lotes de enmiendas o divididas de nuevo en el último momento. Los diputados de los grandes grupos parlamentarios que desean obedecer de manera irreflexiva no necesitan preocuparse por esto, porque siguen ciegamente las instrucciones de los líderes de sus partidos o grupos.

Sin embargo, los diputados al Parlamento de mente independiente, tanto de grupos grandes como pequeños, que desean realizar un juicio independiente antes de votar en ocasiones deben decidir entre asistir a un debate durante la mañana que precede a la votación y dejar los juicios cruciales a sus ayudantes, o bien ausentarse de dichos debates para poder adoptar una decisión personal.

Este no es el modo de dirigir una institución democrática.

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE). – (PL) Señor Presidente, quiero felicitar a la ponente por su informe. Este documento destaca muy acertadamente la importancia vital de promulgar leyes más sencillas y claras que los ciudadanos de la UE puedan comprender. Sin embargo, pese a que apelamos a esto, nosotros aquí en el Parlamento Europeo preparamos informes, declaraciones y resoluciones en un lenguaje que es muy complicado y difícil de entender por parte de los ciudadanos ordinarios. Muchos de los documentos que preparamos están redactados en el lenguaje indescifrable del Derecho. Lo mismo sucede con las resoluciones, en las que ofrecemos información a terceros países sobre nuestros valores y hablamos sobre violaciones de los derechos humanos, y que están redactadas en este tipo de lenguaje. Por tanto, creo que el Parlamento debería adherirse a la «Clear Writing Campaign» (campaña por una escritura clara), una iniciativa de la Comisión que enseña a preparar documentos redactados de manera clara.

  Anna Záborská (PPE). – (SK) He seguido este debate tan importante e interesante desde mi despacho y quiero dar las gracias tanto a la señora Geringer de Oedenberg como a usted, señor Vicepresidente de la Comisión Europea. Creo que es algo muy positivo que la Comisión Europea haya creado un grupo de alto nivel que guiará a la Comisión Europea en lo relativo a la reducción de la burocracia.

Cada país tiene su cultura propia, pero el hecho de que haya usted elegido como Presidente de ese grupo de alto nivel a mi colega alemán el señor Stoiber es una noticia excelente, porque precisamente Alemania puede proporcionar un ejemplo de recorte de burocracia en una política que se aplica tanto a escala nacional como europea.

  Maroš Šefčovič, Vicepresidente de la Comisión. − Señor Presidente, intentaré contestar tantas preguntas como pueda en el tiempo concedido, pero primero quiero dar las gracias a todos los diputados al Parlamento Europeo por su compromiso claro y fuerte con una normativa más inteligente y mejor. Pienso que es lo que la Unión Europea y nuestros Estados miembros necesitan. Asimismo quiero dar las gracias a la ponente por destacar la importancia de trabajar con las evaluaciones de impacto que son preparadas para la Comisión.

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor ha sentado unos precedentes muy positivos, y esperamos que otras comisiones también trabajen de una manera tan regular y detallada con nuestras evaluaciones de impacto como esta comisión. Por supuesto, trataremos de hacer lo posible por mejorar la calidad de las evaluaciones de impacto futuras, y por ofrecerlas junto con una propuesta de legislación.

El hecho de que debamos estudiar el impacto de las enmiendas propuestas es muy importante. Me agrada que haya sido destacado en el informe. Muy a menudo la legislación es propuesta y la cambiamos con enmiendas significativas que con frecuencia son adoptadas con precipitación. Realmente puede mejorar la legislación, pero también puede empeorarla, y esto es algo que debemos tener presente.

Coincido totalmente con los europarlamentarios que han dicho que necesitamos una evaluación imparcial. Eso es lo que estamos intentando lograr en la Comisión. Estamos trabajando estrechamente con el Grupo Stoiber. Tenemos un comité de evaluaciones de impacto muy cohesionado que verdaderamente está impulsando una nueva cultura en términos del trabajo interno de la Comisión. El lenguaje es muy neutro, y puedo decirles que más del 30 % de las propuestas enviadas a los departamentos pertinentes es rechazado por el comité de evaluaciones de impacto y devuelto para su mejora con vistas a incrementar la calidad de la legislación.

En lo que se refiere a las pyme, hace dos días debatimos sobre la importancia de reducir las cargas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, de modo que puedan beneficiarse del mercado único. Me alegra informarles de que este objetivo de reducir las cargas administrativas en un 25 % para 2012 será definitivamente rebasado.

Veo que mi tiempo se agota, por lo que quiero dar las gracias a la ponente de nuevo por un informe de elevada calidad, y a todos los diputados al Parlamento por su compromiso con una legislación mejor y más inteligente.

  Presidente. − Señor Šefčovič, de hecho la Comisión no tiene limitación de tiempo, sus representantes lo autogestionan. Tal vez no deba decírselo, porque es bueno que los Comisarios crean que su tiempo es limitado y que sean moderados en la duración de sus intervenciones; pero en ningún caso se trata de una norma.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, ponente. – (PL) Al término de este debate quisiera expresar mi sincero agradecimiento a todos mis colegas diputados y al señor Šefčovič por un debate tan productivo. Me complace haber tenido la oportunidad de trabajar en el informe sobre legislar mejor este año, que ha sido el primer año de entrada en vigor del Tratado de Lisboa y el año en el que el Consejo Europeo ha adoptado la Estrategia Europa 2020. Ambos documentos van a afectar a muchos aspectos relacionados con legislar mejor, y el informe ha sido una buena oportunidad para abordar los asuntos relacionados. Durante la preparación del informe me reuní con distintos grupos y traté de escuchar las opiniones tanto del mundo empresarial y de las asociaciones de trabajadores, sindicatos, como de organizaciones como por ejemplo la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC).

Creo que el consenso total en la votación de la Comisión de Asuntos Jurídicos da testimonio del hecho de que hemos conseguido encontrar un compromiso juicioso para las expectativas de todos los grupos. Por eso quiero dar las gracias a todos mis colegas diputados, por su cooperación de primer nivel, y quisiera añadir que la cooperación ha sido excepcional debido a que ha procedido de todos los grupos políticos, lo que sucede raramente en esa Cámara. También espero que la votación de hoy arroje un resultado favorable.

  Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy jueves a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

  Nessa Childers (S&D), por escrito. – Las evaluaciones de impacto llevadas a cabo por la Comisión deben servir para garantizar que producimos una legislación de buena calidad, y por tanto todos tenemos un gran interés por asegurar que estas también presentan una buena calidad.

Los principios básicos que mueven a estas evaluaciones deben ser: que sirvan como guía para legislar, y no deben sustituir u obstaculizar la función de los órganos decisorios con responsabilidad política; y que cualquier análisis de coste y beneficios debe incluir no sólo consideraciones económicas sino también una referencia al impacto social, sanitario y ambiental.

En cuanto a la cuestión de contar con un Comité de Evaluación de Impacto independiente, considero que el mejor método sería asegurarnos de que incluye a muchas partes interesadas con voluntades declaradas en aras a evitar los conflictos de interés. Estoy de acuerdo con la ponente en que el elevado porcentaje de evaluaciones (más del 30 %), rechazado inicialmente por el Comité, da fe de la necesidad de que los departamentos de la Comisión mejoren más aún su calidad. Por supuesto, el Comité solamente debe informar del proceso y no realizar juicios políticos. Finalmente, pido a la Presidencia que comparezca anualmente ante la Comisión de Medio Ambiente tras la publicación del informe anual del Comité de Evaluación de Impacto (CEI).

  Joanna Senyszyn (S&D), por escrito. – (PL) Cada año debatimos sobre cómo producir mejores leyes en la Unión. Porque sólo es posible garantizar la implementación eficaz en los Estados miembros de una legislación clara, coherente y fácil de entender. En el área de la reducción de las cargas administrativas, podemos encontrar material particularmente importante en el marco «e-Commisión 2006-2010», así como en la estrategia «e-2010», que va dirigida a modernizar la administración en Europa. La comunicación electrónica ya es una realidad en nuestras vidas, como lo será en el futuro. Gracias a la comunicación electrónica ganaremos tiempo, eliminaremos muchas barreras administrativas y reduciremos el uso de recursos naturales; y al hacerlo estaremos protegiendo el entorno de manera más eficaz. Por tanto, debemos centrar nuestros esfuerzos y nuestros recursos en extender el uso de esta comunicación, recordando ayudar a los discapacitados y a las personas de edad avanzada para facilitarles las cosas. Regularmente solemos pedir a la Comisión Europea que simplifique y acelere los procedimientos para el uso de instrumentos europeos adicionales, como el Fondo Europeo para la Adaptación a la Globalización y el Fondo Europeo de Solidaridad. La reacción de las instituciones de la UE ante los desastres naturales y las graves dificultades económicas registrados en los Estados miembros sigue careciendo de flexibilidad y adoleciendo de lentitud. Va siendo hora de desarrollar instrumentos nuevos sin reproducir los defectos del pasado. La eficacia de la legislación depende no sólo de que esté escrita de manera clara y comprensible, sino también del modo en que es publicitada y puesta en práctica.

  Rafał Trzaskowski (PPE), por escrito. – (PL) Tenemos ante nosotros un reto de grandes dimensiones, que se adapta perfectamente al asunto del informe. El reto es poner la Iniciativa Ciudadana Europea —un instrumento que da a las personas la capacidad de influir directamente en la agenda europea—en manos de los ciudadanos. En el debate en curso sobre este asunto, estamos hablando sobre la necesidad de simplificar este instrumento lo máximo posible, de modo que los ciudadanos puedan comprobar que tienen una oportunidad auténtica de hacer realidad sus propuestas y de no quedar atascados en las complejidades de los procedimientos comunitarios. Por otra parte, queremos proteger este instrumento del abuso, y también proteger a la Comisión Europea para que no reciba cargas excesivas. Aquí existe una determinada tensión entre la ideas de simplificación máxima y de mantenimiento de unos estándares, y nuestra función es encontrar el equilibrio entre ambas.