Acta literal de los debates

Martes 19 de octubre de 2010 - Estrasburgo

17. Bases de datos relacionadas con el origen racial y étnico en la Unión Europea (debate)

  Presidenta. – El siguiente punto del orden del día es el debate sobre:

–la pregunta oral presentada por Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz y Sylvie Guillaume, en nombre del Grupo S&D, a la Comisión: Bases de datos relacionadas con el origen racial y étnico en la Unión Europea (O-0143/2010 – B7-0553/2010),

–la pregunta oral presentada por Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda y Judith Sargentini, en nombre del Grupo Verts/ALE, a la Comisión: Bases de datos de población romaní y discriminaciones en Francia y en la Unión Europea (O-0146/2010 – B7-0554/2010),

–la pregunta oral presentada por Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in ’t Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak y Marielle De Sarnez, en nombre del Grupo ALDE, a la Comisión: Bases de datos de población romaní y discriminaciones en Francia y en la Unión Europea (O-0154/2010 – B7-0556/2010), y

–la pregunta oral presentada por Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias y Eva-Britt Svensson, en nombre del Grupo GUE/NGL, a la Comisión: Bases de datos de población romaní y discriminación (O-0155/2010 – B7-0557/2010).

  Monika Flašíková Beňová, autora. – (SK) Según informaciones aparecidas recientemente en los medios de comunicación, la policía francesa utiliza la base de datos MINS que se centra en los ciudadanos romaníes y la población itinerante.

Algunas organizaciones no gubernamentales se quejan de la creación de bases de datos ilegales y secretas para almacenar información personal relacionada con el origen racial y étnico, y han declarado que recurrirán a las autoridades competentes. Sin embargo, las autoridades francesas niegan la existencia de dicha base de datos. El Ministro de la Inmigración declaró anteriormente que en la base de datos OSCAR y en una nueva base de datos en proceso de construcción se podrían almacenar datos biométricos de los deportados romaníes. Se dice que incluso los Países Bajos y otros Estados miembros de la Unión Europea registran datos basados en el origen étnico y racial. El Consejo debate a este respecto un proyecto de conclusiones muy controvertido sobre los grupos delictivos móviles y sin informar al Parlamento Europeo de esta iniciativa.

Por ello le pregunto, señora Comisaria, ¿qué hace la Comisión para verificar las pruebas de la existencia de la base de datos MINS en Francia? Si la Comisión descubre que esa base de datos viola el principio de no discriminación, ¿qué medidas adoptará para corregir la situación? ¿Estudia la Comisión la posibilidad de incoar procedimientos contra los Estados miembros por violación de la legislación y en relación con la reciente creación o existencia de bases de datos basadas en el origen racial o étnico? ¿Iniciará la Comisión una investigación para obtener información sobre dichas bases de datos y para verificar si son compatibles con el principio de no discriminación? Por último me gustaría preguntar lo que hace la Comisión para que los Estados miembros no incluyan la elaboración de perfiles técnicos en sus procedimientos administrativos y penales.

  Hélène Flautre, autora. – (FR) Buenas tardes, señora Presidenta, señora Comisaria. Hoy, señora Reding, usted se muestra muy satisfecha de que Francia haya respondido al procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea a última hora y haya presentado un programa legislativo para establecer garantías procesales, tal como lo exige la Directiva sobre la libre circulación de personas.

Según su evaluación, estas promesas son genuinas y, debido a ello, se ha suspendido —pero no cancelado— el procedimiento de infracción. Hemos tomado nota de sus observaciones, pero en nuestra calidad de diputados al Parlamento Europeo nos gustaría poder verificar estos compromisos. Esto significa recibir información sobre las promesas hechas y el calendario presentado por las autoridades francesas. Sin embargo, no debemos olvidar que usted también pidió información a Francia acerca de las personas que han sido acompañadas a la frontera para que abandonen el país, consulta que tenía la intención de confirmar que estos procedimientos administrativos no eran discriminatorios. ¿Qué ha sucedido con esas consultas? ¿Ha recibido usted una respuesta?

Justo en el momento en que la prensa reveló información sobre la infame y discriminatoria circular del mes de agosto se publicó información acerca de un fichero —una base de datos— que contiene información personal que incluye datos sobre origen étnico o racial. ¿No ha hecho este giro que disminuya su confianza en las promesas hechas por las autoridades francesas y en la exactitud de la información facilitada?

¿Está de acuerdo, señora Reding, en que, por lógica, el siguiente paso sería que nos pusiera al tanto de la situación actual del examen en curso de los documentos solicitados por la Comisión, tanto sobre las presuntas prácticas discriminatorias en Francia, como sobre el incumplimiento de las normas de protección de datos que establece el derecho comunitario?

Creo que los ciudadanos europeos tienen derecho a exigir una Comisión responsable que pueda dar a conocer sus éxitos, pero que también se muestre decidida a proseguir los procedimientos contra las autoridades francesas. Después de todo eso es lo que hace usted en general con todos los Estados miembros que, como es sabido, han adoptado malos hábitos en su trato de la población romaní.

Tengo que señalar que la propia CNIL ha confirmado la existencia de cuatro ficheros ilegales que contienen datos personales, en los que las personas son descritas como gitanos, manouches o romaníes.

  Sophia in 't Veld, autora. – Señora Presidenta, sabemos que la señora Comisaria es una persona muy determinada y valiente. Usted, señora Comisaria, no dejará que nadie la detenga fácilmente y normalmente no necesita que nadie la empuje. Y quiere alcanzar algo, se dirige directamente a su meta. Me gustaría que mostrara la misma determinación en este caso.

Esta misma semana usted publicó la Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales por la Unión Europea. En esta comunicación se señala que la Comisión hará uso de todas sus competencias para velar por que los Estados miembros apliquen la legislación de la UE dentro del pleno respeto de los derechos fundamentales, y que no vacilará a la hora de iniciar procedimientos de infracción.

Me pregunto por qué, en el caso de Francia, la Comisión se basa exclusivamente en las declaraciones gubernamentales cuando, como acaba de decir Hélène Flautre, se han hecho diversas declaraciones que, en retrospectiva, resultaron ser poco fidedignas. ¿Por qué no inicia la Comisión su propia investigación? Ya hemos solicitado esta investigación con anterioridad. Usted sabe que cuenta con el apoyo de la mayoría de esta Cámara. Sabemos que los Estados miembros se oponen decididamente a ello, pero tiene nuestro apoyo, señora Reding.

Me gustaría referirme a la situación en Francia, a la situación en Italia —que parece incluso más seria— y a la situación en mi propio país. En primer lugar, me gustaría saber si puede confirmarse la existencia de estas bases de datos. ¿Tenemos prueba de que existen o no existen? ¿Tenemos una lista? En el caso de los Países Bajos, sé que existe una lista porque los municipios que crearon las bases de datos están muy orgullosos de ello, pues consideran que han hecho un gran trabajo. Y probablemente lo hicieron con buenas intenciones. Si existen estas bases de datos, ¿considera que son legales o ilegales? Si son legales, no necesitamos celebrar un debate. Si son ilegales, tenemos que iniciar procedimientos de infracción, es así de simple.

La Comisión no vacila en otros ámbitos. Por ejemplo, usted cargó de frente contra toda oposición para resolver la cuestión de las tarifas de itinerancia de la telefonía móvil. Cuando se trata de proceder contra los cárteles, la Comisión no vacila un solo segundo. Creo que la Comisión debe actuar en este caso. Ha llegado el momento, señora Reding, de que la UE demuestre que es una comunidad de valores y que intervendrá cada vez que se violen los derechos fundamentales. Los ciudadanos nos observan.

Al igual que Hélène Flautre, me gustaría pedirle que comparezca ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Exterior para que nos explique la situación y las medidas que la Comisión piensa adoptar. En mi calidad de diputada al Parlamento Europeo y de ciudadana europea, yo también espero poder acceder a toda la correspondencia con Francia y posiblemente con otros Estados miembros.

  Cornelia Ernst, autora. – (DE) Señora Presidenta, Señorías, simplemente quiero hacer la siguiente pregunta: ¿cuál es la situación en relación con la lucha contra la discriminación y por la igualdad de trato para los ciudadanos romaníes en Europa? Cuando ahora oímos que la Gendarmería francesa crea bases de datos de los ciudadanos romaníes por motivos étnicos —y me parece que estas bases de datos están prohibidas—, al igual que en otros países, y también, hasta cierto punto, con fines preventivos, hemos llegado sin duda al límite. En Francia, al igual que en la UE, las bases de datos que se utilizan primordialmente para compilar datos personales sobre el origen racial o étnico de personas están prohibidas por el alto riesgo de que se abuse de ellas y debido al riesgo de discriminación. Únicamente en circunstancias muy especiales —y con un fin específico—, que tengan en cuenta la no discriminación, puede llevarse a cabo la recopilación de datos de este tipo. Los ciudadanos romaníes no deben ser criminalizados y esa es la cuestión crucial. Las bases de datos de carácter étnico destinadas a evitar delitos son ilegales. Los ciudadanos romaníes no deben ser objeto de una recopilación especial de datos debido a su forma de vivir, y esperamos que la Comisión, es decir, usted, señora Reding, repudie cualquier forma de recopilación de datos étnicos o de raza, y trabaje arduamente para que deje de hacerse en los países mencionados.

Me pregunto francamente qué hacemos en este Parlamento y en el marco de la UE aparte de hablar, hablar y hablar, y qué hemos logrado en la práctica para mejorar la situación de la población romaní en Europa, aparte de hablar, hablar y hablar. En vista de esta recopilación de datos, observamos que los ciudadanos romaníes se han convertido en chivos expiatorios que la gente mangonea en muchos Estados miembros de la UE. Se les deporta a Kosovo y, de este modo, Francia ha infringido durante meses los tratados de la UE; se viola el principio de no discriminación —y la Comisión se comporta como si estuviera satisfecha— y tengo una tengo una opinión algo diferente de la de la oradora precedente respecto a la promesa del Gobierno francés de establecer la base legal para transponer la Directiva sobre libre circulación de personas a más tardar a principios de 2011. Sin embargo, en aras de la decencia, tengo que decir que Francia ha puesto fin a la deportación de romaníes, y también es importante que se facilite el retorno a Francia de aquellos ciudadanos romaníes que fueron deportados injustamente.

En relación con las bases de datos me gustaría preguntarle: ¿de qué información definitiva dispone, qué iniciativas tomará en caso de que existan bases de datos de este tipo, y si iniciará procedimientos por infracción de los tratados en dichos casos?

  Viviane Reding , Vicepresidenta de la Comisión. – Señora Presidenta, creo que es un atentado contra los derechos humanos que debatamos tan tarde temas importantes, que realmente deberíamos debatir durante el día y no a mitad de la noche, cuando las personas normales se relajan en caso y se van a dormir.

Ahora bien, en las últimas semanas han tenido lugar muchos debates, muchos escándalos y muchas acciones, y creo que este Parlamento debería examinar lo que ha sucedido en Francia y la reacción de la Comisión Europea ante lo que fue de cierto modo un evento histórico. Hasta ahora, en nuestra Unión Europea nunca se ha celebrado un proceso judicial en defensa de derechos.

Hemos iniciado procesos judiciales por motivos comerciales, económicos, financieros, pero esta es la primera vez que la Comisión ha dicho basta sobre la base del Tratado de Lisboa y de la Carta de los derechos fundamentales que figura en este último.

La Comisión —los 27 Comisarios— decidió el 29 de septiembre iniciar un procedimiento de infracción contra Francia por la violación de dichos derechos humanos, los derechos del ciudadano.

No necesito mencionar todas las presiones que se han ejercido desde entonces, pero la Comisión dijo por unanimidad que iniciaría procedimientos judiciales y presentaría un ultimátum a Francia. Si Francia no responde de una forma positiva y aceptable antes del 15 de octubre, se llevará a cabo este procedimiento judicial. Esa es la forma en que procedemos normalmente con todos los Estados miembros.

Ahora bien, ¿qué ha sucedido? Pues bien, Francia ha dado una respuesta. Y esta fue la primera vez, fue una respuesta única en lo que se refiere a la manera en que se abordan las preguntas, y personalmente creo que ese fue el inicio de la Europa de los Ciudadanos.

Dejemos que los historiadores lo juzguen algún día. Nos encontramos en medio del procedimiento, en medio de la lucha, de modo que podemos verlo desde una óptica diferente.

Ahora bien, ¿qué ha hecho Francia objetivamente? Francia ha hecho exactamente lo que le había pedido la Comisión. La Directiva de 2004 contempla derechos tangibles, que también podemos llamar garantías procesales, que existen para proteger a los ciudadanos contra una medida inaceptable de las autoridades cuando se encuentran detenidos. Todas estas garantías procesales no se han transpuesto al derecho francés. Así que el 15 de octubre dijimos a Francia que debía comunicarnos la forma en que tenía intención de modificar la legislación francesa por la que se transponen las garantías procesales de 2004 y mostrarnos un calendario creíble para su introducción en la legislación francesa.

Pues bien, hemos recibido esa información. La recibimos una hora antes de que finalizara el plazo, pero la obtuvimos. Desde las 8 horas del sábado, mis expertos estudian los documentos, y hoy he llegado a la conclusión de que Francia ha respondido a todos los puntos de derecho formulados por la Comisión, aunque, como es lógico, no los ha transpuesto a la legislación nacional francesa porque primero deben pasar por el Senado y luego introducirse de facto en la legislación francesa y aplicarse en la práctica.

Hemos decidido que estamos satisfechos con lo que nos han presentado las autoridades francesas, pero no podemos cerrar el caso, porque estas promesas, estos elementos de derecho, estas propuestas de ley, no se han adoptado aún. Así que hemos dicho que congelamos el caso, pero lo mantendremos abierto. Lo mantendremos abierto hasta el momento en que el Gobierno francés aplique realmente esta legislación de facto en los procesos cotidianos.

Eso me parece una especie de victoria. Tenemos que pensar en todo lo que ha ocurrido. Ahora los franceses dirán que no hay problema, que nunca hubo un problema. Pues bien, sí hubo un problema y nos han presentado la legislación que van a modificar. Veamos si lo hacen. Yo pienso que sí lo harán.

También tenemos otra cuestión que es la forma en que se trató a las personas durante el período de verano y si tuvieron garantías procesales en tanto que personas, ciudadanos europeos, o fueron discriminadas.

¿Por qué no inicié procedimientos de infracción como los que incoamos en relación con la transposición de las normativas? Simplemente porque, para actuar, tenemos que hacerlo únicamente sobre la base de pruebas legales. No podemos actuar simplemente porque tenemos un presentimiento, porque estamos convencidos de que algo está mal. Tenemos que contar con pruebas legales y es por ello que hemos pedido al Gobierno francés que nos transmitan los expedientes de las personas.

Ahora tenemos los expedientes de estas personas, varios montones de ellos. Mis expertos los analizan en estos momentos y me han dicho que seguramente tendrán que formular preguntas complementarias al Gobierno francés, y que piensan que terminarán este análisis con las respuestas del gobierno en cuatro semanas.

Así pues, al día de hoy, tenemos estos dos casos. Algo que me parece un hecho muy importante porque también quisiera decir a Sus Señorías con toda franqueza que la aplicación de la Directiva sobre libre circulación de personas de 2004 no ha sido brillante. Lo que vemos ahora, gracias a que la Comisión se ha mantenido firme, es que todos los Estados miembros que tampoco son perfectos —no tan imperfectos como Francia, pero no perfectos— han comenzado a decir que ahora van a aplicarla de forma perfecta.

Así pues, algo ha ocurrido. Creo que toda Europa ha comprendido que no bromeamos y que los derechos de la persona, de nuestros ciudadanos, y los valores de nuestra sociedad deben tratarse con seriedad.

Con ello doy por respondida la pregunta sobre Francia, ya que la Comisión ha tomado una decisión al respecto, pero el asunto no ha finalizado y el procedimiento sigue abierto.

Paso ahora a la pregunta sobre la base de datos que presuntamente mantiene la Gendarmería francesa y que posiblemente contiene elementos étnicos. En primer lugar, la Comisión sigue muy de cerca la evolución de este tema. Hemos recibido una vez más garantías de las autoridades francesas en el sentido de que todo está en orden, pero en este aspecto se aplica un sistema diferente, porque existe una legislación francesa sobre protección de datos y sobre el tratamiento de los datos que la autoridad francesa de protección de datos, CNIL realiza de conformidad con nuestras normas. La CNIL llevó a cabo una inspección con arreglo a estas normas y presentó un informe público preliminar la semana pasada. Sin duda, Sus Señorías habrán visto los resultados de la CNIL. Yo también los he leído. En la prensa no se presenta este informe de manera completa, porque la CNIL también señala con toda seriedad que podría no haber elementos étnicos, pero que existen con seguridad bases de datos no autorizadas por las autoridades.

En cuanto al cumplimiento de la legislación de la UE, la información que se presente debe asegurarse de que esta situación está contemplada en la Directiva sobre protección de datos, lo que podría suceder únicamente en el caso de las bases de datos destinadas a la inmigración. En el caso de la inmigración existen diversas garantías y salvaguardas que se aplican a lo que denominamos «datos sensibles» Los datos sensibles solo pueden procesarse en casos excepcionales, por motivos de interés público; son objeto de garantías adecuadas que debe brindar el Estado miembro interesado.

En caso de que este tratamiento de datos no formara parte del ámbito de aplicación de la Directiva sobre protección de datos, podría aplicarse la Decisión marco relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal de 2008.

En tal caso, también habría un problema, porque esta Decisión marco se aplica tan solo desde el 27 de noviembre de este año. Así pues, las posibilidades de la Comisión son bastante limitadas sobre la base de esta Directiva.

Responderé a las preguntas muy concretas que no hacen referencia al caso francés. ¿Existen otros Estados miembros en los que podríamos verificar la posible existencia de bases de datos que contengan información sobre el origen étnico o racial?

Con arreglo a la Directiva sobre protección de datos, el tratamiento de estos datos sensibles se autoriza de forma excepcional y tiene que notificarse a las autoridades nacionales de protección de datos. En Francia, la autoridades protección de datos es la CNIL. Y estas excepciones motivadas por un interés público sustancial también deben notificarse a la Comisión.

Cuando se hace dicha notificación, la autoridad nacional de protección de datos y la Comisión están en condiciones de valorar si las medidas son conformes con las normas en materia de protección de datos, y en este caso tenemos el resultado del análisis preliminar de la CNIL que señala claramente que no se han solicitado las autorizaciones correspondientes. Así pues, debemos dejar que hagan su labor las autoridades judiciales francesas que no sólo están autorizadas para realizarla, sino que también son responsables de ella.

¿Cuál es la situación en los Países Bajos? En 2005 y 2006, los Países Bajos notificaron a la Comisión la existencia de varias de bases de datos en las que se trataban datos sensibles. La más polémica de ellas hacía referencia a las actividades delictivas de jóvenes de origen caribeño. Entretanto, esta base de datos se ha borrado.

Hace poco, un municipio de los Países Bajos tenía previsto crear un fichero étnico, pero canceló su proyecto en respuesta a la recomendación de la autoridad neerlandesa de protección de datos. Todo ello viene a demostrar que el sistema contemplado en la Directiva, según el cual la responsabilidad recae en las autoridades de protección de datos, en las autoridades nacionales de protección de datos, funciona.

Por cierto, me gustaría comunicar al Parlamento que actualmente trabajo en la reforma de la Directiva sobre protección de dato, en parte con el fin de reforzar la independencia y las posibilidades de intervención de las autoridades nacionales de protección de datos dentro de un marco europeo.

Eso será todo por el momento, pues debo acortar mi intervención debido a que a partir de las 24 horas no hay servicio de interpretación, así que dejémoslo aquí.

  Véronique Mathieu, en nombre del Grupo PPE. – (FR) Señora Presidenta, señora Reding, Señorías, me complace escuchar hoy que el Colegio de Comisarios no tiene la intención de continuar con el procedimiento de infracción contra Francia en relación con la Directiva 2004/38/CE. Sin embargo, hace algún tiempo, en una reunión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior formulé una pregunta sobre este tema, y ya he señalado que Francia presentó toda la información en 2006 y 2007, junto con los cuadros de concordancia para la transposición de la Directiva 2004/38/CE.

Sin embargo, ahora, en 2010, usted se muestra sorprendida al descubrir que las garantías procesales no son adecuadas. Usted nunca respondió a mi pregunta, señora Reding, de modo que me gustaría recibir una respuesta en esta ocasión.

Quiero decir algo acerca del fichero Mens. Creo que la oposición y otras personas han comenzado a cansarse de este debate. Es muy fácil demostrar que estas acusaciones carecen de fundamento. Usted tiene las conclusiones del informe que la CNIL presentó al Primer Ministro. Imagino, señora Reding, que usted ha recibido, como yo, el informe del Director General de la Gendarmería Nacional. Usted ha mencionado una serie de puntos que al parecer considera insatisfactorios.

Usted defiende los derechos humanos, pero no deberíamos limitarnos a defender los derechos de las minorías. Es necesario defender los derechos de todas las personas, y todos tenemos derecho a que se nos respete. En Francia también somos honorables y puedo garantizar que el fichero Mens nunca ha existido. Señora Reding, la CNIL ha llevado a cabo una investigación en la que ha buscado diversas palabras clave desagradables como gitanos, manouches, romaníes, y no ha encontrado pruebas de que la Gendarmería Internacional tenga algún fichero de este tipo.

La única crítica que puede hacerse a la Gendarmería Nacional es no haber declarado esta base de datos, pero los ficheros no contienen información genealógica. Lo cierto es que la Gendarmería Nacional tiene una serie de ficheros que...

(La Presidenta pide a la oradora que concluya.)

Permítame finalizar mis observaciones. Soy la única oradora del Grupo PPE, por lo que me gustaría tener la oportunidad de hablar en nombre de él.

Estos ficheros contienen información sobre grupos de personas sin domicilio fijo y sin hogar, no contienen datos sobre origen étnico. Así pues, aunque la CNIL no lo haya declarado, me gustaría que al menos reconociera que no...

(Exclamación)

Y sin embargo, es cierto y me gustaría que usted lo reconociera. También me gustaría, señora Reding, que abandonara sus sospechas del Gobierno francés. Su actitud raya en una preocupación insana.

  Sylvie Guillaume, en nombre del Grupo S&D. – (FR) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, la elaboración de perfiles étnicos no es una práctica nueva en los Estados miembros, pero al parecer se ha intensificado en los últimos años en aras de la lucha antiterrorista, del mantenimiento de la ley y el orden e incluso de la lucha contra la inmigración ilegal. Las recientes revelaciones acerca de la existencia de una base de datos sobre ciudadanos romaníes y personas itinerantes en Francia ha demostrado lo importante que es que la Comisión prosiga con sus investigaciones a fin de obtener información adicional sobre la existencia de estas bases de datos, pero también para determinar si dichas bases de datos son legales y compatibles con el principio de no discriminación.

No comparto, señora Comisaria, su entusiasmo respecto a la respuesta que Francia presentó hace unos días, pero comprendo por qué se ha expresado en estos términos.

Usted nos ha dicho que Francia afirma tener planes para transponer la Directiva sobre libre circulación de personas y presentará un calendario. Existen dos posibilidades en relación con la cuestión de esta Directiva tan debatida y su transposición. O bien Francia ha presentado un compromiso puramente formal, lo que implicaría que la Comisión no ha recibido una respuesta y ha olvidado lo sucedido, o bien Francia ha presentado una respuesta completa, en cuyo caso nos gustaría conocer sus pormenores. Usted ha mencionado un calendario, un calendario para la transposición, lo que constituye un avance. Francia transpone actualmente la Directiva sobre libre circulación de personas como parte de la quinta revisión de su legislación en materia de inmigración en siete años. Puedo garantizarle que esta revisión trascenderá por mucho los principios europeos sobre libertad de circulación. Por consiguiente, creo que usted debe seguir muy atentamente este proceso.

Para finalizar, permítame expresar mi esperanza de que la Comisión se mantendrá firme y defenderá el principio de no discriminación. Espero que no se dejen adormecer por acuerdos amistosos o simples promesas, incluso si las hace el Gobierno francés.

  Nathalie Griesbeck, en nombre del Grupo ALDE. – (FR) Señora Presidenta, señora Comisaria, sé que es muy tarde, pero en el debate de hoy se ha producido un choque de opiniones bastante apasionadas. A pesar de las muy claras explicaciones que nos acaba de dar, esta mañana se ha descubierto un nuevo sitio web francés de información que contiene una base de datos sobre ciudadanos romaníes, ilícita desde luego, que contiene información detallada y amplia, que incluye apellidos, nombres, alias, origen, contactos sociales, números de matrícula y modelos de automóviles, y los nombres de los cónyuges. Una vez más, las autoridades afirman que no tenían conocimiento de la existencia de estos ficheros.

A final de cuentas e independientemente de que la información encontrada en este sitio sea veraz, subsiste el riesgo subyacente de discriminación debido a la existencia de estas bases de datos en Francia y varios otros países europeos.

Así pues, señora Comisaria, en vista de sus observaciones y de su reputación de persona decidida, ¿qué piensa hacer? ¿Qué otras pruebas necesitamos presentar para que usted actúe y reaccione en vista de este incumplimiento del principio de no discriminación? En otros términos y evitando toda polémica, intentemos defender la ley en Francia, en los Estados miembros de la Unión y entre aquellos que solo creen a medias en la democracia europea.

Nos hemos enterado de las expulsiones practicadas en Francia este verano, de la circular del 5 de agosto —que afortunadamente se retiró posteriormente—, del fichero Mens, y de otras cosas. Hemos escuchado con gran interés los argumentos que ha avanzado hoy. Usted nos ha dicho en esta ocasión que se siente satisfecha con la promesa que Francia hizo la semana pasada de modificar su legislación nacional de conformidad con la Directiva europea, la cual data de 2004.

Al igual que otros oradores me gustaría tener acceso a estos documentos para poder compartir su punto de vista y su compromiso de reinstaurar el Estado de derecho. Las observaciones que ha hecho esta tarde dejan ver como si casi hubiese capitulado.

Para finalizar este largo debate, permítame recalcar que este ha servido a un solo fin, pues nos ha mostrado la imperiosa necesidad de abordar el meollo del problema y de estimular los esfuerzos nacionales y las políticas europeas como pare del Estado de derecho en el que se basa la democracia europea.

  Raül Romeva i Rueda, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (ES) Señora Presidenta, señora Comisaria, cuando usted pronunció su ya famoso enough is enough, mucha gente en esta Cámara, pero sobre todo en la calle, aplaudimos.

Eso generó una expectación y unas expectativas enormes para todas aquellas personas que todavía creemos en el proyecto europeo. Por fin, alguien en la Comisión se atrevía a plantar cara a un Estado fuerte y en un tema, derechos fundamentales, que había sido siempre la bandera en el discurso, pero no siempre en la práctica.

Nos sorprendió un poco y no fue –digamos– bien entendido que, cuando se inició el procedimiento no se hiciera sobre la base de la discriminación, sino solamente sobre la de la libre circulación. Yo creo que esto fue de alguna forma, un déficit, pero, en todo caso, seguimos aplaudiendo entonces su compromiso.

Por eso, la decisión de hoy nos deja un poco confundidos y no solamente a nosotros sino a todas estas personas que esperaban ver en esta acción suya una respuesta valiente. Pero más cuando además sabemos que, por otro lado, esta confianza que usted tiene en el Gobierno francés ha quedado más que demostrado que es, cuando menos, discutible, por parte del Gobierno francés.

Pero, segundo, cuando sabemos que en la revisión de la Directiva de libre circulación se están moviendo, de forma preocupante, algunos gestos a favor de introducir conceptos, de reconceptualizar el concepto de grupos itinerantes, que permitirían de alguna forma criminalizar nuevamente a estos grupos.

Yo creo que esta frustración que hoy sentimos algunos no debería alimentarse todavía más. Y por eso, le pedimos que, por favor, nos permita mantener esa esperanza que nos generó con su enough is enough. Porque aquí seguimos pensando que el problema existe y que es necesario plantar cara al Gobierno francés por este tema, al igual que a otros Gobiernos.

  Rui Tavares, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (PT) Señora Comisaria, este debate trata sobre derechos fundamentales, como la no discriminación y la libre circulación. No obstante, también se ha convertido un debate sobre las cruciales disposiciones que rigen nuestra labor en las instituciones europeas. Ello implica saber si un Estado miembro actúa de buena fe, si facilita información veraz a las instituciones europeos, etc. Además y en vista de ello, también se ha convertido en un debate sobre si nosotros, las instituciones europeas, somos capaces de hacer respetar estos principios y disposiciones, si podemos hablar con claridad y somos capaces de defenderlos sin transigir en caso necesario.

Creo que ya tenemos una respuesta clara en lo que se refiere a la buena fe. Algunos Estados miembros, en particular Francia, no han actuado de buena fe. Han negado en repetidas ocasiones la existencia de documentos, de los que posteriormente se han publicado copias. Otro tanto sucedió en el verano y sucede ahora con las bases de datos. ¿Cómo puede afirmarse que no existen bases de datos, cuando hoy hemos publicado una, denominada Roms, en un sitio francés de Internet, en la que figuran las ciudades de origen y diversa información sobre personas de origen romaní, incluso de la UE, de Bucarest, de Belgrado y de Timişoara?

La respuesta a la otra pregunta también es muy importante. Usted ha dicho que tuvimos un momento histórico, señora Comisaria, y que los historiadores reconocerán que la Comisión se expresó en términos claros por primera vez. Lo dudo mucho, señora Comisaria, y lo digo porque soy historiador. Abrigo muchas dudas porque incluso los periodistas las tienen. Al día siguiente de su comparecencia ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, algunos periódicos, como el Financial Times, escribieron que la Comisión no abriría un procedimiento contra Francia. Otros dijeron que sí lo haría. Incluso ahora se informa de que el procedimiento contra Francia se ha suspendido y en otros medios se dice que se ha abandonado.

Si la Comisión no habla con claridad —y es evidente que sus palabras no se comprenden claramente— me gustaría decir que tendrá un aliado formidable en el Parlamento si se decide a hacerlo. Si la Comisión vacila, el Parlamento no dejará de investigar este caso; no sucederá lo mismo que en el verano, en el que el asunto simplemente se dejo morir. Se seguirá hablando de él en esta Cámara.

  Kinga Göncz (S&D). – (HU) Podemos observar que la crisis ha socavado la sensación de seguridad de muchos ciudadanos europeos, lo que crea un caldo de cultivo no sólo para el desarrollo y difusión del extremismo, sino también para manifestaciones políticas que consideran que ciertos grupos étnicos constituyen una amenaza para la seguridad y establecen un vínculo entre las minorías y los inmigrantes y la delincuencia. El Gobierno francés comenzó a expulsar a los ciudadanos romaníes de Francia por motivos étnicos, lo que resulta inaceptable. Tenemos buenas razones para suponer, como han señalado varios oradores, que la Gendarmería francesa, al igual que otros Estados europeos, no han dejado aún de recopilar datos étnicos.

Si ello se demuestra, espero sinceramente que la Comisión actúe verdaderamente como guardiana de los Tratados y de la Carta de los Derechos Fundamentales, e inicie un procedimiento por violación de compromisos. La policía desempeña un papel importante en el mantenimiento del orden público, pero no podemos permitir que la elaboración de perfiles étnicos se convierta en parte de las prácticas policiales. Con ello se socava la confianza de las minorías en las instituciones democráticas y puede constituir un motivo de discriminación. En Europa, la mayoría de la población romaní vive en una gran pobreza y, además de sufrir esta, es objeto de discriminación. Aunque tenemos ambiciosos planes para luchar contra la pobreza en la Estrategia Europa 2020, lo que a menudo vemos es una lucha contra los pobres, a la que debemos poner fin de una vez por todas.

  Catherine Grèze (Verts/ALE). – (FR) Señora Presidenta, señora Reding, usted nos ha dicho hoy con cierto entusiasmo, y cito, que la reacción de Francia demuestra que la UE es una comunidad de derecho eficaz, o bien, y vuelvo a citar, que ahora debemos trabajar para adoptar medidas prácticas y obtener resultados basados en los valores europeos que compartimos. Tengo aquí una versión consolidada de los Tratados y de la Carta de los derechos fundamentales, y espero que me disculpe por no compartir plenamente su entusiasmo.

¿Qué pruebas necesita la Comisión para continuar con este asunto? ¿Qué pruebas se necesitan para denunciar el trato discriminatorio, las expulsiones de las que son objeto los ciudadanos romaníes en Francia y en otros países europeos?

Es cierto que la Comisión ha introducido toda una serie de medidas para promover la integración de las poblaciones romaníes, en particular por medio de los Fondos Estructurales. Sin embargo, al seguir una política basada en negar los hechos, me pregunto si a la Comisión no le ha salido el tiro por la culata.

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). – (FR) Señora Presidenta, señora Reding, tengo que admitir que yo también me siento decepcionada en esta ocasión. Muchos de nosotros tomamos nota de sus declaraciones anteriores e incluso la apoyamos. Y ahora se nos da a entender que el procedimiento de infracción basado en la libre circulación simplemente se ha suspendido. Sin embargo, el tema del debate de hoy es la discriminación. Usted quería pruebas, señora Reding, y las pidió al Gobierno francés y solamente a este. Nos lo dice ahora y nos lo ha dicho cada vez que le hacemos esta pregunta.

Tengo que decir, señora Comisaria, con todo respeto que comienzo a preguntarme si le importa lo que decimos. Este fin de semana estuve en Marsella, donde me reuní con algunas asociaciones que trabajan con la comunidad romaní. He trabajado en este ámbito durante muchos años y tengo que decir que me sentí horrorizada, señora Comisaria, por lo que me dijeron acerca de la situación de los ciudadanos romaníes en la zona de Marsella. Los ciudadanos romaníes que viven en Francia tienen miedo, señora Reding, se ocultan. No se atreven a salir de sus campamentos improvisados. Sus hijos ya no se atreven a ir a la escuela. Las asociaciones no pueden localizarlos, por lo que no pueden supervisar su bienestar social y su salud. Eso es lo que nos dicen las asociaciones, señora Comisaria. Esa es la situación actual de los ciudadanos romaníes en Francia.

El fichero Mens. Dejemos atrás el tema de este fichero. La Gendarmería ha anunciado que se ha borrado. No obstante, si usted lee detenidamente el informe de la CNIL, señora Comisaria, verá que las inspecciones realizadas por este organismo hacen referencia al origen étnico. Así pues, pidamos los informes de inspección. La CNIL es un organismo serio. Pida los informes de todas las inspecciones efectuadas por la CNIL y…

(El Presidente interrumpe a la oradora)

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – (ES) Señora Presidenta, señora Comisaria, el 9 de septiembre este Parlamento aprobó una resolución que activó un debate oportuno y necesario. Este Parlamento hizo su trabajo.

Hay quienes piensan que, de la contundencia de sus declaraciones posteriores —atendiendo el requerimiento de este Parlamento— y de las explicaciones que esta noche ofrece, lo que cabe concluir es una decepción porque no hay procedimiento contra Francia. Habrá que recordar que el debate no era sobre Francia ni mucho menos contra Francia; era un debate a favor de principios vertebrales de la construcción europea, como la libre circulación de personas, porque Europa no es solamente libre de circulación de mercancías y capitales, sino, sobre todo, libre circulación de ciudadanos europeos de pleno derecho y sin discriminación, y, por supuesto, sin discriminación de base étnica.

De manera que si todavía hay algo que investigar en lo relativo a los ficheros de base étnica no enteramente aclarados, sigue siendo trabajo de la Comisión. Pero lo que hay que recordar es que este trabajo no ha concluido, porque el trabajo incluye también que este Parlamento permanezca vigilante frente a la tentación del populismo, que busca chivos expiatorios a los que señalar ante los problemas de exclusión social, y no soluciones ni respuestas.

Y este trabajo incluye también, además de hacer frente al populismo y a su tentación, trabajar por la integración de los excluidos, de los largamente marginados y, desde luego, de la población romaní.

Este Parlamento debe auspiciar una conferencia de integración de la comunidad romaní. Y este Parlamento debe decir que este trabajo no ha concluido, apenas ha comenzado, y que tenemos todavía muchísimo recorrido por delante, de modo que, incluso si el procedimiento contra Francia finalmente no se incoa, este debate habrá tenido sentido porque ha demostrado ser oportuno y necesario.

  Ioan Enciu (S&D). – (RO) Como Sus Señorías saben, se suponía que 2010 sería el año para luchar contra la pobreza, la exclusión social, la discriminación y la xenofobia. Sin embargo, creo que, de hecho, la batalla se ha perdido, al menos este año.

La situación de los derechos fundamentales en la Unión Europeo se ha hecho cada vez más crítica en lugar de mejorar. Ante el telón de fondo de la crisis económica y financiera, los gobiernos de unos cuantos Estados miembros han aumentado los actos de discriminación, como deportaciones y bases de datos basadas en criterios étnicos romaníes, de las que ya se han hablado aquí. Mientras la Comisión no sea capaz de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales en la UE, se verá afectada su imagen de defensora de estos derechos. Se trata de un riesgo que esta institución no puede permitirse correr.

¿Examinará e investigará la Comisión, señora Vicepresidenta Reding, los otros casos de discriminación señalados en otros Estados miembros? ¿Puede la Comisión concluir aún sus investigaciones en vista de las presiones políticas de las que ha sido objeto?

  Csaba Sógor (PPE). – (HU) La discriminación por motivos étnicos está expresamente prohibida por el derecho de la UE y el derecho internacional. A pesar de ello, a menudo se sospecha que algunos Estados miembros discriminan de forma encubierta a las minorías que viven en su territorio. No quiero hablar de discriminación encubierta en estos momentos, pero me gustaría destacar ante Sus Señorías una ley vigente que representa abiertamente una desventaja para una minoría étnica. Si bien el nuevo Gobierno eslovaco modificó la ley sobre la protección de la lengua nacional en el sentido deseado, esta ley sigue contemplando multas. Por ello, esta ley puede perfectamente intimidar y mantener en una situación de inseguridad a los ciudadanos cuya lengua materna no es el eslovaco. En su dictamen sobre esta ley, la Comisión de Venecia explica claramente que contradice la Carta Europea de lenguas regionales o minoritarias y limita de modo injustificado el uso de las lenguas minoritarias. Me gustaría pedir a la Comisión, a la Comisaria y al Parlamento Europeo que examinen detenidamente y condenen cualquier práctica efectuada en el territorio de la UE que pueda favorecer la discriminación étnica o racial.

  Elena Băsescu (PPE). – (RO) Hace un mes, el Parlamento Europeo expresó su inquietud por la expulsión masiva de ciudadanos de origen étnico romaní, y rechazó la relación entre delincuencia e inmigración. Por su parte, Rumanía promueve desde 2007 una estrategia europea para la inclusión de la población romaní, una idea que se destacó incluso en la reunión del Consejo Europeo celebrada en septiembre.

Quiero subrayar que hasta ahora no se ha encontrado una solución satisfactoria. Al contrario, las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre la existencia del fichero Mens en Francia han reavivado el debate sobre el respeto del principio de no discriminación. Creo que la Comisión debe poner en marcha una investigación en los Estados miembros interesados para asegurarse que no se abran procedimientos administrativos como resultado de la elaboración de perfiles basados en criterios étnicos.

Para finalizar, me alegro del compromiso oficial asumido el viernes pasado por el Gobierno francés para cumplir la legislación europea en materia de libre circulación. Francia y Rumanía tienen que actuar conjuntamente para facilitar la inclusión social de los ciudadanos romaníes y obtener los fondos necesarios para ello.

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). – (DE) Señora Presidenta, señora Comisaria, el debate de hoy demuestra una vez más la importancia de la decisión que tomó el Parlamento Europeo el 9 de septiembre, es decir, que en nuestra opinión, Francia —un Estado miembro— había violado los derechos fundamentales en este caso al discriminar a personas debido a su origen étnico, y en la que le pedimos que actuara. Usted nos ha dicho con toda claridad, entusiasmo y determinación todo lo que ha hecho hasta ahora, por lo cual también ha recibido nuestro firme apoyo. En nuestra opinión, no obstante, ahora ha dado un paso atrás, ya que la propuesta para abrir un procedimiento de infracción basado en la discriminación por motivos de origen étnico acaba de recibir el apoyo de los documentos que han mencionado algunos oradores y de los que se habla hoy en la prensa francesa. Ha quedado absolutamente claro que se ha discriminado a la población romaní debido a su origen étnico y que no solamente se ha violado su derecho a la libre circulación. Por ello pido una vez más que se adopten medidas y se inicie el procedimiento.

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Los servicios de seguridad crean, como una parte casi natural de su labor preventiva, bases de datos sobre personas que participan en actividades ilegales.

Las bases de datos se crean con arreglo a la legislación nacional, el acceso a los datos recopilados está limitado a las personas autorizadas, y la información reunida solo puede utilizarse para proteger a la sociedad contra actividades delictivas. Estoy convencido de que, al igual que los servicios de seguridad de otros países, a los servicios franceses y neerlandeses les interesan exclusivamente los análisis de seguridad de esta información que realmente necesitan para realizar su labor. Normalmente, en esa información no se incluyen los datos sobre origen étnico o racial. Sin duda puede investigarse cualquier exceso de celo de parte de los servicios de seguridad y, en función de los resultados, me imagino que esta información puede tratarse de forma adecuada para que sea aceptable para la Unión Europea.

  Csanád Szegedi (NI). – (HU) Sus Señorías, el Movimiento para una Hungría Mejor (Jobbik) propuso ya en 2006 que se pudiera indicar el origen étnico de una persona en los expedientes penales, a fin de que, en su caso, pudiera prestarse atención a los delincuentes gitanos. Seguimos manteniendo esa posición. En aquel momento, los medios izquierdistas y liberales dijeron que Jobbik era un partido extremistas. Hoy, cuatro años después, vemos que en Francia se elaboran listas para la expulsión de gitanos. Lo vemos igualmente en los Países Bajos, donde se les considera un riesgo para la seguridad nacional y también han aparecido bases de datos. Luego tenemos el caso de Finlandia, donde el origen étnico de los delincuentes gitanos se registra en los centros de detención.

Y permítanme formular ahora una pregunta a una de las ponentes, la diputada eslovaca, que se reía tan estrepitosamente de las víctimas húngaras. Me parece sumamente hipócrita que condene la recogida de datos sobre los gitanos, cuando al mismo tiempo apoya, en su calidad de política eslovaca, una ley lingüística racista que castiga a las personas por motivos étnicos, por hablar su lengua materna.

  Viviane Reding , Vicepresidenta de la Comisión. – Señora Presidenta, seré muy breve, el procedimiento contra Francia no se ha abandonado. Se ha pospuesto porque tenemos que esperar a que se adopte la ley, ya que no podemos juzgar las propuestas legislativas. Las propuestas legislativas son aceptables, pero tienen que adoptarse para que podamos cerrar el caso. Así pues, el procedimiento sigue abierto.

En cuanto a las bases de datos étnicas que la CNIL, la autoridad francesa de protección de datos, inspecciona con arreglo a la legislación francesa y, en este caso, con las directivas europeas, tenemos que confiar en las autoridades nacionales independientes de protección datos, porque son responsables de llevar a cabo este análisis en virtud del derecho europeo. Creo que la autoridad independiente francesa de protección de datos ha demostrado ser muy capaz de hacerlo.

(FR) Ahora bien, me parece muy importante que recordemos lo que realmente está en juego en este asunto.

Aparte de los que viven en Francia, en Europa hay 10 millones de ciudadanos romaníes, que forman la mayor minoría del continente. Mi propio país tiene tan solo 500 000 habitantes. Y hay 10 millones de ciudadanos romaníes, de modo que Sus Señorías pueden apreciar la magnitud del problema. En la mayoría de nuestros países, los ciudadanos romaníes viven en extrema pobreza. Se enfrentan a problemas de vivienda, educación, salud y trabajo, y para mí, el verdadero escándalo es que no se hayan resuelto aún estos problemas. Así que espero que prosigan las actividades en curso y pienso que deberíamos acogerlas favorablemente, porque no deberíamos tolerar este tipo de discriminación.

Las actividades en curso servirán al menos como una llamada de atención a los Estados miembros. No he olvidado que en la reunión ministerial celebrada en Córdoba en abril de este año, tan solo tres de los 27 Estados miembros estaban representados a nivel ministerial. Así pues, un año después, convocaremos otra reunión ministerial cuando haya realizado una investigación minuciosa, junto con el grupo de trabajo, sobre la situación de los ciudadanos romaníes y la cuestión de si se utilizan o no fondos europeos, a fin de determinar lo que realmente ha sucedido. Como acabo de decir, convocaremos otra reunión ministerial, un año después, para examinar los compromisos concretos que ha asumido cada Estado miembro en relación con las estrategias nacionales para los ciudadanos romaníes en el marco europeo.

Espero que la desagradable situación actual sirva al menos para que los ciudadanos romaníes no sean marginados a la hora de formular políticas para hacer frente a la extrema pobreza.

Si no tenemos éxito esta vez, ahora que tenemos la oportunidad de alcanzarlo, la próxima generación de diputadas y diputados al Parlamento Europeo tendrán que celebrar exactamente los mismos debates que hemos tenido en las últimas semanas. Y como no deseamos que eso suceda, debemos actuar ahora.

  Presidenta. – Se cierra el debate.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) La elaboración de perfiles étnicos no es una práctica nueva en los Estados miembros, pero ha ido en aumento en los últimos años, en particular tras los atentados terroristas de Madrid y Londres. Sin embargo, el único Estado miembro que ha abordado esta cuestión y ha adoptado legislación al respecto es el Reino Unido. La elaboración de perfiles dentro del ámbito de bases de datos concretas puede ser legal y perseguir fines legítimos. No obstante, cuando los criterios utilizados para la recogida de datos se centran exclusivamente en la raza, el origen étnico o la religión, deben considerarse discriminatorios y, por consiguiente, ilegales. Es legítimo que las autoridades realicen controles de identidad en su propio territorio como medio para proteger el orden y la seguridad públicos, y para evitar delitos y controlar la inmigración ilegal. Sin embargo, las características físicas y étnicas de las personas no deben considerarse un indicio de que son delincuentes o se encuentran ilegalmente en el país. Cada persona debe ser tratada de forma individual y debe existir otro motivo, aparte de la raza u origen étnico de una persona, para que se introduzcan sus datos en una base de datos o para que sea objeto de un trato diferente al que recibe el público en general.