Acta literal de los debates

Martes 19 de octubre de 2010 - Estrasburgo

9. Explicaciones de voto

Explicaciones de voto orales

Informe: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Señora Presidenta, querría agradecer el esfuerzo realizado por la ponente y por el Consejo para llegar a un acuerdo. Creo que ha sido un paso importante en el avance y en el reconocimiento que el Tratado de Lisboa le da a este Parlamento y a la Comisión de Pesca en concreto, y pienso que va a ser un paso decisivo para que en el futuro los acuerdos sobre los asuntos de pesca sean realizados mediante codecisión.

Esto es lo que yo destacaría de este Acuerdo.

  Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) El control de los buques dedicados a actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es esencial y debería llevarse a cabo de manera eficiente y con tanta frecuencia como sea posible, prestando especial atención a las zonas donde el riesgo de pesca ilegal es mayor. Por eso necesitamos tanto las nuevas medidas de control introducidas por la normativa que ha sido aprobada. Los regímenes de control en uso de las organizaciones regionales de pesca deberían incorporarse al Derecho de la Unión, de tal manera que se eviten los retrasos y las lagunas jurídicas que surgen como resultado de procedimientos complicados. También comparto la opinión de la autora de que no es aceptable justificar esos retrasos citando la falta de recursos humanos.

  Clemente Mastella (PPE). – (IT) Señora Presidenta, he votado a favor de este informe porque estoy de acuerdo con la ponente en que el régimen de control y ejecución adoptado por el Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Nororiental debe ser rápidamente incorporado a la legislación de la UE. Me refiero, en concreto, a las nuevas disposiciones que introducen de manera específica un sistema de control estatal del puerto, que cerrará los puertos europeos a los desembarques y transbordos de pescado congelado, cuya legalidad no haya sido comprobada por el Estado en cuestión.

Estoy seguro, no obstante, de que cuando estos cambios se hayan incorporado, será necesario evaluar algunas soluciones de compromiso, y será indispensable llevar a cabo los ajustes resultantes, siempre y cuando se consideren factibles en el ámbito del propio convenio.

Recomendación: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Señora Presidenta, este Acuerdo va a suponer también una lucha en defensa de los pescadores, una defensa en la lucha contra la pesca ilegal, medidas de control —que son las que tienen que regir en la política pesquera— y un paso más hacia la pesca sostenible.

Esto va a suponer también un mayor nivel de control, una defensa también de los pescadores y del sector en el ámbito europeo, por lo que me alegro mucho de haber alcanzado este Acuerdo.

  Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) El objetivo fundamental del Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Noroccidental es una utilización óptima de los recursos pesqueros en los territorios cubiertos por el acuerdo. Hay que recordar que el Convenio tiene por objeto garantizar una amplia cooperación internacional y el uso de la investigación científica para asegurar que la utilización de los recursos pesqueros marinos sea lo más eficaz posible.

Los cambios fundamentales en el Convenio se refieren a la racionalización de la estructura de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste, la reforma de la fórmula de contribución presupuestaria, las nuevas definiciones de las obligaciones de las diferentes partes y la reforma del procedimiento para la solución de conflictos. Estoy de acuerdo con la ponente y estimo que esos cambios tendrán un efecto beneficioso sobre los intereses de la Unión Europea, que, gracias a la Convención que se está discutiendo, tiene autorización para pescar en esos territorios.

Informe: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Señora Presidenta, he aprobado esta iniciativa porque cuando estamos hablando de trabajo precario, hablamos, una vez más, de la desigualdad y de la discriminación que sufren las mujeres en el ámbito europeo.

La crisis económica ha incrementado la desigualdad porque ha tenido incidencia en los trabajos peor remunerados, aquellos que ocupan principalmente las mujeres y están dedicados al trabajo doméstico y a los cuidados, y que representan, según los estudios —incluidos los trabajos de tiempo parcial— un 31,5 % en los ámbitos empresariales. La diferencia en las retribuciones incide también de igual manera en el ámbito europeo y la precariedad está afectando también a los trabajos desempeñados por mujeres que tienen una formación superior.

La falta de corresponsabilidad entre mujeres y hombres también en el ámbito familiar es uno de los motivos de esta precariedad y de esta discriminación. Tenemos que trabajar para tener servicios de calidad para el cuidado de niños y de personas mayores, y para que las mujeres puedan acceder al mercado laboral en mejores condiciones. Cabe añadir que las mujeres inmigrantes vienen a sustituir a la mano de obra de las mujeres europeas para que podamos acceder al mercado laboral.

En definitiva, tenemos que seguir trabajando por la verdadera igualdad.

  Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) El mercado laboral ha contemplado un cambio de las formas de empleo típicas a otras atípicas, y hay por lo tanto necesidad de evitar que los empleadores prioricen las formas más baratas y ventajosas de empleo, lo que conduce a la inseguridad en el puesto de trabajo.

Los empleados que se encuentran en una posición vulnerable en empleos donde no se cumplen ni siquiera las normas básicas de salud y seguridad, y donde no hay protección frente a la discriminación, no hay protección social ni representación colectiva, deben ser protegidos contra las condiciones laborales degradantes y la explotación. Por consiguiente, apoyo la protección de los trabajadores por medio de la introducción de normas sociales mínimas para los empleados, la garantía de la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria y las pensiones de jubilación, y la garantía de un salario suficiente y una jornada laboral razonable. En mi opinión, los Estados miembros deberían evitar que los empleos ordinarios se conviertan en empleos inseguros mediante la introducción de estrictas regulaciones laborales.

  Clemente Mastella (PPE). – (IT) Señora Presidenta, la actual crisis económica y financiera ha agravado el problema de las trabajadoras en situación precaria. Ya que con frecuencia tienen que conciliar los compromisos laborales y familiares, se encuentran en una posición negociadora más débil, lo que a menudo provoca que tengan peores condiciones de trabajo.

He votado a favor de este informe porque coincido con la necesidad de combatir este problema apelando a los Estados miembros y a los interlocutores sociales para que adapten en gran medida sus normas legislativas y contractuales en el trabajo típico y el atípico, sin subestimar el riesgo real de un posible aumento del trabajo no declarado. Por consiguiente, instamos a la Comisión y a todos los Estados miembros a que desarrollen nuevas estrategias concretas sobre el trabajo precario que tengan en consideración el principio de equilibrio entre sexos.

Este informe también insta a la Comisión a presentar una propuesta relativa a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres. Debemos recordar a los Estados miembros que transpongan la Directiva 2006/54/CE sin mayor demora. Por lo tanto, urgimos a los Estados miembros a que faciliten el desarrollo de las redes de guarderías y de asistencia y que apliquen todas las medidas destinadas a permitir a las mujeres, que así lo deseen, trabajar a tiempo completo, lo que mejorará su participación en el mercado laboral y su independencia económica.

  Andrea Češková (ECR). – (CS) He votado en contra de la aprobación de este informe sobre las mujeres que trabajan en condiciones laborales precarias porque creo que el trabajo a tiempo parcial, el trabajo temporal y otras formas similares de contrato son un beneficio para las mujeres en el mercado laboral, en especial para las mujeres que tienen que cuidar de niños y también quieren trabajar. Estas formas flexibles de trabajo son, en mi opinión, muy beneficiosas y debemos apoyarlas más para que, por el contrario, los empleadores tengan interés en recurrir a ellas ofreciendo así a las mujeres más espacio para que decidan.

Al mismo tiempo, no estoy de acuerdo con la fijación de cuotas relativas al cuidado de niños: por ejemplo, diciendo que en 2013 el 33 % de los niños de hasta tres años de edad será ubicado en instalaciones colectivas de para el cuidado infantil. Tenemos que fomentar el principio de la libertad para las familias y dejar que sean ellas quienes decidan cómo cuidar a los niños.

  Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Desearía en particular aprovechar esta oportunidad porque el Presidente no parecía dispuesto ayer a llamar a todos los que querían participar en el debate, y precisamente en ese tema, que es de una enorme importancia, ya que informe de la señora Thomsen llama la atención sobre las condiciones cada vez más precarias que afrontan las mujeres en el mercado laboral y sobre el deterioro de la situación social.

La incertidumbre en el mercado laboral afecta a las mujeres en general. Los llamados empleos atípicos, ya sean en el sector de los servicios o en la agricultura, son los primeros afectados, en particular en un período de crisis mundial. Dado que, en su mayoría, son mujeres quienes trabajan en estos sectores, los despidos las afectan con especial incidencia. Esta es de nuevo un área en la que tenemos que rechazar la lógica aparente del mercado y donde, en nombre de la justicia y del apoyo al poder adquisitivo de la población y a la demanda, es necesario intervenir de forma contundente y, por ejemplo, poner fin a la práctica de celebrar contratos que no estipulan las horas de trabajo.

  Mario Pirillo (S&D). – (IT) Señora Presidenta, la inmensa mayoría que ha votado por el informe es una señal de advertencia importante del Parlamento sobre el problema de las trabajadoras en situación precaria. En Europa, siguen siendo las mujeres las que soportan la mayor parte de la carga del trabajo precario, y la situación está empeorando debido a la crisis internacional que afecta a nuestros países. La Unión Europea siempre ha demostrado su compromiso con la política de género en la legislación específica incorporada por los Estados miembros, y debe seguir haciendo todo lo posible para lograr la paridad real en el acceso al trabajo.

Este informe de propia iniciativa envía una señal clara a la Comisión y a los Estados miembros para que supriman el trabajo precario y aumenten la protección social para las trabajadoras en situación precaria. Felicito a la ponente, la señora Thomsen.

  Anna Záborská (PPE). – (SK) He apoyado el informe, aunque con algunas reservas. El informe también arroja una luz importante sobre mi informe de la sesión anterior, que habla de la pobreza femenina en la Unión Europea. Es un ejemplo del hecho de que estamos tomando en serio la situación de las amenazas al empleo.

Muchas mujeres y familias se preguntan si los políticos europeos tienen una solución práctica y políticas concretas para los problemas sociales. Los políticos no deberían interferir en la economía. La libertad económica es una de las características del mercado común. Sin embargo, si el afán de lucro lleva a algunas empresas a exigir a sus empleados que trabajen en condiciones peligrosas e inseguras, los legisladores deben erigir barreras contra ello. Por último, debemos reconocer que el trabajo femenino en el hogar tampoco está debidamente asegurado. Las compañías de seguros ya han cuantificado esto, y ahora es el turno de los políticos. Me gustaría hacer un llamamiento a la Comisión para que presente propuestas con el propósito de reconocer la labor de la mujer en el hogar como una inversión no monetaria en la prosperidad nacional.

  Mario Borghezio (EFD). – (IT) Señora Presidenta, este es un informe importante y significativo para la protección de las mujeres. Las instituciones europeas, sin embargo, adolecen del error básico de no practicar lo que predican. El pasado viernes y el sábado se celebró una reunión, a la que asistieron el Presidente de la Comisión, el señor Barroso, el Presidente del Parlamento y el presidente Van Rompuy, con los dignatarios de las logias masónicas más importantes de Europa, pero no se dijo ni una sola palabra sobre el hecho de que la mayoría de estas logias no permiten participar a las mujeres. Y algo todavía más grave, la reunión tuvo lugar dentro del Parlamento Europeo, a puerta cerrada, y ni siquiera el propio personal del Parlamento tuvo permiso de acceso. Todo ello contrasta con los principios de transparencia que deberían regir todas las actividades de las instituciones europeas.

Explicaciones de voto por escrito

Informe: Brian Simpson (A7-0217/2010)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Acojo con satisfacción esta propuesta, ya que su objetivo es hacer obligatoria la recogida de datos por tipo de mercancías para las estadísticas del transporte marítimo, lo que permite un marco general útil para apoyar y supervisar la política de promoción de la comodalidad. En el caso de las regiones insulares, esto debería suponer un mayor apoyo a una combinación de los transportes marítimo y aéreo, ya que estos son los únicos medios de transporte disponibles. Este estudio estadístico también permitiría una mayor comprensión de los costes asociados con las regiones ultraperiféricas, tanto en términos de mercancías como de pasajeros, lo que puede influir en las decisiones sobre otras políticas, como las redes transeuropeas y, más en concreto, las «autopistas del mar », que deberían incluir el transporte marítimo entre islas, así como entre las islas y el continente europeo. Me gustaría afirmar mi apoyo a la opinión del ponente sobre la posibilidad de adaptar las disposiciones vigentes a las nuevas normas sobre los actos delegados introducidos por el Tratado de Lisboa, con el objetivo de fortalecer las competencias del Parlamento en este ámbito.

  Alfredo Antoniozzi (PPE), por escrito. – (IT) Voto a favor del informe del señor Simpson porque considero muy útil la relación estadística del transporte marítimo de mercancías y pasajeros por vía marítima. De hecho, la recogida de datos por tipo de mercancías ya es obligatoria para las estadísticas europeas sobre el transporte por carretera, ferrocarril y vías navegables interiores.

Como el informe afirma claramente, «la disponibilidad de estadísticas completas y homogéneas por tipo de mercancía para todos los modos de transporte ofrecería un marco general útil para apoyar y supervisar la política que promueve la comodalidad, es decir, la posibilidad de combinar óptimamente diversos modos en la misma cadena de transporte, y de modernizar la logística del transporte de mercancías.»

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) Estoy de acuerdo con esta propuesta de reglamento, cuyo objetivo es modificar la Directiva en vigor a fin de hacer obligatoria la recogida de datos por tipo de mercancías para las estadísticas del transporte marítimo. Los 18 Estados miembros recogen actualmente estos datos de forma voluntaria. Por otra parte, la recogida de datos por tipo de mercancías ya es obligatoria para las estadísticas del transporte por carretera, ferrocarril y vías navegables interiores. La recogida de datos proporcionará la oportunidad de comparar el transporte según el modo empleado y ofrecerá la posibilidad de combinar distintas modalidades dentro de la misma cadena de transporte y de modernizar la logística del transporte de mercancías. Se estima que la recogida de los datos pertinentes no impondrá ninguna carga adicional a los encuestados, ya que los Estados miembros respectivos recopilarían la información mediante el uso de fuentes de datos ya existentes (por ejemplo, documentos de aduanas).

  Alain Cadec (PPE), por escrito. – (FR) La Directiva 2009/42/CE, actualmente en vigor, prevé la recopilación de datos de forma voluntaria para las estadísticas sobre transporte marítimo. La enmienda de esta directiva hará obligatoria la recogida de datos por tipo de mercancías. Estoy satisfecho con esta enmienda, que no impone ninguna carga adicional, dado que los Estados miembros deberían estar en condiciones de recabar los datos de las fuentes existentes.

Tiene sentido que estas normas sean obligatorias para el transporte marítimo, ya que son ya preceptivas para el transporte por carretera, por ferrocarril y por vías navegables interiores. Además, acojo con satisfacción que el ponente introduzca enmiendas relativas a la aplicación del reglamento de conformidad con el procedimiento de los actos delegados. El Parlamento debería aprovechar esta nueva prerrogativa prevista en el Tratado de Lisboa.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe porque estoy de acuerdo en que la existencia de estadísticas completas y homogéneas por tipo de mercancías es fundamental para todos los modos de transporte. Esta información proporciona un marco general que es útil para apoyar y supervisar la política de fomento de la comodalidad, es decir, la posibilidad de lograr la combinación óptima de los diferentes modos de transporte en la misma cadena de transporte, junto con la modernización de la logística de mercancías. Me gustaría hacer un llamamiento para que se recojan en línea todas las estadísticas europeas en todos los modos de transporte de acuerdo con conceptos y normas comunes con el fin de lograr la mayor comparabilidad posible entre los modos de transporte.

  David Casa (PPE), por escrito. – Esto tiene que ver con la recogida y registro de datos cuando se trata del transporte marítimo aplicable en los Estados miembros que disponen de litoral. La propuesta va a modificar la forma en que se recogen esos datos, en el sentido de que serán organizados por el tipo de mercancías, como es el caso con respecto a otras formas de transporte. Considero que este es un hecho positivo y no he tenido reparos en apoyar al ponente.

  Lara Comi (PPE), por escrito. – (IT) Si bien hace ya tiempo que el mercado único se definió como completo, las persistentes diferencias entre los distintos puntos de acceso de las mercancías y las personas todavía revelan el carácter nacional de sus fronteras. Los Estados miembros pueden haber decidido dar paso a las instituciones europeas sobre esta materia, pero esas diferencias, que penalizan algunas áreas y favorecen otras, no deben seguir existiendo. Esta disposición adicional que pretende armonizar el tratamiento de personas y mercancías supone otro paso en el camino hacia la completa integración del mercado único europeo.

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. – (RO) Los Estados miembros de la Unión Europea deben ayudar a establecer una base de datos europea para los datos sobre el transporte mensual de mercancías y pasajeros por mar y para los barcos que los transportan. Ello permitirá al servicio especializado de la UE, el Eurostat, recopilar las estadísticas europeas para cada modo de transporte de conformidad con las normas de la UE. El empleo de estos datos ayudará a establecer un sistema europeo integrado que contenga las estadísticas de esta área, con miras a lograr el máximo grado de comparabilidad entre los distintos modos de transporte desplegados en los países europeos.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Esta propuesta tiene por objetivo hacer obligatoria la recopilación de datos por tipo de mercancías para las estadísticas del transporte marítimo y uniformizar el tipo de información recopilada y procesada en los 27 Estados miembros. Como dice el ponente, la existencia de estadísticas íntegras y uniformes por tipo de mercancías para todas las formas de transporte facilitaría un marco general que sería útil para apoyar y supervisar la política de fomento de la comodalidad, es decir, la posibilidad de una óptima combinación de diferentes modos de transporte en la misma cadena de transporte, junto con la modernización de la logística de mercancías.

Dada la importancia de un transporte seguro y eficaz de mercancías en el comercio internacional, apoyo la propuesta de la Comisión.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El objetivo de esta propuesta de Reglamento del Parlamento y del Consejo es cambiar la Directiva 2009/42/CE, con el objetivo de hacer preceptiva la recogida de datos por tipo de mercancías para las estadísticas del transporte marítimo. En la actualidad, son los 18 Estados miembros los que recogen de forma voluntaria esos datos. Cinco Estados miembros no disponen de litoral marítimo y no proporcionan datos de conformidad con la Directiva. En la mayoría de los casos, la recogida de los datos pertinentes no supondrá ninguna carga adicional para los encuestados, ya que los Estados miembros en cuestión deberían poder recopilar esos datos empleando fuentes de datos ya existentes, tales como los documentos aduaneros. He votado a favor de este informe porque estoy de acuerdo con la necesidad de estadísticas completas y homogéneas por tipo de mercancías para todos los modos de transporte, a fin de permitir un marco general de comparabilidad en la UE.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La propuesta de Reglamento tiene por objeto hacer obligatoria la recogida de datos por tipo de mercancías para las estadísticas del transporte marítimo, ya que el ponente considera que, en la mayoría de los casos, la recopilación de los datos relevantes no conllevará ninguna carga adicional para los encuestados, toda vez que los miembros Estados en cuestión deberían poder recopilar esos datos con fuentes de datos existentes, por ejemplo, los documentos aduaneros. Por añadidura, la recogida de datos por tipo de mercancías ya es obligatoria para las estadísticas de transporte por carretera, ferrocarril y vías navegables interiores.

Compartimos el parecer de que la existencia de estadísticas sobre todas las formas de transporte, mercancías y pasajeros proporcionará un marco de información que resultará útil para definir una política de interoperabilidad y comodalidad, es decir, la posibilidad de una combinación óptima de diferentes modos de transporte en la propia cadena de transporte, contribuyendo a la modernización y la racionalización de la logística de mercancías y estimulando su sostenibilidad. Desde luego, esto depende de la comparabilidad de las estadísticas disponibles, lo que requiere una cierta armonización de las normas y las ideas.

  Alan Kelly (S&D), por escrito. – El simple propósito de esta propuesta es hacer obligatoria la recogida de datos por tipo de mercancías para el transporte marítimo. Ya se ha hecho en el caso del transporte europeo por carretera, ferrocarril y por vías navegables interiores y ayudaría a mejorar la armonización en este ámbito. La recopilación de datos no implicará ninguna carga adicional para los encuestados.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) La finalidad de este texto es modificar la Directiva 2009/42/CE para hacer obligatoria la recogida de datos por tipo de mercancía para las estadísticas de transporte marítimo. Actualmente, 18 Estados miembros recogen voluntariamente estos datos. Cinco Estados miembros carecen de litoral y no facilitan los datos contemplados en dicha Directiva. En la mayor parte de los casos, la recogida de los datos pertinentes no impondrá ninguna carga adicional a quienes los faciliten, ya que los Estados miembros afectados deberían poder compilar los datos sirviéndose de las fuentes de información ya existentes (como los documentos de aduanas). La recogida de datos por tipo de mercancía ya es obligatoria para las estadísticas europeas del transporte por carretera, por ferrocarril y por vías navegables interiores. Las estadísticas europeas sobre todos los modos de transporte deben recogerse con arreglo a conceptos y normas comunes, para lograr la comparabilidad más completa posible entre los modos de transporte, por lo que he votado a favor del texto. La disponibilidad de estadísticas completas y homogéneas por tipo de mercancía para todos los modos de transporte ofrecería un marco general útil para apoyar y supervisar la política que promueve la comodalidad.

  Alexander Mirsky (S&D) , por escrito. – (LV) He respaldado del todo el informe del señor Simpson. Estoy de acuerdo en que los datos sobre el análisis por tipo de mercancías son necesarios para las estadísticas del transporte marítimo. Estas estadísticas proporcionarán a los exportadores e importadores la posibilidad de encontrar el mejor régimen para el transporte de carga. Ello significa que disminuirá el coste de las mercancías para la población europea y que los exportadores podrán cobrar de manera más eficiente el precio de los bienes suministrados desde terceros países. Este tipo de datos estadísticos ayudará a evitar gastos imprevistos y estimulará la circulación de las mercancías internas y externas. Yo, además, introduciría este tipo de datos estadísticos también en relación con la carga aérea.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Con el fin de poder reaccionar, las estadísticas son importantes porque proporcionan hechos en los que las decisiones pueden basarse. Sin embargo, en el caso de la recogida de datos estadísticos, siempre es importante mantener un equilibrio entre la necesaria recopilación de hechos y los costes administrativos. Hasta la fecha, 18 Estados miembros recaban de forma voluntaria los datos sobre el transporte de mercancías y pasajeros. Esto tiene sentido si los datos pertinentes no imponen realmente ninguna carga adicional, en otras palabras, si los Estados miembros están de hecho en condiciones de cotejar esos datos con fuentes de datos ya existentes. La recopilación de estadísticas completas para el transporte de mercancías y pasajeros de todos los productos y todos los modos de transporte con el propósito de la comparación, me parece excesivo en términos de costes administrativos. Por eso he votado en consecuencia.

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), por escrito. – (PL) El informe propone una serie de enmiendas que tienen por objeto adaptar las disposiciones sobre el procedimiento de reglamentación con control de las nuevas disposiciones sobre los actos delegados introducidas por el Tratado de Lisboa. El ponente tenía como objetivo la introducción de enmiendas a la directiva de la UE en relación con la recogida de datos por tipos de mercancías para las estadísticas del transporte marítimo. Por el momento, 18 Estados miembros recopilan esos datos sobre de forma voluntaria. Cinco Estados miembros carecen de litoral marítimo y, por lo tanto, no proporcionan los datos exigidos en virtud de dicha Directiva.

Vale la pena mencionar que la recopilación de los datos pertinentes no impone ninguna carga adicional a los encuestados, ya que los Estados miembros afectados deberían poder recabar esos datos mediante el recurso a fuentes de datos ya disponibles (por ejemplo, documentos de aduanas). La recogida de datos por tipo de bienes es obligatoria para las estadísticas de transporte por carretera, ferrocarril y vías navegables interiores. Teniendo en cuenta la necesidad de crear redes de comunicación y transporte (rutas marítimas, terrestres y fluviales interiores) efectivas, coordinadas y respetuosas con el medio ambiente, resulta, de hecho, muy relevante la iniciativa con respecto a la recogida y análisis de datos para todo tipo de transporte.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe Simpson, ya que, al modificar la Directiva 2009/42/CE, da los últimos retoques a la legislación pertinente relativa a la recogida de datos sobre el transporte de mercancías y pasajeros desde y dentro de Europa. Con anterioridad, la recolección de datos era preceptiva solo para el transporte por carretera, ferrocarril y vías navegables interiores, pero con la modificación de la Directiva también será obligatoria para el transporte marítimo, ofreciendo una serie de datos sobre las mercancías que entran y salen a través de nuestras fronteras. Esos datos son esenciales no solo para fines estadísticos. La aplicación de la modificación de la Directiva también facilitará datos sobre el transporte marítimo, a partir del próximo año, lo que permitirá una mayor transparencia en cuanto a los tipos de mercancías transportadas y hará más eficiente el transporte de mercancías específicas, ya que la comparabilidad va a permitir encontrar los medios de transporte más eficaces para cada tipo de mercancía.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) Esta propuesta tiene por objeto establecer la recogida obligatoria de datos por tipo de mercancías para las estadísticas del transporte marítimo. En la actualidad, esta recopilación de datos la realizan 18 Estados miembros de un modo totalmente voluntario para el transporte marítimo, siendo ya obligatoria la recogida de datos por tipo de mercancías para el transporte por carretera, ferrocarril y vías navegables interiores.

La existencia de estadísticas completas y homogéneas por tipo de mercancías para todas las formas de transporte, incluyendo el marítimo, proporcionará un marco general que será útil para apoyar y supervisar la política de fomento de la comodalidad, es decir, la posibilidad de una combinación óptima de los diferentes modos de transporte en la propia cadena de transporte, junto con la modernización de la logística de mercancías.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – El objetivo de esta propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo tiene por objeto modificar la Directiva 2009/42/CE para hacer obligatoria la recogida de datos por tipo de mercancías para las estadísticas del transporte marítimo. Actualmente, 18 Estados miembros recopilan estos datos de forma voluntaria. Cinco Estados miembros carecen de litoral marítimo y no proporcionan ningún dato de acuerdo con la citada Directiva. En su mayor parte, la recopilación de los datos pertinentes no impondrá ninguna carga adicional a los encuestados, ya que los Estados miembros afectados deberían poder compilar los datos sirviéndose de las fuentes de información ya existentes (como los documentos de aduanas). Los Verdes / ALE han votado a favor de la propuesta.

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) Creo que la recogida obligatoria de datos por tipo de mercancías con el fin de cotejar las estadísticas de transporte marítimo es vital para promover la comodalidad y la posibilidad de combinar distintos modos de transporte. Dado que la recopilación de datos ya es obligatoria para las estadísticas sobre otras modalidades de transporte ―por carretera, ferrocarril y vías navegables interiores―, creo que es conveniente un marco común que incluya la recopilación de estadísticas sobre transporte marítimo es su caso, y también puede ayudar a garantizar la máxima comparabilidad entre los distintos los modos de transporte.

De conformidad con la propuesta de la Comisión, la revisión de la Directiva 2009/42/CE debe trabajar en este sentido y aplicarse a los datos a partir de 2011, en consonancia con la práctica voluntaria que 18 Estados miembros ya están desarrollando.

  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. – (LT) Señorías, esta versión de la recopilación sistemática de datos estadísticos es particularmente importante para nosotros. En Lituania, el transporte de mercancías por vía marítima constituye solo un pequeño porcentaje de todos los bienes transportados y, por consiguiente, es posible avanzar mucho más en este campo. Además, nuestro sector turístico costero también tiene un gran potencial de crecimiento. Mediante la modernización de la logística del transporte de mercancías y el fomento de la comodalidad, es decir, la combinación de distintos modos de transporte dentro de la misma cadena de transporte, tenemos la oportunidad de aumentar la prosperidad de la región del Báltico. Esto es particularmente importante para mantener la futura competitividad de los puertos europeos, como el puerto lituano de Klaipeda. Una cooperación más estrecha entre los países del Báltico ayudará a aproximarlos entre sí y hará que el mercado de nuestra región sea más armónico y accesible para el conjunto de la Unión Europea. En la actualidad, los países bálticos están, en gran medida, aislados de la red transeuropea de transporte. Se espera que el tráfico entre los países bálticos se duplique para el año 2020 y, por lo tanto, tenemos que abordar la falta una infraestructura y una accesibilidad adecuadas. Pero sobre todo, debemos asegurarnos de que la recopilación de datos no cree una carga adicional para los Estados miembros. No tenemos nada que perder.

Informe: Barbara Matera (A7-0270/2010)

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Dado que Dinamarca ha presentado una solicitud de asistencia para 951 despidos en 45 empresas que operan en la división 28 de la NACE, revisión 2, (fabricación de maquinaria y equipo) en la región NUTS II de Jutlandia Septentrional, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y con las enmiendas respectivas presentadas por el Parlamento. También estoy de acuerdo en que la propuesta de la Comisión, en su exposición de motivos, debería incluir información clara y detallada sobre los criterios de aplicación, análisis y elegibilidad y explicar las razones que han llevado a su aprobación, de conformidad con las peticiones formuladas por el Parlamento.

  David Casa (PPE), por escrito. – El FEAG es un fondo estructural importante de la UE que nos permite ayudar a los trabajadores que han perdido su empleo como consecuencia de los cambios en las tendencias mundiales. Este ha sido el caso en una serie de Estados miembros, como España, donde la existencia del fondo ha demostrado ser especialmente beneficiosa. En vista de lo anterior, estoy de acuerdo con las decisiones adoptadas por la ponente y han decidido votar a favor del informe.

  Mário David (PPE), por escrito. – (PT) A la luz de los cambios estructurales en el comercio internacional, es vital que la economía europea sea capaz de aplicar con eficacia los instrumentos de apoyo a los trabajadores afectados por ellos, así como capacitarles con el fin de facilitar su rápida reintegración en el mercado laboral. Dado que Dinamarca ha presentado una solicitud de asistencia para 951 despidos en 45 empresas que operan en la región NUTS II de Jutlandia Septentrional, me gustaría recordar la serie de razones que expuse en la explicación de mi voto sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en la región española de Cataluña, para explicar mi voto a favor de este informe.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Se trata de una resolución sobre la propuesta de decisión del Parlamento y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en los términos del punto 28 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera.

Las industrias de fabricación de maquinaria y equipos para el sector del transporte marítimo en la región danesa de Jutlandia Septentrional se vieron sorprendidas por los cambios en los mercados y la crisis crediticia mundial, por lo que sufrieron recortes drásticos en los pedidos, lo que ocasionó despidos en más de 40 empresas.

En regiones como Jutlandia Septentrional, que dependen en particular de un sector, la recuperación del mercado y la redistribución de trabajadores en otras áreas de actividad tienden a ser más lentas y difíciles. Creo que la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización está justificada en este caso.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Ante el impacto social de la crisis económica mundial, que ha tenido una incidencia particular sobre el empleo, el uso adecuado del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene una importancia crucial en el alivio de la difícil situación de muchas personas y familias europeas, contribuyendo a su reintegración social y desarrollo profesional, mientras que, al mismo tiempo, proporciona nuevos recursos para satisfacer las necesidades de las empresas e impulsar la economía. El plan de intervención de Dinamarca, con medidas para ayudar a 951 personas que han sido despedidas de 45 empresas de fabricación de maquinaria y equipos en la pequeña región de Jutlandia Septentrional, se encuadra dentro del mismo marco. En este caso, el 40 % de los trabajadores despedidos estaban especializados en trabajo manual, metalurgia y construcción mecánica, y el 33 % de los trabajadores fueron clasificados como mano de obra no calificada. Esta situación muestra claramente la necesidad de una evaluación técnica y profesional eficaz de las personas afectadas por esta crisis mundial. Espero, por consiguiente, que las instituciones europeas redoblen sus esfuerzos en la aplicación de medidas que aceleren y mejoren las tasas de utilización de un recurso tan importante como el FEAG, que actualmente cuenta con niveles muy bajos de movilización. Este año, solo se solicitó el 11 % de los 500 millones de euros disponibles.

  Estelle Grelier (S&D), por escrito. – (FR) Una vez más, el Parlamento ha solicitado que se autorice el pago de las ayudas del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización a los trabajadores despedidos como consecuencia de la crisis o las reubicaciones. De nuevo, esta ayuda se distribuirá entre las líneas presupuestarias inicialmente asignadas a otros programas europeos, toda vez que el Fondo de Adaptación a la Globalización no tiene fondos propios en el marco financiero actual.

Con la finalidad de poner término a esta situación, he trabajado, durante la elaboración del presupuesto para 2011, en la creación de una línea crediticia de pago específico para el Fondo de Adaptación a la Globalización. La suma de 50 millones de euros ha sido por tanto aprobada por el Parlamento el 20 de octubre de 2010 durante la votación sobre su lectura del presupuesto.

Esta suma, que es simbólica en comparación con las necesidades anuales, está aún pendiente de confirmación, ya el Consejo Europeo rechazó inicialmente la propuesta de conceder recursos propios al Fondo Europeo de Adaptación. Es por eso que voy a seguir pendiente de esta cuestión, con la esperanza de alcanzar la consolidación presupuestaria y legislativa de este mecanismo.

  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. – (DE) Debo felicitar a la señora Matera muy sinceramente por el conjunto de cuatro informes sobre la movilización del Fondo de Adaptación a la Globalización. La ampliación del ámbito de aplicación de este Fondo para incluir a los trabajadores ha sido un paso importante para que podamos apoyar directamente a los ciudadanos europeos. El instrumento del Fondo de Adaptación a la Globalización está destinado a ayudar a quienes han sido sorprendidos por los efectos de la globalización. Para que el dinero facilitado pueda emplearse también de forma efectiva, en necesario que llegue con prontitud y de manera selectiva a sus lugares de destino. Esa es la única manera de garantizar que ayudamos a los ciudadanos europeos e incrementamos la confianza en la UE.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de la movilización del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización (FEAG) en favor de Dinamarca, porque considero que ese instrumento es un recurso valioso para el apoyo a los trabajadores en dificultades a causa de la crisis económica.

El FEAG fue creado en 2006 para proporcionar ayuda práctica a los trabajadores despedidos por razones asociadas a la deslocalización de sus empresas o, tras la modificación de 2009, a causa de la crisis económica, con el propósito de facilitar su reinserción en el mercado laboral. La votación de hoy tenía relación con una solicitud de ayudas a 1 122 trabajadores en 45 empresas de fabricación de maquinaria en la región de Jutlandia Septentrional, por un monto de 7 521 359 euros, financiados por el Fondo.

Para concluir, me congratulo de la aprobación del informe, lo que demuestra que el FEAG es un recurso útil y eficaz para la lucha contra el desempleo resultante de la globalización y la crisis económica.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) He votado a favor de este informe para destinar fondos provenientes del Fondo Europeo para la Adaptación a la Globalización (FEAG), en concreto para los 951 despidos que se han producido en 45 empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 28 («Fabricación de maquinaria y equipo») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS II de Jutlandia Septentrional. El FEAG proporciona ayuda adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial, así como ayudas para reintegrarse en el mercado de trabajo. Dinamarca ha presentado solicitud de fondos del FEAG para despidos del sector de la automoción que se ajustan al Reglamento del propio Fondo. Ahora debe garantizarse que el FEAG apoye la reintegración al mercado laboral de los trabajadores despedidos, a pesar de que la asistencia del FEAG no debe sustituir a las acciones que sean responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o de convenios colectivos, ni a las medidas de reestructuración de empresas o sectores.

  Alexander Mirsky (S&D) , por escrito. – (LV) Es muy importante no asumir una actitud de laissez faire respecto al desempleo. En este ámbito, es esencial que las personas sientan que cuentan con apoyo tanto de los gobiernos nacionales como de la UE en su conjunto. Aunque he votado a favor, todavía estoy confuso en cuanto al modo de distribución del importe de la ayuda. ¿Por qué los Países Bajos van a recibir alrededor de 3 000 euros por cada despido, mientras que España recibirá 1 000 euros y Dinamarca 7 000? ¿Es que el reciclaje y la readaptación profesionales cuestan siete veces más en Dinamarca que en España? Con independencia de esta cuestión extremadamente desconcertante, me veo obligado a estar de acuerdo con la ponente, la señora Matera, en que la concesión de esta ayuda financiera es una medida necesaria y oportuna. Es una vergüenza que el Gobierno de Letonia no haya participado en esta ocasión y no presente una solicitud. En la actualidad, hay 180 000 personas desempleadas en Letonia.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) Dado que Dinamarca ha presentado una solicitud de asistencia para 951 despidos en 45 empresas que operan en la división 28 de la NACE, revisión 2, (fabricación de maquinaria y equipo) en la región NUTS II de Jutlandia Septentrional, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y con las enmiendas respectivas presentadas por el Parlamento.

Me gustaría destacar lo siguiente por su especial relevancia: (1) el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) apoya la reinserción en el mercado laboral de trabajadores despedidos, sin exonerar a las empresas de sus responsabilidades; (2) en el contexto de la movilización del FEAG, la Comisión ha propuesto una fuente alternativa de dotaciones de pago distintas a los recursos del Fondo Social Europeo (FSE) no utilizados, como el Parlamento ha exigido; (3) el funcionamiento y el valor añadido del FEAG debería valorarse en el contexto de la evaluación general de los programas y otros varios instrumentos creados por el Acuerdo Interinstitucional del 17 de mayo de 2006, en el ámbito proceso de revisión a medio plazo del marco financiero plurianual 2007-2013 (MFP); (4) la propuesta de la Comisión incluye información sobre la solicitud, analizando los criterios de elegibilidad y explicando las razones que han llevado a su aprobación, también en este caso en consonancia con las peticiones del Parlamento.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) Dado que Dinamarca ha presentado una solicitud de asistencia para 951 despidos en 45 empresas que operan en la división 28 de la NACE, revisión 2, (fabricación de maquinaria y equipo) en la región NUTS II de Jutlandia Septentrional, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y con las enmiendas respectivas presentadas por el Parlamento. También estoy de acuerdo en que la propuesta de la Comisión, en su exposición de motivos, debería incluir información clara y detallada sobre la solicitud, analizando los criterios de elegibilidad y explicando las razones que han llevado a su aprobación, de conformidad con las peticiones formuladas por el Parlamento.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Con esta votación, el Parlamento Europeo toma nota del hecho de que Dinamarca ha solicitado asistencia en relación con los casos relativos a 951 despidos en 45 empresas que operan en la división 28 de la NACE, revisión 2, (fabricación de maquinaria y equipo) en la región NUTS II de Jutlandia Septentrional. La solicitud cumple los criterios de elegibilidad establecidos por el Reglamento FEAG. En su resolución, el Parlamento Europeo solicita a las instituciones implicadas que hagan los esfuerzos necesarios para acelerar la movilización del FEAG; recuerda el compromiso de las instituciones para garantizar un procedimiento sencillo y rápido para la aprobación de las decisiones sobre la movilización del FEAG, proporcionando ayudas individuales únicas y de duración limitada orientadas a auxiliar a los trabajadores que han sufrido despidos como consecuencia de la globalización y la crisis financiera y económica; y destaca el papel que el FEAG puede desempeñar en la reinserción en el mercado laboral de los trabajadores que han sido despedidos.

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. – (RO) La Comunidad Europea de Asociaciones de Astilleros (CESA) calcula que la demanda mundial en la industria de la construcción naval se reducirá en 2014 como consecuencia de la crisis financiera mundial, mientras que en el futuro la industria de la construcción naval se trasladará a las zonas con costes más bajos, en especial a regiones de Asia. Dada la carencia de una política europea de apoyo al sector del transporte marítimo, es improbable que los niveles de producción vuelvan a los anteriores a la crisis actual. En mi propia ciudad de Galaţi, el astillero Damen también se enfrenta a los efectos de la crisis económica y financiera, por lo que tuvo que despedir a alrededor de 600 trabajadores solo en 2009. En 2010, se espera el despido de otros 500 trabajadores. He votado a favor de la Resolución del Parlamento Europeo sobre la movilización del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización (FEAG), solicitada por Dinamarca, para el uso de 7521359 euros con el fin de cofinanciar el programa de ayudas a 951 trabajadores despedidos en la región de Jutlandia Septentrional entre el 15 de febrero de 2009 y 14 de noviembre de 2009. Los despidos se efectuaron en 45 empresas que participan en la producción de maquinaria y equipos para el sector de la construcción naval.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) Aquí se plantea la cuestión de prestar ayudas a las empresas en el sector de fabricación de maquinaria y equipos en la región central de Jutlandia Septentrional. En esa región en el extremo noreste de Jutlandia Septentrional, fueron despedidas 951 personas en 45 empresas entre el 15 de febrero y 14 de noviembre de 2009. Con el fin de apoyar a esos trabajadores en su reinserción laboral, está movilizándose un importe de 7 521 359 del Fondo.

Informe: Barbara Matera (A7-0269/2010)

  Alfredo Antoniozzi (PPE), por escrito. – (IT) Como ya tuve ocasión de explicar en marzo de este año en el momento de la votación sobre el informe Böge, el uso del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización como un instrumento útil para hacer frente a las consecuencias de la crisis económica y financiera es una iniciativa muy valiosa, que proporciona una práctica respuesta en concepto de ayuda financiera. Desde entonces han sido aceptadas otras varias solicitudes, incluyendo la que hoy nos ocupa. Eso, creo yo, es la mejor demostración de la utilidad de la iniciativa.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Dado que los Países Bajos han presentado solicitudes de ayudas para 512 casos de despido en NXP Semiconductors Netherlands, que opera en el sector de la electrónica, en las regiones NUTS II de Gelderland y Eindhoven, he votado a favor de la resolución por estar de acuerdo con la propuesta de la Comisión y también con las respectivas enmiendas introducidas por el Parlamento. También coincido con la propuesta de que la Comisión de una fuente de financiación para pagos alternativos para recursos no empleados del Fondo Social Europeo (FSE), en el contexto de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), prestando así atención a los frecuentes recordatorios del Parlamento de que el FEAG fue creado como un instrumento específico separado, con sus propios objetivos y plazos, y que, por consiguiente, es necesario para identificar las líneas presupuestarias adecuadas para las transferencias.

  David Casa (PPE), por escrito. – El FEAG es un fondo estructural importante de la UE que nos permite ayudar a los trabajadores que han perdido su empleo como consecuencia de los cambios en las tendencias mundiales. Se ha hecho necesario permitir el acceso a este fondo a los trabajadores de los Países Bajos que han sufrido despidos en el sector de la electrónica. En vista de ello, estoy de acuerdo con las decisiones que se adoptadas por la ponente y he decidido votar a favor de este informe.

  Mário David (PPE), por escrito. – (PT) La ayuda a los trabajadores despedidos debido a la reestructuración y la deslocalización debe ser dinámica y flexible para que pueda ponerse en marcha rápidamente y con eficacia. Dado que los Países Bajos han solicitado la asistencia para 512 casos de despido en NXP Semiconductors Netherlands, que opera en el sector de la electrónica en las regiones de Gelderland y Eindhoven, y teniendo en cuenta las justificaciones que presenté en la explicación de mi voto sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para la región española de Cataluña, voy a votar a favor de este informe.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Una vez más, nos enfrentamos con el problema del cierre de la principal industria de una ciudad, en este caso en Nijmegen, con la circunstancia agravante de que no está previsto el establecimiento de cualquier otra con el mismo potencial de empleabilidad.

La búsqueda de resoluciones adoptadas por el Parlamento le permite comprender a uno con mayor claridad el alcance y la magnitud del problema en varios países europeos. Esos Estados aún no han demostrado su capacidad de contrarrestar la falta de coordinación y la pérdida de atractivo para la inversión y la innovación.

Sin nada que se esté haciendo, me preocupa que las solicitudes para la movilización del fondo se multipliquen y que el propio fondo pueda resultar insuficiente para ayudar a los trabajadores que son víctimas de cambios repentinos e inesperados en sus respectivos negocios.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Teniendo en consideración los efectos de la actual crisis económica y financiera mundial sobre la actividad industrial y los empleos específicos del sector de la electrónica, se hace necesario que haya un programa urgente y eficaz de apoyo a los 512 trabajadores despedidos de la empresa NXL Semiconductores Netherlands, en las regiones holandesas de Gelderland y Eindhoven. Vale la pena destacar el impacto regional y social resultante del declive de la actividad en la unidad empresarial en Nijmegen, en la provincia de Gelderland, donde estaba el mayor empleador local, con un gran número de trabajadores no especializados que habían trabajado en la empresa durante décadas. Esta situación pone de relieve la necesidad de un plan para ayudar a la recuperación y recualificación de estos antiguos empleados, con el fin de promover su reintegración en el mercado laboral. Me gustaría repetir la advertencia sobre la necesidad de garantizar los mecanismos que faciliten y aceleren la movilización y el uso de los recursos del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) por parte de los países europeos.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de la movilización del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización (FEAG) en favor de los Países Bajos porque considero que ese instrumento es un recurso valioso para el apoyo a los trabajadores en dificultades a causa de la crisis económica.

El FEAG fue creado en 2006 para proporcionar ayuda práctica a los trabajadores despedidos por razones asociadas a la deslocalización de sus empresas o, tras la modificación de 2009, a causa de la crisis económica, con el propósito de facilitar su reinserción en el mercado laboral. La votación de hoy tenía relación con una solicitud de ayudas 1590 trabajadores en NXL Semiconductores Netherlands, una empresa de electrónica en las regiones de Gelderland y Eindhoven, por un monto de 1809434 de euros financiados por el Fondo.

Para concluir, me congratulo de la aprobación del informe, lo que demuestra que el FEAG es un recurso útil y eficaz para la lucha contra el desempleo resultante de la globalización y la crisis económica.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) He votado a favor de este informe para destinar fondos provenientes del Fondo Europeo para la Adaptación a la Globalización (FEAG), en concreto para los 512 despidos que se han producido en NXL Semiconductors Netherlands, cuya actividad se desarrolla en el sector de la electrónica en las regiones NUTS II de Gelderland y Eindhoven. El FEAG proporciona ayuda adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial, así como ayuda para reintegrarse en el mercado de trabajo. Holanda ha presentado solicitud de fondos del FEAG para despidos del sector de la automoción que se ajustan al Reglamento del propio Fondo. Ahora debe garantizarse que el FEAG apoye la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos, a pesar de que la asistencia del FEAG no debe sustituir a las acciones que sean responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o de convenios colectivos, ni a las medidas de reestructuración de empresas o sectores.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) Dado que Holanda ha presentado solicitudes de asistencia para 512 despidos en NXP Semiconductors Netherlands, que opera en el sector de la electrónica en las regiones NUTS II de Gelderland y Eindhoven, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y con las enmiendas respectivas presentadas por el Parlamento.

Me gustaría destacar lo siguiente por su especial relevancia: (1) el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) apoya la reinserción en el mercado laboral de trabajadores despedidos, sin exonerar a las empresas de sus responsabilidades; (2) en el contexto de la movilización del FEAG, la Comisión ha propuesto una fuente alternativa de dotaciones de pago distintas a los recursos del Fondo Social Europeo (FSE) no utilizados, como el Parlamento ha exigido; (3) el funcionamiento y el valor añadido del FEAG debería valorarse en el contexto de la evaluación general de los programas y otros varios instrumentos creados por el Acuerdo Interinstitucional del 17 de mayo de 2006, en el proceso de revisión a medio plazo del marco financiero plurianual 2007-2013 (MFP); (4) la propuesta de la Comisión incluye información sobre la solicitud, analizando los criterios de elegibilidad y explicando las razones que han llevado a su aprobación, también en este caso en consonancia con las peticiones del Parlamento.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) Dado que Holanda ha presentado solicitudes de ayuda para 512 despidos en NXP Semiconductors Netherlands, que opera en el sector de la electrónica en las regiones NUTS II de Gelderland y Eindhoven, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y con las enmiendas respectivas presentadas por el Parlamento. También estoy de acuerdo en que la propuesta de la Comisión, en su exposición de motivos, debería incluir información clara y detallada sobre la solicitud, analizando los criterios de elegibilidad y explicando las razones que han llevado a su aprobación, de conformidad con las peticiones formuladas por el Parlamento.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Considerando que la asistencia financiera de la Unión a los trabajadores despedidos debería ser dinámica y facilitarse de la forma más rápida y eficiente posible, de conformidad con la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión aprobada durante la reunión de concertación el 17 de julio de 2008, y teniendo debidamente en cuenta el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 en relación con la adopción de las decisiones de movilización del FEAG; considerando que los Países Bajos han solicitado ayudas en relación con los casos relativos a 512 despidos en NXP Semiconductors Netherlands, que opera en el sector de la electrónica en las regiones NUTS II de la Gelderland y Eindhoven; considerando que la solicitud cumple los criterios de elegibilidad establecidos por el Reglamento FEAG, el PE solicita a las instituciones implicadas que hagan los esfuerzos necesarios para acelerar la movilización del FEAG; recuerda el compromiso de las instituciones para garantizar un procedimiento sencillo y rápido para la aprobación de las decisiones sobre la movilización del FEAG, proporcionando ayudas individuales únicas y de duración limitada orientadas a auxiliar a los trabajadores que han sufrido despidos como consecuencia de la globalización y la crisis financiera y económica; y destaca el papel que el FEAG puede desempeñar en la reinserción en el mercado laboral de los trabajadores que han sido despedidos.

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de la Resolución del Parlamento Europeo sobre la movilización del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización (FEAG) en respuesta a la solicitud presentada por NL/NXP Semiconductores en los Países Bajos.

El 26 de marzo de 2010, los Países Bajos solicitaron la asistencia financiera del FEAG para 512 de los 590 trabajadores despedidos en NXP Semiconductors, que opera en el sector de la electrónica en las regiones NUTS II de Gelderland y Eindhoven. El número total de trabajadores despedidos consta de 425 hombres y 87 mujeres, lo que también incluye a siete trabajadores con problemas graves de salud o discapacidad (1,3 %). Los Países Bajos destacan el grave impacto de estos despidos, ya que NXP Semiconductors es el principal empleador industrial de la zona, ofreciendo puestos de trabajo a un gran número de trabajadores poco cualificados que estaban empleados en la empresa desde hacía varias décadas. La falta de oportunidades de empleo en empresas similares en la región plantea un problema específico a los trabajadores con experiencia especializada en la producción de semiconductores.

La movilización del FEAG es particularmente importante en términos de reinserción de los trabajadores despedidos en el mercado laboral. Sin embargo, quiero llamar la atención de la Comisión y los Estados miembros sobre la necesidad de desarrollar una política industrial de la UE que sea sostenible y cree nuevos puestos de trabajo.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) Desde el 1 de mayo de 2009, el alcance del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se ha ampliado. Ahora también se destina a prestar apoyo a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de la crisis financiera y económica mundial. En las regiones NUTS II de Gelderland y Eindhoven, en los Países Bajos, 512 trabajadores han sido despedidos en NXP Semiconductors Netherlands. Para apoyar a estos trabajadores se ha movilizado un importe de 1 809 434 euros.

Informe: Barbara Matera (A7-0271/2010)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe que ha aprobado la movilización de 2,4 millones de euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para Portugal, cuyo objetivo es auxiliar a los trabajadores despedidos de Qimonda. Esto responde a la solicitud portuguesa de movilización del FEAG de diciembre de 2009. El FEAG fue creado con el fin de proporcionar apoyo adicional a los trabajadores afectados por las consecuencias de cambios estructurales importantes en el comercio internacional. El paquete de ayudas del FEAG tiene por objeto proteger la posición de los 839 trabajadores despedidos de Qimonda Portugal entre el 8 de junio y 8 de octubre del año pasado. Esta cantidad financiará las acciones siguientes: el reconocimiento de capacidades, la formación profesional, la formación y el apoyo enfocados a la creación de empleo, el respaldo a la autopromoción e incentivos para la contratación y la experiencia adquiridas en el lugar de trabajo. Por consiguiente, creo que es esencial para que hagamos todo lo posible para agilizar la movilización del FEAG, teniendo en consideración el compromiso asumido por las instituciones europeas con el fin de garantizar un procedimiento rápido y simple para la aprobación de estas decisiones.

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de la resolución para la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) por un monto total de 2 405 671 euros a Portugal para 839 casos de despido, que tuvieron lugar en Qimonda Portugal SA entre el 8 de junio y el 8 de octubre del año pasado. Esos fondos están destinados a auxiliar a los trabajadores Qimonda que han sido despedidos, a través del reconocimiento de las capacidades, la formación profesional, la formación y el apoyo con miras a la creación de empresas, la asistencia en la auto-colocación e incentivos para la contratación y la práctica profesional adquiridas en el lugar de trabajo. Esta es la segunda vez que Portugal ha presentado una solicitud de movilización del FEAG para la región Norte. En 2009, se movilizaron 832 800 euros tras los despidos en el sector textil. Por último, lamento que el Gobierno portugués no haya aprendido a hacer uso del potencial del fondo. Mientras que los antiguos empleados de la empresa holandesa NXP Semiconductors van a percibir 3 534 euros per capita y los ex empleados daneses de Jutlandia Septentrional 7 908 euros cada uno, los antiguos empleados portugueses de Qimonda solo percibirán 2 867 euros per capita de la ayuda concedida por el fondo.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Dado que Portugal ha solicitado ayudas para 839 casos de despido en Qimonda SA, una empresa multinacional del sector de la electrónica en la región NUTS II Norte, he votado a favor de la resolución, ya que estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión, junto con las respectivas enmiendas introducidas por el Parlamento. También estoy de acuerdo en que el funcionamiento y el valor añadido del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización debe valorarse en el contexto de la evaluación general de los programas y otros varios instrumentos creados por el Acuerdo Interinstitucional del 17 de mayo de 2006 en el proceso de revisión a medio plazo del marco financiero plurianual 2007-2013.

  David Casa (PPE), por escrito. – El FEAG es un fondo estructural importante de la UE que nos permite ayudar a los trabajadores que han perdido su empleo como consecuencia de los cambios en las tendencias mundiales. Para que este fondo sea efectivo, es fundamental permitir su acceso a él cuando sea necesario y de un modo oportuno y eficiente. Por estos motivos, tengo que apoyar a la ponente en sus conclusiones y he decidido votar a favor de este informe.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) El cierre de Qimonda en Vila do Conde ha tenido el efecto inmediato de añadir otros 1 000 trabajadores desempleados en la región Norte del país. En ese momento, la región ya presentaba la mayor tasa de desempleo del país: entre enero y octubre de 2009, las oficinas de empleo en la región norte registraron un flujo mensual medio de 22 000 personas desempleadas. A raíz de los despidos llevados a cabo por la empresa Qimonda Portugal SA, se presentó el 17 de diciembre de 2009 una solicitud de ayuda para 839 trabajadores despedidos.

En función de la evaluación que llevó a cabo, la Comisión llegó a la conclusión de que se habían cumplido todas las condiciones necesarias. Presentó entonces la propuesta de decisión para movilizar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización con el fin de apoyar la reinserción de esos trabajadores, que son víctimas de despidos como consecuencia directa de la crisis financiera y económica mundial.

Por consiguiente, respaldo esta decisión, que permite la movilización de 2 405 671 euros con cargo al presupuesto general de la UE para 2010 para prestar asistencia financiera en respuesta a la petición portuguesa. También me gustaría hacer hincapié en la necesidad de garantizar que su aprobación se gestione con celeridad.

  Mário David (PPE), por escrito. – (PT) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), una iniciativa de 2005 del Presidente de la Comisión, señor Barroso, a raíz del informe de la Comisión Valores europeos en un mundo globalizado, tiene ahora un nuevo formato que lo hace más transparente, con objetivos más amplios que incorporan las consecuencias de la crisis actual y que señala el camino hacia tiempos de espera más breves para que los fondos estén disponibles, lo que espero que suceda en este caso.

Aunque he votado a favor de la propuesta, me parece lamentable que, una vez más, el Gobierno portugués no haya sabido aprovechar el fondo al máximo, como sí se ha hecho en otros países y como está ampliamente demostrado por la cantidad per cápita de los fondos solicitados con cargo al FEAG, cuando se analizan las diferentes solicitudes.

Hoy, por ejemplo, ha habido votaciones sobre otras solicitudes de ayuda con cargo al FEAG, que han puesto de manifiesto que mientras los ex trabajadores de la empresa holandesa NXP Semiconductors van a percibir 3 534 euros per capita, los ex trabajadores daneses de Jutlandia Septentrional obtendrán 7 908 cada uno. En el caso de los antiguos empleados portugueses de Qimonda, que están cubiertos por el fondo, solo recibirán 2 867 euros per cápita en concepto de ayuda del fondo. Este está destinado a medidas como el reconocimiento de capacidades, la formación profesional, la formación y el apoyo enfocados a la creación de empresas, el respaldo a la auto-colocación o incentivos para la contratación y la práctica profesional adquiridas en el lugar de trabajo.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe porque creo que la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para Portugal es crucial con el fin de apoyar a los trabajadores despedidos de Qimonda. Los 2,4 millones de euros que se movilizan resultarán sin duda insuficientes para abordar los efectos negativos de los despidos, pero serán de gran ayuda. La movilización debe ser simple y rápida, y debería incluir programas de formación que contribuyesen a la reinserción efectiva en el mercado laboral de los trabajadores afectados.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La empresa portuguesa Qimonda, que forma parte de un grupo alemán líder en el mundo, se contemplaba en Portugal como un ejemplo de éxito y como una empresa a la vanguardia de su sector. Ha sido el mayor exportador portugués, y antes de ser conocida por los problemas que han llevado a su insolvencia, estaba preparándose para invertir en nuevas tecnologías y había obtenido financiación pública para apoyar la producción de células solares. Los empleados de Qimonda estaban altamente cualificados y tenían altos índices de productividad, sin nada que sugiriese que la empresa dejaría de ser viable en un espacio tan corto de tiempo. En 2008, la compañía incluso consideró la posibilidad de crear tres plantas más en Portugal, todas ellas alrededor de la localidad de Vila do Conde. La región Norte, donde Qimonda estaba establecida, tiene tradición industrial y se ha visto muy afectada por el cierre de empresas y el desempleo. La capacidad Qimonda para atraer trabajadores cualificados, tan necesarios para la región, se ha visto ahora comprometida.

Confío en que los empleados de Qimonda puedan obtener suficiente ayuda de la movilización del fondo y tengan éxito en su plena reintegración en el mercado laboral. Me gustaría aquí expresar mi solidaridad con ellos y sus familias.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El cierre de la fábrica de Qimonda en Vila do Conde ha agravado los altos niveles de desempleo en el norte de Portugal. En este caso, 900 trabajadores fueron despedidos, la gran mayoría de los cuales tiene un bajo nivel educativo: el 36,6 % tiene solo la educación básica y únicamente el 10,7 % accedió a la educación post-secundaria. Por lo tanto, vale la pena señalar la importancia de este plan de ayudas a 839 de los trabajadores despedidos con el fin de mitigar el impacto de la grave crisis económica, financiera y social que esta región está experimentando. También me gustaría hacer hincapié en la importancia de medidas tales como la certificación de competencias, la formación profesional, incentivos para la creación de empleo y la oportunidad de adquirir nuevas experiencias en el lugar de trabajo. Por otro lado, es lamentable que en dos años esta sea solo la segunda solicitud que Portugal ha presentado al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para recibir apoyo directo para los trabajadores en la región Norte. Ante el abrumador número de desempleados y el empobrecido estado de las finanzas públicas en Portugal, junto con la recesión económica en 2011, bajo recientes medidas de austeridad, el gobierno tiene el deber y la obligación de actuar de manera más competente en la captación de estos fondos para respaldar de forma concreta a los trabajadores desempleados.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El Parlamento ha aprobado la movilización de 2,4 millones de euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), destinados a apoyar a los trabajadores que han sido despedidos de Qimonda, a través de una solicitud presentada por el Gobierno portugués el 17 de diciembre de 2009. Esto implica la movilización de una suma total de 2 405 671 euros del FEAG para Portugal, y afecta a los 839 despidos efectuados en Qimonda Portugal SA entre el 8 de junio y 8 de octubre del año pasado. El coste total estimado de este paquete es 3,7 millones de euros, de los cuales 2,4 millones, o 65 % del coste total, se solicitaron con cargo al FEAG.

Lamentablemente, la Comisión y el Consejo no estuvieron disponibles para intervenir cuando hubiese sido posible mantener la empresa en funcionamiento y evitar que esta compañía multinacional, con sede en Alemania, despidiese trabajadores. Este escaso apoyo a los desempleados solo se produce ahora, con retraso.

Esta es la décimo sexta solicitud remitida para su examen en el marco del presupuesto de 2010, e incluirá las siguientes medidas: el reconocimiento de competencias, la formación profesional, la formación y el apoyo dirigidos a la creación de empleo, el respaldo a la autopromoción e incentivos para la contratación y la experiencia adquirida en el lugar de trabajo.

La región Norte, donde se han llevado a cabo los despidos, ya había recibido autorización para ayudas del FEAG en función de una solicitud previa de 2009 con respecto a despidos en el sector textil. En aquella ocasión se movilizó una suma de 832 000 euros.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) en favor de Portugal porque considero que ese instrumento es un recurso valioso para el apoyo a los trabajadores en dificultades a causa de la crisis económica.

El FEAG fue creado en 2006 para proporcionar apoyo práctico a los trabajadores despedidos por razones asociadas a la deslocalización de sus empresas o, tras la modificación de 2009, a causa de la crisis económica, con el fin de facilitar su reinserción en el mercado laboral. La votación de hoy tenía que ver con una solicitud de ayuda para 839 trabajadores en Qimonda Portugal, SA, una empresa de electrónica, que asciende a la suma de 2 405 671 euros financiados por el FEAG.

Para concluir, me congratulo de la aprobación del informe, lo que demuestra que el FEAG es un recurso útil y eficaz para la lucha contra el desempleo resultante de la globalización y la crisis económica.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) He votado a favor de este informe para destinar fondos provenientes del Fondo Europeo para la Adaptación a la Globalización (FEAG), en concreto para los 839 despidos que se han producido en Qimonda AG, empresa multinacional cuya actividad se desarrolla en el sector de la electrónica en la región NUTS II del Norte. El FEAG proporciona ayuda adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial, así como ayuda para reintegrarse en el mercado de trabajo. Portugal ha presentado solicitud de fondos del FEAG para despidos del sector de la automoción que se ajustan al Reglamento del propio Fondo. Ahora debe garantizarse que el FEAG apoye la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos, a pesar de que la asistencia del FEAG no debe sustituir a las acciones que sean responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o de convenios colectivos, ni a las medidas de reestructuración de empresas o sectores.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) Dado que Portugal ha solicitado ayudas para 839 casos de despido en Qimonda SA, una empresa multinacional que opera en el sector de la electrónica en la región NUTS II Norte, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y con las enmiendas respectivas presentadas por el Parlamento.

Me gustaría destacar lo siguiente por su especial relevancia: (1) el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) apoya la reinserción en el mercado laboral de trabajadores despedidos, sin exonerar a las empresas de sus responsabilidades; (2) en el contexto de la movilización del FEAG, la Comisión ha propuesto una fuente alternativa de dotaciones de pago distintas a los recursos del Fondo Social Europeo (FSE) no utilizados, como el Parlamento ha exigido; (3) el funcionamiento y el valor añadido del FEAG debería valorarse en el contexto de la evaluación general de los programas y otros varios instrumentos creados por el Acuerdo Interinstitucional del 17 de mayo de 2006, en el proceso de revisión a medio plazo del marco financiero plurianual 2007-2013 (MFP); (4) la propuesta de la Comisión incluye información sobre la solicitud, analizando los criterios de elegibilidad y explicando las razones que han llevado a su aprobación, también en este caso en consonancia con las peticiones del Parlamento.

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Obviamente, voy a votar a favor de la decisión financiera de movilizar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para los trabajadores despedidos de Qimonda en Portugal.

En este punto, es importante señalar que esta decisión ha llegado demasiado tarde, y que el dinero llegará a Portugal incluso más tarde: no antes de finales de noviembre o principios de diciembre. Las cosas no tenían por qué ser así y tampoco deberían ser así. El FEAG puede y debe agilizarse para que las víctimas de un despido colectivo no tengan que esperar 17 meses para el apoyo que ha sido declarado de carácter urgente, como ocurre en este caso.

Si Europa se mantiene tan considerada con el capital financiero, no puede seguir siendo tan descortés con las víctimas de la crisis.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) Dado que Portugal ha solicitado ayuda para 839 casos de despido en Qimonda SA, una empresa multinacional que opera en el sector de la electrónica en la región NUTS II Norte, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y con las enmiendas respectivas presentadas por el Parlamento. También estoy de acuerdo en que la propuesta de la Comisión, en su exposición de motivos, debería incluir información clara y detallada sobre la solicitud, analizando los criterios de elegibilidad y explicando las razones que han llevado a su aprobación, de conformidad con las peticiones formuladas por el Parlamento.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Portugal ha solicitado ayuda en relación con los casos relativos a 839 despidos en Qimonda AG, una empresa multinacional del sector electrónico en la región NUTS II Norte. La solicitud cumple los criterios de elegibilidad establecidos por el Reglamento FEAG. En su resolución, el PE solicita a las instituciones implicadas que hagan los esfuerzos necesarios para acelerar la movilización del FEAG; recuerda el compromiso de las instituciones para garantizar un procedimiento sencillo y rápido para la aprobación de las decisiones sobre la movilización del FEAG, proporcionando ayudas individuales únicas y de duración limitada orientadas a auxiliar a los trabajadores que han sufrido despidos como consecuencia de la globalización y la crisis financiera y económica; y destaca el papel que el FEAG puede desempeñar en la reinserción en el mercado laboral de los trabajadores que han sido despedidos.

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) es un instrumento legislativo y presupuestario de la UE creado para proporcionar ayuda adicional a los trabajadores afectados por las consecuencias de cambios sustanciales en la estructura del comercio mundial. Dado que Portugal ha presentado solicitudes de ayuda para 839 casos de despido en Qimonda SA, una empresa multinacional que opera en el sector de la electrónica en la región NUTS II Norte, acojo con satisfacción la aprobación del informe por el Parlamento. Confío en que la ayuda se facilite de la forma más rápida y eficaz posible, a través de un procedimiento simple y acelerado, para permitir la reincorporación en el mercado laboral de los trabajadores afectados por los despidos provocados por la globalización y la crisis económica y financiera.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) En la empresa multinacional Qimonda SA, que opera en el sector de la electrónica en la región Norte, ha habido 839 despidos como consecuencia de la crisis financiera y económica mundial. Los 2 405 671 euros movilizados desde el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización financiarán un paquete coordinado de servicios personalizados, que se complementará con medidas nacionales y las medidas adoptadas por la empresa.

Informe: Barbara Matera (A7-0272/2010)

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. – (ES) Apoyo la concesión de la ayuda de 2 752 935 euros con cargo a los fondos del FEAG para Cataluña como ayuda adicional a los 1 429 trabajadores despedidos de las 23 empresas dedicadas a la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, como consecuencia de los cambios estructurales en los patrones del comercio mundial y cuyos despidos se han producido en el plazo de nueve meses, desde el 23 de febrero del 2009 al 22 de noviembre de 2009.

Estas ayudas deben servir para apoyar la integración laboral de las personas despedidas que en un 25 % de los casos no tienen estudios básicos o abandonaron la escuela y en un 40 % solo tienen estudios básicos. De ellos, cerca del 75 % son varones y el 25 % tiene más de 55 años. Estas ayudas en ningún caso deben sustituir a las responsabilidades de las empresas en virtud de la legislación nacional o de los convenios colectivos, ni las medidas de reestructuración de empresas o sectores. Tal y como dice el informe de la Comisión de Presupuestos, será necesario aclarar las razones por las que no se incluye al 23 % de los trabajadores en la creación de perfiles y saber qué medidas se ofrecen particularmente a esos trabajadores.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Teniendo en cuenta que España ha presentado una solicitud de ayuda en relación con 1 429 despidos ocurridos en 23 empresas que operan en la división 29 («Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS II de Cataluña, he votado a favor de la resolución, ya que estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión, junto con las respectivas enmiendas introducidas por el Parlamento. También estoy de acuerdo en que debe garantizarse que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) apoye la reintegración de los trabajadores despedidos, y me gustaría reiterar que el respaldo del FEAG no sustituye las medidas que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o los convenios colectivos, ni debería financiar la reestructuración de empresas o sectores.

  Mário David (PPE), por escrito. – (PT) La ayuda financiera concedida a los trabajadores afectados por los despidos como consecuencia de la globalización debe llevarse a cabo a título individual y tener como objetivo su reinserción en el mercado laboral. Por consiguiente, es importante destacar que esta ayuda no sustituye las responsabilidades que normalmente competen a las empresas, ni tiene como propósito la financiación y la reestructuración de empresas. En vista de ello, la declaración conjunta del trílogo institucional evidencia la importancia de garantizar que los procedimientos sean lo más simples y rápidos posible para la aprobación de decisiones sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG). Considerando que España ha solicitado ayuda en relación con 1 429 despidos en 23 empresas que operan en la región de Cataluña, voy a votar a favor de este informe.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (Cataluña automoción/España), ya que permitirá la concesión de ayudas complementarias a los trabajadores catalanes afectados por las consecuencias de cambios sustanciales en la estructura de la economía mundial, junto con la ayuda a la reinserción de esos trabajadores en el mercado laboral.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Cuando pienso en la crisis que ha afectado a este sector, recuerdo haber oído contar al ex presidente del Gobierno de España, José María Aznar, cómo el ex presidente de los Estados Unidos de América, George W Bush, se quedó sorprendido al enterarse de que el primer artículo español de exportación no era un producto agrícola, sino los coches. Aquella fue una señal positiva de que los viejos estereotipos sobre las economías del suroeste de Europa empezaban a dejar de tener sentido.

Por desgracia, el esfuerzo para modernizar la industria española, impulsado sobre todo por el Gobierno del Partido Popular, ha sufrido un importante revés con la crisis mundial. La caída en la demanda de automóviles en la UE es muy seria, y la producción en el segundo trimestre de 2009 disminuyó en casi un 40 %, una situación que amenaza con poner en riesgo aún más puestos de trabajo, no solo en España sino en toda la UE.

Contemplo este contratiempo con preocupación, y espero que la economía española sea capaz de responder adecuadamente a la crisis, siendo este fondo apenas una parte de esa respuesta.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El plan de ayuda previsto para 1 429 ex empleados de 23 fabricantes de vehículos de motor, remolques y semiremolques en la región de Cataluña, España, es urgentemente necesario para el desarrollo técnico y profesional de un gran número de europeos que se han visto directamente afectados por la actual crisis económica y financiera mundial. Aproximadamente el 25 % de los trabajadores cubiertos por este plan no asistió a la escuela o la abandonó pronto, y más del 40 % de ellos solo tienen un nivel básico de educación. Los bajos niveles de educación y formación de la mano de obra en sectores clave de la producción en Europa constituyen un gran problema en vista de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Con el fin de apoyar el crecimiento sostenible, inteligente e integrador, se impone una estrategia que garantice una mejor eficiencia y rentabilidad de los recursos disponibles para los Estados miembros y los ciudadanos europeos, como a través del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG). En el caso del FEAG, solo poco más del 10 % de los 500 millones de euros previstos en el presupuesto se ha empleado este año, lo que es inaceptable dada la magnitud del desempleo en Europa y las crecientes dificultades para encontrar trabajo.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) en favor de España porque considero que este instrumento es un recurso valioso para el apoyo a los trabajadores en dificultades a causa de la crisis económica.

El FEAG fue creado en 2006 para proporcionar apoyo práctico a los trabajadores despedidos por razones asociadas a la deslocalización de sus empresas o, tras la modificación de 2009, a causa de la crisis económica, con el fin de ayudar a su reinserción en el mercado de trabajo. El informe aprobado hoy tenía que ver con una solicitud de financiación presentada por España en relación con 1 429 trabajadores de 23 empresas diferentes en el sector de los vehículos de motor, por un total de 2 752 935 euros.

Por último, debo señalar que la votación de hoy sobre los cuatro informes relativos a la movilización del FEAG para proporcionar la financiación total de unos 14 millones de euros, muestra que el fondo es un recurso útil y eficaz para la lucha contra el desempleo resultante de la globalización y la crisis económica.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) He votado a favor de este informe para destinar fondos provenientes del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para la Comunidad Autónoma de Cataluña, en concreto para los 1 429 despidos que se han producido en 23 empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 29 («Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS II de Cataluña. El FEAG proporciona ayuda adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial, así como para ayudarles a reintegrarse al mercado de trabajo. España ha presentado una solicitud de fondos del FEAG para despidos del sector de la automoción que se ajustan al reglamento del propio Fondo. Ahora debe garantizarse que el FEAG apoye la reintegración al mercado laboral de los trabajadores despedidos, a pesar de que la asistencia del FEAG no debe sustituir a las acciones que sean responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o de convenios colectivos, ni a las medidas de reestructuración de empresas o sectores.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) Dado que España ha presentado una solicitud de ayuda en relación con 1 429 casos de despido en 23 empresas que operan en la división 29 («Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS II de Cataluña, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y con las modificaciones que fueron presentadas por el Parlamento.

Me gustaría destacar lo siguiente por su especial relevancia: (1) el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) apoya la reinserción en el mercado laboral de trabajadores despedidos, sin exonerar a las empresas de sus responsabilidades; (2) en el contexto de la movilización del FEAG, la Comisión ha propuesto una fuente alternativa de dotaciones de pago distintas a los recursos del Fondo Social Europeo (FSE) no utilizados, como el Parlamento ha exigido; (3) el funcionamiento y el valor añadido del FEAG debería valorarse en el contexto de la evaluación general de los programas y otros varios instrumentos creados por el Acuerdo Interinstitucional del 17 de mayo de 2006, en el proceso de revisión a medio plazo del marco financiero plurianual 2007-2013 (MFP); (4) la propuesta de la Comisión incluye información sobre la solicitud, analizando los criterios de elegibilidad y explicando las razones que han llevado a su aprobación, también en este caso en consonancia con las peticiones del Parlamento.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – España ha solicitado ayuda en relación con los casos relativos a 1 429 despidos en 23 empresas que operan en el sector de la división 29 («Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS II de Cataluña. La solicitud cumple los criterios de elegibilidad establecidos por el Reglamento FEAG. Como catalán, me alegro de que el Parlamento haya acordado instar a las instituciones implicadas a que hagan los esfuerzos necesarios para acelerar la movilización del FEAG, y a recordar el compromiso de las instituciones para garantizar un procedimiento sencillo y rápido para la adopción de las decisiones relativas a la movilización del FEAG, proporcionando ayudas individuales únicas y de duración limitada orientadas a auxiliar a los trabajadores que han sufrido despidos como consecuencia de la globalización y la crisis financiera y económica. El Parlamento también hizo hincapié en el papel que el FEAG puede desempeñar en la reinserción de los trabajadores despedidos en el mercado laboral.

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. – (RO) En enero de 2010, España presentó una solicitud para movilizar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) ante los despidos realizados por 23 empresas en la región de Cataluña, que operan en la producción de vehículos de transporte por carretera, remolques y semirremolques. He votado a favor de la Resolución del Parlamento Europeo relativa a la movilización del FEAG para la concesión de ayudas a los trabajadores despedidos. Esos despidos se efectuaron en el contexto de la crisis financiera y económica, que se tradujo en una caída en la demanda de vehículos en España y en todo el mundo a un ritmo sin precedentes.

Entre febrero y noviembre de 2009, 2 330 trabajadores fueron despedidos solo en la Comunidad Autónoma de Cataluña, de los cuales un 75 % eran hombres y casi el 25 % de ellos mayores de 55 años. Estoy a favor de que los trabajadores despedidos reciban ayuda financiera y capacitación para que puedan obtener nuevos puestos de trabajo seguros durante el mayor tiempo posible.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) De esta movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización van a beneficiarse 1 429 trabajadores del sector de fabricación de vehículos de motor, remolques y semiremolques en la Comunidad Autónoma española de Cataluña. La Comisión propuso que, en este caso concreto, se movilizase un importe de 2 752 935 euros del fondo para apoyar la reinserción en el mercado laboral de los antiguos empleados de un total de 23 empresas, ya que la solicitud, complementada con información adicional en abril, reúne los requisitos para una aportación financiera del FEAG.

Informes: Barbara Matera (A7-0270/2010, A7-0269/2010, A7-0271/2010, A7-0272/2010)

  Peter Jahr (PPE), por escrito. – (DE) Me satisface mucho que el Parlamento Europeo haya decidido hoy el apoyo a numerosas personas que se han visto perjudicadas por la globalización. Sin embargo, los fondos europeos deben proporcionarse ahora de forma rápida y libre de trabas burocráticas para que esas personas puedan encontrar un nuevo empleo cuanto antes. Esta es una contribución importante y bien visible de la Unión Europea, que demuestra a esas personas con claridad lo que la UE quiere y es capaz de hacer, también para ayudar a la gente en situaciones de emergencia. Por otro lado, también debemos hacer todo lo posible para estructurar la globalización de una manera que tenga sentido. Por consiguiente, es importante que la Unión Europea favorezca condiciones de competencia justas en las relaciones económicas internacionales. Ello permitirá eliminar desde el principio las discriminaciones de algunos sectores.

  Crescenzio Rivellini (PPE), por escrito. – (IT) Me gustaría felicitar a la señora Matera por el excelente trabajo que ha realizado. He votado hoy a favor de las cuatro solicitudes de apoyo financiero para los trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo en España, Dinamarca, los Países Bajos y Portugal. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó en 2006 con un límite máximo de 500 millones de euros para ayudar a los solicitantes de empleo a encontrar nuevos puestos de trabajo, para financiar cursos de formación específicos, para ayudar a los trabajadores a crear sus propias empresas y para garantizar unos complementos de renta de duración limitada en forma de asignaciones de movilidad, asignaciones de búsqueda de empleo y subsidios para la formación o reinserción en el mercado de trabajo.

El FEAG está mostrando un buen grado de flexibilidad y prestando asistencia en casos específicos en muchas regiones de Europa. Debemos, sin embargo, hacer todo lo que sea necesario para acelerar la movilización de este instrumento, sobre todo en vista de su papel positivo en la lucha contra la crisis económica.

Informe: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Acojo con agrado este informe, que gestiona la aplicación del presente convenio y las recomendaciones adoptadas por la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste (CPANE), lo que posibilita la adopción de medidas de control y cumplimiento para todos los buques de pesca que están siendo utilizados, o vayan a ser utilizados, en actividades orientadas a la pesca, como los recursos pesqueros. Algunas de estas disposiciones se han incorporado a la legislación de la UE a través de los reglamentos y las cuotas anuales relativos a los totales admisibles de capturas (TAC), y la posición de la ponente merece respaldo en lo que respecta al rechazo de este método precedente, ya que la legislación está volviéndose confusa y tiene un efecto negativo sobre la credibilidad de la UE. La máxima prioridad debe concederse a la aplicación a cargo de las organizaciones regionales de pesca (ORP) de las medidas de lucha contra la pesca ilegal, de tal manera que el sistema de control y ejecución adoptado por este Convenio se aplique con rapidez en la legislación de la UE, con un Parlamento informado de modo detallado y puntual sobre todas las fases de las negociaciones con las ORP, garantizando la presencia de observadores de esta institución en las negociaciones.

  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) En primer lugar, querría expresar mi reconocimiento a la ponente. He votado a favor de este informe porque estoy de acuerdo en que el régimen de control y ejecución adoptado por el Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Nororiental debe incorporarse a la legislación de la UE. Yo, en general, valoro positivamente la nueva normativa sobre el control de barcos que realizan pesca ilegal y no declarada, y que constituye la materia del informe que acabamos de aprobar.

También estoy de acuerdo con el nuevo sistema de control estatal de puertos, que cerrará los puertos europeos a los desembarques y transbordos de pescado congelado, cuya legalidad no haya sido verificada por el Estado de abanderamiento del barco pesquero extranjero. Considero, sin embargo, que cuando estos cambios se hayan incorporado, será necesario evaluar algunas soluciones de compromiso y efectuar algunos ajustes, siempre y cuando se considere viable en términos del propio Convenio. Por último, estoy convencido de que la transposición se puede lograr con mayor rapidez y eficacia si se mantiene al Parlamento constantemente informado en todas las etapas de las negociaciones, garantizando que los observadores de esta Cámara se sienten en la mesa de negociaciones.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Es fundamental que la Unión Europea establezca un régimen comunitario para prevenir, impedir y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El reglamento propuesto debe integrar las medidas que establecen las posibilidades de pesca y las condiciones asociadas en aguas de la UE, y, para los buques pesqueros de la UE, en las demás aguas donde sea necesario fijar limitaciones de capturas. Es básico que esto esté en consonancia con los objetivos de la política pesquera común (PPC) y que contribuya al desarrollo sostenible.

  Lara Comi (PPE), por escrito. – (IT) Es metodológicamente es correcto efectuar correcciones para revisar y actualizar el contenido de los convenios, como se ha hecho en esta ocasión. Al mismo tiempo, sin embargo, es preciso cuestionar el papel del Parlamento en esta revisión. Aparte de las cuestiones formales, el funcionamiento de los organismos asociados a las instituciones europeas debe estar sometido a un seguimiento constante para asegurar que estos sean eficaces, estén actualizados y tengan capacidad de respuesta a los desafíos que pueden cambiar una vez que ha sido firmado el correspondiente acuerdo.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre el régimen de control y ejecución aplicable en la zona del Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Nororiental porque introduce nuevas medidas de control y ejecución para la conservación y el uso equilibrado de los recursos pesqueros de la región. En particular, este régimen contempla el control de los buques que realizan actividades pesqueras ilegales, no controladas y no reguladas, así como un sistema de control que debe llevar a cabo el país del puerto en el que se desembarcan los productos pesqueros.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Habida cuenta de la importancia que tiene la pesca para Europa (tanto como actividad económico que genera empleo y riqueza, como por el papel que desempeña en la alimentación de la población), debemos examinar muy detenidamente cualquier normativa que pretenda imponer obligaciones más estrictas a los pescadores europeos.

La propuesta objeto de examen tiene por finalidad actualizar los reglamentos de la UE por los que se transpone el régimen de control y ejecución adoptado por el Convenio de la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste (CPANE). Dichas medidas tienen por principal objetivo promover el cumplimiento de las normas del Convenio por parte de los buques de las Partes no contratantes, e incluyen un nuevo sistema de control por parte del Estado miembro del puerto. De este modo se evita que se desembarque en puertos europeos pescado congelado cuya legalidad no ha sido confirmada.

Asimismo establece nuevas medidas, como el control de los buques que realizan actividades pesqueras ilegales, incontroladas y no reguladas. Creo que estas medidas servirán en última instancia para proteger a los pescadores europeos contra la introducción de pescado que no cumple la normativa de la UE en el mercado europeo, algo de lo que debemos felicitarnos.

  José Manuel Fernandes (PPE) por escrito. – (PT) He votado a favor de este documento porque estoy de acuerdo en que es necesario transponer al derecho de la UE el régimen de control y ejecución adoptado por el Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Nororiental. Me gustaría destacar entre las nuevas normas el control de los buques de pesca ilegales y no declarados, así como el nuevo régimen de control por parte del Estado miembro del puerto, que cerrará los puertos europeos a los desembarques de pescado congelado cuya legalidad no haya verificado el Estado de pabellón de los buques pesqueros que enarbolen la bandera de otra Parte contratante. En 2007 y 2008, el Parlamento no estuvo representado en la reunión anual de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental. Por ello no puedo dejar de decir que, a la vista del Tratado de Lisboa, el Parlamento debería estar representado en las negociaciones futuras sobre convenios internacionales en esta materia.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El sistema de control propuesto incluye disposiciones para promover el cumplimiento de las medidas de conservación y ejecución por parte de los buques de Partes no contratantes y, de este modo, garantiza la plena observancia de las medidas de conservación y gestión adoptadas por el Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Nororiental. Por consiguiente viene a colmar las lagunas del sistema de control, en particular en lo referente a las actividades pesqueras ilegales, no controladas y no reguladas, razón por la que cuenta con nuestro apoyo.

El informe considera que los Estados miembros cuyos buques están autorizados a pescar en la zona regulada por este Convenio deberían establecer los medios de inspección necesarios para este sistema. Es importante señalar que el control de las actividades pesqueras exige actualmente mayores esfuerzos a los Estados miembros, ya sea en el marco de la política pesquera común (PPC) o bien en el ámbito de las organizaciones regionales de pesca.

Por ello creemos que es recomendable volver a examinar los recursos financieros asignados al control, en particular por lo que se refiere a las tasas máximas de cofinanciación contempladas en las medidas financieras de la PPC para la adquisición, desarrollo y modernización del equipo de control por parte de los Estados miembros. Por esta razón hemos propuesto que se aumente esta tasa del 50 % actual al 75 % en el proceso de revisión en curso de este Reglamento.

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), por escrito. – (GA) El Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Nororiental, del que la Comunidad y la UE ahora son parte contratante, entro en vigor en 1982.

La finalidad de este convenio es garantizar la conservación a largo plazo y el uso máximo de los recursos pesqueros del Atlántico Nororiental, en interés de la sociedad, la sostenibilidad y el medio ambiente. Pueden introducirse medidas de control y ejecución para poner en práctica este convenio y las recomendaciones adoptadas por la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste (CPANE). Estas medidas se refieren a todos los buques que pescan en los caladeros definidos en el convenio.

La finalidad de la propuesta es poner al día la legislación de la Unión. En 2006, el Convenio introdujo un nuevo régimen para mejorar el control y la aplicación de sus recomendaciones. Otro cambio consiste en la inclusión del sistema de control por parte del Estado del puerto, que no permite el desembarque de pescado congelado en puertos europeos cuando el Estado de pabellón de un buque extranjero no haya determinado su legalidad. Asimismo contempla nuevas medidas en relación con la regulación de los buques dedicados a actividades pesqueras ilegales, no controladas y no reguladas.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe sobre la propuesta de Reglamento por el que se establece un régimen de control y ejecución aplicable en la zona del Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Nororiental, del que la UE es parte contratante, porque considero que este régimen debe incorporarse al derecho de la UE. En 2006, la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste adoptó un nuevo régimen destinado a mejorar el control y la ejecución de sus recomendaciones, y en ese entonces la Unión Europea y el Parlamento Europeo manifestaron estar plenamente a favor de dichas recomendaciones. En particular existe un amplio apoyo a las nuevas disposiciones destinadas a introducir un sistema de control por parte del Estado del puerto, que cerrará los puertos europeos a los desembarques y trasbordos de pescado congelado cuya legalidad no haya sido verificadas por las autoridades de dicho Estado. En resumen, esta serie de recomendaciones adaptan el régimen aplicado previamente a las necesidades actuales y, por consiguiente, creo que sería conveniente transponerlas sin demora.

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La lucha contra la pesca ilegal, no controlada y no regulada es crucial para mantener la sostenibilidad de los recursos pesqueros, así como para garantizar una mayor equidad e igualdad en la distribución de la riqueza. La existencia misma de las comunidades pesqueras depende de estas condiciones.

El control de todos los buques que pesquen o vayan a pescar en las zonas indicadas por el convenio, así como las medidas de ejecución, revisten una gran importancia en este contexto. Este informe avanza por el camino correcto. Todos deberíamos participar en este esfuerzo y contribuir a su desarrollo. La prevención, la disuasión y la eliminación de la pesca ilegal, no controlada y no regulada debe ser una prioridad de la política pesquera común.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) El Parlamento Europeo ha subrayado en distintas ocasiones que debe concederse total prioridad a las medidas de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no documentada aplicadas por las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP). En consecuencia, la ponente considera que debe incorporarse rápidamente al Derecho de la UE el régimen de control y ejecución adoptado por la CPANE. El Reglamento (CE) nº 1005/2008 del Consejo, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada («Reglamento INDNR») entró en vigor el 1 de enero de 2010. El Reglamento (CE) nº 1006/2008 del Consejo, relativo a la autorización de las actividades pesqueras de los buques pesqueros comunitarios fuera de las aguas comunitarias y al acceso de los buques de terceros países a las aguas comunitarias, establece que los buques pesqueros de la UE tienen la obligación de estar en posesión de una autorización de pesca para realizar actividades pesqueras fuera de las aguas de la UE. Por ello, he votado a favor del Informe Fraga por entender que es necesario controlar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – (LV) La cooperación en el ámbito de la pesca en el Atlántico Nororiental implica en primer lugar cuotas justas para todos los participantes en esta actividad. La base jurídica que va a introducirse para su aplicación a todos los participantes debe fundamentarse en la lógica. Nadie debe tener derechos exclusivos para explotar los recursos pesqueros del Atlántico. He votado a favor con la esperanza de que la legislación ofrezca igualdad de oportunidades y responsabilidades por todas las infracciones en el ámbito de la pesca, en la que no haya favoritos ni intrusos, como a menudo sucede cuando la legislación se elabora para favorecer los intereses de los grandes Estados miembros de la UE.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) El aumento de la renta y la mejora de las infraestructuras han dado lugar a un mayor consumo de pescado, incluso en los países en desarrollo. Las cantidades de peces capturados aumentan año tras año y, por consiguiente, lo seguirán haciendo. Los estudios demuestran que el aumento de las poblaciones de peces en los océanos y aguas interiores se debe sobre todo a la acuicultura. Cada vez se utilizan flotas de mayor tamaño para intentar capturar peces de poblaciones cada vez más reducidas. A fin de poner fin a la despiadada sobreexplotación de los recursos pesqueros es importante introducir un régimen de control y ejecución. Las informaciones acerca de pescadores que son mantenidos cautivos en alta mar como siervos y que tienen que trabajar denodadamente a cambio de salarios sumamente bajos en condiciones muy parecidas a las de la esclavitud son motivo de preocupación. Si queremos que nuestros descendientes sepan a qué sabe el pescado, es indispensable imponer controles. Para todo ello es conveniente una renacionalización, al menos parcial, de la política pesquera, a fin de que los problemas regionales puedan abordarse de forma exhaustiva. He votado teniendo en cuenta este aspecto.

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), por escrito. – (PL) En el informe se habla de la Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Nororiental, que entró en vigor el 17 de marzo de 1982. La Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste (CPANE) fue creada para controlar el cumplimiento de las recomendaciones que figuran en ese documento.

El informe subraya la importancia de adoptar las medidas necesarias para garantizar el control y ejecución de las disposiciones aplicables a todos los buques que pesquen o vayan a pescar en las zonas definidas en el convenio. Lo más importante es que las organizaciones regionales de pesca apliquen medidas en dicho ámbito para luchar contra la pesca ilegal, no controlada y no regulada. Así pues es prioritario adoptar el régimen de control y ejecución adoptado por este Convenio, el cual debería ser transpuesto lo antes posible a la legislación de la UE.

El ponente subraya igualmente que es importante que los buques pesqueros de la UE tengan la obligación de poseer una autorización para pescar fuera de aguas de la Unión Europea. Este informe nos permitirá colmar las lagunas legales que han existido hasta ahora en relación con las disposiciones legislativas relativas a las flotas de la Unión Europea, lo que aumentará la credibilidad de la Unión Europea en este ámbito y contribuirá a la lucha contra la pesca ilegal.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) La propuesta de reglamento del Parlamento y el Consejo por el que se establece un régimen de control y ejecución aplicable en la zona del Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Nororiental tiene una enorme importancia para poner al día la normativa de la UE a fin de aplicar el régimen de control y ejecución adoptado por este Convenio.

Al igual que otros casos en los que se han transpuesto las recomendaciones de las organizaciones regionales de pesca en el derecho de la UE en la materia, esta propuesta pretende introducir controles más estrictos para luchar contra la pesca ilegal, eliminar las posibles lagunas y defender el principio fundamental de la política pesquera común (PPC) que es la pesca sostenible dentro y fuera de las aguas de la UE.

Además, en mi opinión, el texto acordado y votado hoy defiende las prerrogativas del Parlamento en virtud del procedimiento legislativo ordinario y contempla los cambios necesarios derivados de los artículos 290 sexies y 291 del Tratado sobre el funcionamiento de la UE.

Por todas estas razones votaré a favor de esta propuesta.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – El Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Nororiental, del que la UE es parte contratante, fue aprobado por la Decisión 81/608/CEE del Consejo y entró en vigor el 17 de marzo de 1982. Pueden adoptarse medidas de control y ejecución para poner en práctica este convenio y las recomendaciones adoptadas por la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste (CPANE). Estas medidas son aplicables a todos los buques que pescan o vayan a pescar en las zonas definidas en el convenio.

La finalidad de esta propuesta es poner al día la legislación de la UE mediante la transposición del régimen de control y ejecución de este convenio. Para poder transponer el nuevo régimen del convenio, la propuesta prevé la abolición del Reglamento (CE) nº 2791/1999 del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, por el que se transponía el primer régimen adoptado por el convenio en 1998.

  Oreste Rossi (EFD), por escrito. – (IT) Estoy a favor de este informe porque, si bien Europa ha limitado o prohibido la captura de diversas especies de peces, un gran número de buques pesqueros ilegales no sólo capturan poblaciones protegidas, sino que ni siquiera cumplen las Directivas de la UE relativas a la protección de los trabajadores.

La aprobación de este informe implica que las nuevas recomendaciones que entraron en vigor entre 2007 y 2010 pasarán a tener fuerza de ley, y su transposición constituye un instrumento importante tanto para la lucha contra la pesca ilegal como para evitar un vacío legal para las flotas de la UE. Otro aspecto positivo es la introducción de un nuevo sistema de control que cerrará los puertos europeos a los desembarques de pescado congelado de origen dudoso o ilegal.

Recomendación: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Habida cuenta de la importancia de este Convenio para contribuir a la consulta y la cooperación, a la utilización óptima, la gestión racional y la conservación de los recursos pesqueros de la zona incluida en el Convenio de la NAFO, así como el fomento de ideas para la colaboración internacional a fin de mejorar la gestión sostenible de los recursos marinos en alta mar con arreglo a fundamentos científicos, la enmienda presentada resulta indispensable, ya que lleva a cabo una completa refundición del convenio con el fin de adaptarlo a otros convenios regionales e instrumentos internacionales, y de incorporar en él conceptos modernos de gestión de la pesca. Entre las medidas positivas destacan las siguientes: la simplificación de la estructura del convenio, la modernización de las aportaciones de las partes contratantes al presupuesto de acuerdo con el principio «el que usa paga», una nueva definición de las obligaciones y una revisión del proceso decisorio y de la resolución de diferendos respecto a este último. Estas mejoras son cruciales para promover la política pesquera común (PPC) en el futuro.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de la recomendación sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la aprobación, en nombre de la Unión Europea, de la Enmienda al Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Noroccidental porque las enmiendas constituyen una aportación positiva a la reformulación de la estructura interna y la redistribución de competencias dentro de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental.

Creo, no obstante, que a la vista del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo debería estar representado en las futuras negociaciones sobre convenios internacionales.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Habida cuenta de la importancia que tiene la pesca para Europa (tanto como actividad económico que genera empleo y riqueza, como por el papel que desempeña en la alimentación de la población), debemos examinar muy detenidamente cualquier normativa que pretenda imponer obligaciones más estrictas a los pescadores europeos. En este caso, sin embargo, hemos propuesto una enmienda que refuerza las oportunidades de pesca de la Unión Europea en el marco del Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Noroccidental, algo de lo que debemos felicitarnos. Por ello votaré a favor.

  José Manuel Fernandes (PPE) por escrito. – (PT) He votado a favor de este documento porque estoy de acuerdo en que es necesario transponer al derecho de la UE el régimen de control y ejecución adoptado por el Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Noroccidental. Me gustaría destacar entre las nuevas normas el control de los buques de pesca ilegales y no declarados, así como el nuevo régimen de control por parte del Estado miembro del puerto, que cerrará los puertos europeos a los desembarques de pescado congelado cuya legalidad no haya verificado el Estado de pabellón de los buques pesqueros que enarbolen la bandera de otra Parte contratante. En 2007 y 2008, el Parlamento no estuvo representado en la reunión anual de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental. Por ello no puedo dejar de decir que, a la vista del Tratado de Lisboa, el Parlamento debería estar representado en las negociaciones futuras sobre convenios internacionales en esta materia.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El principal objetivo de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental es contribuir a la gestión sostenible y la conservación de los recursos pesqueros en las zonas del Convenio de la NAFO por medio de la cooperación entre los Estados.

Apoyamos y valoramos el principio de la cooperación y colaboración internacionales en este ámbito, basadas en fundamentos científicos sólidos. Por ello creemos que debemos aprobar la enmienda al convenio adoptado en 2007 y 2008, de acuerdo con estos objetivos, con el fin de adaptar otros convenios regionales e instrumentos internacionales, y de incorporar conceptos modernos de gestión de la pesca.

Sin embargo, no podemos dejar de señalar el lamentable retraso con el que se pidió al Parlamento que se pronunciara sobre esta cuestión. De hecho, la propuesta de la Comisión para la transposición al derecho de la Unión data del 8 de marzo de 2010, de modo que la redacción de este documento ha tardado más de dos años para que el Parlamento pueda examinarlo.

En el futuro, una implicación y participación más oportunas pueden resultar vitales, y lo ideal sería que tuvieran lugar durante los propios procesos de negociación.

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), por escrito. – (GA) El Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Noroccidental fue firmado el 24 de octubre de 1978 en Ottawa y entró en vigor el 1 de enero de 1979.

El principal objetivo de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental es, desde entonces, entablar consultas y fomentar la cooperación a fin de lograr una utilización máxima de los recursos pesqueros en la zona de conservación, mantener y gestionar correctamente dichos recursos, y promover una nueva manera de pensar que estimule la cooperación internacional para mejorar la gestión sostenible de los recursos marinos en alta mar.

En las reuniones anuales de la NAFO de 2007 y 2008, las Partes contratantes en el convenio adoptaron la «Enmienda al Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Noroccidental». Esta enmienda introduce un cambio significativo en el convenio, pues lo adapta a otros convenios regionales e instrumentos internacionales y tiene en cuenta las prácticas modernas de gestión de la pesca. Por consiguiente, esta enmienda hace una importante aportación a la eficacia de la estructura de la organización.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) El Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Noroccidental se firmó en Ottawa el 24 de octubre de 1978 y entró en vigor el 1 de enero de 1979 tras el depósito ante el Gobierno de Canadá de los instrumentos de ratificación, aceptación y aprobación por parte de siete firmantes. El objetivo prioritario de la NAFO es contribuir, mediante la consulta y la cooperación, a la utilización óptima, la gestión racional y la conservación de los recursos pesqueros de la zona incluida en el Convenio de la NAFO, así como el fomento de ideas para la colaboración internacional a fin de mejorar la gestión sostenible de los recursos marinos en alta mar con arreglo a fundamentos científicos. Las Partes Contratantes del Convenio adoptaron la «Enmienda al Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Noroccidental» en la reuniones anuales de la NAFO de 2007 (versión inglesa) y de 2008 (versión francesa). La Enmienda supone una revisión global del Convenio con el propósito esencial de asemejarlo en mayor medida a otros convenios regionales e instrumentos internacionales e incorporar al mismo conceptos modernos de gestión de la pesca, por lo que he votado a favor.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Hace 30 años ya estudiábamos la utilización óptima y la gestión racional para la conservación de los recursos pesqueros. Ahora es necesario revisar las normativas de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental (NAFO) no solamente para armonizarlas con otros acuerdos regionales e instrumentos internacionales, sino también para adaptarlas a los conocimientos actuales, por ejemplo, los conceptos de gestión de la pesca. Las cuotas pesqueras y la gestión de poblaciones son indispensables para evitar una completa sobreexplotación de los recursos pesqueros de las aguas interiores y los océanos. No obstante, tenemos que velar en este aspecto por que las organizaciones como la NAFO sigan siendo capaces de actuar por medio de una estructura racionalizada y una buena organización. Asimismo es importante evitar que los costes se vuelvan excesivos. Para todo ello es conveniente una renacionalización, al menos parcial, de la política pesquera, a fin de que los problemas regionales puedan abordarse de forma exhaustiva. He votado teniendo en cuenta este aspecto.

  Claudio Morganti (EFD), por escrito. – (IT) Mediante esta propuesta se pone al día la legislación de la UE por la que se transpone el régimen de control y ejecución adoptado por la Comisión Internacional de Pesquerías del Atlántico Noroeste. Se adopta un nuevo procedimiento para mejorar el control y la ejecución de sus recomendaciones en materia de pesca y, en particular, para hacer que los buques de los países que no son partes contratantes cumplan las normas. Aparte de ello introduce un nuevo sistema de control por parte del Estado del puerto, que cerrará los puertos europeos a los desembarques y trasbordos de pescado congelado cuya legalidad no haya sido verificada por el Estado de pabellón de un buque pesquero extranjero.

Se introducen nuevas medidas para controlar los buques que llevan a cabo actividades de pesca ilegales, no controladas y no reguladas. El principal motivo por el que he votado a favor es evitar, disuadir y eliminar dichas actividades.

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), por escrito. – (PL) El informe del señor Wałęsa se refiere a las enmiendas al Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Noroccidental que se firmó el 24 de octubre de 1978 en Ottawa y entró en vigor el 1 de enero de 1979. La NAFO, es decir, la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental, tiene por cometido velar por la gestión racional, la utilización óptima y la conservación de los recursos pesqueros por medio de la consulta y la cooperación. La principal tarea de esta organización es fomentar la cooperación internacional para mejorar la gestión sostenible de los recursos marinos en los mares basada en los principios fundamentales de la investigación científica. El ponente introduce enmiendas positivas al convenio, que harán que la normativa vigente se adapte mejor a los instrumentos a nivel internacional y regional.

Entre los cambios propuestos se encuentra la modernización de la estructura de la NAFO (mediante la fusión del Consejo General y la Comisión de Pesquerías en un órgano único), la reforma del sistema de aportaciones al presupuesto, la introducción de directrices claras en relación con los derechos y obligaciones de las Partes contratantes en el Convenio de la NAFO, cambios en el proceso decisorio y la introducción de un nuevo procedimiento de resolución de diferendos para resolver los litigios de forma eficaz, lo que será benéfico para los intereses de la Unión Europea.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) El informe Wałęsa modifica la Convención de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental (NAFO) de 1978 y representa un paso adelante para la cooperación y gestión de los recursos pesqueros en el Atlántico Noroccidental. He votado a favor de la enmienda al convenio porque la investigación científica mejora la cooperación internacional para la explotación de los recursos marinos en esta zona. Asimismo, la aprobación de la enmiendo es un signo del nuevo papel del Parlamento tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, ya que subraya que es necesario acelerar los trabajos de aprobación y puesta al día de convenios.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) El principal objetivo de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental es garantizar la gestión racional y la conservación de los recursos pesqueros en las zonas del Convenio de la NAFO. La UE es una de las partes contratantes de esta organización regional de la pesca y, al igual que las demás partes contratantes, en la reunión anual de la NAFO de 2007 aprobó la enmienda al Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Noroccidental. Esta enmienda pretende simplificar y modernizar las estructuras de la organización al adaptarlas a las realidades actuales de la pesca, al introducir nuevas definiciones de las obligaciones de las partes contratantes, en concreto, los Estados del pabellón y los Estados del puerto, y al aclarar los derechos y obligaciones de las partes contratantes del Convenio de la NAFO.

Teniendo en cuenta los intereses de la UE, en especial las oportunidades de pesca que el convenio otorga a la UE, creo que es indispensable aprobar esta enmienda, que solo podemos criticar por su retraso.

Al igual que el ponente, lamento que la Comisión haya tardado en presentar esta propuesta más de dos años a partir de la fecha en que la enmienda fue adoptada durante una de las reuniones anuales de la NAFO celebradas en 2007.

Este informe merece mi voto a favor.

  Crescenzio Rivellini (PPE), por escrito. – (IT) Tengo que felicitar al señor Wałęsa por su excelente informe, y me gustaría recordar y hacer hincapié en la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009. En vista de las competencias que acaba de adquirir la Comisión de Pesca, el Parlamento Europeo debería estar representado en las futuras negociaciones de conveníos internacionales.

En 2007 y 2008, el Parlamento Europeo no estuvo representado en las reuniones anuales de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental. El Parlamento ha dado su aprobación en el marco de sus competencias, pero al mismo tiempo quisiera recordar al Consejo y a la Comisión las nuevas disposiciones en materia de procedimiento y la necesidad de respetar las nuevas competencias del Parlamento Europeo.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – El Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Noroccidental se firmó el 24 de octubre de 1978 en Ottawa y entró en vigor el 1 de enero de 1979, tras el depósito ante el Gobierno de Canadá de los instrumentos de ratificación, aceptación y aprobación de siete signatarios. El objetivo prioritario de la NAFO es contribuir, a través de consultas y cooperación, a la utilización óptima y la gestión racional y conservación de los recursos pesqueros en la zona del Convenio de la NAFO, y la promoción de las ideas para mejorar la gestión sostenible de los recursos pesqueros en alta mar sobre la base de la investigación científica y por medio de la colaboración internacional.

Las Partes contratantes en el Convenio adoptaron la «Enmienda al Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Noroccidental», (en lo sucesivo, la Enmienda) en las reuniones anuales de la NAFO de 2007 (la versión inglesa) y de 2008 (la versión francesa). Esta enmienda revisa exhaustivamente el convenio con la finalidad primordial de adaptarlo a otros convenios regionales e instrumentos internacionales y de incorporar en él conceptos modernos de gestión de la pesca.

  Oreste Rossi (EFD), por escrito. – (IT) Soy favorable a la recomendación de una revisión exhaustiva del Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Noroccidental, en la medida en que incorpora conceptos modernos de gestión de la pesca. Estos cambios contemplan medidas de racionalización, por una parte, y definiciones claras de las responsabilidades de los Estados del pabellón y los Estados del puerto, por la otra.

Informe: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Es necesario evitar que las empresas transformen puestos de trabajo indefinidos en empleo atípico, lo que da lugar a la pérdida de la seguridad laboral. Esta situación resulta todavía más grave si tenemos en cuenta el aumento de las trabajadoras no declaradas y que muchas mujeres no tienen otra posibilidad que aceptar empleos precarios. A pesar de ello, las mujeres están subrepresentadas en el trabajo precario, ya que el trabajo doméstico y el cuidado de personas, por ejemplo, no se tienen en cuenta. El marco legislativo debería adaptarse a las situaciones actuales que pueden dar lugar a condiciones de trabajo precarias, en particular el trabajo involuntario a tiempo parcial, y a que las empresas no anuncien la inexistencia de condiciones de trabajo básicas, como la completa falta de seguridad laboral, bajos salarios, falta de protección social y de oportunidades de promoción profesional, o incluso la inexistencia de una representación colectiva de los trabajadores. Es necesario promover la formación inicial y permanente, mejorar la información sobre derechos y examinar detenidamente la vida profesional y familiar de las mujeres, por oposición a estas situaciones, pues el hecho de que los ingresos de las mujeres se consideren un segundo ingreso puede resultar engañoso, ya que a menudo son el único ingreso familiar.

  Roberta Angelilli (PPE), por escrito. – (IT) La Estrategia Europa 2020 propone aumentar la tasa de empleo del grupo de edad entre 20 y 64 años al 75 % y reducir el nombre de personas que corren peligro de caer en la pobreza. Para lograr estos objetivos sería conveniente adoptar medidas contra todas las formas de empleo precario, incluidos los contratos de trabajo no escrito, los de menos de diez horas de trabajo semanales y los contratos de duración determinada. Por no hablar de los empleos en que se ignoran las obligaciones mínimas en materia de salud y seguridad, y en los que existe una alta tasa de accidentes y un mayor riesgo de enfermedad y diversos peligros.

Estos tipos de contratos, con todos los riesgos que conllevan, a menudo van dirigidos a mujeres, que son penalizadas debido a su género, su edad, el hecho de tener una familia o ser inmigrantes. La Unión Europea debería intervenir y adoptar medidas legislativas para garantizar la igualdad de género y reducir la segregación de género en el mercado laboral. A su vez, los Estados miembros deberían incrementar sus controles para reducir el número de casos de abusos contra mujeres, luchar contra el trabajo no declarado y adoptar medidas disuasorias contra los empleadores.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) Me alegro de que el Parlamento Europeo haya puesto en marcha este importante informe sobre las trabajadoras en situación precaria. Son principalmente las mujeres las que trabajan en empleos precarios, las que a menudo no gozan siquiera de las normas sociales mínimas obligatorias para los trabajadores. Las mujeres suelen aceptar empleos mal pagados en los que pueden conciliar la vida laboral con la familiar y, por consiguiente, se ven obligadas a renunciar a garantías sociales y a aceptar malas condiciones de trabajo. La protección social es una parte fundamental de la flexiguridad. Por ello, a fin de resolver estos problemas es muy importante recomendar a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que adapten sus normas legislativas y contractuales en materia de condiciones de trabajo. Los Estados miembros deben reducir la doble carga de trabajo que soportan las mujeres, que es una de las razones por las que las mujeres están sobrerrepresentadas en el empleo precario. Es de suma importancia conceder a todos los trabajadores igualdad de acceso a los servicios y prestaciones sociales, como el permiso de maternidad, la atención sanitaria y las pensiones de jubilación, así como a la educación y la información, independientemente de sus condiciones de trabajo.

  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) Felicito a la ponente por haber destacado un aspecto del mundo del trabajo que sigue dando lugar a excesivas diferencias entre los géneros. No cabe duda de que la crisis económica y financiera ha empeorado las condiciones de las personas que trabajan en empleos precarios, en particular las mujeres, que soportan la mayor parte de la carga de este tipo de empleo, como lo confirman datos recientes que indican que un 55 % de las empresas solo contratan mujeres para empleos a tiempo parcial. Asimismo se calcula que el 31,5 % de las mujeres trabajan a tiempo parcial, en comparación con un 8,3 % entre los hombres, y el trabajo precario provoca un mayor número de lesiones y conlleva un mayor riesgo de enfermedad y exposición a peligros. En resumen, la Unión Europea no puede permanecer indiferente ante esta situación de desigualdad.

He votado a favor del informe porque estoy de acuerdo en que es necesario luchar contra este problema y pedir a los Estados miembros e interlocutores sociales que adapten en mayor medida sus normas legislativas y contractuales. Espero igualmente que la Comisión y los Estados miembros velen mejor por que se cumplan las obligaciones mínimas de salud y seguridad en el trabajo. Queda mucho por hacer para que podamos garantizar a las mujeres un acceso equitativo al mercado de trabajo.

  Lara Comi (PPE), por escrito. – (IT) Dentro de la Unión Europea, un término meramente descriptivo como «trabajadoras en situación precaria» refleja aún dos formas de discriminación, ambas sumamente graves. La primera se refiere al trabajo de las mujeres, que ha sido abordado desde una perspectiva moderna y sostenible en otro expediente durante este período parcial de sesiones. La segunda se refiere al mercado laboral de dos niveles que encontramos en numerosos Estados miembros, en el cual algunos trabajadores gozan de derechos y protección, mientras que otros están a la merced de circunstancias que, por lo general, se hallan fuera de su control. Si examinamos objetivamente los datos resulta cada vez más evidente que, en el futuro, el empleo normal implicará aceptar mayores riesgos que ahora. No obstante, habría que gestionar este cambio para evitar especulaciones perjudiciales para los contratos de las personas más débiles, en particular aquellas que se encuentran en situaciones de desventaja. Las instituciones europeas tienen la obligación de evitar la discriminación y de permitir que todos alcancen libremente sus objetivos profesionales de acuerdo con sus capacidades, aptitudes e inclinaciones. Aprovecho esta oportunidad para señalar que sería útil realizan nuevos estudios sobre el trabajo precario de las mujeres para planificar medidas destinadas a eliminar obstáculos que no sean excesivamente invasivas.

  Corina Creţu (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de la lucha contra el trabajo precario, que constituye una característica cada vez más común de la crisis económica. De esta manera ayudaremos a erradicar con más eficacia la falta de seguridad laboral, los salarios bajos, en la mayoría de los casos, no declarados con fines fiscales, la falta de protección social para las personas que trabajan de forma casual, así como un entorno de trabajo desprovisto de normas mínimas de salud y seguridad y de protección de los trabajadores contra accidentes.

Al mismo tiempo, estas medidas nos ayudarán a luchar de modo más eficaz contra la discriminación por motivos de género, que predomina en el ámbito del trabajo precario, en el que las mujeres en particular son víctimas de estas condiciones de trabajo infrahumanas.

El trato abusivo de los trabajadores domésticos, que son mayoritariamente mujeres, la discriminación salarial de las mujeres y la explotación de las mujeres inmigrantes que no conocen sus derechos o no pueden defenderlos, son tan solo algunas de la numerosas razones para votar a favor de estas medidas destinadas a hacer frente a esta situación socioeconómica indignante.

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. – (RO) Creo que los Estados miembros deben luchar para ofrecer a las mujeres empleos y la posibilidad de proteger sindicalmente sus derechos, como un salario digno, el permiso de maternidad, un horario justo y regular de trabajo, y un entorno de trabajo no discriminatorio. Creo que los Estados miembros deben sancionar a quien imponga obstáculos a la participación sindical y ofrecer servicios de asesoramiento de fácil acceso a las mujeres que no puedan recibir ayuda de un comité de empresa, como las mujeres que trabajan en hogares particulares y en la agricultura.

  Proinsias De Rossa (S&D), por escrito. – Estoy a favor de este informe, que destaca que el trabajo precario afecta a un número desproporcionado de trabajadoras. Este hecho viene a subrayar la necesidad de mejorar las disposiciones en materia de permiso de maternidad y paternidad para que mujeres y hombres puedan conciliar sus obligaciones laborales con las familiares. El trabajo precario se refiere a un empleo atípico que se caracteriza principalmente por la falta de seguridad laboral, bajos salarios, carencia de derechos de protección social, falta de protección contra la discriminación y un entorno de trabajo sin normas mínimas de salud y seguridad. Según los datos más recientes, un 31,5 % de las mujeres asalariadas trabajan a tiempo parcial, en comparación con tan solo un 8,3 % entre los hombres. El trabajo precario no es solamente una importante causa de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, sino que también crea un obstáculo para las perspectivas que conducen a mejores empleos y un mayor desarrollo profesional, y que condena a muchos a un trabajo mal remunerado y peligroso. De hecho, las mujeres de países menos desarrollados que vienen a la UE trabajan a menudo en empleos menos cualificados o incluso ilegales. El trabajo precario se alimenta de los sectores más débiles de nuestra sociedad, y deniega a las personas la dignidad en el trabajo y la oportunidad de construir una vida digna para sí mismas y para sus familias.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) El trabajo precario no es un problema de género, aunque puede ser especialmente elevado entre las mujeres, y cualquier punto de vista que intente reducirlo a un problema de género resulta simplista.

Como ya he señalado en varias ocasiones, los modelos inflexibles de legislación laboral han fracasado. El ejemplo de los Estados Unidos indica que la flexibilidad no es sinónimo de inseguridad, sino más bien de un mercado laboral dinámico. Más flexibilidad no significa más precariedad, muy por el contrario.

Tras la crisis nos daremos cuenta de que los modelos a los que estábamos acostumbrados han fracasado y que si realmente deseamos crear empleo, el mercado laboral tendrá que comenzar a considerar los contratos atípicos, ya sea que se refieran al trabajo a tiempo parcial al trabajo casual, al trabajo por turnos, al trabajo desde casa o al teletrabajo, como formas normales de trabajo sin perder en seguridad lo que se ganará en dinamismo y flexibilidad. De este modo creo que las mujeres podrían ser las principales beneficiarias de sistemas más flexibles, en los que la combinación de su vida profesional y familiar o la maternidad no requiera tanto esfuerzo como lo hacía en formas más tradicionales de trabajo.

  José Manuel Fernandes (PPE) por escrito. – (PT) La actual crisis económica y financiera ha aumentado el problema de las trabajadoras pobres que a menudo se encuentran en condiciones de trabajo especialmente vulnerables, ya que tienen que compaginar el trabajo con sus obligaciones familiares. He votado a favor de este informe por estar de acuerdo en que es necesario luchar contra este problema e instar a los Estados miembros y a los interlocutores sociales a desarrollar nuevas estrategias más eficaces contra la inseguridad laboral, que tengan en cuenta el principio de la igualdad de género. Me gustaría destacar que en esta resolución se pide a la Comisión que presente una propuesta sobre la aplicación del principio de igualdad salarial para hombres y mujeres.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Hemos votado a favor de este informe de iniciativa que subraya el aspecto de género en el empleo inestable, denuncia diversas situaciones e insiste en una serie de medidas para luchar contra la discriminación de las mujeres. En general es un informe positivo, pero contiene algunas contradicciones y declaraciones con las que no estamos de acuerdo.

Las propuestas positivas más importantes del informe son las siguientes:

Pide a la Comisión que preste asistencia a los Estados miembros para desarrollar una campaña para transformar gradualmente a las trabajadoras que trabajan en empleos precarios en trabajadores de pleno derecho;

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen estrategias contra el trabajo precario a fin de hacer hincapié en los empleos dignos y ecológicos, e incorporar la igualdad de género;

Insta al Consejo y a la Comisión a que identifiquen las características del empleo precario en las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros y en la nueva estrategia para la igualdad de género.

  Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. – (FR) Un día después del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y la Exclusión Social voté a favor de este informe sobre las trabajadoras en situación precaria. Es un hecho que, a pesar de la positiva evolución que ha experimentado la paridad entre hombres y mujeres y la igualdad de género, las mujeres siguen siendo más vulnerables que los hombres en el empleo. Las mujeres tienen empleos precarios mucho más a menudo que los hombres. Siguen existiendo numerosas diferencias entre los hombres y las mujeres en lo que se refiere a empleos potenciales, calidad de trabajo, ingreso y remuneración.

Por ello es de suma importancia que la Comisión actúe para promover activamente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el marco de la política de empleo a través de una futura estrategia sobre igualdad de empleo, por medio de una transición gradual de la condición de trabajador en situación precaria a la de trabajador con ocupación regular y mediante el apoyo a las iniciativas nacionales en este sentido.

  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. – (PL) La vida laboral de las mujeres y su trayectoria profesional a menudo se ven obstaculizadas por el estereotipo que considera que la mujer es más débil, menos resistente al estrés y puede quedarse embarazada en cualquier momento, por lo que podría tomar una baja de enfermedad y otros tipos de permisos con más frecuencia que los hombres. Este estereotipo también hace que las mujeres tengan más dificultades para encontrar trabajo y que a aquellas que ya lo tienen se les pague menos que a los hombres que realizan el mismo trabajo. La crisis económica ha exacerbado estos problemas y mostrado hasta qué punto se explota a las mujeres en el mercado laboral. Los contratos de duración determinada y de trabajo a tiempo parcial sin remuneración de las horas extraordinarias son tan solo un ejemplo de las prácticas que considero inaceptables.

Por ello es indispensable destacar que es necesario cumplir la legislación laboral en pie de igualdad con todos los trabajadores. Deberíamos luchar contra la forma en que se aprovecha la difícil posición en los que se encuentran algunas personas para obligarlas a trabajar sin escrúpulos en condiciones poco saludables, sobre todo si hablamos de las mujeres, que también deben luchar contra los estereotipos.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe de la señora Thomsen porque creo que ha llegado el momento de revisar la legislación relativa a las condiciones de trabajo de las mujeres en situación precaria. En la mayoría de los países se ha producido un cambio respecto a las condiciones que existían hasta hace poco, cambio que implica que un número mucho mayor de mujeres trabajen en empleos precarios. A menudo, estas mujeres no están bien informadas acerca de sus derechos y quedan expuestas al peligro de perder toda protección legal y de ser despedidas de forma improcedente sin oportunidad alguna de recurso. Es necesario sin duda alguna poner fin a esta situación y respetar la igualdad de dignidad, que debe concederse a los trabajadores de todo tipo. Por ello, debe garantizarse a hombres y mujeres por igual el acceso a la formación y a oportunidades de reciclaje profesional, en particular en el caso de las mujeres que necesitan una mayor protección durante el embarazo y la lactancia, y en el momento, muchas veces crucial, en que retornan al trabajo.

  Jean-Marie Le Pen (NI), por escrito. – (FR) En relación con la labor de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del parlamento, el informe de la diputada socialista Britta Thomsen pretende ser generoso en lo que se refiere al progreso social. Sin embargo, como es habitual, este tipo de informes están llenos de propuestas vagas y generales que realmente resultan inaceptables, y están arraigados en pronunciadas connotaciones izquierdistas, ecologistas y favorables a la inmigración.

No es posible, por ejemplo, considerar que debe concederse ayuda a las mujeres inmigrantes para su establecimiento, en particular cuando no se especifica si son inmigrantes legales o ilegales. Es cierto que estas mujeres o estos hombres son las primeras víctimas de la globalización y de la nueva esclavitud ultraliberal, ya que la manera de evitar que caigan en todo tipo de horribles trampas (malos tratos, violencia o abuso sexual) consiste en primer lugar en permitir que permanezcan en su país de origen.

Por lo tanto, es necesario invertir la política de inmigración de modo que aquellas personas que se sientan tentadas por el exilio económico puedan permanecer en su país, mediante la definición de una ayuda internacional restrictiva destinada a fomentar la estabilidad política y económica de dichos países.

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La precariedad se refiere no solo a las condiciones y relaciones de trabajo, sino también a la estabilidad y calidad de los trabajadores. La precariedad afecta a más mujeres que a hombres en Europa, lo que agrava las diferencias de género en el trabajo, sobre todo en lo relativo a los derechos sociales y los salarios. Esta situación resulta todavía más grave en el trabajo doméstico y el trabajo que realizan las trabajadoras inmigrantes.

En esta crisis, los trabajadores precarios fueron los primeros en perder su empleo. Con la recesión y la destrucción de empleos contractuales, la estructura del empleo se hace cada vez más precaria. Es necesario invertir este ciclo. Es necesario garantizar la igualdad de género y los derechos sociales en el lugar de trabajo. La lucha contra la precariedad y la doble carga de trabajo que soportan las mujeres debería ser uno de los objetivos más urgentes de la UE, y por ello apoyo este informe, pues representa un paso en esa dirección.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) He votado a favor del informe Thomsen, que aborda el problema de la precariedad laboral de las mujeres, ya que me preocupa que estas se estén viendo especialmente golpeadas por las consecuencias de la crisis económica que se ha ensañado más intensamente con los trabajos precarios, en los que la mayor parte de los trabajadores son mujeres. Respaldo esta propuesta de resolución porque es necesario ahondar en la lucha contra la discriminación directa e indirecta por razón de género. Actualmente existe una excesiva presencia en el trabajo precario de las mujeres, que a menudo deben conjugar estos trabajos con las cargas domésticas. Mi apoyo se basa en mi compromiso con el cambio de la injusta situación actual en la que las mujeres tienen menores posibilidades de acceso al empleo, son mayoría en los empleos más precarios y siguen recibiendo menor remuneración que los hombres por un mismo trabajo. Por todo ello, concedo mi voto a esta propuesta de resolución que, entre otros puntos, subraya la necesidad de garantizar la igualdad de género, reducir la segregación por razón de género en el mercado laboral y pide a los Estados miembros que luchen contra el trabajo no declarado transformándolo en empleo formal.

  Louis Michel (ALDE), por escrito. – (FR) Apoyo el informe sobre las trabajadoras en situación precaria porque no puedo concebir que, en el siglo XXI, sigan existiendo grandes diferencias en la Unión Europea en materia de oportunidades de empleo, calidad de trabajo, ingresos e igualdad salarial por el mismo trabajo o trabajo del mismo valor para las mujeres. Desgraciadamente, el desproporcionado número de mujeres en trabajos precarios es un importante factor que contribuye a la diferencia salarial entre los géneros, y comparto la opinión de que la mejora de la calidad de los empleos de las mujeres reducirá esta diferencia salarial.

También creo que todos los trabajadores precarios, incluidas las trabajadoras, deberían tener derecho a la educación y a la formación profesional, y que debe mejorarse el acceso a la educación, formación y estudios de alta calidad para las niñas y jóvenes. Por último, es fundamental que la Comisión siga prestando apoyo a los Estados miembros para desarrollar una campaña destinada a transformar gradualmente a los trabajadores precarios en trabajadores con ocupación regular.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – (LV) Desgraciadamente la diferencia entre los salarios de los hombres y las mujeres se manifiesta especialmente en épocas de crisis. Tenemos que ampliar considerablemente el alcance de este debate y a continuación elaborar propuestas concretas para regular las relaciones laborales para las trabajadoras. Asimismo tenemos que introducir garantías sociales, en particular para las madres solteras, las mujeres con discapacidades y las mujeres que trabajan en la industria pesada. Corresponde a la sociedad enviar un firme mensaje a los empleadores en el sentido de que resulta inaceptable aprovechar oportunidades para reducir el salario o las horas de trabajo por motivos de género. Debe constituirse un fondo independiente de la UE para prestar ayuda a las madres solteras que hayan perdido su empleo y forma de sustento. A este respecto me parece que la iniciativa de la señora Thomsen es sumamente oportuna. Apoyo plenamente este informe como punto de partida de un nuevo planteamiento para resolver los problemas a los que se enfrentan las mujeres en materia de trabajo.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Estas formas de empleo constituyen un problema que experimentan predominantemente las mujeres, ya que la incompatibilidad entre una carrera profesional y la familia obliga a muchas mujeres a aceptar estas situaciones de trabajo precario y hace que la pobreza resulte inevitable más adelante. No debemos pasar por alto, a este respecto, que los hombres también se ven afectados por estas formas de trabajo, y que existe riesgo de caer en la pobreza incluso con un trabajo a tiempo completo. Sin embargo, los sistemas y medidas sociales de carácter local se han diseñado para amortiguar los efectos sobre la población trabajadora en caso necesario. El informe se concentra excesivamente en los inmigrantes, que a menudo trabajan a tiempo parcial, y propone indirectamente que se preste ayuda a su integración. Sin duda, las mujeres se ven especialmente afectadas por las falsas promesas de los traficantes, los problemas de la globalización y —en caso de haber entrado ilegalmente— las nuevas formas de trabajo esclavo en empresas. La solución no reside en seguir apoyando la importación de pobreza, que solo aumenta los problemas sociales y puede poner en peligro de forma permanente la paz social. Promover esta evolución es el camino erróneo. En última instancia, solo es a nivel local, es decir, en los países de origen, que puede cambiarse algo. Esta consolidación por la puerta trasera debe rechazarse con la mayor firmeza posible.

  Claudio Morganti (EFD), por escrito. – (IT) Las empresas han reaccionado a la actual crisis económica y financiera reduciendo empleos temporales, como los de los trabajadores con contratos de duración determinada, y han contratado personal o empleados por medio de otros tipos de contratos no permanentes.

Esta resolución tendría mi apoyo si no pidiera a los empleadores que adopten medidas concretas para la integración de las mujeres migrantes. Me parece discriminatorio para nuestras trabajadoras. Por este motivo he votado en contra de la resolución.

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), por escrito. – (PL) La ponente define el concepto de «trabajo precario» como aquellas formas de empleo con un bajo nivel de seguridad laboral, salarios bajos, carencia de protección social y prestaciones laborales, falta de protección contra la discriminación, pocas perspectivas de promoción en el mercado laboral o falta de representación colectiva, o un entorno de trabajo que no cumple las normas mínimas de seguridad y salud.

La crisis financiera y económica ha hecho que el trabajo precario sea un problema más visible y urgente. Las empresas han realizado importantes recortes de empleos temporales y se teme que los empleos perdidos nunca se recuperarán. Lamentablemente, esta situación ha tenido sus mayores repercusiones en las mujeres, y el problema se observa ante todo en el sector de los servicios (hoteles, hostelería, educación, salud, trabajo social) y la agricultura. Las mujeres empleadas en estos sectores no trabajan a tiempo completo, lo que significa que sus salarios y pensiones son inferiores, reciben menores prestaciones sociales y carecen de oportunidades de promoción profesional. Los estudios más recientes indican que para una mujer es más difícil encontrar trabajo que para un hombre.

Por otra parte aún existe una enorme diferencia salarial (que se sitúa alrededor del 18 %, pues las mujeres ganan una quinta parte menos por hora que los hombres). En vista de estos problemas, he votado a favor del informe, que propone una solución para esta difícil situación a través de la política de empleo.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe de la señora Thomsen. Durante una recesión económica como la que experimentamos actualmente, ciertos grupos de trabajadores pagan un mayor precio. Los trabajadores precarios se enfrentan de hecho a esta crisis sin las garantías de que gozan otros trabajadores. Además, dentro de esta categoría, las mujeres se hallan en una posición todavía más crítica. El problema del trabajo precario está muy extendido entre las mujeres, en particular en el sector de los servicios y la agricultura, y es necesario adoptar urgentemente medidas eficaces para cambiar esta situación. Las razones subyacentes son diversas. Las diferencias laborales y salariales entre hombres y mujeres siguen siendo demasiado grandes como para afirmar que hemos alcanzado la igualdad, y es por ello que ciertas medidas eficaces, como el permiso de maternidad, la atención sanitaria y las pensiones de jubilación, serían una buena forma de detener la extensión del trabajo precario. Sin embargo, el punto de partida para salir de esta situación de desigualdad laboral es sin duda la educación y la formación profesional para las jóvenes. Por último, se requieren estudios más exhaustivos de las causas, razones y coste de las bajas cualificaciones.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) Los empleos precarios son un importante factor del grave deterioro de la estabilidad social que sufrimos en estos momentos, con altas tasas de desempleo que siguen aumentando en varios países, entre ellos el mío, Portugal.

Tradicionalmente, todas las formas de inseguridad o volubilidad en el empleo afectan primero y con más fuerza a las trabajadoras manuales, que reciben salarios más bajos, incluso por el mismo trabajo, presentan tasas de desempleo más altas y sufren una mayor inseguridad laboral debido a factores sociales existentes desde hace mucho tiempo, pero más concretamente debido a la maternidad.

Los efectos negativos de esta situación no se limitan a la ya de por sí grave discriminación de la que siempre han sido objeto las mujeres, sino que también impiden el acceso de las mujeres en igualdad de condiciones al mundo del trabajo e influyen sobre su independencia económica y su autonomía personal.

En este contexto, la lucha contra la inseguridad laboral, en particular la de las mujeres, representa una aportación muy positiva a la estabilidad social y a la igualdad de género, uno de los valores fundamentales de la Unión Europea.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) La actual crisis económica y financiera ha provocado asimismo un aumento de los empleos precarios que realizan en especial las mujeres. Los empleos permanentes que se han perdido durante la recesión económica seguramente no se recuperarán, sino que serán remplazados por contratos de trabajo atípicos y muy atípicos, lo que tendrá por resultado un fuerte deterioro de las condiciones de trabajo. En toda la UE, un 31,5 % de las mujeres trabajan a tiempo parcial (30 horas o menos a la semana), en comparación con tan solo un 8,3 % de los hombres.

Creo que la sostenibilidad del sistema de pensiones, los mecanismos de crédito para proyectos de autoayuda y de creación de empleo, y los programas de generación de ingresos alternativos pueden mejorar para las trabajadoras en situación precaria.

Pido a la Comisión Europea y a los Estados miembros que elaboren estrategias para el trabajo precario que se centren en la creación de empleos dignos y ecológicos, e incorporen el principio de la igualdad de género. Insto a cada uno de los Estados miembros a que introduzcan medidas claras para reducir las diferencias salariales entre los géneros en un 10 % de aquí a 2020, incluidas las diferencias entre las pensiones, a fin de mejorar el nivel de vida, luchar contra la pobreza e impulsar el crecimiento económico.

  Crescenzio Rivellini (PPE), por escrito. – (IT) Quiero felicitar a la señora Thomsen por el excelente trabajo que ha realizado. Muy a menudo, las mujeres tienen que aceptar condiciones de trabajo que son todo menos dignas. Por ello es necesario seguir muy de cerca la situación de las trabajadoras, en particular de las embarazadas o lactantes. Las mujeres que regresan al trabajo tras el permiso de maternidad deben tener la seguridad de que pueden reintegrarse activamente al mercado laboral.

Se insta igualmente a los Estados miembros a que vigilen que los empleadores no den un trato discriminatorio a las trabajadoras. Los autores de cualquier abuso deben comparecer ante la justicia lo antes posible. Asimismo, será necesario elaborar una nueva estrategia europea de empleo para que las mujeres con empleos precarios puedan integrarse en los regímenes de seguridad social y protección del trabajo.

  Robert Rochefort (ALDE), por escrito. – (FR) Trabajadores que perciben salarios bajos —no declarados o informales—, trabajadores sin derecho a la protección social o a prestaciones laborales, trabajadores sin perspectivas de promoción en el mercado laboral... el número de los denominados trabajadores precarios aumenta como resultado de la actual crisis económica. Existe una amplia brecha de género entre estos trabajadores, pues las mujeres tienen una representación desproporcionada. Consciente de la necesidad de mejorar su protección, he apoyado la resolución del Parlamento Europeo sobre las trabajadoras en situación precaria. Pido a los Estados miembros que velen por que los empleadores que sometan a sus trabajadoras a tratos abusivos o perjudiciales sean llevados sin demora ante la justicia. Asimismo deben adoptarse medidas para garantizar a las trabajadoras en situación precaria la protección sindical de sus derechos, como un salario digno, el permiso de maternidad y un horario de trabajo justo y regular. Confío igualmente que los objetivos de Barcelona para la protección de la infancia se apliquen lo antes posible y que se eliminen los obstáculos que impiden que las mujeres trabajen el número de horas que desean, ya sea a tiempo parcial o a tiempo completo.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Este es un informe es crucial y me alegro de que el PE lo haya aprobado, sobre todo porque señala el carácter de género del empleo precario y recuerda la transformación que experimenta el mercado laboral de los tipos normales de empleo a los atípicos, lo que hace necesario evitar que estos tipos de empleo atípicos se conviertan en trabajo precario; considera que, para luchar contra estos problemas, debemos pedir a los Estados miembros y los interlocutores sociales que adapten en mayor medida sus normas legislativas y contractuales sobre trabajo normal y trabajo atípico a fin de evitar que se impongan las formas de trabajo más convenientes y menos costosas, teniendo en cuenta, no obstante, el riesgo de un posible aumento del trabajo no declarado, e insta al Consejo y a la Comisión a que identifiquen las características del empelo precario en las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros y la nueva estrategia sobre igualdad de género.

  Oreste Rossi (EFD), por escrito. – (IT) Las mujeres se han visto más afectadas por la actual crisis económica precisamente porque son una categoría más sensible debido a que su labor no se limita normalmente al lugar de trabajo, sino que se extiende al hogar y la familia. Las mujeres hacen los trabajos más precarios, por lo que se encuentran sin seguridad laboral, perciben salarios bajos, reciben menos protección social y tienen menores cualificaciones.

En estas condiciones, las mujeres que están dispuestas a regresar al trabajo tras períodos de ausencia por enfermedad o maternidad a menudo se encuentran que ya no tienen trabajo. Nuestra delegación es muy sensible a estos problemas y, yo añadiría, a los problemas tan similares que sufren las mujeres que no trabajan por cuenta ajena sino por cuenta propia. Desgraciadamente, podríamos haber votado en contra de este informe en su totalidad si no promoviera políticas para integrar a las trabajadoras procedentes de fuera de la Unión Europea a expensas de las ciudadanas europeas. Es por ello que hemos votado en contra.

  Joanna Senyszyn (S&D), por escrito. – (PL) He votado a favor del informe sobre las trabajadoras en situación precaria. La crisis económica ha contribuida a desestabilizar el mercado laboral. Los empleadores han reducido el empleo o emplean trabajadores temporales a los que ofrecen condiciones financieras inferiores. Asimismo, las olas de despidos han hecho que muchas personas se encuentren fuera del mercado laboral. La situación resulta especialmente difícil para los titulados, las personas mayores y las mujeres. La crisis ha agravado las desigualdades entre los géneros que ya existían en el empleo. Este fenómeno ha sido resentido en particular por las mujeres, que representan el mayor porcentaje de trabajadores dedicados a lo que se conoce como empleo precario. Las diferencias salariales han aumentado y las desigualdades en materia de protección social se han hecho todavía mayores. Esta situación ha impedido igualmente el desarrollo profesional de las mujeres y contribuido a la consolidación de estereotipos de género en el trabajo. Por ello, las mujeres que trabajan en lo que se conoce como empleo precario merecen una protección especial.

Entre otras cosas, deben poder acogerse a los sistemas de seguridad social y a la legislación sobre protección del empleo. Otro aspecto importante es la protección financiera de las mujeres en caso de desempleo o maternidad. Las mujeres que trabajan en empleos precarios deberían tener igualmente la posibilidad de recibir protección sindical. Por otra parte, las mujeres que trabajan exclusivamente en hogares privados deberían tener acceso gratuito a servicios de asesoramiento en materia de derechos sociales. Quisiera destacar la necesidad de regular la situación legal de las trabajadoras estacionales que, debido al carácter de su trabajo, corren un mayor riesgo de ser víctimas de diversas irregularidades.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) Los estudios más recientes indican que un 31 % de las mujeres asalariadas trabajan a tiempo parcial, en comparación con tan solo un 8,3 % de los hombres asalariados. Los trabajadores a tiempo parcial tienen ingresos más bajos y, por consiguiente, reciben pensiones más reducidas que los que trabajan a tiempo completo. Se encuentran en desventaja cuando deben trabajar en equipo, algo que se manifiesta igualmente en los ascensos o a la hora de ocupar puestos más altos. Un 36 % de los hombres con títulos universitarios o de nivel superior ocupan posiciones de dirección, en comparación con tan solo un 15 % de las mujeres con el mismo nivel de educación. En relación con los ingresos, ya se ha dicho que en Europa, la diferencia media entre hombres y mujeres es del 18 %, sin tener en cuenta el número de horas trabajadas o los distintos contratos de trabajo.

  Marina Yannakoudakis (ECR), por escrito. – El Grupo ECR cree firmemente que las decisiones en materia de política social y empleo no deberían adoptarse a nivel de la UE, sino a nivel de los Estados miembros por los gobiernos nacionales y locales. Reconocemos que es importante contar con normas mínimas para el trato de los trabajadores en el lugar de trabajadores y nos alegra que el Parlamento Europeo dé a conocer esta cuestión, pero consideramos que estas normas deberían referirse tanto a los hombres como a las mujeres, y que las recomendaciones concretas sobre contratos de trabajo y protección de la infancia, por ejemplo, no forman parte del ámbito de competencia de la UE.